Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS
PERIODÍSTICA ®
Domingo 18 de noviembre de 2012
SUPLEMENTO
DOMINICAL “ENFOQUE” DEL REFORMA
Colaborador Invitado / Marihuana: debate ineludible
Se ha propuesto en el Congreso una Ley General de
Control de la Cannabis y Atención de Adicciones para legalizar su uso
Colaborador Invitado
(18 noviembre 2012).- Fernando Belaunzarán
Diputado federal del PRD.
¿Tiene sentido mantener la actual estrategia de
combate frontal al narcotráfico, con los elevados costos en todos los órdenes
que conlleva, para tratar de evitar que ingrese a Estados Unidos una sustancia
que en dicho país se permite producir, procesar, distribuir, vender y consumir?
La marihuana es una droga blanda y relativamente
barata, pero es la que mayores ingresos proporciona a los cárteles mexicanos,
debido a que es la más consumida en Estados Unidos y en México... y en el
mundo. De ahí que además del fuerte peso económico que representa, la
regulación de la cannabis implica necesariamente un cambio en el paradigma
prohibicionista que desde hace un siglo comenzó a implementarse y en las
últimas cuatro décadas se escaló al grado de volverla una encomienda militar.
Nuestro vecino y principal consumidor de las drogas
producidas o trasladadas por y a través de México mantiene una posición
intransigente frente al resto del mundo en lo que se refiere a flexibilizar la
prohibición, pero en su interior ésta se ha venido dando de manera creciente.
Ya 18 estados han aprobado la llamada "cannabis médica" que, aunque
significa en los hechos una legalización de facto, diluye su impacto político
detrás del eufemismo. Pero los recientes plebiscitos que establecen en
Washington y Colorado el uso de la marihuana con fines "recreativos"
representan un salto cualitativo en ese proceso que no se puede pasar por alto.
La prohibición y la dinámica punitiva han sido
incapaces de disminuir el consumo de drogas y, por lo mismo, de reducir las
inmensas ganancias ligadas a un mercado negro que no resiente las detenciones o
muertes de los grandes capos. La industria es pujante y no ha dejado de crecer.
Nuestro país ha padecido más que nadie el fracaso de esa estrategia, en virtud
de su enorme frontera con Estados Unidos. Por eso sería un enorme y trágico
sinsentido que México, en lugar de sumarse a los países de la región que
demandan un cambio de paradigma, asumiera la posición norteamericana de
mantener el actual modelo prohibicionista, aunque ellos no lo lleven a cabo
dentro de su territorio. Sería un esquirolaje inexplicable y masoquista que no
puede expiarse con filípicas morales inocuas en contra de la doble moral de la
nación que inventó la "guerra contra las drogas".
Da la impresión que los prohibicionistas no han
dimensionado su derrota cultural. No han sido gobiernos, políticos o grupos
económicos los que han decidido en Estados Unidos regular la cannabis. Fue el
voto popular el que resolvió la cuestión. Buena parte de la sociedad
norteamericana ya no comparte sus prejuicios. Es notable la apología al consumo
de la marihuana en series de gran audiencia en la Unión Americana y en no pocas
películas taquilleras. Por ello parece imposible que emprendan el camino de
regreso. En lugar de aferrarse a un paradigma en bancarrota, México debiera ser
protagonista en la búsqueda de la alternativa. Le va, literalmente, la vida en
ello.
La iniciativa que presenté el jueves pasado busca
precisamente detonar el debate para implementar una estrategia distinta que
debe impulsarse, al menos, a nivel regional. Quitarle el lucrativo mercado al
crimen y promover el ejercicio responsable de la libertad. Los recursos que se obtengan
por concepto de licencias, derechos e impuestos en la producción,
procesamiento, distribución, venta y consumo de la cannabis se irían a
financiar un programa nacional de prevención y tratamiento de adicciones. Es
mejor y más efectiva la educación que la represión.
Se ha generado un escenario muy favorable para
plantear la revisión del paradigma prohibicionista, mismo que no se debe
desaprovechar. 60 mil muertos es cifra de una guerra civil y el Estado ha sido
infiltrado hasta en sus niveles más altos. Aunque sean valores que suelen
enfrentarse, la libertad y la seguridad ahora van de la mano en la búsqueda de
una alternativa y el Congreso mexicano no puede soslayar su responsabilidad.
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Historias de
injusticia
Reportaje Balance sexenal: justicia. La implementación
del nuevo sistema penal acusatorio camina lentamente, mientras crecen los casos
fabricados, las detenciones ilegales y el abuso del arraigo y los testigos
protegidos
Jésica Zermeño
(18 noviembre 2012).- Raúl Batres Campos vive todos
los días una historia de terror en el Centro Federal de Readaptación Social
Oriente, ubicado en Villa Aldama, Veracruz.
Ingresó al penal de Perote -como se le conoce
comúnmente- el 15 de septiembre de 2009, tras ser detenido el 25 de junio de
ese año en Pachuca, Hidalgo, donde se desempeñaba como jefe regional de la
Agencia Federal de Investigación, hoy Policía Ministerial Federal. Él fue uno
de los 214 policías federales, estatales, municipales y ministeriales detenidos
por la Policía Federal en 2009 en esa entidad, tras varios operativos. De
acuerdo con las autoridades, cuatro testigos protegidos (Caleb, Pitufo, Rufino
y El Oso) acusan a los detenidos de recibir dinero de Los Zetas.
Hoy, tres años después, apenas ocho policías han
salido libres. Los otros 206 están desperdigados en penales de Veracruz,
Tabasco, Morelos y el Estado de México, y su caso ha avanzado muy lento porque
varios juzgados se han declarado incompetentes para verlo.
Para especialistas en derechos humanos, el caso de los
policías de Hidalgo evidencia las irregularidades que marcaron el sistema de
justicia en este sexenio: detenciones ilegales sin orden de aprehensión;
fabricación de casos con el arraigo y con testigos protegidos; tortura para la
obtención de confesiones y jueces que no hacen nada al respecto; alejamiento de
internos de sus familias; dilación en los juicios... Irregularidades que se
hicieron casi regla en los casos relacionados con delincuencia organizada.
Según la PGR, los testigos protegidos que acusan a
Raúl Batres y sus compañeros tienen una memoria prodigiosa. Caleb logró
identificar en su declaración a más de 200 elementos relacionados con Los Zetas
por nombre, clave, puesto, ropas que usaban y hasta por armas que portaban. El
Oso, un ex policía municipal de Pachuca, logró identificar también 214 policías
de distintas corporaciones viendo fotografías oficiales. Sin embargo, El Oso ha
declarado en 12 ocasiones, y en la mitad de ellas ha dicho que fue torturado
para señalar a uniformados.
Silvia Vázquez, abogada de la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y quien ayuda en la defensa de ocho
agentes -uno de ellos Batres Campos- califica como una calamidad el uso
excesivo de testigos protegidos en este sexenio.
"Todo el caso está sostenido por testigos
protegidos a los que ni siquiera han visto, a pesar de que los abogados han
hecho valer los recursos jurídicos. Ya están en un proceso y podrían carearse
con los testigos, y los careos han sido negados. Los testigos son invencibles.
Hasta a los abogados les da miedo, porque pueden acusarte a ti, nada más
necesitan señalarte, sin ninguna prueba... Son intocables", asegura la
defensora de derechos humanos.
La forma en que detuvieron a Batres fue muy usada por
las fuerzas federales de seguridad en este sexenio. Sus superiores le ordenaron
que se encargara de resguardar un edificio, pues se les realizaría una revisión
de armas a policías de varias corporaciones hidalguenses, el 24 de junio de
2009. Así lo hizo. Ese día la Policía Federal no dejó en libertad a ninguno de
los policías que se presentaron. Un día después fueron por él y por otros más.
Todos fueron trasladados al Centro de Investigaciones Federales de la PGR, en
la colonia Doctores.
Testigos de la detención aseguran que la Policía
Federal ni siquiera llevaba una lista de sospechosos. La hicieron en la Ciudad
de México, cuando ingresaron al centro de arraigos. Las esposas de los
detenidos cuentan que hasta los de intendencia estaban levantando actas, pues
por ley la autoridad cuenta sólo con 48 horas después de una detención para
solicitar un arraigo. Eran muchos policías.
Los detenidos permanecieron incomunicados durante 10
días. Después, tras un arraigo ampliado, a Batres y a otros les tocó ser
enviados al penal de Perote.
Desde el traslado empezó el infierno. Policías
federales y militares los golpearon. Cuando llegaron al penal los custodios les
dijeron que recibirían trato especial. Y lo tuvieron: recibieron golpes
constantes en la cabeza y baños de agua helada en la madrugada, sus alimentos
-a veces descompuestos- eran servidos en el piso, y ellos eran obligados a
comer de rodillas. Algunos fueron agredidos sexualmente.
Para el ex agente de la AFI todo ha sido peor por su
historial de salud. Raúl desde niño sufre epilepsia y, según sus abogados,
desde que ingresó al penal nunca ha sido medicado adecuadamente. Cada vez que
le daba una crisis, la doctora del centro de readaptación le daba pinchazos con
una aguja en el tórax, "para que no se esté haciendo".
Su esposa, desesperada de ver a su marido darse de
golpes contra el vidrio del locutorio en las visitas, de que ya no pudiera ni
siquiera mantener una conversación por su precario estado mental, solicitó un
amparo para trasladarlo a otro centro de reclusión.
El amparo fue ganado y Batres fue enviado el 20 de
agosto de 2010 al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en
Morelos, cuando tuvo una crisis epiléptica y ya no volvió en sí. En este centro
están recluidos internos que requieren atención médica especial. Ahí le dieron
ansiolíticos, antidepresivos y anticonvulsionantes, y se enteró que lo habían
contagiado de Hepatitis C en el penal.
En el Ceferepsi lo estabilizaron, pero cuando apenas
empezaba a demostrar mejoría fue regresado a Villa Aldama, el 12 de marzo de
2011. Después, el juez que aprobó el amparo dijo que no había más que hacer.
Pero los malos tratos en Perote continuaron. La
defensa siguió presionando para cambiar su situación. Envió en enero pasado un
informe sobre su situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con ello logró que la PGR abriera una averiguación previa por malos tratos y
que le aplicaran el Protocolo de Estambul, para identificar si había recibido o
no tortura. El resultado, un nuevo diagnóstico, oscuro: esquizofrenia.
"Él era una persona epiléptica, que toda su vida
tomó medicamento. Hoy es esquizofrénico, no porque lo digamos nosotros, sino
porque así lo estableció el Protocolo de Estambul que le practicaron. Está así
gracias a la tortura, a la falta de medicamento, a todo el daño que le han
generado. Hay días que le dan el medicamento, otros no. Tiene prescritos 10
medicamentos. Y en las reuniones que hemos tenido las autoridades de la
Secretaría de Seguridad Pública nos siguen mintiendo y diciendo que lo están
tratando bien.
"Hoy está aislado. Lleva más de un año en el
centro de observación del reclusorio. No ve a nadie, salvo cuando hay visitas.
Ha tenido varios intentos de suicidio. Y las autoridades no hacen nada", dice
Silvia Vázquez.
Para la abogada, el caso de Batres es un caso ejemplar
de cómo el gobierno federal ha abusado del arraigo. Este instrumento jurídico
fue incluido en la Constitución tras la reforma en materia penal en 2008, para
casos de delincuencia organizada. Sin embargo, un artículo transitorio de la
reforma permite que sea aplicado para otros casos mientras se implementa el
sistema de juicios orales, la parte luminosa de la reforma penal.
Según cifras de la PGR, entre 2008 y mayo de 2012 han
pasado por el Centro de Investigación Federal 7 mil 775 arraigados, el 90 por
ciento hombres. Según estimaciones de la Comisión Mexicana, en donde trabaja
Silvia, 9 de cada 10 arraigados fueron consignados, pero sólo el 3.2 por ciento
recibió una sentencia condenatoria.
Además, representantes de derechos humanos ante el
Comité contra la Tortura de la ONU reportaron en octubre pasado que la tortura
es un modus operandi de las policías y las Fuerzas Armadas en México.
"La creación de penales de máxima seguridad que
presentó Genaro García Luna es la cereza del pastel de esta aplicación de
arraigos y de uso de testigos protegidos, no la justicia. Este sexenio fue el
de no acceso a la justicia y de una total impunidad. Ni se te resuelve el
proceso como víctima de tortura ni tu caso como procesado avanza. ¿Tres años
para que te digan si eres culpable o inocente? Eso no es justicia".
El pasado 31 de octubre, Raúl ganó una importante
batalla jurídica: obtuvo un amparo, con lo que le podrán reponer el proceso
penal y conocer a sus acusadores. Pero su esposa no está feliz, porque sabe que
serán otros tres años de proceso, y nada garantiza la justicia.
Sistema viciado
Guillermo Zepeda, investigador del ITESO y experto en
estadística penitenciaria, sabe que historias como la del ex comandante Batres
se han hecho comunes en este sexenio.
El académico le ha puesto lupa a los resultados del
sistema de justicia de 2006 a
la fecha y asegura que el gobierno encabezado por Felipe Calderón está ávido de
presentar ante los tribunales casos sólidos de delincuencia organizada, pues a
pesar de que su bandera ha sido la detención de grandes capos del crimen
organizado -han sido detenidos o abatidos 25 de los 37 más peligrosos del
país-, las cárceles se llenaron de los de siempre: detenidos con crímenes
menores, como posesión de narcóticos.
"Lo que ha sucedido es un incremento notable en
el número de detenciones a nivel federal. Se anuncian algunos éxitos en el tema
del aseguramiento de capos muy buscados. Y los detenidos en el fuero federal se
han multiplicado: pasaron de 31 mil 442 en 2006 a 42 mil 289 en 2011,
es decir, aumentaron en 42 por ciento las detenciones por delitos federales,
pero lo lamentable es que otra vez vuelven a ser grandes números basados en una
sobrecriminalización de delitos menores", dice Zepeda.
El también director de la asociación Jurimetría,
formada por académicos especializados en seguridad y justicia, sostiene que el
mejor índice para ver el nivel de las detenciones es revisar las sentencias que
se han dictado en este sexenio.
De acuerdo con el informe mensual de noviembre de
Jurimetría, basado en los datos de estadística judicial proporcionados por el
Inegi, se observa que mientras en el 2006 el 1 por ciento de las condenas fue
de más de 17 años (266 casos), para 2010 -el último año del que se tienen estas
cifras- este porcentaje cayó a 0.8 por ciento, con sentencias de este tipo a
283 personas. El incremento es mínimo, a pesar del crecimiento de la población
penitenciaria y la apuesta por las grandes detenciones.
En cambio, las detenciones que culminaron en
sentencias por menos de un año se multiplicaron. Mientras que en 2006 fueron 4
mil 330, para 2010 fueron 11 mil 735, es decir, un incremento de 171 por ciento
en cuatro años.
Zepeda asegura que la urgencia de generar casos
sólidos es porque aunque han crecido considerablemente las detenciones, en más
de 40 por ciento, pero las condenas crecieron sólo en 27.9 por ciento. Pasaron
de 29 mil 300 en 2006 a
37 mil 481 en 2010.
Y acusar de delincuencia organizada es la vía
subsidiada para alcanzar una sentencia de más de un año y mejorar el porcentaje
de sentenciados, dice el investigador.
"Mueven geográficamente a los internos que acusan
de delincuencia organizada como un incentivo para que no se amparen o sus
amparos no tengan eficacia. Con detener a tres personas juntas ellos ya pueden
armar un caso de delincuencia organizada. En estos casos se ha permitido hasta
la incomunicación, con el arraigo.
"En estos casos es prisión preventiva de oficio.
Tantos subsidios a la investigación hacen una vía muy deseable para el
Ministerio Público... Por eso la política criminal ha sido tan perfecta este
sexenio. Es política y es criminal", asegura.
El experto en estadística dice que en el ámbito
federal es muy alta la tasa de condenas. "Hay dos hipótesis: o es muy
efectiva la PGR o el Poder Judicial ya está, si no muy amedrentado, muy
limitado para absolver".
Amparos negados
Los esfuerzos por parte de autoridades federales para
encerrar a acusados de delitos federales fueron constantes, y uno de los
penales federales que se llenó de reos en este sexenio fue, precisamente, el de
Perote.
Ahí está recluido desde el 10 de octubre de 2010
Fernando Ernesto Villegas Álvarez, de 26 años, acusado de delincuencia organizada
y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Y su caso también está
lleno de irregularidades.
A Ángeles Álvarez y Fernando Villegas, sus padres, les
duele recordar cuántas veces han faltado a los careos los policías federales
que detuvieron a su hijo en Acapulco, hace más de dos años.
La última vez que los uniformados se presentaron en
los juzgados de Perote fue en febrero. Pero sólo iban tres de los cuatro
policías que participaron en la detención, y dos estaban en visible estado de
ebriedad. El juez suspendió el careo, y dijo que no había condiciones para
realizarlo, recuerda su mamá.
El último careo realizado, en agosto pasado, fue por
teleconferencia, para evitar ausencias y suspensiones.
La familia ya no guarda esperanzas de esos encuentros.
Para ellos los policías sufren de Alzheimer: han faltado a cinco de los siete
careos convocados por el juzgado en Veracruz, y cuando por fin acuden su
respuesta es invariablemente la misma a todas las preguntas que los abogados
les hacen: "No me acuerdo".
La familia Villegas Álvarez tiene un profundo coraje
hacia los aprehensores de su hijo. Recuerdan que mintieron sobre su detención,
pues dijeron que lo habían detenido en una camioneta que viajaba a exceso de
velocidad y que transportaba armas, cuando en realidad lo detuvieron en la casa
de la esposa de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, jefe de sicarios de los
Beltrán Leyva, adonde había sido llevado con engaños y obligado a trabajar en
sistemas de cómputo, pues él es ingeniero en sistemas. Que de esa casa lo
trasladaron a un cuartel de la Policía Federal, donde lo obligaron a tocar una
granada, para incriminarlo. Que uno de ellos se robó su Mac portátil, con la
que hubiera podido comprobar en el juicio el tipo de trabajo que realizaba
(Enfoque, 6/feb/2011).
"Cuando me contó mi mamá que dos habían llegado
borrachos le dije que así los hubieran careado, a ver si así se acordaban de
algo, porque los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no?",
dice con tono agrio Sofía Villegas, la hermana mayor de Fernando.
"El municipio de Acapulco ya dijo que la esquina
donde dicen los policías que detuvieron a mi hijo no existe. Lo dijeron con un
mapa y con un oficio que les pedimos", dice Ángeles.
Además, completa Fernando, la calle donde los
detuvieron es empinada, por lo que la camioneta no podría haber ido a exceso de
velocidad.
Todos esos argumentos se los han presentado a los
jueces, ayudados desde febrero de 2011 por un abogado que les presentó un
familiar y que al revisar el caso decidió ayudarlos sin cobrarles. Sin embargo,
dos magistrados han rechazado un amparo para que Fernando salga en libertad:
argumentaron que es culpable porque cuando se enteró de que trabajaría para
narcotraficantes no escapó.
Ángeles y Fernando ven en esta respuesta gran falta de
sensibilidad, pues a su parecer los jueces no saben cómo opera el crimen
organizado.
Ambos están dolidos por la falta de interés del Poder
Judicial en revisar las pruebas a conciencia, por su facilidad para validar los
dichos de los policías federales a pesar de las incongruencias. Además, la
falta de mecanismos para obligar a los policías a carearse es tal que cuando
uno de los aprehensores renunció a la Policía Federal la familia fue la que
tuvo que localizarlo como pudo, porque si no el proceso se hubiera alentado
todavía más. Investigaron que el agente ahora trabajaba en el IMSS y le dieron
esos datos al juez, para que lo llamara.
Se quejan también de que su hijo haya sido detenido en
Acapulco y encarcelado en Villa Aldama, pues la distancia ha repercutido en el
desarrollo del juicio, y ellos han tenido que viajar religiosamente cada 16
días a Veracruz, algo que les ha ocasionado muchos gastos.
Lo único que les queda es que el amparo, ahora
interpuesto en Boca del Río, Veracruz, sea favorable y deje a Fernando en
libertad. Mientras, él duerme con otros ocho internos en una celda diseñada
para cinco.
Junto con Fernando, otros 25 mil 837 presos por
delitos del fuero federal terminarán el sexenio sin una sentencia, según datos
de la Secretaría de Seguridad Pública federal de julio. La mitad de los presos
por delitos federales (51.32 por ciento) no han sido sentenciados.
"Vamos a esperar la resolución del amparo Boca
del Río. Si por alguna mala suerte el magistrado de Boca del Río insiste en que
es culpable, se va a pedir que lo deslinde de las otras tres personas (con las
que fue detenido en la casa de Acapulco) para él cerrar su instrucción y que le
dicten sentencia.
"No podemos seguir esperando", dice la mamá
de Fernando, "a ellos no les importa que no sea culpable, lo que quieren
son cifras. Pareciera que no tratan con humanos".
Policías coludidos
El desastre del sistema judicial no presenta los
peores problemas en los penales federales, sino en los estatales, ahí donde
llegan los acusados de cometer delitos del fuero común. En esos centros se paga
por todo, lo mismo por un lugar para dormir que por un uniforme. Y también los
procesos son largos.
Los penales estatales fueron los peor evaluados por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación
penitenciaria de 2011. En muchos, por el hacinamiento, hay autogobiernos.
La dilación de respuestas en los casos del fuero común
es la generalidad, y aunque los reos se encuentran cerca de su hogar muchas
familias terminan perdiéndolo todo con tanto pago.
Ése es el caso de Sandra López Corona, quien después
de visitar el Penal de Barrientos (Tlalnepantla) un martes de cada quincena
durante casi dos años, para estar presente en las audiencias del caso de sus
hijos, perdió su trabajo como costurera en un taller de camisas.
Víctor Alfonso López, de 26, y Jhovany Edén Romero
López, de 24, fueron detenidos el 21 de enero de 2011 en Ecatepec, acusados de
haber secuestrado a su primo, Jonathan Torres, desaparecido el 15 de diciembre
de 2010 en Atizapán (Enfoque, 8/may/2011). Son dos de los más de 72 mil presos
del fuero común que terminarán el sexenio sin una sentencia.
Su caso también está plagado de irregularidades.
Después de haber sido detenidos por judiciales del Estado de México sin orden
de aprehensión, torturados hasta confesar que habían sido los secuestradores y
presentados como delincuentes ante los medios de comunicación por el entonces
procurador mexiquense, Alfredo Castillo, hoy parte del equipo de Enrique Peña Nieto,
los jóvenes duermen en la sección de presos sentenciados, aunque no han sido
condenados, pues su madre ya no puede pagar para que estén en el grupo de los
sin sentencia, donde recibirían un mejor trato y donde, por ley, pertenecen.
Ninguno de los tres jueces que ha visto el caso de los
hijos de Sandra acreditó que las confesiones de Víctor y Jhovany fueron sacadas
con tortura, algo que automáticamente los dejaría en libertad, pues la
Constitución establece que cualquier confesión resultado de intimidación no
tiene valor probatorio.
Pero eso no es lo más grave. Desde hace un año
Bernardino Torres, el cuñado de Sandra y padre del plagiado, decidió pagarle a
un abogado para defender a sus sobrinos, porque está convencido de que no
fueron ellos los que secuestraron a Jonathan. Tiene pruebas de ello y se las ha
entregado a la autoridad. Nadie le ha hecho caso.
"El día que secuestraron a Jonathan mi otro hijo
me dijo que la esposa de Jonathan había estado muy sospechosa, haciendo
llamadas. Mi nuera fue la que nos dijo que la voz del secuestrador era la de mi
sobrino Víctor. Yo, con todas las emociones y la desesperación, empecé a
sospechar de todo el mundo, tenía mucha presión... Ella me contactó con un
policía judicial, que me dijo que cuando quisiera iban por mis sobrinos a su
casa. Ahí todavía no detenían a mis sobrinos.
"A partir de ahí empecé a investigar los
teléfonos de ella y su familia. Del 18 al 31 de diciembre ya tenía en mi poder
todas las sábanas (registros de llamadas realizadas y recibidas en un celular)
de familiares y amigos que participaron en el secuestro de mi hijo, sábanas
conseguidas por mí, que evidencian que hubo contacto de ellos con el celular de
los secuestradores. Yo les estuve entregando las sábanas a los judiciales de la
fiscalía Manzana de Roma. Al final detuvieron a mis sobrinos, a pesar de las
pruebas", dice.
Bernardino, dueño de una empresa de limpieza de
inmuebles, asegura que ha visitado a procuradores y subprocuradores
explicándoles que, según los registros telefónicos, la hermana de su nuera
tiene 81 llamadas al teléfono del secuestrador que se comunicó a su casa para
pedir el rescate de su hijo en diciembre de 2010, llamadas que equivalen a
siete horas 25 minutos de conversación.
Pero nadie le ha hecho caso. Cada vez está más
convencido que la familia de la esposa de su hijo está coludida con los
judiciales que detuvieron a sus sobrinos, por eso decidió contratar a un
abogado para defenderlos.
Daniel Vázquez, el abogado defensor contratado,
asegura que la pesadilla de los hijos de Sandra se terminaría con 60 mil pesos,
para pagar pruebas técnicas de voz y de fisionometría que evidencien que no
fueron ellos los que pidieron el rescate de Jonathan.
Sin embargo, Sandra no puede pagarlo. Cuestiona:
"¿Por qué la justicia no funciona? ¿Por qué no tienen esas pruebas para
sacar a mis hijos? Si me los sentencian van a ser por lo menos 40 años".
Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE
Aguascalientes y especialista en seguridad, reconoce que el sistema de justicia
mexicano siempre ha tenido deficiencias severas, pero en este sexenio, con la
lucha contra el crimen organizado y la presión para mostrar resultados, esas
deficiencias se convirtieron en norma.
"Siempre hemos sido incumplidores, y las
Procuradurías mexicanas y las policías se caracterizan por ser abusivas. No
todos, pero sí es la generalidad. El problema de este sexenio fue legalizar
esos abusos y darle un sustento jurídico a muchas de esas violaciones.
"La tarea para el siguiente sexenio será tratar
de recomponer el desastre que hay en materia de justicia, porque hay vidas de
por medio".
53.5%
Crecimiento de la población penitenciaria 2000-2012
53.7%
Crecimiento de los presos sin sentencia 2000-2012
51.3%
Presos por delitos federales sin sentencia 2012
38.5%
Presos por delitos del fuero común sin sentencia 2012
Presos sin sentencia
En los últimos 12 años creció la población
penitenciaria y, casi en la misma proporción, el porcentaje de reos que aún no
han sido condenados.
|
Población total |
Sentenciados
|
Presos sin sentencia
|
Porcentaje de hacinamiento
|
|
|
2000
|
154,765
|
91,041
|
63,754
|
+27.7%
|
|
2001
|
165,687
|
94,186
|
71,501
|
+23.1%
|
|
2002
|
172,888
|
99,203
|
73,685
|
+23.1%
|
|
2003
|
182,530
|
102,396
|
80,134
|
+23.4%
|
|
2004
|
193,889
|
113,228
|
80,661
|
+25.2%
|
|
2005
|
205,821
|
117,977
|
87,844
|
+28.9%
|
|
2006
|
210,140
|
120,539
|
89,601
|
+27.4%
|
|
2007
|
212,841
|
124,705
|
88,136
|
+28.2%
|
|
2008
|
219,754
|
130,819
|
88,935
|
+28.1%
|
|
2009
|
224,749
|
132,438
|
92,311
|
+29.8%
|
|
2010
|
219,027
|
127,730
|
91,297
|
+20.4
|
|
2011
|
230,943
|
131,213
|
99,730
|
+23%
|
|
2012*
|
237,566
|
139,575
|
97,991
|
+26.5%
|
*Cifras al mes de julio. Fuente: VI Informe de Gobierno.
"El arraigo está subsidiando a la investigación ante las carencias de las policías investigadoras y su corrupción. Se opta por equiparar que una persona sea sospechosa a condenarla".
Guillermo Zepeda
Académico del ITESO
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La urgencia del nuevo sistema penal
Análisis. Balance sexenal: justicia. El nuevo sistema
constitucional de justicia penal es una de las reformas estructurales que
México necesita
César Camacho
(18 noviembre 2012).- Doctor en Derecho por la UNAM.
Para los mexicanos, el asunto de mayor preocupación es
la seguridad. Pero seguridad y justicia son un binomio indisoluble, pues
seguridad sin justicia es arbitrariedad, y justicia sin seguridad es demagogia.
Analizando el tema desde esta perspectiva, podemos
afirmar que la falta de confianza en las instituciones de procuración de
justicia es evidente: sólo se denuncian 12 de cada 100 delitos que se cometen,
y únicamente en tres de estos casos se completan las investigaciones, de las
que sólo dos son consignadas, lo que abona a la percepción generalizada de que
impera una ofensiva impunidad.
Precisamente por ello es que después de intensas
discusiones, considerando la cultura jurídica del país, adaptando, que no
adoptando, instituciones y figuras jurídicas del Derecho Comparado, con el
comprometido trabajo de legisladores de todos los partidos políticos y después
de enriquecedoras consultas con las organizaciones de la sociedad civil y con
especialistas, se creó el nuevo sistema de justicia penal que consigna ya
nuestra Constitución, contenido en el decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación el 18 de junio de 2008.
Se trata de un sistema garantista que, al tiempo que
respeta los derechos humanos de todos quienes se ven involucrados en el
procedimiento, proporciona herramientas para que la lucha contra la
delincuencia organizada sea eficaz. Un entramado legal que supera el falso
dilema entre seguridad o justicia, pues parte de la convicción de que este
binomio no sólo es necesario, sino indispensable para lograr una vida más
civilizada en un Estado genuinamente democrático.
La Constitución otorgó un plazo máximo de ocho años
para la implementación cabal del sistema acusatorio. Vale la pena recordar que
el artículo 9º transitorio de la reforma establece que "dentro de los dos
meses siguientes a su entrada en vigor, se creará una instancia de coordinación
integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
además del sector académico y la sociedad civil, así como de las conferencias
de seguridad pública, procuración de justicia y de presidentes de tribunales,
la cual contará con una secretaría técnica que coadyuvará y apoyará a las
autoridades locales y federales, cuando así se lo soliciten".
El 13 de octubre del mismo año, el Ejecutivo federal
expidió un decreto para crear el Consejo de Coordinación para la Implementación
del Sistema de Justicia Penal, apoyado en la prevista secretaría técnica,
constituida como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
Como puede advertirse, en su conformación domina la
presencia del Ejecutivo federal, y sólo participan algunas autoridades locales,
un integrante de la academia y uno de la sociedad civil, con lo que la
Presidencia de la República se arrogó prácticamente el dominio de la instancia.
Al Consejo se le dio el encargo de establecer la
política y la coordinación nacionales necesarias para concretar, en los fueros
federal y de las entidades federativas, el sistema acusatorio. La intención
parecía ser que el Ejecutivo federal se hiciera cargo del desarrollo armónico,
y jurídicamente riguroso de la reforma, pero los hechos han demostrado lo
contrario, pues los avances son modestos y magros los resultados. Prueba de
ello son las deficientes acciones en el ámbito federal y lo desacompasado de su
implementación en el ámbito local.
En contraste, la Comisión Nacional de Tribunales
Superiores de Justicia del país, sin tener la obligación legal de hacerlo,
diseñó un código procesal penal "tipo" que ha servido como referente
para algunas entidades que han mostrado interés por instaurar la reforma penal.
Un elemento que permite analizar la importancia que le
ha dado el gobierno federal al tema es la asignación de recursos federales, que
en 2009, 2010 y 2012, fueron comprendidos dentro del presupuesto destinado a la
Secretaría de Gobernación, con toda la discrecionalidad que de ello se deriva;
solo en 2011 hubo recursos específicos por 443 millones 424 mil pesos. En
cambio, en materia de seguridad pública se han invertido cantidades
multimillonarias, que lastimosamente en más del 50 por ciento han registrado
subejercicios.
Los cuatro eslabones
Si concebimos al sistema de justicia penal como una
cadena, es evidente que se integra por cuatro eslabones: la policía, el
ministerio público, los jueces y las autoridades penitenciarias. No obstante,
el resultado son acciones inconexas de escaso provecho y una evidente falta de
visión integral.
Por cuanto hace a la policía, las evaluaciones de
control de confianza y de capacidades profesionales no alcanzan ni siquiera al
50 por ciento de los elementos. Seguimos teniendo cuerpos policiales ineficaces
e incapaces de investigar. A ello se suma la falta de coordinación entre
policías, su deficiente capacitación, los bajos salarios y la ausencia de
sistemas de ayuda a los elementos de las corporaciones.
El segundo eslabón, el ministerio público, tampoco
registra grandes avances. En la mayor parte del país aún son evidentes los
estragos del sistema inquisitivo, tales como que el indiciado sea visto más
como un objeto de investigación, que como sujeto de derechos, por lo que
frecuentemente éstos son violados. Seguimos teniendo un ministerio público
omnipotente, que opera en contra de las víctimas y que sigue
"investigando" desde su escritorio, con excesivos formalismos, en vez
de uno competitivo y que actúe en igualdad procesal, llevando a cabo
investigaciones de campo, desformalizadas y ágiles, y actuando a favor de las
víctimas.
El Poder Judicial, el tercer eslabón, si bien registra
algunos avances significativos sobre todo en materia de capacitación, no
reporta excelentes noticias, porque no hemos logrado aplicar los principios del
debido proceso. Los procedimientos penales se han convertido en un tormento
tanto para imputados como para víctimas, dada su tardanza y opacidad.
Y qué decir de la presunción de inocencia, que aunque
ya es reconocida expresamente en la Constitución, aún no opera cabalmente, pues
se sigue abusando de la prisión preventiva. Del total de la población
penitenciaria, 224 mil internos, 97 mil (40 por ciento) están recluidos sin
sentencia condenatoria de por medio.
Finalmente, el cuarto eslabón, que es el sistema penitenciario,
quizá sea el peor. No ha sido reformado correctamente a nivel federal ni en
ningún estado, pese a que la reforma en comento dio un plazo de tres años para
su cumplimiento, mismo que venció el 18 de junio de 2011.
La reforma penitenciaria, como es sabido, transforma
el sistema de readaptación por uno de reinserción social, regido por el respeto
a los derechos humanos de los internos, y sujetando a los poderes ejecutivos a
administrar las prisiones, al tiempo que faculta a los poderes judiciales a
vigilar la ejecución de las sentencias y a decidir sobre su modificación; pero
ante la ausencia de acciones, nos sigue rigiendo el primero, con consecuencias
gravísimas como la sobrepoblación, de 30 por ciento en promedio a casos
alarmantes de hasta 200 por ciento.
La situación penitenciaria es terrible, porque
inclusive sin haber sido sentenciada una persona, por el solo hecho de haber
estado sujeta a prisión preventiva -por cualquier delito-, corre el riesgo de
contaminarse, pues las prisiones se han convertido en una especie de
"escuelas del crimen".
Si los cuatro eslabones de la cadena no se fortalecen
de igual manera, ésta se romperá irremediablemente, y esto es lo que de alguna
forma ha venido sucediendo. Para la correcta adopción del sistema acusatorio es
indispensable una cabal comprensión de la reforma y la integralidad de su
visión, así como una comprometida voluntad política.
El abuso del arraigo
Específicamente en el ámbito federal, además hay
deficiencias como el abuso del arraigo, cuando su uso debiera ser excepcional.
Se han decretado más de 4 mil de 2009
a la fecha, y en casi todos los casos se ha solicitado
se duplique el plazo de 40 días, con los agravios consecuentes a los sujetos y
sus familias, y a pesar de ello, los resultados son malos, pues hay más puestas
en libertad que autos de formal prisión.
Asimismo, la extinción de dominio, que es una novedosa
figura jurídica que permite mermar las finanzas de las estructuras criminales
mediante la apropiación pública de bienes que han sido instrumento, objeto o
producto de la delincuencia organizada, ha sido desaprovechada. La Ley data de
2009, pero la PGR inició su primera acción un año después, y hasta hoy, sólo ha
ganado un juicio.
En el ámbito local, son apenas 12 estados los que han
emprendido esfuerzos por implementar el sistema acusatorio, y lo han hecho a su
propio ritmo, registrando deficiencias sensibles que evidencian, entre otras
circunstancias, la falta de un liderazgo sólido en la materia por parte de la
instancia de coordinación, que les permita además un entendimiento profundo de
lo que implica el debido proceso, lo que ha derivado en el franco antagonismo
de algunas normas locales, respecto al precepto de la Constitución.
Por ejemplo, el Código Procesal Penal de Durango
considera como un riesgo a la comunidad, la circunstancia de que el imputado
haya optado por algún mecanismo alternativo o la suspensión del proceso a
prueba, es decir la posibilidad de interrumpir el juicio bajo la promesa ante
el juez de reparar el daño a la víctima, lo que paradójicamente, queriendo
solucionar un conflicto penal, criminaliza a quien acude a ellas, haciendo no
recomendables las salidas alternas, afectando una figura clave del sistema e
impidiendo la despresurización del mismo.
De igual manera, preocupan algunas hipótesis previstas
en el Código Procesal Penal de Nuevo León, que establecen como una posibilidad
para la detención en flagrancia cuando una persona es perseguida material e
inmediatamente después de haber cometido el delito, siempre y cuando no hayan
transcurrido sesenta horas, desde la comisión de los hechos delictuosos. Esto
desvirtúa la definición constitucional y retoma la flagrancia equiparada, que
significa considerar que es legal la detención del imputado sin orden de aprehensión,
aunque no sea en forma inmediata a la comisión del delito, lo que viola sus
derechos fundamentales y abre paso a la arbitrariedad.
Por su parte, el Código de Procedimientos Penales de
Chihuahua establece como un supuesto para la procedencia de la prisión
preventiva, que el imputado tenga antecedentes penales o policiacos, excediendo
los supuestos constitucionales que se refieren a la necesidad de cautela como
el riesgo de fuga o peligro para la víctima, atentando todo ello contra la
presunción de inocencia.
¿Qué hacer?
Tanto a nivel federal como local, es imperativo
agilizar las evaluaciones de control de confianza y de capacidades
profesionales, construir una policía científica y profesional, mejorar los
sistemas de flujo de información, diseñar esquemas de seguridad social e
incentivos para el buen desempeño e invertir en capacitación y equipamiento.
Por cuanto hace a las procuradurías, hay que hacer un
rediseño institucional y una revisión profunda del personal, capacitar a
nuestros ministerios públicos para que sean capaces de coordinar las
investigaciones criminales con recursos técnicos y científicos, echar a andar
mecanismos alternativos de solución de controversias para evitar que todos los
asuntos lleguen a juicio.
En materia de impartición de justicia, es
indispensable la creación de juzgados de control, de juicio oral y de ejecución
de sentencias, adecuar la infraestructura de los poderes judiciales, formar
perfiles idóneos y especializados, y tal vez lo más importante sea que jueces y
magistrados asuman su papel de rectores del procedimiento penal.
En el rubro penitenciario, es urgente la creación de
leyes acordes con la reforma constitucional para acompañar su debida
instrumentación, así como una exhaustiva revisión judicial de todos los casos
para conceder los beneficios preliberacionales que corresponda, y entender la
separación de funciones entre los poderes ejecutivos y los judiciales de las
entidades, para contribuir a recuperar el orden en las prisiones.
Es urgente que el Congreso de la Unión expida el
Código Federal de Procedimientos Penales, que desarrolle normativamente de
manera amplia los preceptos de la reforma, que garantice la constitucionalidad
del sistema acusatorio, que homologue los principios del debido proceso y que
sirva de referente para los respectivos códigos de la materia en las entidades
federativas.
De igual manera, es fundamental una mayor voluntad
política por parte de los gobiernos, de manera subrayada de los diputados y los
gobernadores, especialmente de estos últimos, pues sus decisiones no están
sujetas a voluntades ulteriores, lo que facilita su determinación, y de ellos
dependen tres de los operadores: la policía, el ministerio público y el sistema
penitenciario.
La reforma compromete al poder público y a los
ciudadanos a concretar no sólo un cambio legislativo o jurídico, sino una
verdadera transformación cultural. Modificar radicalmente una forma de pensar,
que tendrá repercusiones en nuestra democracia y en la vida cotidiana de
millones de personas.
Es lamentable que lo que pareciera cohesionar a buena
parte de la sociedad sea la fraternidad de la indignación por la justicia
denegada. La ciudadanía vive con la sensación de estar inmersa en una espiral
de violencia de la que pareciera no poder salir, sufriendo los estragos en su
vida cotidiana.
Este nuevo sistema constitucional de justicia penal es
una de las reformas estructurales que México estaba esperando; su cabal
implementación puede aportar prestigio internacional y crear un entorno más
seguro y atractivo para las inversiones productivas; pero lo más importante es
que ofrece la posibilidad de restablecer el tejido social a partir de la
confianza, la paz y la convivencia armónica, construir ciudadanía, abrir un
espacio a la esperanza y permitir que la justicia sea posible. La Constitución
ya alberga este cambio, ahora sólo falta que quienes deben hagan su trabajo, y
para los mexicanos esto urge.
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Encuesta / Encuestas: ¿qué hacer?
Análisis Elecciones 2012. Aprobar leyes que limiten o
prohíban las encuestas no resolverá el problema de credibilidad surgido en este
año
Alejandro Moreno
(18 noviembre 2012).- Cuando las encuestas electorales
hicieron su aparición en los medios mexicanos en los años ochenta, sus
resultados eran vistos como un "candado" contra el fraude, como un
contraste entre las preferencias ciudadanas y los cuestionables resultados de
las elecciones. Las encuestas eran una de las virtudes del advenimiento democrático.
Hoy, sin embargo, las encuestas son las que se cuestionan, tanto por las fallas
que tuvieron en este 2012, como por los usos que se les ha dado desde tiempo
atrás. Algunos afirman que las encuestas no sólo se equivocan, sino que se
falsean y se manipulan. Las encuestas enfrentan no solamente otra crisis de
credibilidad que se suma a un dañado historial, sino también intentos legales
por restringirlas e, incluso, por borrarlas de las elecciones. No es saludable
que los instrumentos de medición de la opinión pública, esa fuerza crítica y
vital de la democracia, no cumplan a cabalidad su función de informar
confiablemente a la ciudadanía; pero tampoco lo es sobrerregularlas y mucho
menos suprimirlas. ¿Qué hacer entonces con las encuestas?
Fortalecerlas
Las encuestas son un vibrante componente de la
democracia electoral, pero el momento político y moral por el que pasan en el
país requiere reflexión y, sobre todo, acción. Es necesario transparentar más
las encuestas, entender mejor su naturaleza, documentar su desempeño histórico,
promover su potencial y al mismo tiempo estar conscientes de sus limitaciones.
Reconocer su actual crisis
Hay quienes no creen que haya crisis de credibilidad
en las encuestas, pero.... Aunque en otras ocasiones los errores han sido
dejados al olvido, en este 2012 las fallas de las encuestas quedaron archivadas
en un litigio electoral. Por primera vez en la historia, éstas se introdujeron
como elemento de impugnación para invalidar la elección presidencial. El argumento
de la Coalición Movimiento Progresista ante el Tribunal Electoral fue que las
encuestas se utilizaron como propaganda política a favor del candidato del
PRI-PVEM y que habían influido en los votantes.
No pensar que hubo exoneración
El Tribunal declaró infundados los planteamientos de
impugnación argumentando que no existían en el expediente elementos suficientes
para "advertir una manipulación de los resultados de las encuestas, tanto
en su realización como en su difusión, que configuren una violación a los
principios de la libertad del sufragio activo" (documento
SUP-JIN-359/2012, página 496). También manifestó que no había encontrado
pruebas de que los resultados de encuestas hayan sido manipulados o que hayan
tenido "la finalidad de ser utilizadas como propaganda electoral"
(misma página). Ante esa sentencia, algunos encuestadores se sintieron
redimidos y manifestaron que el Tribunal los había "exonerado" 1.
Pero en realidad la decisión del Tribunal no fue una postura ante las encuestas,
sino una resolución a la impugnación legal "con base a las pruebas que
obraban en el expediente" 2.
Los retos están por delante
Las encuestas pre-electorales de 2012 serán recordadas
por sus errores, no por sus aciertos. Aunque hay diferencias y no siempre debieran
ponerse todas en un mismo costal, las encuestas han registrado un desempeño
deficiente en los últimos años, particularmente desde 2010. Esto es motivo de
preocupación, ya que el creciente uso de nuevas tecnologías y el cambio de
hábitos de la población, más específicamente, cambios en el electorado, hacen
imperativo que las metodologías de encuestas (y su difusión) hagan ajustes,
adopten nuevas características y se adapten a las nuevas realidades si quieren
brindar una mayor y mejor información a la ciudadanía. El camino que viene
puede ser más desafiante que el que ya pasó. La pregunta es qué inyección
necesita la demoscopia nacional para revitalizarse, recuperar la salud y
cumplir mejor con su función democrática de información.
Evitar la tentación regulatoria
Algunos consideran que lo mejor es aplicar mayores
restricciones e incluso prohibir su publicación. Ésas no son las respuestas
adecuadas. La experiencia en varios países del mundo indica que una mayor
regulación no garantiza una mejor calidad de los sondeos. Por su parte, la
prohibición atenta contra el derecho de los ciudadanos a informarse.
No dar pasos atrás
Una propuesta del PRD en la Cámara de Diputados
contempla prohibir la publicación de encuestas durante las campañas electorales.
Esto no solamente atentaría contra el derecho ciudadano a la información, sino
que, en el caso remoto de aprobarse, provocaría un flujo de resultados de
encuestas de dudosa procedencia, contribuyendo a la confusión, a la
desinformación, a la clandestinidad, y rompiendo con el historial y la mínima
transparencia que hasta ahora, bien que mal, se ha logrado. El principal daño
de una legislación así se haría al ciudadano. Mientras que las élites políticas
y quienes puedan pagar sus sondeos tendrían acceso a información sobre
preferencias electorales, los ciudadanos quedarían excluidos, igual que en los
tiempos cuando no había encuestas públicas.
Evitar una complejidad innecesaria
Una propuesta del PAN en el Senado tiene tonos más
liberales aunque no necesariamente más efectivos. Ésta prevé la reducción en la
veda de publicación de tres días a un día previo a las elecciones (quizás bajo
la convicción de que así los encuestadores no pondrían como excusa de su
imprecisión los cambios de último minuto en las preferencias). Además,
inspirada en la regulación francesa en la materia, la propuesta llama al
establecimiento de un comité técnico en el IFE para monitorear las encuestas y
revisar sus resultados y bases de datos antes de su publicación. En Francia, un
comité así ha funcionado de manera eficiente, pero no ha podido resolver el
problema de las malas prácticas, de las metodologías cuestionables, ni ha
contribuido a elevar la precisión de las estimaciones pre-electorales. Todo
esto depende más de los propios encuestadores, de sus clientes y de quienes
difunden sus resultados, que de una regulación más compleja en la materia.
Revisar otras experiencias, no sólo otras
legislaciones
La Asociación Mundial de Investigadores de Opinión
Pública (WAPOR) dio a conocer su postura acerca de las propuestas de
legislación de encuestas en México, la cual no solamente se apega a los
principios de la propia agrupación sino a la revisión cuidadosa de experiencias
en otros países. La postura se puede consultar en http://wapor.unl.edu/
Hacer efectiva la autorregulación
La autorregulación de las encuestas en México ha sido
deficiente y no debe confundirse con el intercambio de descalificaciones entre
encuestadores y comentaristas en tiempos electorales. Una de las debilidades de
la autorregulación es que se le ve como responsabilidad únicamente de los
encuestadores, cuando en realidad también involucra a sus clientes, a quienes
difunden y comentan sus resultados, a los académicos y a los especialistas que
conocen el tema, por lo menos. En todo el mundo hay buenas y malas prácticas de
las encuestas; lo relevante es poder distinguirlas y señalarlas, de manera que
la ciudadanía tenga mejores herramientas de juicio y mejor información.
Hacer efectiva la transparencia
La respuesta a qué hacer con las encuestas tiene
varios ángulos. En el plano político, el tema se centra en el uso de los
sondeos como estrategia de comunicación. La acusación de la coalición de
izquierda a las encuestas no se centró en sus metodologías, sino en el uso
propagandístico que supuestamente se les dio. En el plano profesional, sin
embargo, a lo ético se le suma lo técnico, lo metodológico, lo logístico y lo
comercial. Las encuestas requieren solidez técnica (metodologías adecuadas y confiables),
control de calidad (capacitación y supervisión del personal) y, sobre todo,
transparencia en cómo se realizan y cómo se difunden. La ley actual ya prevé
los elementos mínimos de transparencia que establecen los códigos
internacionales de encuestas. En la práctica, aún hay rezagos que se deben
revisar, en particular lo referente al patrocinio de los sondeos. Saber quién
paga las encuestas sigue siendo un reto, pero es el tema número uno de su
escrutinio público. Encuestadores y medios deben ser más responsables en este
sentido.
Evitar ambivalencias
Luego de más de dos décadas de encuestas electorales,
ya se ven con toda claridad algunas regularidades de conducta. Una clásica es
que los políticos favorecidos por los resultados de una encuesta la avalan
mientras que los no favorecidos la descalifican. Esto es entendible y forma
parte de sus estrategias. Sin embargo, los encuestadores también emplean un
spin o "giro" argumentativo dependiendo de las circunstancias. Cuando
una casa encuestadora acierta o tiene estimaciones muy precisas respecto al
resultado oficial de una elección no pierde tiempo en presumirlo y en decir que
es la mejor encuestadora del país; pero cuando sus estimaciones fallan, cuando
sus resultados se alejan del resultado oficial, niegan que sus ejercicios sean
pronósticos o echan la culpa a los votantes por mentir o por cambiar de último
momento su preferencia.
No temer a la autocrítica
La autorregulación comienza por la autocrítica. Para
ocultar sus errores, unos cuantos encuestólogos se autoengañan al decir que sus
encuestas no son "pronósticos" sino "diagnósticos" 3. Ésta
no sólo ha sido una mala estrategia de comunicación, ya que abona más a la
confusión que a la claridad de sus estudios, sino que va en contra de la naturaleza
y razón de ser de los sondeos electorales desde sus orígenes en el siglo XIX,
cuando algunos periódicos en Estados Unidos comenzaron a publicar sondeos
informales (straw polls) para prever el posible resultado de una elección 4. En
1949, el profesor de Harvard Frederick Mosteller apuntó en un reporte
científico sobre cómo medir y evaluar la precisión de las encuestas
preelectorales una frase que tiene vigencia en México: "las organizaciones
o empresas encuestadoras no han educado adecuadamente al público acerca de la
magnitud de sus errores, y las afirmaciones acerca de tales errores, en vez de
ser considerados como información útil, son vistos como evasivas" 5.
Documentar el historial
La amplia experiencia de encuestas en México permite
armar un historial acerca de su desempeño y precisión, identificar posibles
sesgos de casas encuestadoras y comparar los resultados de la industria con los
de otros países. En esto no hay mucho que inventar, ya la profesión demoscópica
en sus ámbitos profesional y académico ha desarrollado criterios que funcionan
bien, incluidos los métodos Mosteller desde hace más de medio siglo.
Continuar 'educando'
La profesión de encuestas en México requiere de una
mayor claridad en la naturaleza, la función y la utilidad pública de los
sondeos. No se trata de eliminar "malas" encuestas o
"malas" prácticas, sino de distinguirlas y de señalarlas de una
manera adecuada. En esto resulta crucial la responsabilidad de los
encuestadores y de aquellos que comentan sus resultados y que pretenden ser
serios y creíbles.
Dar mejores resultados
Al final del día, la credibilidad de las encuestas se
basa en gran medida en su precisión. El paquete completo incluye encuestas bien
hechas, bien documentadas, transparentes, informativas (saber quién vota por
quién y por qué) y, por supuesto, precisas.
Notas:
1. Conferencia sobre encuestas en el Colegio de
México, 31 de agosto de 2012.
2. Las encuestas en la elección presidencial de María
del Carmen Alanís, Este País, octubre 2012.
3. La asociación de encuestadores AAPOR deja en claro
la función de pronóstico en el documento:
http://sherwood-aapor.informz.net/sherwood-aapor/archives/archive_2780431.html
4. En los años treinta del siglo XX los sondeos
electorales elevaron su estatura científica al adoptar métodos de muestreo y de
medición de opiniones y actitudes.
5. Measuring the Error de Frederick Mosteller; en The
Pre-Election Polls of 1948: Report to the Committee on Analysis of Pre-Election
Polls and Forecasts, Social Science Research Council, Bulletin No. 60. Nueva York, 1949.
¿Qué opinan los diputados?
Ambivalentes ante su desempeño reciente, los miembros
de la LXII Legislatura ven entre algo y poco probable aprobar una mayor
restricción a sondeos.
¿Qué tan probable cree usted que en la actual
legislatura se apruebe una mayor restricción a las encuestas electorales?
|
Poco probable
|
42%
|
|
Algo probable
|
36
|
|
Muy probable
|
14
|
|
Nada probable
|
8
|
¿Con cuál de los siguientes puntos de vista está más de acuerdo?
Las encuestas electorales.
|
Son usadas como propaganda
política
|
47%
|
|
Brindan información
valiosa a los ciudadanos
|
33
|
|
Postura intermedia
|
20
|
|
Deben permitirse
completamente
|
45%
|
|
Postura intermedia
|
32
|
|
Deben restringirse
completamente
|
23
|
¿Cómo calificaría a las encuestas electorales por su desempeño en este 2012?
|
Muy bien / Bien
|
38%
|
|
Muy mal /Mal
|
35
|
|
Regular
|
27
|
¿Cómo calificaría a las encuestas electorales por su desempeño en general en los procesos electorales en México?
|
Muy bien / Bien
|
41%
|
|
Regular
|
32
|
|
Muy mal /Mal
|
27
|
Metodología: Encuesta realizada por REFORMA a 238 diputados federales de la actual LXII Legislatura de todos los partidos. Los diputados contestaron un cuestionario entre el 18 de septiembre y el 18 de octubre de 2012. Los resultados están ponderados por el tamaño proporcional de cada grupo parlamentario.
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Periodismo: oficio de muerte
Periodismo: oficio de muerte
Carlos Moncada Ochoa: Periodista. En
su más reciente libro, el sonorense documenta 248 asesinatos de periodistas
ocurridos en México de 1876 a
2012.
Andro Aguilar
(18 noviembre 2012).- Carlos Moncada
Ochoa ha investigado los asesinatos de periodistas registrados en México desde
que Porfirio Díaz se hizo del poder en 1876, y su conclusión es contundente:
"hoy estamos en el peor momento de la historia".
Con las crecientes agresiones hacia
los comunicadores -248 asesinatos desde el Porfiriato y 99 en los últimos 12
años- su diagnóstico empeora a diario.
"Como están las cosas, dentro de
un mes será peor momento que éste, y dentro de un año será también peor momento
que éste", advierte.
Con más de medio siglo de trayectoria
periodística y tres décadas de estudiar la violencia contra este gremio, el
sonorense lamenta quedarse sin respuestas cuando se le pregunta sobre una
posible solución para frenar las agresiones.
"Mientras no los detengan (a los
homicidas) no es posible tener una perspectiva clara. Me apena ser pesimista,
pero no veo claro", lamenta.
El autor de una treintena de libros
destaca algunas causas de la violencia que amenaza a la libertad de expresión
en México: "En gran parte se trata de voluntad política, y de que cumplan
con el código penal. La ley previene o exige el cumplimiento de la ley a los
funcionarios que debe ser recta y honesta. Si la cumplen, no habrá aliados del
crimen organizado en puestos públicos", señala.
El también abogado reconoce los
avances legales que México ha logrado a lo largo de la historia para combatir
estos crímenes, pero destaca su poca utilidad.
"Es para castigar al que ya
asesinó, al que ya cometió el crimen, pero una ley no es preventiva, la
prevención está en manos de los cuerpos policiacos".
El pasado lunes fue instalada la
Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, conformada por activistas y comunicadores, que
busca aplicar para su protección los lineamientos que ha diseñado la CNDH.
Por la movilidad que requiere la
labor periodística, Moncada muestra sus reservas respecto a dicho mecanismo,
por la dificultad para ejecutar esas medidas preventivas.
"Si fuéramos burócratas y
tuviéramos un horario para entrar y un punto fijo para estar trabajando, creo
que nos podrían vigilar", señala.
'El oficio de muerte'
Apenas terminada la Revolución
Mexicana, cuando los políticos cargaban pistola al cinto para defender a tiros
su cargo público; el candidato a senador Francisco Tejeda Llorca mató a balazos
en plena calle al periodista sonorense Jesús Z. Moreno, su compañero en el
Congreso.
Cobijado por la despreocupación que
le brindaba el fuero constitucional, Tejeda sólo alcanzó a vivir una semana
más. María del Pilar Moreno, la hija de 14 años de edad del legislador
asesinado, lo esperó frente a su vivienda hasta que pudo descargarle en el
cuerpo las balas de una pistola calibre 22 cuando lo vio salir.
Con ese caso comenzó la investigación
de Moncada sobre los asesinatos de periodistas que derivó en un catálogo al que
tituló Periodistas asesinados (1991).
Veintiún años después, con 77 años de
edad, el sonorense publica Oficio de muerte. Periodistas asesinados en el país
de la impunidad (Grijalbo, 2012), al que define como una denuncia en sí misma.
Moncada documenta en nueve capítulos
los crímenes cometidos desde el Porfiriato y la Revolución Mexicana hasta
nuestros días. En ellos incluye un capítulo exclusivo para exponer los
asesinatos de mujeres periodistas y narra la incursión del crimen organizado.
El libro destaca, entre otros
aspectos, cómo desde los años sesenta el crimen organizado ha sido, en colusión
con las autoridades policiacas y judiciales, la principal amenaza para los
periodistas.
"En las últimas décadas es
evidente que es el crimen organizado el homicida, pero me parece muy importante
aclarar quién es el crimen organizado", dice, "son parte del crimen
organizado el funcionario, el presidente municipal, el policía que actúa de
común acuerdo. Ellos también lo son.
"Mi esperanza es que los
periodistas sigan haciendo periodismo cada vez mejor, incluso frente a los
riesgos", añade.
Novedad editorial
· Título: Oficio de muerte.
Periodistas asesinados en el país de la impunidad.
· Autor: Carlos Moncada Ochoa.
· Editorial: Grijalbo.
· Prólogo: Miguel Ángel Granados
Chapa.
· Páginas: 311
· País: México.
· Año: 2012.
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La cultura política
(18 noviembre
2012).- XXVI Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Homenaje a Carlos
Fuentes. Participan Sergio Ramírez, Luisa Valenzuela, Elena Poniatowska y Juan
Cruz. Sábado 24, 17:00 hrs. Auditorio Juan Rulfo, Expo Guadalajara. Av. Mariano
Otero 1499, colonia Verde Valle, Guadalajara, Jalisco.
Encuentros
Encuentro
Internacional sobre cultura democrática. Ilán Semo, Francisco Valdés, Miguel
Insulza, Mónica González, Alberto Nassif, María Marván, Luis F. Aguilar, Issa
Luna, Manuel Alcántara, entre otros. Lunes 26 a miércoles 28, 9:00 a 19:00 hrs. Sala
Europa y Auditorio del Hotel Hilton.
Encuentro
Internacional de Periodistas. Los otros caminos de la información. Organiza la
Dirección General de Medios, Dirección de Prensa y Comunicaciones de la UdeG y
editoriales participantes. Jon Lee Anderson, Juan Villoro, Martín Caparrós,
Francisco Goldman, William Finnegan, Álex Grijelmo, Darío Jaramillo, Sergio
Páez Varela, Juan Pablo Meneses, Marcela Turati, Anabel Hernández, Diego
Fonseca, entre otros. Miércoles 28
a domingo 2 de diciembre, 10:00 a 20:00 hrs. Salón
México II del Hotel Hilton y Salón 1, 2, 4, C , Profesionales y Enrique González Martínez
de la Expo Guadalara.
Presentaciones
Teoría y práctica de
las nulidades electorales de Adriana Margarita Favela. Noriega/Limusa. Sábado
24, 16:00 hrs. Salón A, Expo Guadalajara.
Partidos, facciones
y otras calamidades de Alfredo Ávila y Alicia Salmerón. Conaculta / FCE / UNAM.
Domingo 25, 12:00 hrs. Salón José Luis Martínez, Expo Guadalajara.
Crónica de un
sexenio fallido. La tragedia del calderonismo de Ernesto Núñez Albarrán.
Grijalbo. Miércoles 28, 13:00 hrs. Salón México II, Hotel Hilton.
'Haiga sido como
haiga sido'.
El sexenio de
Calderón de Daniel Camacho. Cal y Arena. Miércoles 28, 17:00 hrs, en el
Salón de
Profesionales, Expo Guadalajara.
Ovejas negras de Emiliano Ruiz Parra. Océano. Jueves 29, 19:10 hrs. Salón México II,
Hotel Hilton.
Levantones.
Historias reales de desaparecidos y víctimas del narco de Javier Valdez.
Aguilar. Viernes 30, 16:00 hrs. Salón 2, Expo Guadalajara.
México en llamas. El
legado de Calderón de Anabel Hernández. Grijalbo. Sábado 1o., 16:00 hrs. Salón
1, Expo Guadalajara.
La guerra de los
Zetas de Diego Osorno. Grijalbo. Sábado 1o., 18:00 hrs. Salón 2, Expo
Guadalajara.
Historias de
resistencia ante la guerra en México de Marcela Turati. Sur+. Domingo 2, 12:00
hrs. Salón C, Expo Guadalajara.
Morir en México de
John Gilber. Sur+ y Fábrica del crimen de Sandra Rodríguez. Planeta.
Domingo 2, 13:00
hrs. Salón C, Expo Guadalajara.
Peña Nieto: el gran
montaje de Jenaro Villamil. Grijalbo. Domingo 2, 16:00 hrs. Salón 2, Expo
Guadalajara.
Coloquios
Los horizontes de la
democracia en México después de los comicios de 2012. Organiza el IIS UNAM.
José Woldenberg, Luis F. Aguilar, Rolando Cordera, Francisco Suárez, Nguyen
Dong, entre otros. Martes 20 a
jueves 22, 10:00 hrs. Salón 1 del Posgrado de la FCPyS-UNAM. CU. Informes: 5622
7390.
Conferencias
La política
exterior. Un momento oscuro de nuestra diplomacia. Hermilo López. Organiza la
Facultad de Derecho de la UNAM. Martes 20, 17:00 hrs. CU. Informes:
http://bit.ly/dRGgCA
Envejecimiento
activo y calidad de vida. Verónica Montes de Oca, Julio Pérez, Gloria
Fernández-Mayoralas, entre otros. Miércoles 21, 9:30 hrs. Coordinación de
Humanidades de la UNAM. CU. Informes: www.iis.unam.mx
El fracaso de la
Cumbre de Río+20 y los retos del desarrollo. Barbara Adams. Jueves 22, 11:00
hrs. Sala Isabel y Ricardo Pozas de la FCPyS. CU.
Globalización y la
autogestión como organización actual. Ignacio Gutiérrez. IIS UNAM. Viernes 23,
11:00 hrs. Aula 2 del Instituto. Informes: iis.unam.mx
Foros
Medios Digitales y
Periodismo. Erik Fernández, Mariclaire Acosta, Darío Ramírez, Mike O' Connor,
Daniel Moreno, Eileen Truax, Elia Baltazar, José Luis Sanz, Juan Esteban Lewin,
entre otros. Distintas Latitudes. Viernes 23, 10:00 hrs. British Council. Lope
de Vega 316, Polanco. Informes: http://bit.ly/QgLLFw
Libros
La parábola de
Pablo. Auge y caída de un gran capo del narcotráfico de Alonso Salazar J.
Planeta. Retrato periodístico del contradictorio personaje desde sus orígenes
hasta descenso.
País de mentiras de Sara Sefchovich. Océano. Investigación académica y hemerográfica que descifra la mentiras
en el discurso público mexicano, sus causas y consecuencias sociales.
Por una democracia
eficaz de Luis Carlos Ugalde. Aguilar. Recuento de los procesos
democratizadores de México como nación independiente. El autor analiza por qué
la democracia electoral no se ha traducido en gobiernos eficaces.
Mesas redondas
Delincuencia
organizada y protección penal de los derechos humanos. Francesco Vigano,
Patricia Faraldo Cabana y Sergio García Ramírez. Miércoles 21, 17:30 hrs. IIJ
UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n, CU. Informes: 5622 7474, ext. 1768.
Construcción social
alternativa: ECOS de los pueblos. Carlos Beas, Antonio Cerezo, Ricardo del
Conde, Vladimir Tlali, Gustavo Esteva, Reyna Ramírez, Enrique Pineda, David
Acevedo, Carlos Ventura y Norma Romero. CEIICH UNAM. Jueves 22, 10:00 hrs.
Torre II de Humanidades. CU.
Presentaciones
Modelos de
financiamiento de las pensiones de vejez. Hacia una viabilidad social y
financiera de María Ascensión Morales. UNAM. Leoba Castañeda, Héctor
Fix-Fierro, Patricia Kurczyn y Porfirio Marquet. Martes 20, 18:00 hrs. Facultad
de Derecho UNAM. CU. Informes: http://bit.ly/dRGgCA
Con dinero y sin
dinero. Nuestro ineficaz, precario e injusto equilibrio fiscal de Carlos
Elizondo Mayer-Serra. Debate. José Antonio Meade, Ernesto Cordero, David
Penchyna. Manlio Fabio Beltrones y el autor. Miércoles 21, 19:00 hrs. Club de
Industriales. Andrés Bello 29. Polanco.
Violencia de Estado.
La guerra antiterrorista y la guerra anticrimen como medios de control global
de Pilar Calveiro. Siglo XXI. Maya Aguiluz, Horacio Cerutti, Carlos Fazio,
Federico Álvarez y la autora. Miércoles 21, 19:00 hrs. Cerro del Agua 248,
Romero de Terreros.
¿Dónde quedó la
bolita? Del federalismo de la recriminación al federalismo de la eficacia.
Índice de competitividad estatal 2012. IMCO. Jueves 22, 8:30 hrs. Hotel
Marriot. Paseo de la Reforma 276, Juárez. Informes: http://bit.ly/U0bPE4
Ciudadanos
inesperados. Espacios de formación de la ciudadanía ayer y hoy coordinado por
Ariadna Acevedo y Paula López. Colmex/Cinestav. Jueves 22, 18:00 hrs. El
Colegio de México. Informes: 5449 3000.
Seminarios
Sentencias de la
Corte Interamericana, su impacto en la construcción de Estados democráticos.
Javier Hernández, Juan Silva, Olga Sánchez, Claudio Nash, José Suasnavar, Tita
Radilla, Abel Barrera, Silvia Dutrenit, Miguel Pulido, Eduardo Ferrer, Miguel
Cano, entre otros. Martes 20 a
jueves 22, 9:00 hrs. CDHDF e Instituto Mora. Informes: http://bit.ly/RYbSOd y
5554 8946, ext. 3127.
Formas de
descontento y protestas populares contemporáneas. Marco Estrada, Arcadi
Olivieres, Fernando Carrión, Carlos Marichal, Fabrice Balanche, Marta Tawil,
entre otros. Colmex y UV. Martes 20, 10:00 hrs. El Colegio de México. Informes:
5449 3000.
De la transparencia
a los archivos: a 10 años de la Ley Federal de Transparencia. Organiza el
TEPJF. Jueves 22 y viernes 23, 9:00 hrs. Carlota Armero 5000, CTM Culhuacán.
Informes: 5728 2300 y http://bit.ly/QeqyMu
Revistas
Zócalo No. 153.
Número dedicado a los retos periodísticos de la era multimedia. Política y
ciudadanía en redes digitales, por Raúl Trejo; Infiltra telebancada Comisiones
del Congreso, por Gerardo Montes; De la galaxia de Gutemberg a la blogósfera y
tuitósfera, por Jenaro Villamil.
Teatro
Los diputados de
Paulo Sergio Galindo. Una visión crítica de la clase política mexicana a través
de los elementos del clown. Martes 20:30 hrs. Teatro Hélenico. Revolución 1500,
Guadalupe Inn. Informes: http://bit.ly/daUdM7
Si desea difundir
alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo
electrónico: enfoque@reforma.com
