lunes, 19 de julio de 2010

Acontecer Diario


Carmen Lila Romero / Luis Alberto García

Sucesos y Sucedidos

SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®

www.cartamesoamericana.com / www.ikbalam.org

Domingo 18 de julio de 2010

SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA

Colaborador Invitado / Elecciones, crimen y moral

El abstencionismo en algunos estados donde se libra la "guerra contra el narco" es una señal preocupante

Colaborador Invitado

(18 julio 2010).- José Luis Piñeyro

Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Es difícil ubicar la importancia de la presencia, en ocasiones abierta y sangrienta o bien sutil pero igual de efectiva, del crimen profesional en los pasados comicios en 15 estados de la República donde se eligieron 12 gobernadores y mil 11 alcaldes. Esto porque la actividad delictiva tiene distintas historias regionales de corrupción gubernamental, de delitos (donde no sólo predomina el narcotráfico), de presencia militar o de mediación del gobierno federal, de fortaleza o fragilidad del tejido social, de impacto diferenciado de la recurrente y actual crisis económica y, de manera específica para estas votaciones, de la renovación o no de la esperanza de que la electoral es la vía para superar los graves problemas sociopolíticos de cada región y del conjunto del país.

Empero, existen hechos innegables que influyeron sobre el preocupante abstencionismo electoral de las recientes elecciones. En Tamaulipas, la racha de amenazas y violencia delincuencial más el asesinato del candidato priista a la gubernatura, seguro triunfador a la misma, determinó el alto abstencionismo (61 por ciento) e igualmente en Chihuahua (64 por ciento), sometida a tal racha, donde también triunfó el tricolor, pero con el agravante de que ahí se había ensayado por dos años el vejatorio Operativo Conjunto Chihuahua impulsado por el gobierno federal. Por el contrario, en Sinaloa la participación comicial (57 por ciento) fue significativa a pesar de su violento entorno estructural; ahí la promesa de la triunfante coalición PAN-PRD respecto a que la alternancia de gobierno era gran parte de la solución a tal entorno jugó un papel relevante.

A partir de los anteriores ejemplos extremos de involucramiento electoral, es necesario señalar que la estrategia criminal de violencia y amenazas persigue no sólo atemorizar y paralizar a la ciudadanía o a las policías municipales o estatales, sino determinar, no quién va a ser el gobernador o el presidente municipal, más bien el objetivo inmediato es decidir quién ocupará la dirección de seguridad pública de ambas instancias de gobierno, junto a la cadena judicial y penitenciaria. Y como objetivo de largo plazo busca desprestigiar más al elitista sistema político y económico como forma de mantener o recuperar territorios y bases de apoyo social.

La estrategia criminal apuesta más al elemento moral que al material para contrarrestar la gubernamental y represiva estrategia anticriminal de la guerra al narco, recién rebautizada por Calderón ya no como guerra sino como lucha por la seguridad ciudadana, en la que precisamente están ausentes los ciudadanos en términos de participación, supervisión y rendición de cuentas en y de las acciones anticriminales.

Con otras palabras, la estrategia anticrimen gubernamental ha descansado principalmente en tácticas represivas (arresto de capos y narcomenudistas, decomiso de drogas, armas y transportes terrestres y aéreos, destrucción de sembradíos de drogas y de laboratorios para drogas) y en el elemento material policiaco militar (más y mejor armamento y entrenamiento, equipo de transporte y comunicación), más que en el elemento moral (más y mejor adoctrinamiento de servicio ciudadano, de salarios y prestaciones sociales, de ceremonias de reconocimiento público) a nivel de policías federales (la élite), para las municipales y algunas estatales ambos elementos están ausentes. Además, la estrategia mencionada carece de tácticas (participación social real, amplia rehabilitación de drogadictos, permanente prevención de delitos, sistemática confiscación de activos financieros y de propiedades) para que sea una estrategia integral y no sólo una de carácter represivo y reactivo frente a la delincuencia.

Hoy, cuando la alianza táctica del PRD-PAN reclama que sus victorias electorales frenaron a la autoritaria aplanadora del PRI en su carrera hacia la Presidencia en 2012, nivelando así el piso para que la futura contienda se desarrolle con equidad y transparencia, los tres partidos podrían dar un ejemplo de vocación democrática de cara a la nación, abriendo un debate nacional sobre la fallida estrategia anticriminal, como primer paso para elaborar una política de Estado en seguridad pública.

Tal hazaña transexenal requeriría de la fuerza material y moral del Estado y de la fuerza moral de la nación, pues seguir por la senda de ofrecerle sólo más "sangre, sudor y lágrimas", nos colocará en dos escenarios extremos: la cercanía de un estallido social o una mayor descomposición sociopolítica y estatal. No se puede esperar hasta el 2012, ni que la iniciativa salga del gobierno de Calderón, habrá que combatir la inseguridad pública, el desempleo y la pobreza con políticas democráticas de Estado.

jlpineyro@aol.com

'La seguridad les vale madre'

Entrevista Dos meses sin Diego. José Antonio Ortega: Abogado y especialista en secuestro. Diego Fernández de Cevallos cumplió, hasta el cierre de esta edición, 61 días desaparecido

Octavio Ortega

(18 julio 2010).- A más de dos meses de la desaparición del panista Diego Fernández de Cevallos, el abogado José Antonio Ortega, especialista en secuestros y activista en contra de ese delito, afirma que este caso exhibe al Estado mexicano "humillado, fallido e impotente".

"Están más preocupados por los cambios o si van a pelear en el Tribunal lo de Yunes; no les preocupa la libertad, la seguridad de los mexicanos, ésa les vale madre", lamenta el también presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública.

Ortega muestra sus cifras del secuestro en el país, que reflejan sólo los casos denunciados: un crecimiento nacional de 146 por ciento, al pasar de 615 a mil 514 casos anuales entre 2006 y 2009, y un incremento alarmante en estados como Chihuahua, donde se pasó de cuatro a 316 casos en el mismo periodo.

Caso paradigmático

Para Ortega, autor del libro El secuestro en México (Planeta, 2008), solucionar el plagio de Fernández de Cevallos importa porque con ello se cambiaría la señal de impunidad por la de atención al problema.

"Si queremos que esto se vaya hasta arriba (el incremento en los secuestros), tienen que seguir igual. Si queremos que la señal sea que se va a capturar, investigar, perseguir a todos los secuestradores para que se inhiba esa conducta, tiene que haber un cambio de señales, pero yo no veo en este momento que vayan a mandar una señal de aliento, de esperanza al pueblo mexicano", expresa.

Para exponer la importancia y poderío de Fernández de Cevallos, el abogado narra que en 2006 el PAN recurrió a sus "buenos oficios" para convencer a los magistrados del Tribunal Electoral para que resolvieran el litigio de las elecciones presidenciales en favor de Felipe Calderón.

"Por eso es tan fuerte el que hasta a este momento no tengamos, primero, un reconocimiento de la autoridad de que se trata de un secuestro, piensan que no decirlo va a mejorar las cosas; segundo, que a más de dos meses de esta privación ilegal de la libertad con fines extorsivos no haya un avance en hechos en la investigación.

"Es por esa razón una humillación al Estado mexicano, otra es que sus socios de despacho y compañeros de partido, encumbrados en Gobernación y en la PGR, poco han podido hacer para obtener la libertad y sobre todo su vida. Por eso me parece que quienes hayan sido están mostrando un Estado fallido", sentencia.

Este secuestro, el asesinato de Rodolfo Torre Cantú -ex candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas- y el hallazgo de 12 policías federales asesinados en Michoacán, según Ortega, refuerzan la teoría de que el país se encamina a un Estado fallido.

"El secuestro lo está marcando como un Estado fallido, impotente, vergonzante; su principal obligación del Estado es darnos seguridad pública y ésa no la está cumpliendo, porque hoy la violencia es muy grave", acusa.

A pesar de que el 22 de mayo, el presidente Felipe Calderón aseguró ante 12 mil panistas en su asamblea nacional que en el futuro pelearía "muchas más batallas" a lado de El Jefe Diego, Ortega critica que desde el PAN no se demande aclarar el plagio, y apunta que el miedo está en el partido.

"Están apanicados porque ya vieron que si secuestraron a Diego pueden secuestrar a cualquiera", reflexiona.

PGR y EPR

A una semana del secuestro, el 22 de mayo, la PGR emitió un boletín en el que anunció que suspendía las investigaciones "respetando la voluntad de la familia Fernández de Cevallos"; sobre el tema Ortega reconoce la validez de la petición pero expone los riesgos que a su juicio implica.

"Dada la gravedad del secuestro y la impotencia del Estado mexicano para resolver el secuestro, la exigencia de la familia es válida en el sentido de que la prioridad es la vida de Diego Fernández de Cevallos, pero ante eso está la vida de otros 106 millones de mexicanos que estamos expuestos a un secuestro, que si no se investiga y si no se persigue y no se castiga, esa exposición que tenemos a ser secuestrados toma mayor factibilidad y se eleva el riesgo para todos", considera.

El abogado señala la posibilidad de que grupos armados cometieran el secuestro, a pesar de que el EPR ha negado la autoría del plagio en cuatro comunicados.

"Yo hablé de tres posibilidades: uno, el EPR; otro, el ERPI; y otro, Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo. Un grupo dice que no, los otros han estado callados... el que calla otorga. Además encontré un documento del EPR del 1o. de enero de 2001 donde ellos fijan su estrategia militar y en su estrategia militar hablan de cómo crear un fondo de guerra", comenta.

Ortega recuerda que el general Arturo Acosta Chaparro, atacado el 20 de mayo en la colonia Roma en la Ciudad de México, tampoco descarta que pueda ser el EPR.

Y advierte que aunque el EPR ha sido claro en respetar la tregua de acciones con las que demandan la entrega de dos de sus compañeros, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, nunca se comprometió a no secuestrar.

Claudicación

El 22 de mayo la PGR suspendió su investigación del secuestro.

Migrantes: política inexistente

Reportaje Fronteras, población y derechos humanos. México se ha convertido en la ruta de mayor flujo de migrantes en el mundo. Sin embargo, el gobierno carece de una política para atender este fenómeno. El Plan Nacional de Desarrollo reconoce las causas de la emigración de mexicanos a Estados Unidos, pero no ofrece alternativas para detener su éxodo ni para atender la inmigración proveniente de Centroamérica

Martha Martínez

(18 julio 2010).- En materia migratoria México aplica una doble moral: reclama al gobierno estadounidense respeto a los mexicanos, pero al interior del país, los centroamericanos que ingresan de manera indocumentada son víctimas de violaciones a los derechos humanos, robos, extorsiones y secuestros.

Cifras oficiales señalan que, en promedio, cada año más de medio millón de mexicanos y centroamericanos se desplazan hacia la frontera norte en su intento por llegar a Estados Unidos.

A pesar de que esta cifra convierte a México en el principal corredor migratorio del mundo, los académicos Fabienne Venet, directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, y Rodolfo Rubio Salas, investigador del Colegio de la Frontera Norte, aseguran que el país carece de una política que regule este flujo.

Los especialistas señalan que las acciones implementadas por el gobierno mexicano para atender el fenómeno migratorio con Estados Unidos son dispersas, desordenadas, ineficientes y carecen de metas claras, lo cual genera que su respuesta ante violaciones a los derechos humanos de connacionales sean tibias, tardías y desoídas.

Respecto a la frontera sur, indican que las acciones gubernamentales se centran en el control de flujos, lo que favorece la criminalización de la migración indocumentada, los abusos y corrupción de parte de agentes fronterizos mexicanos, el auge del robo y el secuestro como negocio de la delincuencia organizada, y la impunidad en esos actos.

Mientras estos problemas se agudizan, el presidente Felipe Calderón protesta por la eventual entrada en vigor de la Ley Arizona el próximo 29 de julio y demanda a la Casa Blanca y al Congreso estadounidense impulsar juntos una reforma migratoria integral.

Crisis en la frontera Sur

A nivel Centroamérica, México no ha logrado implementar una estrategia que ordene los flujos migratorios y sus métodos han sido criticados a nivel internacional por generar las mismas violaciones a los derechos humanos que México denuncia en contra de sus connacionales: muertes, robos, secuestros, violaciones sexuales, extorsiones, abusos por parte de elementos policiacos y nulo acceso a la justicia han sido documentadas por Amnistía Internacional, que ha advertido que en la frontera de México los migrantes centroamericanos se enfrentan a una verdadera crisis de derechos humanos.

Las cifras oficiales dan cuenta de que cada año más de 100 mil centroamericanos -cifras extraoficiales señalan que son más de 250 mil- ingresan al país con el objetivo de cruzar hacia Estados Unidos. La mayoría son originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras.

El Informe Especial sobre los Casos de Secuestro en contra de Migrantes, dado a conocer el año pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, revela que en seis meses cerca de 10 mil centroamericanos fueron secuestrados durante su tránsito por México.

El informe indica que en la comisión de estos delitos están involucradas bandas de la delincuencia organizada y autoridades, quienes obtuvieron alrededor de 25 millones de dólares en rescates.

A pesar de que el informe señala que diariamente son secuestrados 50 centroamericanos, hasta ahora el gobierno mexicano no ha anunciado acciones encaminadas a proteger a los migrantes.

Por el contrario, los puntos de robo y secuestro se trasladan de un lugar a otro ante la pasividad de las autoridades mexicanas.

El embajador de El Salvador en México, Hugo Carrillo, da un ejemplo de ello: "En la Arrocera (Chiapas) han disminuido sustancialmente los asaltos en los últimos cuatro o cinco meses, pero se ha movido hacia otro lado, en Chahuite (Chiapas)".

El diplomático describe otro factor que dificulta la atención integral del problema: "desde el primer día que tomó posesión Juan Sabines como gobernador de Chiapas, yo tomé el trabajo de acercarme y empezamos a platicar de la tragedia de los migrantes que pasan, en su mayoría, por el estado de Chiapas. Las autoridades federales no vieron con buenos ojos que el gobernador se interesara en el tema de los migrantes porque hay un celo", indica.

Antonio Díaz, coordinador de asesores del Instituto Nacional de Migración, admite que otro problema que enfrentan los centroamericanos es la corrupción de algunas autoridades mexicanas.

Díaz informa que en lo que va de la administración han sido despedidas del Instituto alrededor de 400 personas vinculadas con actos de corrupción, de las cuales 30 han sido encarceladas.

"Cuando recibimos el instituto pensamos que entrábamos en una institución que tenía corrupción, en la práctica también encontramos mucha gente buena, no me cabe la menor duda; unos pocos colorean el trabajo de muchos", indica.

Política reactiva con Estados Unidos

El 20 de mayo pasado, en un discurso pronunciado ante el Congreso estadounidense, el presidente Calderón señaló: "(La Ley Arizona) es una ley que no sólo ignora una realidad que no puede ser eliminada por decreto, sino que introduce la terrible idea de que la discriminación racial puede constituir la base para la aplicación de la ley".

La crítica del mandatario mexicano se dio un mes después de la aprobación de la Ley SB1070 -conocida como Ley Arizona-, la cual faculta a las autoridades estatales y locales a investigar la condición migratoria de una persona cuando se tengan sospechas "razonables" de que se encuentra de manera indocumentada en territorio estadounidense.

Una semana después de ese discurso (el 28 de mayo), el mexicano Anastasio Hernández fue golpeado por 20 agentes de la Border Patrol en el lado norteamericano del Puente Isidro-Tijuana. Tres días después murió debido al daño cerebral que le causaron las descargas eléctricas que le aplicaron los agentes a pesar de que ya estaba inmovilizado.

El 8 de junio, el joven de 15 años Sergio Adrián Hernández Güereca fue asesinado en Ciudad Juárez por un agente de la patrulla fronteriza que le disparó desde territorio estadounidense.

Fabienne Venet, directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, asegura que el discurso de Calderón -a pesar de ser elogiado en varios sectores- y estos dos hechos demuestran que lejos de contar con una política migratoria, el gobierno federal reacciona ante las contingencias.

"Hay una serie de iniciativas, pero la mayoría son coyunturales y no se sostienen en el tiempo, entonces el tema migratorio se sigue supeditando al vaivén de la relación con Estados Unidos en otros temas y de repente el tema sube de tono ante una coyuntura que generalmente es lamentable.

"Si México no desarrolla de manera firme una posición con propuestas, con una visión de largo plazo y no sostiene esa visión y esas acciones, vamos a seguir como ahora, reaccionando a coyunturas", considera la especialista.

Cifras del 2009 indican que en Estados Unidos habitan 11.9 millones de mexicanos. Según el Consejo Nacional de Población, en promedio cada año 400 mil mexicanos intentan cruzar la frontera norte; la mayoría proviene de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas. Las principales causas de la migración son la pobreza, la falta de empleo y los bajos salarios.

Los mexicanos y descendientes de mexicanos representan el grupo de personas no estadounidenses más grande de ese país; en total suman 30 millones, lo que equivale al 10 por ciento de la población.

El vaivén de la política migratoria

Venet asegura que México no ha logrado diseñar una política migratoria hacia Estados Unidos porque a pesar de que impulsó iniciativas bilaterales importantes, ninguna la sostuvo más allá de un sexenio.

Dos ejemplos: en 1997 impulsó el Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración, cuyo objetivo era tener una base común de entendimiento y de datos para abordar el tema bilateralmente; el estudio es único en su tipo, a pesar de ello no fue retomado por los gobiernos subsecuentes.

En 2006 el ex presidente Vicente Fox impulsó la Iniciativa México ante el fenómeno migratorio. Éste es el único documento que expresa una posición integral y de consenso en el tema migratorio entre el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil y la academia. Las propuestas no fueron retomadas por el presidente Calderón.

Venet advierte que por la "cultura del sexenalismo" México no ha abordado el tema migratorio de forma institucional.

"Hoy en día sigue siendo mandato de la Secretaría de Gobernación la política migratoria mexicana, a mí me parece una aberración, fue justificado en su momento... hoy obviamente el entorno ha cambiado completamente, entonces no puede estar a cargo de una institución porque es un tema que requiere de la concurrencia de secretarías encargadas de temas como el trabajo, el desarrollo social, la economía, el medio ambiente, porque ésas son las causas que generan la migración", sostiene.

Una revisión de los programas sectoriales de las diferentes secretarías de Estado y del Programa Nacional de Población muestra que el Ejecutivo federal no plantea un trabajo coordinado entre las dependencias encargadas del desarrollo social, la promoción del empleo, el desarrollo del campo o el cuidado del medio ambiente para atender la migración.

Esto, a pesar de que el Plan Nacional de Desarollo -eje de la política de gobierno- reconoce que la "carencia de oportunidades y asimetrías económicas son algunas de las causas fundamentales de la salida acelerada de capital humano al extranjero, especialmente a Estados Unidos".

Por el contrario, la política migratoria sigue relegándose a las secretarías de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración.

La imposible reforma migratoria

En su relación bilateral, México ha apostado a una reforma migratoria que es poco probable concretar al menos durante la Presidencia de Barack Obama.

Rodolfo Rubio Salas, investigador del Colegio de la Frontera Norte, recuerda que en su última visita a la Casa Blanca el presiente Calderón pidió a Obama que impulsara una reforma migratoria. La respuesta de Obama fue contundente: "no tengo 60 votos en el Senado".

Obama reiteró esta advertencia durante su primer discurso sobre la reforma migratoria el 1o. de julio pasado.

Para Rubio Salas esta respuesta es el reconocimiento explícito del presidente estadounidense de que su gobierno tiene otras prioridades como la seguridad interna, la crisis económica y la reforma fiscal.

El académico advierte que aun cuando Obama intentara impulsar una reforma migratoria, su capital político se agotó con la aprobación de la reforma al sistema de salud.

"Creo que cuando lo dijo, el presidente Obama estaba consciente de que buena parte de su capital político lo había gastado en la reforma de salud, en donde el Partido Republicano estaba contra él, había que recuperar ese capital político para comenzar a negociar y también está bastante claro que habrá una parte importante de congresistas que no solamente será difícil de convencer, sino que él cree que nunca va a poder convencer", señala.

El investigador sostiene que en el caso de que se abriera el debate sobre una reforma migratoria en el Congreso estadounidense, la negociación dependerá de qué tanto ofrezca Obama en términos de seguridad fronteriza, pues después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, la migración fue incluida en la agenda de seguridad interna de ese país.

Otro factor en contra es la elección intermedia del próximo 2 de noviembre en Estados Unidos.

"Es un tema que puede tener costos electorales, algunos políticos tal vez lo están evitando, pero también hemos visto tomas de posición muy fuertes, justamente a partir del debate que levantó la Ley Arizona", indica Fabienne Venet.

Además, advierte que la reforma migratoria no es la solución absoluta al problema, a pesar de la importancia que le ha dado el gobierno mexicano.

La especialista recomienda que la política migratoria con Estados Unidos no esté centrada en la posible reforma en aquel país, sino que el gobierno mexicano impulse acuerdos bilaterales en favor de los migrantes mexicanos y atienda a nivel interno las causas que generan la migración, como la pobreza, el desempleo y los bajos salarios.

Venet agrega que así como México demanda de Estados Unidos una reforma migratoria, debería iniciar el debate sobre la necesidad de promover al interior del país una cambios legales que proporcionen mayores garantías a los centroamericanos que ingresan por su frontera sur y permitan esbozar los primeros intentos de una política de Estado en la materia.

Migración en dos fronteras

México es el principal corredor de migrantes en todo el mundo, con medio millón de mexicanos y centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos anualmente.

Principales estados de EU receptores

California, Arizona, Nuevo México y Texas

Muy alto

Colorado, Ilinois y Florida

Alto

Nevada, Nueva York y Nueva Jersey

Bajo






Principales ciudades de cruce a Estados Unidos.

Tijuana, Baja California

13%

Nogales, Sonora

11.3%

Ciudad Juárez, Chihuahua

2.1%

Piedras Negras, Coahuila

5%

Nuevo Laredo, Tamaulipas

5.6%

Reynosa, Tamaulipas

1%






Migrantes mexicanos fallecidos en la frontera sur de Estados Unidos (de
2000 a 2004).

California

338

Arizona

1,259

Nuevo México

48

Texas

764






Principales estados expulsores de migrantes (expresado en porcentaje).

Guanajuato

14.6%

Jalisco

10.3%

Michoacán

10%






Principales rutas hacia la frontera.

Guanajuato - Nuevo Laredo, Tamaulipas
Guanajuato - Piedras Negras, Coahuila
Guanajuato - Ciudad Juárez, Chihuahua
Guanajuato - Nogales, Sonora
Guanajuato - Tijuana, Baja California
Guatemala - Reynosa, Tamaulipas


Principales países expulsores de migrantes (contribución a la migración anual).

Guatemala

42%

Honduras

26%

El Salvador

22%






Principales rutas de migrantes centroamericanos.

Guatemala - Guanajuato - Nuevo Laredo, Tamaulipas
Guatemala - Guanajuato - Piedras Negras, Coahuila
Guatemala - Guanajuato - Ciudad Juárez, Chihuahua
Guatemala - Guanajuato - Nogales, Sonora
Guatemala - Guanajuato - Tijuana, Baja California
Guatemala - Reynosa, Tamaulipas


En la actualidad, los mexicanos y descendientes de mexicanos representan el grupo de personas no estadounidenses más grande de ese país.

100% de la población estadounidense

10% es de origen mexicano

Mexicanos residentes en Estados Unidos

2009

11,800,000

2000

8,100,000

1990

4,300,000

1980

2,200,000

1970

800,000

1960

600,000





Migración anual de centroamericanos a México.

Devoluciones y rechazos de centroamericanos.*

00

190,000

157,000

02

157,000

117,000

04

259,000

221,000

05

347,000

249,000

07

169,000

118,000

09

106,000

130,000





*Cifras obtenidas de la suma de dos grupos: los retenidos por autoridades migratorias mexicanas y los retenidos por las autoridades migratorias estadounidenses.


Migración anual de México a Estados Unidos.

Migrantes mexicanos detenidos por autoridades estadounidenses.*

02

330,000

918,000

04

379,000

1,085,000

06

666,000

981,000

07

851,000

-

08

711,000

653,000

09

333,000

495,000





*Información por años fiscales (octubre a septiembre). Incluye detenidos en cruce y residentes en EU.

Fuente: Encuesta sobre Migración a la Frontera Norte de México.


Alternancia... ¿e impunidad?

Reportaje De la alianza al gobierno. Ni impunidad, ni cacería de brujas. Ésa es la oferta de los tres gobernadores que sustituirán al PRI tras 81 años de gobierno en Oaxaca, Puebla y Sinaloa

Ernesto Núñez

(18 julio 2010).- En los tres estados que perdió el PRI el pasado 4 de julio, las administraciones salientes cargan el lastre de irregularidades denunciadas por la oposición, la Auditoría Superior de la Federación y la sociedad civil.

El caso más grave es el de Ulises Ruiz, acusado de violar los derechos humanos en Oaxaca, proteger a presuntos delincuentes, desviar recursos públicos y beneficiar a sus allegados con cargos y contratos de obra pública.

El gobernador electo, Gabino Cué, fue durante la administración de Ruiz su más duro crítico. Pero a partir de su triunfo el 4 de julio ha moderado su discurso y ha evitado adelantar si procederá contra su antecesor.

"No estoy en la idea de tener un gobierno de revanchas. Sería penosísimo que con lo que ha sufrido Oaxaca yo tuviera esa actitud", dijo en entrevista con Enfoque dos días después de la elección, "tengo que promover las acciones de reconciliación, paz y armonía entre los oaxaqueños, pero eso no significa que vaya a tolerar la impunidad".

El pasado miércoles, en conferencia conjunta con los otros dos gobernadores aliancistas, matizó: "no vamos a una cacería de brujas".

El 'Góber precioso'

Mario Marín estuvo en la mira del PAN durante todo el 2006, pero en el 2007 el presidente Felipe Calderón se olvidó de su animadversión y lo arropó cuando la Corte investigó su intervención en la detención irregular de la periodista Lydia Cacho.

El escándalo de las conversaciones con Kamel Nacif opacó las que quizás sean las irregularidades más graves ocurridas en el gobierno de Marín: el sobrecosto en la construcción de hospitales, el atraso en la edificación del llamado Centro Expositor (con un gasto de mil 200 millones de pesos), la aparición de dobles contratos en el proceso de compra-venta de predios en el proyecto La Célula (con un costo de 700 millones de pesos) y la no correspondencia de cifras en la cuenta pública 2009.

Rafael Moreno Valle, gobernador electo, ha dicho que verá para adelante y que no se puede dar "el lujo" de distraer su atención en cobrar facturas.

Sin embargo, también ha ofrecido que "serán sancionados los funcionarios del actual gobierno que hayan incurrido en actos de corrupción".

Sinaloa, narcoestado

Jesús Aguilar Padilla fue señalado por distinguidos panistas sinaloenses como el responsable del crecimiento del narco en la entidad.

También fue denunciado ante la Procuraduría estatal por enriquecimiento ilícito y señalado como accionista del Grupo Viz, propiedad de Jesús Vizcarra, a quien el gobernador impulsó como candidato del PRI a la gubernatura.

Durante la campaña, el PAN, el PRD y su candidato Mario López Valdez señalaron a Vizcarra por sus presuntos nexos con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada.

La semana pasada, Malova fijó una postura ambigua sobre la posibilidad de enderezar un proceso en contra de su antecesor.

"No seré tapadera de nadie, no voy a hacer cómplice ni voy a fomentar la impunidad. No iré en una cacería de brujas, pero sí seré justo", dijo.

Nueva legalidad

El pasado 14 de julio, al firmar el documento Por un pluralismo eficaz, transparente y justo, los futuros gobernadores aliancistas incluyeron en el punto tres del manifiesto el compromiso de "actuar con estricto apego a la ley, sin rencores ni impunidad".

Al tratar de explicar esa frase, el coordinador del DIA, Manuel Camacho Solís -impulsor de las alianzas en contra del PRI- advierte que los gobernadores deberán actuar con cautela ante la posibilidad de un boicot priista.

"Cualquier cosa que hagan en contra de sus antecesores podría desestabilizar el estado o sentar un mal precedente", señala.

Para Camacho, más importante que ajustar cuentas con el pasado será el rumbo que se le dé a estos gobiernos, con una nueva legalidad, mejor rendición de cuentas y la apertura de espacios para la participación ciudadana.

"Los gobernadores electos hablan de no ir a una confrontación, sino a la reconciliación, pero la reconciliación tiene que darse, no sobre la base de rencores, pero tampoco sobre la base de impunidad. Ahí la parte legal tendrá que operar y muchas decisiones no serán de los gobernadores, sino de la autoridad judicial", explica.

En la mira

Oaxaca

· Gobernador electo: Gabino Cué Monteagudo (PRD-PAN-PT-Convergencia y apoyo de último momento del Panal).

· Gobernador saliente: Ulises Ruiz.

· Desde su campaña se le acusó de encubrir a los asesinos del maestro Serafín García, quien murió a manos de priistas en el municipio de Huautla en julio del 2004. Se le atribuyó la represión al movimiento magisterial en julio del 2006 que dio pie al conflicto con la APPO en el que se registraron decenas de desaparecidos y algunos asesinatos, como el del periodista Brad Will.

En su facultad de investigación 1/2007, la Suprema Corte de Justicia lo responsabilizó por las violaciones graves de garantías individuales durante ese conflicto.

La desaparición de dos miembros del EPR en mayo del 2007. La protección a los responsables de los abusos sexuales contra niños en el Instituto San Felipe. La muerte de dos trabajadoras de una radio comunitaria indígena en 2008. La muerte de dos personas en una emboscada a una caravana humanitaria en San Juan Copala. Múltiples irregularidades y retrasos en obras públicas. El beneficio a allegados con cargos y contratos. Todo esto fue parte de su gobierno.

Puebla

· Gobernador electo: Rafael Moreno Valle (PAN-PRD-Convergencia-Panal).

· Gobernador saliente: Mario Marín.

· Fue señalado por sus nexos con la red de pederastia de Succar Kuri, a través del empresario Kamel Nacif, quien financió su campaña y cuyas conversaciones con el gobernador fueron grabadas y hechas públicas en febrero del 2006. El hoy presidente Felipe Calderón fue el primer promotor del juicio político en su contra cuando estaba en campaña por la Presidencia (marzo del 2006). La SCJN también investigó el caso y, aunque lo exoneró, señaló múltiples irregularidades en la detención y traslado a Puebla de la periodista Lydia Cacho.

Sinaloa

· Gobernador electo: Mario López Valdez (PAN-PRD-Convergencia).

· Gobernador saliente: Jesús Aguilar Padilla.

· Señalado por haber dejado crecer el narco en el estado durante su gobierno. En plena campaña electoral el PAN lo denunció por enriquecimiento ilícito y exhibió documentos que demuestran la adquisición de bienes inmuebles en fraccionamientos de Culiacán y Navolato que no pudo adquirir con su sueldo como gobernador.

Los milagros de 'La Furia'

Crónica Política y futbol. España transitó, aunque fuera momentáneamente, de la crisis a la catarsis; de la división a la unión provocada por un milagro: el del futbol. La audiencia de la final contra Holanda fue la más alta en la historia de la televisión española

Jésica Zermeño

(18 julio 2010).- MADRID.- Los españoles querían que su selección viera su agradecimiento apenas sintieran bajo los pies el suelo de su patria, tras tocar el cielo el domingo pasado, en el Soccer City de Johanesburgo. Un mensaje inscrito en una lona gigante esperaba a La Furia Roja en el aeropuerto de Barajas el pasado lunes. "Bienvenidos a un país más feliz. ¡Gracias!", se leía en el espectacular de 42 metros cuadrados colgado de una de las paredes de la terminal aeroportuaria para que los 23 héroes españoles recién consagrados campeones del mundo pudieran verlo con toda claridad.

Apenas los pupilos de Vicente del Bosque llegaron a Madrid, todo fue fiesta, una celebración de dimensiones inusitadas en un país acostumbrado a esperar el fracaso cada cuatro años. La capital española fue tomada por una marabunta roja que se arremolinaba en las inmediaciones de la ruta donde pasarían los nuevos ídolos montados en un autobús descapotable, tras visitar a los Reyes en el Palacio Real, y al presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de la Moncloa. Justo ahí comenzó la caravana que congregó a la multitud más grande que haya visto esta ciudad jamás, caravana que tardaría cuatro horas en recorrer nueve kilómetros, hasta la explanada del Puente del Rey, junto al río Manzanares, porque se abría paso en inmensas calles donde no cabía ni un alfiler. Todos querían ver la Copa, y agradecer por la gloria. ¿Cifras? Los más conservadores aseguran que fueron 500 mil personas; los más entusiastas dicen que fueron casi 2 millones los que tomaron las calles. Sólo los que estuvieron ahí pueden dimensionar la grandeza de lo que vieron.

La celebración era la culminación de las muestras de agradecimiento que ha hecho el pueblo español a un equipo que les regresó la alegría desaparecida en los últimos meses por la crisis económica, la corrupción política y los ánimos independentistas. Celebración que comenzó desde el domingo, tras el juego final, cuando 750 mil almas se congregaron para festejar el triunfo de La Roja en la Glorieta de Cibeles y el Paseo de Recoletos, en Madrid, y las 20 mil que lo hicieron en la Avenida María Cristina, en Barcelona. Esos que esperaron con impaciencia en las calles el transcurrir de los 120 minutos de vida o muerte, bajo un sol de 37 grados que derretía, gritaron, sufrieron y después volaron como recompensa.

Porque en este país, que se mueve según vaya el balón, con una de las ligas más potentes de balompié en todo el orbe y dos de los equipos más poderosos del planeta, el Barsa y el Real Madrid, y que aporta en cada Mundial un gran número de jugadores -en Sudáfrica fueron 53, 36 de ellos extranjeros, repartidos en la mitad de las selecciones que participaron-, se corona hasta hoy por primera vez, incomprensiblemente. El adelanto de esta victoria, la Eurocopa 2008, hizo soñar a toda España con un triunfo planetario. Y el equipo les hizo el sueño el domingo pasado, un sueño que va más allá del futbol, y que algunos juran que les cambiará la suerte.

El país de las glorias deportivas individuales, lugar de nacimiento de los números uno del tenis (Rafael Nadal) y el basquetbol (Pau Gasol), destacadísimo en ciclismo (Alberto Contador) y automovilismo (Fernando Alonso), ahora conseguía su primer gran triunfo colectivo. Nadie duda de que es la época de oro del deporte nacional. La felicidad casi se palpa.

Empleos, no goles

Si había un país de la Unión Europea que necesitara buenas noticias este verano para olvidar aunque sea por unos días su precaria situación, ése era España.

En mayo de 2009 el país gobernado por Zapatero ya tenía el deshonroso primer lugar en desempleo entre los 27 euromiembros, con un 17.9 por ciento de la población económicamente activa. Peor aún, tenía ya el desempleo juvenil más alto de toda la zona: 37.6 por ciento de los jóvenes entre 15 y 24 años estaban sin trabajo. Esos números no han mejorado. Según el último reporte de la oficina estadística comunitaria, correspondiente a mayo pasado, las cifras empeoraron: 19.9 por ciento de paro general, 3.9 millones de personas sin trabajo. Sólo Estonia, que se integró a la Unión Europea en 2004, tiene más desempleo que España, que se integró en 1986.

En el 2010 el desempleo juvenil se incrementó aún más, y en eso nadie le gana a los españoles: el 40.5 por ciento de los jóvenes no tiene trabajo. Por eso, en las celebraciones madrileñas por La Roja era común ver a chavales con los torsos desnudos y banderas rojiamarillas en la espalda, que confesaban con pesar que su única ocupación era festejar por el triunfo. "La copa está bien, pero preferiría tener un empleo, sin duda, aunque no hubiera copa", dijo Alberto González, un joven parado de 24 años con estudios universitarios terminados, mientras aguardaba el paso de la selección en la Glorieta de San Vicente.

"Con 40 por ciento, el desempleo juvenil en España no es sólo alto; es una vergüenza del sistema entero", se leía en The Economist en su edición del pasado 8 de julio.

Los altos índices de desempleo y la tardanza gubernamental para poner en marcha medidas de ajuste que contuvieran la crisis -la economía española fue la última en dejar la recesión dentro de la eurozona- arrinconaron al gobierno de Zapatero a impulsar el mayor plan de ajuste que la España en democracia haya visto. El plan, que pretende reducir 15 mil millones de euros del déficit entre 2010 y 2011, fue aprobado por el Pleno del Congreso el 27 de mayo, y contempla, entre otras medidas, la reducción del sueldo a los funcionarios públicos en un 15 por ciento, la congelación de las pensiones y la reducción de la inversión pública. Su aprobación ha provocado descontento, amenazas de huelga general, duros ataques de la oposición y el desplome en la popularidad del Presidente. Pero no fue suficiente para Bruselas, que apenas un mes después de aprobado pidió nuevas medidas para ahorrar por lo menos otros 8 mil millones de euros más para 2011. El equipo de Zapatero ahora negocia la reforma laboral y la de las pensiones para intentar cumplir con los requerimientos de la unión.

Por eso, el Presidente del gobierno no dudó en salir del Palacio de la Moncloa el lunes y caminar hasta el autobús donde viajaba la selección para saludar con abrazos efusivos a cada uno de los jugadores, en saltar frente a las cámaras cuando toda la selección botaba en el evento preparado para ellos en la sede del Gobierno, en agradecer con un discurso por la copa. Necesitaba los abrazos, y algo de las sonrisas que todos tenían, aunque no fueran para él.

Lo cierto es que la coronación de España en el futbol ha sido un bálsamo que, por lo menos, hace que todos vean con mejor cara el futuro del país. Tras el triunfo, los medios de comunicación se apresuraron a presentar analistas económicos que disertaban sobre cómo impactaría el triunfo en el PIB, cómo habría más inversión, cómo las calificadoras serían más benignas con el país. Todos creen que lo positivo se notará en los números.

Una sola España

El futbol también superó a la política, lo que tiene entusiasmado a más de uno. No sólo porque hizo olvidar que siguen descubriéndose detalles de la trama de corrupción política más grande que se haya conocido jamás entre la clase política española, el Caso Gürtel (una red de sobornos que involucra a políticos del Partido Popular) que dominó el debate político por meses y que a veces pareciera infinita, porque siguen apareciendo involucrados. O porque dejó en segundo plano la polarización en que quedó sumido el país entre simpatizantes y no simpatizantes del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, separado de su cargo el pasado 14 de mayo para enfrentar un juicio por haber iniciado la investigación de los crímenes del franquismo. También dejó ver una sola identidad, la de España.

Las muestras de unidad se aparecieron espontáneamente. Fue uno de esos daños colaterales que deja el arte del balompié. El domingo, durante el emocionante juego final, cuando los hinchas que estaban en el Paseo de Recoletos ya se encontraban desesperados por no ver llegar el gol, se escucharon cánticos que, hace unos años, hubiera sido imposible escuchar. "Yo soy vasco, yo soy español", comenzó a corear un grupo de jóvenes, algunos de ellos enfundados en la bandera rojiamarilla. "Yo soy vasco, yo soy español", los siguieron algunos en un tímido coro. En ese mismo momento, a más de 500 kilómetros de distancia, en Barcelona, las estelades (banderas catalanas) que fueron ondeadas un día antes, en la manifestación independentista más importante en la historia de Cataluña, fueron sustituidas por la bandera española. Alrededor de 75 mil aficionados vitoreaban el ya clásico "yo soy español, español, español" sin empacho y sin recordar ni por asomo las consignas antiespañolas escuchadas apenas 24 horas antes en el Paseo de Gracia. En un país marcado históricamente por los orgullos regionales no había ánimos nacionalistas que pudieran con los ánimos de gol. Nada más y nada menos en una nación donde varias naciones buscan institucionalizarse.

El domingo, antes del partido de su vida, Del Bosque respondió en conferencia de prensa a un periodista que le preguntó al estoico director técnico si las hazañas del equipo español tendrían efectos políticos en las tensiones entre el gobierno central y los gobiernos de las autonomías. Fue claro: "nosotros en la selección tenemos jugadores de distintas comunidades y la unión que tenemos aquí sería deseable para todo el país. Estos acontecimientos pueden ser buenos para que en España se relativice todo un poco más y para que exista una mejor relación entre las comunidades". El mensaje fue poderoso, pues era de él. Estos días, quienes nacieron en España eran españoles, no gallegos, asturianos, cántabros, riojanos, castellanos, aragoneses, catalanes, extremeños, valencianos, vascos, murcianos, andaluces, baleares, canarios, ceutíes o melilleses. Sólo españoles. Porque todos le debían la gloria lo mismo al catalán Puyol, que al manchego Iniesta o al asturiano David Villa.

El equipo comandado por Iker Casillas hizo un milagro más: la bandera española dejó de ser el símbolo de la ultraderecha española -fue la bandera adoptada por el partido de Franco, aunque con otro escudo- para convertirse en la bandera de todos. "En nuestra generación veíamos la bandera y mirábamos para otro lado", explica emocionada Charo Nogueira, editora del diario El País, "y ahora mi hija, que tiene 14 años, se hizo una pulsera con los colores de la bandera, y todo por la selección. Jamás creí ver eso en mi vida". Nada más había que caminar en las calles del centro de la ciudad por dos minutos para comprobar el fenómeno: en todos lados y en todas las presentaciones, la bandera estaba presente.

Vicente Hernández, un madrileño que nació en la década de los cincuenta, cuando todavía la dictadura franquista era pan de todos los días, ondeaba orgulloso una bandera gigante el lunes en la entrada a la explanada del Puente del Rey, cuatro horas antes de que la selección llegara a ese lugar, donde terminaría su recorrido por la ciudad. "La mejor muestra de que la bandera ya no es más posesión de la derecha, de que ya la ideología no es parte del cáncer que podría acabarnos, está aquí". Vicente señaló la explanada, llena a tope. Cientos de banderas ondeando. "Ojalá que esto se mantenga más allá del futbol y del verano, porque todos somos españoles. Si esto nada más se ve por un rato, vamos a estar perdidos pronto".

Sea lo que sea que pase en el futuro, los españoles vivirán lo que Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo madrileño del flamante Siglo de Oro, describió como nadie: "el caer no ha de quitar la gloria de haber subido".

La cultura política

(18 julio 2010).- Téngalo presente

Nuevas iniciativas sobre la legislación de los medios de comunicación en América Latina, experiencias y desafíos. Foro con Beatriz Solís Leree, Manuela Gumucio, Aleida Calleja y otros. Lunes 19, 9:00 horas. Torre del Caballito, Paseo de la Reforma 10, sala Heberto Castillo. Inf. http://bit.ly/clBv95 y 5130 2200

Conferencias

Buenas noticias para envejecer. Patricia Kelly. Organiza la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer A. C. Lunes 19, 19:30 horas. Casa Natura Florida. Vito Alessio Robles 24. Florida. Informes: 5553 0109 ext. 212.

La mara salvatrucha. La experiencia en investigación y en combate. Miguel Antonio Mejía Martínez. Martes 20, 12:00 horas. Auditorio Alfonso Quiroz Cuarón del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Magisterio Nacional 113, Tlalpan. Informes: 5487 1500, ext 1565.

Convocatorias

Género y justicia. Concursos de ensayo, reportaje escrito y documental. Enfocados al acceso a la justicia de las mujeres y a la violencia de género. Convocan la Coordinación de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación y la Dirección de Equidad de Género de la SCJN. Bases http://bit.ly/9kTDhz. Informes: 1719 3600 ext. 1074.

Exposiciones

En pie de foto. Cien miradas desde el dolor. El terrorismo, crimen contra la humanidad. Fotografías periodísticas de todo el mundo en torno a actos terroristas. Los pies de foto son de Mario Vargas Llosa, José Saramago, Javier Marías, Ángeles Masttreta, Rosa Montero, Juan Goytisolo, entre otros. Sala de Exposiciones temporales del Memorial del 68. Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco. Informes: 5583 0960.

Zapata en Morelos. Muestra que da cuenta de la influencia iconográfica de Zapata en el contexto nacional y reúne objetos personales del caudillo, fotografías, documentos, pinturas y audiovisuales. Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Primera sección del Bosque de Chapultepec. Informes: 5061 9200.

Libros

Desigualdad social y ciudadanía precaria ¿Estado de excepción permanente? de Víctor Manuel Durand Ponte. UNAM y Siglo XXI. Estudio académico que profundiza en la relación entre la exclusión, la desigualdad social y el ejercicio de la ciudadanía.

Finanzas Públicas en México. Juan Amieva-Huerta. Porrúa. Análisis de finanzas públicas que aborda en siete capítulos el tipo de impuestos en el país, la administración tributaria, el gasto público, las relaciones fiscales intergubernamentales, los sistemas de pensiones públicos y el marco legal bajo el que operan, entre otros temas.

Reflexiones sobre la violencia coordinado por José Sanmartín Esplugues, Raúl Gutiérrez, Jorge Martínez y José Luis Vera. Siglo XXI. Análisis científico del concepto de violencia, sus factores de riesgo y las clases que hay, así como el tipo de víctima y de agresor.

Secularización del Estado y la sociedad coordinado por Patricia Galeana. Siglo XXI. Trabajos académicos sobre el papel del laicicismo en la conformación de un Estado democrático de derecho y su influencia en la instrumentación de las leyes y políticas públicas del México contemporáneo.

Siete herramientas para apagar una crisis de gobierno de Mauricio Vengoechea. Lemoine editores. Texto que propone una metodología para prevenir, controlar y evitar una crisis gubernamental.

Presentaciones

La cárcel desde adentro. Entre la reinserción social del semejante y la anulación del enemigo de Gerardo S. Palacios Pámanes. Porrúa. Pedro José Peñaloza, Ruth Leticia Villanueva Castilleja y Celina Oseguera Parra. Jueves 22, 18:00 horas. Auditorio Alfonso Quiroz Cuarón del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Magisterio Nacional 113, Tlalpan. Informes: 5487 1500, ext 1565.

Revistas

Confluencia XXI No. 10. Publicación del PRI que dedica su número a la Independencia de México, su soberanía y seguridad nacional. Escriben Jesús Kumate Rodríguez, Daniel E. Herrendorf, Raúl Arroyo, César Benedicto Callejas, entre otros.

Seminarios

Derecho de aguas en el siglo XXI: coordinación y actores en la gestión. Antonio Embid Irujo, Boris Graizbord, Vicente Ugalde, Judith Domínguez, entre otros. Martes 20, 10:00 horas. Auditorio Alfonso Reyes de El Colegio de México. Informes: 5449 3000, ext. 4080.

Ikeda: por la paz, la sustentabilidad y los derechos humanos. Carlos Durand y David Chacón. Miércoles 21, 14:30 horas. Auditorio K-001 de la UAM Azcapotzalco. Informes: 5318 9119.

Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245; correo electrónico: enfoque@reforma.com.

REVISTA PROCESO No.1759

Poderoso y en la sombra

Ricardo Ravelo

Nacido al amparo de Amado Carrillo Fuentes y considerado entre los más importantes líderes del cártel de Sinaloa, Ignacio Coronel Villarreal en dos decenios se convirtió en uno de los principales capos del narcotráfico del país y tiene, según las autoridades, poder suficiente para crear su propio cártel. La DEA y el FBI consideran incluso que el antiguo socio de los hermanos Beltrán Leyva, con quienes hoy protagoniza cruentas batallas en el estado de Jalisco, ha gozado de impunidad a lo largo de su carrera criminal.

En poco más de dos décadas, Ignacio Nacho Coronel Villarreal se consolidó como el cuarto hombre más importante del cártel de Sinaloa y logró ampliar sus actividades de trasiego de droga a gran escala hacia Sudamérica, Estados Unidos y varios países europeos, que hoy son las principales rutas de su boyante negocio.

Robert Mueller, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), incluso elaboró una ficha criminal en la que destaca que, por su gran capacidad, Coronel Villarreal puede constituir su propia organización criminal en un corto tiempo.

Conocido también como Ignacio Valdez Urrutia, Dagoberto Rodríguez Jiménez, Nachito, El Ingeniero y el King of Ice, el capo forma parte de la llamada Federación de Narcotraficantes que encabeza Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, a quien en marzo de 2009 la revista Forbes convirtió en multimillonario al atribuirle una fortuna de mil millones de dólares.

Al igual que sus pares, Coronel Villarreal es sigiloso y suele cobijarse en el misterio. Algunos documentos oficiales consignan que nació el 1 de febrero de 1954, aunque no mencionan el lugar. La PGR sostiene que es originario de Canelas, Durango, pero un reporte del FBI fechado el 17 de abril de 2003 –cuando se ofreció una recompensa de 5 millones de dólares a quien proporcionara datos para su captura– indica que es oriundo de Veracruz.

Aunque son pocas las fotografías de Coronel Villarreal, el FBI incluye una en la que se le observa de barba cerrada y vestido con una camisa y un sobretodo oscuros. La imagen va acompañada de la descripción física del capo: pelo castaño, ojos cafés, raza “blanco hispano” y 143 libras de peso. ¿Su oficio?: “Hombre dedicado a los negocios”.

En los ochenta, cuando Coronel inició su carrera delictiva, era el cabecilla del cártel de Juárez en Zacatecas. Trabajaba entonces a la sombra de Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, y de Eduardo González Quitarte, El Flaco, quien fue publirrelacionista de esa organización criminal hasta 1997.

Tras la muerte de Carrillo Fuentes, Coronel Villarreal, Juan José Esparragoza Moreno El Azul e Ismael El Mayo Zambada se desligaron de ese cártel para sumarse al de Sinaloa, que recobró su poder en 2001 luego de que El Chapo Guzmán se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco.

En aquella ocasión, junto con Luis Valencia Valencia, cabeza del cártel del Milenio, y Óscar Nava Valencia, El Lobo –ambos vinculados con los hermanos Beltrán Leyva–, Coronel protegió al Chapo. Años después, cuando los Beltrán Leyva rompieron con Guzmán Loera, Nacho Coronel se mantuvo firme en el cártel de Sinaloa. Hoy, sin embargo, opera en El Molino, un municipio cercano a la ciudad de Zapopan, Jalisco, según datos de la PGR.

No obstante su filiación al clan sinaloense, la Drug Enforcement Administration (DEA) y el FBI sostienen que desde la década pasada Coronel consolidó su poder y es capaz de “operar con luz propia”.

“Ha incrementado su poder desde la década de los noventa y ahora es la cabeza de una célula poderosa en México, trabaja directamente con fuentes de abastecimiento colombianas que lo surten de cientos de toneladas de cocaína”, según la ficha criminal elaborada por las autoridades de Estados Unidos.

El despegue

Hábil en el trasiego de droga, Nacho Coronel amplió su abanico de actividades en los últimos años: hoy, además de cocaína, trafica con metanfetaminas y cuenta con decenas de laboratorios clandestinos a lo largo del territorio nacional, lo que le permite controlar más de 50% de la producción de drogas sintéticas, según la DEA.

En investigaciones federales se le menciona incluso como presunto socio del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, acusado de introducir efedrina al país con apoyo gubernamental y a quien se le decomisaron 205 millones de dólares en 2007, al parecer producto del narcotráfico, en un cateo a su residencia de Las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Formado a la sombra de Carrillo Fuentes, Coronel también supo abrevar de los hermanos Beltrán Leyva, pero cortó con ellos en enero de 2008, cuando decidieron separarse del cártel de Sinaloa. Según el FBI, Coronel “promueve sus actividades de narcotráfico por medio del soborno, la intimidación y la violencia”.

A pesar de que Coronel se inició en el negocio del narcotráfico desde muy joven, no fue sino hasta diciembre de 2003 cuando la Corte del Distrito Oeste de Texas lo acusó por primera vez de tráfico de sustancias ilegales y de conspiración para poseer e importar precursores químicos controlados, con el presunto fin de producir drogas sintéticas, uno de sus prósperos negocios.

Según la ficha de búsqueda del FBI difundida en Estados Unidos, Coronel se convirtió en años recientes en el capo que mejor compite en la producción y distribución de sicotrópicos sintéticos.

Los organismos estadunideses lo llaman King of Ice o King of Crystal, un apelativo que no usan sus allegados, quienes prefieren llamarlo El Ingeniero Coronel Villarreal, Nacho Coronel o Nachito Coronel: en el mundo donde él se desenvuelve lo conocen como El Cachas de Diamante, al parecer por su afición a las armas recubiertas de oro o diamantes, el sello distintivo de los empresarios del narco y sus poderosos sicarios.

La PGR asegura que, como engrane del cártel de Sinaloa, Nacho Coronel controla buena parte del Pacífico mexicano desde el occidente. Su feudo, agrega la dependencia, es el estado de Jalisco, cuna de capos famosos, como Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo; cuenta también con el apoyo de cuerpos policiacos y elementos del Ejército en Durango, Sonora, Michoacán, Guerrero y otras entidades del sur del país.

Durante la etapa de esplendor de los hermanos Héctor y Arturo Beltrán Leyva, cuando aún eran parte del cártel de Sinaloa, Coronel gozó de la protección oficial, pues se mantuvo a la sombra del poder. Algunos de sus socios en el lavado de dinero son beneficiarios de programas gubernamentales destinados al campo y a la ganadería.

Entre ellos destacan los hermanos Jesús Raúl, Francisco Amado y Marco Antonio Beltrán Uriarte, también de Sinaloa, quienes a pesar de estar señalados como lavadores de dinero proveniente del narcotráfico, durante el sexenio de Vicente Fox recibieron apoyo de cuatro programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

En diciembre de 2006, el semanario Zeta de Tijuana publicó un reportaje en el que mencionó que los hermanos Beltrán Uriarte fueron detenidos por el Ejército tras el cateo a tres inmuebles, en los que se hallaron 2 millones de dólares y poco más de 1 millón de pesos en efectivo.

Poco antes del arresto de los tres hermanos Beltrán Uriarte, inteligencia militar identificó a Jesús Raúl como el operador de Coronel en el trasiego de droga vía marítima y aérea desde Centro y Sudamérica.

Documentos de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública federal señalan que los Beltrán Uriarte son oriundos de Angostura, Badiraguato y Mocorito, Sinaloa; otros familiares suyos se afincaron en Guadalajara, donde hoy son parte del entorno que controla Coronel.

A los Beltrán Uriarte se les ha identificado desde hace años con el blanqueo de capitales, aunque ellos lo niegan. Dicen que su fortuna proviene de sus prósperos negocios ganaderos y agrícolas, que en realidad son empresas fachada, según los expedientes federales.

Otro de los hermanos Beltrán Uriarte, Miguel, conocido como El Veterinario, está incluido en la averiguación previa 2984/2002 por su presunta vinculación con el llamado narcobatallón militar que en octubre de 2002 fue desmantelado en Guamúchil, Sinaloa, por brindar protección al narcotráfico, en particular a la célula de los Beltrán Leyva y del propio Coronel.

A pesar de esos antecedentes, los Beltrán Uriarte aparecen en el padrón de productores que se benefician de los programas oficiales destinados al campo. Según el semanario Zeta, en 2004 Francisco Amado recibió subsidios del Procampo para cultivar 70 hectáreas de pasto perenne de temporal. Su folio era el 500718268.

Su hermano Miguel cultivó tres hectáreas de sorgo. Su folio en el Procampo era el 500718278; Jesús, otro miembro del clan, sembró siete hectáreas de maíz de temporal. Es beneficiario de ese programa gubernamental y su número de registro es 500718280.

Y a la par que las actividades ganaderas de los hermanos Beltrán Uriarte estaban en pujanza, se consolidó su relación con Nacho Coronel, por lo que se mudaron a Jalisco, donde presuntamente invirtieron buena parte de sus ganancias ilícitas.

Los exsocios

Todo iba bien para Nacho Coronel y sus aliados en el cártel de Sinaloa hasta que a principios de 2008 decidió romper relaciones con sus antiguos mentores, los hermanos Beltrán Leyva, por discrepancias en una operación que Coronel terminó por controlar. Poco después, los Beltrán Leyva anunciaron su salida del cártel de Sinaloa.

Esa ruptura puso al descubierto las relaciones que esa organización mantenía con el poder político desde hace años, en particular con altos mandos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

La PGR se enteró de esa división por el testimonio de Fernando Rivera Hernández, un capitán del Ejército que hoy está en retiro. Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/166/2009, Rivera Hernández, presunto protector de los hermanos Beltrán Leyva, cuenta que el pleito entre éstos y Coronel era tan fuerte que incluso Arturo Beltrán, El Barbas, ordenó ejecutar a su rival.

La orden de Arturo Beltrán Leyva era “pagar lo que fuera necesario a nuestros contactos para hacer ese jale pendiente con Nacho Coronel y ayudar al gobierno a que capturaran al Chapo Guzmán”, relata el militar en la indagatoria citada.

Y agrega. “En febrero de 2008, El Diecinueve, un sicario al servicio de los Beltrán Leyva, al que le apodaban así porque había perdido una falange, me pidió que junto con mi grupo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada nos dedicáramos a la búsqueda de Nacho Coronel, ya que este narcotraficante y su gente habían traicionado a don Arturo Beltrán, y que por ello querían cobrar venganza”.

Rivera Hernández asegura también que por ese trabajo los Beltrán Leyva le iban a pagar 350 mil dólares. Aunque aclara: “Nunca se realizó ese jale”. Pese a esos antecedentes, durante 2008 y 2009 Coronel nunca fue molestado por ninguna autoridad; por el contrario, fueron Los Zetas los que intentaron asesinarlo en varias ocasiones.

Tras su salida del cártel de Sinaloa, los hermanos Beltrán Leyva se acercaron a Los Zetas y, juntos, se apropiaron de Durango. Con ello se intensificó la guerra entre los cárteles por el control de otros territorios, como Jalisco, Michoacán y Guerrero. A la par, se desataron las matanzas y las traiciones.

Apenas a principios de abril, por ejemplo, presuntos sicarios de Los Zetas, los nuevos aliados de los Beltrán Leyva, asesinaron a Alejandro Coronel, de 16 años. La PGR informó que el joven era hijo del capo y que había sido secuestrado poco antes de su ejecución.

Sicarios al servicio de Coronel contraatacaron. En Nayarit asesinaron a 10 personas e incineraron sus cuerpos para evitar que las autoridades las identificaran; semanas después levantaron en Sonora a Clara Elena Laborín Archuleta, esposa de Héctor Beltrán Leyva, El H.

Coronel le perdonó la vida. Y dejó un narcomensaje en el lugar donde la liberó, dirigido a El H: “Nosotros te vamos a enseñar a ser hombre y a respetar a la familia, asesino de niños. Aquí está tu esposa, por la que te negaste a responder: te la entrego sana y salva para que veas y aprendas que para nosotros la familia es sagrada”.

En marzo último, el entorno de Coronel comenzó a ser golpeado después de varios años de inmunidad. José Antonio Escareño Aviña, El Pelón, exsocio de los hermanos Valencia y operador de Coronel, fue capturado por elementos de la Policía Federal en Puerto Vallarta, Jalisco.

Buscado por la DEA y el US Marshals Service, en Estados Unidos a Escareño Aviña se le considera pieza clave en la exportación de drogas sintéticas de México, donde contaba con amplias conexiones desde 1992.

Coronel también fue golpeado el pasado 21 de enero, cuando cuatro integrantes de su banda: Raymundo Larios Vizcarra, Ernesto Coronel Peña, José Jaime y Juan Ernesto Coronel Herrera –estos tres, familiares del capo–, fueron detenidos. Se les acusó de lavado de dinero y delitos contra la salud.

Rumores

Las luces intermitentes se encendieron el 20 de mayo, cuando circuló en los medios jaliscienses la versión de que en Zapopan había sido detenido Nacho Coronel por agentes de la SIEDO y un grupo de marinos. El secretario de Gobierno del estado, Fernando Guzmán Peláez, alimentó el rumor al declarar: “Sí, podría estar detenido Nacho Coronel”; pero luego se desdijo: “No podemos confirmar ni descartar nada”.

Al final se supo que la Secretaría de Marina y la PGR habían realizado un operativo conjunto en el municipio de Juanacatlán y en la zona metropolitana de Guadalajara para detener a Coronel y a sus secuaces, pues el capo tiene dos órdenes de aprehensión giradas por los jueces de distrito Tercero y Cuarto, respectivamente, en el penal de Puente Grande, Jalisco.

Una de esas órdenes de captura es con fines de extradición a Estados Unidos, donde tiene cuentas pendientes con la justicia. En ese país se le acusa de varios delitos relacionados con la delincuencia organizada, así como de privación ilegal de la libertad, secuestro, enriquecimiento inexplicable y lavado de dinero, según confirmó el reportero en la SIEDO.

Casi de manera simultánea, el 21 de mayo otro escándalo sacudió al país: el secuestro de Diego Fernández de Cevallos. Al principio la PGR guardó silencio, sobre todo ante las versiones de que tras el plagio del exsenador panista estaba el cártel de Sinaloa y que la organización intentaba forzar al gobierno para que entregara a Coronel.

Los días posteriores, inmersa en una maraña de versiones encontradas, la PGR aclaró que Coronel no estaba detenido, pero que sí realizó varios operativos para capturarlo. Hoy, a dos meses, se desconocen los pormenores de la supuesta detención de Coronel y del plagio de Fernández de Cevallos, quien, según sus captores, aún está vivo, como informó La Jornada el jueves 15.

Sobre este punto, el investigador Edgardo Buscaglia, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, comenta que en México el crimen organizado es tan poderoso que existe la posibilidad de que el narco fuerce al gobierno a soltar capos a cambio de la liberación de políticos secuestrados.

–¿Podría ser el caso de Diego Fernández de Cevallos? –se le inquiere.

–No lo sé, pero en un país donde las redes criminales mantienen secuestrados a los hombres del poder político y han feudalizado amplios territorios, todo es posible. l

La segunda guerra por el sur

Ezequiel Flores Contreras

En Morelos y Guerrero, a la vuelta de la esquina, colgando de los puentes o en el fondo de las minas, se encuentran muertos por montones, evidencias de la batalla de los sicarios de La Barbie contra los de El H por dominar el territorio. Igualmente criminal es el desgobierno, ya que autoridades guerrerenses y oficiales de las fuerzas federales son señalados como cómplices de alguna de las facciones en pugna.

CHILPANCINGO, GRO.- Nuevos señalamientos contra autoridades locales, militares y de la Marina sobre la presunta protección que brindan al cártel de los Beltrán Leyva presagian mayor convulsión en Morelos y en Guerrero.

Los enfrentamientos armados entre dos facciones de la organización están erosionando a las dos entidades, ante la incapacidad y aun la complicidad de varias instancias de gobierno y de seguridad. La situación alcanza ya niveles alarmantes, especialmente en Guerrero, cuyo proceso para renovar la gubernatura culmina con la elección en enero de 2011.

Ciudades de ambos estados, desgarradas por las balas y convertidas en cementerios clandestinos, constituyen el escenario de la pugna que desde enero libran Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Héctor Beltrán Leyva, El H, por el control del corredor Acapulco-Cuernavaca.

La disputa por el mando del cártel de los Beltrán Leyva comenzó poco después de diciembre del año pasado, cuando murieron el jefe de esa organización delictiva, Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de jefes, y sus principales operadores en las dos entidades, Jesús Nava Romero, El Rojo, y Miguel Ángel Araujo, El Buche, al enfrentarse con infantes de Marina.

El martes 13, el periódico Reforma publicó que Jesús Basilio Araujo, El Pollo o La Piyeya –jefe de sicarios de Jesús Nava, El Rojo–, detenido el 18 de diciembre de 2009 en Jiutepec, Morelos, declaró ante el Ministerio Público federal que al menos tres alcaldes de zonas caracterizadas por la producción y el tráfico de drogas en Guerrero, así como varios oficiales de las policías ministerial y municipal han brindado protección a los Beltrán Leyva.

Acusado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de más de un centenar de asesinatos antes de la muerte de El Jefe de jefes, Basilio Araujo hizo imputaciones directas contra tres presidentes municipales: el perredista Carlos Bello Gómez, de Atoyac, y los priistas Nadín Torralba Mejía, de Tecpan, y Olaguer Hernández Flores, de Heliodoro Castillo. El sicario aseguró que los funcionarios aceptaron que el brazo armado del cártel de los Beltrán Leyva, denominado Los Pelones, operara en sus municipios:

“El Rojo (me) manda a hablar con los alcaldes de Atoyac de Juárez (sic), Carlos Armando Bello Gómez; de Tecpan de Galeana, Nadín Torralba Mejía, y del municipio de Heliodoro Castillo, conocido como Tlacotepec, Olaguer Hernández Flores, alias El Ciudadano o El Presi, a quienes fui a comentar que gente de Jesús Nava Romero, alias El Rojo, iba a andar en esos municipios, para que no se fueran a espantar, quienes los iban a ayudar a detener a los secuestradores, ladrones y otros tipos de delincuentes, pero como no sé qué arreglos tenía El Rojo con ellos, dijeron que no había ningún problema”, declaró La Piyeya, actualmente preso en el penal de máxima seguridad de Occidente, en Jalisco.

Estos señalamientos tensaron el ambiente político en Guerrero, ante la posibilidad de que el gobierno federal reedite el michoacanazo.

En conferencias de prensa por separado, los alcaldes de Atoyac y Tecpan negaron haberse reunido con La Piyeya, mientras que el de Heliodoro Castillo dijo que Jesús Basilio es originario de Tlacotepec –cabecera de su municipio– y que lo conoció cuando fue precandidato a alcalde por el PRD en 2005, luego como promotor de campañas del PAN y después como padrino de la feria regional en la zona de la Sierra, pero también negó tener vínculos con el cártel.

Frágil autoridad

El H se afincó en Cuernavaca a través de su brazo armado, conocido como Cártel del Pacífico Sur (CPS), dirigido por Sergio Villarreal, El Grande.

Los integrantes de ese grupo armado persiguen, detienen y ejecutan a todo aquel que consideran delincuente, sobre todo a colaboradores de La Barbie. Siempre dejan la advertencia de que si el gobierno no puede acabar con la delincuencia, ellos sí.

A mediados de junio, el CPS se adjudicó las ejecuciones del excomandante de la Policía Ministerial de Morelos, Guillermo Vargas Rodríguez, y de su hijo Guillermo Vargas Rivera. En un mensaje acusó al oficial de colaborar con La Barbie y de haber asesinado a Juan Sebastián Figueroa González, hijo del cantante guerrerense Joan Sebastian, frente a la discoteca The Grand Hotel en Cuernavaca, “por un lío de faldas”.

El CPS también reivindicó el asesinato de los tres hombres que la madrugada del martes 13 aparecieron baleados y colgados en distintos puentes de Cuernavaca. Señaló que los muertos trabajaban para La Barbie y eran parte del grupo de seis que se fugó del penal de Atlacholoaya el pasado 22 de junio.

Las autoridades de Morelos se han limitado a recoger los cadáveres y confirmar la identidad de las víctimas.

En tanto, Acapulco sigue siendo el principal centro de operaciones de La Barbie en Guerrero, cuyo dominio mantiene a pesar de los embates de la gente de El H.

Sin embargo, a partir de finales de mayo, con el hallazgo de fosas clandestinas en el norte del estado, en las que fueron arrojados decenas de cuerpos al fondo de respiraderos de minas en Taxco y en acantilados de Pilcaya, el Ejército, la Marina y la Policía Federal emprendieron una ofensiva contra Valdez Villarreal, a quien también busca el gobierno estadunidense.

Como resultado, entre el 11 y el 15 de junio agentes federales detuvieron a dos de los principales operadores de La Barbie en Morelos y en el sur del Distrito Federal: Irving Eduardo Solano, El Gato, y Eznel Cortés Jiménez, El Teniente, éste capturado en Acapulco.

La ofensiva federal no ha fortalecido a las autoridades guerrerenses. En medio de la escalada violenta, el 17 de junio el subprocurador y encargado de despacho de la procuraduría local, Albertico Guinto Sierra, renunció al cargo. Lo sustituyó David Augusto Sotelo Rosas, quien era asesor del gobernador Zeferino Torreblanca y su enlace con el Congreso estatal.

Además, el viernes 16, después de sólo 10 meses en el cargo, el mayor Valentín Díaz Reyes presentó su renuncia como director de la Policía Ministerial del estado. Lo sustituirá José Fernando Monreal Leyva, quien era fiscal especial de delitos graves de la procuraduría local. El exfuncionario admitió que “hasta el último momento” recibió amenazas anónimas.

La Secretaría de Seguridad Pública afirmó, en su último informe que data de mayo, que durante la administración de Zeferino Torreblanca se habían cometido hasta entonces aproximadamente 2 mil 500 homicidios relacionados con el narcotráfico. Y siguen impunes los asesinatos de aproximadamente 30 militantes y dirigentes del PRD, entre ellos el que fue líder del Congreso local, Armando Chavarría, perpetrado el 20 de agosto de 2009.

En cuanto a las propias fuerzas federales, surgieron señalamientos de que oficiales de la Armada protegen a los operadores de El H a partir de que los infantes de Marina catearon varias casas de seguridad en el puerto y de que soldados del 50 Batallón de Infantería realizaron un operativo en Chilpancingo que culminó con la detención del presunto jefe de pistoleros Orlando Pérez Nava, El R3.

El 23 de junio, en distintos lugares de Acapulco, aparecieron dos narcomantas en las que se acusa al capitán de corbeta Pedro Martínez Beltrán y al comandante Víctor Colorado de recibir dinero de Héctor Beltrán a cambio de información para desarticular la estructura de Valdez Villarreal.

El caso es que, luego de que infantes de Marina balearon a un adolescente que viajaba en un auto compacto sobre la avenida costera Miguel Alemán, supuestamente porque no se detuvo en un retén, el pasado sábado 10 los marinos detuvieron a Gamaliel Aguirre Tavira, El Güero Huetamo, junto con un lugarteniente y dos mujeres, en una lujosa vivienda del fraccionamiento Granjas del Marqués, en la exclusiva zona Diamante.

El Güero Huetamo es considerado por la Procuraduría General de la República como uno de los operadores más cercanos a La Barbie y era encargado de la plaza de Acapulco. Actualmente está bajo arraigo en la Ciudad de México.

El 20 de diciembre del año pasado, Aguirre Tavira convocó a vendedores de droga y sicarios para informarles que a partir de entonces trabajarían para La Barbie; incluso les dio instrucciones para impedir la entrada de Héctor Beltrán (Proceso 1732). Su captura desencadenó una serie de hechos violentos en Acapulco y Chilpancingo.

La narcofosa de Taxco

La investigación sobre un militar desaparecido desembocó en la detención de una célula de sicarios e informantes integrada por 15 hombres, dos de ellos menores de edad, y evidenció que las antiguas minas de la ciudad colonial de Taxco son utilizadas para ocultar cadáveres.

De acuerdo con el expediente PGR/GRO/CHI/M-II/142/2010, los detenidos fueron interrogados para averiguar el paradero del cabo de materiales de guerra Cuauhtémoc Muñoz Martínez, desaparecido en Iguala entre el 21 y el 22 de mayo, cuando se encontraba franco. Un parte militar anexo en el expediente dice que Víctor Manuel Sánchez Conde, de 20 años, condujo a los soldados a la bocamina de San Antonio La Concha, en Taxco, adonde –según la procuraduría local– 55 hombres fueron arrojados, algunos todavía con vida, a un agujero de 150 metros de profundidad.

Sánchez Conde, quien era chofer de los sicarios, reveló que éstos abandonaron en la bocamina el cuerpo del cabo del 27 Batallón de Infantería, así como los del director y el sicólogo del penal de Iguala, Daniel Bravo Mota e Ignacio Suástegui Pérez, respectivamente. Estos dos últimos funcionarios fueron reportados por la Secretaría de Seguridad Pública estatal como desaparecidos el 24 de mayo.

Es el segundo caso registrado de autoridades penitenciarias desaparecidas en lo que va del año. El primero ocurrió a principios de febrero, cuando un grupo armado levantó al jefe de custodios del penal de Chilpancingo, José Bernal Hernández, cuyo paradero aún se desconoce.

En la entidad ya se han encontrado otras fosas clandestinas, pero ninguna con tantos cadáveres como la de Taxco. De los 55 cuerpos hallados, sólo nueve han sido identificados. En la ciudad colonial existen más de 30 respiraderos de minas abandonados desde 2007, cuando estalló la huelga de trabajadores contra la empresa Grupo México.

En los últimos meses, que se han caracterizado por la extrema violencia, han sido encontrados una decena de hombres ejecutados en distintos puntos de Chilpancingo, Acapulco y varios municipios de la Zona Norte, Tierra Caliente y Costa Grande. Entre las víctimas hay militares y policías ministeriales.

La mañana del 15 de junio, los callejones empedrados de Taxco fueron el escenario de un enfrentamiento entre militares y presuntos sicarios, donde murieron 15 hombres, jóvenes en su mayoría. Empresarios y comerciantes taxqueños advierten que el daño económico y en la imagen turística de su ciudad es irreversible.

La búsqueda, prioritaria

Tras el hallazgo de la narcofosa llegaron a Taxco decenas de personas, en su mayoría mujeres, provenientes de otros municipios guerrerenses, así como de Morelos y el Distrito Federal. Buscaban en las morgues a sus familiares desaparecidos en circunstancias sospechosas.

Integrantes del Comité de Familiares y Amigos de Asesinados, Secuestrados y Desaparecidos en Guerrero informaron que, de 2005 a la fecha, han documentado 242 desapariciones forzadas en la entidad. Además, en un comunicado añaden que entre enero y abril pasados 33 personas fueron reportadas como desaparecidas.

Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del estado tiene documentadas 72 quejas por desaparición forzada de personas (“donde están involucrados servidores públicos municipales y estatales”, dice su documento), mientras que la procuraduría local tiene un registro de 77 denuncias formales de ese tipo de casos.

Sin embargo, Javier Monroy, coordinador de la asociación civil Taller de Desarrollo Comunitario y asesor del ya mencionado Comité de Familiares y Amigos, calcula que la cifra negra de desaparecidos en cinco años de gobierno de Zeferino Torreblanca podría ser de más de 400, si se considera que por cada caso denunciado existen uno o dos que no lo son, porque la gente cercana a las víctimas teme a las instituciones o desconfía de ellas.

Al respecto, el Comité de Familiares y Amigos de Asesinados, Secuestrados y Desaparecidos en Guerrero, en un comunicado, advierte que “no todos los desaparecidos son delincuentes” y que el gobierno debe reconocer, atender y resolver el problema de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

El organismo considera que la fosa de Taxco es sólo una muestra de los mecanismos de los responsables de la violencia para “tratar de esconder a sus víctimas y mantenerse en la impunidad“. Por eso demandan que las autoridades estatales implanten un plan de búsqueda de desaparecidos e integren una base de datos a partir de información genética, con el fin de que se efectúe un cotejo responsable de las muestras de familiares con las de los cuerpos hallados. l

Del mundo de los muertos al mundo de los huérfanos

Marcela Turati

El hallazgo de los cuerpos de 24 albañiles, el 12 de septiembre de 2008 en un paraje del Estado de México, casi a las puertas del Distrito Federal, fue la primera señal de que la guerra declarada entre cárteles no respetaría inocentes. En Veracruz, de donde eran oriundos 11 de los ejecutados aquel día, el más violento de 2008, sus deudos les rezan aún y repiten un ritual: cruzar siete veces por encima de sus tumbas para que sus almas tengan sosiego. Pero sobre todo piden justicia y apoyo para los huérfanos. Por cierto, una legisladora estima en 7 mil el número de huérfanos en el país a causa de la narcoviolencia en lo que va del sexenio.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- Los familiares de los albañiles muertos cruzaron siete veces por encima de sus tumbas para obligar a las ánimas a estarse sosiegas y quitarles esa manía de vagar en los pensamientos ajenos, de abrir la puerta de los jacales y atizarles chiflones de aire frío, o de aparecerse en sueños avisando que “allá donde están” hay hartas obras donde sí ocupan peones.

Los maistros difuntos se tranquilizaron después de los rituales de despedida. De eso hace casi dos años. Las familias, en cambio, no encontraron remedio contra el miedo que sienten hacia los desconocidos que ejecutaron a sus 11 difuntos y los dejaron en el bosque mexiquense de La Marquesa, entre un revoltijo de 24 cuerpos de albañiles oaxaqueños, hidalguenses, poblanos y veracruzanos.

Tampoco pudieron parchar el honor de los suyos, trozado por tanta gente que manoseó su nombre y les endilgó que los mataron porque vendían drogas o porque construyeron un narcotúnel en Mexicali, que dizque eran pistoleros o se fueron de la lengua, o si levantaban la residencia de un narco o se quedaron con una maleta de dinero. Puro chismerío.

“Dijeron que los difuntos nos dejaron bien, que robaron un portafolio de dinero, pero nosotros somos pobre, si fuéramos rico tuviéramos casa de tres planta, bien parada, no esta casa que le ando remendando con pedacitos de tablitas“, truena doña Nicolasa Pólito Málaga desde su casa de madera y piso de tierra, donde sobresale un tendedero de sartenes colgados a las vigas, un cuadro con fotos viejas y un altar con una veladora que aluza a los tres hijos y al “nietito” que le mataron. Justo a los que le pasaban dinero para el gasto.

Advierte que no quiere hablar mucho de los muertos ni de lo ocurrido para no menear su memoria (“se lastima mucho el corazón”, explica). Al rato dice que hubo un tiempo en que el pueblo les advertía que los sicarios vendrían a echarles bombas en castigo porque se quedaron con el mentado dinero, pero explica que los cuerpos “venían en costalilla”, el municipio les fió el traslado y no venían agarrados a ninguna maleta.

Detrás suyo, en el cuadro de las fotos familiares llama la atención una imagen donde ella y su esposo posan, presumidos, junto a una grabadora nueva; otra de un pariente que logró abrirse paso en la vida alistándose como soldado; algunas más de las graduaciones de sus hijos o de las escapadas que se daban, entre obra y obra, a la Basílica de Guadalupe. Presume la cartulina con un dibujo infantil de La Guadalupana, delineada con diamantina, que hizo en la secundaria su nieto, el más joven de los ejecutados: tenía 14 años y quería juntar dinero para ayudar a su papá enfermo.

En el altar tiene la foto de Pedro, de 36 años; de Santo, de 25, pero no de Ángel, el de 22, porque, de malcriado, siempre rajaba las fotos que le tomaban. Todos se alquilaban unos meses en la zafra veracruzana y migraban a México cuando el trabajo escaseaba.

“¿Por qué lo hicieron así si no fue culpable?”, dice llorosa la indígena nahua, rodeada de nueras e hijas. “No queremos que manchen su memoria, que no eran narco, estos eran pobre-humilde, si sacan 70 pesos no es mucho, iban a regresar a celebrar la Virgen”.

El hallazgo de los 24 cuerpos, el viernes 12 de septiembre de 2008, fue la primera señal de que la guerra declarada entre cárteles no respetaría inocentes y agarraría parejo a quienes tuvieran cuentas pendientes y a quienes tenían la mala suerte de acompañarlos. Ese día quedó para la historia también como el más violento de 2008, pues concluyó con 41 asesinatos (en 2010 ya matan el doble en una jornada). Tres días después ocurrió el granadazo en Morelia durante la celebración del Grito de Independencia, señal irrefutable de que la guerra era contra todos.

Los huérfanos

Las investigaciones de la PGR acerca del multihomicidio señalan que el 10 de septiembre, a las cuatro de la madrugada, hombres con uniformes de la AFI sacaron a los albañiles de la vecindad de Huixquilucan, Estado de México, donde compartían techo, taco y cobija después de trabajar en la obra; los subieron a unas camionetas, los retuvieron en una casa de seguridad, les enteiparon los ojos y las muñecas, los torturaron, los llevaron al bosque y los ejecutaron. Todos –hasta el niño de 14 años que se estrenaba en el oficio– tenían el tiro de (des)gracia.

De esa pila de obreros muertos de piel morena, descalzos, en shorts o calzones baratos, los 11 veracruzanos eran primos que rentaban parejo para que les saliera más barata su estancia en la capital y poder mandar 200 o 300 pesos semanales a casa.

Sus familias, de por sí pobres, cayeron en la indigencia. Al garete quedaron sus 12 huérfanos, las cinco viudas y los papás ancianos a quienes los finados mantenían.

Desde Xoteapan, Nicolasa no volvió a saber de los dos hijos de su hijo Pedro, porque su nuera se regresó a su natal Puebla. En el vecino pueblo de Texalpan, ocho de los huérfanos son nietos de Alfonso Chigo Tebis, un hombre sesentón, flaco, cansado y empanizado de polvo, que los mira inexpresivo mientras juegan contentos en el portón de la única casa de block sobre su terreno; las demás son jacales de lámina o madera. Los más pequeños se cuelgan de la hamaca, como changuitos, pero en cualquier momento sienten nostalgia de sus papás y se entristecen.

Los mantenidos de don Alfonso son Nayeli, Víctor y Rosa Leidy (hijos de Rosa y el difunto Abelino); y Erika, Valentín, Ana, Isabel y Gladis (hijos del difunto Pedro y de Andrea, que ahora mismo está en la ciudad intentando vender frutas). La mayor de sus nietas tiene 14 años; la menor, cinco. Falta el hijo de su hijo Santos porque su nuera se lo llevó a vivir al pueblo de Tres Valles.

“Los difuntos no andaban en malos pasos. Los que sí andaban mal andan campantemente en su casa; gozan, comen, se visten... ¿Y a estos huerfanitos quién les va a regalar cinco, 10 pesos? ¿Cuándo van a recuperar a su familia? Ya no. Ya nos dejaron sin brazos y somos pobres”, lamenta Joaquina Temich Chigo, tía de cinco de los huérfanos y la encargada de echarles un ojo cuando su mamá sale a buscar trabajo.

Ella cuenta que su hermana Andrea enflacó desde que quedó viuda, que su familia nunca más probó carne, que su sobrina Erika no cursó secundaria por falta de dinero y se dedica a hacer tortillas, que los niños tienen temperamentos cambiantes y los menores siguen creyendo que su papá está de viaje.

A su lado escucha el diagnóstico Rosa Chigo, viuda también, mamá de tres de los niños que se cuelgan de la hamaca y quien padece los mismos síntomas: desnutrición, angustia, enflaquecimiento, pobreza. Ella vive de lo poquito que les da don Alfonso.

Las familias no quieren que les tomen fotos. En cuanto se les plantea la idea, los niños y las mujeres vuelan como palomas correteadas. Andrea, quien llega en ese momento de vender en las calles, se encierra en la casita de lámina y llama a sus hijos hacia adentro. Rosa corre a su casa.

La tía Joaquina explica que tienen miedo. Dice que ni siquiera quisieron pedir ayuda al gobernador de Veracruz por todas las mentiras difundidas en las noticias sobre los difuntos y el miedo que sentían a que los sicarios los vuelvan a confundir con las personas con las que tenían deudas pendientes: “Se soltó rumores de que los buscaban por fraude, que faltaban otros (por asesinar). Los difuntos no andaban en malos pasos, y los que sí andaban mal no los agarraron. Sólo el Jesús que está allá arriba protege a estos huerfanitos. Ojalá el gobierno los viera”.

Atender la violencia

El regidor quinto del ayuntamiento de San Andrés, Baldomero Seba Toto, es el único que en tierra ve por ellos. Cada mes lleva a las familias una caja de despensas de puros medios kilos o medios litros (mitad de arroz, mitad de aceite, mitad de pasta), cortesía del ayuntamiento, que alcanzan para dos días. A cuatro niños les consiguió beca para que continúen en la primaria; el resto no alcanzó.

Está preocupado porque en diciembre se estrena nuevo presidente municipal y no sabe si se mantendrá la ayuda a las familias. Está por viajar a la Ciudad de México para cumplir una promesa en la Basílica y buscar a la diputada Teresa Incháustegui, quien promueve una iniciativa de ley que pide la creación de un fondo de reparación económica para todas las muertes de civiles inocentes, y de atención a los daños sicológicos, emocionales o físicos causados a las víctimas.

La legisladora estima que son 7 mil los huérfanos a causa de la narcoviolencia en el sexenio. Y aunque sus cálculos son conservadores, dice que son los que pudo estimar porque el gobierno no lleva las cuentas de los muertos, ni de sus edades, nombres ni las circunstancias de su muerte.

“Tenemos que hacernos cargo como sociedad y como Estado de todos estos mexicanos que han sido víctimas de toda esta inseguridad y delincuencia que se ha desatado. Si no se les atiende, la violencia empeorará. La pérdida de un padre impacta en el ingreso familiar, en las oportunidades, su calidad de vida, su educación, en las emociones; si se pierde la madre se pierden todos los cuidados, hay una correlación alta entre mortalidad materna e infantil, y si te los arrancan por un evento violento hay impacto emocional profundo”, explica la legisladora a Proceso.

La especialista en políticas públicas Clara Jusidman señala también que el gobierno debe preparar un plan para atender la catástrofe social que se vive.

El regidor Baldomero Seba tiene en su escritorio la copia del expediente judicial del caso con el folio PGR/SIEDO/UEIDCS/302/08, que describe el hallazgo de los cuerpos localizados aquel 12 de septiembre de 2008, los orificios de las balas, las ropas que vestían y el paraje donde fueron encontrados. En un fragmento se lee: …tiene a la vista 24 cadáveres de sexo masculino, de identidad desconocida, que presentan signos de muerte real y reciente y livideces cadavéricas…

Se lo prestaron en la PGR para que una viuda tramite su pensión en el Seguro Social (sólo un albañil cotizaba en el IMSS) y otra pida la condonación de la deuda de un estéreo que su esposo sacó a plazos en Elektra.

“Necesitan una pensión alimenticia. Son muy pobres. Ellos trabajaban en el corte de caña y las señoras no pueden trabajar en nada, para ellas no hay trabajo. No hubo reparación de daños, ni siquiera se supo quién fue el culpable; por temor las familias no promovieron nada”, dice en su oficina del ayuntamiento.

“Nos dolió que decían que los 24 eran parte del narcotráfico porque eso es mentira. Yo doy la cara por estos jóvenes, los conocía, eran trabajadores de la construcción y de campo. Sabemos que los confundieron. Ellos venían cada dos meses y se regresaban a trabajar donde hubiera. Lo del narcotúnel no es cierto, ¿ya vio cómo vive la gente?”

Sin embargo, muchos funcionarios los culparon de su muerte. El entonces titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, dijo que investigaban si los jóvenes habían sido “reclutados como distribuidores de droga”. Autoridades mexiquenses filtraron a la prensa que formaban parte del grupo de Los Pelones, al servicio del Chapo Guzmán. El procurador de justicia mexiquense, Alberto Bazbaz, dijo que utilizaban el oficio de albañil para cubrir actividades ilícitas. La PGR filtró que la mitad del grupo construyó el narcotúnel y el resto tuvo la mala suerte de compartir habitación con ellos.

En octubre de 2008, Marisela Morales, titular de la SIEDO, presentó en conferencia a Raúl Villa Ortega, El R, como el asesino de los 24, y al comandante de policía de Huixquilucan, Marco Antonio Alvarado Serrano, como cómplice del secuestro y traslado de las víctimas a su ejecución. Informó que pertenecían al cártel de Sinaloa y trabajaban para La Barbie, pero no explicó el motivo del asesinato.

Que la PGR investigue

Consultada por Proceso sobre los avances del caso, la PGR informa que el juez sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco les dictó auto de formal prisión: el comandante está acusado por el delito de delincuencia organizada y El R por posesión y portación de cartuchos y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Ninguno por homicidio. Notas periodísticas indicaron que El R fue dejado en libertad, pero la PGR dice que sigue sujeto a proceso.

Las familias de los 11 jóvenes no se enteraron de la captura ni del juicio.

“¿Ya atraparon a los que hicieron esa masacre?”, es la primera pregunta que suelta don Jacinto Seba Tome, papá del veinteañero fallecido Juan Carlos Seba, cuando ve que esta reportera llega a su casa. Se decepciona cuando se entera de que la visita no es por parte de la PGR.

“Pensé que venía a decirnos que ya identificaron a los asesinos, pero como no tenemos dinero para decirles que los busquen estamos como los perros que morimos en la calle: nadie nos va a levantar, nomás nos van a echar cal y gasolina”, dice el campesino, y explica: “Como a los 15 días del caso vinieron los de la SIEDO para, según ellos, ver cómo vivían, si vivían bien y ya, hasta ahí pasó. No sabemos si agarraron a los delincuentes. De entonces nos quedamos a oscuras, no le hallamos cómo fue, pero si yo conociera quién le hizo eso a mi hijo voy y lo mato, como dice la Biblia, ojo por ojo”.

Don Jacinto luce bermudas que dejan ver varios raspones y cicatrices en sus flacas piernas. Explica que se cae seguido por los mareos que le pegan desde la impresión por la matanza y por la diabetes que le originó un tumor y lo enflacó. Lamenta que las tierras ya no producen mangos, naranjas, cocos y plátanos y que el maíz se enchagüista, “le pega el chamuco, se amarilla”. Su esposa Natalia Seba, a su lado, cuenta que a ella se le estrella el corazón por la tristeza.

Su hijo Juan Carlos viajó al Distrito Federal un domingo de septiembre. El lunes llegó al cuarto donde rentaban su hermano y un cuñado, y como estaba muy reducido se mudó el martes al cuarto de enseguida, donde vivían sus primos. El miércoles fue asesinado.

A las familias les avisaron que a los muchachos los había detenido la policía, y don Jacinto tramitó con el agente municipal un acta de buena conducta, fue a México a presentarla y cuando llegó le dijeron que reconociera a su difunto.

“‘A ver si lo conoces, están deshechos’, me dijo un doctor o policía, y lo reconocí por la cintita de Pumas que traía (en la muñeca). Ya después le quité la sábana y ‘sí, es m’ijo’”, recuerda.

Su Juan Carlos, como la mayoría de los veracruzanos asesinados, era soltero. Al graduarse de secundaria los jóvenes trabajan por temporadas en los cultivos de caña, piña o tabaco, y viajan a la capital a alquilarse en construcciones y hacer un guardadito para casarse. Se llevan de casa a la capital carne y frijoles secos, y totopos para no gastar mucho.

De 19 años era Eladio Cinta Escribano, el hijo menor y sostén de doña Crescencia, una mujer sesentona de Xotealpan, quien desde el asesinato vive de las tortillas y los frijolitos que le regala una nuedra. Seguido sueña que su hijo menor viene a visitarla pero se queda en el umbral del jacal, apenado por no traer dinero, y se devuelve llorando de donde vino.

La mujer le da vueltas a esa pesadilla y razona: “Yo lo tenía que recibir porque es mi hijo. No importa el dinero, importa mi hijo, no tiene que sentirse mal”.

Crescencia dice que no ha tenido fuerzas para ir a la tumba de Eladio y pasarle siete veces por arriba para dejar de andarlo pensando, porque de tanto traerlo en la mente siente que se le abraza, como cada vez que llegaba de sus viajes. Y su hijo mayor también sueña que Eladio viene a avisarle que allá de donde viene “está bueno el trabajo”, y ya no pasa las penurias de antes.

La que de plano tomó la medida drástica de cruzar la tumba de sus tres hijos fue Nicolasa Pólito, que ya no quería que siguieran “revelándose”.

“Venían a tocar la puerta, la abrían y escuchaba visiones clarito que me decían ‘mamá’. Me quedé suspendida, y les dije: ‘Hijos, yo quisiera escucharlos, verlos cómo les hicieron, adivinar cómo los dejaron que no los vi’. Cuando cumplieron el año fuimos al panteón, les hicimos una misa, les dije –porque el espíritu escucha–: ‘No me anden espantando. Yo les estoy diciendo su misa, que el Señor pronto los reciba’. Cruzamos siete veces para que lo olvidemos y hasta ahora ya nada.”

Ella dice que con ese rito pudo tranquilizar a sus difuntos, aunque llora cuando los trae a la mente. Y cuando recuerda el olvido en el que quedaron los vivos.

Blake, el “respetuoso”

Gloria Leticia Díaz

Pese a que el nuevo secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, dice ser respetuoso de los derechos humanos, durante su gestión en Baja California –donde fue secretario general de Gobierno– dos activistas se vieron obligadas a huir de Tijuana ante el riesgo de ser asesinadas.

Colaboradoras de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), Silvia Vázquez Camacho y Blanca Mesina Nevárez vieron trastocadas sus vidas tras emprender la defensa de 42 torturados por militares destacados en Tijuana.

Ambas están amenazadas desde que, el 5 de noviembre de 2009, los casos de tortura a 36 policías municipales, dos agentes ministeriales y cuatro civiles fueron presentados en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esas víctimas, 25 policías y los civiles aún están presos en el Cefereso de Nayarit (Proceso 1701 y 1722).

Mesina es hija de Miguel Ángel Mesina, expolicía municipal que ha denunciado al secretario de Seguridad Pública de Tijuana, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, como uno de los torturadores.

Acoso y amenazas

De mensajes intimidatorios a través de familiares de detenidos, el hostigamiento pasó a llamadas amenazantes –una a los padres de Silvia Vázquez el 2 de febrero de este año y varias a Blanca Mesina el siguiente 28 de febrero–, el incendio de una camioneta de Silvia el 2 de febrero y la amenaza directa de un encapuchado contra Blanca el pasado 18 de mayo.

Raúl Ramírez Baena, presidente de la CCDH, dice a Proceso que Blake es responsable del destierro de Mesina y Vázquez: “El tema de derechos humanos es obligado de cualquier titular de Gobernación, federal o estatal (...) en el caso de Silvia y Blanca, no hubo interlocución ni resolución del conflicto que se le planteaba”, apunta.

El 4 de marzo de 2010 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de José Guadalupe Osuna Millán medidas de protección para las activistas, responsabilidad que recayó en la Secretaría General de Gobierno, es decir, en Blake Mora.

Tres meses más tarde, el 4 de junio, ante “las demoras en la implementación de un esquema de seguridad”, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de las activistas.

De acuerdo con la notificación, la CIDH solicitó al Estado mexicano “que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Blanca Mesina Nevárez y Silvia Vázquez Camacho y sus familias; que concierte las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes, y que informe a la CIDH sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”.

Antes, el 18 de mayo, en el centro de Tijuana Blanca Mesina fue perseguida y amenazada por un encapuchado.

Desde su refugio –las dos mujeres están fuera de la entidad– Blanca narra a Proceso que mientras circulaba en calles de esa ciudad su auto fue embestido dos veces por una pick up sin placas y con los vidrios polarizados.

Al sentir el segundo golpe: “Aceleré, vi un Oxxo y me metí al estacionamiento (...) me alcanzó la pick up y me estaba bajando de mi carro cuando se me acercó un (...) encapuchado. El hombre me dijo: ‘¿Qué pasó Blanquita? ¿No entendiste que ya no debes estar denunciando? Si no te mato ahorita es por las elecciones (del 4 de julio), no queremos hacer pedos y sabemos que lo tuyo es internacional. Deja de estar chingando’. Me dio un beso en la mejilla y se fue”.

Silvia Vázquez apunta: “La situación era insostenible porque mientras el acoso contra nosotras era cada vez más cercano, no veíamos una coordinación en las tareas de resguardo por parte de las autoridades. En las reuniones en la Unidad de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, de la Segob, lo que advertimos es que los representantes de Baja California y del gobierno federal se pasaban la bolita para evadir la responsabilidad de garantizar nuestra seguridad”.

El pasado 3 de junio, cuenta Vázquez, los peticionarios de las medidas cautelares se levantaron de la mesa de negociaciones en la Segob por la falta de definición de la dependencia. Hasta el jueves 15, las dos mujeres no habían sido convocadas para aplicar esas medidas.

Además no hay avance en las indagatorias por el acoso y amenazas a las activistas en la PGR ni en la Procuraduría General de Justicia de Baja California, pese a que, sostienen las dos, los agentes investigadores de ambas dependencias saben que detrás de los actos de intimidación está el teniente coronel Leyzaola Pérez.

“Esperamos que toda vez que el nuevo secretario (Blake) conoce nuestra situación, actúe consecuentemente con sus manifestaciones rendidas el día de ayer (miércoles 14 de junio) al mencionar que cree en la defensa de los derechos humanos, y realice acciones concretas para que podamos regresar a Tijuana”, puntualiza Vázquez.

Ramírez Baena advierte que el destierro de las activistas es consecuencia de la “ausencia de una política de derechos humanos en Baja California, de lo que era responsable Blake hasta el martes 13 de julio”.

El caso de los pescadores

Como ejemplo de “la línea de Blake”, Ramírez Baena trae a colación el caso de los pescadores indígenas Emilio Hurtado y José Antonio Guerra, detenidos por militares el 19 de mayo acusados de atrapar una totoaba, pez en peligro de extinción.

“Después de semanas de mantener un plantón, Blake Mora se dignó atender a las organizaciones indígenas y a nosotros como defensores; ofreció abogados, pero como lo que se le pedía era que usara sus buenos oficios para interceder a favor de los detenidos ante el gobierno federal, rompió el diálogo. Esa es la línea de Blake.”

Otras activistas, como Alma Díaz, coordinadora de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, y la defensora de derechos de la mujer María del Carmen Rioseco, apuntalan la información sobre Blake Mora.

Díaz afirma que Blake al frente de la Secretaría General de Gobierno, “nunca movió un dedo para crear la fiscalía especial para atender” los casos de mil 700 desaparecidos en la entidad en los últimos 15 años.

Representante de la asociación Alaíde Foppa, María del Carmen Rioseco, consultora también del Instituto Nacional de las Mujeres, sostiene que el actual secretario de Gobernación no fue “un buen vínculo” entre el gobierno estatal y los grupos de mujeres enfocados a los casos de violencia intrafamiliar.

“Desde 2008 pedimos su intervención para instalar el consejo consultivo del Instituto de la Mujer de Baja California, pues la entonces titular, Mayté Aguilar de Ferreiro, no quiso hacerlo.

“Blake Mora jamás nos atendió ni dio respuesta a nuestras peticiones; ni siquiera le hizo caso a la presidenta del Inmujeres, Rocío García Gaytán.”

Tras recordar que durante la gestión de Blake se reformó la Constitución local para decretar el derecho a la vida desde la concepción y que se le acusó de “bloquear iniciativas a favor de los derechos humanos”, Ramírez Baena afirma que Blake “pertenece a sectores conservadores que tiene como línea proteger al grupo gobernante y al partido en el poder. Durante su gestión en Baja California, nunca hubo una política de derechos humanos.” l

La burbuja que reventó

Daniel Lizárraga

Más que cambios estratégicos, al gabinete de Felipe Calderón lo caracterizan auténticas mutilaciones, parches mal puestos, retazos de solución... Salvo un par de excepciones, del equipo original del presidente, aquel con el que llegó a Los Pinos en 2006, queda nada más el recuerdo. Las defenestraciones de Fernando Gómez Mont y Patricia Flores, si bien anunciadas no dejan de cimbrar a la principal institución del país, que ya muestra la cara de la derrota. Por si algo faltara, la renuncia del vocero presidencial, Maximiliano Cortázar, tiene todo el tufo de un castigo ejemplar. Ahora, analistas y ciudadanos se preguntan: ¿Cuántas bajas más están en puerta?

El 6 de agosto de 2008, Felipe Calderón entregó a Patricia Flores Elizondo las riendas de su gabinete al nombrarla jefa de la Oficina de la Presidencia, aun a sabiendas de que no contaba con carrera partidista, que carecía de experiencia política en el gobierno y que no había ganado ni una elección municipal.

Nacida en Durango hace 42 años, Patricia Flores es una comunicóloga egresada de la Universidad de Monterrey. Conoció a Felipe Calderón en 2000, cuando ella fue secretaria general de la Cámara de Diputados y él era coordinador de la bancada del PAN.

A diferencia de algunos de los amigos que rodean al mandatario, Patricia Flores nunca ha ocupado una curul ni un escaño. Sin embargo, fue la heredera del poder que tuviera en su momento el fallecido Juan Camilo Mouriño, a quien en los hechos se le consideraba como un vicepresidente, aunque ese cargo no exista formalmente en México.

Apenas el pasado 11 de junio fue presentada por Quién –una de las revistas del corazón más conocidas en México– como “La mujer que mueve Los Pinos”. En el texto aparecieron fotografías de ella posando perfectamente peinada y maquillada.

Un mes después, Patricia Flores dejó de ser la jefa de la Oficina de la Presidencia en medio de un incesante golpeteo desde columnas y editoriales de diarios de la Ciudad de México, en los que la describieron como una conspiradora, promotora de nombramientos, renuncias y venganzas políticas dentro del gabinete y, sobre todo, como la voz que más pesaba en las decisiones de Calderón, hasta el punto de fracturar a su equipo de trabajo.

Ante la presión mediática y política dentro de Los Pinos, Flores soltó las riendas del poder el miércoles 14. Su salida, junto con la del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, estaba planeada para el siguiente lunes.

No obstante, de un momento a otro Felipe Calderón adelantó la decisión. El secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, quien estaba en gira por Alemania, recibió una llamada de la Presidencia para que suspendiera sus citas con empresarios del ramo automotriz y regresara, de inmediato, a México a fin de hacerse cargo nuevamente de la Oficina de la Presidencia.

La tarde en que se anunció su salida, en el salón Manuel Ávila Camacho de la sede presidencial, Patricia Flores mostraba unas gruesas ojeras; mientras Calderón agradecía su trabajo ella no dejaba de mover dedos y piernas, jalaba aire como si le costara trabajo respirar y pasaba saliva como si trajera un dulce en la boca. La mirada la puso en el techo o en las paredes mientras decenas de flashes le estallaban en el rostro descompuesto.

Calderón, que la miraba fijamente, explicó que ella “coordinó eficientemente” a sus colaboradores en momentos críticos, como la crisis de la influenza A/H1N1, la puesta en marcha de medidas contracíclicas durante la recesión económica internacional, así como en la ejecución operativa de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.

Además de coordinar a los gabinetes de seguridad, social, económico y el de infraestructura –dijo Calderón–, impulsó la realización de proyectos especiales, como las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.

“En la jefatura de la Oficina de la Presidencia se impulsaron programas que seguramente dejarán huella en este gobierno: la cobertura universal de salud, la infraestructura carretera y hospitalaria, la lucha por la seguridad pública, entre muchos otros”, puntualizó el mandatario.

Dotar a todos los niños mexicanos de un seguro universal de salud al terminar el actual gobierno, en 2012, es uno de los proyectos más apreciados por Calderón, y todo su equipo sabe eso desde los tiempos de la transición presidencial, entre agosto y diciembre de 2006.

Nada se sabía en público de algunas de las tareas que ella condujo desde su escritorio.

Al salón Manuel Ávila Camacho acudió el equipo de Los Pinos. Aquellos que nunca asoman el rostro en público –como Rafael Giménez, coordinador de Opinión Pública– ocuparon los sitios para invitados especiales. Alejandra Sota, todavía coordinadora de Estrategia y Mensaje Gubernamental, permaneció de pie atenta a los movimientos y a los discursos de quienes se iban del equipo de trabajo.

En dos ocasiones Gómez Mont –quien en ese momento dejaba de ser secretario de Gobernación– y Gerardo Ruiz –quien abandonaba Economía– tomaron del brazo a Flores para susurrarle algo al oído. Ella, nerviosa, permaneció un momento quieta y siguió respirando profundamente.

Cuando terminó el acto, la recién destituida caminó presurosa hacia la primera fila de los invitados especiales. Allí uno de sus colaboradores le dio una botella de agua y ella bebió como si acabara de correr una maratón.

La sobrina consentida

Patricia Flores tuvo su primer contacto con el mundo de la política de la mano de su tío Rodolfo Elizondo, personaje del panismo desde los tiempos en que era oposición y, posteriormente, una figura en la Cámara de Diputados, en el Senado y en los gabinetes de Vicente Fox y Felipe Calderón.

El senador hizo a su sobrina –las revistas del corazón dicen que es su consentida– secretaria técnica de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), que buscó establecer acuerdos de paz con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) entre 1994 y 1997.

Los reporteros y enviados a Chiapas la recuerdan como la encargada de pagar los hoteles, las comidas y todos los gastos generados por los senadores y diputados de la Cocopa. Entre ellos estaba Rodolfo Elizondo, quien desde aquellos años ya era cercano a Felipe Calderón.

De acuerdo con registros públicos, Patricia Flores se afilió al PAN en 1994, cuando su tío la incorporó a esa comisión, en la que también había personajes como Heberto Castillo y Luis H. Álvarez.

En 1997, una vez terminada su tarea en la Cocopa, Patricia Flores llegó a la Cámara de Diputados como coordinadora técnica en la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, cuando su tío aún ocupaba una curul.

La carrera de Patricia Flores transitó por ahí en puestos puramente administrativos. En 1999 ascendió a jefa de la Oficina de Apoyo a la Secretaría General de la Cámara de Diputados. Ese año la presidencia de la mesa directiva recayó en un panista: Francisco José Paoli Bolio.

Más adelante, a partir de 2001, Flores llegó a ser secretaria general de la Cámara de Diputados.

En ese periodo enfrentó una oleada de críticas cuando un grupo de diputados del PRD, coordinados por Martí Batres, denunció que ella y parte de su equipo cobraron aguinaldos de alrededor de 500 mil pesos y, además, había aprobado una liquidación de más 700 mil pesos para Jesús Cabrera Castillo Nájera, director de Seguridad y Resguardo (casualmente, esposo de Patricia).

No obstante, Flores permaneció en el mismo puesto hasta 2004, cuando presuntamente pasó a la Fundación Colosio del PRI, de acuerdo con una revisión hemerográfica. Sin embargo, ella misma se ha encargado de desmentir esa versión.

Lo que no ha podido negar es que a partir de 2006 se incorporó al equipo de transición presidencial encabezado por Juan Camilo Mouriño. En ese periodo ella ganó 72 mil pesos mensuales y en la lista de colaboradores no era la única persona con los apellidos Flores Elizondo.

Según consta en documentos obtenidos por Proceso –expedientes de Banjército obtenidos merced a la Ley de Acceso a la Información– una de sus hermanas, Laurencia Flores Elizondo, obtuvo 32 mil 479 pesos cada 30 días en ese mismo periodo de transición. Otra de sus hermanas, Aidé, ha sido jefa de la División de Adquisiciones de Bienes y Contrataciones del IMSS.

La esposa de Rodolfo Elizondo, María Cecilia del Palacio Flores, también estaba en la nómina con un salario de 32 mil 479 pesos mensuales. Esta última se desempeñó como la número dos en el equipo de apoyo de la primera dama, Margarita Zavala, al inicio del actual gobierno.

La llegada a Los Pinos

Luego de que Felipe Calderón tomó posesión, Patricia Flores apareció en el equipo de Los Pinos como coordinadora general de Administración, a las órdenes del entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño.

El accidente aéreo en el que murió éste y los cambios forzados dentro del gabinete catapultaron a Patricia Flores hasta el número dos en la jerarquía de Los Pinos. A partir del 6 agosto de 2008 y hasta el pasado miércoles ella controló el dinero, coordinó al gabinete, nombró y quitó delegados de las secretarías de Estado en todo el país, pretendió influir en las políticas de comunicación, revisó los discursos en fechas importantes e incluso se adentró en la Secretaría de Salud, asunto que metió continuamente en problemas al titular del ramo, José Ángel Córdova Villalobos.

Todo con la venia de Felipe Calderón, quien la consideró durante casi dos años como su persona de mayor confianza. No había asunto importante que no pasara por su oficina. La fuerza que tomó Flores fue provocando fracturas dentro del equipo presidencial. Uno de los enconos surgió con el coordinador de Comunicación Social, Max Cortázar, quien en alguna ocasión entabló con ella una fuerte discusión, que terminó gracias a la intervención del secretario particular del presidente, Luis Felipe Bravo Mena.

El “affaire” Téllez

Entre 2009 y 2010, la exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro, envió tarjetas informativas y oficios a Felipe Calderón en los que se describían presuntas irregularidades, algunas graves, en el manejo de los satélites, así como en correos, en concesiones, en licitaciones y, en general, en el manejo oficial respecto de los operadores de telecomunicaciones, cometidas por el secretario del ramo, Luis Téllez.

Esa información en lugar de ser transmitida tal cual al mandatario, primero pasó la aduana de la Oficina de la Presidencia. Fue ahí donde, de acuerdo con versiones obtenidas por Proceso, Luis Téllez y la propia Patricia Flores habrían maquinado las acusaciones –periodísticas y luego penales– contra Carpinteyro, quien mediante sus informes presuntamente alertaba sobre negocios irregulares y fallos a favor de Televisa.

Patricia Flores fue durante casi dos años símbolo de poder. Aun cuando orgánicamente no tenía las mismas atribuciones de Juan Camilo Mouriño, ella también manejó las riendas. En 16 años de carrera era la número dos en México, apenas por debajo del presidente.

Y si bien dentro de Los Pinos hizo sentir siempre su peso por la cercanía con el mandatario, no era una figura pública.

Sin embargo, durante los últimos tres meses se desencadenó una embestida mediática en su contra desde columnas y editoriales en diarios como El Universal, Milenio y Reforma.

En esos espacios se llamó a Patricia Flores “la jefa”, se le tildó de ser el poder tras el trono, dueña de un inmenso poder dentro de Los Pinos que le podía hablar al oído a Felipe Calderón y cuya negatividad amenazaba la estabilidad del grupo que ha rodeado al mandatario desde hace años.

De manejarse en un bajo perfil, repentinamente quedó expuesta como la villana dentro de Los Pinos. Además, el reportero de uno de esos rotativos dio cuenta de cómo sus familiares seguían cobrando dentro del gobierno de Felipe Calderón.

Por medio de la información dada a los columnistas desde el gabinete y, sobre todo, desde la propia residencial oficial de Los Pinos se pasó por alto uno de los principios fundamentales del calderonismo: evitar las filtraciones a la prensa.

Al nombrar a Gerardo Ruiz, otro de sus amigos, jefe de la Oficina de la Presidencia, Calderón le instruyó hacer una revisión puntual de esa instancia, rediseñar mecanismos que incrementen su eficacia y, en consecuencia, emprender una reestructura indispensable para cumplir con sus objetivos en sus distintas facetas, tanto de comunicación como de relaciones públicas y de seguimiento de los programas prioritarios de gobierno.

Calderón fue especialmente enfático al encargarle organizar un “seguimiento puntual” de los compromisos oficiales a fin de “cumplirlos a tiempo, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, y construir también en tiempo y forma los principales programas y proyectos de la administración pública”.

Mientras Calderón externaba esas ideas, Patricia Flores apretaba las mandíbulas, respiraba más hondo y trataba de sostener una sonrisa forzada. l

El último del “grupo compacto”

Daniel Lizárraga

El presidente Felipe Calderón anunció la renuncia de uno de sus mejores amigos en Los Pinos, Maximiliano Cortázar Lara, luego de que durante más de tres semanas se publicaron en diarios nacionales filtraciones en las que se denostó el papel de Patricia Flores como jefa de la Oficina de la Presidencia.

El anuncio se hizo la noche del viernes 16 sin que hubiera de por medio alguna conferencia de prensa o mensaje a los medios de comunicación, como ha ocurrido cuando cualquier otro amigo del mandatario entra o sale del gabinete.

Pese al hermetismo en torno al anuncio, trascendió que la renuncia está relacionada con la salida de Los Pinos de Patricia Flores, otra de las que fueron figuras cercanas del presidente Calderón.

Según versiones originadas en Los Pinos, el equipo cercano de Calderón se partió en dos frentes abiertamente confrontados. Por un lado el de Maximiliano Cortázar y por el otro el de Patricia Flores. El miércoles 14 el periodista Carlos Loret de Mola escribió en su columna Historias de reporteros, en El Universal, que dos grupos de influencia en el equipo de Calderón se habían separado en el último año:

“Por un lado”, dice la columna, “Los Rupturistas. La figura más relevante es la saliente Patricia Flores, jefa de la Oficina de la Presidencia. Le acompañan el encargado de las encuestas que es el coordinador de Opinión Pública, Rafael Giménez, y la coordinadora de Estrategia, Sofía Frech”. Tenían como objetivo, según Loret de Mola, “atizar conflictos” y alentar “la aspiración presidencial del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio (...) Por el otro, Los Conciliadores”, encabezados por Maximiliano Cortázar y Alejandra Sota (ahora sustituta de Cortázar) y a la que se le identifica “detrás de los discursos en su calidad de coordinadora de Estrategia y Mensaje Gubernamental”.

Max Cortázar trabajó con Calderón desde la precampaña dentro del PAN en búsqueda de la Presidencia de la República. Durante los más de tres años de gobierno tuvo toda su confianza no sólo en el manejo de las relaciones públicas con los dueños de los medios de comunicación, sino también en el reparto discrecional de la publicidad y en la aplicación de una selectiva estrategia de comunicación social.

Prácticamente desde que se inició el actual sexenio Cortázar hizo sentir el abierto desacuerdo del gobierno federal hacia la labor de Proceso, al grado de obstaculizar la labor del reportero designado para informar de las actividades del presidente Calderón.

En su edición 1628, del 13 de enero de 2007, Proceso denunció la “guerra” contra la revista:

“–¿De qué se va a tratar? Es un golpe tras otro. Duro, duro, cada semana. No puede ser –reclamó manoteando (Cortázar) y sin dejar de mover la cabeza.

“–Aclaren lo que no esté fundamentado. ¿Qué texto se ha escrito con información que no esté documentada? –le respondió el reportero de Proceso.

“El problema es que no hay semana sin golpe. Uno tras otro. Dale y dale. Además hay portadas que no van, como esa del general Galván (Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional) en la que lo sacaron de cerca abarcando casi todo. ¿Qué es eso? –se obstinó Cortázar.”

Con el tiempo, la posición de Los Pinos se endureció más. En septiembre de 2007, en su edición 1613, Proceso denunció la política de Felipe Calderón de “utilizar recursos públicos –los destinados a la publicidad oficial– para reconocer los méritos de los medios de comunicación que le son afines y castigar o golpear a los que asumen posturas editoriales críticas, como es el caso de este semanario”.

Aun desde los tiempos de la campaña presidencial, el exvocero de la Presidencia ya se encargaba de supervisar y censurar el trabajo de los reporteros que seguían la campaña de Calderón (Proceso 1571).

Cortázar también fue instrumento de presión para mantener a salvo los intereses del grupo Radio Centro en su conflicto con el periodista José Gutiérrez Vivó, según éste lo denunció a Proceso en su edición 1651.

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Maximiliano Cortázar conoció a Felipe Calderón por su cercanía con la familia de Margarita Zavala Gómez del Campo.

Cuando los Zavala vivían en la zona del Desierto de los Leones, en el poniente de la Ciudad de México, Cortázar era su vecino. De hecho, él fue testigo de cómo Calderón cortejó a Margarita Zavala.

La amistad trabada con los años entre Calderón y Cortázar se sostuvo firme a pesar de las críticas. El ahora exjefe de Comunicación en Los Pinos es músico –fue baterista de la banda Timbiriche– y no tiene título universitario.

Sin embargo, este lazo de amistad aparentemente se vino abajo durante los últimos meses ante la severa crisis dentro del equipo que rodea a Calderón, sobre todo ante la conformación de los dos grupos, el encabezado por Flores y el liderado por Cortázar.

Así, el grupo compacto del primer círculo que rodeó y ayudó a gobernar a Calderón desde Los Pinos durante casi cuatro años –Juan Camilo Mouriño, Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas, César Nava y Maximiliano Cortázar– ya está desintegrado. l

Blake Mora, de fracaso en fracaso

Álvaro Delgado

Con el nombramiento de su nuevo secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, Felipe Calderón confirma que le interesa más una lealtad basada en afectos y complicidades personales que en la visión de Estado o en la eficacia institucional que debería tener el primer círculo presidencial. Y los panistas, que ya se ven en manos de este dúo en el proceso electoral de 2012, comienzan a rezongar.

A Felipe Calderón y José Francisco Blake Mora, el cuarto secretario de Gobernación en tres años y medio de gobierno, los une no sólo la militancia, la abogacía y la amistad de una década, sino la práctica de imponer desde el poder público a candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) que luego son repudiados por el electorado.

El caso más reciente que los unificó fue la imposición de Carlos Torres, exsecretario particular de Calderón, como candidato panista a la alcaldía de Tijuana, Baja California, con el uso de los recursos y la estructura de los gobiernos estatal y municipal que orquestó Blake Mora como secretario de Gobierno.

Además de señalamientos de numerosos panistas, enfurecidos por la línea oficial, la delación de un funcionario municipal panista de Tijuana, Gustavo Lemus, acreditó la intervención del gobernador, José Guadalupe Osuna Millán, y el alcalde Jorge Ramos para entronizar a Torres, exdiputado federal, sobre Alejandro Monraz y Javier Castañeda.

Ese operativo gubernamental, que se produjo también con los otros cuatro candidatos a alcaldes y a las 16 diputaciones –que derivó en la peor derrota del PAN en 21 años de gobierno–, lo desmenuzó Lemus, director de Inspección y Verificación, en una charla con un empresario no identificado, difundida el 29 de marzo en YouTube:

“Ayer estuvimos en la noche con el Blake –informa Lemus– y traemos los datos del góber; el gobierno federal anda metiendo la narices, ya hizo una encuesta; el gobierno local, claro, hizo la suya. ¡Cabrón, yo comparo las tres encuestas con la que trae Monraz y andan iguales!

–Órale –dice el empresario–, pero tú sabes que ya la maquinaria se echó a andar.

–Sí, nada más que mucha raza no se esperó a ver qué iba a decidir Jorge Ramos, qué iba a decidir el góber. ¡Nunca miré al góber tan exageradamente interesado en una interna. Creo que ni en la de él.

–Sí, pero sí hace falta que ayude el góber ahí. Carlos tiene que repuntar ya.

–¡Qué cabrón se oye, pero el coordinador de campaña de Torres es el góber y el presidente municipal! He estado viendo cómo se están moviendo. Es como una derrota (sic) personal la que agarró el góber y, luego, va a venir el presidente de la República en dos semanas, creo, a un evento con el Carlos Torres.”

En la conversación con el comerciante de la Zona Norte, donde se ubican los centros nocturnos, Lemus habla de cómo, para sumar apoyos a Torres, Blake Mora reparte cargos a panistas, como la delegación regional del Instituto Nacional de Migración (INM) a Antonio Valladolid, y a Héctor Magaña la dirección de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

“¡Uta, están repartiendo sabroso!”, exclama el funcionario, quien le detalla al empresario otro mecanismo de compra de votos a favor de Torres: “Y como hay un chorro de presupuesto para ese tema, agarras a un bato que vota y le dices: ¿cuánto ganas? Y te dice: 10 mil pesos al mes. No, pues no te preocupes, vas a ganar 20 (mil). ¡Uta, dice, ¿pues qué hay que hacer?”.

Luego relata una comida con Torres, quien lo elogió:

“Me echó champú. Dijo: Gente como Gustavo Lemus en Reglamentos debe seguir. ¡Me sorprendió, me sorprendió el cabrón! Y luego ya lo encontré en la noche, a él y al Blake, nos vimos en el Big Boy. Y bien, me gustó la idea. ¡Se va a poner chingón, se va a poner chingón!”

El perdedor gana

Pero no. Aunque Torres se impuso como candidato ante Monraz y Castañeda, tal como era la voluntad de Calderón, Osuna y Blake, sufrió una derrota contundente ante el priista Carlos Bustamante.

Lo mismo ocurrió en los otros cuatro municipios, ganados todos por el PRI, que se impuso también en 13 de las 16 diputaciones locales, lo que representa la peor derrota del PAN desde que, en 1989, se hizo gobierno con Ernesto Ruffo, a quien le sucedieron otros cinco gobernadores.

Así, pese a que Calderón lo considera un “operador político leal, práctico y eficaz”, como lo definió al presentarlo como sucesor de Fernando Gómez Mont, Blake Mora está identificado como uno de los principales responsables de la debacle ante el PRI, que no ganaba las cinco alcaldías hace tres décadas, desde 1980.

Esta contundente derrota en Baja California es semejante a la que el PAN padeció en las elecciones federales de 2009, cuando sus candidaturas fueron impuestas por Calderón mediante Germán Martínez, entonces presidente de ese partido, tal como Proceso documentó.

La diferencia de Martínez con Blake es que éste no renunció al cargo de secretario de Gobierno, pese a que muchos panistas lo demandaron al propio gobernador, sino que Calderón lo ascendió al segundo cargo del gobierno federal, lo que sigue causando estupor en Baja California y en todo el país.

Y es que tres días después de la derrota, el miércoles 7, en dos reuniones del gobernador con los integrantes de su gabinete, presidentes de los comités municipales del PAN en el estado, con legisladores locales y federales, así como prominentes militantes, se exigió la renuncia de Blake Mora.

Sin embargo, Osuna lo defendió: “Por supuesto que Blake no es el operador político, no podemos hacer a Blake responsable de una derrota, voy a revisar todas las dependencias, sus programas y sus perfiles, por supuesto. Pero no se le echen encima a Blake como si fuera el causante”.

Osuna culpó al gobierno de Calderón: “En ningún país donde haya problemas económicos el partido gobernante gana la elección… esa es la modernidad, esa es la alternancia de hoy, lo importante es aprender de la historia y de la experiencia”.

El semanario Zeta, de Tijuana, publicó una serie de reportajes sobre la elección del 4 de julio y el encabezado de la portada fue Los derrotados, y sobre el emblema del PAN aparecen las fotografías de Calderón, Osuna y Blake Mora.

Firmado por Adela Navarro y Sergio Haro, uno de los reportajes identifica a la imposición, la división, el abuso de poder, la corrupción, los excesos de poder, la inseguridad y el nepotismo como los factores que llevaron a la derrota del PAN, en coalición con Nueva Alianza (Panal), partido de Elba Esther Gordillo, y Encuentro Social, partido estatal de evangélicos.

“Tanto Osuna Millán desde el gobierno del estado como Jorge Ramos desde la alcaldía de Tijuana, hasta llegar a Francisco Blake en la Secretaría de Gobierno del estado, se encargaron de presionar, vía nómina, presupuesto de desarrollo social, dádivas y acciones populistas, para imponer primero a sus candidatos y luego presionar a los electores. Evidentemente, el electorado tomó lo que le dieron pero votó a su conciencia.”

Sobre los excesos del poder, Zeta describe al “secretario de Gobierno y sus fines de semana pescando en yate en Ensenada, hospedándose en hoteles de lujo junto a su seguridad y secretario privado”, y puntualiza sobre Blake Mora:

“Desde la Secretaría de Gobierno se ha convertido en el poder tras el trono tanto en el gobierno como en el Partido Acción Nacional. Por debajo de la mesa, con bajo perfil, ha movido los hilos de la política panista hasta, imponer candidatos, negociar con los partidos de oposición y utilizar el presupuesto, el de finanzas y el de desarrollo social, en busca de votos. La lógica indica que luego de la derrota debería ser el primero en renunciar, pero el gobernador actúa más por capricho al mantenerlo que con dignidad al despedirlo.”

Aridez curricular

Para Calderón, sin embargo, Blake Mora es un “operador político leal, práctico y eficaz” para encomendarle la virtual jefatura del gabinete y promover el diálogo con los poderes y las fuerzas políticas a su “nombre y representación”.

La “importante trayectoria en el servicio público” y en la política de Blake Mora, que “comienza desde la base misma de la participación cívica”, como exaltó Calderón, se limita a su título de abogado por la universidad estatal, un diplomado en planeación estratégica en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), una regiduría en Tijuana –donde nació hace 44 años–, una diputación federal, una diputación local y ser secretario general de Gobierno de Baja California desde noviembre de 2007.

Fuera de la política, sólo ha pertenecido al despacho de abogados Vértice Asesores, S.C., del que fue socio fundador y que ya no existe.

Esta árida currícula contrasta con la de Gómez Mont, prominente litigante y legislador, pero también con la de sus otros dos antecesores en el sexenio: Juan Camilo Mouriño y Francisco Ramírez Acuña.

Salvo su paso por la Cámara de Diputados, de 2000 a 2003, cuya bancada del PAN coordinó Calderón –quien lo hizo miembro de la Sección Instructora que debió haber sometido a juicio político a los líderes petroleros Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, involucrados en el Pemexgate–, toda la carrera política de Blake Mora se ha desarrollado en Baja California.

En su gestión se le asocia a la indiferencia ante el desastre que causó en Mexicali el terremoto de diciembre del año pasado y la completa impunidad de los altos funcionarios de gobierno en las más de 100 muertes en la penitenciaría de Tijuana, así como los 2 mil 400 asesinatos en los primeros tres años de gobierno.

Nada de eso contó ahora, como tampoco cuando, en agosto de 2009, Calderón lo promovió como sustituto de Eduardo Medina Mora en la Procuraduría General de la República (PGR), aunque el Senado optó por Arturo Chávez, socio de Diego Fernández de Cevallos.

El único partido que ensalzó al nuevo funcionario fue el PAN, su partido que, cuando no había pasado ni una hora de su designación, emitió un comunicado para darle la bienvenida y ofrecerle su “disposición para participar en las mesas de análisis y discusión sobre el combate a la inseguridad pública y las trascendentales reformas que siguen pendientes”.

El comunicado del PAN puntualizó: “La dirigencia del PAN está segura de que con el trabajo de Francisco Blake Mora a cargo de la Secretaría de Gobernación se fortalecerá el diálogo y los acuerdos políticos, tal y como lo convocó el primer mandatario el pasado 29 de junio”.

El cambio en la Secretaría de Gobernación se produjo después de un proceso de desgaste de Gómez Mont que se aceleró desde el 4 de marzo, cuando se conoció el pacto PRI-PAN para aumentar los impuestos a los mexicanos a cambio de cancelar alianzas en el Estado de México.

Gómez Mont fungió como “testigo” en la firma del documento entre Nava y Beatriz Paredes, presidenta del PRI, y el secretario de Gobierno de Peña Nieto, Eduardo Miranda Nava, y eso explicó por qué se opuso públicamente a las alianzas del PAN con la izquierda y por qué renunció al PAN casi un mes antes, pese a que nunca se reafilió formalmente.

Tras las elecciones del 4 de julio, en las que las coaliciones del PAN tuvieron éxito en tres gubernaturas, su posición se hizo insostenible, además de confrontarse con los organismos defensores de los derechos humanos (a los que llamó a no ser “tontos útiles” de la delincuencia) y de culpar a los medios de fomentar la violencia.

Aunque era ostensible el distanciamiento con su jefe, aun públicamente, Gómez Mont reiteradamente aclaró que la decisión de irse de la Secretaría de Gobernación no era suya, sino de Calderón.

Todavía el miércoles, al mediodía, el subsecretario Roberto Gil Zuarth rechazó que Gómez Mont fuera a dejar el cargo y aseguró, en entrevista para el diario El Universal, que eran sólo rumores.

“La Secretaría de Gobernación tiene a un buen titular, honesto, capaz e inteligente, que ha sabido construir espacios de diálogo”, dijo Gil Zuarth, quien, según la nota de ese diario, evitó responder si tenía interés en ocupar el puesto.

Gil no se enteró o mintió porque, desde la noche del martes 13, Gómez Mont comenzó a vaciar los cajones de la que fue su oficina desde el 10 de noviembre de 2008... l

Un apagafuegos gris

Adela Navarro Bello /Semanario Zeta

TIJUANA, BC.- Una de las pocas medidas que Francisco Blake Mora tomó durante su gestión como secretario de Gobierno fue contratar, entre septiembre y octubre de 2008, a Iván Ortega Colmenares, El Comandante Simón, para que combatiera la inseguridad generalizada en el estado.

Blake solía presumir que en Sinaloa, donde colaboró a partir del año 2000 con el gobernador Juan S. Millán, Ortega Colmenares había bajado el índice de secuestros.

La realidad era diferente: al jefe policiaco se le acusaba en esa entidad de recibir dádivas de familiares de personas que habían sido rescatadas por su equipo; además, creó negocios, como Safeguard, para vender artículos a los directivos de corporaciones policiacas. Ante las quejas, Ortega Colmenares tuvo que dejar el cargo.

Años después, ya como funcionario del gobierno bajacaliforniano, Blake encontró a Ortega Colmenares en un vuelo y éste le expuso un plan para disminuir el secuestro y le pidió que lo contratara; de paso, le vendió artículos de su compañía para armar a su equipo y a otras corporaciones.

Y Blake le dio trabajo, pero el gusto le duró poco. Cuando Zeta hizo pública la transacción entre ambos e informó sobre el historial del Comandante Simón en Sinaloa, Blake tuvo que recular.

Por eso el miércoles 14, cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció que Blake sustituiría a Fernando Gómez Mont en la Secretaría de Gobernación, llamó la atención el crédito que le concedió al tijuanense por su “papel fundamental” en la disminución de la inseguridad en Baja California:

“Se trata –dijo Calderón– de un operador político leal, práctico y eficaz, cuyo perfil servirá también en la tarea de intensificar y dignificar la actividad política de mi gobierno en esta segunda mitad de la administración. Le instruyo a encarar con responsabilidad y compromiso la lucha en contra del crimen organizado y por la seguridad pública, la lucha en contra de este principal enemigo de nuestra sociedad y de nuestras instituciones, así como tomar parte activa en el diálogo que he propuesto con todas las fuerzas políticas del país y la sociedad en su conjunto a fin de fortalecer la estrategia nacional de seguridad como una política del Estado mexicano.”

La sorpresa fue mayúscula.

El modelo Baja California: una falacia

La diferencia entre Chihuahua, Michoacán, Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Nuevo León y Baja California es que en este estado el cártel de Sinaloa y el de los hermanos Arellano Félix (CAF) se repartieron el territorio en paz.

En Tijuana, que antes era la ciudad donde había más ejecuciones, secuestros y tráfico de droga, el CAF se quedó con la plaza; hoy no tiene competidor. Mexicali, a su vez, quedó en manos de la organización criminal de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

En los otros seis estados, donde los índices de violencia se dispararon, los cárteles del Golfo, de Sinaloa, Los Zetas, La Familia y las dos estructuras restantes de los Beltrán Leyva aún pelean el territorio. En Tijuana, los Arellano Félix han sido los beneficiarios de las detenciones de criminales al servicio de una célula disidente del CAF.

Este es el motivo principal de la aparente disminución de la inseguridad en Baja California, no la participación de Blake, como lo mencionó el presidente Calderón. Lo cierto es que la inseguridad no ha disminuido. De enero a junio de 2008, el primer semestre de Blake como secretario de gobierno en Baja California, hubo 285 ejecuciones; en 2009 fueron 479, y en 2010 se elevaron a 530, todas ellas producto de ajustes del narcotráfico y del crimen organizado.

En varias entrevistas recientes con Zeta, el general Alfonso Duarte Mújica, comandante de la II Zona Militar con sede en Tijuana, comentó que se ha detectado la presencia de sicarios y narcotraficantes al servicio del cártel de Sinaloa y de La Familia michoacana en la ciudad.

Y ahora, el general Sergio Chávez declaró a Javier Cruz Aguirre, editor de Zeta en Ensenada, que el narcotráfico está creciendo en Baja California, particularmente en el puerto. Esta situación, así como los sembradíos de mariguana y amapola, podrían provocar un enfrentamiento entre los cárteles, comentó el militar.

Lo que sucede en Baja California en materia de seguridad se puede sintetizar en dos puntos: el papel del Ejército y las delaciones que han permitido a las autoridades la captura de varios disidentes del CAF.

Por lo que atañe al primero, desde que José Guadalupe Osuna Millán asumió como gobernador, cedió al entonces general de la II Región Militar, Sergio Aponte Polito, la coordinación de la estrategia de combate al crimen organizado. Incluso lo hizo por escrito, en una carta que Blake entregó al militar.

Sin embargo, cuando Aponte Polito denunció que la corrupción en la Procuraduría General de Justicia de Baja California continuaba –incluso proporcionó nombres de agentes, subprocuradores y otros funcionarios–, ni el gobernador ni su secretario de Gobierno lo escucharon. El militar terminó por pedir su retiro.

Pese al desdén del gobierno, el trabajo del general dio frutos. La sociedad tuvo confianza en los soldados y comenzó a denunciar a los delincuentes. Eso permitió a las tropas asestar golpes al crimen organizado y al narcotráfico, liberar secuestrados, confiscar droga y detener a miembros de la mafia.

Los generales Rubén Venzor Arellano, en la II Región Militar, y Alfonso Duarte Mújica, en la II Zona Militar, se erigieron como coordinadores de la seguridad en Baja California, tarea que le correspondía a Blake.

Asimismo, las delaciones permitieron a la Marina y a la Policía Federal capturar a los hermanos Teodoro y José Manuel García Simental, y a Raydel López Uriarte, en La Paz, Baja California Sur, durante los primeros tres meses de este año.

Sacar de circulación a los cabecillas de la célula disidente del CAF tuvo dos efectos en Tijuana: el cártel se erigió como la única organización criminal y se atenuaron los enfrentamientos violentos derivados de las ejecuciones en territorio tijuanense. En síntesis, no se sostiene la afirmación del presidente Calderón en el sentido de que con Blake disminuyeron los índices de inseguridad y violencia en Tijuana.

El rescate de Blake

Como secretario de Gobierno de Baja California, Francisco Blake Mora tuvo un bajo perfil, sin protagonismos, conferencias de prensa ni posicionamientos institucionales.

Al él le correspondió maniobrar al interior del PAN para sacar las candidaturas de Carlos Torres a la presidencia municipal de Tijuana, de Raúl Leggs a la alcaldía de Rosarito, de Hugo Zepeda en Ensenada y de Alfonso Álvarez Juan en Tecate. Para lograrlo comprometió las nóminas municipal y estatal al ofrecer puestos, sueldos y apoyos a los grupos internos de Acción Nacional para que se inclinaran por los candidatos oficiales.

Pero el domingo 4 de julio no hubo duda: Blake cargó con la derrota. Zeta supo de reuniones de “reflexión” sobre la caída electoral, donde el aún secretario de Gobierno permaneció callado ante el gobernador, el dirigente estatal del PAN y los diputados federales panistas en Baja California.

Y aunque la derrota del PAN en el estado puede no ser significativa en cuanto a número de votos en una elección nacional, dice mucho si se considera que fue aquí donde, en 1989, el PAN ganó por primera vez una gubernatura al PRI.

A partir de entonces, Acción Nacional mantuvo su presencia en el gobierno, los municipios y el Poder Legislativo en Baja California. Pero la fallida operación política de Blake hizo que el PRI ganara en las cinco alcaldías y se quedara con 13 de las 16 diputaciones.

Ante una caída de esa magnitud, sobre todo en el estado más simbólico para el PAN, cualquier coordinador político hubiera renunciado, pero en este caso no fue así. Ni Andrés de la Rosa ha renunciado al partido ni Blake Mora dejó el gobierno estatal. Por el contrario, el presidente Felipe Calderón, de quien es amigo desde el año 2000, lo rescató. Hoy, Blake despacha en la Secretaría de Gobernación.

Si actúa como lo hizo en Baja California, Blake no dará a Calderón los resultados que éste necesita. A pesar de ser un apagafuegos y manejarse sin protagonismos, Blake no finiquita los asuntos que maneja.

Un ejemplo: en el conflicto magisterial optó por plegarse al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Elba Esther Gordillo y emitir un fallo contra el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, cuyos líderes fueron a la cárcel. Hoy, el problema de fondo, la toma de nota del gobierno hacia un sindicato magisterial aún no se resuelve. De hecho, Blake estableció las condiciones jurídicas para que el gobierno no se decidiera por ninguno de los sindicatos y que éstos pelearan judicialmente el contrato bajacaliforniano.

A Blake se le conoce más por su amistad con el presidente Calderón que por su currículum, según el cual sólo ha tenido cuatro encomiendas: regidor del ayuntamiento de Tijuana, diputado local, diputado federal y secretario de Gobierno.

Ningún posgrado en el extranjero ni maestría en alguna institución nacional. Cuando Zeta supo que el nuevo titular de Gobernación ostentaba una licenciatura expedida por la Universidad Autónoma de Baja California, solicitó a la institución información acerca de la generación en la cual cursó sus estudios, la fecha de fin de cursos, la tesis que presentó y otros datos que sustentaran la formación académica. No hubo respuesta.

Para los analistas locales y nacionales, Blake llega a suplir a Fernando Gómez Mont porque es del círculo cercano del presidente Felipe Calderón. Ahí, dicen, es evidente que cuenta más la amistad que la capacidad. l

Después del PRI, el diluvio

Luciano Campos Garza

Al bajar las aguas que el huracán Alex descargó sobre Monterrey para causar la peor inundación en un siglo, van dejando al descubierto a los responsables de la tragedia. Los índices de los funcionarios estatales y los diputados del PRI apuntan, en primer término, a la delegación regional de la Comisión Nacional del Agua, y enseguida a los municipios que concesionaron el lecho del río Santa Catarina. Sin embargo, los panistas critican la mala gestión financiera del gobierno de Natividad González Parás y el de su sucesor Rodrigo Medina, que pone en riesgo la reconstrucción del estado.

MONTERREY, NL.- Después de la destrucción que dejó el huracán Alex a su paso por Nuevo León, el estado enfrenta un nuevo problema: sus finanzas están en quiebra.

El gobernador y los funcionarios estatales no han dado cifras preliminares pero insisten en que el presupuesto no alcanzará para reconstruir el estado porque ya se gastó la partida de 4% del presupuesto que la Ley de Ingresos de 2010 prevé para “caso de desastres naturales”.

Legisladores panistas señalan como responsables de esta situación al actual gobernador priista, Rodrigo Medina de la Cruz, y a su antecesor y mentor, Natividad González Parás. Según ellos, en el pasado sexenio y al inicio de éste, ambos mandatarios sobregiraron al erario “irresponsablemente” para cumplir compromisos de campaña.

A su vez el tesorero de la entidad, Alfredo Garza, afirma que los fondos no alcanzarán “ni de chiste” para reparar los perjuicios de la inundación, por lo que el gobierno nuevoleonés pretende que la Federación cargue con el costo.

Tras el paso de Alex, llegaron a la ciudad funcionarios del gabinete de Felipe Calderón, y el propio presidente hizo dos visitas de evaluación (Proceso 1758). Por la zona del desastre pasaron el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el de Educación Pública, Alonso Lujambio; la directora general de Protección Civil, Laura Garza, y el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, quien se quedó en Monterrey para coordinar el envío de recursos federales.

El miércoles 14 se instaló el Consejo Estatal para la Reconstrucción de Nuevo León. En el acto, el gobernador Rodrigo Medina solicitó que la Federación se encargue de resarcir los daños, ya que Nuevo León es un estado “estratégico” para el país y aporta 8% del Producto Interno Bruto.

También pidió que Calderón crée un fondo extraordinario de reconstrucción para el noreste del país, que beneficie igualmente a Tamaulipas y Coahuila, también afectados por el huracán.

Sumergido en deudas

La bancada panista en el Congreso local insiste en que el estado no pasaría tantos apuros si el anterior gobierno y el actual no se hubieran endeudado de manera irresponsable. El diputado Víctor Fuentes Solís señala que Nuevo León es el estado más endeudado del país porque, si Natividad González Parás dejó una deuda impagable, Rodrigo Medina se enredó en más préstamos que la hacen incluso inmanejable.

Ahora, dice Fuentes Solís, dicha deuda es de 28 mil millones de pesos, más de 50% de los 46 mil millones del presupuesto estatal para 2010. Recuerda que al terminar su administración en 2003, el mandatario sustituto, el panista Fernando Elizondo, dejó una deuda de 9 mil millones de pesos, y que en 2008 González Parás ya la había elevado a 15 mil 953 millones.

En 2009, año electoral, la deuda se catapultó a 19 mil millones, pero antes de dejar la silla González Parás le hizo un último favor a su delfín: el 21 de septiembre, dos semanas antes de entregar el puesto, contrató deuda por 5 mil millones.

A esto se sumó el oneroso Fórum Universal de las Culturas, realizado en 2007 a un costo aproximado de 4 mil 800 millones de pesos. La cifra total nunca se precisó.

A pesar de esta crítica situación, al asumir la gubernatura el 4 de octubre de 2009, Rodrigo Medina se aprestó a contratar más deuda. El 20 de diciembre pidió un crédito por 2 mil 500 millones y otro por mil 600 millones, para sumar 4 mil 100 millones de pesos. Organismos descentralizados se comprometieron por otros 4 mil millones.

En total, durante sus primeros seis meses de gestión Medina acumuló deuda por 8 mil 100 millones de pesos.

Ahora, el estado tendrá que reorientar el gasto porque los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no le alcanzarán, dice el diputado Fuentes, ya que según las normas de este fondo la Federación debe aportar 40% de los recursos para infraestructura, por 30% del estado y otro tanto de los municipios. Así que si se necesitan 10 mil millones tan sólo para reconstruir las avenidas Constitución y Morones Prieto, ejemplifica, el gobierno de Calderón aportaría 4 mil, el de Medina 3 mil y los municipios otros 3 mil millones.

En vivienda, otro rubro prioritario, las aportaciones federales son de 70%, las estatales de 15% y las municipales de 15%. Si se requirieran 5 mil millones para Nuevo León, la Federación aportaría 3 mil 500, y el estado y municipios 750 millones cada uno. Nuevo León tendría que aportar, en los dos rubros, 3 mil 750 millones, calcula el legislador panista.

El problema, dice, es que “esa cantidad no está en caja. Se tendría qué hacer una reingeniería financiera en el estado para ver la manera y tener la capacidad para aportar esos recursos”.

Señala como responsables de esta peligrosa situación a Lombardo Guajardo, secretario de Obras Públicas de González Parás y que repite en el puesto con Medina; Alfredo Garza y Garza, quien era oficial mayor y ahora es Secretario de Finanzas; y el propio Rodrigo Medina, secretario general de Gobierno de González Parás y, como tal, encargado de Protección Civil.

Sin embargo, lamenta Fuentes, la Auditoría Superior del Estado nunca ha metido a ningún funcionario a la cárcel y “nadie espera” que en esta ocasión se haga justicia.

El diputado Martín López Cisneros, también panista, señala a su vez que Rodrigo Medina ya gastó el dinero autorizado por la ley para casos de emergencia.

Muestra la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León 2010, que en su artículo segundo autoriza al Ejecutivo del estado a “contratar financiamiento adicional (…) para afrontar los desequilibrios presupuestales que se presenten con motivo de emergencias por desastres naturales o por contingencias que impliquen una disminución de los ingresos estimados, hasta por el monto que corresponda a estos conceptos”.

El endeudamiento neto adicional no puede exceder 4% del presupuesto de ingresos total. “Eso significa que el Ejecutivo, hace meses, además de los 2 mil 500 millones que le había autorizado el Congreso, utilizó su línea de crédito de 4% de los 46 mil millones del presupuesto total. Los mil 600 millones restantes fueron ya usados, aun cuando no hubo ninguna contingencia (anterior)”.

“Aportamos más PIB”

Uno de los funcionarios acusados por la bancada panista es Alfredo Garza y Garza, el actual secretario de Finanzas del estado, quien intenta justificar a las dos administraciones priistas:

“La deuda claro que pesa. Como en toda empresa, el tener deuda no es nada saludable, pero fue necesaria en su momento. El gobernador ha sido claro: el estado de Nuevo León ha contribuido mucho a la Federación, en el convenio de coordinación fiscal, con el Producto Interno Bruto, y no recibe lo que debiera de recibir. No es queja, sólo hay que decir que (ahora) Nuevo León necesita de los estados y la Federación para salir adelante.”

Lombardo Guajardo, secretario estatal de Obras Públicas, afirma que no había manera de prever el impacto del huracán. Argumenta que las avenidas Morones Prieto y Constitución debieron contar con taludes, que no fueron construidos por ninguna de las administraciones que sucedieron a la de Ignacio Morones Prieto, quien asumió la gubernatura en 1949.

Al doctor Morones le tocó el encauzamiento del río y encarpetamiento de las dos vías que se ubican en los límites de la vertiente. Pero después nadie se ocupó de darles el mantenimiento adecuado, dice Guajardo.

Por otra parte, arguye, Alex trajo una cantidad de agua como no se había visto desde la inundación de 1909, cuando Monterrey tuvo que refundarse. El jueves de la tragedia, en 30 horas cayeron sobre el estado 890 milímetros de agua, más de lo que llueve en todo el año. Fueron catastróficos los efectos sobre el río Santa Catarina, uno de los más veloces del mundo, con una capacidad de desplazamiento de tres a cinco metros cúbicos por segundo, contra un metro por segundo que registran los ríos ordinarios.

El diputado local Héctor Gutiérrez, del PRI, retoma el alegato de que Nuevo León ha sido históricamente uno de los grandes aportadores al PIB del país, ya que entrega más de 7% y recibe a cambio beneficios de 4%, y por eso es justo que ahora reciba ayuda.

“Se manejan cifras de 10 mil millones en la reconstrucción, y me quedo corto –añade Gutiérrez–. Hasta ahora la Federación se ha comportado bien, pero todo este tipo de promesas que se han hecho hay que programarlas, y la Secretaría de Hacienda tiene que estar inmersa, si no, quedan en promesas de secretarios”. Pero niega que el estado esté en la ruina financiera: “No está quebrado, que yo sepa. La calificación que se tiene del estado es positiva”.

El diputado federal priista Eduardo Bailey, vocal de la comisión de Energía, dice que los recursos no ejercidos por las secretarías de Estado son suficientes para ayudar a la reconstrucción. Por ejemplo, asegura, en 2009 Comunicaciones y Transportes dejó de gastar 11 mil millones, y Educación Pública reportó subejercicio por unos 8 mil millones. Bailey estima que para este año puede haber hasta 150 mil millones en recursos adicionales que pueden ser usados en Nuevo León.

El panista Gregorio Hurtado, diputado federal por el distrito 6 de Monterrey, señala que el gobierno de Rodrigo Medina tiene que hacer su trabajo reorientando recursos, aunque está de acuerdo en que su entidad es una de las que más aportan al país:

“Nuevo León ha ayudado a otros estados en sus eventualidades. Eso es un hecho, y que aporta más impuestos que otros estados, por eso pedimos ayuda de la misma manera. Pero tenemos que ver que el mal manejo de las finanzas ha hecho que el estado se encuentre quebrado. Y aunque el dinero de la Federación es de todos, por un mal manejo del dinero el estado ha tenido que recargarse en la Federación, lo que no es correcto.”

Las culpas de la Conagua

En entrevista, el gobernador Rodrigo Medina señala que la inundación del lecho seco del río se debió a las construcciones realizadas con permisos del gobierno federal y los municipios. “Entiendo que hubo una concesión y quien maneja eso es la Conagua. Entonces corresponde a ellos verificarlo, y la lección que nos deja el huracán Alex es que no debemos poner obstáculos en los lechos de los ríos”.

A pesar de las acusaciones públicas y del debate político suscitado por la devastación en el estado, hasta ahora ningún funcionario ha sido demandado legalmente. Pedro Garza Treviño, gerente del organismo de la Cuenca del Río Bravo, brazo operativo de la Conagua en el noreste, desapareció de la escena después de la catástrofe.

Jorge Camacho Rincón, director de Protección Civil del Estado, también señala directamente a la Conagua como responsable de los daños ocasionados por los asentamientos en el lecho seco del río cuando éste se inundó, pues el área legalmente está bajo custodia del organismo federal:

“Para que haya instalaciones como tales, y dependiendo de las condiciones y los formatos legales que existieran, es la Comisión Nacional del Agua la que determina qué corresponde o no. Habrá que ver con la Conagua cuáles son las condiciones legales que guarda cada uno de los casos.”

Los municipios también tuvieron su parte de culpa, agrega, ya que “las áreas municipales tienen a su cargo sus direcciones de Protección Civil, y sabemos que los municipios recibieron instrumentos jurídicos para administrar y vigilar (el lecho del río). Esas personas son las que tienen que opinar al respecto”.

Y María de los Ángeles Herrera, diputada local del PRD, señala como corresponsables de la tragedia a la Conagua, a los municipios que concesionaron a particulares la explotación del río y a los empresarios que colocaron en el lecho seco las canchas de pasto sintético.

El diputado priista Héctor Gutiérrez coincide en que lo ocurrido en el río es responsabilidad de la Conagua, lo mismo que la inundación de Anáhuac. De paso señala que es preciso aclarar por qué no fueron abiertas a tiempo las compuertas de la presa Venustiano Carranza, en Coahuila, lo que contribuyó al desbordamiento del río Salado.

Al respecto, el secretario de Obras Públicas, Lombardo Guajardo, afirma que el revestimiento de taludes en la orilla hubiera mitigado los impactos de la corriente, pero aclara que la responsabilidad de construirlos es de la Conagua.

Considera que el río no debió tener estructuras fijas en su cauce, por lo que “es totalmente reprobable” que los municipios hayan otorgado concesiones para instalar armazones cimentadas en el lecho. Por eso, hace un llamado al gobierno federal para que limite la instalación de personas en zonas irregulares.

Dos disidentes... mexicanos

Rosalía Vergara

Las demandas de Cayetano Cabrera y Miguel Ángel Ibarra –los electricistas que hasta el jueves 15 llevaban respectivamente 82 y 78 días en huelga de hambre– parecen sencillas: uno exige que se cumpla el convenio por el cual se nombra a la CFE como patrón sustituto del SME y el otro su reinstalación en la planta de Necaxa. Politizado el conflicto, ambas peticiones parecen inaceptables para el gobierno de Felipe Calderón, que ni ha volteado a verlos pero, en cambio, se congratuló por las medidas del régimen castrista que permitieron al disidente Guillermo Fariñas levantar su ayuno.

La vigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se consume igual que la vida de los huelguistas de hambre Cayetano Cabrera Esteva y Miguel Ángel Ibarra Jiménez, quienes ya padecen graves problemas de salud.

Mientras el secretario general Martín Esparza y sus colaboradores exigen al gobierno federal que nombre patrón sustituto del sindicato a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estos dos hombres –que siguen postrados en sus catres, requieren de un tanque de oxígeno y reciben vitaminas por vía intravenosa porque ya no pueden tomar mucha agua ni miel– tienen sus propias demandas.

Cayetano, ingeniero oaxaqueño del IPN, descendiente de ferrocarrileros que lucharon con Demetrio Vallejo, le pide al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, que deje de anunciar en los medios de comunicación la muerte del SME, que lo comunique a la organización de manera oficial.

Miguel Ángel, poblano y representante del SME en la división Necaxa (donde nació Luz y Fuerza del Centro), miembro tradicional de las llamadas familias SME porque en ellas todos son electricistas, tiene más esperanzas: “Yo saldré de aquí cuando me devuelvan mi trabajo”.

El futuro del sindicato está en manos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), pues ahí está radicada la demanda para que la CFE sea el patrón sustituto de los electricistas, como lo prevén sus estatutos.

Después de que el miércoles 14 la asamblea del SME tomó protesta de 13 de los 26 miembros de su comité central para darle vigencia al sindicato, el SME debe informar a la Dirección de Registro de Asociaciones Sindicales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que proceda la toma de nota, pero en conferencias de prensa Lozano Alarcón ha comentado que ésta no procederá, e invitó a los extrabajadores a tramitar su liquidación en una tercera etapa que incluye la condonación de los créditos hipotecarios.

El mismo miércoles 14, el secretario del Exterior y vocero del sindicato, Fernando Amezcua, calificó la oferta de Lozano como una “canallada” porque dicho descuento es una prestación sindical que se paga con su fondo para la vivienda.

En el límite

Cayetano Cabrera tiene 46 años, cinco de los cuales trabajó en Luz y Fuerza del Centro (LFC). Es ingeniero eléctrico egresado del Politécnico, donde también daba clases, hasta que pidió permiso por tres meses para declararse en huelga de hambre. En agosto tiene que regresar a su cátedra.

Cayetano vive en Coacalco, Estado de México, con su esposa Doris López y sus dos hijas. Pagan renta y, por supuesto, la electricidad. La pareja es de Ixtepec, Oaxaca. Doris se escapó con él cuando salió del pueblo para estudiar en la Ciudad de México. Ella, que es enfermera quirúrgica, conoce las consecuencias de la huelga de hambre: Cayetano ya tiene taquicardia e insuficiencia renal.

El sindicalista es orgulloso devoto de la Santa Muerte, a la que puso un pequeño altar junto a su catre. “Le tengo mucha fe. Ya le dije que me voy con ella cuando me toque”, comenta en entrevista, el martes 13. Pero él considera que aún no llega la hora. Ese día llegaron dos ambulancias por otros cinco huelguistas y Cayetano le indicó irritado a su mujer: “Diles que no me voy a ir. Si la ambulancia vino por mí, no me voy a ir”.

Cayetano cuestiona que los medios de comunicación mexicanos le dieran más importancia a la huelga de hambre del disidente cubano Guillermo Fariñas que a la de los 15 miembros del SME que aún se sostienen en ella. Considera que el gobierno federal debe voltearlos a ver para solucionar su conflicto. Afirma que sólo levantará su protesta si se nombra a la CFE como patrón sustituto.

Por su parte, a Miguel Ángel ya le está fallando el hígado. El doctor le dijo que sus problemas se solucionaban comiendo, pero él asegura: “No hay poder humano que me saque de aquí”. Se sintió mal el martes en la noche, pero fue a visitar a Cayetano. Contemplar su aspecto “fue un shock”, señala.

Él no está mucho mejor. Ya había salido del campamento al hospital, en mayo pasado. De pronto tuvo sarpullido que primero confundieron con varicela, pero era dermatitis. Cuando Miguel Ángel regresó al campamento, estuvo aislado una semana.

En ese entonces declaró a Proceso (edición 1752): “¿Hasta cuándo saldré de aquí? Hasta que pierda la conciencia”. Lo está cumpliendo.

Su hermana llega a verlo y se le nublan los ojos. Sus compañeros de Necaxa que fueron a las asambleas del lunes y el miércoles en el SME también lo visitaron y les ganó la emoción. Por eso aclara: “Yo les dije que no lloren, que luchen. Sus lágrimas no me sirven de nada”.

A la familia, de plano le advirtió que no lo fueran a ver si no se podían “aguantar el sentimiento”. Tiene otra hermana que no lo ha ido a visitar. A ella le mandó decir: “En la casa próximamente habrá un velorio, vas, ¿no? Estamos jodidos, pero café y pan sí habrá”.

Ahora sostiene que sólo dejará la huelga para ir a trabajar a Necaxa. Quiere que le devuelvan su empleo, mediante la CFE o con la misma LFC cuando “echen abajo el proceso de liquidación, que es ilegal”, aunque reconoce que es difícil conseguir esto.

Para el doctor Alfredo Verdiguel, médico del campamento, la situación de los huelguistas “ya es bien peligrosa”, pero ellos no se quieren dar por vencidos. La única forma de sacarlos sin su aprobación es cuando pierdan “el estado de alerta”, como señala el Tratado de Malta.

Los huelguistas de hambre podrían quedar inconscientes por un paro cardiorrespiratorio, un shock hipoglucémico, inanición o causas similares, lo que puede ocurrir en cualquier momento, según el médico.

El viernes 16 se tenía programada una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, pero hasta el cierre de esta edición permanecía en suspenso por la remoción de Fernando Gómez Mont, el miércoles 14. Esa noche surgió el rumor de que la Policía Federal intentaría desalojar a los huelguistas, pero esto no sucedió.

Para el propio viernes se programó una asamblea con organizaciones de izquierda para formular un plan de acción conjunto en defensa de los derechos de los trabajadores. Y el domingo 18 se pretende realizar un ayuno de 12 horas en el Ángel de la Independencia. La idea es llenar de gente la avenida Reforma, desde la glorieta de la palma hasta la Diana Cazadora. A los participantes les piden llevar tres litros de agua, sillas y caramelos macizos.

En ese acto se formará un “tribunal ciudadano” para realizar sendos juicios políticos contra Javier Lozano y Felipe Calderón por su actuación en el conflicto laboral.

Por lo pronto, en la carpa donde está Cayetano hay un mensaje dirigido a quienes participaron en la huelga de hambre: “Compañero exhuelguista, recoge aquí tu reconocimiento al mérito sindical Ernesto Velasco de fecha 11 de junio del 2010”.

La “ruleta bursátil” de Molinar

Jesusa Cervantes

En acciones de legalidad dudosa, el IMSS ha puesto a “jugar” millones de pesos de los derechohabientes en operaciones bursátiles de alto riesgo. El caso ya ameritó una solicitud formal de juicio político contra Juan Molinar Horcasitas, en cuya administración al frente del IMSS se autorizó una jugada bursátil por al menos 500 millones de pesos. Una investigación de Proceso revela que el monto real del dinero en riesgo podría ser de varios miles de millones.

Como director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas autorizó operaciones financieras irregulares por cientos de millones de pesos, lo que hoy podría causar un quebranto al Fondo de Reservas del organismo descentralizado debido a que algunas de las empresas en las que se invirtió parte del dinero de los derechohabientes están en quiebra.

Gabriel Reyes Orona, procurador fiscal de la Federación en el primer tramo de gobierno de Vicente Fox y ahora presidente de Transparencia Nacional, detalla que lo anterior forma parte de los alegatos que el pasado 24 de junio entregó a la Cámara de Diputados para respaldar su demanda de juicio político y desafuero contra Molinar Horcasitas, actual secretario de Comunicaciones y Transportes.

De acuerdo con Reyes Orona, la operación irregular –ideada por el entonces responsable de Finanzas y actual director general del IMSS, Daniel Karam Toumeh– consistió en que por lo menos 500 millones de pesos fueron utilizados para jugar en la bolsa de valores en inversiones riesgosas y altamente especulativas.

En entrevista con Proceso, el exprocurador fiscal explica que en 2006 el IMSS usó 500 millones de pesos para comprar bonos emitidos por Metrofinanciera –una sociedad financiera de objeto múltiple (sofom)– en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con la intención de obtener ganancias adicionales.

En 2008 esa empresa comenzó a tener problemas de liquidez y en junio de 2010 llegó a la quiebra, por lo que hoy no tiene recursos para devolver el dinero a sus inversionistas.

En la ilegalidad

Reyes Orona aclara que este tipo de operaciones financieras no están permitidas a los organismos descentralizados ni a las paraestatales.

Con el Diario Oficial de la Federación del 1 de marzo de 2006 en la mano, el economista lee el “Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la administración pública federal”, cuyos numerales II.1 y II.2 indican que sólo están permitidas las inversiones en sociedades que emitan “valores gubernamentales”, como cetes o bonos del IPAB.

Para aclarar si al IMSS, que es un organismo descentralizado, se le aplican o no los lineamientos anteriores, Proceso se entrevistó con el abogado especialista en administración pública Jaime Cárdenas Gracia, quien detalló que, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el IMSS “se rige por sus leyes específicas en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, pero en cuanto a su funcionamiento, operación, desarrollo y control, en lo que no se oponga a aquellas leyes específicas, se sujetará a las disposiciones de la presente ley”.

Lo anterior significa, explica Cárdenas, que para normar su estructura orgánica el IMSS se rige por su propia ley, pero en lo que atañe a su operación, “como el manejo de sus finanzas”, debe acatar lo que dice la Ley Federal de Entidades Paraestatales y, por lo tanto, lo que especifica el decreto de 2006, que dice qué tipo de inversiones puede efectuar.

Según el decreto del 1 de marzo de 2006, agrega el también diputado del Partido del Trabajo, el IMSS no puede invertir en acciones especulativas, sino sólo en operaciones respaldadas por “valores gubernamentales”.

“Todas las demás operaciones que no sean con valores gubernamentales son ilegales y puede haber responsabilidades administrativas, civiles y penales para quienes autorizaron las inversiones del IMSS en Metrofinanciera”, concluye Cárdenas.

Información clasificada

En 2008 la sofom Metrofinanciera empezó a tener problemas de liquidez. En octubre de 2008, ante la crisis económica, el gobierno de Felipe Calderón anunció un programa de apoyo para algunas sofoles que no podían hacer frente a sus compromisos. Esto generó suspicacias en el exprocurador fiscal, quien empezó a indagar pues tenía dudas sobre el origen de los recursos y de si Metrofinanciera podía ser rescatada.

A través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), solicitó los montos de inversión del IMSS y de Pemex en Metrofinanciera. El 17 de septiembre de 2009 Pemex aclaró que no tenía inversiones en esa sofom pues la ley se lo prohíbe, por no tratarse de emisiones con “valores gubernamentales”.

La respuesta del IMSS fue sorprendente: el 27de octubre de 2009 dijo que esa información “se encuentra clasificada, con fecha 5 de enero de 2009, como reservada y confidencial en su totalidad”.

Reyes Orona detalla que “tiene indicios” de que la suma invertida por el IMSS de manera irregular es por 500 millones de pesos y que, al no haber una partida especial autorizada por la Cámara de Diputados, “es de suponer que forma parte del dinero del Fondo de Reserva del instituto, lo cual implica una desviación de recursos en detrimento de los derechohabientes”.

En su documento de solicitud de juicio político contra Molinar Horcasitas, el exprocurador fiscal establece que “preocupa que sin un claro sustento legal o técnico, entidades del sector público incursionen en actividades de suyo arriesgadas, comprometiendo partidas presupuestarias a destinos de inversión ajenos a los mandatos de esta Cámara”.

Añade: “Cobijado en un forzado alegato de reserva, pretende ocultar y encubrir severas responsabilidades de las áreas de tesorería y finanzas, las cuales han tratado las reservas del instituto y sus caudales como si se tratara de una empresa privada animada por la especulación”.

En su demanda, Reyes Orona pide también que se indague “la relación entre ejecutivos y promotores bursátiles vinculados a Metrofinanciera con operadores financieros del Seguro Social”.

Lo anterior porque el agente colocador (quien compra bonos en nombre de una entidad) recibe un porcentaje. En el caso de Metrofinanciera, quien se encargó de colocar sus acciones es IXE Banco, del cual es accionista Javier Molinar Horcasitas, hermano del entonces director del IMSS. Así lo reveló el 18 de agosto de 2009 Darío Celis, columnista de Excélsior, quien incluso preguntó “¿cómo fue que Javier pudo hacer este negocio con el IMSS, si su hermano Juan era el director?”

El día siguiente el mismo columnista publicó la réplica del banco: “Sobre el IMSS, señalan que el organismo empezó a invertir en papel de Metrofinanciera en octubre de 2006; es decir, antes de la llegada a la dirección de Juan Molinar Horcasitas. Que las emisiones que hizo IXE fueron en 2006, antes de que estallara la crisis en la sofom, esto es en 2008. Y que para entonces el papel gozaba de la mejor calidad, según las calificaciones de Standard & Poor’s”.

Aunque la información sobre Metrofinanciera está clasificada como “confidencial y reservada” desde el 5 de enero de 2009, Proceso encontró en los informes del IMSS que, efectivamente, el instituto empezó a invertir en 2006, como alega IXE, pero una de las operaciones sí se realizó cuando Javier Molinar ya estaba en la dirección de ese banco.

Según los documentos, la primera compra de bonos de Metrofinanciera se hizo el 4 de abril de 2006 por la cantidad de mil 485.1 millones de pesos; pero el 20 de diciembre de 2006, cuando Juan Molinar ya era director del IMSS, se compraron otros bonos de esta sofom por 460 millones de pesos. En total el instituto invirtió mil 945.1 millones de pesos en esa sofom, aunque tenía autorizados hasta 8 mil millones para la especulación bursátil.

Otras inversiones

El caso de Metrofinanciera no es el único en el que el IMSS se involucra con la especulación bursátil: desde 2000 lo ha hecho con papeles de Cemex, Carso Global Telecom, América Móvil, Bimbo, Coca-Cola FEMSA, Daimler Chrysler México Holding y las sofomes Crédito Inmobiliario, Fincasa Hipotecaria, Ford Credit de México, GMAC Financiera, GMAC Hipotecaria, Hipotecaria Su Casita, Hipotecaria Comercial América, Servicios Financieros Navistar, NR Finance México, PACCAR México, Telefónica Finanzas México, Crédito y Casa & Invex Banco, Hipotecaria Crédito y Casa y Patrimonio, además de CIE, empresa dedicada a la promoción de espectáculos.

El total de los papeles adquiridos o montos invertidos –que según Reyes Orona podrían estar siendo respaldados con dinero del Fondo de Reservas del IMSS– es de 16 mil 631.5 millones de pesos, según los reportes del propio organismo descentralizado.

Desde agosto de 2009 la bancada del PRI en la Cámara de Diputados solicitó al director del IMSS, Daniel Karam Toumeh, información sobre el posible “desvío” de recursos del instituto hacia Metrofinanciera, pues los legisladores no tenían conocimiento de que ese tipo de inversiones se haya realizado con otras sofomes o empresas privadas.

El 13 de noviembre de 2009, el vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, recordó que desde enero de ese año la información se catalogó como “reservada y confidencial” en lo que atañe a Metrofinanciera.

Ese mismo día propuso un punto de acuerdo para llamar a comparecer al director del IMSS y al director de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Javier Gavito, ya que esa entidad ha sido aval para las transacciones con las sofomes.

En el punto de acuerdo el priista estableció: “A través de indicadores y reportes financieros conocidos o emitidos por entidades financieras y documentos de trabajo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, surgen preocupantes indicios de que las sumas que indebidamente el Seguro Social pudo haber canalizado hacia Metrofinanciera pueden alcanzar los 500 millones de pesos.

“Ante ese incumplimiento del Presupuesto de Egresos y de las leyes y normas presupuestarias, la Dirección General y la de Finanzas del instituto han inducido a reservar hasta el final de esta administración la información relativa… Es inaceptable que servidores públicos pretendan hacer pasar como válido el intento de ocultar la información de cómo se usan los recursos del erario federal entregados a ese organismo.”

Más adelante, el priista establece las consideraciones que a su parecer han llevado al IMSS a clasificar el tema como “reservado”.

“Los directivos y administradores financieros del Seguro Social no han dado explicaciones porque no existe, al amparo de las disposiciones legales que regulan el uso de recursos públicos, (la posibilidad de) arriesgar y especular con dinero de los contribuyentes en inversiones de alto riesgo. Sólo beneficios particulares se pueden desprender de las arbitrarias decisiones de inversión hoy ocultas bajo el manto de la reserva.”

En el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados se pide un informe de lo invertido no sólo en Metrofinanciera, hoy en quiebra, sino también de todas las sofomes en que se han adquirido títulos o valores. Hasta la fecha la información no ha llegado.

El 26 de mayo de 2010, durante la comparecencia de Javier Gavito, Ramírez Marín pidió información sobre las inversiones del IMSS en Metrofinanciera. El director de la SHF evitó responder y se limitó a decir que esa Sociedad no ha realizado ningún rescate de Metrofinanciera.

Sin embargo, con la revisión de los estados financieros del IMSS de 2006 a 2010 se puede detectar lo que Juan Molinar, Daniel Karam y Javier Gavito no han querido informar.

En los documentos del IMSS aparece la relación de los 16 mil 631 millones de pesos del instituto invertidos desde el año 2000 al 2007. Se aclara que las inversiones se realizan con apego a la Ley del Seguro Social y a su Reglamento Interior. En el desglose de los reportes se establece también que las inversiones no superan 30% del valor total de los diversos fondos que tiene el instituto y que componen el Fondo de Reservas.

Sin embargo, según el análisis del “Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la administración pública federal”, y que según Reyes Orona, Jaime Cárdenas Gracia y el economista Mario di Costanzo también se aplica al IMSS, esas inversiones millonarias son ilegales.

En dichas reglas se establece que las sociedades de inversión a que se refiere el inciso e) del numeral II.1, únicamente podrán ser aquellas cuyo régimen de inversión, de acuerdo con sus respectivos prospectos de información, tengan como activos objeto de inversión exclusivamente valores gubernamentales”.

Más adelante se establece que “la inversión de una misma entidad en acciones representativas del capital social de una sociedad de inversión no podrán exceder el 30% de los activos totales de esa sociedad de inversión”.

Los documentos del IMSS, donde se aclara que no es más de 30% la inversión en los papeles de las empresas privadas, son reveladores.

No sólo ofrece datos de las multimillonarias inversiones del IMSS en operaciones especulativas, sino que dice cómo las inversiones en GMAC Financiera y GMAC Hipotecaria, por ejemplo, fueron disminuyendo en su calificación en abril de 2008.

En julio de ese mismo año, el IMSS reportó que la corredora Fitch había bajado la calificación de los papeles de Metrofinanciera y que Standard & Poor’s bajó nuevamente la calificación de GMAC y de Ford Credit México.

En el primer trimestre de 2009 el propio IMSS dio cuenta de lo que tanto temían los legisladores del PRI y lo que Reyes Orona y Di Costanzo advertían: que al jugar con papel especulativo el instituto podría perder.

Los documentos en el rubro de “Posición del portafolio de inversión” revelan que también se había invertido en Comercial Mexicana, la primera empresa que quebró por jugar con instrumentos de alto riesgo.

“…No se incluyen el vencimiento de la inversión por 181.4 mdp (millones de pesos) y los intereses devengados por 8.1 mdp por la emisión COMERCI 01808 de Controladora Comercial Mexicana por incumplimiento en febrero de 2009. La cuenta se encuentra en litigio.”

Y lo mismo para su inversión con Metrofinanciera: “No incluyen el vencimiento de la inversión por 250 mdp y los intereses devengados por 2.1 mdp, de la emisión MEROFI 00509 de Metrofinanciera por incumplimiento en abril de 2009. Las cuentas se encuentran en inversiones en litigio”.

Estos datos corroboran los temores de los legisladores: pérdidas para el IMSS en su Fondo de Reservas que difícilmente podrán ser recuperadas.

IMSS: mezquindad criminal

Rodrigo Vera

“El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está discriminando a unos 2 millones de pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas, ya que acaba de limitar la adquisición de medicamentos destinados a esa población”, afirma Luis Adrián Quiroz Castillo, coordinador de la organización de derechohabientes Viviendo con VIH, de ese instituto.

Quiroz explica que, por una “circular firmada por la señora Carmen Zepeda Huerta, jefa de la Unidad de Administración del IMSS, se acaba de limitar la compra emergente de estos medicamentos, señalando que estas compras no deben sobrepasar, por unidad médica y por caso concreto, el monto de 76 salarios mínimos diarios vigentes en el Distrito Federal”, lo que equivale a poco más de 4 mil 300 pesos.

Indica que estas “compras emergentes” son las adquisiciones de medicamentos que no existen en almacén, por lo que se realizan “por fuera” y están previstas, sin limitaciones, en la propia normatividad que regula al IMSS en esa materia: el Procedimiento para la Compra Emergente de Bienes de Consumo en las Unidades Médicas.

–¿La nueva circular contraviene la norma interna? –se le pregunta a Quiroz Castillo.

–Sí, la circular de la señora Carmen Zepeda va contra la propia reglamentación interna. En ésta se señala que cuando se requiera la compra emergente de medicamentos que rebasen los 76 salarios mínimos, se necesita un requerimiento para dar la autorización de compra.

“Estas autorizaciones se estaban dando sin ningún problema. Por ejemplo, si se necesitaba un medicamento de 7 mil pesos, que rebasaba el tope, se podía adquirir gestionando su compra. No había limitaciones. La nueva circular impone drásticamente un tope.”

Quiroz Castillo indica que, con la nueva disposición, se verán afectados los alrededor de 24 mil pacientes con VIH/sida que actualmente atiende el IMSS en todo el país.

Agrega: “El 10% de estos pacientes, aproximadamente 2 mil 400, ya tienen multirresistencia –no responden a los medicamentos usuales para VIH/sida–, por lo que requieren medicamentos especiales, como el Darunavir y el Raltegravir que, a pesar de estar incluidos en el cuadro básico de medicamentos del IMSS, ahora serán difíciles de conseguir por sus altos costos”.

–¿La nueva circular afecta sólo a los pacientes con VIH que tiene el IMSS?

–No. Afecta a todos sus derechohabientes que tienen padecimientos crónicos degenerativos. Personas que tienen hepatitis B y C, lo mismo las que padecen todo tipo de cáncer, entre otras.

“Si en este momento un paciente requiere un tratamiento oncológico o una quimioterapia muy específica, que necesite compra emergente, pues se va a quedar esperando porque no hay recursos para atenderlo. Así de grave es la situación.”

–¿Son tratamientos caros?

–Sí, son costosos. Tan sólo las quimioterapias llegan a costar unos 40 mil pesos mensuales.

–¿A escala nacional, cuántos pacientes del IMSS padecen enfermedades crónicas degenerativas y, por lo tanto, podrían resultar perjudicados?

–Calculamos que son alrededor de 2 millones de derechohabientes. Pero aclaro que es muy difícil hacer el conteo porque no hay estudios epidemiológicos al respecto. Sin embargo, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información ya solicitamos esos datos al IMSS. Las cifras oficiales nos las entregarán en dos o tres meses.

Por lo pronto, dice Quiroz Castillo, su organización interpuso una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, puesto que se está discriminando a ese tipo de pacientes, a pesar de que la Constitución garantiza el acceso a la salud para todos los mexicanos.

“Es una discriminación administrativa que parte de esa circular expedida por Zepeda Huerta y que afecta a pacientes que, sobre todo, son atendidos en los hospitales de segundo y tercer nivel”, concluye Quiroz Castillo. l

Carta abierta a los multimillonarios de México

Denise Dresser

A los empresarios mexicanos que forman parte de la lista Forbes:

El año pasado, en mayo del 2009, la prensa estadunidense se enteró de que los hombres más ricos de su país –Warren Buffet y Bill Gates– habían convocado a una reunión confidencial de multimillonarios. Aunque en un primer momento se trató de mantener en secreto, poco a poco, el objetivo del encuentro salió a la luz y ha sido impactante conocerlo. Gates y Buffet le pidieron a los convocados que repensaran la naturaleza de las labores filantrópicas que llevan a cabo. Les pidieron, simple y sencillamente, que dieran más. Que donaran más. Que devolvieran más al país que les ha permitido tener una posición privilegiada. Bill y Melinda Gates alzaron la vara al sugerir que los 400 hombres y mujeres estadunidenses en la lista Forbes donaran 50% de su fortuna a una causa filantrópica en el transcurso de sus vidas o en el momento de su muerte.

La pregunta entonces es ¿por qué no en México? ¿Por qué no pedir el mismo tipo de compromiso a ustedes cuyas fortunas fueron hechas aquí, gracias al país que les permitió ingresar a la lista Forbes? Durante los últimos cuatro años, Warren Buffet ha donado 6 mil 400 millones de dólares a la Fundación Gates. Eso, aunado a los donativos de los propios Gates, ha llevado a una campaña global para erradicar la malaria. Ese mismo dinero, bien usado en México podría llenar muchos de los hoyos de salud y educación que el Estado mexicano –en medio de una crisis fiscal– no puede atender. Donativos de esa magnitud podrían cambiar de manera importante a México.

Si personajes como Oprah Winfrey, Eli Broad, Ted Turner, David Rockefeller, Michael Bloomberg, George Soros, John Doerr y Pete Peterson –entre otros– están dispuestos a asumir y considerar el reto de regalar la mitad de su valor neto, ¿dónde están Carlos Slim, Jorge Larrea, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego y multimillonarios mexicanos comparables? Por qué, en un país con necesidades tan obvias, la filantropía empresarial es, en términos comparativos, tan pequeña? ¿Será por nuestra tradición oligopólica? ¿Por la forma tan peculiar en la cual se han amasado las grandes fortunas en México? ¿Por la ausencia de instituciones reconocidas, dedicadas a la filantropía? ¿Por una cultura que no contempla el giving back (dar de vuelta), como un componente central de la actividad empresarial? Detrás de este cúmulo de razones, hay una realidad innegable: México sigue produciendo personas que forman parte de la lista Forbes, pero no conciben la filantropía como parte de su labor. La mayoría parece vivir conforme al credo personal de Carlos Slim, manifestado a la revista The New Yorker, “no creo en la caridad”.

Para muchos de ustedes, basta con actividades como el Teletón, Iniciativa México, mantener un par de fundaciones, regalar algunos millones al año y siempre en eventos con una gran cobertura mediática. Pero eso no es suficiente. En democracias funcionales, la filantropía no se usa nada más para comprar buena publicidad o combatir las presiones regulatorias. La filantropía es vista como una obligación moral; como parte del contrato social que un empresario firma en una sociedad capitalista. Y si el argumento moral tiene poca resonancia en México, existe otro con más poder de convencimiento. Si ustedes –los ricos de México– no regresan más, contribuirán a crear el tipo de país al cual tanto le temen. Tendrán que erigir cercas electrificadas cada vez más altas para defender una riqueza vista como cuestionable, porque con demasiada frecuencia se ha creado gracias a la protección política y no a la innovación empresarial. Tendrán que defender con cada vez más vehemencia su pedazo del pastel, por no permitir condiciones tales que crezca para todos.

Y mientras tanto, seguirán pagando un daño creciente a sus reputaciones. Continuarán enfrentando notas periodísticas constantes sobre la evasión fiscal, la captura regulatoria, los conflictos de interés, el bloqueo a la competencia, la expoliación a los consumidores, el país de privilegios, la incredulidad social ante la manufactura de millonarios en sectores protegidos, y todos los usos y costumbres del capitalismo de cuates que caracteriza a México hoy. En cada nueva versión de la lista, reincidirán los cuestionamientos a personas como ustedes; cuestionamientos similares a los que se hicieron a los Carnegie, a los Rockefeller y a los Vanderbilt, antes de que aprendieran a ser filántropos de verdad. Antes de que comprendieran la importancia de retribuir para resguardar, devolver para legitimar, dar para sobrevivir.

O, como lo argumenta Warren Buffet en un artículo reciente: “beneficiar a otros que por azares del destino tienen menos suerte que uno”. Y Buffet ha cumplido con el compromiso de donativos filantrópicos crecientes, a sabiendas de que no afectarán ni su estilo de vida, ni el dinero que piensa dejarles a sus hijos. Sabe que tanto él como los miembros de su familia continuarán con vidas confortables y útiles, intocadas por el regalo de un montón de millones. Sabe que –con frecuencia– quienes poseen demasiadas cosas, como yates y aviones y obras de arte, acaban poseídos por ellas. Sabe que tuvo la fortuna de nacer en un país con un sistema económico que le permitió tomar grandes riesgos y cosechar extraordinarios beneficios. Y eso lo llena ahora de gratitud. Un tipo de gratitud poco vista entre los magnates mexicanos, pero que se vuelve urgente ante la situación difícil del país. Una forma de revisar la huella que desean dejar en el mundo, basada en el fin de la acumulación y el principio de la tarea más seria y difícil que es distribuir con sabiduría. Una forma de comportamiento que debería llevar hoy mismo al anuncio compartido de todo aquello que los mexicanos de la lista Forbes deberían estar dispuestos a dar. La mitad de su fortuna. La mitad de su valor neto. Un cheque a cambio del país que podrían transformar, si quisieran hacerlo. l

Jorge Rojo Lugo, fin de una dinastía

Miguel Ángel Granados Chapa

El miércoles 14 murió Jorge Rojo Lugo, hijo de Javier Rojo Gómez, fundador de una dinastía de gobernantes y políticos que dominó por décadas la vida pública de Hidalgo. Aunque dos nietos de don Javier, hijos de su hijo Jorge, desfilan aún en la escena pública, han aceptado someterse a decisiones de un equipo que ya no reconocía el liderazgo de esa familia y por lo tanto es remota la posibilidad de que gobiernen la entidad donde lo hicieron sus ascendientes.

Rojo Gómez nació en la hacienda de Bondojito, en Huichapan, el 18 de junio de 1896. (El nombre de su lugar natal fue impuesto años más tarde, cuando el abogado hidalguense gobernaba el Distrito Federal, a una colonia del norte de la capital, cuyo nombre es a veces deformado por los adversarios de los diminutivos, que la llaman “la Bondojo”). Desde pastor, que fue el humilde oficio que sus condiciones familiares le deparaban, se alzó muy pronto y a los 24 años fue elegido diputado local, cuando apenas se consolidaban los gobiernos estatales, tras la promulgación de la Constitución de 1917. Fue reelegido una vez (entonces era posible hacerlo, pues las legislaturas duraban dos años) y en 1925 pasó al Congreso federal, como diputado por el distrito de Zimapán, que incluía a su tierra.

Adquirió experiencia política y administrativa como secretario de gobierno de un periodo breve, y fue también juez de distrito. Por breve tiempo fue también secretario general en el gobierno capitalino, al que volvería como cabeza años después. Vinculado siempre a la vida rural, con la Federación de Obreros y Campesinos de Hidalgo acudió a la fundación de la CNC, de la que sería líder mucho tiempo después.

Con esa base fue elegido gobernador de Hidalgo en 1936. Su gestión, iniciada al año siguiente, se interrumpió porque el presidente Manuel Ávila Camacho lo designó jefe del Departamento Central, como entonces se denominaba a la dependencia presidencial que administraba a la capital de la República. La causa de su nombramiento era la estrecha relación política que había logrado establecer con el presidente Cárdenas, cuyas políticas populares buscó reproducir en Hidalgo. Hombre fuerte en su entidad, logró que lo reemplazara su cuñado, hermano de su esposa Isabel, José Lugo Guerrero, que concluyó su periodo en 1946.

Rojo Gómez apareció pronto como un aspirante a la presidencia de la República, apoyado por el ala cardenista del gobierno moderado que sucedió al general michoacano. Tres de sus partidarios, Carlos Madrazo, Sacramento Joffre y Jorge Téllez Vargas fueron enviados a la cárcel durante la contienda interna por la candidatura presidencial, lo que da idea del extremo a que podría llegar el principal antagonista del hidalguense, el secretario de Gobernación Miguel Alemán.

Sobra decir que cuando finalmente se impuso el veracruzano, durante su sexenio Rojo Gómez se eclipsó. El presidente Ruiz Cortines lo sacó del ostracismo y lo nombró embajador en Japón y en Indonesia. A su regreso, López Mateos lo impulsó para ser secretario general de la CNC. Al cabo de esa encomienda, desde la cual apoyó la precandidatura de Gustavo Díaz Ordaz, éste al asumir la presidencia lo nombró gobernador de Quintana Roo. Se produjo así el peculiar fenómeno político en que tres hidalguenses gobernaran sendas entidades de la República: Carlos Ramírez Guerrero el propio estado de Hidalgo, Alfonso Corona del Rosal la capital de la República, y Rojo Gómez aquel inmenso imperio forestal.

En la primera gira de Echeverría, ya como presidente electo, a las playas caribeñas donde poco después se alzaría Cancún, el flamante presidente encabezó una marcha sobre los arenales, al cabo de la cual se dispuso a subir, con ímpetu juvenil, la pirámide de Tulum. A sus 73 años el gobernador se empeñó en acompañar al presidente. Al descender del monumento tuvo que ser hospitalizado. Murió el 31 de diciembre de 1970.

Para entonces su hijo Jorge (no Javier el mayor, que optó por la arquitectura) había abrazado la carrera política. Muy joven, a los 28 años, fue diputado federal y luego se adentró en la banca de desarrollo: el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas y el Banco Nacional Agropecuario, del que fue el primer director general. Aspiraba ya a la gubernatura, pero Manuel Sánchez Vite, que lo aventajaba políticamente, le ganó el turno en 1969 y en 1975, pues impuso a su valido y pariente Otoniel Miranda. Por razones que no es del caso recordar aquí, Miranda duró apenas un mes en el cargo, y fue preciso convocar a nuevas elecciones, en las que se cumplió el sino familiar de Rojo Lugo, quien como otra muestra de la influencia de su grupo recibió el gobierno de manos del interino Raúl Lozano Ramírez, quien había sido secretario particular de su padre.

Dos años después de iniciado su periodo, Rojo Lugo fue llamado al gabinete de López Portillo como secretario de la Reforma Agraria. No hizo huesos viejos allí, pues lo afectó el mismo síntoma de desatención a sus labores de que se hablaba en el bienio inicial de su administración en Pachuca. Muy a menudo, cuando el presidente buscaba a su secretario de la Reforma Agraria, éste se hallaba en Hidalgo, probablemente en un festejo, tal como a la inversa había ocurrido antes: con frecuencia el gobernador estaba en la Ciudad de México, presumiblemente en una fiesta. De modo que López Portillo lo reemplazó por Antonio Toledo Corro y Rojo Gómez reasumió la gubernatura.

Para hacerlo tuvo que desplazar a José Luis Suárez Molina, un militar retirado a quien se tenía como miembro de la familia Rojo Lugo, pues había crecido en su casa. Torpemente ensoberbecido, no acató la regla por la cual un interino ejerce un poder vicario, y se tomó a pecho su papel, como si hubiera sido elegido y aun se permitió actos extravagantes y groseros, sin suponer que el día menos pensado dejaría el gobierno en las mismas manos que se lo habían confiado.

Rojo Lugo no pudo influir en su propia sucesión porque López Portillo impulsó inexorablemente a Guillermo Rossel de la Lama. Pero un primo suyo, Adolfo Lugo Verduzco, llegó al gobierno inmediatamente después, designado por Miguel de la Madrid, quien probablemente fue víctima de una confusión. El que se desvivía por el gobierno era otro primo, Humberto Lugo Gil, mientras que Lugo Verduzco hubiera preferido continuar a la cabeza del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Finalmente, la longeva aspiración de Lugo Gil, hijo de Lugo Guerrero, asimismo gobernador y cuñado de Rojo Gómez como queda dicho, se cumplió parcialmente pues fue interino entre 1998 y 1999, en reemplazo de Jesús Murillo Karam, que había sido secretario de gobierno con Rojo Lugo. Además del propio Murillo Karam, hoy senador de la República, durante el gobierno de Rojo Lugo empezó la carrera política, de menor magnitud pero más sonada, de Gerardo Sosa Castelán, el protagonista del libro La Sosa nostra, de Alfredo Rivera.

Dos hijos de Rojo Lugo aspiraron en años recientes a continuar la tradición familiar, pero la fortuna no les ha sido favorable y ellos han carecido del ímpetu que requiere la política de poder, no la administración bajo las órdenes de un jefe. El mayor de los dos, Jorge Rojo García de Alba, ha combinado los negocios con la vida pública (administra la Inmobiliaria y Constructora San Cristóbal), fue secretario particular del gobernador Manuel Ángel Núñez Soto y es ahora diputado federal. Fue uno de los seis que con ese carácter se sentían tocados a participar en una contienda interna por la candidatura al gobierno, este año. Pero al igual que sus compañeros se disciplinó ante la decisión del gobernador Miguel Ángel Osorio, que escogió a quien los legisladores desdeñan por considerarlo de menor estatura política que la suya, Francisco Olvera, saludado ya por el presidente Calderón como si fuera a gobernar a los hidalguenses y no tuviera que sufrir la nulidad que dicte el Tribunal Electoral federal, según la demanda de la enérgica e inteligente candidata de la oposición Xóchitl Gálvez.

En conducta semejante, aunque de modo diferente, incurrió José Antonio Rojo García de Alba, que había cobrado distancia del gobierno local a fin de no ser sometido por las decisiones de Osorio. Secretario de Gobierno con Núñez Soto, secretario de Desarrollo Regional con Murillo, líder de la cámara local, había construido una base política propia, aunque con reminiscencias de la presencia familiar en el estado. Cuando volvió después de cumplir varias misiones partidarias, pareció posible una contienda interna en el PRI contra el designio de Osorio de imponer a Olvera. Pero la prudencia o algo peor aquietaron los ímpetus del todavía joven abogado. Al renunciar a su posibilidad de ser candidato, al igual que su hermano, se alejó quizá para siempre de esa oportunidad.

Por eso puede decirse que con la muerte de su padre, nacido el 19 de junio de 1933 y gobernador de 1975 a 1981, terminó la vigencia de la dinastía forjada por don Javier Rojo Gómez, cuya vida a la intemperie, de la que sus descendientes no supieron nada nunca, le dejó la huella de una mano desgarrada por una reata de lazar. l

Para el olvido

axel didriksson

Metidos en la discusión de sus alianzas, en los insólitos reacomodos que están ocurriendo entre los dirigentes de los partidos políticos, desdibujadas con ello las plataformas programáticas y los sentidos de todos los proyectos de país y de gobernabilidad, la educación, otra vez, no figuró como importante ni como tema relevante durante las recientes elecciones intermedias.

Porque más allá del énfasis retórico de todos los discursos y del obligado “ahora sí”, no hubo propuesta importante para enfrentar uno de los problemas más graves que se viven en el país. En 2004 uno de cada 10 mexicanos mayores de 15 años era analfabeto o bien no había concluido su educación básica. Los que terminaban ese nivel de escolaridad tampoco tenían mucho de qué presumir, porque no podían comprender a cabalidad lo que leían, no podían expresarse con claridad y mucho menos podían acceder, sistematizar, comprender y procesar información considerada como elemental.

De entonces a 2010 contamos con menos población escolarizada y, por ende, la fuerza de trabajo no tiene una adecuada capacitación ni opciones para su actualización técnica o profesional. Menos de 50% del grupo de edad escolar correspondiente (16-18 años) cursa la educación media superior y sólo 20% del grupo que le sigue asiste a una institución de educación superior. Las tasas de reprobación y deserción son altísimas en todos los niveles, pero se agravan en las carreras científicas y tecnológicas. La desigualdad de la cobertura educativa entre las entidades federativas es cada vez más grande, pero golpea por igual a la población más pobre, a la indígena, a los jornaleros y a los discapacitados. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE, julio 2010), en el presente ciclo escolar (2009-2010) cerca de un millón de jóvenes de entre 12 y 14 años pasaron a engrosar el sector de desescolarizados.

El pasado 2 de junio, Vernor Muñoz, relator especial de las Naciones Unidas, rindió su informe sobre el derecho a la educación en México, y lo que hizo fue ratificar que este derecho se viola flagrantemente en el país. Entre sus argumentos, el relator especial señaló que la desigualdad educativa no podrá superarse con la puesta en marcha de programas compensatorios, de subsidios o de becas, sino con una “política pública articulada, sistémica, que no cambie cada seis años y que atienda los problemas de discriminación y exclusión social”; objetó la denominada Alianza por la Calidad de la Educación porque ésta es sólo un pacto político entre el SNTE y la SEP y no una política nacional organizada como la que se requiere. También criticó los concursos de oposición para el ingreso y promoción de profesores, las pruebas estandarizadas que se aplican con la idea de que con ellas se elevarán los niveles de la calidad de la educación y se fue de lleno en contra del pago de cuotas y la corrupción en el manejo de los recursos financieros destinados a la educación.

Entre otras, apuntó tres propuestas: que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lleve a cabo programas orientados a garantizar la defensa del derecho a la educación, la autonomía técnica del INEE y “desarrollar las bases jurídicas para el reconocimiento y legitimación de movimientos sindicales de la educación independientes y plurales”.

Desafortunadamente, de aquí a 2012 ya no podrá hacerse mucho o casi nada para enfrentar la decadencia educativa del país y mucho menos para darle sentido a las propuestas del relator especial de la ONU, porque sus opiniones han calado hondo y hasta han buscado ocultarse o mediatizarse. Mientras tanto, hasta que no cambien de fondo las cosas, se nos acabaron las posibilidades de un mejor y más justo desarrollo para todos. l

Los motivos de Obama

olga pellicer

La ley de Arizona SB 1070 se ha convertido en un tema espinoso para la política interna de los Estados Unidos. La demanda en su contra presentada por el Departamento de Justicia ante la Corte Federal de Phoenix, alegando su inconstitucionalidad al ir contra la facultad exclusiva del gobierno federal para regular los temas de inmigración, ha sido recibida con aprensión por miembros del Partido Demócrata. Los gobernadores y senadores en busca de su relevo o reelección en las elecciones intermedias del mes de noviembre han expresado temor de que dicha demanda opere en su contra entre los electores. A su vez, algunos republicanos que eventualmente apoyarían la reforma migratoria en el Congreso han expresado malestar por la acción ante la Corte y ya no parecen dispuestos a colaborar.

La demanda, destinada a evitar que la ley entre en vigor, es plenamente comprensible. Se trata de una ley de corte racista que alienta el hostigamiento por parte de la policía a quienes por el color de su piel o modo de vestir pueden considerarse “sospechosos” de encontrarse ilegalmente en los Estados Unidos. Tal acción va en contra de los sentimientos que han dado el tono a la política interna en ese país desde que se iniciaron los movimientos a favor de los derechos civiles a mediados de los años cincuenta. Movimientos sin los cuales no sería comprensible la llegada al poder del primer presidente afroamericano en los Estados Unidos.

Sin embargo, al igual que en muchos otros temas, la sociedad estadunidense se encuentra hoy profundamente dividida. A pesar de sus consecuencias discriminatorias, las encuestas indican que la ley de Arizona es vista con simpatía por 60% de los estadunidenses. Los motivos de lo anterior son varios, algunos de ellos comprensibles aunque no por eso justificables.

En primer lugar, se encuentra la situación económica. Uno de los problemas centrales de los Estados Unidos en este momento es la dificultad para recuperar los niveles de empleo existentes antes de la crisis. Se ha iniciado la recuperación económica pero el desempleo sigue siendo alto. Como ha ocurrido tradicionalmente, el chivo expiatorio son los migrantes, independientemente de lo cierto o no de ser una causa del desempleo. El reclamo por dicho desempleo es un arma utilizada contra la administración demócrata. Mal momento, opinan por lo tanto senadores y gobernadores de ese partido, para defender a trabajadores migrantes.

El segundo motivo es el vínculo que se ha establecido entre seguridad y trabajadores mexicanos indocumentados. La violencia que ocurre del lado mexicano y la posibilidad de que ésta se derrame al otro lado de la frontera afecta la percepción que se tiene de los trabajadores migrantes. No puede pasar sin consecuencias la información tan negativa sobre la violencia en México que se transmite continuamente por la televisión o la prensa. Por ello, lo que se solicita al pensar en la frontera son un mayor número de medidas para mantenerla bajo control.

Finalmente, la parálisis del poder legislativo en materia de reforma migratoria deja un vacío que las autoridades estatales están ansiosas de llenar. La falta de acción para dicha reforma, empantanada desde hace años en el Congreso, irrita a diversas fuerzas en los estados, las cuales alegan que entonces ellas deben tomar las cosas en sus manos.

Ante tales circunstancias, es comprensible la exclamación de un gobernador republicano según el cual “apuesto a que casi todos los estados de la Unión tendrán para el próximo enero una ley similar a la aprobada en Arizona” (New York Times /julio 11 /2010).

Cabe entonces preguntar cuáles fueron los motivos del presidente Obama para propiciar la demanda ante la Corte de Arizona. Al parecer, se ha dado prioridad a dos hechos: de una parte, hay una cuestión de principios a la que nos hemos referido anteriormente: Obama no puede ser indiferente a una acción que abra la puerta a la discriminación racial. De la otra, es necesario recordar la importancia del voto hispánico en la elección presidencial de 2008. Sin ese voto hubiese sido imposible obtener la mayoría requerida en estados que fueron clave para la decisión del Colegio Electoral. Se trata de mantener ese apoyo, no sólo en las elecciones intermedias sino en el momento crucial de la deseada reelección presidencial en 2012.

Para algunos, esa preferencia por cortejar el voto hispano es interesante en términos electorales, pero poco funcional si se piensa en la posibilidad de una reforma migratoria el próximo año. La demanda, sobre todo si se gana, va a producir sentimientos muy negativos en los círculos republicanos, necesarios para lograr la aprobación en el Congreso.

En el caso de México y otros países centroamericanos con fuerte migración a los Estados Unidos las noticias no son buenas. Es muy probable que el flujo de trabajadores hacia el norte se mantenga, es probable que la ley de Arizona no entre en vigor, pero no es probable que disminuya el sentimiento antiinmigrante que crece en la sociedad estadunidense. Para los millones de nuestros connacionales que se encuentran allá, esos sentimientos serán crecientemente incómodos; la posibilidad de una reforma migratoria que permita su legalización y la ida en condiciones más predecibles y ordenadas de quienes buscan ir para un trabajo temporal es cada vez más lejana. l