Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 31 de octubre de 2010
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS MEXICANOS EN DESGRACIA
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / ¿Quién decide en Ciudad Juárez?
La estrategia federal para contener la violencia fracasa porque fue diseñada desde el centro
Colaborador Invitado
(31 octubre 2010).- Ramón Galindo Noriega
Senador panista, presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara alta y ex alcalde de Ciudad Juárez 1995-1998.
A nadie le duele más que a los juarenses la violencia que se vive en la ciudad.
El presidente de la República ha implementado una estrategia que involucra acciones preponderantemente policiacas a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, pretendiendo coordinar las mismas con la policía municipal.
Adicionalmente se ha puesto en marcha un programa de reconstrucción del tejido social denominado "Todos somos Juárez", a fin de vertebrar los esfuerzos del propio gobierno federal y los juarenses para atacar el fenómeno delincuencial desde diversas aristas.
Como nunca en su historia, Juárez recibe atención y recursos por parte de la Federación, tanto en presupuesto como a través de programas y el envío de elementos para reforzar la seguridad.
A pesar de las acciones no se perciben avances. En mi ciudad se respira desaliento generalizado porque, a pesar de los esfuerzos, parece haber un retroceso en el camino por recuperar la paz.
Siguen multiplicándose las muertes brutales. Bastan, como ejemplos, el coche bomba que estallara en el mes de julio de este año, los jóvenes asesinados en días recientes mientras estaban en una fiesta y el atentado perpetrado en contra de unidades de transporte de personal en el cual murieron obreras de una maquiladora que habían terminado su turno de trabajo y se dirigían a sus casas. También los secuestros, extorsiones y delitos patrimoniales van en aumento.
¿Qué se está haciendo mal?
La estrategia del gobierno federal ha sido impulsada por una actitud reactiva, sin tocar el entramado institucional del Estado.
Se ha partido de un diagnóstico que pretende tratar de manera idéntica a todas las comunidades del país, buscando aplicar las mismas medidas y soluciones para una problemática que históricamente se ha construido a partir de la natural heterogeneidad de los municipios.
La lejanía del gobierno central y estatal ha probado ser un lastre para el desarrollo. Gobernar a distancia ha demostrado ser un camino doloroso y groseramente ineficaz.
Esta situación ha sido posible también por quienes han encontrado más cómodo que "otros" les resuelvan sus problemas desde lejos, sin reconocer la responsabilidad que les asiste para darse a sí mismos las soluciones particulares que les exige su propia realidad regional.
Es ingenuo esperar que las acciones estandarizadas de la Federación tengan un efecto multiplicador que impacte positivamente en la vida de miles de comunidades heterogéneas. Esta línea de pensamiento ha causado rezago social, clientelismo y en general un pobre desarrollo nacional.
¿Qué hacer distinto?
Es necesario darle a los municipios la participación que históricamente se les ha negado en éste como en otros rubros de la función pública.
Reconocer que la impunidad con que actúan los grupos criminales ha sido posible debido al grado de descomposición de las corporaciones policiacas de todos los niveles.
Repensar y refundar nuestras instituciones y las relaciones entre éstas, dando ahora sí participación al gran ausente, el ciudadano.
Los juarenses deben tener la libertad para determinar la política pública, evaluar a sus autoridades, decidir sobre el gasto público, llevar educación y bienestar a sus niños y jóvenes y, sobre todo, para prodigarse a sí mismos la seguridad tan anhelada.
El gobierno federal y los gobernadores deben renunciar a la tentación de desaparecer las policías preventivas y transferir dicha función a la esfera estatal; de lo contrario, siguiendo con esta política centralizadora se abrirán más espacios que serán aprovechados por los grupos criminales.
Un golpe de timón que aporte real autonomía y libertad a Juárez y a todos los municipios será un proceso que llevará tiempo, por ello es urgente iniciarlo cuanto antes. Sólo así podrá evaluarse la actuación y responsabilidad de todos los involucrados en este tema crucial para nuestro país.
A partir de esta reflexión es posible concluir que en Juárez no están dando frutos los esfuerzos del gobierno porque no parten de decisiones de la localidad y no se han tomado medidas para fortalecer la institución municipal. Nadie sabe mejor cómo resolver los problemas de Juárez que los juarenses, que aman esa tierra y tienen allí a sus familias, y como esa gente valiente lo ha probado a lo largo de su historia, más que dotes generosas de un gobierno central, sólo requieren los instrumentos para darse a sí mismos el destino que su propio carácter recio les demanda.
Drogas: regular o criminalizar
Reportaje Impactos de la Propuesta 19. Las elecciones del próximo martes en Estados Unidos han atrapado la atención pública mexicana por la votación de una propuesta para legalizar la mariguana con fines recreativos en California
Jésica Zermeño
(31 octubre 2010).- Pasado mañana los ciudadanos de California votarán la Propuesta 19, que legaliza la portación, producción y comercialización de la mariguana con fines recreativos. Los últimos sondeos no le auguran futuro: 51 por ciento de los californianos está en contra de la medida, contra un 39 por ciento a favor, según encuesta más reciente de Los Ángeles Times.
Además, el pasado 30 de septiembre el gobernador Arnold Scharzenegger desinfló la propuesta al firmar un decreto que convierte la posesión de una onza de mariguana (
Aun antes de votarse, la Propuesta 19 impactó en México: el debate sobre su pertinencia y viabilidad ha encontrado un campo fértil en un país donde se incrementan cada día las voces que cuestionan la eficacia de la estrategia contra el crimen organizado del presidente Felipe Calderón, quien el pasado 3 de agosto declaró que no se oponía a que se realizara un debate nacional al respecto.
El debate se dio de manera informal, en círculos académicos y periodísticos, y por medio de declaraciones aisladas de algunos actores políticos. Ni el gobierno ni el Congreso han auspiciado un debate formal para responder algunas de las preguntas que giran en torno a una eventual regulación: ¿la legalización de la mariguana, y de las drogas en general, representa una solución para el problema de la delincuencia organizada en México? ¿Es posible reducir la violencia si hay legalización? ¿Se debe seguir criminalizando la producción, tráfico y consumo de estupefacientes, o sería mejor regularlos?
Urge debatir
Enfoque consultó a un grupo de expertos, académicos e integrantes de la sociedad civil sobre estas interrogantes. Aunque hay diversas respuestas sobre los alcances y consecuencias de una medida de este tipo, los entrevistados concuerdan en que es necesario debatir y explorar a la brevedad la legalización de las drogas como una alternativa para contener el poder del crimen organizado, pues consideran que ha fracasado la estrategia punitiva del gobierno federal -basada en el combate policiaco-militar a las organizaciones delictivas, la captura de capos y los decomisos-.
Jorge Hernández Tinajero, presidente del Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (Cupihd), grupo interdisciplinario conformado en 2008 que aboga por la legalización de cannabis, pide que en el debate se diferencie entre la despenalización de la mariguana y la reducción de la violencia en el país, pues son fenómenos con causas y soluciones distintas.
"Ahora los políticos están viendo que el debate de las drogas impacta en el debate de la seguridad pública y el crimen organizado y están participando en él, pero por populismo y sin entenderlo. Los que están en contra de la legalización dicen 'legalizar las drogas no va a solucionar el problema del crimen organizado'. Pero, ¿cómo fortaleces institucionalmente esto? ¿Cómo fortaleces el lavado de dinero? Es un error vincular las dos cosas de manera inequívoca.
"Pensar que la violencia existe por las drogas es un error. Eso es lo que me preocupa de esa visión, que se están preguntando si lo que pase en California va a acabar con la violencia en México. Lo que pase en California tiene una importancia distinta y un impacto distinto para la política de drogas aquí. No en términos de la violencia, sino de debate. Y ponerlo en esos términos es perverso. Porque además condena a que cualquier cambio en la política de drogas, cualquiera, el más mínimo, si no soluciona el problema del crimen organizado entonces no sirve. En el fondo es un argumento del conservadurismo más atroz", asegura el politólogo.
California y la violencia
En Estados Unidos, muchas voces han participado en el debate de la legalización de cannabis en California, tanto a favor de la propuesta como en contra. En los últimos meses se han dado a conocer varios análisis de escenarios posibles que tratan de predecir cómo repercutiría una legalización en la espiral de violencia que azota al vecino del sur.
Uno de los últimos estudios publicados al respecto, y quizá el que ha tenido más peso en la discusión, es el auspiciado por la Corporación RAND. En él, los especialistas Beau Kilmer, Jonathan Caulkin, Brittany Bond y Peter Reuter cuestionan una cifra básica para el debate sobre las consecuencias de la legalización en la violencia en México: que el 60 por ciento de las ganancias de los cárteles mexicanos proviene de la mariguana.
Según sus mediciones, esta cifra no es creíble, y es resultado de 25 años de reportes inconsistentes de agencias antidrogas estadounidenses e internacionales. Para que fuera realidad, cada consumidor de cannabis en Estados Unidos tendría que fumarse 4.5 churros diarios durante los 365 días del año, lo mismo el fumador ocasional que el crónico. Lo cual es imposible, según los investigadores.
Con esta primera conclusión, y tras analizar el mercado de drogas mexicanas en Estados Unidos -en donde la cannabis mexicana es considerada de mala calidad-, los autores estiman que las ganancias de los cárteles mexicanos por esta droga son sólo de entre 15 y 26 por ciento de las ganancias totales, por lo que la legalización en California representaría solamente pérdidas de entre 2 y 4 por ciento, pues en este estado la tercera parte del consumo se resuelve con plantas cultivadas en el estado.
"Con respecto a si la legalización de la mariguana podría ayudar a reducir la violencia en México, nuestra mejor respuesta es 'no en una medida apreciable salvo que las exportaciones de mariguana de California dejen a la mexicana fuera de los mercados de otros estados; si eso pasa, en el largo plazo, quizá sí, pero no en el corto plazo'. No hay arreglo rápido, políticamente factible para reducir la violencia ocasionada por las organizaciones criminales en México. Como varios investigadores han notado ya, hay cuestiones fundamentales relacionadas con el sistema de justicia que necesitan ser abordadas antes de que cualquiera pueda esperar mejoras significativas en la situación de seguridad de México", se lee en el estudio.
Este informe se ha convertido en una de las principales banderas de los que se oponen a la legalización en California, y su discusión en México ha permitido distinguir entre la disminución de la violencia y un cambio en la política de drogas.
Ante este escenario, Peter Reuter, asesor senior de RAND, especialista en el estudio del mercado de estupefacientes e investigador de la Universidad de Maryland, considera que el referéndum en California puede traer pocos beneficios directos para México, pues es complicado que la propuesta se ponga en marcha aunque se apruebe. Reuter recuerda que el procurador general estadounidense, Eric Holder, anunció que los portadores de mariguana en ese estado seguirán siendo detenidos, aunque se apruebe su consumo.
Reuter considera que el principal beneficio será indirecto: la discusión californiana ha creado un momento adecuado para que se inicie en México un debate serio sobre cómo debe ser su política de drogas.
"Si México piensa ahora en legalizar, no creo que haya grandes consecuencias. Pero hay que analizarlo. Estoy interesado en el caso mexicano desde que la violencia comenzó, y lo que más me impresiona es que nadie ha presentado nada que suene como una solución real. Quizá sea el momento para pensar en otra política de drogas.
"Los argumentos para legalizar suenan bastante convincentes. Sin embargo, no me gusta la Propuesta 19, pues permitiría el comercio de mariguana, y yo no veo ninguna razón para despenalizar el comercio si simplemente se legaliza la producción en casa. Con eso eliminarías el rol de las organizaciones criminales. Y hay otros temas, como sanear la corrupción de los cuerpos policiacos, que incidiría más que la legalización, pues en México el consumo es relativamente bajo", sostiene.
Reuter recomienda a México buscar primero la legalización de cannabis con fines terapéuticos.
A diferencia de la política de drogas mexicana, la política que rige la mariguana en Estados Unidos ha estado en movimiento constante. En 1996, California se convirtió en el primer estado en legalizar el uso de cannabis con fines médicos. Le han seguido otros 13 estados.
En México, el único cambio significativo en la materia se dio en abril de 2006, cuando el Senado aprobó cambios a la Ley General de Salud y a los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales para despenalizar la portación de dosis mínimas de todas las drogas. La ley permite dosis personales de cocaína, heroína, opio y mariguana siempre y cuando la persona que la tenga la necesite por prescripción médica o por adicción. Sin embargo, la producción y comercialización es ilegal para todas las sustancias.
Ante la diferencia de políticas entre ambos países, y con la votación de la Propuesta
Creel mencionó que tenía que analizarse cómo impactaban en la guerra contra el narcotráfico la legalización de la cannabis para su uso médico en los 14 estados norteamericanos que lo han aprobado, así como la decisión de la administración Obama de no aplicar las leyes federales en estos estados; la legalización de la producción de cannabis en Oakland y su gravamen (con el 1.8 por ciento de impuesto) y la votación del referéndum en California.
Dispersión del delito
Otra inquietud ha aparecido en los debates sobre despenalización: si la producción y el comercio de estupefacientes se legaliza, ¿las organizaciones criminales se convertirían en legales porque sí? ¿Quién impedirá que dirijan sus esfuerzos a otras actividades ilegales, como la extorsión y el secuestro?
El empresario Alejandro Martí, presidente de la Asociación México SOS y quien ha sufrido en carne propia las consecuencias de un secuestro, considera que el Estado mexicano es muy débil para impedir que los cárteles sigan dedicándose a actividades ilegales tras la legalización de estupefacientes, por lo que advierte el riesgo de que la legalización traiga en el corto plazo más violencia al país.
"La legalización representa una amenaza porque nuestros cárteles no se especializan en una sola cosa, son delincuentes en lo que les deje dinero, tendremos un brote de violencia. Yo lo he conversado mucho con autoridades. Debemos de reforzar mucho las autoridades de seguridad pública, no la guerra contra el narcotráfico, sino la protección de los ciudadanos, porque muy posiblemente se venga una andanada de violencia", asegura.
Aun sin ser partidario de la legalización, Martí considera que deben explorarse ideas novedosas para el combate al crimen organizado, porque actualmente las organizaciones criminales son invencibles.
"Es un problema mundial, no hay país que se salve ya de este problema. Ya es pertinente que se empezara a tratar la legalización, y que den una solución. Nosotros somos un país de una economía muy pequeña comparada con Estados Unidos. Que allá estén empezando a tomarse acciones distintas para controlar el problema, nosotros deberíamos irles copiando. Punto.
"Si ellos dan un paso para adelante nosotros también tenemos que darlo. No se puede, debido a la frontera de tantos miles de kilómetros, que nosotros tengamos una política y ellos otra, porque eso nos va a generar conflictos tremendos. No puede ser que el mercado más grande del mundo se esté saliendo de una jugada en la cual nosotros seguimos inmersos, y por culpa de su consumo. Soy realista. Estamos invirtiendo fortunas en combatir algo que no se va a resolver", apunta.
Jorge Hernández asegura que la despenalización de la mariguana en el corto plazo, y de todas las drogas en el largo, ayudaría a incrementar el número de denuncias por otros delitos, como secuestro y extorsión, pues con el narcotráfico tanto el distribuidor como el consumidor están haciendo una transacción fuera de la ley, por lo que son cómplices. "A ningún consumidor le interesa denunciar a su dealer", sostiene. Según el presidente del Cupihd, en los demás delitos la víctima no tiene esa complicidad, lo que permitiría al gobierno hacer una alianza con la sociedad, algo que ahora no ocurre.
Nuevos impuestos
La posibilidad de que el gobierno adquiera ingresos vía impuestos por legalizar la mariguana es otro punto que ha sido ampliamente discutido en Estados Estados. Es el argumento de más éxito entre los promotores de la Propuesta 19.
Los promotores de la propuesta estiman que California podría obtener por lo menos mil millones de dólares anuales vía impuestos para las arcas de al menos 500 condados y ciudades que, según la iniciativa, serían los encargados de recaudarlos.
Andrew Seele, director del Instituto México del Woodrow Wilson International Center -centro de estudios especializado en investigaciones sobre el país con sede en Washington DC-, considera que la única forma en que el debate sobre la legalización de la mariguana tenga posibilidades reales de éxito es que todo Estados Unidos legalice la cannabis.
En su opinión, si el mercado de la mariguana en Estados Unidos no se legaliza realmente, es decir, que los estados puedan comercializarla sin la prohibición del gobierno federal, es muy complicado que en México haya cambios, por lo menos en el corto plazo. Por eso opina que el debate debería comenzar ya en ambos lados de la frontera.
"Una legalización real en Estados Unidos o México obviamente puede ser una fuente de ingresos fiscales. Pero todo depende si se da una legalización real, porque una legalización a medias, es decir, que el gobierno federal norteamericano no la reconoce, como al parecer va a pasar en California, no va a permitir que los vendedores de mariguana sean comerciantes legales.
"El tema es fascinante. Habría que ver qué pasa después, para ver si esto se aprueba cuál es la reacción. La aprobación en sí no va a ser tan importante. No creo que vaya a cambiar la dinámica del mercado, por lo menos en el corto plazo, pero la reacción podría generar un debate sobre las drogas, tanto en Estados Unidos como en México. La lección es que necesitamos ser creativos en ambos países en cómo enfrentamos a la amenaza del crimen organizado", señala.
Intentos legislativos
Los esfuerzos formales por legalizar la mariguana en todo México se han dado sólo en este sexenio. La primera iniciativa en la materia fue presentada en San Lázaro durante la LX Legislatura, el 27 de noviembre de 2007. Su autora, Elsa Conde, era representante de Alternativa Socialdemócrata. En la propuesta se pide que el uso recreativo de la mariguana no sea penado con cárcel, sino con sanciones educativas.
Seis iniciativas más han sido presentadas. Cuatro de ellas están en la Cámara de Diputados, una en el Senado, una en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y otra en el Congreso del estado de México. De ellas, tres plantean la legalización de la producción, comercialización y consumo; dos más piden la legalización de la planta para uso médico y una propone la legalización sólo de su producción para que se desarrolle en el país una industria de cáñamo industrial -la fibra que se obtiene de la planta de cannabis.
Ninguna de las iniciativas se ha discutido.
Conde, psicóloga de profesión e integrante del Cupihd, es autora de tres de ellas. A su parecer, si el Congreso decide iniciar un debate serio sobre la legalización de la mariguana, debería partir de las siete propuestas que se tienen guardadas.
"Es el momento de que el Congreso mexicano retome el trabajo ya realizado antes. Que ésa sea su base. Esas iniciativas cuentan con todos los elementos para regular un nuevo mercado de drogas porque fueron realizadas por un equipo interdisciplinario de especialistas.
"La discusión en California ha abierto la puerta para que se realice un debate profundo sobre el tema, algo que no se pudo lograr en la Legislatura en la que yo participé. Pero a estas alturas la guerra contra el narcotráfico calderonista ha demostrado que no es la solución. Hay que despenalizar el debate, y aquí el Poder Legislativo es fundamental, podría tomar la batuta", asegura.
Ante la inminente votación de la Propuesta 19, el presidente Calderón aprovechó la XII cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, celebrada el pasado 26 de octubre, para cabildear un pronunciamiento conjunto expresando su inquietud por el referéndum de California.
El mandatario mexicano alertó sobre la posible incongruencia que representaría la aprobación de la iniciativa, pues implicaría la criminalización y legalización simultánea de la droga. "Es una exigencia de congruencia: no se puede criminalizar y legalizar al mismo tiempo", señaló en conferencia de prensa posterior a la cumbre junto a sus homólogos colombiano y costarricense, Juan Manuel Santos y Laura Chinchilla, respectivamente. En la Cumbre también participó el presidente de Guatemala.
Por su parte, el presidente Santos advirtió que si en California se legaliza la mariguana eso generaría una discusión inmediata para revisar la estrategia global contra las drogas.
En la declaración final, los mandatarios latinoamericanos plasmaron que observaban "con preocupación el desarrollo de iniciativas locales que proponen la legalización del uso y consumo de la mariguana, dado que dichas medidas no resuelven el problema que representa el crimen organizado transnacional, cuyo combate exige un auténtico compromiso regional y políticas coordinadas para hacer frente a este reto compartido".
La posibilidad de que al fin se abra un debate en México y en América Latina en torno a la legalización sigue vigente. La atención, por lo pronto, está puesta en California.
Debate a la mexicana
El 3 de agosto del 2010, en los foros "Diálogo por la seguridad", el presidente Felipe Calderón se mostró abierto a que se debata en México la legalización de narcóticos. Éstas son algunas voces que se han pronunciado sobre el tema.
"Tenemos que poner sobre la mesa, como Plan B, qué ocurre si legalizamos algunas drogas y cuáles son las mecánicas más apropiadas llegado el caso".
Eduardo Gallo, presidente de México Unido Contra la Delincuencia.
Participación en el foro "Diálogo por la Seguridad". 2 de agosto.
"No estoy de acuerdo con la legalización de drogas, pero no me opongo a que se debata".
Felipe Calderón, presidente de México.
En su cuenta de Twitter. 3 de agosto.
"Debemos pensar en legalizar la producción, distribución y venta de las drogas. Legalizar en este sentido no quiere decir que las drogas sean buenas o no dañen a quien las consuma, éste no es el propósito, más bien tenemos que verlo como una estrategia para golpear y romper la estructura económica que les permite a las mafias generar enormes ganancias en su comercio que, a su vez, les sirven para corromper e incrementar sus cotos de poder".
Vicente Fox, ex presidente de México.
Artículo publicado en su blog. 7 de agosto.
"En Acción Nacional estimamos que la posible legalización de las drogas ilícitas sería y representaría únicamente una puerta falsa, una falsa salida".
César Nava, dirigente nacional del PAN.
Discurso en el foro "Diálogo por la Seguridad". 10 de agosto.
"Hay que quitarle valor al negocio del tráfico de estupefacientes, y eso se logra, entre otras medidas -cuando menos así lo dice la experiencia-, con su legalización. No es cierto que Elliot Ness y Los Intocables vencieron a la mafia traficante de licor, ésa es la versión de Hollywood. No, a los traficantes de licor en los Estados Unidos, igual de despiadados, igual de violentos que los narcotraficantes de estupefacientes, los venció la legalización del consumo de alcohol".
Jesús Ortega, dirigente nacional del PRD.
Discurso en el foro "Diálogo por la Seguridad". 10 de agosto.
"Es difícil convocar a la construcción de acuerdos y consensos cuando se ha estado trabajando insistente, incisivamente, en la generación de ambientes de descalificación y polarización. Y sería muy grave, en este marco, que una discusión analítica, seria y responsable sobre ventajas y desventajas sobre legalización de las drogas vuelva a ser un instrumento de polarización. Ya hay demasiados elementos en la realidad nacional".
Beatriz Paredes, dirigente nacional del PRI.
Discurso en el foro "Diálogo por la Seguridad". 10 de agosto.
"Legalizar las drogas sería claudicar a la tarea esencial del Estado de combatir al crimen organizado".
Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.
Conferencia en el Woodrow Wilson International Center, Washington DC. 11 de agosto.
"Es indispensable dejar de prohibir la mariguana. En Estados Unidos, su cultivo y venta para fines médicos ya es legal en 14 estados y posiblemente en noviembre sea plenamente legalizada para consumo lúdico en California, una de las economías más pujantes del mundo y una de las sociedades más cercanas, en geografía y cultura, a la nuestra. No tiene sentido mantener la prohibición en México. Despenalizar la mariguana y regularla debidamente es posible sin violar acuerdos internacionales. Bastaría con legalizar la producción industrial del cáñamo, reglamentar los usos médicos y tolerar los usos lúdicos y la producción doméstica destinada a ellos".
Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas.
Carta intitulada "Bienvenido al debate, señor presidente". 16 de agosto.
"En junio de 1995 y marzo de 2000 la portada de Nexos estuvo dedicada a la pregunta de si había que legalizar las drogas o no. Hoy volvemos al tema suprimiendo los signos de interrogación. Por todas las razones históricas, económicas, éticas, políticas, de salud y de seguridad pública ampliamente discutidas en Legalizar. Un informe, documento central de esta edición, Nexos se pronuncia ahora claramente por la legalización de las drogas, en el espíritu de regulación y despenalización que es, creemos, el curso civilizatorio en que ha de desembocar el debate mundial sobre el tema".
Editorial de la revista Nexos.
1o. de octubre.
"Estoy proponiendo que el gobierno establezca una comisión intersecretarial para que analice qué es lo que va a pasar en el caso de que se liberalice totalmente el consumo de la mariguana en el estado de California, qué va a pasar con el mercado, qué va a pasar con el precio, qué va a pasar con el consumo. Sería verdaderamente imperdonable que en México estuviésemos poniendo los muertos y en California llevándose las utilidades".
Santiago Creel.
Videomensaje. 2 de octubre.
"Si se legaliza la droga es resignarte como país a que no sólo los jóvenes, sino los adolescentes y los niños, puedan tener acceso al mercado de drogas con la misma facilidad que hoy tuvieran acceso a una cajetilla de cigarros. Eso generaría, a mi juicio, un terrible daño en nuestra sociedad. Son notablemente más los perjuicios que los beneficios. Veo difícil (la legalización en este sexenio) ...claro que si lo hace California, sí nos va a meter en un serio aprieto. Va a tener un impacto en el mercado mexicano y no sé en qué sentido francamente; habrá que examinarlo y, si se da, es realmente muy difícil para un gobierno meter a la cárcel a un campesino que está sembrando mariguana para vendérsela a los californianos".
Felipe Calderón, presidente de México.
Entrevista con Pablo Hiriart en el programa Frente al país. 5 de octubre.
"En caso de que sea positiva la resolución, es decir, que se legalice (la mariguana), nosotros tendríamos en México que revisar todo lo que estamos haciendo".
Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal.
Entrevista en su gira por Madrid. 25 de octubre.
¿Qué dice la Propuesta 19?
En 2009, Richard Lee, un activista en favor de la legalización de mariguana y proveedor de cannabis para uso médico en Oakland, presentó la iniciativa.En marzo de 2010, la propuesta calificó para ser incluida en la votación del próximo martes, con 694 mil 248 firmas de apoyo.
Permite a los ciudadanos:
· Poseer, compartir y transportar a los mayores de 21 años hasta una onza de mariguana (
· Cultivar en propiedad privada plantas de cannabis para consumo personal en un área no mayor de
Prohíbe:
· Fumar mariguana en lugares públicos o frente a menores de edad.
· Conducir un vehículo, avión o bote bajo efectos de la mariguana.
· Que los particulares vendan mariguana.
Deja en manos de los gobiernos locales:
· Decidir si en su territorio la venta de cannabis será legal y, en caso de que lo sea, el monto del impuesto que se pagará por esta actividad. Si el gobierno local decide que la venta de mariguana siga siendo ilegal, el consumidor mantiene el derecho de poseer y consumir.
· Controlar el cultivo, procesamiento, distribución, transporte y la venta de cannabis.
· El aseguramiento de que todos aquellos que participen en la cadena productiva de mariguana tengan más de 21 años.
· La vigilancia y el control para acreditar establecimientos de venta, así como su funcionamiento.
Penas por violar la ley contra menores:
· Hasta siete años de prisión para aquellos mayores de 21 años que fumen frente a un menor, empleen a menores en la cadena productiva de mariguana o vendan cannabis a menores de 14 años.
· Hasta cinco años de prisión para personas de
Desde el 8 de octubre Enfoque solicitó al vocero gubernamental en materia de seguridad, Alejandro Poiré, una postura sobre el tema de legalización, pero la solicitud no fue atendida.
EU: elecciones críticas
Análisis Obama y los comicios intermedios. Obama llega debilitado a las elecciones de medio término, pero no sería la primera vez que un Presidente norteamericano pierda la mayoría en la Cámara y el Senado. Una elección crítica supone un proceso de realineamiento electoral que transforma la lógica de competencia
Zoé Robledo
(31 octubre 2010).- "Los políticos y los pañales deben ser cambiados con frecuencia y por la misma razón".
Popular calcomanía para coche de venta en temporada electoral.
A la mitad de su primer periodo como presidente de los Estados Unidos de América muchos lo empiezan a considerar un cadáver político. Está a punto de perder la mayoría del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes y se esfuma la posibilidad de su reelección. Mientras tanto, del otro lado del pasillo, el ala más conservadora del Partido Republicano ofrece un "Contrato por América" que propugna la reducción del tamaño e intervención del gobierno y la reducción de impuestos.
Todos lo culpan a él. Él y su obsesión por reformar el sistema de salud. Él y sus ideas de cambio. Él y el protagonismo de su esposa.
Él es... Bill Clinton. Era 1994, y por primera vez en 40 años los demócratas perdieron la mayoría de ambas Cámaras, la de Representantes y el Senado. Al intentar una reforma profunda del sistema de salud, Clinton fracasó estrepitosamente; contagió al Partido Demócrata con el estigma de la derrota; debilitó a sus candidatos y todo se vio reflejado en los resultados electorales: perdió 54 escaños en la Cámara de Representantes. La de 1994 fue su derrota: un masivo y dramático repudio al Presidente y sus políticas. Muchos encuestadores y analistas predecían el fin adelantado de su Presidencia. Y se equivocaron. Dos años después de su abrumadora derrota legislativa, Clinton logró lo que ningún otro Presidente demócrata había alcanzado desde Franklin Delano Roosevelt: reelegirse.
Hoy muchos creen que ese guión se repite. Que en su primera elección intermedia, Barack Obama se dirige irremediablemente hacia un gobierno dividido. Que el Partido Demócrata perderá la mayoría en el Congreso, escaños claves en el Senado y muchas gubernaturas. Que el Tea Party generará un nuevo equilibrio del sistema político estadounidense. Que a la mitad de su primer periodo como presidente de Estados Unidos Obama es un cadáver político. Quizá para entender el significado real de ese proceso hay que desagregar las distintas elecciones y esbozar los posibles resultados. Porque uno es el resultado del 2 de noviembre, que redistribuirá el poder; y otro, muy distinto, el del 3 de noviembre, que podría realinear la política de Estados Unidos.
Cámara de Representantes
La Cámara de Representantes se compone de 435 congresistas, que actualmente están distribuidos en 255 demócratas y 178 republicanos (los dos escaños restantes están vacantes). Una pregunta que ha surgido es si los demócratas perderán esa mayoría. Es difícil pero no improbable. Para que los republicanos ganen la mayoría de la Cámara de Representantes deben mantener todos sus escaños y conquistar, por lo menos, otros
La historia reafirma esta opinión. Desde el mandato de Abraham Lincoln, es casi una regla que el partido del Presidente pierda escaños en la Cámara baja en elecciones legislativas intermedias. Las grandes excepciones son tres: Roosevelt en 1934; Clinton en 1998 y la elección intermedia en el primer periodo de George W. Bush en el año 2002.
Algunas veces perder asientos significa también la pérdida de la mayoría; en otras sólo un reacomodo parcial. Pero, a pesar de que transferir 42 escaños de un partido a otro parece una meta inalcanzable, ocurre con más frecuencia de lo que se cree. Desde 1910 son 12 los presidentes que han perdido un número mayor a 42 escaños en una elección intermedia: Desde William Howard Taft, cuyos aliados republicanos perdieron 57 asientos en la elección de 1910; pasando por los 72 que perdió Roosevelt en 1938 luego de la recesión de 1937; los 48 congresistas demócratas que perdió Lyndon B. Johnson en plena guerra de Vietnam (1966) y los 48 republicanos que le costó a Nixon el escándalo Watergate en 1974.
Esos reacomodos son rutinarios en la política estadounidense. Lo que preocupa, más que la redistribución es el realineamiento. Y es que los republicanos podrían estar ganando escaños demócratas, pero perdiéndolos frente al Tea Party. Según un análisis de cada una de las elecciones de congresistas y senadores, realizado por el New York Times, existen 129 candidatos al Congreso y 9 al Senado que son apoyados de forma significativa por el Tea Party. Y nada asegura que, una vez en funciones, algunos de estos candidatos radicales opten por dar la espalda al partido que los postuló pero al que no le deben la victoria electoral.
Senado
El Senado norteamericano está compuesto por 100 integrantes. Hasta el 19 de enero de este año, los demócratas contaban con lo que se conoce como una "supermayoría", o mayoría absoluta, de 60 escaños, lo que les permitía superar cualquier intento de veto o de imposición de mociones dilatorias por parte de los 40 senadores republicanos en el proceso legislativo. Pero ese anhelado escenario político llegó a su fin en enero y de forma casi profética.
En enero, en Massachusetts, se celebraron elecciones especiales para ocupar un asiento vacante en el Senado: el que ocupó el legendario Ted Kennedy durante casi 47 años de forma ininterrumpida. Los demócratas estaban confiados de conservar esa posición, sobre todo si se considera que ese estado, además de ser la tierra de la familia Kennedy, apoyó abrumadoramente a Obama en 2008 con 61.8 por ciento de la votación. Pero la elección dio un vuelco que pocos esperaban: ganó el candidato republicano, Scott Brown, un político ultraconservador impulsado por el Tea Party, que es recordado por haber posado desnudo en 1982 para la revista Cosmopolitan como el "hombre más sexy de Estados Unidos". En enero, en Massachusetts, los demócratas quedaron vulnerables al bloqueo republicano en el Senado, lo que muchos entendieron como el preludio de las elecciones de noviembre.
Y es cierto, los demócratas podrían perder la mayoría en el Senado (59 escaños contra 41 republicanos), o por lo menos reducirla de forma significativa con derrotas muy emblemáticas. De los 37 escaños del Senado que están en juego en esta elección, 19 pertenecen a los demócratas y
Gubernaturas
En el nivel local las tendencias de este año también se han trasladado pero con efectos distintos. De los 50 estados que componen la Unión Americana, 37 irán a las urnas para votar por gobernador. De esos 37, 19 son estados con gobernadores demócratas y 18 republicanos. Y todo indica que ambos partidos tendrán problemas a la hora de proteger sus territorios, por lo que se esperan cambios que podrían ser tan relevantes para Estados Unidos como la elección legislativa.
De esta forma se podría presentar una reconfiguración del mapa político local en el que 18 estados cambiaran de partido y, se modificara el equilibro en el plano general. Actualmente los demócratas tienen 26 estados frente a 24 de los republicanos. Según algunos pronósticos, el Partido Demócrata podría conseguir hasta seis gubernaturas que actualmente tiene el Partido Republicano: California, Connecticut, Hawái, Minnesota, Rhode Island y Vermont. Mientras que, en el sentido inverso, el Partido Republicano podría arrebatarle al Partido Demócrata hasta 12 gobiernos estatales: Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Nuevo México, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Wisconsin y Wyoming. De esta forma, si el resto de los estados se mantiene como estaban, los demócratas gobernarían un total de 20 estados, frente a 30 de los republicanos.
Eso es en el mapa general. Pero poniendo la mira en algunas de estas elecciones, no cabe duda que hay tres frentes que han acaparado muchas miradas. Según la revista The Economist, si la cantidad de dinero que se gasta en una campaña puede considerarse una medida de la significancia de esa contienda, entonces las tres más importantes de estas elecciones intermedias son para gobernador: California, Florida y Texas. Según el National Institute on Money in State Politics, que monitorea las contribuciones en las elecciones locales, estas tres elecciones tendrán un gasto de 813 millones de dólares.
Todo indica que en Florida y Texas los republicanos conservarán las gubernaturas. Pero en California puede haber sorpresas. Llega a su fin la saga del Governator, Arnold Schwarzenegger, que resultó menos radical de lo que muchos imaginaban e, incluso, podría prepararse para entregar el gobierno a un demócrata. Decir esto en la tierra de Richard Nixon y Ronald Reagan es decir mucho. Pero además la contienda californiana tiene un elemento muy interesante: el fortalecimiento de la tendencia de los candidatos no políticos. Es el caso de Meg Whitman, antigua presidenta del Consejo de Administración de eBay, la exitosa empresa de subastas por internet. Según la revista Forbes, Whitman es la cuarta mujer más adinerada de California con una fortuna de mil 300 millones de dólares. Su decisión de financiar sus aspiraciones políticas con dinero de su propio bolsillo ya la hizo pasar a la historia: con un aproximado de 140 millones de dólares, es la persona que más dinero ha gastado autofinanciando su campaña. La expectativa a futuro tiene que ver con las potencialidades de su perfil -mujer y exitosa en los negocios-; si gana, empezará a sonar como posible candidata republicana a la Presidencia.
Elección crítica
Es muy probable que la elección del 2 de noviembre reconfigure el mapa político de Estados Unidos; pero en el amanecer del día 3 de noviembre podría traer consigo una nueva lógica en la competencia electoral, un realineamiento político. No sólo se trata de mayorías legislativas, repartición de escaños y distribución de territorios entre dos partidos políticos; podríamos estar ante punto de quiebre.
¿Qué significa ese término? Según la ciencia política, una elección crítica supone un proceso de realineamiento electoral que transforma la lógica de competencia. En su artículo de
Una elección es crítica cuando reúne seis elementos que la teoría atribuye al proceso de realineamiento electoral: la existencia de una gran participación electoral, la aparición de conflictos en la nominación de candidatos dentro de alguno de los grandes partidos, la irrupción de "terceros partidos" en la arena electoral, la aparición de nuevos temas de conflicto (issues o clivajes), una fuerte polarización ideológica y, finalmente, cambios sustanciales en las propuestas de políticas públicas.
Lo anterior abre más dudas que respuestas. ¿Podríamos clasificar la de 2010 como una elección crítica? ¿Qué ocurriría si los candidatos republicanos apoyados por el Tea Party deciden escindirse de ese partido una vez que lleguen al Congreso? ¿Será la derrota demócrata una crisis de representación política o una crisis de comunicación de sus resultados?
Quizá estamos frente a un proceso político todavía más profundo: el fin de la democracia como fin. Y es que lo que está en juego es la reconfiguración de la conciencia democrática del electorado estadounidense. Se trata de un punto de quiebre en el que la democracia deja de ser un fin en la persecución de los ideales de libertad, igualdad y pluralidad y se convierte en un medio práctico para dar respuesta a necesidades y problemas individuales. Ése es el verdadero riesgo de esta elección: que la democracia estadounidense abandone sus valores primordiales y asuma compromisos de eficacia que son ajenos a su naturaleza. Si es así, en esta elección Estados Unidos podría estar en el umbral del final de un ciclo histórico que los obligará a desplegar uno de sus inventos mejor concebidos: renovarse o morir.
El autor es politólogo y analista político. Twitter: twitter.com/zoerobledo.
PAN: relevo y oportunidad
Debate Sucesión panista. En las dos últimas designaciones de dirigente nacional se dieron vicios que postraron a la militancia. Roberto Gil Zuarth se cuece aparte. Sus dos años de militancia ni siquiera le bastan para entrar al Consejo Nacional
Manuel Espino Barrientos
(31 octubre 2010).- Los panistas tenemos en la elección de nuestro presidente la gran oportunidad para revitalizar al partido, reconciliarlo con la sociedad y regresarlo a la senda del triunfo electoral.
Si actuamos con ánimo propositivo estamos muy a tiempo de capitalizar las duras lecciones que nos dio el pasado reciente y devolver a los mexicanos el partido ciudadano y democrático que siempre tuvieron en Acción Nacional.
El genoma democrático El PAN no nació en la sombra como apéndice del poder. Nació a la luz ciudadana de un ideal demócrata. Por eso es el partido más democrático y democratizador de la historia de México.
Esta génesis cívica hizo que la vida interna del PAN avanzara a través de decisiones colegiadas, órganos colectivos, asambleas y convenciones justas, jamás bajo la rienda del caudillismo o el autoritarismo.
Ello no impidió el disenso o la discusión airada, pero nunca nos preocupó el debate. Los panistas preferimos todos los problemas de la libertad de expresión a una sola de las ventajas de la censura.
También preferimos el acuerdo de hombres y mujeres libres, por encima de las decisiones unipersonales. Ante nuestros antagonistas siempre mostramos el orgullo de contar con candidatos y jefes partidistas electos democráticamente.
A contracorriente de la historia
Esa tradición panista fue despreciada durante los virreinatos de los dos últimos dirigentes nacionales. Prácticamente se canceló la competencia interna y se bloqueó el debate en nuestros órganos deliberativos, pretendiendo imponer la mordaza azul, de la cual la intentona de expulsarme es sólo uno de cientos de ejemplos.
En las designaciones (que no elecciones) de nuestros dos anteriores presidentes, se reflejaron vicios que postraron a la militancia: la presión gubernamental, la sumisión al poder, la compra de voluntades.
Incluso, para designar a Germán Martínez y César Nava importamos un concepto del PRI que hubiera avergonzado a nuestros fundadores: el "candidato de unidad".
Esos antecedentes permiten anticipar que se seguirán utilizando las mismas prácticas que mantienen a ese grupo en control de Acción Nacional. De hecho, al ver la trayectoria reciente de quienes actualmente aspiran a presidir el PAN vemos que se trata únicamente de calderonistas.
Estamos ante una escenografía de democracia, como los cubanos que van cada dos años y medio a elecciones en las que siempre ganan castristas.
Currículums de sumisión
Gustavo Madero ha demostrado fehacientemente su sumisión al presidente Calderón, sin brindar una sola muestra de independencia.
De Cecilia Romero cabe decir que como funcionaria del gobierno jamás expresó interés en dirigir al PAN, iniciativa que mostró al quedarse sin empleo.
De Francisco Ramírez Acuña basta recordar que "destapó" a Felipe Calderón. Sí, salió de la Secretaría de Gobernación en términos poco cordiales, pero ha mostrado tibieza en defender al partido de las injerencias del calderonismo.
Ahora ellos tres difunden un discurso con el que estoy de acuerdo (pues lo he venido esgrimiendo durante años) pero que nunca les escuché hasta ahora. En sus currículums no hay ejemplos de independencia frente al poder.
Madero, Ramírez y Romero deben responder por todas las veces que callaron ante las imposiciones, sin dar la cara por el partido. Les sobraron oportunidades para ponerse del lado de la militancia, pero las dejaron pasar. Como bien dice Roberto Bolaño: "uno tiene la obligación moral de ser responsable de sus actos y también de sus palabras, e incluso de sus silencios".
Roberto Gil Zuarth se cuece aparte. Sus dos años de militancia ni siquiera le bastan para entrar al Consejo Nacional. Sólo lo une al PAN el beso del diablo que le espetó su padrino Germán Martínez, quien dijo que con su candidatura comienza el postcalderonismo, admitiendo implícitamente que fue presidente del calderonismo y no del panismo.
Aún así es necesario abrir una puerta a los candidatos. Habría que conocer sus propuestas y compromisos, ver si entre unas y otros hay algún viso de autonomía y visión de país, más que de grupo.
Volver a empezar, volver a ganar
Quienes sienten que llevan "un priista dentro" no comprenden que las elecciones internas no nos debilitan, nos fortalecen. En la ruda y fraternal forja de la competencia entre compañeros se templa nuestro talante democrático.
Si los panistas logramos elegir a nuestro presidente como demócratas, daremos el primer e indispensable paso hacia la recuperación de nuestro partido y hacia el refrendo de la Presidencia en 2012.
El autor es ex dirigente nacional del PAN. http://twitter.com/manuelespino manuespino@hotmail.com
La cultura política
(31 octubre 2010).- Téngalo presente
Segundo Coloquio Internacional de Geografía electoral. IFE y Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Miércoles 3 y jueves 4 de noviembre, 9:00 horas. Auditorio del IFE y Aula Magna de la Facultad de Filosofía. Informes: ife.org.mx y 5480 0478.
Coloquios
X Reunión nacional de investigación demográfica en México. Escenarios demográficos y políticas de población en el siglo XXI. Temas como salud, migración, pobreza, violencia, cambio climático, envejecimiento y otros factores determinantes en la población mexicana. Miércoles 3 al sábado 6, 8:00 horas. El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Programa completo: http://bit.ly/9GmqMr Informes: 5449 3000.
Conferencias
Hitos de la geopolítica mexicana. Álvaro Matute y Ricardo Valero. Miércoles 3, 9:00 horas. Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: geopoliticaunam@gmail.com y 5622 9470 ext. 1052.
Identidad, política y movimientos indígenas en México. Todd Eisenstadt y Willibald Sonnleitner. Miércoles 3, 13:00 horas. Sala 1 del Centro de Información Bibliotecario del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2137.
La territorialidad de la dominación, recursos geoestratégicos y resistencias en América Latina. Carlos Fazio. Miércoles 3, 17:00 horas. Plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). San Lorenzo 290. Del Valle. Informes: 5488 6661 ext. 15601.
Convocatorias
Ofrenda por México. Organizaciones ciudadanas convocan a las "Jornadas contra la violencia y la impunidad" para exigir un cambio de rumbo en la lucha contra la delincuecia organizada. Domingo 31 y lunes 1o. 10:00 horas. Ángel de la Independencia. Programa: http://bit.ly/9gfwum.
Diplomado de geografía electoral, política y territorio. Invita el Instituto de Geografía de la UNAM. Inicia 12 de noviembre. Informes: 5480 0478.
Ferias
Hábitat Verde. Encuentro que fomenta el desarrollo de ciudades más equilibradas ecológicamente, así como la producción y protección de especies de plantas mexicanas. Conferencias, talleres, exposiciones. Jueves 4 al domingo 7. World Trade Center Morelos. Km 112 de la carretera Cuernavaca-Acapulco, Alpuyeca, Morelos. Informes: http://bit.ly/cJl3tw.
Libros
Clasemediero. Pobre no más, desarrollado aún no de Luis de la Calle y Luis Rubio. CIDAC. La mayoría de los mexicanos pertenece a la clase media, ¿cuáles son sus patrones de comportamiento social e individual que repercuten en el consumo y en las preferencias políticas?
Drogas. Su legalización de Eduardo López Betancourt. Porrúa. El autor plantea la disyuntiva entre la "moda" de la legalización y los argumentos jurídicos sólidos que la respaldan.
La reinvención de la política de Diego Beas. Planeta. Análisis del cambio en la estructura y prácticas políticas a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías de la información.
Los grandes problemas de México. Varios autores. Colmex. Serie editada por El Colegio de México en el marco de sus 70 años de existencia, conformada por 16 tomos.
Los infiltrados de David Aponte. Grijalbo. Reconstrucción de las redes de complicidad entre funcionarios de todos los niveles y grupos delincuenciales, a partir de lo declarado por testigos protegidos de la Operación Limpieza.
México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores. Varios autores. Colmex. Colección de nueve tomos en los que es analizada la política internacional mexicana, desde su independencia hasta la actualidad.
Nueva historia general de México. Varios autores. Colmex. Reedición actualizada de la obra publicada en 1976. Daniel Cosío Villegas, José Luis Lorenzo, Ignacio Bernal, Enrique Florescano, Berta Ulloa, Lorenzo Meyer, Carlos Monsiváis, entre otros.
Vuelta en U de Sergio Aguayo Quezada. Taurus. Análisis de los procesos electorales en México, para desmenuzar las causas por las que la transición democrática en México sigue inconclusa y enfrenta una regresión.
Mesas redondas
Aspectos civiles y penales de la sustracción internacional de menores de edad por sus propios padres. Sonia Rodríguez Jiménez, Nuria González, Montserrat Pérez, Manuel Becerra, entre otros. Jueves 4, 11:30 horas. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: 5622 7474.
Presentaciones
72migrantes.com. Portal de internet que busca dar rostro a los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas. Presenta Alma Guillermoprieto. Lunes 1o., 10:00 horas. CDHDF. Universidad 1449, Florida. Informes: 5229 5600.
Fragmentos de Frankfurt. Ensayos sobre la teoría crítica de Stefan Gandler. Siglo XXI. Julio Boltvinik, Óscar González, Federico Álvarez y el autor. Jueves 4, 18:30 horas. Miguel Ángel de Quevedo 121. Informes: 5658 7999, ext. 110.
La regla ausente de Francisco Valdés Ugalde. Gedisa. Joy Langston, Ilán Semo, Rodolfo Vázquez y el autor. Jueves 4, 19:00 horas. Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles. Francisco Sosa 202, Bo. de Santa Catarina, Coyoacán. Informes: 3000 0251.
Seminarios
Militarización, seguridad y derechos humanos. Del 3 de noviembre al 1o. de diciembre. Darío Salinas, José Luis Piñeyro, Carlos Fazio, María José Rodríguez. Plantel Del Valle de la UACM. San Lorenzo 290, Del Valle. Informes: 5488 6661 ext. 15601. Programa: http://bit.ly/azwedh.
Independencia y Revolución en Yucatán, Tabasco, Campeche y Chiapas. Jueves 4, 10:00 horas. Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Senado de la República. Donceles 14, Centro Histórico. Informes: 5345 3000 ext. 3412.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245, correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1774
2006-2010: estadísticas del horror
Rodrigo Vera
La guerra calderonista contra el narcotráfico ha causado decenas de miles de muertes (el gobierno federal reconoce más de 28 mil y algunos conteos independientes sitúan la cifra en poco más de 25 mil), más que las habidas durante la Independencia o la invasión de Estados Unidos a México, afirman a Proceso especialistas en estadística criminal; aseguran que no hay números
absolutamente confiables al respecto y señalan además que lo que no se puede medir no se puede conocer ni combatir efectivamente...
Las decenas de miles de muertos que ha dejado la guerra emprendida por Felipe Calderón contra el narcotráfico superan el número de bajas de algunos conflictos bélicos de la historia mexicana: la Independencia, con 23 mil fallecidos; la guerra contra Estados Unidos, con la misma cantidad; la de Reforma, cuyo saldo fue de 8 mil, o la guerra sucia de los setenta que dejó 436 muertos, de acuerdo con cifras generalmente aceptadas.
Lo grave, afirman los analistas, es que cada año duplica al anterior en número de muertos de la guerra contra el narcotráfico: en 2006 había dos bajas por cada 100 mil habitantes y ahora son 8.4. Agregan que de continuar la estrategia de Calderón, al término de su sexenio serán asesinadas 14 personas por cada 100 mil habitantes. Una cifra muy alta para los estándares internacionales.
El especialista en estadística criminal Arturo Arango Durán comenta a este semanario: “La actual guerra contra el narcotráfico ha resultado sumamente letal. Su costo en víctimas ya es altísimo. Pero lo peor de todo es que es una guerra perdida de antemano, pues fortalece a la delincuencia organizada mientras más la ataca. Al reducir la oferta de droga hace que los precios suban y los cárteles obtengan mayores ganancias.
“Así, queriéndolo o no, el Estado fortalece a la delincuencia organizada y se convierte en el gran regulador del mercado de la droga. Se metió en un círculo vicioso, sin salida. Además la guerra está atizando las disputas entre un cártel y otro por el control de las plazas.
“Todo esto tiene un efecto multiplicador de la violencia y, por consiguiente, de muertes. Esto es justamente lo que hace que el número de fallecidos se duplique de un año a otro. En términos absolutos, hablando estrictamente de pérdida de vidas humanas ya estamos por encima de las provocadas por casi todas las otras guerras civiles que ha padecido México desde su Independencia.”
Analista en la misma materia, Juan Pablo Arango aclara: “Debemos tomar en cuenta que nuestras guerras civiles por lo general fueron ocasionadas por disputas ideológicas entre amplios sectores de la población; en cambio la actual es, sobre todo, el resultado de una acción emprendida por el gobierno federal para combatir a los cárteles de la droga”.
A petición de Proceso ambos peritos hacen un minucioso análisis estadístico sobre el incremento de muertes que ha provocado el actual conflicto armado, así como su comparación con las guerras del pasado en México.
Conteos diferentes
Señalan que a falta de una estadística confiable del gobierno federal (que ha dado cuenta oficialmente de más de 28 mil bajas en esta guerra), varias organizaciones ciudadanas y medios hacen sus propios conteos; para elaborar el análisis los especialistas partieron de los datos del diario Reforma: 25 mil 549 muertos de
En 2006 –cuando Calderón asumió la Presidencia–, las muertes por narcotráfico fueron 2 mil 119, cantidad que representa dos muertos por cada 100 mil habitantes. En 2007, el número subió poco: pasó a 2 mil 275, y la proporción fue de 2.1 muertos por cada 100 mil habitantes.
Pero en 2008 fueron 5 mil 207. El número aumentó más del doble respecto del año anterior. Con esto ya eran 4.8 muertos por cada 100 mil habitantes. Un año después hubo otro incremento significativo: 6 mil 587 muertos y la tasa se elevó a 6 por cada 100 mil habitantes.
Este año, a mediados de octubre ya se habían contado 9 mil 361 muertos: 8.4 por cada 100 mil habitantes.
Además, el pasado martes 26, la Secretaría de la Defensa informó que de diciembre de
Arturo Arango resume: “El incremento fuerte empezó a darse a partir de 2007, por lo que realmente es el año base. De entonces a la fecha el número se cuadruplicó. Por cada 100 muertos que teníamos en 2007 ahora tenemos 400. ¡Es una matazón espantosa!”.
–¿Cuáles son sus proyecciones para el último año del sexenio?
–Si las cosas siguen igual, las tendencias estadísticas nos dicen que el próximo año la cifra será de 11 muertos por cada 100 mil habitantes y para 2012 pasará a 14. El sexenio concluirá con 14 muertos por cada 100 mil habitantes. Un incremento grandísimo.
Juan Pablo Arango recalca: “Esto sólo ocurrirá si el gobierno sigue con su misma estrategia de combate, si el Ejército y las corporaciones policiacas continúan bajo la misma tónica. La tasa de muertes bajaría si se aplica, por ejemplo, una estrategia de contención o una negociación con la delincuencia organizada”.
Arturo Arango y su hijo Juan Pablo son especialistas en políticas de seguridad pública. Desde hace una década han trabajado en equipo y son coautores de varios libros sobre la materia, como Estadística policial, Cartografía delictiva e Inteligencia policial.
Ahora colaboran con un grupo de trabajo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que recopila información y realiza evaluaciones estadísticas. Han trabajado también con el Gobierno del Distrito Federal en el mismo rubro y a últimas fechas se han especializado en evaluar estadísticas sobre homicidios.
Arturo Arango fue investigador del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad, que dirige el exómbudsman capitalino Luis de la Barreda. Señala: “Para tener la justa dimensión del costo humano que implica una guerra no basta contabilizar sólo a sus muertos, sino también a las llamadas víctimas secundarias, como los huérfanos, las viudas, los lesionados…”.
–¿Se puede tener una cifra aproximada del número de víctimas secundarias de esta guerra contra el narcotráfico?
–¡Claro que sí! El cálculo estadístico es de 1.4 huérfanos por cada muerto. De manera que actualmente tendremos unos 32 mil huérfanos en el país. Y en el mejor de los escenarios habrá unos tres lesionados por muerto, aquí ya estamos hablando de unos 75 mil lesionados que requieren atención médica.
–¿Y viudas?
–Pueden ser 18 mil o 20 mil… muchas de ellas son mujeres que ya no tienen ingresos y se integran al mercado laboral.
“La guerra está generando muchas presiones en el sistema de salud, de educación, laboral… su efecto multiplicador es impresionante porque provoca un conflicto adicional que el Estado es incapaz de atender.”
–¿Una guerra igual de cruenta y mortal que nuestras anteriores guerras?
–Sí, pero sólo hablando en términos absolutos en cuanto a número de muertes, a pérdida de vidas.
En ese sentido, los peritos en estadística señalan que las muertes de la lucha contra el narcotráfico son más que las 23 mil que dejó la guerra de Independencia, que duró 11 años.
También están por encima de las 2 mil 200 de la guerra de Texas, de
Pero están por debajo de las 63 mil que hubo en la intervención francesa en seis años o de las 90 mil de la guerra Cristera, de
En números relativos
Sin embargo, los analistas advierten que al hacer una comparación estadística en términos relativos, la de Calderón es menos letal que la mayoría de las anteriores guerras.
“Para no ser tendenciosos debemos ajustar el número de muertes a dos variables importantes: a la población que tenía México en cada una de esas guerras civiles y al periodo de tiempo en que ocurrió cada una”, explican.
Con base en esto señalan que la guerra de Independencia tuvo 370 muertos por cada 100 mil habitantes, ya que en aquella época la población nacional apenas rebasaba los 6 millones.
La guerra de Texas provocó 28 muertes por cada 100 mil habitantes. El conflicto contra Estados Unidos arrojó 328, la guerra de Reforma 97, la intervención francesa 768, la guerra Cristera 543, mientras que la guerra sucia y el conflicto chiapaneco no alcanzan un fallecimiento por cada 100 mil habitantes.
Aclaran que actualmente hay zonas y entidades federativas –como Chihuahua– cuyo número de muertes en términos relativos es muy similar al de algunos de estos conflictos armados.
Indican que las matanzas más conocidas del pasado, como la del 2 de octubre de 1968 –cuyo cálculo de decesos oscila entre 150 y 350– o la del Jueves de Corpus, en 1971 –se calculan 60– son “eventos aislados”, por lo que fueron desechadas de sus cálculos comparativos.
–Pero la guerra contra el narco también está dejando matanzas, como la de los 72 migrantes en Tamaulipas.
–Sí. Pero a estas alturas esas 72 muertes ya no marcan ninguna diferencia en términos estadísticos. Es un porcentaje mínimo. Y no es por menospreciar ese acontecimiento– dice Arturo Arango.
Asegura que las matanzas del narcotráfico no pueden calificarse de genocidio, pues esta figura implica el exterminio del enemigo ideológico o étnico. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, aseguran que ya se da un genocidio contra los jóvenes y niños de Ciudad Juárez, por lo que piden la intervención de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Agrega que el gobierno no ha podido contabilizar el saldo de muertos que va dejando la guerra contra el narco: “Hasta el momento el gobierno no tiene un mecanismo que le permita contar bien. Por ejemplo, el SNSP informa que de
“El registro de muertes tiene que empezar a levantarse desde que se llega a la escena del crimen. Inmediatamente debe resguardarse el área y levantar lo que nosotros llamamos el IPH (Informe Policial Homologable). Las cosas deben hacerse con método. Pero estos protocolos internacionales no se cumplen en México.
“Se ha llegado a casos extremos, como sucedió en Tabasco durante el gobierno de Roberto Madrazo. En ese tiempo el gobierno estatal registraba cero secuestros, pero en sus cárceles tenían el número más alto de secuestradores del país. ¿De dónde sacaban secuestradores si no tenían secuestros? Este tipo de situaciones siguen dándose.
“Por eso ante la falta de datos confiables, organizaciones de la sociedad civil y algunos medios, como los diarios Milenio y Reforma, llevan sus propios conteos. Hay programas radiales que tienen ‘ejecutómetros’ mediante los que registran diariamente el número de ejecutados.”
–¿Para qué sirve llevar un registro de muertos?
–Un problema que no se puede medir no se puede interpretar, mucho menos combatir. Es como si un médico supone que tienes fiebre sólo con verte la cara. No. Necesita un termómetro para determinar la temperatura corporal y después del diagnóstico te da la medicina. La contabilidad de las víctimas sirve para hacer un diagnóstico y tomar las medidas correctas. Los datos falsos hacen tomar medidas inadecuadas –responde Arturo Arango.
–¿Eso le está ocurriendo al gobierno en su lucha contra el narcotráfico?
–Sí. Es como si estuviera piloteando un aeroplano que vuela entre una tempestad sin instrumentos para controlarlo y sin saber hacia dónde se dirige. Completamente perdido. l
Las masacres, sello de la casa
Gloria Leticia Díaz
La semana del 22 al 28 de octubre horrorizó al país: siete matanzas –la mayoría de adolescentes y jóvenes– sumaron más de 60 cadáveres y el fenómeno ya ha llamado la atención incluso de las Naciones Unidas. Pero el sexenio de Felipe Calderón ha dado mucha más violencia y crímenes relacionados con el narcotráfico: no se olvidan los 24 cuerpos abandonados en La Marquesa, la masacre de Creel, los 12 policías decapitados en Mérida… y tal vez la tragedia más espantosa, la de los 72 indocumentados centro y sudamericanos fusilados en Tamaulipas en agosto pasado.
Los primeros cuatro años del gobierno de Felipe Calderón están marcados por la sangre de decenas de niños, adolescentes, mujeres y hombres asesinados por el crimen organizado en varios estados del país. La semana pasada, Acapulco, Ciudad Juárez, Tijuana, Tepic, la Ciudad de México y Jilotlán, Jalisco, fueron escenario de varias matanzas que dejaron más de 60 cadáveres, de jóvenes la mayoría de ellos.
Mientras eso ocurría, Felipe Calderón dio una entrevista a la BBC de Londres en la que criticó a su antecesor Vicente Fox por “no actuar a tiempo” para combatir al narcotráfico; más tarde, en el estado de Morelos declaró que la guerra que emprendió contra el crimen organizado “por desgracia” costará más vidas, pero que la llevará adelante “con todos sus costos, con todos sus riesgos”.
El recuento de hechos sangrientos se inicia en Ciudad Juárez el viernes 22: un grupo armado disparó con fusiles de asalto contra los asistentes a una fiesta familiar en la colonia popular Horizontes del Sur. Las víctimas fueron 12 jóvenes y dos mujeres adultas.
La madrugada de ese mismo viernes en la zona rural de Acapulco fueron hallados los cuerpos de seis personas, atadas de pies y manos, y con huellas de tortura.
En Tijuana 13 internos del centro de rehabilitación El Camino literalmente fueron fusilados el lunes 25. Un día después la ola de crímenes se movió a Tepic: 15 muchachos que trabajaban en un lavado de automóviles fueron ametrallados, en tanto que la noche del miércoles 27, en la colonia Morelos de la Ciudad de México siete jóvenes fueron asesinados en la calle.
El jueves 28, cinco patrullas de la policía estatal que circulaban por un camino vecinal en el municipio jalisciense de Jilotlán fueron emboscadas por sicarios. El saldo fue de nueve uniformados muertos, 10 heridos y un desaparecido.
La actual racha de violencia es condenada por el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, quien en un comunicado pidió al gobierno de Felipe Calderón “redoblar esfuerzos y adoptar medidas eficaces para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía, así como para investigar de manera pronta y diligente todos los sucesos con el fin de capturar, juzgar y sancionar a los responsables”.
Desde el arranque
Pero los de la semana pasada, que cobraron más de seis decenas de vidas, no son los únicos hechos sangrientos de alto impacto que han marcado al gobierno de Felipe Calderón.
En el primer año de la guerra contra el narcotráfico se dieron casos como el asesinato del exalcalde de Río Bravo, Tamaulipas, exdiputado federal y exsenador Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, el 30 de noviembre de 2007. Otras cinco personas fueron ejecutadas con él: dos eran guardias proporcionados por la Agencia Federal de Investigación (AFI). Como candidato a la alcaldía de Río Bravo, Guajardo había advertido de los vínculos de algunos candidatos del PRI con el crimen organizado. (Proceso 1623)
En Guerrero, los días 4 y 5 de mayo de 2008 dos hechos llamaron la atención sobre la movilidad de los grupos delincuenciales que operan sin ser detenidos por policías o militares.
En busca del exalcalde y cacique de Petatlán Rogaciano Alba Álvarez unos 70 sicarios que viajaban en un convoy de camionetas acribillaron en la ciudad de Iguala a siete integrantes de la Unión Regional Ganadera, presidida entonces por Alba Álvarez.
El exalcalde, que era su objetivo, no estaba entre los muertos, por lo que los pistoleros se enfilaron a la casa de Alba en Petatlán; ahí asesinaron a nueve personas, entre ellas dos hijos del cacique, y secuestraron a su hija (Proceso 1645).
Ese año, 2008, Guerrero padeció una violencia tan grande que ni el Ejército se salvó: el 21 de diciembre ocho militares y un exjefe policiaco aparecieron decapitados en Chilpancingo; un narcomensaje dejado junto a los cadáveres advertía que por cada delincuente que las fuerzas federales ejecutaran, los narcotraficantes matarían a 10 uniformados (Proceso 1678).
En Chihuahua, el 16 de agosto de 2008 ocurrió una de las más estremecedoras matanzas de los últimos años. En la comunidad de Creel, en la Sierra Tarahumara, un comando asesinó a 13 personas –entre ellas un bebé de un año– que se divertían en una fiesta.
Después de cometer el multihomicidio, los sicarios presuntamente integrantes de La Línea salieron de la ciudad sin ser molestados por las autoridades, pese a que hacían alarde de las armas que portaban. Durante varias horas el sacerdote jesuita Javier Ávila fue la única persona que asistió a los heridos (Proceso 1660).
Tijuana fue escenario de otra danza macabra: el 30 de septiembre de ese año en dos terrenos baldíos fueron hallados los cadáveres de 15 hombres y una mujer, con edades que iban de
Masivamente
Pero aún faltaban hechos de crueldad extrema que horrorizaron al mundo: el 29 de agosto de 2008, 12 cuerpos decapitados, semidesnudos y amontonados fueron hallados en las inmediaciones de Mérida.
El 12 de septiembre, cuando todavía no se acababan de digerir las imágenes de los cadáveres de Mérida, otros 24 fueron tirados en un paraje cercano a La Marquesa, en el Estado de México. Todos estaban atados y tenían el tiro de gracia.
Se trataba de 24 hombres, aparentemente albañiles, originarios de Puebla, Guerrero, Veracruz y el Estado de México que vivían en Huixquilucan. Las investigaciones indicaron que el 10 de septiembre fueron sacados de sus viviendas por personas con uniformes negros y azules con las siglas de la AFI (Proceso 1663).
Esta tragedia fue opacada por otra más impactante. La noche del 15 de septiembre de ese año una multitud reunida frente al Palacio de Gobierno de Morelia fue blanco de un ataque –calificado de “narcoterrorismo” por especialistas como Edgardo Buscaglia–: presuntos integrantes de La Familia Michoacana hicieron estallar dos granadas de fragmentación entre la gente que acudía a la festividad del Grito de Independencia en la capital michoacana, dejando un saldo de nueve muertos y 132 heridos (Proceso 1664).
Durante todo 2009 tuvieron lugar numerosos ataques de los grupos criminales en bares y antros de ciudades de Jalisco, Coahuila, Chihuahua y Durango. Actuando en la impunidad los sicarios dejaron una estela de cadáveres.
Presos y policías
Los reclusorios no han sido ajenos a la guerra del narco. El 5 de marzo de 2009, en el cereso de Ciudad Juárez reos de la banda de sicarios llamada Los Aztecas, a las órdenes del cártel de Juárez, mataron a 20 e hirieron a siete internos de las bandas de Los Artistas Asesinos y Los Mexicles, ligados al cártel de Sinaloa.
En la misma ciudad, ese año hubo por lo menos cuatro matanzas en centros de rehabilitación. En septiembre, testigos de dos de ellas en las que murieron 28 personas narraron que en el centro El Aliviane 18 internos fueron sacados de sus dormitorios para ser fusilados, en tanto que en el Anexo de Vida 15 hombres armados entraron por la fuerza y mataron a 10 personas que se cruzaron por su camino (Proceso 1716).
En julio de 2009, Michoacán se volvió frente de guerra entre sicarios de La Familia Michoacana, Los Zetas y la Policía Federal. Sin duda el hecho más impactante ocurrió en el municipio de La Huacana el 14 de ese mes donde los cuerpos de 12 policías federales –11 hombres y una mujer– fueron apilados en un paraje al lado de la carretera a Morelia.
Con signos de tortura, los cuerpos de los federales estaban atados y amordazados, amontonados sobre leña y junto a ellos había un mensaje: “Vengan por otro, los estamos esperando” (Proceso 1707).
En octubre de ese año, en el municipio guerrerense de Tlapehuala se encontraron los restos de nueve hombres que habían sido desmembrados, decapitados y colocados en 18 bolsas de plástico en la caja de un camión de carga abandonado.
Siete de las cabezas tenían el tiro de gracia y, de acuerdo con los reportes periodísticos, los restos de los cuerpos estaban acompañados de narcomensajes firmados por El Jefe de Jefes Arturo Beltrán Leyva.
El nuevo objetivo
El 30 de enero de 2010, jóvenes de Ciudad Juárez que se divertían en una fiesta en el fraccionamiento Villas de Salvárcar fueron atacados por un comando: 17 muchachos murieron.
A pesar de que la ciudad fronteriza está llena de fuerzas federales, los familiares de los asesinados afirman que la ayuda solicitada nunca llegó para auxiliar a los heridos y que los sicarios no fueron buscados. Mientras, desde Tokio Felipe Calderón declaró que se trataba de “un ajuste de cuentas entre pandillas” (Proceso 1736).
Exactamente la misma noche de la matanza de Salvárcar 10 muchachos de entre 19 y 25 años que departían en El Ferri, un bar de Torreón, fueron asesinados por cuatro hombres armados con rifles de asalto.
El 28 de marzo de 2010, 10 personas de entre ocho y 21 años murieron acribilladas en Pueblo Nuevo, Durango: un grupo armado detuvo una camioneta en la que viajaban 12 personas, del vehículo bajó a dos mujeres y al resto de los pasajeros los atacó a tiros y con granadas de fragmentación (Proceso 1744).
La tragedia migrante
Mientras la espiral de muerte sigue cobrando cientos de víctimas en entidades controladas por los cárteles del narcotráfico, en agosto de este año un acontecimiento –con un móvil distinto, el secuestro de indocumentados centro y sudamericanos, pero con los mismos verdugos– horrorizó al mundo.
En un paraje del municipio de San Fernando, Tamaulipas, se descubrieron los cuerpos de 72 migrantes asesinados. Todos estaban secuestrados, a merced de presuntos zetas que les exigían dinero para ser liberados o, en su defecto, unirse a la banda criminal, según narró uno de los sobrevivientes. Ante la negativa a unirse al cártel, los indocumentados fueron fusilados (Proceso 1765).
Frente a los innumerables hechos sangrientos que forman parte del día a día de México, la última semana de octubre la muerte violenta de muchos jóvenes indefensos volvió a conmover a una nación que ha sido testigo de una guerra que suma ya más de 28 mil víctimas, mil 200 de ellas menores de edad sólo en Ciudad Juárez, según informa el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
“La Sedena sabe dónde está mi hermano”
Patricia Dávila
La exprocuradora de Chihuahua Patricia González Rodríguez se dice lastimada por el secuestro de su hermano Mario, ocurrido el jueves 21, tres días antes de que Proceso diera a conocer la entrevista en la que ella refuta las imputaciones que en esta misma revista, una semana antes, le hizo José Reyes Ferriz, exalcalde de Juárez, y cuestiona los operativos conjuntos contra el crimen organizado. Dice que desconfía de las autoridades y lamenta que la Secretaría de la Defensa Nacional se niegue a apoyarla, toda vez que, afirma, esta dependencia sabe dónde está su hermano.
Ciudad Juárez continúa convulsionada. La pugna entre los grupos de la delincuencia organizada dejó la semana pasada una estela crítica en esa urbe considerada la más violenta del mundo: el sábado 23 fueron ejecutados 13 adolescentes en una fiesta y 15 más resultaron heridos; el jueves 28 por la madrugada, cuatro personas murieron y otras 14 quedaron heridas cuando un comando abrió fuego contra tres camiones de transporte de personal de una empresa maquiladora.
Pero el caso más escandaloso es el de Mario González Rodríguez, hermano de la exprocuradora general de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, secuestrado el jueves 21, poco antes de la una de la tarde. La exfuncionaria aporta dos elementos que para ella son clave sobre el plagio: que en la operación participaron expolicías y uniformados estatales, y que el video en que Mario la señala como protectora del cártel de Juárez y la responsabiliza de varios asesinatos fue grabado en un cubículo de la procuraduría que ella dirigió.
Patricia González también asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) posee información sobre la célula del cártel de Sinaloa que presuntamente plagió a su hermano. Ella insiste que la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa (Unito), creada dentro del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH), incluso realizó una investigación sobre este grupo.
“El secretario Guillermo Galván Galván, si quiere, me puede ayudar a encontrar a mi hermano”, dice. Por su parte el gobernador de Chihuahua, César Duarte, niega que en el secuestro estén involucrados agentes de la policía estatal.
La historia puede seguirse a través de un cronograma de hechos que se concatenan de manera inquietante:
En su edición 1771, correspondiente al domingo 10 de octubre, Proceso publicó una entrevista con el expresidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, en la que acusó a Patricia González de haber contribuido al fracaso del OCCH al dejar en libertad a 9 mil 500 de los 10 mil detenidos consignados por el ayuntamiento en los dos años y medio de operativo.
El viernes
En punto de la hora llegó a la redacción. Unos cuantos minutos después empezó la entrevista, que se prolongó durante varias horas.
Tres días después, el jueves 21, su hermano Mario fue plagiado en la capital del estado, hecho que ocurrió tres días antes de que este semanario difundiera la entrevista con Patricia, en la que la exprocuradora afirmó que el OCCH estaba “agotado” y calificó de “error” el sustituir al Ejército por la Policía Federal (PF) en Ciudad Juárez; también habló de los 320 mil dólares que el cártel de Juárez pagó a un “alto funcionario” de la PF en la Ciudad de México y otro pago “local” por 140 mil dólares para que dejara trabajar a esa organización (Proceso 1773).
Patricia González también detalló la forma en que los cárteles de Sinaloa y de Juárez, sobre todo este último, controlan ejecuciones, secuestros y levantones con el apoyo de las policías municipales y la estatal. Incluso diseccionó las estructuras de ambas organizaciones en los municipios de Chihuahua, un estado donde Joaquín El Chapo Guzmán y sus sicarios van imponiendo su ley.
El viernes 22 presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la “desaparición forzada” de su hermano. Ese mismo día hubo una llamada a la esposa de Mario: le dijeron que debía pagar 500 mil dólares para que su marido recuperara la libertad. El fin de semana, el silencio.
La madrugada del lunes 25 aparecieron mantas en la ciudad. Una de ellas, colocada en el puente de la vialidad Nogales y calle Alfonso Sosa, decía: “A las autoridades y público en general, no se dejen engañar, las causas de todos los desmanes en esta ciudad son causados por los (ilegible) del cártel de Sinaloa…”; la otra, en el puente de Periférico de la Juventud y calle Ignacio Rodríguez, rezaba: “Qué pasó, Noe Salgueiro, para qué secuestraste al Lic. Mario González…”.
En ambas se mencionaba también que el plagio se debió a que ni Mario ni Patricia González habían cumplido con los acuerdos pactados con el cártel de Sinaloa. En la entrevista del lunes 18 la exprocuradora había comentado que El Flaco Salgueiro es uno de los líderes del cártel comandado por El Chapo.
Casi en forma simultánea a la colocación de las mantas –la edición de Proceso, con la entrevista a Patricia González, aún no llegaba a manos de los lectores de Juárez–, en la página electrónica youtube.com, se difundió un video de 9.56 minutos en el que se observa a cinco encapuchados de pie. Visten uniforme tipo militar y portan armas largas.
Delante de ellos aparece Mario González Rodríguez. Está sentado y tiene las manos esposadas. Mira a la cámara mientras responde al interrogatorio que le hace una persona sobre varios de los asesinatos cometidos en Chihuahua. En todos los casos él responde que la responsable fue su hermana Patricia; incluso da los nombres de otros presuntos involucrados.
Refiere también que tanto él como la procuradora pertenecen a La Línea, grupo armado del cártel de Juárez dirigido por Vicente Carrillo Fuentes.
Videos y masacres
El lunes 25, Patricia González solicitó que dentro de la Averiguación Previa en torno al plagio de su hermano (AP/PGR/CHI/1613/2010-II/B), llevada por la agente del Ministerio Público federal de la PGR Damaris Baglietto Hernández, se realice un análisis criminalístico de las características estructurales y decorativas de los cubículos de la procuraduría estatal.
El motivo: que el lugar donde fue grabado el video tiene características “peculiares” e “idénticas” al edificio donde se ubican las oficinas del Ministerio Público estatal y la Agencia Estatal de Investigación”; también solicitó que peritos en dactiloscopia detecten huellas de calzado, manchas de sangre, saliva, sudor…
El miércoles 27, personal del MP federal realizó un recorrido por los centros de Cuauhtémoc y Parral. A las 15:30 horas de ese día en youtube.com apareció la segunda parte del video, en la que Mario González menciona varios asesinatos y a los presuntos ejecutores, entre ellos el del líder campesino Armando Villarreal Marta, ordenado por Juan Pablo Ledesma, El JL, operador de La Línea. Según el interrogado, Villarreal fue ultimado por oponerse a que se sembraran estupefacientes en el noroeste de Chihuahua. Además, reveló que El JL y otro sicario conocido como El Mónico murieron en dos enfrentamientos, el primero de los cuales ocurrió en Culiacán, Sinaloa.
En el video, Mario González involucra también a Luis Corral Torresdey, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como a los agentes Ricardo Vázquez, Socorro Soto, Rafael Tarín, Ángel Palomares y Mario Iracheta.
Expuso que Ariel Meixueiro Muñoz, Ramón Humberto Oviedo Sáenz y Édgar Artemio García Treviño, quienes se desempeñaban como alcalde, director y comandante de la policía municipal de Namiquipa, respectivamente, fueron asesinados por La Línea.
Ese miércoles 27, Patricia González solicitó que se cite a comparecer a los titulares de las ocho dependencias que durante dos años y medio participaron en el OCCH: el coordinador, el general Felipe de Jesús Espitia; el secretario de Seguridad Pública estatal, Víctor Valencia de los Santos; Conrado García y Eddie Robles, ambos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); el titular de la Unito en Ciudad Juárez, Arnoldo Cristerna; el secretario de Seguridad Pública Municipal, el general Julián David Rivera Bretón; el comisario coordinador operativo de la PF, Vidal Díaz Leal Ochoa; el subprocurador de Justicia de la Zona Norte, Alejandro Pariente, así como a Gustavo Zabre y a Javier Torres Cardona.
“Presenté una promoción para que entreguen la información que se tiene sobre la célula (una de las 15 que integran el cártel de Sinaloa en Chihuahua) que tiene retenido a mi hermano, a la que pertenece el link denominado elquitapuercosenchihuahua y la persona que subió el video que se hace llamar elpumaorigina. Al parecer, este individuo es el líder de la célula y busca publicidad para posicionarse como delincuente en su organización criminal”, explica la exprocuradora en entrevista telefónica con esta reportera.
–¿El secuestro de su hermano es una venganza en su contra? –se le pregunta.
–Sí. Este grupo criminal pretende apropiarse no sólo del territorio chihuahuense para continuar con sus actividades ilícitas (e intimidar) a los ciudadanos, sino también quebrantar, a través del terrorismo psicológico, las decisiones de los operadores de los tres niveles de gobierno.
“Quieren tender una cortina de humo para seguir operando en las estructuras policiales que han participado con ellos en las actividades ilícitas. Buscan intimidar y paralizar a la población para que guarde silencio, tolere y consienta estos actos de barbarie.”
Esta última entrevista se realizó el jueves 28, mientras los medios informaban de una nueva masacre en Ciudad Juárez: un comando atacó a los empleados de la planta maquiladora Tagle Ottawa, con saldo de cuatro mujeres y un hombre muertos y 14 personas más heridas; las autoridades reportaron un desaparecido.
La semana previa, el sábado 24, se registró el multihomicidio de jóvenes en una fiesta en Valle de Juárez. Murieron seis mujeres y ocho jóvenes, cuatro de ellos menores de edad; 15 resultaron heridos.
Reproche a los militares
Patricia González afirma que tiene apoyo de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), pero lamenta que la Sedena se lo regateé: “El personal de la Unito, ubicada en el interior de la V Guarnición Militar en Ciudad Juárez, sabe perfectamente quién tiene a mi hermano y cómo ubicar al grupo para rescatar a mi hermano”.
Dice que solicitó ayuda al capitán Espitia para que, con su grupo de agentes del Grupo Aeromóvil de las Fuerzas Especiales (GAFE), localice a su hermano: “Me dijo: ‘Señora, yo estoy en México, necesito una autorización para proporcionarle la información que tenemos’. Por eso insisto, si el secretario de la Defensa quiere, puede ayudarme a encontrar a Mario, como solidario de las personas que trabajamos en el OCCH.
“Ellos (el Ejército) detuvieron a personas relacionadas con ésta célula, saben dónde viven y cómo se llaman quienes usan los seudónimos de elquitapuercosenchihuahua y elpumaoriginal”.
E insiste: “Ayer (miércoles 27) presenté una promoción. Pedí que se cite a declarar a los integrantes del OCCH para ver si proporcionan información sobre esa célula. Fui su compañera casi tres años, trabajamos entre la vida y la muerte. Yo creo que la mínima cortesía es que declaren y digan en dónde podemos localizarlos (a los plagiarios). Además, algunos trabajan en la actual administración”.
La exprocuradora, quien recibe apoyo de peritos franceses y de Nuevo México especializados en rastreo de videos como el que fue subido a youtube.com, señala: “Ya recordé nombres; ya recordé investigaciones de detenciones que hizo principalmente el Ejército, casos de homicidios relacionados con esa célula criminal”.
La entrevistada envió a Proceso un documento con una lista de casos que considera más “relevantes”: los homicidios múltiples como el de los jóvenes de Villas de Salvárcar y los de los centros de rehabilitación El Aliviane y Anexo de Vida. Ahí se indica que de los 173 individuos relacionados con la delincuencia organizada y los 211 detenidos por secuestro, 96% estaban relacionados con el cártel de Juárez.
Detalla también varios homicidios: el de Ernesto Rascón Mayers, el 8 de diciembre de 2008; el del poblado de Creel, Chihuahua; el del líder mormón Benjamín Lebarón; el del Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia en el estado, Pedro Aragonez; el del periodista de El Diario de Juárez Armando Rodríguez y el de Miguel Etzel Maldonado. También menciona el homicidio en grado tentativa de Julio Porras Chávez y el de Enrique Perea Quintanilla, así como el del detenido Crispín Borunda.
En lo relativo a los feminicidios, Patricia González señala que está plenamente demostrado en las averiguaciones previas que hay 222 sentenciados, 46 detenidos a los que se les dictó ya auto de formal prisión, 17 sentenciados en el tribunal de menores y 24 casos de homicidio/suicidio.
Dice que 93% de esos homicidios fueron producto de la violencia doméstica o de género. Por lo tanto, señala, las expresiones del video que apareció en youtube.com en torno a los feminicidios refleja un “desconocimiento” total del tema y una “falacia”.
Además, comenta que demandará al exalcalde juarense José Reyes Ferriz por daño moral y adelanta que expondría su caso ante organismos internacionales como la Organización Mundial contra la Tortura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
Patricia González afirma que, aun cuando cuenta con el apoyo del gobernador César Duarte, desconfía de la mayor parte de los empleados de la procuraduría estatal. “Sé que cualquier solicitud de información que haga la van a filtrar a los cárteles”, comenta a la reportera.
Proceso solicitó entrevistas a Duarte, a Reyes Ferriz y a Reyes Baeza. Los tres se negaron a concederlas. El miércoles 27, durante la entrevista con Joaquín López Dóriga en su noticiario de Radio Fórmula, la exprocuradora afirmó:
“Tengo 31 años de experiencia en el trabajo de procuración y administración de la justicia y en estos seis años me tocó lidiar con policías que di de baja. Me tocó enfrentarlos y confrontarlos. Si el gobernador (Duarte) no está de acuerdo, lo siento, pero es una hipótesis que tendrá que investigarse.”
Al día siguiente, Proceso volvió a consultar a la exfuncionaria y ella envió un documento en el que reflexiona sobre su quehacer público: “Cuando fui procuradora promoví reformas que trastocaron los intereses económicos tanto del crimen organizado como de los funcionarios públicos que se habían asociado con éste. La forma en que las reformas afectaron a policías y otros funcionarios fueron muchas. Por ejemplo, perdieron su trabajo cerca de 350 funcionarios que considerábamos cuestionables en términos de capacidad y honestidad…
“Me duele en el alma que delincuentes usen a mi hermano para castigarme por mi desempeño como servidora pública. Asumo los costos. Lo lamento, me duele, me duele muchísimo pero no me arrepiento…” l
La guerra antinarco, inútil si no ataca el lavado de dinero
Jenaro Villamil
Hasta ahora las acciones para acabar con el narcotráfico han sido infructuosas pues no se enfrenta el problema desde su raíz y se aborda sólo la lucha armada contra los sicarios, lo que ha derivado en los 28 mil muertos por esa la guerra de este sexenio. Así lo considera el senador Santiago Creel, quien está convencido de que al crimen organizado sólo podrá derrotársele si se ataca su dinero. En entrevista con Proceso habla de su iniciativa de ley que, afirma, es “más completa y coordinada” que la presentada por Calderón en agosto…
“Los efectos de la lucha policiaca contra el narcotráfico, cuerpo a cuerpo, son muy limitados. Por más que se aprehenda a los jefes de los cárteles la pregunta obligada es: ‘¿Y su dinero? ¿Dónde están esas ganancias?’ No tenemos un instrumento jurídico que nos permita dar esa lucha”, advierte el senador panista Santiago Creel, quien subraya que ni siquiera 1% de las ganancias anuales derivadas del crimen organizado –alrededor de 25 mil millones de dólares– ha sido confiscado por las autoridades.
En entrevista con Proceso el exsecretario de Gobernación abunda sobre los detalles de su iniciativa de Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo presentada el martes 26 en el Senado y que “complementa” la propuesta de Felipe Calderón, en el mismo sentido, enviada al Congreso a finales de agosto.
Creel considera que el combate actual al narcotráfico, que privilegia la acción policiaca y militar, debe continuar pero advierte que “si no se ataca el motor, el corazón del crimen organizado que son las utilidades, el dinero, la lucha tendrá irremediablemente efectos limitados”.
–La violencia en todo el país se incrementa. ¿Esta escalada se relaciona con el mayor volumen de ganancias? –se le plantea.
–La violencia es directamente proporcional a las utilidades del negocio. A mayores utilidades, mayor violencia. Entre más rentable sea el negocio, más riesgos está decidido a asumir el criminal. Eso ya lo estamos viendo en la lucha por el control de territorios que observamos en el país. Tiene que ver con el dinero. Por tanto, ¿qué estamos haciendo para disminuir las ganancias y capturar el dinero? Absolutamente nada o muy poco.
–¿Su iniciativa lleva implícito un replanteamiento de la lucha contra el narcotráfico?
–Sí porque se abre una nueva avenida que no hemos explorado. Si a un cártel se le ataca por donde más le duele y no cuenta con dinero para comprar armas y precursores químicos, ya no puede desplegar su fuerza por carecer de recursos. Se ve imposibilitado para cooptar a las autoridades, a los policías, a los partidos políticos. Con esta ley la lucha en la calle será muy distinta.
La iniciativa advierte que de
“Las leyes (mexicanas) que penalizan el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo no responden plenamente a las normas internacionales y no hay margen para mejorar significativamente su aplicación”, advierte una de las recomendaciones.
En otra recomendación el GAFI advierte que el gobierno mexicano no ha realizado “ninguna revisión a las entidades y organizaciones sin fines de lucro, así como para apoyar la adopción de medidas para impedir el uso ilegal de las personas morales en relación con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”.
El legislador reconoce que una de las fuentes que inspiraron su iniciativa contra el lavado de dinero son las recomendaciones del GAFI, pero también las experiencias de España y Colombia, así como la situación prevaleciente en México.
Y aporta un dato: la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, creada el 7 de mayo de 2004 para combatir el blanqueo de capitales, tiene un presupuesto anual de apenas 48 millones de pesos y muy poco personal. Desde hace dos años la mayoría de las instituciones financieras no recibe la emisión de criterios para combatir el lavado.
En contraste, Creel calcula que la rentabilidad del negocio de la droga es de 15 mil a 35 mil millones de dólares anuales. “Pongamos una media de 25 mil millones de dólares. Si lo que se captura al año son 400 millones de dólares, no estamos ni al 1%”, resume.
–¿Qué resistencias ha encontrado al presentar una iniciativa de este tipo?
–Todavía no las observo porque acabo de presentarla. Estoy consciente de que habrá resistencias. Pero si queremos seguir igual, bueno, dejemos las cosas como están, no nombremos a los legisladores como personas políticas expuestas al narcotráfico, dejemos a un lado el sistema financiero del país.
“El ai se va mexicano en todo esto sería veneno puro. Vamos a tener que combatir una enfermedad imposible de curar. Además ya vamos muy retrasados en la materia. Llevamos mucho tiempo sin cumplir las recomendaciones del GAFI”.
Partidos, iglesias, sindicatos
La iniciativa de Creel, integrada por más de 100 artículos, no se limita sólo al sistema financiero y económico tradicional. El senador argumenta que incluyó el llamado “sistema de negocio ampliado”, que abarca casas de juegos y apuestas, sorteos, casas de empeño, instituciones altruistas, partidos políticos, asociaciones religiosas, agrupaciones gremiales y sindicales, organismos campesinos, arrendadoras, compañías inmobiliarias, constructoras y empresas de autotransporte.
Sólo en la enumeración de los sujetos obligados del sistema financiero, la iniciativa prevé los siguientes: instituciones de banca múltiple, instituciones de banca de desarrollo, asesores de inversión, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, casas de cambio, fondos de aseguramiento, empresas de factoraje, uniones de crédito, transmisores de dinero, administradores de tarjetas de crédito o servicios, centros cambiarios, casas de bolsa, cooperativas y sociedades financieras, entre otras.
En el caso de los “nuevos sujetos obligados” la iniciativa incluye a “las personas que se dediquen a las actividades de promoción, agencia, desarrollo, construcción, compraventa, comodato, arrendamiento, inversión, comisión, administración, intermediación o cesión de derechos en el sector inmobiliario; a los prestadores de servicios profesionales independientes; a los fedatarios y notarios públicos; a quienes se dediquen a la fabricación o venta de metales, piedras preciosas, joyas, obras de arte o antigüedades y a las personas dedicadas a la transportación aérea, marítima o terrestre de bienes y personas”.
Creel admite que desatará polémica la inclusión de partidos políticos, agrupaciones religiosas y organismos sindicales como nuevos “sujetos obligados” a rendir cuentas frente a las sospechas de “lavado de dinero”.
“Hay altísimas sospechas de que existen templos que se han financiado con recursos de procedencia ilícita”, advierte el excoordinador de la bancada del PAN en el Senado y puntualiza: “De varias denominaciones religiosas, no sólo de una”.
Por lo que toca a las campañas electorales y los partidos políticos, argumenta: “Si estamos viendo que partidos, candidatos y campañas están teniendo problemas por los altos riesgos de que sean intervenidos por narcodinero, hay que incluirlos. Lo mismo ocurre con los organismos gremiales del país. Una cosa es su autonomía; y otra, de dónde vienen sus recursos y a dónde van a parar. Igual sucede con las centrales campesinas”.
El tercer bloque de sujetos a investigar tiene que ver con la economía informal, que constituye 50% de las actividades económicas del país a través del pago en efectivo, sin comprobante.
La iniciativa propone que todas aquellas operaciones de más de 2 mil 500 salarios mínimos (150 mil pesos, en promedio) deberán realizarse mediante operaciones bancarias.
Creel ejemplifica: “No se van a poder comprar coches o casas en efectivo. Queda claro que ningún vehículo nuevo o bien inmobiliario vale menos de 150 mil pesos. Hay cierto tipo de operaciones que irremediablemente se van a ‘bancarizar’. No se trata de poner un manto de sospecha a toda la economía, a todos los agentes de negocios, pero sí de que todos cumplan las mismas reglas”.
–¿En términos de costo-beneficio se ha hecho un cálculo de lo que costará vigilar todas estas actividades, en comparación con movilizar al Ejército y a las policías? –se le pregunta.
–La Unión de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda gasta al año 48 millones de pesos. Por supuesto, esta cantidad tiene que multiplicarse. Si hablamos de un negocio que gana miles de millones de dólares, vale la pena que el Estado invierta un poco más.
“Mi idea no queda ahí. Consiste en utilizar los recursos capturados para invertirlos en inteligencia, en equipamiento. Claro que van a sobrar porque estamos hablando de mucho dinero. Los 35 mil millones de dólares de ganancias anuales del lavado son para armar a un ejército que no necesitamos.
“Por ejemplo, hoy en día les pagamos a las policías municipales 4 mil pesos mensuales y a otros superiores, 10 mil pesos. ¿No podríamos establecer un sistema de bonos de desempeño para que a quien capture un patrimonio importante o haga una aprehensión estratégica se le reconozca en su propio salario, para buenas prestaciones sociales, para invertir en su capacitación en el país y en el extranjero?”
–¿Disminuiría la violencia con una ley de este tipo?
–Estoy convencido de que en el mediano plazo, cuando los mecanismos empiecen a entrar en vigor, tendrá que disminuir el poder del crimen organizado.
–¿Cuál sería la ruta legislativa?
–Ya podemos empezar el proceso de dictaminación con las dos iniciativas presentadas por el presidente y los senadores perredistas René Arce y Minerva Hernández. La iniciativa que planteo es complementaria de las precedentes. Creo que vamos a poder trabajar muy bien. Considero que la mía cubre algunos aspectos como la regulación del sistema financiero, que no está en ninguna de las otras dos.
Los riesgos, los muertos
A diferencia de las otras dos iniciativas, en esta nueva propuesta se crea el Comité Técnico Interinstitucional, nuevo organismo colegiado en el que participará el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda más representantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y el Banco de México.
Creel admite que la falta de coordinación institucional es un gran problema. Debe establecerse en qué momento intervendrá el Ministerio Público ya que “la Secretaría de Hacienda no tiene facultades para detener, no es una policía; por eso hace falta un mecanismo de coordinación e inteligencia”.
–¿Se incorporará a elementos de inteligencia de las Fuerzas Armadas?
–Los pueden invitar. Se puede convocar a cualquiera. Este comité ya le da un carácter distinto porque va a recibir toda la información y reportes del sistema financiero.
“Va a existir un registro único que va a ser personal para cada actor económico relevante en el país. Contendrá su declaración patrimonial, sus declaraciones fiscales, todo el flujo de información de los registros públicos de propiedad y de comercio y también va a capturar información que aparezca en medios.”
Y ejemplifica: “Si a un servidor público se le ve en un Ferrari en una fotografía de prensa, el sistema debe detectar que el Ferrari no corresponde con su declaración patrimonial. Se prenden los focos rojos.
“Sé que esto va a molestar, va a pisar callos, pero tenemos que hablar con el ejemplo. Por cierto, prevenir el lavado de dinero también es un mecanismo de combate a la corrupción. No todo el lavado de dinero ocurre por la vía del crimen organizado, una parte muy importante se da por corrupción. Esta ley, sin querer queriendo, o más bien queriendo, va a ser un instrumento para combatir la corrupción porque pone una lupa sobre todos los servidores públicos”.
–¿Qué tal si el poder de corrupción llega a este Comité Técnico Interdisciplinario?
–Hay una cláusula para que, al azar, se les hagan exámenes de confianza a todos los integrantes. Además el comité sirve para entregar toda la información jurídica disponible.
–¿Esta figura existe en otros países o es una propuesta de acuerdo con lo que ha observado en el gobierno?
–Es un mecanismo muy hecho a la medida del sistema mexicano, pero en España y en Colombia hay una disposición de la comisión. Esto también forma parte de mi experiencia: las instituciones no se coordinan. La Secretaría de Hacienda no tiene una función policiaca, tampoco las aduanas. Tenemos que reforzar a la Secretaría de Hacienda para que pueda cumplir con su responsabilidad.
–¿El PRI apoyará la iniciativa?
–Todavía no me lo han dicho.
–¿No existe el riesgo de que la iniciativa se negocie y quede en parches?
–Sí, hay muchos riesgos. Pero yo digo: tenemos muchos municipios con altísima presencia del crimen organizado, casi 400; hay 28 mil muertos y una situación que se viene deteriorando. O acompañamos esta estrategia con acciones para combatir el dinero sucio o no lograremos nada.
“Por cierto, tenemos que hacer el acompañamiento internacional. Si Estados Unidos no reconoce su responsabilidad y lo mismo los países andinos, creo que el problema va a ser más complejo y difícil. El mercado americano sigue creciendo y la producción en los países andinos viene aumentando año con año. En la medida que la producción de coca no se disminuya y el consumo no baje vamos a estar en una situación muy difícil. Estamos en medio de un problema por el altísimo nivel de ganancia de la hoja de coca.”
Y otro de los datos con que se ilustra en la iniciativa el nivel de ganancias es bastante revelador: un kilo de pasta de coca en Colombia vale 950 dólares; al convertirse en cocaína su valor asciende a 2 mil 340 dólares. Al llegar a alguna ciudad mexicana de la frontera, ese mismo kilo vale 12 mil 500 dólares. En cuanto cruza la frontera vale 26 mil 500 dólares. Una vez que se divide en gramos o líneas, en las calles de Estados Unidos un kilo asciende a 180 mil dólares.
Los “narcos” pobres
Marcela Turati
En su desesperación por allegarse cifras que demuestren que su guerra contra el narcotráfico tiene sentido, Felipe Calderón presume que su gobierno ha detenido a 82 mil presuntos narcos. Lo que no dice es que un alto número de ellos son campesinos o indígenas azotados por la miseria, semianalfabetos que fueron injustificada y arbitrariamente involucrados, por ejemplo, en el cultivo de enervantes.
CHILPANCINGO, Gro.- Florencia Morales Dircio no se parece a La Reina del Pacífico. A ella no la detuvieron en una residencia ni le confiscaron relojes finos, aunque también se encuentra en la cárcel acusada por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. A esta joven indígena que mira al piso cuando habla, unos judiciales federales la sacaron del jacal de su suegro, le quitaron al hijo que llevaba en brazos, la acusaron de estar “cerca” de semillas de amapola y greñas de mariguana, y por tal delito un juez la condenó a cinco años y tres meses de cárcel.
Su caso engrosa la publicitada cifra de 82 mil detenidos en lo que va del sexenio por delitos relacionados con el narcotráfico, pero el delito de Florencia, si acaso, es ser indígena, analfabeta, mascar mal el español y carecer de dinero para contratar un abogado.
Aunque al ser encarcelada era menor de edad, tenía un hijo lactante, estaba embarazada y no hubo pruebas en su contra, le fijaron la pena máxima para los campesinos “de escasa instrucción y extrema necesidad económica” dedicados a la siembra, cultivo o cosecha de mariguana, amapola, hongos alucinógenos, peyote “o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares”.
En el país existen 477 indígenas encerrados bajo la acusación de haber cometido uno o varios delitos contra la salud. Sólo en la cárcel de Chilpancingo hay 27, cuatro son mujeres.
La descripción del operativo de captura de Florencia, plasmada en el expediente 06/2008, ilustra su estilo de vida:
“Teniendo acceso por la puerta de madera sin pintar, se observó un altar con imágenes religiosas y, a un costado, elotes amontonados en el suelo, así como tres botes metálicos. Se encontró sobre el suelo una yerba verde y seca en greña, así como envolturas color azul con un atado con las características propias al parecer de la mariguana y un pañuelo color rosa conteniendo al parecer semillas de amapola (…) se observó una cocina donde se observan un molino, una mesa de madera, una hamaca y un comal donde no se localizó delito alguno (…) es una casa de construcción de adobe con techo de teja y lámina y mide aproximadamente
En el legajo se indica que en enero de 2008, cuando fue aprehendida en la comunidad de Oxtotitlán, municipio de José Joaquín de Herrera, Florencia tenía 16 años. El comandante al mando de la misión era Benjamín Catalán Nava, de la Agencia Federal de Investigación, quien señala que acudieron al jacal por una denuncia anónima y al llegar descubrieron a Faustino García, esposo de Florencia, y al padre de éste, Vicente Hermenegildo García, regando el jardín de la casa.
“Ante ello, el personal se traslada al patio y, a tres o cuatro metros, observan diversas plantas conformadas por tallos y bulbas con características de amapola en una superficie de
De la culpabilidad de los varones, o de su paradero, nada dice el expediente porque ellos nunca pisaron la cárcel. Florencia afirma que eso se debe a que ni su marido ni su suegro estaban en el lugar.
“Ese día iba yo a visitar a mi suegro y vi que cerquita iban como tipos armados, así como civiles; nomás estaba la casa sola y ellos empezaron a entrar, pues, a revisar, y me pregunta: ‘¿Aquí vive tu suegro?, venimos este orden de cateo’. Le digo: ‘yo no sé nada’. Quieren traerme, no quería venirme, tenía yo cargando mi niño, me lo quitaron y se lo dieron a una señora; una mujer judicial hasta me arrempujaba. ‘Aquí vas a caminar, así te va a ir en Chilpo’. Le digo: ‘¿Qué delito, tengo problemas? Enséñeme mi nombre si de veras viene’. Y me trajeron”, explica la joven nahua a Proceso.
El magistrado del Primer Tribunal Unitario, José Luis Arroyo, quien firmó el expediente, sólo dio validez a la palabra de los agentes de la AFI. Desechó las declaraciones de Florencia y de los dos testigos que juraron que ni siquiera era suya la casa donde supuestamente encontraron los estupefacientes. Tampoco le valió el testimonio del agente de Bienes Ejidales de su verdadera comunidad, Ajacayan Oriente, a media hora de Oxtotitlán, que la describió como persona intachable; ni el de la vecina presente en la detención que declaró que en el operativo no encontraron droga. A Florencia también le sorprendieron los cargos. El magistrado Arroyo, sin embargo, consideró que los testigos fueron aleccionados para beneficiarla.
“Tales probanzas no son suficientes, ya que aun cuando refieren que Florencia no vivía en el lugar, no justificaron su presencia en el mismo (…), y la testigo Mariana Felipe, que señala que vio todo porque estaba llenando su tanque y andaba un señor repartiendo agua, es una manera vaga y superficial de intentar beneficiar al procesado”, argumentó.
Bajo la premisa de que los ciudadanos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, el mismo juez señaló que Florencia no presentó pruebas para sustentar su inocencia y que, aunque la casa denunciada no es suya, estuvo cerca de la droga:
“A pesar de que admitió que tuvo dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad los estupefacientes y precisó que son de sus suegros –asentó el juez–; sin embargo esa manifestación por sí sola no tiene alcance de invalidar el conocimiento de elementos; se trata de una simple negativa de su participación en los hechos, pero no corroborada con prueba alguna. Admitir como válida tal manifestación sería tanto como destruir todo el mecanismo de prueba presuncional y facilitar la impunidad de cualquier inculpado, ya que toda una cadena de presunciones se volvería ineficaz por la sola manifestación de los procesados, situación que es jurídicamente inadmisible.”
El día de la visita de esta reportera al penal, Florencia dejó al hijo, que la acompaña, a cargo de otra interna que es madre, con la que comparte un cuarto de madera en el patio. Llegó a la Dirección con su cara de niña asustada, se instaló retorciéndose como lombriz en la silla, penosa, intentando zafarse de la entrevista con el argumento de que no entiende español, aunque con dos años y medio de encierro lo ha aprendido bien.
Cuando entró en confianza, lamentó que su esposo no tiene dinero para visitarla y que de tanto tiempo de separación su hijo mayor, el chiquillo que tenía un año y que cargaba el día que la detuvieron, ya no la reconoce.
“Tenía mi hijo que lo cuida mi suegra; me lo trajeron a los ocho meses después; orita ya no me conoce como mamá; sí me dice ‘mamá’, pero casi no. No hay manera que vengan a verme. Para donde yo vivo está lejos y el pasaje sale mucho dinero. Mi otro hijo ya nació aquí, aquí lo tengo, tiene un año con seis meses. Cuando vienen les digo: ‘Yo estoy aquí, ustedes allá, pero algún día voy a juntar mis hijitos que no se conoce como hermanos’. A veces me dicen que viene licenciado, pero yo les digo: ‘Ustedes son licenciado, sácame y ahí afuera voy a conseguir prestado, los voy a pagar’, pero me dicen: ‘Ya te falta poquito ahí, aguanta’.”
Los presuntos culpables
Datos del Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (Cupihd) señalan que México ocupa el quinto lugar entre los países con más gente encarcelada, con 225 mil reos. Una cuarta parte de ellos fueron condenados por delitos federales, principalmente tráfico de drogas.
“No consideramos válida la variable de número de detenidos como muestra del buen resultado de la estrategia (gubernamental antidrogas); la consideramos detestable y deleznable porque a muchos de éstos ni siquiera se les inicia averiguación previa debido a que hay mal trabajo de integración judicial, y los que llegan a la cárcel son los eslabones más débiles, que no pueden contratar abogados para defenderse o que a veces se quedan inocentes. Porque también pasa que primero agarran a gente y luego averiguan quiénes sí estaban involucrados y quiénes no”, dice Carlos Zamudio, investigador de Cupihd.
La exdiputada Elsa Conde, activista por la legalización de la mariguana e integrante del colectivo, señala que del total de los detenidos en la “guerra contra las drogas” sólo el 0.5% son capos; el resto, infantería, y la mayoría, pobres.
Por su parte, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan de La Montaña, ubicado en la región más pobre del país y primera en cultivo de amapola, critica la estrategia gubernamental antidrogas porque se basa en castigar a los campesinos y no se ocupa de las causas que obligan a los pobres a cambiar su milpa por cultivo de “maíz-bola” (como se conoce a la amapola).
“Acá mandan al Ejército como si hubiera grandes delincuentes, en vez de enviar proyectos para que la gente siembre maíz, estudie, tenga comida. Esa política ve a los pobres como delincuentes, pero la gente se ve obligada a sembrar, no porque quiera, sino porque tiene hambre. De esos llenan las cárceles”, manifiesta el antropólogo Barrera.
Según el titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xavier Abreu, en México unos 50 mil indígenas de 60 comunidades se dedican a la siembra de drogas; sin embargo, nunca ha querido aclarar en qué reporte funda su cálculo ni en qué lugares viven dichos indígenas.
En la cárcel de Chilpancingo hay otro joven nahua, Gumersindo Primitivo, quien dice que a él y a seis vecinos los acusaron de tráfico de drogas porque un cacique quería quedarse con sus tierras.
“Nos detuvieron, nos pusieron goma que no era de nosotros, nos dieron sentencia de cinco años y 100 días sin tener ni una culpa. Hemos presentado las pruebas, presentamos testigos, trajimos constancia de buena conducta, pero no pasó nada. El terreno que estábamos defendiendo se lo quedó el señor que nos acusó”, explica a Proceso.
Asimismo, Alfonsa Juárez Barrera, una indígena jornalera de 29 años, fue encarcelada a su regreso de las pizcas de Sinaloa. Había conseguido trabajo de limpieza en una casa donde la enviaron a llevar un encargo. En el camino la detuvieron los soldados, y cuando la revisaron se enteró de que el paquete contenía ‘goma’, el líquido cristalizado de la amapola. La sentenciaron a 10 años de cárcel.
Explica: “La señora de Tlapa me dice: ‘Te voy a dar mi encargo, no lo abras’. Me mandó a dejar unas cosas en Chilapa. Pasé donde los guachos, y cuando dicen los guachos que me pare, lo abrieron, y así pues dicen: ‘tú vas a ir a la cárcel’”.
Ella también es madre. Sus hijos tienen siete y 11 años.
“Nadie me cuida a mis hijos; se van a meter a otra casa ajena. Están tristes. Yo también, porque me están dejando la culpa; a la señora que me mandó ya la mataron”, dice.
Según el visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Silva Santana, en los juicios de los indígenas acusados por delitos contra la salud las declaraciones de los acusados se contraponen a las que hacen las autoridades.
“Ellos niegan siempre esos delitos. Comúnmente dicen que la droga se la sembraron, pero las autoridades afirman que sí los detuvieron con esa droga. Sólo algunos internos aceptan que los detuvieron en el sembradío, pero argumentan que lo hicieron por las necesidades económicas”, expresa el funcionario.
Otro indígena encarcelado en Chilpancingo, el tlapaneco Victórico Castro Concepción, refiere que unos encapuchados armados le salieron al paso y le dijeron que llevara un paquete a otro paraje, pero en el camino miembros del Ejército revisaron su automóvil y lo detuvieron. Su expediente es el 102/2007.
“Llevé a mi primo, que iba a traer a su esposa del hospital. Estuve sentado esperando, y que me fijo, y ahí están dos personas en mi camioneta. Le abrieron el cofre, bajé, me estuvieron amenazando, querían la llave, sacaron un arma: ‘Tú vas a llevar un recado a Zapotitlán. Van a salir tres personas vestidas de negro en el camino. Si no quieres, matamos a tu familia, tus hijos’. Me arranqué, bajé, estaban los soldados revisando los carros. Ahí me dijeron que llevaba goma.”
Él era el sostén de ocho hijos que se vieron obligados a dejar la escuela y a quienes su esposa mantiene lavando ropa ajena. Victórico luce pelón, está enfermo, tiene un tumor en la cabeza cuyos dolores mitiga a base de aspirinas que a veces le dan en la enfermería. Está resignado a morir, pues no tiene dinero para pagar una operación. (En cuanto lo escucha, el visitador de derechos humanos le toma sus datos.)
El tlapaneco lamenta: “Yo veo que somo indígena y la gente se aprovechan de uno, que nos viene a engañar. Aquí hay mucha gente mala. Estoy sentenciado. No estoy de acuerdo. Veo que las personas que hacen los hechos no están aquí, y tú, la gente que no hizo nada, está pagando”. l
California: la mariguana como industria
Alejandro Maciel
En California las autoridades están haciendo cuentas de fantasía. Confían en que el próximo martes 2 la droga se legalizará en esa entidad estadunidense, lo que permitirá fumarla de manera recreativa y no sólo con fines terapéuticos. La administración californiana se frota las manos al calcular lo que recaudará vía impositiva. Pero ya hay algunos obstáculos a la vista: primero habrá un choque frontal con las leyes federales y, segundo, es probable que el mercado negro reduzca a cero la captación de gravámenes por el comercio de la yerba.
SAN DIEGO.- En California muchos aspiran a que la mariguana sea legalizada el martes 2 de noviembre: los adictos, porque podrán traer consigo hasta una onza (
El Acta de Regulación, Control e Impuestos de la Mariguana (conocida como Propuesta 19) se abrió camino hasta las urnas luego de que sus impulsores reunieron más de 1 millón de firmas para que se colocara en la boleta de las elecciones intermedias que se efectuarán este martes 2.
Entre otras medidas, el acta propone que el estado regule la venta de mariguana y aplique un impuesto de 50 dólares por onza, lo que podría significar unos mil 400 millones de dólares anuales, según cálculos de los promotores de la iniciativa; sin embargo, un reporte elaborado en 2007 por el Departamento de Salud de California dice que 1 millón 950 mil californianos consumen al año 16 millones de onzas (unas 450 toneladas) de mariguana, lo que no podría generar esa cantidad de dinero.
“La propuesta busca crear una estructura regulatoria similar a la que se usa para la venta del alcohol”, dice a Proceso Eugene Davidovich, de la organización Americans for Safe Access (que pretende que la mariguana sea legal en todo el país) “La iniciativa establecería un impuesto a los adultos y prohibiría la venta a menores de 21 años”.
Algunas ciudades ya han empezado a cobrar ese impuesto. En julio de 2009 Oakland aplicó un gravamen a la llamada mariguana medicinal (la que se usa para fines terapéuticos) luego de que los votantes aprobaran el impuesto a la venta de cannabis en los dispensarios, que pagan 18 dólares por cada mil de venta.
Cultura verde
A pesar del entusiasmo generado por la Propuesta 19, hace unas semanas el apoyo a la medida empezó a caer. Una encuesta del Instituto de Políticas Públicas realizada el pasado 3 de octubre reveló que 52% de los votantes favorecían la legalización, mientras 41% la rechazaba. Pero la encuesta del 20 de octubre –del mismo instituto– arrojó que 49% de los californianos se oponía a la propuesta y sólo 44% la apoyaba.
El mayor rechazo se manifestó en la comunidad latina: en septiembre pasado, 63% de los electores hispanos apoyaba la propuesta y ahora sólo 51% está a favor.
Al margen de las encuestas la Propuesta 19 ya genera más interés que la competencia política entre la senadora Barbara Boxer y su oponente, la republicana Carly Fiorina. Incluso tiene más seguidores que las elecciones por la gubernatura estatal entre el demócrata Jerry Brown y la republicana Meg Whitman.
La cultura de la mariguana está muy extendida en California, donde hay decenas de revistas y hasta manuales electrónicos con las más avanzadas técnicas de cultivo. La revista electrónica High Times, por ejemplo, puso a la venta el disco compacto Mariguana hidropónica para interiores y mariguana orgánica para cultivo exterior, de Jorge Cervantes, un reconocido experto en la materia.
En San Francisco, los pasados 25 y 26 de septiembre tuvo lugar la Exposición Internacional de Cannabis de California. En la publicidad de esta feria semestral los organizadores destacaban que había más de 30 mil metros cuadrados para exhibiciones de todo lo relacionado con la mariguana: plantas, semillas, herramientas, recetas, pipas, y hasta un área especial destinada al consumo médico de la planta. Los organizadores calculan que hubo más de 25 mil asistentes en los dos días de muestra.
Tan abierto es todo lo relacionado con la mariguana que hasta los empresarios han empezado a organizarse para sacar provecho. En el condado de Humboldt la empresa llamada Asociación de California está en busca de una licencia para convertirse en el primer comercializador industrial, con una red de más de mil agricultores, empacadores y distribuidores de la planta.
Los sindicatos no se quedan atrás. En marzo pasado, la agrupación sindical Unión de Trabajadores de Alimentos y Comercios (UFCW, por sus siglas en inglés) empezó a representar a las 80 personas que trabajan en Medi-Cone forjando cigarros de mariguana para uso medicinal. La fábrica, ubicada en el área de la bahía de San Francisco, es parte de una industria, la de la mariguana medicinal, que sirve a más de 200 mil californianos –quienes tienen una tarjeta que los identifica como usuarios de la planta con fines terapéuticos– y que actualmente ya genera ventas por más de mil 300 millones de dólares anuales.
Dan Rush, director de Operaciones Especiales de la Sección 5 del UFCW –que tiene 32 mil miembros en California y se especializa en la representación de trabajadores de la industria del empaque y procesamiento de alimentos–, afirma que ya han empezado a organizar a los trabajadores, incluyendo a sembradores, recolectores, empleados de invernaderos, empacadores y técnicos de laboratorio.
En entrevista con el periódico Sacramento Bee Rush indicó que su sindicato está negociando los contratos para los trabajadores de esta industria. “Desde los sembradores hasta los científicos con una escala salarial de entre 25 y 50 dólares por hora y seguro médico. Ahora sólo representamos a unos cientos de trabajadores, pero es una industria que está creciendo”.
También los Teamsters (el sindicato de transportistas) firmaron en septiembre un contrato para representar a los 40 trabajadores agrícolas de invernaderos de Marjyn Investments, empresa de Oakland que supervisa el cultivo y distribución de mariguana para los dispensarios.
Por su lado la Unión Internacional de Trabajadores de Servicios, con más de 700 mil afiliados, aunque no ha expresado su intención de representar a los trabajadores de este sector sí ha respaldado la Propuesta 19 debido a “su enorme potencial de generar recursos a través de impuestos”, dijo Mary Gutiérrez, su vocera en California en un comunicado de prensa del pasado 15 de agosto.
Jeff Jones, uno de los promotores de la Propuesta 19 y fundador de la Cooperativa de Compradores de Cannabis de Oakland, dice a Proceso que la industria de la mariguana con fines medicinales actualmente emplea a 10 mil personas en todo el estado. “De legalizarse el uso recreativo de la mariguana se podrían crear de 40 mil a 60 mil empleos permanentes”, agrega.
Conflicto federal
Aunque el gobierno federal se ha hecho de la vista gorda en los estados que permiten el uso de la mariguana con fines medicinales, ahora el Departamento de Justicia dejó en claro que independientemente de lo que digan los votantes californianos va a actuar conforme a las leyes federales, que consideran ilegal la yerba. La advertencia fue hecha el pasado 15 de octubre por el procurador Eric Holder, quien aseguró que su dependencia va a aplicar “agresivamente” esas leyes.
En una entrevista con la agencia AP, difundida el pasado 20 de octubre, el zar antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, dijo que el Departamento de Justicia estudia todas las opciones legales para responder a la medida que, de ser aprobada, entraría en conflicto con las leyes federales.
Entre las opciones que se estudian está la recomendación hecha por nueve exjefes de la Administración de Lucha contra las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en una carta dirigida al procurador Holder en la que proponen que el presidente Obama inicie una acción legal contra la Propuesta 19 por violación de las leyes federales, que en lo tocante a drogas están por encima de los ordenamientos estatales.
Aunque los electores aprobaran la ley, los californianos no podrían viajar en avión, por ejemplo, con mariguana para su uso personal, ya que las instalaciones aeroportuarias están bajo control federal. Lo mismo ocurre con las garitas de acceso al país o las aduanas. Las agencias federales de combate a las drogas podrían actuar libremente en California.
Cifras dudosas
La doctora Rosalie Liccardo Pacula, quien durante 15 años ha estudiado los efectos de las políticas sobre drogas y es directora de los programas de Salud de la Corporación RAND, centro de investigación dedicado al análisis de temas políticos, legales y judiciales, dice a Proceso que el cálculo de recaudación de impuestos hecho por los simpatizantes de la Propuesta 19, de mil 400 millones de dólares anuales, está basado en supuestos falsos y no toma en cuenta el mercado negro.
En su testimonio ante el Comité de Seguridad Pública de California, en mayo pasado, Pacula aseguró que la legalización podría provocar que el precio de la mariguana cayera alrededor de 50%, por lo que un impuesto de 50 dólares por onza no es realista, ya que representaría un gravamen de ciento por ciento en relación con el costo de producción.
“Va a haber muchas organizaciones delictivas que tratarán de entrar en el mercado y vender su producto sin pagar impuestos, tal como ha ocurrido con el tabaco y el alcohol.”
Pero ese no es el único obstáculo: la Propuesta 19 considera también que cada persona tiene derecho a cultivar en su propiedad –en un área de
“Es imposible que una persona consuma esa cantidad de mariguana. Lo que va a ocurrir es que la disponibilidad va a motivar la venta del excedente. ¿Quién va a comprar mariguana en un establecimiento y pagar 50 dólares de impuestos por onza, cuando ellos mismos pueden cultivarla o comprarla a precio más bajo con un amigo o un vecino?”, cuestiona Pacula. “Sin duda el mercado negro seguirá existiendo con o sin legalización”. l
Las cifras alegres de Calderón
Carlos Acosta Córdova
El optimismo rampante mostrado por la Secretaría de Hacienda al dar a conocer los indicadores de empleo y crecimiento de la economía tiene tintes de esquizofrenia. A juicio del gobierno de Felipe Calderón, el país se ha convertido en una ínsula de prosperidad y estabilidad económica, de empleo creciente y dinamismo empresarial, de plena confianza para la inversión extranjera… En un contexto de violencia desbordada en todo el país, el objetivo es claro: utilizar a la economía como elemento de distracción para que la sociedad no se percate de la ruina nacional.
La Secretaría de Hacienda sorprendió hace dos semanas con dos datos “espectaculares”. Uno: la economía mexicana está embalada y marcha con tal vigor que este año crecerá 4.8% y no 4.5% como estimó hace mes y medio, y lejísimos del 3% que auguraba a principios de año.
Y dos: no hay nada que detenga ese brioso andar. La violencia por el crimen organizado “no está afectando la actividad económica nacional”.
Es decir, mientras las economías europeas viven en la incertidumbre, lidian con sus problemas de sobreendeudamiento y millones salen a las calles a protestar por drásticas medidas de ajuste que menguarán sus niveles de vida, o mientras en Estados Unidos se quiebran la cabeza por hallar la manera de estimular una economía que no levanta –tasas de interés en cero y precios que rayan en la deflación–, en México se vive prácticamente en el paraíso.
Tanto así que resulta cosa menor lo que a diario se ve y se oye en periódicos, radio, televisión e internet: ejecuciones, levantones, balaceras entre sicarios, militares y policías; asesinatos, y cuanto subproducto de la guerra contra el crimen organizado sea posible –o no– imaginar.
Vaya, ni las cerca de 30 mil muertes que ha ocasionado esa guerra en cuatro años ni el clima cotidiano de violencia le quitan al gobierno federal el ánimo festivo ni las ganas de transmitir la idea de que estamos, casi, en la gloria.
“No parece haber evidencia de que la inseguridad esté afectando la actividad económica de México”, tituló la Secretaría de Hacienda su Informe Semanal del domingo 17, un documento que todos los domingos envía a los medios y sube a su página web.
El informe reconoce que “la violencia ocasionada por el crimen efectivamente desincentiva la actividad empresarial y espanta los capitales en las regiones que más están siendo afectadas”.
Sin embargo, luego de reseñar el comportamiento positivo de algunos indicadores macroeconómicos, asegura: “También es evidente que el crimen y la delincuencia no están inhibiendo la recuperación económica a nivel nacional como se ha querido hacer creer”.
Prestidigitación financiera
El miércoles 20, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, no cabía en sí para dar muy “buenas noticias”. En conferencia, habló de que las magníficas cifras macroeconómicas del país muestran que “México se recupera activamente de la crisis global”, inclusive de “manera más vigorosa que lo previsto”.
Y detalló: “Nuestras tasas de interés se encuentran en mínimos históricos; el tipo de cambio, estable; el mercado de valores continúa creciendo; las reservas están al máximo; la producción industrial presenta incrementos notables; la inversión privada se recupera, y las exportaciones y el consumo interno van en aumento”.
Por si fuera poco, dijo, “el Fondo Monetario Internacional considera que nuestra recuperación económica es más vigorosa que lo previsto para este año”.
No sólo eso, sino que “los mercados internacionales y las instituciones de banca de desarrollo siguen confiando en la política económica instrumentada por la actual administración. Prueba de ello es que el gobierno federal colocó hoy (miércoles 20), de manera exitosa en el mercado japonés, un bono Samurai por 150 mil millones de yenes, equivalente aproximado a mil 800 millones de dólares”.
Hay tanta confianza en el país –abundó Cordero– que esa operación con el bono Samurai “tuvo una demanda de dos veces el monto emitido y la participación principal fue de inversionistas institucionales japoneses”.
Dos semanas antes, el martes 5, el gobierno federal había emitido en mercados europeos otro papel soberano, aún más singular: un bono global, por mil millones de dólares, con rendimiento de 6.1% y a un plazo inédito, para un país latinoamericano, de 100 años.
Lo que en realidad hizo el secretario en la conferencia de prensa –convocada para anunciar un “máximo histórico” de empleos nuevos creados en lo que va del año– fue preparar el terreno para lo que un par de horas más tarde, después de las ocho de la noche, anunciaría oficialmente la Secretaría de Hacienda:
Que las cosas en la economía van tan bien que la dependencia había decidido revisar a la alza su estimación de crecimiento económico para este año: de 4.5% que había pronosticado el 8 de septiembre pasado, a 4.8%.
Y no es poca cosa. Significa un crecimiento 60% superior al 3% originalmente estimado –o 1.6 veces ese 3%– en el marco macroeconómico para 2010. Conforme fue recuperándose la economía estadunidense y, por tanto, fortaleciéndose la demanda externa, la economía mexicana fue mejorando.
Y, por lo mismo, los pronósticos variaron: desde ese 3% estimado en los Criterios Generales de Política Económica para 2010 –presentados ante el Congreso el 8 de septiembre de 2009– hasta el 4.8% del miércoles 20. Un verdadero vuelco si se considera que en 2009 la economía registró una caída de 6.5%, el peor desplome de su historia reciente, más que el 6.2% de 1995, que en su momento fue considerada la baja más dramática de por lo menos las últimas siete décadas.
De la última revisión (4.5%) a la más reciente (4.8%) sólo transcurrieron seis semanas. En ese lapso, los indicadores macroeconómicos acusaron una consistente desaceleración, pero el discurso oficial, por el contrario, se ha disparado en vertical ascendente.
De hecho, no se corresponden los argumentos con el monto de la subida en la estimación de crecimiento del PIB a 4.8%.
Cuando el 8 de septiembre último la Secretaría de Hacienda determinó revisar a la alza su estimación de crecimiento económico, de 4.1% a 4.5%, adujo la evolución “más favorable” de la actividad económica ya observada.
Señalaba, entre los principales puntos, que las exportaciones no petroleras habían crecido en el periodo enero-julio a una tasa anual de 33.8%; que en el primer semestre del año la producción industrial creció 6.6% anual, y la manufacturera 11.6%; y que, en particular, la producción automotriz creció un espectacular 76.8% entre enero y julio.
Además indicaba que en el segundo trimestre del año tanto la inversión como el consumo tuvieron “un mayor incremento secuencial” respecto del primero. Y la prueba era que en el periodo enero-julio las ventas al menudeo se expandieron 4.7% al año y el sector servicios creció 5.6% en el primer semestre.
Todo eso justificaba, decía Hacienda, aumentar cuatro décimas a la estimación de crecimiento del PIB para 2010 y dejarla en 4.5%. El Banco de México coincidió, días después, en que la economía crecerá este año “alrededor” de 5%, pero el próximo lo hará apenas entre 3.2% y 4.2%, dato que Hacienda prefirió omitir.
La “recuperación”
Para fundamentar su nueva estimación, Hacienda elimina indicadores donde no van bien las cosas, y de los que elige no presenta sus cifras acumuladas –que dan idea de la evolución de aquéllos–, sino datos mensuales y parciales, y que necesariamente resultan muy positivos si se les compara con el mismo mes de 2009, porque fueron justamente los peores meses de la crisis económica.
Así, para justificar la nueva estimación de tres décimas más, la secretaría detalla que las exportaciones no petroleras aumentaron 39.1%, pero sólo en agosto, y que la producción industrial se expandió 8.1% en el mismo mes, y compara ese registro con la estimación de 6%... realizada por analistas privados.
Con maña evidente, Hacienda da su nueva estimación del crecimiento del PIB dos días antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hiciera públicos los datos de la balanza comercial a septiembre, que muestra un crecimiento muy menor de las exportaciones.
Ofrece el dato de agosto, con un crecimiento de 39.1% de las exportaciones no petroleras, pero no el de septiembre, que trae un aumento de sólo 21.3%. Es decir, las exportaciones no petroleras en septiembre –dato que necesariamente debía conocer Hacienda– crecieron 17.8 décimas menos que en agosto, o lo que es lo mismo, aumentaron apenas un poco menos de la mitad en que lo hicieron durante agosto.
El acumulado enero-septiembre tampoco lo señala porque también es desfavorable: 32.8% anual contra 34.5% en enero-agosto.
También con dolo, Hacienda omite los datos de producción manufacturera y automotriz. Para la revisión de 4.1% a 4.5% del PIB festeja los incrementos extraordinarios de 11.6% enero-junio, en el primer caso, y de 76.8% enero-julio en el segundo.
Para la revisión a 4.8% de crecimiento del PIB no lo hace porque los datos, aunque en terreno positivo, señalan la tendencia declinante: 11.2% acumulado en enero-agosto en las manufacturas, y cada vez resultados más bajos en la industria automotriz.
Tan sólo en el segmento de la producción de automóviles la baja es notable. Datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que es consultada por el Inegi para sus reportes mensuales sobre producción manufacturera, indican que en junio de este año se produjeron 206 mil 195 automóviles, 102% más que en igual mes de 2009, un poco más del doble.
En el acumulado enero-junio de 2010, la producción de autos fue 78.9% superior a la del mismo periodo del año previo. En tanto, en septiembre de este año se produjeron 197 mil 418 autos, que ya fue sólo 34.9% más que igual mes de 2009. Pero en el acumulado enero-septiembre la producción creció 67.4%, que son 11.5 décimas menos que en el periodo enero-junio.
Es decir, Hacienda usa las cifras que le convienen y las acomoda para que sean más llamativas.
Trabajo a la baja
El caso de manipulación más significativo es el de las cifras, el discurso y la información sobre el empleo y el desempleo. El gobierno ha llegado al extremo de convocar a conferencia de prensa cada mes, o antes si hay algún dato importante, para informar la última cifra de empleos formales nuevos.
Encabezan dichas conferencias los secretarios de Hacienda, de Trabajo y de Economía, así como el director del IMSS, o cuando menos dos de ellos, e invitan a los reporteros de sus respectivas “fuentes”, a veces hasta en domingo.
El dato importante es siempre el “máximo histórico” alcanzado en materia de creación de nuevos empleos formales en lo que va del año. Para la estimación de 4.5% del PIB el dato fue que se habían creado, entre enero y agosto, 634 mil nuevas plazas. Para el cálculo de 4.8% del PIB, se habían creado, entre enero y la primera quincena de octubre, 780 mil nuevos empleos, reales, “con nombre y apellido”, registrados en el IMSS.
El tema siempre es el número de nuevos puestos de trabajo, de cómo “ya se recuperaron” los empleos perdidos en la crisis y el total de afiliados al IMSS: “A la primera quincena de septiembre, 14 millones 661 mil 333 personas, cifra nunca antes vista”, dijo Cordero el miércoles 20.
Igual que con la información sobre exportaciones, “casualmente” Hacienda se adelantó a la fecha programada por el Inegi para dar su último dato sobre empleo y desempleo, que fue el viernes 22, y que reveló un aumento significativo en la tasa de desocupación: 5.7% de la Población Económicamente Activa (PEA), con lo que ya son poco más de 2.5 millones de personas sin trabajo.
Cuando en las conferencias de prensa algún periodista pregunta sobre el desempleo y de los problemas estructurales del empleo en el país, los funcionarios se escurren y optan por lo fácil: el comparativo internacional de tasas de desocupación.
Vamos muy bien, dicen siempre. Andamos en un promedio de 5% sobre la PEA. España trae casi 20% de su PEA. Estados Unidos 10%; Francia igual; Inglaterra 8%; Alemania 7%. Y así.
Los datos son ciertos, al menos de fuentes reconocidas, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.
Pero la simple tasa de desempleo nada dice sobre la realidad del empleo en México. En los cuadros, sólo con datos porcentuales, pues sí se ve bien México. Así usa las cifras el gobierno federal para darle una mejor cara a la economía.
O como decía Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolfo Hitler en la Alemania nazi: “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que los distraigan”.
El solitario de la Casa Blanca
Peter Baker
Pasada la efervescencia popular que lo catapultó a la presidencia en 2008 y desplomadas las expectativas que su triunfo electoral generó, el presidente Barack Obama concluye dos años de administración vilipendiado por la derecha, castigado por la izquierda y abandonado por el centro. “En una democracia grande y compleja todas las cosas toman su tiempo, y nuestra cultura no se basa precisamente en la paciencia”, declaró el mandatario a Peter Baker, reportero de The New York Times, quien en vísperas de las elecciones legislativas de este 2 de noviembre describe el ambiente en la Casa Blanca y recoge las reflexiones críticas de colaboradores cercanos a Obama. Con autorización del diario neoyorquino, Proceso reproduce el texto de Baker.
WASHINGTON.- Aunque esa tarde de finales de septiembre había mucha actividad en el ala oeste de la Casa Blanca, Barack Obama se veía relajado y sin prisas cuando se sentó en un sillón de cuero café recién retapizado en la Oficina Oval. Acababa de regresar del Salón Este, donde había firmado la Ley de Empleo de los Pequeños Negocios de 2010. Esta ley será la última pieza de la significativa legislación económica de su administración, antes de que los votantes den su veredicto sobre sus primeros dos años en el cargo.
Sin embargo, para efectos prácticos, el primer capítulo de la presidencia de Obama ha terminado. El segundo empezará el próximo 2 de noviembre, día de los comicios intermedios.
El presidente que impulsó en el Congreso la agenda interna tal vez más ambiciosa en una generación está vilipendiado por la derecha, castigado por la izquierda y abandonado por el centro. Entra a la recta final de la campaña de las elecciones intermedias con visos de repudio, en tanto que los votantes se preparan para entregarle un Congreso que, aun en el caso de que los demócratas mantengan el control, será con seguridad mucho menos amistoso con el presidente que el anterior, con el que ha pasado dos años librando luchas de lodo.
Aunque orgulloso de sus logros, Obama ha empezado a reflexionar sobre qué salió mal y lo que debe hacer para modificar el rumbo durante los próximos dos años. Uno de sus asistentes asegura que ha pasado “mucho tiempo hablando sobre Obama
“Lecciones tácticas”
Durante la hora que pasamos juntos Obama insiste en que no se arrepiente de la orientación general de su presidencia, pero identifica lo que llama “lecciones tácticas”: permitió que se le viera como “el mismo demócrata liberal de siempre con su vieja política de impuestos y gastos” y reconoce que tal vez no debió proponer moratorias fiscales como parte de su programa de estímulos, “sino dejar que los republicanos insistieran en su recorte de impuestos” para que pudiera aparecer como un acuerdo bipartidista.
Sobre todo, asegura, aprendió que pese a su retórica anti-Washington debe jugar con las reglas de Washington si quiere ganar en la capital y que no basta su gran convicción de que está en lo correcto si nadie más está de acuerdo con él. “En vista de lo que se nos venía encima –dice Obama–, probablemente pasamos mucho más tiempo tratando de enderezar las políticas que de enderezar la política. Probablemente hay un orgullo perverso en mi administración y asumo la responsabilidad por ello, pero estaba claro que haríamos lo correcto aun si en el corto plazo era impopular”.
Lo impactante del autodiagnóstico de Obama es que, de acuerdo con su propia interpretación, descuidó la “inspiración” una vez que fue electo. Para empezar, acepta, no se mantuvo conectado con la gente que lo colocó en el cargo. En vez de ello decepcionó a quienes lo consideraban encarnación de un nuevo movimiento progresista, así como a los que esperaban que cruzara la brecha para marcar el comienzo de una época pospartidista.
Cuando Obama aseguró la nominación demócrata en 2008, dijo a una multitud de seguidores: “Algún día seremos capaces de mirar hacia atrás y contar a nuestros hijos que este fue el momento en que empezamos a dar asistencia a los enfermos y buenos empleos a los desempleados; que fue el momento en que la subida de los océanos empezó a detenerse y nuestro planeta comenzó a sanar; que este fue el momento en que terminamos una guerra, le dimos seguridad a nuestro país y restauramos nuestra imagen como la última y mejor esperanza sobre la Tierra”.
Le leo estas líneas a Obama y le pregunto cómo suena esa retórica de altos vueltos en estos días en que su gobierno está alicaído. “Suena ambicioso. ¿Pero sabe qué? Avanzamos en cada uno de estos frentes”.
–¿Pero… salvar al planeta? Si usted promete salvar al planeta, ¿no podría la gente pensar realmente que usted lo va a salvar?
El presidente ríe antes de regresar al tema de la esperanza y la inspiración. “No pido disculpas por haberme fijado altas expectativas para mí mismo y para el país porque creo que podemos alcanzarlas”, aclara. “Pero hay una cosa que quiero decir, que anticipé y que puede ser difícil de entender: en una democracia grande y compleja como ésta, todas las cosas toman su tiempo. Y nuestra cultura no se basa precisamente en la paciencia”.
Durante mi recorrido por el ala oeste no sólo conversé con Obama sino con casi dos docenas de sus asesores –algunos hablaron con autorización y otros no– para entender cómo ven la situación. La perspectiva desde dentro de la administración parte de un mantra fundamental: Obama heredó los peores problemas para un presidente en años. O en generaciones. O en la historia de Estados Unidos. Impidió otra Gran Depresión al tiempo que colocaba los cimientos para un futuro más estable. Pero esto le exigió tomar medidas impopulares que inevitablemente tendrían un costo para él.
Sin embargo, a muchos funcionarios les preocupa que los mejores días de la presidencia de Obama pudieran haber pasado ya. Se preguntan si no sería el momento de dar el siguiente paso. En los sondeos realizados por The New York Times y CBS News los niveles de aprobación de Obama habían caído, de 62% que tenía cuando asumió el cargo, a 45% en septiembre último; es decir, sólo un punto por encima de donde estaba Clinton en 1994 antes de perder el Congreso, y tres por arriba de Reagan antes de que los republicanos perdieran en 1982 dos docenas de bancas en la Cámara de Representantes.
Pese a todo, el equipo de Obama está orgulloso de haber cumplido tres de las cinco principales promesas que planteó en su discurso de abril de 2009 en la Universidad de Georgetown como pilares de su “nueva fundación”: las reformas a la salud y a la educación y la re-regulación financiera. Y también destaca las decisiones de dar por terminada la misión de combate en Irak e intensificar la guerra en Afganistán.
Pero es posible ganar el juego interno y perder el juego externo. En sus momentos más oscuros los asesores de la Casa Blanca se han preguntado en voz alta si para un presidente moderno existe siquiera la posibilidad de tener éxito, sin importar cuántas iniciativas logre firmar.
Todo parece conspirar contra esta idea: una oposición implacable, con muy poco interés en colaborar, si es que tiene alguno; unos medios noticiosos saturados de trivialidades y conflictos; una cultura que exige soluciones para ayer y un cinismo social que mantiene muy baja estima por el liderazgo.
En este contexto algunos colaboradores de Obama han llegado a la conclusión de que ante estas condiciones cualquier presidente moderno, en el mejor de los casos, sólo podrá tener un desempeño promedio.
“Problemas de comunicación”
El cálculo más errado entre la mayoría de los asesores de Obama fue creer que éste sería capaz de tender un puente sobre una capital polarizada y construir coaliciones auténticamente bipartidistas. “Si creímos que los republicanos simplemente iban a transitar por él, estábamos terriblemente equivocados”, me dice Tom Daschle, mentor y asesor externo de Obama.
El gobernador de Pennsylvania, Ed Rendall, está entre los demócratas que critican con dureza al presidente por no haber sido lo suficientemente hábil frente a la oposición. Él opina que la legislación de salud constituye “un logro increíble” y que el programa de estímulos fue exitoso en grado extremo, pero considera que Obama permitió que estas victorias se vieran empañadas por las críticas.
“Perdieron las batallas de la comunicación en las dos principales iniciativas y las perdieron muy pronto”, considera Rendall, ferviente partidario de Hillary Clinton y que después apoyó a Obama.
Este estribillo también se escucha con frecuencia dentro de la Casa Blanca: “Es un problema de comunicación”. Cuando algún político está en dificultades argumenta que los problemas son de comunicación y no de otra índole.
Las críticas hacia Obama pueden ser confusas y muy contradictorias: mientras la derecha lo considera un fanático liberal, la izquierda lo ve como un pusilánime acomodaticio. Hay quienes creen que es un socialista anticapitalista que tiene relaciones demasiado estrechas con Wall Street; asimismo se le ve como un apologista de la defensa no violenta de Estados Unidos que ha adoptado las implacables tácticas antiterroristas de Bush, a expensas de las libertades civiles.
“Cuando hablaba de ser un presidente transformador, se refería a su idea de restaurar la fe del pueblo estadunidense en sus instituciones de gobierno”, dice Ken Duberstein, exjefe de gabinete de Ronald Reagan que en 2008 votó por Obama. “Lo que ahora sabemos es que esto no funcionó. Por el contrario, ahora la gente duda todavía más de nuestras instituciones, en especial del gobierno… Francamente yo dejaría atrás aquellos días. Olvidaría al presidente transformador y mejor intentaría ser un presidente negociador, alguien con quien se pudiera acordar. Me parece que hay una rigidez ideológica que el pueblo estadunidense no había percibido antes”.
Otros, por el contrario, desearían mayor rigidez ideológica. Norman Salomon, activista del campo progresista y presidente del Institute for Public Accuracy, dice que “Obama ha desperdiciado totalmente esta gran oportunidad” de reinventar a Estados Unidos al no ser suficientemente agresivo en temas como la opción de la salud pública. “Se ha mostrado tan reflexivo desde que fue elegido que sólo ha cedido y cedido terreno”, sostiene Salomon.
Aporreado por ambas partes Obama se ve claramente frustrado y, en ocasiones, a la defensiva. “Congénitamente los demócratas tienden a ver el vaso medio vacío”, declaró Obama hace un mes, en un acto para reunir fondos en Greenwich, Connecticut.
Y añadió: “Si sacamos adelante una histórica Ley de Salud, bueno, está bien, pero no incluye la opción de la asistencia pública. Si logramos que pase una inciativa de reforma financiera, entonces, bueno, yo no entiendo de estas normas derivativas y no estoy seguro de si me satisfacen. Y, ¡válgame Dios!, no hemos logrado aún la paz mundial. Yo pensé que eso iba a ser más rápido”.
Rahm Emanuel, primer jefe de gabinete de la Casa Blanca de Obama, quien renunció en septiembre, dice que las crisis en cascada que afectó los días iniciales del gobierno cobró una cuota permanente. “Las semillas de sus actuales dificultades políticas fueron plantadas cuando dio sus primeros pasos”, comenta.
Funcionarios de la Casa Blanca coincidieron en que no debieron dejar que el proceso de la reforma de salud se alargara tanto tiempo esperando un apoyo republicano que nunca llegaría. “La gente siente que no envió a Obama a Washington para ser legislador en jefe”, comenta uno de sus principales asesores. Y precisa: “Esto se prestó a que surgiera la percepción de que no estaba haciendo nada en favor de la economía”.
Escenarios
Melody Barnes, asesora presidencial en política interna, asegura que el mayor problema fue que después de ocho años de gobierno de Bush los partidarios de Obama estaban muy ansiosos de cambiar todo cuanto antes. “Había una exigencia multiplicada en todas las áreas temáticas (ciencia, educación, asistencia médica, inmigración). Un enorme deseo de que todas las cosas se hicieran finalmente. Cada segmento de la población tenía algo que pedir y que consideraba de la mayor importancia. En verdad quería que llegara a la meta.”, explica.
Los asistentes de Obama se mostraron más optimistas frente a las elecciones de 2012 que ante las de 2010 porque creen que el Tea Party hará que se reelija Obama al empujar al candidato republicano demasiado a la derecha. Dudan que Sarah Palin se postule y piensan que Mitt Romney no puede obtener la nominación republicana porque hizo aprobar su propio programa de salud cuando fue gobernador de Massachusetts. Si tuvieran que adivinar hoy, algunos en la Casa Blanca dirían que Obama se verá contendiendo con Mike Huckabee, exgobernador de Arkansas.
Obama expresa su optimismo de que podría hacer causa común con los republicanos después de las elecciones intermedias de noviembre. “Podría ser que, independientemente de lo que ocurra en esta elección, se sientan más responsables ya sea porque no obtengan tan buenos resultados como esperaban –y eso quiere decir que la estrategia de sólo decir no a todo y arrojar bombas desde la orilla no les funcionó– o porque tengan resultados razonablemente buenos, en cuyo caso el pueblo estadunidense esperará que ofrezcan propuestas serias y que trabajen conmigo de una manera seria”.
Pero aun si una alianza de esta naturaleza llegara a emerger, los siguientes dos años serán para cimentar lo que Obama hizo en los dos primeros y defenderlo frente a los desafíos del Congreso y de las cortes. En palabras de uno de los principales asesores, “habrá muy pocos incentivos para plantear grandes cosas en los próximos dos años, a menos que surja algún tipo de crisis”.
No obstante, los colaboradores de Obama aún miran con desdén la limitada disposición a ejercer reformas que Bill Clinton asumió después de las elecciones intermedias de 1994. Emanuel comenta: “No soy de la opinón de no hacer nada. Creo que uno debe tener una agenda”.
¿Pero qué tipo de agenda? Ni tan amplia ni tan provocadora, sostienen algunos de los asesores. “Ésta tendrá que limitarse y enfocarse a los asuntos que son alcanzables y que constituyen una alta prioridad para los estadunidenses”, afirma Dick Durbin, el demócrata número dos en el Senado. Daschle considera que Obama tendría que extenderle la mano a sus adversarios.
Rendall piensa de otro modo. “No preocuparse tanto por el bipartidismo si los republicanos continúan negándose a cooperar. Haz lo que tengas que hacer y defiéndete. Deja de estarte quejando de lo que heredaste. Después de la elección, yo diría que ya no hay que estar señalando hacia atrás, acusando de todo a la administración Bush. Está bien hacerlo durante la campaña, pero luego hay que parar. Seguir haciéndolo constantemente, como nosotros lo hacemos, suena a disco rayado. Y después de dos años tienes que asumir tu propia responsabilidad”, plantea.
Obama tendrá que asumir esa responsabilidad dos años más, o seis si logra encontrar el camino para seguir adelante. Como escritor Obama sabe apreciar los ritmos de una trama tumultuosa. Pero, ¿quién es realmente el protagonista? En el fondo este presidente sigue siendo un enigma para muchos estadunidenses. Durante la campaña hizo promoción de sí mismo –o de la idea que tiene de sí mismo– más que de cualquier política en particular. Los votantes se encargaron de completar la historia al gusto de cada uno.
Ahora la historia se sigue escribiendo. Con cada decisión que toma el presidente se sigue definiendo, para bien y para mal, en las mentes de los estadunidenses. Dice que sabe a dónde va y que está incrementando su velocidad, pese a los obstáculos. Así lo comentó ante un grupo de visitantes la primavera pasada: “Empiezo despacio, pero cierro con fuerza”.
Tendrá que hacerlo si quiere que la historia que está construyendo tenga el desenlace que desea. (Traducción: Lucía Luna) l
Los costos del desencanto
J. Jesús Esquivel
Las encuestas anticipan una debacle para Barack Obama y el Partido Demócrata en las elecciones intermedias del próximo 2 de noviembre. Ahora, aseguran varios expertos, el presidente se verá obligado a gobernar sin mayoría en el Congreso. Su agenda política, dicen, no deberá enfocarse a las grandes iniciativas que enarboló como candidato y que propuso en los inicios de su gestión, sino a las tareas concretas que la realidad impone para sacar a Estados Unidos del marasmo en que está desde la crisis de 2008.
WASHINGTON.- Las elecciones intermedias del próximo martes 2 en Estados Unidos serán un referéndum de los primeros dos años de la presidencia de Barack Obama, quien, de acuerdo con las encuestas, será el gran perdedor de los comicios, pues su administración no dio los resultados que prometió al electorado en cuanto a recuperación económica.
Expertos en temas electorales consideran que el presidente y los legisladores federales demócratas pagarán las consecuencias de la incompetencia de George W. Bush, toda vez que, afirman, la gestión de éste en la Casa Blanca es la responsable de que Estados Unidos padezca la peor recesión económica en varias décadas.
Con una tasa de desempleo de 9.6%, 8 millones de empleos perdidos en dos años, una deuda pública de 16 mil 634 billones de dólares, un déficit de 1.4 billones de dólares, crecimiento anual del PIB de 1.7% y un gasto anual de 113 mil millones de dólares en operaciones militares sólo en Afganistán, los electores se sienten desconcertados y abandonados por el gobierno federal.
“La recesión económica no es culpa de Obama, pero él y los demócratas, como mayoría en el Congreso, son responsables de resolver la crisis económica y no lo han hecho”, dice a Proceso uno de los principales asesores políticos –quien optó por el anonimato– de John Boehner, legislador federal por Ohio y líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes. De acuerdo con los sondeos, a partir del próximo miércoles 3 éste podría convertirse en el segundo político más importante de Washington después del presidente.
A dos años de la histórica y apabullante elección de Barack Hussein Obama como el presidente numero 44 de Estados Unidos, el mandatario y su partido son víctimas de la apatía del electorado –incluidos los hispanos– porque incumplieron sus promesas.
Ofrecieron bonanza económica, regulación financiera y bancaria, reforma migratoria, ampliación de programas sociales, eliminación de burocracia y recortes tributarios a los ricos, y que pondrían fin a las guerras en Irak y en Afganistán, entre otras cosas.
Thomas E. Mann, académico y experto en materia electoral y asuntos gubernamentales de la prestigiosa organización de análisis político Brookings Institution de Washington, explica en entrevista que a Obama y a los demócratas se les complicará el panorama en caso de que pierdan los comicios del próximo martes 2.
“El gobierno de Obama tendría que ajustarse y enfrentar el hecho de que el Congreso dominado por los republicanos no estará dispuesto a cooperar en lo mínimo con la Casa Blanca. Por ello el presidente deberá realizar su mayor esfuerzo para tratar de gobernar sin empeñarse en proponer nuevas legislaciones”, pronostica el experto.
En estas elecciones intermedias estarán en disputa 435 escaños de la Cámara de Representantes, 34 de la Cámara de Senadores, 37 de las 50 gubernaturas y dos territorios del país. Asimismo están en juego algunas legislaturas estatales, así como representaciones y alcaldías en los condados de cada entidad federativa.
Actualmente la Cámara de Representantes está formada por 255 legisladores demócratas y 178 republicanos, más dos independientes. La Cámara de Senadores la integran 57 demócratas, 41 republicanos y dos independientes que siempre se alinean con los demócratas.
La debacle
Al cierre de esta edición la ultima encuesta de Gallup –del jueves 21 al domingo 24–, con una muestra de 3 mil 51 estadunidenses mayores de 18 años, confirma el pronóstico de que Obama y los demócratas serán derrotados en las urnas.
Entre los votantes registrados 48% aseguró que votaría a favor de los candidatos republicanos al Congreso federal, frente a 44% que lo haría por los demócratas.
El sondeo entre quienes se manifestaron como “posibles votantes este 2 de noviembre” muestra mayor ventaja para los republicanos: 52% afirmó que votaría por los republicanos mientras que 43% dijo que lo haría a favor de los candidatos del Partido Demócrata. La encuesta tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.
“La historia de las encuestas nos favorece”, plantea el asesor de Boehner. “Creo que sólo un milagro salvaría al presidente Obama y a los demócratas de una derrota contundente en los comicios de este martes”.
Para el politólogo de la Brookings Institution tampoco hay duda de que los vientos electorales están a favor de los republicanos. Aunque considera que la decisión que tomarán los electores no necesariamente será justa “porque están culpando a Obama y a los demócratas de incompetencia para solucionar una crisis económica de una gran envergadura que nadie podría resolver en dos años”.
Algunas de las prospectivas realizadas en varias universidades y centros de análisis político coinciden en establecer que es muy probable que la representante demócrata por el estado de California, Nancy Pelosi, deje de ser presidenta de la Cámara de Representantes para ser sustituida por Boehner.
Los pronósticos sobre el resultado de los comicios indican que el Congreso federal quedará integrado de la siguiente manera: en la Cámara de Representantes, 230 republicanos y 205 demócratas; en el Senado, 52 demócratas y 48 republicanos.
“Los demócratas tienen una posibilidad entre cinco de mantener la mayoría en la Cámara de Representantes, pero en el Senado la tendencia es a la inversa: los demócratas tienen cuatro de cinco posibilidades de perder menos de 10 curules”, destaca el profesor Mann, quien considera que los republicanos ganarán unos 50 escaños en la Cámara de Representantes.
La Casa Blanca desestima el argumento de que los electores están descontentos con Obama por su “larga y tediosa campaña para culpar a los republicanos del Congreso federal de la falta de logros en los primeros dos años de la presidencia demócrata”. El gobierno de Obama inclusive enfatiza que de todas las promesas que el mandatario hizo en su campaña se ha cumplido por lo menos 70%.
Sin embargo los ajustes hechos por el presidente para restablecer el curso económico de Estados Unidos, considerados por los republicanos como “proyectos socialistas”, no han encontrado entre los electores el eco que la administración Obama esperaba. La encuesta de Gallup consignó que la tendencia de los electores para estos comicios se guiará en 43% por la situación económica, en 23% por el sistema de salud publica, en 18% por el tamaño del sistema burocrático del gobierno federal, en 6% por lo que está pasando con la intervención militar en Afganistán y sólo en 6% por la ausencia de una reforma migratoria integral.
El voto hispano o latino que en 2008 ayudó a consolidar la victoria de Obama y de los demócratas sobre los republicanos, en esta ocasión y de acuerdo con los sondeos tendrá poca afluencia en las urnas.
El encargado de los asuntos hispanos en la Casa Blanca, Luis Miranda, niega que los votantes hispanos estén abandonando al presidente y a los demócratas por considerar que éste no cumplió con sus promesas, sobre todo en lo que se refiere al tema de la migración.
“El presidente nunca ha dudado de la importancia de una reforma migratoria amplia y durante los últimos 21 meses hemos trabajado fuertemente para lograrla”, destaca Miranda en la entrevista con este semanario en la sala de prensa de la Casa Blanca.
“Lo que ha sucedido es culpa del clima político que tenemos en este momento en Washington, en el cual los republicanos hasta para los procedimientos legislativos más básicos están pidiendo y forzando un voto de 60% del total de los senadores para que avance cualquier cosa”, remata.
Por su parte Mann tampoco compra el argumento de que los hispanos dejarán de acudir a las urnas por considerar que fueron traicionados. “Creo que los votantes hispanos están conscientes de que la agenda migratoria del presidente no ha avanzado por las marrullerías de los republicanos”, acota.
Con un panorama tan negativo para Obama y los demócratas en vísperas de los comicios, algunos análisis políticos consideran que la derrota de los demócratas en el Capitolio es lo mejor que puede pasarle al presidente, si busca la reelección en 2012. El argumento es que, al igual que les ocurrió a Ronald Reagan en 1982 y a Bill Clinton en 1994, gobernar con una mayoría opositora en el Congreso le daría a Obama la posibilidad de culpar al partido mayoritario de todo lo malo que le ocurra al país. Aunque los expertos dicen que Obama carece de la astucia y táctica política que tenia Reagan y que aún fluye a caudales en Clinton. l
Los pronósticos, los riesgos...
olga pellicer
El 2 de noviembre tendrán lugar las elecciones intermedias en Estados Unidos. Está en juego el total de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 37 gobiernos estatales. Entre estos últimos se encuentran los estados fronterizos de California, Nuevo México Arizona y Texas. Los resultados cambiarán la correlación de fuerzas políticas en la Unión Americana; para México, los efectos se dejarán sentir de inmediato.
Encuestas y análisis coinciden en señalar que el Partido Demócrata sufrirá importantes pérdidas. El escenario más probable es la pérdida de la mayoría en la Cámara de Representantes, una disminución en el número de asientos en el Senado, sin que sea todavía claro si el Partido Republicano podrá, a su vez, obtener la mayoría que requiere para imponer decisiones. En otras palabras, se espera un gobierno dividido: mayoría republicana en la Cámara y ausencia de mayorías contundentes, demócrata o republicana, en el Senado.
Es normal que en las elecciones intermedias el partido en el poder experimente pérdidas. Esta vez lo llamativo ha sido la intensidad de la contienda, en parte por la dimensión de los recursos invertidos, en parte por la vehemencia del debate. De acuerdo con un reportaje aparecido en Washington Post (25/10), se trata de las elecciones intermedias más caras que hayan tenido lugar en Estados Unidos. Se calcula que al terminar las campañas se habrán invertido más de 2 mil millones de dólares; el equivalente a 4 millones de dólares por cada asiento en disputa.
Esa cifra tan elevada de recursos revela la cantidad de intereses que se encuentran en juego. Parte de esos fondos provienen de grupos de interés y corporaciones actuando de manera anónima; su objetivo más evidente es la derrota de ciertos candidatos demócratas. En otros casos, se trata de candidatos republicanos muy poderosos económicamente, como Linda McMahon, republicana de Connecticut, que ha invertido 40 millones de su fortuna personal para derrotar a su contrincante demócrata.
Paralelamente al gasto desenfrenado, la campaña se ha distinguido por el histerismo de las acusaciones en contra del gobierno de Obama provenientes, principalmente, de los miembros del movimiento conocido como Tea Party. Para ellos, la administración de Obama conduce al país al comunismo, destroza los valores más sagrados de la sociedad estadunidense, favorece los movimientos religiosos que son enemigos de los Estados Unidos, es partidario de crímenes como el aborto o de la destrucción de las familias a través de las bodas homosexuales y otras acusaciones propias de la extrema derecha
Ese ambiente, signo de una gran polarización y temores irracionales, ha tenido como caldo de cultivo la situación económica. La economía es la preocupación dominante al momento de celebrarse estas elecciones, la que permite los extremos ideológicos y la entrada a la campaña de poderosos grupos de interés. Hay temor por la lentitud de la recuperación e incertidumbre respecto a la posibilidad de una recaída; inquieta, en particular, el desempleo que se mantiene en índices muy altos (10%), el pago de las hipotecas, el gasto gubernamental y los niveles del déficit público.
En algunos círculos se empieza a tocar el réquiem para el gobierno de Obama. Consideran estas elecciones el presagio de su derrota en 2012. Sin embargo, la historia electoral de Estados Unidos obliga a ver con cautela esas opiniones. Cabe recordar que tanto Reagan como Clinton se encontraban en índices muy bajos de popularidad en elecciones intermedias en las que su partido sufrió pérdidas considerables. Sin embargo, fueron reelegidos con amplio margen en las presidenciales celebradas dos años después.
En este momento, los resultados están bajo la influencia de un gran activismo republicano y una apatía de los votantes demócratas, quienes se encuentran desilusionados y, según encuestas, permanecerán en sus casas el día de la elección. Sin embargo, ello no significa que se volcarían hacia los republicanos en las presidenciales, ni que mantendrían el abstencionismo en esa ocasión. Todo depende del golpe de timón que dé Obama para recuperar popularidad los próximos dos años. Gran parte de su futuro, además de habilidad política, está relacionado con el comportamiento de la economía, así como del entusiasmo que pudiesen levantar los proyectos republicanos. Hasta ahora esos proyectos han resultado interesantes en círculos locales, de allí su avance electoral. Pero el partido está muy dividido entre radicales y moderados y no se vislumbra un líder con capacidad de unirlos y posibilidad de triunfo a nivel nacional.
El cambio en el mapa político en Estados Unidos que tomará forma el 2 de noviembre presenta serios desafíos para México. Hay motivos para esperar con temor los resultados en los gobiernos fronterizos. Así, Bill Richardson, de Nuevo México, podría ser sustituido por una gobernadora republicana, Susana Martínez, cuyas posiciones en contra de trabajadores indocumentados ya son conocidas.
De otra parte, la llegada de nuevos representantes al Congreso obliga a estudiar su perfil e identificar las posiciones que pudiesen tener influencia en decisiones que afectan a México. Por ejemplo, se sabe que la Asociación del Rifle ha sido particularmente generosa financiando a candidatos que, desde luego, se opondrán a cualquier intento de restablecer la prohibición de venta de armas de asalto, un asunto que interesa particularmente al gobierno de Felipe Calderón.
Están por delante dos años difíciles en Estados Unidos, con un Congreso polarizado donde se empantanará cualquier iniciativa y un Ejecutivo concentrado en preparar su reelección. Con ese interlocutor se tendrá que dialogar sobre problemas vitales para nuestro país ¿Podrá hacerse? l
Los “ultras”
Alejandro Maciel
Subrepticiamente el movimiento ultraconservador conocido como Tea Party ha permeado las campañas electorales en Estados Unidos. Su oposición a las políticas de Barack Obama –que considera comunistas– y sus tesis fundamentalistas sobre la economía y la familia son bien recibidas por amplios sectores de la clase media golpeados por la crisis económica; 138 candidatos al Congreso se identifican con esta corriente, cuyo radicalismo ha arrastrado aún más hacia la derecha a los republicanos, a muchos de los cuales acusa de ser poco conservadores.
SAN DIEGO.- En este país todos parecen estar enojados por algo. A 10 millones 800 mil personas que perdieron sus empleos les irrita la afirmación oficial de que la recesión económica terminó en junio del año pasado, y lo mismo le sucede a otros 3 millones que perdieron sus viviendas durante la crisis inmobiliaria de 2008.
Incluso, según un sondeo de la empresa Gallup, 52% de la población (de 310 millones de habitantes) desaprueba la gestión del presidente Barack Obama, al que acusa de no resolver los principales problemas de Estados Unidos: la recesión económica y el desempleo.
La molestia de amplios sectores de la sociedad alimenta al Tea Party (Partido del Té), un poderoso movimiento ultraconservador que saltó a la palestra después del triunfo de Obama en 2008.
Lo constituyen más de mil agrupaciones independientes que tienen algo en común: todas rechazan a rajatabla la agenda política de los demócratas y del jefe de la Casa Blanca; se oponen al rescate financiero de los bancos y de las compañías automotrices, a la reforma energética y migratoria, a las leyes de salud y ambientales, a los homosexuales y al aborto. Consideran que muchas de estas medidas son de “corte comunista”.
Entre sus banderas prioritarias están: un gobierno más pequeño y que interfiera menos en la vida de los ciudadanos; la disminución permanente de impuestos y una reducción drástica en el gasto público. También proponen la enseñanza del creacionismo en las escuelas, en repudio a la teoría de la evolución. Sostienen que el individuo debe salir adelante sin ayuda del Estado y por eso rechazan la mayoría de los programas sociales que tradicionalmente apoya el Partido Demócrata.
El nombre de Tea Party proviene de uno de los episodios que desencadenaron la independencia de Estados Unidos: en 1773 los colonos bostonianos lanzaron al mar un cargamento de té como protesta simbólica contra los excesivos impuestos que imponía el “gobierno opresor” de Inglaterra.
“Ahora el Tea Party es un movimiento popular independiente que aglutina a una población mayoritariamente blanca y de clase media que ha sido golpeada severamente por la crisis económica y se encuentra en estado de incertidumbre y miedo”, dice a Proceso Martin Eder, profesor de ciencia política en el Miracosta College.
“Esta corriente refleja cada vez más un estado de frustración que un verdadero movimiento político”, sostiene.
Ola ultraconservadora
Según una encuesta elaborada en enero pasado por la cadena de televisión CBS y el diario The New York Times, 18% de los votantes estadunidenses se considera seguidor del Tea Party. En las filas de este movimiento se mezclan todos los que consideran que el gobierno actual es un peligro para la seguridad del país, que los demócratas son corruptos y demasiado liberales y que los republicanos no son confiables porque no son lo suficientemente conservadores.
Otra encuesta entre miembros del Tea Party –llevada a cabo en junio pasado por el diario USA Today y por Gallup– reveló que 77% son blancos, 78% se considera republicano o independiente, entre 90% y 92% cree que el terrorismo y la deuda del gobierno federal son amenazas muy serias para Estados Unidos, 90% está insatisfecho con la forma en que se gobierna al país, 87% reprueba el trabajo de los demócratas en el Congreso y 83% cree que Obama no debe ser reelegido.
Esta ola ultraconservadora se inició como una explosión de ira supuestamente espontánea: en febrero de 2009 Rick Santelli, presentador televisivo de CNBC, se opuso al rescate de los bancos por parte del gobierno de Obama. Desde entonces ciudadanos de todo el país empezaron a organizar protestas y poco a poco se aglutinaron en el Tea Party.
La mayor manifestación de seguidores de ese movimiento ocurrió el pasado 28 agosto en Washington, convocada por Glenn Beck, comentarista de la cadena de televisión Fox. Según sus organizadores acudieron 300 mil personas, aunque fuentes independientes calcularon 200 mil. El lema de la concentración fue: “Para restaurar el honor”.
Glenn Beck y Sarah Palin, excandidata a la vicepresidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, son las principales figuras de este movimiento. Sus discursos explosivos aglutinan a miles de simpatizantes y empujan a candidatos republicanos y demócratas a radicalizar sus discursos hacia la derecha.
The New York Times identificó a 138 candidatos al Congreso federal que reciben apoyo del Tea Party (129 para la Cámara de Representantes y nueve para el Senado), aunque se cobijan con las siglas del Partido Republicano.
Florida es un buen ejemplo. Hasta hace un año, el gobernador de ese estado, Charlie Crist, republicano exitoso con reputación de moderado, era el aspirante natural al Senado.
Pero el 28 de mayo de 2009 Obama viajó a Florida y se comprometió a entregar ayuda federal para recomponer la economía de la península. Durante una cena con empresarios y líderes comunitarios, Crist dio un abrazo de cortesía a Obama. Eso bastó para que las huestes del Tea Party acusaran de traición a Crist y promovieran la candidatura de un desconocido, Marco Rubio, a quien Sarah Palin otorgó todo su apoyo.
De la nada, Rubio, sin experiencia en política y con un discurso en el que declaraba su lealtad a Dios y a la patria, comenzó a subir en las encuestas. Al final derrotó en las primarias republicanas a Crist, quien decidió continuar en la contienda como candidato independiente. Actualmente Rubio aventaja en las encuestas a Crist por 15 puntos y por más de 20 al candidato demócrata, Kendrick Meek.
Lo mismo ocurrió en Delaware. Se suponía que en ese pequeño estado del noreste los republicanos tenían las cosas bajo control. Con el sentimiento anti-Obama recorriendo el estado, el candidato republicano Mike Castle, un exgobernador moderado, tenía todo lo necesario para ganar las elecciones primarias de su partido. Pero el Tea Party apoyó a Christine O’Donnell, quien ganó las elecciones internas de los republicanos a pesar de que ha exhibido su ignorancia en diversos temas políticos.
Un ejemplo: durante un debate celebrado el miércoles 13 en la Escuela de Derecho de la Universidad de Delaware, O’Donnell preguntó desafiante al candidato demócrata, Chris Coons: “¿En qué parte de la Constitución se habla de la separación entre la Iglesia y el Estado?”. Éste le contestó que en la Primera Enmienda. Ella, incrédula, repreguntó: “¿Me está diciendo que eso está en la Primera Enmienda?”.
Los asistentes soltaron la carcajada.
En ese mismo debate el moderador pidió a O’Donnel que nombrara alguna de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia con las cuales discrepara. Ella, con una sonrisa, dijo: “No me acuerdo de ninguna, pero les prometo que mañana pondré una en mi página de internet”.
Además O’Donnell reconoció haber participado en una campaña contra la masturbación en la que aseguraba que esa práctica era comparable al adulterio.
Para Christine O’Donnel, Sarah Palin es un modelo.
“Palin se ha convertido en la nueva estrella del Tea Party, lo que muestra el antiintelectualismo que recorre las filas del movimiento y del cual sus integrantes se sienten sumamente orgullosos”, dice a Proceso la doctora en ciencia política Eloísa González, de la Universidad de California en Irvine.
Cuestión de dólares
Tanto en Florida como en Delaware millones de dólares fueron inyectados a las campañas de los candidatos que apoya el Tea Party.
Para ayudar a Rubio, Karl Rove, quien fue consejero de George W. Bush y principal arquitecto de sus triunfos electorales, creó en septiembre en Florida una filial de American Crossroads, grupo cuyo objetivo es recolectar en los círculos empresariales grandes cantidades de dinero para financiar campañas contra Obama.
De acuerdo con la Comisión Federal de Elecciones, los principales contribuyentes de American Crossroads son los multimillonarios Bob J. Perris, presidente de Perry Homes, con 7 millones de dólares; B. Wayne Hughes, fundador de Public Storage Inc, con 2.3 millones; Trevor Rees-Jones, presidente de Oil and Gas, con 2 millones; y Robert Rowling, presidente de TRT Holdings, con 1 millón…
Además las compañías Agricultural Corporation, Southwest Louisiana Land y Living Trust aportaron 1 millón de dólares cada una. Y American Financial Group donó 400 mil dólares.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos tiene un fondo de 75 millones de dólares para las campañas de los candidatos conservadores que de manera explícita se oponen a Obama, según un informe de la organización Wesleyan Media Project.
En esta orquestada campaña de recaudación de fondos también participa el empresario Rupert Murdoch, entre cuyas propiedades se encuentra el grupo multimedia News Corporation.
Su principal arma es la cadena de televisión Fox; su importancia es tal que el movimiento ultraconservador no sobreviviría sin los espacios que ésta le brinda. “¿Qué haríamos sin Fox News?”, dijo Palin el pasado 12 de septiembre durante un mitin en Kentucky.
De hecho, tres personajes republicanos que actualmente coquetean con la candidatura presidencial para 2012 en el Partido Republicano están en la nómina de Fox como comentaristas o presentadores de segmentos informativos: Palin, Newt Gingrich y Rick Santorum.
El Tea Party parece cada vez menos espontáneo y más parte de un proyecto financiado por multimillonarios que sienten afectados sus intereses por las políticas de Barack Obama.
Sin embargo, el impacto de este movimiento en las elecciones del martes 2 está por verse. Aunque prácticamente todos los analistas aseguran que los demócratas serán derrotados, muchos consideran que la presencia del Tea Party ayudará a dividir el voto conservador.
“Es oficial: hay una guerra civil en el Partido Republicano”, comentó en mayo a los medios Mark McKinnon, exconsejero de las campañas presidenciales de George Bush y John McCain. “La buena noticia para los republicanos es que el Tea Party está capturando la energía contra la clase política en Washington. La mala es que incluye también a los republicanos”.
El triunfo de personajes como Christine O’Donnell, de un extremismo enfermizo, es favorable a los intereses del Partido Demócrata, señaló el senador Robert Menendez, presidente del Comité de Campañas Demócratas para el Senado, en una entrevista publicada el 9 de junio por The Washington Post. “Esto nos facilita el trabajo porque los candidatos republicanos se han movido tanto hacia la ultraderecha que han terminado alejándose del grueso de los votantes”, aseguró.
Acerca del tráfico de cubanos
De Comunicación Social del
Instituto Nacional de Migración
Señor director:
En la edición del pasado 24 de octubre de la revista Proceso (número 1773), se publicó el reportaje En el tráfico de cubanos, colusión “Zetas”-autoridades, donde los autores, Jorge Carrasco Araizaga y Peniley Ramírez Fernández, aseguran que existe contubernio entre funcionarios del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades, para dar trato discrecional a los ciudadanos cubanos, con el propósito de extorsionarlos.
En la información se expone que “el mercado para la extorsión es muy grande. Testimonios de cubanos, abogados y organizaciones no gubernamentales evidencian que el pago por cada migrante es, en promedio, de 10 mil dólares”.
En torno a esa información me permito aclarar lo siguiente:
-Todos los extranjeros, de nacionalidad cubana u otra que se encuentran de manera indocumentada en territorio nacional, son asegurados de manera inmediata y se agiliza el retorno a sus países de origen o residencial legal.
-El INM ha establecido medidas de seguridad para dar especial seguimiento a cada caso, con el propósito de garantizar sus derechos durante los aseguramientos y su repatriación.
-Se recuerda que en 2008 el gobierno mexicano suscribió con el de Cuba un convenio para la repatriación de sus connacionales, con el propósito de desalentar las prácticas ilícitas, como la extorsión, y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia migratoria, respetando los derechos humanos de los extranjeros indocumentados.
-Como parte de sus procedimientos, el INM informa invariablemente a las personas aseguradas sobre los derechos que les asisten conforme a las disposiciones legales vigentes. Éstos incluyen la posibilidad de nombrar representantes legales o personas de confianza que los acompañen durante el proceso, notificar a sus respectivas representaciones consulares y solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado para aquellos casos en que se corrobore el riesgo que existe de regresarlos a su lugar de origen. De esta forma, se les canaliza de manera inmediata a la instancia competente para la evaluación de su solicitud y eventual reconocimiento de su condición de refugiado.
-Para garantizar estos derechos, el INM mantiene el libre acceso a las estaciones migratorias a los representantes consulares acreditados en México y a los funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y es respetuoso en todo momento de las recomendaciones que ésta emita.
-En caso de que las autoridades del INM tengan conocimiento de hechos que impliquen presunta responsabilidad de sus servidores públicos sobre la posible comisión de algún abuso o delito, se da vista al Órgano Interno de Control para que en el marco de sus atribuciones investigue los hechos, les dé seguimiento y turne el caso a las autoridades competentes.
-Por consiguiente, el INM exhorta a los ciudadanos y organizaciones civiles a hacer del conocimiento de las autoridades competentes actos que puedan constituir un delito en agravio de los extranjeros o conductas realizadas por servidores públicos que puedan ser constitutivas de responsabilidades.
Con base en lo anterior, y con el propósito de que sus lectores cuenten con elementos para normar su criterio, solicito la publicación de la presente.
Atentamente
Fernando Antonio Mora Guillén
Director de Comunicación Social
del Instituto Nacional de Migración
Respuesta de los reporteros
Señor director:
El Instituto Nacional de Migración (INM) no pone en duda lo afirmado sobre el contubernio entre las autoridades y la delincuencia organizada en el trato hacia los migrantes cubanos. Más bien, dice cómo tendrían que actuar sus funcionarios.
Las historias publicadas demuestran que la realidad es otra.
Ningún país ha logrado asegurar a todos los migrantes indocumentados. En el caso de los cubanos, el aseguramiento por más de seis meses en dos estaciones migratorias de Yanisleidys Pineda y Alexander Castillo es un ejemplo de la discrecionalidad con la que actúa el INM, al amparo de circulares internas que organizaciones humanitarias consideran discriminatorias hacia dicha nacionalidad.
Por lo que se refiere al Memorándum de Entendimiento, los testimonios demuestran que a partir de su firma se incrementó el número y el monto de las extorsiones. También indican que en varias estaciones no se ha informado a los migrantes de sus derechos y han sido repatriados a pesar de ser disidentes políticos.
En el reportaje, tanto abogados como organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y migrantes expresaron su desconfianza respecto a la transparencia en las sanciones del INM, además de que muchas de las denuncias no han tenido respuesta por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Atentamente
Jorge Carrasco y Peniley Ramírez
Exigen poner fin a la violencia contra la población juvenil
Señor director:
Le solicitamos publicar esta carta, dirigida al presidente Felipe Calderón; al gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez; a todas las autoridades y a la sociedad mexicana.
Como profesionales, académicos, integrantes de organizaciones civiles y ciudadanos manifestamos nuestra indignación por la masacre ocurrida el pasado 22 de octubre en la colonia Horizontes del Sur, de Ciudad Juárez, y hacemos patente nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas, que están viviendo una trágica experiencia que no es aleatoria o accidental.
Para desgracia de sus habitantes, el estado de Chihuahua ha padecido la violencia extrema del crimen organizado, pero también ha sufrido una estrategia desarticulada dirigida exclusivamente a la represión y criminalización, lo cual ha conllevado una estela de muerte y de “dolor social” que parece no tener fin.
El incremento de las muertes violentas de hombres cada vez más jóvenes ha dejado en claro que las principales víctimas y victimarios de esta escalada son muchachos. No hay que olvidar tampoco que desde 1993 se empezaron a documentar los asesinatos de mujeres jóvenes y pobres, y que a pesar de la organización de la sociedad juarense, mexicana e internacional, la impunidad sigue imperando respecto de los feminicidios.
¿Es preciso esperar más muertes para que algo cambie? ¿Esperaremos a ver las consecuencias de esta violencia en los hijos de todos los asesinados en esta guerra contra el narco, sean policías, soldados, sicarios, delincuentes o civiles?
¿Vamos a permanecer impávidos ante la creciente participación de niños y jóvenes en grupos armados y actividades delincuenciales? ¿Es tan complicado que se desarrollen propuestas específicas para la población infantil y juvenil orientadas a la prevención y atención temprana de comportamientos violentos, con una mirada que no estigmatice a sus integrantes como “delincuentes en potencia”?
¿Dónde está el sistema integral de protección a los derechos de la infancia y la juventud? ¿Dónde está el Instituto Mexicano de la Juventud, que supuestamente vela por los intereses de los jóvenes de este país? ¿Qué instancia realmente es la rectora de políticas públicas al respecto que cuente con un presupuesto específico para su diseño, ejecución y evaluación?
Exigimos la puesta en marcha de acciones educativas, culturales, de salud, sociales y económicas concretas derivadas de las evidencias científicas probadas en la experiencia internacional y en la academia e instituciones mexicanas. Demandamos además que se incluya la participación de la sociedad, empezando por las comunidades y organizaciones de Ciudad Juárez, del estado de Chihuahua y de otras entidades.
Asimismo, exigimos que se defiendan los derechos humanos de las víctimas y familiares, y que se asegure su atención legal y psicológica de forma especializada, conforme a las recomendaciones y técnicas establecidas por las convenciones internacionales.
Por último, solicitamos una misión técnica de la Organización de las Naciones Unidas para disponer acciones dirigidas a salvaguardar la vida y el patrimonio en las zonas más peligrosas de las ciudades del norte del país, y que se plantee una estrategia verdadera de recuperación de espacios públicos y de construcción de las ciudadanías juveniles.
¡No estamos dispuestos a olvidar lo ocurrido!
¡No queremos que vuelva a suceder!
¡Ya basta, ni uno más!
Atentamente
Lucía Melgar, Alfredo Nateras (UAM-I), Carlos A. Cruz (director general de Cauce Ciudadano, A.C.), Julia Monárrez, Salvador Cruz, Irma Saucedo, Clara Jusidman, Luciana Ramos Lira (responsable de la publicación) y 211 firmas más de académicos, organizaciones civiles y ciudadanos.
Trabajadores denuncian abusos de la empresa Oceanografía
Señor director:
Los abajo firmantes, trabajadores de Oceanografía, S. A. de C. V., representada por el ingeniero Amado Yáñez Ozuna y con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, denunciamos la sistemática violación de nuestros derechos laborales.
Oceanografía realiza para Pemex trabajos de buceo, ingeniería, tendidos de líneas, trabajos de construcción, perforación y anticorrosión, así como mantenimiento integral a plataformas petroleras y pozos de la región marina. Pese a que cobra sumas millonarias por las labores que nosotros desempeñamos, desde hace años se ha negado a cumplir con el más básico de los derechos laborales, el pago de nuestros salarios, aguinaldos y cuotas al IMSS e Infonavit. Nos preocupa además que podría tratarse de un caso de tráfico de influencias pues, como lo han denunciado diversos medios, Oceanografía está ligada a los señores Bribiesca Sahagún.
Desde hace más de una semana mantenemos bloqueadas las entradas a las oficinas e instalaciones de Oceanografía con una sola demanda: el pago de nuestros salarios. Hemos sufrido amenazas de desalojo y tememos por nuestra integridad física. Formulamos un llamado al secretario del Trabajo, al de Comunicaciones y Transportes, al gobernador de Campeche, al director general de Pemex y a la Cámara de Diputados para que intervengan de inmediato a efecto de encontrar una solución a nuestras justas peticiones.
Atentamente
Ernesto Antonio Domínguez, Marco Enrique Chávez Ortiz, Marco Antonio Herrada Heredia, Rodrigo Hernández Castillo, Darwin Priego Cornelio, Ronny Raúl Pérez Gutiérrez, David Espejo Medina, Antonio Uc Padilla, Víctor Manuel Cruz Moreno, Javier León Rodríguez, Enrique Gasga Martínez, Walter Prieto Mendiola, Ricardo Mariscal Quiroz, Luis Alberto Ramírez Torres, Silvia Yuridia Santiago Rodríguez, Clara Aracely Velázquez Pérez, Astrid Selene Escobar Casanova, Alejandro Nasser Amador, Christian Montalvo Deschamps, Jesús Bello Rojas, Miguel García Cruz, Felipe Salvador Mazariego Félix, Alejandro Enríquez Posada, David Jiménez Martínez, Román Pech Arjona, Teodoro Martínez Zenón, Rafael Rodríguez de los Santos, Christian Gerardo Buenfil Cruz (responsable de la publicación) y 56 firmas más.
Solicita apoyo a la UNAM para hacer inspecciones radiológicas
Le solicito publicar esta denuncia en la sección Palabra de Lector de Proceso.
Después de que más de 100 personas han fallecido por enfermedades atribuibles a la radiación en Hermosillo, Sonora –en las colonias Altares Franciscanos, Valle del Marqués, Cuauhtémoc y Adolfo de la Huerta–, consideramos que los males que afectan a nuestra familia, de cinco integrantes, tienen el mismo origen, ya que sospechamos que nuestras casas-habitación fueron construidas con varillas contaminadas con cobalto-60.
Por lo anterior, solicitamos ayuda al gobierno del estado y a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), pero sólo obtuvimos malos tratos. Luego, recurrimos a Greenpeace, organismo que a su vez solicitó apoyo a la UNAM en virtud de que el físico Bernardo Salas Mar, de la Facultad de Ciencias, ha realizado numerosas inspecciones radiológicas en el país.
Debido a que en la Facultad de Ciencias le fue negado a Salas Mar el permiso para hacer este trabajo, solicito públicamente la intervención del rector José Narro Robles para que dicho profesional pueda trasladarse y usar el equipo necesario para hacer dicha inspección.
En mi calidad de ingeniero geólogo, he luchado por que se dictamine el origen de la radiación que se detectó en mi domicilio, pero tanto la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) como la Universidad de Sonora han obtenido resultados diferentes que sólo aumentan la confusión.
Por lo anterior, señor rector José Narro Robles, y en virtud de que los tres niveles de gobierno no hacen nada por la protección de intereses particulares, le pedimos a usted que, como máxima autoridad de la UNAM, autorice al físico Salas Mar para que realice un nuevo estudio radiológico en mi casa y en el área, tomando en cuenta que los males que nos afectan siguen agravándose. (Carta resumida.)
Atentamente
Jesús Ríos León
Fraccionamiento Los Ángeles
Hermosillo, Sonora
Teléfono: 045/66/22-27-40-44
Dos secuestrados en Juárez
Miguel Ángel Granados Chapa
El miércoles 13 de octubre fue secuestrado (o por lo menos a partir de ese día su familia carece de noticias sobre él) Guadalupe Antonio Guzmán Delgado. Una semana más tarde, el jueves 21, fue también privado de su libertad Mario González Rodríguez.
De él sí se sabe. El lunes y el miércoles siguientes se le ha podido ver en escenas donde se evidencian sin ambages las condiciones de amago en que sus captores lo mantienen.
Guzmán Delgado es guardaespaldas, o escolta de una familia adinerada en Ciudad Juárez. Hace 22 años realiza esa labor, o sea que está en las proximidades de la inseguridad desde mucho tiempo atrás que la violencia señoreara a esa infortunada población. Es un hombre de orden, que nunca falta a su casa, por lo que su esposa y el resto de la familia lo echaron de menos la misma noche de su desaparición.
A diferencia de la familia de Mario González, que el viernes 22 recibió una llamada para pedir medio millón de pesos por la libertad del secuestrado, la de Guzmán Delgado no ha recibido señales de quienes se lo llevaron, y menos aún de él, pues su teléfono celular dejó de funcionar horas después de que avisó que tendría que viajar a Chihuahua, por lo que llegaría tarde a su domicilio.
Ante semejante silencio, la familia de Guzmán Delgado escribió a los captores del guardia una carta donde explican que no es un agente de policía, por lo que acaso haya una confusión al hacerle daño, y que siendo un hombre de bien y de familia demandan su libertad. Enviaron el recado a los medios de información juarenses para que lo hicieran llegar a quienes se llevaron a Guzmán. Por lo menos El Diario lo incluyó en sus páginas el miércoles pasado, al cumplirse dos semanas de la desaparición. Y lo difundió también La polaka, un sitio de internet dirigido por Jorge Luis Aguirre, que vive en El Paso, tras haber obtenido asilo político hace apenas un mes. Y en este punto se unen los dos secuestros, probablemente desligados entre sí.
Aguirre se marchó de Ciudad Juárez hace ya cerca de dos años, amenazado de muerte. Relató en su momento, y su narración fue creíble para el Departamento de Estado, que era un perseguido político, pues autoridades le habían anunciado una agresión mortal. Lo decidió a cruzar la frontera un llamado telefónico recibido el día en que acudía al sepelio de Armando Rodríguez Carreón, conocido como El Chuco, reportero de El Diario, asesinado el 8 de noviembre de 2008. Se le avisó que el siguiente sería él. Desde El Paso ha seguido haciendo La polaka, donde insertó un video truculento que, sin embargo, avala el periodista asilado.
El video muestra al secuestrado Mario González en el centro de una escena en que lo rodean hombres armados, vestidos con uniformes de camuflaje y el rostro cubierto, de modo que parecen miembros de un cuerpo de asalto o guerrilleros. Son en realidad sicarios de una banda delictuosa que pretenden hacer una denuncia formidable.
En la primera emisión del video, colocado en YouTube durante unas horas y rescatado de allí por La polaka, González lanza acusaciones contra diferentes personas, pero sobre todo contra la exfiscal general de Chihuahua, la exprocuradora Patricia González, a la que, como quien no quiere la cosa, identifica como su hermana. Lo es, en efecto, y se percibe de inmediato que el objeto de secuestrarlo es hacerlo aparecer como denunciante de atrocidades cometidas por su familiar, u ordenadas por ella, o consentidas por la funcionaria. En ese primer tramo del video, y sobre todo en el segundo, la denuncia se extiende al exgobernador José Reyes Baeza Terrazas, quien hace menos de un mes dejó el cargo, y a un general, comandante de la zona militar.
La sola circunstancia de que González produzca su información rodeado de los individuos armados que lo secuestraron resta credibilidad a su dicho, que obviamente no es suyo, sino de los secuestradores. El formato elegido para la denuncia, además, confirma que se trata de una impostura: González recita de corrido respuestas pletóricas de información que no ha estado en condiciones de poseer y que acaso figuran en un teleprompter.
Aguirre, el periodista asilado, sin embargo, sí concede crédito a la confesión de González (confesión porque también se incrimina). Y revela que la propia procuradora lo amenazó. Y asegura que las declaraciones hechas por su hermano son verdades sabidas que todo el mundo conocía en Juárez, pero nadie se atrevía a expresar.
La principal afectada, la exfiscal, niega rotundamente que haya veracidad en lo dicho por su hermano, al que disculpa por entender que obra bajo presión irresistible. Se ha declarado dispuesta a canjear su libertad y aun su vida por la de su hermano, al que pone al margen de su ejercicio al frente del Ministerio Público. Asegura que él, siendo abogado, en los seis años del gobierno de Baeza Terrazas se dedicó a litigar en materia civil y laboral, para no entrar en los terrenos del derecho penal en que su hermana tenía un papel protagónico.
La exprocuradora cree saber que se trata de una conjura en su contra, y en contra del gobernador con el cual colaboró. Identificó el lugar donde se grabó el interrogatorio a su hermano, que sería una oficina del Ministerio Público recién construida bajo su propia supervisión (pues serviría para el desarrollo del nuevo sistema de procesamiento penal, que incluye los juicios orales). Y cree saber también quién organizó el secuestro de su hermano y lo mantiene desaparecido. Y va más allá, al decir que el Ejército sabe también de quién se trata.
La delincuencia organizada ha trastocado tan profundamente la vida institucional y aun la cotidiana en los lugares que domina, que ha roto la escasa credibilidad que las autoridades deben conservar. No nos asombraría que lo dicho fuera cierto. Pero son tan minuciosas las acusaciones formuladas por Mario González que se delatan a sí mismas como parte de un guión, en cuyo desahogo el interrogado nunca vacila, nunca pide aclaraciones, nunca dice ignorar el punto de que se trata. Para todo tiene respuesta, aunque por lo menos una implicó un desliz de quien preparó la acusación: atribuye el asesinato del reportero de El Diario a un comandante de policía al que la procuradora habría ordenado el crimen. Pero habrán sido órdenes recibidas en ultratumba, pues el implicado murió meses antes que su presunta víctima.
Siendo imposible determinar cuánto de lo dicho por el secuestrado es verdad, lo único que queda claro es el imbricamiento de autoridades de diversos niveles y materias en la gestación y encubrimiento de la violencia en Juárez. Violencia que no cesa aunque su presunta auspiciadora, Patricia González, haya dejado su cargo. Después del 3 de octubre en que volvió a la vida privada, y a la zozobra, fueron asesinados 15 jóvenes en una fiesta de cumpleaños en un barrio popular, y al menos cinco mujeres cayeron ultimadas en un autobús que transportaba personal de la industria maquiladora. l
Administración de la desgracia
Javier Sicilia
A pesar del caos en que está sumido México –altos índices de criminalidad y desempleo; salarios bajos; inflación; devastación ecológica, cultural y educativa en nombre de intereses económicos, e indefensión ciudadana–, los gobiernos y los partidos carecen de una política clara para ordenar el país. A falta de ella, su tarea se ha reducido a disputarse el poder, las plazas políticas, el erario. Su accionar no se diferencia del de las mafias del crimen organizado, a no ser por su “legalidad” y sus métodos.
Semejantes a esas mafias, los gobiernos y partidos no sólo se pelean entre sí, sino que también lo hacen dentro de sus propias facciones. A diferencia de ellas, no mutilan a otros ni arrojan sus cabezas cercenadas para aterrar a la población y desalentar al contrario. Sus métodos –hay que decirlo en su descargo– son refinados:
Para cortar la cabeza a alguien bastan las relaciones con los grandes capitales, los medios de comunicación, el uso discrecional de las leyes, el rumor, la mentira, la fabricación de una reputación inmoral, la coacción y la construcción del miedo. El fin, sin embargo, es el mismo: destruir a los oponentes, enlodarlos, depurarlos del cuerpo político, desconcertar a la población y obtener el poder para administrar la desgracia. La política se ha ido convirtiendo lentamente en un negocio de altos costos. Esto se debe quizá a que el sentido político del gobierno perdió su objetivo fundamental.
Antiguamente, desprendida del concepto teológico de un Dios creador que gobernaba el mundo para conducirlo a un fin último, la política era la construcción de un gobierno ordenado por las leyes para el bien de los ciudadanos. Sin embargo, desde Hume y Adam Smith, el gobierno, bajo el modelo del libre mercado y su laisser faire –esa doctrina que defiende la completa libertad en la economía dentro de todos los ámbitos de la vida y la mínima intervención de los gobiernos–, rompió con las causas finales y las sustituyó por un orden producido por un juego azaroso en donde lo esencial no es tanto un proyecto político, sino la posibilidad de gestionar el desorden que el azar del libre mercado –ya sea legal o ilegal, como el de la droga– produce, y orientarlo para mantener el poder y sus ganancias.
Aunque el gobierno y los partidos continúan pretendiendo un fin que está en el sentido mismo de la palabra “política” (el servicio al bien común), sus acciones, bajo el juego del libre mercado, producen “efectos colaterales” –ese término militar que Felipe Calderón ha puesto de moda–, efectos imprevistos o previstos en los detalles, pero en todo caso presupuestos. Dichos efectos no sólo son consecuencias de la guerra, sino también políticas públicas que, pretendiendo orientar el caos, siempre afectan de manera violenta a muchos sectores de la ciudadanía para beneficio del gobierno y sus intereses.
De allí las luchas intestinas por el poder. De allí también que la voracidad y la saña con las que se expresa el crimen organizado en nuestro país funcionen como el espejo invertido de la voracidad y la saña con las que el gobierno se expresa y las luchas partidistas se desarrollan. Ambos mundos –el del crimen organizado y el de la política–, en su aparente antagonismo, lo único que hacen es gestionar el caos dentro del caos generado por el juego del mercado, y ganar a costa de la desgracia.
Lo odioso de todo ello es que nuestros políticos, a diferencia de los criminales, se golpean y nos golpean con optimismo; enarbolan la bandera del amor y del servicio a la ciudadanía para evitar servir a las personas de carne y hueso que componen la sociedad; invocan el progreso para justificar los “efectos colaterales” de sus luchas y políticas y esquivar las cuestiones de los salarios, del empleo, la inflación, la inseguridad y la incultura; se yerguen ante los medios de comunicación para denostar y destruir al rival y decir que ellos son los poseedores de la clave que sacará al país del atolladero, siempre y cuando les concedamos administrar nuestras desgracias.
Es así, en nombre de una política que perdió sus objetivos fundamentales, como nuestras clases gobernantes o que aspiran a gobernar han llegado a estar casi convencidas de que la política es eso: un puro negocio de la desgracia, una pura administración del caos nacido de “la mano invisible” que domina la libertad del mercado. Ella, que se sustenta en el sacrificio y el miedo que han infundido en las mayorías, nunca ha comprometido a ninguno de los que viven de ese negocio. Atrincherados en una ficción que confunde la libertad económica y su caos con el ejercicio político, son ellos los que en el fondo no sólo temen un cambio, sino a las verdades del sentido común que hace a los buenos gobiernos y que se basan en el límite al libre mercado y en esas cosas sencillas que están en la base de cualquier ética: la clarividencia, la humildad, la energía, el desinterés y el diálogo.
Este es el horror, esta es la perversión de la política que padecemos y que, de no reformarse, nos llevará a una sociedad en donde la administración de la violencia, es decir, de las formas más inusuales y atroces de la desgracia, serán la realidad de cada día.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz. l
Una vida por una tonelada de mariguana
Sabina Berman
Este es el nuevo precio de la vida en México. En Tijuana, el Ejército incautó 134 toneladas de mariguana y luego las incendió. Como respuesta, el domingo 24 de octubre un comando armado entró a un centro de rehabilitación, puso contra una pared a 13 internos y los abatió a tiros. Minutos más tarde, los narcos irrumpieron en la frecuencia radial de la policía para anunciarlo, con un fondo de narco-corridos victoriosos: Por cada tonelada de hierba que nos quiten a nosotros, les quitamos a ustedes una vida civil. Faltan muertitos.
Desde entonces han ocurrido otras dos masacres. El miércoles en la mañana, en Tepic, otro comando disparó contra jóvenes en un autolavado. Ellos, igual que los de Tijuana, eran exadictos. Cayeron muertos 15. El jueves, en una calle de la Ciudad de México, un tercer comando disparó desde dos camionetas a otro grupo de jóvenes. Murieron seis.
No es seguro que todos estos 34 muertos sean parte de la cuenta de 134 que el narco quiere cobrarle al gobierno, pero de que lo son en cierta forma no hay duda, como tampoco de que este es un giro sin retorno en la guerra que se libra en el país. Se trata de un umbral que se ha cruzado y que será difícil cruzar en sentido inverso.
Hasta ahora el narco respetaba un cierto pacto de civilidad. Sus secuaces pequeños secuestraban, robaban y extorsionaban a los ciudadanos para ganar dinero y como actividades periféricas al gran negocio de los cárteles, el tráfico de la mariguana, el negocio que en realidad les da su enorme poderío económico. Pero cuando se trataba de defender los territorios de ese negocio mayor, su violencia escalaba a otro calibre de armas y a otro número de efectivos: a la dimensión de la guerra. Una guerra contra otros cárteles y contra el gobierno y sus brazos armados, en la que se mantenía al margen a la población civil. No es que se le protegiera, pero no se le consideraba un objetivo balístico.
Bueno, ese es el pacto que se ha roto. Ahora el narco anuncia que disparará directamente a los civiles y que usará a los civiles asesinados de moneda de cambio. Tú, gobierno, me incautas 134 toneladas de mariguana, yo te mato a 134 ciudadanos.
Para el presidente Calderón también este es un giro sin retorno. Al inicio de esta guerra afirmó que los muertos en ella eran solamente narcos y fuerzas del orden. Los civiles no teníamos qué temer. A mediados de esta guerra, cuando surgieron las primeras víctimas civiles de los fuegos cruzados, o de soldados intoxicados por drogas, el presidente Calderón llamó a los muertos civiles daños colaterales.
Imposible ahora sostener tanto lo primero como lo segundo. Lo escrito: el narco ha decidido disparar a matar contra civiles.
Lo ideal sería que el presidente desplegara más fuerzas públicas para proteger a los ciudadanos desarmados. Que la amenaza del narco fuese sencillamente imposible de cumplir. Pero el presidente no dispone de una fuerza pública suficientemente numerosa ni suficientemente capaz para lograrlo. Valga el ejemplo de Ciudad Juárez como prueba: hoy día hay un policía por cada 88 juarenses y ni así se ha podido proteger a la gente de a pie de ser muerta en plena calle y bajo el sol.
Entonces, ya que el Estado no puede garantizar la vida de los civiles, al presidente le quedan otras dos alternativas.
El presidente puede abaratar la tonelada de mariguana. En lugar de encarecerla incautándola y quemándola, puede volverla una mercancía más dentro del mercado legal de sustancias que alteran la conciencia.
Cierto, como el presidente argumentó el martes 26 en Colombia, las consecuencias de la legalización no son calculables. También indiscutible, el presidente estadunidense no estaría complacido, como lo ha venido advirtiendo en fechas recientes.
Pero más vale que una tonelada de mariguana se venda en una farmacia por dinero contante y sonante, que se venda por vidas: esta sería la lógica de legalizar ahora la mariguana. Por desgracia esta alternativa se topa contra la fija disposición del presidente a terminar su sexenio sin retractarse de su estrategia frontal contra el narco.
Entonces, pues, parece quedarle una última alternativa al presidente Calderón. Cruzar este umbral de horror sin inmutarse, asumiendo con una enorme valentía personal el nuevo tipo de cambio: un civil por cada tonelada de mariguana. Aunque el presidente tendrá también que asumir una consecuencia insoslayable: el tipo de cambio variará. Porque si los muertos civiles no disminuyen los decomisos de mariguana, las vidas de los civiles todavía se abaratarán, y mucho.
Después de todo, una tonelada de mariguana en la soleada California o la grisácea Nueva York está valuada hoy en más de un millón y medio de dólares, así que de este lado de la frontera el narco no tendrá incentivo para no inflar su precio: 10 civiles por una tonelada, luego 30 civiles, luego…
Tiene una gracia macabra: para usos del mercado de la droga, la nueva moneda nacional podría llamarse en adelante civiles.
Hay que imaginarlo. El presidente Calderón saluda al presidente Obama. Se estrechan la mano y se sientan a charlar.
–¿Cómo van los costos de la guerra, Felipe?
–Más o menos 100 civiles por tonelada incautada, Barak. ¿Y a cuánto está la mariguana en las calles de Washington?
–Pues gracias a tus incautaciones, ha subido de precio. Me dicen que se vende a mil dólares el ladrillo. Es decir, a cinco dólares el cigarro. Es decir, permíteme calcular la cifra que me pides, como a tres civiles el paquetito de
–¿Civiles mexicanos?
–Civiles mexicanos, por supuesto. l
IFE: Resolución pusilánime y contradictoria
Jesús Cantú
Los consejeros electorales, incluido el consejero presidente, consideraron que carecen de definiciones precisas para pronunciarse “con toda claridad respecto de cuáles son los elementos que con objetividad permitan definir la presencia de algún acto anticipado de precampaña, o bien de campaña”, pero siete de ellos estuvieron prestos para exonerar a Andrés Manuel López Obrador y al Partido del Trabajo ante la acusación de que incurrieron en esa falta.
En su sesión del viernes 22, los integrantes del Consejo, que abarca a los representantes de los partidos políticos y a los consejeros del Poder Legislativo, acordaron discutir en fecha próxima dichas definiciones y precisarlas para dar claridad a todos los actores políticos. Pero en lugar de posponer también hasta entonces la discusión del fondo de la queja, resolvieron exonerar a los demandados e, incluso, facultar al PT para determinar si reinicia o no la transmisión de los promocionales que dieron origen a la denuncia.
Únicamente la consejera Macarita Elizondo y el consejero Marco Antonio Gómez votaron en contra de la resolución, porque consideraron que “el ciudadano López Obrador (…) ha realizado actos tendientes a promover su imagen, de manera anticipada (…) con la participación del partido”. Por lo tanto, en el proyecto de resolución –precisó la consejera–, es “al partido político al que se le debe atribuir la promoción material de la imagen de un ciudadano, de manera anticipada, en espacios de radio y televisión”.
En la presentación del proyecto de resolución, el secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, planteó que los actos anticipados de precampaña o de campaña únicamente podían configurarse durante el desarrollo del proceso electoral, pues argumentó que la reforma de 2007 y 2008 no “quiso disminuir la libertad de los ciudadanos, los políticos o los partidos para expresar sus mensajes, propuestas e intenciones”.
Con lo anterior, prácticamente daba luz verde para que todos los aspirantes a puestos federales de elección popular realicen abiertamente campaña para posicionar su imagen, difundir sus plataformas electorales y promover sus candidaturas desde ese momento hasta algún día de la primera semana de octubre de 2011, que es cuando, de acuerdo con el Cofipe, inicia el proceso electoral federal.
Pero además mostró total desconocimiento de las tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, que en febrero de 2004 señaló que las leyes electorales, al establecer una fecha para el inicio de las precampañas y campañas electorales y sancionar su inobservancia con la posible pérdida del registro del precandidato o candidato, “no violentan los artículos 6, 7, 9 y 31, fracciones I, II y III constitucionales, en los que se consagran las garantías y prerrogativas que se traducen en libertad de expresión, escribir y publicar escritos, derecho de asociación, de votar y ser votado para ocupar un cargo de elección popular, así como de asociarse para tomar parte en asuntos políticos del país. Lo anterior, ya que los artículos 41, fracción I, y 116, fracción IV, de la Constitución federal, establecen, entre otros, los principios de equidad y certeza, con el objeto de garantizar condiciones de equidad que propicien la participación de los partidos políticos en igualdad de condiciones”. (Tesis: P/J 3/2004.)
Los oradores que sucedieron a Edmundo Jacobo desmontaron dicho argumento. Primero fue el consejero Alfredo Figueroa, quien señaló: “Una cosa es que esta autoridad pueda entrar al fondo de un asunto cuando una de las hipótesis de la ley se establezca, y otra, que no pueda haber, antes de que inicie el proceso electoral, actos que (…) esta autoridad juzgue como actos anticipados de campaña o de precampaña”.
Después fue el mismo representante del PRD, Rafael Hernández, quien dijo: “Me preocupa un criterio legal que aquí se sugiere y que por cierto fue retomado en la presentación que hizo el secretario ejecutivo, que dice (…) que los actos anticipados de precampaña y de campaña están permitidos, todos los que realicen, los que quieran, hasta octubre de 2011. Hay que clarificar ese punto porque no es así”.
Otros dos criterios propuestos en el proyecto inicial y expuestos por Jacobo, que se desmontaron durante la sesión, fueron que en los promocionales de los partidos políticos no podían aparecer servidores públicos porque estaban sujetos a la prohibición establecida en el artículo 134 constitucional; y que por definición “el uso de las prerrogativas en radio y televisión no pueden, en modo alguno, generar inequidad” y, por lo mismo, nunca podrían considerarse actos anticipados de precampaña o campaña.
Esto fue lo que quedó claro. Pero lo que no pudo definirse en la mesa fue la distinción entre propaganda electoral y propaganda político-electoral, pues la segunda está expresamente prohibida fuera de los tiempos precisos marcados en el Cofipe para la realización de precampañas y campañas, que son respectivamente el 11 de diciembre de 2011 y el 30 de mayo del 2012. La definición de lo que se entiende por propaganda político-electoral también permitirá dilucidar en qué términos podrán aparecer los diversos personajes de la vida nacional en los promocionales que los partidos difunden en radio y televisión.
Tampoco pudo determinarse el momento en que la autoridad puede juzgar si hubo o no actos anticipados de precampaña o campaña, pues por las intervenciones parecía claro –entre los siete que apoyaron el proyecto– que no es sino hasta el proceso electoral “cuando hay un aspirante, cuando hay un precandidato o cuando hay un candidato”, pero finalmente aceptaron la petición del representante perredista de juzgarlo en esa fecha.
Y aunque se comprometieron a aprobar un acuerdo que identifique lo que considerarán como actos anticipados de precampaña y de campaña, no quedó claro si precisarán el término “campaña”, como solicitó el senador Pablo Gómez, para hacer la lista de los elementos de permanencia, sistematicidad, elementos visuales, auditivos, etcétera que, ligados a una persona o partido, permiten establecer que se trata de una campaña, pues ésta puede desarrollarse también fuera de los promocionales de un partido político e, inclusive, fuera de los medios de comunicación masiva, a través de actos masivos, reuniones públicas o la creación de organismos ex profeso para ello.
La falta de estas definiciones fundamentales para resolver la queja en cuestión no fue óbice para que siete de los nueve miembros del Consejo General con derecho a voto procedieran a exonerar a López Obrador y al Partido del Trabajo.
Nuevamente la realidad rebasó a los consejeros, y nuevamente éstos se aprestaron a exonerar, aunque ahora haya sido a AMLO y al PT; pero en el pasado hicieron otro tanto con Fox, Calderón, el Consejo Coordinador Empresarial y el PAN.
Los actores son diferentes, pero la actitud de los consejeros es la misma. Falta ver cuáles son las consecuencias de ello. Mientras tanto, no se puede ser optimista cuando es evidente que los atemoriza sancionar para hacer prevalecer el estado de derecho. l
La UNAM contra sí misma
Ernesto Villanueva
La caída de México en el Índice de Percepción de la Corrupción, que llegó a los 3.1 puntos de 10 posibles, no pudo ser detenida por una reforma constitucional, 41 leyes y varios órganos dedicados al tema en el país. La transparencia universitaria tampoco es la excepción. La UNAM, mi universidad, que ha recibido muchas medallas en distintos rubros, tiene amplias oportunidades de mejora en su transparencia interna y en sus mecanismos de combate a la corrupción. Vayamos a las pruebas que sustentan mis afirmaciones.
Primero. En la Facultad de Derecho de la UNAM se localiza una situación que no es modelo de ética pública. La existencia de una “comercializadora” de las funciones sustantivas de docencia e investigación de esa Facultad se antoja incluso incompatible con su naturaleza jurídica. Con número de escritura 70342, de fecha 3 de noviembre de 1994, se creó la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, Asociación Civil, con el objeto de “auspiciar la unidad del gremio de abogados egresados de la Facultad de Derecho de la UNAM y realizar actividades culturales, sociales, académicas y de investigación de las ciencias jurídicas”, dejando en claro que no tendría patrimonio propio.
Como presidente honorario de la Fundación fue registrado Miguel de la Madrid, y como presidente, el director de la propia Facultad, Máximo Carvajal Contreras. La finalidad loable de “unir al gremio jurídico” se transformó en el objetivo de atender necesidades de pesos y centavos de sus integrantes. Para tal efecto, reformaron los estatutos de la Fundación a fin de contar con patrimonio propio, “no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente a ninguna persona física”. Aparentemente, hubo un espíritu filantrópico en esos cambios, pero una mirada atenta desvanece esa idea. Lo que no se dijo es que sus propios miembros se encargarían de que no hubiera remanentes al incluirse “gastos de operación” y generosos sueldos.
Segundo. El modus operandi de la Fundación hace difícil pensar que se trate de una iniciativa al servicio de la universidad. Todo convenio entre la Facultad de Derecho de la UNAM y un tercero (generalmente instituciones públicas) para impartir estudios de posgrado, diplomados y todo tipo de cursos se suscribe a través de la Fundación, la cual “acepta” los donativos, pero es la Facultad de Derecho la que presta su infraestructura, su personal académico y administrativo y, además, es la que otorga los grados académicos, en su caso, para que la Fundación pueda cumplir el objeto de sus convenios.
El 19 de octubre de 2010, la UNAM, mediante una respuesta de información firmada por el actuario Óscar Barreiro, titular de la Unidad de Enlace, respondió oficialmente: “La Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, Asociación Civil, no está facultada para celebrar convenios a nombre de la Facultad de Derecho de la UNAM”.
Si ello es así, extraña por qué no se aplica ningún procedimiento de sanción. ¿Por qué la Fundación ha firmado convenios con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, comprometiéndose a “impartir la especialización en derecho administrativo que ofrece la Facultad de Derecho de la UNAM”, como el celebrado el 15 de febrero del 2002? ¿Por qué el 31 de enero del 2003 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación firmó un “convenio con la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, A. C., en representación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, para la impartición de la maestría en derecho”?
Es muy ilustrativo el convenio celebrado entre la Fundación y Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, del 19 de octubre del 2007. Lo firma Fernando Serrano Migallón como presidente ejecutivo de la Fundación y no como director de la Facultad de Derecho, institución a la que, empero, compromete a desarrollar cursos donde aparece como enlace operativo la coordinadora académica de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho, y como asistente, el director de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad.
Ese instrumento legal, ¿no es por sí mismo prueba suficiente de cómo se violentan la legislación universitaria y los mínimos de la ética política? Es como si el procurador general de la República firmara un convenio con las empresas informativas comprometiéndose a actuar conforme a derecho para resolver delitos en agravio de periodistas, pero estableciendo ese convenio en calidad de presidente de una asociación civil suya y a cambio de un “donativo”. ¿No sería eso un delito grave que implicaría una seria investigación?
Tercero. Por si todo lo anterior fuera poco, la Facultad de Derecho tiene desde hace tiempo un Bufete Jurídico que debe prestar servicios gratuitos a las personas de escasos recursos, el cual se sufraga del erario. Ahora esa gratuidad es sólo aparente. La persona interesada en que se atienda su caso efectivamente no debe pagar a la UNAM, pero sí debe hacer un “donativo” a la Fundación, según el resultado de un “estudio socioeconómico”, donde el más pobre debe aportar al menos 6 mil pesos para empezar, y después debe pagar todos los gastos derivados de su caso.
En síntesis, la Fundación llegó para privatizar la educación gratuita y los servicios universitarios en perjuicio de casi todos y en beneficio de casi nadie. Estoy convencido de que deben destinarse recursos suficientes a la educación pública superior. Rechazo, sin embargo, que no se discuta el cómo y el para qué. La autonomía no debe ser sinónimo de corrupción e impunidad. La Cámara de Diputados tiene una excelente oportunidad para incluir en el Presupuesto de Egresos candados mínimos sobre cómo deben ejercerse los recursos públicos de la sociedad atendiendo pautas de transparencia y de rendición de cuentas reales. l
evillanueva99@yahoo.com
