Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS
PERIODÍSTICA ®
Domingo 12 de Febrero de 2012
SUPLEMENTO ENFOQUE DE REFORMA
Colaborador Invitado / De
las alianzas a la reunificación
Se idearon para frenar al
PRI y romper cacicazgos, pero la estrategia de alianzas PAN-PRD no llegó viva
al 2012
Colaborador Invitado
(12 febrero 2012).-
Fernando Belaunzarán
Consejero nacional del PRD.
No
los unió el amor sino la necesidad. Las alianzas electorales del PRD con el PAN
en 2010 se dieron para construir opciones competitivas frente a cacicazgos
estatales priistas que de otra manera heredarían el poder sin contratiempos. El
éxito que tuvieron llevó a pensar que se podría repetir la experiencia en la
elección presidencial y eso, como podía esperarse, entusiasmó a unos y asustó a
otros.
No
se trataba sólo de equilibrar el poder del cacique local. El clima político
desde el principio del sexenio de Felipe Calderón favoreció al PRI. Ese partido
supo capitalizar la polarización que se dio en el 2006 y que se extendió por
los muy cerrados y controvertidos resultados.
Si
Andrés Manuel López Obrador no se benefició del rápido desgaste del titular del
Poder Ejecutivo fue porque su estrategia para enfrentarlo lo desgastó también a
él y le generó, al igual que al PRD, un alto rechazo ciudadano. Las urnas
dejaron de ser la apuesta y algunos pensaron que podían provocar una aguda
crisis política por la presión popular y la descomposición institucional, y que
aquél resurgiría de ella como la única opción para recuperar la estabilidad en
el país.
Los
resultados para la izquierda de esa apuesta fallida están a la vista: el costo
electoral fue muy alto, perdió tres gubernaturas (dicho esto sin eximir de la
responsabilidad a sus gobiernos), se dividió y, junto con la decepción social
generada por la frustrante alternancia panista, preparó un terreno propicio
para el PRI. AMLO rectificaría radicalmente, pero en otra ruta, la de "la
unidad de las izquierdas", y una vez derrotada la "amenaza
aliancista".
La
herida abierta del 2006, acicateada constantemente como estrategia política,
hizo que la idea de la alianza fuera "anatemizada" desde el principio
por los sectores duros y presuntamente "puros", no obstante que
habían sido utilizadas en el pasado y que negarse a ellas condenaba a las
sociedades de esas entidades a la continuidad caciquil y favorecía el camino
del PRI a Los Pinos.
Jesús
Ortega y Manuel Camacho actuaron con audacia y valor al enfrentar presiones y
anatemas. De lado del PAN, los enemigos de las alianzas también tenían peso
específico, como Vicente Fox o Diego Fernández de Cevallos, pero no usaron las
plazas para tratar de reventarlas. No pocos comunicadores hicieron eco de la
especie de que eran "contra natura", como si eso pudiera existir en
política y como si no hubiera innumerables ejemplos en las democracias
consolidadas de coaliciones de ese tipo. En ese ambiente adverso se concretaron
las alianzas para enfrentar la continuidad priista en cinco entidades en el
2010 y tuvieron un éxito notable. Los ciudadanos las avalaron con el voto.
¿Por
qué en la elección más importante y estratégica, que era la del Estado de
México 2011, no se insistió en lo que había funcionado y se regresó al esquema
de la oposición dividida que presagiaba fracaso? Porque ésa definía, en buena
medida, la estrategia, y con ello la candidatura, de la elección presidencial.
El
PRI y Enrique Peña Nieto salieron fortalecidos de los comicios mexiquenses,
cuyos resultados siempre fueron previsibles al no haberse concretado la
alianza. A cambio, la izquierda ganó en unidad, pues al no conseguir la mayoría
calificada que se requería en el Consejo Nacional del PRD, los aliancistas no
tuvieron más que asumir la alternativa propuesta por López Obrador y Alejandro
Encinas: ir unidos, pero sólo con las izquierdas.
Cierto
que esa decisión significó un corrimiento hacia el extremo, pero Andrés Manuel
implementaría a partir de ahí un viraje brusco hacia el centro, enarbolando la
conciliación, comprometiéndose con la institucionalidad democrática, dejando
atrás el 2006, erradicando de su discurso las referencias a "mafias"
y "traidores"; en fin, adoptando mucho de lo que los
"anatemizados" "chuchos" le pedían, e incluso yendo más
allá. Ante la incredulidad de la opinión pública, convocó a construir una
"República amorosa", lo que llamó poderosamente la atención. Hizo su
aparición un "nuevo AMLO".
López Obrador tiene el reto de que le crean
sectores que todavía lo ven con recelo. Seguramente le ayudaría hacer explícita
la autocrítica que lo llevó a cambiar de estrategia con el compromiso de no
recaer en ciertas prácticas. Pero la unidad también le ayuda. En ese sentido,
el reencuentro con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es de gran trascendencia y
de seguro se sentirá positivamente en las tendencias electorales.
Twitter: @ferbelaunzaran
La
transformación no ha llegado
Reportaje
Alianzas PAN-PRD: un año. Acaban de cumplir un año en el cargo los gobernadores
emanados de las alianzas PAN-PRD del 2010. Sus resultados están muy lejos de
las promesas que hicieron para convencer al electorado de votar en contra el
PRI
(12 febrero 2012).-
A más de un año de que las alianzas PAN-PRD arrebataron al PRI los estados de
Oaxaca, Puebla y Sinaloa, las expectativas generadas por Gabino Cué, Rafael
Moreno Valle y Mario López Valdez se diluyen ante el incumplimiento de su
principal promesa de campaña: un cambio profundo en la forma de gobernar.
Impulsadas
por el presidente Felipe Calderón, el ex dirigente nacional del PAN César Nava,
el ex dirigente del PRD Jesús Ortega y el coordinador del DIA, Manuel Camacho
Solís, las alianzas se proponían como una opción viable para derrotar al PRI en
estados donde llevaba gobernando 80 años y, de paso, como la única alternativa
para frenar el avance priista acentuado con su triunfo en las elecciones
federales intermedias del 2009.
Las alianzas
ahondaron la ruptura entre el PRD y Andrés Manuel López Obrador, y provocaron
la renuncia de Fernando Gómez Mont a la Secretaría de Gobernación.
Tras su éxito
electoral, el 14 de julio de 2010 los gobernadores aliancistas firmaron el
documento "Por un pluralismo eficaz, transparente y justo, compromisos de
los gobernadores electos". En él, se comprometieron a erradicar la
repartición de cuotas como criterio para repartir cargos públicos, impulsar
agendas legislativas progresistas y una política social "de gran calado",
ejercer los recursos públicos responsablemente, ciudadanizar los organismos
autónomos y no criminalizar la lucha social.
El 1o. de
diciembre de 2010 tomó posesión Gabino Cué en Oaxaca, el 31 de diciembre asumió
Mario López Valdez en Sinaloa y el 1o. de febrero de 2011, Rafael Moreno Valle
en Puebla.
A un año de
distancia, y sin el apoyo institucional ofrecido en 2010 por las dirigencias
nacionales del PAN y el PRD, los nuevos gobernadores enfrentan la inercia de
los gobiernos anteriores. Las grandes modificaciones para combatir la
corrupción, el nepotismo y la impunidad no han ocurrido.
Aprendizaje costoso
Reportaje Alianzas PAN-PRD:
un año. Oaxaca: Gabino Cué. Sigue sin cumplirse la promesa de corregir el rumbo
tras las polémicas administraciones de los priistas José Murat y Ulises Ruiz
Martha Martínez
(12 febrero 2012).- Gabino
Cué cumplió su primer año de gobierno en medio de cuestionamientos por el
reparto de cuotas en su gabinete, la incapacidad para superar el conflicto
magisterial y la falta de acciones en contra del ex gobernador Ulises Ruiz.
Abanderado de la alianza
PAN-PRD, a la que se sumaron el PT y Convergencia, y casi al final de la
campaña también el Partido Nueva Alianza, Cué se comprometió a designar un
gabinete plural y profesional, ciudadanizar los organismos autónomos, ejercer
de manera responsable el presupuesto del estado y erradicar la impunidad; no
obstante, las expectativas generadas por sus promesas de campaña pronto
comenzaron a desvanecerse.
Férreo crítico de la designación
de amigos en puestos claves de la administración pública durante el gobierno de
Ulises Ruiz, el nuevo gobernador presentó un gabinete que se caracterizó por el
reparto de cuotas entre los grupos que lo apoyaron en su ascenso al poder.
Varios nombres ejemplifican
el pago de facturas: Benjamín Robles Montoya, ex líder local de Convergencia,
fue nombrado secretario particular, actualmente es precandidato al Senado;
Daniel Juárez, sobrino de Mariano Santana, dirigente local del PT, fue
designado secretario del Trabajo; Irma Piñeyro, ex candidata al gobierno local
por el Panal, ocupó el cargo de secretaria general de Gobierno y renunció tras
reconocer que carecía de título académico, y Gerardo Cajiga, ex oficial mayor
de la Secretaría de Gobernación cuando el titular era Diódoro Carrasco -a quien
se considera padrino político de Cué- fue designado secretario de Finanzas.
El gobernador tampoco
cumplió el compromiso de ciudadanizar los organismos autónomos; por el
contrario, recurrió a la práctica de casi todos los gobernadores priistas, de
colocar a aliados al frente de estos apoyándose en el Congreso local (en donde
los partidos de la coalición colocaron 24 diputados contra 16 del PRI).
En la Auditoría Superior
del Estado fue designado Carlos Toledo Altamirano, su ex secretario de
Desarrollo Social.
Como consejero presidente
del Instituto Electoral fue electo Alberto Alonso Criollo, pieza clave del
equipo de campaña.
Y Alfredo Rodrigo Laguna
Rivera, sobrino de Ericel Gómez Nucamendi, ex senador suplente de Cué, fue
designado magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal.
No obstante, es en materia
de impunidad en donde el gobierno aliancista registra su mayor deuda.
De acuerdo con cifras
oficiales, se han presentado 80 denuncias en contra de ex funcionarios públicos
del sexenio pasado, pero ninguna de ellas es en contra del ex gobernador Ulises
Ruiz, a quien la actual administración señaló como el responsable de un
desfalco de más de 4 mil millones de pesos.
En julio de 2011, la
secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich,
aseguró que las 29 auditorías realizadas al último ejercicio fiscal de la
administración pasada arrojaban elementos "más que suficientes" para
responsabilizar al ex gobernador de desvío de recursos.
Tres meses después, Cué
señaló que si bien las auditorías descubrieron anomalías en el uso del
presupuesto estatal, no se encontraron elementos para responsabilizar a Ruiz.
"De haber encontrado
elementos ya hubiéramos iniciado un procedimiento, y de ser delitos graves, ya
lo habríamos detenido", indicó.
Cifras dadas a conocer por
el gobierno local señalan que en lo que va de la presente administración han
sido amonestados mil 390 ex servidores públicos, 54 fueron sancionados
económicamente por más de 6 millones de pesos, nueve fueron inhabilitados y, de
ellos, cinco son buscados por la Policía Internacional.
Hasta el momento no hay un
solo detenido.
Conflicto magisterial
Aunado a la anterior, el
conflicto magisterial continúa latente. El 15 de febrero de 2011, casi tres
meses después de que el gobierno entró en funciones, la Sección 22 del SNTE
rompió el diálogo luego de que policías y maestros se enfrentaron en una
protesta por la visita de Felipe Calderón al estado.
En lo que va de la
administración de Cué se han llevado a cabo al menos 15 manifestaciones y
bloqueos. El paro de labores más largo se dio en mayo de 2011, cuando los
maestros paralizaron las 13 mil 500 escuelas de la entidad durante una semana.
El 7 de febrero pasado el gobernador y la sección 22 del SNTE presentaron el
documento Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca. El evento fue
interpretado como una posible solución al conflicto magisterial.
Gloria Zafra, politóloga de
la Universidad Autónoma Benito Juárez, explica que el primer año del nuevo
gobierno muestra que las alianzas no son fórmulas efectivas para impulsar
cambios.
"La fórmula de
gobiernos de alianza plantea muchos problemas, de entrada desde la composición.
La mezcla de actores, partidos políticos y asociaciones ya era una mezcla que
planteaba una tarea difícil para poder satisfacer todas las expectativas y para
poder superar las problemáticas que Oaxaca tiene y que son profundas",
señala.
La académica indica que el
gobierno aliancista colocó a personajes de diferentes filiaciones partidistas
en diversos cargos de la administración local, pero esto no se tradujo en una
mayor transparencia, un ejercicio más eficiente del gasto o una mayor
pluralidad en la toma de decisiones.
En opinión de Zafra, el
primer año de gobierno de Cué fue un aprendizaje costoso, porque después de la
expectativa generada tras su triunfo en las elecciones de 2010, los cotos de
poder y la falta de contrapesos a las decisiones del gobernador siguen siendo
una realidad para Oaxaca.
"Ha sido un
aprendizaje muy costoso, desearíamos que, efectivamente, se esté aprendiendo.
Va a tomar tiempo (el cambio en Oaxaca) eso lo sabemos, pero el riesgo es que
las tendencias de caer nuevamente en medidas de carácter autoritario están ahí
todavía y el reto va a ser erradicarlas", precisa.
Promoción e imagen
Reportaje Alianzas PAN-PRD:
un año. Puebla: Rafael Moreno Valle. El gasto excesivo en publicidad oficial y
su militancia panista caracterizan al gobernador poblano, que cumplió un año en
el cargo el pasado 1o. de febrero
Martha Martínez
(12 febrero 2012).- El 1o.
de febrero de 2011, al tomar protesta como gobernador de Puebla, Rafael Moreno
Valle aseguró que no encubriría las irregularidades del sexenio anterior.
Ante
Mario Marín, quien acudió a entregar la estafeta a la nueva administración, el
abanderado de la alianza PAN-PRD-Convergencia-Panal refrendó uno de sus
principales compromisos de campaña: investigar y castigar cualquier delito
cometido durante la administración que le precedió.
Un
año después, el góber precioso reapareció en público de la mano del
precandidato único del PRI a la Presidencia de la República, Enrique Peña
Nieto, y prácticamente absuelto por el actual gobernador, quien aseguró que no
cuenta con elementos para procesarlo.
Como
candidato, Moreno Valle acusó al priista de corrupto y se refirió a su círculo
más cercano como una "minoría que tuerce la ley"; no obstante, su
administración ha girado únicamente dos órdenes de aprehensión en contra ex funcionarios
de alto nivel.
Se
trata del ex secretario de Obra Pública Javier García Ramírez -actualmente
prófugo- y del ex secretario de Salud Alfredo Arango. Ambos enfrentan cargos
por enriquecimiento ilícito.
René
Valdiviezo, académico de la Benemérita Universidad de Puebla, afirma que el
tema de la impunidad se ha mantenido prácticamente intacto durante el último
año, de ahí que las órdenes de aprehensión de los dos ex secretarios se dieran
a conocer una semana antes de que el gobernador rindiera su Primer Informe de
Gobierno.
Gasto
en publicidad
Si
erradicar la impunidad del estado no es el sello característico del primer año
de la administración de Moreno Valle, el excesivo gasto en la promoción de su
imagen sí lo es.
El
gobernador poblano es comparado con Enrique Peña Nieto por su gasto en
publicidad oficial. De acuerdo con cifras oficiales, el mandatario superó a su
antecesor en este rubro.
Los
datos señalan que en 2010 Marín gastó más de 157 millones de pesos en
publicidad oficial; mientras que en 2012 Moreno Valle cuenta con más de 179
millones de pesos.
Dichos
recursos son sólo la punta de iceberg, pues el gobierno estatal clasificó como
reservada la información sobre los costos de las apariciones del madatario
estatal en diversos programas de Televisa y TV Azteca.
Además,
en los primeros cuatro meses de su administración, comprometió alrededor de 500
millones de pesos del erario público para asegurar 10 años de funcionamiento
del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, financió con 36 millones de
pesos Espacio 2011, evento promovido por Televisa, y anunció que Puebla sería
el patrocinador oficial de la expo de la Cámara de la Industria Nacional de la
Industria de Televisión por Cable, también auspiciada por dicha televisora.
Se
trata de eventos a los que asistió el gobernador y cuyas participaciones fueron
televisadas.
La
administración, más panista que aliacista, también ha tenido un sello represor.
El 23 de octubre de 2011, Pedro Barojas, ex edil de Palmar de Bravo y seguidor
de Ana Teresa Aranda, ex aspirante a la gubernatura del estado, fue detenido
cuando arribaba al Consejo Estatal del PAN.
La
orden de aprehensión fue emitida nueve meses antes, pero fue ejecutada una
semana después de que Aranda interpuso una demanda por amenazas en la cual
responsabilizó al gobernador.
En
marzo de 2011, un mes después de que tomó posesión el gobierno aliancista,
Andrés Manuel López Obrador llamó "mafioso" a Moreno Valle durante
una visita al estado. "Se fue el góber precioso y entró el góber mafioso",
señaló.
Un
día después, el mandatario emitió un comunicado en el que acusó a López Obrador
de "arropar causas ilegales" que carecen de soporte social. A partir
de ese momento comenzó el hostigamiento en contra de grupos que simpatizan con
el precandidato presidencial.
En
mayo la Policía Metropolitana reprimió con violencia a alrededor de 200
comerciantes que cerraron una calle aledaña a la Secretaría de Finanzas para
exigir la devolución de su mercancía.
En
octubre cuatro defraudados por inmobiliarias fueron detenidos y acusados del
delito de ataque a las vías generales de comunicación, luego de que cerraran
una calle cercana a la Secretaría General de Gobierno en demanda de ayuda.
En
noviembre, el gobierno del estado le negó la toma de nota al Sindicato Único de
Trabajadores del Colegio de Bachilleres, grupo al que López Obrador apoyó
públicamente.
El
gobierno de Moreno Valle tampoco ha podido erradicar el "amiguismo"
como principal criterio para designar a su equipo de trabajo.
Uno
de los casos más emblemáticos es el de Fernando Manzanilla Prieto, actual
secretario de Gobierno y cuñado del gobernador.
Otro
caso es el de José Cabalán Macari, secretario de Administración, primo del
diputado federal Jorge Kahwagi y amigo de antaño de Moreno Valle, con quien
formó parte de un grupo musical.
A
decir de René Valdiviezo, el primer año de gobierno de Moreno Valle ha sido
regular, pues a pesar de que comenzó a aterrizar promesas de campaña, aún falta
que sus acciones arrojen resultados.
"Si le quisiera poner
número a la administración de Moreno Valle le pondría un 7 o un 8, lo cual es
para mi regular, pero tengo que ser justo también al decir que me parece que
está iniciando las cosas, no sé si van a ser las adecuadas, pero las está
empezando", subraya.
El académico señala que
hasta ahora, el gobierno aliancista ha sido igual al de cualquier
administración priista en su primer año.
"Si comparo
exactamente este primero con el primer año de Mario Marín, tenía control de
todo el estado y había empezado obra por todo el estado, estaban exactamente
igual, después ya vimos en qué terminó lo de Marín", advierte.
Los
12 compromisos de la alianza
El
14 de julio del 2010 Gabino Cué, Mario López Valdés y Rafael Moreno Valle
firmaron el documento "Por un pluralismo eficaz, transparente y justo,
compromiso de los gobernadores electos", en el que se comprometían a
impulsar 12 acciones hasta hoy pendientes en sus administraciones.
OAXACA
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PUEBLA
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SINALOA
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1. Establecer gobiernos plurales, no de reparto de cuotas entre
las burocracias partidistas.
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No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
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No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
2. Conformar gabinetes con los mejores hombres y mujeres
independientemente de sus filiaciones partidistas.
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
3. Erradicar la criminalización de la lucha social.
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
No hay cambios importantes
|
No hay cambios importantes
|
4. Establecer una alianza progresista con el Congreso estatal.
|
Hay avances notables
|
Hay avances notables
|
No hay cambios importantes
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5. Ejercer los recursos públicos de manera transparente, austera
y responsable.
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No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
6. Ciudadanizar los órganos electorales, de derechos humanos y
de rendición de cuentas.
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
7. Establecer políticas sociales que atiendan el desempleo y la
falta de oportunidades para los jóvenes.
|
No hay cambios importantes
|
No hay cambios importantes
|
No hay cambios importantes
|
8. Establecer programas y presupuestos participativos.
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
9. Impulsar una política social de gran calado.
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
10. Impulsar la participación de mujeres y jóvenes.
|
No hay cambios importantes
|
No hay cambios importantes
|
No hay cambios importantes
|
11. Garantizar la participación de los más prestigiados
especialistas en los gobiernos de coalición.
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
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12. Convertir a los gobiernos de alianza en gobiernos de la
sociedad.
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No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
|
No hay cambios o los gobiernos aliancistas hicieron lo contrario
a lo que se comprometieron
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Nota: valoración realizada a partir del análisis realizado por Enfoque y de la opinión de especialistas Gloria Zafra, politóloga de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; René Valdiviezo, politólogo de la Universidad Autónoma de Puebla, y Arturo Santamaría, politólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Al estilo priista
Reportaje Alianzas PAN-PRD:
un año. Sinaloa: Mario López Valdez. 'Malova' cumplió el 31 de diciembre un año
al frente del gobierno, sin que hasta el momento se note un cambio a la altura
de la expectativa generada en su campaña
Martha Martínez
(12 febrero 2012).- En la
práctica, el gobierno de Mario López Valdez no es diferente al de sus
antecesores priistas, asegura Arturo Santamaría, académico de la Universidad
Autónoma de Sinaloa.
El
politólogo señala que si bien la nueva administración aportó cambios en la
administración local, como el arribo de partidos de oposición a secretarías
estratégicas -entre ellas Educación y Agricultura-, el gobernador aliancista
designó como sus principales operadores políticos a militantes del PRI, lo cual
recuerda que a pesar de que llegó al Ejecutivo estatal con los apoyos del PAN y
del PRD, su formación política está en el tricolor.
"Sus
principales operadores son de grupos priistas, incluso su secretario de
Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, no fue expulsado del PRI a pesar de que hubo
presiones, y ahora comienza a jugar un papel importante en el acercamiento (con
fuerzas políticas) en esta coyuntura de las elecciones presidenciales",
señala.
Al
inicio de su administración Malova aseguró que su gabinete no estaría integrado
por "cuotas ni cuates"; sin embargo, en la conformación de su equipo
de trabajo sobresalen tres grupos: el del ex gobernador Juan Millán; el del
senador Francisco Labastida, y el del empresario Javier Salido Artola,
propietario de medios de comunicación locales.
Resaltan
los casos de Juan Ernesto Millán Pietsch, secretario de Desarrollo Social e
hijo del ex gobernador priista Juan Millán, y el de Francisco Labastida Gómez,
coordinador general de Proyectos Estratégicos e hijo del senador Labastida.
La
conformación del gabinete fue criticada incluso por el ex presidente estatal
del PRD Ramón Lucas Lizárraga, quien advirtió que los nombramientos hechos por
el gobernador reproducían el nepotismo que las administraciones aliancistas se
comprometieron a erradicar.
"Se
privilegia el perfil político y se envían señales de nepotismo al entregar
puestos a hijos de ex mandatarios", reprochó.
Arturo
Santamaría indica que la actual administración no sólo se apoya en los viejos
cuadros priistas sino que también incurre en prácticas que, como candidato
aliancista, Malova recriminó a los gobiernos de ese partido.
Un
ejemplo es la compra de 90 patrullas por un monto de más de 50 millones de
pesos a favor de una empresa de Leonardo Félix, a quien se le conoce como
"el padrino empresarial" de Malova por aportar capital para el
establecimiento de sus negocios.
Otro
caso es el ejercicio de recursos públicos en acciones que no generan beneficios
para el estado. En su primer año de gobierno Malova rifó autos entre los
periodistas del estado para festejar el Día de la Libertad de Expresión; avaló
que sin licitación de por medio se adquiriera un avión de más de 1.8 millones
de dólares con el argumento de que la flota disponible ponía en riesgo su vida
y la de sus acompañantes, y pagó más de 4 millones de pesos para que jugadores
de la NBA acudieran al estado a dar dos exhibiciones.
Revancha
e impunidad
El
gobernador también inició una estrategia de hostigamiento en contra de quienes
manifestaron alguna crítica a su persona o a su gobierno.
En
julio de 2011, la Procuraduría de Justicia del estado aseguró que, de acuerdo
con declaraciones de Alejandro Carmona Hernández, alias El Chilango, presunto
miembro de la delincuencia organizada, en el rancho El Alacrán, propiedad del
ex presidente local del PRI Joaquín Vega Acuña, se llevaban a cabo reuniones de
grupos criminales. Días después el presunto delincuente rechazó las
declaraciones que se le atribuían.
La
acusación fue interpretada como una revancha del gobernador, pues en febrero de
2010, ante su inminente salida del tricolor, Vega Acuña, entonces diputado
local, dijo en tribuna que el PAN y el PRD andaban "buscando una migaja
del PRI", en referencia a la candidatura que en ese momento todavía no se
concretaba.
El
14 de junio de 2011, José Concepción Castro, ex rector de la Universidad
Autónoma Indígena, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial. Castro
es conocido en el estado porque en octubre de 2009, cuando Malova era senador,
le impidió la entrada a la universidad.
De
acuerdo con la información dada a conocer, la denuncia fue interpuesta por
Bernardo Cárdenas Cota, padre del subsecretario de Gobierno del estado,
Bernardo Cárdenas Soto, por el delito de falsificación de documentos en la
compra-venta de un departamento 14 años atrás.
Al
igual que los gobiernos en Oaxaca y Puebla, el de Sinaloa tiene una deuda
pendiente en materia de impunidad.
Según
el jefe de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, Juan Pablo
Yamuni, durante la administración del priista Jesús Aguilar Padilla se
detectaron irregularidades por más de mil millones de pesos.
Hasta
ahora siete ex funcionarios de las áreas de Salud y Fiscalización han sido
señalados como responsables de actos de corrupción y desvío de recursos
públicos; ninguno de ellos se encuentra preso.
A
decir de Arturo Santamaría, el primer año del gobierno de Mario López Valdez
pasó de la expectativa a la decepción, toda vez que la promesa de cambio
profundo en la forma de gobernar no se tradujo en hechos concretos.
"Fracaso
(del primer año de gobierno de Malova) sería un grado más fuerte de
descalificación, pero sí de decepción en cuanto a iniciar realmente un estilo y
un contenido de gobierno diferente a los anteriores, no favorecer a un grupo de
amigos, no favorecer a los familiares, hacer las cosas más transparentes, con
más eficiencia o acercarse más a la sociedad.
Diría que en este último año no ha habido nada nuevo", advierte.
'El resultado es positivo'
Reportaje Alianzas PAN-PRD:
un año. Manuel Camacho Solís: coordinador del DIA. El constructor de las
alianzas pide comparar los nuevos gobiernos con sus antecesores
Martha Martínez
(12 febrero 2012).- El
coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México, Manuel Camacho Solís,
asegura que el proyecto de los gobiernos aliancistas sigue en pie a pesar de
que los partidos políticos que los impulsaron actualmente se encuentran
confrontados de cara a la elección presidencial de 2012.
Considerado
uno de los principales impulsores de las coaliciones PAN-PRD, reconoce que el acompañamiento
de las dirigencias nacionales a los gobiernos de Gabino Cué en Oaxaca, Rafael
Moreno Valle en Puebla y Mario López Valdez en Sinaloa, se complicó porque cada
partido se encuentra inmerso en los comicios de julio próximo.
"Algo
que ha dificultado mucho las cosas es que como no hubo posibilidad de seguir
con las alianzas PAN-PRD, el PAN trata de jalar a esos gobernadores a su
cancha; el PRD trata de hacer lo mismo y los mismos gobernadores no se quieren
dejar atrapar ni por uno ni por otro. Además, están las presiones del viejo
arreglo priista que va a querer regresar con una revancha, entonces no es nada
fácil", precisa.
Camacho
Solís sostiene que a pesar de que la coyuntura actual impide nuevos arreglos
entre los partidos que se coaligaron en las elecciones de 2010; sus dirigencias
nacionales están conscientes de que una vez pasadas las elecciones
presidenciales deberán responder a las expectativas de la sociedad.
"Los
conflictos principales impiden que pueda haber otro tipo de arreglos en este
momento, pero la visión política nos lleva a todos a saber que una vez
concluida la elección todos vamos a tener que responder a lo que está esperando
la sociedad", advierte.
El
coordinador del DIA asegura que las alianzas fueron una estrategia sana porque
oxigenaron la política, establecieron contrapesos al interior de cada uno de
los estados e impulsaron mejores controles sociales.
En
este sentido señala que las alianzas deben analizarse a la luz de las
circunstancias que están enfrentando otros estados antes de aventurar
diagnósticos fatalistas.
"Les
diría (a quienes dicen que las alianzas no han funcionado) que yo entiendo que
hay intereses políticos de corto plazo y que es muy cómodo decir eso, pero
comparemos eso con el resto. No lo comparen contra un ideal, comparen lo que
está pasando en Sinaloa contra lo que está pasando en los estados del norte;
comparen lo que está pasando en la Oaxaca de Gabino con la Oaxaca de Ulises, en
ese sentido, los resultados son positivos", asegura.
Camacho
Solís advierte que una vez concluido el proceso electoral de julio próximo, los
partidos que conformaron las alianzas en 2010 deberán volver a sentarse a la
mesa a fin de hacer un balance honesto de los resultados obtenidos por sus
gobiernos y analizar la ruta a seguir.
"Una
vez que pasen las elecciones presidenciales hay que regresar a los estados y
hacer un balance honesto, de buena fe, ayudar a que se hagan las cosas que se
comprometieron y también, si hay alguien que sintió que es rey o monarca,
decirle que no lo ayudamos para eso", sentencia.
Década de oportunidades
perdidas
Ensayo Economía y política:
2001-2011. Con ingresos históricos por la exportación de petróleo crudo, México
no fue capaz de crecer al ritmo de otras economías latinoamericanas. Lo más
grave no está en esta serie deprimente de fracasos. Lo verdaderamente trágico
está en el desperdicio de los recursos y las oportunidades
Humberto Roque Villanueva
(12 febrero 2012).- Ex
senador de la República.
La
década de los ochenta fue considerada en el conjunto de países que integran
América Latina como una década perdida. Recordemos que el boom crediticio
originado en el reciclamiento de los petrodólares, que hizo la banca
internacional, terminó cuando el precio de diversas materias primas,
particularmente el petróleo, empezó a descender. Este proceso coincidió con la
más alta inflación que registraron países desarrollados, como el mismo Estados
Unidos que tuvo durante el periodo de 1979 a 1982 tasas muy altas. Consecuentemente,
las tasas de interés internacionales llegaron a ser de dos dígitos.
Evidentemente, todos los países que se habían visto beneficiados del boom
crediticio caerían en graves crisis financieras. Es oportuno recordar que fue
precisamente a principios de los ochenta cuando se puso de moda el término de
estanflación, que fue otra de las características de la llamada década perdida.
El
término se originó entre los estudiosos de la economía norteamericana y puso
fin momentáneo a la corriente keynesiana que aparentemente descuidaba la
inflación con tal de favorecer al crecimiento económico. El fenómeno, pues, nos
habla de una economía que podría estar sufriendo, al mismo tiempo, bajas tasas
de crecimiento y altas tasas de inflación. Este proceso fue particularmente
doloroso para los países de América Latina, que alcanzaron tasas un poco
superiores a 3 mil por ciento en Argentina y de casi el mismo rango en Brasil,
siendo para México el peor año, el de 1987, de prácticamente 160 por ciento de
inflación anual. Fueron los tiempos del Plan Austral para Argentina, del Plan
Bresser para Brasil y, en el caso de México, del Pacto de Solidaridad Económica
que se firmó en diciembre de 1987.
Independientemente
de las raíces del proceso económico de cada país latinoamericano, resaltan las
similitudes que tienen que ver con lo que hemos venido llamando la década
perdida de 1980 a
1989; además de lo señalado en materia de inflación, nuestros países también
sufrieron serias deficiencias en materia de crecimiento económico. Brasil, que
había tenido un comportamiento extraordinario con un crecimiento de 8.6 por
ciento en la década de 1970-1979, bajó a 2.3 por ciento, diez años después.
Argentina, a su vez, bajó de 2.7
a 1.0 por ciento en los mismos referentes, mientras que
México redujo su crecimiento de 6.4
a 1.4 por ciento.
Los
problemas de la deuda externa de las economías emergentes no se concretaron a
América Latina. Por ejemplo, la emisión de los bonos Brady, bonos denominados
en dólares estadounidenses y emitidos por un mercado emergente con la garantía
de bonos de cupón cero del tesoro de Estados Unidos, que surgieron como parte
de un esfuerzo en la década de los ochenta para reducir la deuda de los países
en vías de desarrollo, incluyó a países como Argentina, Brasil, Bulgaria, Costa
Rica, República Dominicana, Ecuador, Jordania, desde luego México, Marruecos,
Nigeria, Perú, Filipinas, Uruguay y Vietnam. Como se ve el problema que
resentimos de manera muy particular en América Latina fue también un fenómeno
que abarcó otras regiones del mundo.
Sin
embargo, para el caso de México, la verdadera década perdida se presenta de 2001 a 2010, donde ahora no
vamos acompañados por el resto de América Latina, que en estos años alcanzó
mejores cifras de crecimiento que México y obtuvo tasas declinantes en la
inflación al igual que nosotros.
En
esta década caímos del noveno al lugar catorce dentro de las economías más
grandes; de igual manera, hemos perdido 24 lugares en el índice de
competitividad que elabora el Foro Económico Mundial. Agreguemos que hoy hay 5
millones de mexicanos más viviendo en pobreza de los que había en el año 2000 y
que entre 2001 y 2010 se duplicaron tanto la tasa de desempleo general como la
de desempleo juvenil (la primera aumentó de 2.5 a 5.3 por ciento y la
segunda creció de 4.8 a
10 por ciento). En síntesis, en esta década, el crecimiento poblacional (1.7
por ciento) empató a la tasa de crecimiento del PIB, también del 1.7 por
ciento, nulificando cualquier posibilidad de mejoramiento de la población.
Ningún dato reflejaría mejor la tragedia de una década perdida.
Pero
lo más grave no está en esta serie deprimente de fracasos. Lo verdaderamente
trágico está en el desperdicio de los recursos y las oportunidades. Desperdicio
que se puede apreciar en el agotamiento del complejo de Cantarell, la reducción
de la plataforma de explotación petrolera y en la creciente importación de
gasolinas; y lo más grave, la pérdida parcial del bono demográfico que se
diluye en las altas tasas de desempleo y en el preocupante ascenso de la economía
informal.
Nunca
en toda nuestra historia económica habíamos dispuesto de tan ingente cantidad
de dólares, proveniente de la exportación petrolera a los más altos precios
internacionales del crudo; de las extraordinarias remesas de los mexicanos
trabajando en Estados Unidos y de la consistente corriente exportadora de la
planta industrial que fue madurando desde nuestro ingreso al GATT y la puesta
en práctica del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Nunca habíamos
disfrutado de las más bajas tasas de interés nacional e internacionales.
Compárece por un momento las tasas internacionales de los ochenta que fueron de
dos dígitos, con las cercanas a cero de la actualidad, con la consiguiente
ventaja en el pago de los intereses de la deuda pública externa y en la
reducción de la inflación doméstica.
Con
referencia a la disponibilidad de dólares se cumplió a la mitad el sueño de
López Portillo de administrar la abundancia, porque por primera vez en nuestra
vida independiente la necesidad de divisas para garantizar la compra de bienes
de capital e intermedios y, con ello, promover el crecimiento económico sin la
restricción tradicional en la cuenta corriente de la balanza de pagos, se
satisfizo en la década de 2001
a 2010. Estamos hablando que la suma de los ingresos
registrados en la cuenta corriente durante estos años registró una cifra de
2,632,066 millones de dólares que sumados a los datos de la inversión
extranjera directa y de portafolio, alcanza un monto cercano a los 3 billones
de dólares, prácticamente todo lo que producimos los mexicanos en tres años.
Por supuesto que la disponibilidad en los ingresos de la cuenta corriente tiene
contrapartida en los gastos; pero precisamente es ahí donde intervienen las
buenas políticas económicas que privilegien la inversión, favorezcan la
productividad en la estructura productiva y mantengan competitivo el tipo de
cambio. Esto, además de reconocer que miles de millones de dólares no tienen
contrapartidas como el caso de las remesas, y que su monto en un solo año
representa más que toda la deuda pública externa heredada del sexenio de Luis
Echeverría. Esta inyección al consumo de los pobres ha hecho más que todos los
programas de combate a la pobreza del gobierno federal. Sin embargo, ni esta
corriente unilateral de ingresos, ni la multiplicación por tres del Presupuesto
de Egresos de la Federación han logrado impactar significativamente en el
crecimiento del Producto Interno Bruto. Paradoja difícil de explicar la de que
a mayor incremento del gasto público correspondieron años de crecimiento
mediocre y, en algunos casos, negativo.
No
podemos desconocer el efecto de la crisis global iniciada en Estados Unidos a
partir del 2008, pero no deja de llamar la atención que fuimos el país de
América Latina que resintió con mayor profundidad los efectos de dicho
fenómeno. Tampoco podemos ocultar que en esta verdadera década perdida hemos
crecido a una tasa menor que el promedio de Latinoamérica.
Por
otra parte, a diferencia de los ochenta, cuando el precio internacional del
petróleo llegó en 1986 a
una cifra cercana a los 11 dólares por barril, en la década reciente el
petróleo mantuvo una tendencia alcista con precios sin precedente y solo en
2009 redujo ligeramente su cotización para recuperarla después a niveles superiores
de 100 dólares por barril. Sería extenuante continuar con los ejercicios
comparativos entre las dos décadas que hemos utilizado como referentes. Nos
queda la angustiante tarea de entender sin prejuicios ideológicos ni
partidistas el porqué de la tragedia de la década de las oportunidades
perdidas.
China y México: 40 años de
relación
Análisis Política exterior.
Los gobiernos panistas convirtieron la relación en un problema, en lugar de
aprovecharla como una oportunidad de crecimiento. Para el año 2003, China era
ya el segundo socio comercial de México; no obstante, los intercambios
comerciales eran completamente desiguales
Marusia Musacchio
(12 febrero 2012).- Maestra
en estudios asiáticos por la Universidad de Harvard.
Este
14 de febrero se cumplen 40 años de que México estableciera relaciones
diplomáticas con la República Popular China. En este periodo, China pasó de ser
una economía marginal a convertirse en la segunda potencia económica del mundo.
Durante el ascenso de China, la política exterior mexicana ha carecido de ideas
para enfrentar lo que es ya un nuevo plano geopolítico. Sin embargo, la
celebración de este aniversario debe servir como punto de partida para discutir
los alcances, oportunidades y limitaciones que el nuevo peso de China acarrea
para los intereses mexicanos.
El
inicio de las relaciones sino-mexicanas estuvo marcado por la cooperación. Luis
Echeverría, sin saberlo, le dio en 1971 un bono diplomático a México que le
duraría décadas. Ese año, ante la oposición del presidente estadounidense
Richard Nixon, Echeverría pronunció un emotivo discurso ante la Asamblea
General de la ONU para pedir que Taiwán, que en aquel momento era el
representante del pueblo chino en las Naciones Unidas, le dejara su asiento a
la República Popular China. La moción fue aprobada y, desde entonces, México
contaría con el agradecimiento chino.
En
términos concretos, de esa época lo más destacable fue el programa de becas
creado para entrenar estudiantes chinos en México y viceversa. Para los mexicanos
que peregrinaban a Asia, las clases iban desde mandarín hasta medicina
tradicional china, mientras que para los 110 chinos que pasaron por las aulas
de El Colegio de México su entrenamiento se concentraba en estudiar español,
historia de México y literatura iberoamericana. Sin saberlo, Alejandra Moreno
Toscano, profesora en aquellos años del curso de Historia de México, entrenaría
a la camada actual de embajadores chinos en América Latina, y en una de sus
clases Marcelo Ebrard, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México,
compartiría banca con el anterior embajador chino, Yin Hengmin (actualmente
embajador de China en Argentina).
De
1976 a
1990 los intercambios permanecieron cordiales, aunque limitados. Donde mejor se
reflejó la buena voluntad entre ambas naciones fue en el plano multilateral,
donde China apoyó los esfuerzos de México, durante los ochenta, para pacificar
los conflictos de Centroamérica y mostró su solidaridad ante la crisis
financiera mexicana.
El
fin de la Guerra Fría canceló la retórica tercermundista y le dio paso a los
intereses comerciales. Con la firma del Tratado de Libre Comercio, en 1994, las
manufacturas chinas comenzaron a inundar el mercado mexicano y, eso dio lugar a
que el gobierno de Carlos Salinas impusiera cuotas compensatorias de más de
1000 por ciento para juguetes, zapatos y vestimentas, sólo por nombrar algunos
productos. Desde entonces, el déficit comercial monopolizó el imaginario
colectivo en México, pero el oficio de los gobierno priistas ayudó a mantener las
discrepancias alejadas de la arena política. Sin embargo, el panismo terminó
con eso.
Apenas
siete meses después de haberse estrenado como presidente de la República,
Vicente Fox viajó a China, donde demostraría que su estatura era sólo física y
que en el plano diplomático no tenía talla alguna. Por ejemplo, cuando los
chinos llenos de orgullo le mostraron la firma de Echeverría en el libro de
visitantes distinguidos, él en vez de utilizar el capital diplomático heredado,
lo tiró por la borda al decirles que, al igual que México, ellos debían pasar
la hoja y dejar al priismo atrás. El detalle no fue bien recibido, al
contrario: en la próxima visita de alto nivel a México, los chinos eligieron la
casa de Echeverría como primera parada. El mensaje era claro: Beijing no
olvidaba a sus amigos.
Así
inició una serie de desafortunados intercambios que fue escalando a la par que
aumentaba el déficit comercial. Contrario a lo que sucedía en otras capitales
de América Latina, donde el ascenso de China representaba una oportunidad
económica, México experimentaba el progreso de China como una amenaza y los
políticos mexicanos expresaban su frustración en público.
Para
el año 2003, China era ya el segundo socio comercial de México; no obstante,
los intercambios comerciales eran completamente desiguales. En 2001, el
comercio total era de 4 mil 309 mdd; para 2005 la cifra casi alcanzaba los 20
mil mdd, de los cuales más de 17 mil mdd eran importaciones chinas a México. La
tendencia continuó creciendo y, para 2010, de acuerdo con el INEGI, China
exportaba a México 41 mil 695 mdd, mientras que sólo importaba 3 mil 655 mdd.
Esta asimetría le caló los nervios al foxismo, que acusó a los chinos de basar
su modelo en la exclusión de la mano de obra y de operar un régimen autoritario.
Por fortuna, Sergio Ley, embajador de México ante la República Popular China
hasta el 2006, hizo las labores que su puesto exigía y contuvo cualquier
querella diplomática.
Durante
el sexenio de Felipe Calderón, las relaciones sino-mexicanas atravesaron su
peor momento en mayo del 2009, durante la crisis de la influenza AH1N1. La
falta de cuadros diplomáticos preparados mostraron que las carencias del
calderonismo se extendían hasta China. En medio de la contienda electoral
actual, sin embargo, es importante resaltar que los gobiernos del Distrito
Federal y del Estado de México fueron capaces de desplegar una política hacia
China, si bien limitada, al menos con la intención clara de tomar al gobierno
de Beijing como un actor fundamental en el plano mundial.
La
directora para Asia y África del Gobierno del Distrito Federal, Tatiana
Alcázar, impulsó el hermanamiento entre Beijing y la Ciudad de México y le
ahorró a la capital un millón de dólares anuales al conseguir que el gobierno
de Sichuan, en el oeste de China, prestara un panda gratis para el zoológico.
Parte de los logros del GDF dependieron de la excelente relación que Marcelo
Ebrard tenía y tiene con la embajada china en México. Por ello, sería
imperativo que, de llegar a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador
utilizara las relaciones de Moreno Toscano y Ebrard para cambiar el tono tan
ácido que actualmente tienen los intercambios.
En
el caso del Estado de México, la iniciativa para acercarse a China partió de
Arnulfo Valdivia, coordinador para Asuntos Internacionales durante el gobierno
de Enrique Peña Nieto. Cuando en Beijing nadie recibía al embajador mexicano,
Valdivia tuvo el acierto de acercarse a la Embajada China en México y utilizar
el bono de Echeverría para organizar dos visitas oficiales. En ambas ocasiones,
los chinos le mostraron al PRI que aún recordaban aquel discurso ante la ONU y
le tendieron la alfombra roja al ex gobernador del Estado de México.
Josefina
Vázquez Mota sería, sin lugar a dudas, quien tendría más bagaje a cuestas. La
cancillería china se expresa en términos muy negativos de Jorge Guajardo,
actual embajador, así como de Miguel Barrio, cónsul en Shanghai hasta hace unos
meses. Por suerte, la llegada de Rolando García Alonso como nuevo representante
a Shanghai, le da al PAN una nueva oportunidad para demostrar que tienen
cuadros con oficio y vocación.
Pero,
gane quien gane, los siguientes años serán fundamentales para reconstruir una
relación que sufrió de manera innecesaria en este sexenio y, sobre todo, para
buscar beneficios de la relación con China. Habrá que intentar atraer
inversiones, vender alimentos al mercado chino y preparar a la siguiente
generación de sinólogos mexicanos. De no hacerlo, las cosas seguirán estando en
chino para México.
Amiguito elector:
La cultura política
(12 febrero 2012).- Ayuda a
la maestra Elba Esther a definir al cuarto candidato en la elección del próximo
1o. de julio. Tras una largo análisis de perfiles y trayectorias, el
departamento de investigación de Enroque elaboró una lista de suspirantes;
escoge uno y auxilia a Gordillo a tomar su mejor decisión.
JORGE
KAHWAGI
·Coherente
y articulado, siempre pulcro y fresco. Puesto y dispuesto a ponerse los guantes
con quien sea.
MARTA
SAHAGÚN
·Ama
de llaves en Los Pinos a lo largo de seis años, conoce perfectamente cómo
llevar esa casa.
DOCTOR
SIMI
·Igual
que la maestra, está al servicio de la humanidad; o sea, es lo mismo, pero más
barato.
FERNANDO
GONZÁLEZ
·Político
peculiarísimo, es de los pocos yernos que juran querer mucho a su suegra.
TU
PROPUESTA
·Si
sabes de algún mexicano dispuesto a ser alumno y candidato de la maestra,
apúntalo. Es su momento.
La cultura política
(12 febrero 2012).- Téngalo
presente
Photofest Querétaro 2012.
Primer Festival Internacional de Fotoperiodismo y Fotografía Documental en
México. Se presentan "Configuration" de VII Photo, las 50 mejores
fotografías de National Geografic y "Los grandes años 1926-1949" de
Manuel Álvarez Bravo. 13 a
19 de febrero. Informes: www.photofest.com.mx
Conferencias
Diversidad
y migración. Carolina Sánchez. Dentro del ciclo México, nación multicultural.
Miércoles 15, 17:00 horas. Casa de las Humanidades de la UNAM. Presidente
Carranza 162, Coyoacán. Informes: 5658 1121.
¿Por
qué importa la libertad económica? Sergio Sarmiento, Fred McMahon e Ian
Vázquez. Miércoles 15, 19:00 horas. Hotel Crown Plaza. Dakota 95, Nápoles.
Informes: 5550 1039.
Convocatorias
Defensa
y seguridad nacionales. Diplomado organizado por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM. Inicia el 17 de febrero. Informes: 5622 9470
ext. 1063.
Foros
Drogas:
un balance a un siglo de su prohibición. Organiza México Unido contra la
Delincuencia. César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso, Antonio Mazzitelli,
Eduardo Guerrero, Luis Astorga, Ernesto López Portillo, Jorge G. Castañeda,
Juan Pardinas, Jorge Hernández, Mark Kleiman, entre otros. Martes 14 a jueves 16, 9:00 horas.
Museo de Antropología e Historia. Informes: 5515 6759 y http://bit.ly/xmwpq5
Reflexiones
sobre la vida y los derechos de los pueblos indígenas en México. Elio
Masferrer, Leif Korsbaek, Hilda Ramírez, Omar García, entre otros. Miércoles
15, 9:30 horas. Cámara de Diputados. Informes: 5036 0000 ext. 57010. Programa:
http://bit.ly/wJbgtQ
Libros
La
Caravana del Consuelo, entre el dolor y el amor editado por Rocato. Ediciones
Clandestino. Compendio de textos y fotografías que recogen el dolor, la
denuncia y el testimonio de las víctimas de la lucha contra el narco.
La
infancia y la justicia en México. Elisa Franco Martínez del Campo, Margarita
Griesbach y Alejandro Rojas. Inacipe/ODI. Análisis del marco del Derecho
Internacional en relación con el acceso de los niños a la justicia.
Los
que llegan. Crónicas sobre la migración global en México de Víctor Núñez Jaime.
Debate. Investigación periodística basada en testimonios sobre los migrantes
que llegan al país en busca de oportunidades de empleo o en su tránsito a
Estados Unidos.
Los
ricos del gobierno. La costumbre de la corrupción de Luis Pazos. Temas de hoy.
El autor analiza las conductas corruptas que al repetirse en México se han
convertido en costumbre y señala las formas en que empresarios, líderes
sindicales y funcionarios públicos se asocian para la corrupción.
Presentaciones
La
mancha azul; del PAN al neoPAN y al PRIoPAN de Jorge Eugenio Ortiz Gallegos.
Grijalbo. Lorenzo Meyer, Olinda Ortiz, Jesús González Schmal y Bernardo Bátiz.
Miércoles 15, 18:00 horas. Club de Periodistas. Filomeno Mata 8, Centro.
Informes: 5512 8669.
Los
retos internacionales de México: urgencia de una mirada nueva coordinado por
Guadalupe González y Olga Pellicer. Siglo XXI. Rafael Fernández, Carlos
Heredia, Roberta Lajous, Leonardo Curzio y las coordinadoras. Jueves 16, 18:30
horas. Foro del Centro Cultural Bella Época del Fondo de Cultura Económica.
Tamaulipas 202. Hipódromo Condesa. Informes: 5276 7111.
Revistas
Este
País. No. 250. Valores ciudadanos. Carlos Álvarez, Guillermo Hurtado, José
Sarukhan, Miguel León-Portilla, Alicia Lebrija y Rafael Muñoz.
Letras
Libres No. 158. Enrique Krauze y Javier Sicilia dialogan sobre los defectos de
la democracia en México.
Zócalo
No. 144. Número dedicado al análisis del papel actual de las encuestas dentro
del proceso electoral. Con textos de Eduardo R. Huchim, Raúl Trejo Delarbre y
Gerson Hernández.
Seminarios
La
calidad y la democracia: un enfoque contractualista. David
Samuels, Allyson Benton y Joy Langston. Jueves 16, 13:00 horas. CIDE. Carretera
México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe
Si desea difundir alguna actividad de cultura
política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1841
Tal cual es...
JULIO SCHERER GARCÍA
En
su nuevo libro, Julio Scherer García utiliza las herramientas esenciales del
periodismo –testimonios, entrevistas, documentos– para explorar el
comportamiento público y la personalidad de Felipe Calderón. Con base
fundamental en una serie de esclarecedoras conversaciones con el exdirigente
panista Manuel Espino, la investigación periodística del fundador de Proceso
aporta elementos clave para entender los rasgos sobresalientes del hombre que
carga sobre sus espaldas una guerra de más de cinco años y más de 50,000
muertos: autoritario, ingrato, aficionado a la bebida, intolerante… Adelantamos
fragmentos representativos de Calderón de cuerpo entero, el libro que en días
próximos pondrá en circulación el sello Grijalbo de Random House Mondadori.
En
la batalla electoral de 2006, los negocios al amparo del poder, los pactos
ominosos, la alteración y la falsificación de documentos, las intercepciones
telefónicas, las calumnias, la difamación, las reuniones semisecretas, las
secretas, y los golpes bajos de la grilla, fueron temas que ocuparon hasta los
segundos de los medios electrónicos y los espacios arrinconados de las
publicaciones impresas.
En
los tiempos que corren se ha vuelto aún más apremiante ir al fondo de la
personalidad de los hombres y las mujeres del poder. Vicente Fox fue
desquiciante por su ignorancia y su afán aberrante por adornar a su esposa con
los atributos que podrían llevarla a la Presidencia de la República. El país
está hoy en juego y los imperativos por la verdad cobran el dramático acento de
un desolador clamor.
Por
estas razones no me sorprendió, pero me atrajo sobremanera, que un día llegara
a mi casa, silencioso, un documento insólito. Se trataba, en primer lugar, del
comprobante de una transferencia realizada a través de Banorte, por el concepto
de “pago de factura”, al beneficiario Hildebrando, S.A. de C.V. La fecha: 28 de
abril de 2006.
En
otra hoja destaca, en letras de buen tamaño, el nombre Hildebrando, sin
apellido. Se trata de una factura expedida por la compañía de Hildebrando Zavala,
cuñado del licenciado Felipe Calderón Hinojosa. En aquella época trabajaba al
frente de una empresa de informática.
A
la derecha del llamativo nombre y en caracteres pequeños consta la dirección de
la empresa Hildebrando, S. A. de C. V., sus teléfonos y asuntos menores. En
cuanto al uso que debiera darse al dinero, el concepto que anota el documento
es categórico y, en su brevedad, demoledor: “Captura de datos de simpatizantes
de candidatos de Acción Nacional”.
Por
último, la factura está marcada con fecha del 19 de abril de 2006, el número
022778, y señala un importe por 10 millones 434 mil pesos.
Las
sumas de rigor se consignan en el documento:
Subtotal: 10 434 000
IVA: 1 565 100
Total: 11 999 100
La
tercera página del documento muestra el logotipo del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) del PAN en lugar preferente. La fecha: 26 de abril de 2006. Se trata de
un oficio de la Dirección de Administración y Finanzas de Acción Nacional,
donde se suscribe al ingeniero Jorge Arturo Manzanera Quintana como solicitante
de un cheque por la cantidad de 11 millones 999 mil 100 pesos, que se
extendería a favor de Hildebrando, S.A, de C.V., por el concepto de “captura de
datos”. Además, se especifica el número de la propia factura que habría emitido
Hildebrando (022751), y en una línea se indica: “Con cargo a: DÍA ‘D’.” Al lado
de la firma del ingeniero Manzanera, se advierte el nombre de Arturo García
Portillo como el responsable de la autorización.
En
la actualidad, el ingeniero Manzanera –quien fuera secretario de elecciones
cuando Calderón fungió como presidente de su partido– conserva su calidad de
consejero nacional del PAN.
u
u u
Decidí
buscar a Manuel Espino, en aquel entonces presidente de Acción Nacional.
Concertamos una cita en un café de escasa concurrencia. Vi sus ojos, siempre
hay que mirar los ojos de los desconocidos, y empezamos a conocernos.
Le
hablé sobre los documentos en términos vagos, y en términos evasivos escuché
explicaciones que no me llevaban a ningún lado. No obstante, Espino era la
única persona a la que podía acudir con el propósito de conocer la naturaleza y
el valor de los papeles que habían caído en mis manos. Eje de la campaña
electoral que tuvo a Felipe Calderón Hinojosa como candidato, no habría secreto
mayor que pudiera escapar a su conocimiento.
Nos
reunimos una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vez. Un día, de
manera natural, Calderón fue el tema único. Espino me contó historias que lo
llevaron a decir que el presidente se había convertido en un ser “inescrupuloso
y perverso”. Por mi parte, no alteré mi manera de pensar: en este sombrío 2012
Calderón pagará por los inocentes y desaparecidos de la guerra que inició un
desventurado día de enero de 2007.
Sentí
que avanzaba en la confianza de Espino. Su lenguaje ganaba en claridad y
contundencia. Habló acerca de sus sentimientos y convicciones. Había
participado en una gigantesca operación para que Calderón ganara las
elecciones. Tuvo la certeza de que así cumplía con su deber como militante del
partido al que había entregado su vida. Acción Nacional era su casa, su
pertenencia, un hogar. Además, consideraba que habría sido impensable otro
presidente que no fuera Felipe Calderón Hinojosa. Como quisiera juzgársele, era
hombre de doctrina, la misma de la inmensa mayoría de los mexicanos.
El
tiempo, sin embargo, no creó alianza alguna con Espino. Al contrario, Calderón
se construía con lo peor de sí mismo: “Mentía, manipulaba, traicionaba. En
todos sentidos, empobrecía a la República”.
–Sí,
don Julio –dijo Espino después de un largo silencio que me produjo
expectación–, los documentos son auténticos.
u
u u
A
mis ojos, el asunto crecía. Andrés Manuel López Obrador había formulado una
denuncia contra Hildebrando Zavala.
El
6 de septiembre de 2006, Proceso publicó:
Diego
Hildebrando Zavala, cuñado de Felipe Calderón y socio con 18 por ciento de las
acciones de la empresa de software Hildebrando, S. A. de C. V., anunció anoche
que hoy demandarán por lo civil a Andrés Manuel López Obrador.
La
denuncia será presentada, argumentó Zavala, por el descrédito que el candidato
de la Coalición Por el Bien de Todos le ocasionó merced a la acusación que éste
hizo durante el debate televisado del martes. López Obrador sostuvo ese día
que, como secretario de Energía, Felipe Calderón benefició a su cuñado con
contratos por dos mil quinientos millones de pesos.
“Su
dicho me ha dañado a mí, a mi familia, a mi empresa, las relaciones con
clientes y con socios –aseguró Zavala–. A la fecha, el señor López Obrador no
ha demostrado su dicho ni se ha disculpado. Por eso la demanda será por daño
moral.”
u
u u
Algunos
panistas salieron a la defensa de Hildebrando y después el suceso aparentemente
se fue para abajo. Sin embargo, la herida nunca terminó de cerrar. El viernes 7
de octubre de 2011, el periódico Reforma publicó la siguiente información:
Un
día después de que Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios de
Monterrey, el presidente Felipe Calderón arremetió contra el tabasqueño.
Al
participar en un foro de la revista The Economist, en tono irónico, Calderón
insinuó que de cara a los comicios de 2012 hay un candidato que se considera
invencible, pero que a la postre ganará quien aparentemente tiene menores
posibilidades.
Luego
de que la sesión de preguntas le hiciera notar el caso de corrupción que
protagonizó su “cuñado incómodo” en la campaña de 2006, Hildebrando Zavala,
Calderón rechazó la “calumnia” que formuló entonces López Obrador.
“Con
absoluta transparencia –dijo Calderón– se ha demostrado que, apenas pasó la
campaña, no hubo nadie quien presentara absolutamente ninguna evidencia de lo
que fue una gran calumnia, absolutamente ninguna. De hecho, la acusación que se
me hacía es haber dado contratos, de manera indebida, a parientes míos, lo cual
fue absolutamente falso”, apuntó.
La
nota de Reforma también consigna que –en dicho del presidente– “Hildebrando
creó una pequeña empresa en su propia habitación y 10 años después había
crecido”.
u
u u
El
20 de abril de 2009, Manuel Espino envió una carta a su relevo en la jefatura
nacional del PAN, Germán Martínez Cázares. En la brevedad de tres líneas lo
conminaba a una reunión urgente. Se trataba de proteger la figura del
presidente de la República, en el remolino de sus propios desatinos: el dinero
entregado a Hildebrando Zavala y la violación a los principios de la equidad
electoral en 2006.
Escribió
Manuel Espino a Germán Martínez:
Germán:
Es
muy importante que platiquemos a más tardar mañana, martes 21; después sería
demasiado tarde para parar documentos originales que comprometen al presidente
y dan la razón a Andrés Manuel.
Anexo
copia de uno de los documentos en mención.
Manuel
Espino
Tan
sólo un día después, el 21 de abril de 2009, respondió Martínez Cázares:
Manuel:
Recibí
tu mensaje del día de ayer en el que anexas copia de una factura acompañada de
una amenaza. Como bien sabes, el gasto que ampara la factura se efectuó durante
tu presidencia y está ejecutado por quien fuera tu tesorero, miembro del Comité
Ejecutivo Nacional y actual candidato a diputado por la vía plurinominal.
Como
podrás entender –en tu calidad de presidente–, el presidente del PAN no puede
ni debe estar sujeto a ningún tipo de amenaza, ya sea por parte de sus
militantes o adversarios.
Respecto
a la reunión que solicitas, te comento que con motivo de tu mensaje, el único
encuentro posible entre nosotros se dará en las reuniones del CEN teniendo a
los integrantes de ese comité como testigos de calidad.
Sin
más por el momento,
Germán
Martínez [rúbrica]
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El
tema del gusto del presidente de la República por la bebida lo llevaba en la
mente y un día resolví abordarlo con Manuel Espino en el único lenguaje
posible: la franqueza. Antes, sin embargo, conversaríamos sobre la salud física
y mental de los predecesores de Felipe Calderón en el Poder Ejecutivo.
Pareciera que de todos ellos no se haría uno.
Adolfo
López Mateos había padecido un aneurisma que a menudo lo apartaba de su
trabajo, habitante único en un cuarto oscuro que mitigara el dolor de la
migraña. Humberto Romero, su secretario y amigo incondicional, velaba el sigilo
sobre asunto tan serio.
Gustavo
Díaz Ordaz finalmente cayó vencido por la matanza del 2 de octubre de 1968.
Embajador en España varios años más tarde, no resistió a los periodistas que lo
interrogaron en Madrid y tocaron el punto de la tragedia. Díaz Ordaz huyó de la
embajada, algún tiempo acéfala. Después fue huyendo de la vida.
A
Luis Echeverría lo extravió su megalomanía. Pretendió, en complicidad con el
presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, sustituir a Fidel Castro como
vocero de América Latina. Documentos desclasificados de la Casa Blanca muestran
sin retoque a un hombre hecho para la traición.
El
30 de junio de 1982, Día de la Marina, José López Portillo hizo burla de su
condición de presidente de la República y, convertido en fauno, persiguió a
Rosa Luz Alegría, toda de blanco y atractiva en el sudor que la bañaba. López
Portillo, atleta consumado, trataba su cuerpo como asunto de gobierno, alta
prioridad en la agenda cotidiana.
Miguel
de la Madrid gobernó con la flojedad de un hombre sin pasiones. Fue como el
agua que se evapora al sol. Decía que, ya como ex presidente, querría asistir a
los restaurantes como un sujeto bien visto, respetado.
A
Carlos Salinas de Gortari lo perseguirán por siempre el asesinato de Luis
Donaldo Colosio, a estas alturas enigma sin solución, y la faraónica fortuna de
Raúl, su hermano mayor. Por la fuerza de los hechos no podrá decir que dejó la
Presidencia con las manos limpias; tampoco olvidar que Colosio, efímero
candidato a la sucesión, dijo en su último discurso que México tenía hambre y
sed de justicia.
De
Ernesto Zedillo destaca su indiferencia por México.
Vicente
Fox, corrupto e impune, carga con el peso en toneladas del Chapo Guzmán. Las
puertas de la cárcel de Puente Grande le fueron abiertas al capo de par en par
y sólo faltó que lo despidieran con la alfombra roja que se estila en
circunstancias solemnes. Fox admitió el silencio cómplice de los miembros de su
gabinete de seguridad.
–Y
Felipe Calderón, don Manuel.
–Platiquemos.
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Me
pesa el lenguaje y las escenas que describe Espino sobre la mesa del
restaurante semivacío. Su relación con Calderón se fue degradando hasta el
rompimiento definitivo. Dice:
“El
gusto por la bebida es viejo en el presidente. Le ha hecho daño a él en lo
personal y al país. Voy a ocuparme con usted de hechos públicos. No se me
ocurriría mentir o difamar; mucho menos calumniar.
”En
mi condición de diputado federal [2002], se me presentó la oportunidad de
acceder a la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Al
aceptar el nombramiento, la diputada suplente tomó mi lugar. En ese entonces ya
tropezaba mi relación con Calderón. Sin embargo, él la complicó aún más al
divulgar falsas historias sobre mi persona. Un día decidí buscarlo en la Cámara
de Diputados. Lo confrontaría:
”–Estás
diciendo muchas pendejadas acerca de mi persona y eso no se vale –le dije–. No
quisiera faltarte al respeto ni que llegara el día en que tuviera que darte un
chingadazo.”
–¿De
qué asuntos se trataba? –inquirí con Espino.
“Calderón
aseguraba que yo cobraba en la Cámara de Diputados y también como secretario
general del partido. Le reclamé. Se sostuvo en su dicho. Le expliqué, pausado
hasta donde me fue posible.
”Mi
suplente era originaria de Ciudad Obregón, yo vivía en Hermosillo. Contaba con
una pequeña oficina y una secretaria. A mi suplente le pedí que le mantuviera
un sueldo por el tiempo que restaba del periodo legislativo, unos meses.
También le pedí que la ayudara con un boleto de avión al mes. Calderón llegó a
decirme que a la diputada suplente le aceptaba dinero de su dieta.
”También
decía que yo me promovía como posible coordinador parlamentario en la Cámara de
Diputados, en el caso de que él se lanzara como candidato al gobierno del
estado de Michoacán. El propósito me parecía claro: suscitar recelos, agitar la
grilla.
”Le
propuse que platicáramos. Me invitó a cenar a la Barraca Orraca, un restaurante
ubicado en Insurgentes Sur y Eje 5. Era cliente del establecimiento al que
asistía regularmente con sus amigos: Juan Camilo Mouriño, Alejandro Zapata,
Francisco Blake, Cuauhtémoc Cardona y Jordy Herrera.
”Instalados
en la Barraca, solos, pedimos, a instancias de Calderón, la primera bebida. Y
luego otra y otra. Yo le seguí el paso y le hice al valiente, pero no pude
alcanzar el mismo ritmo.
”Ahí
empecé con un reclamo: por qué hablaba de una novia que nunca existió. Me dijo
que había sido don Luis H. Álvarez el autor de la versión. Y remató:
”–Y
tú sabes que él tiene autoridad.
”–Ah,
lo dijo don Luis, pues ahora le reclamo por teléfono –y le dije a Calderón que
lo llamaría de inmediato.
”No
fue necesario. Me pidió disculpas y aseveró que un grupo de panistas platicaba
en una reunión donde participaba Luis H. Álvarez, pero que él nada había dicho
a propósito del asunto.”
Continuaron
los reclamos, apuntó Espino:
“–Tú
dijiste que yo pretendía ser coordinador parlamentario, que ambicionaba mucho
poder. Felipe, yo no dije eso.
”–De
buena fuente sé que lo dijiste.
”Cuando
la versión salió publicada en varios medios, hasta en Proceso, me parece, yo me
sorprendí. Llamé a Jordy Herrera, su agregado de prensa en el grupo
parlamentario, para indagar de dónde provenía la versión de que yo me apuntaba
como relevo de Calderón en caso de que fuera candidato al gobierno de
Michoacán. Herrera admitió que Felipe le había dicho que ‘soltaran’ la versión.
”–Fue
Jordy el que me lo contó, Felipe.
”–Yo
no le tengo confianza. Es un muchacho mentiroso.
”–¿Me
crees?
”Sin
más, le hablé a Jordy y le dije que en esos momentos me encontraba con Felipe,
quien reclamaba mi autopromoción en el PAN.
”–Jordy,
tú me dijiste que él te lo dijo. ¿Es así o no? –Jordy asintió–. Te paso a
Felipe por el teléfono.”
Continuaba
la discusión esa noche larga. Cuenta Espino que Calderón le dijo:
“–Como
secretario general del PAN has tratado muy mal a Margarita [Zavala].
”–¿En
qué consiste el maltrato? Siempre le doy su lugar. Ella es la secretaria de
Promoción Política de la Mujer. No tiene de qué quejarse.
”–La
tratas muy mal, eres indiferente. No le das apoyo.
”Discutíamos
otros temas y no sé a qué hora o cuánto tiempo después de nuestra última
discrepancia, llegó Margarita Zavala. Yo le había dicho a Felipe que ya era
hora de que nos fuéramos, pero él quería seguir bebiendo.
”Dijo
Margarita:
”–Felipe,
te he estado buscando. No te reportas, tu chofer me dice que no me puede decir
dónde estás. Lo forcé a que me diera tu paradero y por eso estoy aquí. Ya
habíamos quedado en que no ibas a tomar.
”–Perdóname
por haber venido a platicar con tu marido, Margarita. Ya hemos hablado. Te ofrezco
una disculpa, no era ésa mi intención.
”–No
te preocupes, Manuel.
”–Discúlpame,
pero ya estás aquí, Margarita. Felipe dice que yo te trato mal en el comité
ejecutivo del partido, que no te doy tu lugar, que no te apoyamos. ¿Te hemos
faltado en algo, Margarita?
”–¿De
dónde sacas tú eso? –Margarita voltea hacia Felipe y le dice–: ¿cuándo me he
quejado yo?
”Y
abandona el local.”
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”Ya
en la transición de un gobierno a otro, me invitó a comer Juan Camilo Mouriño.
Asistí a la cita con el doctor Enrique Navarro, secretario general de
Fortalecimiento Interno de Acción Nacional. El doctor Navarro formaba parte de
mi equipo en la dirigencia del partido.
”Mouriño
me dijo, sin esconder una sola palabra:
”–Nos
interesa la dirigencia del partido.
”–¿A
quiénes? –pregunté en el mismo tono.
”–Al
presidente, a nosotros, su equipo…
”–¿A
qué se refiere con eso de ‘nos interesa’?
”Me
explicó, claridoso:
”–Queremos
que el partido esté dirigido por una persona de nuestra confianza y te
proponemos que renuncies antes de la toma de posesión del presidente Calderón,
el primero de diciembre. Tú sabes que hay ciertas diferencias, no hay
entendimiento ni mucha confianza. Lo más sano es que Felipe Calderón inicie su
gestión con un presidente del partido de su confianza. Puedes irte como
embajador a España.
”–Dile
al presidente que no tienen de qué preocuparse. Yo les he mostrado el apoyo
institucional y desde el partido tendrán ese mismo apoyo en todo aquello que
sea para bien del país. En lo que no estemos de acuerdo, pues lo platicamos.
Ofrézcanme una embajada, si quieren, cuando yo termine mi periodo, pero no
antes, no ahora.
”Recibí
el primer ofrecimiento a través de Juan Camilo. A los pocos días vi a Calderón
en su oficina. Le dije:
”–Estoy
preocupado porque Juan Camilo me hizo un ofrecimiento e hizo explícito que era
a nombre tuyo.
”–Mira,
Manuel, entre tú y yo existe una relación como la que se da en un matrimonio
que ya no se entiende. Lo más saludable, llegado el caso, es el divorcio.
Entonces, cada uno sigue su camino. Pero el partido tiene que mantenerse muy
cerca del gobierno, plenamente coordinados los dos órganos.
”Calderón
continuó, sobradamente enfático:
”–Yo
necesito un presidente diferente, con el que sí me pueda entender, y tú y yo no
nos entendemos, Manuel.
”–No
nos entendemos en asuntos que a veces no van con la conducción democrática del
partido ni con sus principios. En lo que sea para bien del país y honre la
democracia del PAN, no vamos a tener problema alguno, Felipe.
”–Yo
necesito la dirigencia del partido y creo que vale la pena que tomes en cuenta
lo que te propuso Juan Camilo.
”–Juan
Camilo me hablaba sobre la embajada de España. Y me dijo: ‘Piénsalo, hombre,
puede ser esa embajada o puede ser otra. Felipe necesita la dirigencia del
partido’.
”Seguí,
con el énfasis ahora por mi cuenta:
”–No
es necesario que sigamos platicando. Yo ahora te digo que no, que voy a
terminar en la presidencia del partido.”
Espino
puntualiza:
“Las
reuniones que llegué a tener con Felipe Calderón, ya como presidente de la
República en funciones, ocurrían los lunes por la tarde. Así había quedado
establecido desde el tiempo de Fox. Su objetivo consistía en coordinar los
trabajos del gobierno con el partido.
”Fox
y Calderón tenían diferencias sustanciales. Fox planteaba las reuniones en
términos de la coordinación. Calderón, no. Él determinaba lo que debería
hacerse tanto en el gobierno como en el partido. Escuchaba poco.
”Supe
desde entonces acerca del carácter autoritario de Calderón y de su temperamento
hirviente. Solía regañar a algunos de sus colaboradores e imponer la agenda del
partido. Tuve la impresión de que le dedicaba más tiempo a las relaciones
personales que a los asuntos de Estado. Yo me acomodaba a su manera de ser pero
me resistía a la subordinación del PAN frente a Los Pinos.
”Ya
rumbo a la elección de gobernador en Yucatán, en 2007, Felipe Calderón me dijo:
”–Hay
que bajar a Ana Rosa Payán en su intención de ser candidata. Hay que pensar qué
pudiera interesarle; a lo mejor una subsecretaría de Estado o una dirección
general.
”Como
dirigente del partido, le dije que esa tarea a mí no me tocaba y no la iba a
cumplir. Razoné con palabras que me parecieron sobradamente claras: si Ana Rosa
Payán quería gobernar a su estado, estaba en pleno derecho de intentarlo y yo
no tenía por qué disuadirla. Si ganaba, bien, y si no, que los panistas
decidieran.”
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Felipe
Calderón Hinojosa tuvo la cercanía de dos personalidades recias y
sobresalientes: Luis Calderón Vega, el padre biológico, y Carlos Castillo
Peraza, el padre político. En el caso de Castillo Peraza, Calderón fue un mal
hijo.
Acerca
de este tema, central en la vida del presidente de la República, converso con
Luis Correa Mena, coordinador de la campaña de Castillo Peraza en la lucha
política por el gobierno del Distrito Federal en 1997. El encuentro tuvo lugar
en su casa, en Mérida. Hablamos frente a un flamboyán, encendidos los pinceles
del pintor, rojas las flores del árbol como las nochebuenas que invaden la
estancia, el comedor y un patio espacioso. Bebimos agua, diabético como es
Correa Mena, de peso completo, fuerte y gordo como un campeón que ya no
entrena.
Correa
se refirió en primer lugar a la relación de Calderón Hinojosa con Castillo
Peraza.
“El
trato que finalmente le dio fue indigno, injusto, inmerecido y mucho más.
Felipe debió haberle guardado respeto y agradecimiento por siempre. Tenía
muchas razones para que así hubiera sido, en el mejor sentido de las palabras:
la cercanía, el respaldo, la confianza, el apoyo, la promoción, la enseñanza,
la orientación, la guía. No creo que se deba tratar con faltas de respeto a una
persona que te da todo eso.
”Hubo
un texto de Felipe donde se burlaba de Carlos. Recuerdo que me lastimó
particularmente. Expresó que estaba haciendo un papelón por su manera de
comportarse y que ésta no correspondía a la estatura de un expresidente
panista. Felipe pretendía que Carlos actuara como él, que se condujera
exactamente igual que él.
”Tuve
la oportunidad, más de una vez, de incitar a la cordura a uno y a otro. Me
llevaba bien con los dos, les decía que eran amigos crecidos, y que si se
empeñaban podrían arreglar sus diferencias. Quienes los rodeábamos, entre
tanto, debimos mantenernos al margen de sus diferencias. El resultado final
terminó en el fracaso.”
–¿Por
qué?
–Carlos
muere sin haberse reconciliado con Felipe. Por su parte, Felipe, más allá de
los errores cometidos por Carlos, no tuvo la valentía o la grandeza para dar y
recibir un abrazo de reconciliación que le habría significado tranquilidad
luego de su muerte. En última instancia, se trataba del presidente del partido.
“A
la muerte de Carlos, todos atestiguamos la profunda tristeza que poseía a
Felipe. Se veía deshecho y su pesar, para mí, obedecía en parte al
remordimiento que lo calaba. En el funeral, a sabiendas de que algunos de
nosotros apenas podíamos hablar, nos pidió que, expuesto el féretro, montáramos
una guardia juntos. Me acerqué a Jesús Galván, su compadre, y le transmití el
deseo de Felipe. Montamos la guardia, hermanados de alguna manera con un padre
común.”
Sigue
Correa Mena, el tono bajo:
“No
me desdigo del mal trato que Calderón dio a Castillo Peraza, desastrosos los
resultados para él. Un hombre sin amigos es como un árbol sin hojas, sin ramas
renovadas ni flores. En su momento, el resentimiento personal con Felipe fue
tal que, habiendo sido yo uno de los promotores para que llegara a la
presidencia del partido y después de quedar sin cartera, simplemente le deseé
éxito y le dije adiós.
”–¿Cómo
que adiós? –respondió Felipe–. Si tú fuiste uno de los que me buscó para que yo
fuera candidato aquellos días en que los ojos estaban puestos en Ernesto Ruffo.
”Nada
dije y las cosas simplemente quedaron ahí.”
–Al
paso de los años, ¿lamenta usted la época vivida?
–Lamento
algunos sucesos que se desencadenaron. Pienso sobre todo en aquellos que
tuvieron que ver con la candidatura de Carlos para el gobierno del Distrito
Federal. Carlos resultó electo por la convención nacional que votó
abrumadoramente en su favor y 15 días después Calderón declaró: “Creo que nos
hemos equivocado de candidato”.
Me
limito a escuchar, detengo los ojos alternativamente en el rostro de Correa
Mena y la grabadora, incesante:
“Ahí,
en esa declaración, empezó el pesar de Carlos y el nuestro. A mí me sigue
pareciendo insólito, por decir lo menos, que un presidente nacional emita
semejante frase. Se trató de un error de kínder, elemental.”
–Corre
la versión de que al equipo de campaña de Carlos Castillo Peraza, el Comité
Ejecutivo Nacional del PAN lo dejó sin dinero.
–No
se trata de que le hubieran quitado el dinero, sino el control de los recursos
más importantes, los que se invierten en medios de comunicación, en propaganda,
en la elaboración y difusión de los spots. Personalmente le reclamé a Calderón
ese manejo, que me parecía equivocado. Le expresé que a nadie emocionaban los
mensajes y señalé un contraste: mientras la izquierda orientaba su campaña en
torno a la candidatura de gobierno del Distrito Federal, el candidato panista
debía someterse a los criterios del PAN nacional.
–¿Hasta
qué grado les afectó la declaración de Felipe Calderón?
–Si
yo no la olvido, si todavía me duele, no me atrevo a imaginar lo que Castillo
Peraza sentiría. Más aún, esos temas ni siquiera los tocábamos con él,
conscientes todos de la hondura de su herida. Si así marchaban los asuntos en
el orden interno y si al exterior tu presidente te cuestiona y dice que no eres
el candidato adecuado, de entrada te está dando un empujón, pero hacia un hoyo,
no para adelante.
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Hasta
el fin de su vida, Carlos Castillo Peraza confió en Francisco Barrio Terrazas.
Sin conocer su eclipse en la embajada mexicana en Canadá, decía Castillo que le
guardaba respeto. Alguna vez le escuché: “Si Barrio asciende a la presidencia
del PAN y toca el tam-tam, regreso al partido”.
Le
pregunté a Espino si, en circunstancias parecidas u otras, estaría dispuesto a
regresar a las huestes de su vida.
–No
lo sé. Castillo Peraza decía que él tenía vocación de político y no vocación de
arqueólogo. Yo pienso igual y sé bien que a mí no me gusta reconstruir ruinas.
Si se presentara la oportunidad de regresar, que podría ocurrir dentro de dos
años, a lo mejor ya sería demasiado tarde. Yo hice mi esfuerzo durante 33 años,
y construí cuando me tocó construir.
“Ya
en esta etapa de mi vida no quiero cambiar de profesión ni de oficio. Seguiré
siendo administrador y político. Si en dos años existe la posibilidad de
regresar al partido y participar en su reconstrucción, estaría dispuesto con el
mejor ánimo. Pero lo que no haré será perder tiempo en quejas y lamentaciones.”
–¿Alguna
vez usted fue llamado por el presidente Calderón para hablar acerca de la
guerra contra el narco?
–Sí.
–¿Antes
de declararla?
–Después.
Felipe Calderón no es de los que consultan antes de tomar decisiones. No es
así. Es de los que piden opinión respecto a sus decisiones una vez que han sido
implementadas.
“Calderón
le declara la guerra al crimen organizado la primera quincena de diciembre de
2006. Así lo dijo, aunque años después, ya padecidos sus estragos, quiso
retractarse afirmando que no era una guerra, aunque él la hubiera denominado de
esa manera.
”En
enero de 2007, siendo presidente de la Organización Demócrata Cristiana de
América (ODCA), hice una gira por Europa. Estuve en Madrid durante varios días.
Ahí, en el periódico La Razón, me preguntaron mi opinión respecto a la
declaración de guerra de Felipe Calderón contra los criminales. Dije lo mismo
que había dicho antes en México y en otros países. Aseguré que me sentía
orgulloso de tener un presidente valeroso, resuelto, que había tomado la
decisión de combatir con toda la fuerza del Estado a los criminales, y
ejemplifiqué con una comparación: ‘No es el presidente de México como el de
España, que aquí está negociando con los dirigentes de la ETA para dejar en
libertad a algunos terroristas. Allá en México no se negocia con criminales, se
les combate’. No dije más.
”A
los 11 días llegó el presidente Calderón a Madrid y un reportero del periódico
Reforma le dijo, malicioso: ‘Presidente, ¿ya se enteró usted de que Espino
estuvo aquí y le dejó la víbora chillando, criticó la política de seguridad de
Zapatero?’
”Cuando
Calderón pronunció su discurso hizo una alusión a mi persona sin pronunciar mi
nombre: ‘Yo no vengo aquí, como otros, a cuestionar la política de seguridad
del presidente de este país, yo la respaldo, la avalo’.
”Busqué
a César Nava, entonces secretario particular del presidente, le dije lo que yo
había declarado en Madrid y que no era correcto que hubiera dejado correr una
versión equivocada.
”El
día que volvió Calderón a México lo vi en Los Pinos. De inmediato le hice la
aclaración pertinente y me dijo que todo quedaba claro. Aproveché la
oportunidad del encuentro y le comenté que había un suceso que me preocupaba.
Hice hincapié en la acción que había seguido a la lucha contra el narcotráfico.
Así lo recuerdo:
“–Está
bien que decidas la estrategia que quieras seguir –le dije a Calderón–. Eres el
presidente de México. Es tu derecho. Pero deja que la implemente el secretario
de la Defensa o el de Marina, el procurador General de la República o el
secretario de Gobernación. Abre paso a tu gabinete de seguridad para que tome
el asunto en sus manos y le declare la guerra a los narcos.
”
‘Me preocupa que seas tú y que te vistas de militar, más todavía si envías una
señal para subrayar que personalmente te harás cargo de la estrategia en la
lucha contra el crimen organizado. Creo que como jefe de Estado tienes el deber
de tratar por igual otros temas, como la educación, el rezago social, el
crecimiento económico, la salud, y enfáticamente el de la seguridad.
”
’Por razones políticas, diplomáticas, sociales o coyunturales, convendría que
evitaras problemas que podrían sobrevenir en el futuro. Un día podría ser
necesario que bajaras la intensidad de la guerra y si así lo decides podrías
mostrarte débil frente a la opinión pública. En cambio, no te verás débil si le
ordenas al general secretario de la Defensa o a la persona que hubieras
designado para acometer la batida contra el narco que disminuyera su
intensidad.’
”Deseaba
verlo como jefe del Estado en plenitud.”
–¿Cuál
fue la respuesta del presidente a su planteamiento?
–No
me dijo nada.
No
se me ocurrió alguna pregunta pertinente, pero no hacía falta. Espino
prosiguió:
“El
presidente parece tener algún problema de audición. En las ocasiones en que
alguna persona le planteaba la revisión o la rectificación de su estrategia,
solía responder: ‘Me están pidiendo dejar de combatir a los criminales, me
proponen que cese en su persecución’.
”Hasta
el día de hoy no he escuchado a un solo mexicano que le pida dejar de combatir
al crimen. Lo que sí he escuchado es la sugerencia de que revise la estrategia,
pues ésta ha sido fallida.”
–¿De
qué manera se enteró usted del inicio de la batalla contra el narcotráfico?
–Leí
la noticia en los periódicos y la vi por la televisión.
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Estaba
empeñado en conocer al Felipe Calderón de los años que antecedieron a la
posición eminente que ocupa ahora. Recurrí a Alfonso Durazo, testigo en primera
línea del asesinato de Luis Donaldo Colosio, como su secretario que fue, y
autor de la carta pública que describió a Marta Sahagún como un ser deleznable
(5 de julio de 2004), lastimoso el desenfreno de su ambición personal.
La
vida cotidiana había sido el punto de partida de nuestra amistad. Con el tiempo
llegamos a la confianza mutua. Me dijo que el día de la protesta de Colosio
como candidato a la Presidencia, éste no permitió que Carlos Salinas de Gortari
conociera con antelación su mensaje a la nación. Para lograrlo, ordenó a Durazo
que enviara el texto histórico simultáneamente al Monumento a la Revolución –la
tribuna de Colosio– y a Los Pinos.
Para
Salinas el momento debió de haber sido terrible. Colosio, su hijo, así lo
llamaba Octavio Paz, sibilinamente hacía pública su desconfianza al padre. No
era para menos. Colosio habló contra el presidencialismo instaurado en el país.
Fue categórico:
Sabemos
que el origen de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del
poder que da lugar a decisiones equivocadas, al monopolio de iniciativas, a los
abusos, a los excesos… Reformar el poder significa un presidencialismo sujeto
estrictamente a los límites constitucionales de origen republicano y
democrático.
Enseguida
le propinó otro golpe a Salinas: “Yo veo un México con hambre y sed de
justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la
ley quienes deberían servirla”.
Secretario
particular y vocero del presidente Fox de 2000 a 2004, le pregunté a
Durazo:
–¿Cómo
era el Calderón que conoció usted, don Alfonso?
Se
detuvo un rato. Luego dijo:
–Es
coincidente la desmemoria de quienes lo tratamos desde Los Pinos. Nadie
recuerda un dato memorable de su paso por Banobras, la Secretaría de Energía y
los distintos gabinetes en que participó. Ni siquiera se recuerda su voz, algo
digno de retener en la memoria, no obstante los álgidos temas del momento, como
el desafuero de López Obrador. Se le recuerda más bien inactivo y silencioso.
Llegaba, tomaba su lugar, distante siempre del presidente Fox, instalaba su
computadora y empezaba a escribir, haciendo abstracción de la agenda que se
desahogaba.
“Recuerdo
con claridad un solo desencuentro.
”A
mediados de diciembre de 2003 recibí una llamada urgente de Felipe Calderón, en
ese entonces coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de
Diputados. Deseaba saber si el presidente Fox asistiría a la cena de fin de año
de los diputados panistas que se realizaría esa misma noche.
”Le
respondí que era la primera noticia que tenía sobre dicho evento y que en
consecuencia no estaba en agenda.
”–Lo
que pasa es que no le toma la llamada a mis colaboradores –me reprochó Calderón
con ánimo violento.
”–Mira
–le dije–, aun cuando ése fuera el caso, que estoy seguro de que no lo es, no
te permito el tono grosero.
”Un
día cualquiera, después de una reunión informal que había tenido Fox con
Calderón, me dijo el presidente:
”–Es
un tipo muy pesado.
”Pero
no sólo eso. No es casual –agrega Durazo– que los propios diputados que
coordinó Felipe Calderón en la Cámara Baja le hayan apodado el Erizo.”
Apenas
hay espacio para los silencios en el encuentro con Durazo. Suelto, dice:
–La
biografía política de Felipe Calderón lo ubica como un hombre desconfiado y
arrogante que subordina su inteligencia a lo visceral y a lo inmediato.
Contrario a la opinión pública de que es un hombre de “mecha corta”, siempre he
tenido la impresión de que no tiene mecha. Es un sujeto de temperamento
primario, se conduce por impulsos, no por razonamientos.
–¿Incapacitado
para el poder, don Alfonso?
–Ésa
es, ahora, la más evidente de sus numerosas limitaciones. Así, el futuro del
país quedaría atado a la capacidad de sus colaboradores. Pero los complejos de
Calderón le impidieron rodearse del talento de otros. Su equipo cercano,
íntimo, formado en la intriga, el cotilleo y el sensacionalismo político, ha
vivido siempre inmerso en la política pequeña, en la política de pasillos y
oídos… la ausencia absoluta de grandeza.
Ya
en la despedida, Alfonso Durazo se duele de sus propias palabras:
–Algo
estamos haciendo mal en nuestro país cuando un político intolerante, inexperto
y explosivo se puede colar hasta la Presidencia de la República.
Presente, Solá, el de la
guerra sucia
ÁLVARO DELGADO
A
las 19 horas con 50 minutos del domingo 5, media hora después de que Felipe
Calderón se comunicó telefónicamente para felicitarla por su triunfo, en la
escalinata de la casa de campaña apareció, exultante, Josefina Vázquez Mota.
La
flanqueaban Roberto Gil Zuarth, coordinador de su precampaña, y un personaje
que hasta entonces no había aparecido públicamente: Antonio Solá Reche, el
consultor político que, seis años antes, acompañó en esa misma casa de la
colonia Del Valle a Calderón como ganador de la candidatura, sólo que entonces
era un desconocido y no era todavía mexicano.
Solá
Reche, con una sonrisa permanente, se colocó en la primera fila de los
colaboradores de Vázquez Mota, entre ellos Jorge Ramos Hernández, el
coordinador de las redes que movilizó la estructura para asegurar la victoria
en la primera vuelta.
Y
más tarde fue de los pocos acompañantes de Vázquez Mota a la sede del CEN del
PAN para la reunión privada que sostuvieron ella y sus rivales, Ernesto Cordero
y Santiago Creel, con Calderón, quien ya no participó en el festejo en el
auditorio Manuel Gómez Morín, donde los josefinistas se regodeaban de su
triunfo.
Alto
y barbado, sonriente y locuaz, Solá Reche se movía entre los panistas
congregados en el salón como lo hizo hace seis años y, como entonces, no tiene
duda de que la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) ganará.
En
una breve charla con Proceso, el español naturalizado mexicano asegura que,
tras el proceso interno, Vázquez Mota se irá al alza en las encuestas, como
cuando Calderón venció a Creel: “Ganaremos por lo menos por cinco puntos”.
Desdeñoso
de las irregularidades en el proceso y la jornada electoral, en especial la
entrega de despensas, Solá Reche sólo piensa en que Vázquez Mota ganará: “La
veo ganadora, sin lugar a dudas. Ahora hay que correr la campaña”.
–¿Va
a recurrir, otra vez, a la estrategia de la guerra sucia?
–Las
estrategias no se dicen. Eso se lo aprendí mucho a Calderón.
–No
la descarta, entonces.
–Las
estrategias no se dicen. Simplemente se hacen.
–Insisto:
¿va a recurrir a la guerra sucia?
–Ya
platicaremos.
Solá
Reche es uno de los colaboradores más polémicos de Vázquez Mota, pero a él le
debe las conexiones que al más alto nivel ha tejido ésta en España, en especial
con el flamante jefe de gobierno, Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular
(PP).
Fue
la única mexicana que, el domingo 20 de noviembre, felicitó personalmente a
Rajoy por su triunfo en las elecciones de España, donde presentó su libro
Nuestra oportunidad. Un México para todos, y se promovió en medios de ese país.
De
hecho, en una entrevista con el diario conservador El Mundo, publicada el 22 de
noviembre, Vázquez Mota mostró su afinidad con el actual jefe de gobierno
español: “Me veo como Mariano Rajoy, pero en México”.
El
símil es poco afortunado para Vázquez Mota: Rajoy ganó el gobierno español sólo
hasta el tercer intento, y en el segundo, en las elecciones de 2008 ante
Rodríguez Zapatero, el estratega fue Solá Reche.
Este
consultor le hizo repetir al candidato del PP frases como “Zapatero es un
peligro para la economía” o “Zapatero es un peligro para las familias”, el
mismo mensaje catastrofista de “López Obrador es un peligro para México”.
El
consultor español es el autor del lema de la campaña de Rajoy en 2008¸ “Con
cabeza y corazón”, una derivación de la frase “Mano dura, cabeza y corazón” que
le recomendó usar al exgeneral Otto Pérez Molina en su campaña por la
presidencia de Guatemala, en 2007, que perdió en segunda vuelta.
Solá
Reche volvió a ser asesor de Pérez Molina en la elección presidencial que ganó,
el año pasado, ante Manuel Baldizón, a quien el exgeneral espetó: “Lo digo con
mucho respeto, como el señor (Baldizón), un populista, un peligro para
Guatemala. Eso lo digo a título personal”.
Viajero
permanente por las asesorías que imparte a políticos de América Latina, sobre
todo de derecha, Solá Reche está contento por estar en la campaña presidencial
del PAN, aunque se queja de que se le asocie a las estrategias de guerra sucia.
“Tú
me has hecho la fama”, le reclama al reportero, entre broma y en serio, pero ni
en el equipo de Vázquez Mota goza de total respeto, sobre todo porque fue quien
le recomendó, en su primer discurso, lanzarse contra Enrique Peña Nieto.
Ni
siquiera está aún definido su papel en el equipo de campaña de la candidata
presidencial del PAN, según el flamante coordinador de medios de comunicación,
imagen y marketing político, Julio di Bella.
–¿Solá
será un elemento clave en el equipo de campaña? –se le pregunta.
–No
lo sé, es decisión de la candidata. Ella tendrá que definir. Mi responsabilidad
es la coordinación de medios de comunicación, de imagen y marketing político,
soy el coordinador general y a nosotros nos corresponde trazar las estrategias.
–¿Está
pendiente definir cuál será la función de Solá?
–Tanto
de él como de otros asesores externos que podemos llegar a considerar en su
momento.
Hace
apenas dos semanas, el 25 de enero, Juan Ignacio Zavala, coordinador de mensaje
de Cordero, aseguró al diario La Jornada que Solá en realidad no fue el autor
de la frase de “López Obrador, un peligro para México” en la campaña de 2006.
“Él
se la apropió y se ha hecho un mito”, afirmó Zavala, quien dijo que la idea
nació en el “cuarto de guerra” de su cuñado Calderón, en 2006, y se le
encomendó a Solá ejecutarla en los promocionales contra el candidato de
izquierda.
“Él
se apropió de eso. Quienes nos dedicamos a la política no andamos vendiendo
nuestros conocimientos de campaña y ese es el trabajo de él. Esa es la
diferencia”, dijo Zavala a la reportera Claudia Herrera.
Solá,
sin embargo, aparece en el equipo ganador de Vázquez Mota, al que se sumó
después de que Javier Lozano declinó su aspiración presidencial, pero, a
diferencia de 2006, es ahora un ciudadano español naturalizado mexicano,
gracias a las gestiones de Calderón.
En
efecto, tal como lo publicó Proceso, en mayo de 2009, con el objetivo de evitar
escándalos por participar en asuntos mexicanos como extranjero, algo que
prohíbe la Constitución, Solá se naturalizó mexicano cuatro días después de que
Calderón asumió el gobierno: el 4 de diciembre de 2006.
La
reportera Jesusa Cervantes obtuvo un oficio, fechado el 5 de diciembre de 2006,
que el subsecretario de Población Migración y Asuntos Religiosos de la
Secretaría de Gobernación, Lauro López Sánchez, envió a César Nava Vázquez,
entonces secretario particular de Calderón.
En
ese documento –con copia al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña–
le informa que el trámite concluyó de manera exitosa.
En
el oficio se adjuntó la carta de naturalización 0029065 con expediente de
referencia ASI/5212/ESP1/0064553/06, en el que Solá manifiesta que nació el 14
de enero de 1972 en Terrassa, Barcelona, Reino de España, que su padre es
Antonio Matías Solá Ortigosa y su madre Josefina Reche Carricondo, y que su
cónyuge es Laura Gómez Padilla.
Ese
mismo documento refiere que la carta se otorgó el 4 de diciembre de 2006,
aunque fue un día después cuando se le notificó del trámite concluido al
secretario particular de Calderón…
La huella fraudulenta de
Josefina en Sedesol
MARCELA TURATI
En
2006, cuando Josefina Vázquez Mota estuvo al frente de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol), se cometió un millonario fraude con los fondos del
Programa de Vivienda Rural, que beneficiaría a cerca de 5 mil 500 familias. Los
partidos crearon al vapor organizaciones fantasma y apuntaron a los presuntos
beneficiarios, pero lo cierto es que los recursos se destinaron a las campañas
electorales de ese año, incluyendo la de Felipe Calderón. Y aun cuando diversas
autoridades detectaron las anomalías, que implicaban a la hoy virtual candidata
del PAN a la Presidencia de la República, las indagatorias jamás prosperaron.
“Dijo
el señor que vino hace cinco años que habrá que esperar a que nos den la casa
porque dijeron que lo habían robado; quién sabe quién lo robó, pero aquí
seguimos esperando”, explica, desde la caseta telefónica de su pueblo, el
campesino mixe Fidel Rojas, sostén de una de las miles de familias damnificadas
por el fraude del Programa de Vivienda Rural, de la Secretaría de Desarrollo
Social, en 2005.
El
programa, en vez de beneficiar a los sin techo más pobres, fue canalizado hacia
las campañas políticas de 2006.
“Apenas
construimos. La casa que tenemos la hice con mis propias manos. Construimos
así, a poquito, trabajando en el cafetal y de chalanes”, explica Fidel. En la
línea apenas se distingue su voz. Atrás se escucha la discusión, en mixe, que
sostienen los funcionarios municipales de Ixhuatlán de Madero sobre la faena
comunitaria del día siguiente en los cafetales.
Fidel
y su esposa Donata trabajaron seis años para construir el cuarto de adobe donde
viven con sus dos hijas, lo que les permitió deshacinarse de la casa del
suegro. Fantasean con que algún día volverá el señor que les prometió una casa
de material, de esas con cemento colado, grava y tabiques.
Donata
Robles López aparece en el padrón que en 2005 presentó la Federación Nacional
de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, AC (Fenpa), ante la
Sedesol para tramitar, a través del diputado panista José Luis Preciado,
recursos del Programa de Vivienda Rural (PVR) que nunca llegaron.
Preciado
no fue el único legislador tramitador; formaba parte de una camada de
legisladores panistas de Sonora, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y Puebla que
aprendieron a ordeñar los programas sociales.
Las
reglas de operación de Vivienda Rural fueron modificadas justo un año antes de
las elecciones de 2006, cuando Josefina Vázquez Mota era titular de la Sedesol.
Los cambios permitieron entregar recursos a las organizaciones campesinas que
los legisladores de cualquier partido solicitaran.
A
inicios de 2006 comenzaron a publicarse pruebas contundentes según las cuales
legisladores panistas habían creado empresas fachada –dirigidas por sus
secretarias, choferes u operadores– para desviar el dinero del programa de
vivienda a sus campañas. Según el denunciante principal, Arnulfo Montes Cuen, titular
de la Fenpa, esos recursos llegaron a la campaña del mismo Felipe Calderón,
candidato a la Presidencia de la República, campaña de la cual era coordinadora
la propia Vázquez Mota.
Sin
embargo, la denuncia penal 62/UEIDCSPCAJ/2006, presentada ante la PGR contra
Vázquez Mota; contra su sucesora en la Sedesol, Ana Teresa Aranda; contra sus
subalternos y un par de legisladores, fue desechada. La Fiscalía Especializada
en Delitos Electorales tampoco consideró que hubiera delito en lo expuesto en
los expedientes AP/FEPADE/048/2006 y 368/2006.
Al
interior de la Sedesol tampoco pasó nada. Y aun cuando la contraloría de la
dependencia integró un expediente de seguimiento de responsabilidades
(SI/035/06), no se aplicaron sanciones legales a ninguno de los involucrados.
Por
su parte, la Auditoría Superior de la Federación, al revisar la cuenta pública
de 2005, sólo encontró sancionables a dos agrupaciones campesinas que
incumplieron con los campesinos, pero exoneró a los funcionarios que, aun
cuando no cumplieron las reglas, les soltaron el dinero. Algo más: el
responsable del programa en tiempos del fraude, Isaac Rojkind Orleansky,
actualmente trabaja en una dirección de esa Auditoría.
Así
se cerró la pinza del fraude más documentado que arrastra la virtual candidata
presidencial del PAN. El PVR fue considerado “la caja chica” de los panistas en
campaña, aunque el fraude salpica a todos los partidos políticos.
Cola
larga
La
indígena Benita Sánchez Pérez era otra de las beneficiarias de vivienda en
Quetzaltepec. Su comunidad, de menos de 5 mil habitantes y considerada de
altísima marginación, cumplía con todas las condiciones para la recepción de
apoyo. Según documentos que conserva la reportera, debieron entregarle material
para construir un cuarto de 4×4 metros con techo de lámina.
Ante
la Sedesol, la organización Huehuetépetl Comunitaria documentó que a Benita le
dieron 10 mil 791 pesos; en otro recibo se descubrió que pretendían darle sólo
5 mil 651 pesos.
Al
igual que Benita, 5 mil 437 familias que habían tramitado paquetes de apoyo a
través de Fenpa también fueron defraudadas. El monto de los recursos aprobados
era de 50 millones de pesos, que fueron desviados a Huehuetépetl, integrada por
el candidato a diputado panista Benjamín Chacón, quien fungió como enlace del
diputado Preciado ante la Sedesol. En San Martín Texmelucan, Puebla, también
hubo denuncias en su contra.
El
fraude se descubrió a raíz de que Montes Cuen –representante legal de Fenpa y
contratado por el PAN por ser un experto “tramitólogo” de programas para el
PRI– presentó una acusación ante la Sedesol por el despojo de 55 millones de
pesos que debían haberle otorgado para viviendas pero que, de última hora, se
canalizaron a Huehuetépetl, una organización fantasma creada por los panistas.
Con
oficios, copias de movimientos bancarios, fotografías y expedientes, el
denunciante exhibió a un grupo de legisladores federales y locales panistas de
17 estados que se convirtieron en gestores de recursos ante la Sedesol,
dependencia que debió haber atendido 5 mil 437 solicitudes de casa. Incluso,
comenta que días antes de que la secretaría abriera la competencia por los
recursos para vivienda se creó Fenpa con el propósito de recibir el dinero.
Con
cartas membretadas, Montes Cuen evidencia que los panistas Jorge Luis Preciado
Rodríguez y Armando Rangel Hernández mantenían un acuerdo con funcionarios de
la Sedesol –entre ellos la propia Vázquez Mota– para que la institución
atendiera las demandas de 35 diputados; incluso, dice, habían acordado un techo
presupuestario.
De
esto, según los documentos, estaba al tanto el entonces diputado José González
Morfín, coordinador del grupo parlamentario del PAN, quien aparece incluso como
uno de los destinatarios, así como funcionarios de Gobernación.
En
una carta del 10 de noviembre de 2005, por ejemplo, Preciado solicitó al
subsecretario de Gobierno, Felipe González González, dar cumplimiento al
acuerdo de Vázquez Mota con los legisladores para “apoyar las poco más de 13
mil solicitudes para el Programa de Vivienda Rural que se han hecho desde el
año pasado a través de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios,
Forestales y Pesqueros”.
Documentos
similares fueron enviados a Rojkind Orleansky, director de Opciones
Productivas, área encargada del programa.
Los
panistas consultados señalaron que desviaron el dinero de Fenpa a Huehuetépetl
porque desconfiaron de Montes Cuen, quien al momento de que la Sedesol liberó
los recursos estaba encarcelado.
Montes
Cuen, quien fue secretario técnico de la bancada del PAN, reveló entonces que
en 2004 ese partido creó siete organizaciones para que sus legisladores
obtuvieran al menos 20 millones de pesos, en dos años, de los programas
sociales dedicados al campo y para allegarse votos. Lo hacían a través de la
organización Plantar, la “CNC panista”, que tenía entre sus consejeros a los
extitulares de la Sedesol, Agricultura, Reforma Agraria, Economía y Medio
Ambiente, secretarías de las que obtenían recursos.
La
mencionada central campesina servía de paraguas al Organismo de Productores
Agropecuarios, Ganaderos y Acuícola Nacional (OPAGAN); la Asociación Nacional
de Productores Agropecuarios (ANPAC); al Consejo de Productores Cañeros en
Acción Rural (CPCAR), y a Unimoss, entre otros.
OPAGAN
y ANPAC, por ejemplo, eran liderados por el diputado Javier Castelo Parada;
Unimoss, por el exfuncionario Javier López Macías, y el diputado panista Diego
Palmero Andrade operaba a través del Consejo de Productores Cañeros en Acción
Rural (CPCAR), por mencionar algunos.
El
documento interno denominado Programa de Capacitación en Programas Federales
del Consejo de Política Agropecuaria del Grupo Parlamentario del PAN, cuya
copia obtuvo la reportera, indica que la estrategia electoral de 2006
comenzaría a partir de la creación de organizaciones que tramitaran recursos de
programas federales para distribuirlos entre los beneficiarios que les
redituaran en votos.
La
meta era crear 10 organismos de la sociedad civil por cada oficina de enlace
legislativo; “tener acceso a los padrones nacionales de Abasto Social de Leche,
Abasto Rural, Adultos Mayores y Oportunidades” de la Sedesol, y crear una base
de datos de funcionarios involucrados en la entrega de apoyos y hacer acuerdos
con ellos.
El
documento mencionaba la necesidad de aprender a gestionar recursos de los
programas sociales de mayor impacto e integrar a los campesinos a
organizaciones identificadas con Acción Nacional para crear contrapesos al PRI
y al PRD en el sector agropecuario y rural.
En
la estrategia del PAN en San Lázaro se menciona la aplicación “inmediata” del
Programa de Vivienda Rural, Liconsa, Diconsa y Adultos Mayores, y la necesidad
de “diseñar cientos de microproyectos con el padrón de Oportunidades”.
El
proyecto fue concebido, según el documento, para “eventualmente tener un
beneficio político a favor del partido en cada uno de los municipios y
distritos en todo el país”.
Salpicadera
común
Cuestionados
en su momento en torno a este escándalo, los panistas señalaron que no tenía
nada de malo tramitar recursos para los más pobres, y se justificaron: eso
–aseguraron– lo hacen todos los partidos.
En
2005, cuando la reportera pidió una explicación sobre el particular, la Sedesol
entregó un documento interno que revela que los 438 millones de pesos de
Vivienda Rural de ese año fueron repartidos entre 58 organizaciones campesinas
“presumiblemente” vinculadas al PAN, PRI, PRD, PAS y PT.
En
la relación consta que las 15 agrupaciones vinculadas con el PRI fueron las más
beneficiadas (41%), seguidas por 12 del PRD (28%) y por las siete panistas (18%);
el PT obtuvo 6% de los recursos, el PAS 2.4% y el restante 3.3% se dividió
entre 10 grupos sin filiación partidista.
El
tramitador más mencionado en el documento fue el petista José Narro, quien hizo
gestiones a través de 11 organizaciones, y el líder campesino priista Heladio
Ramírez, entonces al frente de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
En
la lista también se mencionaba a los senadores Gerardo Buganza, del PAN; Marcos
Cruz, Víctor Suárez y Alfonso Ramírez Cuéllar, del PRD, y a Julián Orozco, del
PRI, así como al líder agrario Rafael Galindo Jaime. De manera extraña, los
nombres de los diputados Trejo y Tirado fueron omitidos. Los únicos
fiscalizados y denunciados penalmente fueron los panistas, por sus lazos con el
partido en el poder.
En
la revisión de la Cuenta Pública 2005, la Auditoría Superior de la Federación
exoneró a la Sedesol, aun cuando estableció que la Dirección General de
Opciones Productivas otorgó recursos a una asociación civil por 9.4 millones de
pesos que los desvió.
Asimismo,
15 organizaciones no habían comprobado el destino de 42.6 millones de pesos;
nueve más habían incumplido la regla que les exigía abrir una cuenta bancaria
para esos recursos, y una segunda tanda de recursos por 50 millones de pesos se
entregaron a agrupaciones que no habían reportado avances.
La
Auditoría investigó sólo a dos organizaciones: la panista Huehuetépetl y la
priista Consejo Nacional de Empresas Campesinas (CNE), representada por Héctor
Ortega de la Cruz, quien hoy es funcionario de la CNC. Comprobó también que no
entregaron 707 mil pesos destinados a la compra de materiales; que no
acreditaron las transferencias bancarias y pagos a través de cheques por 18.4
millones de pesos, y que no se localizaron recibos de entrega de paquetes de
materiales por 3.8 millones. En resumen, Huehuetépetl y la CNC eran un
cochinero.
La
Contraloría Interna de la Sedesol estableció responsabilidades por malos
manejos únicamente a la Unión General de Obreros y Campesinos de México
“Jacinto López”, representada por José Luis González Aguilera, miembro del
Consejo Agrario Permanente. Sin embargo, nadie pisó la cárcel. Hoy, el director
del programa, Rojkind Orleansky, trabaja como director de área y auditor
especial de desempeño.
El
escándalo estalló en 2006, cuando Vázquez Mota ya había saltado a la campaña de
Calderón. Para tapar habladurías, la Sedesol modificó otra vez las reglas del
programa, con lo que cerró la llave a las organizaciones campesinas y abrió la
puerta a organizaciones civiles y empresas privadas para que se encargaran de
la construcción de viviendas para las comunidades más pobres.
Lo
cierto es que Fidel, Donata, Benita y miles de campesinos más siguen esperando
casa…
Los cárteles, vivos y
fortalecidos
RICARDO RAVELO
Pese
a la guerra contra el narco desatada por el gobierno calderonista, los cárteles
de la droga gozan de cabal salud. Un mapa de la criminalidad elaborado por la
Policía Federal muestra cómo las organizaciones delictivas se reorganizan y
establecen nuevas alianzas. En ese contexto son preocupantes las insólitas
declaraciones del titular de la Sedena, quien reconoció –después de cinco años
de guerra y alrededor de 50 mil muertos– que “el crimen organizado ya puso en
grave riesgo la seguridad interna del país”.
Los
cárteles de la droga siguen ejerciendo su dominio en todo el país pese a la
guerra emprendida por Felipe Calderón para desarticularlos y no obstante que la
presencia militar y policiaca se ha multiplicado.
A
poco más de cinco años de que el Ejecutivo federal ordenó la militarización del
país, la redes criminales de cinco cárteles –Los Zetas, La Familia Michoacana y
los de Sinaloa, Juárez y el Golfo– ya dominan más de la mitad del territorio
nacional. Tal expansión se ha dado pese a las bajas que esas organizaciones han
sufrido por detenciones o muertes de sus líderes.
Un
mapa delictivo elaborado por la División de Inteligencia e Investigación de la
Policía Federal (PF), así como un análisis de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) federal y de la consultora estadunidense Stratfor dan cuenta de
un reacomodo de cárteles en el último año. Ahí sobresale el creciente dominio
de Los Zetas en 21 entidades, seguido por el Cártel de Sinaloa, afincado en 19
estados, algunos de los cuales viven baños de sangre por la pugna territorial
entre ambas organizaciones.
Según
el análisis de la SSP, ambas organizaciones “cuentan con apoyo político y
policiaco” que les permite ejercer controles en la vida pública y comercial de
regiones y municipios.
El
segundo bloque de cárteles lo forman La Familia Michoacana –que controla 10
estados–, el de Juárez –encabezado por Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, y
que domina 19 entidades– y el del Golfo, que tiene fuerte presencia en cinco
estados más.
El
mapa criminal elaborado por la PF muestra las zonas de mayor conflicto, como
los estados de Veracruz, Durango y Guerrero, donde tienen fuerte presencia
hasta tres cárteles. De ahí se derivan los enfrentamientos por el control no
sólo de las plazas y el trasiego de drogas, sino de las operaciones paralelas
al narcotráfico: extorsiones, secuestros y el cobro de piso a los dueños de
restaurantes, bares, prostíbulos y centros de apuestas.
El
informe sostiene que Los Zetas –que apenas hace tres años alcanzaron el rango
de cártel– dominan más estados que el Cártel de Sinaloa, aunque la organización
encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán es la que más ha crecido fuera de
México: su presencia se extiende a 52 países y su jefe es considerado por la
agencia antidrogas estadunidense (DEA) como el capo con más poder en el
planeta.
En
la información sobre el reparto territorial –que Proceso pudo conocer– se
indica que el narcotráfico ya ejerce un dominio absoluto en todo el país y no
hay ningún territorio libre de la presencia de sus células, que ocasionan
violencia e inestabilidad social.
Los
datos coinciden con las declaraciones del jueves 9 hechas por el secretario de
la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, en el 99 aniversario de la Marcha
de la Lealtad, al afirmar que en muchas latitudes del país el espacio de la
seguridad está totalmente rebasado por el crimen organizado, cuyas redes
mantienen bajo control a algunas instituciones del Estado y han colocado en
grave riesgo la seguridad interna del país.
En
el informe de la PF también se observa que hay entidades como Nuevo León,
Michoacán, Veracruz, Campeche y Quintana Roo –por citar sólo algunas– donde
operan hasta tres cárteles con la protección de las corporaciones policiacas y
las autoridades municipales y estatales, lo que ha generado altos niveles de violencia
debido a las luchas de poder.
Geografía
criminal
El
mapa criminal detallado por la PF y los datos de la SSP detallan la manera en
que se extienden las redes de los cárteles en la geografía nacional. También
identifican a los grupos que ejercen mayor dominio en las entidades
consideradas clave para el trasiego nacional e internacional de drogas:
destacan Chihuahua, Michoacán, Chiapas y Yucatán.
De
igual forma queda claro en la información de la SSP que las muertes y
detenciones de narcotraficantes y sicarios no han sido suficientes –por más que
el gobierno pregone lo contrario en cientos de spots publicitarios– para
detener el crecimiento de los cárteles en todo el país.
Estos
son los datos duros del informe gubernamental:
Los
Zetas están presentes en Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Chihuahua, Estado
de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán
y Zacatecas.
El
Cártel de Sinaloa –que agrupa a tres organizaciones más: La Resistencia, el
Cártel Guadalajara Nueva Generación y Los Matazetas– ocupa el segundo lugar en
cuanto a dominio territorial. Está presente en Aguascalientes, Baja California,
Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora,
Sinaloa y Quintana Roo.
La
Familia Michoacana –quizás el cártel que más ha crecido de 2005 a la fecha y que el
gobierno federal ha declarado extinguido en dos ocasiones– está más que viva,
de acuerdo con el diagnóstico de la SSP. Con amplias redes de sicarios y
testaferros controla Chiapas, Baja California, Estado de México, Guanajuato,
Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Tamaulipas.
El
Cártel de Juárez, uno de los más viejos del país y cuya fundación se remonta a
los setenta –lo fundó Pablo Acosta Villarreal en Ojinaga, Chihuahua– tampoco ha
sido mermado a pesar de la guerra que enfrenta con el Cártel de Sinaloa, el
Ejército y la Marina. Bajo el liderazgo de El Viceroy, quien suele pasearse a
la luz del día por la Comarca Lagunera, también opera en Chiapas, Chihuahua,
Durango, Jalisco, Coahuila, Quintana Roo, Oaxaca y Zacatecas.
El
crecimiento de estas organizaciones criminales ha sido vertiginoso, a pesar de
que cientos de sus operadores han caído prisioneros o muertos en
enfrentamientos con el Ejército, la Marina o grupos rivales. Pese a ello, su
capacidad de reemplazar a sus piezas “es sorprendente”, de acuerdo con el
informe de la SSP, pues logran reposicionarse rápidamente.
En
esta dinámica sobresalen Los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Creados en 1997 con
desertores del Ejército, Los Zetas comenzaron a operar como escudo protector
del capo Osiel Cárdenas. En 2009 la DEA los reconoció como un cártel bien
organizado, violento y uno de los que mejor diversificó sus tareas criminales.
La SSP estima que desde su fundación y a la fecha este grupo ha perdido a unos
mil 600 miembros, pero se mantiene actualmente como el más numeroso en el país.
Por
su parte el Cártel de Sinaloa ha recibido fuertes golpes en su estructura. El
gobierno ha festinado la caída de varios de sus operadores y cerebros
financieros tanto en México como en Sudamérica. Pese a ello la organización
domina el trasiego de droga desde Colombia, Perú y Venezuela hacia México y
Estados Unidos.
En
medio de la guerra contra el crimen organizado y en particular el narcotráfico,
su expresión más violenta, sobresale la búsqueda del personaje más publicitado
por la DEA: El Chapo Guzmán. Según la agencia estadunidense existe un plan de
acción para ubicar su paradero, aunque lo que llama notablemente la atención es
que mientras más se le persigue, mayor es el crecimiento de su cártel.
Para
la DEA, el de Sinaloa es el cártel más poderoso no sólo de México sino del
mundo, en tanto que para la PF y la SSP la organización de Los Zetas es la que
más territorio domina en el país.
Alianzas
La
disputa territorial de los cárteles –y el incremento imparable de la violencia–
no es el único problema que enfrenta el gobierno calderonista en su último año.
Otro elemento que pone en entredicho la efectividad de la estrategia
gubernamental de seguridad es que los cárteles han podido sellar alianzas
estratégicas aun en medio del combate que las autoridades libran contra ellos.
No
es todo: también han logrado extenderse más allá del territorio nacional,
particularmente a Colombia, Perú, Costa Rica, Venezuela y Panamá, entre otros
países, donde han tendido sus redes criminales para garantizar el suministro de
drogas y para lavar sus ganancias.
En
cuanto a las llamadas narcoalianzas, el más reciente informe de la consultora
estadunidense Stratfor establece que otros seis cárteles se han aliado a los
grupos que actualmente dominan el mercado de las drogas en México.
Stratfor
destaca que el Cártel de Sinaloa se alió con el del Golfo, con la Familia
Michoacana y mantiene negociaciones muy avanzadas para sumar a Los Caballeros
Templarios.
Otra
alianza poderosa –y a eso se debe su espectacular presencia en la geografía
nacional– es la que lograron Los Zetas con los cárteles de Juárez, Tijuana,
Pacífico Sur y el Independiente de Acapulco.
Al
respecto, la consultora Stratfor indica: “El Cártel del Golfo se ha mantenido
con el control de Matamoros, aunque pelea la ciudad contra sus antiguos
aliados, Los Zetas. Con ayuda del Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo ha
repelido las ofensivas de Los Zetas en Matamoros y Reynosa, pero no ha tenido
la fuerza necesaria para sacar a sus rivales de otras ciudades, como Monterrey.
“Por
su parte Los Zetas, con la pérdida de 11 mandos medios y altos en diferentes
plazas, continúan su pelea principal con el Cártel del Golfo, mientras se
preocupan por entrenar y ayudar a sus aliados, los cárteles de Juárez, de
Tijuana y el Independiente de Acapulco.”
Incluso
con las alianzas que han establecido, algunos cárteles han perdido dominio
territorial conforme otro grupo adquiere mayor poder mediante la protección
oficial, destaca la consultora estadunidense.
Ejemplo
de lo anterior es el Cártel de Juárez –el más poderoso de México en los
noventa–, que se ha mantenido firme en la región fronteriza de Chihuahua pese a
los embates del grupo encabezado por El Chapo Guzmán.
Según
Stratfor, debido a fuertes disputas con rivales y a las divisiones internas el
Cártel de Juárez ha perdido muchos territorios en el país. En ese sentido “es
evidente que el bloqueo ejercido por el Cártel de Sinaloa ha sido efectivo para
asfixiar a la organización de Carrillo Fuentes”.
Golpeado
en su cimentación y en buena parte de su estructura, el Cártel de Tijuana ya
domina muy poco territorio y, de acuerdo con el estudio de referencia, “parece
empezar a subordinarse al Cártel de Sinaloa a cambio de poder traficar por la
frontera con el estado de California, a pesar de que mantiene una alianza con
Los Zetas, rivales del de Sinaloa”.
De
reciente aparición, los cárteles del Pacífico Sur y el Independiente de
Acapulco –ambos formados con exmiembros de la organización de los Beltrán
Leyva– luchan por el control de Acapulco y la zona turística de Zihuatanejo.
Graves
riesgos
La
Familia Michoacana, indica el documento de la consultora estadunidense, no está
debilitada ni mucho menos extinguida, como ha informado el gobierno federal.
Buena parte de los miembros de este cártel –uno de los más sanguinarios– se
transformó en lo que ahora se conoce como Los Caballeros Templarios, quienes
han dado muestras de ser tan violentos como Los Zetas.
El
análisis de la consultora abunda: “Después de lo que parecía la muerte
repentina de La Familia Michoacana en enero del año pasado (2011), ahora
aparece una fracción de ese cártel que se ha renombrado Los Caballeros
Templarios, los cuales aparecieron a la luz pública a mediados de marzo. Otras
partes de La Familia siguen operando con el mismo nombre. Esta división es muy
reciente y aún no se sabe cuántos son, qué relación tienen con sus excompañeros
de La Familia Michoacana y qué relación, si es que la hay, guardan con el
Cártel de Sinaloa. Cabe destacar que previo a estos sucesos, La Familia parecía
ser un cártel cercano al sinaloense”.
De
acuerdo con el diagnóstico de Stratfor y los datos del área de inteligencia de
la SSP, el Cártel Independiente de Acapulco podría desaparecer completamente en
los próximos seis meses debido a que su estructura está en riesgo de dividirse.
Por otro lado, el Cártel de Sinaloa pretende ocupar Guerrero y convertirse en
la principal organización del Pacífico mexicano.
Y
es que, de acuerdo con el estudio, el Cártel de Sinaloa “podría tomar la
delantera” en la pelea por Acapulco y Durango, donde se pronostica una espiral
de violencia más intensa que la sufrida en la actualidad por esas entidades.
Respecto
de Los Zetas, Stratfor pronostica: “Mantendrán el control de Nuevo León en los
próximos meses y su crecimiento será aún mayor en el Golfo de México, si
resisten los embates del gobierno y de los cárteles del Golfo y de Sinaloa”.
Después
de que el epicentro de la violencia se estableció en el norte del país, sobre
todo en Nuevo León, Chihuahua y Durango, ahora la guerra entre los cárteles se
trasladó hacia la zona Caribe-Golfo de México, donde cinco organizaciones
criminales buscan reacomodo en el corredor Quintana Roo-Campeche-Tabasco,
Veracruz y Tamaulipas.
En
Veracruz la pugna es entre Los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Pese a que esta
entidad está bajo el control de la Marina, el narco sigue intocado y activo,
pues apenas el martes 7 fue descubierta una fosa clandestina con al menos 15
cadáveres en el municipio de Acayucan.
Cuando
faltan poco más de 10 meses para que concluya el sexenio calderonista, el
gobierno federal ha empezado a reconocer su fracaso en la lucha contra el
crimen organizado.
El
jueves 9 el secretario de la Defensa admitió que el crimen organizado ya puso
en grave riesgo la seguridad interna del país, pues en muchas latitudes del
territorio nacional la seguridad pública está totalmente ausente.
“En
algunas regiones del país la delincuencia organizada se apropió de las
instituciones del Estado, y en ese apoderamiento diversificó sus poderosas
actividades para despojar a la sociedad de lo que por derecho le corresponde,
generando un clima de violencia inusitado”, dijo el general Galván.
Mexicanos de armas... no
tomar
ALEJANDRO PÉREZ UTRERA
En
un país donde la violencia asociada al crimen organizado ha dejado más de 50
mil muertos, ¿ejercer el derecho ciudadano a poseer y portar armas de fuego
para la legítima defensa sería parte de la solución?; o, de lo contrario,
¿sería parte del problema de la inseguridad pública?
Antes
de dar una respuesta terminante, los investigadores Ernesto Villanueva y Karla
Valenzuela, autores de un estudio sobre el particular, reflexionan en torno a
lo que consideran un hecho: la posesión y portación de armas de fuego es un
tema que en México oscila entre el silencio y la controversia debido a
percepciones y valoraciones “nutridas por prejuicios, mitos y discursos cuyo
común denominador es la ausencia de ingredientes extraídos de la realidad”, aun
cuando este derecho fundamental se reconoció desde el siglo XIX,
específicamente en la Constitución federal de 1857, como una prerrogativa de
los gobernados.
En
su artículo 10, la Constitución vigente de 1917 lo reconoce de igual forma,
bajo el siguiente enunciado:
“Los
habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su
domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las
prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del
Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará
los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los
habitantes la portación de armas.”
En
su libro Seguridad, armas de fuego y transparencia. Mitos y realidad sobre el
derecho de posesión de armas de fuego en México, que comenzará a circular
dentro de algunas semanas bajo los sellos editoriales de Jus, el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Conacyt, Valenzuela y Villanueva
señalan que el silencio que ha llegado a rodear a este derecho “ha generado a
lo largo de los años que tal prerrogativa permanezca en una discreta existencia
con validez jurídica y una eficacia normativa apenas testimonial”.
Pero
el derecho a la libertad, acotan ambos académicos, “supone la posibilidad de
decir lo que algunos no quieren escuchar”, sobre todo cuando, dicen, la
finalidad es romper prejuicios ya establecidos en el grueso de la sociedad
acerca de temas como éste.
Lo
que para Valenzuela y Villanueva resulta de entrada una consideración
fundamental es que el derecho referido cobra mayor importancia hoy en día
debido a la grave y compleja situación que vive el país, lo que, afirman,
obliga a discutir de nuevo el asunto más allá de los espacios de reflexión
académica, con el propósito de integrarlo a la agenda pública.
Uno
de los absurdos identificados por los autores es que los ciudadanos empiecen a
protegerse de las medidas emprendidas por el Estado precisamente para
“protegerlos”, o, en el caso extremo, que la comunidad se encuentre inerme ante
las fuerzas del orden, del crimen organizado y de la delincuencia común, que no
sólo poseen conocimientos y armas sino la determinación de privar de la vida a
las personas.
Así
las cosas, advierten ambos académicos, se ha llegado a un callejón sin salida,
puesto que la sociedad “carece en la práctica del derecho de poseer y portar
armas de fuego para su legítima defensa, y quienes sí las tienen y saben cómo
usarlas carecen, por una u otra razón, de la posibilidad de defender a la
comunidad”.
Para
los investigadores, sería más grave dejar las cosas como están que regular, con
la Constitución en la mano, el ejercicio de un derecho fundamental “minimizado
por la fuerza del prejuicio, de la costumbre y de las conveniencias del poder
público al margen del interés comunitario”.
Maestra
en derecho, Karla Valenzuela es investigadora del proyecto Seguridad,
Transparencia y Derechos Humanos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y
se halla adscrita al área de derecho de la información del Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Ernesto
Villanueva, colaborador de Proceso, tiene dos doctorados: uno en derecho y otro
en comunicación, y actualmente coordina el citado proyecto del Conacyt, así
como el área de derecho de la información del IIJ. Es miembro (nivel III) del
Sistema Nacional de Investigadores.
Armarse
o no armarse…
esa
es la cuestión
“¿Por
qué es necesario un debate sobre la portación de armas de fuego en México?”,
plantean Valenzuela y Villanueva.
Ambos
enumeran siete razones básicas: porque se trata de un derecho fundamental
previsto en el artículo 10 de la Constitución; porque México atraviesa por una
gran crisis de inseguridad y desconfianza en las instituciones públicas; porque
los índices de victimización, violencia y criminalidad son alarmantes; porque
son pocas las personas armadas que realmente cuentan con las licencias
correspondientes; porque hay una marcada insuficiencia e incapacidad de las
instituciones encargadas de proporcionar justicia y seguridad pública; porque,
además de la inseguridad interna, el país atraviesa por un problema transfronterizo
de tráfico de armas; porque la ley reglamentaria del artículo 10 constitucional
deja en estado de indefensión a la población para su legítima defensa por la
complejidad y discrecionalidad de los requisitos que se exigen para la posesión
y portación de armas, y porque el tema ha sido silenciado y dejado fuera de la
agenda de la discusión.
Siguiendo
un patrón expositivo de preguntas y respuestas, los autores establecen: si las
citadas leyes de posesión y portación de armas son menos estrictas, ¿qué pasaría
entonces con el monopolio del uso de la fuerza que corresponde al Estado?
“Se
trata –responden– de conceptos distintos. La posesión y portación de armas de
fuego debe tener como principal propósito la legítima defensa de la integridad
física y del patrimonio de las personas, además, por supuesto, del uso con
otros fines legales, como los cinegéticos o deportivos, así como de la tenencia
por razones de valor histórico.”
En
lo que respecta al monopolio del uso de la fuerza del Estado, agregan, esta prerrogativa
parte del supuesto de que la autoridad competente es la única facultada para
hacer cumplir la ley y garantizar la convivencia de las personas en sociedad.
Así
pues, puntualizan Valenzuela y Villanueva, “no existe contradicción entre estos
dos principios, sino complementariedad, puesto que la posesión, y
particularmente la portación de armas de fuego, permite que la persona esté en
condiciones de responder frente a una amenaza real, inminente y que no admita
demora para preservar sus bienes más preciados; por ejemplo, la vida y su
patrimonio. Se trata de la excepción a la regla.
“Hay
que recordar que nada es absoluto, menos cuando la vida humana se encuentra
amenazada. El monopolio del uso de la fuerza del Estado debe permanecer para
que la existencia de las personas en sociedad sea posible en los términos
previstos en la Constitución y la ley.”
En
su libro, del que la compañía Novumcomo e-book editará una versión en inglés,
los autores consideran “muy efectivo” el uso de las armas para la legítima defensa
porque, de acuerdo con estudios citados por ellos mismos, “cuando la víctima se
encuentra en posesión de un arma, las posibilidades de un ataque en su contra
son menores”. Además, indican, varias investigaciones señalan que las víctimas
de algún delito que no opusieron resistencia fueron lesionadas en doble medida
que las que se resistieron mediante el uso de un arma de fuego.
Portación
legal, crimen y seguridad
Valenzuela
y Villanueva consideran que no existe relación alguna entre el crimen y la portación
legal de armas de fuego, toda vez que el resultado de una acción delictiva no
depende del arma utilizada para su comisión, sino más bien de las intenciones
del agresor.
“En
realidad –aclaran– el uso de un arma de fuego únicamente refleja que las intenciones
del agresor eran muy violentas, mas no que el agresor tenía un arma de fuego
disponible para la comisión de un delito. Por el contrario, sucede que el
delincuente primero pensó en la forma en que iba a cometer el delito y
posteriormente obtuvo el arma.”
¿La
posesión de armas de fuego causa los altos índices de criminalidad, o los altos
índices de criminalidad provocan el interés de los ciudadanos por portar armas
de fuego?
En
respuesta a tal planteamiento, los investigadores argumentan:
“Los
altos índices de criminalidad provocan el interés de los ciudadanos por portar
armas de fuego. Gary Kleck (criminalista estadunidense que se desempeña como
profesor en la Universidad Estatal de Florida) demuestra que los civiles están
recurriendo a la posesión de armas como una medida de autodefensa en respuesta
a los altos índices de criminalidad, es decir que estos altos índices causan
que los ciudadanos quieran armarse, y no viceversa. De igual forma, estudios
realizados por Kleck demuestran que el uso de armas de fuego para repeler una
agresión es tres veces más frecuente que su uso para cometer un delito.”
–¿El
número de muertes violentas aumenta en un ambiente social en el cual proliferan
las armas de fuego? –inquieren.
–No
–advierten.
Y
explican: “En sociedades donde la portación de armas de fuego es común, su uso
es principalmente para defensa propia y prevención de delitos debido a que los
criminales son más cautelosos respecto a las personas que eligen como víctimas,
pues existe una mayor posibilidad de que éstas se encuentren armadas. La
prevalencia en la posesión de armas de fuego no tiene efectos notorios en la
tasa de delitos, ya que las armas de fuego pueden ser sustituidas por otro tipo
de armas”.
Los
autores citan un estudio realizado por la Universidad de Chicago en torno a la
prevención del delito y la portación de armas de fuego. Este trabajo reveló que
si los estados de la Unión Americana que prohíben la portación de armas de
fuego de manera visible (right-to-carry concealed handguns) hubieran cambiado
su legislación a una más permisiva, se habrían evitado mil 570 asesinatos
anualmente.
También
refieren una exitosa campaña mediática efectuada en Kennesaw, Georgia, relativa
a la portación de armas entre los residentes de esa ciudad: “En 1982 una ley
local exigía que todos sus ciudadanos tuvieran armas, lo cual contribuyó a que
los índices de robo disminuyeran 89%. Tanto los académicos que están a favor de
las armas de fuego como aquellos que están en contra coinciden en que las armas
de fuego no son el único factor que influye en la tasa de homicidios en Estados
Unidos. Incluso si no hubiera violencia a mano armada en dicho país, éste aún
tendría índices de violencia mayores que los de Japón, Gran Bretaña y Canadá
proporcionalmente”.
A
juzgar por el conjunto de sus argumentaciones, resulta claro que Valenzuela y
Villanueva están proponiendo que el Estado mexicano siente las bases para
garantizar un derecho ciudadano que eventualmente se constituya en un muro de
contención contra los altos índices de violencia y criminalidad que desangran a
la República.
“¿Por
qué recurrir a la posesión de armas si existen otros medios para controlar el
crimen?”, se preguntan.
Y
responden: “Porque se trata de un mecanismo complementario no sustitutivo de la
regla general que reside en el monopolio de la fuerza por el Estado. Y, además,
porque los medios previstos como deseables desde los puntos de vista formal y
teórico por el sistema legal no han funcionado adecuadamente”.
Ambos
académicos afirman que desde 1972, cuando se publicó la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos en el Diario Oficial de la Federación, “la legislación del
país ha restringido a los ciudadanos la portación de armas de fuego”. Sin
embargo, dicen, esta medida no ha dado los resultados esperados, y 40 años
después de la publicación de dicha ley “observamos que nuestro país atraviesa
por uno de los periodos de inseguridad más críticos en su historia, en el que
la violencia se ha extendido a lo largo del territorio y se ha convertido en un
problema nacional”.
Con
más de 50 mil muertos en lo que va del sexenio de Felipe Calderón asociados a
la situación de violencia que afecta al país, “los gobernados –dicen los
investigadores– se encuentran a la expectativa de soluciones eficaces que no
llegan, al mismo tiempo que los fracasos se contabilizan en la pérdida de vidas
humanas”.
Valenzuela
y Villanueva aclaran que “no se trata de fomentar en modo alguno la violencia”,
sino, por el contrario, “de combatirla con la Constitución en la mano y dando
vida a un derecho humano cuyo ejercicio reclama, a su vez, una normativa
secundaria que haga viable el núcleo esencial de este derecho para los fines
exclusivos de la legítima defensa y de la seguridad de los gobernados”.
Registros
nacionales y tráfico ilegal
Datos
consignados por los autores en su libro Seguridad, armas de fuego y
transparencia… señalan que en 2009 la entidad federativa con el menor número de
armas de fuego registradas era Baja California Sur, con 11 mil 706 unidades. El
Distrito Federal contaba entonces con la cifra más alta: 253 mil 552. En ese
mismo año el total de armas de fuego registradas a nivel nacional fue de 2
millones 33 mil 749, pero a mayo de 2011 el número se incrementó a 3 millones
118 mil 592.
Más
datos: En 2011 la Secretaría de la Defensa Nacional recibió de personas físicas
un total de 402 solicitudes para portar armas de fuego, de las cuales autorizó
únicamente 241. Y hasta marzo de 2011 se encontraban vigentes en el país 3 mil
60 licencias particulares de portación. De los 3 millones 118 mil 592 unidades
registradas hasta mayo, 1 millón 309 mil 184 son armas cortas y 1 millón 809
mil 408 son armas largas.
En
lo que toca a las armas que se utilizan en la comisión de delitos, Valenzuela y
Villanueva indican que provienen de transacciones ilegales y del robo. Los
investigadores reportan datos según los cuales la obtención ilegal se realiza
mediante robo a los manufactureros o por medio de transferencias de armas no
reportadas, e indican que el robo a comerciantes, casas habitación y entre
criminales son la fuente más importante de armas de fuego utilizadas en la
comisión de delitos. De hecho, afirman, sólo una de cada seis armas usadas en
homicidios fue adquirida de manera legal.
Los
autores recuerdan que el tráfico ilegal de este tipo de materiales es un
problema nacional debido a la vecindad del país con Estados Unidos, primer
productor de armas a escala internacional, y asimismo consignan datos de la
Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que muestran
que más de 90% de las armas aseguradas en México provienen de aquel país.
Consideran
además que las leyes nacionales restrictivas en la materia tienen “alguna
relación” con la proliferación de agencias de seguridad privada. Explican:
“Ante la complejidad prevista en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
para que cualquier persona pueda ejercer su derecho fundamental a la posesión
de armas de fuego, la alternativa en el caso de las personas de estratos medios
y altos es identificar opciones para su protección, las cuales son ofrecidas
por las agencias o empresas de seguridad privada.
“Este
hecho, sin embargo, sólo beneficia a un sector muy reducido de la comunidad. La
mayoría de las personas se encuentran indefensas porque el Estado no puede
asegurar en todos los casos su protección, porque no tienen acceso a seguridad
privada debido a los altos costos de un servicio como éste, y porque no existe
una ley amigable de portación de armas de fuego para la legítima defensa de la
integridad física, de la familia y del patrimonio.”
Entre
las principales consideraciones y propuestas de Valenzuela y Villanueva
destacan las siguientes:
-El
derecho de posesión y portación de armas no tiene, en principio, una finalidad
por sí misma; es una prerrogativa que habilita al gobernado para defenderse de
toda acción potencial que pueda ponerlo en peligro actual, real e inminente.
-Hacer
efectivo este derecho fundamental tendrá que pasar por una serie de reformas a
la legislación vigente, y en particular, pero no exclusivamente, a la Ley
Federal de Armas de Fuego, toda vez que la ley actual tiene grandes problemas
que habían permanecido fuera del radar de la opinión pública porque no había
habido necesidad de visibilizar esas inquietudes de manera puntual.
-La
recuperación de este derecho en su vertiente de eficacia normativa por parte de
las personas implica una reforma sustantiva o, de plano, la abrogación de la
ley reglamentaria vigente y la adopción de una nueva, acompañada de las mejores
prácticas que la experiencia acompañada ofrece.
-El
derecho de acceso a la información pública y la transparencia pueden servir
como espacios de visibilidad y de escrutinio social en este proceso de
recuperación de derechos humanos, prerrogativa que, además, no se ha utilizado
en mayor medida para estos propósitos. L
El juez, SCT y Hacienda
atascan el caso Mexicana
JESUSA CERVANTES
El
gobierno federal y el juez Felipe Consuelo Soto llenan de obstáculos las
negociaciones sobre Mexicana de Aviación. En noviembre último la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes determinó que Hacienda ya no era la encargada de
certificar la validez de los fondos destinados al rescate de la aerolínea, sino
el juez. Y apenas aparecieron los inversionistas –Med Atlántica e Iván Barona–,
anunció que si los oferentes no demuestran que su dinero es lícito, el martes
14 la aerolínea será declarada en quiebra. Lo cierto es que Comunicaciones y
Hacienda se están echando la bolita con un propósito bien definido: evitar que
Mexicana vuelva a despegar.
La
última llamada para que Mexicana de Aviación retome el vuelo el próximo 17 de
marzo está solamente en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
sostiene el diputado Mario di Costanzo, encargado de dar seguimiento al caso en
el seno del Congreso de la Unión, aunque la dependencia se niega a certificar
la legalidad de los fondos “existentes” de la firma Med Atlántica, interesada
en el rescate de la aerolínea.
De
acuerdo con el expediente del concurso mercantil, del que Proceso tiene copia,
el dinero existe, pero sólo se aplicará cuando se firmen en forma paralela el
“convenio concursal” y se “liberen” slots por parte de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
A
partir del 31 de enero, día en que el titular del Décimo Primer Juzgado de
circuito, Felipe Consuelo Soto, anunció que Med Atlántica ya había depositado
300 millones de dólares para el rescate de la aerolínea, la SCT emitió varios
comunicados en los que alegó que los recursos no estaban comprobados.
Lo
cierto es que desde antes la dependencia relevó a Hacienda del trabajo de
verificación del dinero y determinó que es el juez quien debe hacerla, según el
oficio número 97 fechado el 24 de noviembre de 2011.
Por
ello, el jueves 9, cuando el juez decretó “suspensión indefinida” para concluir
el concurso mercantil debido a que el conciliador de la aerolínea Gerardo Badín
tiene ya 82.4% de los acuerdos de pago con los acreedores, Hacienda lanzó la
“amenaza” de que no habrá dinero de Med Atlántica, comenta el diputado Mario di
Costanzo, quien fue designado por el Congreso para dar seguimiento al caso.
Al
mediodía del jueves 9, Di Costanzo se comunicó con el subsecretario de Ingresos
de Hacienda, José Antonio González Anaya, para preguntarle sobre la instancia
encargada de establecer la existencia y licitud de los recursos financieros.
–¿Deben
verificar ustedes? –preguntó el legislador a González Anaya.
–No;
tampoco la Unidad de Inteligencia Financiera. Nosotros no tenemos por qué
revisar el origen (de esos fondos). No lo hace Hacienda. Además, si (Mexicana)
debe como mil millones en pasivos, mil 500 en impuestos… no le conviene a
nadie; es mejor abrir una nueva aerolínea.
–La
pregunta es: ¿participan en el proceso de verificación de dinero o no?
–insistió Di Costanzo.
–Pues,
si no va a haber dinero…
El
subsecretario dejó entrever que el cheque referido por el juez y el conciliador
Gerardo Badín “fue un acuerdo de ellos”, indica el legislador, y explica: “Fue
tanto como haberme dicho que el juez y Badín mintieron sobre la existencia del
dinero y que las autoridades bancarias –que son reguladas por Hacienda– no van
a dar por bueno que hay los 300 millones de dólares”.
Fernando
Perfecto, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviadores
(ASPA), llamó “irresponsable” al subsecretario de Ingresos y sostuvo que las
amenazas de la dependencia siguen “configurando el escenario del gobierno para
impedir que Mexicana vuelva a volar”.
Ese
mismo día el conductor radiofónico José Cárdenas preguntó a Consuelo Soto si
pensaba que el gobierno está poniendo obstáculos en el caso de la aerolínea. El
juez le respondió que por desgracia es así: “El gobierno es un obstáculo”.
No
es la primera vez que el sistema financiero muestra resistencias a dar
información sobre la legalidad de los recursos, comentó el juez. “Si el
gobierno quiere apoyar, como dice la SCT, que me apoye por ese lado”. Y agregó:
“Le pediría a Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria que apoyen a Mexicana.
Los inversionistas son gente seria y no se vale que pongan en tela de duda su
reputación”, en alusión a la legalidad de los 300 millones de dólares de Med
Atlántica.
Dinero
y nombres
Los
414 millones de dólares que el grupo Med Atlántica depositó a un fideicomiso,
el número 1363/2011 de Banca Mifel, S.A., sí existen, sostiene el secretario
general de ASPA, Fernando Perfecto.
Según
el comunicado difundido por la dependencia el miércoles 8, “para seguir
avanzando en la verificación de la capacidad financiera de Mexicana de Aviación
es necesario que los inversionistas interesados demuestren su solvencia
económica, la procedencia lícita de los recursos y que se suscriba el convenio
de acreedores en términos de ley”.
Perfecto
insiste: “La SCT, en especial Felipe Duarte, sólo recurre a sofismas para
evitar que Mexicana vuelva a volar”.
El
expediente del concurso mercantil 432/2010-B de Mexicana de Aviación incluye el
recurso ante el juez Felipe Consuelo Soto aun cuando establece que sólo se
“liberará” cuando se cumplan esas tres condiciones, según las copias
consultadas por la reportera.
En
el expediente del concurso mercantil 432/2010-B, radicado en el Décimo Primer
Juzgado de circuito, se corrobora la información publicada por Proceso en su
edición anterior, según la cual los integrantes de Med Atlántica están ligados
a la señora Gina Díez Barroso Azcárraga, puesto que Margarita del Villar
Alrich, Martín Alberto Madero López y José Miguel Orozco Ortiz son miembros del
Comité Técnico del fideicomiso número 1363/2011. Del Villar Alrich es directora
de Área Inmobiliaria y de Negocios del Grupo Diarq, cuya propietaria es Díez
Barroso Azcárraga.
El
expediente también establece que ya se depositaron 415 millones de dólares. Y
añade:
“En
términos del referido documento, hacemos del conocimiento de su señoría que
dicha cantidad únicamente se liberará hasta la cantidad de U$ 300,000,000 de
dólares americanos para el proceso de restructuración del Nuevo Grupo
Aeronáutico, S.A. de C.V., una vez que se haya cumplimentado lo siguiente”; es
decir las tres condicionantes para que el dinero que está en “proceso de cobro”
se libere.
Tal
como lo fijaron Del Villar Alrich, Madero López y Orozco Ortiz ello implica
“que se lleve a cabo la firma del convenio concursal, a satisfacción de este H.
Comité y por consiguiente el levantamiento del concurso mercantil; que la SCT
otorgue, expida, libere o refrende, según corresponda, la autorización para
operar las líneas aéreas; se transfieran los derechos fideicomisarios de los
fideicomisos CIB/212 y F/589 al patrimonio del fideicomiso número 1363/2011
constituido en Banca Mifel, S.A.”.
Hasta
el jueves 9 el convenio concursal tenía un avance de 82.4%; incluso el juez
mencionó que la firma era “inminente”. Respecto del fideicomiso CIB/212,
propiedad de Tenedora K y en el cual están las acciones de Mexicana, Consuelo
Soto informó que ya está el acuerdo para dicha transferencia; también expuso
que la liberación para operar tiene que ver con la disponibilidad de las rutas
de Mexicana, que hoy tiene Interjet, y mencionó la entrega del Certificado
Aéreo.
Por
lo que concierne a las rutas y slots de Mexicana, Proceso obtuvo copia del
oficio No 4.1,2209, formado por el director general de Aeronaútica Civil,
Héctor González Weeks, quien admite que solicitó al juez Consuelo Soto la
autorización para prestar las rutas a otras líneas y “asegurar que los
servicios aéreos se presten de manera permanente y uniforme, en condiciones
equitativas y no discriminatorias en cuanto a la calidad, oportunidad y precio
en beneficio de la economía”.
González
Weeks menciona que, el 19 de mayo de 2011, Consuelo Soto “acordó que la
autoridad aeronáutica debía de garantizar dichas condiciones pues está
facultada para otorgar autorizaciones extrabilaterales en forma temporal en
tanto se resuelve la situación jurídica de las empresas de Grupo Mexicana, en
el entendido que no se alteren los derechos y autorización otorgados a la
misma. Las autorizaciones extrabilaterales han sido solicitadas y otorgadas de
manera temporal”.
Asimismo
informa al conciliador de Mexicana, Gerardo Badín, que “le haga saber a los
grupos de inversionistas que lleguen a estar interesados en aportar recursos
para restructurarlas, que la SCT ha autorizado rutas de manera extrabilateral…
respetando los derechos de las empresas de Grupo Mexicana”.
Según
ese acuerdo, “no se restringirán los derechos y las autorizaciones otorgadas a
la concursada (Mexicana)… la autorización temporal para la operación de algunas
rutas similares no conllevará la cancelación de las rutas nacionales e
internacionales… y la concursada podrá tener acceso a las rutas concesionadas cuando
así lo requiera”.
En
el último punto del escrito de Med Atlántica que entregó Margarita del Villar
Alrich se pide “guardar la más estricta confidencialidad… del fideicomiso
número 1363/2011, así como de las personas que en él intervienen”.
La
ratificación del dinero
El
conflicto sobre quién debe comprobar la existencia del dinero se detonó cuando
la SCT emitió su comunicado número 97 fechado el 24 de noviembre último, según
el cual queda sujeta a la determinación del juez rector del concurso “la demostración
de solvencia de los interesados puede realizarse por cualquier medio previsto
en la ley, como son billete de depósito, cheque certificado o de caja, carta de
crédito firmada, entre otros, o cualquier otro que emita una institución
financiera nacional”.
De
acuerdo con el expediente de Mexicana, radicado en el Décimo Primer Juzgado de
Circuito, se acreditó la existencia del recurso: “en estas condiciones, el que
suscribe se pronuncia en el sentido de que el grupo de inversionistas
denominado Banca Mifel, S.A., institución de banca múltiple, grupo financiero
Mifel, ha demostrado a entera satisfacción de este órgano jurisdiccional la
existencia y disponibilidad de la suma de trescientos millones de dólares
americanos, que se encuentran depositados en el citado fideicomiso, para ser
utilizados en la adquisición de las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico y la
restructuración operativa y financiera de Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., y
sus filiales”.
Consuelo
Soto recuerda que “está en proceso de cobro” bajo las tres condiciones que
demanda Med Atlántica, por lo que, dice, ordenó girar oficios para que la SCT,
“en el ámbito de sus facultades, realice los trámites, verificaciones y
certificaciones necesarias para que la empresa pueda reiniciar operaciones
cuanto antes”.
Conforme
al comunicado 97 de la SCT, el juez ya cumplió con su deber de verificar; ahora
corresponde a Hacienda ver la licitud o no del dinero, porque un juez no tiene
las herramientas para investigarlo. Eso sólo lo hace la Unidad Financiera de
Hacienda, sostiene el legislador Di Costanzo. Y reitera: “La decisión última
está en Hacienda”.
Ante
la “inminente firma” del convenio concursal y para acelerar los trámites que
faltan, el martes 7 el conciliador Badín envió un escrito al Congreso de la
Unión “con miras a poder estar en posición de iniciar operaciones el 17 de
marzo de 2012” .
La carta está dirigida a Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados.
Entre
sus peticiones, Badín menciona que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México “deberá garantizar que serán restituidos y la empresa mantendrá
disponibles los slots que venía operando”. En este punto recuerda que las
propias autoridades de la SCT ya habían contraído dicho compromiso cuando se discutía
con uno de los inversionistas.
Badín
también pide al Congreso su apoyo para que se agilice ante la Dirección de
Aeronáutica Civil la entrega del Certificado de Operador Aéreo y para que
intervenga ante Nacional Financiera a fin de que ésta facilite los nueve
aviones de Mexicana para que con ellos se haga el proceso de verificación y
vuelos de prueba.
Sobre
Banorte, el conciliador de Mexicana informa al Legislativo que ya se tienen los
puntos básicos para cerrar el acuerdo, aunque le pide su intervención para
acelerar el proceso “para poder iniciar operaciones el día 17 de marzo
próximo”.
Al
cierre de esta edición, el viernes 10, la agencia gubernamental Notimex
difundió una entrevista con el juez Consuelo Soto en la que se percibe un
cambio de posición respecto de la del expediente. Según el cable, el juez dijo
que “hasta el momento dicho grupo no ha podido acreditar los 300 millones de
dólares, ni la procedencia de los recursos”.
Proceso
intentó comunicarse con el juez, pero nadie respondió a la llamada.
Primer
inversionista
Antes
de que Consuelo Soto anunciara el 31 de enero el depósito de Med Atlántica, el
inversionista Iván Barona, quien desde agosto pasado intenta adquirir Mexicana,
había retomado las negociaciones. Cinco días antes exhibió al juez un cheque
que, dijo, se haría válido si se respondían seis preguntas.
Una
de ellas era saber en manos de quién están las acciones de Mexicana de Aviación
y el regreso inmediato de las rutas y slots. Incluso estaba programada una
entrevista para el 27 de enero en Los Pinos, pero la reunión “se cayó” porque
supuestamente Barona nunca había depositado 1 millón de pesos en garantía como
pedía la SCT.
Barona
comenta que eso es falso. Dice que para evitar problemas recurrió a otro
fondeador, quien mostró un pagaré por 5 mil millones de dólares, al tiempo que
exhibe a la reportera copia del documento. E insiste en que el jueves 9 se
reunió con el juez Consuelo Soto y con el conciliador Gerardo Badín para
establecer el método de entrega del dinero y “bancarizarlo” a su nombre con tan
sólo 500 millones de dólares para que Mexicana pueda volar de nuevo.
En
la reunión del jueves 9, el juez anunció que la resolución final la dará dentro
de cuatro o cinco días, con lo cual la aerolínea quedará en manos de Med
Atlántica o de Barona, siempre y cuando Hacienda lo permita, sostiene el
legislador Mario di Costanzo. Refirió que si Barona no demuestra que los fondos
del cheque de un tercero son suyos, declarará la quiebra de la compañía y se
nombrará un síndico que se encargará de vender lo que ésta tiene y de pagar, en
primer término, a los trabajadores, y después al resto de los acreedores.
Las múltiples trampas de
Montiel
ANNE MARIE MERGIER
Arturo
Montiel ha manipulado a la justicia y a la opinión pública mexicanas y francesas
para salirse con la suya, afirma el abogado de Maude Versini, exesposa del
político mexiquense acusado de secuestrar a sus tres hijos y cuyo abogado se
negó a hablar con Proceso. Pero Montiel, en su afán de fingir que cumple y
respeta la ley ha cometido una serie de errores, dice el legista, que a la
larga lo dañarán más. Ha hecho tantas trampas, señala, que ya se enredó, se
entrampó él mismo y no hay posibilidad de que venza en este litigio y aun
podría enfrentar cargos en Francia.
PARÍS.-
Philippe Bouchez El Ghozi da rienda suelta a su exasperación y su indignación.
El abogado francés de Maude Versini denuncia:
“Hoy,
8 de febrero, más de un mes después de que los tres hijos de mi clienta
hubieran debido ser presentados, seguimos sin recibir el expediente del juez de
Toluca que otorgó la custodia provisional de los menores al señor Montiel, ni
por supuesto los elementos sobre los que se basó ese magistrado para tomar
semejante decisión. Esa situación es humanamente escandalosa y además viola la Convención
de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de
Menores.”
Desde
hace varias semanas el exgobernador mexiquense Arturo Montiel y su exesposa
Maude Versini se disputan la custodia de sus tres hijos: Los gemelos Adrián y
Sofía, de siete años, y Alexi, de seis.
Montiel
se apoya en una decisión judicial para no devolver los hijos a su madre. El
exgobernador del Estado de México demandó a Maude Versini y a su actual esposo,
Philippe Lancry, ante un juez de Toluca por “maltratos físicos y psíquicos” de
los tres menores de edad, hechos que su exesposa denuncia como parte de “un
complot” que Montiel ha “tramado desde hace años” para quitarle a sus hijos.
La
corresponsal buscó a los abogados en Francia tanto de Versini como de Montiel
para precisar la situación jurídica del caso. El representante legal del
exgobernador mexiquense declinó conceder una entrevista.
Artimañas
A
Bouchez El Ghozi se le pregunta si el término jurídico “presentados” significa
que los hijos de su clienta debieron ser devueltos a su madre al final de sus
vacaciones en México.
“Exactamente.
Debieron regresar a Francia el 2 de enero”, contesta.
Y
explica: “El señor Montiel exhibió el fallo provisional del juez de Toluca para
no cumplir con sus obligaciones claramente definidas por el juicio de divorcio
pronunciado el 29 de noviembre de 2007 por el Tribunal de Tenancingo y
declarado ejecutorio en Francia el 25 de septiembre de 2008.
“Conforme
a la Convención de La Haya, el señor Montiel tenía la obligación de hacer
llegar el expediente del caso a mi clienta desde el primer día de la no
presentación de los hijos. No lo hizo.
–Tengo
entendido que para hacerlo, Montiel tiene que pasar por canales diplomáticos.
–El
señor Montiel tiene dos posibilidades para hacer llegar estos documentos a mi
clienta. Una efectivamente es el canal diplomático: sus abogados en México
entregan el expediente a una oficina especializada de la Procuraduría (General
de la República) de México. En la jerga de La Haya esa oficina se llama “Autoridad
Central Mexicana”. Dicha autoridad remite a su vez el expediente a la oficina
homóloga de Francia. Finalmente esta última proporciona los documentos a mi
clienta. Nada nos llegó por ese canal.
–¿Puede
haber un retraso burocrático?
–¿Un
retraso de más de un mes? Imposible. Una de las metas de la Convención de La
Haya es justamente acelerar estos trámites. Fue precisamente por eso que los
ministerios de justicia de los países que firmaron la Convención crearon
instancias específicas para transmitir los expedientes con velocidad.
“De
todos modos los representantes legales del señor Montiel disponen de otro canal
muy sencillo de comunicación con los de la señora Versini: pueden confiar ese
expediente a un ujier oficial de justicia para que nos lo haga llegar. Los
abogados mexicanos y el abogado francés del señor Montiel rehusaron proceder en
esa forma. Le mandé ya varias cartas a mi colega de París exigiéndole la
entrega de todos los documentos. No me hizo el menor caso.”
Bouchez
lee a la reportera la última carta oficial que envió a su colega. Tiene fecha
del 2 de febrero. Es mordaz y acaba con alusiones claras a “procedimientos
reprensibles” de Arturo Montiel para obtener el fallo del juez de Toluca; habla
inclusive de “eventual complicidad”, sin precisar de quién.
–¿El
abogado francés de Arturo Montiel tiene la obligación legal de entregarle ese
expediente?
–Por
supuesto. Al no hacerlo viola las disposiciones del orden público del código de
procedimiento civil y se burla del código deontológico de nuestra profesión.
Las consecuencias de esa actitud son graves: paraliza la defensa de mi clienta
tanto en México como en Francia.
–Usted
se refiere a los dos procesos jurídicos que se llevan a cabo en ambos países.
–Así
es. Al no tener el expediente que permitió al juez de Toluca otorgar la
custodia provisional de sus hijos a su exesposo, los abogados mexicanos de la
señora Versini no pueden llevar ante ese mismo juez el debate contradictorio al
que mi clienta tiene derecho para oponerse a ese juicio y hacer valer su
derecho de seguir con la custodia de los tres menores. Oficialmente, más de un
mes después de esa decisión judicial no sabemos en qué se basó el juez para
autorizar esa custodia provisional.
–¿Qué
pasa con el proceso judicial francés?
–El
19 de enero y luego el 31 de enero mi clienta recibió convocatorias para
comparecer ante un juez francés a petición del señor Montiel que pretende
obtener el exequátur (procedimiento judicial en virtud del cual las sentencias
dictadas en un Estado puedan ser ejecutadas en otro) de la decisión del
magistrado de Toluca.
–¿Es
decir que esa decisión provisional se aplique en Francia?
–Así
es. Es absurdo. El señor Montiel exige que esa decisión sea ejecutoria en
Francia pero rehúsa que mi clienta tenga el expediente que la justifica.
–Tengo
entendido que los abogados mexicanos de Maude Versini pueden pedir directamente
ese expediente al juez de Toluca. ¿Por qué no lo hicieron?
–Las
pláticas que tuvimos con ellos nos permitieron entender que no es tan sencillo
como usted cree. No sabemos siquiera si ese expediente sigue todavía a
disposición del juez de Toluca. La señora Versini acaba de contratar a una
nueva abogada especializada en derecho familiar, tal como se lo aconsejó el
licenciado Gómez Mont, quien la representó en las primeras semana del
conflicto. Sé que mi colega está haciendo trámites para obtener el expediente.
Vamos a ver lo que logra.
Contaminación
política
–Esa
nueva abogada radica en Baja California. ¿No le va a ser muy incómodo defender
a Maude Versini viviendo tan lejos del Estado de México y del DF?
–Usted
es tan consciente como la señora Versini de que la disputa legal con su
exesposo se lleva a cabo en un contexto político muy tenso. El señor Montiel es
un personaje político conocido, tiene lazos familiares con un candidato a la
Presidencia de México. Mi clienta decidió ser muy cuidadosa en la selección de
su nuevo representante legal. Decidió que tenía que ser totalmente
independiente y capaz de resistir cualquier presión.
“Exigió
también que tuviera gran experiencia en materia de sustracción de menores. Yo
pertenezco a un bufete internacional de abogados. Eso nos ayudó mucho para
seleccionar a varios colegas con los que mi clienta se entrevistó
telefónicamente. Finalmente fue esa abogada de Baja California quien le pareció
la más capacitada para defenderla. El hecho de que viva lejos del DF no
intervino en su decisión. No es lo ideal, pero viajar al DF no es tan
complicado.
–Volvamos
a los procedimientos jurídicos en curso. ¿Cuando tendrá que presentarse la señora
Versini ante el juez francés?
–Es
muy difícil saberlo con precisión. A mi juicio podríamos tener una primera
audiencia de procedimiento a principio del próximo mes.
–¿En
qué consiste esa audiencia?
–Si
tenemos todo el expediente de Toluca –el fallo del juez mexicano y todas las
pruebas contra mi clienta entregadas por el señor Montiel–, podremos fijar con
el juez francés una agenda de procedimiento y sabremos cuándo se juzgará el
caso. Si no tenemos el expediente, el juez francés emitirá un mandato conminatorio,
una orden terminante para obligar al señor Montiel a entregar el expediente
completo a mi clienta. Si no obedece, se desechará su petición de exequátur.
“La
justicia francesa no puede acatar una decisión tomada unilateralmente por un
juez mexicano sin que haya habido un debate contradictorio. Lo mismo haría la
justicia mexicana con una decisión unilateral de un juez francés.”
–En
caso de que Arturo Montiel acabe por entregar ese expediente, ¿cuándo se
llevaría a cabo el juicio?
–Probablemente
a finales de 2012. Si bien la transmisión de los expedientes entre los dos
ministerios de justica es muy rápida, los procedimientos judiciales son largos.
Se trata de casos internacionales muy delicados y las autoridades judiciales
mexicanas y francesas se muestran muy cautelosas. Y lo mismo hacen las
autoridades de Relaciones Exteriores de ambos países.
–¿Qué
papel juegan estas últimas?
–El
papel principal le corresponde a la Procuraduría (General de la República) de
México y al Ministerio de Justicia de Francia. Pero los ministerios de
Relaciones Exteriores de los dos países siguen el caso con suma atención porque
les corresponde velar por sus nacionales. Estoy personalmente en contacto con
el Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país que se muestra muy preocupado
por ese asunto.
Caso
inédito
–Me
imagino que el parentesco del señor Montiel con el candidato presidencial del
PRI debe ser tema de inquietud.
–Lo
es. Pero lo que preocupa sobre todo a la Cancillería francesa es el hecho
inédito de sustracción conjunta de tres menores de edad. Es un caso raro. Por
lo general se sustrae a un solo niño y no a todos los hermanos. Peor aún, uno
de los menores, Alexi, tiene problemas psíquicos. Es autista. Gracias a los
esfuerzos de su madre ha progresado mucho, pero es sumamente vulnerable. Es muy
grave sustraer a un menor de edad que requiere cuidados médicos específicos.
Por todos estos motivos el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia está
muy pendiente del caso.
–Por
todo lo que acaba de explicar, resulta obvio que no le conviene a Arturo
Montiel no entregar el expediente de Toluca a Maude Versini…
–Por
supuesto que no le conviene. No sólo no obtendrá el exequátur sino que corre
riesgos penales en Francia.
–¿Por
qué?
–Si
no justifica la custodia provisional que le otorgó el juez mexicano y si no
permite el debate contradictorio al que mi clienta tiene derecho, se le acusará
de secuestro de menores, crimen se suma gravedad en Francia.
Después
de un breve silencio Bouchez afirma:
“En
realidad el señor Montiel manipuló a la justicia mexicana y a la justicia
francesa para servir sus propios intereses. Me explico: cubrió de regalos a sus
hijos desde que llegaron a México el pasado 17 de diciembre, les calentó la
cabeza contra su madre y su padrastro y 10 días después los llevó a rendir
testimonio ante un juez. Tal como le contó la señora Versini en la entrevista
que tuvieron (Proceso 1839), el exgobernador del Estado de México le entregó
también al juez testimonios de nanas mexicanas que él mismo seleccionó, pagó y
controló.
“El
magistrado mexicano sólo escuchó a los niños y sólo vio los documentos
entregados por el exesposo de mi clienta. Se dejó impresionar. Fue manipulado.
“Luego
el señor Montiel se apuró en pedir el exequátur de la decisión del juez de
Toluca en Francia y aprovechó ese trámite para hacer creer a la opinión pública
mexicana que actuaba conforme a la justicia de ambos países. Reiteró esa
manipulación en la carta que mandó a su revista y que se publicó en la sección
“Palabra del lector”.
“En
esa carta, obviamente redactada por sus abogados, afirma: ‘Es ante las propias
autoridades francesas y mexicanas, a las que respeto y me acojo, instancias a
las cuales debe responder mi contraparte.’
“Es
el colmo de la desfachatez. Exige públicamente que la señora Versini responda
ante la justicia mexicana y francesa al mismo tiempo que, en privado, le impide
hacerlo al no entregarle el expediente que necesita y espera.
–A
pesar de no tener ese expediente, tanto usted como la señora Versini tienen una
idea de su contenido. Tengo entendido que el licenciado Gómez Mont les hizo
comentarios al respecto.
–Me
gustaría poder hablar de estas pruebas teniéndolas en la mano y no partir de
comentarios, por muy fidedignos que sean. Sin embargo quisiera recalcar algo
que me parece sumamente grave. Sabemos que el juez de Toluca recogió
colectivamente los testimonios de los tres menores, cuando hubiera debido
escucharlos por separado. Así hubiera podido comparar lo que decía cada uno y
hubiera evitado que uno de ellos tomara el liderazgo de la plática con el juez,
induciendo a sus hermanos a imitarlo.
–Esta
audiencia fue videograbada, ¿no es cierto?
–Tenía
que serlo. Esa grabación es parte de las pruebas que, según el señor Montiel,
demuestran la culpabilidad de mi clienta. Los testimonios de menores de edad
son sumamente delicados de manejar. El derecho francés es muy exigente al
respeto. Por lo general se requiere la presencia de un abogado especializado y
se consulta a expertos. Hasta donde sabemos, no se tomaron estas medidas en
Toluca.
“Peor
aún: se recibió el testimonio de Alexi, que es un niño con problemas psíquicos.
Eso es sumamente irresponsable. Pero lo más atroz es que, según nos enteramos,
siempre de manera oficiosa, el señor Montiel buscó hacer creer al juez de Toluca
que el niño tenía trastornos psicológicos debido a los maltratos que
supuestamente sufre. ¡Es una abyección! Mi clienta tiene el expediente médico
completo de Alexi, decenas y decenas de testimonios de todos los médicos y
terapeutas especializados que lo atendieron a lo largo de los últimos años. Sus
testimonios son una parte importante de los múltiples elementos que quiere
presentar al juez de Toluca cuando por fin se pueda celebrar el debate
contradictorio al que tiene derecho.
–¿Será
después de ese debate contradictorio cuando el juez de Toluca podrá dictaminar
de manera definitiva sobre la custodia de los niños?
–Así
es. El debate de fondo tiene que darse en México.
–¿Ante
el mismo juez?
–En
Francia se da ante el mismo juez. No sé en México. Mi colega mexicana lo sabrá.
En Francia sin embargo se puede pedir la “relocalización” del juicio, es decir
que se celebre en otra región jurídica para evitar cualquier eventualidad de
presión sobre el juez. Tampoco sé si es posible en México. Si lo es, sería deseable
teniendo en cuenta las redes de influencia de las que dispone el señor Montiel.
Antes
de dar por terminada la entrevista Philippe Bouchez El Ghozi insiste:
“El
señor Montiel sabe que sus pruebas manipuladas se derrumbarán durante el debate
contradictorio. Por eso busca aplazarlo. Pero sólo gana tiempo. De todos modos
le tocará enfrentar a la defensa de su exesposa. Quizá pensó que podía seguir
imponiendo su ley, tal como lo hizo en sus tiempos de gobernador. Pero ese
tiempo ya se acabó. El señor Montiel está en un callejón sin salida. Parece
inverosímil que un hombre de su nivel se haya entrampado a sí mismo. La única
explicación que encontramos es que lo mueve su deseo de venganza. No acepta que
la señora Versini haya pedido el divorcio. En 2007 ya quiso castigarla
secuestrando a sus hijos. La justicia francesa lo obligó a devolverlos. Ahora
intentó el mismo golpe. Perdió el control y se dejó cegar por su rencor de
hombre herido.”
Eran soldados disfrazados
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
Los
“policías federales” que tomaron las instalaciones de la Compañía de Luz y
Fuerza del Centro la noche del 10 de octubre de 2009 en realidad eran soldados
disfrazados, según se desprende del testimonio de un teniente de zapadores que
semanas después fue sometido a la justicia militar por “abandono de servicio de
armas”. Marcos Gerardo Espinosa Pérez, quien hoy se encuentra libre bajo
caución, comenta que así como esas mentiras del gobierno federal hay otras: por
ejemplo, hablar de policías federales caídos cuando en realidad se trata de
militares.
Eran
las 11 de la noche del 10 de octubre de 2009 cuando varios batallones militares
disfrazados de policías federales tomaron las instalaciones de Luz y Fuerza del
Centro en la Ciudad de México. Una hora después, justo a la medianoche, el
gobierno calderonista anunció la extinción de la dependencia y adelantó su
fusión operativa con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los
militares tomaron de manera simultánea las instalaciones estratégicas de la
compañía en varias entidades para evitar que los trabajadores boicotearan el
suministro de energía eléctrica en el centro del país.
La
noche de ese sábado 10 de octubre cientos de militares disfrazados de agentes
de la Policía Federal (PF) llegaron al edificio de Marina Nacional y Circuito
Interior en la Ciudad de México y se apoderaron del Centro de Operación y
Control de Luz y Fuerza. Tras desalojar a una veintena de trabajadores ocuparon
las oficinas administrativas y desplegaron un cerco ante una eventual embestida
del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Dos
días después, con base en datos de la Secretaría de Seguridad Pública, Reforma
informó que efectivos de la Unidad para el Reestablecimiento del Orden Público
supervisados desde un helicóptero por el comisionado de la PF, Facundo Rosas,
tomaron las instalaciones en sólo cinco minutos. El funcionario reportó el
operativo a su jefe Genaro García Luna en tiempo real.
Sin
embargo, de acuerdo con un expediente de justicia militar elaborado a partir de
los testimonios de algunos soldados que participaron en aquel sabadazo, las
unidades militares fueron concentradas desde temprano en el Centro de Mando de
la PF en Iztapalapa. Ahí, precisa el documento, se les dotó de uniformes de la
PF nuevos y equipos antimotines.
El
teniente de zapadores Marcos Gerardo Espinosa Pérez, en ese tiempo comandante
en el Tercer Batallón de Ingenieros de Combate de Santa Lucía, Estado de
México, expuso, por ejemplo, que él participó en las operaciones de resguardo
de instalaciones en el Valle de México e Hidalgo. La participación de tropas
del Ejército disfrazadas de policías federales, dijo, se prolongó varios meses:
“Yo
creía que eso era ilegal. Cuando me dijeron que iba como PF le pegunté a mi
comandante si íbamos a reprimir una huelga. Y como somos un batallón de armas,
entonces exigí mi nombramiento y sólo recibí una respuesta verbal: es una
orden.”
Misión
cumplida
Las
imágenes de la incursión policiaca fueron ampliamente difundidas, en especial
los videos entregados a El Universal, que los subió a su portal de internet un
día después del operativo.
Los
supuestos policías federales llegaron a las oficinas centrales de la empresa,
en la capital del país, a bordo de patrullas y autobuses particulares. La
ocupación se diseñó por medio del monitoreo de las cámaras de vigilancia urbana
y se coordinó con sobrevuelos de helicópteros.
Tras
su arribo al edificio de Luz y Fuerza, las tropas cercaron el inmueble. Minutos
después llevaron varios tráileres con mamparas metálicas y en tres horas
montaron un muro de contención. Luego los mil 500 elementos se desplegaron en
el interior del inmueble y reforzaron la vigilancia en las zonas de acceso.
El
testimonio del teniente Espinosa Pérez deja en claro que los supuestos policías
federales en realidad eran soldados zapadores de combate entrenados en el uso
de explosivos, apoyos logísticos, atrincheramientos y fortificaciones para
enfrentamientos armados.
El
despliegue militar se realizó del modo similar en las instalaciones de Luz y
Fuerza del Distrito Federal, el Estado de México, Puebla, Morelos e Hidalgo. En
ninguno de esos puntos encontraron resistencia.
En
la Ciudad de México los integrantes del SME optaron por concentrarse en su
edificio gremial, en Insurgentes Sur. Desde ahí los líderes llamaban a sus
afiliados a no caer en provocaciones:
“La
verdad, durante el tiempo que duré, lo único que hacían era que iban y
colocaban sus mantas. Yo nunca vi que hubiera violencia ni agresiones como para
enviarnos pues, aunque desarmados, somos soldados de armas. Ellos exigían lo
que les correspondía, pues. Nunca nos agredieron”, según el reporte del
teniente Espinosa.
–¿Usted
ya estaba ahí como policía federal? –pregunta el reportero al militar.
–Nada
más disfrazado, sin ningún oficio de comisión a la PF, con el mismo sueldo y 30
pesos (diarios) de raciones en cheque que teníamos que ir a cobrar a un banco
(para adquirir alimentos).
–¿Cómo
les pagaban la nómina?
–A
unos en depósito y a otros en cheque, pero las raciones las manejaba un
intendente, que nos daba un cheque que teníamos que cobrar en Banjército por
ser comandantes de destacamento. Con el efectivo pagábamos a los soldados las
raciones. Era lo único que nos daban.
“Estábamos
en condiciones infrahumanas. Los muchachos dormían en el suelo, principalmente
en los baños, junto a las tazas o en las regaderas. Podían llevar algún colchón
o cobija comprados con su dinero, pero no podíamos llevar ningún equipo
militar, porque la misión era que nadie se diera cuenta de que éramos
militares.”
–¿Cuántos
elementos eran?
–Mi
batallón estaba orgánico, desplegado. Unos 800 elementos, más otros
regimientos. Por la zona militar había bastantes. Pero la orden era no dejarlos
entrar (a los trabajadores) y que se mantuviera en secreto (que ellos eran
soldados).
Sobre
los 30 pesos de ración abunda:
“Es
una cantidad que nos corresponde, pero como estábamos en esa situación, no sé
si Luz y Fuerza o la CFE nos daban unos alimentos pagados; no sé de qué área
del gobierno, y nos daban en especie.
“Fue
de las cosas que nos daban en especie y eso también me obligó a exigir. Cuando
es en especie, a veces faltan cosas, hay que procurarnos más cosas. Tampoco
había sanidad, teníamos que conseguir algún medicamento… había muchos motivos
urgentes y necesarios para salir (de las instalaciones).”
Durante
los meses que estuvo disfrazado de policía federal, el teniente Espinosa fue
removido a diferentes instalaciones: de Tultitlán y Ecatepec, en el Estado de
México, a Tizayuca, Hidalgo. En ese último destino sus superiores encontraron
un pretexto para someterlo a la justicia militar.
Los
“crímenes” del teniente
En
marzo de 2010 el teniente Espinosa Pérez había hecho varias observaciones a sus
superiores sobre las condiciones en que estaban los soldados a su cargo.
Acostumbrado a invertir de su bolsa, como la mayoría de los comandantes del
Ejército, el teniente utilizaba su auto particular para desplazarse y se
comunicaba únicamente con su teléfono celular.
Cuando
explicaba las razones de sus salidas para ir a Banjército, comprar víveres para
sus hombres o medicamentos, siempre se ponía en contacto con el mando a través
de su teléfono. Una vez, estando en Tizayuca, perdió la comunicación porque se
le acabó el saldo. Eso motivó que lo acusaran de abandono de servicio de armas.
“Mi
salida de las instalaciones fue una necesidad. Todo comandante tiene la
obligación de cumplir la misión, pero viendo por su gente. Para cumplirla se
requieren factores de alimentación, comunicación, buena moral. La comunicación,
cuando es mala, pone en riesgo la misión y a la gente. Uno puede hablar de un
teléfono y se pueden captar cosas, alguien puede escuchar. La comunicación
militar debe ser rápida, directa y segura.
“Yo
no tenía comunicación, porque era mi teléfono personal, era del Valle de México
y no tenía saldo. Perdí comunicación con el mando en la Ciudad de México.
Cuando pude recargué 20 pesos; al regresar, ya me estaban esperando para
llevarme a un Ministerio Público militar.”
Ante
la fiscal castrense el teniente Espinosa explicó su situación y aprovechó para
narrar el resto de las deficiencias, así como las condiciones en que él y sus
subordinados se encontraban, en un intento por demostrar que no estaba en “un
servicio de armas”, sino de disfraz. La fiscal recriminó al teniente; le dijo
que no parecía educado en el Colegio Militar.
“Se
lo dije ahí, lo he repetido en los juicios y lo sostengo: están muy equivocados
si creen que ser del Colegio Militar implica estar callado, sumiso, aceptando
injusticias. Debo ser disciplinado y honorable, por eso no puedo ser agachado”,
advierte el entrevistado.
Por
la falta de saldo, el teniente Espinosa Pérez es procesado en el Juzgado Cuarto
Militar, donde se radicó el expediente 248/2010, en el que se hallan asentados
documentales y testimonios que confirman la presencia militar con disfraz de PF
en las instalaciones de Luz y Fuerza.
En
mayo de 2010, dice, se trasladó a una base militar de Irapuato a visitar a su
hijo de tres años procreado con una capitana odontóloga del Ejército. Había
acordado con su pareja que visitaría al menor como cada semana, pero esa vez,
cuando se aproximaba a la puerta de las instalaciones, la mujer gritó que se
quería robar al menor.
Dice
que los policías militares le pidieron detenerse. Él aceptó. Recuerda que
comenzaron a llegar oficiales de más alto rango, hasta que el coronel José Raúl
Celedón, juez militar, amenazó con procesarlo por insubordinación.
“Le
dije que era una violación a mis derechos, pues en todo caso se trataba de un
asunto familiar y yo tenía derecho de visita y convivencia con el niño. Pero así
es en el Ejército, deciden hasta en derecho de familia”. El pequeño estaba
asustado y lloraba, comenta, por lo que se lo regresó a su madre. La mujer no
lo denunció.
Por
esos días el teniente fue enviado a Miahuatlán, Oaxaca. Quedó bajo las órdenes
de un amigo de Celedón, hasta que éste lo acusó de insubordinación por el
incidente de Irapuato. El coronel dijo que Espinosa Pérez lo había amenazado de
muerte.
“Con
el poder que tienen los generales y conociendo al Ejército, ¿usted cree que por
más enojado que estuviera iba a amenazar de muerte a un oficial”?, cuestiona el
teniente.
Una
patrulla de Policía Militar llegó por él en mayo de 2010 a Miahuatlán. Fue
trasladado a la Ciudad de México donde además del proceso por abandono de
servicio hoy enfrenta la causa 154/2010 en el Juzgado Sexto Militar. Desde el
incidente en Irapuato no ha vuelto a ver a su hijo.
Montaje
y negligencia
Disfrazar
a militares de policías se ha vuelto una práctica común en el gobierno de
Felipe Calderón, aun en los operativos contra el narco. El teniente Espinosa
asegura que muchos de los muertos en esa guerra que se cuentan como elementos
de la PF, en realidad eran soldados disfrazados.
Egresado
del Heroico Colegio Militar, con 19 años de servicio y una hoja inmaculada
hasta antes de su detención, Espinosa Pérez asegura que jamás tuvo problemas de
ningún tipo, mucho menos deserciones, heridos o muertos entre sus hombres. Todo
comenzó, dice, cuando lo enviaron al servicio de la PF que no le correspondía.
Hoy
forma parte del Agrupamiento de Militares Procesados Libres Bajo Caución de la
Primera Región Militar, asentado en el Campo Militar Número Uno.
Se
describe como zapador, ciento por ciento de armas. Y cuenta: “Soy operativo. Le
voy a comentar algo: muchos de los operativos, por falta de una cabeza lógica,
sana y limpia, llegan a realizar asaltos. No se hace estudio de inteligencia.
Matan y dicen que el muerto es narcotraficante. Todos sabemos que se debe hacer
un estudio de inteligencia antes de hacer una tontería.
“He
sido instructor en el Colegio Militar, también docente, siempre instruí lo
mejor que pude. En el Ejército hay gente profesional, lo que falta es quitar lo
arbitrario, lo corrupto y muchos vicios.”
–¿Cómo
piensan los generales?
–Es
una mentalidad muy negativa, cerrada y posesiva. Ellos mandan y se hace lo que
dicen. Si un general se equivoca, vuelve a mandar; las consecuencias son
siempre para los de abajo. Si uno es comandante y se te muere alguien, es tu
culpa, no de quien dio la orden.
La
situación de Espinosa Pérez es peculiar. Traído de Miahuatlán cuando se
encontraba franco, no pudo recoger sus posesiones, pero le han exigido que
porte uniforme, insignias y credenciales en las diligencias. No puede ir por
ellas, pues si va más allá de 80 kilómetros se configura el delito de
abandono de plaza. Si usa un uniforme ajeno, también es delito.
Asegura
que en el caso de abandono de servicio, el juez ya se dio cuenta de que no era
un destacamento de armas, que los documentos aportados por la fiscalía en su
contra no tenían firmas ni sellos, que estaban hechos al vapor, incluso tenían
fechas equivocadas.
“Yo,
la verdad, sí pedí que me aclararan la situación (de la asignación a PF) porque
creía que era una cosa ilegal. La huelga… la protesta es una cosa normal del
trabajador que quiere defender su trabajo, y en el Ejército estamos para
garantizar la seguridad interna y externa de la nación, no para reprimir
trabajadores. Pienso que por eso empecé a tener problemas con el mando, porque
no me gustaba someterme a esas órdenes.”
El despojo de Holbox
JENARO VILLAMIL
No
obstante que 980
hectáreas de la isla Holbox se encuentran en litigio en
el Tribunal Agrario y en la Suprema Corte, la Semarnat ya autorizó a un grupo
empresarial el desarrollo de un proyecto turístico en esos terrenos en disputa.
Los ejidatarios que eran dueños de esas tierras denuncian las trampas y engaños
con que los despojaron de su patrimonio, en tanto que los depredadores que
impulsan el proyecto se aprestan a levantar su infraestructura en esa isla del
Caribe mexicano, considerada área natural “protegida”.
ISLA
HOLBOX, QR.- Sin importar el hecho de que en tribunales agrarios y en la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se siga actualmente un litigio
por los delitos de despojo y fraude en perjuicio de más de 65 ejidatarios de
esta localidad, propietarios originales de un conjunto de tierras afectadas, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó ya la
construcción de un proyecto turístico en esta isla.
El
proyecto implicará la inversión de 850 millones de dólares en los próximos
siete años y convertirá este santuario del tiburón ballena en propiedad de un
consorcio encabezado por empresarios yucatecos, presuntos prestanombres de un
exgobernador quintanarroense, y consorcios inmobiliarios.
“Por
órdenes de Felipe Calderón” –afirma Carlos Odriozola Mariscal, abogado de los
ejidatarios– el proyecto llamado Península Maya Developments –cuyos accionistas
principales son los empresarios Fernando Ponce García, embotellador de Coca
Cola en la península de Yucatán, y Germán Ahumada Russek, presidente del
Consejo de Administración y director general del Consorcio Ara– se presentó en
una reunión privada con las autoridades de la Semarnat el 9 de agosto de 2011.
El
director general del consorcio del mismo nombre –Península Maya Developments–
es Jean Louis Guinchard, director ejecutivo de Real Development Partners,
especialista en la operación de grandes desarrollos turísticos y vinculado con
la consultora Ernst & Young.
El
director ambiental es Patricio Martín Sánchez, quien antes fue abogado en
Quintana Roo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y fue cooptado por los
empresarios después de haberlos criticado duramente por el riesgo de
devastación ecológica del proyecto; el director legal y de Relaciones
Institucionales es José Menéndez Medina. También se incorporó como segundo
director general José Antonio Ortega, de la consultora Especialistas
Ambientales.
En
la trama de inversiones y despojo de las tierras está implicado asimismo Jaime
Manuel Zetina González, primo del exgobernador priista de Quintana Roo, Félix
González Canto, exempleado de Fernando Ponce García y exsecretario de Fomento
Económico y Desarrollo Empresarial de la gobernadora priista de Yucatán Ivonne
Ortega Pacheco.
Zetina,
identificado en la isla como prestanombres de González Canto, de la noche a la
mañana se convirtió en propietario de 12 lotes en Holbox, como consta en los
folios 185115 y 185101 del Registro Púbico de la Propiedad y del Comercio de
Quintana Roo, y en la escritura pública número 498 del notario número 33, José
Francisco Peniche Segura, del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.
Hay
otro interesado en la isla: el empresario yucateco Arturo Millet, vinculado con
el diputado federal nuevoleonés Felipe Enríquez, compadre de Enrique Peña Nieto
y operador político de éste en los gobiernos de Ortega Pacheco en Yucatán y de
González Canto en Quintana Roo. Algunos habitantes de Holbox presumen una
rivalidad entre Millet y Ponce García, pero otros advierten que aun así pueden
formar parte del mismo negocio.
Según
el documento entregado a la Semarnat, titulado Península Maya Developments
–cuya copia obtuvo Proceso– el plan es desarrollar para fines turísticos e
inmobiliarios 980
hectáreas para la construcción de tres “hoteles
boutique”, 45 para 866 lotes residenciales exclusivos (villas y condominios), 1.5 hectáreas para un
área comercial, 69 para “lotes de preservación” y un Centro de Interpretación
Ambiental.
Según
las cifras del proyecto, hasta la fecha hay una inversión de 100 millones de
dólares y se tienen programados 600 más en la segunda fase y 150 adicionales
para la compra de bienes y servicios.
Sus
promotores presumen que se trata de un “desarrollo verde”, protector del medio
ambiente, “que no sólo contempla la conservación a perpetuidad de 90% del
predio y un manejo responsable de los recursos naturales de la isla y fuentes
alternativas de energía, sino que está planeado bajo una filosofía de
conservación de la riqueza natural de Holbox”.
Además
dicen que se necesita un programa de manejo para el área natural protegida de
Yum Balam –en la parte continental del municipio de Lázaro Cárdenas, al que
pertenece Holbox, y donde se pretende edificar una ciudad dormitorio para los
trabajadores del complejo turístico–, donde hay una enorme biodiversidad…
aunque no indican cómo preservarla.
A
la Semarnat le piden “respaldo institucional” para “facilitar los
procedimientos y reducir los obstáculos innecesarios”, pero no mencionan en el
proyecto de más de 40 cuartillas los litigios pendientes en el Tribunal
Unitario Agrario 44 de Chetumal por el despojo de la tierra ejidal ni los
juicios de amparo agrario TUA-44-474/2009 que están en trámite de revisión en
la SCJN.
Sí
argumentan, en cambio, la necesidad de ser los únicos desarrolladores en la
isla, considerada una de las últimas joyas vírgenes del Caribe mexicano:
“Al
tener la ventaja de tener (sic) un solo actor controlando una gran extensión de
tierra en Isla de Holbox, resulta en una enorme ventaja que facilita la gestión
con las autoridades y permite al desarrollador generar amplios espacios de
conservación que además generarán importantes fuentes de empleo, negocio y un
mejoramiento definitivo: el de las comunidades y las vidas de sus habitantes.”
Una
semana después de que se presentara el plan ante la Semarnat, el 16 de agosto
de 2011, Felipe Calderón se trasladó de Cozumel a Holbox, donde vacacionó unos
días. Su anfitrión fue Fernando Ponce.
La
columna Templo Mayor del periódico Reforma publicó en aquella ocasión:
“Quienes
pasan los últimos días del periodo vacacional en la isla yucateca Holbox se
sorprendieron de ver merodeando a un Puma.
“Pero
no, no era un carnívoro de cuatro patas y atemorizante rugido, ni uno de los
integrantes del equipo campeón de futbol nacional.
“En
realidad, era uno de los helicópteros de la flotilla presidencial que al
parecer fue de avanzada, en preparación a la visita de Felipe Calderón, quien
esta semana vacaciona en playas quintanarroenses.”
Como
viejos hacendados
Para
adueñarse de la isla los empresarios encabezados por Ponce “reprodujeron los
métodos de los viejos hacendados de Yucatán que acaparaban toda la tierra para
volverse ellos los únicos propietarios”, advierte el abogado Carlos Odriozola
Mariscal.
Odriozola
asesora desde hace poco más de un año a la mayoría de los ejidatarios que
demandaron a Ponce y a su yerno Ermilo Castilla Roche por haberlos despojado de
su tierra con engaños, comprándoles a un precio mucho menor los 116 lotes
originales, formando un fideicomiso fraudulento que maneja el concesionario de
Coca Cola en el sureste y quedándose también con una extensa parte de terreno
que era área natural protegida y llega hasta Cabo Catoche, el extremo
septentrional de la península de Yucatán.
“Existen
más de mil parcelas, propiedad de los Ponce en Holbox. El problema es que en el
Registro Agrario Nacional desaparecieron todo el expediente anterior de la
isla”, advierte Odriozola.
La
documentación obtenida por Proceso indica que Ponce García les compró por 5
millones de pesos los títulos de propiedad a 65 de los 116 ejidatarios, pero
también los derechos sobre tierras de uso común. Fueron 2.5 millones de pesos
por las parcelas de 4.5
hectáreas , con 100 metros de playa y 400 metros de fondo, y
2.5 millones de pesos por la cesión de derechos ejidales en su totalidad.
De
acuerdo con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el
valor catastral de cada uno de estos 116 lotes es de 99 millones de pesos y no
cinco. Es decir, Ponce García pagó 5% del valor mínimo de estas tierras.
Fernando
Ponce, concesionario también de Vokswagen, Porsche, International Cummings,
Toyota y otras grandes trasnacionales en el sureste mexicano, logró convencer a
los ejidatarios de que vendieran sus tierras con la celebración de un contrato
de “prestación de servicios” para realizar trabajos que normalmente hacen
gratis instituciones como el INEGI, la Procuraduría Agraria o el Registro
Agrario Nacional (RAN): la modificación de los planos del ejido, la titulación
de solares urbanos, la constitución de una sociedad mercantil para beneficio de
los ejidatarios y la preparación de un “plan maestro” y una “estrategia
comercial”.
El
17 de enero de 2006 se constituyó en Mérida el Fideicomiso para la Promoción y
Desarrollo Sustentable de la Isla de Holbox, en el que participaron como
fideicomitentes los ejidatarios y como fiduciario el banco JP Morgan.
El
contrato se realizó ante el notario público número 68 de Yucatán, Víctor Manuel
Correa Mena. Fernando Ponce García y Ermilo Castilla Roche convencieron a los
ejidatarios para que aportaran sus parcelas de 4.5 hectáreas cada
una al citado fideicomiso para que fueran ofrecidas al “mejor postor”.
Resultó
que el fiduciario (JP Morgan) ya tenía comprador para todas las tierras: era el
propio Ponce a través de la empresa Península Maya Development en contubernio
con Península Maya Group, propiedad de Castilla Roche, su yerno en ese momento.
El
1 de octubre de 2008, Ponce y Castilla lograron que 65 de los 116 ejidatarios
aceptaran vender sus parcelas de 4.5 hectáreas . Según los testimonios recabados
entre los propios ejidatarios, los trasladaron a Yucatán, los pasearon por las
zonas arqueológicas, los llevaron de compras y finalmente con el notario 33,
José Francisco Peniche Segura. Ahí les entregaron dos cheques de
aproximadamente 2.5 millones de pesos cada uno.
En
diciembre de 2008 hubo una asamblea general de ejidatarios que decidió expulsar
a los 65 que vendieron. Acordaron que la cesión de derechos sobre el uso común
de tierras se hiciera a favor de Germán Ahumada Alduncin, propietario de Casas
Ara y padre de Germán Ahumada Russek, actual accionista del proyecto, junto con
Ponce García.
Luego
aparecieron nuevos “ejidatarios” que, asegura Odriozola Mariscal, en realidad
son parte de las familias más pudientes de Yucatán y operadores políticos de
Félix González Canto, entonces gobernador de Quintana Roo. La lista de éstos es
larga, pero baste mencionar que todos esos nuevos “ejidatarios” en realidad son
empresarios exitosos que viven en algunos de los barrios más exclusivos de
Mérida: las colonias Campestre y Club de Golf La Ceiba, y los fraccionamientos
Montecristo y Prado Norte.
La
trama de intereses se complicó desde que, el 30 de junio de 2009, nueve
familiares de igual número de ejidatarios demandaron la nulidad de la
aportación que hicieron al fideicomiso que formaron con Ponce García. La
demanda se radicó en el juicio agrario 250/2010 en el Tribunal Unitario
Agrario, distrito 44, con sede en Chetumal.
En
Holbox se especula que detrás de estos nueve demandantes, a quienes llaman “los
talibanes”, están los intereses de Arturo Millet, vinculado con el diputado
federal por Nuevo León, Felipe Enríquez, y cercano también al exmandatario
González Canto.
El
3 de junio de 2010, el comisariado ejidal presentó una demanda de nulidad de la
asamblea de enajenación de bienes y de la asamblea del 28 de diciembre de 2008
en la que se separó a 65 ejidatarios. La demanda se radicó en el juicio agrario
312/2010 del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 44, en Chetumal.
El
magistrado Benjamín Arellano Navarro, del mismo Tribunal Agrario de Chetumal,
falló el 14 de julio de 2010
a favor de los nueve ejidatarios. Menos de dos meses
después, el 1 de septiembre de 2010, el presidente del Tribunal Superior
Agrario, Marco Vinicio Martínez Guerrero, removió a Arellano Navarro y nombró
en su lugar a Georg Rubén Silesky Mata, quien, al parecer, ha actuado a favor
de los intereses empresariales que están tras el litigio de despojo y fraude en
Holbox.
Martínez
Guerrero es consuegro de Roberto Hernández, expresidente de Banamex, quien
adquirió la mayoría de las haciendas henequeneras en Yucatán y que tiene
intereses en otras zonas e islas de Quintana Roo.
“La
doncella deseada”
Los
empresarios que quieren estas tierras “saben que Holbox es una princesa que
nació rica. Es la doncella deseada. Ellos deliberadamente nos engañaron”,
afirmó don Edgardo Efraín Zapata Jiménez, uno de los ejidatarios que encabezan
las demandas contra Ponce García.
“Son
los grupos de poder económico de Yucatán los que están detrás. Aparentemente
Arturo Millet y Fernando Ponce están peleados, pero ellos pueden ponerse de
acuerdo y quedarse con grandes extensiones de estas tierras, como lo hicieron
en la península”, respondió Zapata Jiménez, al preguntarle qué ha pasado con
los principales grupos empresariales que ambicionan las tierras.
“Lo
malo no está en el desarrollo, sino en la negociación sucia. Nosotros teníamos
el apoyo de Félix González Canto, pero él fue quien nos dio la estocada final”,
advierte.
El
ejidatario relató el momento en que se llevó a cabo la asamblea donde los 65
cedieron sus derechos agrarios. “Pegamos el grito en el cielo cuando las
parcelas fueron cedidas al banco JP Morgan. El gobierno de Félix estaba
comprado y coludido con Fernando Ponce. No hizo nada para defendernos”, afirmó.
“¿Cómo
es posible que el Registro Agrario Nacional no nos haya dicho nada, no nos haya
advertido? Todo fue por debajo del agua. La entonces delegada del RAN calificó
de inmediato la operación”, se quejó el ejidatario.
En
el momento de la venta fraudulenta, la delegada del RAN era la exalcaldesa
panista de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña. La misma funcionaria a la que
los pobladores de isla Blanca señalan como promotora del megaproyecto turístico
para construir 9 mil 600 cuartos de hotel en un área natural protegida (Proceso
1837). Como en Holbox.
Acusan a Vázquez Mota de
discriminar a su hija
JUAN PABLO PROAL
La
edición más reciente de la revista de sociales Quién.
MÉXICO,
D.F. (apro).- Este jueves, en las redes sociales empezó a circular una imagen
de la portada de la revista Quién en la que aparece la aspirante presidencial
panista con su familia, excepto Celia, la segunda de sus hijas, supuestamente
porque sufre de sobrepeso.
En
la portada de la edición más reciente de la revista de sociales, posa Vázquez
Mota junto con su familia pero aparece incompleta debido a la ausencia de
Celia.
Su
ausencia en la sesión de fotos ha sido interpretada en las redes sociales como
un gesto de discriminación por parte de la panista. Los usuarios de Internet
señalan que se le excluyó porque padece sobrepeso.
Como
acostumbra hacer con otros políticos, la revista Quién organizó una sesión de
fotografías con la familia de Vázquez Mota. En su edición virtual, subió un
video donde se muestra cómo son maquillados cada uno de los integrantes de la
familia.
Así,
cada uno de los miembros de la familia luce impecable. Con peinado de salón,
maquillaje, ropa fina y amplias sonrisas. En la sesión de fotografías
participaron Sergio Ocampo Muñoz, esposo de la panista, y sus hijas María José
y Montserrat.
Al
principio del texto se justifica la ausencia de Celia bajo el argumento que
“llegaría más noche”. Párrafos más adelante, Quién acota que Celia “no pudo
estar en la sesión por su trabajo en un hospital”.
Al
referirse a su segunda hija, Josefina Vázquez Mota ataja: “Celia María siempre
ha sido muy generosa y comprensiva pero me dijo que ella no quería se supiera
que soy su mamá, ‘Porque no me van a dejar ayudar a la gente (ella estudia Medicina),
quiero entrar igual a la Cruz Roja y que nadie me trate diferente’, me dijo.
Así que le respondí que era absolutamente respetable. Y yo admiro eso de mi
hija, porque creo que la tentación sería lo contrario, que quisiera trato
diferente”.
Aunque
Josefina Vázquez Mota dice que se enorgullece de que Celia no se valga de su
nombre para crecer profesionalmente, no pasa lo mismo con su hija María José,
quien trabaja en su campaña coordinando a los simpatizantes jóvenes, además de
mantener una abierta comunicación con la prensa y actividades públicas.
En
YouTube se subió un video que acusa a Vázquez Mota de discriminar a su hija. Lo
mismo ocurre en Twitter y en varios blogs, que critican a la panista por
esconder a quien llaman, “su hija incómoda”. Estos son algunos comentarios que
se están publicando en las redes sociales:
“La
hija incómoda de Josefina Vázquez Mota… : youtu.be/YOUnj-AX3RM
“la
hija incomoda de josefina tiene muchoooo de q hablar??
“aHÍ
ESTA MUJERES, esa es su “candidata”
“Creo
q la hija tiene poca autoestima y decidió no salir
“Josefina
esconde a su hija incómoda de la revista Quién… por gorda
“Josefina
Vázquez Mota esconde a su hija incómoda de la revista Quién… por gorda #Ayweey
como no se esconde ella por fea!
“Tssss
discriminación!! Josefina Vázquez Mota esconde a su hija incómoda de la revista
Quién… por gorda
“Que
JVM esconde a una hija incómoda? todos hacemos changuitos para que no aparezca
bajo el colchón como es la moda :S”.
