Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
Domingo
19 de febrero de 2012
SUPLEMENTO ENFOQUE DE REFORMA
Colaborador
Invitado / Garzón: el estigma de Prometeo
En aras de callar al juez, la Judicatura española ha reconocido
implícitamente la urgencia que tiene de ser saneada
Colaborador Invitado
(19 febrero 2012).- Gerardo Laveaga
Director
del Instituto Nacional de Ciencias Penales
@GLaveaga
Subvertir
a los jóvenes en la Grecia clásica, poner en tela de juicio "la palabra de
Dios" durante el Renacimiento o ir a la cama con personas del mismo sexo
en la era victoriana eran conductas delictivas. Por ello, las sentencias que,
en su tiempo, recayeron sobre Sócrates, Galileo y Wilde, estuvieron apegadas a
Derecho.
Algo
semejante podría aducirse del castigo que recibió el juez Baltasar Garzón hace
unos días: el Código Penal español sanciona hasta con 20 años de inhabilitación
al juez que, "a sabiendas", dicte una "resolución injusta".
El adjetivo -no hay que decirlo- se aplica a discreción de quien decide y, si
la sanción se aplicara en todos los casos, buena parte de los jueces de ese
país y del mundo quedarían inhabilitados. Hay que admitir, pese a todo, que
Garzón no se condujo con el rigor que se esperaba de un juez.
Egocéntrico,
arrogante y protagónico, decidió que por haber colocado contra la pared a una
punta de pillos y ser festinado por algunos medios como "adalid de la
justicia", podía hacer lo que le viniera en gana. Asumió el papel de
vengador y actuó en consecuencia. "Se volvió loco por completo",
llegaron a decir de él algunos de sus allegados.
Para
demostrar que ni códigos ni instituciones iban a estorbar su cometido,
arremetió contra algunos muertos -Francisco Franco, Emilio Mola, José
Sanjurjo...- a quienes, ignorando los principios del Derecho, les abrió causa
penal. También a contrapelo de las prácticas jurídicas ordenó que se
interceptaran y grabaran conversaciones entre un grupo de litigantes y sus
clientes, sin que mediara otro motivo que sus propias sospechas. Esto le
mereció los 11 años de inhabilitación.
¿Se
equivocó Garzón? Si lo evaluamos desde una perspectiva meramente jurídica, sí;
de cabo a rabo. Adoptó el papel de activista y olvidó que era juez. Y si algo
saben los jueces -al menos los de la tradición romano-canónica- es que su
proceder está sujeto a reglas, tiempos y protocolos, los cuales él desdeñó. Es
entendible, pues, que sus colegas, a quienes su temeridad ya había hecho
parecer como mediocres y timoratos, estuvieran ávidos de ajustar cuentas con
él. Garzón había dejado un saldo significativo de resentimientos que, de
repente, se pudieron cobrar... Y se cobraron con una sentencia impecable.
Para
la mala suerte de sus verdugos, Garzón tuvo un tino inmejorable al elegir sus
batallas: denunció corrupción, complicidades entre servidores públicos y
empresarios, tráfico de influencias, impunidad y abusos de la dictadura
franquista... Proponiéndoselo o no, encarnó ideales que deberán caracterizar a
las sociedades democráticas del futuro, independientemente de que las leyes
-siempre adosadas con subterfugios para que los más fuertes se salgan con la
suya- le impidieran hacerlo.
Estos
ideales son los que, a pesar de sus rostros graves y sus poses infatuadas, han
convertido a los siete jueces del Tribunal Superior en símbolo de patetismo.
Peor aún: en indicio de que el Poder Judicial español baila al ritmo de los
intereses políticos y económicos. Como aquellos que condenaron a Sócrates,
Galileo y Wilde, estos jueces no se percataron de que su triunfo era pírrico:
poco después de su veredicto, la Grecia clásica, la Roma renacentista y la Inglaterra
victoriana comenzaron un proceso de transformación.
Lo
mismo va a suceder en España. En aras de cerrar el camino a Garzón, la
Judicatura ha reconocido, de manera implícita, la urgencia que ésta tiene de
ser saneada. Por lo pronto, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU por los
Derechos Humanos ya ha dicho que ese país está obligado a enjuiciar a los
responsables de las atrocidades cometidas durante la dictadura de Franco. Y
esto es sólo el comienzo. Resuelva lo que resuelva el Tribunal Constitucional o
la Corte de Estrasburgo, los siete jueces del Supremo Español, en su intento de
silenciar a Garzón, han parido a un héroe de la justicia que, por otra parte,
se antojaba necesario, indispensable.
Por
llevar la luz a los hombres, Prometeo fue encadenado a una roca y sentenciado a
que los buitres royeran sus entrañas. Por denunciar la putrefacción de la
sociedad española, a Garzón le ha ocurrido algo similar. Sin embargo, antes de
que termine este año, somos muchos los que vamos a alegrarnos con los premios y
homenajes que va a recibir el prócer, mientras empieza a crujir el sistema
judicial que, en España, no ha sabido estar a la altura de los desafíos de un
mundo globalizado. De todo esto, la judicatura mexicana tiene mucho que
aprender.
Alianzas, cuotas
y lealtades
Reportaje
Elecciones 2012. Presidenciables 2012. Los tres principales aspirantes a la
Presidencia alistan a sus ejércitos para la campaña. Sus equipos reflejan
lealtad y convicción, pero también cuotas partidistas y alianzas políticas. En
una campaña presidencial suelen hacerse ajustes en las diversas coyunturas. En
sus alineaciones actuales los tres principales aspirantes a la Presidencia
conjuntan lealtad, convicción, experiencia, con cargos derivados de sus
compromisos y alianzas
Carole Simonnet
(19 febrero 2012).- Lealtad y compromisos
son los dos ejes principales con los que se van conformando los equipos de los
tres principales candidatos a la Presidencia.
Alrededor de Andrés
Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota confluyen sus
más allegados: aquellos colaboradores con los que han convivido diariamente
desde hace años (décadas en algunos casos), y un bloque de cuadros que derivan
de sus compromisos y alianzas con otras expresiones dentro y fuera de sus
partidos: nombramientos que se inscriben en la lógica del reparto de cuotas y
la operación cicatriz.
Cuando falta mes y
medio para que arranque la campaña el próximo 30 de marzo, los contendientes
han buscado de esta manera que sus grupos de trabajo no sólo les garanticen
incondicionalidad sino que también les permitan superar las divisiones internas
que generaron sus candidaturas.
López Obrador
"Háganlo
ustedes", respondió Andrés Manuel López Obrador al jefe de Gobierno
capitalino, Marcelo Ebrard, cuando éste propuso conformar un war room con la
dirigencia del PRD y los "Chuchos" para definir la estrategia de
campaña del 2012.
El 29 de noviembre
pasado, en la sobremesa de un desayuno en el restaurante Cardenal del Hotel
Hilton, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano y su antecesor Jesús
Ortega fueron testigos del interés limitado del tabasqueño por incluir al
partido y su corriente mayoritaria, Nueva Izquierda, en la toma de decisiones
de su campaña, según relatan perredistas cercanos a estos personajes.
El virtual
candidato del PRD-PT y Movimiento Ciudadano a la Presidencia tampoco accedió a
empalmar la estructura de su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con
la del PRD para cubrir todas las casillas el 1o. de julio y evitar repetir el
error del 2006 cuando la coalición por el Bien de Todos estuvo lejos de vigilar
la totalidad de ellas.
La anécdota sirve
de referencia para entender la conformación del equipo del tabasqueño.
En éste prevalecen
colaboradores leales, perredistas alejados del partido y colaboradores que
trabajaron con López Obrador en el gobierno del Distrito Federal, en la campaña
del 2006 y en el "Gobierno legítimo".
Entre sus
incondicionales figuran su coordinador de prensa, César Yáñez, a su lado desde
que era presidente del PRD entre 1996 y 1999; su coordinador de logística,
Nicolás Mollinedo; el general Audomaro Martínez, responsable de su seguridad en
la campaña del 2006, y el senador petista Ricardo Monreal, a quien confió la
coordinación general del comité de campaña.
En el día a día de
la campaña, López Obrador tiene cercanía con su ex secretario particular
Alejandro Esquer, quien lo apoya en tareas de organización de mítines y
reuniones con la estructura; Octavio Romero Oropeza, coordinador de Organización
Ciudadana para el Cambio del Comité Ejecutivo de Morena; Claudia Sheinbaum,
quien fue su secretaria de Medio Ambiente en el GDF, y el analista económico,
Rogelio Ramírez de la O.
Aparte de ellos, el
organigrama del proyecto presidencial de López Obrador tiene varios niveles de
organización.
El pasado 6 de
diciembre anunció un comité de campaña de seis coordinadores temáticos y representantes para las cinco
circunscripciones del país. Incluyó en ese comité a los líderes reales del PT y
Convergencia, Alberto Anaya y Dante Delgado; a los también petistas Ricardo
Cantú y Jaime Cárdenas, e incluso invitó al líder del PRD, Jesús Zambrano, para
la tercera circunscripción, pero este se negó e invitó finalmente a la senadora
perredista Rosalinda Hernández.
Como parte de su
compromiso con el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, el tabasqueño
solicitó a René Cervera, quien promovía la candidatura de Ebrard para el 2012,
y a la ex directora del DIF-DF, Patricia Patiño, encargarse de las
coordinaciones del Distrito Federal y del Estado de México.
Otro nivel de
organización es el Comité Ejecutivo de Morena, que dio a conocer el pasado 2 de
octubre, y en el que se mezclan algunos de sus más allegados con asesores
externos. A varios de ellos los impulsa incluso como virtuales miembros de su
gabinete en caso de ganar las elecciones.
Aunque no los ha
incluido en su primer círculo, López Obrador ha consultado a algunos de estos
expertos e intelectuales para modificar su imagen, suavizar el tono de sus
discursos y dar contenido a su campaña en pos de una "República
amorosa".
Se trata de Javier
Jiménez Espriú, María Antonieta Laso López, René Drucker Colín; María Luisa
Albores González, Genaro Góngora Pimentel, Silvia Valle Tépatl, Luis María
Alcalde Luján, e incluso el actor Jorge Arvizu, El Tata.
"Mucha gente
está detrás del concepto, hay un grupo de filósofos importantes, sociólogos,
antropólogos, hasta de escritoras que han tenido que ver con eso. Alguien clave
ha sido el antropólogo Héctor Díaz Polanco, también opinaron Laura Esquivel y
Luis Villoro", asegura el coordinador territorial, Jaime Cárdenas.
No descarta tampoco
la huella dejada por algunos expertos de Brasil. "Creo que hay cierta
influencia, desconozco si Frei Betto, el asesor de Lula, haya tenido algún
acercamiento con Andrés o con gente de él. Creo que sí hay algún tipo de
influencia de este tipo", señala.
A diferencia del
PRI, López Obrador no tiene un búnker desde donde dirija la campaña. Se reúne
esporádicamente en las oficinas del Gobierno legítimo en la colonia Roma, y su
equipo de campaña lo hace en el despacho de Monreal, ubicado en la calle de
General Prim. López Obrador recibe un informe de Monreal y, cuando lo requiere,
se comunica telefónicamente con cada uno para encargar tareas y expresar
inquietudes.
En busca de apoyos
a su campaña, el candidato perredista concretó también el pasado 7 de febrero
una operación cicatriz con el cardenismo tras cinco años de distanciamiento. En
un salón del Hotel Hilton, atiborrado por personalidades de izquierda, logró
que Cuauhtémoc Cárdenas le alzara el brazo. Pero hasta el momento, ni Cárdenas
ni su hijo Lázaro o algún otro colaborador del ingeniero se han incorporado al
equipo del tabasqueño.
Peña Nieto
Candidato
indiscutible en el PRI, Enrique Peña Nieto tuvo que renunciar a su intención de
armar un equipo compuesto exclusivamente con los cuadros con los que ha operado
desde su mandato en Toluca.
La caída del ex
dirigente del PRI Humberto Moreira, más la pugna por las candidaturas al Senado
y a la Cámara de Diputados en los estados, obligaron al ex gobernador
mexiquense a repartir cuotas y sellar compromisos con la integración de un
comité de campaña variopinto.
Entre los 17
nombramientos en el comité que anunció el 11 de enero pasado, destaca la
inclusión de dos vicecoordinadores cercanos al senador Manlio Fabio Beltrones
(su ex rival en la lucha por la candidatura tricolor), y a la precandidata al
GDF, Beatriz Paredes: Felipe Solís Acero y Jorge Carlos Ramírez Marín,
respectivamente. Quedaron en el organigrama justo abajo del coordinador general
y hombre de más confianza del candidato: Luis Videgaray.
El término de
cuotas disgusta a Videgaray. El ex secretario de Finanzas de Peña Nieto
prefiere hablar de "talentos" con amplia trayectoria en el partido y
conocimiento de la materia jurídica-electoral.
"En diciembre
simplemente no había equipo de campaña, yo fui nombrado coordinador general el
17 de diciembre; posteriormente, en enero, se dio a conocer la primera parte
del equipo", justifica.
Con los ajustes
Peña Nieto hizo un guiño a otras expresiones del partido y entregó premios de
consolación a priistas que fracasaron en ser postulados a cargos de elección
popular.
Es el caso de al
menos cuatro integrantes del comité: el yucateco Ramírez Marín, la jalisciense
María Esther Sherman, el tamaulipeco Baltazar Hinojosa y el oaxaqueño Héctor
Ramírez Puga, que por distintos motivos se quedaron con ganas de ser candidatos
a una gubernatura o al Senado.
Los tres últimos se
desempeñan respectivamente como coordinador de la primera circunscripción,
coordinadora de evaluación de la campaña y coordinador de la quinta
circunscripción.
Aunque cedió
espacios a otras expresiones, Peña Nieto también pudo aprovechar la salida de
Moreira para colocar en posiciones estratégicas del CEN del PRI a allegados
suyos: el ex gobernador hidalguense, Miguel Osorio Chong, como secretario de
Organización; su ex secretario de Finanzas en el Estado de México, Luis Vega
Aguilar, como secretario de Administración; su ex secretario del Trabajo,
Ricardo Aguilar, como secretario para la región noreste, y su amigo Benito
Neme, como coordinador jurídico.
Alguien que ha
adquirido un papel protagónico en el equipo peñista es el ex diputado federal y
actual líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP),
Emilio Gamboa.
En el día a día,
según priistas consultados, Peña Nieto se hace acompañar por Videgaray y otros
hombres de su total confianza: su secretario particular Erwin Lino; su
coordinador de comunicación social, David López, y su coordinador de giras,
Héctor Velasco, quien fue su secretario particular.
La imagen del
candidato y la realización de spots quedaron a cargo de Aurelio Nuño, ex
coordinador de asesores de Videgaray en la Cámara baja, en coordinación con
priistas e integrantes del Partido Verde Ecologista de México cercanos a las
televisoras.
Del área de redes
sociales se hace cargo la ex directora comercial de Televisa Interactive Media,
Alejandra Lagunes.
En las oficinas del
CEN -remodeladas para la campaña- sostienen sus reuniones los diferentes grupos
del equipo: jurídico, opinión pública, electoral, campaña permanente y
evaluación de la campaña.
Cada 15 días se
reúnen los integrantes del comité plenario.
Vázquez Mota
Apenas fue electa
candidata presidencial del PAN, el pasado 5 de febrero, Josefina Vázquez Mota
empezó a ofrecer cargos en su equipo para operar la reunificación del partido.
El martes 7 fue
recibida en Los Pinos por el presidente Felipe Calderón, y el miércoles desayunó
con Ernesto Cordero y se tomó un café con Santiago Creel. Unos días después, se
anunció que sus ex rivales se integrarían a su equipo.
La ex secretaria de
Desarrollo Social arrancó así lo que llamó la "Semana de Unidad",
para sanar las heridas que surgieron durante una contienda interna empañada por
acusaciones de compra de votos y en la que Cordero cuestionó seriamente su
capacidad como funcionaria pública.
En el marco de la
gira de agradecimientos que realizó entre el jueves 9 y el miércoles 15 de
febrero, sumó también a otro herido de las contiendas internas de su partido:
el ex precandidato a la gubernatura de Guanajuato y ex secretario de Salud,
José Ángel Córdova.
Su estrategia de
acercamientos incluyó también reuniones con mandatarios estatales que en su
mayoría apoyaron al ex secretario de Hacienda.
Pese al reparto de
cuotas, Vázquez Mota prevé seguir concentrando la toma de decisiones en su war
room.
Coordinado por
Roberto Gil el equipo compacto alrededor de Josefina reúne a algunos de sus
colaboradores más leales, como Daniel Hernández, quien fue su jefe de asesores
en las Secretarías de Desarrollo Social y de Educación; Herminio Rebollo, ex
vocero de Carlos Abascal; Roberto Lomelí, su secretario particular y el ex
subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez.
A mediados de esta
semana, el equipo será reorganizado con la incorporación de nuevos elementos:
Miguel Szekely, quien fue su subsecretario de Educación Medio Superior en la
SEP, será coordinador de Políticas Públicas; Cordero, jefe del equipo
económico; Creel, consejero político y de seguridad; Córdova, consejero en
salud.
Otros colaboradores
de su grupo compacto son los diputados que la respaldaron plenamente durante el
tiempo que coordinó el grupo parlamentario en la LXI Legislatura: el ex priista
Diódoro Carrasco; el mexiquense Carlos Pérez Cuevas; el ex secretario de
Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, así como Leoncio Morán, Dolores del Río y
Agustín Torres.
Aparte del cuarto
de guerra, que técnicamente es coordinado por el ex subsecretario de Turismo
Ricardo Anaya, la panista incorporó a operadores electorales, asesores en
imagen y amigos personales.
En la construcción
de su imagen y mensaje, trabajan el ex director del Canal 11, Julio Di Bella;
el ex vicepresidente de MVS comunicaciones, Eduardo Sastré de la Riva y el
consultor político de origen español, Antonio Sola.
Vázquez Mota
encargó la recaudación de los fondos para la campaña a Gastón Pavlovich
-suplente de Dolores del Río en la Cámara de Diputados- y a su ex oficial mayor
en la SEP y diputado michoacano, Julio Castellanos.
En esa área también
colabora el hermano de la candidata, Luis Vázquez Mota.
La virtual
candidata se respaldó, desde hace meses, en dos figuras del PAN que también la
asesoran: los ex gobernadores Ernesto Ruffo y Carlos Medina Plascencia, con
quienes tiene una relación de amistad. El primero coordina las redes ciudadanas
mientras que el segundo trabaja en la plataforma de la candidata.
En tanto, el ex
secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, promueve las alianzas de la candidata
afuera del partido.
En su precampaña,
Josefina confió la operación electoral a cuadros panistas medianos, como el
polémico ex secretario general adjunto del CEN del PAN, Jorge Manzanera, quien
despacha desde la casa de la calle Sacramento en la Colonia del Valle, famosa
por haber sido la casa de campaña de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Este inmueble es
uno de los tres lugares que el abogado Enrique Burgos puso a disposición de la
candidata: en la calle Providencia, también en la colonia del Valle, hay otra
estructura de colaboradores, y en una oficina de Reforma 607 es donde se reúne
cotidianamente el war room.
Andrés Manuel López
Obrador
Ocho personas
forman parte del equipo con el que López Obrador toma decisiones diariamente.
Son sus colaboradores más leales y de más confianza. Pero alrededor de su
proyecto presidencial hay decenas de asesores y colaboradores; algunos que se
suman por compromisos, alianzas o cuotas partidistas.
1. Lealtad y confianza
Claudia Sheinbaum
· Coordinadora de
Medio Ambiente y Defensa del Patrimonio Nacional del Comité Ejecutivo del
Movimiento de Regeneración Nacional.
· Integrante del
"Gobierno legítimo", ex secretaria del Medio Ambiente del GDF.
Octavio Romero
Oropeza
· Coordinador de
Organización Ciudadana para el Cambio del Comité Ejecutivo del Movimiento de
Regeneración Nacional.
· Diputado del PRD,
ex oficial mayor del GDF.
César Yáñez
· Jefe de prensa.
Coordinador de Comunicación del Comité Ejecutivo del Movimiento de Regeneración
Nacional.
· Jefe de
información del CEN del PRD, del GDF, de la campaña 2006 y del "Gobierno
legítimo".
Rogelio Ramírez de
la O
· Coordinador de
Nueva Economía del Comité Ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional.
· Economista,
asesor del "Gobierno legítimo" de AMLO.
Ricardo Monreal
· Coordinador del
comité de campaña.
· Ex diputado
priista, ex gobernador de Zacatecas, senador del PT.
Nicolás Mollinedo
· Coordinador de
logística y chofer.
Trabajó con AMLO
desde antes del 2006 en el GDF.
Alejandro Esquer
· Logística.
· Fue secretario
particular de AMLO en el GDF.
General Audomaro
Martínez Zapata
· Jefe de
seguridad.
· Fue su jefe de
seguridad en la campaña 2006.
2. Otros miembros
del comité de campaña
Jaime Cárdenas
· Coordinador de
Acción Territorial.
· Ex consejero
electoral, diputado federal por el PT.
Irma Eréndira
Sandoval
· Puente con
sindicatos y ONG.
· Investigadora del
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Ricardo Cantú
· Coordinador de
giras.
· Ex coordinador de
los diputados federales del PT en la LV Legislatura.
Yeidckol Polevnsky
· Administración y
finanzas.
· Ex candidata a
gobernadora del Estado de México, senadora del PRD.
Dante Delgado
· Coordinador de la
circunscripción 1, Noroeste del país.
· Ex dirigente
nacional del Partido Convergencia, senador.
Alberto Anaya
· Coordinador de la
circunscripción 2, Noreste.
· Ex dirigente
nacional del PT.
Rosalinda Hernández
· Coordinadora de
la circunscripción 3, Sureste.
· Senadora del PRD
por Tabasco.
René Cervera
· Coordinador de la
circunscripción 4, Centro.
· Operador de
Marcelo Ebrard en el DF y presidente de la Fundación Equidad y Progreso.
Patricia Patiño
· Coordinador de la
circunscripción 5, Centro-Occidente.
· Ex directora del
DIF-DF con Marcelo Ebrard.
Manuel Camacho
Solís
· Coordinador del
DIA.
· Ex priista, ex
regente del DF, ex diputado federal.
Jesús Ramírez
Cuevas
· Redes Sociales.
· Director del
periódico Regeneración".
Luis Mandoki
· Realización de
spots.
· Cineasta.
Pío López Obrador
· Operador.
· Hermano mayor de
AMLO.
Alfonso Sánchez
Anaya
· Operador.
· Ex gobernador de
Tlaxcala.
3. Otros miembros
del Comité Ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional
María Luisa Albores
· Rescate al Campo
y Soberanía Alimentaria.
Luisa María Alcalde
· Jóvenes y
Estudiantes.
René Drucker
· Ciencia y Tecnología.
Genaro Góngora
Pimentel
· Justicia,
Legalidad y Gobierno.
Javier Jiménez
Espriú
· Infraestructura,
Obras y Servicios y Sector Energético.
María Antonieta
Laso López
· Mujeres y Clases
Medias.
Elena Poniatowska
· Arte y Cultura.
Raquel Sosa
· Educación y
Estado de Bienestar.
Salvador Torres
· Cooperativismo y
Movimientos Sociales.
Fernando Turner
· Política
Antimonopolio y Sector Empresarial.
Silvia Valle Tépatl
· Justicia y
Pueblos Indígenas.
Héctor Vasconcelos
· Mexicanos en el
Extranjero.
4. Otros asesores*
· Ignacio Marván,
investigador del CIDE.
· Lorenzo Meyer,
académico.
· Martha Pérez
Bejarano, ex secretaria de Desarrollo Social del GDF.
· Bertha Luján, ex
contralora del GDF.
· Laura Esquivel,
escritora.
· Armando Bartra,
investigador.
*Participaron en la
elaboración del nuevo Proyecto Alternativo de Nación
Enrique Peña Nieto
El equipo cercano
al candidato priista está conformado por los hombres que le han sido leales
desde el gobierno del Estado de México. La reestructuración del CEN del PRI,
sin embargo, lo obligó a incorporar al comité de campaña a priistas de las
principales corrientes.
1. Lealtad y
confianza
Luis Videgaray
· Coordinador
general de campaña.
· Diputado con
licencia, ex secretario de Finanzas de Peña Nieto, coordinador de campaña de
Eruviel Ávila.
Miguel Osorio Chong
· Secretario de
Organización del CEN del PRI.
· Ex gobernador de
Hidalgo.
Emilio Gamboa
Patrón
· Líder de la CNOP.
· Ex senador, ex
diputado, ex titular de SCT y ex secretario particular del presidente Miguel de
la Madrid.
Jorge Carlos
Ramírez Marín
· Vicecoordinador
de campaña.
· Diputado federal,
cercano a Beatriz Paredes.
Luis Vega Aguilar
· Secretario de
Administración del CEN del PRI.
· Ex secretario de
Finanzas de Peña Nieto.
Erwin Lino
· Secretario
particular.
· Ex secretario
particular del gobernador del estado de México.
David López
· Comunicación
social.
· Fue jefe de prensa
de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México.
Ricardo Aguilar
· Secretario para
la región noreste del CEN del PRI.
· Ex secretario del
Trabajo de Peña Nieto.
Aurelio Nuño Mayer
· Coordinador de
difusión.
· Asesor de
Videgaray en la Cámara baja. Laboró en la Oficina de Asesores de Enrique
Jackson en el Senado.
Héctor Velasco
· Coordinador de
giras.
· Diputado federal
y ex secretario particular adjunto de Peña Nieto entre 2004 y 2005, ex diputado
local.
Benito Neme
· Coordinador
jurídico.
· Abogado litigante
que ha defendido triunfos de gubernaturas del PRI.
2. Otros miembros
del comité de campaña
Felipe Solís Acero
· Vicecoordinador
de campaña.
· Diputado federal,
ex secretario general del IFE, cercano a Manlio Fabio Beltrones.
Baltazar Hinojosa
· Coordinador de la
1a. circunscripción.
· Diputado por
Tamaulipas, funcionario en el gobierno de Tomás Yarrington.
Georgina Trujillo
· Coordinadora de
la 2a. circunscripción.
· Diputada por
Tabasco.
Paloma Guillén
· Coordinadora de
la 3a. circunscripción.
· Diputada
tamaulipeca y hermana del subcomandante Marcos.
Ramiro Hernández
· Coordinador de la
4a. circunscripción.
· Senador por
Jalisco, ex presidente estatal.
Héctor Pablo
Ramírez Puga
· Coordinador de la
5a. circunscripción.
· Diputado federal,
ex coordinador de Comunicación del gobierno de Ulises Ruiz en Oaxaca.
María Esther
Sherman
· Coordinadora de
evaluación y seguimiento a la campaña.
· Diputada federal,
cercana a Beltrones.
Ildefonso Guajardo
· Vinculación
empresarial.
· Diputado federal.
Ex oficial mayor de la SRE con Salinas de Gortari.
Salomón Rosas
Ramírez
· Coordinador de
vinculación política.
· Diputado tamaulipeco.
Emilio Lozoya
Austin
· Coordinador de
vinculación internacional.
· Ex director de
World Economic Forum para América Latina; Fundador de FJ Holding.
Ernesto de Lucas
· Coordinador de
campaña permanente.
· Diputado por
Sonora.
Paula Hernández
· Coordinadora de
invitados especiales.
· Diputada por
Hidalgo, cercana a Miguel Osorio Chong.
Alejandra Lagunes
· Coordinadora de
redes sociales.
· Fue directora
comercial de Televisa Interactive Media y trabajó en Google.
José Murat
· Secretario para
la región sureste.
· Ex gobernador de
Oaxaca.
Josefina Vázquez
Mota
Un grupo de 15
personas, panistas y no panistas, asisten cotidianamente al "cuarto de
guerra" de Vázquez Mota. Su equipo, en plena reorganización, incorpora
además a asesores en comunicación, recaudadores de fondos y operadores
electorales panistas.
1. Lealtad y
confianza
Roberto Gil
· Coordinador
general.
· Ex secretario
particular del presidente Felipe Calderón.
Herminio Rebollo
· Coordinador de
comunicación social.
· Periodista, ex
vocero de Carlos Abascal.
Daniel Hernández
· Asesor de mensaje
y política pública.
· Coordinador de
asesores en Sedesol y SEP. Director de la Fundación Miguel Estrada del PAN.
Diódoro Carrasco
· Coordinador
político.
· Ex gobernador
priista de Oaxaca
Juan Marcos
Gutiérrez
· Vocero.
· Ex subsecretario
de Gobernación.
Leoncio Morán
· Coordinador de
giras
· Diputado federal.
Carlos Alberto
Pérez Cuevas
· Enlace con el CEN
del PAN.
· Diputado federal
por el Estado de México.
Dolores del Río
· Coordinadora
territorial.
· Diputada federal
por Sonora.
Jorge Ramos
· Operación
electoral.
· Ex alcalde de
Tijuana.
Agustín Torres
Ibarrola
· Coordinador de
redes sociales.
Diputado federal
por Michoacán.
2. Otros miembros
del comité de campaña
Francisco Ramírez
Acuña
· Enlace político
nacional.
· Diputado federal
por Jalisco.
Ricardo Anaya
· Coordinador del
cuarto de guerra.
· Ex subsecretario
de Turismo.
Roberto Lomelí
· Agenda.
· Secretario
particular de JVM.
Juan Carlos
Martínez
· Red de jóvenes.
· Ex dirigente
juvenil del PAN.
Ernesto Ruffo
· Coordinador de
redes ciudadanas.
· Ex gobernador de
Baja California.
Carlos Medina
Placencia
· Coordinador de
plataforma.
· Ex gobernador de
Guanajuato.
Rodolfo Elizondo
· Alianzas.
· Ex secretario de
Turismo.
Xóchitl Gálvez
· Asesora y
precandidata al Senado.
· Ex comisionada de
pueblos indígenas.
María José Ocampo
Vázquez
· Presidenta de la
Asociación Jóvenes Viviendo México.
· Hija mayor de
JVM.
Francisco Salazar
· Enlace con
sectores sociales.
· Diputado Federal
por San Luis Potosí.
Gabriela Ruiz
· Relaciones institucionales.
· Senadora.
Laura Suárez
· Red de mujeres.
Gastón Pavlovich
· Finanzas.
· Encargado de la
Plataforma del PAN en 2009.
Julio Castellanos
· Finanzas.
· Diputado federal
por Michoacán.
Luis Vázquez Mota
· Encargado de
conseguir fondos.
· Hermano de JVM.
INCORPORACIONES
DESPUÉS DEL 5 DE FEBRERO:
Ernesto Cordero
· Asesor en
Economía.
· Ex secretario de
Hacienda.
Santiago Creel
· Consejero
político.
· Ex secretario de
Gobernación.
José Ángel Córdova
Villalobos
· Asesor en temas
de salud.
Miguel Szekely
· Coordinador de
políticas públicas.
· Ex subsecretario
de la SEP
3. Asesores en
imagen
Julio Di Bella
· Director de la
Empresa PCTV.
Antonio Sola
· Consultor político,
ex asesor de Felipe Calderón en el 2006.
Eduardo Sastré de
la Riva
· Ex director
corporativo de comunicación de Gruma y ex vicepresidente de MVS.
4. Otros operadores
electorales
Jorge Manzanera
· Ex secretario
general adjunto del PAN.
Kenia López
· Diputada local en
el DF.
Leticia Salazar
· Diputada federal
por Tamaulipas.
Alberto
Esquer
·
Diputado federal y ex funcionario local por Jalisco.
Alejandro
Vázquez Cuevas
·
Ex presidente del PAN en Veracruz.
Gustavo
Parra
·
Diputado local, Estado de México.
Carlos
Flores
·
Diputado local, DF.
Ezequiel
Retis
·
Diputado local, DF.
Publicidad en
los estados: opacidad y exceso
Análisis
promoción e imagen. El marco regulatorio incompleto permite que la publicidad
oficial sea utilizada con dudosos fines en los gobiernos estatales. El aumento
del gasto sin regulación ni topes recuerda cómo el acceso a la información es
un instrumento imprescindible que posibilita un ejercicio incipiente de
rendición de cuentas
Justine Dupuy
(19 febrero
2012).- Investigadora del área de Transparencia y rendición de cuentas de
Fundar.
Desde julio hasta
noviembre de 2011, los equipos de Artículo 19 y Fundar hicimos un ejercicio
inédito de acceso a la información que nos permite por primera vez presentar un
índice de acceso al gasto en publicidad oficial en los estados y conocer
cuántos recursos han sido ejercidos para que los gobiernos se anuncien en los
medios. El índice es el resultado del análisis de las respuestas de cada una de
las 32 entidades federativas a la misma solicitud de acceso a la información, y
tiene como objetivo evaluar la transparencia y el acceso a la información sobre
el gasto en comunicación social y publicidad oficial. La primera conclusión de
este ejercicio es la existencia de una gran opacidad en el gasto en publicidad
oficial en los estados.
Once estados no
entregaron información; es decir, un tercio incumplieron la obligación
constitucional, plasmada en el artículo 134, de administrar los recursos
"con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez". Otros
11 estados no entregaron información o contestaron de manera incompleta a la
solicitud. Sólo 10 estados entregaron información desglosada del gasto en
comunicación con una especial mención para Colima y Sonora que, en una escala
diseñada por Fundar y Artículo 19, equivalió a obtener 5 estrellas, la mejor
calificación.
¿Por qué importa
tener acceso a estos recursos? La publicidad oficial es un instrumento útil que
fortalece los derechos, el debate y la pluralidad informativa cuando su uso se
enmarca en prácticas democráticas. Este canal de comunicación permite que los
gobiernos eduquen e informen a la ciudadanía sobre sus deberes y derechos, el
quehacer político y las decisiones que afectan su vida.
Sin embargo, en
México existe un marco regulatorio incompleto e inoperante que permite que la
publicidad oficial sea utilizada con otros fines. El contenido propagandístico
y una repartición discrecional y discriminatoria de la publicidad oficial
socavan la libertad de expresión y el derecho a recibir información de los
mexicanos. Se utiliza la publicidad oficial para premiar o castigar a los
medios de comunicación en función de su línea editorial, lo que se llama censura
sutil o indirecta. En estas condiciones, se hace urgente la importancia de un
mecanismo eficaz que llame a rendir cuentas a los funcionarios sobre el
ejercicio de dichos gastos. Para lograr ese objetivo, el primer eslabón de un
mecanismo de rendición de cuentas funcional sería acceder a estos gastos, ya
que permitiría dar un seguimiento puntual a los recursos y así acotar las
prácticas discriminatorias y discrecionales.
Desde la reforma de
2007, el derecho a la información es un derecho constitucional que debería
aplicarse de manera idéntica para todos los ciudadanos. Solicitar a las 32
entidades federativas la misma pregunta fue un verdadero vía crucis.
Dos terceras partes
de las entidades no entregaron información o entregaron información incompleta.
Sería difícil evocar todos los motivos de estas entregas imparciales. Sin
embargo, se puede distinguir dos grandes tipos de explicaciones: obstáculos
técnicos y de procedimiento relacionados con la eficiencia del sistema de
acceso a la información y obstáculos que revelan visiones e interpretaciones de
las leyes que van en contra del derecho a la información.
En los casos de las
dificultades relacionadas con los procedimientos, los obstáculos han sido muy
variados. Mientras que algunas entidades no contestan en los tiempos legales
(como Hidalgo que contestó más de cuatro meses después de la realización de la
solicitud), en otras no existen dependencias competentes para responder la
solicitud como en el caso de Guerrero. Otros más remitieron a ligas de Internet
que no funcionan (San Luis Potosí) o a la Cuenta Pública, donde no se encuentra
la información (Puebla, Nuevo León y Coahuila). Las dependencias que no
entendieron la solicitud fueron Querétaro y Tabasco. Hubo entidades que
alegaron que la información no está procesada o archivada de manera adecuada,
como el Distrito Federal, donde nos invitaron a consultar los archivos en las
oficinas, ya que no existía otra forma para conocer los montos. En Baja
California Sur nos propusieron hacer 18 mil copias de los cheques.
Estos ejemplos
subrayan los límites y carencias del sistema de acceso a la información y, de
igual forma, plantean los problemas relacionados a la manera de sistematizar la
información y archivar los documentos. En el caso de la declaración de inexistencia
de la información (Tabasco y Oaxaca) nos enfrentamos a una burocracia que
todavía tiene una visión patrimonialista de la información. Cuando los
gobiernos en turno dejan el poder se llevan la información, como en el caso del
gasto en publicidad oficial bajo Ulises Ruiz en Oaxaca. Hay también pérdidas
por desastres naturales, como en el caso de Tabasco, que sólo pudo rescatar de
las inundaciones la información para el año 2009 y en un formato muy poco
amigable.
Aunado a los
problemas de procedimiento, nos hemos enfrentado a la negación del acceso a
esta información por parte de los gobiernos. Aquí sólo existe una manera: la
reserva que revela interpretaciones limitadas del derecho a la información. Por
ejemplo, tanto en Chiapas como en Oaxaca reservaron la entrega de la
información a causa de estar bajo procesos de auditorías. En ambos casos se
interpusieron recursos de revisión. En Chiapas se confirmó la reserva, mientras
que en Oaxaca la coordinación de comunicación estuvo obligada a entregar una
versión pública para los montos en 2010. Sin embargo, para los años anteriores
se declaró la inexistencia de la información. En Chihuahua reservaron el
desglose de la información ya que contraviene la protección de datos
personales. En Veracruz declararon la inexistencia aunque la información está
reservada para 12 años.
La lista de las
trabas es extensa y el sentimiento que dejan a los investigadores que emprenden
conocer el gasto en comunicación en los estados es muy amargo. Pero pudimos
llegar a conclusiones contundentes con la información colectada: en 2010, los
estados gastaron más del doble en comunicación social y publicidad oficial que
en 2005. En efecto, en cinco años el total del gasto en publicidad oficial de
18 entidades federativas estudiadas se duplicó: pasó de 906 millones de pesos a
2 mil 518.4 millones de pesos. Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Estado de
México, Morelos, Nayarit, Yucatán y Zacatecas aumentaron por lo menos al doble
su gasto en este rubro. Aguascalientes, Durango y Quintana Roo se quedaron
cerca de duplicarlo.
El aumento de este
gasto sin regulación ni topes recuerda cómo el acceso a la información es un
instrumento imprescindible que posibilita un ejercicio incipiente de rendición
de cuentas. Sin embargo, este acceso es limitado y permite que recursos
millonarios se ejerzan cada año con opacidad y menoscaben la pluralidad
informativa en el país. Urge que se transparente el gasto en publicidad oficial
en los estados y que se regule el ejercicio de esta bolsa de recursos multimillonarios
que alimenta una relación viciada entre poderes y medios de comunicación.
Y esto no es una
quimera imposible. Afortunadamente existen muy buenas prácticas. En Jalisco, la
información detallada y con gráficas sobre el gasto en comunicación social está
accesible en internet. En Sonora nos entregaron información desglosada por
años, tipo de medios, proveedores y, en algunos casos, por concepto. En Colima
existía el mismo nivel de detalle salvo por los conceptos, pero sí nos
proporcionaron listas de difusión de los spots. Estas buenas prácticas, sin
embargo, son muy escasas y necesitarían ser alentadas para fomentar una
verdadera cultura de la transparencia.
Gasto opaco
Índice de acceso al
gasto en comunicación social y publicidad de las entidades federativas.
**información
completa *información incompleta - sin información
|
Entidad
|
Información por año
|
Por medios
|
Por proveedores
|
Por concepto o campaña
|
Calificación Fundar*
|
|
Chiapas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Coahuila
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Guerrero
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Hidalgo
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Nuevo León
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Oaxaca
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Puebla
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Querétaro
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
San Luis Potosí
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Tabasco
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Tamaulipas
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Guanajuato
|
-
|
*
|
-
|
-
|
*
|
|
Michoacán
|
*
|
-
|
-
|
-
|
*
|
|
Aguascalientes
|
**
|
-
|
-
|
-
|
**
|
|
Baja California Sur
|
**
|
-
|
-
|
-
|
**
|
|
Chihuahua
|
**
|
-
|
-
|
-
|
**
|
|
Jalisco
|
*
|
-
|
*
|
-
|
**
|
|
Nayarit
|
**
|
-
|
-
|
-
|
**
|
|
Quintana Roo
|
**
|
-
|
-
|
-
|
**
|
|
Tlaxcala
|
**
|
-
|
-
|
-
|
**
|
|
Veracruz
|
**
|
-
|
-
|
-
|
**
|
|
Yucatán
|
**
|
-
|
-
|
-
|
**
|
|
Baja California
|
**
|
-
|
*
|
-
|
***
|
|
Campeche
|
**
|
-
|
*
|
-
|
***
|
|
Distrito Federal
|
**
|
-
|
*
|
-
|
***
|
|
Durango
|
**
|
*
|
-
|
-
|
***
|
|
Sinaloa
|
**
|
-
|
*
|
-
|
***
|
|
Estado de México
|
**
|
-
|
*
|
*
|
****
|
|
Morelos
|
**
|
*
|
*
|
-
|
****
|
|
Zacatecas
|
**
|
*
|
*
|
-
|
****
|
|
Colima
|
**
|
*
|
*
|
*
|
*****
|
|
Sonora
|
**
|
*
|
*
|
*
|
*****
|
Fuente: elaboración de Fundar con datos obtenidos de la información entregada por las entidades a través de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública.
* De acuerdo con los criterios del presente estudio, la máxima calificación posible era 5 estrellas.
Gasto excesivo
Recursos destinados a comunicación social y publicidad en las entidades federativas de 2005 a 2010.
(Cifras en millones de pesos corrientes).
|
ENTIDAD
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
TOTAL 2005-2010
|
AUMENTO 2005-2010
|
|
Estado de México
|
6.9
|
130.4
|
129.4
|
127.0
|
124.9
|
128.0
|
646.6
|
1,335%
|
|
Yucatán
|
27.5
|
32.1
|
40.9
|
142.5
|
159.1
|
222.7
|
624.7
|
527
|
|
Morelos
|
39.2
|
34.7
|
71.4
|
113.4
|
90.3
|
203.8
|
552.8
|
302
|
|
Nayarit
|
67.3
|
105.1
|
107.5
|
136.6
|
228.1
|
338.3
|
983.0
|
289
|
|
Distrito Federal
|
137.2
|
190.8
|
259.6
|
379.5
|
414.8
|
451.7
|
1,833.6
|
155
|
|
Zacatecas
|
19.6
|
48.5
|
48.6
|
61.8
|
64.2
|
57.6
|
300.3
|
128
|
|
Chihuahua
|
119.2
|
160.3
|
180.9
|
259.3
|
300.0
|
320.6
|
1,340.3
|
108
|
|
Colima
|
8.7
|
8.0
|
10.4
|
9.3
|
11.0
|
22.8
|
70.2
|
103
|
|
Quintana Roo
|
24.3
|
35.3
|
44.5
|
48.8
|
47.0
|
60.6
|
260.4
|
93
|
|
Aguascalientes
|
53.6
|
56.4
|
62.0
|
164.0
|
113.1
|
131.0
|
580.1
|
89
|
|
Durango
|
33.0
|
38.9
|
52.8
|
67.0
|
77.2
|
77.9
|
346.8
|
84
|
|
Tlaxcala
|
17.5
|
21.3
|
23.5
|
36.1
|
41.0
|
34.8
|
174.3
|
54
|
|
Baja California
|
36.8
|
48.6
|
71.6
|
38.6
|
41.7
|
63.2
|
300.5
|
33
|
|
Veracruz
|
146.6
|
95.2
|
111.7
|
274.9
|
304.7
|
241.0
|
1,174.1
|
27
|
|
Campeche
|
70.9
|
84.0
|
113.2
|
133.6
|
144.4
|
94.4
|
640.5
|
3
|
|
Sinaloa
|
28.7
|
28.2
|
28.5
|
29.7
|
30.7
|
27.6
|
173.3
|
-25
|
|
Baja California Sur
|
18.1
|
21.8
|
20.8
|
28.6
|
16.4
|
17.4
|
123.2
|
-26
|
|
Sonora
|
50.8
|
1149.4
|
44.7
|
5.3
|
7.9
|
25.1
|
1,283.2
|
-62
|
|
TOTAL
|
906
|
2,288.8
|
1,422
|
2,056.1
|
2,216.6
|
2,518.4
|
11,407.8
|
115
|
Fuente: elaboración de Fundar con datos obtenidos de la información entregada por las entidades a través de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública.
La cultura
política
(19 febrero
2012).- Téngalo presente
Calderón de cuerpo
entero de Julio Scherer García. Grijalbo. Presentan Carmen Aristegui, Alfonso
Durazo y el autor. Jueves 23, 18:00 horas. Salón de actos del Palacio de
Minería. Tacuba 5, Centro Histórico. Informes: http://bit.ly/4mgb3j
Conferencias
¿Por qué las
epistemologías del sur? Boaventura de Sousa Santos. Martes 21, 12:00 horas.
Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de
Santa Teresa. Informes: 5449 3000.
El papel de la
policía en el nuevo sistema penal acusatorio. Óscar Manuel Soto. Martes 21,
17:00 horas. Sala de seminarios Mariano Jiménez Huerta del Inacipe. Magisterio
Nacional 113, Tlalpan Centro. Informes: 5487 1500.
¿Desarrollo o
autodeterminación? Siete amenazas y siete desafíos. Boaventura de Sousa Santos.
Jueves 23, 12:00 horas. Casa Chata del Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (CIESAS). Hidalgo y Matamoros s/n, Tlalpan.
Informes: 5655 0158 ext. 116.
Viejos y nuevos
debates sobre control judicial de constitucionalidad. Juan González Bertomeu.
Jueves 23, 12:00 horas. Aula de seminarios Guillermo Floris Margadant del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva
s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7474.
El presidencialismo
en México. Ricardo Pozas Horcasitas. Jueves 23, 18:00 horas. Auditorio Sotero
Prieto del Palacio de Minería. Informes: 5622 7390.
La sociedad de la
información en el México del siglo XXI. María Josefa Santos Corral. Viernes 24,
18:00 horas. Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería. Informes: 5622
7390.
Foros
200 años del inicio
del Sitio de Cuautla. Tarsicio García Díaz, Irving Reynoso y José Manuel
Villalpando. Miércoles 22, 18:00 horas. Instituto Nacional de Estudios de las
Revoluciones de México. Plaza del Carmen 27, San Ángel. Informes: 3601 1000.
Internet
Federalismo y
Congreso 1917-2011. Evolución y perspectivas de Víctor Manuel Colli. Instituto
Belisario Domínguez del Senado de la República. Investigación de los modelos
federalistas en México de 1824 y 1857, y las causas de que el texto de la
Constitución de 1917 esté alejado de su ejecución. http://bit.ly/Aogqyr
Libros
Análisis y
prospectiva sobre la situación política, económica, social y cultural de
América Latina coordinado por Patricia Galeana. Siglo XXI/Senado de la
República. Diagnóstico de los problemas comunes que enfrenta la región
actualmente y propuestas de solución.
Ciudadanos
imaginarios de Fernando Escalante Gonzalbo. Colmex. Ensayo crítico que recorre
el siglo XIX mexicano para entender la construcción de la moral nacional y
razonar las virtudes de la inmoralidad en el México de hoy.
Diccionario de la
democracia de Patricio Marcos. Porrúa. Usos, costumbres, teoría e ideología de
los regímenes democráticos en el mundo. Así como antecedentes, doctrinas,
dogmas, leyes e instituciones clave del modelo liberal moderno de la
democracia.
La crisis mundial
financiera. Perspectivas de México y América Latina de Carlos Obregón. Siglo
XXI. Obra que presenta el origen de la crisis de 2008, plantea que pudo
evitarse y señala las políticas económicas necesarias para evitar una gran
segunda recesión mundial.
Las mujeres de Peña
Nieto de Alberto Tavira. Océano. Retrato del precandidato priista a través de
testimonios de las mujeres de su familia y otras con las que sostuvo una relación
sentimental.
Mesas redondas
Empleo,
informalidad y seguridad social. Norma Samaniego, Gloria Zafra. Viernes 24,
17:00 horas. Galería de Rectores del Palacio de Minería. Inf: 5623 0093.
Informe sobre publicidad oficial en las entidades federativas. Presentan
Artículo 19, Fundar, IIJ-UNAM y RRC. Martes 21, 10:00 horas. IIJUNAM. Circuito
Mario de la cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5554 3001.
Una mirada de mujer
frente al 2012 de Maru López. Norma. Emilio Álvarez Icaza, Patricia Mercado,
Carmen López Portillo, Ricardo Reynoso, Tere Bermea. Martes 21, 18:00 horas. Ex
capilla El Divino Narciso del Claustro de Sor Juana. José María Izazaga 92,
Centro Histórico. Inf: 5366 7900 ext. 63429.
Las palabras de
Cassandra. Historia del futuro del Estado mexicano Fernando Vázquez Rigada.
Porrúa. Alejandro Carrillo, Rodolfo Echeverría, Juan José Rodríguez Prats.
Miércoles 22, 18:00 horas. Fundación Miguel Alemán. Rubén Darío 187,
Chapultepec Morales. Informes: 1946 2200.
Conéctate de Gaby Vargas.
Aguilar. Carmen Aristegui, Kitimbwa Lukangakye y la autora. Miércoles 22, 19:30
horas. Elago, Segunda sección del Bosque de Chapultepec. Informes: 5515 9586.
Si desea difundir
alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo
electrónico: enfoque@reforma.com
Los placeres y los días / Una tragedia
norteamericana
Andrés de Luna
(19 febrero 2012).- El poder es un arma
letal. Joe Kennedy fue uno de los personajes frente a los que hasta el
mismísimo Lucifer resultaba un santo. Manipulador extremo, grotesco hasta la
ignominia y cabeza de una familia que concluyó en la debacle, Joe fue el
perfecto ejemplo de un patriarca de anacronismo proverbial. Uno de los
elementos de cohesión del clan Kennedy fue su catolicismo. En 2011 se estrenó
en la televisión la serie estadounidense-canadiense Los Kennedy de Jon Cassar,
que en estos días ha salido en DVD. Atisbo discreto a una saga que resulta
nebulosa. Los apuntes críticos están amparados por aquello que rompió el
secreto y se volvió certeza: las negociaciones de Joe Kennedy en la preguerra,
uno de los personajes con los que Hitler se entendía en buenos términos, en la
época en que este hombre era embajador de Estados Unidos en Inglaterra; la
compra de partidarios y votos a través de su extraordinaria fortuna; los
excesos cometidos con tal de que John llegara a la Presidencia y Bobby a la
fiscalía general; los arreglos con Jackie, un millón de dólares a manera de
aval, para que la antigua fotógrafa admitiera los líos extraconyugales de su
marido; las negociaciones con la mafia, con Sam Giancana en específico, a
través de Frank Sinatra; los roces con Krushov durante la crisis de los
misiles; los intentos por asesinar a Castro y los intentos por invadir la isla,
entre ellos, la derrota en Bahía de Cochinos; el asesinato, que tuvo los visos
de suicidio, de Marilyn Monroe, amante de Jack y de Bobby, aunque en el caso de
este último, la serie diluye un tanto el hecho.
La recreación hace énfasis en el papel
encubridor de Rose Kennedy, la matriarca del clan, quien lo mismo se hacía
cómplice de su marido para alejar a Rosemary, hija débil mental, arruinada por
una lobotomía; que resultaba una celestina perfecta al permitir que su marido
tuviera amantes entre sus empleadas, con las que compartía el espacio familiar;
o contaba historias de infancia de Jack para alentar la participación y
fomentar el voto para Bobby. Desde luego que el trasfondo de semejante cadena
de actos es el ejercicio del poder y sus excesos. Todo esto es un ayudamemoria.
Por ejemplo, la llamada de Lyndon Johnson a Bobby Kennedy, enemigos frontales y
amigos de la necedad y la imprudencia, cuando el nuevo Presidente está en el
jet que conduce el ataúd de John F. Kennedy, el viejo texano estaba inquieto
porque necesitaba el texto para rendir protesta y quedar a cargo de la nación.
El compendio es aleccionador. Punta de un iceberg pútrido, el poder de los
Kennedy, que se queda en el triángulo de Joseph y de los hijos John y Bobby,
sin que venga el controvertido Ted, con aquel accidente en el que permitió la
muerte de su secretaria y amante para salvar su vida y su "moral".
¿Cómo se vería algo semejante en una serie
de ocho capítulos con "Los Salinas de Gortari"?
REVISTA PROCESO
No. 1842
A iniciativa de
Vergara, la Femexfut y 15 equipos de futbol vetan al diario Récord
LA REDACCIÓN
MÉXICO,
D.F.(apro).- En una decisión insólita y a iniciativa de Jorge Vergara, dueño
del equipo Guadalajara, la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y 15
equipos de la primera divisón acordaron vetar al diario deportivo Récord.
Salvo los equipos
Pumas de la UNAM, Tigres de la UANL y Estudiantes Tecos de la UAG, los 15
equipos restantes del máximo circuito, impedirán la entrada a sus instalaciones
y estadios de reporteros y fotógrafos del diario deportivo de mayor tiraje en
el país.
Entre la tarde y
noche de este sábado, Récord confirmó que las directivas de Guadalajara, Cruz
Azul, Santos y Querétaro, donde se efectuaron los partidos Guadalajara-San Luis
Potosí, Cruz Azul-Pumas, Santos-Monterrey y Querétaro-Tijuana, negaron el
acceso a sus respectivos estadios a los reporteros y fotógrafos de su empresa.
Durante los mismos
encuentros los cronistas y comentaristas de Televisa y TV Azteca (que son
propietarias de los clubes América y San Luis Potosí y del Morelia y Jaguares,
respectivamente), guardaron silencio sobre el complot contra Récord.
El comunicado de
Vergara difundido por la Femexfut la noche del viernes presume de contar con el
respaldo de todoslos equipos de la primera división y dice así:
A todos los Medios
de Comunicación y a la Opinión Pública:
Club Deportivo
Guadalajara S.A. de C.V. agradece públicamente a los 17 equipos de la Primera
División Profesional de México y a la Federación Mexicana de Futbol, el apoyo
brindado a la iniciativa de reservarnos el derecho de admitir al Diario Récord
en las actividades de Chivas, tanto en sus instalaciones como en Estadio
Omnilife, y a la cual se suman ahora los 17 equipos participantes en la Primera
División, así como la Federación Mexicana de Futbol.
Club Deportivo
Guadalajara S.A. de C.V. tomó esta decisión basado en el respeto a los ideales
fundamentales del deporte mexicano que busca el juego limpio y la sana
competencia.
Nuestro Club
rechaza tajantemente las publicaciones tendenciosas que denostan y acusan con
falsedades a los participantes que todos los días buscamos generar deportistas
de alto rendimiento desde nuestros distintos espacios y responsabilidades. Es
importante señalar que el Club Deportivo Guadalajara S.A. de C.V. ha sido
víctima de reiteradas mentiras publicadas por este diario, generando una
campaña de odio y abusos, llegando incluso a las amenazas de muerte, lo que
redunda en un gran daño moral para la institución, sus participantes y sus
familias.
Este Club ha pugnado
por ser ejemplo para la juventud mexicana, apoyamos y confiamos en la libertad
de expresión y de prensa, pero en el ámbito del respeto a la verdad y a las
libertades y derechos de los individuos a quienes injustamente se ha
calumniado.
México requiere de
ciudadanos congruentes, éticos y responsables, que amen la justicia y la
verdad, por ello reiteramos nuestro reconocimiento a la gran familia del Futbol
Mexicano, ya que unidos trabajamos e invertimos en un futbol que trascienda
positivamente dentro y fuera de la cancha.
Por el Futbol
Mexicano, por su gran afición, por nuestras familias y por un México libre de
violencia, comprometido con la honestidad, en la búsqueda de la verdad y de los
valores que debemos heredar a las actuales y siguientes generaciones.
El rechazo de Pumas
y Tigres
Los Pumas de la
UNAM, a través de un comunicado, informaron que no vetarán al Diario Deportivo
Récord.
Dice el comunicado
del Club Universidad: “En apego a los fundamentos y principios con los cuales
se ha regido desde el origen mismo del equipo de futbol profesional de la UNAM
en ningún momento ha contemplado la posibilidad de restringir de forma alguna
el ejercicio pleno de la libertad de expresión, determinación invariable y por
la cual se ha regido permanentemente. En ese sentido fue la posición planteada
por el Club en la más reciente Asamblea Ordinaria de Clubes de la Primera
División de la FMF y, congruente con ello, refrenda el respeto pleno a todos
los derechos y garantías establecidas en las leyes y reglamentos”.
Por su lado, la
Universidad Autónoma de Nuevo León se proclamó en contra de cualquier veto que
exista sobre un medio de comunicación. El rector de esa casa de estudios, Jesús
Ancer desechó toda posibilidad de contemplar esta medida en Tigres.
“Los medios de
comunicación tienen libertad de expresión y de opinar, es una forma muy
importante de la libertad y lo desconozco el veto en este momento, pero no es
posible hacer vetos a ningún medio dentro de los procesos.
“Siempre hay
críticas como en cualquier parte, a veces las noticias no son de lo más
favorable y seguramente causan esas reacciones, pero en forma general no tengo
ningún conocimiento (precedente) de ese tipo de situaciones (veto contra un
medio)”, respondió Ancer Rodríguez.
El jerarca auriazul
recalcó que dentro de la UANL hay apertura completa sobre cualquier persona o
institución, más cuando Tigres nunca ha sido afectado bajo ninguna
circunstancia.
“La libertad de
expresión es muy importante, en la forma en que los medios nos ayudan a dar
conocimiento de cosas importantes, si no hay una causa de fondo no es posible
vetar a nadie en forma general y menos a un medio de comunicación. La
Universidad tiene apertura completa, es una universalidad que debe de haber, en
principio no debe haber veto”, expresó el rector.
Estudiantes Tecos
jugó la noche del viernes contra el Atlante cuando aún la Femexfut no difundía
el comunicado de Vergara.
Una guerra sin sentido
RENÉ GONZÁLEZ DE
LA VEGA
Procurador del
Distrito Federal y subprocurador general de la República en el gobierno de
Carlos Salinas de Gortari, el jurista René González de la Vega sostiene en este
análisis que la guerra declarada por el gobierno de Felipe Calderón contra el
narcotráfico es una costosa estrategia de manipulación hacia los mexicanos,
“una mera escenificación del gran teatro político que se justificó en un
momento de debilidad gubernamental”. González de la Vega es egresado de la UNAM
y doctor en derecho, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias
Penales y autor de 20 obras en la materia. Catedrático del Instituto Nacional
de Ciencias Penales desde su fundación en 1976 –centro de estudios y de
investigación que en 2011 le concedió un doctorado honoris causa–, fue sin
embargo excluido de su planta docente poco después de manifestar que Calderón
podría ser enjuiciado por delitos contra la humanidad, en una entrevista
publicada en la edición 1804 de Proceso.
Rcuerdo que en mis
años de adolescencia acudí algunas veces a observar con cierta fascinación las
filmaciones de westerns que se hacían por la zona de Chupaderos, cerca de la
ciudad de Durango, tierra de mis mayores. Para mí –como para muchos otros–
resultaba una verdad sabida que en las persecuciones entre vaqueros –los que
vivían dentro de la ley– y cuatreros, siempre el caballo del bueno –sin fallar
una sola vez– alcanzaba a galope tendido al caballo del malo, lo que permitía a
aquél someterlo y entregarlo a la justicia. Mi padre me decía que era
contraintuitivo o contra sentido pensar que había una relación directa entre la
velocidad del caballo y la calidad moral del jinete. Con los años entendí que
tenía toda la razón; nada tiene que ver una cosa con la otra.
Ya pasados los años
acudí a la representación de una obra del teatro clásico en la que se valían de
los artefactos o artilugios que utilizaron los antiguos griegos para montar sus
obras escénicas, con el propósito de darle más realismo al montaje moderno.
Durante el desarrollo de la pieza una grúa de madera, ubicada fuera del
proscenio, levantaba a un actor que personificaba a un dios y elevándolo por
las alturas, giraba y lo depositaba en el centro del escenario, como si viniera
de arriba, seguramente del Olimpo. A ese efecto se le conoció más tarde como
deus ex machina y significa, hoy en día, una incongruencia o falta de
coherencia en la trama de la narración; estamos hablando de esos efectos tan
manidos por autores y coreógrafos para introducir un factor inexplicable al
hilo conductor y que logra fracturar la lógica interna de la secuencia; el
abuso o la torpeza en el uso del recurso, dada su calidad externa, puede romper
con una buena trama y el público muestra su descontento o desconcierto.
¿Cuántas veces nos
pasó en las que disfrutando de un western veíamos azorados que unos pocos
vaqueros luchaban a brazo partido –escudándose con un carromato volteado–
contra una partida de indios que los asediaban con gritos y disparos,
cabalgando frenéticos en derredor de ese grupo heroico que se defendía como
podía y se sabía condenado a muerte? De pronto, de la nada, sin aviso previo,
se escuchaba el clarín de la caballería –tal vez el séptimo de Custer– que se
aproximaba exuberante por la pradera, para apoyar a sus compañeros.
Seguramente, metidos de lleno en esa narración, celebrábamos la salvación
espontánea e inesperada de los vaqueros de aquel ataque de los indios, pero
siempre quedaba la pregunta: ¿Cómo fue?
Ambos
circunstantes, el “caballo del bueno” y la cuestión del deus ex machina, rondan
estos días mis pensamientos cuando leo y vuelvo a leer las noticias sobre la
violencia en México. Hay quienes piensan y aseguran que el caballo de Calderón
–dadas las virtudes morales de su jinete– es más rápido que el de los
narcotraficantes; ese es un pensamiento contraintuitivo o carente de sentido.
Hay quienes vemos en esa guerra desatada por el gobierno federal contra la
delincuencia organizada –que ya cuenta bajas en todos los bandos posibles y por
decenas de miles– una mera escenificación del gran teatro político que se
justificó en un momento de debilidad gubernamental (2006) y se estimó necesaria
para incrementar la legitimación –o sea, la gobernabilidad– del poder político.
Al inicio (2006) se pensó en el viejo recurso del deus ex machina y se calculó
que con un aumento de fuerza y de aparatos de guerra en la confrontación
bastaría para vencer y salir airosos del problema. El “dios surgido de la
máquina” bélica no funcionó como se esperaba. Ahora (2012) vivimos en el centro
de una avalancha incontenible de violencia y ¡ay!, se perdió la gobernabilidad
y con ello la ansiada legitimidad. Haber confiado en el recurso clásico del
“dios surgido de la máquina” es un pensamiento contraintuitivo. En el centro de
esta guerra, ya acosados por todos los frentes, no escuchamos ese clarín de
guerra salvador ni aparece la caballería en nuestro auxilio. El Plan Mérida se
concibió (2008) muy probablemente como ese factor externo que nos redimiría y
lamentablemente no llegó (2012) ni llegará, al menos como se esperaba. Ese
pensamiento también es contraintuitivo o sin sentido alguno.
Muchos, ante las
noticias de la guerra contra el narcotráfico y todas sus demás vertientes
delictivas, y ante la propaganda gubernamental manipulada para hacernos creer
que en verdad hay relación directa entre eficacia del mundo causal y sentido
moral de las personas, y que hay –además– un dios que emergerá de la máquina de
guerra, nos mostramos auténticamente escépticos. Nos sentimos muchos –eso sí–
manipulados, y vemos el terror, mientras tanto, en los rostros mexicanos.
¿Algún día terminará esta guerra? ¿Quién la gana y quién la pierde? ¿Hay alguna
estrategia de guerra, o sólo nos movemos reactivamente? ¿La guerra era
inminente o fue creada? Hay muchas más preguntas en el ambiente.
Se antoja necesario
un análisis, aun breve y nunca completo, de todo esto que nos pasa para así,
tal vez, estar en condiciones de comprender y asumir respuestas, no sólo
acciones. La primera cuestión que nos asalta en nuestras cavilaciones, por
razón de terror y de un mínimo de compasión humana, es la cuestión de los muertos
como causa directa de esa guerra de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia
organizada. Esa manipulación propagandística indica que los caídos
–mayoritariamente– eran delincuentes, por tanto se lo merecían; o bien, puede
asumirse que “algo” malo tendrían o hacían y, por tanto, los asesinaron –hay
“merecimientos” para ello, se insiste–. Los “daños colaterales”, como se
denominan a los probables inocentes muertos en las refriegas o sin ellas, y
sólo por estar en el lugar y momento equivocados, o por tener una fachada
sospechosa, no “pintan” mucho en las cuentas finales y se responde que sí se
han violado derechos humanos, pero en poca cantidad, como si lo cuantitativo
fuera factor a considerar en estas cuestiones de los derechos.
Hay otro aspecto a
estimar advertido en las grandes fosas de cadáveres encontradas en diversos
predios de estados norteños: no se conoce quién o quiénes asesinaron a esas
personas por cientos y después ocultaron –o trataron de hacerlo– sus cuerpos,
amontonados, como veíamos en documentales sobre los campos de concentración
nazis. Ahí es notable un dato que se ha dado a conocer: se trata
mayoritariamente de migrantes nacionales o extranjeros, que se proponían cruzar
la frontera norte. En los primeros casos de muertos en la guerra, desde luego
que se sabe de crímenes atroces y de lesa humanidad que deben perseguirse y no
quedar en la impunidad; en los segundos casos de las fosas, cuya excavación
requiere de trabajos y maquinaria mayores, puede pensarse válidamente en actos
de genocidio, dada la calidad y perfiles de las víctimas, siempre homogéneos,
lo que significa sistematización, aunque se niegue.
En esta última
cuestión existen –cuando menos– evidencias de omisión por parte de las
autoridades en los esfuerzos de identificación de los cadáveres, investigación
de los posibles delitos cometidos y sometimiento a la justicia de los probables
responsables. Dicha inacción implica la integración de figuras típicas
contempladas en instrumentos internacionales de los que México es parte y que
permiten encausar a quienes resulten responsables de la omisión del poder, así
se amenace desde el poder a quienes creen que es posible ese juicio
internacional, o es –para muchos otros, incluido yo– un mero testimonio, o como
se dice internacionalmente, un statement, que se necesita ahora mismo.
La propaganda que
tiende a generar una “conciencia de lo real” con criterio de verdad –que
pretende ser absoluta– procura distribuir culpas desde un sólo mirador y
estimar que si la violencia proviene del Estado se halla justificada, en tanto
la otra, de quien provenga, es inmoral. Eso podría ser verdad bajo parámetros
legales y constitucionales, pero en esto se hallan ausentes, pues el Ejército
no cuenta con facultades para emprender funciones de policía y, además, el
principio universalmente aceptado y conocido como Posse comitatus impide el uso
de las Fuerzas Armadas en el propio territorio y contra la población autóctona,
y el Ejército hace lo que sabe hacer (detener, enfrentar, hacer la guerra),
pero el proceso constitucional que ordena investigar los delitos, perseguirlos,
enjuiciar a los delincuentes y sancionarlos, ni siquiera integra su acción ni
su estrategia.
El argumento
oficial esconde, además, algo que provoca azoro, pues se dice soslayadamente:
si no intervinieran las Fuerzas Armadas en el conflicto, las personas iban –de
cualquier manera– a morir a manos de los delincuentes; por tanto, es lo mismo
matar que dejar morir. Este planteamiento no soporta el mínimo análisis moral.
Simplemente se está optando por la peor de las respuestas y no por lo
preferible desde una necesaria razón práctica que ahora parece tan extraviada.
Según los
indicadores que se asumen para detectar falacias lógicas, en el caso mexicano
podemos utilizarlos y asumir que en la lucha contra la criminalidad tratan de
indicarnos como premisa 1: “si hay más fuerza habrá más muertos”; en la segunda
premisa se afirma: “si hay más muertos entonces habrá menos fuerza”; por ende,
se concluye con falacia: “si hay más fuerza entonces habrá menos fuerza”,
eventualmente. Esto es, sigamos con la guerra, pues es moralmente correcto
matar, para evitar más muertes. Eso no se sustenta ni siquiera desde un punto
de mira utilitarista, que buscaría la mayor felicidad al mayor número de
personas, o en sentido contrario, el menor daño al mayor número de personas,
pues en cuestiones bélicas esta última presentación de la ecuación de Bentham
resulta aún más evidente.
Se ha recurrido,
también, al llamado sofisma populista en otras ocasiones, pues se atribuye la
opinión propia de quien gobierna –síndrome de hybris de Owen– a la opinión
mayoritaria de la población, y entonces todo lo afirmado debe ser cierto. Eso
tendría que probarse, no sólo afirmarse.
Hemos hablado del
consecuencialismo y bajo esa perspectiva se nos engaña al partir de un mero “Si
A, entonces B”, pero adicionan inválidamente: “B, entonces A”. Así, llegan a la
afirmación de la consecuencia, estructurando algo como: “las personas honradas
no se ven involucradas en hechos de violencia” (Si A, entonces B). Sin embargo,
agregan el “B, entonces A”: “si una persona se involucra en el hecho violento,
no es una persona honrada”. De ahí que siempre los caídos en los hechos de
violencia “abatidos por las Fuerzas Armadas” –según se dice en los propios comunicados
oficiales–, sean presuntos delincuentes y merecían caer ante las armas del
Estado, pues implican en sí y por sí la razón moral. Es ese caballo del malo
que siempre es más lento que el del bueno. Deus ex machina.
Hemos escuchado
hasta la saciedad que: 1. Alguien debía encarar a esta delincuencia, pues en
años anteriores nada se hacía; y 2. La actividad antisocial y violenta es una
herencia del pasado inmediato. Se encuentra en ambas afirmaciones una forzada
correlación de causa y efecto, pues se piensa falazmente que si ocurre A
(situación anterior) y correlacionadamente después ocurre B (violencia actual),
entonces A ha causado a B. Se conoce como cum hoc, ergo propter hoc y se
distingue por ser una conclusión prematura y sin bases ni evidencia; al
admitirse diversas posibilidades de respuesta, amén de la presumida en la
propaganda gubernamental, se toma esta presentación en tanto una falacia
lógica, pues podría admitirse, por ejemplo, que B sea la causa de A, esto es,
que la escalada de violencia del último lustro no es resultado de los puntos 1
y 2 anteriores, sino su causa, pues sería claro que una estrategia diferente y
más eficaz para contener la violencia de años previos explicaría por qué la
violencia actual no se justifica; esto es, lo que ahora se vive sería la causa
para explicar la estrategia de años previos.
Simultáneamente
podría ser que exista un tercer factor desconocido o no tomado en cuenta y que
sea realmente la causa de la relación entre A y B. Así, podría decirse: “la
escalada de violencia del último lustro responde a una decisión política para
ganar legitimidad”, por lo que esa correlación entre la violencia y los
supuestos 1 y 2 anotados no se establece directamente y sólo se trata de una
apreciación subjetiva.
Podría ser que la
trama de esta guerra contra el narcotráfico sea tan compleja, montada en una
especial circunstancia temporal y espacial, y que hubiere pasado de una fase de
desarrollo a otra muy novedosa, que entonces la relación entre A y B sería mera
coincidencia. En cuarto lugar, puede pensarse que B sea la causa de A y, al
mismo tiempo, A sea la de B, esto es, que se esté en presencia de una relación
sinalagmática o sinérgica que permite catalizar los efectos. En todo caso debe
probarse primero el punto 1 que asevera que en fases anteriores del
narcotráfico nada se hizo en décadas anteriores para combatirlo y parece, en
demostración de lo contrario, que hay evidencia de respuestas concretas del
Estado en ese sentido; y después el punto 2 que infiere herencias de violencia
que debían atenderse; no obstante, los indicadores más duros de la estadística
muestran que los índices delictivos, al concluir la primera mitad de la primera
década del siglo, mantenían una tendencia a la baja.
Hoy se habla de un
supuesto “efecto cucaracha”, como signo de éxito en la lucha contra la
criminalidad; tan se han logrado las metas de esa lucha –se dice– que los
delincuentes cambiaron de lugar huyendo como cucarachas. Eso es otra falacia,
pues los expertos no ignoran que en materia de criminología el delito no es
erradicable por decisión unilateral, ni por decreto, como sucede con algunas
enfermedades. Pensar en que el delito se cancela es una ingenuidad mayor; se le
controla, pero no se le desaparece.
En cuestiones de
criminalidad, dadas las circunstancias de control, el delito no se desvanece,
sólo se transforma o se mueve, y esto, sin los cálculos adecuados, puede
resultar peor que la situación anterior. ¿Es posible evitar el robo de
vehículos a un 100% en una zona determinada? La respuesta podría ser afirmativa
mediante los operativos pertinentes, pero debe siempre preverse que la
delincuencia no desaparecerá y tan sólo cambiará, por ejemplo, dejando de robar
automóviles, para ingresar al robo de casas-habitación. La cuestión entonces es:
¿qué es preferible en el control?
Para la empresa
criminal es conveniente un clima distorsionado, convulso, sin cohesión social
y, además, violento. Es claro que un clima social así no le conviene a ningún
estado de derecho que actúe de manera racional. Cuando se expresa desde las
tribunas gubernamentales que la opción es maniquea: “dejamos a la delincuencia
actuar y volteamos para otro lado o la enfrentamos con toda nuestra fuerza”, se
colocan las cosas en una situación de muy difícil solución. Implica un todo o
nada; la afamada “suma cero” de la teoría de juegos de Nash, que dicta que “uno
gana todo y el otro pierde todo”, como si se tratara de una partida de ajedrez
o de un juego de futbol. En la vida real donde se presentan conflictos no se
responde de esa manera, pues no sólo los riesgos crecen en vez de disminuir,
sino que se prolonga un altercado, sin una noción clara de triunfo o derrota.
Debe reflexionarse
en torno a las respuestas dadas para combatir a la delincuencia, basadas casi
exclusivamente en la presencia y actuación de las Fuerzas Armadas. Con todo el
respeto que merecen éstas, es necesario decir que cuando se les utiliza para
actuar en el orden de la seguridad pública, es decir, como policías, su trabajo
resulta incompleto, pues las organizaciones castrenses “sirven para lo que
sirven”, esto es, la fase de detención, confrontación y estrategia militar con
todo lo que implica. No obstante, las secuelas jurídicas exigibles que imponen
la debida persecución, enjuiciamiento y sanción conforme a la ley de los
delincuentes quedan fuera del proceso, y de ahí esa sensación social de
inusitada violencia acompañada por una evidente impunidad, según ya habíamos
argumentado.
No es descabellado,
sino necesario, repensar la estrategia militar. Por supuesto que llegados a
este punto de confrontación y pérdida de control social en diversas zonas del
país, ese cambio estratégico habrá de ser paulatino y no súbito. La cuestión
sobre si era necesaria la intervención del Ejército y la Armada en funciones
policiales debió ser tomada en consideración en su momento (2006) y no en éste
(2012) en el que se ha llegado, en algunos lugares, a puntos de no retorno, al
menos por ahora.
Entre las acciones
a asumir de manera inmediata, pues la concurrencia de ciertos circunstantes
conspiró para el fortalecimiento de la criminalidad y el avance de la
violencia, se hallan, por ejemplo, la revisión a la política fronteriza, tanto
en el norte como en el sur, pues la migración –a partir del 9/11– se colocó
como tema atractivo para la empresa criminal, dados los altos costos que
implicaron las medidas de alta seguridad tomadas por los gobiernos
involucrados. Asimismo, la proliferación de casas de apuestas en las
principales ciudades –y el caso Monterrey es paradigmático– ha dado pie para
que las organizaciones criminales se apoderen de esta actividad con toda su
secuela de extorsiones, delitos asociados al vicio, violencia y lucha entre
bandas delictivas con consecuencias nefastas, como el incendio intencional del
casino Royale, en esa ciudad norteña.
La “monserga” del
argumento en favor de los derechos humanos es otro de los clichés de venta del
producto gubernamental, pues siempre se argumenta: los delincuentes violentan
los derechos de sus víctimas; pues sí, es verdad, en eso consiste un delito, en
la vulneración de derechos de manera criminal y, además, no porque alguien
violente la regla de convivencia, emerge una autorización para que el Estado
violente los derechos. Con esto nos situamos como país en la ilógica presencia
de la ecuación: dos errores producen un acierto.
Que no nos
confundan: la no intervención de las Fuerzas Armadas y la utilización de otras
medidas menos radicales en estos menesteres no implica pactar nada ni sucumbir
ante los criminales ni asumir una actitud resignada e impotente. Es,
simplemente, buscar que la razón impere por encima de la fuerza. El Estado está
obligado a actuar racionalmente y no impulsado por emociones o por motivaciones
beligerantes injustificadas; eso parecería más bien un gobierno de los
Neanderthal.
Es la hora llegada
de reflexionar sobre las diversas experiencias mexicanas –no colombianas, no
norteamericanas, no sicilianas– en materia de delincuencia organizada y asumir
una posición más parecida a la de Ulises, que se valió de inteligencia, astucia
e imaginación, que a la de Hércules. El gobierno de Hércules no puede
prosperar, pues sólo es un mito.
Desapariciones:
el Ejército “cede”, pero encubre
GLORIA LETICIA
DÍAZ
Organizaciones
civiles, abogados y familiares de los primos José Ángel Alvarado Herrera, Nitza
Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos en diciembre de
2009 en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, insisten en que fueron
militares quienes se los llevaron. Y aun cuando han expuesto su caso ante
instancias nacionales, y organismos de la ONU y tribunales interamericanos se
han solidarizado con su causa, hasta ahora lo único que ha hecho la Sedena es
devolver el expediente a la Procuraduría General de la República para que
prosiga las investigaciones. Pero los tres jóvenes no aparecen y la dependencia
sigue sin responder.
Después de casi dos
años de recibir impugnaciones contra la competencia del fuero militar en
investigaciones por violaciones a los derechos humanos de civiles, la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena) cedió a las exigencias de los representantes de
las familias de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y
Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos el 29 de diciembre de 2009 por una
partida militar en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.
La desaparición
forzada de los primos ocurrió en el contexto de la guerra contra el
narcotráfico lanzada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, apenas inició su
mandato. De hecho es el primer caso de esta naturaleza llevado a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que ya condenó a México en cinco
ocasiones por violaciones a las garantías individuales, en cuatro de ellas por
abusos cometidos por tropas de la Sedena en administraciones anteriores.
El litigio ante la
Corte es llevado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CDHM), la
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac) y el
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, cuyos abogados exigieron desde el
principio a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar las
indagatorias correspondientes para la localización de los tres jóvenes.
Ante la falta de
respuesta, los litigantes de esas organizaciones acudieron a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que inició una indagatoria y el 30 de
junio del año pasado emitió una recomendación –la 43/2011–, en la que sus
visitadores confirman la participación de miembros del Ejército, así como de
agentes de la Policía Federal, en la desaparición de José Ángel, Nitza Paola y
Rocío Irene.
La triple
desaparición también formó parte de los expedientes que el Grupo del Caso de
los Jóvenes Alvarado entregó al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas
e Involuntarias (GTDFI) de las Naciones Unidas durante su visita a México en
marzo del año pasado, que se prolongó durante tres días.
El GTDFI evaluó la
información de las autoridades federales y locales, así como la que le
proporcionaron activistas de derechos humanos y la propia Sedena, y elaboró un
informe sobre los tres casos, que presentó el 20 de diciembre último durante el
19 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. El
organismo concluye: “parecería que México no tiene la voluntad o es incapaz de
realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas”.
La devolución del
expediente
El jueves 9 de
febrero, en una reunión efectuada en la Secretaría de Gobernación en torno al
tema del cumplimiento de la recomendación de la CNDH relativa a la desaparición
de los primos Alvarado, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) optó por
delegar el caso a la PGR, según relatan familiares de las víctimas y los
abogados que llevan el caso.
“Nosotros
advertimos desde un primer momento que si la PJM no declinaba su competencia,
nosotros íbamos a interponer un amparo en apego a la resolución de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con el cumplimiento de la
sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso Rosendo
Radilla y ante las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del
año pasado”, dice en entrevista Luz Estela Castro Rodríguez, coordinadora del
CEDHM.
Relata que el 7 de
diciembre, en una reunión con representantes de Gobernación y de la Sedena,
ella y sus compañeros insistieron en ese aspecto y los funcionarios
respondieron que estaban “analizando la petición”.
De acuerdo con la
minuta del encuentro del jueves 9, un representante de la PJM “informó a los
beneficiarios y a sus representantes que esa dependencia declinó competencia de
las investigaciones a favor de la PGR, la cual recibió 14 tomos que integran
las indagatorias que llevaron con fecha 3 de enero de 2012”.
El expediente
AP/PJM/AMPE/Cd Juárez /196/20 09-II-IV estuvo en poder del Ejército desde el 20
de febrero de 2010, cuando la PGR declinó competencia a favor de la PJM. La
averiguación se abrió por el delito de “abuso de autoridad” y no por
desaparición forzada, pese a la insistencia de familiares y abogados.
Los 14 tomos de la
investigación ya fueron enviados a la delegación de la PGR en Ciudad Juárez a
petición de la coordinadora del CEDHM.
“En unos días más
vamos a revisar la averiguación y veremos en qué fundamentaron la declinación,
sería extraordinario que lo hicieran con base en el respeto a los tratados
internacionales y la resolución de la SCJN –dice –. Ojalá no salgan con que
declinaron porque no encontraron responsabilidad de militares en la
desaparición de los jóvenes Alvarado.”
Su compañera Emilia
González Tercero, de la Cosyddhac, es más pesimista: Dice: “Tengo la sospecha
de que el expediente fue manipulado, sobre todo por la forma en que se
condujeron los militares para negar los hechos. Pienso que fue una
investigación para exculpar, más que para esclarecer”.
Castro Rodríguez
resalta que en la investigación también deberá deslindarse la responsabilidad
de un comandante de la Policía Federal de apellido Meza, quien tuvo información
de los militares sobre la detención de los jóvenes Alvarado por tropas de la
Sedena, de acuerdo con la recomendación de la CNDH, que implica también a la
Secretaría de Seguridad Pública federal, que dirige Genaro García Luna.
“Hasta ahora,
García Luna no ha aceptado la recomendación, por lo que pedimos a la CNDH que
ejerza su facultad de pedir al Congreso de la Unión que llame al funcionario a
comparecer”, dice la abogada.
E insiste en que
llevará su investigación hasta las últimas consecuencias para que se castigue a
la cadena de mando: “Debe ser llamado a cuentas el general Felipe de Jesús
Espitia Hernández, porque al menos en el caso específico del coronel de
infantería Elfego José Luján Ruiz, principal sospechoso de la desaparición de
José Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene Alvarado, él se encargó de encubrirlo”.
Espitia Hernández
fue comandante de la V Zona Militar con sede en Chihuahua, del 18 de enero de
2007 al 1 de julio de 2010; también fue primer titular del Operativo Conjunto
Chihuahua, que arrancó el 28 de marzo de 2008.
Confrontado con las
organizaciones de derechos humanos por sus declaraciones –“No me pregunten
cuántos muertos hubo, sino cuántos delincuentes menos hay”, declaró alguna
vez–, el general Espitia fue enviado a la base militar de Santa Gertrudis,
Chihuahua, tras su gestión al frente de la V Zona Militar.
Castro Rodríguez y
González Tercero sostienen que Espitia tendría que aclarar por qué razón
protegió al coronel Luján Ruiz, comandante del 35 Batallón de Infantería, con
sede en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.
Maniobras militares
En su edición del
25 de abril de 2010, Proceso publicó un reportaje sobre la desaparición de José
Ángel, Nitza Paola y Rocío Irene Alvarado y las vicisitudes de sus familiares y
abogados ante las delegaciones de la Procuraduría General de Justicia de
Chihuahua en Buenaventura y Casas Grandes, Chihuahua.
En su litigio
inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los
representantes de los Alvarado informaron que “tres funcionarios de la
procuraduría de Chihuahua (Aarón Enríquez Duarte, Horacio Flores y otro de
apellido Leyva) confirmaron verbalmente a familiares de las víctimas que éstas
fueron detenidas por militares en un operativo dirigido por Elfego Luján,
comandante del referido batallón.
“También les
dijeron que la camioneta GMC 2001 con placas ZR 9367, en la que viajaban Nitza
Paola y José Ángel al momento de ser arrestados, fue depositada por soldados en
el corralón de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo Casas Grandes”
(Proceso 1747).
Sin embargo, el
general Espitia Hernández, entonces comandante de la V Zona Militar, “se
encargó de negar la participación del Ejército y después la misma Sedena ocultó
la existencia de Luján”, cuenta la abogada Castro Rodríguez a la reportera.
Este semanario
informó entonces que las abogadas Castro y González Tercero, así como familiares
de las víctimas, fueron recibidas el 9 de enero de 2010 en las oficinas de
Espitia, reunión en la que participaron además el mayor Carlos Sergio
Ruvalcaba, jefe de Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional de
la Dirección de Justicia Militar, y un general “de apellido Guillén”.
“Fue éste quien, en
un intento por desactivar las exigencias de presentación de los desaparecidos,
acusó a José Ángel y a Nitza Paola de tener ‘antecedentes penales por robo de
vehículo, y a María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza, por robo en
casa habitación’.”
Dos años después de
ese encuentro, la abogada de la Cosyddhac, Emilia González Tercero, relata: “En
esa ocasión también estaba presente Elfego Luján. Había sido mandado llamar por
el general Espitia, quien a su vez organizó el encuentro por órdenes de la
Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena”.
Tanto ella como
Castro Rodríguez describen al coronel Luján como un hombre de baja estatura,
moreno, de complexión media, casi robusta.
“Espitia negó que
tropas del 35 Batallón hubieran estado desplegadas en Buenaventura en las
fechas en que desaparecieron los primos Alvarado, y llamó a Luján para
confirmar su dicho. En ese momento, María de Jesús lo increpó y le recordó que
en su pueblo todos sabían que habían estado hospedados en un hotel y que habían
estado ahí las últimas tres semanas de diciembre.
“Luján trató de
refutar las afirmaciones de María de Jesús, pero cada vez se enredaba más,
conforme ella le iba dando más datos, hasta que Espitia le ordenó que se
callara”, recuerda González Tercero. Días después, Luján fue removido de su
cargo.
Castro Rodríguez
agrega: “En nuestra solicitud de amparo contra la desaparición forzada,
interpuesta el 6 de enero de 2010, mencionamos como autoridad responsable al
comandante del 35 Batallón de Infantería de nombre Elfido o Elfego Luján, y que
probablemente tenía el cargo de teniente o capitán, porque eran los datos vagos
que teníamos de los agentes ministeriales;en la respuesta a la autoridad, se niega
su existencia”.
El 11 de febrero de
2011, en un documento firmado por el coronel de infantería Marín David Vázquez
Orozco, “comandante del 35 Batallón de Infantería”, del que Proceso tiene
copia, se negó a responder al oficio enviado por la secretaria del Juzgado
Sexto de Distrito en Ciudad Juárez, Guadalupe Arellanés Martínez, dirigido al
“teniente o capitán Elfido Luján”, porque –dijo– “no existe persona con ese
nombre (en esa instalación militar)”.
Continúa la
abogada: “Es claro que se trató de una estrategia para evadir responsabilidad y
protegerlo. En reuniones posteriores para revisar el cumplimiento de las
medidas cautelares de la CIDH reiteramos que se estaba manipulando la
información, ya en el proceso ante la Corte Interamericana la Sedena volvió a
negar nuestros señalamientos”.
La petición
Negar la
participación de efectivos militares en la desaparición de los Alvarado fue uno
de los elementos que arguyó la CIDH para enviar el caso al tribunal regional,
según la resolución emitida por la Corte Interamericana el 26 de mayo de 2010
en la que exige al gobierno de Felipe Calderón la presentación de los
desaparecidos.
Seis meses después,
ante la reticencia del Estado mexicano por localizar a las víctimas, acción
esta última que eventualmente implicaría reconocer la participación del
Ejército, la Corte amplió la protección a 24 familiares, así como a la abogada
Emilia González Tercero, por las amenazas que recibieron.
En su resolución
del 26 de noviembre de 2010, el máximo tribunal interamericano incluyó
extractos de un escrito fechado el 3 de junio de 2010, en el que la Sedena
justificaba la intervención de la PJM como“una medida para esclarecer si en la
presunta desaparición (…) participó o no personal militar”.
El documento de
referencia puntualizaba que “autoridades de la V Zona Militar negaron que
personal de su jurisdicción hubiera participado en los hechos”. Ante el
continuo desacato y la ineficacia para aplicar las medidas de protección, la
CIDH amplió el número de protección a 37 personas.
El 28 de junio de
2011 representantes del gobierno calderonista fueron sentados nuevamente en el
banquillo de los acusados ante jueces de la Corte Interamericana por el
incumplimiento de las medidas de protección a los familiares de los Alvarado y por
el desdén de las autoridades militares para localizar a los jóvenes
desaparecidos.
En la audiencia, en
la que estuvo presente la reportera, los representantes de México, encabezados
por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel
Robledo Verduzco, negaron la participación de tropas del Ejército en la
desaparición de los Alvarado y defendieron la competencia del fuero militar.
En una reunión
posterior a la audiencia, María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza
Paola, enfrentó a los funcionarios: “Respeto su opinión, pero yo no estoy de
acuerdo. Durante las tres semanas que estuvieron en mi pueblo los soldados se
robaron las pick ups de la gente y las traían como suyas, y a los dueños los
torturaban (…) Hasta ahora no sé nada del presidente Calderón.
“En febrero de
2010, cuando fue a Ciudad Juárez (a ver a los familiares de los jóvenes
asesinados en Villas de Salvárcar), yo le entregué a Margarita Zavala un
expediente pidiéndole que localizara a mis familiares y castigara a los
culpables. Hasta ahora no tengo respuesta”, les dijo (Proceso1809).
En su informe
definitivo, presentado el 20 de diciembre último en Ginebra, los integrantes
del GTDFI Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina), Ariel Dulizky (Argentina) y
Osman El Hajjé (Líbano) recomendaron, entre otros puntos: “considerar en el
corto plazo el retiro de las fuerzas miliares de las operaciones de seguridad
pública de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las
desapariciones forzadas”.
En su documento
entregado al Consejo de Derechos Humanos ubican las desapariciones en el
contexto de la guerra contra el narcotráfico: “El Grupo de Trabajo recibió
documentación detallada de varios casos de desaparición forzada que habrían
sido perpetrados por elementos militares en múltiples estados, como Coahuila,
Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas”.
Los integrantes del
GTDFI sostienen que en la guerra declarada por el presidente Calderón a la
delincuencia organizada “la presencia de las Fuerzas Armadas se ha extendido
más allá de las funciones de las operaciones de seguridad”.
La pesadilla de los Alvarado
PATRICIA DÁVILA
“¡Usted se llevó a
mis familiares! ¡Usted sabe dónde están! ¡Devuélvamelos!”, exigía María de
Jesús Alvarado a Elfego José Luján Ruiz, coronel del 35 Batallón de Infantería
asentado en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. “No sé nada. Nunca estuve en un
operativo en el pueblo”, refutaba el militar la mañana del 10 de enero de 2010.
Desde esa fecha la
familia Alvarado soportó amenazas y persecución de los militares comandados por
Luján Ruiz y tuvieron que huir de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde vivían, para
refugiarse en algún lugar de Sonora.
Pero el miedo no
los paralizó: Denunciaron la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado
Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera –ocurrida el
29 de diciembre de 2009– ante autoridades locales y la Procuraduría General de
la República (PGR). Su caso llegó incluso a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Proceso 1747).
A poco más de dos
años de la desaparición de los jóvenes, la familia se siente optimista: El
pasado jueves 9, en una reunión en la Secretaría de Gobernación, se les
notificó que el 3 de enero la Secretaría de la Defensa (Sedena) cedió la investigación
a la PGR. Es la primera vez que una corte militar deja en manos de la autoridad
civil un juicio contra mandos castrenses.
Fiestas de fin de
año
En su exilio
sonorense María de Jesús Alvarado narra a Proceso los hechos:
En 2009 “decidimos ir
a pasar Año Nuevo con nuestra familia al ejido Benito Juárez, municipio de
Nuevo Casas Grandes; el 29 de diciembre, entre las ocho y las nueve de la
noche, mi hermana Nitza y nuestro primo José Ángel llegaban a la casa de la
suegra de él cuando los soldados los sorprendieron. A Nitza la bajaron de la
camioneta jalándola del cabello. José Ángel trató de defenderla, peleó con los
militares, los golpeó, les tiró esposas y cascos, pero se le vinieron los demás
encima… Eran como 10 y lo golpearon entre todos. La troca quedó con sangre de
José Ángel”, recuerda.
“Cuando se los
llevaron, varios de nosotros salimos a perseguirlos, pero los perdimos. Fuimos
a la presidencia del ejido a poner la denuncia; en eso llegó mi tía y nos avisó
que también se habían llevado a Rocío, mi prima.”
A ella la sacaron
de su casa:
Los soldados
irrumpieron con violencia “y se fueron directamente a la recámara de la
muchacha. En la cocina había leche en polvo que los militares probaban mientras
otros revisaban cajones. A los niños –al hijo y dos hermanos de Rocío– los
encerraron en el baño. A ella le dijeron que estaba detenida y se la llevaron
así, en pijama”.
Entre las cuatro y
las cinco de la mañana llegó Óscar Arias del Campo, funcionario de la Agencia
Estatal de Investigación (AEI) de Nuevo Casas Grandes, a llevarse la camioneta
de la que habían bajado a Nitza y José Ángel. María de Jesús preguntó para qué
y él respondió: “Para investigación”. “Nos llamó la atención que en las afueras
del pueblo los estaba esperando el Ejército. Lo resguardó durante el viaje”.
“A las ocho de la
mañana del día siguiente nos presentamos en el 35 Batallón exigiendo que nos
entregara a los muchachos. Luján no nos recibía, nos corría, ni siquiera nos
dejaban acercarnos a la caseta.
“El Ejército estaba
levantando gente del pueblo al azar. Empezamos a investigar con los que había
soltado y un muchacho nos dijo que el día que se lo llevaron vio que (los
soldados) llegaron con dos mujeres y un hombre, pero no les vio la cara. Los
soldados le advirtieron que no volteara para ningún lado, y como ya lo habían
torturado…”
Después de la
presión de María de Jesús ante la AEI, un agente del Ministerio Público,
Horacio Flores, le reveló: “A tu familia la tiene el Ejército, te lo digo
porque en el parte informativo que me mostraron cuando trajeron la camioneta
decía el nombre de ellos. Te voy a dar el nombre del coronel que los detuvo.
Llega y pregunta directamente por él’”. Era Elfego José Luján.
“El 16 de febrero
(de 2010) tuve que hablar con la fiscal de Chihuahua, Patricia González, para
que me entregaran la camioneta gracias a que Carlos Garduño Salinas (de
Gobernación) la presionó para que me la diera. Ella habló a la AEI con un
funcionario de apellido Morales para que llevara el vehículo. Escuché que Morales
le decía: ‘Es que no hay un acta levantada, no hay cargos, sólo la dejó el
Ejército’. Cuando me entregó la camioneta le pedí el parte informativo y ella
me dijo que era confidencial.
“Después fui con
Edith Acevedo, la MP a cargo de personas ausentes o extraviadas; yo les decía
que no eran ausentes ni extraviadas, que no tenía por qué estar ahí mi caso, y
ella me decía: ‘Pues a mí me lo dieron’. Nos dijo a mí y a mi abogada, Luz
Castro, que no tenía duda de que había sido el Ejército. El 6 de enero de 2010
presenté la denuncia de desaparición forzada ante la Séptima Agencia
Investigadora del Ministerio Público de la Federación, en Ciudad Juárez; el 20
de febrero ésta declinó ante el fuero militar.
“Le pedí al titular
de la agencia, de apellido Durazo, que investigara él, y me dijo: ‘Para mí no
hay duda de que fueron los militares, pero yo me lavo las manos. Turno al fuero
militar. Con los militares no me meto’.”
Previamente, el 10
de enero de 2010, María de Jesús Alvarado asistió a una reunión en la que,
respaldado por el general Felipe de Jesús Espitia, entonces coordinador del
Operativo Conjunto Chihuahua, estuvo Elfego Luján:
“Le preguntaba
dónde tenía a mi familia. Él negaba todo, decía que nunca habían tenido
operativos en el pueblo, que ahí nunca había andado el Ejército. Yo le decía
que sí, que se hospedaron durante tres semanas en un hotel del pueblo. Él
decía: ‘No. Tú mientes. Nunca nos hospedamos en casas ni en ningún otro lado,
siempre acampamos’. Yo insistía en señalarlo y él decía: ‘Bueno, según usted de
quién era propiedad el hotel’. Yo le respondía que del crimen organizado (La
Línea) o quizá ya era suyo, porque entraba y salía como de su casa.”
Culpa de La Línea
María de Jesús
recuerda que el 29 de octubre de 2009, dos meses antes de que se llevaran a sus
familiares, en las afueras de Benito Juárez sicarios de La Línea (brazo armado
del Cártel de Juárez) asesinaron a unos agentes federales. A raíz de eso el
pueblo se llenó de militares y policías. Para dar con los asesinos empezaron a
levantar a cualquiera que anduviera en la calle; pero la gente del pueblo sabía
que los responsables se habían ido inmediatamente después de los asesinatos.
El 10 de enero fue
la última vez que María de Jesús tuvo enfrente a Luján. Nueve días después leyó
en el periódico que el militar había sido removido de su cargo. Si preguntaba
por él en la Sedena le decían que no existía. Entonces empezaron las amenazas
contra el resto de la familia. Para entonces María de Jesús ya había presentado
una queja ante la CNDH, que el 30 de junio de 2011 concluyó que los militares
fueron los responsables de la desaparición forzada.
Nitza estaba viva
Un hecho más
complica la historia: el 3 de febrero de 2010 Nitza se comunicó por teléfono
con su familia. Decía que estaba secuestrada, que por favor la liberaran. Se
hizo un rastreo del número del que habló y al parecer la llamada había salido
del penal de Santa Martha Acatitla, en el DF.
La Fiscalía
Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas,
de la PGR, se hizo cargo del caso. La fiscal Sara Irene Herrerías les dijo que
se trataba de un error, “que alguien quería extorsionarnos”. Le dijeron que no
era una extorsión, que era Nitza la que había hablado.
El 23 de junio de
2011, en la reunión de Chapultepec entre Calderón y el Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad, Norma Ledezma (representante de Justicia Para Nuestras
Hijas y quien también apoya a los Alvarado) le dijo al presidente “que íbamos a
ir a Costa Rica, a la Corte Interamericana. Poco después saquearon sus oficinas
en Chihuahua”.
El hostigamiento
continuaba: Cuando las abogados de María de Jesús regresaron de Costa Rica, los
federales entraron a la oficina del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte,
encintaron las calles, rompieron candados y todo a su paso. “Sólo buscaban
papeles, pero las abogadas desde un principio tenían todo en memorias
electrónicas. Los federales se llevaron documentos, pero nada importante”.
Aceptación a medias
El día que los
militares pasaron el caso a la PGR, Carlos Sergio López Ruvalcaba, de la
Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena, les dijo a los abogados:
“Ya está la aceptación por escrito. Efectivamente hubo participación de
elementos militares y estamos en la mejor disposición de ayudarlos para la
reparación del daño y ver las medidas provisionales que les ordena la CIDH para
las familias beneficiarias de las víctimas”.
–Ahora que Elfego
Luján está acusado de mandar matar y quemar a dos soldados que desertaron. ¿Qué
piensa que pasó con sus familiares?
–Tenemos la
esperanza de que estén vivos, pero en caso de que no sea así, que nos entreguen
los restos con todas las pruebas que realmente avalen su identidad. Cuando
estuvimos frente a frente pudo decirme dónde los tenía y liberarlos con vida.
Además está la aceptación de un teniente, Manuel Gutiérrez, que estaba bajo las
órdenes de Luján.
“El coronel tiene
que aceptar que participó en la desaparición de mis familiares. No lo ha hecho.
Por eso nos llamó la atención leer sobre su detención. Leí la nota en el
Reforma: dice que está preso desde el 24 de marzo de 2010. También dice que
quien lo nombró coronel fue el presidente Calderón en 2008.”
La violenta
“pacificación” de Juárez
MARCELA TURATI
El gobierno de Felipe
Calderón y la alcaldía de la ciudad chihuahuense proclaman que los homicidios
disminuyeron drásticamente y la Policía Municipal volvió a encargarse de la
seguridad. Ahora el problema es que su jefe, el militar Julián Leyzaola, se
atribuye la misión de “pacificar” el territorio a su manera: a costa de los
derechos de la población y con impunidad para sus efectivos, así que los
juarenses tienen que cuidarse de narcos, militares y policías de los tres
niveles de gobierno.
CIUDAD JUÁREZ,
CHIH.- Escondida en una casa en ruinas, con montes de escombros en lugar de
piso y huecos donde alguna vez hubo puertas o ventanas, la señora Padilla
Martínez asoma la cabeza poco a poco. Hasta cerciorarse de que está fuera de
peligro, se acerca. Desde su refugio cuenta que en noviembre su hijo mayor,
Jorge (que llevaba sus mismos apellidos), fue “levantado” por policías
municipales del puesto de hamburguesas que atendía. Su cadáver fue encontrado
al día siguiente, en el fondo de un mirador, arrojado como cualquier perro muerto.
Para conseguir los
15 mil pesos que costó el entierro hipotecó la casa donde vivía. Veló un ataúd
sellado, pues la Fiscalía Estatal de Justicia le pidió que no lo abriera.
Cuando fue citada a declarar ante el Ministerio Público recordó que unos policías
molestaban a Jorge Andrés y comían en su puesto sin pagar. Lo dijo. En un
descuido del agente hojeó el expediente y encontró las fotos de su hijo de 24
años encuerado, con la piel quemada, la cara deformada, cinta canela en la
boca, el cráneo deshecho.
Por el periódico se
enteró de que la noche del homicidio otros tres jóvenes habían sido detenidos
por los mismos patrulleros; iban a ser presentados como una célula de sicarios
desactivada. Desde la cárcel, los otros detenidos denunciaron que los policías
mataron a Jorge.
“Nosotros vimos
cuando el secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola, y los policías que
nos detuvieron golpearon hasta causarle la muerte en la estación de policía a
Jorge Andrés Padilla (…) Y después de matarlo a golpes, vimos y escuchamos
cuando el señor Leyzaola les ordenó que al muerto lo fueran a aventar al camino
real para que no quedara evidencia”, indica el escrito enviado por los presos e
integrado como declaración en la carpeta del caso de Padilla, como reportaron
los diarios locales.
Tres días después,
mientras la señora Padilla cocinaba en el comedor de una maquila, unas vecinas
le avisaron que corriera a su casa. La encontró en llamas: esa mañana seis
hombres habían entrado y acribillado a sus dos hijos mayores (de 20 y 14 años),
después los rociaron con diesel y les prendieron fuego. Sus otros seis hijos,
todos chiquillos, observaron desesperados. Sus súplicas a los asesinos para que
se apiadaran fueron en vano.
“Todo se vino el
día que dije que eran los policías los que los molestaban. Fue mi culpa. Sé que
fueron policías los que me los mataron, me acabaron a los más grandes. Se
portan igual que los sicarios pero más descarados. Los sicarios no matan a
golpes, al primero me lo mataron de los golpes que traía, seguro lo torturaron
porque les dijo que ya no les iba a dar nada, porque los policías son los que
cobran la cuota”, dice mientras escala los cascajos de la casa abandonada
adonde se mudará para esconderse. Sólo le falta poner triplay a puertas y
ventanas.
“Tengo a mis hijos
traumados. La de siete años les gritaba a los asesinos: ‘Déjenlos, ellos nos
cuidan’, y se quiso aventar a la lumbre para quemarse con ellos, pero la
aventaron. Traigo mucho coraje con los que hicieron esto y no les tengo miedo,
al cabo el día que me van a matar me van a matar”, rumia en el desconsuelo.
La historia de la
señora Padilla es una más en esta frontera que desde 2008 está en guerra y
donde se cometieron uno de cada cinco asesinatos del país. La
ciudad/laboratorio donde el gobierno federal probó diferentes estrategias de
seguridad en las que a la gente sólo le quedó clara una cosa: que cualquiera
puede morir víctima de sicarios, soldados, policías federales y ahora también
de municipales.
En marzo se cumple
un año de este último ajuste a la estrategia: la devolución de la seguridad
ciudadana a la Policía Municipal, encabezada por el polémico teniente Leyzaola,
el militar a quien se adjudica la “pacificación” de Tijuana y cuya designación
coincidió con el descenso de los homicidios.
Si el año pasado se
llegó a una tasa de 300 asesinatos por cada 100 mil habitantes, actualmente se
cometen 120. Los homicidios en la que fue considerada la ciudad más mortífera
del mundo se redujeron en 57%, pero aún son demasiados.
Con Leyzaola al
mando, la corporación estrena –entre sus funciones– el combate al narcotráfico
y los excesos cometidos por los elementos han sido ampliamente documentados por
la prensa local. Muchos juarenses los creen; otros consideran que son
invenciones de los criminales enojados por la estrategia, bravucona y echada
pa’delante, del nuevo director de la policía.
Pero las
incriminaciones son muchas.
Al mes siguiente de
que Leyzaola se estrenara como secretario de Seguridad Pública municipal, en un
predio abandonado fueron hallados los cadáveres de cuatro jóvenes torturados
–tres de ellos degollados–, que eran buscados por sus familias desde el 26 de
marzo. Desaparecieron cuando los detuvo, tras un altercado, una patrulla del
Grupo Delta, cuerpo de élite de la Policía Municipal.
Otro caso famoso
fue el del parkero Ismael Flores Chavarría, que durante una balacera se
abalanzó hacia una mujer con un niño en brazos para salvarle la vida. Al día
siguiente la policía lo presentó ante los periodistas como culpable de un
homicidio, junto a César Adrián García, ambos desfigurados por las torturas.
Flores tuvo que ser operado de emergencia de la cabeza y salió vivo, pero su
“cómplice” murió. Los dos eran inocentes.
Está el caso de la
empresaria hotelera María Acosta, quien fue víctima de un robo, pero al llegar
a la estación de policía fue golpeada –según denunció– por el propio Leyzaola.
Estuvo a punto de ser presentada como secuestradora.
Otro es el caso de
Susano Esparza, quemado con el mofle ardiente de una patrulla.
El más reciente es
el de Sonia Tapia Cisneros, una maestra que esperaba en su auto a que su hija
saliera de casa de una amiga, pero arrancó despavorida cuando la calle se llenó
de policías, pues pensó que habría una balacera. “¡Mamá, me dieron en mis manos
y mis pies y me arde!”, le gritó su hijo de nueve años, que estaba herido.
Cuando se detuvo para auxiliarlo los policías que le dispararon, la esposaron y
la llevaron a la fiscalía, donde la acusaron de tentativa de homicidio y de
transportar a cuatro sicarios. Cuando probó la mentira, salió en libertad y se
mudó a Estados Unidos.
Abusos
generalizados
“Todas las noches
en la televisión nos presentan sin recato a los detenidos. La semana pasada,
una mujer que trae un parche y no puede abrir los ojos; antes, un señor en
calzones. A muchos los presentan sangrando, con los ojos cerrados, que no se
pueden ni enderezar. Antes te escondían al torturado y te lo ponían cuando
estaba mejor, ahora ya ni se cuidan”, dice indignada Emilia González, veterana
defensora de derechos humanos y representante de la organización civil
Cosyddhac.
En la página de
Comunicación Social del municipio es posible mirar esa galería del horror de
personas con los rostros deformados por las golpizas.
Aunque González
reconoce que los homicidios han disminuido y que la gente siente alivio de no
ver en cada esquina camionetas de militares o federales, considera también que
la situación ha empeorado porque antes la tortura era selectiva y “ahora es
para todo el mundo”.
“Este tipo
(Leyzaola) ha aprovechado terriblemente la situación y ha logrado venderse como
el que ha logrado combatir la delincuencia con su mano dura. Y, por supuesto,
los empresarios luego luego se la compraron. Pero toda su fuerza ha radicado en
criminalizar a la población, en detener a cientos de personas todos los días
sólo por no traer credencial de elector”, explica.
Según un reporte de
El Diario de Juárez, en esta ciudad de 1 millón 300 mil habitantes, desde que
llegó Leyzaola 359 personas son detenidas cada día por faltas al reglamento de
policías; sólo en 2011, 98 mil 958 personas fueron llevadas a barandillas. En
enero pasado acumuló 23 casos de denuncias de abusos ante la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDHCH), con lo que superó el récord de la
Policía Federal.
“La Mesa de
Seguridad le planteó a Leyzaola desde su llegada que no rompiera el esquema de
trabajo, que su papel no era perseguir a narcotraficantes, secuestradores o
extorsionadores, sino dar seguridad a la ciudadanía e ir ganando terreno en lo
preventivo para que la gente volviera a salir a la calle, pero él dijo que,
como en Tijuana, su tarea sería limpiar de delincuentes la ciudad. Y como le
tenía desconfianza a la PF, nunca llegó a coordinarse”, señala Gustavo de la
Rosa Hickerson, visitador especial de la CEDHCH.
El abogado
considera que la declaratoria de guerra de Leyzaola al crimen organizado
provocó que en enero comenzaran a matarle un policía diariamente (ocho fueron
asesinados) y que “la que empezó como una guerra de cárteles y luego entre
pandillas, se descompusiera a una guerra de un cártel contra la policía”.
De la Rosa critica
la detención indiscriminada y sistemática de la gente pobre, de “mal aspecto” o
carente de credencial de elector, que debe pagar multas de 300 a 2 mil pesos
para obtener su libertad.
“Si de enero a
marzo del 2011 eran detenidas alrededor de 6 mil personas, de noviembre a enero
de 2012 se detuvo a un promedio de 30 mil al mes. Pero, de cada 10 mil
detenidos, sólo se puso a disposición de un ministerio público a 300, y de esos
sólo 100 (1% de lo detenidos) llega ante el juez. Pero antes ya se presentó en
la televisión a decenas de personas, que dicen que eran secuestradores o
extorsionadores, ya golpeadísimos, con la cara reventada”, detalla el
visitador.
Para el
entrevistado, quien además es el actual titular del Centro de Confianza
Ciudadana de la Fiscalía de Justicia, tres hechos hicieron caer la confianza
hacia el teniente Leyzaola: presumió ante The New York Times la captura de El
Diego (líder de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez) cuando en realidad
lo detuvieron fuerzas federales en Chihuahua; yanunció a los medios que el
sucesor del cabecilla era un tal Tin Tan, cuya foto presentó pero resultó ser
un trabajador de construcción de El Paso, Texas, que tramitaba su pensión por
jubilación; y aún más la agresión a la maestra Tapia y a su hijo.
“No se vale que
después de todo lo que hemos pasado en esta ciudad vengan a burlarse de nuestra
tragedia. Está muy cabrón. Y encima se va contra los periodistas por hacer su
trabajo”, dice molesto De la Rosa.
Agrupaciones de
periodistas denunciaron la semana pasada que 12 compañeros han sido agredidos
por policías de Leyzaola, lo que obligó a que el martes 14 el alcalde Héctor
Murguía y él se sentaran a dialogar con los dueños de medios de comunicación, a
quienes prometieron que evitarían criminalizar a pobres y a periodistas.
Una víctima de esos
excesos fue el reportero de El Diario Joel Edgardo González, quien desde la
ventana de la empresa notó que había un altercado en la calle. Cuando salió se
encontró con que unos policías habían detenido a una mujer de Nuevo México
recién operada y le quitaban su camioneta porque les parecía sospechosa. Por
reportear el suceso fue esposado y llevado a barandilla.
“Cuando me
trasladaban prendieron las torretas, se iban pasando semáforos, frenando para
que yo me fuera golpeando, como si trajeran a un (narco) pesado. Cuando
llegamos a la base un policía se sube a la caja del cámper y me dice: ‘Te vas a
tener que dar un tiro conmigo antes de entrar a barandilla, pinche
delincuente’. Yo le dije que no cometí ningún delito y me dijo: ‘Desde que
estás en mi unidad eres un pinche delincuente, a ustedes (los periodistas)
parece que no les queda claro quién es la Policía Municipal, te voy a enseñar a
respetar mi placa y mi uniforme. ¿A poco crees que no te puedo matar?’.”
En la celda,
González se encontró con una treintena de detenidos por motivos absurdos: a un
hombre lo apresaron al encontrarlo fumando afuera de su casa (le cobraron 2 mil
800 pesos por discutir) y a otro porque escuchaba música en un auto (su multa
fue de 320 pesos). La gringa, llorando de dolor por su operación y por los
jaloneos e insultos que sufrió, pagó 620 pesos y otra multa para rescatar su
camioneta.
Todos los
entrevistados, entre ellos Hugo Almada y Leticia Chavaría, integrantes de la
Mesa de Seguridad, coinciden en que estas detenciones tienen afán recaudatorio.
Rastro de sangre
El teniente coronel
Leyzaola llega como Robocop a su oficina para nuestra entrevista. Una
metralleta le cruza el cuerpo y lleva una pistola amarrada en la pierna. Viste
los pantalones de comando del uniforme azul marino que eligió para que su
corporación dejara de usar el color gris rata y su autoestima subiera.
No es bien visto
por los defensores de derechos humanos del país. En su recomendación 10/2011,
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo responsabiliza de la comisión
de torturas cuando era titular de la policía de Tijuana.
Pero tiene la
simpatía de sus subalternos. Uno de ellos, sargento que pide el anonimato, dijo
que antes de su llegada se sentían desmotivados:
“Éramos como un
perrito al que todo mundo pasa y le pega, y si alguien se quejaba de nosotros
nos echaban encima a Asuntos Internos. Antes si agarrábamos ‘un buen trabajo’
nos corrían y lo soltaban; hoy el secretario nos protege y nos premia. Nunca
habíamos tenido ese apoyo”, afirma.
Este policía sintió
la presión por todos los experimentos a los que ha sido sometida esta ciudad.
Cuando el alcalde anterior solicitó la militarización, fue uno de los efectivos
enviados a capacitarse en la base de Santa Gertrudis.
“Fue la peor
experiencia de mi vida –recuerda–; nos incomunicaron, dormíamos 30 elementos en
una vil carpa con alacranes y víboras, sobre sarapes; a las ocho de la mañana
ya te deshidratabas del calor; teníamos que cantar las cancioncillas que cantan
los soldados y un soldadito nos daba clases de cosas que ni qué: técnicas de
arrastre o las partes de la brújula. ¿Pa’ qué, si somos policías?Íbamos a
letrinas seguidas en hileras de 10 personas, la comida era pésima.”
Dice que esa era
una de las causas de su desmotivación y la de sus compañeros. El sargento
reconoce que ahora, con la autoestima inflada, sus compañeros se han excedido
en el uso de la fuerza bruta, pero igual que el secretario dice que es porque
están exaltados y por la presión que cargan. Admite, además, que hay narcos
infiltrados en sus filas.
“La administración
pasada nos dieron con todo, se estaba perdiendo mucho el respeto a los mandos.
Ahora, como ya llegaron 260 patrullas y nos dejan traer pistolas a casa, muchos
sienten que de perdida se van a poder defender cuando los embosquen, y los
otros (los narcos) se sienten desesperados porque les hemos pegado mucho”, dice
orgulloso. Su pistola Beretta reposa sobre la mesa del comedor.
En cambio el
visitador De La Rosa indica que el mérito no es de la estrategia de Leyzaola:
“Después de la sangría de estos tres años, con 10 mil muertos y la cifra
impresionante de casi 10 muertos diarios, la estructura de los dos cárteles, de
Sinaloa y La Línea, se debilitó. Por eso se dio un equilibrio y cada uno se
quedó con el territorio que podía tener: el poniente y el centro de la ciudad
para La Línea, y el Oriente y Valle para El Chapo”.
En la entrevista
con Proceso, Leyzaola no se adjudica el milagro de la pacificación de Ciudad
Juárez pero tampoco se resta méritos. Presume que él devolvió el orgullo a una
corporación policiaca que encontró de rodillas, atrincherada tras costales de
arena y vallas de jardineras o ventanas tapiadas. Burlón, dice que 60% de los
efectivos no estaba en la calle sino en puestos administrativos o al servicio
de los mandos (tenían encargados de tomarles fotos, bolear zapatos, tender
camas o hacer comida). Los patrullajes se hacían en grupos, por miedo.
La situación que
describe, sin embargo, no ha variado tanto: desde el 31 de enero los 3 mil
policías juarenses permanecen “acuartelados” en un hotel para evitar que los
criminales los cacen cuando regresan a sus casas.
A finales de enero
aparecieron en la ciudad 10 narcomantas en las que La Línea amenazaba al
secretario: “Si sigues apoyando a los montaperros y agarrando pura gente de
nosotros te vamos a estar tumbando un elemento diario. Para que sepa toda la
ciudadanía lo corrupto que eres/ Leyzaola=delincuente con placas Atte NCJ”. En
efecto, mataron a ocho elementos.
El militar replica
que sus policías se hospedan en hoteles pero no están acuartelados. Señala que
portan la placa con dignidad y asegura que no renunciará como sus antecesores,
que así les dieron gusto a los criminales: “En otras ocasiones esa táctica les
dio resultado, y el titular al renunciar salía magnánimo, decía que lo hacía
como un bien. Pero eso no puede ni debe ser, ¡eso es hacer pactos!”.
Sostiene que el
combate a los secuestradores, carjackers (asaltantes de automovilistas),
narcotraficantes y todos los delincuentes encontrados in fragranti son
responsabilidad de la Policía Municipal:
“Desde el momento
en que uno está uniformado, investido de autoridad, no puedo excusarme y decir:
‘Este asunto es federal, no lo voy a atender’. Ya a la hora de la consignación
deslindamos competencias”. Luego agrega que los municipales pueden combatir al
narcotráfico porque están capacitados y cuentan con armas largas.
A su parecer, los
municipales son más rápidos que los agentes federales porque conocen el
terreno, se desplazan en una patrulla sectorizada y están dispuestos a luchar
por su gente, los juarenses.
Se le recuerda que
esos policías que según él tienen “arraigo social” son señalados como
violadores de derechos humanos y se le mencionan los casos de la empresaria que
lo señala como golpeador, los cuatro asesinados por el grupo Delta, los tres
hermanos Padilla y el parkero –que los medios han difundido ampliamente–, le
pide a su asistente que le recuerde los hechos.
“Todas las
denuncias están en las instituciones correspondientes…. A las quejas de
derechos humanos les hemos dado contestación puntual”, se defiende.
Sobre las personas
presentadas en público como delincuentes y que posteriormente han salido
libres, argumenta que a veces es porque los testigos reciben amenazas de los
delincuentes, que los obligan a retirar las denuncias.
Un empresario local
comenta a la reportera que Leyzaola se siente omnipotente y por encima del
presidente municipal, y que en corto presume que a él lo envió su general
Galván (el secretario de la Defensa Nacional) en acuerdo con todos los niveles
de gobierno. Por eso ve difícil que las denuncias por sus excesos lo derrumben.
Otra persona confirma que le dijo esa frase: “A mí me mandó mi general Galván”.
Cuestionado sobre
el combate a la delincuencia organizada, Leyzaola informa que está por comenzar
una siguiente fase de su estrategia, que es “sectorizar” (intensificar el patrullaje
y aumentar el número de elementos) en las zonas del Valle de Juárez y Oriente,
bastiones del Cártel de Sinaloa. Argumenta que comenzó en la zona Centro y el
Poniente, considerada macetero de la estructura criminal de La Línea, porque es
la de mayor densidad poblacional.
“De ese pequeño
espacio sacaban de 6 a 8 millones de pesos semanales para la estructura
criminal. Hemos estado golpeando muy fuerte”, se jacta, aunque de inmediato
dice que no golpeó territorios de La Línea, sino que ha ido actuando donde se
beneficia más a la población, donde la ciudad está más poblada, y que ha
llegado el turno de entrar en los otros puntos de la ciudad donde la policía no
lo había hecho antes.
“Hemos estado
golpeando muy fuerte. Yo nomás golpeo en flagrancia (…) Se están persiguiendo
las muertes porque ahora los perseguimos cuando matan o están disparando,
movemos 60 o 70 unidades y empezamos la persecución. Esa es la diferencia. No
es lo mismo que antes”, dice el militar.
Lapidario juicio
de la ASF: México, un desastre bajo la conducción panista
CARLOS ACOSTA
CÓRDOVA
Desde que el PAN
llegó a Los Pinos, la economía nacional ha ido en picada. Esta afirmación
destaca en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta
pública 2010, recientemente difundido por la Auditoría Superior de la
Federación. Pero la instancia que dirige Manuel Portal Martínez elabora un
diagnóstico todavía más alarmante. El desastre –estima– es completo:
crecimiento mediocre, recuperación precaria, empleos por debajo de la meta
programada, déficit recurrentes…
En su Informe del
resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2010, divulgado el
miércoles 15, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace trizas a los
gobiernos panistas, al analizar 10 años de conducción de la economía: han sido
un verdadero fracaso, sostiene.
El apartado sobre
la revisión de las finanzas del sector público presupuestario de ese año –un
legajo de 238 de las decenas de miles de páginas de las que consta todo el
documento– es contundente:
De 2001 a 2010, la
economía mexicana registró una tasa de crecimiento anual más que mediocre: 1.7%
en promedio.
Es decir, 10 años
con una economía aletargada, sin bríos. Incapaz de generar el millón de empleos
que se requieren cada año, meta que se lograría con un crecimiento de 6% o más,
según cualquier modelo macroeconómico. Y por lo mismo, inútil para procurarle a
la población mejores condiciones de vida.
Más: el crecimiento
económico promedio en el gobierno de Vicente Fox fue de 2.2%. En los primeros
cuatro años de Felipe Calderón, peor: sólo ¡un 1%! pudo avanzar el producto
interno bruto en promedio anual.
En su campaña por
la Presidencia fue célebre la propuesta de Fox de que en su gobierno la
economía iba a crecer 7%. Ni la tercera parte logró.
Reconoce la ASF en
el documento que en 2010 el crecimiento fue de 5.4% –5.5%, según el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística–, luego de haberse desplomado -6.1% real en
2009, el peor año de la crisis financiera internacional.
Ese crecimiento fue
superior al que registraron las economías industrializadas: 3.1%, pero
“inferior al 6.1% que promedió el PIB de las economías de América Latina y el
Caribe”.
Además, esa
recuperación económica –de -6.1% en 2009 a 5.4% en 2010– fue la más pobre de
entre los países emergentes y en desarrollo, dice la ASF.
Las economías de
estos últimos –acota– “confirmaron en 2010 su papel dinámico en el PIB mundial,
al alcanzar un crecimiento de 7.3%, como consecuencia del comportamiento de su
mercado interno, de mejores términos de intercambio comercial y de la entrada
de capitales por la liquidez disponible en los mercados financieros”.
No fue el caso de
México, puntualiza.
Y como si no fuera
suficiente, presenta una tabla comparativa –con un sesgo negativo para el país
y su gobierno panista– en la que se observa que en 2010 el crecimiento del PIB
de México, de 5.4%, es apenas superior al 4.4% de los países de Oriente medio y
del Norte de África; idéntico al 5.4% de países del África subsahariana… pero lejísimos
del 10.3% de China ó el 10.1% de la India.
O, ya en nuestra
región, nada que ver con el crecimiento de 15% de Paraguay, 9.2% de Argentina,
8.8% de Perú, 8.5% de Uruguay, 7.8% de República Dominicana y 7.5% de Brasil y
Panamá.
En el tobogán
No hay reposo en la
crítica a la conducción de la economía en los gobiernos panistas, sobre todo
del actual.
Atiza el documento
de la ASF: “El crecimiento real de 5.4% que se obtuvo en 2010, aunque
importante, no fue suficiente para recuperar el valor del PIB en 2008, por lo
que fue menor en 1.1% real, equivalente a 94 mil 992 millones 100 mil pesos en
comparación con 2008.
Y en la tabla
correspondiente, que muestra el valor del PIB, año por año, se ve en efecto
que, a precios de 2003, el PIB de 2008 tuvo un valor de 8 billones 915 mil 30
millones de pesos, mientras que el de 2010, con todo y el crecimiento de 5.4%,
fue menor: 8 billones 820 mil 38 millones de pesos.
Con ánimo
lapidario, la ASF dice: “No fue sino hasta el primer semestre de 2011 cuando el
PIB a precios constantes se ubicó en 8 billones 914 mil 736 millones de pesos.
Es decir, se requirieron de 2.6 años para que se registrara un nivel por arriba
del PIB obtenido en 2008”.
Además de una
recuperación económica pobre en 2010, ese año se confirmó lo que desde 2006 es
una tendencia: la economía mexicana cada vez pierde más peso en América Latina
y el Caribe.
Textual: “La
economía mexicana ha disminuido su participación en el producto (PIB) de
América latina y el Caribe entre 2006 y 2010: el PIB de México retrocedió 2.7
puntos porcentuales como proporción del PIB regional, el mayor decremento de
los cinco países más importantes de la zona, mientras que los otros cuatro
–Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela– pasaron de representar 54.2% en 2006
a 56.4% en 2010”.
Y en la tabla
demostrativa se ve, por ejemplo, que mientras Brasil generaba 32.7% del PIB de
AL en 2006 y pasó a 34% en 2010, México caminó en sentido inverso: en 2006 su
economía representaba 27.1% de total del PIB de AL, pero cuatro años después
fue de 24.4%, es decir perdió 2.7 puntos porcentuales.
Una de las razones
por las cuales la economía mexicana tiene un pobre desempeño, según la ASF, es
su extrema dependencia de la de Estados Unidos, es decir, la pobre
diversificación de su comercio exterior.
La institución que
dirige Manuel Portal Martínez no concede mérito alguno a las autoridades
económicas: la recuperación de 2010 –5.4%, desde el -6.1% de 2009–, dice,
rebasó toda expectativa, pues el gobierno federal originalmente previó un
crecimiento de 3% para el año… pero “la recuperación observada en 2010 se basó
en la sólida expansión de la demanda externa asociada al crecimiento de EU, que
se benefició de los estímulos fiscal y monetario aplicados (en ese país)”.
Ese tono es reiterativo
en el informe de la ASF. Otro caso:
Reconoce que “las
políticas fiscal y monetaria instrumentadas por el gobierno federal y el Banco
de México han sido eficaces para preservar la estabilidad macroeconómica en
indicadores clave como la inflación de un solo dígito, tasas de interés a la
baja, tipo de cambio estable y déficit manejable en la cuenta corriente de la
balanza de pagos”.
Pero: “Al
considerar el periodo de 2007 a 2010 –el gobierno de Calderón, pues–, se
advierte que la posición fiscal del país se ha deteriorado al presentar
recurrentes déficits (sic) en los balances tanto público como presupuestario”.
Ello se debió a que
“los ingresos ordinarios han quedado rezagados respecto del incremento del
gasto público, lo que ha requerido de un mayor endeudamiento para financiar
dichos déficits (sic)”.
Explica que los
ingresos ordinarios se incrementaron a una tasa media anual de 1.1% real entre
2007 y 2010, mientras que el gasto neto pagado lo hizo en 5.2% real en el mismo
periodo”.
Sesgo acusatorio
El mensaje de la
ASF es lapidario: estos gobiernos panistas gastan cuatro veces más de lo que
son capaces de generar. Y necesariamente tienen que recurrir más a la deuda
para financiar los déficit. Porque la economía, la actividad productiva –aletargada–
no da para más.
Sin ambages la
crítica: “En los últimos cinco años se aprecia un importante incremento de la
deuda pública bruta –interna y externa– en sus distintos niveles de agregación.
La deuda del sector público presupuestario fue la que mostró el mayor
incremento, al pasar de 21.5% del PIB en 2006 a 33.1% en 2010, lo que significó
un incremento de 11.6 puntos porcentuales”.
Y para darle
sentido a esos números –con el recurrente tono acusatorio–, presenta la tabla
correspondiente, de la que se desprende lo siguiente:
Vicente Fox, en
2006, dejó al sector público federal (que incluye gobierno federal, sector
paraestatal y la banca de desarrollo) con una deuda bruta de 2 billones 337 mil
320 millones de pesos, equivalente a 22.5% del PIB.
Pero Calderón, al
2010, ya la había subido a 4 billones 445 mil459 millones de pesos, el 34% del
PIB. Es decir, en cuatro años le metió a la deuda heredada de Fox otros 2.1
billoncitos de pesos más, un “aumentito” de 90.2%.
Y si se desglosa la
deuda en sus componentes interno y externo, se descubren otras cosas.
La deuda interna
que dejó Fox para el sector público federal fue de 1 billón 741 mil 408
millones de pesos. Calderón la fue subiendo año con año, para ubicarla en 2010
en casi 3.1 billones, un incremento de 77% o 1 billón 339 mil 477 millones de
pesos más.
El caso de la deuda
externa es más sintomático. Aunque como porcentaje del PIB es mucho más
reducida que la interna, el brinco que ha dado es más notorio.
La deuda externa
del sector público federal, al cierre del gobierno de Fox, fue de 54 mil 766
millones 300 mil dólares o 595 mil 912 millones 100 mil pesos, 5.7% del PIB. En
2010, cuarto año de Calderón, los débitos al exterior ascendían a 110 mil 428
millones de dólares o 1 billón 364 mil 569 millones 800 mil pesos, 10.4% del
PIB.
Es decir, Calderón
elevó la deuda externa, al 2010, en 4.7 puntos porcentuales del PIB. En pesos:
le agregó casi 768 mil 658 millones más, que significa un aumento de 129%
respecto de la deuda externa que le dejó Fox.
En dólares, a la
deuda externa que Fox le heredó, Calderón le agregó, hasta 2010, otros 55 mil
662 millones, que significan un aumento de 101.6%.
Si a la deuda
pública bruta se le restan una serie de activos financieros, queda la deuda
pública neta. Sin embargo, las variaciones porcentuales y las diferencias
absolutas son muy similares a las de la deuda bruta.
Las
“recomendaciones”
Pero la ASF va más
allá de la crítica al rápido endeudamiento del país en los gobiernos panistas.
Hace una serie de
cálculos técnicos y dice que el nivel de superávit primario –que es de 0.2
cuando debía ser de 1 para que la deuda sea sostenible– “es insuficiente en un
futuro para cubrir el costo efectivo de los intereses de la deuda, lo que
significa que el nivel de endeudamiento del gobierno federal en los últimos
años ha minado su capacidad de pago”.
Y si el país no
quiere llegar a situaciones de impago, como sucedió en los años ochenta, la ASF
recomienda al gobierno de Calderón “impulsar condiciones para un mayor crecimiento
estable y sostenido de la economía, en un marco de competitividad y
productividad, así como de mayor fortaleza en las finanzas públicas y la
calidad del gasto”.
Pero una política
económica carece de sentido si no tiene como fin el bienestar de la población.
Y en esto han fallado de sobra los gobiernos panistas, según se desprende del
informe de la ASF.
En materia de
empleo, dice que aunque el PIB registró un crecimiento de 5.4% real en 2010,
los empleos permanentes redujeron su participación en el mercado laboral: de
representar en promedio el 88.7% en 2006, pasaron a 88% en 2009 y a 87% en
2010.
En cambio, los
empleos eventuales son menos pero aumentaron más. En 2006 representaron 11.3%
del todos los trabajos formales en el país, pero ya en 2010 significaron 13%
del total de empleos registrados en el IMSS.
Otra vez, la
sobadita y el coscorrón: “Durante 2010 se generaron 530 mil 321 plazas nuevas,
de las cuales 323 mil 170 fueron permanentes (60.9%), lo que bien significó un
avance relevante, el total de estas plazas se mantuvo por debajo del nivel
observado en 2008”.
Más: “La crisis de
2009 alteró la composición del empleo, debido a que en 2007 y 2008 por cada 100
nuevos empleos permanentes se crearon 21 eventuales en promedio, y en 2010 esa
relación subió a 64”.
Pero, en realidad,
el gobierno de Calderón no cumplió ni siquiera en la mitad la meta propuesta de
creación de empleos, dice la ASF: “El total generado de 2007 a 2010 fue de 950
mil 772 plazas de trabajo, lo que equivale a 41.7% de las 2 millones 282 mil
124 establecidas como meta en el Programa Nacional de Financiamiento del
Desarrollo 2008-2012”.
En materia de
salarios, los logros han sido igual de magros que en el empleo. Aunque en 2010
el salario mínimo real promedio aumentó un 0.9%: de 10.05 pesos en 2009 (53.19
pesos en su valor nominal) pasó a 10.14 pesos (55.77 nominales) en 2010.
Pero resulta, dice
la ASF, que esos 10.14 pesos a los que llegó el salario mínimo real en 2010,
sigue por debajo de los 10.20 pesos de 2008; no se diga de los 10.42 pesos de
2007 y los 10.48 pesos de 2006.
Lo más grave, a
juicio de la ASF, es que “del total de la población ocupada en 2010 (44.1
millones de personas), el 44.4% (19.6 millones de personas) percibió un ingreso
de hasta dos salarios mínimos generales, lo que equivale a un ingreso mensual
nominal de 3 mil 346.2 pesos.
“Si se considera
que este ingreso sea el único que recibe una familia (de cuatro personas
promedio), esta cantidad se compara desfavorablemente con el valor de la línea
de bienestar por persona, que al cierre de 2010 fue de 2 mil 179.4 pesos en
áreas urbanas y de mil 376.2 pesos en zonas rurales, lo que significa que la
familia debiera recibir un ingreso mensual de 8 mil 717.6 pesos y 5 mil 504.8
pesos mensuales, respectivamente.”
Otro hecho que
muestra el deterioro del empleo y del ingreso de los hogares, dice la ASF, es
el aumento de las personas que están en la economía informal, que es mayor al
número de quienes cuentan con un empleo formal.
Más claro ni el
agua: “En 2010, en promedio, la tasa de ocupación en el sector informal como
porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) superó en 3.1 puntos
porcentuales a la ocupada en la economía formal. En ese año, 34 de cada 100
personas en edad y condición de trabajar se emplearon en actividades
informales, sin acceso a seguridad social, a prestaciones laborales y a una
remuneración estable”.
Los datos: en 2006
había 14 millones 697 mil 372 personas empleadas en la informalidad, el 33.5%
de la PEA. En el sector formal, asegurados en el IMSS, había 13 millones 573,
677 personas, el 30.9% de la PEA.
En 2010, con Felipe
Calderón, los informales eran 16 millones, el 34.2% de la PEA. Es decir, 1
millón 262 mil 395 mil personas se agregaron a la informalidad, un aumento de
8.6%.
En cambio, el
número de quienes se ocuparon en el sector formal sólo aumentó en 950 mil 771
personas, un
7% más.
Y así, tema tras
tema, indicador tras indicador, la Auditoría Superior de la Federación se
muestra implacable con la gestión económica de los gobiernos panistas, no
obstante que éstos puedan presumir que han contado con sólidos equipos
hacendarios, encabezados por dos secretarios de Hacienda conspicuos, de bien
ganada reputación internacional: Francisco Gil Díaz, con Fox y Agustín
Carstens, con Calderón.
Ahora el pleito
es con TV Azteca
JENARO VILLAMIL
El domingo 12 al
mediodía cerca de 300 empresas de televisión por cable, en su mayoría afiliadas
a Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV), suspendieron la
retransmisión de los programas de los canales de TV Azteca, “derivado de la
imposibilidad de llegar a un acuerdo” con el propietario de esa televisora,
Ricardo Salinas Pliego, quien “pretende fijar una tarifa para cobrar las
señales que difunde de manera abierta”.
La decisión abrió
un nuevo frente en el sector de telecomunicaciones. PCTV emitió un comunicado
en el que explica que pagar la tarifa que propone TV Azteca –0.65 centavos de
dólar por cada suscriptor de televisión restringida– afectaría la economía de
sus cerca de 4 millones de suscriptores que, además, recibirían “una
programación obsoleta y sin valor agregado”.
Esa decisión
contrasta con la postura asumida por la mayoría de los abonados a PCTV que
aceptaron pagar 1.96 dólares por suscripción para retransmitir las señales de
televisión abierta de Televisa (canales 2, 5, 9 y 4) más un “paquete” de 16
canales de televisión restringida del conglomerado de Emilio Azcárraga Jean,
como Telehit, Golden, Unicable, TDN, Bandamax, Ritmosón, Telenovelas y De
Película, entre otros.
La comercialización
de las señales de televisión abierta en los sistemas de paga por cable,
satelital o inalámbrica está prohibida en la mayoría de los países, aun los de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Salvo Pakistány
México, casi todos han incorporado los llamados must offer y must carry como un
derecho gratuito para los consumidores de televisión de paga. En el caso de
México, durante el sexenio foxista se estableció un candado desde la reforma a
la Ley Federal de Derechos de Autor, en especial el artículo 144, que hizo
inviables ambos servicios.
En diciembre de
2007, cuando la Comisión Federal de Competencia (CFC)autorizó la fusión de
Cablemás a Televisa, impuso condiciones para ofrecer las señales de los canales
2, 4, 5 y 9, con lo que abrió la posibilidad de que éstas se vendieran “en
paquete” con otros canales de televisión restringida de Televisa.
Hasta ahora las
únicas empresas que demandan una legislación moderna en materia de must carry y
must offer son MVS –competidor de Sky, propiedad de Televisa, a través de Grupo
Dish– y la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México (ARTM), que
agrupa a los pequeños cableros regionales que no están afiliados a PCTV.
En vísperas de que
la CFC decidiera la fusión de Televisa y Iusacell, Dish publicó varios
desplegados en la prensa en los que expuso: “Televisa y TV Azteca han impedido
a Dish México anunciarse en sus canales de televisión abierta y en los demás
medios de comunicación que ellos controlan… Televisa condiciona la
retransmisión de sus canales abiertos a la compra obligatoria de 14 canales a
precio fuera de mercado, mientras que TV Azteca nos ha negado sus señales”.
En marzo de 2011,
el representante legal de ARTM, Salomón Padilla, presentó una demanda ante la
CFC en la que argumentó que Televisa ya tiene el control del Consejo de
Administración de PCTV a través de las posiciones que mantienen las cableras
dominantes (Cablemás, TVI, Telum), también pertenecientesal consorcio de
Azcárraga Jean.
Para Jorge Fernando
Negrete, director de la consultoría Mediatelecom, la disputa entre PCTV y TV
Azteca puede ser “una sopa de su propio chocolate” para Televisa, ya que fueron
los abogados de esta empresa quienes modificaron la Ley Federal de Derechos de
Autor para incluir las señales de radiodiodifusión y evitar el acceso pleno a
las señales abiertas.
Negrete comenta a
Proceso que le parece impropio que las instancias regulatorias, en especial la
SCT y la Cofetel, hayan perdido el tiempo frente a esta disputa y no hayan
modificado los títulos de concesión de los concesionarios de televisión y de
telecomunicaciones para incorporar el concepto de “servicio público de
comunicación convergente” que convertiría las señales de televisión abierta y
restringida “de acceso universal, sin restricción alguna”.
–¿Es un pleito
“arreglado” entre filiales de Televisa y TV Azteca? –se le pregunta.
–Más bien genera un
enorme desconcierto. La otra posibilidad es demostrarle a la CFC que, a pesar
de que quieren ser socios en Iusacell, Televisa y TV Azteca compiten en
televisión abierta y en televisión de paga.
Frente a esta
disputa, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) se lava las manos.
El miércoles 15 emitió un comunicado en el que afirma que es responsabilidad
del Congreso de la Unión legislar en la materia, “a fin de introducir en el
marco legal las disposiciones sobre el must offer y must carry, con lo cual se
generarían mejores condiciones de competencia en la industria de
telecomunicaciones”.
A lo que sí se
comprometió Cofetel es a “buscar proteger los derechos de los consumidores de
televisión restringida”, en colaboración con la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco), así como a “coordinar esfuerzos con la CFC, a efectos de
evitar, en su caso, la comisión de prácticas contrarias a la sana competencia
en la distribución de señales abiertas”.
El convenio secreto
El origen de la
disputa PCTV-TV Azteca está en un contrato discrecional firmado el 24 de enero
de 2005 entre los representantes legales de la Cámara Nacional de la Industria
de Televisión por Cable, Alejandro Puente Córdova; de PCTV, Enrique Yamuni
Robles, propietario de Megacable, y los representantes de TV Azteca, Francisco
Borrego Hinojosa, Mario San Román Flores y Jorge Mendoza Garza.
En sus cláusulas
tercera y cuarta, el contrato, cuya copia tiene Proceso, establece que a cambio
de tener acceso a la retransmisión de los canales 7 y 13, de TV Azteca, los
afiliados a PCTV se comprometían al pago en especie mediante anuncios comerciales
de las empresas de Grupo Salinas de una contraprestación fijada en 1.5 millones
de dólares al mes.
En otras palabras,
el contrato condiciona el must carry y el must offer al pago en anuncios
publicitarios de empresas que forman parte del Grupo Salinas y que no tienen
relación estricta con una concesión de televisión pública abierta.
El documento
consigna también que la vigencia del acuerdo es por “un año forzoso para ambas
partes” y se entenderá renovado por periodos de igual término, en la inteligencia
de que cuando cualquiera de las partes lo considere conveniente podrá notificar
su decisión de darlo por terminado en un lapso de “por lo menos 90 días
naturales de anticipación a la fecha del vencimiento”.
Desde octubre
pasado, fecha en que venció el convenio, PCTV ha enviado cartas y correos
electrónicos a las cableras afiliadas en los que les anuncia que para tener
acceso a las señales de TV Azteca, cada uno de sus 4 millones de suscriptores
deben pagar 0.65 centavos. El monto de la “contraprestación” implica una
erogación de casi 2.5 millones de dólares al mes.
La misiva del
jueves 2 advierte a los concesionarios afiliados a PCTV que ninguno debe
formalizar un acuerdo por separado con TV Azteca. Firmado por Bruno Pruneda,
director de comercialización de señales de televisión y atención a sistemas de
cable de PCTV, el documento asienta:
“Tal y como les
hemos venido informando, seguimos realizando los esfuerzos necesarios para
alcanzar definiciones óptimas para todos ustedes en las negociaciones celebradas
entre PCTV y TV Azteca para poder continuar transmitiendo sus señales y
adicionalmente apoyar la distribución de otras más, sin que esto implique un
perjuicio económico para todos ustedes, por lo cual se les recomienda no
formalizar acuerdos por separado con el programador hasta no recibir un
pronunciamiento definitivo y formal por parte de PCTV.
“No obstante lo
anterior, debemos ser muy claros de que al día de hoy prevalece la obligación
con el programador de bajar sus señales el próximo miércoles 15 de febrero a
las 23:59 horas, en caso de que PCTV no llegue a un acuerdo formal con TV
Azteca en nombre de sus afiliados.”
La ruptura se dio
antes del miércoles 15, una semana después de que la CFC resolvió no aceptar la
fusión entre Televisa y Grupo Iusacell, esta última vinculada a TV Azteca.
Pobreza de
contenidos
Este nuevo episodio
en la guerra de las telecomunicaciones pone en evidencia que los contenidos en
televisión abierta y en televisión de paga no están regulados acorde con el
proceso de convergencia tecnológica y que las dos empresas dominantes –Televisa
y TV Azteca– imponen sus condiciones y precios sin importarles el consumidor
final.
Las “ventas atadas”
o “empaquetadas” son práctica común desde la resolución emitida por la CFC el 1
de diciembre de 2007, arguye Salomón Padilla en su artículo Contenidos y ventas
atadas, publicado en el portal de Mediatelecom:
“Ahora –dice– la
mayoría de los proveedores de contenido Premium (Fox, Turner, Disney,
Discovery) atan sus canales y se escudan en dicha resolución, situación que ha
distorsionado el mercado de contenidos, ha deteriorado la calidad y ha
encarecido el producto final al consumidor, porque el ‘cablero’ tiene que
comprar forzosamente el paquete ofrecido y no puede escoger únicamente los
canales que sus clientes quieren ver. Entonces, el proveedor de contenidos
introduce material de relleno y de baja calidad, amplía sus márgenes, y el
‘cablero’ tiene la necesidad de trasladar ese costo a su suscriptor, que
termina por ver lo que los proveedores le fuerzan.”
Y ponen ejemplos:
“Si los cableros tienen una oferta de 80 canales reales en promedio (el resto
son de música e infomerciales) y 16 son de Televisa, ocho de TV Azteca, 15 de
Turner, 14 de Fox, cinco de Disney, seis de Discovery, cuatro de MTV y dos del
Estado (Canal del Congreso y Canal del Poder Judicial), el operador de la
concesión de televisión y audio restringidos tiene poco margen para maniobrar
el precio y el contenido porque las compras son atadas”.
Otras distorsiones
son más graves. En Grupo Dish, el sistema que abarató el costo mensual para
tener acceso a televisión vía satélite, los usuarios no tienen acceso a ninguno
de los canales de televisión abierta, propiedad de Televisa y TV Azteca.
En otros casos,
existen cableras que se niegan a retransmitir los canales abiertos de
universidades públicas o estatales, y bloquean los contenidos de las señales
que no forman parte del control duopólico de televisión abierta.
Las manos sucias
de Molinar
JESUSA CERVANTES
En un informe sobre
la cuenta pública de 2010, que la Auditoría Superior de la Federación entregó
la semana pasada a la Cámara de Diputados, se confirma lo que este semanario
había revelado hace casi un par de años: que el entonces director general del
IMSS, Juan Molinar Horcasitas, usó las cuotas de los afiliados a ese instituto
y los fondos destinados a jubilaciones y riesgos de trabajo para rescatar
empresas en riesgo de quiebra, favorecer negocios de parientes de Felipe
Calderón… y también para “jugar a la ruleta”. Pero no lo hizo con buena
fortuna.
La administración
de Felipe Calderón utilizó recursos federales y fondos de pensiones para
rescatar y capitalizar empresas privadas; “autorizó inversiones en bonos de
dudosa calidad”; “amarró” contratos a más de 10 años a pesar de ser un “riesgo”
y entregó contratos multianuales con pérdidas millonarias para instituciones
como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Esto se desprende
del Informe de Resultados de la Cuenta Pública de 2010 que la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), encabezada por Juan Manuel Portal, entregó el miércoles
15 a la Cámara de Diputados. En el documento se informa que ante el cúmulo de
irregularidades, la ASF presentó 98 denuncias de hechos ante el Ministerio
Público Federal, cifra que rebasa todas las presentadas durante las revisiones
de 1998 a 2009.
Pese al cúmulo de
irregularidades, la ASF no presentó una sola denuncia penal, aun cuando la Ley
de Fiscalización la faculta para ello.
Al respecto
Francisco Rojas, coordinador de los diputados priistas, dijo en conferencia de
prensa que hay “observaciones muy delicadas que deben ser concluidas con el
resarcimiento del daño causado, con la corrección de los programas fracasados
o, en su caso, con las responsabilidades penales a que haya lugar”.
Pero los diputados
de PRD, PT y Convergencia anunciaron que sí presentarán denuncias penales y la
primera será contra Juan Molinar Horcasitas, quien en 2010, al frente del IMSS,
autorizó la especulación con dinero de pensionados, usó indebidamente 3 mil
millones de pesos para un contrato multianual de informática que estuvo a cargo
de un pariente de la familia presidencial y avaló permisos para estancias
infantiles que no cumplían con los protocolos mínimos de seguridad, como en
Hermosillo, donde 39 niños murieron quemados.
Historias conocidas
Los asuntos por los
que Molinar Horcasitas será denunciado penalmente fueron revelados por Proceso
en dos de sus ediciones: la 1759, del 18 de julio de 2010 (La ruleta bursátil
de Molinar) y la 1763, del 15 de agosto del mismo año (Y en el IMSS huele
a…familia presidencial).
Este segundo caso
–sobre el cual los legisladores pondrán especial atención pues se trata del
posible uso indebido de 3 mil millones de pesos y en el que está implicado
Carlos Felipe Castañeda Gómez del Campo, primo de Margarita Zavala, esposa de
Felipe Calderón–, se trata del contrato multianual 7S7279, firmado el 4 de
octubre de 2007 por Molinar y Castañeda Gómez del Campo con la empresa Tata
Consultancy Services (TCS) de México.
Se trata de un
contrato de tres años para dar los servicios logísticos e informáticos del IMSS
por “la cantidad mínima de mi 241 millones 376 mil 323 pesos hasta un máximo de
3 mil 103 millones 440 mil 809 pesos”.
Según el informe de
la ASF, hasta diciembre de 2010 se han pagado a Tata Consultancy Services “mil
770 millones 502 mil pesos”, pero por las múltiples irregularidades detectadas
el IMSS ya ha tenido pérdidas por 115 millones 338 mil pesos tan sólo en 2010.
“De la contratación
multianual que realizó el IMSS para el servicio de administración y soporte de
aplicaciones de cómputo para los ejercicio 2007-2011, el contrato no especificó
el número ni la naturaleza de los proyectos a realizar, sus prioridades, las
horas-hombre requeridas, los tiempos de duración ni los métodos de estimación
que se aplicarían”, indica la ASF.
Y más: “De los
proyectos pagados en 2010 por administración y soporte de aplicaciones de
cómputo, se revisaron 41 proyectos y se encontraron irregularidades en 27: tres
por 32 millones de pesos (que) se concluyeron pero no se implementaron; cuatro
por 59.5 millones de pesos (que) se interrumpieron en la fase de diagnóstico;
en otros cuatro se determinaron pagos improcedentes por 3.6 millones de pesos
ya que los entregables no fueron implementados; tres por 20.3 millones de pesos
se cancelaron sin lograr sus objetivos; cinco no se encuentran en ambiente
productivo y en 10 (proyectos) no se validó el aseguramiento de la calidad”.
En el documento se
hace una serie de observaciones, como: “El IMSS no demostró llevar controles
del personal asignado a cada proyecto (…) no se evidenció la certificación de
calidad de los productos entregados (…) para los ejercicio de 2008 a 2010, la
Dirección de Innovación de Desarrollo Tecnológico no sustentó su planeación
para los servicios”.
Como director del
IMSS, Molinar propuso el 14 de diciembre de 2006 a Castañeda Gómez del Campo
para que encabezara esa dirección. Un mes después de que este semanario
revelara su participación y la firma del contrato multimillonario, en
septiembre de 2010, el primo de la esposa del presidente fue removido del cargo
y el contrato se venció en diciembre de ese año.
Portal no hace
referencia en momento alguno a Castañeda Gómez del Campo y se limita a
establecer en cada uno de los proyectos auditados que, “no han tenido beneficio
ni utilidad para el Instituto”. Sin embargo recomienda dar cuenta a la
Secretaría de la Función Pública.
Desde que se
anunció la licitación y los concursantes, los competidores protestaron que se
le diera a Tata Consultancy debido a que era una empresa de reciente creación
(2003) “y no contaba con los suficientes estados financieros ni tenía la
certificación de calidad CMM15 que se pide a las empresas de tecnologías de la
información. El tema lo solucionó el IMSS volviendo a convocar y la empresa se
alió con Tata America International Corporation que sí tenía el certificado,
reveló a Proceso en su momento el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona,
quien pidió desafuero y juicio político contra Molinar Horcasitas.
Esa no fue la
primera vez que la “familia presidencial” le brindó servicios al gobierno
federal: en su número 1622 Proceso reveló cómo las empresas Hildebrando y
Metadata, propiedad de Hildebrando Zavala Gómez del Campo, dio servicios para
el manejo de datos de instituciones como Petróleos Mexicanos, la Comisión
Federal de Electricidad o el Instituto de Protección al Ahorro Bancario… y al
IMSS.
Molinar rescató
empresas
Las irregularidades
detectadas por la ASF y en las que está implicado Molinar, hoy parte de la
dirigencia nacional del PAN, tienen que ver también con el uso del dinero de
los derechohabientes del IMSS y de recursos de otras dependencias para
pretender rescatar empresas que hoy están en quiebra. Incluso se destinó ese
dinero para capitalizar a empresas como Comercial Mexicana y las sociedades Su
Casita y Metrofinanciera, entre otras.
La ruleta bursátil
a la que recurrió el gobierno federal implicó a tres dependencias: Sociedad
Hipotecaria Federal (SHF), Fondo de Vivienda (Fovi) e IMSS. A las tres recurrió
para que parte de su presupuesto se canalizara a la compra de bonos de diversas
empresas o sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes); es decir el
gobierno “especuló” con dinero de la población y, peor, para salvar empresas
privadas distrajo las cuotas de los trabajadores al IMSS.
“En SHF, Fovi e
IMSS las inversiones y apoyos fueron otorgados mediante el consenso de los
comités constituidos legalmente; no obstante, por el origen y magnitud de los
recursos, así como por la naturaleza y riesgo especulativos de los mercados
accionarios y de deuda, se puede concluir que, al amparo de decisiones
colegiadas, dichas entidades del sector público han autorizado inversiones en
capitales y bonos de dudosa calidad”, establece la ASF.
Desde 2009, se lee
en el documento, las sofomes Metrofinanciera e Hipotecaria Crédito y Casa
estaban “en riesgo”, “a pesar de lo anterior, en 2009 se les concedieron líneas
de crédito contrarias a la normativa de SHF y Fovi por 381.9 y 910 millones de
pesos respectivamente”.
Además la SHF,
añade, privilegió a los intermediarios financieros no bancarios sin atender las
“sanas prácticas y usos bancarios”. “En las inversiones de SHF, Fovi e IMSS en
entidades financieras del sector hipotecario se determinaron observaciones
sobre situaciones y prácticas que en el mediano plazo podrían impactar en las
finanzas públicas”.
Un punto revelador
de la ASF es que pudo comprobar que la SHF le pidió al IMSS que “reestructurara
deuda quirografaria de 2007” con una sofom (Metrofinanciera) porque la empresa
tenía problemas de liquidez.
“El director de SHF
(Javier Gavito) solicitó al director del IMSS (Molinar Horcasitas) el 12 de
diciembre de 2008 la renovación de la posición de 500 millones de pesos, con
vencimiento a diciembre de 2008, ya que la empresa tenía problemas de liquidez
que le impedían enfrentar sus obligaciones de pago, por lo que de no renovar
todos los tenedores tendría incumplimiento de pago, que podría obligar a la
liquidación de la empresa, lo que reduciría al mínimo la posibilidad de
recuperar el capital invertido; además habría un programa de apoyo al sector
hipotecario para dar viabilidad al sector en el largo plazo.”
Las renovaciones de
lo que sería compra de acciones o bonos de Metrofinanciera se realizaron de
manera consecutiva pese a que la empresa notificó el incumplimiento de pagos y
a que dos calificadoras le dieron las peores calificaciones.
El 8 de junio de
2010 el IMSS autorizó la renovación de 561 millones de pesos en la sofom y
finalmente se tuvo un “valor perdido” de 199 millones de pesos, según la ASF.
Hay que destacar que el dinero invertido en sofomes salió del régimen de
jubilaciones y pensiones subcuenta 1 y del de invalidez y vida.
En términos
monetarios, según la ASF, el dinero que está en Metrofinanciera desde 2007, “en
su liquidación es incierto”. Además, en 2008 “las inversiones en
Metrofinanciera sufrieron minusvalías por 503 millones de pesos no reconocidas
ni registradas como disminución patrimonial”.
El IMSS también
jugó a la bolsa para invertir el dinero de las jubilaciones en la llamada
Controladora Comercial Mexicana, que está en concurso mercantil. Igualmente el
instituto, según la ASF, en 2010 invirtió mil 886 millones de pesos, de los
cuales 656 millones los tomó de las reservas de riesgo de trabajo.
La ASF concluye que
SHF, Fovi e IMSS “al financiar” la “supervivencia” de esas empresas, “lo hizo
en perjuicio de dichas entidades públicas… Con las pérdidas en el precio del
mercado de sus inversiones, el IMSS afectó el monto de sus reservas y se
incrementó el déficit para afrontar sus compromisos del régimen de pensiones y
jubilaciones”.
La Ley Federal de
Entidades Paraestatales sólo permite inversiones en casos seguros, como los
bonos emitidos por el gobierno, pero no de empresas, por considerar volátil y
especulativo el proceso. A pesar de todo esto el auditor no fincó una sola
denuncia penal.
Lo sórdido del
caso Wallace
JORGE CARRASCO
ARAIZAGA
Documentos
oficiales y testimonios de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato
de Hugo Alberto Wallace Miranda acusan a la virtual candidata del PAN al
gobierno capitalino, Isabel Miranda de Wallace, de haber incurrido en
ilegalidades, incluyendo actos de tortura, al seguir el caso de su hijo. Los
relatos de madres, hermanos y hasta tíos de las personas encarceladas por estos
hechos coinciden en los señalamientos: la señora Wallace está utilizando el
poder que le da su “amistad” con el presidente Calderón y con el ahora
exprocurador capitalino Miguel Mancera…
Un día después de
la desaparición de su hijo Hugo Alberto, Isabel Miranda de Wallace ya tenía
localizado el lugar donde asegura que lo mataron cuando intentaron
secuestrarlo. En menos de 24 horas ubicó su camioneta, dio con el departamento
que denunció como escenario de los hechos que la convirtieron en figura pública
y ya tenía referencias de dos de los señalados como responsables.
La madrugada del
martes 12 de julio de 2005 ya había puesto una denuncia por la desaparición de
Hugo Alberto. Ya sabía que una joven atractiva conocida como Claudia era una de
las implicadas, lo mismo que un policía judicial. Más todavía, le dio una pista
al Ministerio Público: había que localizar a Jacobo Tagle Dobin. Proporcionó su
dirección.
Según la averiguación
previa PGR/SIEDO/UEIS/146/2005, abierta por la desaparición de Hugo Alberto
Wallace Miranda, gracias a la declaración de un vecino curioso, al dicho de un
niño que estaba en el edificio y por un sobre que le envió a su casa un anónimo
con varios correos electrónicos, empezó a reconstruir las circunstancias de lo
ocurrido en el departamento 4 del número 6 de la calle Perugino, en el sur de
la Ciudad de México.
En poco más de dos
meses ya sabía quiénes integraban –y cómo operaba– “la banda de secuestradores”:
el exjudicial del estado de Morelos César Freyre Morales; la bailarina Juana
Hilda González Lomelí, Claudia; el comerciante Jacobo Tagle; su novia Brenda
Quevedo Cruz, y los hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz.
Durante medio año
la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO) careció de elementos para consignar a los señalados. No fue sino hasta
el 8 de febrero de 2006 cuando pudo enderezar los cargos de secuestro y
asesinato a partir de una ampliación de declaración de Juana Hilda, en la que
detalló la supuesta participación de cada uno.
Esa declaración
contradijo dos previas en las que negaba los cargos. Pero no la ha ratificado
porque fue tomada sin asesoría legal, fuera del lugar de arraigo y bajo
coacción de los agentes del Ministerio Público Fermín Ubaldo Cruz y Braulio
Robles Zúñiga, según el expediente 180/2010 abierto por el Instituto Federal de
la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal.
Los ministeriales
la amenazaron con hacerle daño a su familia, como ya lo habían hecho con la
mamá y la hermana de César Freyre, a quienes encarcelaron por supuesta
extorsión. Según se lee en el expediente, en esa declaración se incluyó un
careo, no solicitado por Juana Hilda, en el que ésta supuestamente le pidió
perdón a Isabel Miranda.
Fermín Ubaldo y
Braulio Robles también son identificados por Enriqueta Cruz Gómez, madre de
Brenda Quevedo Cruz: “A mediados de 2006 me citaron en la SIEDO. Braulio me
presentó a su jefe, Fermín Ubaldo Cruz, quien me empezó a atender amablemente,
pidiéndome que le dijera dónde estaba mi hija”, dice Enriqueta en entrevista
con este semanario.
Brenda había huido
a Estados Unidos. Se escondió cuando Isabel Miranda colocó varios anuncios
espectaculares –ella es empresaria del ramo– con su fotografía, acusándola del
secuestro y desaparición de Hugo Alberto.
Sigue Enriqueta
Cruz: “Obviamente no le dije nada hasta que el hombre se desesperó y empezó a
golpear la mesa. ‘¡Hable, con una chingada!’, le soltó.
“Así como usted está
aquí sentada, así han estado la mamá y la hermana de César Freyre y las metí a
la cárcel”, le dijo. Enriqueta Cruz preguntó: “¿Y por qué las encerró?”. El
ministerial se desesperó tanto que ordenó que le quitaran unos cabellos y le
sacaran sangre. “¿Para qué?”, se defendió la mujer. “Para cuando encontremos
muerta a su hija, porque la vamos a encontrar muerta”, le gritó el funcionario.
Brenda Quevedo
Brenda fue
extraditada de Estados Unidos en septiembre de 2009. Llegó en un avión de la
PGR en el que también viajaba Braulio Robles. Miranda la esperó en el
aeropuerto con una pancarta que preguntaba: “¿Dónde dejaste a mi hijo?”. Antes
de que fuera presentada ante los medios le ofreció “beneficios jurídicos”.
Brenda la encaró.
Fue traslada al Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya,
Estado de México. Según su testimonio, narrado en una carta fechada el 29 de
noviembre de ese año, alrededor de las siete de la mañana del día 27 una
custodia fue por ella para una supuesta audiencia. Con el consentimiento del
director del penal la llevaron a una sala.
Dice que cuando
entró vio a tres personas volteadas hacia la pared. Vestían de traje. Se
pusieron pasamontañas. Tenían las manos enguantadas. Desesperada, Brenda
comenzó a gritar. Afirma que la sujetaron. “Ya sabes por parte de quién
venimos, hija de tu pinche madre”. Llorando respondió: “Sí. De la señora Isabel
Miranda de Wallace”.
“Ahora sí vas a
sentir lo que sintió Hugo el día que lo secuestraron”, sostiene que le dijeron.
Enseguida, asegura, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, la tiraron
al piso, la patearon en el estómago y le golpearon la cabeza.
De un maletín
sacaron un juego de esposas, vendas, jeringas, grabadora, papel, pluma y “una
maquinita plateada que yo asumo era de toques eléctricos”, escribió Brenda. Le
taparon los ojos. Asegura que la jalaban del cabello y le acercaron la
grabadora.
Uno de los hombres
le dijo: “A ver si ahora sí nos vas a decir dónde está el cuerpo de Hugo. Nos
vas a dar una dirección y te vamos a sacar del penal. Y si nos das un dato en
falso, te vamos a torturar hasta que te dejemos irreconocible y vamos a ir con
cada uno de tu familia. Tu hermano está en Canadá, ¿no?”. Brenda sostiene que
la agredieron sexualmente.
Según narra,
sacaron una jeringa con una sustancia roja. Le dijeron que era sangre infectada
con VIH. Que se la iban a inyectar si no firmaba la confesión de que ella había
sido la responsable del secuestro. Le ponían la pluma en la mano. Al cabo de un
rato, tras una llamada a la puerta, recogieron sus cosas y se fueron.
Un año después, en
otra carta, fechada en noviembre de 2010, refiere la supuesta tortura que
sufrió el 13 de octubre anterior, cinco días después de ser trasladada a la
colonia penal federal de las Islas Marías. Con el pretexto de que le
encontraron unas pastillas en su cama la llevaron a “la borracha”, una celda de
castigo.
Hacia las tres de
la mañana ya del día 14, dos custodias la sacaron de la celda y la subieron a
una pick up blanca conducida por un hombre. Media hora o 40 minutos después del
oscuro trayecto, en el que escuchó y vio el mar, pararon en un lugar con
vegetación. Bajaron y la dejaron en una pequeña casa en construcción.
No había luz. Sólo
una cobija vieja en el piso. Se quedó dormida sobre ella. Como a la una de la
tarde, por la ventana vio llegar una camioneta tipo Van blanca, con vidrios
polarizados. Se abrió la puerta y entraron cinco o seis hombres encapuchados,
pantalón de mezclilla, playeras blancas de tirantes y zapatos negros. El
primero que se acercó a ella le dijo: “Ora sí ya chingaste a tu madre. ¿Te
acuerdas de nosotros? Ahora sí nadie te va a oír”.
Siempre según su
relato, le vendaron los ojos y la envolvieron en la cobija con cinta canela. La
mojaron. Le quitaron los zapatos y los calcetines. La acostaron y al mismo
tiempo le empezaron a echar agua en la nariz y la boca. Le dijeron que si no le
daba lástima que su mamá pagara “por sus chingaderas”. “La íbamos a matar el
día que se operó de los ojos o a dejarla ciega, pero luego pensamos que ella no
tiene la culpa”.
Con la humedad la
venda se le corría y distinguió los ojos café claro de uno de sus agresores,
reconoció a uno de complexión robusta y velludo que a veces se ponía encima en
ella.
Seguían los golpes
en el cuerpo. Sangraba. “¿Ahora sí sabes por qué estamos aquí?”. “Por el
secuestro de Hugo”, respondió. Uno de ellos la golpeó tan fuerte que la dejó
medio sorda y le dijo: “Del señor Hugo, para ti”. Le amarraron un alambre al
dedo gordo del pie derecho y le echaron más agua. Le dieron toques.
Sacaron una
grabadora. “Tienes que decir que llevaron el cuerpo de Hugo al departamento de
Perugino, que sacaron su cuerpo en bolsas y usaron tu coche para botarlo. Di
que tú tomaste las fotos del cuerpo”. Prendían la grabadora cuando Brenda
repetía: “Lo dejamos en un acueducto y en unas maletas en un terreno”.
Uno de ellos le
dijo: “Más te vale no ir de nuevo a tus pinches desmadres de derechos humanos.
Date cuenta del poder que tenemos para venir hasta este lugar. Tenemos mucho
poder. Te metiste con la persona que no debías. Esto te pasa por molestar a la
señora, a su esposo y a su familia”.
Uno de los hombres
le dijo: “Vas a pedir hablar con el juez y le vas a decir que te arrepientes de
todo el mal que has hecho, que es cierto todo lo que dijo Hilda y le vas a
pedir perdón a la señora Wallace”.
El personal que la
había llevado un día antes la regresó a “la borracha”. Salió el día siguiente,
pero la mantuvieron aislada. Pasó casi un mes para que la dejaran hablar por
teléfono y contarle a su mamá lo sucedido.
Alberto y Tony
Castillo
El 12 de octubre de
2010, un día antes de la presunta tortura de Brenda, habría sido el turno de
Alberto Castillo Cruz, acusado junto con su hermano, Tony, de mutilar el cuerpo
de Hugo Alberto. Ocurrió en el penal de Puente Grande, que junto con el de las
Islas Marías y demás penales federales dependen del secretario de Seguridad
Pública, Genaro García Luna.
Alberto ya había
sido golpeado el 8 de marzo de 2006, cuando fue detenido cerca del Monumento a
la Revolución –a un paso de la SIEDO– por personas vestidas de negro y
cubiertas con pasamontañas que acompañaban a Isabel Miranda.
El relato de las
presuntas torturas infligidas a Alberto y las amenazas a sus familiares es
hecho por la madre de ambos, María Elena Cruz Bustamante, quien sostiene que
desde la fecha citada la amenazaron con matarla a ella y a su tío, Luis
Carrillo Bustamante, si no decía que él y los señalados por Miranda eran los
culpables de la desaparición. “Más te valía haber matado al hijo del
presidente. Vas a temer el poder que tiene la señora Wallace”.
Le preguntaban por
su hermano y su “prima”, Brenda Quevedo Cruz. “No es mi prima. La he visto en
alguna ocasión, pero no es una amistad”, contestó Alberto, refiere María Elena
Cruz en entrevista. “Le cortaron cartucho y siguieron las amenazas. Dos horas y
media después lo entregaron a la AFI”, entonces al mando de García Luna.
El 22 de marzo de
2006 Tony se presentó en la SIEDO. Ahí lo detuvieron. Cuando declararon ante
Braulio Robles, Alberto y Tony le dijeron que eran ciudadanos estadunidenses y
trabajaban en México para empresas de ese país. “Aquí están en México y aquí se
chingan”, les respondió.
Fueron arraigados y
después de dos meses, enviados al Reclusorio Norte (Reno), donde los
extorsionaron por ser “secuestradores y asesinos”. Año y medio antes de ser
sentenciados, y sin aviso a la familia, los enviaron a penales federales.
Alberto a Puente Grande. Tony a Matamoros. Estuvieron segregados nueve meses.
Desde mediados de
2006, cuando fueron enviados al Reno, comenzaron las amenazas telefónicas a sus
familiares: Si daban aviso a la embajada estadunidense iban a matar a sus hijos
en el reclusorio. A ellos les decían lo mismo. Ya saben de parte de quién.
“Como tres o cuatro veces me llamó una voz de mujer”, cuenta la madre de los
hermanos Castillo.
“Fueron las mismas
amenazas durante años. Ellos callados por su lado, y yo por el mío. Por el
miedo de que nos iban a matar”. Alberto, quien está por cumplir 39 años, fue
enviado al penal de Puente Grande. Allí, asegura la madre, el 12 de octubre de
2010 fue torturado para que firmara su culpa. A cambio sería “testigo protegido
de la señora Wallace”. “Prefiero morirme”, retó.
Como en el caso de
Brenda, afirma la señora Cruz, hombres encapuchados fueron los que actuaron.
Fue en un cuarto del Centro de Observación y Clasificación (COC) de Puente
Grande. Los embozados lo esposaron de manos y pies. Lo envolvieron en una
sábana y lo empezaron a golpear. Para asfixiarlo usaron agua y bolsas de
plástico.
Un hombre le
apretaba el cuello con una toalla y le tapaba la cabeza con una bolsa, mientras
que otro, uno chaparro, lo golpeaba. A uno más lo describe como “un hombre
peludo, corpulento, moreno”. Fue delante de Robles Zúñiga, le dijo a su familia.
“Tienes que decir
que participaste. Y lo vas a hacer ante el juez”, le dijeron. Al día siguiente
lo llevaron al juzgado. Ahí –afirma la señora Cruz– estaban Braulio Robles,
Isabel Miranda y su hermano Roberto, a quien identificó como una de las personas
que, pistola en mano, lo detuvo en marzo de 2006.
En la audiencia
Alberto denunció la tortura. Al siguiente día le pasó lo mismo. De nuevo en el
COC. “¿Con que te pasaste de pendejo ayer?”.
Sigue el relato de
María Elena Cruz:
Uno de sus
torturadores no dejaba de mirar hacia la puerta y hacia arriba. Fue como se dio
cuenta de que Isabel Miranda y el director de Puente Grande, Francisco Javier
Gómez Meza, presenciaban la tortura. Una semana después Gómez Meza fue
destituido, acusado de narcotráfico. Para comprobar ese señalamiento Alberto
pidió los videos de las cámaras del penal, incluido del COC. No se los dieron.
Le dijeron que los borraban cada tres días.
Alberto decidió
entonces que su familia avisara a la embajada estadunidense, que desde entonces
los asiste. A Alberto también, primero a través del consulado de Guadalajara y
ahora mediante el de Hermosillo, pues a finales del año pasado fue trasladado
al penal de Guasave, Sinaloa.
Jacobo Tagle
Dos meses después
de las presuntas torturas a Brenda y a Alberto, Jacobo Tagle Dobin fue detenido
en el Estado de México. Fue el último de los seis señalados por Miranda. Lo
presentaron a la prensa el 4 de diciembre de 2010.
En una carta,
fechada un día antes en Cuautitlán Izcalli, narra lo que, afirma, fueron las
circunstancias de su detención: hombres encapuchados, vestidos de negro que
circulaban en autos particulares lo esposaron y lo subieron a una camioneta
panel blanca donde iban otros encapuchados. Le cubrieron la cabeza y al cabo de
40 minutos de trayecto, según calcula, uno de los hombres le dijo a una mujer:
“Ya tengo su paquete. ¿Qué quiere que hagamos, señora?”. Según Tagle la
respuesta fue: “Tortúrenlo hasta que diga dónde está mi hijo”.
La camioneta avanzó
unos 15 minutos más. Cuando se detuvo le vendaron los ojos y le quitaron los
zapatos y los calcetines. Le pusieron una bolsa en la cabeza. Sintió que se
subieron en sus piernas y otro lo apretaba. Estaba con el torso desnudo,
vendados los tobillos y los brazos. Repitieron la operación.
Le echaron agua en
la cara. Se asfixiaba. “Si se le empiezan a poner moradas las uñas, me avisan”,
escuchó. De nuevo, a taparle la nariz y la boca, a echarle agua, a golpearlo en
los oídos, a apretarle el estómago.
Volvieron a poner
la camioneta en marcha. “Ahora sí, vamos a la Procu. Tienes que aceptar todo”.
Ahí “un señor
canoso, creo que era el jefe, me dijo que iba a entrar la señora Wallace y que
si no cooperaba con ella me iban a dar otra chinga… Entró un chaparro que venía
de jeans y camisa a cuadros. Sacaron una pistola, cortaron cartucho y me
apuntaron a la cabeza”.
Siguieron las
amenazas: “Más vale que cooperes o te mueres. Te he estado buscando por todos
lados y me las vas a pagar. Tengo bien ubicada a tu mamá Raquel y a tu hermana
Judith, y tenemos clavado a tu hermano Salomón”.
Relata Jacobo: “Se
salió el chaparro y regresó con la señora Wallace, su hija, su sobrino y dos
señores más. La señora se puso del otro lado del escritorio y me dijo que me
iba a morir, que iban a lastimar a mi familia y a refundir a mi hermano
(también acusado de secuestro) en la cárcel”.
Le pidió que le
ayudara a refundir en la cárcel a César Freyre, Hilda, Brenda y los hermanos
Castillo “porque ella era amiga del presidente Calderón, del procurador general
de la República, de Miguel Mancera (procurador del DF) y de muchos políticos.
Le pidieron que
repitiera lo que le decían. Cuenta que el sobrino de la señora, que no
identifica, grabó la declaración, mientras que su hija escribía en una laptop.
“No me dejaron hacer ni una llamada y me hicieron firmar unos documentos que no
me dejaron leer. Nos dirigimos a Cuemanco y la señora me dijo que ella me iba a
señalar un lugar donde supuestamente se tiró el cuerpo de su hijo.
“Me llevaban en una
camioneta tipo Van y ella iba en una Cherokee, con muchos escoltas y policía.
En Cuemanco me pasaron a la Cherokee y la señora me dijo: ‘Nos vamos a detener
y vas a caminar. Donde veas una entrada de casa, dices que ahí es. Entras y vas
a ver unos montones de arena movidos y vas a decir que ahí tiraron el cuerpo de
mi hijo’.
“De ahí me llevaron
a la Procu y en la mañana me llevaron a Toluca”. Ahí el 4 de diciembre lo
presentaron a la prensa. En esa ocasión, Isabel Miranda pidió que se levantara
la playera para constatar que no estaba golpeado.
En su declaración
ministerial del 14 de diciembre de ese año en el Juzgado Primero de Distrito en
Procesos Penales Federales con sede en el penal de alta seguridad del Noroeste,
en Nayarit, ratificó que fue torturado.
En esa declaración
también se lee que Jacobo Tagle “igualmente desea agregar que la señora Isabel
Miranda también le dejó en claro que no le convenía ponerse en su contra o
negarse a declarar, porque dentro de poco iba a tener un cargo político y con
más poder podría acabar con su familia”.
Tagle, de 32 años,
está recluido desde octubre pasado en el penal de alta seguridad de Villa
Aldama, en Perote, Veracruz.
César Freyre
César Freyre
Morales, expolicía judicial de Morelos y señalado por Miranda como jefe de la
banda, también fue torturado para declararse culpable, asegura su madre, María
Rosa Morales Ibarra, quien fue encarcelada acusada de extorsión por Luis
Saucedo, a quien ésta identifica como chofer y asistente de Miranda.
Pasó un año y medio
en la cárcel. Lo mismo que su hija Julieta, coacusada por Saucedo. Las
detuvieron el 8 de junio de 2006, cuando fueron a la SIEDO a ver a Freyre,
detenido tres meses antes. Morales asegura que el entonces titular de la
Subprocuraduría, José Luis Santiago Vasconcelos, la presionaba para que le
dijera dónde estaban las casas de seguridad y las cuentas bancarias de su hijo.
Los tres fueron
arraigados. César fue trasladado a La Palma y ellas a Santa Martha. Allí
pasaron un año nueve meses sin que se les comprobara el cargo. Salieron libres
bajo fianza cuando reclasificaron el delito del fuero federal al común.
Julieta, de 40 años, murió el 2 de octubre de 2009 de un derrame cerebral poco
después de salir de la cárcel.
Dice Morales:
“Después de cinco años, tuvo que firmar una declaración. Lo presionaron mucho.
Casi lo matan. Recién le sacaron unos coágulos porque lo metieron muchas veces
a bolsas con agua. Un testículo se le hizo más pequeño, producto de toques
eléctricos. Pero le insisten en que entregue el cuerpo”. Freyre contesta:
“¿Cómo les voy a entregar una cosa que ni siquiera sé que existe?”.
PAN y PRI, al
ojo por ojo
JENARO VILLAMIL
Temprano comenzaron
las hostilidades entre el PAN y el PRI con vistas a las elecciones de julio
próximo. Ante la estrategia desplegada por el PAN para que la PGR investigue
por posibles nexos con el narco a tres exgobernadores priistas de Tamaulipas:
Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, el PRI se lanzó con
todo para exigir en el Congreso de Baja California que los exmandatarios
panistas de esa entidad Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy sean sometidos a
pesquisas por enriquecimiento ilícito y presuntos nexos con el Cártel de
Tijuana.
En franca disputa
desde las elecciones de Michoacán de 2011, que perdió el PAN frente al PRI, el
gobierno de Felipe Calderón ha filtrado versiones de investigaciones
ministeriales para vincular a tres exgobernadores priistas de Tamaulipas con el
crimen organizado. Por su parte, el PRI decidió en estas dos últimas semanas
responder “golpe con golpe” a la administración de Felipe Calderón, a la que
acusa abiertamente de “criminalizar el proceso electoral” con estas
indagatorias.
Los señalamientos
se han enfocado en los tres últimos gobiernos priistas de Tamaulipas, así como
en la presunta participación del crimen organizado para favorecer al priista
Fausto Vallejo, quien recientemente tomó posesión como gobernador de Michoacán.
El viernes 17, Vallejo advirtió que tomará “las medidas legales conducentes”
contra los líderes políticos que acusan al crimen organizado de favorecer al
PRI.
El miércoles 15, el
PRI reviró al impulsar un punto de acuerdo de la bancada local en el Congreso
de Baja California para exhortar a la PGR para que investigue a los
exgobernadores panistas Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy por presuntos
nexos con el narcotráfico. Al mismo tiempo, su dirigente nacional, Pedro
Joaquín Coldwell, envió una carta pública a la titular de la Procuraduría
General de la República (PGR), Marisela Morales, en la que califica como “grave
e inadmisible” la salida del titular de la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade), José Luis Vargas Valdés.
Para los priistas
el caso más delicado radica en el destape de las investigaciones de la PGR y de
la agencia antidrogas estadunidense (DEA) contra los exgobernadores
tamaulipecos, en especial contra Tomás Yarrington. Información reciente
obtenida por este semanario apunta al interés de establecer una conexión entre
las investigaciones de las administraciones priistas en Tamaulipas y los dos
últimos gobiernos del Estado de México; es decir, el de Arturo Montiel y el de
Enrique Peña Nieto, actual aspirante presidencial priista.
El miércoles 8, el
mismo día en que la DEA detuvo en San Antonio, Texas, a Antonio Peña Argüelles,
presunto intermediario entre los cárteles de la droga y el gobierno de
Yarrington, en el municipio de Nezahualcóyotl Víctor Manuel Torres Moreno
renunció al cargo de director de Seguridad Pública del ayuntamiento que ejercía
desde 2010, por recomendación de Luis Enrique Miranda Nava, exsecretario de
Gobierno con Peña Nieto.
Torres Moreno no es
un personaje menor en la trama de las investigaciones contra los exmandatarios
priistas de Tamaulipas. Fue subprocurador del Estado de México, bajo las órdenes
de Alfonso Navarrete Prida, en el sexenio de Montiel (1999-2005). Como fiscal
de Asuntos Especiales de la procuraduría estatal fue el responsable de las
pesquisas del asesinato de Enrique Salinas de Gortari, hermano del expresidente
Carlos Salinas de Gortari, ocurrido el 3 de diciembre de 2004 (Proceso 1467 y
1468).
Exdelegado de la
PGR en Nuevo León, exsecretario de Seguridad Pública y Vialidad en el municipio
de San Pedro Garza García, Torres Moreno llegó a principios del gobierno de
Montiel a la subprocuraduría estatal. Llevó como sus subalternos a Eduardo
Rodríguez Masso, a quien designó en 2002 como director de Combate a la
Delincuencia Organizada dentro de la procuraduría estatal, y a Javier Aguilar
Fuentes. Ambos asesinados posteriormente y acusados de presuntos vínculos con
el Cártel del Golfo, durante la administración de Yarrington en Tamaulipas.
En su editorial del
lunes 13, la edición digital del periódico Alfa Diario, uno de los pocos
críticos a la administración de Peña Nieto y de Eruviel Ávila, publicó:
“Los nombres de
Eduardo Rodríguez Masso y Javier Aguilar Fuentes, por cierto ambos asesinados y
jamás esclarecidas sus muertes, serán traídos nuevamente a colación…
“Infinidad de
ocasiones Rodríguez Masso fue señalado públicamente como operador de Osiel
Cárdenas Guillén. Las acusaciones nunca pasaron de la página de los diarios.
Rodríguez Masso fue asesinado en 2007 de un balazo en la cabeza en Tamaulipas…
“En agosto de 2004,
el Ejército detuvo a Ramiro Hernández, El Maty, operador del Cártel del Golfo,
y a seis de sus cómplices en la casa ubicada en la Hacienda Corralejo 75, en
Echegaray, Naucalpan. Les aseguraron dos millones de dólares y 160 kilos de
cocaína. Uno de ellos era Javier Aguilar Fuentes. Fue acusado de delitos
menores y recobró su libertad. A la postre fue asesinado de un balazo en la
cabeza en el Distrito Federal.”
Rutas del Golfo
Antes de ir al
Estado de México a combatir el crimen organizado, Rodríguez Masso fue señalado
como integrante de la Hermandad de Comandantes de expolicías ministeriales
vinculados con el Cártel del Golfo, durante la administración de Yarrington.
El reportero Arturo
Rodríguez publicó que Rodríguez Masso fungió como comandante ministerial en
Reynosa, Camargo y Díaz Ordaz, durante la primera etapa de José Guadalupe
Herrera Bustamante como procurador estatal. En el gobierno de Yarrington fue
director de la Policía Ministerial (Proceso 1646).
Rodríguez Masso
encabezó el operativo para detener a Gilberto García Mena, El June. También
formó parte de la Hermandad Javier Aguilar Fuentes, excomandante ministerial de
Matamoros y Ciudad Victoria. Ambos vinculados a Herrera Bustamante, quien llegó
como titular de la procuraduría de Tamaulipas al final del sexenio de Cavazos
Lerma, un mes después de la detención de Juan García Ábrego, fundador del
Cártel del Golfo.
En agosto de 2007
el gobernador Eugenio Hernández Flores nombró a Herrera Bustamante como
procurador estatal, a pesar de los presuntos vínculos de su hermano Ariel
Herrera Bustamante con el Cártel del Golfo, y de que la abogada regiomontana
Raquenel Villanueva lo acusó de atentar en su contra. Llegó a este cargo por
segunda ocasión (la primera fue durante la gestión de Cavazos Lerma).
A Rodríguez Masso
lo ejecutaron el 29 de diciembre de 2007 en su oficina de la discoteca Antrock,
en Matamoros, un día antes de que tomara posesión como alcalde de esa ciudad el
priista Erick Silva. En los medios locales se aseguraba que sería el nuevo jefe
policiaco de la localidad (Proceso 1646).
La conexión entre
los comandantes de Tamaulipas y los gobiernos del Estado de México no se
limitaba a Rodríguez Masso y a Aguilar Fuentes. Otro de los personajes
mencionados fue Pablo Zárate Juárez, director de la Policía Municipal de
Matamoros durante la gestión de Yarrington como alcalde de esa ciudad. En ese
tiempo fue agente de la corporación Eduardo Costilla, El Coss, a la postre
lugarteniente de Osiel Cárdenas Guillén y en la actualidad presunto líder del
Cártel del Golfo.
Zárate se desempeñó
como director de Seguridad Pública en el municipio de Atizapán, en el Estado de
México (1991-1993). En varias ocasiones se le acusó de proteger a
narcotraficantes que utilizaban ese municipio conurbado a la Ciudad de México
para el trasiego de drogas. Durante el gobierno de Yarrington (1999-2005),
Zárate fue director del Instituto Tamaulipeco de la Vivienda. También tuvo
cercanía política con Luis Felipe Puente Espinoza, secretario de Transporte
durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Contrataque
Horas después de
que se filtrara a la prensa que la PGR mantenía abierta una investigación
contra Manuel Cavazos Lerma, actual candidato priista al Senado; contra Tomás
Yarrington, y Eugenio Hernández, los tres exgobernadores de Tamaulipas, el PRI
emitió un comunicado el 31 de enero último para calificar de “inadmisible” el
uso de la procuración de justicia con fines políticos.
“No se puede fingir
que se impone la ley violando la ley. Basta ya de usar los instrumentos de la
justicia con fines electorales”, sentenció el documento, al tiempo que la
dirigencia nacional priista presentó una denuncia contra los responsables de la
“filtración” del expediente de la PGR.
Peña Nieto viajó a
Tamaulipas el jueves 2 y expresó su respaldo público a Cavazos Lerma. Como ya
se indicó, el miércoles 15 el PRI confirmó que el exgobernador de Tamaulipas y
exsecretario de Acción Electoral del tricolor en los últimos dos años será
candidato al Senado, en fórmula con Guadalupe Flores Valdés.
El martes 7, dos
días después del triunfo de Josefina Vázquez Mota en la contienda interna
panista para la candidatura presidencial, el dirigente nacional del PRI, Pedro
Joaquín Coldwell, advirtió que Acción Nacional “va a implementar la misma
estrategia que hizo hace seis años” contra el PRD.
“Primero, tratar de
quedarse en segundo lugar de la contienda, y luego polarizar la elección y
decir que en este caso el PRI es un peligro para México, lo mismo que dijeron
hace seis años del PRD”, sentenció.
El 10 de febrero,
Reforma publicó que la DEA investiga a Yarrington por haber recibido millones
de dólares tanto del Cártel del Golfo como de Los Zetas, a cambio de protección
a sus operaciones criminales. La nota cita a una fuente anónima identificada
como CS-1 (Confidential Source 1), quien acusó al exgobernador de tener
vínculos con Heriberto Lazcano El Lazca y Miguel Treviño, ambos líderes de Los
Zetas. Otra fuente confidencial, identificada como CS-2, señaló que el
intermediario entre el gobierno de Yarrington y los cárteles fue Antonio Peña
Argüelles, detenido el 8 de febrero en San Antonio, Texas, por presunto lavado
de dinero. La misma nota cita a otras dos fuentes secretas de la DEA,
identificadas como CS-3 y CS-4.
A su vez, en la
sede nacional del PRI se mencionó que el testigo protegido de la PGR en las
acusaciones contra los tres exgobernadores de Tamaulipas es José Salvador Puga
Quintanilla El Pitufo, el mismo personaje cuyas declaraciones fueron la base
para la detención masiva de funcionarios y alcaldes de Michoacán, en 2009, por
presuntos vínculos contra el narcotráfico. La mayoría de los implicados en el
Michoacanazo salieron libres. El Pitufo también fue el informante en el caso
contra el exalcalde de Cancún, Greg Sánchez, quien fue liberado después de ser
invalidado como candidato a gobernador de Quintana Roo.
El lunes 13, la
dirigencia nacional del PRI dio a conocer una carta enviada desde el viernes 10
a la titular de la PGR, Marisela Morales, para criticar el nombramiento de un
nuevo titular de la Fepade, en sustitución de José Luis Vargas Valdés.
En la parte medular
de la misiva, firmada por Pedro Joaquín Coldwell, el PRI advirtió:
“En fechas
recientes, se han despertado suspicacias en torno a la injerencia del Poder
Ejecutivo federal, en un esfuerzo por criminalizar el proceso electoral y
favorecer al Partido Acción Nacional. Es inadmisible que la Fepade se convierta
en un instrumento de esta política y vehículo para la persecución aviesa e
ilegal de candidatos o militantes de partidos de oposición al gobierno.”
El martes 14, la
bancada del PRI en el Senado se alió al PRD para expresar su malestar por el
nombramiento de Imelda Calvillo Tello como nueva titular de la Fepade. El
vocero de la bancada priista, Carlos Jiménez Macías, consideró que el relevo en
la fiscalía es “una señal muy peligrosa” debido a que “el gobierno ha hecho uso
de las instituciones públicas para combatir a sus adversarios”.
Un día después, por
mayoría de 16 votos (PRI, Partido Verde, Partido Estatal de Baja California, PT
y PRD), cuatro en contra (PAN) y dos abstenciones (Panal), el Congreso de Baja
California aprobó un punto de acuerdo para exigirle a la PGR que investigue a
los exgobernadores panistas Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy por
enriquecimiento ilícito y presuntos nexos con el Cártel de Tijuana.
En la argumentación
del punto de acuerdo, impulsado por el PRI, se recordó que en 1989 Ruffo inició
su campaña a la gubernatura con 500 mil dólares de financiamiento del Cártel de
los Arellano Félix y se le acusó de encubrir a su hermano Claudio. Asimismo, se
mencionó que los sicarios detenidos en el ataque a la discoteca Christine de
Acapulco tenían credenciales de la Procuraduría de Justicia de Baja California.
David Lozano Pérez,
presidente de la XX Legislatura estatal, recordó también que cuatro escoltas de
Ruffo murieron asesinados por supuestos nexos con el narcotráfico: Carlos
González Félix, Carlos Aboytes Rodríguez, Diego Hernández Levya y Jaime Ruelas.
Empresarios
panistas voltean a la izquierda
ÁLVARO DELGADO
A diferencia de la
campaña presidencial anterior, esta vez muchos hombres de negocios han
escuchado la propuesta política y económica de Andrés Manuel López Obrador. De
esto habla Alejandro Gurza Obregón, coahuilense lastimado por la corrupción del
exgobernador Moreira y la complicidad de Peña Nieto, pero admirador de la
entereza de Josefina Vázquez Mota y convencido de la viabilidad del candidato
de la izquierda. Esto, a pesar del riesgo de bullyng por parte de sus
compañeros del PAN.
En las reuniones de
empresarios con Andrés Manuel López Obrador, que han tomado un auge inusitado a
través de la organización ciudadana Despierta México, apareció uno muy
peculiar: Alejandro Gurza Obregón, concesionario de Ford en Coahuila y
militante del Partido Acción Nacional (PAN) durante casi seis décadas.
–¿Usted apoyando a
López Obrador? –le inquirió el reportero.
–Sí –respondió por
teléfono desde Torreón–. Andrés Manuel ya tiene el sur y el centro. Nosotros ya
le abrimos el norte.
En una rápida
visita a la Ciudad de México, el miércoles 8, y tras participar en una reunión
del Movimiento Progresista, la coalición de partidos que impulsa a López
Obrador, Gurza Obregón explica las razones de su apoyo a éste que, en 2006,
también denominó “un peligro para México”.
“Yo también lo
dije. Ahora yo digo que no es un peligro para México, es un bien para México.
¿Quién sí es un peligro para México? ¡Enrique Peña Nieto, sin ninguna duda!”,
sentencia sobre el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Gurza revela que
hace dos años Peña Nieto lo invitó a su proyecto y se encontraron en la Ciudad
de México, pero cuando le reprochó la corrupción de Humberto Moreira, el
gobernador de Coahuila que luego sería presidente del PRI, el priista se
enfureció y, “grosero”, puso fin a la reunión.
“Le dije: ‘¿Cómo
que se tiene que ir? Me hizo venir desde Torreón para verlo y nada más porque
digo que Moreira es un ratero usted se molesta’. Le dije también: ‘No puedo
apoyarlo ni acompañarlo en la campaña, no estoy de acuerdo con usted’. Y
terminó el encuentro bruscamente. Peña Nieto no tiene capacidad para ser
político y menos presidente.”
–¿Y por qué no
apoya a Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN?
–Es mi amiga, pero…
El empresario
lagunero hace una pausa, elogia a la panista por la que votó como militante
activo en la elección interna del PAN, el 5 de febrero, pero aclara que ya ha
tomado una decisión, que debe ser respetada.
“Yo en conciencia
pienso en lo que más le conviene a México. Puede gustarle a una persona o a
otra disgustarle, pero mi decisión es con toda honestidad y por amor a México.
Si no les gusta lo siento mucho.”
Vehemente, afirma:
“¡Porque no hay nadie que me tache de corrupto ni de traidor! El traidor es
aquel que se traiciona a sí mismo en sus principios y en su forma de hacer y de
actuar. ¡Yo no he traicionado a mis principios ni a mi forma de actuar!”
Tampoco, subraya,
ha traicionado al PAN, de cuyos gobiernos está desilusionado: “Hay panistas que
han sido también muy corruptos. ¡Desgraciadamente no han cumplido al llegar al
gobierno como hubiéramos queridos los mexicanos!”
Y acusa: “Vicente
Fox desperdició grandemente la oportunidad de cambio y no agarró ni tepocatas
ni peces flacos ni gordos. En eso Felipe Calderón fue más de lo mismo”.
Precursor de la
participación del empresariado en política, Gurza es un panista de prosapia:
Ingresó al PAN en 1954, invitado personalmente por Manuel Gómez Morin, el
fundador, y fue amigo íntimo de Manuel Clouthier del Rincón desde que eran
estudiantes en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM).
“Fui de los que lo
convencieron a Clou-thier de que se saliera del PRI y que se metiera al PAN”,
revela Gurza Obregón sobre el excandidato presidencial en 1988, cuya hija
Tatiana se declaró públicamente a favor de López Obrador, apenas el lunes 13,
en una entrevista con el diario Noroeste, que fundó su padre.
“México requiere un
cambio profundo, y la única persona que puede dárselo en este momento es él”,
declaró Tatiana, mientras que Manuel, el primogénito y quien cuatro días antes
declinó buscar la candidatura a senador por el PAN, analiza la invitación para
ser candidato de la coalición lopezobradorista.
Para Gurza, López
Obrador ha madurado y ha modificado conductas respecto de 2006, pero también se
conoce más su desempeño como gobernante y su honestidad:
“Gobernó la ciudad
más grande del país y no hay nadie que diga que se robó el dinero. Podrá haber
quien lo diga y lo calumnie, pero que lo compruebe, ninguna persona. Entonces
sí es un garbanzo de a libra”.
Amigo también de
Cuauhtémoc Cárdenas, Gurza se entusiasmó porque, por fin, éste le dio su
respaldo público a López Obrador, el martes 7: “Le hablé para felicitarlo. Es
un hombre bueno”.
–¿No es una foto
que llega seis años tarde?
–Pero ya llegó, es
lo bueno.
Ni izquierda ni
derecha
A sus 76 años, con
dificultad para caminar por las secuelas de un atentado en su contra ordenado
según él por Moreira –“por llamarlo corrupto” –, Gurza Obregón se embarcó a
otro más de los proyectos de participación cívica en que ha participado desde
que, en 1954, lo invitó Gómez Morin al PAN.
“Tenía yo 18 años y
en la elección del 8 de diciembre no permití que se robaran las urnas de una
casilla de Monterrey. Me habló, me dijo que necesitaba jóvenes como yo. Le
dije: ‘Cómo no, Manuel, le entro’. Y desde entonces he participado en el
partido, pero no he ocupado puestos públicos”.
Desde los setenta,
Gurza se involucró en la defensa del voto y con mayor intensidad en los ochenta
con la fundación, en 1987, del Instituto México Estados Unidos (MUSI, por sus
siglas en inglés), que él presidió y cuyo vicepresidente era Javier Livas
Cantú, quien hace dos meses pretendió ser candidato presidencial del PAN.
Al MUSI, que fue
duramente criticado por el gobierno de Miguel de la Madrid por sus denuncias de
fraude electoral en Estados Unidos, siguió la Asamblea Democrática por el
Sufragio Efectivo (Adese), creada en febrero de 1988, con la participación,
entre otros, de Porfirio Muñoz Ledo, Rogelio Sada Zambrano, Carlos Ímaz, Carlos
Monsiváis y Enrique Krauze.
Ubicado en el
presente, asqueado de la corrupción económica y moral propiciada por los
Moreira en Coahuila y la impunidad en todo el país, Gurza Obregón advierte de
la “delicadísima” situación del país y advierte de la urgencia de un cambio que
recupere la paz y proceda a combatir la corrupción y la pobreza.
Por eso participa
en Despierta México, una organización ciudadana que se dio a conocer en
Monterrey el 19 de octubre, auspiciada por el empresario regiomontano Alfonso
Romo Garza, su amigo, quien fue uno de los principales impulsores de Fox y,
hace seis años, de Calderón.
Al de Monterrey
siguieron encuentros empresariales con López Obrador en Torreón, organizado
precisamente por Gurza y el expriista Armando Guadiana; en Mérida, Yucatán,
cuyo anfitrión fue Nicolás Madahuar, y luego en Guadalajara, Jalisco, con el
auspicio de Juan Mario Sahagún y Tomás López.
Gurza define a
Despierta México como un movimiento ciudadano que busca unir a todos los
mexicanos en una nueva fundación del país, ejerciendo el poder y adoptando la
responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos. Dice que surgió para hacer
posible el deseo de paz, seguridad, justicia, libertad y democracia.
“Despierta México
busca superar las divisiones que nos han impuesto, consolidando la democracia y
el progreso de México. Queremos evitar que vuelva la dictadura del PRI o que el
país continúe en el camino del fracaso del PAN”, puntualiza.
Identificado con
López Obrador, el movimiento se propone la paz y la prosperidad económica para
todos los mexicanos a través de la
participación política en el proyecto de regeneración de ese candidato
presidencial.
“Apoyamos a Andrés
Manuel, pues es el único líder actualmente capaz de proteger los intereses de
los mexicanos y refundar nuestra nación para colocarla en el panorama global al
nivel que le corresponde: una potencia mundial.”
Gurza enfatiza que
se trata de unir a los mexicanos: “Yo le he dicho a Andrés Manuel y hoy se lo
dije a Manuel Camacho, en la reunión que tuvimos: ‘Dejémonos de izquierdas y
derechas, de liberales y conservadores, y que los de arriba, de abajo y del
centro, eso lo único que hace es dividir al mexicano y no ponernos de acuerdo
en lo que queremos’.”
Añade: “Le dije a
Andrés: ‘Lo que necesitamos es pensar en un solo México y hacer un equipo con
un programa de trabajo y una sola meta, que es generar empleos para darle
oportunidades a la gente que no tiene, y acabar con la miseria. Generando
empleos y buenos salarios y oportunidades ayudamos también a que vaya
disminuyendo la inseguridad.”
El cambio, para él,
exige también enseñar valores y terminar con el cacicazgo de Elba Esther
Gordillo: “Eso es lo que necesita México: quitar a la profesora y todo el
mugrero de falsedad, de educación que no hemos tenido en México”.
Panistas corruptos
La conversación se
celebra en una relojería ubicada sobre la avenida Mazarik, en Polanco, y
propiedad de su amigo Herminio Téllez, a quien convenció de independizarse y
con quien de vez en vez se reúne a charlar.
Católico
practicante, Gurza Obregón ostenta en el saco un dije con la imagen de Cristo
Rey – “el que se avergüenza de su creencia no merece ningún respeto” –, se
pronuncia porque “cada quien profese la religión que quiera” y atribuye la
violencia y la corrupción a la pérdida de valores:
“Se oye raro, pero
si en este país se respetaran los mandamientos de la ley de Dios, que vienen
desde Moisés y que no son para los católicos, sino para todos, no tendríamos
esto. Amar a tu prójimo como a ti mismo, no matar, no robar… ¡Es algo muy
sencillo, son los derechos naturales y las obligaciones naturales!”
A Gurza lo ofuscan
la corrupción y la impunidad, como las del clan Moreira, en especial el
exgobernador: “Destruyó la moral de muchísimas personas de Coahuila, de quien
no se creía que pudieran corromperse y las destruyó moralmente. ¡Es una
vergüenza lo que ha escrito Catón por dinero. ¡No tiene vergüenza!”
–¿Qué hizo Armando
Fuentes Aguirre, Catón?
–Lea sus escritos
cómo defendió a Moreira, una persona que no es defendible por ningún concepto.
Lo mismo hizo Peña
Nieto en la reunión que tuvieron hace dos años y que terminó de mala manera.
“Después de hablar con él yo le dije: ‘No puedo apoyarlo ni acompañarlo en la
campaña, no estoy de acuerdo con lo que está usted haciendo’. Y se puso en un
plan grosero. ‘Me tengo que ir’, dijo. Ah, pues váyase”.
–¿Así terminó el
encuentro?
–Así, bruscamente.
No tiene capacidad para ser político y menos presidente. No es la manera de
tratar a una persona que usted invita para que colabore con usted, y porque le
diga que su compadre o su íntimo amigo es un corrupto se enoje. Bueno, ahí
están las consecuencias: lo tuvo que quitar a fuerza, porque seguía apoyándolo,
como presidente del partido.
Pero, además, Peña
Nieto tiene otros pendientes: “¿Por qué como gobernador del Estado de México no
hizo nada contra su pariente Arturo Montiel, que todo mundo dice que es un
corrupto, hasta su segunda esposa? Porque no tienen vergüenza. Cómo se puede
confiar en una persona de esas para gobierne el país. No se puede tener
confianza en él.”
Los panistas
tampoco se salvan: “En el caso de Fox, por ejemplo, a mí me decepcionó.
Habiendo votado y habiendo hecho lo imposible por que llegara, creo que su
señora le ha hecho mucho daño. ¿Por qué, habiendo tenido la oportunidad de
hacer toda una limpieza, no lo hizo? Para mí es una incógnita.”
De Calderón rescata
el combate al crimen organizado, pero alude a prácticas fraudulentas en el PAN
y las corruptelas de panistas en los gobiernos: “Los panistas corruptos son más
culpables que los priistas corruptos, porque al menos éstos ya saben que pueden
robar y ser impunes, pero que los panistas lo hagan no tiene perdón de Dios.
Porque precisamente el PAN se creó como un partido en defensa de México y
contra la corrupción y la impunidad.”
Y sobre su amiga
Vázquez Mota, a quien califica de respetable y a quien invitará también a
Torreón para que hable ante la comunidad, Gurza la compara con López Obrador:
“Tendríamos dos
buenos candidatos: Andrés Manuel y Josefina. Josefina no ha llegado a gobernar
como Andrés Manuel y con él tenemos la experiencia de que gobernó bien. Comenzó
con los pisos elevados, en los que nadie creía, no se ha caído ninguno, ni
cobró comisiones con la hechura, ni hay nadie que diga y hubo corrupción,
nadie”.
–El PAN sí ha sido
crítico.
–Podrá haber sido,
pero no puede calumniarlo en el sentido de que
robó o que fue deshonesto, y si lo dice y si lo afirma alguien en el
PAN, es deshonesto o es desconocedor.
–Corre riesgo de
que lo expulsen, como a Manuel Espino.
–A mí no tienen por
qué expulsarme. Antes de que me expulsen, me retiro. ¡Yo no cometí ningún acto
en contra del partido, ninguno! Que piense diferente y no esté de acuerdo con
cómo han actuado políticamente, es mi derecho, es mi libertad y es mi creencia.
Y si creo, y es mi derecho y mi libertad, lo puedo hacer, ¿por qué no?
Apoyado por su
familia en su definición política, el empresario lagunero acepta que ha
recibido críticas: “Me ha reclamado mucha gente. ¿Por qué estoy con Andrés?
Porque quiero, porque soy libre. ¿Para qué les contesto más? Si me pongo a dar
explicaciones hay unos que no van a entender. ¡Hay unos que me han calificado
de traidor! Pero por teléfono, no en persona.
–¿Cómo?
–Hubo uno que le
hablé para felicitarlo por Navidad y Año Nuevo y me contestó horriblemente. No
le contesté nada por respeto a la amistad anterior. No creo que yo merezca de
mi amigo tratarme como me trató. ¡Yo no soy traidor de nadie! Si yo no me estoy
traicionando a mí mismo, ¿por qué me llama traidor? Pienso diferente en materia
política, eso no es traición.
–¿Fue un panista?
–Vino de una
persona que quiero mucho. Algún día él se va a arrepentir de cómo me ofendió.
No doy su nombre, pero es una de las personas que más me han lastimado en mi
vida por la forma, el tono y lo que me dijo. Me quedé callado y aguanté el
insulto, sin merecerlo.
“Amorenados”
ROSALIA VERGARA
Hartos de la
ineficiencia y corrupción de las administraciones federales panistas, cada vez
más empresarios del norte del país comienzan a simpatizar con las ideas del
candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño se ha
reunido con ellos y ha mostrado un rostro diametralmente opuesto a aquél que
tanto daño le hizo hace seis años, en parte gracias a la campaña sucia desatada
en su contra. Ahora la clase empresarial analiza con cuidado la propuesta
económica del Movimiento de Regeneración Nacional y descubre con sorpresa que
coincide con ella.
En un hecho
insólito, pequeños y medianos empresarios del norte del país, especialmente de
Coahuila y Nuevo León, se han unido al Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) encabezado por Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la
Presidencia de la República por la coalición Movimiento Progresista, formada
por el PRD, PT y el Movimiento Ciudadano.
Personajes como
Alejandro Gurza –de la industria automotriz– y Armando Guadiana –quien formó la
asociación civil Claridad y Participación Ciudadana (CPC) para exigir la
transparencia del endeudamiento millonario de Coahuila provocado por el
exgobernador priista Humberto Moreira– se sumaron al Proyecto Alternativo de
Nación del tabasqueño.
Forman la CPC unos
700 miembros, entre empresarios, simpatizantes y adherentes. Entre 25 y 30 de
ellos son mujeres y hombres de negocios de La Laguna, como Pedro Müller,
Marcela Sánchez o Pedro Fuentes.
No es la única
agrupación que respalda el proyecto económico de López Obrador. También está
Despierta México (DM), que de acuerdo con su página de internet
(www.despiertamexico.org) “es un movimiento ciudadano que busca unir a todos
los mexicanos en una nueva fundación de la nación, ejerciendo el poder y
adoptando la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos”.
Agrega que ahora
“los mexicanos están unidos por el deseo de paz, seguridad, justicia, libertad
y democracia”. Por eso, dice, “esta congregación busca consolidar la democracia
y el progreso de México evitando que vuelva la dictadura del PRI o que el país
continúe en el camino del fracaso del PAN”.
Y señala que para
lograr lo anterior están abriendo la puerta de su participación política en el
proyecto de regeneración que Andrés Manuel López Obrador propone para sacar
adelante al país.
“Apoyamos a Andrés
Manuel pues es el único líder actualmente capaz de proteger los intereses de los
mexicanos y refundar nuestra nación para colocarla en el panorama global al
nivel que le corresponde: una potencia mundial”, dice DM, quien invita a unirse
al proyecto y pide que cada adherente convenza a cinco personas más para sumar
voluntades.
Antes, la
asociación civil Encuentro, creada en octubre de 2010, organizó reuniones con
empresarios. Esta agrupación tiene como secretario técnico a Alfonso Durazo,
exsecretario particular de Vicente Fox, quien renunció al cargo alegando
intromisión de la esposa del entonces presidente, Marta Sahagún, en las
decisiones del Estado. Funciona con tres coordinaciones: la de Sociedad
Política, encabezada por el senador Dante Delgado; la de Organizaciones
Sociales, a cargo de Ricardo Cantú, y de la Sociedad Civil que operará Federico
Arreola.
El contacto
“Después de cinco
años Andrés Manuel López Obrador se dio cuenta de que era necesario acercarse a
los empresarios para transmitirles su mensaje acerca de la transformación del
país y diluir la imagen del tabasqueño como antiempresarial, forjada en 2006
durante la guerra sucia electoral desatada en su contra, lo que todavía
prevalece en un sector de la sociedad”, afirma el empresario coahuilense
Fernando Turner en entrevista con este semanario.
El 4 de octubre del
año pasado unos 60 empresarios invitaron a López Obrador a presentarles su
proyecto económico en el Club Industrial de Monterrey, narra Turner, quien es
presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes,
organización ajena a las grandes corporaciones empresariales.
El empresario
regiomontano Malaquías Aguirre lo presentó ante un público que en principio lo
recibió con desconfianza. Más adelante el tabasqueño se reunió con el
exgobernador de Nuevo León Fernando Canales Clariond, quien después se sumó
públicamente a la campaña y cuyo hijo, Fernando Canales Stelzer, se inscribió
como candidato a diputado federal por Morena.
Un día después, el
5 de octubre, se realizó un acto en el Centro Internacional de Negocios de
Monterrey, en el que se esperaba la asistencia de unos 400 empresarios;
llegaron casi mil. Ahí Alfonso Romo, quien fue uno de los Amigos de Fox y
preside la casa de bolsa Vector, reconoció que “en el pasado repudió a su ahora
invitado y que ahora lo observa como la solución que necesita el país”.
Más tarde se reunió
con 120 hombres de negocios en el Club Hípico La Silla, donde estuvieron los
empresarios Ramiro Guzmán (del ramo de la construcción), Raúl Leal
(transportista) y Ernesto Milmo (del sector de la telefonía).
“Después de esto
nos invitó a una reunión en México. Fue en el University Club. Estuvo muy
concurrida y por cierto al otro día no salió nada en los periódicos, a pesar de
que había cámaras de televisión y periodistas… al otro día, cero comentarios”,
se queja el entrevistado.
Turner –enlace de
Morena con empresarios y propuesto por López Obrador como secretario de
Economía en caso de ganar la elección presidencial– afirma que en ese encuentro
resumió sus ideas sobre el nulo crecimiento económico del país y añade que la
propuesta del Nuevo Proyecto Alternativo de Nación era parecida a una realizada
por el sector empresarial independiente en 2006 pero que no fue suscrito por
ningún aspirante.
“Comenté que la
propuesta de Andrés Manuel era parecida y coincidente y dije que creía que
Andrés Manuel era un hombre de buenas intenciones que buscaba el bien común,
que si bien algunas personas no lo entendían era porque no lo escuchaban y
porque ya había un prejuicio que impedía que su mensaje fuera analizado
objetivamente. Que podríamos estar de acuerdo o no con sus ideas, pero no era
de ninguna manera correcto desecharlo, atacarlo; no se trata de una guerra, es
una lucha de visiones y propuestas”, explica.
Cuenta que
posteriormente López Obrador lo invitó a sumarse a su equipo impulsando el
proyecto económico de Morena con el sector empresarial.
“Me preguntó si
conocía a Alfonso Romo. No éramos muy amigos pero nos conocíamos. Nos habíamos
visto en Monterrey, me acababan de invitar a una reunión donde estuvieron
muchos empresarios con Romo y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe y me
dijo: ‘Habla con él. Él también está dispuesto a ayudar’. Desde ahí empezamos a
apoyarlo más abiertamente, contactándolo con empresarios medianos, pequeños y
grandes”.
Esto, dice, sirvió
a los empresarios para conocer sus ideas y planteamientos de manera más
concreta y “además de comprobar que sus planes y proyectos son viables, vimos
que tiene una visión ordenada del manejo económico, que no era una persona que
no supiera o desconociera cómo manejar las finanzas de un Estado; lo hizo en el
DF y lo hizo muy bien, por cierto”, puntualiza.
Nos pidió –sigue
Turner– que esas ideas las plasmáramos junto con Rogelio Ramírez de la O –quien
sería secretario de Hacienda de ganar AMLO la Presidencia– y con Adolfo
Hellmund. Éste y los empresarios Manuel Tamez, Alfonso Romo, Elian Rodríguez,
Ernesto Lozano y José Luis de la Cruz, entre otros, hicieron un proyecto
económico bien armado, mezclando ambas propuestas que no han sido tomadas en
cuenta porque “los tecnócratas se han dedicado a reforzar los hilos del Estado
y ya”.
Turner sostiene que
los gobiernos tecnócratas ponen como pretexto la no aprobación de las reformas
política, laboral y energética como pretexto para justificar la falta de
crecimiento, pero en el fondo es que los empresarios no están invirtiendo en
México y por eso no hay empleos. Para lograr el desarrollo es necesario reducir
el gasto público, en lo que coincidieron con López Obrador porque cada nuevo
gobierno implanta el aumento a los impuestos como su primera medida a fin de
recaudar más dinero para la administración pública.
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El miércoles 8
Armando Guadiana anunció cinco posibles precandidaturas a diputados y senadores
para el sector. Dio algunos nombres: Lenin Pérez, Juan Pablo Rodríguez y Jesús
González Schmal –quien el año pasado contendió por la gubernatura de Coahuila
por el PT–. Guadiana se descartó como aspirante a un cargo porque “lo más
importante es que llegue López Obrador a la Presidencia”, asentó.
Acompañado de
Alejandro Gurza comentó que realizarán la Expo Deuda en Monterrey para informar
a la población cómo el exgobernador priista Humberto Moreira endeudó al estado;
después irán a Veracruz y a otras entidades donde los priistas son los administradores
del erario y están muy endeudados.
Guadiana señaló que
en 2006 los empresarios le otorgaron “doscientos veintitantos mil votos” a la
Coalición Por el Bien de Todos, pero confían en superar los 350 mil votos para
López Obrador este año, suficientes para ganar la primera mayoría. “¡Claro que
vamos a tratar de lograr la mayoría absoluta para el Movimiento Progresista!”
Propuesta
consensuada
Fechada el 26 de
enero de 2012, la propuesta económica convenida entre Despierta México y Morena
plantea que el crecimiento económico no depende de las reformas estructurales.
Comienza con datos
históricos sobre la tasa promedio de crecimiento por sexenio desde el gobierno
de José López Portillo (6.5%) hasta Felipe Calderón (0.8%). Explica que en cinco
sexenios se ha aplicado “la receta equivocada” para el desarrollo nacional,
beneficiando “a unos cuantos”, favoreciendo al gobierno y no a la sociedad.
Propone que el sector productivo sea el motor del desarrollo y dedica cuatro
fojas a ilustrar con gráficas el descenso del Producto Interno Bruto.
Cita a López
Obrador, que promete no aumentar los impuestos “en términos reales” ni crear
nuevos, pero sí aumentar la inversión pública eliminando privilegios a altos
funcionarios, quitando los gastos superfluos del gobierno y combatiendo la
corrupción, con lo que se ahorrarían 600 mil millones de pesos.
Señala que en 30
años ha habido un desbalance de precios relativos que desalientan la inversión
nacional, debido a que el gobierno ha usado monopolios estatales para recaudar
y financiar un gasto público corriente e improductivo.
Esto, señala el
documento, se refleja en la existencia de 57 millones de pobres, 20 millones de
desempleados, 13 millones en extrema pobreza, grave inseguridad y pérdida de la
imagen nacional y confianza en México.
La solución,
indica, es “operar un gobierno austero, aplicar la política de precios de
energía competitivos y lograr mayor competencia interna, entre otras cosas, con
lo cual se logrará disminuir la pobreza en 13 millones de personas, eliminando
la pobreza alimentaria; se generarían 7 millones de empleos productivos,
permanentes y formales.
“¿Cómo se llega a
esta meta? Incrementando la inversión privada mexicana y pública en 16% anual,
con lo cual podemos lograr crecimiento económico arriba del 6% anual y mejorar
en 30% el poder adquisitivo del salario”, apunta.
“Este plan recoge
las demandas añejas del sector productivo. Será muy efectivo y definitivamente
detonará el desarrollo perdido. Como empresarios seríamos miopes o algo peor si
no lo apoyamos. Representa una gran oportunidad para que se creen las
condiciones de realizar nuestra misión y desplegar nuestras capacidades al
servicio de la nación”, dice Turner a Proceso. El objetivo, agrega, es
convencer a seis millones de pequeños y medianos empresarios de todo el país.
Turner, contador
público, nació en Nueva Rosita, Coahuila, el 30 de mayo de 1944. Egresado del
Tecnológico de Monterrey, fue trabajador de Altos Hornos de México, en
Monclova, Coahuila, en 1966. Diez años después y hasta 1982 fue director
corporativo de Tesorería del Grupo Industrial Alfa.
Su primera empresa
fue una heladería en Nueva Rosita fundada en 1966, pero en 1982 adquirió unas
acciones de Alfa. Durante esos años y hasta 2009 fue presidente del Consejo de
Administración, director general ejecutivo y accionista mayoritario de Katcon,
dedicada a la fábrica de autopartes; de Bienes Turgon, controladora de empresas
y desarrolladora inmobiliaria: Hultek, fabricante de partes moldeadas y
extraídas de hule; Asesoría y Servicios Integrales de Manufactura, entre otras.
Es dueño de 10 empresas en todo el mundo.
En 2009 Katcon se
convirtió en una compañía global con plantas en Venezuela, Polonia, China,
Sudáfrica, Australia e India, así como centros de investigación y desarrollo de
tecnología en Estados Unidos, China y Luxemburgo. En 2010 fue reconocido con el
premio Entrepreneur of the Year en la categoría manufactura de Ernst &
Young.
