Sucesos y Sucedidos: Acontecer Diario

Primero descalificó a un Nobel de Economía, ayer ninguneó a dos de las tres calificadoras más importantes del mundo. Catarrito Carstens sigue trabajando para su jefe.

HUMOR

Paquetote decembrino-Magú

http://www.jornada.unam.mx/2009/12/16/index.php?section=cartones&id=0

Boligán: Parque

http://www.eluniversal.com.mx/wcarton9873.html

Lo mero importante-Hernández

http://www.jornada.unam.mx/2009/12/16/index.php?section=cartones&id=1

Omar: Para la cena

http://www.eluniversal.com.mx/wcarton9874.html

Fray Bartolomé

TEMPLO MAYOR

EN EL GOBIERNO de Felipe Calderón, por buenas ideas no paramos. La bronca es que nomás no se concretan.

Y TODO INDICA que la nueva reforma política presentada ayer seguirá el camino ya conocido por la reforma petrolera y la fiscal: el que lleva directito al despeñadero.

PARA QUE una reforma política -en cualquier parte del mundo- se materialice, es necesario negociarla. Las buenas ideas por sí solas no se imponen, y menos en un sistema como el mexicano.

DE AHÍ QUE la labor de cabildeo sea vital para este tipo de iniciativas, ¡claro!, siempre y cuando no sea sólo una maniobra para generarle costos al adversario.

ORA QUE si en verdad se pretende realizar, la negociación es fundamental y ése ha sido el lado más flaco del gobierno calderonista: la negociación y el convencimiento de las otras fuerzas políticas.

Y POR LO QUE se ve, todo indica que la graaan reforma política tampoco se negoció con anterioridad. Así que si sale, ¡será de milagro! Eso sí, la sola iniciativa le da oxígeno a Felipe Calderón para demostrar que en la residencia oficial de Los Pinos sí hay un inquilino.

POR CIERTO que en la presentación del paquetazo de reformas fue notoria la ausencia de Fernando Gómez Mont.

HASTA AHORA hay dos versiones sobre el tema, y nadie logra ponerse de acuerdo para explicar por dónde va la cosa.

SEGÚN ALGUNOS el secretario de Gobernación está convaleciente de una operación a la que se sometió el fin de semana. Que por eso ni pío ha dicho sobre el tema de las reformas.

SIN EMBARGO otros afirman que, en realidad, a Gómez Mont lo desplazó uno de los suyos: el subsecretario Alejandro Poiré.

QUIENES DICEN ESTO aseguran que la confección del paquete de reformas la trabajó Calderón directamente con Poiré, pasando por encima de Gómez Mont, y que por eso este último se ha mantenido fuera de los reflectores.

SON DOS VERSIONES, sí, pero no necesariamente se contraponen. En una de ésas, ambas podrían ser ciertas. ¿O alguien tiene una mejor hipótesis?

COMO SI les hubieran despertado con la campanilla bursátil, así de malhumorados andan los accionistas de la Bolsa Mexicana de Valores.

LO QUE los tiene de malas es la decisión de su presidente, Luis Téllez, de instituir el premio "Guillermo Ortiz Martínez" en honor al gobernador saliente del Banco de México.

SE QUEJAN de que el ex funcionario federal no los consultó y, además, no terminan de entender bien a bien a qué obedece tal distinción.

DE HECHO, se preguntan si tal deferencia de Téllez a Ortiz es algo así como un muestra de agradecimiento por haber cabildeado en su favor para que lo contrataran en la BMV tras su escandalosa salida de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

AL QUE le urge que lleguen los Reyes Magos es al embajador Arturo Sarukhán.

Y TODO porque dicen que Melchor, Gaspar y Baltazar podrían traerle su regalo más deseado: despachar en el piso 22 de la Torre de la Cancillería... ahí donde hasta hoy sigue Patricia Espinosa.

AL PARECER la relación entre la canciller y su jefe el Presidente está en muy mal momento, agravada por los osos diplomáticos de nuestro país en el caso de Honduras.

A VER si a Espinosa no le cantan aquella que dice: "Diciembre me gustó pa' que te vayas.

PLAZA PÚBLICA

Marinos en tierra

Miguel Ángel Granados Chapa

16 Dic. 09

Los miembros de la Armada de México no transitan, como el Marinero en tierra de Rafael Alberti, a la obtención de sal. Se les está habilitando como policías. Y si bien se puede hablar de su eficacia -el viernes pasado atraparon en Cuernavaca a gruperos famosos, como Ramón Ayala, Los Cadetes de Linares y Torrente- también se les puede atribuir un mal que daña al resto de las fuerzas federales que persiguen a miembros de alto coturno de la delincuencia organizada: que se les escapan los destinatarios principales de sus operaciones. Al menos eso ocurrió el propio viernes, cuando se les escabulló Édgar Valdez Villarreal, conocido como La Barbie, el jefe de los matones de la familia Beltrán Leyva.

Aun antes de las operaciones combinadas del Ejército y las policías federales, iniciadas hace tres años, la Armada de México había tenido participación, marginal si se quiere, pero al fin y al cabo un papel en la persecución del narcotráfico. Cuando en diciembre de 2006 el presidente Calderón involucró centralmente al Ejército en el combate a la delincuencia organizada, de modo inercial la Marina siguió ese derrotero. Su ámbito de actuación más importante era, como es de suponerse, las aguas territoriales, en donde se realizó la captura de embarcaciones portadoras de drogas. Paulatinamente sus miembros echaron pie a tierra, y participaron en la localización de plantíos de mariguana y amapola, y en la incineración de enervantes. También de modo casi imperceptible se hicieron cargo del patrullaje en algunos puertos, no sin roces con las policías federales y el Ejército mismo, que sentía invadidos sus terrenos no obstante que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene en operación un Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales, cuyo diseño y actuación contraviene las misiones atribuidas por la ley a la Secretaría de Marina. Últimamente se ha advertido un nuevo paso en la presencia de infantes de Marina tierra adentro. A ese cuerpo pertenecen quienes se enfrentaron el 4 de diciembre a la banda de sicarios encabezada por Ricardo Almanza, que asesinó semanas atrás al general retirado Juan Arturo Esparza. Los marinos causaron varias bajas a los mafiosos, incluido el jefe mismo. Y el viernes pretendieron aprehender a La Barbie en una fiesta en la capital de Morelos, pero avisado a tiempo el bandolero escapó. En compensación fueron detenidas 20 prostitutas acapulqueñas contratadas ex profeso, a las que se dejó en libertad poco después, y grupos musicales afamados (y caros) que el lunes seguían detenidos, no se sabe con qué definición jurídica, en la Procuraduría General de la República (Reforma, 15 de diciembre).

Varios motivos, aislados o combinados, pueden explicar la expansión de la presencia de la Armada de México en operaciones policiales. Uno significaría una respuesta pueril del gobierno, del presidente Calderón en particular: a los que objetan la presencia militar en la lucha contra la delincuencia organizada, se les contesta no disminuyendo el número de efectivos castrenses involucrados, sino incrementándolo a través de la Infantería de Marina. Otro móvil posible, semejante al anterior pero sin contenido neurótico, provendría de la necesidad de reforzar las operaciones militares con personal supletorio, dada la concentración de tropas en Michoacán y Chihuahua, especialmente Ciudad Juárez, lo que deja desguarnecidas algunas regiones necesitadas, desde la óptica gubernamental, de la eficacia militar. También es posible conjeturar que los marinos sustituirían a los militares en previsión de que aquellos vuelvan a sus cuarteles ante la presión internacional (la nacional cuenta menos) a ese respecto. Por último, es imaginable que aprovechando la rivalidad histórica entre los militares de tierra y los de mar -que se esconde y niega pero existe- se utilice a la Armada como contrapeso a la Secretaría de la Defensa Nacional, a fin de evitar una autoponderación excesiva.

De otra manera se está dando lugar a la Marina en la batalla contra las drogas. Quizá actúan a título personal, pero miembros eminentes de la Armada, con licencia o retirados pero sin duda vinculados a su corporación, han tenido y readquieren ahora influencia en ese combate. Pensemos, a título de ejemplo, en el almirante Wilfrido Robledo, uno de los primeros directores de la Policía Federal (cuando aún se apellidaba Preventiva), y que tras su paso por la Agencia de Seguridad estatal mexiquense ha sido ahora llamado por el procurador de la República, Arturo Chávez Chávez, como su asesor. El propio titular de la PGR designó hace tres semanas al almirante José Luis Figueroa, miembro del mismo grupo que Robledo, director del Centro Nacional de Análisis, Planeación e Inteligencia de la Procuraduría. Figueroa dirigía la PFP en 2004, cuando se produjo el linchamiento de tres miembros de esa corporación en Tláhuac. Se le imputaron responsabilidades por haber reaccionado con lentitud ante la grave situación y por haber emprendido una operación delicada en esa delegación sin notificarla a las autoridades locales, pero al final del procedimiento quedó exonerado.

Al igual que se critica la intervención militar en asuntos de seguridad pública para los cuales no está preparada la institución castrense debe predicarse lo mismo respecto de la Armada. Tiene su propia misión, y sus elementos deben afanarse en cumplirla. Cuando más, debería ese cuerpo realizar funciones de vigilancia en los puertos y las franjas costeras, no tierra adentro.

Cajón de Sastre

El conjunto de proyectos anunciados ayer por el presidente de la República pretende una reforma política ambiciosa, pero hoy inviable, meramente ilusoria. Es inoportuna no sólo en cuanto al tiempo (se presenta el día mismo en que el Poder Legislativo entra en receso) y en vísperas de un año teñido por la contienda electoral en 16 entidades, sino también en cuanto a las circunstancias. Cuando se agravan las crisis económica y de seguridad, necesitadas ambas de encaramiento gubernamental eficaz, la reforma política parece sólo el intento de fingir capacidad de iniciativa, cuyos contenidos satisfagan a abigarrados segmentos de la sociedad y permitan eludir los graves problemas de la hora. Es la invitación a pasajeros y tripulantes de una embarcación que hace agua a que imaginen la hermosura de la nave cuando se la reconstruya.

miguelangel@granadoschapa.com

GACETA DEL ÁNGEL

El retorno de Scrooge

Germán Dehesa

16 Dic. 09

Quizá muchos y muchas pensaron que, al haber hecho algunas concesiones menores a la algarabía navideña, lo único que quedaba era anunciar el deceso de Scrooge ahogado en la melcocha decembrina. Nada más alejado de la verdad. Scrooge vive y mi espíritu es su natural asiento. Por un momento, lo olvidé y fui a una fiesta, puse un árbol y reconozco que estuve a punto de ser devorado por ese río de cursilería. Sin embargo, mi entrenamiento de tantos años me salvó y ahora vuelvo a la batalla en contra de esa avalancha de merengue que se cierne sobre mi ciudad que ya no es chinampa, sino gorrito de Santaclós (¡cómo odio a ese tripón!). Hablando de esto, me cuentan que Don Carstens, flamante y ya consagrado como Director del Banco de México, le molesta sobremanera esto de salir a pasear por la Alameda y de paso embodegarse unas 18 bolsas de palomitas, 10 jochos (hot dogs), unas cuantas jícamas, los pepinos que le sobraran al jicamero, abundante algodón de azúcar y otras menudencias. Al término de su gira gastronómica, Don Carstens gusta de sentarse en alguna banca y oír a los cilindreros. Ahora ya no lo puede hacer porque en cuanto se sienta se le empiezan a trepar los niños que le piden a Santa Carstens que una bicicleta, unas placas de taxi, un trenecito eléctrico o una pistola Beretta reglamentaria. Muy desagradable.

Pero esto último, no es mi asunto. Lo que yo quiero contar tiene que ver con la recuperación plena de mi espíritu de Scrooge gracias a una serie de revelaciones que he tenido este martes. Miren: yo todos los martes doy un curso de literatura a las 12:30 en el Centro Libanés. Por esto y sólo por esto, abandoné mi invernal refugio a bordo de mi veloz unidad conducida por Pancho a quien ya tengo ganadísimo para la causa de Scrooge. De la casa de piedra y flores al Libanés no se hacen más allá de diez minutos. Esto ocurre en tiempos normales, con la gente sosegada y con las señoras sonrientes y quietecitas. En diciembre, como pude comprobar, es otra cosa. Las tales señoras salen de sus casas cual cerbatanazo y al volante de potentísimas unidades que sus maridos les han comprado con la ilusión de que se rompan todo lo rompible y queden como Berlusconi después del catedralazo que le acomodaron. Todas van a alguna tienda a comprar porquerías "importadas" carísimas, mientras van palomeando su larguísima lista de regalos formada casi íntegramente por personas que a la dama le caen espeso tirando a pétreo. A pregunta expresa, responden que son puros compromisos de "Luismimarido" que le da regalo hasta al conserje de su edificio. En plena marcha, las señoras revisan su lista, terminan su maquillaje, le dan vuelo al celular, se ponen la pantimedia, le gritan alguna mala razón al pobre diablo que por poquito atropellan y afirman que "en México es imposible manejar bien". Yo les contestaría que ellas ni en la desierta tundra manejarían bien. Todo este caos vial que se organiza, a mí me da tiempo para pensar en las iniciativas de Calderón y concluir que, en general, son buenas y progresistas, aunque yo me quedaría nada más con 32 diputados y 50 senadores. Siendo ya tan pocos, nos ahorrarían millones y a lo mejor se ponen a trabajar. Yo digo.

¿QUÉ TAL DURMIÓ? MDCXCI (1691)

¿MONTIEL tiene navidad?.

Cualquier correspondencia con esta columna que vuelve a la cordura, favor de dirigirla a dehesagerman@gmail.com (D.R.)

RUTA 66

Marea

Diego Beas

16 Dic. 09

WASHINGTON.- Durante décadas, la discusión sobre la reforma al sistema de inmigración en Estados Unidos ha girado principalmente en torno a los inmigrantes indocumentados y las problemáticas y soluciones relacionadas con éstos. De cómo frenar su entrada a si atajar el problema vía el castigo a los empleadores, criminalizando el fenómeno o restringiendo sus derechos y prestaciones sociales.

Las principales posturas y divisiones políticas se han formado alrededor de estos temas; son los puntos de fricción del debate; los temas que han hecho imposible la reforma y creado un sistema disfuncional que mantiene a millones de indocumentados en la sombra.

Desde hace algunos años, sin embargo, lentamente se ha comenzado a introducir otro tema que desde una perspectiva distinta hace un nuevo llamado a reformar el sistema; una nueva presión que pone el dedo en la llaga y señala las insuficiencias de una política que no está a la altura de un país en el que desde su fundación la inmigración ha impulsado el desarrollo.

Me refiero a la crisis de la inmigración calificada -high-skill workers-, a la creciente incapacidad del país de atraerle y de la consecuente pérdida de competitividad de diversos sectores económicos.

Desde hace ya algunos años las denuncias de compañías como Microsoft y otros gigantes del sector informático han sido frecuentes y señalan con tino los anacronismos de muchas de las estipulaciones de la legislación actual. Cuotas de visados arbitrarias, categorías de trabajo mal establecidas, exceso de burocracia, falta de incentivos para estudiantes de posgrado, entre muchos más.

Pero en los últimos años -muy en particular en los últimos 12 meses- la presión desde sectores estratégicos de la economía incapaces de mantener el paso ha aumentado y está proporcionando un renovado impulso para hacer el enésimo intento de atajar el tema y reformar el sistema.

La última prueba de la tendencia viene en la forma de un informe del Center for American Progress en Washington en el que se pone en contexto la crisis de la inmigración calificada y se hace un llamado al Congreso a encarar el problema.

El reporte, titulado "Prosperous Immigrants, Prosperous Americans: How to Welcome the World's Best Educated, Boost Economic Growth, and Create Jobs", ofrece un claro diagnóstico de la crisis y enumera las consecuencias que podría traer mantener el statu quo.

Excluyendo los visados de negocio y de turistas, Estados Unidos otorga casi 2 millones de visados al año. De éstos, sólo 250 mil se conceden a profesionistas. Y de este cuarto de millón, a sólo 60 mil se les concede el status de residente permanente.

¿En qué se traducen las cifras? En números claramente insuficientes para un país de más de 300 millones de habitantes que necesita de un constante influjo de talento para mantenerse en la punta. Siempre lo ha necesitado; no siempre lo ha reconocido.

Hasta hace pocos años -y en parte quizá por el éxito económico de los años 90- la importancia e impacto de la inmigración calificada se tendía a obviar y en algunos casos incluso a minusvalorar. El informe recuerda y pone en perspectiva su importancia: de los 10 premios Nobel concedidos a estadounidenses en 2009, cuatro de ellos nacieron en el extranjero. O el caso de las compañías más innovadoras: Intel, Solectron, Sun, eBay, Yahoo! y Google, todas fueron fundadas por inmigrantes.

Un estudio de 2007 de la universidad de Berkeley lo pone en cifras aún más claras: el 25 por ciento de las empresas de alta tecnología fundadas entre 1995 y 2005 tuvieron al menos a un inmigrante entre sus fundadores.

El pasado lunes, la oficina del censo informaba que uno de cada seis trabajadores en Estados Unidos es inmigrante; la cifra más alta desde la década de los 20 del siglo pasado; una razón más por la que el marco regulatorio actual es insuficiente.

A pesar del desgaste legislativo de la reforma sanitaria, hace unas semanas la cabeza del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, afirmó que la Administración Obama tiene la intención de atajar el te- ma en los próximos meses.

Hace unos días le pregunté al autor del informe del Center for American Progress, Marshall Fitz, si cree que la reforma se presentará el año que viene y cuál podría ser su calendario en el Congreso. "Existe un consenso, especialmente un argumento económico, de que llegó el momento de llevarla a cabo", me dijo. Otro elemento que podría animar a la administración a hacerlo en 2010, añade, es la menor presión que existe en estos momentos sobre la frontera sur y la inmigración indocumentada -"esto contribuirá de manera importante a tener un debate más sensato"-.

Sobre los tiempos y el calendario, Fitz espera que la discusión sea liderada por Charles Schumer desde el Senado. "Presentará una propuesta en febrero o marzo y rápidamente pasará al pleno". A diferencia de la reforma sanitaria, asegura Fitz, la mayor parte de la discusión de la reforma al sistema de inmigración ya tuvo lugar y su recorrido será más expedito.

Todo indica que el momento de esta esperada reforma ha llegado. La discusión ya no sólo gira en torno a los inmigrantes indocumentados y sus problemas; sobre la mesa están ahora también las mentes más brillantes del planeta deseosas de aprovechar las oportunidades que brinda Estados Unidos.

Como dice el refrán: sólo se sabe quién ha estado nadando desnudo cuando desciende la marea. Las aguas han comenzado a bajar, pronto sabremos.

ruta66@diegobeas.com

www.diegobeas.com

Sufragio en efectivo

Froylán M. López Narváez

16 Dic. 09

Felipe Calderón Hinojosa anunció la concreción de una primera instancia de su agenda de cambios para "transformar a México". En 2 de septiembre supuso que no se podía permitir que la grandeza del país, habida cuenta de que "finalmente", por la falta de visión de los actores políticos impidiese acuerdos sobre los cambios, oferta crónica de gente que necesita ansiosamente mandos, se dice aquí, y los modos legales para las mutaciones que les convienen, anhelan o son base para ilusionar a los ciudadanos. Por estos entienden votantes, generalmente.

Según estas pretensiones o dichos propone una Reforma Política. No superficial, sino de fondo. La esencia de su iniciativa consiste en que hay que pasar "del sufragio efectivo a la democracia efectiva". Con lo cual aspira, incluso, a cambiar el clisé derivado de la Revolución de 1910. La opinión vulgar, común, habrá de pensar que en la entraña, se trata de mantener, de otra forma, la democracia electoral ya fallida, insuficiente, mediante la extensión de cargos obtenidos por sufragios a periodos más largos, para seguir en posiciones que remuneran en efectivo, en sueldos y dietas que puedan perdurar más años que actualmente. Se intensifica la noción de lucrar más tiempo con los presupuestos de los gobiernos y las legislaturas.

Por lo tanto quiere que el opinionismo vertido en las votaciones dé lugar a que "quien ejerza el poder se someta a la opinión de los electores... El ciudadano deberá ser quien premie el buen desempeño o quien castigue un ejercicio irresponsable o insensible del poder". Las relaciones políticas fincadas en recompensas o sanciones. Si se portan bien los electos, Alcaldes, Regidores y Jefes Delegacionales tendrían periodos mayores para "impulsar programas de mayor aliento". Hoy se sufre el mal aliento social de estos ciudadanos, es creencia vasta.

Doce años, como límite, tendrían los votados por los ciudadanos para hacer sus cosas, buenas o malas, según lo que establezcan las Constituciones locales. Es que en el mundo democrático, dice FCH, los ciudadanos se mantienen atentos con sus autoridades locales. Y si hay tal atención los Cabildos estarían "preocupados" pues de esto depende su futuro, empleo, chamba o negocios. Con toda vale el asunto del Referéndum, tiene miga y dificultades.

También los legisladores federales podrían obtener beneficios o tajada de la pretendida reforma. Se volvería a los modos que rigieron hasta 1933, pues hasta entonces mantuvieron la posibilidad de elección consecutiva de los congresistas. Por algo la inhibieron; la mula no era arisca...

Se propone reducir el número de integrantes del Congreso, diputados y senadores. Se elegiría, mejor dicho se votaría, por uno de tres; registrados por cada partido. Habría 400 diputados, cien menos, 240 por mayoría relativa y 160 por representación proporcional. Para evitar negocios de partiditos muy chirris, habría la reclamación de 4 por ciento para registro y financiamiento público. Los ciudadanos, en una quinta enmienda, podrían tener iniciativa ciudadana. Y se admitirían candidaturas independientes para no ser solamente súbditos de la partidocracia.

Seguramente por su experiencia, FCH propone una elección por mayoría absoluta con segunda vuelta electoral para la elección de Presidente de la República, si no hay mayoría absoluta. A la Suprema Corte de Justicia también se le convidaría para presentar iniciativas en el ámbito de su competencia. En el de su incompetencia no. El Poder Judicial podría presentar dos iniciativas Preferentes -como en los bancos, clientes preferentes. Si el Congreso no dictamina y no vota entonces se chiflan, pues la iniciativa sería aprobada. También quieren los panistas que el Ejecutivo Federal pueda presentar observaciones parciales o totales a los proyectos de ley aprobados por los congresistas, igual para el Presupuesto de Egresos de la Federación, si los legisladores no deciden.

Al ataque mis calientes electorales. Nuevas relaciones entre los Tres Poderes -así con mayúsculas- de la Unión, entre los órdenes de gobierno y las autoridades y la sociedad. Ciertamente hay una brecha, si no es que abismo, entre política y ciudadanía.

No se aceptarían estas iniciativas, las centrales, si se atiende a la propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del IBD del Senado de la República, publicitado hace muchos días y ajeno al hiperpresidencialismo y al chambismo y negocios electorales.

froymln@prodigy.net.mx

Impotencia e incompetencia

Luis F. Aguilar

16 Dic. 09

El año cierra con nuevos sucesos políticos que suscitan análisis, conjeturas, chismes y hasta burlas, pero el sistema político sigue siendo el mismo. Cambian los personajes pero no el escenario, cambian las autoridades públicas encargadas de resolver los problemas, pero no los problemas públicos ni el alcance de las respuestas gubernamentales. Podemos entretenernos con las designaciones de Carstens, Cordero, Félix y con los enredos y las repercusiones políticas de Juanito y Brugada, pero las condiciones políticas, fiscales y administrativas del ejercicio de gobierno siguen siendo desafortunadamente las mismas, aun si al cierre del año se proponen reformas institucionales que modificarían la composición y la duración de algunos poderes públicos y autorizarían el referendo, con el propósito de incrementar la limitada capacidad directiva de nuestro gobierno democrático, que apenas cumple sus funciones públicas básicas.

Dado que los personajes políticos cambian de sitio, entran y salen, pero el mundo que demarca sus posibilidades de acción es el mismo, es conveniente dar una mirada al bosque y no sólo a los árboles, mirar la configuración que actualmente tiene nuestro sistema democrático y no sólo fijar la mirada en el anecdotario político del día y sus relatos críticos, por más novelescos y ácidos que sean. A lo mejor la tranquilidad de las fiestas decembrinas puede ayudarnos a repensar las funciones imprescindibles y valiosísimas de la política y a registrar las limitadas capacidades del gobierno para realizarlas, éste o cualquier otro. La impresión generalizada es que el conjunto de nuestra clase política no posee la buena fe o la voluntad o los instrumentos o las habilidades para hacer razonablemente bien su tarea directiva.

En el ánimo ciudadano el problema central se ubica en la capacidad y eficacia directiva de los gobiernos. La vieja cuestión acerca de la legitimidad política del gobernante se ha desplazado a la pregunta sobre la capacidad directiva del gobernante legítimo, sobre si es capaz de conducir a su sociedad hacia situaciones de valía colectiva. Por ende, la cuestión consiste en averiguar cuáles son las condiciones que hay que crear y asegurar para que la democracia sea gobierno, demuestre que puede dirigir a sus sociedades, resolver sus problemas y ampliar sus posibilidades de bienvivir. Entre nosotros, debido a los ingentes problemas del país, que no encuentran jamás una respuesta suficiente y duradera, el problema se manifiesta en forma de dudas sobre la gobernabilidad del país y de preocupaciones por escenarios de ingobernabilidad.

A cada momento y en cualquier tipo de conflicto hablamos de ingobernabilidad, que imputamos siempre a la incapacidad del gobierno, pues en el imaginario nacional el gobierno sigue siendo el protagonista todopoderoso de la vida social, aun si le ve débil, quebrantado y enredado (algo que muchísimos consideran pasajero). Muchos problemas de ingobernabilidad provienen sin duda de la incapacidad del gobierno para dar respuesta suficiente a demandas sociales justas y problemas sociales crónicos, pero con frecuencia olvidamos que la ingobernabilidad se debe también a la sociedad misma, a su indisposición a reconocer como legítimas a las autoridades públicas, a someterse al imperio de la ley, a respetar obligaciones cívicas básicas (contribuciones fiscales, por ejemplo) y a desarrollar su capacidad productiva. Es notoria la disposición de grupos sociales a practicar el oficio de criminal como opción de vida o a ser arbitrarios y corruptos con tal de no sujetarse a las normas. Para resolver el problema de la ingobernabilidad (natural o adquirida) de la sociedad se creó el gobierno, el Estado.

Se cae entonces en contradicción cuando el gobierno, encargado de resolver los problemas de la ingobernabilidad social, se convierte él mismo en factor de ingobernabilidad, aunque no quiera serlo, por carecer de la capacidad de responder a las demandas justas de su sociedad en problemas. La incapacidad del gobierno puede deberse a impotencia, porque carece de las capacidades y recursos para dirigir, o a incompetencia, porque desaprovecha o utiliza mal las capacidades y recursos directivos que posee y que son ingentes a pesar de todo. Mi percepción es que la relativa incapacidad del gobierno actual es una mezcla de impotencia e incompetencia, de carencia de facultades, fárrago institucional e inhabilidad política y administrativa.

Las elecciones son supuestamente el modo de librarse de los presuntuosos gobernantes incompetentes, pero las reformas son el único medio para dotar al gobierno democrático con las capacidades y recursos que necesita para dirigir con éxito y sacarlo de su impotencia. Me temo que muchos piensan sólo en las elecciones y que el 2012 es la estrella de su esperanza. En cambio, las reformas institucionales, fiscales y administrativas básicas son clave y urgentes, pues cualquier gobernante de este país, el más competente, mayoritario y de buena fe, no podrá hacer más de lo que ya se hace ahora a duras penas.

Pedazos rescatables

Manuel J. Jáuregui

16 Dic. 09

Como la chica del pueblo, muy agraciada del cuello al suelo, pero de subido federalismo del cuello hacia arriba, la reforma política presentada por el Presidente Calderón tiene pedazos rescatables.

Primero mencionaremos lo positivo: Nos parece magnífico abrir el paso a las CANDIDATURAS INDEPENDIENTES.

Mucho le urgen a nuestro México mágico opciones ciudadanas que rompan el monopolio del acceso al poder que ejercen los partidos políticos en violación al sagrado derecho ciudadano de "votar y ser votado".

Nos parece igualmente magnífico y económicamente muy sensato, pues REDUCIR el número de representantes en el Congreso abarata el costo de la democracia: con la llegada de la plena democracia, el invento salinista llamado "plurinominales" ya no tiene razón, pues se puede hacer lo mismo en el Congreso con menos legisladores cobrones.

Estupenda idea es también que el jefe del Ejecutivo de México se elija por mayoría absoluta mediante una segunda ronda electoral -junto con los diputados- para así solidificar el mandato popular del Presidente en turno y darle la oportunidad de realizar los cambios significativos exigidos por la voluntad popular que lo lleva al poder. Esta práctica democrática es avanzada y ha funcionado extraordinariamente bien en países europeos y en otros como Chile.

En lo que sí NO estamos de acuerdo para nada es en la reelección de alcaldes, y la de diputados; sólo la aprobamos si se limita a dos periodos consecutivos de tres años.

El tema del "político profesional" no se aplica en México, ya que aquí padecemos de primitivismo político y un nivel troglodita de servidor público, de manera que reelegir burrasnos no tiene sentido, como tampoco lo tiene permitir que al día siguiente de asumir el cargo un alcalde ya esté pensando en cómo eternizarse en el poder.

Lejos de profesionalizar el servicio público, lo ÚNICO que lograría esta medida es poblar al País de DEMAGOGOS ineptos, algo que no nos hace falta para nada (al contrario, se puede argumentar que éstos nos sobran, y a ello corresponde gran parte de nuestros males).

Igualmente, en el caso de los alcaldes, la posibilidad de reelección INVITA a que se DESVÍEN los fondos públicos para fines electorales.

Cosa que ya de por sí nos azota en el País y prueba de ello son las cantidades bestiales de recursos públicos que acaban destinados a fines ajenos al interés comunitario y el buen gobierno, como la promoción de la "imagen" de los funcionarios con la COMPRA de espacios publicitarios.

¿De eso queremos más?

Al contrario, lo que debemos procurar es incrementar la COMPETENCIA política para que la ciudadanía pueda premiar a los buenos servidores públicos y castigar a los malos.

Ello al tiempo que eliminamos a los servidores públicos el acceso indiscriminado y caprichoso a los dineros públicos para fines ajenos a la procuración del bien común: esto es, a cosas que no sean la inversión en la creación de infraestructura, mejoría de los servicios públicos, impartición de justicia, seguridad y búsqueda de la eficiencia administrativa.

Crear políticos de carrera permitiendo la reelección de alcaldes es como proponerse crear una cepa perfecta e indestructible de un cáncer galopante. Sería la reelección de munícipes el caldo de cultivo ideal para generar demagogos corruptos de manera instantánea en todas las alcaldías de México. La sensatez ordena justo lo contrario. Igual debería la reforma contemplar plebiscitos de medio término para dotar al ciudadano de la posibilidad de echar pa'fuera a los alcaldes que no den el kilo, que salgan ratandangas o mentirosos.

Si esto fuera posible, veríamos de inmediato una mejoría notable en la conducción de la administración pública a nivel gobierno local.

Fuera de la reelección de alcaldes, el resto de la propuesta presidencial está muy bien.

Buenas noticias

Sergio Aguayo Quezada

16 Dic. 09

Dos buenas noticias tiñen de optimismo esta columna dedicada a mostrar que las transformaciones de las sociedades también nacen del empeño de individuos comprometidos con la política de lo concreto.

Es más fácil criticar que dar soluciones. Quienes ejercemos este oficio, solucionamos los enigmas creados por una transición pasmada, invocando una fantasmagórica "participación ciudadana", salida que no atiende las urgencias de los tiempos borrascosos. En el 2009 se disparó el número de lectores inquietos que me preguntaron sobre fórmulas concretas para enfrentarse a la corrupción política. Lo que relataré a continuación me ayudará a ser más específico sobre los métodos que permiten a ciudadanos comunes y corrientes contribuir a los grandes cambios.

El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Durante la última efeméride, dos instituciones -una nacional y otra extranjera- regalaron buenas noticias a los interesados en mecanismos para frenar esa impunidad con la cual se violan cotidianamente nuestros derechos. En México, el Senado de la República reformó ¡por unanimidad! el artículo 17 constitucional para permitir las "acciones colectivas" que abren la puerta a la defensa de los consumidores. En Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró culpable al Estado Mexicano por sus omisiones e ineficiencias en la localización y castigo de los asesinos de tres jovencitas juarenses: Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y Laura Berenice Ramos.

Enumero, a continuación, los resortes que hicieron posibles los portentos. El núcleo fue el trabajo individual de Adriana Labardini y Daniel Gershenson, quienes abrazaron la causa de los consumidores, y de Karla Micheel Salas y David Peña, los abogados que tomaron el caso de tres de las ocho jovencitas encontradas sin vida en el "Campo Algodonero" de Ciudad Juárez en noviembre del 2001. Entre ellos hay diferencias y similitudes.

Los dos primeros se acercan a la madurez con una formación en instituciones privadas de México y el extranjero; los segundos rondan los 30, estudiaron en universidades públicas y se forjaron en luchas populares. Los cuatro comparten un profundo rechazo a los abusos e injusticias y trabajan desde organizaciones civiles: Alconsumidor, nacida en el 2006, y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que litiga desde 1991 y que acompañó al Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y Nuestras Hijas de Regreso a Casa (ambas juarenses) en el asunto de la Corte Interamericana.

Los cuatro donaron enormes cantidades de su tiempo en batallas políticas y jurídicas tortuosas, lentas y poco visibles. Hace años Rodolfo Gómez Alcalá, el litigante que me representó en una demanda contra difamación (que finalmente gané), me dijo una frase que captura las dificultades del reformista: "una cosa es tener la razón, otra saberla alegar y otra que los jueces [o los políticos] te la quieran dar". Las buenas noticias aquí celebradas demuestran lo mucho que logran personas cuando se centran en casos paradigmáticos.

El activismo fructificó porque gestionaron y obtuvieron el respaldo de algunos medios de comunicación, de organizaciones civiles, de instituciones académicas y gubernamentales y de gente común y corriente. Por ejemplo, la causa de los consumidores dio un brinco cualitativo cuando fue adoptada por el ITAM y por el senador priista Jesús Murillo Karam. El empuje definitivo vino cuando Blanca Heredia, una académica que actualmente dirige la Unidad de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, hizo un eficaz trabajo de convencimiento con algunos actores clave.

En el asunto de las adolescentes sacrificadas en el feminicidio de Ciudad Juárez fue determinante el papel de algunas integrantes de la Comisión y la Corte interamericanas de derechos humanos. Entre otras, Rosa Celorio, Rosa María de Castro y la jueza Cecilia García Medina. Es una bocanada de aire fresco saber que la inserción de México en la globalización ha permitido obtener en el exterior la justicia que el país nos niega.

No estamos ante victorias definitivas. Durante el 2010 se debatirán y aprobarán las leyes que regularán las acciones colectivas y las grandes empresas intentarán mantener intacta la servidumbre de quienes consumimos. También deberá vigilarse que el Estado mexicano cumpla con el fallo de una Corte internacional a la cual respeta de dientes para afuera, porque la mayor parte de nuestros funcionarios no asume a plenitud que México es sujeto de obligaciones frente al exterior.

Ante la incertidumbre sobre el futuro, estos retoños de esperanza confirman la trascendencia de individuos con sueños que se hacen realidad en proyectos ambiciosos pero manejables. Es una vía atractiva porque, asumámoslo de una buena vez, la mayor parte de los partidos y los gobiernos difícilmente renunciarán a sus privilegios pensando en el bien común. Los derechos no se mendigan, se conquistan.

www.sergioaguayo.org

JAQUE MATE

Nueva reforma

Sergio Sarmiento

16 Dic. 09

"La democracia es el peor de los sistemas políticos, excepto por todos los demás".

Winston Churchill

Me parecen razonables la mayoría de las propuestas de reforma política que ayer anunció el presidente Calderón. Mi cuestionamiento más importante no radica en el contenido de la iniciativa sino en la duda de por qué esperó hasta el cuarto año de gobierno para presentarla, en un momento en que la bancada del PAN en la Cámara de Diputados se ha visto considerablemente mermada tras las elecciones de julio pasado. Cómo olvidar, por otra parte, que el Presidente ya aprobó y respaldó una reforma electoral en 2007. Qué absurdo que dos años después quiera empezar a hacer una verdadera reforma.

La reelección consecutiva de dipu- tados y senadores es importante. No generará milagros, porque por sí sola y en el corto plazo no puede mejorar la calidad de la clase política, pero por lo menos puede aumentar la rendición de cuentas de los legisladores ante los ciudadanos en lugar de ante los líderes de los partidos políticos. La reelección de los presidentes municipales es también crucial. Los actuales tres años simplemente no son suficientes para lograr las transformaciones que necesitan nuestras ciudades.

La disminución de 100 diputados y 32 senadores es también una medida positiva. El exceso de legisladores no ha aportado nada bueno a nuestro Congreso, pero sí ha sumado costos a los contribuyentes. Aumentar de 2 a 4 por ciento el porcentaje de votos para mantener el registro de un partido me parece correcto. También es razonable que los ciudadanos y la Suprema Corte de Justicia puedan presentar iniciativas legislativas.

Las candidaturas independientes son indispensables. No es posible que el actual sistema nos impida a la enorme mayoría de los ciudadanos, que no somos miembros de ningún partido político, aspirar a cargos de elección popular.

La segunda vuelta no resolverá las disputas postelectorales. Andrés Manuel Lopez Obrador habría desconocido una derrota en segunda vuelta al igual que en una en primera. Esta doble ronda, por otra parte, nos costará bastante más dinero a los ciudadanos, que ya pagamos unas elecciones exageradamente caras.

El que el Presidente tenga una facultad acotada, limitada a dos ocasiones en cada periodo, de presentar iniciativas preferentes, que deban ser dictaminadas y votadas a favor o en contra por el Congreso, es también una petición sensata. Estoy de acuerdo también con dar al Presidente la facultad de hacer observaciones totales o parciales de las iniciativas aprobadas por el Congreso y en especial del Presupuesto de Egresos. No se puede pedir a un Presidente que administre un presupuesto con el que no esta de acuerdo y al que no le ha podido siquiera hacer modificaciones.

Creo que hay muchas otras reformas que deberían considerarse. Yo en lo personal estaría a favor de que se eliminaran las restricciones a la compra de espacios de radio y televisión por particulares para expresar ideas políticas y la prohibición a las campañas negativas. De hecho, preferiría un sistema electoral cuyos costos no se le cargaran al contribuyente como el que tenemos en la actualidad.

Reconozco, sin embargo, que las propuestas del Presidente representarán un paso adelante en la construcción de un sistema político más sano. Nuevamente me pregunto, sin embargo, por qué el Presidente no impulsó este paquete de propuestas desde el primer momento en lugar de permitir que se aprobara el engendro del 2007.

Reformas de fondo

Tanto Standard & Poor's como Fitch Ratings tienen razón. El gobierno y el Congreso no han hecho las reformas de fondo que permitirían a México tener un crecimiento económico sostenido. Así como en política ha sido necesario proponer una nueva reforma después de la de 2007, en energía necesitamos también una reforma en serio porque que la del 2008 es insuficiente. Y en lo fiscal, las misceláneas de 2007 y 2009 ni siquiera tocaron el meollo del problema.

www.sergiosarmiento.com

COORDENADAS

Scrooge y nosotros

Enrique Quintana Escucha su PODCAST

16 Dic. 09

Hace un año pensábamos que no iba a haber una peor Navidad que la de 2008. Hoy sabemos que no es así

Al celebrar hace 12 meses, estábamos entrando a una era de incertidumbre y nos deslizábamos a la peor recesión que hubiéramos vivido.

Entre noviembre y diciembre del año pasado se perdieron 386 mil puestos de trabajo y la situación se veía desastrosa para miles de familias.

El índice de confianza de los consumidores cerraba el año pasado con un desplome de 10.6 por ciento. Y lo peor es que no se veía ninguna luz al final del túnel.

Hoy pareciera que las cosas debieran ser diferentes.

Si bien no estamos en jauja, en casi todo el mundo hay signos de que ya hubo un cambio de tendencia. La crisis financiera parece haber llegado al fondo.

En México el empleo ha empezado a crecer, y de julio a noviembre ya se han creado 321 mil empleos formales y ha bajado el temor de perder el trabajo.

El índice de confianza de los consumidores llegó a su piso en mayo y no ha caído más bajo.

Aunque de manera moderada, variables como el Indicador General de Actividad Económica o la producción industrial ya van en ascenso.

Pero, con todo y todo, probablemente ésta vaya a ser la peor época navideña de muchos años.

La razón es que los fantasmas que visitaron a Scrooge también vinieron a vernos.

Recorrimos las Navidades pasadas y nos dimos cuenta de todas las oportunidades que hemos perdido en el País.

Si hace dos o tres décadas hubiéramos hecho una reforma fiscal en serio, seguramente no habría incrementos de impuestos, sino como en muchos lugares del mundo civilizado, tendríamos una reducción de la carga impositiva.

También nos dimos cuenta de que si en aquellos años hubiéramos sido más audaces y se hubiera abierto la industria petrolera, quizás hoy Pemex, fuera una empresa líder y celebraríamos los incrementos en la producción mes con mes.

Como en la historia de Dickens, el fantasma de las Navidades futuras también se nos hizo presente.

Vimos de golpe cómo sería nuestra nación dentro de dos décadas si seguimos con la clase política que tenemos hoy.

Nos vimos reflejados en la tragedia que viven algunas naciones africanas o asiáticas, porque en América Latina ya van quedando muy pocos con los cuales compararnos, por lo menos en la tendencia.

En nuestro viaje al futuro vimos a una población mexicana con una proporción cada vez mayor de individuos de la tercera edad, sin pensión y sin servicios médicos; con un gobierno que ya no obtiene recursos ni para pagar sus quincenas, pero que inventa impuestos a cada momento. Vimos una nación importadora de crudo, pero en la que algunos nostálgicos todavía celebran el 18 de marzo.

Finalmente, no podía faltar el fantasma que nos reveló el presente.

Nos pintó la realidad de que hoy existen cerca de 300 mil personas que no tienen trabajo, y que hace un año, pese el arranque de la crisis, sí lo tenían.

Nos llevó a un largo viaje a Brasil para ver un país con liderazgo, en la vitrina mundial, con el personaje del año y próximos a organizar las Olimpiadas y el Mundial; una nación con la expectativa de convertirse en una de las potencias del nuevo siglo.

Así que, como puede darse cuenta, los fantasmas que nos vienen a ver, hacen que sea muy difícil mantener el espíritu navideño, por más que la historia clásica nos diga tras esos recorridos que hay que salir corriendo a alegrarnos y a celebrar.

enrique.quintana@reforma.com

Tan cerca de EU, tan lejos de China

Colaborador Invitado

16 Dic. 09

Enrique Dussel Peters

Según la información del Banco Mundial hasta 2008, el PIB per cápita de Estados Unidos es de más de 38 mil dólares y el de China cercano a los 2 mil dólares. En México, es de casi 7 mil dólares por habitante. ¿Tendemos en el largo plazo a acercarnos a las condiciones de crecimiento -y de vida- de China o de Estados Unidos o incluso de otros países europeos?

En términos técnicos, la teoría económica preponderante pareciera destacar la capacidad de los países de efectivamente lograr un acercamiento entre los más pobres y de mayor desarrollo. El caso de Asia es paradigmático: en los últimos 30 años Asia y, particularmente China, ha logrado cerrar las diferencias en el crecimiento económico y en la disminución de la pobreza con los países de mayor crecimiento. Mientras que las "economías avanzadas" crecerán este año un -3.4 por ciento, las economías en desarrollo de Asia lo harán en un 6.2 por ciento y China un 8.5 por ciento. ¿Y América Latina y México? Crecerán en 2009 en un -2.5 por ciento y -7.3 por ciento, respectivamente. Es decir, se perfilan muy diferenciados procesos entre continentes.

En México hemos sido testigos de nuevos cambios en el gabinete económico, pero en general se percibe una clara "estabilidad": el mismo grupo de macroeconomistas se "recicla" en diversos altos puestos desde finales de la década de los ochenta. Secretarios de Hacienda se convierten en Gobernadores del Banco de México; subsecretarios de la SHCP y del IMSS en altos funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo y de la iniciativa privada; el "reciclaje" entre subsecretarios, universidades privadas y consultorías resultaría interminable. Sin embargo, es relativamente pequeño. El planteamiento de esta nueva clase política en torno a la ineficiencia del sector público no resulta ética, considerando que en los últimos 20 años se ha beneficiado en sus diversas funciones.

Más allá de cuestionamientos éticos y políticos, esta nueva clase política de macroeconomistas no ha logrado un mínimo proceso de aprendizaje y ha sido probablemente una de las principales causas de la actual condición económica del País.

Este pequeño y muy coherente grupo de macroeconomistas en México ha logrado que el País no busque opciones económicas y se enfrente sólo a aparentes "necesidades". México, en 2009, es una indiscutible excepción: sin paquete anticíclico ni fiscal crecerá al -8 por ciento, a diferencia del 8 por ciento de China, por ejemplo.

A inicios del Siglo 21, México está ante profundas alternativas: ¿Cuándo empezaremos un debate efectivo -académico, pero con énfasis en políticas económicas y sociales- en torno a las diferencias y alternativas de política económica tomadas en Estados Unidos y en China? Y si buscamos una atracción de inversión extranjera directa en México con base en una estrategia de corto, mediano y largo plazo, ¿cómo justificamos el cierre de las oficinas de ProMéxico en China?

Las élites políticas y económicas en México están "hechas bolas" y no han tomado con seriedad que las decisiones son "glocales" -globales y locales- y dinámicas: no es posible entonces caer en dogmatismos macroeconómicos de un pequeño grupo de funcionarios que ha logrado vender sus recetas a varios partidos políticos.

¿Estamos entonces cercanos a Estados Unidos y China en términos del PIB per cápita en 2009? No, nuestra élite de macroeconomistas nos indica que estamos "mucho más allá" que ambos: en 2009 la diferencia entre China y México en términos del PIB sólo será de signo + y - 8 por ciento. ¿Hasta cuándo? Ayer se planteaba que estábamos "tan cerca de Estados Unidos", ¿mañana nuestras élites económicas y políticas dirán que estamos "tan lejos de China"?

Profesor del Posgrado en Economía de la UNAM. Coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM http://dusselpeters.com

Balance 2007 -2009

Colaborador Invitado

16 Dic. 09

Jorge Álvarez Hoth

Cuando empezó la Administración del Presidente Felipe Calderón y se supo del nombramiento de Luis Téllez como Secretario de Comunicaciones y Transportes hubo un reconocimiento generalizado del sector a la trayectoria público-privada del nuevo Secretario.

La incógnita fue sobre quiénes lo acompañarían en el encargo. El mismo Doctor Téllez cuestionaba cómo integrar de la mejor manera posible su equipo, mismo que en el sector de las comunicaciones y los medios le dio más problemas que soluciones durante su gestión.

El resto ya es historia, y después de infinidad de peripecias y desatinos, sus colaboradores lograron lo casi impensable: que todos los actores relevantes del sector estuvieran en contra del Secretario y que al final de cuentas fuera él quien asumiera un enorme costo político.

Estoy convencido de que el Secretario Téllez nunca pudo integrar libremente a su equipo para la Subsecretaría de Comunicaciones y que sufrió a Rafael del Villar, quien no por honesto intelectual resulta competente para tal encargo (u otros de carácter ejecutivo, ya que la realidad es más necia que su mundo personal) y posteriormente enfrentó a Purificación Carpinteyro, quien también fue una designación que vino de fuera.

Sea como sea, su gestión en el sector de los medios y telecomunicaciones concluye en el escándalo en marzo de 2009 con un solo resultado concreto: su Subsecretario Del Villar y su Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Gonzalo Martínez Pous, se fueron de Comisionados a Cofetel, producto de un largo proceso litigioso para destituir a otros dos comisionados que ocupaban esos puestos. El sector, mientras tanto, en el estancamiento absoluto.

Al asumir el Secretario Juan Molinar Horcasitas la SCT se encuentra con un sector en esas condiciones y empieza a buscar las vías para desatorar los pendientes y recomponer el ambiente.

A partir de ahí se inician propiamente los trabajos para avanzar en la promoción y regulación constructiva del sector y se empiezan a dibujar los proyectos a impulsar en materia de convergencia, cobertura y competencia, con la desventaja de haber iniciado con retraso, además de la curva de aprendizaje que les requiere la SCT.

Si hacemos un recuento de los pendientes no atendidos y con ello una lista de cosas a resolver durante 2010, tenemos:

1.- Los refrendos vencidos de la radio que a la fecha alcanzan 150 y que en la modalidad de licitación son inaceptables para la industria de la radio y de la televisión.

2.- La modernización de la radio AM hacia la FM, que por vía del acuerdo secretarial para el cambio de frecuencias autorizadas en estas bandas, del 15 de septiembre de 2008, se intentó solucionar, sin éxito, dado que dicho acuerdo está destinado al fracaso por improcedente legal y comercialmente.

3.- La digitalización de la radio del País, que lleva atorada los últimos 3 años.

4.- La real convergencia de los servicios de medios y telecomunicaciones conforme lo señalado en el Acuerdo de Convergencia publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de octubre de 2006. Se ha estado deteniendo artificialmente la autorización para que la red pública de telecomunicaciones con mayor cobertura y penetración, explotada por Telmex, brinde el triple play, lo que constituye el único caso en los países miembros de la OCDE.

5.- La publicación de las bases de licitación de las bandas del espectro de 1.9 GHz y 1.7 GHz, así como la publicación de la convocatoria y bases de licitación de las bandas 3.4 a 3.7 GHz, 410 a 430 MHz y 71 a 76 GHz, según el programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados publicado el 18 de octubre de 2007, hace ya dos años y dos meses.

6.- La publicación de la convocatoria y bases de licitación de dos pares de fibra oscura hoy propiedad de la CFE, con miras a intensificar la competencia en el sector.

7.- La consolidación de 65 áreas de servicio local (ASL), como ya fue ratificado por el Poder Judicial de la federación.

8.- Solución a los refrendos pendientes y el plan de política pública para la banda de los 2.5 a los 2.7 GHz.

9.- El desarrollo de las siguientes fases de los programas de cobertura social y penetración de servicios de telecomunicaciones, a través del Fondo de Cobertura Social y la iniciativa e-México, de los cuales no se sabe nada a la fecha.

Como se puede observar, la lista es extensa y el tiempo apremia, ojalá que en esta ocasión el Secretario cuente con un equipo que le sume y no le reste, independientemente de que haya sido seleccionado o no por él.

En otros asuntos: nuestro más sentido pésame al senador Jorge Mendoza por el fallecimiento de su señor padre. Sabedores de las capacidades de Jorge, sólo nos resta enviarles a él y a toda su familia nuestros mejores deseos.

El autor es presidente del Grupo Alcance, Desarrollo y Negocios y especialista en medios y telecomunicaciones. jorge@jalvarezh.com

CAPITANES

16 Dic. 09

Gas-tando el Tiempo

Si Rex Tillerson tiene razón, entonces, México... tenemos un problema.

Como usted sabe, esta semana Exxon Mobil, la gigante petrolera a su cargo, divulgó la compra de XTO Energy, de Bob Simpson, una compañía relativamente pequeña por la que pagó... ¡31 mil millones de dólares!

Ese monto es equivalente a los dólares que recibe el País por el turismo extranjero... pero en 3 años.

Lo hizo, obvio, porque apuesta a que la especialidad de su nueva subsidiaria es el futuro.

XTO es experta en extraer gas natural, un combustible que por ser mucho más limpio que el petróleo, se convierte rápidamente en un valioso bien en este mundo cada vez más preocupado por el ambiente.

Además, esa compañía extrae gas natural proveniente de inmensas rocas subterráneas, tan duras, que antes fueron inaccesibles.

Si como piensan en Exxon, la demanda de gas natural crecerá y cada vez será más caro extraerlo, urge moverse en la dirección correcta.

La producción de ese hidrocarburo en Pemex alcanzó un pico en diciembre de 2008, que no ha podido alcanzar nuevamente.

La paraestatal a cargo de Juan José Suárez Coppel argumentó que no es costeable producirlo bajo el régimen fiscal actual y por eso le bajó a su ritmo.

Para colmo, las reservas siguen a la baja. En 24 meses contados hasta enero cayeron 7 por ciento.

Si para un monopolio con clientes cautivos no es atractivo producir gas natural en México y su negocio se hace chiquito, hemos llegado al colmo petrolero.

Terminaremos comprándole gas caro a Exxon y a quien quiera vendérnoslo, pero eso sí, el gas enterrado seguirá siendo ¡muy mexicano!

Circo Energía

Si leyó lo anterior, no guarde usted muchas esperanzas de cambio. Ayer, los priistas hicieron otro berrinche.

El lunes quedó instalado el Foro Consultivo energético.

Se trata de uno de muchos grupos de pensadores con los que cuenta Pemex.

Su función, o al menos lo que promete, es operar como un órgano permanente de consulta del Consejo Nacional de Energía, que a estas alturas vaya usted a saber para qué sirve también.

El citado foro debe diseñar la estrategia nacional de energía de largo plazo en un documento que presentará la Secretaría de Energía antes de febrero del próximo año.

Así que la titular de esa dependencia, Georgina Kessel, citó a reunión al grupo en cuestión.

Así que la farándula priista confirmó, pero no llegó.

Francisco Labastida, presidente de la Comisión de Energía en el Senado; Fidel Herrera Beltrán, coordinador del grupo de Energía de la Conago, y Rosario Castro Lozano, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación de Municipios de México y actualmente alcaldesa de Naucalpan, simplemente plantaron a la concurrencia.

Si ha escuchado usted la radio, sabrá la razón.

En un spot, el PRI presume la reforma petrolera casi como el remedio de todos los males de México.

Al mismo tiempo, los panistas reconocen la mediocridad en la que incurrieron y se dan golpes de pecho con una supuesta nueva iniciativa petrolera que ahora sí revolucionará al sector.

¿Cuándo haremos cambios en serio?

Plataforma de Nunca Acabar

Si es usted de los que pagan impuestos y consulta su situación fiscal en la página del SAT, seguramente sabrá que hay algo que se llama Plataforma. Se trata de un cambio informático que se dio el sistema de cobro de impuestos en México y que nos costó algo así como 80 millones de dólares.

El desarrollo estuvo a cargo de Oracle, que lleva en México Horacio Fernández.

Esta accidentada historia comenzó en 2006 y 3 años después sigue con traspiés.

Nos dicen que sólo puede ser usada simultáneamente por unos 5 mil contribuyentes.

El problema son los ocurrentes cambios de nuestros ocurrentes gobernantes, pues con los nuevos impuestos que en los últimos años se han diseñado como el IETU, el IDE o ahora el IEPS a las telecomunicaciones, no hay sistema que jale y la Plataforma sigue "cayéndose" cuando la demanda es muy grande.

Imagine ahora que nos amenazan con una nueva reforma fiscal el año que viene. Nada más falta que nos digan que el sistema ya se quedó obsoleto y hay que invertirle otros millones de dolarucos para ponerlo al día con los que cambios que vienen.

Dos Raseros

Este mes se cocina otra fusión de medios muy importante en Estados Unidos.

Comcast, que comanda Steve Burke y controla la mitad de la televisión por cable en Estados Unidos, comprará el control de la NBC, propiedad de GE, de Jeff Immelt.

Se trata de la principal cablera de Estados Unidos, que compra a una de las principales cadenas productoras de televisión en ese país.

Una de las razones, dicen, estuvo en el hartazgo de Burke al darse cuenta de que llegó a pagar 14 dólares por cada uno de sus suscriptores a una conocida cadena deportiva.

Pero hay quien dice que no debe darse como consumada la fusión, pues hay debate respecto a si los reguladores den el visto bueno a que una sola empresa se quede con la transmisión y la producción, como lo haría Comcast.

¿Vería usted a alguien debatiendo en México ese hecho? Es pregunta.

Héctor Slim...

El capitán de Telmex puede celebrar un comparativo de tarifas cuyo resultado le favorece ampliamente. La consultora Teligen lo nombró el operador de telefonía fija residencial, de uso medio y alto, con los costos más baratos en dólares, entre los miembros de OCDE. Teligen es parte de Strategy Analitics, con oficinas en EU, Europa y Asia.

capitanes@reforma.com

REVISTA PROCESO No. 1728

Michoacán: Parte de guerra: un desastre nacional

Jorge Carrasco Araizaga y Francisco Castellanos J.

Cuando Felipe Calderón lanzó los primeros operativos militarizados contra el narcotráfico, parecía exagerado que utilizara la palabra “guerra”. Ahora, casi tres años y miles de muertos después, vastas zonas del país se convulsionan en una verdadera guerra intestina. Y como en todo conflicto armado, la sociedad paga su tributo de sangre a los combatientes, como en Nuevo León, o ve disminuidos sus derechos, como en Ciudad Juárez, o bien se queda sin opciones políticas para fortalecer su representación democrática porque los procesos electorales y las estructuras de gobierno están infiltradas por el narco, tal como sucede en Tamaulipas y en Michoacán. Precisamente en esta entidad, donde Calderón “llevó el barco hacia la tormenta”, como dice su correligionario Manuel Espino, varios ayuntamientos han sido descabezados por el gobierno federal debido a los presuntos nexos de sus funcionarios con el narco, o bien éste los ha expulsado por la fuerza.

TANCÍTARO, MICH.- En tres años de la llamada guerra del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico, este pueblo enclavado en la meseta purépecha pasó del orgullo al terror.

El pasado viernes 4 de diciembre, el poder formal sucumbió ante el poder fáctico cuando las autoridades del ayuntamiento –encabezadas por el alcalde perredista José Trinidad Meza Sánchez– abandonaron sus cargos y junto con los policías municipales huyeron del pueblo, amenazados por la delincuencia organizada.

Durante una semana hubo vacío de poder. El cabildo dejó de operar, el Ejército resguardó la sede del ayuntamiento, la Policía Estatal Preventiva vigiló la cabecera municipal y la población se quedó en la incertidumbre.

Aunque el Congreso del estado encontró una salida institucional al designar, el viernes 11, un concejo con seis lugareños que se encargarán de la administración, el municipio se quedará sin presidente, síndico y regidores hasta que se renueve el poder, en 2011.

Restablecida la autoridad en este municipio, reconocido por su producción aguacatera y maderera, sus habitantes saben que siguen a merced de la delincuencia organizada. Las extorsiones y las desapariciones se suceden desde hace tiempo en la comunidad. “El terror no se ve, pero se siente; y en esta realidad la autoridad municipal es lo de menos”, dice un profesor.

Sin precedentes en el país, la renuncia del cuerpo edilicio en Tancítaro fue la más reciente expresión del fracaso del gobierno federal en su estrategia contra el narcotráfico, inaugurada por el propio Calderón en Apatzingán en enero de 2007, cuando acudió a la 43 Zona Militar vestido con una holgada casaca castrense y un kepí bordado con las cinco estrellas de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

En la carta que entregaron al Congreso para formalizar su dimisión, los exfuncionarios municipales no dejaron dudas: no hay condiciones para ejercer como autoridades locales “a pesar de la presencia que tienen las fuerzas federales, estatales y municipales de seguridad pública, así como elementos del ejército mexicano (sic) dentro del Municipio”.

Por primera vez un gobierno local reconoce oficialmente los resultados adversos del Operativo Conjunto Michoacán, centrado en el despliegue de fuerzas ordenado por Calderón en su estado el 11 de diciembre de 2006, a la semana de haber asumido el poder.

Desde entonces, la entidad se ha convertido en escenario de acontecimientos que no se conocían en el país: atentados terroristas, humillaciones a las fuerzas federales, detenciones de alcaldes y violencia exacerbada que cada vez afecta más a la población civil y que ha dejado miles de personas ejecutadas, heridas, secuestradas o amenazadas.

El más grave de esos hechos hasta ahora es el atentado terrorista contra la población civil en la capital del estado, en plena celebración del Grito de Independencia. El 15 de septiembre de 2008, presuntos miembros de la organización paramilitar conocida como Los Zetas arrojaron dos granadas contra la multitud reunida en la plaza Melchor Ocampo, en el centro histórico de Morelia. El ataque dejó nueve muertos y 137 heridos.

La población civil también ha quedado en medio de refriegas. Tan sólo la semana pasada, dos personas murieron en Morelia al quedar en el fuego cruzado, cuando un comando armado atacó con granadas y armas de alto poder dos hoteles donde están instalados agrupamientos de la Policía Federal (PF). Ante ello, el gobierno de Leonel Godoy busca que los policías federales salgan de las zonas urbanas del estado y se instalen en hoteles ubicados sobre las carreteras.

Más aún, el secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, dice en entrevista que la autoridad federal “debe revisar su estrategia para encontrar mecanismos más eficaces y eficientes que no alarmen tanto a la sociedad”.

Federales bajo fuego

La violencia ya derivó también en una reorganización de las facciones delictivas. La organización conocida como La Familia Michoacana, a la que el gobierno de Calderón caracterizó como la más violenta y peligrosa del país, restableció sus lazos con el cártel del Golfo para enfrentar a las fuerzas federales y a Los Zetas, el grupo con el que se disputa el control del estado. Según los informes policiales conocidos por Proceso, la nueva alianza se hace llamar La Resistencia.

En 16 mantas que aparecieron la primera semana de diciembre en 11 municipios, La Familia Michoacana acusó a la PF de proteger a Los Zetas.

Según la versión obtenida por este semanario, La Resistencia pretende desconocer el liderazgo de Nazario Moreno, El Chayo, operador de La Familia que se opone a restablecer la relación con el cártel del Golfo, pactada hace unas semanas en Charapendo, una pequeña comunidad de la Tierra Caliente, en los límites con Tancítaro.

Lejos de tomar el control, el gobierno federal incrementó la violencia en el estado y exhibió la improvisación y vulnerabilidad de las corporaciones policiacas. Las cifras oficiales indican que en los últimos tres años se han registrado mil 506 ejecutados y 544 levantados en la entidad.

Esas cifras son conservadoras. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del estado, en los últimos tres años 1.4 personas han sido ejecutadas cada día. Los datos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) mencionan por lo menos el doble, lo que hace a la entidad una de las más violentas en el país.

En el caso de los secuestrados, el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) tiene registrados 544 casos entre 2006 y 2009; pero la cifra negra estimada por el mismo organismo es de 2 mil 49, casi cuatro veces más de lo que se reconoce.

Entre las víctimas ejecutadas y desaparecidas destacan elementos de la PF, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública federal, a cargo de Genaro García Luna. Tan sólo la semana pasada seis de sus efectivos fueron asesinados, 23 heridos y siete levantados en ataques adjudicados a La Familia. En menos de 48 horas, entre el miércoles y el jueves, se registraron ocho ataques contra la PF: uno en Apatzingán, dos en Morelia, tres en Lázaro Cárdenas, uno en Tumbiscatío y otro en Pátzcuaro.

Fue la segunda andanada contra los federales en el año. En julio, una veintena de elementos de la PF fueron ejecutados en 10 demarcaciones. El ataque más humillante se registró el 11 de julio, en la autopista Siglo XXI, que conduce a Lázaro Cárdenas, en el sitio conocido como Nuevo Centro, donde fueron apilados 12 cuerpos de integrantes de la corporación, que mostraban evidencias de tortura.

En la mañana del viernes 11, en la Ciudad de México, el jefe de la Sección Tercera de la PF, Ramón Eduardo Pequeño García, intentó minimizar la nueva embestida al asegurar que se trató de una “respuesta desesperada” de la organización delictiva ante las acciones del gobierno federal en la entidad.

Facundo Rosas, comisionado de la PF, negó a su vez que los ataques hayan sido una represalia por un supuesto intento de la fuerza federal de capturar a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, quien en una declaración a una televisora de Morelia, el 24 de julio pasado, propuso al gobierno de Calderón un pacto para reducir la violencia en Michoacán.

Poderes en fuga

Más agraviante todavía para la estrategia del gobierno federal fue el secuestro y asesinato de los policías federales que se harían cargo de la seguridad pública en Ciudad de Hidalgo, uno de los nueve municipios cuyos presidentes fueron detenidos en mayo pasado por el gobierno de Calderón en medio del proceso electoral. El oficial al mando, junto con sus escoltas, fue levantado en la sierra de Huajúmbaro, al oriente del estado, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

La llegada de los nuevos jefes de Seguridad Pública fue acordada por el gobierno de Godoy con el de Calderón. Hasta ahora, los federales ya están a cargo en Uruapan, Zitácuaro, Arteaga y Lázaro Cárdenas. Aún faltan Tumbiscatío, Múgica, Tepalcatepec y Apatzingán.

La designación de esos mandos municipales por el gobierno federal es interpretada en el estado como un experimento de García Luna para echar a andar su propuesta de federalizar las policías municipales.

La agresión de la semana pasada a la PF ocurrió en momentos en que el poder del narcotráfico se expresaba con todo su poder en Tancítaro. “A diferencia de las presiones que ejercía para controlar las policías municipales, lo ocurrido en ese municipio demuestra que ahora la delincuencia organizada va por el control de la administración local”, expresa el dirigente de un partido, que habla sólo a condición de que no se publique su nombre.

Un año antes de concluir su gestión, el presidente municipal, el síndico y los siete regidores –que habían asumido sus cargos el 1 de enero de 2008– presentaron ante el Congreso del estado su renuncia “voluntaria” con carácter de irrevocable y solicitaron la desaparición del cabildo.

En una carta enviada al Congreso, explicaron su decisión: “La hemos tomado en razón de que no existen condiciones para seguir desempeñando nuestra función como autoridades municipales, debido a algunos acontecimientos suscitados y que pudieran atentar contra la integridad física de quienes suscribimos este documento”.

El temor alcanzó también a las autoridades suplentes. De los nueve que debían asumir puesto que fueron registrados como sustitutos, sólo cuatro terminaron por aceptar: Gustavo Sánchez Cervantes, quien representará al concejo municipal; Margarita Soriano Pantoja, que será la representante jurídica, así como Jessica Judith Cortés Magaña y Noé Sánchez Espinoza.

Para completar el concejo fue necesario integrar a dos habitantes del municipio: Arturo Calderón Sánchez y Rosario Rico Verduzco. Son representantes del PRD, el PT y el PRI. El PAN se negó a sumarse, a pesar de que contaba con un regidor en el ayuntamiento. Los legisladores estatales se negaron a declarar la desaparición del ayuntamiento, pero no lo fundamentaron en su decreto.

No conformes con expulsar a la autoridad mediante la coerción, los narcotraficantes buscaron incorporar a uno de sus representantes en el concejo municipal. Éste, al final, se integró sólo con seis de los nueve miembros previstos en la Constitución local y cuyos antecedentes fueron revisados por el gobierno de Godoy.

La renuncia del cabildo, recibida por el Congreso en una sesión extraordinaria la noche del viernes 4, coronó las acciones del narcotráfico en esa zona de la Sierra Madre Occidental.

De ser conocida como “la auténtica capital mundial del aguacate” y tener el reconocimiento internacional por la explotación controlada de la madera, Tancítaro se convirtió en reserva estratégica para la delincuencia organizada por su posición privilegiada entre distintos municipios.

Además, los narcotraficantes adquirieron huertas de aguacate para instalar laboratorios donde procesan drogas sintéticas. En lo que va del año, efectivos de la 43 Zona Militar han asegurado y destruido por lo menos seis de esas fábricas clandestinas en Tancítaro y sus alrededores.

Las presiones del crimen organizado en Tancítaro comenzaron desde el año pasado. En septiembre de 2008, comandos armados emboscaron y ejecutaron a siete policías municipales en la comunidad de Pareo. Y en marzo de este año se registró un duro enfrentamiento en el centro de la cabecera municipal. Durante cuatro horas, policías municipales de Apatzingán, Peribán, Los Reyes y San Juan Nuevo, apoyados por el Ejército y la Policía Federal, se enfrentaron a grupos armados.

Tras el choque, un enfermero, un médico y un empleado administrativo de la Unidad Médica 54 del Seguro Social fueron secuestrados por los delincuentes. El médico quedó cautivo durante varios días para atender a los pistoleros heridos. Todavía más grave fue el asesinato, ese mismo mes, del secretario del ayuntamiento, Gonzalo Paz Torres.

En junio, cuatro policías federales fueron asesinados en una emboscada. En octubre, un comando atacó dos patrullas con granadas de fragmentación y armas largas, ocasionando heridas a dos policías municipales. El detonante de la renuncia fue el secuestro, el 30 de noviembre, de familiares del síndico y del secretario. El cabildo renunció a condición de que los liberaran.

Ciudad Juárez: La estrategia, costoso capricho personal

Álvaro Delgado

Aunque Felipe Calderón no quiere escuchar críticas, el exdirigente del PAN Manuel Espino insiste en que la estrategia militarizada contra el narcotráfico parece un instrumento político o una “prótesis emocional”, más que una decisión de Estado. Por eso, dice, la oleada de violencia que asuela al país, y sobre todo a Ciudad Juárez, es responsabilidad directa del gobierno federal. Incluso le atribuye a la ineficiencia oficial lo que pueda ocurrirle a su familia, víctima –afirma– de extorsión y amenazas.

Ante la violencia desbordada en vastas zonas del país, con más de 16 mil muertos en tres años, la multiplicación del secuestro y la extorsión, así como la proliferación de quejas por violación a derechos humanos por las fuerzas castrenses y policiacas, Manuel Espino no vacila: el plan de “guerra” del gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado es un completo fracaso.

“Es una estrategia fallida a nivel nacional”, enfatiza el expresidente del Partido Acción Nacional (PAN), quien advierte que el empecinamiento de Calderón de mantener el mismo plan es suicida.

“Es una estrategia fallida, pero si se sostiene será una estrategia suicida, porque se sabe de antemano que no funciona”, subraya Espino. “Es una estrategia que no tiene sustento en una labor de inteligencia y en una evaluación previa de las causas del problema. Más parece una prótesis política que una decisión de Estado”.

–¿Qué quiere decir con esto?

–Que con ello el gobierno se pretende justificar políticamente.

Añade: “Defiende a ultranza una estrategia que más bien parece justificación política, más bien parece tener orientación política-social y más bien parece ser el capricho del que gobierna, que la decisión de un estadista”.

Espino explica que el uso del Ejército Mexicano en la “guerra” contra el crimen organizado, que no les es propia, no sólo ha generado quejas –“reales y supuestas”– de violaciones a los derechos humanos, sino que ha sometido “a un severo desgaste” a la institución.

Parafraseando al general prusiano Carl von Clausewitz, un clásico de la estrategia militar, expone: “¿Estamos ante una guerra que es la continuación de la política por otros medios? ¿Al combatir el narcotráfico se persiguen también objetivos políticos? Sería muy grave que resultara cierta esa tesis, tan frecuentemente esgrimida y que cada día cobra mayor sentido”.

Censura: “No se pueden usar las armas como herramienta política o como prótesis emocional. El riesgo es máximo. Es prudente, urgente e imperativo dar a las Fuerzas Armadas su lugar en el recto orden del Estado, para que puedan seguir contribuyendo a crear un México más seguro, con respeto a la dignidad de las personas y justicia para todos”.

Y advierte: “De cara a 2010, en el que ya muchas voces advierten la amenaza de brotes subversivos, es imperativo contar con Fuerzas Armadas respaldadas por la confianza y la aprobación de la ciudadanía. Sólo así los hombres de armas podrán cumplir cabalmente con su papel constitucional primordial. Si el Ejército no militariza la política, el gobernante no debe politizar a los militares”.

En entrevista con Proceso, el jueves 10, dos días después de que difundió una carta abierta dirigida a Calderón para exigirle que “asuma su responsabilidad de la tragedia en Ciudad Juárez”, Chihuahua, porque “estamos ante una guerra fallida (y) ante un estéril derramamiento de sangre”, Espino afirma que la violación de derechos humanos por parte de elementos del Ejército es “porque los fueron a meter a un terreno que no les es propio”.

Pero además, como ocurre en Juárez, la presencia del Ejército es sólo “escenográfica” porque, en vez de inhibir, ha estimulado las conductas criminales, como la extorsión de la que ya es víctima su propia familia que, el viernes 4, fue amenazada de sufrir secuestro si no cumplía con el pago de 2 mil dólares mensuales.

“La gente lo ve como un desfile. El convoy de vehículos de soldados o de policías federales por las calles principales de la ciudad es un desfile de carros alegóricos. Eso no da un solo resultado. La presencia militar ha sido eso: escenográfica, es parte de la escenografía de Juárez ver patrullas de soldados o policías por aquí y por allá. Desfiles nada más, transitan las calles.”

–Y por las calles transitan, impunes, los criminales…

–Por supuesto.

Calderón y el repudio

Indignado porque tras la carta abierta y la marcha de miles de juarenses, el domingo 6, Calderón se pronunció por “desoír las voces que ingenuamente pretenden que simplemente el Estado se retire de esa lucha, como si esos problemas se fuesen a solucionar por arte de magia”, Espino califica de frívola e irresponsable esa expresión.

“Primero, porque se elude reconocer que hay una estrategia fallida, porque no fue acertado ordenar a los militares ejercer funciones que no les son propias –y no ha fallado el Ejército, sino el que diseñó la estrategia de confrontación–, y luego porque nadie ha hablado de que se retire el Ejército. Si al revisar la estrategia se sugiere su presencia permanente, está bien, pero que se definan sus funciones.”

Y advierte: “Frente a esta indiferencia, frente a este desoír a los que considera ingenuos y que estamos siendo víctimas de la violencia en Ciudad Juárez, de aquí en adelante lo que ocurra en Ciudad Juárez debe ser responsabilidad directa del gobierno de México. Y digo esto muy suavecito: Si algo le ocurre a alguien de mi familia, hago responsable al gobierno de México”.

–¿Directamente a Calderón?

–Por supuesto.

Espino, quien asegura que muchos panistas opinan igual que él pero no lo expresan por temor a las represalias de los allegados a Calderón, reconoce que el gobierno federal no sólo ha fracasado en la “guerra” contra el crimen organizado, sino en otros ámbitos de la vida de México.

Pone como ejemplo la política social, con el aumento de 6 millones de pobres, la política económica con el aumento de impuestos y “la pérdida impresionante” de empleos, que fueron banderas de campaña de Calderón, y la política educativa en manos de Elba Esther Gordillo:

“No me siento orgulloso de los resultados del gobierno federal. No me siento orgulloso de tener una Secretaría de Educación Pública sometida a alguien que no es del PAN y que no ha sido una persona que haya contribuido al desarrollo democrático de México.”

El controvertido político duranguense, que inició su carrera política en Chihuahua y tiene su domicilio político en Sonora, insta a Calderón a corregir el rumbo. “No quiero que termine repudiado”.

Y advierte: “Si el presidente no corrige el rumbo, terminaremos con el barco hecho pedazos. Él ya dijo que no es responsable de la tormenta, del huracán, de la borrasca, que sólo es responsable del timón. Sí, pero quien es responsable del timón es responsable de dónde se mete el barco. La tormenta no vino a nosotros, fuimos a la tormenta y esa es responsabilidad del que tiene el timón en la mano”.

No a elecciones en Juárez

Desde hace año y medio, cuando discrepó del triunfalismo de Eduardo Medina Mora, el entonces procurador general de la República que aseguró que la guerra se iba ganando “aunque no parezca”, Espino ha venido planteando una revisión del plan de combate al narcotráfico.

Apenas en agosto, ante la espiral de violencia en Ciudad Juárez pese a la presencia policiaca y castrense, la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), que preside Espino, organizó el II Foro Internacional “Inseguridad, dolor evitable”, del que resultó un documento denominado “101 acciones para la paz”, pero ni Calderón ni sus funcionarios lo han querido recibir.

Ahora, como parte de lo que, dice, es su contribución a recomponer el tejido social de Juárez, Espino propone cancelar las elecciones en esa ciudad fronteriza previstas para julio de 2010, cuando se renovarán la gubernatura, el Congreso y las presidencias municipales.

“En condiciones de guerra es difícil ir a una contienda electoral que no sea de alto riesgo, y una guerra electoral puede descomponer aún más la situación de violencia.”

Por ello plantea que los partidos políticos, con toda responsabilidad, deberían considerar no ir a una contienda electoral y, después de elaborar un proyecto para Ciudad Juárez, que designen a una planilla con un candidato ad hoc para afrontar el estado de emergencia.

“Ese es un camino. Otro es que el Congreso resuelva que, en estas condiciones de guerra en Ciudad Juárez, no es prudente ir a una contienda electoral por el riesgo de que avance el crimen organizado, y que entonces cancele el proceso y designe a un concejo municipal para gobernar la ciudad.”

La tercera opción, explica, es que por acuerdo de los partidos simplemente se genere un vacío electoral, lo que obligará al Congreso a nombrar un concejo municipal.

“Son los tres caminos que veo como una posibilidad para evitar la confrontación electoral y que haya candidatos que con tal de ganar, cueste lo que cueste, puedan hacer pactos con el crimen organizado, que está enseñoreado en Ciudad Juárez.”

Aunque ve difícil que los partidos cedan, no descarta que esta propuesta tenga éxito, porque es preciso no convertir la inseguridad en bandera política, sino en una causa social. Hay líderes de varios sectores de la comunidad que planean, inclusive, invitar al gobernador y a los diputados para analizarla.

“Sería por única vez que en Ciudad Juárez no hubiera una contienda como es lo ordinario, sino que fuera una participación electoral distinta, mediante acuerdos o consenso, o de plano generar el vacío electoral para que el Congreso nombre un concejo municipal, pero por única vez. Se requiere esa generosidad extrema de los partidos.”

Tributo a la muerte

Pero mientras se procesa su propuesta entre los sectores sociales de Juárez, Espino dice que, ante el fracaso de la guerra de Calderón, se propuso organizar un acto público el 8 de diciembre para conmemorar el 350 aniversario de la fundación de esa ciudad, cuyo nombre original fue la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos del Paso del Río del Norte.

“Era con la idea de estimular un poquito el orgullo juarense para salir adelante”, dice Espino, pero a lo largo de esas cuatro semanas se registraron hechos atroces en su entorno. Por ejemplo, justo el día en que su hijo celebraba su cumpleaños, dos de sus amigos, que estaban invitados a la fiesta, fueron asesinados.

“A un amigo mío lo secuestraron y así sigue; otro, secuestrado, ya está libre, pero también han matado a otros amigos y tengo familiares que han sido víctimas de extorsión, como una prima que ya tuvo que cerrar su consultorio porque la fueron a asaltar.”

Luego vino, el viernes 4, la extorsión a su familia en un condominio residencial. “Fue una llamada a un tío de mi esposa, que vive en el mismo conjunto. Le dijeron que sabían que vivíamos ahí, cómo está la dinámica de la familia, y que pedían una cuota a cambio de no secuestrar a nadie de la familia”.

–¿Saben de usted como Manuel Espino?

–No lo sé, no hablaron de eso. Pero toda la familia entró en nerviosismo. Somos varias familias de una sola, y entonces esa amenaza no es para el tío, es para todos los que estamos ahí.

–¿Su familia decidió dar el dinero?

–Por lo que respecta a mi esposa, mis hijos y yo, no. No sé qué han pensado los otros familiares que viven ahí. Lo platicaré este fin de semana con ellos.

Fue así que publicó, en El Diario de Juárez, el lunes 7, que su familia era víctima de extorsión, en un artículo que resaltaba la importancia de esa ciudad en sus 350 años de historia y que es hoy “un emblema nacional e internacional de los yerros de la estrategia” contra el narcotráfico.

“No cambiar la estrategia y persistir en el enfrentamiento me parece una necedad, una acción que no se justifica por sus resultados, sino tan sólo por empecinamiento y orgullo. Y para mantener intacto ese orgullo, los ciudadanos pagan con sangre, rinden un tributo de muerte y desesperanza”, escribió.

Riesgo de expulsión

Espino había tomado la decisión de publicar en ese mismo diario, el martes 8, la carta abierta a Calderón en la que se suma a la exigencia de los miles de juarenses que marcharon el domingo 6.

“Yo pedí una entrevista con Calderón, a través de Luis Felipe Bravo Mena, su secretario particular; le había mandado varios mensajes con algún amigo gobernador, quien me dijo que no quiere verme, ni siquiera para entregarle el documento de la ODCA, seguramente por animadversión personal, y entonces pensé en una carta abierta. ¡Y no ha habido respuesta!

–¿No lo es lo que Calderón dijo sobre los “ingenuos”?

–No, porque no me considero ingenuo ni acepto que sean ingenuos los juarenses que piden cambiar estrategia. ¡Nadie ha pedido que se deje de combatir el crimen organizado! Él dijo que son ingenuos los que piden que se retire el Estado. Quizá se confundió y lo que quiso decir es que el gobierno. No vaya a salir con que “el Estado soy yo”, ¿verdad?

“Nadie ha pedido que se retire el Estado, tampoco el gobierno, ni que se deje de combatir al crimen organizado ni que se retire el Ejército. Hemos pedido que se revise la estrategia. Eso es todo. Sus expresiones no sólo son mal vistas, sino repudiadas por muchísima gente.”

Espino reconoce que la violencia está desbordada no sólo en Ciudad Juárez, sino en todo el país, donde se aplica la misma estrategia, como Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Baja California: “No sé de algún lugar donde haya funcionado”.

–¿Es una estrategia fallida y suicida a nivel nacional?

–Totalmente. Es una estrategia fallida a nivel nacional. No es solamente Juárez, es en todo el país.

Espino dice que en el PAN “hay mucha gente que quiere decir lo que yo digo, (pero) se siente presionada, apretada, incómoda, impotente” por las eventuales represalias.

–¿Está conciente de que esto puede dar lugar a su expulsión del PAN?

–No lo entendería. ¿Sería por defender a México, a mi familia, por pedirle rectificación al gobierno en aquello que no funciona, pedirle que revise estrategias que no funcionan? No estoy diciendo cosas que le competan directamente al partido.

“El PAN se colocaría en una posición de extremo autoritarismo e intolerancia si lo hace por la legítima aspiración de un ciudadano que quiere ayudarle al gobierno a resolver el problema. Pero si así fuera, bienvenida la expulsión.”

Nuevo León: Descoordinación criminal

Arturo Rodríguez García

Mientras los gobiernos federal y estatal de Nuevo León se han visto rebasados por el poder del narcotráfico, más de dos decenas de municipios continúan sin nombrar a sus jefes policiacos. Peor aún, en la muerte de civiles durante los enfrentamientos a balazos que sacuden a la entidad ha jugado un papel preponderante la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, el Ejército y la Armada. El viernes 4, esta última institución, sin notificarlo a  las demás, decidió actuar por su cuenta en un hecho con desenlace sangriento...

MONTERREY, NL.- El poder de fuego del narcotráfico y el nivel de violencia –con varios asesinatos, enfrentamientos y ataques a instalaciones policiacas– se mantienen aquí pese a la captura de los presuntos líderes regionales de esos grupos criminales.

Las balaceras ocurridas el viernes 4 de diciembre, en las que murieron al menos 15 personas, entre ellas dos civiles, fueron una de las acciones más virulentas del año y también una de las más representativas del poder criminal:

En respuesta al operativo a raíz del cual murió Ricardo Almanza Morales, El Gori 1, un grupo de pistoleros mató a dos agentes federales y liberó a 26 detenidos en una casa de arraigo federal, entre los que se encontraba Juan Carlos Martínez Hernández, alias El Camaleón, presunto jefe de Los Zetas en Guadalupe, el segundo municipio con mayor población de la entidad.

Aunque las estadísticas correspondientes a 2009 registran menos asesinatos relacionados con el narco que los ocurridos en otras zonas del país –oficialmente se calcula que ha habido 70 este año en la entidad–, la espectacularidad de las acciones delictivas, atribuidas principalmente al grupo de Los Zetas, ha desbordado las estrategias de los gobiernos estatal y federal.

Así, el 6 de enero fueron atacadas las instalaciones de Televisa Monterrey, y posteriormente un grupo de pistoleros persiguió a mandos de la Policía Federal que se refugiaron en la sede de la corporación, hasta donde llegaron los sicarios y la rafaguearon; además, los penales de Cadereyta, Monterrey y Apodaca fueron escenarios de confrontaciones provocadas por Los Zetas.

Al siguiente mes, en febrero, contingentes organizados por el narcotráfico tomaron las principales avenidas para protestar contra los operativos del Ejército, y ese mismo mes fue asesinado, en Cancún, el general brigadier Enrique Tello Quiñones, en una acción atribuida a Octavio Almanza, El Gori 4. (Coincidentemente, el asesinato del general brigadier Juan Arturo Esparza García fue atribuido a Ricardo Almanza, El Gori 1.)

Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvo en marzo a Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, presunto jefe de Los Zetas en la zona metropolitana, así como a su homólogo de los Beltrán Leyva, Héctor Huerta Ríos, La Burra, la violencia fue reanudada por sus relevos.

Rodolfo López Ibarra, El Nito, fue detenido el 19 de mayo, y Omar Ibarra Lozano, El 34, quedó igualmente privado de su libertad el 26 de junio. Ambos fueron identificados por el Ejército como miembros de la organización de los Beltrán Leyva. A cargo de estas fuerzas habría quedado Héctor Saldaña, quien apareció muerto en la Ciudad de México el 31 de octubre, lo que desató una polémica porque el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández Garza, había anunciado este crimen horas antes de que se encontrara su cuerpo.

Por el grupo de Los Zetas, la Sedena detuvo el 9 de agosto a Juan Daniel Carranco Salazar, El Comandante Coloso, e informó que era presunto jefe en la zona y había participado en el ataque al consulado de Estados Unidos y a Televisa Monterrey.

El Comandante Coloso había escapado el 5 de mayo de un operativo militar, con la ayuda de patrulleros de San Nicolás de los Garza que enfrentaron a tiros a los soldados y quienes días después realizaron bloqueos de avenidas para interceptar un convoy militar que había detenido a una policía cómplice del capo. Inclusive, la Sedena le atribuyó participación en el asesinato del político tamaulipeco Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, ocurrido el 29 de noviembre de 2008.

Otro crimen ampliamente difundido y comentado fue el asesinato de la famosa abogada Silvia Raquenel Villanueva Fraustro, perpetrado el domingo 9 de agosto, sobre el que hasta ahora no se han dado a conocer resultados de la investigación ni se ha atribuido a alguna organización criminal.

Por si fuera poco, el 4 de noviembre fue acribillado en García, Nuevo León, el general brigadier Juan Arturo Esparza García, un importante militar retirado que tenía tres días de haber asumido la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio y se convirtió en el segundo brigadier que, inmerso en tareas policiacas, ha sido asesinado en el sexenio de Felipe Calderón.

No fue sino hasta las balaceras del viernes 4 cuando oficiales militares aseguraron que Ricardo Almanza Morales, El Gori 1, era el encargado de Los Zetas en Nuevo León y un cercano colaborador de Heriberto Lazcano.

El asalto a La Concordia

Cerca del mediodía del viernes 4, un convoy de Infantería de Marina de la Armada de México tomó por asalto la finca La Concordia, ubicada en el sector Bosques de La Silla, en Juárez, Nuevo León.

Ese municipio, localizado a unos 30 kilómetros de Monterrey y casi completamente inmerso en la zona metropolitana, se halla muy próximo a Cadereyta, región donde, en 1996, fue capturado el capo del cártel del Golfo Juan García Ábrego.

Esa área, por la cual atraviesa la carretera libre a Reynosa, en los últimos meses de 2009 ha sido escenario de enfrentamientos entre militares e integrantes de la mencionada organización criminal, por lo que el Ejército ha tomado las instalaciones de la policía municipal y ha arraigado a agentes policiacos.

El viernes 4, la Armada ubicó el lugar donde aparentemente varios mandos de Los Zetas sostenían una reunión y de inmediato dispuso un operativo. Pero como el cerco que tendió fue insuficiente, se produjo un enfrentamiento a balazos en el cual murieron Ricardo Almanza Morales, El Gori 1 y siete personas más, entre ellas otros dos mandos criminales de la zona metropolitana.

Aunque en la operación se logró capturar a nueve personas, un nutrido contingente de criminales repelió a los marinos a balazos y escapó por la parte trasera de la finca, a bordo de unas 15 camionetas.

Ese convoy se enfiló hacia la carretera libre a Reynosa que atraviesa la mancha urbana. Al llegar al cruce de esa vía y la avenida Bonifacio Salinas, en pleno centro de la cabecera municipal y en hora pico, los delincuentes se toparon con un contingente militar que acudía a apoyar a los marinos.

Con el fin de evadir a los soldados, las camionetas empezaron a dar vuelta a izquierda y derecha, disparando ráfagas de AK-47 en un efecto abanico que cobró la vida de una mujer que acababa de recoger a sus hijos, un niño y una niña, de la escuela. La niña recibió un tiro en la cabeza, y al cierre de esta edición aún se encontraba grave. Además, se informó oficialmente que hubo otros tres civiles heridos, aunque de manera extraoficial se estima un número mayor de lesionados que huyeron del sitio para buscar atención médica.

La refriega se prolongó por casi 20 minutos, en los que hubo igualmente varias detonaciones de granadas. Ahí murieron siete personas más, dos de las cuales pudieron haber sido previamente secuestradas por los sicarios. Tres de esos cuerpos quedaron calcinados en una camioneta que estalló, mientras que otro quedó tendido en el pavimento.

Según el parte oficial de la Sedena, al terminar la balacera fueron capturados seis pistoleros, tres de ellos heridos.

Un oficial militar manifestó a los reporteros que concurrieron al lugar que los civiles caídos fueron baleados por los narcos. Presa de la agitación y con el habla entrecortada, les aseguró que la huida de la mayor parte de los criminales se debió a las maniobras que las fuerzas castrenses debieron realizar para resguardar la vida de los civiles que se encontraban en el sitio.

Cuando uno de los periodistas preguntó al oficial a qué grupo delictivo pertenecían los implicados, respondió: “Eso ni se pregunta, aquí son Los Zetas”.

En efecto, desde hace dos años los mandos policiacos y militares coinciden en señalar que en Nuevo León opera el cártel del Golfo, con su brazo armado Los Zetas, en 52 municipios, salvo en San Pedro Garza García, donde tienen su sede local los hermanos Beltrán Leyva.

Después de la referida confrontación, alrededor de las 15:30 horas, un convoy de sicarios arribó a la casa de arraigo número 2, ubicada en Escobedo, donde se encontraban 26 detenidos –entre ellos 17 policías de García– implicados en la ejecución del general Esparza García.

Los integrantes del grupo enfrentaron a los policías federales que custodiaban el lugar y mataron a los agentes Ricardo Domínguez y Roberto González. Presuntamente, los policías ministeriales Jorge Chávez, Benjamín Rodríguez y Mauro Rivera abandonaron la zona momentos antes del tiroteo, por lo que fueron arraigados el pasado martes 8 y se encuentran bajo investigación.

Entre los liberados por el comando estaba Juan Carlos Martínez Hernández, El Camaleón, uno de los presuntos mandos en la zona metropolitana, detenido el 26 de octubre y quien, según fuentes militares, es el relevo de Almanza Morales, El Gori 1, como jefe de la zona metropolitana para el cártel del Golfo.

Desgobierno

El operativo realizado por la Infatería de Marina no incluyó a ningún otro cuerpo de seguridad, e inclusive el Ejército destacó en un comunicado que se enteró de la balacera por una denuncia ciudadana y que sólo posteriormente tuvo conocimiento de que la misma se libraba entre delincuentes y efectivos de la Armada.

Aparte de esa falta de coordinación se produjeron contradicciones, pues mientras la Secretaría de Marina informó en un comunicado que sólo resultó herido un marino, la Sedena aseguró oficialmente que los heridos de la Armada fueron tres elementos que recibieron atención en instalaciones del Ejército.

Más aún, cuando al camino de acceso a La Concordia que resguardaban los marinos llegaron varias patrullas de cuerpos policiacos estatales con la instrucción de prestarles apoyo, uno de los guardias de la Armada les espetó: “¡Retírense de aquí, es un operativo de la Infantería de Marina!”, de modo que, tras una breve discusión, los policías se fueron.

Sin embargo, horas después, el procurador de Justicia en la entidad, Alejandro Garza y Garza, afirmó que había sido una acción coordinada entre corporaciones, pero cuando un reportero que atestiguó la escena entre marinos y policías mencionó lo ocurrido, el procurador no atinó a darle respuesta.

A la descoordinación y contradicciones verificadas, se suma el hecho de que durante la primera semana de diciembre al menos 25 municipios del estado aún mantenían acéfalas sus secretarías de Seguridad Pública, incluido Monterrey y otros de la zona metropolitana, a un mes de haber asumido sus puestos los alcaldes recientemente elegidos.

Desde el 18 de noviembre, el mismo gobernador Rodrigo Medina de la Cruz había pedido, ante los insistentes cuestionamientos de los reporteros por las policías acéfalas, que los alcaldes enviaran al secretario de Seguridad Pública estatal las propuestas y currículos de quienes podrían ocupar dichos puestos.

Luego, ante los señalamientos en el sentido de que los nuevos alcaldes se habían retrasado mucho tiempo en hacer los nombramientos de los secretarios de Seguridad Pública municipales, el gobernador se desmarcó:

“Pues ellos fueron elegidos por el pueblo y le tienen que rendir cuentas a la población, a quienes votaron por ellos, y ellos tienen además la facultad de nombrar y remover a sus funcionarios. Así es que, pues sus razones tendrán (para no hacer los nombramientos). Nosotros estamos para apoyarlos.”

Tamaulipas: Rastros de narco en el precandidato panista

Ricardo Ravelo

Uno de los más fuertes precandidatos del PAN para contender por la gubernatura de Tamaulipas ha sido reiteradamente vinculado con el cártel del Golfo y con los hermanos Bribiesca Sahagún. Se trata del exalcalde de Reynosa Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien pone a prueba la exhortación de Felipe Calderón a su partido para evitar el enquistamiento del crimen organizado en la vida pública del país.

REYNOSA, TAMPS.- Con el apoyo de su amigo el presidente Felipe Calderón, así como de sus socios los hermanos Bribiesca Sahagún, y de una red de complicidades con empresarios y con presuntos miembros de la delincuencia organizada, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exalcalde de esta ciudad, se perfila como el más fuerte aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Tamaulipas.

El lunes 14, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN dará a conocer el resultado de una encuesta entre sus militantes para definir al candidato a la gubernatura del estado. García Cabeza de Vaca compite con José Julián Sacramento, Ramón Antonio Sampoyo, José Ángel Sierra y Luis Alonso Mejía, pero el exalcalde lleva tres años en campaña, por lo que es acusado de violar las reglas de su partido.

Su carta más fuerte: haber sido enlace entre 430 alcaldes y Calderón durante la campaña presidencial en 2006.

Preso en 1986 en McAllen, Texas, por robo de armas (expediente 03645237), en su lanzamiento como precandidato a la gubernatura García Cabeza de Vaca también tiene el respaldo de los hermanos Manuel, Fernando y Jorge Bribiesca Sahagún, con quienes hizo millonarios negocios y cuya relación no oculta:

“Sí, son mis amigos y me llevo muy bien con ellos, no lo voy a negar, pero con ellos sólo me une una amistad”. Sin embargo, los hijos de Marta Sahagún lo acompañaron en su toma de posesión como alcalde de Reynosa, el 1 de enero de 2005, e Ismael García, hermano del precandidato panista a gobernador, está asociado con Sergio Amaury Flores Pérez, uno de los amigos más entrañables de Manuel Bribiesca (Proceso 1533).

En el entorno político y personal de García Cabeza de Vaca también figuran personajes del crimen organizado, como Osiel Cárdenas Guillén, a quien le autorizó la ocupación del estadio de beisbol Adolfo López Mateos para festejar el Día del Niño.

La anécdota cobra relevancia luego de que el presidente hizo un enérgico llamado a su partido, el PAN, para no dejarse infiltrar por las redes del crimen organizado.

El 17 de septiembre de 2008, Calderón dijo: “Esas plagas sin duda han buscado servirse de asideros políticos en la vida de la nación. La complicidad que los cubre y que hace posible su operación tiene también una cobertura de carácter político, y esa cobertura debe ser rechazada por todas las organizaciones políticas nacionales”. Y añadió: “Si digo que esto es un reto para Acción Nacional, es porque estoy convencido de que es un reto para todo el sistema político nacional”. (Proceso 1664).

Con 42 años de edad, a García Cabeza de Vaca lo sigue una estela de escándalos desde 1986. Según informes contenidos en los archivos de la policía del condado de McAllen, Texas, el exalcalde de Reynosa estuvo detenido bajo la acusación de robo de armas.

Los hechos están asentados en el expediente criminal 03645237 del estado de Texas; el caso fue registrado en la oficina del sheriff de McAllen con el número 86/4632 y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) tomó nota del mismo y lo registró con el número 76915EA9.

El expediente asienta que a las 19:10 horas del 9 de febrero de 1986 “el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca (número de detenido 33696) y otros tres sujetos despojaron a dos personas de nombre Emilio Rodríguez y Diana Ramírez de diversas armas que transportaban en un vehículo. El atraco ocurrió en un estacionamiento de los cinemas gemelos Plitt”, en la calle 10 norte de la ciudad de McAllen, Texas.

García Cabeza de Vaca fue detenido el 2 de septiembre de ese mismo año y procesado penalmente junto con sus tres cómplices: Antonio Barba Villanueva, El Toño Barba, quien fue asesinado el 20 de agosto de 1999; Alfredo Cerda Ramos, El Paya, ejecutado presuntamente por el crimen organizado el 9 de octubre de 1998, y Alberto Gómez, La Chona, acribillado en 2000.

Narcoligas

Carta fuerte del panismo al gobierno tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca arrancó su precampaña al gobierno de Tamaulipas con la instalación de espectaculares colocados por “Gente con Cabeza”, uno de sus grupos políticos.

Como alcalde de Reynosa, García Cabeza de Vaca no fue ajeno a los escándalos de narcotráfico: el 3 de enero de 2005, por ejemplo, el cadáver de su jefe de escoltas, René Izaguirre, apareció en la autopista que va a Monterrey. Había desaparecido desde el 31 de diciembre de 2004.

Izaguirre trabajó varios años a las órdenes de su cuñado Guillermo González Calderoni, el policía del sexenio salinista ejecutado el 5 de febrero de 2003 en McAllen, Texas. Días antes de su muerte, en Reynosa Izaguirre había anunciado que sería coordinador de Seguridad Pública municipal. Su muerte fue atribuida al cártel del Golfo, asentado en Tamaulipas.

Ya ligado a García Cabeza de Vaca, Izaguirre había recibido varios mensajes del narcotráfico que pareció ignorar: Raúl Guerra, su cuñado, había sido ejecutado; otro cuñado, Jorge Guerra, huyó luego de que su casa fuera cateada por efectivos militares que lo investigaban por tráfico de drogas en vehículos a los que sobreponía logotipos de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Una ficha elaborada por la SIEDO, a cuyos datos tuvo acceso este semanario, consigna: “Se informa que a (René) Izaguirre lo levantaron tres o cuatro días después de que Cabeza de Vaca se reunió en el Embassy Suite de McAllen, Texas, con dos sujetos que manejaban las finanzas de narcos en Reynosa (…) El hecho parece ser producto de una promesa incumplida de Francisco Javier Cabeza de Vaca de que sería determinada banda delictiva (presuntamente el cártel del Golfo) la que nombraría al subdirector de la Policía Municipal de Reynosa y no la administración (municipal), un compromiso que supuestamente fue adquirido en reciprocidad a las grandes cantidades de dinero del narcotráfico que financiaron la campaña del actual edil”.

Las presuntas relaciones del entonces alcalde García Cabeza de Vaca con el cártel del Golfo se hicieron evidentes en 2005, cuando el ayuntamiento que él presidía otorgó un permiso para que el capo Osiel Cárdenas Guillén –preso en ese momento en el penal de La Palma– pudiera festejar el día del niño a unos 20 mil infantes en el parque de beisbol Adolfo López Mateos. En la celebración se repartieron 22 mil juguetes, 150 bicicletas y cientos de tarjetas firmadas por Cárdenas Guillén en las que resaltaba la leyenda: “El estudio es la clave del éxito”.

Tras el escándalo, la Procuraduría General de la República (PGR) citó a declarar a varios funcionarios municipales. Cuestionado al respecto, el alcalde se deslindó: “Nosotros otorgamos un permiso, pero no sabíamos quién o quiénes eran los organizadores”.

Paradójicamente, una semana antes del evento organizado por Osiel Cárdenas, el ayuntamiento negó un permiso a Radio GAPE para el festejo del día de las madres, el cual venía organizando desde hacía 15 años.

De acuerdo con una nota publicada por el periódico Metrópoli el 11 de enero de 2007, la PGR comenzó a investigar a personal del ayuntamiento, incluida María del Carmen Rojas Bernal, quien días previos al festejo del Día del Niño había sido nombrada directora de Seguridad Pública municipal.

Otro de sus hombres de mayor confianza fue detenido el 12 de agosto de 2006 en San Juan, Texas, con 25 kilos de cocaína: Alfredo Leal Guerra, exsubdirector operativo de Seguridad Pública municipal. Al momento de su arresto formaba parte del equipo de seguridad privada de García Cabeza de Vaca, quien ya era diputado local.

La detención ocurrió cuando agentes del Grupo de Tácticas Especiales Antidrogas revisaron el vehículo de Leal Guerra. Según el reporte, en el interior de la Ford Expedition negra del escolta los policías hallaron “un saco grande de plástico” en el que estaba oculta la droga, valuada en unos 400 mil dólares.

Nuevamente García Cabeza de Vaca negó tener vínculos con el presunto traficante de cocaína: “No forma parte de mi escolta”, dijo reiteradamente el hoy precandidato panista al gobierno de Tamaulipas. Sin embargo, el 5 de julio de 2009 varios medios publicaron fotografías en las que ambos aparecen en abierta charla.

Los hermanos Bribiesca

Francisco Javier García Cabeza de Vaca se habría ligado al contrabando “y a la extorsión de importadores de textiles” –presuntamente en complicidad con los hermanos Bribiesca Sahagún– en 2000, cuando era diputado federal, según denuncia de María Leticia Ramos Esparza, militante del Partido Verde Ecologista de México y exrepresentante de una agencia aduanal, encarcelada por presuntos actos de extorsión.

Fechada en 2002, una carta de Ramos Esparza dice:

En 2002, fui notificada por la Secretaría de Hacienda, de que unas chamarras de mujer que importó una agencia aduanal de la localidad habían sido clasificadas incorrectamente.

En mi calidad de representante de dicha agencia aduanal traté de encontrar una solución justa, a través del diputado federal Francisco Javier García Cabeza de Vaca, integrante de la Comisión de Hacienda y Asuntos Fronterizos de la Cámara de Diputados.

Me fui a México y durante la plática que sostuve con él me preguntó, entre otras cosas, quiénes eran los importadores de productos imperecederos que utilizaban la aduana de Reynosa. Le comenté quiénes eran los principales importadores y luego me preguntó cuántas operaciones se hacían semanalmente, a lo que le contesté que 500.

A partir de esa fecha, según Ramos Esparza, el diputado García Cabeza de Vaca cobró cuotas “a todos” los importadores. Quienes no accedieron a la extorsión, fueron bloqueados.

Hoy, en la soledad de una celda del Cereso de Reynosa, víctima de su miedo a ser descubierto, reflexiona y se arrepiente de haberle dado a Cabeza de Vaca aquella información de buena fe.

Y desde aquí te hablo a ti, Francisco Javier, para que desde donde andes gozando de una inmerecida libertad, me desmientas. Pero además te pregunto de qué vas a vivir, si de lo que vives es de las cuotas que impusiste a todos los importadores de perecederos, textiles y licores…

Entre 2002 y 2005, García Cabeza de Vaca fue relacionado con los hermanos Bribiesca Sahagún en otros negocios, como la obtención de concesiones de radio. El enlace fue Amaury Flores Pérez, quien fue su director de Tránsito municipal en el Ayuntamiento de Reynosa.

Flores Pérez estudió con Manuel Bribiesca en Celaya, Guanajuato, donde entablaron una estrecha amistad. Flores Pérez vivía una temporada en Guanajuato y otra en Río Bravo, Tamaulipas.

Pronto, el trío García Cabeza de Vaca, Flores Pérez y Manuel Bribiesca enfocaron sus esfuerzos y aprovecharon sus influencias políticas para concretar diversos negocios.

Con el respaldo de los Bribiesca, García Cabeza de Vaca creó las empresas Compañía Difusora del Noroeste de México y Corporativo Radio del Norte (en el que aparece como socio Ismael, hermano de Francisco Javier), cuyo objeto social es obtener concesiones de radio y televisión, estaciones terrenas de satélites nacionales e internacionales, así como la realización de investigaciones publicitarias, socioeconómicas y de mercadotecnia, entre otros fines (Proceso 1533).

A ellos se les unieron dos de los más cercanos colaboradores de García Cabeza de Vaca cuando fue alcalde de Reynosa: Miguel Ángel Villarreal Ongay (secretario técnico) y Horacio Ortiz Renán (secretario del Ayuntamiento).

Villarreal Ongay se convirtió en socio del Corporativo Radio del Norte, según el acta constitutiva formulada ante la notaria pública 147 de Reynosa, Emma Alicia Treviño Serna, el 24 de octubre de 2005 (acta 3393, volumen CXXII). En tanto, Ortiz Renán apareció como socio de la Compañía Difusora del Noroeste, según el acta constitutiva del 8 de noviembre de 2005 (número 219, volumen III), formalizada ante la Notaría Pública 274 de Reynosa, Tamaulipas.

Por si fuera poco, Manuel Gómez Reséndez y Manuel Gómez García, suegro y cuñado de García Cabeza de Vaca, respectivamente, son investigados por la PGR por el presunto robo de combustibles en perjuicio de Pemex, según consta en la averiguación previa PGR/TAMPS/rey-1/519/05.

En dicha investigación se asienta que la empresa Intertransport Inc., S.A. de C.V. “almacenaba un combustible que emana de los pozos de gas natural que perfora Pemex y es traficado en el mercado negro por su bajo costo”.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha sabido combinar bien los negocios con la política: desde 2002 se le atribuyen diversas empresas que utiliza para obtener contratos de obra pública, en presunta sociedad con los hermanos Bribiesca y familiares suyos.

Se le relaciona con las empresas Grupo Inmobiliario Cava, S.A. de C.V., cuya representante es la señora María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger, su madre, y con Sierra Gorda Construcciones, S.A. de C.V., cuyo operador es Salvador González, quien fue proveedor del ayuntamiento de Reynosa.

Sinaloa: En Culiacán, un alcalde sospechoso

Ricardo Ravelo

El alcalde de Culiacán, Sinaloa, Jesús Vizcarra Calderón –uno de los precandidatos más fuertes del PRI a la gubernatura de esa entidad–, a quien se vincula con el capo Ismael El Mayo Zambada García, solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que lo investigue porque, según él, nunca ha incurrido en ningún ilícito.

Desde que la columna Expedientes abiertos, publicada por Roberto Rock en el periódico El Universal en septiembre de 2008, sacó a relucir los presuntos vínculos de Vizcarra Calderón con el narcotráfico, y en particular con Zambada García, uno de los poderosos jefes del cártel de Sinaloa, el alcalde no ha dejado de ser objeto de escándalos.

Según el periodista, Vizcarra Calderón es “pariente directo de Jesús Inés Calderón Quintero, un conocido narcotraficante muerto en marzo de 1988. De acuerdo con versiones nunca esclarecidas, la fortuna del criminal desaparecido, sumada a apoyos de personas ligadas al crimen organizado, como El Mayo, podrían haber impulsado los negocios del señor Vizcarra, quien, por cierto, ha revolucionado el mercado al frente de su compañía Sukarne (dedicada a la exportación de carne), la cual tiene ramificaciones en varios países”.

El martes 8, el periódico Reforma publicó en su primera plana una fotografía –tomada, según el diario, hace 20 años– en la que aparece el ahora alcalde culiacanense en una celebración religiosa. Cerca de la persona señalada como Vizcarra Calderón se aprecia a Zambada García.

La publicación de esa fotografía desató la polémica: el PAN, por medio de su dirigente local en Culiacán, Francisco Solano, exigió una investigación a fondo en torno a la presunta conexión entre políticos y el narcotráfico.

Dijo: “Se tiene que investigar este tipo de hechos. No podemos tomar a la ligera las fotografías publicadas. Esto es un tema muy grave en donde se está relacionando a la delincuencia organizada con autoridades de la localidad y que deja en evidencia el posible vínculo entre ellos”.

Por su parte, Jesús Murillo Karam, exgobernador de Hidalgo y actual secretario general del Comité Directivo Nacional del PRI, manifestó que su partido tiene la obligación de garantizar que ninguno de los candidatos que postularán en las elecciones del 2010 tenga relación con el narcotráfico.

Expuso que, frente a los comicios de 2010, existe un riesgo latente para los candidatos de su partido: “Van a tratar de contaminarlos, pero la responsabilidad de todos es cuidar que esto no suceda, pero en términos objetivos, precisos, sin caer en el juego de las propias guerras políticas y de las guerras sucias. Hay que cuidar no caer en ninguno de los dos extremos”.

La semana pasada, después de que Reforma publicó la fotografía, el alcalde priista de Culiacán dijo que no había recibido respuesta sobre la audiencia que pidió a la PGR para que se investigue su supuesta relación con el narcotraficante Zambada García.

El mismo día que se difundió la gráfica, Vizcarra Calderón dirigió una carta a la opinión pública en la que se refirió a “una nota publicada en el periódico Reforma en la que se me relaciona con aspectos de narcopolítica”.

Y añadió: “Hace una década decidí dedicar mi vida al servicio de los demás por ser un inconforme de la situación de nuestro país, y porque estoy convencido de que las cosas las podemos cambiar los ciudadanos; pero nunca imaginé el tamaño de los intereses a los que hay que enfrentarse ante este tipo de circunstancias”.

Respecto de la fotografía y la nota publicadas el martes 8, Vizcarra Calderón precisó: “No es un asunto nuevo. Ya había aparecido en ocasiones anteriores, con motivo de dos elecciones, para diputado federal y presidente municipal, las cuales gané de manera contundente”.

Es por eso, agregó, que solicitó al procurador general de la República una audiencia para que el asunto sea sometido al escrutinio de la autoridad, y sea ésta la que determine si a lo largo de su vida ha cometido algún ilícito.

Cuando Calderón y Carstens defendían la autonomía del BdeM...

Carlos Acosta Córdova

Hace años se exhibían como férreos defensores de la independencia operativa de la banca central. Hoy, la inminente ratificación del exsecretario de Hacienda como gobernador del Banco de México, ya pactada con el PRI en el Senado, amenaza con subordinar la política monetaria a las necesidades coyunturales de Los Pinos.

Apenas el presidente Felipe Calderón propuso a Agustín Carstens como nuevo gobernador del Banco de México, en sustitución de Guillermo Ortiz Martínez, los espacios informativos, académicos y de análisis abrieron la discusión sobre la autonomía del banco central y la tentación implícita del gobierno de controlar las decisiones de política económica –fiscal y monetaria–, sin piedras en el zapato, como lo fue Guillermo Ortiz Martínez a lo largo de este sexenio.

El debate no es gratuito. Paradójicamente, la “estrecha colaboración” entre gobierno y banco central que ahora anuncian Calderón y Carstens fue criticada en el pasado por ellos mismos, cuando defendían otros intereses.

Y es por esa misma razón que Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del banco central durante los últimos 12 años, saldrá de la institución el próximo 31 de diciembre. Paga así su “falta de cercanía” con la Secretaría de Hacienda; su “poca colaboración” con el gobierno para remontar más rápido la crisis –no hizo lo que otros bancos centrales, que inundaron de dinero las economías de sus países–, y por su persistente postura crítica, a veces “catastrofista”, discrepante del optimismo gubernamental, por lo cual hasta le achacaron gran parte del derrumbe electoral del PAN en julio pasado.

La designación de Agustín Carstens para sustituirlo causó reacciones encontradas. Que un empleado del presidente se encargue del banco –y que el ahora exsecretario de Hacienda haya dicho que, a donde le sirva mejor, allí se irá–, podría dar al traste con esa autonomía, se ha dicho.

Como órgano constitucional autónomo, logró frenar los excesos en que incurrieron los gobiernos anteriores al de Ernesto Zedillo, señaladamente los de Luis Echeverría y José López Portillo, que hicieron lo que quisieron con las reservas, el tipo de cambio, el crédito, los préstamos del exterior, los recursos de Pemex y el gasto público, es decir, el dinero de los contribuyentes, que se derrochó a discreción.

El día en que se anunciaron los cambios, tanto Calderón como Carstens anticiparon su respeto a la autonomía del Banco de México. El problema es que la Constitución y las leyes correspondientes exigen que quien esté al frente de la institución debe guardar una independencia política y operativa del gobierno, que le permita desvincular las decisiones de política monetaria del ciclo político. Sólo de esa manera podrá el banco central cumplir con su principal mandato, que es el de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y la estabilidad de precios.

Y lo que ambos quieren –así lo dijeron– es lo que Ortiz no les ofrecía: una colaboración más estrecha. Que el gobernador sea “un asesor, cercano y permanente, de las decisiones más importantes del gobierno federal en materia económica”, dijo Calderón en Los Pinos, el miércoles.

Y Carstens, que elípticamente criticó la falta de cooperación de Ortiz, dijo que su compromiso será “velar porque este mandato constitucional –la estabilidad del poder adquisitivo– se cumpla a cabalidad. Sin embargo, esto no obsta para que se puedan explotar de manera mucho más efectiva oportunidades de coordinación entre el Banco de México y el gobierno federal, en la consecución de objetivos más amplios”.

Otros tiempos

Hace años, desde otras trincheras, tanto Felipe Calderón como Agustín Carstens eran críticos de la “estrecha colaboración” entre gobierno y banco central que ahora han acordado.

Por ejemplo, cuando Calderón fue diputado en la segunda mitad del gobierno de Carlos Salinas se distinguió como denodado defensor de la autonomía e independencia del Banco de México, como una fórmula para liberar a la institución “de los vaivenes de la política económica que los gobernantes en turno había realizado y que habían generado en gran parte el caos monetario financiero que vivía el país”, dijo en la sesión del 10 de junio de 1993, cuando se discutía la iniciativa para dotar de autonomía al Banco de México.

En ese entonces se mostraba como un puntual conocedor de la historia del Banco de México. En tribuna presumía que uno de los hombres emblemáticos del PAN, Manuel Gómez Morín, fue el conceptualizador y cofundador del Banco de México en 1925, y que desde entonces el PAN había pugnado por dotar de autonomía a la institución, necesaria para “generar equilibrios y ponderaciones” en las decisiones de política económica. La ausencia de esos equilibrios es lo que permitió “los desenfrenos, los caos y el financiamiento anárquico de programas o de caprichos del gobierno federal”, decía el diputado Calderón.

Ya como presidente, se topó con un banco central como él idealizaba, pero que en realidad le estorbó: Guillermo Ortiz ni bajó las tasas de interés cuando él y Carstens se lo pedían ni fungió como el “asesor” que quería el presidente ni dejó de ser crítico de las decisiones que tomaba su administración, particularmente las famosas medidas anticíclicas para, supuestamente, contrarrestar los graves efectos de la crisis económica mundial. Ortiz siempre los consideró muy limitados.

El propio Agustín Carstens, que se formó precisamente en el Banco de México, en el que trabajó 20 años antes de ser subsecretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox y luego el tercer hombre más importante del Fondo Monetario Internacional, también decía otra cosa de la autonomía del Banco de México.

En su ensayo La reforma de los bancos centrales latinoamericanos, publicado en el número 288 de El Trimestre Económico, una de las publicaciones insignia del Fondo de Cultura Económica, en su edición de octubre-diciembre de 2005, Carstens defendió la autonomía que hoy quiere matizar: al cortarse la relación entre el banco central y el Poder Ejecutivo se amplía el horizonte de la toma de decisiones de los bancos centrales, “de tal manera que la política monetaria ya no se subordina al ciclo económico-político de los países”, escribió entonces.

A eso se llama “independencia política” del banco central respecto del gobierno. Pero también es necesaria la “independencia operativa”, que implica que el banco central debe tener libertad para formular y aplicar la política monetaria, para lo cual tiene estrictamente restringida la facultad de financiar el gasto público, que causó periodos de inflación descontrolada en México y otros países de la región.

En el ensayo que escribió con Luis Jácome, otro alto directivo del FMI en ese entonces, Carstens sostiene que “la independencia operativa también implica que los bancos centrales están facultados para administrar sus propias tasas de interés, lo que influye en las tasas de los bancos comerciales y en otros instrumentos financieros”.

Asimismo, hace otras definiciones que chocan con su discurso actual: “La mayor disminución de la inflación debe ser la meta fundamental de los bancos centrales”, y “cuanto más sólidas sean la reputación y la credibilidad de los bancos centrales, menores serán las tasas de interés reales requeridas para mantener de manera simultánea la estabilidad de precios y una vía estable de crecimiento de la producción”.

Más: “La autonomía de los bancos centrales debería recibir el apoyo de gobiernos y sociedades”, y “los gobiernos deberían asegurarse de que las acciones hablen más fuerte que las palabras al apoyar la autonomía de los bancos centrales”.

Cuatro años después, ante su inminente arribo al Banco de México, la postura de Carstens dio un vuelco. Entre miércoles y jueves, en múltiples entrevistas para radio y televisión, dijo que buscará una “mayor coordinación” y “una colaboración profunda” y “un buen entendimiento entre el banco central y el gobierno” para que ambos lleguen “a diagnósticos conjuntos mucho más precisos del estado de la economía”, que “minimicen cosas discordantes” entre ambas partes.

Y, en un lapsus, se atrevió a decir que él no tendrá problema con el presidente Calderón cuando le plantee alguna diferencia o discrepancia: “El presidente de la República es una persona sumamente razonable, equilibrada, que ve por el bien nacional. Y lo digo por experiencia: el presidente le da libertad a sus colaboradores de que den su opinión, aunque sean diferentes; esa es su gran virtud, su gran fortaleza”.

El punto es que, como gobernador del Banco de México, precisamente por la autonomía, Carstens no será más “colaborador” del presidente: ya no será funcionario del gobierno.

Incluso el ahora secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo –el primero surgido del Partido Acción Nacional–, quien llega al cargo con un currículum muy menor, aun respecto de quienes ahora son sus subsecretarios –Alejandro Werner, José Antonio Meade y Dionisio Pérez Jácome–, también abonó en el futuro y feliz reencuentro entre el gobierno y el Banco de México.

Coincidió con Carstens y Calderón en las críticas a Guillermo Ortiz, y en una entrevista radiofónica dejó entrever una posible subordinación de Hacienda al Banco de México:

“Trabajaremos de una manera muy coordinada la autoridad fiscal y la autoridad monetaria. Yo le tengo un gran respeto al doctor Carstens: ha sido mi jefe, ha sido mi colega, y le tengo un gran respeto y un gran aprecio, y es un gran economista.”

Sobre Guillermo Ortiz dijo que “hizo un gran trabajo”, pero “ya cumplió su ciclo”, y “no encuentro un mejor candidato a dirigir el Banco de México que el doctor Carstens. Con él habrá una gran coordinación, habrá una gran comunicación y siempre con el objetivo de sacar adelante el país y potenciar la estabilidad económica y el crecimiento económico”.

 Factura política

Con la designación de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México, Felipe Calderón cumplió su viejo anhelo de desaparecer de la vida pública nacional a Ortiz, a quien le profesaba una abierta animadversión desde los tiempos del rescate bancario, que convalidó su partido, el PAN, y cuyos costos políticos quiso compensar con la infructuosa exigencia al entonces presidente Ernesto Zedillo de que removiera a aquél como secretario de Hacienda.

Y aunque, por ley, el cambio de gobernador en el Banco de México debe ser una decisión de Estado y no de gobierno –el Ejecutivo propone, pero el Senado decide–, Calderón la tiene ganada. Es hora de cobrarle al PRI las facilidades prestadas en la reciente discusión del paquete económico para 2010.

Calderón y su administración apechugaron en todo: los priistas le echaron abajo su principal propuesta de un nuevo impuesto de 2% generalizado al consumo; le quitaron uñas y dientes a toda su propuesta fiscal; le subieron el precio de referencia del petróleo; lo obligaron a aumentar el déficit público, y, todavía más, repartieron a su gusto y conveniencia el Presupuesto de Egresos para el año que entra.

Pero ahora Calderón la tiene fácil, pues los senadores del PRI operaron para ratificar a Carstens como nuevo gobernador del Banco de México en la sesión plenaria de este martes 15, contraviniendo incluso al presidente de la Mesa Directiva del Senado, el perredista Carlos Navarrete, quien había advertido que si la propuesta de Los Pinos no llegaba a la cámara a más tardar el martes 8, se turnaría a la Comisión Permanente para procesarla en el receso legislativo o, en su caso, pasarla al periodo ordinario de sesiones que se inicia en febrero próximo.

“No queremos estar sacando dictámenes al vapor en las dos últimas sesiones del Senado… sólo desahogaremos y conoceremos en el Pleno los proyectos que lleguen de Comisiones, o que ya hayan llegado”, dijo Navarrete. “Por lo tanto, está cerrada la ventanilla… y como no ha llegado la propuesta de gobernador del Banco de México, es obvio que no podremos tocarlo de aquí al 15.”

Calderón se apuró. Al día siguiente, miércoles 9, en Los Pinos, anunció los cambios en su gabinete económico y más tarde envió al Senado la propuesta formal de darle las gracias a Guillermo Ortiz y poner en su lugar a Agustín Carstens. De paso, mandó a Hacienda a Ernesto Cordero, que dejó Desarrollo Social, y lo sustituyó con Heriberto Félix Guerra.

El cabildeo de priistas y panistas, que hacen mayoría en la cámara, sintió la premura para echar por tierra la decisión de la Mesa Directiva. Que siempre sí le darían entrada. Carstens comparecerá este lunes ante comisiones y el martes el pleno dará su visto bueno para que sea el nuevo titular del Banco de México; ese mismo día rendirá la protesta de ley correspondiente.

La decisión prácticamente está tomada, sugirió el jueves Manlio Fabio Beltrones, líder de los senadores priistas, y aseguró que todos los grupos parlamentarios coinciden en que el exsecretario de Hacienda tiene, como ninguno, las prendas académicas, técnicas y profesionales para ocupar el cargo.

En descargo de una decisión ya asumida y pactada, Beltrones le recetó un rosario de críticas a Felipe Calderón, a quien llamó “irresponsable” por enviar tardíamente su propuesta, en lugar de hacerlo con tiempo para que fuese procesada “con la debida seriedad”.

Más: que Calderón, no obstante que “conoce perfectamente” al Poder Legislativo, pues ha sido parte de él en varias ocasiones, no lo trató con la dedicación y el respeto debidos, dijo Beltrones.

Y respecto de los nombramientos de Cordero en Hacienda y de Félix en Sedesol, destacó que “se corrobora que el (actual) gobierno es de cuates, más que de profesionales”. Por ello, insistió en su reiterada propuesta de una reforma política para que el Legislativo ratifique a la mayoría de los miembros del gabinete, para que éstos se distingan más por sus cualidades y preparación que “por su cercanía o supuesta lealtad al Ejecutivo en turno”.

Tomó vuelo Beltrones: con esos nombramientos –sobre todo el de Cordero en Hacienda, cuya capacidad profesional es muy inferior a la de Carstens, dijo–, Calderón “está partidizando todo, pues lo que busca es posicionar al PAN en el gobierno”, ya que sabe “perfectamente” que “no podrá recuperar el crecimiento económico en los últimos tres años”. Aunque, astuto, la idea se la atribuyó a “un miembro de la bancada priista” que no identificó.

Rasponcillos aparte, el resultado será el de siempre: impugnadas las formas, y por cuestionada que quede la autonomía del instituto central, Carstens será gobernador del Banco de México.

Lo mismo pasó con el cuestionado Arturo Chávez Chávez, procurador general de la República; con las objetadas María Elena Pérez-Jaén y Sigrid Arzt Colunga, comisionadas del IFAI, y con el impugnado Eduardo Medina Mora, embajador ante el Reino Unido.

Todos fueron propuestos por el presidente Calderón. En su momento recibieron el rechazo de los grupos parlamentarios opositores, que no tienen mayoría. Pero al final, el PRI da su aval.

Disección del Presupuesto 2010: recortes, abusos, ilegalidades

Carlos Acosta Córdova

Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos 2010, los diputados de la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto le aplicaron recortes y reasignaciones en forma tan discrecional –“ilegal”, aclara el economista Juan Moreno– que el presidente Felipe Calderón tuvo la oportunidad de vetar el documento que le enviaron. Sin embargo, con tal de evitar la confrontación con el PRI, Calderón decidió “el abandono anticipado de la plaza” legislativa. 

La Secretaría de Hacienda publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 el pasado lunes 7, es decir, 20 días después de que fue aprobado en la Cámara de Diputados y a siete días de que ésta le remitiera el documento al presidente Felipe Calderón.

La madrugada del 17 de noviembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto, pero se tardó 13 días –hasta el 30 de noviembre– para enviarlo al Ejecutivo. Los legisladores se llevaron casi dos semanas en arreglar el desbarajuste que ellos mismos armaron, al enredarse entre recortes, reasignaciones, cifras que no cuadraban y dinero que andaba perdido. Un hecho inédito, pues nunca una legislatura había demorado tanto en remitir el presupuesto al Ejecutivo.

Éste ya tiene el documento que dice cómo se va a gastar el año que entra el dinero –en su mayor parte de los contribuyentes– y quién lo hará. Pero eso fue posible después de una manipulación de los horarios legislativos, el desacatamiento de las leyes de la materia y, lo más grave, tras aplicar reasignaciones y ajustes ilegales, ya que no fueron aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados.

Muchos elementos, pues, que le habrían dado argumentos al Presidente de la República para ejercer su derecho de veto sobre el presupuesto, lo que no ocurrió, debido a la inclinación presidencial por el cálculo político, para no hacer olas y mejor entregar la plaza al PRI, que en el proceso de aprobación del paquete económico para 2010 –lo mismo en materia de ingresos que de gasto– empleó toda la fuerza de su mayoría legislativa.

Así lo interpreta el especialista Juan Moreno Pérez, economista por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y quien por 12 años ha sido asesor parlamentario del PRD, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Experto en políticas presupuestales y financieras –fue director de Análisis Macroeconómico en la que fue la Secretaría de Programación y Presupuesto, y miembro del equipo que recibía a las misiones del Fondo Monetario Internacional que revisaban con lupa el desempeño de la economía mexicana–, el entrevistado explica a Proceso la tardanza en la integración del Presupuesto de Egresos para 2010, la demora para entregarlo al Ejecutivo y los excesos que dieron pie a unos ajustes en el presupuesto que no conoció, y por tanto no aprobó, el pleno de la cámara.

En primer término, el presupuesto se definió fuera del plazo legal. La fracción IV del artículo 74 de la Constitución ordena que el documento final deberá aprobarse a más tardar el 15 de noviembre, pero la cámara no lo hizo sino hasta la madrugada del día 17. Para ello usó, más bien abusó, de una atribución reglamentaria: “detener” el reloj parlamentario.

En efecto, la sesión en que se sometería a discusión y aprobación el presupuesto fue la del 13 de noviembre, pero como fue complicada y tensa la negociación entre legisladores de todos los partidos, gobernadores y Hacienda, se decretaron varios recesos.

Pasaban las horas y los días y continuaba vigente la sesión iniciada el 13. Cuatro días después se aprobó el documento, pero para la Cámara seguía siendo 13 de noviembre. De esa manera, oficialmente, “cumplió” con el plazo legal.

Durante esa prolongada sesión del pleno, en vista de que había muchas inconsistencias en las cifras de recortes y reasignaciones en los más de 30 anexos del presupuesto –lo que dio pie a una voluminosa e inédita fe de erratas–, se aprobó un acuerdo para que la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados hiciera “las adecuaciones de cálculo y los ajustes de cifras y cantidades que resultaren, en plena correspondencia con las modificaciones o adiciones aprobadas por la asamblea”.

Sin embargo, dice Moreno Pérez, esas modificaciones rebasaron las atribuciones que permite el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que sólo da facultades para hacer ajustes menores de redacción y, cuando mucho, para aplicar cambios mínimos en aras de la congruencia entre la versión final y lo aprobado, pero no para “adecuaciones de cálculo” ni “ajustes de cifras y cantidades”.

También se hizo caso omiso de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es, además de la Constitución, el ordenamiento legal que marca los tiempos para la publicación del presupuesto por el Ejecutivo.

Dicha ley señala, en la fracción VI de su artículo 42, que tanto la Ley de Ingresos como el Presupuesto de Egresos de la Federación “deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 20 días naturales después de aprobados”. La Ley de Ingresos se publicó el 25 de noviembre. El presupuesto, si se aprobó oficialmente el día 13, debió publicarse a más tardar el 3 de diciembre; no obstante, pasaron cuatro días más para que se cumpliera esa formalidad.

La Cámara envió el documento al Ejecutivo el 30 de noviembre. La Constitución dice que el presidente tiene 10 días “útiles” para devolverlo con observaciones, si es que ejerce su derecho de veto. Si no lo devuelve en ese lapso, querrá decir que el Ejecutivo lo aprueba, esté como esté.

En este caso, si Felipe Calderón acepta el presupuesto como quedó finalmente, estará avalando una serie de ajustes “excesivos”, que en algunas partes “modifican de manera sustancial lo realmente aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados”, señala Juan Moreno.

Agrega: “Esta acción no sólo es notoriamente ilegal, sino que, de no corregirse, puede convertirse en un precedente grave, donde un reducido número de diputados puede alterar impunemente lo aprobado por el pleno”.

Tijeretazos y aumentos  discrecionales

El entrevistado explica las principales alteraciones. Primero los números grandes:

Aunque el monto total del presupuesto aprobado y el entregado al Ejecutivo es igual –casi 3.18 billones de pesos–, las reducciones y las ampliaciones cambiaron. El pleno aprobó recortes a diversas partidas por un total de 105 mil 2 millones de pesos, pero el grupo de diputados encargados de cuadrar las cifras –la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto– decidió un recorte mayor, de 109 mil 393 millones.

Con el dinero recortado a dependencias y programas se hacen ampliaciones y reasignaciones a otras partidas presupuestales. El pleno aprobó ampliaciones por 108 mil 974 millones de pesos, pero el documento entregado al Ejecutivo prevé ampliaciones por 113 mil 365 millones. Es decir, 4 mil 391 millones más de lo aprobado por el pleno.

Para formar esa bolsa adicional de ampliaciones, los diputados de la Comisión de Presupuesto designados para hacer el ajuste metieron la tijera donde quisieron y como quisieron.

De acuerdo con el análisis de Juan Moreno, la mayor reducción fue en la Secretaría de Desarrollo Social. A Oportunidades, el programa insignia para el combate a la pobreza –y que fallidamente defendió el gobierno en todo el proceso de discusión del paquete económico, incluida la derrota del polémico nuevo impuesto de 2% general al consumo– le quitaron mil millones de pesos. Y al Programa de Apoyo Alimentario, otros mil 500 millones.

Esos recortes, así como otras reasignaciones a la dependencia, están previstos en el Anexo 38, que no estaba incluido en el dictamen puesto a consideración de todos los diputados; es decir, no lo conocieron y por tanto no lo aprobaron.

De hecho, el presupuesto para Desarrollo Social fue un verdadero fracaso para el gobierno federal, que originalmente solicitó para esa dependencia un mayor aumento que en las demás. De un presupuesto de 71 mil 424 millones en 2009, el gobierno propuso aumentarlo a 84 mil 243 millones, casi 13 mil millones más. Los diputados le hicieron el favor de dejárselo en 80 mil millones, pero ellos decidieron dónde quitarle y dónde ponerle.

El segundo tijeretazo más importante se lo dieron al Ramo 19, Aportaciones a Seguridad Social, lo que implicó un recorte de mil 249 millones de pesos al ISSSTE… que tampoco conoció y aprobó el pleno.

A la Secretaría de Gobernación le recortaron mil 2 millones de pesos que iban al polémico programa de la Cédula de Identidad.

Para darle recursos adicionales al Fondo de Pavimentación de Municipios, los diputados le quitaron 85 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adición y recorte que no fueron aprobados por el pleno.

Igual sucedió con las ampliaciones presupuestales. A espaldas del pleno, los diputados de la Comisión de Presupuesto hicieron y deshicieron.

La mayor ampliación, según Juan Moreno, se aplicó en Desarrollo Social. Como ya le habían mochado más de 6 mil 500 millones de pesos a la propuesta original del gobierno, al final decidieron regresarle 2 mil 500 millones, pero donde ellos quisieron: no a Oportunidades, sino a programas como el de abasto de leche (Liconsa), de vivienda (Hábitat), desarrollo de zonas prioritarias y abasto rural (Diconsa).

Es loable que programas de ese tipo tengan recursos, pero el punto es que los aumentos no fueron conocidos ni aprobados por el pleno, ni siquiera el Anexo 38, Reasignaciones a Desarrollo Social, que no formó parte del dictamen distribuido a todos los diputados.

En Gobernación se dio la segunda mayor ampliación. Los mil 2 millones de pesos que le quitaron para la Cédula de Identidad, los distribuyeron en aumentos para el Registro Nacional de Población y el programa de Modernización de Registros Civiles. Sin embargo, para Gobernación y la Presidencia, la Cédula de Identidad va.

En Educación Pública hubo ampliaciones importantes, por 857 millones de pesos, a favor de universidades públicas, cultura e infraestructura deportiva municipal.

Pero el reparto fue discrecional y casualmente favorece a entidades gobernadas por el PRI, sobre todo en proyectos culturales. Por ejemplo, un proyecto de esa naturaleza en Chihuahua se incrementa en 10 millones de pesos, mientras que otro del Distrito Federal lo hace sólo en 3 millones. Más allá de las cantidades, el punto es, nuevamente, que no fueron conocidos ni aprobados por el pleno.

Igual pasó con Salud. Le agregaron 300 millones de pesos para el programa de Prevención y Atención del Cáncer Cérvico-Uterino y Mamario. Indiscutible su importancia. Plausible el aumento. Pero, de nueva cuenta, una decisión ajena a lo aprobado por el pleno.

Una prueba clara de la discrecionalidad que hubo en el último arreglo de las cifras en el Presupuesto se aprecia en el ramo de Comunicaciones y Transportes. El pleno había decidido ampliar la asignación en casi 19 mil 500 millones de pesos. El grupo encargado de los ajustes le cortó 222 millones a esa cantidad.

Con base en la revisión de los documentos, el entrevistado señala que en los anexos de carreteras y caminos rurales, “proyectos entraron y salieron, y algunos de los montos fueron incrementados y otros reducidos, siempre a discreción del pequeño grupo de diputados”.

En el anexo 30, Ampliaciones en Infraestructura Carretera y Ferroviaria, dice Moreno Pérez, el desorden fue tal que el pleno conoció una versión de ese anexo en el dictamen y otras cinco en la sesión plenaria. No quedó claro cuál fue la versión aprobada. Pero en el documento final, el enviado al Ejecutivo, están asignaciones que en ninguna de esas versiones aparecían. Por lo tanto, ni las conoció ni las aprobó el pleno.

Por ejemplo, viene una asignación de 20 millones de pesos para reubicar la terminal ferroviaria fuera del área metropolitana de Nuevo León, que nunca se conoció. También para el mismo estado, hay otros 22 millones no aprobados para la ampliación del metro.

Igualmente, el pleno autorizó recursos para el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero en la versión final ya no aparecen. En cambio, se destinaron 187 millones para un libramiento ferroviario en Tapachula, de los que no discutió el pleno.

Tampoco supo éste de los 50 millones que se asignaron al gobierno de Sinaloa para la construcción de una marina ecoturística en el desarrollo Isla de Cortés, puerto de Altata, en el municipio de Navolato.

Ni de los 10 millones que se le dieron a Tabasco para la construcción de escolleras y dragados en el puerto de Frontera.

Nunca estuvieron en el dictamen. Nada de eso conocieron los diputados. Por tanto, ni se discutió ni se aprobó en el pleno, dice Juan Moreno.

Y probablemente, admite, “muchas de las cosas que agregaron o quitaron pudieran estar mejor, ser positivas. Tuvieron más tiempo. Pero la discrecionalidad fue absoluta. No hubo apego a la ley. Unos cuantos decidieron impunemente”.

Las opciones que tenía el presidente Felipe Calderón eran: “Vetar y regresar el documento a la Cámara para su corrección, o convalidar la ilegalidad, que no sería otra cosa que un abandono anticipado de la plaza a favor del PRI. Prefirió lo segundo”, concluye Moreno.

Cassez: Caso cerrado, pero...

Anne Marie Mergier

Mientras que para Los Pinos el caso de Florence Cassez está cerrado, para el gobierno de Francia es motivo de mayores esfuerzos y de una intensa movilización con el fin de obtener su traslado. Y no es para menos. Apenas el 8 de diciembre, varios legisladores representantes de 200 miembros del Senado y de la Asamblea Nacional acudieron a un plantón de activistas solidarios con Cassez ante la embajada de México en París. Y, en un hecho inusitado, el embajador mexicano Carlos de Icaza tuvo que recibir a una delegación que incluía a los padres y a la defensa de la mujer condenada a 60 años de prisión.

PARÍS.- La tensión entre México y Francia subió un punto más el pasado 8 de diciembre, cuando Bernard Valero, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de este país, cuestionó abiertamente a la justicia mexicana en el caso de Florence Cassez y reiteró que el gobierno francés no había renunciado a obtener su traslado.

Interrogado sobre el tema durante su cita diaria con los periodistas de la fuente, Valero expresó textualmente:

“Hace cuatro años nuestra compatriota Florence Cassez fue detenida en México. Fue condenada a 60 años de cárcel en segunda instancia. Desde entonces nuestra embajada y nuestro embajador tomaron siempre todas las disposiciones para visitarla regularmente y brindarle asistencia en su lugar de detención. Es lo que se llama ejercicio del derecho de asistencia y de visita consulares.

“…Nuevos elementos que fueron puestos en evidencia desde la visita del presidente de la república a México, el pasado mes de marzo, nos llevan a dudar de que Florence Cassez se haya beneficiado de un juicio equitativo y de que la defensa haya podido hacer valer todos sus derechos. Seguimos nuestros esfuerzos para encontrar una solución a la situación de nuestra compatriota.”

–¿Existe una esperanza de que sea trasladada a Francia en los próximos meses? –preguntó un reportero.

–No ahorramos esfuerzo alguno, y ese objetivo nos tiene realmente movilizados. Creo que es demasiado prematuro mencionar fechas. Lo importante hoy es que todos nuestros compatriotas en Francia, y también Florence Cassez, sepan que en el día que marca el cuarto año de su encarcelamiento en México no la olvidamos.

Las declaraciones de Valero se dieron sólo dos horas antes de que 20 diputados y un senador de distintas corrientes políticas francesas manifestaran su solidaridad con la familia de Florence Cassez exigiendo su transferencia conforme al Convenio de Estrasburgo firmado por Francia y México.

Encabezada por Thierry Lazaro, diputado del Norte de Francia y alcalde de la ciudad de Phalempin, esa delegación parlamentaria acudió al mediodía a un espacio próximo a la embajada de México en representación de 200 miembros del Senado y de la Asamblea Nacional, según afirmaron.

Se reunieron con representantes de grupos de solidaridad con la joven francesa, encarcelada en el Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan tras haber sido condenada por secuestro. Varios de los activistas habían viajado desde Bélgica y Quebec. También asistió a la manifestación Yolanda Pulecio –madre de Ingrid Betancourt–, quien confió a la corresponsal que las largas pláticas que sostuvo con los padres de Florence Cassez y los documentos que le enseñaron la habían convencido de su inocencia.

Todos los canales televisivos franceses cubrieron ese plantón de medio centenar de personas casi silenciosas, que sólo agitaban banderas en las que exigían justicia para Florence Cassez. Policías amables pero firmes les impedían llegar hasta la sede diplomática, conforme a las exigencias mexicanas. Pero paulatinamente lograron avanzar metro por metro hasta muy cerca de la embajada. Las fajas de colores azul, blanco y rojo que enarbolaban los parlamentarios parecieron impresionar a las fuerzas del orden. Quizás también al embajador Carlos de Icaza, quien aceptó recibir a los padres de Cassez a las 14:30 horas.

A esa hora, Eduardo del Río y Juan Alberro, responsable de la comunicación y consejero político de la embajada de México, respectivamente, bajaron personalmente –en un hecho excepcional para este tipo de situaciones– con el fin de atender a la minidelegación.

Recibieron a los padres de Cassez, a su abogado Frank Berton, así como al diputado Thierry Lazaro y a Jean Luc Romero, senador y presidente del Comité de Apoyo a Florence Cassez.

“Falsificación de pruebas”

La entrevista, calificada por ambas partes como sumamente cortés, duró 45 minutos. Según la delegación francesa, fue Frank Berton quien habló más largamente: expuso los principales elementos jurídicos que lo llevan a denunciar una manipulación contra su clienta, los cuales hacen dudar al Ejecutivo francés de los dos juicios a los que fue sometida Cassez.

Gran parte de esos elementos aparecen en el libro Penas mexicanas/Florence Cassez, Jacinta, Ignacio y los demás, que Alain Devalpo y Anne Vigna acaban de publicar en Francia (Proceso número 1727).

“El embajador nos escuchó con gran atención; a veces inclusive percibí su asombro. Sus colaboradores apuntaron escrupulosamente todos nuestros argumentos y se nos aseguró que por la noche misma un informe llegaría a la cancillería mexicana”, contó Frank Berton a la reportera antes de precisar:

“Aproveché esa reunión con el embajador para anunciar en forma oficial que en los primeros días de enero demandaré a Genaro García Luna, actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, y a Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la Policía Federal, ante el procurador general de París por falsificación de pruebas contra una ciudadana francesa radicada en el extranjero, tal como me autoriza a hacerlo la legislación de mi país.”

En plática posterior con la corresponsal, Eduardo del Río, responsable de la comunicación de la embajada de México, aseguró que Carlos Icaza no deseaba comentar ese punto preciso ni el cuestionamiento hacia la justicia mexicana que expresó el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La postura mexicana quedó plasmada en un comunicado que la embajada difundió en todos los medios de comunicación franceses mientras que la Cancillería hacía lo mismo con la prensa de México.

En ese documento se recuerdan los delitos por los que fue condenada Florence Cassez; se insiste en que la justicia mexicana dispone de “pruebas y evidencias” de su culpabilidad y se reitera que las reservas que formuló Francia al firmar el Convenio de Estrasburgo sobre traslado de presos impiden que Florence Cassez cumpla plenamente en su país la pena aplicada por la justicia mexicana. Asimismo, se volvió a hacer hincapié en que el Convenio de Estrasburgo no es vinculante.

Apenas terminado el encuentro con Carlos de Icaza, Charlotte y Bernard Cassez, acompañados por el abogado Frank Berton, sostuvieron una larga junta con un alto funcionario del Palacio del Elíseo encargado por Nicolas Sarkozy del cada vez más delicado “caso Cassez”. El día acabó con entrevistas realizadas por distintos medios de comunicación locales, en los que quedaron patentes las profundas divergencias franco-mexicanas.

Para Los Pinos el caso está cerrado. Para el Elíseo es más candente que nunca.

miércoles, 16 de diciembre de 2009

Acontecer Diario