Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 15 de mayo de 2011
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Del Zócalo a Ciudad Juárez
Dejar pasar la oportunidad de trabajar en conjunto aumentaría la descomposición
Colaborador Invitado
(15 mayo 2011).- Emilio Álvarez Icaza L.
Ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
El pasado domingo se realizó la concentración de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad en el Zócalo de la Ciudad de México, en más de 30 ciudades en el país y en más de una docena en el extranjero. Estas concentraciones tienen muy diversas lecturas y desafíos. Aquí algunos de ellos.
Mosaico del dolor
Desde que salió de Cuernavaca, la Marcha por a Paz convocó a muchas personas, de manera destacada a víctimas, algunas de ellas de casos emblemáticos de la violencia que se vive y otros muchos que tristemente se mantienen en el anonimato. Estuvieron además de Javier Sicilia, Julián LeBarón (de la comunidad mormona de Chihuahua); Olga Reyes Salazar, cuya familia ha perdido a seis integrantes en Ciudad Juárez; papás y mamás de niños que perdieron la vida en la Guardería ABC de Hermosillo, entre muchos otros. Adicionalmente, a lo largo del camino, pero sobre todo en el zócalo capitalino, se escucharon dolorosos testimonios de quienes han sido víctimas de la delincuencia y víctimas del Estado mexicano cuando no les procura justicia, los trata con desdén y desprecio y se viven desgarradoras experiencias de impunidad y desesperación. Este mosaico del dolor tuvo por constante la impunidad. Esta significativa presencia de víctimas es una fuente principal del alto contenido ético de las exigencias presentadas en el Pacto por la Paz con Justicia y Dignidad.
La fuerza de la gente
De Ciudad Universitaria al centro de la ciudad miles de personas salieron al encuentro de la marcha, miles más se sumaron a ella y otros prefirieron concentrarse en distintos puntos, muchos más allá incluso de los que se encontraron en el primer cuadro. Llamó la atención la resolución de la gente, en el largo recorrido no hubo pintas ni desórdenes, todo lo contrario, una expresión ciudadana auténtica y pacífica. Tampoco se observaron camiones para acarreados ni estructuras políticas o gubernamentales operando. Lo que se observó fueron familias, jóvenes (muchos jóvenes), actores, adultos mayores, mujeres y hombres convocados por la paz.
El pacto
El riesgo de que este movimiento terminara en la Plaza de la Constitución (como ha sucedido en otras similares) era real, sin embargo la presentación del Pacto no sólo dio agenda y sentido a la movilización, sino que con una lógica de sinergia retoma procesos distintos de sociedad civil y los incorporó significativamente. El periódico Reforma presentó en su edición del lunes 9 una excelente síntesis. Los seis puntos que contiene son: 1. Verdad y justicia; 2. Fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana; 3. Combate a la corrupción e impunidad; 4. Combate a la raíz económica y las ganancias del crimen; 5. Atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social y; 6. Democracia participativa, mejor democracia representativa y democratización en los medios de comunicación. En todos los puntos se agregan acciones específicas con fechas determinadas. El mensaje a los poderes del Estado fue fuerte y claro. El tema de la seguridad no se puede ver parcialmente, requiere de avance de agendas integrales, y asumir las responsabilidades que ello implica.
Ahora están en construcción las comisiones que darán seguimiento a cada uno de estos puntos y simultáneamente generar las condiciones para que se llegue el próximo 10 de junio a Ciudad Juárez, Chihuahua, a que, en un primer momento, se firme este pacto en una gran alianza social y, en un segundo momento, con los representantes de las instituciones y poderes del Estado. Éste no será un proceso fácil y tampoco sencillo. En su fortaleza, la sociedad civil tiene también su debilidad. La diversidad y complejidad de actores involucrados requerirá de mucha capacidad para la construcción de consensos. Será necesario que se tome altura para sumar en lo que une, por encima de las muy válidas y hasta necesarias diferencias.
En este camino se resolverán las formas, contenidos y tiempos del diálogo con el titular del Ejecutivo y de otros poderes. El presidente Calderón ha respondido ya a las movilizaciones del domingo pasado. De manera destacable ha asumido el diálogo como una responsabilidad. Entre los convocantes a las movilizaciones por la paz se cree que hay que ir más allá de esa buena expresión, gana terreno la idea de un diálogo público, en Palacio Nacional y con una importante representación de víctimas. Habrá que asumir que es el inicio de un proceso, donde el objetivo principal y fundamental está el 10 de junio y más allá.
Es claro que la solicitud de renuncia de Genaro García Luna generó nota y abrió debate, aunque también es preciso subrayar que lo sustantivo está en el pacto, su construcción y cumplimiento. Esta nueva oportunidad que se construye desde las víctimas, con un nuevo protagonismo y desde la capacidad de propuesta de distintos sectores de la sociedad civil, no se debe dejar pasar, pues de lo contrario los costos en materia de desconfianza y descomposición del país serán mucho mayores y más graves, y francamente lo menos que se requiere es eso.
Educación: 'revolución' sin cambio
Reportaje Día del Maestro. Una inversión de más de 3 billones de pesos, nuevos programas, dos pactos gorbierno-sindicato para elevar la calidad y media docena de reformas legales no han sido suficientes para una transformación real del sector educativo
Sonia Del Valle y Martha Martínez
(15 mayo 2011).- En la campaña del 2000, el PAN y su candidato presidencial Vicente Fox prometieron impulsar una "revolución educativa" como premisa fundamental de la alternancia que le proponían a los mexicanos. En 10 años, esa transformación no ha llegado aún a los salones de clase.
A pesar de los recursos invertidos y los compromisos pactados, la "revolución educativa" no cuajó.
Entre el año 2001 y el 2010 la inversión federal y estatal para educación básica alcanzó los 3 billones 167 mil millones, poco más de 30 puntos porcentuales del PIB.
El 90 por ciento de los recursos se destinaron a pagar los salarios de los trabajadores de la educación; también se canalizaron al mantenimiento y construcción de escuelas, la formación y capacitación de maestros en servicio, al equipamiento tecnológico y las reformas de educación preescolar y secundaria en el sexenio pasado, y primaria en esta administración.
En este sexenio incluso se destinaron recursos extraordinarios para el pago de estímulos salariales para los maestros y el Programa de Carrera Magisterial tuvo un crecimiento del 117 por ciento.
La creación de programas como Enciclomedia, Escuelas de Calidad y Formación Continua de Maestros incluso trascendieron la lógica sexenal. De ellos, Enciclomedia fue un escándalo por la manera en que se implementó y no demostró que contribuyera a mejorar la calidad de la educación.
A la par, se crearon 73 mil 117 plazas docentes para primaria, preescolar, telesecundaria, educación especial y física, y un millón 400 mil plazas de asignatura para los maestros de secundaria.
Los incrementos salariales para los maestros, en promedio anual, fueron del 8.8 por ciento incluidas prestaciones.
Además, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) negoció en el último año de la administración foxista un fondo de 41 mil millones de pesos para equiparar el sueldo de los docentes que trabajan en la zona económica 2, con los de la zona económica 3, denominada "de vida cara".
En los últimos 10 años se firmaron dos compromisos para mejorar la calidad de la educación entre el gobierno federal y el SNTE: el Compromiso Social por la Calidad de la Educación en 2002, y la Alianza por la Calidad de la Educación en 2008.
La Conferencia Nacional de Gobernadores acordó en 2004 establecer una sola mesa nacional de negociación salarial, pues desde la descentralización educativa de 1993 las secciones sindicales del SNTE establecen una doble negociación con los gobernadores para incrementar sus prestaciones.
Un análisis del mapa salarial del 2006 reveló que por 200 días de clases, hay maestros que reciben hasta 500 días de salario al año.
La doble negociación salarial incluso ha generado que, haya maestros como los de Colima y Aguascalientes que perciben 515 y 505 días de salario, respectivamente; les siguen los del Estado de México, con 498 días, y Tabasco, con 495.5 días. Mientras que en el Distrito Federal reciben 460 días de salario.
Después de la alternancia del 2000, en el Congreso de la Unión se aprobaron 15 reformas legales y una constitucional, esta última para hacer obligatorios tres años de preescolar a partir del 2005.
Dichas modificaciones legales, a decir del especialista Víctor Espinoza del Colegio de la Frontera Norte, no han aterrizado en los salones de clase porque es imposible llevarlas a cabo.
Un ejemplo es la modificación de la Ley General de Educación que obliga a la Federación y los estados a invertir el 8 por ciento del PIB para educación, que a la fecha no ha superado la barrera del 6 por ciento.
Diez años después de la promesa de Fox, el PAN presume una mayor cobertura en los servicios de educación básica. Según el Censo 2010, la población de
Pero que los alumnos aprendan sigue siendo un pendiente.
La generación de la transición
El gobierno de Fox recibió los resultados de la primera evaluación internacional que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a través del Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes (PISA por sus siglas en inglés).
Los resultados revelaron que los gobiernos priistas habían dejado un sistema educativo donde cuatro de cada diez alumnos no comprendía lo que leía y cinco de cada diez no eran capaces de realizar tareas matemáticas elementales.
Al mismo tiempo, con la llegada del primer gobierno panista ingresó a las aulas la llamada "generación de la transición democrática", en el ciclo escolar 2001-2002.
Nueve años después, al concluir la secundaria, cuatro de cada diez estudiantes de esa generación egresaron sin comprender lo que leían y cinco de cada diez no sabían realizar tareas matemáticas elementales. Es decir, no se avanzó nada.
El especialista del ITAM, Eduardo Andere, señala que la pobreza conspira en contra de la mejora de los aprendizajes, pero reconoce que no compete de manera exclusiva a la SEP atenderla, sino al conjunto de las instituciones del Estado.
Asegura que el otro factor que conspira en contra del aprovechamiento escolar, ése sí responsabilidad exclusiva de la política educativa, es el esquema para formar y retener a los mejores maestros en las aulas.
"Lo que sí se hubiera podido hacer es erradicar el esquema actual de atracción y formación de maestros y no se necesita hacer otra cosa más que abrirlo a la competencia. Es decir, quitarle el monopolio de la formación de maestros de educación básica a las normales y permitir que cualquier otra institución pueda atraer y formar docentes; así como elevar radicalmente los requisitos de certificación de maestros, mediante instituciones y organizaciones independientes del gobierno y del sindicato", comenta.
El shock mexicano
En respuesta a los primeros resultados que se hicieron públicos sobre el aprovechamiento escolar, PISA 2000, el gobierno de Fox convocó a la firma del Compromiso Social por la Calidad de la Educación.
El compromiso fue firmado por el gobierno federal, los gobernadores, el Congreso de la Unión, las universidades, empresarios y padres de familia, y estableció, entre otros puntos, que las plazas de maestros, directores y supervisores se asignarían a través de concursos de oposición.
Los legisladores por su parte se comprometieron a destinar en el Presupuesto de Egresos al menos el 8 por ciento del PIB al financiamiento del sistema educativo nacional; mientras que las universidades acordaron fortalecer la vinculación entre la educación básica, media superior y superior para la formación y capacitación continua de maestros.
Los concursos para la asignación de plazas se quedaron en el camino.
El informe que presentó México a la OCDE (Atraer, formar y retener profesorado de calidad), a finales del sexenio, reveló que sólo en 13 entidades comenzaron a asignarse algunas plazas a través de concursos de oposición.
En la mayoría de los estados el SNTE siguió controlando el 50 por ciento de las plazas, amparado en el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Incluso en los pliegos generales de demandas del SNTE, que cada año negocia con la SEP, reclama que la contratación de personal se sujete a lo dispuesto al artículo 62 de la esa ley.
La asignación de recursos también se quedó corta.
Desde la modificación del artículo 25 de la Ley General de Educación en enero del 2005, hasta la fecha, nunca se ha asignado el 8 por ciento PIB al sector; el año que tuvo la inversión pública más alta, fue 2009 con 5.4 por ciento, de acuerdo con los informes de Hacienda.
En tanto, las universidades no lograron articular esfuerzos junto con la SEP para la capacitación y formación continua de maestros durante todo el sexenio de Fox.
Calderón aumenta concesiones al SNTE
Tras las elecciones del 2006, el entonces presidente electo Felipe Calderón se comprometió con el gremio magisterial a transformar el sistema educativo con el concurso de los maestros.
"A eso vengo, a proponerles y a pedirles a que juntos hagamos la transformación educativa que México necesita para el siglo XXI", señaló en una reunión llevada a cabo en julio, pocos días después de los polémicos comicios.
Calderón tomó posesión el 1o. de diciembre del 2006, y un año después la OCDE entregó los resultados de la prueba PISA 2006.
Los estudiantes mexicanos que salieron de la secundaria seguían en su mayoría sin mejorar su aprovechamiento escolar.
El 47 por ciento y el 56 por ciento se ubicó en el nivel 1 o por debajo de éste en Comprensión Lectora y Razonamiento Matemático, respectivamente.
Un año después el gobierno federal, a través de la SEP y el SNTE, volvieron a firmar un acuerdo (la Alianza por la Calidad de la Educación) en presencia de los gobernadores y el gabinete social, avalada por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas.
En los últimos tres años, tras la firma de la Alianza, los recursos para mejorar las condiciones de trabajo de los maestros crecieron en un 32.4 por ciento, según cifras de la Secretaría de Hacienda, al pasar del 204 mil millones de pesos, a 270 mil millones.
Creció en 5 por ciento la planta docente, al pasar de 1 millón 105 mil maestros a 1 millón 164 mil; pero en paralelo aumentó en 43 por ciento el número de maestros que realizan funciones como Asesores Técnicos Pedagógicos, quienes fungen como apoyo a las prácticas pedagógicas de los docentes frente a grupo.
También aumentaron los recursos en materia de estímulos salariales, se creó un nuevo programa de Estímulos al Desempeño Docente, que a la fecha tiene 2 mil 577 millones de pesos y crecieron los recursos para la formación continua de maestros, en 253 por ciento.
Además, se incorporó a las universidades e instituciones de educación superior en el programa de Formación continua de maestros.
Alejandro Canales, especialista del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (ISUE) de la UNAM, asegura que no existe una relación directa entre el gasto educativo y la mejora de la calidad.
"Si bien se han incrementado los recursos y se han sostenido algunos de sus programas e iniciativas, lo cierto es que la operación del sistema educativo ha seguido una conducción inercial sin establecer prioridades claras, ni correcciones oportunas y se ha caracterizado más bien por una simbiosis atípica entre la autoridad educativa y el sindicato de maestros, como lo dijo en su oportunidad el relator sobre el Derecho a la Educación de Naciones Unidas (Vernor Muñoz)", explica.
Mientras que Ángel Díaz Barriga, investigador del ISUE, asegura que los avances de la Alianza no se reflejan en el aprovechamiento escolar, porque se redujeron las horas efectivas de clase ya que los maestros dedican parte de su jornada laboral a preparar a sus alumnos para la prueba ENLACE.
La prueba ENLACE comenzó aplicarse en el ciclo escolar 2005-
A tres años de la firma de la Alianza, además, hay procesos y compromisos pactados que a la fecha no registran avances: la reforma del Programa de Carrera Magisterial, la evaluación y certificación de las competencias docentes; la asignación de plazas de directores a través de concursos de oposición; el sistema nacional de información educativa y el sistema nacional de evaluación.
El especialista de la UNAM Alejandro Canales concluye que las administraciones panistas no generaron un cambio importante en la política educativa.
"Continuaron las mismas líneas de acción, pocas iniciativas se han hecho manifiestas", señala, "el cambio más relevante de la política educativa de las administraciones panistas ha sido el nuevo tipo de relaciones entre los titulares de la SEP y la dirigencia magisterial".
Dicho cambio, advierte, consistió en ceder al SNTE parte de la responsabilidad que tiene el gobierno federal en la conducción del sistema educativo.
"La actual administración cedió parte de su responsabilidad en la conducción del sistema educativo; la inestabilidad en la titularidad de la SEP y los nombramientos han estado sujetos a la dinámica política más amplia, no a una preocupación por los resultados o el desempeño del sector", agrega.
La década de Elba Esther
Recursos destinados, plazas creadas, acuerdos gobierno-SNTE, pactos políticos de Elba Esther Gordillo, incrementos salariales y evaluaciones. La historia del sector educativo en la primera década de gobiernos panistas.
2000
Marzo. Como candidato por la Alianza por el Cambio, Vicente Fox promete una "revolución educativa".
Diciembre. Fox toma posesión como Presidente y Reyes Tamez Guerra como titular de la SEP, permanece en el cargo todo el sexenio.
2001
Abril. Fox presenta el programa Escuelas de Calidad.
Mayo. El SNTE acepta un incremento salarial de 11% y 2% en prestaciones.
Septiembre. Presenta el gobierno federal el Programa Nacional de Educación 2001-2007.
Diciembre. La OCDE difunde por primera vez resultados de la Prueba PISA 2000.
Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca anuncian que devolverán los servicios educativos a la Federación por falta de recursos.
2002
Mayo. El SNTE acepta un incremento salarial de 5.75% y 1.5% en prestaciones.
Agosto. SEP, SNTE, gobiernos estatales, universidades y organizaciones firman el Compromiso Social por la Calidad de la Educación.
Se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación por decreto.
Noviembre. Se publican las reformas a los artículos 3 y 31 constitucionales que hacen obligatoria la educación preescolar.
Diciembre. Maestros de la CNTE realizan paro y plantones para exigir la cancelación del Compromiso Social por la Calidad de la Educación.
2003
Enero. Comienza la distribución de la Guía para Padres elaborada por la Fundación Vamos México y el SNTE.
Mayo. El SNTE acepta un incremento salarial de 5.5% y 1.5% en prestaciones.
2004
Marzo. Se firma el Convenio de Coordinación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.
El Quinto Congreso Nacional Extraordinario nombra a Elba Esther Gordillo presidenta del SNTE.
Mayo. El SNTE acepta un incremento salarial de 5% y 1% en prestaciones.
Junio. Conago, SEP y SNTE acuerdan establecer una sola mesa nacional para la negociación salarial a fin de eliminar la doble negociación.
Agosto. Fox presenta el programa Enciclomedia.
2005
Enero. Se publica reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación. Se establece que el financiamiento público para educación no podrá ser menor del 8% del PIB.
Se crean las subsecretarías Básica, Media Superior y Superior de la SEP. Se descentralizan los servicios del DF.
Nace el partido del magisterio, Nueva Alianza. Su primer dirigente, Miguel Ángel Jiménez, niega que sea el partido de Gordillo.
Mayo. El SNTE acepta un incremento salarial de 4.3% y 1.2% en prestaciones.
Septiembre. Gordillo renuncia a la secretaría general del PRI por sus diferencias con Roberto Madrazo.
Octubre. El recién electo candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, se reúne con Gordillo y la cúpula del SNTE.
2006
Mayo. El SNTE acepta un incremento salarial de 5.5% y 1.5% en prestaciones.
Se aplica por vez primera la prueba ENLACE en 3o. a 6o. de primaria y 3o. de secundaria.
Estalla huelga de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), impulsada por el movimiento magisterial en el estado.
Julio. El candidato del Partido Nueva Alianza a la Presidencia, Roberto Campa, obtiene 401 mil votos (.96%).
Nueva Alianza obtiene en la elección de diputados y senadores más del 4% por lo que mantiene el registro.
Se revela que Gordillo operó en favor de Calderón y es expulsada del PRI tras 35 años de militancia en ese partido.
Agosto. Entra en vigor la reforma de educación secundaria.
Sin esperar la calificación de las elecciones por parte del Tribunal Electoral, Gordillo declara a Calderón "presidente electo".
Octubre. Logra SNTE fondo por 41 mil millones de pesos para la rezonificación de maestros.
Publica SEP los resultados de la prueba ENLACE y entrega un reporte a todos los padres de familia.
Noviembre. Zacatecas plantea regresar los servicios de educación básica a la Federación.
Tomás Ruiz sustituye a Miguel Ángel Jiménez en la dirigencia del Partido Nueva Alianza.
Diciembre. Calderón toma posesión como Presidente y Josefina Vázquez Mota como titular de la SEP.
Calderón nombra a Fernando González, yerno de Gordillo, subsecretario de Educación Básica.
2007
Mayo. El SNTE acepta un incremento salarial de 5.5% y 1.5% en prestaciones.
Realiza SNTE Cuarto Congreso Nacional de Educación.
Julio. El 23 Consejo Nacional Extraordinario del SNTE nombra a Gordillo presidenta vitalicia.
Agosto. Jorge Kahwagi sustituye a Tomás Ruiz en la dirigencia del Partido Nueva Alianza.
Septiembre. El Congreso aprueba reformas al artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal; cambia la fórmula de distribución del FAEB.
Noviembre. El gobierno federal presenta el Programa Sectorial de Educación 2007-2012.
Diciembre. Se crea el Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa.
2008
Abril. Gordillo cumple 20 años como lideresa del SNTE.
Mayo. El SNTE acepta un incremento salarial de 4.5% y 1% en prestaciones.
La SEP y el SNTE firman la Alianza por la Calidad de la Educación.
El Consejo Nacional de Autoridades Educativas avala la Alianza por la Calidad de la Educación.
Agosto. Paran maestros de Morelos en protesta contra la Alianza.
86 mil maestros presentan el primer Examen Nacional de Habilidades y Competencias Docentes para obtener una plaza, sólo 1 de cada 3 lo aprueba.
Septiembre. El Congreso decide etiquetar 14 mil millones de pesos para la Alianza.
Octubre. Regala SNTE Hummers a los líderes sindicales.
Noviembre. El SNTE firma con 14 estados la Alianza.
2009
Abril. Alonso Lujambio sustituye a Vázquez Mota al frente de la SEP.
Mayo. El SNTE acepta un incremento salarial de 4.9% y 1.9% en prestaciones.
Junio. Lanza SNTE programa de televisión "Todo el mundo cree que sabe".
Julio. El Partido Nueva Alianza obtiene 1.8 millones de votos (4.5%) en la elección de diputados federales.
2010
Mayo. El SNTE acepta un incremento salarial de 4.9% y 1.5% en prestaciones.
Junio. Por primera vez se publica la nómina de los maestros de educación básica. Es el primer paso hacia la construcción del Padrón Nacional de Maestros.
2011
Enero. Se publican reformas a la Ley General de Educación que establecen la creación de un padrón nacional de maestros, alumnos e instituciones y un sistema nacional de información educativa.
Alonso Lujambio anuncia su intención de contender por la candidatura presidencial del PAN.
Notas: El rubro Presupuesto indica los recursos aprobados por la Cámara de Diputados; incluyen Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), Ramo 11 (sólo educación básica) y Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) básico. PISA: Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La prueba se aplica cada tres años en los países de la OCDE. ENLACE: Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares. Se aplica anualmente. Fuentes: Reforma, SEP, SHCP, Cámara de Diputados, IFE. Recopilación: Sonia del Valle y Martha Martínez.
La promesa
En marzo del 2000, el entonces candidato de la Alianza por el Cambio propuso llevar a cabo una "revolución educativa", que implicara duplicar el presupuesto al sector, dar acceso a toda la población y mejorar la calidad. Ciertamente, nunca prometió modificar la relación gobierno-SNTE.
Presupuesto de educación básica
El monto de los recursos creció más del doble en 10 años. (cifras en millones de pesos).
| 00 | 143,112 |
| 02 | 177,474 |
| 04 | 223,926 |
| 06 | 246,688 |
| 08 | 284,152 |
| 10 | 317,243 |
Plazas por año
Para crear 1,486,921 plazas se invirtieron $6,797,700,000
| | Asignatura | Tiempo completo |
| 01 | 215,779 | 9,048 |
| 03 | 147,798 | 4,757 |
| 05 | 237,094 | 15,022 |
| 07 | 203,781 | 8,786 |
| 08 | 81,997 | |
| 10 | 56,512 | 7,634 |
Resultados mediocres
Porcentaje de alumnos ubicados en el nivel uno o debajo de éste en la prueba PISA.
| | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 |
| Competencia lectora | 44.2% | 52 | 47 | 40.1 |
| Competencia matemática | 56% | 66 | 56.5 | 51 |
| Competencia ciéntifica | 50% | 52.1 | 51 | 48 |
Notas: Los niveles 1 o debajo de éste son los más bajos establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Competencia lectora: capacidad de un individuo para comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos. Competencia matemática: capacidad para realizar el razonamiento lógico matemático para resolver problemas de la vida cotidiana. Competencia científica: hace referencia a los conocimientos científicos de un individuo y el uso de éstos para identificar problemas y explicar fenómenos.
Carrera magisterial sin simulaciones
Opinión. Testimonio. Día del Maestro. La Coalición Ciudadana por la Educación impulsa un cambio de reglas en el sector y busca frenar lo que considera un desastre
Jorge Javier Romero, Martha Martínez y Sonia del Valle
(15 mayo 2011).- La escandalosa catástrofe educativa que vive el país tiene una causa fundamental: el control corporativo de la carrera del magisterio mexicano. Desde que en 1943 el régimen autoritario impuso la unificación de los diversos sindicatos magisteriales en una organización vertical y antidemocrática, el sistema educativo mexicano ha estado regido por mecanismos de control político y sindical y no por criterios profesionales o académicos.
A la creación del SNTE siguió en 1944 su "reconocimiento" por decreto presidencial como única organización gremial del profesorado; y el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la SEP (1946) instituyó de hecho el control de la burocracia sindical sobre todo el proceso de ingreso, promoción, estímulos y permanencia de los profesores en la educación básica y media superior.
Este modelo de relación laboral debe ser sustituido por un nuevo arreglo institucional, donde la gestión de las condiciones de trabajo se centre en temas estrictamente laborales y de prestaciones, pero no rija en el sistema de incentivos ni en los procesos de ingreso, promoción, estímulos al desempeño y permanencia.
Los mínimos que un nuevo arreglo debería tener son:
1. La elaboración definitiva del catálogo general de puestos del magisterio (padrón de maestros) en todos los estados del país; que ordene y haga pública la información de dónde están y quiénes son los maestros, el personal de dirección y de supervisión; que transparente y acote las comisiones sindicales.
2. La certificación universal de los profesores con base en criterios académicos de conocimientos y habilidades docentes.
3. El concurso de todas las plazas vacantes como único mecanismo válido para ocupar un puesto docente. Es inaceptable que sean los líderes sindicales quienes los administren, pues no premian a los buenos profesores sino a los leales.
4. La instauración de un sistema nacional de evaluación de la calidad educativa coordinado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que concentre el concurso de ingreso, la evaluación de profesores, directores y supervisores, lo mismo que la evaluación del aprovechamiento escolar y de gestión.
5. El establecimiento de la evaluación universal periódica del desempeño profesional docente con la responsabilidad de un colegiado ciudadano, plural y autónomo presidido por el INEE, con criterios que correspondan a las necesidades del sistema educativo y sin las distorsiones impuestas por los líderes sindicales en los reactivos de evaluación.
6. La consolidación de un sistema universal de estímulos al que se acceda a través del sistema de evaluación del desempeño y que sustituya a todos los mecanismos actualmente existentes. Sus criterios deberían ser:
a. Evaluación permanente y obligatoria del desempeño profesional (40 por ciento) compuesta con una ponderación de la evaluación de conocimientos de los profesores, del desempeño hecha por sus pares y la efectuada por los padres de familia a través de los Consejos de Participación Escolar.
b. Cursos de actualización reconocidos por el INEE (25 por ciento).
c. Aprovechamiento escolar de los alumnos, medido con mecanismos establecidos por el INEE (35 por ciento).
7. La separación clara entre los criterios con los que se establece el salario base de los profesores (antigüedad, puntualidad o escolaridad) y aquellos que se tomen en cuenta para el sistema universal de estímulos.
8. El establecimiento de medidas de desempeño que utilicen datos de varios años.
9. La creación de un sistema de incentivos negativos, por el cual los profesores puedan perder el estímulo si no se cumplen con los requisitos o no se mejora en el desempeño.
10. En el caso de los directores y supervisores escolares, además de los criterios de evaluación del desempeño profesional y capacitación mencionados, el INEE debería desarrollar un sistema de evaluación de las gestiones escolar y educativa con participación de profesores y de los Consejos de Participación Escolar.
Es hora de que se institucionalice un nuevo marco normativo para las condiciones generales de trabajo y se deroguen todas las normas en las que se basa el arreglo corporativo que lastra a la educación e impide la libertad sindical auténtica de los maestros.
Ya es tiempo de que el sistema educativo nacional recupere el carácter de sujetos profesionales de los docentes y para modificar la gobernabilidad del sistema educativo, hasta ahora basada en el control que ejerce el SNTE sobre las demandas magisteriales.
La profesionalización del magisterio mexicano debe ser la tarea central de la reforma educativa pendiente. Con maestras y maestros preocupados por mejorar en su desempeño, el sistema educativo mexicano dejará de ser un botín de unos líderes sindicales corruptos para convertirse en una palanca fundamental del combate a la desigualdad y al atraso de México. Si no se actúa hoy, el futuro del país está en riesgo.
El autor es integrante del Consejo Directivo de la Coalición Ciudadana por la Educación.
Levantar la escuela de la nada
En 1999 al maestro Camerino Sánchez lo asignaron como director de una escuela que no existía. Tres salones construidos por los maestros a partir de costales, palos y láminas de cartón era la infraestructura de la escuela secundaria Jaime Torres Bodet, en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México.
Los salones goteaban en época de lluvia, en primavera el calor era sofocante y los moscos se convertían en una plaga que obligaba a maestros y alumnos a despejar los salones antes de comenzar las clases, los pizarrones eran tablas de madera que los profesores pintaban de verde y las bancas eran sillas que los alumnos llevaban a sus casas.
Sánchez reconoce que además de las carencias de infraestructura, el problema más grave era el entorno. La colonia Américas I, en donde está ubicado el plantel, era un conjunto de casas dispersas en donde habitaban familias a quienes no les quedó otra alternativa de subsistencia que arribar a los lugares que por estar alejados del casco urbano y carecer de servicios básicos son más baratos para vivir.
El maestro recuerda que para estas familias la educación era un lujo, pues debido a su alto grado de pobreza y marginación, la mayoría de sus integrantes contribuían a la economía familiar.
Para convencer a la comunidad de que la educación es la única fórmula efectiva para salir de la pobreza, Sánchez y su grupo de maestros comenzaron a hacer visitas a las familias con jóvenes que habían concluido la primaria. Para ello establecieron contacto con los líderes de la comunidad quienes les señalaban las casas en donde había jóvenes en edad de cursar la secundaria.
La primera generación de este plantel estuvo conformada por alrededor de 40 jóvenes a quienes el director prácticamente iba a recoger a sus casas para evitar que dejaran la escuela o se fueran de pinta, pues la escuela carecía de una barda que separara el espacio escolar del antirrábico, el canal y las vías del tren que se encuentran a su alrededor.
A cuatro años de su jubilación, el director asegura que cada año al frente de la secundaria Jaime Torres Bodet ha valido la pena, pues pocos maestros como él tienen la oportunidad de levantar de la nada una escuela que brinda oportunidades a jóvenes cuyo única opción era perpetuar la marginación en la que viven sus familias.
Actualmente los alumnos del plantel siguen realizando sus prácticas de química y física en el patio porque no tienen laboratorios, el programa de estudios no incluye talleres porque carecen de los espacios necesarios y las clases de educación física las llevan a cabo en una pequeña cancha que originalmente fue construida para la práctica de basquetbol.
En 12 años, las autoridades municipales construyeron sólo la infraestructura básica: seis salones, un módulo de baños, una pequeña cancha y una barda que delimita el plantel.
Sánchez señala que la infraestructura con la que hoy cuenta el plantel es apenas la mitad de lo que requiere para brindarles a sus alumnos condiciones dignas de educación; no obstante, señala que a pesar de las carencias, el plantel es considerado como una de las tres mejores secundarias de Valle de Chalco por la prueba Enlace.
Martha Martínez
Educar contra la violencia
Cuando los profesores Elsa Garfias y Guillermo Ávila -subdirectora y director, respectivamente- llegaron a la escuela secundaria 160, Ana María Gallaga Mandarte y Villaseñor, en la delegación Gustavo A. Madero, hace siete años, el grado de violencia era tal que todos los días se atendían en promedio cinco peleas y los negocios de los alrededores cerraban a la hora de la salida para evitar ser asaltados por los estudiantes.
Ubicada cerca del Reclusorio Norte y con una población escolar conformada básicamente por jóvenes que llegaron de diversos estados del país y se asentaron en la colonia Cuautepec Barrio Alto para poder visitar a algún familiar recluido, el plantel era considerado la última opción de los alumnos que no habían logrado quedarse en otra secundaria de la zona.
Además, los maestros no contaban con el apoyo de las autoridades ni de la comunidad: los elementos que patrullaban la zona no hacían nada para evitar que los alrededores del plantel fueran utilizados por drogadictos como puntos de reunión, los maestros eran repudiados por los padres de familia y vecinos que los acusaban de no hacer nada para controlar a los jóvenes y las respuestas de las autoridades educativas generalmente eran rebasadas por la realidad cotidiana del plantel.
A pesar de tener todo en contra, hoy la escuela es reconocida por salvar del vandalismo y la drogadicción a cientos de jóvenes, los maestros trabajan en conjunto con los padres de familia para mejorar el aprovechamiento de los alumnos, el número de peleas se redujo a 10 anuales, el promedio general aumentó de
El primer paso, relata Elsa Garfias, fue convencer a su equipo de maestros de regresar al viejo modelo del profesor que enseña, procura y se preocupa por sus alumnos, pues desde su punto de vista, el papel del maestro no es sólo enseñar, sino formar.
Para mostrarle a los jóvenes que sus maestros se preocupan por ellos, directivos y profesores memorizaron los nombres de los 700 estudiantes del plantel, aprendieron a identificarlos físicamente y estudiaron a qué se dedican sus familias.
El siguiente paso fue ganarse la confianza de los jóvenes a través de la palabra empeñada, es decir, cuando un maestro hacía una promesa, ésta debía cumplirse aun cuando ello dependiera de que aportaran parte de su sueldo.
Hoy el acuerdo no escrito entre alumnos, maestros y directivos es que mientras los primeros acuden a la escuela y se esfuerzan por aumentar su aprovechamiento, los segundos los procuran, los ayudan y les brindan condiciones dignas de estudio.
Para ello tejieron alianzas con organizaciones civiles como Cauce Ciudadano que imparte talleres de manejo de la violencia, gestionaron el apoyo de programadores neurolingüísticos que ayudan a los jóvenes a mejorar su autoestima y convencieron a oftalmólogos, podólogos y médicos de apoyar con revisiones gratuitas.
La maestra no duda en asegurar que hoy la escuela es para los alumnos un oasis para su entorno de violencia. Los indicadores le dan la razón: de tener un promedio general de seis, actualmente entregan en cada ciclo escolar alrededor de 400 diplomas a alumnos que alcanzaron promedio de 9 o más.
Más allá de las cifras, para Garfias el signo más importante de éxito es lograr que todos los días los alumnos usen la corbata y el moño verde olivo que conforman el uniforme, pues ese pequeño aditamento los hace sentirse diferentes a los vagos de su colonia.
Martha Martínez
Día del maestro testimonio
El método Elia
La maestra Elia ruge. Camina como si fuera un león. Está enseñando a sus alumnos los nombres de los animales. El rugido del león, el ladrido del perro, el maullido del gato son sus aliados.
Si enseña las partes del cuerpo, se toca la cabeza, abre la boca y pronuncia, "caaa-beee-zaaaa".
Cuando lee en voz alta, actúa, usa la mímica, toca las cosas, las carga de un lado al otro del salón.
Todos sus alumnos se ríen de ella, pero uno en especial se le queda viendo extrañado.
"Se me queda viendo como diciendo qué está haciendo mi maestra".
La respuesta es sencilla: la maestra Elia Galindo Silva, de la primaria Principado de Mónaco, aplica una pedagogía bautizada por ella misma como el "método Elia".
Es que el primer día de clases le dijeron que tenía además de 34 alumnos, un estudiante monolíngüe de la lengua tzeltal que viene de Chiapas.
"¿Qué hago?", fue lo primero que se preguntó.
"No voy a poder trabajar de la misma manera con él; ¿qué utilizo? ¿El método onomatopéyico?, ¿el método ecléctico?, ¿el pronales?, pues nada, que defino el método Elia, es decir, de todo un poquito", relata.
El método Elia incluyó una búsqueda en internet de algunas palabras claves para comunicarse con su estudiante, la que más le funciona -dice- es "sujaba".
"Lo que hice fue bajar de internet palabras clave en tzeltal para poder trabajar con él, palabras como 'no llores', 'tranquilo', 'vamos a ver los números'.
"Cuando veía que se desesperaba, yo le decía 'sujaba' y él nada más se reía, porque a lo mejor mi acento no es el correcto".
Hizo dos planes de trabajo, uno para Samuel y otro para el resto de los alumnos.
La composición de las mesas hace que los estudiantes trabajen en equipos, pero como a Samuel había que enseñarle no sólo los contenidos del programa de primer grado, sino el español, se auxilió de tarjetas, ilustraciones, cartulinas, colores, frutas, de cosas que pudiera ver, oler, tocar, saber cómo se llaman y relacionarlas para poder pronunciarlas.
El resto de sus alumnos aprenden a escribir y leer.
Samuel hoy entiende el español, entiende lo que la maestra y sus compañeros le dicen. También habla con frases cortas.
El método Elia funciona, pero las ganas de enseñar y querer a sus alumnos le vienen por herencia, pues su mamá es maestra jubilada.
"Ella fue la que me recomendó que le tenía que infundir confianza a Samuel, demostrarle que lo quería, que no tuviera miedo, y me dio consejos, como trabajar primero la coordinación motriz y funcionó", dice orgullosa Elia.
Sonia del Valle
Nuevos v(b)otantes
Análisis La generación 2012. El 18 por ciento de los potenciales electores del 2012 tienen entre 18 y 24 años. Será un reto de partidos y autoridades electorales atraerlos a las urnas. Para que no se escape ni una sola generación más como el futuro prometedor de México, no debemos dejar de encauzar integralmente nuestros esfuerzos
María Macarita Elizondo Gasperín
(15 mayo 2011).- El pasado 1o. de abril por la mañana entablé una plática agradable, llena de conocimiento y simpatía, con el doctor Carlos Arellano García.
-¿Qué piensa del joven votante de hoy?, le pregunté.
Su respuesta no se dejó esperar:
-"Lo veo con faltas de ortografía, efectivamente es el joven 'botante' de hoy", me dijo.
El sentido de sus palabras me dejó ver la enorme distancia generacional entre la férrea instrucción y la educación recibida por este distinguido profesor y aquella otra de quienes eran materia de nuestra charla, esto es, la nueva generación de los que cumplen 18 años y que por vez primera emitirán el sufragio para presidente de la República el próximo año.
La necesidad de incluir a los jóvenes como un sector capaz de disfrutar y ejercer sus derechos político-electorales, en unión con el interés en incrementar su participación y desempeño en asuntos sociales, políticos, laborales, y educativos, siempre será un tema de necesario análisis.
Tomemos como punto de partida que la primera generación de jóvenes que votó -teniendo como parámetro general la edad de 18 años establecida a partir de la reforma de 1969- hoy son sexagenarios, como el profesor a quien formulé mi pregunta; es más, el doctor Arellano García orgullosamente era de mayor edad física, aunque su vitalidad y entusiasmo ya quisiéramos haberla tenido muchos.
De
Sin duda, todos los que somos adultos, ya sea que nos encontremos en iniciativa privada, en el sector público, en el hogar, en la ciudad o en el campo, hemos pasado los 18 años como esa línea del tiempo efímera. A partir de ahí, de una manera u otra hemos sido partícipes del devenir de nuestro entorno individual y de México, por lo que debemos ser capaces de replantearnos cuál va a ser nuestra colaboración e interés en el perfil que tiene la juventud actual respecto al ejercicio de sus derechos subjetivos públicos, en aras de una mejor integración y desarrollo como nación.
Según el Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el INEGI, somos 112 millones 336 mil 538 mexicanos, de los cuales 11 millones 26 mil 112 tienen de
Los jóvenes de
Para saber qué opina este sector de la población en temas como el apoyo a la democracia, satisfacción con la democracia, y la importancia del voto, resulta indispensable mostrar los datos derivados de encuestas de opinión efectuadas por el Latinobarómetro durante
Tipos de jóvenes
Ahora bien, el universo de jóvenes electores que integran nuestro país se tendrá que enfrentar a sus propias condiciones personales para tomar la decisión de votar y por cuál opción, o no votar en las próximas elecciones. Los perfiles de dicha población son tan variados, sin embargo, que enunciativamente podemos decir que existen los siguientes sectores o grupos de jóvenes que deben preocuparnos y ocuparnos:
Aquellos que en su mayoría conciben a la credencial para votar más como un instrumento de identificación y reafirmación de la mayoría de edad frente a los demás, que como un documento indispensable para ejercer el derecho al voto.
Los que se asumen como herederos de tradiciones familiares y educativas enraizadas, repiten patrones de conducta, dejan de responsabilizarse y no muestran interés en el conocimiento y ejercicio de sus derechos, y en algunas ocasiones tampoco en el respeto ni a ellos mismos ni a los demás.
Los que tratan de romper con tales tradiciones, y entran animosos a esta nueva etapa de su vida, pero se ven influenciados por información externa errónea respecto al ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, y acaban por sumirse o sumarse en la inercia.
Algunos de los integrantes de esos sectores comparten la característica de no contar con una autoestima firme, vivir el presente con gran intensidad, sin que en sus vidas cotidianas importe el mediano y largo plazos, y pueden relacionarse con los llamados "ninis" ("ni estudio ni trabajo"). Espero que en las próximas fechas no se adicione el "ni voto".
Por otro lado, encontramos una categoría de jóvenes que rompen esquemas familiares y sociales, comprometiéndose como ciudadanos, o aquellos que por su dinámica educativa y familiar han llevado un proceso integral de concientización en cuanto a sus derechos y obligaciones político-electorales y están dispuestos a ejercerlos.
Tecnología y redes sociales
Cabe indicar que las políticas y programas que se enfocan a lograr el interés y capacitación del joven se enfrentan a contextos distintos. Hoy se cuenta con un mejor desarrollo en tecnología, computación, internet, uso de redes sociales, telefonía, medios televisivos y radiofónicos, mismos que deben explotarse para dotar a los jóvenes que las usan, de todos los elementos necesarios para su integración social autónoma y para el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos.
En cuanto al número de usuarios jóvenes, el INEGI ha reportado que durante 2010 del total de 38 millones 862 mil 930 mexicanos que se declararon como usuarios de computadora, existen 8 millones 115 mil 753 que tienen entre los 18 y 24 años. En lo relativo al uso de internet, el censo señala que de los 32 millones 807 mil 240 mexicanos que lo utilizan, 7 millones 530 mil 295 son jóvenes de
Según datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), el primer lugar para acceder a internet es el hogar y únicamente el 37 por ciento de los usuarios tiene acceso a una computadora, aunque el porcentaje crece exponencialmente; además, siete de cada 10 jóvenes entre 12 y 19 años son usuarios de internet y navegan por el ciberespacio 3 horas y 21 minutos diarios en promedio.
Las políticas y programas no deben enfocar todo su esfuerzo únicamente a la tecnología de una manera fría, sino que es necesario el establecimiento de mecanismos dinámicos, permanentes e integrales que aprovechen, sin sobresaturar, todas las manifestaciones de interés (música, escultura, teatro), todos los posibles lugares de reunión y desarrollo de los jóvenes, teniendo no sólo contacto directo con ellos, sino dándoles seguimiento adecuado, partiendo del entendimiento de que son integrantes de un país que tiene características geográficas, demográficas y sociales diversas. Tal es el caso de los jóvenes indígenas, mismos que forman parte de la deuda social de inclusión en el conocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales.
Qué hace el IFE
En nuestro contexto, es importante resaltar el desempeño del Instituto Federal Electoral, pues ha realizado grandes esfuerzos en cuanto a labor de capacitación se refiere, con programas como el ejercicio infantil y juvenil 2009 ("Nuestra elección es participar por la escuela que queremos").
Actualmente, en la estrategia nacional de educación cívica para el desarrollo de la cultura política democrática en México 2011-2015, aprobada por el Consejo General del IFE, y como resultado de las experiencias recogidas por 20 años, se prevén alianzas con actores sociales, políticos y gubernamentales, para promover la participación efectiva de la ciudadanía en la vida pública, en el pleno entendimiento de la necesidad de una labor conjunta, y resalta la trascendencia de fortalecer la identificación de niños y jóvenes con los valores, principios y tradiciones que caracterizan al país.
Lo anterior bajo el entendimiento de que se trata de formar ciudadanos respetuosos en la diversidad cultural de la humanidad, capaces de analizar y comprender las múltiples manifestaciones del pensamiento y la acción humanas.
La estrategia aprobada contempla tres líneas de acción interrelacionadas: sentar las bases para estimular una participación ciudadana con incidencia real en las decisiones públicas; generar, compartir y discutir información útil para dar seguimiento a las condiciones que afectan la cultura política y para fomentar procesos efectivos de construcción de ciudadanía, y continuar el diseño de modelos y materiales eficaces en la tarea de formación.
Entre los programas contenidos en dicha estrategia, encontramos proyectos para fortalecer la educación cívica de los jóvenes, tales como el de "Formación Ciudadana para los Jóvenes" y el de "Formación de Promotores Juveniles para la Incidencia en Políticas Públicas", éste último dirigido a jóvenes estudiantes de comunidades urbanas, indígenas y rurales que han recibido formación ciudadana básica; colectivos juveniles con alguna experiencia de participación ciudadana, organizaciones civiles que trabajan con jóvenes, promotores de derechos de la juventud, funcionarios de los institutos estatales y municipales de juventud o bien de institutos estatales de la mujer. Se orienta a desarrollar conocimientos, habilidades y disposiciones entre jóvenes organizados o dispuestos a organizarse, así como en organizaciones que trabajan con jóvenes para la incidencia en políticas públicas.
No obstante que estoy cierta de que dichos proyectos significarán un gran avance en la capacitación de jóvenes, ello es un quehacer arduo, pues tal como se señala en la estrategia referida es tarea de todo el sector educativo, de la familia, la sociedad y no de una asignatura específica. No hay que olvidar que es importante accionar de manera integral desde diferentes frentes, incluso los personales, pues precisamente el fortalecimiento de la autoestima del joven y la educación permanente son la base para captar la atención de los múltiples perfiles de jóvenes en los diversos programas, por lo que es conveniente seguir mostrando interés en los padres y madres de familia, en los docentes, en las relaciones interpersonales y en general en todos aquellos que colaboramos en la creación de la autoestima y educación de los jóvenes.
Por lo tanto, para que no se escape o "bote" ni una sola generación más como el futuro prometedor de México, no debemos dejar de encauzar integralmente nuestros esfuerzos.
"El político piensa en la próxima elección, el estadista en la próxima generación".- James Freeman Clarke.
La autora es consejera del Instituto Federal Electoral.
Este artículo lo dedico en homenaje póstumo al Dr. Carlos Arellano García, fallecido el 4 de abril de 2011. Recordaré por siempre su vitalidad y alegría.
Apoyo a la democracia
| | Población general | Población de |
| La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. | 46.8% | 43.8 |
| En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible. | 16% | 17.58 |
| A la gente como uno nos da lo mismo un régimen democrático. | 37.2% | 38.7 |
Fuente: Latinobarómetro.
Jóvenes en el Padrón Electoral
| De 18 años: | 1,325,601 |
| De 19 años: | 1,887,100 |
| De | 10,198,688 |
Jóvenes en la Lista Nominal
| De 18 años: | 1,156,122 |
| De 19 años: | 1,817,820 |
| De | 9,986,946 |
Fuente: Instituto Federal Electoral.
Los presidenciables
Novedad editorial. El puntero rumbo al 2012 encara temas polémicos, desde su gasto en publicidad hasta la relación con Carlos Salinas
Jorge Ramos
(15 mayo 2011).- En Los presidenciables. Las entrevistas incómodas con los que quieren el poder en México y con los que ya lo tuvieron (Grijalbo, 2011) el periodista Jorge Ramos presenta íntegras las entrevistas con algunos de los políticos que han manifestado su intención de contender por la Presidencia en el 2012: Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Santiago Creel y Josefina Vázquez Mota.
Además, recopila sus diálogos con los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, y con Felipe Calderón antes de ganar la Presidencia en 2006.
Reproducimos a continuación la entrevista que realizó el periodista al gobernador del Estado de México, quien hasta el momento aparece como puntero en las encuestas.
'No me asesora Salinas'
Los dos sabíamos que le iba a preguntar sobre la muerte de su primera esposa.
Nunca doy las preguntas por adelantado a ningún entrevistado. Jamás. Eso violaría el más básico código de ética periodística. No le he dado las preguntas ni a presidentes ni a tiranos y menos a candidatos presidenciales. Eso, simplemente, no se hace. Decirle a un entrevistado qué le vas a preguntar es razón suficiente para ser despedido. Antes de la entrevista se vale hablar de temas generales -guerra, economía, elecciones- pero no de preguntas.
Sin embargo, cuando llegué a entrevistar al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, a una casa en Las Lomas de la Ciudad de México, él sabía que tendría que volver a hablar sobre la muerte de Mónica Pretelini ocurrida el 11 de enero del 2007. Yo no le dije nada antes. Pero era una pregunta obligada.
Casi dos años antes de esta entrevista, en el 2009, había viajado al palacio municipal de la ciudad de Toluca para hablar con él. Ya desde entonces se le nombraba como el puntero en las encuestas entre los posibles candidatos a la Presidencia para el 2012.
No me quiso decir que quería ser presidente de México. Pero lo dijo de otra forma: "estoy convencido que existe una gran posibilidad de regresar a Los Pinos". La entrevista, sin embargo, empezó en otro lado.
En la última entrevista que tuvimos usted y yo en marzo del 2009 le hice una pregunta sobre cómo había muerto su esposa. Y lo que sorprendió a muchos es que usted no me pudo decir de qué había muerto su esposa.
Es absurdo pensar, Jorge, que no sepa de qué murió mi esposa. Fue un lapsus no poderte decir que mi esposa sufría en aquél entonces de ataques de epilepsia. que habían derivado en alguna insuficiencia cardiaca y que eso la había llevado a perder la vida.
¿Cómo no tener claro y conocer esto? Simplemente fue un lapsus del que se valieron varios para incluso, yo creo, reeditar lo que tú habías presentado y hacer mofa y todo un asunto, prácticamente una caricatura de lo que habíamos entonces comentado entre tú y yo.
Claro que lo tengo muy presente. Fue algo que causó dolor en toda la familia, en mis hijos que estaban todavía pequeños y por supuesto que conocemos a plenitud cuál fue la causa de la muerte de mi esposa.
¿Usted tuvo algo que ver con (la muerte de su esposa)?
No.
¿Hasta dónde nos podemos meter en tu vida privada?
Mira, yo he defendido el derecho a la privacidad y a la intimidad. Pero también estoy consciente de que cuando eres un actor público, tu vida privada termina por hacerse pública.
Su boda (con la actriz Angélica Rivera el 27 de noviembre del 2010) fue muy pública.
Era muy público que me iba a casar. No podía casarme y hacerlo de manera escondida. Era público pero yo no invité a los medios.
Los medios estuvieron ahí. Optamos por no dar la exclusiva a ningún medio. Subimos a la internet algunas fotografías y algunas imágenes de lo que había sido un acontecimiento privado. Decidimos compartirlo porque había sido ya un tema notablemente público.
¿Se vale preguntarle al Presidente si tiene problemas de alcoholismo?
Yo creo que se vale preguntarle al Presidente. Yo creo que para despejar ese tema valdría la pena preguntarle al Presidente sobre este tema que ha sido tan polémico. Llevado y traído. En alguna entrevista que alguien le haga (al Presidente) pues que le pregunte. Sí.
¿Cuánto dinero tiene? La razón de la pregunta es muy sencilla. La gente sabe que muchos ex presidentes mexicanos son multimillonarios y yo no sé cómo. Si usted llega a la Presidencia, ¿cómo nos asegura que no se beneficiará económicamente de ser presidente?
Mira, Jorge, yo te señalé desde la entrevista anterior que lo que tengo lo he hecho público. Incluso hay una página de internet donde, sin estar obligado, prácticamente di acceso a lo que es mi declaración patrimonial. Cualquiera lo puede consultar. Creo que he sido más que transparente.
Desde el exterior, cuando hablamos de México, la gente piensa en narcotráfico y violencia. ¿Hay que negociar con los narcos? ¿Se ha equivocado Felipe Calderón en su estrategia?
Mira, es lamentable que la opinión que se tenga de México en el mundo sea solamente por ese tema: narcotráfico y violencia. Creo que la estrategia del gobierno ha sido insuficiente e inadecuada.
¿El PRI nunca negoció con narcos?
Ése ha sido un señalamiento en el ánimo de descalificar al PRI. Estamos enfrentando un fenómeno totalmente distinto. Lo que vivió el PRI, cuando fue un partido en el poder no era lo que hoy vivimos. Fue otro escenario, fue otra realidad.
Pretender hoy descalificar al PRI por este señalamiento infundado, jamás probado, me parece verdaderamente aberrante.
Hablando de aplicar la ley, las últimas cifras que tengo indican que hubo 944 mujeres asesinadas en el Estado de México (del 2005 al 2010)?
Nunca dejamos de reconocer este fenómeno, de atenderlo. Recientemente, incluso, convocamos a un foro donde pudiéramos fortalecer las políticas públicas sobre cómo combatir al feminicidio. Es un fenómeno que se da en todo el país.
Sí, pero en el Estado de México ha sido particularmente fuerte.
No. A ver, Jorge. Déjame darle dimensión al caso del Estado de México. No es que nos hayamos opuesto a darle atención al tema. Nos opusimos al juicio que se cernió sobre el Estado de México con el ánimo de generar una descalificación política... No somos el estado donde más ha crecido el feminicidio.
Respecto a sus gastos de publicidad, una de las principales críticas contra usted es que sus anuncios de televisión salen a nivel nacional. Cien millones de dólares ha sido el presupuesto (en cinco años) para publicidad.
Ojalá fuera tanto. Es muy por debajo de lo que otros gobiernos dedican a esto.
Pero la acusación es que utiliza presupuesto del estado para promover su candidatura como Presidente.
Me parece que eso se ha vuelto un mito. No es para promoción personal.
Usted es gobernador del Estado de México y estos anuncios salen a nivel nacional. Obviamente le ayudan a su imagen para ser Presidente.
No es el caso.
El ex presidente Carlos Salinas de Gortari ¿está detrás de su candidatura?
Con él y con todos los ex presidentes tengo una buena relación. Tengo una relación de respeto, tengo una relación cordial con todos, pero hasta ahí llega esta relación.
¿Carlos Salinas de Gortari es su asesor?
No, no lo es. No lo es, ni él ni ningún otro ex presidente. Es una relación cordial que guardo con todos los ex presidentes y se me ha visto con todos.
¿No tendría Salinas de Gortari ningún puesto en su gobierno en caso de que usted llegara a la Presidencia?
No lo tendría. No lo tengo como asesor. No participa de ninguna otra forma dentro de la gestión de mi gobierno.
Enfoque recomienda
Título: Los presidenciables.
Autor: Jorge Ramos.
Editado por: Grijalbo.
Año: 2011.
La cultura política
(15 mayo 2011).- Téngalo presente
ONG y sociedad civil: la otra cara de la globalización. Coloquio organizado por la FES Acatlán de la UNAM. Daniel Gershenson, Elia Baltazar, Verónica Galicia, Darío Ramírez, entre otros. Martes
Coloquios
Religión y relaciones internacionales. Peter Beyer, Fernando Escalante, Roger Bartra, Jean Meyer, Ana Covarrubias, Roberto Blancarte, Guillermo Trejo, James Piscatori, Olga Odgers Ortiz, Luis Lugo, entre otros. Jueves 19 y viernes 20. El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa de Teresa. Informes: 5449 3000.
Conferencias
¿Hacia dónde va América Latina? Nuevos desarrollos y perspectivas. Sociedad civil y democracia. Bernardo Kliksberg. Miércoles 18, 17:00 horas. Aula Magna de la sede complementaria de la Unidad de Posgrado de la UNAM. Francisco Ortega 14, Del Carmen, Coyoacán. Informes: 5622 9432 ext. 112.
Reforma constitucional en materia de derechos humanos. Luis Raúl González Pérez. Miércoles 18, 17:00 horas. Instituto Federal de Defensoría Pública. Bucareli 22 y 24, Centro. Informes: 5518 5390.
Foros
Sociedad, derecho e internet. Día Mundial de Internet. Manuel Becerra, Rodolfo Romero, Leopoldo Vega, Julio Téllez, Alejandra Morán, Ernesto Ibarra. Martes 17, 9:00 horas. Auditorio Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Programa: http://bit.ly/myYOHI. Informes: 5622 7474 ext. 1201.
Fondo H. Hasta encontrarlos. Carlos Fazio, Nadin Reyes, Antonio Cerezo, Luisa Díaz, Jueves 19, 19:00 horas. Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Del Valle. San Lorenzo 290, Del Valle. Informes: 5488 6661, ext. 15601.
Libros
Autorretratos del fotoperiodismo mexicano, 23 testimonios de Luis Carlos Gallegos. FCE. Prólogo de Carlos Monsiváis. El autor hace un recorrido por el fotoperiodismo mexicano a través de entrevistas con fotógrafos de prensa.
Caos en el capitalismo financiero global de Carlos A. Rozo. UAM/Océano. El autor analiza las causas y diferencias de los descalabros económicos de las últimas tres décadas.
Desde el país de nunca jamás de Alma Guillermoprieto. Debate. Selección de crónicas y reportajes que conforman la historia contemporánea y la identidad de Latinoamérica.
Economía cultural para emprendedores, perspectivas coordinado por Eduardo Cruz Vázquez. UAM/UANL. Especialistas de distintas áreas analizan el valor económico del sector cultural en México.
Mesas redondas
Medios de comunicación, sociedad y poder político. Raúl Trejo, Alma Rosa de la Selva, Jerónimo Repoll y Gabriel Sosa Plata. Jueves 19, 18:00 horas. Casa de las Humanidades de la UNAM. Presidente Carranza 162, Coyoacán. Informes: 5554 8462.
Presentaciones
Derecho constitucional penal. Tercera edición de Jorge Ojeda Velázquez. Porrúa. Jueves 19, 18:00 horas. Auditorio del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Informes: 5130 0100.
La actuación de los consejeros electorales del IFE. Observación electoral 2009 coordinado por Juan Antonio Flores Vera y Héctor Zamitiz Gamboa. Fundación Estado y Sociedad A.C. Fausto Delgadillo, Fernando Castañeda, Arturo Guillemaud Rodríguez y los coordinadores. Viernes 20, 9:00 horas. Sala Fernando Benítez de la FCPyS de la UNAM. Informes: 2972 5476.
Revistas
Zócalo No. 135. Alberto Aziz Nassif analiza la confrontación entre la maquinaria de Peña Nieto contra la convocatoria de López Obrador en los comicios del Estado de México. Raúl Trejo advierte del peligro de una alianza entre televisoras. José Woldenberg reflexiona sobre la "spotización" y las campañas electorales.
Seminarios
Construyendo ciudades sustentables: intercambio de experiencias entre Pekín y la Ciudad de México. José Luis Lezama, Alicia Ziccardi, Manuel Perló Cohen, Jorge Legorreta, Mireya Ímaz, entre otros. Lunes 16 y martes 17, 9:00 horas. Unidad de Seminarios Ignacio Chávez de la UNAM, Vivero Alto s/n, Jardines del Pedregal. Informes: 5616 1357 y http://bit.ly/iYwwQn
¿Es posible la heterodoxia en las estrategias de desarrollo en América Latina? Antonio Palazuelos Manso. Lunes
El mandato y trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Marycarmen Color Vargas. Miércoles 18, 17:00 horas. Sala de seminarios del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2850.
Dispraxis. John M. Ackerman, Manuel Becerra, Enrique Cáceres, Alberto Campos, Édgar Aguilera, Raúl Carrillo, Lorenzo Córdova, Enrique Díaz, Fernando Cano, Héctor Fix-Fierro, entre otros. Jueves 19 y viernes 20, 9:00 horas. Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1802
El intocable
Ricardo Ravelo
Con intención o sin ella, Javier Sicilia colocó al presidente Calderón –en el mitin con el que culminó la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad en el Zócalo de la Ciudad de México– en una situación límite: despedir o no al hombre al que, se ha visto, no puede tocar. Con su inesperada exigencia, el poeta y periodista pareció sacrificar mediáticamente el contenido del pacto que su movimiento propone, en aras de un golpe a las fibras íntimas del mandatario. Por Calderón y para Calderón, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública ha sobrevivido a reiterados fracasos, escándalos por malos manejos de dinero, señalamientos de sus presuntos vínculos con el narco y al naufragio de su dependencia en la corrupción.
Tras una década de estar al frente de la Policía Federal y del combate al crimen organizado, Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), arrastra una larga historia de fracasos, escándalos de corrupción, presuntos nexos con el narcotráfico, protección de policías con antecedentes penales y amenazas a periodistas y medios de comunicación.
Debido precisamente al fracaso de la estrategia para combatir a los cárteles y a la falta de instrumentos para frenar la avasallante violencia que atenaza al país, desde hace varios meses, agentes federales, empresarios y miles de personas agraviadas por los crímenes piden la renuncia de Genaro García Luna, en quien recae buena parte del fracaso gubernamental ante el crimen organizado.
Pese a la reiterada exigencia de que sea destituido del cargo, García Luna sigue al frente de la SSP, tan poderoso como impune, a pesar de las malas cuentas que ha entregado en materia de seguridad en poco más de 10 años de gestión continua en dos administraciones federales.
García Luna no sólo encabeza la dependencia con mayor presupuesto después de la Secretaría de la Defensa Nacional –dispone de más de 30 mil millones de pesos–, sino que cuenta con más de 70 mil elementos y una fuerte influencia en el gabinete federal, al grado de que se le considera el funcionario consentido del presidente Felipe Calderón.
No obstante los privilegios del secretario y de que se muestra como uno de los hombres que mejor conoce los temas policiacos y de criminalidad, la violencia generada por el narcotráfico no ha podido ser frenada; tampoco se ha desarticulado a ninguna organización criminal y, peor aún, el narco sigue creciendo, impune, en todo el país, generando más violencia y corrupción.
Su propio proyecto
Durante todo el sexenio de Fox dirigió la Agencia Federal de Investigación (AFI), una corporación que él mismo creó y que seis años después, contaminada por el narcotráfico, desapareció. Desde diciembre de 2006 encabeza la SSP, donde impulsa otro de sus proyectos más ambiciosos: la Policía Nacional.
Transcurridos más de cuatro años del gobierno de Calderón y de su guerra contra el narcotráfico, los cárteles de la droga no sólo se han fortalecido, sino que ahora se multiplican: ahora ya son 12 los que operan en el país, y sus dominios se extienden más allá de las fronteras.
Se trata de los cárteles de Sinaloa, de Juárez, del Golfo, Los Zetas, de Tijuana, La Familia Michoacana, el de los hermanos Beltrán Leyva, el cártel del Pacífico Sur, la organización Díaz Parada, los Amezcua Contreras, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y La Resistencia.
Ante la ola de criminalidad que azota al país –en poco más de cuatro años de gobierno se registran 40 mil muertos relacionados con ella–, García Luna ha reconocido su fracaso ante los diputados, pues admite que el gobierno, del que él forma parte, no ha podido aplicar una política de Estado contra la criminalidad.
No obstante los antecedentes y desatinos del secretario, el presidente Felipe Calderón lo sostiene en el cargo que le confirió en diciembre de
Uno de los primeros agentes que le advirtió a Calderón de los riesgos de mantener a García Luna al frente de la SSP fue Javier Herrera Valles, excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, quien después de denunciar la corrupción de mandos y la protección a policías corruptos en esta corporación fue encarcelado en mayo de 2008 bajo cargos de delincuencia organizada. De esa forma fue acallado, y hoy sigue preso en un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit.
En una de las cartas que le envió en 2008, Herrera Valles le dijo a Calderón que García Luna fue el artífice de un modelo policiaco diseñado “para simular una batalla” contra el narcotráfico, mientras en realidad este funcionario sirve al cártel de Sinaloa.
No fue esa la primera vez que García Luna –quien se formó en los sótanos del Cisen como espía– era señalado por su presunta colusión con el cártel que encabeza Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y de haber brindado protección a la célula de los hermanos Beltrán Leyva cuando formaban parte del cártel sinaloense.
Desde 2005, cuando García Luna dirigía la AFI –entonces considerada una policía “modelo” por sus alcances operativos y tecnológicos–, comenzó a ser mencionado en expedientes ministeriales como presunto protector de esa organización criminal. Extrañamente, no se le investigó en el sexenio foxista ni en el actual.
Por ejemplo, en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/ 2005 se señala al titular de la SSP como protector de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, quien en 2005 vivía cómodamente en Acapulco bajo el cuidado de agentes de la AFI.
En dicha indagatoria se incluyen transcripciones de llamadas telefónicas y correos electrónicos de personas que se identificaron como miembros del cártel del Golfo. Según ellos, García Luna recibía pagos millonarios de los hermanos Beltrán Leyva –a quienes en algún tiempo se les llamó Los Tres Caballeros– a cambio de protección y de mantenerlos informados sobre los operativos en su contra.
En 2005, los Beltrán Leyva aún estaban unidos al cártel de Sinaloa, que goza de protección desde el sexenio pasado, luego de que El Chapo Guzmán se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco. En ese tiempo dominaban Guerrero, el Estado de México, Michoacán y Querétaro; se afirma también que se refugiaban en la Ciudad de México bajo el resguardo de policías federales y de militares.
Según la averiguación citada, el 15 de mayo de 2005 se recibió una llamada telefónica en la PGR para denunciar los nexos de los agentes de la AFI con la célula de los Beltrán Leyva; asimismo se asienta que unos presuntos narcos dijeron:
“En el micro 0696, que corresponde a las oficinas de la Visitaduría General, en el periodo de guardia nocturna se recibió llamado anónimo para denunciar a los elementos de la Agencia Federal de Investigación de las plazas de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero, que el día de ayer, 14 de mayo en la tarde, detuvieron a cinco zetas (y) que en lugar de ponerlos a disposición del Ministerio Público y los trasladaran a la cárcel, los entregaron al cártel de Arturo Beltrán Leyva, que no estaba bien que los elementos de la AFI le jugaran al narcopolicía.”
Dicha averiguación dice además: “De antemano sabemos que el director de la AFI, Genaro (García) Luna, está coludido con la organización de Arturo Beltrán Leyva, quien ha recibido grandes cantidades de dinero por medio de un director de nombre Domingo González”.
Éste era funcionario de la AFI y hombre de confianza de García Luna en el sexenio de Vicente Fox. Tiempo después, se asienta en el expediente, González fue relacionado como enlace de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, para recibir 1 millón de dólares a cambio de que la AFI no molestara a su jefe, Arturo Beltrán Leyva.
Desde que fundó la AFI, y ahora como secretario de Seguridad Pública, García Luna designó en altos cargos de la SSP a funcionarios de su confianza que terminaron relacionados con cabecillas del cártel de Sinaloa.
Es el caso de Mario Arturo Velarde Martínez, secretario particular de García Luna durante su gestión en la AFI y quien llegó a comandar la División Antidrogas de la Policía Federal en el sexenio foxista, pese a que se le achacaron tratos con los hermanos Beltrán Leyva. Nunca se le investigó.
Enrique Bayardo del Villar, inspector de la sección de operaciones de la Policía Federal Preventiva (PFP) y uno de los colaboradores más cercanos de García Luna, se relacionó con Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefes del cártel de Sinaloa, a quien brindó protección en sus actividades de narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde también servían al narco otros altos mandos policiacos federales y de la Interpol.
Cuando los escándalos pusieron en evidencia la estructura de protección al narco en la SSP, Bayardo fue abandonado a su suerte: se le acusó de delitos de delincuencia organizada, y tuvo que acogerse al programa de testigos protegidos. Fue ejecutado en un café de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, en diciembre de 2009, poco después de que un grupo de agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) localizó a Zambada García en uno de sus refugios de Sinaloa, pero no lo detuvieron.
Otro asesinato que sigue impune es el de Édgar Millán Gómez, también hombre de confianza de García Luna y comisionado nacional de la PFP. Según se ha podido averiguar, Arturo Beltrán Leyva había enviado varios pagos millonarios a distintos mandos de la SSP para garantizar su protección, entre ellos a Millán, quien supuestamente desatendió los llamados de El Barbas y fue asesinado en su propio departamento en mayo de 2008.
Oscuro pasado
En el sexenio de Vicente Fox, cuando comenzó el desastre nacional por la violencia del narcotráfico, García Luna fue acusado de mal uso de recursos públicos en la compra de aeronaves para la PFP. Pese a que la PGR indagó la presunta malversación de fondos, nada pasó.
A pesar de su oscuro pasado en el Cisen, García Luna emergió durante la administración de Fox como el artífice de la que sería, al menos en el proyecto, la policía más eficiente de México: la AFI. Pero sólo fue otro fracaso, pues bajo su mando terminó infiltrada por el crimen organizado.
En octubre de 2009, cuando se comenzó a discutir en el Congreso de la Unión el proyecto para unificar las policías en una sola corporación nacional, agentes federales se opusieron al nuevo cuerpo policiaco y, si de cualquier forma se concretaba, se manifestaron en contra de que lo encabezara García Luna.
En aquel tiempo surgieron inconformidades en la SSP debido a la corrupción –compra de aeronaves sin licitación, nombramiento de agentes con antecedentes penales, y ascensos otorgados por amiguismo, compadrazgo o complicidades, entre otros vicios aún no saneados en la dependencia– y por el autoritarismo de García Luna, quien se empeñó en favorecer a sus amigos y comenzó a desplazar a los policías de carrera.
Varios agentes federales redactaron una carta en la cual narran un episodio que daba cuenta de los presuntos nexos del funcionario con el narcotráfico, y la entregaron a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Argumentaron que él no era confiable para estar al frente de la SSP ni de una policía nacional (Proceso 1672).
En su misiva, los inconformes escribieron que en 2008 García Luna fue interceptado en Tepoztlán por un grupo de sicarios, que lo invitaron a dialogar con un capo importante:
“El pasado 19 de octubre del año en curso (…) el actual secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna y su escolta, integrada por aproximadamente 27 elementos (…) en la carretera Cuernavaca a Tepoztlán fue interceptado o citado por alto capo de las drogas que se acompañaba de un indeterminado número de pistoleros o sicarios en aproximadamente 10 vehículos Suburban blindados, sin que la escolta del funcionario en mención hiciera nada por protegerlo, al parecer por una orden verbal de éste (García Luna).”
Agregaron en el documento que los escoltas de García Luna fueron despojados de sus armas por órdenes “del alto capo de las drogas” y permanecieron con los ojos vendados durante “aproximadamente cuatro horas”. Los agentes que conocieron el hecho, cuyos nombres se omiten para evitar represalias, asentaron que la voz “del alto capo” le dijo a García Luna:
–Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti, si no cumples con lo pactado.
Por aquel tiempo, el entonces agente federal Javier Herrera Valles ya había hecho fuertes cuestionamientos al papel de la Policía Federal en la guerra contra el crimen organizado. Entre otras cosas, dijo que la lucha criminal era una simulación, puesto que no había ninguna intención de acabar con los cárteles y por esa razón la policía no actuaba contra nadie, ya que no se le giraban órdenes precisas.
Herrera Valles fue detenido el 18 de noviembre de 2008, después de enderezar una larga campaña de críticas contra García Luna. Antes había formado parte del equipo policiaco que acudió a Michoacán, Tijuana, Nuevo León y Tamaulipas a desplegar los Operativos Conjuntos contra el crimen organizado.
Poco después de que se inició la guerra contra el narcotráfico, Herrera Valles narró así lo que vivió en aquellos meses de cruenta violencia, etapa en la cual, dijo, “daba vergüenza ser policía por el ridículo que hicimos”.
Describió: “Todo era un caos. Las órdenes eran así: ‘Váyanse para allá, ahora para acá’. Más tarde nos dijeron: ‘Coloquen retenes y hagan presencia en las calles, pero todo aquello era la total descoordinación.
“Mientras policías, marinos y soldados éramos como un hormiguero disperso, el crimen organizado atacó con toda su fuerza: varios sujetos vestidos con boinas negras arremetieron contra las bases de la Policía Investigadora Ministerial de Acapulco. En una de las instalaciones los delincuentes entraron y asesinaron a siete personas, entre ellas a una mujer embarazada.”
Los ataques a Proceso
Anabel Hernández, reportera de la revista electrónica Reporte Índigo que ha investigado el súbito enriquecimiento de García Luna, sostiene que el titular de la SSP la ha amenazado de muerte.
Lo cierto es que el funcionario se muestra en extremo sensible a la crítica. Un ejemplo de ello es que ha intentado vincular a este semanario con grupos delictivos. Así lo hizo el 29 de julio de 2009, cuando Ramón Pequeño, jefe de la División Antidrogas de la SSP, presentó a seis presuntos operadores de La Familia Michoacana.
En el Centro de Mando de la Policía Federal de Iztapalapa fueron presentados los presuntos narcotraficantes. Junto a ellos el funcionario exhibió ante los medios, como evidencias, fusiles automáticos, municiones, fajos de billetes, equipo de radiocomunicación, una memoria USB con reportes sobre ventas de droga y extorsiones y, en primer plano, cuatro números de Proceso.
Dos meses después, García Luna justificó la exhibición de los ejemplares del semanario como si fueran parte del arsenal de La Familia Michoacana, diciendo que su dependencia está obligada a poner en manos del Ministerio Público todos los objetos que se les encuentren a los delincuentes.
Sin embargo, en opinión de Jaime Cárdenas –legislador del Partido del Trabajo que en una comparecencia en la Cámara de Diputados cuestionó a García Luna sobre esa dolosa exhibición de las revistas–, la intención del secretario fue mostrar a este semanario como si estuviera vinculado con el crimen organizado (Proceso 1717).
Ante tal agravio, este medio interpuso una queja contra la SSP ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual fue aceptada. La SSP quedó emplazada para explicar ante la comisión por qué, de manera reiterada, los días 29 y 30 de julio de 2009 divulgó información en la cual distintas ediciones de este semanario aparecieron entre los objetos utilizados por una célula de La Familia Michoacana para delinquir.
Sin embargo, al emitir su Recomendación General número 17 sobre las agresiones a periodistas y la impunidad persistente en estos casos, la CNDH no incluyó los agravios a Proceso, particularmente el veto publicitario del gobierno federal y el intento de exhibirlo como si tuviera relación con el grupo delictivo. l
Multimillonarios recursos, pobres resultados
Jorge Carrasco Araizaga
A partir de cifras oficiales, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) demostró el fracaso de la política de seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón. El marcado incremento del gasto en esa materia, en especial en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por Genaro García Luna, no se ha reflejado en una disminución de los índices delictivos, a pesar de que México es ya el tercer país con más policías en el mundo.
En contraste, la delincuencia creció de manera notable en los últimos años en medio del manejo discrecional de los recursos, la falta de capacitación de las policías y ministerios públicos y la descoordinación entre las secretarías y dependencias encargadas de esa tarea, sobre todo para compartir sus bases de datos, según los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2009 dados a conocer en febrero último.
La ASF, órgano de la Cámara de Diputados, realizó cinco auditorías, tres a la SSP, por ser la responsable de la política de seguridad pública en el país, incluidas a la Policía Federal y al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, entidades que también administra García Luna; así como la Procuraduría General de la República (PGR) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que hace dos años pasó de la SSP a la Secretaría de Gobernación.
Y aun cuando no formó parte de ese paquete de auditorías, la ASF revisó también el desempeño de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en materia de seguridad pública, toda vez que recibe recursos para esa tarea, más allá de sus funciones de seguridad nacional. En 2009, por ejemplo, se le asignaron 2 mil 169 millones de pesos.
Además de detectar que la Secretaría de Hacienda permitió que la Sedena ejerciera ese presupuesto sin ajustarse a los parámetros establecidos para todas las secretarías, el órgano de control confirmó que en la institución a cargo del general Guillermo Galván no hay constancia de su colaboración con la SSP mediante el préstamo de efectivos y vehículos de la Tercera Brigada de la Policía Militar.
De acuerdo con la evaluación de la ASF, México es uno de los países con más elementos policiacos en el mundo, con una importante participación de guardias privados. En 2009 sumaban 514 mil 638, incluyendo los federales, estatales y municipales. México ocupa ya el tercer lugar por el número de policías, incluso por encima de Estados Unidos en proporción de cada 100 mil habitantes. De ese universo, más de 30 mil 380 están adscritos a la Policía Federal, que al final del sexenio de Fox sólo contaba con 8 mil 730 efectivos.
Más significativo aún es el incremento de las fuerzas privadas de seguridad a lo largo del territorio nacional. Al momento de la revisión, constituían un ejército de 150 mil 137 hombres, 21 mil 639 más que el año anterior. La fuerza de las empresas privadas, cuya operación es autorizada por la SSP, supera con casi 100 mil a los efectivos del Ejército y quintuplica en número a los policías federales. En contraste con esa proliferación, la auditoría detectó un decremento de 19.6% en el Registro Nacional de Armamento y Equipo con respecto a 2008.
Delitos a la alza
El signo más característico en la política de seguridad pública de la administración calderonista ha sido el incremento de recursos económicos y de la fuerza policial, en especial de la Policía Federal, al tiempo que han aumentado los delitos federales, incluso en aquellos lugares donde se han realizado los operativos federales contra la delincuencia.
La SSP fue creada en 2001 por el gobierno de Vicente Fox, quien ese mismo año dejó en manos de García Luna la Agencia Federal de Investigación (AFI), que sustituyó a la Policía Judicial Federal de la PGR. Con la llegada de Calderón a Los Pinos, García Luna pasó a la SSP, desde donde ha impulsado la creación del mando único de la policía en México, mediante la unificación de las corporaciones policiales de los estados.
Entre 2001 y 2009, el presupuesto de la SSP se incrementó en 363.2% –a una tasa anual promedio de 21.1% –, mientras que los delitos lo hicieron en 201.2%, al pasar de 4 mil
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también admite el aumento de la delincuencia. En su Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-7), elaborada en 2010 y citada por la ASF, establece que la tasa de crecimiento anual fue de 12%, al pasar de 4 mil 412 delitos por cada 100 mil habitantes en
Para
En el caso de los delitos federales, señala que el actual gobierno, a través del Programa Sectorial de Seguridad Pública elaborado por la SSP, se puso como meta llegar a 2009 con 104 ilícitos de ese tipo por cada 100 mil habitantes, pero la cifra se elevó a 121.8, menor que la registrada en 2007, cuando fue de 129.8.
A pesar del aumento de los delitos federales, las denuncias ante la PGR han disminuido desde la llegada del PAN a la Presidencia de la República. Según la ASF, si en 2001 se denunciaban tres de cada 10 delitos, al final del gobierno de Fox sólo se denunciaba uno; la tendencia no ha variado con Calderón.
De acuerdo con la auditoría, entre 2007 y 2009 las denuncias de los delitos federales cayeron 3.1% por año, lo que mantiene la proporción de sólo una denuncia por cada 10 delitos.
En cambio, lo que sí ha aumentado es el número de detenidos por delitos federales, pero también se elevó la cantidad de personas que han tenido que ser liberadas por falta de pruebas. El resultado es que de cada 10 casos, sólo dos llegan a ser consignadas y una sentenciada.
El incremento de las detenciones bajo prisión preventiva se ha traducido en la saturación de las cárceles federales y estatales, pues de los 227 mil 457 presos que había en 2009 en todo el país por delitos del fuero común y federal, 94 mil 206 estaban en calidad de procesados. En el caso de los liberados de los penales federales, en siete de cada 10 la SSP, responsable del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (ODPRS), omitió el perfil de incidencia criminológica.
La ASF asegura que las omisiones de la dependencia a cargo de García Luna han tenido consecuencias sociales. La principal: “limitar” la política de seguridad pública del gobierno federal, lo que ha impedido “salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”.
Malas cuentas
Al concluir la primera mitad del actual gobierno, la SSP había sido omisa también en generar estadísticas de los delitos no denunciados y de las tendencias históricas y patrones de comportamiento de la delincuencia. Según la ASF, tampoco había identificado la incidencia delictiva en ciudades específicas ni elaborado programas enfocados en delitos de alto impacto social, como secuestro, homicidios dolosos y robos con violencia.
Con base en las ENSI, indica que esas conductas ilegales crecieron en los primeros tres años del gobierno de Calderón. El secuestro fue el de mayor aumento (83.3%), al pasar de 0.6 por cada 100 mil habitantes en
El segundo delito de alto impacto con más aumento (33.9%) fue el homicidio doloso, que pasó de
Para la ASF esas cifras demuestran que “las acciones realizadas por la SSP no han sido suficientes para alcanzar el punto de inflexión en que se comience a revertir la incidencia” de ese tipo de delitos, pero tampoco ha tenido “resultados relevantes en la tarea de revertir la tendencia en los niveles de incidencia” de otras conductas delictivas.
Por lo que atañe a las labores de inteligencia, el gobierno federal sostiene que ha privilegiado ese aspecto. De
A pesar de su gran crecimiento, “la eficacia del área de inteligencia es marginal”, ya que sólo hizo mil 648 de los 15 mil 580 aseguramientos de personas realizados por la PF. Para la ASF, eso indica que la corporación aún “se encuentra en la fase reactiva de su operación” y no en la prevención de delitos. l
La telefarsa
Jenaro Villamil
Un día después de que fue solicitada al presidente la renuncia de Genaro García Luna, dio inicio en horario estelar del Canal 2, el lunes 9, la telenovela-farsa llamada El equipo, coproducción de Televisa y la Secretaría de Seguridad Pública federal, realizada para vanagloria de su titular, que vive viéndose en el espejo que sus incondicionales y el propio Calderón le ponen enfrente...
Acostumbrado a las “recreaciones” televisivas de detenciones de presuntos secuestradores –como en el caso de Florence Cassez– o a transformar la captura de capos del narcotráfico en reality shows –como con Édgar Valdez Villarreal La Barbie–, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, inauguró el género del infomercial telenovelero con su apoyo financiero a la serie El equipo, producida por Pedro Torres y transmitida desde el lunes 9 en el horario estelar del Canal 2 de Televisa.
El costo de ese programa de ficción que trata del trabajo de cuatro agentes del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Grecco) no ha sido revelado por Televisa ni por la Policía Federal. Reportes extraoficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) obtenidos por Proceso indican que la dependencia invirtió cerca de 150 millones de pesos en esa teleserie.
Además la SSP autorizó la utilización de armamento, helicópteros, equipo y personal de la dependencia que actúa como extra y permitió la grabación dentro de las instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal (PF) en Iztapalapa y en el búnker subterráneo de su Centro de Inteligencia en la avenida Constituyentes.
Este uso de una infraestructura destinada originalmente a combatir el crimen organizado generó una polémica en los medios y en el Congreso, pocos días después de que el escritor Javier Sicilia pidiera la renuncia de Genaro García Luna como señal de que Felipe Calderón es sensible a los reclamos de los ciudadanos que piden una modificación de la estrategia de guerra contra el narcotráfico.
En sentido contrario a estas demandas, la serie glorifica el trabajo de un equipo de élite de la PF que se enfrenta con eficacia y una rapidez inusitada a capos del narcotráfico que aparecen caricaturizados como tontos, rijosos y descuidados.
Violación a leyes del servicio
público
Para la diputada federal perredista Leticia Quezada hay varias violaciones a la normatividad de la PF, especialmente al artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que establece la prohibición de utilizar recursos e infraestructura para fines distintos a su función pública.
Quezada también considera que existe un gran dispendio al tratar de “gastar el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública en lavar la imagen de los policías federales. Es darle atole con el dedo a los ciudadanos”.
En 2011, el presupuesto de la SSP se incrementó 25% en relación con 2010, al sumar 49 mil 346.3 millones de pesos, el incremento más grande frente a la Procuraduría General de la República (PGR) y las secretarías de la Defensa y de Marina.
De
A pesar del incremento de casi 100 por ciento en el presupuesto de la SSP en los últimos tres años, el índice de delitos no ha disminuido. Sólo entre 2006 y 2009 el secuestro se incrementó 83.3% al pasar de 0.6 casos a 1.1 por cada 100 mil habitantes, según datos ofrecidos por la diputada Quezada.
La legisladora perredista prepara un punto de acuerdo ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para solicitar la comparecencia de García Luna y para que se forme una comisión que investigue la utilización de los recursos y audite el presupuesto del área de Comunicación Social de la SSP.
–¿Por qué este descontento si algunos argumentan que es común que en otras partes del mundo, como Estados Unidos, se usen instalaciones militares o policiacas para glorificar la labor de los agentes de seguridad? –se le pregunta a la diputada.
–La realidad de México no es la misma que la de Estados Unidos o de otras partes del mundo. Aquí existe una desviación de recursos que deberían usarse para combatir el crimen organizado. Aquí hay un engaño al crear un estereotipo de una policía que no es bien vista por la población. En otras partes del mundo no tienen tantísimos muertos como nosotros y nunca se dan a conocer estrategias de combate al crimen que son consideradas de seguridad nacional.
–¿Tienen información del costo de esta superproducción?
–No. Por eso presenté una denuncia contra Genaro García Luna ante la Secretaría de la Función Pública. El convenio firmado entre la SSP y Televisa debe darse a conocer. El uso de toda la infraestructura y de las armas que aparecen en la serie debe estar reglamentado.
En su defensa, el productor Pedro Torres afirmó el jueves 12 que la grabación de la serie se hizo “dentro de los tiempos de ellos (de los policías), de entrenamiento y de operativos. No se hizo uso de ningún equipamiento fuera de los horarios normales. Lo que se ve de los helicópteros son vuelos reales, los filmamos cuando despegaban”.
En declaraciones a redes sociales, divulgadas por distintos medios, Torres aceptó que la serie El equipo enaltece las labores de la PF, pero es justificable dado “el momento por el que estamos pasando”.
“Es necesario tener diferentes puntos de vista, como el de la policía. Cómo son, cómo viven su parte personal. Aunque también saldrán policías corruptos que traicionan y filtran información”, aclaró quien también produjo los programas Big brother y Mujeres asesinas y los spots del quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto.
El costo de la grabación y transmisión de los spots de 43 segundos de Peña Nieto fue de 92 millones de pesos (Proceso 1766).
Bajo “rating”
El soundtrack de la serie es muy similar al de la película Piratas del Caribe; el fotograma muestra a cuatro jóvenes agentes que caminan sobre un fondo oscuro, con un cielo nublado que anuncia tormenta. Las imágenes y el guión son muy similares a otra serie policiaca, Brigada A, producida por Hispano Fox Film.
Según el video promocional en YouTube, Brigada A es la historia de “los cuatro mejores hombres del ejército norteamericano que fueron acusados por delitos que no cometieron. Ahora sobreviven como soldados de la fortuna”; es decir, gatilleros a sueldo.
Originalmente la serie mexicana se llamaría El Grecco, acrónimo del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado. En una conferencia divulgada en Twitter, Pedro Torres admitió que después de consultas con focus group decidieron que el título fuera El equipo.
Todavía hay una página de seguidores en Facebook llamada “El GreccoTV” donde aparecen algunos avances de la grabación de la serie. Y en varias fotografías se ve el despliegue de cámaras en las instalaciones del búnker y del Centro de Mando de la PF.
“Me gusta más El Grecco”, admite Pedro Torres, sentado frente a una twitcam junto con Alfonso Herrera, exintegrante del grupo musical RBD y quien protagoniza a Fermín, uno de los héroes de la serie.
Fermín es un “joven inquieto y preocupado por la justicia que se rebela a su padre, un general del ejército, reacio a que su hijo se integre” a la PF.
Otro personaje, Magda, interpretado por Zuria Vega, es una joven de cuerpo espectacular que también se opone a su padre, un abogado acaudalado que tiene vínculos con el crimen organizado. Magda decide unirse a este grupo cuyo lema es “ellos saben que el bien vence al mal”.
Un protagonista más de El equipo, Santiago, interpretado por Alberto Estrella, es un agente experimentado, al parecer con problemas de alcoholismo, que se enfrenta a tiros con sicarios de Tijuana y milagrosamente sale ileso.
La serie menciona a un Raúl Arenal Fuentes –cuyas iniciales son iguales a las de Ramón Arellano Félix– que es enfrentado y detenido por los agentes de la PF. También se le atribuye a la policía la detención de Benjamín Arellano Félix, cuando en la realidad su captura fue obra de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes), del Ejército.
–¿Cómo te sientes con este proyecto? –le pregunta una voz en off a Alfonso Herrera en el promocional de Twitcam.
–Es peculiar, es complicado interpretar a Fermín, pero estoy muy contento con el proyecto –responde el actor sin mucho entusiasmo.
El primer capítulo de El equipo, transmitido el lunes 9, tuvo un rating de 17.5 puntos (alrededor de 9 millones de televidentes), menor que los 23.9 puntos (poco más de 12 millones de televidentes) que tenía la telenovela El triunfo del amor que se transmitía en ese mismo horario, las 10 de la noche, en el Canal 2.
Los 17.5 puntos están por debajo del rating promedio de las telenovelas del Canal 2. El share, índice de aparatos que sintonizan ese programa, también fue muy bajo para las expectativas y el horario: 32.5 frente a los 41 puntos que tenía la telenovela anterior, según datos publicados por La Jornada el 11 de mayo, basándose en el registro del IBOPE (Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística).
El slogan de El equipo no deja lugar a dudas de que se trata de una producción para documentar la versión heroica que Felipe Calderón y Genaro García Luna quisieran que prevaleciera en la guerra contra el crimen organizado: “Ellos saben que el bien vence al mal”.
La teleserie se estrenó dos meses después de que Televisa promovió el Acuerdo para la Cobertura Informativa contra la Violencia y poco después de la polémica generada por la transmisión de la serie La Reina del Pacífico, basada en la novela del español Arturo Pérez Reverte, transmitida en Canal 9 y producida por Telemundo.
La Reina del Pacífico, protagonizada por Kate del Castillo, también ha sido objeto de debate. El subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Héctor Villarreal, consideró que era “incongruente” la transmisión de esa serie porque hace apología a la forma de vida de los narcotraficantes.
Otras versiones que han circulado en las redes sociales aseguran que se han censurado partes de la serie e, incluso, el final, para darle una connotación distinta. Se cortaron escenas de corte lésbico entre las dos protagonistas de la adaptación dramatizada: Kate del Castillo, que interpreta a Teresa Mendoza, La Reina del Pacífico, y Cristina Urgel, actriz española que interpreta a Patricia O’Farrell.
En su cuenta de Twitter, Kate del Castillo admitió que hubo partes cortadas: “Gracias a todos por su apoyo, me parece importantísimo que nos expresemos! No me gusta que vean nuestro trabajo a medias”.
Infomerciales y “advertainment”
Pedro Torres, famoso desde 2001 por adaptar para México el reality Big brother de la empresa Endemol en sociedad con Televisa, se ha transformado en los últimos años en el principal artífice de los spots e infomerciales que promueve la empresa de Emilio Azcárraga Jean, especialmente entre los gobiernos de los estados y las dependencias federales.
Pedro Torres Castilla, accionista principal y administrador único de empresas como Videomates, The Mates, Filmmates e incluso una inmobiliaria denominada Bezares, ha trabajado con Alejandro Quintero, socio de TV Promo y vicepresidente de Comercialización de Televisa, especialmente desde que en 2005 se asociaron para promover la figura de Enrique Peña Nieto.
Entre ambos han promovido la comercialización de los espacios de entretenimiento y de información de Televisa para promover figuras políticas, desde el presidente de la República hasta los gobernadores de todos los partidos, con estrategias de publicidad integrada, “desplazamiento de productos” y advertainment.
El advertainment (neologismo inglés que significa entretenimiento con publicidad) es el género híbrido de la televisión comercial que mezcla propaganda no explícita con los géneros del entretenimiento: concursos, telenovelas, programas de variedades, etcétera. Los infomerciales son otros subproductos creados para difundir como nota informativa o entrevista lo que en realidad es publicidad pagada.
Torres fue el productor de los spots Estrellas del Bicentenario, transmitidas por Televisa durante 2010, con cargo a los gobiernos de Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán, entre otros, para promover las “bellezas naturales” de cada entidad.
Con Peña Nieto ha trabajado lo mismo para “producir” sus últimos informes de gobierno, desplazando a la propia infraestructura de Televisión Mexiquense, que para promover su romance con la actriz Angélica Rivera, La Gaviota, incluyendo su visita al Vaticano.
En julio de 2009, el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, actual presidente nacional del PRI, le entregó la presea Saltillo
Su vínculo con la empresa de Azcárraga Jean se fortaleció cuando en noviembre de 2001 fue designado apoderado de la sociedad Endemol México para producir “programas de televisión a nivel nacional e internacional, a través de licencias incluyendo sin limitación la distribución de programación para la televisión restringida y la prestación de toda clase de servicios relacionados con internet”, tal como consta en el folio 281570 del Registro Público de la Propiedad.
Los consejeros propietarios de Endemol México son Goes Ronald, Alex Oostvogel, así como José Bastón Patiño y Alfonso de Angoitia, vicepresidentes de Programación y Ejecutivo de Televisa, respectivamente.
Las distintas empresas propiedad de Pedro Torres tienen como objetivo la “producción, exportación, importación de películas y videotapes, comerciales, producción de videoclips, musicales, internet, posproducción, medios audiovisuales del futuro y documentales en general”.
Desde mayo de 2001, Torres también es accionista y administrador único de Inmobiliaria Bezares, dedicada a “la realización de todo tipo de obras y supervisión de las mismas, sean públicas o privadas, relacionadas con la construcción, conservación, reparación o demolición de inmuebles, los trabajos de planeación, diseño, exploración, localización y perforación conducentes”, según el folio 275918 del Registro Público de la Propiedad.
Hacia la resistencia civil...
José Gil Olmos
Javier Sicilia lo admite: aún falta dar dimensión nacional al movimiento cívico pacifista que se gestó en Cuernavaca, Morelos, a raíz del asesinato de su hijo Juan Francisco y otras seis personas. Dice que el próximo punto es convencer a las organizaciones de Juárez para que se sumen a los seis ejes del Pacto por la Paz, que será firmado en esa ciudad el próximo 10 de junio. Y sobre la oferta de diálogo que le hizo el mandatario, sostiene que, de realizarse, nunca será de espaldas a la ciudadanía. E insiste: ojalá el presidente deje que lo humano, la comprensión y la sensatez vuelvan a operar en él.
Más relajado luego de la caminata que encabezó desde Cuernavaca, Morelos, y terminó con una concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 8, Javier Sicilia sostiene que la movilización nacional por la paz no debe centrarse en la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, exigencia que, aclara, él hizo de manera personal.
Lo importante, abunda, son las seis propuestas del Pacto por la Paz que se firmará en Ciudad Juárez el 10 de junio: verdad y justicia; fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana; combate a la corrupción e impunidad; combate a la raíz económica y a las ganancias del crimen; atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de recuperación del tejido social, y democracia participativa y democracia en los medios de comunicación.
Sicilia resume la jornada cívica de ese día: aun cuando puede ser una oportunidad para que Felipe Calderón corrija su estrategia policiaco-militar de combate al narcotráfico, si el mandatario no aprovecha la coyuntura y modifica su posición, su gobierno pasará a la historia como el “sexenio del crimen”.
E insiste: Lo anterior conlleva el riesgo de que el escenario político se radicalice y algunos sectores sociales opten por medidas como la desobediencia civil durante el proceso electoral de 2012.
–¿No le parece que es exagerado ese planteamiento?
–¡No!... Estamos en un estado de emergencia: 40 mil muertos no son cualquier cosa; tampoco lo son los 10 mil desaparecidos ni las fosas con gente ejecutada. Es como si estuviéramos en los tiempos de los nazis; tenemos muertos todos los días. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Cuántos muertos necesitamos para que la clase política lo entienda?
Por lo que atañe a la sociedad civil, argumenta que el principal reto es actuar “con humildad” para evitar las divisiones y protagonismos. Lo importante, dice, es consolidar un movimiento nacional que se aboque a la refundación del país; “debemos dejar atrás el infantilismo, a los caudillos, a las mujeres y hombres providenciales”.
“Existen voces inspiradoras que convocan y reúnen, pero no figuras providenciales. Sólo si dejamos atrás ese infantilismo podremos superar el fracaso”, reitera.
Su balance incluye a los partidos políticos y al gobierno federal que, puntualiza, no han tenido la humildad para reconocer a la ciudadanía que marchó por las calles para exigir justicia, paz y democracia; porque desdeñan las marchas por la paz del 6 de abril y del domingo 8 de mayo.
Sicilia asegura que los partidos y el propio Calderón siguen mostrando su miopía frente a la demanda ciudadana que pide detener esta guerra por los altos costos sociales que está teniendo. “Piensan en un México abstracto; hay un divorcio entre el gobierno y los ciudadanos”, dice el escritor.
Sobre la posibilidad de que los partidos políticos quieran aprovecharse de este movimiento y sacarle provecho electoral, pinta su raya: “No vamos a entrar en este juego de las elecciones, que serán las de la ignominia. Quien gane no va a resolver el problema, puesto que es estructural y empieza con la limpieza de los partidos; lo único que hará será administrar la desgracia”.
Y reitera que tanto él como los demás integrantes del movimiento se mantendrán al margen de la contienda electoral del próximo año. “Es una posición moral irregateable”. Por eso, comenta al reportero, rechazó los mensajes que durante la marcha le enviaron los dirigentes del PRI y del PRD.
“Todos los partidos políticos tienen intereses. Si nos sumamos a las elecciones –comenta– nos vamos a sumar a la ignominia. La salida, creo, sería un candidato ciudadano, con una agenda en la que todos estemos de acuerdo para que las campañas políticas puedan tener sentido y sean verdaderas expresiones de la democracia.”
Y agrega: “Así como pedimos la renuncia de Genaro García Luna, los partidos deberían renunciar a sus candidaturas y buscar un candidato ciudadano de unidad nacional. Hay muchos que pueden serlo”.
Nombrar el dolor, organizarse
El 28 de marzo, cuando Juan Francisco Sicilia Ortega y sus amigos fueron asesinados en Temixco, Morelos, el poeta se encontraba en Filipinas, donde participaba en un encuentro de escritores. Hasta allá le llegó la noticia. “Me quedé impotente –relata–. ¡Estar en un lugar extraño, lejos de tu país y con una noticia de ese tamaño!...”.
Para colmo de males pidió que su vuelo no pasara por Estados Unidos. Dice que sólo tenía dos días para llegar a los funerales de Juan Francisco. Y aun cuando el embajador Tomás Calvillo le consiguió una visa especial, perdió el vuelo… Cuando llegó a Cuernavaca apenas tuvo tiempo de asistir al entierro de su hijo.
“Me encontré que el asesinato había provocado una indignación muy fuerte entre los estudiantes y algunos amigos y profesores, escritores, activistas. Ya habían organizado marchas; también colocaron una ofrenda. El clima era propicio para la manifestación”, cuenta Sicilia.
Sin concluir la etapa del duelo organizó la primera marcha por la paz el 6 de abril, que rebasó las expectativas. No sólo se convirtió en la protesta más numerosa en la historia de Morelos, sino que detonó movimientos solidarios en decenas de ciudades estadunidenses, de países europeos y de América Latina.
“Lo que hizo la muerte de mi hijo fue darle un canal, darle nombre al dolor que estaba acumulado y que el gobierno había borrado bajo el lema de bajas colaterales. Todo esto tenía muy mal a la gente que ni siquiera podía sacar su dolor en su peregrinar buscando justicia.
“De repente la muerte de mi hijo empieza a nombrar todo este dolor, a nombrar a los muertos, que esas bajas colaterales no eran cifras y que muchos de ellos no eran delincuentes y que todos tienen nombre y apellido, familias rotas. Entonces la gente comenzó a nombrar su dolor, comenzó a salir de su miedo”, señala Sicilia.
Fue como un acto de liberación. Familias agraviadas por la violencia se presentaron ante los organizadores de la marcha y escribieron sus relatos en un libro colocado en el altar montado en las puertas del palacio de gobierno de Cuernavaca.
Otros ciudadanos propusieron utilizar los pilares del inmueble para poner placas con los nombres de sus muertos. El propósito, dijeron, era que en otras plazas, pueblos y ciudades del país se hiciera algo similar. E insistieron en que lo fundamental es recuperar la memoria de los muertos. A partir de esa iniciativa se está conformando una base de datos con los nombres de los muertos y desaparecidos en el país.
“Uno de los gestos más bonitos en medio de este dolor fue poner las placas con los nombres de los muertos en Morelos, de los 96 que han ocurrido este año. Un día llegó a la plaza una señora muy humilde con el nombre de su hijo. Así fue como comenzaron a salir los demás; la gente se dio cuenta de la indefensión en que vivimos por la guerra de Calderón, mal planteada, mal hecha, mal llevada”, machaca el escritor y colaborador de Proceso.
Fue cuando pidió la renuncia del gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, y del alcalde de Temixco, donde fueron asesinados Juan Francisco y sus amigos.
“Pero no hubo nada porque los ciudadanos no tenemos armas legales, como la revocación del mandato. Todos están coludidos, son cómplices. Por eso convocamos a la marcha a la Ciudad de México y el Pacto por la Paz con seis ejes fundamentales que, creemos, es lo que se necesita para crearle un suelo al país y que tienen que ver, sobre todo, con seguridad y democracia.”
Siete semanas después del asesinato de su hijo y de las primeras manifestaciones de repudio a la guerra declarada por Calderón al crimen organizado, comenzaron a darse los primeros signos del nacimiento de un “Movimiento Nacional por la Paz”.
No a la espiral de violencia
Para Pietro Ameglio, experto en resolución de conflictos y colaborador importante del movimiento, la sociedad mexicana reaccionó tarde ante la situación de emergencia que vive el país.
Entrevistado durante la caminata que culminó con la concentración del domingo 8 en el Zócalo de la Ciudad de México, expone: “Creo que hemos tardado mucho en salir a la calle. Hay muchos casos de impunidad en todo el país. Quizá el más inhumano sea el de la guardería ABC de Hermosillo. No puedo imaginar que se quemen 48 niños y no haya un solo responsable; que ninguna autoridad haya puesto a disposición a una persona para que investigue. No hay la más mínima ética ni dignidad pública.
“Ha habido otras masacres, como la de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, fusilamientos, cosas espantosas. Y yo pregunto: ¿dónde están los jerarcas de las Iglesias? La reserva moral ha tardado mucho en salir porque hemos tenido acciones en un nivel de violencia y de impunidad que es para que estuviéramos en la calle desde hace mucho tiempo.”
Sicilia dice que nunca es tarde para rectificar el camino. “La marcha marcó eso: que el dolor que pudo ser algo se transformó en amor, en comunión, en una búsqueda por la paz, la justicia y la dignidad. Porque el amor también tiene la otra cara: no es un cheque en blanco: busca también la justicia sana.
“A pesar de la indignación, de momentos muy duros sobre todo en la plaza de la Constitución, hubo momentos violentos en palabras gritando la muerte de Calderón, y se ha apelado otra vez al corazón. No queremos más odio. Que el dolor no sirva para el odio, sino para rehacer el amor, la justicia y la paz que perdimos. Creo que la gente, al final de cuentas, volvió a retomar su corazón. Se calmó y se calló.”
El jueves 5 por la mañana, cuando se inició la marcha en Cuernavaca, no había ni 500 personas. Algunos de los organizadores pensaron que no habría respuesta de la gente.
Sicilia recapitula: “Estaban todos los sectores, la ultraizquierda, la derecha, empresarios, los indios, los zapatistas; todos los grupos. No fue una marcha catártica. Evidentemente no lo es.
“Hay una propuesta de seis ejes que son lo fundamental, y en ellos se reconoce la ciudadanía. Si la clase política no puede oír esto, va a ser muy grave porque las demandas son ciudadanas y nadie las ha objetado. Debemos rehacer el país –esta es una de las últimas oportunidades para intentarlo– y conquistar la incipiente democracia que estamos perdiendo”, advierte.
–¿Por qué dice que es una de las últimas oportunidades?
–Porque en el país hay mucho dolor y mucho enojo… Aquí hay una propuesta ciudadana. Si continúan matando gente, cuando les comience a llegar a la clase política –parece que ya empezó a ser afectada–, entonces el país se va a incendiar.
“Si pasa esto, entraremos en una espiral de violencia aterradora. El otro rostro es igual de aterrador: el de un Estado policiaco o el de un Estado militar. De alguna manera las dos son dos formas del infierno frente a la búsqueda de un camino que la ciudadanía ha hecho para que haya un Estado democrático y de derecho.”
El pacto de paz
Javier Sicilia se ha pronunciado siempre por la no violencia como la forma adecuada para la solución de conflictos. Esa práctica la aprendió, dice, de su maestro Giuseppe Lanza del Vasto.
Filósofo, poeta y activista italiano, Lanza del Vasto participó al lado de Gandhi en su lucha por la liberación de la India. Décadas después, creó su propia comunidad de autogestión y de espiritualidad en Francia, a la que llamó El Arca.
“Creo que la mejor arma de la no violencia es la resistencia civil”, comenta Sicilia, y enumera sus múltiples formas: el no pago de impuestos, el voto blanco, las huelgas, marchas y manifestaciones pacíficas.
Todas ellas podrían utilizarse, insiste, si los partidos políticos no aprueban una reforma política que incluya los mecanismos de la democracia participativa: referéndum, plebiscito, revocación de mandato, candidaturas ciudadanas, desafuero.
Sicilia adelanta que el siguiente paso es estructurar el movimiento a partir de los seis ejes del Pacto por la Paz. Para ello, viajará a Ciudad Juárez y dialogará con las organizaciones sociales que aún se muestran renuentes a firmar el documento programático en esa ciudad luego del fracaso del programa federal “Todos somos Juárez”, que para ellos sólo ha representado más violencia.
Si no los convence, Sicilia propondrá que la firma sea en Cuernavaca, donde nació el movimiento. También refiere que aún falta establecer el formato para el diálogo abierto con el presidente Felipe Calderón que, reitera, no será a espaldas de la ciudadanía.
“El formato que propusimos es con la prensa, en público, con las familias de las víctimas, representantes de la sociedad civil y en Palacio Nacional. Pero sólo sería de acercamiento porque nuestro punto de llegada es el 10 de junio. Esto sería un preparativo”, precisa el poeta.
Según Sicilia, el domingo 8 por la noche recibió una llamada del secretario de Gobernación, Francisco Blake, para invitarlo a dialogar con Calderón, pero en privado. “Yo ya no estoy solo –le dije–. Soy parte de un movimiento nacional y el encuentro sería totalmente transparente, público, con las familias; nada de secretos”.
Y explica: “Nosotros no estamos persiguiendo nada. Además, ellos tienen que dar cuentas a la ciudadanía, no a sí mismos. Lo que se hable ahí tiene que conocerlo la ciudadanía”.
–Usted se ha reunido con Calderón en dos ocasiones. ¿Qué impresión tiene de él?
–Cuando deja hablar su corazón y al hombre, no al presidente de la República, creo que Calderón puede encontrar caminos. Pero cuando deja hablar al político, lo que sucede generalmente, se mete en una cerrazón que lo está poniendo en un terreno muy difícil porque 40 mil muertos y 10 mil desaparecidos representan un fracaso; muestran que su política no tiene rumbo más que el camposanto y el terror.
–¿Es una oportunidad más para Felipe Calderón?
–Es una gran oportunidad. Ojalá escuche; ojalá haga ese silencio que deje escuchar a su corazón y al hombre, no al personaje que representa: el presidente de la República.
–¿Es el tiempo justo para hacerlo?
–Está justo a tiempo. Yo tengo esperanzas en el hombre, no en el presidente de la República; que deje que lo humano, la comprensión y la sensatez vuelvan a operar en él.
La marcha que sorprendió a París
Anne Marie Mergier
PARÍS.- Al cuarto para las cinco de la tarde sólo las austeras protestas de los miembros de la secta china Falun Gong, reprimida por Beijing, llamaban la atención de los turistas que paseaban por la explanada de Trocadero el domingo 8.
Pero empezaron a llegar los mexicanos... y todo cambió.
Fueron apareciendo solos o en grupos, con rollos de mecate, bolsas de plástico llenas de pinzas para ropa y cajas de cartón repletas de sobres. Como por arte de magia, en menos de media hora surgió y creció un inmenso tendedero: sostenido por decenas y decenas de manos, el mecate empezó a serpentear por toda la explanada. Otras manos colgaron del tendedero los sobres con pinzas multicolores.
En todos los sobres el destinatario era el mismo: “Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Residencia oficial de Los Pinos, casa Miguel Alemán. Col. San Miguel Chapultepec. CP 11850. Distrito Federal, Chapultepec. MÉXICO”.
En cada sobre, en el lugar reservado al remitente, un nombre distinto: el de alguna de las víctimas de los 3 mil 200 hechos violentos que enlutaron México en 2010 y en los primeros meses de 2011.
Dentro de los sobres, nada. El vacío.
“Cada víctima de la violencia, sin importar el bando al que pertenezca, representa un faltante para la sociedad”, explican, en la página web treintaycincomil.wordpress.com/2011/04/19/accion-sobre-vacio, los organizadores de esta improvisación poética de los mexicanos radicados en Francia y deseosos de unirse, así sea simbólicamente, al movimiento de protesta iniciado por Javier Sicilia con la marcha que llegó al Zócalo el domingo 8 proveniente de Cuernavaca.
Mientras se alargaba el tendedero y se iban colgando más sobres, jóvenes mexicanos hacían carteles y pancartas en francés y español, con cifras y lemas, para explicar las razones de ese acto.
Se acercaron turistas y parisienses. Brotaron preguntas en distintos idiomas. Una estudiante leyó un texto en un no muy buen francés, pero con fuerte convicción.
“Los ciudadanos mexicanos aquí reunidos saludamos desde París las movilizaciones a favor de la paz que se dan en México y en otras partes del mundo. Miles de sobres vacíos, como los que están aquí, están siendo enviados desde 57 ciudades mexicanas y desde otras más en distintos países. En esa Plaza de los Derechos Humanos queremos recordar que además de los centenares de muertos cuyos nombres aparecen en los sobres que estamos colgando en la explanada hay 39 mil más… ¡Nosotros también estamos hasta la madre!”
No hubo gritos ni aplausos. Sólo un largo silencio emocionado compartido por mexicanos y paseantes. Luego empezó a sonar la música jarocha de Cascabel Son Factory, un grupo de mexicanos que vive en Francia y cuya cantante, Lucía Benavides, levantó el ánimo de la asistencia.
A las siete de la noche Cascabel seguía tocando, ya se habían colgado 958 cartas y el tendedero no se podía alargar más por falta de mecate. Los 120 mexicanos reunidos en Trocadero no se querían separar. Decidieron ir juntos a la Oficina Central de Correos de París, en la calle de Louvre, abierta las 24 horas los siete días de la semana.
Se cortó el mecate, los trozos de mecate con las cartas colgando se repartieron entre todos y encabezó la marcha Cascabel, cuyo entusiasmo crecía en la medida en que pasaban las horas. Empezó la caminata.
Caminata parisiense
Se recorrió la elegante avenida Kleber, se llegó al Arco del Triunfo, se empezó a bajar por los Campos Elíseos, avenida atascada de turistas y paseantes parisienses.
El heterogéneo grupo con sus enigmáticas pancartas de “NO + sangre” con manchas rojas, sus carteles lúgubres llenos de cruces negras, su bandera mexicana y su son jarocho causó fuerte impacto. Sentados en las terrazas de los cafés o paseándose por la mítica avenida, todos miraban, interrogaban incrédulos: “¿40 mil muertos? ¿En México? ¿Las mafias? ¿Un gobierno mafioso?”.
Cada vez que la corresponsal intentaba saber si se había pedido permiso a la policía para marchar se topaba con respuestas evasivas.
A las ocho de la noche, en pleno recorrido de los Campos Elíseos, a la altura del Palacio homónimo, sede de la Presidencia de la Republica, varias patrullas de los Cuerpos Republicanos de Seguridad (CRS) cercaron el cortejo.
También llegaron a toda prisa otros policías, muy elegantes y nerviosos. Eran los encargados de la seguridad presidencial. Unos y otros intercambiaban tensos mensajes por sus walkie talkies con jefes aparentemente furiosos. Nadie entendía cómo 120 personas habían logrado desfilar durante una hora sin haber llamado la atención de las fuerzas del orden supuestamente en alerta máxima desde la ejecución de Osama Bin Laden.
El escritor Jorge Harmodio, improvisado vocero del acto de “terrorismo poético” en Trocadero el pasado 6 de abril (Proceso 1800), asumió otra vez ese papel.
Comenzaron entonces largas negociaciones. Un oficial de alto rango explicó que desfilar por las calles sin permiso de las autoridades es un delito grave. En su florido francés, Harmodio presentó la marcha como un happening cultural de homenaje a los 40 mil muertos mexicanos de los últimos cinco años.
Unos 40 manifestantes se esfumaron discretamente mientras que los 80 restantes se sentaron en la banqueta cantando con Cascabel Son Factory para subrayar el carácter cultural del acto.
“Hay tres posibilidades –expuso, didáctico, un CRS a la reportera–: los llevamos a todos a la prefectura de policía para verificar su identidad y saldrán libres más o menos a la una de la mañana. Les pedimos a todos que guarden sus cartitas y regresen pronto a sus casas. Y la tercera, la menos probable, es que se les dé permiso de llevar sus sobres a la oficina central.”
Por increíble que parezca, a las ocho y media de la noche, mientras algunos de los manifestantes empezaban a zapatear como jarochos de pura cepa, se autorizó la marcha. Más asombroso aún, dos motociclistas de la policía la escoltaron. No se opusieron a que se siguiera tocando música. Uno de ellos hasta confesó que le gustaba…
Se caminó hasta la Plaza de la Concordia. Luego los escoltas pararon el tráfico para que la marcha pudiera llegar hasta las riberas del Sena. Después de una hora más se llegó por fin a la Oficina Central de Correos.
Ahí dos empleados de seguridad aparecieron en la puerta, estupefactos. Advirtieron que era imposible que entraran todos con las cartas.
Espontáneamente, los “activistas poéticos” ritualizaron el final de su marcha. Colocaron artísticamente todas las cartas en los escalones del edificio, las adornaron con flores de papel y cartelitos. Uno de ellos pidió cinco minutos de silencio. Luego Cascabel Son Factory tocó una melodía suave mientras los manifestantes formaban fila, cada cual con una pilita de cartas. Uno por uno se acercaban al buzón y echaban los sobres vacíos dirigidos a Felipe Calderón.
Luego se marcharon en la noche con los celulares en la mano, recibiendo y enviando mensajes de texto y twitteando con México.
“Fue una especie de wikimarcha”, dice Jorge Harmodio, doctor en informática lingüística por La Sorbona, entrevistado por este semanario días después de la marcha. “Lanzamos la idea en la página accion.sobre.vacio y muy pronto la gente se apoderó de la iniciativa y aportó sus propias ideas.
“Teníamos planeado llevar los sobres al correo. Pero nunca pensamos que más de 100 personas iban a lanzarse junto con nosotros. Los músicos aparecieron porque alguien les avisó por Twitter.
“Todo se armó a partir de nuestro deseo y de nuestra necesidad de compartir desde lejos la lucha de la sociedad civil mexicana de la que somos parte. Para eso usamos las nuevas tecnologías de comunicación, pero también las muy ‘clásicas’, como sobres con timbres postales que se llevan a la oficina de correos.”
Precisa: “A lo largo de toda la semana que precedió al acto nuestra página accion.sobre.vacio fue blanco de múltiples ataques cibernéticos, un tanto burdos, debo decir, pero que nos hicieron perder bastante tiempo. Nos toca ahora elaborar nuevos sistemas de protección para las próximas acciones que llevaremos a cabo el 10 de junio, cuando celebraremos la firma del pacto ciudadano en Ciudad Juárez”.
Y concluye: “Nos llamó la atención el hecho de que no hubo ataques durante los fines de semana y que los que se dieron se llevaron a cabo durante las horas de trabajo de la administración mexicana… El lunes 9 recibimos mensajes con insultos realmente obscenos. Muchos decían que los muertos merecían su destino”. l
Graco revira a Carrillo Olea: él incubó al narco
Rosalía Vergara
“Jorge Carrillo Olea fue quien incubó el huevo del narcotráfico en Morelos. Él es el responsable de la desgracia que vive la entidad”, sentencia el senador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu.
E insiste: el narcotráfico se avivó en Morelos cuando Carrillo Olea fue gobernador priista en el estado, de
Pero lo más grave está por venir, enfatiza el legislador, si el PRI regresa al poder.
Consultado por la reportera sobre las declaraciones del coronel retirado del Ejército (Proceso 1801), Ramírez Garrido Abreu, sostiene que él nunca pactó con el presidente Ernesto Zedillo la renuncia de Carrillo Olea. Incluso aclara que estaba pendiente un juicio político contra el mandatario morelense por el incremento de la delincuencia organizada en la entidad durante su gestión.
Nacido en Jojutla, Morelos, Carrillo Olea inició su carrera política en el PRI en 1962 y tuvo diversos cargos dentro de la administración pública. Fue subsecretario de Gobernación de
Según el entrevistado, el incremento del crimen organizado en Morelos data del periodo en que Carrillo era funcionario en la Secretaría de Gobernación, pues controlaba las aduanas, donde se manejaba el contrabando de mariguana.
Dice que, durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1988-1994), Carrillo Olea se vinculó a Carlos Salinas de Gortari para ser candidato a gobernador. Antes, en 1989, fundó el Cisen, desde donde comenzó a controlar la información política del gobierno federal.
“Nos percatamos de la presencia de autos blindados con gente del norte del país y entonces se habla de que viven narcos en Morelos”, relata el legislador y menciona ejemplos: en Vistahermosa, a tres calles de la casa de gobierno de Morelos, se construyó la mansión del narcotraficante Amado Carrillo, El Señor de los Cielos; y en Tetecala, en los límites con Guerrero, se hacían fiestas de gente vinculada al trasiego de drogas.
Los primeros vínculos
Aún no cumplía un año como gobernador de Morelos, cuando los morelenses decían que Amado Carrillo vivía ahí. Para el segundo año de gestión de Carrillo Olea, la presencia de personajes vinculados al narcotráfico era notoria. Incluso llegó a comentarse que una hija del gobernador estudiaba con Cristian Esparragoza, hijo de Juan José Esparragoza, El Azul; también, que Aerolíneas Internacionales, cuya ruta iba de Cuernavaca a Culiacán y de Culiacán a Hermosillo, era manejada por El Señor de los Cielos.
“La broma de toda la gente era que esta aerolínea repartía ‘la Coca-Cola’”, recuerda Graco Ramírez. El aeropuerto era controlado por la Secretaría de Gobierno, encabezada por Guillermo Malo Velasco, sobrino del gobernador.
El martes 17, Malo Velasco fue detenido por elementos de la Policía Federal en posesión de un auto Cherokee gris modelo 1998 con placas de circulación PVG 2885 del estado de Morelos que había sido reportado como robado. No obstante, fue liberado y hoy continúa manejando la obra pública en el ayuntamiento de Cuernavaca.
En la época de Carrillo Olea como gobernador empezaron los secuestros en Morelos. En particular los de la banda que lideraba Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, quien durante mucho tiempo operó sin que nadie lo molestara.
Graco Ramírez asegura que en una ocasión le reclamó a Carrillo Olea por el incremento de la delincuencia organizada en la entidad, pero el mandatario lo criticó por su “actitud protagónica” y rechazó las acusaciones.
El senador perredista comenta que fue en 1995 cuando se realizó la primera marcha del silencio. Hubo otras: una en 1996 y otra al año siguiente. Se documentaron también 370 secuestros ocurridos en Morelos. Y cuando volvió a reclamarle al gobernador Carrillo Olea, fue amenazado. El Cisen, encabezado por Wilfredo Robledo, tuvo que mandarle escoltas para que lo protegieran.
A principios de 1998, Graco Ramírez y otros legisladores promovieron un juicio político contra Carrillo Olea, pero el entonces secretario de Gobernación, el priista Francisco Labastida, le pidió retirar la solicitud. Como el perredista se negó, Labastida le pidió que permitiera que Carrillo Olea presentara su renuncia. En mayo de ese año dejó el cargo.
“Lo inhabilitaron por 14 años”, plazo que se cumple en 2012, recuerda Graco. Además, dice, la procuraduría de Morelos abrió una investigación contra Carrillo Olea, incluso se giraron órdenes de aprehensión que no procedieron. “Él supo negociar su silencio”, afirma el senador.
Comenta que el exmandatario filtró información sobre seguridad nacional y difundió, entre otros asuntos, los presuntos vínculos de familiares del entonces presidente Ernesto Zedillo con el narcotraficante Manuel Salcido, El Cochiloco.
Por eso, insiste Graco, los señalamientos que hizo Carrillo Olea a Proceso tienen un mensaje: impedir que sea candidato a gobernador de Morelos. Según él, los priistas saben que tiene posibilidades reales de ganar los comicios en 2012, que se empatan con los presidenciales. l
Familias en busca del cadáver perdido...
Marcela Turati
Con la ola de narcoviolencia en el país se incrementan alarmantemente los asesinatos, pero también las desapariciones forzadas, que torturan a las familias: el duelo se acumula cada día y no se desahoga mientras no se halle a la persona o su cadáver; las oficinas gubernamentales funcionan como bases de extorsionadores y los mutilados por una ausencia tienen que revisar montañas de restos humanos porque creen reconocer un pie, un brazo o los jirones de una prenda ensangrentada.
Se les vio pasar por el Distrito Federal recorriendo una estación más de su propio vía crucis.
Las familias que buscan a uno o varios de sus integrantes desaparecidos hicieron una parada en las oficinas centrales de la Procuraduría General de la República (PGR), donde tuvieron que volver a contar la historia que les machuca el corazón todos los días y dejar muestras de sangre para cotejarlas con la de los casi 200 cadáveres desenterrados en Tamaulipas.
Antes de la Semana Santa a varios de ellos les tocó hacer otra parada en la morgue de Matamoros, y las semanas anteriores fueron condenados a vagar por otros anfiteatros, husmear en carreteras, peinar baldíos, tocar puertas de procuradurías y comisiones de derechos humanos, recurrir a videntes, rentar avionetas, contratar buzos, pagar a estafadores, recorrer cementerios clandestinos, visitar noticiarios, pegar pósters con letreros de “ayúdanos a encontrarlo”, desempolvar callejones, caminar por cerros y dejar cartas al presidente.
¿Qué no hace uno para buscar a un hijo, a un padre, a una hermana?, explican estas familias que desde el extravío se hicieron nómadas.
“Venimos de Puebla, mi hermano desapareció en la terminal de Reynosa. Iba con dos muchachos a Estados Unidos pero ya nunca contestaron en sus celulares. El 20 de abril hizo un año de esto, desde entonces hemos estado pidiendo información en Reynosa, fuimos a la procuraduría, al consulado, a migración, al gobierno, a servicios periciales, y ahora nos mandaron a la PGR”, explica, en un relato similar al del resto, Santa Ramos López, hermana del desaparecido Basilio, un taxista de 53 años.
La mujer y su cuñado están bajo el toldo amarillo que sirve como protección contra el clima, habilitado en el exterior de la PGR con una veintena de sillas, a manera de sala de espera. Las familias reunidas tienen a su disposición un garrafón de agua para saciar la sed. Sólo eso. Este lugar no tiene comparación con el campamento improvisado por ciudadanos anónimos en Matamoros a raíz del hallazgo de los casi dos centenares de cadáveres, donde durante un mes recibieron a los foráneos que querían hacerse la prueba de ADN y les dieron consuelo, comida caliente, los acompañaron con rezos y los cuidaron como a queridos parientes.
La antesala de la PGR es una estación más dentro de la dolorosa ruta del maltrato institucional al que son sometidas las familias que buscan a los suyos.
“En Acayucan (Veracruz) ya buscamos por todos lados y los del gobierno dieron a mi suegro por perdido. La última vez que su hermana fue a la procuraduría le dijeron: ‘señora, ya ni le mueva porque luego va a pagarla usted’, así que cuando escuchamos que habían traído unos cuerpos y rescatado a otros vivos vinimos a ver si aparece mi suegro”, dice en la espera una joven veracruzana. A su lado, sus dos hijos hastiados juegan a pelearse.
Maltrato, extorsión, indiferencia
La primera estación del vía crucis que recorren estas familias que penan en vida ocurrió cuando se enteraron de la desaparición; el día que, así, sin más, su ser querido no regresó a casa. La segunda fue al intentar denunciar la pérdida, cuando les pidieron que esperaran 72 horas para ver si el o la extraviada aparecía, y después de ese lapso no hubo Ministerio Público que quisiera llenar un acta con su caso o darse por enterado. En algunos casos las propias autoridades les recomendaron no buscar.
“Cada 10 días íbamos del Distrito Federal a Coahuila para entregar nuevos papeles sobre mi hijo, nuevas pruebas que podían ayudar a localizarlo, hasta que nos dimos cuenta de que nada de lo que llevamos había sido integrado al expediente, así que nos cansamos y empezamos a investigar por nuestra cuenta”, relató en otro momento la madre del ingeniero civil defeño José Antonio Robledo Fernández, desaparecido en Monclova en enero de 2009 con la complicidad de tránsitos municipales.
En este sexenio de la narcoviolencia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido 5 mil 397 denuncias de ausencia o extravío, pero ese número no da cuenta real de la dimensión del problema, ya que muchas personas no son atendidas en los ministerios públicos y otras tantas no se atreven a denunciar.
La ruta de la familia que busca a uno de los suyos pasa por la impunidad, el maltrato institucionalizado y el discurso oficial estigmatizador –el mentado “en algo malo andaba”– y queda a merced de otros delitos, como la extorsión. De eso dejan constancia los testimonios recogidos por Proceso en distintas ocasiones.
“A nosotros, de la PGR nos sacaron 150 mil pesos por buscar a mis hijos. Un señor Juan Calva, recomendado por la PGR, nos pidió dinero para hacer unos viajes y contactos con los que supuestamente tenían a mis hijos, nos dijo que ya los tenía contactados, que los tenían en un campamento, pero que necesitaba más dinero. Pero como no nos lo regresó dejamos de creerle y no nos queda más que encomendarnos a Dios”, explicó el empleado del IMSS Arturo Román Medina.
Él es padre de Natanael Arturo y Josué Arcel Román García, jóvenes defeños secuestrados en agosto, a la altura del municipio tamaulipeco de San Fernando, cuando regresaban de compras en McAllen.
–¿Cómo cayó en la extorsión?
–Es que si te dicen que lo resuelven cierras los ojos –explica.
Ese no es el único testimonio recabado por Proceso sobre las estafas. Un ama de casa de Gómez Palacio, Durango, relató que después de la desaparición de su esposo, cuyo nombre pidió reservar, la contactó un hombre que dijo ser militar y le aseguró que podría rescatarlo.
“Me dijo que él tenía contactos para localizarlo. Luego me llamó, me dijo que lo tenían trabajando en Zacatecas, que le mandara más dinero para contactarlo, y me tuve que endrogar para darle. Desapareció cuando ya no le pude dar más dinero”, dice la señora de 50 años.
Además de esa mala experiencia, mucho morboso se le arrimó para informarle de los terrenos baldíos donde los sicarios acostumbran tirar difuntos. Ella miró cadáveres en las morgues, donde –agradece a Dios– nunca encontró a su marido; confía en que está vivo porque lo tienen trabajando a la fuerza.
Cuando las familias constatan que las procuradurías de justicia no abren investigaciones ni mandan oficios a sus pares y se rehúsan a abrir expedientes, hacen sus propias búsquedas y tapizan postes callejeros y edificios de gobierno con fotocopias donde muestran fotografías del o de la ausente, y señalan el lugar de su desaparición y sus rasgos.
Muchas veces comienzan a recibir llamadas de gente interesada en “ayudarles”, lo mismo abogados que chamanes o adivinos.
“Cuando me leen la mano han visto que (a mi esposo) lo tienen trabajando, que no lo dejan venir, lo ven sembrando mariguana, dicen que está bien, con vida, en un lugar como si fuera una sierra. Y no le miento, como siete que leen la mano me lo han dicho”, dijo la joven Nancy Lorena, esposa de Vicente Rojo, un ecatepequense que desapareció con otros 11 vendedores de pintura en carreteras de Coahuila.
La ruta de las familias está minada por burlas, lo mismo de conocidos que sugieren asomarse a una presa, una fosa o un lago donde podrían estar los cadáveres, que de funcionarios insensibles con los que tienen que lidiar.
“Hubo días que hasta me daba miedo de salir a la calle porque la gente me hacía preguntas o me empezaba a decir ‘seguro a tu esposo lo tienen Los Zetas, le van a echar ácido, te van a mandar su cabeza’. Y en la escuela se burlaban de mis niñas”, dice hecha llanto la esposa del jornalero guanajuatense Felipe de Jesús Tapia, desaparecido en marzo pasado en las carreteras de San Luis Potosí cuando iba con siete compañeros hacia Estados Unidos.
“Señora, ¿su hijo andaba bien? ¿Segura que no andaba en drogas? ¿Se daba buena vida? ¿Gastaba mucho?”, es la batería de preguntas que la contadora Yolanda Morán enfrenta cada vez que interpone una nueva denuncia para buscar a su hijo Dan Jeremeel Fernández, ejecutivo de afore levantado por militares en Torreón.
Por el estigma que cargan las víctimas de ser las responsables de su suerte, al momento de dar entrevistas los familiares tienen que aclarar previamente la vida honrada del secuestrado, como en el siguiente testimonio recogido en Tamaulipas: “Es contador, se llama Carlos Valdemar Martínez, tiene 24 años, es gente decente, está en el Seguro Social. Nomás no llegó a la casa. No tuvimos dónde denunciar, si no hay ley: no hay MP ni policía ni tránsito. ¿A quién íbamos a acudir?”.
“Ya no le mueva”
“El camino de la impunidad que tienen que seguir las familias se convierte en otro hecho retraumatizante. Son revictimizados cuando van al MP y les preguntan en qué andaba, esos señalamientos estigmatizantes y de forma despectiva, donde quieren dejarlos como NN (ningún nombre o no name) y negarlos de un nombre y una historia. De instancia en instancia hacen un recorrido por la mentira permanente, donde tienen que revivir muchas veces el momento de la desaparición y volver a contar su historia. Y ni siquiera cuando les dicen que encontraron los cuerpos saben si es o no, porque ni con el ADN pueden estar seguros de la identidad”, señala Clemencia Correa, psicóloga experta en atención a violaciones a los derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada.
Los argumentos que los familiares reciben en las procuradurías, y que comparten en las entrevistas, son similares: “Señora, seguro su marido la dejó por otra”; “deje de buscarlo, no ponga en riesgo a su familia”; “¿por qué insiste, qué no sabe que tenemos muchos casos como el suyo?”; “seguro su hija se escapó con el novio”; “ya no le mueva”.
El mismo maltrato reciben las familias que buscan a algún funcionario o trabajador del Estado que está extraviado. Como en los casos del marino Paolo César Cano Montero, desaparecido en octubre, en Lázaro Cárdenas, o el de los ocho policías federales y el chofer que los transportaba, desaparecidos en 2009 en Ciudad Hidalgo; ambos casos en Michoacán.
Las familias de estos últimos, además de que batallaron para que la Policía Federal comenzara a buscarlos, soportaron diferentes versiones, todas ellas crueles, sobre su destino final. Un día fueron llevados por las autoridades a la presa de Apatzingán para observar la búsqueda fallida que emprendieron unos buzos para ubicar los restos, en otro los citaron en Querétaro para hacerles pruebas de ADN y verificar si unos cuerpos calcinados eran los de sus parientes.
En el examen todos salieron negativos, excepto uno, el del suboficial Vázquez Hernández. La policía mandó a su esposa una carroza fúnebre. Ella estuvo a punto de aceptar el cuerpo, pero en cuanto su cuñado vio el cadáver descubrió que el muerto tenía la dentadura completa y no le faltaban ocho dientes como a su hermano. A pesar de la evidencia, la familia tuvo que comparecer en dos juzgados y hacerse más pruebas de ADN, porque a fuerzas querían entregarle ese cadáver ajeno.
“Lo reconocí por su zapato”
Cada vez que más cuerpos son hallados o se descubre una fosa clandestina o las noticias dan cuenta de rescates de secuestrados, las familias reviven su tragedia.
Como la madre del adolescente Raúl García Sauceda, que afuera de la morgue de Matamoros mostraba un periódico donde se veían cuatro cuerpos destrozados que se hallaron en la carretera. Señaló uno de ellos con el cráneo aplastado, al que apenas alcanzaban a distinguírsele la nariz y la boca.
“Yo pensé que era mi hijo, se parece bastante, mire sus brazos, lo que queda de la cara… Pero ya pedí ver al muerto y no era: mi hijo calzaba del 13 y este muertito calzaba chiquito, y no tiene las 14 puntadas de cuando se cortó cuando estaba chiquito”, dijo con aparente dureza. Su Raúl estudiaba contabilidad en el CBTIS hasta el día que viajó con dos amigos por la carretera maldita Matamoros-Nuevo Laredo, que engulle gente.
Su madre realizó el mismo itinerario para indagar por su cuenta su paradero pero, por poco, no salió bien librada: “No había nada de vigilancia: puro huerco en camionetotas vigilándote, con chaleco cruzado. En Reynosa, bajándote del bus te siguen. Allá no hay Semefo ni vigilancia, ni oxxos ni gente ni nada. Tuve que agarrar un taxi y hacerme loca con el taxista hasta que llegamos a la capilla a ver al muerto, pero no era mi hijo”.
Cuando supo del arribo de los cuerpos desenterrados en San Fernando se volvió a inquietar pensando que quizá su Raúl estaba entre ellos, solito, esperando a que lo reclamara.
“No sé por qué vine si yo siento que no es ninguno de los cuerpos que tienen ahí, porque uno como madre presiente, pero no estaría a gusto pensando: ¿y si estaba y no fui? Siempre me sentiría mal”, contó al salir de la morgue, cuando los primeros cadáveres eran trasladados al Distrito Federal.
Los relatos de los familiares sobre lo que llegan a hacer para buscar a un ser querido parecen increíbles y sólo pueden ser explicados por los lazos de la sangre y las leyes del amor.
“Casi dos años lo busqué. Me caminé toda la carretera federal, me asomé a todas las cunetas, me he metido a todos los callejos. Fui a Taxco, Chilpancingo, Iguala, Acapulco (…) Gracias a Dios ya lo encontré; lo reconocí en el periódico de hoy por su zapato”, relató una madre mientras esperaba en la morgue de Chilpancingo, a donde acudió a buscar entre los 55 cadáveres rescatados en la mina de Taxco, en mayo del año pasado.
¿Qué no han intentado estas familias? Varias han viajado a la capital a sacar citas con el presidente o con su esposa. Otros han intentado aparecérsele en alguna gira, como Claudia Soto, la esposa del veterinario Isaías Uribe Hernández, detenido con otro colega por militares en Torreón y con paradero desconocido desde 2008. Ella intentó acercarse a Calderón un 12 de mayo en una gira que hizo a Coahuila, pero el Estado Mayor Presidencial no la dejó avanzar. En cambio, un señor que se presentó como secretario del mandatario le pidió que le entregara a él los documentos sobre el caso y le dio un número de teléfono donde le informarían novedades. Pero el número resultó falso. Nunca le contestaron; ella se siente burlada.
“Cuando asesinan a alguien, es doloroso, pero puedes saber qué le pasó, enterrarlo y sabes que está ahí el cuerpo. La desaparición de un ser querido es la incertidumbre permanente de si está vivo o muerto, el nunca poder estar tranquilo, no puedes enterrarlo, se vive un duelo alterado, es una herida permanente que no cierra”, explica la psicóloga Correa, profesora del posgrado en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
“Yo no tengo ánimos de ir de paseo, se nos acaba el gusto de vivir”, explica la mamá del ingeniero Robledo Fernández, desaparecido en Monclova.
Este dolor de la incertidumbre que no deja vivir explica que a la PGR sigan llegando familias que quieren saber si los restos de su ser querido están entre los cuerpos almacenados en la morgue del Distrito Federal, aunque su desaparición ocurriera en Veracruz, Michoacán o Hidalgo.
En la fila para el cotejo de ADN, el papá de Guillermo Martínez –un campesino treintañero originario de Atlacomulco y capturado “por encapuchados” en una carretera de San Luis Potosí– resume: “Los medios dicen que están sacando muchos muertos y yo tenía ya la sensación de que entre ellos estaba mi hijo. Ya quiero salir de esta pesadilla. Dicen que los muertos de aquí no coinciden con mi muchacho, ni la camisa ni la altura ni cómo visten, pero me hice la prueba a ver si sale algo, porque esto que estamos pasando es muy desgastante. Nos están dando muerte lenta”. l
...y cadáveres en búsqueda de identidad
Marcela Turati
Los anfiteatros del país se están llenando hasta el tope de desconocidos. Víctimas de la guerra contra el narcotráfico, levantados, exhumados de las narcofosas... es mínimo el número de los que han sido identificados y entregados a sus familias. Su destino es la fosa común y el olvido... Expertos de la ONU visitaron México en marzo y en su informe evidenciaron las fallas institucionales en el tema de la identificación de desaparecidos: no hay políticas ni planes para buscar personas ni coordinación entre procuradurías ni legislación para atender el problema ni protocolos para la exhumación ni cifras reales.
La segunda cámara de refrigeración del Servicio Médico Forense del Distrito Federal está cerrada con candado. De día sólo accede a ella personal de la Procuraduría General de la República (PGR). En los seis pisos de literas de acero yacen, metidos en bolsas blancas, 116 cuerpos hallados en las fosas de San Fernando, Tamaulipas, y que no han sido identificados.
La bóveda vecina lleva un ritmo normal: recibe un promedio de 14 cadáveres diarios (la mayoría de capitalinos muertos en accidentes) que el mismo día son reclamados por sus familiares. Cada quincena los no reclamados son condenados a la fosa común o donados a escuelas de medicina. Sólo el año pasado 450 cuerpos corrieron esa suerte.
La tercera cámara del edificio está vacía: sus anchas charolas podrían recibir los 201 cuerpos extraídos recientemente de Durango.
Aunque la morgue del Distrito Federal fue diseñada para albergar hasta 400 cuerpos (“para casos de desastres naturales o accidentes masivos, un metrazo, un avionazo”, explica el funcionario que guía el recorrido), ahora se usa para responder al desastre humanitario originado por la violencia extrema que ha condenado al entierro a cientos o miles de personas en las llamadas narcofosas, como las de Durango y Tamaulipas.
Desde Semana Santa la ocupación de esta morgue no recae en los muertos tradicionales sino en las víctimas de la narcoviolencia. Y no están todas. Sólo 120 ejecutados de los 179 desenterrados en Tamaulipas fueron traídos a este anfiteatro porque ningún otro tenía capacidad de albergar a tantos.
Ahí siguen esos cuerpos en espera de que una prueba de genética les devuelva su identidad. También están pendientes de los resultados cientos de familias que desde que comenzó la violencia han acudido a diferentes procuradurías estatales y a la federal a dejar sus muestras de ADN para recuperar al familiar levantado.
El hallazgo de las fosas de San Fernando fue hace cinco semanas y sólo cuatro de los cadáveres (tres guanajuatenses y un tlaxcalteca) han sido reconocidos y entregados a sus familiares.
El año pasado recorrieron la misma ruta de San Fernando al DF los restos de los 72 migrantes asesinados por Los Zetas. De ellos, 14 siguen sin identificar y están en una cámara refrigerante en Toluca.
La fosa común podría ser el destino de muchas personas buscadas por sus familiares si el Estado mexicano no atiende los señalamientos de expertos internacionales y nacionales que urgen a crear un programa nacional de búsqueda de personas desaparecidas, que uniforme protocolos de procedimientos, investigaciones y bases de datos.
El desorden reinante en este tema fue evidenciado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), tras su misión de marzo aquí, cuando señaló que hay un “patrón crónico de impunidad”, que unas 3 mil personas habrían desaparecido este sexenio y el Ejército es una de las instituciones señaladas por este delito.
En respuesta, la Secretaría de Gobernación y la cancillería, en conferencia de prensa conjunta, rechazaron el informe de la ONU y culparon a los expertos de desconocimiento.
Sin embargo, anteriormente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al enjuiciar al Estado mexicano por la desaparición de mujeres, ya había exigido cambiar los procedimientos de búsqueda de personas desaparecidas.
“Lo primero es que México reconozca la dimensión del problema de desapariciones. De hecho, el número de fosas que se están encontrando y el número de cuerpos demuestran que el problema de desapariciones tiene una dimensión muy grande”, dice a Proceso el argentino Ariel Dulitzky, miembro del grupo de trabajo de la ONU.
El documento surgido de la visita de los expertos internacionales puso al descubierto las fallas institucionales en el tema: falta de políticas y planes para buscar personas, nula coordinación entre procuradurías, ninguna legislación para atender el problema, carencia de protocolos claros y homogéneos para la exhumación e identificación de cadáveres, ausencia de cifras reales sobre el número de desaparecidos, poca capacidad de servicios técnicos forenses y escaso presupuesto.
“Creemos que este es un problema que en muchos casos se atribuye al crimen organizado sin haber hecho una investigación seria, completa e imparcial”, dice a este semanario.
Desastre nacional
Según se desprende del informe de la ONU y de entrevistas con expertos, la cadena de impunidad comienza cuando las familias llegan al Ministerio Público a denunciar una desaparición y les piden que esperen 72 horas para ver si el delito se concreta. Pasado ese lapso los funcionarios abren un acta circunstanciada y piden datos sobre el ausente (los formularios son distintos en cada estado) pero el caso pasa a un limbo jurídico en el que el peso de las investigaciones recae sobre los denunciantes.
“Es una monserga: cada estado dispone de los restos como quiere, hace los estudios que quiere, no hay una política nacional definida. Si a los estados les da la gana le pasa a la federación las muestras del ADN que tienen o le dan datos sobre los cuerpos, y la SSP, la CNDH y la PGR tienen sus propios bancos de datos con denuncias de personas desaparecidas.
“Cada autoridad hace lo que le da la gana y eso no da resultado, sólo prolonga la angustia de la gente”, señala Alma Gómez, designada por la organización Justicia para Nuestras Hijas para acompañar y asesorar al Equipo Argentino de Antropología Forense que de
En la entrevista con Proceso, recordó la falta de coordinación de las autoridades responsables de investigar los feminicidios que –por diferencias partidistas– condenaron a algunas familias a no encontrar a sus hijas porque el gobierno estatal no quería prestarle al federal los cuerpos para contrastarlos con las pruebas genéticas.
Agregó que con el equipo argentino se estableció un software que concentró las muestras genéticas de los familiares, las características de los buscados y los resultados de los laboratorios donde el ADN era procesado, que permitía establecer qué víctimas tenían perfiles similares a los restos hallados.
Este sexenio, según la CNDH, han sido denunciados 5 mil 397 casos de personas extraviadas o desaparecidas. En ese lapso los servicios médicos forenses han enviado a las fosas comunes a 8 mil 898 personas no identificadas.
“En este tema hay cifras negras, sobre todo porque la ciudadanía no siempre denuncia pues ha perdido credibilidad en las instituciones o por miedo”, reconoce el director general del Programa Especial de Presuntos Desaparecidos, Tomás Serrano, al establecer que quizá los datos que tiene son menores a los reales.
Con base en reportes periodísticos, el organismo nacional establece que de
Apenas la semana pasada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos firmó un convenio con los estados para que sus procuradurías compartan las denuncias que reciben sobre desapariciones y los expedientes de las exhumaciones y los asesinatos.
Como no hay una única instancia que compile los casos de desapariciones o proporcione información a los familiares de las víctimas, éstas emprenden un eterno peregrinaje por todo el país para preguntar en distintas instituciones. El hallazgo de cada fosa clandestina y la posibilidad de que la persona extraviada esté ahí sólo prolonga su angustia. El traslado de cadáveres a otros estados, como en el caso de Tamaulipas al DF, aumenta la incertidumbre.
La Red de Familiares de Desaparecidos del Norte ha recibido información de que en algunos estados los funcionarios cobran hasta 30 mil pesos a la gente que solicita pruebas de ADN cuando no comparten información genética.
“Es preocupante que los cuerpos que vienen de un mismo lugar sean separados en distintas morgues, porque esa dispersión crea un caos al darle seguimiento a los cuerpos: ¿a dónde van, quién los maneja, cómo se guardaron las evidencias encontradas a su lado al momento de la exhumación, dónde quedan las ropas y los expedientes que los acompañaban?
“Cada Semefo cambia de código a cada cuerpo según su propio registro, y se pierde”, advierte en entrevista con Proceso un perito forense que pidió el anonimato.
De fosa en fosa
“La estrategia (de exhumaciones) se basa en el conocimiento del problema. Si no sabes a quiénes y a cuántos estás buscando mejor déjalos donde están, sería absurdo exhumar de esas fosas comunes porque corro el riesgo de volver a desaparecer a alguien a quien saqué, porque no sé quién es ni tengo los medios de saber quién es (...) Exhumar es fácil, identificar es lo difícil”, advierte Pablo Baraybar, director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).
Puso a la antigua Yugoslavia como ejemplo: aunque fueron rescatados miles de cadáveres de fosas comunes, se mantuvieron anónimos, sus familias siguen buscándolos porque no se hizo el trabajo previo de recabar datos de los capturados.
El experto forense que testificó en los tribunales penales internacionales para Ruanda y Yugoslavia señaló que antes de excavar debe hacerse un trabajo previo: la recopilación de los llamados datos ante mortem; es decir, las fichas con los datos de cada persona a buscar, donde se consignan datos personales –cómo era, cómo vestía, a dónde se dirigía, qué enfermedades tuvo, si tenía un diente roto o se rompió un hueso, si tiene un familiar contra quien podamos compararlo genéticamente– y en paralelo, los resultados de las muestras de ADN de los familiares que pudieran servir para identificar un cuerpo.
El antropólogo forense se sorprendió de que en México no se tengan establecidos los patrones de dónde desaparece la gente ni se atiendan las denuncias de extravíos en tiempo real.
“La gente no desaparece ni se desvanece en el aire; la secuestran o la llevan a un lugar. Si las procuradurías se mantienen desvinculadas entre sí y nadie monitorea si ocurrió en tal comunidad y si fue producto de narcotráfico y si no hay una respuesta rápida, los perpetradores lo seguirán haciendo. Por eso hay que establecer su modus operandi, quiénes son los que lo hacen, qué hacen con las víctimas que te permita intervenir cuando se llevan a alguien y obligarlos a cambiar de táctica”, dice.
Puso como ejemplo el caso de Filipinas, donde los ciudadanos que atestiguan un levantón envían un mensaje de texto a una computadora que cataloga la información y obliga a las autoridades a responder inmediatamente.
El EPAF es un equipo independiente de profesionistas peruanos similar a los creados en Guatemala y Argentina para investigar violaciones a los derechos humanos y desapariciones masivas. En Colombia los identificadores de cadáveres son funcionarios de instituciones en las que confía la ciudadanía.
Claudia Rivera, directora de operaciones de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala señala que el gobierno mexicano debería empezar a mapear las “zonas rojas” donde pudiera haber fosas e ir armando una base de datos nacional de personas desaparecidas.
“No puedes buscar cuerpos a lo loco sin tener una idea de a quiénes estás buscando (…) Es importante ubicar las narcofosas antes a través de testigos y de sobrevivientes o por fotografías aéreas, como las que se tomaron en Bosnia, donde puedes comparar cómo era la orografía del terreno y si hubo movimiento de tierra o huellas de tractores”, dice la antropóloga de la reconocida organización.
En teoría, en México ya existe un sistema que permitiría detectar esos entierros clandestinos. Lo opera la Secretaría de Seguridad Pública, se llama Plataforma México y es un sistema que permite, en tiempo real, observar lo que ocurre en cualquier punto del país a través de imágenes satelitales y de las cámaras instaladas en carreteras y ciudades. Pero un funcionario de la SSP –quien pidió el anonimato– afirma a Proceso que se usan sólo para ubicar cargamentos de droga, no para localizar personas.
Los expertos entrevistados hacen distintas sugerencias.
Una, la firma de un convenio internacional del gobierno mexicano y la ONU o la Cruz Roja Internacional para que un equipo de forenses internacionales trabaje como observador de sus pares mexicanos, como ocurrió en Colombia y Jamaica, y negocie métodos de trabajo y protocolos para evitar errores en las exhumaciones e identificaciones de los cuerpos.
Otra: crear un instituto para la búsqueda de personas desaparecidas, con presupuesto propio, como el que existe en la antigua Yugoslavia. Otra más: la creación de un equipo mexicano de antropólogos forenses, independiente, con expertos destacados, o invitar a México a las organizaciones internacionales que ya existen para garantizar que más personas desaparecidas sean encontradas.
Calderón, una losa sobre los aspirantes del PAN
Álvaro Delgado
Manuel Espino está de regreso. Pretende revertir su expulsión de las filas panistas y contender por la candidatura presidencial, para lo cual creó el movimiento Volver a Empezar y recorre el país. En entrevista con Proceso, si bien apoya la marcha que encabezó Javier Sicilia, critica la forma en que el poeta pidió el cese del secretario de Seguridad Pública. “García Luna –afirma– debió haberse ido desde hace tiempo, hasta por vergüenza”. Y de Felipe Calderón refiere: “Convoca al diálogo, pero no está dispuesto a escuchar”.
Al frente de al menos 160 mil panistas de todo el país, agrupados en el movimiento Volver a Empezar, que él encabeza, Manuel Espino, el primer presidente del Partido Acción Nacional (PAN) expulsado de sus filas, anuncia: “He decidido buscar la candidatura a la Presidencia de la República”.
–¿Aun cuando esté fuera del PAN?
–¡Vale madres! –responde en su estilo bronco.
–¿Entonces como candidato externo?
–Sí, claro.
El lunes 9, justo el día en que presentó públicamente una Estrategia para la paz justa, un plan anticrimen alterno al oficial que ese mismo día envió a Felipe Calderón para que “transite de ser un presidente de guerra a un presidente de paz”, Espino se reunió con los representantes de su movimiento para iniciar el proyecto de convertirse en el candidato presidencial del PAN.
Confía en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revertirá su expulsión del PAN, de la que responsabiliza directamente a Calderón –“rencoroso, soberbio y revanchista”–, pero si ratifica la sanción, por las presiones que asegura habrá desde Los Pinos, imitará el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005, como lo hace con la estructura paralela a su partido.
“No hay manera de perder (el juicio). Si pierdo, gano, porque va a tener el efecto del desafuero. Y entonces, claro, busco registrarme como externo”, anticipa a Proceso el expresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), quien niega que este nuevo desafío a Calderón lo perjudique.
“Al contrario. Calderón es una losa pesada en los hombros de los secretarios de Estado y cualquiera que venga del gobierno federal va a ser poco apoyado por los militantes. El malestar en el partido hacia Calderón es muy fuerte”, asegura el político duranguense, quien hace continuos recorridos por el país.
“Además, en la medida en que se va cerrando el sexenio, va a ir disminuyendo la influencia de Calderón dentro del partido y va creciendo la animadversión de los panistas hacia él. Esa es una realidad que juega en contra de Alonso Lujambio y de Ernesto Cordero. Para mí, no ser calderonista es una bendición.”
“Pésimo estratega”
Espino, quien ve “sin garra” a los secretarios de Estado aspirantes a la candidatura presidencial y timorata a la dirigencia del PAN que encabeza Gustavo Madero, considera a Calderón un buen político, que sabe hacia dónde ir, pero un “pésimo estratega”, porque no sabe cómo llegar.
“Eso me consta: Yo le gané la presidencia del partido y la presidencia de la ODCA, en cuya secretaría general me mantuve tres años a pesar de él. Mi estrategia funcionó mejor que la de él. Y todavía no terminamos”, se ufana.
–¿De verdad le va a ganar la candidatura presidencial?
–Se la vamos a ganar a Calderón. ¡Claro que se la vamos a ganar!
En entrevista con el reportero, el martes 10, el presidente del PAN en las elecciones de 2006, cuando el TEPJF le dio el triunfo a Calderón, asegura tener una “ventaja comparativa” ante los presidenciables del gabinete, así como ante la diputada Josefina Vázquez Mota y el senador Santiago Creel, los otros prospectos.
Ninguno tiene la estructura que él ha edificado desde agosto de 2010, con el movimiento Volver a Empezar que, según él, ya agrupa a 180 mil personas, 160 mil de las cuales son militantes del PAN, activos y adherentes, cifra que equivale a casi 10% del padrón oficial, que suma 1 millón 704 mil miembros.
“Esta estructura con voluntarios queremos convertirla en soporte de las campañas de 2012 y con un compromiso de llevar al PAN por su cauce tradicional”, expone Espino, quien rechaza que infle el número de sus seguidores.
–¿Es una fuerza capaz de definir hasta la candidatura presidencial?
–Sí, por supuesto. Ya está la estructura y está creciendo. Llegaremos a unos 190 mil integrantes en junio.
Pero además de esta fortaleza estructural, se ufana, las encuestas lo colocan entre los tres primeros lugares de aceptación dentro del panismo para la candidatura presidencial, detrás de Creel y Vázquez Mota, y sólo luego de él y de Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, siguen Lujambio y Cordero.
“Ese es el malestar de Calderón”, interpreta, y por eso dice que lo expulsaron, pero advierte que ni así crecen sus prospectos: “¿Por qué no renuncian los secretarios de Estado? Que recorran el país y hagan tarea con los panistas. Se perciben nerviosos, inseguros, tímidos, no traen garra”.
Y sobre la dirigencia del PAN, califica de “burda” la estrategia de Madero de golpear al gobernador priista Enrique Peña Nieto. “En lugar de estar trabajando para fortalecer estructuras y propuestas, y lucir las fortalezas de los aspirantes, éstos y el presidente del partido se dedican a pegarle. Parece una campaña para posicionarlo”.
Juzga: “En lugar de ignorar a Peña Nieto y lucir ellos, le demuestran miedo. Peña Nieto es producto de la mercadotecnia y se apaga con un botón”.
Candidato yunque
Luego de dejar la presidencia de la ODCA, en agosto de 2010, y de bajar la intensidad de su actividad política para iniciar su restaurante, en la capital de Durango, llamado Esquilón –nombre de la campana de Dolores con la que Miguel Hidalgo llamó a la insurgencia, cuya réplica le regaló el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva–, Espino irrumpe en la escena nacional.
Lo hace por doble vía: para proponer un plan alterno a la “guerra” de Calderón contra el crimen, que ya acumula 40 mil muertos, y para enfrentar su expulsión del PAN dictaminada por la Comisión de Orden de Sonora y ratificada por esa misma instancia nacional, el 2 de mayo, una decisión que no sorprendió a Espino.
“Era previsible, pero sigo siendo militante del PAN. No estoy en este momento, en términos estrictamente legales, como miembro activo, pero sigo trabajando para el partido más que muchos”, subraya y dice que la sanción no fue por “traicionar los principios del partido”, como dijo Madero, sino por sus declaraciones públicas.
Muestra el expediente, que cita notas informativas de sus declaraciones públicas, y lee las conclusiones del dictamen: “Se concluye que Manuel Espino abusó del ejercicio de la libertad de expresión. ¡Esto es lo que dice el CEN! ¡No lo estoy inventando yo! Por eso le digo a Madero que lea el expediente que él aprobó”.
El PAN –enfatiza– quiere desvirtuar el caso al hablar de “traición” porque su apuesta es, de revocarse la expulsión, de todos modos dejarlo fuera de la contienda por la candidatura presidencial.
“Quieren hacer valer el reglamento, ni siquiera el estatuto, que dice que si alguien fue sancionado el año anterior a que inicie el proceso electoral interno, en una Comisión de Orden, no puede registrarse. Ese es mi caso. A eso le están tirando. A que no me pueda registrar”, subraya.
Y responde: “Pero el propio tribunal ha dicho que los derechos constitucionales de los ciudadanos no los puede cancelar un estatuto ni un reglamento partidario. Es decir, yo tengo derecho a votar y a ser votado”.
Explica: “Acción Nacional es el partido al que más se le ha acusado de violar la libertad de expresión y al que más se le ha dado la razón en el ejercicio de este derecho. Por lo tanto, resulta incongruente que la libertad de expresión que ha ejercido el partido ahora pretenda censurarla en mi persona”.
Espino cita casos en los que el PAN ha alegado el ejercicio de su libertad de expresión ante el TEPJF contra algunos adversarios: como en 2006, cuando acusó a López Obrador de ser “un peligro para México”; cuando en 2009 sacó una publicación titulada PRI-mitivo y publicó una “sopa de letras” en la que se refería al PRI con las palabras “transa”, “robo”, “censura”, “impunidad”, “corrupción” y “narco”.
Cita un antecedente parecido al suyo: en 2005 la Sala Superior restituyó sus derechos políticos a Armando Ovando Gallegos, suspendidos por el PAN por haber integrado el grupo Carlos Castillo Peraza, y el argumento de los magistrados fue que el régimen disciplinario de un partido político no puede reputar antijurídica la realización de un derecho fundamental y, por lo tanto, de mayor jerarquía, al estar previsto en la Constitución.
Espino insiste en que su expulsión, por “exceso de libertad de expresión”, será revocada por la Sala Superior del TEPJF. “No hay manera de que resuelva en contra. Si lo hace, va en detrimento del propio tribunal y sienta un precedente que perjudica al país de cara a 2012, porque estaría autorizando la mordaza”.
Ante diversos escenarios, el movimiento Volver a Empezar decidió no esperar el fallo del TEPJF para comenzar el proyecto de hacer candidato presidencial a Espino, identificado como miembro de la organización ultraderechista El Yunque, cuya penetración en el PAN está ampliamente documentada.
–¿Se le va a identificar como el candidato de El Yunque?
–Lamentablemente sí. Porque hay un estigma al que tú has contribuido mucho. Eso no me tiene preocupado. Pero, además, es una fuerza que yo no sé si sea muy influyente. Me parece que tiene mucha más fuerza Volver a Empezar que el grupito ese. ¡Pero por mucho!
“El estigma se ha generalizado mucho y he acreditado de sobrada manera que no (soy), porque han pasado cosas que me ayudan a esa desvinculación en la imagen. Porque si forzaron que yo estuviera etiquetado de eso, no podía acreditar algo que ahora sí puedo, porque se supone que hay gente de El Yunque que está en el Comité Nacional y votaron a favor de mi expulsión y en el Consejo Nacional la gente que está en El Yunque nunca abogó por mí. Es que no somos del mismo grupo.”
Insiste: “Que yo haya tenido amigos, o que tenga, que están etiquetados así es otra cosa. Cuando fui dirigente del PAN, ya sea como presidente o secretario general, di jugada a todos: A los calderones, a los creeles, a todos… y que haya dado juego a gente identificada con El Yunque no quiere decir que les haya dado juego porque yo sea de El Yunque, porque es una corriente interna que también juega, chiquita o grandota. Yo hice un grupo plural y equilibrado”.
“Fox sí cuidó a la gente”
Espino lanza su proyecto presidencial en la agudización de la crisis de violencia en México por la estrategia antidelincuencia tramada por Calderón, a cuyo clamor de una rectificación se suma con una propuesta alterna a la oficial que, por ejemplo, recoge líneas estratégicas y recomendaciones de jefes y exjefes de Estado, como Vicente Fox y el colombiano Álvaro Uribe.
La Estrategia para la paz justa es un documento que en 65 páginas hace un planteamiento integral para sustituir el método militar y policiaco aplicado desde diciembre de 2006 que, dice Espino, urge rectificar y “cerrar este laboratorio de guerra donde se experimenta a gran escala, y cada vez con mayor degradación social y desesperanza, con la vida de los mexicanos”.
“Es una propuesta concreta, pero además viable, que puede generar una dinámica de resultados sin confrontación armada. Esta es una mecánica que en mucho recoge sugerencias de personas que ya aplicaron estos métodos en otros países con buenos resultados”, subraya.
El documento nació, en parte, con las aportaciones hechas en los foros internacionales organizados por la ODCA en Bogotá, Colombia; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Durango capital, en junio, agosto y noviembre de 2008, y luego enriquecida, expone Espino, por otros expertos de México y del mundo.
Como parte fundamental de la estrategia, que prevé líneas diversas, plantea que Calderón asuma como jefe de Estado el liderazgo para encabezar una Concertación Nacional para la Paz, integrada por representantes de la sociedad y del Estado, con voz y voto, para la definición y revisión de propuestas para la seguridad.
“Dar a la concertación carácter de máxima instancia política de facto para la toma de decisiones a favor de la seguridad de los mexicanos, mismas que se implementarán en forma institucional y siempre con apego a la ley. Desde la concertación, cambiar la lógica de guerra por una de paz que oriente y permita prioritariamente la acción no violenta en forma institucional y social, que asegure el mejoramiento continuo hacia la consecución de la seguridad humana.”
Espino está consciente de que Calderón puede ignorar la propuesta por su “fobia espinista”, pero “será en detrimento de su propia imagen, porque no podrá ocultar que es la primera vez que se le entrega una estrategia tan completa, tan fundamentada y además con un enfoque de acción pacífica”.
En el documento se identifica a Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, presidente y expresidente de Colombia, como coautores del documento, pero Espino aclara que la estrategia propuesta es distinta a la aplicada en ese país, que también fue muy violenta.
“Se centró en sacar la violencia de las ciudades a balazos. No fue una estrategia de paz, pero hay métodos tácticos sugeridos por ellos que están recogidos aquí”, dice, como planteamientos de Fox expresados en el foro Inseguridad, Dolor Evitable, en Bogotá.
“Uno de sus principales planteamientos fue evitar al máximo poner en riesgo a los ciudadanos, porque el bien principal a tutelar es la vida del ciudadano. Tal vez eso explica por qué Fox no desplegó una estrategia tan ruda. Buscaba agarrar a los capos, a los criminales allá en la selva, en el bosque, en el desierto y no atraer la lucha a las ciudades.”
Y lo contrasta con la guerra vigente: “El presidente Calderón, a diferencia de Fox, se trajo la confrontación a las ciudades, tal vez para que pudiera ser espectacular y además mediática, lo cual me parece francamente un error”.
Respetuoso de la marcha encabezada por el poeta Javier Sicilia, Espino discrepa de la forma como se exigió la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, porque “lo único que se logra con eso es evitar que se vaya”.
Enfatiza: “Si realmente queremos que se vaya García Luna, no presionemos al presidente, digámosle que es pésimo su desempeño, que no le conviene que siga, pero que la decisión la tome el presidente. Si se le presiona, no lo va a hacer y eso perjudica al país. García Luna debió haberse ido desde hace tiempo, hasta por vergüenza”.
En realidad, Calderón sigue sordo: “Convoca al diálogo, pero no está dispuesto a escuchar. Pide apoyo y comprensión a la sociedad, pero no le pide que se involucre. O le falta creatividad o es tan desconfiado, como sabemos que lo es, que no solamente no confía en su sombra –como se lo dijo Carlos Castillo Peraza–, sino que no confía en los mexicanos. Y eso es terrible en un país, no confiar en el pueblo para el que gobierna...”
Una vía que arrasa ejidos
Rodrigo Vera
Enrique Peña Nieto la promueve como la autopista más importante de México. Y lo es... para la constructora española OHL y para los empresarios nacionales que se beneficiarán con la tierra aledaña al Circuito Exterior Mexiquense. Y lo es también para el gobernador del Estado de México, que pretende usarla como vía rápida a sus objetivos político-electorales, toda vez que las campañas en la entidad comienzan este lunes 16. Sin embargo, para los campesinos de la entidad el proyecto condena a la desaparición a muchos ejidos y mutila municipios cuyos habitantes no recibirán ningún beneficio.
TOLUCA, MÉX.- Julio Sánchez Durán, presidente del comisariado ejidal de Tultepec, observa desde una loma la planicie de las más de
“¡Mire la autopista! Echó a perder todas las tierras de nuestro ejido, arruinó nuestras cosechas. Fue como una maldición que nos cayó”, se lamenta don Julio y señala la brillante franja de asfalto de tres kilómetros que cruza raquíticos maizales y alfalfares.
Este es sólo un pequeño tramo del Circuito Exterior Mexiquense (CEM), la autopista de cuota que circunda el norte de la Ciudad de México del poniente al suroriente, hasta los límites con Morelos. La construye el gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, quien la publicita como la obra más importante del país.
Don Julio prosigue: “Al principio vino gente del gobierno del estado y de la constructora. Nos avisaron que iban a tender una autopista por nuestro ejido, que nos iban a indemnizar y a pagar todos los daños, pero pasó el tiempo… y nada. Sólo nos decían: ‘Ya mero les pagamos, ya mero’. Construyeron su tramo de autopista, después vino el gobernador Peña Nieto a inaugurarlo y a pararse el cuello. Pero a los ejidatarios nunca nos pagaron por tanto perjuicio que nos trajo”.
–¿Qué daños les ocasionó?
–Vino a cambiar la vida de la comunidad porque cortó nuestros caminos internos. Es una barrera que no podemos cruzar. Además los desechos de la obra los tiraron a nuestro ejido, lo convirtieron en basurero.
Acompañado por otros ejidatarios, don Julio desciende la loma y muestra al reportero las tierras ejidales. Hay montones de cascajo, arena, piedra y varilla que dejó la obra. Los desechos obstruyeron varios canales que llevaban agua a los sembradíos.
La cinta de asfalto quedó más elevada que las tierras ejidales y está flanqueada por empinados taludes de cuatro metros de altura. Hay que escalarlos para ver los cuatro carriles de la vía, protegida con malla ciclónica y retenes de concreto.
Los automóviles pasan a toda velocidad. Se escucha el ruido de los motores y la fricción de las llantas sobre el pavimento.
“¿Usted cree que los ejidatarios podemos cruzar al otro lado o que podemos llevar a pastar allá nuestras vacas y borregos? ¡Pues claro que no!”, se lamenta don Julio.
–Pero esa autopista dejó bien comunicado al ejido.
–No. Para nosotros es como una barda, un muro muy alto al que uno no puede treparse. A quienes dejó bien comunicados es a los automovilistas que pueden pagar las carísimas casetas de cobro. A ellos les fue bien; esta carretera entronca con las de Querétaro, Pachuca y Puebla sin pasar por la Ciudad de México.
Don Julio relata que por tradición Tultepec es un municipio de coheteros; familias enteras se sostienen de trabajar la pólvora y elaborar juegos pirotécnicos. Sus talleres los tenían diseminados en áreas que hoy ocupa la autopista, pero los constructores de la obra, afirma, concentraron arbitrariamente esos talleres en más de
“Nos metieron a los coheteros. Ahora tenemos en el ejido 350 talleres de cohetes que arrojan a nuestras milpas sus desechos químicos: azufre, aluminio y tanta porquería. La tierra se contaminó y echó a perder nuestras cosechas”, explica el ejidatario y señala hacia unas construcciones de tabique diseminadas en un amplio y árido terreno.
Algunos son almacenes de pólvora en cuyas fachadas hay carteles de advertencia: “¡Cuidado!” “¡Polvorín!” “¡No fumar!” Otras son bodegas de “productos terminados” que guardan luces de bengala, cohetes de vara, chinampinas, palomas de todos los tamaños…
Don Julio comenta: “Esta es un área muy peligrosa. Los polvorines estallan de pronto matando a quien se le pone enfrente. Estallan con el puro calor del sol. Es una lástima, convirtieron el ejido en una zona minada. Esa autopista fue nuestra desgracia... la construyeron a la brava”.
–¿No hubo una asamblea ejidal que permitiera su construcción?
–¡Nada! ¡Nada! Se aprovecharon de la buena fe de los ejidatarios que creímos en promesas que nunca se cumplieron. Ahora nosotros salimos estorbando, ya no le importamos a nadie.
–¿Qué van a hacer?
–Pedimos que nos regresen nuestras tierras invadidas, que dejen el ejido tal como estaba.
El ejido Tultepec –que aglutina a 214 ejidatarios– ya demandó al gobierno de Peña Nieto y a la constructora de la autopista, la española OHL, mediante un juicio de restitución de tierras radicado en el Tribunal Unitario Agrario del Décimo Distrito, con el número de expediente 152/2010.
Todo en la ilegalidad
El abogado Manuel Andrade, asesor de los ejidatarios, asegura a Proceso: “Estamos ante el delito de despojo, debido a que la empresa OHL literalmente despojó a los ejidatarios de una parte de sus tierras”.
Indica que empresa y ejidatarios únicamente firmaron “convenios de indemnización”, pero ni siquiera se inició un proceso expropiatorio en forma.
–¿Hay necesidad de decreto expropiatorio?
–Por supuesto. Los ejidos están protegidos por el artículo 27 constitucional, el proceso expropiatorio debe realizarlo la Presidencia de la República y toda expropiación debe quedar asentada en el Diario Oficial de la Federación. Aquí no se hizo nada de eso. Hubo un atropello, una ilegalidad total.
–¿Puede argumentarse que la autopista es de utilidad pública?
–No, porque es de cuota. Y muy costosa, por cierto. Es un negocio privado que, en concesión, le entregó el gobierno mexiquense a la empresa OHL. Sería de utilidad pública sólo si fuera gratuita.
Andrade agrega que el de Tultepec es sólo uno de los ejidos afectados por el CEM. Hasta donde tiene entendido, dice, tampoco se han llevado procesos expropiatorios con otros ejidos que la autopista cruza, como Huehuetoca, Coyotepec, Zumpango, Melchor Ocampo, Jaltenco y Nextlalpan, entre otros.
Además, dice, muchas propiedades privadas sufrieron los mismos atropellos.
También municipios enteros fueron cercenados e incomunicados por el CEM, como Texcoco, Ciudad Nezahualcóyotl, Tultepec y Chimalhuacán. En este último, la población ha estado en resistencia civil encabezada por su alcalde, el priista Jesús Tolentino Román, al grado de que ya bloquearon la autopista en una ocasión.
Arturo Chavarría, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, comenta a este semanario: “El Circuito Exterior Mexiquense es un claro ejemplo de abuso del poder. Es el negocio de unos cuantos empresarios y políticos a costa de los ejidatarios, pequeños propietarios y de millones de pobladores de la zona”.
Indica que los
Y recalca: “Es un megafraude, viola toda la normatividad, genera una alta especulación de la tierra y provocará una brutal expansión de espacios urbano-habitacionales, con lo que se destruirán reservas naturales y mantos acuíferos del valle de México.
“Pero eso sí, representa ganancias multimillonarias para el gobernador en turno y para un pequeño grupo de empresarios mexicanos ligados en sociedad con OHL. Todos ellos ya le pusieron el ojo a los terrenos aledaños a la autopista, cuyo valor aumentó muchísimo.”
–¿Quiénes son esos empresarios?
–Entre ellos están Carlos Slim, Emilio Azcárraga Jean, Miguel Alemán Magnani y Carlos Hank Rhon. Éste último, por representar al grupo Atlacomulco, es la bisagra articuladora para que todos hagan negocios y un gran saqueo en el Estado de México.
–¿Qué papel juega Peña Nieto?
–Por su juventud e inexperiencia Peña Nieto es sólo un títere que manejan a su antojo todos estos empresarios sin escrúpulos. Sin embargo, en su afán por llegar a la Presidencia, él se adjudica todas las obras bajo el slogan “compromisos cumplidos”. Deberían investigarlo para saber con exactitud a qué grupos monopólicos les está entregando las concesiones y la obra pública.
“Al servicio del capital”
Fermín Carreño Meléndez, profesor-investigador de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, dice a Proceso: “Peña Nieto está al servicio del gran capital. El pueblo no le interesa. Imagíneselo como presidente de la República; es capaz de entregarlo todo… hay que andarnos con mucho cuidado”.
Carreño pone como ejemplo la venta de
“Es mucha casualidad, ¿no cree? Hemos pedido información para saber en cuánto compró Slim ese terreno que anteriormente era un tiradero, cómo le hicieron para venderle a un particular, pero no hemos tenido respuesta. Slim dijo que ahí construirá un parque tecnológico… pero el gobierno asegura que será un área ecológica.”
–¿Nada queda claro?
–¡Nada! Hay negocios muy turbios detrás de cada tramo del Circuito Exterior Mexiquense. Debería investigarse tramo por tramo, ya que las tierras por donde pasa fueron propiedad de alguien. ¿Se vendieron o expropiaron legalmente? No lo sabemos. Sólo conocemos una mínima parte del problema.
“Lo cierto es que el gobierno mexiquense proporcionó información privilegiada a los empresarios y desarrolladores inmobiliarios sobre este proyecto de construcción para que éstos hagan sus negocios y especulen con el suelo, comprándolo a muy bajo precio.
“El circuito también está pensado para disminuir los tiempos en el traslado de las mercancías, pues conecta con las autopistas de Querétaro, Pachuca y Puebla, donde hay puntos industriales y comerciales. En economía es clásica la visión de disminuir los tiempos de rotación de capital para maximizar ganancias.”
–¿Qué problemas ocasionó esta visión empresarial?
–En primer lugar no se tomó en cuenta a los millones de habitantes de la zona. Les bloqueó la movilidad a sus hogares, centros de trabajo, educativos o de recreo. El circuito lo que provocó fue tenderles grandes barreras, no ejes articuladores que integraran a la comunidad. Perjudicó a las clases más desprotegidas que no pueden usar esa autopista.
“En segundo lugar tampoco creó lo que los urbanistas llamamos áreas de amortiguamiento, espacios destinados a la protección del medio ambiente. Toda obra genera daños ecológicos, la clave está en cómo resarcirlos mediante estas áreas que no deben tocarse.
“El circuito se construye sin planeación urbana ni ambiental. En pocos años provocará que la mancha urbana crezca en forma desmedida y anárquica. El valle de México padecerá una catástrofe ecológica. Pero eso no le importa a los políticos mexiquenses ni a los empresarios, cuyo único interés es urbanizar y urbanizar para obtener jugosas ganancias.”
Arturo Chavarría y Fermín Carreño aclaran que no están “contra el desarrollo sino contra su falta de planeación”, como hoy ocurre con el CEM, obra que depende del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México dirigido por el ingeniero Manuel Ortiz García.
Proceso solicitó una entrevista al ingeniero Ortiz, pero no se la concedió.
“Ortiz García no tiene ningún poder de decisión. Está totalmente a las órdenes de los empresarios. Su función es darle atole con el dedo a los afectados”, aseguran los urbanistas.
Señalan que el gobierno mexiquense ni siquiera presentó el estudio de impacto ambiental y regional del CEM, como lo exige la legislación estatal, concretamente el llamado Libro quinto del Código Administrativo del Estado de México. “Se violentó toda la normatividad en la materia”, dicen.
–¿Y es realmente la obra vial más importante del país, como lo pregona Peña Nieto?
–Sí. Es la obra más importante que en este momento se realiza en una entidad federativa. La dividieron en tres etapas de construcción que juntas costarán unos 24 mil millones de pesos. Pero no calcularon el enorme costo social que acarrea.
Hasta ahora son los habitantes y el alcalde de Chimalhuacán quienes encabezan la protesta social más numerosa contra el CEM, pues partió en dos su municipio.
El alcalde Tolentino Román comenta indignado: “Nos mutilaron el municipio y ni siquiera nos dejaron un acceso para la autopista”.
A lo largo de más de siete kilómetros el CEM cruza las resecas tierras de Chimalhuacán, poblado de precarias casas construidas con lámina, cartón y bloques desnudos de concreto. Se alinean en calles sin pavimento, opacas por el polvo de las constantes ventiscas.
Chimalhuacán se asienta en el lecho seco del lago de Texcoco. A la escasa población nativa, de origen nahua, se le sumaron oleadas de migrantes pobres que llegaron de provincia buscando trabajo en la capital del país. Hoy es una “ciudad dormitorio” de 1 millón de habitantes. Su fuerza laboral, sus brazos jóvenes, salen de madrugada y regresan al anochecer.
Ellos se sintieron agredidos al ver que la moderna autopista los había incomunicado y aprisionado. Hoy tienen que ir hasta Texcoco o Neza –lo que implica dar un enorme rodeo– para pasar de un lado al otro de su municipio.
Por eso, enardecidos, durante más de un mes –del 25 de marzo al 27 de abril pasado– bloquearon un tramo del CEM exigiendo que les construyan puentes vehiculares y peatonales que comuniquen ambos lados del municipio, saltando la autopista y entroncando con ella. Una de las organizaciones más aguerridas fue la de Los Tlateles de Chimalhuacán, de raigambre nahua y cuyo líder, Felipe Castillo, advierte:
“No nos gusta el ninguneo con que nos tratan los empresarios. Primero llegaron y convencieron a nuestros pequeños propietarios, dueños del espacio por donde hoy pasa la autopista, de malvender sus tierras. Les pagaron a 50 o 60 pesos el metro cuadrado. Hoy en una caseta cobran más por el peaje de un solo automóvil. Eso es una injusticia. Y para colmo nos partieron el municipio. Nosotros seguiremos luchando.”
A Tolentino Román, correligionario de Peña Nieto, se le presentó la disyuntiva de apoyar a los empresarios o la lucha de su pueblo.
“No tuve ninguna duda ni vacilación. Tomé partido por la parte débil, por los menesterosos que no tienen poder económico ni político”, dice a este semanario en sus oficinas del Palacio Municipal.
–¿Qué consiguieron?
–Después de quitar nuestro plantón y realizar varias negociaciones, OHL se comprometió, en un lapso de tres meses, a construirnos dos puentes vehiculares. La mula no era arisca, la hicieron los palos, por eso estaremos vigilantes de que cumpla su compromiso.
–Puede ser que no lo haga.
–Entonces volveremos a sacar el hacha de guerra y a taparle su autopista.
Crecientes concesiones a la española OHL
Rodrigo Vera
TOLUCA, MÉX.- La empresa española Obrascón, Huarte y Lain (OHL) consiguió las concesiones de algunas de las obras más importantes en el Estado de México: además de tener la correspondiente al Circuito Exterior Mexiquense, también cuenta con la del Aeropuerto de Toluca y la del Viaducto Bicentenario, el llamado “segundo piso” que corre de Cuatro Caminos a Cuautitlán, otra de las obras emblemáticas de Enrique Peña Nieto.
Arturo Chavarría, presidente del Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de México, refiere:
“OHL obtuvo 49% de la concesión del Aeropuerto de Toluca. Otro 26% lo tiene el gobierno del Estado de México. Y el restante 25% lo tiene el gobierno federal.”
Agrega:
“La empresa española llegó al estado e invitó a empresarios mexicanos a invertir su dinero, de ahí que, en su parte concesionada del aeropuerto, también esté metido el Grupo Atlacomulco.”
Dicha mancuerna –dice– comparte negocios con otros grupos empresariales, como el de la familia Alemán, cuya línea aérea Interjet está operando en el aeropuerto de la capital mexiquense.
Chavarría indica que los terrenos donde se asienta el aeropuerto son ejidales y están en litigio:
“Como no se realizó el proyecto de construir un aeropuerto en Tizayuca, se vino a meter con calzador el aeropuerto de Toluca, construido en terrenos ejidales que quisieron comprar a muy bajo precio. Los ejidatarios no se han dejado explotar, por lo que esos terrenos siguen en litigio, no se han expropiado.”
Otro gran negocio para OHL –comenta el urbanista– es el del Viaducto Bicentenario, el “segundo piso de cuota” de Peña Nieto, que contrasta con el “segundo piso gratuito” que en el Distrito Federal construyó Andrés Manuel López Obrador, siendo jefe del gobierno capitalino.
“Este solo ejemplo nos sirve para distinguir una obra de utilidad pública, como es el segundo piso en el Periférico del Distrito Federal, con otra obra cuyo fin primordial es el lucro privado, como es el segundo piso en el Periférico del Estado de México”, recalca Chavarría.
Por cierto, al hacerse el concurso para otorgar la construcción del Viaducto Bicentenario, OHL se impuso sobre Carso Infraestructura y Construcción, la constructora propiedad del magnate Carlos Slim.
El Grupo Atlacomulco, favorecido
Si bien el Congreso estatal adjudica un alto volumen de obra pública mediante concurso, generalmente hay “mano negra” en el otorgamiento de esas concesiones, por lo que los favorecidos son casi siempre los miembros o allegados al Grupo Atlacomulco, sostiene el urbanista.
“En los hechos, el Congreso del Estado de México está supeditado a la clase empresarial y al PRI. Los legisladores de oposición son ‘maiceados’ con grandes prebendas, por eso todo mundo quiere ser diputado”, comenta.
No es fortuito, dice, que el actual presidente de OHL México sea José Andrés de Oteyza, secretario de Patrimonio y Fomento Industrial durante el gobierno de José López Portillo y quien en ese tiempo fue un enlace entre la Presidencia y el profesor Carlos Hank González, una de las figuras más destacadas del Grupo Atlacomulco.
En su edición del 26 de junio de 1999, el diario La Jornada publicó fragmentos de un libro que el escritor Fernando Benítez hizo sobre Hank González, Relato de una vida, volumen que se editó pero no se puso en circulación. Ahí se menciona que De Oteyza fue enviado por López Portillo para pedirle a Hank que le vendiera al gobierno sus empresas:
“En enero de 1977 (Hank) le informa al presidente José López Portillo que va a vender sus empresas. López Portillo le pide que no se las venda ‘a Monterrey’, sino al gobierno, y encarga el asunto a José Ándrés de Oteyza, quien tiempo después se reúne con Hank: ‘Carlos, como sabes ya terminaron los avalúos, pero te traigo un recado del presidente: te pide que no vendas este grupo; él cree que hay que multiplicar este tipo de grupos’.”
Para Arturo Chavarría resulta probable que hayan existido más vínculos entre De Oteyza y la familia Hank, lo cual quizá explique los privilegios de que actualmente goza la empresa dirigida por el exfuncionario:
“Aquí hay una hermandad entre empresarios-políticos desde hace más de 50 años; sus miembros están durante un tiempo en la política y luego se van a administrar negocios, y así se la pasan. El expresidente Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, llegó a ser asesor del gobierno estatal, lo mismo que el excanciller José Ángel Gurría. El De Oteyza puede ser un caso más.”
A nivel nacional, OHL ha logrado posicionarse como la segunda empresa que más obra pública tiene; sólo es superada por ICA. En la columna Con estilo, publicada por Lourdes Mendoza en el diario Reforma el pasado 8 de marzo, se detalla:
“La empresa consentida del sexenio, sin lugar a dudas, es… ICA…, pues al revisar todos los proyectos de infraestructura federal entre 2006 y lo que va de 2011, la constructora que encabeza Bernardo Quintana Isaac se ubica en el primer lugar al haber ganado contratos por casi 179 mil millones de pesos, es decir, el 48% de toda la obra concursada. Muy por debajo, en el segundo lugar, está la española OHL, que dirige aquí José Andrés de Oteyza, con el 16% del mercado, equivalente a poco más de 55 mil millones de pesos. El tercer lugar es para Ideal, de Carlos Slim, con 14% del mercado, con 49 mil 670 millones de obra federal y estatal.”
OHL también obtuvo la concesión de la polémica supervía poniente de la capital del país, que consiste en un tramo de
Actualmente OHL gestiona 31 concesiones en España, Brasil, México, Argentina, Chile y Perú. En el país ya está participando en autopistas de peaje, aeropuertos y ferrocarriles, y “en su momento” lo hará en el sector portuario, según anunció el propio De Oteyza. l
Radiografía crítica del Instituto Electoral del Estado de México
bernardo barranco V.*
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se muestra sin credibilidad política en el proceso electoral para la gubernatura este año.
De hecho nunca ha gozado de ella. Desde que se fundó en 1996, su integración está marcada por cuotas partidarias, y los consejeros y altos mandos operativos son designados por pactos en la legislatura local, donde siempre lleva la mano el grupo mayoritario del PRI. El IEEM padece una sumisión política estructural, al servicio del gobernador en turno, y por ello ha sido un botín marcado por recurrentes escándalos que reflejan el nivel de la cultura política autoritaria mexiquense y sus altos e intolerables niveles de corrupción.
A diferencia de ciertos periodos del IFE, el IEEM jamás se ha ciudadanizado. Los consejeros, especialmente los designados por el PRI, son férreamente controlados y se convierten en operadores que coadyuvan con la representación política en el instituto. Por lo tanto, sus intervenciones, como la intención de voto en el Consejo General, son altamente previsibles. Se trata de los llamados “consejeros de consigna”. A esto habría que sumar que los principales cargos operativos del instituto están también marcados por los acuerdos partidarios, y que en ellos dominan los signos tricolores.
Pero el PAN y el PRD son igualmente responsables del actual desprestigio del sistema electoral mexiquense. Han consentido y validado un modelo torcido basado en la simulación: el poder formal es depositado en los consejeros mientras el poder real descansa en la Secretaría de Gobierno del estado y en los acuerdos que ésta va entablando con los partidos. La operación y el manejo de los recursos financieros se asientan en el secretario ejecutivo, Javier López Corral, hombre de toda la confianza del gobernador Enrique Peña. Este control efectivo es metaconstitucional y expresa perversidad política. El otro poder, el de los consejeros, es una impostura mediática. Hacia abajo –en la estructura de las juntas distritales, vocales y consejeros ciudadanos– la lógica es la misma. Ahí es donde la maquinaria priista se deja sentir con mayor fuerza, pues es el único partido con presencia en toda la geografía mexiquense que tiene una estructura de cuadros que le da preeminencia territorial tanto en el IEEM como en el IFE.
Con el apoyo del PRI llegaron al Consejo General del IEEM José Martínez Vilchis, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de México; Jesús Jardón Nava, exmagistrado del Poder Judicial, y Policarpo Montes de Oca Vázquez, el exvocal de Organización del IFE en el estado. Mediante el Partido Verde, el PRI impulsó la llegada de Juan Carlos Villarreal, quien fuera director general del instituto, y a su salida obligada, en 2009, asesoró al secretario de Gobierno Luis Miranda Nava. El presidente del instituto, Jesús Castillo Sandoval, es un actor aislado; su carácter mediador es insuficiente, como lo advirtió el representante del Partido del Trabajo Joel Cruz Canseco: “El consejero presidente del IEEM, Jesús Castillo Sandoval, está secuestrado, acorralado y no tiene campo de acción y de maniobra, por los cotos de poder que existen al interior del órgano electoral”. Con mayores arrestos, Abel Aguilar, propuesta del PAN, es una voz en el desierto.
El IEEM constituye un claro ejemplo de la actual regresión del andamiaje electoral que prima en el país. Se han venido deconstruyendo la autonomía y la imparcialidad de las instancias electorales, lo que ha repercutido no sólo en su pérdida de credibilidad ante los ciudadanos, sino también en el hecho de que queden en riesgo los propios procesos electorales.
A lo largo de 15 años, el instituto ha experimentado crisis internas con serias consecuencias en el sistema político de la entidad. El ejemplo más notable fue la crisis de corrupción del llamado “Caso Cartonera Plástica”, de mayo de 2005. El escándalo fue mayúsculo al descubrirse un sobreprecio de los materiales electorales que involucraba a los propios consejeros, entre ellos Bernardo García Cisneros. Ante el total descrédito, el Congreso local obligó a la renuncia en bloque de los consejeros. Todo esto puso en jaque las elecciones para gobernador en 2005. Con el más alto índice de abstencionismo, Enrique Peña Nieto ganó la gubernatura. Durante más de 10 años, García Cisneros fue una especie de cacique electoral con gran poder en el instituto. No obstante su descrédito, el sistema lo recicla, y recientemente reapareció en un video donde se le ve organizando la operación electoral entre los funcionarios municipales de Chalco y maestros de la zona.
El IEEM es un territorio colonizado por el poder imperante en el Estado de México. Esta evidente condición determina que entre mermado en términos de autoridad moral y sea blanco de constantes descalificaciones, no sólo de los partidos de oposición, sino de un sector de la opinión pública. Como señal de protesta, el Partido del Trabajo ha abandonado las sesiones del Consejo General por agravios y parcialidades del mismo órgano. La clase política mexiquense puede pagar caro el sometimiento que ha operado hacia el instituto, pues en tan sólo seis años ha habido cuatro consejos diferentes, cuatro presidentes, de los cuales dos renunciaron.
El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) no se queda atrás. Ha resultado costoso e ineficiente. Este órgano también ha sido cuestionado, no sólo por su sesgado comportamiento, sino por la lentitud de sus resoluciones. El tribunal federal le ha corregido la plana y le ha exigido ser más expedito al TEEM, con una composición igualmente inclinada hacia el partido en el poder. Según una investigación del periódico Reforma, de las 28 resoluciones en 2010 que fueron impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 42.8% fueron revocadas o modificadas o se ordenó dar cumplimiento a una sentencia en otro sentido. Se calcula que cada resolución cuesta 1.6 millones de pesos y, para colmo, el tribunal citado se vio envuelto también en escándalos por haberse adelantado bonos, es decir, antes de que inicien las campañas se han premiado los magistrados mexiquenses por un trabajo que aún no desempeñan. Por ello, en casos de querella, los partidos de oposición buscan “brincar” esa instancia y acuden directamente a los tribunales federales.
El proceso electoral, por lo tanto, tiende a la judicialización. Buena parte de las decisiones y resoluciones del Consejo General del IEEM terminan en los tribunales. Menciono sólo algunos casos: designación de consejeros distritales y de vocales, monitoreo, reglamentos internos, multas a partidos, propaganda gubernamental y adopción de medidas cautelares. Muestran no sólo un proceso trompicado, sino la falta de acuerdos y el riesgo latente de crispación.
El Estado de México cuenta, como sabemos, con el padrón electoral más alto del país, de 10.5 millones de ciudadanos, pero con un alto grado de abstención, que en promedio supera el 50%. El huracán electoral ha bajado de intensidad y se coloca en la categoría de una elección más debido a la alianza frustrada de los partidos de oposición. Eruviel y el PRI encabezan todas las encuestas, cuentan con el aparato del Estado, con la maquinaria electoral más experimentada de toda la República y con el apoyo incondicional del magisterio. Este escenario es el que más le conviene a un instituto diezmado que sabe muy bien que no resistiría un resultado apretado. En un escenario de alta competitividad muy probablemente su caída sería aún más estrepitosa que la del IFE en 2006. Por ello, la clase política en el estado debe replantear la estructura del instituto, así como el método faccioso de los consejeros, y respetar tanto la necesaria autonomía del instituto como las tentaciones de manipulación. De lo contrario, los riesgos son palpables tanto para la legitimidad de las autoridades como para la democracia en la entidad. ¿Le importará esto a la clase política?
Cronología de escándalos
–En 1996 se crea el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) sustituyendo a la Comisión Estatal Electoral, que era manejada por la Secretaría de Gobierno del Estado.
–En 1997 se cuestiona el financiamiento de un libro, con recursos públicos del instituto, del entonces consejero Álvaro Arreola.
–En 1999 renuncia el consejero presidente, José María Sáenz Gómez Salcedo, por “motivos de salud”, a tan solo tres meses de los comicios; representantes de varios partidos denunciaron irregularidades en el manejo de recursos; como consecuencia, también sale el contralor interno.
–En febrero de 2003, María Luisa Farrera Paniagua, presidenta del consejo, sufre un atentado que a la postre resultó “autoatentado”, según lo calificó el entonces procurador Alfonso Navarrete Prida.
–En 2004 se presentan otros escándalos por el dispendio económico del Consejo por parte de María Luisa Farrera, tanto en el cobro de bonos millonarios como en derroches para la construcción del edificio sede, rebasando el presupuesto original. El costo fue superior a los 120 millones de pesos.
–En mayo de 2005 se produce el mayor escándalo de corrupción en la historia del instituto, con el caso de Cartonera Plástica. Este consejo refleja los excesos del montielismo y se ve obligado a renunciar a tan sólo unas semanas de las elecciones para gobernador.
–En septiembre de 2008, José Núñez Castañeda renuncia como presidente del consejo por su inconformidad con la regresiva reforma electoral local aprobada en marzo de 2008, que contemplaba la creación de la figura del secretario general ejecutivo, con excesivas atribuciones, por lo que Núñez considera que esto le representaría un contrapeso decisivo a la hora de tomar decisiones.
–En octubre de 2008, el PAN impulsa a Norberto Hernández como nuevo presidente, pese a que era militante en activo y había reprobado el examen básico de conocimientos electorales. Igualmente resulta controvertida la designación, incluso en el interior del PRD, de la consejera Sayonara Flores, esposa de Domitilo Posadas, dirigente político de PRD en Toluca.
–El 8 de abril de 2010, Gabriel Corona Armenta, exconsejero, recibe un amparo de la justicia federal para ser reinstalado en el cargo de consejero electoral del IEEM. También se ordena que sea sometido a un procedimiento por el cual tenga la oportunidad de reelegirse en el cargo del que fue separado ilegalmente en 2008.
–En enero de 2011, durante la sesión de instalación del proceso electoral de 2011, lo que podría haber sido un acto protocolario se convierte en una batalla campal de reproches, descalificaciones y advertencias entre los propios consejeros electorales sembrados por el PRI contra el PAN y el PRD. Desde éstos se procura que en la Cámara de Diputados se exija la salida de los consejeros priistas por parciales y tendenciosos, con críticas que especialmente se centran en Juan Carlos Villarreal. l
* Exconsejero del IEEM y estudioso de las religiones.
Nuevo pozo de corrupción en Pemex
Ricardo Ravelo
En México el proceso de refinación de crudo para producir gasolinas está en crisis. Más de la mitad del combustible usado en el país se importa –lo que implica una sangría para el erario– y las seis refinerías que la paraestatal tiene en territorio nacional son insuficientes y obsoletas. A ello se suma un nuevo escándalo de corrupción dentro de la subsidiaria Pemex Refinación, que ya está bajo escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión de Energía del Congreso y que incluso es investigado por la Procuraduría General de la República.
Juan José Suárez Coppel –quien fuera cuestionado en septiembre de 2009 cuando Felipe Calderón lo hizo director de Petróleos Mexicanos (Pemex)– enfrenta graves problemas de corrupción en una de las principales subsidiarias de la paraestatal.
No es la primera vez que a Suárez Coppel se le implica en escándalos de este tipo: a principios de 2009, cuando Francisco Gil Díaz quiso hacerlo consejero externo de la empresa, el Congreso lo vetó, entre otras razones, por la protección que supuestamente brindó a los negocios ilícitos de los hijos de Marta Sahagún durante el sexenio del esposo de ésta, Vicente Fox, precisamente en Pemex (Proceso 1715).
Ahora la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados investigan un caso de presunto tráfico de influencias: el subdirector de Pemex Refinación, Bernardo de la Garza Hesles, otorgó un contrato de 42 millones de dólares a la empresa estadunidense KBC Advanced Technologies, sin licitación de por medio.
Además de su inexperiencia en el ramo –es un abogado que ha mantenido en el estancamiento el Sistema Nacional de Refinación, según datos de un informe interno de Pemex–, De la Garza creó la estrategia ideal para otorgar contratos sin licitación con el argumento de que son “urgentes”.
El 27 de agosto de 2010, mediante el oficio CAAOS/REF/015/2010, Iván García Díaz, secretario del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de Pemex Refinación, le informó de los nuevos lineamientos para resolver las urgencias de la empresa a Miguel Tame Domínguez, director general de la subsidiaria.
Entre otros puntos el oficio precisa:
“Se aprueba la creación de un Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios temporal para que atienda los asuntos urgentes de la administración de Pemex Refinación, el cual se regirá en términos similares al subcomité temporal creado por el CAAOS de Pemex Exploración y Producción.
“El subcomité únicamente estará encargado de dictaminar sobre la procedencia de no celebrar licitaciones públicas y definir los procedimientos de contratación a seguir entre la invitación restringida y la adjudicación directa, respecto de los 51 casos urgentes que tiene relacionados Pemex-Refinación.”
Dicho subcomité quedó integrado, según el acuerdo del 27 de agosto de 2010, por el subdirector de Finanzas y Administración, la gerencia de Recursos Materiales, la Subdirección de Producción, ocho áreas más de Pemex y un invitado, si se considera necesario.
Ese mismo día, De la Garza asignó un contrato de 42 millones de dólares –que fue dividido en tres fases para amortiguar el impacto de la suma– a KBC Advanced Technologies para realizar trabajos de mejoría en el desempeño del Sistema Nacional de Refinación. La vigencia del contrato es de dos años, de diciembre de
El contrato centra sus objetivos en el mejoramiento de la producción de las seis refinerías de Pemex. Pese a que desde 1997 comenzaron a ser reconfiguradas, hasta la fecha no se ha podido abatir la importación de combustibles: la paraestatal compra en el exterior más de la mitad de los 790 mil barriles diarios que se necesitan para el abasto nacional.
El presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Felipe de Jesús Cantú, confirmó públicamente que ese órgano ya investiga el presunto acto de corrupción de De la Garza y pidió a la ASF que inicie una auditoría contra el funcionario.
Por su parte el vicecoordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Agustín Guerrero, reconoció ante los medios que la Comisión Especial que investiga actos de corrupción en Pemex ahora indaga irregularidades presuntamente cometidas por De la Garza.
Expuso: “El caso del subdirector de Pemex Refinación, Bernardo de la Garza, es uno de los asuntos que están dentro de la agenda de la comisión y que se agrega justamente a las investigaciones que viene realizando la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación.
“También hemos convenido en citar a varios funcionarios y exfuncionarios de Pemex justamente para que se puedan transparentar todas las denuncias en materia de asignación de contratos en forma ilegal y fraudulenta. El caso de Bernardo de la Garza constituye uno de los asuntos de presuntos actos de corrupción en el que la comisión ya ha tomado cartas.”
La Comisión de Energía indaga además una red de funcionarios dedicada al cobro de comisiones a las empresas beneficiadas con contratos millonarios asignados en diversas áreas de Pemex, pero particularmente los que se han otorgado en el último año en Pemex Refinación.
Según numerosas denuncias que trabajadores de las refinerías han hecho llegar a la Cámara de Diputados, y cuyas copias tiene este semanario, Luis Morales Galicia, jefe de Recursos Humanos de la refinería Francisco I. Madero el sexenio pasado –el director de Pemex Refinación entonces era Juan Bueno Torio–, encabeza la lista de funcionarios ligados a la venta de plazas y al cobro de comisiones a las compañías beneficiadas con contratos de obra.
Morales Galicia es amigo de Carlos Riquelme Cacho, secretario particular de Bernardo de la Garza. De acuerdo con las denuncias “dicha persona se ha encargado de girar instrucciones a los superintendentes de rehabilitaciones y modificaciones para que asignen contratos a las empresas que él designa, todo esto con el apoyo del subdirector de Pemex Refinación”.
Según dichas denuncias Riquelme Cacho es responsable de tramitar asignaciones, contratos y adquisiciones de diversa índole; colocó en las refinerías de Madero y Cadereyta a dos superintendentes de su confianza –Eduardo Gaytán Moreno y Rodolfo Castillo Bújaros–, “quienes otorgan contratos a la empresas relacionadas con el anterior subdirector (de Pemex Refinación), Francisco Toscano”.
A partir de estas denuncias, la Comisión de Energía también comenzó a investigar la asignación de varios contratos supuestamente “amañados” otorgados a empresas que ya operan en distintas refinerías.
El entramado de irregulares lo componen el contrato Co-RMAD-108-10, fechado el pasado 14 de octubre y asignado al Consorcio Industrial Cadereyta para dar servicio de “mantenimiento de calor No 040-1E-05-A/B, 040-2-E06-A-/B de la planta de alquilación de la refinería Francisco I. Madero”. El monto inicial fue de 6 millones 191 mil dólares, pero se aumentó a 22 millones de dólares sin justificación aparente, según la denuncia, “por instrucciones de Carlos Riquelme”.
Se indaga el contrato Co-RMAD-13 3-10, del 1 de noviembre de 2010, también asignado por el grupo encabezado por Riquelme, Carlos Murillo y Eduardo Gaytán al Consorcio Industrial Cadereyta para realizar trabajos de “restauración y desmantelamiento de línea de proceso emplazadas en la planta de alquilación U-040 de la refinería Francisco I. Madero”. El monto: 8 millones 713 mil 661 dólares.
Las pesquisas por presunto tráfico de influencias en Pemex también incluyen la asignación de dos contratos más –Co-RMAD-008-10– otorgados el 19 de abril de
Otro caso fue el de la licitación número RCDY-LPN-OP-031-2010 para restaurar “el tanque cilíndrico vertical techo cónico fijo, clave TV517”, por un monto de 9 millones 949 mil dólares que ganó la empresa Global Romorake.
Dice la denuncia: “Resulta interesante dicha licitación, ya que como se podrá revisar y constatar, todas las compañías que participaron resultaron descalificadas técnicamente y financieramente. La única empresa que pasó la evaluación fue la empresa ganadora, es decir, ni siquiera 1% de los participantes pasaron.
“Sabemos, y esto es parte de lo que los diputados y las autoridades federales deben investigar en Pemex, que Carlos Riquelme dio instrucciones precisas para que se le asignara sin ningún contratiempo el contrato a la empresa Global Romorake, por lo que resulta absurdo y oscuro que descalifiquen a todas las compañías para beneficiar a una sola, la seleccionada por la subdirección.”
El pasado 3 de abril, la Procuraduría General de la República (PGR) integró un acta circunstanciada para indagar las presuntas maniobras fraudulentas y de tráfico de influencias de Bernardo de la Garza Hesles por otorgar el contrato de 42 millones de dólares sin licitación a KBC Advanced Technologies.
Una fuente consultada en la PGR sobre este caso, y que solicitó el anonimato, dice a Proceso que el caso de De la Garza puede constituir la posible comisión de varios delitos, entre otros: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Aclara que el acta circunstanciada servirá para determinar si se requiere la querella de la Secretaría de la Función Pública para comenzar una averiguación previa.
–¿La PGR investiga a otros funcionarios de Pemex? –se le pregunta.
–En un caso relevante como éste es difícil que se actúe solo. Se requiere el concurso de muchas personas. Eso lo determinará la investigación.
Refinerías en ruinas
Pese a que desde 1997 comenzaron los trabajos de modernización del Sistema Nacional de Refinación de Pemex para reducir la importación de combustibles, dicho proyecto fracasó, según acreditan los datos de la paraestatal.
La corrupción en las refinerías tiene historia: comenzó en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando empezó la reconfiguración de la planta de Cadereyta, Nuevo León, y con ello el megaproyecto de modernizar las seis refinerías de la paraestatal en el país.
Planeada como la obra emblemática del sexenio de Zedillo, la refinería de Cadereyta terminó convertida en un embrollo tan grande que llegó a litigarse ante un tribunal internacional en París.
En el expediente Cadereyta –cuyo proyecto se tasó en 200 millones de dólares y terminó costando mil 800– hay de todo: “Mordidas millonarias”, mala planeación, tráfico de influencias, contratos sin validez jurídica, subcontrataciones fuera de control, materiales con sobreprecios, entre otras anomalías que dieron al traste con el proyecto, según se plasma en las denuncias hechas llegar al Congreso.
Cadereyta fue la primera refinería que se reconfiguró. Los trabajos comenzaron en 1997 y se estableció que estarían concluidos en dos años, pero en 2002 la reconfiguración aún no terminaba y actualmente dicha planta ya se considera obsoleta pues no refina los combustibles pesados que se tienen que enviar a Estados Unidos.
Para completar el megaproyecto de modernizar las refinerías seguiría la reconfiguración de otras cinco: Tula, Salamanca, Madero, Salina Cruz y Minatitlán. Adicionalmente Pemex construye otra refinería en Hidalgo.
En 14 años de trabajos de modernización la única refinería por modernizar es la de Minatitlán, Veracruz, que tiene dos años y medio de retraso. Pero aun cuando los trabajos concluyan, Pemex no tiene capacidad para producir los combustibles que se consumen en el país.
Según estimaciones de Pemex, la reconfiguración de la refinería de Minatitlán estaría terminada en marzo de este año, pero ahora la paraestatal dio un nuevo plazo y será en agosto cuando terminen los trabajos. Este retraso implica, reconoce Pemex, que unos 50 mil barriles diarios de gasolina se sigan importando, lo que se suma a los 400 mil que actualmente se traen de Estados Unidos para el abasto nacional.
Pese a que sólo queda una refinería por reconfigurar, el Sistema Nacional de Refinación ya es obsoleto y genera pérdidas cuantiosas, según cifras oficiales.
De acuerdo con el estudio interno denominado Diagnóstico de Pemex Refinación, cuya copia tiene Proceso, esa subsidiaria “enfrenta una situación desfavorable ocasionada por graves deficiencias operativas y restricciones de infraestructura, institucionales, normativas, de regulación y relativas a la insuficiencia de recursos para financiar sus programas de operación, mantenimiento y expansión”.
No obstante las inversiones en la modernización de las plantas, las refinerías están en colapso por falta de rendimiento:
“La situación”, sostiene el informe de Pemex, “es especialmente crítica en el caso de la infraestructura de producción, que ha permanecido con un crecimiento limitado en capacidad frente a una demanda de petrolíferos que aumenta a tasas más elevadas que la economía nacional. Este conjunto de factores, en combinación con la política de precios y restricciones administrativas, ha repercutido en los resultados financieros de la empresa, que ha presentado pérdidas desde su creación como organismo subsidiario”.
Datos de Pemex indican que actualmente se requieren 790 mil barriles diarios de combustibles para abastecer el mercado nacional, de los cuales alrededor de 400 mil se importan de Estados Unidos.
Como consecuencia de las excesivas importaciones, Pemex arrastra pérdidas desde hace 10 años. El informe citado indica que la paraestatal ha dejado de ganar 52 mil 696 millones de dólares mensuales.
A la baja producción de las refinerías y a las pérdidas se suman los recurrentes paros de operaciones y los accidentes, que han aumentado y cuestan vidas. En los últimos cuatro años, el índice de accidentes fue de 1.06% y el de paros no programados en las plantas por mala operación y planeación fue de 9.6% en 2010.
Lejos de reparar las fallas en el Sistema Nacional de Refinación, Juan José Suárez Coppel insiste en que a Pemex le conviene más refinar petróleo fuera de México.
En tanto se revierte esta situación, en Pemex Refinación los altos funcionarios siguen repartiendo contratos y concesiones para amigos y socios, como si la subsidiaria fuera un gran botín.
Indignación en el sur
Velia Jaramillo
Cansadas de denunciar infructuosamente los abusos que sufren migrantes centroamericanos e indignadas por las omisiones y complicidades de autoridades mexicanas en la comisión de delitos, como secuestros y extorsiones, organizaciones civiles de esa región se aglutinan en una red para coordinar acciones con el fin de presionar al gobierno de Felipe Calderón. Entre éstas, una eventual demanda contra México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CIUDAD DE GUATEMALA.- En febrero pasado, delegaciones de 11 países de Centroamérica y Norteamérica, integrantes de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) se reunieron en Tegucigalpa, Honduras, para definir una política regional de protección a los derechos humanos de los inmigrantes.
Buena parte del foro se enfocó en los secuestros y extorsiones que enfrentan muchos de los 400 mil migrantes centroamericanos que pasan anualmente por México rumbo a Estados Unidos.
Como resultado del encuentro, representantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana crearon una red de protección de migrantes. Acordaron que esta iniciativa sea llevada al Sistema de Integración Centroamericano (Sica) para presentarla como propuesta regional a México en una reunión de la CRM a realizarse en junio de 2011.
En el II Encuentro Regional de Migraciones realizado en agosto de 2010 en Tapachula, Chiapas, más de 33 organizaciones provenientes de México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Argentina, Colombia y Estados Unidos demandaron “emprender acciones contundentes para que el tránsito de migrantes por territorio mexicano sea seguro”.
Esas organizaciones civiles señalaron que “las violaciones a los derechos humanos contra migrantes, lejos de disminuir, continúan siendo una práctica constante y en crecimiento debido a la ausencia de una política migratoria de atención integral, así como a la permanencia de disposiciones y programas que promueven violencia y abusos hacia las ciudadanas y ciudadanos migrantes”.
Edith Zavala, secretaria ejecutiva del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (Fonamih), afirma que “la coordinación entre ministerios y cancillerías de la región no ha brindado acciones ni resultados contundentes para prevenir secuestros ni atender a víctimas”.
Desde finales de 2008, familias extorsionadas por secuestradores mexicanos acudieron a este foro para presentar sus casos. En 2009, hubo cinco por mes. Ni las autoridades mexicanas ni los gobiernos de Centroamérica prestaron atención a esos hechos. Todos los familiares aseguraban que los secuestradores eran Los Zetas y que les pedían de mil a mil 500 dólares por liberar a sus parientes, narra Zavala.
El Fonamih señala que el consulado de México en Honduras exigía que las denuncias de secuestro de migrantes se expusieran ante un órgano oficial en México, o que la familia acudiera al consulado con este propósito. Sin embargo, las personas se resistían a hacerlo y el camino se cerró.
En el Fonamih se pensó que sería adecuado seguir la huella de las extorsiones. “Pedimos a los familiares que habían pagado rescates el nombre del beneficiario, el número de cuenta y el lugar a donde habían enviado la remesa. Cuando mandamos todos estos datos a Interpol, sus funcionarios nos respondieron que el dinero ya había sido cobrado y no se podía hacer nada. No había ningún tipo de registro”, lamenta Zavala.
Y advierte: “Aquí hay una responsabilidad importante: la de esas compañías financieras y de remesas que se prestan a esas operaciones”. Los depósitos son enviados a través de firmas como Banco Azteca, Money Gram, Western Unión y Elektra.
“A través de casos que he conocido es evidente que hay una clara colusión del crimen organizado con estructuras estatales federales y locales de México”, dice Zavala.
Las autoridades mexicanas, acusa, no cuentan con mecanismos para dar seguimiento ni atención a migrantes víctimas de secuestros. “Su única respuesta es la deportación de esas personas y el delito queda en la impunidad”, expone.
Las familias de los migrantes que se enfrentan al secuestro de un pariente padecen la misma indefensión.
“Ellos no saben en dónde buscar ayuda. Ahí es donde aparecemos las organizaciones civiles y reportamos estas situaciones, pero nos encontramos con que no se puede hacer mucho. Entonces las familias no tienen más opción que pagar el rescate o resignarse a que su familiar corra con la suerte que le toca. Eso genera un sentimiento de impotencia por no poder ayudar a la gente de tu país que enfrenta una situación de secuestro”, enfatiza la activista.
El Fonamih da seguimiento al caso de las víctimas hondureñas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas. Zavala dice que ha pedido fotografías de esas víctimas a sus familiares. Comenta que “son familias rurales muy pobres que no se sacan fotos y las que tienen son muy viejas.”.
La organización analiza pedir al gobierno hondureño que indemnice a los familiares y considera que el gobierno mexicano también debería contribuir a la reparación del daño “porque tiene responsabilidad frente a las violaciones sistemáticas contra migrantes y la manera como opera el crimen organizado en su territorio”.
Zavala, quien participó en febrero pasado en el taller de la Conferencia Regional de Migración en Honduras, dice que hoy “el gran reto es que el tema de los secuestros y violaciones a los derechos humanos contra migrantes empiece a mover un marco de acción regional Centroamérica-México, en el que todos nos pongamos de acuerdo”. Destaca que este sistema debe sumar a las organizaciones de apoyo a migrantes, así como a los mismos migrantes y sus familias.
Y agrega que la masacre de San Fernando, Tamaulipas, no fue la primera ni será la última, “pero es un punto de partida para rescatar el tema de la población migrante, donde los gobiernos den respuestas y las organizaciones que trabajamos en la región tengamos un marco de vinculación y trabajo regional”.
Demanda en ciernes
En 2009, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) comenzó a recibir testimonios de sobrevivientes salvadoreños secuestrados en México, dice Gilma Pérez, coordinadora del área de migrantes de esta organización.
Después vino San Fernando. “Fue “un parteaguas, que debería motivar un modo de trabajo distinto por parte de las autoridades frente al problema de la migración”, indica. Pero “notamos que la toma de decisiones y de acuerdos es más lenta de lo que deseamos”.
Cuando ocurrió la matanza de San Fernando, a finales de agosto de 2010, Idhuca solicitó al gobierno salvadoreño una declaración de aceptación de competencia del Comité de Trabajadores Migratorios de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Por su parte, México y Guatemala ya aceptaron esa competencia, que abriría el espacio para llevar a dicho comité denuncias sobre lo que ocurre con migrantes de paso por México.
“Si los Estados de la región habilitan la competencia del Comité de Trabajadores Migratorios, eso podría abrir la posibilidad de llevar estos casos ante el sistema interamericano y producir sentencias y resoluciones para garantizar el respeto de los migrantes”, detalla la activista.
Y es que si bien los gobiernos centroamericanos avanzan en la consolidación de convenios a nivel diplomático, “sabemos que esos acuerdos son débiles y además no están resolviendo la demanda de justicia que muy pocos sobrevivientes reclaman”.
Idhuca ya ha tenido conversaciones al respecto con organizaciones en México, principalmente con las que integran el Servicio Jesuita para Migrantes y la Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, redes regionales de las que forma parte.
“Queremos identificar en estas redes a socios que participen en el quehacer jurídico y encontrar a víctimas dispuestas a proseguir procesos”, indica Pérez.
La representante salvadoreña reconoce que abrir la puerta del sistema de justicia internacional no es tarea fácil, “pero estamos conscientes de que si no sumamos recursos y aprovechamos experiencias de trabajo de organizaciones que hemos atendido conflictos internos, más víctimas van a seguir cayendo en las redes del crimen organizado y la impunidad va a continuar. Es momento de que despertemos y procedamos de una manera más drástica para lograr una combinación de actores que hagan que estos hechos no se olviden ni se repitan”.
En lo que atañe a México, afirma que “tiene responsabilidad sobre estos hechos debido a que no ejerce control ni efectúa monitoreos ni acciones de prevención en contra de los secuestros de migrantes”.
Revela: “Uno se entera de que en las mismas instalaciones de casas del migrante se hacen operativos de inteligencia, o se infiltran elementos del crimen organizado para ubicar futuras víctimas”.
Llegar a la Corte Interamericana “es un esfuerzo que debe realizarse. México es un país que ha sabido jugar con las herramientas del sistema interamericano, pues ha acudido a estas instancias como víctima, no como victimario, y ahí es donde debemos cambiar la posición del Estado mexicano”, plantea Pérez.
Sin rastro
Lucy Contreras de Acevedo decidió sumarse a la búsqueda de migrantes salvadoreños a partir de la desaparición de su hermano José Salomón Contreras, quien fue torturado y posteriormente asesinado en julio de 2000 en Tapachula, Chiapas.
“Los medios dijeron que mi hermano fue asesinado por bandas de asaltantes, pero cuando hicimos la repatriación del cadáver, la autopsia confirmó que había sido atacado con armas de grueso calibre, como las que usan las autoridades. Estamos seguros de que los asesinos no fueron delincuentes comunes, sino una banda bien organizada, con la complicidad de las autoridades”, dice a la corresponsal.
La mujer se enfrentó a los mismos problemas de las familias que hoy apoya. “Nos decían que denunciáramos, pero somos de escasos recursos; había que poner la denuncia en México y darle seguimiento. No denunciamos, pero se me metió en cabeza que lucharía para que no siguieran ese tipo de crímenes”.
En 2006, Contreras de Acevedo fundó el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide), que trabaja en la búsqueda de migrantes desaparecidos en tránsito hacia Estados Unidos. Con ella colaboran madres, padres, hijos y esposos de migrantes desaparecidos.
En la actualidad esta organización da seguimiento a 206 casos de migrantes salvadoreños desaparecidos. Sus búsquedas han dado fruto: 49 familias lograron saber el destino del hijo, esposo o padre que había emigrado. En cuatro casos habían muerto; en otros, los migrantes regresaron mutilados debido a que cayeron del tren que los trasladaba, o bien estaban enfermos, víctimas de insolación en el desierto. Otros se encontraban presos, pero reportaron un nombre distinto por sugerencia del “coyote”.
Para sus indagatorias, Cofamide se apoya en una red que integra al Servicio Jesuita para Migrantes en México, y Casas de Migrantes en México.
Contreras de Acevedo refiere que muchos de los migrantes que se reencuentran con sus familiares cuentan que “el mismo agente que estaba en Migración había sido uno de los que nos asaltaron”.
La activista sostiene: “El gobierno mexicano nunca va a dar una respuesta completa a las desapariciones y masacres. No le conviene porque de una u otra manera está involucrado, participa del crimen. Sus agentes saben dónde están las rutas peligrosas, dónde violan mujeres, dónde secuestran o asaltan, y es muy poco lo que las autoridades hacen para resolver o para frenar estos ataques”.
Extorsiones millonarias a gente pobre
Velia Jaramillo
CIUDAD DE GUATEMALA.- En Guatemala, más de 136 bandas se dedican al tráfico de indocumentados, señala un informe del Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua) y de la Comisión de Migrantes del Congreso de este país.
El documento afirma que las extorsiones de migrantes “ocurren principalmente contra familias de los departamentos Sololá, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango, grandes expulsoras de migrantes con altos índices de pobreza”.
Estima que esas bandas, dedicadas también al secuestro, obtienen alrededor de 25 millones de dólares cada seis meses. Esta cifra se suma a los montos cobrados por los coyotes a los indocumentados para llevarlos a Estados Unidos: entre 4 mil y 5 mil dólares por persona.
Firmado por Alejandra Gordillo, secretaria de Conamigua, y por el diputado Mauro Guzmán –presidente de la Comisión de Migrantes del Congreso–, el reporte indica que la transferencia de dinero hacia México producto de las extorsiones “es una práctica diaria, sin ningún control por parte de los países afectados”.
En entrevista con Radio Nederland el pasado 12 de enero, Fernando Batista, quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, informó que cada año más de 400 mil migrantes centroamericanos transitan por México en ruta hacia Estados Unidos, y afirmó que aproximadamente 10 mil de ellos fueron víctimas de secuestros y ataques en México entre abril y septiembre de 2010.
El citado informe sostiene que en el lado mexicano la mayor concentración de organizaciones dedicadas al tráfico de personas se ubica en Chiapas y Tabasco, y la integran mexicanos, guatemaltecos y hondureños.
Álvaro Caballeros, directivo de la Mesa Nacional de Migraciones de Guatemala (Menamig), critica la reacción de las autoridades mexicanas “de restarle importancia y credibilidad a denuncias de secuestros”.
Explica: “Tardaron muchísimo en reaccionar, y luego recriminaron a los Estados centroamericanos que los crímenes se originan en su región. La respuesta más coherente sería reconocer que efectivamente el manejo de las autoridades mexicanas ha generado resultados desafortunados para los migrantes centroamericanos que, al igual que los mexicanos, simplemente buscan oportunidades de vida en otro país”.
Caballeros sostiene que mientras crecen los abusos y la violencia contra migrantes de paso por México, el Instituto Nacional de Migración hace una gran labor de contención deportando a más de 80 mil centroamericanos cada año.
Según la Dirección General de Migración de Guatemala, las autoridades mexicanas deportaron a 78 mil 247 centroamericanos en 2008; a 83 mil 244 en 2009 y a 82 mil 811 en 2010.
A Caballeros le preocupan los vínculos entre agentes de migración y el crimen organizado, y la dificultad para desmantelar esas bandas porque, afirma, “hay infiltraciones de grupos de poder paralelos en instituciones de seguridad mexicanas”.
Advierte: “No hay que olvidar que la masacre de San Fernando, Tamaulipas, se ubica en un contexto de criminalización de la migración irregular”.
Y añade: “En la medida en que se van incrementando los controles migratorios, hay mayor riesgo y peligro para las personas que deciden emigrar de forma irregular. A mayor control, mayor riesgo, y a mayor riesgo, se registran cambios en rutas migratorias hacia aquellas de mayor peligro”. l
Vicente Leñero: notas sobre una amistad
Miguel Ángel Granados Chapa
El jueves 12 Vicente Leñero se convirtió en miembro de número de la Academia de la Lengua. Es un constructor de palabras que domina todos los géneros (salvo la poesía, cuyo ejercicio público abandonó en la adolescencia). Hubiera podido ser elegido miembro de esa corporación, a la que han pertenecido casi todos los grandes de las letras mexicanas, como periodista, narrador, escritor para el cine. Con igual justeza se le llamó como dramaturgo, a fin de que ese arte no dejara de tener presencia en el cenáculo académico tras la muerte de Víctor Hugo Rascón Banda, cuyo asiento ocupa.
A comienzos del año pasado, Gonzalo Celorio tuvo la feliz iniciativa de proponer el ingreso de Leñero. Nos invitó a Felipe Garrido y a mí a secundarla, lo que hice con entusiasmo, lector asiduo como soy de la literatura de Leñero desde que apareció La polvareda y otros cuentos, su primer libro. Por unanimidad, la Academia aceptó la propuesta de Celorio, y Leñero fue elegido el 11 de marzo de 2010. Conforme al estatuto, asistió a por lo menos 10 sesiones quincenales, y una vez cumplido con toda puntualidad el requisito, se fijó el 12 de mayo de 2011 para su ingreso. La ceremonia ocurrió en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Leñero hizo un discurso “en defensa de la dramaturgia”, y yo le contesté (porque el nuevo académico me hizo el honor de invitarme a decir las palabras de bienvenida) en términos que pueden ser consultados en la página de la Academia.
En ese discurso, dedicado a la obra de Leñero, me abstuve deliberadamente de toda intromisión personal. Pero experimento la necesidad de compartir con los lectores de Proceso, una revista que bajo la dirección de Julio Scherer contribuimos ambos a crear, algunas de las vivencias de nuestra ya antigua relación.
Vicente cree que nos conocimos en
Es comprensible esa creencia de Vicente, porque cuando realmente crucé con él palabras por primera vez estaba en una de las primeras cumbres de la cordillera profesional que ha sido su carrera, lo que lo obligaba a trabar contacto con toda clase de personas, y muchas. Yo era un muchacho de 22 años, que daba sus primeros pasos como reportero. Fui presentado, a petición mía, por Ernesto Ortiz Paniagua, un poeta y periodista a quien tenía poco de conocer. En abril de 1964 ambos fuimos contratados por Manuel Buendía para constituir la planta de redacción de Crucero, un semanario que apareció el primer domingo de mayo de ese año. Aunque la edición estaba ya cerrada el Día del Trabajo, Buendía nos convocó a hacer guardia en esa fecha, por si algo se ofrecía. Cuando se percató de que nuestra presencia no era necesaria, nos permitió disfrutar del asueto y salimos de la redacción, situada en Insurgentes centro, entre Edison y San Cosme.
Era media tarde, habíamos ya comido e invité a Ortiz Paniagua a tomar un café. Era un muy grato compañero de trabajo. Ocultaba sus méritos literarios de modo semejante a como atenuaba su presencia misma. Sus amigos lo conocían como Fanty, pues se deslizaba como un fantasma, como pidiendo perdón por estar allí, con su rostro amable y su sonrisa apenas insinuada. No podía aceptar mi invitación, me dijo, porque iba a encontrarse con su amigo Vicente Leñero en un café de la Zona Rosa.
Con impertinencia de la que no me arrepentiré jamás, pregunté a Ortiz Paniagua si podría saludar al escritor recién laureado, tras de lo cual me retiraría. No, hombre, me dijo el poeta, venga conmigo; estoy seguro de que a Vicente le gustará conocerlo. Yo había leído, como dije, el primer libro de cuentos de Leñero, y su primera novela, La voz adolorida, y, ojeando números atrasados de la revista Señal –de donde Ortiz Paniagua había salido para ir a Crucero–, algunos de sus reportajes de años anteriores. Estaba además enterado de que el año anterior había recibido el Premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral, en Barcelona, por una obra que sólo leí más tarde, cuando llegó a México, titulada Los albañiles. Hasta fecha reciente yo había participado en la Acción Católica, y aún lo hacía en los equipos de estudio de la Parroquia Universitaria, bajo la dirección de un sacerdote “de cultura francesa”, como se llamaba a sí mismo para no confesar que era suizo, Tomás Allaz. En esos círculos teníamos a orgullo el brillo de Leñero porque había militado en la Acción Católica, escrito en la revista Señal y publicado su primer libro en la editorial Jus, de filiación igualmente católica.
Caminando por una desierta Avenida de los Insurgentes, Ortiz Paniagua y yo ganamos la calle de Hamburgo, y antes de llegar a Génova el poeta de paso silencioso me condujo al café Karmel, cuya historia e importancia conocí después. Ya estaban allí Leñero y un amigo, al que identifiqué tan pronto dijo su nombre. David Orozco Romo era un enérgico dirigente sinarquista, abogado y gran orador. No supe nunca si era también un intruso, pero el que estuviera al lado de Leñero me hizo sentir confianza para quedarme allí, aunque no tanto para participar activamente en la conversación de Leñero y Orozco sobre cultura y política (Díaz Ordaz estaba a punto de ser elegido presidente). Yo hubiera tenido algo que decir, pues cursaba el último año de dos carreras universitarias y contaba con mis lecturillas propias. Pero preferí escuchar. Bebimos mucho café y nos separamos cuando ya pardeaba el día.
No vi de nuevo a Leñero durante los siguientes años (hasta aquella entrevista de 1970, que yo creí me había concedido en recuerdo de nuestro encuentro). Ortiz Paniagua se marchó de Crucero antes que yo, y aunque no perdimos contacto, no teníamos asiduidad como para coincidir de nuevo con Leñero, quien siguió su carrera literaria y periodística; además de publicar espléndidos reportajes en la revista Claudia, que el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana reunió en dos cuadernos que se volvieron ejemplo de literatura periodística. Leñero fue nombrado director de esa revista, y allí fui a buscarlo una mañana de 1972.
Yo tenía ya la fortuna de trabajar al lado y bajo las órdenes de Julio Scherer, como ayudante de la dirección general y corresponsable, con Miguel López Azuara, de las poderosas páginas editoriales de Excélsior. Don Julio escuchaba mis opiniones sobre asuntos varios de la cooperativa y oyó con interés mi propuesta de invitar a Leñero para dirigir Revista de Revistas, que se moría número a número y no le importaba a nadie. Puesto que yo era el de la iniciativa, Scherer me instó a llevarla adelante.
En Los periodistas, Leñero narra que le pregunté si le “gustaría ingresar a Excélsior como director de Revista de Revistas (…) tenía un largo historial en el periodismo mexicano, pero en los últimos tiempos se hallaba muy descuidada. Había el plan de renovarla radicalmente. Si la propuesta me interesaba, debía hablar con Julio Scherer.
“–En principio me interesa.
“–Piénsalo bien antes –me advirtió Miguel Ángel–. Si hablas una vez con el director ya no podrás decir no.
“–Todo depende.
“–No podrás decirle no –insistió Miguel Ángel.
“Era cierto. Aunque yo necesitaba poco para aceptar, la cordialidad sofocante de Julio Scherer me acorraló desde el principio. Empezó convenciéndome de que Excélsior era el sitio ideal para mí, y cuando traté de averiguar en qué tipo de semanario quería convertir a Revista de Revistas, respondió dándome absoluta libertad para decidir: lo que tú quieras, como tú quieras. Lo importante es que te vengas con nosotros ya, mañana mismo.”
Casi tan rápido como demandaba Scherer, Leñero trocó la dirección de Claudia por la de Revista de Revistas. Escribía además un artículo semanal para las páginas editoriales, donde pronto adquirió prestigio y notoriedad como opinante, aun cuando ya contaba con ellos en otros ramos de la escritura. Trabajábamos muy de cerca y fuimos consolidando una amistad que Leñero, generosamente, ampliaba hasta el campo de la política interna. Aun cuando no le interesaban los asuntos de la cooperativa, me entregaba su confianza en los avatares de la casa. Actuamos juntos en el activismo previo al 8 de julio de 1976, y juntos nos fuimos, vencidos por la traición de Regino Díaz Redondo potenciada por el poder de Echeverría.
Tras nuestra salida, el equipo que acompañó a Scherer en su ostracismo decidió crear de inmediato una agencia de noticias, de la que se hizo responsable Miguel López Azuara, y una revista semanal. En circunstancias menos tensas –algo imposible pues enfrentábamos la persecución gubernamental– el indicado para dirigir la nueva publicación habría sido Leñero. Era el único que tenía experiencia en la confección y dirección de esa clase de órganos periodísticos, pero jamás alegó esos méritos y no vaciló en aceptar responsabilidades bajo la dirección de otros menos calificados. Yo, por ejemplo. l
Seis desacuerdos entre la sociedad y el presidente
Sabina Berman
1.
La guerra del presidente ha sido contra los grandes criminales del país. Replica el nuevo movimiento civil: la guerra que necesitamos debiera ser por la seguridad de los ciudadanos.
La diferencia es semántica, como ha insistido en señalar el presidente a últimas fechas. Pero trasciende la semántica. Implica un cambio de objetivo para la guerra y por tanto pide una nueva estrategia. Una nueva estrategia con el énfasis no en matar criminales sino en impedir que los criminales dañen a la población civil.
Es asombroso, luego de billones de dólares gastados en esta guerra, no se ha creado un solo mecanismo de protección para los civiles.
2.
La seguridad de los ciudadanos será un corolario de la captura de los grandes capos, ha prometido el presidente. No es así, dicen los ciudadanos: El factor que determina la inseguridad actual es la ausencia de justicia.
O para parafrasear el documento que se leyó en el mitin recién ocurrido el 8 de mayo en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México: El Estado no puede seguir pretendiendo que el hecho de que el 98% de los crímenes del país quedan impunes, no es el factor determinante de la inseguridad.
Cuestión aritmética: 98 de cada 100 delincuentes pueden volver a delinquir. Cuestión probabilística: Si es casi seguro que un crimen no será castigado, la tentación de delinquir, cuando emerge en un civil, es casi imbatible. Cuestión moral: Cuando en una sociedad el daño al prójimo sistemáticamente no es castigado por la autoridad, la distinción entre el bien y el mal se desvanece.
Sin una regeneración del sistema de justicia, cualquier guerra contra el crimen será inservible.
3.
Los malos, ha explicado el presidente a un grupo de niños, el recién pasado Día del Niño, están ahí afuera y los estamos combatiendo los que gobernamos. Replica el movimiento ciudadano: Los malos están también adentro de las instituciones de gobierno.
Es consabido. Durante el siglo XX, en México los transgresores de la ley operaron con la anuencia, la cooperación y el beneficio de personas concretas que ocupaban puestos de autoridad del Estado. Recientemente, con el debilitamiento del autoritarismo, el equilibrio varió: Ahora los malos de afuera de las instituciones, ya sean los narcos o los señores del gran dinero, transgreden la ley ordenando a las “autoridades” las formas de su complicidad.
De ahí la exigencia del movimiento ciudadano de suspender los fueros entre los funcionarios y ejercer la justicia también entre ellos. ¿Cuántos gobernadores han sido juzgados por su cooperación o anuencia ante el crimen? ¿Cuántos alcaldes? ¿Cuántos congresistas o jueces? Ninguno. Ninguno. Ninguno.
4.
Esta guerra, ha dicho el presidente, es para limpiar a México de malhechores. Contesta el movimiento ciudadano que encabeza Javier Sicilia: Esta guerra donde mexicanos matan a mexicanos, es el síntoma de una enfermedad antigua y esparcida por la sociedad entera.
Una enfermedad que deriva de la impunidad. De la pobreza. De la desigualdad económica. De la falta de crecimiento económico y por tanto de oportunidades. De una educación inepta. De un bien común raquítico. Y del aislamiento de la sociedad civil de las decisiones públicas.
Así el Estado opere contra los síntomas de la enfermedad, debe atender sus causas profundas.
5.
Tengan paciencia y comprensión, ha pedido el presidente a los civiles. Los civiles replican luego de cuatro años de guerra: Basta ya de soluciones puramente balísticas donde somos el paisaje para los fuegos cruzados, las víctimas colaterales, los muertos anónimos que se cifran en números abstractos, los receptores mudos de spots, los votantes engañados por la propaganda de cada seis años.
La democracia no es tal sin que los civiles tengan a su disposición correas de transmisión con sus representantes. Por ello la exigencia de figuras como el referendo, las candidaturas independientes y la reelección de alcaldes y legisladores.
6.
Esta guerra se gana con metralletas, granadas y tanques, que destruyan al cabo de cinco o siete años al enemigo, ha dado a entender el presidente. Esta guerra, corrige el movimiento ciudadano, se gana construyendo otro país sobre los destrozos de aquel en que habitamos.
Consideremos este momento como el de una emergencia nacional, pide Javier Sicilia. Como él lo ha hecho con su tragedia personal, démosle sentido a los 40 mil muertos de esta guerra dejándonos invadir por la urgencia del cambio. l
Contra la homofobia: cuestión de justicia
Javier Hernández Valencia*
Hace casi exactamente 18 años, un 25 de abril de 1993, visité Washington por primera vez por motivos no profesionales. Trabajaba entonces en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y estaba a punto de ser asignado a mi nuevo puesto en Puerto Príncipe, Haití. La expedición a la capital estadunidense no era, sin embargo, de tipo turístico; tenía un objetivo claro e inequívoco: asistir a la “Marcha por la Igualdad de Derechos de las Personas LGBT”.
Era la primavera en la que todas las expectativas de cada grupo u organización comprometidos con la lucha contra la discriminación podían y debían ponerse sobre el tapete. Ciertamente, la vastedad de la(s) ambiciosa(s) agenda(s) configuraba un escenario de utopías para algunos colindante con la cacofonía, para otros con el anatema, pero para los enormes contingentes de ciudadanos de toda condición social, raza, denominación religiosa, nacionalidad y, ciertamente, preferencias sexuales (sí, también los heterosexuales), se trataba de una simple cuestión de justicia. Fue una jornada festiva, cívica, familiar e igualitaria, alejada del tono mordaz y a veces virulento y provocador que tiende a predominar en las más publicitadas marchas del “Orgullo Gay”. La marcha dejó sentada una plataforma común para los activistas LGBT y la sociedad civil en general, y, para mí, caminar en medio del millón de personas reunidas alrededor del gran eje de parques y monumentos del Mall fue una de las más grandes experiencias de solidaridad y respeto que he vivido.
Evoco ese suceso por su contraste con los retos del presente que vive México, sobre todo por el duro golpe al recibir la semana pasada la noticia de la muerte de Quetzalcóatl Leija Herrera, quien caminaba solitario al costado del Antiguo Palacio de Justicia de Chilpancingo, Guerrero, cuando manos homicidas le rompieron la cabeza a golpes hasta desfigurarlo. Quetzalcóatl fue presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral (Ceprodehi), una organización valiente y activa en el campo de la defensa de los derechos de las comunidades LGBT. Se trata de un crimen que nuevamente enluta las filas de las y los defensores de derechos humanos en México ad portas de una fecha simbólica como es el próximo 17 de mayo, erigido con el paso del tiempo como el Día Internacional contra la Homofobia.
Hubiera deseado que la oportunidad de compartir esta reflexión no se enmarcase bajo el signo de muerte, pero justamente por ello no quiero hacer concesión alguna para comenzar expresando el más tajante rechazo y condena a este crimen y su inequívoco carácter homofóbico. Soy aún de la generación de juristas que recibieron cursos en la Facultad dentro de la órbita teórica del insigne Luis Jiménez de Asúa, considerado progresista por sus posiciones claras en contra de la criminalización del homosexualismo (que aún hoy se considera delito en más de 70 países), pero al mismo tiempo aspiraba “confiadamente” a que llegase el día en que los homosexuales fuesen “mirados como enfermos y no como delincuentes”.
Y es que la intolerancia homofóbica lamentablemente goza de demasiada buena salud y se expresa de forma militante con la más amplia gama de baterías conceptuales y adjetivos imaginables: desde la enfermedad hasta llegar a la depravación, amén del obligatorio paso por el pecado y las invocaciones apocalípticas del fin de la familia, sin olvidar el redituable recurso del ataque político al adversario.
México se ha dotado de una Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación desde 2003, la cual en su artículo 4 estipula sin ambages y explícitamente 14 potenciales situaciones o contextos de distinción, exclusión o restricción (también por supuesto la que se base en preferencias sexuales) y queda abierta a toda otra causal no listada “que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”. La Ley creó la Conapred que recientemente dio a conocer la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 (Enadis), la cual revela que 52% de las personas lesbianas, homosexuales o bisexuales consideran que el principal problema que enfrentan es la discriminación.
Sin duda el país ha registrado cambios legales sustantivos que favorecen el respeto a la diversidad sexual, pero la terca realidad nos señala la imperiosa necesidad de seguir bregando por la plena implementación de estos derechos. México tiene una oportunidad superlativa de seguir avanzando con ocasión de la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada por el Congreso de la Unión en marzo pasado y turnada a las legislaturas de los estados.
Traigo a colación las palabras del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, al denunciar la violencia basada en la orientación sexual e identidad de género: “(…) no son meros ataques a individuos. Son ataques a todos nosotros. Devastan familias. Confrontan a un grupo contra otro, dividiendo a la sociedad. Y cuando los perpetradores de este tipo de violencia escapan sin castigo, se burlan de todos los valores universales”.
La causa de la diversidad es una simple cuestión de justicia.
* Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
