Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 1 de agosto de 2010
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA
La agenda de los ministros
Análisis Fallos polémicos. Mañana inicia el segundo periodo de sesiones de la Corte, cuyas resoluciones en este año han tenido gran impacto y notoriedad
Víctor Fuentes
(1 agosto 2010).- Renovada por la llegada de los ministros Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar, que sustituyeron a Genaro Góngora y Mariano Azuela a partir de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación clausuró el 15 de julio uno de los periodos de sesiones más intensos de su historia y se apresta a iniciar el segundo periodo de este año con una agenda igualmente abultada con temas controvertidos.
Las bodas entre personas del mismo sexo será el primer tema a discutir, a partir del martes 3 de agosto. A este polémico asunto seguirán las demandas contra las reformas hechas por los congresos estatales en contra del aborto, las controversias del Congreso contra los reglamentos de Pemex, el caso del predio El Encino, los amparos contra el precio único del libro, se resolverá si las autoridades tienen derecho a impugnar fallos de órganos de transparencia y se deberá pronunciar sobre el reclamo del Senado por la participación accionaria del gobierno de Estados Unidos en Banamex.
Entre el 14 de junio y el 15 de julio pasados, la Corte emitió su resolución sobre tres grandes temas que colocaron a los ministros en el ojo de la opinión pública: el caso de la Guardería ABC, la extinción de Luz y Fuerza del Centro y los procesos contra líderes de San Salvador Atenco.
Otros temas
Previamente, la Corte también dictó sentencias relevantes.
El Pleno avaló los aspectos centrales del Impuesto Empresarial a Tasa Única, impugnado por casi 40 mil empresas tras su entrada en vigor en 2008.
Los ministros también echaron abajo la ola de demandas por cifras exorbitantes contra los bancos por depósitos realizados a elevadas tasas de interés en la década de los ochenta, cuya proliferación había sido facilitada por tribunales estatales bajo sospecha de corrupción.
Otro largo debate fue el de la Norma Oficial Mexicana que ordena a hospitales proveer la píldora antinconceptiva de emergencia a mujeres víctimas de violación, impugnada por el gobierno de Jalisco, y duramente atacada por el ministro Salvador Aguirre Anguiano, quien no logró el apoyo de uno solo de sus colegas.
Dos resoluciones seguidas contra la CNDH provocaron polémica. En un caso, la mayoría estableció que este órgano no puede invocar tratados internacionales cuando demanda ante la Corte la inconstitucionalidad de una ley y, en el otro, se avaló el acceso restringido de la Comisión a los expedientes de la PGR.
El Congreso respondió con una reforma para obligar al Ministerio Público a compartir sus expedientes con el ombudsman.
En un caso de enorme trascendencia, el Pleno dio su visto bueno a la práctica de las procuradurías de declarar el abandono de bienes de la delincuencia para que el Estado se apropie de ellos.
En cuanto a las salas, la Primera ha tenido gran protagonismo: extendió por primera vez el alcance de las llamadas Acciones Colectivas para incluir a todos los consumidores afectados por incumplimientos de un proveedor, incluso los que no se sumaron a la demanda inicial, y aclaró que las reformas de 2009 que despenalizaron la posesión de narcóticos para consumo personal benefician retroactivamente a miles de detenidos.
El activismo de la Primera Sala de la Corte ya había quedado claro a finales de abril, cuando absolvió a dos indígenas otomíes presas por el supuesto secuestro de seis agentes de la AFI, pero llegó a niveles inéditos en junio, al ordenar la liberación de los dirigentes atenquenses.
Corte dividida
La mayoría de las resoluciones sobre temas controvertidos, votadas en el pleno de la Suprema Corte recientemente, ha dividido a los ministros. (Se incluyen dos asuntos de la Primera Sala).
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| | Resoluciones del pleno de la SCJN | | | | | | | Resoluciones de la Primera Sala | |
| | La Corte debe expandir alcances de su facultad de investigación. | Se debe señalar a altos funcionarios por caso ABC. | La extinción de Luz y Fuerza del Centro fue legal. | Es constitucional apropiarse de bienes de delincuencia. | Es constitucional la Norma Oficial de la píldora del día siguiente. | Es correcto restringir a la CNDH el acceso a expedientes de la PGR. | La Corte debe pronunciarse sobre adopción por matrimonios gay. | Los líderes de Atenco son inocentes de secuestro. | Los medios tienen ciertos deberes en inserciones pagadas. |
| Salvador Aguirre | En contra | En contra | A Favor | A Favor | En contra | A Favor | A Favor | | |
| J. Ramón Cossío | En contra | A Favor* | A Favor | En contra | A Favor | En contra | A Favor | En contra** | A Favor |
| Margarita Luna | En contra | En contra | A Favor | A Favor | A Favor | A Favor | A Favor | | |
| Fernando Franco | En contra | En contra | A Favor | A Favor | A Favor | A Favor | A Favor | | |
| Jesús Gudiño | En contra | A Favor | A Favor | En contra | A Favor | A Favor | En contra | En contra | A Favor |
| L. María Aguilar | En contra | En contra | A Favor | En contra | A Favor | A Favor | En contra | | |
| Sergio Valls | En contra | En contra | A Favor | A Favor | A Favor | A Favor | En contra | | |
| Guillermo Ortiz | En contra | En contra | A Favor | A Favor | A Favor | En contra | A Favor | | |
| Arturo Zaldívar | A Favor | A Favor | A Favor | En contra | A Favor | A Favor | A Favor | A Favor | En contra |
| Olga Sánchez | A Favor | A Favor | Ausente | A Favor | A Favor | En contra | En contra | A Favor | A Favor |
| Juan Silva | A Favor | A Favor | A Favor | En contra | A Favor | En contra | En contra | A Favor | En contra |
**Propuso declararlos culpables de un delito menor.
La Corte sube el listón
Análisis Fallos polémicos. Atenco. La libertad de los dirigentes de Atenco muestra que los juicios penales deben ser escrupulosos y las condenas proporcionales, y que la protesta social no debe criminalizarse
Miguel Carbonell
(1 agosto 2010).- Una Corte garantista
El pasado 30 de junio la Primera Sala de la Suprema Corte concedió el amparo liso y llano a 12 personas que estaban presas y habían recibido cuantiosas condenas por los hechos suscitados en San Salvador Atenco en los primeros días de mayo de 2006.
La Suprema Corte, al conceder el amparo con plenos efectos, ordenó la puesta en libertad de las personas detenidas y la nulidad de las sanciones que se les habían impuesto. Por ejemplo, a uno de los sentenciados, Ignacio del Valle, le habían impuesto -entre otras- una pena de 45 años de cárcel por el delito de "secuestro equiparado". La sentencia fue dictada por el Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Toluca con residencia en el Municipio de Almoloya de Juárez y confirmada por la Segunda Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior del estado de México, al resolver la apelación correspondiente.
La Suprema Corte valoró los elementos de prueba que se presentaron en el proceso contra Ignacio del Valle y que sirvieron de fundamento para las referidas sentencias. Las pruebas eran el reconocimiento del propio Del Valle respecto de su liderazgo en el movimiento denominado Frente de Pueblos para la Defensa de la Tierra y la declaración de dos testigos que lo habían escuchado hablando por teléfono diciendo que tenían retenidas a dos personas de "la Procuraduría". Los hechos que se le imputaban a Ignacio del Valle implicaron la presunta detención -en calidad de rehenes- de diversos funcionarios, entre ellos José Campos Aguilar, Alfredo Ballina Infanta y Jonathan Martínez Soriano. En su sentencia final sobre el caso la Corte consideró que dichos elementos probatorios no eran suficientes para condenar a una persona por el delito de "secuestro equiparado".
Un razonamiento semejante se hizo para los demás implicados, entre los que se encontraban Felipe Álvarez, Héctor Galindo, Óscar Hernández, Juan Carlos Estrada, Ramón Adán Ordóñez y Mauricio Arellano.
La Corte no entró, por la forma en que los ministros construyeron su razonamiento, a determinar si las personas acusadas efectivamente habían cometido o no los delitos por los que se les estaba procesando. Se quedó en un momento argumentativo anterior respecto de la "calidad" del proceso penal que se les había seguido y, al verificar que dicha calidad -dado su ínfimo nivel- era incompatible con los estándares mínimos de cualquier Estado de derecho, ordenó su liberación.
De ese modo, lo que la Corte subraya es que toda persona tiene derecho a un juicio justo, aunque haya podido cometer actos ilícitos que nos parezcan dañinos o graves. La imparcialidad del juicio, la independencia de los jueces, la proporcionalidad de las penas impuestas, la veracidad de las pruebas, la presunción de inocencia, entre otros elementos, son requisitos indispensables a partir de los cuales se construye un juicio justo. Sin ellos todo proceso judicial deviene irregular y debe ser anulado de pleno derecho.
La calidad de los juicios
El ministro Juan Silva Meza, uno de los líderes intelectuales del ala más progresista de la Corte, afirmó en la sesión correspondiente que en realidad las sentencias tan desproporcionadamente altas que se dictaron en el caso de los habitantes de Atenco intentaban "criminalizar la protesta social"1. Como quiera que sea, lo cierto es que el precedente de la Corte, si lo consideramos junto con otros casos recientes también resueltos por la Primera Sala (como el caso de los presos de Acteal), arroja varias lecciones hacia el futuro de las que vale la pena tomar nota. Son, al menos, las siguientes:
1. Las procuradurías de justicia deben comenzar a construir sus casos a partir de evidencias probatorias mucho más sólidas (y en lo posible sustentadas por instrumentos científicos de carácter pericial), si desean obtener una sentencia condenatoria por parte de las autoridades judiciales.
2. La inconformidad social debe tener un espacio dentro de toda democracia robusta. No se trata de permitir que se llegue al extremo de secuestrar gente o de amenazar a funcionarios, pero tampoco de "construir" expedientes judiciales para acallar la disidencia, incluso aquella que puede ser radical y molesta para muchos. La disidencia organizada forma parte de las democracias modernas y la autoridad debe aprender a convivir con ella, intentando minimizar el daño que pueda llegar a generar en los derechos fundamentales de terceros que puedan ser afectados por las manifestaciones de los disidentes, pero respetando siempre los derechos de estos últimos.
3. Los jueces no pueden actuar como meros legitimadores de las pretensiones punitivas del Ministerio Público. Desde la jurisprudencia reciente de la Corte, pero sobre todo a partir de la reforma penal de 18 de junio de 2008 que introduce los juicios orales2, los jueces deben ser mucho más cuidadosos en sus razonamientos y mucho más incisivos al valorar las pruebas que se ventilan en los juicios. Ya no podrán revisar tranquilamente un proyecto de sentencia sentados en su despacho, sino que tendrán que dar la cara y explicar con claridad los motivos por lo que toman decisiones que afectan a la libertad o al patrimonio de las personas.
4. La Primera Sala de la Suprema Corte está tomando una postura interpretativa en la que privilegia entrar al fondo de los temas y no quedarse -como se ha hecho durante tanto tiempo, en un ejercicio que les encanta a cierto tipo de abogados- en las meras formalidades. La presencia en esa Sala de ministros con un fuerte compromiso garantista (Sánchez Cordero, Valls, Silva Mesa, Cossío y ahora sobre todo Zaldívar), asegura una buena comprensión de los temas en los que se ponen en juego derechos fundamentales de libertad. No es algo común en la tradición de nuestros tribunales, ni federales ni locales, lo cual le añade mucho mérito a lo que desde ahí se está construyendo.
Los otros afectados
Aparte de lo decidido por la Suprema Corte en los amparos que promovieron las 12 personas que ya habían sido condenadas a penas de cárcel de varias décadas, los hechos sucedidos en Atenco en 2006 nos ponen frente una dimensión adicional que vale la pena considerar: la forma en que la policía debe proceder cuando es necesario arrestar a una persona o, sobre todo, a un grupo de personas.
Los testimonios disponibles sobre lo que hicieron en Atenco distintas autoridades policiacas locales y federales demuestran una serie de violaciones de derechos que posiblemente sea en alguna medida representativa de la forma en que actúan muchos cuerpos policiacos en México. Las personas detenidas los días 3 y 4 de mayo del 2006 sufrieron importantes abusos a manos de policías.
Se pudo acreditar que al menos 10 policías golpearon a un camarógrafo de televisión. Muchos detenidos fueron golpeados ya en el piso, los policías les dieron pisotones y patadas por todo el cuerpo.
El 3 de mayo la policía detuvo a 101 personas, de las cuales 81 presentaban lesiones que no eran propias de una detención normal (es decir, que habían sido causadas una vez que la persona estaba ya detenida). El 4 de mayo hubo 106 detenidos, 96 de los cuales presentaban el mismo patrón de lesiones. 31 mujeres dijeron haber sido agredidas sexualmente por los policías; de ellas, 21 afirmaron haber sido objeto de tocamientos intencionales de carácter sexual en diversas partes de su cuerpo, tanto por encima como por debajo de la ropa. 10 mujeres afirmaron haber sido violadas, sobre todo a través de la introducción de los dedos de los policías en su vagina.
Estamos ante una brutalidad policiaca inaceptable, que todavía no ha sido sancionada de forma completa y adecuada. Por eso es que, también para las otras víctimas, cobra mucho sentido lo afirmado por la Primera Sala de la Corte: con independencia de lo que se haga, toda persona debe ser tratada con respeto y detenida o juzgada conforme a la legalidad. No hay nada que justifique el atropello de los derechos fundamentales que tenemos todos y que siempre deben ser respetados, sobre todo si una autoridad pretende actuar cobijada por la legitimidad que -como hace mucho señaló Max Weber- solamente se puede obtener del acatamiento al Estado de derecho.
La lección de fondo de todo lo sucedido en Atenco va mucho más allá de los directa o indirectamente afectados y se constituye como un mensaje que los ministros decidieron enviar hacia el futuro: los derechos importan, los juicios penales deben ser cuidadosamente desarrollados, las condenas deben ser proporcionales al daño realizado, la protesta social no debe ser injustamente criminalizada. Y si uno de esos principios no se cumple, siempre habrá algún juez que estará dispuesto, con la ley y la Constitución en la mano, a hacerlo valer frente a cualquier autoridad. Todo eso, en suma, no son más que buenas noticias.
Notas:
1 Sobre este tema vale la pena revisar El derecho a la protesta. El primer derecho de Roberto Gargarella. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005; así como la colección de textos reunidos por el mismo autor en la obra El derecho a resistir el derecho, Miño y Dávila, Buenos Aires, 2005.
2 Dicha reforma está explicada con detalle en Los juicios orales en México de Miguel Carbonell, 2ª edición, Porrúa, México, 2010.
www.miguelcarbonell.com
El autor es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Autor, entre otros libros, de Los juicios orales en México (Porrúa, 2010).
Política judicial y protesta social
Análisis Fallos polémicos. Atenco. La forma en que se impartió justicia en el caso Atenco no permitió la sanción a expresiones sociales que sí violaron la ley
Reyes Rodríguez Mondragón
(1 agosto 2010).- La relación entre los tribunales, sociedad y política es innegable. Hay un consenso entre académicos de que la ley, los tribunales y la política tienen un papel central en tres actividades del Estado moderno: creación de políticas, control social y legitimación del régimen y actuación de las autoridades del Estado1. En México, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son las que primordialmente tienen ese papel.
El 30 de junio pasado, la Primera Sala de la SCJN concedió seis amparos que tuvieron como efecto la liberación inmediata de varios integrantes del "Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra", quienes en 2006 participaron en los enfrentamientos entre pobladores del municipio de San Salvador Atenco y cuerpos policiacos del estado de México. En esas resoluciones, la Primera Sala continúa con la línea garantista para afianzar estándares del debido proceso penal. Política que, señalan, inicia con su resolución en el caso de Acteal y se reitera en el asunto de las indígenas Alberta y Teresa.
Sin lugar a dudas ha sido un acierto de la SCJN establecer y consolidar altos estándares de debido proceso en materia de procuración y administración de justicia penal. No solamente por las garantías para los sujetos a proceso, sino también porque tiene un efecto legitimador de las actuaciones y decisiones de las autoridades responsables de aplicar la ley, cuando éstas resultan confirmadas por los tribunales de amparo.
Los efectos de una sentencia no se reducen al resolutivo final ni se quedan exclusivamente en el ámbito judicial. Particularmente si los hechos que se juzgan son expresiones de protesta social contra las autoridades gubernamentales. La argumentación de la decisión, la interpretación de los hechos, de los textos legales y la valoración de las pruebas, todo ello cuenta para las señales que manda el máximo tribunal a cortes de menores instancias, a las instituciones encargadas de la efectividad de la ley penal y a la sociedad. Esas señales generan incentivos, distribuyen cargas y beneficios, definen estándares de justicia e influyen en las agendas sociales y políticas2.
En el caso denominado Atenco las señales no son tan claras para los actores sociales. Los resultados de la política judicial estarán sujetos a la lectura de los grupos sociales y a la capacidad institucional para aplicar la ley penal y sancionar conductas delictivas cumpliendo estándares de debido proceso. En este sentido me referiré a los hechos ocurridos en el municipio de Atenco el 3 de mayo de 2006. En la versión estenográfica de la sesión de la Primera Sala, en el amparo directo 4/2010, se dice que siete personas fueron acusadas y sentenciadas por el delito de secuestro equiparado previsto en el artículo 259 del Código Penal para el estado de México, en virtud de que retuvieron a nueve policías, a quienes obligaron a bajar de sus vehículos y los trasladaron al Auditorio Municipal de San Salvador Atenco en calidad de rehenes y, bajo la amenaza de privarlos de la vida o causarles algún daño en caso de que la autoridad no cumpliera con sus demandas, exigieron liberar a protestantes detenidos, en particular al dirigente Ignacio del Valle Medina; permitir el comercio de flores en el exterior del mercado Belisario Domínguez, en puestos semifijos, y entregarles un predio que se destinara a dicha actividad.
Dos policías sufrieron violencia física, ante lo cual los sujetos responsables tuvieron que permitir el ingreso de ambulancias para que les proporcionaran atención médica; así fue como quedaron en libertad. El resto de los policías detenidos fueron liberados el 4 de mayo como resultado del operativo policial implementado para restablecer el orden público.
En la discusión, los ministros señalan que la comisión del delito de secuestro equiparado se encontraba acreditada, por lo que hace a la tipicidad y antijuridicidad de la conducta. Sin embargo, la responsabilidad de los acusados no pudo acreditarse por la insuficiencia probatoria de su participación en los hechos. La Primera Sala de la SCJN consideró que los elementos probatorios fueron utilizados de modo ilegal y desechó las declaraciones, las fotografías, los testimoniales y, en consecuencia, la inspección ministerial y el dictamen criminalístico. El único argumento subsistente es el hecho de que los acusados se encontraban en el lugar donde ocurrieron los disturbios y la captura de los policías, circunstancia de la que no se puede deducir su participación en el delito.
La SCJN pone en evidencia las debilidades institucionales de la autoridades ministeriales y judiciales en la investigación y resolución del caso. La Primera Sala de la SCJN afianza la política de debido proceso gracias a sus funciones interpretativas y valorativas, al hábito de citar sus decisiones previas y a su capacidad como tribunal supremo de cambiar las decisiones de las instancias previas e imponer estándares probatorios uniformes a los órganos encargados de hacer efectiva la ley penal -aplicarla y sancionar los hechos delictivos-3.
La forma en que se impartió justicia en el caso no permitió la sanción a expresiones sociales que sí violaron la ley. Ello por los errores en la integración de los elementos probatorios. Esta consecuencia puede ser una señal para que en conflictos sociales se excedan los límites legales y constitucionales a las manifestaciones de protesta. El fallo de la SCJN puede enviar el mensaje de que protegerá los derechos de las personas y un justo proceso de justicia penal antes de imponer penas en casos donde los delitos existen. El desafío para los órganos de procuración y administración de justicia está en entablar el diálogo jurídico-administrativo que permita resolver el dilema entre control social y legitimación en la aplicación del derecho. La construcción institucional del debido proceso penal contribuye a armonizar ambas funciones del derecho y a evitar la impunidad.
Que Atenco sirva como política judicial y como una lección para evitar que la responsabilidad por la comisión de delitos se diluya en la protesta social.
Notas:
1 Court, Law and Politics in Comparative Perspective de Jacob Hebert et. al.,
2 Ibid, 1-2.
3 Ibid, 11-2.
El autor escribe este artículo a título personal.
El autor es maestro en sociología jurídica, profesor del CIDE y asesor de la subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.
LyFC: intereses y extinción
Análisis Fallos polémicos. LyFC. La Corte tomó un atajo administrativo al ratificar la extinción de Luz y Fuerza sin debatir quiénes se benefician con la desnacionalización de la industria eléctrica
Rosío Vargas
(1 agosto 2010).- El neoliberalismo parte de la premisa de que las empresas estatales son ineficientes en tanto que las privadas lo contrario. Lo que generalmente omite es que antes de comprobar la ineficiencia de una empresa pública ha habido una estrategia de aniquilación a través de recortes presupuestales, financieros, comerciales y decisiones de tipo productivo, organizacional y tecnológico que van gradualmente debilitando a las empresas públicas hasta ponerlas en números rojos y hacerlas incapaces de competir con sus pares.
En el caso de México los intereses más fuertes en la imposición de las políticas de libre mercado corresponden a grupos económicos de países desarrollados que buscan la convergencia de propósito con las élites nacionales en una estrategia que se podría caracterizar como el ejercicio de un poder relativo y no absoluto, como pudiera ser el caso de una invasión. El ejercicio del poder ha transitado de la imposición de programas estructurales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo a la construcción de consensos en favor de los proyectos de las oligarquías. En el nivel nacional se aplica a través de la conformación de un bloque hegemónico (en el sentido de Gramsci), en donde los poderes de los grupos económicos y políticos (incluyendo el Poder Legislativo y el Judicial) se apoyan en los medios de comunicación, los intelectuales orgánicos, el desarrollo de teorías (de la globalización, de la integración y de los mercados contestables) que sostienen las bondades de la privatización y el modelo de mercado.
La alianza entre los grupos estadounidenses e hispanos no es novedad y se puede decir que comparten, más que valores comunes, el poder. Por ejemplo, en las reuniones sociales de las élites europeo-estadounidenses suelen reunirse personajes como David Rockefeller, H. Kissinger, los Clinton, El rey Juan Carlos y la Reina Sofía, los Reyes de Holanda y los banqueros españoles, entre otros. Muestra tangible de estos intereses convergentes es la empresa hispano-estadounidense Repsol, con negocios en toda América Latina -y por supuesto en México- en petróleo, gas natural y gas natural licuado. En el caso de América del Norte, en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte la convergencia de élites se proyecta en los lineamientos para "armonizar" las políticas públicas en los tres países bajo el liderazgo de Estados Unidos. Uno de los temas relevantes que se incluyen es la integración energética, cuyo objetivo último es el fortalecimiento de la seguridad energética de Estados Unidos a partir de aumentar la oferta global de energía que incluye no sólo a los combustibles fósiles, sino a los renovables, los bioenergéticos, la eficiencia, el secuestro de carbono, políticas ambientales como el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y el comercio de emisiones.
Obama y la Integración Energética en América del Norte
El proyecto del presidente Barack Obama tiene importancia para México no sólo por su búsqueda, inalcanzable por cierto, de la independencia energética de su país, sino porque su proyecto busca la transición energética ejerciendo el liderazgo internacional. Esto significa su apoyo financiero, legal y militar a los ganadores de la "alternativa" energética; hacer compatible el modelo energético con el resto del sistema productivo y bloquear cualquier giro contestatario u opositor a la transición energética. A nivel interno coloca un énfasis especial en los renovables, en una especie de neokeynesianismo, para generar empleos al desarrollar tecnologías cuyo destino sea el mercado nacional e internacional. Con miras a convertirse en la potencia líder de los renovables, el 3 de julio del año en curso la prensa norteamericana dio cuenta del otorgamiento de créditos por 2 mil millones de dólares a empresas de energía solar, dentro de las cuales estaba la española Abengoa, para desarrollar una de las plantas solares más grandes del mundo.
Dentro del esquema de integración al mercado energético de América del Norte el mandato que ha de cumplir México es claro: liberalizar su industria eléctrica. La importancia que adquieren los renovables dentro de la planeación energética mexicana da cuenta del acoplamiento de México a esta política: en la Estrategia Nacional de Energía se propone una capacidad de generación de electricidad del 35 por ciento a partir de tecnologías limpias para el año 2014. Su expansión se asocia a la creación de corredores industriales y programas de infraestructura y su impacto será visible en el balance energético nacional.
Esto ya puede observarse en el mandato de la Ley para el Fomento de las Energías Renovables y la Transición Energética (LAERTE) para la Comisión Federal de Electricidad, que conduce a que las grandes hidroeléctricas del país, que representan el 22 por ciento de la capacidad instalada nacional, ya no clasifiquen como fuentes renovables. El sustraer a las centrales hidroeléctricas de la categoría de renovables es una medida a la que se habían venido oponiendo los canadienses, cuyo potencial hídrico (59 por ciento como base de la generación) es también importante. Las directrices para redefinir el concepto de renovables provienen también de la Agencia Internacional de Energía, que argumenta que todo proyecto hidroeléctrico a gran escala está reñido con la meta del desarrollo sustentable. Sin embargo, estas reclasificaciones lejos de favorecer la seguridad energética de México la demeritan, en la medida en que la existencia de otras fuentes de energía, como los ciclos combinados y las energías alternativas que tienen prioridad en la red, conducen a la no utilización de la capacidad instalada de las presas, las cuales se encuentran a su máxima capacidad en época de lluvias, con serias consecuencias para las poblaciones aledañas que tienen riesgos de desbordamiento y de ser arrasadas por el agua.
Ciertamente son importantes las fuentes de energía con que se genera la electricidad, ya que el 84 por ciento de las emisiones de CO2 se producen en esta actividad. Lo paradójico es que el mayor nivel de emisiones contaminantes a nivel mundial después de China corresponde a Estados Unidos, cuya generación de electricidad descansa en un 50 por ciento en el uso del carbón (lo más contaminante) como fuente primaria, misma que está lejos de intentar reducirse por razones de seguridad energética. Es claro que el mayor emisor es en quien debían recaer los mayores sacrificios, no en sus vecinos geográficos.
Los grupos españoles en México
La modalidad de Productor Independiente (PIE), sancionado bajo una legislación secundaria y recomendado por el Banco Mundial, se ha convertido en el modelo más importante de participación de las trasnacionales. En la producción de electricidad participan las españolas Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola y Eurus, que cubren el 71 por ciento de esta producción, seguidas de empresas de Japón (13 por ciento), Estados Unidos (12 por ciento) y Canadá (4 por ciento). Los PIE actualmente representan el 29 por ciento de la capacidad total, lo que significa que su expansión está siendo a costa de la producción de CFE. Debido a ello, CFE ha debido retirar 10 mil MW en plantas en perfecto estado a fin de dejar espacio a los ciclos combinados de la iniciativa privada.
La importancia que han ido adquiriendo las empresas españolas en el sector energético mexicano es evidente en la distribución del gas natural, en donde en zonas como el Distrito Federal tienen prácticamente el 100 por ciento del mercado a partir de la licitación ganada por la empresa Digamex, perteneciente a Metrogas, que es propiedad de Gas Natural México quien, a su vez, es copropietaria de Repsol e Iberdrola.
La transición energética en México hacia la energía eólica (viento), en particular, se avanza bajo el proyecto del "Corredor Económico del Istmo", a cargo de empresas españolas, estadounidenses y alemanas. El apoyo financiero ha venido por parte del Banco Mundial y la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID).
Los grupos nacionales
Es claro que uno de los propósitos para liquidar (desaparecer) el Organismo Público Descentralizado Luz y Fuerza del Centro es el gran negocio que promete la apropiación de una red de más de mil kilómetros de fibra óptica por parte del consorcio firmado por Iberdrola y los ex secretarios de Energía del presidente Vicente Fox: Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens. La infraestructura de LFC será incorporada a la CFE y se pondrá a disposición del negocio de las telecomunicaciones como ya se hizo con la red de fibra óptica. A partir de las licitaciones otorgadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones se han puesto en evidencia los sesgos para favorecer a ciertos grupos económicos (Televisa-Nextel) a costa del erario nacional y otros competidores, en virtud de que el primero recibirá mucho menos dinero de lo que debería (ya que fue concesionada en 850 millones de pesos cuando su valor es muy superior a dicha cantidad) violando el artículo 134 de la Constitución, en el que se indica que el gobierno debería obtener las mejores condiciones económicas y las mejores condiciones posibles por la concesión de un bien público.
Otro de los objetivos para liquidar LFC se relaciona con implantar en la zona que atendía LFC las tarifas con las cuales la CFE incorpora el costo de la generación de los PIE. Esto promete también ser un gran negocio debido a los 30 millones de usuarios en la zona metropolitana, correspondiente al mercado de LFC. Más aún, el mercado ilegal que se desarrolla en todo el país a través de las "sociedades de autoabastecimiento" ahora tendrá la oportunidad de extenderse a todo el Valle de México.
La participación de los privados en la comercialización de la electricidad es parte de la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) presentada el 13 de octubre del 2009 por el PAN ante el Congreso. La iniciativa se avanza bajo el supuesto interés de favorecer la eficiencia del sector y proteger los derechos de los usuarios. Es la forma en que se busca incorporar a los privados en las actividades de comercialización del servicio eléctrico. Para ello se crea un capítulo especial dentro de la LSPEE denominado "de los derechos básicos y garantías de los usuarios del servicio público de energía eléctrica". Los artículos relacionados hacen referencia a los cobros y posibles fallos o interrupciones de suministro en donde "las empresas prestadoras del servicio estarán obligadas a dar el seguimiento oportuno", lo que constituye una forma velada para entregar el sector a los privados. La contratación por parte de CFE de empresas particulares para la atención de las tareas que desempeñaba LFC es otra de las razones que dan cuenta de la "necesidad" de su extinción. La resolución sobre la iniciativa sigue pendiente.
El papel de la Corte
El decreto de extinción de LFC publicado el 10 de octubre de 2009 bajo el argumento de la ineficiencia de la empresa, en julio del 2010 se traduce en que "ya no resulta conveniente para la economía nacional". Lo anterior fue parte de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la demanda de amparo contra la extinción de LFC. Con ello la SCJN tomó el camino de los recovecos administrativos para no llevar a cabo un ejercicio real de jurisprudencia, al fundar su dictamen únicamente en la interpretación del artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales cuyo sesgo resulta claramente inconstitucional, así como su interpretación al concluir que un organismo público descentralizado puede crearse o desaparecer por decreto presidencial. Su racionalidad fue elaborada con base en la aseveración de la incosteabilidad e improductividad del organismo desde el punto de vista económico, sin mayor fundamentación histórica, operativa y económica sobre la realidad de LFC. Las potestades del derecho público fueron utilizadas para alcanzar fines favorables a los grupos de poder nacionales y extranjeros arropados en el proyecto neoliberal-integracionista para quienes el SME era un obstáculo.
Por lo anterior, es claro que la aseveración de la ineficiencia resulta insuficiente para justificar la desaparición de LFC. El sector eléctrico es un gran negocio para las empresas trasnacionales, que buscan ampliar su participación en todas las actividades de la industria; desde los centros industrializados el gran negocio será "transferir" tecnología de renovables a México al que ven como un suculento mercado; para los grupos nacionales está la promesa de importantes ganancias en la comercialización y la fibra óptica en el área metropolitana que LFC cubría. Sin embargo, el proceso de incorporación de los privados no sólo está siendo a costa de los espacios productivos del gobierno mexicano, a mayores costos y con riesgos para la seguridad energética actual y futura del sistema eléctrico en su conjunto. Puede esperarse que dichos costos sean trasladados al consumidor, es decir, al pueblo mexicano. La propuesta mediática de que el "libre mercado" hará que los precios de la energía se reduzcan resulta cuestionable en la medida en que la competencia perfecta es un recurso teórico en tanto que la realidad se caracteriza por la existencia de una estructura de mercado oligopólica. Lejos de ideológico, el debate de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las políticas y medidas que se aplican sobre la industria tiene que ver con una cuestión más sencilla: ¿quiénes se benefician con la privatización y desnacionalización de la electricidad? ·
La autora es doctora en ingeniería energética y profesora en la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
¿Hubo responsabilidad penal?
Análisis Fallos polémicos. ABC. Excluir de responsabilidad a altos funcionarios por el incendio en la Guardería ABC ha sido una de las resoluciones más controvertidas en la historia del Poder Judicial
Gerardo Laveaga
(1 agosto 2010).- Si un camión del servicio de limpia de la Ciudad de México atropella a un transeúnte, nadie exigiría que el jefe de Gobierno fuera a la cárcel. Si el empleado de un juzgado que ejecuta un desalojo lesiona a alguien que se le resista, a nadie se le ocurriría destituir al juez que autorizó tal desalojo...
Para entender estas premisas no hace falta haber estudiado leyes, ni ser experto en deber de cuidado, riesgo permitido, posición de garante, imputación objetiva u otros conceptos básicos del derecho penal.
Pese a lo anterior, ciertos individuos ávidos de lucrar, así sea con el dolor de otras personas, han intentado hacerles creer que es posible responsabilizar a las más altas autoridades del país por los lamentables sucesos que se han desencadenado a últimas fechas. Esto ocurrió en el caso de Atenco y ha venido sucediendo en el de la Guardería ABC.
En su afán por obtener prebendas, han involucrado a algunos medios de comunicación, académicos respetables y hasta a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes de buena fe -así quiero creerlo- hicieron concebir a los afectados expectativas que, como lo sabe cualquier abogado penalista, nunca podrían haber llegado a prosperar.
Lo de la Guardería ABC fue una tragedia por donde se le mire. Fue terrible. Atroz. No conozco a nadie que no haya experimentado una viva solidaridad con los damnificados. El hecho, sin embargo, no implica un cariz penal, como no podría implicarlo un terremoto o una inundación, a menos, claro, que se probara la responsabilidad de un sujeto en los daños originados. Si pudiera determinarse con impecable precisión quién o quiénes infringieron el deber de cuidado vinculado a la protección de la vida o la integridad de las niñas y niños de la guardería, estas personas debieran ser castigadas. No faltaba más.
Pero ¿se puede determinar esto en el caso de la ABC? Me parece que, dados los datos que tenemos, y aún a la luz de las teorías más avanzadas sobre la comisión por omisión, no existe forma alguna de imputar responsabilidad. Lograrlo equivaldría a cortar una libra de carne del cuerpo de Antonio -el mercader de Venecia- sin derramar una gota de sangre.
Es cierto que la mujer encargada de la coordinación regional de guarderías fue consignada y privada de su libertad. Pero ¿qué fue lo que ella hizo o dejó de hacer como para que se le achacaran muertes y lesiones? Nadie lo aclaró y, por ello, se le concedió una fianza. Lo mismo ocurrió con tres de los concesionarios de la guardería. Eventualmente, podría procederse contra el técnico que dejó encendido el cooler -motivo de que el cortocircuito deviniera incendio- o contra el empleado del gobierno de Sonora que autorizó el almacenaje de papel en una bodega destinada a apilar placas de metal. Pero esto (ofrezco una disculpa al lector no familiarizado con los términos técnicos) exigiría probar cada fracción del riesgo para hacer efectiva la imputación objetiva y, así, especificar por qué delito debe responder cada individuo. Evidentemente, no todos tendrían que hacerlo por homicidio.
Desde luego, se tienen otras vías para exigir compensaciones. La Constitución reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado, por ejemplo. Pero, de nuevo, sería necesario probar, de manera categórica, el nexo de causalidad entre la conducta del servidor público y el accidente. Lo mismo aplica en el caso del Derecho Civil. En lo personal, no se me ocurre cómo podrían probarse estos vínculos ante un tribunal y sí, en cambio, me inquieta la ausencia de un marco jurídico más claro -y más eficaz- en materia de protección civil.
Perder un hijo es una de las experiencias más desgarradoras que puede sufrir un ser humano. Pero ello no significa que, en todos los casos, el derecho penal tenga algo que decir. Como disciplina -hay que admitirlo- es bastante limitada al respecto. Considero, por tanto, que el decreto presidencial que genera una aportación económica de carácter vitalicio a los perjudicados es un signo alentador de solidaridad y un llamamiento para que desastres como el de la ABC nunca vuelvan a ocurrir. Éste es el tipo de respuestas que debe brindar un Estado democrático de derecho. Salir a la caza de chivos expiatorios, cuando ni siquiera existen elementos para ello, sólo socava las bases de la cohesión social.
El autor es director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
Juárez y las bodas gay
Análisis Fallos polémicos. La Corte debatirá otro tema polémico: los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción
Carlos A. Morales Paulín
(1 agosto 2010).- En estos tiempos en donde la inmediatez asfixia la reflexión, y no pocas veces el pragmatismo sacrifica los principios, no puedo menos que iniciar evocando la figura de un paradigma patrio, que hizo de los principios del liberalismo expresión normativa, para que una vez convertidos dichos principios en norma jurídica, ésta fuera "su espada y escudo". Ese paradigma patrio se llamó Benito Juárez.
Juárez fue liberal, primero por la formación que de joven recibió de sus profesores en el Instituto de Oaxaca y después por convicción adulta, ya que nunca las coyunturas nacionales le hicieron claudicar del liberalismo y, por el contrario, hizo de éste el centro de sus acciones patrias.
Uno de los principios del liberalismo decimonónico es la secularización de la sociedad; escisión entre los asuntos del alma (propios de la fe religiosa) y los asuntos del cuerpo (traducidos en derechos del ciudadano, que no súbdito, frente al Estado). Dicha secularización decanta por razón paralela en el laicismo, que no es sinónimo de herejía; por el contrario, el laicismo es garantía a la libertad de creencias religiosas, pues rechaza la existencia de una "religión única o de Estado" y, concomitantemente, deja en libertad a las personas para que se adhieran o no a un credo determinado. Estos elementos, a los que se suman otros que no es momento de citar, dan pie a la separación Estado-Iglesias (en plural). Principio en el que siempre he considerado que Jesucristo era un convencido, al expresar "al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios". Expresión que nace al cuestionársele si los judíos debían o no pagar sus impuestos. ¿Más claro se quiere?
Si "decimonónico" es sinónimo "del siglo XIX", la segunda mitad de dicho siglo es para efectos nacionales los tiempos de Juárez y del México que configuró. Juárez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1857 (de la misma Corte que hoy examina la constitucionalidad del matrimonio y de las adopciones llevadas a cabo por personas del mismo sexo).
Distinto pero a la vez similar al México de posturas encontradas que enfrentó Juárez, hoy por hoy el Distrito Federal, como en muchos lugares de cultura occidental (cfr. el proyecto de la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010, que ha presentado al Pleno de la Corte el ministro Sergio Valls), ha reconocido por la vía del derecho lo que de siglos ha sido una realidad de hecho: la existencia de preferencias sexuales, y de lo que de éstas pueden derivar: matrimonios, adopciones, sucesiones amparadas en la ley ante la ausencia de testamento, etcétera.
El debate constitucional debe ser estrictamente jurídico, esto es: existe una realidad al margen de las causas que la generan. Y, por ser jurídico el debate, se impone responder a las interrogantes: ¿una opción sexual, en tanto opción, es resultado del ejercicio de una libertad, y puede el ejercicio de esa libertad dañar la libertad ajena, y por consecuencia debe reprimirse ésta, así como prohibirse el reconocimiento a sus actos civiles?
Para responder a ello pregunto, no al liberal, sino a aquél que por convicción muy respetable, abrace una filiación conservadora: ¿podemos aceptar la esclavitud?, ¿que acaso esclavitud no es permitir que terceros decidan sobre el cuerpo y la vida que no les es propia?
Locos y cuerdos; virtuosos y perversos; productivos e improductivos; respetuosos e irreverentes; lo cierto es que tanto unos como otros se encuentran en el mundo con total independencia de la preferencia sexual, lo que se puso de realce implícitamente en la sesión de la Corte del 1o. de julio, cuando al referirse al tema de la adopción el ministro Gudiño Pelayo apuntó (parafraseo) que en todo caso será la autoridad encargada de decidir sobre dicha adopción la que tendrá que valorar las condiciones de los adoptantes para obsequiar o no ésta (implícito entiendo, con independencia de la identidad sexual de aquéllos).
Habrá que esperar qué resuelve la Corte sobre la constitucionalidad o no del Código Civil del Distrito Federal, que permite los matrimonios y adopciones llevadas a cabo por personas del mismo sexo. El proyecto del ministro Valls propone la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas del Código, en salvaguarda del derecho fundamental a la no discriminación (artículo 1o. constitucional), así como por la razón de que cuando la Constitución se refiere a la familia (artículo 4o.) se refiere a ésta in genere, pues como lo apunta el proyecto existen también familias monoparentales (por ejemplo: las derivadas de las madres solteras), a lo que modestamente agrego, las llamadas "familias reconstituidas", integradas por cónyuges previamente divorciados, en donde conviven las más de las veces madrastras, padrastros, hijastros, hermanastros y descendientes producto de ese segundo matrimonio.
Muchas cosas han pasado en la sociedad mexicana desde los tiempos de Juárez. Sin embargo, vincular el pensamiento de un prócer liberal como Juárez con un tema como el que ahora constitucionalmente se ventila en la Corte tiene la finalidad de dar sustento, con base en la tradición liberal mexicana, a una modesta conclusión: el respeto a la preferencia ajena es la paz.
El autor es doctor en derecho por la UNAM y magistrado del Poder Judicial de la Federación.
La cultura política
(1 agosto 2010).- Téngalo presente
Razones para debatir: drogas, cultura y sociedad. Luis Astorga, Cristina Rivera, Sandra Rodríguez Nieto, Elmer Mendoza, Rafael Pérez Gay, entre otros. Sábado 7, 10:00 horas. Museo Tamayo. Reforma y Gandhi. Bosque de Chapultepec. Informes: 5286 6519.
Conferencias
La economía de Nueva España en la guerra de Independencia. Luis Jáuregui Frías. Lunes 2, 12:00 horas. Mezzanine de la Biblioteca de México José Vasconcelos. Eje 1 Norte esquina Aldama s/n. Buenavista. Informes: 9000 8989.
El secreto de la noche triste. Héctor de Mauleón. Dentro del ciclo Al filo de la palabra, mitos y personajes de la historia mexicana. Martes 3, 19:00 horas. Sala CCB del Centro Cultural del Bosque. Reforma y Campo Marte. Informes: 5280 8771, ext. 506.
Foreign aid and theories of state development. Stephen Krasner y Gustavo Vega Cánovas. Jueves 5, 18:00 horas. Sala de videoconferencias de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000.
La defensa de los indígenas mexicanos y centroamericanos en los Estados Unidos de América. El caso del estado de Washington. Ciclo con Kelly Tasty, Salvador Mungía, Mario Cruz Martínez, Jorge Madrazo, Manuel Ríos, entre otros. Jueves 5 y viernes 6, 10:00 horas. Centro Nacional de Derechos Humanos. Río Magdalena 108, Tizapán. Programa: http://bit.ly/bhpxi6. Informes: 5616 8692 al 95, ext. 5219.
Libros
¿Cuál libertad? Diccionario mínimo contra los falsos liberales coordinado por Michelangelo Bovero. Océano. Un grupo de especialistas reflexiona sobre los usos y abusos del concepto de libertad, como respuesta a las corrientes culturales y políticas autodenominadas liberales que, de acuerdo con los autores, distorsionan para su conveniencia los auténticos principios del liberalismo.
Desigualdad social y ciudadanía precaria ¿Estado de excepción permanente? de Víctor Manuel Durand Ponte. UNAM y Siglo XXI. Estudio académico que profundiza en la relación entre la exclusión, la desigualdad social y el ejercicio de la ciudadanía.
Finanzas Públicas en México de Juan Amieva-Huerta. Porrúa. Análisis de finanzas públicas que aborda en siete capítulos el tipo de impuestos en el país, la administración tributaria, el gasto público, las relaciones fiscales intergubernamentales, los sistemas de pensiones públicos y el marco legal bajo el que operan, entre otros temas.
La regla ausente de Francisco Valdés Ugalde. Gedisa. Análisis de la relación de los sistemas constitucionales con la democracia en México, que sostiene que las mismas leyes deben posibilitar su transformación hacia nuevas formas y exigencias democráticas.
Los migrantes que no importan de Óscar Martínez. Icaria. Crónicas periodísticas resultantes del año en que tres fotorreporteros, un cronista y una documentalista viajaron a bordo de los trenes utilizados por centroamericanos en su paso por México rumbo a Estados Unidos. Un documental y un libro de fotografías completan los trabajos.
Reflexiones sobre la violencia coordinado por José Sanmartín Esplugues, Raúl Gutiérrez, Jorge Martínez y José Luis Vera. Siglo XXI. Análisis científico del concepto de violencia, sus factores de riesgo y las clases de violencia que existen, según los efectos y el contexto en que se produce, así como el tipo de víctima y de agresor.
Mesas redondas
La reforma penal y el contexto mexicano: incidencia delictiva y eficiencia del sistema de justicia penal. David Ordaz Hernández, Eduardo Guerrero, Álvaro Vizcaino y Jaime López-Aranda. Miércoles 4, 17:00 horas. Auditorio Alfonso Quiroz Cuarón del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Magisterio Nacional 113, Tlalpan. Informes: 5487 1500, ext. 1567.
Presentaciones
Las fiestas del Centenario de la Independencia a través de la correspondencia del General Porfirio Díaz de María Eugenia Ponce Alcocer y Teresa Matabuena Peláez. Universidad Iberoamericana. Comentan Aurelio de los Reyes y Marisa Pérez de Sarmiento. Jueves 5, 19:00 horas. Biblioteca del Banco de México. Isabel la Católica 54, Centro Histórico. Informes: 5237 2460.
El acceso a la información en comunidades marginadas de Martha Fabiola Zermeño, Moisés Domínguez Pérez y Arturo Chávez López. FCPyS UNAM. Juan Pablo Guerrero Amparán, Marcela Turati, Jacobo Espinoza Hilario y Mayli Consuelo Sepúlveda Toledo. Viernes 6, 17:00 horas. Auditorio Digna Ochoa y Plácido de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Universidad 1449, Florida Pueblo de Axotla. Informes: 4171 2225.
Revistas
Bien común. No. 186. Publicación de la fundación Rafael Preciado Hernández. Análisis del proceso electoral en México. presenta la primera parte de un estudio de la evolución histórica del narcotráfico en México. Escriben Frank Priess, Daniel Zovatto, Andrés Ponce de León, Armando Reyes, Fernando Dworak y Iván Paoli.
Perfiles latinoamericanos. Publicación semestral de FLACSO. Trabajos en torno a la violencia fronteriza en México, comercio informal en el Distrito Federal, detección de fraude con modelos basados en agentes, entre otros. Gonzalo Varela Petito, Ignacio Ibarra, Gonzalo Castañeda, David Lagunas, Salvador Salazar, Sebastián Guevara, Gisela Zaremberg, Jaime Ortega y Jefferson Jaramillo Marín.
Si desea difundir alguna actividad, de cultura política comuníquese al 5628 7245; correo: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1761
La cacería
Alberto Osorio M., Gloria Reza y Felipe Cobián R.
Documentado por Proceso en su edición de hace dos semanas (número 1759), el vertiginoso ascenso de Nacho Coronel en la estructura del cártel de Sinaloa, que lidera El Chapo Guzmán, fue parado en seco por las balas del Ejército. Pero las acciones del gobierno federal fueron más allá... acabaron también con la vida de Mario Carrasco Coronel, sobrino del capo y quien, según la Secretaría de la Defensa, se aprestaba a suceder a su poderoso tío en el negocio de las drogas. Nacho Coronel había conseguido vivir y operar durante años en Jalisco, territorio panista, y lo hizo en plena libertad, integrado a la alta sociedad zapopana en particular y jalisciense en general, y sin ser molestado ni por autoridades estatales ni por las federales.
GUADALAJARA, JAL.- Aparentememte protegido en las altas esferas de la política Ignacio Nacho Coronel Villarreal, tercero en la jerarquía del cártel del Pacífico –después de Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, a quienes habría desafiado– durante años vivió aquí a sus anchas y traficó sin tropiezos... hasta que el gobierno lo eliminó.
Un día después de la caída del capo, efectivos del Ejército mataron en otro tiroteo a Mario Carrasco Coronel, El Gallo, sobrino y presunto sucesor de Nacho Coronel al frente de la célula del cártel de Sinaloa en Jalisco.
El capo cayó el jueves 29 pasadas las 12:40 horas. Ataviado con ropa deportiva, Nacho Coronel recibía un masaje antiestrés de una terapeuta –se afirma que estaba deprimido desde el levantón de su hijo Alejandro en abril pasado– cuando un grupo de élite del Ejército lo sorprendió en su casa de Paseos de los Parques 3435 en Colinas de San Javier. Y lo acribilló.
La versión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –que es la única que se conoce; el acceso a la datos sobre el operativo ha sido restringido– asegura que la localización del capo se debió a una labor de inteligencia militar de varios meses. Se informó, asimismo, que Coronel opuso resistencia a la aprehensión, disparó su pistola y mató a un soldado –el que encabezaba el asalto– e hirió a otro.
Versiones extraoficiales atribuyen su eliminación al creciente poder que Coronel adquiría “desde la sombra”, como reveló este semanario, lo que pudo hacer creer a sus superiores que su propio liderazgo estaba en entredicho.
En el mismo lugar en el que murió el capo fue capturado ileso Francisco Quiñones Gastélum, guardia personal del también llamado Rey del Cristal; asimismo fue detenida la terapeuta-masajista, cuyo nombre se desconoce.
Pero el operativo no acabó ahí, se extendió un poco más: a tres cuadras, en la misma calle de Paseos de los Parques en su cruce con Paseos del Acantilado, habrían detenido a una de las parejas de El Chapo y a dos de sus hijos. Trascendió, además, la detención de cuatro pistoleros cuyos nombres no han sido revelados por la Sedena.
Se supo asimismo que Guzmán Loera más de una vez se habría refugiado en alguna de estas casas y otras que poseía Nacho Coronel en esta colonia, compartida entre Guadalajara y Zapopan, que es la más exclusiva de la capital tapatía. Está vigilada día y noche. Tiene una policía pagada por los colonos y cámaras de video que funcionan día y noche en todos los cruceros. Una de esas cámaras está a
Aquí se asientan ricos de abolengo y empresarios exitosos como los Leaño, los Álvarez del Castillo, los Arroyo Chávez, los De la Torre y algunos de los políticos más acaudalados, como el panista Daniel Ituarte, exalcalde de Zapopan, y el exgobernador priista Flavio Romero de Velasco. También, al menos durante un tiempo, vivió y tuvo su casa de campaña en dicho fraccionamiento el primer gobernador panista de Jalisco y actual senador Alberto Cárdenas Jiménez.
Pero en Colinas de San Javier, igual que en Puerta de Hierro y otras colonias aledañas de clase alta, “también hay familias de narcos y todo mundo lo sabe en Guadalajara, menos las autoridades”, aseguran vecinos de la zona residencial.
Después del operativo que terminó alrededor de las cinco de la tarde Felipe Calderón llegó a Guadalajara en medio del más impresionante dispositivo de seguridad visto aquí hasta ahora. Acudió a dos actos: la entrega de la medalla al Mérito Industrial 2010 en la Expo Guadalajara y a la inauguración el estadio de las Chivas del Guadalajara.
El asalto
Según los vecinos el ataque a la finca del capo empezó luego de que francotiradores se apostaron en las azoteas de varias casas aledañas e inmediatamente después de que se provocó un apagón: un transformador estalló presumiblemente por el choque intencional de uno de los vehículos que llevó el Ejército. Otros testigos sostienen que fue un bazucazo el que dejó sin energía la zona, al tiempo que desde una terminal cercana era desconectado el servicio telefónico.
Pasados unos instantes se escucharon varias detonaciones en la primera residencia. Poco después empezaron los vuelos rasantes de tres helicópteros de la Fuerza Aérea que, según testigos, habían sido llevados con mucha antelación (al menos dos de ellos) en plataformas especiales hasta un lote en las inmediaciones, en la calle Circuito Madrigal. Ambos aparatos permanecieron ocultos varios días.
Antes de que diera comienzo el operativo fueron bloqueadas la avenida Acueducto y calles adyacentes; se impidió la circulación vehicular hasta a los residentes del área de las 12:40 horas hasta pasadas las cinco de la tarde.
El menor movimiento en ventanas, puertas y portones o el ruido de algún motor hacía que los solados –participaron de
Del enfrentamiento que tuvo lugar en la residencia del capo no hay más información que los boletines de la Sedena.
No fue sino alrededor de las seis de la mañana del pasado día 30 cuando llegaron los agentes del Ministerio Público adscritos al Servicio Médico Forense; una hora y media después sacaron los dos cadáveres –el de Coronel y el del soldado– en medio de un fuerte dispositivo de seguridad para llevarlos a las instalaciones del Semefo, en el centro de Guadalajara. Hasta el cierre de esta edición no se había emitido ningún informe sobre las autopsias.
No obstante, El Universal publicó en su sitio de internet que el capo tenía dos heridas de bala, una en el pecho a la altura del corazón y otra en el cuello. Reforma, por su parte, mencionó el pasado viernes que el cuerpo tenía 16 disparos.
En todo ese tiempo ni por asomo se vieron, cerca ni lejos, patrullas de la Policía Preventiva estatal o algún agente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a la que habría tomado por sorpresa el operativo, al igual que a las policías municipales de Guadalajara y Zapopan.
Protección
Contra su costumbre, el gobernador Emilio González Márquez –quien la noche del jueves, durante la cena con Calderón y Jorge Vergara en el estadio de Chivas mostró un gesto adusto– no ha emitido pronunciamiento alguno sobre la muerte de Coronel Villarreal. Sólo durante la entrega de la presea al Mérito Industrial en la Expo Guadalajara hizo referencia a la inseguridad al puntualizar que “en este tiempo de aguas bravas (todavía había confusión sobre el operativo que terminó con Nacho Coronel) en Jalisco no evadimos la responsabilidad y no argumentamos que esos problemas son de la Federación”.
Al día siguiente, viernes 30, no hubo un sólo pronunciamiento o comunicado al respecto. Como si nada hubiera ocurrido. Tampoco aparecieron en escena el secretario general de Gobierno Fernando Guzmán Pérez Peláez, ni Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, secretario estatal de Seguridad Pública.
Dante Haro Reyes, doctor en derecho y experto en el tema de seguridad pública, cuestiona al gobierno de Jalisco: “Si tuvo que venir el Ejército después de tanto tiempo de búsqueda para ubicar e intentar hacer la aprehensión, quiere decir que las autoridades locales son ineficientes o están coludidas”.
Considera que el hecho de que no se haya pedido la participación del gobierno estatal o de las autoridades municipales para el operativo contra Nacho Coronel puede interpretarse como un elemento claro de desconfianza hacia las autoridades locales.
Entrevistado por Proceso, Dante Haro asegura que es extraño que a 24 horas de los acontecimientos nadie en el gobierno de Jalisco haya dado una versión de los hechos. “No salió ni el secretario de Seguridad Pública ni el secretario general de Gobierno a ofrecer una narración de los acontecimientos, de un hecho que no sólo tiene repercusión nacional sino internacional por la figura de la que se trata”.
A mediados de mayo pasado en Jalisco se publicó información en el sentido de que Nacho Coronel había sido capturado en El Molino, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, por 90 policías, 60 marinos y 30 agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
El mismo Guzmán Pérez Peláez reconoció que hubo “detenciones importantes entre el jueves 13 y el viernes 14 y aclaró al diario local Público que no podía confirmar ni descartar la presunta aprehensión de Coronel (Proceso 1752 y 1759).
En septiembre de 2008 dos policías, que afirmaron representar a un centenar de efectivos municipales y estatales, entregaron a este semanario la copia de una carta que enviaron a la Presidencia de la República en la que denuncian que el titular de Seguridad Pública de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, y sus principales colaboradores estaban relacionados con la delincuencia organizada.
En el escrito afirman que el funcionario asistió a una fiesta en San Juan de Ocotán, Zapopan, acompañado de los directores de las policías Estatal y Preventiva, Alejandro Solorio Aréchiga y Fernando Andrade Vicencio, respectivamente. Ahí –afirma el escrito– los funcionarios se reunieron con capos como Juan José Esparragoza, El Azul, El Matriz y Nacho Coronel.
Nájera desmintió tales versiones y aseguró: “Nunca he asistido a ninguna fiesta donde me haya reunido con personajes de la delincuencia organizada o con emisarios de los mismos y rechazo la presunción de que yo acordé con ellos o con integrantes de algún cártel recibir dinero, ni en lo personal ni a través de interpósita persona, a cambio de hacer algún favor en beneficio de sus operaciones ilícitas”. (Proceso 1665 y 1666).
El presidente de la Comisión de Justicia de la LIX Legislatura local, Luis Córdova Díaz pidió que se investigara la posible protección a Nacho Coronel en Jalisco: “Sabemos, por lo que manejan los medios, por lo que muchas ocasiones las mismas autoridades civiles y militares manifiestan, que tienen plazas y que tienen cotos y que tienen formas de operar y si ésta es una situación que generó complicidad y que tiene infiltrada alguna secretaría o alguna procuraduría o alguna delegación pues se tiene que actuar contundentemente”.
La guerra que viene
Se teme que con la muerte de Nacho Coronel –“quien amplió su abanico de actividades en los últimos años; hoy, además de cocaína, trafica con metanfetaminas y cuenta con decenas de laboratorios clandestinos a lo largo del territorio nacional, lo que le permite controlar más de 50% de la producción de drogas sintéticas, según la DEA”, escribió el reportero Ricardo Ravelo hace dos semanas (Proceso 1759)– se desate una guerra por el liderazgo que deja vacante.
Dante Haro Reyes señala que “en la lucha entre los grupos del crimen organizado se observa un rompimiento del equilibrio” que representaba la figura de Nacho Coronel, por lo que esa guerra podría darse entre los integrantes del mismo cártel del Pacífico para ostentar el poder que aquél representaba, pero también pueden darse enfrentamientos con otros grupos que buscarán apropiarse de esta plaza.
Por otra parte señala que es un secreto a voces que los lugares que habitan los grandes capos, como Colinas de San Javier, Puerta de Hierro y Valle Real, son fraccionamientos de gran lujo y ellos pueden pagarlo. Eso significa que un empresario que se dedica a negocios lícitos puede convivir sin problemas con esas personas. “Esa es la parte de la base social que ellos logran permear”.
Sostiene que los delincuentes consiguen interactuar con empresarios o políticos gracias su inserción en determinado tejido social, como sucedía en el caso de Nacho Coronel.
Luego de la muerte de Nacho Coronel se esperan reacomodos en el manejo financiero y de protección política cuya dimensión aún no se conoce, pero que esos movimientos, a su juicio, se traducirán en nuevos enfrentamientos.
El riesgo mayor podría venir por parte del cártel del Golfo o de Los Zetas, quienes en distintos momentos han incursionado en Jalisco desde la región norte hasta llegar Puerto Vallarta, donde ya se han enfrentado con el cártel del Pacífico o de Sinaloa.
El director de la Policía Municipal de Guadalajara, Servando Sepúlveda Enríquez, informó que tras la muerte del capo sostuvo una reunión con el presidente municipal de Guadalajara, Jorge Aristóteles Sandoval, para prevenir actos violentos.
El cerco se cerraba
El ocaso o calvario de Coronel Villarreal, hombre taimado, calculador y de apariencia más cercana a la de un ejecutivo, empezó el primer trimestre del año pasado cuando un sobrino suyo, José Ángel Carrasco Coronel, El Changel, fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga; aunque este hombre fue remitido por la Procuraduría estatal a la delegación de la PGR junto con otros detenidos, después se supo que estaba libre porque nunca llegó a tal dependencia.
En enero de este año fueron capturados otros parientes de Nacho: Ernesto Coronel Peña, Juan Jaime Coronel y Juan Ernesto Coronel Herrera y pocos días después, el 18 del mismo mes, fueron capturados en la región de Chapala varios individuos, entre ellos el operador de zona de Coronel, Gael Carbel Aldana quien fue remitido al cefereso de Matamoros, Tamaulipas.
Más recientemente, el 3 de abril, fue levantado en Bahía de Banderas, Nayarit, el hijo del capo, Alejandro Coronel de sólo 16 años. Nunca apareció. Tres días después, en Tepic, más de 100 hombres armados levantaron a una docena de personas que a poco aparecieron muertas en San José de Castilla, municipio de Jalisco, Nayarit. Diez calcinados y cuatro cuerpos más con el tiro de gracia. Fue la venganza, según la policía.
Finalmente, un día después de la muerte de Nacho Coronel su sobrino Mario Carrasco Coronel, El Gallo, fue abatido por los militares en un enfrentamiento ocurrido en Rinconada de Los Novelistas, en el poniente de la ciudad. De acuerdo con versiones de la Sedena El Gallo “de acuerdo al lugar que ocupaba en la estructura de la organización delictiva, era uno de los posibles sucesores de Nacho Coronel”, dice un comunicado de prensa emitido el pasado viernes 30.
Puesta en escena presidencial
Gloria Reza y Daniel Lizárraga
GUADALAJARA, JAL.- El presidente Felipe Calderón supervisó personalmente, junto con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, el operativo militar que culminó con la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, una de las cabezas del narcotráfico en México.
Desde las primeras horas del jueves 29 Calderón supo que el Ejército llevaría a cabo lo que llaman “un operativo quirúrgico” para aprehender a Nacho Coronel en una de sus casas de seguridad en Colinas de San Javier, una de las zonas más ricas de Jalisco.
No obstante, el mandatario no canceló su gira de trabajo por Guadalajara programada para esa tarde. Por el contrario, llegó a la Quinta Región Militar de Jalisco sabiendo que Coronel ya estaba muerto y, desafiante, se movió sólo por tierra en medio de un operativo que incluyó dos helicópteros artillados y al menos seis vehículos con ametralladoras calibre 50.
Desde la mañana del 29 hubo movimientos inusuales en distintos puntos de Guadalajara. Afuera de las instalaciones de la XV Zona Militar se veían tanquetas en posición de defensa, cuando antes sólo las vigilaba un par de soldados. En la avenida Aviación –una de las arterias más importantes en los alrededores de la base aérea en donde aterrizaría Calderón– aparecieron más vehículos artillados del Ejército. En las calles se sentía que algo estaba sucediendo.
De acuerdo con la agenda oficial entregada a los medios una noche antes, Felipe Calderón debió despegar a las cinco de la tarde rumbo a Guadalajara. Sin embargo hubo un retraso de alrededor de 25 minutos en el hangar presidencial sobre el cual no hubo explicación.
Cuando la comitiva despegó en el avión TP-01, el operativo militar tenía cuatro horas y media de haber arrancado y en los portales de internet ya se manejaban versiones extraoficiales sobre la posible captura de Nacho Coronel. La Presidencia no los desmintió. La nueva coordinadora de Comunicación Social, Alejandra Sota, permaneció en Los Pinos.
Tras aterrizar en Guadalajara a las 18:15 horas, Calderón y su comitiva abordaron camionetas blindadas que circularon a no menos de
En el trayecto al centro de exhibiciones Expo Guadalajara cada uno de los puentes peatonales por los que pasó la caravana –alrededor de siete– estaban ocupados por soldados encapuchados y armados. En los cruces aparecieron más vehículos con ametralladoras. Dos helicópteros Bell vigilaban el convoy en vuelos rasantes.
A bordo de las camionetas los reporteros se enteraron de que Nacho Coronel había muerto en el operativo. La noticia se haría oficial a las 17:00 horas en la Secretaría de la Defensa. Los espacios de los noticieros radiofónicos estaban abiertos para transmitir en vivo el mensaje de Calderón. Sin embargo, del equipo de prensa de Los Pinos no hubo una sola palabra.
Felipe Calderón acudió a la capital jalisciense para entregar al empresario tequilero Juan Francisco Beckmann Vidal la medalla al Mérito Industrial 2010. La ceremonia estaba programada en Los Pinos desde un mes antes. Expo Guadalajara, sitio del encuentro con los industriales, está a unos
Un integrante del Estado Mayor Presidencial dio una tarjeta blanca a Felipe Calderón antes de que le tocara el uso del micrófono. El mandatario leyó rápidamente el mensaje.
Durante su discurso Calderón evitó referirse a la muerte del capo; simplemente acotó: “Seguiremos trabajando para fortalecer el estado de derecho. Seguiremos trabajando hasta lograr la seguridad, la estabilidad y la tranquilidad de las familias jaliscienses (...) por ello, también seguiremos firmes en el combate a la delincuencia que afecta nuestras sociedades y que afecta nuestras comunidades”.
Sólo hasta que terminó el discurso de Calderón dio inicio la lectura de un comunicado en la Defensa sobre la muerte de Nacho Coronel.
En Guadalajara la vigilancia militar no se limitó –como sucede en cada visita presidencial– al área cercana a la Expo Guadalajara, sino que se extendió a un perímetro más amplio y se incluyó a militares, policías federales y estatales, y agentes de tránsito. Los había en cada esquina. Por aire los helicópteros seguían vigilando.
Al entregar la medalla a Beckmann Vidal, nueve miembros del Estado Mayor Presidencial formaron una valla de protección alrededor del mandatario. Desde lejos parecía que el reconocimiento sería para uno de ellos. En condiciones normales no participan más de tres o cuatro escoltas.
De Nacho Calderón a Nacho Coronel
Concluida esa ceremonia Calderón se traslado al hotel Hilton para vestirse de etiqueta para ir al estadio Chivas-Omnilife. Entre esta nueva sede del futbol mexicano de primera división y Colinas de San Javier hay unos
Al paso de la caravana presidencial se cerraron calles y avenidas. Uno de los agentes de tránsito comentó a Proceso que hubo instrucciones de despejar la avenida Lázaro Cárdenas para que pasara sin problemas el convoy integrado por tres Suburban, vehículos militares y cuatro patrullas federales. Por aire los helicópteros siguieron su operativo de vigilancia.
En los alrededores del nuevo estadio la vigilancia era mayor. A pesar de ser hora pico una patrulla federal bloqueó los tres carriles del Periférico Poniente en el sentido sur-norte, a pocos metros de la avenida Guadalupe. Esto obligó a que los vehículos transitaran sólo por el acotamiento.
El ingreso al estadio fue por la avenida del Bosque. Para llegar a destino era necesario pasar seis retenes; en uno de ellos un militar revisaba la parte de abajo del auto con un detector de explosivos. En cada parada el procedimiento fue el mismo: “¿A dónde se dirige?”, “muestre su identificación”, “muestre su invitación”.
A las nueve y media de la noche comenzaron los discursos previos a la inauguración. El primero en hablar fue Javier Vergara, dueño del estadio. En su discurso, que duró 11 minutos, fue interrumpido siete veces por los aplausos. Tras concluir Vergara, siguieron alocuciones breves de su esposa y del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez.
Felipe Calderón puso poca atención a estas intervenciones. Entre las piernas el mandatario manipulaba sin cesar una BlackBerry.
Al hablar, más relajado, el mandatario dio un discurso de 13 minutos: “El equipo de las Chivas es un equipo ganador, enormemente querido de los mexicanos más allá de preferencias, es un equipo ganador como se quiera ver, el Guadalajara es el equipo que más campeonatos ha ganado en el futbol mexicano y eso no cualquiera lo puede hacer”, dijo el presidente.
También recordó a los destacados jugadores actuales y pasados que salieron de las filas del Guadalajara. Cuando mencionó a los futbolistas que fueron símbolos nacionales y que provenían de las Chivas, trastabilló al mencionar el nombre de Nacho Calderón –a muchos se les vino a la mente el de Nacho Coronel– y rápidamente aclaró que se refería a “aquel portero del
Tras los discursos hubo un recorrido del mandatario y su anfitrión por las instalaciones. Calderón firmó una playera con el número 12 y Vergara una con el número 1. La música reinició para poner el ambiente.
Así cerró el mandatario esa agitada noche de jueves, entre fuegos artificiales, sonriente, envuelto en un ambiente diametralmente opuesto al que vivió en diciembre de 2009, cuando la Marina acabó con Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes. l
A matar o morir
J. Jesús Esquivel
De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, la explosión del coche bomba en Ciudad Juárez puede atribuirse a una acción de La Línea, grupo de sicarios aliado al cártel de Juárez. La embajada de ese país ordenó el cierre temporal de su consulado en la ciudad fronteriza, ante la posibilidad de que los actos de narcoterrorismo se intensifiquen durante los próximos días en la zona que se disputan, a sangre y fuego, los cárteles de Juárez y de Sinaloa por el control del trasiego de droga hacia Estados Unidos.
EL PASO.- La ejecución de policías federales y de elementos del Ejército Mexicano tiene un objetivo concreto: la “intimidación total” al gobierno de México, consideran integrantes de varias agencias federales antidrogas y de organismos de inteligencia concentrados en el edificio que alberga al Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés).
Reacios a que se les identifique por sus nombres, los tres agentes entrevistados por Proceso exponen que la situación es grave debido a que los cárteles de Juárez y de Sinaloa desataron una ofensiva para “amarrar” el control de los corredores de la droga en Ciudad Juárez.
“El cártel de Juárez está convencido de que la Policía Federal y algunos integrantes de las Fuerzas Armadas en Ciudad Juárez se hallan al servicio del cártel de Sinaloa, lo que intensificó la guerra. El ejemplo más claro es el coche bomba (que explotó el pasado 15 de julio)”, dice al reportero uno de los agentes consultados, adscrito al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
Explica: “La violencia de los dos últimos años en la región está en los niveles más altos y es resultado de la guerra entre las dos organizaciones por el control de la plaza, pero también de la obsesión del cártel de Juárez por intimidar al gobierno (federal) mexicano”.
En la ciudad texana, colindante con Juárez, algunos de los organismos federales estadunidenses involucrados en la lucha contra el trasiego de las drogas procedentes de México –FBI, la DEA y varias agencias federales de inteligencia– sostienen que La Línea libra una batalla campal contra los policías federales y algunos militares mexicanos que, arguye ese grupo, están en la nómina de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, líder del cártel de Sinaloa.
La Línea, el brazo del cártel de Juárez, está integrado por criminales y pandilleros como Los Aztecas, según los documentos a los que el corresponsal tuvo acceso.
Los otros dos agentes estadunidenses entrevistados, quienes insisten también en que se omita el nombre de la dependencia a la que pertenecen, consideran que nadie debe desestimar las amenazas de ese grupo de sicarios. Uno de los agentes asegura que los integrantes de La Línea “seguirán utilizando armas cada vez más letales, como los coches bomba”.
“Para ellos –comenta el agente estadunidense– es claro que la Policía Federal no deja de ayudar al Chapo en su intento por apoderarse de la plaza de Ciudad Juárez.”
Despliegue en El Paso
La explosión del coche bomba en Ciudad Juárez el jueves 15 de julio y la amenaza de La Línea de que habrá más atentados de ese tipo movilizó a las agencias de inteligencia de Estados Unidos en El Paso, incluido el Grupo de Inteligencia para el Suroeste, perteneciente al FBI.
Los directivos de esos organismos reforzaron sus actividades de cooperación con México, en particular las relativas a las investigaciones que las autoridades mexicanas realizan en torno a la guerra que libran los cárteles de Juárez y de Sinaloa en la ciudad fronteriza de Juárez.
Ello obligó al gobierno de Felipe Calderón a adoptar, sin aceptarlo de manera pública, que se apliquen algunos “protocolos” de seguridad en esa zona del territorio mexicano debido a los actos de “violencia sofisticada”, como son las tácticas de narcoterrorismo.
“Hemos tenido que modificar todos los protocolos de actuación del gobierno en materia de seguridad”, comenta a Proceso el presidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz.
El alcalde juarense explica que, antes de la explosión del 15 de julio, en la entidad sólo se aplicaban medidas para evitar ataques a los policías, “pero eran ataques con pistolas y armas largas”; “ahora –dice–, con este tipo de nuevos ataques (la explosión de coches bomba), se requiere un cambio de todos los procedimientos”.
Cuando se le pregunta sobre los nuevos protocolos de seguridad y quién los está aplicando, Reyes Ferriz se niega a revelar los detalles. Sin embargo, fuentes oficiales del gobierno mexicano aseguran al reportero que las agencias federales de Estados Unidos ya están participando en las indagatorias sobre el coche bomba y la guerra que libran entre sí los cárteles de Juárez y de Sinaloa por el control del trasiego de drogas en la plaza de Ciudad Juárez.
Consultado al respecto, un funcionario mexicano, que “por temor a represalias” pide que su nombre no sea mencionado, afirma que incluso ya hay resultados sobre el acto “narcoterrorista”:
“Las investigaciones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos señalan que la explosión del coche bomba no fue una represalia de La Línea por el arresto de El 35 –Jesús Armando Acosta Guerrero–, como señaló la SSP (Secretaría de Seguridad Pública). El ataque de La Línea con el coche bomba es porque la PF y elementos del Ejército están protegiendo en Juárez a la gente del Chapo, y este incidente lo orquestó la gente de El Rikín.”
José Rodolfo El Rikín Escajeda, considerado como el número tres en el escalafón de mando del cártel de Juárez, fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, el 4 de septiembre de 2009.
En el expediente de la causa judicial que emprendió la DEA en su contra, al Rikín se le ubica como uno de los pistoleros más sanguinarios de La Línea y uno de los líderes de la organización que encabeza Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy. El documento también menciona que él es responsable del control y manejo de la exportación de varios tipos de drogas desde el Valle de Guadalupe hacia Estados Unidos.
Días después de su arresto, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) trasladó al Rikín a la Ciudad de México, donde presuntamente permanece arraigado en una casa de seguridad. El entrevistado asegura que ello se debe a que la Procuraduría General de la República (PGR) ha tenido problemas para fincarle cargos al sicario del cártel de Juárez.
Sin embargo, comenta que las investigaciones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos sobre la explosión del coche bomba arrojaron nuevos datos en torno al caso Rikín, a quien reclaman ya las autoridades del vecino país. Esa versión la corrobora otra fuente de la Secretaría de Relaciones Exteriores consultada por el reportero y que de manera expresa se niega a revelar su identidad –“para evitar problemas con el gobierno calderonista”, arguye–; incluso adelanta que México “ya concedió a Estados Unidos la extradición del Rikín Escajeda”.
Los agentes estadunidenses y los funcionarios mexicanos entrevistados por Proceso coinciden en que el gobierno de Calderón se ha mostrado cauto sobre la posible extradición del Rikín para no alertar a los sicarios de La Línea y evitar que cumplan sus amenazas de lanzar otros ataques con armas cada vez más sofisticadas.
El Grupo de Inteligencia para el suroeste del FBI en El Paso se mantiene en estado de alerta y el intercambio de información con sus contrapartes mexicanas de Ciudad Juárez es permanente; también mantiene contacto con las agencias federales de su país debido al “nivel de intensidad” que alcanzó la guerra entre los cárteles de Juárez y de Sinaloa.
En febrero de 2009, en el estado de Durango comenzaron a evidenciarse señales de lo que supondría la planeación de atentados por parte del crimen organizado. Individuos armados irrumpieron en una empresa minera y robaron
Viene más violencia
Dos de los agentes federales estadunidenses hablaron con Proceso en sus oficinas de El Paso. En cuanto a los avances de sus investigaciones, uno de ellos advierte: “Es muy alta la posibilidad de que en los próximos días aumente la violencia de La Línea en Ciudad Juárez”.
Su compañero lo secunda: “Todos nuestros sistemas de investigación llegan a la misma conclusión: en Ciudad Juárez, La Línea no va a bajar la intensidad de sus ataques contra la Policía Federal y contra elementos del Ejército”.
–¿Es cierto que la Policía Federal apoya al cártel de Sinaloa en su lucha por controlar la plaza de Ciudad Juárez? –pregunta el corresponsal.
–El cártel de Juárez asegura que la Policía Federal y el Ejército actúan en su contra y que pone menos atención en los operadores del Chapo que se encuentran en esta región. Está claro que nadie va a hacer cambiar de opinión a la gente de Carrillo Fuentes. Eso es lo más delicado y peligroso de esta guerra (entre los cárteles)”, responde uno de los agentes.
Sobre la explosión del coche bomba del 15 de julio pasado, las autoridades estadunidenses se inclinan por una línea según la cual el ataque fue ordenado por la organización de Carrillo Fuentes. De acuerdo con el agente del FBI consultado, es posible que el operativo haya sido dirigido y orquestado desde territorio estadunidense, concretamente desde El Paso.
“Algunos operadores de La Línea que forman parte de la pandilla Los Aztecas y que viven en El Paso son mencionados constantemente como sospechosos de haber dirigido el ataque con el coche bomba en Ciudad Juárez”, destaca uno de los documentos consultados por el corresponsal.
–¿Está involucrado El Rikín Escajeda o alguien de su gente en el ataque con un coche bomba? –pregunta Proceso al agente del FBI.
–No puedo hacer comentarios sobre el caso de este personaje… Lo único que puedo decirle es que quienes están detrás del ataque son gente muy peligrosa y desalmada que no duda en cumplir sus amenazas.
El presidente municipal de Juárez, José Reyes Ferriz, admite que la ciudad que gobierna vive “un escalamiento de violencia muy importante”, pero se niega a calificar como “narcoterrorismo” los actos de intimidación, sobre todo la explosión del coche bomba.
“No lo estamos considerando como narcoterrorismo; ya lo dijeron el procurador (Arturo Chávez Chávez) y el embajador (estadunidense Carlos Pascual); no lo estamos considerando así”, subraya el alcalde juarense. Con ello, se ciñe a la orden del gobierno de Calderón de omitir este adjetivo.
El 30 de julio, el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez no abrió sus puertas. La víspera, la embajada de Estados Unidos en México emitió un comunicado en el que exponía que las oficinas permanecerán cerradas “para evaluar su postura sobre seguridad” y reanudarán sus actividades “hasta que la revisión de seguridad (en Ciudad Juárez) se haya completado”.
Consultados por el corresponsal sobre el clima de violencia que prevalece en la zona fronteriza, algunos adolescentes juarenses reconocen que están aterrorizados. “Es una lástima lo que pasa en Ciudad Juárez”, dice Rodolfo, un joven que bebe cerveza con sus amigos en el antro Eclipse, ubicado a unos metros del campus de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).
“Hoy tenemos que venir a El Paso a divertirnos; antes era al revés. Pero no vamos a dejar a Ciudad Juárez; es nuestra tierra, nuestro México. Y nos lo tiene que devolver el gobierno de Calderón”, comenta uno de sus compañeros.
Los clubes de la zona universitaria texana suelen llenarse de jóvenes, aun entre semana. Gran parte de ellos son juarenses y tienen preferencia por tres bares ubicados sobre la calle Cincinnati, entre las calles Mesa y Stanton. Una joven del grupo de amigos de Rodolfo comenta al corresponsal que en los antros la diversión acaba alrededor de las dos de la madrugada, por lo que ella prefiere permanecer ahí para estar más segura.
En una calle aledaña a Cincinnati, donde se concentran los bares más populares y concurridos, tres vehículos del departamento de policía de El Paso realizan sus patrullajes durante toda la noche con intervalos de 10 minutos.
–¿Por qué te vienes a divertir a El Paso, si en Juárez los antros cierran más tarde y son más baratos? –se le cuestiona a Rodolfo.
–¿Para qué rascarle los güevos al tigre? Está muy cabrón del otro lado y salir por la noche en Ciudad Juárez ya no es seguro para nadie. l
El secuestro
Gloria Leticia Díaz
El grado de violencia que golpeó al país en las últimas semanas puede medirse por el número de muertos, de secuestrados, de casos sin resolver... Pero también hay cambios cualitativos: el lunes 26, el crimen organizado dio otro importante paso al imponer sus contenidos a medios de comunicación nacionales, mediante el secuestro de periodistas. Darío Ramírez, coordinador regional de la organización Artículo 19, afirma que “el deterioro viene dándose desde hace muchos años y no se tomaron cartas en el asunto, lo que ocasionó que llegáramos a este nivel de zozobra en el medio periodístico”. ¿Y el gobierno? “Exigió” la liberación de los plagiados...
El secuestro de periodistas de Televisa y Milenio Televisión para exigir la difusión de narcovideos no sólo es una secuela del “deterioro del periodismo en México por la violencia contra el gremio y la impunidad que la envuelve”; es el primer caso del que se tiene conocimiento en que el crimen organizado influye en las líneas editoriales de medios de comunicación nacionales, afirma Darío Ramírez, coordinador en México y Centroamérica de Artículo 19, organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión con sede en Londres, Inglaterra.
El 26 de julio, tras cubrir una protesta de reos en Gómez Palacio, Durango, fueron plagiados por un grupo de pistoleros el camarógrafo Alejandro Hernández y Héctor Gordoa, enviado del programa de Televisa Punto de partida, así como el camarógrafo del grupo Multimedios –al que pertenece Milenio– Jaime Canales y el reportero Óscar Solís, del diario regional El Vespertino.
El “rescate” exigido para liberar a los periodistas fue la transmisión de tres narcovideos. Multimedios cumplió la orden el día 27, como reveló el diario Milenio en su edición del día siguiente: “A la 1:40 horas los videos fueron transmitidos en el Telediario de La Laguna en un enlace especial originado desde Milenio Televisión, en el DF. Tuvo una duración de 15 minutos y fueron emitidos sin ninguna edición”.
Para Ramírez, “eso es un claro indicio de la influencia del crimen organizado en líneas editoriales que hasta ahora sólo tenía precedentes en medios a nivel local, que desde hace tiempo han recibido llamadas en las que les dicen qué publicar y qué no. Por lo que vemos en el caso de Gómez Palacio, lo que no era nuevo en los estados ya alcanzó a los medios nacionales”.
La noche del 29 de julio, el Canal 2 de Televisa presentó durante 60 minutos una pantalla fija con el nombre de la emisión Punto de partida sobre fondo negro. Antes, la conductora del programa, Denise Maerker, tronó: “No estamos dispuestos a salir esta noche a fingir que no está pasando nada. Sí está pasando”.
Aunque Maerker exigió a los “órganos del Estado” que proveyeran seguridad para ejercer el oficio periodístico, la explicación para no transmitir su programa no fue más allá que la referencia al secuestro de cuatro reporteros, asunto que fue omitido en los noticiarios de la empresa de Emilio Azcárraga Jean.
Esa misma tarde El Diario de Juárez y Reforma habían dado a conocer en sus portales de internet la liberación de Héctor Gordoa, el enviado de Televisa a La Laguna.
Por la noche, en el noticiario de Milenio, el conductor Ciro Gómez Leyva lanzó un reclamo sin destinatario: “¿Por qué quedarnos en medio de esta situación? ¿Qué es esto de que si transmitimos una imagen liberan a nuestro compañero rehén? ¿Qué es esto de que, si no lo hacemos, lo matan? ¿Qué esto de que si lo hicimos, no lo sueltan? ¿Qué es esto de que si lo volvemos a hacer, quién sabe qué carajos ocurrirá? (…) Un medio de comunicación no está diseñado ni equipado para negociar una toma de rehenes”.
Para Ramírez, de Artículo 19, “una vez más los periodistas están llegando tarde a buscar la solución de problemas. El deterioro viene dándose desde hace muchos años y no se tomaron cartas en el asunto, lo que ocasionó que llegáramos a este nivel de violencia y a este nivel de zozobra dentro del medio periodístico”.
El activista sostiene que el hecho revela también “lo lejana que está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) del gremio periodístico, y que en sus protocolos de trabajo no se considera la opinión de las víctimas ni de sus familias”.
La crítica de Ramírez se basa en la divulgación del comunicado de prensa CGCP/206/10, el 27 de julio, donde la CNDH revela que cuatro periodistas, cuyos nombres omite pero especifica los medios a los que pertenecen, fueron “levantados” entre el mediodía y las 11 de la noche del 26 de julio.
El documento incluye un recuento de agresiones a periodistas: 64 homicidios desde 2000 y 11 desaparecidos de
El viernes 29, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el ombudsman Raúl Plascencia respondió a las críticas de Ciro Gómez Leyva contra la CNDH desde el martes 27, por no haber tomado en cuenta la opinión de los medios en los que trabajan los periodistas secuestrados, es decir, que se guardara silencio en vez de emitir su boletín de prensa.
“Nadie nos comunicó esa situación (…) Si, en todo caso, hubiéramos tenido información de esas características la hubiéramos valorado y hubiéramos tomado la mejor decisión”, justificó Plascencia, tras señalar que la decisión de comunicar el secuestro se tomó después de que el secretario de Gobierno de Durango, Oliverio Reza, lo informó en rueda de prensa.
Apunta Ramírez: “Nosotros nos enteramos de los hechos la noche del lunes (26 de julio), no teníamos los nombres. Llamé por teléfono a colegas de esos medios de comunicación y me dijeron: ‘Por favor, no saquen nada porque estamos salvaguardando la integridad de los colegas, estamos haciendo lo que nos pidan’. El boletín habla de la disociación entre la CNDH y los periodistas, y de que su única fuente son las autoridades, no las víctimas”.
Gobierno ausente
Darío Ramírez caracteriza el último año de Vicente Fox como “el desgobierno total”, en que el ejercicio periodístico se vio trastocado por la violencia del crimen organizado, “aunque –recuerda– los agentes del Estado, llámense gobernadores, presidentes municipales o miembros de las Fuerzas Armadas, siguen siendo los principales perpetradores de las agresiones a periodistas”.
En el análisis Entre la violencia y la indiferencia. Informe contra la libertad de expresión en México, que elaboraron Artículo 19 y el Centro de Nacional de Comunicación Social (Cencos), se documentan 244 casos de agresiones contra periodistas ocurridos en 2009, de los cuales 65% son atribuidos a “agentes del Estado”.
En el informe se toman en cuenta varias categorías de violencia: la agresión física (a la que corresponden 44.67% de los casos mencionados), amenaza (19.26%), intimidación o presión (19.26%), detención arbitraria (9.43%), asesinato (4.51%), calumnia, injuria o difamación (2.95%) y desaparición (0.82%).
El documento, presentado en febrero pasado, reporta 11 asesinatos en 2009 y nueve desapariciones desde 2000. El 70% de los primeros “están ligados directamente con el ejercicio de la libertad de expresión y su desempeño periodístico”. Lo grave es que en esa misma proporción las víctimas habían recibido amenazas que no denunciaron “por desconfianza en las autoridades, por la consabida colusión entre policías y criminales”, apunta el coordinador de Artículo 19.
El informe de las dos organizaciones no gubernamentales señala a Durango como la entidad “donde se produjo mayor violencia en contra de periodistas”, ya que en 2009 registró 11 agresiones, entre éstas los homicidios de Carlos Ortega Samper, José Bladimir Antuna García y Eliseo Barrón Hernández. En tanto que este último caso fue esclarecido, los otros dos no sólo no se han investigado, sino que “han generado una campaña de estigmatización” contra las víctimas.
De los 11 casos documentados, indica el informe, en cinco “se presume la autoría de algún grupo del crimen organizado, en dos la participación directa de funcionarios públicos estatales, y en uno se presume (la implicación) de un partido político”.
Con base en la investigación de Artículo 19, dice su representante Darío Ramírez, “podemos pensar que es el crimen organizado el que cometió estas violaciones, aunque hay algunos en los que documentamos un encontronazo con algún elemento de la Policía Federal, pero no hay elementos para decir que el agente del Estado estuvo involucrado, sino que habría contactos entre éste y el crimen organizado”.
Admite que “es el Estado mexicano quien tiene que esclarecer estos casos, pero que lo que vemos es que ha abdicado en su responsabilidad de procurar y administrar justicia”.
Lo anterior se manifiesta en que “el Ministerio Público abre una averiguación previa mientras está la presión internacional y nacional, pero se dedica a investigar a la esposa, a la amante, a ver si no se estaba acostando con alguien... líneas de investigación que no tienen que ver con el ejercicio periodístico. Y esto no lo digo de manera burlona, sino porque es verdad. Al final ningún caso se cierra, pero tampoco se llega a los responsables y queda en el perpetuo limbo jurídico”.
Debido a su experiencia, Artículo 19 asiste en algunos litigios a periodistas agredidos y a sus familias. Sin embargo, “cada vez nos es más difícil documentar los casos por cuestiones de seguridad –indica Ramírez–, mientras que es más frecuente que familiares de colegas víctimas de violaciones graves nos llamen para desistirse en su intento de buscar justicia, como un reflejo de la desconfianza de las autoridades y la falta de mecanismos de protección reales. Hasta ahora la única medida de seguridad que algunos periodistas y los medios están tomando es la autocensura”.
Uno de los objetivos de su organización es acabar con la impunidad, insiste, y cree que esto podría lograrse si cada agresión contra periodistas se considerara legalmente como una violación a la libertad de expresión que afecta a la sociedad en general.
Para él, mientras en los casos de agresiones a periodistas la primera línea de investigación de las autoridades ministeriales no sea su trabajo informativo, “no se podrá tampoco esclarecer quiénes ejercen la profesión de manera no ética ni quiénes, por su trabajo de investigación periodística, eran blanco de los perpetradores. No se trata de meter las manos al fuego por todos los colegas que han sido víctimas, sino de exigir que el gobierno cumpla su función en la procuración de justicia y deje de decir que detrás de las agresiones contra los periodistas está el crimen organizado, que ellos (los funcionarios) lanzaron a la calle a los militares y que ahí se acaba su responsabilidad”. l
Informar, bajo amenazas y extorsiones
Arturo Rodríguez García
TORREÓN, COAH.- El secuestro de cuatro periodistas realizado por presuntos sicarios del cártel de Sinaloa es el primero de este tipo en la región lagunera y constituye la nueva forma de extorsión de los grupos delincuenciales que ahora exigen a los medios de comunicación difundir información y videos que ellos desean como condición para soltar a los detenidos.
Hasta la noche del viernes 30 de julio, sólo había sido liberado Héctor Gordoa, director de Información del equipo del programa Punto de Partida, que conduce Denisse Maerker en Televisa, mientras que los otros tres –reporteros de Televisa Laguna, de Multimedios Laguna y de la publicación El Vespertino, esta última dedicada a la publicación de boletines y comentarios políticos que no suele incluir información relacionada con el narcotráfico– permanecían en cautiverio.
Uno de los participantes en las negociaciones comenta al reportero que Televisa y Multimedios habían aceptado difundir los mensajes, pero el jueves 29 desistieron, luego de que Los Zetas amagaron a las empresas de comunicación con tirotear sus instalaciones si accedían a la petición del cártel de Sinaloa.
Durante los últimos dos años los ataques, levantones e inclusive asesinatos de periodistas en esta región han sido una constante. Hoy, son los miembros del cártel de Sinaloa y Los Zetas los que intentan imponer sus criterios en las mesas de redacción y presionan para que se difunda lo que conviene a sus intereses.
En esta región, el ejercicio periodístico es cada vez más peligroso. Cerradas las fuentes policiacas y militares, los reporteros deben conseguir la información por otros medios: fuentes encubiertas o anónimas y eventualmente la observación directa; y lo hacen bajo el amago de los grupos criminales que todo lo vigilan.
La matanza del 18 de julio en la Quinta Italia Inn, donde murieron 17 civiles, por ejemplo, aún es confusa debido a las acusaciones que se hacen el cártel de Sinaloa y Los Zetas. Estos últimos incluso grabaron el momento del interrogatorio a policías presuntamente coludidos con el hampa que terminaron por confesar su complicidad o autoría en varios crímenes.
Incluso fueron subidos al sitio elblogdelnarco.com dos videos. En el primero, el del 22 de julio, aparecía el policía Rodolfo Nájera, de Lerdo, Durango, en el momento en que declaraba que en esa matanza habían participado varios custodios de la penitenciaría de ese municipio, quienes actuaban con la autorización de su directora, Margarita Rojas Rodríguez.
Al día siguiente, las autoridades estatales y federales realizaron un operativo en el penal duranguense y detuvieron a Rojas Rodríguez y a varios de los implicados en la ejecución de la Quinta Italia Inn.
Para entonces ya había otro video en los sitios youtube.com y elblogdelnarco.com. En él aparecía el policía Ramón Gerardo Adame, de Torreón, durante el interrogatorio al que lo sometían integrantes del cártel de Sinaloa. El uniformado acusaba a Los Zetas de ser autores de esa matanza, que habían perpetrado en complicidad con autoridades federales y de Coahuila.
Y aun cuando tuvo poca difusión, pues la atención se concentraba en el operativo en el penal de Gómez Palacio, el día 25 fue subido un tercer video que mostraba a tres agentes federales que señalaban a Los Zetas como los autores de esa matanza.
Al día siguiente varios internos del penal de Gómez Palacio realizaron una protesta apoyados desde el exterior por sus familiares. Fue en ese momento cuando un comando del cártel de Sinaloa comenzó a levantar gente en las inmediaciones. En total fueron 12, incluidos los reporteros que cubrían el evento.
Los medios locales transmitieron los primeros tres videos, pero el jueves 29 se negaron a transmitir otro más que pedía el cártel de Sinaloa para denostar a Los Zetas. Esa es la razón por la que hasta la noche del 30 de julio los reporteros continuaban como rehenes, comenta al reportero una fuente policiaca de Torreón.
Cobertura imposible
El abandono de la zona por parte del gobierno federal ha sido prolongado. Sólo volteó a la región el 18 de julio, a raíz del noveno ataque contra población civil en el que murieron 17 personas en la Quinta Italia Inn. Gracias a ello las agresiones a periodistas comienzan a reseñarse en algunos medios de comunicación nacionales y en los organismos civiles.
Las primeras amenazas contra el gremio periodístico se manifestaron el 14 de mayo último, luego de la matanza en el bar Juana’s VIP. En youtube.com apareció días después un video en el que el cártel de Sinaloa señalaba a Javier Adame, directivo del diario Noticias del Sol de la Laguna, perteneciente a la Organización Editorial Mexicana (OEM), de tener vínculos con Los Zetas.
El 18 de mayo, el rotativo publicó un comunicado en el que Adame negó la imputación y se pronunció por la libertad informativa.
La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) informó el 18 de julio que Adame ya ha sido amenazado en otras ocasiones, lo mismo que la corresponsal de Milenio de Torreón en la población de Vicente Guerrero, Durango, Karla Guadalupe Tinoco.
En su comunicado, RSF insistía en que la publicación de un hecho de sangre “pone en peligro la vida del autor, la de su familia y la de sus colegas”. También hacía un recuento de las agresiones a periodistas en Coahuila y Durango.
En la primera entidad, la organización internacional mencionó el caso de Rafael Ortiz, reportero de Zócalo Monclova, quien desapareció en julio de 2006, así como el de Onésimo Zúñiga, del Noticias del Sol de la Laguna, quien fue torturado; Eliseo Barrón, de Milenio de Torreón, asesinado en Gómez Palacio en mayo de 2009; Valentín Valdez, de Zócalo Saltillo, asesinado en la capital coahuilense en enero último.
En Durango, RSF recordó a Carlos Ortega Melo Samper, reportero y columnista de El Tiempo, asesinado el 4 de mayo de 2009, y a Valdimir Antuna García, quien trabajaba para el mismo diario y cuyo cuerpo fue encontrado el 2 de noviembre del mismo año.
La violencia y agresiones se extienden a todo el estado de Coahuila. El día que RSF emitió su comunicado estalló una granada de fragmentación en el estacionamiento de Zócalo Piedras Negras; no hubo ningún lesionado. Apenas habían pasado cuatro días, cuando el 22 de junio las instalaciones de Noticias del Sol de la Laguna fueron tiroteadas por dos sujetos.
El 25 de ese mes, un grupo de desconocidos disparó contra las instalaciones de Televisa Laguna, donde se ubica la antena de repetición y unas oficinas con personal técnico.
Y fue en medio de esas amenazas y agresiones que aparecieron las narcomantas. El 26 de mayo del año pasado, un día después del asesinato del reportero Eliseo Barrón, fueron colocadas seis de ellas en Torreón con amenazas a los medios locales.
“Ya estamos aquí, periodistas, pregúntenle a Eliseo Barrón. El Chapo y el cártel del Poniente no perdonan”, decía una de las mantas colocada en el bulevar Independencia; otra acusaba a Karlo Castillo, entonces titular de Seguridad Pública municipal en Torreón, de haber enviado matar a Barrón para culpar a la organización de El Chapo Guzmán, perseguirla y liberar el terreno para facilitar la entrada de Los Zetas.
El 13 de junio siguiente, la Procuraduría General de la República detuvo a cuatro presuntos zetas a quienes se relacionaba con el ataque a Barrón. Hoy están presos en el penal de Saltillo.
Por todo el noreste
Las agresiones e intimidaciones al gremio periodísticos se extienden a Tamaulipas y Nuevo León.
En esta última entidad, luego de la desaparición del reportero de TV Azteca Noreste Gamaliel López Candanosa y del camarógrafo Gerardo Paredes Pérez, en febrero de 2008, las agresiones a los colegas nuevoleoneses se incrementaron. El 6 de enero de 2009, el blanco fueron las instalaciones de Televisa Monterrey, donde unos desconocidos arrojaron una granada.
En su confrontación, el cártel del Golfo y Los Zetas han atacado innumerables veces a reporteros y directivos de los medios del noreste, aunque las empresas afectadas han optado por no denunciar esas agresiones para evitar que la escalada de violencia crezca.
Un caso que sí se difundió fue el del 19 de marzo pasado, cuando murieron varios estudiantes del Tecnológico de Monterrey. En ese operativo coordinado por el Ejército estalló una granada en la zona donde se encontraban los reporteros que cubrían el suceso y cuando se suponía que había terminado la refriega.
Ahora, periodistas del diario El Norte y Televisa Monterrey, así como los de la Comarca Lagunera y de Saltillo, portan chalecos antibalas. Además, en la capital regiomontana los cuerpos de Seguridad Pública estatal suelen hacer guardias por temporadas en instalaciones periodísticas ante la posibilidad de algún ataque.
El pasado 9 de julio fue arrojada una granada a las instalaciones de Multimedios, propiedad del empresario regiomontano Francisco González, que agrupa los canales locales de televisión Multimedios, los periódicos Milenio en varias ciudades del país, la revista Milenio semanal y el canal de televisión Milenio Noticias. l
Durango: el gobernador “vendió la plaza”
Patricia Dávila
El candidato opositor al gobierno de Durango, José Rosas Aispuro Torres, aprovecha la enumeración del rosario de irregularidades que hubo en la jornada electoral del 4 de julio para lanzar duras acusaciones contra el mandatario priista Ismael Hernández Deras. Afirma que éste se ha coludido con el narco y que “vendió” el estado a varios cárteles. Previamente había señalado que el mandatario utilizó el secuestro como fuente alterna de financiamiento para la campaña de su delfín. En un clima de violencia sin precedente en Durango, Rosas Aispuro dice que ahora teme por su seguridad...
“El gobernador Ismael Hernández Deras vendió el estado a varios grupos de la delincuencia organizada. Ya no sólo opera ahí el cártel de Sinaloa, sino que abrió el lugar al de Juárez, al del Golfo y a Los Zetas. Es obvio que entregó la plaza”, asegura José Rosas Aispuro Torres, candidato al gobierno por la coalición Durango nos Une.
Rosas Aispuro Torres –quien impugna los resultados de los comicios del pasado 4 de julio– afirma que el mandatario de Durango cometió fraude electoral con ayuda de los grupos delictivos que operan en la región para hacer ganar a Jorge Herrera Caldera, candidato priista.
Rosas Aispuro, primer candidato a gobernador que denuncia públicamente los presuntos vínculos de un mandatario estatal con el crimen organizado, asegura: “En Durango el narcotráfico y los secuestros se disparan en este gobierno, no me queda la menor duda. Fui alcalde de Durango de
–¿Qué detonó esta violencia?
–La impunidad en Durango puede deberse a dos factores: incapacidad o complicidad del gobernador. Lo primero es muy grave porque no es posible que un mandatario desconozca lo que pasa en su estado. Lo segundo es terrible y lo peor es que cada día los signos son tan claros que apuntan a que se trata de una complicidad del gobernador con el crimen organizado. Lo señalé durante la campaña y pedí que las autoridades investigaran cómo estaban las cosas.
Comicios amañados
El candidato de la coalición habla de la jornada electoral: “Si algo tengo cierto es que gané la elección. No tengo la menor duda. No me quejo de todo lo que hicieron previo a los comicios, como la compra de sufragios que hizo el gobernador para que la gente votara por el PRI. Eso no me asusta, para eso ya estaba preparado porque sé cómo opera el sistema”, afirma y muestra copias de vales de cemento y de cheques por 400 pesos con la firma de Ismael Hernández Deras.
“Lo que no esperaba era que recurrieran a la delincuencia organizada para reventar la elección: a las 11 de la mañana la primera encuesta de salida nos puso 10 puntos arriba del PRI. Cuando le pasan esa información al gobernador da la orden de revertir los resultados y ordena al procurador Daniel García Leal detener a las personas que apoyaban a la coalición.”
Según información que afirma haber obtenido de agentes judiciales, Rosas Aispuro explica que el operativo lo coordinó el comandante Juan Segovia, quien detuvo a 80 integrantes de la coalición.
“En algunas casillas de El Mezquital, grupos armados prohibieron la entrada a nuestros representantes. La gente no protestó... con que les perdonaran la vida era suficiente. Tenemos testimonios notariados que incluimos en el juicio que promovimos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). No hay denuncias ante el Ministerio Público porque, por razones obvias, nadie se animó”, explica.
El expriista –quien se separó de su partido por la imposición de Jorge Herrera Caldera como candidato a gobernador– señala que mientras esto pasaba en El Mezquital, en 14 casillas de la capital estatal grupos armados amenazaron a electores y funcionarios y se llevaron las urnas. Incluso las televisoras locales mostraron imágenes de casquillos percutidos de las armas largas que se dispararon en esas acciones.
“Lo que hicieron no fue suficiente y en la encuesta de salida de las dos de la tarde seguíamos 8.5 puntos arriba. En ese momento cambian de estrategia. La orden de Hernández Deras fue: ‘Revienten la elección a como dé lugar’. Entonces pasaron de la detención de personas al robo de urnas, a la presencia de grupos armados y al disparo de armas de fuego, sobre todo en las casillas en donde nosotros llevábamos ventaja.
“Por ejemplo, en San Bernardino de Milpillas a eso de las cuatro de la tarde llegaron grupos armados y sacaron de las casillas a los votantes. A los representantes de partido y funcionarios les dijeron: ‘No se preocupen, a ustedes no les va a pasar nada, pero traemos indicaciones de que gane el PRI; de lo contrario, ya saben lo que les va a pasar. Nosotros vamos a armar esto, ustedes sólo nos ayudan firmando’, así cambiaron la votación a favor de ellos”, detalla Rosas Aispuro.
Narra que días después se encontró al párroco de San Bernardino de Milpillas quien le preguntó: “¿Ya sabe lo que hicieron allá?”. Aispuro pidió que hiciera la denuncia y el sacerdote respondió: “¡No..! ¿Quién se va a animar?”.
Aun así, explica, la tercera encuesta, la de las cinco de la tarde, lo tenía 4.5 puntos arriba, y una hora después, al cierre de las casillas, estaba 2.6 puntos sobre el candidato del PRI.
–¿Qué pasó después del cierre de casillas?
–En el municipio de El Mezquital, la noche del domingo, enviaron al síndico municipal a recorrer todas las comunidades y localizar a los representantes de partido para cambiar las actas. Algo similar hicieron en Pueblo Nuevo, Tamazula y San Dimas. Le dijeron a los representantes que había un error y necesitaban que les volvieran a firmar las actas, y la gente firmó de buena fe.
–¿Con qué papelería electoral se hizo?
–Ellos adjudicaron de manera directa la impresión de las actas y las boletas electorales a la empresa Litoformas, así que mandaron imprimir papelería de más para sustituir las boletas marcadas a favor de la coalición (Proceso 1756).
El 6 de julio, dos días después de la jornada electoral, la coalición tuvo otra evidencia de que el operativo de robo de urnas fue montado por el gobernador, según cuenta Rosas Aispuro: un efectivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el agente del Misterio Público Noé Moreno; y una empleada del área de Servicios Periciales, tenían las urnas dentro de una camioneta oficial.
Al día siguiente, en un intento por “desviar” la atención del tema de las urnas robadas, “Hernández Deras armó otro operativo: detienen a 21 personas originarias del Distrito Federal y les siembran armas y uniformes de la policía. ¡Un montaje que nadie les compró!”, señala.
“Lo más lamentable es que la procuraduría en lugar de investigar los delitos que se cometen a diario en Durango, se dedica a perseguir a los adversarios políticos del gobernador y a fabricar un fraude a través de la relación que mantienen con los grupos de la delincuencia organizada.”
Otra acusación
Días antes de las elecciones, en una entrevista con la radiodifusora La Tremenda, Rosas Aispuro declaró: “Herrera demostró cuál es su objetivo: llegar al poder amasando dinero para seguir apoyando sólo a unos cuantos. Seguir siendo cómplice de la delincuencia. Es una cosa muy grave. Tengo informes de que los rescates obtenidos de los secuestros que están haciendo (…) se los llevan a la campaña de Jorge Herrera Caldera”, (Proceso 1756).
–Antes de la declaración en La Tremenda, usted aseguró que en las comunidades rurales la delincuencia organizada, al servicio del gobernador, ayudó al PRI en las elecciones y que el dinero del narco se empleaba en campañas, ¿en qué se basa? –se le pregunta al candidato de la coalición.
–Personas que fueron secuestradas en el municipio de Vicente Guerrero me aseguran que el dinero de los secuestros era para las campañas del PRI. Una de las víctimas, quien me dijo que junto con ella había otras 10 personas retenidas, refiere: “Mientras me interrogaban, para tranquilizarme me dijeron que ellos trabajaban para el gobierno y que tenían la instrucción de hacer eso (secuestros); me decían, no te preocupes, tu cumple con entregar lo que te pedimos y no te va a pasar nada. Ya te dijimos, estamos bien protegidos”.
–¿Por qué dice que los signos más claros indican que el gobernador está detrás de los secuestros y coludido con la delincuencia organizada?
–Por los cientos, por no decir miles de secuestros en el estado. Ahora por lo ocurrido en el cereso número dos de Gómez Palacio, dirigido por una persona a quien el gobernador nombró Mujer del Año, es claro que se la llevó para realizar una tarea en específico.
“En Durango nada es casualidad. Nada se mueve sin la autorización del gobernador. Él controla todo lo que tiene que ver con dinero bien habido o mal habido; su mayor ambición es el poder político para, a través de él, tener el control económico”, afirma el expriista.
–En Durango, el control lo tenía el cártel de Sinaloa, ¿ahora qué sucede?
–Vendió la plaza a varios grupos. En todos los municipios la gente habla de La Línea, que son los sicarios del cártel de Juárez; del cártel del Golfo y de Los Zetas.
–¿A cambio de qué vendió el estado a los cárteles?
–De todo el dinero que han recibido él y su gente.
–¿Es mucho?
–¡Imagínese!, para comprar la isla de La Piedra en Mazatlán y ser dueño de grandes ranchos como el Victoria y el Atotonilco. Incluso en el balneario La Joya, en el municipio de El Mezquital, de donde el gobernador es originario, los ejidatarios dicen que les quitó el agua porque no quisieron venderle. (...) Yo diría que está metido en grandes actos de corrupción que deben investigarse.
–¿El secuestro es un negocio alterno del gobernador?
–No tengo ningún comentario posterior a la elección, pero si se siguen registrando, ¡claro que hay complicidad!
–¿Hace cuánto que abrió la plaza?
–En los últimos tres años de su gobierno llegaron los cárteles a disputarse el estado; incluso en las comunidades rurales han crecido células al amparo de la autoridad. El problema es que la gente habla de que llegan los grupos armados a presionarlos pero no identifican a cuál pertenecen. Todo está muy contaminado. A donde vayas, la gente te habla de la presencia de estas bandas, pero no te dicen cuál controla. Por ejemplo, en Santiago Papasquiaro la gente tenía claro que el candidato del PRI a la alcaldía estaba siendo financiado por Los Zetas.
Aispuro entrega a la reportera una carpeta con algunos informes de seguridad. En uno –“Estudio sobre secuestro y crimen organizado
Además, de acuerdo con la PGJE, a mayo de 2010 habían ocurrido 455 homicidios, sin contar las ocho cabezas localizadas el pasado martes 27 en diversos puntos de la ciudad y el asesinato del cirujano plástico Guillermo Burciaga Alvarado, acribillado el pasado 13 de julio.
Por si fuera poco, de acuerdo con el estudio La competitividad de los estados mexicanos 2010, Durango es la entidad con mayor crecimiento en delitos del fuero federal.
A esta documentación Aispuro agrega copias de las actas notariadas que prueban el fraude electoral: “El gobernador Hernández Deras maniobra a través de la procuraduría y a través de esta corporación opera con los grupos de la delincuencia organizada. La autoridad debe investigar. Yo informé de todo a la PGR y a la Secretaría de Gobernación, y queremos que el resultado de esa investigación pase al Tribunal Estatal o en su caso al federal, para que puedan tener un criterio más amplio al valorar lo que sucedió en Durango. Todo esto es vox populi, no invento”.
Para el candidato de la coalición hay otro hecho que prueba que las autoridades estatales cometieron fraude y están coludidas con el narco: se trata de los amparos “bajo reserva” que solicitaron el secretario de Gobierno, Oliverio Reza Cuéllar; el procurador Daniel García Leal; Raymundo Hernández, presidente del IEPC, y dos subsecretarios más. Con excepción de Reza Cuéllar, quien solicitó el amparo en Durango, los demás lo obtuvieron en Zacatecas.
Aispuro, quien antes de la entrevista con Proceso se reunió con los panistas Josefina Vázquez Mota y Gustavo Madero, coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado, se siente respaldado: “Ni está perdido ni está solo, seguimos peleando”, le dijeron.
El temor de Rosas Aispuro
En Durango, al tema de los reos del cereso de Gómez Palacio –que tenían permiso de salir a matar por las noches–, al levantón de los periodistas de Televisa, Multimedios y Vanguardia y a las ocho cabezas humanas encontradas en varios puntos de la entidad, al cierre de esta edición se agregó la desaparición de Alfonso Peña Peña, diputado electo por el octavo distrito, y de sus escoltas quienes –según trascendió entre la prensa local– previamente habían sido desarmados por agentes de la Dirección Estatal de Investigación, dependiente de la Secretaría de Gobierno.
En este contexto, Rosas Aispuro acepta que teme por su seguridad y la de su familia: “Antes veía las cosas diferentes pero ahora, con lo que está sucediendo, le diría que sí veo un riesgo. Aunque a mí los narcotraficantes no me pueden reclamar nada. No tengo pacto con nadie”.
–¿Ni con el cártel de Sinaloa? –se le inquiere, pues se comenta que es familiar de Emma Coronel Aispuro, esposa de El Chapo Guzmán y presuntamente sobrina de Ignacio Coronel.
–Si tuviera pacto con el de Sinaloa hubiera ganado en Tamazula (lugar de nacimiento del candidato) cuatro a uno. Pero no, ahí perdí. ¿Tú crees que si tuviera pacto con alguno de ellos estaría aquí, en la Ciudad de México, peleando por que se respete el voto de los duranguenses?
“¡Es claro! En Durango actuaron los grupos del crimen organizado, pero no lo hicieron a favor de Aispuro porque el compromiso de ellos es con el gobernador”, señala. l
Las narcofosas ya son rutina
Arturo Rodríguez García
El número de cadáveres hallados en las narcofosas neoleonesas de la Hacienda Calderón sólo ha sido superado por los encontrados en Taxco, Guerrero. Decenas de cuerpos descuartizados, mutilados o incinerados constituyen el saldo de las enconadas batallas entre el cártel del Golfo y Los Zetas.
MONTERREY, NL- Cuerpos calcinados, acribillados, asfixiados o molidos a golpes que yacen en parajes o narcofosas son hallados en Nuevo León cada vez con más frecuencia desde que el cártel del Golfo y Los Zetas enconaron su confrontación.
En un año y medio, integrantes de las Fuerzas Armadas han localizado siete de esos sitios con restos humanos en Nuevo León y uno en Coahuila. En cuatro de esos lugares había 87 cuerpos, mientras que en los otros sólo se encontraron restos óseos cuyo grado de descomposición impidió determinar tanto el número de víctimas como su identidad.
De manera que aquí a nadie parece insólito que el 22 de julio un convoy del Ejército Mexicano haya localizado nueve pozos que, en un paraje conocido como Hacienda Calderón, aledaño al fraccionamiento Las Águilas, del municipio de Juárez, contenían cinco decenas de cuerpos humanos despidiendo olores fétidos.
Durante dos días, los peritos de la Procuraduría de Justicia del estado cavaron hasta recuperar los cadáveres, que no cupieron en la morgue. Con un camión-refrigerador, un número indeterminado de cuerpos permanecieron en el exterior, en lo que se abría espacio y se practicaba la autopsia a los primeros.
Y es que, a diferencia de otras fosas semejantes descubiertas en la región, que en lugar de cuerpos contenían restos óseos carbonizados o muy descompuestos, estos cadáveres son recientes y, por su estado, aún resultan identificables.
Sin embargo, el número de cuerpos localizados en las fosas de la Hacienda Calderón sólo ha sido superado por los 55 cadáveres que, depositados en una mina de Taxco, Guerrero, fueron descubiertos a finales de mayo pasado.
Aunque oficialmente las autoridades no han identificado a los creadores del macabro sitio en Nuevo León, policías federales afirman que tales crímenes habrían sido efectuados por sicarios del cártel del Golfo en su lucha contra Los Zetas.
Y calculan que en ese tipo de lugares de la región han sido arrojados casi un centenar de personas que en su mayoría no han sido registradas por las autoridades como desaparecidas.
La Hacienda Calderón
A través de brechas de terracería, en un laberinto flanqueado por espesa vegetación, se llegó a la zona del hallazgo tres días después del levantamiento de los cuerpos.
En el fondo de la fosa principal, de unos
En el predio, nueve fosas contuvieron los cadáveres de 51 personas, entre ellas seis mujeres.
Aunque se sabe que algunos restos estaban carbonizados, los cuerpos fueron sometidos a un procedimiento forense que logró determinar sexo, evidencias de tortura y causas de muerte.
Información obtenida por Proceso revela que apenas nueve víctimas murieron por impacto de bala, en tanto que las otras 42 sufrieron una agonía lenta, pues perdieron la vida a causa de golpes o por asfixia.
Hasta el cierre de esta edición se había identificado apenas a 10% de los cuerpos, pero las causas de los decesos estaban ya establecidas: 18 murieron por contusión profunda de tórax; cinco, por golpes en tórax y abdomen; tres, por contusión de cráneo; uno, por golpes en cráneo y tórax, además de que 15 fallecieron por asfixia y nueve por lesiones de arma de fuego.
Desde el hallazgo, familias de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas han acudido en busca de algún pariente desaparecido. El viernes 30 de julio habían sido identificados siete cuerpos, cinco de los cuales fueron reconocidos por sus familiares, en tanto que la identidad de otros dos se conoció por sus huellas dactilares.
Todos ellos son originarios de la zona metropolitana de Nuevo León.
Entre los identificados están Raymundo Javier Muñoz Guerra y Vidal de Jesús Domínguez Flores, quienes tenían antecedentes penales por el delito de robo en la entidad. La libertad de Muñoz Guerra apenas duró unas semanas, pues había salido del penal de Apodaca en mayo y su muerte ocurrió a finales de junio.
Pero en el caso de Sonia Clara Villalobos Zurita, una joven de 18 años, vecina de Guadalupe, Nuevo León, no hay antecedentes penales ni se ha logrado determinar algún vínculo de ella con la delincuencia organizada.
Ahora se sabe que, el 30 de junio, Sonia Clara habló por teléfono con su madre, a quien dijo que había tenido un percance vial en la avenida Constitución. De repente la comunicación se cortó y la familia jamás volvió a saber de la joven hasta el jueves 29 de julio, cuando la reconocieron en el Servicio Médico Forense.
Como ella, las personas ahí sepultadas habrían muerto entre junio y julio de este año.
Las narcofosas
Atribuidas a Los Zetas y al cártel del Golfo –aunque no de manera oficial–, varias narcofosas localizadas a partir de febrero de 2009 en los límites de Nuevo León y Coahuila han presentado cuerpos mutilados o restos óseos que en ocasiones han sido desintegrados.
El 10 de febrero de 2009, en un paraje serrano de Arteaga, Coahuila, zona limítrofe con el sur de Nuevo León, una patrulla militar, “en un recorrido de rutina”, localizó fosas con los restos de 19 personas.
En ese paraje, conocido como San José de la Roja, sobre las fosas con cadáveres había tambos de
En total, los forenses obtuvieron 514 trozos de cuerpos humanos levantados del sitio serrano, e identificaron un solo mecanismo de descuartizamiento: se producía un corte que separaba en un solo segmento cráneo, cuello y la mitad superior del tórax; otro incluía la región abdominal, la lumbar y la pelvis, además de que brazos y piernas eran desarticulados para después fracturar los huesos largos mediante el empleo de un zapapico y machetes.
Luego, en los toneles metálicos de
Una vez sometidos al fuego, los restos que no lograron incinerarse fueron sepultados. Coincidentemente, como ocurrió en las narcofosas de la Hacienda Calderón, en ese lugar se localizaron nueve sitios con restos humanos.
Sólo fue posible identificar los cuerpos de cinco de las víctimas. Cuatro eran de Nuevo León, y uno, estudiante de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Saltillo, pero originario de Oaxaca. En 14 cuerpos, después de cinco meses de procedimientos forenses, se logró identificar la secuencia de ADN, pero nadie los reclamó. Una víctima más, por su descomposición, no conservó ni su código genético.
Tras el hallazgo de la Sierra de Arteaga, esos cementerios del narco han dejado muestras de procedimientos semejantes a lo largo de un año y medio.
En la mayoría de los lugares se han encontrado casquillos percutidos, pero al someter los cuerpos a procesos forenses, los peritos han determinado, como en las víctimas sepultadas en la Hacienda Calderón, que las muertes por arma de fuego son las menos.
El 14 de agosto de 2009, la Policía Ministerial de Nuevo León localizó una cueva en Santa Catarina donde también había restos humanos y tambos. Por la descomposición de los cuerpos, no hubo identificaciones ni datos más precisos sobre la cantidad de víctimas.
El 5 de febrero de este año, en el municipio de Galeana, el Ejército, “en un recorrido de rutina”, localizó los restos de un indeterminado número de víctimas. También en ese lugar había tambos de
Pero hasta el momento el municipio que acumula más cadáveres es Juárez, Nuevo León, pues además de las fosas de la Hacienda Calderón, elementos del Ejército y peritos de la Procuraduría de Justicia lograron la recuperación, el pasado 30 de junio, de 12 cuerpos sepultados en una fosa de la Quinta Los Leones, ubicada en las faldas del Cerro de la Silla, en la comunidad de Santa Ana, a unos
Días después, el 14 de julio, en un yonque de Guadalupe, Nuevo León, que anteriormente servía como corralón al ayuntamiento, se localizaron al menos nueve cuerpos. Fueron también los militares quienes, “gracias a una llamada anónima”, ubicaron el sitio y, ya con los forenses ahí, encontraron los restos humanos en tambos y diferentes fosas.
Luego vino el hallazgo de la Hacienda Calderón, al que le siguió otro el miércoles 28 de julio, cuando se halló un cuerpo, plenamente identificable, sepultado en el sector conocido como Hacienda Real, también en Juárez.
Y un día más tarde, el jueves 29 de julio, otro sitio igual fue descubierto en el municipio de El Carmen, Nuevo León, donde había restos humanos calcinados y seis tambos con residuos de diesel consumido, además de que a unos
Los desaparecidos
Con la localización de las fosas clandestinas, el número de muertos de Nuevo León en el contexto de “la guerra” contra el narcotráfico ascendió a casi 400 en lo que va de 2010.
En tanto, la cifra de desapariciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se mantiene en la opacidad, pues familiares de las víctimas prefieren en muchos casos evitar las denuncias por temor a represalias. E inclusive aquellos que se animan sufren intimidaciones, amenazas o desdén de las autoridades, según han denunciado el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que preside el obispo Raúl Vera López en Coahuila, y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., de Nuevo León (CADHAC), que coordina la religiosa Consuelo Morales Elizondo.
Sin embargo, aunque no se conoce el número de desapariciones, la parroquia de Nuestra Señora del Refugio se ha convertido en un lugar de oración para familiares de personas desaparecidas en la entidad.
Ese ritual comenzó el 22 de octubre del año pasado, con una misa a la que asistieron 10 familias. La siguiente reunión fue un mes después, el 19 de noviembre, y, entonces sí, la iglesia lució repleta: decenas de personas acudieron a orar por sus desparecidos. Y desde entonces lo hacen el tercer viernes de cada mes.
En la parroquia confluyen decenas de historias de violencia que no forman parte de las estadísticas oficiales.
“A una la amenazan las autoridades, y ni cómo hacerle. Nomás nos queda el rezo”, dice una de las madres de un desaparecido, entrevistada fuera del templo.
La coordinadora de CADHAC, Consuelo Morales Elizondo, afirma que las familias que han mantenido abiertamente su exigencia de que se den a conocer los resultados de las investigaciones reciben en general “un trato amable y cordial de las autoridades”, pero eso no ha servido para que se esclarezcan los casos de desapariciones.
“Lo que vemos es una política gubernamental que se niega a hacer investigaciones por los casos que pueden estar vinculados con la delincuencia organizada, pero, involucrados o no con el narco, los desaparecidos permanecen así, sin que se haga una investigación elemental para esclarecer los crímenes”, concluye. l
La Policía Federal pide auxilio...
Rodrigo Vera
La ola de violencia en el país ya rebasó la capacidad del Estado para proteger a la ciudadanía, y los cuerpos policiacos se encuentran en franca desventaja ante los grupos delictivos. Las fuerzas del orden se ven ampliamente superadas por organizaciones criminales que disponen de personal joven y entrenado, así como de un moderno y poderoso arsenal. Por ello, la Secretaría de Seguridad Pública federal solicitó el auxilio de las empresas de seguridad privada más importantes del país, que aportarán su experiencia y equipamiento tecnológico en la lucha que el gobierno calderonista mantiene contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Ante la debilidad de las corporaciones policiacas para combatir al crimen organizado, pues sus elementos están en total desventaja frente a los sicarios que laboran para los cárteles de la droga, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) echará mano de 40 mil guardias de seguridad privada que se sumarán a la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón.
Este apoyo de la iniciativa privada quedará plasmado en un “convenio” que están por firmar la SSP y el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), el cual aglutina a las 200 empresas de seguridad más importantes del país, que tienen sus propios guardias, escoltas y agentes investigadores, así como la más avanzada tecnología en el ramo.
Alejandro Desfassiaux, presidente del CNSP, adelanta a Proceso:
“Mediante un convenio, 40 mil guardias de seguridad privada del país tendrán coordinación con Seguridad Pública federal, con el fin de apoyar la lucha contra el crimen organizado.”
Añade que a las empresas también “les está afectando el crimen organizado”, por lo que el CNSP decidió meterse de lleno en la lucha para combatirlo, ofreciendo de entrada a sus miles de elementos.
Y agrega:
“Ayudaremos a detener el crimen. Pero también vamos a necesitar del apoyo federal, a través de inteligencia policial, para acabar de raíz con los problemas de las bandas organizadas que operan en distintas partes del país, bajo modus operandi totalmente distintos.”
Indica que realizarán una “coordinación operativa” con la SSP, mediante el “convenio que ya estamos por firmar”.
Desfassiaux prefiere no dar más información sobre ese acuerdo con la dependencia encabezada por Genaro García Luna, toda vez que aún se afinan sus detalles. Eso sí, asegura que, en este momento, el crimen organizado le está ganando la batalla a las corporaciones policiacas a las que vendrán a reforzar.
“Los delincuentes han terminado por tener más fuerza que la policía. Pero lo más grave es que parte de la policía se ha pasado al lado de la delincuencia, dejando contactos dentro del sistema. Así se establece una coordinación perfecta. Ya no hay fronteras entre los buenos y los malos”, dice.
Y enumera las principales desventajas de la policía que han provocado el fortalecimiento del narcotráfico: bajísimos salarios, desventaja física, baja capacidad de fuego, deficiente capacitación, falta de coordinación entre las corporaciones policiacas y carencia de un verdadero sistema de inteligencia policial.
A esto se agrega, dice, el continuo desinterés de los gobiernos, que han utilizado los recursos económicos destinados a los organismos de seguridad para sus fines políticos y electorales.
Entrevistado en sus oficinas de la colonia Anzures, a un costado del hotel Camino Real, Desfassiaux describe así al típico policía mexicano:
“Mal uniformado y sin ninguna función específica. A cuántos policías no te dan ganas de darles dinero para un refresco, y no porque te estén infraccionando, sino porque sólo de verlos dices: ‘Pobre cabrón. Se ve que tiene hambre’. Ese es el verdadero problema de nuestra policía, el hambre.”
Municipios desprotegidos
La situación es tan grave que según datos de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de Policías Estatales y Municipales, de la SSP federal, actualmente hay más de 400 municipios en el país que ni siquiera cuentan con un cuerpo policiaco propio.
Esas cifras –contenidas en el informe Municipios por entidad federativa que no cuentan con algún cuerpo de seguridad propio– revelan que los municipios sin policía se concentran en 18 estados del país. Oaxaca ocupa el primer lugar, con 362 municipios en esa condición. Le siguen Chiapas, con nueve; Veracruz, Jalisco y Yucatán, cada uno con seis, luego Guerrero, Puebla y Sonora, cada uno con cuatro alcaldías sin seguridad.
Zacatecas y Coahuila tienen dos municipios sin policías locales. En tanto que el Estado de México, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Tlaxcala, Quintana Roo, Colima y Chihuahua reportan un municipio que carece de cuerpo de seguridad.
La SSP también ha informado que en mil 783 municipios –más de la mitad de los 2 mil 419 del país– tienen, cada uno, menos de 100 policías.
El problema se agrava si se considera que 62% de esos policías recibe un salario de menos de 4 mil pesos mensuales. Y 68.3% no cuenta ni siquiera con educación primaria.
En distintos foros, García Luna ha dicho que si prosigue este rezago en infraestructura humana, no se podrá erradicar el crimen organizado ni la corrupción policiaca. Por ello propone que las policías municipales pasen a formar parte de las 32 policías estatales, bajo un mando único.
Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública federal, Monte Alejandro Rubido García, comenta que casi la mitad de los policías municipales –42.7%– son relativamente viejos para cumplir con sus funciones, pues sus edades fluctúan entre 36 y 55 años.
El pasado 14 de julio, Rubido García participó en el Foro Nacional sobre Federalismo, Municipio y Seguridad, organizado por la Cámara de Diputados en su recinto de San Lázaro. Ahí planteó que el Ejército dejará la lucha contra el narcotráfico hasta que exista una policía fuerte.
–¿Las 32 corporaciones policiacas significarán el regreso del Ejército a sus cuarteles? –se le pregunta.
–Conforme vayamos teniendo policías más sólidas, como hoy día es la Policía Federal, más rápida será la vuelta de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.
Pero de los 433 mil 222 elementos policiacos que hay en México, divididos en los tres órdenes de gobierno, la Policía Federal apenas representa 9.7%, apunta el funcionario.
En ese foro, el diputado Alejandro Encinas, coordinador de la bancada del PRD, rechazó el proyecto de una policía única, con el argumento de que la excesiva concentración de mando provocará mayor corrupción.
Abismal desventaja
Las corporaciones policiacas, dice Desfassiaux, cuentan con elementos que se encuentran en desventaja física frente a los sicarios contratados por el narcotráfico, quienes son pistoleros jóvenes cuyas edades fluctúan entre 18 y 24 años.
“Al policía viejo le preocupa mucho no exponerse, irla llevando tranquilamente. De ahí que cuando recibe una llamada de emergencia prefiere no encarar al delincuente. Es una cuestión de sobrevivencia natural. Los reflejos de un cincuentón son más lentos que los de un chavo de 18 años. El policía no se enfrentará, por miedo… o porque tiene compromisos con el crimen organizado.”
La obesidad ha sido un problema constante entre los elementos policiacos de todo el país, por lo que son muy vulnerables a la diabetes, a la hipertensión y a los padecimientos cardiovasculares. Algunas corporaciones intentan someter a dieta y ejercicio a sus integrantes obesos.
Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) puso en marcha el Programa Integral Contra la Obesidad, pues se dio cuenta de que siete de cada 10 policías capitalinos tienen de
El doctor Alfredo Peniche, quien labora en ese programa, asegura que “la cultura de botanear está presente en la mayor parte de nuestra población. La policía tiene también esa costumbre”.
Y Nora Frías, subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, del gobierno capitalino, dice que “este año hemos llevado seguimiento de 6 mil consultas. No sólo se cuida el peso, también enfermedades como hipertensión y diabetes”.
El problema es tal que, en son de broma, ya se comenta que al policía mexicano podrá escapársele el delincuente… pero jamás un puesto de tacos.
¿Cómo afecta la obesidad al desempeño policiaco? El estudio Para profesionalizar a nuestros policías, que este año elaboró el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), da una respuesta precisa:
“La condición física de la mayoría (de los policías) es deplorable… Siete de cada 10 agentes no tienen la capacidad de perseguir a un delincuente por más de
El documento agrega:
“Nuestros policías de investigación padecen serias carencias para realizar la función que tienen encomendada; a saber, la de auxiliar al Ministerio Público en la persecución de los delitos lo que exige, entre otras cosas, el dominio de las diversas disciplinas que integran la criminalística.
“Unos y otros con frecuencia no poseen siquiera los conocimientos básicos o la práctica indispensable de defensa personal, tiro con armas de fuego, informática o razonamiento oral o escrito.”
También indica que la baja remuneración favorece la corrupción policiaca:
“Los bajos salarios y la precaria situación laboral propician el descuido en el empleo, los actos de corrupción, tales como sobornos y exacciones, y en el peor de los casos la connivencia con delincuentes.”
Acerca de este punto, Desfassiaux plantea:
“Por supuesto que para un policía, así reciba un alto salario de 6 mil pesos mensuales, resulta muy tentador pasarse a las filas del narco, donde le pagarán unos 30 mil pesos al mes. Hay una gran diferencia salarial. Por eso la infiltración del crimen organizado alcanza a la policía y a los presidentes municipales.
“El policía mexicano –agrega– tiene muy bajas prestaciones laborales. Vive prácticamente en el desamparo. En cambio, pregúntele usted a cualquier policía de condado de Estados Unidos por qué sigue en activo, y le contestará que lo hace por el sueldo, las prestaciones y la jubilación. Los policías locales estadunidenses pueden pagar la educación universitaria de sus hijos. Reciben una recompensa final. El mexicano no.”
–¿Y cómo anda la capacidad de fuego de nuestra policía, en comparación con la del narco?
–Es bajísima. Le pongo sólo un caso ilustrativo sobre el punto; muchos policías siguen usando los viejos revólveres 38, obsoletos desde hace más de una década. Igualmente baja es su preparación en prácticas de tiro y armamento. En cambio, el narcotraficante opera con armas de alto calibre que renueva constantemente. Estamos hablando de fusiles AK-47 o de armas calibre 50, que perforan vehículos blindados. Entre uno y otro bando, la diferencia en la capacidad de fuego es abismal.
Inoperancia
En la lucha contra la delincuencia organizada hace falta que las corporaciones trabajen de manera conjunta. Acerca de este aspecto, el presidente del CNSP resalta además la “falta de coordinación” entre las policías federales, estatales y municipales, que resta eficacia al combate contra el crimen organizado. “Cuando, por ejemplo, la Policía Federal quiere auxiliar a un estado o municipio, no puede comunicarse porque son distintas las frecuencias y claves de radio de las policías locales”, dice.
También lamenta la falta de una eficaz inteligencia policial:
“Sobre todo en la parte económica hace falta una mayor inteligencia en coordinación con la Secretaría de Hacienda, para saber de dónde provienen los recursos de la delincuencia y en qué negocios se lava el dinero ilícito. Así se afectaría verdaderamente a los recursos del narcotráfico.”
Considera que la debilidad del sistema policiaco es un problema estructural provocado por las propias autoridades.
“Los gobernantes en turno –puntualiza– han utilizado los recursos de las corporaciones policiacas para sus fines políticos y electorales. Ahí está el reciente caso de las llamadas telefónicas que le grabaron al gobernador de Veracruz, donde pide utilizar para las campañas los recursos de las patrullas. Por los mismos motivos, muchos alcaldes se oponen a la supresión de las policías municipales para crear una policía única. Las ambiciones políticas personales siempre se anteponen al beneficio social.”
Los 40 mil guardias privados que se sumarán a los cuerpos policiacos en la lucha contra el crimen, aclara Desfassiaux, pertenecen solamente a las 200 empresas de seguridad privada afiliadas al CNSP, que son las más importantes del país y tienen la certificación de la SSP.
Entre esas compañías destacan las pioneras en el país: Multisistemas de Seguridad Privada, Argos, Mexicana de Seguridad, Pinkerton y Protección y Vigilancia. Cada empresa recluta y adiestra a sus propios guardias en prácticas de tiro, manejo de armamento, actuación en situaciones de crisis, defensa personal, primeros auxilios, etcétera.
Aparte de guardias privados, ofrecen el servicio de escoltas y de agentes investigadores, que lo mismo indagan un delito o negocian el rescate de un secuestro, remplazando así a la policía. Además, comercializan chalecos antibalas, ropa blindada, equipos electrónicos de seguridad y blindaje de vehículos.
Debido a la inseguridad, esas empresas se están multiplicando a velocidad meteórica en México, al grado de que es una industria que ya factura alrededor de 28 mil millones de pesos al año y proporciona empleo a más de 200 mil personas (Proceso 1758).
Sin embargo, advierte Desfassiaux, existen alrededor de 6 mil compañías de seguridad privada que operan en México sin ningún control:
“Son empresas patito que están trabajando de manera irregular. De pronto operan en un estado y después se cambian a otro y luego a otro, sin registrarse ante la Secretaría de Seguridad Pública federal. Todavía no hay una legislación adecuada que las pueda regular.”
–¿Están sustituyendo a la policía?
–En teoría, el Estado debe garantizar la seguridad del ciudadano. Pero ya dejó de hacerlo, mientras que las personas siguen con la misma necesidad de proteger su vida, su familia y su patrimonio. Nosotros venimos a cumplir esa función. Ahora apoyaremos al gobierno en su lucha contra el crimen organizado.
Y mientras tanto, en el refugio favorito de Diego...
Verónica Espinosa
Siguen pasando las semanas y la falta de información sobre el secuestro del exsenador Diego Fernández de Cevallos mantiene en la incertidumbre al ámbito político. En su círculo familiar no es distinto, pero los hijos del panista ya toman medidas para hacer a los secuestradores la “contraoferta razonable” de la que habla su presunta carta difundida el 26 de julio. Mientras tanto, cosas ocurren en la exhacienda de La Barranca, donde el polémico abogado señaló que deseaba pasar sus últimos días.
QUERÉTARO, QRO.- En ausencia de Diego Fernández de Cevallos, y mientras se desarrolla la negociación con sus plagiarios para cumplir su exigencia de que les paguen una cifra que extraoficialmente se sabe que puede llegar a 50 millones de dólares, los hijos del influyente político despiden a trabajadores, ofrecen en venta el ganado y retiran los caballos de los extensos pastos de la exhacienda La Barranca, en el municipio de Jerécuaro.
Asentada en medio de un terreno de
Más de un centenar de empleados de La Barranca a quienes se adeudaban tres semanas de salario recibieron hace casi dos semanas esta explicación de Diego y Claudia, hijos de Fernández de Cevallos: No hay dinero y por ahora no se les puede pagar. Cuando vuelva el patrón, podrán recuperar su empleo.
A los trabajadores más cercanos, Diego hijo les confió: Las cuentas de mi papá están congeladas.
Les pagaron el salario de una semana; a la mayoría le quedaron a deber dos.
Desde que le compró la hacienda La Barranca a su amigo Fernando de la Mora, ganadero de toros de lidia, Diego Fernández de Cevallos se empeñó en restaurar el esplendor de la propiedad, en cuyos terrenos hay dos represas. Agentes inmobiliarios estiman su valor actual en cerca de 20 millones de dólares.
“Diego sí tiene propiedades que valen lo que se está pidiendo, pero no esa liquidez”, aseguró a Proceso uno de sus amigos en Querétaro.
A su vez, un exfuncionario del gobierno de Guanajuato confió a la reportera que en las búsquedas patrimoniales del excandidato presidencial surgió un registro de 193 vehículos de diversas marcas y modelos a nombre de Fernández de Cevallos, únicamente en el estado de Querétaro.
Además, en la localidad del Vizarrón, a unos
Estos datos deben sumarse al vasto patrimonio que Fernández de Cevallos posee en la zona comprendida entre los municipios de Jerécuaro, Guanajuato, y Pedro Escobedo, en Querétaro, que Proceso detalló en sus números 1322, 1342 y 1373, así como en la edición 1751 del 23 de mayo, en una nota sobre su secuestro y su historia negra dentro del poder político y económico del país.
Un ejemplar de esa edición es el que se advierte que sostiene el panista frente a su pecho en la fotografía difundida el 26 de julio por José Cárdenas en El Universal en línea, la segunda imagen que se da a conocer públicamente desde el plagio. La foto circuló junto con una carta que Fernández de Cevallos dirige a su hijo Diego, único encargado de la negociación para su rescate:
“Diego: no puedo describirte el infierno que vive tu padre y no sé cuánto aguante más. Por ello te pido que hagas lo más rápido que puedas tu mayor esfuerzo. Ellos tienen todo el tiempo del mundo, no les corre ninguna prisa. Lo mismo les da mañana que dentro de cien días. Para tu padre lo que no sea de inmediato no tiene sentido. Me dicen que ya te hicieron una propuesta concreta y que tú no has contestado en concreto con una contraoferta razonable. Tienes que hacerlo ya, de inmediato. Si no puedes llegar a lo que piden sí puedes hacer un planteamiento que demuestre voluntad de negociar, no evasivas. Cualquier consejo de que le hagas al ‘pobre’ es absurdo y será fatal.
“Todo lo que puedas conseguir de ayuda, asegúrales que la pagaré. He tenido varios desvanecimientos y mucho dolor en el pecho a pesar del tenormín y de la aspirina. Tú sabes que no quedé bien del corazón después de la operación. He perdido peso y mi fatiga es cada día mayor. Por eso el tiempo es determinante. Es preferible un gran esfuerzo pronto que ilusionarse con lo que ya no podrá ser después. Si te apoyas con Toño y Juan estoy seguro que rápidamente lograrás algo concreto que puedas comprometer.
“Insisto en que todo lo pagaré. El solo paso de los días no moverá a estos señores pero sí los moverá favorablemente si ven con claridad tu esfuerzo. La urgencia está de nuestro lado. No se trata de desmentir el monto que se atribuye a mi patrimonio. Eso es irrelevante. Lo urgente es que hagas una contrapropuesta lo más alta que puedas y estoy seguro que ellos negociarán. Lo urgente es negociar con toda seriedad para gestionar la entrega del dinero y mi libertad.
“Para Udes. y Liliana, mi Bendición y mi Cariño.
Tu padre”.
La carta está fechada el 10 de junio, 27 días después de que el político fue sacado de La Cabaña, su rancho en el municipio de Pedro Escobedo, cerca de la medianoche.
Junto con esta carta, José Cárdenas también divulgó un correo que supuestamente le fue enviado por los plagiarios desde la dirección misteriosos.desaparecedores@yahoo.com con este mensaje, fechado el 20 de julio:
“No es cierta ninguna de las hablillas filtradas a los medios de comunicación respecto a la negociación ofrecida mas no cumplida por la familia Fernández de Cevallos Gutiérrrez a fin de lograr la liberación del Jefe Diego.
“No hemos reducido el monto del rescate, no ha existido comunicación telefónica alguna entre el archiduque de Escobedo y su familia y no se han detenido las pesquisas policiacas para dar con su paradero.
“Lo único cierto es lo que con pasmosa astucia las autoridades han podido reconstruir. El grupo esperó que descendiera de su camioneta para someterlo y luego se lo llevaron. También es cierto, aunque eso no demuestra tanta astucia, que los órganos de inteligencia siguen sin pistas sobre el lugar en que se encuentra el incómodo desaparecido.
“Mientras tanto, a más de dos meses de su desaparición, al Jefe Diego le ha dado por confiarnos algunas de sus cuitas, de sus negocios, así como de sus amores y desamores, personales y políticos. Aunque luego, y ya casi postrado por la depre en su nueva forzada y recóndita curul, le ha dado por exclamar imparable y angustiosamente: ‘Diego, David, Claudia, Rodrigo, Liliana, ¿están ahí?’ Seguiremos informando.”
Al día siguiente de que se conoció este segundo mensaje, el periódico La Jornada publicó que funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron que el exprocurador Antonio Lozano Gracia –amigo y socio de Fernández de Cevallos– entregó la carta al actual titular, Arturo Chávez Chávez, “entre el 15 y el 19 de junio pasado.”
“Según los informantes –indicó el diario–, existen análisis elaborados por peritos especializados en grafoscopía que demuestran que la letra de esa misiva sí es del exsenador panista.”
Además de reconocer la letra de Fernández de Cevallos, algunos de los hermanos confirmaron a la reportera que el exsenador necesita medicarse por problemas del corazón, ya que no salió del todo bien de una cirugía. En cuanto a los demás aspectos del caso dicen que están en la incertidumbre, ya que Diego hijo es el único encargado y enterado de la negociación con los secuestradores.
Obras truncas
En la exhacienda de San Germán, la casa donde se criaron los hermanos Fernández de Cevallos (Proceso 1322), las hermanas también se muestran desesperadas porque no saben nada de él.
En cuanto a la comunidad de La Barranca, quedó paralizada la construcción de las casas que el excandidato presidencial acordó entregar a los pobladores que vivían frente a la casona a cambio de tener más privacidad. Este pacto se hizo después de que fue cerrado el tramo de la carretera a Jerécuaro que pasaba frente a su propiedad y se construyó otro que la rodeara sin ocasionarle molestias al dueño.
El 14 de mayo Fernández de Cevallos hizo un recorrido por las construcciones –a las que añadió un campo de futbol y otro de beisbol–, con su empleado Humberto y el arquitecto responsable de las obras, al que apresuraba para terminarlas.
Doña Socorro, encargada del templo de la hacienda La Barranca, dice que “se fue casi a las 10 de la noche con su amigo el señor Camarena y otro señor. Le alcanzó a decir a mi hermano: mañana no vengo porque voy a una comida”.
Este compromiso era con el abogado Juan Collado, al que Fernández de Cevallos se referiría en la carta divulgada por José Cárdenas como una de las personas que podía ayudar a su hijo para reunir el monto del rescate, junto con “Toño”, Antonio Lozano Gracia.
Pero con el secuestro, “a mi hermano ya no le alcanzó a entregar la casa; los arquitectos ya no regresaron”, lamenta doña Socorro, quien anuncia un nuevo novenario de rosarios por su patrón en el templo. Enseguida comenta: “Aquí todos estamos muy preocupados por el patrón. Apenas había llegado a ayudarnos; la gente estaba pensando que ya no se tenía que ir al norte porque les dio trabajo, y mire: la casa ya se quedó sola”.
En su perfil de Facebook, el exgobernador queretano Ignacio Loyola Vera, amigo cercano de Fernández de Cevallos, también pidió “una oración por Diego” el pasado lunes 26, cuando el periodista José Cárdenas difundió la fotografía con la carta y el mensaje atribuido a los secuestradores.
En sus otros ranchos ubicados en Pedro Escobedo –varios de los cuales el político panista puso a nombre de sus hijos Rodrigo, Diego, David y Claudia desde hace tiempo– las labores parecen normales. El pasado 15 de julio, la reportera constató el trajín de los tráileres con hasta 14 toneladas de alfalfa, el principal producto de ranchos forrajeros como El Estanco, Las Alondras y La Cabaña.
“El administrador principal está en El Estanco. Ahorita no hay nadie aquí, ya ve que al patrón se lo llevaron de aquí, todavía no aparece. Pero la familia dice que ya sabe que está bien”, comenta desde la entrada uno de los segadores de la alfalfa, un hombre bajito con sombrero y camisa de cuadros.
“El señor venía a dormir casi siempre los viernes y se iba los domingos. Yo no estaba ese día, me mandaron a otro rancho; no me tocó eso de la desaparición. Al otro muchacho se lo llevaron como tres veces los judiciales para preguntarle cosas, ya nomás veíamos, cuando salía, que ya lo estaban esperando.”
En contraste con las otras propiedades mencionadas, La Barranca languidece. Ya van dos de sus dueños que son víctimas de secuestros: hace 12 años, el 27 de agosto de 1998, Fernando de la Mora cayó en manos del secuestrador Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, quien lo mantuvo cautivo al menos dos meses en una comunidad cercana.
Fue uno de los últimos plagios del delincuente. De acuerdo con información de la procuraduría estatal, publicada por el semanario Tribuna de Querétaro, “para su liberación se pidió un rescate de 50 millones de pesos. Después de esto Fernando de la Mora fue liberado en Celaya, Guanajuato”, con la marca de las víctimas de Arizmendi.
En el templo de La Barranca están los restos de Mariano García Cela, el primer patrón de la hacienda del que se acuerda doña Socorro. La familia de su hijo –del mismo nombre– pidió permiso a Fernández de Cevallos para sepultar las cenizas de García Cela bajo un enorme sabino que está en los jardines.
“Cuando llegó la familia de don Mariano, el patrón Diego le abrió las puertas para que conocieran dónde se había criado. Me estuvo diciendo y diciendo: ‘Así me quiero venir a vivir yo aquí; aquí me voy a quedar para que me quieran como a los otros patrones, Socorro… aquí me quiero morir’.”
Hace dos semanas, junto con Diego y Claudia se apersonó ahí Fernando de la Mora. “Vino a ver el ganado, parece que les consiguió un comprador; se necesita el dinero para que vuelva el patrón”, dice doña Socorro.
Cuestionada, la hipótesis de la guerrilla
José Gil Olmos
Pasadas las elecciones del 4 de julio, y en medio del clima de violencia e inseguridad que priva en el país, el caso de Diego Fernández de Cevallos volvió a la arena pública, generando entre los especialistas nuevas teorías sobre las causas políticas, económicas y estrictamente delictivas del secuestro.
El 26 de julio pasado se divulgó una nueva imagen, en la que sostiene en las manos un ejemplar del número 1751 de este semanario, en cuya portada aparece él. Al mismo tiempo se difundió una carta en la que el exsenador supuestamente suplica a su hijo Diego que pague el rescate, y un mensaje de los secuestradores en el que aseguran que su víctima está revelando sus preocupaciones, negocios y “amores y desamores”, tanto personales como políticos.
Fue el periodista José Cárdenas quien dio a conocer la imagen y los documentos. Argumentó que los plagiarios se los hicieron llegar vía Twitter. El viernes anterior el columnista y conductor noticioso ya había adelantado en su columna de El Universal otros datos.
En un estilo ambiguo escribió “que circulaba en pasadizos del gabinete de seguridad nacional” la información de que los autores del plagio eran guerrilleros del grupo Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) bajo el mando del “comandante José Arturo”, a quien identificó con el nombre de Constantino Alejandro Canseco Ruiz.
Sin abandonar el tono cauteloso, Cárdenas añadió “que la liberación de Diego está prevista entre septiembre y noviembre”, pero “que antes le harán un juicio revolucionario”. Incluso mencionó al cura Máximo Gómez –Maximiliano, lo llamó– como el “correo y el mediador”, función que cumplió en el secuestro del banquero Alfredo Harp Helú, en 1994.
Esta peculiar información, lo mismo que la difusión de la foto y las cartas, provocaron una ola de cuestionamientos. En su nota del 27 de julio, el reportero Alfredo Méndez ofreció un dato esclarecedor:
“La Jornada consultó anoche a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes revelaron que el abogado Antonio Lozano Gracia entregó el manuscrito original de la carta difundida ayer al titular de la dependencia, Arturo Chávez Chávez, entre el 15 y el 19 de junio pasados.”
Es decir, hace más de un mes el gobierno de Felipe Calderón ya tenía informes sobre la situación del político panista, de las súplicas a su hijo para pagar o hacer una “contraoferta razonable” y las intenciones de los secuestradores de no ceder en el monto del rescate.
El abogado Felipe Edgardo Canseco Ruiz, quien fuera preso político, rechazó en una carta abierta que su hermano Alejandro Constantino fuera el autor del plagio:
“Fue un participante del movimiento democrático universitario en la ciudad de Oaxaca en los años 1976-77, y a raíz de su participación en una organización democrática en la cual luchamos por una universidad crítica, científica, democrática y popular, fue víctima de una agresión por grupos porriles vinculados al PRI y recibió un disparo en el pecho que le lesionó el corazón y un pulmón. Sufrió dos paros cardiorrespiratorios cuando era trasladado en una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social a un hospital de dicha institución y las secuelas físicas de dicho percance le harían imposible hacer realidad las hipótesis policiacas.”
Exintegrante del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-PDLP), Edgardo Canseco aclara que él se dedica a la abogacía y a tareas públicas en la agrupación política Izquierda Democrática Popular. “Lo digo porque hay tentaciones en las instituciones de seguridad gubernamentales de iniciar cacería de brujas”, precisa.
–¿Es un grupo armado el que realizó el plagio?
–Yo no tengo elementos aún para afirmarlo o negarlo.
–El EPR dijo en algún momento que ya no realizaría secuestros o asaltos para hacerse de recursos.
–Eso lo hemos leído por lo menos en cuatro o cinco ocasiones en los últimos meses. Incluso han desmentido categóricamente participación alguna en este asunto.
Según Canseco Ruiz, las autoridades esperan provocar la reacción de algún grupo: “Se trata de un escopetazo porque las instituciones de seguridad, como no tienen elementos para afirmar concluyentemente nada, tiran un disparo con muchos perdigones para ver a qué le pegan”.
–En el pasado, cuando un grupo insurgente realizaba un secuestro, ¿se lo acreditaba?
–Hasta cuando yo participé en el PROCUP-PDLP en 1990, año en que fui detenido, hubo varios casos, como el de Arnoldo Martínez, de Rubén Figueroa, que se los adjudicó el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas. También el del cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, que fue reivindicado por las FARP. Yo considero que (en aquel tiempo) sí hubo una reivindicación pública e inclusive un alegato de razones, así como demandas económicas y también políticas. Esa ha sido una característica.
–¿Esto es importante para identificar el hecho?
–¡Claro! Porque el personaje serviría hasta para gestionar el cambio en todo el sistema político, esto desde la lógica de las organizaciones (guerrilleras). Es un filón enorme y hasta ahorita nadie se lo ha reivindicado.
Secuestro “high class”
Expertos en secuestros que han fungido como mediadores en casos importantes aceptaron dar su opinión al respecto a condición de que no se publiquen sus nombres. Descartaron a la guerrilla y ofrecieron tres hipótesis:
La primera, que es la acción de un grupo político interesado en tener recursos para la campaña presidencial de 2012.
La segunda es que podría tratarse de un núcleo del mismo gobierno federal interesado en anular a la facción de Fernández de Cevallos; y la tercera, por la que se inclinaron más, es que el secuestro lo planeó un grupo del crimen organizado al que el exsenador le quedó debiendo por algún negocio fallido.
“Es gente muy poderosa. Tienen todo el tiempo e incluso podría haber una mezcla de intereses: podrían ser apoyados por gente del gobierno e incluso usar la estrategia o el nombre de un grupo guerrillero para desviar cualquier indagación”, señaló uno de los consultados.
El abogado Max Morales Martínez, experto en liberación de secuestrados desde hace dos décadas –entre ellos una víctima de Daniel Arizmendi, El Mochaorejas–, opina que tras el plagio de Fernández de Cevallos hay “policías retirados”.
Considera que al principio las autoridades actuaron mal –“quizás intencionadamente”– porque no querían admitir que era un secuestro y dijeron que el político estaba “desaparecido”, toda vez que no había denuncia formal.
Y cuando el gobierno rectificó, con el argumento de que así protegía la vida de la víctima y la seguridad de su familia, dijo que se mantendría al margen del caso.
“Lo único que llama la atención es que el presidente hizo mutis –dice el litigante–, porque mal que bien es el líder moral de su partido y ya hubiera manifestado su apoyo, porque no basta con los apoyos morales, sino (se requieren los) económicos. Pero no sería correcto, como dicen algunos, que el Estado pague su rescate. Sólo eso faltaba: sería cínico que el pueblo pagara por una persona que no goza de la simpatía popular”.
Añade que, por el último comunicado, se puede establecer que ya escaló de un secuestro tradicional, con fines económicos, que dura de
Recuerda que los secuestros de “alto impacto” más largos fueron el de la sobrina del promotor de boxeo José Sulaimán (un año, ocho meses y 12 días); el del empresario de la construcción Bosco Gutiérrez Cortina (nueve meses) y el de Harp Helú (seis meses).
En su opinión, la segunda fotografía del exlegislador se difundió para mostrar que está vivo, y aparece con el torso desnudo para comprobar que no ha sido torturado: “Tiene todos sus dedos y es una prueba de vida extemporánea”.
Advierte un doble mensaje en la carta: “Fue fechada el 10 de junio, tiene un retraso, y si la familia da por buena la caligrafía es una nueva prueba de vida hasta esa fecha. Además, ahí confirma que escogió como negociador a su hijo porque seguir con el exprocurador Antonio Lozano Gracia sería peligroso, ya que no da confianza”.
Por último, el “boletín” de los secuestradores es importante: “Los grupos guerrilleros mexicanos, aunque modestos, tienen preparación ideológica, usan su inteligencia y no se mofan de situaciones como lo hace este grupo. Además, emiten comunicados o pliegos petitorios y reivindicaciones”.
Por esto insiste: “Son un grupo de delincuencia organizada, a mi parecer expolicías jóvenes y viejos, profesionales... Se ve que no es el primer asunto que realizan, cuidan mucho sus comunicaciones... Deja entrever que le están proporcionando sus medicamentos. Sólo los primerizos o los cobardes o improvisados matan a su víctima, los profesionales no. Ellos tienen ya a su víctima y la quieren mantener con vida para que la familia responda. En su boletín hablan de inteligencia policiaca y demuestran que saben bien lo que hacen. Pero por muy profesionales que sean no son infalibles”.
–Usted dijo que es un secuestro con motivos económicos, pero también políticos.
–Los daños colaterales los vamos a ver en la clase política. Es un mensaje en dos vías: si se llevaron a su máximo representante, ningún otro político puede estar seguro de que no le va a pasar nada.
“Lo otro es que le benefició directamente al presidente, porque fue dos semanas antes de la convención del PAN, en la cual iban a decidir quiénes iban a ser los candidatos. Los que saben de política dicen que Diego Fernández de Cevallos tenía control y era un factor de poder dentro del PAN en la designación de los candidatos y, asimismo, en el gobierno, con el procurador y el secretario de gobernación (de su parte). Estos son factores reales de poder que incidieron para que el presidente tomara el control del partido y tuviera una ganancia mínima en las elecciones.
–¿Pero habría causas políticas?”
–A la mejor especialistas políticos pueden ver un mensaje subliminal en el fondo, pero yo lo veo como un acto delictivo de alto impacto cometido sobre un personaje que indebidamente exhibió fortuna y que nunca tuvo la previsión de tener un grupo que lo protegiera.
Al preguntarle si pudiera ser un ajuste de cuentas al estilo mafioso, responde: “No lo creo, el crimen organizado no se cobra de esa forma. Ya le hubieran matado a un hijo o le hubieran hecho otra cosa... Yo difiero de eso”. l
La ganga a Televisa, bajo demanda
Jesusa Cervantes
Televisa sigue recibiendo del gobierno federal prebendas y concesiones. En la reciente licitación 21 para asignar bandas en el espectro radioeléctrico, los titulares de la SCT, de la Cofetel y de la Cofeco maniobraron para que Televisa, aliada con Nextel, pagara sólo 180 millones de pesos por un espacio cuyo valor supera los 5 mil millones de pesos, cifra que otras empresas debieron entregar para la asignación de la misma cantidad de megahertz. El menos favorecido del duopolio, Ricardo Salinas Pliego, afectados sus intereses, presentó una demanda ante la Auditoría Superior de la Federación.
Luego de ocho meses de discusión entre la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y los participantes en la nueva licitación por el espectro de radiofrecuencias, el gobierno federal entregó a precio de ganga una parte de la concesión al binomio Televisa-Nextel, con lo que ocasiona un daño patrimonial al erario federal de aproximadamente 5 mil millones de pesos. Además, provocó un “bloqueo” en otra de las secciones de la subasta, lo que implicó una afectación a la hacienda pública por un monto similar.
Inconforme con la entrega de las radiofrecuencias a sus competidores, el Grupo Salinas –de Ricardo Salinas Pliego– por medio de Portatel del Sureste, SA, de CV (Iusacell), presentó el 19 de julio último una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de varios funcionarios del gobierno federal “por el posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal” en más de 4 mil 800 millones de pesos y por “una afectación de áreas estratégicas de la economía”.
En el documento de 40 cuartillas, la empresa exige que se investigue la licitación 21 emitida por Cofetel “para que, de resultar fundada la denuncia, se determinen los daños y perjuicios ocasionados a la nación” y se finquen responsabilidades a los funcionarios que participaron en la elaboración de las bases de licitación, su implementación y su final conclusión.
En su querella el Grupo Salinas argumenta que el gobierno entregó a la dupla Televisa-Nextel un bloque de 30 megahertz (Mhz) a un precio de 180 millones 300 mil pesos. En cambio, otras empresas que recibieron la concesión de un tramo igual –30 Mhz– debieron pagar por éste 5 mil 48 millones 300 mil pesos. Es decir, el mismo bloque de frecuencias (30) se le cobró a Televisa y su socio a un precio 28 veces inferior que al resto de los competidores.
Lo anterior significa que las autoridades federales vendieron los megahertz a precios diferentes y bajo condiciones distintas al dueto Televisa-Nextel que al resto de las competidoras: Telcel, Telefónica y Iusacell, con un millonario beneficio para la primera en detrimento de la hacienda pública.
En su columna “Cuenta corriente” publicada en Excélsior el 5 de julio último, la periodista Alicia Salgado reveló que a través de diversos oficios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió en febrero y marzo pasados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Cofetel les advertía sobre el diferencial de precio y el efecto negativo que eso representaba para el erario, por lo que sugería “igualar los pagos”.
En esos oficios emitidos por la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Hacienda, a cargo de Juan Manuel Pérez Porrúa y por el subsecretario José Antonio Meade, se advierte, según Salgado, lo siguiente:
“Una desigualdad en el régimen de pago por el otorgamiento de concesiones correspondientes al uso, goce, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico, generaría que el Estado percibiera una contraprestación menor a la que tiene derechos, conforme al valor real del espectro radioeléctrico. En este contexto es necesario IGUALAR los pagos que realizan quienes obtienen una concesión mediante el proceso de licitación pública.”
Señalamientos
En la denuncia entregada a Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación, se indica que los servidores públicos involucrados son el titular de la SCT (Juan Molinar Horcasitas) y el subsecretario de Comunicaciones de esa dependencia (Gabriela Hernández Cardoso), “por su participación activa y/o su omisión con respecto al diseño e instrumentación del proceso de licitación
También menciona a los integrantes de Cofetel –su presidente, Mony de Swaan Addati y a los cuatro comisionados que la integran: José Luis Peralta Higuera, Rafael Noel del Villar Alrich, Gonzalo Martínez Pous y José Ernesto Gil Elorduy– “por la emisión de las bases de licitación… en las que ilícita e ilegalmente se incluyen límites máximos de acumulación de espectro a los posibles interesados en participar en las mismas, así como por el diseño, instrumentación y conducción ilícita e ilegal del proceso de dicha licitación, abarcando cada uno de los concursos al efecto realizados”.
Asimismo, la demanda menciona al secretario de Economía (Bruno Francisco Ferrari García de Alba), “por la falta de supervisión y vigilancia de los procedimientos efectuados por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), en particular por su resolución que determinó imponer límites máximos de acumulación de espectro a los interesados en participar, bajo una supuesta medida protectora y promotora en materia de competencia”.
En la querella se menciona a los integrantes de la Cofeco y a su presidente (Eduardo Pérez Motta), por imponer los límites máximos “ocasionando, además de un efecto contrario a la competencia y a la libre concurrencia, el daño patrimonial a la hacienda pública federal”.
Los denunciantes consideran que los funcionarios aludidos violaron el artículo 134 constitucional en donde se establece que a través de las licitaciones se deben asegurar al Estado los mejores beneficios económicos.
El grupo encabezado por Salinas Pliego también solicita la intervención de la ASF, pues dicha instancia está obligada a realizar una investigación ante la denuncia y “fincar las responsabilidades que procedan”.
El diputado federal Mario di Costanzo detalla que en este caso la ASF está obligada a interponer una querella ante las autoridades judiciales y la Secretaría de la Función Pública.
En la denuncia se argumenta que de acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la ASF puede realizar investigaciones excepcionales cuando exista “un daño patrimonial que afecte la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes público federales o de las entidades paraestatales federales, por un monto que resulte superior a 100 mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal”. En este caso, se justifica plenamente la intervención de la Auditoría, pues la afectación asciende a poco más de 4 mil 800 millones de pesos.
En el mismo artículo de la ley se indica que la indagación se puede realizar cuando exista probable “afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía”.
Licitación a modo
En la Cámara de Diputados se sabía que el gobierno lanzaría la licitación de una nueva banda de frecuencias, la de 1710-1770/2110-2170 Mhz, por lo que el 20 de octubre de 2009 aprobó cambios a la Ley Federal de Derechos –impuestos que paga aquella empresa que obtiene una concesión del gobierno.
El 10 de diciembre de ese año, la Cofetel emitió las bases para la licitación 21, así como para la 20 (1850-1910/1930-1990 Mhz).
Desde el momento en que Cofetel lanzó la licitación 21 empezaron los problemas debido a que dicha instancia “modificó” y no respetó el llamado “Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados que podrán ser materia de licitación pública” que la SCT autorizó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2008.
En este programa se estableció que para la banda 1710-1770/2110-2170 Mhz la licitación se haría en dos bloques de 20 Mhz y 5 bloques de 10 Mhz para cada una de las nueve regiones que existen en el país.
Entre los argumentos que dio el entonces titular de la SCT, Luis Téllez, fue que la citada banda “ha sido identificada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para prestar servicios móviles de tercera generación y tiene potencial de ofrecer servicios de banda ancha”.
A pesar de que ya existía ese programa avalado por la SCT, la Cofetel lo desatendió, lo reestructuró y el 23 de noviembre de 2009 publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para el procedimiento de licitación 20 y
Así, la Cofetel que hoy encabeza Mony de Swaan redefinió la licitación número 21 en dos bloques de 30 Mhz cada uno –en lugar de los dos bloques de 20 Mhz cada uno– y estableció tres bloques de 10 Mhz –en lugar de los cinco bloques de 10 Mhz–, para cada una de las nueve regiones del país.
Esta acción de Cofetel fue avalada por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) que encabeza Eduardo Pérez Mota, el 8 de octubre de 2009. No sólo autorizó una reestructura de dos bloques de 30 Mhz, sino también la propuesta de establecer “un límite de acumulación de espectro de 80 Mhz en una misma región”. Se argumentó que esta era una “medida protectora y promotora en materia de competencia”. Con ello se garantizó que una sola empresa no podrá tener más de 80 Mhz.
Este hecho unido al malestar que generó entre los concursantes el cambio de bloques de 20 Mhz por dos bloques de 30 Mhz ocasionó el reclamo de las empresas participantes que sintieron afectados sus intereses.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la ASF “el límite de acumulación de espectro en combinación con la estructura de la licitación 21 en dos bloques nacionales de 30 Mhz, cada uno, propició de manera automática que se excluyera de participar en las subastas correspondientes de dichos bloques a empresas que actualmente operan en el mercado, como Telcel, Telefónica y Iusacell, y allanó el camino para que uno de sus bloques se destinara a la asociación conformada por el grupo de interés económico identificado como Televisa-Nextel a un precio muy por debajo de lo que el mercado está dispuesto a pagar por dicho bloque nacional”.
Ofensiva del PRI
Todos los argumentos presentados ante la ASF por la empresa del propietario de TV Azteca fueron retomados por el Partido Revolucionario Institucional cuando el pasado 28 de julio, pretendieron mediante un punto de acuerdo someter a votación la comparecencia ante la Comisión Permanente, de Mony de Swaan, presidente de Cofetel y sus cuatro comisionados.
Asimismo, solicitaron la presencia del presidente de Cofeco, Eduardo Pérez Mota; del titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, para que todos ellos expliquen “la situación prevaleciente en la licitación número
El punto de acuerdo elaborado por los diputados priistas Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias y Silvio Lagos Galindo, integrantes de la Comisión Permanente, pedía que la presencia de estos funcionarios se considerara “como asunto de urgente resolución y puesto a discusión de inmediato en razón del grado de avance que tiene el proceso de la licitación
Sin embargo el punto no fue abordado en la pasada sesión de la comisión por lo que automáticamente se envió a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para que se someta a votación en la sesión del próximo miércoles 4.
En la explicación del punto de acuerdo de los priistas se sintetizó cómo se atendería aquello de no rebasar por una empresa el límite de 80 Mhz impuesto por la Cofetel y avalado por la Cofeco:
“Dicho límite se computaría sumando tanto el espectro actualmente concesionado –es decir lo que ya tienen en su poder Telcel, Telefónica y Iusacell; a Televisa-Nextel no se le sumaría nada pues es la primera vez que concursan–, como el ancho de banda que el participante y, en su caso, su grupo de interés pudiera acumular como resultado tanto de la licitación 21 como de la licitación de las bandas contenidas en la licitación
Por ello, en su denuncia ante la ASF Grupo Salinas sostiene que se reestructuró una licitación a modo para favorecer a Televisa-Nextel y excluir a las otras tres participantes dado que éstas ya cuentan con espectro y de entrar a concursar por alguna de las bandas de 30 Mhz, rebasarían con facilidad el límite permitido de 80 Mhz.
A la reestructura de la licitación que hizo Cofetel avalada por Cofeco para cambiar lo establecido por la SCT en 2008, el grupo parlamentario del PRI se refirió en los siguientes términos:
“Este extraño maridaje entre dos organismos supuestamente garantes de la imparcialidad y equilibro ha dado lugar a un proceso orientado que, a la luz de los resultados actuales, se traduce, por una parte, en un daño patrimonial para el erario y, por otra, en un perjuicio para los usuarios al restringirse la libre competencia.”
El PRI establece claramente que la manera en que se realizó la licitación 21 podría traducirse en violaciones a la libre competencia. En primer lugar, porque el límite de 80 Mhz, determinó que los operadores actuales no pudieran participar en la licitación de los dos bloques de 30 Mhz, dado que su espectro ya concesionado más el que pudieran obtener en las licitaciones 20 y 21, superaría el límite de los 80 Mhz impuesto en las bases de licitación.
Además, porque tal limitación tuvo como consecuencia que hubiera un solo oferente (Televisa-Nextel) para uno de los dos bloques de 30 Mhz.
Este bloque de 30 es el que costó a Televisa-Nextel 180 millones 300 mil pesos, y fue tan bajo porque fue el único que ofertó. En cambio, las demás empresas que recibieron 30 Mhz en otro de los tramos de la licitación debieron desembolsar 5 mil 048 millones de pesos.
Y así lo dice el PRI: “La falta de competencia para licitar estos bloques de 30 Mhz ha determinado que el consorcio interesado (Televisa-Nextel) presente una oferta sólo por el límite mínimo de los ingresos esperados por el gobierno federal”.
Aunado a todo ello, alega el PRI, el otro bloque de 30 Mhz se tendrá que declarar desierto ya que ni Televisa-Nextel podrán participar pues rebasarían el tope de 80 Mhz. Esto porque la propia Televisa-Nextel también participó en los otros tres bloques de 10 Mhz licitados por regiones.
Llama la atención uno de los alegatos que sustenta el PRI en su punto de acuerdo: sostiene que “en los círculos oficiales se ha esgrimido el argumento de que, por una parte, el objetivo de la licitación no es recaudatorio y, por la otra, que los beneficiarios de la licitación deberán pagar cuantiosos derechos a lo largo de los 20 años de vigencia de la concesión.
El tricolor asegura que esto es falso, pues de acuerdo con el artículo 244E de la Ley de Derechos aprobada por la Cámara de Diputados en octubre de 2009 y que forma parte de la Ley de Ingresos, se otorgó la exención de pago de derechos para los nuevos competidores. Es decir, a Televisa-Nextel se le dispensó el pago de mil 300 millones de pesos.
De ahí que el daño patrimonial al erario por el bloque por el que participó Televisa-Nextel no se limita a 4 mil 800 millones de pesos, sino que rebasa los 5 mil millones de pesos.
Y a esto deben sumarse los otros 5 mil millones de pesos que dejarán de entrar a las arcas gubernamentales por tener que declararse desierta la oferta del bloque de 30 Mhz. Ello, a consecuencia del famoso apartado que establece que un solo propietario no puede detentar más de 80 Mhz.
Pese a todo, el pasado 26 de julio la SCT emitió un comunicado en el cual sostiene que las licitaciones 20 y 21 continúan “ya que no existe impedimento legal alguno para la entrega de las concesiones a los ganadores de dicho proceso”.
Pétalos que lastiman
John M. Ackerman
La polémica desatada por el tibio señalamiento del Instituto Federal Electoral (IFE) a la Presidencia de la República por su desbordado activismo durante las más recientes campañas electorales, no es el indicador de una renovada autonomía del Instituto Electoral, sino una muestra más de la soberbia con la que se conduce el Ejecutivo Federal. El IFE no “se extralimitó” en sus funciones ni “censuró” al Presidente, como ha sido señalado por la Secretaría de Gobernación. Muy por el contrario, los consejeros electorales se contentaron con una acción muy menor que simplemente les lava la cara dentro de un contexto de ilegalidad e iniquidad en materia electoral que ellos mismos han permitido.
La resolución del IFE del 21 julio deja totalmente impune la grosera intervención de Felipe Calderón para favorecer al Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones estatales del 4 de julio. De manera irregular en plena campaña electoral, el 15 de junio Calderón transmitió un mensaje por cadena nacional para “informar” sobre sus acciones en materia de seguridad pública. Este informe no contenía ninguna información nueva, importante o de urgente transmisión y únicamente fue un esfuerzo de legitimación pública de las acciones del gobierno federal.
Calderón también súbitamente decidió que cuatro días antes de las elecciones era el momento adecuado para “informar” sobre la eventual eliminación del impuesto de la tenencia para automóviles. El día siguiente, el jueves, 1 de julio, al Presidente se le ocurrió que era el momento idóneo para compartir con la ciudadanía los grandes “logros” de su gobierno en materia de empleo. Asimismo, en días previos ya había emitido un mensaje en cadena nacional sobre la muerte del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Tamaulipas y tanto él como el Secretario de Gobernación habían convocado a conferencias de prensa para llamar a un “Diálogo nacional” sobre el tema de la inseguridad pública.
El anuncio que Calderón hiciera el 1 de julio fue particularmente grave porque tuvo lugar durante los tres días de “veda” cuando está estrictamente prohibido cualquier acto de campaña electoral. De manera descarada, Calderón decidió llenar este vacío informativo mandatado por la ley con sus proclamas exageradas sobre la supuesta efectividad de su programa económico.
Habría que recordar que ésta no es la primera ocasión que el actual presidente ha llegado al extremo de utilizar la propaganda gubernamental para influir en las campañas electorales. Tal y como denunciamos en su momento en estas mismas páginas (Proceso, 10 de mayo de 2009), apenas habían iniciado las campañas federales para renovar la Cámara de Diputados el año pasado cuando Calderón decidió aparecer en cadena nacional para “informar” sobre sus grandes logros en el combate al virus de la influenza H1N1 y para presentarse como el héroe del momento.
Todos estos actos de propaganda constituyen una violación flagrante de la norma. El artículo 41 de la Constitución señala sin rodeos la prohibición de “toda propaganda gubernamental” durante las campañas electorales federales y locales. La norma contiene algunas excepciones para “campañas de información” en materia educativa y de salud o “las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”. Los mensajes de Calderón, sin embargo, no entran en ninguna de tales supuestos. Por más que la violencia del crimen organizado implica una “emergencia” nacional, los discursos no informaban sobre ninguna acción específica en materia de protección civil ni formaban parte de “campaña informativa” de ningún tipo.
Ni siquiera Vicente Fox, Ernesto Zedillo o Carlos Salinas, ninguno de los cuales destaca por su respeto a la legalidad, se habían atrevido a llegar tan lejos, aun en un contexto en que la ley era omisa en la materia. Paradójicamente, hoy que sí contamos con una disposición constitucional explícita, Calderón demuestra aún menos respeto por la legalidad y la equidad que sus antecesores.
Ante esta situación, en su resolución del 21 de julio, el IFE dejó totalmente impune las acciones de Calderón durante la semana previa a las elecciones. Con respecto a la cadena nacional del 15 de junio, la autoridad se limitó a emitir una burocrática y gris resolución en que “declara fundada” la queja del PRI porque el discurso “no se ajustó” a las prohibiciones constitucionales. Eso es todo. Escondiéndose detrás de una lectura exagerada del artículo 108 constitucional, los consejeros no se atrevieron a emitir reclamo formal alguno ni a exhortar a Calderón para que no volviera a incurrir en prácticas similares.
El IFE tampoco sancionó a la Secretaría de Gobernación, que organizó la cadena nacional, o a los otros secretarios que acompañaron a Calderón en las conferencias de prensa. La autoridad se negó a sancionar al Partido Acción Nacional (PAN) por su responsabilidad como beneficiario de la propaganda o incluir los recursos erogados por la Presidencia en estas comunicaciones dentro de los gastos electorales del PAN. Los consejeros ni siquiera se atrevieron a dar vista al Congreso de la Unión, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales o a la Secretaría de la Función Pública.
Pero el gobierno federal no permite que se le toque ni con el pétalo de una rosa. En lugar de aceptar con humildad este tibio señalamiento emitido por la autoridad electoral, se lanzó contra los consejeros reclamando que su resolución “carece de toda lógica”. El mensaje es claro: Calderón no permitirá el menor margen de independencia, aunque sea simbólica, de parte de los consejeros. Su subordinación al Ejecutivo debe ser total.
En los hechos, la Presidencia ganó la polémica de manera contundente. De manera paralela a los “infomerciales” en Oaxaca y el “Dictamen de validez” de la elección presidencial de 2006, las autoridades electorales una vez más se niegan a actuar aun cuando reconocen la existencia de graves violaciones a la ley. La mancha de impunidad en materia electoral se extiende y se fortalece, generando un escenario verdaderamente sombrío para las elecciones de 2011 y 2012. l
www.johnackerman.blogspot.com
Preguntas para AMLO
Denise Dresser
Pregunta 1
Argumentas que México vive un proceso de degradación progresiva, producto de un grupo minoritario que ha impuesto una política de pillaje contraria al interés nacional, y dices que este saqueo comenzó con el gobierno de Carlos Salinas y la política neoliberal. ¿Pero no crees que el saqueo como forma de gobierno comenzó antes y es resultado del corporativismo instrumentado desde la década de los treinta? ¿Y ese saqueo de bienes públicos no involucra también a entidades públicas como Pemex y sindicatos como el SME, cuyos privilegios aún defiendes?
Pregunta 2
Dices –con razón– que la actual oligarquía ha adquirido el poder político suficiente como para situarse por encima de las instituciones constitucionales, incluyendo la Cámara de Diputados, el Senado y el IFE. Pero las propuestas que presentas para que dejen de mandar ellos parecen sugerir que tan sólo quieres transferir el poder hacia ti y tu grupo, no necesariamente hacia los ciudadanos. ¿Qué propones para lograr la ciudadanización necesaria de la política en México?
Pregunta 3
Dices que la crisis se agravó cuando la oligarquía decidió imponer a Felipe Calderón para impedir un verdadero cambio, y que él ha ejercido el poder atado a los intereses creados. ¿Pero no es cierto que la izquierda ha contribuido a esa crisis al negar la posibilidad de forjar alianzas políticas y legislativas que pudieran combatir a los intereses creados? ¿No es cierto que la propia izquierda también se ha doblegado ante éstos, y un ejemplo de ello es cuando el PRD votó en favor de la Ley Televisa con tu anuencia? ¿Y qué harás tú para combatir los intereses creados en el sector público, como los sindicatos, cuyas prebendas también forman parte del “capitalismo de cuates” que prevalece actualmente en México?
Pregunta 4
Hablas de cómo los que realmente mandan y deciden en el país están haciendo una recomposición del mismo régimen. ¿Pero no has contribuido tú a esa recomposición, en la medida en la cual la “presidencia legítima” y las divisiones en la izquierda han llevado al resurgimiento del PRI y al fortalecimiento del régimen que necesitamos remodelar?
Pregunta 5
Has dicho que la apuesta de la oligarquía es al PRI y a Peña Nieto. Eso nadie lo disputa, pero lo que sorprende es tu renuencia a aceptar medidas y estrategias –como las alianzas electorales– que pudieran frenar ese desenlace. ¿De qué otra manera se puede parar a Peña Nieto si no es debilitando sus perspectivas presidenciales a través de una alianza electoral de oposición en el Estado de México?
Pregunta 6
Dado que Peña Nieto es, como lo has argumentado, “un producto chatarra”, y “candidato de la mafia en el poder para
Pregunta 7
Sugieres que la fuerza del movimiento que has creado será suficiente. ¿Pero cómo traducir ese movimiento en un frente electoral competitivo? ¿Con qué partido? ¿Con qué estrategia de movilización?
Pregunta 8
Tienes razón: hay millones de mexicanos, hombres y mujeres, libres, conscientes y decididos a construir una sociedad más justa, más humana y más igualitaria. Pero para lograr esos objetivos no basta un movimiento basado en la indignación moral. ¿Cómo construirás una coalición electoral incluyente, multiclasista, ganadora, con base en los mismos planteamientos del 2006?
Pregunta 9
Las encuestas revelan que a pesar de tu esfuerzo de peregrinaje a través de los 2 mil 456 municipios del país, y no obstante tu empeño en construir un movimiento desde abajo, el PRI lleva la delantera, y por mucho. Si los planteamientos y las posiciones que usaste hace cuatro años no fueron suficientes para asegurar una victoria contundente, ¿por qué crees que ahora sí funcionarán ante un adversario más unido, más rico y más hambriento de regresar a Los Pinos que en el 2006? Si el Proyecto Alternativo de Nación no fue lo suficientemente convincente entonces, ¿qué harás para lograr que lo sea ahora?
Pregunta 10
Las economías verdaderamente exitosas son aquellas que tienen un buen equilibrio entre el Estado y el mercado, entre la innovación y la regulación. Sin embargo, en tus planteamientos demuestras una profunda aversión hacia el mercado y quieres “rescatar al Estado” para que administre la riqueza y los bienes públicos. ¿Pero no será que en México un problema fundamental ha sido la rapacidad del propio Estado, la manera en la que grupos dentro del Estado se han apropiado de bienes públicos, como lo ha hecho el sindicato de Pemex? Ante ello, ¿no sería una mejor propuesta crear mercados funcionales bien regulados, como los que existen en regímenes capitalistas democráticos?
Pregunta 11
Dices que la nueva política económica que propones “debe ser conducida por el Estado”. ¿No sugiere eso una resurrección del estatismo sofocante y contraproducente de los años de Luis Echeverría y José López Portillo? ¿No sería mejor hablar de la creación de una economía pujante, de terreno nivelado de juego, dinámica, globalizada, capaz de generar motores internos de crecimiento y bien regulada por el Estado?
Pregunta 12
Criticas –con razón– las prácticas monopólicas, y entre ellas hablas de los pagos excesivos por la telefonía y la electricidad. En esos sectores, Carlos Slim, Luz y Fuerza y el SME han tenido una gran responsabilidad por la expoliación de los consumidores. Si vas a ser consistente en la denuncia de los monopolios, ¿estarás dispuesto a confrontarlos tanto en el sector público como en el sector privado?
Pregunta 13
Planteas que México no debe vender un solo barril de petróleo crudo al extranjero. Dado que una gran parte del presupuesto público que financia las actividades del Estado –educación, salud, etcétera– proviene de la venta de petróleo, ¿con qué recursos vas a suplir los que el Estado dejaría de recibir? ¿Cortar de tajo la renta petrolera entrañaría subir los impuestos de una manera dramática? ¿Estarías dispuesto a hacerlo?
Pregunta 14
Hablas de pensiones universales, becas, seguridad social, y todo ello financiado por el Estado. Pero las cuentas simplemente no funcionan, aun con la política de austeridad que propones y el fin de los privilegios fiscales para los grandes grupos empresariales. A México le urge una revisión fundamental de los usos del gasto público, incluyendo las transferencias a los gobernadores y a los sindicatos. ¿Estarías dispuesto a emprender esa revisión, aunque entrañara confrontar a tus aliados en el aparato estatal y el mundo sindical?
Pregunta 15
Hablas de “cristalizar una nueva corriente de pensamiento sustentada en la cultura de nuestro pueblo”. ¿Pero no será que es imprescindible promover lo contrario? Durante demasiado tiempo, la cultura del pueblo ha sido corporativa, clientelar, patrimonialista y propensa a la entronización de líderes providenciales. ¿No sería necesario enarbolar un nuevo discurso basado en la construcción de ciudadanía, la promoción de derechos liberales, el imperativo de la movilidad social, la creación de un país poblado mayoritariamente por clases medias, la construcción de un México rico? ¿No sería más provechoso pensar en un Proyecto de Nación basado menos en la exaltación de moralidades y más en la creación de oportunidades? l
Margarita Rojas y el infierno duranguense
Miguel Ángel Granados Chapa
Margarita Rojas Rodríguez, una abogada que dirigió durante 10 meses un penal peligrosísimo con tanto éxito que lo había pacificado y conseguido con ello ser nombrada La Mujer del Año, está bajo arraigo durante 40 días por orden de un juez federal, solicitada por la Procuraduría General de la República. Se le señala –y se espera probar que lo es– como responsable de una operación increíble y atroz: permitir la salida de presos bajo su custodia para que, armados con el arsenal de la prisión situada en Gómez Palacio, Durango, y acompañados por personal de la cárcel en vehículos oficiales, asesinaran a por lo menos 36 personas en Torreón.
Hasta el sábado 24 de abril la licenciada Rojas Rodríguez tenía un historial limpio, en cargos de tono menor. Licenciada en derecho por la Universidad de Coahuila, fue agente del Ministerio Público de Durango, en la Comarca Lagunera. Era presidenta del Comité de Integración Ciudadana para la Seguridad Pública de Ciudad Lerdo, su lugar de origen, cuando estalló la crisis en el Centro de Readaptación Social número 2 del estado, con sede en Gómez Palacio. En sólo un mes, sendos motines hicieron reventar a dos directores del penal, el segundo de los cuales salió tras una rebelión que dejó 20 muertos, entre reclusos y custodios.
El gobernador Ismael Hernández Deras, o su secretario de Gobierno Oliverio Reza, o el de Seguridad Pública, general Valentín Romano, designaron directora a Margarita Rojas, aunque ninguno de ellos acudió a darle posesión. Era un desafío enorme para la abogada ser la primera mujer en ese cargo y recibir la penitenciaría en ruinas, con el orden interno roto. Pero al parecer lo enfrentó con donaire. Promovió la libertad preparatoria de muchos reos que no debían estar presos, y al disminuir la población se abatió también la tensión interna. Durante meses apenas hubo uno que otro incidente (aunque en uno de ellos fueron asesinados cuatro custodios). Ese resultado hizo que Hernández Deras la nombrara Mujer del Año en abril de 2010.
Ya para entonces, si se atiende a la velocísima averiguación emprendida por la PGR, la directora de la cárcel había dejado de ser la funcionaria modelo que se suponía. Se presume que ya había entrado en comunicación con Gente Nueva, un grupo armado que presta servicios al cártel de Sinaloa. El 31 de enero se habría realizado la primera operación pactada con esa banda, que le otorgaba un sueldo mensual de hasta 25 mil pesos. Un grupo de matones presos recibió autorización para salir y matar indiscriminadamente a 11 personas en el bar Ferrie. El crimen colectivo escandalizó menos de lo que ameritaba, opacado por la matanza de Salvárcar, en Ciudad Juárez, ocurrida el mismo día, y de la que se ocupó desde Japón el presidente Felipe Calderón, quien no tuvo una palabra para los asesinados en Torreón
El 15 de mayo el mecanismo entró en operación de nuevo. El saldo fue de ocho personas muertas en el bar Juana’s. Y se repitió el 18 de julio, un domingo negro en que una fiesta en la quinta torreonense Italia Inn fue interrumpida a balazos por matones salidos para ese efecto de la cárcel. Esa vez, 17 personas fueron asesinadas.
El jueves siguiente apareció en YouTube un video en que un agente de la policía municipal de Lerdo, interrogado por miembros de Los Zetas, describió las operaciones citadas y reveló que fueron posibles por la autorización de la directora. En menos de 48 horas, a partir de ese documento visual al que concedió crédito, la PGR pidió el arraigo de Rojas Rodríguez, que le fue concedido a partir del sábado. Horas después, en una insólita rueda de prensa encabezada por el flamante secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora, el vocero de la PGR Ricardo Nájera ofreció pormenores sobre esa mecánica criminal. La prestísima investigación federal había encontrado ya que las balas disparadas en los tres asaltos en Torreón procedían de armamento oficial de los custodios. E incriminó a la directora, que fue juzgada traidora a las instituciones estatales por el gobernador Hernández Deras, quien con esa calificación ha de creer que ya cumplió su deber.
Apenas difundida la asombrosa noticia, se produjo una no menos sorprendente movilización, dentro y fuera del penal dejado acéfalo. El lunes 26 por la mañana grupos de presos en el interior del Cereso, y sus parientes a las afueras, pretendieron reivindicar a la directora depuesta y arraigada. Se convirtieron en sus valedores y demandaron su reinstalación, asegurando que era inocente de los hechos que se le imputan. Ante la gravedad de los cargos difundidos el domingo, y la insólita movilización del lunes, la prensa local y enviados de la nacional se concentraron en Gómez Palacio, a las afueras de la prisión singularizada para siempre.
Allí se inició otro episodio de esta serie de horrorosas peculiaridades. Dos camarógrafos de la televisión lagunera –Jaime Canales, de Milenio, y Alejandro Hernández, de Televisa, así como el reportero de este consorcio, Héctor Gordoa, enviado del equipo de Denise Maerker– fueron levantados hacia las tres de la tarde, y por la noche corrió la misma suerte Óscar Solís, reportero del diario local El Vespertino. Sus captores ordenaron que se difundieran videos donde presuntos presos acusan a policías municipales de colaborar con Los Zetas. Según Elisabeth Malkin, de The New York Times, Milenio Televisión puso al aire las escenas, sin recibir en respuesta la liberación de los levantados. El jueves al mediodía fue liberado uno de los ellos, Héctor Gordoa, quien informó que sus compañeros se encontraban tan bien como se puede estar privado ilegalmente de la libertad.
Menos mal. Porque por unas horas en la madrugada del martes pudo parecer que los periodistas contaban en el grupo de ocho personas, probablemente levantados también el lunes, cuyas cabezas, separadas de sus cuerpos, fueron colocadas en las vías de acceso a Gómez Palacio. Horas después, ese mismo martes, el secretario de Gobierno Oliverio Reza dio cuenta de la suerte de los comunicadores, en información tomada de inmediato por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que inició de oficio una queja y condenó la desaparición de los representantes de los medios.
La doble difusión irritó sobremanera a Ciro Gómez Leyva, el director de Milenio Televisión, quien despotricó contra Reza y contra la CNDH por no haber supuesto que los secuestradores estaban en negociación con los medios. Su iracundo texto apareció el miércoles en la edición impresa de Milenio, que dedicó su espacio principal en la primera plana al secuestro múltiple, simultáneamente a la inclusión de los videos enviados por los levantadores.
Erupciones aparte, al anochecer del jueves quedaba pendiente la libertad de los tres periodistas todavía retenidos. Y quedaba en curso la diligente averiguación federal contra la directora del Cereso que funcionaba como hotel de matones. Asombra tanta celeridad en una indagación de la PGR, que suele actuar con enorme parsimonia. No contamos con elementos para suponer un montaje contra Margarita Rojas y sus superiores, uno de los cuales, el general Romano, tuvo un agitado paso por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Pero al menos habrá que congelar el juicio sobre la directora depuesta hasta que cese su arraigo y la consignación al juez incluya datos que otorguen mayor certeza a la acusación. Tan poderosas son las bandas de la delincuencia organizada y sus cómplices que no sería extravagante suponer que perfeccionen el diseño de su monstruosa operación en el Cereso incriminando a quien no tiene responsabilidad en el caso.
Ciertamente los huéspedes de un penal no cuentan con la autoridad moral para avalar a su directora. Pero quizá la funcionaria estaba realmente limpiando la cárcel y fue preciso impedir que llevara adelante su higiénica labor. l
El golpe devastador de 1995
Jesús Cantú
Hace poco más de dos meses, el 26 de mayo de este año, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la reducción de 60% a las pensiones máximas que paga el Instituto Mexicano del Seguro Social a los mexicanos; así, en una sesión privada, redujo sus ingresos a menos de la mitad.
En la Ley del Seguro Social de 1973 se establecía como tope máximo de cotización para los seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, 10 salarios mínimos generales del Distrito Federal, y de la lectura sistemática de la misma legislación puede inferirse que ese mismo tope regía para el pago de las pensiones; también se indicaba que un requisito para tener ese derecho era haber cotizado un mínimo de 500 semanas, es decir, bastaba con haber estado inscrito en el IMSS durante nueve años y poco más de siete meses.
La Ley del Seguro Social de 1995, que entró en vigor el 1 de julio de 1997, modificó ambas disposiciones: fijó como tope máximo de cotización 25 salarios mínimos generales del Distrito Federal y, por ende, puede inferirse –de la misma manera que se hacía en el caso anterior– que ese mismo tope rige para el pago de pensiones; pero también elevó el número de semanas cotizadas para tener derecho a dicho beneficio a mil 250, es decir, a partir de ese año se tendría que estar inscrito en el IMSS al menos durante 24 años y dos semanas.
Dicha ley también derogó la obligación del gobierno de sufragar las pensiones y la derivó al Sistema de Ahorro para el Retiro, las Afores, mediante las cuales la pensión del derechohabiente estará en función de lo que haya logrado ahorrar a lo largo de su vida productiva. Pero estableció dos excepciones. Una, en un transitorio: aquellos asegurados (o sus beneficiarios) que hayan estado inscritos en el Seguro Social antes de la entrada en vigor de la nueva legislación; y, de forma permanente, aquellos trabajadores que a pesar de haber estado cotizando por más de 24 años no lograron los ahorros suficientes para que los rendimientos que éstos les generen fuesen, al menos, el equivalente a un salario mínimo.
Para dar una idea de lo que ese golpe significó a las pensiones de los mexicanos basta la siguiente ilustración: quien haya empezado a cotizar en junio de 1997 –es decir, unos días antes de la entrada en vigor de la nueva legislación–, ganaba en esos momentos 25 salarios mínimos y, por lo tanto, de inmediato empezó a recibir en su cuenta individualizada para el retiro el tope máximo de las aportaciones, una vez que cumplió las 500 semanas de cotización tendría un ahorro suficiente para recibir, a las tasas de interés actuales, un ingreso equivalente a 1.25 salarios mínimos, es decir, escasamente un salario mínimo y una cuarta parte adicional.
Por supuesto que ese derechohabiente optó por acogerse al antiguo régimen de pensiones y su ingreso se incrementó, de acuerdo con la interpretación que adopta hasta hoy el IMSS (pues todavía no se aplica el criterio emitido por la Sala Segunda de la Corte), 20 veces. Aun con la interpretación de la Corte, su ingreso se multiplicaría por ocho.
Si el tope de 10 salarios mínimos se establece indiscriminadamente, por supuesto que se comete una gran injusticia, porque los trabajadores que cotizaron durante los últimos 13 años (el tiempo que lleva en vigor esta ley) lo correspondiente a 25 salarios mínimos y tenían, previo a la entrada en vigor, el equivalente a otros 11 años de cotización, es decir, cotizaron en el IMSS durante las mil 250 semanas requeridas con la nueva disposición, tienen derecho a una pensión equivalente al tope máximo con el que cotizaron durante los últimos cinco años (250 semanas), que son los 25 salarios mínimos.
Sin embargo, hay que reconocer que aquellos asegurados que únicamente alcanzan las 500 semanas cotizadas (que establecía la ley de 1973), de las cuales cotizaron las últimas 250 al tope máximo, no pueden recibir el mismo trato: la diferencia es ni más ni menos que 14 años de cotizaciones y trabajo.
Lo justo en este caso sería que quien cumpla los requisitos de 24 años y dos semanas de cotización y, por lo tanto, cumpla con el requisito establecido en la nueva ley, pueda aspirar a recibir la pensión máxima de 25 salarios mínimos; en cambio, quien únicamente cumple con los nueve años y ocho meses (requisito establecido en la ley de 1973) aspire a una pensión máxima de 10 salarios mínimos. Aquí el problema surge entre los que se encuentran en un punto intermedio, lo cual en plena justicia debía ser atendido con una tabla de equivalencias; así, por ejemplo, los que tengan 15 años, pueden aspirar a una pensión máxima de 15 salarios mínimos.
Hasta hoy la Corte no ha hecho distinción alguna y por lo mismo afectaría, de acuerdo con diversas publicaciones, a más de un millón 200 mil trabajadores que actualmente reciben más de 10 salarios mínimos; pero incluso también existe la posibilidad de reducir la pensión a quienes hoy no reciben más de 10 salarios mínimos.
Sin embargo, el verdadero golpe a los trabajadores se perpetró en diciembre de 1995, cuando se aprobó la actual legislación, ya que en ese momento se decretó que la pensión máxima, producto de los rendimientos financieros que les generen los ahorros, para un trabajador que cotiza durante 24 años (y aquí es cotizar durante los 24 años, no únicamente los últimos cinco) a su Afore con el tope máximo, es decir, el equivalente a 25 salarios mínimos, será cuando mucho de cuatro salarios mínimos generales del Distrito Federal.
Cuando se acabe la posibilidad de optar por el régimen anterior, el ingreso de los pensionados que cotizaron con el tope máximo de 25 salarios mínimos se reducirá escasamente a 15% de lo que recibían, es decir, ese trabajador recibirá apenas 40% de lo que obtendrá el trabajador pensionado con el viejo régimen, incluso si se aplica la nueva interpretación de la Corte. l
