Sucesos y Sucedidos
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Domingo 8 de mayo de 2011
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Terrorismo en la era post Osama
El terrorismo no se puede dar por terminado y México tendrá que mantenerse alerta
Colaborador Invitado
(8 mayo 2011).- Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
Miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. Profesor de cursos de terrorismo en instituciones civiles y militares.
Osama Bin Laden ha muerto, el terrorismo internacional persistirá. Éste es el argumento más importante que vierten las autoridades de Estados Unidos después del anuncio del abatimiento de Bin Laden el 1o. de mayo en Pakistán. También las Naciones Unidas, a través del secretario general y del Consejo de Seguridad, manifestaron explícitamente su reconocimiento y llegaron incluso a decir que es un hito en la "lucha global contra el terrorismo".
Sin lugar a dudas, el éxito de la operación especial que lanzó el gobierno del presidente Barack Obama marcará un punto de referencia en la historia del terrorismo en el mundo. Este suceso se puede equiparar al arresto por parte de las autoridades francesas de Ilich Ramírez, mejor conocido como El Chacal, terrorista-mercenario venezolano que ejecutó varias operaciones encargadas por la OLP y en contra de agentes de inteligencia franceses. También se puede emular a la persecución y asesinato de Pablo Escobar, el narcoterrorista más importante de Colombia al que se le adjudican los atentados políticos más sangrientos de aquel país.
Al Qaeda en el mundo
Desde que Estados Unidos lanzó su "guerra contra el terrorismo", Al Qaeda ha visto mermada su capacidad real para llevar a cabo operaciones como las del 11 de septiembre de 2001. Washington y la comunidad internacional han tenido éxito en reducir su capacidad financiera, al congelar cuentas bancarias en naciones occidentales y al monitorear con mayor fuerza los apoyos económicos provenientes de países aliados del fundamentalismo islámico. También han dado buenos resultados las presiones políticas a los gobiernos que dieron protección y cedieron espacios para el entrenamiento de estos grupos en el pasado.
Es importante subrayar que Al Qaeda se maneja como una organización trasnacional "sombrilla" que provee de ideología, entrenamiento y financiamiento a sus filiales nacionales. Esta organización ha tenido éxito en su estrategia de regionalización de su activad clandestina. Después de que terminó la guerra de Afganistán, los muyahidines (guerreros "santos" reclutados por Bin Laden) regresaron a sus países de origen y fundaron sus propios grupos. Dos ejemplos claros de progreso organizativo han sido la evolución del Grupo Salafista de Argelia en la ahora denominada "Al Qaeda del Mahgreb Islámico" y también la estructuración de la resistencia civil en Irak a través de una organización guerrillera bien articulada.
Escenarios de evolución de Al Qaeda
Al Qaeda tiene el incentivo de fortalecer sus bases de operación regionales en el Sudeste Asiático, Norte de África y la Península de Arabia. La mayoría de los brazos operativos de Osama Bin Laden que lo acompañaron en las trincheras de Afganistán, Irak y Egipto han sido poco a poco eliminados. La muerte de su fundador elevará naturalmente los sentimientos de venganza entre los simpatizantes del movimiento. Éste es el asunto más crítico que reconocen las agencias de inteligencia en el mundo.
Actualmente, Al Qaeda difícilmente puede armar una operación tan sofisticada como la que llevó a cabo la denominada "célula de Hamburgo" que perpetró los atentados del 11-S. Lo más probable es que veamos esfuerzos aislados de "lobos solitarios". Terroristas que de manera individual traten de cometer atentados por su propia cuenta.
Impacto para México
Al igual que en cualquier situación de alerta máxima de seguridad para Estados Unidos, México verá un impacto temporal en el desarrollo de la vida diaria de su frontera norte y en el movimiento de personas a través de sus puertos de entrada. En segundo lugar, será cuestión de días para que vuelvan al debate de la opinión pública estadounidense la porosidad de la frontera común y la posibilidad de que algún terrorista intente cruzar a Estados Unidos por nuestro país.
Por otro lado, México no debe de perder de vista que ya ha sido objeto de amenazas por parte de la célula de Al Qaeda en la Península de Arabia. En su revista digital Sawt Al Jihad (La voz de la guerra santa), esta organización llamó a sus simpatizantes a atacar las fuentes de abastecimiento de petróleo de Estados Unidos provenientes de Venezuela, Canadá y México. Por lo anterior, es que ya en algunas ocasiones se han activado planes de seguridad para proteger los complejos petroleros en el Golfo de México.
El terrorismo internacional no se termina con la muerte de Bin Laden y tampoco elimina la red de organizaciones terroristas que pudo consolidar a través de sus seguidores en las últimas dos décadas. Existen muchas posibilidades de que las células de Al Qaeda en Asia Pacífico y África comentan atentados en contra de objetivos estadounidenses u occidentales en los próximos meses. México tendrá que estar en alerta por el importante número de instalaciones estratégicas que comparte con Estados Unidos y por ser sencillamente su vecino.
Prisioneros sin sentencia
Reportaje Inseguridad e injusticia. Cada vez hay más personas encarceladas que esperan una sentencia. La guerra contra el narcotráfico ha multiplicado los casos de prisión preventiva en delitos del fuero federal
Jésica Zermeño
(8 mayo 2011).- Víctor Alfonso López Corona tiene 23 años y se dedica a vender discos compactos de música en la calle. Su hermano, Jhovany Edén Romero López, tiene 21, y es hojalatero. Ambos terminaron sólo la primaria y vivían hasta hace dos meses en una casa de la colonia Ejidos de San Cristóbal, en Ecatepec. Hoy duermen en una celda del Penal de Barrientos, en Tlalnepantla, junto con otros 27 presos.
Su tragedia comenzó a principios de este año. El 21 de enero, alrededor de las diez de la mañana, Víctor salió de su casa acompañado de un primo para hacer unas compras. Apenas habían dado unos pasos cuando seis policías ministeriales del Estado de México los detuvieron con pistola en mano y los subieron a un auto con lujo de violencia. "Ya te chingaste. Te vamos a matar por culero", le gritaron. Horas después soltaron a su primo, pero detuvieron a Jhovany, en la esquina de su casa.
Entre golpes, sin mostrarles un solo papel que acreditara su actuar, los ministeriales les dijeron la acusación: el secuestro y homicidio de su primo hermano, Jonathan Torres López, de 20 años, quien vivía en Atizapán.
Ambos jóvenes aseguran que fueron golpeados en el auto, luego en una camioneta que los obligaron a abordar y donde ya había otro detenido al que nunca habían visto y del que supieron su nombre después, Jorge Joaquín Mauleón Martínez. Denuncian que fueron trasladados primero a un inmueble desconocido y después a las instalaciones de la Procuraduría estatal en Manzana de Roma, en Tlalnepantla. Que les echaron agua en la cara mientras tenían un trapo en la cabeza y les pusieron una bolsa de plástico, para hacerlos sentir que se ahogaban, y les dieron descargas eléctricas en la lengua y los genitales para que confesaran su crimen.
La "calentadita para que se acordaran" de lo que habían hecho -como los policías les decían continuamente- duró casi dos días, y tuvo su efecto. Los tres detenidos declararon conocerse y haber ayudado al secuestro de Jonathan. Están acusados de ese delito con el agravante de haber causado la muerte a su primo, a pesar de que no se ha encontrado el cuerpo, y de cohecho, pues los ministeriales aseguran que les ofrecieron 25 mil pesos para que no los entregaran al Ministerio Público. Así consta en el expediente marcado con la causa penal 18/2011 del Juez Séptimo Penal de Primera Instancia de Tlalnepantla, del que Enfoque tiene copia.
En el expediente, los agentes aseguran que "invitaron" a los inculpados a acompañarlos, que les explicaron de qué se les acusaba y que los interrogaron sentados en un sillón.
Tres días después de su detención, el 24 de enero, el procurador de Justicia del Estado de México, Alfredo Castillo, los presentó ante los medios de comunicación como una banda de secuestradores que operaban en la entidad, y que habían pedido 4 millones de pesos por el rescate de Jonathan.
Los hermanos aseguran que son inocentes, y denuncian que su primera declaración fue totalmente inventada por los policías. Que incluso hicieron retratos hablados de cómplices que no existen presionados por los ministeriales. En su declaración preparatoria, la que realizaron en el juzgado antes de entrar al penal el 25 de enero, ya fuera del alcance de los puños de los ministeriales, Víctor y Jhovany negaron todos los cargos, se declararon inocentes y aseguraron que su primera declaración fue resultado de la tortura.
Para su defensa les fue asignado un defensor de oficio, pues no cuentan con los recursos para contratar a un abogado. Sin embargo, éste tiene poco material para defenderlos, pues en el expediente no existe la copia del certificado de las lesiones que Víctor y Jhovany presentaron al ingresar al penal, a pesar de habérseles realizado.
Además, según su expediente, la primera declaración será la que se tomará en cuenta para el juicio, pues fue "espontánea".
Mientras concluye el proceso, su madre, Sandra López Corona, quien trabaja de costurera, invierte parte de su sueldo, que es de mil pesos semanales, en comprarles protección y un lugar para dormir, para que sufran lo menos que se pueda en Barrientos. "El abogado ya me dijo que el proceso puede tardar más de un año para que les den sentencia. Me dijo 'uy, señora, a veces un robo simple puede tardar hasta un año, imagínese un caso como el de sus hijos'", dice Sandra angustiada.
Víctor y Jhovany son un ejemplo común de procesamiento judicial en México y un caso más que presenta irregularidades en la conformación de un expediente judicial. Ellos están en prisión preventiva, es decir, su juicio aún no se lleva a cabo, pero como son acusados de cometer un delito grave, que no alcanza fianza, enfrentarán su proceso tras las rejas.
Abuso
Sin mecanismos eficientes para que se cumpla su objetivo, que es proteger a la sociedad de nuevos actos de posibles criminales, la prisión preventiva se ha convertido en México en un "pilar de la política criminal gubernamental" utilizado principalmente contra personas de bajos recursos, que no pueden defenderse, asegura Guillermo Zepeda, investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y especialista en el tema.
El doctor en derecho por la UNAM resume: "se ha abusado de la prisión preventiva sin que eso se haya traducido en mayor justicia".
De acuerdo con las últimas cifras del sistema penitenciario, dadas a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública en febrero de este año, en la última década el número de presos sin condena en las cárceles mexicanas se ha incrementado en 48.6 por ciento, al pasar de 63 mil 724 internos en el
Tres cuartas partes son internos acusados de cometer delitos del fuero común, como Víctor y Jhovany. Sin embargo, a partir de la "guerra contra el narcotráfico" emprendida por el gobierno de Felipe Calderón, la prisión preventiva de internos del fuero federal ha repuntado de manera significativa.
Según las cifras oficiales, de
Zepeda, quien ha seguido de cerca el tema desde hace más de una década, afirma que estas cifras reflejan la ineficacia de la justicia en México pues, a pesar de las advertencias que organizaciones civiles nacionales e internacionales han hecho sobre la constante violación a los derechos humanos de los presos en esta modalidad, no hay esfuerzos encaminados a crear un sistema judicial eficiente, con policías que recauden pruebas y no las fabriquen y Ministerios Públicos con los recursos humanos y materiales suficientes.
"Hay un abuso evidente de la prisión preventiva. Ya lo hemos dicho: es una puerta falsa usar la prisión preventiva como un mecanismo de política criminal, porque es simbólico decir 'estamos metiendo más personas a la cárcel'. En los últimos 10 años hemos duplicado el número de personas en prisión sin que nos sintamos el doble de seguros. Quiere decir que no estamos afectando al segmento de los delincuentes que más daño genera al país.
"Esta situación casi de colapso, por la sobrepoblación, deja ver claramente que en las cárceles estallan las inconsistencias de la política criminal. Y estas irracionalidades generan nuevas paradojas, como la que está ocurriendo, que por no ser selectivos con las personas a las que estamos estigmatizando con prisión preventiva les estamos abriendo la puerta a los ya condenados, personas a las que les faltan años, meses para tener cierto porcentaje de su sentencia cumplida, que puedan salir rápidamente por la premura de las cárceles de descongestionarse", explica el académico.
Según Zepeda, si esta situación no se atiende con urgencia, los resultados serán funestos para el país, pues no sólo la delincuencia será imparable, también el rencor social.
'Se persigue a quien se puede detener'
El incremento de la violencia en algunas zonas, más el repunte de delitos de alto impacto -como el secuestro- en varias entidades aumentan el riesgo de abuso de la prisión preventiva no sustentada en investigaciones sólidas. Se ha llegado al caso de crear nuevos delitos, privilegiando la estrategia punitiva contra el crimen, y se han endurecido las penas sin reforzar el sistema de justicia.
Además, la mayor presencia policiaca y militar en algunos territorios con fuerte actividad de grupos criminales ha incrementado la posibilidad de ser detenido y acusado de un delito grave sin garantías.
Por ejemplo, en Nuevo León, desde junio de 2010 existe el delito de "halconeo" para sancionar a quien aceche, vigile o espíe las labores de elementos de seguridad pública. La sanción puede ser de entre 2 y 15 años de prisión, y es mayor si se trata de un ex funcionario de seguridad pública.
Martín Carlos Sánchez, director de Renace, organización civil con sede en esa entidad que ayuda a personas con bajos recursos procesadas injustamente, asegura que la creación de estos nuevos delitos ha incrementado el número de personas encarceladas sin bases sólidas.
Según Sánchez, en Nuevo León los índices de prisión preventiva se redujeron entre 2005 y 2006, con la implementación de los juicios orales. Sin embargo, para 2007 el número de presos sin condena en penales de esa entidad se incrementó nuevamente.
"Hay una tendencia, a veces por terror, por el incremento de la violencia, a veces por manejo político, de querer mantener una mano dura. Pero eso afecta a la gente de muy bajos recursos, a la gente común y corriente que realmente no tiene una problemática criminal. Acá la gente pide que disminuyan la edad penal, que se incrementen más las penas o que se incrementen los delitos, pero sólo se persigue a quien se pueda detener, no a los que son realmente responsables. A quien se deje, a quien no tenga poder de fuego", explica.
En Chihuahua ocurre algo similar. Según Guillermo Zepeda, gracias a la implementación de la reforma en materia penal, los indicadores de prisión preventiva en la entidad habían disminuido, como en las otras entidades que han implementado la reforma. Sin embargo, con el recrudecimiento de la violencia, y el incremento de penas (el secuestro ahora es castigado con cadena perpetua) eso ha cambiado.
"En Chihuahua había estado la prisión preventiva en el 2005 en 44.4 por ciento, arriba de la media nacional, y había bajado hasta 33 por ciento en el 2008 y 2009 con la reforma. Pero por el clima de inseguridad, el gobierno, por frustración, reformó las leyes. Entonces se ha hecho más severa la aplicación de la prisión preventiva, y ya en el 2010 están en 43 por ciento de presos sin condena", puntualiza.
La aparición de nuevos delitos ya es una propuesta a nivel nacional. El pasado 18 de abril, la Presidencia de la República informó en un comunicado de prensa que el presidente Felipe Calderón había enviado al Senado una iniciativa de reforma "contra las cadenas delictivas y responsabilidad penal de las personas jurídicas", para sancionar a aquellos que participen de manera directa o simplemente hayan facilitado la actuación de grupos criminales.
Además, la iniciativa plantea la creación de nuevos tipos penales, como la "facilitación delictiva" o "halconeo".
El abogado penalista Federico Mendoza advierte: "la prisión preventiva es la regla, no la excepción. El problema de que haya nuevos delitos relacionados con delincuencia organizada es que criminalizan conductas anteriores al delito; es decir, puedes ser considerado delincuente sin que seas sorprendido en flagrancia, algo muy peligroso en un país con las deficientes capacidades de investigación de las policías".
El también investigador de la Universidad Iberoamericana sostiene que con el solo hecho de que un grupo de tres personas organizadas hagan un vínculo con otra persona, inocente, a través de un testigo protegido o una denuncia anónima, se puede acusar a alguien de delincuencia organizada.
"El delito es solamente pertenecer a la banda, aunque nunca cometas un secuestro, trata de personas, un delito contra la salud. Eso es un cheque en blanco para las policías, pues mientras menos requisitos se le exijan al policía más inocentes van a estar en la cárcel, como estamos viendo ahora. El sistema penal cumple una misión eminentemente simbólica, y evidentemente al que peor le va en esta historia es a la gente de escasos recursos que está en un estado muy vulnerable respecto de las policías y que no puede escapar de ellas. De nada sirven los juzgados y la procuración de justicia cuando la policía o el Ejército, el primer contacto, detienen una persona para someterla a un proceso penal sin cumplir con su labor", sentencia.
Una abogada penalista que litiga en juzgados locales, que prefiere se omita su nombre, asegura que ha observado cada vez más "terrorismo jurídico" en los juzgados, pues las autoridades están tan urgidas de presentar resultados positivos contra el crimen que presionan a los funcionarios de justicia (policías, jueces, abogados, etcétera) para consignar a personas de cualquier forma.
"Cada día me topo más con acusaciones infladas, con casos fabricados que después me entero que son presentados como grandes logros de las administraciones, esto es muy grave. Y en estos últimos meses me he encontrado cada vez más casos de supuestos secuestradores que no se sustentan con ninguna prueba. Si las hay, que las agreguen, y ya, pero que no torturen", dice.
Los costos
Uno de los factores que atrasa la resolución de procesos judiciales son las ausencias de los agentes policiacos involucrados en la detención de los inculpados en las audiencias. Es el caso de Víctor y Jhovany. Según el expediente, de las cinco audiencias que se han llevado a cabo, tres de los cuatro agentes que los detuvieron -ellos aseguran que fueron más- sólo se han presentado a la de desahogo de pruebas, el 24 de marzo pasado. Ese día se les tomó una ampliación de su declaración.
Además de las respuestas comunes de los agentes, que muchos pudieron ver en las salas de cine gracias al documental Presunto culpable ("no recuerdo", "no me acuerdo"), ese día los ministeriales incurrieron en contradicciones. Dos dicen que interrogaron a los tres detenidos todos juntos, y que la declaración asentada en actas es un resumen de lo que dijeron. Otro, que los interrogaron por separado.
Tampoco se ha presentado Patricia ni su esposo, los padres de Jonathan, la víctima.
Mientras el Ministerio Público sopesa los argumentos, Sandra ha acudido a todas las audiencias, y visita todos los sábados a sus hijos. Les lleva comida y paga por su protección.
En una investigación que realizó para el Open Society Institute sobre el costo de la prisión preventiva en México, publicada en febrero de 2010, Guillermo Zepeda calcula que tan sólo en 2006 el país gastó alrededor de 9 mil 800 millones de pesos en presos sin condena. De éstos, 5 mil 800 millones fueron desembolsados por el Estado, mil 900 millones por las familias de los presos entre dinero, comida, ropa, medicina, etcétera, y el resto lo dejaron de percibir los detenidos o fue gastado por la comunidad (asociaciones y ONG, principalmente).
Sandra lleva bien sus cuentas. Cuando sus hijos entraron a Barrientos, entregó 10 mil pesos por cada uno a los reos encargados de la seguridad para que no fueran golpeados y encontraran un lugar para dormir en las sobrepobladas celdas del penal. "Me hicieron un descuento, porque me pedían 50 mil. Yo les dije que no podía pagar". Además, paga 200 pesos a la semana para que conserven su lugar en la celda, 80 pesos cada sábado para que bajen al patio del penal para la visita y 30 pesos por un lugar en el piso de un metro por
"Y yo porque puedo pagar. Conozco a una señora que no puede pagar los 200 pesos de la celda y sólo da 35 pesos, pero su esposo que según se robó un tanque de gas y lo agarraron borracho duerme con sentenciados y tiene que traer el uniforme beige, de sentenciado. La señora dice que ya lleva un año así. Imagínate qué puede aprender ahí", comenta.
Hasta hoy, Víctor y Jhovany visten uniforme azul rey, de procesados, y duermen con procesados.
"Es una puerta falsa usar la prisión preventiva como un mecanismo de política criminal. Hemos duplicado el número de personas en prisión sin que nos sintamos el doble de seguros".
Guillermo Zepeda
Investigador del ITESO.
Presos sólo por si acaso
En la última década, el número de internos recluidos en penales que todavía no han sido enjuiciados se incrementó en 46.9 por ciento. Los internos sin condena por delitos de fuero común aumentaron en 20 mil 593 reos entre 2000 y 2011. El porcentaje de presos sin condena por delitos del fuero federal se ha duplicado en el mismo periodo.
POBLACIÓN PENITENCIARIA
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | NOV. 2010 | FEB. 2011 |
| | 154,765 | 165,687 | 172,888 | 182,530 | 193,889 | 205,821 | 210,140 | 212,841 | 219,754 | 224,749 | 222,330 | 222,947 |
| Fuero común | 113,118 | 121,093 | 125,112 | 133,370 | 144,271 | 154,350 | 160,923 | 164,275 | 169,836 | 173,380 | 178,160 | 178,979 |
| Fuero federal | 41,647 | 44,594 | 47,776 | 49,160 | 49,618 | 51,471 | 49,217 | 48,566 | 49,918 | 51,369 | 44,170 | 43,968 |
| Espacios disponibles en cárceles | 121,135 | 134,567 | 140,415 | 147,809 | 154,825 | 159,628 | 164,929 | 165,970 | 171,437 | 173,060 | 181,581 | 182,906 |
| % SP | 127.8 | 123.1 | 123.1 | 123.5 | 125.2 | 128.9 | 127.4 | 128.2 | 128.2 | 129.9 | 122.4 | 121.9 |
INTERNOS SIN SENTENCIA
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | NOV. 2010 | FEB. 2011 |
| | 63,724 | 71,501 | 73,685 | 80,134 | 80,661 | 87,844 | 89,601 | 88,136 | 88,935 | 92,311 | 93,653 | 94,746 |
| Fuero común | 51,807 | 58,412 | 60,091 | 64,459 | 65,134 | 69,762 | 71,553 | 70,718 | 69,562 | 70,222 | 71,710 | 72,400 |
| Fuero federal | 11,917 | 13,089 | 13,594 | 15,675 | 15,527 | 18,082 | 18,048 | 17,418 | 19,373 | 22,089 | 21,943 | 22,346 |
INTERNOS SENTENCIADOS
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | NOV. 2010 | FEB. 2011 |
| | 91,041 | 94,186 | 99,203 | 101,796 | 113,228 | 117,977 | 120,539 | 124,705 | 130,819 | 132,438 | 128,677 | 128,201 |
| Fuero común | 61,311 | 62,681 | 65,021 | 68,311 | 79,137 | 84,588 | 89,370 | 93,557 | 100,274 | 103,158 | 106,450 | 106,579 |
| Fuero federal | 29,730 | 31,505 | 34,182 | 33,485 | 34,091 | 33,389 | 31,169 | 31,148 | 30,545 | 29,280 | 22,227 | 21,622 |
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA EN TÉRMINOS RELATIVOS
| CONCEPTO | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 NOV | 2011 FEB |
| Porcentaje de internos sin sentencia. | 41.17 | 43.15 | 42.62 | 43.90% | 41.60 | 42.68 | 42.64 | 41.41 | 40.47 | 41.07 | 42.12 | 42.50 |
| Reos sin sentencia por delitos del fuero federal. | 28.61 | 29.35 | 28.45 | 31.89 | 31.29 | 35.13 | 36.67 | 35.86 | 38.81 | 43.00 | 49.68 | 50.82% |
| Reos sin sentencia por delitos del fuero común. | 45.80 | 48.24 | 48.03 | 48.33% | 45.15 | 45.20 | 44.46 | 43.05 | 40.96 | 40.50 | 40.25 | 40.45 |
| Porcentaje de internos sentenciados. | 58.83 | 56.85 | 57.38 | 56.10 | 58.40 | 57.32 | 57.36 | 58.59 | 59.53% | 58.93 | 57.88 | 57.50 |
| Sentenciados por delitos del fuero federal. | 71.39 | 70.65 | 71.55% | 68.11 | 68.71 | 64.87 | 63.33 | 64.14 | 61.19 | 57.00 | 50.32 | 49.18 |
| Sentenciados por delitos del fuero común. | 54.20 | 51.76 | 51.97 | 51.22 | 54.85 | 54.80 | 55.54 | 56.95 | 59.04 | 59.50 | 59.75% | 59.55 |
SP= sobrepoblación.
Fuente: Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública.
Prisión preventiva por estado
Los estados que concentran la mayor parte de la población penitenciaria tienen a cientos o miles de presos que no han sido juzgados.
| FUERO COMÚN | | | FUERO FEDERAL | |
| Procesados | Sentenciados | | Procesados | Sentenciados |
| 24,871 | 12,664 | Distrito Federal | 1,442 | 1,849 |
| 10,455 | 6,663 | México | 601 | 866 |
| 6,886 | 5,581 | Baja California | 2,995 | 1,784 |
| 5,174 | 7,103 | Jalisco | 2,501 | 977 |
| 4,614 | 4,567 | Sonora | 1,408 | 1,507 |
| 4,914 | 2,533 | Puebla | 230 | 399 |
| 3,547 | 3,256 | Veracruz | 244 | 86 |
| 3,581 | 2,529 | Chiapas | 516 | 424 |
| 3,756 | 1,426 | Nuevo León | 813 | 888 |
| 4,065 | 1,045 | Tamaulipas | 796 | 692 |
| 2,340 | 208 | Penales Federales* | 4,120 | 5,529 |
| FUERO COMÚN | | | FUERO FEDERAL | |
| Procesados | Sentenciados | | Procesados | Sentenciados |
| 688 | 348 | Aguascalientes | 89 | 100 |
| 420 | 855 | Baja California Sur | 248 | 159 |
| 778 | 364 | Campeche | 134 | 129 |
| 2,359 | 1,912 | Chihuahua | 964 | 1,605 |
| 1,823 | 637 | Coahuila | 215 | 228 |
| 1,225 | 749 | Colima | 139 | 204 |
| 945 | 909 | Durango | 388 | 152 |
| 2,511 | 1,269 | Guanajuato | 419 | 440 |
| 1,999 | 2,120 | Guerrero | 629 | 506 |
| 1,453 | 1,052 | Hidalgo | 117 | 119 |
| 2,852 | 2,134 | Michoacán | 661 | 519 |
| 1,693 | 955 | Morelos | 328 | 323 |
| 1,106 | 846 | Nayarit | 220 | 206 |
| 1,695 | 1,821 | Oaxaca | 633 | 308 |
| 1,053 | 681 | Querétaro | 148 | 99 |
| 975 | 1,568 | Quintana Roo | 140 | 137 |
| 1,509 | 1,076 | San Luis Potosí | 161 | 177 |
| 2,743 | 1,384 | Sinaloa | 434 | 961 |
| 2,372 | 2,436 | Tabasco | 322 | 47 |
| 308 | 298 | Tlaxcala | 56 | 48 |
| 1,237 | 1,119 | Yucatán | 157 | 109 |
| 292 | 632 | Zacatecas | 78 | 45 |
*Esta cifra incluye los reos recluidos en el complejo Islas Marías, los Ceferesos 1, 2, 3, 4, 5, y 7 y el Ceferepsi.
Fuente: Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública. Datos a febrero de 2011.
'Ellos crean la delincuencia organizada'
Reportaje Inseguridad e injusticia. Fernando Villegas está en prisión preventiva. Al ser arrestado fue confundido con un hijo de "La Barbie"
Jésica Zermeño
(8 mayo 2011).- Fernando Ernesto Villegas Álvarez cumple hoy 283 días en prisión preventiva; 205 en el penal federal de Xalapa, Veracruz.
El ingeniero en sistemas computacionales, pasante del Instituto Politécnico Nacional, fue detenido por policías federales el pasado 29 de julio en una casa de Acapulco, al parecer propiedad de Édgar Valdés, La Barbie; fue llevado al puerto guerrerense a trabajar sin saber que terminaría instalando sistemas a narcotraficantes del grupo de los Beltrán Leyva.
Según publicó Enfoque el pasado 6 de febrero, los elementos policiacos que lo detuvieron le hicieron tocar una granada de fragmentación con los ojos cerrados para imputarlo.
Villegas cumplió 25 años el pasado 8 de abril, ya perdió varios kilos y está desesperado, aseguran sus padres.
El proceso judicial, como casi cualquier otro, va lento. Fernando llegó al penal el pasado 15 de octubre. Cinco días después, el 20, se abstuvo de hacer su declaración preparatoria ante las inconsistencias de las declaraciones de los agentes de la Policía Federal que lo detuvieron y pidió un careo con los federales con el apoyo de un polígrafo. Los policías, en ese entonces comisionados en Guerrero, fueron citados a finales de octubre. No asistieron, argumentando falta de recursos económicos para trasladarse a Veracruz. Fueron citados en marzo; tampoco llegaron. Han sido citados en junio, otra vez.
"Esperemos que ahora sí vengan. Del careo que tengan con mi hijo dependerá cómo le vaya a Fernando. Por sus ausencias el proceso de Fer está casi parado", asegura su madre, Ángeles.
Ella y su esposo tienen conocimiento de que uno de los cuatro policías involucrados en el caso de su hijo ya ni siquiera trabaja en la Policía Federal, y eso les preocupa.
La vida en prisión
Desde que detuvieron a Fernando, a sus padres la vida se les ha ido en un ir y venir a Perote y a Acapulco. Ya hasta perdieron la cuenta de cuánto han gastado. Cada 15 días, durante el día de visita, la familia se reúne en el penal. Los padres ven al hijo demacrado, desesperado. Gracias a esas cortas reuniones se han ido enterando de detalles de su vida en reclusión: que festejó el Año Nuevo con una Coca Cola de un litro que le dieron para cenar y que terminó tomándose a sorbitos durante tres días; que siguen siendo seis en la celda; que sólo él y otro de sus compañeros compran garrafones de agua, pues los demás no tienen dinero, y tienen que compartirla.
A Fernando también le ha dado por escribir. Diez cartas de él redactadas entre diciembre y enero fueron recibidas por sus padres en abril. En ellas relata su día a día. Un interno le enseñó a jugar ajedrez. Aunque nunca había leído, ahora devora cualquier libro que llega a la celda, lo mismo uno sobre Fernando del Paso que la Biblia o La divina comedia de Dante Alighieri. Está diseñando una armadura de Ironman que fabricará cuando salga. Ya terminó de escribir su declaración preparatoria y se está preparando para el careo con los federales.
"Tal vez se pregunten ¿por qué no suelto el cauce de mis lágrimas? Ésa otra pregunta es sencilla de responder, porque estoy harto de las mismas historias de las personas que viven en la misma estancia que yo, estoy harto de que me digan que ya tienen dos años encerrados y que no se agüitan, estoy harto de que me digan que no les importa estar encerrados aquí en x, y, z fecha, que no estaban con su familia en estas fechas navideñas, por eso no lo hago", se lee en una carta fechada el 20 de diciembre de 2010.
"No hay depresión ni ganas de suicidio, eso nunca, sólo me siento como Dante pero sin Virgilio atravesando los círculos del infierno", se lee en otra, del 21 de diciembre.
En los relatos Fernando también describe sus impresiones sobre los policías federales.
"Ellos crean la delincuencia organizada. Si no tienes nada que ver con algún cártel de droga -que dicho sea de paso sí existen pero no se dejan ver a la luz del sol o de la luna- ellos en sus muy famosas calentadas -o golpizas, toques, bolsazos, uso de tehuacanes, y otros métodos de tortura- te hacen miembro de alguno, te roban tus objetos personales, llámese cartera, celular, computadora, tarjetas de crédito, una que otra camioneta o auto, la misma ropa te la roban y te ponen sus uniformes mugrosos o zapatos de algún otro pobre diablo que se topó con ellos", dice en un escrito fechado el 20 de noviembre.
Mientras, sus padres buscan hacerle llegar al defensor de oficio nuevas pruebas para la defensa de Fernando. "Nos dijeron que podrían ayudar los testimonios de sus compañeros de escuela, pero ya hemos sondeado a varios y no quieren, por miedo. Tenemos que pensar qué más podemos aportar", dice su madre, afligida.
Por un México en paz
Artículo Ciudadanía y seguridad. La sociedad deberá seguir atenta e impulsar la reconstrucción de cada municipio del país. A todos los que estamos en esto nos queda claro que, o lo intentamos entre todos, o todos nos iremos a pique con nuestro barco
Eduardo Gallo y Tello
(8 mayo 2011).- La marcha de este 8 de mayo del 2011 no es una marcha más. Tampoco es continuación de las marchas anteriores por la seguridad que se llevaron a cabo en 2004 y 2008, la primera conocida como "la marcha blanca" y, la otra, como "iluminemos México". Cada marcha tiene sus propios elementos y razones aunque los actores sean todos miembros de la sociedad civil y de alguna forma existan puntos de contacto entre ellas.
La "marcha blanca" e "iluminemos México" tuvieron como causa fundamental la ola de secuestros que venían sucediendo en todo el país y que concluyeron en el asesinato de jóvenes inocentes que a nadie habían hecho mal y, más grave aún, después de pagados los rescates.
Quienes participamos en la organización de "la marcha blanca" pretendimos mandar un claro mensaje a las autoridades federales, estatales y locales de que, por un lado, estábamos hartos de la inseguridad y en particular de los secuestros, y por el otro, que les brindábamos el respaldo necesario para que actuaran con todo el peso de la ley contra los delincuentes que los cometían, pero que era urgente que se pusieran a trabajar en ese sentido.
La marcha "iluminemos México" también tuvo como causa la ola de secuestros. El objetivo que se persiguió fue no sólo dar un fuerte jalón de orejas a las autoridades de los tres órdenes de gobierno sobre el problema de inseguridad que nos aquejaba, sino que fue más allá al demandar que otros Poderes participaran coordinadamente con la solución de los problemas. A raíz de esta marcha, el gobierno federal elaboró un acuerdo que incluyó compromisos para diversas dependencias del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, el Poder Judicial de la Federación, el sector empresarial, las iglesias y los ciudadanos. Se denominó "Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad".
En ese acuerdo el gobierno federal asignó compromisos y responsabilidades a diestra y siniestra; fijó tiempos y plazos y pasó el documento a firma de todos los actores políticos, incluidas organizaciones de la sociedad civil. Lo cierto es que ese acuerdo fue un fracaso, pues como casi todo había sido planeado por el gobierno federal y él mismo lo incumplió, los demás actores vieron fácil incumplirlo también.
La marcha del día de hoy tiene algunos puntos causales que se tocan con los de las marchas anteriores, pero otros muchos diferentes, aunque el detonador siga siendo la inseguridad.
Esta marcha la detona el asesinato de seis jóvenes y una mujer en Cuernavaca a finales de marzo: Juan Francisco Sicilia, Luis Romero, Julio Romero, Gabriel Alejos, Álvaro Jaime, Jesús Chavez y Socorro Estrada. El padre de Juan Francisco, ahogado en el dolor pero con gran valor, inició un plantón en el zócalo de Cuernavaca para protestar por lo sucedido y sobre todo por la ineficiencia de las autoridades para esclarecer las causas y encontrar a los responsables del multihomicidio. Así, el poeta Javier Sicilia se vio inmerso en temas de impunidad, corrupción, colusión oficial, ineficiencia gubernamental, desinterés por procurar justicia, etcétera, a que muchos mexicanos nos enfrentamos constantemente.
Javier, además, nos hace ver que el país se nos está yendo de las manos frente a la delincuencia y denuncia que existe colusión entre quienes tienen la responsabilidad de combatirla y los delincuentes mismos, y empezamos a reflexionar con él sobre lo que está sucediendo en nuestro México: en los últimos cuatro años y medio, en base a la estrategia de combate a la delincuencia organizada del gobierno, han sido asesinadas cerca de 40 mil personas y desaparecido otras 10 mil; hay decenas de miles de migrantes secuestrados y aparecen fosas con cientos de cadáveres; miles de extorsiones por derechos de piso o por amenaza de daño a un familiar; la trata de personas ha crecido fuertemente al igual que el contrabando de armas y los adictos a alguna droga crecieron 50 por ciento en seis años; el tejido social se ha perdido significativamente y no hay oportunidades de empleo para los jóvenes; no se esclarecen los homicidios, tampoco otros delitos. La tasa de impunidad alcanza el 98.5 por ciento de la totalidad de los delitos cometidos cada año.
Javier grita ahogadamente "BASTA" y muchos despiertan de su marasmo y se dan cuenta que por temor, por no querer saber del horror o por la razón que sea, muchos no desean ni enterarse de lo que está pasando, y otros han preferido refugiarse en un país del norte del continente.
Y simultáneamente, Javier nos convoca a una marcha por la paz e inicia un movimiento pro paz y logra que muchos lo escuchen y reflexionen y despierten dándose cuenta de que viven en un país que no es como el que ellos quieren que sea y se unen a su llamado en una "Marcha por un México en Paz con Justicia y Dignidad" y empieza a crecer la bola de nieve y se empieza a trabajar, y muchos encontramos que tenemos más coincidencias que diferencias, y se empiezan a construir escenarios, opciones y alternativas, porque el país no necesita aspirinas sino quimioterapias, trasplantes de órganos vitales y otros grandes remedios para los males que tiene que no son sólo de seguridad o justicia; los hay de democracia, educación, pobreza, gobernabilidad, juventud no atendida por el Estado, desempleo, oportunidades de vida digna, corrupción, impunidad, desmembramiento familiar, destrucción del tejido social... Y así, Javier va quedando rebasado por la magnitud de los problemas, pero no ausente en la filosofía de continuar impulsando la marcha a la que convocó.
Y después de hoy
Quienes participamos no sólo en la organización de la marcha, sino en la estructuración de la agenda de la misma, pronto nos encontramos frente a la encrucijada de cuáles de tantos y tantos problemas debemos plantear y el orden en que lo debemos hacer; se crean equipos de trabajo para diferentes temas y llegamos a la conclusión de que hay que hacer alianzas y buscar a quienes han transitado, al menos parcialmente, por estos terrenos, y nos reunimos con ellos y nuevamente encontramos que nos unen más las coincidencias de lo que nos separan las diferencias, y sumamos con ellos, y mutuamente nos enriquecemos y dimensionamos que éste debe ser un trabajo que deben realizar cientos, miles, decenas de miles, millones de mexicanos. Que tenemos que enfrentarnos a la cerrazón y falta de sensibilidad de la mal llamada clase política que sólo vela por sus intereses y muy poco o nada por los ciudadanos, pues no ha sabido estar a la altura de las necesidades del país. Y decidimos, nuevamente, hacer otras alianzas y sumar con otros muchos mexicanos que también están dispuestos a rescatar a su país y que llegue a buen puerto, y concluimos que la clase política debe comprometerse en un gran acuerdo nacional o pacto para trabajar en base a las necesidades y prioridades de los ciudadanos, y que si bien nosotros los ciudadanos tenemos que trabajar codo con codo con ellos, se vuelve necesario, indispensable, dar un claro seguimiento a los temas que planteemos y evaluar el cumplimiento o incumplimiento de los compromisos que contraigan los políticos, y que los progresos o retrocesos deben hacerse públicos periódicamente para que todos los ciudadanos sepamos quién cumple y quién no, y vayamos determinando el costo de incumplir para esos políticos, y así vayamos logrando progresos paulatinamente en dirección del país que todos anhelamos, con una visión de 15 o 20 años.
A nadie escapa la gran responsabilidad que todos estamos contrayendo. Para unos es la convocatoria a la marcha, para otros es marchar; para algunos más, redactar documentos y darle un orden y estructura a todo este trabajo; para otros enfrentarse a las discusiones interminables de la clase política; otros deberán darle seguimiento a los temas, unos más hacer las evaluaciones; otros tendrán que darlas a conocer, otros tendrán que repensar los temas conforme el tiempo vaya pasando y más aún si va habiendo logros o fracasos.
Pero a todos los que estamos en esto nos queda un asunto sumamente claro: o lo intentamos entre todos o todos nos iremos a pique con nuestro barco, y la única opción es que nos mantengamos unidos en lo esencial. "Rescatar a México para los mexicanos de bien", "refundarlo", "crearle un nuevo suelo en el cual podamos todos abonar"...
Debe firmarse un pacto en Ciudad Juárez porque quienes han llevado la peor parte en todo este problema de los asesinatos, en los problemas de falta de oportunidades, en la destrucción del tejido social, son los juarenses. Donde las autoridades han mostrado sus peores capacidades para apoyar a la población ha sido en esa otrora próspera ciudad. Ahí queremos firmarlo, para que nunca se nos olvide que durante años cometimos todos los mexicanos grandes errores de desinterés, de exigencia al Estado, de admitir una clase política desobligada e incumplida. Donde no se construyeron suficientes escuelas ni se procuró la unidad familiar y, por el contrario, se permitió la impunidad y campeó la corrupción. Ahí es donde debe iniciarse la reconstrucción de nuestro país.
Después tendremos todos que impulsar la reconstrucción de cada municipio, de cada ciudad, de cada pueblo, de cada institución de gobierno municipal, estatal o federal, fortaleciéndolas posteriormente para hacerlas capaces de apoyar las necesidades de los mexicanos.
Tendremos que aprender a ser mexicanos responsables de nuestras obligaciones para poder mantener nuestras exigencias y derechos, para que nunca más volvamos a dejar que nuestro país peligre porque dejamos de estar atentos a que nuestras instituciones fueran sólidas y funcionales.
¿Cuánto tiempo habrá que trabajar para rescatar México?... el que sea necesario... y mientras más rápido comencemos menos tiempo nos faltará.
¡Empecemos ya! Asistiendo a la marcha del día de hoy por un México en paz con justicia y dignidad.
El autor es activista ciudadano. Correo: eduardogalloytello@gmail.com
Marchas emblemáticas
En silencio, vestidos de blanco y con veladoras. En los últimos 14 años los ciudadanos han manifestado su repudio a la delincuencia sin obtener resultados concretos a sus demandas por parte de las autoridades.
Noviembre 29, 1997. Entre 10 mil y 30 mil asistentes.
Junio 27, 2004. El GDF estimó 250 mil; los organizadores un millón.
Agosto 28, 2008. Se calcula que participaron 2 millones de personas sólo en la capital del país.
'La sociedad no está indefensa'
La cultura política. Sergio Aguayo: Investigador del Colmex. Los documentos son los ladrillos de la historia, dice Aguayo en su nuevo libro sobre la transición que, afirma, sigue inconclusa
Andro Aguilar
(8 mayo 2011).- Inacabada, la transición mexicana entra a una nueva etapa crucial en la que la sociedad civil, como nunca antes, tiene posibilidades de beneficiarse de este proceso, sostiene el investigador Sergio Aguayo.
Autor de un nuevo libro sobre la transición, Aguayo afirma que hasta el momento la redistribución del poder político y económico -causa y consecuencia del debilitamiento del presidencialismo en los años ochenta- ha sido insuficiente, desigual y no ha generado un saldo positivo para la ciudadanía.
"No hay ninguna duda, los indicadores son clarísimos: en términos de distribución del ingreso, capacidad para resistir la inseguridad, en cualquier variable que se tome", comenta el profesor de El Colegio de México.
Sin embargo, considera que nunca antes la sociedad había tenido tantas opciones para allegarse información, organizarse y movilizarse.
"La sociedad no está indefensa. Tenemos una situación muy positiva y privilegiada para lanzarnos hacia un reajuste en la cantidad de poder a disposición de la sociedad. Sí existen las condiciones para que eso se dé, como nunca antes, ésa va a ser la nueva etapa: una sociedad que entendió que nadie la está representando adecuadamente, y que tiene que encontrar las fórmulas para contrarrestar ese desequilibrio tan marcado entre un consumidor y los organismos privados y estatales", indica.
Convencido de que el mapa de coto de poder dependerá de lo que haga la sociedad, Aguayo destaca la función de la marcha ciudadana de este domingo 8 de mayo convocada por el poeta Javier Sicilia, cuyo punto más importante es la unidad antes ausente entre distintos sectores sociales -"conservadores, progresistas y de centro"- en torno a un pliego petitorio concreto.
El académico considera que la calle vuelve a ser el punto geográfico donde se plasma el impulso colectivo, y el momento en que concluyen y convergen las demandas y deseos ciudadanos. La marcha es un reflejo de la organización civil.
"Todos los participantes de la marcha creemos que la democracia no está funcionando y queremos encauzarla y salvarla; la marcha en sí misma es una expresión de un estado de ánimo, pero a las marchas se llevan propuestas y de ahí salen también programas y proyectos.
"No son sólo de seguridad, incluyen otros temas. Cada uno de los participantes lleva a la marcha sus inquietudes, pero de ahí mismo salen otras iniciativas o se construyen los consensos. Tendrá éxito en la medida que arroje acciones unitarias de grupos en torno a autoridades específicas", advirtió.
Construyendo la historia
En la revisión que hizo para escribir La transición en México. Una historia documental 1910-2010 (FCE/Colmex, 2010), Aguayo detectó una serie de sacudidas sociales que terminaron convirtiéndose en tendencias históricas.
La idea nació durante la realización de su anterior libro: Vuelta en U. Guía para entender y reactivar la democracia estancada (Taurus, 2010). La obra de 725 páginas está basada en fuentes directas de los momentos clave de la transición democrática en México y recoge en 40 páginas imágenes simbólicas de ese trance.
El formato del libro obedece al deseo de proporcionarle al lector la posibilidad de capturar el contexto del momento en que fueron elaborados los documentos, indica el académico.
"A diferencia del análisis filtrado que pueda hacer un historiador, en la historia documental se debe tener un panorama completo de los hechos, las variables, los actores, para hacer la selección", explica.
El libro se complementa con un DVD que contiene 6 mil 208 documentos trascendentales que ofrecen herramientas al lector para comprender cómo se ha ido conformando el sistema político mexicano.
"Se encuentran todos los desplegados de Proceso sobre temas político-electorales, es también una recopilación utilísima porque ahí se observa por ejemplo en qué momento el PAN se anuncia en Proceso y cuándo se retira", indica.
Otros desplegados que destaca Aguayo son los del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en los que la maestra Elba Esther Gordillo manifestaba su intención de crear una fuerza política autónoma.
"Ahí hay una radiografía del programa que tenía la maestra en el momento mismo que se convierte en presidenta del SNTE. Ella lo anuncia, ya pensaba en la autonomía del PRI", señala, "en la medida que iba avanzando en la recopilación de documentos me daba cuenta de la extraordinaria riqueza enterrada".
Enfoque recomienda
Título: La transición en México. Una historia documental 1910-2010.
Autor: Sergio Aguayo Quezada.
Editado por: Fondo de Cultura Económica y El Colegio de México.Año: 2010.
La cultura política
(8 mayo 2011).- Téngalo presente
La gestión del riesgo nuclear: lecciones de Fukushima. Mesa organizada por El Colegio de México. Juan Eibenschutz, Edmundo de Alba, Manlio Fabio Casarín, Emma Mendoza y Sergio Puente. Lunes 9, 16:00 horas. Sala Alfonso Reyes del Colmex. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Inf: 5449 3000 ext. 4155.
Coloquios
Diversidad 2011. Éricka Ruiz Sandoval, Rodrigo Laguarda, Federico Gama, Suhayla Bazbaz, Xavier Abreu, Javier Aparicio, Genaro Lozano, Farid Kahhat, Alfredo Narváez, entre otros. Miércoles
Conferencias
La política social en México: usos político-electorales. Enrique Valencia. Miércoles 11, 16:00 horas. Auditorio Alfonso Reyes de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000 ext. 3130.
Agua verde y agua azul, ¿agua para todos? Mireya Ímaz. Miércoles 11, 17:00 horas. Sala Isabel y Ricardo Pozas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 9470.
El activismo judicial para la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Carlos Gaviria Díaz y Rodrigo Gutiérrez Rivas. Jueves 12, 10:00 horas. Aula de Seminarios Guillermo F. Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
Derechos humanos y pueblos indígenas: derecho a la participación y a la consulta. Lourdes Morales. Jueves 12, 18:00 horas. Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Río Magdalena 108, Tizapán. Informes: 5616 8692 ext. 5219.
Exposiciones
América Latina, arte y confrontación 1910-2010. Muestra que evoca el reflejo en el arte de un siglo de historia, confrontación y transgresión social en Latinoamérica. Palacio de Bellas Artes. Eje Central y Juárez, Centro Histórico. Hasta el 5 de junio. Informes: 4155 0200.
Internet
Elecciones en México. Portal que concentra información electoral a nivel local y federal, con datos proporcionados por el IFE y los institutos estatales. Contiene estadísticas, los calendarios de elecciones y la legislación vigente en materia electoral: http://www.eleccionesenmexico.org.mx.
Las políticas de seguridad en México y la vulnerabilidad a migrantes: impactos y recomendaciones. Estudio del Colegio de la Frontera Norte. http://bit.ly/moNMtr.
Libros
Economía cultural para emprendedores, perspectivas coordinado por Eduardo Cruz Vázquez. UAM/UANL. Especialistas de distintas áreas analizan el valor económico del sector cultural en México.
Los presidenciables. Las entrevistas incómodas con los que quieren el poder en México y con los que ya lo tuvieron de Jorge Ramos Ávalos. Grijalbo.
Vaivén del poder. Volumen 2 de Manuel Fuentes Bove. Programe. Compilación de artículos. Informes: confrontaciones09@hotmail.com.
Mesas redondas
Lo que desató el feminismo. Marisa Belausteguigoitia, José Woldenberg, Martha Acevedo, Regina Tamés y Olga Pellicer. Miércoles 11, 18:00 horas. Casa de las Humanidades de la UNAM. Presidente Carranza 162, Coyoacán. Inf: 5554 8513.
El socialismo: la utopía, la distopía. Roger Bartra, Francisco Valdés, José Ramón Enríquez e Iona Weissberg. Jueves 12, 18:00 horas. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7390.
Presentaciones
Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de los campesinos ecologistas. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. José Luis Caballero, Víctor Rojas y Luis Arriaga. Lunes 9, 18:00 horas. Auditorio Xavier Scheifler y de Amézaga de la Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. Informes: 5546 8217 ext. 110.
México social. Revista editada por CEIDAS. José Woldenberg, Judit Bokser, Mario Luis Fuentes y Fernando Castañeda. Jueves 12, 11:00 horas. Sala Isabel y Ricardo Pozas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 9470.
Género en contextos de pobreza coordinado por Ana María Tepichin Valle. Colmex. Gisela Espinosa, Ivonne Szasz y Gabriela Cano. Jueves 12, 18:00 horas. Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000.
Contratos administrativos de Laura Ruiz García. Flores Editor. Paola Lizbeth Galindo Vázquez, Jessica Sandra Mirazo Cornejo, Filiberto Otero Salas y la autora. Sábado 14, 13:00 horas. Aula Magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5431 1911.
Revistas
Nexos No. 399. Análisis colectivo de la educación en México, la crisis del proyecto educativo, el peso del sindicato sobre las decisiones, la urgencia de calidad, además de un par de perfiles del magisterio y una reflexión sobre lo que debe cambiar en el sector. Gilberto Guevara Niebla, Sylvia B. Ortega Salazar, Leticia Juárez, Etelvina Sandoval, Roger Díaz de Cossío, entre otros.
Voz y voto No. 219. Humberto Musacchio, Roger Aleph, Armando Robinson, Lucía Guijarro y Alfredo Figueroa analizan escenarios en las elecciones para gobernador en el Estado de México. Los ministros José Ramón Cossío y Fernando Franco explican sus posiciones encontradas sobre el ya resuelto "juicio de los intelectuales", respecto a la reforma electoral de 2007.
Seminarios
¿Cuál Max Weber has leído? Una mirada crítica a las traducciones de Economía y sociedad. Dentro del seminario Política y Gobierno. Álvaro Morcillo Laiz, Andreas Schedler, Ana Carolina Garriga y Nora Rabotnikof. Miércoles 11, 12:30 horas. Sala 1 del Centro de Información y Biblioteca del CIDE. Informes: 5727 9800 ext. 2137.
Panorama de los fenómenos religiosos en América Latina. Juan Esquivel, Ari Pedro Oro, Fabián Sanabria, Renée de la Torre, Cristina Gutiérrez, Carlos Garma, José Luis González, Liz Hamui, Daniel Gutiérrez y Felipe Gaytán. Miércoles 11, 16:00 horas. Salón 2247 del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Informes: 5449 3000 ext. 3130.
Desarrollo urbano: un reto para el municipio. Raúl Manuel Mejía Garza y Alfonso Oñate Laborde. Miércoles 11, 17:00 horas. Sala de Audiencias de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Informes: 57279800 ext. 2846.
Estudios e investigación sobre ciudad y desigualdad. Margarita Pérez Negrete, María Cristina Bayón, Gonzalo A. Saraví, Rafael Hernández, Isabel Brain, entre otros. Viernes 13, 9:15 horas. Sala Juárez del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Juárez 87, Tlalpan. Informes: 5487 3600 ext. 1154.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
Los placeres y los días / La multiplicación de los santos
Andrés de Luna
(8 mayo 2011).- Los "santos" pasan por el tamiz de la política. Roma fue, ha sido y es, territorio de poderes omnímodos. Sólo así se explica que Marcial Maciel pidiera a sus Legionarios que retrasaran su beatificación 30 años después de su fallecimiento. Acto de indudable modestia de un personaje cargado de oropeles. Esto, sobre todo porque en el periodo papal de Juan Pablo II se hicieron mil 338 beatificaciones y 482 canonizaciones. Si Paulo VI depuró el santoral y dio de baja algunas santidades "espurias", Karol Wojtyla permitió la llegada de nuevos integrantes del panteón católico. El escritor jaliscience Huberto Batis presumía de tener un tío santo, porque en el mar revuelto de la historia, de pronto varios curas cristeros, mártires de esa guerra religiosa, llegaron a colarse en el altar supremo de la canonización.
Por otro lado, ya las órdenes religiosas llegadas a la Nueva España tenían un temor franco de propalar la idea de lo "milagroso", eso lo creían como algo que se manifestaba en el oscurantismo. ¿Quién podría leer La leyenda dorada de Santiago de la Vorágine sin encontrarse a merced de una fantasía en torno a la vida de los santos del Medievo? La inteligencia religiosa encontraba infantil que se engañara a los creyentes con "mentiras piadosas". Sobre esto, véase ese magnífico estudio que es El guadalupanismo mexicano de Francisco de la Maza.
Ahora bien, el Vaticano vuelve a ostentarse como un poder abusivo ante sus fieles. El teólogo Hans Küng, junto con otros 50 prominentes estudiosos, firmó una carta en contra de la beatificación de Karol Wojtyla. Uno de los argumentos fue el anticomunismo radical del pontífice polaco y sus esfuerzos denodados por acallar la Teología de la Liberación, simiente de muchos sacerdotes empeñados en una iglesia católica menos jerárquica y más cercana a la búsqueda de la justicia social. Otros opositores a esa canonización fast track hacen la cronología de los escándalos de los curas pederastas, el más famoso de ellos, esa basura llamada Marcial Maciel, con todo y su derecho de picaporte a las estancias papales. Ya incluso la vox populi dice que Juan Pablo II será el protector de los anticomunistas y de los pederastas. La cara oculta de Wojtila poco a poco deja ver un rostro, que más allá de la sonrisa y su carisma escondía hechos lamentables de su pontificado. Además, una burla en pleno siglo XXI es la "certificación del milagro". Con todo ello, la iglesia católica, de por sí en la pendiente de la historia con sus innumerables escándalos, quiere convencer a sus creyentes con visiones ingenuas que, como se ha dicho antes, ya se cuestionaban en el siglo XVI. Ojalá que los biógrafos de Juan Pablo II hagan una revisión exhaustiva de un hombre que perteneció a la estirpe de Pío XI y Pío XII, de tan extrañas alianzas durante el periodo de Mussolini y luego durante la Segunda Guerra Mundial con Hitler.
¿Vale la pena un tiempo de santos penitentes?
REVISTA PROCESO No. 1801
Nuevo pacto o fractura nacional
Javier Sicilia
En su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, al culminar la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad, que se inició el jueves 5 en Cuernavaca, el poeta Javier Sicilia plantea un desafío: o el país todo –sus ciudadanos, sus estructuras políticas, gubernamentales y sociales– se compromete en un nuevo pacto social –paz, justicia y dignidad como premisas– o se hundirá en una fractura de consecuencias impredecibles. Advierte también que el movimiento que él impulsa tiene entre sus objetivos colocar a la clase política y a los poderes ante una disyuntiva: o hay cambios radicales en México o “no aceptaremos más una elección” o, en todo caso, “las elecciones del 2012 serán las de la ignominia”. Transcribimos aquí el discurso completo del poeta, colaborador de Proceso.
Tal vez la era se convierta por completo en un tiempo de penuria. Pero tal vez no, todavía no, aún no, aun a pesar de la inconmensurable necesidad, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de un dolor sin nombre, a pesar de la ausencia de paz en creciente progreso, a pesar de la creciente confusión.
Heidegger
(Nuestro) peso es (nuestro) amor; a donde quiera que se (nos) lleve, es él quien nos lleva. (Ese) don que proviene de (nosotros) nos inflama y nos eleva: (nosotros) ardemos y vamos.
San Agustín
Hemos llegado a pie, como lo hicieron los antiguos mexicanos, hasta este sitio en donde ellos por vez primera contemplaron el lago, el águila, la serpiente, el nopal y la piedra, ese emblema que fundó a la nación y que ha acompañado a los pueblos de México a lo largo de los siglos. Hemos llegado hasta esta esquina donde alguna vez habitó Tenochtitlan –a esta esquina donde el Estado y la Iglesia se asientan sobre los basamentos de un pasado rico en enseñanzas y donde los caminos se encuentran y se bifurcan–; hemos llegado aquí para volver a hacer visibles las raíces de nuestra nación, para que su desnudez, que acompañan la desnudez de la palabra, que es el silencio, y la dolorosa desnudez de nuestros muertos, nos ayuden a alumbrar el camino.
Si hemos caminado y hemos llegado así, en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos, y les decimos a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un muerto más a causa de esta confusión creciente que sólo busca asfixiarnos, como asfixiaron el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados con un desprecio y una vileza que pertenecen a mundos que no son ni serán nunca los nuestros; estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo; para decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas, para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie y que no cejaremos de defender la vida de todos los hijos y las hijas de este país, que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades.
Si no hacemos esto solamente podremos heredar a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños una casa llena de desamparo, de temor, de indolencia, de cinismo, de brutalidad y engaño, donde reinan los señores de la muerte, de la ambición, del poder desmedido y de la complacencia y la complicidad con el crimen.
Todos los días escuchamos historias terribles que nos hieren y nos hacen preguntarnos: ¿Cuándo y en dónde perdimos nuestra dignidad? Los claroscuros se entremezclan a lo largo del tiempo para advertirnos que esta casa donde habita el horror no es la de nuestros padres, pero sí lo es; no es el México de nuestros maestros, pero sí lo es; no es el de aquellos que ofrecieron lo mejor de sus vidas para construir un país más justo y democrático, pero sí lo es; esta casa donde habita el horror no es el México de Salvador Nava, de Heberto Castillo, de Manuel Clouthier, de los hombres y mujeres de las montañas del sur –de esos pueblos mayas que engarzan su palabra a la nación– y de tantos otros que nos han recordado la dignidad, pero sí lo es; no es el de los hombres y mujeres que cada amanecer se levantan para ir a trabajar y con honestidad sostenerse y sostener a sus familias, pero sí lo es; no es el de los poetas, de los músicos, de los pintores, de los bailarines, de todos los artistas que nos revelan el corazón del ser humano y nos conmueven y nos unen, pero sí lo es. Nuestro México, nuestra casa, está rodeada de grandezas, pero también de grietas y de abismos que al expandirse por descuido, complacencia y complicidad nos han conducido a esta espantosa desolación.
Son esas grietas, esas heridas abiertas, y no las grandezas de nuestra casa, las que también nos han obligado a caminar hasta aquí, entrelazando nuestro silencio con nuestros dolores, para decirles directamente a la cara que tienen que aprender a mirar y a escuchar, que deben nombrar a todos nuestros muertos –a esos que la maldad del crimen ha asesinado de tres maneras: privándolos de la vida, criminalizándolos y enterrándolos en las fosas comunes de un silencio ominoso que no es el nuestro–; para decirles que con nuestra presencia estamos nombrando esta infame realidad que ustedes, la clase política, los llamados poderes fácticos y sus siniestros monopolios, las jerarquías de los poderes económicos y religiosos, los gobiernos y las fuerzas policiacas han negado y quieren continuar negando. Una realidad que los criminales, en su demencia, buscan imponernos aliados con las omisiones de los que detentan alguna forma de poder.
Queremos afirmar aquí que no aceptaremos más una elección si antes los partidos políticos no limpian sus filas de esos que, enmascarados en la legalidad, están coludidos con el crimen y tienen al Estado maniatado y cooptado al usar los instrumentos de éste para erosionar las mismas esperanzas de cambio de los ciudadanos. O ¿dónde estaban los partidos, los alcaldes, los gobernadores, las autoridades federales, el ejército, la armada, las Iglesias, los congresos, los empresarios; dónde estábamos todos cuando los caminos y carreteras que llevan a Tamaulipas se convirtieron en trampas mortales para hombres y mujeres indefensos, para nuestros hermanos migrantes de Centroamérica? ¿Por qué nuestras autoridades y los partidos han aceptado que en Morelos y en muchos estados de la República gobernadores señalados públicamente como cómplices del crimen organizado permanezcan impunes y continúen en las filas de los partidos y a veces en puestos de gobierno? ¿Por qué se permitió que diputados del Congreso de la Unión se organizaran para ocultar a un prófugo de la justicia, acusado de tener vínculos con el crimen organizado y lo introdujeron al recinto que debería ser el más honorable de la patria porque en él reside la representación plural del pueblo y terminaran dándole fuero y después aceptando su realidad criminal en dos vergonzosos sainetes? ¿Por qué se permitió al presidente de la República y por qué decidió éste lanzar al ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40 mil víctimas y millones de mexicanos abandonados al miedo y a la incertidumbre? ¿Por qué se trató de hacer pasar, a espaldas de la ciudadanía, una ley de seguridad que exige hoy, más que nunca una amplia reflexión, discusión y consenso ciudadano? La Ley de Seguridad Nacional no puede reducirse a un asunto militar. Asumida así es y será siempre un absurdo. La ciudadanía no tiene por qué seguir pagando el costo de la inercia e inoperancia del Congreso y sus tiempos convertido en chantaje administrativo y banal cálculo político. ¿Por qué los partidos enajenan su visión, impiden la reforma política y bloquean los instrumentos legales que permitan a la ciudadanía una representación digna y eficiente que controle todo tipo de abusos? ¿Por qué en ella no se ha incluido la revocación del mandato ni el plebiscito?
Estos casos –hay cientos de la misma o de mayor gravedad– ponen en evidencia que los partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD, el PT, Convergencia, Nueva Alianza, el Panal, el Verde, se han convertido en una partidocracia de cuyas filas emanan los dirigentes de la nación. En todos ellos hay vínculos con el crimen y sus mafias a lo largo y ancho de la nación. Sin una limpieza honorable de sus filas y un compromiso total con la ética política, los ciudadanos tendremos que preguntarnos en las próximas elecciones ¿por qué cártel y por qué poder fáctico tendremos que votar? ¿No se dan cuenta de que con ello están horadando y humillando lo más sagrado de nuestras instituciones republicanas, que están destruyendo la voluntad popular que mal que bien los llevó a donde hoy se encuentran?
Los partidos políticos debilitan nuestras instituciones republicanas, las vuelven vulnerables ante el crimen organizado y sumisas ante los grandes monopolios; hacen de la impunidad un modus vivendi y convierten a la ciudadanía en rehén de la violencia imperante.
Ante el avance del hampa vinculada con el narcotráfico, el Poder Ejecutivo asume, junto con la mayoría de la mal llamada clase política, que hay sólo dos formas de enfrentar esa amenaza: administrándola ilegalmente como solía hacerse y se hace en muchos lugares o haciéndole la guerra con el ejército en las calles como sucede hoy. Se ignora que la droga es un fenómeno histórico que, descontextualizado del mundo religioso al que servía, y sometido ahora al mercado y sus consumos, debió y debe ser tratado como un problema de sociología urbana y de salud pública, y no como un asunto criminal que debe enfrentarse con la violencia. Con ello se suma más sufrimiento a una sociedad donde se exalta el éxito, el dinero y el poder como premisas absolutas que deben conquistarse por cualquier medio y a cualquier precio.
Este clima ha sido tierra fértil para el crimen que se ha convertido en cobros de piso, secuestros, robos, tráfico de personas y en complejas empresas para delinquir y apropiarse del absurdo modelo económico de tener siempre más a costa de todos.
A esto, ya de por sí terrible, se agrega la política norteamericana. Su mercado millonario del consumo de la droga, sus bancos y empresas que lavan dinero, con la complicidad de los nuestros, y su industria armamentista –más letal, por contundente y expansiva, que las drogas–, cuyas armas llegan a nuestras tierras, no sólo fortalecen el crecimiento de los grupos criminales, sino que también los proveen de una capacidad inmensa de muerte. Los Estados Unidos han diseñado una política de seguridad cuya lógica responde fundamentalmente a sus intereses globales donde México ha quedado atrapado.
¿Como reestructurar esta realidad que nos ha puesto en un estado de emergencia nacional? Es un desafío más que complejo. Pero México no puede seguir simplificándolo y menos permitir que esto ahonde más sus divisiones internas y nos fracture hasta hacer casi inaudibles el latido de nuestros corazones que es el latido de la nación. Por eso les decimos que es urgente que los ciudadanos, los gobiernos de los tres órdenes, los partidos políticos, los campesinos, los obreros, los indios, los académicos, los intelectuales, los artistas, las Iglesias, los empresarios, las organizaciones civiles, hagamos un pacto, es decir, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad, que le permita a la nación rehacer su suelo, un pacto en el que reconozcamos y asumamos nuestras diversas responsabilidades, un pacto que le permita a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños recuperar su presente y su futuro, para que dejen de ser las víctimas de esta guerra o el ejército de reserva de la delincuencia.
Por ello, es necesario que todos los gobernantes y las fuerzas políticas de este país se den cuenta que están perdiendo la representación de la nación que emana del pueblo, es decir, de los ciudadanos como los que hoy estamos reunidos en el zócalo de la Ciudad de México y en otras ciudades del país.
Si no lo hacen, y se empeñan en su ceguera, no sólo las instituciones quedarán vacías de sentido y de dignidad, sino que las elecciones de 2012 serán las de la ignominia, una ignominia que hará más profundas las fosas en donde, como en Tamaulipas y Durango, están enterrando la vida del país.
Estamos, pues, ante una encrucijada sin salidas fáciles, porque el suelo en el que una nación florece y el tejido en el que su alma se expresa están deshechos. Por ello, el pacto al que convocamos después de recoger muchas propuestas de la sociedad civil, y que en unos momentos leerá Olga Reyes, que ha sufrido el asesinato de 6 familiares, es un pacto que contiene seis puntos fundamentales que permitirán a la sociedad civil hacer un seguimiento puntual de su cumplimiento y, en el caso de traicionarse, penalizar a quienes sean responsables de esas traiciones; un pacto que se firmará en el Centro de Ciudad Juárez –el rostro más visible de la destrucción nacional– de cara a los nombres de nuestros muertos y lleno de un profundo sentido de lo que una paz digna significa.
Antes de darlo a conocer, hagamos un silencio más de 5 minutos en memoria de nuestros muertos, de la sociedad cercada por la delincuencia y un Estado omiso, y como una señal de la unidad y de la dignidad de nuestros corazones que llama a todos a refundar la Nación. Hagámoslo así porque el silencio es el lugar en donde se recoge y brota la palabra verdadera, es la hondura profunda del sentido, es lo que nos hermana en medio de nuestros dolores, es esa tierra interior y común que nadie tiene en propiedad y de la que, si sabemos escuchar, puede nacer la palabra que nos permita decir otra vez con dignidad y una paz justa el nombre de nuestra casa: México. l
Por un México en paz con justicia y dignidad*
I. Razones y urgencia
Ante la emergencia nacional, hoy más que nunca resulta necesario tomar medidas urgentes para detener esta guerra con su escalada de violencia y regenerar el tejido social y comunitario.
Este momento histórico adverso y profundamente violento es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. Aquí impera la muerte, muerte lenta causada por la miseria, la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades para el desarrollo pleno de nuestras vidas y por la destrucción del ambiente.
(...) La guerra contra el narcotráfico es una manifestación de políticas y acuerdos internacionales que sitúan a México como el campo de batalla donde a los pobres de este país y Centroamérica les toca pagar una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden grandes negocios.
Frente a este escenario, el Estado ha optado por una estrategia militar para enfrentar al crimen organizado y la protesta social, privilegiando un proceso de militarización intensivo y extensivo de la seguridad pública, no sólo por el amplio despliegue de las fuerzas militares en territorio nacional, sino también por la creciente presencia de los mandos castrenses en la dirección de las policías civiles.
(...) Resultado de esta estrategia que pone en el centro la confrontación violenta, es una guerra civil donde mexicanos matan mexicanos, generando 40 mil ejecuciones en lo que va del sexenio. Sólo en el mes pasado, en abril, se contabilizaron mil 427 asesinatos, considerando los cuerpos hallados en las narcofosas. Las víctimas civiles se cuentan ya por miles en todo el país: más de 230 mil personas desplazadas, 10 mil huérfanos (la Redim calcula 30 mil aunque no es una cifra oficial), 10 mil secuestros de migrantes, más de 30 alcaldes asesinados.
(...) Un componente fundamental que explica esta escalada de violencia y guerra es la enorme corrupción y su infiltración en el Estado en todos sus niveles.
(...) La impunidad es otro de los factores que determinan lo que hoy sucede en el país: 98.3% de los delitos quedan impunes. Tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia incapaz de investigar y sancionar a quienes cometen los delitos y la violación de derechos.
II. Visión común con exigencias mínimas y compromisos
(...) Proponemos a la sociedad y planteamos la exigencia y mandato a las autoridades acciones de corto y mediano plazo que inicien un nuevo camino de paz con justicia y dignidad.
(...) A. Se deben esclarecer y resolver los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la trata de personas y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad. (...) Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un requisito indispensable para generar confianza.
B. Exigimos a las autoridades estatales y federal (...) la resolución pública que presente (...) a los autores intelectuales y materiales de algunos de los casos emblemáticos que han agraviado a la sociedad, entre ellos: la familia Reyes, (...) Marisela Escobedo y su hija Rubí, (...) Bety Cariño y Jiri Jaakola, (...) las niñas y niños de la guardería ABC, (...) la familia Le Barón, (...) los jóvenes de Villas de Salvárcar, (...) los jóvenes de Morelos.
C. Convocamos a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas de la violencia, a no olvidar y exigir justicia, colocando en cada plaza o espacio público placas con los nombres de las víctimas.
2. Exigimos poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana.
A. Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana, con enfoque en los derechos humanos.
(...) B.I. Exigimos que antes de dos meses los Congresos locales aprueben la reforma constitucional en derechos humanos y sea publicada para darle plena efectividad, y que en el mismo plazo se instituya el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
B.II. Exigimos que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos humanos y las garantías individuales bajo el concepto de seguridad nacional y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional.
(...) 3. Exigimos combatir la corrupción y la impunidad.
A. Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial, que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad, avance en la reforma de los juicios orales y establezca sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo. La justicia no puede seguir al servicio de intereses y cálculos políticos. También se requiere legislar para generar la capacidad y atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno en casos de corrupción.
B. Exigimos que, en máximo 6 meses, el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, en materia de actos de corrupción, delitos del orden común y de crimen organizado.
4. Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen.
A. La criminalidad y su violencia tiene como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, la extorsión, la venta de “protección” y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía mediante el lavado de dinero. Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes mediante la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial, en coordinación con la Unidad Federal de Inteligencia Financiera, que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias por los actos de negocios ilegales.
B. Exigimos la presentación de un Informe a la Nación sobre los resultados de la investigación patrimonial y el lavado de dinero, que muestre los casos más notorios que se han sancionado en este sexenio y sobre el avance en la integración de las Unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32 entidades federativas y la federal.
(...) 5. Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social.
A. La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia. Exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud, cultura y empleo para jóvenes, porque son las y los principales víctimas de esta estrategia. Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa, así como el incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana, al menos en la misma proporción de los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad pública.
B. Exigimos que en los próximos 3 meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes que invierta las prioridades del presupuesto, garantizando, al menos, lo mismo que se destina a seguridad para la construcción de escuelas y el aumento de la matrícula en educación secundaria, media superior y superior; un sistema universal de becas para estudiantes de secundaria, EMS y superior de escuelas públicas, así como recursos para proyectos culturales, deportivos, productivos y sociales realizados por los propios jóvenes y sus organizaciones, como actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios, comunidades y unidades habitacionales.
6. Exigimos democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.
La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana. Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular, las candidaturas independientes, la revocación de mandato, la contraloría social y las acciones colectivas.
Se requiere una política de Estado en materia de telecomunicaciones que rompa, en el menor tiempo posible, los monopolios y genere una amplia democratización y apertura, no sólo a la competencia, sino al fortalecimiento de los medios públicos.
Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario a más tardar en dos meses, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado que establece, la consulta popular, la iniciativa legislativa, las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes.
III. Para iniciar el camino
(...) Proponemos dos momentos para lograr esto: un pacto ciudadano entre los miembros de la sociedad civil y en un segundo momento, una serie de planteamientos y de mandatos, de exigencias a los gobernantes, a los líderes de los partidos políticos y a los factores de poder.
Este momento requiere la participación de todas y todos; el Pacto de la sociedad civil implica un esfuerzo de unidad y organización de la sociedad civil nacional, para que tengamos una voz y acciones con el fin de parar esta guerra y la violencia social, corrupción e impunidad que nos está destruyendo como personas y como nación.
(...) El 10 de junio nos reuniremos en Ciudad Juárez con las Comisiones de Verificación y Sanción que la sociedad civil nacional establecerá en este tiempo con especialistas y gente honorable para cada uno de los 6 puntos.
(...) Durante este periodo hasta el 10 de junio, las Comisiones, con las aportaciones del resto de la sociedad civil, irán especificando con más detalle las acciones correspondientes a cada exigencia. Invitamos a toda la ciudadanía, en las comunidades, barrios, colonias, lugares de trabajo, a aportar en esta discusión y construir “espacios de reflexión y acción colectiva nacional” permanentes.
(...) Hacemos además un llamado a nuestros compatriotas que radican allá y al pueblo de los Estados Unidos de América para que apoyen nuestra movilización y exijan al gobierno y al Congreso de ese país que detengan el flujo de armas hacia México y el lavado de dinero. l
Fragmentos del documento mediante el cual el movimiento encabezado por el poeta Javier Sicilia convoca a la firma de un pacto nacional hacia la construcción de un México verdaderamente justo, digno y seguro.
La caminata hermanada por el dolor
José Gil Olmos
Larga la caminata encabezada por el poeta Javier Sicilia, en la que exhibieron fotos de familiares ejecutados o desaparecidos, los ciudadanos agraviados aprovecharon para mirarse a los ojos y reconocerse, como ellos mismos lo dijeron. Hermanados por el dolor, por los asesinatos que manchan de sangre la geografía nacional, fueron cientos los ciudadanos que marcharon durante cuatro días de Cuernavaca, Morelos, a la Ciudad de México...
MORELOS-CIUDAD DE MÉXICO.- Largo, pesado el camino que desde Cuernavaca recorrieron los ciudadanos agraviados por la violencia del crimen organizado y, también, por la violencia de Estado… “La esperanza se construye paso a paso”, dice Olga Lidia Reyes.
“A todos nos une el dolor”, suelta como un suspiro el poeta Javier Sicilia. Acuosos sus ojos, abraza a Olga Lidia –una de las mil personas que lo acompañan en la “Marcha por la paz con justicia y dignidad” – y se abraza a sí mismo pues en su playera trae la imagen de su hijo asesinado a finales de marzo en Temixco junto con varios de sus amigos.
Detrás de él la columna de ciudadanos, algunos portando fotos de sus familiares asesinados o desaparecidos durante los casi cinco años de guerra contra el crimen declarada por el presidente Felipe Calderón…
Durante el trayecto, Sicilia, quien se niega a que lo consideren la “cabeza” de la movilización nacional e internacional, piensa en voz alta para compartir su sentimiento: “Vamos a llegar al lugar donde nació el país, porque es donde hay que reconstruirlo”.
Y lo escucha Olga Lidia. También Julián LeBarón, el menonita que encabezó un grupo ciudadano contra el secuestro en Chihuahua, precisamente en el momento en que blandía una bandera nacional. A los tres los une el dolor y la impunidad. Ella perdió seis familiares en Chihuahua; a LeBarón le secuestraron y asesinaron a su hermano Benjamín y a su amigo Luis Widmar en julio de 2009; Sicilia perdió a su hijo Juan Francisco, asesinado junto con seis de sus amigos hace varias semanas.
La marcha que partió de Cuernavaca concitó movilizaciones en distintos lugares donde la tierra también está manchada de sangre. Las historias de agravio son múltiples.
En la caminata viene Consuelo Valenzuela. Tiene 60 años y hoy clama justicia porque, dice, hace 10 años le desaparecieron a su hija Julieta Marlén González en Chihuahua. También participa María Elena Sánchez, una joven que busca a su hermano Jethro Ramsés, desaparecido apenas el domingo 1 en la feria de Cuernavaca. Y Miguel García Hurtado, quien aun siendo procurador de Michoacán purgó una condena en la cárcel de esa entidad acusado de ayudar presuntamente al crimen organizado.
En otro contingente marcha la mamá de Joaquín Tena, a quien le gustaba el mar y por eso fue a Cancún durante un tiempo. El joven regresó para estudiar arquitectura en la UNAM. Pero sus sueños se acabaron el 7 de agosto de 2010, cuando un grupo armado entró a su casa y lo acribilló. Vivía cerca del Parque Hundido, en la Ciudad de México. Tenía 21 años.
“Los asesinos andan sueltos, todos los que estamos aquí tenemos las mismas historias de impunidad”, dice la madre del joven mientras muestra una pequeña pancarta con la foto de Joaquín y unas flores blancas pegadas en la imagen.
A su lado caminaron durante varios kilómetros los familiares de Niza, Rocío y José Ángel Alvarado, desaparecidos en 2009 en Chihuahua; también los parientes de Pamela Leticia Portillo, asesinada el año pasado en la misma entidad. Vienen juntos para reclamar justicia y, confiesan, para saber que no están solos.
El arranque
La caminata se inició el jueves 5 en la fuente de la Paloma de la Paz, ubicada a la salida de Cuernavaca rumbo a la Ciudad de México. La movilización denotó de inmediato la solidaridad y confianza entre los participantes, que comenzaron a contar sus historias. Como la de Héctor, un niño que decidió cambiarse el apellido después de que mataron a su hermano París a finales de 2010.
París tenía 28 años. Dice que él tiene 16 años. Es delgado, su cara es de niño. Sus brazos, manos y cuello están plagados de cicatrices, similares a las de los adictos al crack. “¡Yo también quiero justicia para mi carnal!”, grita.
Tras escucharlo, el exprocurador michoacano Miguel García Hurtado lo secunda: “¡Por eso estamos aquí, porque coincidimos en que hay un uso faccioso de la justicia e impera la impunidad. Y aunque todos los implicados en el michoacanazo estamos libres, no podemos conseguir trabajo porque el gobierno federal boletinó nuestros nombres!”.
Mientras habla, García Hurtado no deja de observar las enormes mantas que llevan los chihuahuenses con fotos de sus familiares y la leyenda: “Justicia para nuestros hijos”.
Acompañado de una de sus hijas, también se queja porque, dice, no está conforme con que manden al Ejército a las calles a combatir a los delincuentes.
Uno de los participantes lleva un enorme cartel a color en el que se observa a un joven pintado de plata, cual efigie extraterrestre. Lo lleva un señor moreno que, dice, es el papá de Melchor Flores Hernández, El Vaquero Galáctico, un mexiquense que dejó su casa para probar suerte en Monterrey, donde hacía el performance de una estatua viviente en el paseo de Santa Lucía, a un lado del palacio de gobierno.
El 25 de febrero de 2009 los patrulleros locales de las unidades 534, 538 y 540 lo detuvieron. Nadie sabe dónde está. “Ya agotamos todas las instancias y nadie nos hace caso; por eso estamos aquí, a ver si así nos escuchan”, dice el padre de Melchor sin perder el paso. Confía en que los camarógrafos y fotógrafos lo retraten para que se divulgue el caso de su hijo.
En un costado marchan también los familiares de los niños que murieron quemados en la guardería ABC de Hermosillo, durante el gobierno de Eduardo Bours. Claman castigo para los responsables. Aseguran que sólo se detendrán cuando los verdaderos culpables estén en prisión.
Uno de ellos es José Francisco García Quintana, quien perdió a su hijo Andrés Alonso García Duarte en ese incendio. Tiene tatuada la tristeza en el rostro; sus ojos carecen de brillo, sólo se iluminan cuando habla de los 48 infantes muertos.
Y lo hace con rabia: “Dejaron a todos libres por desvanecimiento de pruebas. A la primera que sacaron del juicio fue a Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa del presidente Calderón.
“Se burlan de nosotros, de nuestro dolor. Por eso participamos en esta marcha, porque nosotros también somos afectados por la corrupción y la impunidad. No hay justicia. Nosotros le decimos a la gente que no se quede en sus casas, que no piense que están a salvo; le pedimos que salga y proteste porque la situación está muy mal en todo el país.”
Adelanta que a finales de mayo él y otros padres ocuparán el Zócalo de la Ciudad de México para realizar un juicio popular contra Felipe Calderón y todos los funcionarios responsables de la muerte de los niños de la guardería ABC.
Construyendo la esperanza
En Morelos, los habitantes comentan que los sicarios han aventado decenas de cuerpos mutilados a la altura de los kilómetros 76 y 78 de la carretera Cuernavaca-México. En el último año, dicen, han sido mil 300 los muertos.
Por eso, cuando el contingente que acompaña a Sicilia pasó por esa zona se detuvo un momento ante la cruz con el nombre de Jesús Sánchez, de 35 años, quien fue asesinado el 22 de abril de 2010. Sicilia exclamó que “todos somos víctimas” y pidió a sus acompañantes guardar un minuto de silencio.
“Hay que mirarnos a los ojos para reconocernos. Ahorita viene acompañándonos mucho el dolor, pero hay que vernos para reconocernos como seres humanos y no, como dice Thomas Hobbes, como lobos del hombre.
“El pacto que proponemos viene del corazón y del amor. Debemos reconocernos como seres humanos porque si le creemos a Hobbes no llegaremos a nada. Estamos enfrentando fuerzas demoniacas porque lo que los delincuentes están haciendo, la manera como están matando, pertenece al submundo. Pero eso también lo está propiciando la clase política que los solapa.”
Sus palabras son pausadas, diferentes de las que expresó cuando se enteró de que habían asesinado a su hijo Juan Francisco. Entonces estaba lleno de rencor, reconoce. Observa a Olga Lidia, quien dará a conocer los seis puntos del pacto Por un México con Justicia y Dignidad este domingo 8 en el Zócalo de la Ciudad de México:
“Verdad y justicia para todos los asesinados en la guerra contra el crimen organizado; fin a la estrategia militar para dar un enfoque de seguridad ciudadana; combatir la corrupción y la impunidad; combatir la raíz económica y las ganancias del crimen; atención a la juventud y recuperación del tejido social, y el establecimiento de la democracia participativa y la democratización de los medios de comunicación.”
Olga Lidia también dará a conocer el documento el próximo 10 de junio en Ciudad Juárez, luego de que se firme en esa ciudad. Admite que está nerviosa, pero se indigna cuando recuerda a sus seis familiares muertos, las cuatro casas que le quemaron en Chihuahua, y a su madre y sus hijas encerradas en una casa de seguridad bajo el esquema de protección del gobierno federal.
“La paz se construye sacando a Calderón”, dice sonriendo. E insiste en que la paz se va haciendo en el camino, “con pasos firmes, sacando el miedo que se nos ha metido hasta los huesos y que paraliza y obliga a la gente quedarse en su casa”.
Rumbo al Zócalo
Poco antes de que la marcha por la paz llegara a Topilejo se detuvo en el sitio donde el 26 de diciembre de 2010 el Ejército presentó ante los periodistas a tres adolescentes, casi niños, acusados de haber matado y enterrado a tres personas en una fosa clandestina localizada a un costado de la carretera.
Uno de los fotógrafos que estuvo ahí recuerda que cuando los detenidos fueron presentados a la prensa negaron ser los responsables; afirma que vio cuando uno de los soldados tomó una manopla de hule de llanta y comenzó a golpear a los tres jóvenes para obligarlos a declararse culpables y denunciar que El Ponchis era el jefe de los niños sicarios en Morelos.
Ya en territorio de la Ciudad de México, escoltado por la Policía Federal de Caminos y elementos de la Policía de la Ciudad de México, Sicilia aprovecha para responderle al presidente Calderón:
“Si es tan sensible como dice, que salga con humildad a recibir a la marcha junto con todo su gabinete. Si es sensible a la gente, que reconozca que ha cometido errores y que está dispuesto a cambiar su estrategia militar... Cree que nosotros queremos deshacer al país, pero está equivocado. Nosotros queremos construir la paz y para esto hay que refundar el país y que los partidos políticos también se limpien porque también están corrompidos”.
Édgar Cortez, de la Red Mexicana de Organizaciones de Derechos Humanos, asegura que la paz se construye con un combate real a la injusticia social y con una política que atenúe las desigualdades en el país:
“Hay que generar la confianza en las instituciones, que se vean que están al servicio de la ciudadanía y no de grupos de poder o incluso de la criminalidad.”
Con cautela, afirma que el reto de la movilización y del pacto por la paz que se firmará en Ciudad Juárez el próximo 10 de junio es que no sea un acuerdo de cúpulas de poder, sino de la ciudadanía. De hecho las organizaciones en Ciudad Juárez estaban renuentes a firmar el pacto hasta que Sicilia les explicó que este pacto es netamente ciudadano y que servirá para presionar al gobierno.
Cortez ve con optimismo la movilización. Sostiene que es un punto de encuentro entre grupos diversos. “Por eso es importante, porque expresa el sentir social de hartazgo y un renovado reclamo ante las autoridades por la paz y la justicia”.
Pietro Ameglio, experto en solución de conflictos y profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana, explica que el tema de la paz siempre ha unificado a la humanidad. Este anhelo, dice, tiene relación con un espacio, un territorio y un tiempo: no es lo mismo la paz en Cuernavaca que en Bachajón, Ciudad Juárez o Tamaulipas; tampoco lo es hoy que hace cuatro años, cuando en México había un proceso de desobediencia y de acción masiva en la calle, e incluso se pedía un cambio de régimen.
“Ahora es una lucha por sobrevivir, porque, como dijo monseñor Raúl Vera, el país parece un camposanto. De lo que hoy podemos hablar es de poner un alto a la espiral de la guerra, de la violencia”.
Ameglio explica que el sentido de la marcha es mandar un mensaje al gobierno, a los partidos políticos y a la sociedad en general para que hagan un alto en el camino y pidan que se replantee la estrategia de lucha contra el narcotráfico.
“Detengámonos. Pensemos un momento que, de seguir así la situación, nadie va a ganar, que sólo vamos a aumentar esta catástrofe de muertes; este holocausto sin rostro, de civiles a los que se sumarán los sicarios caídos durante los enfrentamientos. Todo esto nos lleva absolutamente a más violencia.”
Y cita a Gandhi: “No hay caminos para la paz; la paz es el camino”. l
Airadas respuestas
Arturo Rodríguez García
La movilización ciudadana contra la violencia surgida en torno a la figura del poeta Javier Sicilia se ha convertido en un dolor de cabeza para Felipe Calderón, quien en su ánimo por descalificarla ha acusado a ese movimiento de confundirse, de atacarlo a él y a las fuerzas armadas, e incluso de querer frenar las acciones de gobierno.
La noche del miércoles 4, Calderón leyó ante las cámaras un mensaje en el que defendió lo que llama su “estrategia contra el crimen organizado” así como la integridad y efectividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. Admitió que algunos ciudadanos pueden sentir desánimo, pero les aseguró que las cosas pueden cambiar.
“No se trata de pedirles a los ciudadanos que hagan lo que corresponde a la policía o al Ministerio Público. Pero sí es indispensable tu comprensión y tu apoyo, el apoyo de toda la sociedad, porque hay quienes de buena o de mala fe buscan detener la acción del gobierno”, dijo.
El mensaje del presidente fue inusual. Transmitido por los canales gubernamentales y el sitio oficial de la Presidencia en internet, no fue en cadena nacional, lo que hubiera forzado a los medios electrónicos a transmitirlo, pero mantuvo la señal satelital abierta para el que voluntariamente deseara enlazarse.
Su discurso fue una apología de su gobierno y un reparto de culpas entre “los gobernantes que se hicieron de la vista gorda” y son responsables de la violencia, por lo que la lucha contra el crimen se ganará cuando haya policías honestas en los estados.
Enfatizó que no retirará al Ejército, la Marina ni a la Policía Federal de las calles porque, dijo, “son lo mejor que tenemos”. Su mensaje recogió expresiones que ha vertido ante las declaraciones que Javier Sicilia ha hecho desde el pasado 8 de abril.
El ¡ya basta! de Calderón
La molestia de Calderón ante el movimiento nacional que encabeza Sicilia fue clara desde la primera marcha realizada por el poeta y colaborador de Proceso.
El 31 de marzo, Sicilia convocó a una marcha nacional luego de que su hijo Juan Francisco fue asesinado en Temixco, Morelos, el 28 de ese mes. La marcha se realizó el 6 de abril y reunió a miles de personas en ciudades de todo el país, especialmente en Cuernavaca.
La consigna era: “¡Ya basta de violencia!”
En un discurso ante la XXIV Zona Militar, Sicilia se dirigió a las Fuerzas Armadas: “Ustedes han sido siempre los custodios de la paz de la nación. Por ello nunca habríamos querido verlos fuera de sus cuarteles más que para repeler una agresión extranjera o para ayudarnos, como lo han hecho siempre en las catástrofes naturales.
“Ahora los han sacado a la calle para combatir lo que a las policías pertenece. No los queríamos allí pero allí los han puesto, provocando con ello una escalada en la violencia al incitar al crimen organizado a enfrentarse con ustedes con armas más poderosas.”
El 7 de abril, Calderón dijo en Cancún que las críticas eran bienvenidas, pero que no cambiaría su estrategia... la reforzaría. El escenario era propicio: estaba reunida la Conferencia Internacional de Combate Contra las Drogas en la que participaban mandos de cuerpos antidrogas de decenas de países. Ahí advirtió que en el combate al crimen no debe haber “titubeos ni ambigüedades que limitan la capacidad de actuar contra los criminales”.
El 8 de abril asentó que los militares regresarán a los cuarteles cuando haya 32 policías confiables, como lo reiteró el miércoles 4 en su mensaje.
Aunque los llamados de Sicilia han sido respetuosos al jefe del Ejecutivo, la intolerancia presidencial se manifestó el 13 de abril cuando en Torreón, ante la comunidad empresarial local –una de las más agobiadas del país por la violencia–, exclamó su propio “¡ya basta!”
Convocó ahí a lanzar un “¡ya basta! colectivo” contra los criminales, pues los verdaderos enemigos del país, dijo, son “los delincuentes y no quienes los combaten”.
La alusión fue clara. Calderón interpretó el reclamo de seguridad como un ataque y pidió que nadie se escude en el anhelo social de tener paz para atacar al gobierno federal o a las fuerzas armadas.
Agregó: “Son delincuentes, son criminales, son enemigos de México; a ellos hay que frenarlos, a ellos hay que condenarlos, a ellos hay que dirigir un ya basta colectivo y nacional: ¡Ya basta a los criminales!”, exclamaba.
Para entonces, a pesar de que son ya alrededor de 40 mil los muertos de la guerra antinarco en lo que va del sexenio, en cada alocución se refirió al caso de las narcofosas de San Fernando, Tamaulipas, y al de los jóvenes asesinados en Temixco. Son los que le han puesto presión política.
El 15 de abril insistió tras aludir al hallazgo de los cuerpos de San Fernando y del asesinato de los jóvenes de Morelos: “Y esos actos criminales nos recuerdan que la violencia, que tanto indigna y tanto entristece a los mexicanos, es originada por ellos. La violencia es originada por la acción de la delincuencia y por la barbarie a la que ha llegado la delincuencia.
“Y que esa violencia es la que asesinó a los jóvenes en Morelos. Es la que secuestró y asesinó a los migrantes de Tamaulipas. Y es erróneo pensar que esa violencia va a desaparecer, como algunos sugieren, si el gobierno simplemente dobla las manos y deja de actuar en contra de los criminales. ¡Qué ingenuo!”, expresó.
Durante la Semana Santa, Calderón desapareció de la escena pública. Luego regresó, viajó a Perú y, aunque su gira estaba principalmente relacionada con temas económicos, no perdió la oportunidad de promover su lucha antinarco.
Entre otras intervenciones, el 29 de abril promovió su guerra hasta en el festejo del Día del Niño. Les dijo a los pequeños, reunidos en el Parque Bicentenario, que estaba “combatiendo a los malos”.
En una entrevista con Joaquín López Dóriga, conductor del principal noticiario de Televisa, Calderón reiteró que a quienes se debe combatir es a los criminales y no al gobierno. Abiertamente dijo que las críticas a su gobierno son ataques malintencionados, defendió la propuesta de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que le darían facultades para suspender garantías parcialmente en áreas de conflicto y dijo que hasta el momento nadie había hecho una propuesta que implique un cambio de fondo en su estrategia anticrimen.
Agregó que siendo su gobierno el único que combate a la delincuencia, es el que recibe mayor presión política.
La entrevista fue transmitida el lunes 2 y el martes 3.
El miércoles 4 decidió transmitir el mensaje nacional mencionado, en el que dijo que su gobierno tampoco quiere violencia. Expuso que los asesinatos de Temixco han sacudido la conciencia nacional.
La mañana del jueves 5, día de inicio de la Marcha por la Paz, Calderón encabezó la ceremonia conmemorativa de la Batalla de Puebla. Y volvió a decir que hay quienes “de buena o mala fe, quisieran ver a nuestras tropas retroceder; a las instituciones, bajar la guardia, y darle simple y llanamente el paso a las gavillas de criminales”.
Advirtió: “Eso no puede y no va a ocurrir porque tenemos la razón, porque tenemos la ley y porque tenemos la fuerza y vamos a ganar”.
Después de todas sus alusiones y reclamos, la noche del mismo jueves 5, la Presidencia emitió un comunicado en el que se asentó que Felipe Calderón expresaba su respeto por la marcha porque “revitaliza la acción ciudadana como una vía fundamental para superar inercias e impulsar las decisiones y los cambios que requiere nuestro país en temas fundamentales, como la seguridad y la justicia”.
Pero no dejó de defenderse, aunque con mayor diplomacia, pues el comunicado expone que el gobierno federal “es sensible a los ciudadanos y a su exigencia de tener un México sin violencia, por lo que las acciones de las fuerzas de seguridad están encaminadas a proteger a los ciudadanos y lograr el objetivo de tener un México de paz y justicia”. l
Voces universitarias
Santiago Igartúa
Un cartel con la fotografía de un militar que enseña a un niño a tomar una escopeta se fue apoderando de los muros de la UNAM los días previos a la “Marcha por la paz con justicia y dignidad”. En blanco y negro, con mayúsculas, aparecía la demanda: “¡Los universitarios exigimos que se termine esta guerra!”.
Diez mil veces se imprimió otra protesta en volantes que se distribuían por las facultades de Ciudad Universitaria: “El narco y el gobierno están convirtiendo nuestro país en un inmenso cementerio”. El escrito hacía el recuento del horror: las fosas clandestinas que aparecen sin tregua, decenas de miles de personas despojadas de la vida, los desaparecidos sin sepulcro, el dolor sin límite de familias mutiladas. “Quién sabe cuánto más tengamos que aguantar en medio de esta supuesta guerra contra el narcotráfico. ¡Fuera los paramilitares! ¡Fuera el ejército de las calles!”, caía la tinta como el plomo.
Desde el hastío, organizaciones estudiantiles de distintas corrientes ideológicas exigieron la desmilitarización del país. En entrevista con Proceso, Raúl Romero, coordinador de la marcha en la UNAM, inicia el relato:
“Entendimos que no podemos discutir un proyecto de nación si tenemos las botas de los militares pisándonos los cuellos y baleando jóvenes. Lo urgente ahora es parar el proceso de militarización; lo importante es parar esta guerra; lo ineludible es denunciar que la presencia de militares en las calles ha aumentado los índices de violaciones a los derechos humanos y la sangre en las calles.”
El discurso del presidente, continúa Romero, es el discurso de la guerra. “Calderón tenía que legitimarse y escogió la vía armada. En el gobierno han interpretado la protesta social a su antojo. Si la gente pide seguridad, ponen más militares, pero no nos están garantizando seguridad. Para estos locos, 40 mil personas muertas es sinónimo de que van ganando la guerra que ellos fomentaron”.
Desde el Estado y hacia afuera se pierde la noción de autoridad “desde el momento en que el Ejército rompe la propia ley y asesina”, opina el estudiante Raúl Álvarez, de la Facultad de Ciencias, de cabello largo e incipiente bigote.
Por su parte, el maestro de posgrado Marco Méndez de Oca critica que, en su “campaña”, el gobierno federal ha uniformado las muertes: “Nos dicen que prácticamente todos los muertos son narcotraficantes. Aun si lo fueran, y sabemos que no lo son, tendríamos que reflexionar que si hay más de 40 mil narcotraficantes, algo está terriblemente mal con el país”.
En la UNAM, la Ley de Seguridad Nacional que se discute en el Congreso es rechazada por el consenso estudiantil por apuntar a la legalización del estado de excepción, que empodera a la milicia y prolonga la lógica de la “barbarie”.
“La brutalidad no sólo es del gobierno, también hay ya un grado de putrefacción en la sociedad. Pero ha sido el gobierno el que se ha encargado, por omisión o por complicidad, de avalar y legitimar la violencia”, reclama Romero.
Entre las aulas también se habla de una “dictadura de la comunicación”, que ahora “decide” cómo se debe cubrir la violencia. “Tenemos una libertad cuarteada que nos deja en una posición de indefensión, de no estar informados de lo que pasa en tu pueblo, en tu colonia, de no saber lo que pasa en el país”, dice el académico Juan Carlos Gil al reportero.
La agenda pública del país está marcada por tintes electorales o coyunturales. El ejemplo es de Raúl Álvarez: “A Javier Sicilia se le acercan por todos lados para colgarse de su tragedia. Ahora que es un referente social, tal vez sin quererlo, los políticos se lo pelean. Vuelves a entender que una muerte importa si te representa votos. Si no, vuelve al mismo cajón de los otros 40 mil. Desde ese punto coyuntural no se pueden resolver las cosas. Hay que pensar en la corrupción, en la simulación de la democracia, la falta de educación, la pobreza, la falta de espacios para expresarse y capacitarse, la poca oferta de empleo”.
Los académicos que se unieron en “hermandad” para la marcha del 8 de mayo coinciden: la esperanza de la nación descansa en la enmienda de la política social. “No sólo es la violencia: es la pobreza, la falta de oportunidades de estudio y de trabajo. En la Universidad proponemos que se destine el 3% del PIB a la educación, pero ni siquiera se destina el 1% obligatorio”, reprocha el maestro Méndez de Oca.
Para la protesta que impulsaron desde el ámbito universitario, Juan Carlos Gil tomó el título de la película estadunidense Que el diablo vuelva al infierno. “No sólo exigimos la desmilitarización, demandamos que la muerte de nadie quede en el anonimato. Son historias de seres humanos como nosotros que vivían en este país, que tenían sueños y murieron de tajo en una banqueta por una guerra que no pidieron”, dice, lastimado.
Reacción social
El miedo genera movilidad; el terror paraliza. “Hay compañeros que no entendemos el momento que estamos pasando. Estamos inmersos en esto y no alcanzamos a ver. A veces creo que estoy navegando con los ojos vendados. Marcho, pero no sé hacia dónde vamos todavía”, confesaba Romero. Sin embargo, los estudiantes vislumbran que la marcha puede ser el detonante de un movimiento social “mayor” que ha esperado atrás del reloj.
“La sociedad está reaccionando; poco a poco, pero está reaccionando. Inminentemente vamos a hacer cimbrar las calles las veces que sea necesario. Antes nos hemos reconocido y hemos luchado. Ahora es urgente agarrarnos de las manos y salir a frenar tanto abuso”, afirma.
Por lo pronto, propone un pacto entre la sociedad civil, una discusión que permita refundar el país y reconstruir el tejido social. Asimismo pretende “que emplacemos al gobierno federal: si no son capaces de resolver problemas emblemáticos de corrupción, como la muerte de los 49 niños de la guardería ABC, creo que es el momento de que se vayan”.
La marcha, coincide Raúl Álvarez, no es un fin sino el principio: “Se siente que es el momento, se van juntando las voces que han estado allá abajo, gritando porque esto pare. Creemos que de fondo se puede hacer algo sin el sello de una organización que polarice, que sea de todos, porque a todos nos puede vencer la violencia”.
Las voces, como las tragedias, se van acumulando. “El caso de Sicilia, desgraciadamente, es uno entre tantos. Siempre hay gente luchando, protestando. Hay muchos movimientos a nivel comunitario, pequeños actos de resistencia. Falta unirlos, articularlos para saber cómo avanzar y en qué terreno. Somos millones involucrados”, puntualiza el maestro Méndez de Oca.
El profesor de la Facultad de Filosofía y Letras Mario Lage explica el momento: “Lo que cambia a la sociedad son acciones más contundentes, no marchas, como una verdadera toma de conciencia, educar a la gente, o hasta una revolución”.
Sin embargo, dice, el cambio social es inminente: “Tiene que haberlo, no podemos seguir en este marasmo, en esta indiferencia y esta estupidez. Por desgracia estos cambios nunca son tranquilos, siempre son traumáticos para la sociedad. Pero actualmente ya es inevitable y cada vez lo vemos más cerca. Mientras más se tarde en suceder, más violento será.
“En todo proceso de cambio social hay un paso atrás, que es el que da el impulso final. Creo yo que estamos en ese momento. A ver si el impulso final, que es muy posible, no resulta demasiado costoso para todos”.
Termina Juan Carlos Gil: “Están pasando cosas que no podemos permitir. Si lográramos sensibilizarnos y entender los horrores que se están viviendo, las matanzas con el sadismo con que se están ejecutando, la crueldad que nos rodea, sería para que los mexicanos ya nos hubiéramos juntado a fin de decir: ¿a quién tenemos que sacar para que se termine este tormento?”. l
La ultraderecha, contra el movimiento de Sicilia
Álvaro Delgado
El activista Eduardo Gallo lanza una afirmación contundente: cuando alguna organización civil destaca por sus críticas a las políticas y estrategias federales, el gobierno ofrece recursos, prebendas o cargos públicos, y así acalla a algunos descontentos. No todos se dejan comprar, aclara el expresidente de México Unido Contra la Delincuencia, y agrega que grupos ultraderechistas ya empezaron una ofensiva mediática contra el movimiento que encabeza Javier Sicilia.
La cooptación, domesticación y amordazamiento de las organizaciones ciudadanas y sus dirigentes, por la vía de la transferencia de los recursos públicos y el reparto de cargos, es una práctica común en México, afirma el activista Eduardo Gallo, expresidente de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
El objetivo es claro: desnaturalizar las organizaciones cívicas para neutralizar el rechazo a las estrategias oficiales, como la “guerra” del gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado, y que sea menos sonoro el clamor social de seguridad, justicia y paz.
“Pero esto se da no sólo con dinero, sino con otras maneras: invitaciones a reuniones, eventos, comidas y cenas en las que es posible codearse con altos miembros del poder público, con el secretario de Gobernación o el procurador, que dan rápidamente un cita. Esto es muy seductor para quienes se marean al subirse a un ladrillo y desgraciadamente le ocurre a la mayoría.”
A Gallo –quien dice haber renunciado a MUCD por falta de transparencia y rendición de cuentas en ese organismo y por no canjear independencia por recursos públicos– le consta cómo los políticos buscan mediatizar la acción ciudadana también con el ofrecimiento de cargos y candidaturas.
No es sólo el caso de Elena Herrejón, presidenta de la organización Provecino, quien en 2006 fue candidata a senadora por Nueva Alianza (Panal, el partido de Elba Esther Gordillo), sino la propia experiencia de Gallo: el Partido Acción Nacional (PAN) le ofreció, también ese año, ser candidato a delegado y diputado local en la capital del país.
–¿De quién fue la invitación?
–Del entonces presidente del partido, Manuel Espino, a quien aprecio como persona pero a quien le dije que no me interesaba. Me insistió: “¿Qué te parece diputado federal por Morelos?”. “Manuel”, le respondí, “¿qué parte no me has entendido? Mi vida no va en esa dirección”.
Gallo, a quien Convergencia le hizo también una oferta, recuerda cómo en 1998 un hijo de María Elena Morera, expresidenta de MUCD y quien ahora encabeza Causa Común, se convirtió en asesor del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y por ello él se distanció temporalmente de esa organización.
“Son formas diferentes con las que los políticos buscan consentir a los integrantes de la sociedad civil, cooptarlos o cuando menos jalar sus voluntades para que haya buena disposición en disculpar los actos equivocados o la no acción en algún área que pudiera ser criticada ante la opinión pública. Son formas que se siguen por todos lados.”
Tras una década de participar en el activismo cívico, a raíz del secuestro y asesinato de su hija Paola en Morelos, en junio de 2000 –cuya investigación asumió personalmente por la incompetencia de las autoridades–, afirma que la cooptación de organizaciones no se ha dado sólo en el gobierno de Calderón, sino desde el sexenio de Vicente Fox, cuyo secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, lo hizo tras la multitudinaria marcha contra la delincuencia del 27 de junio 2004.
Recuerda cómo Fox se comprometió a crear un observatorio ciudadano para evaluar la acción gubernamental, pero Martín Huerta ofreció solamente crear un consejo de participación ciudadana. “A veces el presidente promete cosas que no puede cumplir”, le dijo a Gallo en una reunión.
Ante el reclamo del activista de que Fox mintió, el funcionario dijo que interpretara como quisiera. “Lo tomo como que todo esto es una farsa y frente a una farsa lo que te digo es: chinga tu madre. No estamos para que jueguen con nosotros. A los ciudadanos se les respeta”.
Indiferente al reclamo del activista, Martín Huerta lanzó el anzuelo: “Les vamos a asignar recursos a cada una de las organizaciones para que puedan elaborar sus programas, sus trípticos y puedan llegar a la comunidad”.
Gallo, quien tiene fama de claridoso, subraya: “Fue así como de manera directa, precisa y específica se buscó cooptar a las organizaciones ciudadanas que habían participado en la organización de la marcha (de 2004) ofreciéndoles dinero”.
El Yunque otra vez
En ese entonces las organizaciones que convalidaron la decisión del gobierno de Fox fueron, entre otras, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), presidida entonces por Jorge Espina Reyes; la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), encabezada por Guillermo Bustamante, y el Consejo Ciudadano de Justicia Penal, liderada por José Antonio Ortega Sánchez.
Son los mismos organismos bajo el control de la organización ultraderechista El Yunque que el pasado lunes 2 repudiaron la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad que el jueves 5 salió de Cuernavaca y llegará a la Ciudad de México el domingo 8, encabezada por el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado junto con otros seis jóvenes.
“Denunciamos la manipulación del repudio a la violencia, a quienes pretenden manipular el repudio a la violencia para generar un movimiento sociopolítico demoledor de la institución presidencial, con odio al Ejército, que puede inducir a pactar con los criminales, entregando como botín a nuestras familias”, afirmaron organizaciones encabezadas por Ortega Sánchez.
“La marcha convocada por Javier Sicilia, cuyo dolor todos comprendemos, al parecer con el apoyo del gobierno del Distrito Federal y algunos medios de comunicación, puede ser la mayor manipulación política de la violencia e inseguridad para atacar al presidente Felipe Calderón y responsabilizar a los militares”, insistió Ortega Sánchez, quien censuró la participación de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“Marcos, con su dinero sucio salido de secuestros, extorsiones y asesinatos, se suma a la ‘caravana por la paz’, para marchar tomado de las manos con quienes claman ‘¡Basta de sangre!’ y le reclaman al presidente haber molestado a los pobres narcos. ¿Buscan estos señores el fin de la violencia? ¡Por supuesto que no! La violencia es un mero pretexto. Su negocio no es la paz, no es la seguridad pública. Su negocio es el mismo viejo, sucio y totalitario afán de la revolución socialista”, escribió el abogado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez.
Gallo conoce bien a Ortega Sánchez y a Guillermo Velasco Arzac, presidente de Coordinadora Ciudadana y jerarca de El Yunque, quienes respaldan decisiones del gobierno desde Fox. Son parte de “un grupo que, definitivamente, no trabaja con otro interés que no sea el dinero”, y ambos, aseguró, “viven de eso” (Proceso 1463).
Pero la cooptación de organizaciones sociales que con Fox inició Martín Huerta ha escalado con Calderón –cuya espiral de violencia ha cobrado la vida de aproximadamente 40 mil personas y el propio PAN reconoce 103 mil asesinatos en una década– mediante recursos públicos y mecanismos de persuasión.
Desde el poder público, afirma, también se busca dividir a los ciudadanos agraviados, como las víctimas de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños. “Los padres de familia fueron divididos por el gobierno del estado. A algunos se les han dado recursos para que ya no haya ruido, y los que no han aceptado son los que siguen luchando por que haya justicia”.
También existe la otra cara de la moneda, dice: “Así como hay quienes se dejan cooptar, hay quienes no tenemos precio y actuamos con base en principios y convicciones. Ojalá no hubiera nunca alguien que se dejara cooptar, pero es una debilidad humana a la que muchas personas sucumben”.
Gallo afirma que el gobierno busca hacer que las organizaciones ciudadanas dependan económicamente del Estado para despojarlas de su independencia, pero también controlarlas para que lo respalden en lo que le interesa.
“Por ejemplo, cuando el presidente de la República dice que los gobiernos de los estados no cooperan, de repente líderes de organizaciones se lanzan a la cargada contra los gobernadores que no han construido policías certificadas, pero se les olvida que el gobierno federal tampoco está certificados a todos, porque está atrasado ese programa.”
Explica: “Salen a criticar a los gobiernos de los estados porque no tienen los penales adecuados, pero se les olvida que el gobierno federal tampoco ha cumplido con eso. Avientan la pedrada para otro lado para no confrontarse”.
Cauteloso pero firme, Gallo reconoce que existe cercanía de Calderón con Isabel Miranda, madre de Luis Alberto Wallace, secuestrado y asesinado en julio de 2005, y con Alejandro Martí, padre del niño asesinado en 2008.
“Así es. Cuando vas creciendo en peso como organización de la sociedad civil, entonces evidentemente el gobierno busca tenerte cercano precisamente para evitar que con ese peso que vas adquiriendo puedas generarle un problema, como señalar algo que cause un impacto en la sociedad. Y entonces te llaman, te buscan, tienes reuniones para oír tu opinión, una junta no empieza a tiempo porque no has llegado y te esperan.”
“Ya no habrá donativos…”
Pone como ejemplo una reunión privada convocada por Calderón, en julio del año pasado en Los Pinos, con Causa Común, encabezada por María Elena Morera; México SOS, de Alejandro Martí, y MUCD, que entonces él presidía. Gallo conoció a Calderón cuando era candidato presidencial, para saber su punto de vista sobre su estrategia de combate al crimen organizado.
“Me dio la palabra primero como organización: ‘Le decimos abiertamente que no estamos de acuerdo con la estrategia que se está siguiendo para combatir a la delincuencia y en esta guerra de las drogas, y no estamos de acuerdo porque la estrategia no tiene parámetros que permitan evaluarla’.”
Añadió: “Pero tampoco estamos de acuerdo porque detona la violencia, porque creemos, y se lo dijimos desde aquella ocasión como candidato a la Presidencia, que el ataque a la delincuencia debe ser a través de las estructuras financieras. No lo decimos nosotros, la historia en el mundo de combate a la delincuencia lo ha evidenciado. Ese es el flanco débil”.
Como Martí no asistió, cuenta Gallo, el director de México SOS, Alejandro Camacho, expuso lo que hace esa organización, y luego habló Morera. “Su posición fue: ¿En qué podemos ayudar, presidente, en qué podemos ser útiles para el país?”.
Sólo él asumió una posición crítica a la estrategia de Calderón, quien para eso los convocó. “Desconozco si a ellos se les invitó para lo mismo. Si les llegó así, respeto cómo respondieron”.
Por eso la estrategia de Calderón se mantiene, porque la mayoría de las organizaciones guarda silencio, como ha ocurrido en los Diálogos por la Seguridad Pública convocados por el gobierno. En el más reciente, en enero, sólo cinco de al menos 30 pidieron cambiar la estrategia.
“Todos los demás no tocaron el tema de si están o no de acuerdo o se fueron a otros temas que en consecuencia no permiten al Presidente recibir un mensaje claro y contundente de que en la sociedad civil no estamos de acuerdo con su estrategia.”
Su renuncia a la presidencia de MUCD obedeció, entre otras razones, a esta conducta de aminorar la crítica al gobierno para no poner en riesgo las transferencias de recursos públicos, vía donativos y contratos.
El tema se abordó en febrero, en una reunión del Consejo de la organización, fundada en 1997, en la que se discutió la posición que se debía asumir sobre el debido proceso en casos como el de las tres indígenas acusadas de secuestrar policías federales, el de Jorge Balderas Garza, supuesto agresor del jugador Salvador Cabañas, y el de la francesa Florence Cassez.
Según Gallo, Josefina Ricaño, primera presidenta de MUCD y quien lo sustituyó a su renuncia, rechazó incluir el caso Cassez en el posicionamiento sobre el debido proceso. “Van a decir que estamos defendiendo secuestradores”, dijo, y ante la preguntas de dónde estaban las evidencias sólo atinó a decir que eso decían “los medios”.
Pero lo que irritó a Gallo fue el argumento que dio Pablo Girault Ruiz, secretario del Consejo y actual tesorero de MUCD, para no hablar sobre el asunto de Cassez: “Van a dejar de fluir recursos y contratos del gobierno”.
Eso y la falta de claridad en el manejo de los recursos de la administración previa, encabezada por Ana Franco –quien nunca hizo entrega-recepción a su renuncia por motivos de salud– precipitaron un choque de Gallo con el “grupo de poder” que controla MUCD, del que forman parte, entre otros, Girault Ruiz, director general de Fundación Dondé, y Félix Gavito, presidente de la Fundación Nemi.
Este último está implicado en dudosas transacciones de tres millones de pesos aportados por la Secretaría de Seguridad Pública federal para un programa elaborado presuntamente por Nelia Tello Peón, hermana del asesor de Calderón en seguridad nacional.
Harto de la opacidad, Gallo decidió renunciar porque no se cumplió el compromiso de regresar a los principios fundacionales de México Unido Contra la Delincuencia, por los que aceptó presidir la organización. “No estaba dispuesto a cargar responsabilidades que no me competen, porque por algo había opacidad”.
MUCD, dice, va a seguir: “En cultura de la legalidad puede haber muchos contratos, mucho dinero y mucho desarrollo y van a poder ayudar, pero ya no con el proyecto original, porque éste requiere de principios y valores que no tienen”.
–¿Están autoamordazados?
–Así es, pero también están de alguna manera maniatados cuando dicen que es una organización que está en el tema de seguridad y justicia, cuando no es así. Es válido cambiar, pero que la gente sepa que cambiaste. Si no le dices, la gente estará esperando algo que no recibirá nunca. Y en esa parte hay que tener cuidado, porque las personas se pueden sentir engañadas.
Morelos, tierra franca para el narco: Carrillo Olea
Jorge Carrasco Araizaga
Conocedor de los entretelones políticos de Morelos, el exgobernador Jorge Carrillo Olea asegura que la lucha antinarco en la entidad sólo es una farsa, pues los cárteles de las drogas no han sido molestados por los mandatarios panistas en los últimos 10 años. Fundador del Cisen y obligado a renunciar al gobierno morelense por los escándalos derivados del desbordamiento de la delincuencia organizada en el estado, achaca su defenestración a una maniobra de la guerra entre Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari.
CUERNAVACA, MOR.- Epicentro del hartazgo por la violencia de los cárteles del narcotráfico y de la estrategia del gobierno de Felipe Calderón para enfrentarlos, Morelos pasó del uso político de la inseguridad para ajustar cuentas entre priistas a la protección institucional de la delincuencia organizada en los 10 años en que lo ha gobernado el PAN.
Esto se desprende de lo dicho por el coronel retirado del Ejército Jorge Carrillo Olea, protagonista del primer escándalo que puso a Morelos en el centro de la atención por la presencia del narcotráfico y quien asegura que su salida obligada del gobierno estatal fue orquestada desde Los Pinos como parte de la pugna entre el expresidente Ernesto Zedillo y su antecesor, Carlos Salinas.
En una entrevista en la que por primera vez cuenta los entretelones de su salida, dice también que, con la llegada del PAN, el narcotráfico se consolidó en Morelos al amparo de las autoridades estatales y ante la indolencia de los gobiernos de Vicente Fox y Calderón, que han protegido a sus respectivos amigos, el exgobernador Sergio Estrada Cajigal y el actual, Marco Antonio Adame Castillo.
Con priistas o panistas, la entidad ha padecido el mismo mal: la presencia de importantes narcotraficantes, desde el fundador del cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos a mediados de los noventa, hasta el cártel del Pacífico Sur, que se dio a conocer en la entidad en abril del año pasado y que según el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública Federal fue responsable del asesinato de Francisco Javier Sicilia Ortega y de otras seis personas el 28 de marzo pasado.
Punto de quiebre de la violencia en el estado fue la ejecución de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, el 16 de diciembre de 2009 por fuerzas especiales de la Infantería de Marina, en lo que el militar retirado describe como el inicio de la experimentación de la Armada de México en operaciones contra el narcotráfico.
Carrillo Olea –quien durante el gobierno de Carlos Salinas fundó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y en la Procuraduría General de la República (PGR) el Centro Nacional contra las Drogas (Cendro)– afirma que las acciones contra el narcotráfico en la entidad son una simulación.
“En Cuernavaca hay una gran actividad: retenes por todos lados, un helicóptero que se la pasa dando vueltas por las ciudad, pero los patrullajes se hacen a la mitad del día y los retenes, cerca de las escuelas mientras que en comunidades cercanas como Ocotepec, Ahuatepec y Santa Catarina prevalece una gran violencia, y en otras más alejadas, como Tlayca, de plano no entra ninguna autoridad.
“La verdad absoluta es que no hay inteligencia; y si no la hay, ni con todas las ganas ni con operativos espectaculares se va a lograr algo. Todo mundo está simulando”, asegura quien fuera jefe de Inteligencia del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Luis Echeverría.
La nota del “New York Times”
Truncado su sexenio en mayo de
Pero asegura que su salida anticipada la provocó Zedillo, apoyado en el actual senador perredista Graco Ramírez. En su pugna con Salinas –explica– Zedillo quiso cortar de tajo cualquier control que tuvieran personas vinculadas con su antecesor y “había dos que conocían el corazón de la República: (el actual senador del PRI) Manlio Fabio Beltrones y Carrillo Olea”.
En ese momento, gobernadores de Sonora y Morelos luego de haber participado en el aparato de seguridad e inteligencia del gobierno salinista, ambos fueron señalados por el periódico The New York Times (NYT) de estar involucrados con el narcotráfico. De Carrillo Olea el diario dijo que su relación era con El Señor de los Cielos y que había sido detectada por un “informe de inteligencia militar” en 1992, cuando estaba al frente del Cendro.
La arremetida de Zedillo “no fue contra cualquiera”, dice el exgobernador, quien acusa al secretario particular de Zedillo, Luis Téllez, actual director de la Bolsa Mexicana de Valores, de haber manipulado al NYT. Nombrado secretario de Comunicaciones y Transportes por Calderón, Téllez tuvo que renunciar en abril de 2009 por la filtración de grabaciones en las que acusó a Salinas de haber robado la mitad de la partida secreta de la Presidencia de la República.
–Pero la acción de Zedillo fue a partir de un hecho concreto: la presencia del narcotráfico en Morelos…
–Se ha hablado con mucha ligereza de que, en mi tiempo, Morelos se convirtió en un nido de narcotraficantes. Quisiera que explicaran puntualmente cómo estuvo eso. Sacan a cuenta, que es absolutamente cierto, que a cuatro cuadras de la casa de gobierno había una propiedad de un narco, ese Señor de los Cielos, y me imputan la responsabilidad de por qué yo no sabía.
“Le digo lo que he dicho siempre: ¿usted sabe quién vive en el edificio junto a su casa? Son señalamientos de mala fe con la convicción de que es muy fácil acusar. Además, la colonia Reforma, donde está esa casa, es una zona con grandes mansiones, grandes bardas, anónimas absolutamente.”
–Pero como gobernador con experiencia en actividades de inteligencia, ¿no lo sabía?
–Tendría que andarlo buscando. Aquí hay dos elementos que tampoco se mencionan con el propósito de seguirme señalando. Había una delegación de la PGR, cuya función central es la persecución del delito federal. También una delegación del Cisen, que aunque lo policial no es su función sí tiene relación con la actividad política. Pero nunca hicieron ni dijeron nada.
“Una trampa de Téllez”
A 14 años de su salida del gobierno da a conocer lo que describe como una operación política para su salida en la que intervinieron Zedillo, Téllez, Liébano Sáenz, titular de la Oficina de la Presidencia; Jorge Madrazo, procurador general de la República y el director de la Lotería Nacional, Carlos Salomón, además del exembajador de México en Estados Unidos, Jorge Montaño y Graco Ramírez, actual senador del PRD por Morelos.
Relata: “Un día Jorge Montaño me dice: ‘Oye, hay un periodista del NYT que te quiere hacer una entrevista’. Al domingo siguiente llegó con el reportero Sam Dillon. Platicamos de la manera más superficial. Cuando noté que la conversación no iba para ningún lado, el periodista sacó de su portafolios un papel –que era copia al carbón– que decía que los gobernadores de Sonora y Morelos eran protectores del narco y que no sé qué. Cuando lo leí, dije: ‘Esto es una fantasía, una barbaridad’. Y se lo aventé”.
Se dirigió entonces al diplomático: “Jorge, esto es una barbaridad”. Hasta ahí llegó el encuentro. De Montaño dice: “Nunca le agradeceré haberme llevado a Sam Dillon sabiendo lo que estaba buscando y no advertirme. Fue una falta de lealtad. Yo no me hubiera negado a la entrevista sabiendo de qué se trataba”.
Asegura que Téllez fue quien le entregó la información a Dillon. “Lo llamó y le dijo: ‘Me dice el presidente que te entregue esta nota’. O sea que el presidente de la República, quedando bien con el NYT, empina a un gobernador”, exclama Carrillo y agrega: “El periodista no juzgó si era cierto; sólo tomó en cuenta que se la había dado el presidente. Nunca dudó del origen de esa versión”.
Cuando el NYT publicó la información y se reprodujo en México “me voy de espaldas”.
Recuerda: “Era temprano. Estaba aún en mi recámara cuando me avisaron de la nota. Dije: ‘¡Qué barbaridad, el NYT acusándome de narcotraficante! Ni siquiera me vestí. Me puse a hacer llamadas a todo el mundo, sin ningún efecto. Entonces apareció otra vez la mano de Zedillo, quien a través de Liébano y con dinero de la Lotería Nacional empezó a dirigir y financiar una campaña en mi contra”.
Después “pude saber que Zedillo le ordenó a su procurador, Jorge Madrazo –defensor de los derechos humanos, dice sarcástico– abrirme una averiguación previa como responsable de delitos contra la salud. Y Madrazo, tan corrupto moralmente, declaró reiteradamente a la prensa que la investigación avanzaba.
“Publiqué entonces una carta en el periódico El Universal titulada ‘Procurador, ¿por qué me persigue?’ Lo emplacé, de acuerdo con el artículo octavo constitucional, a que a la brevedad me contestara. Lo hizo al otro día con un encabezado de lo más torpe para un procurador: ‘Ningún mexicano tiene derecho a no ser investigado’. Pero además decía que en la PGR no había ninguna averiguación por lavado de dinero y una sarta de estupideces”.
Pero siguió la ofensiva mediática y de movilización, dice el exgobernador. “Para ello Zedillo utilizó recursos de la Lotería Nacional y a Graco Ramírez. Trajeron camiones llenos de gente a las movilizaciones y alquilaron un cine donde dispusieron de televisores y proyectaron una imagen de
Detalla un encuentro que tuvo con Liébano Sáenz en medio de las acusaciones en su contra. Le preguntó: “¿Cómo es posible que si a un gobernador le cuesta tantísimo trabajo hablar un minuto con el presidente, cada vez que Graco quiere a él sí lo recibe?” El jefe de la oficina presidencial le respondió: “Es que durante la campaña Graco le resolvió algunos problemas con unos izquierdosos. Entonces cada vez que se puede lo subo con el presidente para que se tomen un cafecito”.
Esa conversación ocurrió en la oficina de Sáenz, “cuatro metros arriba del escritorio de Zedillo” y delante del entonces secretario de Gobernación, frustrado candidato presidencial y actual senador Francisco Labastida.
“Todavía Liébano me dijo: ‘Aquí vas a tener siempre las puertas abiertas con el jefe, que te aprecia mucho, y conmigo, tu amigo’. Le dije: ‘Mira Liébano, no nos hagamos; en el momento que yo salga por esa puerta no me vuelves a tomar las llamadas’. ‘¡No, ¿cómo crees?! Si somos amigos…’, me dijo. Me dirigí entonces a Labastida: ‘Ni tú Paco, conozco el sistema’.
El caso Martínez Salgado
Su salida se precipitó por el homicidio de un secuestrador a manos de agentes de la Policía Judicial del estado, entre ellos su coordinador, Armando Martínez Salgado. Recuerda: “Lo habían detenido en Jiutepec y lo trajeron a la Procuraduría. Lo empezaron a interrogar y se les muere. Lo quisieron tirar en Guerrero. Cuando están en la maniobra pasa una patrulla de la (entonces) Policía de Caminos y los detienen. Se los llevaron a Iguala”.
Continúa: Graco Ramírez, “que es un tipo muy hábil”, comenzó de nuevo las movilizaciones y la presión mediática. “Contra el consejo de mis abogados, Xavier y Víctor Olea, y del exgobernador de Puebla, Mariano Piña Olaya, decidí pedir licencia porque la vida en el interior del estado se estaba descomponiendo mucho”.
Dice que ante “la ignorancia y la tibieza” de Labastida, él mismo decidió y operó para que el Congreso designara sucesor a Jorge Morales Barud, a pesar de que “Juan Salgado Brito había convertido lo que fue el hotel Maximilian’s en un mercado sobre ruedas de votos. Ahí se compraban y vendían los votos de los diputados a millón de pesos”.
El coronel retirado demandó por difamación a los reporteros Sam Dillon y Craig Pyes por la publicación de la nota en el NYT. Explica que el proceso judicial acabó cuando la PGR emitió un boletín para decir que de acuerdo con el tratado de asistencia jurídica recíproca, lo que no existía en el lugar de origen de los demandados no se podía sancionar en México.
“Solamente por eso no los metieron al bote, porque se comprobó la difamación ya que nunca presentaron ni una sola prueba. Ni el periódico ni ellos dos pudieron sostener nunca que yo tenía vínculos con el narco. Las acusaciones en mi contra sólo se quedaron en averiguación previa y nunca se pudo consignar el expediente ante un juez”, dice el exgobernador.
A los reporteros les dieron el premio Pulitzer en 1998 –el reconocimiento más importante al periodismo en Estados Unidos– “para sobarles el chipote”, festeja ahora Carrillo Olea, quien sin embargo en 2000, todavía en el sexenio de Zedillo, tuvo que salir del país por “el temor de que Madrazo emitiera en cualquier momento una orden de aprehensión”.
Durante dos meses estuvo en Madrid y París “con la ayuda de unos queridos amigos, porque yo no tenía dinero”.
Hasta el triunfo de Fox: “Los abogados me dijeron que después de eso ni Zedillo ni Madrazo ni Labastida eran capaces de hacer nada en mi contra. A los tres o cuatro días regresé”.
El PAN ganó la Presidencia de la República y el gobierno del estado con Sergio Estrada Cajigal. Dice Carrillo Olea: “Sergio se deslumbró, supo lo fácil que es enriquecerse y ser famoso. En su frivolidad hubo un proceso evidente de enriquecimiento de él y algunos de sus colaboradores.
“Se enredó con un pariente de su segunda señora que era un ladrón de coches. No dudo que se haya dejado querer por mucha gente y una de ellas, su propio secretario de Seguridad Pública”, Luis Ángel Cabeza de Vaca a quien el actual gobernador Marco Adame mantuvo en el cargo hasta poco antes de que lo detuvieran por sus relaciones con el narcotráfico.
Menciona también el caso de José Agustín Montiel López, excoordinador general de la Procuraduría estatal, encarcelado por proteger a Vicente Carrillo Leyva, del cártel de Juárez, y a José Esparragoza Moreno, El Azul, del cártel de Sinaloa, a cuya hija se le atribuyó una relación con Estrada Cajigal. “Gracias a Fox se diluyeron todas las responsabilidades. No pasó nada, como no fuera encarcelar al policía judicial. El gobernador libró todas”.
En Morelos, dice, “hay una terrible debilidad de las fuerzas del orden y de justicia”. Ejemplifica: el actual procurador Pedro Luis Benítez Vélez no manda ni a su chofer. Carece de prestigio en el medio jurídico. Cuando yo era gobernador él salió del estado escondido en una cajuela porque al ocupar el cargo de director en Transportes se metió en un enredo de robo de coches. Dice que yo lo encerré pero yo ni me enteré”.
Menciona también a Luis Adame, hermano del entonces candidato a gobernador, quien fue detenido en mayo de 2006 acusado de participar en una banda de robacoches. En cuanto Marco Adame asumió el poder “no sólo le diluyeron cargos sino que encarcelaron a los que lo persiguieron”.
“Hoy Morelos es una referencia nacional del hartazgo en México. Pero el gobernador está muy tranquilo. Primero porque se le escurre todo. Segundo porque tiene el apoyo de Calderón”, como se demostró en una reciente reunión en la Secretaría de Gobernación en la que Francisco Blake buscó al PRI para que no atacara a Adame”, asegura.
El infierno de la eterna primavera
Patricia Dávila
CUERNAVACA, Mor.- Tiene razón el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, al señalar, en la presentación del libro de colección Y la llamaron Cuernavaca, Morelos, Primavera de México:
“El carácter y la fama de una ciudad se forjan a través de largos procesos históricos. Son el resultado de la suma de anhelos, esfuerzos, talentos y amor al entorno.”
Sólo que a la portada con la imagen del Palacio de Cortés, a las páginas donde se ven en todo su esplendor el Iztaccíhuatl, el Jardín Borda, la majestuosa catedral, los museos y las casonas ricas en historia, además de espléndidas flores y fotos de suculentos platillos regionales, deben hoy agregarse las imágenes que aquí están dejando los grupos del narcotráfico, en donde son cotidianos los asaltos a mano armada, los levantones, los enfrentamientos a balazos y los asesinatos de inocentes.
Y no sólo desde ahora, sino desde el momento en que esta edición de lujo fue impresa en España, en 2009 –por Lunwerg Editores, con fotografías de Adalberto Ríos Salay y textos tanto de él como de Efraín Ernesto Pacheco Cedillo sobre los edificios con mayor valor histórico y arquitectónico, así como en torno a los paradisiacos paisajes de la región–, la narcoviolencia empezaba un crecimiento desproporcionado:
Entonces, el 5 de mayo de 2009, obsesionados por capturar a Alberto Pineda Villa, El Borrado, uno de los operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, más de 200 agentes federales irrumpieron en una casa de Cuernavaca y se llevaron detenidos a varios de sus familiares, pero no al capo, lo que produjo versiones de presuntas complicidades del gobierno de Adame Castillo con el narcotráfico, en particular con la célula del cártel mencionado (Proceso 1699).
Cierto: Como dice el gobernador, “Cuernavaca tiene múltiples vocaciones y rostros; ha sido centro de decisiones importantes no sólo para Morelos, sino para el país, desde la presencia del conquistador Hernán Cortés planeando expediciones, hasta la expropiación petrolera decidida por Lázaro Cárdenas en Palmira”.
Pero habría que agregar la imagen de la captura de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas o El Jefe de Jefes, quien el 16 de diciembre de ese mismo 2009 fue abatido por miembros de la Marina en el complejo habitacional Altitude, y la correspondiente a la batalla que, en abril de 2010, libraron los sicarios al servicio de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y los de Héctor Beltrán Leyva, ante el “vacío de poder” que experimentaba la entidad. (Proceso 1747).
A Luis Alberto Machuca Nava, presidente de la Comisión de Turismo de la legislatura estatal, correspondió la presentación del volumen de 238 páginas, impreso en papel couché, donde hace un recuento: “En Cuernavaca, Brady nos dejó un museo; Baytelman, el Jardín Etnobotánico; y Barbara Hutton se trajo telas y ladrillos para levantar un palacio japonés, en el clima ideal localizado por sus encargados de satisfacer caprichos, después de recorrer el mundo”.
No sólo eso: Un inglés trabajó en las vías férreas que comunicaron la capital morelense con la Ciudad de México, y después se puso a hacer ladrillos “pensadores” para levantar un peculiar hotel donde Emiliano Zapata invitó a la docena de profesores con los que contaba para educar a los niños morelenses.
Invita a conocer la casa del obispo Plancarte y Navarrete, “que no sólo amó a Cuernavaca, sino que la identificó con el propio paraíso mesoamericano, donde Maximiliano y Carlota fueron felices capturando mariposas”.
Y ya encarrerado, Machuca Nava también invita a dejarse llevar por Robert Krause para visitar Las Mañanitas, entre aves africanas, o por Salvador Castañeda para conocer sus bonsáis antes de comer en Las Quintas. “Conozca La Tallera, en donde se gestaron los murales del Polyforum de David Alfaro Siqueiros –ubicado en la Ciudad de México–, gracias al mecenazgo de Manuel Suárez, o recorra la capilla abierta donde comenzó la evangelización”.
En fin, este libro –patrocinado por la fundación Vive México, el gobierno del estado, la legislatura de la entidad, el ayuntamiento de Cuernavaca, Fitur Morelos, Morelos la Primavera de México y Lunwerg Editores– concentra espléndidas imágenes y testimonios de lo que ha ocurrido a lo largo de su historia.
Hoy, tendría que referirse también a los sucesos de sangre que manchan el colorido de su belleza: asesinatos de mandos policiacos, relatos de cateos y detenciones ilegales, agresiones, insultos o abusos de soldados y policías, asaltos, secuestros, levantones y ejecuciones, como los últimos siete asesinatos que ocurrieron el 28 de marzo de este año, cuando la primavera se tiñó de rojo.
Y, en rigor, una nueva edición del libro debería contar cómo estos últimos crímenes originaron un movimiento de alcance nacional e internacional en contra de la violencia en México.
Porque –podría concluir el vistoso volumen– La Ciudad de la Eterna Primavera se convirtió en un infierno. l
La culpa, de la corrupción, no de las armas
J. Jesús Esquivel
Para la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, la narcoviolencia en México no es culpa de las armas estadunidenses, sino de la corrupción que permea a las Fuerzas Armadas, al sistema judicial y al gobierno en su relación con los cárteles de la droga. Al combate de ese problema debería dedicarse el presidente mexicano, dicen directivos de esa organización, y advierten: “No permitiremos que ninguna injerencia extranjera, empezando por la de México, consiga modificar las leyes sobre armas en Estados Unidos...”
PITTSBURGH.- La Asociación Nacional del Rifle (NRA) no duda en señalar que la narcoviolencia en México es consecuencia de la incapacidad de Felipe Calderón para contener la corrupción que permea su gobierno. Al culpar a las armas estadunidenses del problema, afirma esta organización, el mandatario mexicano sólo busca eludir responsabilidades.
En medio de una enorme cantidad de armas de fuego desplegadas en tres niveles del imponente Centro de Convenciones David L. Lawrence, en Pittsburgh, Pensilvania, la NRA insiste en que “nada, ni lo que ocurra a los vecinos del sur (los mexicanos), debe interponerse ante el sagrado derecho” de los estadunidenses a portar y usar armas para su defensa.
“Nunca vamos a soportar que gobiernos extranjeros, en este caso el de México, culpen a las leyes de Estados Unidos que permiten la compra y portación de armas, o a los fabricantes de las mismas, por los problemas, las tragedias y la violencia que sufren”, dice en entrevista con Proceso Rachel Parsons, directora de la Oficina de Relaciones Públicas de la NRA.
La 140 Reunión Anual de la NRA en Pittsburgh, cuyo lema este año fue “Ríos de Libertad”, es un ejemplo más de la indiferencia que existe en Estados Unidos sobre la narcoviolencia que priva en México, los casi 40 mil muertos que ha dejado la guerra militarizada que emprendió Calderón y el papel que en esto juega la demanda y adicción a las drogas de los estadunidenses.
“Esta es una reunión exitosa. Hay más de 70 mil asistentes al evento y más de 400 fabricantes de armas y accesorios que están exhibiendo sus productos aquí en Pittsburgh. Estamos mejor que nunca”, afirma sonriente la vocera de la NRA, quien a última hora sustituyó al vicepresidente ejecutivo de la Asociación, Wayne R. LaPierre, con quien este reportero tenía pactada la entrevista en un principio.
La Reunión Anual en Pittsburgh, que se realizó del 29 de abril al 1 de mayo, fue un muestrario imponente de la tecnología más nueva en armas de fuego, que van desde pistolas calibre
En las decenas de pasillos que recorren los tres niveles de las dos alas principales del Centro de Convenciones, los fabricantes de armas permiten que los miles de asistentes y miembros de la NRA sopesen y prueben sus productos como si se tratara de utensilios de cocina.
No hay limitantes para hacerlo: los niños de cualquier edad también tienen derecho, y algunos hasta son ayudados por sus padres para sostener y apuntar con la mira telescópica un rifle AK-47, un R-15, una pistola
“Esta es una feria de libertades y derechos”, comenta al reportero uno de los vendedores de la fábrica Smith and Wesson. “Estos niños aprenden desde ahora a defender sus derechos y su integridad física. Esto es legal, y no lo confundan con una escuela de criminales; los criminales no vienen aquí”, señala el vendedor.
De múltiples colores y tamaños (hay armas de color rosa para las damas en varios de los calibres), el armamento exhibido refleja parte de la cultura de los estadunidenses, que en varios países es categorizada como “salvaje”.
El arsenal expuesto en Pittsburgh es un catálogo de intimidación y una prueba más de que las pistolas, escopetas y rifles automáticos y semiautomáticos que se ofrecen aquí son los mismos que portan los integrantes de cualquier cártel mexicano, algunos incluso más potentes y sofisticados que los que tienen el Ejército y la Armada de México.
En la Reunión Anual de la NRA no se venden directamente armas ni municiones. Quienes muestran sus productos levantan pedidos de pistolas y rifles que después llegarán a sus compradores por correo. No hay límite para adquirir las armas, siempre y cuando el cliente no tenga antecedentes penales, indagación que se hace en menos de cinco minutos en cada uno de los cientos de cubículos de los vendedores.
La NRA aprovecha su reunión para ofrecer conferencias, cursos y talleres sobre cómo “usar las armas para la defensa personal”.
Decenas de instructores, en su mayoría exmilitares y exagentes federales del FBI y hasta de la CIA, enseñan a niños, adolescentes y adultos cómo utilizar cualquier tipo de arma contra algún ladrón que quiera entrar a sus casas. Dan clases acerca de cómo desenfundar con rapidez una pistola en caso de ser atacado por un delincuente que porte un cuchillo o cualquier objeto punzocortante, y hasta de cómo disparar contra una persona a más de
También se instalaron talleres para cazadores, pero éstos, aunque sí tienen una audiencia también numerosa, no cuentan con el mismo éxito que las clases o cursos de defensa personal.
La política no es ajena a las reuniones anuales de la NRA, y mucho menos este año, cuando empieza a calentarse en Estados Unidos la contienda por la presidencia, que se definirá en los comicios de noviembre de 2012.
El viernes 29 de abril, en un foro titulado “Celebración del liderazgo de la NRA y de los valores estadunidenses”, los oradores estelares fueron el senador federal republicano por Pensilvania, Pat Toomey, los congresistas republicanos Dan Boren y Jason Altmire, así como los aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Republicano, Newt Gingrich –expresidente de la Cámara de Representantes– y Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas.
Todos los ponentes hablaron del “indestructible derecho” de los estadunidenses a comprar y portar armas de fuego, pero el mensaje principal fue el de “no permitir que voces extranjeras” interfieran en los asuntos nacionales pues podrían poner en riesgo la vida de los estadunidenses. Es decir, evitar a toda costa que por situaciones de inseguridad, como la de México, en Estados Unidos se limiten las leyes que favorecen la producción y venta de armas.
“Este año y el siguiente, la NRA se dedicará a promover el voto en contra de la reelección del presidente Barack Obama”, declaró LaPierre al concluir el desfile de oradores especiales en la sesión del último viernes de abril. “Obama quiere anular nuestros derechos por pedidos injustificados de gobiernos extranjeros; eso no lo vamos a permitir”, expresó LaPierre en medio de los aplausos del auditorio, que empezó a gritar: “¡Fuera Obama, fuera Obama!”.
De acuerdo con las últimas estadísticas del Departamento de Justicia sobre las aportaciones que ha hecho desde 2009 la NRA para financiar campañas políticas, esta agrupación ha gastado 1 millón 333 mil 660 dólares en el apoyo a candidatos –sin importar su afiliación política– a puestos federales, estatales y locales que estén a favor de mantener intactos los derechos a comprar y a portar armas de fuego.
Parsons asegura que por decreto de la junta directiva de la NRA, y con el respaldo unánime de sus poco más de 4.3 millones de afiliados, “se hará campaña en contra de cualquier aspirante a un puesto de elección popular que esté dispuesto a promover acciones en contra de los derechos a favor de las armas, y más aún cuando lo haga por simpatía o solidaridad a lo que está ocurriendo en México por la narcoviolencia”.
La vocera de la NRA asegura que para ellos es muy lamentable lo que está pasando a los mexicanos, pero considera que es más lamentable que el gobierno de Calderón, en lugar de solucionar el problema, se dedique a buscar culpables en otros países, como la misma NRA, entre otros sectores estadunidenses.
“En el caso de México, la solución al problema de la violencia tiene que surgir en México; se tiene que eliminar la corrupción en las Fuerzas Armadas, en el sistema judicial y, en términos generales, en todo el gobierno; porque está claro que por medio de la corrupción son los cárteles del narcotráfico los que tienen el control de lo que ocurre en el país”, apunta Parsons.
Según la NRA, los narcotraficantes, y en general todos los integrantes de organizaciones criminales mexicanos, no están exclusivamente armados con arsenales civiles de origen estadunidense como los exhibidos en Pittsburgh. “Tienen armamento militar automático y semiautomático que seguramente llegó a México por otro lado, no por Estados Unidos, como dice el gobierno mexicano”, añade la vocera a Proceso.
En las diversas salas de exhibición del Centro de Convenciones de Pittsburgh ninguno de los más de 30 asistentes consultados por el reportero dijo estar preocupado por las quejas del gobierno de Calderón sobre el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Todos coincidieron en afirmar que el Congreso no se dejará influir por lo que pase en México, problema que, dijeron, debe ser corregido por su gobierno y no por la Casa Blanca o el Capitolio.
“¿Qué quieren, que también vayan agentes federales a detener a los narcos o a los funcionarios corruptos?”, declaró un miembro de la NRA que viajó desde Seattle, Washington, a Pittsburgh, con su esposa y sus tres hijos, para participar en el evento y ordenar la compra de dos rifles y tres escopetas.
En los tres días que duró la Reunión Anual de la NRA fueron repetidamente mencionados la narcoviolencia en México, el nombre de Felipe Calderón y la Operación Rápido y Furioso, sólo que para incentivar una campaña en contra de Obama y de cualquier intento del gobierno mexicano de intervenir para modificar las leyes federales sobre los derechos a la compra de armas en toda la Unión Americana.
Cuestionada sobre la posición de la NRA respecto a la Operación Rápido y Furioso, que fue realizada por el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia, y que bajo supervisión gubernamental permitió la compra múltiple de cerca de 2 mil 500 armas de todo tipo y calibre en la ciudad de Phoenix, Arizona, por 15 traficantes que introdujeron el arsenal a México para entregarlo a narcotraficantes, Parsons ofreció una respuesta.
“Es terrible lo que ocurrió con Rápido y Furioso. Queremos que se realice una investigación del asunto por parte del Congreso, ya que es lamentable que el ATF, que representa al gobierno federal de Obama, haya ayudado y supervisado la compra múltiple de armas que sabía de antemano terminarían en poder de los narcotraficantes mexicanos. Aquí se debe castigar a los responsables de esto y no a los fabricantes o vendedores de las armas, que nunca violaron las leyes de este país”, dice Parsons.
Bajo un ambiente de fiesta, los miles de asistentes a la Reunión Anual de la NRA disfrutaron cada uno de los momentos en las salas de exhibición donde la tecnología digitalizada marca una nueva pauta en la fabricación de armas. Por ejemplo, la empresa estadunidense Arma Lite, Inc., presentó en Pittsburgh su última creación: el rifle semiautomático AR-10, calibre
La feria de las armas en Pittsburgh ofrecía a los potenciales clientes el uso “virtual” de los productos. Por medio de computadoras, niños, adolescentes y adultos podían empuñar una pistola o rifle de cualquier calibre, apuntar a figuras de animales o personas que aparecían en pantallas gigantes de televisores planos, y simplemente disparar, como en los juegos electrónicos y de computadoras. El efecto por el impacto en el objetivo dependía del calibre de la munición. Con un arma calibre .50, por ejemplo, el impacto contra la figura de un hombre o un animal salvaje resultaba demoledor.
El culto a las armas en Estados Unidos no tiene límites. En el Centro de Convenciones de Pittsburgh había también artesanos que ofrecían sus servicios a los compradores potenciales de armas.
Decenas de pequeñas y medianas empresas promovían “trabajos sofisticados”, como bañar en oro pistolas o rifles, acuñar diamantes, esmeraldas o rubíes en las cachas de las armas, o incluso artillar cualquier tipo de automóvil con rifles automáticos o semiautomáticos. “Podemos ocultar y montar un rifle calibre .50 en cualquier auto sedán”, afirma el vendedor de la empresa Ruag Ammotec USA Inc.
Lo más novedoso este año en la Reunión Anual de la NRA fue la exhibición de armas con estructura de cristal. Había pistolas
Pero la NRA tiene otra solución para el problema de la inseguridad en México: que el gobierno mexicano modifique las leyes para que se permita la venta, compra y portación de armas.
“Nunca más que ahora nosotros pensamos que los mexicanos necesitan defenderse a sí mismos. En México hay mucha violencia y corrupción que hace más urgente el que la misma gente se pueda defender”, recomienda Parsons.
Locos por ellas J. Jesús Esquivel
J. Jesús Esquivel
WASHINGTON.- Con Will Hayden como protagonista principal, la serie televisiva Hijos de las armas (Sons of Guns) es una de las más exitosas de este país en los últimos años y, según sus productores, la primera temporada fue vista por 51 millones de personas tan sólo en el territorio nacional.
El programa, transmitido por el canal Discovery Channel, se ha dedicado a propagar la cultura de las armas de fuego, de ahí que en cada uno de los 16 capítulos de la temporada incluyera la leyenda: “Nuestro negocio son las armas. Diseñamos, fabricamos y modificamos una gran variedad de ellas”…
La historia se desarrolla en la armería y taller Red Jacket, ubicada en la ciudad de Baton Rouge, en el estado de Louisiana. El propietario es el propio Hayden, quien junto con su hija Stephanie y los seis empleados del negocio enseña a los televidentes cómo fortalecer, definir, modificar y manipular todo tipo de armas, desde las básicas (esmeril de mano, martillo y seguetas) hasta las tecnologías más sofisticadas que incluyen fusiles automáticos y semiautomáticos.
En el sexto episodio, titulado “El silenciador del AK-
Hayden se refiere a un nuevo tipo de AK-47 que, de acuerdo con una encuesta que realizó el mismo canal entre los televidentes, “es el arma más famosa e importante” en el mercado de los rifles automáticos en el mundo.
El armero y sus colaboradores de Red Jacket: Vince Buckles, Kris Ford, Joe Meaux, Charlie Watson, Glenn Harrison y Glenn Fleming muestran la forma adecuada de colocar un silenciador a la estructura del cañón del rifle sin afectar la efectividad y sistema de repetición de los disparos.
El capítulo, que la empresa televisiva considera el más exitoso de la temporada, ha sido visto por más de 100 millones de personas; el cliente que pidió modificar el AK-47 quedó tan satisfecho, que incluso duplicó el número de unidades que solicitó originalmente.
Hijos de las armas es una producción de Discovery Channel y Jupiter Entertainment. Su productor ejecutivo es Stephen Land, y Patrick Leigh-Bell y Stephanie Buxbaum fueron los coproductores, en tanto que Dolores Gavin participó como productora ejecutiva por parte de Discovery Channel.
Un nuevo frente
La primera temporada se transmitió entre el 26 de enero y el 30 de marzo pasado. Cada capítulo dura media hora. Tras el éxito obtenido, los productores anunciaron ya que a partir de julio próximo se transmitirán otros 16 capítulos.
La víspera del estreno de la serie, el 26 de enero, Discovery Channel difundió un promocional en el que exponía: “Es electrizante observar cómo Hayden y su equipo de expertos crean a su modo cada una de las armas”.
Hijos de las armas es un ejemplo claro del culto que le tiene un sector importante de la población de este país a las armas de fuego. Los productores y guionistas se cuidan bien de no mencionar las estadísticas sobre las víctimas de las armas de fuego: 2.8 millones de marzo de
A ellos no les importa el uso que se les dé a las armas, menos aún de las que ingresan de manera ilegal a México, donde la lucha emprendida por el gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico ha causado ya cerca de 40 mil bajas.
La página electrónica de Discovery Channel contiene una sección sobre Hijos de las armas, en el que instruye sobre la forma apropiada para manejar cualquier tipo de arma automática y semiautomática. La empresa difunde también los resultados de una encuesta realizada en 2008 por el Buró de Estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2008.
Y aun cuando el sondeo no menciona el número de personas entrevistadas ni el margen de error, destaca que 42% de la población estadunidense asegura tener en casa un arma fuego. “Esto representa un aumento de 6% con respecto a la encuesta de
Asimismo, según la consulta, 58% de la población estadunidense aseguró poseer pistolas; 63% escopetas, y 59% rifles automáticos o semiautomáticos.
Si alguien desea conocer cuáles son las armas más populares entre la población de Estados Unidos, la página electrónica de Discovery Channel tiene la respuesta:
El lugar número uno corresponde a la pistola semiautomática calibre .38 de la clase Colt M-1911; el arma se adapta a cargadores con capacidad para 17, 19 y 33 balas cada uno; en segundo lugar, el revólver calibre .38 Smith and Wesson modelo 10; en tercero el rifle semiautomático AR-15 Bushmaster. l
Los verdaderos “ganones” del cierre de Luz y Fuerza
Rosalía Vergara
Los únicos beneficiarios de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro son el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, el extesorero de la organización, Alejandro Muñoz, y el propio gobierno calderonista, gracias a los oficios del titular de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón. Lo anterior lo sostiene Alfredo Ríos Solís, un trabajador jubilado que encabeza a 120 electricistas pensionados inconformes y aporta pruebas documentadas sobre los negocios realizados tanto por Esparza como por Muñoz, antes y después de la liquidación de la empresa.
Los beneficiados directos de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro son el gobierno panista de Felipe Calderón, el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, y el extesorero de esa organización, Alejandro Muñoz Reséndiz, quien hoy es opositor del titular de la secretaría general del sindicato.
A un año y medio de que la Policía Federal irrumpiera en las instalaciones de la paraestatal, cada uno de ellos está negociando por su lado. Esparza Flores pidió la toma de nota como secretario general para seguir manejando las finanzas del sindicato: los 12 mil millones de pesos mensuales de cuotas sindicales y los 30 mil millones de pesos que valen los bienes y los aportes de los trabajadores, según calculan los propios electricistas.
Muñoz Reséndiz insiste ante el gobierno para que se subcontrate a los sindicalistas a fin de que operen ocho empresas que dan servicio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), e incluso colocó como socios a sus hermanos José Rogelio y Luis Antonio, a su hija Diana Muñoz Lupercio y a Claudia Ivonne Bravo Cabello, a quien designó administradora, de acuerdo con las copias de las actas constitutivas de las empresas, de las que Proceso tiene copia.
Y aun cuando extrabajadores del SME sostienen que otras empresas de gas, agua y servicios eléctricos son operadas por Esparza, en la Secretaría de Economía no tienen registros de que alguna de ellas esté constituida a nombre de los familiares del dirigente.
No obstante, algunos electricistas sostienen que después de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) el gobierno federal entregó a Esparza una concesión para ofrecer el servicio de triple play (teléfono, internet y televisión por cable) en Atotonilco de Tula, Hidalgo.
Según ellos, el título de concesión fue otorgado el 23 de julio de 2009 y autoriza al dirigente electricista a instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones para la prestación de televisión restringida.
En el documento se menciona que el beneficiario es José Heriberto Marroquín Castillo, secretario particular de Esparza y que la concesión tiene vigencia por 30 años. Lo curioso es que fue expedido tres meses antes de que el gobierno liquidó a LyFC.
En otras palabras, Esparza y sus colaboradores son los ganones de la decisión presidencial que dejó en la calle a 44 mil trabajadores, la mitad de los cuales estuvo en activo hasta el 11 de octubre de 2009, día en que la Presidencia ordenó la liquidación de la empresa e intervino las instalaciones.
Por lo que atañe a la propuesta de crear empresas que ofertaran servicios a la CFE, el pretexto fue darle trabajo a los 15 mil 481 electricistas del SME. Todos ellos son originarios de Hidalgo, Morelos, Puebla, Estado de México y el Distrito Federal, y son asimismo los que se negaron a aceptar la liquidación del gobierno federal. Su edad promedio es de 37 años y tienen 10 años de antigüedad en la compañía, en la que perciben un salario de 197.74 pesos diarios.
El caso de Alejandro Muñoz
Según datos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), la CFE otorgó 3 mil 841 contratos superiores a los 2 mil 940 millones 61 mil 676 pesos a empresas privadas tras la extinción de LyFC; además, la dependencia federal otorgó 728 contratos por 2 mil 36 millones 17 mil 37 pesos para obra pública.
De esas empresas, ocho fueron creadas por Alejandro Muñoz: ATSE Comunicaciones, que es el call center 071 para quejas por el servicio de luz eléctrica; Cicel Global, que se encarga de digitalizar los postes de luz; Cables Sub, cuyo cometido es atender los desperfectos de la red subterránea del Distrito Federal; K Cero, encargada de la construcción de tableros para las instalaciones eléctricas de la CFE; Inova Electrical, que diseña aparatos de control en subestaciones eléctricas.
Además de los contratos, a Muñoz se le otorgó un préstamo de 4 millones de pesos para la creación de cada una de las empresas. A ellas se suman otras tres, que se dedican a la poda de árboles que interfieren en las líneas eléctricas: Poda y Brecha; Evolution Atec, y Capybma Toluca.
Octavio Cruz, socio de Capybma, dice a Proceso que sólo 10% del personal que labora en esa firma son antiguos trabajadores del SME; los demás son trabajadores externos.
En cuanto al call center 07, es muestra del fracaso de las subestaciones, pues sólo recibe entre 2 mil y 3 mil llamadas por día, por lo que su déficit se ha elevado. Opera con 70 trabajadores, de los cuales sólo 10 son antiguos trabajadores de LyFC, asegura Rubén Mireles Muñoz, quien es primo de Alejandro Muñoz y exsocio de la empresa.
Mireles sostiene que cuando él era socio se facturaban 300 mil pesos al mes, pero el mantenimiento del call center se elevaba a 900 mil pesos. La situación, dice, lo obligó a utilizar fondos de los 4 millones de pesos del préstamo que recibió Muñoz del gobierno federal y que el deudor deberá liquidar el año entrante. Ello provocó que su primo lo despidiera a él y a los demás socios.
Tras excluir su sociedad original Muñoz creó una nueva con Claudia Bravo, una antigua trabajadora de LyFC que hoy funge como administradora única y junto con Alejandro Muñoz Lupercio, otro hijo de Alejandro Muñoz, cobra la nómina de los trabajadores.
Bravo y Muñoz Lupercio decidieron asociarse con empresarios de Querétaro para darle viabilidad al call center, toda vez que carece de solvencia y constantemente recibe fondos federales para seguir operando, relata Mireles Muñoz.
Y, al igual que Esparza, Alejandro Muñoz también es dueño de otros negocios, como servicios de asesoría con la CFE en Hidalgo y la renta instalaciones deportivas en Lechería, Estado de México, así como en Villa Coapa y Azcapotzalco, dice a la reportera Alfredo Ríos Solís, un trabajador jubilado que encabeza a un grupo de 120 electricistas pensionados inconformes con Muñoz y con Esparza.
Orgía de corrupción
Cada mes, el SME eroga poco más de 12 millones de pesos en cuotas sindicales, a los que se suman los bienes sindicales: 22 inmuebles en el Distrito Federal, en el Estado de México, Morelos e Hidalgo, así como locales en 11 subestaciones con un valor de 6 mil millones de pesos.
Un resumen elaborado por los detractores de Esparza señala, por ejemplo, que en sólo dos propiedades tiene casi mil 700 millones de pesos. Además, el deportivo Coapa tiene un valor de mil 200 millones de pesos; el edificio sindical de Avenida Insurgentes, en la Ciudad de México, está valuado en 500 millones. Tiene el edificio de la calle Antonio Caso, en la cual hay un mural de David Alfaro Siqueiros.
También cuenta con deportivos en Hidalgo y en Morelos, con una escuela técnica y una clínica. Las cuotas de los jubilados representan 4 millones de pesos semanales.
Según los electricistas disidentes, el dirigente del SME controla los recursos del Fondo de Reserva para Jubilaciones (en 2008 superaba los 140 millones de pesos y entre enero y agosto de 2009 ascendió a 101 millones de pesos); los del Fondo de Vivienda, constituido con el 14.5% de los salarios de nómina de los sindicalizados, que sólo en 2008 superaron los 359 millones de pesos y entre enero y agosto de 2009 sumaron 277 millones de pesos.
Ellos advierten que si las autoridades laborales entregan a Esparza la toma de nota que lo valide como secretario general del SME, él recibirá automáticamente esos recursos y bienes inmuebles.
Uno de ellos es el deportivo-estacionamiento ubicado en la exsede del sindicato, en la calle Antonio Caso, colonia Tabacalera. Hace varios meses fue remodelado y ahora cuenta con un gimnasio, cancha de basquetbol con duela importada de China, baños de vapor, vestidores, servicio médico, cancha de voleibol y de squash. La inversión fue de 103 millones de pesos.
Ríos Solís comenta que también deben tomarse en cuenta los gastos de Esparza y su vocero, Fernando Amezcua, a costa del SME, cuando viajaron a países europeos y latinoamericanos en 2010 para difundir su lucha. “Los únicos ganadores con la extinción (de LyFC) fueron Esparza, Muñoz y Lozano Alarcón (secretario de Trabajo y Previsión Social)”, resalta
E insiste en que familias enteras que dedicaron su vida a trabajar por la paraestatal han perdido todo. “Por eso – reitera– los jubilados luchamos, porque los trabajadores son nuestros hijos o nuestros familiares”, y menciona a los electricistas de Necaxa, Puebla: “No hay esperanza para los trabajadores. Algunos ingenieros están vendiendo tacos en las esquinas o poniendo changarritos para darle de comer a sus familias”.
Contratos y liquidaciones
De octubre de
En cuanto a los servicios, de
La oficina de Alfonso Huitrón, quien en ese periodo era el abogado general de la dependencia, gastó 126 millones 338 mil 150 pesos en servicios fedatarios públicos. Apenas el 14 de abril, tras la salida de Alfredo Elías Ayub de la dirección de la CFE, su sucesor José Antonio Meade nombró como abogado general a José Antonio Prado Carranza, quien viene de la oficina del abogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En abril de 2008, la reportera Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, publicó un reportaje en el que afirmó que Prado Carranza estaba involucrado en la denuncia penal 95/UEIDCSPCAJ/2006, radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR, contra el exdirector de Pemex Juan Bueno Torio por la presunta triangulación de recursos erogados por contratos de adjudicación directa para beneficiar la campaña presidencial de Felipe Calderón en 2006.
El reparto del dinero fue de 200 millones al candidato panista, 70 millones a la campaña de Bueno Torio y el monto restante se distribuyó entre funcionarios que participaron en el entramado financiero, entre los cuales se implica a Prado Carranza, actual abogado general de CFE.
A principios de año se pusieron a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) 582 inmuebles de la extinta LyFC, entre ellos 105 agencias y sucursales, 69 almacenes y bodegas, 71 campamentos y talleres, 34 centrales generadoras, nueve centros de capacitación, dos centros de archivo, 72 áreas técnicas y talleres, 26 oficinas administrativas, 184 subestaciones y áreas técnicas, 12 terrenos baldíos y 7 mil 376 vehículos.
Para la liquidación de trabajadores de LyFC se contrató a 88 prestadores de servicios y al 31 de diciembre de 2010 el costo económico de este servicio fue de mil 810 millones de pesos, dice el documento oficial del SAE.
“Las actividades realizadas son: Toma de control, puesta a disposición y balance inicial, indemnización a extrabajadores de LyFC, difusión en medios del proceso de liquidación, operación de los Centros de Atención Personalizada a extrabajadores, call center para la atención de extrabajadores, atención de asuntos penales, apoyo jurídico y representación legal, servicio de contabilidad fiscal y peritajes contables, así como los servicios básicos: vigilancia de oficinas, mantenimiento de muebles e inmuebles, agua, luz, teléfono, limpieza, fotocopiado, mensajería, combustible y papelería”, señala la SAE.
Asimismo, para la liquidación de los trabajadores se contrató a 76 notarios, a quienes se les ha pagado alrededor de 32 millones de pesos, dice el documento, sin mencionar nombres. Hasta ahora, son 28 mil 742 los trabajadores liquidados, así como mil 793 pagos por pensión alimenticia.
El SAE reporta también que 786 trabajadores de confianza fueron indemnizados. Se erogaron para este fin 12 mil 79 millones 972 mil 106 pesos; el monto de las liquidaciones no cobradas es de 6 mil 343 millones 924 mil 784 pesos.
La información señala que no existen demandas por liquidación mal calculada, pero sí 888 acciones reclamadas por diferencias en la liquidación, nulidades parciales de los convenios celebrados, diferencias en el cálculo de horas extras, vacaciones, aguinaldos o salarios caídos.
Acerca del movimiento convocado por Sicilia
De Juan Fredi Leyva Payán
Señor director:
Le agradeceré publicar esta carta, dirigida a Javier Sicilia.
Estimado amigo Javier Sicilia: Lo llamo amigo porque lo conocí a través de sus letras en Proceso y lo considero como tal. Hay tanto que quisiera decirle que no sé por dónde empezar. Trataré de ser breve.
México se encuentra en crisis, a punto de llegar a un estado en el que la ley del más fuerte sea la imperante y no las instituidas en la Constitución. Ante la incapacidad del gobierno mexicano para garantizar el estado de derecho (entre otras cosas) se han gestado muchos movimientos, pero ninguno con la peculiaridad del que usted convoca, es decir, uno ciudadano por una reconstitución del país.
No hay palabras para mitigar el dolor causado por la pérdida de los seres queridos. Como ser humano me duelen en el alma los casi 40 mil asesinatos de personas que, aun habiendo cometido un ilícito, no debían pagar con su vida. Como mexicano me siento profundamente indignado por la respuesta y la solución que ofrece el gobierno federal, porque es irracional y primitivo querer enfrentar a la violencia con más violencia.
En este contexto se gesta el movimiento ciudadano por la paz. Sin embargo, hay muchas preguntas que surgen a raíz de un problema tan complejo como el que se ha desarrollado en México, por lo que a fin de enriquecer el diálogo, me gustaría saber varias cuestiones en torno al movimiento.
¿Qué significa en concreto la firma de un nuevo pacto ciudadano? ¿Se trata de una discusión hacia una nueva Constitución Política? ¿Cuáles son los objetivos del movimiento a corto, mediano y largo plazos? ¿Cómo se van a lograr esos objetivos?
Está demostrada en investigaciones científicas la indiferencia de los jóvenes hacia la política, y no sólo de los jóvenes, sino de la población en general. ¿Cómo se fomentará la participación en este movimiento, en la política? ¿Se trata de exigir al gobierno que cumpla con la ley u organizar un movimiento de autogestión hacia el estado de gobernabilidad? ¿Cuáles son las posibilidades de la ciudadanía si usted ha declarado que sólo encendieron las antorchas para iluminar el camino, pero que la respuesta la tienen los actores políticos, los empresarios, las Iglesias y los gobiernos? ¿Cuál es el método para mantener vivo el movimiento por la paz y la reconstitución del país, la desobediencia civil, la autogestión o las marchas hasta despertar la conciencia de la gente y de los actores políticos?
Es inviable una revolución armada en México como la llevada en Libia. ¿El movimiento busca una revolución, una regeneración o la refundación de la República? ¿Desde dónde, desde las leyes, desde la ciudadanía o desde la iniciativa de empresarios, Iglesias y gobiernos? ¿Este movimiento será exclusivamente ciudadano, sin partidos políticos, o unirá fuerzas con otras líneas que buscan un cambio en México, como el Movimiento de Regeneración Nacional, el cual presenta propuestas interesantes? ¿Se exigirá este 8 de mayo la destitución del presidente de la República y demás funcionarios implicados en la “guerra contra el narco”, así como de todos aquellos que no cumplan con su función o sean corresponsables del desastre nacional?
A mi criterio, el complejo social mexicano está muerto y se encuentra en estado de descomposición. Con un estado de derecho prácticamente nulo, con un sistema legislativo ineficaz, con servidores públicos cada vez más relacionados con la corrupción y la ignorancia, con un sistema educativo que no merece tal nombre, entre muchas otras cosas, México es un país en crisis que necesita una verdadera regeneración de las relaciones sociales más básicas, porque la violencia, toda, inicia en la familia.
Es cierto que en una República Federal Democrática, como se hace llamar México, políticos somos todos, y en este sentido hemos sido muy irresponsables (en conjunto) en el manejo de la política y la solución de problemas. No obstante, ¿cuántos republicanos hay en el país, cuántos federalistas, cuántos demócratas? ¿Cómo revertir esta situación para que no le sigan viendo la cara al pueblo de México?
Agradezco enormemente su tiempo y, comprendiendo la labor titánica que representa ordenar un país en desgracia, pienso que debemos ayudarnos todos los que amamos a México.
Atentamente
Juan Fredi Leyva Payán
Iztapalapa, Distrito Federal
fredi_leyva@comunidad.unam.mx
De Pablo Alarcón Chaires
Señor director:
Le envío esta reflexión a propósito de las marchas del 8 de mayo.
Los muertos hablan.
Sí, los muertos hablan. Pero no lo hacen a través del padre o la hermana, cuyas voces de reclamo no son importantes para esta sociedad. Los muertos susurran al paso de un convoy militar, se les escucha en el goteo de las lágrimas del migrante, en el desconsolado andar de la madre de hija victimada, en el sórdido caer de un cuerpo sin vida. Ellos hablan, pero no los escuchamos. Aun aquellos muertos que viven en la clandestinidad de una fosa común tienen su propia voz.
Más que con las cifras, los muertos en México se expresan con sus propios argumentos, sus propias razones y sus propias preguntas. Cada uno de ellos encierra una historia que sólo conoceremos si su cuna proviene de una familia con alcurnia o con linaje intelectual. La gran mayoría de nuestros muertos permanecen en el silencio, con su voz amortajada por una sociedad que hasta en la muerte sabe de clases sociales y élites, que inventa iniciativas para esconderlos y que maquilla cifras para negarlos.
Todos ellos, al unísono, no claman por la paz cuya bandera ha servido para estigmatizar y socavar los intentos de transformación social verdadera. Nuestros muertos, aun con la tierra que los cobija, nos gritan “¡justicia!”. Pero nosotros, los vivos que tememos enfrentar nuestra realidad, optamos por la fantasía de un país inventado.
Ellos saben en carne propia que sin la justicia jamás tendremos paz; nos hacen saber que emprender viajes en búsqueda de mejores oportunidades de vida se puede convertir en una travesía sin retorno que deja en el desamparo y la orfandad a numerosas familias; nos expresan que han entendido que su destino es producto de una absurda distribución de la riqueza, de un sistema educativo secuestrado, de una sociedad que tolera ladrones de cuello blanco, pero que lleva a la calle a menores de edad; saben que el acceso a la justicia en el sistema jurídico mexicano está determinado por las posibilidades de ejercer el cohecho; estos muertos nos dicen que la estrujante pobreza social de la mayoría de los mexicanos no es igual a la indolente pobreza humana de las pocas pero pudientes familias que dominan al país.
Nuestros muertos nos conminan a todos nosotros, a estos muertos en vida, a que los reivindiquemos y honremos. Pero por desgracia seguimos sin escucharlos. Nos advierten con su propia agonía que la mejor forma de estar vivos es luchando por un México mejor; nos gritan que su muerte sólo tendrá sentido mientras conduzca a transformar nuestra realidad nacional; nos piden más que rezos y plegarias, acciones que eviten que su tragedia se convierta en una costumbre en un pueblo cada vez más insensible. Nuestros muertos nos piden dejar esa “muerte en vida” sembrada y regada por los miedos de un gobierno que ante su guerra, y como mejor opción, invierte en armamento y asesoría militar para ofrecernos un aparente cobijo, mientras desmantela el país.
Así, paradójicamente, nuestros muertos parecen estar más vivos que nosotros, pero hemos decidido no escucharlos. Continuamos envueltos en la banalidad cotidiana que niega la realidad, pero que sostiene y justifica nuestra irresponsabilidad ante ella.
Es preciso despertar a la vida, y la mejor manera de hacerlo es honrando la muerte de todos aquellos que han caído abatidos por las balas de la injusticia; la misma que convierte la desesperación, la falta de esperanza y la negación de un futuro en delincuencia. La paz de nuestros muertos será con la justicia; la paz de nosotros mismos será con la congruencia de hacerla verdadera.
Por esos casi 40 mil fallecidos, por los alrededor de mil 300 niños muertos en esta guerra de la ignominia.
Atentamente
Pablo Alarcón Chaires
En torno a la intervención francesa en Michoacán
Señor director:
Soy un lector fundador de la revista Proceso, y quisiera hacer un comentario y aportación al excelente artículo del general Luis Garfias Magaña titulado: 1863 en la memoria franco-mexicana (Proceso 1799). Se refiere al aniversario de la Batalla de Camarón, Veracruz, entre una unidad de la Legión Extranjera Francesa que fue derrotada por una improvisada fuerza militar juarista-republicana que defendió a sangre y fuego la soberanía nacional.
El general Garfias pone en claro la verdad histórica de este hecho de armas, y yo quisiera agregar que, justamente durante la intervención francesa en Michoacán (1863-1867), el Ejército Republicano Juarista de Michoacán y los Guerrilleros Chinacos lograron dos victorias importantes sobre los invasores franceses y la contraguerrilla formada por mercenarios. Fueron las siguientes:
–El 23 de abril de 1865 se verificó la Batalla del Puente de Huaniqueo entre la división del Ejército Republicano de Michoacán, al mando del general Nicolás de Régules, que venía de derrotar a los belgas en Tacámbaro, y la división del coronel francés De Potier, compuesta por franceses, argelinos y contraguerrilleros conservadores mexicanos que apoyaban a los invasores.
El general Nicolás de Régules contaba con el coronel José Vicente Villada y lo mejor de los chinacos michoacanos de Coeneo, Puruándiro y Zacapu, que se hallaban bajo el mando de los coroneles Eugenio Ronda y Rafael Garnica, a la vez que contaban con los oficiales Simón Garnica, Rafael Domenzain, Juan Bermúdez, Esteban Bravo y Antonio Ledezma. En esta batalla los reaccionarios y conservadores que apoyaban la intervención francesa en Michoacán fueron derrotados, e inclusive Ronda y sus chinacos lograron quitar a De Potier su caballo tordillo, llamado El Forey, que era un soberbio corcel normando.
El pintor uruapense Manuel Ocaranza realizó en octubre de 1865 el hermoso retrato ecuestre del coronel chinaco Eugenio Ronda, montado en dicho caballo, que hoy se encuentra en el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec, con unos excelentes colores.
–El 10 de noviembre de 1866 murió el coronel contraguerrillero francés Berthelin, en el Rancho del Guayabo, cerca de Coalcomán. Él era uno de los lugartenientes del jefe de la contraguerrilla en México, el coronel Achiles Charles Dupin. Berthelin era un hombre insaciable de sangre, de robos y desmanes. Vestía elegantemente y usaba joyas valiosas. Era un león en el combate y un tigre después de la victoria. Se calculaba que había hecho más de 500 víctimas en sus correrías por Jalisco, Colima y Michoacán. Mandaba fusilar a cuantos mexicanos encontrara su destacamento, sin importar el partido al que pertenecieran. Se le veía “como a un monstruo salido del averno”. Su destacamento estaba constituido por más de 200 contraguerrilleros, en los cuales había ingleses, suizos, irlandeses, griegos, polacos, egipcios, napolitanos, españoles y mexicanos.
Berthelin perseguía en Michoacán al jefe guerrillero chinaco Julio García, quien con una fuerza de más de 400 hombres se había hecho fuerte en Coalcomán defendiendo la República.
Cuando García supo que la contraguerrilla de Berthelin ya se encontraba en su búsqueda en el Rancho del Guayabo, decidió ir por él para sorprenderlo y atacarlo. Pero Berthelin siempre estaba alerta, espiando al enemigo, y siempre se hallaba preparado para dar el golpe final. Por eso sus hombres lo llamaban La Avispa.
Las dos fuerzas combatientes se encontraron el 10 de noviembre de 1866. Fue un choque terrible y sangriento, en el que los combatientes de uno y otro bando lucharon a muerte, con pequeños intervalos, desde las 4:00 de la mañana hasta las 19:00 horas, cuando empezaron a huir los franceses y hombres de otras nacionalidades que ya había perdido a muchos de sus compañeros. A las 15:00 horas había caído el segundo jefe de la contraguerrilla, el conde de Moynier Chamborand, y al anochecer fue abatido el propio Berthelin. El suelo había quedado cubierto de más de cien cadáveres de extranjeros y mexicanos, junto a decenas de cuerpos de caballos.
Fue Julio García quien, en un combate singular, mató a Berthelin cortándole de un tajo la cabeza, la que fue transportada a Coalcomán y expuesta en un lugar público. Así cayó Berthelin, quien murió luchando, y no como Dupin, quien murió en la ignominia del suicidio en Europa. (Carta resumida.)
Atentamente
Maestro Henoc Pedraza Ortiz
Uruapan, Michoacán
Motivos para marchar el 8 de mayo
denise dresser
• Por Juan Francisco Sicilia
• Por Julio César Romero Jaime
• Por Luis Antonio Romero Jaime
• Por Gabriel Anejo Escalera
• Por Javier Sicilia
• Porque ellos son nosotros
• Para aliviar el dolor que va más allá de las palabras con el silencio solidario
• Por las víctimas de la violencia de ayer y la que se avecina mañana
• Para que esas vidas mutiladas no hayan sido en vano
• Para que la indignación de los ciudadanos trascienda la mendacidad de los políticos
• Para que la irritación individual se transforme en un acicate colectivo
• Para combatir la pasividad con la actividad, y la apatía con la congregación
• Porque los mexicanos tienen derecho a vivir sin miedo
• Porque marchar el domingo 8 es una forma de enfrentarlo
• Para que la seguridad de quienes viven en este país importe más que la pelea por gobernarlo
• Para quitar los reflectores de la contienda presidencial y colocarlos sobre el malestar social
• Para que pese más la población que la sucesión
• Para criticar cómo las luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación
• Para mandar el mensaje de que esta guerra ha sido mal planteada, mal librada, mal comunicada, mal concebida
• Para que la marcha sea un coscorrón a toda la clase política, incluyendo a los gobernadores y los presidentes municipales que han rehuido su responsabilidad
• Para que Felipe Calderón entienda que diagnosticó mal el problema del crimen y ha usado los métodos incorrectos para enfrentarlo
• Para que el equipo calderonista comprenda que nadie está pidiendo claudicar ante la criminalidad, sino combatirla de forma más inteligente
• Para que el presidente no pueda afirmar que a los reclamos sobre la inseguridad les hacen falta propuestas alternativas a las suyas
• Para que el gobierno sepa que la guerra necesaria debe librarse con el objetivo primordial de asegurar la seguridad y no nada más para combatir el narcotráfico
• Porque la clase política da palos de ciego contra el crimen en vez de proponer soluciones integrales y de largo plazo para prevenirlo
• Porque combatir el crimen de manera frontal entrañaría combatir la corrupción de alto nivel que lo hace posible
• Porque el Estado mexicano ha sido infiltrado por las fuerzas que dice combatir
• Porque el Estado mexicano declara que va gananado la guerra contra los malos, cuando en realidad los alberga
• Porque la corrupción en las calles es reflejada en cada pasillo del poder, en cada escuadrón de la policía, en cada Ministerio Público, en cada juzgado, en cada pueblo en el cual las víctimas de la violencia temen hablar o denunciar o confrontar
• Porque el narcotráfico se nutre de una vasta red tejida a lo largo de los años para constreñir la rendición de cuentas
• Porque vive de la corrupción compartida, del estado de derecho intermitente, de la incapacidad de la clase política para actuar honestamente
• Porque la violencia es la vara de medición del fracaso del Estado
• Porque, como lo dijera el juez italiano Giovanni Falcone, las mafias matan a quienes el Estado no ha sido capaz de proteger
• Porque es obligación primordial de cualquier gobernante asegurar la seguridad de quienes votaron por él
• Porque la delincuencia tiene un monopolio sobre la violencia
• Porque se vive al acecho en las calles de Cuernavaca y Morelia y Monterrey y Nuevo Laredo y Ciudad Juárez
• Porque la impunidad rampante permite el crimen galopante
• Porque el presidente no cambiará la realidad con negarla
• Porque en México vivimos siempre alertas, siempre nerviosos, siempre sospechosos hasta de nuestra propia sombra
• Porque vivimos invadidos permanentemente por el temor fundado a caminar en la calle, andar en el auto, abrir la puerta, parar un taxi, cobrar un cheque, sacar dinero de un cajero automático, recibir la llamada de algún secuestrador, perder a un hijo, enterrar a un padre
• Porque vivimos lejos del sosiego y cerca de la ansiedad; lejos de la paz y cerca del miedo
• Porque la marcha no es una conjura contra el gobierno, sino una forma de empujarlo a que actúe de otra manera
• Porque, como diría George Orwell, “denunciamos la guerra mientras preservamos el tipo de sociedad que la hace inevitable”
• Porque se atacan los efectos, pero no las causas
• Porque muchos critican la violencia que el narcotráfico produce, pero pocos hablan de la estructura económica, política y social que lo hace posible: ese andamiaje de políticos que protegen a narcotraficantes y narcotraficantes que financian a políticos; de criminales organizados que lavan dinero en instituciones financieras que se benefician con ello; de sicarios que asesinan a policías, y de policías que les pagan para hacerlo; de jueces que se vuelven cómplices del crimen organizado, y del crimen organizado que los soborna
• Marchemos para demostrar que la seguridad es una demanda popular
• Para que propongan medidas concretas en lugar de pretextos políticos
• Porque el problema no es nuevo, pero las soluciones deberían serlo
• Porque nadie ha demostrado la voluntad real de resolverlo
• Porque hay que pensar en las raíces de la criminalidad y no sólo en sus efectos
• Porque México es un país cada vez más violento y esa violencia se ha vuelto infrahumana
• Porque será necesario actuar de manera sistémica y no sólo represiva
• Para elaborar un catálogo confiable de lo que puede hacerse contra el crimen
• Para que se analice la experiencia de otros países y se aprenda de ellos
• Para profesionalizar a la policía
• Para reformar a los Ministerios Públicos
• Para presionar a los políticos
• Para que asuman su responsabilidad en vez de eludirla
• Para que las grandes movilizaciones lleven a grandes redefiniciones
• Para que los ciudadanos ausentes se hagan presentes
• Porque las urnas no bastan
• Porque es peor no hacer nada que hacer algo
• Porque sólo a través de la exigencia y el reclamo se podrá construir la paz
• Porque ninguna pasión paraliza tanto a un país como el miedo
• Para que la población pueda vivir sin él
• Porque no hay mayor infierno que ser esclavo de la ansiedad
• Para que el silencio se convierta en una sola voz
• Para retomar las calles
• Para poder caminar por ellas
• Para recuperar un país perdido
• Para recuperar un país extraviado
• Porque la indignación debe ser contagiosa
• Porque ningún mexicano debe decir: “¿Y yo por qué debo marchar?”
• Porque como sentencia Javier Sicilia: “¡Estamos hasta la madre!” l
Hacia una Nueva República
John M. Ackerman
La marcha de este domingo debe ir más allá de un mero desahogo social o un simple listado de buenos propósitos. Habría que encauzar nuestro descontento hacia la construcción de un gran frente social para la creación de una Nueva República. Los conductores de nuestra fallida transición olvidaron hacer cuentas con el pasado antidemocrático, acabar con la impunidad y corregir los enormes desequilibrios de poder que tanto daño le hacen al país. Los rotundos fracasos del gobierno de Felipe Calderón para garantizar la seguridad pública, y tragedias como las de la Guardería ABC, Pasta de Conchos y Sabinas, son apenas síntomas fatídicos de una problemática mucho más profunda.
Nadie pide que no se persiga o no se aplique la ley a los delincuentes. Los que marchamos hoy exigimos que se atiendan las raíces en lugar de los síntomas de esta tragedia nacional. Habría que empezar, por ejemplo, con una reorientación de la estrategia de desarrollo económico para atender la pobreza que aqueja al país. Los cálculos más conservadores indican que hay 47 millones de pobres, de los cuales la mitad se encuentran en pobreza extrema. Asimismo, las 10 familias más privilegiadas del país controlan más de 10% del Producto Interno Bruto, y los ingresos del 10% más rico de la población son 25 veces más grandes que los del 10% más pobre.
Los gobiernos de la “transición” han agravado esta desigualdad al someter los poderes formales a los poderes “fácticos”. Esta creciente subordinación de las instituciones democráticas es la fuente principal de la situación actual, ya que asegura un régimen generalizado de impunidad y debilidad gubernamental. Un Estado incapaz de regular y controlar a Carlos Slim, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas, Emilio Azcárraga Jean o Minera México jamás podrá derrotar al Chapo Guzmán o a Heriberto Lazcano. En los últimos años, todos estos nuevos caciques de la “modernidad” han logrado doblar a las instituciones públicas.
Hace falta confrontar de manera directa el problema central de nuestros tiempos: la absurda concentración del poder económico, social y político en unas cuantas manos. Lamentablemente, la historia ha demostrado que las elecciones son muy poco eficaces para lograr cambios sociales profundos. Desde 1934 hasta la fecha, todos y cada uno de los presidentes de la República han llegado a su cargo por medio de elecciones populares. Hasta Porfirio Díaz se vio en la necesidad de someterse a elecciones populares en seis ocasiones.
Así que tristemente la elección de 2006 no fue una excepción, sino un ejemplo más de una larga tradición de elecciones simuladas y fraudulentas que funcionan más como ejercicios simbólicos para legitimar al nuevo presidente ante la sociedad que como procesos de verdadera competencia política en un contexto de pluralidad. Hoy sigue más vigente que nunca la evaluación del sistema político mexicano como una gran simulación que don Pablo González Casanova hiciera en 1965 en su obra clásica La democracia en México, apenas tres años antes del surgimiento del gran movimiento estudiantil de 1968.
Las grandes reformas que afectan directamente los intereses de los poderes fácticos solamente se logran por medio de fuertes movilizaciones populares que impongan la agenda a los demás actores sociales. Así aconteció con la Revolución, que logró minar significativamente el poder de la jerarquía católica y de los viejos hacendados. También ocurrió con las reformas electorales de 1977, 1991, 1996 y 2007, que fueron posibles gracias a los movimientos estudiantiles y guerrilleros de los años 60 y 70, al apoyo social para Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, al levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 y a la movilización postelectoral de Andrés Manuel López Obrador en 2006.
Hoy existe la oportunidad de ir más allá de estas reformas electorales para lograr cambios en la misma estructura social del país. Por ejemplo, habría que plantear estrategias para la redistribución directa de la riqueza y el ingreso de los ciudadanos más ricos a los más pobres, la democratización de la propiedad de los medios electrónicos de comunicación, la división de corporaciones dominantes como Telcel y Cemex, la cancelación de la evasión fiscal, el establecimiento de nuevos impuestos sobre las transacciones bursátiles y el capital especulativo “golondrina” del extranjero, entre otras múltiples propuestas que han sido desarrolladas por destacados expertos en estas materias.
Reformas como estas tendrían un impacto directo en la situación de la seguridad pública porque, simultáneamente, equilibrarían el poder social y robustecerían la capacidad fiscal del Estado. Ello fortalecería la sociedad tanto para resistir el reclutamiento del crimen organizado como para participar en la construcción de un país de legalidad. También el gobierno contaría con mayores recursos para realizar una limpia profunda y una profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, así como para combatir la corrupción y el lavado de dinero.
Esperamos que este día llegue a ser recordado como aquel en que la sociedad mexicana finalmente se despertó a su misión histórica de democratizar el poder y domesticar los poderes fácticos. Hasta hoy la transición democrática ha fracasado rotundamente en atender las necesidades más básicas de la población, como la seguridad, la alimentación, la salud y el trabajo. Habría que tomar pasos definitivos hacia la construcción de un nuevo régimen de justicia social para todos y todas. l
www.johnackerman.blogspot.com
@JohnMAckerman
Anabel Hernández y Genaro García Luna
Miguel Ángel Granados Chapa
Valiente en vivo como por escrito, la periodista Anabel Hernández clamó el miércoles pasado por la seguridad necesaria para ejercer su oficio, y por la solidaridad de sus compañeros. Está amenazada de muerte. Ella, y su familia. Y dispone de información puntual de cómo el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a quien citó por su nombre, ha dispuesto eliminarla, harto de la información sobre sus nexos con la delincuencia organizada y la actividad ilícita de la plana mayor que lo acompaña desde sus días en la Policía Federal Preventiva.
La periodista hablaba en el foro Impunidad como Limitante de la Libertad de Prensa…, organizado por la representación de la ONU en México y por el Senado de la República. El espacio en que hacía la denuncia, el patio de la ya exsede de esa cámara, se hallaba muy poco poblado en ese momento. Tras el acto inaugural, se habían retirado los representantes de los organizadores. La voz de Anabel Hernández parecía no tener eco. No lo tuvo allí, ante el monumento a Belisario Domínguez, y no lo tuvo en los medios, ni ese día en los electrónicos, ni al día siguiente en los impresos. Ningún órgano de difusión, entre los muchos que signaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, recogió la denuncia de la periodista. Nadie tuvo presente que el noveno de los criterios editoriales de ese acuerdo dispone “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros o medios”. Aun los que tomaran demasiado al pie de la letra el que la solidaridad debe producirse cuando los amagos provengan de la delincuencia organizada podrían negar que el talante de García Luna para ese y otros efectos se asemeja a los de esa fuente de peligro.
Anabel Hernández hizo ya la denuncia en diciembre pasado, al presentar en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara su obra Los señores del narco. También presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que concedió crédito a sus temores y gestionó medidas cautelares. Pero la amenaza no cesa. Y ya ha tenido, aunque en forma indirecta, expresiones concretas de lo que puede ocurrirle.
El 28 de noviembre pasado este semanario presentó un adelanto de Los señores del narco. El primero de diciembre siguiente, en vísperas de la presentación del libro en la FIL tapatía, Televisa fue el canal escogido por el gobierno para castigar ese atrevimiento de la periodista, de editorial Grijalbo y de Proceso. Un delincuente convertido en testigo protegido, que sirve lo mismo para un barrido que para un fregado, apareció en la pantalla señalando al reportero Ricardo Ravelo y a la revista misma de recibir dinero del narcotráfico. Es parte de una estrategia vengativa. Se comienza por debilitar el prestigio de un medio o de una o un reportero para dar paso después a acciones directas, las que teme caigan sobre ella Anabel Hernández.
La reportera ha fijado largamente su atención en García Luna, desde que era director de la Agencia Federal de Investigación y para congraciarse con la primera dama Marta Sahagún llegaba a Los Pinos con portafolios repletos de regalos que no osan decir su nombre (Fin de fiesta en Los Pinos.) Su mirada sobre el ahora secretario de Seguridad Pública se afinó al escribir Los cómplices del presidente. La portada del libro, aparecido en 2008, los mostraba sin embozo: flanqueando a Calderón aparecen Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación a la hora de su muerte, y García Luna, cuya permanencia resulta inexplicable, salvo para quienes en esas páginas han leído las motivaciones que da la periodista a la complicidad entre el secretario y el presidente.
En sus trabajos para Reporte Índigo, la revista electrónica que dirige Ramón Alberto Garza, Anabel Hernández ha descrito el enriquecimiento de García Luna, inexplicable a la luz de sus ingresos regulares en el cuarto de siglo en que ha sido servidor público. La capacidad de ahorro de un funcionario excepcionalmente bien pagado no es suficiente para consolidar una fortuna inmobiliaria como la del antiguo director de la AFI.
Los señores del narco, como se aprecia desde la portada, está dedicado sobre todo a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, pero en el libro abundan las referencias puntuales a García Luna. Le corresponde una parte de responsabilidad en la huida del ahora primer capitán del narcotráfico en México, porque en su área cuando era alto funcionario de la PFP, con funciones de vigilancia penitenciario, estaban las cámaras que no fueron capaces de registrar los movimientos del sinaloense en su camino hacia la calle, de que goza desde hace ya más de 10 años. El director del penal de alta seguridad del que se fugó El Chapo, Leonardo Beltrán Santana, a quien se imputó responsabilidad en la escapatoria, está igualmente libre desde junio pasado, por decisión del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que depende de García Luna.
Éste “ha tratado a toda costa –escribe la periodista en Los señores del narco– de que los casos contra su grupo no trasciendan. En la SIEDO hay una pila de expedientes que duermen el sueño de los justos con imputaciones directas contra él y su equipo por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada; la PGR se ha negado a entregarlos; ni siquiera permitió que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública les echaran un vistazo. Se entiende por qué”.
También se rehúsa a informar sobre el número de averiguaciones previas abiertas contra García Luna entre 1999 y 2008. “En enero de 2009 –dice Anabel Hernández– el IFAI resolvió un recurso de inconformidad interpuesto porque la PGR se había negado a dar la información. El instituto ordenó a la procuraduría que entregara el expediente, pero hasta el cierre de la edición de este libro la procuraduría no había cumplido con la orden”.
La tenacidad inteligente de la periodista incomoda y, más aún, irrita al secretario García Luna. Frente a sus amenazas, ella requiere solidaridad del gremio y seguridad para el ejercicio de su oficio. En el antiguo Senado reprochó a las agrupaciones de periodistas, y a todos quienes a ese oficio se dedican, el limitarse a contar periodistas muertos. Es preciso evitar que mueran. Tiene razón Anabel Hernández, quien debe saber que no está sola. l
Libertad de expresión, nueva reforma
ernesto villanueva
La intolerancia al libre ejercicio de las ideas y al flujo informativo ha sido frecuente en el país durante mucho tiempo. Todavía ahora en el siglo XXI el debate entre liberales y conservadores sigue vivo. Más allá de toda retórica garantista, lo cierto es que el diseño institucional que establece los alcances y los límites de la libertad de expresión revela la mayor o menor voluntad política para proteger o desproteger este derecho fundamental. La Ciudad de México es –sin duda alguna– el ejemplo regulatorio más afortunado del hemisferio. Lo ha sido desde 2006, cuando el entonces diputado Carlos Reyes Gámiz, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), presentó un conjunto de iniciativas que fueron aprobadas por unanimidad a efecto de despenalizar los delitos contra el honor, de expedir una ley especial en la materia y de crear una innovadora ley del secreto profesional del periodista. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa está a punto de aprobarse una reforma de segunda generación de la ya de por sí vanguardista normativa del Distrito Federal. Veamos.
Primero. Mientras en Puebla el gobernador Rafael Moreno Valle impulsó en las pasadas semanas una reforma regresiva para inhibir civilmente la libertad de expresión, en el Distrito Federal se integró una comisión especial compuesta por legisladores, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Procuraduría de Justicia del DF a instancias de la diputada Aleida Alavez Ruiz. El propósito fue que se pudiera lograr un diseño legal que al mismo tiempo fuera válido y eficaz, aplicable. El resultado de los trabajos de esta comisión no sólo fue expedito, sino que arrojó productos puntuales que serán aprobados en los próximos días por la ALDF. En efecto, en el ámbito de la protección física de quienes ejercen la libertad de expresión se formulan reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales del DF.
De esta suerte, el artículo 82 Bis del Código Penal dispondría que: “Cuando se cometa un delito en agravio de un periodista o colaborador periodístico con motivo o derivado de su ejercicio profesional, la pena se agravará en una tercera parte de la que corresponda por el delito del que se trate”. Asimismo, en el Código de Procedimientos Penales se incluiría una adición al artículo 9 Bis, en cuya fracción XII se establecería en su segundo párrafo que: “Desde el inicio de la Averiguación el Ministerio Público tendrá la obligación de: …Tratándose de delitos en agravio de periodistas o colaboradores periodísticos con motivo o derivado de su ejercicio profesional, el Ministerio Público agotará una línea de investigación por el agravio a dicha actividad periodística y las que resulten”. Este último punto es muy importante, en la medida en que hoy en día la regla es justamente al contrario; es decir, se presume que un delito cometido en agravio de un periodista no está relacionado con el ejercicio de las libertades informativas, salvo que así se demuestre.
Segundo. Como es sabido, en el Distrito Federal las demandas civiles por daño moral se han visto incrementadas en los últimos años. Evidentemente toda persona que se sienta agraviada tiene el legítimo derecho de acudir a los tribunales con el fin de buscar que se le repare el derecho lesionado por un eventual uso indebido de la libertad de expresión. El problema aquí reside en que buena parte de los jueces adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal no conocen que el daño moral en relación con el ejercicio de la libertad de expresión debe juzgarse de acuerdo a la ley especial que existe en la capital del país.
Hay confusión entre el daño moral que resulta del ejercicio abusivo de las libertades informativas y el daño derivado de lo que se conoce como responsabilidad objetiva. Esto fue lo que pasó en Puebla al integrar los dos tipos de daños en perjuicio de los informadores y opinadores. Por esta razón, resulta pertinente la precisión que introduce la iniciativa en el sentido de adicionar un último párrafo al artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal que a la letra diría: “Tratándose de daño al patrimonio moral derivado del ejercicio de la libertad de expresión, se tramitará conforme a lo señalado en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal”.
Tercero. Lo plausible de la iniciativa tiene, sin embargo, un elemento que debería ser revisado con cuidado. Es el relativo a las reformas a la Ley del Secreto Profesional del Periodista en el Distrito Federal. Las reformas sobre el significado del vocablo periodista y de los conceptos de libertad de expresión e información no afectan; antes bien, ensanchan las libertades. No es el caso, empero, de lo sugerido para la última parte del artículo 4 de la Ley del Secreto, que dispondría: “El secreto profesional establecido en la presente ley regirá, salvo lo dispuesto en otras leyes específicas aplicables en la materia”. Este enunciado normativo lo que hace es abrir la puerta para oponer excepciones al infinito a la protección del bien jurídico protegido, el cual es la protección de las fuentes informativas, siempre y cuando, por supuesto, estén debidamente sustentadas. En la tipología legal de la protección del secreto profesional del periodista, el DF está colocado en uno de los más altos estándares internacionales. Los legisladores deberían reformular ese desafortunado párrafo para evitar cualquier tipo de regresión. l
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