Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
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Domingo 14 de marzo de 2010
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SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA
Colaborador Invitado / Reelige o castiga
La reelección consecutiva de legisladores implicaría obligaciones no sólo para los representantes, también para los ciudadanos
Colaborador Invitado
(14 marzo 2010).- Gonzalo Sánchez de Tagle
Miembro de Reelige o castiga, A.C.
La sociedad mexicana, particularmente la urbana, no ha sabido, no ha podido o no ha querido reunirse alrededor de temas comunes.
Existen algunos ejemplos como el movimiento estudiantil del 68, las movilizaciones en torno al terremoto de 1985 o las últimas marchas ciudadanas por la seguridad. Sin embargo, es claro que estos ejemplos y algunos otros no mencionados no hacen sino reflejar que la comunidad en nuestro país reacciona ante lo inevitable, ante lo ocurrido o ante la desgracia.
Siempre reactiva, nunca proactiva o preventiva, en México la ciudadanía rara vez ejerce su derecho y obligación a la plaza pública, al reclamo colectivo, a la exigencia común. Es importante precisar que se está hablando de movimientos surgidos de la sociedad civil organizada, sin fines o intereses personales de trascendencia, más allá del estrictamente propio de la causa que se impulsa, no de aquellos que tienen origen en causas partidarias o intereses estrictamente políticos, en ocasiones poco visibles.
Esto, por dos razones fundamentales: la escasa o nula cultura ciudadana que hay en México, lo cual es entendible hasta el punto que durante mucho tiempo cualquier movimiento de esta naturaleza era reprimido o simplemente no era efectivo y, por otro lado, la comodidad del status quo; de tal forma que es más fácil ser ciudadano sin plenos derechos, que ejercer plena y responsablemente la ciudadanía, con las obligaciones que conlleva.
Es común escuchar exigencias públicas, llamamientos a rendición de cuentas de gobernantes y la clase política. ¿Cuándo se ha escuchado que los ciudadanos rindamos cuentas, que seamos responsables con nuestra sociedad y con nuestro futuro colectivo? Se indica y señala al presunto responsable, es natural gracias al mandato. Sin embargo, más responsables debemos de ser los ciudadanos de rendirnos cuentas a nosotros mismos sobre lo que hacemos por nuestro futuro.
Si tenemos un esquema de gobierno ineficiente y deficiente; si consideramos que las políticas económicas son erradas, si criticamos la desigualdad social, pues es en buena parte responsabilidad de la sociedad toda. Es necesario que dejemos de lado las imputaciones y descalificaciones a representantes, por otra parte necesarias, y que hagamos algo en consecuencia.
Un grupo de jóvenes comprometidos con el futuro de México, con nuestra comunidad y con el presente de nuestro país hemos decidido apoyar e impulsar una institución que responsabiliza al gobernante frente a los ciudadanos y viceversa: la reelección consecutiva de representantes populares.
Aunque no es el descubrimiento del agua tibia, sí es la piedra angular de un sistema democrático de derecho, al trasladar la rendición de cuentas del mandatario al mandante, que será el ciudadano; al generar incentivos de representación real y efectiva; al otorgar la posibilidad de premiar o castigar al representante con base en su desempeño real. Se trata, en suma, de otorgar al ciudadano el poder de la democracia, que sea él el que decida quién, cómo y por cuánto tiempo se le va a representar.
La reelección consecutiva responsabiliza a la sociedad en la configuración de sus órganos de representación y la responsabiliza ante la posibilidad de votar de nueva cuenta por un cierto candidato; la obliga a estar pendiente de las actuaciones de su representante y ser un receptor eficaz de las cuentas que se rindan; le obliga a exigir la rendición de cuentas. En suma, la reelección obliga tanto a representantes como a ciudadanos.
Hay voces que niegan o demeritan las virtudes de la reelección, las cuales omiten que el principio rector en una democracia es que el ciudadano es quien tiene el poder; omiten observar que el ciudadano es el mandante y que para él es el gobierno; omiten responsabilizar a la sociedad, como si fuéramos menores de edad.
Es también común escuchar que la reelección consecutiva debe ir forzosamente aparejada de un sistema eficaz de rendición de cuentas, lo cual no negamos, salvo en la exigencia de la implementación de ambos sistemas a la par, pues de ser así, ante la realidad mexicana, no prosperará la una ni la otra. Y sin embargo, la reelección consecutiva en sí misma propicia la rendición de cuentas.
Es fundamental que exijamos espacios de participación como la reelección; es indispensable que exijamos la aprobación de esta figura en el Congreso. Lo peor que podría pasar es quedarnos igual, porque retrocederíamos más; es imprescindible que decidamos hacernos cargo de nuestro futuro, la reelección es una herramienta para ello.
En Reelige o castiga estamos comprometidos con nuestra democracia, con México y con nuestro futuro.
www.reeligeocastiga.org
PAN: miedo a la libertad
Ensayo Identidad y crisis partidista. Muchos panistas sueñan, ya no con ser diputados, sino delegados de la Sedesol en sus estados. El PAN no puede ni debe suscribir alianza alguna con los enemigos de la libertad. Tampoco el gobierno panista debe admitir en su seno a quienes disfrazados intentan ya la resurrección del PRI. La alianza del PAN con el PRI en el estado de México hubiera sido la unión con el vacío, con la nada
Germán Martínez Cázares
(14 marzo 2010).- Murió a la temprana edad en la que afirman también falleció Jesús de Nazaret: 33 años. A los 24 ya era miembro del Parlamento de Burdeos. A los 18, después de cursar estudios de derecho en la Universidad de Orleans, escribió la obra que lo convirtió en una celebridad: Discurso de la servidumbre voluntaria1.
Étienne de la Boétie (1530-1563) vivió en los albores de la Francia confusa y convulsa, en la que se respiraban aires de intolerancia y empezaba a reinar el despotismo del monarca absoluto.
Todavía vivía Hernán Cortés y Étienne de la Boétie ya argumentaba a favor de la libertad. Antes de John Locke, Denis Diderot o Juan Jacobo Rousseau, La Boétie puso en juego los valores de la sociedad civil y el respeto al individuo contra el poder arbitrario e injusto y el contrato social que debe existir entre gobernante y gobernado.
La Boétie, en palabras de su amigo y heredero de su biblioteca, Michel de Montaigne, redactó su "discurso" en honor a la libertad, contra los tiranos.
El pensador francés fue un profeta de la libertad civil. Un modernizador del discurso político, y un adelantado de la Ilustración. Sin duda, La Boétie tiene un lugar de honor en la primicia francesa de defensa de la libertad como derecho fundamental de todos los seres humanos.
La Boétie averiguaba en su "discurso" el origen del poder absoluto de un rey o de un amo frente a su pueblo. ¿Por qué consienten los súbditos su propia esclavitud?, se preguntaba.
El sometimiento consentido es la negación de la libertad, se respondía. Y la libertad debe desearse, anhelarse. El hombre para ser libre debe ambicionar la libertad, "ese bien tan grande y placentero cuya carencia causa todos los males".
En los tiempos dorados de las monarquías absolutistas (gobernaba Francisco I en Francia y Carlos V en España), La Boétie no dudó en afirmar a la libertad como parte de la naturaleza humana. "La libertad es natural", sentenciaba. "No solamente hemos nacido en posesión de nuestra libertad, sino también con la pasión de defenderla".
El Partido Acción Nacional está cruzando una crisis de identidad porque, en algunas ocasiones, no ha sabido defender con pasión su discurso libertario, o mejor dicho, liberal. El PAN ha perdido fuerza en su ambición de libertad.
Los panistas hemos consentido -como aquellos súbditos que observaba y criticaba La Boétie- un discurso político y quizá programas de gobierno antiliberales y en no pocos casos liberticidas.
Vive el PAN, en muchos casos, bajo una servidumbre voluntaria; en esquemas de gobierno o de conductas públicas animadas en valores distintos a esa fe liberal.
No es ajeno para nadie que al interior del PAN tenemos un gen conservador y católico producto de nuestra cultura occidental. Esa raíz convive con otra semilla profundamente liberal que empujó con éxito la democratización de México. En el PAN concurren, con mayores o menores sobresaltos, las palabras liberales de Manuel Gómez Morin y las católicas conservadoras de José González Torres, (Enrique Krauze dice que la paternidad y tronco conservador viene de Efraín González Luna). Es un imperativo impostergable resolver ese dilema genealógico a favor de la libertad, para reconstruir esa mirada clara en el futuro.
Acción Nacional debe abrazar sin miedo, como La Boétie, a la libertad. Reivindicar y modernizar el credo liberal, como alguna vez lo soñó el poeta católico Ramón López Velarde. Modernizar la fe en la libertad es una tarea aplazada de Acción Nacional.
Parte de esa brega consiste en aceptar que el "bien común" en política no lo encarna una persona, gobernante o candidato, sino que se construye dentro de una sociedad necesariamente plural.
Otra parte consiste en entender y aceptar que la transformación cultural del país a favor de la libertad, la victoria cultural de la libertad, "jalará" el desarrollo económico más, mucho más, que cualquier programa de manejo gubernamental de la economía.
El PAN debe aceptar de una vez por todas a la democracia, y sólo a la democracia, como base de la legitimidad de su tarea política. ¿Por qué decir esto? Porque el PAN debe insistir en que la lucha política es una lucha ética, sí, pero es justamente ética porque debe ser una batalla de valores. Al mismo tiempo, el PAN no debe hacer prevalecer ningún valor moral, que no sea el valor moral sancionado por el sistema democrático. Sólo debe gobernarnos la ética aceptada en las urnas.
Con frecuencia se escucha en el PAN el estribillo pegajoso de que la política debe estar subordinada a la ética. No hay por qué confundir peras con manzanas. La política es el instrumento para hacer prevalecer un valor, pero en política no hay verdades absolutas. La política es el terreno de las "verdades probables", decía Carlos Castillo Peraza, por eso exige tolerancia, diálogo, negociación.
Parafraseando a Immanuel Kant, de su distinción entre derecho y moral; los panistas debemos afirmar a la política como una actividad heterónoma, bilateral y coercible; mientras que la ética es autónoma, unilateral y su exigencia corresponde sólo al fuero personal del individuo.
La ética puede definir pecados, la política debe definir delitos. La ética no reclama la libertad porque se "autoimpone", la política sólo existe en la libertad porque es convivencia con quien puede tener otros valores.
Los panistas debemos aceptar con Roger Bartra que un partido con una auténtica vocación democrática moderna no puede dejar de comprender que la familia evoluciona, migra, se desprende, vive en dificultades; que el Estado no es un "orden natural" sino un orden social creado por el hombre; que la identidad nacional no es una entelequia eterna y que la ciencia define y también defiende la vida.
Los panistas en particular, como los políticos en general, son absolutamente libres de cultivar cualquier religión, pero no es la política el terreno para hacer valer los juicios divinos.
Dicho en otros términos, el PAN no debe tener miedo a que en la más absoluta libertad cívica -fuente del poder político que ha conquistado- se escruten, ahora, todas sus tesis.
El PAN que siempre leyó el neotomismo de Jacques Maritain, ahora debería leer la rebeldía libertaria de Albert Camus o el antidogmatismo contemporáneo de Alain Finkielkraut.
La libertad se nutre de la educación. Una de las primerísimas tareas liberales del Estado ha de ser garantizar la educación libre y para la libertad. Acción Nacional pierde futuro y horizonte cuando empeña la educación. Étienne de la Boétie afirma que sólo imaginan y sienten el espíritu de la libertad "los que teniendo su propia cabeza bien hecha, todavía la han pulido mediante el estudio y el saber". Una gran parte de la explicación de los sinsabores de Acción Nacional está en su deuda con la educación pública mexicana.
En materia económica, la defensa de la libertad exige cambiar el objetivo de combatir la pobreza por la meta de alentar la creación de la riqueza y el desarrollo nacional. Los discursos anticapitalistas en el fondo son hondamente antiliberales y el PAN los debe combatir.
En pocos terrenos como en el social los panistas hemos flaqueado en la defensa del ideario liberal. ¿Por qué aceptamos el canto de las sirenas asistencialistas?, ¿por qué reeditar prácticas de servidumbre voluntaria, por ejemplo en el campo mexicano, que no liberan la fortaleza económica de todo nuestro sistema agropecuario? ¿Por qué jugar a las tutelas antiliberales de gasto público, que usan magistralmente algunos gobernadores priistas para derrotar electoralmente al PAN?
No se trata de desentendernos de la pobreza. De manera abundante y erudita, Gabriel Zaid ha demostrado que se puede apoyar políticas públicas de igualdad desde la libertad.
La restauración paulatina del PRI, en lo municipal y en lo local, pasa justamente por esas prácticas clientelares que no son combatidas frontal y decididamente desde la libertad. Muchos panistas ya no sueñan en ser diputados en el Congreso de la Unión, sino delegados de la Secretaría de Desarrollo Social. Aspiran a ofrecer sus servicios de regalar cañas, dando la espalda al ejercicio liberal de enseñar a pescar.
El gobierno del presidente Calderón tiene aciertos y errores como cualquier obra humana, pero no podemos regatear que una agenda de gobierno liberal reclama hacerse cargo, sin titubeos, de la seguridad pública.
Sin seguridad la libertad es una mentira. Sin certeza jurídica la libertad es polvo en el viento. "Lo que hace que un amigo esté seguro de otro es el conocimiento que tiene de su integridad", dice La Boétie. Y sentencia que no puede haber "amistad", es decir, relación de libertad entre iguales, "ahí donde hay crueldad, ahí donde hay deslealtad, ahí donde hay injusticia".
El presidente Calderón asumió la defensa de la libertad al emprender la batalla franca, abierta y legítima contra la delincuencia.
Nunca he oído aludir la obra de Isaiah Berlin en las deliberaciones panistas. Casi siempre son las mismas y trilladas citas históricas de viejos panistas las que retumban en nuestras intervenciones. El debate interno panista está desgastado y plagado de nostalgias, de frases gerenciales, citas de mercadotecnia y de ocurrencias vacías, e incluso -como afirma Enrique Krauze- de dogmas. El PAN requiere más que nunca renovar su palabra.
Reafirmar esa doctrina de defensa de la persona libre le facilitará la tarea de comunicar mejor logros de gobierno y propuestas de campaña.
El PAN será distinto y distinguible cuando asuma sin complejos que nuestra convicción y apuesta no es la de un Estado fuerte, ni un gobierno frívolo soportado en anuncios y acompañantes de la televisión, sino en ciudadanos libres.
Muchos panistas no saben reconocerse en sus victorias. Y eso es doblemente grave si se piensa que esas victorias son triunfos de la libertad cívica, de la "libertad formal", diría Raymond Aron; de esa libertad mecánica de decidir mediante sufragio al gobernante. Quien niega como propia la libertad formal -seguimos a Aron- será muy difícil que convoque a los ciudadanos a la conquista de la "libertad real".
Dicho de otra manera, ¿cómo convocar a conquistar libertad real de elevación del nivel de vida de las personas, si al mismo tiempo negamos los resultados de los métodos cívicos conquistados por la libertad formal?
Los panistas que despotrican contra su propio gobierno desprestigian la libertad formal y debilitan la ulterior convocatoria que hace el partido y los gobiernos a defender la libertad real.
Algunos de esos panistas parecen tener prisa por regresar a la oposición, para "hacer cuadrar" su visión política a su circunstancia personal. Otros ni siquiera pugnan por una orientación ideológica, menos por una salvaguarda de la libertad. Riñen en el mejor de los casos por espacios de poder, salarios o simple satisfacción de narcisismos.
Las alianzas, como cada una de las decisiones del PAN, deben ser juzgadas precisamente por los espacios de libertad que ganen para los ciudadanos.
Las preguntas son obligadas: ¿acaso no es impostergable en Oaxaca ese triunfo de la libertad? ¿Un priista converso de un día para otro acaso está comprometido con el progreso liberal? ¿Puede una persona desvincularse de las artes de la servidumbre voluntaria, literalmente de la noche a la mañana? ¿El adversario en temas liberales es el PRI, el PRD o los dos? ¿Cuánto compromiso con la libertad tienen nuestros gobiernos panistas? ¿Cuánto dinero se derrocha en el campo mexicano por los votos priistas en el Congreso para aprobar los gastos nacionales? ¿Cuánto respaldo político tiene el viejo sindicalismo mexicano de parte del PRI, cuánto de parte nuestra? ¿Bajo qué discurso amasaron poder y dinero los monopolios mexicanos?
Con las respuestas en la mano a éstas y otras preguntas es como el PAN debe valorar, criticar, premiar o censurar cada una de sus actuaciones. También el intento (y por tanto, fallido) de aliarse con el PRI en el estado de México.
El gobierno mexiquense es de lo más antiliberal. ¿Por qué? Porque la frivolidad es la negación de todo valor político. Es la claudicación de cualquier tesis política o rumbo de gobierno a cambio de una imagen. Es el culto al oropel. La alianza del PAN con el PRI en el estado de México hubiera sido la unión con el vacío, con la nada.
El gran adversario de la libertad en México ha sido esa parte del PRI y del PRD que todavía grita proclamas nacionalistas trasnochadas, que ensalza el proteccionismo económico y debilita consecuentemente la competitividad, impide abrir la economía y desalienta la competencia global.
Muchos de sus gobernadores son claramente tiranos, como los que criticaba Étienne de la Boétie desde el siglo XVI. El Estado obeso nació, creció y se reprodujo atropellando a la libertad. Y el PAN debe recuperar un Estado para la libertad.
El debate político mexicano no encuentra claridad porque nadie asume con fuerza esa fe liberal. Esa raíz de emancipación, mérito y desarrollo que vibra en la clase media mexicana y que está a la espera de un partido político que la represente y ampare.
El PAN no puede ni debe suscribir alianza alguna con los enemigos de la libertad, para usar la expresión de Karl Popper. Pero tampoco el gobierno panista debe admitir en su seno a quienes disfrazados de panistas intentan ya la resurrección del PRI, con sus ineficiencias, omisiones o francas complicidades.
Las utopías sociales traen infiernos sociales, suele afirmar Mario Vargas Llosa. La libertad es una idea que acata siempre la realidad. No vive de pregonar paraísos, ni de resaltar superhombres como salvadores del país. La libertad apuesta por la efervescencia social, por el ejercicio eficiente y no dogmático del gobierno. Por la responsabilidad de la generación presente, sin culpar al pasado o al extranjero de nuestros carencias o retos.
La libertad no excluye a nadie, pero no encumbra una verdad por encima de otra. Y sólo jerarquiza valores en democracia. La libertad responsabiliza, compromete, porque destierra el vicio de la dependencia, como sugiere La Boétie.
Quizá por herencia cultural, por tradición religiosa, por defensa de intereses, por pereza intelectual, por cálculo electoral, o por franca cobardía, muchos panistas -claro que me incluyo- hemos tenido miedo a la libertad. Y una defensa férrea, numantina, de libertad es lo que están esperando los ciudadanos de Acción Nacional.
No puede el PRI por sus inercias, ni menos el PRD por su vicios ideológicos, suscribir las tesis de las libertades liberales.
El campo y el camino están abiertos para que Acción Nacional se convierta en una acción liberal. Ése es el reto. Renovar nuestro discurso y nuestra actitud para apostar por una libertad, desde la libertad y para la libertad.
Libertad individual, libertad política, libertad de expresión, libertad de mercado, libertad cultural. Libertad íntegra, sin servidumbres voluntarias, eso es y debe ser el derrotero cultural del PAN.
El Parlamento de Burdeos del que Étienne de la Boétie fue miembro, como hemos dicho, conoció impreso el Discurso de la servidumbre voluntaria. Dudó y vaciló en su defensa de la libertad, de su libertad. Pronto, tras la muerte de La Boétie, ordena por mayoría de sus miembros -en 1579, cuando Montaigne consigue la autorización para publicar sus ensayos- que el libro del Discurso de la servidumbre voluntaria sea quemado públicamente en la plaza de Burdeos. A Francia le esperarían muchos años de derrotas y divisiones.
El PAN puede ahorrarse, por el compromiso con la libertad, más derrotas y divisiones.
Nota
1 Todas las citas están tomas de: Discurso de la servidumbre voluntaria de Étienne de la Boétie. Liberty Fund, Inc. y editorial Trotta. Madrid. 2008.
El autor es abogado y fue presidente nacional del PAN (2007-2009).
2010: relumbrón y espectáculo
Concursos de belleza, torneos deportivos, congresos médicos, monumentos, placas conmemorativas, obras que no se concluirán este año, una fiesta que costará mil millones de pesos y el pretexto ideal para que los políticos salgan en la tele. Esto es el Bicentenario, "la fiesta de México"
Karla Garduño Morán
(14 marzo 2010).- Si se trata de sumarse a la fiesta no importa la calidad del evento o su relación con la conmemoración. Un concurso Señorita Bicentenario y uno de Mister Playa, una reunión nacional de funcionarios fiscales, un congreso de ginecólogos, conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, concursos para ver quién se disfraza mejor de Miguel Hidalgo, y renombrar toda una ciudad con apelativos históricos resultan para algunos acciones propias para celebrar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
Así se establece en el Catálogo Nacional de Celebraciones, un documento presentado el pasado 10 de febrero por el gobierno federal en un evento que dio una pequeña muestra de lo que será el 2010 para el gobierno federal: frente a más de 500 invitados -políticos, intelectuales, los dueños de las dos televisoras y su séquito de estrellas, entre las que destacaban Paola Rojas (de Televisa) y Jorge Zarza (de TV Azteca) como maestros de ceremonia-, el presidente Felipe Calderón presumió que había más de 2 mil 300 eventos incluidos en ese catálogo.
Con la colaboración de 30 entidades del país -Guerrero y el Distrito Federal no están incluidos en el documento, aunque sí tienen un programa local de celebraciones-, las secretarías de Estado, el Senado y la Cámara de Diputados, se ultimó una agenda que ha ido creciendo desde el 2008.
"En cada escuela, en cada comunidad, en cada municipio, en cada ciudad, en cada entidad de la República se van a realizar magnos proyectos culturales, artísticos, deportivos, educativos, que nos permitirán conmemorar con pasión, con orgullo y con alegría nuestra Independencia y nuestra Revolución". dijo Calderón, flanqueado por gobernadores, legisladores, ministros de la Suprema Corte e integrantes de su gabinete.
Para citar unos ejemplos, el titular del Ejecutivo puso énfasis en las fiestas más ostentosas y las obras de infraestructura más vistosas.
Lo que no mencionó en su discurso -el cual mereció que los programas de revista matutinos se enlazaran al Centro Banamex para transmitir en vivo el evento- es que entre todas esas acciones un número considerable que no tiene nada que ver con la historia y otras se repiten de estado a estado (pocos se resisten, por ejemplo, a un concurso de escoltas o de ensayo).
Calderón no lo dijo, pero para finales del año en todo el país habrá calles, parques, hospitales, escuelas y cientos de monumentos con el nombre de Bicentenario o, en menor medida, con el de Centenario, pero también un sinfín de placas con los nombres de los próceres de ambas gestas presidiendo cualquier obra pública.
El estado de México es la entidad más empeñada en registrar la historia en toda la obra. Diez de sus 200 acciones -en las que predominan las obras de infraestructura- tienen que ver con la asignación de nombres históricos.
"Asignar nombres de los próceres a los parques para personas con capacidades diferentes y adultos mayores, estancias infantiles y jardines de niños inaugurados durante el sexenio. Denominar Bicentenario a los sistemas de transporte masivo. Asignar nomenclatura a escuelas de nueva creación", son sólo algunas de sus declaraciones de intención para modificar la nomenclatura del estado más poblado del país, al estilo de los festejos del Centenario de la Independencia de Porfirio Díaz.
Algo similar sucede en Guanajuato, pero ahí no serán sólo las calles y los edificios los que tengan el apellido Bicentenario o el nombre de algún prócer, sino que cada evento significativo que se lleve a cabo en la entidad entrará en automático al festejo.
Resulta natural que el estado natal de Miguel Hidalgo sea el que más eventos aporte al catálogo de actividades (239), pero en el mismo cajón donde entran la polémica Expo Bicentenario -un recinto ferial que tendrá un costo de casi mil millones de pesos y que estará en pie sólo cuatro meses-, la restauración de la Alhóndiga de Granaditas o el Festival Internacional Cervantino caben también un torneo internacional de tenis y otro de judo; un congreso anual de actualización en medicina interna; el campeonato nacional de boliche; la expo autotransporte; un encuentro de notarios públicos y la copa de motocross.
Guanajuato incluyó cualquier cosa que vaya a hacer; otros, como Michoacán, enumeran una serie de buenas intenciones que a seis meses de la primera fecha a celebrar ya deberían estar concretadas, como la creación de la Comisión Permanente de los Bicentenarios, la intención de llegar a un acuerdo para incorporar a los pueblos indígenas al estudio de los centenarios y un exhorto para que se incremente el estudio de la historia. Ése es el tono de la mayoría de las 76 actividades de la tierra del presidente Calderón: acuerdos, decretos, exhortos o convocatorias, y apenas algunas acciones específicas como la exposición 100 Artistas Michoacanos.
La agenda de Campeche no se caracteriza por su variedad, aunque resulta peculiar el que se les haya ocurrido armar un concurso para que un tipo musculoso y bronceado represente al Bicentenario (Mister Playa). La entidad pretende organizar al menos cuatro concursos de interpretación del Himno Nacional, especialmente entre la comunidad indígena, y una competencia de canto para que también se oigan otras cosas. También planea, o al menos expresa su intención, cuatro desfiles de escoltas y bandas de guerra de los diversos niveles educativos y tropa deportiva.
Luego de revisar la agenda es claro que prácticamente cualquiera y a cualquier hora puede sentirse que está festejando, incluyendo a los deportistas practicantes de disciplinas menos populares que el futbol, como el ajedrez, el karate, el tiro con arco, las luchas, la pesca, el judo, el boliche, los clavados, la equitación, vela, futbol playero, y por su puesto, marcha, atletismo y ciclismo. Torneos de esas disciplinas pululan en el catálogo.
La marca del año
Con la desorganización que privó en la Comisión Nacional Organizadora desde su instalación en junio del 2006; la existencia de cuatro titulares oficiales (Cuauhtémoc Cárdenas, Sergio Vela, Rafael Tovar y de Teresa y el actual: José Manuel Villalpando), y dos informales (Fernando Landeros y Bernardo de la Garza), y al menos dos programas distintos, parecía que el Bicentenario y el Centenario no llegarían, sobre todo porque países como Chile, que también celebra este año, arrancaron en el 2000.
Pero finalmente las conmemoraciones están a la vista, y de forma avasalladora, no por mérito de la comisión (que al final se quedó con una agenda más pequeña que la planteada por Tovar y de Teresa), sino porque todos quieren salir en la foto.
Por primera vez en México un mundial de futbol tiene tanta competencia mediática. En Televisa, por ejemplo, son mucho más comunes los spots de Las estrellas del Bicentenario que los referentes a la cobertura del mundial, que será dos meses y medio antes del 15 de septiembre. Los promocionales de Televisa, producidos por Pedro Torres y que promueven las bellezas naturales de México con una estética que algunos han relacionado con el artista Gregory Colbert, sirven para calentar el ambiente (el primero de ellos, lanzado en enero, ya sumó 109 mil vistas en YouTube) y compiten con los lanzados por el gobierno federal.
Tanto en radio como en televisión, la propaganda oficial nos recuerda que México es todos los mexicanos: "tú eres el sabor del chile relleno, el lugar donde diste tu primer paso, un mejor futuro, el olor de un cafecito de la olla".
Monedas, billetes, bisutería
Aunque pareciera ser así, los medios masivos de comunicación no acaparan todo el festejo. Los centenarios, doble o sencillo, están por todos lados.
Empezó en la cartera, donde empiezan las grandes fiestas: en octubre del 2008, mientras en México el catarrito de la crisis se convertía en una gripe severa y el PIB decrecía (-1.1 en el último trimestre de ese año), los mexicanos comenzaron a pagar con monedas conmemorativas de 5 pesos los nuevos precios fijados por la inflación.
Cuando la serie termine de emitirse, quienes se dieron el lujo de coleccionarlas en lugar de gastarlas, y hasta las intercambiaron con sus amigos, tendrán un total de 185 pesos en 37 monedas distintas: 19 con imágenes alusivas a héroes de la Independencia y 18 referentes a la Revolución.
Junto con las monedas llegaron los billetes: 50 millones de ejemplares de 200 pesos para conmemorar el Bicentenario y 50 millones de billetes de 100 para el Centenario. Los coleccionistas ya tendrán su ejemplar, pero es más común ver que el billete que estaba guardado en la cartera para el recuerdo termina en las manos del señor que atiende el puesto del mercado, de la cajera del súper o del taxista. Aunque los numismáticos están a la caza de los billetes de 100 pesos con errata, que en lugar de decir "sufragio efectivo" dicen "sufragio electivo". Aunque el Banco de México dijo que no alterará el valor simbólico, si salen de la circulación serán ejemplares raros y, por ende, cotizados.
Para traer la cartera todavía más a tono con las conmemoraciones, en el estado de México, además de los billetes históricos, también la licencia puede tener el apellido Bicentenario. Desde el 16 de febrero es posible tramitar este plástico con las efigies de Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos, Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero e Ignacio Allende, y además hacerse de un seguro de vida de hasta 50 mil pesos. Toda una ganga.
Para complementar el paquete y recordarle a los del carro de atrás que éste es el año del Bicentenario -mientras en el radio lo felicitan por cumplir 200 años y circula a vuelta de rueda sobre el viaducto elevado Bicentenario o por el Circuito Bicentenario- también el estado de México emitió placas vehiculares conmemorativas con la silueta de los mismos héroes.
Esa misma iniciativa la tuvieron en Puebla, pero con la imagen de los hermanos Serdán y con motivo del Centenario de la Revolución, y en Guanajuato desde el 2008, pero ahí además de celebrar al cura Hidalgo, celebraron el azul del PAN.
Bi100 vs. México 2010
Si en el catálogo la competencia fue feroz por abultar la agenda, en la capital del país la rivalidad entre la comisión del gobierno de Marcelo Ebrard -la Bi100, qué empezó la fiesta desde el 2007- y la del gobierno federal hace que se saturen la vista y la mente de anuncios, foros y espacios públicos conmemorativos de las gestas de Independencia y Revolución.
Ambas marcas luchan por posicionarse: si hay camiones conmemorativos con el logotipo de la Bi100 circulando por avenidas importantes, en Chapultepec hay un tren forrado con la imagen de México 2010 -eslogan de los festejos del gobierno federal- que transporta a los visitantes del emblemático Castillo.
De la Bi100 son las exposiciones históricas que se montan en algunas estaciones del Metro, los trolebuses conmemorativos, la carpa de Tepito donde se llevan a cabo espectáculos populares, las más de 2 mil videocámaras colocadas en la Ciudad, la "Puerta 1808" y la "Fuente de la República" en Paseo de la Reforma y Juárez, así como el caos de las obras en Félix Cuevas por la construcción de la línea 12 del Metro y las obras de remodelación en el Centro Histórico.
De la comisión federal, en cambio, es el reloj de cuenta regresiva junto al Palacio Nacional, los letreros en los monumentos históricos -donde el curioso puede pedir audioguía con su propio celular-, las obras en la ex refinería 18 de Marzo y en la Puerta de los Leones de Chapultepec y los letreros de la Ruta Bicentenario colocados en prácticamente todas las carreteras de acceso y salida de la ciudad. Cualquier escape seguirá siendo, a fin de cuentas, por la Ruta 2010.
El nivel de la competencia entre el gobierno perredista y el panista ha motivado que la agenda de la Bi100 no se incluya en el catálogo de actividades a nivel nacional -aunque tampoco existe una agenda a largo plazo del gobierno local- y provocó que en la inauguración de la exposición de Willy Souza en el Zócalo, el pasado 3 de marzo, las autoridades capitalinas brillaran por su ausencia, en venganza por haber invitado a Calderón a cortar el listón siendo que el GDF la organizó.
Pretexto para la creación
Bicentenario y Centenario saltan por todos lados, también en el plano académico.
Si alguien se diera a la tarea de reunir todas las publicaciones que salieron y saldrán con el tema, armaría una nutrida biblioteca con títulos sobre biografías de héroes y antihéroes, con revisiones históricas sobre todos los temas, fotografías conocidas y alguna que otra inédita, revaloraciones y reivindicaciones.
En un país en el que cada habitante lee en promedio 2.9 libros al año, según la última Encuesta Nacional de Lectura de Conaculta (aunque la UNESCO es menos optimista y dice que son 1.2), se tienen contempladas 363 publicaciones, nada más entre los estados y las instancias del gobierno federal. Muchas de éstas son colecciones de varios tomos, bibliotecas enteras o hasta tesis profesionales sobre el tema.
Historiadores e intelectuales en general están de moda este año. Por lo menos una vez a la semana hay alguna plática, un seminario o un foro con algún tema alusivo a las conmemoraciones en alguna universidad o instancia gubernamental o cultural.
Y también tienen su exposición mediática, aunque sea en los canales y horarios menos populares de la televisión.
En enero se comenzó a transmitir la serie Discutamos México, un foro de debate que llegó barriéndose a la agenda, como para reconciliarse con las voces críticas que lamentaban la falta de reflexión.
Esta iniciativa -que según el escritor Juan Villoro se salva entre toda la "pompa" de los festejos- era sólo un ciclo de conferencias en el Colegio Nacional hace apenas tres meses. Pero a petición de historiadores e intelectuales creció y saltó del colegio a la televisión, con 150 programas en los que participarán más de 500 voces que ya se transmiten en señal abierta.
Mucha fiesta y poca obra
Como dice un dicho anónimo, "a buena fiesta mala nueva", o al revés. Ante las malas noticias: una lenta recuperación económica, que el desempleo está en sus niveles más altos (5.3 por ciento) y que todos los días hay un promedio de 25 ejecutados en el país, el gobierno federal decidió organizar una gran fiesta de 10 horas en el Paseo de la Reforma en la que no escatimará recursos.
Para los 200 años se contrató a Ric Birch, el productor que organiza inauguraciones de olimpiadas y mundiales, quien a su vez contrató a 10 artistas que dirigirán un segmento de la fiesta que durará unas 10 horas, según dijo el Presidente.
Como se acostumbra en las fiestas importantes, no hay que preocuparse por el precio. Aunque se dice que podría costar más de mil millones de pesos (la mitad del presupuesto del programa de estancias infantiles para madres trabajadoras), la información al respecto no será pública sino hasta dentro de 12 años.
Además de la larga noche del Grito, el 16 de septiembre habrá un desfile "nunca visto" y la fiesta seguirá el 20 de noviembre, cuando el gobierno federal conmemorará la Revolución con olimpiadas deportivas y musicales, un desfile de marionetas gigantes y, como ya se adelantó el 15 de septiembre del año pasado, el espectáculo de luces México en el Corazón, que esta vez se proyectará por los cuatro costados del Zócalo.
Como las efemérides tienen un plazo impostergable, lo que se puede posponer son las obras. La Estela de la Luz que había comenzado como Arco Bicentenario debió iniciar su construcción en septiembre pasado, como prometieron las autoridades de la comisión; sin embargo, fue apenas en febrero que arrancaron los trabajos en la Puerta de los Leones. Aunque prometen que el monumento de
El monumento, según dijo Calderón en la presentación del programa, será el legado que quede a las futuras generaciones sobre el Bicentenario, de la misma forma que la Columna de la Independencia es el recordatorio de lo que fue el Centenario en 1910, cortesía del Porfiriato.
Que el monumento convoque a los hinchas del futbol y sea sede de manifestaciones sociales es impredecible; sin embargo, otras obras del catálogo también pretenden recordar y eternizar la conmemoración, aunque tampoco estén concretadas: el Parque Bicentenario en la ex refinería 18 de Marzo avanza, pero todavía no tiene forma; la refinería de Tula ni siquiera tiene un proyecto ejecutivo, pero ya tiene el nombre del Bicentenario. Sin contar, claro, el sinnúmero de plazas, parques y monumentos que se construyan en todos los estados de la República.
Por lo pronto, de los 157 proyectos de infraestructura -entre construcciones y rehabilitaciones- incluidos en el catálogo, 30 no tienen presupuesto o van demasiado atrasados como para ser considerados obras del año del Bicentenario; otros 10 están en construcción, pero no se terminarán en 2010; de 31 asignados a la Sectur no se tiene claridad respecto a su avance porque se trabajan en colaboración con los estados, y 50 del INAH, INBA y Conaculta forman parte de programas específicos, algunos de las cuales ya tienen firmados contratos pero otros no, por lo que se corre el riesgo de que queden inconclusos.
Acciones conmemorativas
En el catálogo hay 2 mil 344 acciones federales y estatales.
363 publicaciones.
361 obras de infraestructura.
175 exposiciones.
139 premios y concursos.
125 espectáculos.
97 actividades de difusión.
95 ceremonias cívicas.
87 coloquios.
83 eventos deportivos.
66 cursos y talleres.
66 obras artísticas.
61 restauraciones a monumentos.
60 congresos.
56 conferencias.
54 nuevos museos.
51 acciones en internet.
46 artículos promocionales.
38 cápsulas y videos.
35 fiestas populares.
31 monumentos.
26 rescates y creación de acervos.
21 desfiles.
18 eventos educativos.
18 investigaciones especiales.
8 parques del bicentenario.
*Otras 164 acciones
$ 1,696 millones.
En el fideicomiso Bicentenario hasta diciembre del 2009.
$ 485 millones.
Egresos del fideicomiso entre 2007 y 2009.
$ 1,200 millones.
Costo del Parque Bicentenario.
$ 71.2 millones.
Presupuesto del INEHRM para el 2010.
Gasto: exceso y opacidad
Reportaje Independencia, Revolución y fiesta
Karla Garduño Morán
(14 marzo 2010).- Desde que en 2007 el gobierno federal decidió crear un fideicomiso para administrar el gasto en los festejos del 2010, la conmemoración quedó marcada por la opacidad.
El fideicomiso, bajo el control de la Secretaría de la Función Pública, tuvo hasta principios del
Sólo la fiesta del 15 de septiembre, un espectáculo masivo de casi 10 horas -para la cual fue contratado Ric Birch, organizador de la inauguración de las Olimpiadas de Beijing y otros eventos fastuosos- podría costar más de mil millones de pesos según fuentes gubernamentales. La cifra exacta se podrá conocer hasta el año 2019, cuando venza la reserva de 12 años establecida por Banjército sobre el manejo del fideicomiso.
Los recursos del fideicomiso deberán alcanzar, además, para financiar el monumento conmemorativo en el Paseo de la Reforma, los desfiles del 16 de septiembre y del 20 de noviembre, el proyecto México es mi Museo y dos exposiciones en la Expo Bicentenario de Guanajuato, además del gasto corriente de la Comisión organizadora encabezada por José Manuel Villalpando.
A pesar de que Banjército resolvió en una solicitud de transparencia que la información sobre los contratos llevados a cabo con esos recursos fueran reservados por 12 años, la Auditoría Superior de la Federación pudo detectar irregularidades relacionadas con los festejos en la cuenta pública del 2008.
La ASF hizo 13 observaciones; entre otras cosas, por la contratación injustificada de 71 profesionales independientes con sueldos de mandos y mandos medios. Desde marzo de 2009, una de esas plazas eventuales la ocupa Jennifer Hartjen, ex secretaria particular del coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Maximiliano Cortázar, quien contrajo nupcias con ella el pasado 12 de diciembre. Hartjen percibía en 2009 un salario mensual de 69 mil pesos como directora de Relaciones Públicas de la comisión, cargo que ocupa hasta la fecha.
En el informe de la ASF también se destaca el pago hecho al representante de la comisión ante el comité técnico del fideicomiso, que en 2008 era Rafael Tovar y de Teresa, el cual ascendió a un millón 108 mil pesos por la prestación de servicios correspondientes a tres meses, del 25 de julio al 27 de octubre.
"Por tres meses de servicio percibió un promedio de 369.6 mil pesos mensuales, lo cual excede el monto de percepciones mensuales autorizadas para el más alto nivel, de acuerdo con el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal", dice la auditoría.
Aunque cuando se creó el fideicomiso, en diciembre del 2007, Tovar y de Teresa ya era coordinador, su pago comenzó a generarse hasta julio del 2008 porque hasta esa fecha estuvo todavía adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se había desempeñado como embajador de México en Italia hasta junio del 2007.
Presupuestos especiales
Algunas de las actividades de las instancias del gobierno federal cuentan con un presupuesto específico y fiscalizable, al estar clasificadas como proyectos de inversión en el Presupuesto de Egresos. Otras recibieron un presupuesto especial este año y otras más son financiadas con el gasto corriente de cada secretaría u organismo descentralizado.
En Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, 30 de sus 56 acciones son proyectos carreteros del Plan Nacional de Infraestructura. Otros 12 proyectos específicos de la SCT tendrán un costo de 232 millones de pesos: un Pabellón Aeroespacial, tres documentales y diversas exposiciones.
En las entidades federativas la opacidad es mayor, pues no existe un presupuesto específico para las acciones conmemorativas. Cada secretaría u oficina local aportará de su presupuesto para llevarlas a cabo, por lo que es difícil determinar su costo total. Cada entidad lleva su cuenta.
En el estado de México, que programó 200 acciones en el catálogo nacional, se etiquetaron 60 millones de pesos en el presupuesto del 2010, específicamente para las celebraciones.
En el Distrito Federal sólo se sabe que el presupuesto total de la Secretaría de Cultura -que asciende a 400 millones de pesos- fue etiquetado para las conmemoraciones.
En ambas entidades, el gasto en obra pública y difusión será muy superior a lo etiquetado.
Encuesta / Reforma ¿qué?
Reforma política encuesta. Sólo el 36 por ciento dice estar enterado de que está a discusión una reforma para cambiar algunos aspectos del sistema político
Alejandro Moreno
(14 marzo 2010).- En días recientes, la discusión sobre la reforma política ha subido sus decibeles. Representantes populares, funcionarios de gobierno y analistas políticos parecen estar poniendo mayor atención al tema, tanto a la propuesta que presentó el presidente Felipe Calderón en diciembre pasado como a las respuestas que a este respecto han formulado el PRD y los senadores del PRI. No obstante, por más que se haya comenzado a hablar de ello, el tema de la reforma política aún no ha encontrado eco entre la ciudadanía. De acuerdo con una encuesta nacional realizada por Grupo Reforma, a poco más de dos meses de que el Presidente enviara su propuesta al Congreso, sólo el 36 por ciento de los mexicanos adultos dice estar enterado de ello, mientras que el 62 por ciento aún no ha escuchado hablar del asunto.
Pero, más allá de la desinformación que persiste frente a las intenciones de cambiar a fondo algunos aspectos del sistema político mexicano, ¿cuáles son las posturas de los ciudadanos ante las propuestas específicas hechas por el Presidente?
De acuerdo con la encuesta, la propuesta de reducir el número de legisladores es la que cuenta con una mayor aceptación popular, registrando un 79 por ciento de acuerdo entre los entrevistados. Casi al mismo nivel se encuentra el apoyo a que los ciudadanos puedan presentar iniciativas ante el Congreso (78 por ciento). Por otro lado, el 69 por ciento está de acuerdo con extender a la Suprema Corte esa misma facultad de presentar iniciativas.
Con un menor porcentaje, aunque aún mayoritario, se acepta la posibilidad de candidaturas independientes a cargos de elección popular, con 52 por ciento.
Entre las propuestas que son rechazadas por la mayoría de los consultados se encuentra la reelección de diputados federales, con 59 por ciento de desacuerdo; la reelección de alcaldes, con 57 por ciento, y la segunda vuelta en elecciones presidenciales en las que no se obtenga mayoría, con un 51 por ciento.
La propuesta de aumentar el porcentaje de votos para que los partidos políticos mantengan su registro no tiene una postura mayoritaria, pero sí podemos decir que se inclina hacia el apoyo, con un 47 por ciento que dice estar de acuerdo, por encima del rechazo, reflejado en un 37 por ciento de desacuerdo.
En varias ocasiones, el Presidente y sus colaboradores cercanos han enfatizado los contenidos ciudadanos de esta propuesta de reforma política. No obstante, la encuesta revela que en este tema no hay una opinión mayoritaria: el 38 de los consultados cree que una reforma así ampliaría sus derechos, frente al 19 por ciento que cree que los restringiría y un 27 por ciento que no cree que ésta haga alguna diferencia.
¿Ha escuchado hablar de la reforma política que propuso el Presidente Calderón?
| Sí | 36% |
| No | 62% |
| No sabe | 2% |
· Le voy a leer algunas de las cosas que propone el Presidente en su reforma política. Para cada una, dígame por favor si usted está de acuerdo o en desacuerdo.
| | Acuerdo | Desacuerdo | No sabe |
| Reducir el número de diputados de | 79% | 12% | 9% |
| Permitir a los ciudadanos presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión. | 78 | 11 | 11 |
| Permitir a la Suprema Corte de Justicia presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión. | 69 | 16 | 15 |
| Permitir las candidaturas independientes a cargos de elección popular. | 52 | 34 | 14 |
| Aumentar de | 47 | 37 | 16 |
| Reelección de presidentes municipales. | 35 | 57 | 8 |
| Segunda vuelta en elección presidencial si ningún candidato obtiene mayoría. | 34 | 51 | 15 |
| Reelección de diputados federales. | 32 | 59 | 9 |
¿Siente usted que una reforma política como la que propone el presidente Calderón ampliaría o limitaría los derechos ciudadanos de personas como usted o no haría ninguna diferencia?
| Ampliaría | 38% |
| No haría ninguna diferencia | 27% |
| Los limitaría | 19% |
| No sabe | 16% |
¿Qué cree usted que la actual Cámara de Diputados está haciendo principalmente?
| | Dic 09 | Mar 10 |
| Oponiéndose a las iniciativas del Presidente. | 41% | 46% |
| Llegando a acuerdos con el Presidente. | 29 | 25 |
| Ambas. | 11 | 10 |
| No sabe. | 19 | 19 |
Por lo que usted sabe, ¿diría que los legisladores de los siguientes partidos en el Congreso generalmente apoyan o se oponen a las iniciativas del presidente Calderón?
| | Apoyan | Se oponen | No sabe |
| PAN | 70% | 16% | 14% |
| PRI | 32 | 52 | 16 |
| PRD | 20 | 65 | 15 |
Metodología: Encuesta nacional realizada con entrevistas personales en vivienda del 12 al 15 de febrero de
La cultura política
(14 marzo 2010).- Téngalo presente
Cómo se escribe un periódico de Miguel Ángel Bastenier. Fondo de Cultura Económica. El periodista expone su teoría sobre los problemas del periodismo latinoamericano. Martes 16, 19:00 horas. Casa Lamm. Álvaro Obregón 99, colonia Roma. Inf: 52 27 46 60.
Conferencias
Génesis de la Constitución de 1917. Ignacio Marván Laborde. Miércoles 17, 12:00 horas. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Insurgentes Sur 825, colonia Nápoles. Informes 5002 0100, ext. 1274.
Nuevas sociabilidades y cultura política en el radicalismo republicano del siglo XIX en España y México. Guy Thomson. Miércoles 17, 17:00 horas. Salón 5524 de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, col. Pedregal de Sta. Teresa. Informes: 5449 3000.
Mujeres y nacionalismo. Natividad G. Chong, Julia Tuñón, Ricardo Pérez Montfort y Marcela Romero. Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Jueves 18, 18:00 horas. Casa Universitaria del Libro, Orizaba 24, col. Roma. Informes: 5622 7390.
La revolución mexicana y la revolución francesa. Catherine Héau. Viernes 19, 10:30 horas. Sala de usos múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7390.
Exposiciones
México a través de las causas. Fotografías, grabados, dibujos, pinturas y documentos -alrededor de 800 piezas de la colección de Carlos Monsiváis- que ofrecen una revisión crítica de las causas de la Independencia y la Revolución. Miércoles a domingo. Museo del Estanquillo. Isabel la Católica 26, Centro Histórico.
Libros
Acción Nacional. El apetito y las responsabilidades del triunfo de Soledad Loaeza. Colmex. Colección de artículos publicados por la autora después del 2000. Se responde a la pregunta: ¿cómo afectó al PAN su arribo a la Presidencia?
El evangelio del yunque de Édgar Reza. Plaza y Janés. Novela escrita a partir de la supuesta existencia de un evangelio apócrifo vinculado con la organización ultraconservadora y secreta El Yunque.
La Ley Televisa y la lucha por el poder en México coordinado por Javier Esteinou y Alma Rosa Alva de la Selva. UAM. 34 especialistas analizan desde diversas disciplinas las repercusiones de la Ley Televisa en la política y las comunicaciones en México.
Mesas
Mujeres, delito y sociedad. Con Celina Oceguera Parra, Margarita M. Guerra y Tejada, Elena Azaola Garrido y Verónica Navarro Benítez. Miércoles 27, 12:00 horas. Auditorio Alfonso Quiroz Cuarón del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Magisterio nacional 113, col. Tlalpan. Informes: 54871500 ext. 1667.
Presentaciones
Diccionario Crítico de Gerardo Laveaga y Alberto Lujambio. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Presentan la segunda edición de esta obra Sergio García Ramírez, María Candelaria Pelayo, Jesús Zamora y los autores. Martes 16, 18:00 horas. Auditorio Alfonso Quiroz del Inacipe. Magisterio Nacional 113, Tlalpan. Inf: 5487 1500 ext. 1665 y 1667.
La reforma universitaria y el gobierno de la UNAM de Hugo Casanova Cardiel. UNAM. Presentan Manuel Gil Antón, Roberto Rodríguez, Hervin Fernández y el autor. Viernes 19, 18:00 horas. Casa de las Humanidades, presidente Carranza 162, coyoacán. Informes: 5622 6986 ext. 2420 y http://www.iisue.unam.mx.
Revistas
Confluencia XXI. No 8. Revista de pensamiento político del PRI. Número dedicado al tema de ingresos y egresos. Escriben Jesús Silva Herzog Flores, Manuel Havillis, José Luis Romero Hicks, Arturo Pueblita, Luis Antonio Ramírez Pineda y Carlos Matute.
Nexos. No. 387. La ofensiva conservadora es abordada en cuatro ensayos: Homofobia, crónica de una cruzada de Carlos Monsiváis; La guerra por el cuerpo de las mujeres de Sabina Berman; La sociedad laica y sus enemigos de Soledad Loaeza, y Zoología fantástica del matrimonio gay de Luis González de Alba. Además, Steve Rolles, Mike Trace y Jorge Hernández Tinajero escriben sobre la legalización de las drogas.
Si usted desea difundir algún evento de cultura política, por favor comuníquese al 5628 7245 o escriba a enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1741
En la mira
Jesusa Cervantes
Es el enemigo a vencer… no sólo para panistas y perredistas, sino hasta para sus propios correligionarios del PRI, en particular para su rival político, Manlio Fabio Beltrones. En días recientes, Enrique Peña Nieto supo lo que es estar en la mira. En su contra fueron usadas todas las armas disponibles por el momento, hasta la que representa Televisa, el consorcio que lo ha llevado al primer lugar en el rating por la Presidencia para 2012. Y supo también de lo que es capaz Felipe Calderón cuando decide tomar desquite. Todo con el impúdico telón de fondo del incremento de impuestos de cuyo resultado disfruta ahora el presidente, a quien el diputado Rubén Moreira, priista él, gritó desde la tribuna: “¡Espurio!”
El hecho de que Enrique Peña Nieto se haya visto obligado a aceptar la existencia de un convenio para asegurar la aprobación de la miscelánea fiscal calderonista en la Cámara de Diputados a cambio de que el partido en el gobierno, el PAN, no acordara alianzas electorales con el PRD, se debió a que alguien filtró una copia del documento firmado por las dirigencias nacionales del PRI y del PAN al senador Manlio Fabio Beltrones.
De acuerdo con la versión del diputado panista Javier Corral confiada a Proceso y confirmada por legisladores del PRI, Beltrones amenazó al gobernador mexiquense con difundir el contenido del documento. Así que Peña Nieto no tuvo otro remedio que adelantarse y hacer pública la existencia del convenio.
En la sesión de la Cámara de Diputados del martes 9, cuando sorpresivamente la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, llevó el tema a debate e hizo leer el contenido del acuerdo, Corral dijo desde la tribuna:
“En ese convenio está el representante de un solo gobernador, el gobernador Enrique Peña Nieto; pero como Manlio Fabio Beltrones tenía copia del convenio y ya había organizado (revelar su existencia) con la principal empresa promotora de la campaña de Peña Nieto, que es Televisa, entonces se adelantó Peña Nieto a divulgar el acuerdo secreto que no prestigia a la política.”
Es decir, para Corral, Beltrones estaría cobrando así a Televisa el favor de haberla exentado por dos años de pagar impuestos al haber entrado al triple play mediante la telefonía celular. La filtración del documento a la televisora pudo haber hecho sentir acorralado al gobernador del Estado de México, lo que para algunos priistas habría sido más costoso para él que el hecho de haber reconocido el trueque con el PAN.
El 11 de febrero, un día después de que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, renunció a su militancia panista –por su presunto rechazo a las alianzas entre el PAN y el PRD–, Peña Nieto aceptó la existencia del pacto:
“Fue un acuerdo general tomado, que se tomó entre los partidos. Y bueno, hoy vemos, después de pasar el tiempo, pareciera que hubiese omisión, que hubo un olvido a este propósito de mantener fidelidad y lealtad a las condiciones partidarias y que hoy se observan distintas alianzas.”
Según la versión que Javier Corral confió a Proceso, días antes de esa confesión alguien hizo llegar a Beltrones una de las cuatro copias que existían del convenio. Tras una reunión con algunos de sus colaboradores en el Club de Industriales, el líder de los senadores priistas decidió informarle al gobernador que lo haría público. “Por eso Peña Nieto se adelantó”, puntualiza el legislador panista.
El miércoles 10, Corral dijo en la tribuna de la Cámara de Diputados que Peña Nieto expuso el pacto entre los dirigentes del PRI y del PAN para “obligar a su cumplimiento, despropósito de un talento pequeño pero de una perversidad grande”.
Legisladores de la bancada del Estado de México afines a Enrique Peña Nieto corroboraron que “alguien del PAN-gobierno le hizo llegar” a Beltrones el convenio para minar la figura del gobernador del Estado de México.
A ello atribuyen el hecho de que Peña Nieto haya fabricado la escena del 2 de marzo en la que confirmó a un noticiario de Televisa la existencia del pacto PAN-PRI y reveló que varios gobernadores priistas participaron en el acuerdo, pero sólo él firmó el documento.
“Es parte de la pugna que existe entre ambos por la candidatura presidencial del partido hacia
El perdedor
El diputado panista Javier Corral sostiene que el encono entre priistas y panistas exhibido los días 9 y 10 en la Cámara de Diputados desnuda la lucha al interior del PRI por la candidatura presidencial.
“La amenaza verdadera” al sistema de partidos, considera, no son las coaliciones electorales entre PAN y PRD, sino “los poderes fácticos, los intereses económicos, la voracidad insaciable de unos cuantos que a costa de nuestros pleitos, a costa de nuestras diferencias, siempre sacan la mayor tajada, expolian a los partidos y reciben jugosas ganancias.
“El origen de estos problemas es la capacidad de los poderes fácticos para imponer decisiones al Congreso e imponer candidatos a los partidos políticos, e incluso la dinámica del pleito entre nosotros.”
En el fondo, dice, “el PRI enfrenta por primera vez el riesgo de que se le imponga desde fuera un candidato ineluctable a la Presidencia de la República”.
Más allá de las apreciaciones del legislador panista, la realidad es que Peña Nieto fue el gran perdedor de este sainete político: en la sesión del miércoles 10 en la Cámara de Diputados se convirtió en el tema central.Y casi se queda solo, pues de los cerca de 100 legisladores peñistas (agrupados en el Estado de México, Tamaulipas, Durango, Hidalgo, Quintana Roo y Yucatán), solamente los mexiquenses acudieron en su defensa, junto con un par de Hidalgo: Jorge Romero Romero y Omar Fayad.
El silencio priista en torno a Peña Nieto se acrecentó con las huestes de Manlio Fabio Beltrones, unos 60 diputados que se mantuvieron como simples espectadores durante las cinco horas en las que el puntero en la carrera por la candidatura priista en 2012 fue acremente cuestionado y atacado, al extremo de ser acusado de matar a su esposa.
El diputado y presidente del PAN, César Nava, marcó la pauta al sostener en tribuna que Pena Nieto fue “el peticionario, el presunto beneficiario y el divulgador” del convenio. De paso, reveló que el pacto antialianzas no se hizo explícito en el convenio porque “el gobernador Peña Nieto pidió expresamente que esa obligación no quedara por escrito y le fue concedida esa petición sobre la base de la buena fe y el honor”.
Incluso, retó tanto al gobernador mexiquense como a la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, a un debate y a someterse a la prueba del polígrafo para saber quién miente y quién dice la verdad sobre el condicionamiento de avalar los impuestos.
Fuera de los diputados peñistas, nadie más habló en su descargo. Si acaso Beatriz Paredes se refirió a la importancia del Estado de México por el caudal de votos que representa. El resto de su intervención la utilizó para defenderse ella misma de Nava, quien le reprochó su falta de palabra por negar reiteradamente el compromiso del PRI para avalar el paquete económico.
Entre los legisladores que dieron la cara por Peña Nieto estuvieron Humberto Benítez Treviño, Alfonso Navarrete Prida, Amador Monroy Estrada, Armando Corona Rivera, Jorge Hernández Hernández y los más rijosos: Héctor Guevara Ramírez, Rodrigo Reina Liceaga y Adán Rubí Salazar, los que amenazaron con impedir futuros acuerdos legislativos y hasta con la ingobernabilidad.
Lo menos que dijeron los panistas de Peña Nieto fue que él era el verdadero problema o un candidato presidencial construido desde Televisa, “un hombre –sostuvo Javier Corral– ayuno de ideas, pero con el primer lugar en el rating de la televisión mexicana”.
Carlos Alberto Pérez Cuevas lo acusó de ser el candidato presidencial de Carlos Salinas de Gortari, y Eugenio Arriaga Rojas cuestionó el peso del resto de los gobernadores y legisladores priistas, a quienes preguntó si son “lacayos” del gobernador del Estado de México.
El señalamiento más temerario contra el mandatario estatal fue el de la panista mexiquense María Elena Pérez de Tejada Romero: “incluso el gobernador –que no lo digo yo, lo dicen muchos medios– está acusado de haber matado a su mujer”.
El legislador Adán Rubí Salazar demandó airadamente que la diputada panista se retractara, “a efecto de que podamos tener –escuche lo que voy a decir– condiciones en este Poder Legislativo de gobernabilidad, de viabilidad en los acuerdos que se están requiriendo. Si no es así, reitero subrayadamente, las condiciones de ingobernabilidad van a seguir creciendo el mismo día de hoy en adelante. Le pido a la diputada que retire sus palabras. Son calumnias, es una difamación que no puede permitirse en el seno del Poder Legislativo”.
Para los priistas, el embate contra Peña Nieto estuvo preparado, y así lo confirmó el vicecoordinador de la bancada del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien confió a Proceso que desde el inicio de la sesión los panistas le avisaron que irían con todo; incluso que a cada señalamiento en contra de su líder nacional, César Nava, responderían con acusaciones en contra de Beatriz Paredes. “Y así fue”, dijo.
Durante todo el enfrentamiento, los que callaron fueron los legisladores afines a Manlio Fabio Beltrones, a quien el dirigente del PAN, César Nava, dejó a salvo de cualquier intervención en la negociación del convenio.
“La dirigencia del PRI, Beatriz Paredes como su presidenta, representa al PRI en su conjunto. Me queda claro, con el paso de los meses, que el PRI nunca tuvo la intención de cumplir este acuerdo, ni siquiera intentaron honrar su acuerdo. La misma noche del 30 de octubre ya lo estaban incumpliendo con la primera votación en el Senado. Ni Peña Nieto ni Beatriz Paredes tenían intención de cumplir este acuerdo. Tan no lo tenían que no lo hicieron del conocimiento del coordinador del Senado, Manlio Fabio Beltrones”, dijo Nava en una conferencia de prensa el jueves 11.
A pesar de que ya tenía el convenio en sus manos, Beltrones se deslindó el mismo día en que Peña Nieto reveló por primera vez la existencia del pacto electoral PAN-PRI, el 11 de febrero: “Yo nunca he sido documentado al respecto de que pudo haber alguna negociación. Con el grupo parlamentario del PRI en el Senado nunca hubo una negociación de esa naturaleza ni hubiéramos permitido que eso sucediera”, declaró. Y de paso, descargó en Peña Nieto la responsabilidad del acuerdo entre PAN-PRI.
Beltrones machacó a Peña Nieto el jueves 4, en pleno aniversario del PRI, aprovechando que el dirigente panista César Nava había confirmado que sí hubo un trueque por el paquete económico:
“Si algo ha significado al PRI en el Senado ha sido el respeto por la palabra empeñada para la construcción de acuerdos. Queremos dejar en claro que ningún integrante de nuestro grupo parlamentario conoció, se comprometió o signó acuerdo alguno. No podría ser de otra forma: cambiar votos por pactos deshonestos nunca lo haríamos”, expresó en un comunicado de prensa, en el que acusó al PAN y a la administración de Felipe Calderón de ser, “además de mediocres, mentirosos”.
Tres días después, el coordinador de los senadores priistas remató: “Dejemos atrás el debate sobre los agravios y el reparto de culpas y pasemos a lo urgente: cómo afianzar la recuperación y el crecimiento económico, cómo superar el tremendo impacto de la crisis sobre el desempleo… Ha sido suficiente el debate sobre los agravios. La evidencia está en la mesa y cada quien ha tomado nota sobre las responsabilidades”.
De la complicidad a la confrontación
Jenaro Villamil
La bronca entre las barriadas del PAN y del PRI en la Cámara de Diputados tiene su origen en las campañas electorales de 2009. Ante la fortaleza del grupo de Enrique Peña Nieto, el PAN intentó aliarse con el PRD desde marzo de aquel año, pero el gobernador mexiquense utilizó el tema de las reformas estructurales para lograr que el gobierno de Felipe Calderón lo impidiera. Se firmó entonces el famoso acuerdo “secreto”...
A principios de marzo de 2009 las negociaciones entre Germán Martínez, dirigente nacional del PAN, y Guadalupe Acosta Naranjo, entonces presidente sustituto del PRD, habían avanzado para formar una alianza electoral con miras a los comicios estatales y federales de ese año en el Estado de México. La idea era frenar la “ola roja” del gobernador Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con testigos de estas negociaciones consultados por Proceso, el pacto consistía en que el PRD se sumara a los candidatos del PAN en los bastiones municipales gobernados por el blanquiazul: Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca; al tiempo que éste se aliara con los candidatos perredistas en sus bastiones más importantes: Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Esos seis municipios representan casi el 70% del padrón electoral del Estado de México, que asciende a 10 millones 56 mil ciudadanos.
Al enterarse de las negociaciones, Enrique Peña Nieto tronó ante el presidente Felipe Calderón. La alianza PRD-PAN ponía en riesgo la costosa operación de recuperación electoral que el peñismo preparaba para los comicios del 5 de julio de 2009.
Las presiones de Peña Nieto y de Elba Esther Gordillo, aliada de Calderón y también del gobernador del Estado de México, surtieron efecto. Recordaron que gracias a ellos el gobierno federal pudo sacar las reformas al ISSSTE y la reforma petrolera. E iban por más reformas, como la fiscal y la laboral.
Calderón dio la orden de que se suspendieran las negociaciones con el PRD. Germán Martínez estuvo de acuerdo: “Si el PRI nos gana aun juntos, será peor para los dos partidos”, argumentó.
El 5 de julio de 2009, los candidatos de Peña Nieto arrasaron en el Estado de México. El PRI ganó en 37 de los 40 distritos federales en disputa. Peña Nieto se convirtió en la principal fuerza de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados y extendió sus alianzas con otros gobernadores priistas que lograron el “carro completo”: Hidalgo (7 distritos ganados), Yucatán (5), Oaxaca (11), Tamaulipas (8), Durango (4), Quintana Roo (3), Puebla (16), Sinaloa (8), más los diputados federales de Nuevo León, donde ganó la gubernatura Rodrigo Medina, su aliado y casi gemelo político.
La alquimia electoral le dio una amplia ventaja al peñismo en su entidad. Con 47% de los votos, el PRI controla ahora 65% del Congreso local, conformado por 75 diputados; recuperó los municipios del llamado “corredor azul”: Naucalpan, Tlanepantla, Atizapán y la capital, Toluca; al mismo tiempo le arrebató al PRD el gobierno de Ecatepec, el municipio más poblado del país, y Nezahualcóyotl.
En números absolutos, el PRI obtuvo 1 millón 652 mil votos, frente a 867 mil del PAN y 659 mil del PRD. Convergencia obtuvo 211 mil sufragios y el PT 195 mil. Los aliados de Peña Nieto fueron ampliamente beneficiados. El Panal, de Elba Esther Gordillo, sólo obtuvo 12 mil 601 votos directos, pero gracias al convenio de coalición se convirtió en la cuarta fuerza política con cinco diputados locales y así desplazó al Partido Verde, que obtuvo 107 mil votos con candidatos surgidos del entorno de Arturo Montiel y Peña Nieto.
El panorama cambió radicalmente, ya que antes de 2009 el PRI tenía 21 diputados locales, frente a 19 del PAN y 20 del PRD. Después del 2 de julio, el PRI triunfó en 40 de los 45 distritos de mayoría, el PRD disminuyó a ocho y el PAN se quedó sólo con 12.
El representante del PRD-PT ante el Instituto Electoral del Estado de México, Rubén Islas, considera que la gran ganadora fue Elba Esther Gordillo, puesto que gracias al convenio de coalición que firmó con el PRI, al Panal le transfirieron 11% de los votos que no obtuvo en las urnas para que le correspondieran cinco diputados locales. Eso “es usura política”, afirma Islas.
El pleito y el convenio
Incómodo ante el resultado electoral de su partido y frente a la negociación del paquete fiscal, en septiembre de 2009 el presidente Felipe Calderón vio descarrilado su proyecto de un nuevo impuesto del 2% “para el combate a la pobreza”.
El PAN no contaba con los votos suficientes en la Cámara de Diputados para sacar adelante su proyecto y tuvo que negociar con el PRI. Al interior de ese partido, Peña Nieto logró una alianza con la mayoría de los gobernadores, en especial con Ulises Ruiz, de Oaxaca, con Rodrigo Medina, de Nuevo León, y con Fidel Herrera, de Veracruz, para aprobar el incremento de 1% al IVA, a cambio de que se aumentaran los recursos a las entidades federativas.
Peña Nieto logró el control de una posición clave en la Cámara de Diputados: el presidente de la Comisión de Presupuesto es Luis Videgaray, su exsecretario de Finanzas y el principal aspirante a sucederlo en 2011 en la gubernatura. Videgaray y Peña Nieto se convirtieron en los interlocutores centrales con los grupos empresariales a quienes tenía descontentos el proyecto inicial de Calderón, el cual proponía un esquema de consolidación fiscal que afectaba a los 400 consorcios más grandes.
En paralelo a las negociaciones fiscales, en septiembre de 2009 el sustituto de Germán Martínez como presidente del PAN, César Nava, revivió las negociaciones con el PRD, ahora dirigido por Jesús Ortega, para buscar alianzas electorales en algunas de las 12 entidades que renovarán gobiernos.
En este contexto surgió la redacción del “convenio de colaboración” firmado el 30 de octubre de 2009 por Beatriz Paredes y César Nava, dirigentes nacionales del PRI y del PAN, que tuvo como testigos “de honor” al secretario de Gobierno mexiquense, Luis Enrique Miranda Nava, y al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Desde entonces, Peña Nieto y sus operadores políticos presionan, como lo hicieron en marzo de 2009, para evitar que el PAN y el PRD descarrilen su proyecto presidencial de 2012. Un elemento clave es garantizar el triunfo del PRI en los comicios de 2011 en el Estado de México.
Antes que se conociera públicamente el “convenio de colaboración” de Nava y Paredes, Peña Nieto afirmó en dos ocasiones, el 11 y 25 de febrero de este año, que el PAN violaba un acuerdo firmado previamente, pero no ofreció detalles de este pacto.
Una vez que Nava difundió el contenido de las tres cuartillas del documento, políticos muy cercanos a Peña Nieto atacaron frontalmente al gobierno de Calderón. Es el caso del diputado federal priista y compadre de Peña Nieto, Felipe Enríquez, secretario de la Comisión de Presupuesto en esa cámara, quien acusó a Calderón de mentir cuando afirmó que desconocía el acuerdo.
“Qué preocupante que el presidente de un país no conozca un asunto de esta magnitud. Qué riesgo para el país que sus dos principales colaboradores no lo enteren. Si no lo conocía o los colaboradores no le informaron, hay un peligroso vacío de poder.
“El presidente Calderón sí sabía y mintió. No hay duda de que Nava mintió y que el secretario de Gobernación es rehén del régimen del presidente”, afirmó Enríquez en declaraciones publicadas el 8 de marzo por el diario Reforma.
Enríquez renunció en
Peña Nieto y Enríquez son ahora socios, amigos y compadres. El dirigente estatal del PAN en Yucatán, Luis Montoya Martínez, ha calificado a Enríquez como el operador “del cártel de gobernadores” peñistas, ya que participó y apoyó en las campañas electorales de Félix González Canto en Quintana Roo, de Ivonne Ortega en Yucatán, de Eugenio Hernández en Durango, y de Rodrigo Medina en Nuevo León.
Sanciones electorales
En paralelo con el pleito que afloró esta semana en la Cámara de Diputados entre las bancadas del PRI y del PAN, desde el 26 de febrero pasado el titular del Órgano Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Edgar Hernández Mejía, elaboró un proyecto de dictamen de 909 cuartillas donde se documenta que el PRI y sus aliados electorales del Partido Verde, el Panal y los locales PSD y Partido Futuro Democrático, violaron los topes de gastos de campaña en 20 municipios por un monto total de 392 mil 718 pesos.
Es la primera vez que se documentan rebases de gastos en contra del PRI, que puede ser sancionado sólo con 55 mil 846 pesos, pero al Partido Verde Ecologista se propone multarlo por 1 millón 435 mil 439 pesos y al Partido Futuro Democrático, ya inexistente, por 673 mil 127 pesos, de acuerdo con el dictamen preliminar, cuya copia obtuvo Proceso.
El expediente documenta que el diputado local Francisco Javier Funtanet Mange, del Partido Verde, recibió ingresos en especie por 466 mil 848 pesos de una empresa denominada Constructora Profusa, S.A. de C.V., en el distrito XXV de Nezahualcóyotl. El IEEM considera que esta donación constituye “una violación sustantiva” a la legislación electoral, por la que el proyecto de dictamen establece una sanción de 1 millón 42 mil 86 pesos.
Funtanet Mange fue secretario de Desarrollo Económico en el gabinete de Arturo Montiel y, tras su salida abrupta del cargo, fue designado coordinador de Asuntos Internacionales. El gobierno de Peña Nieto lo impulsó para que fuera presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la entidad.
El diputado es un aliado y operador fundamental para Peña Nieto, así como otros legisladores que llegaron al Congreso mexiquense por el Panal y el Partido Verde, los aliados locales del PRI. Son los casos de Miguel Sámano Peralta, exsecretario particular de Arturo Montiel, y Adrián Fuentes Villalobos, exalcalde de Huixquilucan.
Edgar Hernández Mejía es el primer titular del nuevo órgano de fiscalización del IEEM y se le considera una posición del PAN mexiquense, ya que recibió el apoyo del senador panista Ulises Ramírez y fue asesor del diputado local panista Miguel Angel Ordóñez. Ha recibido fuertes presiones del secretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, y del secretario particular de Peña Nieto, Edwin Lino Zárate, para que la presentación del dictamen se posponga.
El duro proyecto de dictamen de Hernández Mejía sobre el rebase de gastos de campaña contrasta con el correspondiente a los informes de precampaña de 2009, que se dio a conocer antes de que se ventilara el pleito entre el gobierno de Calderón y el de Peña Nieto.
En ese dictamen, Hernández Mejía consideró que todos los partidos políticos “respetaron el tope de gastos de precampaña aprobado por el Consejo General en el proceso de selección interna de candidatos a diputados y miembros de ayuntamientos de
Las fisuras del peñismo
El escándalo ha agudizado las divisiones que ya se expresan al interior del equipo de gobierno de Peña Nieto. El principal afectado es su secretario general de Gobierno y aspirante a gobernador interino, Luis Enrique Miranda Nava, cuya firma aparece estampada en el “convenio de colaboración” de octubre de 2009.
Miranda Nava es acusado por los partidos de oposición, en especial por el PAN y PRD, de operar mal, dificultar las negociaciones y haber preparado un “golpe de Estado contra el Poder Judicial” a inicios de este año, lo que provocó una inesperada rebelión de 45 de los 55 magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del estado en contra del gobierno de Peña Nieto.
Excolaborador también del gobierno de Montiel y perteneciente al grupo de los Golden Boys, Miranda Nava sustituyó a Humberto Benítez Treviño al frente de la secretaría general de Gobierno y se ha distanciado de otras figuras importantes en el priismo mexiquense, como los actuales diputados federales Manuel Cadena Morales y Alfonso Navarrete Prida, ambos excolaboradores del gobierno de Montiel.
El 10 de marzo, el vicecoordinador de la bancada del PRD en el Congreso local, Víctor Manuel Bautista López, demandó la renuncia de Miranda Nava por considerarlo “no confiable con los partidos y un funcionario sin credibilidad”.
Paralelamente, los grupos locales del PAN y del PRD comenzaron a impulsar a sus respectivos candidatos a gobernador para 2011. Acción Nacional busca postular a Josefina Vázquez Mota, actual coordinadora de la bancada panista en la Cámara de Diputados, o a Luis Felipe Bravo Mena, exdirigente nacional del partido, mientras que en el PRD se menciona como posibles candidatos a Héctor Bautista, exdirigente estatal, y a Horacio Duarte, quien fue representante del PRD ante el IFE.
La posibilidad de una alianza electoral entre PAN y PRD para 2011 comienza a ventilarse de nuevo, generando fisuras al interior de los grupos priistas que le apuestan a la campaña presidencial de Peña Nieto, pero que también se alinean ante los principales precandidatos priistas a la gubernatura: Alfredo del Mazo Maza, el “delfín” e hijo del exgobernador del mismo nombre, Luis Videgaray, el candidato más cercano a Peña Nieto, o Ernesto Némer Álvarez, líder de la bancada priista en el Congreso local. .
Visos de impunidad
Álvaro Delgado
A demás del costo político de elevar impuestos a cambio de abolir una coalición opositora en el Estado de México en 2011, un contubernio del que están confesos panistas y priistas, el convenio firmado por Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, y el gobernador Enrique Peña Nieto a través de Enrique Miranda Nava, secretario de Gobierno de esa entidad, implica también violaciones constitucionales y legales que no deben quedar impunes.
Con esta argumentación los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia –que conforman Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA)– presentaron una denuncia por la intervención de esos servidores públicos en asuntos electorales, lo que prohíben la Constitución y las leyes, ante el Instituto Federal Electoral (IFE), que preside Leonardo Valdés.
Los consejeros –agrupados en dos bloques identificados con los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) – fueron tomados por sorpresa y prefirieron guardar silencio, una conducta que Rafael Hernández, representante del PRD ante el IFE, califica de explicable por la relevancia de los personajes implicados en el escándalo:
“Les cayó una papa caliente, porque la denuncia que presentamos refiere hechos en los que están involucrados el secretario de Gobernación, que es el segundo de a bordo del gobierno federal, y el gobernador del Estado de México, que es el aspirante presidencial mejor posicionado del PRI, cuando menos en estos momentos”.
Se trata, además, de dos personajes cercanos a Valdés: Gómez Mont es su amigo desde hace 25 años, cuando ambos eran representantes partidistas ante la Comisión Estatal Electoral, y Peña Nieto le prestó un helicóptero, el 27 de marzo del 2009, para trasladarse de Ixtapan de la Sal a sus oficinas del organismo electoral.
Pero Hernández asegura que no hay manera de que el IFE ignore la queja presentada ante el propio Valdés, porque es la autoridad competente para investigar y sancionar las violaciones al principio de neutralidad previsto en la Constitución por la firma de esos funcionarios en el convenio entre los presidentes del PAN, César Nava, y del PRI, Beatriz Paredes, celebrado en la Secretaría de Gobernación, el 30 de octubre de 2009.
“Además de la firma, ambos están en medio de toda una estela de declaraciones que aclaran, como dicen los abogados, las condiciones de modo, tiempo y lugar”, asegura Hernández, quien recuerda que en el pacto están implicados los recursos públicos recaudados mediante impuestos.
“Todo ese conjunto de declaraciones de personas se suman a la prueba firme, que es el propio documento, y establecen entonces, con claridad, que los funcionarios públicos involucrados violaron el artículo 134 de la Constitución. Y el IFE es autoridad en esa materia.”
Por ello, expone, el IFE debe proceder a desahogar las diligencias para esclarecer los hechos. “Si después de investigar encuentra que se violó la Constitución, tiene que sancionar”.
–¿Con la integración del Consejo General, por cuotas partidistas de PAN y PRI, está latente la impunidad?
–Pues sí, es un mal de México, pero creo que los consejeros electorales y la institución tiene una gran oportunidad de hacerse valer como una autoridad imparcial, que cumple con su papel y que se pone por encima de los intereses particulares y de las estrategias de los partidos.
“Ojalá aprovechen esta oportunidad en este caso porque, indudablemente, más allá de los protagonistas y de los denunciados, que son muy importantes, el IFE saldría fortalecido de frente al
Hernández aclara que “si el IFE es omiso en el cumplimiento del desahogo de esta queja”, los partidos de DIA recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “para que ordene al IFE que cumpla con su obligación de investigar y sancionar los hechos denunciados”.
–Pero el Tribunal Electoral también está integrado por las mismas facciones partidarias.
–Ahí también los magistrados tendrán la ocasión y la oportunidad de demostrar su imparcialidad y su apego a la Constitución.
Todo para el mexiquense
La denuncia de hechos fue presentada el lunes 8, dos días antes de que el Consejo General aprobara el registro de DIA, la denominación del grupo de partidos que sustituyó al Frente Amplio Progresista (FAP), y se resolvió esa vía después de que el equipo jurídico descartó recurrir a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), por considerar que estas instancias sólo garantizarían impunidad a los involucrados.
Además, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece, en los artículos 341, 347, 356 y 347, la competencia del IFE y también, de manera expresa, como sujetos de responsabilidad por infracciones a las disposiciones electorales, a los servidores públicos de la Unión o de los poderes locales, como Gómez Mont y Peña Nieto, que quebrantaron la Constitución.
“En tal orden de ideas –dice la queja– las violaciones que se denuncian fueron cometidas, con motivo y en razón de una negociación entre el PRI y el titular de la Secretaría de Gobernación, con el objeto de favorecer con recursos públicos a los gobiernos de las entidades federativas cuyos titulares emanaron del PRI, así como para favorecer las aspiraciones del C. Enrique Peña Nieto, actual gobernador del Estado de México, para el cargo de presidente de la República en el año
En el cuerpo de la queja de DIA se detalla que el convenio es contrario al estado de derecho y a los deberes constitucionales y legales de los servidores públicos denunciados. Pero, además, las propias declaraciones de Peña Nieto y Rojas acreditan el canje de apoyo al paquete económico
“Esto es, el principal recurso público de la nación, que son los recursos fiscales y el Presupuesto de Egresos, se utilizó para un propósito eminentemente electoral, como es el de impedir una alianza electoral en los comicios locales del 2011 en el Estado de México y, desde luego, con ello, favorecer electoralmente al actual gobernador de esa entidad federativa, Enrique Peña Nieto, en sus pretensiones de ser candidato presidencial.”
Luego de presentada la queja, el único consejero que se refirió a ella públicamente fue Valdés, quien se comprometió a estudiarla. El resto optó por el silencio, si bien algunos de ellos anticiparon, a condición del anonimato, que la queja difícilmente procederá, porque la fracción sexta del artículo 134 de la Constitución opera sólo para los procesos electorales y, además, no se ha acreditado el uso de recursos públicos.
Hernández responde que eso es falso y cita el sexto párrafo del artículo 134: “Los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”
Subraya que en la redacción de ese párrafo se prohíbe a los servidores públicos usar recursos públicos a favor de partidos y candidatos “en todo tiempo”, no nada más a los plazos legales de las campañas o de los procesos electorales federales o locales.
“Sobre lo segundo se necesita tener una visión muy obtusa, casi ciega, para no ver que estaban involucrados los recursos públicos. No estaban involucrados a través de una despensa o de una beca o de alguna otra dádiva que se acostumbra utilizar en las elecciones, no, estaban implicados todos los recursos públicos. ¿Por qué? Porque la materia de intercambio es el alza a los impuestos, que son universales, porque todos los pagamos, particularmente el IVA del que no se salva nadie.”
–Salvo a los grandes grupos empresariales.
–Exacto, salvo los grandes que tienen devolución, los clientes de Diego Fernández de Cevallos. Entonces la materia del intercambio fue, repito, que el PRI apoyara el paquete fiscal, como lo dijo Francisco Rojas, aunque lo niegue o lo quiera matizar. Y los funcionarios públicos que concurrieron a la firma de ese convenio, aunque no pusieron sus cargos, pero sí su firma, lo que comprometieron fueron recursos públicos a cambio de una estrategia electoral a favor del PRI y a favor concretamente de Peña Nieto.
Recuerda:
“Acordémonos cómo los gobernadores, particularmente los del PRI, se llevaron la gran tajada del presupuesto y en condiciones además de opacidad, con una gran manga ancha para que lo gasten en lo que quieran, que no es otra cosa que en las campañas. Y eso fue parte del acuerdo.”
Juzga: “Claro que ahora Beatriz Paredes, en una defensa infantil, dice que eso no está en el documento. Pero todo el mundo lo sabe, porque además ellos mismos lo dijeron, ella misma y el coordinador en la Cámara de Diputados, lo dijo: Fue a cambio del paquete económico”.
–A confesión de parte, relevo de pruebas.
–Así es. Entonces hay recursos públicos involucrados. ¿Cuáles? Todos los recursos públicos pasaron por ese acuerdo.
Calderón lo permitió
En efecto, tal como lo documentó Proceso en un reportaje de Jesusa Cervantes y Carlos Acosta, publicado el 3 de enero, los estados gobernados por priistas donde habrá elecciones en 2010 fueron los más beneficiados en la asignación de recursos, aunque también el Estado de México, cuya gubernatura se renovará en 2011.
La entidad gobernada por Peña Nieto, que es la más poblada del país, recibirá 101 mil 394 millones 670 mil 45 pesos, la mayor cantidad de recursos, seguida por el Distrito Federal, que obtendrá 67 mil 610 millones y celebrará elecciones hasta 2012, y después vienen Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa…
Al respecto, Mario di Costanzo, diputado por el Partido del Trabajo y experto en el análisis del Presupuesto de la Federación, explicó que la primera parte de la estrategia del PRI consistió en ubicar a un alto número de sus diputados en las principales comisiones que se encargarían de destinar millonarios recursos a los gobernadores priistas, a fin de que ellos, a su vez, puedan decidir sobre el presupuesto y hacer campaña electoral con las obras que efectuarán.
Y luego, indicó, el PRI cerró la pinza con la elección de quien supuestamente se encargará de verificar que no haya desvío de esos recursos para los procesos electorales: el responsable de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, quien si bien no es militante de este partido, sí tiene cercanía con el coordinador de los 237 legisladores priistas, Francisco Rojas.
A su vez, Juan Pardinas, director de Análisis de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aunque no habló del posible uso de ese dinero en las contiendas electorales, sí afirmó que con la confección del presupuesto federal para 2010 “se está dejando el total del gasto público en manos de los gobernadores”.
Pardinas atribuyó responsabilidad a Felipe Calderón en ello: “Por llevar la fiesta en paz, está cediendo a todo. El presidente se está volviendo un objeto de burla de los gobernadores, y las instituciones federales simplemente no reaccionan.”
Ahora que se presentó la queja ante el IFE, que contó con la presencia del presidente del PRD, Jesús Ortega, y del coordinador de DIA, Manuel Camacho, Hernández anuncia que exigirá al IFE desahogar con rapidez el procedimiento ordinario.
“No se necesita más de un mes para que se resuelva. Claro que puede llevarse más tiempo, sobre todo si se realiza una investigación exhaustiva. Pero vamos a estar al pendiente de que eso se esté llevando a cabo y no que simplemente le den largas al asunto.”
Pero además, advierte, exigirá que si acredita que Gómez Mont, Peña Nieto y Miranda Nava violaron el principio de imparcialidad prevista en la Constitución, como se presume, sea el IFE el que aplique sanciones, no sólo que dé vista a otras autoridades.
“Pero también, si en un momento dado el IFE se limita a dar vista, eso también es muy importante, porque tendrá que resolver la queja de fondo y decir si hay violación a la Constitución o no y, si hay violación, tendría que señalar a Gómez Mont, a Peña Nieto y a su secretario de Gobierno como responsables precisamente de violar la Constitución.”
Sus fichas en San Lázaro
Esteban David Rodríguez
En su carrera hacia la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto cuenta con el respaldo activo de por lo menos tres decenas de diputados federales. Los legisladores peñistas, que ocupan cinco presidencias y 28 secretarías de comisiones legislativas en la Cámara de Diputados, han obtenido para el gobernador del Estado de México un poder económico y político excepcional. Todo, bajo la coordinación de Francisco Rojas, quien sueña con el Palacio de Gobierno de Toluca tan intensamente como el cachorro del Grupo Atlacomulco sueña con Los Pinos...
Cuando Enrique Peña Nieto se presentó el 5 de noviembre del año pasado en San Lázaro con el fin de plantear sus pretensiones económicas a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, una estampida de legisladores priistas –o peñistas– abandonó el salón de plenos para ir a recibirlo.
Una estampida similar, pero de miles de millones de pesos, salió 12 días después del Palacio Legislativo hacia el Estado de México, cuando los 34 diputados peñistas –incluidos el presidente y dos secretarios de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública– consiguieron que el gobierno federal le destinara 93 mil 394 millones de pesos (7.3% más que en 2009), para ejercer en un año en que el Partido Revolucionario Institucional puede decidir que Peña Nieto será su vehículo para tratar de recuperar la Presidencia de la República.
El hecho es que ningún otro gobernador había conseguido en la Cámara de Diputados el grado de control que ha logrado el cachorro del Grupo Atlacomulco, quien desde hace casi dos años se promueve intensamente –mediante campañas mediáticas que lo mismo exhiben su obra pública que a su persona y a su acompañante– como la figura priista mejor posicionada.
El poder de Peña Nieto en el Congreso de la Unión proviene de que el priismo mexiquense aportó a la mayoría tricolor nada menos que 45 diputados federales
–alrededor de 20% del grupo parlamentario del PRI–, y con ese argumento la bancada del gobernador mexiquense ubicó a sus operadores en cinco presidencias y 28 secretarías de comisiones legislativas, mientras que el grupo del líder priista en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo, apenas consiguió para su gente cuatro posiciones de ese tipo en San Lázaro.
Aunque el grupo de Beatriz Paredes logró que la mayoría de las carteras de coordinación quedaran en sus manos, desde el 20 de agosto de 2009 la diputación mexiquense había decidido, durante un cónclave realizado en Metepec, que el coordinador de la fracción priista en la Cámara de Diputados fuera Francisco Rojas, quien se integró a la misma mediante una candidatura plurinominal y sabe que al palacio de gobierno de Toluca –al cual se ha dicho que aspira– sólo se puede llegar por el Paseo Tollocan.
Otra de las piezas centrales de Peña Nieto es Luis Videgaray Caso, diputado plurinominal que preside justamente la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Asesor de Pedro Aspe Armella en la Secretaría de Hacienda durante la administración de Carlos Salinas, y de Jesús Reyes Heroles González en Banobras y en la Secretaría de Energía (Sener), funge ahora como enlace del gobernador mexiquense con la tecnoburocracia financiera conformada por figuras de la talla de Francisco Gil Díaz, Guillermo Ortiz, Luis Téllez y Agustín Carstens.
Después de su paso por la Sener, Videgaray se fue a una de las empresas fundadas por Pedro Aspe, Protego Asesores Financieros en Banca de Inversión, de la que fue subdirector general (1998-2001), para fungir como director de finanzas a partir de 2002, año en que esta empresa participó en el Programa de Certificados Bursátiles del gobierno mexiquense.
En 2005, Videgaray ingresó al gabinete de Peña Nieto como secretario de Finanzas, Planeación y Administración, al mismo tiempo que era presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) y coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (Copladem).
Por aquellos tiempos, Protego –según su propia bitácora de transacciones– consiguió para el gobierno de Peña Nieto un “crédito simple” de 160 millones de pesos, otro “crédito de corto plazo revolvente” por 500 millones y se encargó del Refinanciamiento de Certificados Bursátiles a través del Fideicomiso Maestro –una operación que representó 570 millones de pesos–, además de renegociar la deuda mexiquense, que alcanzaba los 2 mil 500 millones de pesos.
En 2006, Protego fue adquirida por el grupo financiero estadunidense Evercore Partners, en 7 millones de dólares, pero el equipo de Aspe se asimiló a la nueva estructura, según el convenio de la operación.
De 41 años, licenciado en economía por el ITAM y con doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Videgaray es la estrella del peñismo en San Lázaro.
Pero otro peñista muy bien colocado es Andrés Massieu Fernández, quien fue director de Gestoría de la Presidencia de la República con Vicente Fox, y actualmente, como diputado federal plurinominal, cumple el rol de secretario de la estratégica Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Ocupó igualmente la dirección general de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) de
Muchos de quienes formaron parte del staff del gobernador Peña Nieto, es decir, asesores, consejeros, picaportes, fueron incorporados a la bancada peñista de la Cámara de Diputados, y con ellos el gobernador tiene al menos dos denominadores comunes: coincidencia generacional y prosapia política.
Tal es el caso, por ejemplo, del presidente de la Comisión del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria, Héctor Eduardo Velasco Monroy, diputado por el distrito número 1, con cabecera en Atlacomulco. Él es sobrino de Leopoldo Velasco Mercado, quien fue secretario general de Gobierno en la administración de Alfredo del Mazo González; primo de Marcela Velasco, secretaria de Desarrollo Económico de Peña Nieto, y hermano del director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), Santiago Velasco Monroy. Portador de una maestría en administración pública, Eduardo Velasco Monroy se desempeñó, hasta 2009, como secretario particular del gobernador Peña Nieto.
Semejante tesitura alcanza el comunicólogo José Ignacio Pichardo Lechuga –hijo del exgobernador Ignacio Pichardo Pagaza–, quien se aventuró como empresario periodístico en los años noventa con el lanzamiento, en Toluca, de Liberación, un diario con buena infraestructura que, sin embargo, tuvo una vida breve y casi inadvertida. Ahora es concesionario para la explotación de una banda radioeléctrica. Tiene 43 años, pero hizo carrera política local en los últimos tres, como subprocurador de Protección al Ambiente, como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno mexiquense en Valle de Bravo, y como asesor en Mercadotecnia y Comunicación del gobernador Peña Nieto. Hoy es secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados.
En la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Peña Nieto tiene dos secretarías: una, con el exalcalde de Coacalco Héctor Guevara Ramírez, y otra con Alejandro del Mazo Maza –diputado suplente en funciones del Partido Verde e hijo del exgobernador mexiquense–, quien ocupa ya el asiento que tenía la “Juanita” Carolina García Cañón (PVEM), propietaria con licencia que también fue cuota del peñismo.
Fuera de la diputación federal mexiquense también hay peñistas leales, como el abogado regiomontano Felipe Enríquez Hernández, de 39 años, quien fue diputado del Congreso de Nuevo León y secretario particular del subsecretario de Desarrollo Político de Gobernación, Natividad González Parás, cuando Emilio Chuayffet despachaba en la oficina principal de Bucareli. En 2005, Enríquez se colocó como coordinador de Planeación Estratégica de la campaña de Peña Nieto por la gubernatura, y ahora es secretario de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, donde respalda las iniciativas de Videgaray.
Otro que no es mexiquense pero sí peñista es el diputado Héctor Aguirre Herrera, secretario de la Comisión de Transporte. Él es hijo del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, y también a él se destinó la creación del puesto de jefe de departamento de Vinculación y Organizaciones Políticas en la Subsecretaría de Desarrollo Político –encabezada por Alejandro Nieto Enríquez– de la Secretaría de Gobierno del Estado de México, el 12 de agosto de 2008. En mayo de 2009, Aguirre Herrera ya andaba en campaña allá en Acapulco.
Varios montielistas –como Peña mismo– trabajan en San Lázaro por la causa del gobernador mexiquense. Es el caso de Manuel Cadena Morales, aspirante vitalicio a la gubernatura mexiquense, excoordinador de campaña y exsecretario de Gobierno de Arturo Montiel, que ahora preside la Comisión Especial para Vigilar el Correcto Uso de los Recursos Federales, Estatales y Municipales en Procesos Electorales.
Una ficha más de Peña Nieto es el priista –y diputado gracias al Partido Verde– Juan José Guerra Abud. Fue secretario de Desarrollo Económico (1993-2000) del gobierno del Edomex en las administraciones de Chuayffet y César Camacho Quiroz, además de colaborador de la campaña de Arturo Montiel por la gubernatura en 1999. Hay quienes le llaman el “diputado Kenwoort” por su conocida cercanía con la industria de automotores y la confianza que le dispensa Samuel Means, presidente de Kenworth Mexicana, la armadora de camiones pesados dominante en el mercado nacional.
Guerra Abud encabezó durante casi una década (2001-09) la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), cuyo consejo ejecutivo está compuesto por los directores de las compañías fabricantes de camiones con subsidiarias en México. Es integrante del Consejo Mexiquense de Infraestructura desde 2007 y consejero de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple EFIM, S.A. En San Lázaro se desempeña como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública –donde trabaja con los peñistas Videgaray y Felipe Enríquez–, y, para mayor satisfacción del priismo mexiquense, como coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde.
Los amarres
Cuando Peña Nieto fue coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso mexiquense (2003-05) tuvo bajo su férula a algunos de los actuales diputados federales, como José Ignacio Rubí Salazar, quien fue alcalde de Ixtapan de la Sal y después se integró al gabinete peñista como secretario de Trabajo (2006-09). Rubí es hoy presidente de la Comisión de Comunicaciones en San Lázaro.
Uno más es el curtido Humberto Benítez Treviño, exprocurador general de la República, quien se ha quedado varias veces en la antesala de la gubernatura mexiquense y fue secretario de Gobierno en la administración de Peña Nieto hasta el primer trimestre de 2009. Actualmente preside la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Entre los miembros de aquella legislatura local puede contarse, asimismo, al actual diputado federal Felipe Borja Texocotitla, un exalcalde de Axapuxco que fue director general de Obras Públicas del gobierno de Arturo Montiel. Hoy forma parte del Consejo de Administración de la financiera privada Unión de Crédito Industrial y de Servicios Vallemex, S.A., de la cual es socio principal Abel Domínguez Rivero, dirigente nacional de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC) desde 2006.
Esa central sindical, nacida en los años setenta en el Estado de México con el beneplácito y auspicio del gobernador Carlos Hank González –celebraba contratos en todos los estados del país–, se consolidó en los años ochenta como una de las principales clientelas gremiales corporativas del priismo mexiquense.
Leonel Domínguez Rivero –quien fue tres veces diputado local y dos veces federal, así como vicepresidente del Congreso del Trabajo federal– y su hermano Abel, originarios del municipio de Zumpango, fundaron esa central obrera. Además de sus propias cosechas de poder, la influencia de Leonel promovió la carrera política de Alberto García Cuevas, su yerno, quien llegó a secretario de Gobierno y a presidente del PRI en el Estado de México, en tiempos del virreinato de Arturo Montiel, para luego colocarse, con Peña Nieto en el poder, como subsecretario de Gobierno.
El 18 de noviembre de 2006, el gobernador Peña Nieto acudió a presentar sus condolencias a los deudos de Leonel Domínguez, en Zumpango, donde se ubica la que fuera finca de descanso del cacique gremial. Entre los dolientes se encontraba uno de sus hijos, el hoy diputado federal Raúl Domínguez Rex, oficial mayor de la CTC –su tío Abel es el secretario general– y secretario de la Comisión de Gobernación en la Cámara baja.
Pero fue el secretario general adjunto de esa organización, y presidente del Congreso del Trabajo en el Estado de México, el abogado Amador Monroy Estrada, quien recibió un encargo directo del gobernador Peña Nieto: recuperar para el PRI el municipio de Tlalnepantla. Monroy –secretario general de la Federación de Trabajadores de Tlalnepantla desde 1980, así como del Sindicato de Trabajadores del Montaje, Construcción de Estructuras, Maquinaria y Transformación del Metal de la República Mexicana, entre decenas de gremios–, es uno de los secretarios peñistas de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en San Lázaro. Los otros son Israel Ledezma Magaña, dirigente de la CROC y diputado por Cuautitlán, y Diego Guerrero Rubio (PVEM).
Otro activo sindical de Peña Nieto es Héctor Hernández Silva, dirigente oficialista del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, a partir de 2006, gracias al impulso del gobernador mexiquense, quien lo ayudó a deshacerse de una fuerte disidencia dentro de esa organización, la cual tiene 80 mil agremiados. En las elecciones de 2009 fue operador electoral, y muy ocupado estuvo en la conformación de numerosas fórmulas distritales. Silva es secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
En una de las secretarías de la Comisión de Economía, Peña Nieto dispone igualmente de José Luis Velasco Lino, exdirigente de la Coparmex en la entidad; en la de Desarrollo Social cuenta con Maricela Serrano, dirigente de Antorcha Campesina, y en la de Función Pública su grupo logró colocar a Cirino Valdés Hueso.
El coordinador de la diputación federal priista del Estado de México es Emilio Chuayffet, exgobernador de esa entidad y uno de los tutores políticos del actual gobernador mexiquense, junto con Arturo Montiel.
Sin cartera, pero con mando y reconocimiento, en la bancada peñista destacan: Alfonso Navarrete Prida, procurador de justicia transexenal Montiel-Peña Nieto (2001-2008) y secretario de Desarrollo Metropolitano de
Tales son, entre otras, las fichas con las que juega Enrique Peña Nieto soñando en Los Pinos.
Calderón compra y compra, pero no declara
Daniel Lizárraga
Con falta de transparencia, con su esposa Margarita Zavala como “socia”, Felipe Calderón ha incrementado sus propiedades inmobiliarias. Mediante créditos a plazos que paga casi de inmediato aunque sus percepciones como presidente no alcanzan para ello, dispone ya de un terreno de mil
Con omisiones en sus declaraciones patrimoniales, y acogido a la opacidad que él mismo propició, Felipe Calderón hizo crecer 11 veces el terreno donde se asienta su residencia privada, adquirió otros bienes inmuebles a nombre de su esposa, Margarita Zavala, y, aunque su salario es de sólo 146 mil 830 pesos mensuales netos, de mayo de 2008 al mismo mes de 2009 saldó un crédito bancario por 2 millones 612 mil pesos contratado a un plazo de 20 años.
Cuando la familia Calderón-Zavala compró su casa, en 2003, ésta se asentaba en un terreno de
Asimismo, de acuerdo con la versión pública de la declaración patrimonial de Calderón correspondiente a 2008, el presidente omitió la adquisición de una casa de
Esto porque desde 2003, año en el que Calderón dejó la dirección de Banobras para convertirse en secretario de Energía, ella había adquirido allí mismo
Vista desde fuera, la casa de la familia Calderón-Zavala, localizada en el número 8 de la Privada de Cóndor 231, en la colonia Las Águilas, no ha cambiado desde aquellos tiempos, pero puertas adentro se descubren nuevas propiedades: una alberca, una cabaña, un amplio jardín y otra casa, marcada con el número 9, que mide
Además cuentan con una propiedad de tres pisos en el número 227 de la misma calle de Cóndor –cuyas dimensiones con el terreno correspondiente son de mil
Estos bienes inmuebles pueden conectarse por dentro formado una gruesa letra “L”.
La familia Calderón-Zavala renta la casa 9 de la Privada de Cóndor 231 al actual secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra. Y aunque Proceso pidió al equipo de prensa de la Sedesol los detalles del contrato firmado con la dueña oficial del inmueble, Margarita Zavala, hasta el cierre de esta edición no se había producido una respuesta.
No obstante, la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia confirmó que la vivienda es alquilada por el titular de la Sedesol, pero declinó informar a cuánto asciende la renta mensual.
Sin embargo, es público que la esposa del titular de la Sedesol, Lorena Clouthier Carrillo, funge como coordinadora nacional de la Red del Voluntariado del DIF, en tanto que la esposa del presidente encabeza el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y el Consejo Ciudadano Consultivo del DIF. Por estos cargos, ninguna de ellas percibe un salario, pues son honoríficos.
La casa 8
En mayo de 2003, cuando apenas tenía tres meses como director de Banobras, Felipe Calderón gestionó con esta institución un crédito –que se calificaría de “autopréstamo”– por 3 millones 100 mil pesos con la intención de comprar la casa 8 de la Privada de Cóndor 231, con
Al difundirse la noticia del “autopréstamo”, Calderón canceló esa línea de crédito, devolvió el dinero y dejó enfriar el tema por unos meses.
Pero el escándalo no mermó su gusto por esa propiedad y pidió un préstamo a un banco privado. El director general de IXE Grupo Financiero, Javier Molinar Horcasitas, y Armando Rivero Laing, prosecretario del Consejo de Administración, autorizaron a Calderón un crédito por 4 millones 793 mil 554 pesos, a pagar en 15 años con intereses ordinarios.
Javier Molinar Horcasitas es hermano de Juan Molinar Horcasitas, el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, así como uno de los amigos más cercanos de Calderón, a quien ha acompañado desde la precandidatura a la Presidencia, luego en la campaña y ahora en el gabinete.
Al aprobarse este crédito, el 28 de agosto de 2003, Juan Molinar concluía su periodo como vocero del PAN y hacia maletas para convertirse en diputado federal para el periodo 2003-2006, la misma bancada en la que estuvo Margarita Zavala.
Años antes, en 1998, el entonces socio mayoritario de IXE Grupo Financiero, José Luis Rangel de Alba, fue apoyado con 660 millones de pesos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para salvarlo de la quiebra. El presidente del PAN, que apoyó la creación de ese organismo, era entonces Felipe Calderón.
El 2 de octubre de 2003, el presidente Fox nombró a Calderón secretario de Energía. Pero tanto a su salida de Banobras como a su llegada al gabinete foxista, el michoacano se cobijó en la flexibilidad de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para no hacer pública su declaración de bienes, y dejó bajo reserva la historia del autopréstamo, en una opacidad que él mismo había propiciado un año antes.
Y es que en marzo de 2002, el titular de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), Francisco Barrio, envió a los diputados una propuesta de reforma para que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios fueran públicas, sin matices ni excepciones.
La iniciativa fue ampliamente elogiada, y hasta el diputado panista Armando Salinas subrayó que, por vez primera, México accedería al grupo de países a la vanguardia en la rendición de cuentas. Pero eso nunca sucedió. En el último momento se agregó un párrafo al dictamen donde se especifica que tales declaraciones patrimoniales pueden hacerse públicas “siempre y cuando los funcionarios lo autoricen por escrito”. El coordinador de los diputados panistas en el Congreso era en ese momento Felipe Calderón.
Luego, cuando dejó la Secretaría de Energía para postularse como precandidato a la Presidencia, Calderón se quedó sin trabajo y sin percepciones, y con una deuda con IXE Grupo Financiero a pagar en 15 años. Los ingresos de la familia Calderón-Zavala se limitaron a la dieta de Margarita como diputada federal. Ni siquiera había dinero para arrancar la precampaña, según reportaron investigaciones periodísticas de la época.
A pesar de eso, el 16 de mayo de 2005 IXE Grupo Financiero reportó al RPPC que la línea de crédito fue liquidada por completo, incluidos los intereses, según consta en el folio 9544968-8 del RPPC.
La casa 9
El 13 de mayo de 2008, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) del Distrito Federal recibió un aviso sobre la venta de la casa 9 de la Privada de Cóndor 231, de
Para concretar la compra, el 6 de junio de 2008, Scotiabank otorgó un crédito a Felipe Calderón por 3 millones 800 mil pesos, a cubrir en un plazo de 20 años, con intereses de 12% anual, según el folio 9544968 del RPPC. Como el precio de la vivienda fue de 4 millones 860 mil pesos, Calderón tuvo que desembolsar por su cuenta, para empezar, 972 mil pesos.
Y aunque Felipe Calderón reportó ese préstamo en su declaración patrimonial pública, no está relacionado con las propiedades que él mismo dijo haber adquirido en 2008.
En la categoría de Datos Patrimoniales/Bienes Inmuebles de la declaración patrimonial de ese año, sólo aparecieron la casa 8 de la misma Privada de Cóndor –la comprada en 2003– y dos nuevos terrenos. De manera que nada se asentó allí en referencia a la casa contigua que se compró a nombre de Margarita Zavala.
Esto, pese a que seis funcionarios consultados por Proceso manifestaron que los funcionarios públicos están obligados a inscribir anualmente en las declaraciones patrimoniales todas las propiedades y deudas contraídas a su nombre y al de su esposa e hijos. E inclusive la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de su coordinación de Comunicación Social, manifestó que los bienes comprados durante 2008 debieron reportarse en mayo de 2009. Y agregó: “En esto no hay excepciones”.
El terreno
Todo empezó en abril de 2003, cuando Margarita Zavala, en sociedad con su vecina Enriqueta Sánchez y su compadre Óscar Fernández adquirieron un terreno de 2 mil
El predio fue dividido en partes iguales, por lo que cada uno de ellos desembolsó un millón 700 mil pesos y les correspondieron alrededor de
Margarita Zavala fue directora jurídica y luego secretaria nacional de Promoción Política de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, justo hasta ese año. No existe registro de que percibiera un salario por esas actividades. Proceso pidió confirmar el dato a la Dirección de Comunicación de ese partido, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
En cualquier caso, Margarita Zavala se presentó entonces ante el RPPC como “ama de casa”.
A la sazón, el peso de la economía familiar recaía sobre Felipe Calderón, quien como director de Banobras recibía un sueldo de alrededor de 174 mil pesos mensuales, antes de impuestos.
Entre abril de ese año y octubre de 2004, cuando se lanzó como precandidato del PAN a la Presidencia, Calderón presentó tres declaraciones patrimoniales, pero en ninguna se registran los
El 13 de mayo de 2008, el RPPC recibió un primer aviso de la venta a Calderón del tercio de terreno propiedad de su vecina Enriqueta Santos. El monto de la operación fue de 3 millones 640 mil pesos, de los cuales 2 millones 612 mil pesos habrían salido de un crédito de Scotiabank, a pagar en 20 años. La operación se cerró en junio de ese mismo año.
Y de nuevo, Calderón adelantó el pago: 11 meses después de otorgada la línea de crédito, cubrió por completo la deuda el 28 de mayo de 2009, según el folio 9442807 del RPPC.
El presidente registró el otorgamiento del préstamo en la declaración patrimonial de 2008, mas no asentó que su esposa –a quien ya corresponden un tercio del terreno y una casa– se convirtió además en su socia.
Al entregar su declaración patrimonial, los servidores públicos pueden aceptar que se abra o no la información ahí contenida. Si abren la información, los datos aparecen en el sistema Declaranet y cualquier persona puede consultar las propiedades del funcionario, así como las de su esposa e hijos. No existe forma de pedir que sólo una parte de la declaración patrimonial sea pública y otra no.
Los mil
Opacidad discrecional
Daniel Lizárraga
El presidente Felipe Calderón sí reconoció en sus declaraciones patrimoniales los bienes inmuebles comprados a nombre de su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo, por lo que no habría incurrido en irregularidad alguna en ese aspecto.
El jueves 4 de marzo, Proceso solicitó a la Presidencia información sobre por qué en la declaración patrimonial del mandatario correspondiente a 2008 –y que está disponible en el sistema Declaranet, de la Secretaría de la Función Pública (SFP)– no se inscribieron una nueva casa y un terreno a nombre de la esposa del presidente, como lo demostró una investigación periodística de este semanario.
Siete días más tarde, el jueves 11, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Max Cortázar, mostró a Proceso una versión de la declaración patrimonial de Felipe Calderón de 2008 en la que sí se inscribieron la casa 9 de la privada de Cóndor 231 y el terreno de Cóndor 227, adquirida en sociedad con su consorte.
De acuerdo con Los Pinos, el mandatario no sólo reconoció los bienes a nombre de Margarita Zavala, sino que también aceptó que su declaración patrimonial fuera pública en todos sus términos.
No obstante, en la versión disponible en Declaranet no se localizan esas propiedades.
Declaranet es un sistema que permite a los ciudadanos enterarse vía internet de las declaraciones públicas de los funcionarios sin importar su nivel jerárquico.
Al respecto, el secretario de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, afirmó que el sistema Declaranet omite “automáticamente” los bienes a nombre de las esposas de los funcionarios, a pesar de que ellos mismos hayan aceptado transparentar su declaración patrimonial.
Entrevistado en la residencia oficial de Los Pinos por intervención de Max Cortázar, el titular de la SFP calificó como “normal” y “legal” que Declaranet elimine los bienes a nombre de las esposas y, en su caso, de los hijos de los funcionarios.
–¿Exactamente cómo funciona este sistema? –se le preguntó a Vega Casillas durante una entrevista de teléfono a teléfono desde la residencia presidencial.
–El funcionario es quien llena de su propia mano los formatos de declaraciones patrimoniales. Ahí mismo deben marcar si aceptan o no que éstas sean públicas.
–Y si en este caso el presidente aceptó que fuera pública, ¿por qué no están la casa y los terrenos a nombre de su esposa?
–El propio sistema elimina esos datos en automático, así está diseñado desde su creación.
–¿Por qué decidieron esto por sistema, aun cuando la voluntad de los funcionarios –como el presidente Calderón– sea transparentar su declaración patrimonial?
–Si difundimos esa información nos estaríamos entrometiendo con los datos personales de las esposas, que no son servidores públicos. La ley sólo obliga a los funcionarios. Este es un tema de protección de datos personales.
–¿En qué artículo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se apoyan para tomar esa decisión?
–Es un tema de protección de datos. No siempre los esposos o las esposas quieren dar sus números de cuentas bancarias.
–¿No es la Ley Federal de Transparencia la que regula el manejo de los datos personales?
–Estamos ante una interpretación del marco legal.
–¿Una interpretación de la Secretaría de la Función Pública?
–Sí.
–¿Una interpretación de qué artículos y cuál norma? Porque en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos no se especifica claramente eso…
–Voy a preparar una nota sobre esa interpretación y se la enviaré.
Atribución sin fundamento legal
En las declaraciones patrimoniales disponibles en internet no aparece algún aviso o nota en el sentido de que los bienes a nombre de los cónyuges son eliminados, aun cuando el funcionario, en este caso Felipe Calderón, hubiera aceptado hacerlas públicas.
Alrededor de 16 horas después de la entrevista en Los Pinos –el viernes 12–, Salvador Vega envió la siguiente nota a Proceso:
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas establece la obligación del servidor público (no todos, sólo los de nivel alto y algunas funciones) de presentar su declaración de situación patrimonial.
La obligación es además declarar el patrimonio de su cónyuge y sus dependientes económicos. Cabe precisar que la obligación es del servidor público, no del cónyuge o dependientes económicos.
Los datos deben ser custodiados y salvaguardados por la SFP y tienen el carácter de privados, y la finalidad es que la SFP pueda en su caso vigilar el proceso de evolución patrimonial para determinar si corresponde a su nivel de ingresos.
Algunos servidores públicos autorizan la publicidad de su declaración patrimonial por convicción personal. Esta autorización se puede dar al momento de presentar la declaración patrimonial.
Sin embargo el servidor público sólo puede autorizar la publicidad de sus datos personales, no así de su cónyuge y dependientes.
Por esa razón, en el portal de la SFP solamente se publican los datos del patrimonio de los servidores públicos que así lo autorizaron y se omiten los de su cónyuge y dependientes económicos.
Además se omiten en el portal público algunos datos que vulneran la privacidad del funcionario y lo ponen en riesgo, como su domicilio y los números de sus cuentas bancarias.
En el caso de bienes en copropiedad, se publicitan, ya que uno de los propietarios así lo autorizo. Se concluye que la facultad de seguimiento de patrimonio es exclusiva de la autoridad competente, por la naturaleza de los datos.
En esta nota ofrecida por Vega Casillas no se citó un artículo específico que permita a la SFP eliminar de las declaraciones patrimoniales los bienes a nombre de las cónyuges o hijos.
El artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos sólo dice: “La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate”. lT
Un ranchito al pie de los volcanes...
Juan Pablo Proal
AYAPANGO, MÉX.- “El presidente sólo viene de vez en cuando, si acaso una vez al mes”, dicen los lugareños.
No son giras de trabajo; por el contrario: Felipe Calderón se encierra en el rancho San José, una propiedad que no es nada ostentosa ni está a su nombre, pero en la que ya se construye un cuartel militar y se muda el basurero que colindaba con el predio, en tanto que el ayuntamiento recibió una solicitud para introducir agua potable, con recursos municipales.
Es la estancia de placer de la pareja presidencial…
El rancho se ubica en este municipio, Ayapango, un “pueblo con encanto del Bicentenario”, según lo llama el gobierno de Enrique Peña Nieto; una comunidad marginada, con problemas de agua, desempleo y migración, según la describen sus habitantes.
El secretario general del ayuntamiento, Édgar López Aguilar, dice que Diego Heriberto Zavala Pérez, suegro de Calderón, compró la finca a mediados de la década pasada. En el Registro Público de la Propiedad del Estado de México el rancho parece no existir, pues no aparecen los documentos correspondientes, y los dos militares que custodian la entrada niegan que pertenezca a los familiares del presidente.
Pero el rancho existe y el gobierno federal lo reconoce. De noviembre de
El gasto de recursos públicos abarca: 2 millones 882 mil 744 pesos en materiales de construcción; 51 mil 750 del “proyecto ejecutivo”; 784 mil 465 pesos en material eléctrico; 248 mil 676 pesos para renta de sanitarios; 220 mil 7 pesos de una planta de luz; 71 mil 315 pesos en una toma de agua; 72 mil 42 pesos de un pararrayos, y 287 mil 683 pesos en equipamiento.
Adicionalmente, la Presidencia de la República gastó el año pasado otros 144 mil 424 pesos en hospedaje y alimentación, más 85 mil 126 pesos en transporte.
Esporádicamente, las aspas del helicóptero presidencial sacuden la zona enclavada en las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Calderón llega escoltado por el Estado Mayor Presidencial. Las visitas suelen ser un sábado al mes, por la tarde.
Por tierra, el paseo es distinto. Para llegar aquí hay que pasar por Chalco, todavía inundado de aguas negras por las lluvias de febrero. El tránsito es lento.
Después de esto, letreros que ofrecen estancias maravillosas en sitios a los que se califica de “paradisiacos” comienzan a inundar la carretera en la zona de Amecameca, a unos minutos de llegar al rancho de los suegros de Calderón: “Parque de los Venados Acariciables”. “Pase un día con tigres”. “Parque ecológico rancho La Mesa”.
La mayoría de los 5 mil 947 pobladores de Ayapango debe utilizar las combis que los comunica con Amecameca-Chalco y el Distrito Federal, casi su única fuente de empleo. Sin tráfico, el recorrido toma dos horas; los congestionamientos suelen hacerlos durar el doble.
Benigno Valencia López es de los pocos habitantes que decidió quedarse en el pueblo. Es agricultor, siembra avena, maíz y frijol justo a un lado del rancho de los Zavala.
“Aquí ya casi nadie vive; se van al Distrito Federal para hacerla de policías”, lamenta con el rostro prieto, agrietado por el sol.
La primera impresión del lugar es grata. El pueblo se caracteriza por sus angostas calles empedradas con banquetas perfectamente pintadas. La mayoría de las casas fueron inspiradas en un estilo afrancesado y están construidas con adobe y piedras rojizas. Predominan los techos a dos aguas, con oscuras tejas de barro. Por su apariencia, Televisión Azteca decidió filmar aquí, en 2009, la telenovela Enteramente tuya.
Tras bambalinas, lejos de ser una comunidad próspera, Ayapango está sumida en la pobreza.
“Podemos tocar en las casas y a veces nos encontramos con gente que no tiene qué comer en sus hogares”, expone el secretario general del ayuntamiento, Édgar López Aguilar, quien se queja de las magras participaciones hacia el municipio, considerado “de marginalidad muy baja”.
En los hechos, las autoridades locales estiman que casi dos terceras partes de la población del distrito de Pahuatlán emigró a Canadá o Estados Unidos.
“Nosotros creamos nuestro propio empleo. Ya quedan muy pocos; la mayoría huye al Distrito Federal”, secunda José Pilar Peña, productor de leche desde hace 50 años. No es cualquier personaje: es compadre del suegro del presidente.
Un día, Diego Zavala le pidió a José Pilar reforestar el rancho San José, sembrado de maíz, avena y alfalfa. Él accedió, y gracias a su trabajo se estrechó la relación. Zavala apadrinó el bautizo de su hijo, Antonio Peña Reyes.
José Pilar Peña es testigo de la prosperidad de Diego Zavala: “Ha comprado algunas hectáreas más”, dice, y calcula que actualmente el predio tiene unas 20. Empleado del rancho entre 1995 y 1997, dice que actualmente trabajan ahí alrededor de 10 habitantes de Ayapango.
Como a muchos en el pueblo, las lluvias de febrero le pegaron a José Pilar Peña. Él y otros 20 productores de leche estuvieron a punto de perder las pocas vacas con las que elaboran sus quesos artesanales.
Dos ancianos quisieran que llegara más agua, pero a sus casas… Aseguran que desde la llegada de los Zavala el suministro comenzó a escasear. Uno de los habitantes más viejos del pueblo se queja de que al menos dos veces por semana el agua ya no llega a su vivienda.
López Aguilar cuenta que hace 12 años los suegros de Calderón pidieron que el ayuntamiento, con sus propios recursos, estableciera una red de agua potable para alimentar al rancho, ubicado a 10 minutos de la cabecera.
El entonces alcalde accedió, pero la comunidad se lo reprochó airadamente. Mercedes Gómez del Campo, madre de Margarita Zavala, “dijo que mejor lo dejara así, que no quería tener problemas con la población”.
No es el único problema que ha tenido la propiedad de los suegros de Calderón. Cualquier habitante del lugar que quiera pasar por el camino del rancho San José se enfrenta con un retén de dos soldados que suelen catear a los intrusos e impiden el paso de vehículos.
En la zona destaca un tractor. El operador de la maquinaria confió que fueron contratados para deshabilitar el basurero municipal, que colinda con la propiedad, y pasarlo enfrente, donde no afecte a los Zavala.
A simple vista, más allá de otros cuatro soldados que custodian la entrada al rancho San José, el inmueble parece integrado sólo por una modesta casa de un piso, un área verde donde pastan 10 vacas y decenas de metros de terreno baldío.
El ayuntamiento no autorizó la construcción del cuartel, aunque el Estado Mayor Presidencial justifica la obra porque es su deber “garantizar la seguridad del presidente”, según el artículo cuarto de su reglamento. De cualquier forma, en ese paraje no se percibe cuartel alguno.
La inversión del gobierno federal también incluyó una cancha de futbol rápido, construida con recursos de la Sedesol.
Esta nueva área deportiva luce desierta, como el resto de Ayapango, donde 4 mil 25 de los 5 mil 947 pobladores no es derechohabiente de los servicios de salud, una de las tantas razones por las que migran al Distrito Federal.
Aquí, las comodidades son para los turistas, para quienes pueden pagar más de 2 mil pesos por un masaje en el spa de la hacienda La Ratana, para los productores de telenovelas o para el presidente de la República y sus familiares.
La narcopolítica, una realidad
Patricia Dávila
El exdirigente nacional del PAN Manuel Espino expone en esta entrevista los riesgos que enfrenta Ciudad Juárez por la complicidad de algunos políticos con el narco, intenta desmentir los triunfalistas partes de guerra del gobierno y deplora la actitud intolerante de Felipe Calderón ante la crítica. Además, narra desde qué punto de vista escribió su libro más reciente, La guerra injusta de Ciudad Juárez.
En Ciudad Juárez, el presidente Felipe Calderón fracasó en su intento de combatir al crimen organizado, afirma el panista Manuel Espino, presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, ODCA.
“La estrategia implementada por el presidente Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico parece más el reflejo de un plan de ‘complicidad’, una especie de ‘pitazo’ disimulado para alertar a los criminales. A los delincuentes se les ayuda a actualizar su inventario estratégico y se les da la señal para reestructurar sus organizaciones. Se les alerta para tomar ventaja”, señala.
Para él, hay transparencia en donde debiera existir la reserva de información y acciones discretas. En la guerra emprendida contra el crimen organizado, dice, se da a conocer la estrategia empleada en los operativos, el monto de lo incautado, a qué celda se lleva a un detenido y hasta el armamento que se utilizó; información que el gobierno no debe difundir porque sólo sirve a los criminales.
Entrevistado en sus oficinas de la ODCA, a un mes de concluir su gestión como presidente de ese organismo, Manuel Espino pone sobre la mesa su nuevo libro: La guerra injusta de Ciudad Juárez. Reflexiones y propuestas desde la trinchera ciudadana. En él describe la “guerra” emprendida por Felipe Calderón como “el conflicto que más sangre ha derramado sobre el territorio mexicano después de la Revolución”.
A dos años del arranque del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH), Ciudad Juárez vive con miedo. Muchas viviendas están abandonadas y destruidas por vándalos; se incrementó la pobreza, los secuestros crecieron en 5,000%, 60 mil familias emigraron a El Paso, Texas; 7 mil niños quedaron huérfanos a causa de los crímenes, miles de empresas y comercios cerraron y se perdieron 140 mil empleos. Sin embargo, la oferta de empleo ha disminuido un poco menos.
–¿Qué tanto empleo han generado los cárteles?
–No tengo la manera de medirlo; sin embargo, existen versiones de que hay una compensación. Es decir que los empleos perdidos se han compensado con la ocupación que ha ofrecido el crimen organizado.
–En su libro habla de las personas que buscan lucrar económica y políticamente con el sufrimiento de los juarenses…
–Políticamente, ningún partido está exento de lucrar con la tragedia de Juárez. Tampoco los tres niveles de gobierno. Un ejemplo claro se dio después de la masacre de los 14 estudiantes en Villa de Salvárcar, cuando el gobernador José Reyes Baeza notificó el traslado de los tres poderes a esta ciudad. La lectura inmediata fue que se debía a que era un año electoral. A los pocos días reacciona el presidente y, después de dos años de sordera, anuncia su visita. Fue tan precipitado que llegó sin agenda, sin propuesta, sin programas.
Lo grave, dice, es que de la misma forma inició Calderón la ofensiva contra el narco:
“Cuando él decide declararle la guerra al crimen organizado a mí me da mucho gusto; en el extranjero me jacté de tener un presidente valiente. Pero me equivoqué: di por hecho que tomó la decisión sobre la base de un diagnóstico que, también supuse, había definido entre el 2 de julio –día de la victoria electoral– y el 1 de diciembre –cuando tomó posesión–. Pensé que había dialogado con el gobierno de Estados Unidos y con el de Guatemala, con gobernadores, con alcaldes de las ciudades más importantes del país y con líderes de los sectores más representativos. Me resistí a pensar que el nuevo presidente de México estuviera improvisando una guerra.”
Según él, nunca imaginó que no se cumpliera una condición indispensable para declarar una guerra: la de hacer un diagnóstico que no sólo le permitiera conocer bien la situación sino, sobre todo, garantizar la victoria:
“¡Pero no! Fue simplemente una medida política, ahora lo creo así. Una decisión unilateral, porque no consultó con otros países, con nadie. Fue una decisión personal de Felipe Calderón. Quizá fue una respuesta a la presión que sobre él ejerció el cuestionamiento de su victoria. Una victoria que fue totalmente política.”
–¿Por qué Calderón no acepta dialogar con usted?
–No lo sé. Y él sabe que alguna opinión útil le puedo dar. Conoce de mi trabajo en Seguridad Pública, en Juárez, y de mi cercanía con algunos mandos militares. Además, Carlos Castillo Peraza me promovió para que fuera secretario de la Comisión de la Defensa Nacional y después el mismo Felipe intervino para que me nombraran presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados.
En enero de 2007 Calderón convocó a Manuel Espino y le pidió su opinión sobre la labor realizada en los primeros días de su gobierno: “Fue favorable, sólo le externé una preocupación. Le comenté que me parecía innecesario que se vistiera de militar, porque eso mandaba una señal no muy agradable a los mexicanos. Era una señal muy fuerte, muy dura, del papel de presidente de la República”.
Añade: “La otra preocupación que le externé fue que él se pusiera al frente de la tropa, del operativo, que él personalmente le advirtiera a los criminales que iba tras ellos. Le dije que, en mi opinión, eso podía hacerlo el secretario de la Defensa Nacional o el de Seguridad Pública, pero no el presidente”.
Calderón preguntó por qué. Espino dice que le explicó:
“Es sencillo: en una confrontación directa con las bandas criminales se presentarán circunstancias que nos aconsejen disminuir el ritmo, detenernos, retroceder o modificar la ruta. Y tú le puedes ordenar al que pongas al frente del operativo que retroceda, que se detenga; ya sea por razones políticas, diplomáticas, por prudencia o por una precaución de carácter social. Puedes ordenar que lo haga el general o el abogado de la nación y no va a pasar nada. Pero a ti, al presidente, ¿quién te lo puede mandar? Si un día retrocedes o te detienes va a parecer que estamos perdiendo. Mi preocupación es que si sigues al frente no podemos dar marcha atrás, por el temor de que se perciba debilidad presidencial”.
Esta fue la última vez que Felipe Calderón dialogó con Espino.
A poco más de dos años de ese encuentro, Espino no ha cambiado de parecer: “Creo que lo que le dije tenía sentido. Hoy el presidente está atrapado en su propia estrategia y, conociendo su personalidad, también han de influir en él los cálculos de las consecuencias que podría traer, ahora, reconocer que hubo un error y tener que rectificarlo. Es más fácil decir: vamos bien, estamos fortaleciendo el estado de derecho y hemos deteniendo a muchos capos, como lo dijo en Japón. Y es verdad, pero en el saldo eso no pinta, en el balance final. Yo no tengo duda de que el gobierno está perdiendo la guerra contra el crimen organizado.
–Acaba de hablar de la personalidad del presidente. ¿Será capaz de reconocer que ya perdió, si no ha sido capaz de reconocer que se equivocó?
–Espero que tenga una actitud serena, reflexiva, de estadista; que haga una introspección y lo reconozca. La seguridad del país vale esa reflexión serena, con recta intención del presidente de México.
Intolerancia palaciega
Espino relata que después del 8 de diciembre, cuando difundió una carta abierta para exigirle a Calderón que “asuma su responsabilidad de la tragedia en Ciudad Juárez” porque “estamos ante una guerra fallida (y) ante un estéril derramamiento de sangre” (Proceso 1728), el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llamó a los medios de comunicación en los que colaboraba para pedir que lo vetaran:
“Acabo de regresar de uno de ellos y querían invitarme nuevamente a colaborar. Les dije que lo consultaran con Gómez Mont. Me respondieron que no, que ya no tenía la fuerza de hace un año”. Evita decir nombres: “No quiero meterlos en problemas”.
–¿La carta se tomó como un ataque al presidente?
–Todo lo que no sea adular al gobierno o al presidente, en Los Pinos suele tomarse como una agresión. Se ha instaurado una actitud intolerante en la que el disenso es visto como un agravio. Incluso cuando he disentido con el gobierno sobre sus intromisiones en mi partido, ellos, a través de columnistas y editorialistas comprometidos con el poder, difundieron la versión de que Espino ataca al gobierno o al presidente. Eso es falso, pero en la semántica mental del gobierno eso es una agresión.
–¿En la semántica de Calderón?
–Del gobierno, incluido Felipe Calderón.
Sin embargo, este no fue el primer desencuentro. En mayo de 2008, Eduardo Medina Mora, entonces titular de la PGR, declaró a los medios: “Vamos ganando la guerra, aunque no lo parezca”. Espino había convocado a una rueda de prensa para anunciar el Primer Foro Internacional sobre Seguridad, promovido por la ODCA, en Bogotá, Colombia. Ahí, un reportero preguntó su opinión sobre lo expresado por el titular de la PGR y él fue conciso: “No tengo la información que tiene el procurador para afirmar que vamos ganando la guerra. En lo que sí coincido con él es en que a mí tampoco me lo parece”.
Como respuesta, en una actitud “intolerante” –dice Espino–, el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Max Cortázar, manipuló la información para que pareciera que atacaba al gobierno. Además, Germán Martínez Cázares, entonces presidente nacional del PAN, prohibió a los 20 gobernadores y a los legisladores del PAN que asistieran al foro de la ODCA.
Injusticia y complicidad
Manuel Espino expone los motivos que lo llevaron a escribir el libro La guerra injusta de Ciudad Juárez:“En noviembre, uno de mis hijos cumplió años y a la fiesta, en nuestra casa, no llegaron dos de sus amigos. Los mataron en el camino. Eso generalizó la indignación. Y en una plática, con mis hijos y con amigos, decidimos que, en lugar de huir de Juárez, teníamos que hacer algo para cambiar la imagen de la ciudad.
Dice oponerse a la imagen de Ciudad Juárez que reporteros e investigadores de todo el mundo han difundido:
“Sólo revelan los informes forenses, los partes de guerra, las a veces exageradas descripciones de las masacres, las fotografías sangrientas”. Añade que ese material ha contribuido a deformar el rostro de una ciudad que no es violenta, sino que es la segunda más importante del mundo por su industria maquiladora.
“En mayo de 2008 le pedí al presidente que revisara y rectificara la estrategia. Iban 4 mil ejecutados; hoy ya son casi 17 mil. Bueno, 13 mil ejecutados después, le vuelvo a sugerir al presidente que rectifique. Puede concluir su gestión como un presidente exitoso, que tuvo la dignidad de reconocer un error y corregirlo, quizá ya no a tiempo, porque ya es demasiado tarde”, reitera.
–Usted señala en su libro que Juárez es un campo de concentración, en donde viven su propio holocausto; el señalamiento es muy grave.
–Sí, pero vivimos nuestro propio holocausto porque estamos esperando que nos toque. Nos preparamos para ser víctimas. En lugar de ir el fin de semana al cine o a un restaurante, hacemos reuniones familiares para calcular qué vamos a hacer el día que nos toque un secuestro, un homicidio, un asalto. Estamos en esa lógica y es injusto. Pero ahora los padres de familia pagan 5 mil o 15 mil pesos para que los delincuentes dejen llegar a su hijo a casa y regresar a la escuela al día siguiente.
–¿Hacia dónde va Ciudad Juárez? ¿Hacia un estallido social?
–No sé qué pueda generarse, pero hay gente que ya contrató a sus propios escoltas para cuidar a su familia y su patrimonio. Otros han puesto barricadas en sus colonias, alarmas en sus casas, y los de menos recursos tienen un bat o traen una navaja en el bolsillo por si se ofrece. La gente se está preparando para un fenómeno generalizado de violencia. No lo estoy adelantando, pero aquí no podemos descartar nada.
El 3 de julio de 2009 Espino recibió una carta en la que el presidente colombiano Adolfo Uribe le agradece “el respaldo al operativo que devolvió la libertad a 11 compatriotas (entre ellos Ingrid Betancourt) y tres cooperantes extranjeros secuestrados por las FARC. En contraste, lamenta, Calderón ni siquiera ha “hojeado” las 101 propuestas para la paz que surgieron del II Foro Internacional “Inseguridad, dolor evitable”, que se realizó en agosto de 2009 en Ciudad Juárez con la participación de 22 países.
A la falta de “voluntad” del presidente Calderón para reconocer el fracaso de la guerra, Espino suma otra inquietud: “Como juarense, tengo miedo de que en estas elecciones los gobiernos vayan a usar el tema de la violencia como bandera política a través de sus partidos”.
Se le pregunta entonces qué opina de que el PRI haya nombrado a Héctor Murguía como su candidato a la alcaldía de Juárez, después de que durante su gestión (2004-2007) la policía municipal estuvo bajo el mando del cártel de Juárez (incluso, Saulo Reyes, su secretario de Seguridad, fue detenido en El Paso, Texas, cuando trataba de pasar droga de esta organización y pretendió sobornar a agentes de la aduana.
–No tengo información corroborada, solo sé que durante su gestión nos dejó una ciudad invadida por el narcotráfico. El Teto Murguía es sinónimo de desconfianza para los juarenses.
–El diputado Manuel Clouthier habló de la protección del gobierno federal a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
–No puedo asumir, como Clouthier, que el gobierno está en complicidad con el crimen organizado, porque eso implica hasta a Felipe Calderón ¡y ya sería el colmo! Que hay complicidades, sí, sería torpe negarlo, es evidente. Sin duda hay funcionarios implicados o que han implicado su actividad de gobierno con la de los criminales.
“Por eso digo que, tratándose del manejo de la información, parece que hay complicidad, porque bajo el argumento de informar a la gente de lo que se está haciendo, dan información a los medios y enteran a los criminales de cómo fueron los operativos, en dónde están detenidos los criminales, qué juez se va a encargar de su causa, en qué celda están encerrados… Hay funcionarios que saben que ventilar esta información ayuda a los criminales. Aquí no hay ingenuidad, hay complicidad.
–En Juárez se ha acusado a la procuradora, Patricia González Rodríguez, y al gobernador, José Reyes Baeza, de dar protección al cártel de Juárez...
–Digamos que hay señales muy fuertes que hacen suponer complicidades de políticos de Ciudad Juárez con los criminales. La señal de que El Teto sea candidato a la presidencia municipal de Juárez es una de elllas. Del gobernador y la procuradora, no tengo información para afirmarlo.
–Juárez vive dos guerras paralelas: por un lado, se sospecha que la procuradora y el gobernador apoyan al cártel de Juárez, y por el otro hay informes que señalan la protección que el gobierno federal, a través del Ejército, brinda al cártel de Sinaloa…
–Es la misma guerra. En ella hay ciudadanos, políticos, empresarios, funcionarios de gobierno... y uno de los rasgos importantes es la narcopolítica. Hace más de un año empecé a dialogar con dirigentes de partidos y líderes sociales. Incluso, en agosto pasado, hablé con el gobernador del estado. Les pedí que consideráramos cancelar las elecciones en Ciudad Juárez. Les dije que las elecciones eran una oportunidad para que avanzaran los criminales, quienes iban a querer imponer, patrocinar y luego controlar a la ciudad a través del gobierno, porque ningún partido estaba exento de ese riesgo.
“Les dije que el Congreso podía determinar que no había condiciones para una contienda electoral, que era de alto riesgo efectuarla y corríamos el peligro de que el crimen organizado avanzara en la coyuntura electoral, pero me dijeron que no era posible. Ahora, con lo de El Teto, se incrementa ese riesgo.”
Afirma que en esta ocasión los cárteles financiarán las campañas políticas en Ciudad Juárez.
El militar que quiso olvidar
Juan Veledíaz
En 2005 falleció el general de división Salvador Rangel Medina, uno de los personajes centrales de la novela Guerra en El Paraíso, de Carlos Montemayor. Militar atípico, afecto a la escritura, comenzó una especie de memorias que suspendió al llegar a la década de los setenta, cuando manifestó su desacuerdo con la estrategia antiguerrillera del gobierno. En el libro El general sin memoria. Una crónica de los silencios del Ejército Mexicano, publicado por el sello Debate, de Random House Mondadori, Juan Veledíaz explora la causa profunda de ese silencio y reconstruye su biografía con testimonios y documentos que, además, arrojan luz en torno a secretos del Ejército que se mantuvieron guardados por más de medio siglo. He aquí una reseña escrita por el propio autor.
El diferendo reventó en junio de 1974, en los días más álgidos de la campaña militar contra la guerrilla y la población civil en la Costa Grande del estado de Guerrero, donde el general Salvador Rangel Medina se desempeñaba como comandante de la 27 zona en Acapulco. Testigos del episodio narran que, luego de tomarle una llamada telefónica a Hermenegildo Cuenca Díaz, entonces secretario de la Defensa Nacional, la voz de Rangel se elevó más de lo habitual, tanto que llegó a escucharse afuera de su oficina.
–¿Tiene usted una idea de cuántos civiles van a morir? –cuestionó Rangel–. ¡Cómo quiere que autorice cosas con las que no estoy de acuerdo! –reclamó al secretario, según el testimonio de allegados suyos que presenciaron el altercado.
Las diferencias de criterio sobre los métodos que el Ejército empleaba en el terreno para intentar acabar con la guerrilla de Lucio Cabañas salieron a relucir desde los primeros días de diciembre de 1973, cuando llegó de comandante a Acapulco por orden del presidente Luis Echeverría. Su designación nunca fue del agrado del general Cuenca, con quien no se dirigía la palabra desde hacía décadas. Las diferencias entre ambos se traducían en una relación fría, distante. Rangel lo había reconfirmado en 1971, en los primeros meses del nuevo gobierno, cuando fue relevado del mando territorial en Durango y fue enviado “a la banca”, es decir, a disposición del Estado Mayor de la Defensa sin cargo ni comisión por órdenes del secretario. A partir de entonces sus allegados sabían que fue el presidente quien lo había sacado de la “congeladora” para darle mando de zona.
Desde que llegó al puerto, sus discusiones con Cuenca subieron de tono a raíz de las visiones confrontadas entre los dos. “El general Rangel Medina se opuso a los bombardeos, se opuso a una serie de acciones violentas que llevó a cabo el Ejército Mexicano en aquel entonces, según refieren libros, notas, reportajes; se opuso, (pues) no era la manera de poder capturar a una gavilla, decía; no era la manera de proceder, proceder como militares ni como mexicanos obligados a seguir un marco jurídico; no era la manera de hacer las cosas, según su entender”, recuerda uno de esos allegados.
La campaña militar en Guerrero se convirtió en el escenario –que hasta ahora había permanecido oculto– de esas visiones confrontadas acerca de lo que debería ser el uso de la fuerza armada para resolver conflictos.
Testimonios y documentos militares inéditos sobre Rangel y episodios diversos muestran a un militar “disidente” frente a la estrategia contra la guerrilla. Su formación era representativa de los ideales que cimentó la Revolución en las Fuerzas Armadas. Durante su carrera se caracterizó por buscar la cercanía con el pueblo al que, decía, el Ejército se debía. Privilegió el diálogo y la negociación antes que el uso de la fuerza. Ese era su estilo desde que en los años cincuenta y sesenta intervino, por órdenes presidenciales, para desactivar conflictos sindicales y estudiantiles y convencer a líderes guerrilleros, como Rubén Jaramillo, para que depusieran las armas.
En el gobierno de Echeverría, Rangel confrontó a la cúpula militar que había adoptado la doctrina proveniente de la Escuela de las Américas, aquella que tomó a la “guerra sucia” puesta en práctica en Vietnam –con su método de represión, tortura y desapariciones de civiles– como el referente para afrontar los problemas de la época.
Las reglas rotas
El escritor Marco Aurelio Carballo, entonces reportero del periódico Excélsior, dirigido en aquel tiempo por Julio Scherer García, recuerda que, en Guerrero, Rangel parecía un militar al frente de un ejército ajeno al conflicto. Por esos días de junio de 1974 Carballo estaba de enviado especial en Chilpancingo para cubrir el secuestro de Rubén Figueroa Figueroa, “el camionero que luego fue gobernador”, quien fue capturado por la guerrilla cuando buscó un acercamiento con Cabañas para convencerlo de que depusiera las armas.
Desde la capital del estado, el reportero contactó vía telefónica a la comandancia militar de Acapulco, solicitó una entrevista con el general Rangel, y sin mayor trámite se la concedieron. El Ejército tenía entonces el control absoluto de la información y de los periodistas que cubrían el conflicto, patrullaba poblados y caminos, y en la carretera que comunicaba con el puerto instaló retenes escalonados.
Sin embargo, cuenta Carballo, al parecer había una orden previa para que él pudiera pasar por los puestos de control sin contratiempo alguno. Llegó a la zona militar y, sin mayor espera, fue llevado a la oficina del comandante. Lo recibió un hombre vestido de manera impecable, con su uniforme verde olivo bajo el que se distinguía una silueta delgada, pero fuerte: “… me dio una buena entrevista, sobre todo porque dijo varias frases. Una de ellas, ‘Si me lo ordenan, capturaré a Cabañas’, me llamó mucho la atención”.
Las declaraciones de Rangel, publicadas en la portada de Excélsior aquel miércoles 5 de junio, rompieron la “regla de oro” de la milicia según la cual ningún militar, salvo orden superior, puede declarar ante la prensa. Al general poco le importó esa regla: en sus dichos había un mensaje cifrado que iba más allá del malestar en el interior del Ejército por la manera en que el conflicto se estaba manejando y que dejaba entrever el papel “indefinido” que desempeñaba como comandante de zona, pues sus planes no eran tomados en cuenta.
Al día siguiente, el secretario manifestó que Rangel se había “extralimitado”, pues “asumió funciones que no le correspondían”, ya que sólo la Defensa o el presidente de la República podían opinar sobre “asuntos de tal naturaleza”.
Así, las diferencias entre uno y otro general comenzaban a hacerse públicas; semanas después, a principios de agosto, los dos militares se enfrascaron en otro altercado telefónico, que acabó en forma abrupta cuando Rangel colgó el auricular. Según un testigo, la discusión terminó con un recordatorio materno al titular de la Secretaría de la Defensa.
La tarde de ese mismo día Rangel redactó un radiograma, dirigido al presidente Echeverría, con copia al general Cuenca, donde solicitaba que lo relevara del mando por no estar de acuerdo, entre otras cosas, con la “evacuación de la población civil”. Comenzó entonces una persecución en su contra que inició con un proceso ante una corte militar; se le catalogó como un “apestado” dentro del Ejército, al punto de que incluso se estableció la prohibición de acercársele. Estuvo “congelado” hasta el fin del sexenio.
Con la llegada de José López Portillo al poder, fue rehabilitado en el mando de zona en Acapulco, lo que constituyó un hecho inédito en el Ejército, y su imagen creció ante la actitud que asumió frente a la “guerra sucia”.
El radiograma fue encontrado en el archivo privado del general Rangel Medina, quien murió a los 92 años de edad en una cama del Hospital Central Militar en diciembre de 2005, y forma parte de una serie de informes castrenses desconocidos hasta la fecha sobre lo ocurrido durante la guerra sucia en Guerrero. Por primera vez un general de tres estrellas, con una fuerte ascendencia dentro del Ejército, aportaba detalles de aquello que consideró “torpezas del mando” al referirse a la manera en que se conducían las operaciones contra la guerrilla en esa entidad. Fue el único militar en activo que en su momento advirtió que la actuación de las tropas tendría un costo muy alto para la institución frente a la sociedad.
Cuidadoso registro
Entre los documentos del archivo de Rangel están los informes elaborados a su llegada al puerto, cuando asumió la comandancia militar. A uno de esos reportes lo denominó Panorama que presenta la zona. Es un escrito de 10 fojas que redactó el 15 de diciembre de 1973; ahí consigna los testimonios que recogió en la zona serrana de Atoyac –comunidad distante dos horas de Acapulco, donde se estableció el puesto de mando del teatro de operaciones–, además de exponer un análisis social, político y militar que realizó para contextualizar el problema de la guerrilla.
Ahí apuntó que, como no era del agrado del general Cuenca, cuando recibió la comandancia de zona, no le fue proporcionado ningún tipo de información de inteligencia, por lo que tuvo que valerse de sus propios recursos para allegarse de información sobre lo que ocurría en el terreno. Anotó que las unidades que participaban en las operaciones estaban mal preparadas y no tenían una idea sobre la naturaleza del “enemigo”. Reveló que varios militares de distinto rango, como el comandante al que relevó, estaban al servicio de los caciques y narcotraficantes desde tiempo atrás, y contribuían al clima de terror que imperaba en la región al abusar de la población civil.
Rangel fue muy cuidadoso en el momento de registrar los asesinatos extrajudiciales, las torturas y las desapariciones atribuidas al Ejército. Nunca cita a sus colegas por sus nombres y da todo el crédito a los pobladores que le narran los sucesos. En uno de esos pasajes, posteriores a una emboscada de la guerrilla contra soldados cerca de la comunidad de Yerbasantita ocurrida en noviembre de 1973, el general escribió:
“Hace unos días aterricé en un caserío para que me orientaran por dónde me encontraba, y me pareció muy sospechoso y extraño que no obstante la presencia del helicóptero ninguna persona se acercara a verlo, como ocurre en cualquier ranchería, aun cuando observaba que salía humo de las chozas.
“Tras mucho tiempo de espera y una vez que despaché a otro lado al aparato, en busca de una escolta, vi pasar una persona que al llamarla resultó ser la autoridad del poblado. Identificado con él, me informó que la gente no salía por temor a que los federales los fueran a matar. Con su ayuda y en vista de que yo me encontraba solo, fue posible reunir al poblado frente a la escuela y tras escuchar los más graves insultos de hombres y mujeres y el llanto de numerosas familias, logré que me explicaran la causa de aquella actitud, sabiendo que unos días antes de mi arribo a la zona y a resultas de la emboscada sufrida por las tropas en Yerbasantita, habían arribado unas tropas a las que dieron alojamiento, y en pago, acusándolos de haber participado en la emboscada, sacaron a varios hombres de sus casas, incluyendo al evangelista del pueblo, dándoles muerte.
“Casi en vilo me condujeron hasta el sitio donde fue cometido el asesinato de aquellas personas que ninguna participación habían tenido y me mostraron las tumbas recién abiertas en el panteón del lugar. Unos días antes de la emboscada, habían pasado también la brigada o miembros de la brigada y les habían robado cuanto tenían.”
Perfil de una época
El general Rangel Medina era un militar atípico: le gustaba escribir y, además de la literatura, su pasión siempre fue la aventura. No tomaba ni fumaba, y practicaba deporte. Fue una de las fuentes que Carlos Montemayor utilizó para su novela Guerra en El Paraíso y trabó amistad con él desde los años ochenta. Su vida representó el prototipo de la medianía, pues vivió sin grandes lujos, aunque formó parte de la élite castrense durante más de 30 años; rechazaba la pompa de los homenajes institucionales; sentía inclinación por el servicio para ayudar a las poblaciones indígenas y a gente de escasos recursos. Formaba parte de la camada de oficiales que se graduaron en 1934 en el Colegio Militar, en aquella época en la cual llevó la batuta de la educación castrense el legendario general revolucionario Joaquín Amaro, fundador del Ejército moderno.
Parte de sus 49 años de carrera militar quedó narrada en un borrador de sus memorias, que dejó inconclusas. Su relato inicia cuando entró al Colegio Militar; registra sus vivencias como oficial de infantería en los treinta y cuarenta, décadas en que el Ejército dejó las asonadas para convertirse en la institución modelo sobre la que se cimentó el presidencialismo.
Abandonó el manuscrito cuando éste se refería a los setenta, la época en que se desempeñaba como comandante en Acapulco. Su trabajo no vio la luz pública debido a la “censura” impuesta por el alto mando del Ejército a mitad del gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), cuando la Secretaría de la Defensa era encabezada por uno de sus antiguos subordinados, el general Enrique Cervantes Aguirre.
Tiempo después se enteró de que el motivo para prohibir la publicación de sus memorias fue la manera en que “desmitificó” al general Joaquín Amaro y a Lázaro Cárdenas, dos referentes en la milicia mexicana. Tampoco fueron bien vistos los “usos y costumbres” del Ejército que registró y que exhibían por primera vez cómo era la vida en los cuarteles.
Causó mucha molestia el testimonio sobre su propia participación en actividades de control de movimientos sociales y acerca de su rol protagónico en las negociaciones mediante las que se buscaba que el líder guerrillero Rubén Jaramillo se desistiera de la lucha armada. Su paso como comandante del batallón 49 de infantería en Michoacán, al inicio de los años sesenta, quedó asentado como el primer registro de un jefe del Ejército en una campaña contra el narcotráfico.
A sus escritos los llamó Pláticas de un soldado. Decía que eran charlas informales sobre su experiencia de militar en servicio y nunca se preocupó por aclarar el léxico castrense ni por citar el nombre completo de sus contemporáneos. Siempre rechazó que se tratara de unas memorias, a pesar de que tenían un alto valor testimonial por el detalle con el que describía los rasgos de la personalidad de tres secretarios de la Defensa: Matías Ramos Santos (1952-1958), Agustín Olachea Avilés (1958-1964) y Marcelino García Barragán (1964-1970), de quienes fue cercano colaborador y “protegido”.
Interrumpió su relato cronológico cuando llegó el momento de abordar su estadía en Guerrero. De un día para otro puso en práctica “el olvido activo”, como se le conoce en el medio militar al recurso mediante el cual alguien “olvida” algo, no porque no sea importante, sino porque “es muy importante”. Mantuvo el silencio hasta el día de su muerte, y en su condición de militar en retiro nunca aceptó entrevistas para hablar del tema ni quiso recordar detalles de aquello que llamó “el show Cabañas”.
Aniversario del PRI: 81 (d)años
Denise Dresser
DISCURSO DE BEATRIZ PAREDES EN LA CEREMONIA POR EL 81 ANIVERSARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
Compañeras y compañeros de partido:
En el PRI no tenemos duda alguna en cuanto al papel histórico que a nuestra corriente política le corresponde jugar en México en estos tiempos aciagos, y es regresar a como dé lugar a Los Pinos, el hogar que nos vio nacer.
Precisamente porque un objetivo importante del accionar del Partido ha sido regresar al gobierno para acceder al botín –y repartirlo de nuevo entre nuestras clientelas– no podemos aceptar los pactos para promover la competencia política en nuestra contra.
Nosotros fuimos los primeros en demostrar la amnesia a nuestros principios y la adopción de posiciones programáticas, durante el gobierno de Carlos Salinas, el cual, por cierto, yo apoyé en todo momento. Ahora no podemos permitir que otros partidos copien esa amnesia y ese pragmatismo que son monopolios nuestros.
Nosotros fuimos los que empezamos la vieja tradición –vigente durante 81 años– de apetito por el poder y falta de respeto a los ciudadanos.
Nosotros fuimos los primeros artífices de la ambición y el oportunismo, y hemos contribuido orgullosamente al descrédito de la política ante la sociedad. Ante tal alarde de desmemoria e inconsistencia sobre el papel que hemos jugado, los llamo a celebrar, hoy en nuestro día, a líderes de la talla de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Arturo Montiel, Roberto Madrazo, Elba Esther Gordillo, Carlos Salinas, Ulises Ruiz y Mario Marín.
Allá están los otros partidos y su embrollo. Nosotros hemos sido consistentes en nuestra propuesta de elevar los impuestos a cambio de impedir las alianzas en nuestra contra. Nuestros seguidores jamás se verán ensombrecidos por la duda y el desconcierto. Saben que somos corruptos pero confiables.
En el PRI tenemos nuestro quehacer. Comprar votos, construir clientelas, engañar ciudadanos, evidenciando que somos una fuerza política capaz de comprender la difícil situación que atraviesa el país, y proponer soluciones que nos convengan y nos regresen al poder. Porque en el Partido Revolucionario Institucional sí sabemos gobernar a la antigüita.
México atraviesa una de las etapas más críticas de su historia, y gracias a Dios, nosotros hemos contribuido a que eso sea así. El país está sumido en un desarreglo que va desde la economía hasta la política, y nosotros hemos ayudado bloqueando reformas, protegiendo nuestros intereses, y financiando a nuestros gobernadores para poder mantener el statu quo.
Tal combinación ha llevado a una severa destrucción del tejido social y a un serio daño de los valores nacionales con los cuales hemos indoctrinado a millones de mexicanos para que sean apáticos, conformistas, y no cuestionen nuestra autoridad. Este es el resultado de nueve años de gobiernos panistas sin rumbo ni experiencia autoritaria. La era de la confusión que nosotros queremos remontar con la restauración del PRI viejo pero conocido.
Aquí, en marzo del 2010, estamos como siempre, los priistas con el pensamiento liberal (con la excepción de 17 estados en los que me he sumado a la criminalización del aborto y a la penalización del derecho a decidir).
No hay mejor escenario para el crimen organizado que la debilidad de la política y por eso es que últimamente nos va tan bien como partido. No hay ambiente más propicio para el predominio de los poderes fácticos que el desorden institucional y la ingobernabilidad, y por ello ya nos hemos aliado con esos poderes fácticos para planear una regresión a la medida de nuestros intereses compartidos. Por cierto, agradezco a Televisa la transmisión de este discurso en cadena nacional.
¡Cuidado!
Muchas décadas costó en el país instaurar un régimen democrático y debemos frenar su avance ahora mismo. A 200 años del Inicio de la Independencia y a una centuria del Inicio de la Revolución, debemos afirmar categóricamente que las libertades y los derechos ciudadanos son algo que el PRI siempre se ha empeñado en revertir.
Por eso debemos revalorar la política cupular, tras bambalinas, al estilo priista.
Por eso debemos aquilatar la importancia de los acuerdos y los pactos a oscuras, y a espaldas de la ciudadanía para elevarle los impuestos y así asegurar que nuestro puntero presidencial –Enrique Peña Nieto– no enfrente una alianza PAN-PRD en el Estado de México.
Pensar en México, en este México nuevo y distinto, requiere hacerlo de las viejas maneras, con los discursos atávicos, con las palabras apolilladas. Pensar en México para ponerlo a nuestra disposición otra vez, requiere no creer en la creatividad de la sociedad civil y no impulsar su protagonismo, ni aprender sus modos ni soñar sus sueños. Tan es así que me he opuesto a las candidaturas independientes y a cualquier otro mecanismo que le de voz y representación real a la sociedad.
Los años recientes, en la alternancia, los priistas hemos demostrado con creces nuestra falta de compromiso con una República moderna. Hemos pretendido la disolución del país para luego hacernos de sus despojos. Hemos sabido ejercer una oposición en la que aprobamos tan sólo los acuerdos cuando convienen a nuestros intereses (empresariales, corporativos, sindicales). No nos vamos a detener. Las necesidades de nuestros líderes políticos no cesan, se profundizan.
Es indispensable subrayar que para regresar al poder necesitamos darle todo lo que necesiten a nuestros gobernadores. Somos constitucionalmente una federación con estados libres y soberanos, y por ello podemos permitir que en sus feudos locales, los gobernadores priistas gobiernen como se les dé la gana. Los gobernadores de los estados emanados de nuestra fuerza política, cuentan con todo el respaldo de su Partido, aunque violen la ley, atropellen las garantías individuales, les arrebaten a las mujeres el derecho a decidir, o protejan pederastas.
Tengo confianza plena en las bancadas de Senadores y Diputados que representan al PRI en el Congreso de la Unión. Estoy segura que al disciplinarse ante mí, ante su coordinador parlamentario, o ante algún poder fáctico de peso –mientras ignoran a sus representados– podremos seguir legislando para preservar intereses enquistados y asegurar el regreso del PRI a Los Pinos.
Juntos vamos a reinstalar el autoritarismo, pero ahora disfrazado mejor. Queremos un México al que podamos controlar y manipular y exprimir como siempre.
Seguimos luchando.
Seguiremos luchando.
¡Viva el PRInosaurio!
Reforma política (II) La SCJN y su facultad de investigación
Jesús Cantú
El grupo parlamentario del PRI en el Senado recoge la solicitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consistente en transferir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la facultad de investigación de “algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual”, conferida a la SCJN por el artículo 97 de la Constitución. Pero esa facultad sólo ha conducido a conflictos de interés, ridículos y deterioro de la imagen de la propia SCJN.
El Pleno de la SCJN ha utilizado dicha facultad en seis ocasiones.
La primera fue en 1946, tras la matanza de opositores políticos en León, Guanajuato, el 1 y 2 de enero de ese año, que protestaban por lo que consideraban un fraude electoral en su contra; la segunda, en 1996, luego de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, ocurrida el 28 de junio de 1995. En ambos casos el dictamen de la SCJN fue correspondido con el cese de los gobernadores, pero como producto de la decisión presidencial, no de que las autoridades competentes hayan emprendido las acciones legales para sancionar a los responsables.
A partir de 2006 se han producido los otros cuatro casos, y aunque hasta ahora han sido resuelto tres, en todos ellos los efectos para la Corte han sido negativos.
El 29 de noviembre de 2007, una mayoría de seis ministros resolvieron que en la persecución del gobernador poblano Mario Marín contra la periodista Lydia Cacho no había violaciones graves a las garantías individuales. El resultado fue que una parte importante o al menos significativa de la opinión pública criticó la decisión.
En febrero de 2009, el Pleno resolvió que el 3 y 4 de mayo de 2006, durante el operativo policiaco en San Salvador Atenco, sí se cometieron graves violaciones a las garantías individuales, pero los únicos presuntos responsables fueron los policías ejecutores de las acciones y sus jefes inmediatos. Y exoneraron explícitamente al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y a los directores de las policías federal y estatal. De manera que reconocieron las violaciones, pero protegieron a los mandos políticos y policiacos.
El 14 de octubre de 2009, el Pleno dictaminó que en los hechos violentos de Oaxaca de 2006 y 2007 sí hubo graves violaciones a las garantías individuales y que el gobernador Ulises Ruiz es presuntamente responsable de las mismas. Aunque esta vez el sentido del dictamen fue aplaudido por la opinión pública, no ha tenido (y todo indica que no tendrá) ninguna consecuencia jurídica, pues los dictámenes de la Corte no alcanzan siquiera la fuerza de una recomendación de la CNDH.
Y apenas el lunes 1 de marzo de 2010 se dio a conocer el documento elaborado por la comisión investigadora del incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en el que señalan que sí hay violaciones graves y que el entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, así como el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours, están involucrados. Todavía falta que lo revise el ministro responsable de elaborar el dictamen y que lo vote el Pleno, por lo que resulta prematuro adelantar las consecuencias.
Así, hasta hoy, en los tres casos resueltos después de la era del presidencialismo metaconstitucional, la Suprema Corte no ha logrado que se sancione a los responsables de las graves violaciones a las garantías individuales y, por lo mismo, su impacto a favor del respeto a los derechos humanos ha sido nulo. En cambio, su imagen sí se ha visto deteriorada, en dos casos por lo que se considera una actuación tímida de la mayoría de los ministros, y en el otro, por la inutilidad de su dictamen.
Ahora bien, si el dictamen sobre Oaxaca tuviera consecuencias y las autoridades competentes iniciaran las acciones legales, en algún momento el asunto llegaría a un juez federal que seguramente actuaría prejuiciado por el pronunciamiento previo del Pleno. Es decir, hay un error de diseño en el procedimiento, pues la Suprema Corte se pronuncia al inicio y no al final, como debiera ocurrir. De modo que, con el ejercicio de dicha facultad, la SCJN tiene todo que perder y nada que ganar.
Aunque la vía sugerida por los senadores priistas es la adecuada, se queda a medias, ya que la única acción que procede contra los funcionarios que no acepten una recomendación de una comisión de derechos humanos es llamarlos “ante las Cámaras del Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas, según sea el caso, a efecto de que expongan las razones que fundamentan su negativa”. Y esto no implica ningún tipo de sanción o siquiera presión para que los funcionarios acaten dicha recomendación.
En consecuencia, sería bueno complementar la propuesta de los tricolores dotando a las comisiones de derechos humanos de facultades para perseguir directamente los delitos, mediante el establecimiento de una excepción al principio de monopolio de la acción penal en manos del Ministerio Público, de tal forma que estos órganos puedan integrar las averiguaciones previas, solicitar órdenes de aprehensión y perseguir los delitos ante los tribunales correspondientes, dejando que sea el Poder Judicial el que resuelva, pero por la vía ordinaria. Esta reforma habría que complementarla con la modificación del procedimiento para retirar el fuero constitucional a los funcionarios que lo tienen, y para ello ya hay una propuesta interesante del mismo PRI y otra de la fracción del PRD.
Es indispensable crear la institucionalidad que permita sancionar penalmente a las autoridades responsables de graves violaciones a las garantías individuales, tomando en cuenta que en el pasado a lo más que se llegaba era a removerlos de su cargo, mientras que ahora todo queda en recomendaciones desatendidas y/o dictámenes inútiles.
Silencio cómplice
Francisco Olaso
El Vaticano enfrenta un nuevo escándalo por pederastia en un coro alemán dirigido por el hermano del Papa. Mientras los testimonios de las víctimas salen a la luz, el propio Joseph Ratzinger podría ser cuestionado: durante cinco años, el internado donde se cometían los abusos estuvo bajo su jurisdicción como arzobispo de Munich y Freising.
BERLÍN.- Manfred van Hove tiene 65 años, pero aún recuerda bien al sacerdote Friedrich Z: “Tenía cara de cerdo y apestaba a cigarro“, declaró el lunes 8 al Welt Online.
En 1956, Manfred van Hove tenía 11 años, era alumno del Internado de Ettal y miembro de su célebre coro de niños, los Gorriones de la Catedral de Ratisbona (Regensburg, en alemán).
Van Hove acusa a Friedrich Z., entonces vicedirector del internado, de haberlo incluido como parte de un harén de púberes. “Nos hacía llamar bajo cualquier pretexto. Por ejemplo, que quería hablar sobre nuestras notas, y cuando uno estaba en su cuarto, muchas veces él nos desnudaba”.
El hombre acusa también a otro cura, Georg Z., de haber participado en los abusos. Van Hove ha dicho que demandará al obispado de Ratisbona para que le pague una compensación.
El Internado de Ettal tiene fama de ser uno de los mejores colegios de Alemania. Sus alumnos disfrutan de una extraordinaria educación musical. Su coro, mundialmente conocido, es el equivalente alemán a los Niños Cantores de Viena.
El internado está en un monasterio benedictino del siglo XV. El folleto con que se presenta asegura que, a pesar de ser una institución católica, de algo más de mil años de antigüedad, sus métodos y su orientación son modernos, y “no se pretende llevar a nadie a la santurronería; incluso aceptamos alumnos de confesión protestante”.
Hoy estas palabras suenan a publicidad hueca. A comienzos de marzo se hizo pública la acusación de los primeros exalumnos contra sus exmaestros, todos sacerdotes, por abusos sexuales y violencia corporal. El 2 de marzo, la fiscalía allanó el internado. Dos días más tarde, la revista Der Spiegel consultó al obispado de Ratisbona. Hasta entonces, a pesar del escándalo que se extiende desde enero a un número cada vez mayor de instituciones católicas en Alemania, este obispado había preferido guardar silencio. Der Spiegel contaba ya con testimonios de terapeutas del estado de Baviera, que han tratado a varias víctimas. Hombres como Manfred van Hove, quienes durante su niñez integraron el famoso coro y hasta hoy sufren el trauma del contacto con clérigos abusadores.
Un detalle nada menor hace el caso aún más grave: durante tres décadas, entre 1964 y 1994, periodo en el que se cometieron abusos, el director del coro fue Georg Ratzinger, el hermano mayor de Joseph Ratzinger, el actual Papa Benedicto XVI.
Joseph Ratzinger fue arzobispo de Munich y Freising entre 1977 y 1982. Bajo su jurisdicción estaba el obispado de Ratisbona.
En un parco comunicado en el Osservatore Romano y en una entrevista con la Radio de Baviera, publicados el viernes 5, Georg Ratzinger se limitó a afirmar que nada sabía sobre los casos de abusos. “Si hubiera sabido de los excesos, los habría denunciado”, dijo. Cuatro días más tarde, el 9 de marzo, admitió que él también había propinado bofetadas en la cara a los niños del coro. “Antes la bofetada era el modo de reaccionar frente a los errores o la merma intencional del rendimiento”, dijo. Sobre la práctica de golpes en el internado algo había oído, pero jamás supo sobre su dimensión. El hermano del Papa ratificó que nunca supo sobre casos de abuso sexual.
Castigos corporales
El compositor y director de teatro Franz Wittenbrink fue uno de los primeros exalumnos en hablar. Gran parte de su carrera y sus vaivenes llevan aún la marca de esa época. Hijo de empresarios católicos ultraconservadores, alumno del internado hasta 1967, su odio hacia lo vivido en ese sitio lo llevó por una errática carrera de mecánico, impresor, basurero, camionero y hasta militante comunista, para recalar, finalmente, en el teatro y la música.
Wittenbrink es uno de los pocos que se atreve a hablar en público sobre su caso. “Se trataba prácticamente de un sistema de castigos sádicos destinados a obtener placer sexual”, dijo el compositor durante una entrevista que Der Spiegel publicó el martes 6.
“El director del internado, Z, elegía entre nosotros a dos o tres niños y se los llevaba a su dormitorio”. Allí había vino tinto y los chicos se debían masturbar con él. “Todo el mundo lo sabía”, cuenta Wittenbrink. “Que el hermano del Papa, director del coro desde 1964, no estuviera enterado, es para mí inexplicable”.
Wittenbrink sugiere que esos abusos indujeron al suicidio a uno de sus compañeros en 1966, un año antes de terminar el bachillerato.
Otro exalumno del colegio, que no ha querido dar su nombre, dijo a la misma revista que, a finales de la década de los cincuenta, un sacerdote católico –al que sólo menciona con la inicial M– propinaba a los niños duros castigos corporales. Era usual que hiciera desnudar a los alumnos de ocho y nueve años en su cuarto, y les diera fuertes palmadas en el trasero. En algunos casos, de acuerdo con la víctima, hubo penetraciones.
Los testimonios de abusos se extienden ya a 20 de los 27 obispados alemanes. Da la impresión de que fueron guardados en un oscuro rincón de la memoria, y ahí se hubieran quedado, silenciosos. Pero ahora, desatada la catarsis, ésta crece día a día.
El Arzobispado de Munich encargó la investigación de lo ocurrido en el Internado Ettal al abogado Thomas Pfister. Éste se ha visto “inundado de correos electrónicos y cartas”, en su mayoría anónimos, provenientes de exalumnos.
Hasta ahora el número de víctimas asciende a 100 y las acusaciones recaen sobre 10 clérigos. “En su mayor parte, las acusaciones se refieren a castigos desmedidos y continuos que se acercaban a rituales sádicos”, informó el abogado durante una conferencia de prensa convocada por el obispado de Ratisbona.
Pfister habló de monjes que llevaban niños a su cama y de heridas provocadas por castigos corporales, que luego eran curadas en la enfermería del internado. El abogado habló de una cultura sistemática de hacerse de la vista gorda y silenciar los hechos.
A su lado, con cara de tensión antes que de vergüenza, el sacerdote Johannes Bauer confesó: “He sido parte de esto y he castigado de manera brutal y humillado a mis alumnos. Me avergüenzo profundamente”. El sacerdote confesó haber golpeado con violencia a sus alumnos en las nalgas. Dijo estar dispuesto a someterse a una terapia. Dos autoridades del colegio, su director, Maurus Kraß, y el abad Barnabas Bögle, renunciaron a sus puestos.
El 7 de marzo, el obispado de Ratisbona dio un informe en el que se admitían cinco casos de abuso sexual y violencia contra los alumnos. Uno cometido contra un seminarista en Leiden; los otros cuatro, contra miembros del coro. Los autores, un exvicedirector y el otro exdirector del internado, habrían sido condenados por la justicia en 1958 y 1971, respectivamente. Ambos murieron en 1984. Se trata, claramente, de los dos curas que Manfred van Hove y Franz Wittenbrink nombran como Friedrich Z y el director Z. Tras pasar dos años de cárcel, la iglesia trasladó a Friedrich Z a un internado de niñas en Suiza.
Otro de los inculpados es el sacerdote Magnus, muerto en
El abogado Pfister menciona también a un sacerdote al que llama R, quien hizo su amante a una alumna de 16 años. En la computadora de otro cura se encontró pornografía infantil. Uno más ha sido denunciado por dos alumnos que lo acusan de abuso sexual supuestamente cometido en 2005. La iglesia envió a este clérigo a una terapia, pero no lo entregó a la justicia. Más tarde lo envió de urgencia a un convento benedictino en Sajonia. Estos casos no han prescrito. La fiscalía investiga.
“No se debe creer que el monasterio de Ettal de entonces es el mismo de ahora”, recalcó el abogado Pfister. Pero aceptar sin más los abusos sexuales de tres religiosos muertos y la moderada culpabilidad de otros pocos en activo se parece más a una cortina de humo que a la voluntad de esclarecer todos los casos. Nuevas acusaciones hacen sospechar que incluso en la escuela preparatoria para el ingreso al internado, que alberga a niños de nueve a 10 años, hay casos de abuso.
Juguetes sexuales
El obispado de Ratisbona se ha comprometido a entregar un informe preliminar, a finales de marzo, con los resultados de la investigación abierta la semana pasada. Por lo pronto, el internado comunicó que han enviado cartas a todos los exalumnos para pedirles que den su testimonio sobre los abusos sufridos.
A los casos de ultrajes en instituciones católicas se ha sumado el del internado laico del liceo Odenwaldschule, en el Estado de Hesse. Reconocido como uno de los mejores de Alemania, con un costo de más de 3 mil dólares mensuales, unos 25 alumnos han acusado a sus profesores de haberlos usado como juguetes sexuales.
Según la ley alemana, los delitos sexuales prescriben a los 10 años de cometidos. En caso de que la víctima sea un menor, la prescripción se extiende hasta 10 años después de que la víctima alcance la mayoría de edad, o sea, a los 28 años. Miembros de toda la clase política han expresado su intención de modificar la ley para extender dicho plazo a 30 años. El pedido encuentra apoyo dentro de la Iglesia católica, que ahora intenta moverse desde el incómodo lugar del acusado.
El camino de las víctimas es arduo. Los sentimientos bloqueados durante años se expresan en temblores, pesadillas, molestias estomacales o cardiacas. En el fuero interno el daño no prescribe fácilmente. “Yo tengo cuatro hijos”, dice Manfred van Hove: “¿Cómo les explico lo que pasó?”. El hombre todavía sueña con el cura Z. “Lo veo suspendido en el aire y con su boina vasca sobre la cabeza. Él sonríe apenas. Y yo me despierto”.
