Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 25 de julio de 2010
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA
Colaborador Invitado / Terrorismo: realidad insoslayable
Es necesario reconocer la existencia del terrorismo y actuar en consecuencia para evitar un escenario inédito de violencia.
Colaborador Invitado
(25 julio 2010).- Mario Arroyo Juárez
Miembro del Colectivo de Análisis de
Los hechos de violencia registrados en días recientes en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde criminales detonaron un dispositivo explosivo improvisado matando a dos personas e hiriendo a otras siete, así como el atentado en una fiesta en Torreón, Coahuila, que dejó 17 personas muertas y 18 heridas, situaron en el debate público dos interrogantes: ¿estos hechos pueden catalogarse como terrorismo? y, en el caso específico del uso de explosivos en Ciudad Juárez, ¿el uso de esta táctica significa un escalamiento en el nivel del conflicto entre la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad gubernamentales?
La respuesta al caso de Torreón la dio el propio alcalde Eduardo Olmos Castro: "donde han muerto víctimas inocentes, civiles, para mí no existe otro calificativo que el de terrorismo... cuando es gente inocente la que cae, no queda otro término en mi vocabulario".
En ambos casos, tanto autoridades mexicanas como comunicadores nacionales han regateado el término "terrorismo" para describir los hechos. En el caso de Ciudad Juárez, el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, declaró que no fue un acto terrorista porque no iba dirigido a civiles sino que: "el ataque estaba dirigido claramente contra la policía". Compartiendo esta posición, un diario nacional, entre la candidez y la ignorancia, señala en su editorial que "por rigor académico resulta dudoso llamar terrorismo a lo sucedido en Ciudad Juárez", ya que "las evidencias indican que el objetivo de la bomba era matar agentes federales".
Esta posición lo único que demuestra es la ausencia de una doctrina sobre terrorismo. Imaginar declaraciones en España diciendo que el coche bomba que estalló la banda terrorista ETA no fue terrorismo porque sólo iba dirigida a
A quienes aún tienen dudas de si los actos que la delincuencia viene ejecutando pueden ser tipificados como delitos habría que remitirlos al Código Penal Federal, donde se señala que comete el delito de terrorismo el que "utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación".
El uso de explosivos no sólo representa una escalada en la espiral de violencia, sino que el uso de esta táctica terrorista complementa las otras que ya viene utilizando la delincuencia organizada en México: explosivos lanzados (granadas), emboscadas, secuestros, homicidios e incendios. También es factible clasificar estos actos como terrorismo dado que sus objetivos inmediatos y de largo plazo coinciden con el de cualquier organización terrorista típica: buscar venganza, hostigar, debilitar o ridiculizar al gobierno, las Fuerzas Armadas u otras fuerzas de seguridad; impedir o retrasar decisiones o acciones de gobierno; demostrar poder o vulnerar la credibilidad gubernamental; mostrar la incapacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos, y forzar a la reacción del gobierno, sobrerreacción o represión ocasionando disentimiento público; interrumpir o desmantelar la infraestructura de apoyo de una fuerza contraria; influenciar el proceso de toma de decisiones a nivel internacional, regional, nacional o local.
Efectivamente, uno de los objetivos del terrorismo es generar miedo, que el diccionario de la lengua española define como "perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario".
Esa sensación es la que la mayoría de los mexicanos tienen hoy ante la inseguridad que genera la delincuencia. Pero las autoridades también tienen miedo de llamar las cosas por su nombre. Es necesario reconocer la existencia del terrorismo en México y actuar en consecuencia. No diseñar e implantar una política de seguridad específica para enfrentar el terrorismo en México nos puede llevar a un escenario de violencia social inédito. Las discusiones semánticas, los discursos políticos y las condenas públicas no nulifican la maquinaria de muerte que es la delincuencia organizada, lo que se necesitan son acciones claras y contundentes en materia de terrorismo y contraterrorismo.
¿Terrorismo o no?
Las reacciones oficiales ante el coche bomba de Ciudad Juárez contrastan con la opinión de especialistas.
"Hasta ahora esto no parece sugerir necesariamente que estamos entrando a una nueva fase de violencia de los sindicatos de drogas. Es importante decir que esto no parece una decisión discriminada, y los civiles no fueron el blanco... No fue un coche bomba que fue colocado en medio de un mercado; claramente el blanco eran los policías".
Arturo Sarukhán
Embajador de México en Estados Unidos.
"Para mí el 15 de julio va a quedar marcado como el inicio del fenómeno del 'narcoterrorismo' en México, ya no se miden, de hecho se convierte en un objetivo el daño de personas inocentes con el ánimo de debilitar y desestabilizar las estructuras institucionales".
Alberto Capella
Ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana.
"La bomba que vimos en Ciudad Juárez, en el consulado de Nuevo Laredo, una granada que se tiró ahí, obviamente son actos que nos tienen que preocupar muchísimo, pero tenemos que diferenciar eso de lo que es el terrorismo".
Carlos Pascual
Embajador de Estados Unidos en México.
"Eso es levantar el nivel, el que la gente se asuste, por eso es un acto terrorista, porque los pudieron haber matado con un lanzagranadas, con armas de AK-47; pero no, quieren la imagen del coche bomba explotando en la televisión y por eso es un acto terrorista".
Samuel González
Ex fiscal de
Incomunicación: el problema de Calderón
Reportaje Gobierno: publicidad y comunicación. El cambio en la oficina de comunicación de Los Pinos debe dar pie al diseño de una estrategia de la que ha carecido el gobierno de Calderón, apuntan especialistas. El gobierno gastó en publicidad 16 mil 977 millones de pesos entre el 1o. de diciembre del 2006 y el 31 de mayo del 2010. Esto equivale a 15 millones 77 mil pesos diarios
Ernesto Núñez
(25 julio 2010).- Maximiliano Cortázar pasó de
El salto del ex vocero presidencial de las labores de gobierno a las de partido se da en momentos en los que el Presidente luce solitario. Sin una estrategia clara de comunicación, Felipe Calderón declara que uno de los principales problemas de su administración ha sido precisamente ése, la comunicación; un día le reprocha a los medios y a los líderes de opinión el que no hablen bien de México, y otro día asegura que la violencia en el país es sólo un problema de percepción.
Rubén Aguilar Valenzuela y José Carreño Carlón, dos especialistas en comunicación y ex voceros presidenciales, aseguran que desde el arranque del sexenio es evidente la falta de una estrategia que defina el mensaje e imagen gubernamentales, la relación con los medios y la interlocución con la sociedad.
La salida de Cortázar, opinan, puede significar un cambio importante en el gobierno de Calderón, siempre y cuando no se quede en la mera sustitución del ex baterista de Timbiriche por Alejandra Sota, la politóloga que pasó de
"Si el cambio en la oficina de comunicación representa un cambio de estrategia se puede hacer mucho, si sólo es un cambio de personas poco o nada se puede hacer", afirma Aguilar.
El ex vocero de Vicente Fox considera que el primer error de Calderón y su equipo fue eliminar la figura que a él le tocó protagonizar en la segunda mitad del sexenio anterior: la de un vocero que sirve como primera valla de protección al Presidente, quien en ese esquema se puede concentrar en los temas estratégicos y evitar el desgaste de la agenda cotidiana.
En el gobierno actual el principal vocero del gobierno es Calderón, sobre todo en el tema más polémico que ha habido en estos cuatro años, el de la guerra contra el narco.
"El gobierno sólo trabajó sobre el tema de seguridad, a cargo del propio Presidente. Eso dimensionó el tema, se convirtió en el tema central porque la prensa siempre va a recoger la voz del Presidente. Esto ha impedido a lo largo del sexenio que otros temas puedan tener lugar en la agenda mediática", añade.
El 8 de enero del 2007, en Los Pinos, ocurrió lo que para Rubén Aguilar es otro de los graves problemas de esta administración. Ese día, Cortázar reunió a los coordinadores de comunicación de las secretarías de Estado y organismos públicos para darles las instrucciones a seguir en la administración. Les recomendó emitir un mensaje homogéneo y concentrar los anuncios importantes en
La orden se tradujo en que los secretarios decidieran mantener un bajo perfil a partir de ese momento.
"Los secretarios del gabinete legal y ampliado están desaparecidos de la agenda. La instrucción parece que fue que ellos no tuvieran ningún rol. Y si en algún momento se pensó en otra cosa, está claro que no lo lograron, porque todo el tiempo los secretarios han estado desaparecidos. Se volvió a otros tiempos en los que los mensajes del gobierno federal sólo se dan a partir de la voz del Presidente. En eso creo que sí han sido muy claros y consistentes, aunque no sé si los resultados sean los mejores", comenta Aguilar.
Para Carreño Carlón los problemas de comunicación del gobierno son muy graves y no se limitan a la figura del responsable formal de las funciones de la comunicación.
"Tampoco se resolverán con el cambio de la persona, pero sí es una oportunidad de replantearse el final de un ciclo -que se prolongó demasiado- de concentración excesiva de las decisiones comunicativas, de exclusión de voces y de interlocutores, como correspondía a una Presidencia inicialmente cercada por la secuela de una elección cerrada e impugnada", explica.
Carreño asegura que desde hace tiempo se debió pasar a un ciclo distinto en la comunicación, correspondiente a una Presidencia que debe preparar su conclusión en condiciones razonables de aceptación, estabilidad y gobernabilidad, y que aspira a ganar la elección del 2012.
"Se debió pasar a un ciclo final de apertura y oxigenación en la construcción de los mensajes, así como de ampliación de los voceros y las audiencias con un ánimo de mayor interlocución", añade.
Dinero y spots
Según las metas y objetivos del gobierno federal, en el caso de
La coordinación está bajo el mando de
En el 2010 su presupuesto es de 133 millones 415 mil pesos, de los cuales 66.9 millones son para pagar sueldos. Cuenta con 133 servidores públicos, de los cuales 86 son mandos medios y superiores, y 47 técnicos operativos. El coordinador gana el salario de un subsecretario de Estado: 203 mil 564.97 pesos brutos al mes.
Pero el gasto del gobierno en imagen es muchas veces superior al presupuesto de esa oficina. Según un reporte entregado la primera semana de julio por
Para los expertos, este gasto ha sido, además de exagerado, inútil, pues no ha mejorado ni la imagen ni la comunicación del gobierno con sus interlocutores.
"Quizás no es clara la política de comunicación, pero sobre todo no es eficaz", apunta Carreño, "los indicadores internacionales para medir la eficacia de una estrategia de comunicación presidencial son dos: el grado en que esa estrategia es capaz de generar condiciones en el debate público y consensos con el Congreso para abrirle paso al cumplimiento del programa de gobierno y, en función del resultado anterior, el grado en que es capaz de construir una base de aceptación para ganar la siguiente elección".
Los magros resultados en la negociación de su programa de gobierno con la oposición y la derrota del PAN en las elecciones intermedias del 2009, según Carreño, ponen en evidencia el fracaso de la comunicación gubernamental.
Para Rubén Aguilar, la autopromoción gubernamental debería prohibirse y limitar los mensajes oficiales a asuntos de orientación a la ciudadanía, como campañas de vacunación o de protección civil.
"La publicidad pretende sustituir el papel de la comunicación gubernamental, pero hay que hacer siempre la distinción: no son lo mismo, una ataca el sentimiento y otra va a la razón; la publicidad pretende conquistar por la vía de la afectividad y la comunicación por la vía del convencimiento y la argumentación razonada. Deberíamos ir hacia allá y ése es un problema de todo el país, no sólo de
El desastre de la prevención
Reportaje Un país en riesgo. La política de protección civil está orientada a atender las consecuencias de los desastres naturales, no a prevenirlos
Karla Garduño Morán
(25 julio 2010).- Además de que la inversión en prevención de desastres es 30 veces menor de lo que se gasta en la atención de las emergencias y la reconstrucción, ésta no ha servido para mitigar las afectaciones que provocan los fenómenos naturales en la población.
Entre un año y otro, el número de fenómenos que se presentan en el país, sus intensidades y sus consecuencias pueden variar drásticamente; sin embargo, las repercusiones económicas de los desastres en los últimos 10 años han aumentado constantemente, al pasar de 2 mil 182 millones de pesos en el
El número de muertos se mantiene sobre los 500 por año desde el 2003, sin guardar proporción con la magnitud de los desastres. En 2005, cuando azotaron al país los huracanes "Stan", "Emily" y "Wilma", y hubo pérdidas por 45.5 millones de pesos, se registraron 518 decesos; en 2007, con las inundaciones de Tabasco y el deslave en Juan de Grijalva, Chiapas, las pérdidas alcanzaron el máximo de la década de 50.6 millones de pesos y se contabilizaron 526 fallecimientos. En 2008, cuando no hubo ningún desastre de gran magnitud sino fenómenos focalizados en zonas muy vulnerables, los muertos sumaron 530.
Medidas ineficaces
Junto a Veracruz y Oaxaca, Chiapas es una de las entidades más afectadas ante los desastres. Año con año, es de las principales beneficiarias del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
Entre 1996 y 2008, Chiapas recibió por parte del Fonden recursos por 6 mil 198 millones de pesos para atender los daños provocados no sólo por fenómenos de gran magnitud como la tormenta tropical "Larry" en 2003 o el huracán "Stan" en 2005, sino también por afectaciones debido al temporal de lluvias.
Pero al mismo tiempo Chiapas es una de las entidades que mayores recursos federales, estatales y municipales ha invertido en prevención: mil 865 millones de pesos entre 2004 y 2010 provenientes de fondos municipales y estatales de protección civil, de la secretaría estatal de Infraestructura, del Fondo para
Roberto Quaas, director del Cenapred, explica que para reducir los riesgos es preciso no sólo invertir en obras de mitigación, sino también reducir la vulnerabilidad, que en muchos casos implica el fortalecimiento de la infraestructura o la reubicación de población en zonas de riesgo.
"Suceden los desastres y no se hace una suficiente reflexión de por qué ocurrieron. Si hubo un desastre es porque alguien cometió un error, un error de cálculo, un error de estimación, una negligencia, no fue la naturaleza. No se trata de señalar a ese alguien, sino de no volver a cometer esos errores", dice Quaas.
Pero los errores se vuelven a cometer y un ejemplo es Nuevo León: en el Atlas de Riesgos del estado, realizado en 2001, se registran todos los desastres que provocó el desbordamiento del Río Santa Catarina en Monterrey en 1883, 1909, 1930 y 1988 -años en que llegaron a desaparecer colonias enteras- y se señalan cuáles son las medidas de prevención que deben tomarse, cómo evitar la invasión de zonas de riesgo.
En 2008, el estado obtuvo cerca de 40 millones de pesos del Fopreden para llevar a cabo medidas de prevención de sus riesgos; sin embargo, no se evitó que el 1o. de julio pasado, con el paso del huracán "Alex", la crecida del río se llevara consigo infraestructura por 355 millones de pesos construida en el lecho, como ciclopistas, parques escultóricos y obra vial.
En otros casos, las obras de prevención ejecutadas no son las adecuadas y los desastres se repiten. El 29, 30 y 31 de mayo del 2000, las intensas precipitaciones y un agrietamiento en el bordo del Río de
Desde entonces se advirtió cuáles eran las obras necesarias para evitar las inundaciones, como el entubamiento de
"Hay zonas que han aumentado sus índices de riesgo por el crecimiento desordenado, el crecimiento no circunscrito a una norma de construcción. Lo seguimos viendo en todos lados, esa forma en que se permiten asentamientos irregulares y se les dota inclusive de infraestructura urbana", critica Quaas.
El director del Cenapred dice que para lograr una mejor regulación de este tipo de asentamientos y para verificar que se sigan los lineamientos de construcción para que los edificios puedan resistir los sismos, es preciso crear una procuraduría nacional de la prevención de riesgos que tenga facultades no sólo de fiscalizar, sino también de castigar.
Cambio climático
Un nuevo reto para la prevención es el cambio climático, que ha modificado la geografía de los riesgos.
"En los últimos 10 años han aumentado los desastres porque estamos más expuestos y el cambio climático es un fenómeno antrópico que afecta el clima y nuestro entorno natural. Se provocan con más facilidad los huracanes", asegura el director del Cenapred.
Los temporales de lluvias son menos regulares, por lo que las entidades deben prepararse ante precipitaciones atípicas, como las de febrero pasado que provocaron inundaciones en el Valle de México.
El secretario de Protección Civil del Distrito Federal, Elías Miguel Moreno, explica que en los últimos años se han tenido que tomar en cuenta elementos climáticos que no eran comunes en la capital del país, como fuertes vientos y lluvias más fuertes y menos homogéneas.
"Aquí normalmente llovía de manera generalizada, con una intensidad igual para casi todos lados. Estas lluvias tardaban poco, una hora o menos. Ahora estamos ante un fenómeno nuevo: a veces llueve tres o cuatro días seguidos y después se presenta este fenómeno de lluvias muy intensas localizadas en un sitio", explica Moreno.
En ciertas zonas llegan a caer más de
Mapas de riesgo
Desde hace más de una década, el Cenapred (dependiente de
Para lograr una información más detallada y precisa sobre la incidencia de los fenómenos naturales y las características y riesgos de las regiones, es preciso que cada estado y cada municipio cuenten con su propio mapa.
A través del Fopreden, creado en 2004, varias entidades han obtenido recursos para hacer sus mapas de riesgos, el cual a su vez es un requisito para acceder al fondo. Sin embargo seis estados no cuentan con él: Baja California Sur, Guerrero, Coahuila, Yucatán, Colima y Durango. Tres de ellos (Guerrero, Coahuila y Baja California Sur) padecen una alta incidencia de riesgos y se han convertido en zona de desastre en varias ocasiones.
Entre las seis entidades han recibido 3 mil 214.4 millones de pesos por parte del Fonden para atender diversos desastres entre 2004 y 2010.
Hasta el momento, en el Atlas Nacional de Riesgos se integran mapas sobre riesgos volcánicos, intensidades y peligros sísmicos, la vulnerabilidad de las viviendas, las trayectorias históricas de los ciclones, los niveles de precipitación, los riesgos de nevadas y heladas, los riesgos químicos y los históricos de declaratorias de desastres y muertes en el territorio nacional.
"Es un documento guía para saber dónde estamos, a qué riesgos nos enfrentamos y permitirnos tomar las mejores decisiones para que esos riesgos no se materialicen en desastres", explica el director del Cenapred.
Para el secretario de Protección Civil del DF, el atlas de riesgo de la capital del país es un instrumento que les ha permitido tomar decisiones en materia de prevención.
A partir de él, por ejemplo, se han diseñado algunos de los ejes de acción preventiva para esta temporada de lluvias, explica el funcionario.
La detección de sitios y viviendas de alto riesgo les llevó a reubicar a cerca de 600 familias; la ubicación de zonas susceptibles a los deslaves como laderas, barrancas o presas les llevó a tomar medias de limpieza y reforzamiento; se mantienen en constante alerta en los sitios con problemas geológicos como minas o agrietamientos, y se tienen detectados 104 puntos de encharcamiento alrededor de los cuales se ubican 90 brigadas de bomberos y elementos de seguridad pública.
"Esto ha hecho que los tiempos de recuperación, de restablecimiento del encharcamiento o la inundación sean tiempos récord", afirma Moreno.
Sin embargo, para Jesús Manuel Macías, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) y especialista en desastres, el atlas de riesgos se ha convertido en un símbolo de la prevención de desastres pero no deja de ser "un conjunto de instrumentos inútiles".
El geógrafo considera que las autoridades a cargo del tema de la prevención de desastres no han podido orientar correctamente las políticas de gasto para lograr una verdadera prevención.
"La identificación de los riesgos no ha servido para nada en la medida en la que no se ha usado el conocimiento para generar políticas reales, eficientes, para prevenir desastres. Lo anterior es una crítica a la función gubernamental, pero también lo es para las organizaciones científicas que tampoco tienen claro el significado de prevenir desastres", dice Macías.
Fondos insuficientes
El especialista del Ciesas lamenta que el modelo de organización gubernamental encabezado por
La cantidad de recursos dedicados a cada una de esas materias refuerza su teoría. Mientras que el Fonden recibió este año una inyección presupuestal de 9 mil millones de pesos, el Fopreden obtuvo en 2010, 300 millones de pesos que se aplicarán en 13 proyectos en nueve estados de
Aun así, el sistema de respuesta tampoco es totalmente eficaz. Aunque Macías reconoce la efectividad en la reacción de sectores como el eléctrico o en la rehabilitación de carreteras, la atención a víctimas deja mucho que desear.
"Como investigador de desastres invariablemente tengo que atestiguar, varias veces en un año, el doble sufrimiento de las víctimas, uno por el impacto desastroso y el segundo por la ineficiencia, ineficacia e inadecuados medios y mecanismos de ayuda de parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno", apunta el geógrafo.
Aunque el Fonden modificó sus reglas de operación en 2009, los requisitos para tener acceso a los recursos más expeditos implican ciertos trámites burocráticos y una espera de hasta cinco días, como en el caso más reciente en Nuevo León: el huracán "Alex" pasó el 1o. julio y los primeros 115 millones se liberaron el día 7.
Según las reglas de operación del fondo, para obtener una declaratoria de desastre, las entidades tienen que comprobar ante una instancia técnica (Conagua en el caso de los fenómenos hidrometeorológicos) que sus fondos metropolitanos son insuficientes.
Cuando la instancia lo confirma, se instala un comité técnico que solicita la declaratoria de desastre, tras la cual se liberan los primeros recursos del Fondo Revolvente del Fonden.
Luego, una serie de subcomités especializados evalúan cada una de las afectaciones para solicitar los recursos de reconstrucción.
En Nuevo León se han aplicado hasta el momento 628 millones de pesos del gobierno federal en apoyos parciales, pero se estiman pérdidas hasta por 10 mil millones de pesos.
En Tamaulipas, otra de las entidades afectadas por el paso del huracán "Alex", el alcalde de Matamoros, Eric Silva, lamentó el retraso en la llegada de los recursos y recordó que en 2008, cuando fueron afectados por el huracán "Dolly", el dinero del Fonden llegó seis meses después.
"Actualmente varios de los gobiernos estatales han adquirido seguros contra daños desastrosos y ello puede ser un reflejo de la frustración de autoridades respecto del valor del Fonden", afirma el investigador del Ciesas.
Macías asegura que México tiene que adoptar un nuevo modelo de organización para prevenir y enfrentar desastres, en el cual se mantenga el esquema de protección civil actual para el caso de respuesta, pero a través de una dependencia que incluya a Sedesol, Semarnat y hasta
Además, debe introducirse un nuevo concepto en materia de prevención.
"Que las tareas sustantivas no sean sólo del conocimiento de las amenazas y de las vulnerabilidades, sino la planificación de acciones realmente preventivas que implica tanto el uso de conocimiento de los peligros como de la coparticipación de la población en riesgo, empezando por la toma de decisiones de estrategia preventiva", añade.
MONTO DE LOS DAÑOS
$2,182 millones en 2000.
$14,290 millones en 2008.
$50.6 millones es el récord de pérdidas por desastres y se alcanzó en 2007.
$10,000 millones se calcula que son las pérdidas en Nuevo León.
Monterrey. El huracán "Alex" provocó los primeros días de julio pérdidas millonarias en todo Nuevo León.
Mexicali. En abril pasado, un sismo de 7.1 grados destruyó escuelas y viviendas.
Tabasco. Las inundaciones del 2007 en Villahermosa fueron las más graves en décadas.
Chiapas. El desgajamiento de un cerro por las lluvias de noviembre del 2007 sepultó el pueblo de San Juan Grijalva.
Quintana Roo. El huracán "Wilma" destruyó la zona hotelera de Cancún en 2005.
Chiapas. En 2005 el huracán "Stan" debastó puentes y viviendas asentadas en los cauces de los ríos.
Intensidad de las inundaciones
El Cenapred trabaja en una nueva plataforma en la que será más sencillo ubicar los riesgos de manera general y a detalle, según la información disponible.
Aumentan desastres y pérdidas
Según la evaluación del Cenapred, las afectaciones por fenómenos naturales en México son cada vez mayores.
Monto de los daños
(Cifras en millones de pesos)
| | Desastres en general | Desastres hidrometeorológicos |
| 00 | $2,182 | 2,019 |
| 02 | 11,226 | 10,544 |
| 04 | 837.3 | 714.7 |
| 05 | 45,426 | 45,108 |
| 07 | 50,644 | 49,417 |
| 08 | 14,290 | 13,890 |
Fenómenos por año
| | Desastres en general | Desastres hidrometeorológicos |
| 00 | | 13 |
| 02 | 15 | 11 |
| 04 | 10 | 4 |
| 06 | 12 | 6 |
| 08 | 13 | 7 |
Personas afectadas
(Cifras en millones)
| | Desastres en general | Desastres hidrometeorológicos |
| 01 | .17 | .15 |
| 02 | 7.38 | 5.85 |
| 03 | 1.16 | .61 |
| 05 | .82 | .81 |
| 07 | 3 | |
| 08 | 1.5 | |
Decesos
| | Desastres en general | Desastres hidrometeorológicos |
| 00 | 9 | |
| 02 | 453 | 52 |
| 04 | 336 | 104 |
| 06 | 708 | 220 |
| 08 | 530 | 148 |
Viviendas dañadas
(Cifras en miles)
| | Desastres en general | Desastres hidrometeorológicos |
| 00 | 9 | |
| 01 | 36.4 | 33.8 |
| 03 | 376.9 | 83.4 |
| 05 | 127.5 | 127.3 |
| 07 | 225.8 | |
| 08 | 60.4 | |
Daños en cultivos
(Cifras en miles de hectáreas)
| | Desastres en general | Desastres hidrometeorológicos |
| 01 | 123.7 | 11.7 |
| 03 | 1,141 | 199.9 |
| 05 | 1,367.9 | 1,091.8 |
| 08 | 791.5 | 559.8 |
Desembolso del Fonden
(Cifras en millones de pesos)
| | Desastres en general |
| 00 | 1,591 |
| 01 | 8,930 |
| 02 | 2,917 |
| 05 | 8,529 |
| 08 | $15,893 |
Fuente: Serie Impacto Socioeconómico de los Desastres en México, del Cenapred.
Nota: El desglose de los daños en el año 2000 no está a detalle.
Sismo inminente
Aunque es imposible determinar cuándo ni de qué magnitud, un sismo en
"Desde
El problema con los sismos, a diferencia de los fenómenos hidrometeorológicos, es que por el hecho de no ser predecibles implican un mayor número de víctimas mortales.
De los 90 proyectos apoyados por el Fondo para
Entre 2008 y 2010, el Distrito Federal ha recibido por parte del Fopreden cerca de 30 millones de pesos para proyectos encaminados a la detección temprana de sismos en Oaxaca que puedan representar un riesgo para la capital y para desarrollar sistemas que desplieguen en tiempo real los daños de un posible desastre.
El secretario de Protección Civil del Distrito Federal, Elías Miguel Moreno, asegura que a partir del sismo de 8.1 grados que sacudió a la capital en 1985 se han implementado varias medidas que hacen a la ciudad menos vulnerable, como la modificación del reglamento de construcción y la aprobación de una ley que obliga a que todos los edificios de cinco pisos o más tengan la aprobación técnica de Protección Civil.
Moreno explica que la ciudad cuenta con un plan permanente de vigilancia ante una contingencia sísmica. En él se prevén las cadenas de acción que deberán seguirse en pleno desastre, dónde se reunirá el gabinete de crisis, dónde se ubicará a los heridos y enfermos, qué hospitales servirán para qué cosa, qué hoteles funcionarán como albergues, cómo se identificará a las víctimas para que puedan ser localizadas vía internet, un esquema de distribución de ayuda y hasta la lista de los extranjeros residentes en la ciudad para avisar a su embajadas.
Sismos como los que se registraron este año en Haití (7 grados Richter), Chile (8.8), Mexicali (7.2) y China (7.1) han elevado el nivel de alerta.
Karla Garduño
Índice de riesgo para la vivienda
Con información del censo de población y vivienda del 2000, el Cenapred califica la susceptibilidad al daño por sismo para las viviendas de bajo costo, tomando en cuenta el material de construcción.
No se dispone de información a detalle sobre las características de las viviendas.
Las fallas de las encuestas
Análisis Elecciones 2010. En los comicios del 2010 las encuestas estuvieron en el centro de la polémica. Un primer paso para hacerlas más confiables es distinguir aquellas con fines informativos, de las propagandísticas
Alejandro Moreno
(25 julio 2010).- Luego de las elecciones del 4 de julio, una de las preguntas que ha estado en el aire es: ¿por qué están fallando las encuestas preelectorales? Algunos piensan que no es que fallen, sino que en realidad la culpa la tiene la gente por no decir la verdad cuando la entrevistan; otros dicen que las encuestas no fallan porque solamente son una fotografía del momento en el que se hacen, no son un pronóstico del resultado de los comicios y cualquier cosa puede pasar entre el levantamiento de la encuesta y la elección. Pero también se escuchan voces que dicen que las encuestas sí han fallado, porque ofrecen escenarios que al final no se cumplen. ¿Cuál es el veredicto que debemos emitir ante las encuestas hoy en día?
Quienes participamos en la realización de las encuestas de Grupo Reforma siempre tratamos de que nuestros estudios tengan la mayor precisión posible, con la única motivación de que el lector cuente con información confiable y oportuna. No obstante, en las pasadas elecciones dos de nuestros cuatro estudios preelectorales no previeron la derrota del PRI y el triunfo de la alianza encabezada por el PAN y el PRD. Y éste no fue únicamente el caso de Grupo Reforma, ya que varias empresas encuestadoras que preveían una victoria priista en esos estados, incluido Oaxaca, daban un margen favorable, en algunos casos incluso muy cómodo, para los candidatos del tricolor.
¿Qué sucedió?
Las encuestas son ejercicios que combinan 1) técnicas para seleccionar lo más probabilísticamente posible una muestra de la población de interés, que en este caso son los electores de un estado en particular, y 2) técnicas de preguntas sobre temas de interés que obtengan respuestas válidas y confiables, en este caso las intenciones de voto y otras opiniones políticas. A estos dos pilares metodológicos se les añaden las diversas modalidades para la obtención de información, que para propósitos de las encuestas preelectorales suelen ser entrevistas cara a cara en los hogares de las personas entrevistadas, así como el adecuado entrenamiento de aquellos que aplican las entrevistas, de manera que no presionen ni influyan a los respondientes durante la entrevista.
Herbert Weisberg, politólogo de
Sin embargo, todos esos errores son minimizables, por no decir evitables, dependiendo de los cuidados y del rigor ético y metodológico de la casa encuestadora que lleva a cabo los estudios. El único tipo de error ante el cual no se puede hacer nada es el margen de error de la encuesta, por el simple hecho de que los resultados se basan en una pequeña muestra de la población en su conjunto y de que los resultados son estimadores que se encuentran dentro de un intervalo llamado de confianza. Este también llamado error muestral es inevitable.
La lista de errores de Weisberg podría expandirse en México si tomamos en cuenta que las condiciones para encuestar no han sido las mejores por cuestiones de inseguridad. Por ejemplo, un encuestador suele reportar a menudo que la gente prefiere no abrir su puerta ante un extraño que quiere hacerle preguntas, o que en algunos lugares del país se siente un ambiente crecientemente hostil que inhibe la libertad de hacer un trabajo como la actividad de encuestar.
¿Por qué fallan?
Como puede concluirse de las reflexiones de Weisberg, las explicaciones de por qué una encuesta puede arrojar estimaciones deficientes son muchas y muy variadas, pero específicamente ¿por qué la mayoría de las encuestas preelectorales no han sido capaces de proyectar correctamente el resultado de elecciones como las que hubo el pasado 4 de julio o, unos meses antes, en el estado de Yucatán?
Revisemos por un momento las explicaciones que se enunciaron en el primer párrafo y que se han escuchado por aquí y por allá. La primera hipótesis es que la gente miente o, dicho de manera menos agresiva, que la gente esconde sus preferencias reales. Qué tan válida es esta explicación. De acuerdo con la teoría de la espiral del silencio desarrollada por la encuestóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann, la gente puede dar respuestas socialmente aceptables en situaciones de presión social para evitar aislamiento o represalias ante sus respuestas. Para que esto suceda, debe efectivamente haber un ambiente en donde la normatividad social es tal que el entrevistado siente la necesidad de adaptar sus opiniones y preferencias según lo que cree que la mayoría opina y prefiere, de ahí la espiral del silencio, guardándose sus opiniones para sí y no expresarlas.
De ser éste el caso en los contextos electorales mexicanos de hoy en día, el escenario de espiral de silencio tendría que darse en estados o en comunidades donde la gente cree que puede ser sujeta a aislamiento o represalia si manifiesta la opinión que cree va en contra de la mayoría. Casi ninguna encuesta publicada tenía elementos para probar con contundencia los efectos de la espiral del silencio, pero es factible que en estados como Oaxaca y Puebla, en donde Grupo Reforma realizó encuestas preelectorales, haya habido algo de este efecto, ya que en ambos casos la mayoría de los entrevistados creía que iba a ganar el PRI.
De esa manera, una proporción de quienes apoyaban al candidato de oposición podían decirle al encuestador que iba a votar por el PRI cuando en realidad no era el caso. En teoría, el uso de boleta y urna en la encuesta debiera reducir este efecto de espiral del silencio, ya que al encuestado se le da plena confidencialidad y anonimato de su respuesta. Por otro lado, y dado que las encuestas no han fallado tan notablemente en comicios anteriores (quizás Yucatán sea una excepción), en el fondo habría que preguntarse qué es lo que está cambiando del ambiente político mexicano para provocar el tipo de presión social que activa las respuestas socialmente aceptables y de conformidad a la que se percibe como una opinión mayoritaria. ¿Acaso no se siente libre la gente para expresar sus opiniones políticas? Si ése es el caso, el problema va más allá de las encuestas, pues enfrentamos un conflicto de tipo político que incide directamente en la calidad de nuestra democracia.
La siguiente hipótesis enunciada al inicio de este artículo afirma que las encuestas no son pronósticos. Este argumento se ha escuchado varias veces en foros y congresos de encuestadores. Si bien es cierto que las encuestas reflejan las opiniones al momento de preguntarse, y que las encuestas preelectorales suelen hacerse una o dos semanas antes de la elección, dependiendo de las regulaciones relativas a su publicación, el argumento de quienes dicen que las encuestas no son pronósticos es que cualquier cosa puede pasar para que al final el resultado cambie. Esto es factible, pero, nuevamente, no ha sido la regla en la mayoría de las elecciones en México. Por ello cabe preguntarse si algo está moviendo las preferencias de los electores de último minuto, haciendo ver mal a los encuestadores y sus ejercicios preelectorales.
También es cierto que de estos ejercicios preelectorales se espera precisión y certidumbre, no confusión ni engaño. En ese sentido, las encuestas sí cumplen una función social de información que debe tomarse con toda seriedad y responsabilidad. Hay que señalar que de las múltiples encuestas preelectorales que se dan a conocer durante las campañas, varias responden a un interés partidario propagandístico, diciendo que tal o cual candidato va ganando en las preferencias. Si bien esto es parte de las propias campañas electorales, las asociaciones profesionales de encuestadores en diversos países, así como las regulaciones y premisas legales que rigen a la actividad demoscópica en los procesos electorales del país, exigen que se manifieste con toda claridad quién ordenó y quién patrocinó la encuesta. Lamentablemente ésta es una buena práctica que aún no termina de cuajar en el país. Esto hace que en la temporada preelectoral el ambiente informativo se inunde de encuestas que mezclan ejercicios de carácter periodístico con ejercicios cuyo propósito es propagandístico. La propia industria, así como los periodistas y analistas que citan las múltiples encuestas, deben exigirse que la claridad en el patrocinio sea tan importante o más que los datos que se dan a conocer.
Finalmente, quienes dicen que las encuestas preelectorales recientes sí han fallado porque ofrecen escenarios que al final no se cumplen tienen mucha razón. Las encuestas sí deben tener una capacidad predictiva, de proyección, sobre todo las encuestas de salida (de las cuales hablaremos con más detalle en otra ocasión, ya que sus discrepancias con los resultados oficiales ameritan otra reflexión). Las encuestas preelectorales tienen la función de orientar al ciudadano de las tendencias electorales, así como de las necesidades y opiniones de los electores. La tarea de proyectar resultados desde antes es una de las peculiaridades más atractivas de los sondeos de opinión y, dado el éxito que en general han tenido en varios procesos electorales, nos hemos acostumbrado a darle a las encuestas un alto grado de confianza. Por eso decepcionan cuando se equivocan en sus estimaciones. Le sucedió a la boyante industria norteamericana de encuestas en 1948, cuando erraron su proyección de que Dewey sería el ganador de la elección presidencial, siendo que al final Truman logró el triunfo.
Reflexión final
Las encuestas en general son confiables y pueden tener un alto grado de precisión, pero también llegan a fallar. Quienes hacemos encuestas nos enfrentamos a un objeto de estudio dinámico en contextos cambiantes, pero eso no es excusa para culpar al votante porque miente. Una buena manera de comenzar a depurar las fallas de las encuestas es separando las que son informativas de las que son propagandísticas, pero eso no es puramente responsabilidad del gremio encuestador, sino también de los informadores.
Referencias:
La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social de Elisabeth Noelle-Neumann. Paidós,
The Methodological Strengths and Weaknesses of Survey Research de Herbert F. Weisberg. En The Sage Handbook of Public Opinion Research. Wolfgang Donsbach y Michael Traugott, coordinadores. Londres: Sage Publications, 2008.
¿Qué tan precisas fueron las encuestas previas al 4 de julio?
1. Error promedio de encuestas por estado
| Estado | Reforma (1 encuesta) | Otras empresas en junio | No. de encuestas | Otras empresas antes de junio | No. de encuestas | Encuestas que acertaron ganador |
| Oaxaca | 2.3 | 5.4 | 2 | 3.9 | 4 | 3 |
| Puebla | 6.2 | 6.7 | 3 | 6.3 | 4 | 2 |
| Sinaloa | 4.2 | 6.2 | 5 | 9.8 | 1 | 0 |
| Zacatecas | 4.3 | 2.5 | 4 | 3.3 | 1 | 6 |
| Aguascalientes | - | 2.3 | 3 | - | - | 3 |
| Chihuahua | - | 4.2 | 2 | 0.6 | 1 | 3 |
| Durango* | - | 3.6 | 2 | - | - | 2 |
| Hidalgo | - | 5.4 | 4 | - | - | 4 |
| Quintana Roo | - | 4.2 | 2 | 7.2 | 1 | 3 |
| Tamaulipas | - | 3.3 | 2 | - | - | 2 |
| Tlaxcala | - | 5.8 | 2 | - | - | 2 |
| Veracruz* | - | 6.8 | 2 | 8.7 | 2 | 4 |
2. Precisión de encuestas por empresa
| Empresa | Error medio | Número de encuestas | Estados en los que realizó encuesta |
| El Universal | 3.5 | 7 | Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. |
| Grupo Reforma | 4.3 | 4 | Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Zacatecas. |
| Parametría | 5.1 | 3 | Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas. |
| GCE | 5.4 | 12 | Los 12 estados que tuvieron elección para gobernador. |
| Mitofsky | 5.6 | 9 | Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. |
El cuadro incluye las encuestas de las siguientes empresas: Oaxaca (A y D Prospecta, El Universal, Gabinete de Comunicación Estratégica, Ipsos, Parametría, Polynomio Consulting y Grupo Reforma; no se consideran Arcop y Espacio Muestral). Puebla (Buró de Estrategia y Análisis de Poder, Consulta Mitofsky, Defoe, Gabinete de Comunicación Estratégica, Ipsos, Prospecta Consulting, Grupo Reforma y Roheisen Marketing & Consulting; no se consideran Arcop, Espacio Muestral e Indicadores S.C.). Sinaloa (Consulta Mitofsky, El Debate, El Universal, Gabinete de Comunicación Estratégica, Noroeste, Parametría y Grupo Reforma). Zacatecas (Berumen, El Universal, Gabinete de Comunicación Estratégica, Parametría, Grupo Reforma y
'Sí hay política migratoria'
Entrevista Fronteras, población y derechos humanos. Cecilia Romero: comisionada del Instituto Nacional de Migración. La encargada de la agenda migratoria en el gobierno federal asegura que sí hay congruencia entre lo que México reclama a Estados Unidos y lo que ofrece a los centroamericanos
Martha Martínez
(25 julio 2010).- En opinión de la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, México tiene una política migratoria clara, congruente y que avanza en la dirección adecuada.
Sin embargo, reconoce que sigue pendiente lograr una mayor capacidad de respuesta en todos los puntos de internación, tanto en la frontera norte como en la frontera sur; la profesionalización de los agentes migratorios; garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los migrantes y la aprobación de una ley en materia migratoria que será enviada al Congreso en septiembre, casi cuatro años después de que dio inicio la presente administración.
En respuesta al reportaje Migración: el doble rasero, publicado la semana pasada en Enfoque, la funcionaria federal asegura que las críticas al Instituto son respetables, pero rechaza que no exista coordinación con otras dependencias de gobierno para atender el fenómeno migratorio, que se carezca de metas claras en la materia y que se aplique un doble rasero al violentar los derechos humanos de los centroamericanos que ingresan de manera indocumentada al país al tiempo que se critica el trato a los mexicanos que intentan entrar a Estados Unidos.
La comisionada afirma que se ha logrado reducir el índice de maltrato en la frontera sur, pero admite que estos avances quedan opacados ante el clima de hostilidad que generan los delitos cometidos por la delincuencia organizada en contra de los migrantes.
"Hemos logrado que se disminuya en un porcentaje alto el maltrato a los migrantes indocumentados. Si a esto le pones por otro lado el aumento de la delincuencia organizada y las redes internacionales de traficantes de personas, pues a veces todo lo que se ha podido avanzar sí se minimiza un poco", sostiene.
Romero indica que en el sur el objetivo de la política migratoria es "hacer de la región fronteriza y los países vecinos una zona próspera, pacífica y segura".
Entre las acciones que el Instituto lleva a cabo para alcanzar esa meta se encuentran la puesta en marcha de un programa de regularización para extranjeros que ya tienen tiempo residiendo en el país, la implementación de una forma migratoria de visitante local que es gratuita y permite a extranjeros permanecer de manera legal durante tres días, la expedición de una forma migratoria de trabajadores fronterizos y un Memorándum de Entendimiento con los países del sur para la repatriación ordenada de centroamericanos a sus lugares de origen.
Estas medidas, asegura la funcionaria, permiten vigilar y garantizar los derechos humanos de los centroamericanos, y dan "coherencia" a la política migratoria implementada por el gobierno federal.
"Estos programas hablan precisamente de un elemento importante en la política migratoria del presidente Calderón: la congruencia. Nosotros con respecto a Estados Unidos queremos que respeten los derechos humanos de los mexicanos... eso que nosotros estamos exigiendo para nuestros paisanos es lo que estamos haciendo con los extranjeros que ingresan por la frontera sur de México", señala.
Respecto a las críticas sobre el estado físico de las 47 estaciones migratorias que existen en el país Romero asegura: "ya no hay hacinamiento, ya no hay falta de alimentos, falta de agua, falta de atención médica".
Frontera norte
Al INM le corresponde coordinar el Programa Paisano -en el que actualmente concurren 21 dependencias de gobierno- y el Programa de Repatriación Humana -que opera junto con
Esos programas son mencionados por la funcionaria como las principales acciones de protección a los mexicanos que migran a Estados Unidos.
"Lo primero que hacemos es proveerles (a los connacionales repatriados) agua, alimento, cobijo y la posibilidad de hacer alguna llamada telefónica a sus familiares; luego les ofrecemos, a los que quieren, el Programa de Repatriación Humana... a los que se acogen podemos ofrecerles albergue provisional e inclusive un contacto a través de
Romero anuncia que "a la brevedad" entregará a los legisladores un anteproyecto de ley que desarrolló el INM a partir de consultas a organizaciones civiles, Iglesia, académicos y expertos del Consejo Consultivo del Instituto.
Romero asegura que el anteproyecto de ley será entregado en tiempo para que, si los legisladores lo consideran conveniente, sea discutido en septiembre, cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones.
La cultura política
(25 julio 2010).- Téngalo presente
Promoviendo la competitividad de Latinoamérica y el Caribe. Conferencia organizada por el Banco Mundial y
Conferencias
Defensores ambientales y criminalización de la protesta social. Jimena Camacho, Julieta Egurrola, Héctor Magallón, Luis Arriaga. Miércoles 28, 19:00 horas. Auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Serapio Rendón 57-b, San Rafael. Informes: 5546 8217, ext. 110.
Congresos
Primer Congreso Iberoamericano de Ciencias Forenses. Martes 27, 9:00 horas. Auditorio Alfonso Quiroz Cuarón del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Magisterio Nacional 113, Tlalpan. Informes: 5487 1500, ext 1565.
Convocatorias
Género y justicia. Concursos de ensayo, reportaje escrito y documental enfocados al acceso a la justicia de las mujeres y a la violencia de género. Convocan
Exposiciones
En pie de foto. Cien miradas desde el dolor. El terrorismo, crimen contra la humanidad. Trabajos de fotorreporteros de todo el mundo en torno a actos terroristas. Los pies de foto son de Mario Vargas Llosa, José Saramago, Javier Marías, Ángeles Masttreta, Rosa Montero, Juan Goytisolo, entre otros. Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco. Inf. 5583 0960.
Zapata en Morelos. Muestra que da cuenta de la influencia iconográfica de Zapata en el contexto nacional y reúne objetos personales del caudillo, fotografías, documentos, pinturas y audiovisuales. Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec. Primera sección del Bosque de Chapultepec. Informes: 5061 9200.
Foros
Propuestas del cooperativismo mexicano para la reforma fiscal. Enrique del Val Blanco, Juan Luis Hernández Avendaño, Salvador Torres Cisneros, entre otros. Jueves 29 y viernes 30, 16:00 y 10:00 horas. Palacio Legislativo de San Lázaro. Inscripción y programa en http://bit.ly/9Xyy66. Informes: 5036 0000 ext. 58161.
Libros
Desigualdad social y ciudadanía precaria ¿Estado de excepción permanente? de Víctor Manuel Durand Ponte. UNAM y Siglo XXI. Estudio académico que profundiza en la relación entre la exclusión, la desigualdad social y el ejercicio de la ciudadanía.
Estados Unidos: la crisis sistémica y las nuevas condiciones de legitimación coordinado por Marco A. Gandásegui hijo y Dídimo Castillo Fernández. Siglo XXI. Prólogo de Immanuel Wallerstein. Investigaciones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales sobre el debilitamiento de la hegemonía estadounidense y su periodo crítico de turbulencias.
Finanzas Públicas en México. Juan Amieva-Huerta. Porrúa. Análisis de finanzas públicas que aborda en siete capítulos el tipo de impuestos en el país, la administración tributaria, las relaciones fiscales intergubernamentales, los sistemas de pensiones públicos y el marco legal bajo el que operan, entre otros temas.
¿Hacia dónde vamos? Silencios de la vida amenazada de Cesáreo Morales. Siglo XXI. Ensayo filosófico en torno a la violencia que padece la sociedad y las repercusiones generadas, como que el derecho se tense, se cimbren las instituciones, la violencia legítima del Estado parezca extraviada y pierdan su sentido conceptos como "el construir" y "el habitar".
La regla ausente de Francisco Valdés Ugalde. Gedisa. Análisis de la relación de los sistemas constitucionales y la democracia en México, cuya tesis sostiene que las mismas leyes deben posibilitar su transformación hacia nuevas formas y exigencias democráticas.
Reflexiones sobre la violencia coordinado por José Sanmartín Esplugues, Raúl Gutiérrez, Jorge Martínez y José Luis Vera. Siglo XXI. Análisis científico del concepto de violencia, sus factores de riesgo y las clases de violencia que existen, de acuerdo con los efectos y el contexto en que es producida, así como los tipos de víctimas y de agresores.
Siete herramientas para apagar una crisis de gobierno de Mauricio Vengoechea. Lemoine editores. Texto que propone una metodología para prevenir, controlar y evitar una crisis gubernamental.
Presentaciones
Libertad para todos de Héctor Ñaupari. Grito Sagrado. Óscar Maúrtua de Romaña, Gonzalo Suárez y el autor. Jueves 29, 19:00 horas. Galería Conejo Blanco, Amsterdam 67, Condesa. Organiza Fundación Friedrich Naumann para
Revistas
Perfiles latinoamericanos. Publicación semestral de FLACSO. Trabajos en torno a la violencia fronteriza en México, comercio atípico informal en el Distrito Federal, detección de fraude con modelos basados en agentes, entre otros. Gonzalo Varela Petito, Ignacio Ibarra, Gonzalo Castañeda, David Lagunas, Salvador Salazar, entre otros.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245; correo: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No.1760
Objetivo: Aterrorizar
J. Jesús Esquivel
Resulta evidente que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha proscrito la palabra “narcoterrorismo” en el lenguaje de sus funcionarios… Pero una vez más la realidad lo confronta: el coche-bomba que explotó en Ciudad Juárez (más los granadazos en Morelia en 2008 y en Nuevo Laredo este año) revela que los cárteles de la droga están empeñados en desarrollar esa táctica para minar al Estado mexicano y aterrorizar a la población. El general Barry McCaffrey, exzar antidrogas de Estados Unidos, no anda con rodeos y describe la situación en México con una expresión que no deja lugar a dudas: lo que está ocurriendo en México es “simple y llanamente narcoterrorismo”.
WASHINGTON.- La explosión de un coche-bomba en Ciudad Juárez el jueves 15 es simple y llanamente un acto de “narcoterrorismo”, que exhibe la incapacidad del gobierno mexicano para combatir a los cárteles de la droga, dice rotundamente alguien que sabe de lo que habla.
“No hay duda de que lo que pasó en Ciudad Juárez fue un acto de narcoterrorismo a una escala muy alta”, comenta en entrevista con Proceso Barry McCaffrey, general estadunidense retirado.
“El incidente refleja también que la violencia en México ya llegó a otro nivel y que claramente tiene la intención de aterrorizar al Estado mexicano con el objetivo concreto de inhabilitarlo”, enfatiza McCaffrey, quien fue jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadunidenses de
Para el gobierno de Felipe Calderón, sin embargo, no fueron actos de narcoterrorismo ni la explosión del coche-bomba en Ciudad Juárez –que se agrega a tres atentados similares: dos en Culiacán en mayo de 1992 y uno en Guadalajara en junio de 1994– ni los granadazos de Morelia del 15 de septiembre de 2008 ni el ataque con granada al consulado general estadunidense en Nuevo Laredo el 10 de abril de este año.
De acuerdo con fuentes diplomáticas mexicanas que hablaron con este semanario a condición de permanecer anónimas, después del incidente de Ciudad Juárez, Calderón dio instrucciones precisas a sus embajadores para que intentaran que los gobiernos extranjeros se abstuvieran de calificar el ataque como narcoterrorismo.
El martes 20, Arturo Sarukhán, embajador de México en Estados Unidos, se atrevió incluso a decir que quienes perpetraron el atentado en Ciudad Juárez no lo hicieron para atacar a civiles, aun cuando el coche-bomba explotó en una de las esquinas más concurridas del centro de esa plaza fronteriza.
“El ataque estaba dirigido claramente contra la policía”, aseguró el diplomático mexicano, quien aparentemente cumple a carta cabal la orden de Calderón de no pronunciar la palabra narcoterrorismo.
“Obviamente la bomba que vimos en Ciudad Juárez y en el consulado de Nuevo Laredo, donde lanzaron una granada, constituyen tácticas por las que debemos preocuparnos… pero debemos diferenciar lo que es terrorismo y lo que no”, secundó por su parte Carlos Pascual, embajador estadunidense en México, aunque el gobierno que representa no duda ni un segundo en catalogar como “acto de terrorismo” cualquier explosión en Israel o contra los intereses del Estado judío.
“No reflejan la realidad”
Tranquilo, utilizando y sopesando palabras que revelan su experiencia, el general McCaffrey refuta así las declaraciones de los diplomáticos: “Con todo respeto para los embajadores Pascual y Sarukhán, pero ellos están tratando de minimizar el nivel de amenaza (narcoterrorista) utilizando palabras que no reflejan la realidad”.
McCaffrey –general a cargo de la División de Infantería numero 24 del ejercito de Estados Unidos, la primera en entrar a Irak durante la Guerra del Golfo Pérsico (1991)– sostiene que al gobierno de Calderón le preocupa, y también al de Estados Unidos, “que se siga degradando la inversión extranjera en México” y que con ello aumente la fuga de capitales internacionales y nacionales.
El mismo día en que Sarukhán selló sus labios para que no se le escapara la palabra impronunciable del sexenio calderonista, en el Capitolio –ante el Subcomité de Supervisión de Política Nacional del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes– el Pentágono reveló que ha estado entrenando al Ejercito y a la Marina de México en tácticas específicas de combate al narcoterrorismo.
“El respaldo a México en su campaña para confrontar el creciente nivel de violencia generado por el tráfico de drogas lo aplica el Departamento de Defensa por medio del Comando Norte e incluye entrenamiento, equipamiento e intercambio de información de inteligencia, así como un apoyo indirecto a unidades de las Fuerzas Armadas mexicanas en misiones contra el narcoterrorismo”, afirmó ante el Congreso estadunidense William F. Wechsler, subsecretario de Defensa adjunto para Asuntos Antinarcóticos y Amenazas Globales.
El jueves 22, el periódico The Washington Post reveló detalles del incidente del coche-bomba de Ciudad Juárez y que llevan a la conclusión de que fue un acto de narcoterrorismo inédito en suelo mexicano.
El influyente rotativo de la capital estadunidense señala que la explosión en la ciudad fronteriza se hizo con “un sofisticado dispositivo nunca antes visto en México, activado mediante teléfono celular una vez que fueron atraídos al lugar de los hechos policías y socorristas (civiles), según agentes investigadores mexicanos y estadunidenses”. Con este argumento, el diario anula la afirmación de Sarukhán de que el ataque en Ciudad Juárez no fue perpetrado contra objetivos civiles.
“Los agentes de Estados Unidos y México que han examinado los restos de la bomba descubrieron que los atacantes colocaron en un viejo modelo de Pontiac estacionado unos 10 kilos de tovex, el explosivo de gel líquido que comúnmente se usa como sustituto de la dinamita en actividades mineras”, indica el Post en su artículo.
El periódico destaca que el incidente revela una clara sofisticación en cuanto al tipo de armas y tácticas empleadas por los cárteles del narcotráfico mexicano. El diario sustenta sus dichos en información que le proporcionaron autoridades de los dos países.
Intimidar a México
McCaffrey, zar antidrogas durante la presidencia de Bill Clinton, tiene una idea de lo que pretenden los cárteles al perpetrar actos de narcoterrorismo. “No quieren gobernar México; quieren intimidar a México. Por ello digo, a título personal y sin ninguna duda, que el incidente de Ciudad Juárez es un acto de narcoterrorismo y un gran reto para las Fuerzas Armadas y la Policía Federal mexicanas”, sostiene el militar durante la extensa entrevista telefónica que concedió a Proceso.
En los años de apogeo de los cárteles de Medellín y de Cali, en Colombia, como jefe del Comando Sur McCaffrey dice que no tuvo otra alternativa más que militarizar la lucha contra el narcotráfico en el Cono Sur, lo que fue duramente criticado en su momento por el sistema político estadunidense.
Al hacer un recuento del apoyo militar que dio Estados Unidos a Colombia para romper el poder de intimidación y narcoterrorismo que ejercieron capos de la talla de Pablo Escobar Gaviria, McCaffrey destaca el entrenamiento que se dio a la Policía Nacional colombiana, organización que, según el curtido militar, el gobierno mexicano debería copiar.
“Es mi opinión personal que México debería contar con una policía nacional (militarizada, como la de Colombia) y eliminar los órganos policiacos estatales y municipales”, dice McCaffrey.
El análisis del general retirado sobre la lucha militarizada de Calderón contra el narcotráfico concluye que en esta contienda está demostrado que las policías estatales y municipales, además de estar corrompidas, han evidenciado que no tienen la capacidad de aplicar correctamente la ley, razón por la cual, y de manera obligada, el Ejército y la Marina son los que luchan directamente contra el narcotráfico y el crimen organizado.
En lo que respecta al hecho de que Estados Unidos es un generador indirecto de la narcoviolencia en México debido a la demanda y consumo de drogas en su territorio, considera que su país no apoya a México como debería hacerlo, y agrega que la herramienta de cooperación bilateral enmarcada en la Iniciativa Mérida necesita urgentemente una actualización.
Cuestión de recursos
“Estados Unidos juega un papel pequeño en esta lucha”, anota el general, quien califica de “insuficientes e inadecuados” los poco más de mil 600 millones de dólares que Washington destinó para financiar la puesta en marcha del plan de cuatro años de la Iniciativa Mérida, que concluye el 30 de septiembre de 2011.
En Afganistán, reflexiona el condecorado general, “gastamos 5 mil 400 millones de dólares al mes; en Irak, cuando la guerra reciente estuvo en su máximo nivel, destinábamos para su financiamiento 12 mil millones de dólares mensuales. Necesitamos darle un mejor apoyo a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas de México”.
La solución que propone el exjefe del Comando Sur para fortalecer la lucha militarizada contra el narcotráfico en México es muy simple y fielmente apegada a los métodos que en los noventa se utilizaron para apoyar a Colombia:
“A México se le deben proporcionar más helicópteros. Si le diéramos a la Policía Federal, a la Marina y al Ejército el equipo necesario para movilizarse por todo el país en forma rápida en operaciones sorpresa, estarían inmensamente mejor preparados para derrotar al narcotráfico”, considera.
McCaffrey destaca que cuando entrenó a la Policía Nacional y a las fuerzas armadas de Colombia en tácticas contra el narcoterrorismo, su estrategia se basó en la provisión de 250 helicópteros que de inmediato les brindaron ventaja a los sudamericanos sobre los cárteles.
Una vez entregados los helicópteros artillados de desplazamiento rápido y con capacidad de vuelo a ras de tierra, y los de ataque de la clase Blackhawk, cuenta McCaffrey, el paso siguiente fue entrenar a los colombianos en tácticas de operación, mantenimiento y logística de esos aparatos.
“Pero a esto le agregamos el entrenamiento que dio el Departamento de Justicia a jueces, policías y custodios carcelarios de Colombia sobre una amplia gama de temas sociales, como la aplicación de programas para atender adictos y prevenir el consumo”, acota el militar retirado.
Gracias al entrenamiento en misiones contra el narcoterrorismo que ha dado el Pentágono a las Fuerzas Armadas de México, como lo reveló Wechsler en el Capitolio, McCaffrey sostiene que por el momento el Ejército Mexicano no necesita más programas de adiestramiento en tácticas especiales para combatir a los cárteles.
“Dentro de la Iniciativa Mérida creo que sólo le han dado al Ejército Mexicano seis helicópteros Blackhawk. ¡Esto es terrible! La respuesta adecuada para México es que cuente con 150 helicópteros de este tipo, y Estados Unidos debe dárselos junto con el adiestramiento para el mantenimiento, manejo y logística que se requiere”, puntualiza. Pero además propone que el Departamento de Justicia de Estados Unidos juegue un papel más importante en lo que atañe a proporcionar a la Policía Federal mexicana programas actualizados sobre la intercepción telefónica, investigaciones forenses, manejo de evidencias y rastreo computarizado de armas de fuego, como estrategia de prevención y reacción a incidentes de narcoterrorismo, como el del coche-bomba de Ciudad Juárez.
–¿Está funcionando la Iniciativa Mérida?
–La Iniciativa Mérida no cuenta con el respaldo financiero adecuado y es muy lenta en términos de entrega del apoyo de equipo militar a las autoridades mexicanas. No está remotamente formada para hacerle frente al reto del narcotráfico mexicano. l
El capo que gana 2 mil pesos...
Marcela Turati
Tras el estallido del coche bomba en el centro de una de las plazas más vigiladas del país, el jueves 15, ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Sedena han dado una versión sostenible de los hechos ni de las causas. El historial delictivo de El
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- El guión oficial va así: El jueves 15, los sicarios de La Línea hicieron estallar en el centro de la ciudad un coche bomba usando tóvex –gel explosivo de uso minero, activado a distancia mediante un celular–, como represalia contra la Policía Federal porque atrapó a El 35, el tercer hombre más importante en su estructura criminal. Y todo esto en cuestión de horas.
Mirada en sus pequeños detalles, la historia muestra cabos sueltos: el detenido ha sido procesado varias veces y nunca se menciona entre los “pesados” del cártel. Anteriores boletines del Ejército lo señalan como simple sicario. El video de la confesión está editado. Existen versiones contradictorias sobre la detención. Y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal tiene antecedentes de escenificar capturas para ganar prestigio.
Según la SSP –al frente de la Operación Coordinada Chihuahua desde el 9 abril pasado, luego de que el Ejército fue relevado–, Jesús Armando Acosta Guerrero, El 35, quien nunca había sido mencionado en la estructura del cártel, coordina y opera secuestros, extorsiones y retenes; también controla el tráfico de armas y drogas en dos sectores de la ciudad, además de que ha matado a 25 personas, entre ellas a los dos policías federales abatidos el 25 de junio (aunque la Policía Federal ya había presentado a otra persona como presunto asesino).
En el testimonio que dio al periódico El Norte de Juárez, la esposa de Acosta Guerrero se dijo sorprendida al ver que su marido era presentado en la televisión como líder del brazo armado del cártel de Juárez y que lo detuvieron con una orden de aprehensión, gracias a un trabajo de inteligencia.
La mujer, cuyo nombre no publica el diario, señala que su marido fue capturado en el aeropuerto local a las 18:40 horas del miércoles 14, cuando la pareja estaba por abordar un avión de Viva Aerobús con destino a Guadalajara, a fin de pagar una manda a la iglesia de San Juan de los Lagos. Dice que la detención no ocurrió el día 15, como divulgó la SSP.
Ella “dijo que al momento de cruzar el arco de rayos X para documentar su equipaje, un hombre vestido de civil lo abordó y le manifestó a su marido: ‘¡Yo a ti te conozco! ¡Yo a ti te conozco!’, y le pidió una identificación, y al verla llamó al personal de Migración y momentos después se lo llevaron a bordo de una camioneta pick up azul de la Policía Federal (…) Posteriormente se enteró a través de los medios de que la Policía Federal (PF) lo puso como un líder de la delincuencia organizada”, señala la nota.
Proceso contactó a la mujer, pero ella no concretó una entrevista. Un abogado que la vio en la Ciudad Judicial buscando asesoría, notó que llevaba a un niño con tenis llamativamente viejos.
En el video del interrogatorio al que fue sometido El 35, que contiene múltiples cortes de edición, el acusado confiesa su pertenencia al cártel, que mató federales y que uno de sus trabajos consistía en revisar que un tal Cholo grafiteara amenazas en paredes blancas para intimidar a los ciudadanos y a la PF.
Es su cuarta detención. En febrero pasado, ese mismo hombre fue capturado por el Ejército y presentado a los medios de comunicación como autor confeso de 14 asesinatos. En un comunicado posterior se agregó que, durante su captura, confesó que recibía 2 mil pesos mensuales de La Línea, que pertenecía a una célula formada por siete sicarios y su jefe directo era una persona apodada El 11. Sin embargo, los militares sólo lo acusaron judicialmente por “tentativa de homicidio” y la juez que llevó su caso pidió su liberación porque se demostró que el lugar de detención era falso y que había sido torturado con descargas eléctricas y golpes para que se autoinculpara.
En julio, según la versión oficial posterior al bombazo, este hombre que llevaba cuatro arrestos, que cinco meses antes ganaba 2 mil pesos, según la versión del Ejército, y al que una juez liberó, era el tercero en jerarquía dentro del cártel. En cambio, la pinta que La Línea dejó al día siguiente y en la que se adjudicaba la autoría del atentado y acusaba a la PF de proteger al cártel de Sinaloa, no mencionaba a El 35. De ser veraz la información de la SSP, La Línea es capaz de preparar un atentado terrorista en cuestión de horas.
El explosivo detonado en el centro de Ciudad Juárez no sólo voló un viejo automóvil Pontiac y a tres hombres (un federal, un médico y el hombre disfrazado como policía municipal que se utilizó como señuelo). Provocó, además, un incendio político que el gobierno federal ha tratado de aplacar argumentando que en México no se ha inaugurado el narcoterrorismo, como dijo el embajador en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, al señalar que los ataques terroristas son contra civiles y éste fue contra federales.
La explosión destapó también la descoordinación entre las corporaciones que integran la Operación Coordinada Chihuahua; el jaloneo entre policías federales y el Ejército por el mando en esta ciudad; el descontento de La Línea contra los federales; la necesidad de estos últimos de dar resultados y la impotencia de los juarenses, atrapados en el fuego cruzado mientras sufren la peor racha de violencia de su historia.
Encima, otras dos mantas anunciaron nuevos ataques: La Línea anunció que en 10 días usaría 100 kilos de explosivos si no se castiga a la PF, y el cártel de Sinaloa amenazó con matar inocentes si no renuncia el director de la corporación policiaca estatal, Cipol.
Federales vs narco vs Ejército
Este año, 15 policías federales fueron asesinados en Juárez y 10 cayeron heridos en diversos ataques. La Línea ha dejado recados adjudicándose la mayoría de los homicidios, siempre con el mismo argumento: por su presunto apoyo al cártel de Sinaloa y a su líder, Joaquín El Chapo Guzmán.
El 7 de mayo, El Diario publicó una investigación basada en cifras gubernamentales que llevaba por título: Ha detenido PF a 31 de La Línea este año… y sólo a cuatro de El Chapo. Dos semanas después, la Radio Pública Nacional (NPR) de Estados Unidos trasmitió una exhaustiva investigación titulada La guerra contra las drogas en México: ¿una pelea amañada?, que arrojó que el cártel de Sinaloa salía favorecido en Juárez (Proceso 1751).
El 24 de mayo, grafitis en distintos puntos de la ciudad señalaban: ... Los mugrosos federales están enredados con El Chapo Guzmán. Como prueba está que dejaron libre a Antonio Marrufo. Se refieren a José Antonio Torres Marrufo (o Antonio Marrufo) quien, se dice, es el tercer hombre en la estructura del grupo de Sinaloa y que había sido capturado, según publicó El Diario el 20 de mayo, sustentado en versiones militares y denuncias ciudadanas. Pero el detenido nunca apareció. La PF negó su detención.
Antes, hubo otras señales de la molestia del cártel que antes controlaba este tramo de frontera. En El Paso, Texas, un líder de la pandilla binacional Barrio Azteca, al servicio del cártel de Juárez, explicó a El Diario, después del asesinato de los tres empleados del consulado de Estados Unidos, que su intención era provocar que las autoridades de ese país investigaran y fungieran como árbitro “neutral” para terminar el “exterminio” en su contra.
“Nos beneficia más que vengan de Estados Unidos, para que miren, aunque vengan sobre nosotros; la gente está dispuesta a ser detenida y procesada, pero también queremos que haya alguien neutral, que se descubra por qué está pasando todo esto”, dijo el entrevistado.
Otro pandillero azteca juarense, quien pidió el anonimato, da su versión a Proceso: “El presidente puso más en peligro las cosas al mandar soldados y federales, porque también entró El Chapo y su gente… Mataron a todos los pushadores, acabaron con los picaderos… Había un código de no matar inocentes, pero al presionar el gobierno se va a perder el código, a ver si así el gobierno se retira un poquito”.
Tras el atentado con el coche bomba, el grupo criminal dejó otra pinta que pedía la intervención del FBI y la DEA para capturar a los federales coludidos con El Chapo. En una pinta anterior nombró a dos comandantes “arreglados”.
La PF tomó el mando de la Operación Coordinada el 9 de abril para iniciar la etapa de “inteligencia”, después de dos años a cargo de los militares, periodo en el que hubo constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos, allanamientos de morada, uso excesivo de la fuerza, confesiones arrancadas por tortura y, según las cuentas del visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Gustavo de la Rosa, al menos 13 desapariciones forzadas, ocho homicidios y retención ilegal de 199 personas que fueron recuperadas.
El relevo no mejoró la situación. Basta repasar los encabezados de las notas publicadas durante ese lapso en los diarios locales: Provocan abusos de federales cierre de negocios. Lanza exhorto regidor a ciudadanos para vigilar que federales no les siembren droga. Reciben federales mordidas de hasta 8 mil pesos: regidores. Hay más quejas de abusos de PF que avances: diputados. Caen 12 federales; extorsionaban y hasta saqueaban viviendas. Federales levantan a menor. Pese a operativo, van homicidios a la alza. Encañonan federales a menor discapacitado y a adolescente. Sólo 5% de juarenses se siente seguro con la Federal. Federales le roban sus ahorros de 30 años de trabajo. Plan anticrimen acentuó la inseguridad.
En las reuniones que ha tenido con juarenses el comisionado de la PF, Facundo Rosas, recibe quejas contra sus elementos porque acosan mujeres, provocan accidentes viales al no respetar los semáforos (40 choques en un solo mes), turistean mucho, provocan una queja diaria, despojan a la gente de sus carros chuecos, exigen al menos 500 pesos como mordida, son prepotentes, maltratan y roban joyas y patrimonio.
Su tropa ha protagonizado varios escándalos: el último, y el que más indignó a la sociedad, fue el descubrimiento de que los federales compraron también carros chuecos que circulaban sin placas.
“Existe la sensación de que los federales no están controlando nada ni avanzan ni se ve un plan y la cosa se ha desbordado: mayo, junio y julio tenemos una nueva oleada de violencia. Y aunque sí observamos en ellos mejor disposición que en los militares para atender denuncias ciudadanas, son constantes las quejas porque extorsionan, están más maleados, son abusivos y el bombazo es un desafío directo contra su autoridad”, dice Hugo Almada, un académico integrante de la Mesa Ciudadana de Seguridad que instaló el gobierno federal.
Por otra parte, según una fuente cercana al Ejército, “la percepción de los militares es que la PF viene a ‘arreglarse’, a hacer negocio, que está compuesta por retazos de militares y descontentos, que no tienen disciplina, y ya se les venció el plazo de tres meses para controlar la ciudad. Tenemos la misma violencia que antes pero sin detenciones ni aseguramientos”.
El visitador De la Rosa tiene otra opinión: “Al Ejército era imposible controlarlo porque ellos atraían los abusos que cometía su tropa y se congelaban en el fuero militar; con los (policías) federales es distinto”.
Una muestra de ello, dice, es que 33 federales han sido consignados por allanamiento de morada, robo y extorsión, y uno más es investigado por homicidio. De los consignados, 13 tuvieron la mala suerte de robar y extorsionar a cuatro militares que estaban en su día de descanso, a quienes “pasearon”, les quitaron dinero y amenazaron para que no los denunciaran.
“Lo que no ha funcionado es que la Policía Federal se manda a sí misma, mientras que la municipal, la procuraduría y la Policía Estatal se manejan por su cuenta, y la Federación sigue sin hacerse cargo de investigar los homicidios derivados del crimen organizado. En esta guerra no hay general en jefe ni cuarto de guerra donde todas las fuerzas aliadas analicen lo que va ocurriendo, acá hay una constante lucha por el liderazgo”, considera el funcionario de la CEDH.
Esta descoordinación se nota en que cada corporación tiene a su propio vocero para informar sobre la operación y entrega resultados sólo de sus representados.
Ocurre lo mismo a la hora de presentar resultados. El Ejército y la PF presumen que dieron mejores resultados que su competencia. Según la PF, ya atrapó a más de 18 extorsionadores y desactivó tres bandas de secuestradores, recuperó seis vehículos y detuvo a 15 personas por día. Según la Sedena, en dos años aseguró 136 toneladas de mariguana y una cantidad de armas y municiones suficientes para dotar 35 compañías, recuperó mil 500 vehículos y consignó a 2 mil 350 personas.
“Desgraciadamente, como no se conoce la magnitud de los delitos porque la gente no denuncia ni sabemos el número de gente que trabaja para el crimen organizado, no podemos decir que están avanzando. (La PF) ha dado resultados, pero quisiéramos que fueran mejores”, dice Federico Ziga, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), partidario de que soldados y federales se mantengan en la ciudad.
Hay un dato contundente: la PF no ha presentado a juicio a un solo sicario, aunque sí a secuestradores y extorsionadores.
“Desde que inició la operación tuvimos 23 casos de sicarios que habían cometido varios homicidios y rechazamos otros casos de supuestos sicarios en los que las pruebas que nos presentaron los militares no coincidían. Pero desde abril (cuando se fueron los militares) no judicializamos delitos de homicidio del tinte del crimen organizado, aunque tuvimos más secuestradores y extorsionadores”, dice un funcionario del Nuevo Sistema de Justicia Penal que pidió el anonimato.
Masacre cotidiana
En los 100 días bajo el mando de los federales, la ciudad llegó al récord de nueve homicidios al día. Junio cerró con 303 homicidios, sólo ese mes concentró todos los homicidios que se cometían en un año hasta antes de 2008. La tasa de junio arroja 290 asesinatos por cada 100 mil habitantes, que si se mantiene durante un año alcanzará a la que tuvo la ciudad colombiana de Medellín, la marca histórica de la violencia. La sociedad está noqueada.
Ziga calcula que 40% de los negocios (“entre 2 mil y 3 mil”) pagan semanalmente “derecho de piso” a los criminales, que va de
A su vez, el académico Almada estima que si el censo poblacional de 2005 arrojó 1 millón 580 mil habitantes, el próximo arrojará 1 millón 250 mil, por la gente que ha huido. La cifra de secuestros es desconocida, pero desde 2008 las bandas han peinado gremio por gremio. En febrero secuestraban a un médico por semana, y hasta a una afanadora de la clínica 35 le exigieron su sueldo.
El coche bomba empeoró la tragedia juarense y contribuyó a destapar el drenaje profundo de la pugna en el gabinete presidencial. Las mismas peleas entre la SSP y la Sedena desde el inicio del sexenio por ver cuál es la consentida del presidente. Muchos consideran que la descoordinación viene desde las altas esferas.
Mientras el general Eduardo Zárate, comandante de la V Zona Militar, dijo al día siguiente de la explosión que se utilizaron 10 kilos de un explosivo comercial y dio indicios de que podría ser C-4, la PGR informó días después que era Tóvex y reportó menos kilos. Tras la explosión, los militares reaparecieron en las calles de Juárez en un aparatoso operativo para sellar la colonia Hidalgo; utilizaron perros adiestrados y unidades de detección molecular para buscar explosivos casa por casa.
El martes 20 los medios anunciaron “el regreso” del Ejército a las calles, pero el comisionado de la PF se apresuró a dar una conferencia de prensa. Ahí dijo que su corporación tiene el mando, que al Ejército le toca brindar seguridad únicamente en las entradas y salidas de la ciudad, en las terminales de transporte y el aeropuerto, vigilar la línea fronteriza, las brechas y el Valle de Juárez, además de apoyar las tareas de la policía.
Por otro lado, durante la incineración de enervantes en la Guarnición Militar de esta ciudad, el día 22, cuando se le preguntó al general Marco Antonio Barrón Ávila quién está al mando, dijo que como la operación “es coordinada, no la manda nadie”. Además, ignorando la información de la PGR, informó que el Ejército aún está analizando el tipo de explosivo que se utilizó en el ataque.
Los medios locales reflejan también la disyuntiva. La nota principal en El Norte señalaba que los empresarios piden que la PF deje el mando al Ejército, y al día siguiente El Diario reportaba que la gente se sentía asustada por el operativo militar.
El coche bomba también evidenció que hay un empate técnico entre cárteles y aún no se define quién se quedará con Juárez. La batalla puede alargarse. De la Rosa lo expresa bien: “La Federación, La Línea y el cártel de Sinaloa están en un equilibrio catastrófico”. l
Reacciona Washington ante el encuentro Scherer-Zambada
Jorge Carrasco Araizaga
El gobierno de Estados Unidos tomó con rigurosa seriedad lo que El Mayo Zambada dijo a Julio Scherer García en el encuentro que tuvieron y que fue difundido por Proceso en abril pasado. De hecho, el Departamento del Tesoro respondió directamente a la alusión que hizo el capo del cártel de Sinaloa sobre su disposición a hacer negocios en el país del norte. “Le estamos diciendo al señor Zambada que no podrá”, expresó literalmente el director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de la dependencia estadunidense.
Resuelto a seguir con sus “negocios” en Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada recibió el jueves 22 una respuesta desde Washington: sus actividades de lavado de dinero en México son rastreadas por el Departamento del Tesoro para que no se extiendan a los círculos comerciales y financieros de ese país.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció ese día la incorporación de otras dos empresas de Zambada García, que operan en México sin problemas, a la lista de entidades que están prohibidas en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico.
La medida fue una respuesta directa del gobierno estadunidense a El Mayo, quien en una conversación con el fundador de esta revista, Julio Scherer García (Proceso 1744), expresó su propósito de seguir haciendo negocios en Estados Unidos.
“Y usted, ¿qué hace ahora?”, le preguntó el periodista en el encuentro que sorprendió a las autoridades de los dos países, dispuestas a pagar una recompensa de más de 7 millones de dólares por la captura de El Mayo.
“Yo me dedico a la agricultura y a la ganadería, pero si puedo hacer un negocio en los Estados Unidos, lo hago”, respondió el capo, quien junto con Joaquín El Chapo Guzmán es uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa.
Tres meses y medio después de que se hiciera público ese encuentro, el director de la OFAC, Adam J. Szubin, respondió:
“Le estamos diciendo al Sr. Zambada que no podrá. Los sectores comerciales y financieros de Estados Unidos están cerrados para la red de narcotráfico de Zambada García.”
La lavandería
El funcionario estadunidense fue citado en un comunicado del Departamento del Tesoro difundido en Washington el jueves 22 y dado a conocer en México por la embajada estadunidense. En esa comunicación, el gobierno de Barak Obama anunció la designación de otras dos empresas de El Mayo como entidades de lavado de dinero.
Se trata de Autotransportes JYM, S.A. de C.V., y Arte y Diseño de Culiacán, S.A. de C.V., que operan en la capital sinaloense bajo la propiedad y administración de María Teresa y Midiam Patricia Zambada Niebla, “prestanombres e hijas del notorio cabecilla del narcotráfico”.
Las dos empresas se suman a otras 24 que en 2007 también fueron consideradas por el Departamento del Tesoro parte de la red de lavado de dinero de El Mayo. Las primeras cinco fueron señaladas en mayo y las otras 19 en diciembre.
A pesar del señalamiento, las empresas operan abiertamente en México. Una de ellas incluso le fue devuelta por la Procuraduría General de la República (PGR) tras una breve indagatoria.
La identificación e inclusión de las compañías relacionadas con el narcotráfico es elaborada por la OFAC bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, que prohíbe a ciudadanos y empresas estadunidenses hacer tratos comerciales o financieros con esas firmas y, además, congela cualquier bien que éstas puedan tener dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.
Para quienes hagan negocios con esas entidades, la ley citada prevé multas desde 1 millón de dólares o penas de hasta 30 años de prisión y hasta 5 millones de dólares. En el caso de las empresas, las multas pueden ser de hasta 10 millones de dólares.
La oficina dependiente del Departamento del Tesoro divulgó la información fiscal de las hijas de El Mayo, quienes ya hace tres años habían sido señaladas como “narcotraficantes especialmente designadas” por ser parte de la red financiera del sinaloense. Los datos que dio a conocer son su fecha de nacimiento, su Registro Federal de Causantes y la Clave Única de Registro de Población (CURP).
En dos ocasiones, en 2002 y 2009, El Mayo y el cártel de Sinaloa fueron incluidos por los presidentes estadunidenses George W. Bush y Barack Obama en la lista de los narcotraficantes más importantes del mundo, elaborada de acuerdo con lo establecido por aquella Ley de Designación de Cabecillas.
Zambada es requerido por la justicia estadunidense desde 2003, cuando en el Distrito de Columbia, en Washington, le abrió un proceso por tráfico de drogas. En esa acusación también están Javier Torres Félix, El JT, y Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo; ambos ya extraditados a Estados Unidos.
El Mayo, quien de acuerdo con el gobierno estadunidense tiene 62 años, enfrenta otras dos acusaciones por narcotráfico abiertas en 2009. Una en el Distrito Este de Nueva York y otra en el Distrito Norte de Illinois. El gobierno estadunidense ofrece 5 millones de dólares por información que lleve a su detención; la PGR, 2 millones 100 mil dólares.
El encuentro
El Departamento del Tesoro se hizo eco de la conversación de Zambada con Julio Scherer para explicar sus nuevas acciones contra las empresas del narcotraficante.
“En abril de 2010, Zambada García declaró ante una revista mexicana que si podía hacer negocios en los Estados Unidos, los haría. Le estamos diciendo al señor Zambada que no podrá. Los sectores comerciales y financieros están cerrados para (su) red de narcotráfico”, mencionó el director de la OFAC.
Para ilustrar la cadena financiera de El Mayo, en la que implica a sus hijas, el Departamento del Tesoro también se vale de la fotografía publicada por Proceso que da testimonio del encuentro de Scherer con el jefe narcotraficante y en la que aparece con bigote y una gorra calada. Hasta antes de esa imagen, el gobierno estadunidense difundía una imagen en la que Ismael Zambada se veía mucho más joven.
En total, el gobierno estadunidense ha incluido en su lista negra 26 empresas del capo. En mayo de 2007 fueron Multiservicios Jeviz, S.A. de C.V.; Rosario Niebla Cardoza (Gasolinera Rosario); Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, S.A. de C.V. (Lechería Santa Mónica); Establo Puerto Rico, S.A. de C.V.; Jamaro Constructores, S.A. de C.V., y la estancia infantil Niño Feliz. Ahora incorporó Automotriz JYM y Arte y Diseño de Culiacán, S.A. de C.V. Todas esas empresas, que están registradas en Culiacán, operan actualmente en México.
En una investigación realizada a partir de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Proceso (en su número 1748) documentó que una de ellas, el Establo Puerto Rico, fue asegurada por la PGR el 23 de junio de 2000, pero la recuperó seis meses después. De las otras no se conoce alguna investigación ministerial en su contra.
Otra de esas empresas incluso ha operado con apoyo federal bajo los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (Proceso 1666). Es Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, que desde 2002 está en la lista de beneficiarias con recursos del Programa Pymes, de la Secretaría de Economía; en 2004 recibió 100 mil pesos de apoyo del gobierno de Fox. En agosto de 2008 fue incluida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su padrón de compañías oferentes de empleos.
No son las únicas empresas relacionadas con El Mayo que reciben apoyo federal. El incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, permitió saber más de la estancia infantil Niño Feliz, construida para los hijos de los trabajadores de las empresas lecheras de El Mayo.
Abierta en 2004 frente a la sede de los ministerios públicos de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, en Culiacán, en el entorno del Palacio de Gobierno, recibe desde entonces subsidio federal como parte del esquema de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
A pesar de que el año pasado se dio a conocer que esa empresa operaba con apoyos federales, en enero de este año el IMSS renovó el contrato de prestación de servicios y lo extendió al 31 de diciembre de 2012.
De acuerdo con la lista de Guarderías de Prestaciones de Servicios Indirectos, publicada en la página web del IMSS, se trata de un contrato por adjudicación directa y entre sus representantes legales originales estuvo María Teresa Zambada Niebla, a quien el Departamento del Tesoro por segunda vez identificó como “narcotraficante especialmente designado”.
Como socios actuales de la guardería el IMSS identifica a Maité Díaz Zambada, Rosa María Zazueta Zambada; como socios originales estuvieron Javier Ernesto Díaz Zambada y María Teresa Zambada Leyva.
En la lista de mayo de 2007 el gobierno estadunidense identificó a 12 personas como lavadores de El Mayo Zambada. Además de María Teresa y Midiam Patricia, mencionó a sus otras dos hijas: Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla, así como a El Vicentillo. También relacionó a su exesposa Rosario Niebla Cardoza.
Los otros mencionados fueron José Antonio Peregrina Taboada, Santos Bueno García, Jesús Alfonso López Díaz, Carmen Amelia Araujo Laveaga, Javier Torres Félix y Cintia Borboa Zazueta.
En diciembre de 2007 la OFAC incluyó a otras 19 empresas que, según el Departamento del Tesoro, lavan dinero para Zambada García y su socio, Víctor Emilio Cázares Salazar.
Las empresas enlistadas fueron Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiacán, Sepriv, Cazper Importaciones, PatracaM, las casas de Mexglobo, Multiservicios Agsa y AGBAS Consultores, Toys Factory, el restaurante Cien Años, de Tijuana; las tiendas Chika’s y boutiques de joyería y cosméticos. Además de Sinaloa, las empresas operan en Jalisco, Baja California y el Distrito Federal.
Según la OFAC, en su comunicado del jueves 22, “Zambada mantiene su peligrosa presencia en el narcotráfico mexicano como uno de los líderes del cártel de Sinaloa más poderosos y de mayor permanencia”.
Asegura que esa organización es “una de las pandillas más peligrosas de México” y “es responsable de traficar cantidades considerables de cocaína, heroína y metanfetaminas a Estados Unidos”. La acusa además de haber perpetrado “muchos de los siniestros crímenes durante esta guerra entre cárteles de las drogas”.
En la conversación con Scherer García, Zambada aseguró que lo atraparán “en cualquier momento o nunca”, pero aunque lo detuvieran nada cambiaría en el narcotráfico, no sólo porque su reemplazo “ya anda por ahí”, sino porque “el narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción”.
Más aún, para el capo el gobierno mexicano llegó tarde a combatir el narcotráfico, pues durante años fue infiltrado y está ya en el corazón del sistema.
La Laguna: las huellas de la indefensión
Arturo Rodríguez García
En La Laguna, la sociedad, el gobierno y la clase empresarial se quejan porque, dicen, el presidente Felipe Calderón dejó fuera de su estrategia contra el crimen organizado a ese territorio que hoy se disputan Los Zetas y el cártel de Sinaloa. En lo que va del año, 600 civiles han caído a causa de la violencia en Torreón y su zona conurbada. Hoy, los ataques dejaron de ser selectivos y se desatan incluso en fiestas privadas, como el del domingo 18, donde murieron 17 personas.
TORREÓN, COAH.- La guerra del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado no llegó a la comarca lagunera... Aun cuando esta región se halla desbordada por la delincuencia y la violencia asociada al narcotráfico, está al margen de la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado.
Inútiles han resultado las súplicas que, desde hace meses, la ciudadanía, los gobernadores de Durango y Coahuila, así como los presidentes municipales de las dos entidades, legisladores y el empresariado lagunero hacen al gobierno federal para detener las muertes de civiles que ya sobrepasan los 600 en lo que va del año. Ellos exigen la presencia de las llamadas Fuerzas Armadas Permanentes (FAP) para que pongan orden en la zona.
El domingo 18, alrededor de la una de la madrugada, tres vehículos llegaron a la Quinta Italia Inn, en la periferia de Torreón, donde Carlos Antonio Mota Méndez celebraba su cumpleaños 31 en compañía de varios amigos.
Cinco hombres armados descendieron de las unidades y comenzaron a disparar a los asistentes, incluidos los músicos de la banda Ríos que amenizaban el convivio. El saldo fue de 17 muertos, incluidos el festejado y su hermano Héctor José; otros tantos quedaron heridos. Minutos después los agresores huyeron hacia Gómez Palacio, Durango.
Los otros muertos fueron los músicos Héctor y Alejandro Rivas Ríos; los estudiantes Enrique González Hernández, Diego Aguilar García, Sara Liliana Mejía Sarmiento y Emmanuel Alejandro Ruiz Orona; y María Fernanda Natalia Máynez San Juan, Ricardo Reyes Encinas, Luis Jesús Silva Muñoz, Estefanía Jáquez Álvarez, Diana Itzel del Castillo Maciel, Ricardo Esteban Santacruz Esquivel, Ana Karen Ornelas Vera, Juan Jesús García González y Andrés Isaías Robles Arredondo, amigos del festejado. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que aparentemente Carlos Antonio no tenía vínculos con actividades delictivas ni con los narcos.
El viernes 23 por la mañana, policías estatales de Coahuila y agentes de la PF llegaron al Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio, Durango, y detuvieron a la directora Margarita Rojas Rodríguez y a varios custodios por su presunta participación en el ataque a la Quinta Italia Inn.
Una agente del la FGE asegura a Proceso que en el ataque del domingo 18 de julio participaron cuatro custodios y un interno que era operador del cartel de Sinaloa.
Desde la noche del jueves 22 en el sitio elblogdelnarco.com un video muestra cuando un grupo de encapuchados, al parecer de Los Zetas, interroga a un presunto policía municipal de Lerdo, Durango, identificado como Rodolfo Nájera, quien declaró que el ataque a la Quinta Italia Inn fue ordenado por Gabriel Daniel, alias Delta, preso en el penal de Gómez Palacio, a quien, a decir del interrogado, todas las noches se le permitía salir a la calle.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, en lo que va de 2010 se han registrado 210 ejecuciones en Torreón y 400 muertes violentas en la zona conurbada, que incluye la ciudad de Matamoros y las duranguenses de Gómez Palacio y Lerdo. De ese total, 44 personas murieron en ataques similares al del domingo 18.
Los hechos de sangre no han cesado desde 2006 en la comarca lagunera, cuyo límite entre Coahuila y Durango lo marca el cauce del río Nazas. Desde entonces, Los Zetas, otrora aliados del cártel del Golfo que hoy controlan la primera entidad, enfrentan a sus rivales de Sinaloa, que aún dominan Durango.
El día siguiente al ataque del comando a la Quinta Italia Inn, el lunes 19, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, declaró que si las autoridades de la comarca lagunera hacían una petición formal, serían enviados elementos de la Policía Federal (PF).
La actitud de Blake contrasta con la de su antecesor, Fernando Gómez Mont, quien luego de una matanza similar en La Laguna y pese a los reclamos ciudadanos declaró que “la prioridad era Ciudad Juárez” (Proceso 1751).
En territorio lagunero las masacres se intensificaron a partir de febrero de 2009. El día 13, un comando rafagueó el bar La Favorita, donde murieron cuatro personas. Horas después, sicarios de Los Zetas se desplazaron a Gómez Palacio y ejecutaron a varios pushadores (distribuidores de droga).
Al día siguiente, en la funeraria de esa ciudad, donde se velaba a uno de los caídos, un comando irrumpió en el lugar y rafagueó a los dolientes. El saldo fue de cuatro muertos y varios heridos. En respuesta, el 15 de febrero los sinaloenses arribaron al bar Premier, presuntamente controlado por Los Zetas, y acribillaron a 10 personas.
Un año después, el pasado 31 de enero los ajustes de cuentas se avivaron en Torreón. Un comando sinaloense rafagueó los bares ¡Ay Nanita!, El Limbo y El Ferry. Y aunque en este último antro se respondió a los agresores, hubo 10 muertos y 40 heridos, dijo a Proceso el secretario de Seguridad Pública municipal, general Carlos Bibiano Villa Castillo.
La madrugada del 15 de mayo siguiente, otro comando arribó a la capital coahuilense y acribilló a ocho personas y dejó una veintena de heridos durante la inauguración del bar Juana’s VIP. Al mes siguiente, el 26 de junio, otro grupo armado llegó al centro de rehabilitación contra las adicciones Grupo Fuerza para Vivir y asesinó a 11 personas, otros más quedaron heridos.
Con el del domingo
Vuelven los federales
En septiembre de 2008, un convoy de policías federales detuvo a varios narcomenudistas y cuando dos policías municipales intentaron rescatarlos, los arrestaron también. Cuando los uniformados municipales supieron que los federales se llevaban a sus compañeros, abordaron sus patrullas y se desplazaron de Torreón a Matamoros para liberarlos. Y se inició el tiroteo que terminó con un municipal muerto y 35 uniformados presos.
El alcalde torreonense, José Ángel Pérez Hernández, explicó que la balacera la iniciaron los federales. Los policías detenidos quedaron en libertad semanas después. A partir de entonces la presencia de los federales disminuyó de manera paulatina. Y en enero pasado la mayoría de los mil uniformados fueron enviados a Ciudad Juárez, donde se registró la matanza de varios adolescentes en Villas de Salvárcar. Ello pese a que los hechos ocurrieron con minutos de diferencia respecto de los del ataque al bar Ferry.
Hoy, una de las líneas de investigación sobre el ataque a ese antro es que un comando cazaba en ese momento a dos policías federales. Además, las autoridades comentan que a cada matanza en La Laguna la precede un escándalo nacional que opaca su cobertura. Los hechos del bar Juana’s, por ejemplo, ocurrieron horas antes de que se conociera la desaparición del exsenador panista Diego Fernández de Cevallos.
Sólo a partir de la masacre de la Quinta Italia Inn, el comisionado de la PF, Facundo Rosas, decidió enviar a 200 policías a Coahuila para distribuirlos en tres ciudades. Los federales llegaron el miércoles 21. De ellos, 65 se sumaron a los cinco federales y a los 200 militares que ya estaban en Torreón.
Cuando se dirigían al hotel hubo tres ejecuciones. Facundo Rosas asegura que participarán en tareas de disuasión y patrullaje, así como en labores de inteligencia y de combate al narcomenudeo. Su objetivo, dice el funcionario, es “evitar la movilidad de los grupos delictivos”.
La víspera, el dirigente local de la Canacintra, Mario Lozoya, y otros líderes empresariales protestaron porque, arguyeron, ellos habían solicitado mil 500 policías debido “a la magnitud de la violencia”.
Matanzas en serie
A partir del ataque al bar Ferry, grupos que se identifican como antizetas han difundido mensajes electrónicos en el sitio youtube.com para adjudicarse la autoría de esas matanzas. El 2 de febrero último el supuesto cártel México Unido Contra Los Zetas subió un video de 1:41 minutos titulado Eliminando “zetas” de la Comarca Lagunera con un mensaje en el que reivindicó la masacre del Ferry y amagó con exterminar a los integrantes de ese grupo paramilitar:
“Se les advierte que serán eliminados y barridos con acciones como las realizadas este fin de semana en conocidos antros y cantinas de Torreón, todos estos propiedad de los pinches zetas, eso sólo fue una advertencia, la guerra está declarada, y no vamos a parar hasta sacarlos de la Comarca Lagunera o eliminarlos a todos; esto va también para toda la gente pudiente, llámense empresarios, políticos, servidores públicos y sociedad en general.”
Y advertían: “Dejen de frecuentar los antros, cantinas y clubs nocturnos de Los Zetas, de todos es sabido que dichos lugares son propiedad de: Sergio Villarreal Barragán, El Grande, El Monky Pérez, La Sombra (un expolicía municipal) y El Pinky, este último jefe de Los Zetas”.
Luego de la matanza en el Juana’s VIP apareció un video similar en el mismo sitio electrónico. En esa ocasión, se mencionó que directivos del diario Noticias del Sol de la Laguna y un exreportero gráfico tenían vínculos con Los Zetas. Los aludidos publicaron un comunicado el 17 de mayo, dos días después del ataque a ese bar, para deslindarse del grupo armado.
El secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna Canales, sostiene que a partir del ataque al Juana’s VIP la mayoría de los centros nocturnos de la región cerraron y los habitantes del área optaron por realizar eventos privados, como en el caso de la Quinta Italia Inn.
Desde mayo, en elblogdelnarco.com, un sitio electrónico que reproduce noticias sobre el tema, un usuario advirtió que atacarían esa residencia. En la página www.facebook.com/event.php?eid=131342820231711&ref=search de facebook se colocó un mensaje en el que se anunciaba una Party Gaysotototota (aumentativo muy común en la región), que finalmente fue cancelada. Ello permitió que Carlos Antonio Mota rentara de último momento el local para festejar ahí su cumpleaños el domingo 18. La mayoría de los asistentes eran integrantes del equipo de futbol de la localidad.
En sus indagatorias, la Fiscalía General del Estado sostiene que el ataque iba dirigido contra el propietario de establecimiento, Alejandro Bruno Salazar, alias El Güero o El Pollo, a quien, según la dependencia, ya se citó a declarar. Sin embargo, fuentes de la fiscalía aseguran a Proceso que El Güero desapareció, incluso comentan que la camioneta que conducía fue abandonada en otro salón de su propiedad en el conurbado municipio de Matamoros.
Interrogado al respecto, Luna Canales acepta que el vehículo fue localizado, incluso dice que “no tenía huellas de violencia”. Al cierre de esta edición, El Güero continúa desaparecido. Además, en el “parte informativo” rendido por elementos de la Policía Investigadora sobre el caso, al que tuvo acceso este reportero, se menciona que El Güero fue levantado a finales de junio y liberado a los pocos días, aunque no presentó ninguna denuncia.
Es terrorismo
El alcalde de Torreón, Eduardo Olmos Castro, calificó los ataques a los bares de Torreón como terrorismo. Y hoy se queja porque, dice, el gobierno federal nada más no envía a las Fuerzas Armadas Permanentes ni incluye a La Laguna de Durango en su estrategia contra el crimen organizado.
Lo mismo asegura el secretario de Gobierno del estado, Armando Luna, quien insiste en que la intención de esos grupos es amedrentar a la población y restar autoridad al gobierno. “Y eso es terrorismo”, remata.
También se queja porque, arguye, ante los asesinatos provocados por las bandas criminales la mayoría de los medios de comunicación locales y los corresponsales nacionales han recibido amenazas. Y enumera varios casos: El Siglo de Torreón, Televisa, El Sol de la Laguna. Además, dice, el año pasado fue asesinado Eliseo Barrón, reportero de Milenio.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) también se ha manifestado contra la violencia. El pasado 18 de junio lanzó una alerta por las nulas condiciones para ejercer el oficio periodístico en la zona lagunera. La organización destacó que Javier Adame, directivo de Noticias de El Sol de la Laguna, recibió una amenaza por teléfono y cuatro días después las instalaciones del diario fueron tiroteadas. La recepcionista resultó herida.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, también se pronunció al respecto. El 27 de junio pasado dijo que los grupos criminales lo tienen todo y nadie los para. “Esos ataques expresan el fracaso del Estado. El crimen organizado muestra así su poderío: decirle a la sociedad que ellos son los dueños y señores de todo; muestra cómo caminamos cada día más hacia un Estado fallido”, sentenció el prelado.
El gobernador que todo lo puede, no puede...
Luciano Campos Garza
La cadena de quejas es larga en Nuevo León: la seguridad pública es prácticamente inexistente, los homicidios y secuestros van a la alza, los tiroteos entre bandas criminales son casi cotidianos y los bloqueos de vialidades impiden la labor de las policías. Rodrigo Medina, el mandatario estatal, responde siempre que la inseguridad es un problema nacional, no local.
MONTERREY, NL.- Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador priista de Nuevo León, es el coordinador de la Comisión de Seguridad Pública de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Pero en su entidad nada más no puede con el problema de la inseguridad...
La policía del estado está fuera de control. Los uniformados han llegado al grado de negarse a acudir a llamados de auxilio en situaciones críticas. Y no van por temor o, de plano, por órdenes de los capos, según acusan algunos políticos de oposición.
Los homicidios van a la alza: sólo en el primer semestre de 2010 hubo 386 homicidios dolosos y en todo 2009 se contabilizaron 267.
Además, ninguna estrategia ha sido capaz de contener los narcobloqueos: los sicarios despojan a automovilistas de sus coches y los usan como barricadas para impedir que los persigan las fuerzas federales.
Ante los reclamos por la inseguridad, Rodrigo Medina se ha escudado en el mismo argumento desde que llegó al gobierno: la inseguridad es un problema nacional.
Pero el de Nuevo León es, quizá, el gobernador más fogueado en asuntos de seguridad pública: fue delegado del Instituto Nacional de Migración y como diputado federal a la LX Legislatura presidió la Comisión de Seguridad Pública.
El mandatario anterior, Natividad González Parás, lo preparó para que fuera su sucesor. En el gobierno estatal lo hizo subsecretario de Asuntos Religiosos y luego secretario técnico del Comité de Inteligencia y Seguridad. Después lo convirtió en secretario general de Gobierno.
No obstante, en ninguna posición ha dado buenos resultados.
Transcurridos los primeros 10 meses de su mandato, la delincuencia organizada florece en el estado frente a una fuerza estatal que parece carente de estrategia.
El sociólogo Miguel Reyes González, de la Universidad de Monterrey, señala que no se ve por ningún lado la supuesta experiencia de Medina en el área de seguridad que presume en su currículum. “Medina es farol de la Conago, oscuridad en su estado”.
No hay policía
La madrugada del lunes 19, bandas rivales del crimen organizado se enfrentaron a tiros en la residencial colonia Valle de las Brisas, en el sur de Monterrey. A pocas cuadras de ahí está el flamante edificio del C5 (Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicación y Cómputo, la oficina estratégica del estado para combatir a la delincuencia).
Los aterrorizados vecinos narran que el tiroteo duró más de una hora. Cuentan que la refriega se inició a las cuatro de la mañana en la calle Puerto Loreto. Pasadas las cinco los disparos continuaban. Media hora después cesaron los balazos.
En la calle quedó muerto un hombre de unos 30 años. Había más de mil casquillos percutidos de diferentes calibres. Una casa en el cruce de Puerto Loreto y Puerto Marqués quedó con la fachada destruida por centenares de impactos.
Para escapar, los pistoleros recurrieron a los bloqueos. Varios de ellos detuvieron su carrera y despojaron a camioneros y automovilistas de sus vehículos para formar barricadas en las avenidas Lázaro Cárdenas, Garza Sada y Revolución, que conducen al centro de la ciudad.
Todos los sicarios pudieron escapar.
Cuando comenzó la actual administración en la entidad se incrementaron los enfrentamientos entre grupos criminales. El gobierno del estado creó el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) con efectivos ministeriales, de Seguridad Pública del estado, de la Policía Federal y del Ejército. Su misión era responder a estas contingencias.
El lunes 19 el GRI llegó a Valle de las Brisas dos horas después de que empezara el tiroteo.
Se repitió la historia del año pasado: el 13 de agosto de 2009 hombres armados atacaron durante una hora y media un domicilio en Cerro de Pasco, colonia Cumbres Oro. Ninguna autoridad se presentó.
Seguridad Pública del estado dijo en ese entonces que sancionaría a los policías que desacataron el llamado de auxilio. Pero no ocurrió nada.
A raíz de esa balacera se promulgó una ley para tipificar como delito la desatención a los llamados de ayuda de la ciudadanía. El pasado 29 de junio, el Congreso local aprobó una reforma al Código Penal para castigar hasta con 13 años de cárcel a los uniformados que desoigan órdenes para acudir a hechos conflictivos.
Los regiomontanos esperaban que en los policías que no fueron a Valle de las Brisas se estrenara la nueva ley, pero resulta que el gobierno de Nuevo León no la había publicado aún en el Periódico Oficial. Lo hizo el miércoles 21, dos días después de la balacera.
Los uniformados que titubearon sólo serán objeto de una sanción administrativa. Siete ya fueron sancionados.
Luego de la balacera del lunes 19, Medina reconoció que Nuevo León está rebasado por la capacidad de fuego de los criminales. Y le pidió refuerzos al gobierno federal.
El gobernador Medina reitera que el problema de Nuevo León es el mismo de todo el país. “Tenemos una gran preocupación porque hemos visto que el crimen organizado ha escalado en sus capacidades, tanto de fuego como de expresiones delictivas, que ha cometido no únicamente en Nuevo León sino en otros estados de la República. Ya cada vez es más frecuente ver que avientan granadas o, como en Juárez, que hubo un coche-bomba.
“La capacidad de fuego que tienen estas bandas del crimen organizado es (...) mayor de la que tienen las policías (...) por eso es importante que avancemos muy rápido en la especialización de los cuerpos locales (…) o que se incremente el número (...) de personal del Ejército mexicano y de la Policía Federal con esas capacidades para hacerle frente a estas bandas criminales.”
Frente a los reclamos de inacción de las fuerzas del orden, Luis Carlos Treviño Berchelmann, secretario de Seguridad Pública afirmó que sus policías sí estuvieron prestos a la acción durante esa fatídica madrugada del 19 de julio y que, incluso, su intervención hizo huir a los maleantes.
Agregó que efectivos de la BOMM (Base de Operación Mixta Móvil, integrada por soldados y policías federales y estatales) recibieron un reporte a las 04:43 pero uno de los bloqueos les impidió llegar al lugar del tiroteo.
“Estaba viendo en vivo (una transmisión por televisión) a las cinco y media de la mañana, que pasa el vehículo blanco y empieza la persecución de la BOMM (...) al llegar la BOMM cesó la balacera, precisamente cesan los tipos estos que estaban atacando esta vivienda, (porque) ven la presencia de este grupo”, dijo.
Los vecinos siguen sin aceptar su versión.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado tiene registrados en el primer semestre de este año 386 homicidios dolosos, que contrastan con los 267 de todo el año anterior. De
Medina está rebasado
Nombrado coordinador de seguridad de la Conago, el 7 de diciembre de 2009, según la página web de esa instancia, el mandatario de Nuevo León tiene una agenda temática en la que destaca el estudio de programas de seguridad pública vigentes; estudio y propuestas en materia de seguridad pública y procuración y administración de justicia.
También se incluyen en esa agenda mecanismos de captación, distribución y optimización de recursos, coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, prevención del delito y participación ciudadana, coordinación con organismos y entidades dedicados al estudio e investigación de la seguridad pública y los derechos humanos, y estudio y propuestas en materia penitenciaria y de reinserción social.
El 23 de marzo de este año, en la 38 reunión de la Conago, en Michoacán, Medina leyó el documento en el que se proponía la creación de un mando policial único en cada uno de los 32 estados. Su funcionamiento consistiría en unificar a todas las policías municipales de cada entidad para que trabajen homologadas bajo un mando estatal.
En la entidad la propuesta no ha tenido eco. Ni siquiera ha sido debatida.
Las reformas a la legislación en materia de seguridad parecen ser problemas secundarios frente a otros que enfrentan municipios rurales nuevoleoneses.
César Garza, diputado y presidente de la comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado señala que de los 51 municipios de la entidad, 15 carecen de policías preventivas. En los primeros meses del año han menudeado los asesinatos en despoblado de los uniformados. No hay mucho interés en enrolarse en esas corporaciones.
Seguridad Pública del Estado ha tenido que enviar refuerzos. El Ejército también realiza patrullajes para hacer trabajo preventivo.
Los integrantes de esas corporaciones están pobremente armados y peor preparados. El 9 de junio de 2009, el Consejo de Coordinación de Seguridad Pública del estado determinó que ningún policía municipal puede portar armas largas. La excepción es para quienes hacen trabajo de escolta de funcionarios y guardia en edificios públicos.
Se les quitaron los fusiles al percatarse de que cada vez más de ellos pasaban a engrosar las filas de la delincuencia organizada. Los policías en las rancherías están prácticamente inermes frente a los narcotraficantes.
El sociólogo Reyes González considera que la fuerza del crimen organizado ya no sólo ha rebasado la capacidad del estado, sino la voluntad misma de la fuerza policiaca, como se observó en la balacera de Valle de las Brisas. Parece que hay desinterés del gobernador por atender este problema, dice.
“Si vemos que no se publicó a tiempo la ley para sancionar a policías que no lleguen a una llamada de auxilio, se ve desinterés. Otra muestra de ello es la falta de anuncios. No se sabe públicamente cuáles son las líneas generales estratégicas para organizar la policía, profesionalizarla, purgarla. Parece que el gobernador sigue en campaña, diagnosticando la situación pero sin establecer medidas concretas.”
Frente a la magnitud del problema, Medina no ha enseñado su experiencia en el tema de seguridad, dice el maestro en sociología política por la New School for Social Research, de Nueva York.
“Es una contradicción. Farol de la Conago, oscuridad en su estado. No hay algún aspecto que pueda indicarnos esa experiencia o que esa posición que tiene entre los gobernadores se vea reflejada en su estado. Lo cierto es que la ciudadanía está a merced de lo que hagan los delincuentes comunes.”
Sugiere que el paso del huracán Alex se percibe como un respiro para Medina. La contingencia le ha dado oportunidad de enfocar sus baterías a la reconstrucción, que es su obligación inmediata, permitiéndole distraerse del tema de la seguridad.
Luis Farías, presidente del partido estatal Cruzada Ciudadana, afirma que la ciudadanía está anhelando triunfos de su gobierno, victorias de seguridad pública que no se observan.
“En fechas recientes, el gobierno del estado ha reconocido que lo han rebasado las bandas criminales. Esto es una aceptación de incapacidad que afecta a todos los ciudadanos. Ese reconocimiento es afirmar que no puede con el problema, lo cual es muy grave”, dice Farías.
El también regidor de Monterrey dice que el gobernador ya pidió auxilio al Ejército, pero la violencia no cesa. De continuar así, Nuevo León está en peligro de replicar el problema de Tamaulipas “donde los cárteles dominan abiertamente la vida pública”.
“Nosotros hemos apoyado con marchas y con llamados a la unidad para que la policía se vea sólida. Pero desafortunadamente vemos cómo en estos días las policías estatal y municipal se niegan a aceptar órdenes de su mando para acudir a la balacera de Valle de las Brisas. Esto evidencia que no hay control de las corporaciones, que están infiltradas.”
Además, secuestros y fosas
El diputado federal panista de Nuevo León, Baltazar Martínez, vive un drama familiar por el problema de la inseguridad. El sábado 17, su hermano José Luis fue secuestrado cuando viajaba del municipio de Cerralvo, donde los dos radican, hacia la frontera de Tamaulipas con Texas. No llegó y los captores aún no han establecido contacto.
Martínez Montemayor considera ya insoportable la inseguridad de Nuevo León: “La forma de vida normal, las costumbres, las áreas de descanso y recreo nos han sido robadas y todo esto lastima porque nos roban a nuestros familiares. No responder a esa balacera de más de una hora es como darle un mensaje fatídico a la población de que nuestros sistemas de seguridad, procuración y prevención están siendo operados por el crimen organizado.
“Si los policías no acudieron es porque tienen miedo o porque les avisaron que no se presentaran en alguna parte. Te dejan pensando mil cosas de lo que pasa”, señala.
Pedro Vázquez González, coordinador de la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, defiende a Rodrigo Medina: reitera que el problema de inseguridad es nacional, no exclusivo de la entidad.
Afirma el petista: “Es algo nacional. En Nuevo León se han manifestado también la inseguridad e intranquilidad. Pero es un tema recurrente en el país. No hay espacio seguro, no se puede vivir tranquilo. Esto rebasa al estado de Nuevo León”.
Consideró necesario que haya una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno que han trabajado de manera desorganizada.
Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública de Nuevo León durante el gobierno de Natividad González Parás, se ha convertido en activista. En marzo creó una organización ciudadana llamada Red a través de la que canaliza denuncias de ilícitos. La idea es que los ciudadanos no se expongan a represalias si dan la cara en la Procuraduría estatal. Él toma ese riesgo.
El 29 de junio Fasci presentó un informe de actividades. En él implicó directamente a policías estatales y municipales en secuestros.
Informó que ha atendido 400 denuncias. De ellas, 40 (10%) son por privación ilegal de la libertad; de las 40, 31 fueron por secuestro y en 28 de esas hubo participación de policías.
Los policías o agentes de tránsito que cometen estos delitos son municipales de Monterrey, San Nicolás, Guadalupe y Cadereyta.
Actúan de varias maneras. En ocasiones detienen a conductores de vehículos, inventándoles una infracción, y los abordan para sopesar si tienen valor como posibles plagiados. En otras, son ellos quienes directamente los llevan con sus captores.
No hubo investigación sobre el pronunciamiento de Fasci.
Sólo Jorge Fernando Garza Morales, secretario de Seguridad Pública de Monterrey, dijo que si el exfuncionario tiene pruebas, que denuncie ante el Ministerio Público.
Y lo que faltaba: en meses recientes han comenzado a ser descubiertas en el estado fosas utilizadas por narcotraficantes para desaparecer a sus víctimas. Entre el 29 de junio y el 1 de julio, militares descubrieron una finca abandonada en el paraje de Santa Ana, en Juárez, con una decena de cadáveres. El 14 de julio, en la colonia Industrial La Silla, en Guadalupe, el Ejército encontró en un corralón clausurado otra, con cinco cadáveres entambados. Pero el hallazgo mayor ocurrió en Juárez, el jueves 22 al mediodía, en el Fraccionamiento Las Águilas. En un hoyo de
Rico, rudo... y bajo sospecha
Arturo Rodríguez García
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NL.- Seis meses después de haber iniciado su periodo como alcalde, el empresario Mauricio Fernández Garza celebró en abril pasado que en este municipio, que presume ser el más rico de México, no hubiera levantones, secuestros, extorsiones ni ejecuciones relacionadas con la delincuencia organizada.
Para entonces su política de seguridad y la integración de un “grupo rudo” y otro de inteligencia habían fracasado. El presidente municipal anunció la desintegración de ese grupo el 22 de abril, con el argumento de que ya había cumplido su función. Al arrancar julio se deshizo también del equipo de inteligencia para sustituirlo por una red ciudadana de denuncias.
El 30 de octubre de 2009, en su discurso de toma de posesión, Fernández Garza anunció una serie de medidas de seguridad, entre las que destacaba la creación de aquellos grupos. Además informó que Héctor El Negro Saldaña, operador de los Beltrán Leyva en el municipio, había aparecido muerto en el Distrito Federal, aparentemente antes de que la policía capitalina encontrara el cuerpo de ese y otros tres hombres en un vehículo.
Así, con el arranque de su administración empezó una espiral de conflictos y polémicas que hace tres semanas lo llevaron a acusar a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Marina (Semar) de querer incriminarlo, de ponerle “un cuatro” y de relacionarlo con un personaje al que él mismo había denunciado.
El domingo 11 Marina emitió el comunicado 168/2010 en el que informó de la detención, dos días antes, de Rafael Valdez Aviñaga, La Pantera, a quien identificó como integrante del grupo rudo de San Pedro Garza García.
De acuerdo con ese comunicado, la ubicación de La Pantera fue resultado de una “operación de inteligencia naval”. La Semar detuvo, junto con él, a León Magdiel Eliud Vallejo Granados y a Ana Luisa Morales Morales, quienes fueron puestos a disposición de la PGR.
Al día siguiente, Fernández Garza dio una conferencia de prensa en la que rechazó la pertenencia de Valdez Aviñaga al grupo rudo y acusó a la PGR y a la Semar de querer vincularlo a él con el crimen organizado.
También mencionó que fue él quien denunció en repetidas ocasiones a La Pantera como operador de los Beltrán Leyva. Destacó que su perfil era de alta peligrosidad e inclusive dio a conocer los antecedentes de Valdez como policía de élite de San Pedro.
La PGR y Marina no reaccionaron a las declaraciones del alcalde Fernández Garza, no se retractaron ni especificaron la forma en que se identificó al detenido.
Alcalde deslenguado
El sexagenario Mauricio Fernández es parte del clan de los Garza Sada, una de las familias más adineradas del país. Es coleccionista de arte, artista plástico y promotor cultural. Tiene inversiones en diferentes negocios y se calcula su fortuna en varios cientos de millones de dólares.
También es militante panista.
Sin embargo, lo que le ha merecido reportajes y entrevistas en medios nacionales y extranjeros surgió en ésta, su segunda gestión como alcalde de San Pedro, debido a las polémicas que él atribuye a “tener la lengua bronca”. Los reflectores lo siguen por su política de seguridad, sus críticas a la guerra de Felipe Calderón y, reiteradamente, a la sospecha de que tiene vínculos con los Beltrán Leyva.
En 2003, como candidato a la gubernatura, reveló que había recibido una oferta de financiamiento a su campaña por parte de un grupo delictivo sinaloense. Aseguró que la había rechazado.
Fue derrotado en las elecciones para gobernador.
El año pasado, en su campaña por la alcaldía, la revista electrónica Reporte Índigo divulgó una grabación de la que se infiere que Fernández Garza confiesa haber pactado con la organización de los Beltrán Leyva, a la que considera menos violenta que Los Zetas. Con todo, ganó con 26 puntos porcentuales de ventaja.
En entrevista con Proceso, Fernández Garza niega que tenga relación con los Beltrán Leyva e insiste en que la grabación divulgada se editó y sacó de contexto. Sobre la noticia anticipada de la muerte de El Negro Saldaña, afirma que se trata de una confusión y que la información ya era del conocimiento de las autoridades.
El 18 de marzo de este año, la Semar realizó un operativo en San Pedro Garza García en el que detuvo a Alberto Mendoza Contreras, El Chico Malo, al que identificó como jefe de plaza de los Beltrán Leyva.
Según la Marina, Mendoza Contreras trabajaba con Pedro Velázquez Amador, La Piña. El contraalmirante José Luis Vergara Ibarra, quien presentó a los detenidos, agregó que El Chico Malo también había colaborado con Ignacio Coronel y Juan José Esparragoza.
Fernández Garza salió al quite y, molesto, explicó que Mendoza Contreras era integrante de su cuerpo de inteligencia y que le daba información sobre las organizaciones delictivas, al igual que a la DEA, al Ejército y al gobierno estatal.
En la entrevista con Proceso, el alcalde abunda en que El Chico Malo le propuso un proyecto para integrar un grupo de 25 personas, cuyos requerimientos, por costosos, no podían ser satisfechos por el ayuntamiento. Aun así se integró el grupo.
“Yo tenía conocimiento de que era informante de la DEA y de los militares. Estaba entrenado en Estados Unidos y me lo presentaron. Me dijeron que podía darme información para entender lo que estaba pasando abajo, detectar grupos que quisieran entrar (a San Pedro). Esa era su chamba. Luego lo ligaron (a los Beltrán), pero yo desconozco su expediente.
“Lo acusaron no sé sobre qué base, pero yo nunca lo vi como perteneciente a una organización. Era alguien que tenía acceso a varias”, dice.
Afirma que en la comunidad judía, así como en la embajada estadunidense, conocían bien a Mendoza como informante.
Sostiene que el sistema funcionó tan bien que en seis meses presentó un saldo blanco en lo tocante a operación de la delincuencia organizada y que la información de Mendoza sirvió para eso y para expulsar a 60 policías coludidos con los Beltrán Leyva.
Plaza disputada
Un día después de la detención de Mendoza, Fernández Garza dijo que los líderes de la plaza eran La Piña y La Pantera e inclusive proporcionó sus antecedentes.
La Piña murió en Monterrey el 26 de mayo durante un enfrentamiento con el Ejército. En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional lo identificó, en efecto, como jefe de plaza de los Beltrán en San Pedro.
Con su muerte, durante un año al menos tres supuestos jefes de plaza de esa organización criminal fueron anulados, pues el 24 de marzo de 2009 el Ejército detuvo a Héctor Huerta Ríos, La Burra, y el 18 de mayo del mismo año a Rodolfo López Ibarra, El Nito, con lo que se desató una lucha por el mando entre La Piña y El Negro Saldaña.
La Piña y La Pantera, según informó Fernández Garza en marzo pasado, habían ingresado en
Fernández Garza afirma que es absurdo vincularlo con una organización criminal, toda vez que fue él quien dio a conocer las identidades de esos delincuentes. Revela que hace un par de semanas su escolta lo sacó de un restaurante al notar que La Pantera y sus hombres hacían movimientos cerca del sitio.
Salvo por la detención de cinco policías que presuntamente intentaron facilitar una emboscada a militares cuando hacían un traslado, las acciones contra agentes del ayuntamiento sampetrino han sido realizadas por marinos.
El 28 de marzo, la policía de San Pedro detuvo a Indalecio Monjarrez con unos 15 kilos de cocaína. Lo presentó en sus instalaciones y lo entregó al Ejército, quien lo trasladaría. Pero el convoy militar fue emboscado luego de que los policías municipales mandaran algunas señales con las manos y con las luces de una patrulla.
El ayuntamiento defendió a sus policías, aunque, en la entrevista con Proceso, Fernández Garza dice que fue un error hacerlo.
Semanas después, el 22 de abril, el alcalde anunció la disolución del grupo rudo. El 17 de junio, el general Gonzalo Adalid Mier, secretario de Seguridad Pública del municipio, renunció. Un día después “el blindaje” se acabó, al ocurrir las primeras dos ejecuciones en más de un año en el municipio.
No obstante, las ejecuciones en San Pedro suman apenas 14, de los más de 300 asesinatos relacionados con la delincuencia en Nuevo León.
En el exclusivo sector Valle Oriente, de San Pedro, el pasado jueves 15 fueron localizados cuatro cuerpos maniatados y con tiros de gracia de escuadras
“Me pueden fastidiar”
Ante los hechos recientes y la vinculación oficial de La Pantera con los rudos, Fernández Garza considera que hay una ofensiva “absurda e inexplicable” en su contra.
Crítico de la guerra de Felipe Calderón, afirma que ésta no se puede ganar “a puro matar-matar”, pues se necesita inteligencia.
Luego de que funcionarios de diferentes alcaldías de la región han sido detenidos, Fernández indica que sólo a él lo cuestionan y no a sus colegas, cuyos ayuntamientos “están hasta las manitas”.
“Mientras el presidente Calderón llama a un acuerdo nacional y a que todos le entremos a esto, su gente me golpea. En lugar de ver que somos el único municipio sin actividad delictiva, me traen a trancazos, cuando mi único pecado fue pagar por información que no se obtiene con monjas”, dice. l
En México, adicción explosiva
Ricardo Ravelo
Problema que no ha recibido la atención debida por parte del gobierno mexicano y subyace, generalmente ignorado, en el gran foro de las discusiones inacabables –legalizar o no la mariguana, militarizar o no la lucha contra el narco...–, el consumo de drogas en el país aumenta en forma inexorable, como aumenta asimismo la facilidad para acceder a ellas. Pero no es todo: los cárteles fabrican sustancias cada vez más adictivas, y por lo mismo mucho más letales. Ante esta realidad, los programas de rehabilitación tienen escasas posibilidades de éxito.
En los años sesenta, el presidente Gustavo Díaz Ordaz justificaba con esta frase el boyante negocio del narcotráfico en México y el trasiego de drogas hacia Estados Unidos: “Si México es visto como un trampolín es porque del otro lado existe una gran alberca”.
Después de siete sexenios, Felipe Calderón atribuye el auge y la violencia que conlleva este flagelo al voraz mercado consumidor de drogas: Estados Unidos.
En un diagnóstico sobre el problema de la inseguridad y el tráfico de drogas publicado por la Presidencia de la República el 14 de junio pasado, Calderón atribuyó el desastre de su administración en materia de seguridad al consumo de drogas en aquel país. Según el mandatario, este fenómeno ha detonado la violencia y fortalecido aún más a los cárteles que operan en México (Proceso 1757).
En ese estudio, el presidente expuso que el origen de la violencia radica, en primer término, en el hecho de que México está situado junto al país con mayor consumo de drogas a escala mundial. “Es como si estuviéramos al lado de un vecino que es el mayor adicto del mundo”, dijo.
Pero mientras Calderón analiza los problemas de su “vecino adicto”, en México el consumo de enervantes ya alcanza niveles de escándalo, según revelan datos de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).
El secretario técnico de ese organismo de la Secretaría de Salud, Carlos José Rodríguez Ajenjo, dice que adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años enfrentan el riesgo de caer en las adicciones.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) realizada en 2008 con un costo de 52 millones de pesos, el sector de la población en este rango de edad tiene 27% de posibilidades de incurrir en el consumo de drogas prohibidas.
Esto se debe, explica el funcionario, a que en la actualidad hay una mayor oferta de drogas que en otros tiempos; es decir, el riesgo de consumo aumenta debido a la exposición y disponibilidad de sustancias ilegales.
Entre los datos que arrojó la ENA destaca que entre 2002 y 2008 México tuvo un crecimiento de 7% en el consumo de todo tipo de estupefacientes. Sin embargo, Rodríguez Ajenjo precisa que el uso de drogas ilegales como mariguana, cocaína (y sus derivados como el crack), heroína, metanfetaminas y alucinógenos aumentó de 4.6% a 5.2%, en una población cuyas edades oscilan entre 12 y 65 años.
A Rodríguez Ajenjo le preocupan tres aspectos relacionados con el consumo de drogas y sustancias tóxicas. Explica: “El primero es que hoy, a diferencia de otros tiempos, existe mayor posibilidad de usar drogas, sobre todo en los jóvenes.
“El grupo que cuenta con 12 y 18 años, por ejemplo, ahora tiene 27% de posibilidades de consumir drogas ilegales y 17% de ellos ha recibido ofertas para probarlas sin ningún costo; es decir, se las han regalado.
“Otro punto que nos inquieta es el crecimiento del consumo de drogas entre las mujeres: pasó de 1% a 2% tan sólo en un lustro. El tercer factor que nos sorprende es que la edad de inicio se está adelantando aceleradamente.”
Jóvenes en peligro
Según datos oficiales, la edad de inicio en el consumo y adicción a las drogas se da entre niños cuyas edades oscilan entre 10 y 12 años.
Sin embargo, el trampolín de lanzamiento a las grandes ligas del consumo de enervantes varía entre la población consumidora de Estados Unidos y la de México, no sólo en cuanto a la droga de inicio sino en lo que atañe al número de personas que viven el drama de las adicciones.
En el país del norte, según la Conadic, 22 millones de personas consumen distintas drogas, mientras que la Secretaría de Salud reconoce que en México hay 600 mil adictos a sustancias ilegales, así como 4.2 millones de alcohólicos.
Rodríguez Ajenjo sostiene que en Estados Unidos 36% de los adictos se adentraron al mundo de los estupefacientes fumando mariguana y 90% de ellos pasó en poco tiempo al consumo de drogas duras, como cocaína y heroína. “Por eso es muy peligrosa la legalización de la mariguana”, afirma.
En México, añade, el comportamiento es diferente pero no menos grave, pues muchos jóvenes han cruzado el umbral del mundo adictivo a través del consumo de tabaco. “Si un niño empieza a fumar hoy, tiene 13 veces más posibilidades de comenzar a consumir otro tipo de sustancias”, dice.
–¿Por qué? –se le pregunta.
–Todos nacemos con una dotación de receptores cerebrales a las drogas; entre más inmaduro es un sistema nervioso más se va a estimular. Si un niño empieza a consumir drogas va a ocupar muchos de sus receptores a la sustancia con mayor facilidad que alguien que ya maduró más su sistema nervioso.
“Claro está que habrá niños que tienen una dotación baja de receptores; es decir, nacen con pocos de éstos y al probar una sustancia puede que ya no lo vuelvan a hacer, pues no les resultará atractiva. Pero donde hay una gran cantidad de receptores existen muchas posibilidades, como dicen los chavos, de que se ‘claven’ con alguna sustancia.”
En la ENA de 2008 se indica que la ruta seguida por los jóvenes en una posible carrera adictiva comienza con el consumo de cigarros durante la etapa de la secundaria. De ahí, según el mismo documento, pasan al alcohol, aunque un número considerable de muchachos de entre 13 y 17 años fuma y no toma; otros bloques sociales combinan el tabaco y el alcohol.
La Conadic registra en sus estadísticas datos más precisos respecto a las edades en que muchos adolescentes y jóvenes empiezan a fumar y a beber. Las cifras indican que la mayor parte de los fumadores comienza a los 13 años; a los 15 algunos empiezan a beber y hay otros que a los 18 dan el gran salto al consumo de las drogas ilegales.
Por ello, explica el doctor Rodríguez Ajenjo, la mayor parte de quienes acuden a los centros de rehabilitación tienen entre 20 y 25 años.
Drogas sintéticas
El entrevistado considera que es sorprendente la evolución de la oferta de drogas en México y varios países. Explica que en los noventa y hasta 2004 la cocaína vivió una suerte de boom, pues era considerada la sustancia de moda.
Después, la cocaína descendió en las preferencias de los consumidores y se abrió mercado para un derivado de esa sustancia que se conoce como crack. Quizás esta sea la más adictiva de las drogas y la que provoca mayores daños al sistema nervioso central, según estudios médicos consultados por este semanario.
El crack, también conocido como “la piedra mágica”, no es otra cosa que una mezcla de químicos con residuos de cocaína. Información de la Conadic revela que el uso de este tóxico es la causa de numerosos ingresos a hospitales.
El consumo de crack es elevado: en cinco años pasó de 0.5% a 1% y es la droga con mayor demanda junto con las metanfetaminas, también conocidas como drogas de diseño, que se han instalado en el centro de la vida de millones de jóvenes en todo el planeta.
Pero ¿cómo y en qué momento las drogas sintéticas llenaron la vida de tantos adolescentes y jóvenes?
Los investigadores españoles Juan F. Gamella y Arturo Álvarez Roldán, autores del libro Las rutas del éxtasis, explican el drama de las drogas sintéticas y su expansión en el mundo:
“Millones de jóvenes han añadido un nuevo tipo de drogas al menú psicoactivo del que se nutren habitualmente. Se trata de derivados anfetamínicos que, además de efectos estimulantes, producen cierta distorsión perceptiva y cognitiva que se quiere vivir como placentera, como un éxtasis. La popularización de estos fármacos es uno de los rasgos distintivos de las culturas drogofílicas surgidas en Europa en la última década.
“En muchos entornos juveniles ha predominado una visión atractiva de esas drogas que ha fomentado su consumo. ¿Quién no querría probar, siquiera una vez, algo que promete el éxtasis? Es la segunda vez, tras la eclosión del LSD (dietilamida del ácido lisérgico) en los setenta, que un agente psicodélico tiene un impacto destacado en la cultura occidental de masas.
“Este tipo de drogas no parecían tener cabida en el mundo cada vez más macenizado, estandarizado y sincronizado. Sin embargo, se han convertido en elementos cruciales del más importante movimiento juvenil de las últimas décadas, así como de la normalización del uso de drogas ilegales, una pauta convergente en muchos países industrializados y que afecta sobre todo a jóvenes nacidos después de
El libro, considerado como uno de los estudios más serios sobre expansión de las drogas sintéticas en el mundo, expone además que en la difusión del llamado éxtasis ha sido crucial su asociación con nuevas formas musicales y culturas juveniles de origen estadunidense y británico (como el acid house, los raves, la dance culture), que rápidamente han proliferado por toda Europa: de Praga a Dublín y de Gibraltar a Copenhague.
En el capítulo titulado “Las tres caras del éxtasis”, Gamella y Álvarez Roldán explican que esa droga es ante todo una mercancía, un objeto que se manufactura y se intercambia buscando un beneficio. Sin las ganancias que produce su venta, “el éxtasis no existiría como lo conocemos. De hecho, su divulgación supone un nuevo avance en la mercantilización de las drogas ilegales como objeto para el consumo de masas.
“Este fármaco se ha convertido en un producto muy atractivo en forma de historiadas pastillas de colores que parecen favorecer la libertad de elegir, aunque sólo sea entre marcas y tipos: un rasgo típico de nuestra sociedad posindustrial. El carácter ilegal de la mercancía plantea un problema al considerar su éxito comercial.”
Y enseguida los autores cuestionan el boom de esta droga de diseño: “¿Cómo triunfa un producto prohibido hasta convertirse en objeto de consumo masivo?” La respuesta: mediante la protección que se brinda desde las esferas del poder para facilitar su distribución.
La asesina
Quienes han consumido heroína aseguran que después de inyectarse la primera dosis nadie queda a salvo de ser adicto a esta droga. Su poder domina la más férrea de las voluntades. “Es como una mujer seductora”, dice un consumidor que pidió el anonimato, consultado por este reportero.
Ahora trabaja en la rehabilitación de adictos a esa y otras drogas. Asegura que la heroína es la más potente de todas. “Después de probarla, nadie escapa a su placer”, añade.
En México el consumo de heroína, cocaína, mariguana y drogas sintéticas ha sumido en el infierno de las adicciones a 350 mil personas aproximadamente, según datos obtenidos por la organización independiente Narcóticos Anónimos, donde cientos de adictos se esfuerzan día y noche para mantenerse sobrios.
–¿Cuál es el drama de la heroína? –se le pregunta al guía de un grupo juvenil en rehabilitación.
–El drama, el infierno, lo más cabrón de esta pinche adicción de mierda es que no tenemos valor para vivir, pero tampoco para rompernos la madre con un pasón. Por eso estamos aquí, luchando con nuestro drama, con nuestra vida adicta.
En el libro El siglo de la heroína, los investigadores estadunidenses Tom Carnwath e Ian Smith coinciden con los adictos entrevistados por Proceso. Afirman que la heroína es seductora y perniciosa; la droga, de las llamadas recreativas, más de moda entre los jóvenes.
Explican: “La diamorfina, llamemos a la asesina por su nombre clínico, proporciona una sensación de bienestar y de seguridad extraordinaria para luego destruir sin tregua a todas las víctimas demasiado débiles para dejarla.
“Hoy en día esta droga puede conseguirse fácilmente en cualquier ciudad y pueblo del país. Además, ‘el jaco’ es barato: cuesta 30 euros el gramo, una tercera parte más barato que su rival de lujo: la cocaína… La adicción es un hecho tan inevitable como la muerte y los impuestos. Los principales productores de adormidera, de donde se extrae la heroína, son Turquía, Irán, Líbano y México…”
Rodríguez Ajenjo estima que los recursos destinados al apoyo de los centros de rehabilitación –107 millones de pesos para el funcionamiento de 374 centros Nueva Vida y 32 millones para tratamientos– son insuficientes.
–Con tanta oferta de drogas, sin una política efectiva contra el narcotráfico, con un presidente que sólo ve hacia fuera y no hacia adentro, ¿hacia dónde se precipita el país en materia de consumo de drogas y adicciones? –se le pregunta.
–Hace tres o cuatro años Brasil tenía cinco veces más consumo que México... y ya no digamos los casos de Brasil y Chile, en México de lo único que nos tenemos que preocupar es de que los chavos no estén tan expuestos a la oferta de drogas. Hoy existe una mayor posibilidad de usar drogas que en otros tiempos. Este problema sí nos preocupa.
–¿Y las muertes?
–Hay más decesos por alcohol que por otras sustancias. Es sorprendente el consumo de alcohol en el país.
Dudosa victoria
Rosalía Vergara
Martín Esparza, el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, se ufana de la “victoria” por haber logrado que los secretarios de Gobernación y del Trabajo entregaran al sindicato la toma de nota, que le da legalidad al movimiento, pero algunos de sus representados se muestran insatisfechos. Uno de ellos, Cayetano Cabrera, quien estuvo 90 días en huelga de hambre, la más prolongada en la historia laboral del país, prefirió irse a su casa por sus propios medios para que su esposa lo atienda. Dijo que aún espera que el gobierno reconozca a la CFE como patrón sustituto.
Luego de mantener un ayuno durante tres meses, el ingeniero electricista Cayetano Cabrera Esteva amagaba con seguir en plantón hasta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fuera nombrada patrón sustituto del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y él y sus compañeros fueran recontratados.
Pero sus 13 compañeros huelguistas y el dirigente del SME, Martín Esparza, lo hicieron desistir, tras explicarle que los secretarios de Gobernación, Francisco Blake, y del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, firmaron un documento con el sindicato en el que se comprometen a instalar una mesa de negociación al más alto nivel “para revisar y concretar alternativas de la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro”.
Alrededor de la medianoche del jueves 22, Esparza salió del edificio de la Secretaría de Gobernación tras negociar con Blake que le entregaran la toma de nota al Comité Central del SME en el que las autoridades laborales reconocen la existencia del sindicato. La condición que le pusieron los funcionarios al dirigente electricista fue que se levantara la huelga de hambre iniciada 90 días antes.
Esparza se dirigió al Zócalo y se encerró con los 14 huelguistas para exponerles la situación. Les dijo que el documento que Blake y Lozano Alarcón firmaron es una “victoria” para el sindicato. Luego repitió el mensaje ante los cientos de electricistas que esperaban afuera del campamento instalado frente a Palacio Nacional.
Eran casi las dos de la madrugada cuando Esparza anunció que se levantaba el plantón. Para entonces ya estaban apostadas 18 ambulancias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre la avenida 20 de Noviembre para atender a los ayunantes.
Cuando su dirigente les relató que las autoridades habían prometido entregarle la toma de nota al SME, los electricistas le aplaudieron a su dirigente, quien para celebrar les dijo que en Gobernación habían aceptado analizar la propuesta elaborada por el sindicato para reorganizar una empresa alterna a la CFE a fin de mejorar el servicio eléctrico en la zona centro del país.
Cayetano Cabrera Esteva, el único que cumplió 90 días en huelga de hambre, molesto prefirió salir del plantón por la parte de atrás de la carpa para evitar que le tomaran fotos. Uno de sus compañeros informó que por decisión familiar él prefirió irse a un hospital privado y no al Centro Médico Siglo XXI o a La Raza, como los demás huelguistas.
Cayetano ni siquiera aceptó que lo sacaran en una camilla. Nadie vio cómo ni por dónde se fue. Luego se supo que regresó a su casa de Coacalco, en el Estado de México, donde su esposa Doris, enfermera de profesión, se encargará de su rehabilitación tras el prolongado ayuno.
Él y otros electricistas se inconformaron con su líder porque, dijeron, los tres meses de huelga de hambre no consiguieron su objetivo principal: obligar al gobierno a nombrar a la CFE como patrón sustituto.
–¿Qué le dijo Cayetano? –pregunta la reportera a Esparza.
–Entendió. Pensó que se podrían lograr más cosas, pero entendió que se debe cuidar al movimiento de los electricistas.
Los compromisos
Mientras entraban las camillas por los huelguistas y las luces de las sirenas de las ambulancias iluminaban las carpas, Esparza platicó con Ignacio del Valle, dirigente del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, recién excarcelado, quien le dijo que estaba dispuesto a sumarse al ayuno de los 14 electricistas. Su intención se frustró con el levantamiento de la huelga.
Esparza le comentó al líder atenquense que tomó esa decisión para distender el conflicto. Le explicó también que los problemas con el gobierno federal estaban complicándose, que él sabía que se habían girado 400 averiguaciones previas en contra de miembros del movimiento; incluso le dijo que él mismo ya se había amparado en cinco ocasiones para no ser aprehendido.
“Si no dábamos este respiro, venía un levantón del plantón con represión. Pasa algo y nos vamos al bote todos; eso querían las autoridades. Por eso los medios de comunicación comenzaron a criminalizar la lucha”, dijo Esparza.
Y le explicó que el gobierno federal distendió la presión al comprometerse a entregar la toma de nota a los 26 miembros del Comité Central del SME.
“Ya con la toma de nota blindamos al movimiento y estamos en condiciones de recuperar Luz y Fuerza del Centro. Así estamos en condiciones de pelearles los contratos de protección. La idea es cambiar el objeto del sindicato. Vamos a capacitar gente, a traerla al movimiento”, relató Esparza.
Al final, sostuvo que el sindicato sobrevive, lo cual permitirá recuperar los casi 100 millones de pesos de recursos sindicales que congeló el gobierno federal.
Rodeado por un grupo de personas que dijeron estar dispuestas a formar una comisión de notables para estar al pendiente del cumplimiento de los acuerdos, su interlocutor le respondió que hoy la correlación de fuerzas es distinta: hay pronunciamientos de organizaciones, de personalidades que evitan que se sepulte este movimiento.
Y Esparza insistió: mientras haya diálogo, los 16 mil 200 electricistas en lucha no aceptarán la liquidación propuesta por la STPS. “Con esto frenamos que se vayan a liquidar”.
También expuso que la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) le advirtió que no debe confiarse, porque el gobierno de Calderón pretende seguir con sus ánimos privatizadores y puede liquidar a la CFE. Pero él los tranquilizó: “Lo que estamos haciendo es evitar las privatizaciones del gobierno por la puerta de atrás”. Apenas susurraba. En esos momentos los electricistas despedían a los huelguistas entre aplausos.
Lo que sigue, insistió Esparza, es “preparar una estrategia de una caravana a Cananea; debemos juntar nuestras luchas. Porque vamos a recuperar Cananea. Necesitamos posicionarnos bien y dar la pelea. Hay que reponernos de este madrazo, porque ya estábamos en la lona y este cambio es importantísimo. El movimiento sigue vivo”.
Alrededor de las tres de la madrugada Esparza se fue del campamento. Sus seguidores lo despidieron con aplausos y consignas: “¡Ni un paso atrás, Martín!”, le gritaron cuando se dirigió a su camioneta Grand Marquis plateada.
“Ahora hay que empezar a organizar a la gente”, dijo antes de marcharse.
La plancha del Zócalo quedó sola. En medio se veían las carpas, que los electricistas comenzaron a desmontar el viernes 23, y basura acumulada sobre la banqueta.
Durante la negociación, Martín Esparza insistió en que se instalara una mesa al más alto nivel en la que estén representantes de las secretarías de Gobernación, del Trabajo y del SME para que juntos definan alternativas de solución al conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Las autoridades pusieron como condición irreductible que se levantara la huelga de manera inmediata y que los 14 huelguistas fueran llevados a hospitales del IMSS para que se restablecieran. En el documento de tres puntos, Gobernación se compromete a que el IMSS vigile e informe a los familiares de los huelguistas sobre el estado de salud de los electricistas y a velar por el cumplimiento del acuerdo.
Según el documento firmado por Blake, Lozano Alarcón y Esparza, la primera reunión se efectuará el lunes 26.
El ayuno, recurso extremo
Aun cuando la huelga de hambre es un recurso utilizado por luchadores sociales desde la década de los ochenta, las del ingeniero Cayetano Cabrera Esteva, egresado del Politécnico, y de su compañero Miguel Ángel Ibarra, han sido las más largas. La primera duró 90 días, la segunda 85.
Histórico fue el ayuno del panista chihuahuense Luis H. Álvarez en 1986, que se prolongó 41 días. Candidato presidencial en 1958, presidente nacional de su partido entre 1987 y 1991, senador, coordinador para el diálogo en Chiapas y actual asesor de Felipe Calderón, Álvarez instaló su campamento en la ciudad de Chihuahua para protestar por un “fraude electoral”. Heberto Castillo lo convenció de levantar su ayuno. Le dijo que la vida había que entregarla en pedazos, no de sopetón.
El 15 de diciembre de 1988, el también panista Manuel J. Clouthier hizo su huelga de hambre en demanda de una nueva ley electoral y la revisión de los resultados electorales en cinco estados del país. La dirigente del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, le expresó su respaldo. Ella había protagonizado siete huelgas de hambre en un periodo de 10 años.
Por esas fechas también nueve diputados y el líder del Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), Rafael Aguilar Talamantes, ayunaron al pie de la tribuna de la Cámara de Diputados en protesta por las agresiones policiacas infligidas a una legisladora de su partido en Tabasco. Pedían que se destituyera a los policías agresores.
También en 1988, indignado por el fraude electoral de ese año que llevó a Carlos Salinas a Los Pinos, el arquitecto Rodolfo Macías Cabrera estuvo más de 20 días en huelga de hambre como protesta. El 26 de septiembre, el compositor y cantante Marcial Alejandro Romo recurrió a la misma forma de protesta por la falta de voluntad de las autoridades para resolver los problemas laborales en Radio Educación.
Al año siguiente, en mayo, Eduardo Albores Coello mantuvo una jornada de resistencia similar durante 47 días. Al final las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) atendieron su demanda de reinstalar en sus labores a 99 compañeros despedidos. No obstante, tuvo que ser trasladado a un sanatorio particular en estado crítico.
El 24 de junio de 1991, Aulo Cebrián Elizondo dejó de ingerir alimentos para exigir a las autoridades que atendieran su caso. Se le acusaba de haber girado un cheque sin fondos por 93 mil pesos, por lo que fue encarcelado durante 14 años en un penal de Monterrey. Al final se comprobó que el cheque sí era válido.
En octubre de 1994, casi al concluir el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el petrolero Hebraicaz Vázquez se declaró en huelga de hambre en demanda de la democratización del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) encabezado por Carlos Romero Deschamps, quien se benefició con el arresto de Joaquín Hernández Galicia en enero de 1989. Lo acompañaron otros ocho petroleros.
Dos meses después, el 20 de diciembre, la actriz Ofelia Medina realizó un breve ayuno al pie de la Columna de la Independencia, en la Ciudad de México, para pedir que el Ejército saliera de la tierra del poeta Jaime Sabines. La víspera, el obispo Samuel Ruiz hizo lo mismo.
Meses después de que saliera de Los Pinos, Carlos Salinas se sometió a un ayuno a base de agua el 2 de marzo de 1995 por una supuesta “campaña de hostigamiento y falsedades” en su contra. Sólo duró 98 horas. Cuando se le preguntó sobre su protesta, respondió: “Porque creo que es una manera eminentemente moral de sostener principios y convicciones” (Proceso 957).
Joaquín Hernández Galicia, La Quina, hizo lo propio el 22 de mayo de 1995, cinco meses y medio después de que terminó la administración de Salinas, quien lo envió a la cárcel. Su petición era que lo liberaran.
Antes, en 1994, 21 presuntos zapatistas presos en Cerro Hueco, Chiapas, iniciaron una jornada de resistencia para denunciar que los habían aprehendido de manera ilegal. Y el 24 de septiembre de 1996, 64 internos de ese mismo penal que se consideraban “presos políticos” realizaron una segunda huelga de hambre para exigir su liberación.
Éricka Zamora, la estudiante detenida a raíz de la matanza del 6 de junio de 1998 en El Charco, en la Costa Chica de Guerrero, por supuestos vínculos con la guerrilla, específicamente con el ERPI, se puso en huelga de hambre en febrero de 2001 en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, donde estaba confinada. Ella se quejaba de que la tenían segregada.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) intervino y logró que 19 días después la trasladaran a la cárcel estatal de Chilpancingo, Guerrero. Como su situación jurídica no avanzaba, en mayo de 2002 inició otro ayuno, que duró 23 días, tras los cuales recuperó su libertad.
Ahora, lavado de dinero
Rosalía Vergara
No se pudo lavar la ropa sucia en casa, pero algo se lavó: dinero, según los 300 socios inconformes con las maniobras del presidente de la Cooperativa La Cruz Azul y su círculo. Ahora Guillermo Álvarez deberá responder ante la SIEDO por el cargo de aprobar operaciones con fondos de procedencia ilícita, y sus alfiles por los millonarios beneficios obtenidos a costa de la empresa. La denuncia se sustenta principalmente en la demoledora confesión del extesorero Carlos Terroba Wolf, que con detalles reveló la llamada Operación Europa...
Como consecuencia de los turbios negocios de los directivos de la Cooperativa La Cruz Azul, alrededor de 300 socios demandaron a su presidente, Guillermo Billy Álvarez, por lavado de dinero ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
El viernes 30 habrá una nueva asamblea en La Cruz Azul. El problema, que se ha complicado con la evasión de impuestos de jugadores del equipo de futbol, como Gerardo Torrado, tiene preocupados a estos cooperativistas, que si bien son 300, se les conoce como el Grupo de los 20, porque fueron sólo los que empezaron a exigir transparencia a su directiva.
De hecho, el vicepresidente, Víctor Garcés Rojo, pretende expulsar de la cooperativa a 19 de esos inconformes, a quienes acusó ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje interna “por llevar a cabo labor subversiva y otras violaciones a las bases consecutivas”.
Por su parte, los disidentes, en la demanda de 13 fojas que presentaron ante la SIEDO el viernes 16, denuncian hechos probablemente constitutivos de delito, concretamente operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. Piden que, si se comprueba la comisión de ese delito, se ejerza la acción penal contra quien resulte responsable.
Según su documento, un grupo de directivos obtiene fondos de manera ilegal, lo envía al extranjero a través de personas físicas y morales, así como de contactos en los sectores financiero y bancario, a fin de ocultar su origen, localización y destino. Este puente financiero se denomina Operación Europa. Posteriormente, algunas sumas son repatriadas para llevar a cabo operaciones inmobiliarias.
Es el caso del predio Andrómeda, donde está la sede de La Cruz Azul en la Ciudad de México, que la cooperativa compró a sobreprecio en una maniobra realizada por familiares y asesores del director general, Guillermo Álvarez Cuevas, a fin de beneficiarse personalmente en perjuicio de la empresa.
Para ese fin, Garcés Rojo creó la firma Andrómeda Constructores Inmobiliarios, S.A. de C.V., con la participación de su esposa, María Gilda Álvarez Cuevas, –hermana de Guillermo y Alfredo, el gerente comercial– y de cinco asesores de la dirección: Jesús Rafael González Callado, Fernando Luis Arista, Roberto Guízar, José Besil Bardawil y Carlos Javier Terroba Wolf (Proceso 1736).
En forma similar se adquirió en León, Guanajuato, el desarrollo habitacional Torres de la Cañada, que consta de dos torres en condominio con 28 departamentos en seis niveles.
Para esas operaciones los directivos “aprovechan actos industriales, comerciales, contratos de seguro y reaseguro, actividades hoteleras y deportivas, así como contratos de compraventa de inmuebles. En esta trama actúan deliberadamente personas físicas y morales, y se utilizan empresas off shore. El grupo de personas físicas incluye empresarios, contadores, arquitectos, abogados y notarios públicos, entre otros”.
Se menciona entre los involucrados al director de la cooperativa, Guillermo Álvarez Cuevas; Víctor Manuel Garcés Rojo, quien ha sido director jurídico; Ángel Junquera, socio de la firma de abogados Junquera, Sepúlveda, Bugeda y Damián, S.C.; y José Besil Bardawil, socio de la firma de contadores Valera Topete y Asociados.
Se señala también a Carlos Terroba Wolf, operador con representación legal de las empresas off shore Lummar H. Corporation y Blue Eagle Re., domiciliadas en las Islas Vírgenes y en Houston, Texas; David Cohen, socio de Cohen, Espinoza, Zebadúa, Abogados; y Luis Ticó Rosell, socio del bufete Ticó y Luna Lucio.
Por último, se considera implicados a Roberto Guízar Díaz, Guillermo Peredo Merlo, Jesús Rafael González Callado, Fernando Luis Arista Nasar, Victoriano Gutiérrez Valdés y Sergio Barragán Mejía.
En cuanto a las personas morales que intervienen en la Operación Europa, se menciona a la Aseguradora Banorte, Oficina Mexicana de Cooper Gay, la suiza Glassiere y la británica ACE.
Esquema del fraude
Para la obtención ilícita de fondos, el grupo de directivos acusado ante la SIEDO aprovechó la contratación de seguro y reaseguro por la Cooperativa La Cruz Azul. “En ese caso, dados los márgenes de ocultamiento e impunidad con que se llevaron a cabo los actos, siguen una ruta muy lineal”, se indica en la demanda.
Esa operación fue revelada a los socios por Terroba Wolf en la asamblea del 30 de septiembre de 2009, que fue videograbada. Ahí, el extesorero detalló el origen ilegal del dinero entregado a las off shore Lummar H. Corporation y Blue Eagle Re.
Terroba expuso que los riesgos en la producción y comercialización de cemento hacen necesario que la empresa contrate seguros y reaseguros. Al principio la adquisición de pólizas parece normal, pero el contratante, Terroba Wolf, facturaba un sobreprecio de tal manera que el costo del seguro se duplicaba. El pago se realizó en el extranjero y la aseguradora cobró según su cotización, mientras que el resto del dinero se desvió a Lummar H. Corporation y a Blue Eagle Re.
En su confesión grabada, Terroba Wolf presentó un diagrama de esas operaciones, que se reproduce en la demanda. De acuerdo con Terroba Wolf, la maniobra alcanzó un monto de 400 millones de dólares estadunidenses.
Fondeadas las cuentas en las off shore, se hicieron otras transferencias de dinero a cuentas en bancos de Estados Unidos. “En supuestos registros de las operaciones de distribución del dinero entre los miembros del grupo se argumentan actividades que se realizaron en territorio nacional y en los cuales, como se ve, en forma repetida se utiliza la denominación Operación Europa”, sostienen los socios inconformes.
Destaca, por ejemplo, que en tres años se le entregaron a Garcés Rojo 15 millones 558 mil 837 dólares estadunidenses abonados a cuentas del Chase Bank, del Bank of America y del Banco Internacional Santander.
Todos los movimientos fueron documentados y notariados por los implicados, quienes les dieron carácter confidencial –puesto que, en opinión de los disidentes, “ni siquiera confían en ellos mismos”–; el notario 110 del Distrito Federal, Javier Ceballos Lujambio, certificó los papeles correspondientes.
Con la misma dinámica recibieron dinero Fernando Arista Nasar (5 millones 574 mil 220 dólares estadunidenses); Rafael González Callado (3 millones 48 mil 138), Roberto Guízar (3 millones 521 mil 931), José Besil Bardawil (3 millones 350 mil) y Ángel Junquera, en cuyo caso no se precisa el monto.
Esas transferencias eran autorizadas por Guillermo Álvarez y Víctor Manuel Garcés Rojo, como lo expuso Terroba en la asamblea del año pasado, cuya relatoría está certificada por el notario Edmundo Tavera Zarza en el acta 61,428.
En cuanto a la repatriación de dinero, se añade en la demanda, Garcés Rojo y Terroba Wolf transfirieron 2 millones de dólares y 3 millones 800 mil euros para crear la empresa Impulso Inmobiliario León, S.A. de C.V., constituida ante Luis Vázquez, notario público 14 de León:
“Esta empresa construye en la ciudad de León, Guanajuato, un desarrollo habitacional de grandes proporciones que se denomina Torres de la Cañada, que consta de dos torres en condominio con 28 departamentos en seis niveles. Al construirse, de acuerdo con los documentos del Registro Público de esa entidad, la empresa fue administrada por el señor Adrián Eugenio Arrioja Terroba, quien fue sustituido posteriormente por Juan Carlos Terroba Dodero.”
Para realizar las operaciones de compraventa se aprovecharon los mecanismos de inscripción del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por lo que Alfredo Álvarez, a nombre del Grupo de los 20, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), donde quedó radicada en el expediente A.P.FAE/A/T2/140/09-12.
La denuncia destaca que esas compraventas de inmuebles se utilizan igual que los seguros: La Cruz Azul paga por ellos un sobreprecio, que después se reparten los directivos señalados.
Billy el bueno, Freddy el malo, y Víctor
El viernes 30, mil 260 socios de La Cruz Azul tienen programada una asamblea para debatir el futuro de la cooperativa, ahora en riesgo por la conducción de Guillermo Álvarez Cuevas y Garcés Rojo.
Los socios entrevistados afirman que exigirán cuentas claras, aunque tendrán que enfrentar la denuncia interna con la que Garcés Rojo los quiere expulsar de la cooperativa.
En un acta presentada ante el Consejo de Vigilancia, los inconformes criticaron a Garcés Rojo y a Billy Álvarez por no haber acatado la inhabilitación del primero como director jurídico, que se decidió en la asamblea del 20 de marzo pasado. Por el contrario, el 18 de junio y ante el notario público Victoriano José Gutiérrez Valdés, Guillermo Álvarez revocó los poderes de su hermano Alfredo, quien era el gerente comercial y ahora carece de facultades para realizar acciones legales en representación de la cementera.
Las fuentes critican que Guillermo defienda más a su cuñado Víctor que a su hermano Alfredo.
En la queja que interpuso el 30 de junio ante la Comisión de Conciliación y Arbitraje de la cooperativa, a cargo de Héctor Lara y Alfonso Symor, el socio 1596, que es Garcés Rojo, acusa a la disidencia de “falta total de lealtad y probidad para la Cooperativa La Cruz Azul que redundó en un grave desprestigio del nombre de la institución tanto en el ámbito nacional como internacional, así como haber llevado a cabo actos subversivos contra la cooperativa”.
Por este motivo solicita la exclusión de 19 personas, encabezadas por Alfredo Álvarez Cuevas, quien a decir de Garcés creó hace tres años el Grupo de los 20 en cada una de las secciones de La Cruz Azul “con la intención de constituirse en un grupo de gestión que argumentó dolosamente que su interés era conocer a detalle las operaciones de la cooperativa”.
Sin embargo, dice, con el tiempo se revelaron sus verdaderas intenciones: “apoderarse de la administración de la cooperativa” que preside su hermano Guillermo.
Se refiere también a las asambleas realizadas en 2007 y 2008, así como a la del 30 de septiembre de 2009, cuando Terroba Wolf mostró las maniobras de los directivos a 150 cooperativistas. Como éstos entregaron notariados los documentos que avalaban las acusaciones de Terroba hacia la directiva, y especialmente contra Garcés Rojo, éste los acusa de subversión, conducta prevista y sancionada en las bases de la cooperativa.
Garcés dice en su queja que, una vez fotocopiados los documentos que aportó Terroba Wolf, el Grupo de los 20 los repartió entre el resto de los socios con el afán de desprestigiarlo. Y pese a que se había decidido desahogar la información sólo internamente, “advirtiendo el alto riesgo de darle difusión pública por el mal uso que los medios le pudieran dar y el consiguiente daño a la cooperativa”, los 20 decidieron difundirla y se entrevistaron con los reporteros de Proceso y el diario Récord, argumenta el vicepresidente de La Cruz Azul.
Después de citar los reportajes publicados por este semanario, señala que comenzó a divulgarse en la prensa escrita y en la radio la versión sobre la lucha de poder en la cooperativa. Agrega que Alfredo Álvarez presentó la denuncia en la PGJDF sin informarlo a la Dirección General ni a los consejos de Administración y Vigilancia.
Para el firmante, la intención de Alfredo Álvarez y el Grupo de los 20 “es crear dudas entre el personal socio para pretender capitalizar su intención de apoderarse de la administración general”.
Finalmente, indica que el caso de las turbias operaciones financieras de los directivos, incluyéndolo a él, “lamentablemente puede ser consultado en internet”.
Los vicios de hoy... los mismos de ayer
Jesusa Cervantes y José Gil Olmos
Los reveses electorales del PRI en tres entidades federativas el pasado 4 de julio –Sinaloa, Puebla y Oaxaca– hicieron evidente que en ese partido se repiten los vicios de siempre y que la lucha de corrientes internas es despiadada. Analistas del tricolor concuerdan en que si quieren ganar el gobierno del Estado de México en 2011 y volver a la Presidencia un año después, tendrán que apostarle a la unidad y darle fin al dedazo.
Después de perder tres estados emblemáticos en las elecciones del pasado 4 de julio, los distintos grupos de poder en el PRI, incluyendo su dirigencia nacional, aceptan lo inoperante y contraproducente que resultó para ese partido la imposición de candidatos: escisiones y “pirateo” de cuadros políticos por la oposición.
Dos semanas después y ya con los resultados y los números fríos, el priismo nacional se enfila hacia lo inevitable: modificar el modo de selección de sus candidatos si pretenden ganar los comicios del Estado de México en 2011 y recuperar la Presidencia de la República en 2012.
A pesar de haber triunfado en nueve de 12 gubernaturas en juego, de obtener el mayor número de votos y ganar más ayuntamientos, las derrotas en Oaxaca, Puebla y Sinaloa establecieron una nueva correlación de fuerzas en el partido y en el Congreso de la Unión: se desgastaron las figuras de Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense, y de Beatriz Paredes, presidenta nacional del PRI, en tanto que Manlio Fabio Beltrones se fortaleció al recuperar entidades que habían sido bastiones panistas durante más de dos décadas, como Baja California y Aguascalientes.
También se evidenció que los punteros por la candidatura presidencial, Peña Nieto y Beltrones Rivera, no podrán actuar sin respaldo mutuo para frenar una posible alianza impulsada desde la Presidencia para el Edomex y, después, para lograr su objetivo perdido en 2000: la primera magistratura.
El análisis lo realizan allegados a los principales líderes de este partido.
No al cacicazgo ni al dedazo
La pauta para que los gobernadores fueran quienes designaran candidatos para las pasadas elecciones la dio Beatriz Paredes –luego de evidenciarse su interés primordial por los comicios del próximo año en el Estado de México– mediante el convenio para evitar alianzas que firmó el 30 de octubre de 2009 con el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y los testigos de honor: César Nava, dirigente nacional panista, y Luis Miranda, representante y secretario general de Gobierno de Peña Nieto.
Una vez que Nava dio a conocer la existencia del pacto, hubo malestar entre legisladores federales y los 12 gobernadores de las entidades en las que hubo elecciones. Para mantenerse en la dirigencia y lograr la gracia de los afectados, Beatriz Paredes les permitió imponer a sus candidatos... con la esperanza de un triunfo arrollador.
Manuel Cadena Morales, diputado federal y uno de los operadores de Peña Nieto en la Cámara de Diputados, sentencia que mantener el cacicazgo de los gobernadores y poner candidatos a capricho no da triunfos.
“Los electores votaron contra los cacicazgos, eso es muy importante y el partido así lo registró… Hoy los gobernadores que vayan a pretender meter la mano al proceso de sucesión de sus estados van a tener que considerar dos cosas: que el electorado votó contra los cacicazgos y contra los candidatos-capricho”, asegura Cadena Morales.
No obstante, el debate en el PRI apenas empieza. Por ejemplo, Jorge Carlos Ramírez Marín, pieza clave de Beatriz Paredes en la Cámara de Diputados, defiende a los candidatos de unidad “cuando ésta es real” y acepta: “El PRI tiene que revisar ahora qué hizo bien y qué hizo mal. Cuando hace las cosas bien, gana; y cuando no hace las cosas bien, pierde”.
En esta misma lógica, el diputado César Augusto Santiago –quien fue la propuesta inicial de Paredes para coordinar a los diputados federales– afirma que en las recientes elecciones hubo acuerdos cupulares para imponer candidatos.
Recuerda que para lograr el triunfo de la actual presidenta del PRI se recurrió al lema de “no al compadrazgo, no al dedazo”. Agrega: “Ahora resulta que los candidatos de unidad ya los mejoré con el dedo divino o del gobernador, aunque es más propio llamarlos una decisión cupular”.
El PRI, sostiene, cuenta con la vacuna para evitar las imposiciones y es recurrir a sus propias instancias colegiadas de decisión: el Consejo Político Nacional, la Comisión Política Permanente y la Comisión de Proceso Internos.
“Creo que el método de la consulta que habíamos practicado y arraigado no lo podemos desechar, porque si uno pierde una elección interna en buena lid, lo aceptas; pero si el triunfo es por una decisión cupular, de dedazo, pues retrocedemos”, sostiene Santiago.
Considera imperativa una revisión del método de selección de candidatos, pues afirma que la gran lección de 2010 fue que, al desdeñarse a uno de los aspirantes del PRI en las contiendas internas, la oposición se lo llevó y conformó sus alianzas.
En su análisis los priistas siguen ganando, ya sea del lado de este partido o abanderando otras causas. Incluso, sostiene, para convencer a un priista “resentido” el PRD y el PAN tuvieron que recurrir a otro “similar que sabe lo que buscan y cómo convencerlos”.
En su crítica a la alianza opositora, el chiapaneco destaca que para convencer a los “resentidos” recurrieron a los buenos oficios de “uno de los brujos del poder”, Manuel Camacho Solís, quien supo cómo llegarles y cómo hablarles.
Contra imposiciones
Otra de las fuerzas internas del PRI la representa Manlio Fabio Beltrones Rivera. Uno de sus operadores políticos, el senador Fernando Castro Trenti sostiene que el error de su partido fue tratar de imponer desde la dirigencia nacional, o por parte de los gobernadores, a los candidatos, pues ello generó división en los priismos locales. Cita como ejemplos Sinaloa y Oaxaca.
“La estrategia del PRI debe ser evitar divisiones del priismo local porque cuando se quiere imponer, se divide”, comenta.
Actuando en sentido inverso, dice el senador, el PRI se convierte en triunfador pues toma en cuenta a la base del priismo local y evita imposiciones desde el centro. Prueba de ello fue Baja California, donde se renovaron las cinco alcaldías y el Congreso local.
Esta elección tomó relevancia y los beltronistas la ponen como ejemplo, pues después de 21 años de hegemonía panista el PRI recuperó todas las posiciones en juego.
Relata que primero hubo desdén, ya tradicional, del CEN del PRI hacia la elección en dicha entidad; luego, ante la vieja creencia de los priistas bajacalifornianos de que el desinterés es prueba de concertacesión, se le pidió a Beatriz Paredes que por lo menos visitara la entidad, algo que realizó en una sola ocasión (sin dejar de desdeñar, en corto, el proceso local).
Del otro lado hubo un factor que jugó a favor de los priistas bajacalifornianos y que fue la misma actitud asumida en otras latitudes por gobernadores priistas: que el gobernador en turno y el presidente Calderón impusieron candidatos a los panistas.
Por ejemplo, para la alcaldía de Tijuana, Calderón, sin tomar en cuenta al panismo local que deseaba a Alejandro Monraz, impuso a su exsecretario particular como candidato: Carlos Torres. El gobernador José Guadalupe Osuna Millán propuso para Rosarito a un tijuanense que había sido su coordinador de gabinete, Raúl Legg, y al subsecretario de Desarrollo Económico, Alfonso Álvarez, lo mandó como aspirante a Tecate. El resultado fue que el PAN perdió y el PRI recuperó plazas que desde el centro siempre se consideraron perdidas.
“¿Saben por qué el PRI y el PAN perdieron en sus entidades gobernadas? Por imposiciones. Las causas de las derrotas del país se deben a la soberbia y a la imposición. En el triunfo de Baja California también ayudó la actitud impositiva de Felipe Calderón y del gobernador” (cuyo operador político es ahora secretario de Gobernación: Francisco Blake Mora), asegura Castro Trenti.
Para el caso del PRI en dicha entidad hubo un intento de imposición desde el centro: quienes ya habían aceptado su derrota ante los candidatos electos por el priismo local se rebelaron y tomaron las instalaciones de los comités directivos de Tijuana, Mexicali y Ensenada.
El presidente estatal del PRI, René Mendívil, advirtió que procedería legalmente, “pues aquí no hay lugar para chantajes”. Entre priistas de la entidad corrió la versión, no confirmada, de que el instigador de la rebelión fue el delegado del CEN, el diputado federal Humberto Lepe Lepe, cercano colaborador de Beatriz Paredes.
Lo único cierto es que por la cercanía de las elecciones, de no haberse resuelto la revuelta local priista, se le abría la puerta al CEN para anular todos los procesos de selección y designar a otros aspirantes.
Recuento de daños
Los pasados comicios tuvieron efectos colaterales.
Enrique Peña Nieto, quien durante la discusión del presupuesto federal contaba con por lo menos 140 de los 237 diputados de la fracción priista en el Congreso federal, “supuestamente” operó para que los 12 estados donde hubo elección de gobernador recibieran más recursos. Esa fue su primera maniobra para mantener mayoría e influencia en la Cámara de Diputados.
La segunda fue hacer acto de presencia en todas las campañas aprovechando su elevada aceptación mediática: puso especial interés en Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Durango y Tamaulipas; los primeros tres se perdieron, el cuarto está en litigio y el quinto se mantuvo debido al efecto que generó la trágica muerte del candidato Rodolfo Torre Cantú.
Los tres estados perdidos le implicaron a Peña Nieto el distanciamiento de 39 legisladores (15 de Puebla, 14 de Oaxaca y 10 de Sinaloa), quienes hoy tienen como líderes a sus respectivos senadores: Melquíades Morales, de Puebla: Adolfo Toledo Infanzón, de Oaxaca, y Francisco Labastida Ochoa, de Sinaloa; los tres son cercanos al coordinador de su bancada, Manlio Fabio Beltrones.
Hasta antes de las elecciones éste tenía 57 diputados federales dentro de su equipo político. Ahora sus operadores aseguran que son 97.
Ante tal escenario, al diputado mexiquense Manuel Cadena se le cuestionó si el perdedor de los comicios fue su gobernador.
“No lo creo. Con esa voluntad que tiene para ayudar a sus compañeros, Peña Nieto acudió a los 12 estados, como los otros gobernadores. Lo que pasó fue que los medios destacaron más su presencia. Eso no quiere decir que haya ido más veces o que haya sido un personaje estratégico o de mayor peso que otros gobernadores. Fue un acuerdo de la dirigencia nacional del partido que acudieran todos los gobernadores a ayudar a sus compañeros”, defiende Cadena.
No obstante, Peña Nieto no acudió a Baja California y fueron Beltrones y Castro Trenti quienes delinearon la estrategia ganadora. A petición de ellos, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, también acudió.
A Manuel Cadena se le preguntó si los resultados electorales tienen un efecto en la recomposición de los tres liderazgos visibles –Peña Nieto, Beltrones y Beatriz Paredes–: su respuesta fue un tajante no.
“No lo veo así. Por ejemplo, yo tengo una gran relación con Paredes, con Beltrones y ni se diga con Peña Nieto, pero no tomamos partido de esa forma ni creo que los diputados restantes lo hagan. Estamos en una circunstancia muy positiva para el partido, esto de haber perdido tres estados simbólicos, importantes, por ninguna razón nos aparta de la línea de poder regresar a la Presidencia de la República.”
Del otro lado hay quienes piensan que los resultados tendrán también un efecto a la hora de renovar la dirigencia nacional del PRI. En marzo Beatriz Paredes concluirá su periodo y “volverá a ser una diputada común”. Los visibles sustitutos son quienes lograron triunfos en los pasados comicios.
Un ejemplo es el senador Jesús Murillo Karam, quien impulsó a Miguel Alonso Reyes, priista que logró arrebatar al PRD la gubernatura de Zacatecas.
A su vez, Fidel Herrera Beltrán operó para mantener la gubernatura y con ello los 20 diputados federales de su lado, necesarios para lograr mayorías en la Cámara.
Y, finalmente, Emilio Gamboa, dirigente nacional de la CNOP y operador de Beltrones, por haber apoyado Baja California y Aguascalientes, que estuvo en manos del PAN durante 12 años.
Será al nuevo presidente del PRI a quien le corresponda operar para ganar las elecciones del Estado de México, Guerrero, Coahuila, Nayarit y Baja California Sur en 2011. Del triunfo o derrota en el Estado de México dependerá que el PRI se mantenga en ruta hacia la Presidencia de la República, considera Castro Trenti.
A pesar de esta recomposición de fuerzas de los diversos grupos dentro de la Cámara de Diputados y del partido, los priistas tienen claro que se necesitan unos a otros para poder triunfar en las elecciones de los próximos años, y para prueba ya tuvieron las divisiones en las pasadas, que aprovechó la alianza opositora.
No descartan que Felipe Calderón promueva con todo a su partido, no sólo en 2012, sino también para impulsar de nuevo una alianza con el PRD y arrebatarle la joya de la corona al PRI en el Edomex.
Castro Trenti acepta que al ser Peña Nieto el mejor posicionado ante la opinión pública, antes debe ganar el Estado de México. Considera que el candidato natural será “peñista”, por la simpatía que este tiene entre el priismo de su estado; sin embargo, advierte que requiere del respaldo y eficacia electoral mostrada por Beltrones en los comicios recientes. Unidos podrían frenar la posible alianza PAN-PRD en esa entidad.
César Augusto Santiago reivindica la fuerza de su partido recordando que ni juntos gobierno federal, gobierno del Distrito Federal y PRD pudieron desbancarlo a escala nacional en las preferencias electorales. Y para ello ofrece datos: nueve de 12 gubernaturas ganadas, 487 municipios obtenidos contra 350 del PAN y 118 del PRD; 197 diputaciones locales ganadas contra apenas 82 del PAN y el mínimo número de ocho del PRD y siete más de otros partidos.
Jorge Carlos Ramírez Marín rechaza categóricamente que haya tres liderazgos visibles en su partido y que imperen en la Cámara, pero acepta que hoy requieren unidad para construir futuras candidaturas, en todos los niveles, que no dividan al partido.
“Yo personalmente siempre he confiado más en las decisiones de unidad, pero no artificiales sino las que se construyen alrededor de acuerdos, de equilibrios, de un trabajo de ingeniería democrática, de balances. Creo que es mejor una determinación de unidad, pero para elegir a un candidato de unidad hay que estar unidos”, sentenció.
Derrotado, fúrico y demandado
Jorge Carrasco Araizaga
Durante su campaña por el gobierno de Veracruz como cabeza de la coalición PAN-Panal, Miguel Ángel Yunes presuntamente hizo graves señalamientos contra Juan José Rendón, especialista venezolano en publicidad y propaganda política, al que previamente había querido unir a su equipo. En respuesta, el sudamericano –a quien Yunes acusó de ser agente de la CIA y de falsificar documentos para poder trabajar en México– demandó al candidato perdedor ante un tribunal de Florida por difamación y le exige 50 millones de dólares.
Frustrado en su propósito de ganar en las urnas la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares enfrenta ahora las consecuencias judiciales de su campaña electoral, en la que arremetió contra el propagandista venezolano Juan José Rendón, a quien antes había buscado para que lo asesorara.
El excandidato de la coalición PAN-Nue-
va Alianza –que impugnó su derrota en las elecciones del 4 de julio– está emplazado en un tribunal civil de Florida para responder a la demanda por difamación que le imputa Rendón, quien le pide una indemnización de 50 millones de dólares.
La demanda fue interpuesta el 19 de abril pasado ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial para el condado de Miami-Dade, Florida, donde Yunes y su esposa –de acuerdo con la acusación– tienen diversas propiedades, incluido un condominio de lujo.
Rendón se quejó ante la justicia estadunidense por actos de campaña de Yunes efectuados entre marzo y abril de este año, en los que hizo “declaraciones altamente difamatorias y perjudiciales” en su contra.
Durante la campaña de la alianza Viva Veracruz –integrada por el PAN y el Partido Nueva Alianza (Panal)–, el equipo de Yunes acusó a Rendón de haber sido contratado por el PRI para planear una estrategia de guerra sucia contra el candidato opositor.
Yunes –designado por el presidente Felipe Calderón director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cargo al que renunció para buscar la gubernatura– también acusó al venezolano de estar al servicio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y de falsificar documentos para trabajar en México.
Conflicto en Miami
En el escrito de la demanda, el abogado del propagandista, Il Young Choi, explica que su cliente acudió a la jurisdicción estadunidense no sólo porque tanto el publicista como el político veracruzano tienen residencia en Miami, sino porque los supuestos señalamientos “difamatorios e injuriosos” fueron reproducidos y conocidos en Florida, donde el demandante tiene negocios.
Sostiene que Yunes alterna su residencia en el estado de Veracruz y en el condado de Miami-Dade, “donde él y su esposa poseen diversas propiedades, incluido un condominio de lujo que usa como su segunda casa”.
Asesor de numerosas campañas electorales en América Latina, incluidas algunas del PRI y de la dirigente vitalicia del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, quien además controla el Panal, Rendón asegura que las declaraciones de Yunes se hicieron “con la intención de causar un daño irreparable y permanente (a su) buen nombre y reputación”.
Una consecuencia directa de ello, dice, es que ha sido expuesto al ridículo, odio y desprecio, además de haber tenido “sustanciales pérdidas económicas y pérdidas actuales y potenciales de empleo”, por lo que le pide a Yunes una compensación de 50 millones de dólares.
En la demanda, radicada en el tribunal de Florida como el caso 10-23300CA06, Rendón responsabiliza a Yunes de haber propalado en conferencias de prensa y entrevistas acusaciones que se reprodujeron en periódicos, radio y televisión, y aun en internet, red que “es vista en México, América Latina y el Caribe, Europa y Estados Unidos y el sur de Florida”.
Asegura que de acuerdo con la legislación de Florida, debe considerarse que el candidato perdedor y exdirector del ISSSTE cometió esos “actos agraviantes” en esa entidad del sur de Estados Unidos. Más todavía, dice que Yunes “usó su control e influencia en los medios para destruir” su reputación.
Con esa conducta, añade, el candidato a gobernador de Felipe Calderón y Gordillo lo hizo “sujeto de ridículo (y ser) odiado, despreciado y desacreditado”, además de haberlo acusado “falsamente de haber cometido un delito”.
Rendón alterna su residencia en Miami y el Distrito Federal, donde opera sus servicios de propagandista para individuos y grupos políticos en diferentes lugares de América Latina y el Caribe, además del sur de Florida.
Asesor de estrellas
En su escrito presentado ante la justicia de Florida, Rendón afirma que es asesor en formulación de estrategias políticas, manejo de publicidad y análisis de información pública, como encuestas de salida y otros estudios estadísticos. Afirma haber hecho “una exitosa carrera como asesor político internacional, estratega, consultor y publicista, dando asesoría en campañas presidenciales, para gobernador, presidentes municipales y otras”.
Sus asesorías más recientes han sido para Porfirio Lobo, en las cuestionadas elecciones presidenciales de Honduras, y para Juan Manuel Santos, presidente electo de Colombia.
En México trabajó en la campaña presidencial de Roberto Madrazo en 2000, cuando Yunes y Gordillo aún militaban en el PRI, a raíz de lo cual trabó relación con ambos. Incluso en 2006 participó en la campaña de Roberto Campa, entonces candidato del Panal a la Presidencia de la República.
En 2007, Yunes lo buscó para que reforzara las actividades proselitistas de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, en pos de la presidencia municipal de Boca del Río. Y ahora, para el caso de su más reciente proyecto político, también lo buscó. Pero en ambos casos Rendón rechazó la oferta pues, según ha declarado públicamente, “no hace campañas contra el PRI”.
En la acción judicial, Rendón precisa que durante su precampaña Yunes Linares dio conferencias de prensa los días 31 de marzo y 2 y 4 de abril, seguidas de entrevistas en radio y televisión, en las que “con malicia y total lejanía a la verdad hizo diversas declaraciones falsas”. Entre éstas, que trabaja para la CIA, que está vinculado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que el gobierno de Fidel Herrera le pagó 4 millones de dólares para emprender una guerra sucia en su contra, y descarrilar así sus intenciones de ser candidato al gobierno de Veracruz.
Rendón le dice a la justicia estadunidense que el exdirector del ISSSTE, exdirector jurídico del PRI y exresponsable de las prisiones federales al final del régimen de ese partido, lo calificó como un “delincuente internacional” que ha orquestado campañas de guerra sucia en toda América Latina.
Además lo acusó de haber falsificado documentos para trabajar en México, por lo que el propio Yunes –dice la demanda– solicitó a las autoridades federales una investigación formal.
“Todos estos señalamientos fueron hechos con malicia o de forma temeraria (...) con el sólo propósito de llamar la atención de la prensa e iniciar una campaña política negativa contra sus oponentes en la campaña para gobernador”, dice.
La “malicia y falsedad” del acusado, añade, le han causado “un daño permanente e irreparable a su reputación en el sur de Florida y en toda América Latina”.
Se duele de lo que identifica como “consecuencias presentes y contratos futuros” por sus servicios como asesor político y estratega de mercado, lo que le causa “un daño económico sustancial” que asciende a “varios millones de dólares”.
Dice además que una consecuencia directa de las declaraciones de Yunes Linares difundidas a la prensa internacional es que “ha sufrido vergüenza, humillación, angustia mental y dolor”.
Asegura que el candidato perdedor de la mancuerna PAN-Nueva Alianza hizo sus declaraciones con la intención específica de injuriar, al señalarlo como un delincuente internacional y de esa manera afectar su percepción pública como individuo y consultor político.
El 3 de abril de este año, José Luis Lagunes López, miembro del equipo de campaña de Yunes, acusó a Rendón de haber coordinado tres “reuniones secretas” en Veracruz los pasados días 13, 17 y 19 de febrero.
Según Lagunes, en esas reuniones también participaron, entre otros, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y el ahora declarado ganador de las elecciones para gobernador, Javier Duarte Ochoa.
El colaborador de Yunes, que citó supuestas minutas de esas reuniones, aseguró que el grupo de priistas había decidido emprender una “guerra sucia”, consistente entre otras medidas en “montar y descubrir con la policía el laboratorio de guerra sucia contra Veracruz”, adjudicado al exdirector del ISSSTE.
Como parte del supuesto montaje se presentarían “originales de (la revista) Proceso, los contactos con priistas aliados y datos sobre la contratación de un supervisor extranjero”.
De la supuesta segunda reunión, Lagunes dijo que el acuerdo fue “meter el tema de (la fuga de) El Chapo”, que ocurrió cuando colaboradores cercanos de Yunes estaban a cargo de las prisiones federales, “y algo de Elba Esther”.
Lagunes aseguró que en la tercera presunta reunión coordinada por Juan José Rendón se explotarían las acusaciones de pederastia que se han hecho contra Yunes a través de fotomontajes, de una campaña propagandística y de declarantes “a cualquier precio”.
Disputa en tribunales
El pasado 12 de julio, Yunes impugnó ante el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) los cómputos distritales de la elección para gobernador, por lo que los resultados que le dieron el triunfo a su opositor, el priista Duarte, podrían dirimirse en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con el cómputo distrital, Yunes fue superado con 1 millón 30 mil votos por el candidato del PRI, Javier Duarte Ochoa, quien obtuvo 1 millón 104 mil votos.
La defensa electoral de Yunes considera posible la anulación de las elecciones, por lo que entregó 12 paquetes con lo que considera son más de 800 pruebas, incluidas las grabaciones en las que se captó a Fidel Herrera en plena operación electoral y la alegada parcialidad del IEV a favor del candidato del PRI.
En 2002, Yunes era director jurídico de ese partido cuando el Instituto Federal Electoral investigaba los casos Pemexgate y Amigos de Fox. En esa condición cuestionó la actuación del entonces consejero del IFE, Alonso Lujambio, actual secretario de Educación Pública, y al entonces asesor del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Juan Molinar Horcasitas, hoy secretario de Comunicaciones y Transportes.
En ese mismo año, acusó al entonces subsecretario de Gobernación, Ramón Martín Huerta, de apoyar las manifestaciones que en la Ciudad de México organizaba en su contra el Movimiento de los 400 Pueblos.
Cuando renunció al PRI se incorporó al gabinete de Vicente Fox a las órdenes del propio Ramón Martín Huerta, ya secretario de Seguridad Pública. No era la primera vez que trabajaba en esa área.
A finales del sexenio de Ernesto Zedillo, cuando el secretario de Gobernación era Diódoro Carrasco –quien también renunció al PRI y se fue al PAN– estuvo a cargo de las prisiones federales, que entonces dependían de esa secretaría.
60 años: De los orígenes al duopolio
Alma Rosa Alva de la Selva
Veintiséis de julio de 1950: las señales de TV cruzan por vez primera el espectro radioeléctrico del país, espacio donde viajan las ondas de la comunicación.
Con un programa de media hora cuyo tema, sintomáticamente, fue el futuro de la televisión –pocos avizoraron los alcances que llegaría a tener el nuevo medio–, las primeras imágenes de la pantalla chica aparecieron en los escasos 60 receptores existentes en la Ciudad de México con las siglas del canal pionero, otorgado al empresario Rómulo O’Farrill: XHTV, Canal 4.
Poco después, el 31 de agosto, tuvo lugar la “inauguración oficial” de la TV mexicana, con una emisión desde el hipódromo de Las Américas a la que asistieron altos funcionarios. El 1 de septiembre dieron comienzo las transmisiones regulares, con el informe de gobierno de Miguel Alemán Valdés, el presidente que se entusiasmó tanto con el proyecto para instaurar la TV en México a imagen y semejanza de la puesta a funcionar en Estados Unidos presentado por el grupo preponderante en la industria radiofónica, encabezado por Emilio Azcárraga Vidaurreta (fundador de la XEW), que acabó convirtiéndose en su socio.
En octubre del mismo año, saldría al aire XEWTV, Canal 2, concesionado a ese poderoso empresario. Sería hasta 1952 cuando surgiría XHGC Canal 5, bajo la dirección del célebre investigador Guillermo González Camarena.
Ese panorama temprano de la televisión mexicana hacía ver ya el alejamiento de los momentos originarios de la TV, cuando en los años treinta el Estado, aun cuando continuaba ofreciendo apoyo a la industria radiofónica comercial, manifestaba cierto interés por el medio que llegaría a ser el más influyente del país e incluso patrocinó los trabajos de notables investigadores. Sin embargo, hacia finales del cardenismo, la nueva correlación de fuerzas políticas en la cúpula del poder que fortaleció a los grupos de derecha fue favorable para los radiodifusores, quienes en los regímenes sucesivos se vieron fortalecidos con acciones jurídicas y políticas que impulsaron su proyecto monopolístico. Se consolidó también la imbricación entre los empresarios de los medios y la clase política, que les ha sido funcional a ambos y ha llegado hasta nuestros días.
Sesenta años después de esas primeras transmisiones, fruto de ese acuerdo político, como también de la política del Estado a lo largo de décadas y de la ausencia de fuerzas sociales en pos de otro rumbo para la televisión, el panorama televisivo nacional, por sus implicaciones para la búsqueda democrática en el país, es inquietante: la TV mexicana exhibe esquemas de concentración de los más altos del mundo, con 94% de las estaciones en propiedad de dos empresas, Televisa y TV Azteca, cada una de las cuales cuenta con dos cadenas a nivel nacional. En el caso del consorcio de la dinastía Azcárraga, ostenta 100% de la TV satelital y 38% de la TV por cable. Y como se sabe, en los últimos meses se le ha estado abriendo el paso para transformarse en red pública de telecomunicaciones, para su tránsito a los escenarios digitales. Ha sido el suyo un proyecto de largo alcance que ha permeado la historia de la TV mexicana.
Muchas veces las efemérides sirven, más que para congratulaciones nostálgicas, para percatarse de los costos de no acotar un proyecto lejano del interés público y las auténticas necesidades de la sociedad mexicana. l
Roberto González Barrera y sus 300 millones
Miguel Ángel Granados Chapa
En una obvia, se diría que burda operación de relaciones públicas, el diputado verde Pablo Escudero –una suerte de primer yerno del Congreso, puesto que lo es del influyente líder senatorial Manlio Fabio Beltrones– consiguió para Roberto González Barrera una especie de condecoración. El miércoles 21, en la sesión semanal de la Comisión Permanente, se reconoció al industrial y banquero como un “empresario que demuestra sensibilidad y calidad humana, un mexicano comprometido con su país, que supo darle la mano al pueblo que tanto le ha dado”.
Escudero pretendía hacer que el órgano legislativo otorgara a González Barrera, exclusivamente a él, un reconocimiento por sus donaciones a la reconstrucción de viviendas, caminos y puentes en los estados de Nuevo León, donde nació el empresario, Tamaulipas y Coahuila. Pero el senador Pablo Gómez consiguió aminorar la zalamería del legislador del PVEM y hacer que el reconocimiento de extendiera a “todos los ciudadanos que se han solidarizado y comprometido” con los damnificados del huracán Alex, que en esas entidades padecen y sufrirán por mucho tiempo más las calamidades derivadas de las copiosas precipitaciones pluviales en el noreste del país. En Monterrey, por dar un ejemplo de la cuantía de la lluvia, cayeron en 48 horas los caudales que se abaten sobre la Ciudad de México en un año (cuenta que por supuesto no incluye aguaceros como los que estaban previstos para el fin de la semana pasada).
Ciertamente, González Barrera hizo aportaciones muy cuantiosas a los gobiernos de esos estados, incluido el suyo propio –él nació en Cerralvo, NL, el primero de septiembre de 1930–. Su liberalidad, completada con otras cuantiosas donaciones en especie, contrastó con la muy comentada ausencia de contribuciones de los barones del dinero en Monterrey. González Barrera donó 300 millones de pesos, cien a cada uno de los gobiernos de Saltillo, Monterrey y Ciudad Victoria. No es un gesto desdeñable desde ningún punto de vista, ni siquiera teniendo en cuenta que representan casi las utilidades del primer trimestre de este año de Gruma, uno de los emporios del empresario –342 millones de pesos– y la quinta parte de las ganancias de Banorte en ese mismo lapso, que ascendieron a mil 580 millones de pesos. Hay que considerar, para ofrecer una idea de los montos que manejan los negocios de González Barrera, que el año pasado padecieron reducciones importantes respecto de 2008. Si bien el grupo financiero obtuvo en 2009 casi 6 mil millones de pesos de utilidades, la cifra fue un 17% menor que la obtenida el año anterior.
González Barrera quedó huérfano siendo todavía un muchacho. A los 19 años, tuvo que seguir solo con el negocio que había iniciado con su padre, un molino de nixtamal y tortillerías. No tardó mucho en encontrar la clave de la industrialización del maíz: convertirlo en harina y obviar su transformación en masa. Cuando comenzó a crecer, competía con una empresa estatal, Minsa, pero pronto consiguió del gobierno para Maseca un trato preferencial, aun más ventajoso que el otorgado al negocio público. Hoy Maseca cubre casi totalmente el mercado de harina de maíz y de tortilla en México, con sólo una participación marginal de sus competidores.
Después de un tímido pero exitoso comienzo de internacionalización en Costa Rica –país en que no sé si por casualidad hizo también negocios florecientes su consuegro Carlos Hank González–, Maseca, convertido poco después en una empresa controladora, con diversidad de productos, se extendió por todo el mundo. Hoy tiene 20 mil empleados en sus plantas y oficinas de 102 países. Hace poco el gobierno de Hugo Chávez expropió las instalaciones venezolanas de ese consorcio, el Grupo Maseca, Gruma. Pero la habilidad jurídica del afectado, y las complicaciones de la economía de Venezuela obligaron a revisar la situación y González Barrera sigue presente allí.
Durante el gobierno de Salinas, que a través de Conasupo y su hermano Raúl concedió importantes privilegios a Gruma, González Barrera fue invitado a participar en la privatización de la banca. Como su negocio de ventas al consumidor le proporcionaba gran liquidez, a pesar de su total ignorancia de la intermediación financiera, encabezó al grupo de compradores del Banco Mercantil del Norte, que realizaba operaciones en las tres entidades ahora brutalmente afectadas por Alex. Su dimensión reducida y su escasa presencia en el mercado, y el hecho, de nuevo, de que su consuegro fuera el secretario de Agricultura, permitieron la adquisición del pequeño establecimiento.
Dedicado con diligencia a su nueva operación, a partir de 1992 en que adquirió el Mercantil del Norte, González Barrera lo hizo crecer, y luego le incorporó los negocios, los buenos, pues de los tóxicos se hizo cargo Fobaproa, de bancos fallidos durante la crisis de 1994-95. Así, cuando los activos de Bancrecer, Banpaís y Banca Cremi quedaron bajo su control, nació Banorte, que es hoy el tercer banco del país, detrás de Banamex y Bancomer. Siendo éstos controlados por extranjeros, Banorte es el primer banco netamente mexicano.
González Barrera ha resistido ofertas de comprar Banorte, que lo dejarían asociado a la propiedad pero con un carácter minoritario. Contó a la revista Líderes mexicanos, que apenas en mayo le dedicó su portada, que Scotiabank y Santander tuvieron esa pretensión. La del banco canadiense no lo interesó. En cambio, ante la advertencia del banquero español que hizo la segunda exploración, al estilo de Mario Puzo (“una oferta que usted no podrá resistir”), sí se sintió tentado, “pero no la aceptamos y esa fue la última vez que le puse oídos a una proposición así”.
En mayo de 1984, pocas semanas antes de su asesinato, Manuel Buendía me pidió encontrarnos para entregarme un sobre con aportaciones para La Jornada, que estaba en trance de formación y solicitaba accionistas. Era un millón de pesos en efectivo. No se tenía entonces temor alguno de que de esa manera se lavara dinero, no obstante lo cual demandé identificar el origen de la suma, para mi conocimiento y para hacerlo saber a los integrantes del grupo promotor. Hubo que insistir porque el propósito del aportante era permanecer en el anonimato. Finalmente don Manuel me dijo que había recibido el dinero de Álvaro González Mariscal, un amigo suyo, antiguo funcionario de prensa gubernamental, y que a la sazón era el agente de relaciones públicas de González Barrera, quien a la postre aceptó que se supiera que él era el remitente. Pero había que emitir acciones nominativas y dispuso que quedaran a nombre de González Mariscal, como debe constar en los libros de la sociedad anónima fundada entonces. l
¿Tiene posibilidades la izquierda?
Javier Sicilia
Los errores de López Obrador durante y después de las elecciones de 2006, el ancestral faccionalismo de la izquierda, el mezquino aggiornamiento de Jesús Ortega que terminó por hacerle el juego a la campaña mediática contra AMLO y el solapamiento de sus miembros corruptos, han llevado al PRD y a sus partidos aledaños –esa mezcla del viejo priismo nacionalista, de movimientos de izquierda desamparados por la debacle de la URSS y de oportunistas– al triste papel de comparsa de su adversario fundamental, el PAN. Lo más grave de esa mezcla innatural no es sólo que no produce nada sino que ha desdibujado de manera inquietante su rostro. Desconcertado, arrinconado, desacompasado frente a lo adverso, el PRD ha reducido su grandeza a evitar que el PRI vuelva a gobernar.
¿Dónde quedó el proyecto que en 2006 movilizó a una enorme ciudadanía? ¿Dónde la lucha por los despojados de este país? ¿Habría que decir que la culpa de su situación se debe a que –como lo señaló Lorenzo Meyer en la entrevista que Proceso le hizo en su número 1758– nuestra élite de poder “fue tan temerosa, tan mezquina, tan poquita cosa, que se espantó”?
No lo creo. Si el PRD es esa triste cosa que hoy sirve de comparsa al PAN y no alcanzó ni siquiera a mantener su proyecto de nación, se debe a que los perredistas salieron al campo político con mentalidad perdedora. No sólo cometieron, durante las elecciones de 2006, los suficientes errores para perder, sino que una vez que los cometieron y aceptaron la guerra sucia –recordemos que AMLO decidió ir a las urnas con ella y sólo tomó la avenida Reforma cuando perdió–, una buena parte de la izquierda terminó por aceptar también que “López Obrador era un peligro para México” –el aggiornamiento de Jesús Ortega es su rostro más claro.
Por lo tanto, la culpa de su debacle no la tienen las élites, sino la propia izquierda y su mentalidad colonizada, su mentalidad –para retomar la hipótesis que el propio Meyer esgrimió en la entrevista citada de que México fue una “colonización de explotación”– de explotados y siervos. La culpa no es de esa minoría que tiene el dinero y los medios a su servicio, sino de una izquierda que, a pesar de sus bravatas –siempre hechas a destiempo– y de sus derechos democráticos, conserva en su ethos el estigma de la Colonia y continúa aceptando que en México –vuelvo a Meyer– haya “dos tipos de seres humanos: los poquitos que tienen el derecho a mandar, los capaces de entender las complejidades de la vida política, y el resto [representado por las actitudes, las desuniones de la izquierda y sus mezquinos oportunismos] que son los siervos”.
Si las élites existen y gobiernan no es porque sean poderosas, sino porque, como lo demostró Gandhi, hay una mayoría dispuesta a aceptar que esa élite tiene razón; que esa mayoría y sus proyectos incluyentes son inferiores a la “grandeza” de las élites que “gobiernan”.
¿Habrá entonces que resignarse a ver una izquierda arrasada y servil que estúpidamente camina a su desaparición, a su engullimiento en la crisis de los sistemas políticos en donde la distinción entre izquierdas y derechas es un simple asunto de semántica que sirve de comparsa a las élites económicas? ¿Habrá que aceptar que el padecimiento de la izquierda es un asunto de determinismo étnico irresoluble, tan irresoluble como el diagnóstico que de ese ethos hicieron Samuel Ramos y Octavio Paz en El perfil del hombre y la cultura en México y en El laberinto de la soledad?
Yo no lo acepto. Debajo de la forma idiota con la que después de 2006 la izquierda se ha comportado, el proyecto está allí, aunque soterrado. Mientras la izquierda cupular y los medios se han dedicado a mostrar su desdibujamiento, López Obrador ha mantenido en la gente –es decir, allí donde realmente habita la vida política– su proyecto de nación. Debajo de esa cosa ridícula que se ha dado en llamar el “gobierno legítimo”, de graves errores de los que tiene que cuidarse –AMLO necesita a su lado asesores con una profunda visión ética e integradora– y de los medios que han decidido ignorarlo, López Obrador, con una voluntad semejante a la de Juárez durante el segundo imperio, ha recorrido el país con su proyecto a cuestas.
Si la izquierda quiere salir de la trampa en la que ella misma se metió y volver a darle una salida a la nación, deberá volver a cohesionarse alrededor de esa figura y de su proyecto –un proyecto que deberá afinarse en el tiempo que resta para ganarse la confianza de los empresarios honestos, romper los monopolios, volverse hacia el zapatismo y otras causas populares, crear una lúcida política social que pueda limitar al crimen organizado y refundar el sindicalismo, espantosamente corrompido desde su nacimiento–; eso exige una fuerte dosis de humildad y de sentido ético.
Lo que el PRD ha olvidado es que para crear la justicia social no se necesita ni estar al día, es decir, aggiornado, ni crear planteamientos ingeniosos. Exige, como lo han hecho López Obrador y el zapatismo –hay que retomar mucho de lo que esta otra lucha negada ha dado a la nación– un profundo sentido común y esas cosas sencillas que se llaman unidad, clarividencia, energía y desinterés. Sin ellas, tanto la izquierda como el país irán a su absoluta ruina en 2012.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca. l
Canal 11: la aberración legal
Ernesto Villanueva
El fortalecimiento del Canal 11 de Televisión anunciado el lunes 12 por el gobierno de Felipe Calderón no es una apuesta por un medio público o una iniciativa de orden democrático, ni nada parecido. Es más de lo mismo, pero agravado. Veamos por qué.
Primero. Este canal tiene una naturaleza jurídica ambigua porque es un organismo descentralizado del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que es desconcentrado. Es como decir que se trata de un joven adulto que depende de un bebé de brazos que, como sabemos, no tiene independencia y para vivir requiere de sus padres o tutores. Este aberrante modelo legal fue creado para que la influencia de la comunidad politécnica fuera sólo testimonial en su toma de decisiones; es decir, para dar la apariencia de que se trata de un medio con un toque educativo y cultural, pero sólo eso. El director del Canal 11 no es nombrado ni removido por el titular del IPN, sino por el secretario de Educación Pública y, de facto, por el presidente de la República. El Canal 22 es un organismo descentralizado que tiene sólidos lazos con la comunidad cultural y los comités internos de participación ciudadana. Su utilización por parte del gobierno federal como medio propagandístico le resultaría muy costosa en términos de credibilidad. El Instituto Mexicano de la Radio (Imer), a su vez, vive un proceso de transición con un organismo colegiado que opina acerca de su programación. Nada de esto existe en el Canal 11. En su momento, Julio Di Bella y Fidela Navarro crearon el sistema de autorregulación más completo del que se tenga memoria en México, pero nunca se cumplió y todo se vino abajo a su salida del canal. Por ello, el hecho de ser una televisora que carece de contrapesos internos genera el primer polo de atracción para un propósito de orden político. Peor todavía, el Canal 11 incumple sus obligaciones legales de transparencia al tener en su sitio web los datos del IPN y no los propios.
Segundo. Durante este año, el Canal 22 integró prácticamente a todo su personal al régimen constitucional en materia laboral. El Imer mantiene un sistema de plazas federales con personal complementario que cobra por honorarios. Por el contrario, Canal
Tercero. El Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), de la Secretaría de Gobernación, está creado como el cajón de sastre del gobierno de Calderón para la promoción política de su persona y de su gobierno. Lo mismo crea contenidos programáticos que administra frecuencias de radio y televisión rápidamente obtenidas para ser aprovechadas por el medio que se antoje más dúctil a la estrategia de propaganda que se despliega en el Canal 11, que no es titular de nuevas frecuencias. El oscuro proceso de creación de la OPMA y su naturaleza legal no son compatibles con ningún proceso mínimamente democrático; antes bien, reproducen las mejores artes de la simulación pues mezclan una amplia dosis de mentiras con un toque de verdad. Es ésta la visión que el calderonismo tiene de un medio público o de Estado, donde sólo la palabra presidencial basta como argumento de autoridad, sin estar sujeto a los requisitos de comprobación y sustentación de sus dichos.
Cuarto. El único medio que en los hechos tiene las características de un medio público es Radio Educación, y ello es así en virtud de que, de entrada, sus trabajadores y directivos gozan de las prestaciones constitucionales y legales en el ámbito laboral; posee un comité técnico como órgano colegiado de definición y evaluación programática, que hace las veces de custodio de su identidad pública; tiene instrumentos de autorregulación y cuenta con personal de larga carrera cuyo común denominador es su compromiso por la pluralidad y la diversidad, con una lógica de crítica propositiva. Estos factores han creado un espíritu de cuerpo y una sinergia con su audiencia que no es común observar, sobre todo porque se ha dado a pesar de su marco legal. Esta iniciativa debería ser reproducida y traducida en la ley; sin embargo, por el contrario, es objeto de un lento pero efectivo proceso de aislamiento. El director de Radio Educación es un esforzado funcionario, pero lo rebasa la estrategia de contención del gobierno federal. La señal de AM en el 1060 tiene problemas de recepción, el portal web es lamentable y no tiene información básica y la solicitud de una frecuencia de FM sigue un tortuoso camino que no sufrió la OPMA para el Canal 11. Todo es legal y técnicamente solucionable, pero el propósito claro no es resolver, sino explicar por qué no se puede hacer lo que se debe. Para los fines de ventaja política, todo el presupuesto y la voluntad; y para aquellos que sólo sirven al interés público, solamente palabras. l
evillanueva99@yahoo.com
