Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 22 de mayo de 2011
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Reforma política: entre mezquinos y preocupados
Frente a la posibilidad de aprobar la reforma política los legisladores deben escoger en qué bando se colocan
Colaborador Invitado
(22 mayo 2011).- Andrés Lajous
Integrante de la Asamblea Nacional Ciudadana (Anca).
En la discusión actual de reforma política no es sorprendente ver distintos intereses en disputa. Lo que sí es un poco más sorprendente es ver a un partido como el PRI dividido entre quienes desde el Senado promueven un cambio en el sistema de partidos, y quienes desde Cámara de Diputados o los gobiernos estatales pretenden cerrar siquiera la posibilidad de discutir el contenido de la minuta.
Un análisis de las propuestas permite, por lo menos, tener una hipótesis sobre estos intereses encontrados. La hipótesis es la siguiente: las y los legisladores que asumen que tienen como ventaja comparativa su carrera legislativa apoyan estas reformas, las y los legisladores que asumen que tienen como ventaja comparativa su relación con quienes hoy son "presidentes potenciales" se oponen.
¿Cómo explican estas propuestas su apoyo o rechazo por distintos legisladores? En términos de la distribución de poder, las carreras políticas, y las formas de representación de la sociedad, el paquete de propuestas enviada por el Senado a la Cámara de Diputados contiene dos iniciativas clave: 1) la posibilidad de reelección para legisladores y la no-prohibición de reelección de alcaldes, 2) la posibilidad de la participación en las boletas electorales de candidatos independientes.
Como han documentado respectivamente los académicos Benito Nacif y Jeffrey Weldon, los gobiernos posrevolucionarios usaron dos instrumentos en la legislación electoral para centralizar el poder y reducir la competencia en el sistema de partidos entre los años treinta y cuarenta del siglo pasado: primero, prohibieron la reelección de legisladores y alcaldes, y después disolvieron los partidos locales y establecieron altos requisitos para lo que hoy se conoce como el "registro" de partidos. El objetivo era claro: hacer que el Poder Ejecutivo o la cúpula partidista tuviera un poder desproporcionado en las carreras políticas de sus integrantes -en detrimento del poder de los electores-.
La no reelección y la cerrazón a la creación de nuevos partidos políticos hizo que cualquiera que quisiera ser candidato a un cargo de elección popular, antes de presentarse ante el electorado, fuera aprobado por una jerarquía partidista. Por ejemplo, un diputado que fuera muy popular en su distrito, pero incómodo para la jerarquía, no podría intentar reelegirse, a menos de que el partido lo nominara para otro cargo frente a otro electorado (o un cargo en el Poder Ejecutivo). Así, su éxito no dependería de su popularidad frente a sus votantes, que cada vez eran nuevos, sino de su cercanía a la cúpula del partido. Si ese mismo diputado no aceptaba la nueva candidatura ofrecida por el partido (si es que se la ofrecían), no le quedaba de otra más que cambiar de oficio. Es decir, quienes eran incómodos para la jerarquía del partido tenían como única opción dejar de ser incómodos para esa jerarquía si querían continuar su carrera política. A su vez, si eran populares con su electorado e incómodos para la cúpula partidista, no sólo no podían amenazar con intentar reelegirse, sino que en caso de pelearse con su partido no podían amenazar con ser candidatos de otros partidos sin pagar costos prohibitivamente altos para ambos, o con ser candidatos independientes.
Esta descripción histórica suena terriblemente actual. Sin embargo, pese al incremento en la pluralidad y la alternancia en el poder, estos mecanismos de control se mantienen casi intactos.
Volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué hay legisladores del mismo partido que se oponen a quitar estos mecanismos de control? Hoy hay legisladores de todos los partidos que están calculando que su partido puede llegar a la Presidencia. Si vemos las encuestas, no es sorprendente que en particular lo hagan los del PRI. Estos legisladores saben que bajo el esquema actual sus carreras estarán amarradas a la voluntad de quien sea el Presidente en turno, y en caso de que calculen que sus intereses -o los de sus electores- puedan ser distintos a los de ese "presidente potencial", tendrán que cambiar de oficio. De la misma manera, el cálculo de quienes se sienten cercanos a cualquier "presidente potencial" es al revés. Si van a ser parte del Poder Ejecutivo, o de los legisladores cercanos al Ejecutivo, prefieren que el resto de sus compañeros queden amarrados, frente al riesgo de que se indisciplinen y sean más costosas las negociaciones legislativas para el Ejecutivo.
¿La diversidad de intereses nos debe sorprender? No lo creo. Sin embargo, no por ello no se puede emitir un juicio. Quienes hoy están defendiendo los intereses más "ejecutivos" lo están haciendo a costa de ampliar la posibilidad de que haya más competencia y mejor representación en el sistema de partidos. Quienes hoy defienden intereses más "legislativos", por mero azar se han alineado con los de millones de personas que sienten cada vez más lejana la relación entre representantes y representados. Es por esta divergencia de intereses que los primeros suenan cada vez más mezquinos, mientras que los segundos, al menos, suenan preocupados.
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Calidad educativa: dimes y diretes
Debate ¿Revolución educativa?. La SEP defiende los avances de 10 años en educación, el especialista responde, uno a uno, los argumentos del secretario Alonso Lujambio
Eduardo Andere M.
(22 mayo 2011).- El pasado 15 de mayo Reforma publicó en primera plana un reportaje firmado por Sonia del Valle y Martha Martínez con el siguiente encabezado: Tras 10 años... 0 en resultados. Al día siguiente Reforma publicó una réplica del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, que inicia así: "es falso que el país no haya registrado avances en materia educativa y que las políticas implementadas desde hace 10 años hayan fracasado. Asimismo, es inexacto decir que México registra el mismo nivel en la prueba PISA".
Considero oportuno aclarar a la opinión pública quién, en este debate, está más cercano a la verdad. Para ello, responderé cada párrafo de la misiva de Alonso Lujambio (AL).
AL: "PISA es una prueba desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se aplica cada tres años a jóvenes de 15 y 16 años, en más de 60 países del mundo".
EA: Lujambio debió decir: PISA es una prueba auspiciada por la OCDE que se aplica cada tres años a jóvenes de 15 años tres meses y 16 años dos meses, en un número de países o sistemas educativos que varía según la ronda de aplicación y que en 2009 fue de 65.
AL: "Con los resultados obtenidos en PISA 2009, hemos superado la meta que nos habíamos fijado para 2009 de 418 puntos en promedio en Lectura y Matemáticas y nos ubicamos a sólo 13 puntos de la meta que el Presidente Calderón fijó en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, para alcanzar en la prueba PISA 2012, 435 puntos en promedio para Lectura y Matemáticas".
EA: El Programa sectorial sólo habla de una meta de 435 puntos al 2012 para matemáticas (M) y comprensión lectora (L). AL dice que con los resultados de 2009 se ha superado la meta de 418. Veamos: Reforma, en el reportaje desarrollado en Enfoque, se refería al año de la década desde que inició la prueba PISA: 2000. Allí los resultados para México fueron en L 422 y en M 387. En el año 2009 los resultados fueron en L 425 (cambio no significativo) y en M 419 (cambio significativo). La comparación más correcta es la de L porque la prueba PISA si bien se aplica cada tres años en L, M y ciencias (C), cada ronda tiene una mayor concentración (más reactivos y por tanto mayor cobertura de dominio) en cada una de las tres áreas: en 2000 fue L; en
AL: "México también fue el país que más avanzó en Matemáticas, con 34 puntos de
EA: Si la comparación se hace con 2000 y no 2003, que permite el contraste de casi una década, el avance de México fue de 32 puntos (
AL: "Por otro lado, no debe soslayarse que se avanzó 25 puntos en Lectura entre 2003 y 2009, al pasar de
EA: La comparación correcta para L, dado que contamos con dos pruebas similares en extensión de dominio, es entre 2000 y 2009. Si la comparación se hubiese hecho entre 2000-2002 y 2009 Chile obtendría un avance mayor tanto en M (37) como en L (39).
AL: "En un análisis elaborado por la OCDE sobre los resultados de México en PISA, dicha Organización destaca que: los adelantos que ha logrado México desde que el presidente Calderón estableció la meta de desempeño de PISA han sido significativos. México parece estar bien encaminado para cumplir su objetivo de desempeño en el 2012... tomando como punto de partida la puntuación inicial de 392 puntos del resultado de PISA del 2003".
EA: Uno puede hacer la siguiente pregunta honesta: ¿Quién financió el análisis a que se refiere AL? Si el informe fue financiado por la autoridades mexicanas, el espaldarazo de la OCDE sugiere un manejo político. Normalmente los expertos en evaluación son muy cautos al hacer predicciones con números exactos. En las evaluaciones los países pueden tener caídas drásticas como le sucedió a Japón del 2000 al 2006.
AL: "Entre los ciclos escolares 1999-2000 y 2010-2011, la cobertura de los servicios educativos pasó, en educación media superior, del 47.5 al 66.7%; la universitaria, del 19.4 al 30.1%. Se crearon 1,684 nuevos bachilleratos, 173 nuevas instituciones de educación superior y 60 nuevos campus de instituciones ya existentes".
EA: Los datos anteriores no hablan de calidad educativa y reflejan una tendencia, no exclusiva de México, en los sistemas educativos de masificación de los servicios. Aún así, México está muy rezagado.
AL: "En ENLACE ha habido, por otro lado, avances significativos. El porcentaje de alumnos de primaria que pasaron a los niveles de 'bueno y excelente', entre 2006 y 2010, fue de:
"El 16.3% en el caso de Matemáticas; llegando al 33.9%, lo que rebasa la meta Presidencial a 2012 de 27.49%.
"El 15.6% en el caso de Español; llegando al 36.9%, lo que rebasa la meta Presidencial 2012 de 29.93%".
EA: Debido a los cambios metodológicos y de aplicación de ENLACE no todos los años son comparables. Además, el secretario no menciona el desempeño de ENLACE en secundaria porque a pesar de que parece mostrar pequeños avances, es contradictoria con lo hallado por la prueba EXCALE, diseñada por el INEE. En los resultados de EXCALE se observa un deterioro o estancamiento en el nivel de logro insuficiente de los estudiantes de tercero de secundaria entre 2005 y 2008. El INEE lo dice así: "a medida que aumenta el grado educativo el déficit a superar es mayor. Al terminar la educación secundaria, la mayoría de los alumnos no está alcanzando los propósitos educativos planteados en el currículo nacional", (INEE 2010, 96).
AL: "Algunos de los logros educativos que se han desarrollado en los últimos diez años son: en 2000 se entregaban 2.8 millones de becas; en 2010, más de 6.1 millones".
EA: Éste no es un logro educativo, en todo caso se trata de una política de gasto social.
AL: "En 2000 el sistema educativo nacional no se evaluaba; desde 2006, éste se evalúa a través de la prueba ENLACE".
EA: El sistema educativo no se evaluaba de manera sistemática. En 1995 la SEP participó en una evaluación internacional muy prestigiada conocida como TIMSS. La misma SEP decidió no publicar los resultados y ocultar una evaluación rigurosa del logro educativo.
AL: " En 2000 persistía la venta y herencia de plazas docentes; desde 2008 las plazas se asignan en un proceso abierto, transparente y meritocrático, así se han incorporado más de 80 mil docentes".
EA: Es difícil conocer con detalle el tema porque la información está muy diseminada pero todavía se venden y heredan plazas. Además, el nuevo proceso aplica sólo para algunas plazas no escalafonarias. En tres años se han asignado en promedio 26 mil 500 por año. A ese nivel, y suponiendo que se sustituyan todas las plazas y partiendo de la base de 1 millón 170 mil docentes, el proceso tardaría unos 44 años en renovar la planta docente.
AL: "En 2000 no se otorgaban estímulos a maestros; en 2010, por primera vez se distribuyeron cerca de 900 millones de pesos entre 250 mil docentes, con base en el desempeño de sus alumnos en la prueba ENLACE".
EA: Convertir a la prueba ENLACE en un instrumento de alto impacto es una política arrogante, injusta y equivocada. Arrogante, porque parte de un supuesto erróneo al considerar que el maestro es el medio más importante para el éxito o fracaso de sus estudiantes (los factores socioeconómicos de los alumnos son mucho más relevantes); injusta, porque premia a maestros que quizá no se lo merezcan y deja de premiar a muchos que sí lo merecen; equivocada, porque convierte una prueba potencialmente útil para una evaluación formativa, en un instrumento político.
AL: "En 2000 no existía un instrumento que regulara la formación de docentes; en el 2010 tenemos el Catálogo de Formación Continua, con 713 programas y 165 instituciones de educación superior".
EA: Esto tampoco es un resultado cualitativo, es simplemente, la recopilación centralista de muchos programas ya existentes en una lista.
AL: "En 2000 no existía transparencia sobre los trabajadores del sistema educativo nacional; en 2010 se publicó un padrón de maestros como un primer paso en la construcción del Registro Nacional de Maestros".
EA: El padrón, publicado a medias, es producto de la presión de la sociedad civil. Además, la transparencia no es suficiente; deben tomarse medidas que exijan rendición de cuentas.
AL: "Anteriormente, sólo en el 4 por ciento de las escuelas operaba un consejo escolar. En 2010, con los Lineamientos para la Operación de los Consejos Escolares, cerca del 80% de las escuelas públicas operan con un Consejo (156,226)".
EA: Cierto, las escuelas de todo el país han sido conminadas a establecer consejos de participación que prevé la ley desde 1993. Las escuelas lo han hecho, pero la realidad parece ser que los consejos no operan en la práctica y se integraron para cumplir una orden.
AL: "En 2007 se publicó el Programa Integral de Formación Cívica y Ética con el fin de promover y reforzar el aprendizaje de valores en la escuela".
EA: Los "programas" de formación de valores no cambian la cultura; los niños y jóvenes no forman sus hábitos por lo que leen sino por lo que ven.
AL: "Desde 2007 se han rehabilitado casi 42 mil escuelas de educación básica".
EA: La verdadera vergüenza es que muchas escuelas aún medio operan en condiciones indignas y antieducativas.
AL: "En 2007 inició el Programa Escuelas de Tiempo Completo, hoy hay 2,214 escuelas que se han incorporado al programa, beneficiando a 428,745 alumnos".
EA: Además de que los números son irrisorios para una matrícula básica de 25 millones, tener más tiempo a los niños en escuelas de baja calidad quizá les haga más daño. No son las hora-silla lo que importa, sino la calidad de la interacción y el aprendizaje por cada hora.
AL: "Hoy tenemos Estándares Nacionales de Habilidad Lectora, y Lineamientos Generales para el expendio de alimentos y bebidas en las escuelas de educación básica".
EA: Los estándares son una entre muchas otras de las políticas curriculares y pedagógicas. Es un tema moderno, pero no es la panacea; debe ir acompañado de un magisterio profesional. El tema de los Lineamientos es más de salud per se que de educación. Los hábitos no cambian por lineamientos sino por cultura en el hogar. El más beneficiado será el comercio ambulante alrededor de las escuelas.
Eduardo Andere es autor de siete libros sobre aprendizaje y educación.
La réplica
El titular de la SEP refutó lo publicado la semana pasada en Enfoque.
Legislar sin reformar
Reportaje Pluralidad sin cambio de régimen. En las últimas dos décadas, con la pluralidad política, se incrementó notablemente la actividad del Congreso, pero en paralelo se hizo más difícil llegar a acuerdos y construir mayorías para aprobar reformas trascendentes. En las 4 sesiones de la última semana del periodo ordinario se programaron 825 asuntos y sólo se abordaron 464
Karla Garduño Morán
(22 mayo 2011).- La ausencia de mecanismos para llegar a acuerdos y crear mayorías legislativas en la pluralidad, el peso de intereses políticos y económicos en el proceso legislativo, el incumplimiento de las agendas de las bancadas y la falta de mecanismos de rendición cuentas son factores que mantienen entrampado al Congreso mexicano.
Académicos y legisladores coinciden en que la principal causa de que las reformas trascendentes no se aprueben en el Poder Legislativo es la falta de un marco legal adecuado a la pluralidad actual, que sustituya al régimen que funcionaba cuando había un partido hegemónico.
El régimen presidencial está desgastado. La facilidad con la que el Presidente procesaba su agenda con un Congreso dominado por su partido político quedó atrás desde que en 1988 el PRI perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
A medida que la Cámara se volvió pluripartidista, la actividad legislativa se incrementó y la participación del Presidente se redujo. Entre 1991 y 2011 el número de iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados pasó de 313 en la LV Legislatura a 2 mil 259 en los dos años que lleva la LXI Legislatura, pero el porcentaje aportado por el Ejecutivo disminuyó del 43.1 al 1.1 por ciento.
Aunque el número de iniciativas aumentó más de 600 por ciento, no todo se discute. En la LV Legislatura (1991-1994) los diputados procesaron el 64.2 por ciento de las iniciativas presentadas, mientras que en la LX (2006-2009) sólo procesaron el 29.4 por ciento, y en lo que va de la actual legislatura (2009-2012) apenas han procesado el 8.1 por ciento, según datos del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación.
Pero no todo lo que se discute se aprueba. En el periodo 1991-1994, cuando el PRI era gobierno y tenía mayoría absoluta en la Cámara (64 por ciento), se aprobó el 96.5 de las iniciativas procesadas, mientras que en la pasada legislatura (2006-2009), con el PAN en el gobierno y como primera fuerza (41.2 por ciento de los diputados), se aprobó el 42.6 por ciento de las iniciativas procesadas.
En el Senado ocurre algo similar. En el periodo 2000-2006 se presentaron mil 188 iniciativas, de las que se procesaron 871 y sólo 216 fueron aprobadas. En lo que va del periodo 2006-2012 se han presentado ya 2 mil 431 iniciativas, se han procesado 960 y se han aprobado 248.
A pesar de esta transformación en la Cámara baja, las reglas del juego legislativo no han tenido modificaciones de fondo. La reforma más trascendente en los últimos años es el nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados que se aprobó en diciembre del 2010.
Los resultados del nuevo reglamento todavía no son tangibles. Apenas las iniciativas turnadas en el pasado periodo ordinario de sesiones -de febrero a abril- se procesan bajo las nuevas reglas que le ponen plazos a los dictámenes para que invariablemente pasen por la discusión. Sin embargo, la Cámara de Diputados difunde desde hace dos semanas un spot radiofónico en el que presume que con el nuevo marco legal se agiliza el trabajo legislativo.
Mientras tanto, las reformas consideradas fundamentales por los propios legisladores, como la laboral, la fiscal o la política, se encuentran entrampadas.
Componentes de la parálisis
La politóloga y socióloga del Centro de Investigación y Docencia Económicas, María Amparo Casar, advierte que en México hay una combinación de tres factores que favorecen la parálisis legislativa.
"Primero, un marco institucional que no propicia la construcción de acuerdos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y al interior del Congreso y que tampoco prevé mecanismos para la toma de decisiones en caso de que no se produzcan las mayorías parlamentarias requeridas para aprobar las reformas. Segundo, una Ley Orgánica que alienta la 'morosidad' legislativa a través de procedimientos largos y tortuosos y que no castiga la inacción legislativa. Tercero, la ausencia de una cultura política democrática y de colaboración", señala Casar.
José Antonio Crespo, también del CIDE, considera que la fragmentación de actores políticos y la falta de mecanismos de rendición de cuentas es otro de los elementos que entorpece la negociación y los acuerdos.
"Es una falta de mayorías derivada de un arreglo institucional inadecuado para la realidad política actual. Nuestro sistema presidencialista bicameral funcionaba muy ágilmente cuando había partido hegemónico; de hecho, era una mera formalidad democrática, pero fluía todo lo que venía del Ejecutivo. Conforme se hacen los gobiernos divididos y la alternancia y la pluralidad en el Congreso, entonces tenemos ya no sólo un actor que legisla, ni siquiera dos, sino tres: cada una de las Cámaras y el Ejecutivo, lo cual complica mucho más que se pongan de acuerdo", dice Crespo.
Entre dos mundos
El director de Posgrado de la Universidad Iberoamericana, ex priista y legislador en la LV legislatura, Agustín Basave, advierte que México gravita entre un presidencialismo similar al de Estados Unidos y un sistema de partidos como el europeo donde son más disciplinados, más ideologizados, votan por consigna y tienen dirigencias fuertes.
"En México estamos atrapados en el peor de los mundos posibles políticamente hablando y cuando tienes esta contradicción entre un régimen presidencial y un régimen pluripartidista, pasa que se empantana todo. Cuando tenemos un Presidente de un partido y la mayoría de otro, que es la regla desde 1997, el Presidente trata de hacerle como en Estados Unidos e intenta construir mayorías efímeras, que llevan a agendas legislativas incoherentes, porque pasas una con el PRD y otra con el PRI, pero no son iguales. Los intereses son muy diferentes y acabas con un galimatías", considera Basave.
En este modelo combinado donde las reformas están siendo casi imposibles, lo urgente es hacer un cambio total de régimen que se adapte a la realidad mexicana. Cambiar al parlamentarismo, sentencia Basave, sería la madre de todas las reformas.
"En este país, y esto es fundamental, ningún partido puede gobernar solo. Ante esa realidad, creemos los incentivos y las reglas para gobernar en coalición. El régimen parlamentario te obliga a coligarte cuando no tienes mayoría en el parlamento, pero te coligas con base a programas consensuados, de cara a la sociedad", apunta el académico.
Mayorías y pluralidad
Lorenzo Córdova, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que el reto no es la creación de mayorías -porque éstas podrían formarse artificialmente con instrumentos como la cláusula de gobernabilidad-, sino la generación de acuerdos respetando la pluralidad.
"No hay mayorías porque los ciudadanos con nuestro voto decidimos que no hubiera. Es una realidad derivada del intenso pluralismo de una sociedad. El problema es la generación de acuerdos, porque en toda democracia las mayorías se construyen mediante el acuerdo, no mediante la ingeniería electoral. Si nos tomamos en serio la necesidad de generar mayorías en respeto de los principios y de las normas de funcionamiento del régimen democrático, lo tenemos que hacer propiciando y generando los incentivos institucionales para inducir el consenso", dice Córdova.
La incapacidad para generar estos consensos no es el único factor que tiene entrampado el trabajo en la Cámara de Diputados, aclara el académico. La participación de actores ajenos a la discusión legislativa también se está convirtiendo en un riesgo.
Como pocas veces, considera, hay una serie de intereses políticos y privados que tienen un peso particular en esta Cámara, especialmente en el caso de los gobernadores.
El mexiquense Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ejerce una doble presión sobre la bancada priista debido a sus aspiraciones para obtener la candidatura del PRI a la Presidencia de la República. Los sindicatos también influyen en el tricolor, que paró la reforma laboral para no quedar mal con los distintos gremios.
En el Partido Verde Ecologista de México se habla de una telebancada, afín a los consorcios televisivos.
En el PRD y el PAN los distintos aspirantes a la Presidencia también dividen a las bancadas. De un lado están los perredistas cercanos a Andrés Manuel López Obrador y por el otro los llamados "Chuchos", allegados al ex dirigente del partido, Jesús Ortega. En el PAN, en la Cámara de Diputados opera una presidenciable: Josefina Vázquez Mota, mientras que en el Senado influye otro: Santiago Creel.
"Es un elemento de contaminación adicional para la discusión de los temas. Es decir, ya no se trata solamente de representación de los intereses de sus representados, sino también de la representación de intereses o 'corporados' o políticos, eventualmente de gobernadores, los que están gravitando en la discusión parlamentaria", dice el académico.
Si estos intereses avanzan en la Cámara baja y alcanzan también la Cámara alta, el riesgo es que se convierta en una Cámara similar al Senado de Estados Unidos, que representa más a los intereses corporativos y los poderes fácticos que a los ciudadanos.
"Hoy ya hay varios partidos que actúan más como franquicias o que reservan cuotas para estos grandes grupos de interés, ofrecen espacios de representación popular al mejor postor", añade Córdova.
Agendas sin cumplir
El desgaste del Congreso y su incapacidad para construir acuerdos en el Poder Legislativo fueron evidentes en los últimos días del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio.
En la última semana, del 26 al 29 de abril, se programaron 825 asuntos, aunque al final sólo se abordaron 464, un promedio de 116 diarios, cuando la media en una sesión regular es de 62 asuntos abordados.
Sólo el último día, el 29 de abril, se habían programado 205 asuntos, de los cuales se atendieron 195 en una sesión de siete horas, cuando normalmente duran entre 3.5 y 4 horas.
Pero la mayoría fueron trámites; sólo se discutió una reforma constitucional para incluir en la Carta Magna el derecho a la alimentación, dos reformas a leyes secundarias y cinco puntos de acuerdo. Lo demás fueron turnos a comisiones de iniciativas o proposiciones y dictámenes de primera lectura.
Entre los temas desechados había dictámenes urgentes que ya estaban consensuados. Fue la suerte de las reformas al Cofipe en materia de delitos electorales que aprobó la Comisión de Justicia y cuyo dictamen se presentó a primera lectura el pasado 28 de abril para hacer la declaratoria de publicidad.
Al día siguiente estaba agendada su discusión en el pleno, pero en el último momento la ex presidenta del PRI, Beatriz Paredes, pidió bajarla de la orden del día porque no se había consultado a la Comisión de Gobernación a la que ella pertenece, según cuenta uno de los integrantes de la Comisión de Justicia.
Según el nuevo reglamento, el dictamen debe presentarse a discusión al menos dos sesiones ordinarias después de que se hace la declaratoria de publicidad, por lo que todavía es posible discutirla al iniciar el siguiente periodo ordinario el 1o. de septiembre; sin embargo, el plazo para que se puedan hacer modificaciones al Cofipe antes del proceso electoral del 2012 vence la primera semana de julio.
En todo caso, y si se respeta el reglamento, el dictamen tendrá que ser discutido en el pleno. El resto de los temas pendientes a los que se habían comprometido los partidos políticos en sus agendas legislativas se quedó fuera de la orden del día porque ni siquiera se habían podido dictaminar.
En enero, antes de iniciar el periodo, el PRI y el PAN coincidieron en impulsar una reforma fiscal y una laboral, en trabajar en la minuta de la Ley de Seguridad Nacional que envió el Senado en abril del 2010, en acompañar a la Cámara alta en la reforma política y en cumplir con el nombramiento de los tres consejeros del IFE que suplirán a los que dejaron el cargo en octubre.
Las reformas fiscal y laboral fueron sepultadas antes de terminar el periodo, pero el resto de los temas se esperaba que fueran subsanados en los últimas días de sesión.
En todos los casos se ha señalado al PRI como el responsable de frenarlos. La reforma laboral la detuvo porque no contaban con el apoyo de los sindicatos (Enfoque, 1o. de mayo 2011); la Ley de Seguridad Nacional no se dictaminó porque al interior del tricolor no hubo acuerdos; la reforma política no quisieron aprobarla en 72 horas porque no se incluían las propuestas del gobernador del Estado de México, y en el nombramiento de los consejeros del IFE no se pudo llegar a acuerdos porque el PRI alega su derecho a imponer dos de los tres nombramientos.
Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación, afirma que la propuesta de dictamen de la Ley de Seguridad Nacional estaba lista desde abril del 2010, previo a su aprobación en el Senado, pero el PRI decidió frenar la minuta y para eso la turnó a cinco comisiones, donde el dictamen sería más difícil de negociar. En un año, las comisiones, tres de las cuales están presididas por priistas y dos por panistas, no pudieron reunirse para dictaminar.
Lo que avanzó fue un documento de trabajo que elaboraron los priistas en colaboración con las Fuerzas Armadas que, según varios legisladores, se pretendía dictaminar sólo a través de la Comisión de Defensa Nacional. Sin embargo, ante la negativa de Corral a declinar el turno de la minuta, se frenó la propuesta priista que había sido rechazada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
"Ahora el PRI tiene mayoría absoluta por sí mismo en la Cámara de Diputados y tiene mayoría en las mesas directivas, y ésta es la Cámara del gran atorón histórico, nunca había visto a la par del deterioro político en el debate la prepotencia con la que ha actuado el PRI en materia del dictamen legislativo. No se aprueba nada, ni las iniciativas que presentan los del PRI las aprueban porque las presentan sólo para quedar bien en términos de opinión pública pero en realidad no quieren legislar. Entonces, ¿para qué quieren mayoría?, si la tienen y no sale nada", cuestiona el panista.
Pero en el PRI se niegan a hablar de reformas frenadas. David Penchyna, uno de los principales operadores del tricolor en la Cámara y vocero del CEN, dice que si no se ha dictaminado la Ley de Seguridad Nacional es porque la Comisión de Gobernación no se ha puesto a trabajar en ello.
En el caso de la reforma política, aprobada por el Senado el 27 de abril y retenida en la Cámara de Diputados para su revisión, Penchyna defiende el derecho a corregir la minuta impulsada por los senadores de su partido.
"La función bicameral de una Cámara de origen y una Cámara revisora para eso está hecha, si no nos gusta ese sistema, entonces debatamos si queremos cambiar el sistema bicameral de este país, pero no acepto que haya una reforma trabada por el PRI", dice Penchyna.
El legislador defiende la inclusión de la cláusula de gobernabilidad propuesta por el PRI en marzo del 2010, pero esa iniciativa tampoco se ha dictaminado en las comisiones de Puntos Constitucionales y Distrito Federal, a las que se turnó.
En esta disputa, el PRD -que tiene el 16 por ciento de representación- pretende jugar el rol de conciliador. Desde que terminó el periodo ordinario de sesiones, el dirigente del partido, Jesús Zambrano, y los coordinadores del Senado, Carlos Navarrete, y de la Cámara de Diputados, Armando Ríos Piter, han apelado públicamente al PRI y al PAN para agendar un periodo extraordinario.
Pero para que exista un extraordinario deben existir dictámenes para trabajar. Lo que Ríos Piter propone es que se agilicen los dictámenes en las comisiones en materia electoral y se propongan aprobarlo antes de que termine el plazo constitucional para ese tipo de reformas, en un periodo donde podrían discutirse también la reforma política, el nombramiento de los consejeros del IFE y la Ley de Seguridad Nacional.
"Si eso se traba y exhibe una falta de voluntad política, porque exista un grupo parlamentario que decididamente está bloqueando, quedará muy claro quién está tratando de hacerlo y deberemos hacer que pague el costo político y ciudadano de estar impidiendo que se avance en esos temas", dice Ríos Piter.
De la mayoría tricolor al Congreso dividido
Desde que en 1997 el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, aumentaron las iniciativas presentadas y se redujo considerablemente el número de proyectos legislativos dictaminados.
| | LV Legislatura 91-94 | LVI Legislatura 94-97 | LVII Legislatura 97-00 | LVIII Legislatura 00-03 | LIX Legislatura 03-06 | LX Legislatura 06-09 | LXI Legislatura 09-12 (Hasta abril 2011) |
| Iniciativas presentadas | 313 | | 641 | | 2,939 | | 2,259 |
| Procesadas | 201 | | 193 | | 1,256 | | 183 |
| Aprobadas | 194 | | 151 | | 416 | | 84 |
| Rechazadas | 7 | | 42 | | 840 | | 99 |
| Presentadas por el Ejecutivo: | 135 | 91 | 36 | 63 | 49 | 42 | 25 |
| Del Ejecutivo procesadas: | 133 | 90 | 32 | 57 | 39 | 38 | 19 |
| Partido mayoritario: | PRI 64% (320 curules) | PRI 60% (300) | PRI 47.6% (238) | PRI 41.6% (208) | PRI 40.4% (202) | PAN 41.2% (206) | PRI 48% (240) |
Nota: Procesadas quiere decir que fueron dictaminadas y discutidas en el pleno, donde fueron aprobadas, rechazadas o devueltas.
Fuentes: Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación y el artículo "Cambio político, presidencialismo y producción legislativa en la Cámara de Diputados: 1988-1998", de María del Carmen Nava Polina, Jeffrey A. Weldon y Jorge Yáñez López (Cámara de Diputados-FLACSO-Porrúa, 2000).
Y en el Senado...
Periodo 2000-2006
| Iniciativas presentadas | 1,188 |
| Procesadas | 871 |
| No procesadas | 317 |
| Aprobadas | 216 |
| Rechazadas | 655 |
Periodo 2006-2012*
| Iniciativas presentadas | 2,431 |
| Procesadas | 960 |
| No procesadas | 1,471 |
| Aprobadas | 248 |
| Rechazadas | 712 |
*Hasta abril del 2011.
Cómo salir de la parálisis
Los constantes atorones en el Congreso evidencian que en México es preciso cambiar las reglas del juego para encontrar consensos. Los especialistas proponen varias soluciones.
Agustín Basave
· Adoptar un régimen parlamentario en donde se creen coaliciones con agendas que, de no seguirse, generan la disolución del gobierno.
· Crear una nueva Constitución que no dé cabida a tantas reformas constitucionales como las que hoy se pretenden y que complican aún más el proceso legislativo.
· Crear figuras que obliguen a la rendición de cuentas, como las candidaturas independientes, la reelección y la consulta ciudadana.
María Amparo Casar
· Transformar el equilibrio de poderes dando más facultades al Ejecutivo.
· Al mismo tiempo, ampliar la rendición de cuentas del ejercicio de esas facultades.
· Modificar tanto la estructura de gobierno de las Cámaras de diputados y senadores como el proceso de toma de decisiones al interior del Congreso.
Lorenzo Córdova
· Reformar los partidos para democratizarlos y darle más peso a la militancia que a las dirigencias.
· Generar mecanismos de rendición de cuentas política y administrativa.
· Crear mecanismos institucionales para inducir el consenso.
José Antonio Crespo
· Eliminar una de las Cámaras.
· Eliminar 100 de los 200 diputados plurinominales para que un partido mayoritario pueda alcanzar la mayoría absoluta.
· Crear incentivos para formalizar las coaliciones legislativas y de gobierno.
· Eliminar las elecciones intermedias y reducir los periodos de Presidencia y Congreso a cinco años.
· Hacer coincidir las elecciones locales y federales para dejar periodos sin un solo comicio que contamine el ambiente político.
Jaime Sánchez Susarrey
· La segunda vuelta presidencial y la concurrencia de la elección legislativa con esa segunda vuelta.
· La eliminación del tope de 8 por ciento para la sobrerrepresentación de los partidos.
· La cláusula de gobernabilidad que propone que sólo en la elección presidencial, el partido que obtenga más del 35 por ciento de la votación obtenga la mayoría absoluta en el Congreso.
· Adoptar un sistema parlamentario donde el jefe de gobierno saliera de una coalición en la Cámara de Diputados.
· Volver a la conformación que dictaba la Constitución de 1917, en donde no había legisladores de representación proporcional.
"La calidad del trabajo legislativo tenemos que seguirla mejorando; el nuevo reglamento tiene ese objetivo, pero hay que exigir que se cumpla y lograr que haya costos para los diputados por no darle calidad al trabajo legislativo".
Armando Ríos Piter
Coordinador de los diputados del PRD.
"El atorón legislativo no es un problema de pluralidad, es un problema de intereses, de una clase política chata, absolutamente rentabilizada en términos electorales que no milita en el interés público".
Javier Corral
Diputado del PAN. Presidente de la Comisión de Gobernación.
"Eso de que las reformas están frenadas es una percepción falsa. Forma parte de una estrategia de un PAN-gobierno desesperado. No están frenadas, están en proceso de consulta y trámite legislativo natural".
David Penchyna
Diputado y vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Derechos humanos: largo y sinuoso camino
Reportaje Pluralidad sin cambio de régimen. El proceso de reforma en materia de derechos humanos es un ejemplo de lo complicado que es aterrizar los consensos a los que llegan las fuerzas políticas tras años de deliberación
Ernesto Núñez
(22 mayo 2011).- Más de ocho años después de haberse planteado la posibilidad de llevar a cabo una reforma constitucional en materia de derechos humanos, el proceso legislativo para hacerla realidad está a punto de concluir.
La reforma fue recomendada desde el 2003 en un diagnóstico elaborado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. "Reformar la Constitución para incorporar el concepto de derechos humanos como eje fundamental de la misma, y reconocer a los tratados de derechos humanos una jerarquía superior a los órdenes normativos federal y locales, con el señalamiento expreso de que todos los poderes públicos se someterán a dicho orden internacional cuando éste confiera mayor protección a las personas que la Constitución o los ordenamientos derivados de ella", se sugería en dicho documento.
En 2004, PAN, PRD, PRI, PT y PVEM presentaron iniciativas en esta materia y en el 2007 el Senado incorporó el tema al procesar la Ley para la Reforma del Estado en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA).
Después de un trabajo intenso de consulta con la participación de organizaciones y defensores de derechos humanos, la ruta para aprobar la reforma inició el 23 de abril del 2009, cuando la LX Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en el que se reformaban los artículos 1, 11, 33, 89 y 102 de la Constitución.
Casi un año después y ya en la LXI Legislatura, el 8 de abril del 2010 el Senado aprobó la minuta con modificaciones (además de los artículos reformados por los diputados, se añadieron reformas a los artículos 3, 15, 18, 29, 97 y 105), por lo que fue devuelta a la Cámara de Diputados.
El 15 de diciembre del 2010 se aprobó en la Cámara baja el nuevo dictamen hecho por los senadores, con nuevos ajustes importantes: se añadió la facultad de investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se estableció la preferencia sexual como uno de los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
La reforma levantó ámpulas en un sector del PAN, que entre enero y febrero promovió un debate al interior de esta bancada (mayoritaria en el Senado). Finalmente, el 8 de marzo del 2011 el Senado aprobó el dictamen en lo general por unanimidad, y sólo hubo algunas reservas de panistas en el artículo 1, en el que se establece que queda prohibida toda discriminación motivada por las preferencias sexuales.
Para evitar un tropiezo legal por la cantidad de veces en que esta reforma fue revisada por la Cámara de origen, el Senado añadió un acuerdo para que, en caso de que los diputados no aceptaran un par de cambios hechos a su minuta, se turnara a los Congresos de los estados el contenido avalado por ambas Cámaras.
El 17 de marzo del 2011 la reforma fue aprobada en definitiva por los diputados.
Por trámite parlamentario, el Senado la recibió nuevamente y la remitió a las legislaturas locales el 23 de marzo, pues al tratarse de una reforma constitucional requiere el aval de al menos 16 congresos estatales.
Últimas resistencias
A pesar de las múltiples revisiones en ambas Cámaras, en abril y mayo se abrió un nuevo debate en torno a la reforma en materia de derechos humanos, sobre todo por el alcance de los tratados internacionales en procesos penales locales y por la inclusión de las preferencias sexuales como motivo de no discriminación.
Organizaciones defensoras de derechos humanos llegaron a denunciar una intentona para frenar la reforma en las legislaturas de los estados.
En el manifiesto de la marcha del 8 de mayo -convocada por Javier Sicilia y diversas organizaciones- se incluyó un exhorto para que los Congresos locales no dilataran la aprobación de la reforma.
Este exhorto fue replicado por defensores de derechos humanos en un desplegado publicado el 11 de mayo, donde reconocían a las 11 legislaturas que ya la habían avalado y pedían a los demás Congresos valorar su trascendencia.
En contraste, organizaciones ultraconservadoras firmaron desplegados y se movilizaron (principalmente en Jalisco y Guanajuato) en contra de la reforma.
Finalmente, el pasado 18 de mayo se completaron los 16 Congresos estatales requeridos para la aprobación definitiva.
Miguel Moguel, coordinador del área de Derechos Humanos de Fundar (centro de Análisis e Investigación AC), se congratula por la reforma, pero considera que ésta llega tarde, pues los debates en torno a su viabilidad iniciaron hace muchos años y fueron demasiado largos.
"Siempre llegamos tarde a estas discusiones que son fundamentales, sobre andamiajes democráticos; nos tomó mucho trabajo y mucho tiempo discutir la conveniencia de la reforma. Los procesos legislativos eso toman, para eso sirven, para que se discuta a fondo, pero sí llegamos tarde", señala.
Recuerda que en el proceso de Reforma del Estado del 2007 un grupo de organizaciones presentaron su propuesta de reforma constitucional en la CENCA. Se trataba de un proyecto construido tras nueve meses de trabajo que, finalmente, se topó con pared.
Moguel destaca la importancia de que la sociedad se haya mantenido vigilante en todo momento para impedir que el debate se congelara en alguna de las Cámaras.
"Hoy lo importante será implementarla. Si bien la reforma abre, en términos de alcances, portales de oportunidad, todos ellos habrá que desarrollarlos e impulsarlos. Encontrar las rutas para que los jueces, por ejemplo, consideren tratados internacionales para hacer sentencias más garantistas va a llevar mucho trabajo", explica.
El PRI la impulsa
El director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, señala que el proceso legislativo está concluyendo de forma rápida en los estados, sobre todo si se compara con otras reformas constitucionales que han tardado hasta un año en ser avaladas.
Gutiérrez considera clave para esta reforma el hecho de que los senadores priistas la hayan impulsado, pues es notorio que ésta ha avanzado en los estados con Congresos de mayoría tricolor.
De los 16 Congresos donde se ha aprobado, 14 tienen mayoría priista y sólo dos panista.
"Esto lo que dice es que el impulsor de esta reforma ha sido el PRI, a través de Pedro Joaquín Coldwell, que se comprometió políticamente en la aprobación. Mientras que el PAN ha estado en contra y el PRD ha sido inconsecuente, porque lo planteó como acción en el Senado pero no lo ha impulsado en sus estados, como son Guerrero, Oaxaca y Michoacán", afirma Gutiérrez.
Otro senador que apostó por esta reforma, enfrentando incluso las críticas de los sectores más conservadores de su partido, fue el panista Santiago Creel, quien presentó una iniciativa en la materia en 2008 y, todavía la semana pasada, envió una carta al foro de Congresos estatales reunido en Veracruz para pedirles agilizar su ratificación.
Según el director de la CMDPDH, la reforma recibió un último espaldarazo durante dicho foro, realizado en Boca del Río entre el 13 y 14 de mayo.
Ahí se concluyó el debate sobre los alcances de la reforma en procesos penales locales (uno de los temas cuestionados por organizaciones y especialistas) y, se consensó un pronunciamiento en el que se respalda el contenido de la reforma.
"Manifestamos nuestra convicción de que ninguna de las expresiones contenidas en el artículo primero puede ser interpretada en el sentido de que, por el reconocimiento a las preferencias sexuales y las prohibiciones de discriminación, pueda protegerse la comisión de algún delito", señala el documento en el que integrantes de algunas legislaturas que no habían aprobado la reforma (como Veracruz, Querétaro y Guerrero) se comprometieron a hacerlo.
Concluido el periplo por los Congresos estatales, habrá que esperar la promulgación por parte del presidente Felipe Calderón y entonces sí, un proceso de más de ocho años habrá llegado a su fin.
Legislaturas priistas garantizaron la reforma
| Estado | Partido mayoritario en Congreso Local | Fecha |
| Coahuila | PRI | 12 de abril |
| Chiapas | PRI | 15 de abril |
| Colima | PRI | 15 de abril |
| Yucatán | PRI | 15 de abril |
| Chihuahua | PRI | 19 de abril |
| Campeche | PRI | 20 de abril |
| Zacatecas | PRI | 26 de abril |
| Estado de México | PRI | 28 de abril |
| Quintana Roo | PRI | 28 de abril |
| Durango | PRI | 4 de mayo |
| Sonora | PAN | 4 de mayo |
| Aguascalientes | PRI | 12 de mayo |
| Tabasco | PRI | 12 de mayo |
| Baja California Sur | PAN | 17 de mayo |
| Veracruz | PRI | 17 de mayo |
| Tamaulipas | PRI | 18 de mayo |
Martelly: entre el público y el pueblo
Análisis Haití. Asesorado por Antonio Sola, un irreverente cantante de música popular se convirtió en el nuevo presidente de Haití
Zoé Robledo
(22 mayo 2011).- "Simplemente pienso que es el deber de cada ciudadano participar en contiendas políticas y votar".
Frank Sinatra
Un cantante aprovecha su popularidad para acceder al poder. Y lo alcanza, y lo ejerce, y no le va mal. Busca más poder pero fracasa. Entonces vuelve a los escenarios, a seguir cantando. Se trata de Ramón Palito Ortega, popular cantante argentino que ocupó la gubernatura de la provincia de Tucumán en el noreste de Argentina de
Palito Ortega es uno de los referentes, quizá el más cercano y reciente, de un individuo que ha experimentado ambos fenómenos sociales: la fama que acarrea el mundo del espectáculo y el poder que otorgan los puestos de elección popular. En la nueva dinámica política, pareciera que para ganar elecciones pesa más la popularidad que la trayectoria, la presencia en medios de comunicación que la organización política, la imagen que las ideas. La celebridad allana el camino al construir conexiones emocionales con el público que, a la vez, se convierten en simpatías, adhesiones y, al parecer, en votos. Hoy somos testigos del caso más radical de la fusión de esas dos esferas: Michel Martelly, el cantante mejor conocido por sus seguidores como Sweet Micky y por sus electores como Tete Kale, tomó posesión el 14 de mayo como nuevo presidente de Haití. Alrededor de su figura se levantan tres preguntas: ¿quién es?, ¿cómo llegó al poder? y, sobre todo, ¿cómo piensa ejercerlo?
¿Quién es 'Sweet Micky'?
En 1995, cuando una revista publicó una encuesta en la que Michel Martelly aparecía como una de las personas más populares de Haití, sólo debajo del entonces presidente Jean-Bertrand Aristide, el músico hizo pública su plataforma política a una publicación mensual de Puerto Príncipe: "si soy electo presidente, cantaré desnudo arriba del Palacio Nacional". En aquellos años, Martelly residía en Miami, su grupo Sweet Micky (de donde adoptaría el sobrenombre) era un éxito rotundo con el ritmo del Compas, un estilo de música popular basado en el merengue dominicano. Entre canción y canción, Martelly interactuaba con la audiencia, con crudos comentarios sobre las mujeres y provocativos señalamientos políticos. Su apoyo a los militares que derrocaron a Aristide del poder en el golpe de Estado de 1991 y la posibilidad de que, algún día, un cantante de Compas fuera Presidente.
La periodista Elise Ackerman publicó un perfil suyo en 1997 en el Miami New Times: "la voz de Martelly es baja y relajada, como el ronroneo de un gato. Se comunica en un inglés improvisado que es enriquecido por los ritmos de sus lenguas maternas, el criollo haitiano y el francés. Cuando canta mezcla el argot de las tres lenguas, produciendo un ritmo babélico de vulgaridad".
Martelly nació en Puerto Príncipe en 1961 en el entorno de una familia de clase media haitiana. Su padre, Gerard Martelly, era supervisor de una planta petrolera. Estudió en la escuela católica Saint Louis de Gonzague y en el Centro de Estudios Secundarios. Tenía la intención de inscribirse a la Escuela de Medicina pero no logró aprobar los exámenes de ingreso, por lo que fue rechazado. Entonces se enroló en la Academia Militar Haitiana, de la que desertó para emigrar a Estados Unidos a buscar trabajo. Trabajó en una tienda de abarrotes y se matriculó en la Universidad Comunitaria Red Rocks, pero sólo cursó un semestre. Regresó a Haití durante un breve tiempo pero volvió a los Estados Unidos, se casó y tuvo un hijo. En 1987 regresó a Haití y es cuando comienza a desarrollar una carrera artística, hasta convertirse en la figura más importante de la escena musical de Haití.
Con una indudable popularidad, Sweet Micky creó la Fundación Rosa y Blanca, que realiza trabajos humanitarios a favor de los sectores más pobres y marginados de Haití. Fue nombrado por el presidente René Preval embajador haitiano de Buena Voluntad para la protección del Medio Ambiente. Y luego vino su postulación a la Presidencia en 2010.
El acceso de 'Tete Kale'
Martelly ganó por amplia ventaja en la segunda vuelta: 67.57 por ciento de los votos. Le ganó a una candidata fuerte y que es casi su antítesis: la ex primera dama Mirlande Manigat. Como lo señala el semanario The Economist, "fue una competencia de opuestos". Mirlande, de 70 años, es esposa de Leslie Manigat, el primer presidente de Haití en ser elegido por sufragio popular; tiene un doctorado en Ciencia Política por la Sorbona y es vice-rectora de la Universidad de Quisqueya. Es una mujer preparada para el poder. Con su plan reformista logró el primer lugar en la primera vuelta; pero los haitianos, entre una opción seria e institucional, casi maternal, y el arrollador carisma de Martelly, optaron por lo segundo.
Martelly como candidato supo modular el volumen de su discurso. Cambió sus estrafalarios atuendos por trajes hechos a la medida y desarrolló una campaña muy al estilo norteamericano; con un tono festivo y familiar que atrajo a la población más joven. No más Sweet Micky; el candidato fue llamado Tete Kale en referencia a su cabeza totalmente calva. Se atribuye esta metamorfosis de imagen a la consultora electoral de origen español Ostos & Sola, los mismos que asesoraron en su momento a Felipe Calderón y al partido derechista ARENA en El Salvador. Según la página de internet de dicha consultora (www.ostossola.com) Antonio Sola fue director de la campaña y Gloria Ostos estuvo encargada de la estrategia internacional. La firma consultora asegura que inició en octubre con un take over de la campaña electoral, cuando el candidato contaba con un 5 por ciento de intención de voto. Los españoles se concentraron en el extraordinario carisma de Martelly, "un hombre honesto y preparado para trabajar en la reconstrucción de Haití, sin hipotecas y con libertad para trabajar por su pueblo". El lema de la campaña fue el sobrenombre Tete Kale, "la esencia de Michel Martelly. Significa cabeza rapada, pero también estoy contigo hermano, estoy contigo en todo hasta el final".
Evidentemente, se trató de una campaña con poco discurso y mucha imagen, pocas ideas políticas y mucho marketing electoral, con gran presencia en internet, redes sociales y actos multitudinarios con mucha música. Aún así, el enorme porcentaje de la votación que obtuvo Martelly representa, nominalmente, un respaldo pequeño de la población. Y es que obtuvo el 67.57 por ciento de los votos del 25 por ciento del electorado que salió a votar en el ballotage.
Presidente Martelly
Sweet Micky, el músico, fue conocido por su estilo irreverente y provocador; por su estilo de vida hedonista, por sus letras llenas de mensajes machistas, por vestirse de mujer o dejar a la vista sus partes privadas durante sus presentaciones, por aceptar que durante un tiempo fue adicto al crack. Pero Martelly, el político, tiene otros pecados, otros fantasmas que lo acompañaron durante la campaña y seguirán con él en el ejercicio del poder: es el primer presidente democráticamente electo de Haití que no estuvo involucrado en el movimiento para derrocar al dictador Jean-Claude Baby Doc Duvalier. De hecho, se ha mencionado que estuvo relacionado con el brutal grupo paramilitar de los Tonton Macoute, que estuvieron al servicio tanto de Papa Doc como de su hijo Jean-Claude. Las excentricidades se pueden cortar de tajo, como lo ha prometido; ahora es el turno de dar señales de un compromiso sólido y verdadero con la incipiente democracia de Haití, un país cuya historia está llena de golpes de Estado, dictaduras, gobiernos interinos y líderes que prometían. Un dato ilustra a la perfección la inestabilidad política del país más pobre de América: René Preval, que entregó el poder a Martelly, es el primer Presidente en la historia de Haití en terminar su mandato.
Es difícil ubicar a Martelly en el espectro ideológico. Algunos creen que se comportará como un demagogo de derecha. La idea se fortalece cuando ha dejado ver su intención de crear un "Ejército moderno" en Haití, a 16 años del desmantelamiento de esa fuerza. Y es que desde 2004 la seguridad del país está a cargo de la Misión de la ONU para la Estabilización de Haití (Minustah), creada para restaurar el orden tras el violento derrocamiento de Aristide. Por otro lado, sus últimos discursos han estado plagados de conceptos como libertades civiles, Estado de derecho y creación de empleos con impulso a la inversión.
Lo cierto es que no se pueden hacer juicios muy apresurados sobre Martelly. Al final, su principal fuerza es su popularidad, y ésta podría transformarse en un liderazgo real para emprender tres grandes cruzadas: la recuperación tras el terremoto que azotó al país el 12 de enero de 2010 hasta dejarlo en ruinas, la lucha contra la corrupción y la instauración del Estado de derecho. Como lo plantea Mary Anastasia O'Grady, de The Washington Post, Martelly podría tener más que ofrecerle a su país de lo que parece: "René Preval (su antecesor) no tuvo el coraje o la voluntad para desafiar al gobierno tipo mafia que heredó en 1996 y otra vez en 2006. Cuando un terremoto de 7.0 azotó Haití en enero de 2010, el país se encontró sin liderazgo".
En ese sentido, una visión muy clara la tiene Jorge Argüello, embajador de la República Argentina ante las Naciones Unidas, un país con un compromiso serio con Haití. En un artículo publicado en el periódico Página 12 plantea que el tema de Haití requiere de mucho más que ladrillos: "...se trata de reconstruir, en verdad, una sociedad regida también por el Estado de derecho, que debe levantarse desde sus mismos cimientos políticos y jurídicos. Hablamos de registros civiles, de leyes comerciales, de la capacidad del Estado de cobrar impuestos, de garantías jurídicas en general. Eso puede valer para el futuro de los haitianos -la inmensa mayoría jóvenes- tanto como los ladrillos y la ayuda exterior para alimentarse, crecer sanos o educarse".
En suma, ¿hay que preocuparse porque llega al poder un hombre sin experiencia ni habilidades probadas para la gestión de gobierno? No, siempre y cuando su ejercicio de gobierno tenga muy claro que el público, convertido en electorado, son dos cosas muy distintas al pueblo. Y, en ese sentido, una trágica ironía del destino puede ser la señal para que Sweet Micky y Tete Kale queden en el pasado y surja el presidente Michel Martelly: Hoy, ya en el poder, no podrá cumplir la promesa que hizo la primera vez que expresó su intención de ser Presidente en 1995: no podrá cantar desnudo en el Palacio Nacional, el edificio se derrumbó en el terremoto de enero de 2010.
El autor es politólogo y analista político. Twitter: twitter.com/zoerobledo
La cultura política
(22 mayo 2011).- Téngalo presente
Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias. Foro organizado por la CNDH. Susana Sottoli, Nasheli Ramírez, Cecilia Landerreche, entre otros. Lunes
Conferencias
El modelo de desarrollo económico de China y sus referencias. Wu Guoping. Martes 24, 11:30 horas. Sala Ángel Bassols Batalla del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0093.
Derechos del consumidor en el mundo digital, acceso y activismo. María Elena Meneses, Mauricio Jalife y Alejandro Pisanty. Miércoles 25, 17:00 horas. Auditorio Salvador Pliego Montes de la Profeco. Vasconcelos 208. Condesa. Informes: 5625 6700 ext. 6625.
El Brasil de la era de Lula: economía y política, mitos y desafíos. Ricardo Antunes y Genoveva Roldán. Jueves 26, 11:00 horas. Sala Ángel Bassols Batalla del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Informes: 5623 0093.
Libros
Autorretratos del fotoperiodismo mexicano, 23 testimonios de Luis Carlos Gallegos. FCE. Prólogo de Carlos Monsiváis. Un recorrido por el fotoperiodismo mexicano a través de las entrevistas con fotógrafos de prensa que han colaborado en la formación de la sociedad a través de sus miradas particulares.
Caos en el capitalismo financiero global de Carlos A. Rozo. UAM/Océano. El autor analiza las causas y diferencias de los descalabros económicos de las últimas tres décadas que han trascendido las fronteras de los países.
Desde el país de nunca jamás de Alma Guillermoprieto. Debate. Selección de crónicas y reportajes publicados por la autora entre 1980 y 2008 en The Washington Post, The New Yorker y The New York Review of Books.
El piloto de Hiroshima de Günthers Anders. Paidós. Intercambio epistolar entre el autor y Claude Eatherly, militar estadounidense que lanzó la bomba sobre Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial.
Marcos de guerra. Las vidas lloradas de Judith Butler. Paidós. Ensayo crítico que muestra cómo Estados Unidos, con su maquinaria bélica, ha logrado imponer una distinción entre las vidas reconocidas o no como dignas de duelo.
Mesas redondas
Correlación y alineación de añejas y nuevas fuerzas políticas en la perspectiva del 2012. Froylán López Narváez. Lunes 23, 19:30 horas. Café de Fausto. Chilaque 27, San Diego Churubusco. Informes: 5604 5157.
Trabajo infantil en la economía informal. Mónica González Contró, Juan Martín Pérez, Eileen Matus Calleros. Martes 24, 17:00 horas. Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
El papel de la mujer en la democratización actual de México. Luis J. Molina, María Elena Álvarez, Mireille Roccatti, Ruth Zavaleta, Fernando Ojesto Martínez y Patricia Manzur. Miércoles 25, 19:00 horas. Facultad de Derecho de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5703 1455.
Presentaciones
Pasado, presente y futuro de los partidos políticos en México coordinado por Hugo Sánchez Gudiño y Gonzalo Farrera Bravo. Miguel Ángel Porrúa. Lorenzo Córdova, Francisco José Paoli, Javier Esteinou. Lunes 23, 17:00 horas. Aula Guillermo Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: 5622 7474 ext 1735.
Revistas
Este País No. 241. Radiografía del Censo 2010. Salud, migraciones, trabajo, vivienda, entre otras características de los mexicanos, son analizadas por Carlos Javier Echarri, Carlos Welti, Edmundo Berumen, Guadalupe Espinosa, José Aurelio Granados, María de la Paz López, María Elena Cordero, Patricia Fernández, Rodolfo Corona y Rosario Cárdenas.
Seminarios
Anuario mexicano de derecho internacional. Hilda Varela, Carlos Pelayo, Ibeth Huerta y Sara Maciel. Miércoles 25, 10:00 horas. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: 5622 7474 ext 1735.
El feminismo y los hombres. Daniel Cazés Menache. Inicia jueves 26, 10:00 horas. Sala 2 del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco. Informes: 5782 2573.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
PROCESO No. 1803
A Calderón lo aguardan un juicio penal y la condena política
Jorge Carrasco Araizaga
Con la Constitución en la mano, en entrevista con Proceso, el jurista Diego Valadés abre con bisturí al sistema político mexicano y pone en el banquillo al presidente Calderón y a su gobierno:
• Calderón puede y debe ser enjuiciado penalmente por violación a la Ley Electoral en 2009.
• Él y su gabinete de seguridad tienen la responsabilidad política de una guerra con resultados nefastos.
• Quiso para él todos los lauros de la victoria; tendrá todo el acíbar de la derrota.
• El Congreso debe crear una gran comisión nacional de investigación de la violencia.
• En una democracia consolidada, García Luna hace tiempo que estaría fuera del gobierno.
• Hoy, el eje del problema es que tenemos un gobierno de incompetentes.
• “No queremos ser gobernados por delincuentes ni tener expresidentes en la cárcel, pero...”
A Felipe Calderón lo aguarda un proceso judicial para cuando abandone la Presidencia de la República: a su responsabilidad política por los 40 mil muertos que son el saldo, hasta ahora, de su estrategia de “guerra contra las drogas” se agrega una sentencia firme en su contra por violar la Constitución en materia electoral.
A partir del 2 de diciembre de 2012, ya sin la inmunidad presidencial, podrá ser sometido a juicio penal debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo responsabilizó de violar ,“sin equívocos”, la Constitución política durante el proceso electoral del año pasado.
La decisión de actuar contra el ciudadano Felipe Calderón está en manos de la actual legislatura en la Cámara de Diputados, explica el constitucionalista Diego Valadés Ríos, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Añade que el gabinete de seguridad nacional y el presidente de la República tienen responsabilidad política por la violencia que padece el país “en cuanto a que su función ha sido con resultados adversos a los objetos perseguidos”.
Sin embargo, aclara, ni los secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional o de la Marina, ni el presidente podrán ser juzgados penalmente por la violencia del sexenio, “pues no se puede decir que algún delito en particular se haya cometido por orden expresa de los secretarios y menos aún del presidente. La responsabilidad es política, no penal”.
Incluso la declaratoria de guerra que Calderón le hizo al narcotráfico, comenta, fue una expresión coloquial que no tiene implicaciones jurídicas. “Pero lo que no podrá hacerse es que todo lo ocurrido quede sin investigarse y sin dictamen oficial, independientemente de que sea la verdad histórica”. Por ello, Valadés propone que desde el Congreso se cree “una gran comisión nacional de investigación de la violencia”.
Esta instancia, dice, realizaría el diagnóstico “de las formas de ejercicio de la violencia por parte de los delincuentes y de las fuerzas del Estado, para que sobre éstas no caiga la sombra de la duda de que pudieron haber delinquido. Y para que si alguien como miembro de las mismas delinquió, que no ensombrezca la imagen del Estado en general, sino que responda quien deba hacerlo por los delitos que pudiera haber cometido”.
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exdiputado federal y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Valadés señala que “la democracia a medio construir” de México impide la censura y consecuente salida de un secretario de Estado, como la del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
En el “sistema semidemocrático” que prevalece en México la responsabilidad política no se puede traducir en sanciones, dice en entrevista con Proceso, efectuada en medio de la discusión pública desatada a raíz de la demanda de que renuncie García Luna, planteada por el poeta Javier Sicilia al final de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad.
Doctor en derecho constitucional cuyas investigaciones abordan temas como el control del poder, el también exdirector del IIJ advierte sobre la falta de mecanismos para procesar ese tipo de exigencias.
“Esto denota la insuficiencia de nuestro sistema constitucional en materia de consolidación democrática, porque si bien tenemos libertades públicas, como se expresó el domingo (8 de mayo), cuando todos los ciudadanos que lo desearon pudieron participar (en la marcha) en los términos más libres posibles, no tenemos el complemento de las libertades públicas, que son las responsabilidades políticas”, apunta.
Inmunidad temporal
La Constitución establece con claridad las responsabilidades jurídicas de los servidores públicos, incluido el presidente de la República. El TEPJF refrendó este precepto el 25 de agosto pasado al emitir su fallo en el juicio promovido por el PRI en contra de Calderón por hacer propaganda ilegal en el proceso electoral de 2010.
La resolución fue adoptada por unanimidad de los siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a propuesta de su presidenta, María del Carmen Alanís, quien en 2006, debido a su cercanía con Margarita Zavala, fue una de las impulsoras de la candidatura presidencial de Calderón.
Los magistrados determinaron que el titular del Ejecutivo federal violó el artículo 41 constitucional, “que se refiere nada menos que al ejercicio de la soberanía popular”, apunta el constitucionalista, quien desde febrero de 2007 es miembro de El Colegio Nacional.
Explica que aunque el título IV de la Constitución, que alude a las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado, no establece responsabilidades específicas para el presidente, el TEPJF determinó que Calderón “sí puede ser sujeto a un procedimiento administrativo sancionador en materia electoral”, a pesar de lo establecido en el artículo 108 de la Constitución.
De acuerdo con ese precepto, durante el tiempo de su encargo el presidente de la República sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.
“Sin embargo –sentenció el tribunal– ello no descarta la posibilidad de que a la conclusión del mandato pueda ser juzgado de manera ordinaria por cualquier otro delito cometido durante el periodo de su gestión, puesto que la inmunidad de la que goza sólo se hace efectiva durante el tiempo que funge como presidente de la República.”
En su dictamen, los magistrados electorales advirtieron: “La inmunidad constitucional establecida a favor del presidente de la República no tiene alcances de eximirlo de responsabilidad por una violación a normas constitucionales y legales en materia electoral”.
Asimismo, el tribunal determinó que Calderón violó la Constitución “al difundir propaganda gubernamental” los días 15 y 30 de junio y 1 de julio, en vísperas de las elecciones del 4 de julio de 2010. Entre otras, Calderón hizo alarde de sus acciones en materia de seguridad.
Los magistrados le imputaron al mandatario “la violación directa” al segundo párrafo del apartado C, base III, del artículo 41 de la Constitución. Según esa disposición, durante el tiempo que duren las campañas electorales federales y estatales, y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, salvo que se trate de una emergencia.
Con su conducta, plantea Valadés, Calderón violó el artículo 87 constitucional “que contiene el juramento que hizo el 1 de diciembre de 2006 de hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y que termina: ‘y si así no lo hiciera, que la nación me lo demande’”.
Afina su argumentación: El artículo 51 de la Carta Magna dice que para efectos de representación de la nación está la Cámara de Diputados. Así es que en función de ambos artículos, ésta “debía presentar una denuncia a la brevedad ante la PGR en contra del ciudadano Felipe Calderón para que la averiguación proceda cuando deje de ser presidente de la República”.
Considera que esa acción debe ser emprendida de inmediato por la actual legislatura. Dejarlo para la siguiente “parecería un acto de venganza política y no debe ser entendido así, sino como observación de una obligación, la que tienen los representantes de defender los intereses de la nación”. Además, “actuarían apoyados en una resolución que tiene fuerza de ley”, como lo es la sentencia del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral.
Respecto de una eventual sanción contra Calderón, dice que le es aplicable el artículo 407, fracción III, del Código Penal Federal, que establece de
La prescripción del delito, equivalente al término medio de la pena, se empezaría a contar a partir de que haya una denuncia contra Calderón. “Por eso considero que la actual legislatura debe poner en conocimiento del Ministerio Público lo que ya resolvió el Tribunal Electoral”, indica el jurista.
Reincidencia
Una conducta similar a la de Calderón le atribuyó el propio Tribunal Electoral al expresidente Vicente Fox. En su dictamen del 8 de septiembre de 2006, en el que declaró presidente a Calderón, el TEPJF matizó su imputación al decir que si bien Fox “puso en grave riesgo la elección” al operar en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador, su interferencia no se podía medir electoralmente.
Miembro de institutos y academias de derecho en América Latina y Europa, Valadés habla de las implicaciones de la violación cometida por Calderón:
“Hubo impunidad para el presidente en 2006. En 2009, el presidente reiteró los hechos, y si de nueva cuenta hay impunidad, entonces quiere decir que muy bien podrá reiterar los hechos en 2012. Es decir, si ya violó la Constitución en 2009 y no hay nada ni nadie que se lo impida, podemos presumir y temer que puede hacer lo mismo en
Admite que una denuncia de la Cámara de Diputados generaría tensión en el país, “pero si el año que entra hubiera otra vez violación de la Constitución por parte del presidente, la tensión también sería inevitable. De manera que estamos lamentablemente condenados a vivir un periodo de tensión política mientras no resolvamos la estructura de nuestro sistema constitucional, por lo que se refiere al régimen de gobierno”.
Y añade: “No queremos ser gobernados por delincuentes y tener expresidentes en la cárcel; pero para evitarlo tenemos que mandarles a los presidentes mensajes firmes, claros, precisos y basados en derecho para que se abstengan de violar la ley y cumplan con la obligación a la que se comprometieron cuando tomaron posesión conforme al artículo 87 de la Constitución”.
–¿Es un asunto de equilibrios?
–No, es un asunto de control del poder.
Explica: “El gobierno no está controlado ni por lo que respecta a sus actos ni a sus omisiones”. Y cita el caso del obsequio de entre 13 mil y 17 mil millones de pesos –mediante deducciones impositivas– al sistema educativo privado decretado este año por Calderón, y apoyado a su vez en un decreto de 1977 del entonces presidente José López Portillo. La medida, dice Valadés, se tomó en un momento de restricciones presupuestales en que la educación pública presenta muchas carencias.
“No tenemos formas de fincar responsabilidades. Esto quiere decir que nuestros controles son los que están fallando”, en particular el del Legislativo. “No puede ser que el Congreso establezca los impuestos y que el presidente decida quiénes no los pagan”, expone.
Autor, entre otros, de textos acerca del sistema representativo, asegura que esa ausencia de controles demuestra que el Estado mexicano es “altamente deficitario”. En el caso del gobierno de Calderón, dice, este hecho se expresa en su actuación ante el problema de la inseguridad.
Valadés considera que no obstante estar apoyada en el derecho de petición establecido en el artículo 8 constitucional, la solicitud de renuncia de García Luna “carece de instrumentos constitucionales para procesarla”.
En cambio, en un sistema democrático consolidado, esa demanda tendría un gran respaldo al permitir la censura de los integrantes del gabinete, formulada fundamentalmente por los congresos o los parlamentos.
“Si ese fuera el caso, el secretario García Luna habría dejado hace tiempo de formar parte del gabinete presidencial. Pero en las democracias a medio construir, como la mexicana, en la que todavía padecemos los efectos de un presidencialismo autoritario, altamente concentrador del poder, lo que planteen la sociedad y el Congreso, así sea de manera mayoritaria, puede ser ignorado por el presidente de la República. Es un signo más de la caduquez de nuestro sistema presidencial”, lamenta.
Anacronismo
Aunque en México no se establece la diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno, “lo que no podemos entender es que la irresponsabilidad del jefe de Estado trascienda y beneficie a todos los que colaboran con él”.
Y apunta: “En México no se equivocan el presidente ni el secretario de Seguridad Pública o el de Gobernación ni ningún otro secretario de Estado, aunque todos los mexicanos estemos enterados y seamos conscientes de los múltiples errores en que incurren.
“Los fracasos de los secretarios de Estado son palmarios y los estamos pagando todos. Tenemos una pluralidad de secretarios fallidos que fracasaron hace mucho tiempo y que demuestran que el problema va más allá del narcotráfico. El eje del problema es que tenemos un gobierno de incompetentes.”
Modificado el sistema en el que el titular del Ejecutivo concentraba el poder, ahora “el presidente ocupa el vértice de poder, pero sin los instrumentos del mismo. En esas circunstancias, ni hace ni deja hacer.
“Ser jefe de Estado en México –puntualiza– es ser el protagonista de un sistema que ya falleció y del que sólo nos queda la representación fantasmagórica de una autoridad que carece de instrumentos para alcanzar resultados objetivos.”
Y si, además, “llevado por ese falso principio de autoridad de que sus decisiones son perfectas y por lo tanto irrevocables, como en el tema de la seguridad, entonces puede sostener a quien se le ocurre y antoje”, dice en relación con el apoyo de Calderón a García Luna.
En una entrevista con Julio Scherer García, publicada en el libro Historias de muerte y corrupción, escrito por el fundador de Proceso y cuyo adelanto apareció en la edición 1790 del semanario, el general retirado del Ejército Luis Garfias Magaña insistió en que Calderón debió haber procedido a la suspensión de garantías prevista en el artículo 29 constitucional para actuar contra el narcotráfico.
Valadés coincide: “Los actos de gobierno habrían sido controlados por el Congreso y la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles tendría el apoyo de todos los partidos. Se habría construido una política de Estado. Pero el presidente quiso tener todos los lauros de la victoria; pero también va a recibir todo el acíbar de la derrota”.
A la violencia exacerbada, detalla, se suma la lenidad en la PGR; es decir, el incumplimiento de su deber de investigar los delitos, sobre todo de aquellos emblemáticos, como los que se relacionan con el caso de los niños que murieron quemados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora; el de las fosas clandestinas en estados norteños, o el de la situación de los inmigrantes centroamericanos, quienes son asesinados y sometidos a toda clase de vejaciones en su paso por México hacia Estados Unidos.
“Esto habla de que el país está viviendo una dilución institucional como no conocíamos desde el siglo XIX. Y, o tenemos una respuesta rápida, constructiva, de una reforma institucional muy profunda en el tiempo más breve posible, o bien lo que estamos viviendo hoy nos lleve a situaciones peores, y muy bien podría ocurrir que en 2015 digamos: ‘qué bien estábamos en
Argentina, nuevo dominio de “El Chapo”
Jesusa Cervantes
Los principales cárteles mexicanos de la droga –el de Sinaloa, el de Tijuana y Los Zetas– lograron expandirse hasta Argentina, donde operan a sus anchas mediante complicidades sui generis. En revelaciones exclusivas a Proceso como parte de una investigación que realiza en ese país, el especialista Edgardo Buscaglia explica que esas organizaciones delictivas se han valido de las iglesias a fin de penetrar en las comunidades pobres con el propósito de obtener la aceptación que requieren para actuar con total libertad. Para ello, dichos cárteles, en especial el de Sinaloa, que lidera El Chapo Guzmán, cuentan con la complicidad de las autoridades de esa nación sudamericana que, a diferencia de las colombianas o chilenas, no hacen nada para frenar “la invasión mexicana”.
El cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín El Chapo Guzmán, amplió su campo de operaciones hacia las provincias más pobres del norte de Argentina, donde ha establecido centros de producción, acopio y distribución de drogas. Arropada por algunas iglesias de la región, esta organización ha logrado mantenerse a salvo de operativos policiacos y desde hace tres o cuatro años se ha vinculado con las comunidades locales, que le brindan la protección que requiere.
El modus operandi gracias al cual el cártel de Sinaloa ha podido desplazarse y trabajar en ese país tiene como uno de sus ejes a la Iglesia, sostiene el especialista e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México Edgardo Buscaglia.
Entrevistado desde México mientras viaja por Argentina, a donde acudió junto con su equipo de trabajo para efectuar un sondeo de campo sobre las andanzas de los cárteles mexicanos, el especialista revela a Proceso sus hallazgos y la manera en que los barones de la droga se infiltran en las comunidades más pobres de ese país, pues aclara que, además del cártel de Sinaloa, el de Tijuana y Los Zetas lograron extenderse hacia esa nación.
Y lo hacen, puntualiza Buscaglia, mediante el trabajo social que impulsan las iglesias, en especial las evangélicas.
Argentina, el segundo país más grande de Latinoamérica fue elegido por El Chapo para “diversificar sus posiciones” y “minimizar riesgos”.
Pero si bien las provincias elegidas por el narcotraficante mexicano –Chaco, Formosa, Misiones– no son las más remotas, sí son las más pobres. Se encuentran en la zona norte en regiones selváticas o boscosas con un clima tropical y templado, aunque en verano las temperaturas llegan a 50 grados centígrados. Su ubicación es estratégica, pues colindan, por un lado, con Paraguay y, por el otro, con Uruguay.
Según el equipo de Buscaglia, El Chapo instaló centros de producción de droga en esas localidades, con la complicidad de algunas iglesias.
El especialista detalla: “En los últimos años Argentina se ha transformado en un centro de producción de drogas sintéticas y esa zona (donde opera El Chapo) está compuesta por Formosa, Chaco y Misiones, que están en el norte del país.
“Ahí se ha establecido una base patrimonial y productiva del cártel de Sinaloa y del cártel de Tijuana en combinación, ¡aunque parezca mentira! Pero también hay atisbos de presencia de Los Zetas en la parte central del país, en Córdoba y Santa Fe.”
–¿Desde cuándo tiene usted conocimiento de que el cártel de Sinaloa comenzó a operar en Argentina?
–Hace tres o cuatro años. Los colombianos ya tenían participación en ese país desde los años noventa, pero los cárteles mexicanos comenzaron a expandirse visiblemente a partir de 2007 y se han ubicado en la zona norte, que son los centros productivos. Su manejo patrimonial y de inversiones está muy focalizado en Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe.
El posicionamiento
Hasta donde se sabe, el cártel del Chapo llegó a la provincia del Chaco en 2007. Su emisaria fue María Alejandra López Madrid, quien tenía como objetivo poner en funcionamiento la “Iglesia Evangélica del Nuevo Milenio”, según reveló a medios de aquel país Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina.
Al cabo de dos años no había ninguna información de lo que hizo en ese templo enclavado en una de las zonas más pobres del país. No fue sino hasta agosto de 2009 cuando se suscitó un conflicto entre los habitantes del lugar y un mexicano que aseguró ser pastor y reclamaba la iglesia. Intervinieron las autoridades y el supuesto pastor se identificó con el nombre de Jerónimo López Valdez; reiteró que iba para hacerse cargo del templo.
La policía argentina verificó los datos y comprobó que nadie con ese nombre había ingresado al país y que en México no había registrado pastor alguno con ese nombre. Lo que sí encontraron fue una fotografía con el nombre de Víctor Hugo López Valdez, una persona con antecedentes penales y que en México era buscado por narcotráfico.
El mismo Claudio Izaguirre dio a conocer que la mujer que dos años antes había fundado el templo fue detenida por las autoridades de Paraguay el 2 de mayo de 2009 “por actividades ilícitas”.
El 28 de agosto de 2009, Radio Fénix La Rioja, de la provincia La Rioja, cercana al Chaco, difundió: “El tenebroso cártel mexicano de Sinaloa pretendería instalarse en Chaco mediante la fachada de iglesias evangélicas… se estima que los individuos tratarían de enviar efedrina al exterior mediante vuelos ilegales”.
La radiodifusora reprodujo una declaración del integrante de la Asociación Antidrogas, Claudio Izaguirre: “Hay fuertes sospechas de que el norte argentino sería usado para enviar ilegalmente al exterior, por avionetas, importantes cargamentos de efedrina… pueden transportar hasta
En mayo de 2010, el periodista mexicano especializado en temas de narcotráfico José Reveles indagó el caso del Chaco y lo documentó en su libro El cártel incómodo.
El 18 de mayo de 2010, la prensa argentina divulgó la versión de que elementos de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) estarían en la localidad de Resistencia, perteneciente a la provincia del Chaco, para indagar la presencia del Chapo Guzmán y el uso de iglesias evangélicas como fachada para encubrir sus actividades.
En su libro Reveles menciona el templo evangélico que El Chapo le construyó a su madre, Consuelo Loera de Guzmán, en la comunidad de La Tuna, en Sinaloa. El templo se convirtió en poco tiempo en el centro de convenciones y ceremoniales al que acuden fieles
Si bien la presencia del cártel de Sinaloa en algunas provincias de Argentina se detectó hasta 2009, según los funcionarios antidrogas de ese país ya operaba desde 2007.
Sin embargo, de acuerdo con un reporte que la Secretaría de la Defensa Nacional entregó en octubre de
Fachadas
Para algunos especialistas la estrecha relación entre iglesias de diferentes denominaciones y grupos criminales tiene como uno de sus fines el lavado de dinero.
Marcelo E. Decoud, director regional para América Latina y el Caribe de la International Compliance Association, con sede en Londres –institución que imparte capacitación en materia de criminalidad financiera y combate el lavado de capitales–, sostiene que las organizaciones criminales utilizan iglesias con representación en varios países de Latinoamérica para el lavado de dinero.
De acuerdo con este especialista, las agrupaciones religiosas acuden a un banco para depositar fuertes sumas en efectivo que dicen haber recibido de sus fieles; luego el dinero es transferido a otro banco y finalmente a otro, fuera de su país de origen, principalmente en instituciones ubicadas en paraísos fiscales.
Aunque Buscaglia no descarta que se utilicen las estructuras religiosas para lavar dinero, considera que las organizaciones criminales las usan para granjearse el favor de la gente, y de esta manera garantizar su propia seguridad.
Explica: “La situación de penetración es con fines típicos que todo grupo criminal tiene para poder protegerse socialmente en determinadas áreas. A veces lo hacen a través de la Iglesia católica y en otras ocasiones utilizan a las asociaciones evangélicas, protestantes. En Centroamérica se valen de las bautistas y evangélicas”.
Detalla que los grupos criminales promueven su protección social mediante la construcción de iglesias y de infraestructura religiosa, y asimismo por medio del financiamiento de actos religiosos. En ese sentido, sostiene, las iglesias no buscan lavarles dinero a los grupos criminales. Protegerse socialmente y obtener legitimidad social, ese es el modus operandi de los grupos criminales.
Destaca que la delincuencia organizada “tiene que ser vista cercana a los valores religiosos de las poblaciones en donde los grupos mafiosos buscan protección… Éstos pretenden que con sus actos el pueblo les dé su beneplácito”.
El investigador enfatiza que esa relación “es un factor de penetración muy importante para que los grupos criminales cuenten con protección social. Ésta es tan importante como la protección política. No puede entender hoy cómo El Chapo se protege si no se entiende el ángulo social de esa cobertura que tiene una faceta religiosa.
“Las construcciones, las actividades que la familia realiza en los templos, ese tipo de cosas implican realmente un lavado patrimonial que no es de gran envergadura, pero que adquiere relevancia para explicar los niveles de protección social de los que gozan los cárteles en México y en otros países.”
Mediante su trabajo, el experto se ha percatado de que los cárteles establecen centros productivos en lugares donde pueden realizar sus actividades de manera abierta y notoria. “Para ello necesitan dos cosas: la protección política por parte de los gobernadores de estas provincias y la protección social, que implica que la población no los denuncie, no los expulse. ¡No todo se logra con amenazas ni con asesinatos! Por lo tanto, sí han penetrado las iglesias, no solamente las evangélicas sino también la católica en estas regiones”, puntualiza.
Diversificación
Mediante sus pesquisas Buscaglia pudo constatar cómo tres iglesias evangélicas –además de la del Nuevo Milenio– han sido penetradas patrimonialmente por el cártel de Sinaloa. Aunque revela la zona donde se ubican, solicita que no se mencione el sitio exacto donde se encuentran, por razones de seguridad.
“Son tres iglesias evangélicas… En poblaciones en donde no estaban acostumbrados a este tipo de presencia hoy se observan amplias presencias productivas y patrimoniales de cárteles mexicanos en esa región, que el gobierno argentino no está combatiendo. El gobierno está permitiendo activamente la presencia de esos grupos y eso significa que también existen indicios de penetración política.”
Agrega que el siguiente paso es la penetración patrimonial en el sector privado, sobre todo en las empresas farmacéuticas. Incluso recuerda que en Argentina ya se han presentado en fechas recientes varios homicidios de empresarios de este ramo.
–¿La razón por la que los cárteles mexicanos se están trasladando a Argentina se debe a la persecución del gobierno, a que buscan lugares más seguros o países más facilitadores?
–La expansión de los cárteles mexicanos a 52 países muestra sin lugar a dudas mayor fortaleza patrimonial. México ha sido su base de corrupción, de poderío político que les ha permitido expandirse a otros países. Ellos, cuando incrementan su riqueza tratan de diversificar sus posiciones para minimizar riesgos.
“No eligen cualquier país; por ejemplo, no se van a Chile o a Colombia a establecer sus bases productivas; acuden a lugares donde hay más impunidad, como Argentina. En este momento –explica– ese país tiene índices muy altos de impunidad en donde causas ligadas a grupos criminales prescriben, no se les tipifica como delincuencia organizada; amplios sectores políticos están siendo penetrados por grupos criminales y por eso la presencia del cártel de Sinaloa en Argentina no es casual. Ellos buscan paraísos patrimoniales, como México y Argentina.”
Buscaglia destaca el trabajo de Paraguay y de Brasil para frenar la presencia de cárteles de la droga. “Ahí no hay surgimiento como hongos de bases productivas; sí se observan en Argentina, donde la impunidad es mayor y, por lo tanto, la vinculación con iglesias responde a intereses productivos, patrimoniales y políticos de los grupos criminales”,
Buscaglia advierte a las iglesias que deben ser muy cuidadosas para no dejarse capturar mediante la treta de la obra social proveniente del narco: “Porque si bien uno argumenta que las iglesias no están activamente buscando ese canal de lavado patrimonial, también es cierto que muchos actores de las iglesias y de la Iglesia católica se hacen de la vista gorda. Fingen que no se percatan de esa búsqueda de legitimidad social por parte de las mafias mexicanas. La Iglesia tiene que ser mucho más activa en impedirlo, pero es algo que no se observa en Latinoamérica ni en México”.
Y añade: “Las iglesias son bastante cómodas y aceptadoras de la infiltración delincuencial y eso hace que desde el punto de vista pasivo también sean sujetas a acusaciones de corrupción. Aunque se trata de corrupción pasiva, es corrupción al fin”.
Juárez: Cómo se vive en la muerte...
Judith Torrea
Juárez en la sombra es el resultado de haber vivido en la ciudad más violenta del mundo los últimos 14 años y de observar y narrar sus tragedias cotidianas. Con crónicas incluidas en este volumen, la periodista-bloguera española Judith Torrea Oiz mereció los premios Ortega y Gasset de Periodismo Digital 2010 y el BOB-Reporteros Sin Fronteras 2011. Con autorización de la editorial Aguilar y de la autora publicamos un fragmento de este libro de reciente aparición.
“El Buitre”
Los 70 casquillos en la arena. Y él, acercándose con su camisa planchada, impecable, de color blanco. Los pantalones son de mezclilla. Ve dos cadáveres, la mirada de unos niños que sonríen como si fueran inmunes al dolor. Y no sabe qué le aterra más: si el presente o el futuro.
De pronto, descubre otros dos. Más uno: son cinco los nuevos. Los convertidos en muertitos. Como en una película. Real.
Se fija en los cuerpos tirados en las calles sin pavimentar de Ciudad Juárez. La puerta del Nissan 2001 está abierta, como si hubieran intentado huir y al hacerlo se abrazaron en la muerte: uno encima de otro.
Una mujer sale de la casa de enfrente con una cobija para cubrir a los jóvenes. Llegan los gritos de las madres, las novias, los novios y él preferiría huir. Le gustan más los muertos que ya no pueden susurrar ni lo que casi nunca se sabrá con precisión en Ciudad Juárez: quién los mató y por qué. Por el cerro suben riadas de personas que se distribuyen en el triángulo mortífero de las calles. Lo hacen para salir de la agonía de la duda: ver si les tocó o no a sus hijos.
Ya cayó la noche.
Del vehículo los rafaguean, es un Pontiac que surgió con un atardecer mágico de feroces rojos y que ya se ha esfumado. Primero dispararon a un chavo. Luego dieron la vuelta, comenzaron a perseguir al carro de los dos jóvenes y al de las chicas, de 15 años. A una de ellas le habían asesinado un hermano hacía unos meses.
Él se acerca con cautela, va de un escenario del crimen al otro, recorriéndolo en unos tres minutos a pie. Y se fija quién está más tranquilo de todos los familiares de las víctimas. A veces, en unos 45 minutos, las madres que han entrado en crisis comienzan a asumir lo que ha pasado. Ésta es la clave para su trabajo: saber cuál es el momento. Se acercará. Y hará lo que está haciendo ahora:
“Disculpa que me atreva a hablar contigo ahorita, pero es necesario que te explique lo que tienes que hacer: el día de mañana te tienes que presentar a Averiguaciones Previas, con dos familiares y la papelería. Es necesario que te presentes con una funeraria. Si en algo te puedo servir, aquí tienes mi tarjeta.”
Los “buitres” son personas que van en busca de cadáveres: para vender a sus familiares un servicio funerario. Lo antes posible. Y este hombre es un “buitre”. Trabajan en silencio, de incógnito hasta que sienten un tantito de confianza. Pueden ser muy mal recibidos.
En ocasiones, un mismo buitre puede trabajar para varias funerarias. Como si fuera un freelance de los entierros. Se llevará una comisión. El servicio más solicitado ahora es el más barato. Cuesta unos 4 mil 500 pesos (unos 372 dólares), de los que le tocarán al “buitre” unos 500 (41 dólares) por servicio contratado. Otros reciben el salario fijo de la funeraria, unos 2 mil 500 pesos (unos 200 dólares) a la semana.
Los mejores son los que llegan antes a la tragedia: la estudian, se acercan con discreción y consiguen que los familiares los atiendan. Cada vez hay más buitres “reciclados” de otras profesiones que se van extinguiendo al mismo tiempo que sus negocios. Entre los nuevos muerteros –porque también les llaman así–hay desempleados de las maquiladoras, de discotecas, cantinas y restaurantes que huyeron con la violencia. Pero ya pocos se atreven a lanzarse hasta las escenas del crimen. Trabajan de otras maneras: vendiendo servicios a los vivos que saben que la vida es un instante genial que puede ser arrebatado.
Este buitre es Ángel, el nombre que eligió por seguridad. Porque a ellos también los matan.
Su promesa
Un domingo de hace casi un año. Cervezas en la tarde. Entre los ataúdes. Al finalizar la jornada. El Buitre y su amigo, con sus esposas, en la funeraria donde trabajaban.
“Si algo llega a pasarme a mí, mándame en este ataúd, el más corriente, y ahí le encargo yo que me vaya y mi familia a Veracruz”, dijo El Buitre.
Y él le contestó: “No, licenciado. Si a mí me toca irme antes quiero éste (un ataúd de madera fina y con la Virgen de Guadalupe grabada) y también le encargo la familia”.
Dos semanas después el amigo estrenó su ataúd: como otro compañero de la misma compañía de servicios fúnebres pero que había sido asesinado un día antes. Eran las 3:30 de la tarde, lo mataron e incendiaron también la funeraria: con los cadáveres dentro. Sobrevivió, entre las cenizas, un letrero en una de las paredes que dice: “Un digno adiós a quien amor merece”.
La compañía fúnebre era de un padre de familia que había huido dos años antes a Estados Unidos, por la violencia. Y tenía tres sucursales. Dos fueron quemadas al segundo de acribillar a los trabajadores, y la tercera la abandonaron los empleados: al día siguiente del segundo asesinato.
El Buitre pensó en huir. Como lo hicieron algunos de sus 20 compañeros. Y miles de juarenses: en un paisaje de edificios incendiados por no pagar una cuota de extorsión y casas abandonadas.
Imaginó cómo sería regresar a su natal Veracruz, de la que emigró hace una década en busca de trabajo. No tenía dinero para irse pero podía tomar unos pesos que le habían quedado para hacer unos pagos pendientes de la funeraria. En ese instante, su esposa le recordó aquellas cervezas.
“Decidí quedarme y empezar a fregar la existencia a ella (dice riéndose, mirando a la viuda de su amigo), y ahorita sí, ha habido momentos en que yo me desespero y quisiera irme, pero me he aguantado y creo que no va a suceder, porque entre más tiempo pasa, más me encariño aquí con Juaritos”. Y mucho. Hace seis años, El Buitre partió por casi un año, con toda su familia, al histórico puerto de Veracruz: una ciudad hermosísima, en la que todavía se puede salir a las calles sin peligro de que te maten. Lo hizo por motivos personales. Cuando terminó el ciclo escolar preguntó a sus hijos si querían volver a Ciudad Juárez o se quedaban. La respuesta fue: “Vamos para Juárez”. Y él escuchó el deseo de su familia un tanto aliviado: “Te voy a decir que en Veracruz ya no me aclimaté. Dicen que si tomas agua de Juárez, acá te quedas”.
La viuda del compadre
Nunca había visto un muerto: hasta que le tocó ver a su esposo. Lo había acompañado antes a su trabajo, en la funeraria, pero lo máximo que había querido divisar eran los ataúdes. Lo suyo era la venta de perfumes en un mercado de segundas. Le gustaba transformar el universo polvoriento de su puesto con olores que soñaban a Europa. Cuando fue asesinado, se enfrentó al mundo de su marido. En su propio cadáver: la cara deformada, la sonrisa oculta, los agujeros de las balas.
Lo peor vino después. La soledad de la casa, el silencio de su hijo. Quiso caer en una depresión. La familia de El Buitre no la abandonó. Tanto así que al mes se mudaron a una casita contigua. Y contaban con ella para todo, “que si vamos por un muertito en la calle, al Semefo (Servicio Médico Forense), a visitar a la familia de un asesinado”. No querían dejarla sola y la invitaban a compartir sus actividades, que ya no eran divertidas: en los últimos tres años –desde que comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente de México, Felipe Calderón– los domingos habían pasado de ser motivo de carne asada en el parque, a convertirse en jornadas agotadoras. Había demasiada chamba, asesinatos. En una ciudad donde los únicos negocios que nacen son los de la muerte: pequeñas funerarias, arreglos florales, canciones para los difuntos.
Ahora es una viuda la que acompaña al compadre de su esposo asesinado a buscar cadáveres: como si el ser testigo directo de la muerte fuera un antídoto ante los porqués de la pérdida. “A veces, lo que una ve es más horrible que lo que tú pasaste. Lo más duro es cuando a una madre le matan a su hijo”.
Va con la esposa de El Buitre. A unos pasitos más adelante que ella. Como si fueran guardaespaldas improvisados que intentan esquivar la muerte: a la vez que la persiguen.
“Yo ando con él por lo mismo, por la situación que existe ahora, para no dejarlo solo”. Ni en los cadáveres.
“Y olvidar”. Apunta la viuda.
Buscando “muertitos”
Cada vez veo más a El Buitre. Hay días en que me lo encuentro seis veces, otros 15 o 20, incluso hasta 27. Las muertes golpean con más fuerza a la ciudad. Los muertitos son cada vez más jóvenes, adolescentes, niños. Y la brutalidad de los asesinatos aumenta: masacres, cuerpos torturados y calcinados e incluso han comenzado los coches bomba, las granadas. Y las persecuciones de los policías federales por la ciudad, mientras la gente corre del pánico y sufre crisis nerviosas. A las desapariciones y asesinatos del Ejército se han sumado los de la Policía Federal, que también son acusados de extorsionar a la población y secuestrar, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo que continúa igual es que los asesinados no portan, la mayoría de las veces, armas.
Lo que hay son más fuerzas de seguridad, son 10 mil agentes: federales y soldados enviados por el presidente de México, Felipe Calderón.
Los reporteros y los “buitres” llegamos (muchas veces) antes que ellos al lugar de los hechos. Y uno comienza a cuestionarse muchos porqués.
Nuestro trabajo cada vez es más difícil. La mayoría de las agresiones directas que recibimos son de las fuerzas de seguridad. Para no informar. También hay presiones de los cárteles de la droga que tratan de imponer su agenda informativa (incluso con periodistas corruptos) y la posibilidad de morir en una balacera, un granadazo o una bomba en la calle, como cualquier ciudadano.
El peligro ahora se ha democratizado: ya no es sólo para las jóvenes, bellas (y eso sí, pobres) que siguen desapareciendo desde hace 18 años y con comisiones ineficaces que surgen para calmar la presión internacional. Encontrarlas, prevenir y esclarecer los hechos es todavía un imposible: posible.
El riesgo está en estar vivo: más de 7 mil 500 personas (asesinadas) en cuatro años fueron testigos. La versión oficial es que el cártel de Sinaloa está disputando la codiciada plaza del paso de las drogas –que llegan desde Colombia para que en Estados Unidos las consuman (en paz) –. Y que el presidente Calderón comenzó su guerra para proteger a la ciudadanía de la violencia generada por el crimen organizado, además para exterminar uno de los mayores negocios del mundo, que ha convertido a políticos y empresarios en millonarios. Las autoridades dicen que la mayoría de los muertos están relacionados con el narcotráfico. Pero yo veo otro mundo. El Buitre también. El mundo de los que se quedan. (...)
Tragedia en cada esquina
Con El Buitre empiezo a descubrir la Ciudad Juárez que se resiste a morir. La que muere cada día, varias veces, pero resucita con los que se quedan, forjados en este desierto traicionero: de inviernos heladores y veranos que desearías huir.
Vamos por la colonia Manuel Valdez, una de las tantas zonas pobres de la ciudad: las casitas en hilera. Observamos las rejas que protegen algunas ventanas. Las calles están pavimentadas, algo no muy común en una ciudad como ésta, donde 60% son de arena, como el desierto.
–Aquí, Judith, han pasado muchas desgracias, en esta colonia, todas relacionadas con el narcomenudeo: entra un comando armado y asesinan a dos hermanas en la casa, delante de niños y la mamá de ellas. Al mes, matan al tío en la misma zona.
Manejamos unos minutos más, hasta llegar a un retén de los soldados: hay que reducir la velocidad, mejor incluso detener el vehículo, estar muy atentos porque pueden comenzar a dispararte si de pronto piensan que eres sospechoso.
–Al señor de esta esquina le matan al hijo por la cuota. Se han cerrado negocios así como no tienes idea... Me da mucha tristeza. Te voy a decir algo: Juárez me ha dado mucho, le tengo un cariño enorme pero también me ha pegado. Me ha pegado en dos personas, por decirlo así, mis compañeros de trabajo que han fallecido... y eso que hay temporadas en las que no hay chamba, en que si comiste carne en un mes, en un mes vas a comer puros frijoles... pues como quiera se pasa. Pero te digo que de tres años para acá, esto ha cambiado.
Varias personas están fuera de una casa. Mujeres y muchos niños. También algunos adolescentes. El llanto de una mujer se escucha por toda la calle. Es un llanto continuo, capaz de desgarrar las entrañas de cualquier ser humano: aunque no sepas su nombre ni nunca la hayas conocido. Ni a ella ni a su hijo, y al que está velando en el patio de la casa. Y El Buitre va a cerciorarse en qué estado se encuentra el cadáver. Muy pocos en este oficio hacen esto. Pero siente un apego especial hacia sus muertos... y con sus vivos.
Entra a la casa. Saluda y observa quién está más tranquilo de los allí presentes. Va hacia el cuñado, le recuerda que tiene que conseguir una misa a más tardar para la 1:00 de la tarde y así llegar a tiempo al cementerio. La familia es la que debe de hablar con el párroco de la iglesia porque no hacen tratos con ellos. Les recomienda que sepulten al joven al día siguiente y que no esperen una jornada más, por la salud psicológica de la madre.
El Buitre se acerca al féretro y se asegura que no haya veladoras a los lados, porque el efecto del calor derretirá aún más un cadáver que espera ser sepultado bajo los más de 40 grados centígrados que azotan hoy a Ciudad Juárez. Su dictamen es que el cuerpo está en buenas condiciones aunque fue herido en el rostro. En ese recinto, el muertero es el único que piensa que todo está en orden.
El Buitre se despide del féretro: lo que queda de un joven que se dedicaba a vender raspados: hielos de sabores con los colores de la vida.
“Ahorita, lo que muchas familias (como ésta) enfrentan es costear un servicio funerario. En éste nos damos cuenta al recibir el cuerpo que es un toro...”
El servicio costó 2 mil pesos (unos 165 dólares) más. Por obeso.
“Murió ahí donde estabas parada.”
En el terror, una brasa de esperanza
Marcela Turati
La Caravana Nacional Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad partirá el 4 de junio desde Cuernavaca –donde se gestó el movimiento encabezado por Javier Sicilia– y durante seis días cruzará varias ciudades desgarradas por las balas y la injusticia, hasta llegar a Ciudad Juárez. Ahí, ante las evidencias del fracaso gubernamental y con la participación de férreos luchadores contra la violencia, se firmará un pacto nacional para recuperar la paz, la justicia y la dignidad. Los impulsores del movimiento y las organizaciones anfitrionas están seguros de que si en Juárez se concentra el dolor, también puede engendrar la esperanza para la reconstrucción.
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Esta ciudad, considerada “el rostro más visible de la destrucción nacional” será sede de la firma del pacto nacional desde el cual se buscará refundar el país. El 4 de junio, una caravana ciudadana saldrá de Cuernavaca y durante seis días recorrerá la Ruta del Terror (Cuernavaca-DF-Toluca-Morelia-Guadalajara-León-San Luis Potosí-Zacatecas-Durango-Torreón-Saltillo-Monterrey-Torreón-Camargo-Chihuahua) hasta llegar a Juárez, donde removerá las cenizas de la destrucción para reavivar las brasas de la esperanza.
Los anfitriones del pacto ciudadano, quienes se han vuelto expertos en resistencia ciudadana y férreos opositores a los tratos con el gobierno, serán los sobrevivientes de esta frontera azotada por tres años de guerra y convertida en la capital mundial de los asesinatos, así como en laboratorio del fracasado experimento de la militarización.
“Con la autoridad no tenemos que pactar sino exigirle que dé resultados, porque Juárez es el ejemplo de su fracaso en cuestión de seguridad. Aquí ya probaron todas sus estrategias, hasta la militar; ya abrieron mesas de diálogo, ya hicieron el (programa) Todos Somos Juárez para la supuesta recuperación del tejido social, y no funcionaron. No hay manera de que nos sentemos de nuevo con el gobierno, porque no va a funcionar. Tenemos que exigirle que cumpla y que escuche nuestra exigencia”, explica la doctora Leticia Chavarría, del Comité Médico Ciudadano.
Ella forma parte del conjunto de líderes que surgieron de la tragedia, que se han reconocido en otros y se han esforzado por articular sus coincidencias para contener la hemorragia social. En esta ciudad fronteriza no es raro ver en una misma mesa, esbozando planes de reconstrucción, a jóvenes radicales de ultraizquierda al lado de empresarios conservadores, igual que a médicos, campesinos, defensores de los derechos humanos, monjas, feministas, universitarios, cirqueros, colectivos de artistas y familiares de víctimas.
Ellos, que trabajan a contracorriente para evitar la destrucción social, fijaron las condiciones del pacto, establecieron un consenso de rechazo absoluto al diálogo con el gobierno y coincidieron en la exigencia de poner fin a la militarización y de renovar el sistema de procuración de justicia para esclarecer los crímenes hasta ahora cometidos.
La postura juarense del nada-nunca con el gobierno provocó tensión en el equipo organizador de la marcha ciudadana que el 8 de mayo llegó al Zócalo capitalino y que ahora prepara la ruta de la caravana y la firma del pacto. Se llegó a considerar que, si los juarenses no admitían a funcionarios, el pacto podría suscribirse en otra ciudad. Al final prevaleció la visión norteña.
“La propuesta de Juárez es vigilar a las autoridades para que hagan su trabajo, pero no pactar con ellas, porque no sirve. Pedimos también la desmilitarización, no queremos decir que se vayan inmediatamente de todo el país, pero vemos que hay un proyecto implícito de militarizar paulatinamente con la Ley de Seguridad Nacional, como ya ocurrió en Juárez y que no dio resultados”, expuso a Proceso el sacerdote Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
Esta crítica es respaldada por integrantes del Comité Médico Ciudadano, el movimiento Pacto por la Cultura, la Red Mesa de Mujeres, los centros de derechos humanos Cosyddhac, del Migrante y Paso del Norte, Pastoral Obrera, el Frente Plural Ciudadano, el Frente Democrático Campesino y El Barzón, entre otros.
La Caravana Nacional Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad, como se le nombró, saldrá el 4 de junio de Cuernavaca –donde nació el movimiento encabezado por Javier Sicilia– y durante seis días recorrerá la geografía nacional de la destrucción hasta llegar a Juárez.
En un segundo momento, en Morelos, políticos de todos los niveles de gobierno y de los distintos poderes serán convocados para plantearles las exigencias ciudadanas y las fechas fijadas para dar resultados. De lo contrario, los gobernantes se atendrán a las acciones pacíficas de resistencia civil, una fórmula bien conocida en esta frontera, donde en 1986 los ciudadanos protestaron contra el fraude electoral.
Como lo expresó el abogado y activista Jaime García Chávez en una columna en el portal Ahoramismo: “Que se firme en Ciudad Juárez, a la hora del centenario de la histórica batalla que anunció el derrumbe de la dictadura porfirista, tiene una pertinencia emblemática indudable”. Otros, como Willibaldo Delgadillo y Zulma Méndez, de Pacto por la Cultura, consideran que es un reconocimiento a la resistencia juarense, por mantenerse de pie a pesar de ser la más azotada por la narcoguerra.
Laboratorio del fracaso
Ciudad Juárez ha sido el laboratorio de la estrategia de seguridad durante el sexenio calderonista. Los datos oficiales señalan que, a tres años de que la militarización se convirtiera en el principal instrumento contra el crimen organizado, 250 mil personas huyeron de aquí, unas 7 mil personas fueron asesinadas y 10 mil niños quedaron huérfanos. Tan sólo el año pasado, 3 mil 111 personas tuvieron una muerte violenta: más asesinados que en Afganistán en ese lapso. El número de desaparecidos se desconoce.
En 2009, 10 mil militares y policías federales patrullaban las calles, pero no pudieron contener la violencia y sólo consiguieron que se dispararan las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Aunque la Policía Municipal fue depurada y los nuevos elementos recibieron instrucción militar, las muertes siguen aumentando y las matanzas son cotidianas.
El paisaje actual de esta ciudad-emblema del fracaso, donde se planea firmar el pacto, es de 100 mil casas abandonadas, una epidemia de calles cortadas porque los vecinos instalaron rejas de acceso, tiendas de barrio vacías o resguardadas con rejas, puestos vacantes de maestros y médicos que no pueden ser suplidos por la inseguridad, retenes militarizados en cualquier avenida, además del desempleo. La inseguridad va a la alza en sus modalidades de asesinato, secuestro, extorsión y los fenómenos llamados carjacking o housejacking (despojo violento de auto o de casa).
En febrero del año pasado, a raíz de la masacre de 15 estudiantes del fraccionamiento Villas de Salvárcar, el gobierno federal anunció su plan Todos Somos Juárez para la reconstrucción social de la ciudad, pero tampoco frenó la violencia. Dos meses después los militares fueron sustituidos por policías federales y desde 2011 el militar Julián Leyzaola fue designado jefe de la policía. Nada parece dar resultados.
El escritor Javier Sicilia, quien encabezó un movimiento nacional a raíz del asesinato en marzo pasado de su hijo Juan Francisco, dijo a El Diario que eligió a Juárez como lugar para la firma del pacto nacional porque considera a esta ciudad “el emblema del desgarramiento nacional, donde se encuentra la mayoría de los muertos: Ciudad Juárez es un lugar donde el tejido social está absolutamente raído y dominado por el crimen; es un gran símbolo. También es la imagen de lo que se puede volver todo el país”.
Al escuchar el grito de “estamos hasta la madre” y la propuesta de movilización lanzados por Sicilia a raíz del asesinato de su hijo Juan y otras seis personas más, los activistas sociales chihuahuenses –que por la emergencia se volcaron a la defensa de los derechos humanos y familias de víctimas de feminicidio, matanzas o asesinatos emblemáticos, como los de LeBaron y los Reyes Salazar– se sumaron a la marcha que el 7 de mayo llegó al Zócalo de la Ciudad de México.
Bajo las cenizas
Desde 2009, las matanzas cotidianas impulsaron a muchos juarenses a organizarse, y la mayoría de los grupos ya existentes tuvieron que cambiar su rumbo para atender a los sobrevivientes de la guerra.
“En Juárez hay mucho dolor, pero también mucho aprendizaje. Nos hemos reconstruido, hemos aprendido a sobrevivir, a construir redes, a tejer esperanza. Y aunque es muchísimo el trabajo y aunque la capacidad del centro está rebasada, seguimos luchando para que las cosas mejoren”, dice una religiosa del equipo del padre Enríquez en Paso del Norte.
El fraccionamiento Villas de Salvárcar se asocia con la palabra masacre desde el asesinato de 15 estudiantes el 31 de enero de 2009. Actualmente, la colonia luce canchas deportivas construidas por el gobierno federal, además de un parque que pretendía honrar a los jóvenes asesinados, pero no lo logra porque ya desaparecieron la mayoría de las placas con sus nombres, realizadas en plástico corriente y sobrepuestas al cemento con pegamento.
“El parque se hizo mal adrede para desmoralizar a los papás. A lo que construyeron le pusieron cerco de alambre, el pasto es sintético y puesto al aventón, la pasta de cemento está mal enjarrada, pusieron placas de plástico que, según se dice, los mismos papás las arrancaron, encabronados, y se las llevaron a casa”, explica el vecino y promotor comunitario Julián Contreras.
A una cuadra del parque vandalizado está una casa decorada con dibujos: era una construcción abandonada que los vecinos recuperaron para fundar una biblioteca donde los niños, en vez de estar encerrados en sus casas por la violencia, puedan hacer tareas, aprendan a usar el internet y a leer. Pero este espacio ha tenido otros usos: se convirtió en punto de reunión y articulador de vecinos.
“El gobierno prometió muchas cosas, y como el gobierno no cumplió todo, la gente se enojó y dijo ‘vamos a hacerlo todo nosotros’. Querían hacer una cancha de voli, luego unos se emocionaron y hablaron de que harían un comedor popular, pero luego tomaron la casa que estaba abandonada para la biblioteca. Los estantes los donó una señora que tenía una librería que fracasó por la inseguridad, la pintura la dio el dueño de una ferretería que cerró y otros vecinos pidieron que les permitieran sacar madera de las maquiladoras en las que trabajan, y la gente llevó libros”, explica Contreras, miembro del Frente Plural Ciudadano.
En dos ocasiones él viajó con una veintena de vecinos a Cuernavaca para sumarse al encuentro de jóvenes y a la marcha, donde relataron a sus pares de todo el país su experiencia de tres años de guerra, militarización y organización comunitaria.
Ruta de esperanza
La violencia hizo surgir movimientos gremiales. Los médicos crearon un comité para exigir el cese de los secuestros y los asesinatos de sus colegas. Los estudiantes organizan caminatas para protestar por la matanza de jóvenes y maestros. Los fines de semana, colectivos de artistas recorren colonias impactadas por la sangre, donde leen poemas, bailan breakdance, presentan obras de teatro, pintan esténciles pacifistas en las paredes en un intento de animar a la gente a salir de sus casas para recuperar los espacios públicos.
Decenas de amas de casa han estudiado tanatología e imparten talleres de duelo en iglesias, o se capacitan como psicoterapeutas y recorren las colonias donde la violencia se ha ensañado. Un grupo de mujeres profesionistas, apodadas Las Guerreras, sale los domingos en motocicleta a donar alimentos y medicinas.
La muerte indiscriminada modificó la agenda de todas las organizaciones y las unió. Tal es el caso del trabajo colectivo que realizan los centros de derechos humanos Cosyddhac, Cedhem, Paso del Norte y Justicia para Nuestras Hijas, que se reparten la dura carga de documentar las desapariciones forzadas, torturas y asesinatos perpetrados por policías o militares y acompañar a las familias en el proceso legal, ya que han visto que a las víctimas solas no las atienden.
Otra muestra de unión es el Centro de Atención de Crecimiento Humano y Educación para la Paz, donde confluyen varias organizaciones y profesionistas que brindan atención de emergencia a víctimas de la violencia y atiende a los terapeutas que también necesitan contención por estar expuestos a tantas situaciones traumáticas.
En un recorrido por los salones de clases habilitados como pequeños consultorios de ese centro se encuentra a promotoras de salud atendiendo a personas que llegan colapsadas; les aplican terapias florales de emergencia para que puedan volver a comer o a dormir, o bien les aplican reiki. En otros cubículos los psicólogos escuchan a gente con ataques de ansiedad o sin ganas de vivir. En los salones más grandes se imparten talleres de duelo para niños o adultos, así como clases de meditación y de autocuidado para cuidadores.
Otras organizaciones, como Compañeros, atienden a las víctimas más vulnerables de la guerra: los usuarios de droga, atrapados entre la guerra de los cárteles y la estrategia antinarcóticos del gobierno federal.
Por las calles del decadente y peligroso centro de la ciudad, donde se tienen registradas desapariciones de mujeres y las pandillas ejercen control territorial para el negocio de la droga, se ve a los promotores de la salud de la organización, quienes reparten condones afuera de los hoteles a las sexoservidoras, o jeringas, cloro y condones a las personas que utilizan los picaderos de drogas. “Los federales siguen golpeándolos y quitándoles su dinero cuando los ven”, explica el promotor Julián Rojas.
Algunas de sus compañeras entran a construcciones oscuras, sin techo, convertidas en picaderos. En una de ellas, con olor a orines, colchones podridos en el piso, restos de fogatas y un mosquerío, las espera una decena de jóvenes heroinómanas. Unas piden jeringas nuevas, pero otras solicitan que las anoten para tomar clases. Aunque no controlan sus adicciones, saben que usar jeringas ajenas puede causarles la muerte. Son conscientes de las medidas de reducción de daños, porque los promotores de Compañeros se dedican a educarlas y a proveerlas de medios seguros.
Varias organizaciones ven la situación como una oportunidad para avanzar en otros aspectos. La organización Pacto por Juárez señala que es momento de derrumbar la opacidad del uso de recursos públicos del municipio y de transitar a un modelo de presupuesto participativo.
La Casa Promoción Juvenil, que trabaja con niños, adolescentes y mujeres de la zona poniente, está a punto de estrenar una prepa para los “chavos problema” –los expulsados de otras escuelas, los pandilleros y tatuados que todos rechazan–, donde se les enseñará oficios para que no sean esclavos de las maquiladoras y se les formará como ciudadanos solidarios. “Lo planteamos desde una estructura diferente para que los estudios tengan un sentido relacionado con su vida”, explica el psicólogo del centro, Isaac González Martínez. Incluso podría servir de modelo para reintegrar al sistema educativo a los rezagados del país.
“Sabemos que la firma del pacto aquí es un compromiso para la ciudad. Ya nos estamos estructurando y organizando para recibir a la gente que vendrá –explica la doctora Chavarría–; nosotros llevamos tres años en esta espiral de violencia que se ha replicado en todo el país y desde aquí se hará el ejercicio de unirnos como mexicanos, encontrando coincidencias, sumando ciudadanos, para ir todos a exigir la justicia y devolvernos nuestra dignidad como mexicanos.”
Se multiplican las autodefensas ciudadanas
José Gil Olmos
Ante la incapacidad de las autoridades municipales, y aun de las federales, para aprehender a los delincuentes, controlar los asaltos y los plagios que se han elevado en los últimos dos años, comuneros, productores y empresarios de los municipios de Ocuituco, Ocoxaltepec y Tetela del Volcán, todos ellos de Morelos, decidieron formar grupos ciudadanos de autodefensa. Ellos dicen que sólo siguen el ejemplo de comunidades de Guerrero, Chihuahua y Michoacán, que desde hace tiempo tienen sus propios cuerpos de seguridad. Y aclaran: “no somos policías”, así que con el narco “no nos metemos”.
TETELA DEL VOLCÁN, MOR.- Desde lo alto del cerro del Calabazo se avistan los pueblos morelenses y poblanos empotrados en las faldas del Popocatépetl. Desde ahí, un vigía domina todo el entorno, al tiempo que escucha su aparato de radio de baja frecuencia que le sirve para comunicarse con sus compañeros, sobre todo cuando algún maleante merodea por la zona.
“Si los delincuentes se organizan, nosotros también lo hacemos”, dice el vigía, quien se identifica con el código Zorro. En su puesto de observación ondea una bandera que simboliza la unidad nacional y el sentido patriótico de la organización.
Zorro suelta una advertencia: “Ahora saben que la perra también es brava y no nos vamos a rajar”. Junto con otros lugareños, empresarios y productores de durazno y aguacate, él forma parte del grupo ciudadano de autodefensa Relámpago, que desde septiembre del año pasado opera en los altos de Morelos.
Los pobladores se organizaron para adquirir la tecnología necesaria a fin de instalar su centro de operaciones, que incluye una antena de radio instalada en el pico del cerro para tener una mejor recepción. Gracias a esa infraestructura, la organización tiene una cobertura que va más allá del estado.
Al igual que en Morelos, donde la delincuencia se eleva cada día ante la incapacidad de las autoridades, en otras poblaciones como Cherán, en Michoacán; en las regiones de la Costa y de la Montaña, en Guerrero, y en LeBarón, Chihuahua, también existen grupos de autodefensa como Relámpago.
La Policía Comunitaria guerrerense es quizá la experiencia más antigua. Surgió a finales de 1995, meses después de la matanza de campesinos en el vado de Aguas Blancas, para defender a la población de la represión militar y para protegerla de las bandas delincuenciales de la zona.
Hoy, ese cuerpo está conformado por 700 elementos y su ámbito de influencia abarca 70 comunidades en nueve municipios. Su sistema de impartición de justicia es singular, pues se basa en la reeducación. Así, quien delinque es obligado a pagar su falta con trabajo comunitario.
“La Policía Comunitaria es una institución de los pueblos creada como una forma de justicia que no se cobra, cimentada en un nuevo derecho, distinto al impuesto por el Estado, vigila la seguridad en los caminos y vela por la impartición de justicia, derecho arrebatado al pueblo”, comenta Asunción Ponce Ramos, presidente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), encargada de supervisar a esta agrupación.
En el caso de la comunidad mormona de Chihuahua, donde Benjamín LeBarón y su cuñado Luis Widmar Stubss fueron asesinados el 7 julio del 2009 por sicarios luego de que denunciaron a un grupo de secuestradores en esa entidad, Julián LeBarón propuso la creación de una policía comunitaria armada en esta zona de Chihuahua.
Dice que la autodefensa viene del sentido común y del derecho inalienable que tienen las personas para defenderse: “Si no tienes manera de hacerlo, se acabó toda tu libertad; si sabes que la autoridad no ha defendido a tus vecinos y no tomas el asunto en tus propias manos, entonces estás abdicando de cierta manera tu derecho a la vida.
“Esa es una mejor manera de vivir y de morir que aceptar lo que nos humilla y nos denigra como seres humanos. Como decía Emiliano Zapata: ‘Prefiero morir siendo esclavo de los principios que vivir siendo esclavo de los hombres’.”
Añade: “Creo que todas las leyes o las autoridades que nos dicen que no tenemos derecho a defendernos o que no podemos defendernos están mal, porque esa es una obligación de la autoridad, y si no cumple con eso es una autoridad totalmente falsa que traiciona a la ciudadanía porque no permite que se defienda”.
Miembro ahora del Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta y colaborador de Proceso Javier Sicilia, Julián LeBarón, productor de algodón, dice que está totalmente convencido de que la violencia no se puede combatir con la violencia. E insiste: “Pero creo en el derecho de todos los seres humanos a defenderse”.
Instinto cazador
Renuentes a dar sus nombres por temor a represalias –“en octubre pasado atrapamos a varios delincuentes y sus compañeros nos amenazaron de muerte”, dice a Proceso uno de los entrevistados–, los integrantes del grupo Relámpago comentan que no están armados porque, insisten, su única defensa es la unidad y la red de intercomunicación.
“No somos policías ni queremos enfrentar a los narcotraficantes. Si hacemos labores de seguridad es porque tuvimos que entrarle; el pueblo nos apoya. En septiembre del año pasado ya no podíamos vivir tranquilos, por lo que decidimos constituirnos en un grupo de autodefensa ciudadana”, dice uno de los lugareños.
Incluso muestra su credencial, autorizada por la Dirección General de Enlace Interinstitucional Comité de Colaboración Comunitaria de la Procuraduría estatal, en la que se especifica que los integrantes del grupo no están autorizados a portar armas. Por eso, insiste, “sólo actuamos como autodefensa. Cuando agarramos a un delincuente, lo entregamos a las autoridades para que lo arresten; cuando se trata de armamento, de inmediato informamos a las corporaciones policiacas. Esa es nuestra labor”.
Zorro es un campesino que admite que en un tiempo estuvo en el Ejército. Y aunque aclara que no tiene experiencia en logística militar, cuando explica la estructura del grupo se notan de inmediato sus reminiscencias castrenses.
Los integrantes de Relámpago, expone, se dividen en tres secciones, cada una con tres pelotones que reportan sus actividades a un comandante; también cuentan con escuadras que le dan una verticalidad a toda la estructura. En total son 200 elementos cuyo tiempo de reacción es de tres a cinco minutos. Todos portan radios o celulares y su cobertura incluye a los pueblos colindantes con Puebla, Tlaxcala y el Estado de México.
“No hemos recibido instrucción militar de nadie –dice Zorro–; es nuestro propio instinto cazador el que nos ha ayudado. Aquí todos somos campeadores, conocemos perfectamente el monte, la montaña, las veredas, todos los caminos. Eso nos ha ayudado mucho.
“Cuando hay un evento, en menos de tres minutos más de 200 elementos reciben la comunicación. Saben cómo liberar la frecuencia, pues todos manejan las claves. Nadie pregunta, sólo actúa. En el caso de un secuestro, cerramos de inmediato el pueblo. La gente tiene claves y consignas, órdenes precisas para cerrar las calles. La señal puede ser un toque de campana, un cohete”, explica.
Las instituciones, rebasadas
Al igual que los habitantes de este municipio morelense, sus vecinos de Ocuituco y Ocoxaltepec decidieron organizar sus grupos de autodefensa. Dicen que están cansados de las “deficiencias de los gobiernos municipal y estatal”, incapaces de “detener la violencia, los secuestros, asaltos y robos”.
Durante los últimos dos años, los levantones, extorsiones y robo de autos se dispararon; los asaltos y plagios en carreteras y en las viviendas han afectado lo mismo a los campesinos que a los empresarios locales de esta próspera región de los altos de Morelos por su producción de aguacate y de durazno californiano de exportación.
Los primeros en organizarse fueron los de Ocuituco, señala Heberto Escobar, quien trabaja como ayudante municipal. Relata que el 15 de octubre de 2009 la población acordó poner un alto a los secuestros y el robo de autos que, dice, “nos traían asoleados”.
“Todos los hombres mayores de 18 años nos organizamos en grupos; somos como 3 mil. Vigilamos las cuatro entradas y salidas del pueblo, sacamos nuestras armas de campo, escopetas, pistolas, machetes... Hasta que los del gobierno y el Ejército llegaron y nos dijeron que no podíamos hacer eso. Entonces nos dieron algunos radios e instalaron módulos.
“Desde esa fecha hemos participado en la vigilancia con grupos de cinco personas en el día y ocho en la noche. Lo hacemos sin armas; sólo llevamos radios, que nosotros mismos compramos”, explica el ayudante municipal.
Escobar asegura que los habitantes de Ocoxaltepec siguieron el ejemplo de sus vecinos de Ocuituco y comenzaron a organizar sus grupos de vigilancia de día y de noche. Luego lo hicieron los de Tetela del Volcán.
La diputada local del PRI Liliana Ibarra Campos, originaria de Ocuituco, narra a Proceso: “Yo lo dije en la tribuna del Congreso: la desesperación de la gente era mucha y ya no estaba dispuesta a arriesgar su vida. Ante el vacío que dejaban las autoridades del gobierno del estado y del municipio, el pueblo de Jumiltepec comenzó a organizarse y a armarse. Pusieron retenes, lo que es ilegal, pero lo hicieron para defenderse, como en Cherán, Michoacán, y otras comunidades del país”.
Por fortuna, agrega, el alcalde de Jumiltepec reaccionó y envió a unos policías para reforzar la vigilancia. Sólo así los pobladores dejaron las armas; únicamente se quedaron con machetes y palos. Incluso se construyó un módulo para que organizaran sus guardias de vigilancia.
En 2010, la ola de violencia se elevó en las comunidades de Jumiltepec, Ocoxaltepec y Huecahuaxco, del municipio de Ocuituco y en Tetela del Volcán. En dos años, en este municipio se registraron 50 secuestros. Eso fue lo que movió a los habitantes a organizarse.
“Agarraban pobres, ricos; de todo. Los niños ya no podían salir a jugar, los jóvenes tampoco. Había psicosis”, dice uno de los integrantes de Relámpago. Al principio sólo participaban los de más confianza porque, aclara, ellos ya tenían identificados a los asaltantes y secuestradores que vivían en la misma comunidad.
Zorro comenta: “Empezamos con 30 personas equipadas con radio de escasa frecuencia porque nos los prestaba la presidencia municipal. Ahora somos 200 y contamos con equipo propio y de mayor alcance, incluidos celulares.
–¿Las instituciones han sido rebasadas?
–Estamos conscientes de esta situación. La seguridad a nivel nacional está por los suelos. Definitivamente no sé cómo analizarla pero la maldad se ha desbordado.
Los límites
Los grupos ciudadanos de autodefensa del poblado de Jumiltepec, perteneciente al municipio de Ocuituco, y los de Tetela del Volcán, aseguran que ellos no se meten con los narcos.
Heberto Escobar, de Jumiltepec, expone: “Nosotros revisamos los autos… que no lleven a gente secuestrada o cosas que se hayan robado del pueblo. Pero si vemos que llevan droga o armas, no nos metemos… Los dejamos pasar”.
Cuando se le pregunta a Zorro sobre el mismo asunto, el comunero responde: “Sabemos que existen (los narcos) pero no nos metemos con ellos. Nuestro problema es la seguridad; nosotros no haremos nada (contra ellos) porque no somos policías. Que quede bien claro: no somos policías: somos un grupo de autodefensa; somos un grupo de reacción inmediata y queremos mantenernos independientes del gobierno”.
Dice que el propósito del grupo Relámpago es fortalecerse e interactuar con organizaciones ciudadanas de otros poblados, como Ocoxaltepec, Jumiltepec y Zacualpan.
“Hemos invitado a más comunidades. Ya nos reunimos con la gente de allá y están totalmente de acuerdo. Vamos a ver a todos los pueblos circunvecinos para que se unan a la causa, para que nos apoyen a limpiar completamente la región. Ojalá el movimiento se extienda por todo el país.”
En Cherán, a punto de gritar “a las armas”
Francisco Castellanos y José Gil Olmos
CHERÁN, MICH.- El pueblo parece un campo de batalla: 350 barricadas, fogatas, montones de piedras y de leña, costales de arena y autos hacen las veces de trincheras que los habitantes utilizan para defenderse de talamontes apoyados por bandas armadas del crimen organizado.
Desde hace más de un mes se mantiene en este lugar un estado de sitio autoimpuesto. Los pobladores vigilan día y noche las entradas y salidas del poblado.
Cada día que pasa la situación se torna más crítica en la zona purépecha de Michoacán. Además del bloqueo que mantienen los habitantes de este pueblo, los accesos a toda la zona también fueron cerrados el jueves 12 por los talamontes, apoyados por bandas de la delincuencia organizada.
Este doble bloqueo afecta a toda la Meseta Purépecha, integrada por ocho poblaciones en donde fueron arrasadas 12 mil hectáreas de bosque, informó una comisión de Cherán.
Un comunero comenta: “Las escuelas seguirán cerradas y los negocios también. Mucha gente que trabaja en otros lados, incluso en Morelia, no puede salir. La policía municipal se alejó del pueblo pero nadie confía en ellos porque protegen a los talamontes. El lunes 9, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora Castro, nos dijo que llegarían policías federales y el Ejército, pero no hay nada”.
Durante casi un mes, los habitantes de la región estuvieron abandonados a su suerte. Fue hasta el jueves 19 cuando llegaron integrantes de las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), formadas por policías municipales, estatales y federales y soldados. Les pidieron terrenos para instalarse y que formaran un grupo para coordinar las labores de vigilancia. Los comuneros aseguran que las BOM no están operando y se mantienen en sus puestos sin hacer nada.
“Nosotros cumplimos de inmediato. Les avisamos que ya estaban los terrenos y la coordinación del pueblo, pero la situación sigue tensa porque siguen talando el bosque y están armados”, dice un campesino que pidió el anonimato debido a las amenazas de muerte que han recibido desde que el pasado 15 de abril formaron el grupo de autodefensa ciudadana y se impusieron un estado de sitio en Cherán.
Ese día la población purépecha decidió reaccionar ante los taladores de madera que, dicen, están protegidos por el crimen organizado, presumiblemente por integrantes de La Familia que aún siguen operando en la región.
Según algunos comuneros de Cherán este grupo de narcotraficantes tiene sometidos a decenas de hombres, a quienes obligan a trabajar en la tala de árboles y sólo les pagan 150 pesos por día.
Un representante de los comuneros comenta que precisamente el 15 de abril varios pobladores detuvieron 10 camiones cargados de madera y se enfrentaron con los hombres armados que viajaban en ellos:
“Trataron de rescatarlos y se armó la balacera. Hirieron a Eugenio Sánchez Rendón, quien se encuentra hospitalizado. Se llevaron a tres compañeros y se fugaron protegidos por patrullas de la policía municipal que trabaja para el crimen organizado.”
Dos días después de este enfrentamiento cerraron todos los accesos al pueblo. Sin embargo, las barricadas no pudieron detener a los hombres armados, que el 27 de abril se llevaron a dos comuneros, Pedro Juárez Urbina y Armando Hernández Estrada, quienes aparecieron torturados y ejecutados días más tarde.
No más violencia
“Ya estamos cansados de tanto abuso y Cherán está al borde del estallido social. No sólo esta comuna, sino toda la Meseta Purépecha, se encuentra en estado de alerta. Sólo esperamos una señal para levantarnos en armas contra el crimen organizado, que ya nos tiene hasta la madre”, dice a los reporteros un comunero con el rostro cubierto.
Comenta que, de
“La lucha no es entre las comunidades como quieren hacer creer, sino contra las bandas organizadas y el gobierno. Ya nos cansamos de explotación, chantaje, secuestros, levantones, homicidios, extorsiones, y de vivir y morir con miedo. Ahora nos vamos a enfrentar a los malos, sean mañosos o del gobierno. Sólo estamos esperando un tiempo prudente, y si no hay respuestas, pues a las armas”, dice a los reporteros un indígena purépecha.
Los habitantes de Cherán aseguran que durante tres años los talamontes han saqueado sus bosques en perjuicio de toda la población, que asciende a unas 18 mil personas.
“Saque cuentas: 180 mil pesos diarios, casi 35 millones al mes, durante tres años. Una fortuna, ¿no? Los talamontes están protegidos por un sujeto conocido como El Güero, que sembraba mariguana en estos sitios sin que nadie le dijera nada. Ahora se dedican a cortar madera y han pelado 13 mil hectáreas”, acota otro indígena.
Entre las piedras que sirven de retén, los pobladores de Cherán levantaron una bandera mexicana. Las mujeres hacen tortillas, cocinan frijoles, arroz, corundas y tamales. Varios niños portan carteles en los que se lee: “Felipe Calderón, como michoacano, protege nuestros bosques, no más saqueos”; “No más muertos en la Meseta Purépecha”; “Tenemos sed de justicia y seguridad”, y “Señor gobernador queremos pronta solución y efectiva, no más promesas”.
Los hombres llevan azadones, hachas, machetes, palos con punta, bates, guadañas, hondas, piedras, navajas y cuchillos. Si hay una señal de alerta lanzan un cohete o tocan las campanas de la iglesia.
Una mujer del pueblo grita a los reporteros: “¡Ayúdennos! ¡Queremos vivir en paz! Ya los malos acabaron con nuestros bosques, los quemaron; quemaron yerbas medicinales, pinos, animalitos de los cerros. Nos tienen asustados. Llegaron con sus armas a las escuelas y amagaron a los niños y maestros y los sacaron, por eso no hay clases. Nos tienen amenazados. Por eso se levantó el pueblo, porque no queremos que regresen los malos. Queremos que intervenga el Ejército o la Marina, que estén de manera permanente. Pero vean: ¿Cuál policía ven? ¡Ni uno! Nada de nada!”.
En la noche, los vigilantes prenden fogatas y sus rescoldos aún se ven cuando los reporteros hacen su recorrido al amanecer. En el barrio El Calvario todavía se advierten las huellas del enfrentamiento del 15 de abril: camiones quemados, casas, postes y ventanas baleadas.
De camino a los montes, los comuneros muestran a los reporteros la “casita de campo” del alcalde priista de Cherán, Roberto Bautista Chapina, donde cada ocho días hace grandes fiestas. Los indígenas aseguran que él es gente del Güero.
La situación es grave, dicen los encargados de prensa y difusión de los movimientos: no hay alimentos ni clases y los niños tienen miedo de ir a la escuela y que los saquen a balazos. La señal de teléfono se va constantemente.
Un encapuchado dice a los medios que las escuelas no abrirán hasta que no haya seguridad para profesores y alumnos, hasta que lleguen el Ejército y la Policía Federal.
Integrantes del Comité de Lucha comentan que para subsistir están recibiendo víveres de organizaciones sociales, comunidades indígenas y de la sociedad civil, los cuales son almacenados en el centro de acopio habilitado en el curato de la parroquia del pueblo.
El abogado de la comunidad, David Peña, advierte: “Estamos ante una situación excepcional; es la primera vez que una comunidad indígena decide aislarse y autoimponerse un estado de sitio real para hacer frente a la delincuencia organizada”.
Y lanza un llamado: “Las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen que actuar de manera inmediata y efectiva para evitar que este hecho se convierta en una tragedia…” l
...Y el EZLN, a la expectativa
Isaín Mandujano
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El sábado
Ante 25 mil indígenas que llegaron desde los cinco caracoles zapatistas, el comandante David expresó: “Hoy estamos aquí miles de hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para decir nuestra pequeña palabra. Hoy estamos aquí porque personas de corazón noble y dignidad firme nos han convocado a manifestarnos para parar la guerra que ha llenado de tristeza, dolor e indignación los suelos de México”.
El indígena tzotzil habló en perfecto castellano: “Nos hemos sentido llamados por el clamor de justicia de madres y padres de niños y niñas que han sido asesinados por bala y por la altanería y torpeza de los malos gobiernos. Porque nos sentimos llamados por la digna rabia de las madres y padres de los jóvenes asesinados por bandas criminales y por el cinismo gubernamental…”
Durante más de un lustro no se supo nada del grupo, desde que sus huestes se replegaron en las comunidades zapatistas de la Selva Lacandona. Llegó a especularse incluso que el subcomandante Marcos había sido relevado del cargo; que había sido ejecutado; que estaba fuera del país. Sin embargo, el 25 de enero pasado, el líder político-militar reapareció para expresar sus condolencias por la muerte del obispo emérito Samuel Ruiz García.
Y pronto volvió a reposicionarse en los medios. Semanas después envió una carta al escritor Luis Villoro y otra más en la que convocó a la bases de apoyo del EZLN para que salieran de la Selva Lacandona y de Las Cañadas y se concentraran en San Cristóbal de Las Casas para solidarizarse con el movimiento encabezado por Javier Sicilia.
Los zapatistas marcharon hasta la Plaza de la Paz, también llamada de la Resistencia, frente a la Catedral. Ahí se concentraron los indígenas provenientes de los cinco caracoles. Vestidos con sus coloridos trajes típicos manifestaron en sus lenguas originarias la consigna: “Estamos hasta la madre por la guerra de Calderón”.
Con su convocatoria, la dirigencia del EZLN se proponía movilizar por lo menos a 5 mil indígenas por cada uno de los cinco caracoles zapatistas y lo cumplió. Había de todo: veteranos que participaron en el levantamiento armado de 1994, adolescentes que vivieron ese episodio cuando eran pequeños, niños que nacieron años después.
En su alocución, el comandante David dijo también que la guerra de Calderón afecta por igual a todos los sectores, aun a los inocentes: “Los malos gobiernos, todos, el federal, los estatales y municipales, han convertido las calles en zonas de guerra sin que quienes las caminan y trabajan estuvieran de acuerdo y vieran la forma de resguardarse”.
Y agregó: “Los malos gobiernos han convertido en zonas de guerra las escuelas y universidades públicas y privadas, y los niños y los jóvenes no entran a clases sino a emboscadas de uno y otro bando y que los lugares de reunión y diversión son ahora objetivos militares”.
Vigor zapatista
Es la primera vez que las comunidades zapatistas se desbordan. No lo hicieron el 20 de mayo de 1992, cuando 5 mil zapatistas se juntaron para decir si declaraban la guerra al gobierno federal; tampoco el 12 de octubre de 1992, durante la marcha alusiva a los 500 años de resistencia indígena, en la que participaron 10 mil indígenas; menos aún en las movilizaciones posteriores al levantamiento armado de 1994.
Pero el sábado 17 todo cambió. Gustavo Esteva, asesor del EZLN durante los diálogos de San Andrés, se mostró impresionado por la movilización indígena: “Es la movilización más grande en toda la historia del EZLN. Vinieron 5 mil personas por cada uno de los cinco caracoles. Estamos hablando de unas 25 mil personas. Esta movilización es también la más importante presencia indígena de la historia de la San Cristóbal de Las Casas”, asegura Esteva, autor de innumerables libros sobre movimientos sociales.
Para él, esa movilización es una muestra de que a pesar de la agresión permanente y del aislamiento mediático, el EZLN está vivo; una segunda lectura, dice, es la importancia que el grupo le está dando a la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. E insiste: el EZLN está manifestando que “en México se vive realmente un momento muy grave; un momento de peligro. Por eso, el salir de la selva tuvo un gran significado.
Hace dos semanas, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, comandante de la VII Región Militar, anunció una movilización de tropas en la frontera sur para combatir al crimen organizado. Dijo que uno de los batallones se instaló en Rancho Nuevo, mientras que otro se desplazaría al municipio de Chicomuselo. Cada uno con 600 soldados.
Y aun cuando las tropas han disminuido de manera notoria con respecto a la década de los noventa, cuando había 40 mil soldados en territorio chiapaneco –hoy no rebasan los 14 mil–, Esteva considera que, con las maniobras recientes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pretende controlar la frontera con Guatemala y, por ende el territorio del EZLN, que sigue vigente en su lucha.
El exasesor asegura que la mitad de los habitantes de las comunidades indígenas tienen menos de 20 años; crecieron en la resistencia. Ellos son los nuevos hombres y mujeres del zapatismo. Son los mismos que acudieron al llamado del EZLN el sábado 7; es una muestra de que el grupo “puso todo lo que es y ha hecho al servicio de una movilización nacional que no organizó”.
Con esta movilización, insiste, el movimiento zapatista no se renueva; se renueva el movimiento de la sociedad civil nacional. Y es precisamente en este contexto que resurge el EZLN para exponer de nueva cuenta que ellos no quieren ser guías ni asumir el liderazgo, sino simplemente decir que en esta ocasión salieron para ratificar que quieren ser acompañantes de la sociedad civil.
Gaspar Morquecho Escamilla, quien también estuvo la tarde del sábado 7 en la plaza, considera que en toda la historia del movimiento social y campesino ninguna organización había movilizado tantas personas con sus propios recursos como lo hicieron los zapatistas ese histórico día. Fue también, dice, que el EZLN sale para sumarse a otro movimiento que no es el suyo.
Según él, los comandantes Tacho y David, el orador principal, son quienes juegan un papel político; incluso aventura que la ausencia del subcomandante Marcos y del teniente coronel Moisés, a quienes se identifica como parte de los mandos militares se debe a que el EZLN “sigue apuntando hacia la paz, no hacia la guerra”.
Morquecho asegura que aun cuando muchos historiadores e investigadores hablaban con desdén del EZLN –muchos de los libros y publicaciones referentes al zapatismo dejaron de publicarse desde mediados de la década pasada, dice–, la irrupción de las comunidades zapatistas, los desmienten.
Gustavo Castro, de la organización civil Otros Mundos, cuya sede está en esa ciudad colonial, afirma que, aun cuando él nunca considera que el EZLN se hubiera apagado, le sorprendió gratamente la capacidad de convocatoria del movimiento convocado por el colaborador de Proceso Javier Sicilia. Para él lo importante es definir qué sigue: si el EZLN espera a que se defina el rumbo del movimiento convocado por Sicilia o sigue con su propia lucha.
Morquecho sostiene que el EZLN debe definir su papel rumbo al 2012, pues el proyecto que apunta por ahora con mucha fuerza hacia la Presidencia de la República es el de Carlos Salinas de Gortari, con Enrique Peña Nieto como punta de lanza: “No olvidemos que el EZLN le debe una factura a Salinas de Gortari, pues le desmoronó el falso argumento de un México de primer mundo con el TLC y si éste se empodera en el 2012 el escenario no podría ser bueno para el grupo armado”, dice.
Castro, por su parte, argumenta que en 2006 la postura del EZLN fue criticada porque no ayudó en mucho a la izquierda electorera que veía esa forma de alcanzar el poder, pero con las críticas y acciones de la Otra Campaña, encabezada por el subcomandante Marcos, mermaron el poder del lopezobradorismo.
Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo en Chiapas el jueves 5, dos días antes del desbordamiento de las comunidades zapatistas, declaró que el papel que jugó el EZLN en 2006 fue un error y comentó que espera que eso no vuelva a repetirse en 2012; aunque admitió que él respetará “la decisión que ellos tomen”. Ojalá vean hacia delante, comentó el tabasqueño. l
Televisa o Telmex
Florence Toussaint
La pelea entre Televisa y Telmex continúa. Por un lado la Cofetel multa con 11 mil millones de pesos a Telmex. Por otro, Televisa se asocia con Iusacell del grupo Salinas Pliego para la telefonía celular, movimiento permitido por la Cofetel. Telmex revira con cintillos en periódicos y spots en las pantallas de cine denunciando supuesta arbitrariedad. Televisa mantiene su demanda en contra de la sociedad entre Dish y Telmex para la televisión por cable. En febrero, Telmex retiró la publicidad a Televisa y a TV Azteca. El 1 de mayo, la Comisión Federal de Competencia (CFC) inicia una investigación contra las televisoras por “presuntas prácticas monopólicas en la venta de publicidad”, 12 días después un Tribunal otorga amparo a Telmex para que preste servicio de televisión de paga. Insta a la SCT a dar repuesta en un plazo perentorio sobre el cambio de título de concesión. Responde la SCT que ese plazo es de 15 días.
Antes de la multa, ratificada por los tribunales, parecía haber un empate. Hoy la balanza puede inclinarse hacia el lado del consorcio televisivo y de la televisión en general en vista de que las dos grandes empresas buscan por igual meterse al cuádruplo play, sea solas o en acuerdo con quienes fueron sus adversarios. Gracias a la actitud omisa del gobierno, el cuádruple play pasará de facto, sin marco legal que lo regule dejando a los consumidores indefensos ante el monopolio y los precios. Sin perspectiva a los medios públicos, muchos de ellos en riesgo de desaparecer debido al apagón analógico.
Igualmente la controversia puede volver al empate, permitiéndole a Carlos Slim jugar el cuádruple juego. Al tiempo, se permitirá que las empresas televisivas invadan su terreno exclusivo de la interconexión; Telmex posee la tecnología necesaria. América móvil ya opera televisión, puso al aire un canal noticioso de cable en Colombia y ofrece telefonía e internet. Posee estudios para la realización televisiva en México y acuerdos con productores foráneos.
El juego se centra en el negocio de las telecomunicaciones que hoy unen tanto la infraestructura, la tecnología, como los contenidos. La digitalización permite a cualquiera de los contendientes ofrecer en un solo paquete internet, telefonía fija, móvil y televisión. Es decir, ocupar todo el espectro para buscar beneficios económicos.
El gobierno parece inclinarse a favor de Televisa-Azteca pues vienen las complicadas campañas electorales de 2012. La clase política continúa aferrada a la idea de promoverse a través de la pantalla chica, de llegar a los ciudadanos por medio de imágenes cargadas de emociones, de ganar los votos a partir de propaganda no autorizada por el IFE, pero bien camuflada en programas de ficción, de concurso o supuestamente informativos.
Veamos las cifras de ganancias de las empresas involucradas según Vidal Bonifaz en Rueda de la fortuna: de enero a marzo de 2011, las ventas netas de TV Azteca alcanzaron 2 mil 327 millones de pesos con una utilidad de 162; Televisa vendió 13 mil 200 millones de pesos y sus beneficios fueron de mil 220. Por su lado Telmex tuvo ingresos en México por 61.9 mil millones de pesos, sólo en internet vendió servicios por 8 mil 582.
¿Triunfará el poder simbólico o el económico? Por ahora el desenlace queda pendiente. l
Contra exoneración al gobernador de Jalisco por su apoyo a cristeros
Señor director:
Por este conducto solicito la publicación de la presente carta en la sección Palabra de Lector del semanario a su digno cargo.
El 2 de abril de 2008 presenté una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ, oficio 814/08-V), en contra del gobernador Emilio González Márquez, por el donativo de 30 millones de pesos que entregó a la Arquidiócesis de Guadalajara, a través de sus testaferros, para la construcción de un santuario dedicado a los santos cristeros.
Reconozco que no soy católica y, por tal razón, me sentí profundamente lastimada al saber que el dinero de los impuestos sería utilizado para financiar la construcción de un recinto religioso dedicado a honrar a quienes a principios del siglo pasado se opusieron con las armas a las instituciones del Estado mexicano laico: quemaron escuelas, asaltaron trenes, mutilaron maestras y maestros y realizaron acciones –algunas de ellas ilegales– para implantar en nuestro país un gobierno confesional.
A tres años de distancia, y luego de la manifestación ciudadana en contra del donativo, recibí la resolución de la CEDHJ, firmada por la Quinta Visitadora, Norma Robledo Terrazas (oficio 712/2008-V), en donde se me notifica que la queja en comento carece de sustento, bajo el supuesto de que el gobernador de Jalisco no violó el Estado laico, ni quebrantó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), ni incurrió en discriminación religiosa en perjuicio de otras Iglesias y ciudadanos al utilizar de manera facciosa el dinero público. Idéntica respuesta obtuvieron las 7 mil quejas interpuestas en 2008.
De acuerdo con el resolutivo, González Márquez –quien ofendió a los jaliscienses que protestaron por el uso discrecional del erario con los fines señalados– no incurrió “en ejercicio indebido de la función pública” y, en este tenor, “no se advierten elementos de prueba que presuman violaciones de derechos humanos que derivan del contenido de las quejas presentadas y acumuladas a la presente”.
Con los argumentos que presenta la CEDHJ, se está validando la violación al Estado laico y, en lugar de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, reivindica la opacidad y la arbitrariedad con las que el gobernador otorgó el mencionado donativo; asimismo, sienta un peligroso y vergonzoso precedente para el manejo de los recursos públicos en beneficio de la Iglesia católica.
Uno de los puntos del documento oficial señala: “Esta Comisión determina que la asignación de 30 millones de pesos del gasto presupuestado (…) a la fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos no viola el Estado laico, y mucho menos lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución federal, en virtud de que dicho recurso económico fue entregado a una asociación civil debidamente registrada (…) no fue hecha a una asociación religiosa, sino a una asociación civil, cuyo objeto claramente es social y de atención a la población necesitada en el estado…”.
Sin embargo, el propio arzobispo de Gua-dalajara, Juan Sandoval Íñiguez, evidenció el carácter tramposo de esa maniobra cuando, en un primer momento, agradeció el donativo al gobernador y luego, forzado por las protestas ciudadanas contra la “macrolimosna”, optó por devolver el dinero que había recibido y agradecido: si no lo obtuvo él de parte del gobierno estatal, según dice la CEDHJ, entonces ¿cómo pudo haberlo devuelto?, ¿cómo puede alguien devolver algo que nunca llegó a sus manos? Entonces, en realidad, el dinero sí lo recibió y la mencionada asociación civil fue sólo un intermediario, una pantalla, un prestanombres…
Otra de las resoluciones oficiales señala: “…No existe disposición legal que prohíba al titular del Ejecutivo otorgar recursos económicos a las instituciones privadas, sino por el contrario, la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco le faculta y otorga la potestad para la determinación y otorgamiento de subsidios a los sectores social y privado…”.
Pero el donativo lo recibió el cardenal Sandoval, y no se benefició a una “institución privada”, sino a una asociación religiosa. Por lo que surgen las siguientes preguntas: ¿Mintieron los ciudadanos que impugnaron el uso discrecional del erario para un santuario cristero y señalaron que con ello se vulneró el Estado laico, se quebrantó la LARCP y se discriminó a las minorías religiosas de Jalisco? ¿Habrá por parte de la CEDHJ alguna “recomendación” para que los 7 mil quejosos ofrezcan una disculpa pública al gobernador de Jalisco por “difamación”, “daño moral” y “violación a sus derechos humanos” en el caso de la “macrolimosna”?
Antes tales abusos, conviene ponderar el enorme valor histórico, jurídico y político del Estado laico en nuestro país y su urgente consolidación. (Carta resumida.)
Atentamente
Laura Campos Jiménez
Historiadora por la Universidad de Guadalajara
www.lauracampos.wordpress.com
Lo que todo ciudadano debería saber sobre Enrique Peña Nieto
Denise Dresser
1) El Enrique Peña Nieto que hoy conocemos se forjó cuidadosamente desde pequeño. Quienes lo conocieron de niño lo recuerdan como alguien obsesivamente preocupado por su imagen, su peinado, su ropa. Siempre usó el copetito, si acaso más parado, en las fiestas.
2) Ya a los 13 años de edad, cuando la profesora preguntó a los alumnos qué querían ser, respondió: “Yo voy a ser gobernador del Estado de México”.
3) Siempre asistió a colegios religiosos y se graduó en la Universidad Panamericana, institución educativa del Opus Dei, con una tesis titulada El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón. Entre las dedicatorias estaba una a su tío, Arturo Montiel: “Por su ejemplo de tenacidad y trabajo”.
4) Cuando era diputado local se le acercó a otro diputado del PRD y le dijo que estaba desesperado: “Mi mujer me quiere acusar con el gobernador Montiel”, porque “andaba de mujeriego”. Reconoce que sus infidelidades son una debilidad que arrastra desde muy joven. Tuvo dos hijos fuera del matrimonio. Uno murió de cáncer; el otro vive.
5) En una ya famosa entrevista con Jorge Ramos, cuando el periodista le pregunta cómo murió su esposa, Mónica Pretelini, Peña Nieto contestó lo siguiente: “Mira, pues en su momento se dio la explicación. Fue algo (…) intempestivamente. Ella llevaba dos años de tener alguna enfermedad (…) parecida a lo que era (…) estertores, este… (hace un ligero ademán de frustración con las dos manos) Eeh… se me fue el nombre de la… de la… de la enfermedad puntual.
“–¿Epilepsia?
“–¿Epilepsia, pero no era epilepsia exactamente, pero era algo parecido a la epilepsia.”
6) Una crónica de sus giras por el Estado de México lo describe así: “Y abraza. Y posa. Clic. Contento, acaricia, escucha, promete, encarga, encomienda, transmite. Consuela, tranquiliza, apapacha, se deja, alborota melenas, acaricia niños de brazos que le ofrecen sus madres, los besa, va y viene, anda y desanda, agita brazos y manos, seca su sudor, bebe un vaso de agua, se alza sobre las barreras, rompe fronteras. Y luego se hinca frente a una anciana. La escucha reverente. Como si escuchara cuitas y penas y faltas y anhelos. Da oído a los sufrientes. Atiende a la anciana. El cerco se ensancha. ¡Hasta los guardaespaldas toscos se hacen a un lado!” La crónica retrata el universe de Peña Nieto y el contexto fácil, cómodo y adulatorio que lo ha acompañado en su camino a Los Pinos.
7) Sus críticos señalan que sus “500 Compromisos” (firmados ante notario) no son logros tan importantes ni tan sustanciales. Argumentan que la mayoría son obras que ya estaban previstas antes de que llegara al poder, y muchas son pequeñas: un puentectito por aquí, unas lucecitas por allá. En los primeros cuatro años, el Estado de México tuvo un presupuesto de 600 mil millones de pesos y el gobierno destinó 13 mil millones de pesos a obras, sólo 2%. Muchas han sido construidas con concesiones otorgadas al sector privado hasta por 30 años.
8) Las mujeres han jugado un papel crucial en la construcción de su candidatura presidencial. Actrices que han prestado su imagen al gobierno del estado, mujeres que gritan en mítines de campaña: “¡Peña Nieto, bombón, te quiero en mi colchón!”; mujeres que son su reserva de votos; mujeres que lo convierten en el objeto inalcanzable del deseo. Según la escritora Sabina Berman, “Peña Nieto causa una tensión erótica, de envidia y de ganas de acercarse a la vez. Es una figura erótica tanto para mujeres como para hombres”.
9) Las mujeres son también, paradójicamente, su flanco débil: el Estado de México es el lugar más peligroso en el país para ser mujer actualmente. Según la Secretaría de Salud federal, 2 mil 673 mujeres fueron asesinadas en territorio mexiquense entre 2000 y 2009, cifra que rebasa cualquier índice nacional, incluyendo Ciudad Juárez. En respuesta, la Procuraduría General de Justicia del estado entregó un reporte donde achaca el fenómeno del feminicidio a la conducta de las mujeres: “Consumen drogas, alcohol o usan inhalantes; trabajan en bares en los que alternan con los clientes; salen solas a altas horas de la noche. Se involucran con varias parejas a la vez; forman parte de bandas jóvenes; forman parte de grupos delictivos o sostienen relaciones con miembros de los mismos”.
10) La esencia de la estrategia de Peña Nieto es la presencia constante en la televisión, mediante oleadas de propaganda pagada, transmitida bajo el disfraz de información de interés público. No importa que haya una ley que lo prohíba; el gobernador ha encontrado la manera de violar la legislación electoral sin siquiera recibir sanción por ello, como lo demostró el fallo reciente y cuestionable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay un Plan de Trabajo –puesto en marcha con Televisa– que incluye diseño e investigación de opinión pública, asesoría política, manejo de crisis, estrategia de comunicación, e inundar los hogares que encienden la televisión con el rostro de Peña Nieto.
11) Desde el primer momento, su gobierno ha estado en manos de asesores que los líderes reales de la política mexiquense, incluido Arturo Montiel, le han proporcionado. Cuando difundió la lista de los miembros de su gabinete, estaba llena de cuadros alineados con Montiel u otros miembros del Grupo Atlacomulco.
12) Para gobernar, él sigue el guión. Es un político rígido, poco hábil para improvisar, debatir, hacer lo que no tiene anotado enfrente. Sigue el script y no se sale de él. Como sugiere el panista Francisco Gárate: cuando se sale del script resbala. Por eso se lo tienen prohibido. “Es muy cuidadoso con eso. Hay que reconocerle que es muy obediente, muy disciplinado. Los asesores son todo para él”. No improvisa. Es un político de escenarios preparados y controlados.
13) Según Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto representa “una nueva generación de políticos que encabezan la recuperación del PRI”, y ve en él “la misma vitalidad” que él tenía.
14) Le gustan los grupos ochenteros como ABBA, las canciones románticas de Celine Dion; mata por unas quesadillas; usa relojes Victorinox Swiss Army y loción de Carolina Herrera; prefiere los productos de Clinique para el cuidado del rostro y la piel, y Un ángel enamorado es de sus películas favoritas.
15) Su mayor activo es la maquinaria del PRI armada detrás de él. Es un muy buen operador de la política y está entrenado y educado para gobernar a la manera priista del siglo XX. No tiene un discurso hacia el país, no tiene una ideología o un proyecto claro, más allá de llegar a la presidencia. Su narrativa, según Sabina Berman, es la de un personaje “muy bonito, telenovelero y muy atractivo” que manda el siguiente mensaje: “existen un hombre guapo y una actriz famosa que están construyendo su amor y nosotros, los ciudadanos, debemos cooperar para que sean felices”. Este es Enrique Peña Nieto, delineado en un perfil escrito por Ignacio Rodríguez Reyna y publicado en el nuevo libro Los suspirantes, editado por Jorge Zepeda Patterson. Léalo y conozca mejor al “Luis Miguel de la política”, que según la encuesta reciente de El Universal/Buendía-Laredo lleva más de 20 puntos de ventaja sobre cualquier candidato a la presidencia. l
Vicente Leñero: notas sobre una amistad
Miguel Ángel Granados Chapa
Apenas conocidos personalmente cuando ingresó él en Excélsior –al que yo me había incorporado cinco años atrás–, Vicente Leñero y yo establecimos una sincera amistad a partir de nuestras comunes visiones sociales. Antes que a Vicente, yo había conocido a su hermano Luis, sociólogo de la UNAM, en los años de mi militancia en la Democracia Cristiana (y las agrupaciones que en una esfera más amplia gravitaban en torno suyo), cuando él dirigía el Instituto Mexicano de Estudios Sociales (IMES). Además, enseñaba métodos de investigación social en la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana. Fue amable al invitarme a ser su ayudante de profesor, en lo que fue mi primera incursión en la docencia universitaria. De modo que todo nos predisponía, a Vicente y a mí, a llevarnos bien. Él hizo rápidamente sus propios amigos en la cooperativa, pero me otorgó la confianza de atender por encima de otras mis opiniones sobre la vida interna del periódico. Y hasta aceptó participar en algunas acciones políticas derivadas de esas opiniones. Por ejemplo, se dejó anotar como candidato a representante de Excélsior ante la Federación de Cooperativas de Artes Gráficas, que en el periodo previo yo mismo (con la siempre agradecible colaboración de Marcelo Castillero, jefe de Relaciones Públicas del diario) había ejercido.
Hicimos grupo también con Samuel del Villar, y hasta salíamos familiarmente. Las tres parejas vimos juntas varias obras de teatro de Leñero. Fue natural, por lo tanto, sobre todo por la liga que ya lo ataba fuertemente a Julio Scherer, que Vicente figurara entre los periodistas que seguimos al director ilegalmente depuesto y se afanara en participar en la hechura de Proceso. El día en que apareció su primer número, 6 de noviembre de 1976, coincidió con la presentación de la película Los albañiles, en una muestra internacional de cine. Vimos juntos, con nuestras mujeres, el tumulto del público que se empeñaba en entrar al cine Roble. Y como la aparición de Proceso había generado también gran interés, de pronto escuchamos con satisfacción que a gritos alguien proponía canjear, como papeles de semejante valor, un ejemplar de la revista por una entrada a la muestra.
Durante los meses en que encabecé la manufactura de Proceso, mi relación profesional se estrechó aún más con Vicente, pues se encargaba de editar la sección de Cultura y Espectáculos. Políticamente depositó de nuevo en mí su confianza durante la etapa en que Samuel del Villar, quien no participaba directamente en la revista, agudizaba sus críticas sobre mi papel en ella. Cuando comencé a plantear mi salida de Proceso, y según lo escribió en Los periodistas, Leñero llegó a pensar que era preferible que Del Villar –y no yo– se separara del grupo editor.
Leñero, sin embargo, se veía en aprietos cuando se trataba de optar entre Scherer y mis planteamientos, aunque seguía siendo generoso conmigo. En Los periodistas relata, a propósito de mi resolución de renunciar y alejarme de la revista:
“Me voy, dice Miguel Ángel Granados Chapa (…) tú mejor que nadie conoces desde hace tiempo mis razones, me dice en su oficina de Proceso (…) rascándose la barba. No es una decisión precipitada. Ahora es el momento, cuando no daño al grupo porque la revista se la puede pasar muy bien sin mí, salgo sobrando, no debe haber dos directores, él y yo nunca lograremos coincidir. Han coincidido en las cuestiones importantes, replico. En la dirección de la revista tenemos criterios diferentes. No siempre. A cada rato hay divergencias. A cada rato él te da la razón. No necesita dármela, él es el director. Te la da porque te respeta, te admira, lo convences; además es saludable la diferencia de criterios, las discusiones a la larga resultan positivas. Salgo sobrando. Nadie sale sobrando en Proceso, caray, ni lo digas Miguel Ángel, menos tú, el grupo te necesita sobre todo ahora cuando estamos tomando apenas nuestro paso y hay por delante muchos problemas que resolver. Siempre habrá razones para aplazar mi renuncia, y yo no puedo condicionar mi carrera. ¿Pero qué carrera periodística puedes hacer tú fuera del grupo?, carajo, ninguno de nosotros cabe en ningún otro periódico ya, ¿a dónde irías? A ningún lado, dice Miguel Ángel y se pasa la mano por la barba, le rebota en los lentes la mirada triste. Quédate. No. Miguel Ángel, quédate. Me voy, dice. Está bien, haz lo que quieras. Salgo de su oficina irritadísimo…”
Finalmente, en efecto, dejé la dirección-gerencia de Proceso. Mi relación con Vicente se heló, pues no comprendió el sentido de lo que yo hacía. Nunca dejamos de hablarnos, si nos encontrábamos, pero no nos procuramos. Al paso de los años, sin que hubiera nada que aligerara la tensa y casi inexistente relación, pedí volver a la revista, sólo como colaborador. Fui admitido con generosidad por don Julio (con quien también reconstruía mi relación), por Leñero, por Rafael Rodríguez Castañeda.
En noviembre de 2008, un grupo de antiguos alumnos –Rosalba Cruz Soto, Yolanda Zamora y Romeo Rojas– organizaron en la Facultad de Ciencias Políticas un ciclo de conferencias en torno de mi trabajo (que luego se reunieron en un libro). Convidaron a Vicente, quien escribió un texto titulado El carisma de Miguel Ángel, en el que se expresa elogiosamente de mis tareas periodísticas. Pero aprovechó la ocasión para hacer un acto de arrepentimiento, innecesario y generosísimo.
“Cuando (…) recordé en Los periodistas el episodio de (su salida), mi decepción y mi rabia interna le ganaron la partida a mi vieja amistad. Me volví un pérfido y escribí párrafos ofensivos contra aquel ser entrañable durante los ingratos y cruciales tiempos de la aventura compartida. Fui injusto, no supe entender su búsqueda. No respeté su decisión. No logré valorar lo que había sido para muchos como líder en Excélsior y en Proceso.
“Ahora me arrepiento y a 30 años me atrevo a ofrecerle disculpas que él jamás me solicitó. Nunca reclamó mi exagerado desplante. Nunca me negó la mirada ni el saludo, ni arrugó el gesto cuando nos encontrábamos por ahí, andando el tiempo, siguiendo cada quien su camino, trabajando en medios disímbolos, en actividades propias que apenas se tocaban. Nos encontrábamos por casualidad y de pronto parecía –imaginaba yo– que volvíamos a estar en los años setenta y éramos de nuevo aquel par de fulanos poseídos de una extraña amistad hermética que se daba más en la acción que en las palabras y en los apapachos. No. Se había acabado, se acabó la aventura conjunta y el trato cotidiano se perdió en el garabateado trajín de la vida. Quedó intacto, sin embargo –lo pienso por mí, lo supongo en él– ese hondo sentimiento de amistad que nunca muere cuando nace de verdad.”
Lo supone bien el querido Vicente Leñero. l
El consuelo y la justicia
Javier Sicilia
Cuarenta mil muertos, 10 mil desaparecidos –tratados como cifras, como abstracciones estadísticas–, miles de familias rotas y despreciadas por la impunidad del sistema de justicia, y millones de seres humanos desprotegidos, abandonados a la violencia de un crimen organizado que crece a la sombra de un Estado que, en su podredumbre, no ha sabido cumplir con su vocación primera, dar seguridad a sus ciudadanos, era el saldo que hasta el 27 de marzo vivíamos los seres humanos de esta nación. A partir de esa fecha algo cambió. Los asesinados de ese día tenían nombre, un nombre que gritaba, desde el dolor de sus amigos y de sus padres, un “Estamos hasta la madre” de los criminales y de los políticos, un reclamo que repentinamente no sólo comenzó a nombrar a sus muertos, sino a exigir una justicia de la que todos los mexicanos hemos estado privados durante los últimos cuatro años.
Si de alguna manera puedo definir lo que desde entonces han sido la marcha del 6 de abril en Cuernavaca y la que el 5 de mayo salió de esa misma ciudad para llegar el 8 del mismo mes al Zócalo de la Ciudad de México, es a través de dos palabras que los criminales y la “clase” política han extraviado en su inhumanidad: el dolor y el consuelo. Fue el dolor que, convertido en dignidad, inició esta forma de nombrar lo innombrable. Fue esa dignidad, la que a lo largo de las marchas fue sumando dolores, rompiendo el miedo y generando el consuelo. El dolor, me decía mi padre –a diferencia de la alegría que reúne–, une, y esa unión se llama consuelo.
La palabra es hermosa. Consolar es estar con la soledad del otro. Ir a su encuentro para abrazarla y acogerla. Para decirle –como coreaban muchísimos cuando llegamos a la Ciudad de México–: “No estás solo”. “No estamos solos”. “Tu dolor es el nuestro”.
Lo que el 27 de marzo fue una tragedia personal –tan personal como la de 40 mil muertos y familias hundidas en la soledad– se fue convirtiendo en una muchedumbre de soledades que se unía para compartir su dolor con el de otros, y en su abrazo, en su caminar juntos, se consolaban. Las 300 personas que el 5 de mayo salimos de Cuernavaca arropadas por la Bandera de México se fueron al paso de los días convirtiendo en miles. Las soledades llegaban de todas partes. Desde los pueblos y las ciudades más remotas, desde los dolores más atroces y las injusticas más viles llegaban padres, madres, hijos, hijas mutilados con los nombres y las fotografías de sus muertos, y sus lágrimas; llegaban también padres, madres, hijos, hijas que, por gracia, no conocen en carne propia ese dolor, pero a quienes la compasión unía y une en un nosotros; llegaban para abrazar nuestro dolor y nosotros el suyo, para encontrar el amor y la paz que nos arrancaron, para consolarse y consolarnos con una caricia, un llanto, un plato de comida, una botella de agua y hacer de nuevo la primera de las justicias, que es reconocernos como seres humanos y caminar juntos. Con ese caminar, les estábamos diciendo y continuamos diciéndoles a los criminales que, a pesar del terror que quieren imponernos y del sufrimiento que crean, no les tememos, que nuestro consuelo y nuestra dignidad son más fuertes que ellos y que con nuestro andar recuperamos nuestras carreteras, nuestras calles, nuestro territorio. Con ese caminar y nuestro arribo al Zócalo de la Ciudad de México les estábamos diciendo, y continuamos diciéndoles también a los poderes del Estado y a los partidos políticos, que están podridos, que si el crimen está campeando en nuestro país como lo hace es porque el Estado está cooptado por criminales y sólo sirve a intereses ajenos a la ciudadanía, que por ello esta guerra estúpida se va perdiendo y los muertos y el horror los estamos poniendo los ciudadanos. Les estamos diciendo que juntos o sin ellos vamos a refundar esta nación para que la dignidad que hemos mostrado permanezca viva y se haga una ley de seguridad nacional que no sólo piense en la violencia sino en el tejido social que la incompetencia del Estado ha desgarrado.
Nosotros, los hombres y mujeres de a pie, los que sostenemos todos los días a esta nación desgarrada, que llevamos a cuestas el dolor de miles de muertos y de injusticias atroces, hemos hecho con nuestras marchas la primera de las justicias negadas: la del consuelo, que es del orden del amor. Con ese consuelo llegamos y articulamos una movilización que demanda al Estado y a los partidos políticos la segunda justicia que nos deben, la legal. Un consuelo en la impunidad es un consuelo mutilado, y el Estado nos debe esa justicia. No sólo tiene que nombrar a nuestros muertos –darles rostro y presencia; si eran inocentes, indemnizar a las familias; si eran criminales, saber de dónde venían, qué sucede en el tejido social de sus lugares que los convirtió en criminales, y trabajar por rehacerlo–, sino también atrapar a los asesinos, estén en donde estén (en la ilegalidad o en la legalidad), y aplicarles la ley. Nuestros muertos, por voz de los vivos, que se consuelan, hablan y piden justicia. Una justicia que, junto con la recomposición de las instituciones, nadie debe regatearles, a no ser que el Estado acepte ser lo que hasta ahora ha sido, un Estado criminal.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz. l
Riesgo de otro presidente “espurio”
John M. Ackerman
Ya es un secreto a voces que la mejor forma de ganar una elección en México no es a través del cabal cumplimiento del espíritu y la letra de las disposiciones legales, sino con trampas, engaños y triquiñuelas. La reciente inacción del IFE en el caso de las groseras violaciones a la norma por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las campañas federales de 2009 proporciona una clara lección de que romper la ley no cuesta nada. Asimismo, la vergonzosa decisión del TEPJF de exculpar a Enrique Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la ilegal difusión nacional de su quinto informe de gobierno demuestra que los dados también están cargados en el seno de la máxima instancia de justicia electoral del país.
Al parecer, el PRI ha decidido apostarle a un perverso juego de debilitar las instituciones electorales a como dé lugar. Con sus decisiones y posicionamientos, los consejeros electorales Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero ratifican cada día su lealtad al PRI. La magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, también parece haber abandonado el partido de su amiga Margarita Zavala para engrosar las filas del viejo partido de Estado. Todo parece indicar que Alanís alberga la esperanza de que el arribo de Peña Nieto a Los Pinos le aseguraría su ansiado lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La falta de acuerdo con respecto a los tres nuevos consejeros del IFE se debe precisamente a que el PRI prefiere un IFE debilitado y rebasado a uno que tenga posibilidad de acciones autónomas. El cálculo es sencillo. Hoy, el PRI solamente necesita convencer a un solo consejero más de que vote junto con Baños y Guerrero para frenar cualquier decisión adversa, tal y como ocurrió en el caso del PVEM. Si el PRI coloca a dos de los tres nuevos consejeros mantendría su posición de fuerza en el Consejo General ya que quedaría a un voto de la mayoría. Sin embargo, si coloca solamente a un consejero su fuerza retrocedería de manera significativa ya que únicamente contaría con tres de los nueve integrantes de la herradura de Viaducto Tlalpan.
El PRI entonces ha aplicado una estrategia de “todo o nada” con el fin de no ver reducida su influencia en el seno de la autoridad electoral. También supone que al final de cuentas le conviene la sobrecarga de trabajo que hoy afecta gravemente el funcionamiento del IFE. Consejeros cansados y confundidos son actores más dóciles y fácilmente manipulables por las alianzas perversas entre Peña Nieto, las televisoras y otros “factores reales” de poder.
Pero el PRI está jugando con fuego. Por ejemplo, si el proceso electoral federal iniciara en la primera semana de octubre de 2011 sin todos los integrantes del Consejo General, nos encontraríamos en un estado de flagrante ilegalidad. Si las ausencias continúan durante un tiempo más, estaremos frente a una situación ideal para la posible nulidad de la elección de 2012. Si el TEPJF decide avalar la elección aún bajo estas circunstancias, podríamos encontrarnos una vez más con un presidente marcado durante todo su sexenio con el mote de “espurio”.
Estas circunstancias nos hacen ver que “el fantasma de
El Congreso de la Unión todavía tiene una última oportunidad para desarticular esta explosiva situación antes de que sea demasiado tarde. Urge que la Cámara de Diputados nombre lo más pronto posible a los consejeros faltantes. Asimismo, aún más importante que aprobar la cuestionable “reforma política” sería actuar para llenar las lagunas y corregir los problemas ya identificados con la histórica reforma electoral de 2007-2008.
Un excelente punto de partida para una reforma correctiva sería el dictamen de reforma al Cofipe que se aprobó el pasado 29 de abril en el Senado de la República. Incluye sanciones explícitas para la “adquisición, a título gratuito u oneroso”, más allá de la “compra”, de tiempo en radio y televisión con el propósito de difundir propaganda electoral. Así, sería más difícil para las autoridades evitar sancionar a los responsables en casos de evidentes fraudes a la ley, como la famosa entrevista a Demetrio Sodi en medio de un partido de futbol durante 2009. Otra innovación estratégica de la reforma es que dota al IFE de facultades de sanción directa para los funcionarios públicos cuando éstos intervengan ilegalmente en los procesos electorales en violación al artículo 134 constitucional. La actual falta de poder sancionador en la materia ha sido uno de los principales obstáculos que ha enfrentado el IFE para asegurar la equidad de los procesos electorales.
Sobre estos temas se recomienda consultar un nuevo libro, coordinado por un servidor, que aborda de manera exhaustiva todos los temas pendientes: Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad (IIJ-UNAM/Senado, 2011). Allí se puede leer sobre los retos que existen en una diversidad de asuntos, desde la regulación de los medios de comunicación hasta las reformas necesarias al Código Penal y el fomento de la transparencia interna de los partidos políticos.
Si los diputados, consejeros electorales y magistrados del TEPJF no modifican su comportamiento pronto, 2012 fácilmente podría llegar a ser un proceso electoral aún más conflictivo que el de 2006. Queda una última oportunidad para enderezar el camino antes de que sea demasiado tarde. l
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