Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS
PERIODÍSTICA ®
Domingo 11 de noviembre de 2012
SUPLEMENTO
DOMINICAL “ENFOQUE” DEL REFORMA
Colaborador Invitado / Oportunidad para los latinos
La reelección de Barack Obama abre la posibilidad de
un reposicionamiento de la agenda migratoria en la relación bilateral
Colaborador Invitado
(11 noviembre 2012).- Andrew Selee
Vicepresidente del Centro Woodrow Wilson y director
del Instituto México del Centro.
El presidente Barack Obama ganó las elecciones con una
mayoría absoluta y un margen en casi todos los estados en juego en el Colegio
Electoral. Llega con un Congreso dividido, casi igual en su composición que
antes, pero con un mandato claro para lidiar con los temas económicos y
fiscales que enfrenta la nación.
Sin duda, veremos una continuación de las políticas
actuales hacia México: un trato respetuoso, correcto y mesurado, que incluye
una colaboración activa en temas de seguridad pública y de inversiones en la
frontera, pero sin posibilidades de resolver algunos de los temas más sensibles
en la agenda bilateral como el control de las armas, la política de drogas y la
reforma migratoria.
Obama es, al final de cuentas, un hombre visionario en
sus ideas pero pragmático en los hechos, convencido de avanzar paulatinamente
hacia sus metas.
Sin embargo, la lección mas importante de las
elecciones para la clase política norteamericana es que los votantes latinos,
la mayoría de ascendencia mexicana, sí importan para la vida política del país.
El margen de victoria de Obama en el voto popular, así como en los estados
claves para el Colegio Electoral como Florida, Virginia, Colorado y Nevada,
provino en gran parte del voto latino. Por primera vez llegó el impacto de este
grupo creciente del electorado, y habrá un debate álgido en el seno del Partido
Republicano sobre cómo acercarse de nuevo a los votantes latinos y en el
Partido Demócrata sobre cómo no perder los avances que han logrado.
A corto plazo, dudo que esto de pie a una reforma
migratoria o a cambios notables en la relación con México -las divisiones
partidistas siguen siendo muy marcadas y las batallas de 2013 se darán
principalmente en el plano de la política económica-. Pero a mediano y largo
plazos, el deseo de los políticos de acercarse a este electorado latino marcará
un cambio de fondo en las políticas de Estados Unidos, llevando a los líderes
políticos a moderar su tono en el tema migratorio y a poner mas atención en
acercarse mediáticamente a México y a América Latina.
En esta elección, el cambio de fondo en los
fundamentos de la política norteamericana será mas duradero que cualquier
cambio que se perciba a corto plazo.
Un triunfo apretado
En 2008 Obama ganó con 192 votos electorales de
ventaja; ahora ganó con sólo 126 votos de diferencia.
Demócratas
|
Wash.
|
12
|
|
Oregon
|
7
|
|
Nevada
|
6
|
|
Calif.
|
55
|
|
Colorado
|
9
|
|
Nuevo México
|
5
|
|
Hawaii
|
4
|
|
Minn.
|
10
|
|
Iowa
|
6
|
|
Wis.
|
10
|
|
Wis.
|
10
|
|
Michigan
|
16
|
|
Illinois
|
20
|
|
Ohio
|
18
|
|
Flo.
|
29
|
|
NY
|
29
|
|
Penn.
|
20
|
|
Va.
|
13
|
|
Maine
|
4
|
|
New Hampshire
|
4
|
|
Massachusetts
|
11
|
|
Rhode Island
|
4
|
|
Connecticut
|
7
|
|
Nueva Jersey
|
14
|
|
Delaware
|
3
|
|
Maryland
|
10
|
|
D.C.
|
3
|
Republicanos
|
Idaho
|
4
|
|
Utah
|
6
|
|
Arizona
|
11
|
|
Montana
|
3
|
|
Wyoming
|
3
|
|
Dakota del Norte
|
3
|
|
Dakota del Sur
|
3
|
|
Nebraska
|
5
|
|
Kansas
|
6
|
|
Oklahoma
|
7
|
|
Texas
|
38
|
|
Missouri
|
10
|
|
Ark.
|
6
|
|
Ind.
|
11
|
|
Kent.
|
8
|
|
Tenn.
|
11
|
|
Ala.
|
9
|
|
Geor.
|
16
|
|
Louisiana
|
8
|
|
Mississippi
|
6
|
|
West Virginia
|
5
|
|
Carolina del Norte
|
15
|
|
Carolina del Sur
|
9
|
|
Alaska
|
3
|
Elección presidencial
Barack Obama estará cuatro años más en la Casa Blanca.
|
|
Barack Obama
|
Mitt Romney
|
|
Votos de Colegio Electoral
|
332
|
206
|
|
Votos populares
|
60,484,369
|
57,680,369
|
Y el nuevo Congreso
Pero lidiará con una Cámara de Representantes controlada por los republicanos y un Senado con una apretada mayoría de su partido.
Cámara de Representantes
|
Demócratas
|
193
|
|
Republicanos
|
233
|
|
Pendientes de decidir
|
9
|
|
Representantes
|
435
|
Senado
|
Demócratas
|
54
|
|
Republicanos
|
45
|
|
Pendientes de decidir
|
1 Independiente
|
|
Escaños
|
100
|
------------------------------------------------
Mejoran las leyes; aumentan abusos
Reportaje Balance sexenal: Derechos Humanos. El marco
legal llegó a estándares de vanguardia, pero al mismo tiempo se hicieron
cotidianas la tortura, el abuso de autoridad, los multihomicidios y la
desaparición forzada
Martha Martínez
(11 noviembre 2012).- Cerca de 50 mil muertos, más de 5
mil personas desaparecidas, al menos 20 mil migrantes secuestrados, 140 mil
desplazados, 200 reos muertos en motines, más de 40 mil huérfanos como
consecuencia de la violencia... En los últimos seis años las violaciones a los
derechos humanos se multiplicaron de forma sistemática en todo el país.
Expertos aseguran que prácticas como la tortura, los
abusos de autoridad perpetrados principalmente por Fuerzas Armadas, las
agresiones en contra de activistas y migrantes y la falta de investigación de
las mismas no son nuevas, pero en este sexenio aumentaron en número y
frecuencia.
Además, advierten que aun cuando el próximo gobierno
heredará un gran deterioro en derechos humanos, no cuenta con una estrategia
clara para atender la situación. Por el contrario, afirman, las propuestas
dadas a conocer por Enrique Peña Nieto son lugares comunes que muestran
desconocimiento y falta de interés sobre el tema.
Aumentan los abusos
Durante la actual administración se crearon al menos dos
instancias federales para la protección de las víctimas, se presentaron dos
protocolos para homologar la investigación de delitos como la desaparición
forzada, se promulgaron dos nuevas leyes y sus protocolos para la protección de
grupos vulnerables y se registraron 11 reformas con incidencia directa en la
defensa y promoción de los derechos humanos.
José Miguel Vivanco, director de la División de las
Américas de Human Rights Watch, advierte una contradicción: a pesar de estos
avances, la situación de los derechos humanos en el país se deterioró.
El especialista advierte que muchas de las violaciones
documentadas en los últimos seis años aumentaron al grado de convertir algunas
en prácticas sistemáticas, como la desaparición forzada.
"Por décadas la tortura ha sido perpetrada por
policías en México para obtener confesiones; sin embargo, hemos visto un
incremento alarmante en los últimos años... Además, hemos documentado el uso
generalizado de abusos que no habíamos visto en décadas, como la desaparición
forzada", sostiene.
Según la base de datos de Reforma, en el sexenio se han
registrado 46 mil 640 ejecuciones (1o. de diciembre de 2006 a 2 de noviembre de
2012), y en 4 mil 565 casos (casi el 10 por ciento) los cuerpos han sido
hallados con huellas de tortura.
Vivanco señala que el incremento de las violaciones a los
derechos humanos no puede explicarse fuera del contexto de la lucha contra el
crimen organizado emprendida por Felipe Calderón, misma que por las
deficiencias de su planteamiento generó el falso dilema entre reducir la
inseguridad del país o respetar los derechos de las personas.
De acuerdo con informes oficiales y de organismos
nacionales e internacionales, en los últimos seis años el número de personas
desaparecidas, torturadas, ejecutadas y desplazadas en el marco de la lucha
contra el crimen organizado se multiplicó. Más aún, muchas de las víctimas
fueron menores de edad y civiles que el gobierno llamó "daños
colaterales". En la mayoría de los casos la impunidad fue el común
denominador.
Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
indican que entre 2006 y 2010 se registraron al menos 5 mil 397 personas
desaparecidas. La cifra es superior a los 535 casos registrados durante la
llamada Guerra Sucia de los años setenta, documentados por el mismo organismo.
A la fecha no se tiene conocimiento de alguna consignación por este delito.
En abril pasado, el Centro de Monitoreo de Desplazamientos
Internos (IDMC, por sus siglas en inglés) difundió el Reporte Global de
Desplazados Internos, según el cual desde 2007 unas 140 mil personas se
desplazaron como consecuencia de los enfrentamientos entre los cárteles de la
droga.
De acuerdo con información de la Procuraduría Social de
Atención a las Víctimas de Delitos, creada en 2011, del total de desplazados
sólo una familia ha recibido una casa prestada por Infonavit para que la habite
en tanto se establecen las condiciones para que pueda regresar a su lugar de
origen.
La CNDH indica que la práctica de la tortura también se
incrementó. Los informes anuales del organismo señalan que entre 2007 y 2011
las quejas por este delito aumentaron de 4 a 42, y la autoridad que más hace uso de esta
práctica es la Secretaría de la Defensa Nacional.
El documento presentado por el gobierno mexicano durante
su comparecencia ante el Comité contra la Tortura de la ONU, el 3 de octubre
pasado, indica que de 127 averiguaciones previas iniciadas entre 2005 y 2012,
sólo 74 fueron consignadas y de ellas seis recibieron sentencia.
En 2011 la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de
Diputados presentó un informe según el cual, de entre las más de 47 mil
personas que, según cifras oficiales, habían sido ejecutadas en el marco de la
guerra contra el narcotráfico, alrededor de mil 600 eran menores de edad. Según
el informe, además de los menores asesinados, 40 mil quedaron huérfanos a causa
de la violencia.
Además, la guerra contra el narcotráfico incrementó las
condiciones de hacinamiento e inseguridad en los penales del país, lo que
derivó en motines y la muerte de cientos de reos.
Un seguimiento hemerográfico realizado por Enfoque revela
que en los últimos seis años tuvieron lugar al menos 20 motines en penales de
siete estados del país, en los cuales perdieron la vida 271 reos. Los estados
con el mayor número de motines fueron Durango (5), Nuevo León (4), Tamaulipas
(3), Chihuahua (2) y Quintana Roo (2).
Migrantes
Los abusos contra migrantes fueron sistemáticos y
generaron pronunciamientos de organismos internacionales y la llegada de
caravanas de defensores y de madres centroamericanas.
En julio de 2008 entró en vigor la reforma a la Ley
General de Población que despenaliza la migración indocumentada y establece
disposiciones para eliminar los abusos en contra de este sector de la
población. A pesar de dicha reforma, en 2009 la CNDH dio a conocer el Informe
especial sobre secuestro de migrantes, el cual indica que en sólo cinco meses,
entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, más de 9 mil 500 migrantes fueron
secuestrados por bandas del crimen organizado. Un informe de seguimiento dado a
conocer en 2011 por el mismo organismo indica que entre abril y septiembre de
2010, el número de migrantes secuestrados por el crimen organizado aumentó a
más de 11 mil.
En agosto de 2010 se hizo un hallazgo que colocó a México
en la lupa mundial: el Ejército localizó en un rancho de San Fernando,
Tamaulipas, los cuerpos de 72 migrantes que, según la PGR, fueron asesinados
por integrantes de Los Zetas, luego de que se negaron a trabajar para ellos. En
abril de 2011, la procuradora Marisela Morales declaró que los cuerpos
encontrados en 47 fosas clandestinas más localizadas en el mismo lugar sumaban
193.
Jorge Bustamante, ex relator especial sobre los derechos
de las personas migrantes de la Organización de las Naciones Unidas, afirma que
durante la administración de Calderón México ganó el primer lugar en
violaciones a los derechos humanos de los migrantes, pues nunca antes se habían
registrados tantos secuestros y homicidios como en los últimos seis años.
"En este sexenio fue cuando ganamos este triste
campeonato mundial en el número de violaciones a los derechos humanos de los
migrantes, esto lo han comprobado los datos de los informes sobre secuestro que
ha producido la CNDH tanto en 2009 como en 2011. Si se suman los cadáveres de
los migrantes encontrados en fosas clandestinas y se piensa que detrás de cada
cadáver se cometieron varias violaciones a los derechos humanos de los que en
vida llevaron esos cuerpos, no se encontrará un país con tantos migrantes
muertos", asegura.
Deudas históricas
Para el representante en México del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, las
violaciones a los derechos humanos no se agotan en el tema inseguridad. En su
opinión, México también tiene una deuda en temas estructurales como la
violencia de género y la pobreza.
"Tenemos una clara conciencia de que son problemas
que giran en el eje del tema de la seguridad, pero que no se agotan ahí. Hay
también temas estructurales: la procuración de justicia, el debido proceso, el
imperio de la ley, hasta temas ligados sí a la cultura, sí a la reproducción de
valores, al modelo machista", refiere.
Informes oficiales indican que en los últimos seis años la
violencia de género, la trata de personas y la pobreza aumentaron a pesar de la
aprobación de nuevas leyes y la creación de organismos federales para la
investigación de delitos relacionados con estos fenómenos.
En 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, así como diversas
disposiciones para incrementar las penas en contra de quienes comenten el
delito de explotación sexual. No obstante, en febrero pasado la CNDH dio a
conocer que de las 280 averiguaciones previas iniciadas entre 2009 y 2012, la
PGR y las procuradurías estatales obtuvieron únicamente 14 sentencias
condenatorias.
De acuerdo con el informe Reporte de Tráfico de Personas
2012, dado a conocer en junio pasado por el Departamento de Estado de Estados
Unidos, aunque el país está haciendo esfuerzos significativos para combatir
este delito, "el gobierno de México no cumple por completo con los
estándares mínimos para la eliminación del tráfico (de personas)".
En enero de 2007 se publicó la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en enero de 2008 se creó la Fiscalía
Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y, cuatro años más
tarde, Calderón firmó un decreto de promulgación para incorporar el feminicidio
al Código Penal Federal y establecer de 40 a 60 años de cárcel a quien cometa este
delito.
Cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
señalan que, de acuerdo con información proporcionada por las procuradurías de
justicia federal y estatales, entre enero de 2010 y junio de 2011, al menos mil
235 mujeres fueron asesinadas, pero sólo el 4 por ciento de los casos han sido
sentenciados.
Además, un caldo de cultivo para la violación a los
derechos humanos en el país es la pobreza y, según datos del Coneval, ésta
aumentó de 48.8 a
52 millones de personas entre 2008 y 2010.
Avances de papel
Daniel Zapico, coordinador de Movilidad e Impacto de
Amnistía Internacional, señala que la contradicción entre los avances en
materia de instrumentos y legislación y el deterioro de los derechos humanos en
el país se debe a que muchas de estas modificaciones se aprueban sin la
voluntad y la capacidad para implementarlas.
"Es muy contradictorio. Amnistía Internacional
reconoce que cosas como la reforma constitucional en derechos humanos es uno de
los grandes avances en la historia reciente del país porque abre la puerta a
muchas cosas, como la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de
mandar al fuero civil los abusos cometidos por militares.
"El problema, yo diría, es casi sistemático en México
y es que se avanza muchas veces en las leyes pero muy poco en la aplicación, y
tal vez sea más sencillo avanzar en las leyes porque no hay una verdadera
voluntad de aplicarlas o una verdadera capacidad. Hablamos de que México es un
país de leyes sin justicia", sostiene.
Entre 2008 y 2011 entraron en vigor tres reformas legales
que marcaron un antes y un después en materia de derechos humanos. A pesar de
ello su aplicación ha sido lenta y, en muchos casos, las autoridades han
generado dudas sobre su capacidad para ponerlas en práctica.
El 18 de junio de 2008 entró en vigor la Reforma al
Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal, la cual busca consolidar un
sistema garantista partiendo de la presunción de inocencia, invalidar cualquier
prueba obtenida bajo tortura y garantizar la relación directa entre el juez y
las partes al establecer la oralidad de los juicios.
A cuatro años de su entrada en vigor y a mitad del plazo
establecido por la Constitución para su implementación -2016- sólo tres estados
han puesto en marcha la operación total de la reforma: Chihuahua, Estado de
México y Morelos.
Chihuahua fue el primer estado en implementarla y a pesar
de ello su sistema de impartición de justicia ha estado sometido a por lo menos
dos escándalos. El primero ocurrió en 2010; ese año la defensora de derechos humanos
Marisela Escobedo fue asesinada luego de que denunciara públicamente que el
asesino de su hija había sido liberado a pesar de haber confesado ser el
homicida.
Otro caso fue el de Israel Arzate, quien fue arraigado
luego de que mediante tortura confesara haber participado en el ataque en el
que 14 jóvenes fueron asesinados mientras celebraban el cumpleaños de un
compañero de escuela. Arzate fue liberado hace un mes luego de que obtuviera un
amparo; a la par, la SCJN anunció que entraría al análisis del caso por
considerar que abre la discusión sobre las violaciones a los derechos a la
presunción de inocencia y el debido proceso.
En junio de 2011 se promulgó la reforma constitucional en
materia de amparo, que permite a los ciudadanos interponer juicios cuando
consideren que los derechos consagrados no sólo en leyes internas sino también
en tratados internacionales ratificados por México han sido vulnerados.
La reforma también incorpora la figura de "amparo por
omisión", mediante la cual los ciudadanos podrán defenderse de la falta de
actuación de las autoridades. A la fecha no se han dado a conocer cifras sobre
el impacto de estas modificaciones constitucionales.
En junio de 2011 entró en vigor también la reforma
constitucional en materia de derechos humanos, que eleva a rango constitucional
dichas garantías, establece el principio pro homine que obliga a las
autoridades a elegir entre las leyes internas y los instrumentos ratificados
por México el que proteja más a las personas y amplía las facultades de la
CNDH.
Hasta ahora los avances más importantes relacionados con
esta reforma los ha dado la SCJN. A principios de este año el máximo tribunal
comenzó la discusión sobre la justicia militar y la obligación de México de
cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el primer caso determinó que los abusos de militares en
contra de civiles deben ser atendidos por tribunales civiles. Respecto a la
obligatoriedad de las sentencias, el máximo tribunal consideró que México tiene
la responsabilidad de dar cumplimiento a éstas. A pesar de ello, la
administración Calderón concluirá sin haber cumplido con las cinco sentencias
que la CoIDH emitió en contra del Estado mexicano durante su sexenio.
Miguel Moguel, coordinador de Derechos Humanos y Seguridad
Ciudadana de Fundar, detalla que hasta ahora el gobierno mexicano ha dado
cumplimiento a los primeros puntos de las recomendaciones, los cuales hacen
referencia a acciones básicas como la publicación en medios de comunicación de las
sentencias, la entrega de indemnizaciones a las familias de las víctimas
-algunas no las aceptaron- y, en el caso de la sentencia conocida como
"campo algodonero", referente al homicidio de tres mujeres en Ciudad
Juárez, la edificación de un monumento en su memoria.
"Todo lo referente al acceso a la justicia y las
garantías de no repetición son elementos de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que deja pendientes esta administración y
que deberán ser retomadas y cumplidas por la siguiente", precisa.
Hasta ahora la CNDH ha hecho uso en una sola ocasión de su
facultad investigadora -misma que antes de la reforma constitucional en materia
de derechos humanos estaba en manos de la SCJN- para indagar la represión de
elementos policiacos en contra de normalistas de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa, Guerrero.
Moguel reconoce que es temprano para emitir una opinión
sobre si el uso de la nueva facultad investigadora está subutilizado o no,
advierte que en el caso de los normalistas la CNDH no aprovechó la oportunidad
para dimensionarlo como uno más de la estrategia de represión que desde hace
muchos años utilizan las autoridades.
Peña Nieto, sin propuesta
Issa Luna Pla, una de las académicas que junto con un
grupo de expertos participó en el análisis de las propuestas de los candidatos
presidenciales en un ejercicio convocado por la Fundación Ethos, señala que a
pesar de que Peña Nieto recibirá un país deteriorado en materia de derechos
humanos, sus propuestas denotan desconocimiento y falta de interés sobre el
tema.
Como ejemplo indica que una de las propuestas del hoy
Presidente electo es "apuntalar los derechos humanos e impulsar la
universalidad de los mismos", a pesar de que una característica de éstos
es precisamente la de ser universales.
"Los derechos humanos tienen la cualidad de ser
universales lo diga Peña Nieto o no, y desde 1948 México ha reconocido eso,
entonces a él le falta revisar desde ese año qué ha hecho el país en la materia
para que todos partamos de que son universales y que no es necesario impulsar
esa naturaleza", indica.
Luna Pla señala que las propuestas dadas a conocer hasta
el momento por Peña Nieto se centran en repetir las bondades intrínsecas de los
derechos humanos y no en asumir compromisos concretos en la materia.
Y da un ejemplo: "uno de sus compromisos es aplicar
una estrategia que tenga como soporte el respeto de los derechos humanos en el
tema de la seguridad, esto es una cosa bastante lógica no sólo en el tema de
seguridad, tiene que ser el soporte de las políticas públicas".
Otra característica de las propuestas del priista, señala
la académica, es que tienen poca viabilidad práctica, pues al carecer de
objetivos claros, no es posible establecer de manera clara presupuestos,
autoridades responsables de llevarlas a cabo y metas a alcanzar.
"Lo que hemos aprendido a lo largo de los últimos
siglos es que los derechos humanos pueden ser o se convierten en retórica
cuando no tienes estrategias concretas para ser implementadas y aquí lo que
vemos es que no hay objetivos concretos y por lo tanto no es posible saber cómo
las va a implementar", señala.
La académica advierte que la próxima administración no
puede darse el lujo de relegar a segundo plano la defensa y promoción de los
derechos humanos, pues se corre el riesgo de que ante la falta de resultados el
gobierno federal invente supuestos avances.
"Los derechos humanos se respetan a cabalidad sólo si
la clase política entiende la dignidad humana y tiene dignidad humana, lo que
vemos en estas propuestas es que la dignidad humana no es el centro de las
propuestas, entonces corremos el riesgo de aumentar las observaciones y
recomendaciones de organismos internacionales y muy seguramente pasaremos
bastantes vergüenzas en escenarios internacionales porque los responsables en
esta materia van a tener que presumir avances y eso va a llevar al gobierno a
que si no tiene resultados los va a inventar", advierte.
Enfoque solicitó una entrevista con Claudia Ruiz Massieu,
coordinadora de Derechos Humanos y Transparencia en el equipo de transición de
Enrique Peña Nieto, pero al cierre de esta edición no había obtenido
respuesta.Hasta ahora el equipo de transición no ha tenido reuniones públicas
con organizaciones civiles especializadas en el tema o con la Comisión de
Derechos Humanos del Senado de la República. ·
Dependencias con más recomendaciones
Por primera vez desde la creación de la CNDH, en 2008 la
Sedena ocupó el primer lugar en recomendaciones y, desde entonces, no ha
abandonado esa posición.
2007
|
Instituto Nacional de
Migración
|
8
|
|
Secretaría de la Defensa
Nacional
|
6
|
|
Instituto Mexicano del
Seguro Social
|
6
|
|
Gobierno de Guerrero
|
6
|
|
Secretaría de Seguridad
Pública
|
4
|
|
Otras dependencias en
conjunto
|
40
|
|
Total
|
70
|
2008
|
Secretaría de la Defensa
Nacional
|
14
|
|
Instituto Nacional de
Migración
|
7
|
|
Secretaría de Seguridad
Pública
|
5
|
|
Congreso de Guerrero
|
4
|
|
Procuraduría General de la
República
|
4
|
|
Otras dependencias en
conjunto
|
33
|
|
Total
|
67
|
2009
|
Secretaría de la Defensa
Nacional
|
30
|
|
Procuraduría General de la
República
|
8
|
|
Instituto Mexicano del
Seguro Social
|
6
|
|
Gobierno de Guerrero
|
4
|
|
Secretaría de Seguridad
Pública
|
3
|
|
Otras dependencias en
conjunto
|
27
|
|
Total
|
78
|
2010
|
Secretaría de la Defensa
Nacional
|
22
|
|
Secretaría de Seguridad
Pública
|
8
|
|
Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
|
8
|
|
Congreso de Oaxaca
|
7
|
|
Secretaría de Marina
|
6
|
|
Otras dependencias en
conjunto
|
35
|
|
Total
|
86
|
2011
|
Secretaría de la Defensa
Nacional
|
25
|
|
Secretaría de Seguridad
Pública
|
15
|
|
Instituto Mexicano del
Seguro Social
|
10
|
|
Gobierno de Guerrero
|
8
|
|
Gobierno de Tabasco
|
6
|
|
Otras dependencias en
conjunto
|
31
|
|
Total
|
95
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acoso a defensores y a periodistas
Reportaje Balance sexenal: Derechos
Humanos
Martha Martínez
(11 noviembre 2012).- Por primera vez en
la historia del país, desde 2011 cuatro defensores de derechos humanos
originarios de Chihuahua han recibido asilo del gobierno de Estados Unidos por
considerar que sus vidas corren peligro en el país.
La primera fue Cipriana Jurado, una
activista que junto con Marisela Escobedo, asesinada en 2010 de un balazo en la
cabeza frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, brinda acompañamiento a las
familias de víctimas de abusos de militares.
La activista no es sólo la primera
defensora de derechos humanos que recibe asilo de Estados Unidos; su caso es el
primero en el que éste es otorgado tras denunciar que era perseguida por el Ejército
por su activismo a favor de una familia de migrantes que desaparecieron en el
ejido Benito Juárez de Ciudad Juárez, a finales de 2009.
Siguieron Mónica Arias Hernández, nuera
de Marisela Escobedo, y Saúl Reyes Salazar, hermano de Josefina Reyes, una
defensora de derechos humanos que adquirió notoriedad por luchar en contra de
los abusos cometidos por militares desplegados en Chihuahua. A la fecha, cinco
integrantes de la familia Reyes Salazar han sido asesinados. Además, una
persona cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad también fue asilada en
Estados Unidos.
Hoy, al menos otras dos defensoras
tramitan asilo: la primera es Sara Salazar, madre de Josefina Reyes. Además de
perder a tres hijos, un nieto y una nuera, el 16 de febrero de 2011 su casa fue
incendiada mientras realizaba una huelga de hambre en la Subprocuraduría de
Justicia de la Zona Norte para exigir la aparición de dos de sus hijos que
nueve días más tarde aparecieron sin vida.
La segunda es Norma Andrade, fundadora de
la organización Por Nuestras Hijas de Regreso a Casa. En diciembre de 2011
abandonó Ciudad Juárez rumbo al Distrito Federal luego de que fuera baleada en
un supuesto intento de robo. En febrero de 2012 de nuevo fue atacada a pesar de
que contaba con seguridad de la PGR por solicitud de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
Estos casos muestran la situación que
enfrentaron en este sexenio defensores de derechos humanos. Entre 2007 y 2012,
110 han sido agredidos y, de ellos, 53 fueron asesinados; 29, detenidos
arbitrariamente; 15, atacados directamente; 11 recibieron amenazas, y dos más
se encuentran desaparecidos.
Un análisis realizado por Enfoque refleja
que los estados con el mayor número de defensores de derechos humanos agredidos
son Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, que en conjunto concentran el 57 por ciento
de los casos.
Dichos estados concentran también el
mayor número de defensores asesinados: 35 de los 53 registrados en los últimos
seis años. El estado con más homicidios es Oaxaca, con 13.
El análisis muestra que de los 110 casos
sólo en cuatro se han consignado a los presuntos responsables, pero en ninguno
se ha dictado sentencia.
Se trata de los homicidios de Santiago
Rafael Cruz, fundador del Foro Laboral Obrero Campesino, asesinado en abril de
2007 en Nuevo León; Avelino Castro Solís, defensor del medio ambiente de
Guerrero (mayo de 2007); Raúl Ángel Mandujano, director de Atención a Migrantes
de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur de Chiapas (abril de
2009), y Susana Chávez, activista de Ciudad Juárez, asesinada en noviembre de
2011.
Periodistas
Los defensores de derechos humanos no son
los únicos agredidos. En junio pasado la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos informó que entre 2000 y el primer semestre de 2012, 82 periodistas han
sido asesinados en México. En tanto que según organizaciones civiles el número
de periodistas desaparecidos asciende a 15.
Según un desplegado publicado el 3 de
mayo pasado, Día Mundial de la Libertad de Prensa, firmado por 13 fundaciones y
31 reporteros, los asesinatos de periodistas han ocurrido en 18 estados:
Veracruz registra el mayor número (12); le siguen Guerrero (10); Michoacán y
Oaxaca (7); Estado de México y Sinaloa (5); Distrito Federal (4); Coahuila,
Durango, Jalisco y Sonora (3 cada uno); Baja California y Nuevo León (2); y
Chiapas, Quintana Roo y Tabasco (uno por entidad).
El 17 de julio pasado, al comparecer ante
una comisión de legisladores, la titular de la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, Laura Angélica Borbolla,
admitió que de los 67 homicidios y 14 desapariciones de los que la institución
tiene conocimiento, sólo se ha dictado una sentencia.
-----------------------------------------------------------
Observan irregularidades... recomiendan
cambios
Reportaje Elecciones 2012. A destiempo, pues el
proceso electoral ya es cosa juzgada, las organizaciones presentarán esta
semana sus informes. La ley electoral establece que los hallazgos de la
observación no son vinculantes ni alteran el resultado de los comicios
Carole Simonnet
(11 noviembre 2012).- La observación del
proceso electoral 2012, que este año recibió una bolsa inédita de 73.6 millones
de pesos, arroja principalmente dos resultados relevantes: el uso alarmante de
compra y coacción de votos por parte de los partidos políticos y candidatos, y
la necesidad de hacer ajustes a la legislación electoral y de medios para
garantizar la equidad en próximos comicios.
El diagnóstico proviene de los informes
de 44 organizaciones de observadores electorales y de 11 centros académicos que
recibieron del Instituto Federal Electoral y de la Secretaría de Gobernación un
presupuesto de 73.6 millones (casi el doble de los 40 millones destinados a
este fin en 2006) para vigilar las elecciones de este año a través del Fondo
para la Observación electoral, administrado por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD).
Sus hallazgos se darán a conocer esta
semana, a tres meses de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) declaró válida la elección, y cuando falten 15 días para la toma de
protesta de Enrique Peña Nieto como Presidente.
Elección cuestionada
En contraste con la "limpieza"
declarada por el Tribunal Electoral, 15 organizaciones que vigilaron sobre el
terreno la campaña y la jornada electoral constataron la existencia de un
sinfín de ilícitos cometidos por los actores políticos en la mayoría de los
estados del país.
Alianza Cívica, que desplegó a 500
observadores en 23 entidades, denuncia que la compra y coacción de votos son
prácticas generalizadas que han aumentado en los últimos dos procesos federales
de 2009 y 2012.
"Todos los partidos utilizan en
mayor o menor medida el regalo o la presión para violentar los derechos
políticos y sociales de los ciudadanos", indica su informe final.
Precisa que las irregularidades más
graves cometidas en mayor proporción por la coalición PRI-PVEM se dieron en el
Estado de México, Jalisco, Coahuila, Puebla y Yucatán, donde se detectó el uso
de niños para vigilar el voto, el acarreo de votantes y la entrega de
despensas.
DECA Equipo Pueblo afirma que el fenómeno
de la compra y coacción del voto y los gastos excesivos de campaña vulneraron
la legalidad de los comicios luego de recoger el trabajo de 206 observadores en
Sonora, Coahuila, Jalisco, Edomex, Distrito Federal, Puebla, Veracruz, Yucatán
y Oaxaca.
Otras cuatro asociaciones, Tequio
Jurídico, Participación Ciudadana, Desarrollo Género y Ciudadanía; y Asesoría y
Servicios Rurales, que circunscribieron su observación a las entidades de
Oaxaca, Yucatán, Chiapas y Veracruz, respectivamente, enlistan como
irregularidades la entrega de despensas y dádivas, el acarreo de votantes, la
utilización de niños y niñas en las mamparas para corroborar votos, el condicionamiento
de los programas sociales y el hostigamiento a los observadores electorales.
"En Yucatán volvimos a actos que se
habían erradicado, como por ejemplo: violencia contra ciudadanos que
denunciaban entrega de bienes antes de la jornada electoral, robo de urnas,
quema de locales donde funcionaban los consejos Estatales de la elección
estatal, con la consiguiente destrucción del material electoral, entre otros.
Consideramos que tuvimos un retroceso en materia electoral", enfatiza el
informe de Participación Ciudadana cuyo vocero es el coordinador del Frente
Cívico Familiar, Guillermo Vela Román.
Los reportes, que empezaron a divulgarse
en la página del PNUD a mitad de octubre, confirman el crecimiento de un
fenómeno colocado en el centro de la impugnación de la coalición Movimiento
Progresista, la cual solicitó la anulación de la elección alegando que el PRI
compró 5 millones votos a través de tarjetas de prepago de Soriana y mediante
una triangulación de recursos de la empresa Monex.
Pero las denuncias de las organizaciones
no tienen ningún efecto jurídico, según se establece en el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, y además son tardías debido a que
se darán a conocer públicamente hasta el próximo 15 de noviembre.
"Los informes de observación
electoral debieran darse a finales del mes de julio, antes de la calificación
de cualquier elección, porque a toro pasado sirven como testimonios",
lamenta el ex coordinador jurídico del Movimiento Progresista, Jaime Cárdenas.
En entrevista, el también ex consejero
del IFE sugiere que, aunque no sean vinculantes, los informes puedan servir
como elementos de prueba sujetos a la valoración y al estudio de los
magistrados electorales.
Los observadores admiten tener
limitaciones para probar la compra y coacción del voto: contaron con poco
personal, su cobertura del universo de las 142 mil 817 casillas instaladas fue
ínfima y sus denuncias se basan a menudo en testimonios indirectos. Por lo
tanto, la metodología utilizada es insuficiente para ofrecer resultados
tangibles a nivel nacional, consideran expertos electorales.
DECA Equipo Pueblo asegura que es difícil
medir el impacto de la compra y coacción de votos en el resultado de la
votación. "Estas prácticas irregulares que mencionamos, que no siempre son
ilícitas, son realizadas por todos los contendientes electorales y medir su
incidencia para determinar quién actuó con mayor contundencia, prácticamente es
difícil determinar", señala el reporte coordinado por Laura Becerra.
La organización critica a la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, dependiente de la
Procuraduría General de la República, por no informar sobre el curso que ha
dado a sus denuncias. De acuerdo con datos del PNUD, las organizaciones le
reportaron 901 incidentes de ciudadanos y observadores a través de la página
www.observacionelectoral2012.mx.
La Fepade precisó a Enfoque que 185 se
radicaron en la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de
Procesos en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía como actas
circunstanciadas y se están realizando las diligencias ministeriales. Los 716
restantes se remitieron al IFE al considerarse que se trataban de conductas que
pudieran sancionarse administrativamente.
Recomendaciones
Ante la dificultad de probar ilícitos
sobre el terreno, el resto de las organizaciones favorecidas con presupuesto
público concentraron su observación y recomendaciones en ámbitos como la
participación ciudadana, el voto joven y la equidad de género.
Es el caso de la organización INCIDE
Social, que promueve la aprobación de una ley general de partidos en su informe
"Cultura y prácticas democráticas de los partidos políticos" al
considerar que los institutos benefician a sus cúpulas y no a los ciudadanos.
"Los políticos obstaculizan mucho la
participación de los ciudadanos para entrar a un partido y no eligen de manera
democrática a los candidatos. Necesitamos entrar a nueva legislación en materia
de partidos políticos ya sea una ley de partidos políticos o cambios fuertes en
el Cofipe", explica Clara Jusidman.
Al analizar el voto de los mexicanos en
el exterior, la organización Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la
Cultura del Diálogo recomienda el voto postal y electrónico así como permitir
la credencialización en embajadas y consulados, ya que la obligación de acudir
a oficinas del IFE en México derivó en la participación de apenas 40 mil 737
personas, equivalente al 0.21 por ciento de la población residente en edad de
votar.
Fuerza Ciudadana, especializada en
juventudes, solicita al IFE la integración de jóvenes no escolarizados a sus
programas de promoción de la participación ciudadana.
Mientras que la asociación civil
Comunicación e Información de la Mujer llama a generar conciencia de género en
el periodismo escrito para evitar que los medios nacionales sigan refiriéndose
a las candidatas "con un lenguaje sexista y discriminatorio".
Reformas al Cofipe y Ley de medios
Los 11 centros de investigación
financiados este año proponen en sus diferentes proyectos reformas al Cofipe y
una ley de medios para corregir los efectos indeseados de la reforma electoral
de 2007-2008 y generar mayor equidad en las contiendas.
Jorge Alcocer, coordinador del estudio
"Evaluación integral del Modelo de acceso a radio y televisión en materia
electoral" del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo
(CEPNA), advierte que no se trata de llevar a cabo una
"contrarreforma", ya que a su juicio el nuevo modelo de comunicación
política basado en la prohibición de compra de tiempo en radio y televisión
-establecida en el artículo 41 de la Constitución- mostró su eficacia.
Impulsa entre otros temas el fin de la
llamada "spotización", que consistió en la difusión de 43 millones de
spots de 30 segundos durante el proceso electoral, según cálculos del IFE.
"Hay que poner en el Cofipe que
habrá franjas diferenciadas para el uso de los tiempos de tal manera que los
partidos dispongan de dos tipos de formato. El formato de 30 segundos para
mensajes promocionales y otra parte mayoritaria del tiempo se compacte para la
emisión de mensajes programáticos de 5 minutos", precisa en entrevista con
Enfoque.
Indica que otro efecto indeseado de la
reforma fue que, durante la precampaña y el periodo de Ínter-campaña, el IFE
acaparó el tiempo oficial de 30 y 48 minutos del que dispone y las dependencias
gubernamentales se pusieron a comprar espacios en radio y televisión. Ante
ello, sugiere que el IFE destine parte de su tiempo a la difusión de la
propaganda gubernamental durante este lapso, a condición de que el gobierno
federal no compre espacios.
En tanto, el estudio de la UNAM
"Análisis de contenido y estructura de la publicidad televisiva en el
proceso electoral federal 2012" considera necesario que se precise en el
Cofipe la diferencia entre campaña negativa y de contraste.
"Favorecer el uso de campañas de
contraste significa reconocer que contrastar propuestas no es sinónimo de
calumnia o difamación pues es posible producir publicidad crítica sin denostar
al oponente o rebajar el discurso político", indica el investigador Julio
Juárez.
El estudio "La libertad de expresión
y sus principales manifestaciones en el contexto de la democracia
mexicana" del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM promueve
que en el caso de los debates se acote la discrecionalidad con la que los
partidos políticos imponen sus criterios al IFE sobre su organización y
contenido.
"Casi toda la regulación se deja a
los partidos políticos y es ahí donde empiezan los problemas porque los debates
son acartonados, sin una verdadera discusión de fondo", alerta el
investigador César Astudillo.
Advierte que otra problemática ocasionada
por la reforma electoral y la prohibición de la compra de tiempos en los medios
de comunicación ha sido la generación de un mercado negro.
"Para acceder a los medios, se
instrumentaron otras vías para que los candidatos pudieran tener visibilidad
pública. Se detectó sobre todo compra de entrevistas y también una modalidad
camuflada de propaganda electoral que son los infomerciales y la propaganda
integrada", subraya. Ante ello, aboga por una ley de medios de
comunicación. "Hoy no están suficientemente regulados y por eso ha quedado
la percepción de que los medios pueden construir fácilmente candidaturas",
dice Astudillo.
Aleida Calleja, presidenta de la
Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y coordinadora del
proyecto "Evaluación y Perspectivas el modelo de comunicación
político-electoral en México", coincide en que para garantizar la equidad en
las contiendas se debe acabar con la alta concentración de medios de
comunicación en el país.
"Si no cambias el modelo mediático
tan concentrado, puedes poner un montón de candados al modelo de comunicación
política electoral pero los mismos jugadores encuentran muchas formas y
mecanismos para darle la vuelta a la ley como la cuestión de los productos
integrados, la propaganda política en las telenovelas o poner el logo del
partido en el short de un boxeador", enfatiza.
Los trabajos de las organizaciones y los
centros, que abordan también los temas de libertad de expresión y fiscalización
de los recursos de los partidos políticos, serán entregados al IFE para su
conocimiento.
Sus autores afirman que buscan sobre todo
aportar insumos a la discusión de una eventual reforma electoral, la cual
podría desarrollarse en el contexto de la necesaria regulación de las
candidaturas independientes que está pendiente en el Congreso.
"Espero que estos estudios no tengan
como destino un librero", sentencia Alcocer.
La observación en cifras
Este año la observación electoral tuvo un
financiamiento superior al de anteriores procesos electorales, con resultados
similares a los de siempre.
Financiamiento
(Cifras en millones de pesos).
|
Organizaciones
|
46.4
|
|
Centros de investigación
|
15.9
|
|
Organismos internacionales
|
.4
|
|
PNUD
|
5.1
|
|
Otros gastos
|
5.6
|
|
Total
|
73.6
|
|
Organizaciones de la
sociedad civil financiadas
|
44
|
Temas*
|
Voto joven
|
4
|
|
Voto indígena
|
8
|
|
Participación ciudadana
|
11
|
|
Género
|
12
|
|
Legalidad electoral
|
15
|
|
Medio ambiente
|
1
|
|
Derechos humanos
|
1
|
* Ocho de las 44 organizaciones abordaron dos temas.
|
Centros de investigación
financiados
|
11
|
Temas
|
Administración de tiempos
del Estado en radio y TV
|
3
|
|
Libertad de expresión
|
4
|
|
Fiscalización a los
partidos políticos
|
1
|
|
Justicia electoral
|
3
|
|
Organismos internacionales
financiados
|
2
|
|
Confianza en el sistema
electoral (Centro Carter)
|
1
|
|
Fiscalización de los
recursos de los partidos (FES)
|
1
|
Observación en plataforma digital
|
Reportes de irregularidades
en la jornada del 1o. de julio
|
1569
|
|
Vía formulario web
|
1412
|
|
Vía correo electrónico
|
118
|
|
Vía Twitter
|
39
|
Fuentes: IFE/PNUD.
-----------------------------------------------------------------
La campaña del arcoiris
La cultura política
Jésica Zermeño
(11 noviembre 2012).- La historia de la
inédita campaña que sacó a Augusto Pinochet de la Presidencia de Chile, tras 15
años de dictadura militar. Eso es lo que cuenta No, el cuarto largometraje del
chileno Pablo Larraín, protagonizado por Gael García Bernal, que llegó a los
cines de la Ciudad de México el pasado viernes.
Basada en una obra de teatro del escritor
Antonio Skármeta nunca antes montada (El Plebiscito), y marcada por una buena
ambientación -lograda gracias a la filmación con tecnología de la época, el
soporte de video U-matic 3/4- que prácticamente fusiona la ficción con la
propaganda real, la película muestra cómo un grupo de mercadólogos, comandados
por René Saavedra (García Bernal), ayuda a los dirigentes de los partidos opositores
a Pinochet a convencer a los chilenos de no apoyar al militar en el plebiscito
del 5 de octubre de 1988, confeccionando mensajes televisivos de 15 minutos.
Todo un reto en un país donde los medios
de comunicación estaban completamente a favor del Presidente, y donde la mitad
de la población lo respaldaba por el éxito económico del país, a pesar de los
ejecutados, desaparecidos y torturados bajo sus órdenes.
El espectador se asombra al descubrir el
tono de la campaña, que se transmitió durante 27 días, según las reglas del
plebiscito -aceptadas por Pinochet sólo por la presión internacional. Una
campaña que poco tenía que ver con el lúgubre pesimismo que reinaba en la
oposición debido a sus víctimas y desaparecidos. Una campaña con jingles y sonrisas,
que se definió por un arcoiris. Una lección de comunicación política.
Enfoque recomienda
No
· Chile-Francia-Estados Unidos, 2012.
· Dirigida por Pablo Larraín.
· Con Gabriel García Bernal, Alfredo
Castro y Néstor Cantillana.
· Ganadora del Premio Art Cinema de la
Quincena de Realizadores, Festival de Cannes 2012.
------------------------------------------------------------
La cultura política
(11 noviembre 2012).- Téngalo presente
Del 131 al #YoSoy132. Elección 2012
coordinado por Leonardo Figueiras Tapia. SICI UNAM. Organiza la FCPyS de la
UNAM. Presentan Carola García, Martha Singer, Carlos Fazio y el coordinador.
Jueves 15, 11:00 hrs. Auditorio Ricardo Flores Magón de la FCPyS. CU. Informes:
5622 9470, ext. 1015.
Cine
DocsDF. Proyección de 177 documentales de
México y el mundo en torno al medio ambiente, los derechos humanos, los
movimientos sociales o bajo una perspectiva femenina, entre otras temáticas.
Hasta domingo 18. Programa: www.docsdf.org
Conferencias
Agua y sociedad. Una agenda de
investigación. María Luisa Torregrosa. Lunes 12, 16:00 hrs. Flacso. Carretera
al Ajusco 377, Héroes de Padierna. Informes: 3000 0200.
Historia de la educación en la Ciudad de
México. Pilar Gonzalbo y Anne Staples. El Colegio de México. Miércoles 14,
12:30 hrs. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000.
Libros
Oficio de muerte. Periodistas asesinados
en el país de la impunidad de Carlos Moncada Ochoa. Prólogo de Miguel Ángel
Granados Chapa. Grijalbo. Investigación historiográfica y periodística sobre
las crecientes e impunes muertes y desapariciones de comunicadores en México.
Ovejas negras. Rebeldes de la iglesia
mexicana del siglo XXI de Emiliano Ruiz Parra. Océano. Perfiles de varios
activistas católicos que han ejercido una doble disidencia: en su desafío a la
jerarquía eclesiástica y al Estado mexicano.
Presentaciones
Quinta Encuesta Nacional sobre Cultura
Política y Prácticas Ciudadanas. Manuel Gómez Morin Martínez del Río, Rosa
Limón y José Buendía. Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Lunes 12,
18:00 hrs. Casa Lamm. Álvaro Obregón 99, Roma. Informes: 5550 1039.
México: del antiguo régimen a la
modernidad. Reforma y Revolución de Enrique Semo. UNAM. Enrique Rajchenberg,
Héctor Díaz Polanco y el autor. Facultad de Economía. Martes 13, 18:00 hrs. CU.
Informes: 5622 2098.
Gobernabilidad y gobernanza en los
albores del siglo XXI y reflexiones sobre el México contemporáneo coordinado
por Bertha Lerner, Ricardo Uvalle y Roberto Moreno. UNAM. Sara Gordon, Manuel
Durand, Armando López, Rosalba Casas y los coordinadores. IIJUNAM. Miércoles
14, 18:00 hrs. Casa de las Humanidades. Presidente Carranza 162, Coyoacán.
Informes: 5622 7363.
El petróleo en México. Una industria
secuestrada de Roberto Ortega Lomelín. Porrúa/ UNAM. Carlos Elizondo
Mayer-Serra, Diego Valadés, Manuel Camacho Solís, Rubén Camarillo y Francisco
Labastida. Miércoles 14, 19:00 hrs. Club de Industriales. Andrés Bello 29,
Polanco. Informes: 5282 9500.
Felicidad, plenitud de la vida auténtica
de Margarita Camarena. UNAM. Rosalinda de León Zamora, José María Castro
Ibarra, Marcos López y Héctor Castillo Berthier. Organiza el Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM. Jueves 15, 18:00 hrs. Aula 1 del
Instituto. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622
7390.
Ir. Variaciones sobre Jacques Derrida de
Cesáreo Morales. Porrúa. Manuel Orozco, Raymundo Mier, Benjamín Mayer, Genaro
Rodríguez y el autor. Cámara de Diputados. Jueves 15, 18:00 hrs. Amargura 4,
San Ángel. Informes: 5616 2705.
SCJN y controversias constitucionales.
Análisis del comportamiento judicial de María Amparo Hernández Chong. Porrúa.
Héctor Fix-Fierro, José Ramón Cossío, José Roldán, Saúl López y la autora.
Jueves 15, 18:00 hrs. IIJUNAM. CU. Informes: 5622 7474, ext. 1735.
Tratado de metodología de las ciencias
sociales: Perspectivas actuales editado por Gustavo Leyva y Enrique de la
Garza. UAM/FCE. Nestor García Canclini, Fernando Castañeda Sabido. FCE. Jueves
15, 18:00 hrs. Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles. Francisco Sosa 202, Santa
Catarina. Informes: 5622 7390.
Seminarios
Observación electoral en México:
lecciones aprendidas y visión de futuro. Jorge Alcocer, Irma Méndez, Lourdes
Morales, Arturo Sánchez, entre otros. Organiza PNUD. Jueves 15, 9:00 hrs.
Flacso. Informes: 3000 0200.
Retrospectiva y prospectiva de la
democracia electoral mexicana Salvador Nava, Lorenzo Córdova, Macarita
Elizondo, Jorge Alcocer, entre otros. IEDF. Jueves 15 y viernes 16, 9:00 hrs.
Hotel Royal Pedregal. Periférico Sur 4363, Jardines de la montaña. Informes:
5483 3800 ext. 4261.
Revistas
Este País No. 259. Órganos autónomos y
transparencia. Textos de Luis Carlos Ugalde, María del Carmen Pardo, Ricardo
Corona, Manuel Guadarrama y Transparencia Mexicana. Manuel González Oropeza
examina el papel que jugó el TEPJF en la resolución de la contienda
presidencial.
Letras Libres No. 167. Anatomía de la
violencia en México. Análisis de Enrique Krauze, Luis Astorga e Ioán Grillo.
Fernando García Ramírez entrevista a Eduardo Guerrero.
Nexos No. 419. Jorge G. Castañeda y
Héctor Aguilar Camín reflecionan sobre los cambios de la conciencia pública y
la cultura política de México. Santiago Levy expone cómo reunir los propósitos
de equidad y desarrollo en una sola reforma que establezca la seguridad social
universal.
Si desea difundir alguna actividad de
cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico:
enfoque@reforma.com
------------------------------------------------------------
Los placeres y los días / Sindicalismo
lamentable
Andrés de Luna
(11 noviembre 2012).- En Celulosa
(Polonia, 1954), del polaco Jerzy Kawalerowicz, luego realizador de Faraón
(1964) y Madre Juana de los Ángeles (1961), se narraba, aún con el vaho del
recién terminado stalinismo, la lucha y confrontación ideológica entre los
corruptos sindicalistas católicos y los de carácter ejemplar ligados al
comunismo. La cinta, irregular y propagandística, exhibía el trasfondo de
algunas organizaciones gremiales en donde lo esencial era la obtención de
fondos para beneficio personal de los dirigentes. Si los hechos fueran lógicos,
esas preocupaciones debieran estar alejadas de la realidad del siglo actual.
¡Hechos del pasado! Bastaría ubicarnos en la realidad de México para toparse
con el dique de acero que ha construido el fangoso territorio del sindicalismo
corporativo. Casos emblemáticos son el de Elba Esther Gordillo con el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación, presidenta del organismo desde 1989;
y el de Carlos Romero Deschamps con el de los trabajadores petroleros del
STPRM. Ambos dirigentes son flor y nata de las truculencias de priismo.
Habría que preguntarse acerca de la
necesidad de soportar en estos liderazgos a personajes identificados con
plenitud con las corruptelas del poder. Ya Salinas de Gortari había reaccionado
ante las prácticas caciquiles de La Quina en el mismo STPRM. La venganza del
entonces Presidente fue una obra maestra del maquiavelismo, sin que esto
salvara al dirigente de sus manejos oprobiosos.
George Morris fue uno de los periodistas
laborales que investigó las conexiones de los sindicatos obreros en Estados
Unidos y las intromisiones de la CIA. ¿Quién podría olvidar a Hoffa? Del que
Danny de Vito haría un retrato magnífico en su película de 1992, y en la cual
precisaba las coordenadas del sátrapa del sindicalismo de los transportistas en
el país del norte. En México las lecciones las dio el charrismo, que concentró
sus fuerzas usurpadoras para desmontar las peticiones justas de los trabajadores.
Se compraron huelgas, se dio un poder omnímodo a los empresarios en oposición a
los obreros y asalariados en general. Hubo brotes rebeldes al estilo del
SUTERM, o de los primeros sindicatos de la UNAM. Luego, el andamiaje del PRI
llevó toda su carga para convertir la protesta en actividades que terminaban en
la represión. El golpe brutal a la República lo han dado las reelecciones de
Gordillo y Deschamps, lo que deja observar un panorama signado por actitudes
delincuenciales. Esto sin olvidar los escándalos de "la profesora"
con su mansión de San Diego o su departamento de Polanco, sus joyas y todo lo
que ostenta la dirigente de los maestros. ¿Qué decir de Romero Deschamps y las
exhibiciones de riqueza soberana de su hija Paulina. El país se sume en las
verborreas del cambio mientras persiste en la dosis amarga de conservar a
semejantes parásitos en el poder. ¿Se puede creer en el nuevo PRI?
