Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
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Domingo 19 de diciembre de 2010
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS MEXICANOS EN DESGRACIA
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA
Aviso a nuestros lectores
(19 diciembre 2010).- Aviso a nuestros lectores: el próximo 26 de diciembre no se publicará Enfoque.
Colaborador Invitado / 'Festejos' centenarios
2010 Balance de un año emblemático. En las conmemoraciones del 2010 se optó por espectáculos tan costosos como superficiales
Colaborador Invitado
(19 diciembre 2010).- Patricia Galeana
La autora es historiadora, catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y secretaria técnica de la Comisión del Senado para las conmemoraciones del 2010.
Todos los países del mundo tienen una fiesta nacional, una fecha para simbolizar el día que surgieron. Este año México cumplió 200 años de haber iniciado la lucha por constituirse como una nación independiente y 100 años de haber comenzado una revolución para acabar con la dictadura y la desigualdad. México tuvo dos efemérides históricas que festejar.
Ciertamente los mexicanos tenemos poco que celebrar de nuestro tiempo presente, y sí en cambio estar de luto por la violencia que a todos afecta. No obstante, era obligado rendir homenaje a las generaciones que tuvieron el valor de luchar hasta la muerte por lo que creyeron que era mejor para su patria; así como aprovechar la coyuntura para hacer obras en beneficio del pueblo, para sacarlo de su abatimiento. No obstante, se optó por espectáculos tan costosos como efímeros, carentes de sentido y trascendencia.
Los otros países que celebraron como nosotros su bicentenario crearon sus comisiones correspondientes desde el año 2000. Fue el caso de Argentina y Chile que, desde entonces, realizaron foros públicos para discutir los problemas que enfrentan sus países y premiaron a quienes presentaron soluciones. Además, los editores argentinos donaron las bibliotecas del bicentenario.
En México, fue hasta finales del sexenio anterior cuando se creó la comisión correspondiente, que además de constituirse tardíamente ha sufrido cambios de titular. Ni en el sexenio pasado ni en éste se han discutido los grandes problemas, ya que desde la perspectiva gubernamental "vamos por el camino correcto" y no hay nada que corregir. Por su parte, la iniciativa privada no hizo nada.
Otros países pusieron énfasis en aspectos particulares: Ecuador en avanzar hacia las metas del milenio; Bolivia en la hermandad de los pueblos indígenas; Venezuela en su proyecto bolivariano.
En México, para estar a tono con la triste etapa de la historia mexicana que vivimos, se hizo un paseo fúnebre de los huesos de los insurgentes. No conformes con ello, se les exhibirá durante un año en un acto necrofílico, propio de ritos religiosos y no de un Estado laico.
Ante la incapacidad de dar pan a la población, se dio circo con un desfile carnavalesco la noche del 15 de septiembre, que no se compara con el que presentó la misma compañía extranjera en Beijing.
El gobierno prefirió contratar a extranjeros para todo, hasta los juegos pirotécnicos, que fueron organizados por franceses, a pesar de que hay pueblos de artesanos mexicanos que se dedican a este trabajo y lo hacen muy bien. También iban a desfilar títeres franceses el 20 de noviembre en la Ciudad de México, pero ante las críticas por el fallido espectáculo del 15 de septiembre, se transfirió a Guadalajara y aquí se contrató un show de luces, generando un doble gasto.
En lugar de desperdiciar los recursos de la nación en estos espectáculos para tratar de ocultar la triste realidad del país, se hubieran podido hacer obras necesarias y trascendentes. Por ejemplo, se pudo restablecer la enseñanza de la historia en el primer año de secundaria, donde antes se enseñaba la historia de los antiguos mexicanos, conocimiento indispensable en un país pluriétnico y pluricultural como el nuestro.
Ante el grave problema que enfrenta nuestra juventud -que no se debe a su falta de creencias religiosas, como afirmó el Presidente, sino a la desesperanza en su futuro-, la historia, como las disciplinas sociales y las humanidades, crean conciencia. El conocimiento de la historia de la nación a la que se pertenece ubica al joven en su contexto, y le ayuda a comprender su tiempo y actuar en él. Hoy nuestros jóvenes reprueban por igual matemáticas que historia; en lugar de reducir su enseñanza, se debería ampliar.
También se pudo haber construido un edificio adecuado para preservar el patrimonio documental de México conforme a las normas internacionales, en vez de proyectar un parche más en Lecumberri, donde todos los expertos han señalado que no es el lugar adecuado, desde que se puso ahí el Archivo General de la Nación, además de haberse reiterado por múltiples estudios en los últimos 10 años.El balance sobre nuestros festejos centenarios es negativo, tal vez no podría ser de otra forma, ya que es un reflejo de la entropía que vivimos.
Despilfarro
Algunos de los gastos del 2010.
(Cifras en millones de pesos).
| Parque Bicentenario. | 1,900 |
| Monumento Estela de Luz. | 711.2 |
| Fiesta del 15 de septiembre. | 609.6 |
| Espectáculo Multimedia "Yo, México". | 271 |
| Exposición en Palacio Nacional. | 144.2 |
| Desfile de marionetas. | 76.9 |
2010 lo que no fue...
Reportaje 2010 Balance de un año emblemático. El año del Bicentenario no trascendió tanto como se hubiera esperado. Las reformas siguieron atoradas en el Congreso y el Ejecutivo privilegió los festejos espectaculares por encima de un diálogo que propiciara un acuerdo nacional sobre el futuro
Karla Garduño Morán
(19 diciembre 2010).- Inició con un catálogo de buenas intenciones. El del Bicentenario sería, según el gobierno y el Congreso, un año de diálogo nacional y grandes acuerdos.
Una reforma política que perfeccionaría la democracia y una convención hacendaria de la que saldría una reforma fiscal definitiva eran dos de los buenos propósitos con los que la clase política dio la bienvenida a este año emblemático.
Se hicieron foros en el Congreso y se enviaron iniciativas desde el Ejecutivo, pero 12 meses después el balance es negativo: la reforma política se atoró en el Senado y el gobierno de Felipe Calderón la abandonó tras unos cuantos meses de cabildeo para cambiar de prioridad; no hubo ni convención ni reforma hacendaria. El Congreso abordó otras reformas de gran calado, como la laboral, la de competencia económica, la de derechos humanos y la de seguridad nacional. Pero quedaron a medias.
Las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución no unificaron a la clase política ni propiciaron los grandes acuerdos nacionales sobre el futuro del país.
De los 65 presidentes que ha tenido México desde 1821, sólo dos han tenido la oportunidad de organizar conmemoraciones de la magnitud del Centenario o el Bicentenario de la Independencia: Porfirio Díaz y Felipe Calderón; sin embargo, el resultado en ambos casos ha sido muy diferente.
En el caso de Díaz en 1910, explica el historiador Lorenzo Meyer, había un objetivo muy claro: celebrar y mostrar al mundo el proceso por el cual México había pasado de la guerra de Independencia al caos y luego al progreso, la modernidad y la estabilidad.
"La élite política mexicana estaba satisfecha consigo misma, ahora es una élite con dudas, dividida, echa bolas, y no sabe realmente qué hacer con el país", dice Meyer.
En el caso de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, encabezada por Felipe Calderón, la inversión de más de 2 mil 600 millones de pesos en festejos espectaculares, como desfiles, "shows" multimedia y exposiciones monumentales, sólo reflejó la falta de ideas para conmemorar, considera el académico de El Colegio de México.
"Dentro de 10, 20 o 100 años, cuando alguien estudie esto, saltarán inmediatamente las contradicciones y la impotencia de México como sociedad nacional para tener puntos de acuerdo en su interpretación del pasado, porque no hay un mínimo en la agenda nacional de grandes acuerdos. Las marionetas y el gigante pueden terminar por ser indicadores más bien negativos que positivos, porque a falta de ideas se pusieron cosas grandes y huecas", señala Meyer.
La incapacidad para lograr una celebración histórica era evidente desde antes de comenzar el año, considera Meyer: la economía había tenido una caída del 6.2 por ciento en 2009, se habían perdido 600 mil empleos y la violencia se incrementaba en todo el territorio. Sin embargo, la razón más importante de esta incompetencia es la polarización del país.
"Al gobierno le tocó hacer un equilibrio imposible y el resultado fue algo mediocre: una cierta neutralización de las dos grandes opiniones: el México que quiere el cambio y el México que quiere conservar las cosas", explica Meyer.
En varios de sus discursos en los últimos días del 2009 y los primeros meses del 2010, el presidente Felipe Calderón mencionó su expectativa de que estas conmemoraciones fueran motivo de unidad y que el 2010 fuera un gran año para el país.
El 8 de enero, en una reunión de cónsules y embajadores de México, dijo que los mexicanos debían aprender de la historia que "la desunión nos ha destruido en el pasado, merma los avances del país".
Cuando el 10 de febrero presentó el programa de actividades, en una ceremonia que sentó el precedente de la opulencia en los festejos, el Presidente convocó de nuevo a la unidad.
"Que 2010 sea un año que nuestros hijos recuerden con cariño y que permita escribir el inicio de una página nueva en la historia nacional, fundada en la visión común del futuro que queremos para ésta, nuestra gran Nación", dijo en su discurso.
Sin embargo, en 2010 la división entre las distintas fuerzas políticas -incluso dentro del mismo partido en el poder- atoró el avance de reformas fundamentales como la de seguridad nacional, la reforma política, la fiscal, la laboral y la de derechos humanos, entre otras.
Las celebraciones del gobierno federal recibieron críticas de la oposición. Enrique Márquez, coordinador de la Comisión Bi100, encargada de las conmemoraciones en el Distrito Federal, lanzó a El Aguafiestas, un personaje de internet dedicado a criticar lo que se hacía a nivel federal, mientras que legisladores, tanto del PRI como del PRD, cuestionaban el gasto y el fondo de los festejos.
Pero la oposición tampoco hizo su trabajo, considera Meyer. Ante la incapacidad de un gobierno conservador de hacer frente a una conmemoración de naturaleza revolucionaria, las grandes preguntas debieron salir de la oposición.
"La fuerza que está en el medio, que sería el PRI, está en una posición incómoda porque se dicen herederos de la Revolución, pero ellos mismos no cumplieron con ninguno de los objetivos de esa Revolución. El PRI, como oposición normal, no puede formular las grandes preguntas porque él es corresponsable de los fracasos. Y en el PRD, completamente dividido y con una posición de poder bastante menguada, qué se podía hacer", señala Meyer.
Fiesta y caos
La celebración empezó y terminó en medio de la desorganización. Por la comisión organizadora, creada en 2006 por Vicente Fox, pasaron cuatro coordinadores oficiales (Cuauhtémoc Cárdenas, Sergio Vela, Rafael Tovar y de Teresa y José Manuel Villalpando), dos extraoficiales (Fernando Landeros y Bernardo de la Garza) y, finalmente, fue el titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, el vocero oficial de los festejos.
Entre noviembre del 2007 y mayo del 2009 se presentaron dos programas diferentes y un año antes -en septiembre del 2009- las dependencias de gobierno seguían reacomodando sus agendas.
El programa definitivo se dio a conocer el 10 de febrero del 2010, pero tampoco se respetó. Las tres obras más importantes que dejará como "legado" la administración Calderón tuvieron problemas.
El remodelado Palacio de Bellas Artes se reabrió al público para el Centenario de la Revolución, en noviembre y no para el Bicentenario, en septiembre, como estaba programado. El Parque Bicentenario, en la ex refinería de Azcapotzalco, se abrió precipitadamente y comenzó a funcionar estando inconcluso. Y la Estela de la Luz, el monumento conmemorativo del Bicentenario en Paseo de la Reforma, se pospuso hasta el 2011 porque no estuvo terminada a tiempo; además, su costo se elevó de
La fiesta y las grandes ceremonias se impusieron en el programa. Entre otras cosas, se montó una exposición histórica en Palacio Nacional (145 millones de pesos); se hizo una muestra interactiva en la Expo Bicentenario de Guanajuato (100 millones); se llevó a los estados un espectáculo multimedia (166 millones), y se hicieron los desfiles y los festejos del 15 de septiembre con un gasto de casi 600 millones de pesos. Sin embargo, la discusión sobre los temas actuales se dejó de lado, considera el antropólogo Roger Bartra.
"La fiesta y la celebración tienden a fortalecer las ideas tradicionales, los hábitos viejos y las costumbres antiguas que acompañaron a los eventos que conmemoramos. Nos llevan a mirar hacia atrás. Es bueno hacerlo, pero es necesario también mirar hacia adelante y, sobre todo, señalar con creatividad y sin miedo aquello que ha caducado y que se ha marchitado", dice el académico de la UNAM.
Entre el bullicio de la fiesta, Bartra destaca la organización de los programas de Discutamos México, que intentaron ser foro para que el pueblo mexicano conociera y reconociera las diversas ideas sobre el pasado, el presente y el futuro, según dijo Calderón en el lanzamiento el 18 de enero. Sin embargo, el programa contó con un limitado horario de exhibición que impidió que fuera masivo: los viernes a las 23:30 en el Canal de las Estrellas.
"Los fuegos artificiales y el relumbrón opacan las discusiones que ha habido, las marginan. La clase política quiere apoderarse del escenario y no es muy amiga de las ideas y de la reflexión. Lo que necesitamos, aparte de reflexionar sobre nuestra historia, es tomar decisiones audaces para cambiar el curso de los acontecimientos y realmente transformar esas viejas nociones de soberanía e independencia en elementos modernos", concluye Bartra. ·
Las razones de Cárdenas
Entrevista 2010 Balance de un año emblemático. El primer coordinador de las conmemoraciones del 2010 explica cuál era su proyecto de trabajo y sus razones para aceptar y abandonar el cargo cinco meses después
Silvia Cherem S.
(19 diciembre 2010).- Cuauhtémoc Cárdenas, ex coordinador de la Comisión organizadora de las conmemoraciones del 2010, lamenta el desperdicio y el despilfarro, y haber perdido una oportunidad de oro para lograr concretar obras públicas y sociales, actividades culturales de mayor trascendencia y cohesión social.
"No lamento no haber sido yo quien presida las celebraciones, no hay indispensables, pero sí lamento que no se haya hecho nada. Sólo tuvimos espectáculos con un altísimo costo, un dispendio hueco fuera de razón", dice.
Sus declaraciones surgen como consecuencia de la publicación del libro Por la Izquierda. Medio siglo de historias en el periodismo mexicano contadas por Granados Chapa, de mi autoría, en las que el autor de la Plaza Pública lo critica por haber aceptado aquel cargo de manos de Vicente Fox.
"Ser empleado de Fox sólo fue una maniobra contra López Obrador a la que Cárdenas se prestó. Cárdenas aceptó un cargo de quien había desaforado a Andrés Manuel. Tomó la responsabilidad en junio, es decir, antes de las elecciones, sólo para validar al régimen, dividir a la izquierda y renunciar cinco meses después", acusó Granados Chapa, distanciándose de la figura emblemática del PRD a quien antes admiró y por quien votó en 1988, 1994 y 2000.
Cárdenas rechaza categóricamente la imputación del periodista: "yo no traicioné a López Obrador ni al PRD". Aclara que antes de aceptar el cargo de los festejos puso una condición: consultar a los cinco candidatos en campaña -AMLO, Felipe Calderón, Roberto Campa, Roberto Madrazo y Patricia Mercado- para tener un apoyo consensuado.
"Si a uno solo le incomodaba mi presencia, no habría tomado el cargo. Hablé con todos. El primero fue Andrés Manuel, vino a mi casa, estaba en campaña en la capital. Se entusiasmó con el ofrecimiento, en ningún momento titubeó. Fue claro y directo: me pidió que aceptara y me ofreció todo su apoyo en caso de que él ganara la elección presidencial", afirma.
Señala además que el nombramiento no se lo dio Fox, sino una comisión que incluía a los titulares del Ejecutivo, la Suprema Corte, las dos Cámaras y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.
"Jamás consideré la deferencia como una trampa o una maniobra política. Me gustó la idea, me parecía una distinción y una oportunidad de hacer un trabajo importante", afirma.
El programa
En julio de 2006 Cárdenas comenzó a trabajar con un equipo de seis especialistas sin aceptar remuneración alguna hasta que hubiera un programa.
Pretendían hacer una revisión académica de los movimientos, una discusión nacional con miras al futuro. Vincular las celebraciones y análisis con los otros cinco países latinoamericanos que también conmemoraron sus bicentenarios (Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela y Colombia); así como con España, Francia y Estados Unidos, cuyas historias fueron determinantes en la Colonia y la conquista independentista.
Coordinar los eventos nacionales con los de los estados y especialmente con sitios emblemáticos como Cuautla, Dolores Hidalgo, Hacienda de Guadalupe y San Luis Potosí.
Promover concursos de novela, ensayo, danza y música popular. Y, especialmente, un programa de obra pública vinculado a los centenarios.
"Pero no nada más un letrerito que dijera Ruta 2010, sino programas de infraestructura y de carácter social, metas que habrían podido alcanzarse de
Tenían propuestas del Centro de Estudios de las Revoluciones y del INBA, y se preveía que hubiera un consejo nacional consultivo, y un consejo internacional para coordinar lo que desde México se haría en otros países.
"Empecé a recorrer los estados, ver posibilidades de crear museos en Coahuila y Dolores Hidalgo. Nuestra intención no era sólo un festejo el 15 y 16 de septiembre y otro el 20 de noviembre. Era mucho más que eso; teníamos tiempo y ganas de lograrlo". añade.
En septiembre del 2006, sin embargo, se enrarecieron los ánimos. Tras el triunfo de Calderón, con franca animadversión social, una parte de la izquierda comenzó a hacer campaña en contra de Cárdenas y lo usó como chivo expiatorio.
Hubo señalamientos como el que ahora hace Granados Chapa, de no haberse sumado abiertamente a la campaña de López Obrador y apoyar a Acción Nacional.
Quizá la gota que derramó el vaso fue una declaración de Elena Poniatowska publicada en La Jornada, el 10 de septiembre de 2006, en la que culpaba a Cárdenas, Patricia Mercado y al subcomandante Marcos de no haber apoyado a AMLO "por envidia".
Cárdenas le envió una carta abierta a Elena rechazando sus señalamientos, argumentando sus discrepancias con el proyecto de nación de AMLO, defendiendo su derecho a disentir y cuestionando la falta de tolerancia en el PRD y la satanización contra aquellos que no aceptaban incondicionalmente las propuestas y decisiones de la cúpula.
Semanas después, a principios de noviembre, renunció al cargo. "Consideré que mi presencia estorbaría las conmemoraciones, que debían llevarse a cabo con fluidez y servir para dar cohesión social, unificar criterios y voluntades", explica.
La decisión la tomó en casa, con Celeste, su mujer, y con sus hijos. "Me dolió mucho porque era una oportunidad extraordinaria. Me gustaba andar de un lado a otro del país haciendo cosas, estableciendo discusiones con intelectuales de América Latina, buscando una visión de futuro. Era estimular a que todos hicieran: crear ensayos, corridos, sinfonías, obras pictóricas o ballets. Era promover la creatividad en todo el país, dar cohesión en materia de ideas, reconocer las contribuciones de dos grandes movimientos sociales no obstante las visiones distintas, ver hacia el futuro a partir de la historia".
Según Cárdenas, se perdió una oportunidad de oro y nada quedó para la posteridad. "Los festejos se limitaron a regalar banderitas, levantar un coloso que está roto y abandonado en una bodega, gastar a manos llenas sin sentido y organizar una olimpiada con clavados en el Ángel que recordaremos por el caos vial que ocasionó. La falta de visión ha sido lamentable, da lástima", concluye.
Naufragó la reforma política
Reportaje 2010 Balance de un año emblemático. Al comenzar el año, la prioridad presidencial era la reforma política, pero poco a poco se abandonó el propósito de perfeccionar la democracia
Ernesto Núñez y Karla Garduño Morán
(19 diciembre 2010).- El tono era de urgencia aquel 15 de diciembre del 2009. En Los Pinos, frente a su gabinete, el presidente Felipe Calderón presentaba su iniciativa de reforma política que, dijo, buscaba fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema político y crear mecanismos que permitieran consolidar las instituciones.
El auge del voto nulo en las elecciones federales del 2009, la clara derrota del PAN, el reclamo ciudadano de hacer más barata la democracia y la intención de relanzar el gobierno a mitad del sexenio eran factores que animaban el discurso presidencial. Un mes antes, el 4 de noviembre, se había reunido con 11 politólogos durante más de cinco horas en Los Pinos, para rebotar algunas de las ideas contenidas en su proyecto legislativo.
La sola idea de reformar el sistema político electoral fue bien acogida por la opinión pública y la clase política.
La iniciativa planteaba 10 cambios: reelección consecutiva de alcaldes, reelección consecutiva de legisladores locales y federales, reducción del Congreso, aumentar la votación requerida para que un partido conserve su registro, iniciativa ciudadana, candidaturas independientes, segunda vuelta electoral, facultad de iniciativa al Poder Judicial, iniciativa preferente a favor del Ejecutivo y facultar al Ejecutivo a presentar observaciones a las leyes aprobadas por el Congreso.
Se designó al subsecretario de Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, como el encargado de negociar la reforma con el Congreso, y a la comisionada de Desarrollo Político de Segob, Blanca Heredia, se le encomendó cabildearla entre la sociedad.
Durante dos meses se habló de ésta como la prioridad del gobierno federal. Incluso, el secretario Fernando Gómez Mont acudió personalmente a mesas de discusión sobre la reforma.
El Senado, por su parte, organizó un foro y creó un grupo de trabajo con senadores de todos los partidos con experiencia en el tema.
En febrero, el PRI, el PVEM, el DIA (PRD, PT y Convergencia) y el PAN presentaron sus propios proyectos, que enriquecían el proyecto presidencial.
El grupo negociador en el Senado informó que ya tenía un paquete listo para aprobarse antes del 30 de abril, aunque con sólo cinco de los diez puntos propuestos por el Ejecutivo.
Pero el 25 de marzo los diputados del PRI presentaron un proyecto que contradecía al de su grupo en el Senado en un punto esencial: la posibilidad de conformar mayorías en el Congreso restableciendo la cláusula de gobernabilidad.
Impulsada por el priismo mexiquense, la reforma confrontó a los priistas, pues los senadores del tricolor consideraban que esa propuesta buscaba crear "mayorías artificiales".
Según senadores consultados, esta confrontación entre priistas, con el senador Manlio Fabio Beltrones de un lado y el gobernador Enrique Peña Nieto del otro, fue el principal obstáculo de la reforma en ese periodo ordinario.
Las elecciones del 4 de julio acapararon la atención de los partidos y a casi todos los legisladores. Las alianzas PAN-PRD confrontaron al gobierno con el PRI y en septiembre inició un nuevo periodo ordinario sin que se procesara la reforma política.
Para entonces, el presidente Calderón ejecutó cambios en su gabinete que dejaron huérfana su iniciativa: removió a Gómez Mont de Gobernación, con lo que también salió Blanca Heredia -principal impulsora del proyecto entre organizaciones ciudadanas-, y nombró a Alejandro Poiré secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y vocero gubernamental en temas de seguridad.
En el Congreso la prioridad era la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Y, después, los partidos fueron relegando la agenda política, hasta que la semana pasada confirmaron que la discutirán en febrero del 2011.
Miscelánea electoral
El vicepresidente del Senado, Arturo Núñez -uno de los principales negociadores de la reforma-, explica que actualmente la reforma se puede dividir en dos grandes temáticas: lo electoral y lo político.
Los electorales son urgentes y tendrían prioridad en el próximo periodo ordinario de sesiones (febrero-abril), pues para que puedan aplicarse en el proceso electoral 2012 deben ser aprobados 90 días antes del arranque formal del proceso, el 1o. de octubre, por lo que cualquier modificación a las leyes electorales debe hacerse antes del 30 de junio.
En este rubro hay tres tipos de modificaciones, a las que Núñez denomina "miscelánea electoral": 1. las insuficiencias de la reforma 2007-2008, como fue el no haber reglamentado el derecho de réplica o la prohibición para que los servidores públicos promocionen su imagen en la propaganda oficial. 2. Las sugerencias que hizo el IFE tras el proceso electoral del 2009, destacando la necesidad de establecer que el recuento de votos se haga cuando haya diferencia de 1 por ciento o menos, pero sólo a petición de parte y no por oficio, como ocurre actualmente. 3. Algunas de las modificaciones propuestas por Calderón que tocan lo electoral, como la segunda vuelta, las candidaturas independientes y la reelección.
El segundo gran rubro son las reformas al régimen político, que no están atadas al plazo fatal de las electorales, como son la reconducción presupuestal, la iniciativa ciudadana y el referéndum.
El senador confía en que el próximo año pueda alcanzarse un acuerdo a tiempo, aunque también está consciente de que conforme se acerque la elección presidencial del 2012 irá siendo más difícil.
"Los temas calientes se deben discutir en tiempos fríos. Si se discuten en tiempos calientes, se corre el riesgo de que salgan con dedicatoria o sesgos", comenta, "en la materia electoral es urgente, porque no deberíamos ir al proceso electoral con normas insuficientes. En materia política, sin que se pueda decir que hay parálisis -porque no la hay-, sería deseable tener mecanismos para una mejor relación entre poderes".
Y el Congreso deja leyes a medias
Muchas de las leyes que los legisladores y el gobierno federal marcaron como prioridades se han quedado atoradas en alguna de las Cámaras, otras siguen en comisiones y otras apenas se están preparando.
Ley de Seguridad Nacional
Presentada el 22 de abril por el gobierno federal. El Senado la aprobó el 28 de abril, pero la Cámara de Diputados detuvo la minuta el 29 de abril y el 30 de noviembre decidió postergarla para el siguiente periodo.
Ley para la Creación de la Policía con Mando Único Estatal
El PAN la presentó el 9 de noviembre del 2010 en el Senado. Se discute en comisiones.
Ley de Lavado de Dinero
El gobierno federal la presentó el 26 de agosto pasado. El 28 de octubre la bancada del PRI en el Senado decidió no apoyarla. Su discusión se pospuso para febrero del 2011.
Ley de Medios
Hay tres distintas iniciativas. Dos en el Senado y una en la Cámara de Diputados. La presentada por el PRI el 8 de diciembre del 2009 estuvo a punto de aprobarse en la Comisión de Radio y Televisión del Senado, pero se canceló la sesión de dicha comisión y no se retomó el tema.
Ley Antimonopolios
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados presentó el dictamen el 29 de abril del
Ley de Asociaciones Público-Privadas
Se presentó el 10 de noviembre del 2009 por el gobierno federal, y el Senado la aprobó el 12 de octubre pasado. La Cámara de Diputados reservó la minuta y la envió a comisiones.
Reforma laboral
El PAN presentó la propuesta en la Cámara de Diputados el 18 de marzo del 2010. No se discutió. El PRI anunció que presentaría su propia iniciativa el 15 de diciembre, pero de último momento la retiró del orden del día.
Reforma política
Existen cinco iniciativas distintas en el Senado de parte de los principales partidos. El gobierno federal presentó la primera con 10 puntos el 15 de diciembre del 2009. El 30 de noviembre se decidió posponer la discusión hasta febrero del 2011.
Derechos humanos
Se presentó el 28 de abril del 2009 en el Senado y se aprobó el 8 de abril del 2010. La Cámara de Diputados la retuvo hasta que el último día del periodo, el 15 de diciembre, la aprobó parcialmente y la regresó al Senado para revisar los artículos reservados.
Nombramientos
El primer periodo ordinario del segundo año de la LXI Legislatura se clausuró sin que el Congreso hubiera podido procesar los nombramientos de tres consejeros del IFE, un ministro de la Suprema Corte y dos miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por: Karla Garduño Morán.
No hubo reforma fiscal
Reportaje 2010 Balance de un año emblemático. El PRI acusa al gobierno de no enviar su iniciativa, el PRD ve polarización electoral y el PAN denuncia que nadie quiso
Martha Martínez
(19 diciembre 2010).- Formó parte del decálogo que el presidente Felipe Calderón presentó en septiembre de 2009, en el Congreso se crearon órganos especializados para conducir su discusión y legisladores de diferentes partidos prometieron analizarla a más tardar en abril pasado. A pesar de ello, 2010 concluirá sin una reforma fiscal integral y con la incertidumbre de que se pueda impulsar una en lo que resta del sexenio.
Legisladores indican que aun cuando los diferentes partidos están trabajando proyectos de reforma, el clima de tensión ocasionado por las 14 elecciones estatales que tuvieron lugar este año -agudizado por las alianzas entre el PRD y el PAN-, la falta del liderazgo del Ejecutivo para impulsar su discusión y la proximidad de la elección en el estado de México impidieron que el Congreso llegara a acuerdos en la materia.
"El problema político y especialmente el electorero terminó pesando mucho más, ahí hay un diagnóstico muy claro: las tres principales fuerzas políticas habíamos confirmado en un punto de acuerdo que habríamos de llevar a cabo una metodología compartida para llegar a una reforma fiscal integral, pero las elecciones, las alianzas y todo el proceso de ruido y distanciamiento que se dio entre las fuerzas políticas impidieron que nos metiéramos al tema", asegura el diputado del PRD Armando Ríos Piter.
Integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Ríos Piter señala que el contexto electoral obstaculizó la discusión porque cualquier modificación en materia fiscal implicaría modificar gravámenes, eliminar regímenes especiales y establecer sanciones más fuertes en contra de evasores y deudores, temas cuyos costos políticos nadie está dispuesto a asumir.
"Una reforma integral implicaría afectar intereses, pegarle a distintos sectores que en muchos casos tienen claras conexiones con el ámbito político y especialmente con representantes de las Cámaras", sostiene.
Para el senador priista Rogelio Rueda, la razón por la que el PRI no le entró a la discusión fue más sencilla: el Ejecutivo federal no presentó una propuesta a partir de la cual se impulsara el análisis.
"En todos los países democráticos, las iniciativas de reformas importantes son conducidas por el gobierno en turno y apoyadas por su partido, aquí no hemos recibido esa propuesta", indica.
El senador del PAN José Isabel Trejo es más directo: "fácilmente podemos echarnos la bolita unos a otros, pero la verdad es que nadie quiso". El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado indica que Acción Nacional no impulsó la reforma debido a que en 2009 se aprobaron modificaciones que implicaron la creación de algunos impuestos y el incremento de otros, situación que desgastó al Congreso.
"Cualquier reforma fiscal va a significar incremento de cargas impositivas al mundo de los contribuyentes... era muy draconiano la postura de imponer más impuestos o ampliar la base, no había recepción, no había condiciones de carácter político", afirma.
El panista opina que la posibilidad real de alcanzar una reforma fiscal integral se dará después de 2012.
La urgencia
En materia fiscal, el Congreso y el Ejecutivo están atrasados en los compromisos que asumieron antes de que iniciara este año.
En septiembre de 2009, Calderón incluyó la reforma fiscal en el punto cuatro de su decálogo, como una condición necesaria para lograr transformaciones profundas en el país.
En noviembre de 2009 la Cámara de Diputados aprobó la creación de un grupo de trabajo encargado de discutir y redactar una propuesta de reforma que sería presentada ante el pleno en abril de 2010; hasta ahora no se conoce el documento.
El Congreso no analizó la efectividad del IETU a pesar de que se comprometió a revisarlo dos años después de su creación en 2007; tampoco llevó a cabo la Convención Nacional Hacendaria que convocó para febrero de 2010 y a partir de la cual se detonaría la discusión de las modificaciones que el país necesita.
En noviembre, ya de 2010, el coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, volvió a hablar de la urgencia de realizar la Convención Hacendaria, tras la aprobación del paquete fiscal del 2011.
La necesidad de una reforma fiscal de fondo radica en el hecho de que México es uno de los países que menos recauda, pues mientras que su promedio es del 10 por ciento del PIB, en América Latina es del 15 por ciento y entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo es del 25 por ciento.
Cifras oficiales muestran que en México existen 44 millones 651 mil personas económicamente activas con empleo; de ellas, sólo 31 millones 985 mil pagan impuestos.
Un estudio dado a conocer en febrero pasado por la Secretaría de Hacienda indica que, en promedio, entre 2000 y 2007 el país dejó de recibir 553 mil millones de pesos por evasión; para 2008 la cifra fue de 317 mil millones.
A ello se suma la caída de la producción petrolera, la cual aporta alrededor del 40 por ciento de los ingresos. Entre los años 2000 y 2009, la producción se redujo de 3 millones 12 mil a 2 millones 603 mil barriles diarios.
El presidente de la Academia de Estudios Fiscales, Pedro Carreón, advierte que México no puede seguir dándose el lujo de postergar la discusión de una reforma fiscal de fondo, pues a pesar de que se han podido obtener ingresos para conformar el presupuesto año con año, el crecimiento económico es inferior al que puede alcanzar.
"No podemos estar con crecimientos del 3 o 4 por ciento, necesitamos un crecimiento mínimo del 7 por ciento sostenido para poder generar los empleos y las condiciones de vida que se requieren", advierte. ·
Guerra sin nueva estrategia
Reportaje 2010 Balance de un año emblemático. El Presidente encaró a los críticos de su combate al crimen; escuchó sugerencias y reclamos, pero no cambió su estrategia
Jésica Zermeño
(19 diciembre 2010).- Con una violencia incontenible y la presión de cada vez más sectores de la sociedad para cambiar el rumbo del combate al crimen organizado ante la falta de resultados, el presidente Felipe Calderón tomó una decisión en 2010: puso en marcha una estrategia mediática para buscar que se dejara de hablar de "la guerra contra el narcotráfico" y posicionar el término "Estrategia Nacional de Seguridad".
Bajo esta lógica, y tras el día más violento en lo que va del sexenio -el 12 de junio pasado, cuando fueron ejecutadas 85 personas en tan sólo 24 horas-, el presidente Calderón anunció lo que parecía un giro en la retórica anticrimen. En un desplegado publicado en todos los diarios de circulación nacional que tuvo su versión en un mensaje televisivo a la nación, afirmó que la lucha no era sólo contra los narcotraficantes, también era por la seguridad de los mexicanos, algo inédito. "Es hora de que los mexicanos tomemos todas nuestras capacidades para recuperar la seguridad pública", se leía en la inserción firmada por el titular del Ejecutivo.
Unos días después, la violencia generó la baja más sensible que ha sufrido la clase política en la guerra, con la ejecución del candidato a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre. Y el 16 de julio explotó un coche bomba en Ciudad Juárez.
Tras los inéditos hechos, el Ejecutivo convocó a los Diálogos por la Seguridad. El Presidente quería escuchar de viva voz críticas y propuestas que ayudaran a mejorar la estrategia gubernamental. El ejercicio entusiasmó a una opinión pública cada vez más crítica de la guerra calderonista.
Especialistas, políticos, empresarios, líderes religiosos, directivos de medios de comunicación e integrantes de distintos sectores de la sociedad civil se sentaron a conversar con el mandatario sobre lo que veían mal y ofrecieron propuestas. Él preguntó, asintió, cuestionó y agradeció los comentarios expuestos en siete sesiones. En total, 27 horas de diálogo.
Además, Calderón nombró un vocero para los temas de seguridad nacional, cuya misión era cambiar el discurso público de la estrategia. A partir del 20 de agosto, Alejandro Poiré es la cara de todas las dependencias del gobierno federal en la materia.
Sin embargo, el cambio discursivo no se reflejó en una coordinación más efectiva entre Ejército, Marina, Policía Federal y PGR. La violencia siguió escalando hasta llegar, el 3 de noviembre, a la cifra emblemática de 10 mil muertos en un año. Hasta la semana pasada, el ejecutómetro de Reforma registraba 11 mil 41 y la PGR reportó el pasado jueves 12 mil 456.
'No podría ser peor'
Eduardo Guerrero, consultor en materia de seguridad y participante en los diálogos -cuya alocución fue interrumpida por el Presidente, quien le preguntó qué país había logrado el milagro de acabar con el crimen sin exacerbar la violencia, como él afirmaba-, da su veredicto sobre la importancia de estos foros.
"La iniciativa fue buena, parecía una disposición a escuchar, pero realmente no veo ningún cambio después de esos Diálogos. En varios funcionarios gubernamentales más bien lo que se nota en sus declaraciones es soberbia. Siguen completamente en la misma línea, defendiendo la estrategia más con ganas y emoción que con datos y cabeza fría, porque las cifras no les favorecen.
"En este 2010 vi más bien manifestaciones de fe. Los funcionarios de seguridad llaman a que por solidaridad estemos del lado del gobierno. El viraje en la estrategia que parecía se daría en este año no se concretó. Por eso en las encuestas le va cada vez peor al gobierno", dice el investigador.
Guerrero sostiene que el interés del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada no fue replicado por los gobernantes estatales y municipales, quienes sólo se limitaron a exigir más recursos, pero sin aceptar soluciones concretas, ya sea por la falta de sensibilidad del Ejecutivo o por privilegiar acuerdos políticos. El ejemplo más visible de esto es la falta de consenso para la concreción de un mando único policial a nivel nacional.
"Apenas empiezan a vislumbrarse acompañamientos de la estrategia federal a nivel local. Veo apoyo local, más que por la concientización en el problema, por el relevo masivo de gubernaturas en los estados más complicados del país, como Chihuahua y Tamaulipas, que tuvieron recientemente cambios en el Ejecutivo estatal. Aunque sus predecesores pudieron nadar de muertito, estos nuevos gobernadores enfrentan una presión social y un nivel de exigencia tremendo que ya no pueden eludir. Ya no pueden cerrar la puerta y hacer como que no oyen. Es un clamor generalizado de exigencia de paz", dice Guerrero.
Para el consultor, se nota un poco más de labor de inteligencia en los operativos para capturar o aniquilar a grandes capos. Sin embargo, no vislumbra avances en la profesionalización de los cuerpos de seguridad ni en la coordinación entre dependencias para la realización de operativos. "Su comunicación es asombrosamente mala. No sé si podría ser peor", sentencia.
Una ley
El Poder Legislativo también falló en la aprobación de leyes y reglamentos importantes en materia de seguridad.
Se queda en la congeladora la discusión de los cambios a la ley de seguridad nacional y al Código Penal Militar -que reformaría el fuero militar para permitir que militares puedan ser juzgados por civiles en casos específicos-. También se quedan pendientes la aprobación de la ley contra el lavado de dinero, la constitución de un mando único policial y cambios a la Ley Federal de Armas de Fuego.
La única ley aprobada en el año que termina es la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que obliga a las autoridades a perseguir este ilícito de oficio y lo hace imprescriptible. Fue publicada en el Diario Oficial el 30 de noviembre y entrará en vigor en marzo.
Otras reformas, a pesar de haber sido aprobadas anteriormente, no fueron cumplidas. El caso más notorio es el de la reforma para combatir el narcomenudeo, que implicó cambios a la Ley General de Salud y los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales. Esta reforma le otorga a los estados la capacidad de combatir el narcomenudeo.
Sin embargo, ni una tercera parte de las entidades federativas han implementado reformas legislativas en la materia, pues alegan que carecen de recursos y personal para enfrentar la nueva responsabilidad, que antes sólo ejercía la PGR.En teoría, las discusión de las leyes pendientes deberá concretarse en 2011. ·
Claroscuros de un rescate
Reportaje 2010 Balance de un año emblemático. La historia de los 33 mineros chilenos se convirtió en un fenómeno que deja lecciones para los medios, los políticos y la sociedad. El caso de los mineros chilenos ha sido ejemplo de lo que a ratos suele llamarse "voluntad política", es decir, la disposición de los medios que otorga el ejercicio del poder
Fernando Gaspar
(19 diciembre 2010).- SANTIAGO.- Han pasado varias semanas desde que los reflectores de la atención mediática se han apagado en el desierto de Atacama. La mina San José, la del rescate de los 33 mineros, es ahora uno más de los yacimientos del norte de Chile envueltos por el anonimato. La ciudad de los periodistas de todo el mundo se disolvió tan rápido como surgió. Más de 3 mil periodistas venidos de cada rincón del planeta ahora volvieron a casa. Pasadas las emociones, los sinsabores y las alegrías, me detengo en tres aspectos de este acontecimiento. Son tres salidas a una historia que no terminó con el rescate, pero son reflejo de un acontecimiento más, dentro de una cargada agenda del 2010.
Nuevas cumbres planetarias de la noticia
Eventos como el rescate minero revelan algunas claves de la producción de noticias a nivel global: el fuerte componente tecnológico en la transmisión y recepción de contenidos, la búsqueda del melodrama que estandariza la capacidad crítica de las audiencias; la réplica casi idéntica de la información para los consumidores de todo el planeta, sin importar el continente; el abuso en la caricatura, la anulación de la reflexión y la descontextualización hasta la pérdida del sentido en lo informado.
Pareciera que gran parte de los periodistas contemporáneos, principalmente televisivos, deben ser capaces de dominar los códigos tecnológicos de la época (twitear, chatear con lectores, tomar fotos digitales, transmitir en vivo en diferentes soportes) y, de la misma forma, reducir en lugar de ampliar, aplanar en lugar de encontrar matices. La historia de los mineros se contó miles de veces de la misma forma: resaltando el dramatismo del momento, la vigilia religiosa de los familiares, la correcta organización gubernamental en el rescate. La excepción fueron algunos medios europeos que se atrevieron a preguntarse un poco más allá de la esquemática cobertura que ofreció el gobierno de Sebastián Piñera para ser replicada en cuantos idiomas fuera posible. Nadie se preguntaba por los otros mineros, colegas de los atrapados. Pocos se atrevieron a visitar minas medianas o pequeñas de la zona como la de San José. Acaso ninguno habló del contexto político en que se desarrolló el caso de "Los 33" en Chile.
Historias como la de los mineros de Chile dan luces del gran noticiero global replicado en millones de pantallas, en el cual se repiten las mismas imágenes, la misma concepción de información y de noticia: las tragedias naturales azotando algún lugar del planeta, el acto ridículo o humanitario de una figura del sistema artístico-mediático mundial y, por último, las historias melodramáticas que alimenten la atención del telespectador. Lo importante es no exceder los estrechos márgenes de lo factual que lleven a razonar en demasía, que posibiliten preguntar por el origen de los fenómenos o los posibles desenlaces. Lo que interesa es entregar fragmentos, perfectamente editados, que generen emociones simples en el consumidor de noticias. En definitiva, alimentar el consumo masivo de noticias desechables.
El peso de la voluntad política
En el panorama político chileno (incluso en la derecha), a muchos les ha costado digerir el protagonismo de Piñera en la crisis de los mineros. Lo cierto es que el Presidente dio una lección de voluntad y capacidad de organización que redituó en un epílogo memorable. Los costos políticos eran potencialmente muy altos, pero Piñera asumió el riesgo. Reunió a los mejores expertos en ingeniería en minas, se invirtieron cifras colosales en maquinaria y equipos traídos de todo el mundo, se erigió una pequeña urbe temporal a un lado de la mina. La coordinación entre las autoridades de gobierno fue remarcable y lo único objetable fueron los usos mediáticos que la administración piñerista le dio a la crisis.
La primera de las reflexiones que entrega esta gran gesta es ¿por qué no proceden los gobiernos con esa determinación para solucionar otros problemas, a veces igual de puntuales y mucho menos complejos? El caso de los mineros chilenos ha sido ejemplo de lo que a ratos suele llamarse "voluntad política", es decir, la disposición de los medios que otorga el ejercicio del poder. Piñera dio una demostración de determinación política que suele echarse de menos en los políticos tradicionales. Acostumbrados a las inercias procedimentales, a las negociaciones partidarias o las evaluaciones de imagen, los políticos suelen ser cautos y timoratos, inseguros o precavidos, cuando no derechamente inseguros o deliberadamente desatentos. En esa medida, no sorprende el origen empresarial de Piñera, acostumbrado a actuar no siempre con los códigos y formas que la clase política considera adecuados, pero sí con resultados más efectivos. Como nunca, queda en evidencia que los políticos convencionales se alejan cada vez más de la ciudadanía, no sólo por la pérdida de sintonía con los problemas ciudadanos, sino también por proceder bajo códigos y procedimientos que suelen demostrar su esterilidad para solucionar conflictos concretos y no siempre de soluciones complejas.
La consolidación del nacionalismo chileno actual
El
En torno a estos hitos se ha cultivado y fortalecido el pujante nacionalismo chileno. En la publicidad, la prensa, los discursos gubernamentales se refuerza la unidad del país, los objetivos y metas de la nación; "la forma chilena de hacer las cosas". Esta reducción de la compleja realidad chilena se ha ensayado desde hace varios años para lucir los logros del "modelo chileno", pero es ahora, bajo los códigos de la derecha empresarial en el poder, que esta estrategia de imagen alcanza sus cumbres más simplistas.
Sin entrar a cuestionar la estrategia de fondo, vale la pena preguntarse por la pretensión nacionalista chilena. Mientras en Chile surgen voces críticas por el uso de un nacionalismo simplista, en muchos países latinoamericanos se observa con envidia esta "cohesión" identitaria. La marca Chile funciona en el exterior. El guión se sustenta en los mensajes sobre una manera rigurosa de hacer las cosas, la capacidad unitaria de enfrentar los conflictos externos o desastres naturales, los consensos transversales de la clase política y empresarial. En Chile se insiste que su gente está acostumbrada a levantarse unida frente a la adversidad. El orgullo nacionalista se vincula a la capacidad de trabajo, de organización, de respeto a las instituciones. El sello nacionalista de las autoridades chilenas, como una expresión de una estrategia de posicionamiento geopolítico, del perfilamiento económico del país y de fuerza motora en la política interna, son dignos de ser observados con detenimiento y atención.
Resaltando sus omisiones, los peligros que acarrea y los grandes beneficios que otros observan y valoran a la distancia.
El autor es periodista independiente.
Un revolucionario del siglo XXI
Perfil El 'Cablegate'. Julian Assange: Fundador de WikiLeaks. Un hombre de 39 años puso a temblar al 'establishment' mundial con una idea y una red de computadoras
Karla Garduño Morán y Jésica Zermeño
(19 diciembre 2010).- Aunque Julian Assange pretende que WikiLeaks sea visto como el trabajo de un equipo y no de una persona, su figura destaca no sólo por ser la cabeza del proyecto, sino porque es casi un personaje de novela.
El fundador de WikiLeaks es una mezcla entre Mikael Blomkvist y Lisbeth Salander, los protagonistas de la saga Millennium, del sueco Stieg Larson: un periodista idealista y una hacker sociópata que unen sus conocimientos para desenmascarar al sistema.
Assange está en el centro de la atención desde que el pasado 28 de noviembre se comenzó a difundir el contenido de 250 mil cables del Departamento de Estado de Estados Unidos; revelaciones que han puesto en aprietos a la diplomacia mundial.
La revista Time prefirió nombrar personaje del año a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, y no a él, aunque fue el más votado por los cibernautas.
Hasta el 7 de diciembre vivía escondiéndose, mudando su "bunker" de un lugar a otro, y hoy enfrenta un proceso judicial acusado de abuso sexual en Suecia.
Entre sus aliados están personajes poderosos, pero también entre sus enemigos. Fidel Castro y Luiz Inacio Lula da Silva exaltan su valor por enfrentarse a Estados Unidos; pero es precisamente este país el más afectado con sus filtraciones y al que se atribuye el que se estén aprovechando sus deslices en Estocolmo para atraparlo.
El australiano de 39 años pasó 10 días en la cárcel hasta que salió bajo fianza el 16 de diciembre, aunque sigue enfrentando el proceso de extradición a Suecia. Ha declarado que nunca creyó que esto pasaría, pero la historia de su vida sugiere que tarde o temprano este momento llegaría.
Secreto y fuga
Cuando tenía 16 años y en medio del éxodo emprendido por su madre para escapar de su padrastro, Assange se valió de una Commodore 64 para crear una red secreta en la que era más conocido como Mendax, apelativo tomado de un verso de Horacio (splendide mendax, dignamente desleal).
Mendax y su grupo de la Internacional Subversiva se convirtieron en 1997 en personajes de Underground, una novela en la que Assange colabora como coautor junto a Suelette Dreyfus y en la que se aborda la escena hacker mundial.
Mendax se granjeó una reputación como hacker. La Policía Federal Australiana montó la "Operation Weather" para dar con los miembros de la Internacional Subversiva, de los cuales Assange era el más escurridizo. "Él tenía cierta motivación altruista. Actuaba con la creencia de que todos deben tener acceso a todo", le dijo Ken Day, líder de la investigación, al reportero Raffi Khatchadourian de la revista The New Yorker en una entrevista publicada el pasado 7 de junio.
En septiembre de
Mientras esperaba el juicio, el activista cayó en una profunda depresión y se fue a vivir a los parques de la ciudad. En The New Yorker, Assange cuenta que aquello le ayudó a silenciar su voz interna. "La visión de uno mismo desaparece", dijo.
La policía tardó tres años en lograr que el caso llegara a la Corte. Nortel lo acusaba por daños de más de 100 mil dólares, pero Assange alegaba que la piratería era un crimen sin víctimas.
El resto del equipo cooperó y Assange se convirtió en el único acusado, pero el juez consideró que en sus "crímenes" no había otra intención que una "especie de curiosidad inteligente y el placer de poder navegar a través de equipos diferentes", así que sólo pagó una multa.
Al mismo tiempo, Assange libraba una intensa batalla por la custodia de su hijo de dos años. El proceso sirvió para poner en práctica su activismo: él y su madre crearon un grupo de padres investigadores, grabaron las reuniones con la oficina de Salud y Servicios a la Comunidad para obtener evidencia, recurrieron a la Ley de Información y convencieron a los trabajadores sociales para que brindaran información privilegiada y poder así armar una gran base de datos que sirvió para su defensa.
Luego de tres años de audiencias y alegatos, él y su ex esposa llegaron a un acuerdo, pero el estrés ya había causado estragos. Según cuenta Claire, la madre de Assange, a partir de ese momento el cabello de Assange comenzó a perder su tono castaño.
Lo siguiente fue una etapa nómada: paseos en motocicleta y viajes que sostenía trabajando como asesor en seguridad informática, hasta que decidió estudiar Física en la Universidad de Melbourne, donde desarrolló las teorías que lo llevarían a fundar WikiLeaks.
En 2006 publicó el ensayo La conspiración como gobierno, en el que analiza los mecanismos de los regímenes totalitarios. "Para cambiar radicalmente el comportamiento del régimen debemos pensar con claridad y valentía. Tenemos que ir más allá y descubrir los cambios tecnológicos que nos darán armas que no tuvieron nuestros antepasados", afirma en el texto.
El inicio de las filtraciones
En una casa aledaña a la universidad, Assange y su equipo tejieron una red dedicada a transparentar documentos de todo tipo. Más que de hackers, se trataba de activistas que tenían como principio la difusión de la verdad.
En diciembre del 2006 publicaron su primera filtración: una "decisión secreta" del jeque Hassan Dahir Aweys, opositor al gobierno de Somalia, en el que ordenaba la contratación de sicarios para eliminar a funcionarios. Ante la imposibilidad de confirmar su autenticidad, Assange pidió a los lectores que ellos mismos lo juzgaran.
Desde entonces, en WikiLeaks se filtraron cerca de 50 expedientes sobre diversos temas, como el manual de operaciones de los soldados estadounidenses en la cárcel de Guantánamo, o el llamado Climagate, una serie de correos en los que científicos de la Universidad de East Anglia hablan de cómo se ha manipulado la información a favor de la teoría del cambio climático antropogénico.
Su intención fue acuñar un nuevo tipo de periodismo: el "periodismo científico", según explicó Assange en un texto publicado el pasado 7 de diciembre.
El golpe
Luego de meses encerrado en una casa de Islandia, el equipo de WikiLeaks presentó el 5 de abril del 2010 Collateral Murders, un video del Ejército estadounidense grabado desde un helicóptero que dispara contra civiles en Bagdad.
El Ejército no se justificó, pero este golpe le valió a WikiLeaks que recibiera unos 200 mil dólares en donaciones y consolidara su reputación.
El 18 de octubre WikiLeaks publicó unos 400 mil documentos sobre la guerra de Iraq que revelan la muerte indiscriminada de civiles y que las autoridades estadounidenses ignoraron las torturas cometidas por las fuerzas iraquíes a los prisioneros de guerra.
Aunque el sitio ya había recibido amenazas y denuncias de diversos actores afectados por sus filtraciones, la presión sobre Assange se recrudeció con esta publicación. La demanda de dos mujeres que lo acusaron en Suecia por haberse negado a usar condón durante el acto sexual, puso a las autoridades suecas sobre la pista de Assange.
Pero eso no detuvo el verdadero gran golpe: la publicación, el 28 de noviembre pasado, de 250 mil documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos; despachos diplomáticos entre Washington y embajadas y consulados de todas las latitudes. Casi 100 mil de ellos con información "confidencial".
Con ayuda de cinco diarios tradicionales (Le Monde, Die Spiegel, The Guardian, New York Times y El País) la información fue desmenuzada y difundida a nivel global.
"Trabajamos con otros medios de comunicación para que la gente lea las noticias, pero que también ponga a prueba su veracidad. El periodismo científico le permite leer una noticia y a continuación hacer click para ver el documento original en que se basa", explica el australiano en su texto en The Australian.
Casi todos los países resultaron afectados por la correspondencia diplomática.
La búsqueda de Assange se volvió un asunto de vida o muerte. La Interpol interpuso una orden de captura a nivel internacional por el delito de violación y en pocos días se encontraba en la lista de los más buscados.
En lugar de donaciones el sitio recibió bloqueos. Mastercard y Visa dejaron de aceptar las donaciones; Francia e Islandia lo expulsaron de sus servidores, lo mismo hicieron empresas como Amazon y Everydns.net.
Assange puso a funcionar sus mecanismos de defensa desde un desconocido bunker -unos decían que en La Habana y otros que en Londres-. "El archivo del Cablegate fue distribuido, junto con otros materiales importantes entre más de 100 mil personas en formato encriptado. Si algo nos pasa, las partes fundamentales serán divulgadas automáticamente", dijo en un chat a principios de diciembre.
Hackers, mandatarios, activistas y la misma ONU se han manifestado a favor del trabajo de Assange, lo que quizá le dio la fuerza para entregarse a las autoridades inglesas el 7 de diciembre.
"La primera infoguerra se está librando ahora", twitearon los operadores de WikiLeaks el mismo día de la detención de Assange.
El activista está seguro de que puede demostrar que la persecusión a su persona tiene un trasfondo político. Mientras tanto, las filtraciones no cesarán.
"Mis convicciones son inflexibles, y, si este proceso ha logrado algo es que ha aumentado mi determinación", dijo en una declaración dictada desde la cárcel a su madre, Christine Assange, y luego transmitida por televisión el 14 de diciembre.
WikiLeaks y el mundo
Los gobiernos de algunos países mencionados en los cables de WikiLeaks han reaccionado de distintas maneras ante las filtraciones.
| País | Lo que revelan los cables | Lo que dicen los gobiernos |
| ONU | Personal del Departamento de Estado de Estados Unidos espió a funcionarios de la ONU, incluyendo el secretario general, Ban Ki-moon. | "Mi gestión es transparente", dijo Ki-moon. |
| Alemania | La canciller alemana, Ángela Merkel, es una persona "poco creativa". | El partido liberal alemán destituyó a Helmut Metzner, hombre de confianza del ministro de Asuntos Exteriores, tras confirmar que entregó información a EU. |
| Cuba | Una hemorragia intestinal puso al borde de la muerte a Fidel Castro hace cuatro años. El gobierno está quebrado. | Castro escribió que Assange había puesto a EU "de rodillas" y criticó a los medios que publican información contenida en los cables para atacar a los "países más revolucionarios". |
| Francia | Nicolas Sarkozy es el presidente francés más proamericano de la historia. | El ministro de Industria, Eric Besson, pidió que se prohíba el alojamiento en Francia de páginas con contenidos de WikiLeaks. |
| Irán | El gobierno iraní busca uranio en Sudamérica. | El portavoz del Ministerio Iraní de Asuntos Exteriores calificó la filtración como una maniobra del gobierno de EU para empoderar a Israel y sus aliados. |
| Italia | El primer ministro, Silvio Berlusconi, no es un líder eficaz, pues apenas duerme y derrocha su energía en "fiestas salvajes". El embajador de Georgia en Roma sospecha que Berlusconi se había beneficiado económicamente de la construcción de gasoductos. | Berlusconi juró públicamente "sobre la cabeza de sus hijos y sus nietos" que no ha tenido ningún beneficio personal por la construcción de gasoductos. |
| México | El secretario de la Defensa Nacional propuso la instauración de un estado de sitio en zonas azotadas por el narcotráfico. El Ejército mexicano es lento y tiene aversión al riesgo. Elogios a la Marina por la detención de Arturo Beltrán Leyva, con ayuda de EU. Preocupación de Hillary Clinton por la manera en que Calderón maneja el estrés. La frontera entre México y Guatemala no está suficientemente vigilada. | Alejandro Poiré declaró que el gobierno mexicano controla todo el territorio nacional. La Cancillería calificó los contenidos de "parciales e inexactos". El presidente Calderón reveló que el presidente Obama se había comunicado con él telefónicamente para lamentar la filtración de los cables. |
Por Jésica Zermeño.
La cultura política
(19 diciembre 2010).- Téngalo presente
La transición en México. Una historia documental 1910-2010 de Sergio Aguayo. FCE/Colmex. El autor explica las causas de la distorsión democrática en México, cuyo concepto fue reducido por los partidos políticos sólo al acto de votar.
Exposiciones
Códice AQ. Abel Quezada. Revisión integral de la obra de Abel Quezada. Cartones, historietas, textos, óleos, acuarelas, cuadernos de viaje y murales. Museo de la Ciudad de México. Pino Suárez 30, Centro Histórico. Informes: 5542 0671.
José Clemente Orozco. Pintura y verdad. Recorrido por la obra del muralista mexicano. A través de 379 obras se observa la abierta crítica que el artista ejerció sobre las desviaciones ideológicas y doctrinarias. Antiguo Colegio de San Ildefonso. Justo Sierra 16, Centro Histórico. Informes: 5702 2991.
La Revolución Mexicana en el espejo de la caricatura estadounidense. La interpretación norteamericana de la lucha armada, plasmada por distintos autores que dejan ver los intereses de Estados Unidos en el conflicto. Museo de Arte Carrillo Gil. Revolución 1608, San Ángel. Hasta el 26 de diciembre, 10:00 a 18:00 horas. Informes: 5550 1254.
Latidos de México. A través de 100 fotografías el argentino Ariel Carlomagno refleja la multiculturalidad de los habitantes del territorio mexicano y la amplia biodiversidad del país. Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec. Reforma y Gandhi.
Libros
Democracia republicana. Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana de Carlos Salinas de Gortari. Debate. El autor propone la construcción de un nuevo liberalismo social basado en la participación de los ciudadanos a través de organizaciones civiles y un compromiso colectivo.
Historia crítica de las modernizaciones en México coordinado por Ignacio Marván Laborde y Clara García Ayluardo. CIDE/FCE. Colección de siete tomos. Una reflexión histórica de las experiencias de cambio y modernización en México, sustentada en un seminario con el mismo nombre realizado en 2008.
La santa muerte de José Gil Olmos. Random House Mondadori. La historia del culto a la muerte en México. Analiza lo que se ha convertido en un símbolo de identidad nacional, comercializado casi a la par que la Virgen de Guadalupe.
Latinoamérica frente al espejo de su integración 1810-2010 coordinado por Arturo Oropeza García. UNAM/SRE. Veintidós académicos de varios países reflexionan en torno a los dos siglos de integración de América Latina, y sus retos en la futura conformación geopolítica.
Lo que queda de la izquierda. Relatos de las izquierdas latinoamericanas coordinado por Jorge G. Castañeda y Marco A. Morales. Taurus. Conjunto de textos especializados que analizan el funcionamiento de los gobiernos izquierdistas en la región.
Revistas
Cuartoscuro No. 105. Selección de la muestra anual de fotoperiodismo argentino. Imágenes ganadoras del concurso Foto al Cien, convocado por la UNAM. Registro fotográfico de la celebración de 182 quinceañeras en la Ciudad de México.
Debate feminista No. 42. Publicación semestral con 20 años de vida. Dedica este número a la vejez. Maltrato y violencia son explorados desde una perspectiva de género. Ensayos, cuentos, poesía. Selección fotográfica de la obra artística de Louise Bourgeoif, fallecida este año.
Revista de la Universidad de México No. 82. Cuauhtémoc Cárdenas analiza el papel de la educación superior frente a la barbarie. Arnoldo Kraus reflexiona sobre la memoria histórica frente a genocidios y violaciones a los derechos humanos.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245 correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1781
La joya ensangrentada
Gloria Leticia Díaz y Ezequiel Flores
El último año ha sido devastador para Acapulco, joya del turismo mexicano: luego de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, tres grupos criminales buscan el control de la ciudad y dispararon la violencia a niveles inconcebibles. La vida nocturna del puerto –básica para su viabilidad económica– prácticamente ya no existe y la población está aterrorizada por los macabros descubrimientos de cada día: cabezas cercenadas y despellejadas, cuerpos descuartizados, narcomensajes, tiroteos constantes y una nueva plaga: los sicarios adolescentes.
ACAPULCO, GRO.- La violenta disputa de la plaza por parte de grupos del crimen organizado cambió el rostro de esta ciudad: su tradicional vida nocturna cedió el paso a las calles vacías; sus habitantes atraviesan episodios de psicosis colectiva y ya se ha generalizado la extorsión a negocios con el conocido pago del “derecho de piso”.
Entrevistado por Proceso el miércoles 15, el presidente municipal interino de Acapulco, José Luis Ávila, atribuye los crímenes a “rencillas entre grupos”; de las víctimas dice que “en 99% de los casos son gente desconocida” que no está vinculada al sector turístico, del que, puntualiza, “depende 75% de los ingresos estatales”.
Desde diciembre de 2009, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, tres grupos se pelean por el puerto y las zonas que lo rodean, las cuales abarcan prácticamente toda la bahía de Acapulco, alguna vez considerada la joya del Pacífico mexicano.
Uno es el de Héctor Beltrán Leyva, El H, cabeza del cártel del Pacífico Sur; otro lo forman los restos del de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie –detenido el 30 de agosto–, cuyo sucesor y suegro Carlos Montemayor, El Charro, El Compadre o El Norteño, fue capturado el 24 de noviembre; el tercero es una escisión de este último que se hace llamar “cártel Independiente de Acapulco”, integrado por operadores y sicarios guerrerenses.
Aún se recuerda el secuestro de 20 turistas michoacanos en el fraccionamiento Costa Azul, el pasado 30 de septiembre, y el posterior descubrimiento de los cadáveres de 18 de ellos en la comunidad de Tunzingo, el 3 de noviembre.
Hasta ahora no han sido castigados los presuntos responsables, entre ellos mandos policiales de este ayuntamiento presumiblemente ligados a La Barbie y El Charro y que son mencionados en videos recuperados por la Procuraduría General de la República.
Ahora en Acapulco no hay día en el que no aparezcan cadáveres con huellas de tortura. Las zonas suburbana y rural del municipio se han convertido en un tiradero de cadáveres. En dos de las siete agencias del Ministerio Público, Coloso y Renacimiento, sólo el mes pasado hubo 40 y 35 levantamientos de cuerpos, respectivamente.
Al acabar la segunda semana de diciembre ya eran más de 400 los asesinatos de este tipo en Acapulco (el año anterior se cerró con poco más de 300), revela a Proceso un funcionario de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero que pidió el anonimato. “Hay casos que no se registran. Es frecuente que después de los enfrentamientos entre los grupos delincuenciales o entre éstos y la policía o el Ejército, aquéllos recojan a sus muertos para que no sean identificados”, detalla.
Psicosis
Los autores de este reportaje recorrieron Acapulco entre el lunes 13 y el viernes 17. El miedo y la paranoia de la gente se perciben fácilmente. Pese a ello abundan los testimonios de quienes han visto o padecido algún hecho violento. La población ha sido víctima de la psicosis generalizada producida por rumores de boca en boca o difundidos en las redes sociales o por correo electrónico.
El pasado 10 de noviembre, por ejemplo, padres de familia corrieron a las escuelas –desde primarias hasta prepas– para llevarse a sus hijos por el rumor de que habría atentados contra los estudiantes.
Los servicios de emergencia recibieron decenas de llamadas por “supuestas amenazas en contra de alumnos de diferentes niveles educativos” de Acapulco, dice la tarjeta informativa 2057 enviada por el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Heriberto Salinas Altés, al gobernador Zeferino Torreblanca el mismo día en que se esparció el rumor.
Correos electrónicos firmados por el cártel del Pacífico Sur pedían a la población no salir de sus casas los días 19, 20, 26 y 27 de noviembre porque, decían, Acapulco se convertiría “en escenario de guerra”.
“Vamos a llegar con todo nuestro poder y armamento les decimos de nuevo no salgan por favor, este ves si va enserio no queremos matas y mutilar a gente inocente” (sic), alertaba el mensaje también impreso en volantes y repartido en las calles.
Hubo un antecedente: el pasado 25 de octubre, hombres armados recorrieron las calles de la unidad habitacional El Coloso para pedir a los vecinos que se refugiaran en sus casas y a los comerciantes que cerraran sus negocios, porque iba a producirse un enfrentamiento.
Y ese aviso anticipó dos horas y media de persecuciones y disparos con saldo oficial de cuatro muertos, aunque vecinos de El Coloso aseguran que hubo muchos más caídos que fueron recogidos por los delincuentes.
Nuevas técnicas del horror
El miedo no es gratuito. Lo que ha visto la sociedad acapulqueña es estremecedor.
Apenas el lunes 13, el puerto amaneció conmocionado por una escena macabra: sobre un puente que conduce a Tunzingo fueron tiradas tres cabezas humanas sin piel ni cuero cabelludo; también estaban las manos de las víctimas a las que les amarraron cartulinas con narcomensajes dirigidos, entre otros, a “la suegra de La Barbie” y firmados por “mi APA”. Los restos de dos de las víctimas estaban amarrados de los pies y colgados bajo el mismo puente; uno más quedó en el lecho del río.
Ocho días antes habían localizado los restos de dos personas en el mismo lugar, mutiladas de la misma forma y con un mensaje dirigido a Carlos Montemayor.
Un criminalista de la PGJ, quien pidió mantener su nombre en reserva, cuenta que al perito que levantó los cuerpos y las cabezas desolladas le desconcertó no encontrar en los manuales y protocolos oficiales las palabras para describir el hallazgo.
Tras recordar que las primeras decapitaciones con intención de transmitir mensajes a grupos criminales ocurrieron en Acapulco en 2005, el especialista considera que “la violencia del crimen organizado ha evolucionado de una forma muy drástica y refleja que los ejecutores tienen una personalidad psicótica y sádica”.
“Los primeros ejecutados tenían signos de tortura: lesiones punzantes, quemaduras, golpes. Después los criminales empezaron a decapitar y a quemar con llantas; siguieron con las amputaciones de penes, luego aparecieron cuerpos cortados en pedazos; más tarde sólo eran cercenados miembros superiores e inferiores; cortaban dedos, luego la lengua y ahora la modalidad es quitar la piel del rostro de la víctima.”
Recuerda que cuando Arturo Beltrán controlaba la plaza, muchos de esos cuerpos mutilados o quemados aparecían acompañados de mensajes que hacían suponer que la víctima era un asaltante, violador o secuestrador:
“Favorecieron la disminución de delitos como el robo o la violación; de 10 peritajes diarios que teníamos que hacer para la investigación de algunos de esos delitos, pasamos a uno diario e incluso cero; a partir de diciembre del año pasado, cuando fue asesinado Beltrán, regresamos a los niveles de 10 peritajes diarios por esos delitos.”
Semana ajetreada
Del lunes
La mañana del miércoles 15, la Policía Municipal recibió reportes de que hombres armados con fusiles AK-47 que viajaban en ocho camionetas irrumpieron en las colonias Emiliano Zapata y Unidos por Guerrero. El saldo: un taller mecánico incendiado, dos casas baleadas, dos autos quemados y presuntamente cinco levantados.
La noche del jueves 16, de acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se recibió una llamada anónima a las 22:15 horas en la que se denunciaba que “sujetos fuertemente armados y cubiertos del rostro” sometieron a clientes y trabajadores del Canta Bar Secrets, en el bulevar Vicente Guerrero.
El documento de la SSP destaca que los encapuchados obligaron a la gente a tirarse al piso “amenazándola y apuntándole con armas de fuego” y después se llevaron a 11 trabajadores.
La psicosis de los acapulqueños fue alimentada además por versiones de balaceras en el centro de Acapulco.
Isaac, un taxista con 22 años en el oficio, asegura que esas versiones son diseminadas por gente de su gremio implicada con la maña (así llaman a los grupos de la delincuencia organizada).
“Quieren asustar a la gente para que no salga y obligarnos a los que no estamos con ellos a ponernos a su servicio. Te ofrecen 500 pesos diarios y un teléfono celular pero les pagas mil 800 al mes por el permiso de circular. A cambio les tienes que llamar cuando veas un operativo del Ejército o la Marina. Hace tres años más o menos eran 26 los compañeros que se fueron con la maña, ahora ya son 486. Los distingues porque ya no traen placas, nomás el número del taxi.”
Rodolfo, otro trabajador del volante, añade que además el crimen organizado cobra 20 pesos diarios a los taxis y
Los comerciantes y empresarios no se salvan. José Cedano, presidente del Colegio de Licenciados en Turismo, dice a Proceso:
“Desde hace un año se dan extorsiones telefónicas para pedir cuotas mensuales; yo he recibido amenazas, pero cuelgo el teléfono y ya. Según el sapo es la pedrada: amigos me han dicho que les piden 50 mil, 35 mil o 5 mil pesos. Conozco a 10 amigos pequeños empresarios que por las extorsiones tuvieron que irse de Acapulco.”
“Leyendas urbanas”… pero de sangre
El jueves 16 este semanario constató que a partir de las ocho de la noche la gente que transitaba por la zona costera y céntrica de Acapulco caminaba con prisa, desesperada por llegar a sus domicilios. Dos horas más tarde las calles, los restaurantes y los centros de entretenimiento estaban vacíos.
“La gente tiene miedo de que los paren los encapuchados”, confía un taxista que prefiere no dar su nombre. “Todo el día se ven, pero en la noche da más miedo. Los encapuchados andan en camionetas de lujo y con las armas de fuera; si tienes la mala suerte de que te paren, te sacan del vehículo, te hincan, te apuntan con sus armas y te preguntan quién eres y a dónde vas.
“Un compa taxista tuvo la mala suerte de pasarse el alto de la Vía Rápida a la Costera; aquéllos lo alcanzaron, lo bajaron a golpes y le gritaban ‘¿Tienes mucha prisa o qué?’ El amigo está en la casa, se le subió (bajó) el azúcar.”
Es frecuente escuchar testimonios como el anterior. Hay ciudadanos que han visto no sólo interrogatorios sino que a plena luz del día los encapuchados levantan a transeúntes o automovilistas.
Hay quienes afirman que policías municipales han presenciado esos abusos y no intervienen, como asegura un prestador de servicios turísticos que no quiso identificarse.
Un fin de semana de noviembre, sobre la Costera Miguel Alemán, frente a plaza Bahía, un par de Hummer impidieron el paso de una familia de turistas, un hombre de unos 50 años, su esposa y tres adolescentes.
“El señor y uno de los chamacos le mentaron la madre a los de las Hummer porque casi los atropellan cuando iban a atravesar la calle. De una de las camionetas se bajaron tres armados, dos encañonaron a la señora y a los muchachos, y otro golpeó con la cacha de la pistola al señor; lo hincó y le puso la pistola en la cabeza y le gritaba ‘¿Te quieres morir? ¿No que muy cabrón?’ Otros turistas que andaban por ahí le gritaban y hacían señas a una patrulla que estaba estacionada afuera de plaza Bahía, pero los policías hicieron como que no veían nada y se fueron.”
Para saber cómo actúan los policías basta describir los hechos posteriores a un enfrentamiento entre criminales el pasado 16 de octubre, reconstruidos por varios testigos.
Tras el combate, poco antes de las cuatro de la tarde en el libramiento Paso Texca, quedaron cuatro cadáveres, dos en una camioneta y los otros tirados en el asfalto. Uno de ellos estaba encapuchado y tenía un fusil AR-15. Llegaron dos policías federales, cuatro estatales y 18 municipales. También acudieron periodistas y algunos curiosos.
Simultáneamente arribaron tres Hummer a las que les abría paso un taxi del que bajó un hombre de unos 30 años, robusto y armado. Sin voltear a ver a nadie le quitó la capucha al cadáver, le tomó una foto con el celular y se llevó el arma.
“Cuando agarró el arma la metió al taxi y en eso los policías federales reaccionaron y le gritaron que no se la llevara; se la quitaron; el tipo sacó un pistolón, encañonó al policía y de una de las Hummer se bajó otro chavo que traía un cuerno de chivo.
“Los que andábamos por ahí y los municipales corrimos, nomás se quedaron los cuatro estatales y el federal; todos sacaron sus armas. De repente el primer sicario empezó a hablar en clave con los federales, les decía a gritos quiénes eran sus jefes. Los dejaron ir.”
A algunos como Viridiana, una joven veinteañera, y a Jesús, un automovilista, que se han topado con caravanas de sicarios lo que les ha sorprendido es la edad de algunos de ellos.
El 10 de diciembre, Viridiana y su mamá circulaban por una calle del puerto y a plena luz del día vieron cómo jóvenes menores de edad con cuernos de chivo tenían hincados a otros dos adolescentes a los que les apuntaban. La mamá de la muchacha aceleró y por el retrovisor vieron cómo los adolescentes eran levantados.
Jesús circulaba la noche de un viernes y se encontró con una caravana de ocho camionetas de lujo por cuyas ventanillas asomaban los cañones de los fusiles. Uno de los vehículos se le emparejó.
“Bajaron el vidrio y que veo a un chavo de unos 18 años que me saludó con la mirada. Al otro día me acordé que fue mi compañero en una clínica de Alcohólicos Anónimos; ya entonces me decían que era sicario y yo no lo creía, pensaba que era un chamaco pendejo. Salió de la clínica el chavo y no lo volví a ver hasta esa noche.”
Personal de la PGJ reconoce que a partir de octubre de este año la mayoría de los cadáveres tirados en las calles después de los enfrentamientos son de jóvenes de entre 14 y 18 años.
“Hay indicios de que en Acapulco está operando un grupo de entre siete y ocho menores de edad a los que se identifica como sicarios. No sabemos si son ellos los responsables de las últimas decapitaciones que tanto han impactado, pero por lo menos coincide su aparición con esas situaciones.”
El funcionario de la PGJ lamenta no poder ubicar a qué cártel sirven esos jóvenes: “Desgraciadamente en la procuraduría no podemos hacer mucho, porque si te esfuerzas por investigar un caso, cuando se lo presentas a los jefes, éstos van y lo archivan”.
El alcalde Ávila niega saber de caravanas de gente armada que patrulla las calles de Acapulco, que agreden a la población y mucho menos dice tener quejas de que policías municipales no atiendan a la población agredida. “Sin desmentir a nadie, eso son leyendas urbanas”.
Tras sostener que los niveles de ocupación hotelera los fines de semana están a 70% u 80%, asegura que el puerto se mantiene vigente como centro turístico y que lo único que puede dañar su imagen son “las notas periodísticas”.
José Cedano, director también de la Asociación de Promotores de Clubes Vacacionales del Estado de Guerrero (Asproclub), difiere: “Los niveles de ocupación altos se dan sólo cuando se organizan eventos culturales o turísticos, como los festivales de la Nao o de Cine Francés; pero cuando no ocurre eso el promedio es de 40%”.
Tristeza, rabia, impotencia...
Marcela Turati
Solidarias, enardecidas, muchas activistas sociales acudieron en la capital de Chihuahua al funeral de la madre que durante dos años señaló al asesino de su hija, la adolescente Rubí Marisol, sin que nadie escuchara su clamor de justicia. La tardía destitución de tres jueces negligentes que habían puesto en libertad al homicida no calma la indignación generalizada, toda vez que ahora Marisela Escobedo, la madre asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, se convirtió en una víctima más de la indolencia y el cinismo...
CHIHUAHUA, CHIH.- Las coronas de flores llegaron al Palacio de Gobierno del estado el viernes 17 y fueron colocadas en la fachada. Una veladora encendida en la banqueta, frente a la puerta donde entra el gobernador, daba cuenta del asesinato ocurrido ahí en la víspera. Decenas de ciudadanos indignados lloraban su rabia y su tristeza. Un grupo de mujeres vestidas de negro hacían guardia de honor en la plaza ubicada frente al palacio; justo en la Cruz de Clavos donde se suma y se llora cada nuevo feminicidio.
Esta vez no agregaron a la lista a una de sus hijas desaparecida sin rastro, o una cuyos restos fueron encontrados en un terreno baldío después de haber sido violada y mutilada. Ésta llevaba el nombre de Marisela Escobedo Ortiz, una mamá valiente que se dedicó dos años a exigir castigo al asesino de la más pequeña de sus hijos, Rubí Marisol, de 16 años, y cuya última decisión fue plantarse en las narices del gobierno hasta que detuvieran al homicida que ella ya tenía ubicado.
“No me voy de aquí hasta que no detengan al asesino”, advirtió Marisela cuando tendió su campamento en la Plaza Hidalgo de Chihuahua, frente al despacho de gobierno y la Procuraduría Estatal de Justicia, y que tapizó el parque con las fotos del homicida: Sergio Rafael Barraza, y con mantas que cuestionaban por qué la justicia nada más sirve a los poderosos (¿por qué encontraron en cuatro meses al asesino del gobernador y en 15 días a los del hermano de la exprocuradora?, se preguntaba).
Marisela también colgó tendederos con mensajes de amor hacia la joya preciosa que le arrebataron, como el que incluye fragmentos de su biografía: Era una bebé hermosa y saludable, juguetona y alegre, tierna y dulce como una muñequita con su vestidito de terciopelo azul (…) bella y radiante como capullito en flor (…) a los 14 años con sus ilusiones y sueños de adolescente conoció un hombre y le entregó su corazón de niña (…) Rubí Marisol procreó una bebé con él, tenía sólo 15 años y el amor por su hijita era algo que todos podían ver (…) la vida que vivió con ese hombre acabó el amor que ella le tenía, quiso dejarlo, alejarse, ¡salvarse! Por unos días se escapó de él. ¡Lo intentó!
El jueves 16 llegó al campamento donde estaba Marisela un sicario y la persiguió hasta las puertas del palacio, donde le disparó a quemarropa. La difunta fue velada simbólicamente el viernes 17. “No se puede descartar ninguna línea de investigación, incluida la de un crimen de Estado, pues Marisela no iba a parar”, decía la circular firmada por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Justicia para Nuestras Hijas, las organizaciones que coadyuvaban en el caso de Rubí. La gente congregada coreaba a gritos “¡Ni una más, ni una más!”.
Repudiaban así la muerte de la señora Escobedo, el equivalente a la famosa señora Wallace, sólo que esta madre justiciera norteña no tenía dinero ni el respaldo de autoridad alguna.
De enfermera a detective
Marisela Escobedo era un alma serena, una enfermera jubilada y alegre que disfrutaba la compañía de sus cinco hijos y de sus nietos, hasta que se percató de que Rubí Marisol, su hija quinceañera, que se había obstinado en casarse con su novio y se estrenaba como mamá, tenía problemas en su matrimonio.
“El hombre la tenía controlada, escondida, no quería que me le acercara, le decía que yo le metía ideas de que ella estudiara. Cuando yo la buscaba, él comenzaba a contradecirse, hasta que un día me dijo que ella lo dejó. Yo sospechaba que algo estaba mal y puse el reporte a la Unidad de Personas Extraviadas”, narró a Proceso en junio pasado la propia señora Escobedo.
Ese mes la señora expuso su caso al enviado de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori: “Me tuve que ir a vivir al Departamento de Personas Ausentes para que la procuraduría me hiciera caso. Hice la investigación, recabé datos. Contra lo que siempre ocurre, logré comprobar quién es el asesino, pero los jueces lo dejaron en libertad y nos devastaron, nos aniquilaron. Ahora vivimos con miedo”.
El diplomático italiano se conmovió con su testimonio.
De ama de casa, Marisela se convirtió en investigadora. Rastreó los escondrijos del asesino: la primera vez que lo encontró lo llevó a juicio, logró que confesara su crimen y dónde dejó los restos de Rubí, pero eso no le valió para que los tres jueces del nuevo Sistema de Justicia Penal lo consideraran culpable. Lo absolvieron por “falta de pruebas”. La segunda vez que la señora lo ubicó, en Fresnillo, Zacatecas, la policía local lo dejó escapar y la procuraduría de Chihuahua tampoco mandó a tiempo la orden de aprehensión; la tercera, hace unas semanas, ya nadie –ni siquiera el nuevo gobernador, César Duarte– la quiso escuchar.
“Mi madre siempre buscó por lo legal, por lo bueno, porque mucha gente nos ofreció sus servicios para hacernos ‘trabajitos’ contra el hombre que mató a mi hermana, pero mi mamá siempre tenía confianza en que la justicia lo iba a resolver”, relató, dolido, Juan Frayre Escobedo, el hijo mayor de Marisela, mientras esperaba con sus tres hermanos y sus tíos el cadáver de su mamá para enterrarla en Juárez.
Enseguida de él desayunaba su sobrina de dos años, la hija de Rubí, la chiquita a la que Marisela trató como si fuera su sexta hija, quien era su compañera inseparable, que estuvo presente en la plaza al momento de su asesinato. La niña se ve tranquila.
“Mi mamá no pudo guardarle luto a mi hermana, siempre andaba de arriba pa’bajo, de un lugar a otro. En junio, en la caminata que hicimos, llegamos a Fresnillo, Zacatecas, y nos enteramos de que ahí andaba el asesino, pero cuando convencimos a los policías de que lo capturaran, diciéndoles que la recompensa era de 250 mil pesos, ya cuando llegaron lo vimos correr por la azotea. Y todavía la procuradora (Patricia González) dijo que mi mamá lo había inventado.
“Y una tercera vez lo volvimos a ubicar, la semana pasada mi mamá ingresó a un evento del gobernador (Duarte) y se presentó. Expuso en público por qué estaba ahí, y él se molestó, le dijo que no traía datos consistentes. Ella decidió entonces quedarse a dormir afuera del palacio el tiempo que fuera necesario hasta que la tomaran en cuenta”, comenta el hijo, y comienza a llorar al ver en la televisión las imágenes que los noticiarios muestran sobre su madre.
Entre las imágenes que repitieron los noticiarios están las que captó la cámara de seguridad en las que se ve cuando el asesino se baja de un auto blanco compacto y se dirige a ella y la encañona, pero se le encasquilla la pistola. Ella trata de defenderse, cruza la calle y corre a las puertas del palacio de gobierno, él la persigue y le dispara en la cabeza. Ella muere a las puertas de la casa de gobierno; a unos metros de la procuraduría. Nadie interviene.
En el lugar queda el tendido de mantas de amor hacia su hija y en las que exigía la destitución del trío de jueces que exoneraron al asesino.
El hijo de Marisela, acompañado por sus hermanos, cada tanto hace pausas en la entrevista. Sobre todo cuando en los noticiarios aparece el gobernador Duarte, quien anuncia que –ahora sí– pedirá la destitución de los jueces corruptos y –ahora sí– atrapará al asesino.
La destitución se concreta el viernes 17, y aunque “el gobernador dice que habrá un proceso de desafuero para los jueces que propiciaron la impunidad, faltan los otros culpables: los ministeriales que no llevaron a cabo las pesquisas; la unidad para personas desaparecidas también falló, y también la comisión interinstitucional que se creó para ver su caso”, señala Lucha Castro, directora del Cedhem y abogada coadyuvante en el caso de la adolescente.
Añade: “Se debe sancionar a los ministerios públicos y a los policías que no hicieron las indagatorias o que no llevaron a cabo las órdenes de aprehensión, o a los que no habían mandado los oficios a Fresnillo para que allá lo atraparan (al asesino de Rubí Marisol); además de la responsabilidad del gobierno actual, que conocía el caso y no hizo nada”.
La familia de Rubí Marisol considera que el sicario que mató a Marisela no fue enviado por Sergio Barraza, el asesino confeso de Rubí, sino que viene de altas esferas.
“Ese tipo qué se iba a arrimar acá, si lo que quería era esconderse. Mi mamá ya estaba presionando mucho al gobierno, evidenciando que no hacen nada, evidenciando que las tres veces que ubicamos su paradero no quieren detenerlo. Por eso le hicieron esto: sabían que ella no se iba a ir de ahí y que sólo iba a dejar de buscar si la mataban”, expresa Juan, el hijo mayor de Marisela.
La lucha contra la impunidad
La gente congregada el viernes 17 en la plaza de armas de Chihuahua para la ceremonia fúnebre tenía algún recuerdo de Marisela: para unos era la mujer que todos los días marchaba de la Subprocuraduría de Justicia a la Ciudad Judicial, empujando la carriola de su nieta, en una protesta silenciosa en busca de justicia; la que recorrió el país a pie, y que en su viaje de Ciudad Juárez al Distrito Federal iba entregando pósters del yerno homicida, dando conferencias de prensa sobre el caso y preguntando en cada delegación de la PGR y de las procuradurías si hasta ahí había llegado alguna notificación de captura al homicida; la que exigía al Ministerio Público que le pagaran los gastos por hacer el trabajo que correspondía a ellos; la que acampó con otras mamás en el Hemiciclo a Juárez, de la Ciudad de México, y pidió audiencia con el presidente Felipe Calderón y con el procurador Arturo Chávez Chávez, quienes nunca la recibieron; la que aguó la despedida del gobernador Reyes Baeza y cuya presencia disgustaba a su sucesor, César Duarte.
Entre los discursos del viernes 17 sorprendió el de un muchacho que se presentó como Eduardo Frayre, hijo de Marisela. Él dijo: “Quiero decir al señor Duarte que se dice gobernador que no sirven para nada, que aquí no hay gobierno; sólo veo muros y piedras… Ahí está la sangre de mi mamá, la acabo de tocar. Y mi mamá, gracias a Dios, ya está bien: con mi hermana. ¡Quiero que recuerden este 16 de diciembre como el día de la señora que luchó por la justicia; será recordado (también) como el día del gobierno inepto!”.
Entre los aplausos se escucharon gritos pidiendo que el gobernador saliera de sus oficinas. “¡Que dé la cara Duarte, que salga!”.
Muchos de los presentes lloraron, en especial unas mujeres vestidas de luto que minutos después hicieron guardia de honor alrededor de la Cruz de los Clavos y que agregaron el nombre de Marisela junto al de Rubí y al de centenas de nombres de mujeres asesinadas.
Vestidas de oscuro, las mujeres se decían familiares de la difunta. Su parentesco no era biológico, las hermanaba la tragedia; ellas son otras madres que buscan a sus hijas, unas asesinadas, otras desaparecidas; todas en la sala de espera de la justicia que nunca llega.
“Los asesinos de todas nuestras hijas siguen libres. Como nos matan y no pasa nada, siguen asesinando sin temor. Y estoy segura que no los agarran porque gozan de la protección de la autoridad”, dijo entre llantos Norma Ledezma, mamá de Paloma Escobar, la joven de 16 años asesinada hace ocho años en esta ciudad y fundadora de la organización Justicia para Nuestras Hijas.
Sus acompañantes se dijeron igual de devastadas. La mamá de Julieta Marleng, otra joven de 16 años desaparecida en 2001, lloraba cuando decía que a Marisela la mataron sólo por exigir lo menos que puede pedir una madre: justicia.
“¿Con esto qué nos esperamos las demás madres que estamos pidiendo justicia? Ya su hija va para 10 años que desapareció y no han hecho nada, no hay respuesta. De perdida las demás compañeras ya encontraron a sus hijas, aunque sean sus huesitos, ¿verdá? Pero yo todavía pienso todos los días: ‘M’ija, ¿dónde estás?, ¿te mataron?, ¿qué te hicieron?, ¿te golpearon mucho?...”. No pudo continuar la frase sin llorar de angustia.
“A Marisela la mataron por el amor a su hija, por exigir que se esclarezca su crimen y no se vale. ¡Ahora tendremos que cuidarnos de un golpe o un balazo porque nos quieren quitar del camino!”, señala a su lado la mamá de Neyra Azucena Cervantes, otra adolescente de 19 años asesinada en 2003.
“Marisela es de nuestra familia, de esta familia que no es de sangre, es de lucha y de dolor, esta familia de padres que han perdido a sus hijas”, comenta otra.
“Esto no nos va a silenciar, nos da motor. Si vienen por más mamás y nos quieren acabar, aquí estamos, No traemos escoltas ni seguridad, sólo venimos con el deseo, la necesidad de buscar justicia para nuestras hijas”, agrega Ledezma.
Con la vista clavada en la casa de gobierno, como hablando sola, la señora Lourdes Hernández, mamá de Pamela Leticia Portillo, de 23 años, desaparecida en julio pasado, expresa con rabia: “¡Están equivocados si creen que nos van a detener por miedo; aquí vamos a seguir! Yo pregunto: ¿Cuál mamá sigue? ¿Por qué nos hacen esto y enfrente del Palacio de Gobierno? ¡No puede ser! ¿Es una burla para los del gobierno o ellos se burlan de nosotros? Les agradecemos este ‘regalito’ de Navidad que nos dieron”. l
Médicos bajo el terror
Patricia Dávila
En la urbe más violenta del mundo, Ciudad Juárez, se cometieron más de 3 mil asesinatos relacionados con la delincuencia organizada en el año que termina. El colmo es que con cientos de heridos, esta ciudad enferma se está quedando sin médicos, ya que los sicarios los secuestran, extorsionan y asesinan, aprovechando su exposición al público. Al igual que la gente pobre de Salvárcar, estos profesionistas siguen esperando las soluciones que el presidente Calderón les prometió desde febrero.
El pasado 31 de julio, el médico pediatra Alfonso Rocha salía de su consultorio cuando un grupo de hombres armados lo subió a golpes y empujones en un vehículo y lo trasladó a una casa de seguridad. De inmediato los plagiarios se comunicaron por teléfono con la familia y, después de cinco días, acordaron la entrega de un rescate de 70 mil dólares. El dinero fue entregado, pero el médico no recobró su libertad.
Al día siguiente de que pagó, la familia recibió otra llamada telefónica. Alfonso Rocha informó que fue “vendido” a otro grupo de secuestradores, quienes exigen otro monto por su rescate. En esta ocasión la familia permitió que interviniera un negociador adscrito a la Procuraduría General de la República (PGR). Tras un par de días se hizo un pacto y la familia entregó el dinero, pero el pediatra no volvió a casa. Los criminales no volvieron a comunicarse.
Catorce días después se encontró el cuerpo de Rocha, hinchado y “con alto grado de edematización”, según el personal del Servicio Médico Forense (Semefo). Incluso sus familiares tuvieron dificultades para reconocerlo.
Otro caso es el del doctor Alberto Betancourt. El pasado jueves 2, como a las 22:30 horas, salió de la clínica del Seguro Social y se dirigió al estacionamiento. No pudo abordar su vehículo: fue interceptado por un comando. Le dijeron que se trataba de un secuestro y lo subieron a un coche. Desde su teléfono celular, los secuestradores se comunicaron con la familia del doctor para notificar el rapto y pedir el rescate de 2 millones de pesos.
Para tratar con los plagiarios, la esposa contrató a un negociador de la PGR que ella eligió, al parecer porque es amigo de la familia. La negociación iba bajando, iba ya como en medio millón.
Algo falló. Poco antes de las 48 horas del secuestro fue localizado el cuerpo de Betancourt. Tenía dos disparos y evidencia de que estaba hincado cuando lo ejecutaron. De acuerdo con personas cercanas a la familia, quienes piden omitir sus nombres, el negociador no formalizó ante la PGR su intervención y, por lo tanto, nunca consultó a la dependencia. Incluso está bajo investigación porque no siguió el protocolo.
La zozobra de los médicos juarenses comenzó en marzo de 2008, igual que el Operativo Conjunto Chihuahua, dentro del cual el presidente Felipe Calderón enmarcó su guerra contra los cárteles en esta ciudad. Para diciembre de ese año, el gremio ya registraba ocho plagios, por lo que llevó a cabo una marcha de protesta y llamó a sus integrantes a constituir el Comité Médico Ciudadano (CMC).
De marzo de 2008 al pasado viernes 17 se tenía registro de 24 médicos secuestrados, entre ellos los dos asesinados por sus raptores. Otro más, Guillermo Ortiz Collazo, murió el 16 de julio porque auxiliaba a un herido cuando estalló el coche-bomba. Asimismo, 30% de los médicos que trabajan en el sector privado de Juárez es víctima de la modalidad de extorsión llamada “derecho de piso”; 80 de estos profesionistas abandonaron sus consultorios particulares y algunos de los 22 se han ido a vivir a El Paso, Texas.
La inseguridad provocó que los médicos organizaran un paro de labores el lunes 13. El servicio privado se paralizó en 100% y el público en 95%. Se adhirió a la protesta el personal de las tres clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el del Hospital General, por lo que se tuvo que enviar gente de la ciudad de Chihuahua. En los hospitales de la ciudad sólo se dieron servicios de urgencia y se realizaron cirugías de emergencia.
El martes
Labor sin garantías
Por tercer año consecutivo, Ciudad Juárez encabeza la lista de las urbes más violentas del mundo. Este año se cometieron aquí 3 mil asesinatos relacionados con la delincuencia organizada. En gran medida esa ola delictiva comenzó en 2008, cuando el cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín El Chapo Guzmán, entró a disputarle la plaza al cártel de Juárez, dirigido por Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy.
Tal grado de violencia hace eficaces las amenazas de los criminales, que descubrieron cómo utilizar el terror al exigir el “pago por derecho de piso” a las clínicas particulares.
–¿Qué tan grave es el problema de las extorsiones? –se le pregunta vía telefónica al doctor Miguel García, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales de Juárez.
–Calculamos que alrededor de 30% de los mil 100 médicos generales y 640 especialistas del sector privado están pagando “derecho de piso”.
Describe cómo cometen la extorsión:
“El primer contacto, para intimidar, son hombres que llegan en comandos de tres o cuatro a fin de imponer su presencia. Están armados. Entregan un número de teléfono celular y dan la orden de que el propietario de la clínica se comunique de inmediato con ellos.
“Si no realizan la llamada, como primera advertencia rafaguean el negocio para intimidar. No ha habido heridos ni muertos (en esta fase); su único objetivo es aterrorizar para lograr el pago. En estas circunstancias tenemos cuatro clínicas registradas; los dueños de otras no han querido hacerlo público porque tienen miedo.”
A decir de víctimas de este delito, el pago se realiza en las propias instalaciones o a veces en otro lugar, como una tienda. Generalmente reciben el dinero mujeres o menores de edad, distintos en cada ocasión. A una clínica pequeña los delincuentes le exigen entre 2 mil 500 y 3 mil pesos por semana.
Afirman que los extorsionadores trabajan en equipos. Cuando la policía captura a un menor de edad cobrando la extorsión, éste argumenta que una señora le pidió recoger un sobre, mientras que el otro dice que lo contrataron como chofer. Así los dos salen libres.
También relatan casos de ginecólogos que coinciden en algunos detalles: reciben a una pareja, examinan a la mujer y sólo después de la consulta el supuesto esposo amaga al médico mientras le dice que se trata de un secuestro. En tanto, la mujer anima a su compinche para que golpee a la víctima.
–¿Hay quienes han abandonado la profesión? –se retoma la entrevista con el doctor García.
–Hay barrios, sobre todo de la periferia, como la carretera a Casas Grandes, Boulevard Zaragoza, zona de Zaragoza, colonia Hidalgo y la zona Centro, en donde los consultorios parecen una especie en extinción. Cerraron 80 especialistas en pediatría, ginecología, internistas y cirujanos, que decidieron establecerse en los grandes hospitales como medida de protección. Además, hay 22 médicos privados que abandonaron la ciudad, se llevaron a la familia, pero dejaron casas, dejaron todo… Algunos fueron extorsionados, otros rafagueados y otros secuestrados.
Pone énfasis en este delito: “De los 24 secuestrados sólo una es mujer; el resto, hombres. De esta clínica fue secuestrado un ginecólogo, por su rescate se pagaron 25 mil dólares. Aunque el monto que piden por su liberación empieza con cantidades estratosféricas, de 2.5 millones de pesos, se tiene que negociar”.
Detalla el secuestro de un colega, cuyo nombre se omite: “Se lo llevaron del estacionamiento de la clínica. Eran las 8:50 de la mañana, tenía su coche encendido. En eso se le empareja un auto con cuatro encapuchados que tienen armas largas. Lo bajan de su vehículo y lo suben al de ellos”.
Antes de hacer contacto con la familia, los delincuentes lo golpearon y humillaron para “ablandarlo”. El objetivo, dice García, es que decaiga su estado de ánimo y se lo transmita a los familiares. Después de 50 minutos lo obligaron a que hablara por su celular y les informara que el grupo pedía 200 mil dólares por liberarlo.
Lo ocultaron en el segundo piso de una casa de seguridad en la que escuchaba a una mujer y unos niños. Afortunadamente, la familia negoció su liberación el mismo día por 25 mil dólares. Lo soltaron a las 19:30 horas. Los plagiarios le dieron 200 pesos para un taxi.
–¿En este caso entró algún negociador oficial?
–No. Siempre se respeta la decisión de la familia. Cuando hay un mediador se tarda más la negociación, porque se piden pruebas de vida. El problema es que no se sabe a quién llamar, porque hay un grupo de negociadores de la Policía Federal y otro de la Policía Estatal, y muchas veces la familia duda de la confiabilidad de ambas corporaciones.
Diagnóstico reservado
Actualmente están destacados en Ciudad Juárez 5 mil policías de corporaciones federales, 2 mil 200 militares, 800 agentes municipales y 100 del estado, pero la violencia está imparable. Leticia Chavarría, integrante del Comité Médico Ciudadano, coincide con el doctor Miguel García:
“Los atentados en contra de integrantes del gremio son continuos, a pesar de que desde 2008 empezamos a poner medidas de seguridad en los consultorios. De manera gradual, algunos han puesto botones de pánico, rejas en la entrada, se quitaron los letreros de anuncios, el nombre del médico, los horarios de consulta, números de teléfonos... todos los datos que antes era normal exhibir fuera de cualquier consultorio o clínica. Hoy, tener estos datos a la luz pública es sumamente riesgoso.”
Añade que ya no se atiende a cualquier persona, sólo se da consulta con cita, y ésta sólo puede ser telefónica si puede corroborarse de dónde proviene la llamada. Cuando un paciente llama al consultorio o la clínica, no se abre la puerta hasta comprobar que es la persona que tiene la cita. Cuando entra, se cierra con candado.
Por culpa de esta situación las clínicas del IMSS tienen un déficit de 250 médicos tan sólo en el área de especialidades, ya que nadie acepta una plaza en esta ciudad.
“Desempeñar la profesión médica en Juárez se ha convertido en una práctica riesgosa –expone Chavarría–. En noviembre de 2009, un comando entró a la Clínica 35 del IMSS a rematar a un paciente que había sido llevado en ambulancia. Tenemos dos años pidiendo que se cuente con seguridad las 24 horas del día en los hospitales, para garantizar no sólo nuestra integridad física, sino la de pacientes y sus familiares. Pero no se nos ha escuchado”, lamenta.
Desde febrero de este año, cuando se inició la estrategia Todos Somos Juárez a raíz del asesinato de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, el presidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se comprometieron a atender las peticiones del gremio, pero ya está terminando el año y no les han dado respuesta.
No se trata de peticiones exageradas: “Si no nos proporcionan las garantías para trabajar, entonces solicitamos que abran un hospital militar que atienda exclusivamente a los heridos en los enfrentamientos. También pedimos que detengan los secuestros y que se esclarezca el asesinato del doctor Betancourt y el de Rocha”, dice la integrante del CMC.
Entre tanto, el comité puso en su sitio de internet una guía dirigida a todo el personal médico para prevenir secuestros, otra sobre qué hacer en caso de ser raptado y números telefónicos para denunciar este delito.
Un médico que corrió con suerte y fue liberado después de cuatro días, narra que una mujer le habló por teléfono para pedirle que examinara a su hijo, cuyo llanto se alcanzaba a oír. El doctor no pensaba dar consulta al día siguiente, pero la señora le dijo que el niño estaba muy mal.
“Me convenció –recuerda el entrevistado–. La esperé en mi consultorio, pero en lugar de llegar ella, al abrir me encontré con un hombre. Me dijo que era el esposo de la señora y lo dejé pasar. En cuanto abrí me aventó y entraron otros cinco hombres empistolados.
“Les pregunté de qué se trataba. En respuesta, me pegaron con una pistola. A la fuerza me subieron a la parte trasera de uno de sus dos vehículos. Me sujetaron las manos y me vendaron los ojos. Hasta ese momento entendí que se trataba de un secuestro. A partir de ahí, me golpearon para que les diera el número telefónico de mi casa y los datos personales de mi esposa.”
Cuando los secuestradores se comunicaron a la casa, la persona que contestó no les creyó y colgó; enojados, sus raptores lo golpearon. Después volvieron a llamar, pero esta vez pusieron a su víctima en la línea para que confirmara que lo tenían cautivo.
Durante los cuatro días de las negociaciones él permaneció amarrado a una silla o en el piso. Diariamente era golpeado dos o tres veces. Le vendaban los ojos y le ponían una cuerda al cuello mientras otro le pegaba, sobre todo cuando después de una llamada no se llegaba a un acuerdo sobre el monto del rescate.
“El primer día me sentí desorientado, desalentado, piensas tantas cosas… Al siguiente me pasaban ideas por la cabeza: veía por donde podía escaparme –confía el médico–. Al tercero, llegaba a la conclusión de que me matarían, pensaba que mi vida corría peligro, igual la vida de mi familia. Creía que podían quitarles el dinero y luego matarnos a todos. No comes. Nunca duermes.”
–¿Dormía en una cama?
–Donde me lo permitían en ese momento. Dormía sentado en la silla, en el piso de una casa habitación donde escuchaba la voz de la mujer que me llamó. Había niños. Uno lloraba, era un bebé.
–¿Su familia cómo estaba mientras negociaban?
–Estresados. Llegó el momento en que no resistían más. Llegaron a pensar que me iban a matar. Sabían que a la víctima los secuestradores le hacen lo que quieren.
Dice que ahora vive con temor y teme que les esté impidiendo vivir libremente a sus hijos: “Dejé el cautiverio, pero sigo secuestrado”.
Sombras sobre Leonel Godoy...
Jorge Carrasco Araizaga y Francisco Castellanos J.
Las pruebas contra Julio César Godoy Toscano se acumulan, de acuerdo con el pliego de consignación de la PGR, a una copia del cual tuvo acceso esta revista: grabaciones, investigaciones policiales y numerosos testimonios dejan al descubierto las aparentes actividades ilícitas del exlegislador perredista ahora prófugo. Lo grave es que entre ese cúmulo de datos que ha reunido la PGR surge el nombre del gobernador de Michoacán y medio hermano del indiciado, Leonel Godoy Rangel.
Las acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) contra el diputado desaforado Julio César Godoy Toscano ya alcanzaron a su medio hermano, el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.
Aunque la PGR afirma que no hay ninguna acción legal contra el mandatario perredista, desde junio del año pasado le hizo saber a los tribunales que, antes de ser legislador, como supuesto integrante de La Familia Michoacana Godoy Toscano se valió de su parentesco para facilitar las actividades delictivas de “su compadre” Servando Gómez Martínez, La Tuta, uno de los jefes del cártel.
El pliego de consignación entregado por la PGR a los tribunales el 17 de junio de 2009 fue elaborado a partir de declaraciones del hijo de La Tuta, testigos protegidos, investigaciones policiales, nóminas y grabaciones, entre otros materiales asegurados a La Familia.
La alusión de la PGR a Leonel Godoy, quien tras el desafuero se deslindó públicamente de su medio hermano, señala:
“De constancias que integran la indagatoria se advierte que el comportamiento desplegado por Julio César Godoy Toscano se traduce en pertenecer a la organización delictiva conocida como La Familia o La Familia Michoacana, grupo delictivo que realiza actividades de narcotráfico, siendo que el indiciado tiene relación con los líderes de esa empresa criminal, al grado tal que tiene relación de compadrazgo con Servando Gómez Martínez, La Tuta, y es la persona que por tener relación de parentesco con el gobernador de Michoacán, utilizando tal vínculo se encarga de resolver todos los problemas que el citado líder tenga en cuanto a su actividad delictiva.”
Aparte de ese señalamiento, no hay otra referencia directa del Ministerio Público federal contra el gobernador; sin embargo, en la averiguación previa contra el exdiputado –PGR/SIEDO/UEIDCS/206/2009– se incluyó la declaración de un testigo protegido –Emilio–, quien el 24 de marzo de 2009 dijo a la PGR que La Familia apoyó la candidatura de Leonel Godoy:
“Respecto de Leonel Godoy Rangel, quien es actualmente el gobernador (…) quiero manifestar que cuando se iban a realizar las elecciones (…) hubo órdenes expresas de Jesús Méndez, El Chango Méndez, de que todos los miembros de La Familia Michoacana teníamos que votar por Leonel Godoy (…) y que al que no lo hiciera le dieran tablazos, motivo por el cual todos los miembros de La Familia Michoacana votaron por ese candidato.
“También escuché en juntas de altos mandos de La Familia Michoacana –como Dionisio Loya Plancarte, El Tío; Nazario Moreno González, El Chayo, El Dulce o El Doctor; Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez y La Tuta o El Profe– que se había apoyado económicamente por parte de La Familia Michoacana la campaña de Leonel Godoy, sin que me conste la entrega de dinero.”
La PGR consignó a Godoy Toscano junto a otros 15 indiciados por delincuencia organizada y delitos contra la salud. La entrega de la averiguación previa a la justicia ocurrió tres semanas antes de que, prófugo, Godoy Toscano fuera electo diputado federal por el distrito de Lázaro Cárdenas, donde fue presidente municipal interino en 2004 y director de enlace municipal en la época en que la PGR lo vincula con La Familia.
Informador de “La Familia”
De acuerdo con la PGR, “quedó legalmente comprobado” que Godoy y los coacusados “dolosamente decidieron incorporarse a la organización delictiva denominada La Familia o La Familia Michoacana para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tenían como fin o resultado cometer delitos contra la salud, concretamente el tráfico de narcóticos, entre ellos mariguana, cocaína y ice o hielo; siendo ésta la principal actividad desarrollada por el mencionado grupo”.
Junto con Godoy fueron indiciados Efraín Farías Loaiza, Rafael Puga Moreno, Jaime Ramón Silva Bedolla, Salvador Flores Gutiérrez, Jaime Alvarado Orozco, Mariano Ortega Sánchez, Gustavo Torres Camacho, José Manuel Luna Ávalos, Mario Manuel Romero Tinoco, Israel Tentory García, Ignacio Berber García, Arturo o César Alejandro Ortiz Platas, Marcelo Rodríguez Miranda, Saúl Solís Solís y Lorenzo Rosales Mendoza.
En la mayoría de los casos se trata de funcionarios federales, estatales y municipales que están prófugos. Sólo Lorenzo Rosales está preso. Era agente del Ministerio Público federal en Lázaro Cárdenas y hermano del también detenido Carlos Rosales, El Tísico, jefe del cártel del Milenio en Michoacán antes del surgimiento de La Familia.
En el caso de Mariano Ortega Sánchez e Israel Tentory García la PGR no pudo comprobar las acusaciones en su contra en el proceso penal iniciado en 2008, por lo que fueron liberados. Ortega Sánchez regresó a la alcaldía de Lázaro Cárdenas mientras Tentory, exdiputado federal por el PRD, decidió no volver a la Secretaría de Desarrollo Rural de Michoacán, donde era jefe de asesores cuando fue detenido en junio de 2009.
La acusación contra Godoy Toscano, a quien el jueves 16 la PGR dijo que ubicaría con apoyo de la Interpol, lo define como informante y protector del cártel surgido en 2006 pero que se incubó en la relación que tuvieron Los Zetas y el cártel del Golfo.
De acuerdo con la averiguación previa, La Familia operaba a mediados de 2009, además de Michoacán, en el Distrito Federal y el Estado de México, aunque sus actividades se extendían también a Estados Unidos y Sudamérica.
“Es evidente que a efecto de alertar a sus miembros (los indiciados) proporcionaban información referente a los operativos que en contra de ese grupo delictivo se realizarían, amén de brindarles protección para que desarrollaran libremente sus actividades ilícitas en Michoacán, principalmente en los municipios de Apatzingán, Aquila, Arteaga, Buena Vista, Ciudad Hidalgo, La Huacana, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Tepalcatepec, Tumbiscatío, Uruapan, Zitácuaro y Coahuayutla, en el estado de Guerrero.”
Por esas actividades, dijo la PGR a los tribunales, “los acusados recibían sumas considerables de dinero en moneda nacional y dólares, que se les entregaban en forma mensual”. En su carácter de servidores públicos, “proporcionaban información sobre los operativos en los que pudieran estar relacionados miembros de La Familia”.
Dos años de pesquisas
Las imputaciones contra Godoy Toscano surgieron en 2008: el 22 de octubre de ese año la PGR cateó una casa de seguridad de La Familia en la calle Cali 755, en la colonia Lindavista de la Ciudad de México. En esa operación la PGR aseguró equipo de cómputo.
Ese día también fue cateado el domicilio de Arequipa 673, en la misma colonia, en la que igualmente se aseguró equipo de cómputo. Según la PGR en una de las computadoras se encontró una carpeta con 35 archivos de audio etiquetados con números telefónicos, de los que destaca el 17230808 y en los que “se escuchan conversaciones en las que hacen mención a una persona identificada como ‘Godoy’”. De acuerdo con la PGR también se encontraron archivos con las nóminas de pago de la policía y otras autoridades, además de la ubicación de algunos delincuentes.
Las acusaciones contra Godoy Toscano surgen de declaraciones del testigo protegido Emilio, pero también, dice la PGR, de “diligencias de inspección ministerial, documentales públicas, informes de investigación y materiales incautados y procesados por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la delincuencia de la PGR”.
Una de las declaraciones ministeriales contra el legislador fue la de Luis Servando Gómez Patiño, El Pelón, hijo de La Tuta, quien fue detenido el 27 de enero de 2009. De 23 años y originario de Arteaga, donde nació La Tuta, dijo que él también estudió la carrera magisterial, que en su familia todos saben que su padre se dedica al narcotráfico y que los carros que tiene en su casa a nombre de su madre los compró su padre con dinero de la venta de drogas.
“Toda mi familia está de acuerdo con las actividades que mi padre lleva a cabo; él es profesor y desde hace varios años ya no se dedica a esa profesión. Todos en mi casa saben que mi padre coordina la operación de los encargados de las ciudades de Arteaga, La Mira, Lázaro Cárdenas, Guacamayas y Las Cañas, que pertenecen al estado de Michoacán, así como las ciudades de Ixtapa, Zihuatanejo, Coyuquilla y Tecpan, entre otras poblaciones de Guerrero, y que envía la droga hasta Nogales y Mexicali.”
Dice que su padre ha podido influir en las decisiones de los presidentes municipales para instalar gente en los puestos de delegados municipales y de dirección de Seguridad Pública.
“Por lo que hace a sus enemigos, El Pelón comenta que su padre principalmente tiene enfrentamientos con Los Zetas, derivado de la expansión de La Familia, pero últimamente tiene conocimiento que en Lázaro Cárdenas hay gente de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, sin saber si hayan tenido hasta el momento algún conflicto relevante.
“De igual manera señala que en los vínculos con autoridades locales hasta hace poco llevaba buenas relaciones con Julio César Godoy Toscano, que trabaja en la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, y que es medio hermano del gobernador del estado y desconoce cuál haya sido el motivo de la ruptura en esa relación.”
El 13 de abril de ese mismo año, Emilio relató el supuesto vínculo de Godoy Toscano con La Tuta: “Santiago Perdomo, quien es federal de caminos adscrito a Zitácuaro, quien es yerno de La Tuta (…) se transporta en la patrulla Charger para llevar el dinero que se cobra de las rentas y secuestros a La Tuta o gente de éste; de igual forma transporta armas para La Familia, escolta cargamentos de droga, entre otras cosas.
“De él no sé qué cantidad de dinero reciba ni tampoco en qué domicilio pueda ser ubicado. Santiago también tiene un hermano que es policía, pero que yo sepa no está metido con La Familia. La razón (por la) que sé que es yerno de La Tuta, es porque en una borrachera su hermano me lo platicó, en una fiesta que hizo Santiago en una casa que se ubica detrás de la casa de éste.
“También quiero manifestar que la compañía de taxis Tornado, que está en la ciudad de Zitácuaro, es de La Familia; aproximadamente 70% de ella, ocupando a los taxistas de halcones para vigilar cualquier movimiento del gobierno o carro que ande con gente armada y lo reportan con La Maña”.
El 9 de junio de 2009 Emilio identificó ante la PGR a Julio César Godoy en una fotografía:
“Lo reconozco plenamente y sin temor a equivocarme como Julio Godoy, quien es medio hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy (…) Sé que es compadre de La Tuta (…) Me consta (…) que estando con el yerno de La Tuta, de nombre Santiago Perdomo (…) en varias ocasiones me presumió que La Tuta era su suegro, y de los compadres tan importantes que tenía. Y hasta un día en que yo entré a la casa de Santiago fue que miré una foto de La Tuta, su hija y de Santiago, junto con Julio Godoy, que fue cuando me dijo el mismo Santiago: ‘ya ves, y no me creías que mi suegro se codea con los políticos chingones, tiene muy buen paro con Julio Godoy, él le resuelve a mi suegro cualquier problema que tenga’.”
Las grabaciones
En la consignación la PGR cita el oficio PFP/EM/SIII/DG/430/2009, del 2 de marzo de 2009, en el que seis policías federales informaron que en seguimiento de las actividades de La Familia Michoacana, el 22 de enero de ese año identificaron a Julio César Godoy como el conductor de una camioneta Escape marca Ford color verde oscuro, con placas de circulación PLP8982 de Michoacán.
“Esa camioneta arribó al domicilio ubicado en calle Francisco I. Madero No. 481 colonia Centro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. De ésta descendieron dos personas de sexo masculino. Más tarde (…) llegó una camioneta Jeep Compass color arena con placas de circulación 327VES de la cual descendió una persona de sexo masculino de aproximadamente 50 años de edad, tez morena, cabello corto, bigote y piocha entrecana, al parecer era la persona identificada como Servando Gómez Martínez, La Tuta. Junto con él llegaron dos personas que portaban armas cortas, fajadas a la cintura. A ese mismo domicilio llegó a pie José Manuel Luna Ávalos”, dice el reporte policial.
Otras pruebas que asegura tener la PGR contra Godoy Toscano y que integró en la averiguación previa tienen que ver con la copia certificada de grabaciones y documentos asegurados en el rancho La Palma, ubicado en la carretera Huetamo-Tuzantla en Zitácuaro.
Una veintena de grabaciones de conversaciones telefónicas, que supuestamente fueron sostenidas entre noviembre de 2008 y abril de 2009, lo relacionan con La Tuta, Carlos Delgado Cendejas, Don Carlos, El Coca Colo o El Gallero y El Chamuco, en las que hablan sobre secuestros, asesinatos, política y la organización de palenques.
Una grabación –que en la consignación aparece como “Don Carlos y Julio César Godoy. El muertito que se chingó la gente de Godoy y lo tiraron en Las Codornices”– tuvo lugar según la PGR a las 13:14 horas del 3 de abril de 2009. Otra conversación, del 17 de enero de ese mismo año, registrada a las 14:58, se titula “Don Carlos, El Coca Colo y Julio César Godoy se chingaron a El Picas por desobediente, y querían hacerle el paro, pero Godoy no quiso y dijo que se lo hecharan (sic)”.
Entre los materiales incautados estuvieron la nómina de los halcones y la de los funcionarios que de acuerdo con la procuraduría colaboraron con La Familia. Según la PGR estaban contenidos los nombres, dirección, situación, grupo y encargo dentro de la organización.
En la consignación se menciona a varios de los funcionarios municipales y del gobierno de Leonel Godoy que fueron detenidos en el operativo federal de mayo de 2009, pero que un año después fueron liberados porque la PGR fue incapaz de acreditar su presunta relación con La Familia.
En el pago a las autoridades mencionadas en la averiguación previa se identifica a Mariano Ortega Sánchez, actual presidente municipal de Lázaro Cárdenas por el PRD, a José Lino Zamora Hernández y José Manuel Luna Ávalos, expresidente y exdirector de Seguridad Pública de ese municipio, respectivamente. En los pagos en Lázaro Cárdenas, además de las nóminas, se habla de gastos en vehículos, renta de casas y varios.
Otro testigo protegido con clave Ricardo, quien aseguró haber sido integrante de La Familia Michoacana desde 2001, cuando la organización aún estaba ligada al cártel del Golfo y a Los Zetas, agregó a Antonio Cruz Lucatero, exdiputado federal perredista y expresidente municipal de Apatzingán:
“Prestaba protección e informaba de operativos y demás circunstancias que afectaran a La Familia Michoacana, recibiendo un pago o retribución por tales funciones que directamente le daba una mujer de apodo La Borrega, según Ricardo, (que) al parecer era mujer de El Chayo.”
Según el oficio PFP/EM/SIII/0577/2009 del 9 de marzo de 2009, Israel Tentory García, liberado en agosto pasado tras permanecer preso más de un año acusado en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/2008, aparece indiciado junto a Godoy Toscano.
Un minicapo para la misma mafia
Arturo Rodríguez García
El gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, sabe combinar sus habilidades de bailarín con la política y concitar el apoyo de la cúpula del PRI; ahora se perfila para sustituir a Beatriz Paredes en la presidencia de ese partido. Lo dejó entrever incluso cuando rindió su quinto informe, a principios de noviembre; desde entonces ha estado en todos los actos de sus pares y aun en la toma de posesión de sus correligionarios en otras entidades. Además, varios aspirantes le allanaron el camino recientemente al anunciar que no competirían por ese cargo.
SALTILLO, COAH.- La cita fue el 4 de noviembre en el Coliseo Centenario, construido recientemente en Torreón e inspirado en la monumental obra de Roma. Ese día la clase política priista y otros personajes acudieron al quinto informe de gobierno de Humberto Moreira Valdés.
Y aun cuando no se presentó ahí ningún gladiador, el acto fue una apoteósica cargada, como en los tiempos en los que el PRI era el partido hegemónico. Ahí estaban los sectores de ese partido, sus organizaciones, así como empresarios y miembros de la farándula. Los militantes llegaban en oleadas y poco a poco llenaron las gradas.
Según los cálculos, acudieron al llamado alrededor de 7 mil personas. Aguantaron todo: el espectáculo político, empezando por el discurso del anfitrión, para después relajarse con las canciones vernáculas interpretadas por Joan Sebastian.
El gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto compartió el espacio con el senador Manlio Fabio Beltrones; la dirigente de su partido, Beatriz Paredes, y los aún gobernadores Mario Marín, de Puebla, y Ulises Ruiz, de Oaxaca.
También estuvieron el dirigente de la CNOP, Emilio Gamboa Patrón, y el tabasqueño Roberto Madrazo… En fin, fueron 23 los gobernadores, así como 140 diputados federales y senadores los que acompañaron a su correligionario Humberto Moreira. Junto a ellos se vio a directivos de medios, como Juan Francisco Ealy Ortiz, de El Universal, y a magnates, como Ramón Iriarte, fundador de Grupo Lala.
El acto político-musical fue el marco propicio para que la cúpula priista comenzara a hablar del relevo en el partido; algunos comentaron incluso que el mandatario coahuilense dejará el cargo la primera semana de enero. Además, el veracruzano Fidel Herrera y el hidalguense Miguel Osorio Chong, quienes habían manifestado su interés por suceder a Beatriz Paredes, declinaron, con lo que le allanaron el camino a Moreira.
Los Moreira Valdés
Un mes después, el sábado 4, Humberto Moreira dejó entrever que anticipará su renuncia al gobierno de Coahuila, la cual legalmente concluye el 30 de noviembre de 2011; dio a entender que lo hará entre el 4 y el 6 de enero.
La convocatoria para la elección del nuevo presidente del PRI, prevista para el miércoles 22, se adelantó para el viernes 17. Hasta ahora todo parece indicar que Moreira, ungido entre otros por el mexiquense Peña Nieto y amigo de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo desde hace muchos años, será el sustituto de Paredes. De ser así, recibirá su constancia de mayoría el 14 de enero y el 4 de marzo asumiría como dirigente nacional del PRI, precisamente el día en que el partido cumple 81 años.
En el gobierno estatal algunos empleados aseguran al corresponsal que Jorge Torres López, quien hoy dirige la Secretaría de Desarrollo Social, será el sustituto de Moreira. Según los priistas consultados, Rubén Moreira, hermano del actual gobernador y presidente del PRI en Coahuila, aprovechará para postularse como candidato a la gubernatura en las elecciones de septiembre de 2011.
De ganar la contienda, Rubén recibiría el gobierno estatal de manos de Torres López, no de su hermano Humberto, como el mes pasado observó Miguel Ángel Granados Chapa (Proceso 1775). De hecho, el jueves 2 Rubén Moreira pidió licencia como diputado ante la LXI Legislatura federal, en la que se desempeña como presidente de la Comisión de Derechos Humanos desde septiembre de 2009.
Hasta el momento los estudios de opinión le otorgan a Rubén Moreira un amplio margen de ventaja entre los aspirantes de su propio partido y frente a los de las otras organizaciones políticas.
En marzo pasado Rubén atrajo los reflectores, luego del pacto entre el PRI y el PAN para subir impuestos a cambio de que este último partido no se aliara con el PRD en las elecciones de 2011 en el Estado de México. En esa ocasión Rubén subió a la tribuna y calificó de espurio a Felipe Calderón porque, dijo, no ganó los comicios presidenciales de 2006, por lo que su gestión no era legítima.
Uno de los pocos que cuestionan a Rubén Moreira por sus afanes de convertirse en gobernador de Coahuila es Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado 24 de noviembre dijo durante su visita a Saltillo: “La gente está harta del PRI y del PAN, y ya ven ustedes lo que sucede aquí en Coahuila, donde el gobernador que se va quiere dejar a su hermano, algo que nunca ha pasado en la historia de nuestro país”.
Otro de los Moreira Valdés, Carlos, es un activo líder magisterial. De 2004 al 17 de diciembre, por ejemplo, estuvo al frente de la Sección 5 del SNTE. Al día siguiente tomó protesta como dirigente de la Sección 38 del SNTE. Y Álvaro, otro de los hermanos de Humberto, se desempeña como director de Desarrollo Social en el ayuntamiento de Saltillo.
Familia magisterial
En los ochenta, Humberto Moreira comenzó a destacar en la política como dirigente estudiantil en la Normal de Saltillo, donde cursó la carrera magisterial. Hijo de una familia de maestros, sus padres, Rubén Moreira Flores y Evangelina Valdés, también fueron normalistas; ella es una de las precursoras de la educación preescolar en Coahuila.
En 1988 ocurrió uno de los conflictos más famosos en la historia de la Sección 38 del SNTE. Humberto jugó un papel relevante en el llamado Movimiento Reivindicador, que abogaba por una elección democrática dentro del gremio magisterial.
Surgido tras el deceso de su dirigente Eliseo Lorea, los integrantes de ese movimiento debían nombrar al sucesor mediante el procedimiento estatutario, pero las reglas no se respetaron. Finalmente se impuso a Antonio Chaires Costilla, tutor político de Humberto Moreira, fallecido en diciembre de 1989 en un accidente automovilístico aún no aclarado.
Tras la muerte de Chaires el movimiento se disolvió y sus simpatizantes fueron expulsados del SNTE. Humberto Moreira decidió trasladarse a la Ciudad de México, donde ocupó diversos cargos en el sector educativo hasta convertirse en secretario particular de Gilberto Guevara Niebla, subsecretario de Educación durante la administración de Ernesto Zedillo.
Moreira regresó a Coahuila 10 años después como delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), de donde saltó al Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).
En esa dependencia Moreira diseñó una estructura electoral a partir de los círculos de estudios en barrios populares. En 1999 apoyó la postulación de Enrique Martínez y Martínez, quien ganó la gubernatura de Coahuila. En reciprocidad, el mandatario lo designó secretario de Educación.
En 2002 Moreira declinó competir por la alcaldía de Saltillo. Tres años después se postuló para la gubernatura y derrotó con amplio margen a su rival más cercano, el panista Jorge Zermeño Infante, actual embajador en España. Desde entonces el grupo de Zermeño mantiene una abierta confrontación con el mandatario.
Los panistas conocen los devaneos de Moreira. Uno de ellos es su simpatía hacia el sandinismo. Según ellos, cuando Daniel Ortega llegó al poder en Nicaragua en 2006, el mandatario publicó un desplegado en varios periódicos de ese país centroamericano para felicitarlo.
Además, Moreira tiene en sus oficinas de gobierno fotos en las que aparece con el líder cubano Fidel Castro y suele jactarse del intercambio de programas de educación y salud con la isla caribeña; su castrofilia da pie a sus rivales para comparar a Humberto y Rubén con los hermanos Fidel y Raúl Castro.
Los amigos del gobernador
A lo largo de la gestión de Humberto Moreira en Coahuila, Proceso ha documentado la forma en que el mandatario ha beneficiado al sector empresarial de la entidad. La mayor parte del acero para la construcción de puentes y obras viales, por ejemplo, proviene de Altos Hornos de México, que preside Alonso Ancira Elizondo. Hoy, el empresario es uno de hombres de negocios más prósperos y también uno de los amigos más cercanos del mandatario.
Al sector automotriz, en plena crisis económica en 2008, Moreira le regaló recursos para el pago de nómina durante los paros técnicos; además, el 5 de febrero de 2009 anunció que su gobierno aportaría 1 millón y medio de dólares a la empresa General Motors y que reclamaría al jefe del Ejecutivo federal un apoyo semejante para las tres plantas de esa firma trasnacional instaladas en la zona (Proceso 1684).
La administración de Moreira también le otorgó 80 millones de pesos al Grupo Modelo para que instalara una planta en Nava. Además aportó 140 millones de pesos para el estadio Territorio Santos Modelo en Torreón, de los cuales 100 fueron para la construcción y 40 para obra complementaria (Proceso 1665 y 1723).
Sin embargo, aun cuando sus detractores del PAN acusan a Moreira por el despilfarro y califican su política social de populista, clientelar y electorera, militantes panistas de prosapia en La Laguna, como Luis Gurza, han respaldado al gobernador.
A principios de noviembre el Comité Directivo Estatal del PAN, encabezado por Carlos Ulises Orta Canales, denunció que la administración de Moreira tiene una deuda de 7 mil 700 millones de pesos. El mandatario respondió que en realidad es de 3 mil 500 millones de pesos; el resto, 3 mil 700 millones de pesos más, dijo, son avales para los municipios.
Dichos programas van desde la introducción de servicios básicos hasta la Tarjeta de la Gente –donde se deposita dinero a familias de escasos recursos–, la instauración de seguro de gastos médicos a todos los estudiantes o, más recientemente, el anuncio, aún no cumplido, de regalar computadoras portátiles a 30 mil universitarios.
La oposición a los Moreira –que apenas tiene siete diputados del PAN y uno del PRD, frente a 21 del PRI, que además gobierna en 33 de 38 ayuntamientos– se ha mostrado ineficaz para frenar los desplantes del mandatario. Y él se ha esmerado por enquistar a sus incondicionales en la administración coahuilense.
En febrero de 2010, por ejemplo, el Congreso estatal aprobó la desaparición de la Secretaría de Finanzas para crear la Tesorería del estado y el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), este último es el responsable de las tareas fiscales en la entidad.
El mandatario pretendía que el titular del SATEC durara 12 años, pero en junio los panistas protestaron y lograron que el periodo se redujera a seis, aun cuando lo consideran demasiado largo. El titular de la dependencia es Javier Villarreal, quien dejó la Secretaría de Finanzas para asumir su nueva encomienda, que terminará en 2016.
Otro caso es el de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que asumieron en noviembre de 2008. Su cargo será de 15 años, luego de una reforma legal aprobada sin demasiada oposición.
Por esas fechas también se aprobaron varias reformas, entre ellas las que permitieron la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Procuraduría General de Justicia para crear la Fiscalía General del Estado (FGE). El entonces procurador, Jesús Torres Charles, se convirtió en fiscal general en marzo de 2009 y, conforme a las reformas, durará en el cargo hasta 2017.
La diputada panista Esther Quintana, quien se opuso a la creación de la FGE, asegura que la dependencia es ineficaz a pesar de todas las facultades que tiene.
Pero el mandatario se defiende. Responsabiliza al gobierno federal de la violencia desatada en el país, en especial la de la comarca lagunera. Dice que el presidente Felipe Calderón lanzó “su guerra” sin convocar a los gobernadores y luego los dejó solos (Proceso 1757).
Desde 2006 la inseguridad en esta región lagunera se caracteriza por dos factores: los vínculos de policías municipales con los cárteles y la impunidad en cientos de homicidios, secuestros y extorsiones. Hoy, funcionarios cercanos a Jesús Torres Charles, como el exdelegado de la fiscalía Carlos Centeno, son sospechosos por los presuntos nexos con las organizaciones criminales.
A los coahuilenses les pesa que las autoridades no capturen a los delincuentes. Y enumeran los que consideran los hechos de mayor impacto en la entidad durante la administración de Moreira: los ataques a bares de Torreón, la desaparición del jefe antisecuestros, Enrique Ruiz Arévalo, en 2007; del estadunidense Félix Batista, negociador de secuestros, ocurrida en diciembre de 2008; del periodista Rafael Ortiz, en julio de 2006, y el asesinato del periodista Valentín Valdez en enero pasado.
En contraste, la Coparmex difundió el martes 7 un estudio en el que expone que Coahuila es el estado fronterizo más seguro. Y Moreira ha sabido sacar ventaja de la situación.
A principios de 2006 cobró relevancia nacional tras la tragedia en la mina Pasta de Conchos, al mostrarse solidario con los deudos de los mineros. Sin embargo, su figura se opacó en junio pasado cuando la policía estatal se lanzó contra deudos y activistas en la mina.
Pese a las descalificaciones, Moreira ve hacia delante. Sus críticas a los presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, así como su estilo desenfadado y frontal, lo han posicionado en el PRI, a cuya presidencia aspira.
También sabe explotar su amistad con los cubanos Fidel y Raúl Castro; con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, de quien ha sido anfitrión, y de recibir en fastos magisteriales a Elba Esther Gordillo, quien suele elogiarlo a la menor provocación.
El 4 de noviembre Moreira fue el campeón del Coliseo Centenario, pues en su afán por convertirse en dirigente nacional de unidad reunió a los priistas más influyentes del país.
Y aun desde antes de que se emitiera la convocatoria, Moreira había asumido un papel protagónico. En las últimas semanas ha asistido a todos los informes de gobierno en las entidades priistas.
El nuevo dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, al referirse al gobernador coahuilense por su conocido estilo de baile cholo-colombiano, dijo que aun cuando a Moreira le guste bailar, “tendrá que hacerlo también con la más fea”.
Y el mandatario le contestó, el jueves 9, en el sexto informe de su correligionario Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas (a quien Moreira intentará colocar en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI): “Sí, me gusta bailar… y me lo voy a bailar a él y a su partido”. l
La socia
José Gil Olmos
Cuatro años y medio después de ser expulsada del PRI, Elba Esther Gordillo está preparando una nueva ofensiva política. No se trata de su retorno como militante de su antiguo partido, sino de su transformación en pieza clave en la lucha por la dirigencia priista y en la elección presidencial de 2012, para lo cual apoya a dos de sus principales socios políticos: los gobernadores Humberto Moreira y Enrique Peña Nieto.
La expresidenta nacional del PRI Dulce María Sauri Riancho precisa que Gordillo nunca ha dejado de estar presente en el partido y, ahora que vuelve a tener fuerza el PRI y probabilidades de ganar en 2012, será un factor en la toma de decisiones, aunque supone que no buscará recuperar su militancia.
“Es una mujer de poder y si algo sabe es otear, sabe oler en el ambiente político hacia dónde van las corrientes de poder. Tuve ocasión de observarla en 2000 y en 2006 y ahora no me parece equivocada la observación de que estará nuevamente presente en el PRI a través de las alianzas que, por cierto, nunca se rompieron”, sostiene la exgobernadora de Yucatán.
Dirigente nacional priista en 2000, cuando su partido perdió la Presidencia de la República y Gordillo participaba en la campaña a través de su hija Maricruz Montelongo en la Red de Mujeres por Francisco Labastida, Sauri precisa que con la líder vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tuvo un trato político “de respeto mutuo”.
“La reconozco como una mujer que cumple sus compromisos y eso en la política es muy valioso –comenta Sauri–. Lo que está pasando es absolutamente explicable: es una mujer con un enorme instinto de poder y el hecho de que haya abandonado al partido no significa que hayan terminado las relaciones establecidas a partir de su larga estancia partidista. Las rupturas nunca se dan del todo: muchos militantes priistas se han ido a otros partidos y esas relaciones nunca se rompen por el cambio de militancia partidista. Y menos cuando las relaciones están basadas en el poder.”
Para el senador potosino Carlos Jiménez Macías es muy difícil que Gordillo pueda retornar al partido en el que hizo su carrera política, porque ya tiene muchos enemigos ahí. No obstante, considera que tratará de hacer sentir su presencia mediante dirigentes con quienes mantiene buena relación política y amistosa, como Humberto Moreira, que salió de las filas del SNTE y aspira a dirigir el PRI, y con Peña Nieto, a quien considera el candidato presidencial.
“Lo que ella está buscando es ser un factor de negociación en el futuro”, precisa Jiménez Macías, uno de los diputados que actuaron contra Elba Esther cuando coordinaba la fracción parlamentaria del PRI hasta lograr que fuera relevada en 2004.
De acuerdo con varios integrantes de la dirigencia priista, Gordillo ya empezó a construir puentes con distintos políticos priistas a los que se había enfrentado, entre ellos Manlio Fabio Beltrones, a quien en 2005 declaró públicamente como su “enemigo número uno” cuando se inició su proceso de expulsión del partido por apoyar a Felipe Calderón.
Las fuentes consultadas afirman que Gordillo tomó distancia del gobierno calderonista y principalmente del secretario de Educación, Alonso Lujambio, a quien el 3 de septiembre acusó de estar más preocupado por la candidatura presidencial que por la educación. Atribuyen este deslinde a que le ve pocas posibilidades al PAN de conservar la Presidencia.
Igualmente, señalan los priistas consultados, ella se dio cuenta de que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, tiene escasas oportunidades de ser el candidato presidencial de la izquierda ante Andrés Manuel López Obrador.
Rafael Olvera, profesor normalista desde hace 36 años, miembro de la disidencia del SNTE en Baja California y uno de los críticos más agudos de la iniciativa de reformar la ley del ISSSTE, dice que en el proyecto político de Gordillo es importante convertirse en un factor principal en la disputa de la dirigencia nacional del PRI y la candidatura presidencial de 2012.
“Ahora está sacando toda su experiencia para mover sus piezas políticas clave. En los hechos, con el gobernador (de Coahuila) Humberto Moreira la maestra Gordillo regresa al PRI porque es su alumno; lo hizo dentro del SNTE, lo mismo que a su hermano Carlos Moreira, que se quedará a cargo del sindicato de maestros en la entidad, y a su otro hermano Rubén, quien es el aspirante más fuerte a la candidatura a gobernador de la entidad”, señala Olvera.
Recalca que Moreira es parte del proyecto político de Elba Esther Gordillo y del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quienes están detrás de la campaña permanente de Enrique Peña Nieto.
La amistad con Moreira
La relación entre Moreira y Gordillo es vieja. Desde que estaba en el SNTE el gobernador de Coahuila siempre tuvo afinidad con la dirigente del sindicato y a través de ella escaló en el Congreso de la Unión hasta llegar al Ejecutivo estatal.
En su quinto informe de gobierno, que se llevó a cabo el pasado 4 de noviembre en Torreón, Moreira rechazó que la maestra esté detrás de su aspiración de dirigir el PRI, pero adelantó que si consigue su objetivo buscará una alianza con el Panal.
“Yo no sé si algún gobernador no es amigo de Elba Esther. Es amiga del presidente, (de) gobernadores… Es cierto, somos maestros, nos conocemos, somos amigos, como es amiga del resto de los gobernadores y de muchos miembros del gabinete federal, y de Marcelo Ebrard también”, dijo en entrevista.
Como su relación es inocultable, el mandatario coahuilense intentó delimitar su territorio: “No tendría por qué consultarle a ella; cuando platicamos lo hacemos de otras cosas: yo no me meto en las cosas del SNTE y ella no se mete en cuestiones de mi gobierno; ni yo me meto a hablar del Panal ni ella del PRI”.
En esa ocasión Moreira lució poder de convocatoria: asistieron a su informe 21 gobernadores electos o en funciones y exgobernadores priistas. Acudieron también Beatriz Paredes, Manlio Fabio Beltrones, Francisco Rojas y Emilio Gamboa.
Al más viejo estilo, Moreira reunió en el Coliseo a más de 6 mil priistas y, en medio de la algarabía, Enrique Peña Nieto y Roberto Madrazo le manifestaron su apoyo para que sustituya a la diputada Beatriz Paredes como presidente nacional de su partido.
Red de alianzas
El 13 de julio de 2006 la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI notificó que Elba Esther Gordillo quedaba expulsada por apoyar a Felipe Calderón y crear al Partido Nueva Alianza (Panal) como un instituto antagónico al priismo.
La comunicación le fue entregada a la maestra a las 17 horas y en su casa por el secretario de acuerdos de dicha comisión, José Antonio Pérez Parra, pero la recibió el portero del edificio.
Sin embargo, técnicamente la maestra no fue expulsada del partido porque no se cumplió el procedimiento reglamentario, que consiste en una especie de juicio en el cual ella se defendería. Antes que eso, decidió renunciar y a partir de entonces comenzó a jugar por su cuenta. Como lo hizo en el gobierno foxista, colocó a sus principales colaboradores en la administración de Felipe Calderón, a quien le levantó la mano como presidente electo.
Algunas de sus piezas siguen actuando en el gobierno calderonista, como Alejandro Poiré, quien fue el responsable de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos en el Instituto Federal Electoral (IFE) de
Asimismo, su yerno Fernando González es subsecretario de Educación Pública; Benjamín González Roaro sigue a la cabeza de la Lotería Nacional, y hasta hace unos meses Miguel Ángel Yunes Linares era director general del ISSSTE.
Al mismo tiempo, la dirigente magisterial comenzó a preparar el terreno para las alianzas con el PRI desde mediados de 2008, cuando tuvo encuentros con la presidenta del partido, Beatriz Paredes. Con ella acordó mantener dentro del priismo la fuerza del magisterio.
Noé Rivera, exoperador político de Gordillo y fundador de la Asociación Ciudadana del Magisterio, reveló en entrevista que Paredes y la maestra negociaron también algunas candidaturas a diputaciones federales y decidieron colaborar para frenar las aspiraciones presidenciales de Manlio Fabio Beltrones (Proceso 1644).
Dos años más tarde, en el ocaso del gobierno calderonista, la maestra vuelve a colocar sus piezas, en esta ocasión dentro del PRI. Se espera que la dirigencia de éste se renueve en marzo próximo y hasta hace poco los más claros aspirantes al cargo eran Emilio Gamboa y Humberto Moreira. Sin embargo, Gamboa, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), rechazó pelear por la dirigencia, previendo que la lucha interna desgaste a los grupos de poder.
Ante esta circunstancia, Gordillo manifestó su apoyo irrestricto a Moreira para que encabece el PRI, pero también promueve para la secretaría general a su paisana, la senadora chiapaneca María Elena Orantes.
Al mismo tiempo fortaleció sus relaciones con los gobernadores priistas de Nayarit, Ney González; de Hidalgo, Miguel Osorio Chong; de Aguascalientes, Carlos Lozano de la Torre; de Veracruz, Javier Duarte; igual que con los de la alianza PAN-PRD en Oaxaca, Gabino Cué, y en Puebla, Rafael Moreno Valle.
En el caso de Nayarit, la maestra tiene a su hija Maricruz Montelongo en la representación de ese estado en el Distrito Federal; y en Oaxaca logró colocar en la Secretaría General de Gobierno a Irma Piñeiro, quien fue candidata a gobernadora por el Panal y que al final de la campaña declinó a favor de Gabino Cué. l
...Y en marcha, la aplanadora
Jenaro Villamil
El mandatario mexiquense puso a funcionar la maquinaria electoral priista para asegurarse de dos cosas: que su partido conserve el gobierno del Estado de México y que él mismo sea el candidato a la Presidencia en 2012. Enrique Peña Nieto conoce la importancia electoral de la entidad que controla y no quiere dejar cabos sueltos: usará el presupuesto de los programas sociales para asegurar votos, decidirá quién lo va a suceder en el gobierno, incidirá en la elección nacional del próximo dirigente del PRI y se alía con la líder del sindicato magisterial, el más poderoso de Latinoamérica.
Con el presupuesto de egresos más elevado de toda su historia –148 mil 343 millones de pesos, 10.5% mayor que el de 2010–, el gobierno de Enrique Peña Nieto y la cúpula nacional del PRI se preparan para la “madre de todas las elecciones”, la del Estado de México en julio de 2011.
Para ello se ha puesto en marcha una multimillonaria operación de compra de votos, empadronamiento y uso de programas sociales para comprometer el sufragio de la mayoría de los 7 millones de electores mexiquenses, especialmente a través de la Secretaría de Salud y de la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que se convertirán en los dos pilares de coacción del voto.
La operación incluye la alianza entre el gobernador Peña Nieto y Elba Esther Gordillo, presidenta vitalicia del SNTE, así como la cargada de los gobernadores priistas a favor del mandatario de Coahuila, Humberto Moreira, para que sea el próximo dirigente nacional priista en sustitución de Beatriz Paredes.
El viernes 17 el PRI lanzó la convocatoria para la elección de su Comité Ejecutivo Nacional; la duda es quién será la compañera de fórmula del candidato Moreira para la Secretaría General del PRI: se manejan dos nombres: el de la senadora por Chiapas, María Elena Orantes (aliada de Peña Nieto y de Gordillo) y el de la mandataria de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, quien ha reproducido en su entidad el modelo de gobierno mediático de Peña Nieto, con apoyo de Televisa.
En tanto se resuelve el relevo en la cúpula del PRI, todos sus grupos internos se han volcado hacia el proceso electoral mexiquense. La clave estará en la operación de las poco más de 7 mil secciones electorales en las que se divide la entidad, revelaron a Proceso militantes del tricolor.
El PRI estatal le ha ofrecido a cada uno de los coordinadores de sección –mujeres en su mayoría– 40 mil pesos y hasta un automóvil a quienes garanticen el triunfo en su demarcación. Se ha echado a andar el llamado Plan 20-20 –es decir, 20 secciones electorales más 20 colonias– para tener una base de datos lo más exacta posible y saber cuáles ciudadanos votaron por el PRI, quiénes son opositores y quiénes se abstuvieron en la contienda federal de 2009.
El PRI además otorga salarios que van de 20 mil pesos mensuales para sus coordinadores municipales a 50 mil pesos mensuales para los regionales. Los primeros son los encargados de operar la entrega de despensas que el gobierno ha contratado con la empresa Multidespensas Empresariales.
Presupuesto para la compra de votos
El gobierno de Peña Nieto destinará buena parte del presupuesto estatal para convertir a las secretarías de Salud y de Desarrollo Social en los órganos operativos para comprometer el voto a partir de los recursos públicos.
Cada mes la Secretaría de Salud levanta encuestas en todos los municipios y actualiza su padrón de beneficiarios. Esta dependencia tendrá un presupuesto de 27 mil 716 millones de pesos en 2011.
La clave de la dependencia encabezada por Gabriel J. O’Shea es el manejo del padrón de beneficiarios del Seguro Popular, que a diciembre de 2010 era de 5 millones 326 mil mexiquenses, de acuerdo con las cifras oficiales.
La Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Alejandro Ozuna Rivero, tendrá un presupuesto de 3 mil 617 millones de pesos y es una de las principales responsables del reparto de despensas y levantamiento del padrón de beneficiarios.
La Secretaría de Educación, en tanto, tendrá recursos por 50 mil 811 millones de pesos para el ejercicio de 2011, que en su mayoría se operarán junto con el sindicato magisterial liderado por Elba Esther Gordillo.
Por ejemplo en el municipio de Huixquilucan –gobernado por Alfredo del Mazo Maza– se han realizado 96 mil consultas médicas y odontológicas, y en los últimos meses se han destinado 600 millones de pesos para el Programa Integral de Vialidades.
En los 125 municipios de la entidad se crearon los Comités Pro Obra para gestionar el drenaje, el servicio eléctrico y la pavimentación. Todos estos comités coinciden territorialmente con las secciones electorales. El objetivo es el mismo que en el caso de las secretarías de Salud y de Desarrollo Social: armar padrones de beneficiarios.
“Se trata de construir una auténtica estructura paralela, dependiente de los recursos del gobierno del estado, para comprometer el voto”, advierte el diputado local Ricardo Moreno, excoordinador de la bancada del PRD.
La operación político-electoral incluye recursos de las tres grandes “cajas chicas” del gobierno de Peña Nieto, denuncian el PRD y el PAN: la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), los Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem, la policía auxiliar del Estado de México, que tiene más de 3 mil clientes privados y cuyos recursos no son fiscalizados), así como otros grupos privados, como el Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Toluca y su similar del Valle Cuautitlán-Texcoco.
En agosto pasado el diputado panista Carlos Madrazo denunció públicamente que sólo en el caso de los servicios privados que cubren los Cusaem “hay ingresos por 2 mil millones de pesos, de los que no rinden cuentas ni pagan impuestos”.
Los amarres políticos
Dos reuniones han sido clave en las últimas semanas para garantizar los amarres de Peña Nieto con miras a garantizar la victoria del PRI en su entidad el próximo año, consciente de que ésta será la contienda definitoria para garantizar su nominación como aspirante presidencial para 2012.
El 19 de noviembre, Peña Nieto y Gordillo inauguraron las oficinas de la sección 36 del SNTE en Ecatepec, el municipio más poblado del país y gobernado por Eruviel Ávila, uno de los precandidatos del PRI mexiquense.
Ahí Gordillo le dio todo su apoyo a Peña Nieto y se deslindó de la administración de Felipe Calderón, a quien ayudó a llegar a la Presidencia en 2006: “Nuestro reconocimiento y gratitud a su gobierno y nuestro deseo de que los sueños seamos capaces de hacerlos realidad”, afirmó Elba Esther Gordillo ante Peña Nieto.
En ese acto la dirigente del sindicato más poderoso de América Latina anunció la creación de un Sistema Universal de Evaluación del Magisterio y exhortó al gobierno federal a apoyar la iniciativa para otorgar becas a los mil niños más destacados del país, incluyendo a los del Estado de México.
La exsecretaria general del PRI y artífice del Partido Nueva Alianza (Panal) aseguró que el SNTE dispondrá de 50 millones de pesos de las cuotas sindicales para becas y los empresarios participarán en la iniciativa.
La alianza entre Peña Nieto y Gordillo ha sido mutuamente beneficiosa. Gracias a la coalición PRI-Panal para los comicios estatales del 5 de julio de 2010, el partido de Elba Esther se volvió la cuarta fuerza política en la entidad, por sobre el Partido Verde, a pesar de haber tenido sólo 12 mil 601 sufragios; también ganó cinco diputaciones locales (básicas para que el peñismo tenga el control de 65% de los votos en el Congreso local).
La segunda reunión clave tuvo lugar en la Casa del Estado de México el pasado domingo 12. Peña Nieto convocó a todos los gobernadores priistas, a los coordinadores de las bancadas de las dos cámaras federales –el diputado Francisco Rojas y el senador Manlio Fabio Beltrones–, así como a la dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, y a su relevo, el gobernador coahuilense Humberto Moreira.
Al convivio acudieron los mandatarios de Zacatecas, Miguel Alonso; de Querétaro, José Calzada; de San Luis Potosí, Fernando Toranzo; de Nuevo León, Rodrigo Medina; de Campeche, Fernando Ortega; de Veracruz, Javier Duarte; de Chihuahua, César Duarte; el entrante de Tamaulipas, Elpidio Torre; de Durango, Jorge Herrera; de Aguascalientes, Carlos Lozano; de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio; y de Quintana Roo, Félix González Cantú, así como los salientes de Puebla y Sinaloa, Mario Marín y Jesús Aguilar Padilla. Sólo faltó la yucateca Ivonne Ortega Pacheco.
Durante esa comida se pactó una candidatura de unidad para elegir al próximo presidente nacional del PRI y el apoyo de Peña Nieto para Humberto Moreira fue clave para garantizar el respaldo de los otros mandatarios estatales. En el camino quedaron las aspiraciones del exsenador y actual dirigente del sector popular priista Emilio Gamboa Patrón, quien la semana pasada declinó por Moreira.
Gamboa Patrón es un aliado clave del coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones. Sin embargo, Beltrones también ya operó un pacto con Peña Nieto: éste apoya ahora la campaña de Manuel Añorve, candidato priista a la gubernatura de Guerrero, impulsado por Beltrones, y ha tomado distancia del exsenador priista Ángel Heladio Aguirre, quien había operado en
Para tener el control de la cúpula nacional priista a Peña Nieto sólo le falta garantizar que la compañera de fórmula de Moreira sea una aliada suya. Según los estatutos del PRI la Secretaría General debe ser para alguien del sexo opuesto al del presidente o presidenta nacional.
Los precandidatos mexiquenses
El 9 de diciembre, tres días antes de la reunión convocada por Peña Nieto, se reunieron los principales precandidatos del tricolor para el Estado de México. El anfitrión fue el exgobernador de Coahuila Enrique Martínez Martínez, delegado del CEN priista en el Estado de México y padrino político de Humberto Moreira.
A ese convivio asistieron el secretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava; Ricardo Aguilar, dirigente estatal del PRI; Ernesto Némer, coordinador de la bancada priista en el Congreso local; Luis Videgaray, exsecretario de Finanzas de Peña Nieto y actual presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados; Eruviel Ávila, alcalde de Ecatepec, y Alfredo del Mazo Maza, hijo de un exgobernador y nieto de otro, así como primo de Peña Nieto.
La reunión tuvo la finalidad de acordar que ninguno de los contendientes internos se saliera del PRI para ir como candidato de una posible alianza PRD-PAN, así como dejar claro que el dedazo correspondería darlo a Peña Nieto.
Los observadores políticos advierten que en la recta final son dos los precandidatos fuertes: Eruviel Ávila, apoyado por Elba Esther Gordillo y con el presupuesto municipal más elevado, y Alfredo del Mazo, considerado delfín de la dinastía que ya ha dado dos mandatarios a la entidad. l
Tercera justificación, ningún mea culpa
Álvaro Delgado
En menos de 10 años, el expresidente Carlos Salinas de Gortari ha publicado más de 3 mil páginas de recuerdos, alegatos, advertencias, propuestas para mejorar la democracia –que no aplicó desde el poder– y muchas acusaciones. En la promoción de su más reciente libro, Democracia republicana. Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana, adelantó sus juicios contra un grupo heterogéneo de intelectuales. Dos de ellos, Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer, opinan en entrevista sobre el nuevo intento de Salinas para volver a la política activa.
Atres lustros de haber concluido su sexenio, y ante la posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconquiste el poder presidencial en 2012, Carlos Salinas de Gortari irrumpe (una vez más) en el escenario nacional con un nuevo libro en el que advierte que “México está en peligro” y cuya salvación él se propone en su doble condición: como combatiente de los “intelectuales orgánicos” que solapan las causas de la crisis y como activista de la participación cívica.
Pero detrás de Democracia republicana. Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana, un volumen de 975 páginas –el tercero que publica en una década–, se encuentra la “obsesión” de Salinas por justificar su mal gobierno, lucrar políticamente con la crisis del régimen político y, “narcisista” como es, rescribir su protagonismo en la historia de México.
Sólo que su influencia política en México, incluido el PRI, es muy relativa, aseguran Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo, investigadores de El Colegio de México, dos de los intelectuales a los que Salinas descalifica en su libro junto a Enrique Krauze y Jorge Castañeda, así como a los periodistas Carmen Aristegui, Denise Dresser y Miguel Ángel Granados Chapa.
“Salinas tiene influencia entre núcleos de interés”, reconoce Aguayo, pero la realidad es que no goza ni siquiera de la lealtad de personajes como el gobernador Enrique Peña Nieto, la dirigente priista Beatriz Paredes y su inminente sucesor, Humberto Moreira, ni de la profesora Elba Esther Gordillo o del magnate Carlos Slim.
“Con ellos puede grillar, pero no puede tener el protagonismo de la historia que él busca”, subraya Aguayo, quien resume el drama de Salinas: “Es un broker del poder, un corredor que ve pasar por sus manos miles de millones de dólares y, al final del día, se queda sin nada de ese poder”.
Y como activista de la participación ciudadana –“nadie hará por el pueblo lo que el pueblo no haga por sí mismo”, postula–, Salinas está fuera de tiempo, aclara: “Es un profeta iluminado con una nueva doctrina que no ha practicado nunca”.
Meyer, por su parte, cree también que se ha sobredimensionado la influencia de Salinas y prueba de ello es que a su sucesor, Ernesto Zedillo, le fue muy fácil deshacerse de él una vez investido del poder institucional. Si Peña Nieto es presidente, dice, puede hacer lo mismo, como lo hizo antes Lázaro Cárdenas con Plutarco Elías Calles.
“En ese sentido, a Peña Nieto le convendría ser un Cárdenas. Se vería no solamente guapo, sino valiente”, aventura Meyer, quien juzga que la presencia de Salinas y su protagonismo sólo se explican por la degradación de la vida política mexicana:
“Salinas y el salinismo son un indicador de qué tan mal estamos en México, de cómo fracasó el gran proyecto democrático que se vislumbró al cambiar el siglo y que ahora está hecho trizas.”
Y sobre los agravios del salinismo, como el colapso de la economía mexicana al dejar el poder en diciembre de 1994, advierte: “Si a esta sociedad, vía el manejo de la televisión, del dinero y de las relaciones clientelares, se le olvida, en realidad es porque habrá olvidado el sentido de la dignidad”.
Se duele el historiador: “Yo confiaba más en mis conciudadanos y estaba seguro de que Salinas era cosa del pasado, que con esa enorme carga negativa de su biografía política no podría representar nada para el futuro. Pero se abre la posibilidad de que el futuro de México sea una variante de su pasado. Es una desgracia”.
Aguayo: “No se resigna”
Luego de publicar en 2000 México, un paso difícil a la modernidad –de mil 392 páginas– y en 2008 La década perdida, 1995-2006. Neoliberalismo y populismo en México –de 959 páginas–, Salinas lanzó Democracia republicana. Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana, que define como “el último de una trilogía que representa, entre otras cosas, un intenso ejercicio de rendición de cuentas”.
El título que pensó inicialmente era Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana, pero debió cambiarlo porque la editorial Random House Mondadori le advirtió que se prestaría al escarnio de ser identificado como el expresidente “ni-ni”, como se llama a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.
El libro plantea desde el prólogo: “México está en peligro. La soberanía de la nación, la libertad y la justicia se ven seriamente amenazadas, incluso en riesgo de desaparecer. De ese tamaño es el trance por el que atraviesa el país”.
Lo curioso es que, pese a tal “peligro” que enfrenta México, el gobierno de Felipe Calderón no existe en su libro, pero sí sus enemigos: Zedillo es mencionado 35 ocasiones y Andrés Manuel López Obrador 21 veces, una proporción que cambió respecto a su libro anterior, cuando al primero le dedicó 50 alusiones y al segundo 17.
A ambos personajes les imputa ser representantes puros, respectivamente, del “neoliberalismo” y del “neopopulismo autoritario”, que han llevado al país a la actual crisis, cuya solución –plantea– es la movilización ciudadana para construir “una nueva etapa del liberalismo social: la democracia republicana”.
Pero en su nuevo libro Salinas la emprende también contra Krauze y Castañeda, “intelectuales orgánicos” del neoliberalismo, y contra Meyer y Aguayo, a los que tilda de “intelectuales orgánicos” del “neopopulismo autoritario”.
A Krauze le cuestiona que “sus trabajos suelen estar al servicio del poder en turno” y de buscar compensaciones –como cuando se autopropuso para recibir del Senado la medalla Belisario Domínguez–, y a Castañeda lo acusa de haber comprometido la soberanía de México como canciller de Vicente Fox.
Sobre Sergio Aguayo, Salinas retoma la acusación de estar “vinculado con agencias extranjeras (de Estados Unidos) especializadas en operaciones de espionaje e intervención”, cuya fuente, Primitivo Rodríguez Oceguera, fue sentenciado por la justicia federal por difamación en agosto de 2007, aunque el afectado recurrió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Salinas atribuye a Meyer ser “uno de los más activos intelectuales orgánicos del neopopulismo” por defender a López Obrador y le cuestiona que realice esa defensa desde la “pretendida neutralidad del intelectual”.
Al respecto, Sergio Aguayo afirma en entrevista –la mañana del miércoles 15, antes de partir a España– que Salinas no se resigna a ser un espectador: “Es un hombre obsesionado por reescribir su papel en la historia, pero también está obsesionado por seguir siendo parte de la historia”.
Y ve a los intelectuales como responsables de su desgracia: “Se considera injustamente tratado, difamado, vilipendiado, y para alguien tan narcisista como él, tan poco proclive a hacer una autocrítica seria de lo que ha sido su gestión pública, es muy fácil trasladar a los otros, y en este caso a los que nos dedicamos a investigar el poder, la responsabilidad de sus tribulaciones y de sus tropiezos”.
Cuando Aguayo supo que era citado por Salinas en el libro pensó que era un ardid mercadotécnico. “Pero no: creo que él necesita, su personalidad requiere de tener enemigos, sean o no enemigos de él, porque es una forma de justificarse, lo que ha hecho desde el error de diciembre. Esa es su obsesión”.
El académico cree que Salinas añora los años en que controlaba México y ahora propone la participación ciudadana sólo como proclama política. “Es el drama de alguien que se siente arquitecto de la historia, pero no tiene seguidores que lo lleven a ocupar un lugar”.
–¿Su poder es inventado?
–Sí y no. Estamos hablando de la historia. Y la historia, como él mismo lo reconoce, se hace con la participación de grupos sociales o de coaliciones de individuos y de grupos. Él tiene influencia entre núcleos de interés, que es muy diferente, porque la lealtad de Peña Nieto, de Carlos Slim, de Elba Esther, está antes que nada con ellos mismos, no con Carlos Salinas. Él podrá convencerlos de que hagan algo siempre y cuando haya una comunión de intereses coyunturales. Es más bien un broker del poder.
Su influencia es, por ejemplo, concertar con Diego Fernández de Cevallos la compra y difusión de los videos que grabó el empresario Carlos Ahumada para exhibir a perredistas recibiendo dinero, para afectar a López Obrador, o hacer que Miguel de la Madrid se declare demente, pero carece de respaldo popular: “¿Dónde está la masa ciudadana que lo está esperando, como los clubes liberales de Francisco I. Madero? ¿Dónde están los comités de base de Chalco o de todos los lugares donde derramó bienes e inversiones en su gobierno?”
–¿Cree que ya amainó el repudio popular en su contra?
–Mi impresión es que sí. No hay el mismo nivel de rechazo a Salinas en las calles (que en 1995), pero tampoco hay un gran entusiasmo popular por su figura. Él quiere llenar el Zócalo, pero ¿con quiénes podría medio llenarlo, con qué líderes políticos? Porque él no habla de los partidos ni de su partido. Entonces no provoca rechazo, pero tampoco provoca entusiasmo. Es una situación muy fregada para alguien que quiere seguir siendo protagonista social.
–Pero hay salinistas muy posicionados en el PRI.
–Sí, pero insisto, con ellos puede grillar, no puede tener el protagonismo de la historia que él busca. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál de ellos le va a dar su lealtad incondicional como cuando era presidente? Ninguno. Cada uno va a buscar sus intereses y a Salinas alguna vez le harán algún favor. Si pide que le presten un avión para ir a algún lado, seguramente se lo van a prestar. Puede grillar, no hacer política y mucho menos construir historia.
–¿Su papel es, entonces, menos relevante de lo que él quisiera?
–Este libro nos dice que no está teniendo la relevancia que él quisiera. Y como no está teniendo relevancia sale a buscarla a su manera, con un tabicón de 975 páginas y organizándose entrevistas en medios donde sabe que no lo van a cuestionar.
Como se “evade de la realidad” y transfiere la responsabilidad de sus errores a otros, no aceptó la invitación que le hizo Carmen Aristegui a su programa de radio para debatir sobre el libro y sus acusaciones. “En eso sigue siendo muy priista, muy tradicional y muy autoritario”, dice Aguayo.
E insiste: “Lo más patético de este libro y de esta aspiración a activista es que Salinas llega muy tarde. Los liderazgos no se construyen, requieren, como todo en la vida, un periodo de incubación, gestación, consolidación, que lleva muchos años. Y para ser dirigente de la ciudadanía movilizada se necesitan atributos y humildad que él no demuestra. Es un profeta iluminado con una doctrina que no ha practicado nunca y que al día de hoy no está demostrando practicar”.
Sarcástico, Aguayo rubrica: “Pero a lo mejor se nos aparece vestido de franciscano y haciendo labor social en Chalco. Podría ser. Tiene 63 años, le quedan unos 20 años para reinventarse”.
Meyer: “Ni lo veo ni lo oigo”
El historiador Lorenzo Meyer no vacila en manifestar su desprecio a Salinas, a quien no le da categoría de igual: “A él no lo veo ni lo oigo ni lo leo.”
Explica: “Hay que responderle a Salinas en sus mismos términos. Eso es lo que él dijo en relación a la oposición. El sí tenía obligación como presidente, aunque no le guste, de oír, ver y responder a la oposición. Yo no tengo ninguna obligación de hacerlo”.
En entrevista, la tarde del miércoles 15, Meyer dice que Salinas no es su igual: “Podrá tener mucho dinero, mucha influencia política, una biografía muy rica, pero él no es hombre de ideas, no es intelectual, no es académico, entonces yo me meto con los de mi clase”.
Enterado de lo que Salinas escribió sobre él en su libro sólo por “resúmenes” de prensa, dice no importarle. “Me importa lo que digan mis iguales o aquellos para los que yo escribo. Si ellos consideran que mis juicios son sesgados, entonces como yo no tengo poder, más que mi credibilidad, si pierdo mi credibilidad, pierdo todo. Pero este individuo no tiene, para mí, ninguna credibilidad”.
Pondera: “Si esa persona pretende descalificarme diciéndome intelectual orgánico del neopopulismo autoritario, puedo pensar que es hasta un halago. Porque viniendo de él, que es la falta de honestidad pura, es entonces, visto a contraluz, un halago. Y lo tomo como tal”.
–La suya, ¿no es una conducta arrogante?
–Que se me permita esta humilde arrogancia frente a un personaje que ahora, después de toda su biografía, se nos presenta como el que tiene las ideas que a nosotros no se nos habían ocurrido. ¡Esa sí es arrogancia!
“Tenía que ser a él al que se le ocurrieran, y además se presenta, él en persona, como el que puede ser no sólo el hombre de las ideas, sino el hombre de la acción. El fénix que resurge de sus cenizas para llevar la buena nueva y llevar a la tierra prometida al pueblo mexicano. Es un cínico.
“Por eso no lo considero mi igual, no porque yo me considere superior, sino simplemente porque tenemos dos biografías distintas. Creo que debo haber cometido muchos errores, pero no tengo mucho de qué avergonzarme y puedo decir que ni lo veo ni lo oigo ni lo leo.”
Sin embargo, Meyer evalúa, como historiador, el papel de su acusador, y es implacable: “Salinas y el salinismo son una enfermedad terrible, y hay que examinarlos en la medida en que fueron responsables durante seis años de conducir mal al país. Salinas es su biografía, no lo que pretenda hacer ahora ni hacia el futuro. Y esa biografía, a mi juicio y sospecho que a juicio de un buen número de mis conciudadanos, no lo avala”.
Revela que, “por una casualidad”, supo de una investigación del doctor Manuel Guerrero, de la Universidad Iberoamericana, en la que se acredita que, durante el gobierno de Salinas, la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación tenía la orden de “silenciar a varias personas, entre las que tengo el honor de contarme”.
Dice Meyer: “Entonces, cuando él ejerció el poder intentó, hasta donde pudo, silenciarme. A la larga no tuvo ningún éxito, pero lo importante es que lo haya intentado. En la corta lista están Castañeda, Adolfo Aguilar Zinser, René Delgado, Enrique Quintana y Granados Chapa.”
Y añade: “Es decir, la misma persona que en ese libro se propone que se discutan las ideas y que él es portador de unas ideas, cuando estuvo en el poder hizo exactamente lo contrario de lo que dice ahora”.
Y ahora pretende, como en la época posterior a la crisis de 1982, ponerse al frente del país ante la decadencia del sistema político que no resolvió la alternancia, porque PRI y PAN actúan como “hermanos” y por el fracaso de la izquierda.
“Salinas vuelve a decir como en los ochenta: ‘Yo tengo una posibilidad de salvación y el mismo proyecto’. Por eso Salinas no tiene la culpa, sino quien lo está haciendo compadre: el viejo PRI, el rotundo fracaso del PAN y la división increíble de la izquierda, junto con la corrupción que atañe a todos.”
–En ese sentido, ¿qué tanta influencia tiene hoy Salinas?
–Está en función de la degradación de la vida pública mexicana. Es un mal que se nutre de la descomposición. Si el cuerpo social mexicano estuviera saludable, Salinas tendría que ser absolutamente del pasado, como el PRI. Tendría que ser un mal recuerdo. Pero no lo es.
“En parte ellos hicieron todo lo posible para que no se curara, pero hay otras fuerzas, la izquierda también tiene que ver en eso y una cultura cívica mexicana. No hay posibilidad de decir que la sociedad mexicana es simplemente la víctima de ellos.”
–¿Ha sido tolerante?
–Exactamente. El mal está en todos nosotros, todos.
Por eso califica de absurda la proclama de Salinas de invocar al pueblo para salvarse: “El pueblo en 1988 intentó, y Salinas, con todo el aparato de lo que quedaba del sistema autoritario, detuvo esa voluntad popular con el fraude. Entonces el pueblo habló y Salinas lo desvirtuó”.
Se duele: “Salinas y el salinismo son ahora un indicador de qué tan mal estamos en México, de cómo fracasó el gran proyecto democrático que se vislumbró al cambiar el siglo, pero que ahorita está hecho trizas”.
–¿Es usted muy pesimista?
–Sí, lo cual deberá darle gusto a Salinas.
Nuevo intelectual orgánico del PRI
Enrique Krauze
Olvidando que en la política mexicana todo puede pasar, la familia priista siente que ha superado la pesadilla de 2000 y 2006: se retrata en alegres convivios alrededor de su visible precandidato, goza su predominio parlamentario y se dispone a renovar su dirigencia con una nueva generación. Pero algo falta en el cuadro, un elemento fundamental de legitimidad: un soporte ideológico. ¿Qué es el PRI? Ni ellos mismos saben. Beatriz Paredes confesó en una asamblea: “Nuestra indefinición nos coloca como un partido gelatina, porque nos amoldamos al poder en turno” (La Jornada, 2 de marzo de 2007).
En sus orígenes remotos, el PRI fue un partido “Nacional Revolucionario”, y esa ideología tuvo el consenso de varias generaciones. El consenso se rompió en 1968 y empezó a formarse otro contra el PRI y a favor de la democracia. Ser un intelectual del PRI se volvió embarazoso. Ahora el PRI se siente (se sabe) huérfano de intelectuales. Para llenar ese vacío, Carlos Salinas de Gortari se presenta con un kilo de ideas en un libro que confirma su conocido peso intelectual.
Quiere salir en la foto, y se comprende. Debe ser muy difícil ser rico e inteligente, seguir siendo relativamente joven y resignarse a la penumbra después de haber sido tan poderoso. Peor aún, resignarse al tenaz descrédito nacional. Sumándose a la cargada triunfalista de la posible vuelta al viejo régimen, ofreciéndose como ideólogo del PRI y presentándose como autor, piensa reivindicar su posición en la historia, vengarse de todos los que en su momento lo criticaron, revertir la condena pública y hacerla caer sobre su Némesis, Ernesto Zedillo. Tras haber publicado ya dos gruesos volúmenes que penosamente (quizá por la incomprensión de los lectores) no alcanzaron una segunda edición, este tercero recicla el “liberalismo social” con una portada tricolor y un título extraño: Democracia republicana. Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana.
Salinas sabe que los intelectuales contribuyeron al derrumbe del viejo sistema autoritario que él representó. Por eso los ataca. (Insidiosamente, por ejemplo, se refiere a mí como “ingeniero” y “empresario”. Soy ambas cosas, a mucha honra. Desde 1977 he estado en la iniciativa privada haciendo una obra cultural.) Salinas se hace las ilusiones de ser el intelectual que contribuya al derrumbe de la transición. Hasta se ha puesto a leer a Gramsci, de quien toma la definición de los “intelectuales orgánicos”: “son aquellos cuya labor central consiste en abonar argumentos a favor de ciertas ideas y ciertos proyectos para convertirlos en dominantes...”. Esa cita define sus aspiraciones. Se apunta como aspirante a “intelectual orgánico” del PRI.
Por años, Salinas ha insistido en que su gobierno convirtió a México en una potencia económica, en que gracias a él nuestro país transitó a la democracia, en que su hermano era un hombre honesto. Millones de personas se han negado a creerle. ¿Puede presentarse como un “demócrata republicano” el hombre por quien “se cayó el sistema”, el que gestionó la quema de las boletas de la elección de 1988, el que “no veía ni oía” (pero sí reprimía) a la oposición de izquierda, el que presumía de haber hecho “la perestroika sin la glasnost”, el que sondeó seriamente la posibilidad de reelegirse, el que abandonó a Colosio? Con ese pasado a cuestas, está por verse si ahora le creen y lo leen. Y, lo más importante para él, está por verse si la familia del PRI, piadosa como es, se suicida convidándolo a la foto. l
Zedillo opaca a Salinas
Jenaro Villamil
Paradojas de una añeja rivalidad: dos semanas antes de que el expresidente Carlos Salinas de Gortari diera una extensa entrevista a W Radio para promover su nuevo libro, Ernesto Zedillo Ponce de León, su sucesor y adversario al interior del PRI, se integró al Consejo de Administración del Grupo Prisa, el consorcio mediático español más grande del mundo, con presencia en 22 países y accionista de 50% de la radiodifusora mexicana, junto con Televisa.
La batalla soterrada que libran Zedillo y Salinas desde que este último responsabilizó a su sucesor de la crisis económica de 1995 y lo acusó de “traición” al PRI por haberle entregado la Presidencia de la República al PAN en 2000, adquiere ahora nuevas dimensiones por el protagonismo de Zedillo y sus aliados en los medios de comunicación, especialmente en Prisa y en la encuestadora Grupo de Comunicación Estratégica (GCE), vinculada a Televisa y a Grupo Milenio.
Mientras Salinas se ha concentrado en la “normalización” de su figura pública en eventos sociales y políticos, dando conferencias para participar en el “debate de las ideas”, Zedillo avanza como figura de los centros económicos internacionales.
El exmandatario que le entregó el poder al PAN en 2000 es consejero también de las trasnacionales Procter and Gamble, Alcoa, Union Pacific y recientemente se integró a Citigroup. Es director del Centro para el Estudio de la Globalización y fue nombrado consejero para el Programa de Desarrollo Global de la Fundación Bill y Melinda Gates.
A través de su fondo de inversiones Cascade Investments, Gates posee poco más de 5% de las acciones de Grupo Televisa.
El nuevo consejero
El 27 de noviembre último, Zedillo se incorporó como uno de los siete nuevos consejeros independientes del Grupo Prisa, junto con Nicolas Berggruen y Martin E. Franklin, los socios mayoritarios del fondo de inversiones de capital de riesgo Liberty Holdings, y el francés Alain Minc, quien fue el intermediario para la sociedad entre el grupo mediático español y el periódico francés Le Monde.
La incorporación de Zedillo y de Liberty Holdings en el consejo del Grupo Prisa forma parte de la reestructuración del consorcio multimediático, editor de libros de texto y literatura (Santillana-Aguilar-Alfaguara), del periódico El País, de la cadena de televisión de paga Digital Plus, del canal 4 de televisión abierta, propietario de la cadena radiofónica SER, y socio de Televisa en W Radio.
Grupo Prisa resintió los efectos de la crisis económica de 2008 con una deuda superior a los 5 mil millones de euros. En mayo de ese año se divulgaron las negociaciones para que el magnate mexicano Carlos Slim, propietario de Telmex y América Móvil, adquiriera hasta 20% del capital del grupo y, en especial, se convirtiera en el accionista mayoritario del canal de televisión de paga Digital.
En junio de ese año se acabaron las negociaciones. El expresidente español Felipe González, amigo personal de Juan Luis Cebrián, consejero delegado de Prisa y de Slim, fue el intermediario en esta operación.
“Yo me siento a negociar, pero sólo si están dispuestos a venderme Prisa entero”, habría dicho Slim, quien finalmente optó por adquirir 6.4% de las acciones del corporativo New York Times Company, editora del célebre diario The New York Times.
La incorporación de Zedillo coincide con una serie de medidas adoptadas por Grupo Prisa para enfrentar su crisis financiera. Según José Luis Cebrián, las operaciones realizadas durante este año le permitirán al grupo obtener ingresos por mil 900 millones de euros.
Entre esas medidas está la incorporación del fondo DIJ South American Partners como socio (tiene 25% de las acciones) de Editorial Santillana, la más importante rama del grupo hispano y la única que registró un crecimiento positivo, de casi 3%, en el primer semestre de 2010 con respecto al periodo correspondiente a 2009. Según los informes financieros, Santillana es el grupo líder en libros de texto en el continente. En México registró un crecimiento de 17% en ventas, especialmente con la Secretaría de Educación Pública, mientras que en Brasil incrementó sus ventas 37%.
En paralelo, la cadena televisiva Telecinco y el gigante de telecomunicaciones Telefónica, adversario de Telmex y América Móvil en México, adquirieron cada una 22% del capital del canal de televisión Digital. Grupo Prisa se quedó con el 56% restante.
El área audiovisual del conglomerado es la que registró mayores pérdidas. Tuvo un decrecimiento de 11%, mientras que el área de prensa –que controla los periódicos El País, Cinco Días y As– tuvo un déficit de 2.7% entre el primer semestre de 2009 y el periodo correspondiente a 2010.
La tercera medida importante fue la ampliación de capital por 650 millones de euros para que el grupo adquiriera acciones de Liberty Holding, a cambio de que sus accionistas se incorporen también al Consejo de Administración de Grupo Prisa.
Ignacio Polanco, heredero del emporio mediático español fundado por su padre, Jesús Polanco Gutiérrez, subrayó que con la incorporación del expresidente Zedillo y otros seis nuevos consejeros se “configura el nuevo modelo de gobierno corporativo que la compañía necesita para continuar su camino hacia la globalidad y comenzar su nueva etapa de crecimiento”.
Las redes del expresidente y adversario público de Salinas se extienden también a la empresa encuestadora Grupo de Comunicación Estratégica (GCE), dirigida por Liébano Saénz, exsecretario particular de Zedillo, y Federico Berrueto.
De acuerdo con un análisis interno elaborado por el PRI, GCE “es parte del esquema de mercadotecnia electoral que maneja Alejandro Quintero”, vicepresidente de Comercialización de Televisa y uno de los principales artífices de la campaña de mercadotecnia del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.
“Quintero ofrece la pantalla de Televisa para que sus clientes se promocionen, así como encuestas que serán difundidas en Milenio TV y en los periódicos del grupo”, advierte el análisis. Desde 2007, Televisa adquirió la mayoría de las acciones de TVI, controladora de Grupo Multimedios y de las franquicias de las ediciones regionales de Milenio Diario.
GCE desplazó a María de las Heras como empresa encuestadora de cabecera de Milenio Diario y, de acuerdo con el análisis del PRI, al cual tuvo acceso este semanario, “incurre en un conflicto de intereses al vender a Milenio encuestas que le son pagadas por los partidos. El periódico mencionado las reproduce como si fueran suyas y de GCE, aunque son pagadas –al menos en parte– por un partido o un gobierno, y forman parte del paquete de mercadotecnia electoral que ofrece otra empresa, que es Televisa.
Columnista de Milenio Diario, Federico Berrueto ha comparado favorablemente a Zedillo con Felipe Calderón. En su columna del 1 de febrero de 2009 destacó:
“Zedillo y Calderón comparten un estilo político frío, muy lejos del carisma, pero lo del primero es biografía, no anatomía; (es) un auténtico profesional de la economía que llegó a la Presidencia por la vía de la tragedia y el accidente. Calderón es político, por familia y trayectoria. En el balance de lo realizado por Zedillo y Calderón, es paradójico que los mejores logros del académico tecnócrata se dieron en la política, y los peores resultados del político, también en la política.”
Por si fuera poco, Berrueto es muy cercano a la actual dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes. Ella lo designó como su suplente en el “cuarto de guerra” del Comité Ejecutivo Nacional del partido durante las elecciones estatales de este año. El PRI perdió en Oaxaca, Puebla y Sinaloa frente a la coalición opositora del PAN-PRD. Y GCE fue una de las empresas encuestadoras que acreditó la victoria en la pantalla de Milenio TV, a través de sus encuestas de salida.
Para un sector importante del PRI, GCE opera a favor de los intereses mercadológicos, no sólo de Televisa, sino del principal adversario de Salinas: Ernesto Zedillo. l
Cárceles para rellenar
Santiago Igartúa
Si bien el gobierno federal se ufana del elevado número de detenciones y condenas en su “guerra” contra el narcotráfico, un estudio elaborado por dos organizaciones internacionales evidencia la falacia: sólo 15% de los detenidos entre 2006 y
México vive una de las peores crisis de su historia en materia de seguridad. Así lo señala la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), organización de derechos humanos, y la red mundial de investigadores y analistas Instituto Transnacional (TNI), de acuerdo con el estudio Sistemas sobrecargados: leyes de drogas y cárceles en América Latina, que ambas agrupaciones dieron a conocer el pasado jueves 9.
Según el documento, la estrategia del gobierno de Felipe Calderón en el “combate” al narcotráfico ha resultado fallida desde las leyes. Los altos niveles de violencia no son el único costo de ello: también lo son la cantidad y el perfil de la gente encarcelada como resultado de la legislación vigente.
Aunque el número de detenidos y recluidos ha sido un indicador utilizado por el gobierno para tratar de demostrar que el combate a la delincuencia organizada funciona, el estudio sostiene que “cientos de miles” de detenciones no resultan en consignaciones, menos aún en condenas.
La “detención fácil” que ejercen las autoridades es muestra de abuso y autoritarismo. “Muchas personas inocentes están siendo detenidas”, señala el reporte y remarca la “ineficiencia” o “ausencia” de investigación por parte de los agentes del Ministerio Público.
De los 226 mil 667 detenidos por delitos contra la salud entre 2006 y 2009
–cifras oficiales que obtuvieron WOLA y TNI), sólo 33 mil 500 –menos de 15%– fueron sentenciados.
Esa ha sido una crítica constante y creciente a la “ineficacia” del gobierno de Calderón en su “lógica de guerra” contra el crimen organizado, dice en entrevista Ana Paula Hernández, responsable del capítulo sobre México en el reporte Sistemas sobrecargados.
El documento señala que pese al discurso gubernamental, la legislación antidrogas en México ha servido principalmente para detener y encarcelar a personas cuya peligrosidad y papel en el tráfico de drogas es “mínimo”, así como para criminalizar a los consumidores.
Basado en una muestra “representativa” obtenida en Chihuahua, Jalisco y el Distrito Federal, el estudio revela que la posesión de mariguana genera el mayor número de sentencias por delitos contra la salud. Le siguen la posesión de cocaína, posesión de cocaína con fines de venta y posesión de mariguana con fines de comercio. En términos de consumo el principal narcótico es la yerba. No figuran las sentencias por delitos como tráfico, suministro, transporte, introducción o extracción de narcóticos del país.
“Vimos que no se detiene a operadores significativos para el negocio, sino consumidores y pequeños narcomenudistas que son fácilmente sustituibles: el último eslabón de la gran cadena que es el narcotráfico”, afirma Hernández.
El estudio de WOLA y TNI revela que en 2009, 75% de los consignados por tráfico de drogas fueron detenidos con menos de 100 dólares en mercancía. En 25% de los casos no se llegaba a 18 dólares.
Situación carcelaria en México
México se ha dedicado a llenar cárceles con delincuentes menores, aseguran WOLA y TNI. Una investigación del King’s College de Londres realizada en 2009 ubicó al país en el sexto lugar mundial en total de población carcelaria: 227 mil 21 presos ese año. Se excedió en 33% la capacidad de los 433 centros penitenciarios de la república.
El estudio Sistemas sobrecargados denuncia que en México se han incrementado las penas y se han concedido más facultades discrecionales a policías, jueces y agentes del Ministerio Público a costa del derecho fundamental al debido proceso.
“Desafortunadamente la visión que se ha tenido, en particular en los cuatro años de guerra del gobierno de Calderón, es pensar que entre mayor represión, mayores penas, mayor uso de la fuerza, va a tenerse como resultado una reducción de la violencia. Estamos viendo que no es así”, dice Hernández a Proceso.
El sistema de impartición de justicia captura fundamentalmente a pobres y marginados. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) aportó el siguiente dato al trabajo que coordinó Ana Paula Hernández: 21% de los internos nunca fue a la escuela o no completó la primaria.
“Dejaron una sobrepoblación inmensa, principalmente de gente de bajos recursos, personas que no han tenido acceso a un abogado, que han incurrido en delitos menores”, declara la socióloga a este semanario.
El estudio advierte acerca del uso “excesivo” de la prisión preventiva en México: de su población carcelaria en 2009, 93 mil 128 reclusos no habían recibido sentencia. El problema radica en la falta de criterios, explica Hernández. Cualquier acusado por delitos de drogas deberá pasar el proceso en la cárcel “aunque sea inocente”.
El artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales indica que todos los delitos relacionados con drogas son graves, excepto la siembra, el cultivo o cosecha de plantas “enervantes” que no tenga por objetivo la producción, suministro, comercio, tráfico, introducción o extracción de narcóticos del país. “Sumado a la burocracia, esto retiene a los infractores menores. Hay personas que sólo deberían cumplir un año de prisión preventiva y terminan cumpliendo cinco o más”.
La situación se agrava debido a la corrupción. Explica la especialista: “Los policías reciben bonos por un mayor número de detenciones o cuotas de consignación que llegan a imponer las procuradurías a los agentes del Ministerio Público”.
De los internos del país, casi 40% lo están por robos menores o narcomenudeo. El costo de mantener a “presuntos” delincuentes de baja peligrosidad e infractores menores en prisión también es material. Las sanciones “cuestan más” a la sociedad que el daño perpetrado por los acusados. “En ningún momento se dice que estas personas no deben ser llevadas ante la justicia por cometer un ilícito, pero debe asegurarse que las penas sean equivalentes al papel que juegan esas personas en el cáncer del narcotráfico”.
Incluidas en el reporte, investigaciones realizadas en 2007 por Guillermo Zepeda, analista del sistema penal mexicano, revelan que en ese año el costo promedio por recluso en México era de 10 dólares diarios. Teniendo en cuenta que en 2007 había 212 mil internos, el costo anual fue de más de 770 millones de dólares. El estudio sugiere que sería “mucho mejor” invertirlos en el combate a la corrupción, la ineficacia y la debilidad de las instituciones de administración y procuración de justicia y de seguridad pública en el país, así como en la prevención y la educación.
WOLA y TNI aluden también a la preocupante alza en la proporción de reincidentes en el sistema penitenciario en México. Entre 2005 y 2009, según el CIDE, el índice de reincidencia creció 17%. “El estudio denota que (el gobierno) piensa que la prisión va a resolver todos los problemas de seguridad y de violencia de un país y estamos viendo que no es así. El costo de meter a esta gente (los infractores de delitos menores) a la cárcel es mucho mayor que los beneficios”.
El informe dice que los centros penitenciarios del país son en la práctica escuelas del crimen. “Algunos entran como pequeños delincuentes, aprenden y se convierten en grandes delincuentes en la cárcel”.
La readaptación en prisión es utópica. Los presos son marcados. “Por una condena mínima cargan con un antecedente penal toda su vida. Difícilmente serán contratados en algún trabajo y no revertirán el círculo vicioso”, sostiene Hernández.
En lo que respecta a las mujeres, se documentó un incremento en la participación de ellas en los delitos relacionados con drogas. En la última década ese fue el principal motivo de encarcelamiento femenino: 48% de las presas están en esa categoría; 5% de las reclusas son indígenas y 43% de ellas lo está por delitos de la naturaleza referida. Muchas purgan penas “desproporcionadas”.
El reporte indica que la mayoría de las presas por asuntos de drogas son jóvenes, pobres, analfabetas o con bajo nivel de escolaridad, y casi siempre son madres solteras. “Terminan como mulas, trasportando droga, porque es la manera en que pueden alimentar a sus hijos, darles una vida digna que no les brinda el Estado. No estamos hablando de las grandes narcotraficantes, de gente que representa un gran peligro para la sociedad”, asegura Hernández.
“Impunidad absoluta”
La falta de procesos legales y averiguaciones en torno a los 30 mil asesinatos que ha dejado la guerra contra el crimen organizado, incluidos los de civiles por parte del Estado –los “daños colaterales”–, es otra de las grandes críticas de las organizaciones que elaboraron el estudio.
Ana Paula Hernández reclama:
“Hay una situación de impunidad absoluta. Es muy sencillo para el gobierno decir que cualquier asesinato, ejecución o desaparición forzada está ligada con los narcotraficantes; que tiene que ver con el fuego cruzado, con la lucha por las plazas. Pero no tiene manera de afirmar eso porque no hay ninguna investigación detrás.
“Hay una clara responsabilidad del Estado y tiene la obligación de asegurar que esos asesinatos, como las desapariciones y las extorsiones, serán investigados y que las personas responsables serán llevadas ante la justicia”.
La autora del estudio sobre México lamenta además que la jurisdicción militar siga prevaleciendo en el sistema de leyes del país:
“Cuando un militar viola los derechos de un civil es juzgado por cortes castrenses. La reciente iniciativa de Felipe Calderón al respecto no cambia nada, sólo dice que la jurisdicción militar no será aplicable en tres delitos: tortura, desapariciones forzadas y violaciones sexuales. Sigue dejándole a los militares la determinación de cuáles serán los casos que serán llevados a la justicia civil”.
Otra anomalía que señala Hernández es la ofensiva de las autoridades contra periodistas y activistas de los derechos humanos:
“Se ha vuelto muy fácil para el gobierno decir que los periodistas están siendo amenazados, hostigados, asesinados por los narcotraficantes. Pero también vemos que muchas de las amenazas, el hostigamiento que están recibiendo los periodistas o los defensores de derechos humanos, vienen de las mismas autoridades, de las fuerzas de seguridad, de los presidentes municipales. Es una práctica muy sencilla porque tampoco hay investigaciones detrás”, dice la portavoz de WOLA y TNI.
En su estudio las dos organizaciones ponen la lupa además sobre la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, vigente desde 1996, en la que se estableció la figura del arraigo, incorporada a la Constitución en 2008.
El arraigo, dicen, permite la detención y privación de la libertad de una persona hasta 80 días simplemente por ser sospechosa, sin que medie en ello acusación ni orden de aprehensión, y sin que haya sido detenida en flagrancia.
La responsable de la investigación enfatiza: “El arraigo es el claro ejemplo de que en esta guerra se viola y se pasan por alto los derechos humanos. Es una figura que va contra múltiples tratados internacionales que México ha firmado y que a pesar de ello fue incorporada a la Constitución y ahora es parte fundamental de la estrategia de Calderón”.
A Hernández le sorprende el gran vacío legal en el combate al lavado de dinero. Según la especialista, no se están atacando los problemas estructurales. Los índices de corrupción e infiltración de los cárteles, dice, han alcanzado todos los niveles de la política y los negocios. “Estamos viendo que hay sectores de la sociedad intocables; políticos y empresarios que han tenido un evidente involucramiento con el narcotráfico no son llevados ante la justicia”.
Pugnas entre instituciones
Mención aparte en el documento merecen las cuatro instancias federales en las que recae la estrategia de seguridad y defensa en el combate a las drogas: la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR).
“La coordinación está siendo muy negativa. La problemática en sí misma no es la distribución de las funciones, sino la gente que está ocupando sus puestos. Lo que hemos visto a lo largo de estos cuatro años es que no hay una estrategia conjunta, no hay una buena relación de trabajo entre las cuatro dependencias”, dice Ana Paula Hernández.
Denuncia que a lo largo de su investigación encontró “riñas, competencia, falta de coordinación y peleas” entre esas instancias, lo que califica de fuerte falla en el sistema de control de drogas.
Con las actuales leyes antidrogas el futuro que WOLA y TNI ven para México sigue siendo negro. Ambas organizaciones advierten que si no se aplica “la reforma de justicia que se obtuvo en 2008, vamos a seguir viviendo la situación actual. No vamos a ver una reducción de la violencia. Vamos a seguir con esta tendencia de que quienes están terminando en la cárcel son los que juegan un papel insignificante en el crimen organizado”.
Los “toma y daca” de Cancún
Homero Campa
Llegar a acuerdos en la cumbre sobre cambio climático de Cancún ya era una tarea complicada, y Japón y Bolivia se encargaron de ponerle más obstáculos a la pista. Los nipones insisten en desacreditar el Protocolo de Kioto –lo consideran inútil para evitar realmente el calentamiento global– y los bolivianos querían que su propuesta fuera aprobada a toda costa, aun contra el sentir mayoritario.
CANCÚN, QR.- El delegado nipón fue contundente: “Por ninguna circunstancia Japón tomará parte en una prórroga del Protocolo de Kioto”.
Akira Yamada, jefe de Asuntos Globales de la cancillería japonesa, fijó así la posición de su país ante los delegados a la XVI Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (Cop-16), que tuvo lugar del 30 de noviembre al 11 de diciembre en esta ciudad.
Esa postura –que entrampó las negociaciones más de una semana– no era gratuita: la cúpula empresarial japonesa presionaba a su primer ministro Naoto Kan para que no aceptara un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto.
“Presentamos por este conducto una propuesta apremiante para que el gobierno (japonés) demuestre su liderazgo y para que de ninguna manera se acepte la prórroga del Protocolo de Kioto”, dice una carta firmada, entre otros, por los presidentes de las asociaciones niponas del petróleo, del cemento y de las industrias química y automotriz.
Pero no hay que perder de vista que detrás de esas asociaciones japonesas hay empresas estadunidenses. La Asociación de Petróleo de Japón, por ejemplo, tiene entre sus miembros a Shell y Exxon Mobil, según la lista de socios que aparece en su sitio en internet.
La carta del empresariado japonés –copia de la cual Greenpeace entregó a Proceso– está fechada el 9 de diciembre, cuando las negociaciones en la conferencia de Cancún estaban en la recta final.
“La prórroga del Protocolo de Kioto ha sido, durante mucho tiempo, la continuidad de un marco sumamente parcial, injusto y carente de efectividad. Esto sólo causará alargamiento de una situación en la que la industria de nuestro país no logre el mismo trato de igualdad a nivel internacional y que esa situación afecte la vida del pueblo japonés, principalmente en los aspectos económico y de empleo”, señalan los empresarios nipones en el documento.
Los duros
El 9 de diciembre, los gobiernos negociaban en dos grupos: el de Cooperación a Largo Plazo (LCA, por sus siglas en inglés) y el del Protocolo de Kioto (PK). Ambos elaborarían documentos que se pondrían a consideración de la asamblea, pero la negociación implicaba que no se podía avanzar en uno si no se destrababa el otro. Ambos estaban mutuamente condicionados, según dijeron a este semanario delegados que participaron en la Cop-16 y que pidieron el anonimato.
Los países en desarrollo planteaban que podían destrabar temas del documento del LCA si las naciones industrializadas cedían al menos en un punto del texto del PK: poner por escrito que se mantendrá la discusión sobre un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto con vistas a tomar una definición en la próxima Conferencia de las Partes (Cop-17) que se celebrará dentro de un año en Durban, Sudáfrica.
Esto era vital para los países en desarrollo: el Protocolo de Kioto –cuyo primer periodo de compromiso se vence el 31 de diciembre de 2012– es el único instrumento que impone obligaciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a los países del Anexo 1 (todos los industrializados salvo Estados Unidos, cuyo Congreso no ratificó aquel protocolo).
El mismo 9 de diciembre, la presidenta del Consejo Europeo del Medio Ambiente, Joke Schauvliege, declaró que la Unión Europea (cuyos países toman decisiones en bloque) “está dispuesta a considerar un segundo periodo de compromiso”. Otros países renuentes, como Australia y Nueva Zelanda, también aceptaron. Rusia y Canadá no fijaban su posición y Japón no cedía.
–¿Japón va a cargar con la responsabilidad de que no se acepte un segundo periodo de compromiso? –preguntó a Yamada un periodista chino.
–Sabemos que los países en desarrollo insisten en ese tema. Pero consideramos que el Protocolo de Kioto no es justo ni es la mejor manera de atacar el problema, pues apenas cubre 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero –contestó.
Yamada reiteró la posición de su país: ya ha hecho todo para bajar sus emisiones y asumió la meta de reducirlas 50% para 2050, algo a lo que otras naciones no se han comprometido. En cambio, dijo, China, India o Brasil, por ejemplo –que no están en el Anexo 1, el de los compromisos obligatorios–, no tienen reducciones equivalentes.
Japón esperaba que se destrabara otro tema de la negociación: la incorporación de los compromisos de mitigación en los documentos; es decir, la formalización y ampliación de las metas de reducción de emisiones plasmadas en Copenhague.
En el texto del LCA se incluyeron dos listas: una con las metas de reducción de emisiones de países desarrollados en la que –a diferencia del Anexo 1 del Protocolo de Kioto– también aparece el objetivo de Estados Unidos: 17% de disminución con base en 2005. La otra lista se refiere a las metas voluntarias de los países en desarrollo. En ésta aparece China, el mayor emisor actual de GEI.
Sólo después de ello Japón cedió, pero parcialmente.
En el documento del PK –aprobado posteriormente– se asienta que las partes reunidas en el Protocolo de Kioto aceptan que seguirán las negociaciones para “completar su trabajo” y, “tan pronto sea posible, asegurar que no hay brecha entre el primer y el segundo periodo de compromiso”.
De acuerdo con los delegados consultados por Proceso, con este párrafo se garantizó lo que pedían los países en desarrollo: que se mantuviera vivo el Protocolo de Kioto. Al mismo tiempo, países desarrollados, como Japón, Rusia y Canadá, no se comprometieron a nada más que a seguir negociando el tema.
En el documento del LCA, por otra parte, se apunta la meta de estabilización del calentamiento global por debajo de dos grados centígrados, pero se reconoce que, “en el contexto de una primera revisión y con base en el conocimiento científico disponible”, podría considerarse un ajuste incluyendo el límite de 1.5 grados en el incremento de la temperatura del planeta.
“Transparencia”
Había otros temas atorados y dos de ellos eran clave: financiamiento y transparencia, este último, contenido en los mecanismos de medición, reporte y verificación (MRV).
Estados Unidos condicionaba su apoyo al tema de financiamiento de largo plazo –el llamado Fondo Verde: 100 mil millones de dólares a países en desarrollo a partir de 2020– a cambio de que naciones como China fueran “transparentes” en sus reportes de reducción de emisiones.
Por su parte, el Grupo de los 77 y China exigían transparencia a los desarrollados en la aportación de recursos. Pedían que éstos fueran nuevos y suficientes y no producto de la desviación de fondos comprometidos en otros programas asistenciales de la ONU.
China no aceptaba los MRV. Los consideraba violatorios de su soberanía. Y Estados Unidos no “soltaba prenda en el tema de financiamiento –el mayor incentivo de los países en desarrollo– si no tenía amarrado el tema de los MRV”, comentó uno de los negociadores a este semanario.
La salida fue la propuesta de India: Análisis y Consultas Internacionales (ICA, por sus siglas en inglés), la cual propone que cada país emita por cuenta propia reportes tanto en reducción de emisiones como sobre uso de recursos. Se trata de un mecanismo “cooperativo, no intrusivo y respetuoso de la soberanía”, apuntó uno de los negociadores.
Finalmente China aceptó este mecanismo, pero Estados Unidos se demoró pues no quería aprobar los párrafos sobre financiamiento si no había garantías suficientes de que el Banco Mundial (BM) manejaría los recursos del Fondo Verde.
Los países en desarrollo aceptaron la participación del BM pero como “fideicomisario interino” sujeto a una revisión tres años después de que entrara en operación el fondo.
Solo contra el mundo
Una segunda reunión informal plenaria –la primera se pospuso varias veces a lo largo del día– empezó pasadas las nueve de la noche del 10 de diciembre. Y arrancó mal...
Pedro Solón, embajador de Bolivia ante la ONU y jefe de la delegación de su país, impugnó los documentos del PK y del LCA; dijo que ninguno garantizaba un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto y en cambio mantenían la vigencia de los mecanismos de mercado (bonos de carbono y el Mecanismo de Desarrollo Limpio) que beneficiaban a los países ricos. Rechazó por “insuficiente” la meta de estabilizar la temperatura en dos grados y afirmó que en los hechos se abría la puerta a un aumento de la temperatura de más de cuatro grados.
Aseguró además que no se garantizaban los recursos del Fondo Verde –“movilizar recursos, como consigna el documento, no es proveer”, señaló–, fustigó la participación del Banco Mundial en este fondo pues “está dominado por los países donantes” y se quejó de que las propuestas de su país no fueron incluidas, entre ellas la de estabilizar el calentamiento en un grado y establecer una Corte Internacional de Justicia Climática para sancionar a los responsables de “ecocidios”.
Incluso dijo que las propuestas de su país –resultado de la reunión sobre Cambio Climático de Cochabamba en abril pasado– reflejaban el sentir de los pueblos pobres del mundo. “Por esas razones Bolivia rechaza estos documentos”, dijo.
Hablaron los jefes de unas 30 delegaciones. Todos –incluidos los de Estados Unidos, China, Japón y Brasil– apoyaron los documentos y muchos de ellos propusieron que la sesión informal diera paso a una formal para aprobarlos de inmediato.
Los argumentos coincidieron: los documentos no eran perfectos pero su contenido reflejaba un “cuidadoso equilibrio” entre las propuestas de los países, de tal suerte que todos ganaban algo. Subrayaron que los “acuerdos de Cancún” no eran una meta, sino un punto de partida para seguir negociando de aquí a la Cop-17 de Durban y para lograr un gran acuerdo vinculante, al que nadie ha renunciado.
Cerca de las dos de la madrugada del 11 de diciembre los delegados regresaron a los grupos de trabajo. John Ash, jefe de la delegación de Antigua y Barbuda y presidente del grupo de trabajo del PK, y Margaret Mukahanana, representante de la delegación de Zimbabue y presidenta del grupo de trabajo del LCA, aprobaron los documentos pese a la oposición boliviana. Pero a nadie escapó un hecho: Cuba y Venezuela no se opusieron y dejaron sola a Bolivia.
Para todos era evidente que Solón se aprestaba a vetar los acuerdos y con ello reventar la Cop-16. El argumento: si un país se opone a los documentos, no hay consenso.
A las tres de la mañana los delegados iniciaron las últimas sesiones plenarias de las dos Conferencias de las Partes: la del Protocolo de Kioto y la de la Convención Marco para el Cambio Climático, ambas presididas por la canciller Espinosa.
Solón insistió en sus argumentos. Afirmó que el documento del PK significaba “un paso atrás”, se quejó que no se le permitiera a su país hacer enmienda alguna y señaló: “Somos un país pequeño que tiene principios y no vende su soberanía (…) Bolivia no apoya ese documento y por tanto no hay consenso para aprobarlo”.
Ryu Matsumoto, ministro de Medio Ambiente de Japón, y Todd Stern, enviado especial para el Cambio Climático del Departamento de Estado de Estados Unidos, miraban sorprendidos a Solón: Bolivia le estaba haciendo el trabajo sucio a los gobiernos de Washington y Tokio, los menos interesados en un acuerdo que mantuviera vivo el Protocolo de Kioto.
Espinosa se dirigió a Solón. Le explicó que durante el proceso de negociación “hubo espacio para debatir todos los temas” y que el documento del PK reflejaba las propuestas de todas las partes. Por tanto, añadió, “tomo nota de su posición, que quedará reflejada en actas, y si no hay otra intervención, queda aprobado”.
Y golpeó con el pequeño martillo que tenía a su derecha.
Solón retomó la palabra con voz temblorosa: “La regla para adoptar un documento es el consenso. Y éste quiere decir que no debe haber exposición explícita de rechazo a una decisión. El precedente es funesto. Hoy es Bolivia, mañana puede ser otro país. Lo que está ocurriendo es un atentado en el marco de la Convención (de la ONU sobre Cambio Climático). Se está violando una norma de Naciones Unidas. Ni siquiera en Copenhague se tuvo la osadía de hacer esto. Le pido que revierta su posición”.
En medio de una sala enmudecida, Espinosa dijo a Solón: “La regla del consenso no significa unanimidad ni mucho menos significa que una delegación quiera imponer un derecho de veto a un acuerdo que las partes hemos venido trabajando con enormes sacrificios. Mi obligación ha sido escuchar a todos y a cada una de los países, incluyendo a los hermanos bolivianos. (…) usted entenderá que no puedo ignorar la visión y las solicitudes (…) de los 193 Estados parte para aprobar este documento”.
Sonaron los aplausos de los delegados y Solón salió de la sala con el rostro desencajado. La canciller mexicana inició de inmediato la segunda Conferencia de las Partes, ahora para aprobar el documento del grupo de trabajo del LCA.
Incoherencias educativas
Axel Didriksson
Cuentan los reporteros que durante la reciente cumbre sobre el medio ambiente, que dejó muy poco para el país, para el mundo y las nuevas generaciones, Felipe Calderón envió un mensaje de felicitación al secretario de Educación, Alonso Lujambio, por los resultados alcanzados en la prueba PISA 2009 que se aplica en el sistema educativo mexicano. El mismo titular de la SEP ha expresado igual optimismo al respecto en los medios de comunicación.
El problema es que no hay nada de qué congraciarse en los resultados de esa prueba de diagnóstico y medición nacional, a menos que las derivaciones o desprendimientos del informe (www.pisa.oecd.org) sean transmutados en ficción, como ocurre con frecuencia en los discursos de los políticos.
La prueba PISA 2009 se aplicó al grupo de edad de 15 años, esto es, a quienes han egresado de la secundaria o están ya incorporados en el bachillerato, y se reporta, efectivamente, un ligero avance en su desempeño en matemáticas. Sin embargo, comparado con el periodo de aplicación de la prueba, la variación positiva en este rubro no resulta estadísticamente significativa (página 13), porque en tendencia se verifica que lo impartido a los jóvenes y lo que éstos aprenden sigue igual que hace 10 años y que el país continúa en los más bajos niveles mundiales de desempeño en lectura, matemáticas y ciencia.
Lo que da a conocer la OCDE no es extraño, pero sí resulta asombroso constatar que los responsables de la conducción del sistema educativo lo consideran como logros y avances. Se insiste en continuar con pruebas y más pruebas para medir las deficiencias del sistema escolar, cuando de lo que se trata es de conocerlo para transformarlo.
El reporte de la OCDE, que cubre un universo de 65 países, da cuenta también del desperdicio de recursos que se ha hecho durante décadas. De acuerdo con sus cifras, de no mejorarse las condiciones de desempeño escolar en el país, en los próximos 15 años la pérdida será de unos 5 trillones de dólares, lo cual equivaldría a lo perdido en los últimos 20 años por las mismas razones.
Lo peor es el desperdicio de generaciones enteras sumidas en la mediocridad de su aprendizaje. Según los indicadores y estándares de desempeño, menos de 1% de los alumnos sometidos a la evaluación alcanzan un nivel comparado con el de los países de más alto nivel educativo. Incluso, debido a la proliferación de las escuelas patito y a la baja calidad con la que operan, el factor de ingresos socioeconómicos de los alumnos no tiene, para el caso, una causalidad positiva para obtener calificaciones satisfactorias, dado que se observan resultados parecidos tanto en escuelas privadas como en públicas.
En lo general, dentro de la medición de las habilidades que se realiza (conforme a la clasificación de la OCDE de 6 niveles estándar), en México no pasamos del nivel 2, lo cual significa que nos encontramos con generaciones de estudiantes que apenas pueden comprender lo que leen o escribir un párrafo de forma coherente, y que en ciencias y matemáticas no pueden definir diversos significados y conexiones significativas. En lectura sólo 0.4% de los estudiantes alcanza el nivel 6; en ciencias, 0.2%, y en matemáticas, sólo 0.7% de ellos. En los hechos no tenemos estudiantes, como lo dice el informe (página 35), con competencias similares a los de países de punta.
En la Cámara de Diputados se acaba de aprobar la obligatoriedad del nivel de bachillerato para dar justamente cobertura al grupo de edad de 15 años. Magnífica iniciativa. Sin embargo, a la luz de los datos anteriores, lo que podrá ocurrir es que todos los jóvenes de 15 años tendrán el derecho a estudiar en este nivel, pero llegarán al mismo arrastrando deficiencias severas en sus aprendizajes. Entonces, felicidades señor secretario de Educación y subalternos del SNTE: los resultados de sus pruebas son para dar cuenta del trabajo extenuante que realizan. l
Condenado por la opinión pública
Jesús Cantú
En este caso no fueron videos; fueron solamente grabaciones de audio, pero su difusión fue igual de contundente: La transmisión de la conversación telefónica entre Julio César Godoy Toscano y Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, en radio, televisión e internet, construyó una opinión pública adversa al exdiputado federal. El audio evidenciaba la familiaridad entre uno de los capos de La Familia Michoacana y el entonces candidato a legislador. Al respecto, Godoy Toscano interpuso argumentos formales o tecnicismo jurídicos, pero jamás pudo sostener frontalmente que no fuera su voz. Y la opinión pública no entiende de formalismos legales.
Por si esto fuera poco, unos días después se divulgó que el entonces diputado había hecho depósitos en un par de cuentas de cheques por casi 25 millones de pesos en un lapso de tres años y medio, sin que en ese mismo periodo hubiese siquiera rendido una declaración de impuestos. Los alegatos del entonces diputado apenas pudieron acreditar ingresos por menos de una tercera parte de dicho monto y, desde luego, nunca justificar la ausencia de declaraciones ante Hacienda.
El vínculo estaba ya sembrado en la opinión pública nacional: estos ingresos únicamente podían explicarse en función de la relación de Godoy Toscano con el crimen organizado. Éste y su defensa mantienen la línea argumentativa que les puede resultar favorable en los tribunales, pero que no demuestra su inocencia y menos puede resultar exitosa ante la ciudadanía. En este escenario el desafuero concretado el pasado martes 14 de diciembre fue un mero formalismo.
Es la segunda ocasión en poco más de 73 meses que la Cámara de Diputados desafuera a legisladores perredistas, y en ambas ocasiones la mayoría de la bancada del partido del sol azteca votó favorablemente al sentido el dictamen.
El 4 de noviembre de 2004, el Pleno de Diputados, erigido en Jurado de Procedencia, aprobó el dictamen para desaforar a René Bejarano con únicamente siete votos en contra y 15 abstenciones. En el caso de Godoy Toscano fueron sólo dos votos en contra, aunque hubo 21 abstenciones.
Al hablar en nombre de su grupo parlamentario, Alejandro Encinas dejó claro su posicionamiento: “Será la autoridad competente quien lo resuelva, pero queremos dejar claro ante la sociedad, ante todas las mexicanas y los mexicanos, que de ninguna manera nuestro grupo parlamentario, nuestro partido, incurrirá en acciones que provoquen sospecha sobre nuestro desempeño legislativo, sobre nuestra honorabilidad y sobre nuestras responsabilidades políticas. Por ello, quiero dejar claramente establecido nuestro deslinde tajante de cualquier relación con acciones delictivas y con la delincuencia organizada. El país requiere de transparencia y congruencia entre quienes desempeñamos funciones públicas”.
Más que la definición frente a los legisladores y la fundamentación del sentido de su voto, era una respuesta a la opinión pública, a los ciudadanos, sobre todo a los electores, que deben expresar su veredicto en las urnas. Era el partido rendido frente a la soberanía popular: los medios habían exhibido las evidencias en contra de Godoy Toscano y éste ni siquiera había intentado desvirtuarlas; frente al hecho, más valía dejar la vía libre a la acción judicial para intentar recuperar credibilidad ante la opinión pública.
Sin embargo, la actitud asumida por el PRD no es compartida por el resto de los partidos políticos; al contrario, particularmente el PRI se atrinchera en su peso legislativo y político para defender a ultranza a sus militantes. En los últimos 75 años se han resuelto cuatro solicitudes de procedencia contra cuatro legisladores: el 30 de julio de 1983, desaforaron a Jorge Díaz Serrano, por haber defraudado a Pemex con 5 mil millones de pesos (Díaz Serrano fue el símbolo de la llamada “renovación moral” del gobierno de Miguel de la Madrid, y su desafuero fue un mero acto protocolario, pues en ese entonces el Legislativo simplemente formalizaba las decisiones presidenciales); en 1994, 11 años después, una solicitud de licencia fantasma del desaparecido diputado federal tricolor Manuel Muñoz Rocha, acusado de ser el autor intelectual del crimen de José Francisco Ruiz Massieu, permitió evadir la votación en el Pleno, pues se interpretó que con dicha licencia se suprimía el fuero y, por lo tanto, era innecesario el desafuero. Y los dos desafueros ya comentados: el de René Bejarano, en 2004, y el de Godoy Toscano, apenas el martes pasado.
Pero no hay que olvidar la defensa que realizó el grupo parlamentario tricolor en septiembre de 2003 para evitar incluso la discusión en el Pleno del desafuero del entonces senador Luis Ricardo Aldana, también líder del sindicato petrolero, por el desvío de recursos de Pemex a la campaña electoral del candidato presidencial priista en 2000, Francisco Labastida, es decir, como presunto responsable del conocido Pemexgate. La PGR solicitó iniciar el Procedimiento de Declaración de Procedencia en octubre de 2002; la Sección Instructora dictaminó a favor de la procedencia en junio de 2003, turnó el dictamen a la Comisión Permanente con el fin de que ésta convocara a un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados para erigirse en Jurado de Procedencia, pero el 25 de agosto se denegó dicha solicitud porque no logró reunir los votos de las dos terceras partes de los miembros de la comisión.
Al cambio de Legislatura, el presidente de la mesa directiva de la Cámara, Juan de Dios Castro Lozano, convocó a erigirse en Jurado de Procedencia para el miércoles 17 de septiembre; pero nuevamente la bancada tricolor, mediante argucias formales –los dictámenes que no se votaron en el Pleno al concluir una Legislatura tienen que regresar a comisiones en la nueva antes de llevarse al Pleno–, logró echar abajo dicha convocatoria en apretada votación, con únicamente siete votos de diferencia, el 9 de septiembre.
Pero no sólo los legisladores tienen el denominado fuero constitucional; hay otros funcionarios que también disponen de él, como los gobernadores y el jefe de Gobierno del DF, y aquí también hay casos y comportamientos interesantes. En el caso del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador, la Cámara de Diputados lo desaforó el 7 de abril de 2005, con el voto en contra de toda la bancada perredista y de algunos diputados priistas.
En contraste, a pesar de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó, el 14 de octubre de 2009, que el entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, era presuntamente responsable de las graves violaciones a los derechos humanos durante los hechos violentos ocurridos en aquella entidad en 2006 y 2007, nunca se inició ningún procedimiento ni en la Cámara de Diputados –cuya decisión únicamente hubiese sido declarativa, pues es el Congreso estatal el que debe resolver en definitiva– ni en el Congreso del estado; nuevamente funcionó la protección a ultranza de los legisladores tricolores a sus militantes.
En el caso de los panistas, quizá el episodio más significativo es el correspondiente al exgobernador de Morelos Sergio Estrada Cajigal, a quien el Congreso estatal destituyó, el 24 de octubre de 2004, con el voto en contra de los 10 legisladores blanquiazules, acusado de proteger en su cargo al coordinador estatal de la Policía Ministerial, José Agustín López, acusado de narcotráfico; el asunto finalmente lo resolvió favorablemente para el gobernador el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así, los únicos tres desafueros que han procedido en México, desde que el Ejecutivo federal perdió el control del Legislativo, han sido contra perredistas. En los dos primeros casos –Bejarano y AMLO– finalmente fueron absueltos por el Poder Judicial, aunque López Obrador finalmente ni siquiera fue llevado ante el mismo, porque la PGR envió el expediente a la reserva; probablemente suceda otro tanto en el caso de Godoy Toscano, pues lo que fue muy efectivo para impactar en la opinión pública no necesariamente lo es para demostrar la llamada verdad jurídica; pero en cualquier caso, en las democracias consolidadas, ante la existencia de una duda razonable en la soberanía popular (la ciudadanía que emite su veredicto en las urnas), los partidos políticos normalmente prefieren plegarse ante la misma y respaldar las solicitudes de que sus militantes sean sometidos a juicio en las instancias judiciales. Esto es lo que ha sucedido en dos casos con el PRD, pero en México la práctica todavía no se generaliza. Otra muestra de que en nuestro país todavía falta mucho camino por recorrer en la construcción de la democracia. l
El mejor alcalde del mundo
Miguel Ángel Granados Chapa
Las fuerzas vivas de la Ciudad de México (y, hay que decirlo, especialmente los proveedores del gobierno capitalino, como el consorcio Línea 12 del Metro, integrado por ICA, Alstom y Carso) se emocionaron con la designación del jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, como “el mejor alcalde del mundo”, según la City Mayor Foundation, un organismo no de gobernantes municipales que juzgan a sus iguales, sino de expertos que examinan el desempeño de quienes tienen que lidiar con los problemas urbanos.
A pesar de que se notificó que Ebrard salió avante en competencia con los alcaldes de las no muy impresionantes ciudades de Oklahoma, en Estados Unidos; Riace, en Italia; Surrey, en la Columbia Británica de Canadá, y Brisbane, en Australia (que ocuparon los lugares del dos al cinco), la noticia fue recibida con algarabía sobre todo en el sector empresarial, lo que se mostró en abundancia de felicitaciones en espacio pagado en la prensa capitalina, a partir del 6 de diciembre en que se difundió la elección del jefe de Gobierno de la Ciudad de México como el mejor.
La cascada de congratulaciones al jefe de Gobierno y aspirante presidencial llegó a un punto culminante el jueves pasado, cuando un nutrido grupo de organizaciones del sector privado expresó su orgullo de contar con un Ejecutivo local de clase mundial, el mejor de todos por lo menos en 2010 (pues el cetro cambia de manos cada año).
“Las cámaras, asociaciones, el sindicato patronal y organizaciones empresariales abajo firmantes se congratulan por el reconocimiento internacional otorgado al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, como ‘El Mejor Alcalde del Mundo
“Quienes vivimos y trabajamos en la Ciudad de México estamos conscientes de que las acciones desarrolladas por el jefe de Gobierno del Distrito Federal contribuyen a lograr que nuestra ciudad se convierta, día con día, en una de las mejores metrópolis del mundo.
“El galardón referido representa una enorme responsabilidad que, estamos seguros, será correspondida por el Lic. Marcelo Ebrard Casaubon.”
Calzan ese mensaje los emblemas o los nombres de 56 cámaras, asociaciones y “el sindicato patronal”, que tal es el carácter jurídico de la Coparmex. Sin poder enumerarlos por completo, enuncio que entre los sellos firmantes figuran Concamin, Canadevi (por partida doble), Canacintra, Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana; Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México; ANIERM, CIRT, Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, Asociación de Industriales Litógrafos de México, Aschoco, Ammje, Canacope, Servitur, Canaintex, Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Canirac, Canaibal, CMIC, etcétera.
Por su lado, ese mismo día pudo leerse en amplios espacios que “Roberto Gómez Barrera, presidente de los consejos de administración de Gruma y de Grupo financiero Banorte, felicita cordialmente al Lic. Marcelo Ebrard Causabon, jefe de Gobierno del Distrito Federal, por haber sido designado Mejor Alcalde del Mundo por la Fundación City Mayors”.
Mejor informado que sus compañeros empresarios, González Barrera cita exactamente a City Mayors, que solamente es una fundación y no la “asociación internacional de alcaldes”, como afirmaron los “abajo firmantes” que, por otro parte, expresan un optimismo poco frecuente entre los habitantes de la capital, pues están ciertos de que Ebrard logrará “que nuestra ciudad se convierta día con día en una de las mejores metrópolis del mundo”. En medio del refunfuño generalizado, estas voces que expresan un pensamiento positivo son de agradecer, pues dejan de lado la crítica repetitiva, seguramente auspiciada por los adversarios políticos de Ebrard, sobre la multitud de problemas que aquejan a la capital, entre los que sobresale, para los sectores medios, el que la circulación rodada esté sujeta cada día a mayores dificultades, una de las cuales no menor es la multitud de obras callejeras en curso, que se prolongan y alargan más allá de lo comprensible. Como entre los ingleses el clima, no hay conversación entre capitalinos que no comience o verse por completo sobre el infierno que es para muchos pasar de una porción a otra de la ciudad o entrar y salir de rumbos muy poblados, especialmente de automóviles.
La fundación premiadora informó que la defensa de Ebrard de los derechos de las mujeres y de las minorías era una de las razones para galardonarlo. Otra causa es que “se ha convertido en defensor de asuntos en materia ambiental, internacionalmente reconocido”.
De seguro los premiadores se refirieron al papel desempeñado por Ebrard en la cumbre de autoridades municipales a que convocó él mismo y tuvo lugar en la capital, en noviembre, reunión que comisionó al “mejor alcalde del mundo” para que entregara en Cancún, ante las cúpulas preocupadas por el calentamiento global, el proyecto de las ciudades más grandes del orbe para disminuir cada una en su ámbito la emisión de gases con efecto invernadero.
Seguramente la fama internacional de Ebrard crecerá y se consolidará si escucha de viva voz las objeciones a su proyecto carretero conocido como Supervía Poniente, denunciado por expertos y grupos vecinales como atentatorio contra la sustentabilidad de la capital de la República, más allá del daño ecológico que su sola construcción generaría.
En los mismos días en que medio mundo festejaba al mejor alcalde del mundo, un grupo de 34 diputados federales pertenecientes no sólo a la oposición (PRI y PAN), sino también a los partidos que lo llevaron al lugar donde se encuentra (PRD, Convergencia y PT), le dirigieron una carta que hasta ahora no ha tenido respuesta. Los legisladores pidieron al jefe de Gobierno que se abra al diálogo con los objetores del proyecto. Le recuerdan que con los auspicios de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se realizaron en torno a este asunto “interesantes debates” en que “especialistas de alto nivel en materia legal, ambiental y de movilidad y planeación urbana presentaron opiniones fundadas sobre los impactos que podría acarrear la Supervía en relación con la sustentabilidad de la ciudad, en especial en materia de agua, de nuevos problemas de movilidad por falta de apoyos técnicos suficientes, del riesgo para las finanzas del DF, pues en el título de concesión se pactó el rescate carretero, así como numerosas violaciones a los derechos humanos, entre los que destacan derecho a la información, a la participación, a la seguridad jurídica, a una vivienda digna, a un medio ambiente sano y al agua”.
Si Ebrard accede a recibir a la Comisión Civil de Acompañamiento del Frente Amplio contra la Supervía, y a los propios representantes de esa agrupación, es seguro que él mismo ampliará la información sobre la que han descansado los proyectos para esa carretera de cuota en el interior de la capital, y acaso opte por conocer las alternativas que los impugnadores han preparado. Si procediera de esa guisa, es seguro que no sólo un despacho de relaciones públicas de Londres lo galardone, sino que los capitalinos lo reconozcan como el mejor alcalde del mundo l
Más apoyos contra la agresión a Proceso
El reto, democratización
de la TV: Flor y Canto
Señor director:
Pareciera que en 34 años las cosas en México siguen igual, que el tiempo se detuvo. Cuando observamos la embestida mediática de Televisa, recordamos las palabras del editorial del primer número de Proceso, de aquel 1976 del siglo pasado:
“Golpeados por la inquina política en términos que causaron asombro dentro y fuera de México, por la impudicia de la agresión y la relevancia de quienes la concibieron, sus miembros no harán de Proceso un semanario del despecho y el resentimiento. Primero, porque comprenden la naturaleza política de los hechos en que se les ha involucrado. Y en segundo lugar, y sobre todo, porque los conforta y obliga la solidaria generosidad de un vasto número de mexicanos decididos a que el silencio no cubra por completo a esta nación.” (Proceso 1.)
Sabemos que por la memoria, historia e integridad de los colaboradores de Proceso, el semanario saldrá avante ante esta nueva ofensiva del poder, como ocurrió en 1976, e incluso como sucedió desde la gestación del proyecto en los tiempos del autoritarismo priista. Y también sabemos que el silencio no cubrirá por completo a la nación, porque: en defensa del periodismo crítico hoy les decimos a los comunicadores de Proceso –y en especial al reportero Ricardo Ravelo– que no están solos.
Quizá no haya sexenio desde la fundación de Proceso sin que la revista enfrente la ominosa intención de silenciarla. Así fue también con Carlos Salinas, y con el presidente del supuesto cambio, Vicente Fox.
No lo decimos en tono de resignación, y tampoco minimizamos esa mala costumbre de los poderosos de hostigar a los periodistas críticos, sino porque en esta ocasión la embestida es más sofisticada, tiene un toque distintivo, se origina en un poder que ya no es el quinto poder, sino el primero en este país, el poder de la televisión, el poder del monopolio de la desinformación. Supra-poder fáctico por encima de los poderes de la nación. En este sexenio, con mayor claridad, los medios han dejado de ser concesiones del Estado, y ahora el Estado es una concesión a políticos cómplices de las arbitrariedades de los dueños de la televisión. Pero es la televisión la que realmente gobierna y manda en México.
Desde el púlpito mediático en horario Triple A, Televisa tiene el poder sin límites, puede acomodar realidades a su antojo; ya no es sólo censurar, ahora se trata de aniquilar a quien nunca tendrá derecho de réplica ni la mínima posibilidad de defenderse ante la sentencia de la pantalla chica. Sentencia que no se basa en otra ley más que en la ley del poderoso duopolio de los medios de comunicación masiva y sus intereses y confabulaciones con la oligarquía.
La democratización de los medios de comunicación, y principalmente de la televisión, es uno de los grandes pendientes en nuestra sociedad; quizá sea la lucha más importante del siglo XXI, pues mientras la televisión y los gobiernos en turno mantengan su asociación delictuosa, se explican ambos como aparatos de control, dominación y manipulación social. En otros países, como Argentina, 33.3% de los medios son públicos, 33.3% son privados y 33.3% son comunitarios. En México, 99% son privados, y entre ellos el duopolio televisivo ocupa el porcentaje mayoritario de los canales y frecuencias.
El derecho a la información veraz es uno de los derechos fundamentales que no está previsto en los ordenamientos jurídicos, y ello nos coloca en situación de indefensión a los ciudadanos, que no podemos exigir un alto a las campañas amarillistas, los linchamientos mediáticos, las calumnias y la manipulación que cotidianamente se presentan en los noticiarios de televisión.
No es casual que esta campaña de linchamiento de Televisa sea contra uno de los contados medios que han desnudado el carácter absurdo de la guerra fallida de Calderón contra el narcotráfico, guerra que ha costado más de 30 mil vidas, que tiene a la sociedad civil entre dos fuegos (el del crimen organizado y el de la policía corrompida), y que ha convertido a México en un infierno, sobre todo un infierno para los jóvenes.
Hoy reivindicamos nuestro derecho a la información veraz, nos solidarizamos totalmente con la revista Proceso, gracias a la cual desde su fundación por la incansable labor de don Julio Scherer ha sido la vitrina de lo que precisamente nunca se verá en la televisión.
Hemos iniciado una campaña en medios alternativos y redes sociales en defensa del periodismo crítico. Asimismo, continuaremos acciones por la democratización de la televisión.
Finalmente, recordamos las palabras del escritor Albert Camus que nos remiten a los conductores de noticias por televisión en México: “Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad no puede sino ser mala”.
Atentamente
Frente Social por la Igualdad, Jóvenes de Izquierda Social, Flor y Canto.
De la Federación Estatal de Periodistas de Baja California
Señor director:
El más amplio sector de periodistas de Baja California expresa su solidaridad con reporteros, directivos y personal administrativo y operativo de la revista Proceso en su labor de informar con profesionalismo y oportunidad a la sociedad mexicana, y ante las prácticas autoritarias que laceran el derecho a la información y la amenaza que enfrenta actualmente la libertad de prensa en nuestro país.
Durante más de 30 años hemos dado seguimiento puntual al desempeño informativo de Proceso, apoyándonos en dicho medio como un referente fundamental del devenir político y social de México, confirmando siempre la veracidad de sus contenidos y el apego a la ética profesional de sus colaboradores.
No nos es ajeno que el periodista Ricardo Ravelo es uno de los investigadores más experimentados en temas sobre narcotráfico y seguridad pública en Hispanoamérica, en publicaciones que han generado un fuerte impacto en nuestra sociedad y han afectado intereses tanto de autoridades como de organizaciones criminales.
Recientemente, el colega Ricardo Ravelo y la revista Proceso han sido sometidos a una campaña de desprestigio por gente de sospechosos patrocinios. Calificamos estas acciones como un ataque a todos los que ejercemos el periodismo dentro del territorio nacional.
Asimismo, demandamos que el gobierno federal, en estricto apego a las garantías derivadas del ejercicio de las libertades de expresión y prensa que consagra la Constitución General de la República, proporcione inmediatamente protección al periodista Ricardo Ravelo, así como a las instalaciones y al personal de la revista Proceso, en especial considerando los ataques recientes a otros comunicadores del país.
Atentamente
Licenciado Enrique Méndez Álvarez
presidente de la Federación Estatal de Periodistas de Baja California;
licenciada María de la A. Gutiérrez, vicepresidenta Tijuana; licenciado Claudio F. Orenday, vicepresidente Tecate; licenciado Antonio Heras, vicepresidente Mexicali; ingeniero Alfredo Calva, vicepresidente Playas de Rosarito, y licenciado Enrique Gómez, vicepresidente Ensenada.
De Joaquín Pastrana Chávez
Señor director:
Le pido de manera atenta y respetuosa publicar en la sección Palabra de Lector mi enérgica protesta e indignación por la actitud prepotente y autoritaria que asume el gobierno federal, en contubernio con el grupo de presión Televisa, contra los derechos fundamentales de libertad de expresión que ejercen Proceso y su equipo de reporteros para mantener informada a la sociedad.
Es del dominio público que los gobiernos panistas en turno han pretendido intimidar a sus reporteros, e inclusive terminar con el propio semanario si de ellos dependiera, tratando de desacreditarlo ante la opinión pública a través de calumnias, demandas, reducción de publicidad y utilizando a algunos medios de comunicación que están a su disposición de manera incondicional, como Televisa y el conductor del Canal de las estrellas, Joaquín López Dóriga.
La sociedad se caracteriza por su complejidad, pero también es cierto que ahora está más informada y ello le permite distinguir con meridiana claridad el poder de la autoridad y sus grupos de presión que pueden afectar los derechos fundamentales de otros grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como es el caso de Proceso, que evidentemente no tiene el respaldo económico ni político del gobierno del que gozan Televisa y su conductor estrella.
No debe olvidarse que, en un estado de derecho, el gobierno debe preservar la pluralidad, la tolerancia y la diversidad, valores necesarios para la construcción de consensos, y no intimidar, reprimir o desaparecer a quienes tienen una opinión diferente de cómo debe actuar el gobierno.
Por lo anterior, pido públicamente al gobierno federal y a los grupos de presión que se conduzcan con estricto apego a derecho, priorizando el diálogo y, sobre todo, respetando el derecho que tiene todo individuo de exteriorizar sus ideas por cualquier medio, como lo ha expresado el mismo Poder Judicial de la Federación.
Atentamente
Joaquín Pastrana Chávez
Propone eliminar de la ley la figura del testigo protegido
Señor director:
No es mi propósito entrar aquí a realizar un análisis jurídico de las reformas a las leyes penales que fueron aprobadas en 2008, las cuales dieron amplias facultades a las autoridades para atropellar las garantías constitucionales a través de instrumentos como el arraigo, el cateo, las intervenciones telefónicas, la Ley de Extinción de Dominio y la protección de testigos, atropellos que no se justifican ni aun bajo la embestida tan brutal del “crimen organizado”, como la que padecemos hoy.
Por razones de espacio, únicamente me referiré a la inmoralidad de la “figura” del “testigo protegido”, de la cual el gobierno se aprovecha para golpear a los ciudadanos.
Quiero entender que cuando un testigo honesto corre peligro por parte de aquél al que perjudica su dicho, es conveniente que el Estado lo proteja. Pero no cuando se trata de un presunto delincuente, con quien la autoridad negocie un beneficio a cambio de una delación. Aun cuando esta práctica se dé en otros países, no deja de ser inmoral, porque la justicia no es un bien negociable.
Sabemos que la ley prevé diversas circunstancias en las que tiene lugar un delito y que el juzgador debe tomarlas en consideración al determinar la responsabilidad o inocencia del procesado y la individualización de la pena para cada caso; pero es inmoral ofrecer, por ejemplo, una disminución de la pena a un presunto delincuente a cambio de un testimonio (convenido o no con la autoridad, que en esta era de corrupción todo se puede), porque en tal caso se le está dando trato especial, violando así el principio de igualdad de todos los gobernados ante la aplicación de la ley.
Además, no se le puede conferir credibilidad alguna al dicho de un presunto delincuente, toda vez que, si en el proceso que se le sigue por el delito que se le imputa resulta responsable del mismo, quedará de manifiesto que si su baja calidad moral le permitió delinquir, también le permitirá mentir, o bien se verá obligado a ello por medio de amenazas o torturas, razones por las cuales no se debe conceder crédito a sus aseveraciones.
Así pues, es necesario derogar de plano la figura del “testigo protegido” de la ley penal, y no como propone el senador Beltrones, instrumentar una sanción para los delincuentes que como testigos protegidos negocien la reducción de su pena a través de una mentira, porque eso nos llevaría a otro procedimiento para probarla y sería el cuento de nunca acabar.
Atentamente
Consuelo Durán Acosta
Mérida, Yucatán
De Efraín Barrera Medrano, sobre Cuatro años a sangre y fuego
Señor director:
Valga la presente para saludarlo y, al mismo tiempo, felicitarlo por su ardua labor periodística para bien de la prensa libre. Confieso que desde hace varios años he sido un lector cautivo de Proceso. Sin embargo, con preocupación me percaté de que en la edición número 1780, del 12 de diciembre de 2010, en la página 10 se me señala como hermano de El Nica, un presunto jefe de cártel, al parecer por tener los mismos apellidos.
Resulta hasta irracional sacar deducciones bajo esa lógica. Es como si todos los delincuentes que se apellidan Calderón fueran consanguíneos del presidente, o que los ciudadanos de apellido Guzmán fueran hermanos o medios hermanos del Chapo.
Debo aclarar, también, que si bien es cierto que he ostentado el cargo de subdirector de Tránsito y director de Seguridad Pública en el gobierno de Leonel Godoy, lo hice a mucha honra, poniendo mi mejor esfuerzo y en un marco de absoluta transparencia. No es cierto, por tanto, que sea hermano del personaje referido ni tengo hermanas o hermanos que se dediquen o practiquen actividad ilícita alguna.
Por otro lado, señor director, le reconozco su esfuerzo y convicción de seguir conservando objetividad y credibilidad en su prestigiado semanario, por lo cual estará de acuerdo conmigo en que no es mediante el escarnio público ni llevando a personas físicas o morales a juicios sumarios como se contribuye a la verdad, sobre todo si no hay certeza de lo dicho; más grave aún si no se repara en el daño que se puede ocasionar.
Por todo lo anterior, le agradecería infinitamente publicar la presente carta, toda vez que tal afirmación daña mi imagen pública y pone en riesgo mi integridad física y moral, al igual que la de mi familia.
Atentamente
Efraín Barrera Medrano
Respuesta de los reporteros
Señor director:
En efecto, dentro del reportaje Cuatro años a sangre y fuego, publicado en Proceso 1780, se afirmó por error que Efraín Barrera Medrano es hermano de uno de los líderes de La Familia, Nicandro Barrera Medrano, El Nica, cuando en realidad son primos hermanos.
Dicho parentesco se desprende de las actas de nacimiento de ambos personajes, copias de las cuales fueron obtenidas por estos reporteros. De acuerdo con las partidas 120 y 245 del Registro Civil, los dos nacieron en Santa Cruz de Morelos, municipio de Turicato, Michoacán.
Los padres de Nicandro fueron Roberto Barrera Coria y María Medrano Carlón, en tanto que los progenitores de Efraín fueron Salvador Barrera Coria y Celia Medrano Carlón. Además de que, conforme a dichas actas, los abuelos paternos y maternos de ambos son los mismos.
Atentamente
Jorge Carrasco Araizaga y
Francisco Castellanos J.
Denuncia discapacitado que el IMSS le escamotea su pensión
Señor director:
En 1996 sufrí un accidente de trabajo que ameritó la colocación de una prótesis en mi cadera izquierda. Aunque logré reincorporarme a mis labores, en el año 2000, al trasladarme del lugar de mi empleo a mi domicilio, el microbús donde viajaba frenó bruscamente, a raíz de lo cual se me rompió un tornillo y se me aflojó la prótesis, por lo que tuve que ser intervenido en abril de 2001.
Después de la segunda cirugía, mi pierna sufrió mayor afectación, por lo que, a la fecha, he tenido una inestabilidad protésica, diagnóstico por el que, a partir del 23 de febrero del 2002, inició mi pensión provisional de acuerdo con la Ley del IMSS y el Reglamento de Servicios Médicos de la misma ley. El 3 de marzo de 2003 fui revalorado y se emitió el Dictamen de Invalidez ST-4, con carácter de permanente.
No obstante, atropellando mi derecho, ese dictamen fue cancelado con el argumento de que un oficio de la Dirección de Prestaciones Médicas, Económicas y Sociales ordenaba que esa condición no se le atribuyera a ninguna persona pensionada por la Ley 97, pues sus recursos “pasarían a las Afores”. Con este argumento, emitieron un oficio que sería revisable en el 2005.
En efecto, en 2005 fui revalorado cinco veces con la finalidad de adquirir el carácter de Invalidez Permanente: la primera, el 3 de marzo en Medicina del Trabajo de la clínica 160; la segunda, en el Hospital General de Zona 47; la tercera, en la misma clínica 160; la cuarta, en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes (en todas ellas el diagnóstico fue “malo para la función”).
Luego enviaron mi dictamen para su aprobación a la Coordinación de Medicina del Trabajo del Hospital de Zona 47 Vicente Guerrero, pero entonces, por quinta vez, se solicitó una valoración que se realizó en el Hospital General de Zona 30 “Coyuya”, donde el diagnóstico fue el mismo. No obstante, señalaron que ese diagnóstico era revisable en 2007, donde luego de practicarme diversas revaloraciones, determinaron que mi pensión sería un asunto igualmente revisable dos años más tarde, en 2009.
El caso es que, luego de otra serie de revaloraciones e intervenciones, a ocho años de habérseme otorgado la pensión, aún no se le ha dado el carácter de permanente y, peor aún, me la retiran, argumentando que el hecho de que mi prótesis ya presente un aflojamiento y esté próximo a una tercera intervención quirúrgica, no me encuentro limitado para presentarme a trabajar.
El hecho es que, después de ocho años de estar pensionado, ya no cuento con un espacio laboral en la empresa donde trabajaba, debido a que, tras haber estado pensionado por ocho años, la empresa me dio de baja. El caso es que, desde el 24 de febrero de 2009, fecha en que la doctora Argelia Escutia Macedo inició la revaloración, se me suspendió el pago de mi pensión y a la fecha no me ha sido cubierta.
Por lo anterior, exhorto a las autoridades del IMSS y al gobierno federal para que cumplan cabalmente con la ley y se me expida la resolución de mi pensión permanente y el pago que corresponde. (Carta resumida.)
Atentamente
Francisco Fernando Palacios Rueda
Número de Seguridad Social: 6888650840
calle Bilbao 621, edificio “D”,
departamento 165,
colonia Granjas Estrella,
Código Postal 09850,
delegación Iztapalapa,
México, DF
(Teléfono: 27-33-13-98)
Advierte que en Iztapalapa no quieren más de lo mismo
Señor director:
Varios vecinos, entre ellos representantes elegidos de la colonia Citlali, solicitaron mi intervención para buscar que la administración de Iztapalapa atienda temas urgentes, como los abusos cometidos por las hermanas Rosalinda y Reyna Gutiérrez Román –al igual que por el esposo de esta última– en relación con el centro comunitario.
Para empezar, han hecho negocio con la renta del mencionado local durante más de 10 años, en una instalación que la comunidad contribuyó a construir en terrenos donados para beneficio colectivo; luego, han amenazado a quienes reclaman su proceder, y tanto a grupos de la tercera edad como a maestros que imparten alguna actividad se les cobra el acceso, independientemente de los pagos que, cada fin de semana, realizan los vecinos para organizar convivencias particulares.
Esto se ha hecho con el beneplácito, la complicidad y la omisión de la anterior y la actual administraciones de Iztapalapa, al punto de que el gobierno delegacional ha provocado conflictos en la comunidad de Citlali al entregar el control del local a personas incondicionales, pretendiendo fortalecer al grupo de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), facción al servicio de la jefa delegacional.
Es preciso señalar que la actual administración de Clara Brugada ha persistido en prácticas como la compra de votos, la corrupción, el manipuleo y la simulación que se hizo para imponer grupos afines al gobierno delegacional en la aprobación de los “presupuestos participativos”.
La actual jefa delegacional en Iztapalapa gobierna con prácticas priistas, promueve la división y el enfrentamiento en la comunidad a través de las empleadas Chantal Crespy Serrato y Martha López López, así como por medio de las hermanas Reyna y Rosalinda Gutiérrez Román.
Es urgente poner orden y actuar con seriedad, congruencia y sin demagogia, de cara a la población. La opinión pública está atenta a lo que pasa en nuestra maltratada Iztapalapa, pues ya no se quiere más de lo mismo. (Carta resumida.)
Atentamente
J. Javier Reyes A.
Secretario de Enlace Legislativo PRD-Iztapalapa
Teléfono: 5686-5527
Iztapalapa, Distrito Federal
Posdata: Aprovecho la ocasión para solidarizarme con este semanario en contra de la infamia que desde el poder presidencial y de Televisa pretende dar una “lección de comportamiento” a Proceso. Además, es cierto: el poder central de esta revista lo constituyen la veracidad y el profesionalismo, que sus lectores sabemos apreciar.
