Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS
PERIODÍSTICA ®
Domingo 4 de Marzo
de 2012
SUPLEMENTO
ENFOQUE DE REFORMA
Colaborador Invitado /
Twitter no es un megáfono
La red social es una
herramienta democrática, horizontal, que requiere una alta tasa de
participación para que funcione
Colaborador Invitado
(4 marzo 2012).- Eduardo
Portas
Director de Capital Social
Investigaciones y maestro de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad
Anáhuac.
Por
primera vez en la historia de los medios de comunicación, un político puede
prescindir de la prensa para difundir un mensaje.
Una
tecnología, no un cambio en la mentalidad de los ciudadanos que viven en las
democracias modernas, ha sido el catalizador de este cambio paradigmático:
Twitter.
Si
el político buscaba una razón para entrar a esa red social, ahí la tiene. Su
relevancia como actor en la sociedad ahora depende de su capacidad para
comunicar un mensaje en 140 caracteres, entablar un diálogo horizontal con la
gente que gobierna -o intenta gobernar- y convencer a las masas de que puede
conectar con el ciudadano a través de una pantalla.
El
paradigma ha cambiado. El perfil del político dado de alta en Twitter contiene
todas las posibilidades y al mismo tiempo todos los peligros para sacar el
mayor provecho de esta herramienta conversacional.
Su
mensaje ya no está limitado a un spot de radio o televisión, un mitin que
requiere la presencia física de sus seguidores o una nota que ha pasado por la
subjetividad de un reportero, los prejuicios de un editor y el ánimo del día de
un director de sección. No. Ahora su mensaje puede ser personalizado para cada
una de las personas que estén dispuestas a dialogar con él desde la comodidad
de su casa o a través de un dispositivo móvil, cuando el ritmo de las ciudades
modernas así lo dicta.
Los
votos están ahí. Entender Twitter como una herramienta de la escuela clásica de
la Comunicación, en donde un emisor bombardea con su mensaje a miles de
receptores, implica la pérdida de una oportunidad inmensa para un político en
busca del lado bueno de sus electores en potencia.
Algunos
autores, como Kate Crawford, postulan que Twitter debe ser visto como el nuevo
radio. El usuario de esta red social entra conscientemente a su línea de tiempo
y comienza a observar decenas de moléculas de información, las cuales se
convierten en "ruido de fondo". Su atención sólo se despierta cuando
identifica algo de su estrecho panorama de intereses o cuando recibe una
comunicación directa a través de una mención o un mensaje directo. Ahí, el
político mexicano tiene una enorme área de oportunidad. ¿Por qué?
Twitter
es una herramienta conversacional que funciona mejor cuando se usa con personas
en nuestra cercanía geográfica. Hasta ahora, muy pocos políticos mexicanos han
entendido esa lógica obvia para los usuarios más jóvenes de esta red social.
Aunque no hay una estadística oficial de la edad promedio de los usuarios
mexicanos de Twitter, es válido incluirlos en el 40 por ciento de los usuarios
nacionales de internet que tienen entre 18 y 34 años según la Asociación
Mexicana de Internet.
Los
jóvenes buscan reconocimiento ante sus pares. En este caso, el estatus llega
con el mayor número de potenciales conversaciones que puede realizar en
cualquier momento: "tú me sigues, yo te sigo". Aquí, las
conversaciones públicas son las más valoradas y sus amigos, conocidos o
familiares las podrán ver. Apelar a esa lógica juvenil, en la que la privacidad
en Twitter pasa a un tercer plano, le vendría bien a la figura pública. Él gana
un posible votante; el joven, notoriedad ante sus pares.
Recordemos
que la sociedad se "pantallizó" con los medios tradicionales. Se
banalizó el mensaje a causa de la sobreinformación. A diferencia de la
televisión, sin embargo, las redes sociales ponen al usuario en un modo activo.
Su lectura e interpretación implican un estado mental atento gracias a la
posibilidad de interacción. Las generaciones que crecieron junto con el auge de
la televisión -grupo en el que se encuentran la mayoría de los políticos
mexicanos- podrían utilizar esto a su favor.
Intentar
aplicar una lógica tradicional de comunicación a este nuevo lenguaje de
interacción resulta inútil. Los mensajes de propaganda que envían los políticos
mexicanos a través de sus cuentas oficiales de Twitter son filtrados ipso facto
y sólo provocan interferencia. Esa lógica tal vez funcione con el radio o la
televisión, que a martillazos instala un discurso en un receptor pasivo, pero
no en las redes sociales. Aquí, la palabra clave es la personalización, el
reconocimiento del otro como individuo. Implica más trabajo por parte del
interesado en ganar votos, pero la recompensa es invaluable: se puede saber
inmediatamente qué tanto incide una idea.
Cuando
el político mantiene un diálogo con sus seguidores en Twitter, se vuelve
alguien a quien se le puede delegar una responsabilidad. Al no hacerlo corre el
riesgo de alienar a la gente a la que quiere acercarse. Cuando el político usa
un equipo para tuitear en su nombre y simular un diálogo, incurre en
"ventrilocuismo político".
El
político no tiene opción más que interactuar continuamente con sus seguidores.
De otra manera delega su responsabilidad de escuchar. Dado que las
conversaciones que los políticos realizan en Twitter acaban siendo, cada vez
con mayor regularidad, el mensaje que retoman los medios tradicionales para
informar a la gente que no está en esta red social, su procuración se vuelve un
tema central para cualquier figura pública. Aunque la autenticidad pueda
parecer un término elástico, aquí se convierte en la moneda de valor más alto.
En esta red, si el político quiere conectarse con
su electorado debe ir más allá de la construcción de puentes con el votante en
potencia. Debe construir herramientas de identificación. De otra manera, corre
el riesgo de repetir lo que pasó en la precampaña del demócrata Howard Dean en
2003, en la cual la gente satisfizo sus inquietudes políticas participando en
la discusión vía su página (meetup.com), pero no hubo una movilización en el
mundo real a su favor. Algo similar sucedió con el ex candidato presidencial
colombiano Antanas Mockus, quien generó un enorme volumen de seguidores a su
favor en las redes sociales. En esa campaña quedó constatado que una masa
crítica favorable puede ganarse desde internet, pero Mockus perdió ante el hoy
presidente Juan Manuel Santos.
Con las redes, el emisor mantiene mayor control de
su mensaje, como lo demostró Barack Obama en 2008. El ahora Presidente encuadró
su mensaje en la esperanza, no en un debate racial. Saturó las redes con
diálogo político y logró que su electorado se identificara con él.
El poder de Twitter radica en las microconexiones
que ofrece para propagar un mensaje, no en acaparar cientos de miles de
seguidores y dispararles un escopetazo propagandístico. Lo mismo aplica para
Facebook. En las fragmentarias uniones se encuentra el capital para cerrar la
brecha de identificación que requiere el político.
Está demostrado en Estados Unidos que las personas
que usan las redes sociales tienen mayor probabilidad de ir a votar. Su
capacidad para revivir el debate de la esfera pública depende de la riqueza del
discurso que se les dé. En vista de la fuerza que adquieren las comunidades
reticulares en las redes, es momento de que el político mexicano comience a
arar su propio y nuevo camino digital.
Twitter: @EduPortas
Espionaje político: delito
sin castigo
Reportaje. Escuchas
ilegales en campaña. Intervenir y grabar conversaciones telefónicas,
divulgarlas, generar escándalo... cada vez con más frecuencia las contiendas
políticas caminan por esta ruta sin ninguna consecuencia legal
Jésica Zermeño
(4 marzo 2012).- Una de las
últimas víctimas fue Josefina Vázquez Mota, quien fue exhibida llamándole
"patán" a Ernesto Cordero.
"Ya
se acabó con esto la ocurrencia de los foros. Seguramente habrá un debate
dentro de un mes y se acabó. Todo se lo dije a Madero temprano. Le dije 'oye,
Madero, convócanos, porque este cuate nomás los está utilizando (los foros)
para golpear de manera rastrera'... No hizo nada. Hoy en la mañana me habló y
le dije: 'te lo advertí Madero, y tú estuviste sentado ayer ahí cuando el cuate
me agredió, cuando fue un patán', y dije '¿sabes qué, Madero?, esto es puro
desgaste'", se escucha decir a Vázquez Mota en la grabación difundida en
redes sociales el 31 de enero pasado, cinco días antes de que el PAN la
eligiera candidata a la Presidencia.
La
conversación de Vázquez Mota, en la que descalificaba a Madero y a Cordero, fue
retomada por la radio y televisión, y difundida justo el día en que se
celebraría el segundo debate entre precandidatos panistas.
Roberto
Gil, coordinador de la campaña de la hoy candidata, confirmó que la
conversación telefónica era real, y que se había realizado un mes antes,
después de un foro organizado por la Fundación Rafael Preciado en el que
Cordero cuestionó duramente a Vázquez Mota.
El
episodio refleja el típico modus operandi del espionaje telefónico en México:
el espía interviene los teléfonos, graba y, semanas o meses después, difunde
cuando lo considera políticamente oportuno.
El
mismo día que apareció la grabación, en una estrategia más mediática que jurídica,
el equipo de la hoy candidata interpuso una denuncia ante la PGR por
intervención de comunicaciones privadas. Para darle más peso, la denuncia fue
elaborada por los despachos de Fernando Gómez-Mont y Germán Martínez, ex
secretarios de Gobernación y Función Pública, pero hasta hoy la Procuraduría no
ha informado de avances en el caso.
No
fue el único audio incómodo en la precampaña panista: el 24 de enero se dio a
conocer una grabación en la que el secretario de Gobierno de Sonora, Roberto
Romero López, amenazaba a trabajadores del gobierno estatal, en una reunión en
San Luis Río Colorado, de perder su trabajo en caso de no apoyar a Ernesto
Cordero, a quien calificó como "el proyecto del Presidente". Tras la
divulgación, Santiago Creel denunció al funcionario y a Cordero ante la
Comisión Nacional de Elecciones del PAN.
El
2 de febrero, dos días antes de la elección interna, se difundió el audio de
una conversación telefónica en la que Germán Martínez, quien apoyaba
públicamente a Vázquez Mota, cuenta a otro panista el siguiente chiste:
"llega Blake al cielo... se encuentra a Juan Camilo... y le dice: 'uta,
estaríamos mejor con López Obrador'". La difusión de la conversación en la
que el ex dirigente panista ríe a carcajadas a costa de los ex secretarios de
Gobernación fallecidos en sendos accidentes aéreos llegó a la primera plana de
El Universal el sábado 4 de febrero. Martínez no denunció la intervención de su
teléfono, pero no se descarta que estos hechos se incluyan en la ampliación de
la denuncia presentada por Roberto Gil en la PGR.
En
esos días se filtraron al menos dos audios más con pláticas privadas entre
panistas que no llegaron a las primeras planas ni a la radio: Rodolfo Elizondo
y Vázquez Mota; Roberto Gil y el panista jalisciense Hernán Cortés.
Espionaje
en campaña
El
uso del espionaje en la contienda interna panista refleja cómo esta práctica
ilegal se ha convertido en moda entre la clase política, tanto que los dos
últimos presidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón, fueron víctimas de él. A
diferencia de España, donde realizar escuchas de manera ilegal fue la razón
jurídica que dio pie a que el juez Baltasar Garzón fuera cesado de la carrera
judicial, aquí no pasa nada.
Las
grabaciones presentadas por los medios de comunicación y los partidos han
dejado ver los usos y costumbres de la clase política, pero la autoridad nunca
ha castigado a los responsables de la invasión a la privacidad.
Enfoque
analizó 17 casos emblemáticos de intervención ilegal de comunicaciones privadas
difundidas desde el año 2000
a la fecha. En 11 casos las víctimas interpusieron
denuncias penales. Sin embargo, hasta el día de hoy ninguna se ha resuelto y en
ningún caso se ha sabido quiénes ordenaron las escuchas.
La
mayoría de los denunciantes, tras interponer la denuncia y ratificarla, no han
sabido nada más de la indagatoria. Otros han tenido que proporcionar las
pruebas y ni así las investigaciones han concluido satisfactoriamente.
Entre
los que se han quedado sin respuesta de la PGR a su denuncia se encuentran el
presidente Calderón; los senadores Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel y
Claudia Corichi; el gobernador Fidel Herrera y Elba Esther Gordillo.
Y
las denuncias se siguen acumulando. La PGR ha recibido ya dos este año: el 24
de enero, una de la Cámara de Diputados tras el hallazgo de micrófonos en las
oficinas de la Mesa Directiva. Y el 31, la de Vázquez Mota.
Luisa
María Calderón, hermana del Presidente, también fue exhibida en un audio
comprometedor: el 20 de febrero el dirigente nacional del PRI difundió en
conferencia de prensa una grabación que llevaba días circulando en internet y
medios locales. Dicha grabación fue hecha en 2011 y corresponde a una reunión
de Cocoa Calderón con su equipo de campaña en la contienda interna por la candidatura
del PAN a la gubernatura de Michoacán. En el audio se escucha a Calderón
instruir a su equipo a responder con "billetazos" a "los
billetazos" que supuestamente estaría entregando su rival panista Marko
Cortés.
Calderón
anunció el 21 de febrero que denunciaría el espionaje del que fue víctima ante
la PGR, pero hasta la fecha no lo ha hecho.
Enfoque
solicitó a la PGR información oficial sobre el desahogo de las denuncias por
espionaje que tiene acumuladas, pero su oficina de comunicación social no dio
ninguna respuesta.
Ante
autoridades judiciales rebasadas por el fenómeno, especialistas y políticos
auguran una guerra de lodo en las campañas que están por comenzar.
José
Luis Durán, quien presentó una denuncia por intervención de comunicaciones
privadas ante la PGR en 2009, porque lo espiaban durante su gestión como
alcalde de Naucalpan, asegura que la antesala del proceso electoral que se
vivirá este año dejó ver que todos espían a todos, y que en cualquier momento
el político que tenga algo que filtrar a la opinión pública para beneficiarse,
lo hará.
"Las
denuncias por espionaje telefónico duermen el sueño de los justos, pues nadie
las investiga, nunca pasa nada. En 2001 también me enteré de que me estaban
espiando, cuando era subsecretario de Gobernación, también a Paco Gil (entonces
secretario de Hacienda). Encontraron casas de espionaje en el Estado de México,
y aunque eso se investigó de oficio tampoco pasó nada. Son dos veces ya que no
me resuelven nada. Estoy casi seguro de que me siguen escuchando.
"En
las campañas el espionaje siempre termina dando de qué hablar, sean grabaciones
de alcaldes, como en mi caso, o de cualquier otro nivel", sostiene.
La
PGR dio carpetazo a la denuncia interpuesta por Durán porque cuando la
Procuraduría le pidió entregar el teléfono celular por el que había sido
espiado, dos años después de presentada la denuncia, el panista mexiquense ya
no lo tenía.
Otra
víctima de espionaje que tiene certeza de que 2012 será un año lleno de
grabaciones ilegales en medios de comunicación y redes sociales es la senadora
perredista Claudia Corichi, que en 2011 interpuso una denuncia ante la PGR
contra quien resultara responsable de haber intervenido su teléfono celular
mientras hablaba con Ángel Aguirre.
En
la grabación de Corichi, filtrada a los medios de comunicación el 20 de enero
de 2011, 10 días antes de la elección de gobernador en Guerrero, la legisladora
promete al entonces candidato el envío de 100 zacatecanos a esa entidad para
ayudarlo a ganar.
"Yo
te voy a ayudar, Ángel. Te voy a decir una cosa, te voy a ayudar en los lugares
que tienes perdidos. Es lo mío. Yo te voy a decir 'estas secciones las tienes
perdidas'. ¿Sabes qué? Yo te las voy a sacar, porque lo mío es el reto",
dice Corichi. "Eso me gusta", le responde Aguirre, "qué bueno
que te vayas a meter donde está lo más cabrón".
Corichi
interpuso una denuncia ante la PGR. Sigue esperando que la Procuraduría la
llame para informarle "algo".
"Es
preocupante que no haya regulación y que no exista el interés por preservar la
intimidad de las personas. No podremos esperar en la campaña sino otro
cochinero, en el que aparezcan más audios que propuestas contundentes. ¿Eso es
una democracia?.
"Nadie
de la PGR me ha buscado para decirme nada, es como si nunca hubiera denunciado.
¿Para qué denunciar?", se pregunta.
Del
Cisen a los estados
La
intervención de comunicaciones privadas en México es un delito federal y desde
la década de los noventa sólo es permitida con autorización judicial.
En
la última década de régimen priista, grabar conversaciones de los políticos fue
una actividad atribuida casi exclusivamente a la PGR y al Centro de
Investigación y Seguridad Nacional. Desde la fundación de este centro de
inteligencia, en 1989, los espiados aseguraban que las grabaciones habían
salido de ese organismo, aunque en algunos casos ya se evidenciaba espionaje a
nivel estatal.
Los
casos más sonados en esa década fueron la aparición de las grabaciones de
conversaciones telefónicas de Pablo Chapa Bezanilla, fiscal especial del caso
Colosio, y el micrófono encontrado en la celda del Reclusorio Oriente de
Ricardo Barco, el líder de los trabajadores de la desaparecida Ruta 100.
Ernesto Ruffo, gobernador de Baja California, declaró varias veces que lo
espiaban. Cuando era candidato a gobernador en 1994, Vicente Fox aseguró lo
mismo. También en 1994, en noviembre, tras las elecciones de gobernador en
Tabasco, Andrés Manuel López Obrador y Roberto Madrazo intercambiaron
acusaciones de espionaje.
A
pesar de que la Constitución establece en su artículo 16 que "las
comunicaciones privadas son inviolables", el espionaje se incrementó, por
lo que fue necesario más reglamentación. Así, el 7 de noviembre de 1996 fue
promulgada la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que establece que
sólo es permitido escuchar a alguien después de que un juez apruebe la
intervención de comunicaciones privadas tras comprobar la posibilidad de que
exista un delito, y sólo por un periodo de seis meses, con posibilidad de
prórroga.
Además,
la Ley de Seguridad Nacional, promulgada el 31 de enero de 2005, le da
facultades al Cisen para solicitar permiso judicial para intervenir las
conversaciones privadas de personas que se sospeche amenazan a la seguridad
nacional del país, por participar en actividades como narcotráfico, terrorismo,
tráfico ilegal de armas nucleares y químicas, y amenaza a infraestructura de
carácter estratégico.
Es
decir, según la legislación vigente, sólo la PGR y el Cisen pueden solicitar el
permiso para escuchar.
Hoy,
el artículo 177 del Código Penal Federal establece una pena entre 6 y 12 años
de prisión y de 300 a
600 días de salario mínimo de multa.
Sin
embargo, son contados los que llegan a la cárcel por este delito.
Hoy,
con el abaratamiento de la tecnología para realizar escuchas, grabar y espiar
en general, ya no sólo los grandes centros de seguridad federales espían: las
evidencias dejan ver que cualquiera que tenga los recursos puede armar su
centro de espionaje autónomo y personalizado, según sus necesidades.
Las
casas de espionaje desmanteladas desde el 2000 por las autoridades así lo
evidencian. Varias casas de este tipo han sido encontradas por la PGR en el
Estado de México, nueve en 2001 y dos en 2008. En ambos casos fuentes cercanas
al caso presumieron que, por los indicios encontrados, las redes tenían
relación con el gobierno del Estado de México, el primero encabezado por Arturo
Montiel y el segundo por Enrique Peña Nieto, pues se investigaba la actividad
de varios políticos opositores. Además, en ambos casos eran centros de
espionaje operados por ex trabajadores del Cisen -uno de ellos era dirigido por
el ex delegado del Cisen en Chiapas- y hasta de la extinta Dirección Federal de
Seguridad. En 2001 se presumía que la red de espionaje mexiquense involucraba a
por lo menos 200 personas.
Otra
red de espionaje se desarticuló en Oaxaca en marzo de 2010. Era operada por un
funcionario de la Procuraduría de Justicia estatal durante el gobierno de
Ulises Ruiz, por lo que se presumió que la información que se generaba era para
el gobernador. Un mes después, el Ejército desarticuló un centro de espionaje
político en Quintana Roo, operado por trabajadores del ayuntamiento de Benito
Juárez asesorados por Manuel Vera, ex secretario de Seguridad de Murat y Ulises
Ruiz en Oaxaca. Trascendió que la labor que realizaban los espías era en
provecho del alcalde Greg Sánchez.
Pese
a los señalamientos, la PGR no ha podido comprobarle ningún ilícito de este
tipo a ningún gobernador.
Samuel
González, ex titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de
la PGR, asegura que hoy en día es difícil investigar y comprobar un caso de
intervención de comunicaciones, porque los implicados deben ser encontrados
prácticamente en flagrancia y porque los aparatos utilizados para espiar son
baratos y pueden instalarse y manejarse casi con cualquier equipo de cómputo.
"Hoy
con 15 mil pesos puedes instalar un sistema modesto de intercepción de señales
de teléfonos celulares; hay de todo en el mercado, hasta escáneres. Y es
difícil comprobar cuáles fueron los autores intelectuales de espionaje, por eso
es complicado llevar a buen puerto las investigaciones. Lo que tiene que
hacerse es tratar de controlar más la venta ilegal de celulares, por ejemplo,
porque hasta ahora cualquier denuncia de intervención de comunicaciones
privadas solamente sirve de manera testimonial, para dejar constancia de que
sucedió, para advertir a los enemigos políticos. No le interesa a nadie
restaurar su derecho a la intimidad", asegura.
Cuando
un escáner es desbloqueado para poder captar las frecuencias de los teléfonos
celulares, las conversaciones pueden escucharse sin intervenir físicamente
ningún aparato.
La
facilidad para armar un centro de espionaje quedó clara con la detención, en
Chiapas, del cuñado del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, José Luis
Paulín, a quien se acusó de mantener un centro de espionaje clandestino tras
confiscarle cinco computadoras, dos laptops, una videograbadora, cinco
teléfonos celulares, ocho memorias USB y un par de escáneres de frecuencias de
radiocomunicación marca Optoelectronics (que pueden conseguirse en menos de mil
300 dólares en la web).
Desregulación
vs. regulación
Ante
la omisión de la PGR para investigar los casos de intervenciones ilegales de
comunicaciones privadas y el florecimiento del espionaje, se ha planteado la
posibilidad de modificar el marco normativo para que el espionaje sea regulado.
Así
lo propuso el diputado federal del PRI Alfonso Navarrete Prida, quien presentó
en 2011 pasado una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que
permite que las Secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, así como
la Fuerza Armada permanente y "demás instancias competentes", puedan
ejercer atribuciones de inteligencia y contrainteligencia y "hacer uso de
cualquier método de recolección de información, sin afectar en ningún caso los
derechos humanos y las garantías para su protección". Intervenir
comunicaciones sin necesidad de un permiso judicial.
"Muchas
instancias gubernamentales que utilizan como herramienta la intervención de
comunicaciones privadas, al no estar reguladas, operan de manera clandestina,
sea el Cisen, o la PGR o las Procuradurías locales o incluso el Ejército y la
Marina. Una nueva Ley de Seguridad Nacional daría el marco regulatorio para que
estas instancias de gobierno se ajusten a la ley y para que transparenten su
proceso de obtención de información.
"No
se puede estar cerrando los ojos a la realidad. Quienes se han opuesto a la Ley
de Seguridad Nacional que presentamos en la Cámara de Diputados, y que
pretendía mejor abordar las cosas, corren el riesgo de permitir que las cosas
sigan igual", dice Navarrete, quien fue mencionado como uno de los
organizadores de la red de espías en el Estado de México descubierta en 2008
sin que se le comprobara la acusación.
Tras
la oposición del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a la propuesta
priista, por considerar que vulnera los derechos humanos, la aprobación de la
ley quedó como otro de los pendientes en el Congreso.
Navarrete
Prida prevé que la discusión de una nueva Ley de Seguridad Nacional ya no
ocurra en este sexenio. Pero considera que sigue vigente la necesidad de
regular el espionaje.
Escándalos
de espionaje
De
2000 a
la fecha, la opinión pública ha conocido por lo menos 18 casos de espionaje,
casi siempre telefónico. En 12 casos, los afectados han interpuesto denuncias
ante la Procuraduría General de la República. Hasta hoy ningún caso ha sido
resuelto.
2000
Fox
y su vocera
Sep.
Se filtra una grabación de conversación telefónica entre Vicente Fox, entonces
Presidente electo, y su equipo de transición. Entre las conversaciones
reveladas estaba una con Marta Sahagún, en ese tiempo su vocera, en la que
discutían las estrategias de comunicación de su campaña y sus acercamientos con
distintos medios.
Fox
no presentó ninguna denuncia por los hechos, pero prometió que durante su
mandato el Centro de Investigación y Seguridad Nacional sería reestructurado
para evitar el espionaje político.
2003
Elba
de Troya
Ago.
Se difunde un libelo de 121 páginas con la trascripción de 43 conversaciones
telefónicas de Elba Esther Gordillo. El volumen, cuyo título era ¿Elba de Troya
o Lady Macbeth Gordillo?, incluía conversaciones de la entonces secretaria
general del PRI con secretarios de Estado y gobernadores.
El
secretario general del SNTE, Rafael Ochoa, interpuso una denuncia ante la PGR
por los hechos. Además, Jorge Castañeda y Santiago Creel, dos de los que
aparecieron en las grabaciones, sí presentaron una denuncia, de la cual no se
informó avances, pues Gordillo, la principal afectada, nunca declaró.
2005
Calderón
y Elba Esther
Nov.
Se filtra la transcripción de una conversación entre Felipe Calderón, quien
entonces competía por la candidatura presidencial del PAN contra Santiago
Creel, y Elba Esther Gordillo. En la plática, realizada desde el teléfono
celular de Miguel Ángel Yunes en octubre de 2005, la maestra hace evidente su
apoyo al hoy Presidente. "Vamos bien, pero necesitamos reforzar
cosas", le dijo.
Calderón
interpuso una denuncia por los hechos ante la PGR. Ni la PGR ni el denunciante
informaron de avances en las investigaciones.
2006
Nacif
y el 'góber precioso'
Feb.
Se da a conocer la grabación de una conversación telefónica en la que el
empresario Kamel Nacif felicita al entonces gobernador de Puebla, Mario Marín,
por haber detenido y encarcelado a la periodista Lydia Cacho, quien enfrentaba
una denuncia por difamación contra el empresario por acusarlo de proteger a un
pederasta. En la llamada, Nacif lo llama "mi góber precioso", y Marín
comenta el trato dado a la periodista. "Ya ayer acabé de darle un pinche
coscorrón a esta vieja cabrona", dijo.
La
revelación de las conversaciones provocó un gran escándalo público y político,
pero ninguna consecuencia legal. El gobernador capoteó el conflicto político.
La Suprema Corte, ante la demanda de grupos civiles en contra del funcionario,
no aceptó como pruebas las grabaciones en el juicio para comprobar que Marín
había orquestado un operativo gubernamental para violar las garantías
individuales de la periodista. El poblano, que nunca denunció el espionaje,
quedó exonerado de las acusaciones.
Elba
Esther vs AMLO
Jul.
Ante un Zócalo lleno, Jesús Ortega, entonces coordinador de la campaña a la
Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer dos grabaciones de
conversaciones telefónicas entre Elba Esther Gordillo y Pedro Cerisola,
secretario de Comunicaciones y Transportes, y Eugenio Hernández, gobernador de
Tamaulipas. En estas conversaciones, grabadas supuestamente el día de la
elección presidencial, Gordillo se pone de acuerdo con los interlocutores para
apoyar a Felipe Calderón.
Ninguno
de los implicados presentó denuncia.
Nacif
y Gamboa
Sep.
Aparece otra grabación de Kamel Nacif, ahora con Emilio Gamboa, entonces
coordinador de los diputados priistas en San Lázaro, en la que el empresario le
da línea para no aprobar una ley. La conversación data de meses antes, cuando
Gamboa era aún senador. "Dale pa' tras, papá", le pide Nacif a
Gamboa, a lo que el legislador responde: "Pues entonces va pa' tras, esa
chingadera no pasa en el Senado, eh".
Gamboa
acusó al gobierno federal de querer desprestigiarlo, pero no presentó denuncia.
2008
Beltrones
espiado
Jun.
Manlio Fabio Beltrones, entonces presidente de la Junta de Coordinación
Política, interpuso una denuncia contra quien resultara responsable de espiarlo
a él, a su familia y a sus colaboradores. Junto con su denuncia, presentó a la
PGR un paquete de documentos que supuestamente recibió de manera anónima. Entre
estos documentos se encontraban transcripciones de conversaciones telefónicas.
El senador aseguró que los documentos contenían protocolos de investigación
similares a los utilizados por el Cisen.
Las
investigaciones de la Procuraduría llevaron a desarticular una red de espionaje
en el Estado de México. Sin embargo, en enero de 2012 Beltrones dijo que la
investigación todavía no se resolvía, y aseguró que la PGR no le había informado
de nuevos avances.
2009
Téllez
vs. Carpinteyro
Feb.
Se dan a conocer grabaciones de conversaciones telefónicas en las que Luis
Téllez, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, aseguraba que el
ex presidente Carlos Salinas "se robó la mitad de la cuenta pública".
Una semana después aparecieron tres audios más de él hablando con su
particular, Ricardo Ríos; con el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y con
Rafael del Villar, de la Cofetel. Téllez interpuso una denuncia contra Purificación
Carpinteyro, ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, porque aceptó
públicamente tener conocimiento de las grabaciones.
Carpinteyro
declaró a principios de 2010 que quien le había entregado un CD con los audios
había sido el director de la Cofetel, Héctor Osuna. Téllez declaró por primera
vez ante la PGR en febrero de 2011, dos años después de haber interpuesto la
denuncia. El proceso continúa.
Panistas
mexiquenses
Jun.
El entonces alcalde de Naucalpan, José Luis Durán, interpuso una denuncia ante
la PGR por espionaje en su contra, pues se había dado a conocer la grabación de
una conversación telefónica entre él y el candidato del PAN a sucederlo, Édgar
Olvera. En ella, Durán le decía a Olvera que había mandado a "todo el gobierno
a la calle" en su apoyo.
La
PGR contactó al panista hasta 2011, dos años después, pero él ya no tenía el
teléfono que había sido intervenido, por lo que la denuncia fue desechada.
2010
Espionaje
en Oaxaca
Mar.
Por una denuncia anónima, la PGR inicia una averiguación previa por una
supuesta red de espionaje en Oaxaca. La Procuraduría cateó una casa en la que
existía un centro de espionaje telefónico e identificó que los aparatos eran
operados por un funcionario de la Procuraduría de Justicia estatal. Entre los
espiados se encontraban Juan Díaz Pimentel, ex presidente del Congreso del
Estado y del PRI estatal, y Gabino Cué, candidato a la gubernatura por la
coalición PAN-PRD. También se encontraron registros de llamadas de los
presidentes estatales del PAN, Carlos Moreno; del PRD, Amador Jara; de
Convergencia, Mario Mendoza, y del PT, Daniel Juárez.
Nunca
hubo información sobre el avance de las investigaciones.
González
Canto vs. Greg
Abr.
El gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, interpuso una denuncia
ante la PGR por espionaje en su contra, tras encontrarse un centro de espionaje
en Cancún que supuestamente dirigía Manuel Vera Salinas, entonces asesor del
alcalde con licencia Greg Sánchez.
La
indagatoria sigue abierta, y Vera Salinas sigue prófugo.
Ulises
Ruiz en campaña
Jun.
Se filtran grabaciones de conversaciones telefónicas del entonces gobernador de
Oaxaca, Ulises Ruiz, con distintos personajes, entre ellos Eviel Pérez Magaña,
en ese tiempo candidato tricolor a la gubernatura oaxaqueña, y el presidente
del Instituto Electoral de Oaxaca, José Luis Echeverría, en el que se evidencia
la operación política del mandatario en favor del candidato priista. En las
conversaciones, Ruiz critica a la esposa de Gabino Cué y a Margarita Zavala.
El
gobernador no presentó denuncia.
Fidel
Herrera en campaña
Jun.
César Nava, entonces líder nacional del PAN, da a conocer varios audios de
grabaciones telefónicas en los que el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera,
ofrece apoyo a los candidatos priistas de la entidad, como la entrega de
despensas a favor de una candidata y la adquisición de patrullas para otro
candidato.
Herrera
presentó una denuncia ante la PGR en contra de Nava y el dirigente estatal
panista, Enrique Cambranis, por espionaje. La PGR no ha informado de avances.
'La
Tuta' y Godoy
Oct.
Se difunde una grabación de una conversación telefónica entre Servando Gómez,
La Tuta, y Julio César Godoy Toscano, diputado federal electo por el PRD y
medio hermano del gobernador michoacano, Leonel Godoy. El diputado le expresa
al narcotraficante que lo "andan agarrando" por una declaración del
hijo de La Tuta. La grabación forma parte del expediente que entregó la PGR a
la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero de Godoy, acusado de nexos
con el narcotráfico.
Godoy
fue desaforado pero se fugó, y la PGR mantiene abierta la investigación en su
contra.
2011
Corichi
y el candidato Aguirre
Ene.
Se filtra la grabación de una conversación telefónica entre la senadora
perredista Claudia Corichi y el entonces candidato a gobernador de Guerrero,
Ángel Aguirre, en la que le ofrece apoyarlo con un grupo de 100 zacatecanos
para operar "las zonas más jodidas" de la entidad.
Corichi
presentó ante la PGR una denuncia penal contra quien resulte responsable por
haber grabado la llamada. Nunca fue contactada por la PGR para ampliar su
declaración.
2012
Espionaje
en San Lázaro
Ene.
Se presentó ante la PGR una denuncia penal contra quien resulte responsable por
espionaje en los sistemas de telefonía y de datos de la Cámara de Diputados.
Según Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Cámara, los equipos fueron
hallados en oficinas de la Mesa Directiva de la Cámara baja, así como en
oficinas de integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD.
Días
después de la denuncia, la PGR envió a San Lázaro peritos especializados para
revisar las instalaciones del Palacio Legislativo. Se integró una comisión
especial para darle seguimiento al caso, en la que el PRI se abstuvo de
participar. La investigación continúa.
'Josefinistas'
espiados
Feb.
A unos días de la elección de candidato presidencial del PAN, se filtra la
grabación de una conversación telefónica de diciembre del 2011 en la que
Josefina Vázquez Mota se queja del dirigente del PAN y llama "patán"
a Ernesto Cordero. Roberto Gil, coordinador de campaña de Vázquez Mota,
presentó ante la PGR una denuncia penal contra quien resulte responsable por la
grabación de la conversación y el espionaje al equipo de JVM.
Hoy,
con el abaratamiento de la tecnología para realizar escuchas, grabar y espiar
en general, ya no sólo los grandes centros de seguridad federales espían: las
evidencias dejan ver que cualquiera que tenga los recursos puede armar su
centro de espionaje autónomo y personalizado.
La
ley dice...
Art.
16, Constitución:
"Las
comunicaciones privadas son inviolabes... Exclusivamente la autoridad judicial
federal... podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada".
Art.
177, Código Penal Federal:
"A
quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial
competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de
trescientos a seiscientos días multa".
Art.
16, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada:
"Cuando
en la averiguación previa de alguno de los delitos a que se refiere esta Ley...
el Procurador General de la República o el titular de la unidad
especializada... consideren necesaria la intervención de comunicaciones
privadas, lo solicitarán por escrito al juez de distrito, expresando el objeto
y necesidad de la intervención...".
Art.
34, Ley de Seguridad Nacional:
"...el
Centro (Cisen) deberá solicitar... autorización judicial para efectuar intervenciones
de comunicaciones privadas en materia de Seguridad Nacional".
PGR: en limpia permanente
Reportaje. Procuración de
justicia. En menos de un año de gestión, Marisela Morales ha hecho más
movimientos que sus antecesores en la PGR
Karina Fuentes
(4 marzo 2012).- En 332
días como titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales
ha realizado 15 movimientos en áreas clave y ha instrumentado una política de
depuración permanente de funcionarios.
La
procuradora, que hasta antes de su nombramiento (el 8 de abril del 2011) se
desempeñó como subprocuradora de Investigación en Delincuencia Organizada, ha
removido a los titulares de las cinco subprocuradurías, de las dos fiscalías
especializadas, de la Agencia Federal de Investigación y de las principales
áreas operativas.
Sólo
en dos casos (la AFI y la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en
Delitos Federales) se trató de cambios naturales, hechos a los pocos días de
que ella asumiera el cargo, y los sustitutos permanecen en sus puestos a la
fecha. En las demás instancias, como la Fepade, los sustitutos llegaron ya
avanzada la gestión de Morales, y en la Subprocuraduría de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo ha habido cuatro titulares.
En
paralelo, Morales continuó con una limpia que ya desde que ella estaba en la
SIEDO comenzaba a implementarse en la PGR.
Durante
los 100 primeros días de su gestión removió a 462 empleados de distintos
mandos, y en 111 casos se ejerció acción penal contra ellos; se giró orden de
aprehensión en contra de 77 y auto de formal prisión o sujeción a proceso
contra 26 más al comprobarse la probable responsabilidad en delitos como
fraude, robo, abuso de autoridad, peculado, prácticas indebidas por servidores
públicos. Todo, de acuerdo con un informe de la Visitaduría General de la PGR
dado a conocer en agosto de 2011.
Informes
de la PGR también detallan medidas para depurar la Agencia Federal de
Investigación en tres fases. En la primera, de abril al mes de agosto de 2011,
se lograron 47 renuncias, 45 separaciones y 95 remociones. En la segunda, de
agosto a diciembre de 2011, 290 quejas y la rotación de mil 790 agentes, y se
esperaba que en la última fase que inició en diciembre de 2011 y concluye en
julio de 2012 se realice la actualización de controles de confianza.
Marisela
Morales es la tercera procuradora en la administración de Calderón. Su gestión
se ha visto opacada por el fracaso de las investigaciones en contra de
personajes como el ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon (capturado y liberado
en junio de 2011); Greg Sánchez, ex presidente municipal de Cancún (declarado
inocente en julio de 2011), y Néstor Moreno, ex director de Operaciones de la
CFE, acusado de enriquecimiento ilícito y liberado 12 horas después de ser detenido,
el 3 de septiembre de 2011.
El
organigrama de la procuradora
Marisela
Morales ha hecho 15 cambios en las principales áreas de la PGR.
PGR
Marisela
Morales
Subprocuraduría
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo
-
Francisco Javier Molina Ruiz
6
de octubre de 2009 al 28 de abril de 2011.
-
Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros
2
de mayo de 2011 al 4 de agosto de 2011.
-
José Cuitláhuac Salinas Martínez
4
de agosto de 2011 al 1o. de noviembre de 2011.
-
Victoria Pacheco Jiménez
1o.
de noviembre de 2011 a
la fecha.
Subprocuraduría
de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
-
Patricia Bugarín Gutiérrez
2
de mayo de 2011 al 1o. de noviembre de 2011.
-
José Cuitláhuac Salinas Martínez
1o.
de noviembre de 2011 a
la fecha.
Subprocuraduría
Jurídica y de Asuntos Internacionales
-
Jorge Alberto Lara
17
de noviembre de 2009 al 3 de octubre de 2011.
-
Alejandro Ramos Flores
3
de octubre de 2011 a
la fecha.
Subprocuraduría
de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad
-
Juan de Dios Castro
4
de enero de 2007 al 9 de enero de 2012.
-
Miguel Ontiveros Alonso
9
de enero de 2012 a
la fecha.
Subprocuraduría
de Investigaciones Especiales en Delitos Federales
-
Arturo Germán Rangel
1o.
de octubre de 2009 al 28 de abril de 2011.
-
Irving Barrios Mojica
2
de mayo de 2011 a
la fecha.
Agencia
Federal de Investigación
-
Wilfrido Robledo Madrid
19
de diciembre de 2009 al 28 de abril de 2011.
-
Vidal Diaz-Leal Ochoa
2
de mayo de 2011 a
la fecha.
Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales
-
José Luis Vargas Valdez
16
de julio de 2010 al 13 de febrero de 2012.
-
Imelda Calvillo Tello
13
de febrero de 2012 a
la fecha.
Fiscalía
Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas
-
Sara Irene Herrerías Guerra
1o.
de diciembre de 2009 al 7 de octubre de 2011.
-
Angélica Herrera Rivero
1o.
de noviembre de 2011 a
la fecha.
Oficialía
Mayor
-
Enrique Girón Zenil
2
de mayo de 2011 al 18 de enero de 2012.
-
Jesús Naime Libién
13
de febrero de 2012 a
la fecha.
Dirección
General de Comunicación Social
-
Ricardo Nájera Herrera
19
de enero de 2009 aal 7 de julio de 2011.
-
Adriana Cuevas
7
de julio de 2011 al 17 de octubre de 2011.
-
José Luis López Atienzo
17
de octubre de 2011 a
la fecha.
Coordinación
de Asesores
-
José Cuitláhuac Salinas
De
abril de 2011 al 4 de agosto de 2011.
-
Alfonso Pérez Daza
De
octubre de 2011 a
la fecha.
Exponen un siglo de
promesas
La cultura política. En el
año electoral, el Museo del Objeto expone 2 mil piezas que reflejan 100 años de
campañas electorales por la Presidencia
Andro Aguilar
(4 marzo 2012).- Una casona
construida en 1906 alberga todas las promesas que durante un siglo han hecho
los candidatos a la Presidencia de México.
Es
la sede del Museo del Objeto del Objeto (MODO) que con la muestra "De
Porfirio Díaz a Vicente Fox. Propaganda electoral en México en el siglo
XX" expone cómo los presidenciables han perseguido los votos ciudadanos
durante 21 campañas.
De
todo se han valido: sonrisas, lemas, regalos, infinidad de objetos de los
cuales el MODO expone 2 mil piezas.
Lo
hizo Porfirio Díaz en 1904 con una navaja que en el mango metálico aún conserva
grabado el rostro del oaxaqueño, cuando compitió con Nicolás Zúñiga y Miranda y
obtuvo todos los votos a su favor; y lo hizo también Vicente Fox en el 2000 con
una hebilla de cinturón que por forma lleva las tres letras de su apellido, en
la elección que terminó con la hegemonía priista.
Los
objetos pertenecen en su mayoría a las 15 mil piezas que reunió el
coleccionista Alejandro Cortina durante cuatro décadas y que el MODO adquirió
en meses recientes para exhibirlas al público a partir del jueves pasado.
En
vitrinas ordenadas de forma cronológica, la sala principal del museo exhibe
objetos exclusivos de las campañas de quienes sí se convirtieron en
presidentes. Ahí reposa la botella azulada de tequila "Fox 2000",
elaborada especialmente para la toma de posesión del guanajuatense. También el
refresco con el rostro estampado de Ernesto Zedillo con el que quedó
inmortalizada una anécdota de su campaña (el momento en que pide que le sirvan
su bebida en un vaso de plástico, para que pareciera sidral y no cerveza), y
los sobres de semillas de flores que el equipo de Miguel de la Madrid
obsequiaba a las madres de México.
No
por carecer de un rival en las elecciones de 1976 José López Portillo escatimó
en objetos propagandísticos. El disco de vinilo con su imagen impresa y
canciones grabadas de Enrique Guzmán y Celia Cruz lo constata.
En
coincidencia con la campaña 2012, el MODO exhibirá hasta finales de julio
carteles, gorras, mandiles, camisetas, ceniceros, plumas, cajetillas de
cigarros, relojes, maracas artesanales, tinteros, aretes, cervezas, billetes de
financiamiento, calendarios, banderines, entre otros objetos en los que el
común denominador evidente es la efigie del candidato en cuestión.
La
muestra tiene también una colección de botones o "pins" de todos los
candidatos a Presidente en el siglo XX.
De
acuerdo con Juan Manuel Aurrecoechea, curador del MODO, la exposición refleja
simultáneamente el desarrollo en México de la política electoral, la
propaganda, la comunicación y el diseño en sí mismo.
"Es
una historia que no profundiza en las plataformas políticas ni propuestas, no
juzga las campañas sino que quiere que se expresen a través de sus
objetos", afirma, "si en aquel tiempo los rechazamos, hoy nos sirven
como cápsula del tiempo, los vemos con cariño y nostalgia".
Como
el juego de lotería en el que al lado de "la bandera", "el
valiente" o "el barril", se halla "el partido", en
tiempos hegemónicos del PRI.
O
los lemas "Por un México sin mentiras", de Diego Fernández de
Cevallos; "Que hable México", de Carlos Salinas de Gortari o "No
votes por un político, vota por un ecologista", difundido en su campaña de
1994 por Jorge González Torres, fundador del Partido Verde.
José
Antonio Aguilar, investigador del CIDE que asesoró al MODO en la construcción
del discurso de la curaduría, afirma que la gran mayoría de las elecciones del
siglo XX no sirvieron para elegir quién gobernaría el país, ya que muchas de
ellas se quedaron en la simulación y otras fueron ensombrecidas por fraudes en
los comicios.
Servían,
sin embargo, para medir fuerzas, resolver conflictos internos dentro de las
élites y ajustar cuentas. Eran formas indirectas de transmitir el poder
político que tenían los grupos, en el periodo no competitivo de la historia de
México, señala.
"Fue
hasta el último cuarto del siglo XX que empieza a haber competencia política
real y pluralismo", asegura.
La
competencia se daba antes de las elecciones, que ya sólo demostraban la
incapacidad del sistema de procesar un acuerdo político para la sucesión antes
de los comicios.
"Las
elecciones dan voz y ponen en evidencia el desacuerdo del grupo gobernante para
definir la sucesión, que fue lo que ocurrió con Vasconcelos en 1929 o con (Juan
Andreu) Almazán en 1940. Las elecciones dan cuenta de un pleito de los grupos
gobernantes", afirma.
Don
Porfirio en ceniceros y navajas, en su campaña de 1904.
Díaz
Ordaz en cajetillas de cigaros, en su campaña de 1964.
Cuauhtémoc
Cárdenas en su segunda campaña presidencial.
-
Museo del Objeto del Objeto, MODO. Miércoles a domingo,
10:00 a 18:00 horas. Hasta
julio 2012. Colima 145, Roma.
Teléfono:
5533 9637.
La cultura política
(4 marzo 2012).- Téngalo
presente
Comentario
a la Declaración de defensoras y defensores de derechos humanos. Margaret
Sekaggya, José de Jesús Orozco, Gerardo Gil, Emilio Álvarez Icaza, Omeheira
López, Agnieszka Raczynska y Javier Hernández. Lunes 5, 10:00 horas. Centro de
Información de la ONU. Montes Urales 440, Lomas de Chapultepec. Informes:
http://www.hchr.org.mx
Conferencias
Presupuestos
de género de México. Flérida Guzmán. Lunes 5, 16:00 horas. FLACSO, Carretera al
Ajusco 377, Héroes de Padierna. Informes: 3000 0200.
Relaciones
México-Estados Unidos. Enrique Berruga. Lunes 5, 17:30 horas. Sala de
seminarios del CISAN. Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria. Informes:
5623 0010.
Ciudadanía,
representación y participación: el nuevo "acomodo" plurinacional en
Bolivia. David Recondo, Maya Aguiluz y María del Carmen Legorreta. Jueves 8,
12:00 horas. Auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades. Torre II de Humanidades. Ciudad Universitaria.
Informes: 5623 0027.
Convocatorias
Maestría
en derechos humanos y democracia. Invita la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Flacso. Modalidad semipresencial. Fecha límite de recepción
de documentos: 16 de marzo. Informes: http://bit.ly/lphIn9
Exposiciones
Los
muchachos perdidos. Retratos e historias de una generación entregada al crimen.
De Eduardo Loza y Humberto Padgett. Retratos escritos y fotográficos de menores
infractores en la Ciudad de México. Museo Memoria y Tolerancia. Plaza Juárez,
Centro Histórico. Informes: 5130 5555.
Internet
Federalismo
y Congreso 1917-2011. Evolución y perspectivas de Víctor Manuel Colli.
Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Investigación de los
modelos federalistas en México de 1824 y 1857, y las causas de que el texto de
la Constitución de 1917 esté alejado de su ejecución. http://bit.ly/Aogqyr
Libros
Análisis
y prospectiva sobre la situación política, económica, social y cultural de
América Latina coordinado por Patricia Galeana. Siglo XXI/Senado de la
República. Diagnóstico de los problemas comunes que enfrenta la región
actualmente y propuestas de solución.
Apuntes
de campaña de Juan Ignacio Zavala. Suma de letras. Novela protagonizada por un
asesor de varios de los principales funcionarios del gabinete presidencial que
conoce de primera mano los juegos del poder.
Cambio
climático, amenazas naturales y salud en México coordinado por Boris Graizbord,
Alfonso Mercado y Roger Few. Colmex. Análisis conjunto del cambio climático y
sus consecuencias, con base en los resultados recientes de los estudios de
diversas instituciones en el mundo.
Egipto
contemporáneo: economía, política y sociedad de José Carlos Castañeda Reyes.
Colmex. Estudio de las condiciones sociales y los factores políticos que
antecedieron al estallamiento de las protestas que terminarían con el régimen
de Hosni Mubarak.
El
moderno sistema mundial Vol. I de Immanuel Wallerstein. Siglo XXI. Edición
aumentada de la obra publicada originalmente en 1974, que reconstruye la
historia de la actual sociedad capitalista partiendo de una perspectiva global.
El
mundo del trabajo y el poder político. Integración, consenso y resistencia en
la Ciudad de México a fines del siglo XIX de Florencia Gutiérrez. Colmex.
Investigación sobre las formas e instancias de negociación y resistencia que
caracterizaron la interlocución entre los trabajadores y el gobierno
porfiriano.
Hacia
la unificación del derecho penal editado por Ulrich Sieber y Jan-Michael Simon.
Inacipe. Obra que reúne 15 trabajos presentados durante el Congreso
Internacional Reforma Penal en México, celebrado en 2004 por expertos de Europa
y América que analizan la viabilidad de una reforma unificada dentro de un
régimen federal.
Justicia
y diversidad en América Latina. Pueblos indígenas ante la globalización
coordinado por Victoria Chenaut, Magdalena Gómez, Héctor Ortiz y María Teresa
Sierra. CIESAS-FLACSO. Análisis conjunto de los procesos nacionales de cambio
legal y sus contradicciones frente a la tendencia globalizadora en la región, y
la respuesta indígena ante esa coyuntura.
La
crisis mundial financiera. Perspectivas de México y América Latina de Carlos
Obregón. Siglo XXI. Obra que presenta el origen de la crisis de 2008. Señala
las políticas económicas necesarias para evitar una gran segunda recesión
mundial.
Las
mujeres de Peña Nieto de Alberto Tavira. Océano. Retrato del precandidato
priista a la Presidencia de México, a través de los testimonios de las mujeres
de su familia y de otras más que sostuvieron con él una relación sentimental.
Las
rebeldes de Mónica Lavín. Grijalbo. Novela histórica sobre las mujeres que
participaron en la Revolución mexicana a través de la historia de Leonor
Villegas, fundadora de la Cruz Blanca constitucionalista, y de Jenny Page,
periodista que cubre el conflicto armado.
Lobby
y democracia. Lo positivo y negativo del cabildeo. Los casos de Estados Unidos,
Europa y México de Walter Astié-Burgos. Siglo XXI. Análisis profundo sobre el
cabildeo, sus orígenes históricos y jurídicos, sus beneficios y perjuicios, así
como las diversas técnicas en que se conduce y la utilidad que ofrece a la
sociedad civil.
Los
límites de la escuela. Educación, desigualdad y aprendizajes en México de
Emilio Blanco Bosco. Colmex. El autor reconstruye la complejidad educativa en
México a partir del análisis que hace de las pruebas recientes de aprendizaje.
Destaca el peso del origen social de los alumnos en los resultados de las
pruebas aplicadas.
Reforma
parlamentaria en México. Rumbo a la LXII Legislatura de José Luis Camacho
Vargas. Imepol. Análisis del funcionamiento del Congreso de la Unión y
propuestas de reforma para actualizarlo ante los nuevos retos parlamentarios.
Sicario.
Autobiografía de un asesino a sueldo editado por Molly Molloy y Charles Bowden.
Grijalbo. Testimonio de un ex comandante de la policía estatal de Chihuahua que
sirvió a la delincuencia organizada. Actualmente exiliado.
Territorio
y ambiente: aproximaciones metodológicas coordinado por Mario del Roble Pensado
Leglise. Siglo XXI/IPN. Trece estudios académicos que replantean la forma de
aproximación científica de la relación territorio-ambiente.
Mesas
redondas
México
entre la encrucijada del estancamiento o el desarrollo económico. Alicia Girón,
Eugenia Correa, Alma Chapoy y Patricia Rodríguez. Domingo 4, 15:00 horas.
Auditorio 5 del Palacio de Minería. Informes: 5623 0093.
Del
"Panzazo" a la reflexión bien informada. Discutamos nuestras
posturas. Hugo Casanova, Manuel Pérez Rocha, Marlene Romo y Atenea Rosado.
Miércoles 7, 17:00 horas. Aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622
1826.
Presentaciones
La
explosión metropolitana de Alejandro Ordorica. UNAM. Manuel Jiménez, Jorge
Legorreta y Martín Olavarrieta. Domingo 4, 11:00 horas. Auditorio Bernardo
Quintana del Palacio de Minería. Informes: http://bit.ly/4mgb3j
La
UNAM en la historia de México colección coordinada por Gloria Villegas,
Leonardo Lomelí, Álvaro Matute, Héctor Fix-Fierro, Fernando Pérez Correa, José
Manuel Covarrubias y Lourdes Chehaibar. UNAM. Juliana González, Ruy Pérez
Tamayo y Guillermo Hurtado. Domingo 4, 11:00 horas. Galería de rectores del
Palacio de Minería. Informes: http://bit.ly/4mgb3j
Para
que se queden los que sirven de Fernando Dworak, Lourdes Ramírez y Andrés Ponce
de León. Fundación Friedrich Naumann. José Merino, Octavio García y los
autores. Lunes 5, 19:00 horas. Auditorio 6 del Palacio de Minería. Informes:
http://bit.ly/4mgb3j
Patrimonio
histórico y tugurios. Las políticas habitacionales y de recuperación de los
centros históricos de Buenos Aires, Ciudad de México y Quito de Víctor
Delgadillo. UACM. Guillermo Boils, Alejandro Suárez, René Coulomb, Víctor
Manuel Mendiola y el autor. Lunes 5, 19:00 horas. Sala Manuel Tolsá del Palacio
de Minería. Informes: http://bit.ly/4mgb3j
El
derecho a la alimentación. Oliver De Schutter, María de los Ángeles Moreno,
Esteban Borromero y Pedro Torres. Martes 6, 9:30 horas. Centro de Información
de la ONU. Informes: http://www.hchr.org.mx
Centro
de Investigaciones Legislativas de la UAM Iztapalapa. Javier Velázquez
Moctezuma y Jorge Moreno Collado. Martes 6, 12:00 horas. Sala del Consejo
Académico de la UAM Iztapalapa. San Rafael Atlixco 186, Vicentina. Informes:
5804 4600.
Seguridad,
armas de fuego y transparencia. Mito y realidad del derecho de posesión y
portación de armas de fuego en México de Ernesto Villanueva y Karla Valenzuela.
Jus/UNAM. Martes 6, 17:00 horas. Humberto Hernández Haddad y Jesús Alberto Capella
Ibarra. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la
Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7474.
Dispraxis
coordinado por Fernando Cano, Alberto Campos, Enrique Cáceres y Enrique Díaz.
UNAM. Lorenzo Meyer, Diego Valadés y Fernando Cano. Viernes 9, 11:00 horas.
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: 5622 7474 ext.
1735.
Revistas
Revista
Mexicana de Derecho Electoral. No. 1 Enero-Junio. Acceso a la justicia
electoral en el Estado democrático de derecho, por Flavio Galván Rivera. El
problema de la (eventual) reforma del Senado en México, por Ímer B. Flores. La
confianza ciudadana: un desafío para las instituciones electorales, de frente a
las elecciones de 2012, por Armando I. Maitret.
Voz
y voto. No. 229. Entrevistas con los dirigentes de PAN, PRI y PRD previo al
arranque de las campañas electorales. Modelo prospectivo de la elección
presidencial. Cuauhtémoc Cárdenas escribe sobre su proyecto Un México para
todos.
Seminarios
Migración
internacional: retos y desafíos en el mundo de hoy. Una mirada sobre
transnacionalismo, fronteras y derechos. Velia Cecilia Bobes, Humberto Aroldo
Dilla, Misael González, Shinji Hirai, Ana Melisa Pardo, Nancy Pérez, Genoveva
Roldán y Adjani Tovar. Lunes 5 y martes 6, 9:00 horas. Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, Flacso. Informes: 3000 0200 ext. 193.
Rompiendo
el techo de cristal. Las mujeres en la ciencia, la educación e independencia
financiera. Mirella Feingold, Patricia Galeana, Esther Orozco, Verónica
Villarespe, Estela Morales, Margarita Almada, María Elena Tovar, entre otras.
Martes 6 y miércoles 7, 9:30 horas. Auditorio Mario de la Cueva. Torre II de
Humanidades. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 2637 y http://femumex.org
Televisión
Reflexiones
sobre la democracia. Federico Reyes Heroles y Jorge Islas. Martes 6, 21:30
horas. Canal 22.
Si
desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245.
Correo electrónico: enfoque@reforma.com
Iniciativa Poiré
(traducida)
La cultura política
(4 marzo 2012).- Lo que
dijo Janet Napolitano...
"Let me just say, it took us 10 years to find
Osama Bin Laden, and we found him. You know what happened there. I'm not
suggesting the same thing would happen with Guzmán, but I'm suggesting that we
are persistent when it comes to wrong doers and those who do harm, in both of
our countries. So
that issue continues".
Lo
que Segob quiso escuchar...
"Bueno,
quiero decirle algo, nos tomó diez años atrapar a Osama Bin Laden, lo
encontramos y ya sabe usted lo que pasó. Yo creo que lo mismo va a pasar con
Guzmán, lo único que estoy sugiriendo es que somos persistentes cuando estamos
cerca del mal y que daña a ambos países, al suyo y al nuestro. Así que este
tema continúa de una manera exhaustiva".
Lo
que algunos dicen que quiso decir Napolitano...
¿Se
acuerdan de Osama? Provocamos un par de guerras en Irak y Afganistán, mandamos
un grupo de élite a otro país y, sin avisarle a sus autoridades, lo agarramos,
lo ejecutamos y lo echamos al mar. Lo único que estoy sugiriendo es que aquí
llevamos ya cinco años de guerra y 50 mil muertos. Y ya merito cae.
Lo
que aclaró Segob que el Homeland Security dice que en realidad dijo
Napolitano...
"Identificamos
un error en la traducción del inglés al español, por lo que se envía el
extracto del audio, además de la versión estenográfica en español y en inglés
debidamente traducida: '...yo no creo que va a suceder lo mismo con Guzmán, lo
único que estoy sugiriendo es que somos persistentes cuando estamos cerca del
mal y que daña a ambos países, al suyo y al nuestro. Así que este tema continúa
de una manera exhaustiva'...".
'Más ideas, menos spots'
La cultura política. Javier
Garciadiego: Presidente de El Colegio de México
Andro Aguilar
(4 marzo 2012).- Para
facilitar a los candidatos el conocimiento de los grandes problemas nacionales,
El Colegio de México editó una síntesis de la colección de 16 tomos y 8 mil
páginas que lanzó en 2010 con 354 ensayos de especialistas en diversas
disciplinas.
La
colección Los grandes problemas de México (Colmex, 2010) fue sintetizada en
este año electoral a cuatro volúmenes clasificados en Política, Economía,
Población y Sociedad, sin alterar el contenido de fondo. Cada ensayo fue
reducido de 30 a
5 cuartillas con el fin de que los presidenciables y otros candidatos lean y
nutran sus campañas con propuestas más que ocurrencias.
"Presentamos
esta síntesis para que la campaña en el fondo sea de discusión de ideas y no de
imagen o de spots", señala Javier Garciadiego, presidente de El Colmex,
"queríamos incidir en las campañas, queremos aportarle algo al país. La
propuesta de El Colegio de México es más debate, pero debate informado, no
descalificaciones".
La
nueva edición, afirma el historiador, está dirigida a todos los aspirantes a un
puesto público, desde los candidatos a la Presidencia de la República, hasta
los próximos integrantes del Congreso de la Unión y los precandidatos en las
siete gubernaturas en disputa.
La
colección, concebida desde un principio para aparecer durante el proceso
electoral a partir de la idea del sociólogo Rodolfo Stavenhagen, busca que los
candidatos electos dispongan de este instrumento para conocer mejor los
problemas del país, ya sea directamente o a través de sus equipos de asesores.
"Sabemos
que los políticos son gente que tiene muchas ocupaciones, que durante la
campaña atienden muchos actos, muchos eventos, que no van a disponer de tiempo
para leer".
El
investigador lamentó la forma en que la ley electoral ha delimitado los tiempos
del actual proceso electoral, principalmente con el periodo de intercampañas,
que ha propiciado una nula discusión de ideas entre los precandidatos.
"El
Colegio de México es una institución muy respetuosa de la legalidad, respetamos
la ley electoral, pero no estamos de acuerdo. Queremos que se discutan más
ideas".
La
colección estará disponible para el público también en el portal de internet de
El Colegio, como ha ocurrido con la colección original, que acumula más de 8
millones de consultas desde su publicación en 2010.
"La
población está cansada de oír spots vacíos en donde no se presenta problemática
alguna", lamenta el historiador.
-
Presentación: Arturo Alvarado, Ana Covarrubias, Gerardo Esquivel, Silvia
Giorguli, Fernanda Somuano y Javier Garciadiego. Martes 6, 18:00 horas. Sala
Alfonso Reyes de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa
Teresa. Informes: 5449 3000.
REVISTA PROCESO No. 1844
Los Tostado, tres
generaciones de violencia
PATRICIA DÁVILA
El
inverosímil suicidio de Pablo Tostado Zamudio con las agujetas de sus tenis en
el penal de Culiacán, el martes 28 de febrero, parece calcado del fin de su
padre, Pablo Tostado Félix, quien fue “encontrado” en la misma situación en un
penal de Durango en 2009. La espiral de violencia que desató en esta familia
una probable venganza de Manuel Beltrán Arredondo, un aliado del Chapo Guzmán,
alcanzó ya a decenas de personas en una trama violenta donde el Ejército y las
corporaciones de policía actúan sólo en segundo plano. El hijo de Tostado
Zamudio –José Pablo Tostado, campeón mundial Sub 17 con la Selección Mexicana
de Futbol– enfrenta ahora el coletazo de esta tragedia generacional.
Armas
de fuego tronaron el mediodía del martes 28 de febrero en el penal de Culiacán,
Sinaloa. Provenían del módulo 8.
Los
celadores que acudieron al área encontraron a uno de los presos de la celda 24
colgando de los barrotes de su dormitorio, sólo sostenido por un par de
agujetas enredadas en el cuello. Se trataba de Pablo Tostado Zamudio, quien
ingresó dos días antes, acusado de secuestro.
Con
su muerte, son ya tres generaciones de esta familia tocadas fatalmente por la
violencia en siete años. Tostado Zamudio es padre de José Pablo Tostado
Gastélum, exjugador de las Chivas, campeón del Mundial Sub 17 con la Selección
Mexicana y actual jugador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo
León.
Antes
que él fueron asesinados el bisabuelo del futbolista, Rigoberto Tostado Bazúa,
y su abuelo, Pablo Tostado Félix –identificado por las autoridades federales
como lugarteniente de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul.
Ahora,
su padre.
El
1 de junio de 2004, en Mazatlán, Sinaloa, Rigoberto Tostado, de 71 años, fue
baleado por dos hombres con rifles AK-47. La procuraduría estatal difundió que
los atacantes llegaron en un auto Nissan buscando a su hijo Alonso, pero éste
se dio cuenta y huyó por atrás de su casa. Los desconocidos dispararon contra
el anciano.
Más
complejo es el caso de Pablo Tostado Félix, el abuelo del joven campeón
mundial. Pasó su niñez y su juventud en El Aguaje, su pueblo natal, en el
municipio de Tamazula, Durango. Ahí conoció, entre otros, a los hermanos
Coronel: Magdaleno, Ignacio, Crispina y Benita, originarios del vecino
municipio de Canelas.
En
el libro Narcotráfico: El gran desafío de Calderón, de Alejandro Gutiérrez
(Editorial Planeta), se reproduce su testimonio sobre la juventud de Joaquín
Guzmán Loera: “Lo conocí allá en la sierra, cuando era simplemente un pinche
Chapo, no era nadie”.
De
Ismael El Mayo Zambada dice que lo veía “cuando era pobre, cuando estaba bien
jodido, fue muy amigo de El Chapo”. De hecho, añade, “fue mi primo Manuel
(Beltrán Arredondo) quien le dio cobijo a El Mayo en sus primeros años dentro
del negocio de las drogas”.
Era
la época dorada. El narco en el norte del país lo controlaba una sola
organización apadrinada por Ernesto Fonseca, Don Neto.
Las
penurias de Pablo Tostado Félix quedaron plasmadas en la investigación del homicidio
del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, perpetrado el 24 de mayo de 1993 en el
aeropuerto de Guadalajara, Jalisco. Los litigantes que siguieron la causa
obtuvieron la autorización del reo para publicar los datos y la documentación
está en poder del también abogado José Antonio Sánchez Ortega.
Otras
fuentes son el citado libro del corresponsal de Proceso en España, Alejandro
Gutiérrez, y las investigaciones de la reportera.
Según
el acervo sobre el homicidio del cardenal, las diferencias entre Tostado Félix
y Beltrán Arredondo surgieron el 6 de febrero de 2000, cuando alguien secuestró
a Rosa Emma Quintero Félix.
Su
esposo, Manuel Beltrán Arredondo, acusó a Tostado Félix de ser el autor. Los
plagiarios pedían como rescate 100 millones de dólares, 50 kilos de cocaína y
un lote de armas largas. Desde entonces los parientes, amigos y aliados de las
dos familias se han exterminado entre sí.
Pero
el documento Cronología de Pablo Tostado Félix, que forma parte del acervo
sobre el caso Posadas Ocampo, retrae el asunto hasta 1991, cuando Pablo y su
hermano Renato estaban en una hacienda en el kilómetro 1.5 de la carretera
libre a Celaya. Al verlos ahí, varios policías judiciales de Querétaro
intentaron detenerlos y se desató la balacera. Renato mató al policía Antonio
Hernández Trejo, pero el acusado por esa muerte fue Pablo, quien huyó a Estados
Unidos.
Narco
y venganza
Un
año después Pablo regresó y se instaló en Irapuato, Guanajuato, donde adquirió
tres ranchos. El 24 de mayo de 1993 ocurrió el asesinato del cardenal Posadas
Ocampo y posteriormente Pablo dijo a las autoridades que en el aeropuerto, en
el momento del tiroteo, estaba presente Magdaleno Coronel Villarreal, el
hermano mayor de Nacho Coronel (ambos murieron en Jalisco abatidos por el Ejército:
el primero el 3 de junio de 1993 y el segundo el 29 de julio de 2010).
Detenido
en Irapuato, el 12 de julio de 2000, Pablo Tostado fue trasladado el 11 de
agosto al penal de Puente Grande, Jalisco, acusado por la XVI Zona Militar con
sede en Sarabia de tener en su poder un mosquetón, que debió de entregar cuando
se dio de baja en el 12 Cuerpo de Defensas Rurales del estado.
De
ahí se lo llevaron en noviembre de 2002 al centro penitenciario de San José del
Alto, en Querétaro, para responder por el asesinato del policía. El 7 de abril
de 2004 quedó en libertad al revertirse el auto de formal prisión que se le
había dictado.
En
Guanajuato lo aguardaba otro proceso, ya que en 1999 fue acusado de secuestrar
a María del Refugio León Rodríguez, hija de Juvenal León Martínez. Este hombre
y su hijo del mismo nombre eran investigados por la venta de droga al menudeo,
según declaró el gobernador de la entidad, Juan Manuel Oliva Ramírez (El
Universal, 27 de febrero de 2007).
Para
llevarse a Tostado Félix se enviaron dos caravanas, una de ellas como
distracción contra posibles atacantes. Ambas salieron el 13 de abril de 2004, y
cuando los vehículos de señuelo circulaban por la carretera a Chichimequillas,
Querétaro, se toparon con un retén de supuestos agentes de la AFI que
bloqueaban el camino con cuatro camionetas.
Al
descubrir que en los vehículos iban militares, los supuestos afis intentaron
escapar en sus vehículos, pero ocho de ellos fueron detenidos tras una
persecución. La Procuraduría General de la República (PGR) reveló después que
se trataba de sicarios con órdenes de matar a Tostado Félix. De acuerdo con
información del acervo en manos del abogado Sánchez Ortega, el reo reveló que
su sentencia de muerte provenía del cártel de Sinaloa.
Se
identificó a los sicarios detenidos como los hermanos Ramón, Florencio y Miguel
Ángel Beltrán Holguín (El Comandante), Carlos Chávez Favela, Rafael Rocha
Ibarra, Jorge Buelnas Quintero (primo del capo Rafael Caro Quintero), Miguel
Ángel Arellanes Beltrán y Gilberto Cepeda Urbano.
Tres
días después Aarón Páez, director de Procesos de la procuraduría sinaloense,
declaró públicamente que los detenidos estaban vinculados con la organización
del Chapo Guzmán.
En
el capítulo Las revelaciones de Pablo de su citado libro, el reportero
Alejandro Gutiérrez señala que Pablo tenía que usar chaleco antibalas las 24
horas; además, el penal se vio obligado a asignarle 25 custodios para evitar
que lo mataran.
“Extrañamente,
ese 2 de marzo de 2005 faltó la custodia encargada de su seguridad. El
peluquero que lo rasuraba habitualmente aprovechó su posición detrás del
interno para hundir la charrasca en el cuello de Pablo. Hombre de acción al
fin, logró reaccionar a tiempo a sabiendas de que en cualquier momento la
muerte podía llegar”, describe Gutiérrez.
Agrega
que, en el penal, Pablo Tostado “sorprendió a las autoridades al echar por el
caño su seguro de vida: el silencio. Empezó a hablar de los más importantes
narcotraficantes del país”. Y sigue:
“Primero
ante la juez Cuarto de lo Penal en Irapuato, Angélica Mora Padilla y –ésta se
excusó– luego continuó ante el Juzgado Primero. Pablo les aclaró que el esposo
de su prima Emma es Manuel Beltrán Arredondo, un miembro del cártel de Sinaloa,
socio de El Chapo Guzmán, de Ismael Zambada, los hermanos Héctor y Arturo
Beltrán Leyva y de Ignacio Coronel.
“Entonces
Pablo dio a conocer, por primera vez, que estos narcotraficantes se habían
aliado nuevamente y estaban trabajando como La Federación de Cárteles o como el
‘megacártel’, que integran los narcos mencionados, además de Enrique Fernández,
El Kiki Fernández, su primo político Manuel y su sobrino Julio Beltrán, entre
otros operadores en el resto del país.
“Para
tener una idea del poder de Manuel Beltrán –se aventuró el reo–, él es compadre
de Francisco Labastida Ochoa y le pagaron la campaña. Juan S. Millán pagó la
campaña de Labastida con dinero de Manuel y de su hijo Julio Beltrán Quintero.
El narcotráfico paga las campañas y tienen un enorme cobijo y protección.”
Según
estas declaraciones, en el sexenio pasado el principal protector del Chapo
Guzmán fue el titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha. Y los protectores
de Beltrán Arredondo han sido los exgobernadores de Sinaloa Renato Vega
Alvarado y Juan S. Millán.
“Quien
paga para que me mantengan aquí y le puso precio a mi cabeza es Manuel Beltrán
Arredondo”, argumentó Tostado Félix. Hizo notar que su prima cambió su
declaración porque repentinamente “recordó una voz que dice es la mía, la que
negociaba el rescate de su secuestro, por el cual se pedían 100 millones de
dólares, 50 kilos de cocaína y 30 armas largas.”
Pero
la cárcel era una molestia menor para él: “Mi caso es tan complejo, que ya se
involucraron El Chapo Guzmán y sus primos, los Beltrán Leyva. Cuando Emma
estuvo secuestrada, ellos movilizaron a más de 800 hombres armados en la sierra
de Sinaloa, Chihuahua y Durango buscándola”.
Supone
que le imputaron el delito cuando “un santero cubano le dijo a Manuel que el
responsable del secuestro era un familiar. Entonces Manuel no lo pensó dos
veces, me la echó a mí. Ahí está su declaración: de la noche a la mañana, él
llega y empieza mi calvario. Yo le pedí a un medio hermano de Manuel, Joel
Beltrán Rivas, que le diera mi teléfono para que me hablara y aclaráramos las
cosas, porque él andaba diciendo en Tamazula (donde nació Pablo) que yo tenía
que ver con el secuestro.
“Me
hablaron Manuel y (su hijo) El Julión, y yo les dije, pues ustedes saben que yo
no tengo nada que ver, yo tengo 20 años que me salí de mi tierra, fíjense bien en
los enemigos que tienen por allá, que imagino que deben ser muchos, y búsquenle
por otro lado”, relata Tostado.
Por
toda respuesta, los Beltrán “secuestraron a varias personas cercanas de Pablo,
como a Santos Cháidez Félix, el 26 de mayo de 2000, y un mes después secuestran
a Ismael Calderón Félix, cuya única participación fue hacerle llegar a Manuel
Beltrán el número telefónico de Tostado.
“Me
ponían al teléfono en el momento en que los torturaban y me decían ‘entrégame a
mi esposa y te entrego a éste’. Yo le decía, Manuel, nada tengo que ver, tú
controlas la región, si yo hubiera entrado a Tamazula te hubieras dado cuenta.”
Pero
Manuel Beltrán continuó con su venganza: según el informe de Ortega Sánchez, el
19 de noviembre de 2000, en Celaya, Guanajuato, un comando secuestró a Carolina
y Alfonso, hermanos de Pablo, junto con sus sobrinos Nadia y David, entonces de
10 y 12 años.
Los
tuvieron un mes con los pies atados y los ojos vendados. El Chapo era el
interlocutor para presionar a Pablo; por teléfono le dejaba escuchar su voz
para comprobar que los tenía cautivos. Le decía que entregara a la señora Rosa
Emma a cambio de sus familiares.
El
5 de diciembre de 2000, la esposa de Manuel Beltrán quedó libre cerca del
poblado Peña y Cebollitas, municipio de Canelas, Durango. En su declaración
ante el agente del Ministerio Público José Luis Reyes Morales, en la capital
del estado, declaró que no podía identificar a sus captores. Pero como mencionó
a Tostado Félix, tres años después amplió su declaración y afirmó que sí
reconocía a Pablo. Pocos días después fueron liberados Carolina, Alfonso, Nadia
y David.
Las
cosas no volvieron a la calma. La cronología de vida de Pablo Tostado Félix,
integrada a la investigación de Posadas Ocampo, registra que el 6 de febrero de
2001 fue asesinado su abogado, Ulises Soto Sánchez, en sus oficinas de
Irapuato.
Todo
por la enemistad del capo sinaloense: “El Chapo Guzmán y yo coincidimos en el
penal de Puente Grande. Yo lo conocía, nos veíamos pero no éramos enemigos ni
amigos, pero de ahí para acá El Chapo ya se volteó completamente contra mi
persona, y ahora está detrás de todo esto, a partir de ahí me declaró la
guerra… es lógico, ahora que él está fuera (de prisión), sabe que yo sé todo y
lo estoy denunciando, pues amigos ya no somos. Ahora ya somos enemigos. Una
persona que secuestra a mi familia, será mi enemigo siempre”.
No
tenía dudas: “Me matan a mi abogado, me secuestran a mi familia, me matan a mis
amigos, me matan a mi papá, ¿qué más? Me fabricaron orden de aprehensión, ellos
me tienen preso, esas personas están financiando mi estancia aquí”.
Pero
Pablo Tostado Félix no habló esa vez de la muerte de sus enemigos. Un mes antes
de que muriera el padre del declarante, el 29 de mayo un hijo de Manuel Beltrán
y Rosa Emma llamado Adolfo fue ejecutado de dos balazos en el restaurante Los
Gavilanes, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Un
año después, el 13 de julio, el otro hijo de la pareja, El Julión, fue abatido
a tiros en la avenida Álvaro Obregón de Culiacán. El propio Manuel Beltrán cayó
a manos de tres sicarios el 3 de noviembre de 2007, en la galería San Miguel,
de la misma ciudad. El 30 de mayo de 2009, en Tamazula, asesinaron a Rafael,
hermano de Manuel Beltrán.
El
23 de abril de 2009, Pablo Tostado Félix fue absuelto del secuestro que se le
imputaba en Irapuato. Tres centenares de policías se lo llevaron al penal
duranguense, donde lo esperaba el proceso por el secuestro de Rosa Emma.
Al
llegar a Durango lo aguardaban en el aeropuerto 500 efectivos policiacos que lo
custodiaron hasta el Cereso. Ahí lo clasificaron como reo de alta peligrosidad
y lo encerraron en el área de visita conyugal, sólo que sin la vigilancia extra
que tenía en el presidio de Guanajuato.
“En
el penal todos hablaban de una recompensa de 100 mil dólares que ofrecían por
su cabeza”, comentan custodios de ahí a la reportera. Finalmente, dicen, se
pagaron 2 millones de pesos por la ejecución. La tarde del 5 de mayo Pablo
apareció ahorcado con las cintas de sus tenis. “Se suicidó”, fue el dictamen de
la procuraduría estatal.
Venganza
en los hijos
Aprehendido
el 24 de febrero en Jalisco por policías estatales y de la Unidad Especializada
Antisecuestros (UEA) de Sinaloa, Pablo Tostado Zamudio –nieto de Rigoberto
Tostado Bazúa (de quien no se consiguió una fotografía), hijo de Pablo Tostado
Félix y padre del futbolista José Pablo Tostado Gastélum– fue trasladado de
inmediato al penal de Culiacán. Para la PGJ de Sinaloa, encabezaba una banda de
plagiarios que operó de 2000
a 2003 en esa entidad y en Durango.
El
cargo oficial era la autoría intelectual del plagio de un empresario sinaloense
y su hijo, cuyas identidades se han reservado las autoridades.
Portales
informativos como mediotiempo.com señalan que la noche del 11 de noviembre de
2003 dicho empresario y su hijo se retiraban de un negocio de su propiedad
(Forrajes El Barrio), ubicado en la capital, cuando le cerraron el paso dos
automóviles con “torretas rojas” que simulaban las policiacas. Los delincuentes
dejaron libre al empresario para que buscara el millón de pesos que solicitaban
por el rescate de su hijo, pero el joven logró escapar.
Otro
portal, myspace.com, señala que la víctima fue liberada por la policía 14 horas
después del plagio. En los dos casos se dice que el cobro del rescate no se
concretó, y en cambio se arrestó a cuatro personas.
Desde
entonces la fotografía de Pablo Tostado Zamudio apareció en el cartel de los
secuestradores más buscados del país, que se reproduce en la página de internet
de la PGJE. Consultada este viernes 2, su foto apareció marcada con la leyenda
“capturado” en letras rojas. Para huir de la justicia, Tostado Zamudio se
refugió un tiempo en Estados Unidos con un nombre falso.
Cuando
lo detuvieron se declaró inocente. El juez cuarto penal le dictó auto de formal
prisión por secuestro agravado y asociación delictuosa, según el expediente
procesal 326/2003 de la Unidad Especializada Antisecuestros. Tostado Zamudio no
fue juzgado. Dos días después de su arribo al penal murió ahorcado.
La
mayoría de los medios de Culiacán se refieren a él como el “heredero” del
“oficio” de secuestrador, en alusión a su padre.
Un incierto futuro
LUCIANO CAMPOS GARZA
MONTERREY,
NL.- El año pasado el futbolista José Pablo Tostado Gastélum se proclamó
campeón del mundo en la categoría Sub 17 con el equipo mexicano. A mediados de
febrero pasado su padre fue detenido bajo el cargo de pertenecer a una banda de
secuestradores. Días después de haber sido recluido en el penal de Culiacán,
fue hallado muerto en su celda.
A
partir de entonces el joven jugador se ausentó de los entrenamientos para
ocuparse, dijo, del asunto familiar. Su equipo, Tigres de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL), anunció que le dará el respaldo que necesite,
desde atención psicológica hasta asesoría legal, pues la directiva está
satisfecha con su conducta desde que llegó al club en septiembre pasado,
después de que Chivas lo corriera con el argumento oficial de que se negaba a
estudiar.
Una
fuente cercana al club nuevoleonés dice que el jugador no tenía contacto con su
padre.
Tostado
Gastélum, que nació el 24 de julio de 1994, jugó los siete partidos de la
Selección Mexicana en la edición 14 del campeonato mundial Sub 17. Participó en
la final contra Uruguay, que los locales ganaron 2 a 0 en el estadio Azteca, el
10 de julio de 2011. El número 18, José Pablo, no anotó gol pero los buscadores
de talentos le advirtieron suficiente calidad futbolística.
Pasada
la efervescencia mundialista, el muchacho que creció en Culiacán, Sinaloa, se
incorporó a las fuerzas básicas de las Chivas de Guadalajara. Su futuro parecía
prometedor, ya que la institución tapatía suele ofrecer a los jugadores que se
forman en sus fuerzas básicas oportunidades de llegar a la primera división.
Como
es regla en el equipo, José Pablo estudiaba en el colegio Educare, que al igual
que Chivas es propiedad de Jorge Vergara. Pero los directivos del club
consideraron que el joven fallaba en sus estudios, lo que lo convirtió en un
jugador inelegible. Rafael Ortega, presidente deportivo de Chivas, lo exhibió
públicamente:
“Dentro
de las reglas que tenemos en Chivas –declaró ante la prensa– es que los jóvenes
estudien, que estén acudiendo a su escuela en Educare. Y esto lo hacemos porque
el futbol es incierto; es importante que ellos se preparen porque no sabemos,
el día de mañana, (si se tome) alguna decisión (para despedirlos) o que
simplemente no les alcance su nivel para estar en la primera división.
Procuramos que estén estudiando de forma paralela, para que eso les sirva
también de crecimiento personal.
“Entonces
la situación fue muy simple: Pablo no se pudo adaptar a acudir a la escuela.
Entonces, aquí en Chivas no bloqueamos a nadie, por lo que preferimos darle la
libertad para que él buscara otro equipo en donde pudiera haber un poquito más
de flexibilidad en el asunto de la escuela.”
Así,
Tostado Gastélum no alcanzó a debutar en un partido de la primera división con
el equipo principal de Chivas, que en ese entonces dirigía José Luis Real. Sólo
jugó un amistoso contra Juventus, el 28 de julio del año pasado y en Carolina
del Norte. Los mexicanos perdieron 1-0 frente a los italianos.
A
decir de Rafael Ortega, fue el presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez
Miechielsen, quien le comunicó su interés por el jugador. El mismo día en que
se anunció su salida de Guadalajara, el equipo de Nuevo León presumió de su
nueva contratación. Una fuente de Tigres señala que el holandés Dennis Te
Kloese, entonces director de fuerzas básicas de Tigres, se encargó de los
detalles de la incorporación.
Una
nota publicada en el suplemento deportivo Cancha el 23 de septiembre refiere
que el representante del joven en la negociación con Tigres fue su padre, a
quien identifican como “Juan Tostado”. La directiva aclaró el 1 de marzo que se
trató del abuelo materno de José Pablo.
Jorge
Vergara reaccionó ante la inmediata contratación del que fuera su jugador:
“Tigres es curioso: son una universidad y reciben a alguien que no quiere
estudiar, pues entonces no tiene nada de raro. Estoy seguro de que él está
valorando ahorita, y perdió mucho al salir de Chivas, la escuela, el hecho de
que creamos en los jóvenes, en los debuts, etcétera. Pero es consecuencia de lo
que hizo y él tendrá que pagar esas consecuencias”, declaró el 27 de
septiembre.
El
presidente de Tigres le respondió al día siguiente: “Quiero recordarle a él
(Vergara) que Sinergia Deportiva, el club Tigres, lleva los colores de la UANL,
pero no tiene absolutamente nada que ver con ésta desde el punto de vista
académico”.
Y
agregó que Tostado sí estudiará: “Todas las gentes de fuerzas básicas, antes de
entrar a lo profesional, tienen, por política nuestra, que estudiar. No te
puedo decir el pupitre o el salón donde va a estudiar, pero lo hará”.
Noticias
demoledoras
José
Pablo Tostado se mudó a Nuevo León, pero no pudo jugar de inmediato con la Sub
20 de Tigres porque el torneo ya había arrancado y él había jugado con Chivas.
Tuvo que esperar hasta enero para portar la playera del equipo con el número
98.
Ahí
Tostado se encontró con dos de sus compañeros campeones mundiales Sub 17: Jair
Zacarías y Jorge Espericueta, formados en las fuerzas básicas de Tigres.
El
recién llegado se instaló en una de las dos casas club del equipo en la colonia
Anáhuac de San Nicolás, cerca del estadio Universitario, sede del equipo mayor
de la UANL, que en diciembre se proclamó campeón del torneo Apertura 2011.
Un
conocido suyo lo describe como un muchacho de bajo perfil, disciplinado, que
comienza a adaptarse a la vida en Monterrey. En efecto, Tostado decidió continuar
sus estudios e ingresó a la Preparatoria 7 de la UANL.
El
entrenador, Ricardo Ferretti, lo incluyó entre los 25 integrantes del equipo
que jugó el repechaje de la Copa Libertadores ante el equipo chileno Unión
Española. Tigres fue eliminado tras dos juegos de visita recíproca, y Tostado
no entró a la cancha.
A
principios de febrero se enfermó su abuelo materno, radicado en Guadalajara,
donde también vive la madre de José Pablo. Él pidió permiso a la directiva para
atender este problema familiar.
En
Guadalajara lo sorprendió la noticia del arresto de su padre, Pablo Tostado
Zamudio, realizado en la misma ciudad bajo la presunción de que es líder de una
banda de secuestradores, después de lo cual fue trasladado a Culiacán, donde
sería procesado por un ilícito cometido en 2003.
No
obstante, el futbolista regresó a Nuevo León a seguir con la escuela y su nuevo
equipo, pero el 27 de febrero, después del entrenamiento matutino, le
informaron que habían encontrado a su padre muerto en su celda. José Pablo
regresó a Guadalajara, y de ahí viajó con su madre a Culiacán para resolver los
trámites relacionados con el fallecimiento.
Por
supuesto, esa semana faltó a los entrenamientos. Con todo, en una conferencia
de prensa realizada el jueves 1, el presidente de Tigres enfatizó: “Cuando
supimos lo de su señor padre, tenemos muy claro que mientras los
acontecimientos (conductas impropias) de nuestros jugadores no los hagan ellos
en lo personal, como lo que hizo su pariente más cercano, que es su señor
padre, vemos que él no tiene ninguna culpa”.
Por
ello, dijo de José Pablo, “cuando regrese le vamos a ofrecer toda la ayuda para
que siga su carrera profesional y siga siendo un futuro en el futbol mexicano…
y que si esta situación le afecta en lo emocional, parte psicológica o física,
darle todo el apoyo al muchacho, que aquí se ha portado muy bien y ha dado lo
mejor de sí”.
El arraigo, fábrica de
culpables
GLORIA LETICIA DÍAZ
Pese
a los reclamos de activistas sociales, abogados y organizaciones defensoras de
los derechos humanos nacionales y extranjeras, el gobierno calderonista se
niega a terminar con el arraigo, bajo cuya oprobiosa figura jurídica las
autoridades policiacas y militares detienen a cualquier ciudadano que ellas
consideran sospechoso. Tal es el afán por fabricar culpables, que no se
preocupan por demostrar si en realidad lo son. Proceso reproduce los
testimonios de algunas de las víctimas que simplemente no saben por qué se
ensañaron con ellas.
Eran
las ocho de la noche del 20 de noviembre último cuando un sedán color arena se
le cerró al auto que conducía Edwin Emilio Escamilla Cabrera en la ciudad de
Pachuca, donde trabaja como policía preventivo. De él descendió un sujeto que
le preguntó: “¿Eres hijo de Francisco Escamilla Amado?”…
Sin
darle tiempo a responder, lo sacó por la fuerza de su Chevy Monza para subirlo
al sedán donde lo esperaban tres personas. Comenzaron a golpearlo; luego lo
llevaron a las oficinas de la Policía Ministerial y siguieron torturándolo.
Al
segundo interrogatorio, Edwin, de 29 años, se dobló y firmó un documento en el
que aceptó que durante ocho meses colaboró con El Pino, a quien le informaba
sobre operativos policiacos. Más tarde se enteró de que El Pino se llama José
Vega Pérez y trabaja para Los Zetas; supo también que José Augusto Vega Pacheco
y 10 policías de Actopan con los que supuestamente está relacionado también
estaban detenidos.
Edwin
estuvo incomunicado tres días en los separos de la procuraduría hidalguense. De
ahí fue trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la Ciudad de México.
Apenas
se enteraron, su madre, Liliana Cabrera Vizueth, y su esposa corrieron para la
capital. El día 24 de noviembre su pareja pudo verlo durante cinco minutos,
poco antes de que los agentes de la PGR lo llevaran al Centro Federal de
Investigación, ubicado en la colonia Doctores, acusado de delincuencia
organizada (expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/507/2011). Nada pudo hacer la abogada
de Edwin, Angélica Nieto Acosta.
Del
26 noviembre al 1 de enero de 2012, Edwin y tres personas estuvieron arraigados
en una pequeña celda que tenía una ventana por la que no podían asomarse. Sólo
podían salir de su encierro 40 minutos: 10 para tomar sus alimentos y el resto
para “ejercitarse”.
Durante
ese periodo de cautiverio tuvo que vestir pantalón gris y playera amarilla.
Tenía prohibido levantar la mirada aun ante su madre, su mujer y sus dos hijos
pequeños que lo visitaron en varias ocasiones; no podía verlos ni tocarlos.
“Los niños lloraban desesperados porque no podían tocar a su papá”, cuenta su
esposa Érika Hernández.
El
1 de enero, Edwin y los 10 policías de Actopan fueron sacados del centro de
arraigo de la PGR.
“A
mi hijo lo estuvieron paseando hasta que después apareció en el Cefereso de
Villa Aldama; los de la SIEDO sabían que el juez ya no les iba a aprobar la
ampliación del arraigo para mi hijo, porque no había nada contra él.
“Al
final la SIEDO se sacó de la manga un testigo protegido de nombre Venus, un
supuesto sicario de Los Zetas, quien dijo que Edwin era policía municipal de
Actopan, pese a que él nunca ha estado en esa ciudad y aun cuando los
uniformados de ese municipio dijeron que no conocían a mi hijo. No obstante, el
juez de Villa Aldama, Veracruz, le decretó el auto de formal prisión”, relata
doña Liliana Cabrera.
Edwin
es hijo de Emilio Francisco Escamilla Amado, el comandante de Tránsito y
Vialidad de la Policía Municipal de esa ciudad que fue detenido el 29 de junio
de 2009 junto con 200 de uniformados hidalguenses por sus presuntos nexos con
el crimen organizado. Hoy, Edwin y su padre, así como los 200 policías, están
recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social 5 de Villa Aldama.
Doña
Liliana y su nuera se ven cansadas. Dicen que aun cuando padre e hijo están
recluidos en el penal veracruzano, el proceso contra Francisco es llevado en
Tepic, Nayarit, mientras que el de Edwin se sigue en Almoloya, Estado de
México.
“Sólo
vivimos para ellos. Y aunque no tenemos dinero suficiente, tenemos que estar en
todos lados… Sabemos que son inocentes”, sostiene doña Liliana.
El
caso de Israel Arzate
Otro
caso oprobioso es el de Israel Arzate Meléndez, quien tras ser detenido y
torturado por militares terminó por aceptar que él había participado en la
masacre de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, ocurrida a finales
de enero de 2010.
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio seguimiento a su caso y en
agosto del año pasado emitió la recomendación 49/2011; al mes siguiente, el
Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU exigió la liberación
de Arzate, juzgado bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio vigente
en Chihuahua desde 2007.
Arzate
estuvo en prisión preventiva durante un año en el Centro de Readaptación Social
de Ciudad Juárez. Después estuvo bajo arraigo y al vencer el plazo de 10 meses
que fija el sistema penal acusatorio el fiscal debió presentar la relación de
pruebas y dictaminar sobre su caso, pero no se cumplió con ese procedimiento.
En
su informe del 9 de septiembre de 2011, el organismo de la ONU expone que “ante
la ausencia de pruebas reales”, el arraigo impuesto a Arzate es “contrario a
las normas internacionales de derechos humanos”.
Jacqueline
Sáenz Andujo, coordinadora de Defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel
Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que junto con el Centro Juárez de Apoyo a
Migrantes y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez asumió la defensa de Arzate,
sostiene que “durante los primeros 10 meses la fiscalía no formuló más
elementos contra el detenido. La juez de garantía Carmen Leticia Prieto Ruiz le
impuso arraigo domiciliario en la vieja academia de policía de Ciudad Juárez”.
Sáenz
Andujo comenta que está por resolverse un amparo contra el arraigo de su
cliente; también están en revisión en tribunales colegiados los amparos
rechazados contra los autos de vinculación a proceso por el multihomicidio de
Villas de Salvárcar y otro por robo de vehículo, “fabricado por los militares
para justificar la detención de Israel en flagrancia”.
Guadalupe
Meléndez, madre de Israel, cuenta a Proceso las condiciones en que vive su
hijo: “La habitación donde está arraigado tiene puerta de metal, lo que le
impide ver la luz del día; sus custodios no lo dejan hacer ejercicio y lo
humillan todo el tiempo. Su alimentación es muy mala y sólo me dejan verlo dos
veces a la semana, los martes y los domingos. Yo le llevo comida cada semana
para que se prepare”.
Meléndez,
quien cuenta con medidas cautelares emitidas por la CNDH, luego de que una
partida de soldados sacó a su hijo del Cereso para que les mostrara dónde vivía
su madre, lamenta la incomunicación en que vive Israel.
“Él
tiene su esposa y su hijo de 10 años, pero no puede hablar con ellos porque se
fueron a El Paso, pues el niño tiene la nacionalidad estadunidense. Hace año y
medio que no los ve; no quiere que se involucren en este problema. Pero cada
que me llama por teléfono, mi nieto me pregunta cuándo va a salir su papá”,
dice la señora.
La
abogada Jacqueline Sáenz agrega que la medida cautelar resultó tan restrictiva
que los abogados de Israel no pueden verlo sin aviso previo, lo que dificulta
la defensa.
“Las
autoridades alegan que el arraigo se impuso porque nosotros solicitamos el
amparo contra el auto de vinculación a proceso, pero ese trámite lo iniciamos
después de que venció el plazo para que aportaran más pruebas contra Israel,
además de la confesión que él hizo bajo tortura. Resulta grave que la juez de
garantías mantenga en esas condiciones a una persona que nunca debió ser
sometida a proceso”, sostiene Sáenz.
Le
preocupa, dice, que los vicios del sistema inquisitorio, como las confesiones
arrancadas bajo tortura, se reproduzcan en el nuevo sistema, sobre todo “en
casos en que hay la legítima exigencia social de respuesta inmediata, como en
la de Villas de Salvárcar. Lo penoso es que se violen derechos humanos de
Israel para que el gobierno de Chihuahua y el federal puedan decir que
cumplieron”.
En
su informe, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU –al que
el gobierno de Felipe Calderón aún no responde– resalta que mientras a Israel
se le han violado sus derechos, “las masacres alegadas y de las que se le ha
acusado… siguen en la impunidad”.
El
organismo internacional insiste en que Israel Arzate debe ser liberado, y exige
una investigación sobre las torturas a las que fue sometido y que haya una
reparación “completa y adecuada por los daños y perjuicios sufridos”.
Además,
se sumó a la exigencia de otros organismos de la ONU y a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que piden derogar las disposiciones
constitucionales y legales que establecen el arraigo, así como “la facultad
otorgada a las Fuerzas Armadas de participar en la investigación y persecución
de hechos delictuosos, y prohíba que practiquen aprehensiones, arrestos y
detenciones de civiles, pues no tienen ni deben tener funciones policiales”.
La
pesadilla de Mauricio Marichal
Alfredo
Mauricio Marichal Cancino es músico; además, cursó Estudios Latinoamericanos en
la UNAM y está a punto de titularse como licenciado en Comunicación Social en
la UAM. Él estuvo sometido a arraigo durante 26 días, y dos días más bajo la
custodia de agentes del Ministerio Público de la delegación Magdalena
Contreras.
Sobrino
de la actriz y promotora cultural Julia Marichal Martínez, Alfredo Mauricio fue
considerado el principal sospechoso de su muerte ocurrida el 15 de noviembre
último. Recuperó su libertad luego de la detención de Pedro Osvaldo Castellanos
González y Ana Betsaida Duarte Acosta, quienes presuntamente confesaron el
crimen.
Mauricio,
su hermano Bruno y su madre María Luisa Cancino accedieron a narrar la
experiencia que vivieron. “No hubo ningún tipo de reparación a nuestra imagen,
ni siquiera una disculpa”, sostiene Mauricio, quien atribuye su liberación a
las manifestaciones que organizaron sus compañeros de la universidad y sus
amigos y familiares que, dice, sabían que él era inocente.
Relata
que todo empezó con una denuncia presentada a finales de noviembre por la
familia Marichal en el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes
(CAPEA), luego de que detectaron que Julia Marichal no contestaba las llamadas
telefónicas.
El
2 de diciembre los agentes de la dependencia pidieron a la familia que abrieran
la casa de la actriz para investigar. Ese día Mauricio disponía de tiempo y
decidió apoyar a los investigadores.
“Todo
fue muy extraño. Cuando ingresamos a la casa de mi tía observé que los agentes
agarraban las cosas sin cuidado. Cuando salimos, unos agentes se fueron directo
al patio, abrieron la cisterna y sacaron una bolsa y comenzaron a decir que era
la cabeza de mi tía”, relata Mauricio.
El
joven fue llevado a la agencia investigadora de Magdalena Contreras, invitado
por los agentes para que diera cuenta del hallazgo. Del día 2 al 4, Mauricio
estuvo en poder de los agentes y no se le permitió ver a su familia ni a su
abogada.
“No
me dejaban dormir, llegaban y me decían que les explicara cómo había matado a
mi tía, otro me decía que sólo un familiar pudo haber cometido un crimen así y
que era por una herencia”, dice el entrevistado.
En
la sala de espera de la delegación, su familia era también maltratada por los
agentes ministeriales. “Nos querían vender en 20 mil pesos el expediente desde
el principio”, asegura la madre de Mauricio.
El
4 de diciembre, el juez 31 penal otorgó a la PGJDF una orden para arraigar a
Mauricio. Su abogada no estuvo presente.
En
el centro de arraigos, ubicado en Azcapotzalco, Marichal compartió un espacio
de tres por seis metros con cuatro personas. “Como el delito que me achacaban
era grave, conmigo estaban personas acusadas de delincuencia organizada,
secuestro y homicidio. Yo me sentía amenazado porque los custodios no tenían
cuidado con mis datos personales.
“Delante
de todos decían que yo era músico, que era primo de Kalimba y que había matado
a mi tía actriz; algunos me hostigaban y me decían que de cuánto había sido la
herencia y que yo estaba bien panqué (adinerado)… Estás encerrado con esa gente
21 horas del día, sin hacer nada, sólo puedes salir de la celda tres horas.”
Durante
el tiempo de visita, de 12 a
15 horas, “los agentes me sacaban a diligencias, esposado. Hacían que corriera
el tiempo para que no viera a mi familia; me decían que no me querían, que se
habían olvidado de mí”.
En
el centro de arraigos capitalino, recuerda Mauricio, a los detenidos se les
obliga a caminar sobre una línea y son esposados a sillas durante las
diligencias o cuando reciben visitas. “Es doloroso ver a un familiar al que no
puedes abrazar”.
Mientras
estaba arraigado, su familia fue sometida a investigación. Sus celulares y sus
teléfonos fijos, así como sus correos electrónicos, fueron intervenidos;
incluso fueron citados por el Ministerio Público para que declararan sobre el
asesinato de Julia Marichal.
“Era
desesperante y desmoralizante, porque al paso del tiempo te dabas cuenta de que
a los agentes no les interesaba saber la verdad, sino hacernos caer en
contradicciones para incriminar a mi hermano”, comenta Bruno, quien durante el tiempo
en que Mauricio estuvo arraigado sintió impotencia, desesperación e insomnio.
Bruno
y su madre María Luisa recuerdan que durante ese periodo algunas revistas
“nefastas” publicaron datos tergiversados de la averiguación previa, así como
fotografías de la reconstrucción de los hechos filtradas por la procuraduría
capitalina.
Hoy,
Mauricio Marichal se siente desalentado por los gastos que hizo su familia para
demostrar su inocencia, por las filtraciones de la procuraduría y por el manejo
de sus datos personales durante el arraigo. “Quedamos muy expuestos ante la
delincuencia”, resume.
Dice
que como lo acusaron de feminicidio, hoy “muchas vecinas me cierran la puerta
cuando me ven; incluso una de mis sinodales de la UAM simplemente me dijo que
no quería saber de mí”.
Para
él, lo peor de todo es que aun cuando los presuntos asesinos ya confesaron y la
procuraduría encabezada por Miguel Ángel Mancera Espinosa, aspirante a jefe de
gobierno, fue incapaz de formularle una acusación sólida, no le han reparado
los daños.
Medida ineficaz y
perniciosa
GLORIA LETICIA DÍAZ
Instrumento
jurídico de la guerra contra el narcotráfico, la figura del arraigo ha
resultado prácticamente ineficaz para la administración calderonista pues hasta
la fecha la Procuraduría General de la República (PGR) sólo ha podido consignar
ante juzgados federales a 3% de las personas presuntamente vinculadas con el
crimen organizado.
De
junio de 2008 a
octubre de 2011, 6 mil 562 personas estuvieron en centros de arraigo de la
dependencia entre 40 y 80 días mientras se investigaba si tenían nexos o no con
las bandas delincuenciales. Al final sólo 212 recibieron sentencia
condenatoria.
Por
lo que atañe a las personas detenidas por elementos de las Fuerzas Armadas –7
mil 591por efectivo de la Secretaría de la Defensa Nacional y mil 84 por
elementos de la Marina–, los jueces especializados en cateos, arraigo e
intervención de comunicaciones aprobaron la medida cautelar en mil 391casos;
del resto no se sabe nada.
Los
datos anteriores forman parte de una investigación de la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organización que ha
documentado violaciones a garantías individuales de casi 300 personas que han
estado bajo arraigo en casos en los que ha participado personal de las Fuerzas
Armadas.
Coordinados
por Sergio Méndez Silva y los abogados Silvia Vázquez, Octavio Amezcua y
Silvano Cantú, todos ellos de la organización, emitirán un nuevo informe sobre
el arraigo, figura que incluso fue reprobada por la Alta Comisionada de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, durante su
visita de agosto pasado a México; al mes siguiente el relator especial para
México de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, denunció que el gobierno calderonista
no le permitió ingresar al Centro Nacional de Arraigos.
Los
abogados de la CMDPDH comparten a Proceso los resultados preliminares de sus
indagaciones que en breve presentarán ante el Parlamento Europeo y ante la
CIDH. Para ellos, “el arraigo ha generado un clima de impunidad; no sólo es una
medida que afecta los derechos humanos, sino que pretende tapar la ineficacia
en la investigación. Al final –dicen– lo que se hace es fabricar culpables y
para ello se recurre a la tortura”.
Sostienen
también que el “vínculo casi indisoluble” entre el arraigo y la tortura fue
evidenciado desde 2009 por el Subcomité para Prevención de la Tortura de la
ONU, luego de que, tras revisar los exámenes médicos de 70 personas arraigadas
por la PGR, sus investigadores detectaron que en la mitad de los casos había
“signos de violencia”.
Además,
las pruebas obtenidas durante los arraigos –que las autoridades no pudieron
robustecer durante los procesos penales– provocan que la mayoría de los
detenidos recuperen su libertad. Y citan como ejemplo el michoacanazo de 2009,
en el cual la PGR no pudo demostrar los presuntos nexos de los alcaldes y
colaboradores del gobierno de Leonel Godoy con el narcotráfico.
Para
Silvano Cantú, lo más escandaloso es que la mayoría de los arraigos a partir de
2008 fueron hechos por juzgados ilegales: “La reforma constitucional de ese año
refiere la existencia de jueces de control y jueces de garantía que van a
emitir estas órdenes cautelares (cateos, arraigos e intervención de
comunicaciones) y vigilar que se respeten los derechos humanos de las personas
privada de libertad, pero los artículos transitorios de la misma reforma fijan
la entrada en vigor de estos jueces a partir de 2016” .
Figura
inoperante
La
prisa por operar la figura del arraigo –“única en el mundo, una especie de pena
preprocesal”, apunta Cantú – llevó al Consejo de la Judicatura Federal a crear
seis juzgados especializados a través de un acuerdo publicado en el Diario
Oficial de la Federación, que comenzaron a funcionar en enero de 2009.
No
obstante, el abogado aclara que “el Consejo de la Judicatura no tiene
atribuciones constitucionales para crear juzgados en materias distintas a las
ya existentes”. Dice que a todas estas irregularidades se suma la actuación de
las Fuerzas Armadas en detenciones “en las que no hay claridad de cuáles son
sus atribuciones para realizarlas”.
Resulta
peor aún que una vez que se decreta el arraigo no existe ningún recurso para
combatirlo, sostiene su colega Sergio Méndez: Y expone: “El amparo no procede
porque el Ministerio Público y los propios jueces juegan con los tiempos
procesales y para colmo el dictamen de la nueva ley de amparo que aprobó el
Senado, y que ahora está a disposición de la Cámara de Diputados, considera
improcedente el amparo cuando se impugnan normas constitucionales, entre ella
el amparo”.
Octavio
Amezcua agrega: “En los juicios de amparo que hemos seguido, impugnamos desde
la detención porque en los casos que llevamos no hay órdenes judiciales ni
flagrancia, por lo que no hay elementos que justifiquen el arraigo, pero se
deja pasar el tiempo de manera que el ministerio público cambia la situación
jurídica del arraigado por el de indiciado, y en ese momento el juez sobresee
el juicio”.
Detalla
que la mayoría de los asuntos documentados por la CMDPDH corresponde a policías
municipales o ministeriales detenidos en Tabasco, Hidalgo, Baja California y
Michoacán.
“Las
autoridades federales y el Ejército se han ensañado particularmente con
policías locales en su afán de imponer la imagen de mano dura de las Fuerzas
Armadas y desprestigiar a las civiles; el caso más emblemático que llevamos es
el de la detención masiva de 150 policías municipales de Pachuca en 2009; el
problema es la forma en que se están llevando a cabo estas detenciones y la debilidad
de las pruebas que presenta la PGR contra los involucrados”, comenta Amezcua.
La
inoperancia del amparo en casos de arraigo consta en los informes que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha enviado a la organización.
Así, por ejemplo, del 5 de enero de 2009 al 13 de octubre de 2011, juzgados
federales negaron 310 solicitudes de amparo contra órdenes de arraigo y sólo
concedieron 14.
Silvia
Vázquez, oriunda de Tijuana, apunta: “Los jueces no dan seguimiento a la serie
de violaciones a derechos humanos que nosotros hemos registrado como una
constante: después de la detención arbitraria, viene la desaparición forzada
por 96 horas en promedio, tiempo en el que no se le informa a los familiares a
dónde se envía al detenido. A ello se debe que algunos terminen en alguna
instalación militar; la mayoría de los detenidos son torturados o coaccionados
para que se autoinculpen e involucren a otras personas en delitos contra la
salud o delincuencia organizada”.
De
forma invariable, continúa, a los arraigados se les consigna ante jueces “que
avalan todas las irregularidades”; incluso liberan órdenes de formal prisión
contra ellos y la mayoría son enviados a cárceles de máxima seguridad.
Relata
que en 2010 tuvo que exiliarse de esa ciudad fronteriza tras sufrir amenazas de
muerte por defender a 25 expolicías municipales detenidos y torturados por
militares en las instalaciones del 28 Batallón de Infantería, donde
permanecieron 40 días, según consta en la recomendación 87/2011de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
En
ese caso estuvo implicado el entonces titular de la Secretaría de Seguridad
Pública de Tijuana Julián Leyzaola, quien hoy ocupa un cargo similar en Ciudad
Juárez. El documento del ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva documentó
la tortura a que fueron sometidos los detenidos, así como el hostigamiento a su
defensora, Blanca Mesina.
Desde
2008 a
2011, la CNDH ha emitido varias recomendaciones relacionadas con denuncias
formuladas por personas que han sido sometidas a arraigo; además, el organismo
recibió 405 quejas por violaciones a derechos humanos contra personas en
situación de arraigo por delitos federales en ese mismo periodo.
De
los ómbudsman del país, sólo el del Distrito Federal, Luis González Placencia,
se ha pronunciado de manera abierta por la abolición del arraigo. En la
recomendación 2/2011, emitida en mayo del año pasado, planteó al entonces
procurador Miguel Mancera Espinosa (hoy aspirante a la jefatura de gobierno) y
al presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Édgar Elías Azar, tomar
las medidas necesarias para ordenar a sus subalternos no solicitar más
arraigos, al primero, e instruir entre los jueces y los integrantes de la
judicatura no otorgarlos, al segundo.
El
visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Mario Patrón
Sánchez, dice que “tiene listas dos iniciativas que presentará a la Asamblea
Legislativa: una para abolir la figura del arraigo del Código de Procedimientos
Penales y otra para eliminar la Ley contra la Delincuencia Organizada, lesiva
también para los derechos humanos”.
Los
abogados de la CMDPDH intentan llevar uno o varios casos ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para solicitar su intervención a fin de que
se pronuncie contra el arraigo porque, insisten, es contrario a los tratados
internacionales.
Cerco militar en Guanajuato
VERÓNICA ESPINOSA Y RODRIGO
VERA
Los
responsables de la seguridad pública, la gendarmería vaticana y el episcopado
tienen miedo. La visita que el jefe de la Iglesia católica realizará a
Guanajuato a finales de este mes es motivo de preocupación porque se
conjuntarán dos factores: por un lado, la violencia asociada al crimen
organizado y, por otro, medios italianos han hecho correr la especie de que en
algún lugar del mundo hay un complot para acabar con la vida de Benedicto XVI.
Por lo pronto, el Estado Mayor Presidencial empezó a establecer un
impresionante cerco de seguridad en el estado.
GUANAJUATO,
GTO.- El pasado 23 de enero el arzobispo de León, José Guadalupe Martín Rábago,
exhortó al crimen organizado a permitir que los peregrinos vengan a Guanajuato
para ver al Papa Benedicto XVI, quien estará en la entidad a finales de este
mes: “Que colaboren siquiera permitiendo que todas estas personas vengan a un
acto totalmente respetable. Que no lo aprovechen para hacer algo que pudiera
llevarnos a una experiencia de duelo y muerte”, pidió.
Su
petición –interpretada como un llamado a la tregua– obtuvo respuesta a los
pocos días, cuando aparecieron 11 narcomantas en varios municipios
guanajuatenses. En ellas la organización Los Caballeros Templarios aceptó la
propuesta a condición de que a su cártel rival, Nueva Generación, se le impida
operar en Guanajuato.
Pero
esta promesa del crimen organizado no resulta confiable para el Estado Mayor
Presidencial (EMP), que asumirá el control del viaje papal: coordinará todos
los cuerpos policiacos en el estado, pedirá acreditaciones hasta de los altos
jerarcas eclesiásticos, vigilará rigurosamente el flujo de peregrinos y acordonará
las ciudades donde estará el pontífice.
El
martes 28 de febrero el gobernador de Guanajuato, el panista Juan Manuel Oliva,
adelantó: “A partir del próximo 10 de marzo el Estado Mayor Presidencial
asumirá el control de la seguridad en el estado de Guanajuato para asegurar la
tranquilidad durante la visita del Papa”.
Por
su parte, Ricardo Sheffield y Édgar Castro, alcaldes de León y de Guanajuato,
respectivamente, han advertido a la población que los militares aplicarán un
recio “cerco” en ambas ciudades. Los tres funcionarios señalan que el EMP
coordinará a las policías municipales, estatales y federales desde días antes
de la llegada del Papa, quien estará en Guanajuato del 23 al 26 de marzo.
En
suma, el viaje de Benedicto XVI quedará bajo el control de este cuerpo de élite
integrado por mil 891 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y
especialistas civiles. Su función es cuidar la seguridad del presidente de la
República y de los jefes de Estado que lo visitan. Ahora también dará
protección a las casi 3 millones de personas que vendrán a ver al Papa.
Mientras
tanto, desde enero –cuando se confirmó el viaje de Benedicto XVI–,
representantes del EMP y de la Conferencia del Episcopado Mexicano se han
reunido para coordinar la seguridad y la logística.
Manuel
Corral, vocero del episcopado y quien participó en estos encuentros, comenta:
“El objetivo de las reuniones es garantizar la seguridad del Papa y de los
fieles. Puede haber fanáticos, gente enferma o cualquier otra persona que
intente no digamos atentar contra la vida del Papa, sino simplemente crear una
estampida o cualquier otra situación caótica en medio de la multitud”.
–¿Quiénes
encabezan estas reuniones?
–Por
parte del Estado Mayor Presidencial está un general de apellido Lechuga, junto
con sus subalternos. El general Lechuga es un militar con mucha firmeza y
autoridad. Ha conducido los encuentros con liderazgo y profesionalidad.
“Monseñor
Víctor René Rodríguez, secretario general del episcopado, es quien coordina a
los representantes de la Iglesia. Él no puede ir a todas las reuniones. A veces
voy yo o a veces el encargado de alguna otra comisión episcopal. Pero tenemos
comunicación constante y un buen entendimiento con el Estado Mayor
Presidencial.”
–¿Dónde
se realizan los encuentros?
–En
ocasiones en la residencia oficial de Los Pinos. Otras veces en la nunciatura o
en las oficinas del episcopado. Incluso en la arquidiócesis de León, pues
también debemos ir a los lugares donde estará el Papa.
Tan
drástico es el control del EMP –relata Corral–, que en un primer momento exigía
un minucioso registro de cada uno de los sacerdotes, obispos, arzobispos y
cardenales que van a concelebrar con el Papa o simplemente a estar en sus
homilías; se les pedía llenar un formulario muy detallado, enviar fotografías,
copias de la credencial de elector, de la CURP, número de pasaporte, aval de
sus diócesis y otros requerimientos que debían enviar por correo electrónico.
Pero
no había tiempo para cumplir con todos los requisitos, sobre todo porque hay sacerdotes
que trabajan en parroquias remotas a quienes les es difícil enviarlos con
rapidez. De ahí que –prosigue Corral– se acordó que sólo enviarán copia de su
credencial de elector y acreditación como sacerdote dentro de una lista avalada
por su diócesis.
“Así
logramos resolver el problema ya sin tanto papeleo. Entendemos que las
exigencias del Estado Mayor Presidencial son para impedir que a los eventos se
cuelen sacerdotes falsos, pues es muy fácil conseguir una vestimenta religiosa
y hacerse pasar por sacerdote”, dice el vocero del episcopado.
–¿Pero
sí tendrán que someterse a revisión en cada acto?
–Por
supuesto. Desde el simple párroco hasta el cardenal más encumbrado del séquito
papal tendrán que someterse a cada revisión del Estado Mayor Presidencial,
deberán pasar por los arcos detectores de metal y sujetarse a todas las normas
del protocolo de seguridad. ¡No hay de otra!
Tres
millones
Según
los cálculos del episcopado, alrededor de dos mil sacerdotes y 200 jerarcas
–obispos, arzobispos y cardenales– participarán en los actos del Papa. Muchos
vendrán de otros países de América Latina así como de Estados Unidos y Canadá.
También se calcula que durante los cuatro días que estará en Guanajuato, el
pontífice congregará a casi 3 millones de fieles de todo el país.
Para
vigilar y organizar a las multitudes que participarán en los recorridos y en
los actos pontificios, se adiestrará a 100 mil voluntarios civiles que cuidarán
las vallas metálicas.
“Estos
voluntarios también desempeñarán funciones de seguridad y previamente deben
estar acreditados por las organizaciones católicas, instituciones educativas o
de gobierno de donde provengan. No puede llegar cualquiera”, advierte Corral.
Y
señala que a diferencia de otros jefes de Estado que visitan México y sostienen
encuentros cerrados con autoridades gubernamentales, el Papa suele tener
contacto directo con su feligresía y “encabezar eventos masivos y abiertos”, de
ahí que esté más expuesto a una agresión.
“El
Papa es un líder mundial y no podemos adivinar qué loco intentará atentar
contra su vida, como le ocurrió a Juan Pablo II, quien por fortuna salió
librado del atentado que sufrió en 1981 en la Plaza de San Pedro”, agrega el
vocero del episcopado.
–¿Cuáles
son los lugares más riesgosos en los que estará Benedicto XVI?
–Bueno,
las más fuertes medidas de seguridad se implementarán al pie del Cerro del
Cubilete, donde presidirá la concentración más nutrida. Pero también en la
Plaza de la Paz de la ciudad de Guanajuato, donde se reunirá sobre todo con
niños y ancianos. Lo mismo en su recorrido que va del aeropuerto a la ciudad de
León. Y ni qué decir del Colegio Miraflores, donde pernoctará.
“Las
monjas que residen en el Colegio tendrán que dejar sus habitaciones. Ahí
estarán vigilando elementos del Estado Mayor Presidencial y también la guardia
personal del Papa, a cargo de Domenico Giani, comandante de la Gendarmería
Vaticana.”
–¿Giani
ya vino a Guanajuato a inspeccionar los lugares donde estará el pontífice?
–Por
supuesto. Realizó una inspección meticulosa e hizo algunas recomendaciones
sobre logística. Incluso felicitó al Estado Mayor Presidencial por su
profesionalismo.
Giani
–un hombre calvo y corpulento de 49 años y a quien llaman El Ángel Guardián del
Papa– se hizo célebre en la celebración de la Misa de Gallo de 2009. En esa
ocasión una mujer llamada Sussana Maiolo saltó la valla, jaló la estola de
Benedicto XVI y lo derribó. Giani logró sujetar a la mujer y al mismo tiempo
amortiguó la caída del Papa.
Los
rumores
En
días recientes la prensa italiana ha ventilado versiones de un supuesto complot
para matar a Benedicto XVI, a quien le dan sólo “12 meses de vida” según
supuestos “informes confidenciales” que le han entregado al propio Papa.
Corral
señala que el asunto ya se trató en Los Pinos con el EMP. Pero no se le tomó en
serio: “Ese chisme no nos afectó el ánimo. Más bien fue motivo de bromas. Es
pura fantasía. Lo tomamos como si fueran las profecías mayas sobre el fin del
mundo”.
–Pero
en México la violencia y los asesinatos sí son reales…
–La
cuestión del narcotráfico nos tiene metidos en un conflicto muy doloroso pero
la presencia del Papa ayudará a resolverlo porque viene con un mensaje de paz y
reconciliación. A una persona así se le respeta. Y si algún grupo mafioso intenta
llamar la atención creando una situación de violencia, se ganaría el repudio
internacional y sería su acabose, pues los ojos del mundo estarán puestos en
México durante la visita del Papa.
No
obstante las autoridades responsables de la seguridad en Guanajuato están
preocupadas por la escalada de violencia del mes pasado en la entidad. “Habrá
un fortalecimiento del sistema de seguridad durante la visita del Papa”,
declaró el secretario de Gobierno de Guanajuato, Héctor López Santillana.
Junto
con el procurador estatal, Carlos Zamarripa, López Santillana ha señalado que
Guanajuato es escenario de la disputa territorial en la que prevalece el grupo
michoacano Caballeros Templarios sobre otras organizaciones, como Los Zetas y
el Cártel Nueva Generación que comenzó a incursionar recientemente.
La
noche del 15 de febrero, en los municipios de Celaya, Salvatierra, Acámbaro,
Villagrán y Apaseo el Alto fueron ejecutados 10 hombres casi de forma
simultánea; los agresores aún no han sido identificados pero se cree que se
trató de un ajuste de cuentas entre bandas rivales.
Y
desde principios de febrero en varios municipios empezaron a aparecer
narcomantas de los Caballeros Templarios. Una de ellas se colocó el día 5 cerca
del domicilio del procurador, en León, pocas horas después de que la escolta de
éste se enfrentó con un grupo armado.
La
manta decía: “Ciudadanía de Guanajuato: hace pocas horas el procurador de
Guanajuato fue objeto de un artero atentado. La violencia va a aumentar.
Nosotros tenemos presencia en el estado para arremetir la entrada de los
contrarios (…). Solo advertimos que no queremos más grupos en el estado de
Guanajuato. Los confrontamientos serán inevitables. Quedan advertidos señores
Nueva Generación. Queremos a Guanajuato en paz. Así que no piensen en asentarse
y menos en generar violencia justo en estas fechas que viene su Santidad
Benedicto XVI. Quedan advertidos. Atentamente: Caballeros Templarios”.
Los
Caballeros Templarios también están dejando mensajes en protesta por la
reciente detención de uno de sus principales operadores, Ariel Pineda Jiménez,
El Cepillín, quien lideraba la plaza de Silao y ya acumulaba seis órdenes de
aprehensión por homicidio, secuestro y robo.
La
cañada guanajuatense
Otro
motivo de preocupación para las autoridades locales es el control y la
movilidad de las masas que congregará el Papa. Sobre todo en los estrechos
callejones de la pequeña ciudad de Guanajuato, de 175 mil habitantes y
apretujada en una cañada.
Sin
recursos extraordinarios (necesita casi 8 millones de pesos que espera recibir
de la Federación para este acto) y con sólo 75 policías por cada uno de los
tres turnos, el gobierno municipal echará mano de todos sus recursos humanos en
protección civil, policía vial y limpieza, principalmente.
Édgar
Castro comenta: “Claro que la visita nos dará proyección internacional. Pero,
siendo realistas, estamos preocupados; no se ha dimensionado correctamente la
magnitud de la afluencia en una ciudad tan complicada topográficamente. Estamos
en el centro del país, a poca distancia de ciudades importantes de donde se
desplazará mucha gente. No sabemos cuántas personas van a llegar… ni qué tanto
podremos controlarlas”.
Por
su parte, el presidente de la Asociación de Hoteleros de Guanajuato, Armando
López, se queja de la actitud de los miembros del EMP que realizan sus
actividades en un total hermetismo:
“Pedimos
una reunión con el Estado Mayor Presidencial a través del presidente nacional
de los hoteleros, Armando Uribe, porque a estas alturas estamos en las mismas:
no sabemos nada.”
Al Senado, dinosaurios,
juanitas y televisos
JENARO VILLAMIL
La
nueva cara del PRI se ve peor que su viejo rostro: en las listas de candidatos
plurinominales al Senado y a la Cámara de Diputados la dirigencia nacional
priista incluyó a representantes del más rancio sindicalismo –como los
responsables del Pemexgate, por ejemplo–, a varias mujeres que, según sus
antecedentes, se convertirán en “juanitas” y a personeros de las dos grandes
empresas de la televisión. Otros sectores de ese partido quedaron marginados,
se enojaron y ya comenzaron protestas que podrían devenir en una crisis
tricolor.
Una
soterrada rebelión se gesta en el PRI luego de saberse que dirigentes de
sectores como el Movimiento Territorial y el Frente Juvenil Revolucionario,
legisladores con arraigo estatal y organizaciones adherentes al partido fueron
marginados de las listas de aspirantes plurinominales al Senado y a la Cámara
de Diputados para privilegiar al viejo corporativismo sindical, a personajes
vinculados con las dos grandes televisoras y presumiblemente para incluir a
“juanitas”, es decir candidatas que una vez electas renuncien para cederle su
curul a un suplente varón.
Mientras
el conflicto interno crece, la dirigencia nacional y el aspirante presidencial
Enrique Peña Nieto hicieron las paces con el mandatario Felipe Calderón, luego
de una reunión privada que con él sostuvo Pedro Joaquín Coldwell, presidente
del CEN del PRI, el pasado 27 de febrero.
La
“guerra declarativa” entre el PRI y el gobierno federal se suspendió. Apenas el
23 de febrero Joaquín acusó a Calderón de convertir la institución presidencial
en “una encuestadora patito”, en referencia al presunto estudio demoscópico de
Los Pinos que colocó a la aspirante presidencial panista Josefina Vázquez Mota
sólo cuatro puntos abajo de Peña Nieto.
Y
las demandas interpuestas por el PRI en la Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade) contra María Luisa Calderón Hinojosa,
hermana del presidente, no se volvieron a mencionar.
A
su vez el gobierno federal dejó de “filtrar” avances de investigaciones
ministeriales contra los exgobernadores priistas de Tamaulipas (Manuel Cavazos
Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores) y contra el
sobreendeudamiento en Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira,
exdirigente nacional del PRI.
Este
partido también decidió no incorporar a sus listas a la Cámara de Diputados o
al Senado a los exmandatarios más señalados por presuntos casos de corrupción,
como Hernández Flores, Fidel Herrera, Ulises Ruiz, Mario Marín y Moreira. El
exdirigente nacional priista declinó ser considerado en las listas “por razones
estrictamente personales”. Informó que haría “una maestría en historia”, afirmó
Joaquín.
Otros
exgobernadores sí estarán como aspirantes uninominales al Senado, como René
Juárez, de Guerrero; Patricio Martínez, de Chihuahua; Félix González Canto, de
Quintana Roo; Teófilo Torres, de San Luis Potosí; Enrique Burgos, de Querétaro;
Ismael Hernández Deras, de Durango; y Manuel Cavazos Lerma, de Tamaulipas, a
quien Peña Nieto defendió luego de que se filtrara a la prensa que la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada
(SIEDO) lo investigaba por presuntos vínculos con el crimen organizado.
No
sucedió lo mismo con Mario Marín. El 10 de enero El Góber Precioso reapareció
en un mitin con Peña Nieto y la estructura territorial del PRI. Dos días
después el mexiquense descartó en conferencia de prensa que exista en este
momento “acuerdo ni mayor relación” con el exmandatario poblano.
La
semana pasada Pedro Joaquín negó cualquier negociación “secreta” entre Los
Pinos y el PRI, mientras Peña Nieto festejó que Calderón se hubiera
comprometido a conducirse imparcialmente. Y las coordinaciones del tricolor en
la Cámara de Diputados y en el Senado suspendieron la discusión sobre la
interferencia presidencial en el proceso electoral.
Joaquín
negó que uno de los acuerdos fuera marginar de la contienda al candidato de las
izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, para concentrarse en una disputa
bipartidista PRI-PAN.
“Me
parece un poco paranoica la declaración (de Jesús Zambrano, dirigente nacional
del PRD) de que el presidente nos llamó a dar una explicación y él deduce que
es para armar un complot contra el PRD”, afirmó Joaquín.
Un
día después de culminada la reunión de la Comisión Política Permanente del PRI
para aprobar las listas plurinominales de aspirantes a diputados y senadores,
se divulgó una encuesta de GEA-ISA y Milenio TV donde Peña Nieto lleva sólo siete
puntos de ventaja a Josefina Vázquez Mota.
Los
viejos rostros
El
rostro del “PRI del cambio” no se ve en las listas de candidatos
plurinominales, donde reviven personajes como los dirigentes petroleros Carlos
Romero Deschamps y Ricardo Aldana –protagonistas del escándalo Pemexgate que le
costó una multa al tricolor de mil millones de pesos– o cuotas para la CTM,
como el senador Carlos Aceves del Olmo, o el veterano dirigente cetemista del
Estado de México Armando Neyra Chávez, quien ocupa el tercer lugar en la lista
al Senado.
Las
plurinominales incorporan a excandidatos priistas perdedores como Manuel Añorve
Baños, de Guerrero, y Javier López Zavala, de Puebla; y personajes polémicos
como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, dirigente de los pepenadores del
Distrito Federal, o el líder de Antorcha Campesina, Brasil Acosta Peña.
El
PRI también garantiza posiciones seguras a personajes vinculados a las dos
grandes televisoras: Tristán Canales y Jorge Mendoza, exdirectivos de TV
Azteca. Canales va en el lugar 13 de la lista plurinominal al Senado y Mendoza,
actual senador, está en el tercer lugar de la circunscripción 2 para la Cámara
de Diputados.
También
aparecen Arely Gómez González Blanco, hermana del vicedirector de Noticias de
Televisa, Leopoldo Gómez, a quien el PRI impulsó infructuosamente como
consejera general del IFE y se coló al octavo lugar de la lista al Senado; o
Hanna de la Madrid Téllez, hermana de Jessica de la Madrid, exnovia de Enrique
Peña Nieto y artífice del primer contrato millonario de Televisa con el
exgobernador. Hanna de la Madrid va por vía doble: como candidata a diputada
federal uninominal y plurinominal, en el octavo lugar de la cuarta
circunscripción.
Con
tal de cumplir la llamada “cuota de género” (50% varones y 50% mujeres) existen
tres candidatas al Senado que aparecen tanto en las fórmulas de mayoría como en
las plurinominales. Son Guadalupe Flores Valdez, exdirigente agraria de
Tamaulipas que aparece como compañera de fórmula de Cavazos Lerma y en el lugar
12 de la lista plurinominal; Hilda Flores Escalera, en el décimo lugar de la
lista al Senado y compañera de fórmula del exalcalde de Torreón Braulio Manuel
Fernández Aguirre; y María Isabel Aguilar Morales, en el lugar 14 de la lista
plurinominal y compañera de fórmula de Enrique Burgos.
También
se incorporó a la esposa de Jorge Hank Rhon, María Elvia Amaya Araujo, en el
octavo lugar de la primera circunscripción; a Elsa Patricia Araujo de la Torre,
hermana de Hugo Andrés Araujo, en el cuarto lugar de la circunscripción 2, y a
María Elena Barrera, alcaldesa con licencia de Toluca, que va a la Cámara de
Diputados tanto por la vía uninominal como en el segundo lugar de la lista
plurinominal de la quinta circunscripción.
Nueve
de los 33 actuales senadores del PRI quedaron en las plurinominales para San
Lázaro. Por ejemplo el actual coordinador Manlio Fabio Beltrones, que encabeza
la lista de la primera circunscripción; Jesús Murillo Karam, exgobernador de
Hidalgo; el bajacaliforniano Fernando José Castro Trenti; Francisco Agustín
Arroyo Vieyra, exaspirante al gobierno de Guanajuato; Jorge Mendoza Garza,
exdirector de TV Azteca; Eloy Cantú Segovia, empresario regiomontano, y Carlos
Aceves del Olmo, de la CTM.
El
retorno de Gamboa Patrón
A
la cabeza de la lista de aspirantes al Senado aparece Emilio Gamboa Patrón,
actual dirigente de la CNOP y coordinador de la bancada priista en la Cámara de
Diputados en la anterior legislatura. Aspira a coordinar a los senadores
priistas.
Políticos
marginados de estas listas, consultados por Proceso, le atribuyen a Gamboa ser
el artífice principal de los “amarres” y las negociaciones para incorporar a
figuras vinculadas con la telebancada, a los sindicatos más desprestigiados y a
representantes de grupos de interés.
Fuera
de las listas al Senado quedaron figuras como Francisco Rojas, actual
coordinador de los diputados federales del PRI; el exgobernador mexiquense
Emilio Chuayfett, quien también perdió en la fórmula de mayoría por la entidad
que gobernó Peña Nieto; Canek Vázquez, dirigente del Frente Juvenil
Revolucionario y exsecretario privado del senador Beltrones; Carlos Flores
Rico, dirigente nacional del Movimiento Territorial, y la senadora María de los
Ángeles Moreno, exdirigente nacional del partido.
A
hurtadillas
Los
integrantes de la Comisión Política Permanente del PRI se reunieron en la
hacienda hidalguense Mineral de la Reforma el pasado 29 de febrero para definir
las listas a diputados federales y senadores por la vía plurinominal. La
dirigencia priista decidió salir de la Ciudad de México a fin de evitar las
protestas que ya habían empezado afuera del PRI capitalino.
En
menos de dos horas se discutieron y aprobaron las listas. Gamboa Patrón fue uno
de los cabilderos más activos antes y durante ese cónclave, según confirmaron
varios priistas consultados.
Pedro
Joaquín Coldwell admitió que hubo dos inconformidades durante la sesión.
Una
encabezada por priistas de Yucatán que querían modificar la lista. El senador
Cleominio Zoreda, exaspirante a la gubernatura de esa entidad, quedó fuera de
la lista de la tercera circunscripción. En la sesión dijo que había un acuerdo
previo con la actual gobernadora yucateca, Ivonne Ortega Pacheco, para
incluirlo.
Los
yucatecos fueron marginados de los primeros lugares de la tercera
circunscripción, donde aparecen personajes como Simón Valanci Buzali,
concesionario de Radio Chapultepec; Jorge del Ángel Acosta, dirigente de la
sección 30 del sindicato petrolero, o el líder azucarero Arnoldo Ochoa
González; y los oaxaqueños Martín J. Vázquez Villanueva y María de las Nieves
García Fernández, que negociaron aceptar su derrota en las fórmulas para el
Senado a cambio de que los incorporaran en las listas plurinominales.
Otra
protesta fue la de cinco consejeros del Frente Juvenil Revolucionario que
votaron contra el dictamen de la lista plurinominal al Senado. Su dirigente,
Canek Vázquez, declaró ante la prensa que el actual Comité Ejecutivo Nacional
“enterró” las propuestas de esta organización.
Carlos
Flores Rico, dirigente nacional del Movimiento Territorial, no aceptó quedar en
el sitio 15 de la lista plurinominal al Senado. Criticó que se hubiera
marginado a este organismo de la mayoría de las listas. Mientras al sindicato
petrolero le dieron más de cuatro posiciones, al movimiento sólo una en la
lista de la Cámara de Diputados.
Al
respecto Joaquín argumentó que este gremio “representa aproximadamente 200 mil
trabajadores, entre gente de base, eventuales y jubilados. Es decir, más de 1
millón de personas, tomando en cuenta a sus familias. De cada peso que se
invierte, que se gasta del presupuesto de egresos del país, de la federación,
40 centavos, por lo menos, vienen del petróleo.
“Por
eso el partido ha considerado que debe dar una oportunidad de representación
senatorial, y en otros cargos de diputados, a los representantes del gremio
petrolero.”
El
jueves 1, en entrevista con Carmen Aristegui en MVS Radio, Gamboa hizo una
encendida defensa de los protagonistas del Pemexgate en 2000, cuando él fungió
como coordinador de la campaña de Francisco Labastida, perdedor ante Vicente
Fox.
“Se
les buscó, se les analizó, se les investigó y gozan de absoluta libertad…
Fueron acusados 16 miembros de la campaña del candidato Labastida y ninguno fue
a la cárcel”, indicó.
Cinco
años después el Pemexgate derivó en una multa de unos 100 millones de dólares
al PRI y de 258.3 millones de dólares a exdirectivos de Pemex, entre ellos a
Rogelio Montemayor, acusados de presunto desvío de fondos de la paraestatal
para la campaña presidencial priista.
Gamboa
también negó que existiera una telebancada o pago de favores a las dos
televisoras dominantes con la incorporación de sus exfuncionarios a las listas.
El actual dirigente de la CNOP fue uno de los principales impulsores de la Ley
Televisa en el Senado, en marzo de 2006, y como secretario de Comunicaciones y
Transportes en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue el artífice de la
privatización de Imevisión concretada en 1993 –de la que fue beneficiario
Ricardo Salinas Pliego– y de la entrega de 62 concesiones más a Televisa para
que concretara su tercera cadena nacional.
Peña Nieto impone su ley
JENARO VILLAMIL
El
retorno en pleno del montielismo en el Estado de México, con el aval de Enrique
Peña Nieto y de su sucesor Eruviel Ávila, así como el resurgimiento de siete
exgobernadores alineados con el aspirante presidencial priista –René Juárez, de
Guerrero; Patricio Martínez, de Chihuahua; Félix González Canto, de Quintana
Roo; Teófilo Torres, de San Luis Potosí; Enrique Burgos, de Querétaro; Ismael
Hernández Deras, de Durango, y Manuel Cavazos Lerma, de Tamaulipas–
caracterizan las fórmulas de las candidaturas por mayoría relativa del PRI al
Senado para 2012.
Un
comunicado emitido por esa organización política el 16 de febrero aseguró que
las convenciones a delegados en 31 entidades de la República para elegir a los
candidatos al Senado se realizaron “en un ambiente cordial y de unidad”.
En
contraste, los grupos internos desplazados en el PRI señalaron que predominó el
método del “planchazo” y que las nominaciones se decidieron desde la cúpula del
equipo de campaña de Peña Nieto, coordinado por Luis Videgaray. El exgobernador
de Hidalgo Miguel Ángel Osorio Chong “palomea” ahora la lista de candidatos al
Senado por la vía plurinominal.
Los
conflictos y las amenazas de deserciones quedaron soterrados, en la mayoría de
los casos, luego de intensas negociaciones durante la última semana de enero y
las dos primeras de febrero. Apenas el 23 de enero, el dirigente nacional del
PRI, Pedro Joaquín Coldwell, advirtió claramente en Guanajuato que “en política
se premia y se reconoce la lealtad”.
En
su propia entidad, Quintana Roo, tuvo que aceptar que su medio hermano Carlos
no entrara en la fórmula para el Senado. En primer lugar quedó Jorge Emilio
González Martínez, El Niño Verde, posición negociada desde antes con el PVEM, y
el exgobernador Félix González Canto, quien quedó en segundo lugar de la
fórmula.
El
polémico convenio de coalición parcial con el PVEM y el Panal, firmado por
Moreira antes de dejar la presidencia del PRI, a finales de noviembre de 2011,
se respetó para las posiciones acordadas con el Partido Verde. Se reservaron
éstas en seis entidades: Quintana Roo, Distrito Federal, Chiapas, Estado de
México, Colima y Zacatecas.
La
fuerza de Montiel
En
el Estado de México, que representa poco más de 10 millones de electores del
padrón nacional, la fórmula de candidatos al Senado se definió a favor de Ana
Lilia Herrera Anzaldo, quien pidió licencia a la alcaldía de Ecatepec, y de Juan
José Guerra Abud, coordinador de los diputados federales del Partido Verde.
Herrera
Anzaldo está claramente vinculada al exgobernador Arturo Montiel, el “tío en
segundo grado” de Peña Nieto. Desde la llegada de Ávila al gobierno de la
entidad, Montiel dejó el ostracismo político en que se mantuvo durante seis
años para proteger a su sucesor. Ahora define posiciones en el gabinete local y
en las candidaturas federales.
Originaria
de Ecatepec, Herrera Anzaldo tuvo una meteórica carrera en el gobierno de Montiel:
fue coordinadora de Comunicación Social unos meses, luego secretaria técnica
del Consejo Estatal de Población y después secretaria de Desarrollo Social.
Durante
unos meses ocupó la Secretaría de Gestión Social del PRI, cuando Isidro Pastor
dirigió el tricolor mexiquense. Adversario de Peña Nieto en la contienda
interna del PRI para la gubernatura, Pastor fue artífice de la Fuerza Electoral
Mexiquense, la red nacional de operadores formada con recursos y apoyo del
gobierno de Montiel.
En
el sexenio de Peña Nieto, Herrera Anzaldo fue diputada local y alcaldesa de
Metepec. Su candidatura dejó en el camino a otros aspirantes como Ernesto
Nemer, actual secretario de Gobierno de Eruviel Ávila y vinculado al
exgobernador Emilio Chuayfett; a María Elena Barrera, alcaldesa de Toluca,
apoyada directamente por Peña Nieto, y a Alfredo del Mazo Maza, alcalde de
Huixquilucan, aspirante a gobernador en 2011 e hijo de otro exgobernador y tío
de Peña Nieto: Alfredo del Mazo González.
También
desplazó a Ricardo Aguilar, exdirigente estatal del PRI, aspirante a la
gubernatura en 2011 y considerado uno de los operadores más eficaces de Peña
Nieto. Lo marginaron de cualquier puesto de elección para 2012 y se mantiene
como coordinador regional en el equipo de campaña peñista.
El
segundo aspirante del Estado de México en la fórmula priista, Juan José Guerra
Abud, fue un político vinculado hace tiempo con Montiel y primer jefe de Peña
Nieto, antes de que éste fuera secretario de Administración en el gobierno
montielista.
Guerra
fue candidato a diputado federal por el Partido Verde, una clara posición a
favor del montielismo y del peñismo. Ahora será el segundo en la fórmula
tricolor para el Senado.
Auditorías
De
una lista de casi 12 exgobernadores que aspiraban a candidaturas del PRI en sus
entidades sólo quedaron siete. No todos llegarán al Senado debido a la fuerza
del PAN o del PRD en sus respectivos estados.
En
Guerrero, el exgobernador René Juárez Cisneros encabeza la fórmula junto con la
actual diputada federal Claudia Ruiz Massieu, hija del exgobernador José
Francisco Ruiz Massieu y sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari. La
entidad está gobernada por el expriista Ángel Aguirre Rivero, quien se
convirtió en candidato de la coalición opositora.
Los
exmandatarios estatales que tienen asegurado un espacio en el Senado son Manuel
Cavazos Lerma, de Tamaulipas; Patricio Martínez, de Chihuahua; Teófilo Torres
Corzo, de San Luis Potosí; Ismael Hernández Deras, de Durango, y Enrique
Burgos, de Querétaro.
El
caso de Cavazos Lerma es el más simbólico. Operador electoral del PRI en
decenas de comicios estatales desde 2006, recibió el espaldarazo personal de
Peña Nieto, luego de que se filtrara a la prensa que la Subprocuraduría de
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) realizaba una
investigación en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Tamaulipas
es una de las cinco entidades insaculadas por el PRI nacional para realizar un
proceso de auditoría interna a las precampañas al Senado. Las otras son
Aguascalientes, Estado de México, Querétaro y Veracruz.
El
reparto
En
la lista de candidatos priistas al Senado aparecen muchos políticos con escasa
o nula trayectoria nacional, pero con aspiraciones a ser gobernadores. También
figuran descendientes de exmandatarios estatales, como Felipe Cervera
Hernández, hijo de Víctor Cervera Pacheco, el hombre fuerte del priismo
yucateco los últimos 20 años.
Cervera
Hernández es primo de la actual gobernadora, Ivonne Ortega Pacheco. Fue
aspirante a la gubernatura, pero el PRI designó como candidato de unidad a
Rolando Zapata Bello. Cervera Hernández comparte fórmula con la alcaldesa de
Mérida, Angélica Araujo Lara, una figura polémica que se ha enfrentado a la
oposición panista que durante más de 18 años gobernó la capital yucateca.
En
Chiapas el PRI apoyará la candidatura de Roberto Albores Gleason, diputado
federal del Partido Verde e hijo de Roberto Albores Guillén.
En
Sonora los aspirantes son Claudia Pavlovich Arellano, exdirigente estatal del
partido, y Ernesto Gándara Camou, exalcalde de Hermosillo.
En
Hidalgo la fórmula es encabezada por el diputado federal Omar Fayad y en
segunda posición se ubica el diputado federal David Penchyna, vocero del PRI
durante la gestión de Moreira al frente de este partido.
En
Sinaloa aspiran al Senado Aarón Irízar López y Daniel Amador Gaxiola, apoyados
por los exgobernadores Francisco Labastida y Juan S. Millán.
En
Tlaxcala, Joaquín Cisneros Fernández y Anabell Ávalos Zempoalteca encabezan la
fórmula para el Senado.
En
Nuevo León, la diputada federal Marcela Guerra Castillo, respaldada
directamente por Peña Nieto, encabeza la fórmula junto con Ivonne L. Álvarez
García. Hace poco Guerra Castillo emprendió una campaña para defender la “honorabilidad”
de Peña Nieto a raíz de las acusaciones que públicamente hizo en su cuenta de
Facebook Maritza Díaz Hernández, madre de uno de los hijos que el exgobernador
mexiquense tuvo fuera de matrimonio.
En
Nayarit, Manuel H. Cota Jiménez y Margarita Flores Sánchez cuentan con el apoyo
directo del equipo peñista.
En
Puebla, después de los rumores y los intentos por dejar como aspirante a Javier
López Zavala, candidato perdedor a la gubernatura, quedaron la exalcaldesa de
la capital Blanca Alcalá Ruiz y Juan Carlos Lastrini.
En
Campeche, el exsecretario de Desarrollo Social Raúl Aarón Pozos Lanz encabeza
la fórmula junto con Óscar Rosas González, diputado federal con licencia. En
Morelos la encabeza Francisco Moreno Merino, líder de la CNOP local; la segunda
posición será para el Partido Verde.
En
Guanajuato, entidad gobernada desde hace 18 años por el PAN, quedaron al frente
Miguel Chico Herrera, quien renunció como precandidato a la gubernatura, y
María Bárbara Santibáñez.
En
Aguascalientes los candidatos son Miguel Romo Medina, exsecretario de Gobierno,
e Isidro Armendáriz, exsecretario de Desarrollo Social.
En
Baja California van como candidatos Eligio Valencia, líder estatal cetemista, y
Nancy Sánchez, diputada local.
En
Nayarit el diputado federal Manuel H. Cota Jiménez y Margarita Flores Sánchez
son los aspirantes al Senado.
En
Jalisco, otra entidad gobernada por el PAN y con elecciones concurrentes para
gobernador este año, la fórmula priista para el Senado está encabezada por
Arturo Zamora Jiménez, aspirante a gobernador en 2006 y actual diputado
federal, y Héctor Vielma Ordóñez, exalcalde de Zapopan.
Hace
seis años Zamora Jiménez acusó a la ultraderecha de Jalisco de haber emprendido
una campaña de “difamación” en su contra a raíz de una serie de señalamientos
públicos que le atribuían vínculos con el crimen organizado.
En
Colima, el PRI eligió al alcalde de la capital con licencia, José Ignacio
Peralta Sánchez. Su compañero de fórmula será Nabor Ochoa López.
El candidato cabildea en
Washington
J. JESÚS ESQUIVEL
WASHINGTON.-
De ganar la Presidencia de México en las elecciones de julio próximo, el
priista Enrique Peña Nieto exigiría al gobierno de Estados Unidos dos cosas:
revisar la Iniciativa Mérida y aumentar el intercambio de información de
inteligencia para corregir los errores cometidos por Felipe Calderón en la
lucha contra el narcotráfico.
La
semana pasada, Jorge Montaño y Emilio Lozoya, asesores del mexiquense, se
reunieron con representantes del Congreso federal estadunidense para exponerles
la petición. Y aprovecharon su visita en esta ciudad para sostener 14
entrevistas con legisladores demócratas y republicanos, y también con analistas
políticos, académicos y empresarios interesados en la relación México-Estados
Unidos.
“Nos
dijeron que el candidato del PRI quiere un nuevo marco de cooperación bilateral
en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, basado en una mayor
y mejor cooperación en materia de inteligencia”, comenta a Proceso uno de los
políticos estadunidenses con los que se reunieron Montaño y Lozoya.
Tras
solicitar que se omita su nombre puesto que el encuentro fue privado, el
entrevistado sostiene que ambos adelantaron que Peña Nieto “quiere una
estrategia bilateral de combate al narcotráfico más pragmática”.
Lozoya,
encargado de los asuntos internacionales en la campaña de Peña Nieto, y
Montaño, secretario de Asuntos Internacionales del PRI, fueron muy bien
recibidos en el Capitolio, en la Cámara de Comercio y en organizaciones de
análisis político, que incluyó a la conservadora Heritage Foundation.
Entrevistado
vía telefónica, Montaño resume: a los legisladores federales “les planteamos
que si Peña Nieto gana los próximos comicios presidenciales, será necesario
hacer una revisión profunda a la Iniciativa Mérida porque ésta –dice– es una
herramienta de aportaciones incumplidas por parte de Washington”.
Conocedor
del modus operandi del Congreso federal estadunidense y de la política local,
pues entre 1993 y 1995 fue embajador, sostiene que tanto él como Lozoya le
hablaron fuerte a los congresistas: “Les hicimos notar que el énfasis de la
Iniciativa Mérida ha sido la entrega de helicópteros y equipo militar, y que
las aportaciones comprometidas en este acuerdo no se han cumplido conforme a lo
pactado”.
En
el Capitolio se le recuerda como un diplomático aguerrido y muy efectivo. La
razón: aun cuando el Poder Legislativo se oponía al Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), Montaño logró que fuera aprobado y rubricado por
los presidentes Bill Clinton y Carlos Salinas de Gortari.
Hoy
se ufana del tono con el que habló a los congresistas estadunidenses: “No tengo
reservas en aceptar que soy un diplomático tradicional. Tengo 65 años, y por mi
experiencia puedo asegurar que en el Capitolio hay que hablar de manera directa
y con un lenguaje duro para sacar provecho a las cosas”.
Varios
de los interlocutores de Montaño y Lozoya consideran al primero “un típico
político priista de los ochenta”, mientras que, afirman, el segundo es “más
pragmático” y representa la nueva cara del PRI.
Interlocutores
mal informados
La
lucha contra el narcotráfico y la inseguridad en México fue el tema central de
los enviados de Peña Nieto. Consultado al respecto, uno de los participantes
expone: “Nos hablaron de la necesidad de una cooperación más amplia pero
pragmática. Insistieron en que Estados Unidos debe hacer más para reducir la
demanda y consumo de drogas”.
Montaño
acepta que en Washington se encontraron con “interlocutores mal informados”
respecto del virtual candidato presidencial del PRI. “Tuvimos que aclararles
que, de ganar los comicios del 1 de julio, Peña Nieto no se va a sentar a
negociar acuerdos con narcotraficantes; que no se va a poner a platicar con El
Chapo (Joaquín Guzmán Loera) ni lo va a nombrar secretario de Estado”.
También
les dijo que en el marco de cooperación bilateral contra el narcotráfico con
una presidencia priista, el gobierno mexicano presentaría a la Casa Blanca y al
Capitolio una lista con nuevas exigencias.
“Queremos
que de verdad hagan algo con respecto al problema de la venta de precursores
químicos porque en México sigue subiendo la producción de metanfetaminas. Pero,
¿de dónde llegan los productos químicos para elaborarlas? –se pregunta–. De
Estados Unidos, por supuesto.”
En
su encuentro con los congresistas, Montaño y Lozoya insistieron en que se
analice profundamente el tema de la venta de armas. Según el encargado de las
relaciones exteriores del PRI, “los mexicanos hemos puesto más de 50 mil
muertos, ¿y Estados Unidos, qué?; ¿la Iniciativa Mérida?, unos 450 millones de
dólares (sic)”.
Les
explicaron incluso que con Peña Nieto en el poder, se revisaría el tema de la
participación del Ejército Mexicano en la guerra contra el narcotráfico: “Los
soldados tendrían que regresar a los cuarteles en un tiempo prudencial, lo más
pronto posible, pero con las salvaguardas necesarias de la seguridad nacional
del país”, dice Montaño.
En
el Capitolio algunos asesores de legisladores demócratas y republicanos admiten
que sí tienen “ciertas dudas” sobre lo que se menciona de Peña Nieto en los
medios de comunicación, tanto de México como de Estados Unidos; y sostienen que
aun con las aclaraciones que les hicieron Lozoya y Montaño, no están del todo
satisfechos con lo que escucharon.
Por
lo que concierne a los energéticos, tema sensible para el Capitolio, uno de los
políticos estadunidenses participantes en los encuentros comenta a Proceso que
la propuesta de Peña Nieto es atractiva.
“Nunca
nos hablaron concretamente de Pemex, porque hablaron en términos generales,
pero nos dijeron que en materia energética se buscará una reforma que admita
las inversiones foráneas, como ocurre en Brasil con Petrobras”, dice.
Montaño
corrobora la afirmación del entrevistado. “Es cierto, ese fue el planteamiento,
pero es algo que ya ha dicho el propio Peña Nieto a políticos, banqueros y
empresarios en sus viajes a Estados Unidos”.
Los
enviados del aspirante presidencial del PRI presentaron también un proyecto de
relaciones hemisféricas en el que se aboga por un aumento en la ayuda a los
países centroamericanos que enfrenten una aguda crisis de inseguridad por el
narcotráfico.
“Una
cooperación concertada a través de México, porque lamentablemente en los
últimos cinco años y medio nuestro país ha ido perdiendo protagonismo en las
relaciones hemisféricas. Debemos dejar de bailar samba y comenzar a bailar un
poco más de raspa”, expone Montaño.
Adelanta
que la visita del 28 y 29 de febrero a la capital de Estados Unidos fue el
primero de los viajes que Lozoya y él realizarán en los próximos meses. Y
remata: “Es seguro que de aquí a las elecciones del próximo 1 de julio seguirán
circulando las aseveraciones falsas e
infundadas (sobre México y el candidato del PRI); habrá que aclararlas”.
El SNTE se desmorona
JOSÉ GIL OLMOS
En
los últimos tiempos se ha separado del SNTE casi una tercera parte de sus
integrantes, lo que constituye una merma al poder que ejerce su lideresa
vitalicia, Elba Esther Gordillo. Representantes de organizaciones
independientes de maestros aseguran que en las próximas elecciones
presidenciales, ella no podrá manipular a su antojo el voto de sus agremiados,
y que incluso el Panal podría perder su registro. Algunos líderes disidentes
auguran incluso que esto puede marcar el principio del fin del cacicazgo de
Gordillo.
En
el transcurso de los últimos cinco años, el núcleo de poder de Elba Esther
Gordillo se ha ido debilitando. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) ya no es un ente hegemónico, pues ha tenido escisiones que
dieron lugar a la formación de 24 sindicatos con un total de 450 mil
agremiados. Se han declarado independientes y le apuestan electoralmente a
diversos partidos.
A
estos sindicatos se suma también la actuación de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) que, a decir del representante del Comité
Nacional Democrático, Artemio Cruz, puede manejar otro tanto de profesores
independientes para inhibir la acción de 100 mil operadores electorales con que
cuenta Gordillo para trabajar a favor del candidato del Partido Nueva Alianza
(Panal), Gabriel Quadri, o de cualquier otro con el que se alíe, sea del PAN o
del PRI.
Representantes
de varios de estos sindicatos independientes entrevistados por Proceso aseguran
que desde que se rompió la alianza con el PRI y el PVEM, con quienes había
formado la coalición “Compromiso por México” para las elecciones de este año,
el poder de Gordillo ha entrado en un declive que podría ocasionar su caída,
tras 22 años de estar al frente del sindicato magisterial.
Incluso
aventuran que el próximo 1 de julio el Panal no alcanzará el 2% de la votación
que requiere para mantener su registro, y que con ello Elba Esther estaría
totalmente debilitada para mantenerse en el poder como lo ha hecho, sobre todo,
desde los comicios de 2000, cuando operó a favor del PAN.
El
Panal se creó en 2005 y ha sobrevivido gracias a las alianzas de Gordillo con
el PAN y el PRI. En 2006 lanzó a Roberto Campa como candidato presidencial y
logró colocarse como la cuarta fuerza política al conseguir 4.68% de la
votación total emitida, con 1 millón 883 mil 494 votos.
En
2009 se unió con el PAN en la elección para gobernador de Baja California,
mientras que en Campeche, Colima y Querétaro se alió con el PRI. A partir de
2010 se coaligó únicamente con el PRI en nueve entidades, sobre todo en la del
Estado de México.
Debido
a sus alianzas con el PRI, PVEM y el PAN, el Panal tiene cinco diputados
federales, cuatro senadores y 50 diputados en 21 estados.
No
obstante, para esta elección el partido de Gordillo irá solo tras el
rompimiento de la coalición que ya había firmado con el PRI y PVEM. Lanzó como
su candidato a la Presidencia a Gabriel Quadri, un ecologista casi desconocido
en el medio político, luego de que otros personajes como Patricia Mercado,
Esteban Moctezuma, Jorge Castañeda y Rosario Robles rechazaran el ofrecimiento.
La
meta del actual presidente del Panal, Luis Castro, es mantener el registro;
para ello confía en que la estructura magisterial habrá de funcionar como en 2006.
Sin embargo, los líderes sindicales independientes y de la CNTE dudan que esto
vuelva a ocurrir porque, advierten, la maestra ya no tiene el control absoluto
del SNTE y, además, advierten que realizarán una campaña para inhibir a los
operadores electorales que ella tiene a su disposición.
Divisiones
Desde
1979, cuando se fundó la CNTE como una corriente disidente del sindicato para
impulsar su democratización y garantizar adecuadas condiciones laborales y
salariales para los docentes, no se habían registrado tantas divisiones en el
SNTE.
Según
los dirigentes de varias entidades entrevistados, hasta el momento son 24 los
sindicatos magisteriales que se han declarado independientes en 22 estados, en
donde han hecho sus propias alianzas electorales. Por ejemplo, en Veracruz
pactaron con el PRI, mientras que en Tabasco lo hicieroncon el PRD. Cada quien
elige a sus candidatos, independientemente del partido, pero todos se niegan a
seguir las órdenes de Elba Esther, a quien se refieren como “señora”, sin
concederle el título de “maestra”.
El
punto coincidente de todos los que han emprendido la fuga del SNTE es el
rechazo al enriquecimiento de Gordillo tras 22 años de caciquismo. Mencionan
que en todo este tiempo no ha entregado un solo reporte de lo reunido por
concepto de cuotas de 1 millón 400 mil agremiados y añaden que en sólo un mes
acapara más de mil millones de pesos, pues a cada trabajador se le descuentan
de su salario entre 90 y 140 pesos.
Los
sindicatos independientes también rechazan el uso del SNTE para fines
político-electorales a través del Panal. Las dos hijas de Gordillo, Maricruz
Montelongo y Mónica Arriola, así como su nieto René Fujiwara Montelongo y su
yerno Fernando González, son los principales beneficiarios del enorme poder de la
maestra.
Los
primeros grupos magisteriales en sacudirse el yugo elbista fueron el Sindicato
Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (SETE) y el
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco. Después
hubo otros en casi todos los estados del país, los más fuertes en Veracruz,
Estado de México, Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán,
Querétaro y Quintana Roo.
Todos
los disidentes enfrentan el problema del reconocimiento legal, así como
dificultades para negociar presupuestos, jubilaciones y condiciones generales
de trabajo con los gobiernos estatales y federal.
Sólo
el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM)
logró obtener la toma de nota del Tribunal Federal de Coalición y Arbitraje el
8 de febrero de 2011, luego de una espera de tres años. Esta organización
agrupa a 7 mil 500 maestros de Querétaro, Puebla, Yucatán, Distrito federal,
Veracruz, Guanajuato, Hidalgo y Quintana Roo y es el primer sindicato
magisterial en lograr su registro desde que hace 68 años lo obtuvo el SNTE.
Según
el abogado del SITEM, Manuel Fuentes Muñiz, ese hecho representa un quiebre al
monopolio de Elba Esther Gordillo en el SNTE y es comparable al
resquebrajamiento que sufrió el PRI, luego de su derrota en 2000 y después de
71 años de gobierno hegemónico.
A
pesar de que no han logrado su registro, desde hace dos años los sindicatos
independientes hacen esfuerzos por unirse. En 2009 formaron la Coalición
Nacional de Sindicatos de Trabajadores de la Educación (Conasite), y
posteriormente el Frente Nacional de Sindicatos Independientes de Trabajadores
de la Educación.
Algunos
de sus integrantes comentan que en estos días están por transformar el frente
en Federación de Sindicatos Independiente de Trabajadores de la Educación, con
la idea de enfrentar al SNTE controlado por Gordillo desde 1989, y de que no se
repita una nueva historia de cacicazgo.
“Nuestro
objetivo consiste en mostrar que Elba Esther Gordillo no es dueña del
magisterio”, asegura en entrevista el profesor Eliseo Islas, secretario general
del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios
Educativos de Veracruz.
Cacicazgo
impune
Desde
hace unos años, Elba Esther Gordillo pasa la mayor parte de su tiempo en su
casa de San Diego, California, que compró en 1 millón 692 mil dólares en 1995,
cuando concluía su segundo periodo como secretaria general del SNTE.
La
residencia tiene seis habitaciones, siete baños, cochera para tres autos,
alberca y un muelle que da al río. Es parte de un conjunto de 70 propiedades
que tiene a su nombre, de familiares o de colaboradores, de acuerdo con las
copias certificadas del Registro Público de la Propiedad que Proceso ha
recopilado desde hace tiempo.
Durante
cuatro sexenios seguidos, la fortuna de la profesora rural chiapaneca ha
crecido enormemente. Como líder del SNTE en estos años ha recibido altas sumas
de dinero mediante los fideicomisos que registró en Banobras y que no pueden
ser investigados, pues están protegidos por el secreto fiduciario.
Según
las cuentas de Punto Crítico, una organización disidente del magisterio,
durante el gobierno de Carlos Salinas ella recibió 16 mil 197 millones de pesos a través del
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica; con Ernesto
Zedillo se le entregaron mil 580 millones con el Programa de Desarrollo
Educativo; con Vicente Fox le otorgaron 41 mil 333 millones de pesos mediante
el Programa Nacional de Educación, y en la presente administración recibió más
6 mil 901 millones de manos de Felipe Calderón.
De
acuerdo con integrantes de sindicatos independientes, los enormes recursos del
SNTE son usados por Gordillo para echar a caminar la maquinaria electoral. Ello
implica la compra e inducción del voto, la inclusión de maestros en los comités
distritales y estatales del Instituto Federal Electoral (IFE) y entre los
representantes de casillan así como el robo hormiga de votos.
Sin
embargo, el representante del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación
de Yucatán, Rigoberto Cervantes, advierte que ya no hay la garantía de que “la
señora pueda sostener que llevará a 1 millón de maestros a votar, como lo ha
dicho”. Precisa que los sindicatos independientes ya no aportarán al SNTE sus
cuotas y éstas se utilizarán para comprar lo que necesitan en sus respectivas
localidades.
En
entrevista, Cervantes considera que a partir del rompimiento con el PRI y del
surgimiento de los sindicatos independientes del SNTE, Gordillo se encuentra en
una situación de vulnerabilidad.
–¿Esta
división está minando el poderío de Elba Esther? –se le pregunta.
–Ella
tiene candidatos sujetos a su voluntad. Pero ya no garantiza a nadie los votos
de todos los maestros. Tengo la plena seguridad y confianza de que el Panal va
a desaparecer, porque no veo nada que haya hecho en beneficio de los
trabajadores. Creo que ese partido debe desaparecer y que 2012 lo va a llorar
Elba Esther Gordillo, porque se quedará sin sus maestros y sin partido.
Vaticinio
Gaudencio
Bravo, secretario de organización del SITEM, único sindicato independiente con
registro legal, advierte que “hoy más que nunca la señora está seriamente
preocupada porque el SNTE se le está desmoronando en las manos”.
Señala
que el año pasado, al convocar al cambio en los comités ejecutivos seccionales,
impuso a secretarios débiles para manipularlos más fácilmente, pensando que la
alianza con e PRI le garantizaba un nuevo periodo de impunidad.
“Pero
cuando se rompe la alianza con el PRI comienza a mostrar grandes debilidades.
Ya no mantiene la seguridad de contar con el voto de los maestros, y empieza a
manotear por todos lados para ver a quién lanza como candidato presidencial y
mantenerse con registro para seguir viviendo del presupuesto. Yo veo muy
difícil, muy complicado que lo logre. Para nosotros eso es muy alentador porque
marca el principio del fin si la cosas continúan como hasta ahora”, indica
Bravo.
–¿Cómo
impacta en el SNTE el rompimiento con el PRI?
–Fue
brutal para ella; se le movió todo el piso, le quitaron las ligas de donde se
colgaba. Por eso creo que la señora está pensando seriamente en buscar un
espacio para caer en blandito porque las cosas se le complicaron.
–Electoralmente,
¿qué impacto tienen las escisiones del SNTE?
–El
maestro ha votado con libertad en los últimos procesos electorales; la señora
ya no tiene influencia sobre el maestro, y eso le representa puntos negativos.
Por otro lado, los sindicatos independientes han crecido en muchos estados y en
los ya existentes hay un nuevo brío por buscar independizarse del SNTE. Esto se
debe a todos los conflictos que ella generó. Hoy los maestros se están dando
cuenta de que Gordillo ya no cuenta con el respaldo del presidente.
Bravo
advierte que la lideresa está desesperada y tratará de agarrarse de cualquier
cosa. Incluso no descarta que vaya a trabajar, debajo del agua, a favor de
Enrique Peña Nieto o de Josefina Vázquez Mota.
Roger
Arias, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Tabasco,
que tiene 16 mil 500 afiliados, asegura que por lo menos en ese estado y en
otros donde los sindicatos magisteriales independientes son fuertes la
operación electoral del SNTE ya no funcionará.
“Por
ejemplo, nuestro sindicato dejó de ser corporativo del PRI, hay libertad
partidista y ya no existe el voto forzado a favor del Panal. Aquí hay una
pérdida de credibilidad en la maestra Gordillo. A nivel nacional está igual.
Para nosotros Elba Esther ya está muerta, su liderazgo se perdió en el tiempo.
La gente ya no cree en ella y su caída es inminente”, sostiene el maestro.
Eliseo
Islas, miembro del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato
y Servicios Educativos de Veracruz, advierte que en ese estado los maestros
apoyarán al PRI y augura que el Panal ni siquiera alcanzará 2% para mantener el
registro.
Artemio
Ortiz, representante del Comité Nacional Democrático de la CNTE, es más cauto.
Considera que la acción de los sindicatos independientes no será suficiente
para inhibir la maquinaria electoral de Gordillo compuesta por 100 mil operadores.
Sin
embargo, adelanta que la coordinadora de maestros disidentes pondrá en marcha
una estrategia de “caza mapaches electorales” para detener ese aparato que
Gordillo echará a caminar, no sólo para Gabriel Quadri, candidato del Panal,
sino de ser necesario a favor de Enrique Peña Nieto o de Josefina Vázquez Mota.
“Nosotros
estamos haciendo el llamado para vigilar las elecciones y eso creo que sí
podría romperles el esquema a Elba Esther Gordillo, al Panal y a quien se alíe
con ellos, ya sea el PRI o el PAN, porque la señora va a trabajar con distintos
candidatos en diferentes zonas del país”, asegura el maestro de Michoacán,
quien forma parte del Movimiento de Unidad Social de un Gobierno del Pueblo
(MUSOC-GP), que integra a decenas de organizaciones sociales que pactaron
trabajar con Andrés Manuel López Obrador.
“¡De panzazo!”
JAVIER BETANCOURT
Dado
el contenido y las estadísticas que expone este documental sobre la situación
actual de la educación básica en México, dirigido por Juan Carlos Rulfo y
Carlos Loret de Mola, el título suena optimista. Al desempeño de instituciones
como la Secretaría de Educación Pública o el Sindicato de Trabajadores de la
Educación mejor le hubiera quedado: ¡Reprobados! Quien pasa de panzazo, por su
buena intención y atrevimiento para abordar el tema, es el documental mismo.
¡De
panzazo! (México, 2012) presenta una serie de entrevistas donde se confrontan
diferentes puntos de vista sobre el problema educativo. Se defiende el espíritu
democrático que anima la propuesta de Mexicanos Primero con el fin de impugnar
y mejorar el sistema educativo en el país; maestros y directores de escuelas
primarias y secundarias, alumnos y padres de familia cuentan su experiencia y
plantean sus quejas. Denise Dresser, Federico Reyes Heroles, comentan el
asunto.
Duele
constatar eso que ya se sabe sobre la iniquidad de la institución por boca de
los aquejados mismos: ausentismo de maestros, falta de material, poca o nula
participación de los progenitores, se muestran en el contexto de escuelas en
lugares claves del territorio mexicano como Iztapalapa en el Distrito Federal,
Sierra de Guerrero, Morelia o Ciudad Juárez. Provoca escalofrío el talante de
dirigentes como Alonso Lujambio y Elba Ester Gordillo justificando las acciones
de los organismos de poder que representan. Deprime ver a los jóvenes jugando
cartas, al calor de la verbena, para llenar las horas muertas durante la
ausencia de los responsables de su formación.
De
antemano, este trabajo lleva su causa ganada, imposible resistir el encanto con
que se presentan chicos y chicas preocupados por su futuro y ávidos de
aprender, sobre todo, ¿quién no está de acuerdo en la necesidad de cuestionar y
mejorar la educación en este país? La propuesta, sin embargo, tiende a diluirse
en un optimismo de slogan parecido a “la solución somos todos”, los padres de
familia deben involucrarse en las actividades escolares, los estudiantes no
deben faltar a clase y los maestros deben prepararse mejor.
Resulta
difícil, sin embargo, pasar por alto la falta de rigor en la presentación y el
tratamiento de un problema tan retorcido y lleno de aristas. Si bien la
secuencia de diferentes momentos a lo largo de la carrera de la presidenta
vitalicia del SNTE expone la demagogia y la zalamería de una líder sindical,
producto del régimen del PRI, el encuentro lo gana la maestra. Elba Ester
Gordillo se come a Loret de Mola y aprovecha la entrevista como plataforma para
defender su propia causa.
Sólo
en ciertos momentos se nota la mirada aguda del director de Del olvido al no me
acuerdo o de El Hoyo, su talento para crear metáforas visuales destaca en
secuencias como la de los indígenas jugando básquetbol en una secundaria en
Chiapas, o la de un chico en silla de ruedas tratando de subir una rampa, la
educación lesionada en espera de alguien que la ayude a seguir.
