Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
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Domingo 8 de agosto de 2010
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Drogas: despenalizar el debate
El primer paso hacia un debate serio en torno a la despenalización de las drogas es abandonar toda posición maximalista
Colaborador Invitado
(8 agosto 2010).- Jorge Hernández Tinajero
Presidente del Colectivo por Una Política Integral Hacia las Drogas, CUPIHD.
Más por encontrarse acorralado que convencido, así como por su incapacidad manifiesta y reconocida para convencer de las bondades y los resultados de su guerra contra las drogas, el presidente Felipe Calderón tuvo que aceptar, durante los encuentros que sostuvo en la semana con distintas organizaciones de la sociedad civil, que el debate de la legalización de las drogas es no sólo deseable, sino también necesario.
Ésta es, sin duda, una excelente señal en momentos de crisis, y le tomamos la palabra. Expongo, en consecuencia, algunas ideas para que este diálogo no se vuelva uno de sordos, o peor aún, un enfrentamiento ideológico.
En primer lugar, es preciso contar con una plataforma metodológica común para evaluar lo realizado hasta el momento en cuatro áreas clave de la política de drogas: salud pública, derechos humanos, seguridad pública y crimen organizado.
Sólo estando de acuerdo en lo que ha funcionado bien y reconociendo lo que no, podremos avanzar en soluciones concretas. Por ejemplo: medir el éxito de la política del gobierno federal a través del número de muertos por la violencia del narcotráfico, o por la cantidad de drogas y armas aseguradas no significa nada para la sociedad que sufre las consecuencias. En todo caso, midamos qué tanto ha disminuido la disponibilidad de drogas en las calles, o bien, la de armas en los mercados ilegales.
También es muy importante señalar que, si bien vinculados, el debate de la legalización y/o regulación de las drogas no es exactamente el mismo que el de la lucha por la seguridad pública o el combate al crimen organizado. La legalización y/o regulación de las drogas es una condición necesaria, mas no suficiente, para alcanzar una solución integral en materia de crimen organizado.
Si el tema es cómo solucionamos los problemas del crimen organizado, entonces una reforma en la política de drogas es imprescindible y, básicamente, la discusión se centra en cómo el Estado puede recuperar el control de un mercado que en estos momentos está en manos de delincuentes, y cuyo control los hace inmensamente poderosos. Recordemos que Al Capone no cayó por los asesinatos que cometía, sino por no pagar impuestos.
Es fundamental aclarar un falso debate que ha resurgido en los últimos días: ¿la legalización o regulación de las drogas significa renunciar a combatir el crimen organizado? Todo lo contrario: la única forma de someterlo es reducir sus espacios de acción y los incentivos que generan los mercados ilegales.
Criticar la forma en que se combate al crimen organizado desde la perspectiva de la política de drogas no implica estar en contra de que el Estado persiga, capture y procese a quienes hayan cometido delitos, ni tampoco hacer de sus actividades prácticas legales.
Significa proponer regulaciones posibles de instrumentar en sociedades que, como la nuestra, tienen particularidades y características específicas y concretas con las cuales tenemos que trabajar. Está plenamente comprobado, por ejemplo, cómo la prohibición absoluta y la libertad absoluta producen el mismo tipo de caos. El tabaco y el alcohol son casos históricos en los que se evidencia cómo operan las regulaciones: no solucionan todos los problemas de salud (aunque los moderan) pero eliminan la participación del crimen organizado.
El caso del control del tabaco en espacios públicos en la Ciudad de México es un referente imposible de obviar: aun cuando el gobierno local no es capaz de ejercer el imperio de la ley en todos los lugares y en todos los momentos, lo cierto es que ya es una excepción el hecho de que la gente fume tabaco en espacios cerrados y/o públicos. Incluso culturalmente, algo que antes veíamos como normal, ahora tiene una carga negativa en el imaginario social: los cambios culturales son posibles y no sólo en los países desarrollados.
Por último, el primer paso hacia un debate serio es abandonar toda posición maximalista y de corte ideológico. El Estado no puede ser el defensor acrítico de una moral particular, para convertirla en política pública. Por eso es muy cuestionable que el Presidente haya aceptado un debate sobre alternativas en la política de drogas, y al mismo tiempo haya aclarado que no está dispuesto a mover sus posiciones en el mismo.
Esa postura recuerda al CGH (Consejo General de Huelga) durante la huelga universitaria de 1999-2000: para sentarse a negociar exigían a las autoridades universitarias ceder en todas sus peticiones.
Generación 2012
Reportaje Día Internacional de la Juventud.. Pueden decidir la próxima elección presidencial, pero hoy sienten apatía y hastío hacia los políticos. El Estado no ha terminado de construir políticas públicas que atiendan sus necesidades
Karla Garduño y Martha Martínez
(8 agosto 2010).- En la próxima elección presidencial México tendrá el mayor número de potenciales nuevos votantes en su historia: 8.5 millones de jóvenes que habrán cumplido entre 18 y 20 años antes del 1o. de julio del 2012. La cifra más alta desde el 2000 para este grupo poblacional, que a partir del 2015 comenzará a decrecer.
Pero eso no implica que todos esos jóvenes acudan a las urnas o siquiera se inscriban en el padrón electoral. Según datos históricos del Instituto Federal Electoral, desde el 2000, sólo unos 2.5 millones de jóvenes de 18 y 19 años cuentan con credencial de elector en cada elección federal.
El crecimiento de votantes potenciales que se ha dado desde el 2000 no se ve reflejado en el padrón. Por ejemplo, entre 2006 y 2009 los jóvenes entre 18 y 20 años pasaron de
A pesar de que el IFE cada año promueve la participación de los jóvenes, apenas un 40 por ciento de los nuevos votantes acuden a las urnas.
En la elección del 2003, el IFE se planteó llevar a cabo un análisis de la participación ciudadana a partir de la revisión de una muestra de más de 2 mil paquetes electorales. Los resultados revelan que de los 2 millones 200 mil 159 jóvenes entre 18 y 19 años que estaban en la lista nominal -que representaban el 3.4 por ciento del total-, votó el 39 por ciento (809 mil 97), porcentaje inferior al de la participación general, que fue de 41.1 por ciento.
Los que más votaron fueron los de 18 años (un 43.9 por ciento de la lista nominal), luego los de 19 (36.4 por ciento) y en el siguiente grupo de edad, de
En el 2006 el IFE no pudo llevar a cabo el estudio porque los paquetes electorales todavía se encuentran en resguardo debido a las demandas judiciales que solicitan su apertura. El estudio del 2009 no ha concluido, pero según anunció el presidente del órgano electoral, Leonardo Valdés, éste se llevaría a cabo incluyendo variables sobre la anulación del voto.
Según la última encuesta nacional de juventud realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud en 2005, la mayoría de los jóvenes tienen poco o nada interés por la política. De los encuestados entre 12 y 29 años, 39.8 por ciento dijo estar poco interesado en la política y un 44.1 por ciento respondió que no le interesa nada. Las principales razones de su apatía eran el desinterés (38.8 por ciento) y la deshonestidad de los políticos (22.3 por ciento). Sin embargo, 6 de cada 10 dijeron que sí participarían en las elecciones y sólo 2 por ciento que no lo haría.
Por lo pronto el padrón electoral avanza en el registro de jóvenes votantes. Para julio de esta año contaba con 2 millones 903 mil 812, un incremento del 17 por ciento con relación al año pasado.
Bono demográfico y electoral
México tiene actualmente un bono demográfico que significa que su población madura o económicamente activa crece en relación con los niños y los adultos mayores. Según estimaciones de Conapo, la población madura (entre 15 y 64 años) constituía la mitad de la población en 1970; en el año 2000 representaba el 62 por ciento, y para el 2050 será el 68 por ciento; esto significa que la relación entre población activa e inactiva pasará de
En 2012 se estará alcanzando uno de los picos más importantes del bono demográfico porque 2.9 millones de jóvenes cumplirán su mayoría de edad. Sumado a los 2.8 millones que tendrán 18 en 2011 y a los 2.7 que lo harán en 2010, alcanzan el número de potenciales electores más alto de la historia: 8.5 millones.
En el 2000 hubo 7.3; en el 2003, 7.7 millones; en 2006, 7.9 y en 2009, 8.1 millones. Luego de la elección presidencial del 2012, esta cifra irá en disminución: 8.1 en 2015, 8.2 en 2018 hasta 7.6 en 2024.
Según Conapo, existen más de 33 millones 500 mil personas entre 12 y 29 años de edad, lo que equivale a 3 de cada 10 mexicanos.
Proyecciones de población indican que estos jóvenes representarán el grueso de la población en 20 años más, de ahí que de las oportunidades que ahora se les brinden en materia de salud, empleo, educación, desarrollo y esparcimiento, dependerán las condiciones de la próxima generación de adultos.
"El bono demográfico representa una oportunidad única para prepararse para el futuro, ya que los resultados de esas inversiones son fundamentales para lograr el ahorro y los saltos productivos necesarios para hacer frente al aumento exponencial de costos que acompañará el envejecimiento ineludible de la sociedad", advierte la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
En México, sin embargo, no existe aún una política pública consolidada para aprovechar esta situación inédita.
Fuera de los planes
En el país existe un Programa Nacional de la Juventud, todos las entidades federativas cuentan con instituciones especializadas y, desde hace dos años, la Cámara de Diputados etiqueta recursos específicos para este sector -en 2010 suman alrededor de 150 mil millones de pesos-.
Dichos mecanismos son similares a los primeros pasos de países como Brasil y España para hacer de sus jóvenes actores de desarrollo, pero un estudio del Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas para la Juventud establece que en los documentos rectores de la política social del país los jóvenes son prácticamente invisibles.
En el Plan Nacional de Desarrollo sólo un objetivo está dirigido de manera directa a este sector.
En cuanto a los 18 programas sectoriales -que determinan las metas sexenales de cada Secretaría de Estado-, de 16 que fueron analizados sólo la mitad contienen estrategias pensadas para los jóvenes: Agricultura, Desarrollo Social, Educación, Gobernación, Reforma Agraria, Salud, Trabajo y Turismo.
El Programa Nacional de la Juventud -presentado en 2008- no ha sido implementado en su totalidad. Por ejemplo, establece como objetivo la promoción de los derechos humanos, pero la CNDH no cuenta con una área o programa focalizado.
Gloria Alcocer, directora de la organización civil Fuerza Ciudadana y una de las autoras del estudio, señala que las acciones de la CNDH en materia de juventud son coyunturales y en muchos casos se llevan a cabo a petición de las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema.
El programa también contiene objetivos en materia de educación cívica, participación ciudadana y democracia, pero el IFE cuenta con sólo dos programas dirigidos a este sector: la consulta infantil y Juvenil -que el año pasado no se hizo- y el concurso Una rola por la democracia.
A nivel federal se están implementando alrededor de 30 programas sociales focalizados, en la mayoría de los casos se trata de becas de la SEP. Existen otros programas que están dirigidos a la población general, entre la que se encuentran sectores juveniles, pero se desconoce su número real.
El análisis de los presupuestos federal y estatales indica que en 2010 los recursos destinados a los institutos de juventud sumaron más de 805 millones de pesos. Datos del Imjuve indican que, contando algunos programas generales, los recursos suman más de 150 mil millones de pesos en atención a este sector poblacional.
Alcocer advierte que la falta de claridad en los recursos que se destinan a la atención de los jóvenes es un reto en materia de transparencia, ya que resulta prácticamente imposible monitorear cuánto del presupuesto de programas generales es destinado a la juventud y cómo se gasta.
Otro problema es que las instituciones de gobierno especializadas no han sido evaluadas, a pesar de que muchas de ellas -como el Imjuve- tienen más de 10 años de existencia, por lo que no es posible saber si su trabajo es efectivo o no.
Ignorados por el Congreso
En la agenda del Congreso los jóvenes tampoco tienen un papel importante. La directora del Imjuve, Priscila Vera, admite que un reto del instituto que dirige es lograr que los legisladores reconozcan a éstos como sujetos de derechos.
"Es lamentable que no haya una agenda legislativa para los jóvenes que siendo la mayor proporción de este país, no estén representados en la agenda legislativa", sostiene.
Entre 2006 y lo que va de 2010 fueron presentadas cuatro iniciativas cuyo objetivo es ampliar las facultades del Instituto, promover la inserción laboral y prevenir actos de discriminación.
Todas las propuestas -dos presentadas en el Senado y dos en la Cámara de Diputados- se encuentran en la congeladora.
La no discusión de estas iniciativas ha generado que el Imjuve no cuente con mecanismos para obligar a las Secretarías de Estado y organismos autónomos a acatar sus recomendaciones.
Vera reconoce que la política para este sector depende en gran medida de la buena voluntad del secretario en turno. "Aunque somos el órgano coordinador de la políticas públicas, no contamos con las facultades suficientes para incidir en el presupuesto, para dar las recomendaciones, para hacer seguimiento... es un tema que tiene que estar en la agenda legislativa, que este Instituto tenga facultades suficientes para dar seguimiento, que no esté sujeto a la buena voluntad o a la capacidad de cooperación", sostiene.
La funcionaria señala que aún no se conoce si los jóvenes están teniendo acceso a los programas implementados, si éstos funcionan y si su operación garantiza que los recursos etiquetados por la Cámara de Diputados sean utilizados de manera correcta.
"Sí considero que se ha transversalizado (sic) el tema, que las Secretarías están atendiendo; lo que hace falta es ver la efectividad de los programas, si los jóvenes están teniendo acceso a ellos, si las reglas de operación son suficientemente claras para que los jóvenes tengan acceso", advierte.
Vera informa que el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Pública será el encargado de evaluar la eficacia de los programas de juventud; los resultados estarán listos a finales de 2011, es decir, un año antes de que concluya la actual administración.
El Congreso tampoco ha iniciado la discusión sobre la necesidad de contar con una Ley General de la Juventud, necesaria para obligar a los estados a legislar sobre el tema. Tampoco ha impulsado la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.
Esta convención fue firmada por el gobierno mexicano, pero su ratificación se encuentra pendiente desde hace cuatro años. El documento es el único instrumento regional que aborda de manera específica los derechos de la juventud, y ratificarlo ayudaría, entre otras cosas, a homologar el concepto de juventud.
Los gobiernos federales y estatales no han logrado ponerse de acuerdo en este punto: a nivel federal se establece que la juventud abarca de los
El bono en riesgo
Sebastián Ramírez, integrante de la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, asegura que si bien el bono demográfico comienza en dos años más, México está reconociendo demasiado tarde la importancia de invertir en la juventud. Y advierte que no emprender acciones para terminar con las deficiencias de las políticas públicas para jóvenes es un riesgo.
"El Consejo de Juventud Español hace 25 años comenzó a formar un espacio que articula esfuerzos de la sociedad civil y el gobierno y genera diálogo; nosotros tenemos un Instituto con más de 10 años y no hemos podido articularnos y apenas se está reconociendo la importancia de invertir en la juventud, pero en las acciones de gobierno no se nota el compromiso", señala.
Los jóvenes de hoy tienen mayor educación -97 por ciento saben leer y escribir-, pero datos de organismos nacionales e internacionales indican que este sector sigue enfrentando problemas de desempleo, salud, pobreza y acceso a la justicia.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala que de los 12.8 millones de jóvenes entre 12 y 17 años de edad, más de la mitad se encuentran en situación de pobreza y 1 de cada 5 tiene ingresos familiares y personales tan bajos que no les alcanzan para la alimentación mínima requerida.
Los jóvenes entre 14 y 29 años de edad representan el 53 por ciento de la población desempleada del país. El INEGI muestra que este indicador se incrementó en un 5 por ciento al pasar de un millón 255 mil desempleados en el primer trimestre de
De los más de 77 mil 500 presos que existen en el Distrito Federal y el estado de México -entidades con el mayor número de reclusos en el país-, 48 por ciento son jóvenes entre 18 y 30 años de edad.
En materia de salud, además de los problemas "tradicionales" como el embarazo adolescente -que afecta a una de cada dos jóvenes-, actualmente se enfrentan nuevos problemas como la obesidad. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, 25 de cada 100 jóvenes entre 16 y 18 años padecen algún grado de obesidad, por lo que el riesgo de desarrollar enfermedades propias de adultos -diabetes, hipertensión arterial y trastornos cardiovasculares- es muy alto.
Oportunidad para redefinir
Entre el 23 y el 27 de agosto, México será sede de la Conferencia Mundial de la Juventud. El Imjuve -encargado de coordinar el evento- calcula que asistirán más de 100 delegaciones y ministros de Educación y Juventud de diversos países.
De este evento surgirá una declaratoria que se convertirá en el eje de la acción mundial de la juventud. Su contenido, según el Imjuve, ha sido desarrollado con las aportaciones de organizaciones civiles, jóvenes y autoridades que participaron en 22 foros de consulta nacionales y tres consultas regionales en Europa, África y América.
El documento será dado a conocer el 27 de agosto próximo y será entregado al Consejo General de la Organización de las Naciones Unidas, que se reunirá en septiembre próximo para analizar los avances de los Objetivos del Desarrollo del Milenio.
La meta es lograr que la ONU reconozca que para avanzar en los Objetivos es necesario que los gobiernos inviertan en su juventud.
La declaración incluirá los ocho Objetivos del Milenio, además de temas como cultura, seguridad, acceso a la justicia y derechos humanos.
Para las organizaciones civiles que trabajan con jóvenes, la conferencia es una enorme oportunidad para que el gobierno mexicano redirija sus políticas públicas para este sector y convierta a los jóvenes en actores estratégicos del desarrollo.
'Debemos votar'
Activista desde hace cuatro años de un proyecto que promueve la salud sexual y reproductiva entre la juventud, Verónica Soto niega que los jóvenes sean apáticos a los problemas sociales, políticos y económicos del país.
La adolescente de 16 años asegura que a los jóvenes les interesa participar y formar parte de las decisiones que se toman en la familia, la escuela, la comunidad y el país, pero no lo hacen porque existe el estigma de que son apáticos, inmaduros y desinformados.
"Los chavos sí participamos, sí nos gusta tomar decisiones, pero lo que yo veo es que en muchos temas no nos dan chance de participar", indica.
Soto sostiene que una muestra de que los jóvenes están buscando formas de incidencia es su participación en proyectos ciudadanos a través de organizaciones no gubernamentales.
"Los jóvenes estamos haciendo cosas, estamos participando en donde nos dejan hacerlo porque nos importa, porque tenemos muchas ideas y porque estamos dispuestos a construir, el gobierno y los partidos políticos deberían darse cuenta de eso, apoyarnos e incentivarnos", asegura.
Afirma que está en contra del abstencionismo porque el voto de cada joven puede hacer la diferencia. "Debemos votar, tenemos que dejar esa idea de si voto no va a pasar nada, tenemos que pensar que si voto tal vez gane algo, porque si no ejercemos nuestros derechos no vamos a dar a conocer qué es lo que queremos", advierte.
En su opinión, el ejercicio del voto debe ser asumido por los jóvenes como una muestra de que quieren ser tomados en cuenta, tienen opiniones ante los problemas del país y están dispuestos a aportar ideas para solucionarlos.
Verónica Soto - 16 años. Estudiante y activista del proyecto Té de Jóvenes, sobre salud sexual.
'Somos actores fundamentales'
Miguel Ángel Velázquez considera que los jóvenes tienen que darle un nuevo sentido al voto en 2012, pues las elecciones presidenciales son una oportunidad para que la juventud deje en claro que son actores fundamentales de la política.
"Creo que si los jóvenes nos quitamos el modelo de que nos van a quitar nuestro voto y le damos un nuevo sentido para que enfoquen su mirada en nosotros, es la mejor manera de expresarnos", indica.
Para Miguel Ángel, quien emitirá su voto por primera vez en 2012, los partidos políticos han utilizado a la población juvenil, pues sus discursos y promesas se escuchan sólo durante las campañas electorales.
En su opinión, la política social brinda mayores posibilidades de participación, pues las asociaciones civiles son un espacio de incidencia.
"Yo veo dos tipos de política: la que se da entre los partidos, donde casi nunca nos toman en cuenta, y la política social, donde estamos todos inmersos y a veces sí hay oportunidades para nosotros", agrega.
El locutor del programa Los nietos de la bocina considera que lejos de estigmatizar a la juventud como apática, los partidos políticos deben preguntarse por qué este sector incrementa las cifras del abstencionismo en cada elección.
"Hoy muchos jóvenes no estudian ni trabajan porque no pueden entrar a la educación media y el trabajo que hay te sirve para apoyar los gastos de tu familia, pero no es un trabajo digno. Es difícil conseguir prestaciones, los chavos que quieren trabajar lo hacen ayudando a vender en un tianguis si bien les va; yo que viajo a diario en metro me doy cuenta que los vendedores, los artistas callejeros y los asaltantes son cada vez más jóvenes", advierte.
Miguel Ángel Velázquez - 16 años. Estudiante y locutor del programa radiofónico 'Los nietos de la bocina'.
- 33.5 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad habitan en el país.
- $805 millones es el presupuesto destinado a los 33 institutos y secretarías de la juventud en 2010.
- 30 programas sociales existen al menos a nivel federal destinados específicamente a la juventud.
- 48% de los presos en los reclusorios del Distrito Federal y el estado de México son jóvenes entre 18 y 30 años de edad.
- 55.2% de los 12.8 millones de jóvenes entre 12 y 17 años de edad son pobres.
- 25% de los jóvenes entre 16 y 18 años de edad padecen algún grado de obesidad.
Fuentes: Instituto Mexicano de la Juventud, Presupuestos federal y estatales, Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas para la Juventud, Tercera Encuesta de Población en Reclusión en el Distrito Federal y el estado de México, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Instituto Mexicano del Seguro Social, INEGI.
Potenciales nuevos votantes
Los comicios federales del 2012 coincidirán con el punto más alto del bono demográfico en México.
| | Posibles votantes | Padrón |
| 2000 | 7.3 | 2.5 |
| 2003 | 7.7 | 2.6 |
| 2006 | 7.9 | 2.5 |
| 2009 | 8.1 | 2.4 |
| 2010 | 8.5 | 2.9 |
Los posibles votantes se calcularon con las cifras de nacimientos registrados del INEGI. El padrón son los jóvenes entre 18 y 19 años registrados en el IFE. En 2012 se considera el último dato disponible, al mes de julio del 2010.
"Creo que le hace mucha falta al país un partido de izquierda que mire más a la sociedad, a los grupos minoritarios y que escuchen lo que tenemos que decir los grupos que somos poco escuchados por los grandes partidos".
Miguel Ángel Grajeda - 16 años. Estudiante e integrante de la campaña Dance for live.
"A los partidos políticos se les ocurrió que un día vamos a votar y por eso de vez en cuando voltean su mirada hacia nosotros, pero en realidad no hacen nada por darnos oportunidades y atender los problemas que nos afectan; son los que más ganan y los que menos hacen".
Estefanía Aguilar Hernández - 16 años. Estudiante y voluntaria de la organización civil Mexfam.
"Como que a los jóvenes nos tienen muy aparte, no nos prestan tanta atención. Siento que la mayoría tenemos mucho que dar y expresar y como que nos ponen el alto. El gobierno hace un buen de cosas, pone su pista y todo, pero me gustaría que también hubiera otras cosas como talleres de música, de pintura".
Eduardo Pérez Nicolás - 18 años. Estudiante del sexto semestre de bachillerato.
"Sí me interesa la política porque estoy viendo lo que pasa en el país y me preocupa la inseguridad; me da miedo salir a la calle y que estés expuesto a que te roben, te maten, a que corras algún peligro, no sabes si vas a volver a tu casa".
América López - 18 años. Estudiante del cuarto semestre de bachillerato.
"Mi idea sobre la política en estos momentos no es tan buena que digamos. Creo que se están preocupando más por las cosas materiales y deberían preocuparse más por el pueblo. Además, el gobierno pretende que nosotros le temamos al gobierno, y no creo que deba ser así".
David García - 18 años. Estudiante del tercer semestre de bachillerato.
"Los partidos, la política mejor dicho, no se da cuenta de lo que hacemos los jóvenes, no se involucran con nosotros, quizá por eso no se dan cuenta de que sí participamos y no somos nada apáticos, sino que estamos hartos de grandes discursos y preferimos hacer acciones concretas".
Haydda González Leyva - 16 años. Estudiante e integrante de la campaña Dance for live, a favor de la prevención del VIH Sida.
"Lo que me interesa es la economía, las altas y bajas que tiene, es lo que más me llama la atención, pero la política nomás no. Se supone que trabajan por el país, pero hablan y hablan y no llegan a nada, no cumplen sus promesas, no hay hechos. Yo pediría que sean derechos, que cumplan con su palabra".
David Rocha - 1 8 años.
Estudiante del cuarto semestre de Técnico Asociado en Arquitectura en la Vocacional 4.
"El Presidente habla mucho de lo que está afectando a los jóvenes que es la droga, pero siento que él debería tener un plan más claro para eliminarla. Lo que menos me gusta de la política es que los gobernantes no cumplan sus promesas. Quiero estudiar arquitectura. Mi mamá me dice que es muy difícil y muy cara, me dijo que estudiara otra cosa no tan complicada. A veces me empiezo a arrepentir y pienso que mejor le hago caso, que es una carrera muy cara, pero me quiero comprometer primero a terminar el bachillerato, luego trabajar y ya, estudiar arquitectura, porque es lo que más me gusta".
Cecilia Carrera - 16 años.
Estudiante de bachillerato.
"La primera impresión que tengo al pensar en la política es injusticia y extorsiones. Quiero cambiar el gobierno del país, ya que hay mucha gente que vive en la pobreza y nadie hace nada por ellos. Me duele ver cómo se descuida la cultura, los museos, nuestros ecosistemas, mientras los políticos se enriquecen. Para cambiar mi expectativa acerca de la influencia de mi voto para este 2012 se tendría que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno, a todo. Quiero que a los políticos les importe el país, que dejen de manejarnos mal. Me gustaría poder votar, pero para quitarles el poder".
Itzel Reyes - 18 años.
Estudiante del sexto semestre de bachillerato.
"No me interesan los políticos. Ellos aumentaron los precios en algunas cosas que uno necesitaba. Ya no podemos comprar la despensa, el dinero ya no nos alcanza. La situación que estamos viviendo sí es preocupante, porque mis papás a veces se pelean y, como no vivimos solos, estamos con mi abuelita, pues está más pesada la cosa porque no está muy sana".
Felipe Rodríguez - 16 años.
Estudiante y deportista.
Los partidos, al acecho
Reportaje Día Internacional de la Juventud
Karla Garduño
(8 agosto 2010).- PAN : el semillero
En el PAN la fuerza juvenil tiene especial relevancia. Es semillero de cuadros como el presidente Felipe Calderón, el dirigente César Nava y el subsecretario Rogelio Carbajal.
La Secretaría de Acción Juvenil fue fundada por Calderón hace 22 años y hoy cuenta con 10 mil miembros activos en todos los estados y en 150 municipios.
A través de nueve coordinaciones, esta secretaría pretende acercarse a los jóvenes de entre 18 y 26 años a través de talleres, conferencias, diplomados, actividades dedicadas al cuidado del medio ambiente y programas de vinculación entre jóvenes y políticos maduros, explica su actual secretario, Juan Carlos Martínez.
"Tenemos un programa muy importante que se llama 'Apadrina', que trata de que se involucren jóvenes con funcionarios públicos, regidores, diputados locales, y que verdaderamente se involucren en comisiones, no que estén ahí sacando copias", apunta Martínez.
Hasta el momento hay más de 600 jóvenes en este programa y en algunos casos se han quedado a trabajar en los equipos de los funcionarios. Actualmente, por ejemplo, una chica de 18 años trabaja con el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal.
El líder panista presume que el PAN es pionero en uilizar redes sociales como Facebook o Twitter.
Martínez, quien dejará su cargo en la próxima asamblea de Acción Juvenil (a celebrarse el 25 de septiembre próximo), considera que los jóvenes no se acercan a los partidos políticos por afinidad ideológica, sino porque se les ofrecen otra opciones; de ahí que entre sus estrategias esté la de ser un puente entre los universitarios y los especialistas en temas de su interés.
"Muchos jóvenes no creen en la política por acciones de algunos que han ensuciado esta noble actividad. Además, la juventud por naturaleza es rebelde. Siempre hemos dicho como dirigencia que para ir en contra, o cambiar estructuras establecidas hay que entrar a donde se toman las decisiones y una de ellas es un partido político", afirma Martínez.
En el PAN los jóvenes dejan de formar parte de Acción Juvenil al cumplir 26 años.
PRD: 'mejor con nosotros'
El programa Prepa Sí, la Ley de Convivencia, la despenalización del aborto, las playas artificiales y la pista de hielo en el Zócalo son algunas de las banderas con las que el PRD busca acercarse a los jóvenes.
"El gran reto que tienen los partidos es interesar a los jóvenes en la política. Nosotros les decimos que los jóvenes en este país siempre han tenido mejores oportunidades cuando la izquierda ha gobernado", dice Ángel Ávila, secretario de Asuntos Juveniles del partido del sol azteca.
A pesar de que afirma identificarse con las causas juveniles, en sus 21 años de existencia el PRD nunca ha conformado una organización para atraer jóvenes militantes. La secretaría encabezada por Ávila, así como sus oficinas en los comités estatales, trabajan con un equipo reducido, dedicado a conformar una agenda juvenil a partir de charlas y encuentros en las universidades con intelectuales de izquierda.
Sin embargo, según Ávila, en este mes quedará conformada esta organización, en la que se formarán grupos especializados en diversos temas para "entablar un mejor diálogo con el sector" y tratar de mejorar la imagen de la política que tienen los jóvenes.
"Hay una percepción de que en la política sólo están los corruptos o los buenos para nada. Tendríamos que romper ese círculo vicioso", explica Ávila.
En este partido, los jóvenes han conquistado espacios a través del estatuto interno que obliga a que uno de cada cinco de los integrantes de las listas de diputados plurinominales sea menor de 30 años. De los 69 diputados que tienen en la Cámara baja, 7 son de 30 años o menores. La diputada más joven de la LXI Legislatura es la perredista Lizbeth García Coronado, de 22 años.
Pero el gran fracaso, admite Ávila, sigue siendo el trabajo con los jóvenes de preparatoria, a los que no han podido acercarse del todo. Ellos componen el grupo que votará por primera vez en 2012. El desinterés de los adolescentes en la política y sus "distractores" son, según Ávila, el principal obstáculo a vencer.
"No hemos sabido acercar la plataforma ni decirles los grandes beneficios que han tenido ellos como jóvenes con el PRD", admite.
PRI: su 'nueva' cara
Los jóvenes que votarán por primera vez en 2012 han sido gobernados por el PAN, lo cual representa una ventaja que el PRI busca aprovechar para ofrecer un rostro "renovado".
"Para las nuevas generaciones, el PRI representa la renovación de la vida política nacional. El PAN y el PRD, que como oposición al PRI prometieron mucho, como gobiernos han sido sumamente decepcionantes", asegura Canek Vázquez, diputado federal y presidente del Frente Juvenil Revolucionario del PRI.
Como carta de presentación, el tricolor presume a sus políticos más jóvenes; personajes treintañeros como el gobernador electo de Quintana Roo, Roberto Borge, o el alcalde de Guadalajara, Aristóteles Sandoval.
Aunque la otra cara del Frente son los veteranos políticos que se forjaron ahí: Beatriz Paredes, Roberto Madrazo, Fidel Herrera y el gobernador de Durango, Ismael Hernández, entre otros personajes polémicos.
La finalidad del FJR es formar a los priistas que pretenden hacer una carrera política en el partido, aclara Vázquez. A través de seminarios, talleres, concursos y otras actividades entre jóvenes universitarios, se busca atraer simpatizantes que a su vez se conviertan en operadores políticos en tiempos electorales.
"Para que los jóvenes se acerquen a la política es muy importante que uno les abra espacios de participación donde puedan canalizar sus intereses, y con esto me refiero a respetarles tal cual su derecho a decidir en cualquier ámbito, ya sea sexual, ideológico, deportivo, entre otras cosas", señala Vázquez.
El PRI ha trazado ya un esbozo de la generación que votará por primera vez en el 2012, cuyas necesidades de empleo y educación los obligan a trabajar en una estrategia específica para ellos, explica Vázquez, y en apoyar políticas públicas que les beneficien.
El dirigente del FJR admite que los jóvenes relacionan la política con corrupción y abuso del poder, y añade que la tarea de su partido es romper ese estigma y tratar de convencerlos de que la política puede ser útil.
Karla Garduño
Hortensia Aragón Castillo / De las alianzas al cambio progresista
Opinión La izquierda y el 2012. El PRD no puede limitarse a López Obrador y Ebrard como únicas opciones para el 2012; debe estar abierto a la posibilidad de postular a un candidato ciudadano a la Presidencia
Hortensia Aragón Castillo
(8 agosto 2010).- El día siguiente a las elecciones presidenciales del 2012 puede amanecer con un Presidente electo comprometido a cambiar de fondo las cosas que no funcionan para sacar adelante a este país y abrir mejores expectativas de vida a las nuevas generaciones que hoy se debaten entre la inseguridad y la violencia.
A cuatro años de distancia de la elección de 2006, resulta evidente que las acciones que tomamos como partido en los días y meses posteriores al fraude electoral cometido contra nuestro candidato fueron altamente lesivas para las fuerzas progresistas del país. Es el momento de asimilar las lecciones de esa experiencia y actuar con decisión y rapidez para colocarnos en posición de ser una fuerza que dispute con posibilidades reales de triunfo las próximas elecciones presidenciales.
En contraste con los amargos resultados del 2009, en 2010 el PRD cosechó los frutos de una agresiva política de alianzas. No fue fácil superar diferencias ideológicas y viejas rivalidades para trabajar en proyectos conjuntos que posibilitaron la caída de los cacicazgos de Puebla, Oaxaca y Sinaloa. A la luz de los resultados, podemos afirmar que el esfuerzo valió la pena.
La decisión estratégica fue ganar el territorio y no permitir que el PRI asegurase el control faccioso de los presupuestos locales para financiar la campaña de su candidato presidencial en 2012. Además, lo hicimos poniendo por encima los intereses concretos de los ciudadanos, a los que ofrecimos una plataforma política de consenso que privilegiara la democratización profunda de los gobiernos locales, el fortalecimiento de políticas sociales no clientelares y una gestión de gobierno comprometido con la transparencia y la honestidad.
Los ciudadanos valoraron bien la oferta de las alianzas amplias y le otorgaron su voto mayoritario.
La lección es muy clara: los electores quieren partidos interesados en construir el futuro de este país, no en destrozarse por su pasado. Los mexicanos quieren ver a sus políticos dialogando, llegando a acuerdos y, cuando sea necesario, compitiendo en el terreno democrático en igualdad de circunstancias.
Es por eso que antes de instalarnos en el tema de la elección de 2012, el PRD y los otros partidos de izquierda tendrán que valorar con mucho cuidado e inteligencia su estrategia de alianzas para los comicios que se realizarán en 2011, considerando en primer lugar las posibilidades de éxito de las mismas en el escenario de disputa, no sólo contra el PRI, sino contra un panismo que, si bien como gobierno ha decepcionado a la ciudadanía que apostó por la alternancia en el año 2000, hoy opera desde el gobierno federal tan eficazmente como lo hacen los gobiernos locales del PRI para ganar elecciones a través de la operación de sus respectivos programas de gobierno.
En los próximos meses, el reto de nuestro partido será conservar las gubernaturas actualmente bajo nuestra administración que estarán en juego en las elecciones que se realizarán a lo largo del próximo año (Baja California Sur, Guerrero y Michoacán), así como ganar los comicios en Nayarit y el estado de México, para lo cual en los próximos días iniciará el análisis respectivo para poner en marcha la política de alianzas que nos permita alcanzar nuestras metas. De los resultados que obtengamos dependerá en buena medida el futuro de nuestro partido de cara a las elecciones presidenciales de 2012.
Los resultados obtenidos por el PRD en coalición con sus aliados históricos y las alianzas formadas con otros partidos en las elecciones del pasado 4 de julio demuestran que el ganar la próxima elección presidencial no será tarea sencilla para ninguna fuerza política, y que el triunfo dependerá del nivel de inteligencia, organización, cohesión y unidad con que cada uno de ellos llegue a dicha competencia.
Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubón son dos de las opciones que se perfilan como posibles candidatos presidenciales, no sólo de nuestro partido, sino de la izquierda en general. No obstante, la premisa que tenemos como dirigentes es encontrar una persona que logre concitar a la mayoría de las organizaciones civiles, movimientos sociales, luchadores políticos y representantes de sindicatos diversos, por lo que el recurrir a un candidato con perfil ciudadano, progresista y con ideas de avanzada es una posibilidad que no podemos descartar.
Juan Ramón de la Fuente y José Woldenberg son dos de esos ciudadanos cuyos nombres serán repetidos incesantemente en declaraciones de prensa, columnas políticas y debates televisivos, en los próximos meses.
Cualquiera de ellos puede encabezar una gran alianza que desde la izquierda lance un programa de unidad nacional, desarrollo, igualdad, respeto a la naturaleza, independencia, equidad hacia las mujeres y tolerancia hacia los diferentes, los excluidos y los oprimidos. Un mensaje claramente comprometido con los derechos y las libertades, tanto sociales y políticas como económicas.
Y es que los recientes comicios en los que se renovaron gobernadores dejaron como lección que los ciudadanos, más que votar por partidos, votaron por personajes comprometidos con la problemática social sufrida en cada una de dichas entidades y otorgaron un voto de castigo contra los cacicazgos que mantenían en el atraso económico y social a su población.
Asimismo, el sistema político electoral deberá sufrir profundos e importantes cambios para poder afrontar en 2012 una competencia más equitativa y justa para los participantes en las elecciones presidenciales. Estos cambios deberán incluir medidas que impidan el uso de recursos públicos de dudosa procedencia durante las campañas políticas de los candidatos, así como el respeto a la soberanía de los estados para evitar se repita la insolente injerencia que llevaron a cabo los gobernadores del estado de México, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí en los recientes comicios para gobernador en Zacatecas.
De forma paralela, el PRD deberá redoblar sus esfuerzos en mostrarse ante la ciudadanía del país como un partido unificado, con un objetivo común. Independientemente de quien sea su candidato a la Presidencia, el PRD deberá demostrar la viabilidad de un programa de izquierda para sacar al país de la pobreza e inseguridad que padece.
Las ideas que se tienen que transmitir deberán ser aquellas que lo diferencien claramente de los partidos de la derecha, que muestren los beneficios que la socialdemocracia ha tenido para los habitantes de los estados en que se ha puesto en práctica y que se han copiado incluso a nivel federal; aquellas que demuestren que las clases sociales más desprotegidas han sido las que han resultado mayormente favorecidas y que no se trabaja por el mero lucimiento personal.
El PRD debe acudir a la elección presidencial del 2012 como un partido de izquierda que busca construir un país con una sólida economía de mercado, Estado de derecho y justicia social.
La izquierda que puede y debe gobernar a este país tiene que estar muy sólidamente anclada en sus principios, con una gran identidad en las grandes luchas del pueblo de México y, al mismo tiempo, muy pendiente de la realidad cambiante y retadora de este mundo globalizado que nos tocó vivir.
El candidato del PRD no podrá ganar sólo con los votos de los fieles que siempre han votado por la izquierda, sino que deberá dialogar de manera muy franca y abierta con los que son distintos, los indiferentes y hasta los opuestos a nosotros.
Estoy segura de que el mexicano que gane las próximas elecciones con el respaldo del PRD y los ciudadanos construirá grandes alianzas sociales y políticas para enfrentar la pobreza, la violencia, la marginación y el atraso.
El próximo Presidente debe ser un hombre o una mujer capaz de brindar una nueva perspectiva de futuro a una generación que ha aprendido a vivir en medio de la violencia, la inseguridad y la impunidad, pero que a pesar de todo ello ha puesto sus esperanzas en un futuro mejor.
La autora es secretaria general del PRD.
Los placeres y los días / Madrugar
Andrés de Luna
(8 agosto 2010).- En la película La sombra del caudillo (1960) de Julio Bracho, se escucha al actor Carlos López Moctezuma, en el papel de Olivier Fernández, que aclara: "en la política el único verbo que se conjuga es madrugar". La idea es exacta, un aforismo que se traslada a los hechos cotidianos en los quehaceres del poder. Ya se vio a Andrés Manuel López Obrador con su mitin de precampaña y autolanzamiento a la Presidencia de la República para el periodo 2012-2018.
De manera casi simultánea, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para recuperar las horas perdidas, insiste en su empeño por ser el próximo mandatario nacional. Ansiosos y preocupados por dar el "madruguete", ambos políticos, antes hermanados por sus idearios, ahora se confrontan en una lucha de apariencia discreta y con todo y árbitro en turno, como lo es Manuel Camacho Solís, personaje central en la biografía política de Ebrard. ¿Qué saldrá de estos madruguetes "izquierdistas"?
Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México y promotor de estrellas de Televisa, fue el primero en entregarse sin mesura a la precampaña por la candidatura de su partido. Algunos lo consideraban imbatible, un tipo acorazado que resistía los embates por varios frentes; en la actualidad eso ha cambiado de manera sustancial: sus mecanismos de justicia han quedado en entredicho, lo mismo con el caso Atenco que con el caso Paulette.
La fortaleza del político mexiquense radicaba en su afán constructor y, sobre todo, en el despliegue propagandístico que ha ordeñado las arcas del erario público de su estado.
En esa carrera el PAN se ha retrasado hasta en lo mental. ¿Alguien podría imaginarse a César Nava como aspirante a la Presidencia? ¿Qué podría decirse de Ernesto Cordero o de Francisco Blake? Si se hicieran a un lado las ataduras machistas del partido, la única que tendría alguna posibilidad es la diputada Josefina Vázquez Mota. El problema es que ya se vio su debilidad al perder la contienda con Elba Esther Gordillo en la SEP.
El panorama es desolador, con esas atmósferas malsanas que evocan los filmes de terror. ¿Cuál será el madruguete definitivo en estos avatares rumbo al 2012? Todo está en el aire, el problema es la cantidad de ambiciosos que ya vislumbran la posibilidad de colarse hasta las alturas del poder nacional. El verbo madrugar es peligroso de cara a un país que requiere algo más que la satisfacción personal de unos cuantos. regresar a titulares
La cultura política
(8 agosto 2010).- Téngalo presente
El derecho de acceso a la información en México: riesgos y oportunidades. Seminario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Fundar y Article 19. Miguel Ángel Granados Chapa, José Woldenberg, María Marván, Miguel Carbonell, Jorge Islas, Mauricio Merino. Lunes 9 y martes 10, 9:00 horas. IIJ de la UNAM, circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Programa: http://bit.ly/d36TOC. Informes: 5554 3001 ext. 138.
Coloquios
Regiones: construyendo la sociedad en el siglo XXI. Luisa Paré, Leticia Merino, Víctor Toledo, entre otros. Jueves 12 y viernes 13, 9:00 horas. Sala de usos múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7390.
Conferencias
Argumentación jurídica en materia de derechos humanos y derecho a la igualdad y no discriminación. Roberto Lara Chagoyán y Carlos de la Torre. Martes 10, 17:30 horas. Auditorio José Vicente Aguinaco Alemán de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 16 de Septiembre y Bolívar, Centro Histórico. Informes: 1719 3600 ext. 1074.
Japan as Samurai Nation. Constantine N. Vaporis. Martes 10, 17:30 horas. Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000.
Historia de la industria eléctrica en España. Antonio Hidalgo Mateos y Leticia Campos Aragón. Jueves 12, 10:00 horas. Sala José Luis Ceceña Gámez del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0093.
El pensamiento de la reforma en los intelectuales zapatistas. Felipe Arturo Ávila Espinosa. Sábado 14, 12:00 horas. Museo Panteón San Fernando. Plaza de San Fernando 17, Guerrero. Informes: 1719 3000.
Cursos
Independencia y Revolución. A través de las 18 emisoras del Instituto Mexicano de la Radio, especilistas transmiten 25 capítulos sobre estos periodos históricos. Las personas que presenten los 25 exámenes vía internet o en el IMER recibirán una constancia por parte del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Informes: http://bit.ly/afITIh.
Mesas redondas
Los jóvenes y el Bicentenario. ¿Qué celebramos? Héctor Castillo Berthier, Abigail Bonilla, Pablo Álvarez, Roberto Andrade y Anabayuleti García. Jueves 12, 18:00 horas. Casa de las Humanidades de la UNAM. Presidente Carranza 162, Coyoacán. Informes: 5554 8462, ext. 109.
Presentaciones
Hacia una teoría de la renta del suelo urbano de Samuel Jaramillo González. Universidad de los Andes. Alfonso Iracheta, Emilio Duhau, Martha Schteingart Garfunkel y el autor. Sala de Videoconferencias del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Martes 10, 18:00 horas. Informes: 5449 3000.
México Bicentenario de Humberto Roque Villanueva. Porrúa. Patricia Retamoza Vega, Elsa Landín Olivares y el autor. Jueves 12, 19:00 horas. Fundación Colosio, A.C. Julio Verne 51, Polanco. Informes: 5550 4194 ext. 123.
Revistas
AZ. No. 35. El órgano de difusión del SNTE dedica su número a analizar el sobrepeso y obesidad en México, a partir de la regulación de la venta de alimentos altos en calorías y azúcares en escuelas de nivel básico del país. Silvia Ruiz García, Guillermo Meléndez, Maricela Contreras, Alejandro Montes de Oca.
Este País. No. 232. Federico Reyes Heroles plantea un pacto ético en los medios de comunicación que privilegie valores superiores al acto informativo frente al terrorismo ejercido por la delincuencia. Escriben Luis Carlos Ugalde, Gerardo Ochoa Sandy, Mario Huacuja, Felipe Martínez Rizo, entre otros.
Nexos. No. 392. Eduardo Guerrero Gutiérrez presenta una medición de los objetivos y logros de la guerra mexicana contra el narco, basada en informes de la ONU y agencias de seguridad estadounidenses. Textos de Charles Bowden y Héctor de Mauleón.
Seminarios
La cuestión regional en América Latina. José Luis Coraggio, Alfonso Iracheta Cenecorta, Carlos A. de Mattos, Javier Delgadillo Macías, entre otros. Martes 10 y miércoles 11, 9:30 horas. Auditorio Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Programa: http://bit.ly/caSx9x. Informes: 5623 0093.
La construcción social de las violencias en los entornos urbanos. Silvia López Estrada, Vicente Sánchez Munguía, Rosa María González Corona, Luis Enrique Zavala Mora, Aída Silva Hernández, entre otros. Miércoles 11, 9:00 horas. Transmitido desde el Colef Tijuana por internet en el portal www.colef.mx.
Los temas críticos de la reforma electoral. Ana Laura Magaloni, Pedro Salazar Ugarte, Lorenzo Córdova Vianello, José Antonio Crespo, Javier Aparicio, Mauricio Merino, entre otros. Miércoles 11, 10:00 horas. Salón legisladores de la Cámara de Diputados. Programa: http://bit.ly/9UUfId. Informes: 5036 0000, ext. 57130.
Independencia y Revolución en los estados de la República Mexicana. Los casos de Puebla y Veracruz. Jueves 12, 10:00 horas. Senado de la República. Donceles 14, Centro Histórico. Informes: 5345 3000 ext. 3412.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1762
Pesadillas de la orfandad
Marcela Turati
Según la última cifra que dio el Cisen, en lo que va del sexenio 28 mil mexicanos han muerto por la narcoviolencia. Tan sólo en Ciudad Juárez, 6 mil 230 personas han sido asesinadas desde 2007 y cuatro de cada cinco víctimas tenían entre 15 y 39 años. El 90% eran hombres, por lo que muchos niños quedaron huérfanos de padre y con sentimientos de pérdida y de venganza. A falta de programas gubernamentales, varias organizaciones civiles ofrecen terapias colectivas para los menores, que así describen su desolación.
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- En la clase, con sus crayones, Octavio se dibuja junto a su papá. Él también, chiquito como es, se incluye en el dibujo; no puede estar separado de su ídolo. Traza a su lado a un tercer personaje: es un mono con una pistola que apunta hacia su papá, quien está tirado en el piso, coloreado con rojo. Y enseguida Octavio llorando su muerte, como el día que presenció su “ejecución”.
Mientras juega con su collar rosa, Natalia comparte en voz alta que va a salir de vacaciones a la playa con su mamá, su hermano y sus abuelitos, y con la sinceridad que se tiene a los cuatro años le dice a la maestra: “¿Sí te dije que mi papá está muerto y que lo extraño?”.
Jorge cuenta al grupo que quiere ser Supermán, pero un superhéroe con pistola para matar a “los señores” que le arrebataron a su papi.
El pequeño Fredy, de tres años, no habla mucho en clase pero un día, antes de ir, le dijo a su mamá que papi había bajado del cielo a visitarlo y a pedirle que se portara bien; en su sueño, se dio cuenta de que traía “un coco” en la cabeza, en el mismo lugar donde le dieron el balazo mortal.
E invariablemente alguna de estas confesiones, alguno de estos dibujos, alguna de estas fantasías, estrujan el alma del resto del grupo y provocan el llanto colectivo de estos niños en duelo que asisten a las terapias que algunas organizaciones juarenses han organizado para sanarles el corazón.
No son pocos. En esta ciudad son 10 mil los infantes cuyos papás han sido asesinados durante la guerra contra el narcotráfico. Es un club al que cada día se suman nuevos pequeños integrantes, porque un promedio de nueve personas son víctimas de homicidios cada día.
Momentos como estos que desembocan en llanto se repiten cada sesión, forman parte de la terapia.
“¿Cómo te has sentido?”, le preguntó en una sesión la psicoterapeuta Alma Leticia Ibarra a Natalia, la niña de los rizos güeros acostada en el piso, que se tocaba las suelas de los zapatos rosas como si fuera gimnasta. “Mal”, contestó la chiquilla sin voltearla a ver. “Veo que has estado pensando en tu papá”, le reviró la mujer. “Sí. Mi papá era cariñoso, también era… también era… cuando nos peleábamos, antes de que muriera, era bueno”, dijo ella, ahora concentrada en darle vuelta a su collar de plástico.
Eso ocurrió el pasado sábado 31 de junio, en la casa donde se desarrolla la Escuela de Espiritualidad y Sanación Interior. El comentario de Natalia tocó el alma de todos e hizo que sus compañeros también compartieran sus sentimientos.
“Mi papá murió de 51 años y sabía hacer avioncitos de papel”, dijo Rubén, de cinco años. Kevin, un recién llegado, de 10 años, se llevó las manos a la cara y, balanceándose sobre su cuerpo, se puso a llorar: “Mi papá no está… lo extraño”. “Yo también extraño al mío”, dijo otro niño conmovido.
En México, cada 24 horas mueren 29 personas atrapadas en las disputas del narcotráfico; hombres jóvenes, menores de 35 años en su mayoría. Según la última cifra que dio el Cisen, en lo que va del sexenio 28 mil mexicanos han sido asesinados por la narcoviolencia.
Cada “baja” significa una vida cancelada, proyectos inconclusos, sueños y corazones rotos. Detrás de esas cifras sin rostro hay familias rotas, mujeres viudas, infantes huérfanos.
Desde que se estableció la estrategia antidrogas del gobierno federal, sólo en Ciudad Juárez, al menos 10 mil niños y niñas de menos de un año a 14 años han quedado huérfanos, según estimaciones del investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Wilberto Martínez, quien tomó en cuenta la tasa de fecundidad y la estructura poblacional por edad.
El demógrafo indica que desde
Por eso no hay salones de clases, talleres de verano, clases de catecismo, actividades en centros comunitarios, torneos deportivos a los que no asistan los hijos o hijas de los o las asesinados. Los “sin papá” son un nuevo colectivo. Los terapeutas consultados no han recibido aún a huérfanos de madre.
Si la cuarta parte de los muertos son de Juárez, en el nivel nacional, haciendo cálculos muy primarios, podría estimarse que 40 mil niños y niñas han perdido a su papá o a su mamá por muerte violenta en lo que va del sexenio.
Herida permanente
El centro comunitario Casa Amiga, que se dedicaba a atender violencia doméstica y a exigir justicia por los feminicidios, desde hace un año forma grupos de 10 niños a los que les dedica ocho sesiones para ayudarlos a procesar su dolor, a que no lo encapsulen y que no se convierta en veneno que les amargue su alma tierna.
Para ellos tienen ejercicios específicos, como el siguiente: a los pequeños, acostados en el piso, se les guía para que comiencen a relajarse, evoquen a su papá y traigan a la mente el día que se enteraron de su muerte o cuando lo vieron caer. Entonces se les pide que piensen en su propio corazón. “¿Cómo está ese corazoncito? ¿Qué sintió? ¿Qué carita puso?”. Cuando salen del sueño profundo, la psicóloga les sugiere que dibujen. En los papeles comienzan a surgir corazones cortados, otros envueltos en lágrimas, algunos maltrechos por profundas cicatrices. Entonces les propone que los curen y ellos van colocando curitas, cintas adhesivas, kleenex, florecitas. Los colorean hasta que los dejan bonitos.
Leticia Mejía Aranda, la joven coordinadora del Departamento de Psicología de Casa Amiga, tiene en su oficina un archivero donde guarda los expedientes de cada pequeño paciente y algunos de sus dibujos. Detrás de ella, recargado en el piso, está un león de peluche descosido por los golpes que le dan cuando sacan el coraje acumulado.
En un estante tiene un libro de cuentos que relata la historia de una oruga que sale del caparazón, dejando atrás a sus compañeras, y se convierte en una mariposa libre que no podrá volver con los suyos porque cambió de forma. Y con la anécdota de la mariposa se ayuda para explicar las etapas de la vida.
En el grupo actual que Mejía conduce los lunes, guía por igual a hijos de obreros, de policías, de agentes de tránsito y de narcomenudistas. En clase no se hacen distinciones entre “buenos” y “malos”, como las que aplica el gobierno federal, y ellos no se discriminan: al contrario, juegan, se apoyan y se hacen amigos.
“Aquí se dan cuenta de que otros niños y niñas también perdieron a su papá, que no son los únicos. Ya no se sienten estigmatizados, ya pueden empezar a hablar de su papá. Ellos mismos se ayudan, se dan contención, los que ya llevan tiempo en la terapia les dicen a los otros: ‘yo sé lo que se siente, sentí lo mismo’”, explica.
Durante las primeras sesiones, los infantes llegan con síntomas parecidos: negación de la pérdida, depresión, enojo por lo ocurrido o culpa. Unos se recriminan por no haber acompañado a su papá cuando salió a la calle, para evitar su deceso. Un chico del grupo expresó: “Quisiera ser muy fuerte, tener una pistola y matar a los señores que lo mataron”.
Cuando se les pide que se hagan un autorretrato, se dibujan como una nube deprimida y lluviosa, un volcán, una carita triste, una bomba a punto de explotar o un león furioso. En las sesiones aprenden a no considerarse malos por sentir lo que sienten.
El método que Casa Amiga utiliza es guiar con juegos a los niños para que toquen su dolor y se curen entre todos. Si se les pide que dibujen a su familia y alguno duda si incluir en el cuadro a papá, los demás le dicen: “Píntalo, sigue siendo tu papá”, y entonces el niño que estaba confundido descansa, lo integra al dibujo, se reconcilia.
Los niños y las niñas que Mejía atiende llevan una herida permanente, que les punza todo el día. Un plomazo les cambió de tajo la vida. Mutiló a su familia. Transformó a mamá. Les canceló la autoconfianza.
Casa Amiga intenta que saquen el enojo. En la sesión en que analizan la violencia de la ciudad, la psicóloga les pregunta cuáles podrían ser los motivos para que los asesinos mataran a su papá, y los niños responden en una lluvia de ideas: “A lo mejor sus papás no los quisieron y los abandonaron en la calle” o “tienen mucho enojo y no saben cómo desquitarse” o “no tienen dinero y les pagaron para hacerlo”.
Decir la verdad
“Los niños viven un doble duelo: pierden al papá que murió y al ser querido que queda, porque ya no es la mamá juguetona, sino la mamá triste, todo el día dormida, que no cocina, que se empastilla, que no lo saca al parque, que se la pasa sumida en su dolor o se enfrasca en el trabajo. Es otra mamá”, explica la tanatóloga Silvia Aguirre.
Eso le ocurrió a Fredy en noviembre, la tarde que se levantó de su siesta y encontró su vida transformada. Despertó por los gritos de su mamá, sus abuelos y sus vecinos, porque en la calle acababan de matar a su papá. De inmediato una vecina se lo llevó a su casa para que no se diera cuenta de la tragedia.
Claudia, la mamá de Fredy, relata que ella y su esposo Alfredo fueron novios desde los 16 años y casi una década después se casaron. Vivieron juntos cuatro años y medio, en los cuales nació Fredy, quien siempre prefería estar con su papá.
“Cuando mis suegros y yo escuchamos los balazos y salimos, los dos chavalitos todavía le estaban dando; Alfredo cayó, se bajó un chaval y ahí lo remató. Vi cuando le dieron el disparo en la cabeza. Desde entonces quedé deshecha. Me decía que todo era un sueño, no podía ni levantarme de la cama, desde que despertaba tomaba pastillas para dormir, fumaba, leía para tener la mente ocupada, en la noche más pastillas. No podía cuidar al niño porque no podía ni hacerme cargo de mí”, explica la joven de 28 años en un receso de las terapias de duelo para niños.
Fredy no volvió a ver a su papá. Cuando preguntaba por él, Claudia no contestaba. Un familiar le dio una foto de Alfredo para que se contentara, y Fredy la rompió, furioso. Pasaba el día irritado, lloroso, intentaba pegarle a su mamá para desquitar su rabia.
“Al mes pude empezar a explicarle que su papá se fue al cielo con Diosito, pero seguía con sus rabietas. Decía que quería subirse a un avión para irse con él, pero ahora ya comienza a repetir: ‘Mi papá está con Diosito’.”
Un día Claudia se sorprendió porque, aunque no llevó a Fredy a la funeraria y pidió a su familia que no dijera nada en su presencia, el bebé despertó una mañana y le dijo: “Vino mi papá y me dijo que me portara bien, que te hiciera caso, nomás que tenía un coco aquí”, y se tocó la cabeza, justo en el lugar donde Alfredo recibió el balazo mortal.
Aunque con el tiempo ha dejado de preguntar por su papá, a veces, cuando Fredy sale al parque y ve a una familia, comenta: “Mira, mamá, ese niño sí tiene papá”. Últimamente agarró la costumbre de no soltarse de mamá, de agarrarla de las piernas, de gritar si la pierde de vista. Eso es normal, tiene miedo de perderla también a ella.
“Los niños resultan más perjudicados porque sus familiares tienden a ignorar que entienden, que se impactan con los sucesos, y no se ocupan de ellos en el momento de crisis. El niño se queda con su confusión y su dolor, puede tardar años en elaborarlo, incluso llegar a la edad adulta sin cerrar el duelo”, dice la psicoterapeuta Ibarra.
En el pizarrón de la sala donde conduce la sesión en la casa que alberga la escuela de espiritualidad, todavía se lee un mensaje escrito con plumón rojo por un niño que perdió a su hermano mayor, que era policía: “Te extraño papá, te extraño mamá, te extraño hermano”.
Mayra Castañeda tiene 26 años y uno de viuda. Nunca supo cómo explicarle a su hija mayor, Alejandra, de ocho, ni a Uriel, de cuatro, que papá fue asesinado. Recurrió a un terapeuta para que él se los dijera.
“Yo les dije que sufrió un accidente pero ya vi que fue un error por no hacerles daño. Poco a poco les voy a decir la verdad”, dice, después de la sesión de terapia colectiva infantil que guió Ibarra. Su hija no convivió, no sonrió; su mamá dice que aún está bloqueada. Uriel estuvo toda la sesión acurrucado en el regazo de Claudia, la mamá de Fredy, como pollito hecho bolita, deseando sólo un abrazo.
Claudia acompañó durante dos horas a los niños porque siente que se cura al ayudar a otros a sanar el dolor compartido. La señora Isela Sarabia, que también apoya en el grupo de niños en duelo, siente que en cada sesión en la que ayuda se le alivia el alma del dolor después de haber perdido a su hijo menor, detenido en un retén por militares que lo torturaron tanto que lo reventaron por dentro. A ella la dejaron “muerta en vida”.
Cada familia resuelve el duelo como puede. Pueden fingir que no pasó nada, no llevan al niño al velorio, recurren a un psicólogo para que le informe del deceso, inventan que el familiar ausente se fue de viaje. Hay adultos que nunca le preguntan al hijo qué siente, a veces ni siquiera lo bañan o lo alimentan.
“Cambia la dinámica familiar. La mamá a veces tiene que salir a trabajar y antes no lo hacía, los niños quieren tomar el lugar de papá y dicen a la mamá que no salga, algunos se sienten adultos y quieren irse al súper de empacadores, o no los dejan salir por la violencia, no conviven con otros, se la pasan encerrados, en la tele”, explica por su parte la psicóloga de Casa Amiga.
Las entrevistadas coinciden en que los infantes con esas características sienten terrores nocturnos, lloran por situaciones sencillas, se vuelven hiperactivos o se tranquilizan de más, comienzan a tener problemas de aprendizaje, viven con miedo a que los maten a ellos, a su mamá o a sus hermanos. Y requieren atención de emergencia.
La tanatóloga Aguirre pregunta: “¿Cuántos niños no han sido atendidos en su duelo? ¡Cantidad! Son tantos niños así, y aquí sólo atendemos ahorita a 19. Este es el rostro doloroso de Juárez, pero también el de la esperanza, porque los acompañan personas con su propio dolor, que están pasando su propio duelo.
“Así como hay un plan para las catástrofes sociales, debe aplicarse un plan para atender la emergencia social”, señala al respecto la exsecretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal, Clara Jusidman.
En el salón de clases, Alex, un niño flaquito y largo, de siete años y camisa sin mangas, que eligió como gafete introductorio de sus sentimientos una carita triste donde pintó su nombre, golpea con ganas los cojines, los patea, los estruja con odio. No dice nada. Sólo pide que se los vuelvan a poner para pelearse. Siente odio. Después de varias tranquizas se relaja y se pone a jugar con sus compañeros, que entienden bien lo que siente.
“A veces dicen que quieren matar, que quieren descuartizar al que les hizo daño, y es mejor que lo saquen aquí en el grupo, porque si no, así puede ser en el futuro”, dice el constructor José Antonio Guerrero, que auxilia en el grupo y estudia tanatología.
En Casa Amiga, una de las últimas actividades, antes de cerrar el ciclo para dar cabida a nuevos grupos de niños, consiste en que todos cierran los ojos, imaginan que papá viene a despedirse, que se besan, se acarician, juguetean, se dicen cosas al oído, chocan las manos. Y al volver a la realidad escriben una carta de amor llena de corazones o en un bello dibujo expresan lo que quieren que desde el cielo papá recuerde de ellos. Y el mensaje compartido es: “Papi, te quiero, me haces falta”. l
Y Calderón, ante el espejo de su fracaso
Daniel Lizárraga
A lo largo de la semana, el Campo Marte dio cobijo a las tres sesiones de los Diálogos por la Seguridad, donde especialistas, académicos, organizaciones civiles y líderes religiosos opinaron sobre el mal que aqueja al país: la violencia desatada. El gobierno, no obstante, se defendió esgrimiendo cifras: el director del Cisen habló de cantidades exorbitantes de criminales detenidos y de grandes incautaciones. Sin embargo, un número destaca sobre todos las demás: el de las 28 mil muertes que ha acarreado la guerra de Calderón.
Si bien el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, señala que a la delincuencia organizada se le han propinado golpes como nunca antes en la presente administración, también reconoció que son ya 28 mil las ejecuciones provocadas por el narco y que, además, se ha incrementado el número de robos, secuestros y extorsiones.
En un ejercicio inédito para un director del órgano de inteligencia del gobierno mexicano, Valdés no sólo fue el primer orador en la segunda sesión de los Diálogos por la Seguridad, organizados por la Presidencia de la República entre el lunes 2 y el jueves 5, sino que también presentó en público un informe sobre los avances y retrocesos en la guerra contra el narcotráfico.
“No hemos logrado recuperar las condiciones de convivencia en las zonas dominadas por el crimen organizado, tenemos una violencia creciente como todo mundo lo sabemos”, destacó Valdés mientras explicó el contenido de 32 láminas con estadísticas, análisis y conclusiones ante académicos, columnistas e investigadores reunidos en el Casino Militar del Campo Marte.
La cifra de ejecutados dada a conocer por el Cisen la mañana del martes 3 contrastó con la ofrecida por Arturo Chávez Chávez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR) , apenas el 17 de junio: 24 mil.
Si ambas cifras fueran correctas, significaría que en 46 días se habrían cometido unos 4 mil asesinatos.
Del número de ejecutados ofrecido por el Cisen, más de 90% corresponde a personas vinculadas con el crimen organizado; 6%, autoridades o miembros de las Fuerzas Armadas, y 1% a víctimas inocentes, según dijo Felipe Calderón más adelante, durante el mismo encuentro, en un intento por explicar que la violencia es generada por los ajustes de cuentas y los reacomodos dentro de los cárteles del narcotráfico tras ser capturadas sus cabezas o, en su caso, muertas, como sucedió recientemente con Ignacio Coronel, uno de los capos del cártel de Sinaloa.
“Las tareas pendientes que tenemos son detener la espiral de violencia y disminuir de manera sostenida los delitos de secuestro y extorsión, golpear de manera significativa la capacidad financiera de las organizaciones criminales”, sentenció Valdés mientras en los monitores instalados en el Casino Militar se proyectaban resúmenes y cuadros ilegibles, los cuales tuvieron que ser interpretados –en 20 minutos– por el mismo director del Cisen.
El presidente Calderón convocó a estos encuentros con la sociedad luego de que el candidato a gobernador en Tamaulipas por la alianza PRI-PVEM-Panal, Rodolfo Torre, fue asesinado. No obstante, el panorama se ha enturbiado más luego de que estallaron dos coches-bomba, el primero en Ciudad Juárez –el 15 de julio– y el segundo en Ciudad Victoria –el jueves 5–, además del secuestro de los periodistas y camarógrafos de Televisa, Milenio y del diario duranguense El Vespertino.
En el informe presentado por el Cisen, Valdés detalló el decomiso de 34 mil 699 vehículos, lo que representa 157% más de lo incautado el sexenio anterior. Para reponer esos autos, se precisa, los delincuentes tendrían que pagar 600 millones de pesos.
Por otro lado –dijo Valdés–, se decomisaron 84 mil armas, 330 millones de dólares y 441 millones de pesos, cifras sin precedente. Esto, agregó, “ha mermado la capacidad operativa de la delincuencia (sobre todo) si toman en cuenta las aprehensiones de 20 mil miembros del cártel del Golfo/Zetas; 18 mil del cártel del Pacífico; 12 mil del de Juárez, y 9 mil de los hermanos Beltrán Leyva”.
Aunadas a estas cifras –antes desconocidas–, Guillermo Valdés informó de 963 enfrentamientos armados, en carreteras y calles, entre el crimen organizado y las fuerzas del Estado, lo que habla de por lo menos un enfrentamiento al día en promedio.
Ante esta perspectiva, Calderón exigió la participación de la sociedad, independientemente de la decisión que puedan tomar las fuerzas políticas, legisladores y gobernadores.
Descompuesto al escuchar las propuestas para reorientar el combate a los narcotraficantes hechas durante los Diálogos por la Seguridad, el mandatario advirtió:
“Tenemos una delincuencia organizada y una sociedad desorganizada. Una sociedad, por ejemplo, de la que requerimos información puntual, si se quiere incluso confidencial, secreta, de lo que están haciendo los criminales”, dijo con el rostro enrojecido, elevando el tono de voz y manoteando sobre la mesa en torno a la cual, durante tres días, representantes empresariales, organizaciones ciudadanas, académicos y líderes religiosos habían manifestado abiertamente su preocupación por el incremento de la violencia en el país.
“A mí sí me interesa saber quiénes son los que cobran las cuotas, a mí sí me interesa saber en dónde se reúnen, a mí sí me interesa saber cómo actúan, a mí sí me interesa saber quiénes los cobijan y se coluden con ellos; ministerios públicos, jueces, policías, alcaldes o gobernadores. Sí me interesa saber. Y la sociedad sé que lo sabe”, añadió en su reclamo hecho en el último de los tres encuentros, ante 18 representantes de las diversas iglesias del país.
La mayoría de los casi 82 invitados a dialogar con Calderón sugirió dar un giro a la estrategia ampliando, entre otras cosas, las investigaciones contra el lavado de dinero, desarrollando mejores programas sociales en las zonas más afectadas y, sobre todo, brindando información para entender lo que sucede.
Ante estas sugerencias, Calderón dijo haber tomado nota de cada una, pero rechazó las tesis de “quienes suponen” que si el gobierno no enfrenta a los criminales se acabaría la violencia. “Yo lo dudo”, comentó ante los líderes religiosos, y advirtió:
“Este problema lo está sufriendo la gente más pobre en sus comunidades (…) Y, en ese tema, señores, lo advierto de una vez, yo no voy a ceder. Yo seguiré trabajando hasta el límite de mis fuerzas y hasta el límite de los recursos que la Constitución me otorga como presidente para combatir la criminalidad.”
Proceso no encontró una propuesta, entre las más de 50 intervenciones hechas en las sesiones públicas, en el sentido de que se retirara el Ejército de las calles.
Combatir el lavado
Uno de los representantes de la cúpula empresarial, Sergio Enrique Aguilar Cervantes Rodiles, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), pidió apurar las investigaciones sobre lavado de dinero.
Una de las propuestas, por ejemplo, fue hecha por Luis Peña Kegel, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, en el sentido de impedir los pagos en efectivo iguales o mayores de 50 mil pesos para comprar casas o automóviles. Además, se quejó por la falta de una base oficial de datos que permita a los grupos financieros ponerse en alerta ante transacciones de empresas bajo investigación.
Esta postura no sólo fue respaldada por los empresarios, también se sumaron representantes de organizaciones civiles, como Eduardo Joaquín Gallo, de México Unido contra la Delincuencia, e Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro; esto provocó los primeros gestos de disgusto de Calderón, quien apretaba las mandíbulas y no despegaba la mirada del monitor que tenía frente a él.
En esa primera sesión –el lunes 2 de agosto– faltó coordinación entre los colaboradores del mandatario, ya que la mayor parte de los lugares para el público estaban vacíos, la coordinación de Comunicación Social no contaba con una lista de invitados de prensa –la tuvieron que confeccionar sobre la marcha– y el secretario de Gobernación, Francisco Blake, debió leer detenidamente los nombres de los convocados a la reunión, pues no conocía a muchos.
Ahí Eduardo Gallo dijo que no respaldaría a ciegas a Calderón y propuso al mandatario contar con un plan B, consistente en abrir el debate sobre la legalización de la mariguana, pues es importante medir de qué tamaño es el abanico de posibilidades, sin reparar en tabúes.
Las palabras del activista no tuvieron eco. Nadie retomó el tema.
Heriberto Castillo, presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, propuso nuevos programas de empleo para jóvenes en zonas marginales, y Eduardo Gallo aterrizó esa idea al plantear programas temporales de empleo como los que se impulsaron durante la reciente crisis financiera.
Un día después de estos señalamientos, en Los Pinos, los secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero, y de Economía, Bruno Ferrari, informaron que entre enero y julio de 2010 se crearon 559 mil 70 nuevas plazas.
Fallas en la información
En la segunda sesión de los Diálogos por la Seguridad, académicos, especialistas en el análisis del narcotráfico y columnistas criticaron al gobierno por la falta de información para entender qué pasa en México.
“No se puede medir la eficacia y la eficiencia. La información debe estar al alcance de todos sobre los delitos que ocurren, dónde y qué se está haciendo”, dijo Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano sobre la Inseguridad.
A este señalamiento se sumó el investigador Raúl Benítez Manaut, quien dijo que sí se puede apoyar a Calderón en el combate a la delincuencia, pero para ello debe haber una mínima retroalimentación con datos veraces.
“El gobierno no ha sabido transmitir si va ganando o perdiendo la guerra. No ha sabido comunicar qué pasó en los operativos tras la muerte de los capos Arturo Beltrán Leyva e Ignacio Coronel. La verdad es que no entiendo por qué el gobierno sí le da información a las agencias extranjeras. Eso es algo muy desagradable”, expuso mientras Calderón anotaba algo en una computadora personal.
Uno de los momentos más tensos fue cuando Eduardo Guerrero, socio de Lantia Consultores, propuso focalizar de mejor manera su estrategia hacia los puntos de mayor conflicto, como ha sucedido en otras partes del mundo –Chicago o Rusia–, minimizando los riegos hacia la población.
Calderón lo interrumpió pidiéndole que explicara mejor sus ideas, ya que –desde su perspectiva– no hay manera de hacer eso en forma automática.
Guerrero, en respuesta, comentó que esto era como en un juego de billar en el cual antes de meter una bola en la buchaca ya se sabe que el resto va a rebotar y se calculan sus movimientos para no cometer errores.
Lo mismo pudo suceder –ejemplificó– con el caso de Ignacio Coronel cuando, al mismo tiempo que se planea una detención efectiva, el gobierno cuenta con planes sobre cómo contener la violencia dentro del cártel del Pacífico para que la población no resulte afectada.
Calderón apretaba las mandíbulas y no dejaba de taladrar con la mirada al consultor. “Pero bueno, estaríamos entonces de acuerdo en que primero hay que pensar en meter las bolas”, comentó después el mandatario.
Héctor Aguilar Camín hizo que a Calderón se le descompusiera el rostro cuando dijo que su gobierno no es capaz de disparar información ni en defensa propia.
“Desde el punto de vista de la información, ustedes, las autoridades, nos tienen a los mexicanos en medio de un tiroteo del que no sabemos de dónde vienen los tiros (…) La guerra está perdida en el ámbito de la información y la opinión pública”, destacó el historiador. Recordó que sobre la muerte de Ignacio Coronel el gobierno no aportó detalles sobre cómo fue el operativo.
“Y ahí es donde digo que no disparan en materia de información ni en defensa propia. Perder la guerra en la opinión pública es también perder credibilidad del gobierno en otros ámbitos, no sólo en materia de seguridad”, añadió.
“Uno no entiende –apuntó– por qué se reservan esa información, por qué no tienen una estrategia puntual para informar de las cosas que conocen, no me refiero a los temas que afecten la confidencialidad de las estrategias, sino de información pública, continua y sistemática.”
Otros académicos e investigadores, como Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), apuntaron que el mayor déficit en la estrategia oficial en el combarte a la delincuencia ha sido en el sistema de información.
“Hay un desastre completo. No se previene el delito ni se castiga bien a los delincuentes. Requerimos de un sistema completo de flujo de información. De otra manera no se pueden analizar los problemas y corregirlos. Necesitamos información y la necesitamos urgentemente”, exigió.
Calderón reconoció que su gobierno no ha podido comunicar qué pasa y cómo trabaja su gabinete, pero subrayó que no hay una intención deliberada de ocultar datos ni información.
Mauricio Merino, también investigadores del CIDE, expuso: “Me ha parecido muy mala idea, mala estrategia, que sea la PGR la que encabece las medidas contra el IFAI. Esto ha emitido una señal de secrecía que no ayuda en nada a construir confianza. Tengo la impresión de que se está operando toda esta estrategia en la vieja idea de la caja negra”, enfatizó.
Merino se refería al hecho de que la PGR ha solicitado la intervención del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para no cumplir las resoluciones del IFAI mediante las cuales los comisionados ordenaron la apertura de expedientes. Aunado a ello, también se impulsó una reforma legal para impedir que las averiguaciones previas sean públicas aun cuando ya estén cerradas.
En esa mesa se encontraba el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, quien optó por no confrontar a Merino. En respuesta, Calderón ofreció a sus invitados abrir la información y les prometió entregarles una base de datos oficial.
Esa noche Los Pinos emitió un comunicado para puntualizar que Calderón está contra la legalización de la mariguana, pero que acepta abrir el debate al respecto.
Las bodas de Canán
En la siguiente sesión, ahora con los líderes religiosos, Calderón aprovechó una intervención sobre la ausencia de la clase política en esos encuentros para advertir que no esperará más tiempo “a ver a qué hora” los legisladores y, sobre todo, los líderes partidistas ponen los intereses del país por encima de las ambiciones personales.
Por ello –enfatizó– seguirá encontrándose con otros sectores de la sociedad para atender la nueva escalada de violencia generada por el crimen organizado, e incluso demandó que los propios creyentes y las organizaciones sociales cobren la factura a los partidos.
“Porque sé que el día de mañana van a ir ustedes a pedirles el voto y persuadirán a su comunidad. Es la hora de que entre todos nos exijan a quienes tenemos responsabilidades públicas cumplir con nuestro deber. Y todos hemos cometido errores, por supuesto”, sentenció tras escuchar durante alrededor de dos horas las opiniones de obispos y pastores.
Calderón utilizó una parábola de la Biblia, las bodas de Canán, para explicar desde su perspectiva la ausencia de los partidos.
“Había un rey que organizó una banquete y cuando se llegó la fecha, uno a uno de los invitados fueron excusándose para no ir, y lo que hizo el rey fue salir al cruce de los caminos a invitar a quienes no habían sido convidados en un principio”, comentó.
Al día siguiente, el jueves 5, los gobernadores de todo el país acordaron reunirse con el mandatario federal el próximo día 12. Los voceros fueron los mandatarios de Nuevo León y Veracruz, Rodrigo Medina y Fidel Herrera. El anuncio lo hicieron desde Los Pinos.
últimos días de Nacho Coronel
Patricia Dávila
El sepelio de Ignacio Coronel Villarreal en Culiacán, Sinaloa, se realizó en medio de un despliegue militar parecido al del 29 de julio, cuando fue ejecutado en su residencia de Colinas de San Javier, en Zapopan, Jalisco. Quienes conocían al capo lo recuerdan como una persona de trato afable. Uno de ellos asegura incluso que sus últimas semanas las vivió recluido en su domicilio, pues temía que el Ejército lo detuviera. Lejos estaba Nacho Coronel de saber que la instrucción era liquidarlo.
CULIACÁN, SIN.- El ataúd era de metal con chapa de oro. Valuado en 65 mil dólares, esa tarde resplandecía tanto como el sol abrasador en esta región donde la temperatura rayaba los 48 grados centrígrados. En su interior yacía el cuerpo del narcotraficante Ignacio Coronel Villarreal. A su lado, el féretro de su sobrino Mario Carrasco Coronel, El Gallo, también de metal, aunque más sobrio, lo acompañó durante las exequias. Ambos murieron con horas de diferencia entre el 29 y el 30 de julio a manos del Ejército.
Identificado por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) como el tercero en el mando del cártel de Sinaloa, el cadáver de Nacho Coronel fue vestido de forma elegante: traje beige y camisa blanca; enmarcado su rostro por una barba oscura y abundante bigote. No hubo honras fúnebres.
Los cuerpos estuvieron tendidos en la sala Premier, la más grande de la funeraria Moreh, durante 15 horas. Los asistentes rezaron el rosario en cinco ocasiones y entonaron cánticos religiosos para acompañar la velación. Los féretros estuvieron abiertos todo el tiempo.
Apenas en diciembre pasado en esa funeraria, en el mismo velatorio y en la misma sala, estuvieron los restos de uno de los enemigos de Nacho Coronel: Héctor Beltrán, El Jefe de Jefes, ejecutado en Cuernavaca, Morelos, el día 16 de ese mes, por un grupo de marinos.
El entierro de Coronel fue en el panteón Jardines de Humaya en esta ciudad. Asistieron hombres, mujeres y niños de la sierra, del municipio de Canelas, Durango, lugar donde él nació. También había gente de Tamazula, donde la familia del difunto echó raíces. Los cuerpos de Nacho y El Gallo llegaron a la ciudad el martes 3 alrededor de las nueve de la noche. Los recibieron elementos del Ejército y, tras los trámites, los restos fueron trasladados a la funeraria. Eran ya las dos de la madrugada del miércoles 4.
Alrededor de 200 militares vigilaban la zona, lo que complicó el acceso al velatorio. El día del entierro se repitió la escena: camionetas pick up y vehículos artillados con soldados a bordo custodiaron los cuerpos hasta el panteón. El lugar fue sitiado por los uniformados, que en todo momento vigilaron el evento; algunos incluso tomaron fotos y lo grabaron.
El cortejo fúnebre llegó al panteón precedido por dos carrozas con los cuerpos de Nacho Coronel y su sobrino. Una era un lujoso Cadillac, la otra un BMW.
En la entrada del cementerio estaban dos orquestas que, apenas llegaron los ataúdes, interpretaron la canción Nadie es eterno en el mundo y se unieron al séquito para acompañar los cuerpos a sus tumbas: Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo… Después entonaron Te vas ángel mío.
Y se detuvieron frente a una pequeña y modesta capilla de cantera gris en la que yacen los cuerpos de Magdaleno Coronel Villarreal y de Raymundo Carrasco Coronel, hermano y primo de Nacho, respectivamente. Ambos fallecieron el 3 de junio de 1993; el primero tenía 33 años, el segundo 21.
Vestidas con pantalón de mezclilla y playera negra, con lentes oscuros, las mujeres de la familia Coronel despidieron a Nacho y a Mario con lágrimas, entre tragos de Buchanan’s 18. Antes de que el ataúd de Ignacio Coronel fuera depositado en la sepultura, uno de sus sobrinos, Ismael Coronel Carrizosa, vació una de las botellas sobre el féretro dorado.
El acoso al cártel del Pacífico
Propietario de casas y ranchos en Jalisco y otras entidades, Nacho Coronel empezó a tener problemas a finales de 2008. El 13 de noviembre, policías municipales de Tonalá detuvieron a José Joaquín Castillo Coronel y a 14 personas más, presuntamente ligados al cártel del Pacífico. La PGR informó que en ese operativo les aseguraron armas largas y cortas, cartuchos para R-15 y cuernos de chivo, así como varios vehículos.
Cuatro meses después, el 14 de marzo de 2009, en el municipio jalisciense de Tlajomulco de Zúñiga, efectivos de la 15 Región Militar capturaron a seis presuntos sicarios luego de un enfrentamiento con elementos del Ejército.
Uno de los detenidos se identificó como Javier Carrasco Meza, aunque la Secretaría de Seguridad Pública del estado detectó que se parecía a Ángel Carrasco Coronel, sobrino de Nacho Coronel. Siete días después, él y sus cinco compañeros quedaron libres por falta de pruebas.
Los golpes al entorno del cártel del Pacífico se intensificaron en los meses siguientes. El 15 de enero último, un grupo de sicarios se enfrentó a tiros con militares en Zapopan. En la refriega murió uno de los delincuentes y cinco más fueron aprehendidos. Las autoridades les confiscaron pistolas de alto poder, fusiles de grueso calibre, lanzagranadas y granadas, así como dólares y los vehículos en que viajaban.
Los detenidos fueron: Jesús Gutiérrez López, de 39 años, del poblado La Primavera, en Zapopan; Raymundo Larios Vizcarra, de 31 años, de Culiacán, Sinaloa; Ernesto Coronel Peña, de 46 años, y los hermanos José Jaime y Juan Ernesto Coronel Herrera. Los tres últimos, originarios del poblado La Mesa de Guadalupe, municipio de Canelas, Durango, y sobrinos de Nacho Coronel.
Pero el golpe que dobló al capo fue la muerte de su hijo Alejandro, a principios de abril pasado. Encabezados por José Luis Estrada, El Pepino, un grupo de 30 pistoleros de Los Zetas que se identificaron como policías llegaron al complejo turístico El Tigre e irrumpieron en el departamento 214 del condominio Green Bay, ubicado en Bahía de Banderas, Nayarit, y se llevaron al joven de 16 años y a uno de sus primos.
En el operativo murió Fernando Gurrola Coronado, exdirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios. El capo reaccionó ese mismo día. Alrededor de 60 hombres armados del cártel del Pacífico se desplazaron al poblado San José de Costilla, en Jalisco, en 15 vehículos.
Pasadas las 11 de la noche de ese 5 de abril arribaron a una casa ubicada en las afueras de esa localidad y ametrallaron el inmueble. El resultado: 12 muertos. Los sicarios sacaron los cadáveres y los llevaron a una parcela. En el camino quedaron tres, todos tenían el tiro de gracia; los otro ocho quedaron calcinados en una camioneta Cheyenne.
Uno de los ejecutados era El Pepino, antiguo sicario del cártel de Sinaloa, organización que abandonó para unirse al grupo rival de Los Zetas.
Tras la muerte de su hijo Alejandro, Nacho Coronel “empezó a perder el control que tenía en el centro del corredor del Pacífico”, informó el semanario local RíoDoce en su edición que comenzó a circular el lunes 2.
Aun así, Nacho se lanzó contra Héctor Beltrán Leyva, El H, a quien acusó de la muerte de Alejandro Coronel. Envió un comando a Hermosillo, Sonora, para capturar a su rival. El 13 de abril los sicarios del cártel del Pacífico rodearon la residencia del H, ubicada a
El H no dio señales de vida. Seis días después, la señora fue liberada. Apareció en la esquina de Reforma y Luis Donaldo Colosio, aledañas a la Universidad de Sonora. Estaba atada de pies y manos y con vendas que le cubrían la mitad de la cara.
Junto a ella había tres mensajes dirigidos a Héctor Beltrán Leyva: “Nosotros te vamos a enseñar a ser hombre y a respetar a la familia, asesino de niños”, decía uno; “Aquí está tu esposa, por la que te negaste a responder. Te la entrego sana y salva para que veas y aprendas que para nosotros la familia es sagrada”, rezaba el segundo; y el último remataba: “Nosotros no matamos mujeres ni niños, únicamente vamos por el Hache, y el Dos Mil, así como por varios policías” (Proceso 1759).
Desde entonces la zona metropolitana de Guadalajara, controlada por Nacho Coronel, comenzó a calentarse por las aprehensiones de sicarios, los enfrentamientos con los cuerpos policiacos y con militares, las ejecuciones, cateos y decomisos de droga.
El despliegue militar
En su edición reciente, RíoDoce sostiene que Coronel Villarreal llevaba 15 días sin salir de su casa. Incluso mandaba pedir comida. Sabía que lo estaban esperando. El Ejército lo había detectado y sólo esperaba que se moviera para detenerlo. Una fuente consultada por Proceso que solicitó el anonimato confirma que las dos semanas previas a su ejecución Nacho Coronel temía que lo detuvieran.
Incluso, dice, solicitó asesoría legal: “Quiero saber qué puede pasar en caso de que me agarren”. Sus interlocutores le recomendaron irse a Sinaloa o Durango y construir una casa. Allá, le insistieron, estaría más seguro.
El día del operativo militar en Colinas de San Javier, Zapopan, los escoltas de Coronel observaron el despliegue militar y de inmediato se desplegaron en sus vehículos para impedir que las tropas entraran, aunque nunca pensaron que fueran por su jefe, admite la fuente.
“Nacho se quedó con un hombre (Irán Francisco Quiñones). Él no mató –agrega–. Mire, las órdenes del Ejército fueron precisas: destruir al enemigo, no capturarlo. Para justificar su muerte, le pusieron una pistola en la mano y jalaron el gatillo para que la prueba de radizonato de sodio saliera positiva.”
La gente que conoció a Nacho Coronel asegura que era un hombre de “buenos sentimientos”, muy humano. Siempre que podía ayudaba a la gente necesitada y siempre respetó a sus subalternos.
–Informes de autoridades de Estados Unidos indicaban que Coronel era un capo en ascenso –comenta la reportera a su entrevistado.
–Él tenía poder económico y carisma entre su gente. Los narcolancheros incluso vivían agradecidos con él; tenía estructura, capacidad económica e inteligencia para operar solo, pero era un hombre agradecido. Él jamás se iba a separar de Joaquín Guzmán ni del Mayo; era el responsable de la logística del cártel. Nunca los iba a traicionar.
“En 1993 tenían detenido a Nacho en Culiacán. En ese tiempo trabajaba para Amado Carrillo, pero lo dejó solo. Quien lo apoyó fue El Mayo; en agradecimiento se unió a él.”
En ese tiempo el jefe de investigaciones de la Policía Ministerial de Sinaloa era el comandante Francisco Javier Bojórquez Ruelas, quien encabezó un operativo para “atorar” el convoy con un cargamento. Los agentes se apostaron a
Y aunque Nacho ofreció dinero a Bojórquez Ruelas para que los dejara ir, el comandante le respondió: “No se puede, y menos ahora, porque ya llegaron los de la prensa”.
En esa ocasión los periodistas de El Debate y Noroeste andaban armados con escáneres para sintonizar las frecuencias de radio de los agentes; los fotógrafos llegaron al lugar y comenzaron a disparar sus cámaras. La fotografía de Nacho Coronel que ha dado la vuelta al mundo en los últimos días fue tomada en esa ocasión.
Horas después, un abogado de Guadalajara llegó a Culiacán para tramitar la liberación de Coronel, a quien se le acusaba de asociación delictuosa, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército e intento de soborno. Su defensor lo sacó tres días después.
El mismo litigante recorrió las redacciones de los diarios locales y ofreció dinero para que la nota no fuera publicada, o para que apareciera en un lugar discreto: no lo logró, pues la liberación de Coronel fue la nota principal. Meses después, el comandante Bojórquez Ruelas fue asesinado.
La riqueza y los bienes de Coronel están en Guadalajara. Su esposa, de quien no proporciona el nombre, vive en esa ciudad, aunque es originaria de Tamazula, Durango. El matrimonio procreó tres hijos.
–¿Quién va a suceder a Nacho? –pregunta la reportera a su entrevistado.
–Hay muchos, pues Nacho no sólo preparaba a su sobrino Mario.
–¿Existe la posibilidad de que El Mayo y El Chapo hayan entregado a Nacho?
–No. Lo mismo decían del Vicentillo (Zambada), pero no. l
Todos, tras la plaza vacía
Ricardo Ravelo
Reacomodos, alianzas y mucha más violencia se avizoran en varias entidades por la muerte de Nacho Coronel, debido a la lucha que se desatará cuando los cárteles rivales –el de Sinaloa, el de Juárez u otro de los nueve que operan en México– intenten llenar los vacíos que dejó el capo. Quizá más grave aún es la causa que algunos especialistas le atribuyen a la caída del narcotraficante: que fue un sacrificio pactado en las negociaciones que sostienen el Estado y los narcos sinaloenses.
El fin del capo Ignacio Nacho Coronel Villarreal, muerto a tiros el jueves 29 de julio en un enfrentamiento con el Ejército, puede alentar nuevas alianzas de los cárteles de Sinaloa y del Golfo, el bloque criminal más poderoso del país y cuyos negocios llegan a más de 50 países.
Según informes de la agencia antidrogas estadunidense (DEA) y de la Procuraduría General de la República (PGR), Coronel dominaba en México una decena de entidades, entre ellas Jalisco, Michoacán, Guerrero, Colima, Nayarit, Zacatecas, Sonora y Durango, donde sentó sus reales con la protección de corporaciones policiacas.
Ahora esos territorios pueden verse sacudidos por una mayor oleada de violencia y narcoterrorismo debido a que el cártel de Juárez –principal rival de los sinaloenses– querrá controlar esas plazas y ya demostró que tiene el poder para hacerlo, sostiene Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, con sede en Tijuana, y profesor de la Universidad Estatal de San Diego.
Y añade: “Con la desaparición de Ignacio Coronel es posible que haya un reacomodo de fuerzas en el narcotráfico mexicano, pues quedan muchos vacíos y territorios sueltos que el capo dominaba. Su muerte, sin embargo, no significa que el narco se debilite; por el contrario, se fortalece con alianzas y sólidas rearticulaciones”.
Entrevistado vía telefónica, Clark Alfaro sostiene que la eliminación de Coronel beneficia al presidente Felipe Calderón por su necesidad de credibilidad y reposicionamiento ante tantos embates del narco que exhiben su debilidad frente al crimen organizado.
Según Clark Alfaro, Calderón se quita, en parte, la presión nacional e internacional por los señalamientos de la presunta protección que se le brinda al cártel de Sinaloa. Aunque no le creamos, afirma, el mensaje que nos manda el presidente es que el combate al narcotráfico es parejo y no desigual. Falta ver si ahora por fin detienen al Chapo Guzmán, el consentido del sexenio, como le han llamado en la prensa nacional.
–¿Por qué cree que se decidió exterminar a Ignacio Coronel y no a Ismael Zambada o a Juan José Esparragoza Moreno? –se le pregunta.
–El narcotráfico tiene muchos intereses; hay políticos y empresarios implicados. Seguramente ya no convenía mantenerlo y en ese negocio las reglas son claras: si ya no te necesito, te mato.
“Los verdaderos jefes del cártel de Sinaloa le tenían que entregar al presidente Calderón un trofeo para seguir manteniéndose impunes en su negocio. Que no se nos olvide que Sinaloa es un cártel viejo, muy experimentado, con una visión empresarial muy amplia y con aliados en el poder. Antes de tomar una decisión, el escenario ya ha sido estudiado: por eso el cártel no se tambalea sino que fortalece su relación con el poder. Es un juego de ida y vuelta.”
Las alianzas
De acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la DEA y de la PGR, Ignacio Coronel Villarreal fue una pieza clave en las alianzas que tejieron los cárteles del Golfo y de Sinaloa hace poco más de un año.
Coronel aparece en los informes estadunidenses como el personaje que más trabajó para consolidar la sociedad histórica –por la añeja rivalidad que los dividía nadie pensó que se lograra la unión– entre los cárteles representados por Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y Eduardo Costilla, El Coss.
Desde mediados de 2009 la Sedena –que ya le seguía los pasos a Coronel– conocía los movimientos del capo en pos de consolidar la expansión del cártel de Sinaloa dentro y fuera de México. En un informe de inteligencia la Sedena puso en conocimiento de la Presidencia de la República lo que la DEA había confirmado seis meses antes: que la estrategia de combate al narcotráfico debía modificarse debido a la rearticulación y a las alianzas que los cárteles estaban realizando con un objetivo: sobrevivir y crecer en el negocio del tráfico de drogas.
Según la Sedena, Coronel e Ismael El Mayo Zambada operaron la incorporación de La Familia michoacana y del cártel del Milenio, que encabezan los hermanos Valencia, a la estructura de la corporación criminal llamada cártel de Sinaloa.
Sólo así este bloque de cárteles pudo enfrentarse a otro poderoso competidor: el de Juárez que, bajo el mando de Vicente Carrillo Fuentes, siembra violencia y terror en el norte del país, principalmente en Ciudad Juárez y en la Comarca Lagunera, otro de sus enclaves.
De larga historia en el narcotráfico, los Carrillo Fuentes no se cruzaron de brazos. Urgido de aliados, el cártel de Juárez tuvo que cubrir sus vacíos y fortalecer sus frentes con la incorporación de las piezas útiles de la célula que encabezan los hermanos Beltrán Leyva representados por Héctor Beltrán. También se sumaron Los Zetas y Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero o El Alineador, sobrino de Benjamín, Ramón (ya muerto), Eduardo, Francisco Javier e hijo de Enedina Arellano Félix, fundadores del cártel de Tijuana.
En el informe que la Sedena entregó a Felipe Calderón se incluye una frase que evidencia que las alianzas entre los cárteles que manejan el tráfico de drogas no son permanentes, pues se les denomina “asociaciones de conveniencia”; es decir, ligas temporales que responden a la emergencia que enfrenta el país debido a la guerra contra el narcotráfico.
Una fuente consultada en la PGR sostiene que tras establecerse la alianza entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo los más agraviados fueron Los Zetas, que tuvieron que desprenderse del grupo criminal que los vio nacer y emprendieron la búsqueda de Ignacio Coronel para asesinarlo.
Según Clark Alfaro –quien en el sexenio de Carlos Salinas facilitó a la PGR información para capturar a los hermanos Arellano Félix “y la PGR no cumplió”, dice–, al igual que en la política, el narcotráfico atraviesa una etapa de transición.
Aunque en los informes de inteligencia se dice que el cártel de Sinaloa sólo pactó con el Golfo, con los Valencia y con La Familia michoacana, Clark Alfaro afirma que Guzmán Loera “mantiene un acuerdo no escrito con el cártel de Tijuana. Aquí en Tijuana no vemos presencia de la gente del Golfo y sí mucha de El Chapo, sobre todo en Mexicali”.
Para el profesor universitario y defensor de los derechos humanos, la prueba de que los hombres del cártel de Tijuana trabajan con El Chapo es que después de la aprehensión de Teodoro García Simental, El Teo, el pasado 11 de enero –narcotraficante al que se relacionó con los sinaloenses– en Tijuana se acabaron las ejecuciones espectaculares. Desde entonces, dice Clark, no vemos degollados, personas colgadas o descuartizadas, pero la violencia sigue aumentando.
De acuerdo con cifras del Centro Binacional de Derechos Humanos, 2008 fue el año más violento en Tijuana: fueron asesinadas 844 personas y la guerra entre los cárteles de Sinaloa y de Juárez se agudizó por el control de esa zona fronteriza tras el debilitamiento de los Arellano Félix.
En lo que va de 2010, según Víctor Clark, han muerto 480 personas por las disputas territoriales y el control del narcomenudeo. De seguir esta escalada violenta, pronostica Clark, “podemos cerrar el año con 800 ejecutados sólo en Tijuana”.
A pesar de la guerra contra el narcotráfico, la mayoría de los cárteles de la droga siguen sólidos. Algunos han sido debilitados, pero mantienen presencia en sus regiones, como es el caso de los hermanos Amezcua Contreras, que operan el tráfico de drogas sintéticas en Colima –su principal asiento– Jalisco y El Bajío. El cártel de Tijuana, por su parte, perdió un importante feudo, Mexicali, pero mantiene fuerte control en Tijuana y sus tentáculos llegan a Michoacán, Guerrero, el Estado de México y el Distrito Federal, según datos confirmados en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.
En un informe de la PGR sobre las organizaciones delictivas, en el que se ilustra con mapas la geografía del narco en México, el gobierno federal reconoce en los cárteles un rival poderoso y sagaz que velozmente se asocia para mantener incólumes sus negocios.
Ilustrado con las fotografías de los capos legendarios –los llamados “hombres de la vieja guardia”– y sus actuales relevos, el informe establece: “Enfrentamos una delincuencia altamente sofisticada, con capacidad de acción y de reacción, que en fechas recientes ha mostrado su rostro más violento poniendo en riesgo la paz y la tranquilidad del país.
“La violencia desatada por la recomposición de los grupos delictivos es un fenómeno que ha sido continuo desde los ochenta, que se asocia al combate del gobierno mexicano en contra del narcotráfico. Dicha recomposición genera no sólo movilidad dentro del grupo delictivo, sino también alianzas y disputas por los mercados, lo cual se traduce en violencia.”
En 2001, cuando el PAN llegó a la Presidencia, se aliaron los hermanos Arellano Félix y Osiel Cárdenas Guillén (éste, cabeza del cártel del Golfo, fue extraditado en
Muertes y detenciones modificaron el mapa criminal, establece el informe de inteligencia, pues en 2004, cuando fue asesinado Rodolfo Carrillo se rompió la sociedad Carrillo Fuentes-Guzmán Loera.
De entonces a la fecha los grupos criminales se han multiplicado. Según el documento, actualmente en México operan nueve cárteles: el del Golfo, de Sinaloa, de Juárez y de Tijuana, de La Familia michoacana, de Los Zetas, de los Beltrán Leyva, de los Amezcua Contreras y la organización Díaz Parada.
El primer grupo criminal –que en su historia ha tenido cuatro jefes: Juan N. Guerra, Juan García Ábrego, Osiel Cárdenas y Eduardo Costilla, su actual líder– tiene su ámbito de operación en el norte y el noreste, aunque en los últimos cinco años ha llevado su actuación al centro y sur del país. Su bastión es Tamaulipas, pero sus tentáculos llegan a todos los estados del Golfo de México.
El cártel de Sinaloa tiene presencia en 20 estados. Los más fuertes son su base –Sinaloa– y Sonora, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Colima, Jalisco, Nayarit, entre otros.
El cártel de Juárez, de larga historia, opera desde Chihuahua y controla Durango, Zacatecas, parte de Sonora, Baja California, Coahuila y la región lagunera. Los Arellano mantienen el control en Tijuana y, en la alianza con el cártel de Juárez, Los Zetas y los hermanos Beltrán ahora actúan en cinco entidades más: Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima y Guanajuato.
La Familia michoacana ha sido la revelación del último lustro: surgió en 2005 como una escisión del cártel del Golfo. Ahora su presencia se ha extendido hacia Guerrero, el Estado de México, Jalisco, Hidalgo y Puebla. Los Zetas, que rompieron relaciones con el cártel del Golfo, tienen enclaves en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Los hermanos Beltrán Leyva, pese a su resquebrajamiento con la detención de Alfredo y la muerte de Arturo, mantiene su fuerza en Sonora, Guerrero, Jalisco y Morelos. También debilitados, los hermanos Amezcua siguen afincados, a través de sus operadores, en Colima y Jalisco. Y en el caso de la familia Díaz Parada, el informe gubernamental establece que pese a la captura de Pedro Díaz, el jefe mayor, el grupo criminal no ha desaparecido:
“Mantiene su centro de operaciones en Oaxaca. Este grupo criminal se distingue por la fortaleza de su mercado, ya que está orientado a la producción y comercialización de mariguana y drogas sintéticas, por lo cual sus áreas de influencia no son representativas de su capacidad de mercado.”
El informe añade un dato que explica, según la visión gubernamental, las causas de la violencia en el país: “Como se puede observar, nueve grupos delictivos cubren la totalidad del territorio nacional; sin embargo, en todas las entidades federativas hay signos de violencia, toda vez que ésta se explica por las siguientes circunstancias: la presencia de armas y de municiones, homicidios relacionados con la disputa y el control de las principales plazas y centros de operaciones, así como factores de grupos y personales”.
La pieza sacrificada
Luego de que el cártel de Sinaloa estableció las alianzas que necesitaba para afianzarse en la mitad del territorio nacional, Nacho Coronel empezó a ver sacudimientos en su entorno familiar y empresarial.
Un grupo especial del Ejército se dedicó a buscarlo y varias veces sacudieron su entorno. Por ejemplo, en marzo de 2009, nueve meses antes de la muerte de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, fue capturado José Ángel Carrasco Coronel. Según datos consultados en la base informática Plataforma México, este personaje fue identificado como sobrino de Nacho Coronel.
Fue localizado en el municipio jalisciense de Tlajomulco de Zúñiga, feudo del capo. A Carrasco Coronel se le atribuyeron varios delitos: portación de armas de alto poder, secuestros y ejecuciones. Cuatro meses antes el Ejército había enviado otro aviso a Nacho Coronel con la detención, en Tonalá, Jalisco, de 14 integrantes del cártel de Sinaloa, entre ellos José Joaquín Castillo Coronel, también sobrino suyo y quien a su vez era socio de El Chapo Guzmán.
En enero de 2010, en el municipio de Zapopan, se desató una balacera. Los protagonistas: familiares de Ignacio Coronel. Todos estaban armados con lanzagranadas y fusiles AK-47, según informó la PGR. El Ejército intervino y detuvo a buena parte de la parentela del también llamado Rey del Crystal. Sus nombres: Ernesto Coronel Peña, José Jaime y Juan Ernesto Coronel Herrera.
Después de que se concretó la alianza entre Sinaloa y el Golfo comenzaron los problemas internos en el grupo criminal que encabezan El Chapo; Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, y El Mayo Zambada.
Diversos hechos de violencia –y posibles operaciones de narcotráfico por la vía libre– debilitaron a Ignacio Coronel dentro del cártel de Sinaloa, pero lo fortalecieron en buena parte del país debido a las asociaciones que tejió.
No se sabe si debido a una venganza de Guzmán Loera o a un conflicto de intereses entre socios –las tesis oficiales apuntan hacia la primera versión–, lo cierto es que la estructura de Ignacio Coronel enfrentó nuevas sacudidas. El 5 de abril de este año un hijo de Coronel, Alejandro, fue levantado por Los Zetas. El cadáver del adolescente apareció el día 9 después de lo cual 12 personas fueron ejecutadas en San José de Costilla, municipio de Xalisco, Nayarit. Ese mismo día fue asesinado Fernando Gurrola Coronado, un porro de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Costa Norte, presuntamente ligado a Coronel Villarreal.
Una fuente consultada por Proceso y que solicita el anonimato afirma que por lo menos en el último año y medio Coronel Villarreal tenía la libertad de aliarse con otros grupos, aunque seguía manteniendo el respeto “por la empresa para la que trabajaba, es decir, para el cártel de Sinaloa”.
–¿Por qué lo mataron? –se le pregunta.
–El gobierno le ha hecho muchos favores al cártel de Sinaloa, lo ha dejado operar libremente. Ahora les toca a ellos, al cártel de Sinaloa, pagar una factura y apoyar al gobierno con una de sus piezas. Pudo discutirse, incluso, a quién sacrificarían. Como Ignacio Coronel ya gozaba de libertades, operaba por su cuenta, pues pudo resultar fácil entregarlo.
“De lo que sí no hay dudas es de que fue entregado por sus socios. En este país no hay una gran inteligencia como para ubicarlo tan rápidamente. Sólo una filtración acabó con el poder que tardó 20 años en consolidar. De esta manera el cártel le paga al gobierno y le entrega al presidente Calderón un tanque de oxígeno para que no se asfixie entre tanta violencia, sospechas e ingobernabilidad.” l
El gremio: informar desde el temor
Gloria Leticia Díaz
La violencia creciente e impune contra los periodistas, aplicada por agentes del Estado y grupos del crimen organizado, es documentada desde hace años por defensores de derechos humanos en el país, y es parte del panorama que encontrarán en México los relatores de libertad de expresión Frank La Rue, de las Naciones Unidas (ONU), y Catalina Botero, de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La misión conjunta que La Rue y Botero realizarán del 9 al 24 de agosto es la primera en su tipo en México, país clasificado desde 2006 por Reporteros Sin Fronteras (RSF) como uno de los “más peligrosos para el ejercicio periodístico en América Latina”, dice Balbina Flores Martínez, representante de la organización.
La protección de los periodistas es uno de los temas centrales en la visita, señaló La Rue en un comunicado difundido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Desde Ginebra, el relator especial de la ONU explicó que la intención de ambos organismos internacionales es “trabajar constructivamente con el gobierno de México en la identificación de vías para asegurar que todas las personas ejerciten su libertad de opinión y expresión sin temer por su seguridad”.
Los relatores visitarán la Ciudad de México y los estados de Sinaloa, Chihuahua y Guerrero, donde se entrevistarán con funcionarios de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes, así como con miembros de organizaciones civiles y organismos públicos.
Esas entidades están entre las primeras nueve con mayores agravios contra periodistas en 2009, de acuerdo con el documento Entre la violencia y la indiferencia: Informe de agresiones contra la libertad de expresión en México, elaborado por la organización internacional Artículo 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Sobre Sinaloa y Chihuahua, el informe refiere que en 2009 fueron escenarios de violencia institucional contra reporteros. Del primero se indica que de 17 casos de agresiones reportadas el año pasado, en nueve “se pudo comprobar la participación directa de efectivos militares”; en tres, de autoridades estatales, y en uno, de autoridades municipales.
En la segunda entidad de los 20 agravios cometidos contra periodistas –incluido un homicidio– “en 80% existen elementos para presumir la responsabilidad de agentes estatales de los tres ámbitos de gobierno”, además de que en ocho ocasiones “las fuerza de seguridad federales” fueron las responsables de agredir a periodistas, en siete de estos casos participaron miembros del Ejército.
El informe de Artículo 19 y el Cencos señala que en Guerrero, en el mismo periodo se cometieron 14 agresiones a comunicadores –incluidos dos asesinatos– y en nueve casos habría responsabilidad de autoridades; de éstas, cinco son municipales, dos estatales y dos militares.
Balbina Flores resalta que los relatores La Rue y Botero, en su visita a México, encontrarán “no sólo una situación de suma gravedad por la impunidad, sino por el incremento de la violencia y las agresiones”.
En entrevista, Flores Martínez advierte que, en su informe anual de 2005, RSF ya alertaba sobre la autocensura en medios del norte del país como “una práctica de silenciamiento impuesto hacia los medios y hacia los periodistas”. En 2006 el organismo internacional clasificó a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, lo que se confirmó con los 10 asesinatos ocurridos ese año.
En su informe de 2009, RSF señala de manera directa a los cárteles del narcotráfico como “predadores de la prensa”, en tanto que detecta la indiferencia de autoridades estatales y federales por esclarecer los crímenes.
A pesar de que el crimen organizado también está presente en las agresiones a periodistas, Balbina Flores puntualiza que en 2009, de 200 quejas que documentó RSF, en 50% de ellas se responsabilizaba a funcionarios públicos de distintos órdenes, en tanto que 60% de los agravios se refirió a amenazas. A causa de éstas, destaca, muchos comunicadores y sus empresas prefieren mantener la mayor parte de sus casos en reserva.
Pero hay casos representativos del clima de violencia e impunidad, y de su impacto en la libertad de expresión, como el asesinato de Roberto Mora García, director editorial de El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 19 de marzo de 2004, que pudo tener como objetivo “silenciar una voz crítica” y que tal vez “jamás sea esclarecido”, según concluyeron RSF, el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) y el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, organizaciones que conformaron la comisión En Memoria, para revisar el caso del periodista tamaulipeco.
Mora García fue asesinado a puñaladas y su cuerpo fue encontrado a mitad de la calle. Por los hechos fueron detenidos dos vecinos del periodista, Mario Medina Vázquez, acusado de ser el autor material, e Hiram Oliveros Ortiz, presunto cómplice y quien reportó el crimen por teléfono.
Después de que las autoridades filtraron que el homicidio tuvo un móvil pasional, seis semanas después de salir de la cárcel Medina Vázquez fue asesinado, el 13 de mayo de 2004. El mismo día Univisión transmitió una entrevista con él, que mostró las huellas de las torturas que le aplicaron para que se declarara culpable.
Recuento de agravios
En su informe anual de 2009, el Cepet brinda una amplia clasificación de agravios a periodistas y medios, en los que destacan la agresión física (45 casos), amenazas (40), acoso o intimidación (16), daño a equipo o propiedad (13) y despojo o incautación de equipo (13).
Sin embargo, por el grado de violencia, el Cepet también reporta casos de asesinato (7), privación de la libertad (6), ataques o amenazas con arma de fuego (6), desaparición forzada (2) y ataque con explosivos (2), entre otros.
En su documento, difundido en internet, se considera que por el discurso y la actuación de fuerzas del orden hacia periodistas, el gobierno de Felipe Calderón percibe y presenta a los periodistas como “adversarios, como cajas de resonancia de las bandas criminales” y ante esta “animosidad por parte del gobierno general de la República, no tendría por qué esperarse algo distinto en los niveles estatal y municipal”.
Así, de la lista de agresores que se identifican en los casos documentados por la organización civil en 2009, el primer lugar lo ocupan las fuerzas el orden, con 50 casos; seguidas por funcionarios y exfuncionarios, en 36, mientras que al crimen organizado se le atribuyen 12 incidentes.
En lo que va del año, el Cepet ha registrado 21 casos en que los implicados son miembros de las fuerzas del orden, siete en los que se involucra a funcionarios y exfuncionarios y 14 donde se menciona a integrantes del crimen organizado.
En los seguimientos de casos registrados por el Cepet resaltan aquellos en que los periodistas son vistos como un enemigo más en la guerra contra el narcotráfico.
Uno de los más recientes ocurrió el 13 de julio de este año en Nuevo Laredo, durante la cobertura de un enfrentamiento entre delincuentes y soldados, algunos de los cuales golpearon a Abisaí Rubio Curiel y Antonio Neftalí Gómez, reporteros de TV Azteca y 106.5 Radio Voz, así como a Ricardo Ramírez Pedraza camarógrafo de una agencia de noticias local.
La golpiza a los periodistas fue conocida por un video. En él se ve al menos a tres militares con el rostro cubierto que avanzan hacia los periodistas y los hacen retroceder a empujones y golpes. Neftalí Gómez asegura haber sido derribado a patadas mientras Rubio Curiel señala que al frente de ese operativo estuvo el teniente coronel Félix Moreno Ibarra.
Otra agresión revela el grado de animadversión hacia la prensa y la impunidad con que actúan las autoridades: la noche del 17 de julio el reportero Édgar Irán López Hernández, del periódico Órale de Coatzacoalcos, fue detenido arbitrariamente por ocho agentes del municipio de Oluta, quienes lo golpearon, lo despojaron de sus pertenencias, lo amenazaron de muerte y le dispararon, aunque no lo hirieron.
De acuerdo con la información recabada por el Cepet, el comunicador fue agredido para acallarlo, pues ese mismo día, junto con colegas de otros medios, atestiguó que los policías estaban ebrios en la comandancia. Uno de los reporteros, Enrique Quiroz García, de la agencia Notisur, tomó fotografías del alcalde Juan Manuel Garduza Salcedo en el momento en que reprendía a uno de los agentes borrachos, lo que le valió que el munícipe le arrebatara su cámara.
Mientras Quiroz y otros periodistas exigieron a Garduza que devolviera el equipo fotográfico, López Hernández se retiró de la localidad y fue perseguido por una patrulla municipal. El reportero informó a sus colegas de la persecución y exigieron al alcalde que interviniera, pero Garduza se negó. Cuando López Hernández se volvió a comunicar con sus compañeros fue para pedirles con voz angustiada que no publicaran nada de lo ocurrido.
López Hernández y Quiroz García denunciaron los hechos ante el Ministerio Público de Acayucan, pero hasta ahora el único servidor público sancionado es el policía borracho que fue captado por la cámara de Quiroz García mientras era regañado por el acalde, en tanto que los agresores siguen en funciones.
Desaparecida en Michoacán
Un caso que ha conmovido a varias organizaciones de defensa de la libertad de expresión es el de la desaparición de la reportera de Cambio de Michoacán, María Esther Aguilar Casimbe, quien fue vista por última vez el 11 de noviembre de 2009 en Zamora, al término de la cobertura de un acto en una guardería.
El caso fue denunciado por sus familiares ante la subdelegación de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán,pero el 17 de noviembre las autoridades locales notificaron a colegas de María Esther que se había declinado la competencia a favor de la PGR.
De acuerdo con los familiares, un año antes la reportera fue amenazada por un hombre armado; y poco antes de su desaparición, María Esther publicó notas relacionadas con la detención de Jorge García Garnica, presunto líder de La Familia en Zamora, así como reportajes de abusos cometidos por el entonces jefe de la Policía Municipal Jorge Arturo Cambroni Torre, quien fue destituido poco después.
Algunos casos son todavía más fuertes, pues afectan a las familias, como en el caso de la viuda de Armando Rodríguez Carreón, reportero de El Diario, de Ciudad Juárez, asesinado el 13 de noviembre de 2008 cuando salía de su casa en compañía de su hija de ocho años.
De acuerdo con un reporte del Cepet, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se niega a pagarle a la viuda, Blanca Alicia Martínez de la Rocha, y a su hija, la pensión por viudez y orfandad.
Según el reporte recabado por la organización civil, después de que un primer peritaje del IMSS del 23 de febrero de 2009 determinó que la muerte de Rodríguez Carreón fue un “accidente de trabajo”, recientemente el IMSS recalificó el crimen del comunicador como “accidente de trayecto al trabajo”. El asunto permanece sin avances aunque está siendo investigado por la procuraduría local y la PGR.
Los relatores especiales realizarán su visita después de que el gobierno renombrara a la dependencia especializada en conocer los delitos cometidos contra periodistas, adscrita a la PGR. El pasado 5 de julio, el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo por el que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) se llamará Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
La FEADP fue duramente criticada por organizaciones civiles al no acabar con la impunidad. Un análisis elaborado en 2009 por Artículo 19 y el Cencos revela que de 108 asuntos atendidos por esa fiscalía de
Y es precisamente la impunidad el principal reporte que el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Fernando Batista Jiménez, pondrá sobre la mesa cuando se entreviste con los relatores Botero y La Rue, el próximo 12 de agosto, apunta en entrevista.
Tras informar que la CNDH tiene registrados 64 asesinatos de periodistas desde 2000 y 12 desapariciones desde 2005 –casos en los que sólo se han resuelto 10 homicidios con una sentencia condenatoria y el resto sigue sin esclarecerse– Batista Jiménez resalta: “Tenemos 10 años en que los periodistas sufren cada día un mayor número de amenazas y de atentados; lo muy delicado es que las autoridades encargadas de procurar justicia no lo han hecho, tanto la Fiscalía como las procuradurías locales (…). Esto implica que estos hechos continúan en la impunidad y lo único que hace es alentar a la delincuencia y al crimen organizado a seguir amenazando a los periodistas en perjuicio, sin duda, de la libertad de expresión”.
El visitador, que tiene a su cargo la defensa de periodistas, migrantes y víctimas de trata de personas, resalta que de los 604 expedientes de queja abiertos por la CNDH desde 1999 por agravios a periodistas, 284 se han registrado durante el gobierno de Calderón, lo que “pareciera tener una relación directa con este combate frontal al crimen organizado” emprendido desde diciembre de 2006.
Batista Jiménez, quien prefiere dejar en manos de las autoridades judiciales la determinación de cuántas agresiones a comunicadores han sido perpetradas por el crimen organizado, añade que los agentes de seguridad del Estado son los principales actores denunciados como violadores de derechos humanos de los periodistas.
De
Batista Jiménez apunta que de la quinta visitaduría de la CNDH se han emitido 20 recomendaciones particulares y una general, la 17/2009, que suma 65 casos de agravios contra periodistas, sin que estas medidas hayan impactado en las autoridades para que procuren garantizar mayor seguridad para el gremio periodístico.
“Independientemente de lo que las autoridades puedan o no contestar a las recomendaciones, nosotros seguimos viendo un clima de amenazas y un clima de peligro para el ejercicio del periodismo pleno en nuestro país y eso es lo que preocupa “, admite el funcionario de la CNDH, organismo cuestionado la última semana de julio, cuando divulgó, sin consentimiento de los familiares, el levantón de cuatro comunicadores en Durango (Proceso 1761). l
En el PAN, purga sta... calderonista
Álvaro Delgado
A dos años de dejar la Presidencia, Felipe Calderón quiere guiar él solo a su partido a fin de controlar la candidatura presidencial y enquistarse en sus órganos directivos. Sin embargo, él mismo se ha alejado de los suyos y se convirtió en factor de división por su intolerancia y sus imposiciones. En este contexto, la inminente expulsión del expresidente nacional panista Manuel Espino se lee entre viejos militantes como una purga autoritaria.
Con una estela de derrotas electorales en todos los niveles durante casi cuatro años de gestión, que no compensan las tres gubernaturas recién ganadas con candidatos ajenos, con su fuerza política en declive y un partido dividido, Felipe Calderón se atrinchera en el Partido Acción Nacional (PAN) para controlar la candidatura presidencial y, desde ahora, eliminar a uno de los aspirantes: Manuel Espino.
El inminente juicio para expulsar al expresidente del PAN, quien ya concluyó su cargo en la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y en breve anunciará una “exploración” entre la militancia para buscar la candidatura presidencial, se prevé que profundice el encono, sobre todo porque nunca se ha procedido contra un exjefe nacional y porque se empalmará con el proceso de sucesión de César Nava en la presidencia.
Pero a diferencia de lo que ocurrió con Germán Martínez, en 2007, y con Nava, el año pasado, Calderón no goza de una mayoría cómoda en el Consejo Nacional del partido que convalide su designación, como lo advirtió el diputado Javier Corral en la integración, en mayo, de ese órgano directivo:
“Tiene que ver con el propio desgaste del presidente, que está a dos años de su retiro del poder y se empiezan a aflojar algunos resortes. No todos los resortes están tan intactos o tan resistentes y ha habido muchas bajas en el equipo colderonista, quizá propiciadas por el propio presidente, que ha tomado distancia de muchos de sus principales aliados.”
Así, pese a que el senador Gustavo Madero, el diputado José González Morfín, el consejero nuevoleonés José Luis Coindreau y el propio Corral se promueven para presidir el PAN, se prevé que Nava será sustituido, en diciembre, por el exgobernador de Jalisco y exsecretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, identificado también como incondicional de Calderón.
Los reacomodos en el PAN, derivados de los cambios en el gabinete de Calderón –como el envío de su vocero Maximiliano Cortázar al CEN, quien “llegó pateando la puerta”–, se producen en un contexto de las sucesivas derrotas como las de este año, que comenzaron en Mérida, Yucatán, y concluyeron en Baja California, sus bastiones desde hace dos décadas, que obedecen a conflictos internos.
“Cuando no hay unidad, derrota segura”, dice Eugenio Elorduy, exgobernador de Baja California, donde el PAN padeció una debacle inédita desde hace 21 años y donde el principal operador electoral del gobierno estatal, Francisco Blake, es ahora secretario de Gobernación. Lo mismo ocurrió al otro extremo del país, en Mérida.
“La derrota se debe al divisionismo producto de las imposiciones”, juzga Sara Mena, viuda de Víctor Manuel Correa Rachó, el primer alcalde panista de Mérida, y pone como ejemplo a Beatriz Zavala, la candidata perdedora, como lo fue el exaspirante a la gubernatura, Xavier Abreu, ambos del grupo de Calderón.
Rafael Castilla Peniche, expresidente estatal yucateco, considera que es preciso eliminar en el PAN el “ya común y horrendo espectáculo” de votar en asambleas por “la línea y la consigna” para conseguir o no perder el trabajo en el gobierno.
Secretario particular de Correa Rachó como alcalde de Mérida, en 1968, y amigo de Carlos Castillo Peraza desde la niñez, Castilla Peniche plantea la disyuntiva para el PAN: ser “el partido de Aristóteles o el partido de Maquiavelo”.
El PAN padece, además, un “desdibujamiento” y una pérdida de identidad por su alianza con los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Convergencia, cuyas tres únicas victorias fueron con los expriistas Gabino Cué en Oaxaca, Rafael Moreno Valle en Puebla y Mario López Valdez en Sinaloa, que le evitaron una catástrofe mayor.
“Es más una derrota del PRI que una victoria del PAN”, interpreta el exdiputado Juan José Rodríguez Prats, quien es escéptico sobre cómo van a gobernar los tres nuevos gobernadores, expriistas como él. “Si Cué va a gobernar como Ulises Ruiz, Moreno Valle como Mario Marín o Mario López Valdez como Jesús Aguilar, entonces de qué se trata”.
Crítico específicamente de la alianza con el PRD en Chiapas, tramada por el gobernador Juan Sabines debido al “estado de necesidad” del PAN en ese estado, como lo reconoce Nava, pregunta: “¿Qué somos en Chiapas? ¿Partido de oposición o partido en el gobierno?”.
Y advierte del riesgo de estas alianzas: “¿Para ganar tenemos que ser como los otros (los priistas)? Si continuamos siendo nosotros, los del PAN de siempre, ¿no tenemos posibilidades de triunfar? ¿Si conservamos nuestra identidad vamos al fracaso?”
“El mínimo deber del PAN es ser distinto en el poder. El PAN durante 70 años fue profundamente crítico. Si no nos distinguimos llegando al poder vamos a causar una situación semejante a la de Francisco I. Madero cuando se viene la Decena Trágica. ¿Qué no somos un pueblo apto para la democracia?”
Por eso se pronuncia por la salida de Nava de la presidencia del PAN –“le recomiendo un retiro decoroso”– y que sea relevado por Ramírez Acuña para enfrentar la elección presidencial de 2012, que considera “el reto más serio en la historia” de su partido.
“Violaciones graves” de Espino
Después de que Calderón asumió la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2006, se han sucedido derrotas contundentes para el PAN, que comenzaron con la pérdida de la gubernatura de Yucatán, en mayo de 2007, y una debacle en elecciones estatales de ese año.
En 2008 fue vapuleado en Baja California Sur, Nayarit, Quintana Roo, Coahuila, Hidalgo y Guerrero. En estos dos últimos estados retrocedió hasta el cuarto lugar. Y al año siguiente, 2009, que marcó la salida de Martínez de la presidencia del partido, la debacle fue histórica.
La pérdida cuantitativa fue de 4.2 millones de votos respecto de la elección de diputados federales de 2006 y, aunque obtuvo 1 millón de votos más que en la última elección intermedia (2003), en términos relativos cayó de 30.7% de ese año a 27.9% de los votos emitidos en 2009, según datos del diario Reforma. Sólo ganó el gobierno de Sonora, en el contexto de la tragedia de la guardería ABC.
Para este año se anticipaba que el PAN sería aplastado en las elecciones para gobernador en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Puebla y Tamaulipas, como ocurrió en las elecciones municipales de 2007, pero las alianzas con el PRD atenuaron el desplome, a costa de perder identidad.
En Baja California la debacle fue casi total: el PAN perdió los cinco ayuntamientos y 15 de 16 diputaciones, algo no visto desde que, en 1989, ganó la gubernatura Ernesto Ruffo.
En este contexto, se activó el juicio de expulsión al que se someterá a Espino en la Comisión de Orden, debido a que incurrió en violaciones estatutarias graves, a juicio del presidente del PAN en el Estado de México, Octavio Germán Olivares.
Integran la Comisión de Orden su presidente, Tarcisio Rodríguez, director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos; Abelardo Escobar, secretario de la Reforma Agraria; y Luis Mejía, subsecretario de la Sedesol, los tres viejos amigos de Calderón, así como Nancy Arellanes Cervantes, delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Nuevo León, y el diputado federal Jesús Ramírez, ambos amigos íntimos de Nava.
Al respecto, el exgobernador Elorduy Walter se pronuncia contra el proceso de expulsión de Espino: “Tenemos que ser muy cuidadosos y respetuosos de la libertad que tiene cada uno de los panistas de poder expresar sus opiniones. Se tiene que ser respetuoso de la institución y de los compañeros, pero no por eso se debe juzgar y ameritar una expulsión”.
–¿Ve inminente la expulsión de Espino?
–Yo confío en la prudencia y en el respeto a la dignidad de las personas y a su libertad. Hay que ser prudentes y no juzgar anticipadamente.
Amigo de Espino, aunque distanciado desde que dejó la presidencia del PAN, Rodríguez Prats cree que sí existen elementos para sancionarlo:
“Siento que Espino sí incurrió en graves violaciones. Tengo una relación amistosa con él, inclusive de gratitud, y se le ha dado un trato, desde hace años, para humillarlo. Yo he sufrido eso y uno se convierte en un animal de la selva. Al PAN le faltó solidaridad con él por su desempeño como presidente del PAN.”
El juicio a Espino generará convulsión interna porque jamás se ha juzgado a un expresidente del PAN, “que sin lugar a dudas tiene partidarios”, si bien, aclara, “ha dilapidado su capital político”.
Rodríguez Prats celebra no formar parte de la Comisión de Orden que, dice, enfrenta el “dilema terriblemente peligroso” de enjuiciar a un expresidente del partido. “Confío en que su decisión será sensata y prudente”.
–¿Lo expulsarán, siendo amigos y empleados de Calderón?
–Conozco a Tarcisio Rodríguez y a Luis Mejía. Son panistas de una enorme calidad. Meto las manos al fuego por ellos, son gente de primera. Descarto totalmente que vayan a actuar por consigna.
Pero aclara que la decisión que tomen repercutirá en la unidad del PAN: “Esto la comisión lo debe tomar en cuenta, sobre todo hacia el 2012, que es el reto más serio en la historia del PAN. El partido que gane en 2012 es el que llegue menos dividido”.
Intolerancia
Es justamente la división interna uno de los principales problemas del PAN, tal como lo documentó la Comisión de Reflexión integrada después de la debacle de las elecciones de julio de 2009, que encabeza José Luis Coindreau, a quien supuestamente Margarita Zavala, mujer de Calderón, impulsa para relevar a Nava, si bien el que tiene mayores posibilidades es Ramírez Acuña.
Y es que, como lo han expresado panistas como Javier Corral, Calderón y su facción no toleran las criticas: “El calderonismo quiere incondicionales, quiere uniformidad, no quiere que se le cuestione adentro ni afuera”.
Existe, además, el afán de, ante una eventual derrota en 2012, seguir controlando el PAN: “El calderonismo, absolutamente consciente del riesgo en el que estamos de perder el poder en 2012, quisiera por lo menos quedarse con el partido para las definiciones posteriores, pero hay un sector que no nos resignamos a creer que ese riesgo es definitivo y que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar el regreso del PRI a Los Pinos”.
En Baja California, cuyo actual gobernador, José Guadalupe Osuna, es parte del grupo de Calderón, Elorduy explica que la contundente derrota se explica no sólo por los candidatos y por la capacidad del PAN, sino también por sus gobiernos en los tres niveles.
“La acción de gobierno debe precisamente transmitir lo que es el PAN y el panismo, no puede haber gobiernos convertidos en actuaciones personales”, dice, y menos pretender engañar a los ciudadanos: “Cuando se le subestima, cuando se cree como partido, gobierno o candidato dorarle la píldora al ciudadano, grave y craso error. Si se le subestima, derrota segura”.
Lo mismo ocurrió en Yucatán, dice Sara Mena, la principal voz crítica de las imposiciones del grupo de Calderón, que sólo han generado derrotas y que aún así, subraya, sigue repartiendo cargos en el gobierno federal.
“Está como en deuda porque aquí ganó la candidatura”, dice en referencia a la victoria en la elección interna de 2005, cuando se impuso a Santiago Creel y Alberto Cárdenas bajo acusaciones de fraude desde el gobierno de Patricio Patrón Laviada, actual procurador ambiental.
De hecho, después de la derrota del PAN ante el PRI, Mena le reclamó personalmente a Patrón la crisis del PAN: “¿Qué hiciste, que en seis años ya no hay credibilidad en Acción Nacional?”.
Por eso, dice, en vez de expulsar a Espino se debería proceder contra los panistas de Yucatán que han generado división por las imposiciones, como la de Zavala Peniche y el coordinador de su campaña, Luis Montoya, quienes “sólo obedecen órdenes de Patricio”.
–Si se expulsa a Espino, ¿se verá como venganza de Calderón?
–Exactamente.
Castilla Peniche identifica las fracturas internas como el principal problema del PAN a nivel nacional, originado por la manipulación del padrón electoral.
“Tenemos que terminar con el ya común y horrendo espectáculo de supuestos panistas, creyentes de la dignidad de la persona humana y del bien común, que votan en nuestras convenciones no por el más capaz ni por el más idóneo, sino por aquél a quien el dedo invisible de la línea y de la consigna señalan como el elegido, por aquél que los hará conservar la chamba, el puesto o los favores políticos”, plantea.
Panista rebelde y romántico, quien como diputado votó contra el Fobaproa cuando Calderón era presidente del PAN –“y he pagado el costo”–, cree indispensable discutir a nivel nacional la disyuntiva de ser “el partido de Aristóteles o el partido de Maquiavelo”:
“¿Queremos el de Aristóteles, el de la dignidad de la persona humana, el de la búsqueda y el logro del bien común, el de la felicidad colectiva, el de la política como la actividad más excelsa? ¿El partido de la ética del derecho y el respeto del orden jurídico? ¿O queremos el de Maquiavelo, cuyas frases son célebres: el fin justifica los medios, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, el sentimiento del miedo es más fuerte que el sentimiento del amor, no hay que atentar contra la propiedad privada a menos que se mate al propietario?”
Se responde: “Tenemos que poner un hasta aquí a nuestra ya escandalosa ambición política que nos hace manipular y hacer selectivos padrones internos de militantes, o pisar y calumniar al compañero panista con el fin de conseguir una candidatura”.
Sin atribuir responsabilidad directa ni a Calderón ni a Nava ni a Espino por la situación del PAN, Castilla Peniche urge a la rectificación y cita una frase de Julio Cortázar: “Nada está perdido si se tiene el valor de declarar que todo está perdido y comenzar de nuevo”.
“Ganó la maquinaria”
Álvaro Delgado y José Luis Sanz
SAN SALVADOR/ CD. DE MÉXICO.- La voz desgarrada del senador Jorge Ocejo Moreno sonó en el salón del hotel Crowne Plaza de San Salvador, cuando pidió a los presentes que se sentaran alrededor de la mesa en forma de U: “Así podremos dar cumplimiento a la agenda del día, que incluye la revisión de estatutos, de asuntos doctrinarios de la asociación y la elección de los cargos pendientes”, explicó.
Eran las 10:30 de la mañana y, en teoría, ese sábado 31 de julio el décimo congreso de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) debía nombrar nuevo presidente. En realidad, las palabras de Ocejo eran ya las de un nuevo presidente. Lo habían elegido antes de tiempo, la tarde anterior, y por unanimidad, según la versión oficial.
El ambiente del congreso de partidos latinoamericanos de derecha –autodenominados democristianos y centrohumanistas–, programado para el 30 y el 31 de ese mes, se tensó progresivamente en los días previos.
Uno de los dos candidatos a suceder al mexicano Manuel Espino en la presidencia, el senador colombiano Efraín Cepeda Sarabia, denunció el 27 de julio la intromisión del presidente de México, Felipe Calderón, con llamadas privadas a otros mandatarios de la región y a dirigentes partidistas vinculados con la ODCA. Pedía el voto para Ocejo, senador del Partido Acción Nacional (PAN).
Espino, expresidente del PAN, cercano al expresidente Vicente Fox y quien está en curso de ser expulsado de ese partido debido a sus enfrentamientos con Calderón, de inmediato hizo pública la intromisión de éste para imponer a Ocejo, viejo militante de la organización ultraderechista El Yunque, a la que también pertenece el actual dirigente panista, César Nava.
El mismo día 27, por la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se apresuró a desmentir oficialmente cualquier tipo de injerencia presidencial en el proceso interno de la ODCA.
La polémica se había desatado. Los partidos miembros de la organización sabían desde semanas antes que el gobierno mexicano quería que el PAN mantuviera, a través de Ocejo, la presidencia de la democracia cristiana latinoamericana. Y su interés era tan fuerte como inusual.
“Durante los últimos cuatro años, desde que Espino ganó la presidencia de la ODCA, el PAN no ha participado en reuniones de la organización ni ha apoyado a su directiva”, afirma un miembro del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) de República Dominicana.
Ni Ocejo lo oculta. En entrevista con Proceso, reconoce: “Así es. No puedes negar la historia que tienes pegadita aquí. Al estar en desacuerdo en algunos asuntos (con Espino), las diferencias escalaron hacia el exterior”.
Cuestión de Estado
Durante el congreso de la ODCA, Proceso entrevistó a miembros de diversas delegaciones y partidos pertenecientes a esta organización. Algunos aceptaron ser citados como fuentes, otros pidieron el anonimato con el argumento de que querían dar por zanjadas las diferencias internas.
De entrada, confirmaron que llegaron al congreso con una certeza: lo que se estaba resolviendo allí era, en realidad, un pulso interno entre panistas.
“En el PAN temían que Espino siguiera usando la ODCA como plataforma desde la cual criticar al gobierno de Calderón, y sospechaban que el colombiano Cepeda podía permitir que Espino, tras dejar la presidencia, mantuviera influencia en la organización”, asegura un dirigente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de El Salvador.
Ocejo replica, en referencia a Espino: “En el PAN como en cualquier partido político, tenemos discusiones internas, pero las diferencias se deben resolver al interior. No puedes usar tu cargo en la organización de partidos para criticar en público a un gobierno (…), menos aún vas a criticar al gobierno de un partido que es miembro de la ODCA”.
Los candidatos colombiano y mexicano llegaron a San Salvador sin certeza de cuál iba a ser el resultado final. Los estatutos de la ODCA establecen que la elección de su presidente se resuelve por mayoría simple entre las 25 delegaciones de los países con partidos integrantes. Cada delegación tiene un voto, independientemente del número de partidos que tenga inscritos en la ODCA. Cada aspirante necesitaba 13 votos.
Para lograrlos, el PAN desplegó en San Salvador a un grupo de cabilderos encabezado por su presidente, César Nava, quien regresó a México el sábado por la mañana, tras la votación. En este equipo se encontraba Luis Rodolfo Oropeza Chávez, coordinador de Análisis y Estrategia del Comité Ejecutivo Nacional. Pero el as en la manga de Ocejo era Calderón.
De hecho, en el vestíbulo del hotel Crowne Plaza el propio Cepeda le reclamó personalmente a Nava la “indebida intromisión” de Calderón como jefe de Estado para “descarrilar” su candidatura e imponer la de Ocejo. Nava le contestó: “Ustedes no conocen a Espino”.
Y es que el 26 de julio Calderón telefoneó al expresidente colombiano Andrés Pastrana –quien entre 1998 y 2009 presidió el Partido Conservador Colombiano (PCC)– para pedirle que Cepeda retirara su candidatura. Alegó que se trataba de una “cuestión de Estado”.
Espino revela que la intromisión de Calderón fue censurada incluso por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, luego de que lo enteró Cepeda.
“Uribe le ofreció llamarle al presidente Calderón y así lo hizo –expone Espino–. Lo que dijo fue: ‘Voy a hablarle en este momento, solamente para hacerle una muy respetuosa sugerencia: que no se involucre en la ODCA. Estamos defendiendo la democracia en América Latina y estas cosas no ayudan’.”
En otra llamada, Calderón pidió al presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, que hiciera posible el voto del PRSC a favor de Ocejo. Fernández no pertenece a ese partido, sino al de la Liberación Dominicana (PLD), pero el PRSC es parte de la coalición de gobierno en la isla.
La llamada dio frutos. A pesar de los desmentidos de la SRE y de la insistencia de Ocejo en que “no existieron tales llamadas”, el 30 de julio llegó a San Salvador un fax de Carlos Morales Troncoso, presidente del PRSC y canciller dominicano, en el que se notificó un cambio de última hora del delegado de su país al congreso de la ODCA. Rafaela Alburquerque, que había anunciado públicamente su respaldo al candidato colombiano, quedaba fuera.
“El canciller me llamó para pedirme que votara por el PAN. No sé por qué lo hizo. Lo decidió él solo, sin consultar con el resto del partido. Acordé ceder mi espacio, porque yo ya había comprometido mi palabra y así no rompía la disciplina del partido”, explica Alburquerque, que los últimos tres años ha sido vicepresidenta de la ODCA para la región Caribe.
“Fernández cometió el error de meterse a la vida del partido de la ODCA y se comprometió a que el voto de Dominicana tenía que ser para México”, dice Espino, quien asegura que Calderón usó un argumento inobjetable: “Dijo que era una razón de Estado”. Otro jefe de Estado que también fue presionado por Calderón fue Michiel Godfried Eman, primer ministro de Aruba. Espino objeta: “¡No son presidentes de partido, son jefes de Estado!”.
En la misma lógica, el chileno Gutenberg Martínez, expresidente de la ODCA, condicionó el apoyo del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Chile al presidente de Honduras, Porfirio Lobo, a que el partido homónimo de este país respaldara a Ocejo. “Si tú quieres que te apoyemos, primero tienes que votar por el candidato de México, Jorge Ocejo”, le dijo Gutenberg al presidente del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, Lucas Aguilera.
“Que el presidente Calderón dé importancia a la ODCA es positivo, pero lo sucedido no es apropiado”, refunfuñó Aguilera.
Simulacro de votación
Ante la posibilidad de que ese clima de constante negociación hiciera imposible que el congreso de la ODCA discutiera otros asuntos, representantes del Partido Popular de Panamá y del Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica propusieron el 30 de julio un cambio en el orden del día para adelantar la elección de presidente y el diseño de un procedimiento para ocultar las diferencias tras un muro de aparente concordia.
En un aparte, tres delegados de cada candidato acordaron que se realizaría un simulacro de votación y el ganador sería considerado candidato único a la presidencia, además de nombrar a su segundo y tercer vicepresidentes. El perdedor asumiría la primera vicepresidencia y tendría derecho a presentar una terna de la que el ganador escogería al cuarto vicepresidente. “Así nadie salía derrotado del todo y la organización lograba una inercia positiva”, explica Rodolfo Parker, presidente del PDC de El Salvador y anfitrión del congreso.
Pese a que delegados de cuatro países no habían llegado todavía, la votación se llevó a cabo. En papeletas que incluían las fotos de ambos candidatos, cada delegado marcó una cruz y depositó su voto en una urna. El resultado inicial fue de 14 para Ocejo y 5 para Cepeda, aunque finalmente se decidió tomar en cuenta la opinión de los delegados no presentes y se corrigió el resultado a un 15-8 que daba ganador al mexicano. Los partidos de Cuba y Perú no lograron un acuerdo interno y sus votos se declararon nulos.
Con el resultado en la mano, los dos candidatos se reunieron a solas en un salón adjunto y ultimaron los detalles: el colombiano, con 19 años de experiencia legislativa, exvicepresidente del Congreso de su país, propuso como presidente de la ODCA a Ocejo. Éste, a su vez, propuso a Efraín Cepeda como vicepresidente. Un vals de corrección política.
Una vez ratificado, Ocejo encargó la segunda vicepresidencia a Juan Carlos Latorre, del PDC de Chile, y la tercera al dominicano César Dargam, como pago por su respaldo en la votación. Dargam fue el sustituto de Rafaela Alburquerque.
La terna presentada por Cepeda para la cuarta vicepresidencia incluyó dos nombres que Ocejo nunca aceptaría: el de Alburquerque y el de Marcelino Miyares. Éste, presidente del PDC de Cuba, con sede en Miami, y vicepresidente de la ODCA durante la gestión de Espino, declaró el 30 de junio que Nava estaba “en las nubes” si pensaba que Ocejo iba a ganar la elección. Ocejo eligió la tercera opción, el salvadoreño Rodolfo Parker.
“Diseñamos la terna para que, sin margen de error, quedara Parker”, acepta un delegado colombiano, entre sonrisas. Él y el resto de su delegación resumen lo sucedido con un escueto “venció la maquinaria”. Un representante salvadoreño apunta: “Desde México hay incluso quien sugirió la posibilidad de que si perdía Ocejo, el PAN podía retirarse de la organización”. l
Alianzas
marta lamas
Respuesta al lector Alan Hernández Campos
En un artículo previo (Proceso 1758, 11 de julio) escribí sobre las alianzas PRD/PAN. Las califiqué como meramente instrumentales y dudé sobre cómo conciliarán esos partidos sus visiones radicalmente distintas sobre tantísimas cuestiones. Y me pregunté: “¿Son las alianzas una palanca para progresar hacia la sociedad que deseamos y que el país salga de su situación de brutal desigualdad, injusticia y violencia? Tal vez, si el trabajo de ser alianza obliga a los partidos a modificar sus prácticas y a gobernar tomando verdaderamente en serio los deseos y necesidades de una ciudadanía plural. Muchos ciudadanos creen que las alianzas podrían dar un giro sustantivo a la política mexicana. Pero esas alianzas no irán muy lejos si no asumen que junto a los anhelos democráticos están las exigencias redistributivas, acompañadas de la legítima reivindicación de las libertades individuales. Será una dura prueba para el PAN y para el PRD gobernar Puebla y Oaxaca, pero si estos recién elegidos gobernantes registran y asumen la transformación que ha ocurrido en las mentalidades ciudadanas, si alientan verdaderamente nuevas formas de participación ciudadana, entonces tal vez despegue el proceso de renovación política que urge en nuestro país. Lo veo muy difícil, pero ese gran desafío que hoy enfrentan Gabino Cué y Rafael Moreno Valle es la apremiante e inmensamente compleja tarea que nuestro país requiere”.
Alan Hernández Campos, un lector, interpretó que estaba celebrando las alianzas y criticó mi “optimismo” (Palabra de Lector de Proceso 1761, 1 de agosto). Probablemente no fui clara con mi ambivalencia: festejé el triunfo de Cué y Moreno Valle al mismo tiempo que manifestaba mis sentimientos encontrados con la alianza. Por eso agradezco la carta de Hernández Campos, que me permite explicarme mejor.
Yo veo la situación política mexicana como eso que Ludolfo Paramio, un intelectual y político español, caracterizó como la “doble realidad de la política”. En un texto titulado Por una política desencantada, Paramio señalaba que por un lado están los movimientos sociales como expresión inmediata de deseos y necesidades, de sueños sociales y aspiraciones colectivas. A este nivel los valores son absolutos, no hay negociación y la realidad social no tiene claroscuros. Por el otro lado ubicaba a los políticos profesionales, los tecnócratas y los funcionarios de carrera haciendo una “política desencantada”, que sabría de la necesidad de la negociación, del recorte y del establecimiento de prioridades. “A este nivel se tomarían las decisiones, se sintetizarían las aspiraciones sociales, tratando de llegar al resultado menos malo posible”.
Tal vez porque yo me ubico del lado de los movimientos sociales y al mismo tiempo tengo muchos amigos en la realpolitik reconozco esa doble realidad de la política en las recientes victorias electorales de la alianza PAN/PRD. E, independientemente de lo que yo deseo de la política, y de las críticas a los partidos que hace Alan Hernández Campos (y que comparto), creo que para la ciudadanía oaxaqueña y poblana fue positiva esa alianza PAN/PRD. Hernández Campos dice que los mexicanos deberíamos desistir de hablar de “triunfos” hasta que éstos desciendan a la sociedad. Pero, después de todo lo que esas sociedades han padecido con Ulises Ruiz y Mario Marín, ¿no hubiera sido siniestro que los candidatos de éstos ganaran? ¿No fue una conquista de la sociedad esta victoria electoral? Estoy convencida de que sí, y de que en Oaxaca y Puebla la alianza PAN/PRD expresó un ¡basta ya! ciudadano valiosísimo.
Ahora bien, esta alianza instrumental, o sea este acuerdo pragmático y coyuntural, no sirve para hacer justicia ante todos los lacerantes problemas de nuestro país: los de los familiares de los niños de la guardería ABC y de las asesinadas en Ciudad Juárez; la ausencia de una política social y educativa verdaderamente comprometida con los distintos sectores de la población; y el juicio a los políticos criminales, por nombrar sólo los que señala Hernández Campos. Pero tampoco creo que haya que esperar a resolver esos horrores para dar batallas locales y lograr avances en el día a día.
Hace años José Aricó, un socialista argentino exiliado en México, criticaba el exceso de utopismo y señalaba que una cosa es la utopía y otra la dimensión proyectual del ser humano. Decía que existe un mundo de anhelos y sueños, y otro mundo de necesidades. Y que sobre este último –el de las necesidades– el ser humano monta su proyecto de vida, que es siempre limitado, porque es lo que en ese momento es posible. Aricó también decía que el exceso de discurso utópico liquida la posibilidad de amar lo posible, y que sin algo de adhesión a lo posible, de búsqueda de lo posible, no podemos hacer de la política una dimensión humana.
Esa dimensión humana de la política está compuesta de pequeños pasos, como el NO que le dijeron en Oaxaca y Puebla a Ulises Ruiz y a Mario Marín. Y como las elecciones hubieran podido tener otro desenlace, más que “optimismo”, siento alegría ante la derrota de esos nefastos personajes. Y al mismo tiempo que festejo estos pequeños triunfos de la ciudadanía oaxaqueña y poblana, persisten mis temores y dudas sobre si sus gobiernos en alianza PRD/PAN podrán cambiar el ominoso rumbo que ha tomado la realidad mexicana. l
La vida leve
Rodrigo Vera
En las crónicas de Germán Dehesa los pudores de la sociedad mexicana se desploman y los dolores de la política tienen al menos valor como entretenimiento. El especialista de la vida cotidiana, de la “cosa leve” como él dice, recibirá el miércoles 11 la medalla de Ciudadano Distinguido por parte del Gobierno del Distrito Federal y ese mismo día estrena su espectáculo Permiso para vivir.
Crítico de la clase política mexicana, a cuyos miembros ha satirizado en crónicas periodísticas y obras teatrales sin hacer distingo de filiaciones partidistas, Germán Dehesa comenta: “Siempre me han dado risa y me han sublevado los miembros de la clase política y de la burguesía mexicana; tan ignorantes, tan vulgares, tan abusivos. Descubrí que lo que más les duele es la sátira, lo que a mí se me da por herencia familiar y de manera inherente”.
En el estudio de su casa, frente a la amplia mesa de madera labrada en la que suele escribir, Dehesa prosigue con voz apagada y sin abandonar su humor cáustico:
“De pronto veo a los priistas como a magos de pastorela, son chistosísimos en ese sentido, así sean unos hijos de la chingada que llegan al extremo de matar. Alguno que otro me habla para decirme: ‘No jodas, ya déjame en paz’. Y yo me digo: bueno, le daré tregua por unos tres meses”.
–¿Y los panistas?
–Ellos no asimilan la crítica como los del PRI. Todo lo toman como si fuera un ataque personal. Aún les falta darse cuenta que, más allá de la burla por su desempeño político, hay un respeto total por su persona. De pronto me mandan recados terribles, diciéndome que soy un desnaturalizado y cosas así.
–¿Con los del PRD es igual?
–Como no han podido llegar al alto poder, los perredistas me invitan a comer, platicamos y nos sobamos el lomo. Son complacientes, comprables, faltos de rectitud y de hombría. No les hacen mucha mella los destierros, encierros y sufrimientos que ha tenido que soportar la izquierda mexicana. Ellos se acomodan y adelante. Da tristeza ver cómo ha perdido presencia el PRD, partido con el que genéticamente tengo más cercanía, ya que mi padre fue uno de los fundadores del Partido Comunista.
–Usted ha escrito sobre la relación que mantuvo con Carlos Salinas, Roberto Madrazo, Colosio…
–Y con muchos más, de cuyo nombre no quiero acordarme porque los políticos han prostituido a nuestra patria, sin darse cuenta de que están ofendiendo a la madre. Yo nunca he robado nada, nada, pero reconozco que los mexicanos tenemos cierta vocación ratona.
“Qué malos bichos hemos tenido en los puestos de gobierno. Son salvajes, no tienen llenadera ni criterio para robar. Y son tan menores como el que actualmente nos gobierna, el Felipillo.”
–¿En qué nota su pequeñez?
–En todo, en su no notarse.
Dehesa ha escrito artículos y crónicas en los diarios Novedades, El Norte de Monterrey, El Financiero y Reforma, donde publica desde su fundación la columna “Gaceta del Ángel”.
Entre sus libros –algunos son recopilaciones de sus escritos periodísticos– están La vida y sus dibujos, Fallaste corazón, Los PRIsidentes, La familia y otras demoliciones, Viajero que vas y No basta ser padre, entre otros.
Igual ha incursionado en el teatro con piezas de sátira política como Felipeus, la serie de los Tapadeus, El gabinete de Belem, Pacto con botas y Monjas coronadas…
El miércoles 11 Dehesa presentará su espectáculo Permiso para vivir en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con la participación de la cantante Adriana Landeros, los guitarristas Jaime Guarneros, Ernesto Anaya y Antonio López, además del actor Eligio Meléndez. El mismo día el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, le entregará la medalla de Ciudadano Distinguido.
La cosa leve
Promotor cultural, comentarista en radio y televisión, comediante, coordinador de talleres literarios, el polifacético Germán Dehesa se ve a sí mismo a los 66 años como un cronista que observa el diario acontecer nacional.
“Soy maestro de literatura, y en mis cursos universitarios abordo un capítulo sobre aquellos cronistas de Indias que sirvieron al rey. Hacían la crónica de los grandes acontecimientos. Pero yo no estoy en esa tesitura. Lo mío es la crónica del pequeño acontecimiento, de los detalles menores de nuestra realidad en los que nadie se fija”, dice.
–¿Ejerce una crónica distinta a la que imparte en las aulas?
–Sí. Digamos que lo mío es materia leve, a diferencia de la “materia grave” a la que se refieren los curas en los confesionarios. Y es que mi vida ha sido siempre materia leve, no tengo por qué hacer alarde de lo contrario.
–¿Llegó a ese tipo de crónica periodística por azar o premeditadamente?
–Vi que el género ya estaba muy congestionado, con un exceso de ejecutantes y de solicitantes. Me dije: “Voy a buscar otra manera de escribir”. Así llegué a la crónica de la cosa sencilla y de la brevedad; una o dos cuartillas a las que hay que darles un gran vigor.
“La gran riqueza de la realidad mexicana le abre muchas posibilidades a la crónica, sobre todo a ese tipo de crónica que cultivaba Salvador Novo y dos o tres autores más. Eso es lo que yo he tratado de hacer con mi buen o mal sentido del humor, que sólo puede juzgarlo el lector.”
–En sus crónicas suelen aparecer sus cuatro hijos, usted y otros familiares. ¿Por qué ventila tanto su vida privada?
–Para combatir ese exceso de pudores de la sociedad mexicana. Decía mi maestro Juan José Arreola que, entre nosotros, mostrarse estaba prohibido. Somos una de las pocas culturas que pensamos eso porque nos sentimos amenazados al mostrarnos. Otra vez la visión de los vencidos. La cultura debe partir del saber mostrarse. Es una forma de ganancia, de enriquecimiento y de ampliación de la individualidad.
Dehesa palmea la computadora que descansa sobre su mesa de trabajo, acaricia el borde de la pantalla con la yema de sus dedos, observa el estudio poblado de estantes con libros y fotografías enmarcadas de la familia. Una llovizna golpetea el amplio tragaluz que deja entrar la moribunda claridad del atardecer.
“Soy muy feliz escribiendo –dice–. Y mientras no me llega la escritura fácil no escribo. Garabateo, jugueteo con esto y con aquello hasta que siento que ya se adueñaron de mí las palabras y no habrá dificultad al escribir. Entonces de principio a fin me lo echo todo.”
–¿Cómo empezó a escribir teatro satírico?
–Me sonsacaron los hermanos maristas. Yo era muy joven y estudiaba con ellos en el CUM (Centro Universitario México), una escuela de mochos y conformistas por ser usufructuarios del sistema. Yo era un agente extraño porque caí ahí debido a una beca. Se llegaba diciembre y un maestro tenía que montar una pastorela. Me llama desesperado y me dice chantajeándome con una sonrisita: “Vas mal en física, ¿verdad?”. Le dije que sí porque yo no entendía ni madres de esa materia.
“El maestro me propone: ‘Hagamos un cambalache; yo le digo al profesor de física que te apruebe, y tú, que tienes facilidad para escribir, me escribes y me diriges una pastorela’. Por supuesto que acepté, por supuesto que la pastorela salió a toda madre y por supuesto que aquel maestro se adornó haciéndola pasar como suya.
“Pero no fue una pastorela del todo ortodoxa. Al escribirla me ganó la risa y empecé a irme por otros caminos. Metí algunas cosas de la realidad de aquel momento, que no ha cambiado mucho con respecto a la de ahora. Entonces reparé en que nuestros políticos pueden suplantar muy bien a los fariseos.”
–¿Su trabajo periodístico y su teatro confluyen en la crónica?
–Sí, porque en ambos me gusta mostrar hechos y personajes de actualidad. Hago comedia de costumbres. Nunca he roto el marco de ese realismo costumbrista.
De la literatura a la vida
Voraz lector, a Dehesa lo inspiran mucho los cronistas del nacionalismo mexicano del siglo XIX: Payno, Altamirano, De Campo, y muy especialmente Guillermo Prieto por ser su paisano.
“Qué bellísima crónica sobre México escribió Prieto en Memorias de mis tiempos. Él nació en el pueblo de Tacubaya al igual que yo. Pero de mi pueblo arrasado por el asfalto sólo conocí de niño sus últimos estertores.”
–¿De dónde le brotó la vena del humor?
–De mi padre. Era un veracruzano muy vividor, muy bien equipado para el gozo y el humor. Él y yo solos la pasábamos de lujo. La bronca era cuando teníamos que cargar con mi madre, una mujer de fuerte carácter que nos hacía rezar el rosario. Nos hincaba y nos aventábamos un largo rosario de quince misterios.
“Recuerdo que también nos llevaba a la funeraria Gayosso a rezarle a muertos desconocidos. Yo le decía: ‘Mamá, qué tal si es protestante, nos van a correr a patadas’. Y ella me contestaba: ‘Un buen rosario le cae bien a cualquiera’.”
En su breve esbozo autobiográfico Yo contra mí, Dehesa se describe como un ser “dual” por este fuerte contraste entre sus progenitores. “De esos dos mundos vengo yo”. A su madre la pinta como “una señora decente y con una brutal propensión al aburrimiento, a la condición sufridora, dramática: casi daba las gracias por cada dolor nuevo que le venía”.
En cambio, recuerda que cuando él y su padre pasaban por la Alameda solían agarrarle las nalgas a las esculturas de mujeres desnudas. Le decía su padre:
“Yo primero porque soy tu progenitor. Tú me la vas a dejar muy sebosa –y entonces le daba sus llegues–. Ahora vas tú. ¿Cómo es posible que un hijo mío no sepa ni agarrar una nalga? A ver, mira, te voy a enseñar cómo se ahueca la mano.”
De su vieja y entrañable relación con la literatura, dijo ahí:
“No opto ni por la literatura ni por la vida sino trato de ir y venir de la literatura a la vida, de hacerme mejor lector en la medida en que vivo mejor y vivo más, y de hacerme mejor vividor en la medida en que la lectura ilumina mi vida.”
Entre libros acomodados en los muros, y bajo el anochecer que se cuela por el tragaluz, Dehesa se arrellana en su asiento y suspira:
“Borges me enseñó a ver. Iluminó mi vida. ¿Acaso no es maravilloso que un ciego te enseñe a ver?”
Menciona a Francisco de Quevedo, Miguel de Cervantes, André Malraux, Jaime Sabines, Alejandro Dumas y Antoine de Saint-Exupéry como otros autores en los que suele abrevar.
–Noto en sus crónicas que usted le guarda mucha fidelidad a México –se le comenta.
–Es cierto. Y no es una fidelidad ideológica. Despierto, por ejemplo, en Nueva York, e inmediatamente me siento en tierra ajena. Por necesidad, como muchos paisanos, he ido a trabajar a varios lugares del extranjero y me han ofrecido esto y aquello, que quédate, que te ponemos casa. Y yo les contesto: “No puedo, la lejanía del nixtamal me mata”.
“Venturosamente, México no me dio la riqueza material, pero me dio los colores que ningún otro país me puede dar. ¡La paleta que tiene México! De los colores más tenues hasta los más feroces. Están también sus inmensas mujeres, que son los mejores ríos de mi país. En un principio, pensaba que José Emilio Pacheco tenía razón cuando decía que a ese ente misterioso que llamamos ‘Patria’ no se le puede amar, pues ‘su fulgor abstracto es inasible’. Ya no estoy tan de acuerdo con él.”
Dehesa, en una de sus crónicas sobre “la Patria”, dejó plasmada esta visión:
“Me digo México y se me aparecen rincones de Guanajuato, nubes de bugambilias, algún atardecer en Querétaro, mi tía la gorda llenando una maceta de carcajadas y alcatraces, un baile en Torreón en el que tuve mi primer fracaso amoroso, una tabla pletórica de alegrías y pepitorias como diademas de color, la honda noche de Palenque, los rehiletes del 16 de septiembre, los jornaleros de la Laguna cantando al atardecer sus canciones cardenchas que vienen de muy lejos, un trompo que compré en el Estado de México y que nunca logré bailar (pero sí me ayudó a romper el cristal de la doméstica vitrina), el malecón de Veracruz que es una canción de Lara y un lento caminar de mujeres sonrientes. Cierro los ojos y me veo de la mano de mi padre recorriendo la construcción de Ciudad Universitaria. Años después, la UNAM me daría todo lo que de respetable hay en mis conocimientos y en mi vida… La suave patria, tan sabia y dulcemente cortejada por López Velarde, es hoy para mí el rostro de mis hijos.”
Dehesa es un hombre de frágil constitución física, enfermizo. Cirugías, un infarto y una operación de revascularización cardiaca lo han minado. Duda que la vida le alcance para escribir una novela que trae en mente:
“Traigo por ahí atorada una novela en la que quiero hablar sobre la gracia, esa gran virtud que de niños nos enseñaban en las clases de catecismo. Creo que México todavía está en estado de gracia, eso es lo que lo salva y lo que debemos defender. Es un estado luminoso que a las gentes inmediatamente se les refleja en la cara. Por ejemplo: Pedro Infante vivía en constante estado de gracia. Es una lástima que muchos no puedan alcanzar ese estado, por eso se les llama despectivamente desgraciados.”
–Es usted un obsesivo de los ángeles, al grado de que su actual columna es la “Gaceta del Ángel”. ¿Cómo es él?
–De ninguna manera es uno de esos ángeles rubicundos y afeminados que se acostumbra representar. El mío es un ángel muy fuerte. Está hecho de hierro.
–¿Lo que hace inaceptable a la muerte son las ansias de inmortalidad, el miedo al olvido?
–No, es el hecho de dejar de ser… El no volver a escribir más en mi computadora… el no volver a abrazar más a mi mujer. l
La Supervía cueste lo que cueste
Raúl Monge
El gobierno capitalino se entercó: quiere construir la Supervía Poniente al precio que sea. Para empezar, ha desembolsado enormes cantidades para expropiar los terrenos por donde pasará esa vialidad –de peaje– y aparentemente está dispuesto a usar la fuerza para que no le estorben los vecinos inconformes. Después, ha ignorado las advertencias que instituciones serias le han hecho acerca del impacto ambiental. Un grupo civil que se opone a la obra considera que con ella Marcelo Ebrard pretende abrirse camino a la Presidencia.
Sin información ni aviso de por medio, el pasado 6 de abril, alrededor de las siete de la mañana, un grupo de jóvenes escoltado por tres camiones repletos de granaderos y cuatro patrullas llegó a la colonia La Malinche con la orden de distribuir, casa por casa, una notificación oficial.
En dicha comunicación, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) anunciaba a los residentes de ese popular núcleo poblacional de la delegación Magdalena Contreras que, “por causas de utilidad pública”, sus predios habían sido expropiados para dar paso a una autopista urbana de peaje que conectará el sur con el poniente de la metrópoli.
La noche anterior, el 5 de abril, vecinos de esa colonia habían tenido una reunión “urgente” con el subsecretario de Asuntos Metropolitanos del GDF, Héctor Hernández Llamas, y el jefe delegacional en Magdalena Contreras, Eduardo Hernández Rojas; durante el encuentro ninguno de los dos habló de la expropiación, a pesar de que al menos Hernández Llamas, un sobreviviente del camachismo, sabía lo que sucedería horas más tarde.
Sin más información que el puro decreto, en principio la mayoría de los vecinos rechazó la idea de abandonar su patrimonio. Sin embargo, líderes locales, como el exdelegado en Magdalena Contreras y actual diputado perredista, Héctor Guijosa, y Héctor Silva, un extrabajador de la demarcación, así como personal de la Subsecretaría de Asuntos Metropolitanos del GDF, pusieron en marcha un agresivo trabajo de persuasión que incluyó visitas domiciliarias –incluso en la madrugada– para tratar de sofocar la inconformidad que empezaba a gestarse.
En ese trabajo de convencimiento los enviados gubernamentales y los dirigentes perredistas se fueron, primero, sobre las familias más vulnerables, aquellas que carecían de escrituras por encontrarse en terrenos irregulares y las que habitaban propiedades intestadas. La maniobra arrojó buenos dividendos: apenas un par de días después de la emisión del decreto expropiatorio, al menos 25 de las 53 familias afectadas directamente habían decidido marcharse, narra la monja María de Jesús Zamarripa.
El predio que ocupa fue incluido en el plan de afectación, pero 10 días después le llegó un aviso del GDF: debido a un ajuste en el polígono sujeto a expropiación, la vivienda que ella y sus hermanas ocupan quedaba fuera del decreto. Casos así se repitieron con una docena de vecinos.
María de Jesús cuenta que, con el retiro de las primeras familias, el GDF comenzó a infundir temor en el resto de los vecinos afectados al permitir la rapiña, y agrega que, en el caso de los más renuentes a irse, fueron persuadidos con la entrega de indemnizaciones por encima del valor comercial de la propiedad, entre otros beneficios.
Con la bolsa de 600 millones de pesos aportada por los concesionarios del proyecto, el GDF pagó, dice, de 600 mil hasta 2 millones y medio de pesos.
Rescate de un proyecto
Con la notificación del decreto, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, remachó un fino zurcido financiero, legal y político que comenzó a tejer hace dos años y medio cuando decidió desempolvar ese viejo proyecto, concebido originalmente por Manuel Camacho Solís, su mentor político y actual coordinador nacional del Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia), durante su paso por el entonces Departamento del Distrito Federal (DDF).
Igual que Ebrard, Camacho contaba entonces con el respaldo financiero... pero no con el apoyo social, el de los directa e indirectamente afectados que, finalmente, frenaron el proyecto de la vialidad de peaje.
A pesar de haber vivido personalmente ese turbulento episodio desde la Secretaría General de Gobierno y de estar enterado de que su predecesor, Alejandro Encinas, había rechazado un proyecto similar, Ebrard decidió seguir adelante: Primero atacó la parte ecológica al declarar zonas de valor ambiental las dos áreas verdes que subsisten en el poniente de la ciudad, Bosques de Tarango y La Loma, y ante los inversionistas se comprometió a asegurar el rescate y programa de manejo de las barrancas.
Luego le entró a la parte legal: En este punto, la consejera jurídica Leticia Bonifaz enfrentó el embate de las desarrolladoras inmobiliarias que tenían puestos los ojos en Bosques de Tarango y La Loma, particularmente el grupo Sare y la inmobiliaria Borodino SA de CV, en cuyo consejo de administración figuran, entre otros, los hermanos Moisés e Ignacio Antonio Cosío Ariño –su padre es propietario de la Plaza México, el Frontón México y el Estadio Azul–, y Pablo e Israel Brener Brener, beneficiarios del rescate bancario.
También está el grupo Umbra, cuyo representante legal es Ignacio Gómez Morín, familiar del fundador del PAN, Manuel Gómez Morín.
Borodino SA de CV, es propietaria de 51 de los 126 predios expropiados por el GDF. Tienen una superficie de 55 mil metros cuadrados y se ubican en la zona de Bosques de Tarango, donde desde hace tiempo pretende construir un conjunto residencial de lujo, amparado en los derechos de construcción adquiridos durante el sexenio de José López Portillo, cuando Carlos Hank González despachaba en el DDF.
De los 14 amparos interpuestos contra el decreto expropiatorio, dos corresponden precisamente a Borodino, aunque ninguno prosperó.
Una vez cubierta la parte legal, Ebrard se puso a trabajar en la parte arquitectónica y técnica del proyecto. De la mano de los inversionistas interesados, entre quienes figuraron inicialmente ICA y Sare, modificó la concepción y el trazo original de la obra, de poco más de cinco kilómetros: 2 mil
La inversión total de la obra –que arrancó formalmente el pasado lunes 2 en Bosques de Tarango– es de 6 mil millones de pesos.
Cerrado el círculo, y pese a la abierta oposición de Andrés Manuel López Obrador y de su propio partido, el PRD, Ebrard relanzó el proyecto, que por lo pronto ya reabrió viejas heridas entre autoridades capitalinas y colonos de diferentes pueblos de la Magdalena Contreras, así como vecinos de las pudientes colonias de San Jerónimo Lídice y Pedregal.
La resistencia
Cristina Barros, cabeza del denominado Frente Amplio contra la Supervía Poniente, asegura que la megaobra abre la puerta a la urbanización en las áreas de conservación de esa zona donde, dice, aún sobreviven pueblos originarios, como San Nicolás Totolapan, Magdalena Atlitic, San Jerónimo Lídice, San Bernabé, Ocotepec, Santa Rosa Xochiac y San Bartolo Ameyalco.
Además, establece que ese modelo de crecimiento horizontal pone en riesgo al único río vivo del DF, el Magdalena, y al Bosque de Agua, donde se recarga el acuífero y se filtra el aire contaminado de la capital.
En entrevista con Proceso, la hija del exrector de la UNAM Javier Barros Sierra, participante en el movimiento que frenó la obra Contadero-Luis Cabrera en 1991, durante la gestión de Camacho Solís, critica también la falta de transparencia con que, afirma, actuó Ebrard durante el proceso de gestación de la obra, así como el menosprecio mostrado a las opiniones de científicos y especialistas de la UNAM, UAM y del Centro Mario Molina. En un foro público efectuado en junio pasado en la Facultad de Arquitectura, esos expertos hicieron 22 observaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por el consorcio que obtuvo la concesión.
Con ese paquete de observaciones y el conflicto de intereses con que se toparon al descubrir que el responsable de integrar el expediente y de evaluar la MIA, Alejandro Rafael Nyssen Ocaranza –quien hasta julio pasado fue director general de Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del GDF–, había sido socio fundador y director general de la empresa que elaboró el dictamen sobre la obra –Sistemas Integrales de Gestión Ambiental–, el frente ciudadano interpuso una denuncia ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) del DF –PAOT-2010-0575-SPA-318–, en un intento por reponer el procedimiento de evaluación ambiental.
“No entiendo cómo un gobierno de izquierda actúa de manera tan autoritaria. ¿En qué momento dimos vuelta en U? Estamos viendo un autoritarismo nunca antes visto en la Ciudad de México”, subraya Barros.
Cristina Barros dice que no se explica tampoco por qué el GDF adjudicó la obra directamente a un grupo de empresas con fuertes intereses inmobiliarios en Santa Fe, la zona de mayor plusvalía en la Ciudad de México, y menos aún que la adjudicación haya sido procesada en sólo 12 días.
Según se desprende de documentos oficiales –de los que Proceso tiene copias–, en la penúltima semana abril de 2008 la Oficialía Mayor del GDF, a cargo entonces de Ramón Montaño Cuadra, publicó en su página en internet una invitación para participar en el proceso de selección de socio para el proyecto Supervía Poniente.
Dicho proyecto consistía en la asignación de una concesión para explotar y administrar una vía de comunicación urbana de peaje de
En la puja participaron siete empresas, ICA y Sare entre ellas, de las que sólo tres cubrieron los pasos previos a la adjudicación de principio a fin: la española OHL Concesiones México SA de CV, Copri SAPI de CV y Constructora Atco, SA de CV.
Copri es la empresa que desarrolló el fraccionamiento Cumbres de Santa Fe, cuyas casas valen más de 9 millones de pesos. Lo insólito es que dicho complejo urbano fue construido en una zona de barrancas.
Y OHL construye actualmente el circuito Bicentenario en el Estado de México y, junto con ICA, se encargará de completar el segundo piso del periférico, en el tramo de San Antonio al extoreo de Cuatro Caminos. La empresa española carga consigo un equipaje de multas por violaciones disposiciones ambientales y retrasos en el calendario de la obra vial en el Estado de México.
La otra vía rápida
La adjudicación directa de la obra empezó a fraguarse el 11 de diciembre de 2009, cuando Ebrard revistió de legalidad la Supervía al publicar, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la “declaratoria de necesidad para el otorgamiento de una concesión para explotar y administrar una vía de comunicación urbana de peaje”.
En los considerandos, Ebrard argumenta que el rápido desarrollo en la zona poniente de la Ciudad de México, aunado a la topografía accidentada de la zona que limita la comunicación, ha originado la insuficiencia de vías de comunicación que conecten el sur con el poniente de la ciudad, y las existentes –dice– han soportado el impacto del crecimiento del parque vehicular, lo que incide negativamente en la calidad de vida y economía de las familias, con la pérdida de horas-persona a causa de problemas en el tránsito.
Además establece que, con base en estudios técnicos, sociales, ambientales y de viabilidad económica, el GDF consideró que la alternativa más adecuada consiste en una vía urbana de peaje que comunique Luis Cabrera con Centenario, con entronques en las avenidas Luis Cabrera, Las Torres, Las Águilas y Centenario.
Y asegura que dicho proyecto solventará la demanda de infraestructura vial para la zona poniente de la capital y permitirá el desahogo de las vías existentes, el ahorro de horas-hombre invertidas en el traslado y un decremento en el consumo de energéticos, con una reducción en la emisión de contaminantes generados en el área metropolitana.
El mismo día en que Ebrard publicó la justificación legal de la Supervía Poniente en la Gaceta Oficial del DF, los representantes legales de OHL, Copri y Atco pidieron directamente al entonces oficial mayor del GDF, Ramón Montaño, la adjudicación directa de la megaobra.
En un escrito, argumentan que el consorcio había participado de manera consistente en el proceso de selección, tomando parte en las juntas de aclaraciones, así como aportando ideas, sugerencias y aclaraciones mediante los procedimientos de pregunta y respuesta establecidos para dichas reuniones.
Asimismo, le recuerdan a Montaño Cuadra, quien fue relevado en enero pasado por Adrián Michel Espino, que la concesión podría ser adjudicada de manera directa.
Casualidad o no, el 11 de diciembre el notario público 181 del Distrito Federal, Miguel Soberón Mainero, protocolizó la constitución de la empresa Controladora Vía Rápida Poetas SA de CV, en cuya sociedad participan Constructora Atco, representada por Luis Antonio Attias Bernárdez, y OHL Concesiones México SA de CV, representada por Antonio Mena Calero, con un capital social de 50 mil pesos.
El presidente del consejo de administración de dicha empresa es un viejo político priista, José Andrés de Oteyza Fernández, secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el sexenio de José López Portillo.
Según la escritura pública 42 mil 685 registrada en el libro 997 de 2010, el objeto social de la controladora es realizar todos los actos necesarios o convenientes para desarrollar y llevar a cabo el diseño, la construcción, el equipamiento, la operación, la administración, la explotación, la conservación y el mantenimiento de cualesquiera clase de infraestructura y obras de jurisdicción federal o local, ya sean de cuotas o libres.
También está facultada para tramitar y obtener todos los permisos, licencias y autorizaciones gubernamentales necesarias para cumplir con las obligaciones o ejercer los derechos derivados de las concesiones.
Cuatro días después, el 15 de diciembre, Montaño Cuadra solicitó a los promoventes diversos documentos, entre ellos actas constitutivas de las empresas, comprobantes que certifiquen que se encuentran al corriente de sus contribuciones fiscales y cuentas bancarias que demuestren solvencia económica. Las tres empresas asociadas cumplieron con dicho pedimento tres días después, el 18 de diciembre.
Cumplido ese requisito, la Oficialía Mayor solicitó a las secretarías de Transporte y Vialidad, Finanzas y Obras y Servicios, así como a las delegaciones Magadalena Contreras y Álvaro Obregón, su opinión técnica y financiera de los estudios presentados por el consorcio.
Sin encontrar impedimento alguno, el 23 de diciembre de 2009 el Comité del Patrimonio Inmobiliario del GDF, en sesión extraordinaria, otorgó el título de concesión a favor de la Controladora Vía Rápida Poetas por un término de 30 años y con todas las prerrogativas posibles, hasta el punto de concederles poder para aumentar la tarifa del derecho de vía cuantas veces sea necesario.
Cristina Barros hace una lectura de toda esa maniobra: “Lo único que tengo claro es que con la autopista urbana de peaje o Supervía Poniente Marcelo Ebrard tendió el camino hacia la Presidencia en 2012, en alianza con uno de los sectores más poderosos del país: el inmobiliario”.
Odio al estilo nazi
Alejandro Maciel
Las medidas más controversiales de la Ley Arizona fueron eliminadas... pero el clima antiinmigrante se mantiene: ciudadanos comunes denuncian de manera anónima a indocumentados y sus empleadores; hostilizan y se mofan de los mexicanos en portales de medios de comunicación; respaldan iniciativas xenófobas y aportan dinero para defenderlas en los tribunales. De hecho, los ataques violentos en contra de los latinos aumentaron en los últimos años y existen cerca de mil grupos racistas –muchos de ellos armados– que realizan cacerías de indocumentados en supuesto “apoyo” de las autoridades federales.
SAN DIEGO.- Aunque las partes más controversiales de la ley SB1070 de Arizona fueron vetadas el pasado 28 de julio por la juez Susan Bolton, la comunidad hispana está lejos de sentirse tranquila en Estados Unidos.
La decisión de la juez, tomada horas antes de que entrara en vigor la norma, provocó mayor radicalización entre grupos ultraconservadores, los mismos que han hecho del discurso antiinmigrante y antimexicano su bandera política y su razón de ser.
En medio de este clima cada vez más tenso, organizaciones antiinmigrantes han aprovechado el disgusto en amplios sectores de la sociedad estadunidense –los cuales consideran que el sistema migratorio del país no funciona– para promover leyes xenófobas y abiertamente racistas.
“Lo único que necesitaba la ley de Arizona era una etiqueta con dedicatoria a los mexicanos”, comenta a Proceso Enrique Morones, director del grupo Ángeles de la Frontera.
“Es el miedo como estrategia”, apunta Pablo Alvarado, de la Red Nacional de Jornaleros. Y afirma: “El objetivo es provocar que los indocumentados no se sientan bienvenidos en este país”.
Y ese objetivo se está logrando.
Ahora proliferan los grupos que buscan “ayudar” en la deportación de los indocumentados. Los inmigrantes que entran a Arizona por el desierto deben evadir no sólo a las milicias de voluntarios del sheriff de Maricopa, sino también a los Ready’s Rangers, organización de corte neonazi que dispone de muy buen armamento. Así lo reportó el 29 de julio pasado el Southern Poverty Law Center (SPLC), dedicado a la defensa de los derechos humanos que monitorea las actividades antiinmigrantes en todo el país.
El grupo neofascista encabezado por J. T. Ready, miembro del Movimiento Nacional Socialista, patrulla la frontera en busca de inmigrantes indocumentados y narcotraficantes. Junto con otras agrupaciones de índole similar, se atribuyen la detención de varios “ilegales”.
Entre las tareas del SPLC se encuentra el desarrollo de un “mapa del odio” en el que registran la actividad de las 932 organizaciones racistas que mostraron actividad entre 2009 y 2010.
Otras agrupaciones han convertido el odio antiinmigrante en una buena fuente de ingresos. Una de ellas es ReportIllegals.com, que ofrece a los usuarios una forma fácil y simple para denunciar anónimamente a los extranjeros indocumentados y a sus empleadores. Por cada reporte la empresa cobra 10 dólares.
“Estamos hartos de ustedes”
Durante los meses previos a la aplicación de la ley SB1070, cientos de familias abandonaron Arizona ante la inminente persecución policiaca.
Hace un mes, Carmen Reynoso les avisó a sus hijos que regresarían a California. “Ellos protestaron. Dijeron que todos sus amigos estaban en Phoenix, pero al final los convencí”, dice la mujer, quien se mudó de California a Phoenix, Arizona, durante la recesión de 1994, cuando el clima antiinmigrante se tornó asfixiante en California.
“Era el tiempo de la Proposición 187 y la Operación Guardián”, dice Reynoso, quien ahora vive en Fresno. “Aquí por lo menos no tenemos que vivir asustados”, apunta.
Sin embargo, la hostilidad contra los inmigrantes no es exclusiva de Arizona: ha permeado en todo el país y se manifiesta cada vez con mayor fuerza en los sondeos de opinión.
En mayo de este año, el Pew Research Center realizó una encuesta nacional para conocer el grado de apoyo de los estadunidenses a la ley SB1070. Los resultados fueron reveladores. El 73% dijo estar de acuerdo en que las autoridades tengan el derecho a interrogar a una persona acerca de su estatus migratorio; 59% aprobó todas las provisiones de la ley, incluso las que fueron bloqueadas por la juez Bolton. Además, en 20 estados de la Unión se discuten leyes similares a las de Arizona.
“Hay un extenso apoyo a la ley entre los anglosajones porque, a diferencia de nosotros, ellos no saben lo que es la persecución policiaca por cuestiones raciales”, dice Morones.
Las agresiones a la comunidad mexicana se multiplican en los foros de discusión que los principales periódicos de Estados Unidos tienen en línea. “Basta con que una nota mencione ‘México’ para que algunas personas expresen todo su odio a ese país”, dice Christian Ramírez, director del Comité de Amigos Americanos de San Diego.
Jim Braddock, de Houston, Texas, molesto por la decisión de la juez, escribió el 29 de julio último en el foro de discusión en línea del periódico Los Angeles Times: “Les digo a todos esos mexicanos que ya se les acabó el viaje gratis por Estados Unidos. Regresen a su país infestado de crimen, cómanse sus tacos. Ya no los queremos aquí. Vean lo que está pasando en este país. Estamos hartos de ustedes”.
El discurso de los grupos antiinmigrantes, aunque radicalizado, es visto con simpatía por amplios sectores de la población que han sufrido los estragos de la recesión y se quedaron sin empleo, dice Alvarado. Prueba de ello es que hasta junio la oficina de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, había recibido alrededor de 20 mil dólares en donaciones privadas a fin de ayudar al estado a formar un fondo para la defensa legal contra las demandas por la ley SB1070.
Casi 440 personas en 46 estados y el Distrito de Columbia contribuyeron al fondo. De acuerdo con una lista de donantes ofrecida al diario The Arizona Republic, la contribución más pequeña fue de un dólar y la mayor de 750 dólares.
“Se roban nuestros empleos”
La actitud de la población en contra de los inmigrantes se refuerza por las crecientes cifras de desempleo en todo el país. Según datos del Departamento del Trabajo difundidos el 28 de julio, entre mayo y junio la tasa de desempleo aumentó en 291 de las 374 principales zonas metropolitanas del país. Por ello el índice nacional de cesantía fue de 9.5%.
Entre las zonas más golpeadas por el desempleo a escala nacional se encuentran El Centro, California, y Yuma, Arizona, con una tasa de 27.6% y 26.4%, respectivamente.
La evidencia de que el desempleo no cede ha dado lugar a que se critique con dureza a la administración del presidente Barack Obama por su incapacidad para resolver la crisis. También ha ocasionado una creciente animadversión en contra de la población indocumentada, pues se le acusa, cada vez con más frecuencia, de “robar” los trabajos de los estadunidenses.
El presidente de los Minuteman en San Diego, Josh Shwalk, declara a Proceso que su organización está evaluando las acciones a seguir en todo el país. “Estamos cansados –arguye– de que los ilegales lleguen a quedarse con nuestros trabajos, saqueen nuestros recursos y todavía pidan leyes que los beneficien. No lo vamos a seguir tolerando”.
Las agresiones en contra de la población latina ya no son perpetradas sólo por organizaciones supremacistas; ahora los incidentes de violencia racial son protagonizados por ciudadanos comunes.
“En Staten Island, Nueva York, las golpizas a los latinos no son nada nuevo. En 2008 un auto fue estrellado contra varios establecimientos comerciales de mexicanos y ese mismo año fueron golpeados brutalmente dos latinos en la calle Main”, reportó el sitio Queenslatino.com.
Durante las últimas dos semanas, en esa misma zona han sido atacados más de 10 mexicanos; las autoridades investigan el motivo y si los ataques son planeados por una persona o un grupo de racistas.
En lo que va del año han ocurrido 21 ataques de este tipo en la misma localidad neoyorquina y 11 han sido en contra de latinos. “Hemos arrestado a ocho personas y tres casos han sido resueltos”, dijo Paul Browne, vocero del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. “El año pasado, durante este mismo periodo, hubo 10 ataques racistas y sólo dos en contra de latinos”, precisó.
Estos hechos han causado indignación en la comunidad, que ha sostenido reuniones para formar un frente común que ataque el problema del racismo en contra de los mexicanos.
“No podemos tolerar este tipo de ataques. El gobierno de México está dispuesto a colaborar con las autoridades de Nueva York para impedir que sigan sucediendo”, declaró Rubén Beltrán, cónsul mexicano en Nueva York. “La ley tiene que castigar a los culpables”, enfatizó.
“Ha sido tan intenso el bombardeo de mentiras y estigmas en contra de los mexicanos, que los agresores sienten que tienen luz verde para atacar a sus víctimas”, dice a este semanario Joel Magallán, de la Asociación Tepeyac, una organización mexicana que opera en Nueva York.
El clima de odio hacia la comunidad mexicana no surgió de la noche a la mañana. Se ha venido acumulando desde mucho tiempo atrás y se expresa de múltiples formas.
Una de esas manifestaciones es el Border Patrol Video Game, creado en 2006 por un grupo del sur de California y en el que se le indica al jugador que dispare en contra de los indocumentados que aparecen en la pantalla, niños y mujeres incluidos.
La antropóloga Jane Hill explica a Proceso que el uso “inocente” del español por parte de la población sajona con expresiones como no problema, el cheapo, watcho your backo, hasty banana y no way, Jose, entre otras, ayudan a fijar una imagen negativa de los mexicanos.
“A través de frecuentes campañas publicitarias se les ha tachado de flojos, con apetitos sexuales desmedidos, corruptos y hasta con incapacidades mentales. Es algo muy parecido a la forma en que los blancos se burlaron durante siglos de la forma de hablar de los afroestadunidenses”, abunda Hill.
Este nuevo lenguaje antimexicano, sostiene la especialista, tiene gran importancia, pues influye en la forma en que se percibe a millones de personas en este país. “Si la gente es vista como ‘ilegal’, entonces es más fácil crear leyes que los amenacen. Si los inmigrantes mexicanos, en el imaginario popular, son ‘peligrosos’, es más sencillo negarles los derechos humanos más elementales”, agrega.
Problema larvado
Para entender lo que ocurre en Arizona hay que remontarse a los años noventa en California. En esa década se enarboló un discurso que consideraba a la frontera sur como “fuera de control” y ubicaba a San Diego como la zona más problemática de la inmigración indocumentada, dijo a la agencia EFE el pasado 15 de julio Joseph Nevins, profesor de geografía del Vassar College en Nueva York y autor del libro Operación Guardián.
Explicó que el sentimiento antiinmigrante se cristalizó en 1994, cuando la administración Clinton implantó la Operación Guardián y los votantes de California aprobaron la controvertida Proposición 187 contra los inmigrantes, que al final fue derrotada en los tribunales.
“Como ahora, políticos y organizaciones oportunistas presentaron al inmigrante ‘ilegal’ no sólo como un violador de leyes, sino como una amenaza a la soberanía nacional y a la sociedad en su conjunto. Estas imágenes tienen una larga historia en el sentimiento antiinmigrante en California y Estados Unidos”, añadió.
El gobierno no se ha limitado a responder a la supuesta crisis de legalidad ocasionada por la inmigración indocumentada, dijo Nevins, sino que con sus acciones contribuye a reforzar la “ilegalidad” al construir más barreras físicas y aumentar el personal de la Patrulla Fronteriza.
Como consecuencia de la Operación Guardián, el número de agentes de la Patrulla Fronteriza en San Diego creció de 4 mil 200 en
De acuerdo con información proporcionada por la Patrulla Fronteriza, como consecuencia de la Operación Guardián las detenciones en San Diego disminuyeron de 450 mil 152 en
El gran show del Bicentenario
Rosario Manzanos
Las creadoras artísticas Alejandra González Anaya y Mónica Raya exponen en entrevista su participación en la descomunal fiesta que se prepara en el Zócalo para el 15 de septiembre, y que el empresario australiano Ric Birch, su director, considera, por supuesto, “lo más espectacular que se ha hecho en México”. Raya dice que los mexicanos tienen derecho a tirar la casa por la ventana sin importar la crisis, y con desbordado entusiasmo profetiza que no volverá a realizarse algo así en 100 años; por lo pronto, sostiene, el desfile será disfrutado por los niños que nunca han estado en la tierra de Disney...
Directores de teatro, coreógrafos, escenográfos, diseñadores de luces, 7 mil voluntarios. Bailes populares, dos serpientes emplumadas de
Un festejo de 600 millones de pesos que para los creativos que colaboran en el proyecto, cuyo productor es el australiano Ric Birch, será “lo más espectacular que se ha hecho en México”.
A marchas forzadas trabajan miles de personas para finalizar la construcción de los carros alegóricos e iniciar los ensayos parciales en el Palacio de los Deportes, y hacer uno general cuando menos en el Autódromo de la Magdalena Mixhuca.
Felices y orgullosas, las creadores artísticas Alejandra González Anaya y Mónica Raya confirmaron a esta reportera que no tuvieron ningún tipo de censura al definir el concepto de sus breves puestas en escena en el desfile y en el Zócalo el 15 de septiembre. Manifestaron que ésta ha sido la mejor oportunidad de trabajo que han tenido en su vida y que la ocasión de colaborar con un extranjero especialista en espectáculos de este tipo las ha ayudado a conceptualizar de forma mucho más concreta lo que es un acto masivo. Hasta el momento, no se sabe cuánto les pagarán por su aporte a la fiesta nacional.
A su vez Ric Birch señaló a Proceso, al final de la rueda de prensa a la que convocó el 4 de agosto Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública, que “la del Bicentenario será una producción inigualable”, y deploró que “no se sabe nada de México en el mundo, se piensa que es un país donde sólo hay mariachis y hombres con grandes sombreros que duermen largas siestas. Yo he aprendido mucho aquí y estoy muy contento de poder llevar a cabo el desfile. Estamos preparados para todo, incluso para la lluvia que puede caer ese día”.
Vuela México
Una enorme red de más de
Entrevistada en su casa, de la cual eliminó el jardín para construirse un salón de danza con un muro de más de
Equipados con arneses especiales y todo un equipo de seguridad, los bailarines acróbatas entrenan desde las ocho de la mañana con una clase de ballet que les imparte el exprimer bailarín Cuauhtémoc Nájera, después toman una de yoga y de ahí saltan a la red para repetir sistemáticamente complicadísimas secuencias de movimiento. Trabajan prácticamente todo el día en afinar los detalles de lo que será su magna presentación, diseñada por González Anaya y César Romero para el Bicentenario.
“A mí me pidieron una idea y yo decidí analizar qué es lo que necesitamos los mexicanos para poder volar, porque a mí lo que más me gusta es la sensación de volar. Creo que a los mexicanos se nos ha olvidado que somos capaces de hacerlo.”
Dividido en segmentos: Lucha, Ayudas y Vuela México, el montaje se inicia con lo que González Anaya define como la “metáfora de la cubeta de los cangrejos”:
“Los seres humanos no nos ayudamos, en el momento que vemos que uno se está elevando más que los demás vamos y lo jalamos hacia abajo. Al principio, Birch me preguntaba: ‘¿En verdad reconocen ustedes esa metáfora como suya?’, y poco a poco la misma idea fue surgiendo en todos los equipos.
“A mí me da tristeza, porque creo que no es que no haya dinero, no es que no haya esperanza, es que no hemos querido ayudarnos unos a los otros y vernos como iguales. Así que en mi propuesta se verá cómo aquellos que suben más son atrapados para llevarlos hacia abajo por los demás. Luego habrá un cambio musical importante y aparece un líder que los ayuda a ver más allá. Necesitamos a alguien que nos organice y así iniciar la armonía. La tercera parte es el vuelo, donde todos logran despegar y volar por el cielo. La idea es mía, pero todo mundo ha cooperado. Queremos mover las emociones.”
Con música de Nino Rota y Leo Heiblum, vestuario de María y Tolita Figueroa, el montaje será iluminado por Víctor Zapatero, quien se encargará del diseño de iluminación de todo el Zócalo.
Al señalarle la crisis económica por la que pasa el país, González Anaya se dice afortunada porque fue una de las personas seleccionadas para hacer “un gran trabajo artístico”:
“Muchas veces nuestro dinero se va a muchas cosas que no tienen ningún sentido, en cambio el arte es fundamental. Es importante que el arte sea reconocido y debe de ser una presencia cotidiana en todos nosotros. Yo creo que éste es el espectáculo masivo más bello que se va a llevar a cabo en el mundo en este año.
“Birch nos dijo: ‘Necesitamos que México se mueva y yo estoy aquí para ayudarlos a hacerse notar’.”
Quetzalcóatl
La escenógrafa y arquitecta Mónica Raya fue la encargada en desarrollar el tema Héroes y mitos de México. La entrada al Zócalo la hará un gigantesco Quetzalcóatl.
“No recibí ningún tipo de instrucción a excepción de la logística. Creo que mi segmento es interesante, divertido y de alguna forma complejo. Yo hice algo muy básico que fue buscar la definición del héroe. Aquellos seres que hacen lo que no hacemos las personas normales. Generalmente tienen un final trágico. Son extrahumanos, sobrenaturales. Todo mi segmento lo hice en metal a manera de plata y bronce. Al analizar los mitos encontré que el gran mito mexicano es el de la serpiente emplumada.”
Para Mónica Raya el valor de la serpiente se le reveló, y la importancia de Quetzalcóatl implicó enamorarse de la idea de hacer regresar a la deidad al Paseo de la Reforma:
“Para hacer la hibridación con lo irreconciliable, es decir hablar de este país, en el que cada día conviven los opuestos, y el martes este puede ser el país más chingón de la Tierra y el viernes el peor. Pero esta dualidad constante de lo oscuro y lo luminoso es parte de lo que somos los mexicanos.
“Se trata de algo que se arrastra y que vuela al mismo tiempo. Decidí por ello utilizar dos representaciones poderosísimas de la serpiente emplumada. Una es maya, Kukulkán, y la otra es la mexica, Quetzalcóatl, las dos manifestaciones de la deidad. Una es un globo de helio de
El globo de Kukulkán será movido por 40 técnicos, “como en el desfile que hace Macy’s en Nueva York”. La coreografía es de Ruby Tagle y hay “dos bailarines extraordinarios que tiene este país: Carlos Martínez y Javier Moreno”. Los carros están en proceso de construcción en el taller El volador.
Según Raya, en ese mágico universo hay 30 zancudos profesionales, mojigangas doradas. Ahí están los mitos de la poesía, del cine, del teatro que acompañan a Quetzalcóatl: María Félix, Rosario Castellanos, el Chavo del Ocho, María Victoria, incluso la tiendita “miscelánea”:
“Este país siempre suma y eso acompaña a la serpiente. Hay un momento en el que se descabezan los zancudos e intercambian su cabeza con otros personajes. Esto fue un poco delicado por el tema de los descabezados en México. Tú me entiendes.
“No quise recurrir a las mismas imágenes de siempre sin cuestionarlas. Busqué revisar si la historia es como te la han contado. Qué significa que la historia se pueda crear, de lo cual somos responsables. El formato es inteligente y popular.”
Habla de la parte económica:
“En la rueda de prensa un periodista me dijo que el doctor (Enrique) Florescano no estaba de acuerdo en que se gastara tanto dinero. Y a mí me parece muy respetable lo que tiene que decir, pero al mismo tiempo en México la gente echa la casa por la ventana en una fiesta. Porque es un gusto que se puede dar. Yo creo que sí queda como un recuerdo maravilloso de un día magníficamente vivido. Después de todo, no es tan caro que el dinero de los mexicanos sirva para recordarnos que somos creativos, somos chingones, somos alegres, y que de verdad tenemos una presencia en el mundo por esa alegría y por esa capacidad de disfrutar, incluso hasta después de que te mueres... No sé, creo que el prurito del costo de la fiesta tiene que ver con el abandono de lo que cuestan las artes. Pareciera que el arte no se tiene que pagar...”
–¿Y la crisis por la que pasa el país?
–Siempre he vivido en crisis, nunca me han dicho: “ya pasó la crisis”. Y me parece que ese pretexto es una cosa que detiene una serie de impulsos de cambio que no son pertinentes por la crisis. No es pertinente cantar, bailar o ser feliz. Yo no quisiera pensar que la crisis se ha convertido en una forma de vida, debe de haber gozo, solidaridad, encuentros. Algo que ha desaparecido de la agenda de los políticos es que la gente se la pase bien un día.
“Todo el dinero que se está gastando en el desfile se está yendo para pagar a los mexicanos que lo estamos creando y lo estamos concibiendo, construyendo. Ese dinero está gastado en talento mexicano. Acabo de ver una calavera de azúcar de cinco metros, gigantesca. Considero que hay una celebración al talento que no es noticia. Hace mucho tiempo que los artistas no somos noticia. Tenemos la oportunidad de hacer este evento como las Olimpiadas, como el Mundial. En verdad esto es barato.
“No me importa qué partido político quiera sacar jugo de esto, es dinero de los mexicanos que se ha ahorrado durante 200 años. No se deben de confundir los números. Ojalá, en efecto, se diga: ‘el desfile costó tanto y todo ese dinero se fue en sueldos para mexicanos’.”
–En realidad el que va a ganar es el productor australiano, ¿no?
–La empresa tiene una ganancia, como todas las empresas, y ha hecho un buen trabajo, y hasta ahora ha sido una experiencia compartida que tiene un valor incalculable. Hay un costo para pagar estas experiencias. Hay un costo para que podamos disfrutar de todo esto. Quiero erradicar la palabra extranjero, porque pareciera que son superiores.
“El prurito de que son unos extranjeros que nos vienen a decir qué hacer, verdaderamente arrastra el complejo de que los mexicanos somos inferiores. Ellos son una empresa internacional que comparte lo que sabe hacer en la producción de espectáculos globales como éste. Los mexicanos estamos aprendiendo y eso tiene un costo.
“Este es mi proyecto más ambicioso, porque traer a Quetzalcóatl a Reforma tiene aspectos que me rebasan. Tiene aspectos rituales, perfomáticos, sociales, para mostrar el regreso de una serpiente mexicana frente a 2 millones de personas que, se espera, lo vean en vivo, más las que lo vean por televisión. No se parece a nada de lo que yo haya hecho, es una experiencia irrepetible, muy emocionante el que tú como creador puedas tener a tanta gente viendo tu trabajo al mismo tiempo. Que tengas los reflectores en el trabajo de tantas personas que lo hacen posible.”
Ella sostiene que todo debe de estar realizado con la complicidad de los espectadores. Que un niño de 10 años vea pasar volando a Kukulkán, es invaluable:
“Es un día que con suerte le durará a mi espectador toda su vida. No tiene precio.”
Considera también que se puede impactar en la psique de los seres humanos con sus deseos, anhelos, imaginación, sueños:
“No sólo somos personas para que nos curen y nos den de comer, porque eso se hace con los borregos.”
Un día para celebrar.
“¿No nos lo merecemos, en verdad? Porque cada quién trae sus propias facturas. Yo trabajo todo el día desde un año en esto. No tengo público que sea más significativo que el que voy a tener el 15 de septiembre. Llegarán voluntariamente porque esperan con anhelo ver lo que viene. Esto es para los niños que no pueden ir a Disneylandia. Está hecho para niños que van a ver un desfile como nunca lo han vivido y que no se volverá a hacer cuando menos en los próximos 100 años.
“Yo confío en que a veces las cosas se pueden ver de otra forma, y te lo digo a ti que estás dentro de Proceso. No sé, sueno medio frívola o pendeja, pero la verdad es que hay cosas mucho más importantes que la caca. Ya sé que hay decomisos y narcos, pero gracias al cielo hay un presidente que dice: ‘Vamos a reflexionar sobre legalizar las drogas’, y eso se minimiza de inmediato. Ayer se anunció el desfile y siento que su importancia sigue sin permearse a la sociedad.” l
El rudo del pueblo
Alejandro Maciel
“Para nosotros nada ha cambiado”, dijo el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, y él y sus agentes se lanzaron a la cacería de indocumentados seguidos por fotógrafos y camarógrafos de televisión. Apenas habían pasado unas horas desde que la juez Susan Bolton desactivó las medidas más cuestionadas de la Ley Arizona y Arpaio volvía a asumir el papel que le ha dado popularidad entre los sectores conservadores de Estados Unidos: el del policía duro que mete al orden a los indocumentados, a quienes pone cadenas en los pies y los obliga a vestir con uniforme a rayas y ropa interior color rosa.
PHOENIX, ARIZONA.- Horas después de que la juez federal Susan Bolton bloqueara partes de la ley SB1070, el sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, advirtió que tan pronto entrara en vigor la ley lanzaría una nueva ofensiva contra el crimen. Se esperaba que un contingente de al menos 200 agentes recorriera la localidad en una cacería de la que ningún indocumentado podría estar a salvo.
Conocedor a fondo de los medios de comunicación, ese día Arpaio utilizó la camisa de su uniforme de color caqui y mangas cortas. La misma a la que le agrandó las estrellas en el cuello, para que se vieran mejor en la pantalla de televisión.
Frente a las cámaras de todo el mundo y con el disgusto reflejado en el rostro advirtió: “Quiero que la gente del condado de Maricopa sepa que no vamos a tolerar a los ilegales ni a los delincuentes... y que es mejor que se vayan a otro lado antes de que los atrapemos. Para nosotros nada ha cambiado”.
Con lo que no contaba el Arpaio es que cientos de manifestantes se apostaron frente a sus oficinas para impedir que sus agentes salieran a cumplir la amenaza.
Las primeras horas de ese día el sheriff las pasó tramitando órdenes de arresto contra decenas de manifestantes que metió a la cárcel. Se aseguró de que les entregaran su uniforme de rayas blancas y negras, así como ropa interior rosa.
Pasadas las tres de la tarde una caravana de vehículos oficiales logró abrirse paso entre los manifestantes para dirigirse a diferentes puntos del valle. Los agentes comenzaron a realizar su trabajo ante la vista de decenas de medios de comunicación que los siguieron.
Poco antes de las cinco los policías detuvieron una camioneta gris porque sus ventanas estaban muy polarizadas. Los agentes le pidieron a la conductora que se identificara. Ella se negó.
Entrevistada minutos después por este semanario, Rommy Sain aseguró que la detuvieron porque no es blanca. “Me pidieron mi identificación, pero me negué. Les dije que era ciudadana americana y que conocía bien mis derechos”. Los agentes la dejaron ir sin levantarle ninguna infracción.
Minutos más tarde, los mismos agentes marcaron el alto a un vehículo de modelo reciente manejado por Stephen Correa. El motivo: había cambiado de carril de manera inapropiada. Los policías se percataron de que la licencia de Correa estaba suspendida. Inmediatamente fue esposado y subido a la patrulla.
Luego de tres horas de que iniciaron su labor, los agentes habían efectuado seis arrestos, todos por violaciones menores.
El “redentor”
Odiado por la mayoría de los habitantes latinos del estado y adorado por ciudadanos hartos de los políticos, Arpaio se presenta a sí mismo como “redentor de los valores americanos”.
Según cuenta en su biografía America’s Toughest Sheriff, publicada en mayo de 2008, su nombre es Joseph Michael Arpaio y nació en Springfield, Massachusetts, el 14 de junio de 1932. Es hijo de una familia de inmigrantes italianos y su madre murió a consecuencia del parto.
Cuando Arpaio se graduó de la High School, en 1951, se marchó de Springfield y nunca volvió. Ese mismo año se enroló en el ejército y fue enviado a Francia, junto a un destacamento médico. En ese país consiguió su primer empleo como agente de la autoridad.
Colaboró con la policía francesa para buscar enfermedades venéreas entre las prostitutas de París. Ahí mismo recibió su primera decepción amorosa, pues la joven que había conocido durante su entrenamiento en Fort Dix, New Jersey, y con la que pensaba casarse le devolvió por correo el anillo de compromiso.
En 1953 se dio de baja en el ejército y de inmediato obtuvo un empleo de policía en Washington, D.C. Tres años después ingresó a la DEA, agencia de la que fue director en San Antonio, Washington y Baltimore. En 1972 este organismo lo nombró director regional de su oficina en México y posteriormente, en 1979, lo envió a Arizona.
Arpaio renunció a la DEA en 1982 para disfrutar de su retiro. Sin embargo, los planes cambiaron en 1992 cuando decidió buscar el cargo de sheriff.
Para convencer al público de que no era como los demás políticos, fue con un notario público y firmó un documento en el que se comprometía a no buscar la reelección. Ganó de manera arrolladora las elecciones de ese año.
Quizás uno de sus mayores logros como sheriff ha sido revivir la participación ciudadana en las labores de vigilancia. Su estilo populista y agresivo agrada a muchas personas que se prestan para servir como voluntarias.
En la actualidad, el Departamento del sheriff de Maricopa cuenta con más de 2 mil 400 voluntarios, muchos de ellos armados, que patrullan los centros comerciales. También participan en operativos contra prostitutas y en labores de vigilancia en la frontera con México.
El sheriff Arpaio es un fenómeno de las relaciones públicas. Durante 17 años disfrutó de índices de popularidad por arriba del 80%, muy por encima de cualquier otro político en el estado.
A partir de 2007 lanzó una guerra sin cuartel contra los inmigrantes indocumentados. De acuerdo con la agencia AP, al Departamento del sheriff de Maricopa se le atribuyen 26 mil 147 deportaciones desde ese año. Esto representa un 25% de las 115 mil 841 deportaciones realizadas por el gobierno federal en el mismo periodo.
Esta ofensiva le ha ganado muchas simpatías y apoyos económicos entre los sectores más conservadores de todo el país. En los primeros cinco meses de este año, Arpaio ha recibido 1.2 millones de dólares para su fondo de campaña, además de 610 mil dólares que recaudó en 2008, cuando coqueteó con la idea de lanzarse para gobernador.
En total ha recibido 2.5 millones de dólares. La mayoría del dinero, según indican la US Federal Election Comission y la Secretaría de Estado de Arizona, procede de otras entidades del país. Aunque no tiene elecciones en puerta hasta dentro de dos años ha gastado ya 671 mil 318 dólares en su campaña para reelegirse por sexta ocasión en 2010. Si lo consigue, tendría 80 años.
“Simple racismo”
Es domingo y las campanas de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe llaman a misa de 12, oficiada en español. Hace apenas tres días que la ley SB1070 entró en vigor. Poco a poco las familias salen de sus casas. A las personas se les ve calladas, sombrías, pero sobre todo, desconfiadas. Miran de un lado a otro y se acercan al templo. Ahí se sienten seguras.
A
En este poblado de 5 mil 258 habitantes prevalece el miedo. Casi todas las familias que viven aquí son mexicanas. De hecho, Guadalupe fue poblado en 1900 por indios yaquis que huyeron de la persecución de que eran objeto en Sonora.
En la iglesia se ven bancas vacías. “Hasta hace tres meses aquí no cabía un alma”, dice el padre Joseph Baur.
Y agrega con su español quebrado: “Es una limpieza étnica la que están promoviendo los supremacistas. No es política, no es legalidad, es simple racismo”, afirma el sacerdote, quien tiene 25 años como guía espiritual de esta comunidad.
“En los últimos tres meses hemos perdido más del 40% de nuestros feligreses», dice. “Se están yendo a California, a Nuevo México, Texas o de plano están regresando a México”.
Guadalupe se parece mucho a los antiguos pueblos de Sonora. Las casas son de adobe y piso de tierra. Los ancianos se sientan a esperar el fresco de la tarde.
Las calles permanecen solitarias dice el reportero a Benjamín Vázquez, originario de Chihuahua, quien se encuentra fuera de su casa acompañado de su esposa y su hijo de seis años.
“Pues claro. ¿No escuchó que Arpaio dijo que iba a hacer una redada en estos días?”, responde.
El miedo no anda en burro. El 26 de marzo y 3 y 4 de abril del 2008 Arpaio y sus agentes acudieron al pueblo para hacer una serie de redadas. “Fue un caos”, recuerda Mary L. Piñón. “Llegaron con tres camiones, 40 patrullas, dos helicópteros, altavoces, perros y un tanque de guerra”.
“Esos días –agrega– los agentes andaban por las calles con perros y altavoces. Las familias ni siquiera se asomaban. El primer día muchos papás no fueron a recoger a sus hijos a las escuelas y los maestros tuvieron que llevarlos a sus casas”.
En este pueblo donde todos se conocen, la ley SB1070 ha provocado profunda indignación. “Ahora ya no se puede confiar en nadie”, plantea Rigoberto Flores, quien trabaja para la ciudad de Scottsdale.
Y añade: “La semana pasada mis jefes, todos anglosajones, estaban platicando sobre la ley y sobre Arpaio. Estaban de acuerdo en que debían sacar a todos los indocumentados porque ellos, según dijeron, roban los trabajos que les pertenecen a los americanos. Cuando me preguntaron qué pensaba me quedé callado; no quiero perder mi trabajo por un comentario”.
En la calle principal se ubica el tianguis del pueblo. Es un edificio pintado de amarillo y azul con murales en los costados. La primera impresión es que los negocios están cerrados. Apenas se ven cinco o seis personas. De sus 30 locales sólo tres están abiertos. Uno de ellos es un restaurante de comida mexicana.
“Los domingos la gente hacía cola para entrar; ahora, si servimos uno o dos platos en todo el día, es mucho”, dice Guadalupe Martínez, propietaria de ese y otro restaurante ubicado a unos cuantos metros dentro del mismo tianguis.
“La gente no tiene dinero o se ha ido a otras partes”, lamenta Martínez, quien asegura que ha perdido entre 70% y 80% de su clientela.
Tal vez una de las consecuencias más graves que se está generando aquí y que tendrá una profunda repercusión a futuro es que se está formando a una generación de niños mudos, dice Francis Bacaneri, coordinadora del programa de Barrios del Ministerio de Nuestra Señora de Guadalupe.
“A fin de proteger a sus hijos, muchos papás les prohíben que hablen español. Quieren evitar que los detengan, que los interroguen, y lo que está pasando es que estos niños no pueden hablar ni inglés ni español; es una generación de niños mudos, silenciosos y con miedo”, dice Bacaneri.
Pero saber inglés no los va a salvar de Arpaio. “Es el color de la piel lo que detestan el sheriff y sus amigos los supremacistas blancos”, asegura el párroco Baur, mientras cierra la puerta de la iglesia. l
Manuel Borja y las turbulencias de Mexicana
Miguel Ángel Granados Chapa
Si en México se estilara numerar a los miembros de una dinastía, a la manera sajona, Manuel Borja Chico sería conocido como Manuel Borja IV (pues su bisabuelo, su abuelo y su padre fueron todos sus tocayos. Manuel Borja Soriano, Manuel Borja Covarrubias y Manuel Borja Martínez fueron profesores de la UNAM, donde se graduaron, y fueron prestigiados notarios. Sin ser abogado como sus ascendientes, Borja Chico está hoy, en su carácter de director general de Mexicana de Aviación, en medio de un conflicto financiero que el 2 de agosto entró en su fase jurídica, al pedir ser declarada la empresa en concurso mercantil, una figura jurídica que, modernizada y norteamericanizada sustituyó a la antigua suspensión de pagos del derecho mercantil mexicano.
Cuando Borja Chico asumió hace tres años, en julio de 2007, el principal cargo ejecutivo en esa aerolínea, la más antigua del país, se delineaba ya la crisis que ha puesto en jaque a esa empresa. El funcionario conocía bien los perfiles de la situación porque durante el año anterior había sido director corporativo de finanzas y administración. A diferencia de sus ancestros, Borja Chico es ingeniero industrial por la Universidad Iberoamericana y obtuvo en la Universidad de Texas en Austin una maestría en administración de negocios. Nacido en la Ciudad de México el 18 de enero de
Cuando el gobierno federal resolvió disolver la Controladora Integral de Transporte Aéreo, que administraba para el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a las dos aerolíneas troncales de nuestro país, Mexicana y Aeroméxico, determinó también venderlas por separado. La decisión hizo disminuir su valor y, por lo tanto, sus compradores adquirieron gangas en los dos diferentes momentos en que fueron realizadas. El Grupo Posadas encabezó a accionistas que adquirieron Mexicana por 165 millones de dólares, con el compromiso de financiar la cobertura de sus pasivos e inyectar nuevos recursos a la empresa.
Muy poco después de la adquisición, realizada en diciembre de 2005, la empresa reclamó un primer auxilio de sus asalariados. Solicitó a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, según acaba de recordarlo ASPA, “realizar esfuerzos extraordinarios” para reducir los costos laborales. “Nuestra organización aceptó, no sin dificultades, aportar de su contratación colectiva –es decir, salarios y prestaciones– cerca de 200 millones de pesos a lo largo de cuatro años”. La empresa, a la que en agosto de 2006 se incorporó Borja Chico, no se contentó con ese empeño sindical. Lo reclamó también de los sobrecargos, y al no obtener una respuesta satisfactoria, en 2007 planteó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un conflicto colectivo de naturaleza económica, mecanismo previsto en la ley laboral, una de cuyas consecuencias es la reducción de salarios y prestaciones. Aunque el tribunal del trabajo falló a favor de la empresa, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) acudió en busca del amparo de la justicia federal. Hasta la fecha el asunto está pendiente de resolución en la Suprema Corte.
Con ese antecedente, ASSA se puso en alerta ante la exigencia de hacer sobrellevar parte de los costos de la actual crisis: “Los accionistas nos proponen dejar sin empleo a 500 sobrecargos, que disminuyamos en más de 60% nuestras prestaciones e ingresos. Esta audaz propuesta (que se agrega a la de contratar cada cuatro años, sin revisión anual de salarios) es proporcionalmente semejante a la que se formuló a los pilotos”. Los sobrecargos respondieron con disposición “a cooperar, pero sólo si se demuestra que con nuestras aportaciones se salva la empresa y que además esto garantiza que siga adelante como un negocio rentable”.
Mientras formulaba en 2006 y 2007 estas demandas a sus trabajadores, la administración de Mexicana se aprestaba por su parte a disminuir el valor de la compañía. Creó dos aerolíneas de bajo costo, Clic y Link, que crecieron al punto de que hoy tienen a su cargo “el 95% del mercado nacional para Grupo Mexicana”, según lo hizo saber el propio consorcio. Se crearon otras empresas mediante el desmembramiento de áreas de trabajo de Mexicana, y finalmente, el 29 de diciembre pasado, hace apenas siete meses, fue creada otra controladora de las acciones, el Nuevo Grupo Aeroportuario, al que el Grupo Mexicana de Aviación vendió sus empresas y cedió los derechos para el uso de las marcas de la compañía. Por eso fue posible ofrecer, en una suerte de broma trágica, la administración de la empresa a los trabajadores mediante el pago de un peso, pues se les entregaría un cascarón que además debería pagar por el uso de su emblema y su denominación, a menos que se atrevieran a crear nuevas señas de identidad, una manera de repudiar la herencia que significa una trayectoria de 86 años, que se cumplirán el próximo 20 de agosto, pues Mexicana se constituyó en esa fecha de 1924.
En un claro doble juego, todavía el lunes y el martes de la primera semana de agosto, Mexicana siguió considerando como una opción ante su crisis el presentarse a concurso mercantil. Subrepticiamente ya lo había hecho el 2 de agosto, y su solicitud fue admitida a trámite el jueves 5. Al exponer en público las razones de ese paso jurídico, Mexicana dijo confiar en que el juez ordene “la continuidad de la prestación de servicios, con el objeto de preservar la operación de la empresa y garantizar al público consumidor que el servicio no será interrumpido y continuará en su beneficio”. Mientras esto declaraba, actuando en sentido contrario, la aerolínea anunció que no venderá más boletos, lo que equivale a una gradual pero inexorable suspensión del servicio. Es un acto suicida, pues dejará de obtener liquidez que le permita cubrir sus costos de operación, amén del pago oportuno de las obligaciones que se vencen.
He allí un modo bárbaro de pretender acabar con los contratos colectivos de trabajo. En el extremo, cuando se conviertan por esa insolvencia empresarial en acreedores de su patrón, los sindicalizados deberán pujar con otros intereses por la distribución de los escasos bienes que permanezcan en el patrimonio de Mexicana.
Ante esta situación en que el protagonista público es Manuel Borja The Fourth, no es impertinente una nota final sobre su familia paterna. En los términos en que la conocemos, la fundó Manuel Borja Soriano, durante décadas notario público número 36 de la Ciudad de México y muy notable como profesor en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, luego Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Compuso un libro de texto para su curso, la Teoría general de las obligaciones, editado por primera vez en 1935 y que durante muchos años sirvió a los estudiantes de leyes, a los que puso en contacto con la doctrina europea, particularmente la francesa, en esa materia.
Su hijo, Manuel Borja Covarrubias, siguió puntualmente sus pasos. También dotado de fe pública –aunque él ganó la patente de la Notaría 47–, fue asimismo profesor en la facultad correspondiente de la UNAM, y como su padre y sus hijos, serviría igualmente cátedras en la Universidad Iberoamericana. Era un hombre apacible, de quien en el curso de 1962 recibí las lecciones contenidas en el libro de Borja Soriano. Al año siguiente fui alumno de su hijo, Manuel Borja Martínez –el padre del ingeniero Borja Chico– en el curso de contratos, que se impartía en el cuarto año de la carrera. Era adusto, lo que le daba una apariencia de mayor edad de la que tenía, impresión que se completaba con el traje de tres piezas que era su atuendo habitual. Recuerdo su severidad extrema en dos momentos. El primero ocurrió cuando se opuso a dar clase mientras permaneciera en el aula un vagabundo que pedía limosna en los corredores universitarios y al que los estudiantes llamaban Wama, porque su larga cabellera negra era idéntica a la de un personaje de historieta mexicana, dibujado si mal no recuerdo por Fernández Bassoco. Para hacer salir al enorme pordiosero, que era ciego, el arisco Diego Fernández de Cevallos se mostró dispuesto a echarlo por la fuerza, pero reculó cuando Wama blandió su bastón improvisado, en realidad un trozo de varilla de hierro corrugado, útil para defenderse de ese tipo de agresiones. La cordura de la mayoría se impuso, se pidió al gigantón que se retirara voluntariamente y Borja Martínez, muy incómodo durante el episodio, pudo impartir la lección correspondiente.
Al finalizar el curso me asestó, injustamente, aunque sin mayores consecuencias, una sanción nacida de su conciencia ética. El examen era público, y en un momento en que se examinaba la pachuqueña Irma Ponce, su amigo el actopense Simón Montúfar no resistió pronunciar en voz alta la respuesta que nuestra amiga no hallaba. Borja Martínez se molestó con quien había soplado, pero creyó que había sido yo. Cuando tocó mi turno, pidió al profesor que examinaba con él que se ocupara de mí, pues se reconoció prejuiciado en mi contra. Fue así como aprobé el curso de contratos ante el interrogatorio de Salvador Rocha Díaz, muy joven litigante entonces y hoy avezado partícipe en el foro, después de una carrera pública que lo hizo virtual gobernador de su natal Guanajuato –como secretario de Gobierno priista de un gobernador interino panista– y ministro de la Corte.
Borja Martínez dirigió durante dos periodos, de
El discurso de los censores
Alfredo Figueroa Fernández*
Hace poco más de dos semanas, cinco de los nueve consejeros del Consejo General del IFE resolvimos, en apretada mayoría, que el presidente de la República había incumplido el texto del reformado artículo 41 de la Constitución, que impide a todo servidor público difundir propaganda gubernamental durante el tiempo que comprenden las campañas federales o locales. Ello ha provocado reacciones públicas de partidos políticos, de legisladores y de la Secretaría de Gobernación.
La postura asumida por el Ejecutivo, a través de Gobernación, ha sido promover un debate público cuyo eje utiliza el discurso de la defensa de la libertad de expresión que, como línea argumental, pretende poner en entredicho la resolución que tomamos. “…Se quiere silenciar al presidente”, “censurarlo”, manifestó un subsecretario de Gobernación, y agregó: “En un momento así, el presidente tenía que salir a explicar a la ciudadanía el problema de la seguridad”. Está claro: son censores, insensibles e irresponsables.
La historia no es nueva. Desde un principio, los medios de comunicación y sus intelectuales que se han opuesto a la reforma constitucional de 2007 enarbolados en la libertad de expresión tienen el problema de la autenticidad. No son en realidad los principales animadores las prácticas deliberativas en torno a este tema y el funcionamiento democrático de la radio y la televisión.
Apostaron mucho y de modo sistemático en contra del proceso electoral federal de 2009, descalificando al IFE o ignorándolo de todas las formas posibles. Apostaron también a que la gente se alejara como nunca antes de las urnas para fortalecer su discurso.
En el preámbulo estaban además los planteamientos de la “saturación de spots”, el “sandwichito” mientras salía propaganda política en los partidos de futbol, “la indiscutible necesidad” de volver propaganda integrada los tiempos oficiales de la autoridad “para que la gente participara”. Los medios monopolizadores, a causa de la prohibición de la venta de espacios comerciales a partidos y a gobiernos (éstos últimos sólo en periodos de campaña), intentaron generar repudio a la reforma electoral, con la bandera de la defensa de la libertad de expresión.
Los acontecimientos fueron otros. Por vez primera desde el nacimiento del IFE, en la elección de 2009 aumentó en varios puntos porcentuales y en millones de votantes la participación de los ciudadanos en elecciones legislativas; aún más, las jornadas del 4 de julio de ese año superaron las expectativas en prácticamente todas las plazas. Y el estrepitoso fracaso de las mencionadas pretensiones mediáticas ha sido envuelto en un conveniente silencio.
El modelo de comunicación política, electoral y gubernamental no aleja a las personas de las urnas; puede gustar o no, pero los fantasmas producidos por sus detractores han desparecido.
Estos antecedentes sirven para situar y tratar de entender la decisión del presidente y su equipo de descalificar la resolución del IFE reproduciendo el discurso de los censores. ¿De verdad alguien puede sostener que el depositario del Poder Ejecutivo, al que nadie puede acusar más que por traición a la patria y delitos graves del fuero común, está siendo censurado? Pienso que ello es difícil de sostener.
Veamos los acontecimientos. El PRI presentó diversas denuncias en contra del presidente, por violaciones al artículo 41 de la Constitución, con tres componentes esenciales: difusión de spots del gobierno federal en radio y televisión en la temporada de campañas en elecciones locales; dos conferencias o mensajes de prensa durante el periodo de campañas y de veda (pocos días antes de la elección), y la cadena nacional establecida el 15 de junio sobre el tema de seguridad.
En torno a los spots, se determinó por cinco votos que no hubo responsabilidad de RTC, toda vez que los medios difusores de la propaganda asumieron que, efectivamente, el gobierno había solicitado que no se transmitieran en el periodo prohibido por la Constitución en los lugares con elección. La consecuencia: se establecieron sanciones a los medios de comunicación. Respecto a las dos conferencias de prensa, se determinó por siete votos que no hubo responsabilidad del presidente, porque la prohibición –y esto es muy relevante– no implica que no hable o no siga con las funciones que tiene encomendadas; el que los medios consignen los discursos o las acciones del presidente tiene que ver con el valor noticioso que encuentren en ello. La consecuencia: no es fundado el agravio expresado por el PRI.
Finalmente, la cadena nacional, que es el medio por el que se difunde el discurso presidencial del 15 de junio, es un mecanismo donde la radio y la televisión no optan por la transmisión en función del valor noticioso; no es un acto de libertad de difusión, es una obligación que la ley les establece cuando, a juicio de la Secretaría de Gobernación, el mensaje sea “trascendente”. Para la mayoría de quienes juzgamos los 10 minutos de aquel discurso existen elementos incluso literales de la propaganda de radio y televisión, párrafos completos de logros de gobierno asociados a políticas públicas. La consecuencia: es fundado el agravio expresado por el PRI.
La defensa jurídica del presidente trató de que se desechara la queja, basada en que no se le puede acusar más que por las razones que hemos mencionado correspondientes al artículo 108 constitucional. El IFE, en ejercicio de sus funciones, desarrolló una investigación y arribó a una conclusión; consciente de las restricciones, no dio vista a los órganos competentes de acusar y juzgar al presidente, justamente conforme a lo dispuesto por la Constitución. Ahora, si la idea es que ni siquiera se arribe a la verdad, al análisis de los acontecimientos y de los involucrados, ¿quién quiere silenciar a quién?
He leído la preocupación asociada a la idea de que resoluciones como estas ensanchan las facultades del IFE para escrutar el debate público y no contribuyen a reanimar la democracia deliberativa. Pienso que es una preocupación equivocada. Las políticas de seguridad han sido el planteamiento por excelencia del Ejecutivo federal durante estos años y, para decirlo con claridad, son exactamente lo contrario de la deliberación colectiva. Ahora, si lo que se quiere es que las personas conozcan esta política para deliberar en torno a quién elegir como gobernante a nivel local, debemos decir que el modelo electoral que nos dimos supone que en el proceso de competencia política no exista propaganda de gobierno justo en el proceso deliberativo final, es decir, en las campañas.
Es exactamente eso lo que se limitó en la Constitución al detener la propaganda de gobiernos y la difusión de la imagen de servidores públicos. Querer lo contrario es una postura que ignora la historia de los abusos en que los gobernantes han incurrido incidiendo en la deliberación libre y equitativa de los ciudadanos; también, volverse un actor más de la contienda electoral con recursos públicos. Y eso es justamente lo que el IFE debe detener. No lo hace desde luego escrutando el debate público, sino conteniendo, en la medida de sus posibilidades y facultades, la propaganda de los gobiernos, a favor de la equidad de la competencia.
Si el presidente y su equipo quieren modificar, aun contra su propia historia política, el modelo de intervención de los gobiernos en las elecciones, deben intentar modificar la Constitución.
El IFE inició la edificación de su autonomía cuando el presidente dejó de ocupar, mediante el secretario de Gobernación, una silla en el Consejo General. Después, el proceso de cambio político en México nos ha llevado, con muchas resistencias –algunas aún no superadas–, a buscar la no intervención indebida de gobiernos y recursos públicos en los procesos electorales. Aún en nuestro país, a nivel local, padecemos por desgracia una relación de intervención desmedida entre gobernantes y elecciones.
Con las insuficiencias o ausencias legales –como la del artículo 134 constitucional–, con nuestras limitaciones criteriales, materiales y temporales, tenemos por ahora una respuesta frente a las intervenciones contrarias a la Constitución. Una respuesta que pone de manifiesto la conciencia de nuestro pasado y los retos que enfrentaremos en el futuro, ejerciendo nuestras facultades se trate de quien se trate. Nada más, nada menos. l
*El maestro Alfredo Figueroa Fernández es consejero del IFE.
