Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS
PERIODÍSTICA ®
Domingo 5 de Febrero de 2012
SUPLEMENTO ENFOQUE DE REFORMA
Colaborador Invitado / Lo que el PAN perdió
El PAN tropezó con normas internas que le
impidieron echar a andar un proceso ágil para elegir a su candidato
presidencial
Colaborador Invitado
(5 febrero 2012).- Francisco José Paoli
Bolio
Investigador del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Entre los primeros
afiliados al PAN, había muchas personas que no se inscribieron en el partido
para ganar el poder, sino para frenar decisiones arbitrarias del grupo
cardenista gobernante, que había impulsado la reforma agraria y la
colectivización en el campo y el avance de fuerzas sindicales socialistas. No
eran políticos con vocación de poder, sino valiosos moralistas que impulsaron
durante décadas la construcción de un instrumento ciudadano que pretendía
frenar las políticas de la familia revolucionaria. Concurrieron a formar el PAN
dos vertientes: la liberal moderada, encabezada por Manuel Gómez Morin, y la
conservadora social cristiana inspirada por Efraín González Luna.
Durante medio
siglo, el PAN fue un partido testimonial de ciudadanos promotores de la
democracia y del Estado de derecho. Casi cinco décadas después de su fundación
empezó a crecer dentro del partido un grupo con vocación de poder. En 1989 ganó
la primera gubernatura: Baja California. A partir de entonces, con el apoyo
creciente de grupos empresariales y de ciudadanos con prestigio público en
diversos ámbitos, se inició una verdadera lucha para la conquista del poder. La
primera candidatura que la impulsó fue la de Manuel Clouthier, que fue
candidato a gobernador de Sinaloa y empezó a construir una corriente dentro del
blanquiazul. En ella reunió empresarios, profesionistas y dirigentes de clases
medias, sobre todo norteños y del Bajío, que lo siguieron en su conquista del
PAN y de la candidatura presidencial en 1988.
Este grupo se
caracterizó por su escaso aprecio a la doctrina, que expresó el
"clouthierista" Vicente Fox cuando en plena campaña presidencial
declaró que había que mandar a la doctrina de vacaciones.
Fox
ganó la Presidencia por amplio margen de casi 2.5 millones de votos sobre el
priista Francisco Labastida. El guanajuatense puso en práctica el abandono de
la doctrina, de los programas del PAN y de los militantes más destacados del
partido, para hacer un gobierno pragmático y cuidadoso de su imagen. Llevó al
gabinete a un grupo variopinto que nunca se comportó como equipo y menos se
propuso realizar un gobierno reformador para lograr los cambios que el PAN
había propuesto por décadas: cancelación de la corrupción, descorporativización
del poder, erradicación de los poderes fácticos arraigados en la economía y en
la sociedad y establecimiento de un gobierno de ciudadanos para servir a los
ciudadanos; transparencia y democracia. Uno por uno el gobierno de Fox fue
descartando esos cambios. Decidió cogobernar con el PRI, cediéndole algunas de
las posiciones principales en el gabinete y siguiendo políticas trazadas por
las administraciones priistas. Mantuvo pactos con corporaciones que lastraron y
sigue lastrando al país.
Felipe
Calderón llegó a la Presidencia impugnado políticamente, con una diferencia
pequeña (230 mil votos) respecto de su adversario izquierdista y cargado con
los compromisos que había hecho Fox. Además de esas cargas e impugnaciones,
Calderón tuvo que enfrentar varios embates terribles: la crisis económica de
Estados Unidos que nos arrastró, el crecimiento demencial del crimen
organizado, epidemias, inundaciones, sequías y compromisos con gobernadores
priistas que son la mayoría. El PAN perdió estrepitosamente las elecciones
intermedias de 2009 y un buen número de gobiernos municipales y estatales. De 2006 a la fecha, hemos
experimentado un gobierno acotado por los poderes reales, por el sindicalismo
arcaico que impide la reforma laboral y la educación de calidad e incapaz de
crear un sistema efectivo de seguridad pública. En el partido del Presidente
las decisiones han sido cada vez más antidemocráticas. En el PAN se impuso una
dirigencia que responde fundamentalmente a las disposiciones del Presidente.
El
PAN ha perdido su orientación original y la confianza de muchos ciudadanos. En
su actual proceso interno para decidir al candidato(a) presidencial, sigue
tropezando con una maraña de normas internas que debió haber agilizado, como lo
hicieron hábilmente las otras formaciones políticas principales. Sus debates
descafeinados y poco atendidos no parece que lo beneficiarán. No parece que
Cordero podrá derrotar a Josefina exhibiéndola como ausentista en votaciones.
Fue correcta, pero incompleta, la denuncia de los monopolios hecha por Creel.
No creo que mucha gente la entienda si no se especifica en qué consiste, qué
daños causa, quiénes son los dueños de los monopolios y por qué los han
protegido los gobiernos panistas.
¿Más reformas o un nuevo texto?
Debate Constitución, 95 años. Dos
prestigiados juristas debaten sobre la vigencia de la Carta Magna en su 95
aniversario. Jorge Carpizo defiende el texto actual. Diego Valadés urge una
reforma profunda. Ambos exhortan a los presidenciables a incorporar esta
discusión en su agenda de prioridades
Octavio Ortega
(5 febrero 2012).-
Jorge Carpizo se pronuncia en contra de una nueva Constitución o un cambio
profundo en el texto vigente, pues advierte que esta posibilidad también podría
permitir retrocesos tales como desmantelar el Estado de bienestar.
En contraste, Diego
Valadés está a favor de una reforma que le devuelva vigencia y que la coloque
nuevamente como el referente que esté pautando la vida del Estado y de los ciudadanos.
Carpizo considera
injusto que se le achaquen a la Constitución "todos los males", y
afirma que el problema no es la ley sino los vicios de la realidad política y
social.
Valadés advierte
que, de no llevarse a cabo una
refundación de la Constitución, avanzarán las actuales condiciones de deterioro
de la norma, lo que haría indispensable, entonces sí, pactar un nuevo texto
constitucional.
Ambos coinciden en
que las 530 reformas que se han hecho en 95 años han vuelto poco práctica la
aplicación de la norma, la han convertido en un documento reglamentario y de
difícil acceso al ciudadano.
Carpizo asegura que
el próximo presidente de la República debe centrar el debate que desde 1998
está abierto en torno a la vigencia de la Constitución, recopilar todas las
ideas que existen al respecto y proponer las reformas específicas que se
requieran.
Valadés conmina a
los aspirantes a la Presidencia a iniciar esa discusión pública desde el primer
día del próximo sexenio, en aras de garantizar la gobernabilidad del país.
¿Debe México
avanzar hacia una nueva Constitución o es viable seguir haciéndole reformas?
Jorge Carpizo: La
creación de una nueva Constitución no es un problema teórico ni académico, sino
de la realidad: un país tiene una nueva Constitución cuando existe una ruptura
jurídica, política y social. Esta ruptura puede ser pactada o no pactada,
generalmente las no pactadas son en forma violenta y las pactadas en forma
pacífica. En este momento en México no hay esa ruptura, ni pactada ni no
pactada... sí vamos a tener una nueva Constitución cuando la realidad imponga
esta necesidad.
En este momento no
veo factible ni conveniente una nueva Constitución: nuestra Constitución es
actualizada a través de muchas reformas, no estoy de acuerdo con una serie de
reformas porque han sido inútiles, pero varias han sido muy positivas. Hoy en
día, la Constitución de 1917
ha admitido casi todas las instituciones
constitucionales de la segunda posguerra mundial; claro, aún habrá que hacerle
otras reformas.
La Constitución
tiene un diseño institucional o ingeniería constitucional adecuado,
indudablemente perfectible. Los principios esenciales de nuestra Constitución
son respeto a los derechos humanos, en todas sus vertientes; soberanía popular;
división de poderes; sistema representativo; sistema federal; el principio de
no reelección del presidente de la República; el control del poder, y garantías
procesales para hacer valer las normas constitucionales en caso de que éstas
sean violadas.
Se le atribuyen a la
Constitución una serie de males, y los males no son de la norma, sino son
vicios de la realidad política y social. Por ejemplo, ¿en qué norma de la
Constitución se encuentra aceptada la gran corrupción que hay en México?, ¿en
qué norma se encuentra la irresponsabilidad de los poderes políticos?, ¿en qué
norma se encuentra el fraude electoral de otras épocas?, ¿en qué norma está la
destrucción de la moral pública, la virtud cívica y el patriotismo?
Para cambiar una
Constitución hay que saber qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Yo quiero
cambios pacíficos.
En el México
actual, ¿es posible que las principales fuerzas políticas, sociales,
económicas, de la cultura se pongan de acuerdo en un nuevo pacto social? Yo
tengo dudas, si a veces no se ponen de acuerdo ni en aspectos pequeños y no tan
importantes. Entonces, mi miedo de una nueva Constitución es que, en las
circunstancias actuales de México, se vayan a dar retrocesos.
Diego Valadés:
México está viviendo en este momento una etapa que podemos caracterizar como de
"desconstitucionalización", esto puede sonar fuerte, pero no se
refiere a que haya violaciones expresas o particulares con relación a algún
precepto o a alguna serie de preceptos constitucionales, quiere decir que se ha
perdido la Constitución como un referente para pautar la vida cotidiana del
Estado y también como referente de los propios ciudadanos. En Derecho
distinguimos entre la norma vigente, aquella que en efecto se encuentra, que ha
sido aprobada conforme a un proceso legislativo o de reforma constitucional, y
la norma positiva que es aquella que se aplica de manera efectiva. Estamos
viendo que numerosos aspectos de la Constitución no se aplican de manera
efectiva, lo vemos a diario. La Constitución establece, por ejemplo, que no hay
fueros en el país y, sin embargo, advertimos que en la práctica los militares
están siendo beneficiados por un fuero extraconstitucional, incluso que
contraviene las normas de la Constitución.
Lo mismo ocurre con
algunos elementos del clero mexicano: se ha aceptado públicamente que han
incurrido en actos de pederastia, han incluso pedido perdón públicamente y no
ha habido ninguna sanción de carácter jurídico con relación a ellos. Esto se
puede multiplicar. El artículo 123 se refiere al derecho al trabajo, sin
embargo en México no tenemos un sistema de seguro de desempleo, de manera que
el derecho al trabajo que establece la Constitución es un derecho vacío. Así
podríamos analizar varias disposiciones.
¿A qué ha llevado
esto?, a que uno de cada dos mexicanos, el 57 por ciento, considera que la
Constitución no responde a las necesidades nacionales y que uno de cada cuatro
mexicanos, el 24 por ciento, diga que necesitamos una nueva Constitución. Ésta
es una encuesta que se hizo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM en 2003, que se replicó en 2010, y que nos ofrece por lo mismo un pulso
muy directo de lo que la sociedad está pensando. En cuanto a opinión personal,
debemos intentar la reforma; de no llevarse a cabo una reforma oportuna, suficiente,
satisfactoria y eficaz, entonces cuando lleguemos al Centenario de la
Constitución, en 2017, las condiciones de deterioro, por lo que respecta a la
percepción social de la Constitución y por lo que respecta a la vigencia de las
instituciones que la Constitución prevé, harán casi indispensable un nuevo
texto constitucional.
Carpizo: Es un
problema muy serio lo que dice el doctor Valadés, y tiene toda la razón,
grandes partes de la Constitución no se cumplen. A pesar de ello, en los
últimos años hay un esfuerzo por acercarse al cumplimiento de la Constitución.
Voy a tomar un ejemplo de lo que decía el doctor Valadés: el artículo 123, que
todos sabemos que se refiere al derecho al trabajo. La tesis más importante de
la Constitución de 1917 es la realización de la justicia social, es decir que
todos los mexicanos lleven una vida digna, es obvio que esto no sucede cuando
la mitad de los mexicanos se encuentran en algún grado de pobreza, pero tampoco
se cumple cuando el desempleo ha ido aumentando, cuando 7 millones y medio de
jóvenes, los famosos "ninis", no tienen oportunidad de empleo ni de
trabajo. En una nueva Constitución podemos dar pasos hacia atrás en este
aspecto de la justicia social, y no son imaginaciones. Veamos qué está pasando en
Europa. Los países más ricos de Europa occidental están desmantelando su Estado
de bienestar; entonces, mi miedo es que ante una nueva discusión, pues con el
argumento de que no hay dinero, que es lo que está pasando en Europa
occidental, demos pasos hacia atrás.
El gran problema de
la Constitución mexicana de 1917, y es por lo que hay que luchar, no es que sea
una Constitución deficiente, aunque coincido con el doctor Valdés, hay que
hacer reformas, pero reformas muy precisas.
Muchas de las
reformas que se han hecho a la Constitución no son para resolver problemas,
sino son elucubraciones académicas o políticas por intereses personales o de
grupo.
Si no resolvemos
una serie de problemas muy concretos de México, desde luego que podemos llegar
a una situación en que se necesite una nueva Constitución, y como yo tengo mis
dudas que pueda ser pactada, pudiera ser en el marco de una convulsión social.
Lo que primero se
necesita en México, con urgencia, es el cumplimiento cabal y total de la
Constitución: el verdadero resplandecimiento del Estado de derecho, pero ahí
tenemos problemas muy serios, no sólo del gobierno, sino de la sociedad, que es
muy tolerante a la corrupción y a la impunidad.
Valadés: Una de las
expresiones del doctor Carpizo se refiere a que hay vicios que resultan de la
realidad, estos vicios han tenido un impacto devastador para la norma
constitucional. Lo voy a poner en estos términos: cuando la Constitución fue
redactada, en Querétaro, estaba compuesta por 22 mil palabras, hoy la
Constitución está integrada por más de 50 mil palabras, alrededor de 55 mil
palabras, sólo la Constitución de la India es más extensa en número de palabras
que la mexicana, hay otras que son más extensas en número de artículos, pero no
en número de palabras. Hemos llevado a la Constitución aspectos que no son de
naturaleza constitucional, sino de naturaleza reglamentaria; por ejemplo,
regular hasta el hecho de que los spots de carácter político sean de 20
segundos aparece en la Constitución, de manera que si quisiéramos hacer spots
de 15 segundos o de 30, tendríamos que reformar la norma... esto hace que
nuestra Constitución sea absolutamente disfuncional y que sea muy difícil
aplicarla con rigor, entre otras cosas porque es una Constitución reglamentaria
que no permite su adecuación paulatina a la realidad.
En segundo lugar
porque los ciudadanos no la conocen, se ha vuelto una norma para abogados.
Podemos advertir que en México, por ejemplo, no hemos podido escribir un
tratado de derecho constitucional, y no porque no tengamos elementos para
hacerlo, sino porque la Constitución no nos lo permite porque la están
cambiando con una frecuencia inusitada. Escribir un tratado nos puede llevar
cinco o seis años, cuando terminemos el tratado ya la Constitución a la que nos
refiramos es otra.
Si eso nos pasa a
nosotros los especialistas, imaginemos qué ocurre con un ciudadano que si va a
la librería a comprar un ejemplar de la Constitución, muy probablemente el que
le están vendiendo ya está desactualizado. Tenemos, por tanto, un problema
acumulado, de lo que el doctor Carpizo menciona como vicios de la realidad que
han impactado en la norma constitucional y que la han empobrecido, necesitamos
por lo mismo, si no una nueva Constitución sí una Constitución reformada y una
Constitución refundida, o sea una Constitución que sin cambiar lo que tiene lo
ponga en términos sensatos, coherentes, asequibles para todos los sectores,
aunque no sean abogados.
¿El próximo
presidente de la República debe convocar a un gran debate nacional de cara al
Centenario de la Constitución previsto para 2017?, ¿qué objetivo debe tener
este debate?
Carpizo: Desde 1998
estamos en este debate: una nueva Constitución, una Constitución con nuevas
reformas, una Constitución que no se toque. Y han existido cuando menos tres
grandes ejercicios, donde se han presentado centenares de ponencias,
contradictorias entre sí, y el resultado ha sido casi nulo. ¿Discutir una
Constitución siempre será saludable?, no. Hay que discutir algunas reformas muy
precisas, no volver a abrir este ejercicio que está desde 1998 y que nos ha
llevado a pocas reformas de peso.
Por un lado está la
crítica, que tiene cierto grado de razón, de que han existido muchísimas
reformas constitucionales, pero por otro, las fuerzas políticas quieren que
todo quede en la Constitución, lo que se refería el doctor Valadés, y nos dio
un ejemplo, es absurdo, pero todo debe quedar en la Constitución. Si cuando se
creó la original Constitución se atacó mucho que el artículo 27, para el campo,
y el artículo 123, para el trabajo, eran reglamentarios, ahora tenemos
muchísimos más artículos reglamentarios: todo lo que es lo electoral. ¿A qué se
debe esto? Hay una gran desconfianza entre las fuerzas políticas del país, hay
una gran desconfianza de fuerzas sociales hacia los políticos y se siente que
lo único que puede asegurar es la reforma constitucional y ponemos en la
Constitución cosas que deben estar en la norma secundaria.
El próximo
Presidente debe de centrar la discusión, él debe de proponer una serie de
reformas para solucionar problemas en el país. Se ha dicho de todo, hay
centenares de ponencias, cosa de que designe a un grupo técnico para que
estudie todo lo que se ha dicho desde 1998 y se propongan ciertas reformas. Y
quiero referir algunos objetivos: el cumplimiento de la Constitución, la
gobernabilidad, el reforzamiento de la cultura del Estado de derecho en nuestro
país, y esta función no es solo de ningún Presidente.
A la norma jurídica
no le podemos dar efectos milagrosos que deseamos. No es la realidad que el
cambio de la norma va a modificar la realidad o la mentalidad de las personas.
Tenemos que ir a otros caminos: mayor educación constitucional, mayor
conocimiento de las normas, una cultura de la legalidad.
Valadés: Sin duda,
debe hacerlo no sólo con relación a un importante acto que será la
conmemoración del Centenario de la Constitución, sino con algo más importante
todavía, que es la gobernabilidad del país. El objeto de un gran debate sobre
la Constitución mexicana debe tener por eje la gobernabilidad democrática de
México y no se debe aplazar este debate a 2017, debe darse en 2012. Lo que he
advertido es que los dos precandidatos de los partidos que ya están definidos
han cerrado la posibilidad de discutir reformas clave, como por ejemplo, la
organización del poder y el sistema representativo. No sabemos todavía qué
posición vaya a tomar quien resulte candidato del tercer partido que está
todavía pendiente.
El hecho real es
que en México hemos avanzado en el orden democrático electoral, pero nada más
en ese, no hemos avanzado en la democratización de las instituciones y en algo
que acompaña a todo sistema democrático, que es la responsabilidad política de
los gobernantes. No tenemos forma de imponer responsabilidades políticas por el
ejercicio indebido del poder, por las insuficiencias que se dan en el poder,
por las distorsiones del poder, por los procesos de corrupción; porque no
existen mecanismos de control construidos en favor de nuestros representantes y
en favor de la democracia. Por ejemplo, un tema muy claro que ya fue rechazado
es el de la reelección de los legisladores, porque los partidos han optado por
conservar las posiciones electorales en el Congreso como una forma de
satisfacer a sus diferentes clientelas y no como una manera de consolidar al
sistema representativo que permita ejercer controles más eficaces con relación
al gobierno.
Este es un debate
que se tiene que dar, que no debe esperar a 2017. Si esperamos a dar un debate
en 2017, ya no va a ser sobre reformas que garanticen la gobernabilidad
democrática del país, sino sobre un cambio total del sistema constitucional y
esto nos puede llevar por otros caminos que en estos momentos no hemos
previsto.
Conclusiones
Carpizo: Hay que
ver la tesis primordial de la Constitución de 1917, incumplida después de 95
años, hay que regresar a ella. Si a mí me preguntaran qué es lo más importante,
tomaría el aspecto de justicia social, porque es la columna vertebral de
nuestra Constitución.
Hagamos una
realidad todos los derechos de justicia social que se encuentran en la
Constitución. ¿Cómo le debemos los mexicanos de hacer honor a esa
Constitución?, antes que nada cumpliendo con todos los postulados de justicia
social que son 169 derechos sociales, ¿y cuáles se cumplen? Pocos y muy mal.
Valadés: Hacer una
nueva Constitución efectivamente conlleva el riesgo de que perdamos el Estado
de bienestar. Ahora bien, si la sociedad mexicana es lo suficientemente débil
para permitir que sus dirigentes políticos conservadores puedan privarla de los
derechos que corresponden en el Estado de bienestar y de las diferentes formas
de prestación a las que está obligado el Estado por virtud de los derechos
sociales, querrá decir que tenemos un cuerpo social profundamente debilitado y
en esas circunstancias no debemos adoptar una actitud resignada y
condescendiente, a la sociedad habrá que orientarla, y la responsabilidad de
sus dirigentes políticos, de sus dirigentes intelectuales, de sus dirigentes
sociales será evitar que se lleve a cabo un atraco en contra del
constitucionalismo social mexicano y además construir las nuevas bases del
constitucionalismo mexicano.
Nombre: Jorge
Carpizo Mac Gregor
Academia: doctor en
derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Investigador
emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y del Sistema Nacional
de Investigadores.
Cargos: cector de
la UNAM, enero 1985-enero 1989. Presidente de la CNDH, junio 1990-enero 1993.
Procurador general de la República, enero 1993-enero 1994. Secretario de
Gobernación, enero 1994-noviembre 1994. Embajador de México ante Francia,
1995-1998.
Algunos libros:
"La Constitución Mexicana de 1917", México. UNAM. 1969.
"Concepto de democracia y sistema de gobierno en América Latina",
México. UNAM. 2007.
Nombre: Diego
Valadés.
Academia:
licenciatura en derecho en la Universidad de Lisboa y en la UNAM. Doctor en
derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Investigador en el IIJ, forma
parte del Sistema Nacional de Investigadores.
Cargos: embajador
de México en Guatemala. Procurador general de la República, enero 1994-mayo
1994. Ministro de la SCJN, 1994-1995. Director del IIJUNAM, 1998-2006.
Algunos libros:
"La Constitución reformada, México". Cámara de Diputados, 1979; UNAM,
1987. "Problemas constitucionales del Estado de Derecho", México.
UNAM. 2002.
"En una nueva
Constitución podemos dar pasos hacia atrás en este aspecto de la justicia
social, y no son imaginaciones... Los países más ricos de Europa occidental
están desmantelando su Estado de bienestar".
Jorge Carpizo
"De no
llevarse a cabo una reforma oportuna, suficiente, satisfactoria y eficaz,
cuando lleguemos al Centenario de la Constitución, en 2017, las condiciones de
deterioro, por lo que respecta a la percepción social de la Constitución...
harán casi indispensable un nuevo texto".
Diego Valdés
Los precandidatos defienden su vigencia
Debate Constitución, 95 años. 'Enfoque'
quiso incluir a los presidenciables en el debate. A los cinco se les planteó la
misma pregunta. Cuatro la respondieron, y descartaron la promulgación de un
nuevo texto constitucional
(5 febrero 2012).-
"Si usted es electo Presidente le tocará conmemorar el Centenario de la
Constitución, el 5 de febrero del 2017. ¿Promovería usted un debate previo para
avanzar hacia una nueva Constitución?".
ERNESTO CORDERO
Desde el primer día
de mi mandato trabajaría por fortalecer nuestro marco legal a fin de atender de
forma efectiva los retos y necesidades que México enfrenta. No debemos esperar
hasta 2017 para hacer las reformas necesarias para crecer más rápido y mejorar
la calidad de vida de los mexicanos. Desde el 1o. de diciembre de 2012
promovería un debate constante con la sociedad y con todas las fuerzas
políticas para consolidar la visión del país que queremos los mexicanos y
actuar todos desde nuestras respectivas arenas para lograrlo. Esto no implica
que se tenga que redactar una nueva Constitución Política de México. Muchos
aspectos de nuestra Constitución representan los anhelos y principios por los
que hemos luchado durante más de 90 años y debemos fortalecer la capacidad del
Estado para hacerlos cumplir. Otros aspectos deben analizarse y debatirse para
alinear los principios que rigen a nuestra sociedad con la realidad actual. En
ese sentido es que desde el 1o. de diciembre de 2012 impulsaría reformas como
la laboral, política, de seguridad y las necesarias para que México crezca
seguro.
SANTIAGO CREEL
MIRANDA
Efectivamente,
nuestra Constitución está muy próxima a cumplir 100 años de vida jurídica.
Ahora bien, me
parece que la pregunta de fondo no consiste en promover o no una nueva
Constitución, sino cuáles son las modificaciones que se hacen necesarias para
la eficacia de nuestro sistema político.
Hoy, a casi un siglo
de distancia, la realidad de México es muy distinta a la que vivió el
Constituyente de Querétaro.
Nuestra
Constitución no fue ideada ni pensada para el México plural de hoy, que es un
sistema multipartidista de competencia intensa y de alternancia.
Tampoco para los
gobiernos divididos o de minoría política que ha venido generando nuestro
sistema presidencial desde 1997, lo que ha impedido cambios de fondo en la
estructura económica y social del país. Requerimos un nuevo sistema que abra
una nueva etapa de equidad social, que reordene a los grupos de interés y,
sobre todo, que garantice la adecuada representación de los ciudadanos.
JOSEFINA VÁZQUEZ
MOTA
Lo primero que
debemos hacer los mexicanos con nuestra Constitución es cumplirla. El mejor homenaje
será hacer realidad sus postulados y principios.
Claro que estoy
dispuesta a someter reformas al Poder Constituyente para mejorar nuestra Carta
Magna, sobre todo en lo que tiene que ver con ensanchar los cauces de libertad.
De libertad de expresión, de libertad política (creo en las figuras de
democracia participativa, como el referéndum, la reelección de legisladores, el
plebiscito y la iniciativa popular), pero también de libertad económica y de
competencia.
Tanta libertad como
sea posible, y sólo tanto gobierno y regulación como sea necesario; es decir,
ampliar las posibilidades de que el ser humano se desarrolle libremente y
encuentre en el Estado un aliado, no un obstáculo, tal y como lo ha dicho
siempre el Partido Acción Nacional.
A nuestra Constitución
se le han hecho más de 500 reformas a lo largo de su vigencia. El Constituyente
originario previó esa dinámica de ajustes, creando precisamente lo que se
denomina el Constituyente Permanente, es decir, la voluntad de las dos terceras
partes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, así como la mitad
más una de las Legislaturas estatales, precisamente con el propósito de adaptar
nuestra Carta Magna a las necesidades del país. Lo que hay que garantizar es
que las reformas constitucionales no sean producto del autoritarismo y la falta
de democracia.
Como Presidenta de
México, todas las reformas que se realicen, y con mayor razón las reformas
constitucionales, deberán abordarse después de un amplio debate. Creo en la
deliberación pública, y conozco y respeto la deliberación parlamentaria. Al
diálogo hay que acudir, siempre, convencidos de que todos somos responsables en
la construcción de la sociedad en que convivimos. Ninguna reforma sin debate,
pero tampoco ningún debate estéril que sólo divida y encone a los mexicanos. En
la conmemoración del Centenario de nuestra Constitución, el Estado mexicano
debe convocar a las instituciones de educación superior, centros académicos, y
a los integrantes de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de
gobierno a discutir y reflexionar sobre cada uno de nuestras disposiciones
fundamentales y sobre nuestro compromiso permanente, ineludible: consolidar el
Estado democrático y de derecho, y hacer vigentes a las instituciones que lo
garantizan.
ENRIQUE PEÑA NIETO
En este momento aún
no inicia la campaña política para elegir Presidente de la República... En en
caso de contar con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, en el 2017
tendríamos una celebración muy importante: el Centenario de la promulgación de
la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que al mes de octubre
de 2011 ha
tenido 530 reformas.
Efectivamente, se
tratará de una fecha significativa para la vida de la República y de los
mexicanos. En ese marco, más que proponer una nueva Constitución es muy
importante y necesario, analizar, debatir y llevar a la práctica nuevos
instrumentos para que México cuente con un Estado Eficaz.
Un Estado donde los
derechos de todos los mexicanos no sean sólo ideales plasmados en la
Constitución, sino realidades que se disfruten en la vida cotidiana.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR
Se envió la
pregunta a su equipo de precampaña desde el 16 de enero, y el 1o. de febrero
informó que no habría respuesta.
¿Cordero, Creel o Josefina?
Este domingo se juegan la
candidatura presidencial del PAN dos equipos emanados del calderonismo y un
tercero encabezado por Creel, quien ya en 2005 buscó infructuosamente la
nominación
(5
febrero 2012).- ¿Por qué va a ganar su precandidato o precandidata en las
elecciones de hoy? Bajo esa pregunta común, los principales estrategas de
Ernesto Cordero, Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel explican los escenarios
para la jornada electoral, sus posibilidades creadas durante la precampaña y
sus ventajas comparativas.
Rogelio
Carbajal, Roberto Gil e Ignacio Loyola apenas muestran variaciones en sus
discursos. Los tres aseguran que apuestan al contacto directo con los
militantes, al convencimiento de "panistas libres" y a una presencia
territorial. Niegan que vayan a acarrear militantes o a manchar el proceso con
"prácticas priistas".
Los
matices están en su postura respecto al posicionamiento con el que llega cada
aspirante a la jornada de hoy.
Carbajal
enfatiza que el equipo de Cordero tiene identificados a miles de simpatizantes
que los encuestadores no alcanzaron a entrevistar en sus estudios de opinión, y
que hoy darán el triunfo al ex secretario de Hacienda, o al menos lo llevarán a
la segunda vuelta.
Gil
asegura que la realidad está bien retratada en los sondeos y que estos muestran
el anhelo panista de tener una candidata competitiva, por lo que Vázquez Mota
ganará desde hoy la nominación.
Y
Loyola apela al gen opositor del panista, que provocará una rebelión en contra
de la línea, la cargada y la ola mediática, por lo que Creel dará la sorpresa.
Si
hoy ninguno de los tres precandidatos alcanza la mitad más uno de los votos, o
más de 37 por ciento con cinco puntos de diferencia sobre su más cercano
competidor, esta disputa se resolverá hasta el 19 de febrero, cuando los dos
mejor posicionados competirían en una segunda vuelta.
Un
millón 759 mil panistas (298 mil activos y un millón 461 mil adherentes) están
convocados a participar en mil 600 centros de votación y 2 mil 700 mesas receptoras
del voto que se instalarán en todo el país.
Se
prevé que la disputa se concentre en los 10 estados con más alta presencia de
militantes panistas, que además aglutinan más de la mitad del padrón: Estado de
México, Veracruz, Jalisco, Puebla, Distrito Federal, Michoacán, Oaxaca, San
Luis Potosí, Yucatán y Sonora.
Adicionalmente,
en tres estados los panistas eligen también candidato a la gubernatura, por lo
que se convierten en entidades estratégicas para los tres equipos: Jalisco
(donde se disputan 151 mil 727 votos), Yucatán (con un padrón de 68 mil 887
panistas) y Guanajuato (con 44 mil 418 votantes posibles).
'Se toparán con la realidad'
Entrevista Elección en el PAN. Rogelio
Carbajal: coordinador político de la precampaña de Ernesto Cordero. Cordero
basa su estrategia en el voto exclusivo de la membresía, los liderazgos locales
y el contacto con la militancia
Ernesto Núñez
(5 febrero 2012).-
Rogelio Carbajal, coordinador político de la precampaña presidencial de Ernesto
Cordero, desafía a encuestadores y comentócratas: "se van a topar con la
realidad y, más bien, los que van a tener que explicar por qué no sucedió lo
que vaticinaron serán ellos, no nosotros".
Eso que casi todos
vaticinan es un triunfo contundente de Josefina Vázquez Mota en la elección
interna del PAN. Incluso, se ha llegado a decir que si Cordero gana, tendrá que
explicar cómo fue que derrotó a quien en los últimos tres meses no ha hecho más
que subir en todos los estudios de opinión.
Ante ello, Carbajal
insiste: "ellos serán los que tengan que argumentar contra lo que
escribieron o dijeron, y explicar por qué no ocurrió lo que vaticinaban".
En la última
encuesta que hizo Reforma entre militantes del PAN (890 adherentes y activos de
todo el país entrevistados vía telefónica el 27 y 29 de enero), Vázquez Mota
contaba con más del 60 por ciento de las preferencias, 17 por ciento Cordero y
15 por ciento Santiago Creel.
Pero Carbajal, un
joven panista que en 13 años de carrera partidista ha recorrido desde la
Secretaría de Acción Juvenil hasta la Secretaría General del PAN, tiene otra
perspectiva. Asegura que ésta y otras encuestas publicadas recientemente con
resultados similares no están reflejando la realidad de la contienda.
De entrada,
explica, en el Registro Nacional de Miembros del PAN (un millón 759 mil
militantes) sólo el 20 por ciento tiene registrado un número telefónico, por lo
que una muestra de este tipo ya no es representativa.
Además, argumenta,
es un padrón "muy disperso" que no sólo concentra a sus miembros en
las ciudades capitales, que es donde se suelen levantar las encuestas.
"El panista es
normalmente desconfiado de estos ejercicios", añade, "no las
descalificamos, simplemente decimos que las encuestas no reflejan la realidad
del PAN".
Carbajal sostiene
que su precandidato es quien más eventos ha hecho y más municipios ha visitado.
A diferencia de Creel y Vázquez Mota, viajó por el interior de los estados y no
se dedicó únicamente a visitar las grandes ciudades.
La estructura
Pero
la verdadera arma secreta que tendría Cordero hoy, según sus colaboradores y
rivales, es el apoyo de una estructura basada en el trabajo territorial y la
operación electoral de líderes locales, muchos de los cuales estuvieron con
Felipe Calderón en la contienda interna del 2005.
En
esa lógica, la campaña de Cordero tiene dos áreas visibles que hoy deberían ser
claves en un hipotético triunfo: la coordinación de "estructura
operativa", a cargo del ex diputado federal mexiquense y ex funcionario de
la Secretaría de Hacienda, Moisés Alcalde, y la coordinación de "programa
territorial", dirigida por el ex director de Fonaes, el tamaulipeco Ángel
Sierra.
Durante
la precampaña estas áreas identificaron simpatizantes para generar bases de
datos. En Gómez Palacio, Durango -por ejemplo-, hicieron llenar formatos a los
asistentes a un mitin del precandidato el pasado 10 de enero, y les dieron a
cambio una credencial que deberán entregar hoy después de votar (Reforma, 11 de
enero de 2012). Con mecanismos como este, el equipo podría tener un registro de
sus votantes, saber si fueron o no a las urnas, e invitarlos en caso de que a
cierta hora de la jornada no hubiesen sufragado aún.
Carbajal
evita dar cifras, pero de forma extraoficial otros panistas señalan que la
participación en la jornada de hoy oscilará entre los 400 y 500 mil panistas,
por lo que una meta inicial para el operativo del "Día D" sería
movilizar 150 mil votos.
En
la entrevista, Carbajal admite que en su precampaña se tratará de mover a los
votantes.
"De
eso se trata una campaña, de convencer a los militantes, de tener claramente
identificados a los que simpatizan con Ernesto Cordero, y de hacer que el
5
de febrero esos militantes acudan a la urna a expresar su preferencia. Por
supuesto, tenemos un trabajo estructural importante, basado en los militantes y
los liderazgos del partido", explica.
El
coordinador político afirma que Cordero logró tener un implante en las 32
entidades del país, con estructura, liderazgos locales importantes y apoyo de
la militancia. Pero menciona, como estados con fuerte presencia corderista, el
Distrito Federal, Yucatán y Campeche.
Categóricamente,
niega que haya apoyo oficial a Cordero, un aparato gubernamental promoviéndolo
o una cargada. Y más bien pide buscar eso en el equipo de enfrente.
"Quienes
hicieron un evento con servidores públicos a nivel nacional fue la campaña de
Josefina Vázquez Mota. Nosotros no reunimos a los funcionarios públicos porque
creemos que, como panistas, los debemos visitar en sus lugares; como panistas,
no como servidores públicos. Eso de voto libre no es más que una
muletilla", asegura.
Carbajal
se esfuerza en mostrar optimismo. Asegura que, de ganar hoy, Cordero tendrá
tiempo, en los 145 días que faltarán para el 1o. de julio, de remontar más de
30 puntos en las encuestas para alcanzar y rebasar a Andrés Manuel López
Obrador y Enrique Peña Nieto.
'Es la única que emociona'
Entrevista Elección en el PAN. Roberto Gil:
coordinador general de la precampaña de Josefina Vázquez Mota. Colocada en
primer lugar en las encuestas, Josefina ganó la campaña; la duda es si hoy
ganará la votación
Ernesto Núñez
(5 febrero 2012).-
Convertir una ventaja en encuestas de más de 50 puntos porcentuales en votos
reales. Ese es el dilema que tratará de resolver hoy el equipo de Josefina
Vázquez Mota.
Según el
coordinador general de esta precampaña, Roberto Gil Zuarth, la clave para
lograrlo será que hoy se dé una alta participación y que los panistas
"voten en libertad".
En las últimas
semanas, el equipo de Vázquez Mota inundó las redes sociales con los dos
mensajes: "vota el 5 de febrero", "vota en libertad". Ella
misma aprovechó cada una de sus intervenciones en discursos y entrevistas para
decirlo. Y lo repitió, como un estribillo, 15 veces durante el debate del martes
entre aspirantes a la candidatura del PAN.
"La campaña ha
decidido como estrategia fundamental alentar la participación", explica
Gil, "nuestra estrategia ha sido básicamente de encuentro, de contacto
intenso con los panistas. Y lo que hemos visto es que Josefina es la única que
emociona, la única que convoca de forma espontánea y natural. A sus eventos se
concurre en función de un convencimiento y una convicción".
Gil divide en dos
etapas el trabajo proselitista de Vázquez Mota: una primera de posicionamiento
de su imagen, que arrancó meses antes de que comenzara formalmente la
precampaña el pasado 18 de diciembre; y una segunda de creación de redes de
apoyo: jóvenes, mujeres, legisladores, funcionarios públicos; comités
ciudadanos por estado, y comités políticos donde confluyen cuadros panistas en
las 32 entidades.
Según Gil, su
precandidata va a ganar porque logró que los panistas la vean como la opción
viable para contender en la elección constitucional del 1o. de julio.
"Apelamos a la
participación, pero también apelamos al voto libre y de convicción; estamos
diciéndole a los panistas que el partido no se puede condenar a un tercer lugar
en la elección presidencial.
"La única
candidata competitiva para esta elección federal es Josefina y eso está muy
asimilado por los panistas, que no quieren que Acción Nacional pierda",
señala.
El coordinador de
la campaña josefinista (abogado, diputado federal con licencia y ex secretario
particular del presidente Felipe Calderón) asegura que las encuestas reflejan
que Vázquez Mota es "la candidata natural del PAN", y advierte que
cuando un partido se equivoca y da la espalda a su candidato natural, pierde.
Las encuestas, que
en general coinciden en que Vázquez Mota llega a la cita de hoy con una amplia
ventaja sobre sus dos contrincantes, son defendidas por Gil como un reflejo del
posicionamiento que logra un candidato, más allá de lo que estén operando las
estructuras y la burocracia partidista.
"Estoy
optimista en que tendremos un triunfo contundente y estoy tranquilo de que la
participación será nutrida", añade.
Movilización
En
el equipo que Vázquez Mota presentó públicamente el pasado 9 de enero figuran
pocos operadores panistas expertos en procesos internos. A la diputada Dolores
del Río se le ubica como coordinadora de "estructuras" y al ex
priista Diódoro Carrasco como "coordinador político".
Quienes
conocen al PAN ubican como a sus verdaderos operadores electorales al
chihuahuense Jorge Manzanera y al veracruzano Alejandro Vázquez Cuevas.
Según
Gil, quiénes y dónde operen en el "Día D" no es la prioridad del
equipo.
"A
mí me preocupa mucho el término 'movilización', porque no han dicho con
claridad qué significa eso. Transportar militantes a los centros de votación
está prohibido en nuestros estatutos en el reglamento y en la convocatoria. Si
la apuesta de algunos equipos es 'movilizar' en este sentido, pues estarían
violando nuestras normas internas", advierte.
Según
el coordinador, en la precampaña se detectaron simpatizantes y se estableció comunicación
permanente con ellos. Incluso para el registro de las precandidaturas se
presentaron alrededor de 100 mil firmas, que podrían dar a cada uno una base
mínima de votos asegurados.
"Pero
de ahí a que a partir de esa detección se utilicen estrategias para sacarlos de
sus casas y llevarlos a votar, hay una gran diferencia", señala,
"quienes apuestan a ese tipo de 'movilización' lo que están diciendo es
que no están convencidos de la libertad individual de cada panista".
Gil
explica que su equipo, a diferencia de los corderistas, no apostaron a los
mítines grandes, ni se dedicaron a movilizar a miles para una fotografía.
También
niega que su prioridad hoy sea operar únicamente en los estados con padrones
más abultados, sino que trabajarán en todo el país.
Su
escenario es ganar hoy. Y argumenta que, de no ocurrir así, sería más difícil
reunificar al partido y se perdería tiempo valioso para preparar la contienda
del 1o. de julio.
"Entre
más rápido resolvamos la elección interna, más fácil será construir los
escenarios de unidad", añade.
'Tenemos un gen opositor'
La cultura política. Ignacio Loyola:
coordinador político de la precampaña de Santiago Creel. Santiago Creel apuesta
a una rebelión y a que los "panistas libres" le den el voto que le
negaron en 2005
Carole Simonnet
(5 febrero 2012).-
El senador panista con licencia Santiago Creel se desfondó en las encuestas
durante la contienda interna. Lo rebasó primero Josefina Vázquez Mota y luego
Ernesto Cordero. Pero su coordinador político, Ignacio Loyola Vera, no quiere
dar por perdida la contienda interna y habla incluso de triunfo en la primera
vuelta de este domingo.
Si las cosas
marchan y las presiones no son tan severas como se supone que van a ser,
Santiago puede ganar en la primera vuelta. Si suman 24 por ciento los
militantes que no están definidos, y se vinieran de este lado, nos vamos al 60
por ciento, expresa.
Ex gobernador de
Querétaro (1997 a
2003), Loyola sustenta su optimismo en los "méritos" del precandidato
y en la conciencia del "panista libre" que, a su juicio, resistirá
las presiones de la estructura y de los funcionarios públicos que se han sumado
en mayoría a Cordero.
La principal razón
por la que va a ganar es que Santiago es el candidato con mayor experiencia,
con mayor conocimiento y el que más tiempo tiene en Acción Nacional, remarca
quien paradójicamente en 2005 prefirió apoyar a Felipe Calderón.
Se refiere a sus
propuestas en materia de seguridad en un país afectado por la violencia; su
capacidad de diálogo y su presunta habilidad para formar equipos.
"Santiago es
el que trae ideas nuevas, después las repiten por ahí. La gente lo detecta,
porque usted puede venir
a platicar y me
impresiona, pero lo escucho dos o tres veces y es lo mismo, que la economía o
que quiero mucho a México. Y no es con buenas intenciones cómo se resuelven los
problemas", señala en alusión a la línea discursiva de la puntera en las
encuestas, Josefina Vázquez Mota.
Lo cierto es que
hace siete años, dichos "méritos" no le alcanzaron a Creel para
vencer a Calderón, y sólo logró ganarle en siete de las 32 entidades (Durango,
Hidalgo, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas), para acumular en
las tres jornadas regionales 99 mil 702 votos de militantes panistas, que se
quedaron lejos de los 160 mil 488 que obtuvo el hoy Presidente.
Loyola niega que
haya pasado el momento de Creel.
"En el PAN se
da una especie de voto a la perseverancia y a la unidad. Ese plus lo tiene
Santiago. Cuando no gana en el 2005, lo primero que hace es ponerse a
disposición de Calderón, eso en el PAN es apreciado", asegura.
El también ex
procurador federal de Protección al Ambiente se resiste a adelantar cifras
sobre preferencias electorales estado por estado o a referirse al control de la
estructura que tiene el equipo.
"El Estado de
México, Jalisco, Veracruz y Distrito Federal son los estados más peleados por
todos", contesta de manera general.
Incluso en Nuevo
León, Guanajuato y Veracruz, donde Vázquez Mota y Ernesto Cordero se dividieron
el apoyo de los principales liderazgos, Loyola no descarta que Creel tenga un
buen resultado.
"Entre más
aprietas es dónde más fácilmente se puede reventar el mecate y ahí lo han
tensado", afirma
Su argumento
central radica en que este domingo los "panistas libres" votarán por
Creel en casi todos los estados de la República, pese a las presiones.
"El panista
libre es el panista auténtico, que no se deja influir, que analiza las
opciones, es el verdadero PAN. Nosotros le apostamos a los activos, y
obviamente a una cantidad importante de adherentes, y hay quien le apuesta
exclusivamente a una estructura", señala.
Loyola despacha en
una pequeña sala de las oficinas de Creel, ubicadas en el piso diez de la calle
Hegel, en Polanco. Junto con él, otros dos coordinadores políticos llevan el
control de la estructura creelista: el ex alcalde de Naucalpan José Luis Durán
y el ex senador duranguense Andrés Galván.
El equipo tiene,
además, un esquema de coordinadores regionales que actúan en 10 zonas de dos a
cuatro estados cada una. Todos bajo la coordinación general del senador poblano
Humberto Aguilar.
Loyola hace notar
que su oficina en el cuartel creelista es austera, como su precampaña: un
escritorio de madera, un calendario con apuntes sobre la gira y un pizarrón
repleto de indicaciones que descolgó de la pared y escondió antes de la
entrevista.
Asegura que los
acarreados que coparon algunos mítines de los otros dos presidenciables no
necesariamente irán a votar y añade que quienes lo hagan pueden cambiar su
voto.
"Vamos a
suponer, aun a los que bajo condición les dijeron que tienen que votar, pues no
los pueden vigilar. Nosotros es a lo que estamos apelando, así se vivió en
2005: todo parecía que iba a ser una votación arrasadora a favor de Santiago y
no fue así, porque el panista decidió ir en contra del gobierno, porque tenemos
un gen opositor", dice.
Pero al término de
la entrevista, realizada la víspera del último debate entre los aspirantes,
Loyola abre, sin querer, la puerta a una posible derrota:
"A Santiago le
quedó claro en 2005 que no se puede controlar al PAN. Él dice 'yo sé lo que hay
que hacer', y es lo que ha hecho. Si aun así no tuviera... pues bueno, creo que
no habría reproche para él mismo en esta ocasión".
La cultura política
(5 febrero 2012).- Téngalo presente
Conmemoración del
Bicentenario de la Constitución de Cádiz. Seminario de la UNAM, el Senado de la
República y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Diego
Valadés, Jorge Carpizo, Lorenzo Córdova, Héctor Fix, Miguel Carbonell, entre
otros. Martes 7 a
jueves 9, 10:00 horas. Senado y Museo de las Constituciones. Informes:
http://bit.ly/xyZ0Xf y 5622 7474 ext. 1735.
Exposiciones
50 años de Amnistía
Internacional. Exposición que recorre la lucha de esta organización por la
defensa de los derechos humanos. Centro Cultural Universitario Tlaltelolco.
Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco- Tlaltelolco. Informes: 5583 0983.
Libros
El mal. El modelo K
y la Barrick Gold. Amos y servidores en el saqueo de la Argentina de Miguel
Bonasso. Planeta. Investigación periodística que desnuda los vínculos de la
minera Barrick Gold que opera en Argentina con la familia Bush, David
Rockefeller, el tráfico internacional de armas, la CIA y con Carlos Menem, la
familia Gioja y los Kirchner.
El PRI de nuestros
recuerdos de Julio Castellanos Ramírez y Guillermo Elías Treviño. Recorrido
analítico por las prácticas priistas en las siete décadas que se mantuvo en la
Presidencia.
Ganarle a la
mediocridad. Concentrémonos en crecer de Luis Rubio. CIDAC/Porrúa. El autor
explora en 12 capítulos las consecuencias a futuro de no modificar las
condiciones actuales de México desde reformas institucionales y la generación
de riqueza hasta los actuales patrones culturales.
Mesas redondas
Elecciones 2012. Jornada de mesas redondas. "¿Es aplicable la ley electoral?".
María Amparo Casar, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Lorenzo Córdova y Benito
Nacif. "¿Son confiables las encuestas?". Alejandro Moreno, Roy
Campos, Ulises Beltrán, Javier Aparicio y Jorge Buendía. Presentación de la
Encuesta Nacional Electoral 2012 del CIDE, IFE y Conacyt. Miércoles 8, 11:30
horas. Auditorio Cuajimalpa del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de
Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2137.
Presentaciones
Cambiar México con
participación social coordinado por Esthela Gutiérrez Garza. Siglo XXI/UANL.
Clara Judisman, Leonardo Curzio. Miércoles 8, 10:30 horas. Antiguo Recinto del
Senado de la República. Xicoténcatl 9, Centro Histórico. Informes: 5130 2200.
8 Delitos primero.
índice delictivo CIDAC. Presentación de reporte delictivo. Ana Laura Magaloni,
Emilio Álvarez Icaza, Ernesto Canales. Jueves 9, 19:00 horas. Museo Memoria y
Tolerancia. Plaza Juárez, Centro Histórico. Informes: 5985 1010 ext. 100.
Revistas
Nexos No. 410.
María Pía Lara, Carlos Pereda, Claudio López-Guerra y Carlos Bravo abordan
desde un enfoque apartado de la estadística homicida, el estudio sociológico y
las tesis criminológicas, la violencia en México. Alejandro Hope examina la
tesis de Joaquín Villalobos sobre el origen de la violencia en México.
Voz y voto. No.
228. Jaqueline de la O entrevista a José Espina, presidente de la Comisión
Nacional de Elecciones del PAN, previo a la elección interna del 5 de febrero.
Humberto Musacchio analiza la candidatura de Miguel Ángel Mancera a la Jefatura
de Gobierno del Distrito Federal. Jorge Alcocer conversa con los tres nuevos
consejeros del IFE.
Si desea difundir
alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245.
Correo electrónico:
enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1840
El pacto de “El Coss”
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Fracturado
a partir de la caída de Ezequiel Cárdenas Guillén el 5 de noviembre de 2010 y
las subsecuentes ejecuciones de sus seguidores, el cártel del Golfo se dividió
en dos fracciones: la de Los Rojos, fieles a la familia Cárdenas, y la de Los
Metros, controlados por José Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, quien hoy se
erige como el principal jefe de esa organización criminal. Buscado por la
justicia de Estados Unidos, apodado El Judas por sus rivales, es uno de esos
sigilosos capos que saben escabullirse a toda clase de fuerzas de seguridad…
bajo el presunto cobijo de la Marina y el Ejército.
Sigiloso,
Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, ha logrado mantenerse lejos de la
“guerra al narcotráfico” de Felipe Calderón y, asentado en Tamaulipas, en la
frontera con Estados Unidos, ve cómo se derrumba el clan de los Cárdenas
Guillén.
Traiciones
y batallas internas acendradas durante el año pasado en el cártel del Golfo
(CDG) le han dejado poco a poco el control del grupo que ahora mantiene una
alianza con Joaquín El Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa.
Informes
de inteligencia de México aportados a este semanario por una fuente a la que se
le otorga el beneficio del anonimato por razones de seguridad, y el reporte de
la firma estadunidense Stratfor publicado apenas el martes 24 de enero, dan
cuenta del fortalecimiento de Costilla Sánchez en su papel de líder del CDG
como resultado de la embestida del gobierno de Calderón contra los Cárdenas
Guillén. Pero advierten que la disputa no ha terminado.
Sus
antiguos aliados acusan a El Coss de traición y de haber entregado a la Marina
y al Ejército a los principales miembros y colaboradores de la familia que
convirtió al cártel del Golfo en una de las principales organizaciones
delictivas del país; logro en el que tuvo un papel crucial la incorporación
como brazo armado de desertores de élite del Ejército que dieron vida a Los
Zetas.
“Ha
comprado la protección del gobierno federal y ha puesto a los Cárdenas Guillén
y sus más cercanos colaboradores con la Marina”, asegura la fuente.
En
varios encuentros con el reportero, explicó que con la caída de Osiel Cárdenas
Guillén –detenido en 2003 y extraditado cuatro años más tarde–, el liderazgo
del CDG recayó en su hermano Antonio Ezequiel, Tony Tormenta, apoyado por
Samuel Flores Borrego, El Metro 3, como segundo en la estructura delictiva y
quien se quedó como “jefe de plaza” en Reynosa. En ese esquema, aunque era
hombre de confianza de los Cárdenas quedó tercero en el escalafón.
“El
Coss traicionó a los Cárdenas Guillén y al Metro 3 con el fin de adueñarse del
CDG. Pactó con mandos de la Marina y el Ejército a cambio de que no lo toquen y
dejarles, como recompensa, casas con mucha lana”, dice. Y advierte que “viene
una guerra” por el control de los territorios del CDG.
Costilla
Sánchez, quien desde 2008 enfrenta dos procesos penales por narcotráfico en
Estados Unidos bajo los alias del Coss, Doble X o Doble Equis, es ahora
identificado por sus antiguos aliados como El Judas.
De
acuerdo con la versión del testigo, el conflicto comenzó en 2010, cuando
Costilla Sánchez buscó un arreglo con Nazario El Chayo González, entonces jefe
de La Familia Michoacana. El Coss mandó a su cuñado, Ezequiel Campos Ramos, El
Chacho, y a su sobrino, El Pato Campos, a realizar la negociación.
El
pacto consistió en que El Chayo –quien fue ejecutado por la Marina en diciembre
de ese año en Apatzingán– mandara sicarios a Reynosa a combatir a Los Zetas a
cambio de permitirle a La Familia Michoacana el paso de droga por la carretera
conocida como la Ribereña. Tony Tormenta y El Metro 3 estuvieron en desacuerdo.
La
Ribereña es fundamental en el trasiego de drogas en el noreste de México.
Conecta a Reynosa con Nuevo Laredo, a la entrada de Texas, y facilita la
movilidad hacia el sur y centro de México. Las comunidades que rodean a
municipios como Díaz Ordaz, Miguel Alemán y Camargo, en el trazo de la
Ribereña, se han convertido en enclaves de la delincuencia organizada; en
particular la zona conocida como Brecha de Lucio, cerca de Díaz Ordaz, camino a
Monterrey.
“Metros”
y “Rojos”
El
desencuentro entre Tony Tormenta y El Coss devino confrontación. Las
principales bajas han sido del lado de los Cárdenas Guillén y su entorno. La
información entregada al gobierno de Calderón detalla la manera en que Costilla
Sánchez se ha fortalecido dentro de la organización delictiva: cuenta con más
de mil sicarios y halcones –conocidos como Deltas y Oriones–, jefes operativos
que se identifican como R1, R2, R3, etcétera, y jefes de plaza que se nombran
Los Metros.
Ha
traído hombres de Petén, Alta Verapaz y Cobán, Guatemala, que le sirven de
sicarios y cocineros para desaparecer contrarios. Pero sobre todo, indica,
cuenta con la colaboración de las Fuerzas Armadas, en especial la Marina, para
deshacerse de los Cárdenas Guillén.
En
uno de los encuentros, el testigo refirió que en agosto pasado El Coss habría
entregado 30 millones de pesos, el equivalente a un mes de pago a su estructura
criminal, para que la Marina y el Ejército hicieran recorridos simulados y sus
tropas evitaran pasar por los sitios donde se cruza la droga al otro lado del
Río Bravo.
Según
esta versión, el supuesto pago fue también para que se informara al Coss sobre
los operativos de soldados y marinos para evitar que sus hombres se toparan con
ellos. Cuando se hizo ese pago, añade el testigo, por los aparatos de
radiotelecomunicación que provee la propia organización se escuchaba la
inconformidad de los sicarios porque ese mes no recibieron su pago. Como
consecuencia, se incrementaron los asaltos y levantones en la región.
Pagos
de ese tipo permiten al capo moverse por Matamoros sin que nadie le haga nada,
según la información aportada por el testigo. En esa ciudad, El Coss fue
policía ministerial (Proceso 1768).
La
misma versión indica que Costilla Sánchez “fue quien puso” a Tony Tormenta con
las fuerzas especiales de la Infantería de Marina, en noviembre de 2010. En
Tamaulipas, esa fuerza opera como personal civil bajo el mando de un capitán al
que la información identifica como Talamantes o Sierra. En un operativo, estos
elementos son los primeros en entrar, seguidos de los marinos uniformados.
Según
esa versión, la Marina no actuó sola en la operación en la que murió Tony
Tormenta. Junto con sicarios del Coss, los infantes de Marina atacaron la casa
del entonces líder en Matamoros. El enfrentamiento duró varias horas. Precisa
que uno de los escoltas de Ezequiel Cárdenas, Antonio Fuentes, El Tyson, fue
detenido vivo y apareció asfixiado y con cuatro tiros, como si hubiera caído en
el enfrentamiento.
“Después
vino el botín por parte de la Marina y los sicarios de Costilla Sánchez”.
Detalla que un sobrino de Chacho Campos, el expolicía León Campos, presumió que
ese día se quedó con dos escorpiones de diamantes que habían sido de Tony
Tormenta. Tres días antes de la ejecución de Tony Tormenta, cayó en manos de
Talamantes o Sierra otro colaborador de Ezequiel identificado como El 5.
Casi
un año después, el 3 de septiembre de 2011, fue asesinado El Metro 3, el
segundo al mando después de Tony Tormenta y “jefe de plaza” del CDG en
Reynosa. El Ejército y la PGR informaron
que “se encontraron” el cuerpo de Samuel Flores Borrego en el kilómetro 21 de
la carretera Reynosa-Monterrey. Junto con el jefe delictivo estaba el cadáver
de Eloy Lerma García, agente de la Policía Ministerial de Tamaulipas.
La
siguiente baja del clan Cárdenas fue la de Ezequiel Cárdenas Rivera, El Junior,
hijo de Tony Tormenta, así como de antiguos responsables en las operaciones del
CDG. Ocurrió el 25 de noviembre pasado, durante una fiesta en una casa de la
calle Álvaro Obregón, de Matamoros. La Marina informó que la detención de
Cárdenas Rivera, de 23 años, fue gracias a “una denuncia ciudadana”.
Junto
con El Junior fueron detenidos José de Jesús García Hernández, El Chuy,
supuesto “jefe de plaza” en Matamoros; René Alberto Munguía Elizondo, El
Amable; Javier Enrique Farías García, El Contador, supuesto responsable
financiero del CDG, y Erasmo García Galván, El Checo, probable responsable del
tráfico de drogas a Estados Unidos.
Además,
dice esa información, El Coss ha logrado quedarse con el control de Reynosa,
apoyado en un jefe al que la información identifica como Águila y el Comandante
Lino. El primero fue asignado a ese municipio luego de que El Metro 3, que
lideraba una gran fuerza que se desplazaba en más de 100 camionetas, sacó del
municipio al entonces responsable de Los Zetas en la zona, Carlos Alberto Oliva
Castillo, La Rana, luego de la ruptura de éstos con el CDG, a principios de
2010.
En
octubre pasado, Oliva fue detenido por el Ejército en Saltillo Coahuila,
acusado de ser uno de los principales liderazgos regionales de Los Zetas y uno
de los responsables del incendio del casino Royale, en Monterrey, en agosto de
2011, y en el que murieron 52 personas.
El
informe Stratfor
De
acuerdo con la firma de inteligencia estadunidense Stratfor, que desde la
década pasada ha dado seguimiento a la operación del narcotráfico en México,
las divisiones al interior del CDG han dado lugar a enfrentamientos en Reynosa
y Matamoros. El resultado han sido numerosas detenciones en México y Estados
Unidos.
En
un reporte fechado apenas el 24 de enero, confirma que la facción conocida como
Los Metros, controlada por Costilla Sánchez, se ha colocado por encima de Los
Rojos, afectos a la familia Cárdenas, con lo que El Coss tendría el control de
las operaciones del cártel.
Ahora
esa organización no sólo se enfrenta a sus antiguos socios de Los Zetas, sino
que sus propias divisiones incrementarán la violencia en la región, advierte.
Coincide
en que la fractura en el seno del CDG comenzó en noviembre de 2010 cuando la
Armada asesinó a Tony Tormenta. Costilla Sánchez asumió el control total de la
organización, pasando por encima de Rafael Cárdenas Vela, el siguiente en la
línea de la familia Cárdenas, lo que dio origen a las dos facciones, Los Metros
y Los Rojos.
En
la misma línea de la información en poder del gobierno de Calderón, Stratfor
señala que las tensiones se exacerbaron a finales de 2011 a raíz de varios hechos
violentos. El primero, cuando fue “encontrado” en Reynosa el cadáver del Metro
3.
Luego,
en octubre, fue asesinado también en Reynosa César Dávila García, El Gama,
encargado de las finanzas de la organización. Había sido el contador de
Cárdenas Guillén. Poco después, el día 20, agentes de Inmigración y Aduanas de
Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron al desplazado Rafael
Cárdenas Vela en una calle de Puerto Isabel, Texas. Según Stratfor, Los Metros
pudieron haber sido quienes informaron al ICE sobre la ubicación del integrante
de la familia Cárdenas.
Una
semana después fue detenido en Santa María, Texas, José Luis Zúñiga Hernández,
a quien la firma estadunidense señala como segundo de Cárdenas Vela y jefe de
operaciones en Matamoros. Las detenciones siguieron y el 25 de noviembre, en
Matamoros, fue el turno de Ezequiel Cárdenas Rivera, El Junior, hijo de Tony
Tormenta.
Según
Stratfor, El Coss se ha recluido en ranchos solitarios. “Que no sea mencionado
en los reportes de prensa no significa que haya sido removido de su posición”.
Debido a que el otro hermano de los Cárdenas Guillén, Mario, se ha resistido a
involucrarse en el negocio del narcotráfico, “parece improbable que Costilla
Sánchez pudiera ser remplazado”.
En
sus escenarios, advierte: “Como aparentemente Los Metros le han ganado a Los
Rojos, anticipamos que más adelante van a expandir su dominio al principio de 2012” . Sin embargo, las
divisiones han debilitado a la organización y la han dejado vulnerable a
ataques externos, sobre todo de sus antiguos aliados, Los Zetas, que tratarán
de asumir el control del territorio del CDG.
Pero
El Coss parece tener de su lado a la Marina. De acuerdo con el testigo, “no
sólo tiene un entendimiento con algunos de los mandos de la Marina en
Tamaulipas, que han permitido los golpes a los Cárdenas Guillén, sino que ha
aprovechado muy bien los agravios que tiene la Marina contra Los Zetas, por el
secuestro y desaparición de varios de sus elementos en Veracruz”.
Stratfor
dice que si Los Zetas derrotan a Los Metros o ambos acuerdan una tregua, el
cártel creado por exmiembros del Ejército puede desplegar a sus elementos en
otras ciudades, particularmente en Veracruz y Guadalajara. Los refuerzos en
Veracruz le permitirían enfrentar al cártel Jalisco Nueva Generación, que se
hace llamar Los Matazetas.
Desde
2008, Jorge Eduardo Costilla Sánchez es requerido por la justicia de Estados
Unidos, acusado de tráfico de cocaína y mariguana y lavado de dinero. Su nombre
figura en la causa criminal 57-CKK que se instruye en la Corte Federal del
Distrito de Columbia, donde se le persigue por su participación en la
organización que se conoció como La Compañía, que operó desde mediados de 2006
en Tamaulipas y Veracruz para traficar cocaína y mariguana a Estados Unidos. La
organización estaba integrada por el CDG y Los Zetas (Proceso 1736).
Junto
con El Coss, en esa acusación fueron incluidos Tony Tormenta, Heriberto Lazcano
Lazcano, El Lazca; Miguel Ángel Treviño, El Z-40; Jaime González Durán, El
Hummer, Samuel Flores Borrego, El Metro 3; Mario Ramírez Treviño, Mario Pelón o
X-20; Alfredo Rangel Buendía, El Chicles; alguien identificado como Lino;
Gilberto Barragán, Tocayo, y Juan Reyes Mejía González, R1 o Kike. Varios de
ellos ya están detenidos y otros asesinados.
En
otra causa criminal, la 08-507, abierta por tráfico de cocaína y mariguana
entre Estados Unidos, México, Colombia, Guatemala y Panamá, también como parte
de La Compañía, Costilla Sánchez aparece además con Omar Treviño Morales, El
42; Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito o Caballero; Alfonso Lam Liu, Gordo
Lam; Eleazar Medina Rojas, El Chelelo; Aurelio Cano Flores, Yankee o Yeyo;
Carlos Cerda González Puma o Carlitos; Hugo López Valdés, Jorge Hernández
Martínez, Chiri o Chiricuas; Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, Chito o
Chitón Canico, y Daniel Pérez Rojas, El Cachetes. También en este caso varios
han sido asesinados o detenidos.
En
esa causa, el Departamento de Justicia aseguró que La Compañía estaba al mando
de Ezequiel Cárdenas Guillén, Heriberto Lazcano y Jorge Eduardo Costilla
Sánchez. El triunvirato, como los caracteriza, tenía el control de cientos de
kilómetros en el territorio mexicano y en la frontera con Texas.
Según
la acusación, Tony Tormenta, El Coss y El Lazca dirigieron el transporte de
cocaína y mariguana por mar, aire y tierra desde Colombia y Venezuela a
Guatemala y varias ciudades de México, conocidas como “plazas”, además de
transportar la droga por vehículos en Texas para su distribución en Estados
Unidos.
Para
ello se valían de radios de telecomunicación, sofisticados registros
computarizados, incluidas bases de datos con los embarques de cocaína, las
identidades de los “jefes de plaza”, las nóminas y los pagos a las autoridades,
así como el dinero que se le debía a la organización.
Sobre
los roles de cada uno, indica que Tony Tormenta y El Coss estuvieron
activamente involucrados en la administración de La Compañía en México,
incluida la coordinación de los embarques de cocaína y mariguana a Estados
Unidos, así como en la recepción de grandes embarques de dinero de Estados
Unidos a México. El Lazca participó en las mismas actividades, pero, además,
como jefe de Los Zetas era el jefe de seguridad del CDG.
En
ambas causas, el Departamento de Justicia ofrece a la Corte comunicaciones
intervenidas a los integrantes de La Compañía. En una de ellas, en marzo de
2007, Costilla Sánchez le informaba al Metro 3 que desde 1996 había trabajado
en Chiapas, en la frontera con Guatemala.
En
otra, fechada el 8 de mayo de 2007, El Metro 3 hacía referencia a la decisión
de Costilla Sánchez de aprobar la entrega de 2 millones de dólares a distintas
autoridades en México para facilitar la operación de La Compañía.
El “tamaulipazo”, hacia
otro ridículo
JOSÉ GIL OLMOS
Las
acusaciones no son nuevas. Desde hace años se sabe de las veleidades de los
exgobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio
Hernández, de sus negocios y de sus presuntos vínculos con cárteles del
narcotráfico sin que nunca haya prosperado ninguna denuncia en su contra.
Ahora, la “infidencia” de un empleado de la SCT que motivó al gobierno federal
a admitir su tamaulipazo –es decir, que los tres están bajo investigación desde
2009–, ha servido para lo mismo: para nada y para poner en ridículo, una vez
más, al gobierno de Felipe Calderón.
Fue
a raíz de una infidencia de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) que el gobierno federal terminó por admitir que desde 2009
comenzó a investigar a los exmandatarios tamaulipecos Manuel Cavazos Lerma,
Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores por sus presuntas
vinculaciones con el crimen organizado.
Las
indagatorias que implican a los tres antecesores del gobernador Egidio Torre
Cantú incluyen los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, así
como el asesinato de su hermano Rodolfo Torre Cantú, el 28 de junio de 2010.
Apenas
se conoció la noticia, la dirigencia nacional del PRI y su precandidato
presidencial Enrique Peña Nieto declararon que se trata de una declaración de
guerra. El propósito, dijeron, es minar las posibilidades del partido de
recuperar la Presidencia de la República; incluso advirtieron que es posible
que haya más denuncias de este tipo contra otros priistas.
Eugenio
Hernández Flores insiste en que se trata de golpes mediáticos que pueden poner
en riesgo la elección presidencial. Asegura que no sólo enrarecen el ambiente
político, sino que buscan polarizar más a la sociedad y desestabilizar el país, afectado ya por la
violencia exacerbada y el narcotráfico.
No
obstante la reacción del PRI, la Procuraduría General de la República (PGR)
investiga a los tres exmandatarios desde hace años por actos de corrupción,
desvío de recursos públicos y presuntos vínculos con el cártel del Golfo y Los
Zetas.
Asimismo,
reportes obtenidos por este semanario indican que en Estados Unidos se comenzó
a investigar a Yarrington Ruvalcaba en 2002, cuando aún era gobernador, por su
presunta participación en un negocio con Osiel Cárdenas Guillén, líder del
cártel del Golfo (Proceso 1397).
El
lunes 30 de enero por la mañana, varios medios informaron sobre un oficio que
la PGR remitió el día 13 a la Dirección
General de Aeronáutica Civil (DGAC) para comunicarle que los tres exmandatarios
priistas y alrededor de 50 allegados suyos y familiares no podían abandonar el
país.
Jaime
Carranza, comandante del aeropuerto de Tampico, adscrito a la Dirección General
Adjunta de Seguridad Aérea, envió el 30 de enero un escrito al delegado del
Instituto Nacional de Migración (INM) en el que solicitaba su apoyo “para no
autorizar la salida del país a los ciudadanos incluidos en el oficio de la
PGR”.
Al
día siguiente, Carranza fue destituido por el titular de la SCT, Dionisio Pérez
Jácome, por “extralimitarse en sus funciones”, pues la orden no era impedirles
la salida del país, sino sólo reportar sus entradas y salidas.
Horas
después, la PGR confirmó que Cavazos, Yarrington y Hernández estaban siendo
investigados por la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la
Salud, en tanto que Reforma informó sobre una averiguación previa
(PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009) abierta en la Subprocuraduría de Investigación Especializada
en Delincuencia Organizada (SIEDO) contra los tres exmandatarios.
Según
el documento, la indagatoria se inició en enero de 2009, luego de la captura en
la Ciudad de México de Miguel Ángel Soto Parra, uno de los fundadores de Los
Zetas. El detenido declaró que entre 1998 y 1999 trabajó en Tamaulipas como
agente comisionado de la extinta Policía Judicial Federal y que durante ese
lapso protegió a Cárdenas Guillén.
Testigo
protegido por autoridades de México y de Estados Unidos en el juicio que se realizó
contra Cárdenas Guillén en el vecino país, Soto Parra expuso también que
Cavazos, Yarrington y Hernández incluso realizaron varios viajes para
encontrarse con el líder del cártel del Golfo.
Viejas
querellas
El
jueves 2, La Jornada destacó que a raíz de las declaraciones de Soto Parra se
iniciaron tres indagatorias más que abrió la SIEDO. Una de ellas, radicada en
Matamoros, en realidad se reinició, pues desde 2007 había denuncias sobre la
presunta vinculación de funcionarios de la administración de Hernández Flores
con el crimen organizado.
La
segunda está relacionada con el asesinato de Rodolfo Torre y la tercera es
contra Cavazos Lerma por la designación, en 1993, de Raúl Morales como
subprocurador, pese a que era abogado del mítico narcotraficante Juan
Nepomuceno Guerra, tío de Juan García Ábrego, fundador del cártel del Golfo.
El
viernes 3, Reforma informó que, según la averiguación de la SIEDO, Cavazos,
Yarrington y Hernández hicieron negocios millonarios con la construcción de
casas a través de prestanombres pero con dinero de Los Zetas y del cártel del
Golfo.
Los
tratos, indica el documento, iniciaron en 2002, durante la gestión de
Yarrington, a través de Mohamed Farough Fatemi, un empresario de 35 años. El
mandatario compró en Altamira una superficie de 250 hectáreas por las
que sólo pagó 15 pesos por unidad para diseñar un complejo residencial a la
orilla del mar con el concurso de Constructora Santa Dolores y Grupo
Inmobiliario Comon.
Mohamed
Farough es ubicado como uno de los prestanombres de los tres exgobernadores;
los otros son Fernando Cano Martínez y Óscar Gómez Guerra, cuñado de Hernández
Flores.
Y
pese a que en la indagatoria de la PGR (PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009) se citan
tres averiguaciones integradas en una sola, en varios momentos los tres
exmandatarios han sido mencionados en otras investigaciones por denuncias
diversas en las que se les acusa de haber permitido la incidencia de los
cárteles del narcotráfico en procesos electorales de Tamaulipas.
En
el caso de Yarrington, las denuncias en su contra datan incluso de 1998, cuando
el abogado José Luis González Meza y el embajador de México en Nicaragua, José
Puente León, presentaron una en su contra ante la PGR (expediente
146/DGMPE-EB/98), en la que lo acusaban de “tráfico de influencias y lavado de
dinero proveniente del cártel de Osiel Cárdenas Guillén”.
El
1 de febrero de 2005, inmerso Tamaulipas en una ola de violencia creciente,
Reforma publicó un desplegado en el que un presunto empresario tamaulipeco
(Rogelio Villa García) acusaba a Yarrington de estar vinculado con Cárdenas
Guillén:
“Durante
el gobierno de Yarrington se reestructuró, creció y fortaleció a un nivel muy
elevado el cártel de Osiel Cárdenas”. Y se cuestionaba: “¿financia al
exgobernante en su pretensión de ser considerado uno de los prospectos del PRI
a la candidatura presidencial?”.
Yarrington,
quien ya había terminado su gestión, declaró que el documento era un infundio.
El firmante del desplegado, Villa García, nunca fue localizado (Proceso 1475).
Al
año siguiente, José Antonio Guajardo Anzaldúa, candidato del PT al ayuntamiento
de Río Bravo, denunció la intromisión del cártel del Golfo en el proceso de
elecciones municipales. Fue asesinado el 29 de noviembre de 2006. En esa
ocasión el gobernador Hernández Flores logró que el PRI ganara la mayoría de
las alcaldías y las diputaciones locales.
Es
una campaña mediática
La
semana pasada, cuando se supo que Cavazos, Hernández y Yarrington eran
investigados por la PGR, este último escribió en su cuenta de Twitter:
“Me
entero de que mi nombre aparece en un alerta migratoria. Espero que la
autoridad aclare el motivo y los alcances de la misma”. El reportero intentó
localizarlo para conocer su posición. Yarrington nunca contestó el teléfono.
Cavazos
Lerma, candidato del PRI a senador, declaró el martes 31 que hasta el momento
no había sido notificado de la investigación; aseguró que se trata de una
estrategia del gobierno de Felipe Calderón “con intenciones
político-electorales”.
“Los
de enfrente –arguyó– están utilizando la guerra sucia para subir en las
encuestas. Si no les funciona, entonces van a dar el siguiente paso, que es la
guerra negra; es decir, la crispación, el enfrentamiento y la violencia.”
Según
Cavazos, es sospechoso que ahora el gobierno panista saque a relucir esta
investigación, sobre todo porque, aclaró, él dejó la gubernatura hace 13 años.
Y retó: “El que nada debe, nada teme”.
Hernández
Flores tiene reseca la boca y pide agua cuando empieza la entrevista con
Proceso. Asegura que está tranquilo y, al igual que sus dos correligionarios,
insiste en que se trata de una medida mediática en contra del PRI: “Estoy
limpio –dice–. No me voy a amparar, no voy a huir”.
Admite,
sin embargo, que sabía que en 2009 fue denunciado junto con Yarrington y
Cavazos por un panista que presentó la demanda ante la PGR vía internet, no por
Soto Parra. Pero se trató de un escopetazo, comenta, pues no aportó ningún
elemento de prueba, ningún soporte jurídico o legal.
Mientras
se realiza la entrevista, el precandidato presidencial de su partido, Enrique
Peña Nieto, estaba en Tamaulipas en un evento en el que refrendó su apoyo a
Cavazos, aunque aclaró que no defenderá a nadie, pues cada uno de los acusados
debe defenderse conforme a la ley. Hernández dice que su caso no impacta al PRI
ni a Peña Nieto.
El
exmandatario evita aludir de manera directa al cártel del Golfo y a Los Zetas;
sólo habla del “crimen organizado” y se refiere a sus dirigentes como “esas
personas”, “esos señores”.
Durante
la entrevista Hernández Flores insiste en que es inocente. Dice también que
antes de dejar la gubernatura habló con el procurador general de la República,
Arturo Chávez Chávez, quien le confirmó que sí había una investigación en su
contra. Desde entonces, asegura, no ha sido llamado a declarar.
Pero
cuando el reportero le pregunta sobre los tres atentados que sufrió, de su
supuesto encuentro con Heriberto Lazcano, líder de Los Zetas, quien al parecer
lo golpeó, de que su hermano Eduardo también fue golpeado por los narcos y de
que habían matado a algunos de sus caballos,
Hernández Flores toma más agua y demora la respuesta. Al final dice.
–Todo
eso es absolutamente falso. Nunca hubo un atentado contra mí ni contra miembros
de mi familia; jamás tuve comunicación con esas personas. Fui muy cuidadoso en
estos temas, me cuidé en extremo porque tenía claro que no debía hacerlo y que
no me fueran a culpar por eso; fui intachable en mi sexenio y afortunadamente
mis caballos están bien, nunca hubo un atentado o un ataque contra alguna de
mis propiedades. Son falsas esas aseveraciones; totalmente falsas.
–¿Tampoco
contra su familia, porque hay una versión de que su hermano Eduardo fue
golpeado por uno de esos grupos criminales y usted lo llevó al hospital?
–No,
para nada. Afortunadamente nunca tuvimos esos problemas. Hubo otras amenazas,
pero las normales, en el ejercicio del poder; nada fuera de eso. A finales de 2008 mi esposa sufrió una
balacera, fue atacada por la Policía Federal en Ciudad Victoria.
Afortunadamente no pasó a mayores.
“Me
llamó el presidente de la República para atenuar las cosas, me mandaron a
personal de la Policía Federal a disculparse. Yo entendí que fue una
equivocación”..
–¿No
teme que se agarren de aquellos mensajes del cártel del Golfo en los que lo acusaban
de ser miembro de Los Zetas y le llamaban Z-1?
–Pues
yo no sé de esos mensajes. A mí no me llegaron este tipo de acusaciones. ¿Quién
dijo eso? –pregunta Hernández Flores.
–Salieron
en Tamaulipas hace unos años…
–No,
no. A mí nunca me han involucrado en ese tipo de acusaciones; jamás me han
involucrado. Siempre actué dentro de la ley: como gobernador hice un gran
esfuerzo para combatir eso. Desgraciadamente esos esfuerzos conjuntos con la
federación no han dado los resultados que todos quisiéramos.
–¿Es
cierto que no quería declarar por el asesinato de Rodolfo Torre Cantú?
–Cuando
mataron a nuestro candidato en 2010, la procuraduría estatal inició la
investigación. Días después la PGR atrajo la investigación. Yo les dije que
quería declarar porque podría aportar algunos elementos; era importante mi
declaración. Así lo hice, siendo gobernador. Declaré por escrito a la PGR, así
debe constar en el expediente.
–¿Está
pensando en un amparo?
–No.
Vamos a ver primero de qué se trata. Yo estoy muy tranquilo y quiero que
resalte eso. Fui muy cuidadoso de hacer todo dentro de la legalidad. He sido
empresario desde 1982. En ese ámbito soy exitoso y eso me ha permitido tener
recursos. Tengo justificados todos y cada uno de mis bienes; tengo plenamente
apoyado cualquier tipo de situación financiera.
–¿Está
usted limpio?
–Estoy
limpio y listo para ir a declarar. Estoy listo para aclarar cualquier tipo de
situación ante la PGR o cualquier institución que así me lo requiera.
–¿No
se va esconder, no se va amparar?
–No,
no me voy a esconder. Por el momento quiero saber cuál es mi situación
jurídica. De qué se nos acusa (Yarrington, a Cavazos y a mí) o de qué se nos
puede acusar.
E
insiste: “No van a encontrar nada. Lo peligroso es que usen los dimes y diretes
de los testigos protegidos, una figura desgastada, desacreditada que nuestro
sistema judicial debe revisar”.
Una nueva vida... pero en Estados Unidos
PATRICIA DÁVILA
Un grupo de
sobrevivientes de la familia juarense Reyes Salazar, algunos de cuyos miembros
fueron asesinados por el Ejército, consiguieron asilo político en Estados
Unidos. El gobierno de ese país finalmente comprobó que corren peligro en
México, ya que militares y policías pretenden silenciar sus críticas y sus
exigencias de justicia para cada una de las víctimas de sus abusos. Recibió la
noticia el 23 de enero, sólo cuatro días después de que el gobierno de Estados
Unidos aprobó su solicitud de asilo. Ahora Saúl Reyes Salazar, su esposa y sus
tres hijos tienen una esperanza de vida.
En México dejan
media familia: sus muertos, sepultados en el panteón del Valle de Guadalupe, en
Ciudad Juárez, Chihuahua. Fueron asesinados por el Ejército Mexicano a partir
de 2008, cuando invadieron el pueblo escudados en la guerra contra el
narcotráfico.
Con su anuencia, el
gobierno de Estados Unidos reconoció que los Reyes Salazar han sido activistas
sociales y defensores de los derechos humanos desde los años noventa. El asilo
implica también que en México la vida de esta familia es amenazada por el gobierno
en su afán de acallar sus críticas.
Entrevistado en San
Francisco, California, Saúl Reyes revela la mezcla de sentimientos que lo
invadió al enterarse: “No es el proyecto de vida que tenía planeado, pero
insistir en quedarme significaba morir, abandonar mis sueños. Es verdad que la vida te quita,
pero también te da. Debía asumir la oportunidad que me estaba ofreciendo de
continuar, aunque fuera por un camino diferente. Abandoné todo. Hay que
empezar, pero no importa ¡Estoy vivo!”.
Su esposa, sus tres
hijos y él tenían visas estadunidenses. El 4 de abril del año pasado decidieron
abandonar México. En El Paso, Texas, se presentaron con el abogado experto en
asilos políticos Carlos Spector, quien meses antes obtuvo la aprobación de
refugio para la activista Cipriana Jurado.
En la solicitud que
envió a la oficina de asilo político del Servicio de Ciudadanía e Inmigración
de Estados Unidos (USCIS), del Departamento de Seguridad Nacional, el litigante
expuso:
“Saúl Reyes y su
familia tienen un miedo fundado de persecución por ser miembros de un grupo
social particular (defensores de derechos humanos). Específicamente, creen que
existe una posibilidad razonable de ser perseguidos por el Ejército Mexicano y
la Policía Federal mexicana como resultado de su activismo político desde 1998,
cuando él y su familia participaban enérgicamente en la organización de una
serie de demostraciones y protestas en contra de la Policía y del Ejército por
abusos recibidos (de estos cuerpos armados).”
Señala que ese
mismo año, con otros miembros de su comunidad y activistas políticos de los dos
países, participaron en el bloqueo del Puente de las Américas, localizado entre
Ciudad Juárez y El Paso. Además, Saúl Reyes y su familia fueron miembros del
grupo que con manifestaciones y protestas lograron que en octubre de 1998 el
estado de Texas cancelara la construcción de un basurero nuclear en la Sierra
Blanca.
Recuerda que
“muchos de los miembros de su familia, amigos y colegas han sido asesinados
como consecuencia de su desenvolvimiento político: Julio César Reyes Salazar
(sobrino, asesinado en noviembre de 2008); así como sus hermanos: Josefina
(muerta el 30 de enero de 2010), Rubén (muerto el 18 de agosto de 2010), María
Magdalena y Elías (ejecutados el 7 de febrero de 2011) y Luisa Ornelas de Reyes
(cuñada, muerta el 7 de febrero de 2011). También señala a los activistas
sociales Marisela Escobedo (asesinada el 16 de diciembre de 2010), Armando
Villarreal Martha (muerto el 23 de marzo de 2008) y a Manuel Arroyo Galván
(muerto el 29 de mayo de 2009)”.
En su parte final,
la solicitud de asilo, cuya copia tiene Proceso, es contundente: “La familia
Reyes y/o los defensores mexicanos de derechos humanos y activistas que el
gobierno mexicano no hace (por) o no puede proteger, tienen un miedo bien
fundado de persecución pasada y futura… La familia Reyes ha sido perseguida,
amenazada y acosada por los militares mexicanos por su opinión y activismo
político. Miembros de la familia, colegas y amigos han sido brutalmente
asesinados…”.
Finalmente, a
finales de enero la USCIS le notificó que los Reyes Salazar son elegibles para
recibir asilo en Estados Unidos.
El exterminio
“Con el veredicto,
Estados Unidos reconoce que existen motivos suficientes para que yo reciba la
protección de las leyes de su país, por el riesgo que corre mi vida en México.
Ello, sustentado en todos los crímenes cometidos en contra de mi familia y el
riesgo latente con que vivimos por las amenazas de muerte recibidas”, explica
Saúl Reyes.
En marzo de 2008,
con el pretexto de combatir al narcotráfico, el Ejército empezó a cometer
abusos, saqueos, desapariciones forzadas y torturas en el Valle de Juárez.
“Ante las
injusticias, apoyada por toda la familia y cientos de personas más, mi hermana
Josefina empezó un movimiento a favor de la desmilitarización –relata Reyes–.
Los soldados allanaron su casa en varias ocasiones. En una, en agosto de 2008,
el Ejército se llevó a su hijo Miguel Ángel, acusado de pertenecer al cártel de
Juárez. Lo tuvieron desaparecido y ella exigía que se le juzgara legalmente. Al
final lo soltaron.
“Un mes después, en
noviembre, su hijo Julio César fue asesinado durante una boda, a 50 metros de un vehículo
militar. Los soldados declararon que no vieron ni escucharon nada, ¡era
imposible!”
La familia exigió
la aclaración del caso y Josefina –quien durante años exigió que se castigaran
los feminicidios de Ciudad Juárez– no dudó en denunciar el crimen en instancias
internacionales. El 4 de septiembre de 2009 su hijo Miguel Ángel, El Sapo, fue
detenido nuevamente por militares, junto con Rodolfo Escajeda, El Riquín,
identificado como uno de los principales operadores de La Línea, brazo armado
del cártel de Juárez.
Hasta la fecha no
se le ha dictado sentencia a Miguel Ángel, preso en un penal de Tamaulipas.
Saúl Reyes afirma que Josefina no quiso saber más de él: “Está el registro del
penal. No lo visitaba”.
Josefina empezó a
recibir amenazas. Delincuentes del Valle de Juárez repartieron volantes para
exigir que la activista abandonara el pueblo; le daban 24 horas o la
asesinarían. Ella se mudó a Juárez y siguió con su labor social hasta el 3 de
enero de 2010, cuando fue asesinada: “Por la carretera, en el ejido El Sauzal,
se encontraba en su negocio de venta de barbacoa. Varios hombres trataron de secuestrarla,
ella se resistió y le dispararon”.
Sus hermanos Saúl,
Rubén, Elías, Marisela y Olga continuaban exigiendo al gobierno del estado y al
federal que atrajeran el caso de Josefina y de su hijo Julio para castigar a
los asesinos. Aún en duelo, el 18 de agosto del mismo año, la familia recibió
otro golpe. Un comando intentó levantar a Rubén, quien opuso resistencia. Lo
ejecutaron.
“En los meses que
siguieron –dice Saúl– continuamos exigiendo justicia. Elías dio una entrevista
al programa Punto de Partida, fue muy duro en sus críticas al gobierno. A los
pocos días fue secuestrado junto con su esposa Luisa Ornelas y mi hermana María
Magdalena. Ellas viajaban en una camioneta junto con mi mamá (doña Sara). Cinco
kilómetros antes de llegar a Guadalupe, una camioneta bloqueaba la carretera.
Hombres encapuchados bajaron del vehículo a Luisa, a doña Sara y a su nieta.”
En la edición 1791
de Proceso doña Sara narró que le pidió a los sujetos que dejaran a Elías y
quiso sacar de la camioneta a Madgalena, pero no pudo porque estaba desmayada.
“Subieron a Luisa, cerraron la puerta y se subió uno a manejar. Nomás vimos mi
niña y yo cómo arrancaron las camionetas”, contó.
Prosigue Saúl: “De
ahí iniciamos un plantón frente a la Fiscalía del Estado en Ciudad Juárez y
presentamos la denuncia por desaparición forzada, pero ahí se negaron, querían
levantarla por extravío de personas. Estuvimos hasta el día 15 sin que
tuviéramos ningún resultado por parte de las autoridades. Decidimos trasladar
una parte del plantón a la Ciudad de México, frente al Palacio de Minería.
Haríamos una huelga como medida de presión. A las cuatro de la tarde anunciamos
esa movilización y a las ocho incendiaron la casa de mi mamá, que se encuentra
a 80 metros
de un retén militar en Guadalupe.
“Nosotros
continuamos con el Plantón en Minería y acudimos a la Cámara de Senadores; ahí
nos visitó el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y le exigimos justicia.
Dos días después, un sobrino encontró los cuerpos de Elías, Luisa y María
Magdalena. Estaban torturados. Habían sido sepultados entre cal. Cuando la
presión fue mucha en Chihuahua y en la Ciudad de México, las autoridades
iniciaron un rastreo. Fue cuando los desenterraron para que pudiéramos
encontrarlos.”
Después la amenaza
se abatió sobre ellos: “Trasladamos los cuerpos a Ciudad Juárez, fui a
identificarlos –relata Saúl–. Hicimos el servicio funerario frente a la
fiscalía, los sepultamos en el panteón de Guadalupe y, a nuestro regreso a
Juárez, recibimos llamadas a nuestros celulares, algunas provenientes del
teléfono que llevaba mi hermano al ser secuestrado. Eran amenazas de muerte,
nos decían que no entendíamos, que no nos callábamos la boca, que si
continuábamos hablando seguíamos nosotros, que nos cortarían la cabeza. Las
llamadas duraron dos o tres días, pero no podíamos esperar mucho tiempo a
entender el mensaje: era muy claro lo que nos estaba pasando como para no
creerlo”.
La familia se
refugió en la Ciudad de México. En dos meses que permanecieron ocultos no
sintieron la protección del gobierno federal: sólo les dieron un teléfono
celular para que llamaran en caso de que se sintieran en peligro. Por eso se
dispersaron. Algunos están exiliados en El Paso, otros en Oklahoma u otros
lugares. “Fue el exterminio de la familia”, afirma Saúl.
En junio de ese año
llegó a El Paso la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, a la que se
incorporó una de las hermanas Reyes. Días antes, el lunes 13, Saúl declaró que
la movilización encabezada por el poeta Javier Sicilia era la “caravana de la
esperanza”:
“Es el sueño de
todos los asilados. Yo quiero volver a llevar flores a la tumba de mis
hermanos”. Dos días después de su declaración, las cruces de las tumbas de sus
hermanos, su cuñada y su sobrino fueron arrancadas. Unas aparecieron tiradas
cerca de un destacamento militar y otras en un cruce vial.
Ahora, dice Saúl,
“estoy en una situación en la que puedo empezar a hacer planes. Mi vida va a
cambiar totalmente. En México abandonamos las propiedades, los negocios, media
familia en el panteón… pero ahora tenemos la oportunidad de seguir adelante y
de trabajar. De una esperanza de vida diferente, pero no significa que
olvidemos lo que dejamos porque el gobierno mexicano tiene pendiente una deuda
con nosotros: investigar qué sucedió. Lo más probable es que sigan
criminalizando a mi familia, conocemos al gobierno mexicano y sabemos de lo que
es capaz.
–¿De qué? –se le
pregunta.
–De ensuciar la
memoria de las personas, de negarse a cumplir con su compromiso de seguridad. Y
es capaz de soltar asesinos confesos, como en el caso de Rubí Frayre Escobedo.
A diferencia de
Saúl, su sobrino Jorge Reyes, el hijo de 19 años de María Magdalena –su hermana
asesinada el 7 de febrero de 2011– no tenía visa. Solicitó asilo al llegar al
puente fronterizo, pero lo retuvieron varios días. Desde que fue liberado por
el abogado Spector vive en Nuevo México a la espera de que lleguen su abuela
Sara y uno de sus primos. Él dice a Proceso que para los Reyes Salazar “escapar
significó vivir”.
Mexicanos en el
exilio
En entrevista, se
le pregunta al litigante Carlos Spector:
–Además de la
aceptación de que corren un grave riesgo de quedarse en México, ¿qué indica el
que Estados Unidos le haya concedido asilo a la familia Reyes?
–Con la victoria de
Saúl tenemos ganados los casos de asilo más sonados de México: Cipriana, Mónica
Arias (cuñada de Juan Manuel Escobedo, hijo de Marisela Escobedo) y Alejandro
Hernández Pacheco (reportero de Televisa). Ello nos indica que el gobierno
estadunidense acepta lo que todo mundo sabe: que el gobierno mexicano trata de
silenciar la disidencia o ignorar los ataques contra ellos, coordinándose con
los cárteles.
–¿Con los cárteles?
–¡Claro! Tenemos
testimonio de 30 o 40 personas que vivían en Guadalupe, quienes saben
perfectamente que el Ejército llegó a esa región para apoyar al cártel de
Sinaloa, y que esta organización se quedó con el dominio de la plaza desde que
atraparon a El Riquín Escajeda.
El abogado, ante la
imposibilidad de representar a todos los mexicanos que le han solicitado
promover su asilo político, eligió llevar gratuitamente los casos de los
defensores de derechos humanos y activistas sociales. Tiene acreditados 23
casos de activistas asesinados en Ciudad Juárez, “coincidentemente” desde 2008,
año en que llegó el Ejército.
“Lo vemos como una
limpieza ideológica o genocidio. Con el exilio, el gobierno mexicano espera que
su activismo se acabe, que se callen, pero ellos no están dispuestos a hacerlo.
Formaron la agrupación Mexicanos en el Exilio para iniciar un movimiento de
conciencia en Estados Unidos. Estarán en Tucson y Phoenix, Arizona y Dallas.
“Saúl trabaja en
California, Oregon y Washington. Posteriormente, junto con Cipriana y Jorge
Reyes, asistirán en la Universidad de Austin y con la comunidad judía para decir
lo que sucede en México, con testimonios directos de las familias afectadas.
Esto se repetirá en todo el país.”
Es contundente:
“¿Cómo es posible que Estados Unidos siga financiando al Ejército Mexicano a
través del Plan Mérida? Éste debe cancelarse por el papel que la fuerza
castrense ha jugado en la violación a los derechos humanos: no han tenido éxito
en disminuir la venta ni el consumo de drogas.
“Además queremos
atacar el mito de que los 60 mil muertos y toda esa violencia están
relacionados con los narcotraficantes, que todos los involucrados son narcos.
Ninguno de los casos que defendemos está relacionado con la delincuencia, todos
son crímenes de Estado.”
Allanamiento ominoso
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Hacia las tres de
la mañana del viernes 3 un comando irrumpió en el domicilio de la teniente de
fragata y odontóloga Elvia Emilia Eguileta Arias, integrante del Movimiento por
la Paz con Justicia y Dignidad y quien ha denunciado los excesos del fuero de
guerra.
En su casa, en la
colonia Unidad Nacional, de Tampico, Tamaulipas, sólo estaba su hija, Emely
Castillo Eguileta, estudiante de medicina. A 500 kilómetros de
ahí la teniente pasa los días y las noches en una unidad de la Policía Militar
en la Ciudad de México.
El grupo de hombres
que no se identificaron había brincado la barda de la vivienda y tomó
posiciones en la azotea después de inmovilizar a la mascota de la familia, un
dóberman. Con habilidad, bajaron del techo y derribaron con estruendo una
puerta de servicio. La joven Emely, aterrorizada, no quería salir de su
habitación y escuchaba cómo el comando destrozaba el menaje de la casa.
De pronto uno de
los invasores entró a su recámara. Emily gritó lo más fuerte que pudo cuando
vio entrar al hombre alto, fornido, con corte de cabello tipo militar que
caminó en silencio por la habitación. Con paso seguro se aproximó a un buró,
tomó un teléfono celular y salió, dando la orden de retirada a sus
acompañantes.
“Gracias a Dios no
tocaron a mi hija. Estoy segura de que fueron del Estado Mayor Presidencial
(EMP). Se lo dije antes y con mayor razón ahora: hago responsable al presidente
Felipe Calderón, como comandante en jefe, así como a los secretarios de Marina
y de Defensa, de lo que pasó, de lo que pueda pasarme a mí, a mi familia y a
mis compañeros de agrupamiento, porque esto fue una reacción por la entrevista
con Proceso”, dice la teniente.
En su edición
1838, con fecha 21 de enero, Proceso
publicó los testimonios de militares y marinos del Agrupamiento de Militares
Procesados Libres Bajo Caución (AMPLBC), que se consideran víctimas del fuero
de guerra, entre ellos, la teniente Eguileta.
En entrevista con
este semanario, la teniente describió las acusaciones absurdas bajo las cuales
se le sometió a Consejo de Honor, entre las que destacaba la de “haber visto
los calcetines de un superior”.
Más allá de sus
casos, la teniente y sus compañeros expusieron las razones de fondo de su
inconformidad: un fuero de guerra que convierte a la Secretaría de la Defensa
Nacional en legislador, juez y parte. A decir de los entrevistados, las
violaciones a los derechos humanos en que incurren las fuerzas armadas y la
integración de procesos contra mandos medios y soldados dejan impunes a los
altos mandos.
Obligados a pasar
lista cada mañana, sin ninguna otra asignación que una larga espera, decenas de
militares y marinos pasan el día en las inmediaciones del Campo Militar Número
Uno en condiciones inhumanas: sin comida, muchos de ellos durmiendo en el piso,
sin cobijas, imposibilitados de conseguir un trabajo pues deben estar ahí al
menos hasta media mañana.
Además, entre los
señalamientos de la teniente Eguileta destaca su crítica a la incapacidad
disciplinaria de la Secretaría de Marina, ya que casos como el de ella son
procesados en la justicia militar.
Los integrantes del
AMPLBC inconformes han denunciado las condiciones en que viven, el
estancamiento de sus casos y la falta de transparencia en el manejo de los
recursos que se les descuentan de su salario, que queda reducido al 10% de lo
que ganan, por lo que consideran la justicia militar un gran negocio de los
mandos.
Espionaje y falso
diálogo
En entrevista con
Proceso, la noche del viernes 3, la teniente Eguileta recuerda diferentes
hechos ocurridos a lo largo de la semana que pudieran estar poniendo en riesgo
a los integrantes del AMPLBC que han manifestado su inconformidad y se han
adherido al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Por ejemplo, la
noche del lunes 30 de enero, en el Teatro de la Ciudad de México, el colectivo
de artistas El Grito más Fuerte presentó su video Ponte en los zapatos del
otro, en el que actores reconocidos asumen la personalidad de las víctimas de
la violencia y cuentan su historia.
Ahí estaban los
integrantes del AMPLBC, cuyos testimonios habían sido publicados por este
semanario. La teniente Eguileta, el teniente de corbeta Iván Gómez y el
sargento segundo de materiales del Ejército Manuel Contreras conversaban con el
activista Pietro Ameglio cuando notaron que “dos tenientes nos estaban tomando
fotografías. Los vimos y los saludamos para que se dieran cuenta de que los
habíamos visto. Eran del EMP”, narra.
Un día después, el
martes 31 de enero, se presentó en la unidad habitacional de la Policía
Militar, donde vive temporalmente la teniente Eguileta, un coronel de apellido
Ruiz quien dijo ser enviado del general José Candelario Jaime Contreras López,
comandante de la I Zona Militar. Los invitó a desayunar para el día siguiente.
La cita fue en el
comedor de un batallón, a donde Ruiz había invitado también a un mayor y un
capitán, que no se presentaron. Se
mostró interesado en saber si la información publicada por este semanario era
fidedigna o había sido una invención del reportero.
“Nos preguntó
directamente si estábamos conscientes de lo que habíamos dicho y que si era
verdad que lo habíamos dicho. Dijimos que nos habían entrevistado en la Cámara
de Diputados y que habíamos externado todo eso a raíz de que llevamos un año
con escritos al presidente, a los secretarios y a diferentes órganos y nadie
nos mandaba llamar ni fuimos escuchados”, dice la teniente.
Después de pedirles
más pormenores del encuentro, especialmente si Proceso había ingresado a la
zona militar, el desayuno terminó con la misma cortesía que tuvo el coronel
desde la invitación.
Las respuestas a
sus escritos nunca llegaron, salvo por la incursión al domicilio de la teniente
Eguileta en Tampico, que atribuye al EMP.
“Fue el mismo tipo
de operativo de hace dos años, cuando me acababan de detener de manera
arbitraria e irregular, y el EMP ingresó a mi casa llevándose computadoras y
otros aparatos.”
–¿Por qué dice que
fue el EMP?
–Porque así operan
ellos. Sabemos cómo se conducen todas las unidades y estoy segura de que fueron
ellos. Revuelven todo, se llevan cosas así como el celular, pero no roban… van
a buscar información pero saben que ahí no hay nada, y yo temo que en una de
esas me quieran sembrar algo.
“Es nada más para
intimidar… un primer aviso”, añade.
Desde principios de
2010 la teniente vive en una unidad de la Policía Militar. Se le han negado
todos los permisos para regresar a su casa, pero ahora advierte que se
mantendrá en el Campo Militar pues considera que ahí estará segura.
La incursión en el
domicilio de la teniente Eguileta se suma a la lista de agresiones contra integrantes
del movimiento surgido en torno al poeta Javier Sicilia.
En las últimas
semanas de 2011 fueron asesinados Nepomuceno Moreno, Julia Marichal y Trinidad
de la Cruz, además de que Norma Andrade sufrió un atentado en Ciudad Juárez (la
misma activista padeció otro, en la Ciudad de México, el viernes 3). Ellos,
como la teniente Eguileta, habían desplegado su activismo como víctimas de la
violencia y la impunidad.
La petición de
Eguileta ahora es que el Estado garantice la seguridad de los integrantes del
Agrupamiento y sus familias, así como entrevistarse con Felipe Calderón… y su
desconfianza en el aparato militar la llevó a sacar a su hija del país horas
después del allanamiento.
Tarahumara: del presidente para abajo, la
negligencia
MARCELA TURATI
Si bien no es un
problema reciente, la tragedia que se abate sobre los habitantes de la Sierra
Tarahumara ha sido la gran prueba de reflejos para los gobiernos federal y
estatal. Lento uno y otro, indolentes hasta la ignominia, han sido en cambio
rápidos para aparentar sensibilidad social y humanitaria con repartos de
despensas y desaforadas promesas de ayuda de todo tipo… Esa ayuda fue
solicitada por las comunidades antes de que la crisis alcanzara la magnitud
actual, pero ni Calderón ni el gobernador Duarte movieron un dedo para
procurarla.
Las muertes por
desnutrición que se registran en la Sierra Tarahumara son el epílogo de una
larga cadena de errores cometidos por el gobierno federal que, a pesar de estar
informado desde 2011 de la escasez que se avecinaba, sólo hasta el último
minuto y a base de presión social decretó un plan de emergencia humanitaria
para los estados del noroeste del país afectados por la sequía sin precedente.
En la pasada gira
de Felipe Calderón a Zacatecas, se enfrentó a rancheros furiosos, secos como el
paisaje, que le reclamaron por el olvido. Calmó los ánimos diciendo que “nadie
va a morir por hambre o sed”. Hasta ese momento –un año después de la
advertencia de las organizaciones campesinas de la situación que se avecinaba–
tomó en serio la necesidad de ayuda y decretó un plan de emergencia.
El jueves 2
Calderón viajó a la Sierra Tarahumara portando la gorra de jefe de las Fuerzas
Armadas, descargó un helicóptero con víveres y garrafones de agua, y ordenó al
Ejército y la Marina surtir a las comunidades necesitadas.
Sin embargo, una de
las primeras acciones de su gobierno, al estrenar su sexenio, fue excluir a los
rarámuris del programa de atención prioritaria a los 125 municipios más pobres,
a pesar de que las mediciones de la ONU ubican a seis municipios habitados por
rarámuris entre los 10 donde más se concentra la miseria y que las emergencias
por hambre son cíclicas.
Además, en el
transcurso del sexenio, 20 mil rarámuris fueron dados de baja del padrón de
Oportunidades, el programa asistencial más importante del país, según informó
Milenio, como castigo por haber incumplido reglas de operación, pues no acudían
a escuelas o centros de salud que les quedan a jornadas enteras de caminata.
El gobierno de
Chihuahua, a su vez, redujo este año en 24% el presupuesto de la ya de por sí
disminuida Coordinación Estatal de la Tarahumara, la oficina que se encargaba
de canalizar los apoyos gubernamentales a los indígenas rarámuris, pimas y
guarojíos serranos.
La negligencia e
insensibilidad de los gobiernos tendrán consecuencias difíciles de contener.
Por lo pronto, los niños siguen llegando a los hospitales de la sierra con
distintos grados de desnutrición, la escasez de agua originó la primera
epidemia de hepatitis en un albergue infantil, se han detectado brotes de sarna
por carencia de lo más elemental para la higiene, y los precios de los
alimentos se duplican en esta y otras zonas golpeadas por la catástrofe.
“La gente va por
agua cada vez más lejos, toma agua estancada que no es buena para el consumo.
En las comunidades me he encontrado gente con alergias e infecciones,
excoriación en la cara por falta de agua para la higiene, tuberculosis y,
obviamente, desnutrición. En un albergue de Sisoguichi con 63 niños, cuatro
menores y la directora estaban incapacitados por hepatitis, y un jardín de
niños en Basaseáchic entró en cuarentena preventiva para evitar contagio.
Preocupa que los niños no acuden a las escuelas o que los adultos se estén
enfermando y nadie se dé cuenta”, señala la diputada local Guadalupe Rodríguez.
Y el jesuita José
Guadalupe Gasca, director de la clínica Santa Teresita de Creel, que sirve como
termómetro de la situación serrana, informa: “Nos siguen llegando niños y
niñas; estos días llegaron 24 con diferentes grados de desnutrición y
hospitalizamos a tres”. En noviembre falleció la primera. Antes, seis adultos
habían muerto por esa causa en Carichí. (Proceso 1837)
Negligencia
criminal
Desde febrero de
2011 –cuando una fuerte helada quebró la cubierta vegetal y se pronosticaba la
falta de lluvias– las organizaciones campesinas del bloque El Campo no Aguanta
Más acudieron a la Secretaría de Agricultura, la Cámara de Diputados y el
Senado para pedir que se implementaran medidas preventivas y se lanzara una declaratoria
de emergencia que atendiera a cientos de municipios.
“La iniciativa de
los agricultores se llamaba ‘El hambre no espera’, presentamos documentos,
hicimos conferencias de prensa, tuvimos reuniones con legisladores y
funcionarios. Y en una reunión en el Senado, el presidente de la Comisión de
Agricultura, Alberto Cárdenas, dijo: ‘en México nadie se muere de hambre, a mí
me dijeron que quien no trabaja no come’, minimizando el problema como hasta el
día de hoy lo hacen los secretarios de Economía y Agricultura”, se queja Víctor
Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productos del Campo (Anec).
Las organizaciones
campesinas pedían, desde entonces, que se constituyera una reserva de alimentos
que amortiguara la crisis; el impulso de siembras en el altiplano, el bajo
occidente y el sur-sureste del país para compensar la pérdida de cosechas del
norte; programas de empleo temporal para compensar el ingreso de los campesinos
en desgracia; la extensión de los programas de abasto social de leche de
Liconsa y de tiendas comunitarias Diconsa (que evitan el aumento de precios),
así como el establecimiento de comedores populares.
Los documentos
están fechados en febrero de 2011, un año antes de que el presidente diera el
banderazo de salida a los tráileres y helicópteros destinados a salvar vidas.
“Se anticipó con
suficiente tiempo y el gobierno hizo caso omiso de esas advertencias, de esas
señales y las propuestas que permitían enfrentar la emergencia y sentar las
bases de un cambio de modelo, puesto que ya veíamos venir, además de la sequía
y las heladas, la duplicación y triplicación de los precios internacionales de
los alimentos”, dice Suárez.
La sequía golpeó a
mil 213 municipios de 19 estados, aunque los más afectados fueron Chihuahua,
Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.
A la falta de
planeación se sumó la lentitud para tomar decisiones y las luchas partidistas.
En enero el
presidente vetó 10 mil millones de pesos aprobados por el Congreso de la Unión
para atender la emergencia, bajo el argumento de que se arriesgaba la
estabilidad financiera. Apenas la semana pasada anunció el cambio de las reglas
del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), que permitirá a los estados disponer
de recursos catastróficos también por causa de las sequías.
Aunque la
Secretaría de Hacienda liberó en noviembre las indemnizaciones de los seguros
de riesgo por pérdida de cosechas, sólo Durango e Hidalgo han entregado a los
productores los recursos y 17 administraciones estatales los han retenido.
Ni las críticas de
los partidos políticos al veto. Ni las marchas de campesinos. Ni los reportes
de las primeras muertes por desnutrición hicieron mella en el Ejecutivo. Fue
hasta que las redes sociales difundieron el video en el que el productor
chihuahuense Ramón Gardea señalaba que 50 rarámuris se habían suicidado por
hambre (información que luego fue desmentida por las autoridades), lo que
provocó una masiva solidaridad ciudadana y la apertura de centros de acopio de
alimentos, cuando Calderón reaccionó.
El 25 de enero
lanzó un “acuerdo de acciones para mitigar los efectos de la sequía”, por el
cual se destinan 33 mil millones de pesos como ayuda a las zonas siniestradas,
y ordenó las visitas de brigadas de salud, el surtido permanente de tambos con
agua, la perforación de pozos y la aceleración de entrega de recursos de
programas sociales. Posteriormente, la Sedesol anunció hasta la construcción de
viviendas para indígenas en la Tarahumara.
“No basta el
trabajo local ni basta el suministro de provisiones o agua potable. Se
necesitan medidas de largo plazo que enfrenten estructuralmente y a nivel
global la problemática del cambio climático”, dijo, cuando faltan 10 meses para
concluir su sexenio.
La misma lentitud
mostró el gobierno de Chihuahua.
El jesuita Javier
El Pato Ávila, con casi cuatro décadas en la sierra, señaló que hace cuatro
meses los miembros del Programa Interinstitucional de Atención al Indígena de
Chihuahua –donde él participa– pidieron al gobernador César Duarte que solicitara
la declaratoria de emergencia para la Sierra Tarahumara, pero no los escuchó.
El sacerdote
solicitó dos veces una entrevista con el mandatario estatal para plantearle la
difícil situación que se vivía, pero nunca lo recibió. Posteriormente, el gobierno
acordó con las organizaciones sociales repartir alimentos conjuntamente, pero
no quiso quitar los logotipos de su gobierno, como se le pidió.
“De repente los
gobiernos estatal y federal comenzaron sus repartideros de despensas, porque
hasta que brinca el indígena en el escenario se dan cuenta de que existe y que
tiene hambre. Además, estamos en época electoral, estoy seguro de que Felipe
Calderón vino porque el estado (gobernado por un priista) le estaba ganando y
pintando la sierra, y Duarte comenzó a repartir en regiones donde no hay
emergencia alimentaria y, como se publicó, para tomarse la foto. Es lamentable
que en estos momentos la federación y el estado se peleen y entre las patas del
caballo quede el pueblo, que se ponga en riesgo el hambre del pueblo a cambio
de votos”, critica.
El también
presidente de la Comisión para la Solidaridad y la Promoción de los Derechos
Humanos (Cosyddhac) reprueba que la entrega se realice de una manera
asistencialista, no consensuada con los pueblos indígenas, aunque, dice,
podrían organizarse brigadas de mejoramiento de la tierra y captación de agua y
cuidado de los bosques.
“Al indígena no lo
han pelado cuando le instalan su proyecto minero y le sacan millones de sus
tierras, ni cuando lo desplazan con sus proyectos turísticos o forestales ni
durante los conflictos territoriales, o cuando pide autonomía. Ahora sí se dan
cuenta que tiene hambre por una noticia falsa, entonces sí reaccionan”, dice.
Carlos Zarco,
director de Oxfam-México, organización internacional enfocada al derecho a la
alimentación, señala que en la Tarahumara se conjuntó la falta de lluvias, la
carencia de infraestructura para la captación de aguas (95% se filtra o
escurre), la sobreexplotación de suelos y la deforestación, y dice que aunque
el gobierno conocía perfectamente la situación que se avecinaba, no echó a
andar políticas preventivas para atajar la crisis.
Menciona que es
necesario, además de entregar despensas, realizar antes de julio proyectos de
conservación de suelos y retención de agua mediante pequeñas infraestructuras
comunitarias, así como sembrar huertos de autoconsumo para que la gente tenga
una reserva de alimentos para el próximo ciclo. Cada proyecto costaría 300 mil
pesos.
En un recorrido que
hizo recientemente por la sierra para constatar la situación, Zarco detectó las
fallas en la repartición de alimentos: “No están informando previamente a las
comunidades que va a llegar la ayuda y los camiones llegan de pronto,
normalmente al pie de carretera, y cuando la gente se entera y llega –tras
caminar horas– ya no encuentra nada. Nos reportaron casos de funcionarios que
venden las despensas a 30 pesos, pero no tenemos pruebas. También se reparten
distintos tipos de despensas, las del gobierno federal, las estatales, las voluntarias,
las que llegan a la diócesis, así que la distribución es poco eficaz”.
La diputada
Rodríguez menciona que la ayuda está llegando a comunidades semiurbanas, de
fácil acceso, y no a las retiradas que necesitan más apoyo.
El jesuita Gasca da
un reporte similar: “La ayuda está llegando a los centros de población más
grandes y ahí les toca a los vecinos, pero no a las personas que viven más
lejos o a los que no se dieron cuenta o no se apuntaron; se dan casos de que
algunos van pero no reciben porque no aparecen en el censo o porque van sin
identificación. Algunos no pueden cargar sus 30 kilos y los terminan vendiendo
barato a los coyotes. Nosotros, a diferencia de los gobiernos, confiamos en las
estructuras comunitarias: entregamos las despensas a través de los gobernadores
rarámuris, los capitanes y sus policías porque entre ellos se conocen,
organizan y ayudan”.
La pregunta que
queda en el aire es si los gobiernos federal y estatales se coordinarán para
enfrentar la emergencia y sostendrán el
apoyo (de víveres y agua) hasta octubre próximo, aun pasadas las elecciones. De
ello depende la supervivencia de miles de familias.
Operación fusión:
el revés de la trama
JENARO VILLAMIL
Aunque la Comisión
Federal de Competencia rechazó la fusión entre Televisa y Iusacell, no todo
está escrito. Falta conocer el dictamen final y es probable que el duopolio
televisivo apele exitosamente la decisión del órgano regulador. En toda esta
maraña de leyes, reglamentos y regulaciones se advierte un afán de
gatopardismo: que todo cambie para que todo permanezca. Los mismos monopolios,
las mismas prácticas que lesionan el interés de los consumidores, los mismos
abusos…
La noche del pasado
24 de enero, durante la reunión de los cinco integrantes del pleno de la
Comisión Federal de Competencia (CFC), sólo se tenía claro que dos comisionados
votarían contra la solicitud de concentración de Televisa en Grupo Iusacell, y
otros dos a favor.
Eduardo Pérez
Motta, presidente de la CFC, y Rodrigo Morales Elcoro, integrantes de ese
organismo desde el sexenio anterior y que han votado coincidentemente en otros
asuntos polémicos –como la megamulta contra Telcel por mil millones de
dólares–, no querían apoyar la solicitud de conversión de deuda por 50% de las
acciones de Televisa en Grupo Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego,
accionista principal de TV Azteca.
Pérez Motta había
sido el centro de las presiones ejercidas en las pantallas de Televisa y TV
Azteca y, en especial, de los dos principales operadores de la “megafusión”:
Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa y estratega de la ampliación
del consorcio de Emilio Azcárraga Jean en el área de telecomunicaciones, y
Pedro Padilla Longoria, director general de Grupo Salinas (Proceso 1838).
Luis Alberto Ibarra
Pardo y Cristina Massa Sánchez, los dos comisionados que se integraron a la CFC
en el sexenio de Felipe Calderón, ambos con vínculos estrechos con Gerardo Ruiz
Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, argumentaron –a
favor de la fusión– que se necesita un competidor fuerte en telefonía móvil
para enfrentar al gigante formado por Telmex-Telcel, de Carlos Slim.
Curiosamente ambos
también votaron contra la declaración de dominancia contra Telcel, Telefónica y
Grupo Iusacell en la terminación de llamadas en su propia red de telefonía
móvil, el 7 de noviembre de 2011.
En junio pasado
Ibarra Pardo y Miguel Flores Bernés votaron a favor de que Pérez Motta se
recusara en el caso de la multa a Telcel, porque declaraciones suyas en medios
electrónicos ponían en duda su imparcialidad.
El voto del quinto
comisionado, Flores Bernés, estaba en duda. Hasta esa sesión argumentó que
estaba contra la concentración Televisa-Grupo Iusacell porque no se iba a
combatir a un gigante como Telmex-Telcel con la creación de otro, formado por
las dos televisoras dominantes.
Al igual que los
otros cuatro comisionados, Flores Bernés fue objeto de intensas presiones,
tanto de las televisoras implicadas en la fusión como de autoridades del
gobierno federal que argumentaban a favor de esta operación para “combatir al
monstruo” Telcel-Telmex.
Según testimonios
recabados por Proceso, el punto medular de la deliberación interna del
organismo se orientó más hacia el otro escenario: la fusión no tendría
problemas si Televisa comprara 100% de Grupo Iusacell y se eliminara el
“incentivo para prácticas monopólicas” en materia de televisión abierta, donde
ambos grupos controlan 95% de las frecuencias concesionadas, más de 65% de la
publicidad de las otras compañías de telefonía móvil, así como el mercado de
contenidos en televisión abierta y restringida.
Otro escenario
planteado por uno de los comisionados fue que sólo se aceptaría la fusión si
Grupo Televisa se deshiciera de alguna de sus tres cadenas de televisión
nacional abierta (Canal 2, Canal 5 o Canal 9) y se regularan el must offer y el
must carry, en los términos planteados por otras empresas de televisión
restringida, como MVS, accionista de Grupo Dish, que ha criticado duramente a
Televisa y a TV Azteca por negarle el acceso a sus canales de televisión
abierta y por bloquear la contratación de publicidad en Canal 2 o Canal 13.
Tras una larga
deliberación la fusión se rechazó por tres votos contra dos. Se acordó que no
se daría a conocer la decisión hasta que se les notificara a los entes
regulados; es decir, hasta completar el proceso de notificación de la
resolución, en especial a Grupo GSF Telecom Holdings, controladora de Grupo
Iusacell, ubicado en Montes Urales 460, en el Distrito Federal.
El comunicado
emitido por la CFC la noche del pasado 24 de enero se limitó a informar: “El
pleno resolvió hoy sobre la concentración Televisa-Iusacell, a la que
corresponde el expediente CNT-031-2011” .
El mismo boletín advirtió
que por mandato del último párrafo del artículo 31-bis de la Ley Federal de
Competencia, reformada recientemente por el Congreso, “la CFC y sus
comisionados están imposibilitados de pronunciarse públicamente sobre el
expediente hasta que la resolución del pleno se notifique a los agentes
económicos involucrados”.
Se trató de evitar
un escenario similar al de la multa a Telcel, que derivó en un largo litigio de
la empresa de Carlos Slim contra Pérez Motta por haber ventilado públicamente
su posición sobre este tema, en pleno proceso jurídico.
“Ganar tiempo”
A pesar del
hermetismo de los comisionados de la CFC, pronto se filtraron distintas
versiones en torno al sentido del voto. El Universal publicó el 25 de enero,
como nota principal, que la fusión había sido rechazada por tres votos contra
dos. Ese mismo día, la edición online de The Wall Street Journal citó a “un
alto ejecutivo” de Televisa afirmando que el organismo regulador rechazó la
solicitud de concentración.
Para los
inversionistas de la televisora y, en especial, para De Angoitia, principal
artífice de esta operación, ventilar la negativa tenía como objetivo aminorar
el impacto negativo en el Bolsa Mexicana de Valores y en el mercado bursátil
estadunidense, donde cotiza el consorcio encabezado por Emilio Azcárraga Jean.
Las acciones de Televisa disminuyeron 8% esa semana y registraron una baja de
poco más de 3.4% el miércoles 1, cuando se confirmó el rechazo a la solicitud
de concentración.
Apenas el pasado 20
de enero, seguro de que iba a ser aprobada la concentración, Grupo Televisa
cubrió la totalidad de los mil 602.5 millones de dólares acordados para la
compra de acciones de Iusacell, según el reporte enviado por la empresa a la
Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).
El reporte del
consorcio televisivo informó: “En relación con esta inversión, Grupo Televisa
hizo pagos en efectivo durante el segundo y tercer trimestres de 2011 por un
monto total de mil 152.5 millones de dólares (13 mil 528 millones de pesos), y
en octubre de 2011, por un monto de 450 millones de dólares (6 mil 249 millones
de pesos)”.
La negociación
original fue reconocida por Televisa y Grupo Iusacell en abril de 2011, a pesar de que la
negaron airadamente cuando el columnista Miguel Ángel Granados Chapa, autor de
Plaza Pública, la dio a conocer el 23 de enero de ese año.
Desde ese momento
el punto medular para ambos consorcios fue ganar tiempo, de tal manera que la
autorización de esta operación se acercara a 2012, año de la sucesión
presidencial en México, y pudieran hacer valer su capacidad de presión,
advirtieron analistas financieros consultados por este semanario.
Grupo Televisa y
Grupo Iusacell no notificaron de inmediato a la CFC, entidad reguladora que por
ley debe autorizar este tipo de operaciones. A pesar de eso, desde abril de
2011 las compañías ya habían informado a la Bolsa Mexicana de Valores y a la
SEC de Estados unidos.
El 6 de abril de
2011 The Wall Street Journal publicó que Televisa “compraría 50% de Iusacell”.
Citando a círculos financieros, el periódico especializado, señaló que la
operación implicaría “la compra de una parte, o la totalidad, de la deuda
restructurada de Iusacell, por parte del empresario regiomontano David Martínez
y su fondo de inversión Fintech”.
Martínez fue
adquiriendo deuda de Iusacell en los mercados bursátiles hasta hacerse
propietario de 98% del papel de la emisión 2011, de 92% de la de 2012 y de 76%
de la correspondiente a 2013.
Este enigmático
inversionista vive entre Nueva York y Londres, y mantiene una rivalidad
financiera muy fuerte con los ejecutivos de Televisa, en especial con De
Angoitia. En un principio fue el principal apoyo para la demanda interpuesta
por Paula Cussi, la última esposa de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, quien
acusó a Azcárraga Jean de incumplimiento en el reparto de la sexta parte de la
herencia de su padre.
Televisa vio la
oportunidad de que Martínez no se hiciera del control de la cuarta compañía de
telefonía celular en México y le compró la deuda de Iusacell en poco más de mil
600 millones de dólares.
Apenas unos meses
antes Televisa negoció con Grupo Nextel la inversión de mil 440 millones de
dólares para adquirir 30% de la compañía, una vez que tuviera los títulos de
concesión del bloque de 30 Mhz, de la banda de 1.7Ghz, en la polémica
Licitación 21. Finalmente Televisa abandonó la sociedad con Nextel y comenzó su
negociación en secreto con Grupo Iusacell.
Ante la negativa de
la CFC, Iusacell y Televisa buscan ganar tiempo, en función de las elecciones
de este año. Tienen 30 días hábiles para presentar un recurso de
reconsideración ante el organismo regulador y éste, a su vez, dispondrá de 60
días hábiles para considerar los argumentos que le presenten ambas partes.
El contenido de la
resolución se desconoce, hasta ahora, porque el proceso de notificación
culminará el martes 7. Si ambos grupos aceptan las condiciones que incluye la
resolución de la CFC, la fusión puede ser aprobada en junio de este año o irse
a un litigio que se prolongaría más allá de julio próximo.
Tretas
Una de las
maniobras para ganar tiempo fue obstaculizar el proceso de notificación de la
CFC y presentar a Grupo Iusacell como una “víctima de la arbitrariedad” de
elementos de la Policía Federal que apoyaron al personal del organismo
regulador.
El 31 de enero, el
abogado Fidel Sierra, notificador de la CFC, acudió por primera vez al
domicilio de Iusacell, en Montes Urales 460, para entregar un primer citatorio.
Los abogados de la empresa de Salinas Pliego, en una triquiñuela jurídica,
cambiaron el número exterior del edificio, ahora 409, para negar que ese fuera
el domicilio legal.
En paralelo, el
director de Cumplimiento Regulatorio de Iusacell, Eduardo Ruiz Vega, comentó en
distintas entrevistas con la prensa que la CFC no había hecho oficial la
notificación y que el plazo perentorio seguiría siendo el 7 de febrero. También
advirtió que acudirían a instancias judiciales si se rechazaba la alianza.
Ruiz Vega fue
integrante de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Después de un largo
litigio interno abandonó ese organismo para trabajar al servicio de Ricardo
Salinas Pliego. La estrategia de judicializar las resoluciones desfavorables es
común en el sector de telecomunicaciones, pero, en especial, Grupo Salinas demanda
y litiga prácticamente todo, como sucedió con más de 60 juicios interpuestos
contra la Licitación 21.
Para evitar un
conflicto en las instalaciones de Iusacell, el miércoles 1 el notificador Fidel
Sierra y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de CFC pidieron apoyo a la
Policía Federal para realizar el proceso de notificación. En el vestíbulo de
las oficinas de Iusacell hubo jaloneos y empujones, pero al final se completó
el proceso de notificación.
En su noticiario
Hechos, de Canal 13, el reportero Marcos Morales, de Azteca Noticias, hizo una
crónica pormenorizada de la llegada de los notificadores, acompañados por
fotógrafos que “parecen que los invitaron ex profeso para que tomaran fotos”.
La crónica de siete
minutos, al estilo de los programas de nota roja de la televisora del Ajusco,
relata el episodio como si fuera un acto de agravio de las autoridades a Grupo
Iusacell para simular una “trifulca”:
“12:12. Hay tensa
calma en la recepción, pero las cosas poco a poco vuelven a la normalidad. Sin embargo,
en las calles que rodean el edificio de Iusacell se mantiene la presencia de
los elementos de la Policía Federal. Una camioneta, incluso, se detiene frente
al inmueble en actitud de intimidación.
“A las 13:37
reaparecen el notificador y sus testigos en la recepción. Los fotógrafos
esperan del otro lado del umbral y de inmediato lo rodean para captar el
momento.
“Los reporteros lo
mantienen rodeado y ahora se ve a policías federales armados en escena.
Continúa dando declaraciones y dice que ya cumplió con parte de su trabajo.
Detrás de él se ve a sus escoltas.
“Y lo de hoy podría
repetirse otra vez. Rodeados de los hombres de negro, el verificador vuelve
tácitamente a ponerse de acuerdo con la prensa.”
El conductor Javier
Alatorre editorializó el episodio de esta manera:
“Ya se lo
comentábamos. Incomodan, desde luego, mucho las formas en que se llevó a cabo
la notificación. Imagínense si esto le ocurre a una empresa del tamaño de
Iusacell, ahora piense cuál es el trato que recibiría un ciudadano común, un
ciudadano de la calle que, por encima de todo, debe sufrir ante las posturas
que monopolizan un sector, tal como lo volvió a demostrar la OCDE.”
Hechos dio paso a
la nota de la OCDE en que responde a las críticas que Carlos Slim, dueño de
Telmex-Telcel, lanzó un día antes contra el informe sobre Revisión de las
políticas de telecomunicaciones y regulación en México emitido por el organismo
internacional.
Contra la
competencia
Durante dos días
Grupo Iusacell pagó desplegados de prensa para acusar al periódico Reforma de
“esconder” información para favorecer a Telmex-Telcel, de estar “vendido a
Carlos Slim” y de “manipular la información” para proteger al magnate.
La empresa que en
diciembre de 2002 protagonizó el asalto armado a las instalaciones de Canal 40
en el Cerro del Chiquihuite, ahora acusa a autoridades de la CFC de prácticas
típicas de las empresas de Salinas Pliego.
El comunicado de
Grupo Iusacell afirmó que “revisaremos a detalle la extensa resolución” de la
CFC y “haremos llegar a la comisión y/o a la instancia legal competente los
argumentos para que se analice a fondo la conversión de las obligaciones de
Televisa en acciones de Iusacell”.
La empresa de
Salinas Pliego cita un párrafo de la resolución, en la página 18, que considera
favorable a su interés de fusionarse con Televisa: “Al existir competidores que
cuentan con una presencia significativamente mayor, el fortalecimiento de
Iusacell tendría efectos favorables sobre la competencia”.
Hasta ahora ninguno
de los comisionados de CFC ha hecho declaraciones públicas en torno a este
caso. El organismo sólo ha señalado que el proceso de notificación “ha sido
complejo, pero va por buen camino” y la comisión publicará su decisión “una vez
que haya culminado con éxito este proceso”.
Dish México,
propiedad de MVS, afirmó en un comunicado que la decisión de la CFC “no
resuelve los problemas de la alta concentración y prácticas anticompetitivas
que se tienen en la industria de la televisión. Por el contrario, mantener el
statu quo sólo beneficia al duopolio televisivo”.
“Al no autorizar la
concentración en Iusacell del duopolio y no haber sometido dicha operación a
fuertes condicionantes en los mercados relacionados, se optó por mantener las
cosas en el estado que se encuentran, beneficiando a los actores de siempre”,
argumentó Dish.
La empresa dirigida
por Ernesto Vargas subrayó que Televisa y TV Azteca continuarán impidiendo que
Dish México se anuncie en sus canales de televisión abierta y “seguirán
negándonos sus señales abiertas para incluirlas en nuestra programación e
insistirán en sus ventas atadas”.
Por su parte,
Salomón Padilla, representante legal de la Asociación de Redes de
Telecomunicaciones de México (ARTM), organismo que agrupa a empresas de
televisión por cable independientes de Televisa, afirmó que falta conocer la
versión pública de la CFC y que esta decisión “es una oportunidad para el
regulador de enderezar el mercado sin filias ni fobias. Mis respetos al
notificador que logró hacer su trabajo”.
Desde el 9 de marzo
de 2011 la ARTM presentó una queja contra el dominio que tiene Televisa en
materia de contenidos de televisión restringida, a través de Cablemás, de TVI y
su filial Telum, cuyos accionistas forman parte del Consejo de Administración
de PCTV, generando “prácticas monopólicas absolutas y relativas” en el mercado
de contenidos, como ocurrió con las ventas forzadas de la transmisión del
Mundial de Futbol.
Nuevo comprador,
nuevos obstáculos
JESUSA CERVANTES
La disputa por las
rutas, slots (reservaciones de espacio aéreo) y horarios de la Compañía
Mexicana de Aviación que el gobierno federal “prestó” a Interjet y Aeroméxico,
es lo que hoy impide que aquella aerolínea vuelva a alzar el vuelo, a pesar de
que el nuevo inversionista interesado en rescatarla, Med Atlántica, ya depositó
los 415 millones de dólares que se le pedían en un fideicomiso de Banca Mifel.Las autoridades de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes parecen empeñadas en impedir que
la Compañía Mexicana de Aviación vuelva a volar. Ahora, cuando aparece otro
grupo de inversionistas interesado en adquirir la empresa emblema de la
aviación nacional, se ponen nuevas trabas al proceso de compra-venta. Según
legisladores que siguen el caso y el juez encargado del concurso mercantil, de
lo que se trata es de otorgar las rutas y horarios de aquella a otras
aerolíneas… una de las cuales pertenece a Miguel Alemán Velasco.
Inversionistas,
autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el juez que
lleva el caso del concurso mercantil, Felipe Consuelo Soto, y el conciliador de
Mexicana, Gerard Badín, tuvieron dos encuentros la semana pasada, pese a lo
cual la venta de la aerolínea no ha podido concretarse.
El jueves 2 los
inversionistas, el juez Consuelo y Badín tendrían una reunión en la que se
conocería el plan de negocios de Med Atlántica y las autoridades de la SCT
validarían la venta, previa verificación de los recursos ya depositados. Sin
embargo la reunión duró pocos minutos pues el titular de la SCT, Dionisio
Pérez-Jácome, pidió posponerla un día, según reveló el diputado petista Mario
di Costanzo, integrante de la comisión legislativa encargada de vigilar el
proceso.
El viernes 3, en la
segunda reunión, se corroboró que los 415 millones de dólares de Med Atlántica
siguen depositados en el fideicomiso. Sin embargo las pláticas para revisar el
plan de negocios no concluyeron debido a que el subsecretario de
Comunicaciones, Felipe Duarte, “está poniendo piedritas en el camino”, comentó
Di Costanzo sin dar más detalles.
El petista dijo que
de seguir “la actitud obtusa de Felipe Duarte y su rechazo a que Mexicana
vuele, la Cámara va a exhortar al juez a que congele el concurso, pida el
regreso de los slots en un plazo de 72 horas y que, de no cumplirse, se
establezca el desacato de Duarte para posteriormente iniciar la demanda de
juicio político”.
Los legisladores y
los sindicatos de tierra y pilotos consideran a Duarte el “bloqueador” del
proceso de venta. De él se dice incluso que ya tiene asegurado un cargo en
Interjet para cuando acabe el sexenio calderonista.
El miércoles 18 de
enero un grupo de diputados federales, encabezado por el priista Adán Rubí
Salazar y por Di Costanzo, se entrevistó con Felipe Consuelo Soto, Badín y un
grupo de funcionarios de la SCT.
Durante el
encuentro –Proceso tiene copia de la videograbación–, Consuelo reveló que los
slots, rutas y horarios están en manos de Interjet y Aeroméxico, pero sólo en
calidad de “préstamo”, pues la SCT argumentó que el país no se podía quedar
incomunicado. “Accedí por el interés público”, reveló el juez ante los
legisladores y a quienes en privado ya les había comentado que fue
“presionado”.
En el video se ve
cómo el juez acusa a la SCT de mantener una actitud “deleznable”: “La omisión
(del gobierno) también es una forma de actuar (…) han tenido poca cortesía con
los inversionistas y el gobierno debiera estar buscándolos y no estarlos
criticando o dándoles mala cara. ¡Es una postura deleznable! Es clara y patente
la posición del gobierno y contra todo ello he luchado”.
Desde que Mexicana
dejó de volar, el 20 de agosto de 2010, por lo menos 24 grupos han pretendido
adquirirla; no obstante ha habido presiones del gobierno para que la
adquisición no se concrete.
Apenas el lunes 30
de enero el juez Consuelo reveló que el interesado (Med Atlántica) ya había
depositado 300 millones de dólares en un fideicomiso, aunque Felipe Duarte
aclaró que fueron 415 millones.
El 31 de enero el
juez envió a la SCT los datos y nombres del interesado y del fideicomiso en un
sobre sellado. Esa información apareció al día siguiente en una columna
periodística. El miércoles 1 en el noticiario Segunda Emisión, de MVS, Consuelo
denunció que alguien “de alto nivel” filtró los datos, “lo que pudiera generar
malestar” en los inversionistas, que podrían “sentirse presionados”.
Enredo
jurídico-financiero
El entramado
jurídico y económico en que el gobierno federal convirtió el caso de Mexicana
empezó el 20 de diciembre de 2005 cuando a través de Servicios Corporativos
Cintra vendió Mexicana al Grupo Posadas, de Gastón Azcárraga.
En la venta se
incluían dos subsidiarias: la Compañía Mexicana de Aviación y Aerovías del
Caribe, empresas clave pues son las que poseen la concesión por 90 años de los
slots y las rutas.
El secretario
general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, Fernando
Perfecto, ha dicho que Mexicana valía mil 456 millones de dólares y que el
gobierno se la vendió al Grupo Posadas en 165 millones, con el compromiso de
éste de formar un fondo de 265 millones de dólares producto de los pasivos
laborales de sus trabajadores.
En septiembre de
2006, en una carta entregada al entonces secretario de Comunicaciones y
Transportes, Pedro Cerisola, el abogado y director del Instituto Nacional de
Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas, Pablo Casas Lías, denunció que Grupo
Posadas estaba en una situación económica crítica, lo que ponía en riesgo la
prestación de los servicios aéreos y no garantizaba la seguridad de las
operaciones y la integridad física de los usuarios. Demandó revisar y, de ser
necesario, retirar la concesión.
El 2 de octubre de
ese año, el entonces director general de Aeronáutica Civil, hoy director de
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Gilberto López Meyer, rechazó las
imputaciones contra Posadas. Dijo que “no se justifica el inicio de una
verificación extraordinaria”.
Menos de dos años
después, el 17 de abril de 2008, el Grupo Mexicana de Aviación firmó un crédito
con Banorte por mil 700 millones de pesos para mantener en vuelo a Mexicana y
Link (Aerovías del Caribe) y saldar sus millonarias deudas con el fisco. Gastón
Azcárraga dejó en prenda las dos aerolíneas.
En octubre de 2009
Azcárraga le cambió el nombre a Grupo Mexicana de Aviación; lo llamó Nuevo
Grupo Aeronáutico (NGA). El 2 de agosto de 2010 el Grupo Posadas solicitó a un
juez que declarara el concurso mercantil por insolvencia financiera; el 15 de
ese mes se nombró un visitador para Mexicana de Aviación y el 20 de agosto la
aerolínea dejó de volar.
A partir de
entonces Banorte y Azcárraga, ante la actitud omisa de la SCT, hicieron una
serie de movimientos que incluyeron fraude y venta ilegal de acciones, a lo que
se sumaron las “presiones” del gobierno federal contra los posibles
inversionistas. El gran mercado aéreo lo tomaron Aeroméxico –que dirige José
Luis Barraza, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial–, Volaris e
Interjet.
Reveladoras
reuniones
En la reunión del
18 de enero, el juez sintetizó así el caso de Mexicana: “El problema es que el
NGA fue vendido aparentemente a Tenedora K, pero no consta en actas; Jorge
Gastélum es el accionista de Tenedora y la SCT permitió que dejara de volar
(Mexicana). Otro problema es que NGA se quedó sin cabeza (y) que hoy busca un
comprador”.
Más revelador aún,
el juez refirió que Grupo Posadas, luego de cambiar de nombre a NGA, la vendió
a Fondo Advent en “mil pesos” y éste a su vez transfirió NGA a Tenedora K. Pero
además lo que tiene NGA, que es Mexicana y Click, está en poder de Banorte, ya
que se dieron en prenda bancaria.
“Esa situación
provoca que los inversionistas digan: ‘¿Qué es lo que te estoy comprando,
Mexicana o NGA? Primero me dices que deposite 250 millones de dólares, luego me
dicen con quién me voy a sentar a negociar la venta. Es decir, primero te tengo
que garantizar a ti SCT que tengo el dinero y luego me voy a sentar con el que
tiene las acciones para ver cuánto me va a pedir y a ver si me arreglo con él’.
Todo esto es tan anormal –sigue el juez– que ha generado la prórroga y la
insistencia de que autorizara el préstamo de los slots. Pero nunca se tuvo
previsto que durara tanto ni menos que implicara una falta de ingresos para
Mexicana.”
En la misma reunión
Consuelo reclamó duramente la actitud de las autoridades: “Mexicana es una
aerolínea de bandera y cualquier gobierno debería buscar salvarla; es un
emblema, más allá de que es una línea aérea, es toda una institución a nivel
mundial. Si yo decreto la quiebra, habrá que buscar la venta en partes o totalmente
y eso llevará tres años. Sería una situación de perder-perder. Pierden los
acreedores, los pasajeros, los proveedores, los trabajadores. Pierde México”.
Cuando en la
reunión se discutía qué se está vendiendo, Gerardo Badín, el conciliador, dijo:
“Se vende la marca, la posibilidad de crecer a 45 aviones, los slots, rutas y
horarios que tiene Mexicana, el personal como los pilotos certificados y
terminales certificadas”.
Sobre el costo, que
incluye el pago de impuestos, el conciliador dijo que cuando se vende también
se adquiere la deuda de impuestos de Gastón Azcárraga. “Es claro que los
inversionistas se preguntan por qué ellos los tienen que pagar. Esa es una
exigencia que se puso en el modelo: que había que pagar los impuestos y parte
de lo que se le debe a los trabajadores (del fondo de pensiones)”.
Acerca de la venta
de las acciones de NGA en “mil pesos” el conciliador dijo “no tener idea” de
por qué se dieron en tal cantidad y menos aun quién fue el funcionario federal
que autorizó dicha venta.
“Pero no sólo se
vendieron a mil pesos, sino que se vendió algo que está dado en prenda, que
está pignorado, ¿cómo es que se permitió?”, insistió Di Costanzo.
“El dueño de las
acciones es Tenedora K y las tiene dadas en garantía a Banorte”, respondió Badín.
En su momento los
representantes de la SCT, funcionarios de segundo nivel, aclararon que el 20 de
agosto de 2010 la secretaría recibió la notificación de la transferencia de las
acciones de NGA, pero “es importante aclarar que ni la Ley de Aviación Civil ni
su reglamento le otorgan facultades a la SCT para regular la compra-venta de
acciones de sociedades concesionarias de transporte aéreo”.
Pero la respuesta
oficial que la SCT le dio a Casas Lías –quien representa a un grupo de
sobrecargos– fue diferente:
“Sobre el
particular no existe la autorización, fecha y razones por la que se autorizó
por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la adquisición por
parte de Tenedora K, S.A. de C.V., de 95% de las acciones del Nuevo Grupo
Aeronáutico, S.A. de C.V (…), no existe documento en el que conste el acto
administrativo mediante el cual la DGAC, en términos de la Ley de Vías
Generales de Comunicación y Ley de Aviación Civil y su reglamento, autorizó a
la empresa Tenedora K la adquisición de 95% de las acciones de NGA…”
En la reunión
Gerard Badín reveló además que, sin autorización, Banorte “tomó” 18 millones de
dólares que Mexicana tenía en un fideicomiso en Estados Unidos, “por lo que hay
una denuncia penal” contra esa institución bancaria.
Pleitos de familia
Detrás de Med
Atlántica hay 25% de capital español: el de los empresarios hoteleros Christian
Cadena y Jamal S. Iglesias. El restante 75% fue aportado por un grupo de
inversionistas mexicanos.
De este grupo la
accionista más fuerte, según versiones aparecidas en diversos medios, es Gina
Diez Barroso Azcárraga, directora de Grupo Diarq. Su participación revive una
vieja disputa de familias.
Interjet es
propiedad de Miguel Alemán Velasco. La suya es la principal aerolínea de bajo
costo del país y se vio beneficiada con la desaparición de Mexicana de
Aviación.
Inversionista
mayoritaria de Med Atlántica, Gina Diez Barroso Azcárraga es hija de Laura
Azcárraga Milmo, hermana del fallecido Emilio El Tigre Azcárraga.
En su libro El
sexenio de Televisa, el periodista Jenaro Villamil detalla que Alemán Velasco
era propietario de 8.3% de las acciones de la televisora, y su hijo, Miguel
Alemán Magnani, de 6.1%. La familia Diez Barroso Azcárraga poseía 21.1%, y
Emilio Azcárraga Jean, 10%, además de otros accionistas. Tras la muerte de El
Tigre, los Alemán y otros accionistas, entre ellos la familia Cañedo White, le
vendieron sus acciones a Azcárraga Jean, quien sumó entonces 55%.
Si la familia
Alemán hubiera vendido sus acciones a los Diez Barroso, éstos hubieran
controlado desde 1997 el consorcio televisivo. En vez de eso se enfrentaron. El
pleito que ha surgido ahora por los slots y rutas de Mexicana de Aviación
revive aquel añejo enfrentamiento, trasladado al ámbito aeronáutico. Proceso
buscó a Gina Diez Barroso para una entrevista, pero en su oficina se negaron a
informar de su participación en Mexicana.
Interjet explota 22
de las rutas, slots y horarios de Mexicana de Aviación en México, además de las
de Guatemala, La Habana y San Antonio; pretende hacerlo también a Miami y Nueva
York. Aeroméxico a su vez utiliza rutas, slots y horarios de Mexicana hacia
Caracas, Bogotá, Denver, Fresno, Panamá, Montreal, San José y los destinos
nacionales de San Luis Potosí y Tuxtla Gutiérrez.
Las revelaciones
del exabogado de Vergara
RAÚL OCHOA
GUADALAJARA, JAL.-
Considerado el equipo más popular del futbol mexicano, las Chivas Rayadas del
Guadalajara vive su peor momento en lo deportivo y en lo administrativo, al
extremo de que la franquicia dejará de ser un negocio, pronostica Héctor Romero
Fierro, exabogado del club y del Grupo Omnilife.Privilegiar los
intereses económicos sobre los deportivos está hundiendo a Las Chivas, advierte
Héctor Romero Fierro, amigo, exsocio y exrepresentante legal de Jorge Vergara y
sostiene que la esposa de éste, Angélica Fuentes, ha contribuido a la
catástrofe, pues cada vez tiene mayor injerencia en los asuntos del conjunto,
además de que Vergara le debe dinero a todo el mundo.
Y asegura que,
contrariamente a lo que pregona el dueño, Jorge Vergara, mientras la directiva
privilegie los intereses económicos sobre lo deportivo, el equipo podría
arruinarse, advierte el litigante.
A decir de Romero,
los síntomas son claros: las equivocaciones de Vergara “las está pagando en el
precio: la gente, el mayor activo del club, ya no asiste al estadio, y ya no lo
sigue (al dueño del equipo)”.
Asegura que el club
dejó de ser popular “desde el momento mismo que te ponen un estadio de difícil
acceso y con boletos carísimos. El inmueble no se llena y la gente no quiere al
equipo. Con el nuevo estadio, Vergara les pegó a los que tenían palcos y
plateas en el Jalisco. Trató de controlar a las porras, y terminó con ellas; la
afición es la que pierde”.
En entrevista con
Proceso, Romero adelanta el fin de la alianza del club con Grupo Omnilife.
Incluso vaticina un ciclo muy corto a la persona que, asegura, realmente es la
que manda en Chivas: Angélica Fuentes, tercera esposa de Vergara. “Algo va a
pasar muy pronto, bueno o malo, pero van a tener que reforzar y hacer muchos
cambios.
“Y al paso que va
el equipo ocurrirán dos cosas: Chivas dejará de ser un negocio y tendrán que
desincorporar al equipo del grupo para que no lo arrastre financieramente. Un
grupo rentable con un equipo que no da es un lastre que mejor hay que quitar, y
para bien del club la señora tendría que desviar sus intereses a otra parte”,
afirma.
–¿Quién manda en
Chivas: Jorge Vergara o Angélica Fuentes? –se le pregunta.
–Angélica,
definitivamente.
Romero tomó
decisiones clave para que el club pasara a ser propiedad del empresario tras la
asamblea de socios en octubre de 2002. También participó en la polémica venta
del predio de la hacienda La Providencia, donde estaban las instalaciones del
Club Deportivo Guadalajara (Club Chivas).
Ese terreno, cuya
venta fue objetada en los tribunales por el grupo disidente encabezado por
Francisco Cárdenas, se vendió en 30 millones de dólares a Altiva Grupo
Inmobiliario.
–¿Qué motivos
orillaron a Vergara cederle el liderazgo a su esposa?
–Prefiere estar a
gusto con una señora dominante. A lo mejor no soy tan mandilón como él y no lo
entiendo, pero en el matrimonio conservo un buen equilibrio donde en pareja
tomamos las decisiones. En cambio, las últimas decisiones que he visto de
Vergara provienen de la señora.
El exabogado de
Chivas, quien conoce la estructura del club por dentro y por fuera, relata que
en el Grupo Omnilife había una línea de perfumes llamada Kenya, nombre de la
hija del primer matrimonio de Vergara. “Pero la sustituyeron por la línea
cosmética Angelíssima. Ahí podrás decir: ¿Quién manda realmente?
Romero comenta que
es una mala decisión eliminar una línea que tenía muchos años en el mercado
para sustituirla con otra totalmente desconocida. Y añade: “No defendería a esa
señora, quien se siente una empresaria exitosa y con billetes que puede hacer
con la gente lo que le plazca, incluso pisotearla”.
–¿Al extremo de
pasar por encima del marido?
–Al grado que vemos
desde afuera que lo está desplazando. No dudo que sea una empresaria de éxito
en la industria del gas, pero no es lo mismo manejar una gasera que un equipo
de futbol. Y en México hay muy poca gente que realmente sabe cómo se maneja un
equipo de futbol.
–¿Le parece un
matrimonio por conveniencia, como aseguran algunos?
–No dudo que la
quiera. Tan es así que la defiende a capa y espada. Si sólo fuera por
conveniencia la dejaría que se hiciera bolas con sus decisiones y centavos.
Hemos visto que cuando a Vergara no le gustan las cosas que uno dice de ella se
molesta bastante.
–¿No hay tal pareja
presidencial en Chivas?
–Ya vimos que con
Vicente Fox no funcionó, menos acá.
Y añade: “Hay mucha
gente que critica a Vergara. No voy a verlo desde el punto de vista machista,
pero fíjate lo que dicen: ‘Una mujer manejando un equipo de futbol es como un
barco pirata’”.
Romero comenta que
cuando se desligó del equipo y de la organización de Vergara, en septiembre de
2008, las empresas de éste eran las más auditadas en todo el país y no les
determinaron créditos fiscales. Dice que en la actualidad tiene sus dudas…
Turbiedades
Con la llegada de
Angélica Fuentes fue contratado el despacho Álvarez Puga & Asociados,
intervenido en abril pasado por la Procuraduría General de la República y el
Sistema de Administración Tributaria (SAT), por promover la evasión fiscal con
esquemas tipo outsourcing.
El 22 de abril de
2010, ambas dependencias catearon las oficinas de este despacho, encabezado por
el empresario Luis Eduardo Álvarez Puga, en siete ciudades, incluida su matriz,
en el Distrito Federal. Siete meses más tarde el diario Milenio publicó que
esta firma, en complicidad con Pablo Salazar Mendiguchía y José Antonio Aguilar
Bodegas, amasó una fortuna durante el sexenio del exmandatario de Chiapas
mediante el outsorcing.
De acuerdo con la
publicación, el exgobernador chiapaneco se robó los ahorros de los obreros.
También difundió que los hermanos Alejandro y Miguel Álvarez Puga serían objeto
de varias órdenes de aprehensión en su contra “por la probable responsabilidad
de los delitos de lavado de dinero, fraude fiscal, secuestro y fraude al IMSS”.
El periódico
capitalino dio a conocer que ambos sujetos huyeron al extranjero, por lo que la
Interpol ya los busca por España y algunos países centroamericanos. El despacho
Álvarez Puga & Asociados puede ser acusado de presunta responsabilidad en
aproximadamente 72 mil delitos.
El abogado prefirió
desvincularse de Chivas y del Grupo Omnilife, por diferencias con la esposa del
que fuera su amigo desde la primaria. Juntos transitaron por los mismos
senderos y negocios, primero en la renta de automóviles. Más tarde, Romero se
integró al proyecto impulsado por Vergara, productos Omnitrition, que dio
origen al Grupo Omnilife. “Conocía perfectamente la organización del club y me
sentía orgulloso de portar su camiseta”, apunta.
No obstante, Romero
le exige a Vergara el pago de 9 millones de pesos, por concepto de cinco años
de honorarios, aunque en el nuevo convenio está dispuesto aceptar 5 millones
570 mil pesos, más intereses moratorios. El litigante argumenta que a
diferencia de otras personas a las que el empresario también les adeuda “yo sí
tengo firmado un contrato”. Y por ello ya tiene en proceso la demanda por
incumplimiento de pago.
Sostiene que
Vergara le debe a todo mundo: “A Juan José Frangié –quien le renunció como
director general–; al fiscalizador Francisco Padilla Villaruel; a su hermana
Patricia Vergara, y a su ahora exdirector general, Roberto Santacruz, entre muchos
otros. Patricia salió del grupo porque a Angélica Fuentes ya no le convino
seguir manteniendo la relación contractual de la compañía con su cuñada; no la
quería ahí, y la sacó. Paty se encargaba de la capacitación de los
distribuidores. Esto es lo que agravia, lo que lastima”.
–¿A quién más le
debe Vergara?
–Te puedo nombrar a
muchos, hasta a su hermano Juan Carlos. Acabaron peleados y no le pagó. Juan
Carlos le surtía el agua para las botellitas como las que siempre carga Jorge.
Su hermano tenía los pozos de agua y le vendía la famosa marca al grupo.
Literalmente se la regaló, porque se la vendía casi al costo de producción y
también le dio una patada en el trasero.
Romero asegura: “Yo
no tengo prisa. Al final de cuentas lo que negociamos en el contrato por el
asunto de Chivas fue el equivalente a un certificado de aportación que los
socios de la asociación civil le vendieron a Vergara en 2002. Es decir,
aproximadamente 6 millones de pesos, más algunos pendientes. Me dijeron: ‘Te
damos ahorita mismo 6 millones o prefieres los 8 millones en tanto tiempo’. Les
respondí que quería los 8 millones dentro año y medio. Así estaba el convenio
original”.
Y agrega: “Sin
embargo, al terminar mi relación, ellos no encontraron el convenio en sus
archivos y pensaron: ‘Este tipo no tiene contrato, pues que nos demande’. Y no
los he demandado porque se van acumulando los intereses moratorios al 3%
mensual a partir de la fecha de la mora que me debieron haber pagado, de abril
de 2010. Ningún banco me da ese rendimiento, pero ya tengo que presentar la
querella en estos días porque dispongo de dos años para reclamar el adeudo a
partir del vencimiento”.
Por eso advierte:
“Los voy a demandar por todo lo que contemplaba el convenio y otras cantidades
pendientes. Por ejemplo: me contrataron para llevar la defensa de Ramón Ramírez
cuando se accidentó por segunda vez”.
–¿Cuánto le debe
Jorge Vergara?
–En un momento
acepté que me pagaran los 5 millones 750 mil pesos más IVA, y ahí moría la
cosa. De lo contrario tengo el contrato que oscila sobre los 9 millones de
pesos, más intereses moratorios. En un momento dado dije: más vale un buen
arreglo que un mal pleito, a pesar que nos dedicamos a litigar y que no le
tengo miedo, pues los contratos yo los hice.
La ley… y la gracia
El abogado afirma
que está decidido a cobrarle hasta el último centavo a si excliente y su
exigencia ya produjo una reacción: el pasado 31 de enero fue objeto de una
amenaza telefónica. Le advirtieron que de seguir ventilando el adeudo de
Vergara en los medios de comunicación podría sufrir algún tipo de accidente.
Por tal motivo, el
litigante presentó una demanda en la procuraduría local. “No sabemos de dónde
proceda la llamada telefónica ni estoy culpando a Vergara ni a su esposa ni a
sus elementos de seguridad; no los estoy señalando abiertamente. Pero hay
formas de determinar quién hizo la llamada y de dónde se hizo… Algunos amigos
me hicieron el favor de enviarme un escolta que me acompañe estos días mientras
vemos que el perro que ladró no muerde”.
–¿Quién es Jorge
Vergara?
–Es un chavo que
dejó la escuela a medias. Entregado, conoció bien las ventas, los problemas de
tratar de mantener una familia. Cuando empezó con su entonces esposa Maricruz y
sus dos hijos se las vieron muy difícil económicamente, a pesar de ser de clase
media alta con todas las relaciones del mundo. Como trabajador de Herbalife les
advirtió los errores que estaban cometiendo en México, y lo juzgaron: ‘este
muchacho no sabe’. Qué arrepentidos deben estar los fundadores de Herbalife,
porque su sistema de ventas con Omnilife le funcionó muy bien, y ahí están los
resultados.
El pasado 15 de
febrero, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa dictaminó que
Vergara no podrá hacer uso del nombre y las marcas del equipo de futbol Chivas,
restituidas al Club Guadalajara, A. C. –que preside Francisco Cárdenas–, ahora
único propietario de todos los derechos que se deriven de utilizar el nombre
del equipo.
“No creo que muchos
patrocinadores le entren ahora que Vergara no es dueño de la marca porque está
cancelada. Los magistrados dictaron una sentencia, que es inapelable, pero el
error de Jorge fue presentar una queja contra los magistrados, quienes
demostraron que actuaron apegados a derecho y que estaban dentro de sus facultades
para hacerlo. Y se acabó la denuncia.
“Yo le digo: ‘Jamás
te pelees con la cocinera, porque un día te va a pegar o te va a envenenar’. Y
en una ciudad como Guadalajara, donde todos nos conocemos, todos protegemos a
nuestros amigos magistrados, pues es mal visto que hayan presentado una queja
contra los señores, y sobre todo infundada. ¿Qué va a pasar al rato que los
magistrados tengan que revisar una sentencia?, pues dijera Benito Juárez: ‘a
los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas’. Y así va a
pasar”.
Según el litigante
“no es muy sano decir que por el hecho de que Vergara no me pague yo divulgue
secretos profesionales, porque no es mi estilo. Soy abogado, corredor público,
auditor del SAT, perito de la Suprema Corte y especialista en concursos
mercantiles. Vivo de la fe y la confianza, y no por quemar a un empresario mala
paga voy a perder el prestigio profesional. Pero todo es posible, todo tiene un
límite…”.
Y lanza esta otra
advertencia: “De entrada, no divulgaría cosas que puedan afectar a Vergara,
porque aún lo aprecio; de lo contrario ya le hubiera platicado cosas a la
asociación civil y con eso acabo con los juicios y con todo. No obstante, si no
me paga, pues un día me voy a olvidar de la ética, porque tenemos un convenio.
Él decía: ‘Los caballeros se dan la cara y se dan la frente’. El problema es
que no me ha dado la cara desde el día que firmamos el contrato”.
EL PAIS EDICIÓN
IMPRESA
REPORTAJE: El
combate al narcotráfico
México resiste
entre dos fuegos
La violencia del
narcotráfico tiende a estabilizarse por primera vez en 2011 - La guerra entre
el cartel de Sinaloa y los Zetas causa la mayoría de las muertes
LUIS PRADOS -
México - 05/02/2012
Durante los cinco
días empleados en la realización de este reportaje, más de 100 personas
perdieron la vida en México en incidentes relacionados con la narcoviolencia.
Estimaciones de prensa cifran en 960 los muertos el pasado enero, uno de los
meses más violentos en los últimos tiempos. El dato agranda la tragedia que
vive este país, donde la crónica roja sobre asesinatos, decapitaciones,
balaceras, sicarios, fosas, secuestros y víctimas desamparadas llena las
páginas de los diarios del mundo desde hace años. Una espiral de violencia sin
precedentes que parece alimentarse a sí misma hasta alcanzar proporciones de
epidemia.
La tasa de
asesinatos creció el 11% el año pasado, frente al 110% de 2007
La policía tiene
más medios y más cooperación de las agencias de EE UU
Sin embargo, los
últimos datos sobre la crisis de seguridad sugieren que el enfermo, aún muy
grave, comienza a dar síntomas de que resiste y de que quizá como dice
Alejandro Hope, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad y
del think tank México Evalúa, "el país haya alcanzado el punto máximo de
contagio". En 2011 el número de homicidios entre enero y septiembre, según
cifras oficiales, alcanzó los 16.603, elevando a 47.515 el total de muertos
durante lo que va de sexenio del presidente Felipe Calderón. Una cantidad
intolerable en términos absolutos, pero que podría esconder una tendencia en
términos relativos: la tasa de asesinatos vinculados al narcotráfico creció el
año pasado el 11%, frente a un incremento del 70% para el mismo periodo de 2010
con respecto a 2009, del 63% de 2008
a 2009 y del 110% de 2007 a 2008. Además,
ciudades famosas por su violencia como Juárez o Tijuana experimentaron
espectaculares caídas.
Hope apunta algunas
razones para explicar "el fin del crecimiento explosivo de la
violencia", como son la mayor capacidad del Gobierno -el presupuesto de
seguridad casi se ha duplicado y el número de policías federales se multiplicó
por seis- y mejor información sobre los grupos criminales gracias a la mayor
implicación de las agencias de EE UU; nuevos equilibrios en el mundo mafioso
tras el debilitamiento de varios carteles, así como una estabilización de los
precios de las drogas por la caída del consumo en el vecino del norte.
Alejandra Sota,
portavoz del Gobierno federal, añade otra de carácter más político: "La
movilización de la sociedad civil que ha presionado a los gobernadores de los
Estados para que busquen mayor cooperación con las autoridades federales".
"Ya no se puede decir que la violencia es una responsabilidad exclusiva
del Gobierno federal. Esta no es la guerra de Calderón, es la lucha por la
seguridad de los ciudadanos y requiere el esfuerzo de todos".
2011 deja otra
conclusión. El cartel de Sinaloa, predominante en el oeste del país, y los
Zetas, en el este, quedan como únicas organizaciones con capacidad para
exportar droga al norte, con infraestructura a nivel nacional y conexiones en
EE UU y en Sudamérica. La guerra entre ellos por la hegemonía en el negocio
genera una orgía de violencia -baste recordar el hallazgo de decenas de
cadáveres a plena luz del día en Boca del Río-Veracruz el pasado septiembre o
en el centro de Guadalajara en noviembre-, y de su resultado, según Eduardo
Guerrero, experto en narcoviolencia, "dependerá en buena parte la
evolución de la inseguridad en este semestre".
Ambas organizaciones
son muy diferentes. El cartel de Sinaloa tiene una estructura de clan familiar,
se ha dotado de una imagen empresarial y es considerado más sutil en el uso de
la violencia -frecuentemente filtrando a las autoridades el paradero de sus
rivales- que los Zetas, un grupo de origen militar, disciplinado y brutal en
sus acciones, que opera con un sistema de franquicias que permite a las células
locales un alto grado de autonomía.
La consultora
estadounidense Stratfor anticipa en su último informe que la guerra entre ambas
organizaciones aumentará la violencia este año en los Estados de Jalisco,
Guerrero y Michoacán y que "la única manera de que el Gobierno mexicano
pueda reducir la violencia a un nivel aceptable es permitir que uno de los
carteles llegue a dominar en todo el país o que Sinaloa y los Zetas alcancen
una tregua", lo que juzga improbable.
Eduardo Guerrero
afirma que la estrategia actual del Gobierno consiste, por un lado, en
concentrarse en los Zetas, a los que ve más dañinos, "lo que tiene el efecto
perverso de convertir a los de Sinaloa en cómplices estratégicos de las
autoridades", y por otro en golpear a las mafias locales y a los
remanentes de los antiguos carteles, "deteniendo a sus gestores
financieros o responsables de armas, pero no a sus capos, para evitar que su
caída genere más violencia".
La nebulosa de
organizaciones criminales crecidas a la sombra del narcotráfico, empeñadas en
dotarse de una reputación de violencia, es la otra parte de la ecuación de
inseguridad en México. Esa red de pequeños grupos mafiosos muy especializados
no tiene capacidad para trasegar con drogas, pero sí para crear caos mediante
la extorsión y el secuestro. "Se da el caso", asegura Guerrero,
"de gente que no espera a ser extorsionada sino que sale a buscar
protección". Hope apunta que esas bandas fueron las responsables del
pánico en Acapulco el pasado verano, "una amenaza terrible para sus
habitantes, pero no para la existencia del Estado mexicano".
El historiador
colombiano Marco Palacios, profesor en El Colegio de México, subraya que
"el negocio de las drogas no implica una espiral de violencia
necesariamente si está centralizado", como ilustran los casos de Turquía o
Tailandia, por donde circula una enorme cantidad de estupefacientes. En su opinión,
el narcotráfico se aprovechó del vacío de poder que se produjo al acabar la pax
priísta y debilitarse el poder central con la transición democrática tras el
fin de la hegemonía del PRI.
Palacios se
pregunta también cómo saldrá el Ejército mexicano de este trance. Actualmente
hay 45.000 soldados desplegados en esta lucha, una cuarta parte de su fuerza.
"Ahora es más consciente de su poder, tiene más recursos y conoce mucho
mejor el país. Contra su tradición, corre el riesgo de sudamericanizarse",
advierte.
México camina hacia
las elecciones presidenciales de julio y no hay experto que descarte en este
tiempo demostraciones de fuerza del crimen organizado, o que señale que la
estabilización de la violencia no significa caída. Pero al menos al enfermo no
le ha subido más la fiebre y el virus comienza a estar controlado.
EL PAIS EDICIÓN
IMPRESA
REPORTAJE: El
combate al narcotráfico
Intoxicados por la
violencia
La ola de crímenes
en muchas ciudades dispara la percepción de inseguridad
L. P. - México -
05/02/2012
"En Colombia
la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es casi el doble que la de
México. Sin embargo, acabo de pasar unos meses allí y el mensaje que parecen
sugerir el Gobierno y la prensa es que toda va bien. En cambio, llego a México
y a los tres días ya estoy intoxicado por la violencia", cuenta el
historiador Marco Palacios e investigador de El Colegio de México para destacar
cuán subjetiva es la percepción de la inseguridad y la responsabilidad de los
medios.
En Colombia el índice
de homicidios es casi el doble que el de México
Dos encuestas
publicadas esta semana ilustran la complejidad y las contradicciones en el
sentir de los mexicanos sobre su vulnerabilidad ante la violencia. El índice
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía referido a enero apunta un
ligerísimo aumento (inferior al 2%) de quienes sienten que su seguridad
personal ha mejorado respecto al mismo mes de 2011 y que una gran mayoría está
instalada en la idea de que para ellos las cosas seguirán igual. Por el
contrario, cuando a los encuestados se les pregunta por la seguridad en general
del país, el 11,6% considera que está mejor que hace un año.
El sondeo de la
consultoría Parametría subraya que el 59% de la gente se siente menos segura
que nunca en su barrio; un 79% piensa que su Estado no es seguro -en agosto de
2011 opinaban así el 93% de los consultados-, y el 90% que no lo es México.
Pese a ello, en los últimos 11 meses disminuyó 17 puntos la opinión de quienes
creen que el narco va ganando la guerra.
Podría decirse que
con la violencia ocurre como en la economía -la tendencia que marcan las cifras
macroeconómicas tarda en trasladarse al bolsillo de los ciudadanos-, pero en el
caso de México inciden en su percepción múltiples factores como su dispersión
territorial y que discurra por centros urbanos, su politización y visibilidad
mediática, la rapidez en el crecimiento de los asesinatos -"hace tres años
la tasa de homicidios en México era tres veces inferior a la de Brasil y hoy es
casi idéntica", recuerda el experto Alejandro Hope- y la propia dinámica
de las rivalidades entre los grupos criminales.
Casi una decena de
carteles operaban en 2006, pero varios están muy debilitados. Los más
importantes en la actualidad son:
Cartel de Sinaloa.
Dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán, el capo de capos, desde su espectacular
fuga del penal de Puente Grande en 2001. Está presente en al menos 16 de los 32
Estados mexicanos, y tiene conexiones con EE UU y Centroamérica. En 2004 afilió
a su organización como brazo armado al cartel de los hermanos Beltrán Leyva,
pacto que se rompió en 2008 dando lugar a una ola de violencia. En su guerra
contra los Zetas mantiene alianzas con los restos del cartel del Golfo, Los
Caballeros Templarios de Michoacán y el cartel de Jalisco Nueva Generación,
cuyos sicarios son presuntamente los llamados Matazetas, que actúan en
Veracruz. En 2011 ha
perdido a una decena de sus líderes.
Los Zetas. Fundado
por desertores de las fuerzas especiales del Ejército se unieron en 1999 al
cartel del Golfo. En 2008 declara la guerra a sus antiguos socios en Tamaulipas
y otros Estados. Desde entonces su crecimiento es espectacular. Operan en 17
Estados con fuerte presencia en el corredor del golfo de México. Dirigidos por
el exmilitar Heriberto Lazcano, El Lazca, son famosos por ensañarse con sus
víctimas. En 2011 perdieron a 17 jefes.
Los Caballeros
Templarios. Herederos de la Familia Michoacana, nacen hace 11 meses y dominan
en cinco Estados. Como sus antecesores, además de narcos pretenden ser un
movimiento sectario-religioso con influencia política. Son dirigidos por
Servando Gómez Martínez, La Tuta, maestro de escuela.
