domingo, 18 de abril de 2010

Acontecer Diario


Carmen Lila Romero / Luis Alberto García

Sucesos y Sucedidos

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Domingo 18 de abril de 2010


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SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA

Colaborador Invitado / El virus no mata, la pobreza sí

Contagiarse o morir por influenza depende del acceso a la salud de cada estrato social

Colaborador Invitado

(18 abril 2010).- Raúl Rojas Soriano

Doctor en sociología y catedrático de la UNAM.

Los efectos sociales de la influenza A H1N1 pueden analizarse considerando los factores económicos o también referirse a las repercusiones que tuvo en el comportamiento social de las personas susceptibles de contraer la enfermedad.

La manera como la gente ha vivido la presencia de esta patología, y cómo se ha preparado para enfrentarla si apareciera en algún miembro de su familia, depende del grupo social al que pertenecen los individuos; es decir, de sus condiciones sociales. Quienes poseen mayores recursos económicos, un nivel de escolaridad más elevado y cierta cultura para la salud están sin duda mejor preparados para saber cómo y a dónde acudir para recibir una atención médica adecuada y oportuna, y evitar o reducir cuadros clínicos graves.

Desafortunadamente, la mayoría de la población (la clase trabajadora) carece de condiciones de vida y de trabajo apropiadas, por lo que fue y seguirá siendo una presa más fácil del virus.

El sistema inmunológico de los individuos se encuentra debilitado por la malnutrición, el hacinamiento, el trabajar en lugares contaminados y realizar actividades en situaciones estresantes, entre otras. Por eso, poco impacto tienen en el cuidado de la salud las medidas higiénicas de carácter individual si no se plantean políticas y se llevan a cabo estrategias y acciones concretas que busquen combatir los ambientes social y físico adversos que generan la enfermedad y la muerte.

La gente de escasos recursos tiene menos posibilidades reales de buscar atención médica adecuada y oportuna, pese a la obligación del Estado de proteger la salud de la población.

Así como hay una situación diferencial entre los grupos sociales respecto a la forma de preservar la salud y enfrentar la enfermedad, la hay en la manera como se presenta la enfermedad. Su gravedad, frecuencia y la posibilidad de morir dependen en gran medida del grupo social al que pertenecemos. Por ello, no compartimos la idea que se divulgó de que la influenza había "democratizado" a la sociedad porque todas las personas eran susceptibles de enfermarse.

Teóricamente puede pl antearse así, pero la realidad es otra.

Los servicios médicos del sector salud se encuentran totalmente rebasados, por lo que difícilmente pueden proporcionar una atención médica de calidad, mucho menos con calidez. La medicina institucional está orientada hacia una práctica médica curativa, individualista y hospitalaria. Por ello la política de salud del Estado mexicano destina el mayor presupuesto a las áreas relacionadas con la medicina curativa, no obstante que se reconoce que la medicina preventiva resulta más eficaz para mantener sana a la población.

El sistema enfrenta un dilema: destinar el mayor presupuesto a la medicina preventiva y a acciones de salud pública (lo cual hubiese permitido haber enfrentado con mayor éxito la epidemia de la influenza), o seguir manteniendo el actual sistema médico, que se apoya en una industria químico-farmacéutica y de equipo médico, cuyo principal interés radica en obtener mayores ganancias y, por lo tanto, mientras más enfermos haya, mucho mejor. Se impone la lógica del capital: obtener el máximo lucro con el menor costo posible.

La crisis que enfrenta el modelo neoliberal, presente también en el sector salud, está generando más pobreza y menos capacidad del sistema sanitario para atender la enfermedad. Quienes seguirán aportando las mayores tasas de morbimortalidad serán los grupos sociales que se encuentran en la pobreza; dichas tasas no podrán reducirse con medidas de carácter curativo o con acciones higiénicas que sólo se dirigen al individuo. Se requiere de otra concepción de política de salud que realmente atienda las verdaderas causas de la enfermedad, y no sólo ataque los efectos.

El virus de la nueva influenza no mata por sí solo; se requiere la presencia de condiciones sociales adversas para que surja el contagio.

Si no basta lo dicho, expongo lo que les propuse a las autoridades del sector salud que participaron en una mesa redonda sobre la influenza el 24 de noviembre de 2009: al terminar la mesa redonda, dejemos nuestros trajes y vayamos vestidos como el común de la gente a solicitar atención médica en cualquier hospital del sector salud para que nos realicen las pruebas clínicas y determinar si tenemos o no el virus. Veremos cómo se nos atiende. Después acudamos a un hospital privado, presentando nuestra tarjeta de crédito o de seguro de gastos médicos mayores.

Comprobaremos que hay un desigual acceso a los servicios médicos, debido a que vivimos en una sociedad donde prevalece la desigualdad.

En ese momento las autoridades dejaron pasar la invitación. Aprovecho este espacio para reiterarla.

Un año en alerta

Reportaje Influenza: costo y aprendizaje. ¿Valió la pena paralizar el país para enfrentar el brote de influenza A H1N1? A pesar de los 40 mil millones de pesos en pérdidas económicas, el sector salud responde que sí. La OMS respaldó las decisiones tomadas por México en la contingencia, pero ya investiga si todas las medidas fueron correctas

Karla Garduño Morán

(18 abril 2010).- A un año de distancia, el balance entre la letalidad del virus de influenza A H1N1 y los costos económicos que representó para México la contingencia por el brote sigue sin cuadrar.

Aunque los hospitales estuvieron saturados de enfermos con síntomas respiratorios tanto en el primer repunte de la epidemia (de finales de abril a los primeros días de mayo), como en el pico más grave (entre mediados de septiembre y mediados de octubre), el porcentaje de mortalidad apenas superó el 3 por ciento en su momento más álgido (primera semana de mayo), y ahora se mantiene cercano al 1 por ciento.

Sin embargo, las medidas tomadas por el gobierno federal y por el de la Ciudad de México (cerrar restaurantes y limitar las actividades comerciales), además de las restricciones de otros países hacia México, provocaron que en el segundo trimestre del 2009 el Producto Interno Bruto cayera 10 por ciento, el nivel más bajo en lo que va de la crisis económica iniciada en 2008.

La contingencia, que mantuvo escuelas y algunas empresas de servicios cerrados del 24 de abril al 7 de mayo, provocó que algunos sectores como el de turismo y el de comercio tuvieran pérdidas hasta por 8 mil millones de pesos.

La pandemia significó también un fuerte gasto para el gobierno federal, que ha destinado más de 2 mil 400 millones de pesos para enfrentarla, a través de la compra de materiales de protección, equipo para diagnóstico, vacunas y antivirales, más otros gastos no cuantificados derivados de la carga de trabajo del personal, la capacitación y los viáticos a los médicos que apoyaron en otros estados o hasta en otros países.

Durante su comparecencia en el Senado de la República el 11 de marzo pasado, el secretario de Salud, José Ángel Córdova, fue cuestionado por las decisiones tomadas, que provocaron la caída en la economía. El funcionario defendió la estrategia y dijo que gracias a la contención del primer brote, los siguientes picos de la epidemia ya no causaron tantos desastres, en referencia a que entre septiembre y octubre se presentó el 42.8 por ciento del total de los casos registrados (31 mil 24).

La Organización Mundial de la Salud se cuestiona ahora si las medidas tomadas fueron las correctas y decidió armar un grupo de expertos para llevar a cabo un análisis de las mismas. Esto, a pesar de que hace un año avaló la forma en la que actuaron las autoridades mexicanas.

Se volverían a tomar las medidas

A pesar de todo, las autoridades y los expertos en salud no dudan de la eficacia que tuvieron esas medidas de control en el comportamiento de la pandemia en el país y atribuyen la baja tasa de mortalidad a esas decisiones.

Miguel Ángel Lezana, director del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades; Alejandro Macías, comisionado nacional para la influenza; Víctor Hugo Borja, coordinador de Vigilancia Epidemiológica y Apoyo de Contingencias del IMSS; Armando Ahued, secretario de Salud del GDF, y el epidemiólogo Pablo Kuri, coinciden en señalar que de presentarse nuevamente una epidemia de influenza, las medidas a tomar serían muy similares, incluyendo el cierre de escuelas y la suspensión de actividades comerciales.

"Son decisiones correctas, porque el riesgo es qué hubiera pasado si se hubieran cumplido algunos de los escenarios que se tenían previstos, con una letalidad del 10 por ciento de los enfermos. Ante el desconocimiento hay que tomar medidas, anteponiendo sobre cualquier consideración a la salud; ésta fue una lección, que las medidas se tienen que tomar, independientemente de que luego pueda haber críticas", afirma Kuri, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.

A toro pasado las cosas se ven diferentes, afirma el secretario de Salud del gobierno capitalino, refiriéndose a que para muchos la magnitud de lo que fue la pandemia no ameritaba medidas tan drásticas. Pero defiende el hecho de que luego de la suspensión de clases en el Distrito Federal, se cancelaran a partir del 24 de abril 553 actos culturales, deportivos y espectáculos públicos, se cerraran los cines y se restringiera el servicio de restaurantes sólo para llevar.

A pesar de que la mayoría de los 2 mil 213 restaurantes y cafeterías registrados acataron las reglas y reabrieron hasta el 6 de mayo con restricciones en el distanciamiento entre las mesas y la higiene en el servicio, las pérdidas de este sector en el Distrito Federal ascendieron a 981 millones de pesos, según una encuesta realizada por ISCAM Centros de Consumo, una empresa de estudios de mercado.

"Con el recuerdo de 1918, donde murieron entre 40 y 100 millones de personas por influenza (también del subtipo A H1N1), la posibilidad de que el virus fuera muy letal era muy alta. El número de enfermos empezó a crecer de una manera terrible", dice Ahued.

Caída en picada

Salvo los hospitales, donde reinaba el bullicio de los probables enfermos esperando consulta, de las áreas de terapia intensiva saturadas y los parientes esperando los resultados que en las primeras semanas tardaban demasiado en llegar, el panorama de las principales ciudades hace un año -especialmente la capital- era desolador.

Los niños estaban recluidos en casa, las escuelas, parques y otros lugares de recreación estaban cerrados; las empresas vieron reducido su personal porque hubo padres y madres de familia que tuvieron que quedarse a cuidar a los hijos; algunas industrias implementaron programas para que los empleados trabajaran desde su casa, las oficinas públicas cerraron puertas, las iglesias dejaron de tener misa dominical y hasta las oficinas del SAT, usualmente atiborradas en abril, se vaciaron debido a que la fecha límite para la declaración anual de personas físicas se aplazó hasta el 1o. de junio.

Los aeropuertos estaban desiertos porque los turistas dejaron de llegar. Sólo en el periodo del 24 de abril al 11 de mayo, en el Aeropuerto de la Ciudad de México se dejaron de percibir alrededor de 200 millones de pesos por concepto de TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto), debido a la cancelación de 3 mil 59 vuelos.

Como el virus apareció aquí, nadie quería viajar a México. Países como Perú, Ecuador, Cuba y Argentina restringieron los viajes de sus ciudadanos al país y el turismo cayó en las playas en más del 90 por ciento.

En mayo, el ramo hotelero tuvo su nivel más bajo de ocupación en el 2009 y lo que va del 2010 al registrar sólo un 31.20 por ciento de su capacidad.

Entre el sector de servicios y turismo y el de comercio se perdieron 43 mil 701 empleos formales entre abril y mayo, los cuales no se recuperaron hasta julio, según cifras del IMSS. El 7 de mayo, la Concanaco calculó las pérdidas de estas áreas en 12 mil 645 millones; aunque al final del año el turismo resultó el más afectado al perder en total 13 mil 600 millones de pesos, no sólo por la alerta sanitaria, sino también por la crisis económica y de seguridad en el país.

Las medidas discriminatorias y la desinformación también afectaron a los porcicultores. Como en un principio se atribuyó a los cerdos la entrada del virus y se le calificó como "influenza porcina", los criaderos pagaron las consecuencias. Los pedidos de carne de puerco se fueron cancelando y el sector estimó que en total perdieron 2 mil millones de pesos y se dejaron de vender 40 mil toneladas de carne.

El saldo por los espectáculos cancelados y los espacios culturales cerrados no ha sido oficialmente cuantificado, pero el entonces presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Alfonso Suárez del Real, aseguró que al menos el Instituto Nacional de Bellas Artes había tenido pérdidas hasta por 3 millones de pesos.

Museos sin subsidio gubernamental tuvieron que tomar medidas extremas, como reducir el salario de los empleados, así como la jornada laboral, utilizar sus ahorros y poner a la venta activos.

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (Canacine) estimó que entre el 25 de abril y el 5 de mayo la industria perdió 268 millones de pesos, ya que se contabilizaron 510 complejos cerrados en la República Mexicana, los cuales albergan 4 mil 369 salas.

Para los partidos políticos la epidemia, en cambio, representó un ahorro, ya que en lugar de organizar el tradicional mitin para arrancar las campañas para la elección intermedia, el 3 de mayo los candidatos a diputados federales iniciaron el proceso detrás de un cubrebocas y con conferencias de prensa, desayunos, entrevistas radiofónicas, pinta de bardas y envío de mensajes por teléfono y correo electrónico.

Alerta constante

En julio, durante la reunión internacional "Lecciones aprendidas de la influenza A H1N1" en Cancún, el secretario de Salud, José Ángel Córdova, calculaba en 40 mil millones de pesos las pérdidas económicas derivadas por el brote de influenza, aunque por la cantidad de sectores y pequeños comerciantes afectados éstas podrían ser mayores.

La magnitud de las pérdidas no es razón para que las autoridades descarten medidas similares y un escenario de paralización semejante al de hace un año en caso de otra epidemia de influenza, como la A H5N1 (conocida como gripe aviar), la cual es considerada como una amenaza latente por la OMS desde el 2006.

Ante ese panorama, la única solución es que todos los sectores tengan planes de contingencia como los que tenía el sector salud, dice el director de Cenavece, Miguel Ángel Lezana.

"Algo que nos enseñó la pandemia es que en el ámbito nacional los planes de preparación no tenían el mismo grado de madurez en todos los sectores. En el caso de Salud había un plan muy bien elaborado, se habían hecho simulacros en 2008. El sector turístico, en cambio, no tenía este mismo grado de madurez y hubo un gran desconcierto sobre cómo manejar ese tipo de cosas. Se fueron haciendo los ajustes necesarios, pero es un ejemplo de un sector que en términos del grado de madurez de sus planes estaba rezagado con respecto a otros", afirma Lezana.

Por el momento el país sigue en alerta oficial por el virus A H1N1. La OMS mantiene la fase 6 de la alerta pandémica -la más alta de su escala-, que significa que el virus tiene presencia en todo el mundo. Mientras la Organización no cambie la fase, el gobierno mexicano también se mantiene en fase pandémica.

En las próximas dos semanas, una vez que concluya la vacunación que al momento tiene un 80 por ciento de avance, el gobierno consultará a la OMS para levantar la alerta sanitaria.

72,436 casos confirmados al 12 de abril

1,184 decesos

1.63% tasa de mortalidad

17,700 muertes en el mundo

Muchas pérdidas, pocas ganancias

Los sectores económicos reportaron daños millonarios tras la alerta sanitaria declarada hace un año por el surgimiento del virus A H1N1. El sector salud hizo inversiones millonarias para enfrentar la contingencia. Sólo la industria farmacéutica acumula ganancias por el virus.

Pérdidas

(cifras en millones de pesos)

40,000

Cifra general según el gobierno*

Sector comercio

8,220

Sector servicios y turismo

4,425

Porcicultores

2,000

Industria restaurantera del Distrito Federal

981

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

200



* La cifra de pérdidas económicas fue informada por el secretario de Salud en julio del 2009 sin deglosarla. Se presentan aquí las pérdidas reportadas por algunos sectores.





Gastos
(cifras en millones de pesos)


2,441.6 inversiones en sector salud

Presupuesto para vigilancia

1,290

Tamiflú

307

Vacunas

200

Gel antibacterial

162.4

Equipo para diagnóstico

161

Batas desechables

110.4

Campaña de difusión

57.4

Mascarillas

52

Cubrebocas

47.2

Toallas sanitizadas

22.8

Relenza

17.4

Guantes desechables

7.6

Trípticos

6.4




Ganancias
(cifras en millones de pesos)


37,088,230
Ventas aproximadas de tres laboratorios a nivel mundial en 2009

Laboratorios Roche (Tamiflú)

37,000,000

Sanofi (vacunas)

58,000

GlaxoSmithKline (vacunas)

16,652

GlaxoSmithKline (Relenza)

13,578




Fuentes: Secretaría de Salud, Inegi, Concanaco, ISCAM Centros de Consumo, Aeropuerto de la Ciudad de México, IMSS, Organización Mundial para la Salud, Roche, Sanofi Aventis, GlaxoSmithKline y Reforma.



Persisten las deficiencias

Reportaje. Un diagnóstico certero y oportuno sigue siendo el talón de Aquiles frente a la epidemia.

Karla Garduño Morán

(18 abril 2010).- Luis, de 35 años, peregrinó por hospitales privados, del IMSS, de la Cruz Roja y de la Secretaría de Salud con problemas respiratorios y altas temperaturas. Los diagnósticos que le hicieron en esos lugares apuntaban a una infección pulmonar y lo mandaron a su casa con antibióticos.

Su pareja, Alejandra, insistió y fueron a dar al área de urgencias del Hospital General, donde al fin accedieron a hacerle una radiografía, le detectaron principios de neumonía y lo mandaron al área de Infectología, donde sin esperar el resultado de la prueba de influenza lo internaron y le dieron antivirales. Seis días después se confirmó que tenía la enfermedad. Los médicos reprendieron a Alejandra por no haberlo llevado antes.

El paciente lleva ya dos semanas conectado a un ventilador para respirar; su salud se complicó por una infección y aunque Alejandra confía en que saldrá bien, sus ojos -lo único que deja ver el cubrebocas con el que permanece en la sala de espera- se humedecen al relatar esta historia.

Casos como el de Luis se repiten día a día en varios hospitales del país.

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), donde el número de pacientes internados con influenza (entubados o no) ronda entre 50 y 60 desde que empezó el brote el 23 de abril del 2009, es quizás el principal destino de los pacientes mal diagnosticados.

"Los que llegan ahora fueron a consulta una, dos o hasta tres veces, les dieron muchos medicamentos, incluyendo antibióticos, pero no les dieron antivirales, entonces su salud se va deteriorando y llegan aquí muy mal", explica Rogelio Pérez Padilla, director del INER.

Aunque se han llevado a cabo cursos de capacitación y se reparten manuales sobre cómo identificar a los pacientes y qué hacer ante los primeros síntomas, el especialista afirma que muchos médicos no han podido erradicar el hábito de recetar antibióticos casi de forma automática. Como si no hubieran aprendido nada de esta epidemia.

La Secretaría de Salud cuenta con el plan de contingencia frente a la influenza desde el 2006. De entonces a la fecha ha hecho algunos simulacros de pandemia, pero la mayoría del personal médico no estaba capacitado para el manejo de los pacientes cuando surgió la emergencia. No eran capaces de hacer el diagnóstico adecuado, lo que provocó desorganización en las clínicas.

Un año después, las autoridades de la Secretaría de Salud aseguran que ha mejorado la capacitación del personal médico del país; sin embargo, los casos de enfermos mal diagnosticados siguen llegando a los principales hospitales.

"Las guías insisten que con el diagnóstico clínico es suficiente para empezar el tratamiento antiviral y además es claro que una infección respiratoria de tipo viral no se mejora con antibióticos ni con vitaminas", afirma Pérez Padilla.

Según el especialista, otra lección aprendida este año es que no sólo hay que intensificar la capacitación, sino que es necesario cambiar malos hábitos adquiridos durante años.

Laboratorios y equipo

No es necesario esperar los resultados de la prueba de influenza para recetar antivirales a los pacientes; sin embargo, el que no existiera confirmación clínica oportuna de los casos provocó desconcierto en los primeros días de la pandemia.

Para tratar de agilizar esto, el gobierno federal y los estados anunciaron inversiones para dotar a cada entidad de al menos un laboratorio de diagnóstico y garantizar la confirmación en un plazo máximo de 24 horas.

Cada laboratorio tiene un costo aproximado de 20 millones de pesos. Al menos eso costaron el Centro de Diagnóstico y Vigilancia Epidemiológica en el Distrito Federal y el Laboratorio de Biología Molecular en Jalisco.

Otra deficiencia evidenciada durante los picos más altos del brote fue la falta de equipo para la respiración asistida. Ante ello, el sector salud adquirió 700 ventiladores y otros materiales para reforzar las áreas de terapia intensiva de los principales hospitales y darles flexibilidad para crecer en caso de necesidad.

En el Hospital General, por ejemplo, se tiene capacidad para pasar de 55 a 90 camas en terapia intensiva, aunque su director, Francisco Navarro, asegura que no ha sido necesario hacer las modificaciones para crecer.

En cambio, en el INER fue necesario reacomodar las áreas para crear un pabellón exclusivo para enfermos de influenza, el cual se mantiene prácticamente lleno desde que comenzó la epidemia.

Educación y conformismo

Es tiempo de revisar el peso de los maestros, padres de familia, la escuela y el salón de clases en el bajo nivel demostrado tras cada evaluación educativa

Marinela Servitje

(18 abril 2010).- Desde hace algunos años vemos con tristeza los pobres resultados que nuestros niños y jóvenes obtienen en la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, conocida como prueba Enlace.

Durante los cuatros años que la Secretaría de Educación Pública ha aplicado esa evaluación se evidencia un bajo nivel de aprendizaje de los alumnos. En 2009, por ejemplo, cerca del 90 por ciento de los estudiantes de secundaria tuvieron un nivel de insuficiente y elemental en el área de matemáticas.

Los jóvenes de 15 años difícilmente obtienen un promedio de 400 puntos en los resultados de matemáticas de la prueba PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) de la OCDE, cuyo objetivo es conocer sus habilidades y competencias para analizar y resolver problemas, manejar información y enfrentar situaciones. Jóvenes de países como Finlandia alcanzaron los 548 puntos.

¿Qué nos pasa? Países como Corea que estaban igual que México hace 30 años, ahora nos han rebasado en eficiencia y en rendimiento escolar.

Las causas son muy diversas. Primera, la baja prioridad que la sociedad le da a la necesidad de contar con una educación de calidad con equidad; segunda, la selección, formación y el reconocimiento a los maestros, y tercera, el contexto en el que aprenden los niños y jóvenes, es decir, lo que pasa en el salón de clases, incluyendo el método de aprendizaje.

¿Sociedad conformista?

Muchos empresarios se quejan del bajísimo nivel de los jóvenes que ingresan por primera vez al mercado laboral. Hoy es difícil encontrar a un joven con un promedio de 8 en su certificado de secundaria o de preparatoria y es aun más difícil encontrar jóvenes con las habilidades necesarias para utilizar la información y el conocimiento para elevar la productividad y competitividad de las empresas.

Desde luego hay muchachos excepcionales, pero no constituyen un número significativo. Las más de las veces se les contrata con promedios de 7 y se les ofrecen cursos de capacitación para compensar las deficiencias en sus habilidades verbales, digitales, matemáticas o técnicas. Por supuesto, ayudarlos con las habilidades sociales básicas como trabajar en equipo, tomar decisiones responsables, resolver conflictos o simplemente tener iniciativa y creatividad.

Los empresarios aportan recursos a la Federación para contar con una fuerza laboral bien preparada y, por lo mismo, deberían de exigir más. Es su derecho.

Como sociedad se requiere una mejor educación no sólo para el trabajo, también para la participación política y la convivencia social.

Si la educación recibe la partida presupuestal más grande y representa el mayor gasto social, vale preguntar: ¿qué cuentas piden diputados y senadores sobre la aplicación de estos recursos? ¿Sabrán si los niños y jóvenes están aprendiendo lo necesario para enfrentar los desafíos del mundo en el siglo XXI? ¿Cuántas veces se suben a la tribuna para tocar este tema? ¿Somos una sociedad conformista?

Padres y maestros

En contraste con otros países donde los padres asisten con regularidad a la escuela y tienen actividades semanales dentro y fuera de ella, en nuestro país participan poco en la vida escolar de sus hijos. Se ocupan de inscribirlos en la escuela, de comprarles útiles y uniformes, y de ver que asistan a clases. Pero ¿sabrán cuáles son los resultados que obtienen en la prueba Enlace?, ¿la comparación con otras escuelas?, ¿otros países? Muy pocos consultan estos resultados.

En México, la mayoría de los padres exigen muy poco a los maestros y a los directivos de las escuelas a las que asisten sus hijos. No tienen una percepción real de la problemática del sistema educativo.

Varias encuestas (Reforma, 2008) revelan que 62 por ciento de los padres de familia consideran que la educación que reciben sus hijos en primaria, secundaria y bachillerato es de buena a excelente.

Es claro que los maestros junto con los padres son los actores más importantes en el aprendizaje de los niños. Son los transmisores de la herencia cultural: habilidades, tradiciones, valores, conocimientos. En este proceso el niño no es un ser pasivo, puede modificar el conocimiento y potenciar el aprendizaje.

Las teorías educativas modernas ven al maestro como un "mediador" o como un facilitador del aprendizaje. El maestro ayuda a los niños para que ellos desarrollen sus capacidades cognoscitivas y afectivas. El maestro ya no es el "sabelotodo"; la información es mucho más accesible, pero hay que saber dónde encontrarla y cómo incorporarla, elaborarla e interpretarla. Es importante leer al doctor Reuven Feuerstein para comprender este nuevo rol de los maestros.

En México se debería escoger con mayor rigor a aquellas personas que estén más motivadas para cumplir la tarea educativa. El proceso de selección de maestros debe ser sumamente cuidadoso, ya que jugarán un papel determinante en el desarrollo de los niños.

Además de los exámenes de nuevo ingreso, es preciso realizar entrevistas personales y pruebas psicométricas como se hace para ocupar cualquier otro puesto laboral. Los maestros deberían ser los primeros en pedir y exigir una mejor selección y una mejor capacitación conforme a las nuevas tendencias educativas del siglo XXI. Los primeros en inconformarse con los resultados de Enlace deberían ser los maestros, y buscar cómo superar estos bajos resultados.

Eric Hanushek, especialista en educación de la Universidad de Stanford, comentó recientemente los resultados de una investigación y dice que "los estudiantes instruidos por el peor 10 por ciento de los profesores lograron sólo el 50 por ciento de ganancias promedio, mientras que los alumnos en las clases de los mejores profesores mejoraron el 150 por ciento".

La sociedad debe romper este círculo vicioso y modernizar de raíz la educación en nuestro país. Los maestros definitivamente son parte de la solución.

A pesar de los pobres resultados de los alumnos, los maestros mexicanos están, en general, satisfechos con su trabajo. Esta percepción de satisfacción laboral es mayor que el promedio de los países donde se aplica el Talis (Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje). Mientras no tengamos conciencia del problema es probable que la situación siga igual.

¿Por qué los padres de familia y por qué los maestros están satisfechos con la calidad educativa en México? ¿No es suficiente la evidencia que tenemos a nuestro alcance?

Escuela y salón de clases

En recientes encuentros internacionales sobre educación -World Innovation Summit for Education-Qatar (Wise) y Leading Next Generation Learning-Londres (Becta)- los expertos concluyeron que los sistemas educativos actuales requieren cambiar desde el salón de clases para enfrentar la globalización y las nuevas formas de pensar, trabajar y vivir en el siglo XXI.

El énfasis ahora está en el niño y su aprendizaje; se busca que los estudiantes adquieran las competencias "duras" (lectura, escritura, matemáticas) y las competencias "blandas" (comprensión de la lectura, trabajo en equipo, solución de problemas, capacidad crítica, negociación y competencia digital), es necesario que todas las escuelas instalen tecnología de información y comunicación y que ellas estén dentro del salón de clases y que sea un recurso accesible a todos los niños.

Estas tecnologías deben ser un medio, no un fin, y su propósito debe ser ayudar a los niños a resolver problemas, a contactarse con otras personas en otros países del mundo, a compartir ideas, pero sobre todo los debe auxiliar a comprender y a pensar. Sin embargo, la tecnología no resuelve todo, no hay que exagerar su utilidad.

La nueva educación busca que el alumno razone, piense, discuta, critique, integre el conocimiento y sea disciplinado, además de creativo y ético. Esta nueva educación debe ser motivadora y estimulante, y formativa. La escuela de hoy tiene que despertar el interés por aprender y por vivir.

Es hora que México repiense y reinvente sus escuelas, que busque nuevos modelos pedagógicos y considere la educación como prioridad nacional. Ya es hora de revalorar y poner a la escuela como el tema principal de la agenda nacional.

La autora es directora general de Papalote, Museo del Niño; presidenta del Consejo Nacional del Compromiso Social por la Calidad de la Educación y presidenta del Instituto de Fomento e Investigación Educativa.

¿Si faltara el Presidente?

México apenas debate si debe o no tener un mecanismo expedito para sustituir al Presidente. La historia señala que no es ocioso tomar medidas al respecto

Zoé Robledo

(18 abril 2010).- "Cuando se viaja en avión solamente existen dos clases de emociones: el aburrimiento y el terror".

Orson Welles

Momentos después del desplome de la aeronave, un oficial polaco que presenció el accidente desde la pista de aterrizaje comenzó a sollozar silenciosamente y a repetir en voz baja: "Esto es el final de Polonia. Esto es el final de Polonia". Su sombría sentencia nacía de una certeza: a bordo del avión en llamas venía el hombre más poderoso de su país. Su muerte era segura.

Era 1943. El personaje, Wladyslaw Sikorski, presidente del gobierno polaco en el exilio. Tras la invasión nazi a Polonia, en 1939, Sikorski se convirtió en un incondicional defensor de la causa polaca. Paradójicamente, fue el artífice del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Polonia y la Unión Soviética y, al mismo tiempo, fue él quien, en abril de 1943, solicitó que la Cruz Roja internacional investigara la masacre de Katyn; razón por la que Stalin rompió vínculos con Polonia. Respetado e influyente en la escena diplomática occidental, con la caída de su B-24 Liberator murió una esperanza: que la Unión Soviética fuera forzada por los aliados a abandonar Polonia al final de la Segunda Guerra Mundial.

Macabra broma del destino: el 70 aniversario de la masacre de Katyn fue lo que llevó al presidente polaco, Lech Kaczynski, a viajar a Smolensk el 10 de abril de 2010 y encontrar la muerte.

La muerte del presidente polaco obliga a varias reflexiones. La principal es que, a pesar de lo que todavía creen algunos, un Presidente puede morir en cualquier momento. Para muestra un panteón: en los últimos 50 años han fallecido en el mundo un total de 91 mandatarios y cabezas de Estado por las cuatro causas conocidas por las que puede morir cualquier persona: 22 fueron asesinados, 56 murieron como consecuencia de alguna enfermedad, 1 se suicidó y 12 tuvieron la mala fortuna de estar en el momento y el lugar menos afortunado: un accidente aéreo.

Con la tragedia siempre en el horizonte, la obligación institucional es contar con un mecanismo de sustitución que garantice la continuidad del gobierno, la estabilidad del sistema político y la gobernabilidad democrática. En ese sentido, México y Uzbekistán comparten una característica: no cuentan con mecanismos institucionales automáticos para la sustitución del Presidente en caso de faltar. Nadie desea la muerte del Ejecutivo, pero creer que no puede ocurrir es irresponsable, y confiar en el buen funcionamiento del mecanismo actual es peligroso.

Efectos de los accidentes

Pero a pesar de tener un eficiente mecanismo de sustitución, nada ni nadie puede prever los efectos políticos de un accidente. Éstos conllevan elementos que incrementan el riesgo de crisis. No sucede así con las muertes de mandatarios por enfermedad; una gran mayoría de ellas ocurre por padecimientos asociados con la edad. En promedio, los 57 mandatarios muertos por enfermedades de 1960 a 2010 tenían 69.64 años. Así, salvo los contados casos de paros cardiacos fulminantes, las enfermedades que matan a los líderes políticos proporcionan tiempo suficiente para negociar, detallar y prever las acciones que se tomarían cuando ocurra el inevitable desenlace. Por otro lado, la experiencia indica que cuando un Presidente es asesinado atrás hay un golpe de Estado. Con raras excepciones, siempre un grupo de personas sabe que el Presidente va a morir como medida extrema de remoción para tomar el poder. Las desastrosas consecuencias de un golpe de Estado impulsado desde el magnicidio son conocidas, pero no ocurre lo mismo con los accidentes, que son inesperados para todos, no tienen una lógica temporal, su naturaleza es violenta y repentina; son recordatorios de nuestra fragilidad y sus efectos pueden modificar el rostro de las naciones, algunas veces de forma asombrosamente virtuosa, otras de manera predeciblemente catastrófica. Aquí algunos casos.

Samora Machel

Con la salida del Ejército portugués, Samora Machel se convirtió en el primer Presidente independiente de Mozambique. Instauró un gobierno autoritario disfrazado de marxismo. En la práctica era un dictador. En 1986, durante un viaje de Zambia a Maputo, el avión presidencial, un Tupolev 134 (regalo del gobierno ruso) se estrelló en la cordillera de Lebombo, en Sudáfrica. En el accidente murieron 34 personas, incluido Machel, y hubo 10 sobrevivientes. Con la muerte de Machel, el futuro de Mozambique se transformó de forma radical: asumió la Presidencia Joaquim Alberto Chissano quien, para sorpresa de muchos, incorporó reformas de tipo occidental, tanto en su política interna como en sus relaciones con el exterior: desdibujó el componente personalista del régimen, dio vía libre al pluripartidismo y a la economía de libre mercado. En 1992 firmó un acuerdo de paz que puso fin a la sangrienta guerra civil y consiguió asistencia económica y diplomática de Estados Unidos. En suma, encaminó a Mozambique hacia una transición democrática ordenada y una sobresaliente recuperación económica. El accidente aéreo permitió que llegara al poder un líder progresista y abrió las puertas de un romance que aún perdura, la viuda del Presidente muerto, Graca Machel, se casó en 1998 con Nelson Mandela el día de su cumpleaños 80.

Los latinoamericanos

En agosto de 1964, René Barrientos fue electo vicepresidente de Bolivia en la fórmula de Víctor Paz Estenssoro. En noviembre de 1964 dio un golpe de Estado y en 1966 fue electo Presidente constitucional. Fue querido por los campesinos, odiado por los obreros y mineros. Se hizo famoso en el mundo como el verdugo del Ché Guevara. Barrientos se disponía a perpetuarse en el poder, pero un domingo, mientras su helicóptero iniciaba su ascenso, un cable del telégrafo se enredó en las hélices y mandó la nave al suelo. Lo siguieron 20 años de dictaduras militares represivas y violentas revueltas.

El año de 1981 fue terrible para la aviación presidencial latinoamericana. En mayo el joven y popular presidente de Ecuador, Jaime Roldos, falleció cuando su avión se estrelló contra el cerro de Huairapungo. Lo acompañaba su esposa Martha Bucaram, hermana de Abdalá Bucaram, quien fundó el Partido Roldosista Ecuatoriano con el que fue electo Presidente y luego depuesto por "incapacidad mental". En julio el avión del presidente panameño Omar Torrijos se estrelló, poniendo fin al proceso de modernización política para Panamá al que se había comprometido con Estados Unidos, lo que permitió que se consolidaran regímenes dictatoriales como el de Manuel Noriega y la invasión de Estados Unidos en 1989.

Muhammad Zia-ul-Haq

A las 15:46 horas del 17 de agosto de 1988, un Hércules C-130b de fabricación estadounidense despegó de una base militar en Bahawalpur, Paquistán. Cinco minutos más tarde se desplomaba. A bordo iba el general Muhammad Zia-ul-Haq, presidente de la República Islámica de Paquistán desde 1977, año en el que dio un golpe de Estado en el que depuso, y posteriormente ejecutó, al primer ministro Zulfikar Ali Bhutto. El accidente alteró profundamente la dinámica política de Paquistán. Con el vacío que dejó Zia permitió la restauración de la democracia en Paquistán, aunque fuera de forma temporal con la elección de Benazir Bhutto. Fue ella quien, en su autobiografía Daughter of destiny (1989) aporta una explicación del accidente del general Zia: "fue un acto de Dios". Benazir Bhutto fue asesinada en 2007.

El autor es consultor asociado de Gerencia del Poder.

zrobledo@gerenciadelpoder.com.mx

¿Qué pasaría en México?

Ante la falta absoluta del Presidente, el artículo 84 constitucional prevé dos escenarios y tres figuras: Presidente interino, provisional y sustituto.

En los dos primeros años de gobierno:

· Si el Congreso estuviere en sesiones se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y, concurriendo cuando menos las dos terceras partes de sus miembros nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un Presidente interino.

· El Congreso expedirá, dentro de los 10 días siguientes, la convocatoria para la elección del Presidente que concluirá el período respectivo en un plazo no menor de 14 meses, ni mayor de 18.

· Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará un Presidente provisional y convocará a sesiones extraordinarias al Congreso para que éste, a su vez, designe al Presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales.

En los cuatro últimos años:

· Si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al Presidente sustituto que deberá concluir el período.

· Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente nombrará un Presidente provisional y convocará al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se erija en Colegio Electoral y haga la elección del Presidente sustituto.

La cultura política

(18 abril 2010).- Téngalo presente

Atlas de la seguridad y la defensa de México 2009. Presentan Alejandro Chanona, Javier Oliva, Martín Íñiguez y Consuelo Dávila, entre otros. Martes 20, 18:00 horas. Leonardo Curzio, René Jiménez Ornelas y Elena Azaola lo presentan el jueves 22, 12:30 horas. Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 9470.

Conferencias

Las ciencias sociales en el siglo XXI: nuevos contornos, nuevos objetos y nuevos métodos. Impartirá Bruno Latour. Organiza CEI, Sciences Po, Embajada de Francia en México y CEMCA. Lunes 19, 19:30 horas. Centro de Estudios Internacionales. CEMCA, Sierra Leona 330, Col. Lomas de Chapultepec. Informes: 5540 5921.

¿Están protegidos nuestros jueces contra el narcotráfico? Mesa redonda con Miguel Ángel Aguilar López, Ricardo Ojeda Bohórquez, Jorge Ojeda Velazquez y Rafael Ruiz Mena. Organiza el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Martes 20, 18:00 horas. Sala de Seminarios del INACIPE. Calle Magisterio Nacional No. 113. Tlalpan Centro. Informes: 5487 1500 y http: www.inacipe.gob.mx

Un día por Darfur en el Senado. María de Lourdes González Prieto y Alberto Herrera Aragón participan en una jornada de conferencias en torno a la violencia que vive esta región de Sudán. Jueves 22, 10:00 horas. Senado de la República. Xicoténcatl No. 9, Centro. Informes: 5130 2200.

Posibilidades y límites jurídico-constitucionales a la prisión perpetua como respuesta a los delitos más graves. Francisco Muñoz Conde expondrá la posibilidad de justificar la cadena perpetua para secuestradores, violadores de niños y homicidas conforme al derecho penal. Jueves 22, 18:00 horas. Auditorio del Instituto de Formación Profesional de la PGJDF. Informes: 5345 5904.

Libros

Alterados. Preguntas del Siglo XXI de Federico Reyes Heroles. Taurus. En la búsqueda frenética de velocidad, alteración e intensidad que marca el siglo XXI, el autor ordena algunas preguntas filosóficas y cuestiona el sentido de nuestra vida.

El debate sobre la seguridad nacional en la República de Irán de Luis Mesa del Monte. El Colegio de México. Estudio de la agenda de seguridad nacional del primer mandato del presidente hojatoleslam Seyed Mohammed Khatami (1997-2001).

La Revolución Mexicana: actores, escenarios y acciones de Álvaro Matute. Océano. Conjunto de ensayos en los que el autor recrea y analiza los pormenores, con claroscuros y peculiaridades, de este periodo coyuntural que continúa en el centro del debate nacional.

Situación de la democracia en México coordinado por Gustavo Ernesto Emmerich. UAM. Investigación académica sobre la situación de la democracia en México. Participan Víctor Alarcón Olguín, Pablo Javier Becerra Chávez, Jessica Bedolla, Raúl Benítez Manaut, Enrique Cuna Pérez, entre otros.

Presentaciones

Gobernabilidad y desarrollo sustentable de Héctor Zamitiz. Martes 20, 11:00 horas. Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 9470.

El Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Visión retrospectiva y retos a futuro de Gustavo Vega Cánovas. Lorenzo Meyer, Sidney Weintraub, Beatriz Leycegui y Enrique Cárdenas. Jueves 29, 17:00 horas. Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México. Informes: 5449 3000.

Revistas

Cuartoscuro. No 101. Fotografías de Iván Stephens y textos de Élmer Mendoza revelan las historias contenidas en torno a la capilla del santo Jesús Malverde, en el corazón de Culiacán. Imágenes de Crisóstomo Méndez y Juan Guzmán.

Este País. No 228. Luis de la Barreda, Roberto Blancarte, Enrique Alduncin, Jesús Silva-Herzog Márquez, Patricia Galeana, entre otros, fijan postura en torno al Estado laico en México, cuyo debate fue revivido con la aprobación a la enmienda del artículo 40 constitucional.

Examen. No. 182. Publicación doctrinaria del PRI. Pedro Joaquín Coldwell, Pablo Boullosa y Manuel Aguilera escriben sobre el panorama en torno a los comicios locales del 2010.

Revista Mexicana de Comunicación. No. 120. Efectos de la crisis financiera en las revistas del país. Textos de Francisco Vidal, Gabriel Sosa Plata, Octavio Islas, Amaia Arribas, José Luis Esquivel, entre otros.

Zócalo. No. 122. Raúl Trejo Delarbre documenta los intentos de los senadores Manlio Fabio Beltrones y Carlos Sotelo por revivir la llamada "Ley Televisa". Marco Antonio Baños Martínez analiza el fenómeno político de las "campañas negativas".

Seminarios

"Corte y Pena". Fuero militar. Seminario de Seguimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ana Elena Fierro Ferráe y Raúl Manuel Mejía Garza. Viernes 23, 16:00 horas. Sala de Seminarios, CIDE. Informes: 5727 9800, extensión 2250.

Televisión

México: políticas de cohesión social. Éxitos y fracasos. Nueva serie realizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se transmitirá por Edusat y Canal 22 a través del programa Mirador Universitario de Televisión Educativa. Miércoles 21, 9:00 horas: Desarrollo social: una perspectiva internacional.

Si desea difundir alguna actividad de cultura política comuníquese al 5628 7245.

Correo: enfoque@reforma.com

REVISTA PROCESO No. 1745

Desconcierto oficial
Jorge Carrasco Araizaga

Ante la publicación del encuentro entre Julio Scherer y El Mayo Zambada, el secretario de Gobernación retó a los narcos “a dar la cara” en vez de conceder “entrevistas en el monte”, y el presidente Calderón insistió en que a todos ellos los está combatiendo “sin distingos”. Pero justamente en Sinaloa, estado donde Manuel Clouthier acusó al jefe del Ejecutivo de estar siendo omiso en su “guerra”, el precandidato del PRI a la gubernatura, Jesús Vizcarra Calderón, negó tener relaciones de negocios con El Mayo, mientras que en Culiacán, en un nuevo ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información, hombres armados recogían prácticamente todos los ejemplares de esta revista destinados a los lectores de la entidad...

Ismael Zambada García, El Mayo, desconcertó al gobierno federal. Durante cinco días, los voceros de la “guerra contra el narcotráfico” guardaron silencio sobre el encuentro que uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos tuvo con el fundador de Proceso, Julio Scherer García.

En Sinaloa, sede del poderoso cártel que codirige Zambada, la reacción fue inmediata: la censura y la descalificación; en especial, del precandidato del PRI al gobierno del estado, Jesús Vizcarra Calderón, a quien persigue la sombra de El Mayo.

Las críticas del alcalde de Culiacán con licencia estuvieron acompañadas de la desaparición de los cerca de 2 mil ejemplares de la edición número 1744 de Proceso destinados a los lectores en Sinaloa, los cuales iban a ser distribuidos en la capital del estado, el puerto de Mazatlán y Los Mochis, en el municipio de Ahome.

El domingo 4, hombres que ostentaron la posesión de armas recogieron en Culiacán los ejemplares cuando empezaban a ser distribuidos. Sólo 200 de los mil 779 enviados a la entidad alcanzaron a venderse al público. La mayoría estaba destinada a la capital sinaloense. A Los Mochis y Mazatlán sólo llegaron las facturas.

La salida a la luz pública de El Mayo, que fue reseñada por la prensa internacional, también dio pie a que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, de nueva cuenta, retara a los narcotraficantes a dar la cara, en lugar de “dar entrevistas en el monte”.

El jueves 8, cinco días después de que se publicara el encuentro de Scherer con Zambada, el secretario de Gobernación dijo que la información tomó por sorpresa al gobierno de Felipe Calderón, a pesar de que no se está haciendo “menso” para enfrentar a la delincuencia organizada.

“En México, el Estado está dando la cara. ¿O qué? ¿Nos ven embozados aquí o nos ven en la sierra o en el monte dando entrevistas?”, expresó Gómez Mont sobre la decisión de El Mayo de encontrarse con Scherer.

“Queda claro que el señor Mayo Zambada es un delincuente perseguido por el Estado mexicano, que vive en un estado constante de persecución, que él salió de la madriguera para entrevistarse con un particular y el Estado jamás tuvo conocimiento de ello, y que se enteró por los medios, porque pasan muchísimas cosas que en un Estado democrático no se pueden predecir o conocer”, añadió.

Junto con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, Gómez Mont tuvo que dar una conferencia de prensa ante la imparable violencia en dicho estado, que en la madrugada del domingo 4 dejó dos niños muertos, de cinco y nueve años de edad, por elementos del Ejército en un retén militar.

Uno de los temas recurrentes en esa conferencia fue la decisión de Ismael Zambada de mostrarse públicamente a pesar de ser prófugo no sólo de México, sino también de Estados Unidos, donde desde 2003 se le procesa por tráfico de cocaína. En esa acusación lo acompañan su hijo Vicente Zambada Niebla, Vicentillo, y su operador Javier Torres Félix, El JT, quienes ya fueron entregados a la justicia estadunidense.

“Hasta donde yo entiendo –respondió Gómez Mont a la pregunta de una reportera–, la entrevista que tú refieres fue dada en algún lugar de las montañas, después de un proceso donde se tomaron las seguridades para que llegara el entrevistador y desde ahí se hiciera la entrevista.”

Aunque recurrió al discurso de la “responsabilidad de los medios (para) saber qué actos de comunicación hacen, qué no y qué está dentro de la ética periodística y no”, el responsable de la política interior del país encontró en la publicación “algunos contenidos informativos importantes”.

Según sus dichos, Gómez Mont fue sorprendido por la entrevista, lo que significa que ni los servicios de inteligencia civil y militar advirtieron sobre los movimientos de Zambada: “Estos señores se esconden y de repente salen de sus madrigueras, y a veces el Estado está listo y con información suficiente para neutralizarlos y a veces no”.

Siguió: “El modelo de vida que conoció el señor (Zambada) cambió radicalmente, porque también el país ha cambiado radicalmente”, y ahora “el Estado está dando la cara”. Como resultado, “en algunos lugares del país hay claros enfrentamientos entre organizaciones criminales, hay una lógica de poder brutal en donde se están tratando de pelear el control de las actividades que les son propias”.

Acciones “sin distingos”

Aunque el presidente Felipe Calderón trató de evitar el tema, el viernes 9 terminó por aludir a una frase de Zambada registrada en la entrevista: “Tengo pánico de que me encierren”. Dijo Calderón: “Habrá algunos que se sientan acosados y perseguidos… porque estamos combatiendo a todos los grupos criminales sin distingos”.

En la conferencia de prensa que dio en Los Pinos junto con el primer ministro de Noruega, Jens Stoltenberg, Calderón fue cuestionado sobre la entrevista con El Mayo. “No haré un comentario específico del tema”, respondió.

Sin embargo, el señalamiento de que su gobierno combate a los narcotraficantes sin distingos aludió a las críticas que le hizo el diputado del PAN Manuel Clouthier en entrevista con Proceso (número 1737), en el sentido de que ha sido omiso para enfrentar el narcotráfico en Sinaloa y con ello se ha consolidado la narcopolítica en dicha entidad.

El precandidato del PRI al gobierno de Sinaloa, Jesús Vizcarra Calderón, no sólo puso en duda los señalamientos de Clouthier y defendió la actuación del gobierno federal en contra del narcotráfico, sino que negó la existencia de una narcopolítica en el estado. “Sinceramente, esa circunstancia pienso que no se ha dado en Sinaloa… Sin embargo, yo sólo metería las manos por mí, indudablemente”, declaró en una entrevista con este medio publicada en la misma edición de la entrevista con Zambada.

Vizcarra ha sido uno de los políticos señalados por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, en particular con El Mayo Zambada, a quien además de compadrazgo lo une una larga relación de negocios, según un amplio y detallado reporte sobre la trayectoria pública del precandidato, elaborado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Aunque a petición de Vizcarra el Cisen rechazó, el martes 6, haber sido el autor del documento, la información muestra un pormenorizado seguimiento que se ha hecho de la vida pública y personal del aspirante a gobernador, tal y como ha ocurrido en varios y documentados casos de espionaje por parte de esa agencia de seguridad.

El reporte, de 10 páginas, está dividido en siete secciones. Comienza con sus datos personales y trayectoria política, incluidos los datos de su familia y sus estudios universitarios interrumpidos. Incluye fotografías familiares y de actos sociales con el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

También reseña sus relaciones políticas y económicas con Jesús Aguilar Padilla, a quien pretende suceder en el Palacio de Gobierno. El apartado más largo del reporte, tres de las 10 páginas, lleva el nombre de “Vínculos con el narcotráfico”. Ahí pone énfasis en las supuestas relaciones económicas con El Mayo, a las que atribuye el origen del Grupo Viz/SuKarne.

El documento se refiere a su origen familiar precario en Tamazula, Durango, enclavado en el llamado Triángulo Dorado del Narcotráfico que conforman los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Precisa, además, la participación accionaria de sus familiares en las distintas empresas que posee, y menciona a los principales colaboradores que tuvo en la alcaldía de Culiacán, entre ellos su tesorero Benjamín Sepúlveda Lugo.

Vizcarra descalificó la publicación de Proceso y recurrió al Cisen para que aclarara “si dentro de los archivos” del Centro existe el informe. El mismo día de la petición, el 6 de abril, el Cisen rechazó ser la fuente de la información porque “no ha realizado investigación alguna en materia de seguridad nacional” sobre el precandidato.

Con la palabra del Cisen, Vizcarra impugnó la publicación (ver la sección Palabra de Lector de la presente edición), pero en una entrevista con el periódico El Debate de Culiacán, difundida el jueves 8, evitó aclarar su relación con El Mayo. La impugnación de Vizcarra estuvo precedida de la desaparición de la revista Proceso en esa ciudad, desde donde se distribuiría a distintas localidades del estado.

El secretario de Gobernación aseguró que las organizaciones de la delincuencia organizada “están sometidas a una crisis porque el Estado ya no ha sido, desde hace varios años –pero sobre todo, en los últimos–, tolerante de este tipo de acciones, y eso los ha puesto en una crisis terrible”.

Para él, los 18 mil muertos que ha dejado la “guerra contra el narcotráfico” se explican porque, en la lógica de los cárteles, “los encargados de la contundencia y la violencia entre sus organizaciones se están rebelando contra sus viejos jefes y se están aniquilando entre ellos”.

Informe en Washington: fracasa la guerra de Calderón
J. Jesús Esquivel

Un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos considera indispensable una mayor intervención directa del Pentágono en México. La razón: en vez de disminuir, la narcoviolencia se ha extendido a todos los estados y puede envolver también a la frontera sur estadunidense. Con un mayor apoyo de Washington, agrega el reporte, los cárteles de la droga podrían ser desmantelados en aproximadamente una década. Pero hay un problema: aun con todo el respaldo del Departamento de Defensa, puede sobrevenir otro fracaso porque todos los órdenes de gobierno en México están contaminados por la corrupción...

WASHINGTON.- Para garantizar avances en el desmantelamiento de los cárteles del narcotráfico mexicano es indispensable una mayor participación directa en México del personal militar y de los servicios de inteligencia del Pentágono, asegura la investigación más reciente sobre la política internacional para el control de las drogas que realizó el Congreso de Estados Unidos.

“El tráfico de narcóticos de México representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y por ello se necesita y se debe ampliar el papel del Pentágono en la lucha contra el narcotráfico en ese país”, dice el informe del Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), fechado el 8 de marzo de 2010.

“El Departamento de Defensa de Estados Unidos –continúa el documento de 41 páginas, una copia del cual tiene Proceso– cuenta con el personal militar especializado, con el equipo, los recursos y los conocimientos necesarios para ayudar a los gobiernos extranjeros a contener a las poderosas organizaciones del tráfico de drogas.”

La amplia investigación, solicitada por las cámaras de Senadores y de Representantes del Capitolio, y realizada por Liana Sun Wyler –analista de asuntos internacionales, narcóticos y crimen del CRS–, manifiesta que “no hay avances significativos” en la lucha militarizada contra el narcotráfico que emprendió el presidente Felipe Calderón, por lo que es urgente una mayor intervención del Pentágono.

“Muchos analistas reconocen que la ausencia del Pentágono en las estrategias extranjeras para contener a los cárteles de la droga es en detrimento de la efectividad de la estrategia de Estados Unidos para contener el tráfico de las drogas”, sostiene el reporte.

A los 100 senadores y 435 integrantes de la Cámara de Representantes del Congreso federal, la investigadora Sun Wyler les enfatiza que la lucha militarizada contra el narcotráfico que impuso Calderón en México requiere de un apoyo importante por parte del Pentágono, tomando en cuenta que, luego de más de tres años de su puesta en vigor, aumentó en vez de disminuir el problema de la inseguridad en casi todos los estados de México, y que la narcoviolencia se ha intensificado en el norte de la República, lo que representa serias posibilidades de “contagio para la frontera sur” del territorio estadunidense.

La investigación anota que, por encima del respaldo que da la Casa Blanca al gobierno de Calderón con la Iniciativa Mérida, que consiste en proporcionar entrenamiento a militares y policías mexicanos, en otorgar equipo militar y tecnológico sofisticado e intercambiar información de inteligencia, “los cárteles del narcotráfico mexicano son cada vez más poderosos y sofisticados en sus operaciones ilícitas”, hecho que aumenta la necesidad de una mayor participación de los militares estadunidenses en México.

“El Departamento de Defensa tiene múltiples responsabilidades y tareas en el área de la operaciones antidrogas”, destaca la investigación legislativa, y recuerda las funciones y actividades del Pentágono en la lucha contra el narcotráfico mexicano: “Es la agencia federal de Estados Unidos que tiene el control para la detención y monitoreo del trasiego de drogas por vía área y marítima, y juega un papel crucial en la recolección, análisis e intercambio de información de inteligencia sobre el trasiego de las drogas con las agencias civiles del gobierno estadunidense y contrapartes extranjeros”.

Bajo el plan de aplicación de la Iniciativa Mérida en su versión inicial de tres años, que se cumple el próximo 1 de octubre, el documento del CRS subraya a los legisladores que ya se autorizó la intervención directa del Pentágono para el combate al narcotráfico en México y que se integra como parte del paquete de financiamiento del proyecto bilateral antinarcóticos de poco más de mil 300 millones de dólares.

El Pentágono “entrena a grupos especiales del Ejército mexicano, y le proporciona (a éste) equipo para construir y mejorar su capacidad operativa para poder recuperar espacios territoriales y aéreos que usan los narcotraficantes y en los cuales se ha perdido el control y manejo del gobierno federal”.

Los cuatro objetivos

Como parte de los estatutos del Acta de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés) que aprobó el Capitolio en 1991, el Pentágono puede apoyar la lucha contra el narcotráfico de Calderón, siempre y cuando sea notificado el poder legislativo estadunidense y por medio de una solicitud explícita de asistencia en materia antidrogas de parte del gobierno mexicano.

La sección 1033 del NDAA especifica que el Departamento de Defensa, en sus tareas de “estratega líder” de la lucha contra el narcotráfico en el extranjero, tiene en el caso de México –luego de que éste solicitó la intervención del Pentágono por medio de la Iniciativa Mérida– autorización para realizar las siguientes acciones:

Proveer equipo militar de transporte aéreo y marítimo a las fuerzas militares mexicanas; proporcionar información de inteligencia dentro y fuera del territorio mexicano, siempre y cuando se concentre en objetivos de los grupos delictivos involucrados en el trasiego de estupefacientes; aportar equipo de protección personal no letal y de comunicaciones, radares, binoculares para visión nocturna, vehículos de transporte terrestre, tecnología de rastreo de personas en terrenos inaccesibles y radios para comunicación con códigos de seguridad garantizada.

“Los que critican la intervención del Pentágono en la lucha internacional contra el narcotráfico –subraya el reporte– argumentan que para el caso de México existe el temor de que se rompa el equilibrio entre la participación de las fuerzas armadas y las agencias policiacas civiles, escenario bajo el cual los militares se conviertan en los entes dominantes en una lucha que debería estar en manos de civiles”, agrega.

La investigadora del CRS resalta que en los poco más de tres años que lleva la lucha militarizada de Calderón contra el narcotráfico, en México han perdido la vida unas 19 mil personas, entre las cuales hay civiles que han sido víctimas directas de operativos militares.

“Esta realidad provocó que surgieran muchas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano. Los denunciantes son organizaciones defensoras de las garantías individuales tanto de México como de otros países”, advierte también Sun Wyler al Capitolio.

Desde el punto de vista de la investigadora del CRS, un problema de fondo para la intervención del Pentágono en la lucha contra los narcotraficantes de México es el respeto a la soberanía mexicana, que forma parte del acuerdo de creación de la Iniciativa Mérida que entró en vigor el 22 de octubre de 2007, pero asimismo comenta:

“Aunque hay muchos observadores (sic) de la guerra contra el narcotráfico que le dan la bienvenida al hecho de aprovechar las capacidades humanas y materiales que tiene el Departamento de Defensa para contener al narcotráfico mexicano, que ha logrado apoderarse del control total de algunas poblaciones en los distintos estados del territorio de México, hay opiniones de que con ello el Departamento de Defensa se transforma básicamente en el dueño del control del territorio mexicano.”

Asienta que, tal como lo estableció el presidente Obama al pedir 300 millones de dólares adicionales para la instrumentación de la Iniciativa Mérida en el año fiscal de 2011, “es altamente importante y esencial la participación del Departamento de Defensa en los planes de intercambio de información de inteligencia y capacitación del Ejército y la policía de México”. Esto, con el fin de alcanzar los cuatro objetivos que ambos gobiernos se plantearon para enfrentar el narcotráfico.

En las conclusiones de Sun Wyler se advierte puntualmente al Congreso federal estadunidense que sin la intervención del Pentágono en la lucha contra el narcotráfico mexicano simplemente no podrían concretarse los siguientes objetivos:

1. Desmantelar y eliminar a los grupos del crimen organizado de México.

2. Institucionalizar reformas en el sistema judicial y garantizar el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

3. Crear un cruce fronterizo eficiente, económico y competitivo que garantice la seguridad del flujo de personas y el comercio en ambas direcciones de la región limítrofe.

4. Respaldar los esfuerzos del gobierno de México para construir comunidades sólidas, incrementar la participación civil en todos los programas gubernamentales, crear oportunidades económicas de largo plazo, mantener la cohesión entre las comunidades y, sobre todo, acabar con la inseguridad y la violencia.

Corrupción por todas partes

Sin embargo, el documento señala que aun cuando se argumenta que es urgente una intervención más directa del Pentágono en la lucha contra el narcotráfico en México, el proyecto de acabar con la violencia y la inseguridad no puede ser contemplado como un objetivo de corto o mediano plazo.

“La solución al problema de la violencia en México relacionada al trasiego de las drogas –precisa– podría tomar varios años, posiblemente más de una década. Lo preocupante es que el retraso de la solución al problema de la violencia está vinculado directamente a la corrupción por narcotráfico que cala a todos los sectores del gobierno mexicano”, anota la investigadora del Capitolio.

Sin hacer señalamientos de casos específicos de corrupción por narcotráfico dentro del gobierno de Calderón, el informe del CRS menciona que “hay varias denuncias” de presuntos acuerdos de cooperación entre algunos cárteles de la droga y altos mando de las Fuerzas Armadas de México.

“Se ha comprobado que algunos criminales han tenido bajo su nómina de pagos a altos funcionarios de secretarías de Estado (y otras dependencias) mexicanas, como la Procuraduría General de la Republica (PGR); pero del combate a la corrupción se encarga el mismo gobierno mexicano”, indica la investigadora, para enseguida llegar a otro aspecto importante de sus conclusiones:

“Es mínimo el riesgo de corrupción por narcotráfico del personal del Departamento de Defensa que trabaja con sus contrapartes mexicanas. Lo grave y lamentable de todo esto sería que una estrategia de cooperación tan importante y delicada como la que hay entre los dos países, termine siendo un infructuoso esfuerzo más por acabar con el narcotráfico mexicano, debido al problema de la corrupción que corroe a las policías municipales, estatales y federales en las que recae la responsabilidad de la lucha contra el narcotráfico.”

La investigación del CRS está siendo analizada y valorada por los legisladores federales de Estados Unidos para determinar el futuro del pedido presupuestal de Obama para financiar el próximo año de la Iniciativa Mérida, que empieza el próximo mes de octubre.

Tanto en la Cámara de Senadores como en la de Representantes, los congresistas estadunidenses pueden rechazar o aprobar los 300 millones que solicitó Obama para apoyar la lucha militarizada de Calderón contra el narcotráfico, así como reducir o ampliar el monto del dinero con el que se financiarán los programas del uso de inteligencia del Pentágono para contrarrestar a los narcotraficantes, al igual que los recursos requeridos para entrenar en estrategias bélicas especializadas de asalto a grupos élite del Ejército y la Marina de México, para el entrenamiento o capacitación de varios miles de agentes de la Policía Federal y algunos funcionarios de la PGR y de las secretarías de Seguridad Pública, de Hacienda y de Gobernación.

Todo Tamaulipas, zona de guerra

La guerra entre cárteles del narcotráfico en Tamaulipas alcanzó niveles insostenibles: los sicarios combaten a toda hora y en todo lugar, toman poblados enteros para librar batallas y no reparan en parapetarse entre la población. Las víctimas inocentes resultan incuantificables, pero para los gobiernos estatal y federal la situación está “controlada”.

TAMPICO, TAMPS.- La guerra entre el cártel del Golfo y Los Zetas se ha extendido de norte a sur en esta entidad, sin que las autoridades locales y federales muestren efectividad para proteger a una población civil cada vez más temerosa de resultar víctima de balaceras o de abusos y excesos cometidos tanto por los delincuentes como por elementos de las Fuerzas Armadas.

El gobierno federal insiste en que los narcobloqueos, los rescates masivos de reos y los ataques a las sedes policiacas y militares ocurridas aquí son “reacciones desesperadas” del crimen organizado porque se encuentran en “una crisis terrible”. Sin embargo, los hechos aquí exhiben que los grupos delincuenciales están enfrascados en su lucha por el control de plazas y han tomado a los tamaulipecos como sus rehenes.

Según el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la separación de esos grupos delictivos, que antes actuaban en conjunto, los está llevando a aniquilarse entre ellos. “Lo que está haciendo la federación es meterse a que no entren, aislarlos para que no entren a los centros urbanos y a darles respuesta donde los encuentran, sobre todo buscando proteger a los centros urbanos”, dijo en una conferencia de prensa.

Pero los combates entre estos grupos ocurren en horas hábiles y en lugares altamente concurridos de ciudades como Victoria, Reynosa y Tampico, e incluso prácticamente han tomado ciudades y comunidades rurales enteras para escenificar sus batallas, según reportan habitantes de Mante, San Fernando, Valle Hermoso, González, Xicoténcatl, Mier, Camargo, Nueva Ciudad Guerrero, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Río Bravo, Hidalgo, Burgos, Jiménez, Abasolo y Soto la Marina.

Las escuelas registran un ausentismo superior a 60% en la mayor parte de la entidad, aunque en algunos municipios de la zona conocida como “frontera chica” (Mier, Guerrero, Camargo, Díaz Ordaz y Miguel Alemán) los niños no acudieron a sus centros escolares durante varias semanas.

Los negocios han tenido que cerrar al registrarse balaceras en zonas céntricas o ante los virtuales “toques de queda” que se han impuesto por el temor de quedar atrapados en algún enfrentamiento.

La cantidad de víctimas inocentes en estas guerras –la que libra el gobierno federal contra el crimen organizado y la que mantienen los grupos entre sí– es ya difícil de cuantificar, porque muchas muertes no se denuncian y por el ocultamiento de información al que recurre el gobierno.

El caso más reciente es el asesinato de los niños Bryan y Martín Almanza Salazar, de cinco y nueve años de edad, respectivamente, que fueron acribillados por soldados que confundieron el vehículo en el que viajaban con su familia por la carretera Ribereña para acudir de vacaciones a la playa de Matamoros.

El pasado 21 de marzo, otros dos niños murieron: Uziel Izaí Juárez Mariano, de siete años de edad, y su hermano Gamaliel, de 10, cayeron en el fuego cruzado porque el autobús en el que viajaban con su familia desde Veracruz, rumbo a su pueblo natal de San Fernando, Tamaulipas, fue usado por sicarios como barricada en un enfrentamiento que sostenían grupos rivales a la altura del Puente Tampico.

La Procuraduría General de Justicia del Estado registra 161 asesinatos y 26 personas heridas, tan sólo entre el 1 de febrero y el 6 de abril. La mitad de las muertes (80) ocurrieron en enfrentamientos entre grupos armados; el resto son ejecuciones en “eventos diversos”. La edad promedio de las personas muertas es de 25 años.

El gobierno del estado puso en operación un “Servicio de Información Oportuna”, que reporta oficialmente los “incidentes de violencia” que se registran a diario, pero prácticamente ningún medio de comunicación publica nada al respecto. No en balde, cinco periodistas de Reynosa siguen desaparecidos.

En el mismo periodo, 12 policías estatales y municipales han sido asesinados. Oficialmente sólo existe denuncia por un elemento policiaco secuestrado, aunque se tienen informes de que hay más desaparecidos, pero sus familiares temen presentar denuncia.

El Ejército sólo ha reportado la muerte de dos soldados, uno en Ciudad Victoria y otro en Reynosa, a pesar de los múltiples enfrentamientos en los que se ven involucrados.

La Procuraduría señala que de febrero a la fecha se han encontrado nueve personas decapitadas, tres de ellas policías ministeriales, de los que sólo se encontró su cabeza en una hielera. Una fuente policiaca de la entidad comentó que esto es un hecho inusual en Tamaulipas, pues antes de esta “guerra”, las ejecuciones no tenían esta característica. Especula que otros grupos criminales, como La Familia de Michoacán, podrían estar involucrados en los enfrentamientos.

La impunidad con la que los grupos de sicarios se mueven por el estado quedó de manifiesto el 25 de marzo, cuando 41 reos fueron liberados del penal de Matamoros y huyeron en una caravana de camionetas tripuladas por hombres armados. Igual ocurrió el 2 de abril en el penal de Reynosa, cuando se llevaron a 12 reos y mataron a otros tres.

Varias veces, las ciudades de Reynosa, Matamoros, Río Bravo y Nuevo Laredo han sido estranguladas por narcobloqueos de las principales avenidas, salidas carreteras y calles que conducen a ubicaciones estratégicas, como aeropuertos y puentes internacionales.

Los sicarios han atacado las sedes policiacas de las poblaciones de Mier, Camargo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Valle Hermoso, Reynosa, San Fernando, Hidalgo y González. En Ciudad Victoria, comandos armados lanzaron granadas contra la delegación de Seguridad Municipal y contra las oficinas de la Policía Ministerial del Estado, además de disparar contra las instalaciones de Tránsito y el edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En este puerto, el pasado 5 de abril, sujetos que viajaban en una camioneta Chevrolet Avalanche lanzaron una granada contra el cuartel del 15º Batallón del Ejército, en la colonia Tancol.

El contraataque

A partir de que se intensificaron los combates entre los grupos criminales en pugna, desde el pasado 8 de febrero, parecía que los cárteles unidos del Golfo, Sinaloa y La Familia de Michoacán lograrían su propósito de expulsar del estado a Los Zetas, pero éstos últimos se han reagrupado.

“Lo que parecía un avasallamiento, ahora se ve como una guerra más pareja entre ambos grupos y eso significa una guerra que podría durar años. Lo que se ha visto es que Los Zetas han propinado derrotas a los del cártel, han defendido plazas y hasta han recuperado otras que ya les habían quitado”, explica un funcionario estatal.

Si en un principio la ciudadanía tamaulipeca se sorprendió por las caravanas de hasta 50 camionetas que circulaban por las calles de ciudades y pueblos claramente marcadas con las iniciales CDG (Cártel del Golfo), en las últimas semanas también se han visto convoyes rotulados con la letra “Z”.

En el municipio de Mante, a mediados de marzo, sicarios llegaron a tomar la plaza en convoyes con las leyendas CDG y XXX. Los combates duraron varios días, pero la noche del 24 de marzo, tras una balacera que duró varias horas, se presume que Los Zetas recuperaron la plaza, según los habitantes de esa ciudad.

Al día siguiente, 11 vehículos rotulados CDG fueron abandonados en diversos puntos de la ciudad, algunos de ellos calcinados, otros con manchas de sangre, pero sin dejar rastro de muertos ni heridos.

En San Fernando, tras atacar las instalaciones de un juzgado, Los Zetas dejaron pintas en las paredes. “Mamaron Golfo”, decían.

Cuando las narcocaravanas invaden las calles de las ciudades, los pobladores se preguntan: “¿Dónde están el Ejército, la Policía Municipal, la estatal? ¿Por qué nos dejan solos, a merced de esta guerra?”.

Aunque la gran mayoría de los reportes oficiales sobre la violencia en esta entidad hablan de enfrentamientos entre elementos del Ejército y la Marina contra grupos de “civiles armados”, los numerosos testimonios coinciden en que, la mayoría de las veces, los soldados y marinos llegan cuando los sicarios ya están enfrascados en una balacera.

Contra la población

“Cuando creíamos que no podíamos estar peor, cada vez las cosas están más y más mal”, lamenta el exdirigente de la Coparmex Jorge Pensado. Para el empresario, la escalada de violencia en la entidad dejará una secuela de consecuencias no sólo económicas, sino que afectará la formación de las nuevas generaciones.

Jesús Melhem Kuri, presidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio, dice que las ventas “están peor que nunca” en Tamaulipas. Para colmo, los enfrentamientos arreciaron cuando iniciaba el periodo vacacional de Semana Santa, que representa la mayor derrama económica para la región.

Los habitantes de Mante, asediados durante dos semanas por estos grupos delictivos que tomaron sus calles como campos de batalla, optaron por enviarles un mensaje por internet para pedirles que no se metieran con la población civil.

Testimonios de ciudadanos coinciden en que ambos bandos colocan retenes en diversos puntos carreteros y en accesos a colonias para detectar a contrarios, o para robar vehículos y dinero.

A un hombre lo detuvieron en la carretera Victoria-Zaragoza. Los sicarios vestían chalecos antibalas, las letras CDG en sus uniformes y en sus camionetas. Revisaron su auto e hicieron que se identificara, pero lo dejaron ir.

Pero no siempre es así. Otra persona narra: “Íbamos rumbo a la frontera cuando vimos que venía lo que parecía una procesión. Cuando nos acercamos nos empezaron a hacer señas con los brazos para que nos paráramos. Se veían desesperados, muchos venían llorando. ‘¡No avancen, no avancen!’, nos dijeron, ‘adelante están Los Zetas quitando vehículos y dinero’”.

De hecho, las denuncias de robo de vehículos en esta entidad se duplicaron: de mil 303 registradas de enero a marzo de 2009 pasó a 2 mil 841 en lo que va de este año. Sólo en marzo pasado hubo mil 774 robos de unidades, según las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Pese a la indefensión de los tamaulipecos, el gobernador Eugenio Hernández Flores llevaba tiempo insistiendo en que no pasaba nada en el estado. Para él, sólo uno de cada 10 rumores esparcidos en redes sociales sobre balaceras ocurridas en la entidad es real.

Pero luego de que 53 reos se fugaron con el apoyo de comandos armados de los penales de Matamoros y Reynosa, el mandatario admitió:

“La verdad es que el gobierno estatal de Tamaulipas, y me atrevo a decir que todos los gobiernos estatales del país, somos rebasados por estos grupos delictivos que tienen una capacidad de fuego muy fuerte, que actúan en todos los estados, o muchos estados del país, que actúan incluso en otros países.”

Más tardó en decirlo que en rectificar: el pasado jueves, en conferencia de prensa en la Ciudad de México, junto con Fernando Gómez Mont y Genaro García Luna, secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, respectivamente, el gobernador tamaulipeco aseguró que se refería sólo a la situación que se vivía en los penales.

“Ahí sí nos sentimos indefensos, porque dentro de nuestros penales tenemos más de mil 700 reos del fuero federal que pertenecen a las organizaciones criminales y, como hay una lucha entre ellos, a toda costa ellos quieren rescatar a su gente.”

En una gira previa por Tampico, Hernández Flores culpó a las redes sociales de propiciar la sicosis que varias veces ha paralizado ciudades y poblaciones rurales del estado en los últimos dos meses.

Calificó como “incidente menor” una balacera en una de las zonas más concurridas de este puerto e invitó a los ciudadanos a mantenerse “informados”. Lo que no dijo es cómo, porque en esta entidad los medios no publican nada relacionado con el crimen organizado desde hace ya cinco años y el propio gobierno estatal sólo emite reportes de dos o tres líneas, horas después de que ocurren los hechos de violencia.

Por eso, muchos usuarios en el estado no sólo siguen buscando información en las redes sociales, sino que incluso han creado blogs y sitios específicos para reportar anomalías y autoprotegerse. Es común que antes de salir de casa, alguna persona pregunte en la red: “¿Cómo está la calle Hidalgo? Por favor, dígame, porque voy a salir para esa zona, no quiero encontrarme con una balacera”.

Tampico, puerto de miedo
Arturo Rodríguez García

TAMPICO, TAMPS.- “Nos vamos. ¡Esto está imposible!”, dijo Fernando López Acosta, vecino de Ciudad Mante, a su mujer, cuando le pidió que empacara lo indispensable para irse a Monterrey o a Saltillo, a donde fuera. Aquí, le insistió, “ya no podemos vivir”.

Fernando comenta al reportero que el miedo y la inseguridad lo orillan a huir del estado. Poco después del mediodía del martes 6, cuando paseaba con su familia por el centro, le tocó la balacera que desató una sicosis generalizada en el puerto.

A partir de ese tiroteo casi toda el área metropolitana de Tampico, que abarca el entorno urbano de Ciudad Madero y de Altamira, se encuentra paralizada. Los comercios cierran más temprano, las calles lucen solitarias y el servicio de transporte público es irregular. Pese a ello, el gobernador Eugenio Hernández Flores declaró que esos hechos de violencia fueron magnificados por las redes sociales de internet.

El miércoles 7, la calma regresó a medias. Por las calles peatonales, turistas despistados ante el bloqueo informativo en la prensa local pasearon por el centro, incluso se asolearon en la playa Miramar de Ciudad Madero. Pero el regreso de vacacionistas, sobre todo en autos con placas de Nuevo León, no pudo evitarse.

El tiroteo del día anterior fue uno más de los que se han suscitado en las últimas dos semanas. Sin embargo, provocó el pánico entre la población, aun cuando las autoridades aseguraron que no produjo víctimas.

“Ellos (los grupos criminales) traen su pleito. Nosotros no les hemos hecho nada. Andamos aquí ganándonos la vida con miedo”, comenta la empleada de una zapatería momentos después de que, ese miércoles 7, el gobernador Hernández Flores recorrió con una gran comitiva las calles del centro, repartió saludos y posó para las fotografías.

En esta ciudad todos saben que la prostitución, los giros negros, el contrabando y cualquier actividad ilícita son patrocinados por Los Zetas. Pese a ello, las autoridades no hacen nada para combatir el delito, se quejan los lugareños.

Semanas candentes

El viernes 2, como a las 11 de la noche, hubo una explosión, al parecer de una estufa, en el área de restaurantes de la Expo Feria Tampico 2010. El estruendo provocó una estampida. Al tiempo que corría de manera desenfrenada, la gente gritaba “¡Balacera, balacera!”.

Ese hecho motivó el desalojo masivo y desorganizado del área y la Expo canceló todos los espectáculos de ese día por no contar con medidas de seguridad para el público. Al día siguiente, el grupo La Firma suspendió dos presentaciones en el Teatro del Pueblo y decenas de locatarios cancelaron su participación en el evento, cuyas actividades estaban programadas hasta el domingo 11.

Los hechos de sangre del viernes 2 no ocurrieron en la feria, sino en el table dance Mirage, donde cinco hombres y dos mujeres murieron en un tiroteo a las 9:30 de la noche. No era la primera vez que ese lugar se convertía en escenario trágico. El 9 de noviembre de 2007 se enfrentaron elementos de la Armada y sicarios. El resultado: dos marinos muertos.

En las últimas semanas se desató una ola de terror a raíz del rompimiento entre el cártel del Golfo y Los Zetas. La región más afectada abarca desde la frontera al sur de Tamaulipas hasta la franja limítrofe con Veracruz.

El 26 de marzo, en plena Semana Santa, el gobernador Eugenio Hernández Flores y su par de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, pusieron en marcha el operativo de seguridad Campaña Conjunta de Prevención de Accidentes. Al término del acto, Hernández Flores declaró:

“Vamos a reforzar la presencia de los operativos de seguridad con apoyo de las fuerzas federales para lograr la seguridad y tranquilidad de todos los tamaulipecos, no solamente durante el puente vacacional que se avecina, sino de forma permanente.”

Desde hace tiempo, el área metropolitana de Tampico se ha convertido en destino turístico para miles de paseantes procedentes de los estados del noreste, sobre todo de Coahuila y Nuevo León. Todos los años, miles de jóvenes saturan las plazas hoteleras de la ciudad.

A pesar de las declaraciones del mandatario tamaulipeco, con la semana de mayor afluencia turística se inició también una escalada de violencia que afectó a toda la población. De nada sirvieron los retenes ni la presencia de militares y policías. Durante la Semana Santa todos los días estuvieron marcados por hechos violentos.

Y aun cuando la semana de Pascua fue más tranquila, la violencia no dejó de manifestarse. La noche del 29 de marzo, alrededor de las 23:00 horas, una persecución a tiros culminó con la muerte de los hermanos José Francisco y Julio César Gómez Serratos, de 19 y 23 años, respectivamente. También falleció Óscar Eduardo Fernández Rodríguez, de 22 años.

La delegación regional de la Procuraduría General de Justicia estatal informó que al parecer los jóvenes se dedicaban al narcomenudeo y fueron acribillados por una banda rival. Algunos testigos comentaron que los tres se encontraban a bordo de un automóvil Bora cuando recibieron la primera ráfaga. Pudieron salir del vehículo pero fueron alcanzados por las balas y quedaron tendidos en el cruce de Venustiano Carranza y avenida Monterrey.

Dos días después fue atacado un puesto de vigilancia en la carretera Tampico-Ciudad Valles. En esa acción murió Rafael Méndez Mendoza, jefe de grupo de la Policía Ministerial, con base en Tampico, y resultó herido el agente Luis Aguilar.

Ese mismo 29 de marzo, el gobernador Eugenio Hernández visitó el municipio conurbado de Ciudad Madero. Su propósito era tranquilizar a la población, pero cuando los reporteros locales le preguntaron sobre el ataque al puesto de vigilancia dio por terminada la improvisada conferencia de prensa. Recorrió la playa Miramar, prodigando saludos y posando para fotos. La semana siguiente hizo lo mismo cuando visitó el centro de Tampico.

El lunes 5, varios sujetos lanzaron una granada de fragmentación contra el cuartel del 15º Batallón del Ejército, ubicado en la colonia Tancol. Los soldados los persiguieron hasta la colonia Nuevo Progreso y mataron a uno de los atacantes.

Rumores y una advertencia

Un empleado del ayuntamiento de Tampico, quien pidió no ser identificado, comenta que en la Policía Metropolitana por lo menos 60 elementos han pedido su baja de la corporación en los últimos días. Todo indica, dice, que hicieron caso al gobernador, pues declaró que los uniformados que tuvieran miedo debían renunciar.

La declaración de Hernández Flores es similar a la que hizo el gobernador nuevoleonés, Medina de la Cruz, hace un mes.

Las balaceras ocurridas durante las últimas dos semanas desataron una ola de rumores, según los cuales se habían registrado numerosas muertes. En las redes sociales se llegó a manejar la versión de que el alcalde de Ciudad Madero, Sergio Arturo Posadas Lara, había caído, lo que resultó falso.

La noche del jueves 8, el reportero caminó por las calles del centro. Estaban desiertas. Dos patrulleros armados con R-15 lo abordaron en la calle Madero:

–Tú no eres de aquí –le dijo uno de ellos.

–No, estoy de paso…

–Mejor métete a tu hotel. ¿No ves cómo está la cosa?

–Pero aquí están ustedes.

–Como quieras, compadre, pero hasta nosotros ya nos vamos.

El veterano panista Luis Alonso Mejía considera que esta región vive la mayor ola de violencia de su historia reciente. “Hay temor, hay sicosis. No es un invento, como dijo el gobernador. La situación es desagradable, dura. Todo el tiempo hay muertos y decapitados. Por eso la ciudad se encuentra desierta”, afirma.

Subraya que la negación de esta realidad por parte de las autoridades estatales y municipales se ha vuelto insostenible. Por ello, dice, fue necesario integrar el Centro de Información Oportuna (CIO), a través de internet, para informar sobre hechos violentos. Se trata de una página electrónica en la que se difunde todo tipo de hechos violentos con sólo tres horas de retraso. El sitio electrónico presenta una lista de municipios y destaca con una esfera anaranjada las zonas de mayor violencia.

“No sé por qué intentan ocultar la situación. Puede ser que en verdad temen desatar la sicosis, pero este gobierno siempre quiere esconder la información. Es un gobierno sin transparencia ni rendición de cuentas…

“Aquí hay una guerra en la que el estado no participa. En primer lugar, porque las autoridades argumentan que no es su competencia. Sin embargo, ese argumento se desvirtúa al percatarnos de que no atacan ningún delito del fuero común, como el secuestro y la extorsión. Las policías locales no sirven para nada y estamos a merced de la situación delincuencial”, concluye Mejía.

Los intentos por evadir el problema mediante discursos han quedado de manifiesto desde que la fractura del cártel del Golfo con Los Zetas incendió al noreste del país. El 24 de febrero, por ejemplo, cuando los enfrentamientos y bloqueos de carreteras y avenidas se expandieron de la frontera tamaulipeca a la zona rural de Nuevo León, fue el procurador de esta entidad, Alejandro Garza y Garza, la primera autoridad que explicó el rompimiento y la crisis de seguridad que llevaba semanas en Tamaulipas.

El miércoles 7, cuando se le preguntó sobre el clima de violencia, el gobernador tamaulipeco se mostró evasivo y se limitó a externar su agradecimiento por el apoyo brindado por el gobierno federal; incluso le pidió canalizar más recursos y apenas admitió que en la entidad hay violencia, algo privativo de todo el país.

Y aunque aquí puede haber oficialmente hasta 10 muertos, como sucedió el Vienes Santo, el mandatario insiste en que las redes sociales son las culpables de la sicosis colectiva.

“Estamos trabajando con los medios de comunicación para que sepan lo que está sucediendo –dijo Hernández Flores–, pero no podemos estar a expensas de una serie de rumores e informaciones falsas que impidan a la gente hacer su vida cotidiana.

“Nos quieren desestabilizar. La gente debe tomar una actitud más prudente; lo del martes 6 fue una sobrerreacción a algo que no tuvo mayor trascendencia. Por eso es importante no atemorizarse, no apanicarse, no creer en todo lo que se dice porque, desgraciadamente, hay una campaña bien orquestada para desestabilizar a la ciudadanía.”

Luego de caminar por más de una hora por la zona turística de Tampico, el mandatario abordó el autobús en el que suele trasladarse, de pie, en la parte delantera. Pero no recorrió el área del tiroteo, ubicada a unas tres cuadras. Siguió su camino hacia Ciudad Victoria. l

Durango: La pesada presencia del “Chapo”

Patricia Dávila

En dos de los estados del llamado Triángulo Dorado del Narcotráfico –Sinaloa y Durango– los procesos electorales se desarrollan bajo la sombra del crimen organizado. En el primero de ellos, al precandidato del PRI a la gubernatura se le atribuyen estrechos vínculos con El Mayo Zambada. En el segundo, el candidato de Felipe Calderón sostiene que, tras su fuga en Jalisco, El Chapo Guzmán se estableció en la localidad duranguense de La Angostura. El capo seguiría radicando ahí porque en Durango, al igual que en Sinaloa, goza de la “protección” de las autoridades…

DURANGO, Dgo.- Al candidato del presidente Calderón a la gubernatura de Durango, José Rosas Aispuro Torres –“descendiente de la misma rama familiar que Emma Coronel Aispuro”, con quien según testimonios se casó El Chapo Guzmán– no le causa molestia el vínculo familiar que se le atribuye con uno de los hombres más buscados por la DEA, que ofrece 5 millones de dólares a quien conduzca hasta el capo.

Registrado en febrero pasado como candidato a gobernador por la Coalición “Lo que nos une es Durango” –integrada por el PAN, el PRD y Convergencia–, después de haberse reunido con el presidente de la República, José Rosas Aispuro Torres nació en el poblado de Amacuable, municipio de Tamazula. De esta misma región son originarios Blanca Estela Aispuro Aispuro e Inés Coronel Barrera, padres de Emma, quien el 2 de julio de 2007, según diversos testigos, se convirtió en la esposa del capo, prófugo desde el 19 de enero de 2001, cuando escapó del penal federal de Puente Grande, Jalisco. (Proceso 1609.)

De acuerdo con algunas versiones, El Chapo Guzmán se estableció desde aquel entonces en La Angostura, localidad que, perteneciente al municipio de Canelas, colinda con Tamazula. Fue allí, en La Angostura, donde conoció a Emma a finales de 2006.

El municipio de Tamazula incluye una parte del Triángulo Dorado del Narcotráfico –integrado por Durango, Sinaloa y Chihuahua–, conocido así por su elevada producción de mariguana y amapola, además de colindar con La Tuna, poblado de Badiraguato, Sinaloa, tierra natal de El Chapo Guzmán.

El control del capo sobre los municipios de Tamazula y Canelas es tal que en este último, tierra del candidato de la coalición electoral, el cártel de Sinaloa instaló un laboratorio que, por su estructura y complejidad, puede ser uno de los más grandes y sofisticados del mundo.

El 5 de agosto de 2009, en la comunidad de Las Trancas, el narcolaboratorio ocupaba 240 hectáreas. Albergaba 164 tambos de 200 litros de capacidad, con productos químicos utilizados para procesar ice y crystal, además de 10 toneladas de mariguana. Había cuatrimotos, camionetas pick-up y retroexcavadoras; armas como AK-47, equipos de telefonía celular, radios de intercomunicación y servicios de internet satelital. El área disponía de cocina, lavandería, frigobar, sistema de ventilación, red eléctrica, casas habitación y una residencia para el jefe del complejo, según datos de la X Zona Militar, ubicada en Durango.

En dicho municipio también nacieron María del Rosario Calderón y José Isabel Vizcarra Rodríguez, padres de Jesús Vizcarra Calderón, actual precandidato del PRI a gobernador por el estado de Sinaloa, a quien los servicios de inteligencia del gobierno federal investigan por sus presuntos vínculos con Ismael El Mayo Zambada, segundo en el mando del cártel de Sinaloa (Proceso 1744).

Además, fue en el mismo estado de Sinaloa donde el hoy candidato por la coalición de Durango, José Rosas Aispuro Torres, fungió –entre los múltiples cargos que ha tenido dentro del PRI– como delegado estatal del CEN, de 2007 a 2008.

“El PRI es de los gobernadores”

En entrevista con Proceso, realizada el 24 de febrero pasado, después del registro de la Coalición “Lo que nos une es Durango” ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Durango (IEPCD) –a la que asistió acompañado por los presidentes nacionales del PAN, César Nava; del PRD, Jesús Ortega, y de Convergencia, Luis Walton Aburto–, José Rosas Aispuro Torres narra primero los detalles de su renuncia al PRI después de 25 años de militancia, así como de su nueva postulación:

“Decidí participar en la coalición porque el PRI se apartó de los intereses de la gente y prevaleció el interés del grupo en el poder encabezado por el gobernador Ismael Hernández Deras, que quería imponer a sus candidatos. Hubo ofrecimientos de su parte, pero yo no pedía que me regalaran ninguna candidatura, sino que me dejaran participar en igualdad de condiciones. Si perdía, apoyaba al que ganara. En 25 años pude conocer bien el estado, a su gente, sus problemas, y si aceptaba sus condiciones, estaría condenado a la sumisión. Tomé la decisión más difícil de mi vida, pero fui congruente con mi proyecto. Por respeto a la gente y por dignidad propia, decidí renunciar.”

–Habla de diversos ofrecimientos. ¿Cuáles son?

–Me ofrecían espacios en el ámbito legislativo, en el ayuntamiento de Durango, o una tarea en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

–Entonces, ¿también estaba de acuerdo la presidenta del CEN, Beatriz Paredes?

–A ella siempre la vi con disposición; sin embargo, ahora, en los estados, el PRI es de los gobernadores. En el caso de Durango, está secuestrado por el grupo en el poder; por eso no acepté sus condiciones.

–¿Por qué el interés del gobernador en apoyar a Jorge Herrera Caldera como su sucesor?

–Porque es quien le garantiza que su proyecto se mantenga, no sólo en lo político sino en lo económico. En el primero, porque piensan que ya tienen facturado el estado de aquí a 30 años y que los siguientes gobernadores van a depender de él. Y en lo económico, todos sabemos de los grandes negocios que se han hecho en este gobierno.

El Güero, como se le conoce en su tierra a José Rosas Aispuro, se niega a precisar cuáles son esos negocios y se limita a mencionar que Hernández Deras, en el sector de la construcción, asigna las obras a gente cercana a él.

El último día de enero pasado, el duranguense Rodolfo Elizondo Torres –entonces todavía secretario de Turismo– fue enviado a “formalizar” la invitación para postular a José Rosas Aispuro Torres; sin embargo, se trató sólo de un acto protocolario, porque en realidad los acuerdos ya los había tomado el CEN del PAN. Elizondo lo catalogó como “el mejor” candidato para disputar la gubernatura de Durango.

Vestido con traje negro y camisa blanca, sin corbata, Rosas Aispuro agrega: “Antes de mi renuncia al PRI, César Nava me llamó en dos ocasiones para proponerme ser el candidato de la coalición”. Posteriormente, el mismo Nava promovió una entrevista entre el presidente Felipe Calderón y Rosas Aispuro.

“Se dio el encuentro a finales de enero, cuando acepto la candidatura por la coalición porque, para mí, entrarle a un proyecto de esta naturaleza no sólo implicaba el proyecto de partido, sino el respaldo que pudiera haber. Era necesario saber de qué manera podía coordinarme con el gobierno federal: ver la creación de empleos, el valor agregado a los productos primarios del estado, en fin, darle mi visión del estado, y yo, conocer los compromisos del gobierno federal.

“Calderón me dijo que su compromiso es trabajar en dos aspectos: la inseguridad y la industrialización del estado para generar empleos. Para mí, eso es bueno, ya que la falta de empleos está llevando a muchas personas a que, sin tener ningún vínculo (con el narcotráfico), se involucren (en él)… Vamos a las colonias, a los ejidos, y hay hambre. Hay familias que no tienen para comer tres veces al día y son presa fácil de la delincuencia organizada. A nivel nacional, estamos en tercer lugar en muertes por violencia. ¿Cómo condenamos a esa gente si no le damos otra opción?”

En su opinión, la sociedad de Durango espera que la seguridad se resuelva sin que exista presencia del Ejército: “Si lo seguimos exponiendo en las calles, puede debilitarse, ya no hay la misma confianza. Haciendo cuentas, entre Durango, Chihuahua y Sinaloa, el fracaso de la guerra contra el narcotráfico es contundente. Hoy, cualquier persona está dispuesta a hacer cosas que jamás imaginó, hasta sembrar o matar para el narco”.

Y continúa: “Yo he visto la inconformidad, la angustia de las autoridades municipales. Los alcaldes pasan buena parte de su tiempo en la capital del estado por temor. Debemos ver qué está pasando, porque no son casos aislados. Asesinaron a los acaldes de Topia, Otáez, Ocampo, a dos expresidentes municipales de San Juan del Río, y recientemente al de El Mezquital, y no ha habido ningún resultado en la investigación”.

–¿Entonces en Durango está ganando la guerra el narco?

–Yo creo que sí.

–Si aquí se casa El Chapo, y el arzobispo de Durango, Héctor González Martínez, afirma que el capo vive más adelante de Guanaceví, colindante con Tamazula, ¿quiere decir que El Chapo goza de protección en Durango, algo similar a lo que sucede en Sinaloa, como lo afirma el panista Manuel Clouthier?

–Sí.

–¿Hay coordinación entre los gobiernos estatal y federal en la lucha contra el narcotráfico?

–Yo diría que hay un intercambio de opiniones y de lo que pasa, pero si no hay esa coordinación, lo único que provoca es que este señor… siga viviendo en La Angostura.

–La mamá de Emma es Aispuro y también es de Tamazula. ¿Cuál es el lazo familiar con usted?

–El apellido Aispuro es de origen vasco; es característico de Tamazula. Allí hay apellidos Aispuro-Aispuro (como el de la mamá de Emma). El origen familiar es el mismo, aunque a lo mejor el lazo familiar se perdió. No dudo que muchos sí seamos de veras parientes. Si así fuera, no tendría ningún problema en aceptarlo.

–¿Ya hizo contacto con usted gente de alguno de los cárteles?

–Nunca me ha buscado nadie, aunque no dudo que eso pueda ser una realidad; pero en el momento en que yo aceptara una situación de esa naturaleza, no tendría calidad moral ni los resultados que espero.

La entrevista se realiza dos días después de que Jorge Herrera Caldera, el candidato del PRI, denunció que fue interceptado por un comando armado.

–¿Ha sido amenazado o interceptado por algún comando?

–No. Y siempre ando solo. No traigo ninguna persona de seguridad; incluso, a veces, yo mismo manejo, usted ya vio…

Los errores de la guerra

De 2008 a la fecha, la guerra contra el narco suma en Durango cerca de mil 600 ejecuciones, 43 secuestros, 16 mil robos –a casas, negocios y de vehículos–, 43 ejecuciones de agentes de la Policía Estatal y de las municipales, y seis desaparecidos, además de que se producen en promedio nueve extorsiones diarias.

Igualmente, las oficinas de las corporaciones policiacas han sido rafagueadas, la tercera parte de las 39 alcaldías han sido atacadas, cuatro presidentes municipales han sido ejecutados y dos huyeron del país. Y todos, los 39 alcaldes del estado, han sido amenazados por los cárteles.

Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, quien junto con el dirigente panista César Nava estuvo presente en el registro de José Rosas Aispuro Torres, define cómo perciben los duranguenses la inseguridad que envuelve al estado:

“En política, la percepción es realidad, y la percepción de los duranguenses es que la violencia se ha radicalizado. Hay más psicosis, la población está atemorizada. Estamos muy cerca de los niveles de violencia que se presentan en otras ciudades, como Juárez. Tenemos un escenario de ejecuciones, de enfrentamientos.

–¿Esto habla del fracaso de la “guerra”?

–¡Claro! Es una de las asignaturas pendientes, porque el gobierno no ha sabido implementar una estrategia de combate al crimen organizado de manera coordinada. En mi opinión, se han recrudecido los enfrentamientos, los levantones y las ejecuciones. Durango es un campo de batalla en el que el cártel de Sinaloa y Los Zetas se disputan la plaza. Antes sólo era zona de paso, y de cultivo de droga y amapola; ahora el narcomenudeo se apoderó de las calles.

Señala que los errores cometidos en el combate al narco son “muchos, como dar a conocer, en el momento de los hechos, las detenciones de los capos, o los resultados de un operativo, cuando por sentido común, o estrategia de inteligencia militar, deben guardar la información por unos días para lograr mayor eficacia. Hay otros casos en que esos errores pueden costar vidas humanas. Un ejemplo claro fue cuando dieron a conocer el nombre del militar que participó en el asesinato de Arturo Beltrán Leyva. Ello trajo consecuencias graves que no midieron, como la ejecución de su mamá y su hermana”.

En el caso del gobierno estatal, explica que, de manera protagónica, exhibe el armamento y equipo de seguridad con que va a combatir al narcotráfico, cuando en una guerra jamás se dan a conocer datos que puedan servir a la ofensiva del enemigo.

Por ello considera que hay acciones en contra del narcotráfico que no han tenido éxito: La detección y destrucción del narcolaboratorio encontrado en Tamazula, perteneciente al cártel del Sinaloa, “fue una acción incompleta porque no se detuvo a nadie, solo se decomisó la propiedad”.

–¿Les avisaron?

–Hay muchas interrogantes: ¿Cómo pasaron las plantas de luz o todo el equipo que se encontró en ese laboratorio, sin que nadie se diera cuenta?

–¿La investigación corresponde al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)?

–Al Cisen y a la autoridad municipal, que tiene información de primera mano acerca de lo que sucede en su municipio.

Entrevistado en su oficina del CDE del PAN, Gutiérrez Fragoso explica que el crimen organizado se ha diversificado: Antes, Durango era un estado de tránsito y productor de mariguana y amapola; pero desde que Estados Unidos reforzó la vigilancia en su frontera con México, a los cárteles se les complicó el paso de la droga. Ahora son bandas delictivas integrales que, además de producir y vender droga, incorporaron el secuestro exprés, los levantones, la extorsión.

–¿Qué grupo está extorsionando?

–Se identifican como el grupo de Los Zetas, un comandante Pineda… Es grave, estamos ante la presencia de una estructura de poder paralela a la del Estado. Frente a organizaciones del crimen organizado mejor armadas, comunicadas, equipadas y disciplinadas (que las fuerzas oficiales).

Hidalgo: La red “zeta” de alto nivel

Ricardo Ravelo

Hace unas cuantas semanas, tras recibir una denuncia de hechos que revela los presuntos nexos de la clase política hidalguense con Heriberto Lazcano, líder de Los Zetas, la PGR inició una averiguación previa. La indagatoria incluye al exprocurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, al gobernador Miguel Osorio Chong y a su delfín Francisco Olvera Ruiz, así como al procurador de Justicia del estado, José Alberto Rodríguez Calderón. La lista es todavía más larga...

Financiamiento de campañas políticas, protección oficial a Los Zetas, ligas entre grupos priistas y tráfico de drogas, así como una amplia rotación de funcionarios públicos (en su mayoría policías, agentes del Ministerio Público y delegados de la Procuraduría General de la República en varias entidades) “para favorecer los intereses del narcotráfico en el estado de Hidalgo”, son algunas de las acusaciones contenidas en una denuncia de hechos presentada el 11 de marzo pasado ante la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para que lleve a cabo una investigación federal.

El documento, de 61 páginas, involucra al exprocurador Rafael Macedo de la Concha; al gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong; al precandidato priista a la gubernatura de esa entidad, Francisco Olvera Ruiz, así como a decenas de funcionarios y exfuncionarios estatales y federales, en la protección de Los Zetas y de su jefe, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, quien por cierto es hidalguense.

Proceso tiene una copia de la denuncia, que fue elaborada por el llamado Grupo Ciudadano Hidalguense. En la PGR pudo confirmarse que el signatario es Raúl Miguel Olvera Rodríguez y que el documento llegó a la SIEDO a través de un servicio de mensajería.

Desde dos días antes, el 9 de marzo, empleados de la SIEDO, cuyos nombres se mantienen en reserva, ya esperaban la denuncia. En cuanto la recibieron, la turnaron a la oficina de Irving Barrios Mójica, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR.

Además de señalar al gobernador Osorio Chong, la denuncia consigna presuntas relaciones con el narcotráfico, lavado de dinero y otras modalidades del crimen organizado, en contubernio con Los Zetas, del hermano del mandatario, Eduardo Osorio; del procurador estatal, José Alberto Rodríguez Calderón; del secretario de Agricultura, Manuel Sánchez, y del presidente municipal de Pachuca con licencia, José Francisco Olvera Ruiz, quien, según el documento, recibió más de 30 millones de pesos del narco en 2008 para su campaña por la alcaldía.

Olvera Ruiz es el favorito del gobernador Osorio Chong para sucederlo. Apenas el 30 de marzo solicitó licencia para separarse del cargo de presidente municipal y se registró como precandidato del PRI a la gubernatura el martes 6.

Después de analizar la denuncia, la SIEDO determinó que sí existen elementos constitutivos de delitos federales en contra de Osorio Chong, de Olvera Ruiz y de una veintena de funcionarios más, por lo que procedió a integrar formalmente la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDORPIFAM/185/2010. Los delitos: delincuencia organizada y lavado de dinero.

El documento establece que el objetivo de poner en manos del Ministerio Público Federal presuntos hechos constitutivos de delitos es que se investigue “la dicotomía poder político-narcotráfico en el estado de Hidalgo y que se conozca toda la información con la que contamos respecto a la situación de la narcopolítica”, y dice confiar en que, con los datos que se aportan, la PGR podrá complementar, sistematizar y contextualizar la información obtenida en indagatorias y le permitirá cerrar sus círculos de investigación.

El Grupo Ciudadano Hidalguense señala que el exprocurador Rafael Macedo y el líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano, “se identifican y (tejen) un acercamiento debido, entre otras razones, a que ambos son originarios del estado de Hidalgo”.

A partir de ese acercamiento –agrega el documento– comenzaron a moverse las piezas en varias entidades del país para proteger a Los Zetas. Se cita como ejemplo el hecho de que, cuando Alfonso Navarrete Prida (exprocurador de Justicia del Estado de México y actual diputado federal por el PRI) fue investigado en la PGR por la presunta venta de plazas en esa dependencia para favorecer al cártel de Juárez, el personaje clave para su exoneración fue Jorge Frías Vázquez, quien le dio una salida decorosa.

Frías Vázquez es actualmente secretario particular de José Alberto Rodríguez Calderón, procurador de Justicia de Hidalgo y presunto protector de Los Zetas en esa entidad, asienta la denuncia.

Y se añade otro dato: “Frías Vázquez cumple con una función toral en la protección institucional en el estado de Hidalgo a las actividades de narcotráfico que la organización criminal de Los Zetas desarrolla. El vínculo de Jorge Frías con este grupo delictivo se estableció en el estado de Guerrero cuando se desempeñaba como subdelegado de la PGR, bajo el mando del entonces delegado José Alberto Rodríguez Calderón”, el actual procurador de Hidalgo.

En la lista de policías que la denuncia señala al servicio del narcotráfico en Hidalgo resalta Raúl Batres, nombrado por la PGR delegado regional de la AFI en Hidalgo “a petición del cártel del Golfo”. El objetivo, según la denuncia, era claro: “proteger a Los Zetas”.

Batres y Miguel Osorio Chong coincidieron en el estado de Sinaloa en 2004: el primero era delegado de la PGR, el hoy mandatario era funcionario del IMSS. Quien los presentó fue Federico Vera, “hombre de confianza” de José Francisco Olvera Ruiz, el precandidato priista a la gubernatura del estado.

Narra la denuncia: Raúl Batres se incorporó a la comandancia regional de Hidalgo en el mejor de los ambientes. Con José Francisco Olvera Ruiz en la secretaría general de Gobierno (cargo que desempeñó antes de ser alcalde de Pachuca), con José Alberto Rodríguez Calderón al frente de la Procuraduría General de Justicia Estatal, y con Marcos Manuel Souberville González como secretario de seguridad pública (ejecutado en 2009 presuntamente por el narcotráfico).

A través de Raúl Batres en la AFI “se establecieron los pactos con la organización criminal de Los Zetas y todo se concretó a través de la interacción de esas dependencias”, dice la denuncia de hechos.

Otra pieza importante en la protección de Los Zetas en Hidalgo, según el documento, es el procurador de Justicia José Alberto Rodríguez Calderón, “nombramiento que le debe a Eduardo Osorio, hermano del gobernador”.

Rodríguez Calderón es señalado como “aliado del exprocurador Rafael Macedo”: fue delegado de la PGR en Guerrero en 2003, donde se relacionó con los hermanos Beltrán Leyva, en ese momento aliados del cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán. Desde entonces, según la denuncia, “cumple a cabalidad con la encomienda de proteger y apoyar a Los Zetas”. El documento añade: “Ahora lo haría, para beneplácito de El Lazca, desde la procuraduría del estado de Hidalgo”.

Las ligas de funcionarios públicos con el crimen organizado ha estado marcada por la muerte entre paisanos hidalguenses en posiciones encontradas: unos como aliados del narco, otros como investigadores de la PGR.

Un ejemplo es el secuestro, tortura y asesinato del agente del Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO, Gustavo Flores Delgado, en mayo de 2005, en Acapulco, Guerrero, cuando investigaba al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, quienes controlaban la plaza.

Flores Delgado estaba bajo las órdenes de su paisano José Alberto Rodríguez Calderón, con quien “convino los términos de la operación en Acapulco”. Sin embargo, se habría enterado de que se pretendía favorecer al cártel del Golfo y su fuerte aliado en aquel tiempo, Los Zetas.

Un grupo secuestró a Gustavo Flores y lo torturó “brutalmente”. La denuncia que obra en poder de SIEDO narra lo que sucedió después:

El entonces subdelegado de la PGR en Guerrero, Jorge Frías, no consiguió la confianza de Los Zetas. En 2006 fue nombrado subdelegado de procedimientos Penales de la PGR en Tamaulipas, donde sufrió un atentado junto con Rocío Vega, agente del Ministerio Público Federal. Según el documento en poder de Proceso, Frías salvó la vida por intermediación de Rodríguez Calderón, pero ambos debieron pagar el precio:

Los Zetas han perdonado a Frías Vázquez. Para que no hubiera duda de la incondicionalidad de Jorge Frías con la organización criminal Los Zetas, el jueves 22 de octubre de 2009, el procurador general de Justicia de Hidalgo, José Alberto Rodríguez Calderón, con la anuencia del gobernador Osorio Chong y de su hermano Eduardo, contando con el acuerdo de quien se cree será el nuevo gobernador del estado, José Francisco Olvera Ruiz, nombró como su secretario particular a Jorge Frías.

A la fecha, no ha habido queja del grupo delictivo Los Zetas respecto del ‘trabajo’ del nuevo secretario particular. El atentado que sufrió Jorge Frías fue un gran ejemplo para que Rodríguez Calderón corrigiera el camino jurando lealtad a un solo grupo delictivo, a Los Zetas. Y es que José Alberto Rodríguez había estado acostumbrado a pactar con unos y con otros. Así ocurrió, igualmente, durante su estancia como delegado de la PGR en el estado de Durango, situación que originó, como era de esperarse, en disputas entre diversos grupos dedicados al narcotráfico por el control de la plaza.

De esta forma se involucró con los capos del narcotráfico más importantes como Ignacio Nacho Coronel, del cártel de Juárez, que resultó beneficiado con la protección institucional que le brindaban Rodríguez Calderón y José Campos Murillo, exprocurador de justicia de Durango y exsubprocurador general de la República durante la gestión de Rafael Macedo de la Concha.

Los denunciantes establecen vínculos entre la política electoral y el narcotráfico, en los que nuevamente participa Rodríguez Calderón:

En su paso por Durango, Rodríguez Calderón entabló relación cercana y de amistad con otro personaje que sirve a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas pero desde la trinchera electoral: Hugo García Cornejo, quien curiosamente se ha desempeñado como vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en los estados priistas de Puebla, Durango, Hidalgo y Veracruz.

La realidad es que no fue casual que Rodríguez Calderón y él coincidieran en los estados de Durango e Hidalgo. José Alberto como delegado de la PGR y como procurador local, así como García Cornejo en el IFE, forman parte de un equipo político-criminal con el que Los Zetas se instalan en el estado de Hidalgo.

El posicionamiento

El control que ejercen Los Zetas en Hidalgo no ha mantenido a la entidad alejada de la violencia. Aunque con presunto apoyo oficial Los Zetas lograron sortear los embates del cártel de Sinaloa, su más fuerte competidor, dentro del gabinete de Osorio Chong habrían surgido presuntos desarreglos financieros.

Ejemplo de ello es el asesinato, en 2009, de Marcos Souberville, secretario de Seguridad Pública del estado, poco después de una ola de crímenes y secuestros en el estado:

La presión social hizo que, en su momento, para justificar su inacción, el secretario de Seguridad Pública, Marcos Souberville, dispusiera la creación de un grupo especial antisecuestros que en realidad no resolvería pero que, en el terreno, haría perder el control directo de esa actividad a sus colegas funcionarios relacionados con el tema de seguridad y, lo más importante, los haría perder presencia ante Los Zetas para él posicionarse mejor ante la organización.

De inmediato Eduardo Osorio Chong, hermano del gobernador, acuerda con Francisco Olvera Ruiz, entonces secretario general de Gobierno, instruya a José Alberto Rodríguez Calderón para que se pongan las cosas en orden. Rodríguez Calderón les pide al director de la Policía Ministerial y al comandante antisecuestros, Jesús Garcés, El Garocho, la eliminación de Marcos Souberville.

Ambos planean la ejecución con la intervención de Los Zetas. El día de los hechos, Rafael, secretario particular de Souberville, informa telefónicamente a Esteban Reyes y a El Jarocho que ese día por la tarde su jefe iría solo a Huasca. Conforme al plan, Esteban y El Jarocho se comunican con El Cepillo (detenido en Tepic, Nayarit) y con otro grupo de Los Zetas, quienes harían el trabajo.

De toda la operación, de principio a fin, mantuvo informado a Eduardo Osorio, hermano del gobernador. Los Zetas arman el operativo pues era hora, además, de cobrar venganza contra Souberville por el “gane” de varios millones de dólares cuando en Atotonilco la policía detuvo a varios Zetas.

El comando fue dirigido por El Pahua. Lo acompañaron El Peluche, El Bien Peinado y El Gato. Se formó un convoy con una camioneta Chevrolet Tahoe y una Blazer blanca. Los tripulantes fueron El Cepillo y El Luis, comandantes de Los Zetas en Huejutla, Hidalgo, por acuerdo de Omar Zerón Flores, cercano colaborador y operador de Eugenio Imaz, alto funcionario del gobierno del estado y hombre de confianza del gobernador Miguel Osorio.

El comando se dirigió a las inmediaciones de Huasca de Ocampo, Hidalgo. A las 17:30 horas del miércoles 19 de septiembre de 2007, el secretario de Seguridad Pública, Marcos Souberville, fue ejecutado.

El funcionario iba acompañado, según la denuncia, por un sujeto llamado Marcos Covarrubias, quien sobrevivió al ataque “extrañamente”.

Zacatecas: cisma perredista
José Gil Olmos

Corrupción, nepotismo, dedazos... todos los vicios priistas que el Partido de la Revolución Democrática se propuso combatir desde su nacimiento, ahora son reproducidos por el gobierno de Amalia García. El resultado: la fractura de ese partido en la entidad. La puerta se abre para el regreso del PRI.

ZACATECAS, ZAC.- Cuando Amalia García se convirtió en la primera gobernadora del estado venía precedida de una corriente de esperanza y un aliento democratizador: amplios sectores de zacatecanos pensaban que ella sería distinta a sus antecesores y apostaban por el cambio.

Pero ahora, al final de su sexenio, la exdirigente nacional del PRD es acusada por sus propios compañeros de representar todo lo contrario. En la peor comparación, sostienen que su gobierno es tan autoritario y corrupto como fueron los priistas.

En vísperas de la elección de gobernador, de diputados locales y presidentes municipales, un grupo de reconocidos perredistas zacatecanos, entre ellos el exsenador Raymundo Cárdenas, el exdiputado Miguel Alonso, el senador Tomás Torres y el líder del Barzón, José Quirino, renunciaron a su partido en protesta por el dedazo que, dicen, aplicó la gobernadora en la selección de candidatos.

Los excompañeros de Amalia García la acusan de utilizar la infraestructura de su gobierno a favor de sus candidatos: del otorgamiento de vales de despensa, bultos de cemento y dinero a cambio de votos, igual que hacía el PRI para ganar las elecciones.

Un documento oficial al que este semanario tuvo acceso da cuenta del plan de despliegue gubernamental con fines proselitistas. Estas acciones implican a las secretarías de Finanzas, de Desarrollo Agropecuario, de Planeación y Desarrollo y de Comunicación Social, así como al DIF, para usar recursos humanos, materiales y económicos en apoyo del candidato oficial, Antonio Mejía Haro.

El amplio documento define diversas estrategias, entre ellas atacar a los adversarios políticos a través de los medios informativos “aliados”, en particular mediante columnas o espacios de opinión “de nuestros (sic) plumas afines para señalar errores y debilidades”. Y en cuanto a los medios que “no estás de su lado”, prevé la firma de convenios publicitarios para convencerlos de su apoyo.

Reconoce que la elección será “difícil” y “cerrada”, ante lo cual plantea “posicionar a toda costa la imagen” de Mejía Haro convenciendo a indecisos, dentro del gobierno, con aumentos salariales y plazas de trabajo; echando mano de los programas agrarios y sociales en los municipios de oposición, como el denominado “Amor por Zacatecas”, creado por la gobernadora para los sectores más vulnerables; realizando encuestas “inducidas”; organizando eventos y creando organizaciones sociales y de jóvenes con financiamiento gubernamental “indetectable”.

Según los excompañeros de Amalia García, estas acciones provocaron la división del PRD en el estado, en tanto que distintas encuestas sobre intención de voto favorecen al experredista Miguel Alonso, candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal.

Pero las críticas no se quedan en el plano electoral. Los ahora experredistas ponen en duda la probidad de la gobernadora, pues afirman que da amplios márgenes de acción a su hija Claudia Corichi, quien influye en las decisiones de gobierno más importantes, además de que, afirman, pretende hacer negocios hoteleros y con los medios de comunicación. Por ejemplo, dicen, busca convertirse en la accionista mayoritaria de La Jornada Zacatecas.

Aseguran que la gobernadora ha favorecido a un puñado de empresarios, entre ellos los constructores Salvador Galván y Luis Galarza, a quienes –sostienen– se les pide una comisión de 10% del costo de la obra asignada y aumentar los precios proyectados para tener recursos financieros suficientes y sostener las campañas electorales.

Entre las obras cuestionadas está el Palacio de Convenciones, que a principios de este año fue inaugurado por el tenor Plácido Domingo. El costo inicial de la obra era de 115 millones 688 mil pesos, pero al final se disparó a 473 millones 770 mil pesos, sin explicación oficial.

Pleito familiar

Desde que arribó al gobierno de Zacatecas, Amalia García mostró animadversión hacia su antecesor Ricardo Monreal y su familia, a quienes se llegó a acusar de tener vínculos con el narcotráfico, como ocurrió a mediados de 2009, cuando se decomisaron varias toneladas de mariguana almacenada en una bodega de Río Florido, propiedad de David Monreal.

“Ese pleito (...) rebasó todos los cánones de la política y se convirtió en un tema que enfermó al estado”, señala Luis Medina, quien renunció a la coordinación de la Comisión de Precandidaturas del PRD en Zacatecas a raíz de las “imposiciones” de la gobernadora.

Durante los seis años del gobierno de Amalia, las puyas entre las familias Monreal y García no pararon y convirtieron a Zacatecas en la arena de una pelea “peligrosa y desgastante que no ha podido parar”, indica Medina, quien señala que ambas tienen su parte de responsabilidad, si bien la mayor recae en la gobernadora, porque no mostró el mínimo interés por asumir que a ella le correspondía promover la unidad desde el poder.

“Si no vamos juntos en este proceso electoral, es por el empecinamiento de ella. Esto lo viví dentro del partido: la hostilidad, el deliberado propósito de sabotear toda posibilidad de acuerdo con Ricardo Monreal. Ha sido muy visceral la política del grupo de Amalia García”, señala Medina, y atribuye la exclusión de muchos cuadros del PRD al “obsesivo rechazo a todo lo que oliera a Monreal, lo que rebasó toda cordura y debilitó a las fuerzas progresistas en Zacatecas”.

Esta ruptura tuvo como consecuencia la salida del PRD de Miguel Alonso, ahora el candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal, que encabeza las preferencias ciudadanas en Zacatecas, según encuestas de Parametría y Gabinete de Comunicación Estratégica, seguido por los candidatos del PRD, Antonio Mejía Haro; del PAN, Cuauhtémoc Sandoval, y del PT, David Monreal.

–¿Esta pelea entre Amalia García y Ricardo Monreal ha minado las fuerzas del PRD?

–Sí. Ha sido una acción política irresponsable para los asuntos públicos, para la acción gubernamental y para el partido. De ambas partes ha sido irresponsable y habla de la pobreza del liderazgo partidista, porque debió haberlo encauzado y atendido.

Compra de votos

Raymundo Cárdenas, que renunció al PRD en febrero pasado, fue compañero de lucha y de bancada de Amalia García en el Congreso de la Unión. El motivo de su renuncia, afirma, fue que la gobernadora impuso a sus candidatos y recurrió a las viejas prácticas de compra y coacción del voto, ejercidas por el PRI durante muchos años y contra las cuales el perredismo luchó desde su formación en 1989.

Aspirante a la candidatura al gobierno del estado, Cárdenas asegura que con Amalia García hubo un retroceso grave en el proceso de democratización.

“Nosotros fundamos al PRD contra el dedazo y el autoritarismo porque creíamos que los intereses de los trabajadores podían avanzar parejo a la democracia, y hoy lo que encontramos con Amalia es que el PRD se volvió irrelevante y ella se convirtió en la gran electora. Todo lo que el viejo PRI hacía, ahora lo hace Amalia dentro del propio perredismo y actúa contra quienes no somos sus incondicionales”, asegura en entrevista.

Secretario general del PRD cuando Amalia García era la presidenta de esta organización política y secretario de Gobierno con Monreal, Raymundo Cárdenas denuncia que no hubo proceso de selección interna, y señala que la designación de Miguel Alonso como candidato del PRD se dio por “dedazo”, con el aval de la dirigencia nacional del partido.

Cárdenas, que ahora apoya al candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal, cuenta que en el CEN del PRD se “tiene la convicción de que los gobernadores pueden hacer lo que quieran y deseen en los estados. Ese el compromiso. A nosotros no nos dieron ni el derecho de audiencia”.

Se queja de que la comisión electoral para la selección de candidato a la gubernatura no revisó los expedientes de los aspirantes registrados, e incluso uno de los integrantes de esa instancia, Gilberto del Real, “no firmó, en protesta”. El dictamen que se votó en el Consejo Estatal “lo trajo Jesús Ortega”.

Según Cárdenas, la administración de Amalia García otorga vales por cinco y hasta por 20 bultos de cemento que canjea la gente en una bodega, “con el compromiso de que el día de la elección van a ir a la casa del Sol a entregar la boleta. Es la vieja fórmula que inventó el PRI y ahora la han perfeccionado. Va alguien de confianza primero a votar, no mete la boleta sino que la lleva a la casa y ahí empieza el carrusel de la gente que cambia su voto por los vales de cemento.

“Eso lo van a hacer masivamente en todo el estado, todo el gobierno está en eso. Parte de mi reclamo y mi salida fue por eso. Nosotros a eso le llamábamos un sistema PRI-gobierno, pero ahora es PRD-gobierno”, reclama.

Otra de las estrategias que están adoptándose para la compra e inducción del voto es la repartición de vales y cheques para las familias más necesitadas. De acuerdo con información entregada al Congreso local por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, a cargo de Juan Sánchez Legaspi, hasta el momento se han repartido 40 mil cheques junto con una carta de la gobernadora en la que manifiesta su solidaridad con las familias más necesitadas.

A diferencia de Raymundo Cárdenas –que ve claro el triunfo del candidato priista Miguel Alonso–, Luis Medina sostiene que la competencia está “cerrada”.

–Si la competencia va a estar tan cerrada, ¿qué definirá el proceso electoral? –se le pregunta a medina.

–El dinero va a jugar un papel importante, pero creo que el doctor Mejía tiene la capacidad de mandar el mensaje de que no representa más de lo mismo; tiene posibilidades de alcanzar una victoria legitima. Además, porque los problemas del PRD no tienen nada que ver con él.

Obras son amores

Una de las principales críticas que el exsenador Raymundo Cárdenas hace a Amalia García son los negocios que ha hecho en su administración y el uso de recursos financieros “para hacer ganar a sus precandidatos y después a sus candidatos, comprando votos, condicionando los programas sociales”.

Dice que “las relaciones de complicidad que ha tejido con algunos empresarios que han tenido ganancias estratosféricas en este sexenio” quieren ganar esta elección para dar continuidad a sus intereses.

En particular, señala a Salvador Galván, originario de Fresnillo, y a Luis Galarza, “que hace seis años no eran nada y ahora hacen ostentación de su riqueza. Están de la mano con el candidato de la gobernadora”.

–¿Ellos son el sustento financiero de la campaña?

–Así es. Ellos hicieron las dos obras más grandes en el estado, aumentaron los precios a las obras y ese sobreprecio se lo pasan al equipo político de Amalia.

–¿Eso se puede corroborar?

–Eso aquí todo mundo lo sabe: el Palacio de Convenciones resultó mucho más caro de lo que se reportó, y eso lo dicen todos los expresidentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, que critican los costos. El otro proyecto es la plaza Bicentenario, en el centro de la ciudad, que también tiene un sobreprecio enorme. Hay testimonios de trabajadores que dicen que han recibido la orden de elevar los costos.

–¿Ese es un negocio de ellos y de la gobernadora?

–Sí, claro, de ellos y de la gobernadora. Esa es sólo una muestra...

Apunta que lo peor es que pretenden mantenerse en el gobierno otros seis años, razón por la cual “Amalia postula a su primo Rafael Medina para la capital, tiene a medio gabinete como candidatos en las principales ciudades y es evidente el deseo de prevalecer en el gobierno otros seis años.”

Raymundo Cárdenas resalta otro rasgo de la administración de García: el nepotismo.

Su esposo, Héctor Castanedo Quirarte, es el secretario de Obras Públicas; María Concepción García Medina, hermana de la gobernadora, es la subprocuradora general de justicia; Rafael Medina Briones, primo hermano, fue su secretario particular y ahora es candidato a la presidencia municipal de la capital; Julieta Medina Briones, prima hermana de la gobernadora y esposa del secretario de Obras Públicas del gobierno estatal, es la directora del museo Zacatecano.

Francisco García González, primo hermano, fue el secretario de Planeación y Desarrollo Social; mientras que la cuñada de la gobernadora, Hortensia Corichi Flores, es la directora de Promoción en la representación del gobierno del estado en la Ciudad de México.

Otros dos primos hermanos también se colocaron: Refugio Medina es diputado local por el municipio de Guadalupe, y Humberto Medina es alcalde del municipio de Tabasco. Suheid Martínez García, sobrina de la gobernadora, es la directora administrativa del DIF en el estado.

Raymundo Cárdenas califica lo anterior como “la más grande red de nepotismo en el país”, pero el papel central, dice, se lo lleva la hija de la gobernadora, Claudia Corichi, su operadora política.

“Su hija Claudia Corichi es un verdadero problema. Si en parte se justifica la alianza PRD-PAN por los gobiernos que hay en Oaxaca y Puebla, yo digo que algo así se justifica en Zacatecas, pero en contra de Amalia.

“La diferencia es que ella tenía una imagen demócrata y nadie se esperaba lo que está haciendo, que un partido que nació contra el autoritarismo y el dedazo ahora lo aplique a todo lo que da. Un partido que nace contra los privilegios, ahora está garantizando en Zacatecas los intereses de un grupo de empresarios.”

También acusa a la gobernadora de gastar en medios 332 millones 374 mil 561 pesos en lo que va de su sexenio, según datos de la Secretaría de Finanzas del estado.

“Construyeron una red de complicidades que dio acceso a mucho dinero y quedaron presos de eso. Es terrible”, señala Raymundo Cárdenas.

El “reality show” salpica para todos lados...
Jenaro Villamil

Elevada a rango de reality show, la muerte de la niña Paulette Gebara Farah se convirtió en una muestra más de la improvisación, la ligereza, la inoperancia y, de plano, la torpeza de las instituciones encargadas de procurar justicia en el país. El caso exhibe en particular la ineptitud de las autoridades del Estado de México, que lo descompusieron al punto de convertirlo en una irresoluble trama hitchcockiana. Por consiguiente, el asunto se convirtió ya en la mayor crisis política para el gobernador Enrique Peña Nieto, que ya no halla cómo defender a su incapaz procurador...

“No hay duda de que este caso se trató de un homicidio”, sentenció el procurador mexiquense Alberto Bazbaz Sacal el 31 de marzo en una prolongada conferencia de prensa, transmitida en vivo por la mayoría de los noticiarios televisivos y radiofónicos que han convertido el caso de la menor Paulette Gebara Farah en un auténtico reality show.

Seis días después, el lunes 5, Bazbaz Sacal dio un giro radical a sus declaraciones. Localizado el cuerpo de Paulette debajo de su propia cama y en el mismo cuarto que antes había sido visitado por decenas de agentes y periodistas, Bazbaz declaró que “la necroscopia ni siquiera es concluyente para determinar que se trate de un homicidio…”.

Y afirmó que serán “los científicos” de la procuraduría los que determinen los detalles de “la asfixia mecánica por sofocación” de la menor de cuatro años, que había sido reportada como desaparecida desde el 22 de marzo.

El domingo 4, Bazbaz ordenó la liberación de las cuatro personas arraigadas como sospechosas del presunto homicidio: las nanas Erika y Martha Casimiro, quienes cuidaron de la niña, que tenía discapacidad motriz; su padre, Mauricio Gebara Rahal, y la madre, Lisette Farah Farah, la única indiciada y quien ha sido protagonista mediática en esta trama desde que desapareció Paulette.

Escandaloso desde un inicio y ante el interés de los medios electrónicos nacionales e internacionales por darle cobertura, el caso se transformó desde ese lunes 5 en la principal crisis política y mediática para el gobernador Enrique Peña Nieto.

El jueves 8, legisladores locales del PAN y del PRD exigieron la renuncia del procurador mexiquense por su “falta de capacidad y eficiencia”, dijeron. La panista Mónica Fragoso Maldonado acusó a Bazbaz de revelar a diferentes medios de comunicación “información trascendental que pone en peligro la investigación (del caso Paulette)”.

Desde Colombia, a donde viajó para participar en el Foro Económico Mundial Latinoamérica (FEM), el gobernador Peña Nieto salió dos veces en defensa de su procurador, al tiempo que fuentes consultadas en el Estado de México señalan al secretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, como el principal operador del cambio en las investigaciones de la procuraduría.

“Este es un ejemplo de cómo en el Estado de México la procuración de justicia se compra o se vende al mejor postor. Es obvio que el procurador está muy cerca del caso Paulette, por la posición económica de las familias”, advierte el dirigente estatal del PRD, Luis Sánchez Jiménez.

Consultado por Proceso, Sánchez Jiménez asegura que el principal padrino y apoyo político de Alberto Bazbaz Sacal es el expresidente Carlos Salinas de Gortari y aduce dos razones: el actual procurador fue defensor de Raúl Salinas de Gortari y estuvo al pendiente del caso de Enrique Salinas de Gortari, asesinado el 8 de diciembre de 2004.

En las indagaciones del crimen del hermano del expresidente, Bazbaz fue pieza clave como director general de Control de Procesos Penales Federales de la Procuraduría General de la República, cargo al que llegó en septiembre de 2007 por recomendación de Eduardo Medina Mora, titular de esa dependencia.

El procurador mexiquense también fue socio del despacho Moreno y Bazbaz, junto con Fernando Moreno Hernández y David Korenfeld Federman, el actual secretario del Agua y Obra Pública del Estado de México. Él y Korenfeld pertenecen a la comunidad judía mexiquense, estudiaron en la Universidad Anáhuac y Korenfeld es identificado como uno de los principales impulsores de los jugosos negocios inmobiliarios del gobierno mexiquense.

En marzo de 2008, en vísperas de que Peña Nieto nombrara al sustituto de Abel Villicaña como nuevo procurador estatal, le propuso el cargo a Korenfeld, pero él sugirió que, en su lugar, se nombrara a Bazbaz y comentó que prefería seguir al frente de la Secretaría del Agua y Obra Pública.

El exdiputado local del PAN Carlos Alberto Pérez identifica a Bazbaz y a Korenfeld como parte de “la red de negocios e influencia salinista” en el gobierno de Peña Nieto.

La mano de Nassar Daw

En la trama del caso Paulette está involucrado otro viejo conocido de Salinas de Gortari, de Bazbaz y de Korenfeld. El despacho de José Luis Nassar Daw, hijo y defensor de Miguel Nassar Haro, extitular de la Dirección Federal de Seguridad. Él está a cargo de la defensa de Lisette Farah, madre de Paulette, según confirmó el perredista Luis Sánchez Jiménez.

En sus últimas entrevistas Lisette Farah ha acusado de “cobarde” a su esposo Mauricio Gebara y, además de insistir en su inocencia, demanda la custodia de su otra hija, Lisette, de siete años.

Egresado de la Universidad Panamericana, donde también estudió Peña Nieto, Nassar Daw defendió a través de su despacho a Raúl Salinas de Gortari, quien fue acusado de enriquecimiento ilícito, y responsable de tramitar la libertad bajo caución del hermano del expresidente, en junio de 2005.

Nassar Daw y Asociados también defendió, en enero de 2009, a la profesora Magdalena García Soto, acusada de ser cómplice de Adán Pérez Ramírez y Hugo Gabriel Constantino García, acusados de violar a un niño en el Instituto San Felipe, en Oaxaca; el despacho también defendió a Miguel Nassar Haro, acusado del delito de secuestro.

Paul Nerubay, otro abogado, hasta ahora sólo ha aparecido públicamente como amigo y defensor de Lisette Farah. Él fue el que acompañó a la madre durante el sepelio de Paulette en el Panteón Francés. Y aun cuando aseguró que él no es penalista, expresó su temor de que la procuraduría mexiquense se incline por una “decisión política” en el caso Paulette, sobre todo por las presiones que ha recibido el gobernador Enrique Peña Nieto.

“Hemos recibido información de que la familia Gebara ha tenido cierta cercanía con el licenciado Bazbaz para que nadie acuse a Mauricio Gebara y todas las acusaciones vayan en contra de la madre”, declaró Nerubay durante la conferencia de prensa del miércoles 7.

Un procurador ineficaz

Nacido el 24 de octubre de 1973, Alberto Bazbaz Sacal fue designado por Enrique Peña Nieto como su tercer procurador el 12 de marzo de 2008.

Sustituyó a Abel Villicaña Estrada. Joven, sin experiencia política, Bazbaz fue ratificado por 53 de los legisladores locales del PRI, PAN, PVEM y Convergencia. Los 16 del PRD votaron en contra.

Egresado de la licenciatura de Derecho, Bazbaz fue maestro en Ciencias Penales en la Universidad Anáhuac, donde impartió cátedra durante 11 años, antes de llegar a la procuraduría mexiquense. En esa misma institución, que pertenece a la congregación católica de los Legionarios de Cristo, su amigo Korenfeld formó parte del Consejo de Desarrollo de la Facultad de Derecho.

A los 21 años fue agente del Ministerio Público, en 1994, y trabajó como abogado litigante en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal entre 1996 y 2006.

En 2007, el entonces titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, lo incorporó como asesor en el área de Planeación, Innovación y Desarrollo Institucional de la dependencia y en septiembre de ese año lo nombró director general de Control de Procesos Penales Federales.

Emparentado con grandes compañías constructoras como Sacal Inmobiliaria, de Moisés Micha Sacal, y con Servicios de Agente Inmobiliaria, de Elías Micha Sacal, Bazbaz definió desde el principio que su actuación favorecería a los intereses de los desarrolladores y del gran capital que ha hecho negocios millonarios en la reciente administración mexiquense.

Su primer caso polémico fue el de los 24 ejecutados en la zona de La Marquesa, cuyos cuerpos fueron encontrados el 12 de septiembre de 2008. La procuraduría estatal identificó sólo a cinco: dos de ellos vivían en el municipio de Huixquilucan y los otros eran originarios de Hidalgo y Oaxaca.

A diferencia del caso Paulette, en aquella ocasión Bazbaz no apareció en los medios ni dio entrevistas en torno a ese caso, que despertó los focos de alerta en el Estado de México sobre el avance de las disputas del crimen organizado. En conferencia de prensa sólo admitió que una de las líneas de investigación estaban relacionada con posibles venganzas o disputas entre narcomenudistas. Sin embargo, la procuraduría estatal nunca aclaró finalmente las causas de esta ejecución múltiple.

En los dos años que Bazbaz lleva al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), los índices de delincuencia se han disparado. Existen más de 30 mil órdenes de aprehensión sin cumplimentar; de los 672 casos de mujeres asesinadas en el Estado de México 90% aún no se esclarecen, y de los homicidios registrados en la entidad, 95% no se han resuelto.

Al cierre de 2009, en el Estado de México las ejecuciones sumaron 464, según las cifras de la propia procuraduría, y se le asocian a las disputas entre La Familia michoacana, Los Zetas y el grupo de los hermanos Beltrán Leyva. Estos últimos con presencia en Huixquilucan, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Villa Nicolás Romero, Tlalnepantla y Tultitlán.

Entre enero y febrero pasados, las ejecuciones en el Estado de México sumaron 66. En 90% de los casos los cuerpos tenían signos de tortura y en 42 los cadáveres fueron encontrados con narcomensajes en cartulinas, firmados presuntamente por La Familia o Los Zetas.

En 2009, el índice de secuestros en la entidad creció 11%. Al menos 50 comerciantes de las distintas centrales de abasto de Toluca, Tultitlán y Ecatepec fueron víctimas de este delito. El índice de robos a autos se disparó en los últimos meses, especialmente desde agosto, a partir de que el PRI arrasó en las elecciones municipales y desplazó a los gobiernos opositores en ciudades densamente pobladas, como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla.

Datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) señalan que el año pasado desaparecieron 39 mil 367 unidades, lo que representó 21% más que en 2008 y un crecimiento acumulado de 35% durante la administración de Peña Nieto. Entre enero y junio de 2009 se robaron mil 817 vehículos tan sólo en Ecatepec. Durante todo el año pasado sólo 1.9% de los autos robados (722 unidades) fueron recuperados por las autoridades.

Ante la ineficacia de la procuraduría de Bazbaz, el poder de David Garay Maldonado, titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), se ha acrecentado. De agosto de 2009 a la fecha, 72 presidentes municipales del Estado de México cedieron su facultad de nombrar a sus directores de policía para entregarle el control a Garay Maldonado.

En este contexto, el caso Paulette también ha permitido la injerencia directa del secretario general de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, en las investigaciones que realiza la PGJEM.

Consultados al respecto, funcionarios mexiquenses y miembros de la clase política local, quienes pidieron omitir sus nombres, aseguran que Miranda Nava exigió a Bazbaz tener acceso al expediente, a los peritajes y a las averiguaciones previas del caso Paulette.

Proclive a los festejos y a las parrandas de Peña Nieto, señalado como prestanombres de Arturo Montiel desde la Secretaría de Administración –en la que sustituyó a Peña Nieto–, Miranda Nava busca resolver el caso Paulette de manera similar al de Mónica Pretelini, esposa del actual gobernador, quien murió en condiciones extrañas, comentan los entrevistados.

También les llaman la atención el silencio del exprocurador y exsecretario general de Gobierno durante la primera parte del gobierno de Peña Nieto, el actual diputado federal Humberto Benítez Treviño, así como las críticas de Alfonso Navarrete Prida, el primer procurador durante la administración peñista y también diputado federal.

Las especulaciones sobre la salida de Bazbaz crecen todos los días. En la administración de Peña incluso comienzan a mencionarse algunos nombres. Sin embargo, el espaldarazo del mandatario estatal parece ser definitivo.

Hasta ahora el único que ha renunciado por el escándalo del caso Paulette es el secretario de Salud, Franklin Libenson Violante, quien fue removido el 7 de abril pasado, a 22 días de cumplir un año al frente de la dependencia. En medio de la crisis provocada durante una rueda de prensa por la epidemia de influenza, Libenson mencionó cifras de los enfermos diferentes a las de Peña Nieto y eso lo mandó al ostracismo.

Vacío de poder

“Es un secreto a voces en el Estado de México –afirma el dirigente estatal del PRD, Luis Sánchez Jiménez–. No tenemos gobernador, sino candidato presidencial. El gabinete se está cayendo a pedazos. Hay un proceso de ingobernabilidad. Peña Nieto sólo se dedica a eventos rosas.”

El caso Paulette ha exhibido este vacío de poder con toda su crudeza. Dos exgobernadores, ambos tíos de Peña Nieto –Arturo Montiel y Alfredo del Mazo González–, han revivido en medio del escándalo. El primero, principal padrino de Peña Nieto y exjefe de Miranda Nava, reapareció en medio del escándalo. Del Mazo, presidente del Consejo de Infraestructura, padre del actual alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza, principal precandidato a suceder a Peña Nieto, se ha involucrado en el manejo del caso.

Tanto Montiel como Del Mazo González tienen relación con las familias Farah Farah y Gebara Rahal, en plena disputa ahora por el caso de la menor. Ambas familias están emparentadas con empresas constructoras y han financiado campañas electorales en Huixquilucan y en el ámbito estatal.

La sucesión de Peña Nieto está desatada al interior de los grupos priistas. Cuatro son las principales figuras que aspiran a ocupar la gubernatura en 2011 y están pendientes de los casos más polémicos que alcanzan notoriedad en los medios: Alfredo del Mazo Maza, alcalde de Huixquilucan y principal delfín de la dinastía de Atlacomulco, apoyado por el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; Luis Enrique Miranda Nava, que ejerce como gobernador de facto; Ernesto Nemer, quien representa a las familias de ascendencia libanesa y ha colaborado en todos los últimos gobiernos estatales, de Chuayfett a Peña Nieto, y el exsecretario de Finanzas y actual presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray.

La injerencia mediática

Por si esto no bastara, los medios electrónicos, en especial Televisa y TV Azteca, han convertido el caso Paulette en una demostración de fuerza frente al gobierno de Peña Nieto, su principal cliente que ahora está atrapado en la defensa a ultranza de Bazbaz, criticado por ambas televisoras.

La cobertura reciente de los noticiarios de Televisa en torno al caso Paulette ha rebasado todos los ejemplos mencionados. Desde el 5 de abril, cuando Bazbaz anunció un cambio radical en las investigaciones, el principal espacio informativo de Canal 2, El Noticiario con Joaquín López Dóriga, le dedicó más de la mitad del tiempo-aire: 33 minutos, el lunes 5; 36.8 minutos el martes 6, y 21.30 minutos, el miércoles 7 de abril.

El conductor de ese espacio dividió en tres partes la entrevista de Adela Micha con Lisette Farah y la retransmitió continuamente en sus espacios informativos. Sus comentaristas y conductores principales han pedido abiertamente la renuncia de Bazbaz. Las críticas aún no son tan abiertas en contra del propio Peña Nieto.

TV Azteca ha contrapunteado la cobertura de Televisa con entrevistas a las nanas y una reconstrucción melodramática. En las redes sociales como Facebook o Youtube el caso ha alcanzado una amplia notoriedad.

En Youtube se han subido más de 76 videos relacionados con el caso. Uno de ellos, titulado El misterio de la ropa de Paulette, con imágenes de Hechos de TV Azteca, rebasó las 170 mil reproducciones la semana anterior. La cobertura ha rebasado ampliamente otros asuntos, como el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.

Tras la liberación de los cuatro principales implicados, el domingo 4, las entrevistas televisivas se han convertido en sustitutos de los fiscales, de los peritos y hasta de los “científicos” que, según Bazbaz, tendrán la última palabra en este caso.

Rehén de su propia adicción a los medios electrónicos, el gobierno de Peña Nieto se enfrenta así, por primera vez, a un juicio en su contra desde las pantallas televisivas. Por ahora, éstos sólo piden la cabeza de su procurador.

La agencia de Calderón
Rosalía Vergara

Notimex no es, ni con mucho, la Agencia de Noticias del Estado mexicano que se ofreció al renombrarla. Por el contrario, funciona bajo los mismos esquemas de subordinación al poder en turno que la caracterizaron durante la hegemonía del PRI: en lugar de ser un medio público de información, opera como difusor de propaganda gubernamental y promotor de la imagen presidencial. Y peor aún, los trabajadores denuncian irregularidades administrativas en el ejercicio presupuestal y hasta acoso sexual.

Notimex, la Agencia de Noticias del Estado mexicano, es utilizada para promover la imagen del presidente Felipe Calderón y sus supuestos “logros” en la lucha contra el narcotráfico, además de privilegiar las actividades de los funcionarios del sector público afiliados al Partido Acción Nacional (PAN).

Bajo la dirección de Sergio Uzeta, en los últimos tres años, Notimex dejó de cumplir hasta 25% de sus metas y registró un subejercicio presupuestal de 7.4 millones de pesos, según reportó la propia agencia al Senado de la República el pasado 7 de marzo.

Las irregularidades van desde subarrendar un piso en el edificio de la calle Adolfo Prieto, en la colonia Del Valle, a una empresa con el fin de elaborar spots publicitarios para diversas dependencias de Estado, hasta una denuncia por acoso sexual contra Alejandro Olmos Cruz, encargado del despacho de la Dirección Editorial y que hace las veces de jefe de información.

Trabajadores de Notimex que optaron por el anonimato aseguran que los filtros de censura prohíben mencionar en la información a los adversarios políticos de Calderón, e indican que por lo que toca a la lucha contra el narcotráfico se está permitido consignar los “logros”, es decir, cuando no hay víctimas o violencia; mucho menos pueden publicarse casos de víctimas civiles.

Un comparativo realizado el 22 de marzo por este semanario entre el portal de Notimex y de El Universal reflejan la diferencia en la línea periodística de ambas agencias noticiosas.

La hora es la misma: después de las seis de la tarde, la nota principal de El Universal se titula Alistan reforma para regular labor del Ejército. La de Notimex dice: Llama Gómez Mont a la unidad ante la agresión contra la delincuencia.

Entre otras noticias, El Universal incluye declaraciones del diputado panista Javier Corral sobre la reforma política; refiere que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos achaca las muertes del Tec a una “mala estrategia”; indica que la Coparmex pugna por una reforma laboral…

En contraste, Notimex resalta que Calderón se vanagloria de que la inversión en infraestructura “es superior a otros sexenios”; que el diputado panista César Nava confía que habrá reforma política antes de mayo, y que el crudo mexicano avanza 86 centavos.

De Andrés Manuel López Obrador o del panista Manuel Espino ni se habla.

Viejos conocidos

En 2009, Notimex rentó un edificio de tres pisos en la calle Adolfo Prieto 612, colonia Del Valle, en 60 mil 998 pesos mensuales, para realizar sus actividades noticiosas.

Alejandro Olmos Cruz y la exencargada de la Dirección de Administración y Finanzas, Rosario Terán López, subarrendaron el segundo piso del edificio a la empresa Videoservicios sin el debido conocimiento de la Junta de Gobierno de Notimex.

De acuerdo con una queja de trabajadores “en el anonimato” presentada el 7 de enero ante el titular del Órgano Interno de Control de Notimex, Guillermo Ayala Rivera, Videoservicios es dirigida por Carlos Prieto, su esposa Myriam Hernández y su hijo, del mismo nombre. Ellos usan el edificio las 24 horas del día, según consta en el parte policial de los guardias de seguridad del inmueble.

Videoservicios “realiza trabajos de edición de videos cuya producción le es vendida incluso a la propia Notimex, así como a canales de televisión como el 11 y el 22”, dice la queja.

Sergio Uzeta y Carlos Prieto trabajaron juntos en Canal 11, cuando Uzeta fue director de Noticias.

“Todo lo anterior es del pleno conocimiento y consentimiento de Rosario Terán López, encargada del despacho de la Dirección de Administración y Finanzas”, quien fue despedida hace casi un mes de la agencia y no han podido localizarla para que rinda cuentas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya investiga esta queja, de acuerdo con el oficio OASF/0634/2010, fechado el 22 de febrero de este año y dirigido a la diputada federal Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la ASF.

En el oficio se notifica a los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex que es factible incluir el análisis de la gestión de Uzeta en la revisión de la Cuenta Pública 2009, una vez que se reciba a más tardar el próximo 30 de abril. El oficio lo firma el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal.

“Outsourcing” noticioso

El 26 de marzo de 2009, el Órgano Interno de Control de Notimex recibió otra queja contra Olmos Cruz: el 27 de febrero de ese mismo año, sin licitación alguna, contrató a Grupo Arte y Comunicación, S.C., para el monitoreo de medios electrónicos por 35 mil pesos mensuales.

La justificación de Olmos: “este sistema es necesario para que la agencia transmita información de manera constante”, dice la queja. Los trabajadores abundan: “Parece que el señor Olmos olvidó que trabaja para una agencia de noticias, cuyo principal objetivo es transmitir su propia información a partir del acontecer nacional y cotidiano”.

Resaltan que Olmos Cruz ya ha enfrentado procedimientos administrativos por causas similares, cuando fue director de Comunicación Social del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

“Uno de ellos fue el INFODF/C/226/ 2007 relacionado con la contratación de los servicios de creación de libreto, producción y montaje de una obra de teatro en 2007 que promueve la transparencia y el acceso a la información. El otro hecho irregular es el relacionado con la contratación de un servicio de monitoreo de noticias con la empresa ‘Especialista en Medios’, a pesar de que existían claras evidencias de las deficiencias de los servicios de dicha empresa”, según el documento, cuya copia tiene este semanario.

“En ambos casos se le acusó al señor Olmos de beneficiar a ambas empresas por el cobro de un 10% de comisión”, aseguran.

La “Propuesta de Monitoreo de Medios Electrónicos” de Grupo Arte y Comunicación para Notimex reporta que diariamente monitorean 3 mil 542 horas de transmisión de mil 748 sistemas noticiosos mensuales, para lo que utilizan a 96 personas.

Las fuentes privilegiadas serían Presidencia, secretarías de Estado, Poder Legislativo, Gobierno del Distrito Federal, gobiernos estatales, partidos políticos e iniciativa privada. El periodo considerado fue del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2009.

Para los quejosos, estas son tareas propias de Notimex, porque es una agencia de noticias dedicada a la información y no a la promoción, como ahora, del partido en el poder, el PAN.

Entrevistados por Proceso, los denunciantes destacan que desde 2006 la gestión de Uzeta carece “de eficacia, rumbo y planeación”.

La molestia llega al grado de que en la salida del edificio de Notimex los trabajadores colocaron un pizarrón donde cuentan el número de días que faltan para que Uzeta termine su gestión. Lo acusan de haber dilapidado 13 millones de pesos en gastos no prioritarios. Por ejemplo, mencionan que fueron cedidos 7 millones de pesos al patronato de la Fundación del Español Urgente de México (Fundéu México), creada por la agencia de noticias española EFE, el Banco BBVA y la Universidad Complutense de Madrid, y de la cual fue director desde 2008 hasta su renuncia en 2009.

De acuerdo con el Informe Anual de Actividades de la Agencia de 2009 entregado al Senado, el presupuesto autorizado a la agencia fue de 206 millones 273 mil pesos, de los cuales sólo 52 millones 467 mil pesos son ingresos propios producto de la venta de servicios de la agencia.

Este año, dice el informe, se caracterizó por “la baja captación de ingresos propios”.

Destaca que en abril de ese año entró en operación Videoservicios. Lo primero que hizo esta compañía fue una entrevista al propio Uzeta, seguida de otra al director de la Agencia Vietnamita de Noticias. En total realizó 115 entrevistas, principalmente a políticos, candidatos a diputados y delegados con motivo de las pasadas elecciones del 5 de julio.

Mediante esa empresa, el 28 de abril del mismo año Notimex inició la tercera temporada del programa Reporte internacional, una coproducción con Canal 22 que constó de 13 programas y terminó el 21 de julio del año pasado.

Según el documento, se realizaron dos campañas para el Instituto Mexicano de la Juventud y un video sobre “Escuela Segura” para la Secretaría de Educación Pública (SEP). A solicitud del director de la Conagua, el panista José Luis Luege Tamargo, se cubrió su gira por Alemania; se produjeron dos cápsulas de video, y del 16 al 22 de marzo de 2009 se llevó a cabo la cobertura del V Foro del Agua, en Estambul, Turquía, para lo cual se realizaron tres cápsulas. Además, del 12 al 14 de agosto se realizó la cobertura del V Encuentro Nacional Playas Limpias en Nuevo Vallarta, Jalisco.

De igual manera, la Conagua solicitó la cobertura multimedia en Mérida, Yucatán, del proyecto “Aprovechamiento y uso sustentable de los cenotes”. Del 22 al 24 de marzo, el Conacyt pidió un circuito cerrado con cuatro pantallas de plasma, dos cámaras de televisión y la realización de una “Memoria de actividades”. Del 11 al 14 de marzo, Notimex participó en la Convención Anual de la National Association of Hispanic Publications.

En julio, el Instituto Nacional de las Mujeres solicitó a Notimex la producción de dos spots para la campaña “Hombres contra la violencia II” para medios impresos, radio, televisión e internet. El 24 de julio, TV UNAM solicitó el envío de tres notas formato FTP sobre el Gran Telescopio de España.

El 12 de octubre se solicitó la grabación de 19 currículos en voz en off; del 26 al 30 de octubre la cobertura de la XVI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Villahermosa, Tabasco, y el 23 de octubre un video para la doctora Correa en el Conacyt.

El 3 de noviembre entrevistó a Luege Camargo en León, Guanajuato, durante la instalación de la XXIII Convención Anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento. Conejal solicitó cubrir el evento “Las cifras de pobreza por ingresos del estado de Guanajuato”. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó difundir siete cápsulas informativas. El 4 de noviembre inició el programa Punto de Acuerdo, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.

Farol de la calle

Los trabajadores afirman que otra característica de Uzeta y Olmos es la represión laboral: la agencia enfrenta demandas por despidos injustificados que le podrían costar alrededor de 13 millones de pesos.

En contraste, han creado cargos directivos nuevos “e innecesarios para la agencia” con un costo de 4 millones de pesos, y han gastado más de 1 millón 800 mil pesos en liquidaciones de los directores Jurídico y de Planeación y Operaciones Nacionales, así como del subdirector de Recursos Humanos.

Los trabajadores acusan a Olmos Cruz de violar sistemáticamente el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) y violentar la autonomía sindical.

Las irregularidades llegan al presunto acoso sexual, según la denuncia presentada por una empleada en la Fiscalía Central en Investigación para Delitos Sexuales (averiguación FDS7FDS-6/T1/00709/08-09). La demanda indica que Olmos condicionó la permanencia de la empleada en su trabajo a cambio de “favores sexuales”, y que, como se negó, la despidió. La empleada lo acusó de haberla “tocado”.

De acuerdo con los entrevistados, la investigación de este caso fue “frenada” por el produrador de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, a petición del propio Olmos Cruz.

Los cuestionamientos a la administración de Notimex llegaron ya a la Cámara de Diputados. El pasado miércoles 7, el legislador perredista Ariel Gómez León presentó un punto de acuerdo para citar a comparecer ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía al director de la agencia, Sergio Uzeta, “para que informe de las gestiones realizadas en su administración y de la producción del organismo a escalas nacional e internacional”.

Sobre las críticas de Aguilar Camín a Julio Scherer

José H. Motta considera que son fruto del “resentimiento”

Señor director:

Le pido se sirva publicar estos comentarios que dirijo al señor Héctor Aguilar Camín.

Señor Aguilar Camín: A propósito de la entrevista realizada por Julio Scherer al llamado Mayo Zambada, publicada en el número 1744 de Proceso, me parece que las críticas que hizo en Milenio al señor Scherer no son, como intenta usted aparentarlo, fruto de su indignación profesional como periodista frente al ejercicio profesional de un colega que usted considera poco ético.

Sus expresiones son producto del resentimiento que guarda por las revelaciones hechas en Proceso y en el libro La terca memoria sobre su cercanía con Carlos Salinas, resentimiento quizás exacerbado por la admiración que, probablemente, usted le tuvo a Scherer en algún momento de su vida; al menos así lo deduzco de distintos rasgos y pasajes que toma usted prestados (o robados) de Scherer para el personaje Octavio Sala en su novela La guerra de Galio.

Desafortunadamente, en cualquier época, en cualquier lugar, las personas como Julio Scherer son una minoría. Su profesionalismo, su estoicismo frente a la seducción del dinero y del poder, su apego a denunciar lo que apesta por debajo de aquello que se nos presenta como respetable, su crítica valiente, no encuentran eco en el número de reporteros y analistas que sería deseable. Tal parece que las personas como Scherer viven para dar muestra de que sí es posible una vida honrada de ejercicio profesional, apartado de cercanías infamantes con los poderosos, aunque ello sea a cambio de muchas dificultades y penurias, como la expulsión de Excélsior, el bloqueo comercial del gobierno, el secuestro de un hijo, etcétera.

Si mucho de lo que somos está condicionado por las circunstancias, cada quien tiene, sin embargo, cierto margen de maniobra para autodefinirse. Y en esa autodefinición cobra especial interés la determinación del grado de respeto que nos merecen los valores que la vida pone frente a nosotros. Es notorio que en su profesión de periodista, para algunos, la cercanía con el poder es un valor en sí mismo, o más frecuentemente, un medio para alcanzar otro bien de valor más apetecido: la fama, la influencia, la riqueza, etcétera; todos éstos, bienes deseables que, muchas veces, entierran hasta el fondo de la escala otros valores más elementales, como la verdad, la dignidad, la autonomía, la imparcialidad y la libertad de pensamiento.

En ese contexto, a mi juicio, no puede decirse que los Zabludovsky, por ejemplo, hayan sido víctimas de Televisa, ni que usted lo haya sido de Salinas. En ambos casos, el apego a la escala de valores que en su fuero interno han definido les hizo aceptable un vínculo con el poder económico o político que dejó otros valores relegados a un plano secundario. Impensable la crítica hacia el gobierno en la boca de Jacobo Zabludovsky en los tiempos en que trabajaba para el soldado del PRI que confesó ser Azcárraga Milmo, e impensable también el periodismo objetivo de usted respecto de Salinas y sus múltiples tentáculos.

En un sentido práctico, esta torcida definición de valores es nociva para cualquier profesión, pero en el periodista resulta una especie de autocensura o suicidio profesional, pues lo deja incapaz de apreciar la realidad, tal cual es, cuando ésta se opone a los valores priorizados, o bien, si no se distorsionan los sentidos y se es capaz de apreciarla, se hacen esfuerzos sofísticos intrincados para justificar una posición favorable a cierto interés.

Cada quien está en su derecho de construir su propia jerarquía axiológica y de actuar conforme a los presupuestos que de ello se derivan. Muy respetable que usted y Nexos hayan considerado conveniente la cercanía con Salinas de Gortari: buenas consecuencias financieras resultaron en su beneficio. Sin embargo, hay otras consecuencias menos favorables. La sociedad está enterada de sus tratos, y no es de sorprender que pase las opiniones de Aguilar Camín por el tamiz de la sospecha, y éste es un precio alto para quienquiera que se dedique al periodismo, un precio que usted aceptó.

Lo anterior me hace recordar que, a raíz de la mayor apertura, de las mayores libertades alcanzadas en México gracias a la necia valentía de gente como Julio Scherer, especialmente a partir de la alternancia y del malogrado cambio de régimen, proliferaron ciertas voces esforzadas por desmitificar a muchas de las figuras tenidas como adalides bajo la historia patria atribuida al régimen priista. Se ha intentado remover de la conciencia popular la imagen heroica de Hidalgo (quien será para usted el “santón” de la insurgencia), de Morelos o de Villa, mientras que otros personajes tenidos hasta hace poco por traidores, ambiciosos o villanos han empezado a ser tratados con menor severidad, e incluso se les ha considerado injustamente condenados por la historia (tal vez el de Porfirio Díaz sea el caso más señalado).

Haciendo a un lado el posible interés ideológico que pudiera existir en la crítica o en la revitalización de las figuras que personifican las distintas corrientes de pensamiento confrontadas en la realidad mexicana, evidentemente todo ser humano tiene conductas nobles y ruines; no obstante, en el intento de relativizar los bienes y los males causados a México por los protagonistas de nuestra historia, se corre el riesgo de considerar que no hay mayor mérito en unos ni culpa en otros, pues pareciera que cualquier hombre atacado en el momento exacto por la pasión precisa acabará por ceder, de lo que resulta que la nobleza y la ruindad son producto de la circunstancia.

Y me parece que este es el germen –consciente o no– de su crítica hacia Julio Scherer. Carga usted con el peso de ser un periodista, ensayista, escritor orgánico, propiedad del sistema, y sabe además que los ciudadanos comunes lo sabemos y que leemos lo que escribe dando por hecho que su opinión no es libre, que es un instrumento, un medio, un vocero pagado. Y no concibe que haya hombres y periodistas distintos, comprometidos sólo con sus lectores, con su profesión, con su país. Por eso no puede evitar atacar a Scherer tachándolo de poco ético, para que no quede duda de que todos los hombres somos iguales y que usted no es peor que nadie; si usted cayó con Salinas, Scherer cayó con El Mayo, y en esa lógica, si todos los hombres somos iguales, ¿por qué escandalizarse entonces de que usted sea un periodista orgánico? Simplemente su negro sino lo llevó a conocer a Salinas y a hacerse su siervo.

Entonces, si de alguien hay que sentir pena no es de Scherer, como sugiere en Milenio, sino de usted, miserable víctima de tan horrible tragedia.

Atentamente

José H. Motta

Un sacerdote sometido a torturas, recluido por “delitos inventados”

Señor director:

El 29 de enero de 2009, policías del gobierno del Distrito Federal detuvieron a mi hijo Gabriel Ulises Valdés Larqué –sacerdote católico del rito tridentino– junto con su chofer, Giovanni Omar Apatenco López.

Con lujo de violencia, los subieron a una patrulla, los encañonaron y golpearon porque, les decían, habían asaltado al científico francés Christopher Augur. Mi hijo les contestó que no entendía de qué le hablaban, que en ese momento él iba a realizar una misa en una casa particular.

Después de pasearlos y golpearlos durante varias horas, a las 19:00 horas los bajaron en un parque, les tomaron fotos y les dijeron que corrieran, que los iban a dejar libres… Mi hijo pensó que les querían aplicar la ley fuga, y no se movió, se quedó parado junto con su chofer.

Entonces los volvieron a subir a la patrulla y los siguieron torturando. Cerca de las 23:00 horas, los llevaron a la delegación Iztacalco y los presentaron como los asaltantes del científico francés.

El 31 de enero mi hijo fue puesto en arraigo. Mas como no pudieron comprobarle el asalto al francés, le inventaron un robo en pandilla, y a principios de febrero numerosos policías fueron a catear mi departamento. No hallaron nada que lo inculpara.

Sin embargo, han utilizado a Juan Manuel Camarillo Gutiérrez para acusar a mi hijo y a Jorge Luis Gómez Reyes de que lo robaron, aunque mi hijo y esta última persona, quien ya quedó libre por falta de pruebas, no se conocen.

Por su parte, Camarillo Gutiérrez ha dado como cuatro versiones de los hechos y los retratos hablados que proporcionó no coinciden con los rasgos de mi hijo.

Mediante una orden de aprehensión por parte del juez Carlos Morales García –quien antes se había negado a expedirla–, Gabriel fue trasladado al Reclusorio Norte, donde se halla preso y ha sido víctima de dos intentos de asesinato. A la fecha lleva cinco autos de formal prisión sin haberle comprobado nada.

Puesto que para mí está claro que la policía del Distrito Federal mete a la cárcel a gente inocente y le fabrica delitos, pedí el apoyo de la Limeddh, del Centro de los Derechos Humanos Agustín Pro Juárez y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Posteriormente, varios enviados de la Comisión de Derechos Humanos del DF y de la Procuraduría capitalina –entre ellos el licenciado Alejandro Barroza y Roberto Bolaños– propusieron que mi hijo firmara un acuerdo donde, entre otras cosas, se comprometía a no proceder en contra del Gobierno del DF a cambio de ofrecerle una disculpa en privado.

Mi hijo contestó que quería su inmediata libertad porque es inocente. Mientras esperamos que el magistrado Juan José Olvera López resuelva la solicitud de amparo presentada con el número 19/2009, responsabilizo al procurador Miguel Ángel Mancera de cualquier cosa que pase a mi hijo, a mi familia y también a mi persona, pues durante varios meses mi hermana Judith y yo fuimos perseguidas por agentes judiciales del Distrito Federal. (Carta resumida.)

Atentamente

Francisca Bertha Larqué Núñez

Distrito Federal

Teléfonos: 57-04-61-58, 15-48-79-51
y celular: 55-20-16-55-92

Don Julio y su traidor
Miguel Ángel Granados Chapa

Para frenar un cotejo desproporcionado, mi abuela recitaba una estrofa popular: “¿Cómo quieres comparar/ un charco con una fuente?/ Sale el sol, se seca el charco/ y la fuente es permanente”. En vez de guiarme en este caso por el consejo de doña María de los Ángeles, he preferido atenerme, como lo hago en esta materia inveteradamente, a la arenga musical de León Greco: “si un traidor puede más que unos cuantos/ que esos cuantos no lo olviden fácilmente”.

La materia, acuosa, repulsiva de la que no me olvido se llama Regino Díaz Redondo. Lo traigo a estas páginas –si me poseyera un ánimo tremendista diría que las ensucio con su nombre– por una casualidad: en el breve término de cuatro días aparecieron en revistas mexicanas sendos textos de dos notorios, por razones encontradas, exdirectores de Excélsior. No tienen nada en común, salvo su cercanía en el tiempo, y sólo son citados en un mismo texto, éste, no porque sean comparables sino porque muestran el desarrollo personal y profesional de dos que fueron amigos a lo largo de décadas hasta que uno de ellos traicionó al otro. Por eso esta rencorosa reflexión se titula como se titula.

No necesito referirme con amplitud a la crónica y entrevista que realizó Julio Scherer García a Ismael Zambada, El Mayo, uno de los jefes del narcotráfico más buscado por los gobiernos de México y Estados Unidos. Las leyeron los lectores de Proceso en su número anterior, y es seguro que hayan tenido acceso directo o ecos a la suma de reacciones que la circunstancia en que se realizó el encuentro y el texto mismo suscitó. Dominaron el panorama de la opinión en los medios –abundantes siempre que Scherer sale a la palestra– los comentarios positivos y aun admirativos, como los de José Cárdenas y Ricardo Rocha, y los elogiosos no exentos de crítica como el de Denisse Maerker. Sobresalieron entre los reproches a Scherer los firmados por dos columnistas cotidianos, caracterizados más que por su celo y garra profesional por su ostensible enriquecimiento y por sus vínculos con el poder, sea éste ejercido por el partido que sea. Estos escribidores se dieron el lujo de hacer recomendaciones al fundador de Proceso, con ánimo didáctico que sólo puede ejercer el profesor ante el alumno, relación imposible entre esas partes.

En cambio, del texto de Díaz Redondo nadie se enteró. De no ser por la acuciosidad de Álvaro Cepeda, que todo lo lee, lo digiere (y lo regala) tampoco yo me hubiera impuesto de lo que Álvaro, un abogado convertido en periodista sin abandonar su vocación original, cree que es el debut en la revista Siempre de quien será ahora su compañero de páginas, coincidencia que apesadumbra al escritor obregonense.

Esta es, entonces, la primera aparición pública en México de Díaz Redondo, desde que huyó a España, su lugar de origen, donde ahora reside y ejerce su condición de súbdito de la Corona. Cuando no hace mucho su esposa lo presentó a la televisión, en la osada exhibición pública de su residencia de diez mil metros cuadrados en el barrio “más exclusivo y caro de toda España” según definió el presentador, dijo de él que era “un español que vivía en México”. Y en su texto de marras, al que me asomaré sólo un poco en seguida, él habla de “nuestros “representantes legislativos en Bruselas” y, hasta donde se sabe, no los hay mexicanos en el Parlamento Europeo que, por lo demás, no funciona en la capital de Bélgica sino en Estrasburgo.

Hace unos meses Díaz Redondo publicó un aviso en La Jornada informando de la apertura de un blog donde dará cuenta de lo que piensa. Rigurosamente hablando, entonces, debería ser una página en blanco. Pero como la audacia es junto con la voracidad una de sus principales características –a las que cabe sumar su zafiedad– ha preparado algunos artículos del género de este que ahora me da pie para referirme a su trayecto, durante los años en que usurpó la dirección que arrebató a traición a su amigo Scherer y en los ya casi diez años corridos desde que a su vez fue echado en tardío reconocimiento a su avidez corrupta y su ineptitud.

Su texto en Siempre se titula “La Unión Europea necesita aire fresco”. Pretende ser un análisis político del actual momento de “la Europa de los 27”. Su análisis, si lo hubiera, sería calificable de superficial. Pero prefiero detenerme en su prosa, en su sintaxis, propia de un colegial. No es necesario examinarla. Basta con reproducir algunos párrafos, tomados al azar, pues los dislates abundan en todo el texto y cualquiera que se escoja enseña lo que quiero mostrar, el modo en que lo elude la articulación más elemental, su imposibilidad para hilar a derechas una frase cabal, significativa, con sentido:

“El problema es más grande de lo que se piensa. Ya se están formando grupos de naciones que la integran y que deciden, conforme a sus intereses particulares, la forma de gobernar sin escuchar las aprobadas reglas de la que son la base en la que se recopila casi todo el movimiento de los países” (¿???)

“Por lo pronto, entramos en la etapa del jeroglífico, del laberinto, del no saber por dónde entrar ni por donde salir, de hacer caso a unos y otros y de no tomar decisiones conjuntas más que en asuntos triviales, sin mayor eficacia, envueltos en una parafernalia casi digna de una película de terror” (!!!).

Con eso basta. No es un estilo deteriorado por los años o entumido por la falta de ejercicio. Es el mismo trabajoso modo con que redactaba sus notas, crónicas y reportajes en las publicaciones de la casa Excélsior. Es la misma tentaleante escritura con que presentaba las entrevistas que eran concertadas por la dirección, en tiempos de Scherer, y las que él realizaba cuando usurpó la silla principal de Reforma 18. En estas ocasiones, hay que decirlo, tuvo que admitir que él no sostenía las entrevistas sino la reportera Aurora Berdejo, como reconoció en el libro que reunió varias de ellas, aparecido en 1991 y al que se buscó dar solidez con un prólogo a cuyo relevante autor no menciono para no ruborizarlo hoy.

Como bien se sabe, Díaz Redondo engañó durante años a Scherer fingiéndole una amistad que era envidia escondida y se mostró felonía en cuanto la necesitó el presidente Luis Echeverría. A partir del 8 de julio de 1976 pretendió ser como su antecesor, la cabeza de Excélsior y no pudo serlo ni siquiera de la bazofia en que fue convirtiéndose el diario. Aunque contó con el apoyo gubernamental descarado y entusiasta de los regímenes priistas que sucedieron al de su cómplice, fue imposible detener el deterioro de la cooperativa. Agravó el empobrecimiento periodístico la pauperización financiera de la empresa, pues Díaz Redondo se enriqueció con los recursos que el apalancamiento oficial le prodigó, aprovechamiento que se evidencia hoy en la residencia de marajá desde donde escribe sus papazales.

Fue echado por sus esclavizados compañeros el 20 de octubre de 2000 y desde entonces ha hecho intentos por conservarse en escena. Escribió un pretendido libro, suma de galimatías con lo que llama su verdad, que no alcanza a controvertir la naturaleza de los hechos por los que se montó en la dirección del diario hasta que sus abusos lo derribaron. Pretendió vender la cooperativa a un su paisano, que finalmente se apoderó de sus restos el 23 de enero de 2006 en una operación tan lesiva para los trabajadores, y tan desaseada jurídicamente, que todavía hoy los perjudicados alientan, fundadamente, la esperanza de recuperar su patrimonio. La tragedia generada por Díaz Redondo a lo largo de su usurpación incluyó también una muerte, probablemente un asesinato, el de Juan Manuel Nava, por largo tiempo corresponsal consentido del usurpador, y mensajero a la hora del despojo de sus compañeros entre los defraudadores y los que organizaron el fraude y permanecieron en la empresa privatizada como premio a su desvergüenza.

La de Regino es mayor. En su página pretende ostentarse como gran periodista, multipremiado, retirado por voluntad propia de un oficio al que vuelve de tanto en tanto para alivio de las tensiones de quienes no comprenden como él las tribulaciones del mundo y para alumbrar a los necesitados de luz. También ha pretendido defender una reputación de que carece, por lo cual ha recibido la respuesta judicial correspondiente. Me demandó civilmente por daño moral por mi descripción, que no juicio de sus modos de ser y deshacer, y en primera y segunda instancia los tribunales le dieron un portazo en la cara. Supongo que no se dará por vencido y lo intentará de nuevo. Y acaso estas líneas den pábulo a su pretensión. l

13 razones por las que el Papa debe renunciar
Denise Dresser

1) No es posible eludir el tema de la responsabilidad individual del Papa, más allá de su responsabilidad institucional. La primera historia, como ha argumentado Christopher Hitchens en The Great Catholic Cover-Up, es fácil de contar y nadie la ha negado. En 1979, un joven alemán de 11 años fue llevado a las montañas por un sacerdote. Se le administró alcohol y se abusó sexualmente de él. Posteriormente el párroco fue transferido por el entonces arzobispo Ratzinger de Essen a Munich para ser sometido a “terapia”, pero poco después se le permitió regresar al trabajo pastoral, desde donde continuó abusando de niños.

2) Dado el estilo de administración de Ratzinger y su tendencia a involucrarse minuciosamente en las decisiones de sus subalternos, no es creíble pensar que desconociera el paradero y las actividades del pastor abusador. Los documentos del episodio llegaron hasta el escritorio del arzobispo, quien en el mejor de los casos fue negligente y, en el peor de ellos, permitió la perpetuación del abuso sexual.

3) Este caso es tan sólo un ejemplo del patrón de encubrimiento a nivel global en que el Papa participó; un patrón ampliamente conocido y padecido por los padres de niños violados en Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Australia y Alemania, entre los casos documentados. Desde que Ratzinger asumió la dirección de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue responsable de un proceso de obstrucción de la justicia a nivel global. Para Ratzinger, el verdadero crimen nunca ha sido el abuso sexual o la violación de menores, sino la posibilidad de que esos eventos fueran reportados a las autoridades civiles. Según el arzobispo, las acusaciones sólo podían ser atendidas dentro de la jurisdicción exclusiva de la Iglesia. Quien violara la secrecía exigida corría el riesgo de ser excomulgado.

4) Como señala Hitchens, no satisfecho con encubrir actividades criminales de sacerdotes pederastas, Ratzinger elaboró su propio estatuto de prescripción del delito, para limitar su vigencia en número de años, como si fuera posible hacerlo con respecto a un pecado.

5) El caso de Marcial Maciel es especialmente escandaloso, ya que exmiembros prominentes de Los Legionarios de Cristo fueron deliberadamente ignorados por Ratzinger a lo largo de los 90. La posición de Ratzinger siempre fue de protección a Maciel –siguiendo los pasos de Juan Pablo II–, incluso cuando se le pidió que pasara sus últimos años en retiro y no bajo una investigación seguida de sanción, como debió haber ocurrido.

6) Al caso de Maciel se añaden las recientes revelaciones sobre el padre Lawrence Murphy, quien abusó de 200 niños sordos en Wisconsin, hechos de los cuales fue informado Ratzinger en su momento. Los abogados estadunidenses que están demandando a la Iglesia han hecho públicos documentos demostrando que, en un inicio, oficiales del Vaticano propusieron un juicio canónigo secreto, pero lo suspendieron después de que el sacerdote apeló directamente al cardenal Ratzinger y obtuvo su clemencia. El padre murió sin haber sido sancionado.

7) Bajo su tutela, la añeja estructura burocrática del Vaticano simplemente no ha encontrado la manera adecuada de procesar y lidiar con la avalancha de denuncias de abuso sexual. En 2001, como cardenal, Ratzinger tomó control del tema; sin embargo, creó una pequeña oficina de 10 personas que ha revisado tan sólo 3 mil casos en 10 años.

8) El Vaticano no ha logrado adaptar su comportamiento insular ante las exigencias de una cultura global crecientemente democrática y exigente. Basta con recordar la torpe reacción de la jerarquía en sus discursos de las últimas semanas, equiparando la crítica a la Iglesia con el antisemitismo. O escuchar a jerarcas eclesiásticos que se han referido a la ola de escándalo mundial como “chismes baratos”. O leer que en ciertos círculos católicos se habla de la existencia de un “lobby judío” empeñado en desacreditar al Papa. Tiene razón Leon Wieseltier, editor de The New Republic, cuando reclama airadamente al Vaticano con la pregunta: “Por qué querría la Iglesia católica defenderse aludiendo a otras enormidades (como el antisemitismo) en las que estuvo implicada? Y además los judíos padecieron mucho más que las críticas de la prensa”.

9) Resulta sorprendente que hasta la fecha el Papa no haya encarado la crisis de manera frontal, personal y humana, atendiendo de mejor manera a las víctimas. Eso en sí revela una falla en su liderazgo como figura política, religiosa y espiritual. Hace falta más que pedir una disculpa de manera genérica. Se ha vuelto imprescindible investigar, sancionar y reparar el daño. La resistencia del Papa a hacerlo pone en tela de juicio el papel que debería desempeñar como Sumo Pontífice. Sus instintos conservadores y la insistencia en la lealtad institucional, la obediencia y la autoridad absoluta del clero han servido mal a los católicos de todas las latitudes.

10) Las fallas del liderazgo papal se vuelven más obvias en la medida en que el escándalo crece en lugar de disminuir. Cuando la Iglesia católica en Alemania inauguró recientemente una línea telefónica dedicada a las denuncias de abuso sexual por parte de sacerdotes, hubo más de 4 mil llamadas el primer día.

11) No hay otra manera de decirlo: ha quedado expuesto, después de años, un periodo negro en el que la jerarquía de la Iglesia católica respondió ante el abuso sexual sistemático con silencio, complicidad, evasión y negligencia criminal. El Papa carga con una gran dosis de responsabilidad que no puede ser ignorada o negada. A pesar de que ahora el Vaticano comienza a salir de su mentalidad “búnker” y a promover acciones más vigorosas ante la realidad de la pederastia clerical, la crisis de autoridad está allí.

12) Aunque se han dado pasos hacia la rendición de cuentas de los abusadores, no ha ocurrido lo mismo con obispos que los protegieron durante tanto tiempo. El Papa no ha limpiado su propia casa de manera suficiente, ni ha demostrado el remordimiento necesario como para despejar la nube que cuelga sobre su liderazgo papal. En su carta abierta al pueblo irlandés, el Papa no pidió ni especificó acciones disciplinarias contra miembros de la Iglesia que participaron en el encubrimiento de abusos de alcances epidémicos.

13) Finalmente, como pregunta Maureen Dowd, católica y columnista de The New York Times: “¿Cómo mantener la fe cuando nuestros líderes no se la merecen?”. l

Justicia interamericana
John M. Ackerman

En los próximos meses, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá una nueva oportunidad histórica para exigirle cuentas claras al Estado mexicano. A finales del año pasado, con sus resoluciones acerca de la desaparición forzada de Rosendo Radilla y los feminicidios de Ciudad Juárez (caso “Campo Algondonero”), emitió un claro mensaje en contra de la impunidad. Ahora, con la revisión de los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, el 15 de abril y el 28 de mayo, respectivamente, tenemos ante nosotros una nueva coyuntura que finalmente podría meter en cintura a las fuerzas militares de México.

En hechos separados durante 2002, las indígenas Me’phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron violadas por soldados que laboraban en tareas de “contrainsurgencia” en los municipios de Ayutla de los Libres y Acatepec, Guerrero. La justicia fue negada a las dos jóvenes, entonces de 24 y 17 años, ya que las autoridades no les prestaron el apoyo adecuado ni cumplieron con sus responsabilidades constitucionales.

El Ministerio Público, primero, se negó a investigar a fondo las denuncias interpuestas por Inés y Valentina, y, finalmente, se declaró incompetente. Una vez más, se aplicó de manera irresponsable el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que define como un “delito contra la disciplina militar” y, por lo tanto, justiciable por los tribunales castrenses, cualquier acto que sea “cometido por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo”. Como era de esperarse, en el ámbito de la justicia militar el caso simplemente no ha avanzado y los delitos han quedado impunes.

Desde hace tiempo la Corte Interamericana se ha venido pronunciado a favor de la eliminación del fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos que involucren a civiles. Este criterio fue adoptado por los magistrados en el caso Radilla al señalar: “En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional (…) no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria”. El punto resolutivo número siete de la sentencia, dictada el pasado 23 de noviembre, requiere que el Estado mexicano modifique el artículo 57 del Código de Justicia Militar.

Por otra parte, este 26 de marzo, en su informe final con respecto al quinto examen periódico de México, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también exige de manera categórica al Estado mexicano “modificar su código de justicia militar con el fin de que la justicia militar no sea competente en casos de violaciones de derechos humanos. En ningún caso la justicia militar podrá juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles”.

El argumento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité de la ONU está basado en el más elemental sentido común. La justicia militar solamente debe aplicarse en los casos en que tanto la parte afectada como el presunto delincuente sean de las fuerzas armadas. En el momento en que estén involucrados civiles, las autoridades civiles deberían encargarse de la procuración de justica con el fin de tutelar los derechos fundamentales y garantizar un proceso independiente y objetivo.

De otra forma, se erige un muro de impunidad para todas las fuerzas militares. Por el simple hecho de estar vestido de militar, un soldado podría violar las leyes a su antojo. ¿Quién será castigado, por ejemplo, por el asesinato de los dos niños en un retén militar en Tamaulipas la semana pasada, o por la muerte de los alumnos del Tecnológico de Monterrey, entre otros tantos abusos?

Los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo son también emblemáticos de la discriminación institucional que tanto mujeres como indígenas sufren cotidianamente en nuestro país. Por ejemplo, dos días después de sufrir la agresión, la todavía menor de edad Valentina acudió a la clínica de salud de su pueblo, donde, al denunciar lo que le había pasado, le negaron atención médica. Fue obligada entonces a emprender un camino de ocho horas para asistir al Hospital Central de Ayutla, lugar en el que, después de una espera de 24 horas, fue examinada por un doctor que únicamente le revisó el estómago, sin realizar otros exámenes, bajo el argumento de que no se encontraba disponible ninguna doctora.

Desde que empezaron a litigar sus casos a nivel internacional, con el invaluable apoyo del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Inés y Valentina han sido sujetas a una serie de actos intimidatorios (amenazas de muerte, el intento de secuestro de uno de sus hijos, vigilancia de parte de hombres desconocidos, etcétera) sin que a la fecha el gobierno mexicano haya protegido la integridad de las denunciantes. Asimismo, las autoridades desoyeron por completo las contundentes recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ambos casos, hecho que obligó a la Corte a intervenir en el caso.

Hagamos votos para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se mantenga firme aun ante las fuertes presiones que seguramente recibirá de parte de las autoridades mexicanas, y para que, aprovechando este caso, ratifique su mensaje contra la impunidad militar. También habría que exigir al Senado de la República avanzar en la dictaminación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada por la Cámara de Diputados el 23 de abril de 2009, y a la Cámara de Diputados, hacer lo propio con otra reforma, aprobada en diciembre de 2009 por el Senado, que amplía la figura jurídica del amparo para incluir la tutela de los derechos plasmados en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. l

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