Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
www.cartamesoamericana.com / www.ikbalam.org
Domingo 7 de febrero de 2010
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS DE HAITI
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA
Colaborador Invitado / Más que el matrimonio gay
La acción de inconstitucionalidad promovida por la PGR contra las reformas al Código Civil del DF pone a prueba al Estado moderno
Colaborador Invitado
(7 febrero 2010).- José Luis Caballero y Alejandro Juárez
El gobierno federal ha puesto al descubierto su talante homofóbico con la presentación de la acción de inconstitucionalidad en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Las reformas al Código Civil del Distrito Federal en este sentido no han hecho más que reconocer igualdad jurídica a las personas homosexuales, al tiempo que, en un nivel simbólico, avanzan contra la discriminación fáctica, histórica y normativa que, en general, ha padecido este sector a lo largo del tiempo.
Aún cuando el presidente Felipe Calderón reconoció en su discurso ante la Conferencia Internacional sobre el SIDA que se han tenido que enfrentar "los mitos, la homofobia, los prejuicios, la discriminación que causan tanto daño social como el virus", la Procuraduría General de la República ha impugnado una medida que contribuiría a remediar justamente aquello que el Presidente denunciaba en 2008.
Más allá de las incongruencias éticas y los dilemas morales de una administración, el impacto de la acción de inconstitucionalidad repercute no solamente en el ámbito del reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales), sino en el devenir de México. En resumidas cuentas, este debate se centra en la consolidación de un solo modelo de país y de ciudadano, afincado en una cosmovisión anacrónica del siglo XIX; o bien, en reconocer y celebrar la pluralidad y la diversidad como motor de todo Estado moderno, democrático y consecuente con la universalidad de los derechos humanos.
El derecho no es un conjunto de normas y principios estáticos; por el contrario, debe recuperar su papel como promotor de cambios sociales e interpelar a un modelo cultural ya rígido e insuficiente en la garantía de los derechos humanos sin discriminación. Esta visión del derecho como un agente de transformación social y no de aletargamiento de la sociedad y la cultura es la que deben adoptar los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al entrar en el análisis de la acción de inconstitucionalidad.
Pero además, la Corte debe incorporar a su deliberación los estándares internacionales de derechos humanos, así como los avances científicos, sociales y culturales que se han registrado en la última época. De igual manera, tiene que referirse a la experiencia internacional.
Desde la biología, la medicina, la psicología y el psicoanálisis; la sociología y la antropología, en las que se inscriben los estudios más acabados de género y deconstrucción de los paradigmas machistas y heterodominantes, se han hecho grandes aportaciones al entendimiento de la diversidad cultural, social y sexual de las sociedades contemporáneas, lo mismo que a los nuevos modelos familiares.
El Estado mexicano, en su vertiente más acabada de Estado social de derecho, nunca ha excluido del modelo de cobertura familiar a los hogares monoparentales. Por ello, se está imponiendo una interpretación restrictiva y contraria al principio pro persona, del artículo 4 constitucional. La resolución de la Corte debe concordar con el derecho internacional, de modo que no predomine un modelo único de familia. Su decisión debe referir la protección de la ley a todos los modelos de familia, incluidas las familias conformadas por parejas del mismo sexo.
Desde la perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a partir del interés superior de éstos (un principio recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño), debe considerárseles como verdaderos sujetos de los derechos, con capacidad de decidir, independientemente del modelo familiar que los acoja.
La igualdad y la no discriminación constituyen derechos humanos. No son una dádiva o prerrogativa que concede el Estado, sino condición inherente a las personas por el simple hecho de existir. Son independientes de la voluntad del gobierno, de la orientación sexual, y no se consultan ni se negocian. Es responsabilidad del Estado garantizar su respeto, ejercicio y protección conforme a los estándares más elevados en cada materia.
José Luis Caballero Ochoa es académico investigador de la Universidad Iberoamericana. luis.caballero@uia.mx
Alejandro Juárez Zepeda es coordinador del Ombudsgay de i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. ombudsgay@idheas.org
Entrevista / Pedro Zerolo / 'A defender el Estado laico'
Entrevista Derechos vs. dogmas. Pedro Zerolo: secretario de Movimientos Sociales del PSOE. El político y activista español asegura que en México la iglesia y la derecha están más activas que nunca para frenar la ampliación de derechos
Karla Garduño Morán
(7 febrero 2010).- El Estado laico está amenazado por el "matrimonio" entre la derecha extrema y la jerarquía de la Iglesia Católica, no sólo en México, sino en todo el mundo, advierte Pedro Zerolo, político español promotor de los derechos de los homosexuales.
En medio del debate provocado tras la aprobación del matrimonio y la adopción legal entre parejas homosexuales en el Distrito Federal, el secretario de Movimientos Sociales del Partido Socialista Obrero Español estuvo en México, en donde pudo constatar que la derecha y la iglesia ejercen una fuerte influencia para evitar avances como los que se han dado en la capital del país.
"Ahora más que nunca hay un matrimonio activo; siempre ha existido un matrimonio de conveniencia entre las jerarquías de las distintas iglesias y la derecha extrema, pero ahora no sólo existe, sino que es activa, están intentando poner en solfa al Estado laico y en este debate en México se están oyendo cosas que nunca se pensó que se pudieran decir. Un Estado tradicionalmente laico, respetuoso con la diferencia, con la libertad de conciencia, pero siempre muy cuidadoso de que no se intente por parte de algunos imponer su moral a todos, y es lo que intenta la jerarquía de la Iglesia Católica: imponer su moral, sus dogmas y su doctrina a todos", dice el activista.
Zerolo es concejal en el ayuntamiento de Madrid desde el 2003 y, en paralelo a su carrera política, trabaja como activista. Desde 1997 y hasta 2003 lideró la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, una de las asociaciones de homosexuales más reconocidas, y fue un importante impulsor de las leyes que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2005, tras lo cual él mismo contrajo matrimonio.
En paralelo a la aprobación de los matrimonios homosexuales en la Ciudad de México, en otras entidades del país se están aprobando leyes antiaborto defendidas por la iglesia, ¿cómo se defiende el Estado laico en una situación así?
El Estado laico hay que defenderlo continuamente, porque los de siempre siguen teniendo mucho poder y quieren laminarlo en interés propio para imponer su voluntad, y eso es peligroso. Defender el Estado laico es apostar por iniciativas como las que se están tomando en Ciudad de México. Me preocupa lo que está pasando en muchos estados de México, pero también es verdad que Ciudad de México marca tendencia política y el discurso de futuro que tiene que ver con la diversidad, con el avance social, con la efervescencia cultural y con la prosperidad económica, lo está encarnando ahora mismo la ciudad y su alcalde.
Uno pensaría que el debate por los derechos de los homosexuales está más que superado en Europa. ¿Es así?
No está superado. Es más, quiero poner de manifiesto que en Europa en este momento están soplando aires de racismo, xenofobia, machismo, homofobia, aires verdaderamente preocupantes. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los gobiernos de la Unión Europea son gobiernos o de derecha o de derecha extrema, y gobiernos de progreso, gobiernos socialistas, son los menos.
Veo la situación con preocupación y también con esperanza, porque la presidencia española de la Unión Europea inició en enero y el presidente Zapatero apuesta por el desarrollo del Tratado de Lisboa, por la carta europea de los derechos fundamentales, que tiene que ser el germen de la futura Constitución europea.
España se va a convertir en este primer semestre en el primer país de Europa que va a trasponer todas y cada una de las directivas antidiscriminatorias y va a tener la primera Ley de Igualdad de Trato, que va a garantizar la igualdad no sólo en el ámbito laboral sino también en el acceso a bienes y servicios.
¿El gran opositor sigue siendo la iglesia?
Las jerarquías de todas las iglesias, que se han convertido en lastres de progreso, se han opuesto a todo en España y en México. En España salieron a la calle a manifestarse todos los obispos de la mano de los dirigentes del Partido Popular, que son la derecha que representa en México el PAN; cogidos de la mano, exteriorizando un matrimonio de conveniencia que ha existido siempre entre las jerarquías de las distintas iglesias, concretamente de la jerarquía de la Iglesia Católica, y la derecha extrema. Eso es lo que hemos vivido siempre en Latinoamérica.
No sólo se han manifestado contra el matrimonio de personas del mismo sexo, se han manifestado contra la ley de divorcio, contra la ley de identidad de género, la ley de igualdad entre mujeres y hombres, las leyes de interrupción voluntaria del embarazo, las campañas de prevención de VIH, la ley de reproducción asistida. De haber sido por ellos, viviríamos en España en un país completamente diferente al que ha querido la inmensa mayoría de la ciudadanía durante estos 30 años de democracia.
Y en México está pasando lo mismo. Que se manifiesten como quieran, pero que no llamen conservadurismo a lo que en muchas de sus manifestaciones es homofobia, cuando no machismo o racismo.
¿Cuál ha sido para ustedes la estrategia para vencer la resistencia de las jerarquías y la extrema derecha?
Lo más difícil en mi vida de activista fue convencer a mis propios pares, a mis iguales. Convencer a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de que estaban siendo discriminados y que tenían derecho a ser iguales, porque han sido siglos y siglos de discriminación.
Todavía hay grupos que están intentando curar a homosexuales en México. Espero que las autoridades públicas actúen, porque esto va en contra de todos los dictados de todas las organizaciones internacionales que tienen que ver con la psiquiatría y la psicología. Aquí no hay nada que curar, el problema no es ser homosexual, el problema es ser homofóbico; el problema no es ser mujer, el problema es ser machista; el problema no es ser negro, el problema es ser racista.
Hay quienes han crecido creyendo que eran enfermos, anormales, lo peor de la sociedad, porque se los repetían y se los repiten todavía; por lo tanto, convencerlos, organizarlos para constituir un movimiento de autodeterminación, para mí fue lo más difícil.
A continuación, generar redes respecto a los colectivos. La clave en España fue ir todos a una en defensa de la igualdad, crear una federación nacional de todos los colectivos, respetando la diversidad del movimiento pero yendo a una, y elaborar un discurso que no sólo ha sido ganador respecto a nuestros derechos, sino que ha impregnando a la izquierda española y europea, y llegar de la mejor manera que se puede llegar, convenciendo, sin violencia. Hemos convertido a España en el primer país del mundo que en una sola legislatura reconoce la dignidad homosexual y transexual, reconoce la plenitud de un derecho de los hombres y las mujeres homosexuales y transexuales.
¿Lo hubieran conseguido sin un gobierno de izquierda?
Nunca. Todavía hoy en España la derecha no para de trabajar en contra de los derechos LGTB, ni en España ni en ningún país, porque la internacional de la derecha y de la ultraderecha cada vez tiene más poder y continuamente está trabajando en contra de la igualdad y de determinados derechos irrenunciables. Hubiera sido imposible con el presidente Aznar. Lo que ha hecho la derecha española es intentar que lo imposible siguiera siendo imposible.
¿Cómo colaboraron ustedes con la discusión en México?
Yo he tenido distintos contactos, llevo viniendo a México desde hace varios años, a distintos actos. Luego vine a la conferencia mundial del VIH SIDA en el 2008, he tenido la oportunidad de tener una entrevista con Marcelo Ebrard, y he tenido muchísimo contacto con el movimiento socialista y con los dos partidos hermanos del partido socialista, de la Internacional Socialista que son el PRD y el PRI.
¿Y al PRI lo ves también con ese mismo ánimo de reconocer derechos?
Yo creo que la apuesta de Ciudad de México ha sido una apuesta clara del PRD, una apuesta clara de David Razú, donde ha jugado un papel importante Marisela Contreras y la propia presidenta de la asamblea Alejandra Barrales y también ha sido importante que el PRI haya dejado hacer y no se oponga. Cada partido decide cuál es su papel, lo importante en el avance de derechos y en el reconocimiento de la dignidad es no oponerse, facilitar que leyes como ésta vean la luz.
Al PRI se le critica que deje hacer al PAN en otros estados para la aprobación de las leyes antiaborto.
Yo soy un hombre de izquierda y soy de los que piensan que la izquierda o es valiente o no es izquierda y a mí me gusta pedir a mis compañeros que sean valientes, que en la valentía está el secreto de la igualdad y de la libertad y ése es nuestro sino; por tanto, siempre hay que abrir caminos que amplíen derechos, que reconozcan realidades y que no se opongan a avances que son irreversibles. Ése es el camino que tengo claro y que desarrollo donde trabajo.
Conózcalo
· Nombre: Pedro Zerolo.
· Nacimiento: Caracas, Venezuela, 1960.
· Estudios: abogado por la Universidad de San Fernando en Venezuela.
· Trayectoria activista: desde 1985 comenzó a trabajar por los desprotegidos en el barrio madrileño de Entrevías. En 1992 empezó a dar asesoría en el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid y de
· Trayectoria política: en 2003 fue electo concejal del Grupo Municipal Socialista en Madrid, y fungió como portavoz del Medio Ambiente. Fue reelecto en 2007 y se encargó de la oficina de Familia y Servicios Sociales. En 2004 fue electo miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español, haciéndose cargo desde entonces de la Secretaría de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG.
"El problema no es ser homosexual, el problema es ser homofóbico;
el problema no es ser mujer, el problema es ser machista;
el problema no es ser negro, el problema es ser racista".
Pedro Zerolo, político y activista español
Alianzas sin proyecto
REPORTAJE PAN-PRD. PAN y PRD lograron la alternancia en tres estados compitiendo juntos contra el PRI, pero los gobiernos emanados de esas coaliciones no cumplieron la oferta hecha a la ciudadanía
Karla Garduño Morán
(7 febrero 2010).- El "matrimonio" entre el PRD y el PAN se ha consumado 10 veces en 20 años y sólo en tres ocasiones logró su cometido de destronar al PRI; sin embargo, ninguno de los gobiernos estatales emanados de esta alianza tuvo un final feliz.
Entre 1991 y el 2004, seis candidatos panistas, tres ex priistas y un candidato independiente (pero ningún perredista) lograron reunir en torno suyo a los partidos mayoritarios de la izquierda y la derecha, los mismos que este año pretenden aliarse para derrotar al PRI en Oaxaca, Durango, Hidalgo, Puebla y Sinaloa.
Nayarit: la alianza taxi
Luego de dos intentos fallidos -el primero en 1991 en San Luis Potosí con Salvador Nava y el segundo en 1992 en Durango, con el hoy secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo-, el primer triunfo de la coalición PAN-PRD lo protagonizó en Nayarit Antonio Echevarría, un ex priista cuya fuerza electoral residía en ser el empresario más importante del estado.
Era 1999 y la elección presidencial estaba a un paso, de modo que la alianza nayarita provocó entusiasmo entre toda la oposición y se consideró un experimento que eventualmente abriría la puerta para una gran coalición de todas las oposiciones en las elecciones presidenciales del 2000, en las que finalmente Vicente Fox y Cuauhtémoc Cárdenas compitieron por separado.
En Coahuila también se pactó ese año una alianza entre estos partidos para respaldar la candidatura del panista Juan Antonio García Villa, pero no tuvo el empuje de la campaña de Echevarría, concesionario de Coca-Cola y Volkswagen en Nayarit, amigo y colega de Fox, a quien defendió afanosamente durante toda su gestión.
"La alianza fue solamente para llevar al candidato a la gubernatura. No fue una alianza para gobernar, fue una alianza para llegar, lo cual después los partidos políticos pagaron muy caro, porque no capitalizaron ese capital político que habían logrado durante la candidatura", explica Lourdes Pacheco, investigadora del área de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN).
"En aquel tiempo le llamé la 'alianza taxi', porque solamente servía para que llegaran al poder y luego se deshacían de los aliados y se iban", agrega.
A pesar de que la segunda fuerza en el estado era el PRD -mientras que el PAN tenía niveles del 4 por ciento- el flamante gobernador optó por afiliarse al albiazul en el 2001.
A la mitad de la gestión nayarita, el presidente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, hizo un balance positivo de la alianza, mientras que el secretario de Acción Electoral perredista, Juan Guerra, lamentó que el de Echevarría se hubiera convertido en un gobierno del PAN en contra del PRD. El partido del sol azteca interpuso ante el Congreso una demanda de juicio político por violación de las leyes, mal uso de los recursos y ataque a las instituciones democráticas, pero la solicitud no prosperó.
El mandatario nayarita faltó a la mayoría de sus promesas de campaña, como terminar con los cacicazgos y la corrupción imperantes en las administraciones priistas. "No toleraré mafias, ni caciques, en ninguna institución educativa", enfatizó en su discurso de toma de posesión.
En la segunda mitad de su gobierno acabó por aliarse al cuestionado líder moral del SNTE en la entidad, Liberato Montenegro, a través de la amistad de sus respectivos hijos, Antonio Echevarría García y Jorge Aníbal Montenegro Ibarra.
Echevarría advirtió que formaría un gabinete de amigos y así lo hizo: dos de sus primos, Leopoldo y José Luis Domínguez, ocuparon las secretarías de Salud y Desarrollo Rural, respectivamente, y su amigo Jorge Bañuelos, la Procuraduría de Justicia. Poco antes de dejar su cargo, el gobernador repartió permisos de taxis a funcionarios de su gobierno, amigos y hasta a su peluquero.
"Fue una gestión muy sui géneris en el sentido de que trató de incorporar a personas que no eran de la clase política tradicional. Abrió el espacio a sus amigos, la gente cercana a él, un gobierno con corte empresarial en donde los que llegan a los cargos son sus amigos y compadres", dice Pacheco, autora del libro Con el pueblo tengo. Elecciones locales de 1999 (UAN, 2002).
Según la especialista, Echevarría llegó sin un proyecto de gobierno distinto al de sus predecesores, y aunque marcó algunas diferencias como la apertura a los medios, se adoptó el mismo modelo populista de siempre. Lo que sí logró el nayarita fue triplicar la deuda pública de Nayarit: de
Al terminar su gobierno, Echevarría cambió de bando otra vez. Tras el desdén del PAN a la candidatura de su esposa, Martha Elena García, para sucederlo en el cargo en 2005, volcó sus fuerzas en la campaña del perredista Miguel Ángel Navarro. En ese escenario, el PRI recuperó la gubernatura.
Hoy en día, su grupo político, llamado toñismo, nutre las filas del partido del sol azteca y su esposa -quien renunció al PAN llevándose a miles de adherentes afiliados durante el gobierno de su esposo- es hoy diputada federal por ese partido.
Chiapas: la izquierda foxista
En torno a la candidatura de Pablo Salazar Mendiguchía se unieron ocho partidos en el 2000, además de algunos priistas inconformes con el proceso interno que hizo candidato a Sami David.
Salazar renunció al PRI luego de expresar su desacuerdo por la forma en que el gobierno de Ernesto Zedillo y el gobernador interino, Roberto Albores, manejaban el tema de los acuerdos de San Andrés Larráinzar y con ello se granjeó el apoyo de la izquierda.
Ganó en agosto del 2000, trepado en la ola de cambio generada por el triunfo de Fox.
Pero a seis meses de iniciada su gestión, Salazar Mendiguchía ya tenía plantones de campesinos que le demandaban el cumplimiento de sus promesas: "un gobierno incluyente, honrado, con visión de futuro, de reconciliación y de paz", según su propio discurso.
En un año, los líderes de los partidos que lo apoyaron ya criticaban su incapacidad para romper con la corrupción y la falta de un proyecto político.
"Los cambios no son simplemente una declaración de principios, es todo un proceso en donde tienes que involucrar a todos los actores, y ahí es donde pienso que la alianza de Pablo, y Pablo mismo, no cumplieron", señala Gerardo González Figueroa, académico de El Colegio de la Frontera Sur y fundador de la Coordinación de Organismos no Gubernamentales por la Paz.
A pesar de que su mayor sostén provenía de la izquierda, el mandatario chiapaneco buscó siempre la cercanía con el presidente Vicente Fox. En 2002, los gobernadores priistas y perredistas de la recién creada Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) lanzaron a Fox un ultimátum para que les reembolsara los recursos que había recortado a los estados, pero el mandatario chiapaneco se deslindó de la advertencia y asistió con los panistas a la reunión con el Presidente.
Al final de su gestión (en el 2006), Salazar agradeció a Fox el "apoyo" para Chiapas bautizando un boulevard en Tuxtla Gutiérrez con su nombre. Sin embargo, ese mismo año el gobernador dio su apoyo al candidato perredista Juan Sabines para sucederlo en el cargo.
El PAN rompió con Salazar y, al calor de la contienda entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, decidió inhibir la campaña de su candidato y llamar a votar por el PRI. Finalmente, el PRD retuvo la gubernatura con Sabines, quien después se deslindó del lopezobradorismo, apoyó a Calderón y hoy mantiene un gobierno sin una clara inclinación partidista.
"Un problema que marcó el destino del gobierno de Pablo fue el absurdo 'lamebotas' a Fox. Soy de la idea de que un gobernante tiene que servir, y de la manera en que sirve tiene que ser gratificado, pero tenemos un problema al endiosar a los gobernantes cuando tienen una obligación, una responsabilidad como funcionarios públicos y de servicio", señala González Figueroa.
El académico reconoce que con Salazar el estado alcanzó gobernabilidad -desde 1993 ningún gobernador había completado el sexenio- y que se trabajó en el desarrollo social, pero también señala que hubo mal manejo de recursos y corrupción.
Uno de los cuestionamientos más fuertes es el presunto desvió de una parte de los 11 mil millones de pesos que recibió su gobierno para la reconstrucción del estado luego de la entrada del huracán "Stan" en 2005.
Yucatán: la decepción
Los efectos de la elección presidencial del 2000 se extendieron hasta mayo del 2001 en Yucatán y, tras una controvertida campaña, el PAN logró derrotar al PRI en alianza con el PRD, PT y el PVEM.
El PRD, fuerza marginal en aquella entidad, se adhirió a la candidatura del panista bajo el argumento de que la alternancia era un imperativo en un estado que, por diversos conflictos, había sido gobernado 10 años por un solo hombre: Víctor Cervera Pacheco.
El día que ganó Patrón, la entonces lideresa del PRD, Amalia García, felicitó a los panistas y se despidió con una frase que dejó al panista el terreno libre para gobernar solo y no bajo el proyecto de una coalición: "disfruten su triunfo". Meses después, el PAN de Bravo Mena decidió negarle al PRD el apoyo solicitado para derrotar al PRI en Tabasco, a pesar de que la circunstancia era la misma: el PAN era una fuerza marginal, pero el 2 por ciento que obtuvo en las urnas hubiera ayudado al PRD a derrotar al priismo de Roberto Madrazo.
En Yucatán, Patricio Patrón encabezó una polémica administración, de la que el PRD se deslindó desde un inicio.
"Patrón pagó una cuota política mínima al PRD, le dio algunos lugares en su gobierno que fueron muy marginales. Fue una experiencia negativa, superficial, una alianza meramente electorera", dice Othón Baños, académico de la Universidad Autónoma de Yucatán.
El desarrollo de infraestructura, el progreso para todos los ciudadanos y el respeto de las leyes fueron los principales postulados de la campaña de Patrón, pero a lo largo de seis años se acumularon denuncias por beneficiar a parientes y amigos con cargos públicos y contratos, por un opaco manejo de los recursos y por ignorar las violaciones a los derechos humanos de las corporaciones policiacas.
"Los ciudadanos no veían a Patrón como el gobernante que había hecho gran cosa por Yucatán, que el PAN hubiera significado un cambio en el quehacer político, en el ejercicio del poder", apunta Baños.
Los hermanos del gobernador fueron los más beneficiados. Algunos se dedicaron a la especulación de bienes raíces, otros vendieron autos a las alcaldías panistas y otros controlaron los permisos de taxis y mercados.
En 2006, poco antes de que concluyera el sexenio de Fox, la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia penal ante la PGR contra amigos y familiares de Patrón por lavado de dinero.
La alternancia no resultó y en el 2007 los yucatecos volvieron a votar por el PRI y, en específico, por una candidata ligada al cerverismo: Ivonne Ortega.
Alianzas anti PRI
La historia de alianzas entre el PAN y el PRD inició en San Luis Potosí, en la mítica campaña de Salvador Nava de 1991. Hasta el 2004 (año de su último acuerdo) buscaron juntos 10 gubernaturas, sólo en tres casos lograron derrotar al PRI.
Las que ganaron
Nayarit 1999
PAN-PRD-PT-PRS*
· Candidato: Antonio Echevarría Domínguez (ex priista).
· Resultado:
| Coalición | 52.9% |
| PRI | 44.8% |
*Partido de la Revolución Socialista.
Chiapas 2000
PAN-PRD-PT-PVEM-PCD-PAS-Convergencia-PSN
· Candidato: Pablo Salazar Mendiguchía (ex priista).
· Resultado:
| Coalición | 52.7% |
| PRI | 46.9% |
Yucatán 2001
PAN-PRD-PT-PVEM
· Candidato: Patricio Patrón Laviada (panista).
· Resultado:
| Coalición | 53.5% |
| PRI | 45.5% |
Las que perdieron
San Luis Potosí 1991
PAN-PRD
· Candidato: Salvador Nava Martínez (independiente).
· Resultado:
| Coalición | 32$ |
| PRI | 62% |
Durango 1992
PAN-PRD
· Candidato: Rodolfo Elizondo Torres (panista).
· Resultado:
| Coalición | 37.1% |
| PRI | 52.8% |
Tamaulipas 1992
PAN-PRD
· Candidato: Jorge Cárdenas González (panista).
· Resultado:
| Coalición | 25.8% |
| PRI | 66.4% |
Coahuila 1999
PAN-PRD-PT-PVEM
· Candidato: Juan Antonio García Villa (panista).
· Resultado:
| Coalición | 34.7% |
| PRI | 61.6% |
Colima 2003*
PAN-PRD-ADC**
· Candidato: Antonio Morales de la Peña (panista).
· Resultado*:
| Coalición | 47.8% |
| PRI | 51.6% |
*Elección extraordinaria.
**Asociación por la Democracia Colimense.
*** PRI-PT-PVEM
Chihuahua 2004
PAN-PRD-Convergencia
· Candidato: Javier Corral Jurado (panista).
· Resultado:
| Coalición | 41.4% |
| PRI | 51.5% |
*PRI-PT-PVEM
Oaxaca 2004
PAN-PRD-Convergencia
· Candidato: Gabino Cue Monteagudo (ex priista).
· Resultado:
| Coalición | 44.6% |
| PRI | 47.2% |
*PRI-PT-PVEM
LAS QUE SE COCINAN EN 2010
Durango
· Candidato: José Rosas Aispuro Torres (ex priista).
· Fecha límite de registro: 7 de marzo.
Hidalgo
· Posibles candidatos:
- José Guadarrama (PRD).
- Francisco J. Berganza (Convergencia).
- Xochitl Gálvez (independiente).
· Fecha límite de registro: 20 de febrero.
Oaxaca:
· Posible candidato: Gabino Cué (ex priista, hoy militante de Convergencia).
· Fecha límite de registro: 11 de febrero.
Puebla
· Posibles candidatos:
- Rafael Moreno Valle (PAN).
- Ana Teresa Aranda (PAN).
· Definición de candidato: 14 de febrero, elección interna PAN.
· Fecha límite de registro: 20 de febrero.
Por qué sí
Opinión PAN-PRD
César Nava Vázquez y Jesús Zambrano Grijalva
(7 febrero 2010).- Alianza con la ciudadanía
En estados donde el PRI ha gobernado 80 años continuos es un deber de la oposición generar la alternancia.
César Nava Vázquez
En todo sistema democrático, la regla de las mayorías y la posibilidad de la alternancia son condiciones sine qua non. Después de décadas de continuas reformas, a nivel federal se han alcanzado estándares de calidad democrática que permiten que ambas afirmaciones sean cumplidas con razonable suficiencia bajo el arbitraje del IFE y del Tribunal Electoral. En palabras de Adam Przeworski, se cumplen dos principios inherentes a toda democracia: la certidumbre en las reglas de la competencia y la incertidumbre en los resultados de la votación, lo que da pie a la alternancia como una posibilidad latente.
Lamentablemente, no ocurre así en varias entidades de la República. Ante la ausencia del poder presidencial omnímodo, algunos gobernadores se han erigido como depositarios de lo que Jorge Carpizo denominó facultades "metaconstitucionales", que antes eran exclusivas del Presidente y quedaron vacantes a raíz de la llegada de Vicente Fox al poder en el año 2000.
Ante tal fenómeno, en algunos estados se ha cancelado la posibilidad de la vigencia de los principios y de los valores democráticos. Observamos con preocupación que las libertades han sido severamente restringidas o, lo que es peor, suprimidas totalmente. La libertad de expresión, de prensa y de asociación son prácticamente inexistentes. La discrecionalidad en el ejercicio del gasto y la opacidad imperan. El voto clientelar y condicionado reemplaza al voto libre y secreto. Es en este marco en el que hemos analizado la posible formación de coaliciones electorales y de gobierno en Durango, Hidalgo, Oaxaca y Puebla.
La política de alianzas impulsada por Acción Nacional debe cumplir dos premisas fundamentales: la primera es que estas coaliciones representen un verdadero sentir ciudadano. La segunda es que existan las condiciones para construir una agenda de cambio que refleje un proyecto de gobierno congruente con los principios del PAN, mucho más allá de una mera aventura electoral.
En cuanto al primer requisito, se trata de trascender a los partidos mismos para identificar y acompañar un anhelo genuino de los ciudadanos que buscan un cambio de fondo. En dicho proyecto caben todos los mexicanos de buena fe que quieran participar en la transformación de su estado, con independencia de su filiación partidista.
Por lo que hace a la segunda premisa, estamos convencidos de que las alianzas fomentan acuerdos socialmente fuertes y permiten la elaboración de una agenda que facilita la acción del gobierno. No nos conformamos con la construcción de alianzas electorales, sino que perseguimos la formación de acuerdos para un programa de gobierno de seis años.
Esta visión superior implica el imperativo ético de hacer de lado las diferencias que hemos tenido y tenemos con los partidos que eventualmente integrarían las coaliciones, para concentrarnos en lo que nos une: la convicción de generar condiciones propicias para la alternancia, la transformación política, el desarrollo económico y la justicia social.
Perseguimos, en suma, un objetivo más alto que la victoria electoral. Buscamos acceder al poder por la vía democrática para tocar las realidades locales y transformarlas a través de gobiernos de transición en los que los ciudadanos tengan la primera y la última palabra.
El autor es presidente nacional del PAN.
Razones para aliarse
Jesús Zambrano Grijalva
Es necesario construir amplias alianzas en los estados para enfrentar a gobiernos represores y corruptos.
En este 2010 se elegirán 12 gubernaturas. Es una oportunidad para lograr gobiernos sustentados en la responsabilidad política, sujetos a instrumentos democráticos de control a fin de impedir el ejercicio de un poder arbitrario, concentrado, discrecional, irresponsable y ajeno a la voluntad popular.
La política de alianzas del PRD no es una decisión de último momento; forma parte de la estrategia electoral 2010-2012, asumida por el Consejo Nacional celebrado a finales de julio pasado en Michoacán, y de la línea política aprobada en el Congreso Nacional de nuestro partido. Entre los principales objetivos que nos trazamos están: retomar la competitividad electoral rumbo a las elecciones presidenciales del 2012; convencer a la sociedad de que los cambios que el partido realiza para corregir sus errores y deficiencias tienen el propósito de convertirlo en un instrumento eficaz para impulsar las transformaciones que necesita la sociedad mexicana; mejorar nuestra propuesta programática a fin de que responda al sentir de la sociedad; consolidar la alianza electoral de las izquierdas y la construcción de amplios frentes opositores, con amplia competitividad, en torno a valores democráticos y programas progresistas; seleccionar a los mejores candidatos del partido o ciudadanos con prestigio social a través de los métodos más eficientes; mejorar sustantivamente nuestra estructura electoral; aplicar de forma eficiente, honesta y transparente los recursos destinados a las campañas electorales y, sobre todo, fortalecer la unidad partidaria.
Las alianzas de los partidos políticos son una práctica común en nuestro país y en el mundo, no sólo en tiempos recientes. Me refiero no nada más a partidos y organizaciones de signos ideológicos semejantes, sino a las realizadas en muchas ocasiones entre organizaciones de orientación ideológica diversa o contraria.
No estamos ante una nueva política de alianzas del PRD, que ha realizado alianzas con prácticamente todos los partidos, a excepción del PRI; desde 1991 en San Luis Potosí, hasta 2004 en Oaxaca.
Con las alianzas se gana y se pierde, pero siempre se tiene el objetivo de impulsar el cambio democrático.
Para este año nos proponemos, el PRD, el PT y Convergencia, agrupados en "Diálogo por la Reconstrucción de México" (DIA), ir juntos en la mayoría de los estados donde habrá elecciones y buscaremos ampliar esta alianza a otros partidos políticos, en particular el PAN, acordando plataformas electorales que sean auténticos programas de gobierno; trabajando para elegir a abanderados mediante mecanismos democráticos y seleccionando candidaturas partidarias o ciudadanas con perfiles de prestigio y amplio respaldo social.
Es necesario construir amplias alianzas en los estados para enfrentar a gobiernos locales caracterizados por políticas de empobrecimiento, represión y corrupción y lograr que cambie la realidad en esas entidades que tienen cacicazgos muy implantados, élites locales que desde hace muchas décadas controlan el poder, impidiendo la alternancia, la pluralidad y el progreso.
Estas alianzas permiten cambiar la correlación de fuerzas y aumentar nuestras posibilidades de triunfo. A nuestros adversarios no les importa nuestra pureza ideológica. En realidad les preocupa la posibilidad de la victoria de la sociedad sobre ellos.
El autor es vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados: miembro de la Comisión Política Nacional del PRD.
Por qué no
Opinión PAN-PRD
Manuel Espino Barrientos y Pablo Gómez
(7 febrero 2010).- Incompatibilidad con el PRD
Manuel Espino Barrientos
El ex líder nacional del PAN expone seis razones para no aliarse con el PRD.
Ya he dicho en reiteradas ocasiones que las coaliciones electorales son una opción válida en democracia. Que son una oportunidad para evitar confrontaciones estériles por razones ideológicas; para privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias programáticas. Pero he insistido también en que sólo es ético recurrir a ellas cuando las inspira una causa superior de bien común y no una ambición de poder, el precipitado deseo de suplantar un régimen establecido o un simple revanchismo político.
Sostengo que Acción Nacional -mi partido- no puede traicionarse a sí mismo empeñando el futuro del pueblo, ni el propio, en una aventura electoral con el Partido de la Revolución Democrática, cuyos militantes merecen mi respeto en tanto personas, pero que como organización partidaria son un riesgo para la consolidación democrática de México. Y argumento por qué: Por congruencia con nuestra trayectoria: tenemos un programa de acción sustentable, cimentado en una doctrina humanista, que no es compatible con el programa populista y demagógico, carente de principios, del PRD. Somos un partido de exigencias máximas, que para ganar una elección busca convencer a los ciudadanos, persuadir su voluntad en favor de nuestras propuestas. No espera victorias acumulando fuerza política bruta con un partido que sólo de eso dispone para ganar.
Por respeto a nosotros mismos y a la vida institucional de México: en el 2006 ganamos la Presidencia de la República en las urnas. Lo hicimos sin alianza electoral, con el esfuerzo de nuestros militantes y el respaldo de los ciudadanos. Hoy es día en que el PRD y quien fue su candidato perdedor, no sólo no reconocen nuestro triunfo, sino que han llamado espurio al presidente Felipe Calderón, se niegan a reconocer su investidura y sistemáticamente se oponen a sus iniciativas y a las del PAN en el Congreso federal.
Por sentido de responsabilidad: no podemos sumar nuestro esfuerzo a un partido que sin recato suele violentar la ley y el orden para imponer su voluntad; que ha justificado acciones violentas como las de la APPO en Oaxaca. O que ha sido solidario con movimientos armados como el EPR o el EZLN. Por algo Felipe Calderón se refirió a ese partido y a su ex candidato presidencial como "un peligro para México".
Por elemental sentido común: para no desmotivar a nuestros militantes ni confundir a nuestros simpatizantes, quienes han sido el soporte fundamental de nuestra permanencia política por setenta años y han sido pacientes para esperar a que nuestras propuestas -cuando las hemos tenido- fructifiquen en las urnas.
Por experiencia del pasado: aliados al PRD ya fuimos parte de precipitaciones electoreras que fueron perdedoras. Y las que fueron exitosas en las urnas resultaron un completo desastre en el gobierno: Nayarit y Chiapas, donde los gobiernos hicieron más mal que bien, y donde decepcionamos a muchos ciudadanos que habían creído en nosotros.
Por recomendación de nuestros fundadores: Manuel Gómez Morin nos enseñó que no podemos consentir el bien mal hecho porque es peor que el mal y aniquila la esperanza. Efraín González Luna nos advirtió que no debíamos arriesgar el destino de México en un episodio electoral. Una alianza del PAN con el PRD equivale a hacer mal el bien y representa un riesgo cortoplacista.
El autor es presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América y ex presidente nacional del PAN.
Es una maniobra del PAN
Pablo Gómez
El PRD necesita distinguirse frente a dos opciones de derecha en disputa electoral pero en convergencia parlamentaria.
El PRI y buena parte de los medios de comunicación han condenado las pretendidas alianzas entre el PRD y el PAN. Pero no lo han hecho como producto de un análisis concreto sino con la aplicación de anatemas: contra natura, agua y aceite, fraudes anticipados, etcétera. Se trata, entonces, de prácticas políticas de conveniencia.
El PRD y el PAN han hecho alianzas electorales en el pasado, especialmente cuando Acción Nacional se encontraba en la oposición. Se trataba de pactos de opositores para promover alternancias que, al sumarse, tenderían a la alternancia en el país. Casi todas esas coaliciones fueron un desastre, pero de alguna manera se convertían en acciones comunes con propósitos claros y entendibles.
La situación ha cambiado. El PAN se encuentra en el poder, aplica una política derechista, como es natural, pero además, no promueve libertades ni plantea cambios democráticos. Acción Nacional ha defraudado a su propio pasado de oposición pretendidamente democrática para ofrecer una política de intolerancias ante la reivindicación de derechos y de fría aplicación de una política económica antipopular y antinacional. En realidad, los dos últimos titulares del Ejecutivo federal no han sido más que unos mercachifles sin proyecto propio, instrumentos de poderes económicos y valladares de avances democráticos.
La dirección nacional del PRD se muestra preocupada de los avances del PRI, pero no acierta a definir una táctica correcta para enfrentar este fenómeno. Los líderes perredistas no aciertan a explicar por qué avanza el PRI ante el fracaso del PAN pero la izquierda no se amplía. La evadida respuesta tendría que ver con una autocrítica de la política de ese partido. Es evidente que la espectacular reanimación del PRI en las últimas elecciones se ha producido ante cuatro factores innegables: la bancarrota del PAN como alternativa de cambio efectivo; el éxito de las prácticas de clientelismo y corrupción de los gobernadores priistas; la división en las izquierdas, especialmente en el PRD; y la falta de una propuesta política nacional de la dirección perredista.
El PRD necesita singularizarse porque ante el país se presentan dos opciones de derecha, en fuerte disputa electoral pero en gran convergencia parlamentaria. La política económica es producto de dos partidos; la negación de nuevos derechos civiles y políticos lo es también. El bipartidismo se extiende en la mayoría de los estados porque el PRD ha dejado de ser oposición en esas entidades y no hay una clara convocatoria nacional para superar la forma en que se conduce al país.
Para el PRD, aliarse con el PAN es un gesto desesperado. Para el PAN, aliarse con el PRD es una maniobra política.
Ahora bien, la atenuante de tales alianzas es la postulación de candidatos a gobernador que no son panistas ni perredistas, lo cual podría hacer pensar en soluciones intermedias, las cuales tampoco parecen ser formas de superar el bipartidismo que se quiere imponer desde las esferas de la oligarquía, la cual busca la estabilización política con dos partidos de derecha. No se sabe hasta dónde las candidaturas no panistas y no perredistas puedan cerrar el ciclo de alianzas que se está abriendo, pero lo cierto es que ninguna solución intermedia, aparentemente neutra, es capaz de ofrecer alguna solución verdadera, como lo vimos en Nayarit y en Chiapas.
El autor es senador de la República y ex dirigente nacional el PRD.
La cultura política
(7 febrero 2010).- Téngalo presente
El insomnio de Bolívar. Cuatro consideraciones intempestivas sobre América Latina en el siglo XXI de Jorge Volpi. Debate. Presentan Jesús Silva-Herzog Márquez, Rafael Rojas, Salvador Beltrán del Río y Enrique Márquez. Martes 9, 19:00 hrs. Centro Cultural España, Guatemala 18, Centro. Informes: 3067 8433.
Cine
Grupo Oaxaca. Presentan el documental Eleael Acevedo, Héctor Fix-Fierro, Issa Luna Pla, Leticia Salas, Luis Raúl González Pérez y Ernesto Villanueva. Martes 9, 11:00 hrs. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Circuito Mario de la Cueva s/n, CU. Informes: 5622 7474, ext. 1719.
Conferencias
Criminalidad, peligro para la democracia. Luigi Ferrajoli. Lunes 8, 11:00 hrs. Inacipe, Magisterio Nacional 113, Tlalpan. Informes: www.inacipe.gob.mx.
Los militares en el Brasil republicano: 1889-2010. Celso Castro examinará el régimen militar y la relación militares-democracia en el país sudamericano. Lunes 8, miércoles 10 y viernes 12, 16:00 hrs. El Colegio de México, Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: www.colmex.mx.
Las causas de las guerras de Independencia y Revolución. Carlos San Juan. También presentarán el libro Iconografía Mexicana IX-X: Flora y Fauna Robert Bye, Raúl Valadez, entre otros. Martes 9, 10:00 hrs. Museo del Carmen, Revolución 4 y 6, San Ángel. Informes: bbarba.deas@inah.gob.mx.
Experiencias de negocios de México en China. Una perspectiva desde Beijing. Efrén Calvo. Miércoles 10, 10:00 hrs. Edificio Anexo de la Facultad de Economía de la UNAM, CU. Informes: 5622 2195.
La economía política del Estado rentista mexicano (1918-2010). Gabriel Farfán Mares y Carlos Elizondo Mayer-Serra. Miércoles 10, 12:30 hrs. CIDE, Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800, ext. 2137.
¿De qué nos independizamos... y cuándo? -a propósito de El Proceso Ideológico de la Revolución de Independencia del doctor Luis Villoro-. Fernando del Paso. Jueves 11, 19:00 hrs. El Colegio Nacional, Donceles 104, Centro. Informes: www.colegionacional.org.mx.
Violencias de género y feminicidio: formas de impunidad, complicidad o rebeldía. Marilú Andrade, Eva García Estrada, Consuelo Ramírez y Mireia Sallarés. Viernes 12, 19:00 hrs. Centro Cultural España, Guatemala 18, Centro. Informes: 5521 1925.
Foros
Vicente Guerrero y la Independencia de México, 179 años de su muerte. Carmen Saucedo, José Manuel Villalpando, José Ortiz Monasterio y Jesús Guzmán Urióstegui. Miércoles 10, 18:00 hrs. Biblioteca de las Revoluciones de México del INEHRM, Francisco I. Madero 1, San Ángel. Informes: 5128 0000, ext. 38429.
Internet
Midiendo el progreso de las sociedades. Reflexiones desde México coordinado por Mariano Rojas. Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Juan Ramón de la Fuente, Carlos Tello, José Woldenberg, Elena Azaola, entre otros reflexionan sobre el concepto de progreso y su medición. En línea: http://bit.ly/d9qtj6
Libros
Charlas de café con... Álvaro Obregón de Froylán López Narváez. Grijalbo. Conversación imaginaria con el caudillo sonorense en la que analiza la política de antes y la actual, la forma como la Revolución torció el camino y la muerte como presencia permanente en el proceso revolucionario.
Presentaciones
Derechos fundamentales: bases para la reconstrucción de la jurisprudencia constitucional de Juan N. Silva Meza y Fernando Silva García. Porrúa. Luigi Ferrajoli, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Héctor Fix Zamudio y Ruperto Patiño Manffer. Lunes 8, 18:00 hrs. Facultad de Derecho de la UNAM. Informes: v880.derecho.unam.mx.
Control de proporcionalidad en el derecho tributario mexicano de Gabriela Ríos Granados. Porrúa. Minerva Hernández Ramos, Ernesto Martínez Andreu, José Roldán Xopa, Manuel E. Tron Pérez. Miércoles 10, 18:00 hrs. Casa Lamm, Álvaro Obregón 99, Roma. Informes: www.juridicas.unam.mx.
Revistas
Letras Libres. No. 134, febrero. Francisco González Crussí, David Rieff, Julio Derbez, Arnoldo Kraus y Ruy Pérez Tamayo hacen un diagnóstico sobre hospitales, médicos y pacientes. Miguel León-Portilla habla sobre 2 mil 500 años de literatura y Mauricio Tenorio hace una relectura de El verdadero Díaz y la Revolución de Francisco Bulnes.
Nexos. No. 386, febrero. Héctor de Mauleón muestra la ruta de sangre de Arturo Beltrán Leyva. Luis Carlos Ugalde argumenta que el Estado mexicano mantiene su perfil clientelar. José Antonio Aguilar Rivera se pregunta si las recientes reformas en materia de matrimonios gay son una victoria. Héctor Aguilar Camín analiza dos siglos de cambios y costumbres políticas.
Televisión
Discutamos México. Esta semana Gisela von Wobeser, Jacques Lafaye, Jaime del Arenal, entre otros abordan religión, política, sociedad y cultura en el México virreinal. Transmisiones por Canal 11, Canal 22, Radio Educación y las estaciones del Imer. Programación: www.discutamosmexico.com.
Si usted desea difundir algún evento de cultura política, por favor comuníquese al 5628 7245 o escriba a enfoque@reforma.com
Los placeres y los días / Posibilidades de la urbe
Andrés de Luna
(7 febrero 2010).- La política es un juego ingrato que a veces impide observar con detenimiento a quienes participan de ella. En ocasiones son sainetes nauseabundos al estilo de la pareja lamentable de Juanito -ya ni siquiera vale nombrarlo de otra manera- y Clara Brugada. Ejemplo de esos males que rodean el ejercicio del poder. Ésa es la parte oscura, lamentable. En cambio, de pronto en medio de esos matorrales de insidia, surge algo que deja entrever otras posibilidades en la política del Distrito Federal. Así, sin mucho estruendo llegó Felipe Leal a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno de Marcelo Ebrard. El refuerzo era necesario ante una ciudad multiforme que requiere de una conciencia alerta y una sensibilidad magnífica. Arquitecto de amplios vuelos, Leal conserva esa envidiable regularidad que lo hace un hombre distinguido dentro de la inteligencia nacional. Prueba de ello son sus dos periodos como director de la Facultad de Arquitectura, de
La capital de la República exige una mirada crítica y una enorme capacidad que consiga transformarla. El reto es mayúsculo, sobre todo porque los desaciertos están a la orden del día y son constantes. Tan sólo esas jardineras de Paseo de la Reforma que son una agresión visual y un golpe bajo a un sitio de semejante importancia. Si la ignorancia de administraciones anteriores permitió esas barbaridades, es seguro que un arquitecto de la categoría de Leal pueda ir mucho más lejos, con su brillantez conceptual y su indudable búsqueda de soluciones que sean útiles, adecuadas y, ¿por qué no?, hermosas. Ése es el reto para Leal.
REVISTA PROCESO No. 1736
CIUDAD JUÁREZ: OLOR A SANGRE
Patricia Dávila
La indignación es el sentimiento que impera en Ciudad Juárez por la masacre de un grupo de jóvenes en la colonia Salvarcar. Y lo es porque el presidente Calderón dio por hecho que se trató de un enfrentamiento entre delincuentes; porque el gobernador José Reyes Baeza visitó a los deudos tan sólo para tomarse la foto, y porque el secretario de Seguridad Pública estatal abandonó la investigación del caso para lanzarse como precandidato a la presidencia municipal. Entretanto, un diagnóstico oficial revela: Juárez está, literalmente, en manos de la delincuencia.
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.-
Según el diagnóstico Incidencia delictiva de Ciudad Juárez, marcado como “confidencial” por la Dirección de Política Criminal y Estadística de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, todo el centro y las principales avenidas de Ciudad Juárez prácticamente están en manos de la delincuencia.
El reporte fue elaborado bajo la gestión del entonces secretario Víctor Valencia de los Santos, quien unas horas después de la masacre de 15 personas en la colonia Villas de Salvarcar –que aparece en el citado análisis como una de las zonas más violentas– renunció a su cargo para contender en la elección interna del PRI por la presidencia de este mismo municipio.
En áreas como Casas Grandes, Margaritas, Bella Vista, Chamizal, Zaragoza, Pronaf y Subcentro Urbano (Avenida Ejército Nacional y Avenida Tecnológico), marcadas como territorio peligroso, se registraron 221 ejecuciones, tan sólo del 15 al 21 de enero pasado...
Además, hubo 479 robos con violencia a locales comerciales, 155 robos sin violencia a establecimientos, 23 asaltos violentos a casas habitación, otros 225 sin violencia, 1,682 robos de autos…
Este desbordamiento de la delincuencia común se suma, inevitablemente, a la violencia y la inseguridad que aquí se vive por la delincuencia organizada. El martes 2, El Diario de Juárez dio a conocer que el día anterior el gobierno de Estados Unidos había señalado, por segundo año consecutivo, que esta ciudad permanece bajo una “amenaza crítica” debido a la violencia derivada de la lucha contra el narcotráfico.
Los pormenores de la matanza de los jóvenes juarenses, que no estaban en un centro de rehabilitación, sino en la casa de uno de ellos y con la aprobación de sus padres, muestra que por terribles que sean las cifras, siempre son más aterradoras las historias que las resumen.
Brenda Escamilla tenía 17 años cuando concluyó el sexto semestre en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) 128 y era alumna destacada del grupo de ecología. Quería ser doctora.
El sábado 30 de enero se reunió con un grupo de amigos en la casa de la calle Villa del Portal 1308, colonia Villas de Salvarcar, para celebrar el cumpleaños de Jesús Enríquez, uno de sus compañeros de estudios. Con Brenda fue Rodrigo Cadena, su novio, de la misma escuela, que era buen estudiante y, dicen, un excelente jugador de Los Jaguares, el equipo de futbol americano de la Liga Juvenil AA.
En la fiestecita todo iba bien. Había música, carne asada, botanas y refrescos.
A las 11:30 de la noche, el señor Jaime Rosales salió de su casa, ubicada en el 1311, enfrente de donde los jóvenes festejaban. Iba a meter su auto cuando vio que varias camionetas se atravesaron para cerrar la calle y de ellas bajaron hombres armados. Le dijo a su esposa que no saliera para nada y corrió al 1308 porque su hijo estaba en la fiesta. Ya estaba cerca de él cuando los sicarios dispararon. Lo acribillaron por la espalda. Murió, pero logró salvar a su hijo.
En unos cuantos segundos murieron 15 personas. Diez quedaron heridas. Atropellados relatos, como el de Luz María Dávila, dan forma a la historia:
“Una semana antes, Marcos, mi hijo mayor, me platicó que estaba organizando el festejo de su amigo Jesús. El día de la fiesta me dijo: ‘Mamá, me voy a rasurar para irme’. Le dije que para qué se arreglaba tanto y me contestó que iban a invitar a unas amigas. Compraron carne para asar. Se fue a las ocho de la noche. Lo acompañó su hermano menor, José Luis. Siempre andaban juntos. Yo me puse a ver tele para esperarlos. Era mi costumbre. ¡Ninguno lo presentimos!”
Marcos tenía 19 años, cursaba el tercer semestre de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en Ciudad Juárez. José Luis, de 16, acudía al Colegio de Bachilleres 9.
Ahora, mientras vela el cuerpo de Marcos y espera la llegada de su hermano, Luz María sigue recordando:
“Oí balazos. Salí corriendo. En la calle la gente gritaba. De pronto alguien decía: ‘¡Ahí vienen otra vez!’, y nos agachábamos debajo de un carro. Cuando entré a la casa, al primero que encontré fue al grande, boca abajo. Muerto… Más adelante vi a mi otro niño: aún respiraba. Mi esposo lo cargó y en la camioneta lo llevamos a la Clínica 66 del IMSS, pero no quisieron atenderlo y nos mandaron a la 35. Al día siguiente falleció”
Pese a las llamadas telefónicas, nunca llegaron ambulancias. Padres y vecinos trasladaron en sus autos a los sobrevivientes. En Ciudad Juárez, invadida por 10 mil efectivos, entre militares, policías federales, estatales y municipales, ninguno de ellos acudió para ayudar a los atacados o para perseguir a los asesinos. Los soldados sólo se presentaron 60 minutos después para acordonar la zona.
Para las 12:30 ya la gente se había llevado a sus heridos. Los diez que sobrevivieron aún están entre la vida y la muerte. Los fallecidos fueron sepultados con tristeza e indignación.
El miércoles 3, cuando las familias se disponían a sepultar a ocho de los jóvenes, el gobernador José Reyes Baeza acudió a darles el pésame. Ahí, a gritos, le exigieron justicia. “¡El que agarraron, el que dicen que es el asesino, no lo es! –se desgarraba la garganta Patricia Dávila, tía de Marcos y Luis Piña Dávila– ¡Queremos a los culpables! ¡Si no pueden, pidan ayuda al gobierno de Estados Unidos!”. También le dijo al mandatario que las armas descritas por el detenido José Dolores Arroyo no concuerdan con las que usaron los asesinos el 30 de enero.
La lluvia, el viento, el frío, no alcanzaban a distraer de su dolor a los padres, los hermanos y los amigos, que lloraban frente a la hilera de ataúdes metálicos y grises. Como homenaje, los muertos recibieron rosas blancas y rojas, alguna corona.
Brenda fue enterrada con la canción “Te vas, ángel mío”. Ella, igual que su novio Rodrigo y otro jugador de futbol americano, Carlos Medrano, antes de ser llevados al cementerio recorrieron en hombros de sus compañeros el enlodado campo donde entrenaban cada mañana. El entrenador animaba: “¡Este juego aún no termina, muchachos!”, y sus padres les daban indicaciones como en sus mejores partidos.
Las porras de directivos, maestros y alumnos para Los Jaguares resonaron en la escuela. Ni el 62 de Rodrigo ni el 12 de Carlos se volverán a asignar en el equipo; los últimos jerseys con esos números se les entregaron a sus familiares.
Al final del sepelio se soltaron cientos de globos blancos que llevaban reclamos estudiantiles escritos con plumón negro: “¡Queremos paz!”, “¡Queremos justicia!”. También frases de despedida: “Los vamos a extrañar”, “son los mejores”.
Se referían a los estudiantes Rodrigo Cadena, de 17 años; Carlos Lucio Moreno, de 18; Brenda Ivonne Escamilla Pedroza, de 17; José Adrián Encina Hernández, de 17; Horacio Alberto Soto Camargo, de 19; Jesús Armando Segovia Ortiz, de 15; José Luis Aguilar Camargo, de 19; Marcos y José Luis Piña Dávila, de 19 y 16, respectivamente; y Juan Carlos Medrano, de 17.
Con ellos perdieron la vida los adultos Eduardo Becerra, Édgar Martín Díaz Macías, Jaime Rosales Cisneros, Manuel Hernández y Jesús Enríquez Miramontes. En la calle Villa del Portal aún hay olor a sangre. Pero huele peor la impunidad.
El plan de “La Línea”
Después de perder a los jóvenes, sus familias tuvieron que aguantar las declaraciones del presidente Felipe Calderón, quien desde Tokio, Japón, la mañana del martes 2 dejó entrever que las víctimas pertenecían a una banda delictiva: “Se trata de un ajuste de cuentas entre pandillas”, aseguró antes de cualquier investigación.
Horas más tarde, en la guarnición de la V Zona Militar, la procuradora de Justicia del estado, Patricia González Rodríguez, y el encargado del Operativo Conjunto Chihuahua, Felipe de Jesús Espitia, presentaron a los medios de comunicación a José Dolores Arroyo Chavarría como uno de los “vinculados” con la masacre.
Durante el interrogatorio ante el agente del Ministerio Público federal, el detenido admitió que pertenece a la organización La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. Declaró que, por instrucciones de El 10 o El Diego, acudieron a Villas de Salvarcar porque uno de sus “chavos”, vecino de la colonia, lo llamó para decirle que había una fiesta de puros doblados (una banda conocida como Doble A o Artistas Asesinos).
El Diego fue identificado como José Antonio Acosta Hernández, originario de la ciudad de Chihuahua. Según El Heraldo de Chihuahua, este cabecilla ocupó el cargo de agente B de la Policía Ministerial Investigadora desde el 1 de mayo de 1999 hasta su renuncia, el 19 de octubre de 2007.
En la declaración ministerial de Arroyo Chavarría se lee: “El 30 de enero de 2010 recibió por teléfono la instrucción de su jefe Ramón, de apodo El Rama (Adrián Ramírez), de presentarse en la bolería de Plaza Juárez. Al llegar, se encuentra con su jefe El Rama y los integrantes del grupo que conoce por los apodos: 15, 16, 18, 26, 27, El 24, El 28, El 30, El 32 y El
El Rama les informó que iban a “trabajar” a unos doblados que estaban en una fiesta en Villas de Salvarcar. Para ello pidió apoyo a la célula que dirige El 51, quien proporcionó a los sicarios y unos vehículos. Luego lo interroga el MP:
–¿Qué iban a hacer?
–A ejecutarlos.
–¿Por qué los iban a ejecutar?
–Porque eran doblados.
–¿Para quién trabajan Los Doblados?
–Para El Chapo, señor.
–¿Quién les dio ese jale?
–Un trabajador, El 10.
–¿Quién lo autoriza?
–El 51 lo apoyó.
–¿Quién es El 10?
–El Diego, nada más así lo conozco. Es el jefe de la plaza.
–¿A cuántos ejecutaron ahí?
–Supe que eran 14. No supe más.
–¿Quién te avisa?
–El 12.
–¿Al terminar qué te dicen?
–Que ya me abra, que ya habían terminado.
Arroyo Chavarría reveló que antes de la matanza un vehículo peinó la zona de Villas de Salvarcar para comprobar que no hubiera policías ni militares en las inmediaciones. También dijo que otro halcón (vigilante), a quien se refirió como El 15, fue apostado en un libramiento por donde está un Smart.
Al jale en Villas de Salvarcar fueron El 12, Ramón o El Rama, El 15, El 16, El 18, El 26 y El 27. Llevaron cuatro vehículos, con seis sicarios en cada uno, armados de cuernos de chivo y R-15. La instrucción era ejecutar a todos los chavos que se encontraban ahí.
Se dividieron en dos células: una la dirigió El Rama y otra El 51. Arroyo Chavarría recibía 2 mil pesos a la semana y le fue entregado un teléfono y un auto Grand Am 2002, color gris, que conducía el lunes 1, cuando lo capturaron los militares.
Ese día lo acompañaba su jefe, El Rama, cuando se disponían a ejecutar a Daniel Becerra Vicencio, un integrante de la Doble A que se pasó a Los Aztecas. Éste iba en una camioneta Ford Explorer 2004 con una mujer. El Rama murió al enfrentarse con los soldados, mientras que Arroyo Chavarría fue detenido.
La colonia Villa de Salvarcar, al sureste de Ciudad Juárez, no tiene más de una década de haber sido fundada. Según la Secretaría de Seguridad Pública del estado, ahí no se ha detectado ninguna pandilla específica. Sin embargo, está enclavada en un sector con alto nivel delictivo: en colonias aledañas, como Bosques de Salvarcar, dominan Los Tequilanos y Los Sobacos 13, mientras que en Ejido Salvarcar operan varias pandillas, denominadas “barrios”: Los CO68, Topos, San Juan y Negro. También están presentes Cobras 38 y Corona. La colonia Prados de Salvarcar es territorio de El Kiosco y Los Bufones.
El citado reporte Incidencia delictiva de Ciudad Juárez establece que la zona de Salvarcar es una de las ocho regiones más delictivas de la ciudad: ahí se registraron, del 15 al 21 de enero pasados, 27 de los 221 homicidios dolosos.
También se cometieron ahí 47 de los 479 robos con violencia a locales comerciales; 16 de los 155 robos sin violencia; tres de los 23 robos con violencia en casas habitación; y 27 de los 185 robos sin violencia a casa habitación. De los mil 417 robos de vehículos en Ciudad Juárez, 126 se reportaron en Salvarcar, 28 de ellos con violencia.
La colonia Villa de Salvarcar tiene, en general, un nivel socioeconómico bajo. En su mayoría la conforman viviendas de interés social de una sola planta. Muchos de sus habitantes adultos trabajan en las maquiladoras.
Indignación y pavor
En varios sectores de la sociedad juarense causaron indignación las declaraciones de Felipe Calderón desde Tokio y la confesión de Arroyo Chavarría.
El obispo de Juárez, Renato Ascencio León, oró junto a los féretros y dio la condolencia de la Iglesia católica a la familia de cada uno de los jóvenes asesinados. Proceso lo entrevista el martes 2 al mediodía.
–Felipe Calderón atribuyó el asesinato de los jóvenes a una venganza entre pandillas rivales. Ello implica que los estudiantes estaban involucrados en actividades ilícitas… –plantea la reportera.
–Con todo el respeto que me merece, con todo y que sea el presidente, ¿cómo es posible? No puede dar una declaración de esa naturaleza cuando ni siquiera está en el país. ¡Eso es una mentira en relación con quienes murieron!
–¿Se dejó crecer a uno de los cárteles?
–Yo no me meto en eso. Para mí, todos son hijos de Dios. Pregúntele al señor presidente por qué permitió que eso sucediera. Yo no sé de cárteles; yo sé que en Ciudad Juárez hay exceso de violencia.
Esa misma la noche el obispo celebró una misa por los muchachos asesinados, frente a sus domicilios, en un altar que improvisó sobre una camioneta. Esa noche y la siguiente la calle de la tragedia se convirtió en un velatorio con fogatas, música y mucha gente que rezaba y lloraba.
El obispo pidió a las familias que realizaran gestiones para construir un templo, que deberá denominarse “de la Sangre Derramada”, en un predio del municipio, cercano al lugar del crimen.
Para la luchadora social Cipriana Jurado, no es creíble la declaración de Arroyo Chavarría sobre su participación:
“Primero, porque el lugar en donde el halcón estaba vigilando está muy lejos de la colonia, y los que conocemos la zona sabemos que un convoy militar o de la policía podía entrar por cualquier otra área. Segundo, es medio inverosímil lo que dice que iban a ejecutar a Artistas Asesinos. Los jóvenes sí pertenecían a la AA, pero a la Liga ‘doble A’ de futbol americano, no como nos lo quieren hacer creer las autoridades. Estamos en contra de que se siga criminalizando a las víctimas por falta de una investigación seria y confiable. La impunidad que estamos viviendo es responsabilidad de los tres niveles de gobierno.”
Hasta el cierre de esta edición, el único indicio que las autoridades tenían para relacionar a las víctimas con alguna banda delictiva es la foto de una pistola, supuestamente encontrada en el celular de uno de los fallecidos, aseguró el alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz.
No obstante, el miércoles 3 por la noche, Juan Manuel Alcántar Anguiano, de 20 años; Francisco Javier Perea García, de 16; Alejandro López, de 15; y Juan Carlos Villalobos, de 18 –que asistieron a la trágica fiesta–, fueron levantados con violencia por hombres armados y encapuchados, que los subieron a camionetas de modelo reciente. Sus familiares denunciaron el secuestro en la Subprocuraduría de Juárez, pero los jóvenes permanecieron ilocalizables cerca de 12 horas.
La mañana del jueves 4, la Subprocuraduría dio a conocer que ya se encontraban en sus casas. No obstante, la reportera intentó localizarlos y encontró sus viviendas abandonadas. Incluso, personal de Atención a Víctimas adscrito a la Procuraduría General de la República, que esa mañana pretendía auxiliar a las familias de los jóvenes, ya no encontró en sus hogares a esas ni a otras familias agraviadas.
Del feminicidio al “juvenicidio”
Marcela Turati
En Ciudad Juárez la violencia no distingue edades y su estadística criminal la convierte en la más golpeada del país. Tras la matanza de jóvenes la semana pasada, la socióloga Teresa Almada, maestra de varios de los caídos, dice a Proceso que la estrategia del gobierno federal para combatir al crimen organizado ha sido fallida. Y se lanza contra las autoridades: “Estamos ante un juvenicidio; están asesinando a muchos jóvenes, a niños, a niñas. Necesitamos que se pare ya esta masacre”.
Un rap se escuchaba en un panteón de barrio en Ciudad Juárez el 11 de diciembre:
Mi ciudad está sufriendo y lo que necesita es paz, las calles están manchadas de sangre, desempleados terminan robando y no por el gusto más bien por el hambre, mientras que las mafias se disputan por la plaza un cuerpo es encontrado ejecutado a dos cuadras de mi casa, prendo la televisión buscando diversión y lo primero que veo es una jovencita de tan sólo 12 víctima de violación, los Estados Unidos se lucen poniendo un muro, sentado en la banqueta me pregunto qué será de mi futuro…
Aarón, el adolescente vocalista del grupo MC Crimen, cantaba con los ojos cerrados al pie de la tumba de Juan Cazarez, un joven de 18 años rafagueado por los pandilleros de su barrio junto con dos amigos que hoy descansan en tumbas vecinas. Tenía un pomo de cerveza en la mano que se balanceaba al ritmo del rap.
Tres víctimas de esta guerra en la que la mayoría de los caídos son jóvenes.
Los amigos del difunto, a quien apodaban Baser, coreaban la canción compuesta por Aarón que lleva por título Crónicas de mi vida, y la cantaban con tanto sentimiento, como identificados con la rola de la que conocían bien el estribillo: Las calles de Juárez, y también los bares, están siendo testigos cómo se matan los enemigos, escucha, mira y calla o puedes morir por las balas de una metra-tra-tralla.
El juvenicidio que se vive en Juárez llegó a su máximo estelar con la matanza de 15 jóvenes preparatorianos que convivían en una fiesta casera la noche del sábado 30 de enero.
De pronto, el Congreso de la Unión y el Senado de la República se preocuparon por las víctimas de la matanza y condenaron la violencia que se vive en Juárez, considerada la ciudad más peligrosa del mundo. El suceso escaló espacios en televisoras, periódicos y radios nacionales e internacionales.
Y cuando la estrategia militar del combate antidrogas comenzó a ser cuestionada, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el presidente Felipe Calderón dijeron que se trató de una riña entre pandillas; incluso anunciaron planes futuros para esta ciudad fincada en el olvido y, una vez más, prometieron replantear la fallida estrategia militar que se viene aplicando desde 2008.
Por todo el país, la gente se preguntó en qué momento Juárez llegó a esos niveles de violencia. Los antecedentes pueden ser Baser y sus amigos; también los cuatro jóvenes “fusilados” por otros adolescentes apenas en diciembre pasado; la veintena de masacrados en los centros de rehabilitación de adicciones también el año pasado; los bebés heridos de bala por ir acompañados de sus papás; los ocho huérfanos de padre y madre que tuvo que acoger el DIF; los niños que graban en sus celulares las ejecuciones; los 10 mil huérfanos mutilados de parientes por la violencia…
“Afortunadamente esta masacre (del 30 de enero) parece ser la gota que derramó el vaso, hemos tenido que esperar a que mueran tantos jóvenes para que la opinión pública nacional empiece a darse cuenta de lo que acá está pasando. Se dieron cuenta 4 mil 500 muertos después, y de éstos 80% eran jóvenes y 30% menores de 19 años”, dice en entrevista telefónica el diputado local por el PRD Víctor Quintana, indignado como la mayoría de los chihuahuenses.
El legislador, quien se erigió en relator de derechos humanos y ha subido a la tribuna local a denunciar desapariciones forzadas, matanzas, excesos de los militares en la Operación Coordinada Chihuahua, señala: “Estamos viviendo un juvenicidio. Los jóvenes de Juárez y del país, ya sean asesinados o sean ejecutores, son victimas. Y Gómez Mont y Calderón los quieren convertir en culpables y delincuentes”.
El perredista critica los planteamientos panistas de instaurar toque de queda en esa ciudad fronteriza, de por sí militarizada y al tope de retenes, y donde, dice, “los únicos que tienen libertades plenas en el estado son los narcos y sus escuadrones de exterminación”.
Y explica: “Este hecho nos muestra lo perverso y el fracaso de la relación del estado con los jóvenes: porque desde 2007 Chihuahua era el estado con mayor porcentaje de jóvenes entre 12 y 18 años que ni estudiaban ni trabajaban, con mayor índice de deserción en secundaria y prepa, donde a los jóvenes de
Futuro roto
Una patrulla me detiene, los polis se bajan y me comienzan a esculcar interrogándome: ¿a dónde te diriges y en qué es lo que trabajas?, si no te gusta que te miren mal, entonces por qué no te fajas, como no traigo nada me dejan libre, más tarde se escucha una ráfaga y volvemos a lo mismo, los contrarios de mi vecindario vinieron acompañados de la muerte, el que está tirado en medio de la carretera es un amigo y esta vez no tuvo suerte… cantaba Aarón en el cementerio perdido entre las casas.
La madre de Juan no dejaba de llorar. A pesar de los anteojos oscuros se le veía la tensión en la cara. Ella fue quien envió un correo electrónico al rapero, a quien no conocía, y lo invitó al panteón a cantarle a su hijo.
“A él le gustaban mucho tus canciones”, le escribió.
La hermana de Baser –pelo negro brilloso, largas pestañas postizas y minifalda negra– plantaba flores de plástico sobre el monte de tierra. Al final, una mujer joven le pidió al rapero su teléfono y le explicó que lo llamará cuando regrese su hijo quinceañero, el único sobreviviente del asesinato, a quien tuvo que mandar al exilio para que los malandros de la cuadra no lo mataran.
MC Crimen es uno de los grupos de raperos y hiphoperos itinerantes que cantan y bailan por la ciudad, y ponen letra y movimiento a los horrores cotidianos que viven los niños y jóvenes juarenses que ven ejecuciones en el patio de la escuela o adentro de su propia casa y que están en riesgo por andar cerca de alguien con cuentas pendientes. O sin ellas.
Desde el año pasado, los alumnos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ya habían comenzado a manifestarse por la paz, a raíz de que desaparecieron dos compañeras y los asesinatos sucesivos de profesores y compañeros.
Ahora la tragedia tocó a los Cbtis, los bachilleres, las prepas y las ligas de futbol. Y, según la información que surge cada día, tocó a puro estudiante y deportista ejemplar, a aquellos que se habían escapado de la estadística de la exclusión educativa, a quienes no podían ser culpados de su propia muerte por andar en pandillas.
“Encima de todo, las autoridades plantean que los mataron por un pleito entre bandas. Es una construcción terrorífica porque aunque en este caso no fue así, si lo hubiera sido, ¿a poco eso justifica el crimen?, ¿qué alternativas de vida dan para que miles de chavos dejen de relacionarse con bandas?”, dice enojada la socióloga Teresa Almada, entrevistada por teléfono.
Directora de Casa Promoción Juvenil e integrante de la Mesa de Infancia del Consejo Ciudadano de Desarrollo de Juárez, Almada dice que los jóvenes juarenses son doblemente víctimas, porque: “o son asesinados, resultan heridos o presencian el crimen, o sufren por la falta de oportunidades y algunos finalmente se enrolan en el crimen organizado, porque la sociedad no les ofrece más que violencia”.
E insiste: la línea divisoria entre víctima o victimario es frágil, si se tiene en cuenta que 30% de los adolescentes de entre 12 y 15 años no estudian ni trabajan, que faltan prepas, que la crisis económica vació secundarias y que todos están expuestos a una violencia generalizada.
Ni los niños se salvan
El rap que coreaban ante la tumba es certero: Mujeres mueren, niños mueren, por la maldita crueldad que los sicarios tienen y no conviene quitar la vida por riqueza, ya que si algo nos enseñó el de arriba fue la nobleza, recuerda que las drogas y la ambición al pozo llevan…
La bitácora de la violencia en Juárez es escalofriante: en febrero de 2009, Bryan Marcelino González, un charro de 10 años que cursaba cuarto grado de primaria, fue asesinado en un bulevar cuando acompañaba a su hermano a transportar alfalfa; el 3 de octubre de ese mismo año, Laisa, de nueve años, es velada, mientras su hermano Enrique, de ocho, está en terapia intensiva con un disparo en la cabeza. Los dos fueron baleados en el parque donde jugaban cuando desde una camioneta dispararon contra su papá y su patrón.
En la estadística de 2008, también figuraban menores: el 18 de abril de 2008, la pick up del policía municipal Alejandro Martínez Casas quedó perforada por las ráfagas que recibió. El uniformado quedó sin vida, junto con su hijo Alejandro, de ocho años. Alrededor, 245 casquillos percutidos.
El 12 de mayo siguiente, el quinceañero Jorge Alfonso Zamora muere herido por una bala perdida que le atravesó el abdomen mientras estudiaba en su casa. Y el 9 de junio, Alexia Belem Moreno caminaba a la tienda con unas amiguitas cuando unos hombres la forzaron a subir a su camioneta y la usaron como escudo antibalas. Un balazo de AK-47 le dio en la cabeza. No alcanzó a terminar la primaria.
Semanas después, el 18 de julio, quedaron tendidos Raúl Alexander Golpe Jiménez, de 14 años, y Édgar Domínguez Galicia, de 15, estudiantes de secundaria; rafagueados por desconocidos.
El Norte de Juárez elaboró una estadística de la violencia a partir de información proporcionada por la Subprocuraduría de Justicia, según la cual de enero de
Sin embargo, una estadística más puntual, elaborada por El Diario de Juárez con cifras oficiales, reveló que sólo en 2008 fueron asesinadas con arma de fuego al menos 460 menores de 25 años y que otras 900 víctimas tenían menos de 35. Sólo 300 de los asesinados ese año pasaban los 35.
Registros de la Dirección de Seguridad Pública municipal indican que al menos 14 mil adolescentes de entre 13 y 17 años forman parte de 521 pandillas que operan en 86 colonias. Y la Asociación de Maquilas sostiene que la violencia en la ciudad ha dejado a 10 mil huérfanos.
Teresa Almada, maestra de algunos de los bachilleres asesinados, lamenta: “No hay ningún resultado en dos años de presencia de los militares; no sabemos a quiénes combaten, porque no hemos visto ningún enfrentamiento contra narcos, sólo retenes y abusos contra la población civil. La estrategia es totalmente equivocada, mejor que les congelen las cuentas a los narcos, que elaboren una estrategia integral que prevea alternativas de vida, económicas y productivas para los jóvenes que han visto en el narcotráfico una opción, y que se haga una importante inversión en educación, en desarrollo, en creación de empleo”.
La especialista dice que debe replantearse la estrategia que, insiste, sólo ha dejado a los juarenses “sumidos en la tristeza”, y señala: “El año pasado hubo 120 menores asesinados y en lo que va de este año hemos tenido asesinatos de bebés de nueve meses, de un año. A un niño de siete años que balearon con su padre, aunque iba herido del pie e intentó correr, lo alcanzaron las balas”.
Y remata: “Estamos ante un juvenicidio; están asesinando a muchos jóvenes, a niños, a niñas. Necesitamos que se pare ya esta masacre”.
El Paso-Juárez: el tráfico de la muerte
J. Jesús Esquivel
Según agencias de seguridad de Estados Unidos, varios cárteles mexicanos establecieron en Ciudad Juárez los principales centros de acopio de armas y dinero que, de manera ilegal, ingresan al territorio mexicano por El Paso, Texas. Agentes y funcionarios entrevistados revelaron que, en medio de la corrupción aduanal o la falta de inspección en los cruces hacia México, una gran cantidad de peatones y automovilistas que recorren diariamente los puentes introducen narcodólares y armamentos con novedosas estrategias, como dividir un arma en partes que trasladan diferentes personas…
EL PASO.- La zona limítrofe entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y esta ciudad, es desde hace varios meses la principal puerta de entrada para las armas de fuego y el dinero del narcotráfico que llegan a México de Estados Unidos, como consecuencia de la corrupción que afecta al sistema aduanal mexicano, sostienen agentes federales estadunidenses.
“Creemos que por Ciudad Juárez entra a México más de 65% del dinero procedente de la venta de drogas en Estados Unidos, además de un gran número de armas de fuego que es muy difícil de calcular”, comenta en entrevista con Proceso un agente federal estadunidense que fue ubicado en El Paso para rastrear dichos flujos.
El martes 2, Dennis Blair, director nacional de Inteligencia del gobierno de Barack Obama, reportó al Comité Selecto de Inteligencia de la Cámara de Senadores que la venta de drogas en Estados Unidos genera a los cárteles del narcotráfico ganancias anuales de 18 mil a 39 mil millones de dólares, y aseguró que 90% de los narcóticos sudamericanos en EU ingresan por el territorio mexicano.
“El gobierno de México se queja de que nosotros no hacemos todo lo que debiéramos para detener las armas y el dinero que terminan en manos del narcotráfico, y probablemente tenga algo de razón, pero parte del problema recae también en el sistema aduanal mexicano, que no es tan riguroso en las inspecciones a los peatones que llegan a Juárez por esta zona fronteriza”, anota el agente estadunidense durante una entrevista realizada bajo la condición de que no se revele su nombre.
La ciudad de El Paso es un punto estratégico en la lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de armas y de personas, pero desde allí se palpa también lo que ocurre en Ciudad Juárez.
Agentes y funcionarios de la Oficina de Servicios Migratorios y Aduanales (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), ambas dependientes del Departamento de Seguridad Interior, refieren que en Ciudad Juárez aumentó la entrada de armas de fuego y dinero de la droga desde hace más de seis meses, cuando se fortaleció la vigilancia, “con nueva tecnología y más personal de varias agencias federales”, en los puntos de Arizona y California colindantes con México.
“Y no es porque aquí en El Paso no tengamos el personal suficiente o la tecnología para detectar el flujo de armas o de dinero; lo que pasa es que del lado mexicano las inspecciones son menos rigurosas o casi nulas, sobre todo a las personas que entran caminando a Ciudad Juárez”, indica al reportero un agente de la CBP en el puente Santa Fe.
De acuerdo con los análisis de las agencias de seguridad de Estados Unidos que operan en esta ciudad, los cárteles mexicanos han ubicado en Ciudad Juárez sus principales centros distribuidores de las armas y el dinero que llegan por El Paso desde más de 35 estados de los 50 que componen la Unión Americana.
Otro funcionario federal estadunidense que también está asignado a El Paso explica de la siguiente manera dicho tráfico:
En lo que se conoce como Operación Hormiga, miembros de los cárteles mexicanos en Estados Unidos ubican a personas (casi en su totalidad mexicanos) que cruzan diariamente la frontera para trabajar o hacer compras de todo tipo aquí en El Paso o en Las Cruces, Nuevo México, pero que viven en Ciudad Juárez.
Tras llegar con ellas a un acuerdo, las hacen introducir a México todos los días ciertas cantidades de dólares o pesos, así como armas en partes, dentro de sus mochilas, carteras, bolsas del supermercado, cajas de juguetes, etcétera. Es decir, cada arma de fuego es dividida en partes que trasladan diferentes personas.
En cuanto al dinero, se trata de cantidades moderadas de 5 mil a 10 mil dólares, y a cada hormiga le pagan entre 500 y 700 dólares, mientras que el traslado de armas en partes se tasa entre 100 y 500 dólares.
“Por los puentes que hay entre Ciudad Juárez y El Paso (Santa Fe, Reforma, Córdoba-Américas y Zaragoza-Ysleta) entran caminando a México miles de personas todos los días, sobre todo al final de la jornada –entre las 17:00 y las 21:00 horas–, lo cual hace aún más fácil el tráfico ilegal de armas y dinero, y más difícil y menos rigurosa la inspección aduanal a peatones”, puntualiza el funcionario.
El pasado 27 de enero, el reportero y el agente de la CBP permanecieron entre 40 y 45 minutos –poco después de las 16:00 horas– observando el cruce peatonal hacia México sobre el puente Santa Fe. En ese lapso, los aduaneros mexicanos no revisaron a ningún peatón ni los paquetes, bolsas, mochilas y/o cajas que portaban los migrantes. Ni siquiera los hicieron pasar por debajo de la máquina detectora de metales (arco).
“La clave para encontrar el dinero ilegal o las armas que se introducen a todo México por Ciudad Juárez es la inspección detallada de todas las personas que entran caminando por los puentes”, advierte el agente de la CBP, para de inmediato subrayar: “… Pero como usted lo ha visto, no se hace, o se hace muy poco ese tipo de inspección”.
Las agencias federales de Estados Unidos localizadas en El Paso coinciden en que su tarea no es hacer el trabajo de las autoridades mexicanas, más allá de los compromisos de cooperación bilateral. Los funcionarios consultados por Proceso sostienen que su prioridad es revisar autos, personas y camiones de carga que llegan a esta ciudad texana a través de Ciudad Juárez.
“Del otro lado, ese trabajo corresponde a las autoridades mexicanas”, matiza un funcionario de Estados Unidos para el que “la problemática sigue siendo la corrupción por narcotráfico que ha permeado al sistema aduanal en Juárez”.
Agentes del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) que operan en El Paso están a cargo de las labores de inteligencia para detectar autos que transportan armas o dinero hacia México, además de informar a sus homólogos mexicanos en caso de que un automóvil sospechoso haya logrado ingresar al territorio de México (véase recuadro).
“Lo que más nos afecta es la corrupción. Existe en ambos lados de la frontera, no lo voy a negar, pero no puede ser que un gobierno como el de México, que reclama tanto por el tráfico de armas y de dinero que va de este lado para allá, no ponga más atención al sistema aduanal, como el de Juárez, que es una de las ciudades más violentas de todo el país”, manifiesta el agente federal de la CBP.
Entre las tácticas o estrategias que los cárteles aplican en el cruce fronterizo, las agencias federales estadunidenses destacan la que denominan “el entrampamiento”…
Se trata de un auto manejado por una persona que procura llamar la atención con su nerviosismo, por lo que agentes aduanales mexicanos lo someten a una rigurosa inspección con diversos aparatos y con los perros entrenados para la detección de armas y dinero.
Mientras todo esto ocurre –e inclusive si el conductor del vehículo es arrestado por transportar pequeñas cantidades de municiones o efectivo–, otros automóviles formados en las líneas del cruce fronterizo que llevan grandes cantidades de armas o dinero logran pasar a Ciudad Juárez sin inspección por la distracción que provoca el incidente del automóvil detenido.
“Ese momento –subraya el agente de la CBP– también es aprovechado por los narcotraficantes para meter armas y dinero mediante las personas que entran caminando a México. Hay incluso ciudadanos mexicanos (hombres y mujeres) que sólo se dedican a eso: a trasladar dinero de El Paso a Juárez.”
A la oficina central del ATF, con sede en Washington, Proceso le solicitó las estadísticas sobre las cantidades de armas o dinero que sus agentes han confiscado durante el último año, pero hasta el cierre de esta edición la dependencia no había respondido a la solicitud.
Por su parte, la oficina de ICE en El Paso, cuya tarea primordial no es confiscar armas o dinero sino contener el tráfico de drogas y personas –indocumentados– de México a Estados Unidos, entregó a este semanario las cifras de narcóticos y personas que confiscó o detuvo en esta línea fronteriza durante los años fiscales 2008 y 2009.
La estrategia que urge
Jesús Cantú
Después de 38 meses de empecinarse en defender su estrategia de combate al narcotráfico, el presidente Felipe Calderón reconoció el martes 2 en Japón: “Lo que sí me queda claro es que no basta la acción policiaca o del gobierno, de las Fuerzas Armadas. Se requiere una estrategia integral de recomposición social, de prevención y tratamiento de adicciones, de búsqueda de oportunidades de empleo, de esparcimiento y educación para jóvenes”.
Después de que los asesinatos relacionados con el narcotráfico casi se multiplicaron por 10 en los tres años de su mandato, se da cuenta que no basta la fuerza bruta para resolver el problema, cuando las voces de alerta surgieron desde el día que decidió enviar al Ejército a Michoacán. En 2005 se contabilizaron aproximadamente 850 homicidios por este motivo; en 2009, de acuerdo con los medios de comunicación, ascendieron a casi 8 mil, y tan sólo en enero de 2010 rondaron los 950 asesinatos. Es decir que en 2005 el promedio de homicidios diarios fue de 2.3, en 2009 de 21.9 y en enero de 2010 de 31.6.
El asunto es todavía peor en Ciudad Juárez, que se encuentra bajo la responsabilidad del Ejército desde el 27 de marzo de 2008 y que durante 2008 y 2009 fue la más violenta del mundo, con un índice de 191 homicidios por cada 100 mil habitantes, como señaló José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de esa urbe. Ahí, en 2007, se cometieron 350 asesinatos; en 2009, más de 2 mil 630 y, en enero de 2010, casi 230.
No es la primera vez que Calderón habla de una estrategia integral para enfrentar a la delincuencia organizada. El 7 de marzo de 2007, poco menos de tres meses después de haber enviado fuerzas militares a Michoacán –el 11 de diciembre de 2006, 10 días después de su toma de posesión– anunció el programa llamado Estrategia Integral para la Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia. Sin embargo, al presentar los detalles se vio que se concentraba sobre todo en medidas y acciones para tratar de mejorar el desempeño de las fuerzas encargadas de combatir el crimen organizado (Ejército, Armada, Policía Federal y las corporaciones estatales y municipales), lo mismo que para avanzar en la coordinación entre ellas y, desde luego, promover la “cultura de la legalidad” y la participación ciudadana, ésta limitada a los consejos consultivos.
Ahora por lo menos Calderón reconoce la necesidad de atender los problemas sociales y enuncia ámbitos ajenos a los militares, policiacos y de justicia. Sin embargo, todo indica que se pretende complementar la estrategia de combate a la delincuencia organizada con otras medidas, no replantear la estrategia en sí misma, que es lo necesario.
Lo primero que debe hacerse para elaborar una estrategia exitosa es tener un diagnóstico adecuado, y para contar con él es preciso reconocer los grandes cambios que ha sufrido el narcotráfico en el mundo y particularmente en América:
a) Hubo un importante cambio en la oferta de drogas. Antes eran principalmente de origen natural, lo cual hacía que los países latinoamericanos fueran los principales productores; pero ahora se trata sobre todo de drogas sintéticas, que los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, pueden producir autónomamente; b) esto se traduce en una disminución de la demanda de droga latinoamericana por parte de los estadunidenses, al margen de cómo se comporte su consumo, ya que muchos sólo cambiaron de producto. Esto recrudece la disputa por los mercados latinoamericanos, que a su vez se agudiza en México; y c) el desplazamiento del control del narcotráfico de Colombia a México: hoy los cárteles mexicanos controlan los principales mercados.
Estos tres cambios fundamentales, aunados a los ancestrales problemas estructurales de México en los ámbitos económico y social, enmedio del vacío generado en el ámbito político por el derrumbe del presidencialismo metaconstitucional que todavía no tiene un reemplazo institucional, constituye el caldo de cultivo ideal para el fortalecimiento de dichos cárteles.
Como segundo paso en la implantación de una estrategia eficaz, hay que estar dispuesto a explorar nuevas alternativas. Esto implica diseñar políticas públicas de manera conjunta para atender los cuatro ámbitos básicos: político, económico, social y de seguridad y justicia.
De manera enunciativa, no exhaustiva, en el ámbito político deben definirse las responsabilidades y atribuciones de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes, tanto en el caso de los estados y como en la federación. En lo económico se necesita enfocar el presupuesto, junto con políticas que permitan detonar el desarrollo de regiones específicas. En el aspecto social impactan directamente las políticas de salud, de educación y de combate a la pobreza, que deben aplicarse de forma integral y no como miscelánea o de manera aislada.
Una nueva estrategia también exige cambiar totalmente el enfoque de seguridad y justicia, pues si bien es cierto el mayor problema de este ámbito es la impunidad reinante en México, deben ser cuestionadas profundamente tres premisas vigentes hasta hoy: una, el rechazo a discutir siquiera la legalización de algunas drogas; dos, la participación del Ejército y la Marina en el combate al narco; y tres, la lógica de que mayores sentencias penales se traducen automáticamente en menor delincuencia.
La mayor resistencia al tema de la legalización proviene de Estados Unidos, que hasta hoy ha impuesto sus reglas porque le conviene, aunque no suceda así con los países que tienen que aplicar sus políticas.
Por una parte el gobierno estadunidense, a través de convenios como la Iniciativa Mérida, canaliza recursos públicos para apoyar a sus empresas y organizaciones de la sociedad civil, como documentó El Universal el lunes 1: “70% de los montos autorizados ya están contratados (por el gobierno de Estados Unidos) para transferir equipo y tecnología que ayuden al gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado”. Entre los consorcios favorecidos se cuentan Bell, DynCorp, Cessna, Harris y Northrop Grumman Corporation. Pero también incluye programas como el de la “cultura de la legalidad”.
También se beneficia la industria estadunidense de las armas, pues como reveló el propio Calderón en conferencia de prensa, de las 50 mil armas, los 7 millones de cartuchos y las casi 3 mil granadas que se han decomisado al crimen organizado, “la mayoría de ellas (fueron) vendidas legalmente en Estados Unidos”.
La discusión sobre la legalización de algunas drogas también influye en el aspecto económico, pues como señaló el escritor Mario Vargas Llosa en un artículo publicado en el diario Reforma el pasado 10 de enero: “El problema no es policial sino económico. Hay un mercado para las drogas que crece de manera imparable, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, y la industria del narcotráfico lo alimenta porque le rinde pingües ganancias”.
Además, la descriminalización permitiría redireccionar grandes sumas de dinero a los otros ámbitos y, eventualmente, incluso captar más recursos para el erario público, en el caso de que no únicamente se legalice el consumo de algunas drogas, sino además se grave su venta.
Esto ya se está estudiando en el Congreso de California. Según una nota publicada en Reforma el 13 de enero, el Comité de Seguridad Pública de la Legislatura de California dictaminó favorablemente una propuesta del legislador Tom Ammiano para autorizar la venta libre de mariguana en el estado y establecer impuestos a su comercio, con lo que, calculan, pueden captar mil 300 millones de dólares anuales.
Las voces en favor de la legalización se multiplicaron durante los últimos meses. En marzo de 2007, el exfiscal colombiano Gustavo de Greiff Restrepo se manifestó en ese sentido en una entrevista con Proceso. Por las mismas fechas, el escritor mexicano Carlos Fuentes, en el marco del IV Congreso Internacional de la Lengua Española, que se realizó en Cartagena de Indias, Colombia, señaló: “Se debe legalizar (la droga) pero tiene que ser una medida universal, una medida que adopten todos los países. No pueden ser uno o dos los países, tienen que ser todos porque (en la lucha contra el narcotráfico) se ha derramado mucha sangre”.
En febrero de 2009, el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, el colombiano César Gaviria y el mexicano Ernesto Zedillo propusieron lo mismo, a fin de que los Estados privilegien la prevención de adicciones. Vargas Llosa, en el artículo citado, señala como alternativa “descriminalizar el consumo de drogas mediante un acuerdo de países consumidores y países productores, tal como vienen sosteniendo The Economist y un buen número de juristas, profesores, sociólogos y científicos en muchos países del mundo sin ser escuchados”.
Hay que escuchar a esos especialistas y, al menos, discutir el tema abiertamente, ya que se trata de una opción viable. Como señala De Greiff, “la medida no significa una invitación al consumo de estupefacientes, sino quitarle el negocio a los narcotraficantes y regularlo. Significa suprimir la corrupción” (Proceso 1590).
Vargas Llosa también da un excelente argumento sobre el problema de la corrupción: “El resultado de movilizar al Ejército en un tipo de contienda para la que no ha sido preparado tendrá el efecto perverso de contaminar a las Fuerzas Armadas con la corrupción y dará a los cárteles la posibilidad de instrumentalizar también a los militares para sus fines. Al narcotráfico no se le debe enfrentar de manera abierta y a plena luz, como a un país enemigo: hay que combatirlo como él actúa, en las sombras, con cuerpos de seguridad sigilosos y especializados, lo que es tarea policial”.
Así que, si bien la lucha antinarco no puede ganarse con las policías actuales, tampoco tiene sentido mantener la participación militar masiva, pues como se constató en el operativo donde murió Arturo Beltrán Leyva, ya se tuvo que recurrir a la Marina ante la sospecha o evidencia de que el capo ya tenía comprado al Ejército. Y después de la Marina ya no hay otra instancia.
Donde todavía hay mayor espacio para ensayar vías alternas es en el ámbito de las penas judiciales y la aplicación de la ley. El pasado 10 de enero, Jeffrey Rosen, profesor investigador de la Universidad George Washington, publicó en The New York Times un excelente artículo donde muestra los resultados de las políticas aplicadas en Hawai, Boston y Chicago para combatir la delincuencia, con base en el enfoque de que la estrategia más efectiva para disuadir la criminalidad debe “centrarse en incrementar la legitimidad del sistema de justicia criminal a los ojos de quienes han violado la ley o son propensos a hacerlo”.
Rosen indica que “las personas son más propensas a obedecer la ley cuando son sujetas a castigos que perciben como legítimos, justos y consistentes, que cuando los perciben como arbitrarios y caprichosos”. Y cita al juez Steven Alm, de Hawai: “Cuando el sistema no es consistente y predecible, la gente piensa que los criminales son sancionados arbitrariamente” por prejuicios, influencias o caprichos, y no perciben “que todo el que quebranta la ley es tratado igual y de la misma manera”.
La inspiración de Alm fue David M. Kennedy, profesor del John Jay College, pionero de este nuevo enfoque de disuasión a través de penas menores y diseñador del programa de cese al fuego en Boston, cuya base es la promesa de “menos crimen y menos castigo”.
En Boston se logró reducir los asesinatos en más de 60% con este programa. En Chicago, la tasa de homicidios mensual cayó en 37% y actualmente se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 30 años. Y en Hawai bastaron seis meses para que cayeran en 93% los resultados positivos de los exámenes antidrogas que se aplican a los infractores liberados bajo palabra.
Ya que el presidente Felipe Calderón y el secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont reconocen la necesidad de una estrategia integral, las opciones son múltiples, pero requieren de una acción decidida y comprometida de los tres poderes.
En materia de seguridad pública, el Congreso tiene mucho que hacer además de llamar a comparecer a los secretarios del ramo y exhibirlos públicamente o escuchar sus argumentos triunfalistas; los legisladores deben abocarse a participar en el diseño de las muchas reformas que precisa una nueva estrategia contra el narcotráfico.
Las opciones contra la delincuencia organizada no son combatirla frontalmente, negociar con ella o cederle el control. Se trata de construir una estrategia integral que verdaderamente la limite y someta, lo cual requiere de un enfoque totalmente nuevo y de la participación ciudadana, no únicamente en consejos y comités de evaluación, sino en la construcción de una nueva cultura cívica, en la legitimación del enfoque de disuasión y en el trabajo comunitario.
Pero hay que recordar que para involucrar a los ciudadanos primero es necesario ganar su confianza. Esto implica crear instituciones eficientes y efectivas, no simplemente sacar al Ejército a la calle y dar golpes mediáticos.
Veracruz, bajo control de " La Compañía"
Jorge Carrasco Araizaga
El cobijo institucional que tiene el exbrazo armado del cártel del Golfo en Veracruz, “no se entiende” sin el concurso de las principales autoridades del estado, aseguran a Proceso testigos protegidos que operaron en ambos bandos y que dan fechas y lugares de supuestos encuentros entre el gobernador Fidel Herrera y los líderes del grupo en la entidad. Así lo declararon a la SIEDO, pero sus señalamientos fueron desestimados porque eso, les dijeron, “es política”. Si bien los informantes detallaron las operaciones criminales y la estructura de Los Zetas en la entidad, ahora han quedado fuera del programa de la PGR y claman por ayuda al presidente Felipe Calderón.
Con protección institucional, Los Zetas establecieron su dominio en Veracruz a través de una organización conocida como La Compañía, en la que participó también el cártel del Golfo y que es investigada en Estados Unidos.
En México, exempleados de la administración de Fidel Herrera Beltrán declararon como testigos protegidos sobre los supuestos vínculos del gobierno estatal con esa organización.
Los informantes, que entre 2005 y 2009 trabajaron al mismo tiempo para el gobierno veracruzano y para el grupo que se inició como brazo armado del cártel del Golfo, detallaron a la Procuraduría General de la República (PGR) cómo se hicieron Los Zetas del control de las actividades delictivas en el estado, al amparo –afirman– de la protección oficial.
En sus declaraciones ministeriales, los testigos revelaron también cómo funciona la estructura que le ha permitido a Los Zetas controlar prácticamente todas las actividades de delincuencia organizada, desde venta de drogas hasta el robo de gasolina a Pemex, pasando por el secuestro, la extorsión y el tráfico de indocumentados.
Los señalamientos contra las autoridades de Veracruz, sin embargo, fueron desestimados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), según la cual la PGR “no se mete en política”.
Proceso entrevistó a esos informantes, cuya identidad fue plenamente acreditada, aunque, por su condición de testigos anónimos y el peligro que eso entraña, no puede revelar sus nombres.
Los testigos se quejan del fiscal Guillermo Domínguez y de “su sobrino”, el titular del área de Delitos contra la Salud de la SIEDO, Javier Humberto Domínguez, por haber omitido en la indagatoria sus declaraciones contra funcionarios del gobierno, además de utilizarlos para fabricar acusaciones contra personas que niegan conocer.
Renuentes a declarar en averiguaciones previas de hechos que no les constan, la PGR no sólo les redujo significativamente los beneficios del programa de testigos protegidos, sino que amenaza con procesarlos y encarcelarlos.
Según los entrevistados, ellos no son los únicos que están en esa situación: el 21 de diciembre pasado, 13 testigos protegidos enviaron al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, una carta para quejarse del trato y la manipulación que reciben de la SIEDO.
.
La organización
Empleados de Los Zetas al mismo tiempo que trabajaron en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, los informantes entrevistados dieron a conocer la estructura y el funcionamiento de la organización que en años recientes logró establecerse en ese estado del Golfo de México.
“La Compañía –dicen al referirse a Los Zetas– logró el control de todo cuanto pasa en el estado: droga, secuestros, extorsiones, tráfico de centroamericanos, piratería, robo de gasolina… todo; aunque ellos no siempre actúan directamente.”
Explican: en los secuestros participan policías, ya sea como informantes, como muros –encargados de dar protección física a delincuentes– o como responsables directos de los levantones; las extorsiones las controla La Compañía, y en el caso de robo de gasolina les cobra a quienes “ordeñan” las tuberías de Pemex. Los vendedores de mercancía pirata también deben pagar su cuota. “Hasta el juguero paga renta. El que no trabaja para ellos, paga cuota. Por eso, Veracruz aporta mucho a la organización”.
Para dar una idea de las ganancias de La Compañía, señalan que la nómina quincenal de sobornos a policías va de 500 mil a 600 mil pesos. Es decir, más de 1 millón de pesos mensuales. Los pagos, dicen, se hacen los días 5 y 25 de cada mes, en efectivo. Los policías firman recibos con su nombre por los sobres que reciben.
Los montos varían de acuerdo con el rango de los uniformados dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado –a cargo del general de división retirado Sergio López Ezquer–, de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río o de las direcciones de Policía Municipal.
Según los testigos, también entregaron dinero a policías ministeriales del estado, efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y militares de la 29 Zona Militar, con sede en Minatitlán.
En la SSP, precisan, los sobornos más bajos oscilan entre 2 mil y 5 mil pesos quincenales para los policías que sirven de protectores, vendedores de droga o informantes. Los mandos medios reciben 50 mil, y los más altos, 100 mil al mes.
Identifican como supuestos beneficiarios al exdelegado de la SSP estatal en Coatzacoalcos, de apellidos Arellano Cano, y al exsubdirector operativo de la misma corporación en la zona sur, también de Coatzacoalcos, Alfonso Lara Montero.
Aseguran que “la mafia y la policía funcionan como dos estructuras paralelas”, pues La Compañía considera como propios a los tenientes y subtenientes de la corporación estatal. “Incluso, si alguno es despedido, pasa a ocupar el cargo que ya tiene en la organización”.
De acuerdo con su versión, esta es la estructura operativa de La Compañía:
“Quienes están en el nivel más bajo son los halcones, que se encargan de dar información sobre los movimientos en las calles”. Entre ellos hay taxistas y gente común.
Luego están los escoltas, en los que participan policías que dan protección y vigilan las actividades del narcomenudeo con radios de telecomunicación tipo Nextel proporcionados por la organización delictiva. Arriba de ellos están los sicarios y los comandantes de estaca, encargados de grupos operativos. “Después vienen los comandantes de plaza y el comandante del estado”. Los estacas, dicen, siempre acompañan al comandante de la plaza y son los encargados de ordenar los secuestros y las ejecuciones.
Una vez dentro, cuentan, es muy difícil que los policías estatales o intermunicipales deserten de La Compañía. Y no es sólo porque están comprados: tienen información de las relaciones del grupo delictivo con las corporaciones.
Desde noviembre de 2007, La Compañía es investigada en Estados Unidos, y para mayo del año pasado el Departamento de Justicia ya había fincado cargos contra 19 miembros de la organización por operaciones de narcotráfico entre 2006 y 2008.
Aunque la alianza entre Los Zetas y el cártel del Golfo se rompió, la justicia estadunidense busca la extradición de siete líderes de Los Zetas, seis del cártel del Golfo y seis de La Compañía por actividades realizadas bajo esta organización.
Los encuentros
Pagados “por la mafia” durante los años que coinciden con el gobierno de Fidel Herrera, los testigos sostienen que la protección de La Compañía en Veracruz no se entiende sin las principales autoridades estatales. Y mencionan varios hechos de esa presunta relación.
El primero, una supuesta reunión de Fidel Herrera y sus principales jefes de seguridad y justicia con Braulio Arellano Domínguez, conocido como El Zeta-20, El Gonzo o El Verdugo, muerto el pasado 3 de noviembre en un enfrentamiento con elementos federales e infantes de Marina en el municipio de Soledad de Doblado, en el centro de Veracruz.
Los declarantes sostienen que el alegado encuentro con el entonces jefe de Los Zetas en Veracruz ocurrió a finales de 2008 en el hotel Mabiel, frente al hospital Valentín Gómez Farías, en Coatzacoalcos.
Aseguran que Herrera Beltrán estuvo acompañado por el entonces subcoordinador de la SSP estatal de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y actual subsecretario B de la dependencia –que corresponde a la misma zona–, Remigio Ortiz Olivares, quien ha trabajado en esa área desde finales del gobierno de Miguel Alemán Velasco.
Los informantes dicen que a esa reunión también asistieron el exsubdirector operativo Lara Montero, y el subprocurador general de Justicia del estado, Jorge Yunes Manzanares.
Agregan que en noviembre de ese mismo año, en la víspera de su IV informe de gobierno, Fidel Herrera acudió a un festejo en una casa del fraccionamiento Las Ánimas, donde vive el propio gobernador, su secretario de Gobierno, Reinaldo Escobar Pérez, y los empresarios más ricos del estado.
Según su versión, en la fiesta estuvieron El Gonzo y Miguel Treviño Morales, el presunto jefe de Los Zetas en Veracruz. También refieren otros festejos que tuvieron lugar en el mismo fraccionamiento en diciembre último.
Añaden que a finales de 2008, dos ayudantes de Escobar fueron detenidos con fotografías de familiares y casas de los empresarios que viven en el fraccionamiento, además de que les confiscaron cámaras de video, radios de telecomunicación y armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, fueron puestos en libertad al día siguiente.
Relacionan un hecho más: el asesinato de cuatro escoltas de la familia del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, integrantes de la Agencia de Seguridad Estatal. Indican que el ataque, ocurrido en mayo de 2007 en Boca del Río, camino al puerto de Veracruz, fue ordenado por El Gonzo, al confundir el convoy en el que iban los hijos de Peña Nieto con integrantes de La Familia michoacana.
Para el operativo, además de los sicarios, se movilizaron alrededor de 30 patrullas, tanto de Coatzacoalcos como de la intermunicipal Veracruz-Boca del Río. En total, estiman, fueron ocupados unos 90 uniformados, incluidos los de Coatzacoalcos, que está a cuatro horas del puerto. Ninguno de los agresores está detenido.
Los entrevistados dicen que ese episodio y el de las fiestas en el fraccionamiento Las Ánimas también fueron omitidos por la SIEDO, con el argumento de que “eso es política”.
Testigos abandonados
A uno de los testigos la SIEDO lo integró de inmediato al programa de testigos protegidos, no así al otro, a pesar de haber declarado ministerialmente.
El testigo oficialmente reconocido dice que rindió su declaración inicial ante el entonces titular del área de Delitos contra la Salud de la SIEDO, a quien identifica como el “licenciado Cabrera”. Sostiene que este funcionario le ofreció entrar al programa de testigos protegidos junto con su familia, una mensualidad de 10 mil pesos, gastos escolares y médicos, así como apoyo para vivienda.
Asegura que desde el principio sus declaraciones y las del otro testigo sobre Fidel Herrera y su equipo quedaron fuera de la averiguación previa. “El fiscal Faustino Angulo” omitió “mucha información de la mafia, incluido lo que dijimos del gobernador”, con el argumento de que “así era más rápido para entrar al programa”, refiere. Angulo fue sustituido por “el licenciado Francisco Vera, quien también se negó a incluir esa información”.
En una carta enviada al presidente Felipe Calderón en diciembre pasado, ambos testigos señalan que el actual titular del área de Delitos contra la Salud de la SIEDO, Javier Domínguez, y el coordinador Guillermo Domínguez, no sólo persisten en omitir esa información, sino que les han retirado casi todo el apoyo que recibían, “porque somos delincuentes”.
Ahí cuentan que Javier Domínguez les dijo que la SIEDO “no era beneficencia pública” y que todos los testigos deberían “estar en la cárcel”, o mejor entregarse a las mafias a las que pertenecen “para que nos mataran”.
Abunda uno de los testigos en el escrito: “De manera amenazante y burlona, me dijo que no se me ocurriera hablar algo en contra de ellos, porque ya sabía él que la mafia nos había fabricado… una denuncia y que no le importaba que la persona que denunciaba estuviera dentro de mi declaración… y que él, con una mano en la cintura nos podía poner en el reclusorio… para que nos terminara de matar la mafia”.
Se queja también de que debía ganarse los apoyos del programa declarando en contra de unos detenidos a los que no conoce. Afirma que Guillermo Domínguez, el otro funcionario de la SIEDO, le dijo que si no los conocía “no había problema, que eso sólo lo sabíamos él y yo, y que el juez no tenía por qué saberlo”. Desde entonces, expone, “me han hecho declarar en contra de personas que yo jamás he visto, pues me dijo que mi familia está amenazada”.
El otro informante, que no fue incorporado al programa de testigos protegidos, sostiene que le ofrecieron ser “testigo oculto” o “testigo colaborador”. El exempleado del gobierno veracruzano rechazó la propuesta.
Y refiere que, ante la negativa, Guillermo Domínguez lo amenazó: “Te advierto que si hablas algo de cómo estamos trabajando, van a tener problemas tú y tu familia, o la mafia puede dar con ustedes o sus hijos. Así que te conviene declarar o atente a las consecuencias”.
La carta enviada a Calderón concluye: “Señor presidente, no omito manifestarle que no me estoy negando… a seguir colaborando ni estoy renunciando al programa (de testigos protegidos), pero me dirijo a usted y ante los medios de comunicación, ya que si algo me llega a pasar a mí o a mi familia… (responsabilizo) al señor Guillermo Domínguez, ya que nos han amenazado que si nosotros decíamos lo que han hecho con nosotros, nos podían poner a disposición o desaparecernos”.
En entrevista, los testigos dicen que ante esas presiones accedieron a firmar averiguaciones que les dieron los fiscales de la SIEDO y que contienen información aportada por los propios informantes, a pesar de lo cual prácticamente les han retirado los beneficios del programa.
Los testigos ahora temen ser procesados por falsedad de declaraciones o sufrir represalias de las organizaciones delictivas, como les ha ocurrido a otros testigos protegidos.
La reiterada negativa de los testigos a participar en nuevas declaraciones fabricadas llevó a Domínguez a endurecer las amenazas: “Lo que les pase de ahora en adelante ya no es de mi incumbencia”, les dijo el pasado 29 de diciembre.
Una semana antes, 13 testigos protegidos le enviaron una carta al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, para quejarse de los tratos de la SIEDO, a cargo de Marisela Morales Ibáñez.
En ese escrito, enviado también a la Presidencia de la República con una nota para Felipe Calderón solicitándole su apoyo, le piden al procurador “un diálogo de unidad” para detener los abusos de funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
“Nosotros no somos la solución, pero somos parte de la solución para ganar esta guerra contra los cárteles de las drogas, a (los) que pertenecimos”, dice la carta firmada con las claves que les han asignado en la SIEDO.
Los 13 testigos protegidos le piden al procurador “garantizar nuestros derechos humanos y garantías individuales”, además de un trato no discriminatorio, “como nos los a (sic) dado algunos funcionarios y funcionarios públicos sin escrúpulos”, dice el escrito entregado en la PGR y en Los Pinos el mismo 21 de diciembre.
“La Compañía”, sus directivos y su modus operandi…
Jorge Carrasco Araizaga
Mientras el gobierno de Felipe Calderón demuestra cada día la inoperancia de su estrategia de combate al crimen organizado, la justicia estadunidense mantiene desde hace dos años una amplia y pormenorizada investigación en torno a Los Zetas. Este trabajo revela las identidades de presuntos narcotraficantes pertenecientes a La Compañía, una organización que operaba cuando el cártel del Golfo y los propios zetas trabajaban de común acuerdo.
Una investigación que la justicia estadunidense sigue desde hace dos años puso al descubierto la estructura, los mandos y la forma en que operaban el cártel del Golfo y Los Zetas para traficar droga desde Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos bajo el nombre de La Compañía, y con la protección oficial en México.
De acuerdo con acusaciones hechas por el Departamento de Justicia ante la Corte Federal para el Distrito de Columbia en Washington, La Compañía operó en años recientes para traficar droga a Estados Unidos y dinero a México bajo la dirección de una tríada en la que participaron los principales jefes del cártel del Golfo y Los Zetas.
Según el gobierno estadunidense, La Compañía surgió como un “consejo de gobierno o triunvirato” integrado por Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Cos, El Doble X o El Dos Equis, y Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o El Licenciado.
El proceso judicial se inició en noviembre de 2007 al fincarse acusaciones contra 11 integrantes de la organización. La investigación está en curso y ahora el Departamento de Justicia estadunidense tiene cargos contra ocho personas más, a quienes busca extraditar desde México.
Dos de los acusados ya fueron detenidos aquí el año pasado, pero la mayoría aún aparece en el programa de recompensas de la Procuraduría General de la República (PGR).
Entre ellos están los principales requeridos por Estados Unidos: Tony Tormenta, El Cos y El Lazca. La investigación señala a Tony Tormenta como un líder propio de La Compañía; a El Cos, como “activamente involucrado en las actividades del cártel del Golfo”, y a El Lazca, como líder de Los Zetas, que fue jefe de seguridad del cártel del Golfo. También identifica a qué organización pertenece el resto de los acusados y establece un quién es quién dentro de La Compañía, el cártel del Golfo y Los Zetas.
El proceso
De acuerdo con la causa criminal CR-057 abierta por la justicia federal estadunidense, La Compañía operaraba en todos los estados de la costa del Golfo de México, por donde traficaba embarques de cocaína y mariguana procedentes de Venezuela, Colombia, Panamá y Guatemala con destino a Texas, para después distribuirlos en distintas ciudades de Estados Unidos.
En el caso de México, la indagatoria se enfoca principalmente a Tamaulipas, pero incluye a Veracruz y Tabasco, en la costa occidental, y a Coahuila, Nuevo León y Chiapas, zonas de operación del grupo o de alguno de sus integrantes. Según la acusación, esa alianza también ejercía el control de miles de kilómetros en la frontera de México con Estados Unidos.
Elaborada por la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), la investigación identificó a los mandos de las plazas y el papel jugado por cada uno en operaciones realizadas por La Compañía entre 2006 y 2008.
El Departamento de Justicia indica que la información en torno a esa alianza la obtuvo a partir de intervenciones telefónicas a los miembros del grupo. Así se enteró de datos logísticos, costos de las transacciones, precio de la droga y referencias acerca de sobornos a autoridades mexicanas.
La investigación sigue abierta y, a petición del Departamento de Justicia, el tribunal de Columbia decidió mantenerla bajo reserva. Lo único que se conoce es la acusación, en donde se fincan tres cargos contra 19 personas.
Además de Tony Tormenta –hermano de Osiel Cárdenas, detenido en 2003 y extraditado en
En seguida aparecen Jaime González Durán, El Hummer –detenido en Reynosa en noviembre de 2006–; Samuel Flores Borrego, El Tres o El Metro Tres; Mario Ramírez Treviño, Mario Pelón o X-20; Alfredo Rangel Buendía, El Chicles, y a una persona que sólo señala como Lino.
Incluye también a Gilberto Barragán Balderas, El Tocayo; Juan Reyes Mejía González, R-1, Kike o Reyes; Omar Treviño Morales, El 42; Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito o El Caballero; Alfonso Lam-Liu, El Gordo Lam, y Eleazar Medina Rojas, El Chelelo.
El resto de los acusados son Aurelio Cano Flores, Yankee o Yeyo; Carlos Cerda González, Puma o Carlitos; Víctor Hugo López Valdez, Jorge Hernández Martínez, Chiri o Chiriquas, y Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, Chito, Chito Can, Chito Canico o Chito Canicón. Este último fue operador del grupo en Nuevo León y detenido en Saltillo en marzo de 2009, acusado del asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones en Cancún, en febrero del año pasado.
A todos se les responsabiliza de conspirar para manufacturar y distribuir cocaína y mariguana destinadas a Estados Unidos entre junio de 2006 y marzo de
A partir de lo que describe como “una investigación de largo plazo de una organización de tráfico internacional de cocaína que opera en México y otros lugares”, el Departamento de Justicia asegura que los acusados pertenecen al cártel del Golfo o a Los Zetas y actuaron juntos bajo el nombre de La Compañía.
Originalmente reclutados por Osiel Cárdenas como brazo armado del cártel, los militares de élite desertores del Ejército que formaron Los Zetas adquirieron fuerza propia dentro de los grupos de delincuencia organizada y se desprendieron del cártel del Golfo a finales de 2008.
Según el gobierno estadunidense, La Compañía dividió su territorio en áreas conocidas como plazas a lo largo de miles de kilómetros de la frontera México-Estados Unidos, con sus respectivos jefes.
Sobre las tres acusaciones, indica que el triunvirato dirigía el transporte de cocaína y mariguana mediante barcos, aeroplanos y automóviles desde Colombia y Venezuela a Guatemala, y de ahí a varias “plazas” en México. En Estados Unidos, operaba en Texas para después distribuir la droga en otras ciudades.
El gobierno estadunidense también responsabiliza a ese grupo y a otros miembros de La Compañía de “organizar, dirigir y llevar a cabo varios actos de violencia contra oficiales de procuración de justicia mexicanos y narcotraficantes rivales como represalia e intimidación a quien o quienes interfirieran o fueran considerados como potenciales obstáculos a sus actividades”.
Como característica común para el embarque de la droga y la evasión de la vigilancia policial, señala la utilización de teléfonos Nextel y equipo de radiotelecomunicación UHF/VHF, además del lenguaje codificado para disfrazar y ocultar sus actividades.
También se valía de equipo sofisticado de computación para mantener “una amplia base de datos” con información sobre las cantidades de cocaína embarcada, las identidades y localidades de los jefes de plaza, las nóminas, los pagos hechos a las autoridades mexicanas y el dinero recibido y prestado.
Si bien la acusación no hace públicos los detalles de esos registros, se apoya en “actos manifiestos” conocidos a partir de decenas de conversaciones telefónicas interceptadas al grupo.
Quién es quién
Entre los 19 acusados, el Departamento de Justicia de Estados Unidos describe el liderazgo y el papel de seis jefes de La Compañía, seis del cártel del Golfo y siete de Los Zetas.
Los líderes que identifica como propios de La Compañía son Tony Tormenta, El Tocayo, El 42, El Yankee, El Puma y El Chiriquas. A El Tocayo lo ubica como el encargado de obtener información sobre los operativos contra la organización. A El 42, como operador en Coahuila junto a El Mamito, de Los Zetas. Y a El Yankee como introductor también de heroína a Estados Unidos. De El Chiriquas asegura que le llevó asuntos personales y de negocios a Heriberto Lazcano relacionados con La Compañía, incluidos lugares de ubicación y llamadas telefónicas.
Como integrantes del cártel del Golfo menciona a El Cos, El Metro Tres, El X-20, Lino, El R-1 y El Gordo Lam. Del Metro Tres dice que, además de haber sido el encargado de informar sobre las operaciones del gobierno contra el grupo, ha operado en Chiapas desde 1996, mientras que a Lino lo señala como uno de los primeros contadores de La Compañía.
De Los Zetas integrados a la alianza ubica a El Lazca, El Zeta 40, El Hummer, El Chicles, El Mamito, El Chelelo y El Canicón. Del Chelelo dice que ha operado en Monterrey junto a El Canicón, quien fue detenido en Saltillo, en marzo del año pasado.
Sobre las actividades de los tres principales dirigentes de La Compañía, en las acusaciones que se siguen en la corte estadunidense se dice que Tony Tormenta “se involucró activamente” en sus actividades, incluida la recepción de “grandes cantidades” de dinero de Estados Unidos a México.
A El Cos lo identifica no sólo como parte del triunvirato, sino como uno de los principales responsables de las actividades del cártel del Golfo, incluido el manejo de dinero producto de la venta de la cocaína y la mariguana en Estados Unidos.
De El Lazca menciona que además de líder de La Compañía y de Los Zetas, era el jefe de seguridad del cártel del Golfo, involucrado directamente en actividades como el manejo de los embarques con los recursos económicos llegados desde Estados Unidos.
Después de ellos menciona a Miguel Treviño Morales, El 40, Zeta 40 o El Cuarenta. Lo ubica como el segundo al mando de Los Zetas y un activo participante en las actividades de ese grupo y del cártel del Golfo, tanto en el trasiego de droga como en la recepción de dinero.
Dentro de La Compañía, su función era la de supervisar las actividades en áreas de México cerca de la frontera con Estados Unidos, así como en Nuevo Laredo y Veracruz, donde tiene el control de la Policía Ministerial, según sus propios dichos referidos en la acusación.
Al ya detenido El Hummer, uno de los fundadores de Los Zetas, lo ubica como activo operador de la alianza en Tamaulipas, especialmente en Nuevo Laredo, Miguel Alemán y Reynosa.
La relación entre El Hummer y El Zeta 40 era intensa, a decir de la acusación estadunidense. Cita varios casos. Uno, el del 21 de octubre de 2006, cuando en una llamada telefónica Treviño Morales le indicó a González Durán que la organización pagaba “bonos” según el nivel de sus integrantes, y que en el caso de los jefes era de 10 mil dólares. Además, acordaron que Treviño le vendería mil kilos de mariguana.
Otro es de una llamada intervenida el 21 de mayo de 2007, en la que El Zeta 40 buscaba asegurar el embarque de
Otra llamada, del 25 de junio de 2007, lo involucra en los preparativos logísticos en Altamira y Tampico, en Tamaulipas, “para recibir miles de kilos de cocaína desde Colombia”.
Poco después, el 24 de julio, Miguel Treviño Morales le ordenó a El Hummer contactar “a un individuo para decirle que sólo la carga de La Compañía era la permitida para pasar por la ciudad de Camargo”.
Además de facilitar el paso de mariguana de El Lazca por Reynosa, El Hummer también estableció relación con Omar Treviño Morales, El 42, para la movilización de los recursos económicos producto de la droga.
Según el Departamento de Justicia, el 26 de marzo de 2007, El 42 le dijo a El Hummer que estaba movilizando “una gran cantidad de dinero en efectivo” en una camioneta sport tipo pick up marca Chevrolet Avalanche, color gris con placas de Tamaulipas.
Las conversaciones también dan cuenta de pérdidas de efectivo, como la incautación de 2 millones 700 mil dólares, en Texas, cuya propiedad fue adjudicada por El Hummer a El Zeta 40.
Sobre los precios de la cocaína, la acusación señala que entre junio y agosto de 2006, El Canicón le compró a La Compañía 65 kilos de cocaína, por un total de 877 mil dólares, a un precio de 13 mil 500 dólares por kilo. El siguiente año, según una conversación del 29 de mayo entre El Hummer y El Lazca, La Compañía ya había bajado a 12 mil dólares el kilo de cocaína.
En el caso de la mariguana, el 8 de febrero de 2007, El Chiriquas le dijo a El Hummer que El Lazca quería saber el precio que cobraba La Compañía por un kilo en Reynosa. La respuesta fue que la organización vendía el kilo entre 150 y 170 dólares.
Además, el costo del embarque por cada kilo de mariguana fijado por La Compañía era de 20 dólares, según una conversación de El Metro Tres y El Zeta 40. En esa misma conversación, de fecha 26 de marzo, El Zeta 40 le dijo a su interlocutor que tenía el control de la Policía Ministerial de Veracruz.
Sobre el control de autoridades, la acusación menciona una llamada del 8 de mayo de 2007. Según el Departamento de Justicia, El Cos autorizó a El X-20 y a El Metro Tres pagar “un soborno de 2 millones de dólares a funcionaros del gobierno mexicano”. Amparado en que se trató de una conversación en lenguaje codificado, el gobierno estadunidense evita precisar los nombres y niveles de las autoridades mexicanas involucradas.
Otro ejemplo de corrupción aparece en una conversación del 11 de mayo de 207, cuando El Metro Tres le indica a Tony Tormenta que les confiscaron 300 kilos de cocaína, pero que la persona detenida –no identificada en la acusación– “podría salir bajo fianza”.
Las grabaciones también registran las incautaciones sufridas por La Compañía durante 2007, como las siete toneladas de mariguana que estaban en ruta entre Reynosa, Tamaulipas, y McAllen, Texas, en marzo; 400 kilos de cocaína en febrero; cinco toneladas de cocaína en abril; 300 kilos en mayo, y 2.4 toneladas en Panamá, en diciembre.
El gobierno estadunidense también registró las amenazas y reglas de La Compañía. El 10 de febrero de 2007, El Cos y El Metro Tres acordaron imponer una tarifa de 20 mil dólares a la semana a un individuo –no identificado en la acusación– que estaba transportando mariguana a través de Reynosa, territorio identificado como de El Cos.
En octubre de ese año, la coerción fue más intensa cuando El Chicles advirtió que los inversionistas de un cargamento de cocaína asegurado en Altamira tenían 72 horas para pagar el dinero del embarque o serían asesinados.
La reforma de Calderón, pequeña y deshilvanada
Rodrigo Vera
“La iniciativa de reforma política propuesta por Felipe Calderón, en diciembre pasado, es una iniciativa deshilvanada, mediocre y mal intencionada, que pasa por alto los grandes problemas del país, como son la crisis económica, el desempleo, la injusticia social o la pérdida de soberanía”, afirma Porfirio Muñoz Ledo, diputado por el Partido del Trabajo y quien desde hace años viene promoviendo una reforma de Estado.
Añade el legislador: “¡Esa iniciativa quedó hecha trizas! Los juristas y los partidos políticos la destrozaron. Ya no existe. Es cosa del pasado. A Calderón le salió el tiro por la culata”.
El linchamiento contra la iniciativa de Los Pinos –asegura– fue orquestado por el “mañoso” Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI en el Senado, quien “ilegalmente” le dio entrada para después exhibirla y ahora intentar sacar provecho del rechazo que provocó.
“Por desgracia, todo es sólo un regateo político barato. Beltrones quiere sacar provecho de la golpiza que le propinó a Calderón. Pretende negociar para rescatar algunas cosas de la iniciativa de Calderón e incluir algunas propuestas del PRI en el Senado”, advierte Muñoz Ledo.
–¿Ya se vislumbra qué puntos se rescatarán de la iniciativa de Los Pinos y qué propondrá el PRI? –se le pregunta.
–Todavía no. Lo importantes es saber qué meterá el PRI. Y si es el PRI o es Beltrones, ya que en ese partido hay tres poderes: el de su presidenta (Beatriz Paredes), el de Peña Nieto y el de Beltrones. Aunque ahorita la pelota está en la cancha de Beltrones… ¿Cómo quedará ese engendro?... Ya lo veremos.
Enfatiza Muñoz Ledo que fue precisamente Beltrones quien, “ilegalmente”, le dio entrada en el Senado a la iniciativa de reforma política que Calderón presentó en diciembre pasado y la cual contiene 10 propuestas de reforma.
“Al margen de la ley, mañosamente, Beltrones le dio entrada a esa iniciativa de Calderón, siendo que, previamente, ya había unas 20 iniciativas en el Congreso sobre cada punto de la iniciativa de Calderón. No hay ningún tema que no hayamos tocado.
“Es más, en 2007 el mismo Beltrones convocó a realizar una ley del Congreso para la reforma de Estado. Se realizaron cinco reuniones ciudadanas de las que salieron 6 mil 300 propuestas. De los partidos políticos salieron 920 propuestas. Yo fui consultor de ese ejercicio.
“Legal y constitucionalmente, primero debieron pasar las iniciativas que ya teníamos y después la de Calderón. ¿De qué privilegios goza entonces Calderón? Se le dio iniciativa preferente, que es cuando una iniciativa del Ejecutivo pasa antes que la del Legislativo. Pero en México no existe la iniciativa preferente del Ejecutivo. ¡No la hay! Ilegalmente se le dio entrada, para dictamen, a esa iniciativa.
“Después de esto, Beltrones convocó a los juristas para que externaran su opinión, concretamente al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al que pagó una fortuna. Los juristas reaccionaron con ferocidad. Otro sector que también reaccionó contra la iniciativa fueron los partidos políticos. Así, Beltrones terminó por darle una madriza preferente a la iniciativa de Calderón. Y repito: todo con el fin de sacar provecho político”.
Pura retacería
En la amplia biblioteca de su residencia de Lomas Reforma, Muñoz Ledo da un sorbo a su café, se recarga en el sillón y exclama con ironía: “Todo está muy claro y tiene un nombre técnico: se llama violencia intrafamiliar; ¡Beltrones le dio una golpiza a la mujer para llevársela a la cama!”.
–¿Y qué pretende Calderón con sus reformas?
–Es una pequeña iniciativa de reforma política, derechosa y deshilvanada, destinada a golpear a los partidos de oposición, fundamentalmente a la izquierda. Además, intenta entregar el control de los procesos políticos a los poderes fácticos.
“La habilidad de Calderón fue que su iniciativa ganó el impacto mediático. Sin embargo, no la consensó con nadie, ni siquiera con su partido. En el PAN no están de acuerdo con varias de sus propuestas de reforma. Le salió el tiro por la culata.”
–¿Ni siquiera es coherente?
–¡Para nada! Es una iniciativa desarticulada y mal planteada que se robó propuestas nuestras. Está hecha de retacería. A quienes la hicieron yo les llamó los pozoleros de la política. Agarraron una oreja de aquí, una trompa de allá y así las metieron a la olla, como quien hace pozole. Es una iniciativa sin futuro.
“La reforma política de (Jesús) Reyes Heroles, por ejemplo, sí tenía coherencia y objetivos concretos; desahogar la guerra sucia dándole personalidad a los partidos clandestinos, y metiendo diputados no sólo de la izquierda, sino también del sinarquismo. No era una reforma contra el sistema, sino para fortalecer al sistema.”
Presentada el 15 de diciembre último en el salón Manuel Ávila Camacho, en Los Pinos, la iniciativa de reforma política de Calderón contiene 10 propuestas al Congreso:
–Implementar la segunda vuelta electoral para la elección de presidente de la República. Se elegirá como presidente a quien obtenga más de la mitad de los votos emitidos. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos pasarían a la segunda vuelta. Ésta se realizará en la misma fecha de la elección legislativa.
–Dejar en libertad a las legislaturas locales y a la Asamblea del Distrito Federal para establecer la elección consecutiva, hasta por un periodo de 12 años, de alcaldes y demás miembros de los ayuntamientos, así como de los jefes delegacionales.
–Permitir la elección consecutiva de legisladores federales y locales, en periodos que tengan un límite de hasta 12 años.
–Reducir el número de integrantes del Congreso. En la Cámara de Senadores se eliminarían los 32 escaños electos de una lista nacional para un total de 96 senadores. La Cámara de Diputados se reduciría de
–Aumentar el mínimo de votos para que un partido político conserve su registro. El porcentaje necesario pasaría de 2% a 4%.
–Agregar la figura de “iniciativa ciudadana” para que las personas puedan proponer iniciativas de ley sobre temas de su interés que no se encuentren en la agenda legislativa.
–Incorporar la figura de las candidaturas independientes a nivel constitucional para todos los cargos de elección popular.
–Reconocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia.
–Facultar al Poder Ejecutivo para que pueda presentar al Congreso dos iniciativas preferentes que deberán votarse antes de que concluya el periodo. En caso contrario éstas se considerarían aprobadas.
–Establecer la facultad del Ejecutivo para presentar observaciones parciales o totales a los proyectos aprobados por el Congreso y al Presupuesto de Egresos de la Federación. Establece la figura de la “reconstrucción presupuestal”.
Los cuestionamientos
El decálogo de Calderón se ganó de inmediato un rechazo generalizado por parte de los partidos de oposición en la cámara alta. El senador perredista Carlos Navarrete dijo que es un “engaño” pretender que le reelección de legisladores quedará en manos de la ciudadanía, pues serán los partidos los que decidan. Dante Delgado, coordinador de Convergencia, dijo que Calderón debió presentar su iniciativa al inicio de su gestión, y no ahora, cuando prevé la derrota de su partido en 2012. Para el senador priista Pedro Joaquín Coldwell, la iniciativa es un “golpe de timón ante los resultados adversos y precarios en materia económica y de seguridad”.
Varios juristas también reaccionaron en contra. Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, elaboró por escrito su postura donde sostiene que esa reforma “promueve la concentración del poder y su ejercicio irresponsable. Es un diseño para reforzar el autoritarismo en México y para adicionar obstáculos al equilibrio y a la cooperación entre los órganos del poder”.
Sobre las candidaturas independientes propuestas por Calderón, dijo Valadés que “en realidad encubrirían las elevadas posibilidades de manipulación electoral, los recursos oscuros en las elecciones, la creciente intervención de los grupos con poder financiero”, además de que podría haber candidatos “con el apoyo subrepticio de organizaciones delictivas, de gobiernos extranjeros o de caciques convertidos en grandes electores”.
La Cámara de Diputados también manifestó su rechazo a la propuesta de Calderón. El lunes 1, los grupos parlamentarios del PRI, PRD, PT, PVEM, Nueva Alianza y Convergencia anunciaron que no aprobarán la iniciativa de Calderón, sino una reforma que fortalezca los controles del Congreso de la Unión al Ejecutivo.
Adelanta Muñoz Ledo:
“En la Cámara de Diputados vamos a proponer la gran agenda de la reforma del Estado. Entre nuestra propuesta y la de Calderón habrá una diferencia abismal. Exhibiremos la pobreza intelectual del gobierno panista.”
Las alianzas de nadie con nadie
Rodrigo Vera
¿Cómo pueden aliarse dos partidos que en su declaración de principios son francamente opuestos? ¿Cómo pueden explicar estas alianzas ante sus electores, cuando van contra las plataformas políticas que les pidieron impulsar? Esto sólo es posible porque dichos partidos no se conciben como representantes de nadie una vez que obtuvieron los votos, y sólo defienden sus intereses de élite en el poder, responde Enrique Dussel, prestigiado especialista en filosofía política.
Las alianzas electorales que, al margen de sus principios, actualmente están fraguando el PRD y el PAN para arrebatarle gubernaturas al PRI en los próximos comicios, son un reflejo más de “la profunda crisis y descomposición interna” por la que atraviesan los tres principales partidos del país, asegura Enrique Dussel, especialista en filosofía política.
El filósofo y catedrático universitario agrega con desencanto:
“Se comenta que esas alianzas electorales corromperán a los partidos. No es cierto. Los partidos ya están corrompidos. Desde hace tiempo atraviesan por una crisis de principios realmente espantosa.”
–¿Esas alianzas son entonces un problema menor?
–Son alianzas coyunturales que a los partidos ni les quitan ni les agregan nada. Pueden hacerlas sin deteriorarse más de lo que ya están. Con alianzas o sin alianzas, su profunda crisis y descomposición interna seguirán siendo las mismas.
–¿Se desdibujaron las peculiaridades ideológicas que los distinguían?
–Totalmente. El PRI, por ejemplo, no tiene más principios; ya ni siquiera sabe si es de izquierda o de derecha. Al PAN no le queda ninguno de los principios que le inculcaron sus fundadores; de aquella gente proba y honesta salieron panistas corruptos que hoy ganan sueldos estratosféricos. Y del PRD ni se diga: su presidente, Jesús Ortega, acaba de decir que su partido dejará de lado sus principios para emprender estas alianzas electorales.
“Todavía en su congreso de Oaxtepec, realizado en diciembre pasado, el PRD renovó sus principios y prometió darle importancia a la ética. Y ahora, a las primeras de cambio, dice que las alianzas están fuera de los principios. ¿De qué se trata? No hay ninguna coherencia. Lo cierto es que ni siquiera la más mínima alianza puede hacerse sin principios.
“Otro reflejo de la crisis de los partidos es que, actualmente, todos carecen de escuelas de formación de cuadros. Si un joven quiere entrar a un partido y dice: ‘Denme formación, quiero ser un profesional del partido’, seguramente lo pondrán a cargarle el portafolio a algún diputado para que le vaya aprendiendo sus malas mañas.”
Doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y la Sorbona de París, Dussel es actualmente catedrático de filosofía política en la UAM-Iztapalapa. Es autor de varios libros, en los que analiza las formas del poder, entre ellos 20 tesis de política, Política de la liberación, Para una ética de la liberación latinoamericana y El encubrimiento del otro.
Una de las tesis centrales del filósofo es que el poder –“hilo conductor de toda la filosofía política”– reside originalmente en la comunidad, que lo delega a sus representantes, pero éstos suelen corromperse y ejercerlo en provecho propio, cayendo así en la “fetichización” del poder.
Entrevistado en su estudio de Coyoacán, en la Ciudad de México, Dussel asegura que esto es justamente lo que hoy ocurre con los partidos que ya empiezan a disputarse las gubernaturas.
“Por desgracia, los partidos tienen el monopolio de la política. Todos los aspirantes a las gubernaturas deben pasar por los partidos. No hay ninguna otra vía para que el ciudadano tenga participación”, dice.
Por lo pronto, el PRD y el PAN ya se aliaron para disputarle al PRI la gubernatura de Durango y están en negociaciones para hacerlo también con las de Oaxaca, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo. Sólo aliándose, alegan, podrán romper los cacicazgos priistas en esos estados, pese a que en sus respectivas declaraciones de principios PRD y PAN guardan posturas opuestas.
El PRD, en el último documento sobre su “línea política”, producto de su congreso en Oaxtepec, claramente se autodefine como de “izquierda” y estipula que su “estrategia se finca en establecer una política de claro contraste y diferencia con las derechas del PRI y del PAN”, ya que estos partidos, dice, defienden “los intereses oligárquicos y el programa neoliberal” que tanto daño le han hecho al país.
Agrega el PRD que el PAN usurpó la Presidencia de la República en los comicios de 2006 y, ya en el poder, el blanquiazul “no combatió la corrupción, no impulsó la generación de empleos ni la consolidación democrática”, por lo que “el PAN es una derecha desgastada y deslegitimada”, a la que hay que oponerse “con congruencia teórica y práctica”.
El PRD –prosigue su documento doctrinal– aboga por los derechos “de las personas con preferencias sexuales diferentes”, así como por “el respeto a la libertad de la mujer para disponer de su cuerpo”, por lo que se abre a los matrimonios entre homosexuales y a la despenalización del aborto.
Muy al contrario, en su Proyección de principios de doctrina, el PAN rechaza tajantemente el aborto:
“El derecho a la vida humana es inviolable. Por ser fundamento de todos los demás derechos, debe ser respetado, garantizado y protegido por el Estado… nadie es dueño de la vida ni de la muerte… El embrión humano es persona. Tiene dignidad y derecho a la vida, a la identidad, a la protección por el Estado y la sociedad.”
Ahora, ambos partidos hacen a un lado esos lineamientos para aliarse electoralmente. El pasado lunes 1, Jesús Ortega y César Nava, presidente del PAN, aparecieron flanqueando y levantándole la mano a su candidato común para contender por la gubernatura de Durango, el expriista José Rosas Aispuro.
De espaldas a los “representados”
Acerca de los argumentos con que los líderes del PAN y del PRD han defendido su programa de alianza en varios estados, basados en la necesidad de acabar con los “cacicazgos del PRI”, comenta Dussel:
“En las elecciones del año 2000 tuvimos la experiencia del llamado voto útil y ya vimos lo que pasó: no se produjo el cambio, todo fue un desastre. Se piensa que todo termina con ganar la elección, pero no, el problema apenas empieza. ¿Cómo van a cogobernar dos partidos con principios distintos? Ese es el punto.
“Aunque también es cierto que en algunos estados hay cacicazgos y poderes corporativos del PRI que deben eliminarse. Éste sería el enemigo principal a vencer que puede justificar las alianzas, siempre y cuando en éstas se fijen compromisos claros y se lancen candidatos honestos, con un limpio historial político. Aún en este caso, también deben cumplirse ciertos principios políticos”.
–¿Cómo cuáles?
–En primer lugar debe cumplirse un principio, llamémoslo material, cuya finalidad es afirmar el desarrollo de la comunidad; procurarle alimento, vestido, medios de vida, hacer que el pueblo sea lo más feliz posible. En segundo lugar, que las decisiones sean democráticas, que en ellas participen los involucrados. Y por último, que las acciones emprendidas tengan factibilidad estratégica. Son tres principios universales de la política que no pueden conculcarse nunca.
“Cuando hay un enemigo principal a vencer, se han dado alianzas entre partidos que, por su declaración de principios, normalmente no podrían ir juntos. En Alemania, por citar un caso, el Partido Socialista llegó a gobernar con el Demócrata Cristiano. Algunos dirán que esto no es revolucionario, y así es”.
Sin embargo, Dussel insiste en que el actual pacto electoral entre el PRD y el PAN no garantiza a futuro un buen gobierno ni resuelve la crisis por la que atraviesan los partidos. Menciona algunas fallidas alianzas hechas anteriormente entre el PRD y otros partidos para ganar gubernaturas, como las que llevaron a Zeferino Torreblanca al gobierno de Guerrero y a Juan Sabines al de Chiapas.
“Así como en este momento el PRD y el PAN se están aliando para desplazar a los gobiernos priistas en algunos estados –agrega–, puede suceder que en el futuro el PRI y el PAN se junten para desplazar al gobierno perredista del Distrito Federal. A estas alturas todo es posible.
“De manera que las alianzas son completamente insatisfactorias. Lo importante es la reconstitución interna de cada partido, que empiecen por ser coherentes con sus principios. Un partido político es como un ejército que se lanza a la batalla electoral. Y ya lo han dicho algunos teóricos; en la guerra, lo principal es preservar al propio ejército. Si el ejército queda desarmado, ya ni guerra puede hacer. Ahí está el PRD, debilitado por sus divisiones internas y por no situarse claramente en la oposición.”
Para Dussel, sin embargo, lo más grave es que todas esas batallas entre partidos mermados y sin principios –que de pronto se alían y se enfrentan unos con otros– se están librando para su provecho propio, de espaldas a la comunidad que deberían representar.
“El problema central es que la gran mayoría de la población quedó excluida de la participación política; los partidos la han relegado, pero también el Congreso, los gobernadores… la clase gobernante. El pueblo quedó oprimido y excluido de la política. En México, son los supuestos representantes de la comunidad quienes realmente detentan el poder. Así, el poder quedó fetichizado en la representación.”
–¿Cómo se manifiesta esta fetichización del poder?
–El gobernante dice: ‘Ustedes me eligieron, ahora yo soy el poder y ustedes ya no cuentan’. De esta manera, todo lo político lo gestionan los elegidos, y el pueblo ya no tiene canales para hacer llegar sus dolores y las injusticias que sufre. Los más de 40 mil trabajadores electricistas que fueron despedidos realmente no cuentan; al gobierno no le importa golpear sus derechos, tiene al Ejército y a la policía para reprimirlos.
“Por otro lado, el fondo de toda la rebatinga de los políticos es ganar los salarios estratosféricos que les dejan los cargos de gobierno. Con esos sueldos ya no necesitan robar. Los partidos políticos se convirtieron en bolsas de trabajo donde se reparten gubernaturas, senadurías, diputaciones y alcaldías para los amigos y los miembros de la tribu.
“Mucha gente de izquierda que antes no ganaba más de 50 mil pesos mensuales, ahora gana salarios de 250 mil pesos. Se han convertido en verdaderos señorones. ¡Pura corrupción! Miembros del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos, están metidos en esa lucha por el dinero y los cargos.
“El sistema judicial está igualmente fetichizado. Nadie lo puede tocar. Nuestros jueces se fijan ellos mismos salarios mensuales de 450 mil pesos, más los bonos millonarios de fin de año. Son unos ladrones los miembros de la Suprema Corte. Ahí los jueces demuestran que son injustos, ¿cómo van entonces a juzgar?
–¿No puede la política desligarse de la ética?
–Los principios éticos dan marcos de referencia para tomar decisiones. Si no existen esos marcos, vienen el zigzagueo, la contradicción y después la disolución. Los principios éticos se hacen normativos en el campo de la política. Por eso, en México es urgente emprender una reforma de Estado donde se pongan mecanismos como la revocación de mandato, para que sea la participación popular la que controle y juzgue a la representación.
“Todavía es muy común usar el término de ‘Estado soberano’, que es de hace un siglo. No, el único soberano es el pueblo, porque es el que delega el poder. En todo el mundo también está en crisis esa división del poder en los estratos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y eso cualquier estudiante de derecho lo sabe.
“Algunos países tienen avances en ese sentido, como Noruega, donde los ciudadanos tienen facultades legales para fiscalizar y controlar a los jueces. En Bolivia ningún funcionario gana más que el presidente Evo Morales, cuyo salario es de 2 mil dólares mensuales, que vienen siendo unos 26 mil pesos mexicanos. Ese es el salario máximo”.
–¿Qué opina sobre la reforma política que está proponiendo el presidente Felipe Calderón?
–Son puros parches para darle continuidad al PAN en el poder. Y también para que, con su propuesta de segunda vuelta en las elecciones presidenciales, solamente el PAN y el PRI puedan elegir al presidente. Es pura corrupción. Una verdadera reforma implica una nueva concepción de Estado, donde el pueblo pueda fiscalizar a partidos, legisladores, gobernadores, alcaldes, jueces…
–En sus escritos, usted menciona que el poder fetichizado es una estatua de oro con pies de barro que suele derrumbarse…
–Sí, los grandes momentos creadores y de crecimiento son cuando el pueblo recupera el poder. Por principio, el poder reside en el pueblo. Pero tampoco soy ingenuo; las cosas no siempre terminan bien. Hay pueblos que han desaparecido por su propia irresponsabilidad.
Algo personal...
Anne Marie Mergier
El presidente francés Nicolas Sarkozy habla por teléfono con su compatriota Florence Cassez –recluida en la prisión femenil de Tepepan por el delito de secuestro–; le promete que no la va a abandonar, le ofrece consejos y estalla ante el rechazo del presidente Felipe Calderón a la solicitud de enviarla a Francia en virtud del Tratado de Estrasburgo. Es la propia Cassez quien revela sus diálogos con el mandatario galo. Lo hace en un libro de su autoría: A la sombra de mi vida, presa del Estado mexicano, publicado el jueves 4 en París y en el que cuenta detalles de su caso, que amenaza con tensar aún más las relaciones entre Francia y México.
PARÍS.- El título es duro: A l’ombre de ma vie, prisonnière de l’Etat Mexicain (“A la sombra de mi vida, presa del Estado mexicano”). El estilo es sobrio; el relato, impactante, y ardiente el deseo de Florence Cassez de convencer a los lectores de su inocencia.
Desde 2006 esa joven francesa, acusada por la justicia mexicana de haber secuestrado a Cristina Ríos Valladares y a su hijo Cristian, así como a Ezequiel Elizalde, y condenada por ello a 60 años de cárcel, ha sido tema de múltiples reportajes en los medios de Francia y México.
Fue su abogado francés, Frank Berton, quien la convenció de dar a conocer su propia versión de los hechos en un libro que empezó a circular en Francia el jueves 4.
“Al principio no le gustó la idea –explica su madre, Charlotte Cassez–. Volver a recordar todo lo que vivió desde su detención secreta el 8 de diciembre de 2005 hasta finales del año pasado para poder contarlo con rigor, le parecía una tarea irrealizable. Pero fuimos varios en estimularla. Finalmente se lanzó. Llenó múltiples cuadernos y Eric Dussart, periodista de La Voix du Nord, diario del norte de Francia, la ayudó a pulir su relato. También la apoyó otro periodista, Jacques Yves Tapon, reportero de Radio France y France Bleu Nord, quien fue el primero en cubrir su caso y escribió el prefacio.”
En los primeros capítulos de su libro de 230 páginas, Florence Cassez evoca su vida en Francia, su llegada a México, donde radicaba su hermano, sus primeros meses en el país y su encuentro con Israel Vallarta, quien encabezaba a una banda de secuestradores y se convertiría en su pareja.
También describe en forma detallada su detención la mañana del 8 de diciembre de 2005; las 24 horas que pasó presa en un vehículo estacionado en la sede de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO); la escenificación de su detención ante las cámaras de televisión –la mañana siguiente–, y sus primeros interrogatorios.
El resto de su testimonio es el relato cronológico de sus tres meses de arraigo; su estadía en la cárcel de Santa Martha Acatitla y luego en el reclusorio de Tepepan; las inacabables audiencias de su primer juicio, y la creciente mediatización y politización de su caso, que afecta cada vez más las relaciones entre Francia y México.
Ofensiva diplomática
El testimonio de Florence Cassez destaca la creciente participación del presidente francés Nicolas Sarkozy en su defensa. Su apoyo era conocido: Sarkozy siempre dio publicidad a las entrevistas que sostuvo con sus padres desde mayo de 2008 e hizo pública su determinación de lograr su transferencia a Francia durante su estadía relámpago en México, en marzo de 2009.
Pero A la sombra de mi vida revela que, al paso del tiempo, el “caso Cassez” se fue convirtiendo en un asunto cada vez más personal para Nicolas Sarkozy: el mandatario considera el cambio de actitud de su homólogo Felipe Calderón y el endurecimiento de su posición como un conflicto político y diplomático, y sobre todo como una afrenta personal. Eso aparece claramente en las conversaciones telefónicas que sostuvieron Sarkozy y la reclusa de la cárcel de Tepepan.
Una se dio durante el viaje de Sarkozy a México. Florence acababa de ser condenada, en segunda instancia, a 60 años de cárcel. El presidente de Francia hizo lo imposible para que aceptara su transferencia a su país. Eso implicaba no apelar su condena, hipótesis que rechazaba la joven francesa. En su libro cuenta cómo buscó convencerla, y evoca el diálogo:
–Florence, va a ser preciso que usted me tenga confianza. Tengo un plan en la cabeza, creo que ya usted está al tanto de eso. Para empezar, tendrá que aceptar la repatriación.
–No estoy de acuerdo.
Me salió eso espontáneamente. Le explico que es demasiado difícil aceptar reconocer mi culpabilidad. Llevo tres años pensando en eso y no estoy dispuesta a capitular.
–Insisto, Florence. Le repito: es preciso que usted me tenga confianza (…)
–No sé qué pensar. Tengo ganas de no contestar ahora y de reflexionar en todo eso (...)
–Florence, es como si usted fuera parte de la familia. La voy a sacar de ahí.
Al final, Florence Cassez aceptó.
Asombrosa resulta otra conversación telefónica entre el presidente y su conciudadana encarcelada, realizada en julio del año pasado, pocos días después de que Felipe Calderón rehusara en definitiva el traslado de Florence Cassez a una prisión francesa:
–Habla Nicolas Sarkozy. ¿Como está usted, Florence? Estamos en mi oficina con Frank Berton, Thierry Lazar (diputado del norte de Francia) y sus padres. Conecto el altoparlante.
En el tono de su voz percibo su exasperación.
–Las cosas no andan como lo pensábamos, Florence. ¡Se burlan de nosotros!
Aparentemente alguien en su oficina le aconseja ser prudente. Pero insiste:
–Yo, Nicolás Sarkozy, se lo digo, Florence, no la voy a abandonar.
Por supuesto, sus colaboradores saben que el teléfono está intervenido y por eso le sugieren que no se lance demasiado. Yo también sé que nos escuchan y casi tengo ganas de decirle lo mismo. Pero es obvio que no le importa en lo más mínimo.
–Ya sé que el teléfono está intervenido. ¡Que nos oigan, pues!
Y durante dos minutos habla de (Genaro) García Luna (secretario de Seguridad Pública). Dice que quiere demandarlo ante la justicia.
(…) Hago grandes esfuerzos para recordar cada una de sus palabras de la forma más precisa posible, para guardarlas en mi memoria y poder recordarlas cada mañana al despertarme.
Esta vez el presidente se lanzó en serio. Habló de Luis Cárdenas Palomino, el brazo derecho de García Luna. La prensa mexicana dice que tiene las manos manchadas con sangre. Hay frecuentes alusiones al hecho de que uno de sus amigos mató a sangre fría a un chofer de taxi porque no tenía dinero para pagarle y que el pobre hombre insistía en cobrar la dejada. Anabel Hernández (autora del libro Los cómplices del presidente) me lo contó. También me dijo: ‘Palomino siempre protegió a su amigo’. Nicolas Sarkozy, a propósito, me dice por teléfono:
–Sabemos lo que le hizo al chofer de taxi.
Ahora que vuelvo a pensar en eso me digo que el presidente francés estaba realmente enojado. A veces no sé qué pensar de eso. En esa misma conversación telefónica atacó directamente el Estado mexicano:
–Si me toca decir que México es un país que se pone al margen de la diplomacia, ¡pues lo diré! ¡Es inadmisible que no apliquen la Convención de Estrasburgo!
La frustración de Sarkozy es tan grande como los esfuerzos que desplegó para encontrar una solución con Felipe Calderón. Basándose en confidencias del mismo presidente, de su abogado francés y de sus padres, Florence Cassez describe toda la labor de acercamiento de Sarkozy con Calderón.
Incluso, en diciembre de 2008, el mandatario francés pidió a Ingrid Betancourt que abogara a favor de Florence Cassez en la plática que sostuvo con Felipe Calderón durante su estadía de dos días en México. Betancourt sólo aceptó esa misión después de haber consultado un expediente elaborado por Frank Berton. Sarkozy confiaba en el prestigio de la exrehén de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, sobre todo, en su larga amistad con Calderón. Ambos se conocieron como estudiantes en la universidad. Pero no prosperó la iniciativa.
Cassez insiste sobre las entrevistas secretas que Jean Claude Marin, procurador general de París, uno de los magistrados más importantes de Francia, sostuvo con los asesores jurídicos del presidente Calderón pocos días antes de la llegada de Sarkozy a México y en vísperas de la segunda condena de Florence Cassez a 60 años de cárcel, a principios de marzo de 2009.
Reproduce la carta fechada el 27 de febrero de 2009, dirigida a Nicolas Sarkozy, en la que Felipe Calderón habla claramente de la aplicación de la Convención de Estrasburgo sobre traslado de presos. También relata los vanos intentos de Sarkozy para tocar el tema en su reunión privada con Calderón durante su estadía en México.
“Felipe Calderón se quedó helado cuando se abordó mi caso en la conversación, o más bien, cuando Nicolás Sarkozy buscó abordar el tema. El presidente mexicano estaba totalmente cerrado y firmemente decidido a no tocar el tema”, cuenta en su libro, y asegura que los servicios secretos franceses llevaron y siguen llevando sus propias investigaciones del caso en México. Aunque no da muchos detalles, precisa:
“Frank Berton me dice que ya obtuvieron informaciones extrañas sobre la juez Olga Sánchez Contreras, que me condenó en primera instancia. Descubrieron que tuvo problemas durante su carrera. Siguen investigando.”
Si bien Florence no lo precisa, los agentes secretos de Francia habrían investigado a Eduardo Margolis, el exsocio en México de su hermano Sébastien. Ella está convencida de que este sujeto juega un papel preponderante en su caso.
La venganza
En su libro Florence revela que, después de la escenificación de su detención ante las cámaras televisivas, el 9 de diciembre de 2005, ella e Israel Vallarta fueron llevados a la SIEDO para ser interrogados.
Asegura que ahí Vallarta sufrió agresiones físicas, en tanto que los policías que la interrogaron a ella la maltrataron, la hostigaron, la humillaron y la amenazaron con una pistola, pero no la torturaron físicamente. Le hicieron muchas preguntas sobre su relación con Eduardo Margolis. Y en dos oportunidades le gritaron, amenazantes: “Ahora sí, te va a chingar Margolis!”.
Florence relata que su hermano Sébastien y Eduardo Margolis crearon una compañía de importación de material para salones de belleza. Cuando Sébastien descubrió que su socio tenía otro tipo de negocios, decidió cortar con él. La ruptura fue violenta. Margolis se dedicaba al blindaje de vehículos, la protección de personajes importantes y negociaciones para liberar a personas secuestradas a cambio de rescate.
Sébastien Cassez le aseguró a la reportera que Margolis había llegado al extremo de llamar por teléfono a su entonces esposa mexicana para amenazarla de muerte; le dijo que secuestraría a sus dos hijos. El caso acabó en los tribunales y duró varios años. A pesar de múltiples presiones, Cassez ganó el pleito legal, pero optó por regresar a vivir a Francia.
Por sus negocios, Sébastien Cassez mantenía frecuente contacto con la comunidad judía de la Ciudad de México. Afirma que todos conocían a Eduardo Margolis y que lo describían como un exmiembro del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Le temían y le debían favores.
Según explican Florence Cassez en su libro y Sébastien en entrevista, Eduardo Margolis no perdía oportunidad para vanagloriarse de sus estrechos lazos con la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Al analizar los reportes de entradas y salidas de la SIEDO, el abogado Frank Berton descubrió que Eduardo Margolis se encontraba en la dependencia el 9 de diciembre de 2005, el día de la escenificación de la detención de Florence Cassez.
Florence y Sébastien Cassez están convencidos de que Margolis se enteró de que la AFI buscaba a Israel Vallarta e influyó en el procesamiento de la joven francesa, “detenida casualmente”, para vengarse de Sébastien.
Desde el momento en que llegó la nueva misión diplomática francesa a México, en 2008, el embajador Daniel Parfait y la cónsul general Vera Valenza consideran el caso como prioritario. Ambos trabajan en estrecha colaboración con Damien Loras, encargado de seguir la situación de Florence y uno de los más cercanos colaboradores de Sarkozy.
A Cassez le resulta extraña la actuación de Jorge Armando Ochoa, el primer abogado contratado por su familia.
Dice Sébastien Cassez a la corresponsal:
“Fue difícil encontrar un buen abogado dispuesto a defender un caso tan mediatizado como el de Florence, que desató tanta violencia en la prensa y la opinión pública de México. Todos pedían sumas astronómicas. Creo que querían alrededor de 250 mil dólares. Finalmente nos presentaron a Jorge Armando Ochoa, que propuso que se le pagara un salario mensual de 10 mil euros, alrededor de 13 o 14 mil dólares.”
En su libro, Florence menciona sus frecuentes enfrentamientos con Ochoa y su incapacidad para entender sus actitudes. Reconoce que nunca supo realmente quién era.
Refiere que mientras seguía bajo arraigo, el abogado le dijo que tenía la prueba de que los rehenes no habían podido ser secuestrados en la cabaña del rancho Las Chinitas y que habían sido liberados antes del 8 de diciembre. Ochoa aseguraba tener un videocasete de vigilancia de Perisur, con fecha del 7 de diciembre, en el que aparecía Cristina Ríos Valladares haciendo compras en ese centro comercial.
“No entendí bien de qué se trataba. Si ese casete existía realmente era algo gigantesco, la prueba de que todo eso había sido inventado, montado, un elemento clave que comprobaba mi inocencia. (…) Ochoa dijo que no podía obtener tan fácilmente ese casete y que necesitaba 30 mil euros… que estaba en manos de otra persona… Al paso del tiempo dejó de hablar del casete.”
Sébastien Cassez confirmó a la reportera la historia del videocasete e indicó que Ochoa, quien había sido policía antes de desempeñarse como abogado, logró conseguir extractos de la cuenta bancaria de Cristina Ríos Valladares. Descubrió que había hecho compras en Perisur el 7 de diciembre y tuvo acceso al videocasete.
Su propuesta no inspiró confianza a la madre y al hermano de Florence. Ambos la rechazaron…
Tiempo después, Frank Berton y Agustín Acosta, el nuevo abogado de Florence Cassez en México, intentaron encontrar la pista del video. Ochoa insistió en que pagaran el precio, pero por anticipado. Berton quiso ver el video primero.
“Murió el asunto pero quedó la duda”, recalca Sébastien Cassez.
Florence describe las múltiples audiencias de su primer juicio, que duró dos años. Le asombra que la juez nunca estuviera presente, que los testigos no respondieran a las convocatorias y que muchos padecieran una especie de amnesia.
Dice que los policías que la detuvieron junto con Israel Vallarta “no recuerdan bien los hechos; tampoco Eduardo Margolis logra acordarse de lo que hacía en la SIEDO el 9 de diciembre de 2005. Tanto los policías como Margolis se muestran desafiantes con el personal del Ministerio Público, que no se atreve a interrogarlos a fondo. Pablo Reinah, reportero de Televisa, nunca se presentó como testigo. Su camarógrafo vino, pero no dijo nada, amparado por el secreto profesional”.
Al igual que Alain Devalpo y Anne Vigna en su libro Penas mexicanas (Proceso 1727), Florence Cassez hace la lista de las declaraciones contradictorias de Cristina Ríos Valladares y de su hijo Cristian, y de Ezequiel Elizalde, los tres exrehenes que la acusan de haberlos secuestrado.
A la sombra de mi vida cuestiona el futuro de Florence Cassez: si Nicolas Sarkozy es realmente tan determinado como aparece en el libro, las relaciones diplomáticas y políticas entre Francia y México amenazan con tensarse cada vez más. La próxima etapa del enfrentamiento debería darse ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la Corte de Justicia de París.
Lacónica, Florence remata su relato con un diálogo de Woody Allen:
–¿Quisiera terminar con un mensaje de esperanza?
–No tengo. No sé si en cambio le convendrían dos mensajes de desesperanza.
Enemigos sin rostro
Marcela Turati
Desde que las autoridades informaron que el terremoto propició la fuga de todos los presos de la penitenciaría central, los miedos y los rumores se desataron en Haití: que ya se encuentran armados y listos para la revancha, que comandan los saqueos de la ayuda humanitaria, que ya se pusieron a las órdenes de los narcos colombianos, que preparan un golpe de Estado, que… Pero ni la policía haitiana ni las fuerzas de la ONU saben quiénes son estos “peligrosos exreos”: no tienen nombres ni fotografías ni expedientes...
PUERTO PRÍNCIPE.- Los únicos haitianos que festejaron el terremoto que dejó inservibles tres cuartas partes de esta ciudad y mató a 200 mil personas fueron los presos detenidos en La Pénitentiarie.
Cuando la tierra dejó de traquetearse, la turba de 5 mil 100 prisioneros aprovechó la incertidumbre de los custodios y escapó sin problemas. Tres murieron en la confusión y uno hasta se dio el lujo de regresarse a quemar los archivos con los expedientes criminales.
Esa prisión de gruesos muros se mantiene en pie y sus paredes lucen sin un solo boquete. Unos candados tan grandes como los de las caricaturas mantienen cerradas las rejas oxidadas. Las paredes de las oficinas están tiznadas; las láminas que servían de techo ahora están en el piso, calcinadas entre una alfombra de cenizas.
En La Pénitentiarie no hay ni una sola alma purgando condena. Sus antiguos inquilinos viven ahora en los relatos –algunos ficticios como fábulas, otros cimentados en la verdad– que, de boca en boca, se cuentan los haitianos. Porque pareciera que todo mundo aquí tiene una historia que contar sobre estos criminales.
Está por ejemplo el relato de una ministra que entre la confusión del primer momento se topó con uno de ellos, a quien conocía, y que quitado de la pena le pidió ayuda. Está la de los asesinos que fueron recibidos con honores en sus barrios. La del policía acusado del asesinato de su amante que se presentó a trabajar en su comisaría, como si estuviera en servicio, y dejó un recado indicando dónde iba a hospedarse. O la del violador de barrio que al reaparecerse causó el desmayo de varias vecinas…
En la ciudad circulan rumores sobre estos presos, los cuales, de ser ciertos, podrían causar daños tan graves como los del terremoto del 12 de enero. Se dice, por ejemplo, que ya planean un golpe de Estado, que ahora mismo comandan el pillaje a los camiones con ayuda humanitaria, que en este momento violan mujeres en los campamentos, que ya arman milicias en la favela de Cité Soleil, que esperan instrucciones de los narcos colombianos o que comenzarán a matar a Cascos Azules.
La policía, que perdió a 2 mil agentes en el sismo, aún no circula fotos ni nombres de los reos. “Las oficinas se nos cayeron”, se apresura a explicar el jefe de la policía Mario Andresol, quien labora al aire libre, con su escritorio bajo una palmera.
La gente los conoce por sus apodos: Ziclot (costilla, en creole), Sibló, Blade, Ti Blanc (blanquito) o Tikouto (cuchillito, porque, según explicó un músico, “si te agarraba te cortaba la tripa”).
Lo cierto es que unos 3 mil 300 de los fugados ni siquiera estaban condenados, eran pobres sin dinero para un abogado o víctimas de la burocracia judicial. El resto eran traficantes de drogas, secuestradores, asesinos, paramilitares, violadores, varios de ellos con cadena perpetua. Muchos encarnan en sus historiales los fantasmas del pasado y las pesadillas del presente.
Y, según apuntan los entrevistados, ahora mismo están armándose en Cité Soleil, el enorme suburbio ubicado a espaldas del aeropuerto, donde se concentra la miseria extrema de la capital y donde muchas veces se jugó la historia del país.
“Ya regresaron”
Cité Soleil fue el bastión de apoyo del excura nacido en la pobreza y convertido en presidente, Jean-Bertrand Aristide, quien durante su primer mandato fue depuesto por un golpe militar, y posteriormente rehabilitado en el poder con ayuda de Estados Unidos, que luego, en 2004, lo depuso de nueva cuenta y lo obligó a vivir en el exilio.
Este barrio de casas hechas de láminas ya oxidadas, sin servicios, con agua sucia ya gelatinosa en las calles, se pobló de campesinos que fueron rellenando el mar en los años ochenta, durante la dictadura de Duvalier. En los noventa el lugar era famoso por albergar a secuestradores. En 2004 fue el semillero de las bandas armadas que combatieron a los opositores del gobierno.
En las fachadas de las casas de la avenida Brooklyn y por las calles principales aún se ven los agujeros de las balas que quedaron como recuerdo de la disputa del terreno entre las pandillas y las fuerzas de paz de la ONU, que llegaron a Haití desde 2004 para “estabilizar” al país y en 2006 pacificaron el barrio, lo que era considerado uno de los mayores logros del actual presidente René Préval. Hasta que llegó el terremoto…
“Los que estaban en prisión ya regresaron y empezaron a ajustar cuentas que tenían. Ya el miércoles (27 de enero) hubo un muerto. En las noches se escuchan disparos. Todos tenemos miedo. (Los presos que se fugaron) están acostumbrados a matar, a robar, y por el terremoto la policía no puede hacer mucho”, explica el anciano Petit Frére Faniel, uno de los pocos habitantes de esta ciudad perdida que tenía trabajo fijo en una fábrica destruida por el sismo.
De por sí Cité Soleil es un concentrado de la miseria haitiana, en un país donde 80% de la gente no tiene trabajo y vive con un dólar al día.
“Ya hay dos barrios en conflicto constante: el Boston y el Pequeño Boston. Ya mejor ni nos enteramos. En cuanto se escuchan disparos, todos nos metemos a la casa”, comenta Ryswick Saint Fleir, quien como Petit Frère pasa estos malos días pidiendo protección a Dios en ceremonias evangélicas.
Varios jóvenes, sentados afuera de una casa de cemento de un solo piso, provista a lo mucho de dos habitaciones, gritan amenazantes cuando ven pasar a la reportera y a los fotógrafos: “¡Está prohibido el paso!”.
Cité Soleil es el Bronx de todos los Bronx, la favela con 34 barrios de nombres “Juan”, “Simón”, “Boston”, “Pequeño Boston”, “Belle Cour”, primera, segunda y tercera “Ciudad de Jean Claude Duvalier”, “Madera Nueve”, “Lento” 1 y 2, “Pequeño Haití”, “La Aduana”, “Soleil” del 1 al 19 o “Pelé Simón”, que aún conserva adornos para honrar a Aristide.
Un vecino que lleva una pistola debajo de la camisa, y que sirve de guía por las calles, explica que entre los platanares que se ven en las orillas la gente esconde armas. Que la Carretera 9, por la que transitamos, es famosa por los secuestros y por el aterrizaje de avionetas que trafican de todo: drogas, personas, armas…
“Esa gente regresó por sus armas y se las llevó. Andan por ahí, en algún lugar, escondidos”, le cuenta una señora de la calle Madera Nueve que en el porche de su casa le hace trenzas a una vecina.
Un convoy de marines estadunidenses pasa de largo, resguardando un cargamento de comida.
“Acá no ha llegado comida ni agua ni ayuda. Nadie ha venido a ver si necesitamos algo”, lamenta el pastor Clebert Lavache mientras sus feligreses rezan sentados sobre escombros, durmiendo a piso pelón. En los campamentos de damnificados no se ven tiendas de campaña como en el resto de la capital. Aquí la gente confeccionó techos con bolsas de plástico delgadas y rotas.
“Hasta los camiones de ayuda tienen miedo de entrar”, lamenta una damnificada, quien, como todos, dice que no puede dormir bien por miedo a los presos.
Los presos dan rostro a la historia reciente de este país caribeño azotado por la miseria extrema, golpes de Estado, ocupaciones extranjeras, deforestación, inestabilidad política, huracanes y ahora el mortal terremoto. Aquí bien podría aplicarse el dicho: dime a quiénes tienes en tus cárceles y te diré qué historia tienes.
Desde que el presidente René Préval y su gabinete sesionan en el edificio de la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ), Frantz Thermilus, jefe de ese organismo policiaco, se mudó a un cuarto contiguo, estrecho y sin luz. Ahí explica a la reportera el origen de los fugados:
“Los más peligrosos eran los secuestradores. Esos operaron sobre todo entre 2004 y 2008, porque esos años se juntaron dos condiciones: el derrocamiento de Aristide y el control político de algunas zonas excluidas del desarrollo. Lugares como Cité Soleil y Grand Rabine, que estaban muy politizadas, se volvieron campos libres para el secuestro. Y es que cuando los políticos utilizaban a la gente para enfrentarse a la autoridad, a la policía se le dificultaba entrar a la zona, y eso hacía que ahí pudieran mantener a gente secuestrada, porque nadie daba información y no podías entrar a buscarla.”
Continúa: “Los asesinatos fueron en esa época, pero creo que más por problemas sociales, porque la situación económica es muy difícil, y en la lucha por sobrevivir algunos terminan matando. Ahora disminuyeron muchos de esos delitos. Se dieron en una época de crisis dentro de la sociedad, porque generalmente la gente aquí es tranquila”.
A unos cubículos de distancia de la oficina donde labora Thermilus se ven dos celdas repletas de gente detenida en las últimas dos semanas, porque ya no hay cárcel donde meterla. Él admite que desde hace 30 años Haití ha sido lugar de paso de la droga colombiana, que en 2009 se había contenido. “La debilidad del Estado lo permite”.
Los omnipresentes
Los presos no sólo se esconden en Cité Soleil; en todos los barrios y más allá de las fronteras se tienen referencias suyas.
Según Terra Noticias, una inmigrante haitiana en Dominicana “se desmayó” al identificar a Perre, un compatriota que cumplía una condena de 20 años por haberla violado, robado y herido a ella y a otras mujeres, dos años atrás en la ciudad de Cabo Haitiano.
El diario español Público difundió el testimonio de un reo que vio por última vez al secuestrador Thompson subido en un autobús y gritando: “¡Me voy para Dominicana!”, junto con el relato de un tal Zokot (encarcelado por golpeador), quien contó cómo todos los habitantes de La Pénitentiarie festejaron el temblor y salieron del penal. El periódico menciona que desde la puerta del Hotel Ibolele el policía asesino Essant Dourfielle fue saludado efusivamente por sus excompañeros.
Hasta la ministra de Cultura y Comunicaciones, Marie-Laurence Jocelyn, tiene una historia para contar: “Me encontré a uno de los presos tres horas después del sismo. Era un vecino que estaba en la cárcel por un problema de tierras. Me sorprendió porque se acercó y me dijo: ‘ministra, ¿me puede ayudar?’. Yo le pregunté que por qué no estaba en la cárcel y me contó que la puerta se abrió, y en ese momento me enteré de la fuga”.
Una activista de la organización AMURT refirió que se topó con un vecino que en 2004 se dedicaba, junto con su banda, a saquear, matar y violar, y que rotulaba los pies de sus víctimas para identificar de quién era el cuerpo al que le cortaban la cabeza.
La haitiana-argentina Francois Dejean cuenta que en el campamento donde duerme hay cuatro fugados. “El otro día vi que mi mamá saludó muy efusiva a un hombre que yo no conocía. Le pregunté quién era y me dijo: ‘Es un vecino que asesinaba a quien lo veía con mala cara; le habían dado muchos años de cárcel, pero lo saludé así para que no piense que tenemos ningún problema con él”.
Cuestión de tiempo
Todos los policías aseguran que en cuanto se repongan de los destrozos y las ausencias van a aprehender a los 5 mil 63 criminales, aunque 47 ya se entregaron.
“En cuanto me den sus fotos los agarro”, comenta Pierre, uno de ellos, que tiene en su celular las fotos de cuando estuvo herido en el hospital a raíz de que su casa se cayó.
Rony Antoine, jefe de la Brigada de Investigación e Intervención (BRI, por sus siglas en francés), explica que, en cuanto colecten las fotos y la lista de fugados, van a pegar anuncios con sus rostros por todo el país, como se hacía en el Viejo Oeste.
“Algunas personas, cuando ven a los fugados, llaman a nuestras oficinas de la estación central, pero no podemos atender el teléfono porque el presidente está trabajando en nuestro edificio y no tenemos acceso”, dice.
Después de reunirse en su oficina al aire libre con un grupo de marines estadunidenses, Mario Andresol, director en jefe de la Policía de Haití, informa que el Departamento de Asuntos Internos está investigando cómo se dio la fuga, porque no se destruyó nada y el principal responsable de la cárcel desapareció.
“Cuando escaparon regresaron a Cité Soleil y están peleando ya el control. Ahora es un lugar peligroso. Quieren crear una situación como la de antes, pero no los vamos a dejar”, dice a la reportera.
El oficial luce sereno. Asegura que con la ayuda de los marines y de la ONU La Pénitentiarie, una vez habilitada, volverá a llenarse. Nadie ignora en estos días la fiereza de los policías haitianos que disparan a matar a quien osa robar algún cargamento de comida.
“Si los arrestamos una vez cuando eran intocables, los arrestaremos otra vez, y otra más si se necesita. Difundiremos su foto tan rápido como sea posible, aquí y en República Dominicana, en Jamaica. Ahora, por el terremoto, no tenemos capacidad. Todo colapsó, pero pediremos la ayuda de la ONU, de los marines y de todas las fuerzas que podamos integrar. Iremos con miles de hombres para capturarlos. Es cuestión de tiempo, créame”, asegura.
Robos con protección diplomática
Marcela Turati
Puerto Príncipe.– Cuando Auguste Petit Freóle llegó al hospital a visitar a su hija Guinours que se recuperaba de los golpes que sufrió en las piernas y la cadera durante el terremoto, ya no la encontró. La embajada francesa se la había llevado a Martinica con otros cuatro niños.
En ese momento comenzó el peregrinaje de Auguste para recuperar a su hija de 13 años, a la que había rescatado con sus propias manos de la casa derrumbada de sus tíos. Ellos estaban muertos, a ella la sacó con vida.
“El domingo 24 de enero la sacaron del hospital de campaña instalado en el Liceo Francés y la desplazaron en helicóptero hacia Martinica, pero sin documentación, sin registro, sin permiso, sin dejar un papel de referencia. Auguste pidió en el hospital una constancia de que habían entregado a su hija pero se la negaron, sólo le dieron un número de teléfono y el nombre del hospital a donde la trasladaron, pero por más que llamaba no lo dejaban hablar con la niña ni lo atendían”, explicó Lule Marrero, de la organización internacional Ananda Marga Universal Relief Team (AMURT), que fue la que dio el primer chequeo médico a la niña y recomendó al joven padre llevarla al hospital, y es la que ahora lo asesora para recuperarla.
Auguste habla con esta activista de Islas Canarias en creole. Se mantiene callado durante la entrevista con Proceso.
“Al quinto día (29 de enero) nosotros intervenimos y presionamos por teléfono –porque aquí el color de la piel importa mucho para el trato que te dan— y hasta ese momento le comunicaron a su hija. Pero el lunes (1 de febrero), cuando llamó otra vez, le dijeron que no estaba registrada en el hospital, y él estaba muy preocupado”, explica Marrero a este semanario.
En el Liceo, los médicos explicaban que el registro de los niños trasladados lo tenía la embajada francesa y que se dirigiera allá a pedir informes, pero cuando Auguste pedía permiso para entrar en el edificio no le permitían el acceso, así que regresaba al hospital a insistir que le dieran una constancia de que ahí había estado internada su pequeña. Después de mucho insistir logró obtenerla.
El martes 2 fue recibido por primera vez por personal de la embajada francesa. Marrero cree que fue porque iba acompañado de las activistas europeas de AMURT.
“La gente de la embajada no fue muy clara en su responsabilidad sobre lo que ocurre con la niña. Dicen que tienen eso controladísimo, que no hay forma de que se les pierda un niño, que los papás pueden hablar cuando quieran, pero cometieron un abuso porque nadie le quiso explicar a él directamente lo que iba a ocurrir con la niña ni lograba que se la comunicaran. Ya notamos un ligero cambio en su actitud hacia él porque saben que denunciamos el caso ante el UNICEF, pero no sabemos qué pasó con los otros cuatro niños que también fueron sacados”, explica Marrero.
La “misión”
El 22 de enero, el UNICEF alertó sobre robos de niños en hospitales haitianos y su eventual tráfico hacia otros países. Pese a ello, las embajadas estadunidenses y europeas sacaron rápidamente a niños que estaban en trámites de adopción; gobiernos como el francés y el estadunidense comenzaron a trasladar a sus territorios a niños hospitalizados; y los orfanatos comenzaron a recibir niños que perdieron a sus familias, que no han sido encontrados por familiares o que están siendo entregados por sus parientes para que los den en adopción.
La sospecha del tráfico de infantes pareció confirmarse la noche del 29 de enero, cuando 10 estadunidenses de la iglesia bautista fueron detenidos en la frontera mientras intentaban sacar a 33 niños a los que iban a concentrar en el Refugio para Menores Nueva Vida, en Cabarete, República Dominicana.
El domingo 31, Proceso tuvo acceso a la cárcel de la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ) donde estaban detenidos los estadunidenses: cinco mujeres solas en una misma celda austera, tendidas en el piso; los hombres en la celda contigua, ya atiborrada de gente. Hasta ese momento no habían recibido la visita de ningún funcionario de su embajada.
“Nos los dieron un grupo de pastores haitianos para trabajar por los niños, para amarlos, para cuidarlos, para que no sufrieran más”, explicó a la reportera la jefa de la “misión de rescate” de huérfanos, Laura Silsby, una mujer de rostro y hablar sereno, que en cada frase menciona a Dios.
A su lado estaba una mujer también adulta y una joven rubia de unos 20 años, de grandes ojos azules, que se asomaba por la reja de gruesos barrotes, asustada como conejito.
Durante toda la entrevista, Silsby sostuvo que la intención del grupo era amar a los huérfanos y mostrarles el amor de Dios, y que ella los recogió de varios orfanatos que estaban destruidos y donde estaban sufriendo mucho.
–¿Qué ocurrió en la frontera? –se le preguntó.
–Llevábamos los papeles que nos dio el pastor, pero ahí nos enteramos de que teníamos que haber llevado otros papeles, que no teníamos todos los que nos pedían. Aunque les pedimos que nos dejaran regresar para pedírselos al pastor, ya no nos dejaron, nos arrestaron y nos trajeron aquí.
–Específicamente, ¿quién fue el pastor que se los dio?
–El pastor John Sandio.
–¿Y qué iban a hacer con esos niños después? ¿Darlos en adopción?
–Quizás en un futuro sí, si comprobamos que no tienen familia, pero ahora sólo queríamos llevarlos a Santo Domingo. Tenemos un lugar que tiene 45 cuartos y todo para que ellos estén seguros y a salvo. Pero ahora no sabemos dónde están los niños ni cómo la están pasando.
Al final de la entrevista, las mujeres se dijeron confiadas de que saldrían libres. “Tenemos al mejor de los abogados, al Big Guy”, soltó una de las mujeres, en referencia a Dios. Explicaron que las iglesias bautistas estadunidenses ya están movilizándose para explicar el “malentendido”. Dieron la bendición a la reportera y a su traductora, y agradecieron la visita.
Las cadenas estadunidenses de televisión acampaban afuera.
Sin embargo, los estadunidenses no han salido bien librados. El lunes 1, el primer ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, señaló que “los secuestradores” sabían que estaban cometiendo un delito. Y ese mismo día comenzaron a aparecer los padres biológicos de los niños para reclamarlos, aunque, según publicó el diario español El País, ellos autorizaron su traslado con esos “blancos” desconocidos, porque confían en que van a darles una mejor vida.
El jefe de la Policía de Haití, Frantz Thermilus, quien tiene su oficina provisional a unos metros de las celdas, dice a este semanario: “Desde antes de la catástrofe no había un control sobre eso (la salida de los niños). No hace falta decir qué pasó después. Todo mundo está tratando de conseguir un niño y cruzar la frontera. Por eso establecimos en la DCPJ una oficina de protección al menor que trabaja en la frontera y en el aeropuerto, para ver qué niños salen e impedir que lo hagan”.
Thermilus señala que el robo de niños: “Ese problema es viejo, tiene más de 20 años: personas organizadas crean orfanatos que son pantallas, se organizan para hacer salir a los chicos del país, lo hacen parecer legal, pero es para venderlos. El costo depende de la edad, una familia que quiere un niño puede pagar 10 mil dólares para obtener uno”.
La funcionaria haitiana del Unicef, Mireille Triebe, señala que el control de los soldados estadunidenses en el aeropuerto dificulta llevar un control sobre los infantes que abandonan el país por este lugar. Reporteros han visto llegar a la embajada de Estados Unidos a ciudadanos de ese país que cargan a varios niños haitianos. Puertas adentro, es difícil saber sobre su destino. Durante la última semana de enero el Liceo Francés fue un lugar de concentración de niños huérfanos.
“Entiendo que unos quieren sacar niños por acto humanitario, para ayudarlos, y otros por un fin distinto. A éstos se los tenemos que impedir”, dijo Thermilus.
Sobre la situación de los presos estadunidenses que se encuentran a unos metros de su oficina provisional –porque su verdadera oficina la ocupan el presidente René Préval y los miembros de su gabinete– dijo: “Estas personas han violado ciertas leyes, no han hecho las cosas como deberían. Actuaron mal, un haitiano les dio a los niños y lo que hicieron es ilegal”.
República laica
Miguel Ángel Granados Chapa
A pesar del voto en contra de diputados panistas, en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dio su primer paso una sencilla pero significativa reforma al artículo 40 de la Constitución. Se presume que el martes 9 de febrero será discutida en el pleno de San Lázaro. Con un puñado de legisladores panistas, ajenos al fundamentalismo de la mayoría, la enmienda puede ser aprobada y pasar al Senado, donde sus promotores esperan también de los liberales del PAN el apoyo preciso para lograr la mayoría calificada requerida en las adiciones constitucionales.
Se trata de agregar sólo una palabra a los adjetivos con que caracterizó el Constituyente a la República Mexicana. Ya dice que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal…”. Se trata de que diga también que la república es laica. El adjetivo cabría, según el dictamen de la comisión legislativa, en penúltimo lugar, antes de “federal”. Gramaticalmente la operación es fácil. No lo es políticamente.
Desde diversos orígenes, hace ya tiempo se alzan voces que alertan contra el riesgo en que se halla el carácter laico del Estado mexicano. Se da por sentado que esa nota definitoria existe, pero bien miradas las cosas no hay en el texto constitucional ninguna afirmación al respecto, definiendo como laico al régimen, si bien la palabra respectiva aparece claramente en el artículo 3º, al enumerar los atributos de la educación que imparta el Estado.
Ésta deberá ser laica, dice en primer lugar esa porción del credo constitucional. Y, además, debe ser obligatoria, democrática, nacional, gratuita, y “contribuirá a la mejor convivencia humana”. Para que la educación sea laica, la Constitución manda que se mantenga “por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”, que se base “en los resultados del progreso científico”, y luche “contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.
Hace ya tiempo que, por mudanzas en el temperamento político y en las leyes, la educación impartida por particulares ha quedado sustraída a esas definiciones constitucionales. No contenta con enseñar religión al mismo tiempo que cumple con los planes de estudios oficiales, la Iglesia católica pugna a través del PAN por avanzar hacia la libertad de enseñanza, especioso concepto que implica impartir cursos de religión en los establecimientos públicos. Amén de pretender con ello que el Estado cumpla un deber suyo, desatendido respecto del grueso de la población, de transmitir la historia, la doctrina y los valores del catolicismo, el clero respectivo pretende socavar el hasta ahora único fundamento constitucional de la laicidad, que aun sin definiciones está en la base de la convivencia nacional. Para que sea democrático, el Estado mexicano debe ser laico, es decir, mantenerse aparte y sobre las creencias religiosas, sin ceder siquiera a la censalmente mayoritaria.
Esa percepción constitucional está en jaque. Con la unión de dos partidos conservadores, el PAN y el PRI, 18 Constituciones locales han sido reformadas en un plazo menor a dos años, y, evidentemente, conforme a un plan rector para que declaren de manera solemne que esos ordenamientos jurídicos protegen la vida humana desde el momento de la concepción. Esa es una noción religiosa propagada por altos jefes de la Iglesia católica. Creen que así se entra en el ámbito de respeto a la vida privada. Los clérigos tienen derecho a enseñar ese dogma y a proponerlo como base de la conducta de sus feligreses, que con toda libertad pueden hacerlo suyo. Pero cuando esa verdad válida para los creyentes de una fe se convierte, como ha sido el caso, en norma legal que obliga a todos, aun a quienes no conceden crédito a ese concepto ni a sus fundamentos religiosos, se lesiona el Estado laico.
La reforma constitucional es la base requerida para enmiendas a la legislación penal. Si la vida está protegida desde el momento de la concepción, interrumpirla es un delito, y así debe ser estipulado en los códigos que antaño se llamaban “de defensa social”. Con ese criterio religioso, el fundamentalismo católico, que aspira a que sus dogmas se conviertan en leyes y a que las leyes divinas (definidas como tales por la jerarquía eclesiástica) se coloquen por encima de las leyes civiles, ha reaccionado exitosamente contra el riesgo de atentados contra la vida que tienen su origen en la Ciudad de México.
La cruzada por la reforma constitucional local en materia de protección a la vida es el blindaje con que el conservadurismo se propone evitar que cundan las nociones laicas, fundadas en la investigación científica, sobre la concepción. Como las nociones de que provee la ciencia aclaran que no hay vida de ser humano en el momento de la concepción y varias semanas después, no es delito interrumpir el embarazo dentro de un término fijado por la ley, que en el caso capitalino es de 12 semanas y en no pocos países es aun mayor, hasta llegar al extremo –australiano, según recuerdo– de fijar como plazo para el aborto lícito el doble del nivel mexicano, 24 semanas.
El fundamentalismo católico buscó impedir esa reforma. Sus diputados fracasaron en el empeño y tampoco pudieron iniciar una acción de inconstitucionalidad contra el ordenamiento que despenaliza el aborto practicado dentro de aquel término. Y entonces, en una operación de pinzas –por un lado las reformas constitucionales locales, y por otro estas acciones ante la Suprema Corte de Justicia–, dos órganos del Estado pugnaron por que el máximo tribunal declarara contrario a la Constitución lo que era ciertamente contrario a creencias religiosas respetabilísimas pero que no pueden ser impuestas a una sociedad heterogénea, donde diversas porciones minoritarias no deben ser obligadas a acatar el credo de la mayoría. Así como es reprobable que un juez municipal o un alcalde sancione con duras penas, que pueden llegar hasta la exclusión a quien no aporte dinero o trabajo para una celebración religiosa, lo es también la actuación de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que bregaron ante la Corte como si representaran el parecer del alto clero.
Fueron derrotadas en su empecinamiento. Pero la PGR ha vuelto a las andadas ante la reforma al Código Civil que define el matrimonio como la “unión de dos personas”, en vez de la “unión de un hombre y una mujer”. Ha iniciado una nueva acción de inconstitucionalidad, basada de nuevo en frágiles argumentos jurídicos; frágiles porque en realidad esconden alegatos propios de la moralidad católica, basada a su vez en una concepción religiosa de la vida. Hay que decirlo una vez más: tal noción es respetabilísima y los fieles de ese credo han de contar con plena libertad para profesarla. Pero no tienen derecho a convertirla en norma jurídica o en prohibición judicial que se imponga a los no católicos.
Por esos embates, voluntades tenaces procedentes de muchos orígenes –cito sólo a título de ejemplo a Juventino Castro y Castro, María de los Ángeles Moreno, Beatriz Pagés, Rodolfo Echeverría, Roberto Blancarte, Bernardo Barranco– pugnan por rebautizar a la república para que también se llame laica. No los asalta el candor de suponer que la realidad se modifica con una enmienda legal, por más que sea de rango constitucional. Fían, sí, en el carácter de escudo que la carta constitucional puede adquirir en la disputa por el tono y la densidad que debe tener nuestra convivencia, no una convivencia dificultada por la intolerancia, sino la que resulta de “desarrollar armónicamente las facultades del ser humano” y de fomentar en él, “a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia”.
Ese es el credo de la educación laica en una república que, siendo laica, debe ostentar ese carácter en su definición.
El gatopardismo mexica
Javier Sicilia
No sólo la política encabezada por Felipe Calderón está llevando al país al desastre. A ello se suma la crisis de identidad de los partidos que desde hace tiempo sólo contienden en la arena política por la impunidad y los beneficios económicos que otorga detentar el poder en nuestro país.
Mas habría que preguntarse si es la crisis de identidad de los partidos sin rumbo, buscando tomar el timón de una nave que hace mucho perdió la brújula, lo que se manifiesta en las alianzas que pretenden hacer el PRD y el PAN para evitar que el PRI vuelva a tenerlo todo.
Delante de esta promiscuidad política, que sólo parece incomodar a algunos, habría que preguntarse igualmente si realmente existe en el espectro electoral de nuestro país una verdadera izquierda y una verdadera derecha.
Es evidente que, en el orden del PAN, el pensamiento de derecha no existe. No sólo el enanismo ideológico y la enorme capacidad de corrupción que un elevado número de miembros de Acción Nacional han mostrado a lo largo de su estancia en el poder, sino también la pequeñez de sus supuestos ideólogos –como el clasemediero César Nava, tan pequeño que no alcanza el tobillo de González Luna en México o de Drumont, Bernanos o Maurras en Francia–, muestran cuán alejado está el PAN de sus orígenes históricos.
Fuera de cierta doble moral que, en el peor de los saduceísmos, es dura hacia afuera –el condón, el aborto, la defensa de la familia– pero laxa al interior –una familia plagada de divorcios y promiscuidades–, el PAN es, en el mejor de los casos –y frente la ausencia de verdaderos pensadores e ideólogos de derecha–, una beata al servicio de los poderes fácticos, del sindicalismo al estilo PRI y del mercado, una beata que los domingos se persigna y bebe agua bendita, para entre semana revolcarse con toda suerte de clientes que le permitan mantener su estatus de virgen escandalizada.
Más problemático es el caso del PRD. Hijo del viejo PRI populista y nacionalista, que se escindió cuando la corriente neoliberal lo desplazó, el PRD sólo adquirió el maquillaje de la izquierda cuando parte de la verdadera izquierda histórica –desconcertada frente a la debacle de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín y el desprestigio del marxismo– se aglutinó en torno a Cuauhtémoc Cárdenas y López Obrador.
Pero ni Cárdenas ni Andrés Manuel ni la mayor parte de los dirigentes perredistas que tienen altos cargos en el partido y en el poder son verdaderos hombres de izquierda. Su rancio priismo, que no conoce más que el populismo mimético como forma de acceder y mantener el poder, no sólo abrió sus puertas a esa parte de la izquierda histórica que, cansada de mantenerse en las márgenes, decidió creer en la vía democrática, sino a un conjunto de parvenus que, como Fernández Noroña, sólo conocen el resentimiento y la intransigencia, o como Jesús Ortega, Sabines, Ebrard, etcétera, que sólo saben del oportunismo arribista.
A los verdaderos ideólogos de izquierda –pienso en González Casanova, Luis Villoro, Roger Bartra, Bellinghausen, Taibo II, el subcomandante Marcos, etcétera– el PRD los ignora; a sus interlocutores naturales –el zapatismo, el EPR y la izquierda dura–, los combate o los margina. De allí parte su divisionismo y su incapacidad para construir un verdadero proyecto de izquierda. Mimético como el antiguo PRI, ignorante del verdadero pensamiento de la izquierda tradicional, incapaz no sólo de releer con otros ojos a Marx, sino de haberlo leído –dudo mucho que los personajes de la política partidista y del gobierno que he nombrado lo hayan leído realmente–, oportunista, pragmático y corrupto como los hombres y mujeres que se instalaron en el PRI, el PRD es una prostituta que no duda en señalar hacia afuera la inmoralidad de sus contrincantes y sus insostenibles beaterías, pero hacia adentro se revuelca con ellos con tal de mantener su estatus; en síntesis, una prostituta que se exhibe con ademanes de beata populista.
Frente a esta realidad, la crisis política que vivimos no pertenece a ninguna crisis de identidad; es, como lo mostró admirablemente Lampedusa, un simple gatopardismo que quiere mantener intocadas las viejas estructuras, mientras pretende hacernos creer que se defienden posiciones políticas que, en uno u otro extremo del verdadero pensamiento político, buscan la justicia; un gatopardismo nacido de una falsa transición democrática: el PRI, que algún día nos gobernó… el perro que, en uno de sus ladridos, dijo algún día que “defendería el peso” como tal… se convirtió a finales del siglo XX en un cancerbero de tres cabezas que custodia el infierno de la corrupción y el mimetismo, y que lleva al país a la deriva.
En este sentido, las alianzas entre el PAN y el PRD no son, como algunos pensarían, innaturales. Son sólo la lógica del gatopardismo que pretende en su inmoralidad que todo cambie para mantener el statu quo: el del poder al servicio del dinero y de la corrupción. Lampedusa lo dijo mejor: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”; “¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos y, después, todo será igual, pese a que todo habrá cambiado (...) una de esas batallas que se libran para que todo siga como está”.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.
