Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 15 de agosto de 2010
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
'No soy racista'
Entrevista. Joe Arpaio: sheriff de Maricopa. El polémico sheriff advierte que los matices a la Ley SB-1070 no cambiarán su mano dura contra los indocumentados
Jorge Ramos Ávalos
(15 agosto 2010).- Phoenix, Arizona.- A Joe Arpaio le gusta presentarse, al igual que en su libro, como el sheriff más duro de todo Estados Unidos. Pero para muchos inmigrantes e hispanos, Arpaio es simplemente el sheriff más odiado.
Arpaio, de 78 años, ha ganado desde 1992 cinco elecciones consecutivas como sheriff del Condado de Maricopa, que cubre el área metropolitana de Phoenix. Se ha dado a conocer por vestir de rosa a sus prisioneros, alojarlos en unas carpas al aire libre bajo temperaturas de 130 grados Fahrenheit y por su infatigable lucha para detener a inmigrantes indocumentados.
Uno podría pensar que la decisión de la jueza federal Susan Bolton, al bloquear partes de la Ley SB-1070 de Arizona, le impediría al sheriff Arpaio y a sus agentes detener, cuestionar y arrestar a indocumentados. Pero en una reciente entrevista me quedó claro que Arpaio sigue haciendo exactamente lo mismo que antes.
"No he cambiado nada", dijo, "seguimos haciendo nuestro trabajo". Y luego me contó que la noche anterior habían arrestado a decenas de personas, incluyendo a tres indocumentados. "Estoy haciendo lo mismo que he estado haciendo por los últimos tres años", insistió, "nada ha cambiado".
La principal acusación de organizaciones latinas y de derechos humanos contra el sheriff Arpaio es que arresta a personas que parecen ser hispanas, sólo por su aspecto físico y su acento al hablar inglés. Pero él lo niega. "Yo aplico la ley a todos. Yo arresto a todos, no sólo a latinos".
-¿Usted no ordena a sus agentes a detener gente que parece Latina, le pregunté.
-Nunca hacemos eso. Eso sería utilizar perfiles raciales, no hacemos eso... el Departamento de Justicia, por medio de una demanda, me ha estado investigando por año y medio para ver si utilizamos perfiles raciales. ¿Cuál es el problema?, aquí seguimos.
La directora ejecutiva en Arizona de la Unión Americana de Libertades Civiles, Alessandra Soler, me dijo en una entrevista que los latinos tienen mayores probabilidades que los blancos de ser detenidos por la policía en el estado. Arpaio no está de acuerdo: "desde luego que están equivocados. ¿Tú crees que yo les hago caso? A ellos les gusta demandar a todo el mundo. No me importa lo que ellos digan".
-¿Cómo se ve un inmigrante indocumentado?, le pregunté.
Hizo una pausa, me vio a los ojos y luego me contestó: "no sé, son gente normal".
-¿Cómo se ve la gente normal?
-Es sólo gente, seres humanos.
Los críticos del sheriff Arpaio aseguran que debería dedicarse a perseguir a verdaderos criminales -narcotraficantes, asesinos, violadores, ladrones- y no a personas cuyo único interés es trabajar. Pero para él todos los indocumentados son "criminales".
"En el momento en que ellos cruzaron nuestra frontera violaron nuestras leyes. ¿Cómo le llamas a eso?, son criminales, eso dice la ley", afirmó.
Arpaio es un apellido italiano. Su familia vino de Europa ("legalmente", apunta inmediatamente). Y si él estuviera encargado de la política migratoria de Estados Unidos, ¿trataría de deportar a los 11 millones de indocumentados?, lo cuestioné.
"Haría lo mismo que estamos haciendo aquí", explicó, "aplicar la ley: si te encuentras con gente que está aquí ilegalmente, tomas acción. Así de simple".
-¿No tiene usted ningún tipo de compasión por los inmigrantes?
-Sí, sí la tengo, yo he estado a cargo de la lucha antidrogas en la Ciudad de México, en Sudamérica, en Texas. He lidiado con la gente mexicana durante 14 años. Sí tengo compasión. ¿Pero sabes una cosa? Cuando tomé este puesto, mi compasión queda a un lado y predomina mi obligación de cumplir las leyes.
Muchos hispanos culpan al sheriff Arpaio por ser el origen del sentimiento antiinmigrante en Arizona. A él eso no le molesta.
"No voy a tomar el crédito por eso, pero si me lo quieres dar lo acepto", dijo, "tenemos un enorme problema migratorio y ahora por fin la Casa Blanca está poniendo atención".
Su claro desinterés por lo que piensen de él, su muy peculiar interpretación de las leyes y el hecho, irrefutable, de que no tiene jefe -fue elegido con clara mayoría- sólo ha hecho crecer la reputación de Arpaio a nivel internacional.
"Me llaman Hitler y muchas otras cosas, todos los días, frente a mis oficinas. ¿Eso va a evitar que yo haga mi trabajo?, no", sentenció, para luego rematar: "no soy un racista".
Si en algo todos coinciden -quienes lo apoyan y quienes lo odian-, es que Arpaio es lo que quiere ser: el sheriff más duro de Estados Unidos.
Conózcalo
Nombre: Joseph Michael Arpaio.
Lugar y fecha de nacimiento: Springfield, Massachusetts, 14 de junio de 1932.
Trayectoria: soldado del Ejército de Estados Unidos, policía en Washington DC., director de la DEA en San Antonio, Washington, Baltimore, México y Arizona.
Cargo actual: sheriff del condado de Maricopa desde 1992.
La Expo millonaria
Reportaje Dos bicentenarios. Obra efímera y representativa del estilo con el que los gobiernos panistas celebran 200 años de Independencia, la Expo Bicentenario rebasó los mil millones de pesos en inversión pública, equivalentes al gasto social de un año en Guanajuato
Karla Garduño Morán
(15 agosto 2010).- Texto: Karla Garduño Morán
Fotos: Julio Candelaria
SILAO, GUANAJUATO.- Todos se quieren tomar una foto con ella. Mide
Su nombre, "Victoria", adquiere un doble significado si se toma en cuenta la polémica que desató su construcción, que costó 39 millones de pesos. La cantidad duplica lo invertido en Dolores Hidalgo para construir una escuela primaria y supera el presupuesto de al menos tres municipios del estado (Victoria, Atarjea y Xichú); aún así, la escultura realizada por un artista poco conocido, Ricardo Motilla, finalmente estuvo ahí, lista para la inauguración de la Expo el pasado 17 de julio.
La "Victoria" no cumple otra función que la de ser el símbolo que permite identificar a la Expo desde que el visitante se aproxima por la carretera a Guanajuato, y es un ejemplo de que el gobierno del panista Juan Manuel Oliva (con el respaldo del gobierno federal) no escatimó recursos para la construcción de espacios recreativos, pabellones tecnológicos, escenarios y fuentes monumentales.
La Expo Bicentenario tuvo un costo de mil 100 millones de pesos, 740 fueron aportados por el gobierno estatal a través de un fideicomiso; 280 millones llegaron vía el Presupuesto de Egresos de la Federación y 100 millones a través del Fideicomiso Bicentenario que maneja el gobierno federal.
El gasto es similar a los mil 300 millones de pesos asignados en
Elizabeth Barbosa, maestra de 29 años originaria de Guadalajara, visitó la Expo hace dos semanas e hizo una crítica elemental: "el país tiene otras necesidades como para invertir tanto en esto".
Semanas antes, ella y Miguel Ángel Díaz ya habían recorrido Guanajuato con algunos alumnos para aprender la historia de cerca. Pretendían llevarlos a las instalaciones de la Expo Bicentenario en Silao, pero desconocían la inversión pública hecha en una obra que será efímera.
"Es muy importante la difusión de estas cuestiones, pero tiene que haber una regulación sobre eso. Además, se vuelve a centrar la cultura sobre unos cuantos, los que tienen acceso. Estos elementos que son pagados con el erario público deberían de ser públicos, eso sí me queda muy claro, esto no debe costar un centavo para estar abierto a más personas", añade Miguel Ángel.
Para entrar a la Expo, los visitantes deben pagar 15 pesos y 35 para el estacionamiento.
El capricho de Oliva
Para montar durante cuatro meses la Expo, el gobierno estatal compró
Así comenzó la historia del cuestionado evento conmemorativo. El 18 de mayo de ese año, 10 días después de que el presidente Felipe Calderón y el gobernador Oliva presentaran el proyecto en la Alhóndiga de Granaditas, el diputado local panista, Pablo García Frías, presidente de la Comisión Especial para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, lamentó que los legisladores no contaran con más detalles sobre la megaexposición.
Luego, el 31 de julio del 2008, el senador priista Francisco Arroyo Vieyra denunció ante el pleno de la Cámara alta que los 720 millones de pesos que para entonces se pensaban invertir eran un exceso y demandó que el gobernador explicara a fondo el proyecto.
Nada frenó los planes de Oliva. Con apoyos indefinidos de la iniciativa privada (Telmex, Coca Cola y Cerveza Sol) y de empresas paraestatales como Pemex, la Expo Bicentenario siguió adelante.
Como en toda gran empresa, el gobierno del estado no dudó en pagar por todo tipo de asesorías. A través de los contratos publicados en la misma página de la Expo Bicentenario es posible conocer que por un programa de gestión de costos y tiempos (Earned Valued Management) se pagaron 5 millones y otros 3 millones más en la contratación de una empresa de consultoría y asesoría financiera: Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.
En dos años, el gasto programado de 720 millones de pesos se elevó a mil 100 millones.
Sólo la obra civil y los proyectos arquitectónicos de las distintas áreas tuvieron un costo de 398 millones de pesos, apenas 8 millones menos que el presupuesto para el 2010 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del estado.
El dispendio está a la vista de los visitantes desde antes de entrar. Para acceder al espacio, tanto por la carretera de cuota como por la libre, fue necesario construir vialidades que implicaron uno de los primeros desembolsos en la obra: 29 millones de pesos.
Además de los pabellones de exposiciones, la Expo cuenta con amplios espacios abiertos en los que el sol cae a plomo durante el día debido a la elevación del terreno y a la falta de árboles, por lo que sólo funcionan como área de tránsito.
El diseño arquitectónico de esos espacios públicos -que incluyen zonas de comida con mesas que resultan insuficientes al filo del mediodía- tuvo un costo de 2.4 millones de pesos. El mayor de todos es la Macroplaza, que recibe al visitante con un hemiciclo en el que se muestran los estandartes históricos de México y una bandera monumental de
Ahí también se puede ver el mural en altorrelieve Rotonda de héroes y heroínas de la Independencia de México y de la Revolución Mexicana, hecho por el artista Luis Arturo Tavares y cuyo costo fue de 8 millones de pesos.
La estrella de la Macroplaza es la fuente monumental de
Además del espectáculo de la fuente y la proyección nocturna de los murales de luces y sonido que sobre la historia de México realizó el francés Xavier de Richemont -por la que se pagarán unos 4 millones de pesos- no hay muchas presentaciones en la Expo.
A pesar de contar con un foro para 6 mil personas con un escenario similar al que se instala en los eventos del Zócalo de la Ciudad de México, los conciertos sólo se programan en fin de semana.
Creatividad y Espectáculos, la empresa filial de Grupo CIE, obtuvo un contrato por 103 millones de pesos para la realización de eventos masivos durante los cuatro meses. Hasta el momento se han presentado el puertorriqueño Chayanne -encargado de inaugurar la Expo-, Yahir, Víctor García, Ha-Ash, Fanny Lu, Yuri, Panda y Tuxido, entre el 6 y el 8 de agosto.
Entre semana, el espacio luce vacío y sólo se presentan algunos espectáculos en la Macroplaza, como el mimo inglés Jerome Murat, que estará de miércoles a domingo durante agosto.
'Hay otra prioridades'
En mayo del 2008, la expectativa inicial era que en seis meses asistieran unos 12 millones de personas a la Expo Bicentenario. Con la reducción del tiempo de exposición a sólo cuatro meses, la afluencia se proyectó en 4 millones de visitantes. Pero el costó aumentó en poco más del 50 por ciento.
En las primeras dos semanas acudieron unas 20 mil personas por día; para cumplir la expectativa, en adelante tendrían que asisitir más de 30 mil diariamente.
Los organizadores confían en que la cifra de visitantes suba, a pesar de que el verano termina en una semana. De ello dependerá el futuro del espacio, explican Iván Hernández, coordinador de Relaciones Públicas, y Rogelio Martínez, director de Cultura y Museografía.
El 17 de julio, durante la inauguración del evento, el gobernador de Guanajuato, dijo que cuando terminara la Expo ahí podría construirse un parque tecnológico, pero también se habla de un centro recreativo y tampoco se descarta la posibilidad de dejarlo más tiempo o hacerlo un parque permanente.
Entrevistados el pasado 3 de agosto, visitantes de distintas partes de la República dijeron apoyar la permanencia, sobre todo cuando se les mencionaba el costo total de la obra.
"Se me hace mucho dinero por cómo está ahorita la economía, pero creo que también valemos eso, que México debe tener algo bueno, hay que invertir también en cultura que es lo que nos falta a los mexicanos", comentó Angélica Pérez, quien viajó con su esposo y tres hijos desde Jalostotitlán, Jalisco.
Tecnología, la protagonista
Mario Fonseca, su esposa y dos niños pequeños llegaron a la Expo desde Irapuato. Dicen que les ha gustado, pero para ser una fiesta por el Bicentenario de la Independencia de México esperaban más folclor, más muestras de la tradición mexicana.
Todo el entorno de la Macroplaza, con su fuente monumental y los pabellones de metal y cristal denominados como de tipo A -el de la memoria, la identidad, creadores y estados- ofrecen un paisaje contemporáneo donde la gran protagonista es la tecnología.
A excepción de la exposición Grandes maestros del arte popular, con piezas artesanales de la Colección Banamex, las otras muestras principales son un despliegue de "avances tecnológicos".
La consentida es Cambios climáticos y México, según cuentan los mismos organizadores de la Expo. Será porque a la entrada hay una réplica de un mamut de Siberia que atrae las miradas de los niños o porque es el tema de moda, lo cierto es que ahí la fila es mayor y el recorrido puede durar hasta una hora por la cantidad de piezas interactivas y audiovisuales que contiene.
El guión original es de Juan Luis Arsuaga, paleontólogo español miembro del equipo de la sierra de Atapuerca, donde han tenido lugar el mayor número de hallazgos de restos de homínidos de varias épocas, pero la realización estuvo a cargo de Gran Númeronce Producciones, del mexicano Antonio Serrano.
Casi todas las salas tienen más de un proyector y pantallas de plasma con pequeños documentales sobre temas climáticos que no todo el público escucha en su totalidad. Una joya de esta sección es la sala titulada Planeta Dinámico, donde es posible ver en una pantalla tridimensional de unos
Es en esos detalles donde el público se detiene. En cambio, pasa de largo en salas donde abundan los textos y los diagramas que explican los procesos climatológicos y evolutivos.
Un grupo de 40 adultos mayores pertenecientes a un taller del DIF en Acámbaro, Guanajuato, salió maravillado de la muestra a pesar de lo largo del recorrido. "Uno luego a veces no está bien instruido y está bien que agarremos conciencia del daño que le estamos haciendo al planeta. Me gusta que sea un espacio educativo", dijo uno de ellos.
En México un paseo por la historia, patrocinada por el gobierno federal a través del Fideicomiso Bicentenario y con un costo de 100 millones de pesos, el público no tiene que leer nada. Basta con pararse en medio de cada una de las 16 salas -de las cuales sólo abrieron 6 en las primeras tres semanas- y presenciar algún audiovisual que lo introduce en alguna escena histórica.
Tanta tecnología hace indispensable que el suministro de energía eléctrica sea estable, por lo que se cuenta con dos canales de distribución de electricidad, uno que llega por Guanajuato y otro por Silao, además de una planta de emergencia, según cuenta el director de Cultura y Museografía de la Expo Bicentenario. En estas instalaciones eléctricas se invirtió un total de 12.6 millones de pesos.
México un paseo por la historia, Cambios climáticos y México y Miradas sin rendición -que hace un recorrido por las diversas etnias indígenas que han habitado el territorio nacional- son las tres muestras más caras de la Expo. Al costo de su realización (220 millones de pesos en total) habría que sumar el costo de los pabellones que las albergan: tres estructuras monumentales de unos 3 mil
Ahí caben tiendas, elevadores y servicios sanitarios. Nada que ver con los otros espacios temporales, las carpas geodésicas que albergan muestras mucho más pequeñas y los pabellones tipo B, que implicaron una inversión de 800 mil pesos en su montaje.
De trabajos a trabajos
Algunos guanajuatenses de las ciudades y comunidades más cercanas a la Expo Bicentenario encontraron en ella una fuente de empleo temporal, aunque no en todos los casos de calidad.
Los organizadores no tienen muy claro todavía cuántos son y dicen que trabajan en el registro de todos los empleados, pero cada día llegan cientos de personas contratadas por las empresas encargadas de las áreas de la Expo.
La labor de cada uno de ellos depende de dos aspectos: su educación y la empresa para la cual trabajan.
A unos 10 minutos de los terrenos de la Expo Bicentenario está la comunidad de El Capulín, donde sobre todo las mujeres jóvenes obtuvieron un empleo en limpieza o seguridad.
Sus sueldos no superan los dos salarios mínimos (unos 650 pesos semanales por 8 horas de trabajo), y en muchos casos ni siquiera eso han recibido.
Rosa María Silva lleva un mes trabajando para la empresa de seguridad SISE, pero hasta el 5 de agosto todavía no recibía el pago de su primera quincena, aunque ya había sumado más de 2 mil pesos por las horas extras. Los horarios son de 12 horas de trabajo por 12 de descanso, o de 24 por 24, pero ella suele trabajar un día entero y descansar sólo la mitad.
Aún así, con 18 años, con secundaria terminada y una niña de dos años que mantener, Rosa María no pretende dejar el trabajo, como sí lo han hecho varios de sus compañeros.
"Quisiera que siga habiendo trabajo ahí de todas maneras; no se puede quedar eso tan grande sin vigilancia, quizá no el mismo personal pero que haya trabajo", pide Rosa María.
Jóvenes recién egresados de carreras técnicas, que encontraron su primer trabajo en este evento, también esperan continuidad.
Originarios de la comunidad de Baños de Aguas Buenas, a 20 minutos de la colina donde está la Expo, los hermanos Lucía, Carlos y Nancy Delgado, de 24, 21 y 19 años, respectivamente, consiguieron un trabajo con la empresa Qué Guay, encargada del área de juegos y de dos pabellones, uno dedicado a las leyendas de la Independencia y otro donde se muestran los avances tecnológicos, desde el Ipad hasta las pantallas en tercera dimensión.
Tienen a su favor que cuentan con una carrera técnica, por lo que la empresa los contrató como guías en la exposición y tienen un salario que oscila entre los mil 500 y los 2 mil pesos quincenales, un ingreso similar al que obtendrían en alguna de las empresas del corredor industrial de Silao.
"Me pareció muy interesante, nunca había visto un evento cercano así como este que reuniera a gente de toda la República, veo gente de Veracruz, de ciudades fronterizas. Aunque no he tenido tiempo de ir a conocerla, me parece muy interesante", dice Carlos, quien está en espera de su primer hijo.
Además de que ellos cuentan por lo pronto con un ingreso fijo, su papá, que tiene un puesto de comida en la zona turística del Cerro del Cubilete, junto al Cristo Rey, se ha visto beneficiado con mayores ventas.
"Este cerro era para nosotros un cerro ya quedado, nomás íbamos a pasear a la loma; ahora que lo veo se ve muy bonito, con mucho turista, mucha gente viene a visitar el estado de Guanajuato", dice Olivia Guevara, la madre de los tres jóvenes y cuya casa está al pie de la carretera por donde pasan todos los visitantes al Santuario de Cristo Rey.La Expo se erige justo enfrente de ese cerro y ese santuario venerado por miles de católicos en peregrinaciones anuales; un lugar emblemático para muchos panistas, como el gobernador Oliva y su secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda, a quien le fue encargada la organización de la Expo.
$1,100 millones costó en total la Expo Bicentenario.
$740 millones aportó el gobierno de Guanajuato.
4 meses durará la exposición.
$70 millones costaron los terrenos.
$39 millones costó la escultura monumental.
Guerra al narco, otra atracción
Reportaje Dos bicentenarios
Karla Garduño Morán
(15 agosto 2010).- Los asistentes al pabellón de las Fuerzas Armadas se arremolinan junto a una vitrina que expone diversos mensajes escritos a mano por campesinos que siembran marihuana y que tienen como destinatario al Ejército.
"Yo prefiero sembrar que andar robando o secuestrando", dice uno de los supuestos campesinos que se dirige a los militares para sobornarlos.
"Les voy a pedir un favor, a ver si me lo pueden hacer, si me lo hacen les damos la mitad de la siembra, porque estamos muy pobres, si la desea deje su número de teléfono, para ponernos de acuerdo", puede leerse en otro de los mensajes conservados por la Secretaría de la Defensa Nacional y exhibidos en el Pabellón de las Fuerzas Armadas, en el que se narra su participación en la lucha de Independencia y en la Revolución.
La vitrina donde se exhiben estas cartas es una de las más visitadas. Con carriolas, bastones y niños en brazos, la gente hace fila para pasar por ahí y echarles un vistazo.
Los mensajes forman parte del área dedicada a la guerra contra el narco que emprende actualmente el gobierno mexicano. Ahí están expuestos no sólo los acuerdos internacionales que obligan al país a combatir al crimen organizado o las estrategias y objetivos de esta lucha, sino los objetos incautados a narcotraficantes, como el marco de una pintura donde se dice fue encontrada cocaína, el tanque de gasolina de algún auto con polvo blanco en lugar de combustible, o la foto de un pasajero de autobús con una especie de chaleco antibalas relleno de droga.
La muestra sobre la historia y el quehacer de las Fuerzas Armadas es una de las más visitadas en la Expo Bicentenario, pero también una de las más baratas. La museografía -realizada por la empresa Gestar, Arte y Cultura de Monterrey- costó 10 millones de pesos.
A diferencia de los recintos principales, aquí el piso es de hule y las láminas y fotografías están montadas sobre cartón, algunas casi a punto de despegarse. Sin embargo, se muestran armas históricas, como aquellas con que lucharon Pancho Villa, Agustín de Iturbide, Emiliano Zapata o el mismo cura Hidalgo.
El proceso de elaboración de armamento, las estrategias del Plan DN-III y la oferta educativa de la Sedena complementan la exposición, pero nada tan atractivo como un narcomensaje.
La cuna olvidada
Reportaje Dos bicentenarios. El pueblo donde Miguel Hidalgo dio el Grito de Independencia sigue esperando que concluyan las obras prometidas por el gobierno estatal
Karla Garduño Morán
(15 agosto 2010).- DOLORES HIDALGO.- El Pasaporte Guanajuato Bicentenario -impulsado por el gobierno del estado- reta al turista a recorrer nueve municipios de la Ruta de la Independencia, visitar los sitios históricos y presenciar los espectáculos conmemorativos.
Dolores Hidalgo es la primera sugerencia de la guía; sin embargo, tres de las cuatro atracciones que se promueven en la llamada Cuna de la Independencia no están funcionando.
En primer lugar se propone una visita a la casa museo de Miguel Hidalgo, pero todavía está cerrada y en remodelación; luego, una visita al museo interactivo multimedia, que todavía no abre; también se invita a presenciar el espectáculo Luces de Historia y Libertad del artista francés Xavier Richemont en la parroquia principal, pero por el momento está suspendido porque el proyector -que costó al municipio un millón de pesos- se descompuso por problemas de voltaje.
A pesar de ser el lugar donde hace 200 años el cura Miguel Hidalgo inició el movimiento de Independencia, en Dolores Hidalgo siguen esperando que llegue la fiesta, y las obras prometidas todavía no concluyen y más que beneficiar a la población la han perjudicado.
"Todo esto debió planearse hace 10 años, no necesita uno venir de Harvard para saberlo, sólo se necesita un poco de sentido común", dice Raquel Barrientos, quien tiene una tienda de ropa y zapatos que no ha podido abrir en una semana debido a las obras en su calle.
San Luis Potosí es una de las calles principales del centro de la cabecera municipal de Dolores Hidalgo; pasa entre la parroquia principal y la casa de Mariano Abasolo, que hasta hace dos meses funcionaba como sede del ayuntamiento. A seis semanas de la conmemoración del Grito de Independencia está cerrada a la circulación por obras de drenaje.
Lo mismo pasa con la calle Michoacán, que atraviesa la plaza principal y que, según cuentan los vecinos, es la tercera vez que está en obras. Primero la cerraron para meter el drenaje pluvial, luego para los registros de agua potable y ahora se trabaja en el adoquinado.
Pero los más afectados con las obras públicas que apenas comenzaron en mayo son los alfareros de la calle José Alfredo Jiménez (otra gloria nacional oriunda del pueblo). El ayuntamiento presume que una vez terminadas las obras, aquello será un corredor artesanal de primera clase, pero por el momento los comerciantes han visto bajar sus ventas hasta en un 60 por ciento. En plenas vacaciones de verano, los turistas que llegan a buscar la típica cerámica dolorense optan por otras calles.
"Supuestamente estas obras son por el Bicentenario, pero a nosotros no nos benefició en nada. Esperamos que cuando terminen trabajemos al menos como trabajábamos antes, con corredor o sin corredor", dice Cristina Ortega, quien intenta mantener sus vajillas libres del polvo que se levanta en la calle.
El alcalde panista Pablo González explica que los proyectos no existían antes de que él tomara posesión, en octubre, y los recursos tardaron seis meses en llegar.
El edil tiene otra justificación bajo la manga: "a mi percepción el Bicentenario comienza el 16 de septiembre y lo tendremos por 11 años, porque la consumación del movimiento de Independencia fue en 1821".
A pesar de que el municipio perdió la batalla para quedarse con la inversión de la Expo Bicentenario, el alcalde es benévolo con las autoridades estatales y federales de su mismo partido. Dice que de cualquier forma Dolores Hidalgo no cuenta con la infraestructura para atender al turismo que atrae la Expo.
Entre las obras realizadas en 2009 y las que se concluirán este año, dice, se han invertido 550 millones de pesos, la mitad de lo que costó la Expo Bicentenario, pero a diferencia del complejo de Silao, la inversión en Dolores Hidalgo más que un lujo era una necesidad.
Algunas de las obras ni siquiera son visibles, como el drenaje pluvial y el sistema de agua potable.
A marchas forzadas se trabaja en la remodelación de la escuela Centenario -una primaria de tiempos del Porfiriato que sigue en funcionamiento- y en la construcción de la escuela Bicentenario, que le costará cerca de 20 millones de pesos al gobierno estatal, la mitad de lo que costó la escultura de la Expo.
También está inconcluso el edificio que servirá de sede del ayuntamiento y que se construye en la parte norte de la cabecera municipal. Por el momento, las oficinas municipales están dispersas en distintos puntos de la ciudad, ya que el edificio que ocupaban en el centro histórico, la casa de Mariano Abasolo, se convertirá en el Museo del Bicentenario cuando las obras de remodelación y adaptación concluyan. El proyecto también es patrocinado por el gobierno del estado, que por 12 millones de pesos adquirió una colección de objetos relativos a la gesta histórica.
El alcalde confía en que por lo menos estas obras estén concluidas antes del 16 de septiembre, para la ceremonia del Grito de Dolores, que este año será a las 6 de la mañana del 16 y no en la noche del 15 como tradicionalmente se hacía, pues el presidente Felipe Calderón emulará a Hidalgo a la misma hora en la que se dio el grito hace 200 años.
"A ver quién va", cuestiona la señora Barrientos, molesta por el cambio en la tradición.
Olvido histórico
Ser la Cuna de la Independencia no ha sido razón suficiente para detonar el desarrollo en Dolores Hidalgo. A pesar de contar con importantes sitios históricos, el municipio no tiene hoteles de cuatro ni cinco estrellas y el turismo que llega sólo lo hace de pasada.
"Dolores Hidalgo es un punto histórico marginado. Es lamentable que vengan los principales protagonistas de nuestra política, pronuncien los más vehementes discursos alusivos a Hidalgo y no enfoquen su atención a la Cuna de la Independencia", lamenta José García, cronista del pueblo.
José Juan Anguiano, profesor de historia jubilado y guía de turistas, señala que ciudades como San Miguel de Allende o Guanajuato, ubicadas en la misma ruta de su municipio, hayan logrado un mejor desarrollo.
"Es un lugar de paso, no tenemos atractivos para detener a la gente. Lo único que hacemos es mostrar lo que tenemos, pero no hay forma de retener a los turistas. Nuestra hotelería no es de buena calidad", lamenta.
Los excluidos
Por los caminos de la comunidad de Refugio de Trancas, a 20 minutos de la cabecera municipal de Dolores Hidalgo, casi no se ven hombres. El pueblo tiene 460 habitantes, la mayoría mujeres, niños, ancianos y algún joven recién deportado de Estados Unidos.
Los que se quedan lo hacen porque tienen tierras, como en el caso del esposo de Margarita Galván, que trabaja en una granja cercana.
En cambio, los seis hermanos de Margarita y sus papás viven en Estados Unidos y apenas los ve una vez al año. Ella se quedó a cargo de una tienda de abarrotes, donde emplea a María Sotelo. María también tiene un hermano en Texas, pero ni ella ni sus 9 hermanas tienen permitido ir a probar suerte al otro lado. Su papá no las deja, como tampoco les permite ir a trabajar a la cabecera municipal toda la semana, de manera que se las tienen que ingeniar para conseguir dinero en trabajos domésticos una o dos veces por semana o en labores del campo.
La historia se repite en varias familias. Los hombres buscan suerte en Estados Unidos y las mujeres trabajan en lo que encuentren, hasta que se casan.
Por eso a Lucina, Ana y Norma -de 17, 18 y 19 años respectivamente- no les entusiasman las fiestas del Bicentenario. Mientras trabajan en desaterrar las mazorcas de un sembradío -por lo que les pagan 100 pesos- cuentan que no les permiten ir al centro de Dolores y, en todo caso, tampoco hay transporte para asistir.
El camión que va a la cabecera municipal pasa sólo una vez al día, por lo que tendrían que quedarse a dormir en Dolores para ver el espectáculo de luces o asisitir a la ceremonia del Grito. Y eso jamás lo permitiría su papá.
$550 millones se invierten en obra pública.
$240 millones es el presupuesto anual del municipio.
$22 millones costará el Museo Bicentenario.
$20 millones se invierten en dos escuelas primarias.
Cómo cerrar la puerta del narco
Entrevista El ejemplo colombiano. Sergio Fajardo: ex alcalde de Medellín. Cerrar la puerta de entrada al narco y abrirle a la sociedad otras opciones de vida, ésa fue la obsesión de este político colombiano
Roberto Zamarripa
(15 agosto 2010).- MEDELLÍN.- Sergio Fajardo (Medellín, 1956) traza un rectángulo en la hoja de una libreta y dice: "éste es el mundo de la muerte". Raya y habla.
"Aquí hay una puerta de entrada a un mundo donde está la delincuencia de todo tipo: narcotráfico, paramilitares, delincuentes. Todo lo que tú quieras. La mayoría asociados al narcotráfico. Y aquí hay una puerta de salida. Algunos de los que están acá salen".
Traza sus rayas. Explica de esa forma cómo decidió enfrentar la situación de violencia y pobreza en Medellín en 2004, cuando asumió la alcaldía de la ciudad más violenta de Latinoamérica. En 1991, la época crítica de Pablo Escobar, el capo de capos, hubo 6 mil 300 homicidios de la violencia criminal. Cuando Fajardo llegó al poder había 3 mil 721 homicidios. Cuando acabó su gestión hubo 771 muertes asociadas a la violencia criminal.
Profesor de matemáticas, promotor de la agrupación Compromiso Ciudadano, Fajardo es reconocido como el arquitecto que le cambió la vida a los pobladores de Medellín. La violencia disminuyó pero también se ensancharon las oportunidades.
"El que está aquí, en principio, hay que cogerlo. A un narcotraficante, un guerrillero. Es un delincuente de cualquier forma. Lo tiene que coger la policía o el Ejército, o encuentra un camino de negociación para que termine de hacer lo que están haciendo. Eso se ha hecho en Colombia", explica.
"Y cuando hay un proceso de paz sale un montón de gente. Negocia una desmovilización y lo retira con unos costos para la sociedad que está negociando con criminales que reciben un trato que si los hubieran cogido acá dentro no hubieran recibido", insiste siempre en su trazo sobre el rectángulo que alberga el proyecto de muerte.
"Usted tiene que actuar siempre muy bien acá adentro. Siempre. Tiene que tener una buena policía, un sistema de justicia que permita atacar esa delincuencia. Sospecho que México tiene una debilidad horrible aquí. La policía está muy mal; una justicia que está muy mal. El narcotráfico rompe todo eso con corrupción".
Fajardo cambia su trazo y dibuja algo que parecen árboles con todo y raíces.
"Un par de árboles que tienen unas raíces de la violencia que el narcotráfico sin duda impulsa. Y al mismo tiempo hay una sociedad con unas condiciones sociales de desigualdad muy particulares. Y cuando esto empieza, va echando sus raíces. Llega un momento que esas raíces se van encontrando allá abajo y después de cierto tiempo se pegan y uno no es capaz de distinguir las raíces de qué".
Para el ex alcalde eso provoca que el narco le diga a la gente: "éste es un camino". Y la gente sólo ve ese camino de enriquecimiento en la zona de la violencia y la muerte.
"Un camino, una forma de vida. Pero es tan complejo que no se resuelve con policías o con balas solamente", sostiene.
Puerta de entrada
Ciclista empedernido, admirador de Cochise Rodríguez -el mejor ciclista colombiano de la historia-, Fajardo sufrió el 8 de mayo pasado una caída en su bicicleta que le provocó una fractura en la cadera. Hoy anda con bastón en un paulatino proceso de recuperación. Convalece de eso y de la derrota electoral en los comicios presidenciales donde corrió como candidato a la Vicepresidencia en fórmula con Antanas Mockus, en el Partido Verde.
A pesar de la derrota, lo suyo fue hazaña. Hizo campaña desde la cama y las muletas. Con Mockus levantó en unos meses un movimiento de más de tres millones de votos, el tercio de la votación total.
Fajardo es una figura política indiscutible en Colombia. Su popularidad y respeto granjeados los debe en parte al legado de su gobierno en Medellín, basado en el propósito de rescatar a los jóvenes y ciudadanos del narcotráfico y la violencia.
"Nuestro propósito fue sacar al mayor número posible de esto (el rectángulo de la violencia). Que salgan rápido. Abrirles una, varias puertas. Es complejísimo. Vienen del mundo de la muerte. Tenemos que reinsertarlos y que no regresen", afirma.
Desvanece Fajardo su concepto:
"Mi obsesión ha sido esta puerta (de entrada al mundo de la violencia). Hay que cerrarla. La forma como se cierra es abriendo otras. Esto es la clave. Uno tiene que mirar esto en forma integral. ¿Y cómo se abre esta puerta? Se llama oportunidad y llegamos a las comunidades para abrir oportunidades. Nuestro proyecto se basa en que la gente tiene capacidad para construir una sociedad justa, todos tenemos capacidad y la podemos desarrollar.
"Naturalmente hay una apuesta por la educación. Asunto en que todos los políticos siempre están de acuerdo pero dicen que es de largo plazo. En política el largo plazo no existe. Porque entonces para mejorar piensan que la educación es las matemáticas. Yo soy matemático. Para mejorar las matemáticas en Colombia necesitamos 18 años.
"Habitualmente los gobiernos hacen una escuela muy linda pero se demoran tres años haciendo la escuela y a los cuatro un centro de salud y esas cosas no sirven. Sirven pero no cambian la vida. Tres años para hacer una escuela es mucho.
"Hay que ir con un concepto de proyecto urbano integral. Tenemos que tocar todas las fibras. Conmover. Que la gente sienta que pasó algo en su comunidad. Hacemos intervenciones integrales con educación, ciencia, tecnología, entendimiento, cultura. Todo eso va junto, es el paquete.
"Es la clave. El concepto fundamental es la arquitectura. Recuperar el espacio público con algo muy poderoso: lo más bello para los más humildes. Rompemos la idea de siempre, de que a una persona pobre hay que darle cualquier cosa. Migajas.
"'Hágale una escuelita', dicen. ¿Una escuelita? ¿Por qué no hacemos la mejor escuela de Medellín en el barrio más pobre de Medellín? ¡Vamos con lo más bello para los más humildes!
"Ahí están los parques-biblioteca en las comunas pobres. Cinco bibliotecas con internet, limpísimas. '¿Para qué se gasta esa plata?', dicen. Por la dignidad. Cuando la gente más pobre dice: 'lo más bello está aquí', les da uno dignidad. En Moravia, que era un basurero, hicimos un centro de salud y un centro cultural, un colegio y el Parque Explora (una especie de Museo Papalote) y el jardín botánico.
"La violencia cierra, atrapa, rompe vínculos entre la gente. Con este proyecto empezamos a integrar esa sociedad, y la arquitectura de lo más bello para los más humildes va asociado con la capacidad. La dignidad es la autoestima.
"Y dicen: 'pero una escuela de esas no mejora la calidad'. ¡Claro que la mejora! El primer paso en la calidad es la dignidad. Que se sienten en un pupitre bueno, porque ese niño o niña va a aprender mucho más rápido si tiene autoestima. Vamos con un mensaje poderoso: el Parque Explora lo diseñamos como espacio para la ciencia y nos costó 30 millones de dólares. No nos robamos un peso. La transparencia es un poder nuestro".
Años de dolor
Fajardo no para. Ya sólo traza sobre lo ya trazado. Raya sobre sus rayas. Es suya la plática.
"Uno tiene que hacer rupturas. La gente tiene que ver que algo pasa; tiene que sentirlo y que algo le cambió la vida. En cuatro años de gobierno vieron cómo cambió la ciudad, porque además va de la mano de la gestión pública.
"Rompes en lo más profundo. Hace unos años muchas familias y muchos sectores decían: 'ojalá mi hijo entre' (al mundo de la violencia para hacer dinero). Hoy son muy pocas familias que dicen 'que mi hijo entre', porque ya vieron otras cosas. Puede ser que el hijo entre, pero no porque la familia quiera. Y eso es muy profundo.
"Hay que aguantar. Esto no se va a arreglar de un momento a otro. A México le quedan muchos años de dolor y a nosotros todavía nos falta. Pero se puede si uno trabaja todos esos factores en forma simultánea. Rompemos con clientelismo y corrupción; hacemos de la transparencia una riqueza de la sociedad.
"Muchas veces el gobernante se desespera. Puede ser que hagas pactos con bandos y sacarlos. Aquí se han hecho. Pero así no se va a acabar esto. Hay que cerrar la puerta, cerrar, cerrar".
Puertas de salida
Sergio Fajardo, dos hijos, recientemente separado, ha visto pasar a muchos políticos mexicanos que viajan a Medellín a aprender la experiencia colombiana.
Regresa a su estilo didáctico:
"Yo soy maestro. Y una vez puse un examen de matemáticas, un muchacho copió al otro, el de adelante sacó excelente calificación, el de atrás reprobó. No sabían que repartí exámenes distintos. Y les quedó clara la lección. Es malo copiar", explica.
Sin querer dar consejos a México, Fajardo solamente advierte que no es la copia sino la creatividad. Ofrece apoyo, ayuda. Ha ido a Ciudad Juárez a platicar su experiencia. Quiere ir a Torreón, al Distrito Federal, a donde lo inviten. Quiere colaborar con su obsesión: cerrar la enorme puerta del narcotráfico y la violencia y abrir muchas otras de la imaginación, el talento y la capacidad.
De Medellín a Cd. Juárez
Entrevista El ejemplo colombiano. El alcalde del municipio más violento de México visitó en 2008 el que fuera el municipio más violento de Colombia. Cuando el Estado no llega, llegan otros: la guerrilla, los paramilitares, los mafiosos, los delincuentes... y los politiqueros
Roberto Zamarripa
(15 agosto 2010).- MEDELLÍN.- José Reyes Ferriz, alcalde de Ciudad Juárez, el municipio más violento de México, se vio solo en el cerro de una comuna de Medellín donde antes mataban a la menor provocación. Estaba en el barrio de Moravia, lo que era el basurero de la ciudad. Alrededor hay un centro científico, llamado el Parque Explora, donde entran y salen niños y sus padres con caras de asombro.
Le acompañaba Jorge Melguizo, entonces secretario de Desarrollo Social de la alcaldía de Medellín y pilar en la promoción cultural de un gobierno local que invierte 50 millones de dólares anuales en cultura, más que el gobierno nacional.
Melguizo le dijo a Reyes Ferriz: "présteme su celular. ¿No quiere que le tome una foto aquí? Éste era el barrio más peligroso de Medellín".
El alcalde juarense gritó sorprendido: "¿cómo?". Melguizo todavía con la mano estirada esperando el celular le dijo simplemente: "si".
-"¿Y estamos solos?", brincó Reyes Ferriz.
-"¿Cómo solos? Aquí está toda la gente, mire todos los que nos rodean", replicó Melguizo.
-"¡Sí, sin guardaespaldas, sin escolta!", dijo más que inquieto el mexicano, acostumbrado a trasladarse en camioneta blindada con varios autos escolta detrás.
-"Yo ando sin escolta siempre", respondió Melguizo, quien no sabe manejar y siempre se desplaza en taxi.
-"No puede ser", insistió Reyes Ferriz, "¿qué ha pasado?".
Y Melguizo le volvió a contar todo lo que ya le había platicado en la visita exprés que hizo el alcalde juarense para conocer la historia de Medellín y la renovación de su entorno.
El chihuahuense había concertado una cita el día anterior de su visita. No iba preparado. Sin embargo, cuando regresó a México informó de una gira extensa e intensa como si realmente hubiera conocido Medellín y la obra de los dos últimos alcaldes, Sergio Fajardo y Alonso Salazar, que han transformado a la ciudad más violenta de Colombia en una referencia de gestión pública exitosa.
"Cuando se fue, el alcalde nos dijo que de todo lo que le había sorprendido se quedaba con una cosa: 'ustedes tienen una cercanía tremenda con la población. Los abraza la gente en todas partes. Los conocen en los barrios. La palabra es cercanía', nos dijo", recuerda Melguizo.
La visita de Reyes Ferriz fue de apenas nueve horas. Viajó solo. Anotó obsesivamente en una libreta todo lo que veía. Evidentemente no había preparado su viaje para conocer Medellín. Regresó a Ciudad Juárez para contar que había aprendido mucho.
Melguizo le preguntó a Reyes ¿por qué vino a Medellín?
El alcalde le contó: "mire, estaba ayer en Bogotá con el presidente Uribe para ver qué hacemos en México y el Presidente me dijo, 'váyase a Medellín. Pero tengo sólo hoy y me voy a las siete de la noche y quiero verlo todo'".
Melguizo le dijo que Reyes Ferriz que lo principal en la transformación era que el gobierno había generado confianza entre la población. La gente ve que los impuestos se invierten y eso provoca una mayor tributación. Alonso Salazar, el actual alcalde, ahora tiene un mayor presupuesto que su antecesor, Fajardo. Y le contó que en la ciudad colombiana la inversión en educación oscila entre el 30 y 40 por ciento del presupuesto total, 50 millones de dólares en cultura, con todos sus eventos de entrada libre.
Hay inversión en obra social.
"El Estado llega donde no había llegado", le explicó el funcionario colombiano. "Porque cuando el Estado no llega, llegan otros. ¿Quiénes son esos otros? Cuatro grupos: la guerrilla, los paramilitares, los mafiosos y los delincuentes. Y hay un quinto grupo que llega y es pernicioso, que son los politiqueros. ¿Qué hace un politiquero?: convierte en favor y en privilegio lo que es un derecho para la ciudadanía. Aquí la educación pública o el restaurante escolar eran un privilegio que se conseguían mediante politiquería", definió.
Reyes Ferriz vio el Metrocable, el teleférico europeo que une a las comunas pobres y sirve para que los que antes no tenían nada, viajen con comodidad y modernidad a sus hogares. El transporte costó 30 millones de dólares. El cable es un sistema de transporte que va por arriba pero había que cambiar las condiciones de vida allá abajo, dice Melguizo. Por eso se invirtieron 300 millones de dólares, como parte del mismo proyecto de transporte. Se construyeron paseos peatonales, se mejoraron las calles y se edificaron parques educativos y bibliotecas.
En Medellín salió más barato el cielo que la tierra. En Ciudad Juárez salió muy caro el viaje del alcalde, a la luz de los resultados de su experiencia.
La cultura política
(15 agosto 2010).- Téngalo presente
La estructura de la rendición de cuentas en México de Mauricio Merino, Sergio López y Guillermo Cejudo. UNAM/CIDE. Presentan Jacqueline Peschard y otros especialistas. Jueves 19, 18:00 horas. Casa Lamm. Álvaro Obregón 99. Inf: 5727 9800 ext. 2302.
Conferencias
Ilustración e Independencia. Jaime Labastida. Martes 17, 19:00 horas. Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Eje Central y Presidente Juárez. Centro Histórico. Informes: 4155 0530.
Élites profesionales femeninas. María Antonia García de León Álvarez y Karine Tinat. Jueves 19, 16:00 horas. Salón 5524 de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000.
Una propuesta sociológica para pensar la identidad nacional. Gilberto Giménez. Viernes 20, 10:30 horas. Sala de Usos Múltiples del IIS UNAM. Informes: 5622 7390.
Congresos
Uso de la fuerza pública en un Estado democrático de derecho. Javier Dondé, Luis de la Barreda, María Amparo Casar. Miércoles
Libros
El camino de la rebelión del general Saturnino Cedillo coordinado por Carlos Martínez Assad. Océano. Ensayos en torno a la figura de un revolucionario relegado al ostracismo histórico.
El hilo rojo compilado por Marisa González de Oleaga y Ernesto Bohoslavsky. Paidós. Estudio de los discursos utópicos y las prácticas de autogestión socioeconómica en América Latina.
La civilización empática de Jeremy Rifkin. Paidós. Interpretación de la historia de la civilización que plantea que el ser humano es una especie empática.
Mundo consumo de Zygmunt Bauman. Paidós. Respuestas a interrogantes en torno a las posibilidades de la ética y el papel de la libertad en la modernidad.
Temas de la educación superior en América Latina y el Caribe de Rafael Cordera Campos. UNAM. Recorrido por las principales problemáticas de la educación superior en América Latina.
Mesas redondas
El análisis del capital social en la construcción de la política social. Patricia López Rodríguez, Mónica E. Orozco Corona, Marcelo E. Siles, Lindon J. Robison, Miguel Székely Pardo e Isidro Soloaga. Lunes 16, 12:00 horas. Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000.
De la Real Universidad de México a la creación de la Universidad Nacional. Siglos XVI al XX. Enrique González, Leticia Pérez Puente y Lourdes Alvarado. Martes 17, 18:00 horas. Casa de las Humanidades de la UNAM. Presidente Carranza 162, Coyoacán, Informes: 5554 8513.
Soberanía y desarrollo. Víctor Flores Olea, Eugenia Correa, Enrique González Pedrero, Javier Jiménez Espriú, Alberto Montoya, Jorge Eduardo Navarrete, Ricardo Valero. Miércoles 18, 10:00 horas. Auditorio de la Coordinación de Humanidades. Circuito Mario de la Cueva s/n Ciudad Universitaria. Informes: 5628 1300 ext. 3212.
Estado de Bienestar. Rolando Cordera, Graciela Bensusán, Julio Boltvinik, José Luis Calva, Alberto Cano Vélez, Enrique del Val y Carlos Tello. Jueves 19, 10:00 horas. Auditorio de la Coordinación de Humanidades. Informes: 5628 1300 ext. 3212.
Cultura y sociedad del conocimiento. Juan Ramón de la Fuente, Lourdes Arizpe, Olac Fuentes Molinar, Néstor García Canclini, Mauricio de Maria y Campos, Ruy Pérez Tamayo y Rosaura Ruiz. Viernes 20, 10:00 horas. Auditorio de la Coordinación de Humanidades. Informes: 5628 1300 ext. 3212.
Presentaciones
Carlos Slim. Retrato inédito de José Martínez. Participan Epigmenio Ibarra, René Avilés Fabila, Marco Aurelio Carballo, Armando Prida Huerta y el autor. Miércoles 18, 18:00 horas. Museo de la Autonomía, Lic. Verdad 2 y Guatemala, Centro Histórico. Informes: 9178 5120.
Recintos parlamentarios de Martha Fernández. Patricia Galeana, Melquiades Morales y la autora. Siglo XXI. Jueves 19, 10:00 horas. Patio Central del Senado. Xicoténcatl 9. Centro Histórico. Informes: 5345 3000 ext 5237.
Confluencia XXI. No. 10. Alfredo Oropeza, Iliana Rodríguez y Mayolo Medina. Jueves 19, 19:00 horas. Librería Octavio Paz del FCE. Miguel Ángel de Quevedo 115. Informes: 5480 1801.
Hazlo Transparente: Programas Sociales. Sistema integral de rendición de cuentas sobre los programas de Subsidio de GESOC, Gestión Social y Cooperación, A.C. Sitio de internet. Comentan Roberto García López, Vidal Llerenas Morales, Enrique Cabrero, Jacqueline Peschard Mariscal. Lunes 23, 18:00 horas. Salón Doña Socorro, Hotel Hilton Centro Histórico. Juárez 70, Centro. Informes: 5573 2399 ext. 17.
Seminarios
Metodología jurídica y control de la reforma constitucional. Sabrina Ragone y Lucio Pegoraro. Miércoles 18, 10:00 horas. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
Mega ciudades y cambio climático. Boris Graizbord, Luis Jaime Sobrino F., Vicente Ugalde Saldaña, entre otros. Viernes 20, 10:00 horas. Auditorio Alfonso Reyes de El Colegio de México. Informes: 5449 3000.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245 correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1763
Así fue el final de Nacho Coronel
Aportaciones testimoniales y gráficas de alguien que formó parte del operativo permiten reconstruir cómo fueron los últimos momentos de Ignacio Nacho Coronel, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, muerto en una acción del Ejército el jueves 29 de julio en una de sus casas en Zapopan, Jalisco. Como en otros casos excepcionales, respetamos el anonimato que solicitaron tanto el autor como su fuente de información.
Ignacio Coronel Villarreal no supo que ya iban por él hasta que tuvo al Ejército encima. Literalmente. El grupo de élite llegó por aire y se alineó en chorizo, como se refieren coloquialmente los militares a una formación en columna. Cuando reaccionó, Coronel reventó un ventanal y trató de huir por el jardín de su casa de seguridad, en la que llevaba al menos dos semanas recluido, temeroso de ser aprehendido. Sabía, sí, que el cerco en su contra se estrechaba; no lo esperaba tan pronto.
Irán Francisco Quiñones Gastélum, el único hombre que acompañaba al capo, y la fisioterapeuta que le proporcionaba un masaje minutos antes del operativo, salieron por delante entre los cristales rotos, pero fueron detenidos inmediatamente sobre el césped. Nacho Coronel giró sobre sus pasos y regresó a la casa. Corrió hacia unas escaleras que dan a un pasillo que, a la izquierda, conduce a la recámara principal; hacia la derecha está la sala. No llegó a ningún lado. En un recodo volteó e hizo cinco o seis disparos con un rifle de asalto M-16, calibre 5.56, con los que mató a un soldado e hirió a otro. Unos pasos más adelante se topó con una escopeta Mossberg calibre
Las imágenes que obtuvo Proceso de un video parecen rectificar las versiones que en el primer momento aseguraron que Coronel había recibido varios disparos.
El cuerpo tendido sobre las escaleras muestra claramente un impacto que recibió por un costado. La sangre que apenas se aprecia bajo la barbilla sale de su boca; es una hemorragia. A la izquierda del cadáver, junto a una maceta, la escuadra favorita de Nacho Coronel; la cacha cubierta de diamantes, su marca personal. Por ningún lado se aprecia el fusil M-16 que habría empuñado; supuestamente fue recogido casi de inmediato por los militares.
El arma que mató a Nacho Coronel es utilizada por el Ejército para brechar, es decir, para volar las puertas por las que debe ingresar una columna militar. A cierta distancia, su poder expansivo permite abrir enormes boquetes en las chapas de madera. Por lo común, tras abrirse paso con este método, entramos en chorizo, cuatro o cinco hombres, uno detrás de otro; el primero despeja, mira que no haya nadie y entonces le siguen los demás. En esta ocasión no hubo necesidad porque entramos por aire.
La escopeta –también llamada chaquetera por su particular forma de cortar cartucho– puede soltar hasta nueve tiros. Ocho se quedaron en la recámara. El único disparo que efectuó lo recibió Coronel de lleno.
A diferencia del tratamiento que recibió el cadáver de Héctor Beltrán Leyva, ejecutado por marinos el 16 de diciembre del año pasado en Cuernavaca, Morelos, el Ejército cuidó al extremo la escena y evitó cualquier filtración de imágenes del cuerpo de Nacho Coronel.
El Jefe de Jefes fue exhibido en una fotografía denigrante: los pantalones bajo las rodillas, piernas y vientre desnudos, los calzoncillos blancos, todo él cubierto de billetes de 500 y mil pesos y de algunos dólares bañados en sangre. La teatralización bárbara del triunfo sobre el enemigo de la Patria, leyó Carlos Monsiváis en aquella imagen, escandalizado por el explícito mensaje del gobierno federal a los narcos, el cadáver en su mortaja de papel moneda (Proceso 1730).
En cambio, los restos de El Rey del Cristal recibieron un trato respetuoso.
Los militares que participaron en el operativo no se ensañaron con Nacho Coronel; tampoco se sorprendieron mucho cuando vieron dónde estaban y a quién habían matado. Reinó el silencio. L
Entre la ineficacia y la corrupción
Ricardo Ravelo
Lleva más de tres años al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y, pese a su jactancia y apego al presidente Felipe Calderón, los resultados que ha presentado Genaro García Luna simplemente no convencen. Es la suya una visión en blanco y negro, sin matices: usa a sus policías federales para reprimir los brotes de descontento social y a los sindicatos, pero se muestra ineficaz para detener a los sicarios y a la delincuencia organizada. Hoy, sus propios subalternos lo pusieron en jaque, al denunciar en Ciudad Juárez la corrupción de los altos mandos de la Policía Federal, los privilegios de que gozan y su cercanía con el cártel de Sinaloa.
Infiltrada por el narcotráfico, con programas de capacitación deficientes, operativos improvisados y una creciente corrupción, la Policía Federal (PF), brazo operativo del gobierno federal para combatir a la delincuencia, está sumida en la descomposición, pese a que el gobierno calderonista le destina cada vez más presupuesto para reforzar las tareas de seguridad pública en el país.
La detención de cuatro altos mandos de ese cuerpo policiaco en Ciudad Juárez, Chihuahua, el sábado 7, implicados en extorsiones, detenciones arbitrarias y presuntas ligas con el narco, colocó una vez más al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, en el centro del escándalo.
A García Luna, quien encabeza la dependencia con mayor presupuesto después de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –la SSP ejerce poco más de 30 mil millones de pesos–, se le critica por la falta de resultados de sus agentes federales y por sus presuntos nexos con el narcotráfico.
El martes 10, tras varias semanas de silencio, García Luna saltó a la palestra luego de que, dos días antes, el expresidente Vicente Fox se manifestó a favor de la legalización de las drogas en México. Esa es la única forma de golpear y romper la estructura económica de los cárteles, dijo el guanajuatense.
Durante el encuentro del Ejecutivo federal con líderes partidistas en los Diálogos por la Seguridad, Evaluación y Fortalecimiento, García Luna recriminó a su antiguo patrón por la falta de eficacia en el combate al narcotráfico cuando estuvo en Los Pinos: “Sólo basta decir que la Policía Federal, en la pasada administración (la que encabezó Vicente Fox) en registros oficiales no tiene ninguna detención de narcotraficantes ni secuestradores”, manifestó.
Luego habló de los logros y bondades del gobierno de Felipe Calderón: “En esta administración –expuso– van mil 300 (detenidos), sólo secuestradores”.
Pero García Luna embozadamente hacía una crítica… de sí mismo. En el sexenio foxista García Luna ocupó la dirección de la Agencia Federal de Investigación (AFI), organismo que él creó y que durante su gestión fue severamente criticado por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.
Además, al arrancar el llamado “sexenio del cambio”, el 1 de diciembre de 2000, quedó en evidencia la falta de control en el sistema de seguridad del país: aún no trascurrían dos meses de gobierno cuando, el 19 de enero de 2001, el capo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Ninguna autoridad federal se percató del plan de fuga.
Así, justo cuando el PAN se estrenaba en Los Pinos, El Chapo reinició sus operaciones en el narcotráfico y logró consolidar la organización criminal que el gobierno denominó cártel de Sinaloa y que presuntamente opera con el apoyo del poder político.
Las primeras imputaciones
Los señalamientos de que García Luna presuntamente está coludido con el cártel de Sinaloa datan de 2005, cuando era director de la AFI. Pero el funcionario no ha sido investigado, aun cuando se le menciona en varias investigaciones de la propia PGR.
La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, por ejemplo, contiene revelaciones que señalan al actual titular de la SSP como presunto protector de la célula criminal de los hermanos Beltrán Leyva, conocida también como La Federación, cuyo ámbito de operaciones se extiende a una veintena de entidades.
La averiguación incluye transcripciones de llamadas telefónicas y correos electrónicos de personas que se identificaron como miembros del cártel del Golfo, según los cuales García Luna recibía pagos millonarios de los hermanos Beltrán Leyva –a quienes en algún tiempo se les conoció como Los tres caballeros– a cambio de protección y de mantenerlos informados sobre operativos en su contra.
En 2005, los Beltrán Leyva mantenían una sólida sociedad con el cártel de Sinaloa y controlaban el trasiego de estupefacientes en el estado de Guerrero, aunque enfrentaban ya a Los Zetas en Acapulco y Zihuatanejo.
El expediente también contiene la transcripción de una llamada telefónica recibida en la PGR el 15 de mayo de ese año:
En el micro 0696 que corresponde a las oficinas de la visitaduría general, en el periodo de guardia nocturna, se recibió al teléfono 5228618399 llamado anónimo de una persona que se dijo integrante del cártel del Golfo, para denunciar a los elementos de la Agencia Federal de Investigación de las plazas de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero, que el día de ayer, catorce de mayo, en la tarde detuvieron a cinco zetas (y) que en lugar de ponerlos a disposición del Ministerio Público y les trasladaran a la cárcel, los entregaron al cártel de Arturo Beltrán Leyva, que no estaba bien que los elementos de la AFI le jugaran al narcopolicía.
Otro reporte de esa misma averiguación menciona un dato contundente: que García Luna recibía dinero del cártel de Sinaloa a cambio de protección desde el sexenio foxista.
La denuncia que llegó a la PGR y forma parte de la AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005 dice: De antemano sabemos que el director de la AFI, Genaro (García) Luna está coludido con la organización de Arturo Beltrán Leyva, quien ha recibido grandes cantidades de dinero por medio de un director de nombre Domingo González.
Asimismo, Domingo González aparece mencionado como enlace de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, para recibir 1 millón de dólares a cambio de que no molestaran a su jefe Arturo Beltrán, quien se encontraba prófugo de la justicia…
Desde que Genaro García Luna llegó a la SSP, varios de sus altos mandos han sido señalados por sus presuntos vínculos con los capos de la droga; algunos incluso fueron ejecutados.
A Mario Arturo Velarde Martínez, quien fue secretario particular de García Luna durante su gestión en la AFI en la administración foxista y llegó a la División Antidrogas de la PF en este sexenio, se le achacan tratos con los hermanos Beltrán Leyva. Sin embargo, nunca se le investigó.
Diferente fue el caso de Édgar Enrique Bayardo del Villar, inspector de la sección de operaciones de la PFP, quien fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, en particular con la célula que encabeza Ismael Zambada García, El Mayo.
Bayardo era uno de los hombres de confianza de García Luna en la SSP. Luego de su aprehensión, decidió acogerse al programa de testigos protegidos y se convirtió en una pieza importante en la Operación Limpieza, un programa que pretendía sanear a la PGR de funcionarios coludidos con el narcotráfico.
Él conocía como nadie las correrías del Mayo: sus actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como sus nexos con militares, policías y funcionarios de la PGR que protegen sus operaciones.
El caso de Bayardo es singular. La mañana del 1 de diciembre de 2009 fue llamado por un alto funcionario de la PGR para platicar sobre las investigaciones en torno al cártel de Sinaloa. La cita fue en el local del café Starbucks de avenida Pilares, en la colonia Del Valle. El testigo acudió sin escolta. Cuando charlaba con el funcionario fue ejecutado a tiros.
Meses antes, el 8 de mayo de 2008, otro funcionario cercano a García Luna fue ejecutado cuando se dirigía a su casa. Era Édgar Millán Gómez, comisionado nacional de la PFP. Por esas fechas estaba candente la confrontación entre la célula de los hermanos Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa. Cuando Millán Gómez ingresó al patio de su vivienda, un sicario le disparó en varias ocasiones. Su muerte aún sigue impune.
Corrupción y privilegios
En los casi cuatro años de la administración calderonista Genaro García Luna ha estado inmerso en escándalos. Se le ha criticado por la corrupción que priva al seno de la PF y por los privilegios de que gozan algunos mandos de menor antigüedad y preparación.
Javier Herrera Valles, quien fue comisionado de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP), incluso envió cartas al presidente Felipe Calderón y al Congreso de la Unión en las que criticó las fallas en los operativos contra el narcotráfico. Su argumento: que las acciones eran improvisadas y que a los agentes se les enviaba a los estados críticos sin armamento y sin información.
La primera carta de Herrera Valles al presidente Calderón está fechada el 18 de febrero de 2008. En su escrito expone que García Luna protege intereses del crimen organizado y explica la razón por la cual, arguye, están fracasando los operativos conjuntos y destaca las fallas en el interior de la SSP. Sin embargo, la carta fue interceptada por García Luna, quien se enteró del contenido antes que el presidente, según contó el propio Herrera Valles en una entrevista con este semanario (Proceso 1637).
Herrera Valles exhibió textos y memorandos oficiales para documentar varios casos de corrupción en la SSP, en particular los relativos a la compra de aeronaves y sistemas tecnológicos para el combate a la delincuencia. Uno de los principales fue la adquisición de un helicóptero Sikorsky, modelo A70A Black Hawk, cuyo costo fue de 43 millones 68 mil pesos.
Herrera Valles comentó que García Luna ordenó al Comité de Adquisiciones y Servicios de la PFP la compra de la aeronave en octubre de 2007, según el contrato SSP/PFP/009/2007, sin la licitación correspondiente.
Sobre las fallas en los operativos de la SSP contra el narco, Herrera Valles relató: “En Guerrero no sabíamos qué hacer. Andábamos desorientados. El área de Inteligencia de la SSP no nos proporcionaba ninguna información sobre las células del narco en ese estado. Todo era un caos. Las órdenes eran así: ‘Váyanse para allá, ahora para acá’. Más tarde nos dijeron: ‘Coloquen retenes y hagan presencia en las calles’, pero todo aquello era la total descoordinación.
“Y mientras policías, marinos y soldados éramos como un hormiguero disperso, el crimen organizado atacó con toda su fuerza: varios sujetos vestidos con boinas negras arremetieron contra las bases de la Policía Investigadora Ministerial de Acapulco. En una de las instalaciones los delincuentes entraron y asesinaron a siete personas, entre ellas a una mujer embarazada…”
Herrera Valles fue detenido el 18 de noviembre de 2008 por sus denuncias contra García Luna. Ese día iba a participar en el programa Punto de partida, en las instalaciones de Televisa Chapultepec. Poco antes de llegar a su destino un comando interceptó su vehículo.
Estuvo arraigado durante 90 días, periodo en el cual un supuesto testigo protegido conocido como El Pitufo lo acusó de recibir dinero del narcotráfico. Su defensora fue Silvia Raquenel Villanueva, quien nueve meses después de asumir el caso fue ejecutada en Monterrey, Nuevo León.
Ahora sí, a investigar
Durante su gestión al frente de la SSP, García Luna ha fracasado en el intento por frenar a la delincuencia y hacer que los militares vuelvan a sus cuarteles. Su estrategia policiaca ha sido errática. Primero dijo que se requería un mando único, por lo que fusionó la AFI y la PFP y creó la PF, antes incluso de que el Congreso aprobara el proyecto.
García Luna declaró que se trataba de una corporación moderna, mejor capacitada, con capacidad de respuesta y preparada en diversas disciplinas. Y en el ejercicio 2009-2010 la SSP recibió el espaldarazo presidencial, pues se le otorgaron 30 mil millones de pesos de presupuesto, con lo que la dependencia se convirtió en la segunda dependencia mejor fortalecida, después de la Sedena.
Sin embargo, hasta ahora los agentes de García Luna se han destacado más por sus operativos para contener manifestaciones sociales que en frenar a la delincuencia. Un ejemplo: cuando estalló la huelga en la mina de Cananea, la SSP envió a cerca de 3 mil elementos para disuadir las manifestaciones obreras; lo mismo ocurrió con las protestas del Sindicato Mexicano de Electricistas durante la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro cuando el gobierno expidió un decreto en el que anunciaba la extinción de esa dependencia.
Pese a ello, el funcionario se jacta de los avances logrados gracias a sus muchachos. Sin embargo, con las recientes protestas y manifestaciones de policías federales en Ciudad Juárez contra sus jefes, que provocaron un zafarrancho, al término del cual fueron arrestados cuatro altos mandos, la eficacia de la PF quedó en entredicho.
Los agentes federales se quejaron, entre otras cosas, de las malas condiciones de trabajo, los bajos salarios, los privilegios que reciben otros funcionarios sin carrera y los riesgos que enfrentan en los lugares que son asiento de los cárteles de la droga.
El descontento del sábado 7 en Juárez puso de relieve la descoordinación en la PF en esa ciudad, donde varios uniformados, en particular Rodolfo Salomón Alarcón Romero, El Chamán, presuntamente están coludidos con el cártel de Sinaloa.
También quedó al descubierto que los altos mandos de ese organismo –quienes sustituyeron a los militares sospechosos de tener vínculos con El Chapo Guzmán– formaban parte de una supuesta narconómina. Los policías sancionados disponían de cuantiosas cantidades de droga, que sembraban a personas para luego extorsionarlas.
Según las indagatorias de la PGR, realizadas a partir de las quejas presentadas por los federales inconformes, Alarcón Romero es la pieza clave de un grupo de la PF alineado con el cártel de Sinaloa en el territorio donde manda el cártel de Juárez, a cuya cabeza está Vicente Carrillo Fuentes.
Son cientos las quejas contra los jefes de la PF y en ellas los policías aseguran que “los mandan a cargar con droga a los enemigos del cártel de Sinaloa (es decir, a los del cártel de Juárez) para acusarlos, encarcelarlos o extorsionarlos. Y exponen que además del Chamán, Joel Montenegro también está en la lista de mandos pagados por el crimen organizado.
Según ellos, El Chamán, quien llegó a Ciudad Juárez el pasado 1 de julio, siempre hizo alarde de su poder. Solía organizar fiestas hasta altas horas de la madrugada y visitaba sitios frecuentados por mujeres y personajes que consumían droga, algunos de los cuales eran narcos.
Otro grave problema que enfrenta la SSP es la improvisación en la formación de sus cuadros: recientemente salieron a las calles cientos de agentes que supuestamente tomaron un curso de tres meses para convertirse en policías investigadores. Muchos de ellos fueron asesinados por el narco, lo que evidencia su falta de preparación.
Desatado el escándalo en Juárez, García Luna tuvo que admitir que sí hay corrupción en el seno de la PF: “En Ciudad Juárez –dijo– hubo una falla sustantiva”. Y anunció que, ahora sí, emprenderá una depuración en esa corporación. l
Calderón oye… pero la estrategia sigue
Daniel Lizárraga
Luego de 27 sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y a tres años con ocho meses de que se inició la “guerra contra el narcotráfico” del presidente Felipe Calderón, tanto él como los 32 gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, aceptaron públicamente el resultado del último reporte oficial: el país pasa por una situación “muy grave y sin precedentes” en materia de inseguridad pública.
En el marco de los Diálogos por la Seguridad convocados por la Presidencia de la República, las autoridades con mayor responsabilidad política en el país no intentaron desmentir el último informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en el cual se reporta que con la oleada de violencia que desataron los cárteles de las drogas aumentaron significativamente los índices de robo a mano armada, secuestro, extorsión y homicidio.
Dispuestos a conformar el frente común al que fueron llamados por Felipe Calderón, los mandatarios aportaron ideas y propuestas durante el encuentro. La mayoría de ellos se manifestaron dispuestos a olvidar las diferencias, como dijo el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira:
“Hemos tenido diferencias. Yo, en lo personal, muchas diferencias en temas en los que pensamos distinto. Hoy le digo, por La Laguna, presidente, y por Coahuila, que ofrezco cerrar esas diferencias, dejar esas diferencias, trabajar juntos; no digo que iniciar ese trabajo, porque doy una explicación de lo que hemos estado haciendo, sino esforzarnos más.
“Mi relación con usted, presidente, no se ha caracterizado por la adulación, por la lisonja, por el aplauso fácil. Podemos tener diferencias, pero en este tema no, presidente. Hoy debo ser congruente con lo que pienso. A mí me parece importante el valor que usted ha tenido en esta lucha, pero más importante, el valor que tiene para detener la marcha, y la hombría que tiene para poder asumir que era necesario escucharnos todos.”
Calderón respondió: “De esto es básicamente de lo que se trata el construir una política de Estado, que esté por encima de diferencias, que sí tenemos, y que además, en honor a la verdad, también será muy difícil, y yo pienso que incluso no deseable, que desaparezcamos (las diferencias), sino simplemente que se conduzcan en el marco de respeto democrático.
“Respeto que yo he ofrecido a todas y a todos por igual. Respeto también, que pido, que exijo, no sólo por mí o por lo que sea yo, sino por las instituciones que todos representamos. De manera tal que, con mucho gusto, hay esa voluntad del gobierno federal de construir en común.”
Sin embargo, en tal frente común hay 11 gobernadores que entre diciembre próximo y los primeros meses de 2011 dejarán el poder: Ulises Ruiz, de Oaxaca; Fidel Herrera, de Veracruz; José Reyes Baeza, de Chihuahua; Miguel Osorio, de Hidalgo; Eugenio Hernández, de Tamaulipas; Ismael Hernández Deras, de Durango; Mario Marín, de Puebla; Félix González Canto, de Quintana Roo; Jesús Alberto Aguilar, de Sinaloa; Héctor Israel Ortiz, de Tlaxcala, y Amalia García, de Zacatecas.
El gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna, reconoció que sus “colegas” no han hecho la tarea. Hace ya dos largos años, recordó, el 21 de agosto de 2008, “tuvimos una reunión en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y nos comprometimos a depurar a los cuerpos policiacos creando para ello centros de control y confianza. ¿Saben cuántos años, perdón, cuántas entidades federativas están certificadas? Dos. Faltan 30 por certificar. Sinaloa y Baja California (son las certificadas); dos más (están) en proceso de certificar: Distrito Federal y otra entidad federativa que no recuerdo ahora”.
Aunque Moreira y Osuna, el resto de los mandatarios y Felipe Calderón coincidieron en el discurso para sumar esfuerzos, en el encuentro no se fijó una agenda para las nuevas propuestas ni fechas para cumplir compromisos como el conformar una sola policía por estado, construir nuevos penales y frenar el consumo de drogas.
Tampoco se acordaron mecanismos para medir los resultados ni se definió cómo se comunicarán a los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación.
Mario Marín, aún gobernador de Puebla y quien fuera señalado públicamente como integrante de redes de pederastas, según expedientes judiciales, videos y testimonios disponibles en internet, dijo:
“Como saben, en Puebla hemos logrado reducir los índices de la delincuencia, y esto lo debemos a tres puntos esenciales, que a continuación menciono: recuperación de valores y principios a partir de la familia (…), actividades, como le consta al señor presidente, que ha visto las unidades deportivas, más de 30 que hemos creado en Puebla, e inversión en el campo.”
Y cuando todavía no se resuelven las secuelas del secuestro de periodistas y del escándalo por el grupo de reos que por las noches salía del penal estatal para cometer asesinatos, el gobernador de Durango, Ismael Hernández, soltó en los Diálogos por la Seguridad: “Quiero reconocer el valor de la iniciativa presidencial para estimular el diálogo en torno a un tema de alta prioridad. Es fundamental construir una auténtica política de Estado”.
Decidido se mostró Ney González: “Sí se necesita ajustar la estrategia en los tres órdenes de gobierno para sacar la violencia de las calles, predominantemente. Presidente, el pueblo está contigo. Ahora necesitas a los políticos. Cuenta conmigo”, se lanzó el gobernador de Nayarit, quien el pasado 16 de junio ordenó la suspensión de clases ante rumores de que habría una ola de ejecuciones que la Policía Estatal sería incapaz de frenar.
Jueces, al margen
El miércoles 11, en el marco del mismo Diálogo por la Seguridad en el Casino Militar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, reconoció abiertamente que los jueces y magistrados no estaban preparados para asumir nuevos compromisos en la configuración de una nueva política de Estado contra la delincuencia organizada.
“Mi compromiso en este momento es comentarlo con amplitud en el Consejo de la Judicatura Federal y será delante del Observatorio Ciudadano del Poder Judicial de la Federación donde podamos asumir nuevos compromisos y acciones, de los cuales daremos oportuna cuenta”, comentó.
Felipe Calderón interrumpió al ministro para preguntar a sus invitados, todos ellos miembros del Poder Judicial, cómo enfrentar la impunidad.
“Ante este grave problema de inseguridad –cuestionó–, ¿qué realmente se puede hacer desde el Poder Judicial? Hay un alto número de detenidos en flagrancia o en compañía de otros presuntos criminales. Sin embargo, el número de personas sujetas a proceso o condenadas es significativamente menor al número de personas que se detienen. ¿A qué obedece realmente las deficiencias que estamos teniendo en los ministerios públicos? ¿Hay algo que se puede hacer con ello? Y, finalmente, el hecho de que delitos que se cometen no se castiguen. ¿De qué manera podemos acotar este asunto, desde luego, el gobierno federal a mi cargo, pero también qué se puede hacer desde el Poder Judicial, federal y estatales?”, preguntó Calderón.
Guillermo Ortiz respondió que los jueces deben actuar con todo profesionalismo, objetividad e imparcialidad: “Y esto es de suma importancia. Los jueces no podemos declararnos inmersos en la lucha contra la delincuencia, porque en el momento en que lo hiciéramos dejaríamos de ser jueces”.
Respecto de la impunidad, el ministro comentó que en algunas ocasiones las averiguaciones previas, es decir las investigaciones policiacas, llegan incompletas o les faltan elementos de prueba, por lo que resulta imposible mantener en prisión a los presuntos involucrados en la delincuencia organizada.
Tema electoral
El martes 10, cuando participaron los dirigentes de los partidos políticos, la líder nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, expresó ante Felipe Calderón su escepticismo sobre los alcances que tienen foros como éste.
“He participado –comentó– en innumerables consultas y en mis pláticas directas, íntimas, he dicho que la política de seguridad no es algo que puede construirse mediante discursos, es un tema que tiene ver con la capacidad de ejecución, de acción, más que con la capacidad retórica.”
Manifestó su preocupación por que los temas de seguridad nacional formen parte de las estrategias electorales y, por otro lado, exista por lo menos la suspicacia de que desde el gobierno se filtran grabaciones de los órganos de inteligencia para uso político, como sucedió con las conversaciones telefónicas del gobernador veracruzano, Fidel Herrera.
“Son cosas demasiado serias. La seguridad nacional, la seguridad estratégica, la seguridad interior, son asuntos muy serios, que pueden estar en la duda constante por su utilización en otros frentes en otras áreas”, apuntó Paredes.
Calderón lo admitió, pero le dio distinto valor:
“Veo imposible que en una democracia, y qué bueno que así sea, temas como éste, el principal problema del país, pueda ser excluido del debate político. En todo caso, entonces, a lo que aspiro es a que nos pongamos de acuerdo en qué es premisa de Estado, qué es afirmación compartida por todos y qué no lo es. Es decir, qué es lo discutible en la política pública de seguridad.
“Si la acción del Estado se da en un frente, se da en un estado, y todo el impulso político y la energía política del país se orientan a atacar, o cuestionar, o a debilitar, sí se debilita al Estado. Sí se pierde la legitimidad de su acción. Sí se baja la moral de las tropas, la moral de los policías. Pero quien gana ahí no son los partidos políticos, quien gana ahí son los criminales.”
Por su parte, Jesús Ortega, líder nacional del PRD, regresó al debate sobre la legalización de las drogas. “Debe entenderse al narcotráfico –explicó– como el negocio más redituable de todos. El problema del tráfico de las drogas es que la competencia se dirime a balazos. Hay que quitarle valor al negocio del tráfico de estupefacientes, y eso se logra, entre otras medidas, cuando menos así lo demuestra la experiencia internacional, con su legalización.
“No es cierto que Eliot Ness y Los Intocables vencieron a las mafias traficantes de licor en Estados Unidos. Esa es la versión de Hollywood. No, a los traficantes de licor en Estados Unidos, igual de despiadados, igual de violentos a los traficantes de estupefacientes ahora, los venció la legalización del consumo de licores.”
Para Jesús Ortega, el consumo de alcohol se combate a través de la educación y de campañas permanentes de información sobre sus riesgos y males. Lo mismo tendría que hacerse en el caso de las drogas.
Al respecto, el líder nacional del PAN, César Nava, dijo que su partido está en contra de la legalización de las drogas: “Argumentos de salud pública. Consideramos, y es previsible, que la legalización de drogas ilícitas traería consigo un aumento notable en el consumo de estas sustancias por parte de adolescentes y jóvenes, primordialmente”.
Según datos de la última Encuesta Nacional de Adicciones, agregó, la exposición de este sector de la población, sobre todo adolescentes entre 12 y 17 años, es mucho mayor que la de otros segmentos de la población.
“Se estima que el consumo de mariguana y de cocaína, en general de drogas ilícitas, creció en estos últimos seis años, de
Al igual que los gobernadores, en su reunión con el presidente los dirigentes partidistas tampoco llegaron a compromisos concretos contra la delincuencia ni se pusieron fechas para cumplir metas. l
Nuevo Laredo: el “show” de la sangre
J. Jesús Esquivel
Los tiroteos son cosa de todos los días en Nuevo Laredo. Se enfrentan a balazos soldados o marinos con sicarios. O arreglan sus diferencias Los Zetas y el cártel del Golfo. Los combates cotidianos ya hasta se empiezan a convertir en un espectáculo que se mira desde el otro lado del río, en la seguridad de Laredo, Texas. Expertos estadunidenses pronostican, asimismo, que la plaza se va a calentar más, porque las fuerzas federales mexicanas están a punto de capturar al jefe zeta local, con lo que el camino quedará libre para el cártel del Golfo...
LAREDO, TEXAS.- “La plaza está muy, pero muy caliente”, dice Raul Salinas, alcalde de Laredo, Texas, al referirse a la situación de extrema violencia que se vive en la ciudad vecina, Nuevo Laredo, Tamaulipas, zona de guerra entre Los Zetas, el cártel del Golfo, el Ejército y la Marina.
Los ataques con granadas y los constantes tiroteos en Nuevo Laredo obedecen a que el jefe local de Los Zetas presuntamente está acorralado y a la disputa por la plaza entre esos sicarios y los del cártel del Golfo, según revelan agencias federales de Estados Unidos que mantienen una estricta vigilancia sobre la zona de guerra en este punto de la frontera norte de México.
“Los Zetas están respondiendo con todo lo que tienen a las estrategias del Ejército. El uso de las granadas es un ejemplo, una muestra de su desesperación y de sus tácticas sanguinarias e inhumanas”, comenta a Proceso un funcionario de una agencia federal estadunidense que realiza labores de investigación en Nuevo Laredo.
“Es posible que en los próximos días haya noticias importantes respecto a la estructura de Los Zetas en Nuevo Laredo, pero esto significa que la guerra se va a recrudecer y posiblemente habrá bastantes bajas”, puntualiza el agente estadunidense, quien solicitó el anonimato.
Las líneas de investigación sobre Nuevo Laredo que siguen varias dependencias federales de Estados Unidos –como la agencia antidrogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI)– coinciden en lo siguiente: los constantes enfrentamientos del Ejército y la Marina con Los Zetas se deben a que el gobierno federal ha estado muy cerca de atrapar o eliminar a Miguel Treviño Morales, líder de esa organización en la zona que abarca el norte de Tamaulipas y el sur de Texas.
“Es lo que se rumorea por aquí”, señala el alcalde de Laredo cuando se le pregunta sobre Treviño. “Lo cierto es que la caza de este criminal está costando mucha sangre y mucho miedo a nuestros hermanos de Nuevo Laredo”, apunta Salinas, experto en el problema del narcotráfico mexicano, ya que fue agente del FBI en México durante el sexenio de Vicente Fox.
Violencia rutinaria
En la franja fronteriza de Nuevo Laredo y Laredo, ciudades divididas por el río Bravo, los enfrentamientos violentos entre el Ejército y Los Zetas, o entre éstos y el cártel del Golfo, ya son parte de la rutina cotidiana.
El pasado 30 de julio, en pleno día Nuevo Laredo vivió un enfrentamiento de soldados mexicanos y un grupo de élite de la Marina contra presuntos guardaespaldas de Treviño Morales. Ese dia, de acuerdo con el agente federal estadunidense que habló con Proceso, se dijo que las Fuerzas Armadas estuvieron a punto de atrapar o eliminar al narcotraficante, pero el ataque fue repelido con granadas y armas de alto poder.
Otro de los rumores que circula en Laredo y Nuevo Laredo es que los enfrentamientos son entre narcotraficantes. “Se habla de que el cártel del Golfo regresó a Tamaulipas para arrebatarle la plaza a Los Zetas”, sostiene el alcalde Salinas.
Los choques armados entre Los Zetas, el cártel del Golfo, el Ejército y la Marina se han convertido en un espectáculo. La noche del 30 de julio, unas 30 personas se pararon a la orilla del Bravo, del lado de Laredo y a unos cuantos metros del Puente Internacional Numero
La plaza de Nuevo Laredo está tan caliente, como asegura el alcalde Salinas, que ningún funcionario del FBI ni de la DEA con sede en Laredo aceptó hablar con Proceso sobre la situación que se vive en la ciudad presuntamente dominada por Los Zetas de Treviño.
“Simplemente nos mantenemos en cooperación con las autoridades mexicanas y estamos participando en las investigaciones sobre lo que ocurre en Nuevo Laredo”, fue la respuesta oficial y por escrito que consiguió Proceso de la oficina regional de la DEA.
En las primeras horas del sábado 31 de julio otra granada explotó en Nuevo Laredo y provocó el cierre temporal del Puente Internacional Número 1, el Lincoln-Juárez, en lo que aparentemente fue otro intento de Los Zetas por intimidar al Ejército y a la Marina.
Respecto de la violencia en esa ciudad generada por la guerra entre narcotraficantes, las fuentes consultadas por Proceso sostienen que el cártel del Golfo regresó a recuperar la plaza que le quitaron Los Zetas encabezados por Treviño y por Heriberto Lazcano, El Verdugo o El Lazca.
Fuentes consultadas por este semanario afirman que al cártel del Golfo le conviene que, a unas semanas de haber enviado a sus sicarios a matar zetas al norte de Tamaulipas, el Ejército y la Marina estén indirectamente ayudándoles a eliminar a Treviño y a su gente. “Les van a limpiar la plaza y así la podrán recuperar más fácilmente”, destacó una de las fuentes.
El poderío de Los Zetas en Nuevo Laredo, especialmente del grupo de Treviño, es evidente en esa ciudad. Ahí circula mucha droga y hay numerosos decapitados o levantados todos los días, lo que tiene a la ciudad en un estado de pánico constante; sin embargo, esa narcoviolencia no ha salpicado a Laredo.
–¿Qué marca la diferencia entre Laredo y Nuevo Laredo en materia de seguridad? –se le pregunta al alcalde Salinas.
–Tenemos un Departamento de Policía (con 430 agentes) bien capacitado y entrenado y muy vigilante, que se enfoca a combatir la violencia por medio de la coordinación que mantenemos todos los días con las autoridades estatales y las agencias federales –responde.
Salinas descarta que la narcoviolencia de Nuevo Laredo cruce la frontera, porque en la ciudad que gobierna –y que tiene 230 mil habitantes– están las oficinas regionales de la DEA y del FBI, dedicadas a colaborar con México en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
“Si hubiera menos corrupción entre las policías mexicanas... creo que eso marca la diferencia en esta lucha. Se podría avanzar con más eficacia. Pero para eso lo primero que se debe hacer es aumentarle el sueldo a los policías y evitar que caigan en la tentación de aceptar dinero del crimen organizado”, destaca Salinas, quien asegura que el cáncer que provoca la inseguridad en lugares como Nuevo Laredo se llama corrupción.
Corrupción del otro lado
Pero la corrupción del narcotráfico no es un mal exclusivo de los policías mexicanos. El 29 de julio en McAllen, Texas, el expolicía del condado de Pharr Jaime Beas, El Chino, fue acusado de narcotráfico cuando el FBI dio a conocer sus lazos con Los Zetas y se dijo, además, que es “sobrino de un lugarteniente” de la agrupación criminal mexicana.
Acusado también de extorsión y tráfico de drogas y de armas, Beas se encargaba de vigilar y asegurar las operaciones de secuestro que realizaron Los Zetas en territorio estadunidense, en poblaciones como Las Milpas e Hidalgo, Texas.
Beas es acusado de operar “casas de seguridad” para Los Zetas en el sur de Texas. El FBI descubrió que a finales de 2008 este expolicía compró una casa de 385 mil dólares que pagó en efectivo; en esa casa Los Zetas almacenaron drogas y armas.
El expolicía de Pharr fue detenido gracias a una operación encubierta del FBI, en la que un agente de esta dependencia se hizo pasar por “un zeta” y le ofreció 4 mil dólares en efectivo a Beas para que le permitiera pasar cargamentos de cocaína a bordo de una patrulla de policía. El Chino aceptó.
El proceso en su contra sostiene que el pasado 9 de julio y como parte de la operación encubierta, Beas aceptó vender al agente del FBI una granada, un rifle automático de asalto M-16 y varios chalecos antibalas, arsenal que presuntamente fue robado de una base militar estadunidense.
El caso de Beas y su relación con Los Zetas se extiende hasta las fuerzas armadas de Estados Unidos. La investigación del FBI sostiene que “un tío” de El Chino, un policía militar de la base aérea de Corpus Christi, Texas, era la persona encargada de robar armamento y equipo para venderlo a Los Zetas.
El policía militar tío de Beas, cuya identidad no revela la investigación del FBI, está siendo enjuiciado en una corte militar en Florida.
“Se habla y se insiste en que es cuestión de días para que caiga una cabeza grande de Los Zetas en Nuevo Laredo; ojalá sea así, porque si no, es posible que la plaza se caliente más, y si pasa eso no quiero ni imaginarme las balaceras y granadazos del otro lado del río”, acota Salinas.
El jueves 5, el mismo día en que el Departamento de Estado declaró que en México los narcotraficantes usan “tácticas terroristas al estilo militar” para atacar a las fuerzas de seguridad de Calderón, en Ciudad Victoria explotó un carro-bomba en el estacionamiento del complejo estatal de Seguridad Pública.
Como el Ejército: los abusos de la Marina
Jorge Carrasco Araizaga
La infantería de Marina fue desplegada en todo el territorio para integrarse a la lucha contra el narcotráfico, ante el desgaste de imagen del Ejército. Pero la Armada va por el mismo camino, al cometer cada año más abusos contra ciudadanos ajenos al narco, en situaciones que no entrañan peligro alguno para sus efectivos. Esto se refleja en el incremento de las quejas ante la CNDH contra la dependencia en el sexenio de Felipe Calderón y particularmente en lo que va de 2010.
La Marina-Armada de México sigue los pasos del Ejército: su participación en el combate a grupos de narcotraficantes la ha involucrado cada vez más en violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinato de civiles, tortura, amenazas y detenciones ilegales.
La muerte de dos civiles en Morelos durante la persecución de la Armada y que culminó en la ejecución del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, el asesinato en Tabasco de la familia de uno de los marinos que participó en ese operativo, el homicidio de un campesino en Sinaloa y la tortura de un civil en Tamaulipas son algunos de los expedientes que el último año abrió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Secretaría de Marina (Semar).
En ningún caso, sin embargo, el organismo impugna que esos hechos sean investigados por la justicia militar, contrario a lo establecido en el fallo dado a conocer por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en diciembre de 2009, para que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares sean investigadas sólo por la justicia civil.
En lo que va del sexenio, la CNDH ha recibido 174 quejas referentes a la Semar, y 2010 ya es el de mayor número de agresiones denunciadas por la ciudadanía contra marinos.
En el último año del mandato de Vicente Fox hubo 24 quejas contra elementos de la Marina, una de ellas por su actuación durante el conflicto de los gobiernos federal y estatal con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Ahora, la decisión de su comandante en jefe, Felipe Calderón, de meter de lleno a las Fuerzas Armadas en lo que inicialmente llamó “guerra contra el narcotráfico” tiene a la Marina en el mismo camino que el Ejército: un marcado crecimiento de acusaciones contra sus elementos por violación a los derechos humanos, algunas de ellas graves.
En el primer año del gobierno de Calderón aumentaron a 31 las quejas contra la Marina; en
Las quejas han derivado en seis recomendaciones de la CNDH. Las dos más recientes son por la actuación de infantes de Marina en hechos relacionados con el combate al narcotráfico. Una de ellas fue rechazada por la dependencia que encabeza el almirante Mariano Francisco Saynez Mendoza.
Confusiones, negligencia…
El incremento de las violaciones a los derechos humanos por parte de la Armada de México coincide con la mayor presencia de esa fuerza en todo el país para enfrentar a grupos de narcotraficantes, lo que ocurre en particular con la Infantería de Marina, el componente terrestre de la Armada.
Sin autorización del Congreso, en los dos primeros años del gobierno de Calderón la Armada se reorganizó para tener presencia en territorio continental y ahora dispone de más de 15 mil infantes de Marina que, al igual que los marines en Estados Unidos, operan en aire, tierra y mar (Proceso, Edición Especial 29).
De acuerdo con la Semar, los infantes de Marina “son la primera línea de defensa de los litorales” pero también operan como el componente terrestre de la Armada, lo que ha llevado sus acciones a zonas continentales del país, como la sierra de Sinaloa; Cuernavaca, Morelos; Monterrey, Nuevo León, e incluso el Distrito Federal.
En Cuernavaca, en diciembre pasado, 210 integrantes de las Fuerzas Especiales de la Infantería de Marina realizaron la Operación Cuerno III, en la que ejecutaron al cabecilla del narco Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. En esa cacería, que se realizó entre el 11 y el 16 de diciembre, murieron dos civiles a manos de efectivos de la Marina: Patricia Terroba Garza e Ignacio Aguilar Rodríguez. Ambos recibieron decenas de descargas.
Terroba murió el día 11, en el primer intento de los infantes de Marina por cercar a Beltrán Leyva en el fraccionamiento Los Limoneros, donde el capo estaba en una fiesta. Terroba fue acribillada “por pasarse un retén”, explicaron los marinos a su viudo, Gabriel Pintado.
El otro civil, Ignacio Aguilar, murió durante el operativo del día 16 porque los marinos “lo confundieron”, pues según le dijeron a la viuda, Andrea Martínez, iba en una camioneta igual a otra en la que un sospechoso se dio a la fuga (Proceso 1734).
El segundo visitador de la CNDH, Marat Paredes, asegura que al terminar la investigación de esas muertes se podrán abrir dos denuncias penales. Una en la Procuraduría General de la República (PGR) y otra en la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM).
El operativo de los infantes de Marina contra El Barbas tuvo otras consecuencias que son investigadas por la CNDH: el asesinato de la familia del tercer maestre de Fuerza Especial Melquisedet Angulo Córdova, quien murió en el asalto al departamento donde se ocultaba el narcotraficante, a unas cuadras de la 24 Zona Militar.
En represalia por la ejecución de El Barbas, sus aliados del cártel de origen militar Los Zetas asesinaron el 22 de diciembre de 2009, en Paraíso, Tabasco, a cuatro familiares del marino, incluida su madre. La matanza ocurrió horas después de que sepultaran a Angulo Córdova en la tierra de su familia.
La CNDH investigó este caso y el pasado 28 de abril determinó que la ejecución de la familia se debió a la negligencia de la Semar, no sólo al hacer publicidad de los datos personales de la víctima, sino porque la Armada “tomó bajo su control, mediante fuerte dispositivo de seguridad, la atención de las víctimas, así como de los familiares directos” del marino.
Explica que, al informar sobre el operativo, la Semar mencionó el nombre completo de la víctima, propiciando que varios medios periodísticos entrevistaran a su madre. Esto “generó que tanto ella como tres familiares más se constituyeran en flanco visible de la venganza del crimen organizado”.
Directo, el organismo señala que al divulgar los datos del infante de Marina, elementos de la Semar violaron “los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, así como a la privacidad, como consecuencia de una omisión contraria a la intimidad y seguridad personales”, en perjuicio del infante de Marina, “lo que, a su vez, conllevó a la violación al derecho a la vida en agravio de su familia”.
La CNDH no sólo pide a la Marina que repare el daño a los familiares de Angulo, sino que colabore en la averiguación previa que el organismo promovió ante la PGR y la PGJM, y proceda también administrativamente contra su personal que intervino en los hechos.
Para la comisión, en esos hechos se violaron las fracciones IV y VI del Código Penal Federal, referido al ejercicio indebido del servicio público. La fracción IV se refiere a la utilización ilícita de información o documentación que está bajo su custodia; la VI, a quien tenga la obligación de vigilar, proteger o dar seguridad a personas y propicie daño a las personas, lugares, instalaciones u objetos que están bajo su cuidado.
En sus alegatos, la Semar negó que el nombre del marino fuera información reservada y que los datos sobre sus familiares los obtuvieron los periodistas. Emitida esta recomendación (la 17/2010), la Marina sencillamente no respondió, lo que en la práctica constituye un rechazo.
“No sólo no se aceptó la recomendación, sino que la autoridad ni siquiera contestó respecto a la aceptación o no. La autoridad tenía 15 días hábiles siguientes a la notificación para informar sobre su aceptación. El término feneció el 19 de mayo sin que la Secretaría de Marina se haya pronunciado. Es una conducta muy grave, pues lejos de contribuir a la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país, resta”, dice Fernando Bautista, quinto visitador de la CNDH y responsable de la investigación.
Violencia injustificada
La recomendación más reciente de la CNDH a la Semar se emitió el 10 de junio pasado por el asesinato del campesino Gregorio Bojórquez Martínez, el 7 de noviembre de 2009.
El homicidio ocurrió en la comunidad serrana de Milpa Alta, en el municipio de Mocorito, Sinaloa, a manos de elementos del grupo de tarea terrestre Refuerzo Sinaloa, pertenecientes al Batallón de Infantería de Marina, Fusileros Paracaidistas, de la Cuarta Zona Naval de la Armada, con sede en Mazatlán.
En los hechos están implicados cuatro marinos que, uniformados con camuflaje, pasamontañas y armas largas, sin violencia o resistencia de por medio agredieron a dos campesinos que reparaban una antena repetidora de radio en el cerro La Mollera, en los límites de Mocorito con el municipio Sinaloa de Leyva, donde en 2007 el Ejército asesinó a una familia en un retén.
Al notar la presencia de los infantes de Marina, Bojórquez Martínez se asustó y corrió, pero fue alcanzado por un disparo. Según la autopsia, murió por la ruptura de la arteria iliaca común izquierda, debido a que una bala calibre .223 le entró por la región superior central del glúteo izquierdo y salió por el flanco abdominal lateral izquierdo. La bala le dejó un orificio de entrada de forma oval de cinco por seis centímetros.
El otro labriego fue sometido contra el suelo, con un rifle en la espalda. Uno de los marinos le puso el pie en la nuca y le dijo: “Ojalá te muevas cabrón, nomás hubieras corrido y te barreno”.
Los marinos lo llevaron a su comunidad para que mostrara el registro de la pistola calibre .22 que le encontraron y además “trajera algo”. No lo acompañaron hasta su casa. El campesino regresó, les mostró el registro y les dio mil pesos. “Por esta vez te salvaste, hoy no fue tu día ni tu hora”, le dijeron.
Los hechos fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, pero ésta declinó su competencia investigadora a favor del Ministerio Público Especializado en Asuntos Navales de la PGJM.
La CNDH emitió la recomendación 34/2010 por privación de la vida, pues en la investigación de los hechos confirmó que los efectivos de la Marina “llevaron a cabo prácticas de uso excesivo de la fuerza pública y de las armas de fuego”.
Consultada sobre este caso, la comisión aseguró que la Semar sí aceptó la recomendación correspondiente, pero no dio más detalles “porque la investigación está abierta y la información es reservada”. Sin embargo, aclaró que está en espera de que la Marina-Armada de México compruebe el cumplimiento de las recomendaciones.
La CNDH le pidió a la Marina proceder administrativamente contra los elementos responsables de las violaciones mencionadas, pero también que “colabore ampliamente” en la denuncia de hechos que el organismo presente ante la PGR y la PGJM.
Uno de los señalamientos de la CNDH es que los infantes de Marina implicados en el asesinato incumplieron los numerales 4 y 9 de los Principios Básicos sobre Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. El instrumento fue adoptado en 1990, durante el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.
Esos principios señalan que la fuerza y las armas de fuego pueden utilizarse sólo cuando otros medios resultan ineficaces, lo que en no ocurrió en ese caso, pues de acuerdo con la CNDH no hay ninguna constancia de que los efectivos navales hubiesen sido agredidos o amenazados de forma que motivara su ataque a los campesinos sinaloenses.
Menciona también las recomendaciones surgidas de la investigación realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por la Policía Federal y la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México en San Salvador Atenco, en mayo de 2006.
Ambos hechos –la cacería del Barbas y el homicidio de Bojórquez Martínez– ocurrieron después de que la Semar, con la firma de Saynez, emitiera la directiva 003/2009, del 30 de septiembre de 2009, sobre la regulación del uso de la fuerza por el personal naval. La directiva, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre del año pasado, indica en su artículo noveno que sólo se emplearán armas letales contra las personas en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves.
Prevé también el uso de la fuerza con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia violenta y armada a su autoridad.
Más aún, su artículo décimo tercero prohíbe el uso de armas letales en contra de vehículos o personas que huyan o traten de huir de una inspección de carácter administrativo, a pesar de que existan sospechas fundadas. Si ésta fuera la circunstancia, el personal naval debe limitarse a perseguir físicamente al evasor.
La directiva, en vigor desde el 1 de octubre, se refiere también a la tortura, que se define como todo acto que ejecute personal naval con la intención de causar en la persona sufrimientos graves, sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, o bien con el objeto de intimidar a las personas.
Otra de las investigaciones de la CNDH contra efectivos de la Armada es, precisamente, por la tortura de una persona en Reynosa, Tamaulipas, el 4 de marzo pasado. Aunque el organismo mantiene la información reservada, el segundo visitador de la CNDH, Marat Paredes, indicó que esa violación se cometió con una bolsa de plástico, toques y golpes, por lo que ya se lleva a cabo una averiguación previa en la PGR.
El organismo ha emitido otras cuatro recomendaciones a la Marina: la 15/2007, por los disturbios en Oaxaca, en 2006; la 45/2008, rechazada por la Semar, por una baja por VIH; la 62/2008, por negligencia médica, y la 29/2009, por agresión a inmigrantes centroamericanos. l
Sin voluntad política
Marco Appel y Leonardo Boix
El gobierno de Felipe Calderón carece de voluntad política para superar los problemas estructurales que hacen posible la violación de los derechos humanos en el país, afirma Rupert Knox, investigador para México de Amnistía Internacional. En entrevista con Proceso advierte: si no se deroga el fuero militar y se mantiene el uso político de la PGR, México no podrá romper “el ciclo vicioso” de la injusticia, el cual reproduce cotidianamente los abusos de los “poderosos” y la impunidad de que disfrutan. Por lo pronto desde el lunes 9 se encuentran en México los relatores especiales de la OEA, Catalina Botero, y de la ONU, Frank La Rue, invitados por el gobierno.
LONDRES.- A principios de este año Rupert Knox sostuvo un encuentro con funcionarios del Instituto Nacional de Migración en el piso decimoséptimo de la institución, en una sala desde la cual, recuerda, gozaba de una “maravillosa vista de la Ciudad de México”.
Knox, quien desde hace 10 años es el investigador especializado en México de la organización Amnistía Internacional (AI), trabajaba en ese momento en un reporte –que se publicó en abril pasado– acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas mexicanas de seguridad contra inmigrantes extranjeros pobres.
El investigador europeo comenta de
aquella reunión: “Esos funcionarios decían estar comprometidos con la política migratoria y con el respeto de los derechos humanos. No lo dudo, ¿pero qué pasa cuando esos compromisos deben salir de las enormes oficinas gubernamentales para aplicarlas sobre el terreno? Pues que no hay mecanismos que garanticen su aplicación”.
En una extensa entrevista con Proceso, Knox consideró que el gobierno de Felipe Calderón carece de voluntad política para colocar el tema de la protección de los derechos humanos “al más alto nivel de Estado”.
Aunque reconoce que hay avances en los últimos 15 años, Knox es enfático en su diagnóstico del país en materia de derechos humanos: de no levantarse el fuero militar y de continuar el uso político de la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno de Calderón no podrá romper con lo que Knox califica como “el ciclo vicioso” de la injusticia mexicana.
Burocratismo
“México –señala Knox– es un país muy avanzado en su política de firmar y ratificar los tratados internacionales de derechos humanos. El desempeño de México en el Examen Periódico Universal del Comité de Derechos Humanos de la ONU fue muy abierto, un ejemplo para otros países. Lo mismo su Programa Nacional de Derechos Humanos. A nivel exterior México muestra un compromiso absoluto con los derechos humanos. Sin embargo, éste se diluye a un grado muy bajo cuando lo debe cumplir a escala local.”
Expone: “Existen rezagos y problemas estructurales que permiten las violaciones a los derechos humanos. Pero también existe en el gobierno mexicano la presunción de que la política para proteger tales derechos es algo que se puede asumir simplemente con posturas personales del presidente o de un secretario de Estado”.
Según Knox, “el gobierno no tiene propiamente una política enfocada en la materia y tampoco realiza la inversión política al más alto nivel de gobierno que permita lograr los cambios necesarios. Esa inversión implica que los funcionarios consideren el tema de los derechos humanos como un eje fundamental de su actuación, de tal modo que tales derechos puedan pasar del ordenamiento legal de los tratados internacionales a todos los niveles de la población”.
Knox –quien viajará a México en septiembre próximo– juzga “esencial la voluntad política para cambiar esas estructuras” que soportan las violaciones a las garantías individuales en México. Hasta ahora, acusa, dicha voluntad no existe.
Pone un ejemplo: “La Secretaría de Gobernación y organismos de la sociedad civil están debatiendo el contenido del que será el programa de protección de defensores de derechos humanos. El gobierno se ha comprometido a crearlo. La discusión lleva apenas seis meses y ya comenzó a burocratizarse: el gobierno dice que es un ‘programa’, que no puede ser un ‘plan’ porque eso contiene normas federales y lo que se necesita es un ‘mecanismo’.
“Si se sigue en ese camino –advierte el entrevistado–, no tenemos esperanza de que el mecanismo que establezca ese programa servirá más que otras instancias burocráticas: para superar la herencia de la ineficacia del Estado, hay que imponer una agenda eficaz y rápida, y esa agenda este gobierno no la ha mostrado.”
Abunda Knox: hasta antes de su sustitución como secretario de Gobernación, Gómez Mont “no estaba participando en las discusiones de ese programa. Los representantes de la PGR son de bajo nivel. Es un indicador de la importancia que el gobierno otorga a los derechos humanos. No se ve el compromiso de colocar la defensa de tales garantías a nivel de una política de Estado. No existe la voluntad política que se requiere para realizar los cambios”.
–¿Nota diferencia entre los gobiernos panistas y el antiguo régimen priista en la forma de abordar la temática de los derechos humanos?
–Ha habido grandes cambios. La ley de transparencia fue un avance tremendo si tomamos en cuenta que el Estado mexicano ha sido tradicionalmente opaco. En la época de los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo hubo claroscuros, pero hubo avances importantes como la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Con el PRI, la política de derechos humanos la manejaba la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): la imagen en el exterior era lo que importaba. Hace 15 años la Secretaría de Gobernación era una institución distinta: era imposible que ella, a nivel de política interior, asumiera la política de derechos humanos, como se planteó con la ley de transparencia.
En ese sentido, señala Knox, “ha habido una evolución positiva”, pero actualmente “el país está en un proceso lento de marcar su nivel de compromiso con los derechos humanos”.
“La inversión política en la cuestión es algo que únicamente se percibe en los resultados, los cuales, hasta ahora, han sido decepcionantes. Hay un discurso gubernamental que es positivo, pero no se ve con claridad si éste va más allá y enfrenta los problemas para impulsar los cambios sustanciales necesarios”.
El factor militar
Al experto se le comenta que el gobierno de Calderón depende de las fuerzas de seguridad para enfrentar, por ejemplo, al narcotráfico. Se le pregunta entonces en qué medida puede controlarlas para que no cometan abusos a los derechos humanos.
Knox expone: “El problema más grave en México no es que un agente de seguridad o un militar cometa tales abusos, sino que las posibilidades de ser denunciados y llevados ante la justicia son muy escasas. Los mecanismos de rendición de cuentas a escala federal, estatal o municipal, deben garantizar una investigación imparcial para determinar responsabilidades: es el elemento fundamental para imponer un control sobre esas fuerzas. En ese sentido la jurisdicción militar continúa siendo un instrumento para perpetuar la impunidad de los soldados, puesto que no garantiza tal imparcialidad de las investigaciones en casos de violaciones a los derechos humanos.
–AI lleva años haciendo ese diagnóstico en sus informes, y las violaciones en México a los derechos humanos han aumentado por parte de policías y soldados…
–La razón es evidente: el despliegue mucho más amplio del Ejército en un contexto que el propio gobierno de Calderón llama ‘una guerra’. Su participación activa en funciones de seguridad pública contra el crimen organizado expone a los soldados a situaciones donde pueden cometer con más probabilidad esas violaciones. La pregunta es: ¿el aumento de las denuncias está ayudando a imponer un control civil de forma adecuada a los militares? La respuesta es que no.
La Secretaría de Gobernación “dijo que el gobierno va a presentar una iniciativa de reforma al código penal militar, en cumplimiento con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Radilla. Lo interesante es ver si se reformará el artículo 57 de dicho código, que impone el fuero militar a la justicia civil, o si se va a buscar una fórmula para evitar cumplir la obligación de que los militares sean juzgados por tribunales civiles en casos de violaciones a los derechos humanos”.
Pero el investigador advierte que tal reforma “tampoco garantiza la aplicación cabal de la justicia”.
Explica: “En un informe que publicamos en septiembre pasado, comprobamos que la PGR es cómplice de la impunidad imperante en el país. Concluimos que la PGR no investiga cuando puede investigar y deja un amplio espacio de maniobra a la justicia militar. Por tanto, es necesaria una actuación más comprometida de la PGR, que no vemos”.
Y advierte que sin ese compromiso por parte de la PGR y la aceptación del predominio del fuero civil por parte de los militares, la organización británica no espera una mejora del sistema de impartición de justicia en México.
Abunda Knox: “Éste seguirá siendo un instrumento para fabricar procesos policiales contra líderes sociales, presos de conciencia como en Guerrero, trabajadores como los del Sindicato Mexicano de Electricistas, mujeres de escasos recursos como Jacinta y Alberta en Querétaro, o activistas como en San Salvador Atenco. El sistema de justicia mexicano está al servicio de los poderosos y la manera en que funciona la PGR sigue siendo un obstáculo para lograr investigaciones imparciales que eviten lo anterior”.
Y agrega que en la “visión de guerra” del gobierno, “éste ignora otros factores, como la pobreza y la marginación, que de no atender a la par que el mero problema de seguridad, aumenta el peligro de que el crecimiento de la delincuencia sea una consecuencia de la falta de Estado”.
“Hay lugares de México –dice el activista de AI– donde hay también una ausencia de un Estado legítimo: es el caso de San Juan Copala, donde el estado oaxaqueño tolera al poder local y no garantiza el derecho a la vida. Por otro lado, entre la federación y el estado hay un gran espacio de impunidad, incapacidad y negligencia.”
Precisa: “La federación dice: ‘hay un deterioro de los derechos humanos pero sólo podemos coordinar esfuerzos’; mientras que los estados reclaman: ‘no tenemos ayuda ni un presupuesto como el de la federación’. Todos se lavan las manos y el problema queda en medio”.
Como experto de AI en la situación mexicana, Knox confiesa que “lo más difícil ha sido conseguir cualquier cambio en la jurisdicción militar”.
Comenta que en una reunión con el secretario de la Defensa del presidente Vicente Fox, Clemente Vega García –realizada en agosto de 2005–, éste le comentó que “todos los días, el Ejército cabildeaba para conservar su fuero”.
–¿Cómo argumentó la posición crítica de AI en su encuentro con el entonces secretario de Defensa?, se le pregunta a Knox.
–Le dijimos que “nosotros no estamos haciendo una crítica a la institución militar, simplemente el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos contra violaciones a sus derechos humanos. Ante las denuncias debe realizar investigaciones de forma imparcial. Si la sociedad ve que ustedes no tienen nada que esconder y están conformes con que los responsables de eventuales abusos sean llevados ante la justicia civil, esa es una ventaja para ustedes: implica un compromiso con la sociedad, ya que el Ejército estaría reconociendo realmente la obligación de controlar a sus elementos y de respetar los derechos humanos”.
–¿Qué respondió?
–No estuvo de acuerdo. En ese momento el número de denuncias contra el Ejército era muy bajo. Pero AI había hecho campaña por los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosenda Cantú, dos jóvenes indígenas tlapanecas que fueron violadas por militares en el estado de Guerrero, el 22 de marzo de 2002 y el 16 de febrero del mismo año, respectivamente. El secretario Vega García argumentó que las investigaciones militares sobre esos casos fueron imparciales. No aceptó la falta de eficacia ni de independencia. Tampoco tomó en cuenta la cuestión de la percepción pública. El Ejército no puede ser juez y parte de las averigüaciones.
–En su diagnóstico, ¿las Fuerzas Armadas son actualmente más receptivas a emprender una reforma que durante el sexenio de Vicente Fox?
–Es difícil saberlo. El Ejército Mexicano es uno de los más cerrados de América Latina. En Colombia, por ejemplo, AI ha mantenido, y mantiene, un diálogo con sus fuerzas armadas. Y lo mismo en otros países del continente. Pero en México se dificulta ese diálogo. La entrevista con el secretario Clemente Vega sólo fue posible porque Fox lo pidió, lo ordenó e insistió con él acerca de la importancia del encuentro. Pero desde entonces no hemos obtenido respuesta favorable a otras solicitudes que ha hecho AI. Esa cerrazón ha sido un obstáculo para que el Ejército Mexicano se integre más a sus obligaciones democráticas, así como al debate que se da en cualquier sociedad sobre cómo proteger mejor los derechos humanos.
Gutiérrez Vivó: la persecución continúa
Jenaro Villamil
Autoexiliado en Estados Unidos desde hace poco más de un año, el empresario y periodista radiofónico José Gutiérrez Vivó acusa al gobierno de Felipe Calderón de haber ejercido una “censura llevada al extremo”.
Asegura que fue víctima de la “la persecución del poder” y responsabiliza de ello al excoordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Maximiliano Cortázar; al secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón; a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio (STIRT), encabezada por Ricardo Acedo Samaniego, así como a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En entrevista telefónica con Proceso, Gutiérrez Vivó niega que haya solicitado asilo político, “aunque tendría todo el derecho por haber sido víctima de una persecución del poder” que se agravó, asegura, desde que en diciembre de 2006 denunció públicamente que Cortázar le advirtió que él y su empresa Monitor estaban “castigados”, y que el gobierno federal estaría pendiente de su comportamiento.
Gutiérrez Vivó señala que en el último encuentro que sostuvo con Cortázar, actual vocero de la dirigencia nacional del PAN, éste le dijo que “al señor Aguirre no se le toca”, en clara referencia a Francisco Aguirre Gómez, directivo y accionista del Grupo Radio Centro, con quien Gutiérrez Vivó protagonizó un litigio de más de nueve años (Proceso 1651).
“Es públicamente sabido que al Grupo Radio Centro lo han protegido estos funcionarios del gobierno federal; no ha cumplido con las leyes, a pesar de que perdieron los tres juicios en su contra”, subraya Gutiérrez Vivó.
El 29 de junio de 2007, el periodista anunció el fin de 33 años de transmisiones ininterrumpidas de Monitor, programa radiofónico que innovó la información política y se mantuvo durante varios lustros como el más escuchado del cuadrante mexicano.
“Se nos murió Monitor. No estaba enfermo, pero se nos murió Monitor”, denunció Gutiérrez Vivó en aquella inusual transmisión en la cual hizo un recuento de las presiones políticas y del boicot económico que se gestaron en su contra desde que el gobierno de Vicente Fox lo acusó de haberse “convertido en perredista”.
A las presiones políticas, al litigio con el Grupo Radio Centro y a la suspensión de las transmisiones de las frecuencias 1110 AM y 88.1 de FM, se sumó la huelga del STIRT, en la que intervino el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, para favorecer a la dirigencia de ese organismo, dice el periodista a este semanario:
“Tanto Max Cortázar como Javier Lozano destruyeron todo, no sé si por voluntad propia o por órdenes superiores. Lo cierto es que ellos han sido los protagonistas de la clara persecución en mi contra.”
Después de la suspensión de las emisiones de Monitor, Gutiérrez Vivó entabló, en la primera mitad de 2008, negociaciones con Multivisión (MVS) para integrarse a un nuevo proyecto de esta empresa, junto con la periodista Carmen Aristegui, quien también fue censurada en W Radio, empresa de Televisa.
Ante las versiones acerca de que se incorporaba a ese proyecto, en noviembre de 2008 Gutiérrez Vivó comentó a Proceso que no lo haría. El motivo: “Estoy transitando por un momento en el que enfrento todas las cochinadas” del Grupo Radio Centro.
La puntilla para el periodista y su equipo de reporteros vino el 2 de febrero de 2009, cuando personal del SAT embargó las instalaciones del Diario Monitor, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, con el argumento de que la empresa incumplió el pago mensual de un convenio.
Veto
La desaparición del rotativo, el último medio que dirigió en México Gutiérrez Vivó, marcó la pauta de lo que él califica como “un veto periodístico” que le cerró todos los espacios disponibles y dispuso el silenciamiento del caso en la mayoría de los medios electrónicos e impresos.
“Como no tenía trabajo tuve que irme de México. Vine aquí desde hace un año, en el punto más agudo de la persecución. Yo no soy responsable de ninguna de las acusaciones que se me achacan. Mis perseguidores se han dedicado a eso: a desorientar al público”, afirma.
Sin precisar en qué ciudad de Estados Unidos radica, Gutiérrez Vivó comenta que trabaja en un proyecto periodístico porque “finalmente mi razón de ser fue dedicarme a la información y es ahora cuando se requiere más que nunca la información sobre el país”, enfatiza.
–¿Se encuentra en una situación vulnerable desde el punto de vista jurídico?
–No estoy de ilegal. Mis papeles están en regla y me mantengo al tanto de todo lo que sucede en mi país.
–¿Ha pedido asilo político?
–No, pero hubo y existe una persecución del poder en mi contra. Eso enloquece a cualquiera.
“No puedo darme el lujo de estar vetado en mi propio país. Lo que estos señores del gobierno han cometido son delitos. Hay una responsabilidad muy grande que pende sobre su cabeza. Incurrieron en persecución sistemática en contra de un civil dedicado a la información. Es censura llevada al extremo”, recalca.
El periodista también reflexiona acerca de la crisis de imagen y de información que padece el país con el incremento de la violencia generado por la lucha contra el narcotráfico:
“La imagen de México en el extranjero se cae a pedazos. No existe información confiable. Ante el clima de inseguridad y de violencia, muchos empresarios dicen que necesitarían estar locos para viajar a México.”
Información inconveniente
La primera emisión de Monitor se realizó el 1 de septiembre de 1974, con el auspicio de Radio Programas de México, propiedad de Clemente Serna Martínez, pionero de la radio comercial en el país, quien contrató los servicios de Gutiérrez Vivó.
En medio de programas radiofónicos dedicados a difundir música y radionovelas, Monitor fue pionero al introducir el concepto de noticiario matutino de larga duración, de seis a nueve de la mañana. Incluía llamadas telefónicas en las que el público se quejaba del incumplimiento de las autoridades, además del concepto de Red Vial, que convirtió el problema cotidiano del tráfico en la Ciudad de México en un tópico informativo.
Dos grandes acontecimientos marcaron el éxito de Monitor: en 1978, el accidente de la plataforma petrolera Ixtoc, de Pemex, generó la primera cobertura aérea del programa radiofónico que llegó a tener a su servicio tres helicópteros, 30 automóviles y 20 motocicletas. En 1992, con motivo de la tragedia de las explosiones en los ductos de Guadalajara, Gutiérrez Vivó fue uno de los primeros en responsabilizar del siniestro a Pemex y no a la fábrica La Polar, a la que inicialmente culparon las autoridades. El trabajo informativo de Monitor provocó que el gobierno de Carlos Salinas descartara al grupo de Clemente Serna como posible concesionario de los canales 7 y 13 de Imevisión.
El primer debate electoral en un medio electrónico se realizó en 1991 entre candidatos al gobierno de Guanajuato: el panista Vicente Fox, el perredista Porfirio Muñoz Ledo y el priista Ramón Aguirre. Fox buscó a Gutiérrez Vivó como uno de sus aliados durante la campaña electoral de 2000.
Paradójicamente, fue durante la presidencia de Fox cuando se inició lo que el periodista califica como una “censura quirúrgica” en su contra, a partir del litigio que entablaron los Aguirre, de Grupo Radio Centro, y Gutiérrez Vivó, por el incumplimiento del contrato que firmaron en 1998.
El caso llegó a la Corte Internacional de Arbitraje, de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. En enero de 2004, dos de los tres árbitros emitieron el laudo a favor de Gutiérrez Vivó y ordenaron a Grupo Radio Centro el pago de 21 millones de dólares a su exsocio, como sanción por el incumplimiento del contrato mencionado.
Los abogados de la familia Aguirre desconocieron el laudo y acudieron a tribunales mexicanos. En paralelo se inició el proceso de cierre de espacios de Monitor. En marzo de 2004 los propietarios de Radio Centro desplazaron a Gutiérrez Vivó de las frecuencias de su propiedad. En enero de 2007, una mayoría compuesta por cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó el laudo arbitral y le dio la razón a Gutiérrez Vivó. Sin embargo, los 21 millones de dólares nunca llegaron.
A la asfixia económica se sumaron los adeudos del periodista con varios empresarios, en especial con Eduardo Henkel, donante en las campañas de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Para pagarle el préstamo, Gutiérrez Vivó le entregó a su acreedor la frecuencia 1560 de AM. L
Sembrador de tempestades...
Rosalía Vergara
En cuatro años que lleva al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón sólo ha acumulado yerros y demandas legales por su política antilaboral. Al ninguneo y la represión contra los mineros por parte de las autoridades federales se suman los agravios contra los electricistas, los pilotos y los sobrecargos. Una ficha ejecutiva elaborada por el PAN destaca la añeja amistad de Lozano con Felipe Calderón y sus dotes como pianista, pero también señala que en su currículum no se registra experiencia alguna en materia laboral. Pero ahí sigue...
En sus cuatro años al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón se ha destacado más por asumir su amistad con el presidente Felipe Calderón, iniciada hace varias décadas, que por su capacidad para dirimir los conflictos laborales.
Conocido su talante antilaboral y de sumisión al jefe del Poder Ejecutivo, a quien incluso declaró lealtad en 2007, cuando decidió dejar su militancia en el PRI para afiliarse al PAN, Lozano ha tenido una gestión errática en esa dependencia federal.
Hoy, por ejemplo, se encuentra inmerso en varios escándalos por su actitud atrabiliaria frente a las demandas que le plantean los principales gremios, aseguran abogados laboralistas y dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
En noviembre del año pasado, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, declaró que Lozano era un “porro (al que) su jefe lo mandó a decir lo que él no puede decir” (Proceso Jalisco 1725).
A los mineros, Lozano siempre los ha desdeñado: desde la tragedia en el socavón de Pasta de Conchos, Coahuila, en febrero de 2006, donde murieron 69 trabajadores, hasta la toma de la mina de Cananea, Sonora, en junio pasado, luego de una prolongada huelga.
Tras el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLF) emitido en octubre de 2009, los electricistas también han padecido la política antilaboral del funcionario. El Sindicato Mexicano de Electricistas sigue negociando con el gobierno federal el futuro de sus agremiados, luego de un ayuno de varios de sus afiliados que duró cerca de tres meses.
Además, el conflicto de las sobrecargos, empantanado desde hace varios meses, amenaza con estallarle a Lozano, sobre todo ahora que la Compañía Mexicana de Aviación (CMA) anunció “ajustes menores” en los itinerarios de sus aeronaves debido a la crisis financiera y laboral por la que atraviesa.
El pianista y sus amigos
La amistad entre el titular de la STPS y el presidente Felipe Calderón data de los tiempos en que estudiaban en la Escuela Libre de Derecho en la década de los ochenta. Los dos se titularon en 1984. Lozano Alarcón se graduó con la tesis Aspectos legales de la regulación del crédito bancario en México, de acuerdo con una ficha técnica del gobierno federal.
Experto en derecho bancario y telecomunicaciones, Lozano es un funcionario versátil, pero quienes lo conocen dicen que carece de experiencia en materia laboral.
A sus títulos académicos suma sus habilidades como pianista y proyectista. La información obtenida por la reportera consigna que entre, 1981 y 1984, Lozano Alarcón cursó estudios profesionales de piano en el Conservatorio Nacional de Música y añade que los sábados gusta de practicar futbol y boliche.
En el año 2000, durante la campaña de su amigo Felipe Calderón, también se reveló como redactor de textos y discursos del entonces candidato panista a la Presidencia de la República. Por esas fechas conoció a César Nava Vázquez, actual dirigente nacional del PAN, con quien hoy mantiene una estrecha relación.
Nacido en Puebla el 21 de noviembre de 1962, Lozano incursionó en la política durante el sexenio de Carlos Salinas. Ahí ocupó varios cargos y desde entonces se creó la fama de duro. En la administración de Ernesto Zedillo comenzó a manifestar su deseo de llegar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En noviembre del año pasado, algunos de sus colaboradores declararon al reportero Jenaro Villamil que Lozano cree que tiene posibilidades de ser candidato a la Presidencia de la República para el 2012 (Proceso 1725).
También es amigo de Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobernación en la administración de Ernesto Zedillo; de Guillermo Cañedo White, presidente del Consejo de Administración de Televisa y del club de futbol América; de Guillermo Ortiz Martínez, exgobernador del Banco de México, y de Emilio Romano Mussali, director general de la Compañía Mexicana de Aviación Grupo Posadas de México, S.A. de C.V.
Eric Rubio Barthell, quien fue presidente de la generación de ingenieros mecánicos administradores del ITESM y consejero político del PRI en Yucatán, también es amigo de Lozano. El contacto entre ambos se dio a través del grupo de Emilio Gamboa Patrón. Rafael Tovar y de Teresa, embajador de México en Italia, suele comunicarse a menudo con el titular de la STPS.
Otros personajes del entorno de Lozano son el rector de la Escuela Libre de Derecho, Mario Alberto Becerra Pocorob, y Diego Tinoco Ariza Montiel, quien también es socio del despacho Hamdan, Manzanero y Asociados. Lozano conoció a Diego cuando éste era titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Presidencia durante el sexenio foxista.
Emilio Goicoechea Luna, miembro de la corriente neopanista y secretario particular de Fox cuando el guanajuatense despachaba en Los Pinos, es otro de los políticos a quienes Lozano frecuenta.
Y los colaboradores
El equipo que rodea al titular de la STPS incluye a Irene Levy Mustri y su esposo Héctor Alcudia Goya, así como a Enrique Fernández de Castro, quien lleva la contabilidad a Lozano y administra su despacho particular en Puebla. A Alcudia Goya se le critica porque, según la información del gobierno federal, no terminó sus estudios de economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Sin embargo, de acuerdo con la ficha oficial, el “cómplice de Lozano es Antonio Asad Kanahuati Santiago, quien en el 2000 desempeñó un papel central en el rescate de Miditel al denunciar a Teléfonos de México ante la Comisión Federal de Competencia por posibles prácticas monopólicas”.
Y la lista sigue: Eduardo Joaquín Gallástegui Armella, un litigante especializado en telecomunicaciones y fundador del despacho Holland & Knight-Gallástegui y Lozano, S.C, es uno de los “socios” del titular de la Secretaría del Trabajo; Antonio de Jesús Naime Libien, exdirector de Control de Gestión en la Secretaría de Planeación en el Estado de México; Jorge Alberto Rodríguez Castañeda, jefe del Gabinete de Apoyo de la Oficina del titular de la STPS, quien es considerado como su “entenado”.
El “íntimo” de Lozano, según el documento oficial, es Emilio Rabasa Pascasio Gamboa, quien se acercó a él durante la colecta que organizó en 2006 para que el funcionario se defendiera de los señalamientos del empresario Zhen Li Ye Gon, quien lo acusó de extorsión; su “operador” es Gonzalo Martínez Pous, excomisionado de la Cofetel.
María de la Luz Ruiz Mariscal, quien sustituyó a Lozano en la oficialía mayor de la SCT, y Carlos Ruiz Sacristán, comisionado especial de la SHCP durante el sexenio pasado para la privatización de la empresa pesquera Ocean Garden, son otras dos piezas de su equipo.
A Lozano también se le vincula con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío Díaz, con el priista Germán Andrés Fernández Aguirre y con María Amparo Casar Pérez, excoordinadora de asesores del senador panista Santiago Creel, así como con Javier Tejado Dondé.
Enemigos íntimos
Pero no todos son cuates de Javier Lozano en la administración pública ni en el PAN.
Entre sus antagonistas se encuentran Francisco Bojórquez Mungaray, exsecretario de la Confederación de Trabajadores de México en Sonora, quien tacha al funcionario de incompetente; Santiago Levy Algazi, del grupo político de Jaime Serra Puche; Jorge Manuel Nicolin Fisher, asesor del Banxico, excomisionado de la Cofetel y asesor de Grupo Iusacell, y Miguel Ángel Gutiérrez Cantú, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Y entre los que se declaran enemigos abiertos de Lozano destaca Javier Moreno Valle, expresidente de Corporación de Noticias e Información (CNI-Canal 40).
Otros antagonistas suyos son Carlos Slim Helú, Javier Tejado Dondé (Televisa), Pedro Cerisola Weber, Carlos Casassús (expresidente de Cofetel), Francisco Fernando Lerdo de Tejada Luna, Jaime Chico Pardo, Francisco Labastida Ochoa, Enrique Yamuni (Megacable), Ernesto Tinajero (Cablecom) y algunos miembros del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet), como su presidente Gerardo Soria, Federico González Luna y Eduardo Ruiz Vega, este último comisionado de la Cofetel.
Jorge Álvarez Hott, subsecretario de Comunicaciones, y Emilio Goicochea Luna, quienes antaño eran sus enemigos declarados, hoy son sus “aliados coyunturales”.
De acuerdo con la ficha elaborada por el PAN, Lozano también ha destacado en la docencia: fue coordinador académico en administración de personal en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), así como catedrático de la materia introducción al estudio del derecho en la Escuela Libre de Derecho.
Además, forma parte del sínodo de docentes de la maestría en derecho de las telecomunicaciones y nuevas tecnologías que se imparte en la Universidad Anáhuac del Sur, en la Ciudad de México, y es conferencista en esta materia.
Lozano preside la Junta de Gobierno del Instituto Mexicano de la Radio y el Consejo de Administración de Notimex. Fue articulista en el periódico El Universal, y comentarista en el programa radiofónico Fórmula financiera.
Actualmente escribe un artículo bimestral en la revista especializada Business Communications, en el que aborda temas relacionados con las telecomunicaciones; también colabora en la revista Business News Americas y en el semanario El Asesor de México, especializado en negocios. Asimismo, durante dos años escribió la columna La Agenda de las Telecomunicaciones en el periódico El Financiero. l
Y con Blake, la esquizofrenia laboral
Arturo Rodríguez García
CANANEA, SON.- En medio de una inédita presión internacional, el gobierno de Felipe Calderón reorientó su estrategia en el manejo de conflictos sindicales. A partir de la designación de Francisco Blake Mora como secretario de Gobernación comenzó una serie de acciones para ofrecer diálogo a quienes se lo había negado antes: el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el sindicato minero.
Sin embargo, las acciones del secretario del Trabajo, Javier Lozano, al escamotear la toma de nota a Martín Esparza como dirigente del SME y mantener una contradictoria posición discursiva respecto del manejo jurídico del caso de Mexicana de Cananea, ponen en entredicho la aparente voluntad política del gobierno federal.
Así lo interpretan expertos en materia laboral y el autoexiliado dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, quienes coinciden en percibir una estrategia que pretende balancear la “violencia laboral de Estado”, exhibida ante la comunidad internacional, con una cara amable.
Tanto Gómez Urrutia como Carlos Rodríguez Rivera, investigador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), reseñan, en entrevistas por separado, las ofensivas del titular del Trabajo, la obstinación del gobierno calderonista para resolver los conflictos y la inusitada apertura reciente, y afirman que, como la remoción de Gómez Mont de Gobernación, la salida de Lozano es condición indispensable no sólo para confiar en una solución de los conflictos del SME y del sindicato minero, sino para todo el problema antiobrero creado por el Estado mexicano.
En entrevista telefónica, el día 13, Gómez Urrutia afirma que la función que Gómez Mont desempeñó en su práctica privada como abogado de Grupo México fue llevada a la Secretaría de Gobernación, donde la dependencia asumió la representación empresarial.
“Lo mismo ocurre con Javier Lozano, quien ha sido el golpeador, el porro, el instrumento criminal de los grupos antisindicales en México, el represor que ha hecho todas las tareas sucias contra los trabajadores, incurriendo en delitos.
“A pesar de ser el funcionario que más problemas ha acarreado al presidente, no sé qué lo ha detenido para removerlo”, dice.
Carlos Rodríguez advierte: “El Estado tiene la oportunidad de corregir y enmendar. Pero se ve una estrategia de doble rostro: pegan con Lozano, y con Blake abren el dialogo. No creo que haya voluntad política de enmendar. Se mantienen con una cierta apariencia de diálogo que está en suspenso mientras no sepamos cómo van a terminar los conflictos del SME y Cananea”.
Presión internacional
El cambio de estrategia del gobierno obedece a la condena internacional; si bien las organizaciones obreras se han manifestado en favor de Gómez Urrutia y el sindicato minero (SNTMMSRM) desde 2006 –con sindicatos de decenas de países, las federaciones estadunidenses AFL-CIO y United Steel Workers, así como la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Minera (FITIM)– en meses recientes se expresó con más fuerza la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los temas que han acaparado la atención de la OIT son: la inseguridad laboral por el caso Pasta de Conchos y la violación al Convenio 87 sobre libertad sindical, signado y ratificado por México.
El pasado 26 de marzo, la OIT publicó las recomendaciones del informe de su Comité de Libertad Sindical, en el que se abordó, a petición de la FITIM, la situación del SNTMMSRM, condenando al Estado mexicano por su intervención en la vida sindical. Luego, en abril, la OIT acusó al gobierno mexicano de actuar de manera incompatible con el Convenio 87 sobre libertad sindical.
El debate en la OIT se intensificó a partir del 6 de junio, cuando el gobierno mexicano comparecía por el caso Pasta de Conchos al tiempo que se daban los desalojos de los trabajadores huelguistas de Cananea y de los deudos de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, Coahuila, en acciones realizadas con pocas horas de diferencia.
Continuaron las condenas por los desalojos y forzaron al Estado mexicano a reabordar el caso Pasta de Conchos, que a base de manipulaciones informativas Lozano declaraba cerrado por decisión, precisamente, de la OIT, cuando en realidad el organismo está forzando al gobierno a retomarlo en octubre, recuerda Carlos Rodríguez.
Fue en esos primeros días de junio cuando el desprestigio ante el mundo alcanzó su momento cumbre, de manera que durante el Mundial de Sudáfrica los sindicatos de ese país convocaron a protestar durante los juegos de la Selección Mexicana por el “terrorismo generado por el gobierno fascista y contrarrevolucionario” de Felipe Calderón.
“En más de 100 países donde se nos ha expresado solidaridad y apoyo se sabe que el gobierno mexicano agrede, persigue y amenaza para ayudar a operaciones empresariales criminales que han asesinado a trabajadores en Pasta de Conchos, Fresnillo, Lázaro Cárdenas y Cananea.
“La OIT ha condenado al gobierno de México por su falta de capacidad hacia el diálogo, por su incompetencia. La presión internacional ha tenido un efecto directo, aunque el presidente y su gabinete aparenten oídos sordos e insensibles a esta presión”, dice Gómez Urrutia.
Para Carlos Rodríguez la presión internacional es una de las razones por las que se abrió el dialogo con el SME y con el sindicato minero.
“Hay un trabajo intenso en la OIT, señalando la falta de criterio del gobierno mexicano para abordar Cananea, Pasta de Conchos y el caso del SME. Los intentos del secretario del Trabajo por defenderse en los comités, fracasaron.
“Yo creo que el Estado está tratando de salirle al paso al descrédito internacional y al costo de imagen que le acarrean sus posturas, que se describen con el título del último informe del Cereal: en México hay una violencia laboral de Estado”, sentencia.
Laberinto jurídico y discursivo
Entre la noche del 6 y la mañana del 7 de junio pasados, la PF y la Policía Estatal Investigadora (PEI) tomaron el control del viejo fundo minero de Cananea, Sonora. Las acciones se iniciaron con el ingreso de un grupo de golpeadores que causaron estragos. Luego las policías entraron y desalojaron hasta el hospital Ronquillo, aledaño a la mina.
Entre varios atropellos a la población, cateos ilegales y agresiones en que los trabajadores no opusieron resistencia, el operativo de desalojo fue celebrado por Gómez Mont y Javier Lozano, quienes junto con la empresa y el gobierno de Sonora anunciaron un programa para reactivar la región, responsabilizando a los huelguistas de la miseria.
“Todos por Cananea”, según el gobernador sonorense Guillermo Padrés, implicaría una inversión de 113 mil millones de pesos, declaró el 7 de junio, para corregir al día siguiente que será por 58 mil millones: apenas 382 millones de su gobierno; 2 mil 595 del gobierno federal, y el resto del Grupo México. Más tarde se descubriría que no hay partida presupuestal federal autorizada por el Congreso para esos efectos.
Luego de haber dado un “saldo blanco”, Gómez Mont sostuvo en la ceremonia de aniversario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que los daños en la mina dieron lugar a la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que fue ratificada por tribunales, informó Notimex el 7 de junio.
Con ello el desalojo quedó ante la opinión pública como resultado del laudo del expediente IV-61/2009, del 14 de abril de 2009, en el que se dieron por terminadas las relaciones laborales “por causas de fuerza mayor, no imputables a la empresa”, consistentes en daños a la mina por los huelguistas.
Ese mismo 14 de abril, la JFCA había declarado legal la huelga en el expediente RT 2381/2007, laudo al que se le sacó la vuelta permitiendo que el Grupo México iniciara otro proceso laboral ante la Junta Federal, que el pasado 4 de junio declaró la huelga sin sustento y que se encuentra actualmente en revisión.
Lo que nunca explicaron Gómez Mont, Lozano Alarcón ni el Grupo México sobre el desalojo del 6 de junio es que la motivación legal de la ocupación fue para una diligencia de cuantificación de daños ordenada por un agente del Ministerio Público federal, sustentado por otro proceso iniciado por la vía penal por el Grupo México y no por el laudo del viernes 6 de junio que, por cierto, no es firme y se encuentra en revisión.
De hecho la diligencia ministerial se hizo pública el 8 de junio, cuando gobiernos y empresa inundaban los medios con “Todos por Cananea”.
Luis Chávez, abogado del sindicato minero, sostiene que esa acción entonces y ahora “carece de toda lógica jurídica e implica un montaje para violentar el derecho de huelga”.
La versión del abogado fue confirmada por el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Sonora, Aldo René Caracco, quien sin embargo, por cuestiones de competencia, no tuvo acceso a las órdenes de la PF.
Este semanario obtuvo la versión de policías federales que, inconformes por las condiciones de su asignación a Cananea, relataron que para el operativo tenían un oficio que les ordenaba restablecer el orden público, no practicar un desalojo, y que se les engañó diciéndoles que “la mina era propiedad de la Nación”.
El amparo obtenido por los trabajadores el 11 de agosto se obsequió precisamente tomando en cuenta las declaraciones de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública federal, en las que confirmaron, en un juicio de amparo previo, que el operativo no era de desalojo, sino sólo una diligencia ministerial.
La noche del 11 de agosto el juzgado noveno de distrito, con sede en Agua Prieta, concedió un amparo a la Sección 65 del SNTMMSRM contra el desalojo de las instalaciones realizado por la PF el pasado 6 de junio.
Horas antes, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, el subsecretario Roberto Gil y el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, habían acordado establecer una mesa de diálogo con la Sección 65, según informó el secretario de Gobierno sonorense, Héctor Larios Córdova, y confirmó a Proceso Napoleón Gómez Urrutia.
La STPS reaccionó con un comunicado en el que afirma que el amparo carece de efecto, basándose en el lenguaje y no en el fondo, pues advierte que en la reclamación de la Sección 65 se establecía que pedían el amparo “contra cualquier intento de desalojo”, pero éste ya se hizo y no está por hacerse. Además insistió en que el desalojo era por el fin de las relaciones laborales.
Contra lo dicho por Lozano, una nueva audiencia del amparo, celebrada el viernes 13, confirmó la suspensión provisional contra el desalojo, mientras los huelguistas y sus familias ingresaron a la mina desde el día anterior, donde aun permanecían algunos policías federales.
Regreso viable
Carlos Rodríguez afirma que otra clave del contexto en que se inicia el diálogo con la Sección 65 desde la Secretaría de Gobernación tiene que ver con la eventual exoneración de Gómez Urrutia.
“El gobierno no quiere mantener vivo el conflicto de Cananea al regreso de Gómez Urrutia, cuyo caso está próximo a resolverse. Ese sería otro factor si la actitud de Blake es seria.”
Gómez Urrutia confía en su próxima exoneración pues dice que, así como en los estados de San Luis Potosí, Sonora y Nuevo León se cayeron las denuncias, sucederá con los dos casos restantes, que ya ganó en amparo y están en revisión, además de que, afirma, “tienen hasta las mismas faltas de ortografía que las ganadas”, para ilustrar que son de un mismo cuño.
“Es vergonzoso que el gobierno se haya prestado a servir a empresarios corruptos, como Germán Larrea, y es tiempo de que cambien, porque deben entender (en el gobierno) que ya están en su cuenta regresiva”, dice.
Confiado en regresar a México y retomar su liderazgo, aun con los nuevos organismos producto de las escisiones del STMMSRM, Gómez Urrutia afirma que esas agrupaciones y la relación perdida con empresas como el Grupo Acerero del Norte (GAN) y Peñoles fueron instigada por el gobierno.
“Peñoles y GAN sucumbieron a los intereses y presiones de Germán Larrea, ese empresario criminal y negligente. La relación con ellos, hasta antes de 2008, había sido una de las mejores en una fórmula de ganar-ganar para trabajadores y empresa.
“Las intrigas de Larrea y Lozano los pusieron en mi contra. Lozano es un manipulador y las empresas cayeron en sus amenazas con auditorías, con quitarles beneficios y concesiones mineras y voltearlos, ponerlos en contra del sindicato, crear traiciones. Prevalecieron los intereses clasistas de los grupos antiobreros.”
Añade: “Pero el sindicato está unido, es más el manejo de medios de comunicación pagados que hacen sentir que los traidores tienen representatividad, pero sabemos que no son más de 30 o 40 personas en sus asambleas; una vez normalizándose las cosas, las empresas y los trabajadores también se desharán de ellos. Creo que eso es posible y que hay una oportunidad de corregir para el gobierno, que se abre con el diálogo por Cananea… pero no somos ilusos ni pecamos de ingenuos”. L
Castro rompe con Calderón... y con el PRI
Homero Campa
Bastó un texto con su firma para que Fidel Castro diera un giro en la política de Cuba hacia México: rompió con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, figura prominente del PRI, partido que fue aliado histórico de la Revolución Cubana; halagó abiertamente a Andrés Manuel López Obrador y con ello tomó por primera vez partido por un aspirante de izquierda a la Presidencia del país; y, como de pasada, atacó a Calderón ahí donde le duele: en su legitimidad como mandatario, lo que presagia una nueva crisis diplomática entre México y La Habana.
Por primera vez, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, se la juega públicamente con un aspirante de izquierda a la Presidencia de México: Andrés Manuel López Obrador.
Simultáneamente, cuestionó la legitimidad del presidente Felipe Calderón, de quien dijo que no ganó las elecciones en 2006, y se deslindó de su otrora amigo, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, a quien señaló como responsable de propiciar en febrero de 2004 la fuga del empresario Carlos Ahumada a Cuba sin consultar a las autoridades de la isla y de ser uno de los autores del complot de los videoescándalos contra López Obrador.
Incluso, puso en duda el triunfo electoral de Salinas en 1988. “No me constaba si había habido o no fraude. Era el candidato del PRI, partido por el que siempre votaron durante décadas los electores mexicanos. Sólo el corazón me hacía creer que le robaron a Cuauhtémoc (Cárdenas) la elección”, escribió Castro en un texto titulado El gigante de las siete leguas.
Dicho texto fue publicado en dos partes (jueves 12 y viernes 13) por el diario Granma y el portal Cubadebate. En la primera parte de su texto, Castro hizo una larga glosa de La mafia que se apoderó de México…y el 2012, libro escrito por López Obrador. A partir de ello, ensalza la figura de Andrés Manuel López Obrador, quien ya se autodestapó como candidato para las elecciones de 2012.
De entrada, sostuvo que López Obrador “ganó la mayoría de los votos” en las elecciones presidenciales de 2006, “mas el imperio no le permitió asumir el mando”. Luego lo calificó como “la persona de más autoridad para hablar de la tragedia” que vive México y lo será “cuando el sistema se derrumbe, y con él, el imperio”.
E incluso, consideró que la “contribución (de López Obrador) a la lucha por evitar que el presidente (Barack) Obama desate esa guerra (contra Irán), será de gran valor”.
En referencia al libro que López Obrador acaba de publicar en México, Castro dijo que es “una valiente e irrebatible denuncia de la mafia que se apoderó de México”. De hecho, hizo suya tal expresión que de manera frecuente utiliza el político tabasqueño.
López Obrador –quien agradeció los comentarios de Castro– no ha visitado Cuba, pero su primera esposa, Rocío Beltrán, recibió el apoyo del gobierno de Castro para atenderse en La Habana el lupus, enfermedad que le provocó la muerte el 12 marzo de 2003.
Acuerdo tácito
En su texto Castro no sólo ensalzó abiertamente a un precandidato presidencial de izquierda, sino que tomó distancia del partido que fue su aliado histórico: el Revolucionario Institucional (PRI), en el que Salinas es figura prominente e influyente.
Y es que durante décadas –de
¿La razón? Un acuerdo básicamente tácito: para los gobernantes priistas era preferible tener en Cuba un régimen socialista y enfrentado a Estados Unidos que un gobierno dependiente y sujeto al poder de Washington. En términos geográficos, si Cuba fuera una especie de Puerto Rico, México tendría un brazo estadunidense en el Golfo de México. Es como si el “imperio” abrazara al país y lo copara.
Además, para los regímenes priistas Cuba era una carta de equilibrio frente a Estados Unidos que se ajustaba muy bien al discurso del nacionalismo revolucionario de los años 60, 70 y parte de los 80.
Más aún, el apoyo a la Revolución Cubana tenía su beneficio interno: se aplacaba así a la izquierda mexicana que profesaba un apoyo irrestricto al gobierno de Castro.
En un contexto de la Guerra Fría, ello a los cubanos también les venía bien: Fidel sabía que mientras mirara hacia la Unión Soviética y hacia Europa del Este –de cuyo campo era dependiente en sus relaciones políticas y económicas– habría a sus espaldas una política de contención ante Estados Unidos aplicada por México, uno de los hermanos mayores de los países de América Latina.
Hubo otro factor clave: mientras el régimen de Fidel Castro propició, entrenó y financió a las guerrillas de los países del continente, con México no lo hizo. Y en el contexto de la efervescencia revolucionaria de los años 60 y 70, los gobiernos priistas lo agradecieron y aprovecharon: pudieron aplicar con relativa tranquilidad la llamada “guerra sucia” en contra de los “movimientos subversivos”.
Durante la primera mitad de los años 70 unos 50 integrantes de varios grupos de guerrilleros mexicanos estuvieron exiliados en Cuba –de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), de La Liga de los Comunistas Armados, de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP), del Movimiento Armado del Pueblo (MAR), del FUZ, y del Ejército de Liberación Nacional (ELN)–, pero lo hicieron con acuerdo explícito entre los gobiernos de Castro y Luis Echeverría para tenerlos controlados. A diferencia de otros exiliados guerrilleros del continente –como del FSLN, del M-19 o del MIR–, los mexicanos nunca pudieron organizarse para regresar a México a luchar por sus ideales. No lo hicieron simplemente porque el gobierno cubano no los dejó.
Pero si la “izquierda revolucionaria” no tuvo apoyo por parte del régimen cubano, la “izquierda electoral” tampoco. Fidel siempre apostó por el PRI.
Un ejemplo ilustrativo: en 1988, Castro asistió a la toma de posesión de Salinas de Gortari como presidente de México, a pesar de su triunfo electoral sumamente cuestionado. La presencia de Fidel fue una especie de aval para Salinas que dejó un sabor amargo en la izquierda mexicana y en su candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, cuyo padre, el general Lázaro Cárdenas, ayudó a Fidel durante su exilio en México.
“Todos los grandes, medios y pequeños Estados lo habían reconocido (a Salinas). Cuba fue el último. Sólo unos días antes de la toma de posesión, lo hicimos aceptando su invitación de asistir a la asunción del cargo”, justificó Fidel Castro en su citado texto El gigante de las siete leguas.
Y es cuando soltó que “sólo el corazón me hacía creer que le robaron a Cuauhtémoc la elección”.
Con excepción del gobierno de Ernesto Zedillo –con quien Castro mantuvo serios desencuentros–, la alianza entre los priistas y el gobierno cubano se mantuvo aún durante los gobiernos del PAN.
Un hecho reciente lo reflejó: el 14 de abril, la bancada del PRI en el Senado frenó un punto de acuerdo en el que se lamentaba la muerte del disidente cubano Orlando Zapata y se exhortaba al gobierno de Raúl Castro a abrir un diálogo con la disidencia y a liberar a los presos políticos. Varios senadores del PRI habían expresado que apoyarían la iniciativa, entre ellos la excanciller Rosario Green y el exembajador de México en Cuba, Pedro Joaquín Coldwell. Sin embargo, un día antes –el 13 de abril– el embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera de la Paz, se reunió con el líder del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, y los priistas se echaron para atrás.
El caso Ahumada
En la segunda parte de su texto, Castro se explayó sobre el caso Ahumada. Con base en las confesiones del empresario argentino –detenido en Cuba el 30 de marzo de 2004 y deportado a México un mes más tarde–, Castro confirmó que hubo un complot para detener la candidatura de López Obrador, el cual fue orquestado por Salinas, el exsenador panista Diego Fernández de Cevallos y los entonces titulares de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel, y de la Procuraduría General de la República, Rafael Macedo de la Concha. Dijo que fue Salinas quien le sugirió a Ahumada refugiarse en Cuba, pero que de ello no sabían nada las autoridades de la isla.
Afirmó que “comprende la desconfianza de López Obrador” hacia su gobierno debido a un hecho: Salinas se encontraba en Cuba cuando Ahumada le mostró los videos en los que aparecen los colaboradores del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México: Gustavo Ponce jugando en Las Vegas y René Bejarano y Carlos Imaz recibiendo dinero. Y se afanó entonces por aclarar que su gobierno nunca tuvo intención de dañar la imagen política de López Obrador.
De hecho, anotó la indicación que le dio a José Arbezú, vicejefe de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba: “A Obrador decirle, en primer lugar, que nosotros ni estamos en ningún complot contra él ni ninguna conspiración contra él ni estamos coaligados con nadie para hacerle daño (…)”.
Es entonces cuando Castro habló de su relación con Salinas y, de plano, se deslindó de él.
De entrada lo calificó de “hombre sumamente hábil, sabía mover todas las fichas como un experto en ajedrez, con talento por arriba de quienes lo rodeaban”.
Luego se refirió a la estancia de Salinas en Cuba: “Cuando (Ernesto) Zedillo, un hombre realmente mediocre que lo sustituyó en la Presidencia, celoso esta vez de su influencia política, le prohibió residir en México, Salinas tenía en ese momento una difícil situación personal y solicitó residir en Cuba. Sin vacilación lo autorizamos y aquí nació la primera hija de su segundo matrimonio”.
Salinas llegó a Cuba en 1995, cuando era acusado de ser el responsable de la crisis económica y de la descomposición política del país. Ocupó una residencia blanca, de muros altos y enrejados, ubicada en la calle 266 en el exclusivo barrio de Atabey, en La Habana, la cual se encontraba a escasos
Luego reveló que Salinas “quiso invertir” en Cuba, pero, dijo, “no lo dejamos”.
Y añadió: “Salinas mantuvo la práctica de visitar Cuba con determinada frecuencia, intercambiaba conmigo y nunca trató de engañarme. Me enfermé gravemente el 26 de julio de 2006 y no volví a saber de él”.
Nuevo pleito
López Obrador “se presentó a las elecciones (de 2006) y ganó la mayoría de los votos frente al candidato del PAN. Mas el imperio no le permitió asumir el mando”.
Tal frase –la única del extenso texto de Castro que hace alusión a Calderón, pero sin mencionarlo por su nombre– provocó una airada reacción de Los Pinos. El Jueves 12 y el viernes 13 Calderón sostuvo reuniones con varios de sus colaboradores y realizó llamadas telefónicas con el embajador en Cuba, Gabriel Jiménez Remus, y con la canciller Patricia Espinosa, quien se encontraba de gira en Turquía.
Por la tarde de ese día, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió el comunicado 252 en el que “expresa el rechazo del gobierno de México a las afirmaciones formuladas por el expresidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, en las cuales pretende descalificar a las instituciones mexicanas y se hace eco de afirmaciones sin sustento sobre el país y su desarrollo”.
Y se lanzó de lleno: “El gobierno de México hace votos para que pronto el pueblo de Cuba pueda acudir a elecciones libres para elegir a sus representantes y se respeten plenamente los derechos humanos en la isla”.
La respuesta de la cancillería presagia una nueva crisis en la relación entre México y Cuba. Sería la segunda en lo que va de este sexenio, pues en abril y mayo de 2009 las relaciones bilaterales se crisparon luego de que Castro acusó a Calderón de ocultar el brote epidémico A/H1N1 para no estropear la visita del presidente estadunidense Barack Obama (Proceso 1697)
De hecho, el texto de Fidel Castro sorprendió a diplomáticos y a funcionarios de la cancillería mexicana, pues los puntos sensibles de la agenda bilateral –comercio y deuda, migración, repatriación de presos mexicanos y diálogo político– iban a paso lento y con bajo perfil, pero avanzaban.
Incluso, durante el viaje de la canciller Espinosa a la isla, realizado en diciembre de 2009, el gobierno de Raúl Castro aceptó repatriar a una decena de mexicanos que se encontraban presos en diferentes cárceles cubanas para que pudieran purgar sus condenas en prisiones del país.
Luego, en febrero, Calderón recibió a Raúl Castro en Cancún, donde se celebró la llamada Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe. De hecho, Raúl y Calderón se elogiaron mutuamente después de que ambos intervinieron para frenar el entrentamiento que protagonizaron en ese evento los mandatarios de Venezuela, Hugo Chávez; y de Colombia, Álvaro Uribe.
Después, el 15 de marzo el presidente Castro recibió al embajador mexicano Jiménez Remus, quien le informó, a nombre del gobierno de México, el contenido del comunicado que unas horas más tarde emitió la SRE.
Ese comunicado lamentaba, con tres semanas de atraso, la muerte del disidente Orlando Zapata; expresaba la preocupación del gobierno mexicano por el estado de salud de Guillermo Fariñas, quien entonces llevaba más de dos semanas en huelga de hambre; y exhortaba al gobierno cubano a “realizar las acciones necesarias para proteger la salud y la dignidad de todos sus prisioneros”.
En diciembre, durante su gira por La Habana, Espinosa refrendó el interés de Calderón por visitar Cuba y estimó que ésta se llevaría a cabo durante el primer semestre de 2010. Luego, en febrero, durante la cumbre de Cancún, se volvió a hablar del tema. Pero el 23 de ese mes murió Orlando Zapata y al régimen le llovieron las condenas internacionales. Dicha muerte sorprendió al presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, realizando una visita a la isla. Esa coincidencia le provocó un escándalo interno y una llamada de atención del Congreso brasileño. El gobierno de México consideró que no había buen clima para que Calderón fuera a la isla y dejó de mencionar el tema. l
Compraron el cielo, les entregaron infierno...
José Gil Olmos y Pedro Matías
Les vendieron unos terrenos en las afueras de Huatulco y los hicieron pagar por adelantado. Después, los refundieron en una zona de barrancas llenas de ratas, víboras y alacranes, y ahí los dejó Alfonso Mireles –el empresario que los engatusó y se embolsó 30 millones–, hacinados en minúsculas barracas. Los defraudados, trabajadores de la zona hotelera, demandan la solución a su problema y señalan como cómplices del fraude a las autoridades municipales de Huatulco y al exdirector del Fonatur Miguel Gómez Mont.
HUATULCO, OAX.- Los cuartuchos son de madera y láminas fabricadas con envases de leche y latas de refresco. Sólo algunos tienen paredes o piso de cemento. De lejos lucen como una montaña enmarañada en cables de electricidad, pero de cerca conforman una ciudad pestilente de callejones laberínticos, andadores de tierra y lodo, agua sucia fluyendo al aire libre entre cientos de módulos a los que han sido confinadas por las autoridades 700 familias pobres. En algunos casos hasta siete personas habitan esos espacios de apenas cinco por cinco metros.
Hace seis años, al empezar el gobierno de Ulises Ruiz, todas esas familias pagaron entre 30 mil y 55 mil pesos por terrenos de
Casi
Han pasado seis años y sobre estas tierras en breña no se han levantado las casas prometidas; en cambio siguen creciendo las barracas de los trabajadores de la zona turística de Huatulco que llegaron con el sueño de una vida mejor.
El fraude
La historia de este fraude comienza cuando el entonces alcalde huatulqueño José Humberto Cruz Ramos inexplicablemente entregó las tierras al ingeniero Alfonso Mireles, quien, de acuerdo con los contratos 13 098 y 13 700, firmados en septiembre de 2007 con el ayuntamiento ante el notario Gilberto Gamboa Medina, se comprometió a dotar de servicios el área prevista para la vivienda y vender lotes de
Gamboa Medina es uno de los personajes que están siendo investigados por la venta de notarías durante el gobierno de Ulises Ruiz. De acuerdo con la averiguación previa 1819/A.E.I./2009, radicada en la Visitaduría General de la Procuraduría de Oaxaca, serían nueve las notarías que se habrían vendido a precios que fueron de
Mireles, en tanto, en lugar de fraccionar los terrenos pidió a las familias que depositaran en su cuenta bancaria los abonos hasta saldar el adeudo; les advirtió que si tenían un retraso les cobraría intereses y si tardaban más de tres meses en depositar se invalidaría el acuerdo. Para que se sintieran seguros les daba una sencilla hoja firmada por él y con el logotipo de su empresa, Servicios Topográficos y Asesoría. Eso era todo.
Juan Antonio Hernández, representante de los defraudados, recuerda que el alcalde Cruz Ramos les firmó una minuta en la que se comprometía a entregarles los terrenos por 55 mil pesos a pagar en 10 años. “A algunas personas se les respetó ese acuerdo, pero a otras les dieron cinco años. A nosotros nos decían: vayan a depositarle a este señor Mireles, pero éste se encargaba de subirle el precio (al lote) sin respetar el acuerdo. Además era prestanombres porque utilizó la maquinaria del municipio dizque para urbanizar”.
El negocio le dio frutos de inmediato: los lotes se agotaron y según cálculos extraoficiales Mireles se embolsó 30 millones de pesos sin ensuciarse las manos.
Mientras hacía negocios con la especulación inmobiliaria, apoyado por las autoridades municipales, el supuesto empresario constructor mandó a las familias a ocupar lotes de tres, cuatro y hasta cinco metros en una zona en breña con la promesa de que pronto les entregaría sus terrenos.
Sobre este pedazo de tierra, sin más drenaje que el declive propio del cerro, donde pululan serpientes, ratas e insectos venenosos, comenzó a crecer una ciudad perdida hecha de covachas que contrasta con la opulencia de los hoteles de Huatulco.
“Vivimos en la miseria, como en cajas de cigarros, uno encima del otro”, dice molesto José Juan Briceño, albañil, al recordar que cada una de las familias pagó 30 mil pesos por un terrenos de
El negocio impune
Creado en 1984 por decreto del presidente Miguel de la Madrid como el gran proyecto turístico de su sexenio, el desarrollo de Bahías de Huatulco se ha rezagado al paso del tiempo en comparación con Cancún, Nuevo Vallarta, Ixtapa y otros destinos de playa.
A pesar de ello La Crucecita –población creada ex profeso para dar espacio a los trabajadores de Huatulco– creció y se formaron asentamientos irregulares a su alrededor.
En un intento por resolver este problema, en 2003 el ayuntamiento le compró al Fonatur
Con la llegada de las nuevas autoridades municipales se organizó un padrón de asentamientos irregulares para tener un censo de la demanda y para 2004 comenzó el fraude encabezado por Norberto Aragón Ogarrio, concuño del recién elegido presidente municipal José Humberto Cruz, quien junto con Mireles se encargó de iniciar el proceso de notarización y la venta de los terrenos, aun cuando éstos no les habían sido entregados.
De acuerdo con documentación oficial, en una sesión de cabildo del 15 de octubre de 2004 se autorizó al presidente municipal interino, Javier Cárdenas García –quien sustituyó a José Humberto Cruz que a su vez buscaba insertarse en el grupo de incondicionales del gobernador Ulises Ruiz y del legislador federal Héctor Pablo Ramírez Puga; a la postre lo logró y obtuvo una diputación–, a entregarle al ingeniero Mireles las tierras que comprarían al Fonatur en 12 millones de pesos.
El 20 de mayo de 2005 se concretó la compra de esta superficie y se firmó el contrato en el cual el alcalde Cárdenas se comprometía a pagar en tres exhibiciones (a lo largo de un año) al Fonatur la deuda de 12 millones; la tierra se vendería en 61 lotes de
A pesar de que no se pagó el adeudo, Mireles siguió con la comercialización de las ocho hectáreas donadas por el gobierno federal.
A pesar de que Mireles y los funcionarios del ayuntamiento no entregaron la tierra prometida a los colonos, el 7 de mayo de 2007 el Fonatur, dirigido entonces por Eduardo Miguel Ángel Gómez Mont Urueta –cesado el 29 de junio pasado por un escándalo que protagonizó en el Mundial de Sudáfrica–, entregó al municipio otras
El contrato 13 214, firmado por Gómez Mont y el alcalde Javier Cárdenas García ante el notario público número 66, Gilberto Gamboa Medina, indica que el Fonatur entregó las tierras para que se “complementaran los programas habitacionales de interés social” del municipio mediante “procedimientos claros y transparentes”. La condición era que si las autoridades municipales no cumplían con el acuerdo se les rescindiría el contrato sin mediar proceso judicial.
Pero las autoridades huatulqueñas sólo tuvieron en sus manos las tierras entregadas por el Fonatur cuatro meses y las entregaron nuevamente a Mireles.
De acuerdo con el contrato 13 698 firmado por el notario Gilberto Gamboa Medina, personaje ligado al gobernador Ulises Ruiz, el alcalde Cárdenas donó a titulo gratuito y de manera irrevocable
Según este documento fechado el 24 de septiembre de 2007, el municipio donaría
“Con esto se le dará atención a las demandas inaplazables de los habitantes de este municipio y empezaremos a solucionar la demanda social de vivienda que tienen un rezago ancestral”, señala el presidente municipal al precisar que la entrega de los terrenos a las desarrolladoras es a condición de que las casas y terrenos tengan “un precio bajo y real en el mercado, al alcance de los más necesitados”.
Pero a tres años de las firma de este contrato, en los terrenos donados por Fonatur y explotados por Mireles no hay ninguna casa y sólo se ven las barracas construidas en desorden en el monte.
Villas Doradas
La tierra prometida para construir sus casas se conoce como Sector H-3. Las 700 familias que ya pagaron lo acordado están atentas a que no vayan a revender los terrenos que ya son de ellos. En los últimos dos años han realizado protestas para que les cumplan lo prometido y algunas familias incluso invadieron una zona que era reserva ecológica y que el Fonatur donó al municipio para que ahí se levantaran las viviendas.
Simón Rodríguez, uno de los defraudados por la empresa Servicios Topográficos, dice con coraje que no sólo Alfonso Mireles debería estar en la cárcel, sino los demás funcionarios de Oaxaca con los que está asociado y que han robado millones de pesos.
Aquilina Romero, que vive con sus tres hijos y su esposo en un cuarto de cuatro metros, se queja de la usura de Mireles. “Nosotros le pagamos 6 mil pesos de intereses porque si nos atrasábamos nos aplicaba 8% mensual. Le pagamos todo y ahora no nos dan nuestro terreno”.
Los vecinos del Sector H-3 invitan a los reporteros a un recorrido por sus chozas. Muestran la miseria en la que viven. Los cuartos de hasta tres metros en los que fueron confinados y en los que tienen camas, estufa, refrigerador, ropero y hasta el baño en una esquina. Enseñan los riachuelos de aguas negras que corren por los andadores de tierra que serpentean por el monte de donde bajan serpientes, alacranes y ratas. Y en medio de todo, los niños jugando.
De uno de esos cuartos se asoma Griselda Flores y detrás su hijo Reynaldo. “Mi hijo se enfermó, tenía fiebre, vómito y diarrea. Lo llevé al Hospital Materno-Infantil de La Crucecita y un doctor no lo quiso atender cuando supo que venía del Sector H-3. Dijo que tenía una orden del gobierno de que no dieran atención a los “invasores” de los módulos. Le reclamé pero no me hizo caso y tuve que llevar a mi hijo con un médico particular”.
La respuesta es dura y represiva de parte del ayuntamiento, encabezado ahora por Miguel Ángel Olmedo Cárdenas, contra las familias que el pasado 23 de junio invadieron
En cambio, las mismas autoridades municipales tienen detenida la construcción de las viviendas a pesar de que, conforme al contrato firmado con el Fonatur, ya se realizaron las licitaciones con las empresas constructoras de vivienda de interés social.
En mayo de 2008 se realizó la licitación de terrenos para desarrollar los primeros dos polígonos de las
Los colonos defraudados aseguran que los regidores Jorge Fredy Salinas Carmona y Jordi Masdefiol manipularon la licitación por un pago de 2 millones de pesos para que se la quedara Constructor, que ya tiene a su cargo algunos tramos de la carretera Oaxaca-Huatulco.
El 28 de enero de 2009, en conferencia de prensa, dicha empresa anunció la construcción de mil 684 casas con un costo aproximado de 195 mil pesos cada una, en los polígonos 1 y 2 del Sector H-3 de Huatulco.
El ingeniero David Jarquín y el arquitecto José Luis Quintana, representantes del grupo constructor, dieron a conocer un prometedor proyecto de urbanización del fraccionamiento que llamaron Villas Doradas, que tendría una planta de tratamiento, canales de salida del agua pluvial para evitar inundaciones, áreas verdes, estacionamientos, andadores para bicicletas y área comercial, con calles diseñadas para un futuro crecimiento de la ciudad.
Las casas estarían construidas con el sistema dúplex, con sala, comedor, cocina, baño, recámara y jardín como base, con opción de crecimiento hacia un segundo nivel.
Ante los cuestionamientos de la prensa sobre las licitaciones, el director de Obras Públicas del ayuntamiento, José Humberto Ordaz Martínez, dijo que fueron transparentes, a través de una convocatoria publicada a escala nacional. Aseguró que ninguno de los miembros del cabildo tiene intereses dentro del proyecto.
A su vez, el ingeniero David Jarquín informó que el grupo constructor que desarrollará el proyecto de Villas Doradas está formado por tres empresas: Video Construcciones, Inmobiliaria Oxa y Grupo Constructor de Infraestructura.
“Serán viviendas dignas y seguras; los que estamos arriesgando el pellejo somos nosotros”, comentó molesto el representante de la empresa desarrolladora.
Pero año y medio después del anuncio rimbombante, Villas Doradas sigue siendo solamente una promesa. En los minúsculos terrenos siguen las casas de cartón y latas de leche armadas sobre la tierra y el agua contaminada, sin drenaje y sin luz.
En las pasadas elecciones del 4 de julio, el candidato del PRI al gobierno de Oaxca, Eviel Pérez Magaña, esperaba tener el apoyo de los colonos de los módulos. Incluso se comprometió a resolver el problema de los terrenos a cambio de sus votos. No obstante, el voto fue en contra; se la cobraron los defraudados. Tras la derrota electoral, el fraude millonario contra cientos de familias de La Crucecita ha salido de nuevo a flote.
Alfonso Mireles –identificado por los colonos como parte del grupo del diputado federal Hector Pablo Ramírez y del gobernador saliente, Ulises Ruiz– ya ha sido demandado por el fraude millonario.
Y ante el incumplimiento del compromiso del municipio de Huatulco de construir casas de interés social, el Fonatur ya esta previendo la recuperación de las tierras, con lo que dejaría al garete a 700 familias pobres que llegaron a este puerto en busca de una vida mejor.
El pastel de Televisa, en el aire
Jenaro Villamil
La convocatoria lanzada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el pasado 19 de enero para licitar la banda 1.7 Ghz –la más codiciada para los servicios de telefonía móvil convergente con internet, audio y video–, se encuentra entrampada. Y aunque Televisa se jactaba de haber obtenido a precio de ganga 50% de los 270 Mhz que se sometieron a concurso, los comisionados de la Cofetel deliberarán en los próximos días si avalan los resultados de la llamada licitación 21. En medio hay una querella interpuesta por Iusacell, que se inconformó con el fallo del concurso de licitación.
En diciembre de 2009, semanas antes de que iniciara formalmente el proceso para licitar la banda 1.7 Ghz, la más codiciada para los servicios de telefonía móvil convergente con internet, audio y video, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, envió una carta dirigida a sus “estimados accionistas” en la que presumió que su empresa obtendría nuevo espectro en telecomunicaciones.
“La diversificación de Televisa, de una empresa tradicional de medios hacia un competidor relevante en la industria de telecomunicaciones, seguirá siendo un elemento crítico de nuestra estrategia. Nuestra habilidad de obtener espectro a licitarse en México durante 2010 para ofrecer servicios móviles, será un paso importante en este proceso de diversificación”, decía el texto.
El párrafo fue redactado antes de que se lanzara la convocatoria el 19 de enero de 2010 (la licitación 21) y de que se supiera que el conglomerado de Azcárraga Jean, asociado con Nextel, sólo pagaría 180.3 millones de pesos por 50% de los 270 Mhz que se sometieron a concurso.
El resto del espectro licitado quedó distribuido de la siguiente manera: 39% para Telcel, que deberá pagar 3 mil 793.8 millones de pesos y 11% para Telefónica, que tendrá que liquidar mil 273.8 millones de pesos, siempre y cuando los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) autoricen esta impugnada licitación.
De ser así, Televisa-Nextel pagan por cada megahertz de esta licitación 27 millones de pesos, mientras que Telcel desembolsará 42 millones y Telefónica 57 millones, según los cálculos del especialista Gabriel Sosa Plata.
El diputado federal panista Javier Corral advirtió, en un punto de acuerdo aprobado por todas las fuerzas políticas del Congreso el miércoles 11, que “en la disputa por congraciarse con la empresa de Azcárraga, el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, impulsó que en lugar de un diferimento se le diera una condonación total por dos años en el pago de derechos, y para evitar sospechas se le hizo extensiva a todos los que participaron en la licitación, constituyendo esta exención fiscal un monto total de 5 mil 680 millones de pesos, lo que sólo a Televisa le representa un beneficio directo de mil 800 millones de pesos”.
El punto de acuerdo impulsado por Corral exhorta a la SCT y a la Cofetel a declarar desierta la licitación 21. Después de una extensa discusión en tribuna con el senador perredista Carlos Sotelo y con los legisladores priistas César Augusto Santiago y Jorge Carlos Ramírez Marín, Corral aceptó incluir a Felipe Calderón en su exhorto: “Cofetel tiene hasta el jueves 19 de agosto para resolver la licitación. Busquemos que no se otorgue. El tema debe superar las disputas particulares de carácter permanente. No nos autodenigremos”.
Para Sotelo era necesario incluir a Calderón en el exhorto porque, dice, “hay una operación del gobierno” para favorecer a Televisa en esta licitación, que incluye los cambios recientes en la conformación de la Cofetel.
Enredos de Cofeco y Cofetel
Un día después del punto de acuerdo, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), presidida por Eduardo Pérez Motta, se lavó las manos frente a la escandalosa disparidad en el pago de las contraprestaciones y afirmó que al organismo no le corresponde “juzgar si el Estado obtuvo la mejor contraprestación”. Su función es, comentó, “evaluar el efecto de la licitación sobre el mercado de telefonía celular y sobre los consumidores”.
En un inusitado comunicado del jueves 12 la Cofeco informó: “El objetivo de una licitación de esta naturaleza no debe ser maximizar la recaudación, sino promover la competencia para beneficiar a los consumidores”.
La comisión justificó las bases de licitación y argumentó que “el mercado de la telefonía móvil en México está muy concentrado: la mayor empresa tiene una participación de mercado de 73% y dos empresas representan 91%”, en clara referencia a Telcel y a Telefónica.
Mencionó también a Iusacell, “una tercera empresa (que) tiene concesionada una cantidad de espectro similar a las primeras dos, pero ha concentrado sus esfuerzos en vender sus derechos sobre este espectro, en lugar de explotarlo a través de una oferta competitiva atractiva para los consumidores”.
Los argumentos del organismo antimonopolio son muy similares a los que expuso Javier Tejado Dondé, director jurídico de Televisa, en un artículo publicado el 29 de junio en el periódico Reforma.
Tejado Dondé defendió así los beneficios para Televisa y Nextel:
“1. Al haber más espectro radioeléctrico disponible, el objetivo primordial del Estado es el desarrollo y el crecimiento económicos, no la recaudación…
“2. Por definición, las pujas económicas en el proceso licitatorio hacen que el precio del espectro no sea el mismo para todos…
“3. Los derechos anuales que pagarán los concesionarios, que representan alrededor de 90% del pago de la contraprestación, son los mismos para todos. Año con año, el Estado recaudará alrededor de 318 millones de pesos por cada 10 Mhz de especto explotado a nivel nacional.”
Para la Cofeco, Televisa es un “jugador entrante” en el mercado de la telefonía móvil y no cuenta en sus criterios en contra de la concentración los más de 3 mil Mhz de espectro que Televisa posee en sus 258 estaciones afiliadas a sus cuatro canales de televisión abierta –2, 4, 5 y 9–, sus 1.7 millones de suscriptores a través de sus tres empresas de televisión por cable: Cablevisión, Cablemás y TVI, así como los casi 2 millones de suscriptores en el servicio de televisión satelital o Sky. Además, Televisa presume que su nueva compañía telefónica Bestel superó en 2009 los 3 mil 400 millones de minutos en uso.
El comunicado de la Cofeco se distribuyó el mismo día que se intensificó el cabildeo de Televisa para que los cinco comisionados de la Cofetel adelantaran el fallo a favor de la licitación 21.
Por el momento, no pudo ser así. La sesión del pleno de la Cofetel del viernes 13 no se concretó, ya que los comisionados José Luis Peralta Higuera y Ernesto Gil Elorduy no asistieron. Peralta envió al mediodía una carta en la que explicaba que, desde el 14 de diciembre de 2009, se opuso a las bases de licitación que beneficiaban a Televisa.
En la parte medular de su escrito, Peralta Higuera manifiesta “su inconformidad con el tope de 80 Mhz para la banda de 1.7-2.1 Ghz y la configuración de dos bloques nacionales de 30 Mhz, toda vez que no coadyuvará a la sana competencia en el sector como lo establece la Ley Federal de Telecomunicaciones”.
Los tres comisionados restantes –Mony de Swaan, Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous–, se negaron a votar mientras no estuvieran sus otros dos compañeros en una licitación que, dijeron, “por la trascendencia del tema será fundamental para el futuro del sector, independientemente de la resolución final”.
En otro inusual comunicado de prensa, distribuido en la tarde del vienes 13, la Cofetel acusó a Peralta y a Gil Elorduy de haberse ausentado “sistemáticamente” de las sesiones en las que se han discutido asuntos de relevancia para las licitaciones, “particularmente en su última etapa, a pesar de haber participado, desde hace meses, en las etapas previas. En ningún caso la ausencia ha sido debidamente justificada”.
La Cofetel informó que la sesión plenaria fue pospuesta en tres ocasiones y sus integrantes decidieron aplazarla para las 16 horas de ese viernes. Los comisionados decidieron posponer hasta la próxima semana la decisión final.
La licitación 21 se enfrenta también a dos órdenes judiciales que obligan a la SCT a cancelar el proceso como medida cautelar. Los abogados de Iusacell, perteneciente al Grupo Salinas, se inconformaron con las bases de licitación y lograron dos fallos favorables de un juez federal de Acapulco y otro de Matamoros, quienes ordenaron suspender el proceso de licitación como medida cautelar.
El Juzgado Noveno de Distrito del Distrito Federal desechó la demanda de amparo que interpuso la SCT contra las medidas cautelares ordenadas por los jueces que resolvieron la demanda de Iusacell.
Las ambiciones de Azcárraga
En su misiva de diciembre 2009, Azcárraga Jean expuso a los accionistas de Televisa que para que la empresa pudiera competir en el ramo de las telecomunicaciones, necesitaba “una inversión potencial de mil 44 millones de dólares para adquirir, inicialmente, 30% de la participación accionaria en Nextel México, así como una opción para adquirir 7.5% adicional de la compañía. Consideramos que Nextel México es el socio correcto para ayudarnos a ingresar en el mercado de servicios móviles de manera eficiente y oportuna”.
Para Azcárraga Jean la sociedad entre Televisa y Nextel, los principales beneficiarios de la licitación 21, está relacionada con toda su estrategia de servicios de televisión por cable (es accionista mayoritaria de Cablevisión, TVI y Cablemás) y la adquisición de la compañía Bestel.
La telefónica Bestel fue adquirida en 2007 por Televisa y a finales de 2009 el entonces director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, autorizó beneficiarla con un contrato por 2 mil 200 millones de pesos para que operara una red privada de telecomunicaciones en el instituto.
“Nextel México podría tener acceso a nuestros 3.7 millones de hogares con servicios de televisión de paga –lo que equivale a casi 12 millones de clientes potenciales–. Nextel México también tendría acceso a Bestel, uno de los operadores de redes troncales y de retorno más grandes de México”, presumió Azcárraga en su carta.
“Además, las plataformas de publicidad, mercadotecnia y contenidos de Televisa serán un importante factor diferenciador. Televisa tendrá acceso a un equipo de administración experimentado, a una sólida base de clientes, y a una operación altamente rentable. El nuevo Nextel México tendrá el potencial de convertirse en un participante muy importante, ofreciendo servicios de internet inalámbrico y telefonía en nuestros mercados clave”, insistió el presidente de Televisa, compañía cuyas acciones dependen en 70% del mercado bursátil.
El jueves 12, el vicepresidente de Nextel, Gustavo Cantú, salió en defensa de los resultados de la licitación 21 y advirtió que si ésta se declara desierta, “el principal problema es que condenan al país al subdesarrollo porque es mentira que el proceso se repondría rápidamente”.
Cantú calificó de “mentiroso” el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ya que, si se declara desierto el proceso de licitación, difícilmente se puede reponer el procedimiento.
El desenlace de esta historia que ha polarizado al sector de telecomunicaciones se desconoce aún. En tanto, las relaciones entre Televisa y el gobierno de Felipe Calderón son cada vez más tensas, a pesar de los mutuos favores y del elevado presupuesto de Los Pinos para promover la imagen presidencial en televisión abierta. l
Y en el IMSS huele a... familia presidencial
Jesusa Cervantes
Juan Molinar Horcasitas está metido en un embrollo: diversos actores políticos quieren someterlo a juicio político y hasta desaforarlo por varias causas, desde la no muy clara licitación del espectro de radiofrecuencias, hasta por su responsabilidad en la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo. Uno de los muchos motivos del descontento generalizado contra Molinar tiene que ver con unos contratos del IMSS, oscuros y millonarios, en un área en la que el ahora secretario de Comunicaciones y Transportes había colocado a un primo de la esposa del presidente Calderón.
En el centro de la polémica por “su activa participación” en la elaboración de las bases de la licitación del espectro de radiofrecuencias que beneficia al binomio Televisa-Nextel, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, ahora se enfrenta a una exigencia de juicio político en su contra planteada por el PRI, así como a una solicitud de desafuero demandada ante la Cámara de Diputados por el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona.
A partir de una propuesta de Acción Nacional, el miércoles 11 la Comisión Permanente acordó pedir al Ejecutivo federal que anule aquella licitación. A cambio de su voto a favor, el PRI pidió al PAN respaldo para que, en caso de no recibir una respuesta favorable del gobierno, se instaure el juicio político contra Molinar Horcasitas.
“En el supuesto de que aceptásemos el exhorto y (...) siguiera la suerte de otros miles que hemos hecho sin resultado alguno, ¿estaría dispuesto a suscribir conmigo (una petición de) juicio político en contra del secretario?”, preguntó el diputado priista César Augusto Santiago al panista Javier Corral, promotor del requerimiento.
“Por supuesto que habría responsabilidad penal, política y administrativa, y así lo he propuesto. Yo lo he propuesto… Cuando este debate empezó propuse que fuéramos a todas las consecuencias legales, políticas y administrativas a quienes tomaran esa decisión, y por lo tanto la respuesta es: ¡Sí!”, dijo Corral Jurado.
Sin embargo es difícil que se cristalice el juicio político contra Molinar, comenta Reyes Orona, “pues como éste se resuelve en el Senado y ahí el PAN tiene mayoría (50), veo muy complicado que se dé”.
Por ello, dice, “interpuse en la Cámara de Diputados no sólo la demanda de juicio político, sino también el desafuero contra Molinar, por su presunta responsabilidad en el incendio de la guardería ABC, y esto deberá abordarse en el próximo periodo ordinario que se inicia en septiembre”.
El pasado 22 de junio, el PRI impulsó en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que se “analice por el área jurídica” la valoración para solicitar el juicio político.
Dos días más tarde, Reyes Orona demandó la aplicación de ambos procedimientos (juicio político y desafuero) contra Molinar por el caso de la guardería ABC de Hermosillo; por probable peculado, ya que puso a jugar en la Bolsa Mexicana de Valores cuando menos 16 mil millones de pesos del fondo de reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando estaba al frente de la institución (Proceso 1759), y por la entrega de un contrato multianual de 3 mil millones de pesos a una empresa que no reunía los requisitos para concursar: Tata Consultancy Services (TCS) de México.
Para llevar a cabo el desafuero se necesita mayoría simple. En San Lázaro el PRI tiene 237 legisladores; el PVEM, 21; el PAN, 143; el PRD, 69; el PT, 13; el Panal, nueve y Convergencia, ocho.
De acuerdo con la solicitud de desafuero de Reyes Orona, Juan Molinar Horcasitas avaló la entrega de un contrato a TCS, empresa impugnada por el resto de los participantes en el proceso de licitación.
Reyes Orona informó que ante la demanda que interpuso ya no se requiere la evaluación del área jurídica de la Cámara de Diputados y se le debe dar trámite automáticamente. Incluso reveló que el próximo martes 17 acudirá a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para ampliar su denuncia e incluir el caso de la licitación 21 de la SCT, el desmembramiento de Mexicana de Aviación, la falta de claridad en las licitaciones de puertos y la imposición de Mony de Swaan como comisionado y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
En cuanto a los documentos del millonario contrato que Molinar avaló para la empresa TCS por los servicios logísticos e informáticos que presta al IMSS y que tienen vigencia hasta 2011, se revela además la participación de Carlos Felipe Castañeda Gómez del Campo, primo hermano de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón Hinojosa.
En el área de la cual es responsable el primo de la esposa del presidente (Innovación y Desarrollo Tecnológico) se han avalado pagos por más de 30 millones de pesos, en algunos casos con facturas duplicadas.
Los apoyos a Molinar
La historia se inició el 14 de diciembre de 2006 cuando, 12 días después de haber sido nombrado director del IMSS, Juan Molinar propuso al Comité Técnico del instituto el nombramiento del primo hermano de Margarita Zavala como director de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Según el manual de operaciones del IMSS, la dirección en la que se mantiene Castañeda se encarga de “contratar los servicios externos en materia de tecnologías de información, innovación y desarrollo tecnológicos, así como la adquisición, arrendamiento y mantenimiento de los equipos de cómputo, programas y paquetería de software, servicios de desarrollo de aplicaciones y rediseño de procesos”.
Ésta es una de las áreas donde la familia de la esposa del presidente de la República ha destacado desde hace años. Incluso ha sido proveedora del gobierno federal a través de las empresas Hildebrando y Metadata, propiedad de Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, que dan servicio para el manejo de datos de instituciones como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario o el propio IMSS (Proceso 1564).
Con Castañeda Gómez del Campo, el primo político de Calderón, desde su posición dentro del gobierno la historia ha sido otra: se le ha acusado, por ejemplo, de haber adjudicado en forma poco transparente, entre junio y agosto de 2007, cuatro contratos de servicios tecnológicos por un monto cercano a mil 600 millones de pesos. Uno de ellos, por mil 500 millones, fue otorgado a una de las empresas de Carlos Slim, luego de que varios de los 26 competidores se tuvieron que retirar debido a “candados discrecionales” impuestos por Castañeda Gómez del Campo, según denunciaron algunos de los oferentes que prefirieron el anonimato para no ser afectados en futuras subastas. En esa ocasión se trató de la licitación número 00641259-016-07 (Proceso 1622).
En cuanto a la licitación que hoy forma parte de la demanda de desafuero contra Juan Molinar (la número 00641259-019-017), las bases fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 26 de julio de 2007 por el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS, Carlos Felipe Castañeda Gómez del Campo.
Participaron varias empresas, entre ellas la Universidad Autónoma de Nuevo León; EDS de México; Itera SA; Valores Corporativos Softtek y Tata Consultancy Services de México.
Aunque durante las juntas de revisión algunas empresas hicieron reclamos por la forma en que se estaba realizando la subasta, el 14 de septiembre de 2007 el IMSS anunció su fallo a favor de TCS.
Contra viento y marea, el 4 de octubre de 2007 Molinar Horcasitas y Castañeda Gómez del Campo firmaron el contrato No. 7S7279 con TCS por la cantidad mínima de mil 241 millones 376 mil 323 pesos hasta un máximo de tres mil 103 millones 440 mil 809 pesos. La duración del contrato fue de 48 meses a partir de la firma.
El reclamo de los competidores fue que la compañía a la que le daban el contrato era de reciente creación y no contaba con los suficientes estados financieros ni tenía la certificación de calidad CMM15 que se pide a las empresas de tecnologías de la información.
Las denuncias llegaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que abrió el expediente 657/2007. Mediante la resolución número 115.5.3241 del 19 de diciembre de 2007, la Dirección General de Inconformidades de la SFP determinó que el IMSS “debía llevar a cabo una nueva evaluación de las propuestas y fallo que en derecho proceda”.
Según los contratos que la empresa firmó con el IMSS, TCS fue creada el 2 de abril de 2003 y el 12 de septiembre de 2006 nombró como representante legal a Ankur Prakash.
Para subsanar los requisitos que no cubría, detalló Reyes Orona, esa compañía “se alió con una empresa extranjera que no participó en la licitación”: Tata America International Corporation, la cual, según el declarante, está metida en “un escándalo en Chile, ya que se acreditó que una empresa parte de este grupo fue sorprendida en actos ilícitos vinculados a los servicios informáticos que prestaba al Registro Civil de aquel país”.
En su demanda de juicio político, Reyes Orona declara que “el señalamiento indicaba que (la empresa trasnacional con la que se alió la mexicana) había hecho llegar recursos a campañas no admisibles conforme a la ley allá en Chile”.
Ante la decisión de la SFP del 19 de diciembre de 2007, que ordenaba anular el contrato entregado a TCS y revisar nuevamente todas las propuestas, el IMSS repuso el fallo el 4 de enero de 2008, pero de nueva cuenta éste recayó en Tata Consultancy Services y ya nada pudieron hacer el resto de las concursantes.
Debido a esta nueva resolución se anuló el contrato que en principio se había entregado a TCS y se firmó otro, multianual, el 16 de enero de 2008 y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011.
El nuevo contrato, número 8S8056, establece un pago mínimo de mil 228 millones 600 mil 566 pesos y un máximo de 3 mil 71 millones 501 mil 416 pesos.
También se deja asentada la alianza a la que hubo de recurrir TCS para cubrir los requisitos de la licitación. En la página dos del nuevo contrato se establece que “celebró con Tata America Internacional Corporation un convenio de participación conjunta para proporcionar los servicios objeto del presente contrato… y las obligaciones deberán cumplirse solidariamente”.
El caso sigue abierto
Hasta la firma del contrato, las empresas desplazadas ya nada podían hacer, pues los requisitos habían sido saldados.
Sin embargo, a principios de 2009 Reyes Orona inició una indagación: como presidente de la organización Transparencia Nacional solicitó a través del IFAI todos los “contratos, pagos y facturas de la empresa Tata, empresa consultora, que presta servicios a la Dirección de Innovación a cargo de Carlos Castañeda Gómez del Campo en el área de Innovación y Desarrollo Tecnológico y que contratan a diversas empresas relacionadas con sistemas”.
El 19 de marzo de 2009, el IMSS debió enviar “la información existente”. Se trata de los dos contratos firmados por Tata, el primero 7S7279 (que fue anulado) y el 8S8056, más las facturas correspondientes a los servicios proporcionados en 2007 y 2008 por dicha empresa.
Los hallazgos fueron reveladores.
Uno de los reclamos que Reyes Orona hace en su demanda de juicio político contra Molinar Horcasitas y el contrato firmado con Tata es que el IMSS paga “por hora-hombre” una cuota fija de 235.80 pesos. Esto significa que el número de horas que la empresa reporte como trabajadas, multiplicado por 235.80 es la cantidad en pesos que el instituto debe cubrir.
En su denuncia, el exprocurador fiscal aclara que “los nombres, listados y nóminas de Tata son desconocidos, por lo que se exige un escrupuloso escrutinio de ellos debiéndose constatar si se han incorporado a la planta laboral extranjeros que desplacen a mexicanos”.
Lo anterior, detalla Reyes Orona, es porque se tiene conocimiento de que la empresa sólo cuenta con 500 empleados en México y según las facturas que le fueron entregadas por el IMSS, se llegaron a laborar hasta 420 mil horas por mes.
“Esto sólo significa una cosa: o que recurrieron a trabajadores extranjeros, con lo cual están quitando empleo a mexicanos, o las horas que vienen en las facturas están alteradas. Y si se revisan bien, es imposible que la planta laboral de Tata haya cubierto ese tiempo en un mes. Son un insulto y aberración esas facturas”, sostiene en entrevista.
Con las facturas en la mano y de las que sólo se le entregaron las emitidas en 2007 y 2008 por el IMSS y corroboradas por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, ofrece una muestra de una parte de las irregularidades.
Por ejemplo, para agosto de 2008 hay dos facturas por el mismo trabajo. Una es la número 2623 que reporta 110 mil 549 horas-hombre trabajadas con un monto a pagar de 29 millones 977 mil 572.33 pesos. Luego, existe otra por el mismo mes, con el número de factura 2676 con 36 mil 688 horas-hombre trabajadas por un monto de 9 millones 677 mil 514.96 pesos.
Esto significa que se pagó dos veces el mismo trabajo y en total la empresa Tata recibió 39 millones 655 mil 87.29 pesos. “Y no sabemos cuál fue el trabajo real”.
Otro caso es el de septiembre de 2008: “En la primera factura de ese mes, la número 2624, se reportan 53 mil 956 horas-hombre trabajadas con un monto de 22 millones 766 mil 348.52 pesos a pagar. Y luego existe otra por el mismo mes de septiembre con 33 mil 758.9 horas-hombre laboradas con un costo para el IMSS de 9 millones 154 mil 400.91 pesos. Tampoco sabemos cuál de las dos facturas es la real”.
Reyes Orona aclara que sólo tiene las facturas de 2007 y 2008, “y como el contrato sigue, supuestamente se sigue brindando el servicio al instituto, no sabemos si existieron otras irregularidades durante el año 2009 y lo que va de 2010, pero lo peor es que el contrato vence el 31 de diciembre de 2011. ¡Esto no puede seguir así sin que se investigue, si ya de por sí el proceso de licitación y el fallo estuvo amañado al aceptar la participación de otra empresa llamada igualmente Tata para cubrir los requisitos, pues no sabemos qué más puede haber en ese millonario contrato que es multianual!”.
En 2007, el IMSS pagó tres facturas, las de octubre, noviembre y diciembre, por un total de 31 millones 605 mil 188.91 pesos. “Aquí también habría que ver si hubo otra irregularidad, pues ese contrato ya había sido anulado por órdenes de la SFP y por ello se firmó uno nuevo el 16 de enero de
En cuanto a 2008, el IMSS pagó facturas por 276 millones 860 mil 236.40 pesos.
Pero, advierte Reyes Orona, no hay que olvidar que el tope máximo es por más de 3 mil millones de pesos y no sabemos si durante 2009, 2010 y 2011 se va a facturar doble o si las jornadas que reporten sean reales, hasta alcanzar el máximo que puede pagar el IMSS y que está estipulado en el contrato. l
El panismo se negó a un Bicentenario conjunto: Márquez
Judith Amador Tello
Esta entrevista con el coordinador de la Comisión de los centenarios por el Gobierno del Distrito Federal consta de dos partes: en la primera cuestiona el que el gobierno federal realice “una celebración cosmética presidencial”; y en la segunda responde a las críticas que a su vez le han hecho a su comisión conmemorativa. En todo caso, este 15 de septiembre ambas instancias llegan separadas porque la derecha, dice, se negó a una acción conjunta en la capital.
El próximo 15 de septiembre, el Zócalo, Paseo de la Reforma y parte del Centro Histórico serán feudo del gobierno calderonista, que realizará con toda la parafernalia su fiesta de “200 años de ser orgullosamente mexicanos”, mientras el gobierno de la Ciudad de México prefiere hacer mutis y anuncia, a través de la Comisión Bi-100/Bi-Centenario, que no tendrá actividades en esos espacios capitalinos.
–Entonces, ¿no habrá conflicto por esa plaza entre los gobiernos federal y local? Por decirlo de algún modo, ¿ustedes abandonan el Zócalo? –se le pregunta a Enrique Márquez, quien encabeza esa comisión desde abril de 2007.
–Mejor hablemos de que el Estado Mayor ocupa el Centro Histórico y el Zócalo. Es un acto de ocupación.
–¿La fiesta será completamente...?
Interrumpe la pregunta para decir, sarcástico, que será “australiana, canguresca”, en alusión al productor australiano Ric Birch, organizador del festejo que costará 60 millones de dólares (más de 600 millones de pesos), como informó el corresponsal de Proceso en Washington en septiembre del año pasado. Se dio a conocer recientemente que los gastos del total de festejos sumarán 2 mil 971 millones 600 mil pesos. Inicialmente la información se había catalogado como reservada y por eso no se conocería, sino hasta dentro de 12 años, pero finalmente se hizo pública.
Entrevistado unos días antes de la presentación a la prensa del show de Birch, en sus oficinas del piso 19 del World Trade Center, en la colonia Nápoles, Márquez confiesa en alusión al espectáculo multimedia presentado justo en septiembre de hace un año en el Zócalo, en donde por falta de organización y ausencia de elementos de seguridad la multitud quedó atrapada por horas:
“A mí, más allá de la transparencia, del australiano y de toda esta cosa que han traído, me preocupa la seguridad. Me preocupa el día 15 en términos de la población. ¿Cómo le van a hacer para asegurar a la gente? ¿Para evitar que ocurra algo como lo de septiembre pasado? ¿Qué previsiones tiene el gobierno federal? ¿Cómo se va a cuidar a la gente, a los niños, a las mujeres? Lo importante en este momento es cuidar a la población, porque a la ciudad le están imponiendo un aparatote.
Unos días después de realizada la entrevista, la Comisión Bi-100 envió un comunicado a los medios para aclarar que no estaba participando en las reuniones preparatorias de la estrategia de seguridad para las fiestas patrias. Sin embargo, cuando el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, presentó el programa federal para el día 15, lo acompañó José Ángel Ávila Pérez, secretario de Gobierno del Distrito Federal, quien expresó su respaldo a las acciones de seguridad.
Se le pregunta a Márquez si habría temor por otro tipo de conflictos, dada la frustración de la ciudadanía ante problemas como las crisis económicas, el desempleo o la violencia. Explica que en la historia del mundo las conmemoraciones siempre dieron pie a actos de contrapoder, y por ello en los carnavales existía el “rey feo” como una forma de permitir la burla al poder:
“La tentación de que se cumpla el ciclo simbólico de la violencia revolucionaria anda por ahí como una idea. Bueno, ya ocurrió en Morelia un acto bastante lamentable. Algunas personas hablan de esa posibilidad... Sin especular, yo digo que lo mejor que le podemos dar a la gente en la Ciudad de México es la mayor protección frente a un aparatote celebratorio presidencialista.”
Un enorme set de TV
El historiador y escritor pone énfasis en esa idea de la celebración “presidencialista”. Y es que dice sentirse frustrado por no haber logrado los acuerdos necesarios para una conmemoración conjunta, distinta, y explica que las razones fueron esencialmente conceptuales, pero también por falta de comunicación y voluntad política de funcionarios del gobierno federal:
“Nos hubiera gustado hacer muchísimo más. Tengo una gran frustración porque no pudo definir un programa de conmemoración nacional. El gobierno federal está haciendo una celebración presidencialista, son como los días del presidente. La mayor parte de los eventos son en esta ciudad y no hay una articulación.
“No hay una convocatoria nacional en el sentido de los estados y los municipios más importantes. El propio municipio de Dolores ha sido relegado de la conmemoración porque el gobierno federal, con el de Guanajuato, decidió que la nueva capital de la cuna de la Independencia sea Silao, con todo lo que ya sabemos (Expo Guanajuato). Durante tres años hicimos el esfuerzo por llegar a un acuerdo con el gobierno federal, fue un poco iluso, cómo vamos a ponernos de acuerdo absolutamente en nada: Dices peras, dicen manzanas; dices ciudadano, dicen australiano.”
Tras recordar que sólo en el periodo de Rafael Tovar y de Teresa al frente de la organización de los festejos se lograron establecer algunas premisas, afirma que a la llegada de José Manuel Villalpando la situación cambió, y lamenta que el Bicentenario sea ahora “parte de la cosmética presidencial, una conmemoración muy alejada de los sentimientos de la gente”.
Anticipa lo que ocurrirá el día 15 sobre Paseo de la Reforma: Una gran fiesta “para ser televisada, es un set de televisión en el que los ciudadanos participan como una especie de extras deseados”. Según él habrá 10 puntos para transmitir “al mundo” y “hacer creer que es una celebración que une”, pese a los problemas. Y para el 17 de septiembre, “ya el australiano se fue con 60 millones de dólares”.
E insiste en que es una “gran irresponsabilidad” no haber hecho un esfuerzo de integrar no sólo a las entidades federativas, sino a instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“¿Por qué no está la UNAM? Ah, pues porque es la conciencia crítica del país, cómo van a aceptar eso los panistas.”
–Entonces, ¿cómo fue su relación con Villalpando? ¿No escucha o es que tuvieron proyectos y objetivos distintos?
–Creo que es un problema de concepción, en este caso del gobierno federal, a la cual desde luego José Manuel Villalpando contribuyó, y tiene toda una serie de consecuencias. Ve de una manera distinta nuestra historia, el elemento crítico no existe, es una conmemoración de eventos y no de proyectos para grupos sociales.
Márquez considera que sus desencuentros con el funcionario federal van más allá del desinterés por conmemorar gestas históricas en las cuales “perdieron los conservadores”. No es un problema ideológico, a decir suyo, sino “de competencia, de eficacia y de convocatoria, de trabajar con quien se debe trabajar”. Y no habrá cambios en el rumbo por el solo hecho de haber pasado la coordinación de los festejos a la tutela de la SEP:
“De ninguna manera, es un relevo, la derecha es muy dada a los relevos, no a los cambios, porque es una manera de no enfrentar el problema. Yo hubiera saludado con entusiasmo una rectificación, un ajuste severo en los presupuestos –pero ya no hay tiempo– y una convocatoria verdadera al país para conmemorar más allá de la pantalla de televisión.”
Pero que “cada quien asuma sus responsabilidades”, dice. Y enseguida habla de que en la comisión que él dirige las decisiones se han tomado con “mucho cuidado”, y cuenta con comisiones y jurados para las decisiones importantes. Asegura no sólo tener el respaldo del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, sino también de la sociedad.
La pregunta es qué tan profundas son las diferencias conceptuales. En 2007, Ebrard anunció, como un proyecto prioritario para la conmemoración de la Independencia, la construcción en Lomas de Chapultepec de la Torre Bicentenario, con inversión de la empresa española Pontegadea, de Amancio Ortega, dueño de las tiendas Zara, y del grupo Danhos, presidido por Jorge Gamboa de Buen, de quien hasta se llegó a decir que había hecho acuerdos “oscuros” con el gobierno de la ciudad.
Márquez niega haber estado involucrado en ese proyecto, pues las obras públicas no están dentro de las responsabilidades de la Comisión Bi-100, pero considera que todo lo que se pueda hacer para impulsar un desarrollo en la ciudad, que permita mayor equidad, “será bienvenido”. Juzga que el tema se “sobrepolitizó” y que la ciudadanía y la opinión pública no contaron con información suficiente sobre el tema.
En cambio critica la Estela de luz, “el arco que no es arco”, que el gobierno federal construye en Paseo de la Reforma como parte de los festejos, y opina que lo importante es “construir ciudadanía”, pues de otra manera “este país no va a ser democrático”.
Flor de un día
Al hablar de lo que, a decir suyo, hace la diferencia de su proyecto conmemorativo respecto del organizado por el gobierno federal, pondera el presupuesto: de
Explica que en 2008 se gastó más, pues fue el año en el cual se produjo lo que se divulgaría en 2009 y 2010 en materia audiovisual, editorial y proyectos ciudadanos. Sus objetivos: recuperación y divulgación del protagonismo histórico de la Ciudad de México; contribuir a elevar la autoestima colectiva, y mejorar la convivencia.
Y aunque ha recibido críticas en el sentido de que, igual que el programa de Villalpando, el suyo es de “eventitos”, asegura que no y que, por el contrario, ha considerado los problemas de trabajo y educación de los jóvenes para incluirlos en las producciones audiovisuales, como se hizo con organizaciones como el Circo Volador y Estación Central.
Se incorporaron los diferentes grupos de la ciudad, como jóvenes, gente de la tercera edad, niños, mujeres y exiliados, y a instituciones como la UNAM, con la que se prevé celebrar también el centenario de su fundación.
Luego va detallando algunos aspectos. En el caso de la convivencia, recuerda que el 15 de septiembre de 2009 se hizo en Reforma el Grabado del Bicentenario, con varios artistas a quienes ayudaron jóvenes en “situación de riesgo”:
“Pudimos rescatar a esos jóvenes, que entonces trabajaron al lado de Francisco Toledo, de Leonora Carrington, y les pagamos. Por eso dijimos: estimular para que mejore la convivencia, y ahí lo logramos.”
–¿Un día?
–Bueno, un día. Esta es una comisión que el 31 de diciembre va a terminar, tiene los días contados y así es. Ahora, si fuera nada más ese proyecto... pero el tema de los jóvenes lo hemos abordado desde distintos ángulos, hemos estado muy presentes para estimular su creatividad. Aprovechemos, aunque sea por un día, estimular el trabajo de los jóvenes, el reconocimiento a las mujeres, a los adultos mayores.
Se enorgullece también de estar organizando programas de debate, como el realizado en 2008 con Carlos Monsiváis, recuperado en el libro Después de tanto callar, donde el recién fallecido escritor planteó que el problema no es la inseguridad, sino la impunidad.
En cuanto a la recuperación de la historia de la ciudad, se rescató la figura del licenciado Primo de Verdad y Ramos, quien encabezó el 16 de septiembre de 1808 un movimiento por la autonomía del ayuntamiento. En su momento fue polémico pues se dijo que el gobierno de la ciudad quería “madrugar” con las celebraciones. Especialistas, como la historiadora Cristina Gómez, consideraban que este suceso no era propiamente un antecedente del levantamiento de 1810 pues no buscó la independencia de España.
Aunque fue un movimiento de los criollos, Márquez rechaza que se tratara de una revolución burguesa, pues tuvo su aportación. Y afirma que al rescatar esa historia, se recupera parte de la historia de la ciudad.
El tema de 1808 “no es una invención mía”, insiste, y le parece esencial divulgar estas historias pues son parte de la construcción de la ciudadanía:
“La Ciudad de México es la ciudad de los derechos, la ciudad de las vanguardias, ocurren muchas cosas también terribles, pero es un espacio en donde se despenaliza el aborto, en el que se pueden efectuar los matrimonios gay, donde se acaba de aprobar una ley que protege a los niños y niñas contra el abuso sexual y el trafico comercial. Éste será una especie de gran homenaje a la ciudad que forja el nacimiento de la ciudadanía.”
El mismo dolor
Como parte del debate, organizará para septiembre próximo un foro donde se reflexionará sobre la reinvención de México y la identidad, porque le parece “decadente” la expresión “orgullosamente mexicanos”. Con la UNAM hará una serie de cinco programas de televisión titulada El Bicentenario al diván, donde un grupo de sicoanalistas discutirán en torno de los siguientes puntos: Qué le duele a México. Qué le pasa a los mexicanos. Las conmemoraciones históricas en las condiciones actuales, para qué. Los problemas de la autoridad, la pérdida de rumbo, el desorden, la confusión, la desigualdad, la violencia y la impunidad reinantes, hasta qué punto se deben a la fractura de los patrones de autoridad de la vida social y política. La violencia y la impunidad.
Y “un tema fundamental”, que es el asesinato de niños y adolescentes en México, porque “qué manera de sacrificar el futuro”.
Ante tales preguntas –como esa que tanto se ha hecho de si hay algo qué celebrar–, y ante los propios problemas de la Ciudad de México, que igual padece diferencias económicas y sociales muy marcadas, inseguridad, desempleo, subempleo, tráfico y contaminación, entre otros, se retoma una expresión que aparece en la página web de su coordinación, señalando que los mexicanos están dolidos, para cuestionarle:
–¿Qué les dice al respecto a los habitantes del Distrito Federal, que están tan dolidos como el resto de los mexicanos? Usted señala que al menos por un día se logró esto o aquello, pero con eso, ¿se resuelven los problemas?
–Bueno, sería mucho pedirle a una conmemoración que resolviera las realidades difíciles tan añosas, sería injusto plantearlo. Lo que hemos querido hacer, exclusivamente, es contribuir al desarrollo de algunos programas ciudadanos que reconocen el valor de la ciudadanía y que pueden forjar una mejor conciencia histórica.
“Una mejor democracia se da cuando hay una población cuyos contenidos cívicos vienen de la conciencia de la historia, de lo difícil que ha sido la historia, y de las construcciones de que se dispone para seguir adelante. Desde el primer mes que nos hicimos cargo de esta comisión establecimos que no íbamos a conjugar el verbo celebrar, sino el verbo conmemorar, recordar juntos. ¿Celebración? Pues la presidencialista del día 15, con cuetes, bastante caros por cierto.”
La ciudadanía, prevé, celebrará como siempre lo ha hecho en sus delegaciones políticas, en sus casas, con el buñuelo, el esquite y el tequila. Al Zócalo, donde caben unas 90 mil personas, acudirán 10 mil porque el espacio será para los espectáculos diseñados por Birch.
Otro debate que considera esencial es el de los derechos de los capitalinos y la soberanía de la Ciudad de México. Cuando comenzó a planearse la conmemoración, Ebrard dijo que uno de los principales propósitos en este marco sería lograr una Constitución Política para la capital del país.
–Dirá que un proyecto tan ambicioso no tendría que estar dentro de su comisión, pero fue un ofrecimiento del jefe de Gobierno.
–No, no, yo no lo dije así. Hay una propuesta desde el inicio de este gobierno, desde la campaña del licenciado Ebrard: El tema de la ciudad y sus derechos ha estado presente desde siempre. Se han hecho todas las exploraciones jurídico-constitucionales, políticas y económicas que justifican el que se reforme la Constitución de México para que la ciudad cuente con una Constitución que defina su soberanía. Ese es el proyecto político institucional más importante del gobierno del licenciado Ebrard, por eso él ha planeado que el mejor legado que podemos dejar con motivo del Bicentenario es la Constitución.
“Nosotros como comisión podemos contribuir a la generación del consenso para que así ocurra. Vamos a hacer una serie de debates y divulgación de lo que ha avanzado la ciudad, estamos preparando una publicación sobre todas las reformas que se han hecho desde 1997, cuando por primera vez se elige a su autoridad local, hasta la fecha. Todas las reformas de tipo social que han pasado por la Asamblea Legislativa.”
Agrega que aunque la gente está enterada, pues la sociedad capitalina ha dado empuje a estas reformas, contribuirá mucho el recuento y recordar que en el Distrito Federal se han dado los grandes movimientos sociales, aunque irónicamente “la ciudad llegó un poco tarde a su propia democracia”.
–¿Qué quedará a los capitalinos después de 2010?
–La conciencia sobre la conmemoración es muy flaca, la mala enseñanza de la historia ha llevado a una apatía muy grande, y por otra parte la brutalidad con la que se presentan los problemas del empleo de la pobreza y de la violencia aleja de todo contenido conmemorativo a la gente, estaríamos locos si no reaccionáramos de esa manera.
“¿Qué es lo que nos va a quedar? No llegaría a tanto como el señor Villalpando, cuando dijo que a los mexicanos les iba a quedar un libro y una banderita. Diría que a los capitalinos puede quedarnos una mejor conciencia, en una pequeña escala, pero una mejor conciencia sobre nuestro pasado, un pasado que tiene que ver con los problemas del presente, y ahí está el tema de la soberanía de la ciudad.” l
Dos sopas: legalizar o colombianizar
Denise Dresser
Cual Chabelo, el amigo de todos los niños, Felipe Calderón ha pasado las últimas semanas tratando de congraciarse con todos. Convoca foros, dialoga con gobernadores, invita a dirigentes de partidos políticos, escucha a académicos, se reúne con diversas organizaciones de la sociedad. El objetivo, en sus propias palabras, es “hacer de la lucha por la seguridad nacional una política de Estado, no una política de un presidente o de un gobierno” y “estoy acudiendo a todas las llantas del vehículo y a todas las patas de la mesa”. La intención, según argumenta, es oír, revisar, replantear y fortalecer la estrategia nacional de seguridad. Y aunque se agradece la intención –lamentablemente tardía– de Felipe Calderón, hay algo que tanto el presidente como el país necesitan entender. En cuanto a opciones para enfrentar el narcotráfico y los males que engendra –violencia, corrupción, desmoronamiento institucional– no hay mucho de dónde escoger. O se legaliza o se colombianiza. O se regulan las drogas o se involucra de manera mucho más abierta a Estados Unidos para combatirlas.
Calderón no entiende este dilema o no quiere enfrentarlo. Al examinar cuidadosamente lo que ha dicho desde que comenzó la “cruzada Chabelo”, es posible entender lo que quiere: mayor involucramiento de múltiples actores para que la ofensiva emprendida hace cuatro años no sea percibida como “su guerra”; mayor diseminación de información oficial para que la sociedad comprenda por qué hace lo que hace y decide lo que decide; mayor colaboración periodística en la cobertura de muertes y mantas, para no proporcionarle ayuda al adversario. Nada más y nada menos. No hay en sus reflexiones o afirmaciones hasta el momento una sola señal de cambio de ruta, un sólo indicio de golpe de timón; una sola sugerencia de un replanteamiento fundacional. El meollo del asunto parece ser el siguiente: o el gobierno de Calderón no sabe qué tipo de estrategia distinta desea instrumentar, o quiere seguir con la misma –incorporando algunas sugerencias de orden cosmético– pero con mayor legitimación social.
Una guerra idéntica, pero a la cual se le cambia de nombre. Una guerra igual a la que hemos presenciado, pero con menos voces críticas porque ya fueron escuchadas. Una guerra facsimilar a la de los últimos cuatro años, pero con menos denuesto porque el gobierno empieza a hablar de “colaboración”. Esa parece ser la intención real del ejercicio llevado a cabo en tiempos recientes, ya que no hemos escuchado una sola idea nueva planteada por el presidente. No hemos oído un solo replanteamiento profundo de su parte. Lo diferente es el reconocimiento a la necesidad de diálogo. Lo distinto es la aceptación de errores cometidos. Lo novedoso es que se comparta información en lugar de amurallarla. Pero la humildad no es política pública. La explicación no implica reorientación. La apertura no constituye –en sí misma– la pavimentación de un nuevo camino para sacar a México del caos. El énfasis presidencial en la “recuperación de los valores”, el sentido de “mística” de las policías, la “participación social” en la denuncia del crimen revela anhelos, pero poco más.
Mientras tanto, lo que sí hemos escuchado de Calderón es su oposición vehemente a la legalización de las drogas. Está dispuesto a que otros debatan el tema pero jamás lo hará suyo. Insiste en que los perjuicios serían mayores a los beneficios a pesar de la información comparativa disponible que subraya lo contrario. Argumenta que el consumo se dispararía aunque la despenalización de la mariguana en otros países no ha producido ese resultado. No está dispuesto a considerar una opción que muchos expertos y expresidentes han empujado, ante el fracaso histórico y comprobado de otras alternativas en otras latitudes. Así, con una posición que parece más enraizada en prejuicios morales que en razonamientos sopesados, el presidente descarta una opción que México puede y debe considerar. Aunque sea difícil reconocerlo, en este tema Vicente Fox tiene razón: “hoy estamos trabajando para Estados Unidos, y mientras ellos no hacen su tarea” para limitar su propio consumo y reducir el tráfico de armas, México aguanta las muertes y los crímenes y los cárteles.
La legalización –mediante un mercado bien regulado por el Estado– podría romper la estructura económica que produce ganancias descomunales para mafias incontenibles. Y ése sería un primer paso para disminuir la violencia y contener la corrupción.
Al descartar este paso, Felipe Calderón coloca al país en una situación en la cual sólo tiene dos alternativas: seguir insistiendo en la misma estrategia con los resultados fallidos que ya hemos visto, o reproducir el modelo colombiano. De hecho, el presidente –en varias ocasiones– ha manifestado su admiración a lo que Colombia ha logrado hacer en los últimos años. Y sin duda, como lo ha argumentado Michael Shifter del Inter-American Dialogue en su artículo A Decade of Plan Colombia, las condiciones de seguridad allí han mejorado de manera importante en la última década. Ya no puede ser descrito como un “Estado fallido”, como un país en la frontera del caos, a pesar de que sigue produciendo drogas. Las masacres han disminuido, los homicidios han caído, los secuestros han descendido, el sistema judicial ha mejorado, el Estado ha logrado restablecer su autoridad.
Pero todo ello se logró gracias a lo que Felipe Calderón tendría que exigir, explicar, legitimar: la intervención estratégica, el entrenamiento táctico, la presencia militar de Estados Unidos a cada paso. Porque es poco probable que la pacificación colombiana hubiera ocurrido sin el apoyo estadunidense de gran calado que el “Plan Colombia” implicó.
Si Felipe Calderón rechaza la legalización en México, sólo le queda exigir el combate colombianizado con la ayuda militar de Estados Unidos. Eso entrañaría que el presidente reconociera todo lo que no ha querido reconocer hasta el momento. Que la eficacia fundamental del Estado mexicano está en juego. Que sin una intervención estadunidense mayor, el deterioro en la situación de seguridad seguirá siendo progresivo. Que esa intervención implicaría no sólo la provisión de equipo militar a México, sino también la presencia de personal militar estadunidense en territorio mexicano. Que el costo en cuestión de derechos humanos sería tan alto como lo fue en Colombia. Que Calderón se verá obligado a tocar en las puertas de Washington pidiendo más ayuda y más dinero, cuando Barack Obama está intentando cerrar otros frentes y gastar menos en otras batallas. Que deberá convencer a la población mexicana sobre la conveniencia de emular el ejemplo colombiano a pesar de los claroscuros que contiene. Esa es la dura realidad que el debate actual en México no ha querido encarar. Esa es la terrible disyuntiva que el país necesita entender. Sólo hay dos sopas poco apetitosas: legalizar o colombianizar. l
Jesús Ortega y la claudicación del PRD
Miguel Ángel Granados Chapa
Al estilo de la señorita pueblerina que accede a bailar en una fiesta pero pide hacerlo “despacito, porque estoy de luto”, Jesús Ortega saludó de mano al presidente Felipe Calderón pero no lo vio a los ojos. Entornándolos, huidizos, el dirigente nacional del PRD faltó de ese modo a la resolución del X Congreso del PRD, celebrado hace tres años, en agosto de 2007, que ordena no reconocer bajo ninguna circunstancia a Calderón como presidente ni entablar negociación o diálogo con él.
Con su equívoca, sinuosa actitud ante Calderón, parecería que Ortega cumplía un acuerdo no divulgado con César Nava, con quien pactó las alianzas para el 4 de julio pasado. Y consumaba la posición de Nueva Izquierda, que desde siempre se opuso a que el partido ratificara la decisión de la Convención Nacional Democrática, que el 20 de noviembre de 2006 consideró a Andrés Manuel López Obrador presidente legítimo de México, y espurio a Calderón. La resolución del congreso perredista no utilizó esas palabras, pero fue asumida claramente en el mismo sentido.
Automáticamente, sin tener que decirlo, la resolución exceptuó a los gobernantes perredistas de no dialogar ni negociar con Calderón. Se entendió que sus responsabilidades institucionales, el hecho de ejercer funciones que comprenden a toda una entidad, los ponían al margen de la obligación de desconocer al presidente y, al contrario, se admitió como prudencia política su aproximación al Ejecutivo federal. Así lo hicieron, unos con mayor entusiasmo que otros, Amalia García, de Zacatecas; Narciso Agúndez, de Baja California Sur; Leonel Godoy, de Michoacán; Zeferino Torreblanca, de Guerrero, y Juan Sabines, de Chiapas. Aunque expuso que no se tomaría nunca la foto con Calderón, y perseveró en ese propósito, Marcelo Ebrard estaba obligado constitucional y legalmente a abordar con el presidente las designaciones del procurador de justicia y del secretario de Seguridad Pública.
Al paso de los años, la excepción cubrió también a quienes desde el Congreso, en ejercicio de responsabilidades constitucionales, debían tratar con el Ejecutivo. Ese fue el caso de Ruth Zavaleta y de Carlos Navarrete, cada uno de los cuales fue presidente de las cámaras, de diputados y de senadores.
Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Al acudir a la invitación presidencial a dialogar sobre seguridad, Ortega faltó de modo flagrante (a pesar de su renuencia facial) a un acuerdo de congreso del partido que encabeza. Se puede disentir y aun mofarse, dentro del PRD, de esa decisión, pero está firme y tiene tal vigencia que Alejandro Encinas (que disputó con Ortega la presidencia del partido) se amparó en ella para abstenerse de acudir a la misma reunión en que Ortega, llegando tarde, hizo más visible su saludo al presidente.
La situación del PRD y del Dia, la alianza a la que pertenece, así como la posición del principal perredista, que todavía lo es López Obrador, constituyen el marco de la actitud de Ortega, que puede costarle el cargo al que llegó tan trabajosamente y con los auspicios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y, lo que es peor, la pérdida del papel rector de la izquierda que el PRD ha llegado a tener. Y aun de su existencia misma.
Ortega vive una posición paradójica. Si bien su apuesta por las alianzas con el PAN resultó en general exitosa, tuvo un costo alto, por la resistencia que aun en los sectores moderados de su partido suscita el acercamiento político con la derecha explícita. A pesar de esa renuencia, el proceso electoral dejó fortalecido a Ortega. Pero ha ido quedándose solo, y su fuerza en los órganos de dirección partidarios tiende sistemáticamente a disminuir. Sería exagerado decir que Nueva Izquierda ha quedado desmantelada, pero no lo es afirmar que ha sufrido mermas considerables. La fuerza de esa corriente en el Distrito Federal ha girado en la última década en torno del senador René Arce y su hermano el diputado Víctor Círigo, que abandonaron a “los Chuchos”. También en el entorno cercano a Ortega se han producido bajas. Renunció a Nueva Izquierda el senador colimense Carlos Sotelo, y el presidente de la mesa directiva del Senado, Carlos Navarrete, se propone festejar ruidosamente la conclusión de su cargo en Xicoténcatl para mostrarse equiparado, ya no sometido a Ortega, y aun con mayores posibilidades que él para encabezar los restos de Nueva Izquierda o para aspirar a candidaturas de alto nivel.
Aunque fue presidente del partido –en los momentos en que Ortega adquirió el control del aparato perredista–, López Obrador es cada vez menos perredista. Cuenta mucho más con el PT para la promoción de su movimiento que con el PRD, del que no se ha marchado explícitamente en espera de las decisiones del año próximo. Ostensiblemente no ha querido militar en el partido encabezado por Ortega, al punto de que un día de estos los perredistas tendrán que optar por mantener a Ortega en el mando partidario o establecer condiciones que favorezcan la reaproximación de López Obrador. Ortega no se atrevió a enjuiciar con miras a su expulsión al excandidato presidencial, por su apoyo a un partido distinto al suyo, que en varios casos, como el paradigmático de Iztapalapa, contendió contra él. Pero Ortega ha desnudado su oposición a López Obrador. En el acto mismo en que reconoció a Calderón, en el campo Marte pronunció palabras que cuadran a muchas personas pero que en sus labios y en el contexto en que las dijo parecían destinadas a López Obrador, uno de los “fatuos e insolentes que hablan a nombre del pueblo”, pues esa es la imagen que Nueva Izquierda tiene de su todavía compañero de partido.
La decisión de rehacer el padrón perredista está mostrando la división o la escualidez del PRD. Sea por deficiencias técnicas, sea porque la militancia está decepcionada, la reinscripción camina lentamente, si es que camina. Una hipótesis contraria a Ortega es que los perredistas refrendarán su participación en el partido una vez que el líder nacional haya dejado de serlo, por lo cual las corrientes que se avinieron a aceptarlo como dirigente pese a las vicisitudes de su elección pretenderán forzarlo a retirarse cuanto antes, antes de diciembre como estaba pactado y, desde luego, antes de marzo en que se cumplen tres años de su discutida elección. l
Si se legaliza la mariguana
Sabina Berman
1. El presidente Franklin D. Roosevelt se inclinó para firmar el documento que anulaba la prohibición del alcohol y a continuación dijo: “Creo que este es un buen momento para beber una cerveza”. Cosa que su gabinete pasó a tomar en un salón contiguo, mientras en los speakeasies del país, un minuto antes clandestinos, ahora legales, cientos de miles de ciudadanos alzaban sus copas y las chocaban para brindar.
Así terminó la guerra contra el alcohol en Estados Unidos. Con el clinc de un brindis y no con el bang de un disparo.
Fue un alivio el fin de aquella guerra que no disminuyó el consumo del alcohol y sí elevó el poder económico y balístico del crimen organizado. Una guerra que mató inútilmente a miles, que no moralizó al país, como soñaron los prohibicionistas, y en cambio sí destruyó la industria de las bebidas alcohólicas, antes floreciente en California.
Si se legaliza la mota en México durante el mandato del presidente Calderón, no lo veremos prender un carrujo en un gesto de reconciliación de la autoridad con la yerba. Sería demasiado incongruente. Pero si es otro el presidente mexicano quien firma su legalización, y eso no es improbable, debiera hacer el gesto de encender el carrujo porque la mota se debería volver una industria. Todavía más: se debería volver una importante exportación.
Tal y como al cabo de la extinción de su prohibición, y al cabo de una década de cultivo paciente y esmerado de los viñedos de Kansas y California, las bebidas alcohólicas se fueron volviendo para Estados Unidos. Por cierto, tal y como sucederá en California si en noviembre se legaliza la mota. Con amplios campos ya cultivados de mariguana, con sistemas de distribución ya bien establecidos, California se volverá probablemente en noviembre el primer exportador mundial de la yerba.
Es una lástima. Históricamente a nosotros nos debiera haber correspondido esa ganancia económica. Fue en México en donde la mariguana se consumió en tiempos precolombinos con reverencia, en usos medicinales, afrodisiacos y religiosos.
Si la mariguana se legaliza en México, es decir: si su cultivo y empaquetamiento y tráfico se legalizan, porque su consumo no es ahora ilegal, el gobierno se equivocaría al esquinar su venta en farmacias, como opinan los pudibundos que debiera hacer. Decirle sí a la mota debería decirle sí, completamente. Decirle sí a la yerba que los aztecas llamaron santa, debiera ser un sí que implique el impulso a su cultivo y exportación.
2.
Y sin embargo, luego de la legalización de la mariguana, ahí seguiría el crimen organizado. Sus ingresos afectados brutalmente, claro. El tráfico de mariguana representa, según algunos expertos como Luis Astorga, la parte mayoritaria de sus ingresos, pero la otra parte se calcula entre 10 y 25 billones de dólares.
El crimen organizado seguirá robando, secuestrando y extorsionando, las actividades criminales que realmente afectan a la población. Seguirá infiltrado en las policías del país. Seguirá infiltrado en la política. Seguirá matando periodistas. Seguirá mandando como la más alta autoridad en regiones completas del país. Ahora manda en una cuarta parte, a decir del general de división Luis Garfias, y en esa cuarta parte del territorio nacional se atrincheraría, probablemente, radicalizando su violencia.
Desmantelar el poder del crimen para robar, secuestrar, extorsionar a la población y corromper al Estado debió haber sido el objetivo de esta guerra desenfocada que vivimos en México. Si la mariguana se legaliza, la guerra debiera continuar, ahora sí focalizándose en eso que importa. Y debiera ser una guerra que ahora sí emplee las fuerzas que el Estado posee y el crimen no.
Ahora sí el Estado tendría que planificar la guerra antes de emprenderla, y planificarla con inteligencia. Es decir, sabiéndolo todo sobre el poder del enemigo. Debiera antes de la guerra bloquear sus abastecimientos de dinero y armamento. Es decir, pactar con la banca internacional el congelamiento de las redes económicas del narco y pactar con Estados Unidos la no venta de armamentos a mexicanos. Y debiera antes de la guerra limpiar a las policías. Según cálculos del primer secretario de Seguridad Pública de México, Alejandro Gertz Manero, hoy uno de cada dos policías mexicanos está en las nóminas del crimen.
3.
Finalmente, si se legaliza la mariguana y fumarse un chubi se vuelve tan normal como tomarse un martini, ahí seguirá el infierno de la adicción.
Es una ilusión suponer que la legalización de la mariguana no aumentará su consumo y su abuso. Simplemente las experiencias internacionales refutan ese optimismo. En Holanda, al legalizarse la mariguana, el consumo se elevó a la estratosfera y una generación de adolescentes quedó marcada por la indolencia a la que conduce la mariguana cuando se consume a diario. En Estados Unidos el fin de la prohibición del alcohol condujo a un aumento exponencial del alcoholismo que dio origen a la creación de miles de clubes de Alcohólicos Anónimos.
Es verdad lo que ahora empieza a decirse con ligereza: la adicción a la mariguana y a otras sustancias es un problema de salud personal que no amerita una guerra civil. Pero también es verdad que la educación respecto al uso y abuso de sustancias de efectos químicos considerables debiera ser un problema de Estado. Si se legaliza la mariguana, es deber del Estado reeducar a la población sobre la mariguana.
La mariguana no es el diablo, como este gobierno se afanó en convencernos. Pero si los aztecas la llamaron la yerba santa fue porque sabían en qué medida y cómo ingerirla, para propiciar sus éxtasis y esquivar sus infiernos. L
La poda del presidente
John M. Ackerman
Frente a su incapacidad para lograr transformaciones de fondo en el país, Felipe Calderón alardea con acciones menores esperanzado en que éstas distraigan a ciudadanos y críticos. En materia de combate a la corrupción, en lugar de atrapar “peces gordos” e implementar medidas estructurales de prevención e investigación, el presidente se limita a emprender una “tala regulatoria” y envía a la basura una serie de normas que de todas formas eran inservibles. Aprovecha también esta limpieza como el pretexto perfecto para “liberar” a los empresarios de la acción reguladora del Estado.
El lunes 9 de agosto, Calderón y su secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, informaron sobre la eliminación de más de 12 mil disposiciones y normas. Asimismo, establecieron de plazo el 10 de septiembre próximo para que cada secretaría de Estado reduzca al mínimo las normas necesarias para funcionar, su “equipaje de mano”, de acuerdo con la desafortunada metáfora del presidente. También, con el fin de homologar los procedimientos del gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha emitido una serie de “manuales” que buscan poner orden en algunos ámbitos estratégicos (adquisiciones, transparencia, auditoría gubernamental, etcétera) donde han predominado la confusión y la diversidad de procedimientos entre diferentes partes del gobierno. Finalmente, en un acuerdo publicado el 10 de agosto, Calderón declara una “veda regulatoria” que prohíbe la creación de nuevos reglamentos, normas y trámites a menos que sean estrictamente necesarios, en caso de emergencia o en cumplimiento de algún compromiso internacional.
El esfuerzo es plausible en principio, pero no implica de ninguna manera una transformación de fondo en la administración pública federal. Vega Casillas se engaña a sí mismo, o de plano miente, cuando señala que con estas acciones se busca “pasar de la lógica de los cambios graduales y posibles a los cambios de fondo que México realmente necesita”.
Una gran parte de los acuerdos y disposiciones eliminadas datan de hace muchos años, algunos incluso de décadas, y por lo tanto ya no eran aplicados dado que referían a oficinas, cargos, leyes y procesos hoy inexistentes. Además, los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional son los principales culpables del actual laberinto regulatorio en el interior del gobierno. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado en numerosas ocasiones cómo el número de trámites se ha multiplicado exponencialmente bajo las gestiones de Vicente Fox y Calderón. La presente iniciativa, entonces, llega tarde y después de 10 años de total descuido en la materia.
Esta lógica de “tala regulatoria” también cae en una serie de confusiones y contradicciones sumamente peligrosas. Por ejemplo, mete en un solo costal las normas internas de la administración pública, los trámites que tienen que realizar los ciudadanos ante el gobierno, y los esfuerzos de regulación estatal de la economía. Todo mundo sabe que estos tres son ámbitos radicalmente distintos. Una cosa es hacer más sencillo que el ciudadano tramite un pasaporte, y otra cosa completamente diferente es eliminar importantes reglas para las compras y adquisiciones gubernamentales o, en su caso, para “flexibilizar” la supervisión del cumplimiento de las empresas con normas ambientales o de salud pública, por ejemplo.
En su discurso, Vega Casillas citó un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), encabezado por el antiguo secretario de Hacienda José Ángel Gurría. De acuerdo con Vega Casillas, este informe señala que México es víctima de una “profunda tradición legalista que subraya la adhesión a las leyes y disposiciones y castiga a las personas que no lo hacen”. La respuesta del gobierno de Calderón es, entonces, la “desregulación” y el achicamiento del Estado en todos los ámbitos. “Estamos, en pocas palabras, construyendo un gobierno más moderno, más ágil, más eficaz... Un gobierno que cueste menos, un gobierno que haga más, un gobierno que con menos reglas tenga mejores resultados”, pronunció Calderón el lunes 9 de agosto.
No es gratuito por ello que la iniciativa privada haya sido la primera en felicitar al presidente. “Es parte de lo que nosotros solicitábamos, que se abrieran las paraestatales, sobre todo Pemex, que está casi 100% cerrada, no sólo a las Pymes, sino a las empresas nacionales”, afirmó Mario Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Llama la atención, por ejemplo, que la instancia gubernamental que ha eliminado más normas supuestamente innecesarias sea precisamente Pemex, con una cuarta parte de los trámites eliminados: 2 mil 962 de 12 mil, una cifra dos veces más grande que el segundo lugar, el SAT, y 15 veces mayor que la de los otros organismos gubernamentales.
Sin embrago, tanto el diagnóstico como la medicina están equivocados. De ninguna manera podemos hablar de una “tradición” de “castigar” a las personas que no cumplen con la ley en México. Todo lo contrario. La historia nos habla de una clara impunidad que ha generado ciclos viciosos de corrupción e ilegalidad. En consecuencia, en lugar de “liberarnos” de la “profunda tradición legalista”, habría que fortalecer la regulación y hacerla más eficaz y contundente.
El lunes 9, el mismo Vega Casillas confesó que la existencia de mucha chatarra normativa no es el único problema que aqueja al gobierno: “Gran parte de los casos de corrupción que ha detectado la SFP se originaron por deficiencias normativas, por la discrecionalidad en la aplicación de la norma, pero sobre todo por la complejidad de la regulación”. Es evidente que reglas más claras y sencillas beneficiarían a todos, pero una simple “tala”, combinada con una “veda”, de ninguna manera resolverá los otros problemas más profundos de “deficiencia normativa” y exceso de “discrecionalidad”. Hace falta, por ejemplo, tomar medidas contundentes para dotar de mayor credibilidad, independencia y fuerza a las instituciones de fiscalización y control en todo el país, así como para facilit0ar la denuncia, tanto ciudadana como interna, entre otras reformas.
Tal y como hemos visto con las recientes acusaciones de corrupción y abuso de autoridad en la Policía Federal, y en general en las tareas de seguridad pública, el cáncer de la corrupción no se resolverá simplemente con buenos deseos y “limpias” superficiales. La poda de algunas ramas muertas es una acción rescatable, pero no afecta en absoluto la raíz torcida del árbol de la corrupción que cada día rinde más frutos podridos. l
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Terrorismo en la frontera norte
Olga Pellicer
El terrorismo ha aparecido en México. A partir de la explosión en Ciudad Juárez de un coche bomba accionado desde un teléfono celular, y de las granadas utilizadas por narcotraficantes y provenientes de Centroamérica, se ha tomado conciencia de varios hechos. El primero, que hay asesoría criminal sofisticada que viene del exterior; se ha señalado a Colombia o a países centroamericanos con experiencia en luchas guerrilleras como las fuentes más probables. El segundo, que una vez adquiridos armas y conocimientos para nuevas expresiones de violencia, es altamente probable que vuelvan a ser utilizados; en otras palabras, el salto cualitativo en la violencia augura, también, su permanencia y profundización. El tercero, que cambian los parámetros para la relación con Estados Unidos; de modo que el propósito de establecer una zona fronteriza que fuera ejemplo de los beneficios del intercambio está siendo sustituido por manejar conjuntamente una región en guerra.
Funcionarios tanto de México como de Estados Unidos se apresuraron a negar la pertinencia de referirse a los hechos ocurridos en México como terrorismo. Los ataques en Ciudad Juárez no iban dirigidos de manera indiscriminada a grupos civiles, señaló el embajador de México en Washington; otro tanto expresó el embajador estadunidense en México, para quien los hechos de la frontera son muy inquietantes, pero se debe diferenciar entre lo que es y no es terrorismo. De acuerdo con él, terrorismo se refiere a la acción de grupos cuyo objetivo es obtener el control del gobierno.
Es fácil cuestionar el uso del término. No existen criterios precisos para afirmar que hay un problema de terrorismo porque no hay acuerdo sobre su definición. Los expertos de Naciones Unidas llevan varios años reuniéndose para llegar a una definición universalmente válida sin haberlo logrado. Lo más cercano a un consenso es la definición incorporada en el Informe Un concepto más amplio de la libertad, presentado en 2005 por el entonces secretario general de la ONU: Es “toda acción encaminada a causar la muerte o un grave daño corporal a civiles no combatientes, con el fin de intimidar a la población u obligar a un gobierno u organización a hacer o dejar de hacer alguna actividad”. (Párrafo 91 del Informe.)
Los hechos que han tenido lugar en las ciudades fronterizas del norte del país caen dentro de esa definición. En efecto, han causado la muerte de civiles, han intimidado a la población y han tratado de que el gobierno u organizaciones criminales enemigas hagan o dejen de hacer ciertas actividades. Ante lo grave de la situación, es importante tomar conciencia de los efectos que la nueva violencia fronteriza tiene sobre el futuro de las ciudades donde ocurre y sobre su impacto en la relación con Estados Unidos.
La desconfianza, el escepticismo y el temor son sentimientos generalizados en las ciudades de Torreón, Ciudad Juárez o Nuevo Laredo. Llevará tiempo reponer las inversiones que se han ido, regresar a los profesionistas que están saliendo, reconstruir el tejido social que se ha desbaratado. Esas ciudades fragmentadas, empobrecidas y al amparo de la delincuencia no son la situación más alentadora para llevar adelante las relaciones fronterizas que sería deseable construir con Estados Unidos. Por el contrario, lo que ahora se puede esperar del país vecino es el incremento de presiones para enviar a la Guardia Nacional, levantar más vallas y aumentar la presencia de asesores que analicen, diagnostiquen e implementen acciones para reducir la violencia.
Académicos y diplomáticos se habían empeñado en proponer un futuro mejor para la región fronteriza. Habían insistido en fortalecer la infraestructura, promover mayor coordinación y capacidad de iniciativa a nivel local y aprovechar las ventajas del capital humano existente, así como la sinergia entre grupos empresariales de ambos lados, para lanzar programas de largo plazo en materia de desarrollo económico.
Lo anterior pasa a segundo plano al desatarse la violencia. Desde la muerte de funcionarios adscritos al consulado estadunidense en Ciudad Juarez, las ciudades fronterizas han sido incorporadas a la lista de lugares de alto riesgo para el personal diplomático estadunidense, lo cual significa, entre otras cosas, recibir percepciones salariales adicionales como forma de compensar la inseguridad en que se vive. A nivel mundial, hay una lista de sólo 22 países donde se otorga el “bono por situación de peligro”; de América Latina se encuentran Bolivia, Colombia, Haití y México.
La percepción del peligro y su repercusión en Estados Unidos se advertía ya en el Informe Anual del Departamento de Estado correspondiente al 2009 sobre la Cooperación Internacional en la Lucha Antiterrorista, que señala: “La violencia atribuible al crimen organizado en la frontera norte (de México) continúa afectando las capacidades de las fuerzas policiales, creando vulnerabilidades potenciales que terroristas que buscan acceso a Estados Unidos podrían explotar”.
La semana pasada se efectuaron una serie de Diálogos sobre la Seguridad, entre el presidente Calderón y grupos de académicos y políticos, en los que se abordó la estrategia seguida en el combate al crimen organizado, sus aciertos y desaciertos. Curiosamente, no se tocó el problema de las consecuencias en la relación con Estados Unidos de las acciones de corte terrorista en la frontera. Se mantiene la tendencia a ignorar el hecho que la posibilidad de terrorismo en México da una nueva dimensión a las acciones bilaterales en materia de seguridad. Si la frontera norte es una región en guerra, el entendimiento con Estados Unidos sobre qué hacer al aparecer allí tácticas terroristas es de enorme trascendencia. Estamos obligados a reflexionar y tener información sobre lo que está ocurriendo. l
Los “ni-ni” y los “no-no”
Axel Didriksson
La manera como se ha buscado calificar al grupo de jóvenes en condiciones de exclusión social extrema en el país, los “ni-ni”, porque “ni estudian ni trabajan”, es absolutamente equivocada, pues no permite diferenciar los distintos sectores y la diversidad de grupos sociales que se encuentran en una situación de marginalidad para el ejercicio pleno de sus derechos, pero sobre todo porque no propicia la definición del tipo de políticas públicas que deben orientarse para superar o eliminar esta condición.
Efectivamente, entre el 17 y el 20% de los jóvenes en México (de
En todos los casos, la disponibilidad de empleos siempre es superior para los más adultos que para los jóvenes. Entre menos edad se tiene, más se dificulta encontrar un empleo seguro y bien pagado. Como tendencia positiva, a mayor nivel de escolaridad, mejores puestos de trabajo y más altas expectativas de ingresos dignos.
En cambio, la falta de educación y de empleo que padecen los jóvenes mexicanos se traduce en inestabilidad social e incertidumbre legal, así como en ausencia de cobertura en servicios de salud y seguridad social. Esta situación es aún mas grave si dichos jóvenes se encuentran en comunidades indígenas, en colonias periféricas y de hacinamiento urbano, donde debido a la pobreza aumenta la frecuencia de la deserción escolar o desescolarización temprana.
Tres cuartas partes de los jóvenes que viven en comunidades indígenas o rurales tienen que trabajar a edad temprana, y muy pocos pueden acceder a aprendizajes significativos de nivel medio o medio superior, más aún si son mujeres. Lo mismo ocurre ahora con los jóvenes marginados de las grandes o medianas ciudades del país que tienen al alcance alguna escuela más cercana, ya que enfrentan obstáculos inverosímiles para poder continuar con sus estudios, y la sociedad y el sistema educativo no les ofrecen un escenario que los ayude a salir adelante a nivel personal o familiar. Lo que se les enseña es insustancial y obsoleto, y una beca efímera y muchos discursos electorales tampoco les solucionan nada.
Aunque a menudo se les califica de forma degradante (“vagos”, “delincuentes”, “drogadictos”, “buenos para nada”, etcétera), no se trata de una población que no quiera estudiar o trabajar, sino de gente con intereses culturales, educativos, económicos y sociales diferenciados. Ahora se les dice los “ni-ni” porque no tienen acceso al mercado educativo, aunque sea público, ni al trabajo y al consumo.
De los millones de mexicanos que se encuentran en esta condición, cerca de medio millón ya están metidos en algún grupo organizado para ejercer la ilegalidad. A ellos no se les considera “alguien”, y se les ha dicho “no” durante toda su vida: no al acceso a la educación y a la cultura; no a la inclusión en la sociedad por alguna razón de vestimenta, de color, de lengua o de aspecto; no a su realización personal. No a lo que aspiren o quieran ser.
Es decir, los “ni-ni” sólo existen a causa de los “no-no”. l
Denuncian irregularidades en un Cendi
Señor director:
Por este medio, hacemos de su conocimiento un tema que, por su gravedad, requiere atención de los medios de comunicación luego de que se abrieron las averiguaciones previas correspondientes en la Fiscalía de Delitos Sexuales (FDS/FDS-6/T3/361/10-05) y en la Fiscalía para Menores (FIZP/IZP-4/T3/01206/10-05).
El 3 de marzo de 2010, las asistentes educativas responsables del grupo de preescolar 2B
–el cual carece de educadora– del Cendi 2, al que acuden hijos de trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), pidieron a los niños y niñas que asisten a esa sala desnudarse mientras se hallaban en el mismo salón. No se solicitó la autorización de los padres de familia para realizar este “ejercicio”, y la justificación fue la supuesta preparación para una actividad acuática que se realizaría en los días siguientes.
El segundo hecho que denunciamos consiste en que, el 22 de abril, se dio de comer sopa contaminada con residuos de fibra para lavar trastos a los niños en grupos de preescolar. Esto fue ocultado a los padres de familia por casi un mes, y luego se trató de minimizar el hecho y sus posibles efectos. De acuerdo con algunas versiones, esto se hizo intencionalmente debido a los conflictos que hay entre trabajadores sindicalizados y la directora del Cendi 2.
En ambos casos, la respuesta de las autoridades de la UAM ha sido insuficiente. En el primer caso no se ha aplicado ninguna medida disciplinaria, y el personal del Cendi 2 sigue considerando normal que se haya pedido a los niños desnudarse; y en el caso del alimento contaminado, el personal responsable del área de cocina fue suspendido sólo algunos días.
Las autoridades de la UAM se dicen preocupadas por lo ocurrido, pero en la práctica sus acciones son inefectivas, mientras que el SITUAM minimiza los hechos y exige a trabajadores de base abstenerse de denunciar a sus compañeros.
Ante estas y otras irregularidades –como la de que hay varios grupos sin educadora–, nos ha parecido urgente que la opinión pública sepa de estos incidentes que afectan los derechos y el desarrollo armónico de decenas de niños en una institución que opera con fondos públicos. (Carta resumida.)
Atentamente
Verónica Villena y Eduardo Espinosa
