Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
Domingo 26 de febrero
de 2012
SUPLEMENTO “ENFOQUE” REFORMA
Colaborador Invitado / ¡Que nos enseñen!
El documental '¡De panzazo!' provoca la
reflexión, pero también llama a la acción: exigir a la autoridad elevar la
calidad educativa
Colaborador Invitado
(26 febrero 2012).- Alberto Serdán Rosales
Coordinador de Activación Ciudadana en
Mexicanos Primero AC.
Un joven de
secundaria aparece en primer plano. Su reclamo es contundente, simple:
"¡que nos enseñen!". Ahí resume el drama de 7 de cada 10 niños de
secundaria que no entienden lo que dice una hoja escrita o que no saben hacer
operaciones matemáticas básicas. Es uno de los saldos del sistema educativo
mexicano que enumera ¡De Panzazo!.
El documental de
Mexicanos Primero es dirigido por Juan Carlos Rulfo y codirigido por Carlos
Loret de Mola. A lo largo de sus 80 minutos ofrece un desafío: la escuela es
nuestra y la responsabilidad de mejorarla es de toda la sociedad. Nuestra niñez
está desamparada. Nuestro futuro, también. No podemos pensar en un México justo
y próspero si el sistema educativo no cambia. Tampoco en una vibrante
ciudadanía o una vida democrática plena si nuestra niñez está condenada a
seguir instrucciones, a pasar ¡de panzazo!
En el recuento de
las responsabilidades, la película nos ofrece una visión en la que padres de
familia no se involucran en las escuelas; los maestros enseñan con métodos
basados en la memorización; la educación privada tiene resultados similares a
las públicas; la clase política se llena la boca de discursos pero es inepta
para llevar adelante reformas mínimas: más horas y años de clase, un magisterio
profesionalizado, transparencia y eficiencia en el gasto educativo, mayor
participación de la sociedad y autonomía de las escuelas. Y unos líderes
sindicales que promueven el ausentismo y confirman que no pueden ser tocados
debido al pacto político-corporativo que han cimentado con las autoridades.
Hoy la educación
está secuestrada por una práctica muy poderosa que ofende y humilla a los
maestros mexicanos al considerárseles botines electorales y corporativos, y no
profesionales de la educación. Con la complicidad gubernamental y de una clase
política que se beneficia electoralmente del SNTE, sus líderes controlan el
ingreso, la permanencia y la promoción de los maestros. "Deciden
todo", afirma la película.
Ante la crítica, en
días recientes los líderes del sindicato han tendido un discurso viejo,
retorcido y eficaz: si se toca con el pétalo de una coma a su presidenta
vitalicia, Elba Esther Gordillo, ello se considera "una ofensiva al
SNTE", una "difamación a los maestros", "un ataque a la
educación pública", evidenciando que para ellos la educación pública es su
propiedad privada.
Ante las carencias
suele culparse a la falta de recursos. Pero, como se afirma la película, más
dinero para la educación siempre será bueno, pero con el que tenemos podemos
hacer mucho más. Con cifras oficiales en la mano, ¡De Panzazo! dilucida que más
de 21 mil comisionados cobran como maestros sin dar clases; que los maestros
mexicanos ocupan el primer lugar en ausentismo y que 8 de cada 10 reprueban sus
cursos de actualización. La Auditoría Superior de la Federación nos acaba de
recordar que, tan sólo en el 2010, más de 10 mil 676 millones de pesos se
transfirieron ilegalmente al SNTE, equivalentes a 163 años de becas de apoyo a
la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas.
A través del lente
que nos ofrece ¡De Panzazo! podemos advertir que hay esperanza. Hay maestros,
muchos, comprometidos con hacer bien las cosas. La ciudadanía puede reclamar
para sí su papel en la educación pública. Existe un contexto político electoral
en el que los principales contendientes a la Presidencia pueden romper el
acuerdo político-corporativo con el SNTE. Consta una sociedad civil más
vigilante y especializada. Vemos padres de familia que participan en las
escuelas de sus hijos para que las cosas cambien. Tenemos alumnos que demandan
con vehemencia: "¡que nos enseñen!"
¡De Panzazo! invita
a reflexionar, debatir, conversar y concluye con un llamado a la acción muy
específico: exijamos a las autoridades elevar la calidad educativa, mejoremos
la escuela, actuemos. Es hora de levantar la mano por la educación.
www.mexicanosprimero.org
/ @Mexicanos1o
www.depanzazo.mx /
@DePanzazo
Todo por 'una vida mejor'
Crónica Historias de migrantes. La película
por la que Demian Bichir está nominado al Óscar reabre el debate sobre el trato
a los migrantes en Estados Unidos. Hollywood comienza a entender mejor que
Washington el problema de la migración, aseguran líderes de las comunidades de
indocumentados
Eileen Truax
(26 febrero 2012).- Periodista
independiente.
www.eileentruax.info
LOS ÁNGELES,
CALIFORNIA.- Son las siete de la mañana y en la entrada del Home Depot ubicado
en Sunset Boulevard, en el barrio de Hollywood, una docena de hombres, todos
latinos, esperan a que llegue el primer cliente. Un tipo rubio se acerca y,
tras una breve negociación, tres hombres se van con él en una camioneta que
lleva materiales de construcción: el "jale", al menos por hoy, está
asegurado.
Para quienes no
están familiarizados con la realidad de los trabajadores indocumentados en
Estados Unidos, la escena parece salida de una película: A Better Life, la
cinta dirigida por Chris Weitz que aborda la vida de un trabajador
indocumentado de Los Ángeles. Carlos Galindo es el personaje interpretado por
el mexicano Demian Bichir, quien lo hizo tan exitosamente, que hoy se encuentra
nominado a un Óscar como mejor actor.
Sin embargo, la
vida de Galindo, el jardinero cuya fortuna pende de un hilo debido a que carece
de papeles que le permitan trabajar legalmente, no es un asunto de ficción.
Cada día a lo largo del país -afuera de un Home Depot, en las zonas de venta de
materiales o en estacionamientos, en las paradas de autobús- 117 mil jornaleros
viven su propia historia de película en busca de, en efecto, una vida mejor.
Pablo Alvarado
conoce esta vida como pocos. Nacido en un hogar de campesinos en El Salvador,
trabajó en la cosecha durante su infancia para ayudar a su manutención hasta
los 12 años de edad, cuando en plena guerra civil se convirtió en profesor
asistente de literatura. Con el paso de los años obtuvo sus credenciales de
maestro, pero la necesidad de migrar a Estados Unidos sin documentos lo obligó
a empezar de cero. En este país trabajó como jardinero, chofer, pintor y
ensamblador, hasta que un día decidió organizar a otros trabajadores. Hoy es el
coordinador de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), que promueve el liderazgo
y la defensa de los derechos de los trabajadores inmigrantes.
Hace unas semanas
Pablo viajaba de Los Ángeles a Nueva York, cuando en el avión proyectaron para
los pasajeros A Better Life. La vio y le gustó.
"Sí es un
reflejo fiel de lo que le pasa a un trabajador", responde entusiasmado cuando
se le pregunta sobre la actuación de Bichir. Pablo asegura que la historia pone
un rostro a las decenas de miles de trabajadores que viven en el anonimato, y
que de alguna manera la llegada de esta historia a la pantalla grande los
dignifica.
"Históricamente
el jornalero ha sido catalogado como sucio, alguien que orina en la calle o
tira basura. Para nuestros adversarios es bien fácil usar esa imagen como un
símbolo, pero esta película ayuda a eliminar esa simbología dañina y a
presentar una imagen humana de nosotros", agrega.
El asunto es que
para cambiar la situación de los jornaleros indocumentados, una película no es
suficiente. Datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros publicados por UCLA
confirman lo que ya se sabe pero a veces es cómodo ignorar: a los jornaleros
indocumentados se les contrata para realizar actividades peligrosas sin las
medidas de protección adecuadas -inevitable recordar al personaje de Bichir
trepando a una palmera-; en muchas ocasiones se les niega el pago; suelen ser
insultados por quienes los contratan, e incluso por transeúntes que les gritan
consignas antiinmigrantes o les arrojan objetos desde vehículos en movimiento.
Para más del 80 por ciento de estos trabajadores, hombres en su gran mayoría,
el ingreso que obtienen por el trabajo informal es el único que perciben.
Durante un mes bueno pueden llegar a ganar mil 200 dólares, pero en los malos
perciben 500 o menos; el promedio de ingreso anual para un jornalero es de 15
mil dólares, lo que los coloca en, o por debajo, de la línea de pobreza en
Estados Unidos.
"En términos
concretos esta película no va a lograr que la vida de los jornaleros que piden
un trabajo en la calle sea mejor", comenta Pablo Alvarado, quien a través
de la red de NDLON planea realizar al menos 100 presentaciones de la película a
lo largo del país en las próximas semanas, "pero logra presentar un lado
diferente de la historia y es un inicio, porque ante el lenguaje de odio contra
los inmigrantes que estamos viendo en Alabama, o en Arizona, la película
presenta un lado humano ante el horror, como lo hizo el movimiento de derechos
civiles de los afroamericanos. La gente se vio reflejada en él, pero eso tomó
muchos años de lucha y sufrimiento. Realmente nosotros estamos en pañales, y el
movimiento para reformar las leyes de inmigración va a estar más duro".
Jorge Mario Cabrera
sabe esto por experiencia. Durante sus años de trabajo como director de
comunicación de la Coalición de Los Ángeles para los Derechos Humanos de los
Inmigrantes (CHIRLA), le ha tocado lo mismo cabildear con legisladores en
Washington D.C., que recibir amenazas de muerte por parte de organizaciones
antiinmigrantes. Aún así, Jorge Mario considera que las cosas sí pueden
cambiar, y para ello, esta película ayuda.
"Yo siento
que, en ausencia de otros ejemplos, ésta es una representación positiva",
comenta.
CHIRLA es una de
las primeras organizaciones que han dedicado sus esfuerzos a educar jornaleros
en el conocimiento de sus derechos laborales. Algunos de estos jornaleros
participaron en la grabación de A Better Life. El activista cuestiona algunos
de los estereotipos utilizados en la película, como retratar un Este de Los
Ángeles dominado por las pandillas que, asegura, no necesariamente son la
realidad de todos los barrios latinos ni de una ciudad multicultural. Sin
embargo, ¿cuántas veces se ve en cine de Hollywood a un personaje inmigrante
como Carlos Galindo, trabajador, con estándares éticos, conduciéndose con
integridad?
"Algún día
llegará el momento en el que el establishment de Hollywood tenga el valor y los
apoyos para permitir que se represente a nuestra comunidad como es; por lo
pronto esta película, al ser cine comercial, puede tener influencia en la
opinión pública, en las salas de cine a donde asiste gente común y corriente;
tenemos la esperanza de que los que votan por quienes proponen medidas
antiinmigrantes lo piensen dos veces", señala Jorge Mario.
Pablo Alvarado es
más directo: "Hollywood sí está entendiendo a los trabajadores, pero
Washington D.C. no".
La comunidad de la
preparatoria Panorama, en Los Ángeles, está de fiesta: maestros, estudiantes, y
padres de familia se han dado cita para "ir al cine" en el auditorio
escolar. Hoy se presenta A Better Life, y dada la poca difusión que tuvo la
cinta durante su estreno comercial, todos tienen interés en verla. Ubicada en
Panorama City, un vecindario con casi 70 por ciento de población latina, esta
escuela brinda educación académica, física y artística a jóvenes de clase media
baja y baja, en una zona en la que las pandillas y los altos índices delictivos
son cosa común. Nueve de cada 10 estudiantes en la preparatoria Panorama son
latinos.
La historia
conmueve genuinamente a la audiencia. Al terminar la proyección todos aplauden,
algunos tienen lágrimas en los ojos, y la expectación crece: Chris Weitz, el
director de la película, entra en el auditorio para participar en un foro junto
con algunos de los actores, una estudiante indocumentada y un par de políticos
en campaña.
Weitz viene
llegando de Washington D.C., en donde hizo una presentación del filme ante las
autoridades del Departamento del Trabajo estadounidense. "Es nuestra
manera de contrarrestar los estereotipos que promueven los republicanos",
asegura Weitz, quien describe su película como "una ventana para que
algunas personas vean un tipo de vida del que no sabían nada".
No es el caso de
quienes están ahí. José Julián, el joven actor que da vida a Luis Galindo, el
hijo del personaje que encarna Bichir; Myasha Arellano, la estudiante de
Panorama que abiertamente reconoce no contar con documentos; el concejal de Los
Ángeles, Tony Cárdenas, en cuyo distrito se encuentra este barrio; todos han
vivido directamente, en su propia familia, la realidad indocumentada. Para
quienes están en esta sala, A Better Life no es una obra de ficción.
"Yo crecí en
la misma área donde se filmó la película, así que para mí esto es normal",
explica José Julián. Su madre llegó indocumentada a Estados Unidos procedente
de México, y él creció viviendo lo que vive su personaje. Por eso para el
actor, la mayor sorpresa tras el rodaje ha sido descubrir cuánta gente en Los
Ángeles no está familiarizada con la realidad de un jornalero inmigrante.
"Ellos ahora tienen la opción de verla, y es su decisión si escuchan o
no".
Los panelistas invitan
al público a participar. De en medio de la sala se oye una voz que hace que
volteen las miradas. Es un hombre maduro, vestido con ropa de trabajo,
acompañado por dos niñas sonrientes.
-"Yo en esta
película me sentí identificado cuando el señor iba manejando y llegó la policía
y él estaba lleno de miedo", comenta. Se llama Guillermo y es originario
de México, padre de cinco hijos y trabajador en la construcción. Parte de su
trabajo consiste en manejar un camión, pero él, como Carlos Galindo, no tiene
papeles. En dos ocasiones lo ha detenido la policía y, al no contar con una
licencia para conducir, le han retenido el camión -que más tarde recupera la
empresa para la que trabaja- y lo han citado en una corte para fijarle una
multa. En la primera ocasión fue de 500 dólares; en la segunda, más de mil.
"Estoy seguro de que la primera vez no me pararon por una infracción, sino
porque me vieron mexicano".
Padres e hijos van
compartiendo testimonios con los sentimientos removidos por la película del
inmigrante de Bichir. El concejal Cárdenas habla de lo mucho que ha significado
para él porque su papá, inmigrante, también fue jardinero. "Es parte de
las personas que han trabajado fuerte para que la siguiente generación, gente
como ustedes, pueda tener una vida mejor sin perder sus valores en el camino.
Es más, de quienes estamos aquí, pónganse de pie aquellos cuyos padres vinieron
a Estados Unidos buscando para sus hijos una vida mejor". La mitad de los
presentes, incluido él, se levantan de sus asientos.
Es viernes por la
noche y Hollywood Boulevard está a reventar. Frente al Teatro Kodak, el sitio
en el que se celebra cada año la entrega de los Óscares, los turistas se toman
fotografías sobre las aceras ante las estrellas con los nombres de sus artistas
favoritos; o con los actores que, caracterizados como personajes de película
-un Supermán aquí, un Darth Vader allá, dos o tres Marilyn Monroe-, posan para
las cámaras en la foto familiar por una propina de uno o dos dólares.
Sin embargo, el
domingo siguiente el ritmo en este lugar cambia. Falta una semana para la
ceremonia y los preparativos empiezan desde ahora: las calles se cierran para
instalar lo que será la alfombra roja, que se coloca de acera a acera a lo
largo de una cuadra, impidiendo por completo el tránsito vehicular por esa
zona. El paso de los peatones también se ve limitado: las estaciones de
televisión montan tarimas, andamios y grúas para obtener el mejor ángulo desde
varias horas antes del gran evento, y todo este borlote afecta a los negocios
de la zona, a los trabajadores callejeros y a los vendedores ambulantes.
Rodolfo trabaja en
uno de estos negocios. El local que alberga a Star Magnet, la tienda de
souvenirs en donde atiende por las tardes, se encuentra a unos pasos del Teatro
Kodak. Ahí, los turistas pueden comprar desde imanes y llaveros con su nombre
grabado en una estrella como las del Paseo de la Fama, hasta una réplica de la
estatuilla Óscar por 7.99 dólares. La suerte del negocio depende de la
temporada: verano, las fiestas decembrinas y el mes de abril son bastante
buenos; el resto del año los dueños del negocio batallan para que salga la
renta. A la muy mala segunda mitad de febrero en términos de turismo, se suma
la llegada del Óscar. Con el cierre de la calle, los autobuses de turistas que
usualmente se paran frente a la tienda dejan de hacerlo, y con el cierre
peatonal, ni siquiera caminando pueden llegar los clientes; quien quiera ir a
su tienda tiene que dar un rodeo de varias cuadras.
Eso lo sabe
Rodolfo, quien por ser indocumentado no puede conducir un auto; el autobús del
transporte público que lo lleva al trabajo tampoco puede pasar, y él tiene que
caminar diez minutos más para poder llegar. "Y el mero día del Óscar, los
dueños de plano cierran, porque no se hace nada de dinero. La ciudad debería de
pagarles a los dueños, porque la ciudad gana, pero ellos de todas maneras
tienen que pagar la renta", dice convencido. Aunque algo bueno sale de
todo esto: este día podrá estar en casa viendo la ceremonia, en donde, confía,
el Óscar al mejor actor le será entregado a Bichir.
También Verónica
espera que el Óscar lo gane Bichir. Vestida con un traje de la Mujer Maravilla
que resalta su cuerpo de modelo, esta chica originaria de Tijuana recorre la
acera frente al Teatro Kodak saludando a los niños, recibiendo las miradas de
los papás, y posando con toda la familia para una foto. Verónica es otra de las
trabajadoras afectadas por el cierre de las calles: el turismo no circula y su
ingreso a veces se vuelve nulo. Al hablar sobre la posibilidad de tener una
vida mejor de este lado de la frontera, la joven asegura que a ella en realidad
no le gusta Los Ángeles. "Hay mucha gente loca en la calle, y sí es un
lugar aparentemente mejor, pero te tratan mal, no puedes hacer nada. Muchos piensan
que al llegar acá ya te va a ir muy bien, pero la realidad es que hay que
trabajar mucho para poder sobrevivir".
Karla, de 19 años,
lleva ocho aprendiendo esta lección. Empujando un carrito con una parrilla
caliente encima, recorre la calle más glamorosa de la ciudad a la voz de
"hot dogs, hot dogs, hot dogs". Mientras maneja una palita con
destreza para que no se pegue el tocino en la parrilla, Karla mira de reojo a
los turistas en bermudas, a las chicas rubias que se dirigen a los centros
nocturnos, a las limusinas que pasan por Hollywood Boulevard como cada noche de
viernes. También está atenta a la policía, porque en cualquier momento llegan y
los corretean a ella y a sus compañeros para quitarles la mercancía. Si logran
esquivarlos, venderá -en un día bueno- 80 dólares; en uno malo, apenas 30. Esto
es mejor que cuando entregan el Óscar: ese fin de semana, asegura, ni siquiera
se acerca, porque no los dejan pasar.
Para Karla, la idea
de una vida mejor tiene que ver con su salida de su natal Puebla. "No te
creas, no es tan fácil; hay que pagar renta, trabajar lejos de la familia, de
la mamá, del papá. Pero primero Dios sí es una vida mejor para mi niña",
reconoce. Aunque dice que no ha visto la película, Karla sabe que el
protagonista de A Better Life está nominado y sonríe ampliamente: "ojalá
gane el Bichir. A él no le cobraba el hot dog, a él se lo regalo; hasta
dos", confiesa un poco chiveada y muerta de la risa. Después empuja su
carrito y se para justo frente al Teatro Kodak, hasta donde vendrán los Óscar
este domingo.
Por la alfombra
roja caminarán los nominados: Brad Pitt, George Clooney y, desde luego, Demián
Bichir. Pero Karla no estará ahí; lejos del glamour y las cámaras, este será un
día perdido de trabajo.
Redes sociales: la otra batalla
Reportaje Los comicios en internet. Los
candidatos a la Presidencia acumulan fans y seguidores; sus estrategas buscan
la manera de convertir esos apoyos virtuales en votos el próximo 1o. de julio
José L. Leyva
(26 febrero 2012).-
Sin saber claramente cuántos votos les generará su actividad en redes sociales,
los tres principales aspirantes a la Presidencia han incursionado en Twitter,
Facebook y YouTube buscando cautivar a algunos de los 11.2 millones de usuarios
de estas plataformas que se estima son mayores de 18 años.
De las
posibilidades que ofrecen las redes, los presidenciables apuestan a dos
principalmente: persuadir a los usuarios para que se definan a favor de su
proyecto, y dotar de herramientas a los simpatizantes duros para que hagan
campaña a favor de ellos o en contra de sus adversarios, aseguran los
responsables de redes sociales de los aspirantes. Hasta el momento se han
concentrado en aumentar audiencia y no en dialogar o socializar.
Del 1o. de
noviembre al 10 de febrero su público ha crecido exponencialmente: Josefina
Vázquez Mota triplicó a sus seguidores en Twitter y duplicó los de Facebook.
Enrique Peña Nieto, quien no tenía cuenta en Twitter hasta antes del 17 de
noviembre pasado, ahora es seguido por más de 413 mil personas, y sus fans en
Facebook crecieron 35 por ciento. Andrés Manuel López Obrador creció 160 por
ciento en Twitter y 44 por ciento en Facebook.
La expectativa de
los equipos de los presidenciables es que en las redes sociales fluyan los
ataques y las descalificaciones que, como consecuencia de la más reciente
reforma electoral, no podrán darse en medios tradicionales al estar prohibida
la contratación de spots y la difamación al contrincante.
Dentro de esta
"guerra", que ya en las elecciones federales del 2009 y en las
recientes precampañas corrió por internet, los "bots" o cuentas
falsas de Twitter controladas por programas informáticos se convierten en arma
para inflar la presencia de los aspirantes o dirigir ataques específicos.
Según especialistas
como Guillermo Perezbolde, vicepresidente de Marketing de la Asociación
Mexicana de Internet (AMIPCI), internet no será un mercado digital de ideas 2.0
sino el lugar donde se desatarán batallas que, en la estrategia de quienes las
echan a andar, buscarán llegar a los medios tradicionales una vez que exploten
en la red.
Pero el alcance de
las redes sociales no sólo estará limitado por el uso que les den los
candidatos y sus simpatizantes, sino por el universo de cibernautas en México:
sólo el 20 por ciento de los hogares tiene conexión a internet, unos 35
millones de habitantes según el estudio Hábitos de Internet 2011 realizado por
AMIPCI, de los cuales 40 por ciento se encuentran en urbes del Estado de
México, el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León.
De la pifia al
@ectivismo
En lo que va del
proceso electoral (que arrancó formalmente el 7 de octubre), el episodio más
significativo de la contienda presidencial en internet fue el derivado del
resbalón que cometió Enrique Peña Nieto en la Feria del Libro de Guadalajara,
al ser incapaz de mencionar tres obras que hubiesen marcado su vida. Fue un
error de tierra, magnificado en las redes desde el preciso momento en que lo
estaba cometiendo.
El episodio,
conocido desde entonces bajo el hashtag #LibreriaPeñaNieto, sembró en todos los
equipos de precampaña una sospecha: probablemente no se ganará la elección del
1o. de julio en las redes sociales, pero sí se puede perder ahí.
En ese entonces el
priista quedó indefenso ante una andanada de ingeniosas menciones, burlas y
cuestionamientos. Y un retuit de su hija a un comentario de su novio agravó la
crisis y creó otro potente hashtag en su contra: #soyprole.
El hecho hizo
evidente para el PRI -y para todos los demás aspirantes a la Presidencia- la
necesidad de tener ejércitos virtuales para defender a un candidato o machacar
las pifias de los rivales.
Dos meses después,
los ejércitos de Peña Nieto ya están en marcha y ensayan para la verdadera
batalla: la campaña que arranca el 30 de marzo.
Peña Nieto (@EPN)
fue el último de los presidenciables en incursionar en Twitter, pero
actualmente es quien más seguidores tiene (más de 416 mil), y también quien
tiene mayor presencia en Facebook (1 millón 500 mil fans).
Los Cibernautas PRI
(@CibernautasPRI), encabezados por el ex diputado neoleonés Sergio José
Gutiérrez (@sergiojose), se han propuesto identificar y coordinar virtualmente
a 700 mil priistas dispuestos a movilizarse en los mundos online y offline
alrededor de la candidatura del ex gobernador mexiquense. Los ectivistas
(@ectivismo), por su parte, se encargan de impulsar a Peña Nieto a la lista de
los Trending Topics en Twitter tres o cinco veces a la semana. Su vocero,
Ricardo Pompa, afirma que ya activaron a 6 mil personas.
Del 13 al 20 de
febrero, por ejemplo, frases como #ectivismoenlacima, #Soyectivistayexisto y
#EPNypormucho se colocaron como lo más popular en Twitter, aglomerando
menciones negativas y positivas, pues las etiquetas son usadas por
simpatizantes y detractores.
Sobre los
ectivistas, un grupo que dice no estar vinculado con el PRI, pesan las
denuncias de que son los que más utilizan a los "bots" para inflar la
presencia del priista en estas plataformas. De ahí que hayan lanzado ellos
mismos la campaña #Soyectivistayexisto.
Gutiérrez asegura
que los ectivistas no están afiliados al PRI y que tampoco están coordinados de
forma alguna con la estructura del partido.
"Son una
expresión de la sociedad civil", dice, aunque en una de las computadoras
de su oficina luce una calcomanía con el logotipo de @ectivismo. Gutiérrez
admite que la mercadóloga digital Alejandra Lagunes, la otra coordinadora de
redes sociales del candidato tricolor, es quien avisa qué están haciendo los
ectivistas.
Lagunes trabajó en
la Presidencia durante el sexenio de Ernesto Zedillo y luego en Yahoo,
Microsoft, Google y Televisa.
Peña Nieto también
tiene en Twitter a un alfil de alto perfil: el coordinador general de la
campaña, Luis Videgaray (@LVidegaray), que así como defiende al aspirante de
ataques de figuras públicas, funge como un comunicador eficiente de sus
actividades. Fue él, por ejemplo, quien fotografió y difundió las reuniones de
Peña con diversas personalidades en el Foro Económico Mundial de Davos, a
finales de enero.
Josefinamanía
Josefina Vázquez
Mota (@JosefinaVM) ha sido la precandidata más "tuitera" y
"facebookera", aunque su audiencia es menor a la de Peña Nieto. La ex
diputada tiene más de 322 mil seguidores en Twitter y 1 millón 36 mil fans en
Facebook, y en las últimas semanas, acaso presionada por la contienda interna
panista, enviaba entre 7 y 14 tuits al día, y posteaba unos 30 contenidos en su
página de Facebook, más que cualquier otro presidenciable.
El equipo de la
panista en redes sociales, coordinado por el diputado federal Agustín Torres,
ya atravesó la curva de aprendizaje durante la precampaña: lidió con ataques y
"guerra sucia" en plataformas sociales, y también se colgó de un
Trending Topic en Twitter para aumentar el daño a un rival político, al darle
vuelo a la frase "Vicente Calderón", pronunciada por Ernesto Cordero
en el segundo debate entre aspirantes panistas.
Fue Facebook, sin
embargo, la plataforma a la que apostaron durante la precampaña para
identificar, conquistar y organizar a sus seguidores.
"Uno tiene que
empezar a platicar con la base, con el núcleo de simpatizantes más fuerte.
Nosotros le hemos estado hablando a la gente más cercana y hemos ido generando
una base de simpatizantes y no de detractores", afirma Torres.
Mediante la
aplicación en Facebook "Josepuntos", los partidarios de la ex
diputada acumularon puntos por cada contenido relacionado a ella que
compartieron en esta red social. Los 12 más activos ganaron una cena con
Vázquez Mota y, además, la acompañan a algunos de sus mítines. Actualmente, la
panista es la más mencionada en esa red social: unas 250 mil personas comparten
fotos, posts, comentarios o ligas relacionadas con ella.
Torres afirma que
en el "ecosistema digital" que han conformado alrededor de su
candidatura, también compuesto por un canal de YouTube, dos páginas de internet
y algunos blogs, conviven de manera intensa 5 mil fans, fuera de la estructura
partidista. La apuesta es incrementar esa base lo más posible antes que inicie
el periodo de campaña, etapa en la que se buscará que los ciberfans hagan
proselitismo en tierra.
Próximamente, el
equipo lanzará en la página http://www.josefinamania.mx/ un concurso para
componer el jingle que abrirá la campaña de la ex diputada.
Torres asegura que
ellos no difamarán ni atacarán utilizando las plataformas sociales, a pesar de
que lo que pudiera pensarse al albergar en el equipo de campaña al publicista
español Antonio Sola, responsable de la "campaña negra" que en 2006
echó a andar el PAN en contra de Andrés Manuel López Obrador.
El diputado se
queja, incluso, de que son los panistas quienes ya son blanco de una andanada
difamatoria por parte de sus adversarios en Twitter y Facebook.
La red de AMLO
Andrés Manuel López
Obrador (@lopezobrador_)tuitea poco, cuando lo hace es para resumir lo que hizo
en alguno de sus eventos de tierra, y su página de Facebook tiene por lo menos
un millón de fans menos que las de sus contrincantes. Sin embargo, existe una
red de tuiteros influyentes organizados en torno a redes virtuales como
Regeneración y Radio AMLO que le ayudan a librar las batallas en estas
plataformas. Él se comunica con ellos mediante YouTube principalmente, en donde
el aspirante tiene 6 mil 200 suscriptores, por 2 mil de Peña Nieto y 600 de
Vázquez Mota.
Cada lunes, el
perredista sube un videomensaje en esta plataforma (hospedado en el canal
ReneraciónTV) dirigido a sus "amigos en las redes sociales", como él
los llama, en donde los conmina a organizarse y combatir los mitos alrededor de
él, entre otras cosas. Esos mensajes, en los que también aborda algunas de sus
propuestas, llegan a ser vistos por hasta por 50 mil personas.
El coordinador de
redes sociales de López Obrador es el periodista Jesús Ramírez Cuevas, pero a
diferencia de los equipos de Vázquez Mota o Peña Nieto, no existe un esfuerzo
partidista jerarquizado que gestione la imagen del perredista en Twitter,
Facebook, YouTube o su página de internet.
Los que apoyan a
AMLO en las redes se comunican de forma más horizontal y orgánica, y muchos de
ellos no pertenecen a ningún partido político. Quizás esto influya en que él
sea el único aspirante sobre el cuál no pesan denuncias sobre uso de
"bots" en Twitter.
La red Radio AMLO
(http://portal.radioamlo.org/), por ejemplo, se comenzó a construir desde el
plantón en Paseo de la Reforma, en el año 2006, y está administrada por
voluntarios como Ayocuán Anáhuac y Abril Mora, que no están afiliados a ningún
partido.
"Nuestro
objetivo era romper el cerco informativo, ahora colaboramos para mantener una
comunidad informada sobre los eventos y propuestas de López Obrador",
afirma Anáhuac, un profesionista independiente de 44 años que dedica su tiempo
libre a mantener el portal Radio AMLO, que transmite todos los eventos del
aspirante vía internet.
@CiudadanoOscar,
@saldanajorge, @toliro, @kikesma y @La_War son algunos de los tuiteros
influyentes que defienden a AMLO, promueven su mensaje o critican y acusan a
sus adversarios políticos.
@kikesma (24 mil
seguidores) advierte que lo que predominará durante la campaña en las redes
sociales será un intercambio de ataques entre simpatizantes de los candidatos.
Las propuestas y el debate escasearán.
En eso coincide con
los demás equipos: la guerra sucia en la campaña se escribirá en 140
caracteres.
Un sector reducido
A diferencia de lo
que ocurre en países como Estados Unidos, la influencia de las redes sociales
en los procesos electorales en México se ve limitada por el acceso a internet
entre la población.
80 MILLONES
Lista nominal de
electores
34.9 MILLONES
Internautas en
México
28 MILLONES*
Usuarios de redes
sociales
11.2 MILLONES
Usuarios de redes
sociales mayores de 18 años
18 MILLONES
553 mil usuarios de
Facebook
14.3 MILLONES
Usuarios de Youtube
3 MILLONES
436 mil usuarios de
Twitter
* Estimado AMIPCI.
Fuentes: Instituto Federal
Electoral, Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) y comScore.
¿Quién es quién en
Twitter?
Peña Nieto es el
más seguido, pero ninguno de los candidatos compara su popularidad con la de
los personajes más seguidos en México.
Datos al 23 de
febrero de 2012.
EL POLÍTICO MÁS
SEGUIDO EN MÉXICO
@FelipeCalderon
Seguidores:
1,469,180
Sigue a: 233
Tuits: 1,794
CANDIDATOS
@EPN
Seguidores: 416,516
Sigue a: 74
Tuits: 320
@JosefinaVM
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@lopezobrador_
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Sigue a: 861
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@g_quadri
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Tuits: 446
LOS CUATRO
PERSONAJES MÁS SEGUIDOS EN MÉXICO
@Anahi
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Sigua a: 403
Twits: 4,264
@Thalia
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@paurubio
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@ChespiritoRGB
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2,511,697
Sigue a: 43
Tuits: 2,382
'Casi todos tienen bots'
Reportaje Los comicios en internet. José
Merino: politólogo
José Luis Leyva
(26 febrero 2012).-
"Todos tienen 'bots', excepto López Obrador, no le he encontrado
ninguno", afirma José Merino, politólogo, especialista en Twitter y
creador de la iniciativa #CazaunBot, con la que busca denunciar a aquellos
candidatos que recurren a esta práctica para ampliar su influencia en la red.
Los
"bots" son como los acarreados: una práctica de campaña tan común
como evidente, pero que todos dicen no usar.
Bautizados como una
derivación de la palabra robot, los "bots" son cuentas falsas de
Twitter controladas por programas informáticos que se utilizan para incrementar
los seguidores de algún personaje, crear Trending Topics, distribuir links a
sitios web y detectar, enviar o responder automáticamente a frases o hashtags.
A través de un
software, es posible controlar miles de cuentas "bot", encubrir desde
qué IP están siendo controladas y buscar seguidores en función de la ubicación
geográfica o uso horario. Inicialmente fueron utilizados para colocar
"spam"; ahora son un arma política. El uso más común que se les ha
dado es el de impulsar temas del momento con menciones positivas o negativas
para los candidatos, aunque también se han identificado "bots"
plantados a equipos de campaña contrarios.
El objetivo de
colocar un Trending Topic impulsado por "bots", según Merino, es
simular que hay una discusión pública sobre un tema.
"No te venden
un producto. Te venden la idea de que hay consumidores de ese producto, por eso
es perverso", afirma el también coautor, con Ana Francisca Vega, del libro
Ciudadanos.Mx: Twitter y el cambio político en México (De Bolsillo, 2011).
Conocido en la red
como @PPmerino, el especialista considera que el uso de estas cuentas falsas y
la obsesión por aparecer como Trending Topic refuerza la premisa de que los
aspirantes presidenciales aún no deciden explotar las posibilidades de
interacción, deliberación y socialización que ofrece Twitter.
Merino asegura que,
a pesar de que no se sabe exactamente cómo se reflejan las interacciones en
redes sociales en las urnas, es un hecho que influyen en el comportamiento de
las personas, de forma similar a como repercuten las opiniones y puntos de
vista de familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo en las decisiones
que se toman diariamente.
Algunos de los
Trending Topics tras los cuales se han identificado más "bots" son:
#prefieroPRI, #PeñayporMucho, #hoyganajosefina y #JosefinaMadredelaPobreza.
Las denuncias que
más abundan sobre el uso de "bots" es contra los priistas y
Ectivistas.
Pero ese mismo equipo
afirma que detectó, hasta diciembre, unas 12 mil cuentas falsas que, según
ellos, generaban contenido en su contra. Y la cuenta de @CibernautasPRI
denunció recientemente a Twitter la existencia de 4 mil "bots" que
los siguen.
Durante las
campañas podrían entrar en acción hasta 50 mil "bots" en México,
según la consultora de redes sociales Mente Digital con base a la actividad que
analizaron durante el periodo de precampañas.
Impacto electoral limitado
Encuesta Los comicios en internet. El alcance
poblacional de las redes sociales aún es reducido, pero su peso en la
definición de agenda puede ser mayúsculo
Alejandro Moreno y Yuritzi Mendizábal
(26 febrero 2012).-
Facebook, Twitter y otras redes sociales que han cobrado importancia aún no son
los medios primordiales por los que el grueso del electorado mexicano se
informa de la política, pero no por ello su impacto en estas elecciones será
limitado. De acuerdo con la encuesta nacional que Grupo Reforma realizó en el
mes de noviembre pasado, apenas el 4 por ciento de los entrevistados, todos
mayores de 18 años en todo el país, afirmó que ha seguido información sobre
campañas electorales en las redes sociales. El listado nominal de electores en
este año tendrá 80 millones de personas según el IFE, lo que quiere decir que
el porcentaje que dijo que ha seguido información electoral en las redes puede
equivaler a 3 millones.
Esta cifra no es
nada despreciable en términos electorales, y ciertamente podría incrementarse a
lo largo del trimestre de campañas que va de abril a junio. En la misma
encuesta, el 23 por ciento de los consultados manifestó que aunque no ha
seguido información política en las redes sociales, estaría dispuesto a
hacerlo.
Las proporciones de
mexicanos que reportan haber realizado otras actividades de tintes políticos a
través de las redes sociales son todavía menores: el 3 por ciento manifestó que
ha usado las redes sociales para apoyar a algún candidato o partido político,
otro 3 por ciento dijo que ha acudido a un evento político convocado por las
redes sociales y el 2 por ciento confesó que se ha unido a una manifestación o
protesta convocada por esos medios.
A pesar de lo
reducido que es el alcance poblacional de las redes sociales en México, su
impacto electoral podría darse por el creciente protagonismo que éstas han
cobrado en la definición de la agenda informativa. Los medios tradicionales de
comunicación, como la televisión, la radio o los periódicos, se han dado a la
tarea de reproducir información que tiene su origen en las redes sociales, sin
mayores filtros. En ese sentido, la información que se destila por las redes
sociales y que crea un alto nivel de atención, ya sea por las fuentes, por las
temáticas o por los objetos de comentario, tiene el potencial de llegar a una
masa de electores mucho más amplia que el segmento de usuarios directos. La
información de las redes sociales podría fijar agenda de temas en el torrente
de información electoral que está por venir.
Las redes sociales
ofrecen un canal para que el ciudadano se vuelva vigilante y muestre a otros
sucesos que los medios tradicionales no necesariamente captarían si no fuera
por las propias redes sociales.
El potencial que
las redes sociales tienen en México para movilizar políticamente a la gente
está aún por verse. Ya a nivel mundial se han visto señas de ese potencial:
desde la Primavera Árabe hasta las más recientes manifestaciones en Rusia. En
México, las redes sociales han podido convocar a grupos en diversas ocasiones y
por distintos motivos, pero ninguna de esas manifestaciones ha sido de la
magnitud que se ha visto en otros países. De nuevo, el impacto electoral de las
redes sociales podría no ser solamente por su alcance o por su potencial de
movilización política, sino por su impacto en la agenda informativa. Eso podría
marcar un cambio notable en los patrones de información e intermediación
política en el país. El ciudadano como un agente de monitoreo.
Buena parte de la
información electoral a la que el votante mexicano estará expuesto en este 2012
tendrá su origen, como siempre, en los candidatos y sus partidos, en los
medios, en los analistas y comentaristas políticos, en los editorialistas
gráficos... pero también en un actor colectivo aparentemente más anónimo y
menos centralizado: los usuarios de las redes sociales. Habrá que estar al
pendiente y seguir tomándole el pulso a esta modalidad de información durante
las campañas.
La acción política
y las redes sociales en México
Permítame
preguntarle algunas cosas respecto a las redes sociales como Facebook o
Twitter. Para cada cosa que le voy a leer, dígame si usted lo ha hecho, estaría
dispuesto a hacerlo o no lo haría.
Seguir información
sobre campañas electorales en las redes sociales.
|
NO LO HARÍA
|
64%
|
|
Estaría dispuesto a hacerlo
|
23%
|
|
Lo ha hecho
|
4%
|
|
No sabe
|
9%
|
Usar redes sociales para apoyar a algún candidato o partido.
|
NO LO HARÍA
|
68%
|
|
Estaría dispuesto a hacerlo
|
20%
|
|
Lo ha hecho
|
3%
|
|
No sabe
|
9%
|
Fuentes: REFORMA, Encuesta Nacional en Vivienda, noviembre 2011 (n=1,515)
La cultura política
(26 febrero 2012).- Téngalo presente
Debates
contemporáneos de las ciencias sociales. Serie de conferencias con Rafael
Calduch, Michel Wieviorka, Mauro Cerbino, Saskia Sassen, Randall Collins. Lunes
27 a
viernes 2 de marzo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Ciudad Universitaria. Informes: http://bit.ly/sBhbu y 5622 9470.
Conferencias
La construcción de
políticas educativas en México: ¿hacia una nueva gobernanza? Gloria del
Castillo. Lunes 27, 16:00 horas. Flacso. Carretera al Ajusco 377, Héroes de
Padierna. Informes: 3000 0200.
Rezumando
nacionalismo. La repatriación de mexicanos de Estados Unidos durante la Gran
Depresión, 1930-1933 Fernando Saúl Alanís y Paolo Riguzzi. Lunes 27, 17:00 horas.
Salón 5524 de El Colegio de México. Informes: 5449 3000.
Transparencia y
proceso electoral. Robert Biersack e Issa Luna. Lunes 27, 17:00 horas. Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad
Universitaria. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
América Latina ante
los distintos escenarios de salida de la crisis global. Lorenzo Meyer, Bruno
Théret, Frank Priess, Gonzalo Almeyda, Graciela Bensusán, Gerardo Esquivel,
entre otros. Organizan El Colegio de México y Fundación Konrad Adenauer. Martes
28 y miércoles 29, 8:30 horas. El Colmex. Informes: 5449 3000 ext. 4232 y
http://bit.ly/yWHBHO
Democracia,
redistribución y (des)igualdad. Adam Przeworski. Miércoles 29, 16:00 horas. El
Colegio de México. Informes: 5449 3000.
Imaginario social y
racionalidad científica. Gilberto Giménez. Palacio de Minería. Jueves 1o.,
18:00 horas. Informes: 5622 7390.
Retos de la
transparencia electoral en 2012. Salvador Guerrero. Sábado 3, 11:00 horas.
Facultad de Derecho de la UNAM. Informes: 5636 2120.
Congresos
Congreso Nacional
de Ciencias Sociales. Boaventura de Sousa, Rodolfo Stavenhagen, Lorenzo
Córdova, Elena Azaola, José del Val, María Fernanda Somuano, entre otros.
Domingo 26 a
jueves 1o. Escuela de Medicina, Colegio de San Ildefonso y Escuela de
Jurisprudencia. Informes: 5622 7559 y http://bit.ly/rkS2od
Libros
Egipto
contemporáneo: economía, política y sociedad de José Carlos Castañeda Reyes.
Colmex. Estudio de las condiciones sociales y los factores políticos que
antecedieron al estallamiento de las protestas que terminarían con el régimen
de Hosni Mubarak.
El moderno sistema
mundial Vol. I de Immanuel Wallerstein. Siglo XXI. Segunda edición aumentada de
la obra que reconstruye la historia de la sociedad capitalista partiendo de una
perspectiva global.
El mundo del
trabajo y el poder político. Integración, consenso y resistencia en la Ciudad
de México a fines del siglo XIX de Florencia Gutiérrez. Colmex. Investigación
de las formas de negociación y resistencia presentes en la interlocución de los
trabajadores y el gobierno porfiriano.
Los límites de la
escuela. Educación, desigualdad y aprendizajes en México de Emilio Blanco.
Colmex. El autor reconstruye la complejidad educativa en México a partir del análisis
que hace de las pruebas recientes de aprendizaje. Destaca el peso del origen
social de los alumnos en los resultados.
Mesas redondas
El medio ambiente,
las ciencias sociales y la política ambiental en México hoy. Boris Graizbord,
Adrián Fernández, José Luis Lezama, Leticia Merino y Sergio Puente. Lunes 27,
10:45 horas. Palacio de la Escuela de Medicina. República de Brasil 33, Centro
Histórico. Informes: 5449 3000 ext. 4155.
Presentaciones
Migrantes somos y
en el camino andamos. Informe de Naciones Unidas, Consejo de Jornaleros y
Jornaleras de la Montaña de Guerrero y Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
Martes 28, 10:30 horas. Cencos. Medellín 33. Roma. Informes: 5533 6475 y
cdhm@tlachinollan.org
Luchas "muy
otras". Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas
coordinado por Bruno Baronnet, Mariana Mora y Richard Stahler-Sholk.
UAM/CIESAS. Maya Pérez, Márgara Millán y Rachel Sider. Martes 28, 18:00 horas.
CIESAS DF. Juárez 222, Tlalpan. Informes: 5487 3570 ext. 1344.
Las políticas
públicas del agua en la región poniente del Valle de México coordinado por
Araceli Parra. UNAM. Úrsula Oswald. Miércoles 29, 11:00 horas. FES Acatlán.
Alcanfores y San Juan Totoltepec s/n, Santa Cruz Acatlán. Informes: 5623 1775.
Revistas
Revista Mexicana de
Derecho Electoral. No. 1 Enero-Junio. Lorenzo Córdova analiza la reforma
electoral a cuatro años de su implementación. Diego Valadés destaca la
necesidad de una reforma institucional para la consolidación democrática en México.
Ciro Murayama examina los pendientes en materia económica a partir de la
reforma electoral.
Si desea difundir
alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo
electrónico: enfoque@reforma.com
Amigo candidato:
La cultura política. Enroque
(26 febrero 2012).- ¿Andas tras una curul y
te faltan recursos?
¿Quieres un escaño
pero no te da la cartera?
Banco de Cocoa te
ofrece la solución:
· Crédito a la
palabra y distribución de "billetazos" a domicilio o distrito.
· Variedad de
denominaciones ya que, sabemos, del tamaño del sapo es la pedrada.
· Transporte
blindado de "billetazos" a Convenciones, Consejos y Asambleas.
· Tarjetas de canje
de voto por inscripción a programas sociales.
Aplican
restricciones (de presupuesto), una vez que hayas ganado la elección.
En caso de derrota,
se aplicarán tasas de interés a largo plazo.
Precaución: No
hables de los "billetazos" si crees que te están grabando.
Yo sé lo que le digo
La cultura política
Victoria Schussheim
(26 febrero 2012).-
Cada vez voy oyendo más hombres (y algunas mujeres) que aquí, en el país donde
inventamos a los machos, piensan que no estaría tan mal votar por Josefina.
"Las mujeres no son tan violentas", dicen. "Las mujeres no son tan
corruptas".
Hágame caso, señor,
yo sé lo que le digo. Las mujeres somos bien jijas, de veras. Y si no me cree,
dele una repasadita a la historia, la mitología o la literatura. La bruja de
Hansel y Gretel, por no hablar de la madrastra de Blancanieves; Jael, la que le
atravesó la cabeza con una estaca y dejó clavado en la tierra, cual vil
vampiro, al derrotado general Sisara de la Biblia, al que le había hecho creer
que le daba refugio. Catalina la Grande, que era bravísima. ¿Y la bruja mala
del Oeste?
Ya más cerca de
nuestros tiempos y suelos, ¿qué tal Isabelita Perón (su nombre artístico,
porque era bailarina exótica. Todavía no inventaban el tubo). Terminó
gobernando y saqueando Argentina, apoyada por su amante José López Rega. Creó
la Triple A: Alianza Anticomunista Argentina, dedicada a la tortura, la
desaparición y el asesinato de gente de izquierda. Cedió poder a los
entrañables Videla y Massera, que a la larga la derrocaron y fueron
responsables de la guerra sucia que costó unos 30 mil desaparecidos.
¿Y la señora
Thatcher? Hace 20 años los militares argentinos, en busca de popularidad
barata, invadieron las Malvinas (así, de meros machos que son, aunque no tengan
tanta fama), seguros de que ni un manazo les daban. Y riájatelas, que doña
Margaret les deja ir toda la fuerza del imperio. Sin que se le moviese ni uno
de los pelos perfectamente embalsamados que usaba.
Vote a Josefina por
las razones apropiadas. Digo, si es que quiere votarla. Pero no porque es mujer
(encima el otro día destapó a un marido de aspecto muy viril, cuando yo pensé
que ya Dios le había hecho la gracia de volverla viuda).
Vótela porque no le
gusta debatir. Porque si no sabe qué decir es sensible y no quiere agraviar a
nadie.
Vótela porque donde
se las vio en aprietos telefónicos (en el programa radial de Aristegui) tuvo
los arrestos de colgarle el teléfono, por lo visto para siempre.
Así como los tuvo
para contratar de asesor a Antonio Sola, el español de bien ganada mala fama
que no se detiene ante nada para impulsar a su cliente.
Vótela porque
parece tener todas las virtudes de eso que Jorge Ibargüengoitia llamó alguna
vez "noble espejo de mujer mexicana". Modosita, siempre impecable,
con el traje sastre del color correcto.
Es más, si quiere
vótela por la sarta de babosadas que dijo el otro día un cantante que se llama
Santana y que me hicieron ruborizarme de mi condición de mujer.
Si la va a votar,
vótela, pues. Pero no porque vaya a ser tierna y dulce, no porque pondrá fin a
la violencia con una tierna sonrisa. No porque sea incapaz de alianzas
indecentes y de caer en la corrupción. Vótela porque se le da la gana.
Pero, ¡conste que
se lo advertí!: las mujeres somos muy jijas. Lo que pasa es que casi nunca nos
dan el poder de demostrarlo.
Twitter:
@vschussheim
REVISTA PROCESO 1843
Toda la estructura de seguridad, infiltrada
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
La presencia del
narco en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, que no
pueden ocultar ni en sus discursos el presidente Felipe Calderón y la procuradora
general Marisela Morales, es algo más que infiltración. En el caso de Los
Zetas, es una toma por asalto de las estructuras de mando, de las que disponen
a su antojo los capos de ese cártel. Así lo muestra un expediente judicial en
el que se describe –con detalles, nombres y montos de sobornos– cómo los mandos
federales y locales de las policías y el Ejército no sólo protegen a los narcos
sino que trabajan para ellos como escoltas, halcones, informantes, pagadores y
hasta sicarios.
La detención de cuatro
integrantes de la organización criminal de Los Zetas puso al descubierto que
operaciones suyas son ejecutadas, y no sólo solapadas, por elementos del
Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia
Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal (PF), así como por las
policías estatales y municipales, tanto de Coahuila como de Nuevo León.
A cinco años de
iniciada la guerra de Felipe Calderón contra el narco, que ya acumuló más de 50
mil muertos y una cantidad similar de desaparecidos, los cuerpos de seguridad
federales no escaparon a la corrupción que el presidente atribuye
insistentemente a policías e instituciones locales.
De acuerdo con la
averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integrada apenas el pasado 8 de
febrero, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciudadanos que
denunciaban a criminales y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la
PGR cargamentos de droga.
La indagatoria
añade que lo mismo hacían agentes de la PF, quienes asimismo identificaban y
enfrentaban a los adversarios de Los Zetas, colocaban puestos de vigilancia
donde éstos les indicaban y custodiaban cargamentos. Además, establecían las
nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que envía el gobierno de manera
temporal a combatir al narco.
Por su parte, otros
efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se encargaban de
consignar con cargos débiles a los miembros de Los Zetas, liberar a los que
estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias,
incluidas las anónimas.
En el caso de las
corporaciones de Nuevo León, Los Zetas presenciaban el pago de la narconómina a
los policías estatales o municipales y tenían un enlace con el gobierno estatal
para mantener a salvo su estructura.
En Coahuila, el
teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien se desempeñó como
titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a Los Zetas, era recomendado
del secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván.
La corrupción en la
Fiscalía General del Estado (FGE, que concentra la anterior Procuraduría de
Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses) era conocida desde
hace años por Felipe Calderón, cuyo gobierno no actuó hasta la segunda quincena
de febrero.
La mañana del 15 de
ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales detuvieron al comandante
ministerial Sergio Tobías Salas, Tobogán, y al policía estatal Julio César Ruiz
Esquivel, Chicho, quienes también se encargaron de ejecutar y desaparecer
personas. Horas después cayó la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia
González López, quien fue llevada a la Ciudad de México. Los tres, como Cícero,
están acusados de colaborar con Los Zetas y el jueves 23 se les dictó formal
prisión.
El jueves 16, la
procuradora general Marisela Morales dijo: “Estamos dando un combate frontal a
toda la corrupción que se pueda dar en todos los niveles en nuestra propia
dependencia. Somos los primeros en poner el ejemplo y tenemos (acciones) sin
precedente en el combate que estamos dando contra los agentes federales de
investigación, contra los ministerios públicos, contra quien sea en cualquier
nivel (que sean corruptos)”.
Morales adelantó
que hay más implicados, pero aclaró que no pertenecen a su corporación. Sin
embargo, el mismo expediente que permitió la consignación de los elementos ya
mencionados también implica a otros integrantes de la PGR.
En cuanto a la
corrupción militar, el domingo 19, durante la conmemoración del Día del
Ejército, Calderón encomió a los soldados pero admitió: “Es cierto que se han
dado casos excepcionales de algunos malos elementos que se apartan de los
valores que ennoblecen al instituto armado, que con ello traicionan su uniforme
y la confianza en ellos depositada”.
Esos “casos
excepcionales” ocurrieron en dos de las entidades que registran mayor
violencia: Coahuila y Chihuahua, que conforman la XI Región Militar. Los casos
documentados hasta ahora son las desapariciones y ejecuciones presuntamente
ordenadas por el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la guarnición de
Ojinaga, así como la implicación en ejecuciones del 39 Batallón de Infantería,
de Nuevo Casas Grandes y, ahora, el caso del 69 Batallón de Infantería,
radicado en Saltillo.
Poder corruptor
Las declaraciones
incriminatorias de los soldados y oficiales detenidos en marzo de 2011
revelaron cómo el poder corruptor de Los Zetas escaló por toda la estructura de
la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo, hasta llegar al general Juan
Manuel Vallejo Malibrán, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor en la
zona y luego fue enviado a Guanajuato.
Así, el miércoles 8
de febrero la PGR inició la averiguación previa 041/2012, acumulando
testimoniales y probanzas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011, esta
última integrada tras la detención, el 12 marzo de 2011, de Pedro Toga Lara, El
Guacho, y Gerardo Hernández Sánchez, El Gerry, identificados como mandos de Los
Zetas.
Los dos son ahora
testigos protegidos de la PGR. A Toga Lara se le asignó la clave confidencial
Escorpión y a Hernández Sánchez la de Sagitario. En la averiguación mencionada
se identifica a otro testigo protegido como Sérpico, y de las declaraciones de
los tres se desprendió lo que en la PGR se juzgó “información veraz y
confiable, por haber sido de utilidad para la captura de otros integrantes de
Los Zetas”.
En su declaración
del 4 de mayo de 2011, Sagitario incriminó, con todo y sus narcosueldos, a los
tenientes Javier Rodríguez Aburto, Sócrates Humberto López González y Julián
Castilla Flores, que “ganaban” 50 mil pesos, y a Marcos Augusto Pérez Cisneros,
que sólo obtenía 30 mil porque “era muy flojo”.
Los Zetas les
pagaban 30 mil pesos a los subtenientes Alexis Ríos Cruz, Francisco Javier Soto
Núñez, Carlos Miguel Gallardo Ibarra, Édgar Sánchez Ruiz, Édgar Valencia
Cárdenas y Evencio Castillo Castro.
Al sargento José
Luis Cerecedo Cruz, al cabo Pedro Montes Vázquez y al soldado Omar Alejandro
Martínez Rivera les entregaban 20 mil. La función de Montes consistía en operar
las comunicaciones para transmitir las órdenes de Los Zetas.
Otro sargento,
Sergio Treviño Ríos, conocido por Los Zetas con la clave Tauro, fue quien
presuntamente vinculó a todos los integrantes del 69 Batallón de Infantería con
la organización criminal y se encargaba de pagar la narconómina.
Los soldados detenidos
se acusaron mutuamente, con lo que salieron a flote varios delitos, como el
asesinato de un teniente de apellido Hoyos.
A la lista de
implicados se incorporaron así los tenientes Julio César Montiel Rumbo y Jesús
Alberto Córdoba Ríos, el subteniente Francisco Javier Beltrán Luna, los
sargentos Guillermo Flores Arrazate y Cecilio Ambros Antele, el cabo Salomé
Juárez Cuéllar, los soldados Eleaquín Rubio Bautista y otro de apellido
Vinalay. La lista sigue.
En el caso del
teniente Soto Núñez, al ser detenido se le aseguraron 300 mil pesos en efectivo
y armas que no eran de cargo. Según las declaraciones del sargento Treviño Ríos
asentadas en el expediente, Soto pertenecía al equipo de Montiel Rumbo,
comandante del batallón.
“Junto con otros
tenientes y tropa, de los cuales no sé el nombre, (Montiel Rumbo) se encargaba
de levantar y desaparecer a personas contrarias a la organización de Los Zetas,
ignorando lo que hacía con las personas levantadas, y estos jales los hacía en
Saltillo, Monclova y Torreón”, declaró Treviño.
Añadió: “Tengo
conocimiento de que el Rumbo y su gente, hace aproximadamente tres meses (es
decir, en enero de 2011), levantaron a tres personas que eran maestros o
ingenieros, gente con algún tipo de profesión, en la ciudad de Monclova, porque
le habían puesto el dedo a Los Zetas”.
El martes 21, el
diario Reforma publicó otras revelaciones de Treviño, asentadas en la causa
penal militar 279/2011, en las que afirma que el general Vallejo Malibrán está
relacionado con Los Zetas, que no daba parte a la PGR de droga decomisada y
portaba un radio de comunicación Kenwood que le entregaron los narcos.
Respecto al
teniente Hoyos, quien fue asesinado, Treviño dijo que aseguró armas, dinero y
celulares, pero le reclamó al general Vallejo que reportara menos objetos y
montos a la PGR, por lo que el general ordenó matarlo.
Narcosueldazos
Las declaraciones
de Escorpión, Sagitario y Sérpico coincidieron con las de Luis Jesús Sarabia
Ramón, Pepito Sarabia, detenido el pasado 11 de enero en los límites de
Coahuila y Nuevo León.
Ante el Ministerio
Público Sarabia narró su carrera delictiva, iniciada en 2005 como encargado de
las tienditas en Nuevo Laredo. Es compadre de Miguel Ángel Treviño Morales,
L-40, quien al contratarlo le asignó la clave L-44. A finales de 2007 se
integró a “la operativa”, es decir, a la escolta de L-40 y de su hermano Omar
Treviño Morales ( L-42) mientras se escondían en las ciudades de Reynosa, Río
Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, cuando el Cártel del Golfo, aún unido con Los
Zetas, luchaba por el control de Nuevo Laredo contra el ahora preso Édgar
Valdez Villarreal, La Barbie, y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, asesinado en
Cuernavaca.
En 2007 Sarabia fue
enviado a Piedras Negras con L-42 para fungir como “tranca” o encargado de las
comunicaciones de la organización en la ciudad. En 2008, L-40 lo convirtió en
jefe de plaza de Monclova y, en 2009, Heriberto Lazcano lo envió a Saltillo
también como jefe de plaza, pero para entonces “ya formaba parte de la polla”,
es decir, invertía dinero y se le daba una ganancia de unos 100 mil dólares
mensuales. Según el testigo, la clave L seguida de un número se asigna a
quienes responden al mando de Nuevo Laredo.
En su declaración,
Sarabia confirmó la corrupción en la PGR y la AFI. También Sérpico asentó que
en la AFI, en Coahuila, un comandante obtenía un narcosueldo de 100 mil pesos
mensuales; un comandante segundo, 70 mil pesos; y los ministerios públicos
federales 30 mil. Además se les regalaban costosos vehículos.
Para identificar a
los miembros de la AFI, Los Zetas utilizaron la clave “tres letras”. Además de
tener bajo su control a los mandos y policías, pagaban a la subdelegada de la
PGR en Saltillo, Claudia González López.
Cuenta Sarabia que
un día El Gerry (el testigo Sagitario) llegó al bar Carlos’n Charlie’s –que el
primero utilizaba para sus reuniones– con la subdelegada, a quien le daban 100
mil pesos mensuales, y las agentes del ministerio público federal Blanca Isabel
Dueñas Beltrán (con pagos de 25 mil pesos) y Gladis Feliciana Leyva Quintero
(50 mil). En total eran cinco agentes del ministerio público y la subdelegada.
En febrero de 2010
la subdelegada González López y la MP Leyva Quintero se encontraron con Sarabia
y El Gerry en la agencia Chevrolet de Saltillo para comprarle un carro a la
funcionaria de la PGR. Ella salió de ahí a bordo de una pick up azul de doble
cabina.
Los vehículos que
se obsequiaron a los AFI, y en ocasiones también la narconómina, se entregaban
en la parte posterior del edificio de la subdelegación de la PGR en Saltillo,
en la colonia Topochico.
Y contra la
afirmación de la procuradora general Marisela Morales de que no está implicado
más personal de la PGR, los testigos y el indiciado revelaron que pagaban 50
mil pesos al agente de la AFI José Guadalupe Ballesteros Huescas, a quien
conocían desde 2009. Señalaron por lo mismo a David Corral Huerta y a Enrique
González Nava, este último responsable estatal de la AFI, radicado en Torreón y
quien recibía 600 mil pesos mensuales para repartirlos entre los policías
asignados a Coahuila. Según Sarabia, así los jefes de su grupo delictivo
andaban por el estado sin ser molestados.
Además, los
elementos de la PGR y la AFI debían liberar mercancías vehículos y armas
aseguradas en operativos, o bien consignar mal y quitarles cargos a los zetas
detenidos, informar sobre todas las denuncias formales o anónimas contra sus
miembros, y compartir la información enviada o solicitada por la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)
de la PGR.
En enero de 2011 se
les retuvo el pago debido a que las FFA detuvieron en Saltillo a El Risas, que
desde mayo de 2010 era el “cocinero” o encargado de calcinar cuerpos para
dejarlos inidentificables. El L-40 ordenó liberar a El Risas, quien junto con
Sarabia y otros zetas eran sus escoltas personales en los años de la guerra
contra los Beltrán Leyva por la plaza de Nuevo Laredo.
No fue posible
liberar a El Risas porque las FFA ya habían dado aviso al mando en la Ciudad de
México. La subdelegada González López tuvo que explicar personalmente lo
ocurrido y liberar el soborno retenido.
El capitán Valbuena
Los cuatro zetas
detenidos coinciden en señalar como uno de sus operadores al capitán Jorge Luis
Valbuena Flores, mando de la PF en Coahuila y antes en Nuevo León. De acuerdo
con Sérpico, el capitán estaba a cargo de la PF en Nuevo León cuando lo conoció
y empezó a entregarle la nómina a través del Comandante Lino, subalterno de
Sérpico y abatido por el Ejército el 25 de enero de 2011 en Monterrey.
Escorpión afirma
que conoció a Valbuena en 2008 y que en Nuevo León recogía también la nómina
para Coahuila, entidad a la que fue enviado en 2010 como mando de la PF.
El mismo testigo
señala que Valbuena llevó con Los Zetas al comandante Enrique González Nava, de
la AFI; Azulejo, el comandante de las FFA que llegaron a Saltillo en enero de
2011, y al jefe de inteligencia regional. En esa reunión los mandos zetas le
entregaron 2 millones de pesos a Azulejo y acordaron el monto que les darían a los
oficiales durante su estancia en los dos estados.
Según esta
declaración integrada en el expediente, Valbuena facilitó la corrupción de
ministerios públicos locales en Arteaga, Coahuila, para liberar a delincuentes
detenidos, pero también encabezó acciones directas para Los Zetas. Incluso
señalan que Valbuena dirigió la búsqueda de Pepito Sarabia en Nuevo León, donde
escapó, haciéndose pasar por muerto, tras una balacera contra militares en
2010.
El capitán de la PF
recibió órdenes del grupo armado para colocar los filtros de vigilancia de la
PF en la entrada a Saltillo procedente de Monterrey, así como en la caseta de
la autopista 57 Saltillo-México y en las inmediaciones de la carretera libre a
Torreón, a la altura de General Cepeda, todo con el fin de identificar a
comandos rivales o sus cargamentos, y asegurarse el libre tránsito.
Valbuena
proporcionaba información sobre operativos que se planeaban en la Ciudad de
México, de la PF y de otras corporaciones (“estaba muy bien conectado en el
Distrito Federal”). Según el testigo, el oficial daba indicaciones sobre los
vehículos, vuelos, horarios y cantidad de personas, así como del objetivo de
los operativos federales en la zona.
El capitán también
“resolvía los problemas que llegaba a tener la Compañía en las carreteras. En
esa ocasión, cuando le pagué, a principios de enero de 2011, 70 mil pesos para
él, y para la tropa se le entregó más de 1 millón de pesos, ya que toda la
corporación se encuentra comprometida con Los Zetas”, señala Escorpión.
Agrega que a
Valbuena se le entregaban entre 800 mil y 1 millón de pesos en sobres rotulados
con los nombres de los beneficiarios. El testigo Sagitario le atribuye al
capitán el robo de cinco camionetas blindadas en la carretera libre
Saltillo-Torreón, en abril de 2009, tras lo cual desapareció a los choferes y
le entregó los vehículos a quien identifica como el Comandante Chabelo.
La misma fuente
declaró que el capitán de la PF escoltaba cargamentos de droga, armas y
vehículos blindados hacia las ciudades de Miguel Alemán, Reynosa y Nuevo
Laredo, así como tráileres con “cargas chinas”, nombre que dan Los Zetas a la
fayuca que tiene como destino el Distrito Federal.
Según Sagitario, el
capitán se encarga asimismo del transporte de la mercancía de contrabando mediante
la empresa Senda y del paso de la misma a San Luis Potosí por un proveedor
independiente. De igual forma, el mando federal ha participado en la ordeña de
ductos de Pemex, pues además de brindar protección a la extracción de gasolinas
en Hipólito, Coahuila, Valbuena tiene gasolineras en Monterrey y le entregaba
al ahora testigo protegido una pipa grande de tres ejes al mes.
Los Torres Charles
Por la información
de los testigos mencionados se conoció también que en Nuevo León operaba El
Cabrito, quien repartía la nómina a policías ministeriales, estatales y
municipales en presencia de representantes de Los Zetas. Uno de los individuos
que así recibía su soborno era el “Licenciado Muñoz”, enlace con el gobierno
estatal.
En Coahuila el peón
de Los Zetas era el teniente coronel retirado Manuel de Jesús Cícero Salazar,
Viejo Loco. Formaba parte del llamado Modelo Coahuila y a mediados de 2008 fue
designado titular de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, municipio conurbado de
Saltillo.
El Modelo Coahuila
fue un programa coordinado por la periodista Isabel Arvide, que consistía en la
designación de 11 generales, cinco coroneles, nueve mayores y otros oficiales
que sumaban casi 200, todos en retiro, a quienes se les entregaron todas las
jefaturas de seguridad pública municipales.
Arvide lo describió
así en Torreón, el 17 de febrero de 2010: “Todos los jefes militares, dentro de
este modelo, vienen comisionados, después de pasar pruebas de confianza, por la
Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría han sido compañeros
generacionales del general Galván, han servido bajo sus órdenes o han
coincidido con su mando en diversas comisiones”.
Las policías
estatales, los penales y las jefaturas de los municipios se llenaron de
militares que operaron con total libertad y gozaron de vehículos blindados,
armas de alto poder, viáticos, seguros y sobresueldos que nunca se
transparentaron. Su “jefe moral” era el entonces comandante de la región
militar general Mario Marco Antonio González Barrera, hoy inspector y contralor
general de la Sedena.
Arvide terminó su
relación laboral con el gobierno de Coahuila en mayo de 2010, tras acusar al
entonces fiscal del estado, Jesús Torres Charles, de estar coludido con el
hampa. Algunos de los militares que llevó a Coahuila reaparecieron tiempo
después en otras entidades, como Tamaulipas y Quintana Roo. Fue el caso de
Cícero, quien fue designado subsecretario de Seguridad Pública, pero dejó el
cargo tras un escándalo callejero en Cancún.
Cícero se hizo
notar en Coahuila a raíz de un tiroteo que, ahora se sabe, fue contra la
escolta del L-40. Los medios locales lo apodaban El Rambo y vivía en las
instalaciones de la Policía Municipal porque tenía amenazas de muerte. Sin
embargo, de las declaraciones de los testigos protegidos se desprende que
Pepito Sarabia le entregaba 500 mil pesos mensuales (200 mil de esos para otra
persona cuyo nombre no se menciona), además de regalarle una camioneta
Cherokee.
Otro implicado era
Emanuel Almaguer, comandante de la Policía Municipal de Saltillo, quien pagaba
la nómina y recibía apoyos para gastos de las patrullas. Fue ejecutado el 5 de
diciembre con su hijo de 12 años.
Los testigos y
Sarabia coincidieron en señalar a Humberto Torres Charles (hermano del exfiscal
general del estado), a quien apodan Glenda y que fue subprocurador en los años
noventa, bajo el mando del procurador Humberto Medina Ainsley, padre del actual
gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.
Humberto Torres era
director jurídico de la Secretaría de Salud estatal. Hoy está prófugo. Los
declarantes sostienen que le entregaron sobornos altísimos (el primero por 100
mil dólares) y le regalaron un automóvil BMW y un Mustang.
El lunes 20 la
periodista Isabel Arvide dijo al periódico Vanguardia de Saltillo que la
corrupción del exfiscal Jesús Torres fue advertida personalmente por Felipe
Calderón a Humberto Moreira, quien lo ignoró y mantuvo al funcionario en el
cargo desde 2010.
Pese a estos
antecedentes y a las confesiones e imputaciones hechas por los detenidos, que
llevan casi un año en poder de la PGR, esta dependencia no ha integrado ninguna
indagatoria contra el exfiscal Torres Charles ni ha resuelto caso alguno de
desaparición forzada de personas, aunque el propio presidente Felipe Calderón
se comprometió desde mediados de 2011
a acelerar las investigaciones y dar respuesta a las
familias que exigen justicia.
Historias de sangre
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
La guerra entre
cárteles del narcotráfico produce personajes que siempre están en medio de los
enfrentamientos más violentos, entre disparos, sangre y muerte. Uno de ellos es
el Comandante Pepito, un zeta recientemente aprehendido que en su declaración
ante la PGR da detalles, entre otros, de dos sonados episodios: el tiroteo
durante una carrera de caballos en el que murió un jefe de su organización y el
asesinato del agente estadunidense Zapata, del ICE, hace un año.
Las declaraciones
de Luis Jesús Sarabia Ramón, Pepito Sarabia o Comandante Pepito, explican
algunos hechos de violencia de los últimos años en regiones del norte del país;
esto por su cercanía con Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, su compadre, así
como por su ascenso en la organización criminal de Los Zetas, de la que llegó a
convertirse en asociado.
Detenido el pasado
11 de enero en un operativo incruento, Sarabia está en calidad de indiciado
según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, en la que se asienta
que hasta marzo de 2011 fue mando regional de Los Zetas, con influencia en San
Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco y Coahuila.
A lo largo de su
declaración, Sarabia da cuenta de operaciones en las que participó directamente
o de las que tuvo conocimiento al formar parte de la también llamada Compañía,
operaciones que en su momento se convirtieron en noticias de repercusión
internacional.
Uno de esos casos
es el ataque a dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de
Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el 15 de febrero de 2011.
Ese día los agentes
Jaime Zapata y Víctor Ávila fueron tiroteados en un paraje de la autopista
federal número 57, en San Luis Potosí. Zapata murió.
El 23 de febrero de
ese año la investigación a integrantes de Los Zetas derivó en la detención de
Julián Zapata Espinoza, El Piolín, quien según la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) era el mando de la organización delictiva en la zona.
Ricardo Treviño,
vocero de la Sedena, aseguró aquel 23 de febrero que el ataque se debió a una
confusión, pues por el tipo de vehículo en el que viajaban los agentes del ICE,
los sicarios asumieron que se trataba de miembros de un cártel rival.
El 28 de febrero de
2011 el gobierno presentó a Sergio Mora Cortés, El Toto, detenido por la
Marina. A El Toto se le atribuyó estar a las órdenes de El Piolín. Con inusual
premura los zetas implicados iban cayendo.
Durante un año
nadie mencionó que los agentes del ICE iban armados, hasta que el pasado
miércoles 15 The Washington Post dio a conocer otros pormenores del ataque. Por
ejemplo que la camioneta en la que viajaban era blindada y hubiera podido
resistir los disparos de AK-47 y la detonación de granadas, pero el vehículo
tenía una falla técnica: al poner la palanca en “parking” se levantaban los
seguros de las puertas.
Los agentes del ICE
no pudieron responder la agresión, pues eran superados en armamento.
Con las
declaraciones de Sarabia la información complementa lo que ya se había asentado
en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/051/2011, integrada a partir de la detención
de El Toto y El Piolín, ya que explica cómo se vivió la tensión por lo ocurrido
en las horas que siguieron al homicidio de Zapata.
Sarabia, indiciado
ahora por diferentes delitos federales, explicó que El Toto era el contador de
la plaza y se había quedado a cargo aquella semana cuando atacaron a los
agentes del ICE.
La averiguación
051/2011 establece que Sarabia pidió a El Toto que explicara lo ocurrido y le
ordenó reunir a El Piolín con su “estaca (comando) para darle piso (matarlo) o
montarlo” (entregarlo a las autoridades).
Esto último fue lo
que ocurrió, por lo que la Sedena y la Marina pudieron tener detenidos
rápidamente y no por los trabajos de inteligencia presumidos por Felipe
Calderón, a quien inclusive felicitó Barack Obama tras las detenciones.
Sarabia estaba en
Monclova, a donde lo había convocado Heriberto Lazcano para que se encargara de
organizar una protesta contra la construcción de un penal federal que se
realiza en esa ciudad, según se establece en la averiguación 041/2012.
El asunto había
hecho crisis. La noche del 15 de febrero de 2011, horas después del asesinato
del agente Zapata, L-40 y El Lazca convocaron a Sarabia para pedirle una
explicación, por ser el mando principal de esa región. El primero en llegar fue
L-40.
De la declaración
de Sarabia: “Mi compadre 40 me pregunta qué fue lo que pasó en San Luis Potosí,
que quién se había chingado a los de Migración, refiriéndose a los güeros del
ICE, porque yo era el encargado, a lo que yo le dije que no sabía cómo estaba
el pedo, ya que se había quedado encargado El Toto”.
El Piolín y otro
sicario mencionado sólo como El Tarta han sido identificados por las
autoridades mexicanas como los ejecutores del ataque. De la declaración de
Sarabia se desprende que eso es cierto.
“Toto me dijo que
había mandado a Piolín y a Tarta a robarse trocas a la carretera de San Luis a
México, y al parecer había valido madre porque era gente del otro lado, es
decir de los güeros. Después de eso, mi compadre 40 le habló a Lazcano para que
checaran qué iban a hacer conmigo. Una vez que llega Lazcano le explicamos cómo
están las cosas y Lazcano explica que él me había mandado llamar a Monclova
para lo de las pancartas, por lo que queda mi compadre 40 conforme con lo dicho
y me dejan seguir haciendo lo de las pancartas.”
Días después, a
principios de marzo, L-40 lo cambia de asignación y entonces Sarabia opta por
desertar de Los Zetas.
“(L-40) me dejó
dicho con El Abuelo (jefe de plaza en Monclova) que le migre para la guerra
(llaman así al enfrentamiento contra el Cártel del Golfo en la frontera
tamaulipeca), que ya no regrese a San Luis Potosí y me ponga a las órdenes de
El Gallo y La Papa (ambos ejecutados y calcinados en la carretera
Laredo-Monterrey), pero no obedecí y a finales de marzo de 2011 dejo de formar
parte de la organización de Los Zetas.”
Carreras en
Fresnillo
Unos meses antes de
su detención, Sarabia empezó a tener problemas dentro de la organización
criminal, según dice en su declaración.
El 15 de diciembre
de 2010 hubo carreras y fiesta entre zetas. Se reunieron en un hipódromo en las
inmediaciones del penal de Fresnillo los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño,
L-40 y L-42, respectivamente; Iván Velásquez Caballero, El Talibán o Comandante
50; El Diamante, operador de Zacatecas; otro sujeto conocido como El Gordo,
quien se hace cargo de los caballos de la organización, y La Ardilla, jefe de
plaza en Zacatecas.
El Talibán le
preguntó a Sarabia si le había hecho algo a su compadre L-40, porque andaba muy
enojado y le quería montar “a aquel hombre”, refiriéndose a Lazcano.
“Yo lo único que le
dije fue que estaba enojado porque me había visto con una muchacha que yo traía
y que era de Veracruz, era una teibolera, pero al parecer le había gustado a mi
compadre Miguel (L-40)”, explicó Sarabia.
No hubo reclamo,
porque de repente recibieron reportes de la presencia de militares en la zona y
se acabó la fiesta.
El Ejército reventó
la carrera, pero todos los zetas lograron escapar y enfrentaron a los militares
a lo largo de la carretera estatal Jerez-Fresnillo. Sólo murió un pistolero.
L-40, L-42, Lazcano y La Ardilla volaron en aviones privados a Monclova.
Sarabia huyó por tierra y se fue a esconder a Saltillo.
La información
oficial sólo dio cuenta de que un grupo de hombres armados había enfrentado un
convoy militar que los repelió, dejando como saldo un sicario muerto.
Villarín y Cañada
Park
El gusto por las
carreras de caballos de Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño ha sido
ampliamente referido, sobre todo porque en diferentes ocasiones se han visto
atacados o cercados por el Ejército al ser espectadores de justas ecuestres.
Una de las primeras
menciones sobre esa afición ocurrió en El Villarín, Veracruz, cuando un
desencuentro entre los apostadores terminó en balacera. Aquella vez se especuló
con que uno de los muertos podría ser Heriberto Lazcano, pero en realidad se
trataba de Efraín Teodoro Torres, Comandante 14 o Z-14.
Villarín es un
rancho cuya carretera reducida apenas está pavimentada. Al transitar por ahí es
frecuente que salgan al paso gallinas o cerdos, antes de penetrar el breve y
paupérrimo caserío. Sin embargo en ese lugar se instaló un hipódromo abatible,
con capacidad para unas 10 mil personas y que entre sus curiosidades contaba
con arrancaderos profesionales.
La bolsa era de
unos 9 millones de pesos, pero al final de la carrera los apostadores no
quedaron conformes con el resultado. De ahí surgió la balacera en la que murió
el Z-14.
Dos años después,
en el Futurity 2009 del Cañada Park, en Ramos Arizpe, Coahuila, asesinaron a
balazos a Javier Urióstegui Román, El Gato Urióstegui, un tahúr profesional
originario de Morelos.
Dos días después,
en una finca de Allende, Nuevo León, donde lo velaban, un comando acribilló a
los dolientes. Ahí murió su hermano José Carmelo, además de que otros
familiares y amigos del apostador –procedentes de Teloloapan, Guerrero– resultaron
heridos.
En su huída del
Cañada Park, un convoy encabezado por el teniente coronel Manuel de Jesús
Cícero Salazar, entonces director de Seguridad Pública de Ramos Arizpe, se
encontró con los delincuentes. Su vehículo iba equipado con cámara y grabó el
enfrentamiento. Bajo el fuego se escuchan las desesperadas peticiones de apoyo
por radio a otras corporaciones. La ayuda no llegó.
De acuerdo con las
declaraciones de Sarabia, fue El Gato Urióstegui quien mató al Z-14 o al menos
así lo entendía L-40.
“Conocí a esta
persona (Cícero) el 30 de agosto de 2009 ya que hubo una balacera entre la
escolta de Cícero en contra de la gente de la Compañía, entre los que nos
encontrábamos mi estaca (comando) y yo.
“Fue en la
carretera Los Pinos, ya que ese día hubo carreras de caballos a las que fue El
Comandante 40, porque sabía que en ese lugar iba a estar un apostador que un
año antes (en realidad dos años antes), había matado en unas carreras de
caballos que se hicieron en Villarín, Veracruz, al Comandante 14.”
Sarabia estaba
estacionado en las inmediaciones de un convento ubicado por la carretera a Los
González, en Saltillo, cuando recibió la orden de acercarse al Cañada Park,
pero en el trayecto se dio cuenta de que había patrullas esperando el convoy de
L-40 que ya había ejecutado a El Gato Urióstegui y venía de regreso. Sarabia
fue quien hizo la custodia del convoy de L-40, haciendo frente a los policías y
resultando herido.
Funcionarios de doble cara
MARCELA TURATI
Cuando se enteraron
por las noticias de que al exfiscal de Coahuila Jesús Torres Charles y a la
subdelegada de la PGR en el estado, Claudia González, se les relaciona con Los
Zetas –el primero por parentesco, la segunda por brindarles protección–, a
cientos de familias de todo el país se les heló la sangre.
Entendieron que a
la par que aportaban nuevos datos a los funcionarios para que buscaran a sus
familiares desaparecidos estaban entregando información a los propios
criminales.
Comprendieron
también por qué, a pesar de sus esfuerzos, el gobierno no ha encontrado a
ninguna de las personas reportadas como desaparecidas en la entidad en estos
tiempos de la guerra contra el narco.
“Siento frustración
por la impunidad, por la omisión, por el cochinero y la colusión de todas las
autoridades procuradoras de justicia del estado de Coahuila, no nada más las
personas que ya aprehendieron, sino las que nos pusieron innumerables
obstáculos a las familias que hicimos pesquisas, investigamos con esfuerzos
sobrehumanos por ser simples ciudadanos. Y seguramente todo lo que
presentábamos al fiscal lo tiraba a la basura”, dice indignada la señora María
Guadalupe Fernández Martínez.
Es madre del
ingeniero Jorge Antonio Robledo Fernández, un defeño desaparecido en Monclova
el 25 de enero de 2009. Tenía 32 años y trabajaba en ICA Fluor Daniels, en el
Proyecto Fénix de Altos Hornos de México. Desde entonces la pareja
Robledo-Fernández se volcó en la búsqueda de su hijo y viajó cada semana a
Coahuila para entregarle pruebas al fiscal.
Le dieron un video
del antro sospechoso, de ventanas selladas, que comparte estacionamiento con la
tienda de autopartes donde desapareció su hijo. Las llamadas que, durante un
año, se hicieron desde los dos teléfonos celulares de su hijo y hasta la
ubicación de los dos cajeros automáticos en los cuales se hicieron retiros
bancarios con sus tarjetas. Pero no hizo nada, ni siquiera incluyó los datos en
la averiguación previa 002/2009.
“Siempre nos
preguntaban qué cosas nuevas habíamos investigado y muchas veces les dijimos: ‘Ustedes
tienen que investigar; esa es su labor, no la nuestra’”, dice a Proceso esta
mujer, que forma parte de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), que tiene 230 casos documentados en el
estado de 2007 a
enero de 2011.
Los cálculos
preliminares del gobierno estatal arrojan que en el estado han desaparecido más
de mil 600 personas durante el sexenio de Felipe Calderón.
“Nosotros hacíamos
esfuerzos sobrehumanos por obtener información: hicimos un análisis de las llamadas
que salían del celular de mi hijo y se los llevábamos cada 10 días para
mostrarles que estaban activos, que los recargaban, que tenían dados de alta
como amigos a varios celulares; llevábamos estados de cuenta de tarjetas
bancarias y les avisamos la semana en la que ininterrumpidamente se presentaron
a sacar dinero. Nosotros estábamos esperanzados de que iban a poner a un agente
encubierto a esperarlos, porque Monclova es una ciudad pequeña. Pero llegó el
sábado y esos animales-infelices-desgraciados que habían sacado de 3 mil en 3
mil le sacaron los últimos 100 pesos que quedaban”, dice.
El asco, la
desilusión, la indignación, la sensación de estafa es compartida por las
familias que, como la suya, se dedicaron a juntar pistas que ayudaran a las autoridades
a ubicar a sus seres queridos. Sin saber que tenían a los enemigos en casa.
La directora del
Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de la Diócesis de Saltillo,
Blanca Martínez, también asesora de Fuundec (hoy Fuundem, porque aglutina ahora
a desaparecidos en todo México), informa que, ante la noticia reciente, las
familias están desconcertadas e indignadas.
“Ya entendemos por
qué estos años no se encontró a nadie a pesar de que la gente ha puesto
información que no ha servido para nada.”
Crece el desencanto
La Fuundem programó
varias asambleas regionales urgentes con el propósito de tomar una postura
sobre ese caso. Sin embargo, queda claro que pedirán que se investigue al
exgobernador Humberto Moreira que sostuvo a Jesús Torres Charles en el cargo a
pesar de su negligencia.
“La primera
desaparición fue hace cinco años y a la fecha no hay nada. Hay una clara
responsabilidad, como mínimo, por omisión y muy probablemente una deliberación
de no buscarlos, y eso implica responsabilidades institucionales y de estado.
No dudamos que haya responsabilidades directas de funcionarios de alto nivel,
como la subdelegada. Por eso vamos a pedir que se investigue al exfiscal, a
todos los funcionarios involucrados en las presuntas investigaciones de los
desaparecidos y, obviamente, al exgobernador Moreira”, señala Blanca Martínez.
Durante todo 2011,
las familias establecieron mesas con funcionarios estatales y federales en las
que participó la subdelegada Claudia González. “(Ella escuchó) todos los casos,
dando su opinión, comprometiéndose con las familias a buscar a sus
desaparecidos, diciendo –con un manejo emocional poco ético– que entendía a las
madres de ellos por ser mujer”.
A raíz del anuncio
de la semana antepasada de los vínculos de los dos exfuncionarios con Los
Zetas, la desconfianza entre las familias se afianza.
“Desde que nos
sentamos la primera vez con Moreira, en septiembre de 2010, una de las demandas
de las familias era la renuncia de Torres Charles por sus claros actos de
omisión en procurar justicia. El entonces gobernador hizo caso omiso y cuando
dejó la gubernatura para irse como presidente del PRI todavía nos dijo:
‘Quédense tranquilas, aquí está el fiscal, él va a seguir buscando’”, dice
Martínez.
A pesar del mal
desempeño de Torres Charles como procurador estatal, el sucesor de Humberto
Moreira, su hermano Rubén, lo nombró jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos,
donde se vigilaban las nuevas leyes a aprobarse. En ese lapso se tipificó el
delito de desaparición forzada que no cumple los lineamientos de la
Organización de las Naciones Unidas.
“La definición está
amañada para salirse por la tangente. Vamos pa’trás, dejaron muy ambiguos los
castigos a los responsables directos del delito y la responsabilidad del estado
para garantizar la justicia”, señala.
El desencanto no es
nuevo. Conforme pasa el tiempo y las familias peregrinan de institución en
institución para solicitar la búsqueda de sus seres queridos, se han ido dando
cuenta de las complicidades entre autoridades y delincuentes. Sin embargo,
hasta este momento se hizo explícito.
“Mucho tiempo
confiamos en la palabra de esas personas que, dicen las noticias, están
inmiscuidas. A nosotros Dios nos iluminó: el 27 de abril de 2009 nos dimos
cuenta de que el fiscal no iba a hacer nada. Descubrimos que los nuevos datos
que llevábamos, las sábanas telefónicas, las fotografías, no las incluía en la
averiguación previa, aunque le dábamos todo en sus manos. Además nos
paralizaba, diciéndonos que no buscáramos porque nuestro hijo corría peligro”,
dice la madre de Jorge Antonio.
La familia del
ingeniero decidió acudir a la PGR; hasta ahora la institución no ha avanzado en
el caso de su hijo. La familia Robledo-Fernández y los demás miembros de
Fuundec tuvieron pláticas con el subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora,
con quien planeaban la creación de una fiscalía estatal que se dedicara a la
búsqueda de los desaparecidos. Pero todo se interrumpió cuando él murió en el
accidente aéreo con el secretario Francisco Blake Mora.
“Nos interesa que
se investigue a estas personas que ahora son señaladas, porque puede ser el
hilo de esta madeja tan dolorosa para nosotros”, dice la señora María
Guadalupe.
Testimonios desde el infierno
LUCIANO CAMPOS GARZA
Deshecha por la
pena, una pareja de Monterrey relata la estremecedora historia de su hijo,
quien fue encerrado a la mala por federales en el penal de Apodaca, donde
recibió maltratos y extorsiones permanentes. Su familia sostiene que no
pertenecía a Los Zetas ni al Cártel del Golfo. Aun así, el joven fue masacrado
junto con otros 43 reos en el ambulatorio Delta. Los padres describen el poder
que los capos del narco ejercen en las cárceles donde deberían purgar sus
condenas.
MONTERREY, NL.- En
el penal de Apodaca las llaves de las celdas y los accesos eran controladas por
los malos. Uno de ellos estaba en cada puerta, tomando apuntes de quién entraba
y salía. El comandante en el interior no era un guardia, sino un interno
designado por los líderes de los presos. Los locutorios eran territorio tomado,
con espías que reportaban lo que se decía en cada visita personal.
Todo eso lo
supieron Sofía y Arturo a partir de lo que les contaba su hijo Mario Humberto
Ramírez Calderón, asesinado la madrugada del 19 de febrero junto con otros 43
internos.
Arturo había
solicitado el 29 de julio de 2011 que trasladaran a su hijo de 19 años al penal
de Cadereyta porque estaba en peligro. Le envió una carta a Ernesto García
Guerrero, entonces comisario general de Administración Penitenciaria, en la que
le decía que quería el cambio “por motivo de soborno y golpes que me le dan.
(…) Tiene mucho miedo mi hijo, ya que el día que estamos con él todo parece
bien, y nomás nos vamos retirando del penal lo golpean y le preguntan todo, si
habló mal del penal. Por favor, ayúdenos con el traslado”.
El 1 de agosto le
contestaron con un oficio firmado por José Anastacio Fuentes Rojas, comisario
de apoyo, dirigido al director del penal, maestro Gerónimo Miguel Andrés
Martínez, que dice: “Le solicito realice las acciones necesarias para su debida
atención y remita a la brevedad informe escrito de lo consumado. Sin otro
particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración”.
Los padres dicen
que nada se hizo para proteger a su hijo. Hablaron con el director para que acelerara
el traslado, pero les respondió –dice Sofía– “que era un buen chavo, que para
qué lo trasladaban, que estaba bien, que no tenían problemas… y que él (el
director) no mandaba adentro; que él sólo mandaba a los azules, a los
uniformados. No nos dijo nombres de organizaciones ni de personas, no nos dijo
ni zetas ni del Golfo ni alguna otra organización que esté adentro. Nomás nos
dijo que mandaban los que estaban adentro”.
Pero lo seguían
golpeando y por eso decidieron “ya no moverle”, porque podrían desencadenar más
agresiones hacia el muchacho. Cada vez que iban a visitarlo había una persona
sentada a su lado para escuchar lo que platicaban. Por eso Mario Humberto tenía
que hablar con sus padres en susurros o con señas; les decía que se la pasaba bien,
pero tenía en la nuca moretones que su madre veía al abrazarlo.
“Contaba que se
había golpeado porque se caía –dice Arturo–. Uno lo conoce. Yo le decía: ‘A
ver, si estás bien, descobíjate’. Pero contestaba que no podía”. Él piensa que,
en caso de levantarse, el oreja lo hubiera reportado a sus jefes y la
consecuencia sería una golpiza peor que las habituales.
Mario Humberto, a
quien le decían El Gavilán, fue detenido el 16 de junio de 2011. Vivía con sus
padres en la colonia La Estanzuela, en el sur de Monterrey. Estaba separado y
tenía una hija de dos años. Había dejado trunca la escuela mecánica para
trabajar.
En la versión de
sus padres, aquel 16 de junio, a las 14:00 horas, el joven salió del taller
automotriz donde trabajaba para ir a comer. Frente al local de alimentos vivía
un amigo ocasional con el que Mario Humberto intercambiaba películas y, cuando
fue a entregarle algunas, lo detuvieron policías federales.
Según la familia,
bastó que al Gavilán le sembraran un cargador de ametralladora para que lo
procesaran por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y le dieran
siete años de prisión.
También lo acusaron
a él y a su amigo de tener secuestrado a un Luis Maldonado Méndez, pero esto se
estaba desahogando en una averiguación previa por privación ilegal de la
libertad en su modalidad de “secuestro a un no servidor público” (sic).
Sus padres afirman
que él es inocente. No tenía antecedentes penales y se dedicaba a trabajar,
pero de pronto lo encarcelaron y afirmaba que su estancia en prisión eran los
ocho meses más horribles que había vivido. “Decía que había recibido más golpes
ahí que en toda su vida”, cuenta su madre.
El día de la
masacre, que primero se difundió como “un motín”, el gobernador nuevoleonés
Rodrigo Medina estaba a unos cuantos metros del penal de Apodaca, brindando con
los soldados en el campo militar. “Lo vi en las noticias levantándose el
cuello, sentado ahí, diciendo que los penales son seguros”, añade Sofía.
“Los narcos mandan”
Sofía y Arturo son
nombres falsos. Sus identidades han sido alteradas por seguridad. Ella es
empleada en un centro comercial y él mecánico automotriz que hace trabajos
ocasionales. Durante la entrevista tienen con ellos las cenizas de su hijo, que
les entregaron el miércoles 22 por la mañana.
“Mario me decía que
cuando saliera, nada nos iba a separar. Por eso pedí que me lo cremaran y que
me dieran las cenizas. Así cumplimos lo que habíamos dicho, que cuando
saliéramos nadie nos iba a separar. Ahora siempre va a estar conmigo”, dice
Sofía con la mirada fija en la urna.
Toda la información
de los padres sobre las condiciones que prevalecían en el penal de Apodaca
procede de Mario Humberto, que vivía atemorizado. Dicen que tan pronto ingresó
al presidio le ofrecieron jalar con los malos, adentro y cuando saliera.
Los padres declinan
precisar quién es el grupo que manda adentro del penal, Los Zetas o el Cártel
del Golfo. Sin embargo, fue el gobernador Medina quien precisó que Los Zetas
controlan la cárcel y que habían cooptado a los mandos (incluido el director) y
a los celadores con dinero.
Para Sofía, Mario
Humberto rechazó la orden de unírseles y por eso lo golpeaban: “Fue muy hombre,
el canijo, y les dijo que no. Por eso buscábamos el traslado, mi esposo
escribió esa hoja. Fuimos con el director y nos dijo que si no tenían problemas
con él no había por qué trasladarlo; que sí trasladaban a los reos
problemáticos”.
Cuando llegó al
reclusorio, el muchacho fue asignado al ambulatorio Delta. Preguntó por qué, y
las autoridades penitenciarias respondieron que se debía a que él era de La
Estanzuela y que esa era una zona dominada por el Cártel del Golfo, así que él
pertenecía a éste. Así sellaron su suerte.
“Teníamos ocho
meses de estar peleando su inocencia. Todos nos decían que teníamos todo para
sacarlo, pero que había que esperar un proceso y eso tardaba un año, lo que él
tenía que estar para que los jueces dijeran que podía salir”, dice ella entre
suspiros.
Ni siquiera
pudieron trasladarlo y sólo les quedó un recurso para aliviar la situación de
su hijo: “Pagábamos para que lo golpearan menos. Dimos una vez 3 mil pesos.
Luego nos pidieron unos tenis de 2 mil 600, de los Nike Choice, que ni
conocíamos. Luego 500 por semana. Se los dábamos a él. Los otros, lógico, no
iban a dar la cara”, expone Sofía.
“Lo amarraban para
golpearlo. Lo sacaban a un campo los mismos malos. Por eso digo que no es
cierto que los custodios tenían las llaves adentro, las tenían los malos.”
Secunda Arturo: “Si
mi muchacho quería ver a un amigo, tenía que pedirle permiso al comandante,
pero no al de la justicia, sino al de la injusticia. Ese daba la orden y
hablaba por teléfono”.
El 20 de diciembre
del año pasado fue asesinado Ramón Gumaro Garza, un reo conocido en la
localidad e implicado en el maxiproceso contra Mario Villanueva, exgobernador
de Quintana Roo. Llevaba encerrado 15 años, de una condena de 40, cuando fue
asesinado con una puntilla por otro interno.
Los papás dicen
que, inexplicablemente, tras ese crimen recluyeron a Mario Humberto en su
celda, bajo llave, y lo dejaban salir nada más cuando ellos lo visitaban. El
resto del tiempo lo pasaba encerrado y no veía el sol durante días.
En las visitas
siempre tenían vigilancia, dice Arturo, “por eso queríamos trasladarlo a
Cadereyta, porque se supone que ahí no es territorio de nadie. En Apodaca, en
cada acceso había una persona sentada con una libreta y una pluma, anotando los
movimientos: a dónde van, quién es, qué hace, cuántos son. No eran celadores,
sino internos”.
Y cuestiona lo que
todos: ¿por qué le han permitido tanta libertad a personas que están purgando
penas? Los pandilleros pueden inconformarse cuando quieren, queman colchones,
se amotinan y asesinan.
En su afán de
salvar a su hijo de la violencia del penal, la pareja cayó en manos del abogado
Gonzalo Reséndiz, que les pidió 35 mil pesos en varias entregas, con la promesa
de que conseguiría la preliberación del Gavilán.
Ansiosos de ver a
su hijo libre o por lo menos trasladado a un penal donde no lo acosaran, Arturo
y Sofía estaban dispuestos a mudarse a cualquier estado para seguir demostrando
su inocencia. Pero después de la última entrega de dinero el abogado ya no les
contestó el teléfono.
“Querían
destazarlos”
En el ambulatorio
Delta, los internos hacían rondas de vigilancia durante las 24 horas. Cubrían
las ventanas de sus dormitorios con cartones para prevenir ataques con bombas
molotov. El propio Mario Humberto dormía de día para estar alerta durante la
noche, por eso sus padres suponen que estaba despierto cuando ocurrió la
masacre.
Ellos acostumbraban
visitarlo los lunes, pero el de esa semana iba a tener un careo como parte de
uno de los procesos que enfrentaba, así que anticiparon el encuentro para el
domingo 19.
Precisamente esa
mañana los noticiarios matutinos de televisión informaron del asesinato masivo
de reos en el penal de Apodaca. A las 9:00 horas Sofía y Arturo ya estaban
afuera del penal. Era un caos de aglutinamiento, desesperación y exigencias de
información.
Un empleado del
gobierno de Nuevo León salió a decirles que pronto revelaría listas de
fallecidos. Luego salió y dijo que había 40 muertos, todos del ambulatorio
Delta, y que no había otros lesionados.
Entraban y salían
elementos de la Fuerza Civil y federales.
A las 14:00 horas
la pareja no tenía información concreta sobre su hijo. Sofía, igual que los
demás familiares, exigía nombres, pero la información llegaba con exasperante
lentitud.
Mientras esperaban,
una persona que dijo trabajar en derechos humanos la cuestionó: ¿por qué no
había denunciado lo que ocurría adentro del penal? “Yo le dije que, cuando
detuvieron a mi hijo, le di una carta al propio gobernador en su mano para que
checara el caso de mi hijo y viera que era inocente, y hasta ahorita no me han
hablado de su parte. Por eso no me digas ahora que no hablé: lo hice y nadie
escuchó”.
Los familiares de
los internos, desesperados, apedreaban los coches que entraban o salían de la
prisión. A Sofía le tocó una pedrada en la pierna.
A las 16:30 horas
tenían claro que en el penal no les darían dato alguno y se trasladaron al
Hospital Universitario, en Monterrey. Ahí se encuentra el Servicio Médico
Forense, adonde se enviaban los muertos y lugar en que el gobierno estatal
instaló una mesa de orientación.
A las 19:00 horas
tuvieron que ver fotografías de los cadáveres deshechos. Vieron 36 antes de
encontrar a Mario Humberto. A decir de Arturo, reconocieron el tatuaje de un
dragón que tenía en el brazo izquierdo y los dibujos dérmicos de una mano. La
cabeza y el rostro eran irreconocibles.
“Nos mostraron las
fotos y sí eran los tatuajes –relata Sofía–, pero por lo que nos mostraron no
se podía reconocer. Lo quería abrazar, verlo, pero el ataúd estuvo sellado y no
se pudo abrir. Sus amigos querían verlo en el velorio. ‘Ábralo, doña’, me
decían, pero yo no quería que lo vieran. No lo iban a conocer. ‘Quédense con el
recuerdo de la foto, porque lo que hay adentro no es su cara’, les dije.”
Arturo exigió ver
el cadáver completo. “Hasta ahorita no se me hace que sea su rostro, no se me
hace que es él… Pero sí eran su cuerpo y sus tatuajes. Su cabeza estaba unida
por una parte, pero estaba casi cortada. Sí era la de él. Pero al principio yo
les decía (a los empleados del Semefo) que no era su cabeza, porque es mi hijo
y lo conozco”.
Se lo habían
advertido: “Es muy duro lo que usted va a ver”. Pero él les contestó que
“quería saber qué me estaban entregando. Lo descobijaron y sí estaba unida la
cabeza, pero definitivamente no era la persona que yo conocía. Lo vi un día, y
cuatro después me lo dejaron muy diferente. Y así estaban los cuerpos de todos
los que nos enseñaron”.
Sofía se hace una
idea de lo que sufrió Mario Humberto: “Me imaginaba a unos perros que les
avientas un trozo de carne. Como que decían: ‘Ten, golpéalo tú. ¿Ya te
cansaste? Ahora golpéalo tú’”.
Arturo piensa lo
mismo: “No era cuestión de matarlos, sino de destazarlos. Tuvieron tiempo para
soltárselo a 15, pienso. Y háganle lo que quieran, y otros 15 agárrense a otro.
Porque tuvieron el tiempo”.
Unos trabajadores
del DIF de Nuevo León que la atendieron afuera del Semefo aun se atrevieron a
decirle a Sofía que el gobernador estaba de su lado. “Le dije que al gobernador
le entregué una carta en su mano y no me escuchó –recuerda ella–; por eso no me
digas que ahora el gobernador está conmigo. Aunque me digas que está de mi
lado, cuando lo ocupé no estaba ahí”.
Les entregaron el
cuerpo el lunes 20 y lo velaron en la casa de la madre de Sofía. Recibieron el
ataúd sellado a las 7:00 horas y la funeraria quería llevárselo esa tarde, pero
los padres pidieron más tiempo. Finalmente se llevaron el cuerpo 24 horas
después. Ese martes lo cremaron.
Ahora piden que el
nombre de su hijo sea reivindicado, que se castigue la corrupción de las
autoridades penitenciarias estatales y federales, y que el gobierno de Nuevo
León contribuya a la manutención de la hija de Mario Humberto.
Arturo y Sofía
deben cuidar lo que les queda de familia. Otro de sus hijos, Ramón Martín,
desapareció el 13 de agosto de 2010. Salió a comprar unas salchichas a la
tienda, allá en La Estanzuela, y ya no apareció. Les queda otro de 12 años, al
que se proponen educar para que sea “un buen muchacho”.
Los Zetas siguen dueños del penal
LUCIANO CAMPOS GARZA
Partidos políticos,
la clase empresarial de Nuevo León, activistas locales y la propia ombudsman
estatal, Minerva Margarita Martínez, reprueban al gobernador Rodrigo Medina por
su torpeza política y su falta de eficacia para enfrentar a la delincuencia en
el estado. Prueba de ello es la matanza y fuga multitudinaria de sicarios de
Los Zetas del penal de Apodaca, donde son los grupos criminales los que imponen
su ley. Medina culpa de estos hechos a la federación, y el PAN le pide que
renuncie.
MONTERREY, NL.- El
lunes 20, al día siguiente de la masacre en la que murieron 44 reos y una
treintena más se fugó, un grupo de visitadores de la Comisión de Derechos
Humanos de Nuevo León acudió el penal de Apodaca para comprobar las condiciones
de los internos.
Un funcionario del
gobierno estatal que presenció la visita asegura que los celadores advirtieron
a los visitantes que no podían ingresar a todas las áreas debido al alto grado
de peligrosidad prevaleciente, sobre todo en las que el autogobierno impuesto
por Los Zetas y por los internos del Cártel del Golfo (CDG) anula toda
autoridad, aun la del gobierno estatal.
Luego del ataque al
casino Royale el 25 de agosto último, a raíz del cual perecieron 52 personas,
la ejecución tumultuaria en Apodaca es el segundo ataque más oprobioso del
crimen organizado.
El mismo lunes 20,
pasmado aún por los acontecimientos, el gobernador Rodrigo Medina declaró a los
medios que la culpa era de las autoridades federales “por retacar los
reclusorios estatales”, si bien es cierto que su administración ha hecho muy
poco para remediar el hacinamiento y el autogobierno en ese centro
penitenciario y en el de Topo Chico.
Y aun cuando el
vocero de Seguridad del estado, Jorge Domene Zambrano, intentó limpiar la
imagen del gobierno de Nuevo León, las declaraciones de Medina detonaron las
inconformidades. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
Minerva Margarita Martínez, aliada del gobernador, pidió a las autoridades
locales trabajar en serio para “tener el verdadero control de las
penitenciarías”.
El alcalde de
García, Jaime Rodríguez, fue más allá. Dijo que los penales son centros de
consumo de droga; incluso comentó que a Medina le ha faltado carácter para
enfrentar al presidente Felipe Calderón y solicitarle que sea el gobierno
federal el que se encargue de los reos federales.
Riña, fuga y
confusión
La madrugada del
domingo 19 el guardia de la torre 6 del penal de Apodaca reportó a dos
custodios que se sentía enfermo. Cuando acudieron a auxiliarlo, fueron
sometidos por varios internos. Hasta ahora se desconoce si el celador estaba
amenazado o fue presionado por ellos.
Así empezó la
trifulca en este penal, ubicado a 20 kilómetros al norte de Monterrey. Poco
después, a las 1:13 horas, el acceso a la torre, próxima al ambulatorio Coca,
fue abierto. Por ahí salieron los 30 presos, 25 del fuero federal y cinco del común,
todos ellos pertenecientes a Los Zetas, quienes tienen el control del penal.
Uno de ellos es
Óscar Manuel Bernal Soriano, alias La Araña, operador de esa organización en la
entidad, quien purgaba una condena por su participación en la muerte del general
retirado Juan Arturo Esparza García, secretario de Seguridad Pública del
municipio de García, y de cinco escoltas el 4 de noviembre de 2009.
De acuerdo con las
versiones recabadas por el reportero entre autoridades y familiares de los
reclusos, éstos subieron al puesto de vigilancia y se deslizaron por medio de
sogas hacia el exterior, donde abordaron varios autos que los estaban
esperando.
Aproximadamente a
las dos de la madrugada, armados con objetos contundentes y punzocortantes, los
del ambulatorio Coca enfrentaron a los del Delta. Según los testimonios, no
hubo una confrontación abierta; al parecer las víctimas ya habían sido
seleccionadas.
Domene Zambrano
declaró que los muertos eran del CDG. Los cuerpos mutilados fueron colocados en
un rincón que servía de criadero de cabras. Una hora más tarde, cuando había
concluido la matanza, alguien dio la voz de alerta. Los primeros en llegar
fueron los agentes de la Fuerza Civil del estado y los de la Policía Federal.
Para las nueve de
la mañana del domingo 19, familiares de los internos acudieron al penal a pedir
información acerca del amotinamiento; algunos lanzaron piedras contra los
uniformados, sobre todo contra los de la Fuerza Civil, que custodiaban el
enrejado de la entrada.
En medio del caos,
el gobierno de Nuevo León instaló una mesa única de orientación a los
familiares en el Servicio Médico Forense, ubicado en el Hospital Universitario
de Monterrey, donde fueron trasladados los cuerpos.
Al día siguiente,
Medina organizó una conferencia de prensa en la que se dedicó más a exaltar los
logros de su gobierno. Dijo que de 2009 a la fecha en la entidad se ha consignado
a 8 mil 500 delincuentes, la mayoría por delitos federales, y culpó a la
federación de los males que le ocurren a Nuevo León, en particular por el
sobrecupo de internos federales que, expuso, fue lo que causó el homicidio
masivo.
Medina afirmó que
la evasión fue producto de una traición del personal interno, pues su
administración había comprobado que Los Zetas controlaban el penal tras haber
comprado con cuotas a directivos y a los custodios.
Incluso cesó a
Ernesto García Guerrero, comisario de la Agencia de Planeación Penitenciaria;
mientras que Gerónimo Miguel Andrés Martínez, director del penal, así como el
subdirector, Juan Hernández Hernández, y el jefe de Seguridad, Óscar Deveze
Laureano, permanecerán arraigados en tanto se investiga su presunta
participación en los hechos. El mandatario anunció que 26 de los 70 custodios
también serán interrogados.
Los reporteros le
preguntaron por qué había contratado a Andrés Martínez, toda vez que en 2009
fue destituido como titular del penal de Santa Martha Acatitla, en el Distrito
Federal, por corrupción. Medina respondió que lo hizo porque “aprobó las
pruebas de confianza”.
La tensión aumentó.
El martes 21 en el penal de Topo Chico fueron asesinados con armas blancas los
reclusos Alán Josué González Rojas, de 24 años; Jorge Eduardo González Salas,
de 32, y Dewin Vianey Rojas Martínez, una mujer de 28 años; todos ellos
relacionados con el CDG. Habían ingresado al penal el día anterior.
El martes 21 por la
noche el traslado de tres internos federales vinculados a Los Zetas –Marcos de
León Quiroga, alias El Chabelo; Mario Andrés Alcorta Ríos, El Junior, y José
Francisco Gámiz Vega, El Extraño– provocó nuevos disturbios dentro y fuera del
centro penitenciario de Apodaca. En el incidente cuatro internos fueron
lesionados; uno de bala y los demás con armas punzocortantes.
Al día siguiente el
gobernador tuvo dos actos públicos. En el del Centro Internacional de Negocios
(Cintermex) dijo a los reporteros que los sistemas de seguridad de los penales
de Topo Chico, ubicado al norte de Monterrey y con una población de 4 mil 500
internos, así como el de Cadereyta, 40 kilómetros al
oriente de esta capital y ocupado por mil 100 prisioneros, se habían reforzado.
También declaró que
el estado cuenta con mil 100 celadores y que el déficit para los tres centros
de reinserción social es de 4 mil. Consultado al respecto, un funcionario que
pidió omitir su nombre dice que sólo 20% de los trabajadores penitenciarios han
sido sometidos a exámenes de confianza.
El diputado local
priista Héctor Gutiérrez de la Garza hace sus propios cálculos y responsabiliza
al gobierno federal de la sobrepoblación penitenciaria en la entidad. Dice que
son ya 8 mil 862 los internos en los tres centros, si bien la capacidad es para
6 mil 108; de ellos, asegura, 2 mil 254 son federales.
De acuerdo con el
legislador, el estado resolvería su problema de internamiento de prisioneros del
fuero común si se construye un penal en Mina, 50 kilómetros al
oriente de la capital, que podría tener un cupo para 2 mil 300 personas.
Su correligionario
Raymundo Flores presentó recientemente un punto de acuerdo en el Congreso local
para pedir a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) que se haga cargo
de los presos que le corresponden, o que convierta el de Apodaca en un penal
federal. Su moción fue aprobada por el pleno.
Luis Farías,
presidente del partido local Cruzada Ciudadana, se sumó a los reclamos contra
la federación y señaló que es tiempo de que se haga cargo de todas las
penitenciarías del país, porque es la única instancia con poder para solucionar
esta emergencia nacional.
El miércoles 22, el
titular de la SSP, Genaro García Luna, respondió al gobernador en una
entrevista radiofónica que el problema de las fugas masivas en los estados se
debe a la corrupción, no a la sobrepoblación, como alega el nuevoleonés.
Recordó incluso que cinco entidades –Distrito Federal, Estado de México,
Jalisco, Baja California y Sonora– concentran casi 50% de los internos
estatales y federales.
“Ahí no ha habido
ningún incidente de este tipo –expuso García Luna–. Es decir, no corresponde
que la variable donde hay fugas sea por la perspectiva de la sobrepoblación. En
todas las fugas no ha sido porque tiren una pared o entre un comando por ellos,
sino porque siempre hay alguien que los libera.”
El viernes 24 por
la tarde García Luna anunció que el general retirado Javier del Real
Magallanes, quien hasta 2010 fue comandante de la Cuarta Región Militar con
sede en Escobedo, sustituía al también general Jaime Castañeda Bravo como
titular de Seguridad Pública en Nuevo León.
Presión a Medina
Desde que inició la
gestión de Medina, los medios locales lo han criticado por su frivolidad e
insensibilidad política. El 4 de octubre último, por ejemplo, se le vio con su
familia en las instalaciones de Disney World, en Orlando, Florida, cuando debía
estar trabajando.
Meses atrás, el 23
de enero de 2011, el mandatario voló a Chicago para presenciar el juego de
futbol americano entre Osos y Empacadores, aun cuando la entidad estaba inmersa
en una “crisis de seguridad”. Y en estos días, mientras se define quiénes serán
los candidatos del PRI a diputados locales y federales, el PAN estatal se lanzó
contra él.
En un boletín
difundido el lunes 20, Acción Nacional calificó al gobierno de Medina de ser
institucionalmente frágil y débil:
“Ante su
incapacidad, insensibilidad y superficialidad públicamente demostrada en numerosos
ejemplos, queremos exhortarlo a que nos conteste a los ciudadanos una simple
pregunta: ¿Puede o no puede con el manejo del estado? Estos son tiempos de
sumar, señor gobernador: si de verdad en algún momento le importó Nuevo León,
es hora de que conteste esta pregunta.”
El alcalde de
García, el priista Jaime Rodríguez Calderón, ha sobrevivido a dos atentados.
Cuando tenía cuatro
días en el cargo Óscar Manuel Bernal Soriano, alias La Araña, quien se fugó de
Apodaca el domingo 19, ejecutó a su secretario de Seguridad y a sus escoltas.
Consultado sobre la
matanza, dice que todo indica que Nuevo León no puede con los criminales: “La
autoridad tiene que atreverse a quitar a todos los que manejan; es lo que yo
haría si fuera gobernador. Los penales son centros de consumo de droga muy
grandes, son productores de delincuentes. Hay que rediseñar todo esto”.
–¿Hay un
autogobierno en los penales? –se le pregunta.
–Ya lo vimos. El
problema de los penales aquí es el dinero. La federación no ha dado suficientes
fondos; lo que urge es que ambas instancias –la federal y la estatal– se pongan
de acuerdo en ese tema.
Aldo Fasci Zuazua,
exsecretario de Seguridad estatal y ahora candidato a diputado federal por la
alianza PRI-PVEM, asegura que la crisis en el penal de Apodaca se originó
porque no está diseñado para alojar presos de alta peligrosidad.
Consuelo Morales
Elizondo, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac),
considera que la crisis en los penales es resultado de la impunidad con que se
manejan los internos y los celadores. Dice que le llegan reportes de personas
que se quejan de cobros constantes ahí. “Hasta por dormir cobran adentro, pero
las autoridades no sancionan a los culpables”, dice.
Morales Elizondo
confía en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigará los
acontecimientos del reclusorio apodaquense, tal como lo anunció el organismo, y
dice que es mejor que eso lo haga el ombudsman nacional y no el estatal, porque
tiene capacidad técnica y mayor libertad para hacerlo.
El miércoles 22, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado mexicano a “adoptar
las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares”, y le
pidió “investigar y sancionar a los responsables”.
Al día siguiente,
la clase empresarial arreció sus críticas contra el gobierno de Medina en rueda
de prensa. Sus dirigentes locales señalaron que los niveles de inseguridad son
alarmantes y exigieron al mandatario atender con rigor los problemas de la
entidad.
José Mario Garza
Benavides, director de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(Coparmex); Eugenio Clariond Rangel y Guillermo Dillon, presidente y director
de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), y Víctor Zorrilla y
Miguel Treviño, presidente y director del Consejo Cívico de las Instituciones
de Nuevo León (Ccinlac), estuvieron en ese acto.
Garza Benavides
expuso: “Al gobernador Rodrigo Medina le manifestamos que debe quedar muy claro
que la prioridad es Nuevo León, no los procesos partidistas. Le exigimos
ocuparse en el trabajo que la ciudadanía le asignó, además de comprometerse de
manera que responda a la gravedad del problema que enfrentamos”.
Lo secundó Clariond
Rangel: “Hoy estamos encendiendo el foco de alerta y la última llamada al gobierno
del estado. El tema de la seguridad no se deslinda a secretarios ni se delega a
voceros. Queremos ver al gobernador liderando y resolviendo los grandes
problemas que enfrentamos, en lugar de solamente aparecer en eventos de otra
índole”.
Horas antes, en la
asamblea de accionistas, el presidente de Cemex, Lorenzo Zambrano, dijo que en
Nuevo León la seguridad es mediocre:
“Hay mucha
mediocridad en el área de seguridad en el estado y se manifiesta de esta
manera; es increíble y me lastima. En general yo diría que falta muchísimo en
la capacidad (…) Tenemos mucho por hacer todavía y mientras no haya personas
claramente capaces y responsables de las áreas de seguridad en Nuevo León no
vamos a avanzar con la rapidez que debiéramos.”
La noche del jueves
23 el gobernador convocó a una conferencia de prensa en la que dijo que ya
fueron identificados 10 de los agresores en la riña del penal de Apodaca.
Narcopanteón privado Narcopanteón privado
RICARDO RAVELO
Los primeros días
de este mes se descubrieron varias fosas con los restos de al menos 14 personas
asesinadas por Los Zetas en un predio de Acayucan, Veracruz. Capturado poco
antes del hallazgo, el jefe de los sicarios en esa sureña región de la entidad,
El Pollo H, confesó los crímenes sin empacho; pero resulta que el predio donde
estaban las fosas clandestinas tiene un dueño, al menos nominalmente: un
ganadero que se vio forzado a abandonar la finca para salvar su vida y la de su
familia, y sobre el que ahora se ciernen las sospechas.
ACAYUCAN, VER.- “Yo
soy gente de trabajo y me sigo preguntando por qué me pasó esto tan horrible.
Se robaron mi tranquilidad y temo que un día vengan y me maten. Esta gente ya
no respeta nada. Hoy les pagas y al rato vienen y masacran a toda tu familia.
Así no puede uno vivir tranquilo.”
Habla René Reyes
Ramírez, ganadero y dueño del rancho La Poma Rosa, a dos kilómetros de esta
cabecera municipal. Sicarios del cártel de Los Zetas lo secuestraron y luego lo
despojaron de su propiedad para usarla como cementerio clandestino.
En entrevista con
Proceso, René Reyes narra lo que padeció hace un año y medio, cuando lo
secuestró “un grupo de encapuchados” que, según se supo después, eran sicarios
al servicio de Los Zetas afincados en el corredor petrolero Coatzacoalcos-Acayucan,
en el sur de Veracruz.
Cuenta que lo
plagiaron en pleno centro de esta ciudad. “Ese día”, recuerda, “tomé mi
camioneta y fui al pueblo a dar una vuelta, como siempre lo hacía; de pronto me
interceptaron esas personas y me llevaron a la fuerza”.
–¿Qué le dijeron?
–se le pregunta.
–¿Qué me van a
decir? Lo que le dicen a la gente que secuestran. Que cooperara o me mataban.
Me llevaron a dar vueltas y más vueltas. No sabía ni dónde estaba porque me
vendaron los ojos y me golpearon. Luego me llevaron a una casa y ahí estuve
tres días. Querían que les diera dinero, que le dijera a mi esposa que llevara
una cantidad y se las entregara para que me dejaran libre.
–¿Cuánto le
pidieron?
–No quiero hablar
de ese tema.
–En otros casos han
exigido hasta 5 millones de pesos…
–Fue menos. Pero
perdí lo más importante de mi vida: mi tranquilidad. Ya nada es igual.
En medio de la
constante amenaza de muerte, siempre encañonado, los plagiarios le exigían el
dinero para dejarlo libre. Pero había un problema: su esposa no tenía acceso a
su cuenta bancaria. Reyes negoció con Los Zetas: les pidió que lo liberaran y
se comprometió a liquidar el pago tan pronto reuniera el dinero. Sus plagiarios
aceptaron pero le advirtieron que si no pagaba, los matarían a él y a toda su familia.
Una vez liberado le
contó lo ocurrido sólo a su esposa. Luego vendió unas vacas, pidió prestado,
dispuso de lo que tenía en una cuenta bancaria y finalmente pagó. Pero la
pesadilla no terminó ahí. Los Zetas le exigieron que les entregara el rancho,
localizado a un kilómetro y medio de su casa. No se pudo negar.
–Sólo te pedimos
que no vuelvas al rancho, que no te pares por ese lugar –le dijeron.
Reyes accedió.
–¿Por qué no
denunció el secuestro y el despojo del rancho? –le pregunta el reportero.
–¿Para qué? Aquí no
hay justicia para nadie. Más iba a tardar en denunciar que ellos en saberlo y
mi vida vale más que lo que tengo. Les di el rancho porque pensé que así podía
vivir tranquilo con mi familia. Es un ranchito de 10 hectáreas donde
tengo un ganadito, ya no mucho porque todo se ha ido acabando; pero yo sólo
pensaba en mí, en mis hijos y mi esposa, y lo demás no me importó.
–¿Desconfiaba de
las autoridades?
–Sí. Aquí ya no
sabe uno quiénes son los buenos y quiénes los malos. Sólo Dios sabe y a él me
encomiendo todos los días.
Reyes cuenta que al
paso de los días comenzó a observar que de día o de noche vehículos con gente
armada y encapuchada entraban y salían del rancho que, supone, les servía de
refugio. Ahí sólo vivía un matrimonio, dice el ganadero, que cuidaba la
propiedad; pero no aguantaron las presiones, se asustaron y se fueron.
“A veces pasaban
seguido por aquí y en ocasiones tardaban varias semanas en regresar. Desde mi
casa yo veía que pasaban y pasaban vehículos y suponía que eran ellos. Yo no me
quise enterar de nada y hasta la fecha no me he parado por el rancho.”
–¿Qué suponía usted
que hacían ahí?
–Que se escondían.
No me quise enterar porque durante todo un año y medio no se metieron conmigo y
así vivía tranquilo.
–¿De verdad vivía
tranquilo?
–Bueno… más o menos
tranquilo; no se puede vivir tranquilo en medio de todo esto. Uno nunca sabe
cuándo van a venir a matarlo a uno, pero pensaba que ya no se iban a meter
conmigo y yo, la verdad, me desentendí del rancho y me olvidé del predio.
Asegura a este
semanario que no denunció los hechos ni piensa denunciarlos ante las
autoridades porque no tiene confianza en la justicia.
Se autodefine como
una “persona de trabajo que suele ayudar a la gente” y niega estar ligado al
crimen organizado, aunque reconoce que después de su secuestro ya carga con la
mala fama de estar metido en el narco y todo esto ha surgido –reconoce– sólo
“porque a veces ayudo a la gente, le regalo un poco de carne”.
Reyes es
propietario de varias carnicerías en Acayucan. Cada fin de año y cada 10 de
mayo suele matar unas 15 vacas para vender el kilo de carne a 20 pesos o
regalar alimentos a la gente que lo necesita.
“Esto lo he hecho
porque me siento bien dándole alimento a la gente pobre, pero esta decisión me
ha acarreado muchos problemas. Un día me vinieron a ver los marinos y me
llevaron a un cuartel. Me preguntaron si yo era narco. Les dije que no, que
sólo ayudo a la gente que lo necesita. Y me dijeron que eso que yo hacía
también lo hacían los narcos.
“Y por hacer un
bien salí hasta perjudicado, porque mucha gente ahora piensa mal de mí, aunque
aquí en el pueblo también hay muchas personas que me estiman. Soy muy conocido
aquí porque patrocino equipos de futbol, beisbol y, la verdad, son buenos
equipos.
“Como le digo, yo
no tenía problemas. Aquí se vivía muy bien. Todo eso de los secuestros y
matanzas sólo lo veía en la televisión y en los periódicos, pero jamás pensé
que esta pesadilla fuera a llegar hasta acá. Hoy ya no se puede hacer nada.
Aquí no hay seguridad más que la que Dios le da a uno y para eso hay que
pedirle todos los días, porque uno se puede acostar tranquilo pero no sabe si
va a amanecer vivo.
–¿Conoce usted
otros casos como el suyo en la zona?
–Se oye hablar
mucho de eso por aquí y no sé ahora. Eso ya tiene un buen rato, como año y
medio o dos años que se descompuso la cosa, y feo. Pero nada más se oye el
ruido, yo no sé de nadie en particular. Ahora parece que se está medio
componiendo esto con la llegada de los marinos, que andan por todos lados;
vamos a ver cómo termina todo esto porque, no se crea, está muy mal.
“Cocinados” y
calcinados
René Reyes pensaba
que con la entrega del rancho La Poma Rosa los sustos y las sorpresas habían
llegado a su fin. Pero se equivocó. En realidad Los Zetas que lo plagiaron no
sólo usaban el predio como casa de seguridad, sino como cementerio.
En ese sitio fue
enterrado un número aún no precisado de personas, hasta ahora no identificadas,
presuntamente policías municipales de Acayucan, sicarios que traicionaron a la
organización delictiva o víctimas que no pagaron su rescate.
El tema de los
entierros clandestinos salió a la luz entre el domingo 5 y el martes 7 de
febrero cuando fue detenido Juan Francisco Alvarado Martagón, El Pollo H,
identificado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz como
líder de Los Zetas en el sur del estado.
Según las
autoridades, este hombre era el artífice de muertes y secuestros en esa región
ganadera, y su detención ocurrió cuando a bordo de un vehículo sin placas
intentó evadir un retén a la entrada de Acayucan.
El Pollo H fue
llevado a la Agencia Segunda del Fuero Común de la PGJ con sede en Acayucan,
donde se integró la averiguación previa ACA/1/123/2012.
En el
interrogatorio confesó ser miembro de Los Zetas y jefe de Los Halcones en la
zona sur del estado. También dijo que en el rancho La Poma Rosa habían
enterrado a 15 personas.
Con base en estas
declaraciones las autoridades estatales y un equipo de peritos acudieron al
predio, aún propiedad de René Reyes Ramírez, donde El Pollo H señaló los
lugares en los que estaban enterrados los cuerpos. Los peritos excavaron y
comenzaron a extraer restos humanos en descomposición.
Se hicieron 20
excavaciones de donde extrajeron los restos casi completos de 14 personas,
aunque el número de enterrados clandestinamente podría ser mayor: en el fondo
de las fosas excavadas se observó una sustancia blanca que hizo sospechar a los
peritos de la procuraduría que los sicarios cocinaban a sus víctimas; es decir,
las deshacían con ácido o sosa cáustica. Había también restos de cadáveres
quemados.
Los peritos no han
podido identificar a nadie hasta ahora, pero trascendió que entre los 14
cuerpos que extrajeron están los que presuntamente corresponden a tres policías
municipales –María del Carmen Domínguez Cadena, Ceferino Santiago Jiménez y uno
más apodado El Palillo. Los dos primeros desaparecieron en junio de 2010 luego
de participar en un operativo para recuperar un taxi robado.
También se cree
–aunque las autoridades estatales no han podido confirmarlo– que ahí podrían
estar los restos de Gabriel Manuel Fonseca Hernández, Cuco, de 17 años,
reportero del diario local El Mañanero y desaparecido en este municipio desde
el 17 de septiembre de 2011.
Los despojos fueron
trasladados al Servicio Médico Forense de Minatitlán, donde aún está en curso
el proceso de identificación.
Bajo sospecha
–¿Qué pensó cuando
supo que su rancho servía de cementerio de Los Zetas? –se le pregunta a René
Reyes.
–No lo podía creer.
–¿Usted sabía de
esos entierros clandestinos?
–¡Para nada! Ni he
ido al rancho desde que me lo quitaron. A mí me dijeron: “No te pares por el
rancho”. Y no he ido ni iré hasta que un sacerdote venga a hacer una misa. Ese
lugar está perdido. Creo que con todo lo que pasó ni lo podré vender. ¿Usted
cree que alguien pueda vivir tranquilo ahí?
–¿Lo interrogó la
PGR sobre lo ocurrido? ¿Le notificaron que su rancho podría quedar asegurado?
–A mí no me vino a
ver nadie. Los marinos vinieron a verme dos o tres veces, me llevaron a un
cuartel y me interrogaron. Les conté todo lo que me pasó y cómo me pasó y eso
fue todo. No me han dicho que el rancho está asegurado ni nada.
“Yo ya no quiero
problemas, todo esto me ha perjudicado mucho y lo que deseo es vivir tranquilo
con mi familia. Y aquí la voy pasando, vivo el día como Dios me lo presenta y
eso es todo.”
–¿Ha pensado irse
del pueblo?
–¿A dónde voy a ir?
Sólo sé trabajar la tierra y criar ganado. Aquí me voy a quedar. No tengo por
qué ir a otro lado a dar lástima. Sé que estamos viviendo una dura crisis,
tengo 48 años y siento que me quedan muchas fuerzas para seguir trabajando y
salir adelante.
“Esto fue como una
maldición, y créame usted que no se lo deseo a nadie. Le roban a uno la
tranquilidad, el sueño, la vida. Después de lo que viví ya no se puede vivir en
paz.”
–¿A qué le teme?
–A la muerte. Tengo
mucho miedo de que esas gentes (Los Zetas) vengan otra vez y me maten con mi
familia.
–¿Ha pedido apoyo a
las autoridades para que le den seguridad?
–No.
–¿Por qué?
–No confío en
nadie. Así está mejor.
LeBarón pinta su raya ante Sicilia LeBarón
pinta su raya ante Sicilia
JOSÉ GIL OLMOS
En octubre Julián
LeBarón mandó la primera señal de inconformidad al ausentarse del segundo
encuentro con el presidente Calderón. Pero no fue sino hasta el viernes 24
cuando envió una carta a sus compañeros del Movimiento por la Paz, que encabeza
Javier Sicilia, para comunicarles que lo dejaba porque no está de acuerdo en
que dialogue con el gobierno y los partidos y les exija soluciones. Dice a
Proceso: “Estoy dispuesto a participar en el movimiento, con cualquier
ciudadano que adopte una actitud de accionar”.
Por considerar que
el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad está siendo utilizado con
fines políticos al recurrir al gobierno y los partidos para resolver el
problema de la violencia que azota el país, Julián LeBarón, una de sus
principales figuras junto con Javier Sicilia, decidió separarse de él.
Poco antes de
anunciar su decisión, el agricultor y constructor chihuahuense comenta a
Proceso: “Yo estoy dispuesto a participar con el movimiento siempre que las
víctimas y los ciudadanos podamos resolver nuestros propios asuntos. Lo que ya
no quiero es que se utilicen mis esfuerzos, mi nombre y mi dolor para estarle
exigiendo al gobierno y a los partidos resolver algo que no pueden”.
Comenta al
reportero que habló con Javier Sicilia para anunciarle de su decisión y asegura
que el poeta estuvo totalmente de acuerdo: “Yo respeto mucho a Javier, es como
un padre para mí, lo considero un gran líder. Le dije que estoy dispuesto a
participar en el movimiento, con cualquier ciudadano que adopte una actitud de
accionar… Pero creo que exigirle a las autoridades sólo es estar reaccionando;
desde la reacción no podemos lograr nada”.
Aclara que no se va
del movimiento por problemas personales, sino por una diferencia de posiciones
ideológicas y morales; e insiste en que está dispuesto a seguir colaborando,
siempre y cuando no haya de por medio algún interés político:
“No, yo no tengo
ningún problema con las personas del movimiento ni tampoco problemas con los
políticos como personas. En lo que me estoy enfocando es en los principios, en
las ideas.”
Consultado al
respecto, Sicilia asegura que durante un encuentro con LeBarón en la casa del
poeta en Cuernavaca le expuso que no estaba de acuerdo con sus argumentos, y
tras recomendarle que no hiciera pública su decisión, le dijo que la respetaba.
Sicilia considera
errónea la apreciación de LeBarón respecto del uso político del movimiento. “Se
equivoca –dice–. Nunca ha habido intereses políticos en sentido partidista. El
movimiento es político en el sentido de la polis, de la participación
ciudadana, pero no partidista. De hecho hay que recordar que rechazamos las
candidaturas que nos ofrecieron”.
Sicilia se muestra
asombrado por la decisión de LeBarón, quien le envió una carta el viernes 24,
sobre todo porque, dice, lo hizo en un momento en el cual el movimiento busca
fortalecerse para sentarse a dialogar con los candidatos a la Presidencia de la
República. No obstante, confía en que esa decisión no impacte al movimiento de
manera negativa.
LeBarón, líder de
una comunidad mormona que su numerosa familia fundó en el municipio de Galeana,
Chihuahua, participó más en las marchas y caravanas, no tanto en la
organización interna ni en la planeación del movimiento, puntualiza Sicilia, y
reitera que seguirá teniendo las puertas abiertas para que colabore como él
quiera. De manera similar se expresa Emilio Álvarez Icaza Longoria, otro de los
representantes del movimiento:
“No coincido con
eso de que el movimiento ha centrado sus acciones sólo frente al gobierno. Me
parece que esa es una lectura muy reducida y quizás eso obedece a que (LeBarón)
está en Chihuahua y desde allá no se ven las cosas igual. Desde allá, por
ejemplo, no toma en cuenta la campaña ‘En los zapatos del otro’, que se
construye desde la sociedad y las víctimas”, dice.
El exombudsman
capitalino relata que después del diálogo con el presidente Felipe Calderón y
con el Poder Legislativo se avanzó en la creación de la Procuraduría de
Atención a Víctimas de la Violencia y en el reconocimiento de 15 casos
consignados de desaparecidos en Nuevo León.
Al igual que
Sicilia, considera que no cree que la salida de Julián LeBarón tenga un impacto
negativo en el movimiento. “Lo vamos a extrañar, pero las comisiones y los
trabajos tienen su ritmo. Vamos a seguir trabajando por la paz y las víctimas,
y aunque él no vaya en el mismo barco, sabemos que vamos por el mismo camino”.
Fines políticos
Casi siempre de
botas, pantalón vaquero y camisa a cuadros, Julián LeBarón se convirtió en uno
de los referentes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad al que dio
vida el poeta Javier Sicilia en abril de 2011, luego del asesinato de su hijo
Juan Francisco Sicilia y otras seis personas en Cuernavaca, Morelos.
Constructor de
casas en Chihuahua, Julián se sumó de inmediato a esa organización como una más
de las víctimas de la violencia del crimen organizado y la guerra declarada por
el presidente Calderón al narcotráfico desde diciembre de 2006.
En 2009, su hermano
Benjamín y su cuñado Luis Widmar fueron asesinados por un grupo de
secuestradores que un año antes habían plagiado a Eric, otro de sus hermanos de
sólo 17 años. Los delincuentes dejaron una manta en la que decían que las
ejecuciones eran en represalia por el activismo de Benjamín y Luis.
Desde entonces,
Julián LeBarón y su familia comenzaron con su activismo en demanda de justicia,
hasta que se unió al movimiento liderado por Javier Sicilia. La mañana del 6 de
mayo de 2011 enarboló una bandera nacional y al lado de Sicilia inició en
Cuernavaca la marcha de la paz hacia la Ciudad de México.
A partir de
entonces, asistió a las principales acciones del movimiento: estuvo en las
caravanas del norte y sur; también en el primer diálogo con Calderón del 23 de
junio de ese año, aunque ya no asistió al segundo encuentro con el presidente,
el del 11 de octubre, en el Castillo de Chapultepec. Esa fue la primera señal
de su desacuerdo.
“Ya no fui al
segundo diálogo porque me di cuenta de que era un desperdicio de esfuerzos. Si
(Calderón) quisiera resolver el problema, ya lo hubiera hecho, pero no puede
porque es imposible hacerlo con la misma herramienta, con la misma filosofía
que crea el problema: la violencia”, comenta LeBarón.
El líder mormón
confía en que su salida no tenga efectos negativos para los demás integrantes
del movimiento: “Mi decisión no es para hacerle daño a nadie, es para poner en
claro mi posición. Desde un principio acordamos que (la organización) no iba a
utilizarse para fines políticos y creo que ha habido mucho de eso. Yo no quiero
participar así”.
–¿Puede precisar
esta idea?
–¡Claro! Cuando el
movimiento exige a Estados Unidos que deje de mandar armas a México, estamos
pidiendo algo abstracto; no creo que vaya a funcionar. Me parece que pone a las
víctimas en una posición de porristas para un régimen, para ciertos fines
políticos. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Dice que le
incomoda que se le tome como bandera en la caravana en territorio estadunidense
que Sicilia prevé realizar en agosto próximo para exigir un alto al contrabando
de armas.
“Mira, esa caravana
es para exigir a los estadunidenses que dejen de mandarnos armas; creo que eso
no resuelve nada. Si las armas fueran el problema, entonces Estados Unidos
sería el país más inseguro, el más violento y tendría el nivel de secuestros
más alto del mundo.”
E insiste en que
enfocarse en ese tipo de demandas es hacerle el juego al sistema que ha
propiciado el clima de violencia y muerte en el país. “Me parece que ésta no es
una forma efectiva de hacer las cosas. Creo que el gobierno es una buena
herramienta para la comunicación social, pero no lo es para asuntos morales o
económicos”.
Muestra de ello,
argumenta, es que el gobierno calderonista nos ha dejado 60 millones de pobres
y desde que el presidente declaró la guerra al crimen organizado tenemos 60 mil
muertos y más drogadictos que nunca.
–¿Esencialmente es
ésa su diferencia con el movimiento, la demanda de que Estados Unidos deje de
vender armas?
–No sólo esa, hay
otras más. Yo me he fijado en eso desde un principio y he llegado a la
conclusión de que no puedo seguir apoyándolo. Tampoco me gustó esa idea de la
reforma política y algunas otras cosas más que se han planteado. Yo no creo que
nuestro sistema político vaya a cambiar así; tiene que haber un cambio de
fondo, y para eso hay que ver dónde se contradice y dejar de apoyarlo.
–¿Por dónde cree
entonces que vaya el camino?
–Precisamente por
la organización ciudadana, por gente que ya no está esperando que llegue
Quetzalcóatl, el mesías o el cuadillo, y asume la responsabilidad de cambiar
por sí mismo su destino.
Insiste: “Creo que
esta idea de delegar el poder a las autoridades que no funcionan no está bien.
Hace unos días el presidente puso un anuncio en la frontera para decir que no
quiere más armas de Estados Unidos, aunque de manera simultánea en Coahuila se
descubrió que el Ejército ha sido corrompido por el crimen organizado”.
–¿Observa usted que
el movimiento se está inclinando hacia un partido o candidato?
–No es tanto eso,
como que tiende a esperar que el gobierno resuelva nuestros problemas. La idea
de educación universal y seguro social, por ejemplo; no creo que resuelvan las
cosas, porque forman parte de un sistema criminal que ve a las personas como
objetos. Eso es lo que se necesita cambiar de fondo. Si no se hace, nunca vamos
a salir de este precipicio.
–¿Hay una
supeditación hacia la clase política y gobernante?
–Sí. Pero es más
que eso. Siento que queremos resolver el problema de la violencia con las
mismas herramientas que crearon el problema. Para un cambio verdadero
necesitamos una conciencia social que reconozca que todos los seres humanos
somos iguales. Los políticos nos ven como ganado, como objetos de sus
experimentos. Yo no quiero ser eso.
Por un movimiento
ciudadano
Julián LeBarón
relata que aún tiene presente el día de abril de 2011 en que Javier Sicilia
emplazó a las autoridades de Morelos a que presentaran a los responsables de la
muerte de su hijo en 13 días; de lo contrario, les dijo, tendrían que presentar
su renuncia.
Cuenta que le
pareció que por fin la ciudadanía estaba asumiendo la responsabilidad de
resolver sus propios problemas: “Por eso me uní al movimiento y también porque
después de eso nos fuimos por todo México a mover conciencias. Ese aspecto de
la caravana me pareció muy positivo, pero cuando nos sentamos con las
autoridades más falsas del Estado para exponer nuestras inconformidades, ya no
me gustó… Así no se puede resolver el problema de la violencia”.
A diferencia de
Sicilia y de Álvarez Icaza, LeBarón piensa que no tiene caso seguir buscando el
diálogo con las autoridades, porque forman parte de un sistema “criminal” que
realiza “actos dañinos de gran irresponsabilidad”.
–¿Tiene usted la
idea de formar otro movimiento?
–Antes de que
conociera a Javier yo ya era parte de uno. Eso es lo que me impulsó a marchar y
participar con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, porque observé
que ellos estaban haciendo efectivo lo que pienso: que los ciudadanos empezaran
a tomar el control de su propio destino.
–¿Cómo ve las
acciones del movimiento?
–Para que pueda
justificarme, tengo que hacer las cosas en las que creo. Yo respeto y quiero a
toda la gente del movimiento, no creo que tengamos diferencias en los fines,
pero creo que es importante ser claros en nuestra posición.
–Los medios que
propone el movimiento son la resistencia civil pacífica, los diálogos con el
gobierno, ¿en eso no está de acuerdo?
–No estoy de
acuerdo en que se busque al gobierno para que resuelva nuestros problemas,
porque no puede. ¡Es como querer reparar un auto con un serrucho!
Y pone un ejemplo:
“Hace como dos semanas el presidente mandó el Ejército a Ciudad Juárez con
maquinaria para reconstruir el tejido social. Nada más veo eso, camiones llenos
de soldados armados, y digo: es como mandar a cirujanos a operar corazones con
motosierras. Las cosas no jalan de esa manera”.
–¿Está de acuerdo
con las acciones de resistencia civil pacífica?
–Yo no creo en la
violencia de ninguna forma. Creo que en el momento en que se levanta un arma
para cualquier causa, esa causa ya está perdida.
Tomada su decisión
de salir del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Julián LeBarón
refiere que por el momento piensa terminar un documental, Encender el corazón,
en el que aborda la violencia en México.
Dice que incluso
planea realizar una gira por el país para promover la cinta y hablar de las
causas de la violencia. “No más odio, no más rencor, no más política”, dice el
dirigente mormón, cuya religión considera la compasión como elemento
fundamental para salir del atolladero.
–¿Reiniciaría sus
propias acciones ciudadanas?
–Sí, eso es lo que
quisiera hacer, participar con cualquier movimiento. Me gustaría impulsar a
todos los ciudadanos para que hagan lo mismo: luchar por las cosas en las que
verdaderamente creemos.
–¿Qué le propondría
a la gente?
–Más que nada que
estemos conscientes de que cada una de nuestras acciones afectan al resto de la
humanidad para siempre, que debemos ser conscientes de que, actuemos o no, eso
afecta a los demás.
La sucia lista del PAN
ÁLVARO DELGADO
El Partido Acción
Nacional sigue perfeccionando las trapacerías que en otros tiempos denunció.
Ahora, en su proceso interno de selección de candidatos a senadores campearon
las más añejas prácticas priistas, ya usuales en el panismo: uso de dinero
público para comprar votos, acarreos, amenazas e inducción del sufragio. La
lista resultante de aspirantes blanquiazules incluye, sobre todo, a militantes
que tienen alguna cercanía con el presidente Felipe Calderón o con su hermana
Cocoa.
Intimidaciones,
amenazas, coacción, inducción y sobre todo compra masiva de votos con recursos
gubernamentales, entre otras prácticas de fraude electoral, caracterizaron la
elección de candidatos a senadores del Partido Acción Nacional (PAN) el domingo
19, dos semanas después de la contienda de los aspirantes presidenciales,
marcada también por el desaseo.
Con base en
demandas de impugnación presentadas ante la Comisión Nacional de Elecciones
(CNE) del PAN, entrevistas y pronunciamientos públicos de los panistas, puede
afirmarse que en la jornada electoral no sólo se registraron prácticas
antidemocráticas –incluyendo el voto de personas muertas–, sino conductas
delincuenciales por el uso clientelar de programas sociales.
Oportunidades, el
programa del gobierno federal de combate a la pobreza, fue el más utilizado por
candidatos, dirigentes y militantes del PAN para la obtención del voto de los mexicanos
más pobres, pero también entregaron leche Liconsa y estufas ecológicas de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Según las denuncias
de los panistas, las acciones de mapachería electoral –entre ellas el masivo
reparto de despensas y el acarreo de electores aun sin ser militantes, como en
Chihuahua– se presentaron en numerosos estados como Veracruz, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán,
Tamaulipas, Oaxaca
y Yucatán, donde funcionarios federales, estatales y municipales actuaron de
manera facciosa.
Veracruz es un
ejemplo claro del uso clientelar de los programas sociales para beneficio de un
candidato y una facción del PAN: Fernando Yunes Márquez, quien ganó la mayoría
de los votos para la senaduría, es hermano de Miguel Ángel, coordinador estatal
de Oportunidades, programa federal usado para comprar votos.
De acuerdo con
Alejandro Vázquez Cuevas, quien contendió para senador y quien ya solicitó a la
CNE que anule la elección, los dos hijos del expriista Miguel Ángel Yunes, en
complicidad con el delegado de la Sedesol, Abel Cuevas Melo, utilizaron
clientelarmente los programas sociales, como lo acreditan numerosas pruebas
documentales y videográficas.
“No es posible que
usemos el recurso de los que más lo necesitan para un propósito electorero”, puntualiza
Vázquez Cuevas, uno de los dos principales operadores electorales de Josefina
Vázquez Mota en el país para la elección presidencial. “El PAN no puede seguir
caminando hacia el abismo”.
Consciente de la
gravedad de la acusación, sobre todo porque Cuevas Melo es amigo de Felipe
Calderón, Vázquez Cuevas advierte sobre la aplicación de esta estrategia
interna en la elección constitucional: “Es evidente que si lo hacen adentro lo
van a hacer afuera. Sería estúpido no hacer esa consideración”.
Sabe que en la CNE
hay quien dice que anular la elección de Veracruz sería reconocer el uso de
programas sociales por el PAN –“que sería como hacerse el hara-kiri”–, pero
cree que debe haber una “autocorrección, a pesar del costo político. De lo
contrario acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“El dinero del
pueblo que ejerce el gobierno federal para disminuir la pobreza se está usando
de manera interna en un proceso electoral y eso acaba con la razón de fondo de
por qué nacimos los panistas.”
–Son delitos.
–Sí, el desvío de
recursos es uno de los delitos más claros y está demostrado plenamente por la
forma en que se votó, por cómo cuadra el padrón panista con el programa.
–Cuevas Melo es
allegado de Calderón. ¿Cree que puede haber impunidad?
–Sí.
Lamentablemente son esos riegos… Es cercano al presidente Calderón desde que
fueron diputados federales. El tema de la impunidad, sin duda, está presente.
“Pero como yo actúo
en conciencia (…) tengo que ir por lo que jurídicamente puedo probar y no
detenerme por cuestiones de que, porque hay una relación cercana y personal,
mejor cobardemente me callo y veo cómo me acomodo en una posición política. No.
“Si no somos
autocríticos los panistas, el ciudadano sí. El ciudadano relevó al PRI del poder
porque abusó de los recursos públicos, porque generó tanta pobreza para abusar
de la misma, porque la Sedesol se convirtió en un instrumento electoral, y si
eso hace Acción Nacional, entonces se convierte en el PRI, queramos o no. Nos
convertimos en lo que combatimos.”
Chihuahua impune
Estas prácticas de
mapachería electoral, que se han multiplicado desde que el PAN llegó al
gobierno federal en 2000, han ofendido a la militancia, sobre todo porque no se
sanciona a quienes las cometen.
Chihuahua es un
ejemplo de esta impunidad: En la elección para candidatos a diputados federales
plurinominales, en marzo de 2009, hubo prácticas fraudulentas, como el voto de
muertos en Batopilas, donde nació Manuel Gómez Morín, y se identificó al
entonces presidente local del PAN, Cruz Pérez Cuéllar, como uno de los
responsables.
“Lo que pasó en
Batopilas es un escupitajo a la cara de Gómez Morín”, dijo Javier Corral en
aquella ocasión y aseguró que fue Calderón el que ordenó evitar que lograra la
candidatura a diputado.
Tres años después,
en la elección del domingo 19, Pérez Cuéllar fue el beneficiado, junto con
Carlos Borruel Baquera, no sólo de un operativo de acarreo de miles de
personas, sino de “una cadena de delitos, pues a la compra y coacción del voto,
al condicionamiento a través de una despensa, se le sumó el abierto y descarado
rebase de los topes de campaña”, como aseguró Corral.
El mismo agrega que
“cada día sale más mugrero” y ya solicitó la nulidad de la elección ante la
CNE, con base en un expediente de 189 fojas que documentan las prácticas
clientelares y delincuenciales de Pérez Cuéllar y Borruel Baquera, que le
ganaron en votos.
“La coalición que
se armó entonces en mi contra, alentada desde Los Pinos, estuvo integrada por
Carlos Borruel y Cruz Pérez Cuéllar, ahora precandidatos”, afirma. “Son
exactamente los mismos, incluido en el mismísimo Batopilas: El ejecutor del
fraude, el responsable material de los 59 votos falsos, es ahora el presidente
del Comité Municipal del PAN, el profesor Chito Aguilar”.
Corral dice que
cada día que pasa se sorprende de la que supone una “confabulación” más amplia
de lo que mucha gente cree. “¿Por qué se atascaron así? ¿Tan burdos? ¿Por qué
alguien les dijo: de nuevo con todo, a pararlo de nuevo? Pero dejaron suciedad
por todos lados”.
Corral se hace
preguntas que arrojan indicios de los responsables del fraude en el PAN de
Chihuahua que, en 1986, fue baluarte de la defensa del voto. “¿Quién animó
esto? ¿Quién financió los cientos de camiones y las miles de despensas de
Borruel y de Pérez Cuéllar? ¿Las televisoras? ¿Peña? No tengo elementos aún,
pero nadie me quita de la cabeza esa posibilidad, porque la base de apoyo tanto
de Borruel como de Cruz fueron seccionales priistas”.
Las mismas
preguntas formula, y no tiene respuesta, sobre la identidad de quienes
garantizaron impunidad a los autores del fraude de 2009: “¿Quién protegió a los
responsables de Batopilas que hasta ahora no hay un sólo sancionado?”.
En Guanajuato, el
estado emblema del panismo, ocurre algo análogo: En 2000 se impuso mediante
métodos clientelares y fraudulentos a Juan Carlos Romero Hicks como candidato a
gobernador; el presidente local del PAN era Juan Manuel Oliva.
Actualmente Oliva
es gobernador y con su apoyo Romero Hicks resultó electo candidato a senador el
domingo 19; el derrotado fue el diputado federal Javier Usabiaga, secretario de
Agricultura de Vicente Fox, confrontado con Calderón.
“Hemos convertido
el voto en una mercancía”, acusó Usabiaga tras denunciar el uso clientelar de
la estructura del gobierno de Guanajuato para derrotarlo, como ocurrió también
con José Ángel Córdova Villalobos, precandidato a gobernador, en la elección
del domingo 5.
Exsecretario de
Salud de Calderón, Córdova fue vencido por Miguel Márquez Márquez: “Lo he manifestado
desde la elección anterior, ahora se corrobora la elección de Estado, donde hay
participación de todas las autoridades”.
Otra alta
funcionaria de la Secretaría de Salud con Córdova Villalobos, la subsecretaria
Maki Ortiz, fue derrotada como candidata a senadora de Tamaulipas por Francisco
Javier García Cabeza de Vaca, debido presuntamente al uso de programas sociales
federales.
Desde el miércoles
15 Ortiz declaró públicamente que presentó ante el CEN del PAN evidencias de
que personal de Oportunidades visitaba a militantes panistas para presionarlos
a sufragar en favor de García Cabeza de Vaca, porque de lo contrario se les
retiraría el apoyo federal.
Y luego de la
elección del domingo 19 su equipo de campaña denunció que durante la jornada se
registraron irregularidades, como la coacción del voto a favor García Cabeza de
Vaca. En Reynosa, Aldama, Mante y San Fernando, dijeron, los militantes
aceptaron votar a favor del exdiputado local porque les prometieron
incorporarlos a Oportunidades.
El área jurídica de
Ortiz anunció también que documenta y sustenta las denuncias que presentará
ante la CNE del PAN para anular el proceso.
Los mapaches de
“Cocoa”
Precisamente Maki
Ortiz había sido considerada por el CEN del PAN, junto con María Elena Álvarez
de Vicencio, como su propuesta de senadora plurinominal, pero Luisa María
Calderón, quien fue derrotada en la elección de gobernador de Michoacán, fue la
beneficiaria.
Por esa razón en
Michoacán no se realizó elección de aspirante a senador, aunque sí de
candidatos a diputados federales plurinominales, en cuyo proceso y jornada
electoral se registraron prácticas fraudulentas por parte del grupo de los
Calderón, según la impugnación de Epigmenio Jiménez Rojas para la nulidad de la
elección.
El diputado local
aseguró que entre las “múltiples irregularidades” se encuentran el uso de
programas de la Sedesol para comprar votos, como la entrega de estufas
ecológicas, leche Liconsa y despensas. Afirmó que además del robo de una urna
en Ario de Rosales, en Lázaro Cárdenas votaron hasta muertos o panistas que
residen en Estados Unidos.
Jiménez Rojas
condenó a los panistas que pretenden “ganar las candidaturas a billetazos y no
sólo eso, ofreciendo despensas, apoyos de cocinas ecológicas y de programas,
aprovechándose de la necesidad de otros miembros del partido”, en referencia a
un audio en el que se escucha que Cocoa Calderón instruye a su equipo a
contrarrestar con “billetazo” al senador Marko Cortés, su adversario en la
contienda interna.
En ese audio,
filtrado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el cual ella
anunció que presentará una denuncia por espionaje, se escucha la voz de Antonio
Plaza, delegado de la Sedesol en Michoacán y operador electoral, junto con el
delegado de la Sagarpa, Esteban Cruzaley.
Apenas el miércoles
22 unos 100 panistas tomaron las instalaciones del PAN michoacano para exigir
que se les cumpla la promesa de recursos de la Sagarpa que funcionarios de esa
dependencia ofrecieron por apoyar a Cocoa Calderón en la elección interna, hace
un año, y a Cordero.
En Oaxaca el
exgobernador priista Diódoro Carrasco se impuso al exdelegado de la Sedesol,
Humberto Aldaz, presuntamente mediante prácticas clientelares, como la compra
de votos –tasados entre 200 y 300 pesos– así como a cambio de cemento, láminas
y despensas.
El equipo de
campaña de Aldaz aseguró también que en San Felipe Usila los militantes
panistas fueron obligados a votar por Carrasco, con la complicidad de los
funcionarios electorales. En la Costa, además de la compra de voto se ofrecía
trabajo en dependencias federales.
En Jalisco además
de elegirse candidatos a senadores, se definieron aspirantes a diputados
federales, locales y a alcaldes, y la parcialidad del gobernador Emilio
González Márquez fue manifiesta en Lagos de Moreno, su municipio natal.
A tres días de la
elección, el miércoles 15, el gobernador presidió la reunión del Comité de
Festejos del 450 aniversario de la fundación de Lagos, cuya mesa fue coordinada
por José Guadalupe Atilano Magdalena, quien había renunciado a un cargo en la
burocracia estatal en diciembre para ser candidato del PAN a presidente
municipal.
No sólo eso:
González Márquez anunció más de 100 millones de pesos en obras para ese festejo
y, más tarde, visitó a la familia del candidato, hijo de su compadre Víctor
Atilano, quien lo inició en el Partido Demócrata Mexicano.
El domingo 19, tras
el acarreo de militantes, ganó Atilano en medio de acusaciones de reparto de
despensas, entrega de dinero en efectivo en la zona rural del municipio,
llamadas telefónicas intimidatorias y promesas de empleo.
Sin embargo para el
presidente de la CNE, el poblano José Espina, la jornada del domingo 19 “se
desarrolló con mucha tranquilidad y con una importante afluencia de electores…”
El juicio ya empezó
ÁLVARO DELGADO
A nueve meses de
dejar la Presidencia de la República, cargo que asumió “en medio de escándalos
e impugnaciones”, Felipe Calderón enfrenta ya el juicio sobre su sexenio, y el
libro de Julio Scherer García, Calderón de cuerpo entero, es un elemento
fundamental para esa valoración histórica, advirtieron Carmen Aristegui, Manuel
Espino y Alfonso Durazo en la presentación de la obra, el jueves 22.
Manuel Espino,
expulsado del Partido Acción Nacional (PAN) que presidió cuando en 2006
Calderón asumió la Presidencia de la República, afirmó que decidió aportar
información al periodista, porque los mexicanos tienen derecho a saber y porque
Scherer García “quería escribir historia con la verdad”.
Testigo directo
durante años de la manera de hacer política de Calderón, el político
duranguense aclaró que en el más reciente libro del fundador de Proceso, del
que es protagonista con sus testimonios, “no hay chisme, no hay mitote, son
páginas de historia”.
A su vez, Durazo
advirtió que Calderón –“una persona que sintetiza absolutamente todos los
vicios de la política nacional”– intervendrá en el proceso electoral aún más
que el expresidente Vicente Fox, de quien fue secretario particular.
“Creo que las
dimensiones que tomará con Calderón resultarán inéditas”, vaticinó Durazo,
quien afirmó: “Me queda claro que Calderón ha degradado aún más la ya de por sí
baja credibilidad de la política mexicana, no estaba preparado emocionalmente
para llegar a esa responsabilidad y que parece no tener una línea roja que
respetar. Es decir, el haiga sido como haiga sido en estado puro”.
En el marco de la
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, cuyo Salón de Actos fue
abarrotado por alrededor de 350 personas –otra cincuentena se quedó a las
puertas-, Aristegui abrió la presentación, moderada por Julio Scherer Ibarra
–hijo del periodista–, y justamente aludió al inicio de la valoración histórica
de Calderón y su gobierno.
“El juicio de la
historia, para decirlo en términos en los que se suele hablar, evidentemente ya
empezó y don Julio es de los primeros que escribe precisamente para este
ejercicio”, puntualizó Aristegui. “Sin duda va a ser un sexenio a analizar de
una y mil maneras, de todos los ángulos posibles. Desde el ángulo periodístico
don Julio aporta Calderón de cuerpo entero”.
La conductora evocó
la suspensión de su noticiario en MVS, hace “un año y días”, a raíz de que
preguntó si Calderón tenía problemas de alcoholismo, a raíz de que el diputado
petista Gerardo Fernández Noroña desplegó en el salón de sesiones de la Cámara
de Diputados una manta que decía: “¿Tú dejarías conducir a un borracho tu
auto…? ¿No, verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir al país?”
Expuso: “Se
señalaba algo obvio: El estado de salud de un mandatario es, desde luego, un
tema de interés público. No hubo respuestas a las preguntas específicas. Lo que
hubo fue una reacción autoritaria y desmesurada. Un berrinche de notables
dimensiones. Una personalidad retratada”.
Aristegui agregó:
Scherer García, “el legendario periodista mexicano, ha puesto, por este y otros
temas, su incisiva mirada en la figura de Felipe Calderón Hinojosa, el hombre
que llegó, en medio del escándalo y las impugnaciones, a la Presidencia de
México en 2006” .
En su libro,
puntualizó, “se muestran ciertos comportamientos del hombre público y algunos
rasgos de personalidad inquietantes de quien hoy ejerce el más importante cargo
de poder político en este país”.
Una de las “voces
implacables” recogidas por Scherer García en su libro, como las llamó Aristegui,
fue la de Espino, quien, dijo, no quiso desaprovechar la oportunidad de hablar
“no sólo con un gran periodista, sino con un periodista extraordinario que
estaba haciendo historia y que quería escribir historia con la verdad”.
Reveló que Scherer
García lo invitó a su casa para entregarle el manuscrito, pero no quiso
revisarlo antes de la impresión. Luego, cuando lo leyó, se emocionó del
resultado: “Ahí se mezcla al periodista y al historiador, y a ambos personajes
los une un gran mexicano, y los tres son la misma persona: don Julio Scherer”.
Se trata de un
libro histórico, precisó, que inquietó a panistas y algunos periodistas aun
antes de que saliera, en la Presidencia de la República, la Secretaría de
Gobernación, el PAN y la casa de campaña de Josefina Vázquez Mota:
“Yo lamento, pero
al mismo tiempo celebro, que los testaferros del calderonato hayan trabajado
horas extras desde que se publicó el avance del libro en la revista Proceso, y
de Bucareli, de Los Pinos, de una oficina de partido de la colonia Del Valle y
de una oficina de campaña de la colonia Del Valle comenzaron a diseñarse
jugadas de comunicación para neutralizar, contrarrestar o desprestigiar a un
libro que todavía no estaba en las librearías, pero que ya se sabía que pronto
iba a aparecer.”
Añadió: “Y quienes
lamentablemente como periodistas reaccionan en contra del libro, sin haberlo
siquiera conocido, evidenciaron a quién estaban sirviendo, y periodistas a los
que yo tenía aprecio y respeto por su objetividad, comenzaron a poner énfasis
en un tema, en un enfoque de un tema, el tema del alcoholismo, y el enfoque de
que era injusto hablar del alcoholismo del presidente.
“Yo nunca le dije
alcohólico al presidente, porque no me espanta que una persona tome bebidas
alcohólicas (…) Ese no es el problema, el problema es que se tome de manera
irresponsable, el problema es que se tome cuando se trabaje y el problema es
que se tome cuando se trabaja en una responsabilidad del tamaño de la
Presidencia de la República. Y yo no sé si el presidente toma o no, pero sé que
tomaba cuando era diputado y lo hacía cuando trabajaba.”
Y enseguida Espino
reveló: “Yo conocía las inclinaciones de Felipe Calderón y por eso yo no quería
que fuera el presidente o el candidato a presidente de mi partido. Eso es público
y nunca lo he negado”.
Se explayó:
“Cuando ya era
candidato lo tuve que apoyar, porque era mi obligación como presidente de un
partido. Cuando era precandidato por supuesto que no quería, pero tampoco me
atrevía a difundir, porque siendo presidente de un partido político nacional
hubiera sido muy mal visto que, estando en el papel de árbitro, tratara de
persuadir a los militantes de por qué no votar por una persona. Pero esa ya es
experiencia y esa ya es historia que se plasma en los libros de don Julio
Scherer.”
En su oportunidad,
Durazo dijo que Scherer García se anticipa a lo que vendrá después de que
Calderón deje el cargo, el último minuto del 30 de noviembre, porque a menudo
esto no ocurre antes de que los presidentes concluyan su periodo de gobierno.
“Es hasta que los
presidentes dejan el poder que todas aquellas estructuras que los cercaban tan
eficazmente para que ignoraran la realidad empiezan a ceder y es también cuando
se van los presidentes que los intereses cómplices que los protegían con su
silencio empiezan a romper sus ataduras con el pasado y se llenan de libertad y
nos permiten a destiempo conocer la verdad.”
Durazo, quien fue
secretario particular del candidato priista Luis Donaldo Colosio, afirmó que,
contrario a lo que se piensa, los presidentes mexicanos son los más mal
informados de México, y “terminan por vivir como el presidente Fox, en
foxilandia, y Calderón en su propio mundo”.
El libro de Scherer
García, dijo, rescata de la anécdota lo esencial y, “al final, nos termina presentando
a un Felipe Calderón de cuerpo entero, que no obstante que se presenta en esa
dimensión yo digo que sigue siendo un Felipe Calderón realmente pequeño”.
Durazo, quien forma
parte de un grupo ciudadano que respalda al candidato Andrés Manuel López
Obrador, insistió en que Calderón se entrometerá en la elección presidencial en
México, más que Fox.
“Una amenaza mayor
que la que ya padeció nuestro país en la elección de 2006 se cierne sobre la
elección presidencial de 2012. No obstante la intromisión indebida del
presidente Fox en el anterior proceso electoral, creo que las dimensiones que
tomará con Calderón resultarán inéditas. Espero que no. Pero hay un patrón de
comportamiento y operación de Felipe Calderón que refleja con toda claridad el
libro de don Julio.”
Las becas tramposas de Calderón
SANTIAGO IGARTÚA
Al comenzar el año
Felipe Calderón anunció un programa de 2 mil 500 millones de pesos para
financiar a 23 mil aspirantes a la educación superior, y lo festejó como un
apoyo que redundará en beneficio del país. Pero las becas tienen una trampa de
tres bandas (como se ha hecho evidente en Chile, donde se aplica el mismo
modelo): “beneficiarán” sólo a un reducido sector de la clase media, no a los
desposeídos de siempre; la banca –que gestionará los créditos– acabará por
cobrar hasta tres veces lo prestado… y finalmente el dinero irá a parar a
universidades privadas. Es decir, “el primer paso en firme para privatizar la
educación en México”.
La fragmentación
social del sistema educativo de nivel superior es clara. Profundas las
diferencias socioeconómicas entre alumnos de instituciones públicas y privadas,
los jóvenes que se preparan en las de presupuesto gubernamental se enfrentan a
la desigualdad, la discriminación y la indiferencia que se fomentan desde el
Estado, coinciden analistas consultados por Proceso.
A su entender,
apoyos que se están canalizando hacia las universidades privadas tendrían que
abrir las oportunidades en universidades públicas y respaldar las necesidades
de los alumnos que menos recursos tienen para sostenerse en el estudio. En
pugna por los favores del gobierno, ambos subsistemas, público y privado,
demandan apoyo desde dos lógicas completamente distintas: La lógica mercantil
del sector privado de querer mantener su negocio y la lógica pública en la
medida de poder prestar un servicio.
Autor del estudio
Un sistema de educación superior, dos circunstancias distintas: la universidad
pública y la universidad privada, el exrector de la Universidad Autónoma
Metropolitana Azcapotzalco (UAM-A) Adrián de Garay ha dedicado años de
investigación a documentar el abismo entre ambas realidades.
Entrevistado por
Proceso, el investigador asegura que las diferencias socioeconómicas entre cada
subsistema son reflejo de la polarización social y cultural que hay en el país.
Estudian y trabajan
En sus
investigaciones, De Garay ha manifestado que el sistema de educación superior
está marcado por la necesidad. Desde su ingreso, miles de estudiantes
universitarios del sector público –más de 40%– no dedican su tiempo completo a
los estudios por exigencias laborales. El 27% de los universitarios inscritos
en instituciones privadas también trabaja.
Repercutiendo
“inevitablemente” en su desempeño académico, según los datos del experto, de
los estudiantes-trabajadores que integran la universidad pública 40% dedica
entre cuatro y ocho horas diarias a su empleo. De la educación privada destaca,
con 37%, el sector que invierte de 11
a 20 horas laborando.
La desigualdad se
ahonda a medida que el estudio se va explicando: 53.4% de los alumnos de
educación pública está destinado a trabajar en algún sector ajeno a su carrera.
Lastimoso el contraste con 70.9% de los alumnos de instituciones particulares
que logra emplearse en un mercado “de plena relación” con sus estudios.
De Garay lanza una
pregunta. ¿Es un secreto a voces que las empresas prefieren contratar a los
jóvenes que estudian en instituciones privadas?
El 26.1% de los
estudiantes de instituciones públicas tiene dependientes económicos y 42.7% no
podría sostener sus estudios sin trabajar. El 54.8% de los alumnos de
instituciones privadas trabaja para adquirir experiencia laboral.
“Es un problema
grande. Muchos alumnos tienen que trabajar forzosamente para pagar sus
estudios, algunos no tienen tampoco para su manutención o tienen que llevar
dinero a su casa. Eso merma en gran medida el desempeño de los estudiantes y
muchos terminan por desertar en algún momento de su carrera”, reconoce Ángel
Cano, presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de
Educación Superior (FIMPES).
Otro factor
diferencial es lo que Adrián de Garay llama el “capital cultural”: el pasado
académico de los padres marca el destino de los hijos. En tanto 70% de los
padres de alumnos que atienden a la educación superior particular cuenta con
estudios profesionales, sólo 28.6% de los padres del subsistema público alcanzó
la universidad.
Dentro del contexto
social en el que se desarrollan los alumnos, los que llegan a las universidades
públicas “en buen número” provienen de estratos sociales de clase media y media
baja, dice a este semanario el investigador de la UNAM y doctor en sociología
René Jiménez. “Los más pobres no pueden estudiar. Van creciendo en un contexto
social desigual. Los que más recursos tienen llevan una trayectoria estudiantil
en el sector privado desde la educación básica hasta la superior”, explica.
El tránsito a la
educación superior se ha convertido en “suplicio” para los aspirantes al sector
público, explica la doctora Carlota Guzmán, especialista del Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
“Influye todo: que
tengan computadora con conexión a internet, que tengan dinero para comprar
libros, lo que comen, el lugar en donde viven y hasta las horas que tardan para
llegar a la universidad. Las condiciones en las que estudian son muy distintas.
Y esto incide”, señala.
El estudio de
Adrián de Garay lo dice claro: los alumnos “padecen” un desgaste cotidiano:
simplemente en transportarse, 51.4% tarda más de una hora en llegar a su
universidad en transporte público. Algunos, tardan más. De Garay cuenta la
historia de un alumno suyo que, por esa circunstancia, abandonó la UAM-A: “(Ese
alumno) hacía dos horas de ida y dos de regreso y tenía clase de siete. Se tenía
que levantar a las cuatro de la mañana. El transporte le costaba 900 pesos
mensuales. Se inscribió en una universidad “patito” a 10 minutos de su casa,
por los mismos 900 pesos mensuales de colegiatura”, relata el exrector y remata
con el argumento del joven. “Pagaba lo mismo, pero se ahorra cuatro horas y el
riesgo de que lo asalten”.
Beneficio a
particulares
El pasado 9 de
enero, Felipe Calderón anunció el Programa de Financiamiento de la Educación
Superior, que prevé otorgar créditos bancarios con la garantía de Nacional
Financiera (Nafin) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por un
monto de 2 mil 500 millones de pesos, etiquetados para 23 mil plazas a
distribuirse en 21 universidades privadas.
Los préstamos, que
estarán a cargo de Financiera Educativa México (Fiem), Banco Santander, HSBC,
Bancomer y Banorte, serán de 250 mil a 280 mil pesos a pagar en plazos de 15
años y medio con tasas de interés que irán de 9 a 13% anual.
Al hacerlo público
en el campus del Instituto Tecnológico de Monterrey, Calderón celebró esta
medida en pos de un “México más justo y más igualitario”. El financiamiento a
estudiantes, dijo, “democratizará el acceso a la educación superior y acelerará
la ampliación de la cobertura educativa”.
Según De Garay, es
una “mentira” que la finalidad de esta medida responda a un interés por
aumentar la cobertura educativa y propiciar mayor equidad. Con la incorporación
de los 23 mil beneficiarios del financiamiento promovido por Calderón –comenta
a este semanario– el aumento de la matrícula nacional de estudiantes en
educación superior alcanzaría “un impacto mínimo” de apenas 0.8%. Y se
pregunta: “¿Cuántos estudiantes más podrían adherirse al Programa Nacional de
Becas para la Educación Superior (Pronabes) con esos recursos?” La respuesta es
que se podrían triplicar los más de 300 mil apoyos que actualmente otorga ese
programa.
De Garay recuerda
que, en noviembre de 2011, el Congreso negó 57% de los recursos adicionales que
instituciones de educación superior solicitaron a través de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Según De
Garay, “si los recursos destinados al programa de créditos para estudiantes de
universidades privadas se hubieran destinado a las públicas” se habría conseguido
69.3% de lo gestionado, “garantizando que las instituciones públicas pudieran
admitir a mucho más de 23 mil estudiantes”.
No sólo eso. De
haber seguido el rol natural del Estado, el gobierno pudo impulsar
significativamente a diversos sectores de la educación superior pública antes
de priorizar al sector mercantil. Jóvenes de universidades públicas que
reclamaron por esta medida aseguran que 2 mil 500 millones de pesos serían
suficientes para cubrir 56% del presupuesto de la UAM, 23% del Politécnico, cuatro
veces el presupuesto anual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
así como ampliar 17% la matrícula de la UNAM, un equivalente a 30 mil alumnos
más de nuevo ingreso al año.
El economista
Salomón Rodríguez publicó –un día después del anuncio– que tomando en cuenta
los intereses de un crédito para licenciatura por 215 mil pesos, a una tasa de
10% anual, un estudiante terminaría pagando más del doble. Aproximadamente 600
mil pesos por su preparación. Para posgrados, cada alumno terminaría endeudado
por cerca de 750 mil pesos por los 280 mil recibidos.
Un negocio redondo
para la banca y el sector privado de la educación superior, dice a Proceso
Carlota Guzmán. “Llama la atención que es el modelo chileno, por el que vemos
tantas movilizaciones por el endeudamiento de las familias, hipotecadas por la
educación. Y justamente se vino a escoger ese modelo. Los créditos no van a ser
utilizados por los miles de aspirantes que no logran ingresar a la educación
pública, sino por un sector que por falta de recursos ya antes perdieron las
universidades privadas”, aseguró la investigadora. Según Guzmán, no se
dimensiona la magnitud del problema.
No obstante, el
subsecretario de Educación Superior y encargado del despacho de la SEP, Rodolfo
Tuirán, justifica el modelo de financiamiento, que también se aplica en países
como Estados Unidos.
Sobre el
endeudamiento de los estudiantes Tuirán dice: “Son decisiones como cuando
compramos una casa o tomamos una hipoteca. Tiene responsabilidades y riesgos, y
también los beneficios”.
David Brooks, de
The New York Times, describió a la actual como la generación de estadunidenses
universitarios más endeudada de la historia de aquel país a causa del sistema
de créditos, similar al que se acaba de implementar en México.
Dichos préstamos,
escribió Brooks el pasado 10 de enero, convierten a los estudiantes en
“esclavos” de su deuda, en beneficio de universidades e instituciones
bancarias.
En 2011 el monto de
préstamos estudiantiles superó 100 mil millones de dólares. “Estos jóvenes
aceptaron el equivalente a la hipoteca de una casa en deuda”.
Según el
Departamento de Educación de Estados Unidos, cita Brooks, en 2008 67% de los
egresados de escuelas de educación pública estaba endeudado y 96% de las
instituciones privadas también.
Esos jóvenes nutren
el movimiento de indignados Ocupa, que desde el pasado septiembre protesta por
el endeudamiento y la falta de empleo.
En el sistema de
créditos se dio concesión a 21 universidades, bajo dos criterios: que fueran
grandes en cuanto a matrícula y cumplieran ciertos estándares de calidad.
Sin embargo, el
presidente de la FIMPES, instancia encargada de acreditar la calidad de las
instituciones de educación superior privada, dice que el requisito primordial,
que es la calidad, no todas lo cumplen: “Algunas están en proceso (de
acreditación). Nosotros siempre insistimos en que fueran puras acreditadas para
que no hubiera ninguna duda. No es una decisión que tomó la FIMPES. Ellos lo
que hicieron fue buscar que tuvieran una acreditación de calidad, aunque
insisto que no todas están propiamente acreditadas”.
–Ellos, ¿quiénes?
–Fue propiamente
Nafin la que impulsó el programa. Nafin hizo el contacto con la SHCP, que son
parte de la misma administración, y entre ellos escogieron las universidades.
Seguramente algo tuvieron que ver los bancos con los que están trabajando y la
financiera (Fiem). Supongo que tuvo que ver mucho el contacto que ya tenían los
bancos con las universidades para impulsar estos programas.
–¿Sabe el criterio
para elegir los 23 mil alumnos, se busca también un perfil socioeconómico
determinado?
–Sí. Se les pide a
cada uno de los alumnos su poder adquisitivo familiar, su estatus
socioeconómico. Estamos partiendo de que esos alumnos puedan pagar esos
créditos, aunque ahorita sólo pagan los intereses. En algunas ocasiones no es
muy significativo, dependiendo de la colegiatura de cada universidad.
–¿No podría aspirar
a ese crédito un alumno de bajos recursos?
La familia
necesitaría un aval para tomar en cuenta los pagos de intereses que se tienen
que hacer en este momento. Para la parte del capital, que se pagaría seis meses
después de haber egresado, lo que se busca es que el alumno con su propio
trabajo lo pueda pagar.
“Los créditos van
dirigidos a un sector de clase media o clase media alta que antes podía
ingresar a la universidades privadas y que por cuestiones económicas en los
últimos años ya no lo pueden hacer. Están tratando de recuperar para las
universidades privadas un público que tenían y que han perdido. O que acceden a
universidades más baratas. Pero no son nuevos públicos los que acceden porque
no todos son sujetos de crédito. No es un beneficio, es un endeudamiento”,
según Carlota Guzmán
Para Adrián de
Garay la explicación del programa de financiamiento responde a una generación
gubernamental que no tiene claro qué es lo público. “Es inadmisible que el
señor (Calderón) otorgue 2 mil 500 millones para que se beneficien la banca
privada y las escuelas privadas con las cuotas que los jóvenes van a pagar. No
acaban de entender que la principal responsabilidad de la educación es pública.
Ahora le metieron 2 mil 500 millones de pesos. ¿Qué tal que el año que viene le
meten más?”.
–Y si le meten más,
¿qué?
–Ahí sí creo que
iniciamos ya, con toda claridad, un proceso de privatización de la educación.
Durante el anuncio
del programa Felipe Calderón alardeó: “Y le vamos a meter más. ¿Cuánto? Todo lo
que se necesite para que cualquier estudiante que no tenga recursos para pagar
su universidad pueda obtener un crédito accesible dentro de este programa”.
