Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS
PERIODÍSTICA ®
Domingo 16 de septiembre de
2012
SUPLEMENTO DOMINICAL
“ENFOQUE” DEL REFORMA
Colaborador Invitado / Desfile militar 'sin
novedad'
Presidentes van, presidentes vendrán; la historia
muestra que las ceremonias cívicas están por encima de cualquier gobernante
Colaborador Invitado
(16 septiembre 2012).- Alejandro Rosas
Historiador.
La imagen, por demás elocuente, fue la nota -casi
noticia de ocho columnas- del 16 de septiembre del 2007: los hijos del
presidente Calderón aparecieron en el balcón central del Palacio Nacional,
desde donde el jefe del Ejecutivo presidía el primer desfile militar de su
sexenio.
Por entonces poco importaron las maniobras
militares, la marcialidad de la tradicional parada, la marcha perfecta de los
diferentes agrupamientos y batallones, los vehículos blindados, los hombres
camuflados que saludaban al comandante supremo al pasar frente al balcón, o los
aviones que surcaban el cielo.
Tampoco nadie hizo hincapié en las decenas de miles
de personas que, como año tras año -sin importar quién ocupa la Presidencia-,
abarrotan las principales calles y avenidas de la Ciudad de México -sobre todo
Paseo de la Reforma- para aplaudir y vitorear a los distintos contingentes del
Ejército mexicano.
La izquierda, que se negaba a reconocer a Calderón,
lanzó sus críticas sobre un hecho que parecía más una anécdota curiosa que un
acto lleno de simbolismo o un espaldarazo a las Fuerzas Armadas desde el ámbito
íntimo de la familia Calderón, cuando la guerra contra el narcotráfico apenas
comenzaba.
En los días siguientes, no faltaron las ocurrencias
de quienes defendieron a los niños Calderón vestidos de militares, como el
general Roberto Badillo Martínez, secretario de la Comisión de Defensa
Nacional, quien señaló que "el Presidente sólo cumplió un anhelo similar
al que tienen todos los niños del país que desean vestirse no sólo como
soldados, sino como policías y bomberos". He de confesar que, a pesar de
ser historiador, en mi infancia jamás pasó por mi mente disfrazarme de militar,
bombero o policía.
Sin embargo, ante la puntillosa pregunta de que el
problema no era el disfraz de militar sino haber utilizado insignias, la
respuesta del general Badillo merecía ser colocada con letras de oro en el
Congreso: "¡Pero si las insignias se compran en cualquier lado! ¿No se
acuerda que Juan Garrison y Agallón Mafafas traían insignias? También se ponían
estrellas con corcholatas" (La Jornada, 18 de septiembre del 2007).
Frente a la guerra desatada contra el narcotráfico
como principal acción de la administración calderonista, cabe la pregunta de si
el tradicional desfile militar del 16 de septiembre ha tomado un matiz
diferente para respaldar la participación de las Fuerzas Armadas. Desde una
perspectiva eminentemente histórica, la respuesta sería negativa. Junto con la
tradicional ceremonia del Grito, la parada militar mantiene la misma solemnidad
que le imprimieron los gobiernos surgidos de la Revolución, misma que guardaron
los regímenes del sistema político priista hasta el 2000.
Más que hacer cambios en el desfile militar, cada
Presidente le ha otorgado al Grito su estilo personal, basta recordar el famoso
"Viva el Tercer Mundo" de Echeverría, "Viva la democracia"
de Fox o el significativo "Viva la Revolución" de Calderón el 15 de
septiembre del 2010.
Las Fiestas Patrias han tenido momentos de mayor
simbolismo que lo visto en el sexenio que concluye, como aquel 15 de septiembre
de 1942, cuando México ya se había declarado en estado de guerra frente a las
potencias del Eje y, en un hecho sin precedentes, el presidente Ávila Camacho
realizó un acto a las 11 de la mañana, llamado "Ceremonia de Acercamiento
Nacional", que no era otra cosa que un llamado a la Unidad Nacional, para
lo cual reunió a los ex presidentes Plutarco Elías Calles, Abelardo Rodríguez,
Pascual Ortiz Rubio, Emilio Portes Gil, Adolfo de la Huerta y Lázaro Cárdenas,
varios de los cuales habían terminado enemistados. Para la historia quedó la
famosa foto de los ex presidentes en el balcón central del Palacio. La
ceremonia fue un éxito, seguramente a regañadientes, y por la noche Ávila
Camacho dio el grito tradicional.
Fuera del "Viva la Revolución", las
paradas militares durante este sexenio no han mostrado transformaciones
significativas. En el 2008, el ambiente fue de extrema tensión por lo ocurrido
la noche anterior en Morelia, cuando estallaron unas granadas en la plaza
principal; la novedad fue que por primera vez en la historia, la Secretaría de
Marina inició el desfile militar -quizás anticipando su incorporación tiempo
después a la lucha contra el narco-; en 2009, llamaron la atención las
maniobras de rapel del cuerpo de paracaidistas que descendieron de los
helicópteros artillados en la Plaza de la Constitución. Durante los festejos
del Bicentenario, el gobierno estrenó aviones tipo caza, comprados a España y
desfilaron contingentes militares de otros países como había ocurrido en 1910
durante las fiestas del Centenario presididas por don Porfirio. Para el 2011,
fue más de lo mismo.
Con todo, el presidente Calderón sí ha echado mano
de la historia y de las ceremonias cívicas para reivindicar el papel de las
Fuerzas Armadas, ratificar que el Ejército es el "baluarte inmaculado de
nuestras instituciones" y para reconocer su lealtad.
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¿Es momento de un mando civil?
Reportaje Transición en las Fuerzas Armadas.
Especialistas en seguridad y derecho constitucional advierten sobre la
pertinencia de debatir la designación de un civil al frente de las Fuerzas
Armadas
Jésica Zermeño y Ernesto Núñez
(16 septiembre 2012).- México es uno de los siete
países en América que aún tiene militares al frente de sus ministerios de
Defensa. Los otros seis son El Salvador, Guatemala, Cuba, Venezuela, Nicaragua
y Bolivia.
Además, es uno de los tres países en el continente,
junto con El Salvador y Guatemala, que nunca ha tenido civiles al frente de la
milicia. Los demás, la mayoría tras cruentas dictaduras castrenses, decidieron
acotar el poder de los uniformados y abrir la posibilidad a los civiles de
coordinar a las Fuerzas Armadas. También México es el único país americano en
el que no existe un mando unificado de Ejército y Marina.
Según las leyes orgánicas que rigen a la milicia
mexicana, el mando supremo de militares y marinos deberá ser nombrado por el
presidente de la República y deberá ostentar el mayor grado en el escalafón
militar: general de división para la Sedena y almirante en la Semar.
'Falta un mando único'.-Paz del Campo
Una Secretaría de las Fuerzas Armadas con un civil
al frente descargaría al Ejército y la Marina de algunas funciones administrativas
desgastantes y permitiría que los militares se dedicaran a ejercer el mando de
las tropas, asegura el general retirado Rafael Paz del Campo.
"No tendría duda de que la comunidad
internacional, los organismos no gubernamentales y defensores de derechos
humanos aplaudirían la decisión a favor de un secretario de Estado civil. Es
muy fuerte la presión que se ejerce en este sentido y en la limitación del
fuero de guerra, muy a pesar de los efectos negativos que la comunidad militar
percibe en esto. Sin embargo, también tendría efectos positivos: el general o
el almirante contarían con una cortina de protección que los liberaría de
algunos inconvenientes propios del sistema político.
"Ya no tendrían que asistir al Congreso a
justificar el cumplimiento de las órdenes que reciben del Presidente. No
tendrían que enfrentar, cuando menos directamente, a los organismos de derechos
humanos y los medios de comunicación. Evitaría el desgaste, casi siempre
inútil, para la obtención y justificación de los recursos presupuestales para
el sostenimiento del soldado... De manera simple, los militares estarían
dedicados a ejercer el mando de las tropas", explica el coordinador
académico de la maestría en derecho militar de la Universidad Anáhuac del
Norte.
El general, quien fuera director de Banjército y
del Colegio de la Defensa, asegura que el sexenio que termina evidenció que
hace falta en el gobierno federal un mando único que coordine las acciones del
Ejército, la Marina y la Policía Federal.
"Al no existir un mando único responsable de
estas acciones ante la nación, cada mando por separado toma sus propias
decisiones, busca la dirección que sus intereses personales le aconsejan,
dispone de los recursos, de los medios que considera necesarios, sin existir
entre estas organizaciones la coordinación indispensable para la entrega de
resultados satisfactorios.
"Hace falta un mando único que tome las
decisiones y asuma las responsabilidades; que mantenga la unidad de
objetivo", estima el general en retiro.
El también doctor en administración publica por la
Universidad Anáhuac advierte al menos dos complicaciones para llevar a cabo
estas transformaciones: La primera, que en medio de la guerra contra el
narcotráfico ni el Ejército ni la Marina están preparados para la creación de
un Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, figura que está presente en la
mayoría de los países de América y que requeriría una reingeniería
institucional profunda.
"Las tropas han sido usadas por el sistema
político, por su comandante. Hasta hoy no se capta una sola decisión tomada por
los mandos militares en esta intervención. Se siente una profunda división
entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Se evoca una descoordinación en
la toma de decisiones y desconfianza en el intercambio de información",
considera.
La segunda complicación es que se enfrentaría un
problema adicional: determinar qué civil tendrá las credenciales para ser el
secretario de las Fuerzas Armadas, dado el perfil de los políticos mexicanos.
Los líderes que existen, dice, son percibidos por la sociedad como funcionarios
privilegiados que no asumen ninguna responsabilidad ante la Nación, que se
amparan en los fueros y brincan de un cargo a otro.
'Los dejaron solos'
Para Paz del Campo, la institución castrense fue
abandonada en la lucha contra el crimen organizado por las autoridades civiles,
quienes fueron incapaces de generar un marco legal que amparara sus acciones
contra el crimen organizado.
A su parecer, debe reglamentarse el artículo 89
constitucional, que establece que el presidente de la República puede disponer
de las Fuerzas Armadas para preservar la seguridad nacional, seguridad interior
y defensa exterior de la Federación.
Además, considera que a las Fuerzas Armadas no se
les ha dotado de un presupuesto "razonablemente suficiente", que
permita afrontar sus responsabilidades en materia de seguridad pública de una
mejor manera, con equipo de punta, pues nueve de cada 10 pesos del presupuesto
de la Sedena se va a gasto corriente."Es el momento de definir lo que hará
el futuro gobierno de México con sus Fuerzas Armadas. ¿Las reorganizará? ¿Las
modernizará? ¿Les definirá sus misiones? ¿Les delimitará sus áreas de
responsabilidad? ¿Les generará una nueva doctrina, un nuevo marco legal para su
actuación? O continuarán el camino del desprestigio, de su desaparición como
tales, constituyéndose en una mala policía vestida de camuflaje... Éste es el
sueño de nuestros vecinos", advierte.
Jésica Zermeño
'Es hora de debatir un mando civil conjunto'.-
Benítez
Para evitar la regresión en las relaciones
cívico-militares en México, el Presidente electo debe impulsar una reforma
militar profunda y retomar la discusión sobre la creación de un mando conjunto
coordinado por una Secretaría de la Defensa, que esté conformada por civiles,
asegura Raúl Benítez Manaut.
Si Enrique Peña Nieto no promueve esta reforma,
advierte el especialista en Fuerzas Armadas, las relaciones entre la clase
política y los militares y marinos seguirán siendo opacas, de conveniencia, de
desconocimiento y descoordinación.
"Corremos el riesgo de que las cosas sigan
igual, de que en Los Pinos no haya ningún equipo que coordine y centralice
información sobre las Fuerzas Armadas, de que no haya transparencia y que, en
la Cámara de Diputados, las comisiones de Defensa y Marina no tengan
prácticamente ninguna injerencia real de vigilancia sobre su labor. Los civiles
tienen más sensibilidad para decir 'esto no está funcionando'. Los militares
no, ellos reciben órdenes", asegura el académico de la UNAM.
El investigador dice que la discusión sobre la
reforma de las Fuerzas Armadas se dio en América Latina, España, Portugal y
Sudáfrica desde finales de los setenta, con la desaparición de las dictaduras
militares. El cambio en el rol de la milicia fue fundamental para el proceso
democrático en esos países.
Asegura que el tema también fue parte de la agenda
de la transición en México, promovido por senadores del PAN y diputados del PRD
entre 1997 y 2000, y fue un asunto discutido en esos años en el Colegio de la
Defensa Nacional y el Centro de Estudios Superiores Navales, las instituciones
de educación superior de militares y marinos, discusiones plasmadas incluso en
tesis de grado. Pero hoy en día, dice el miembro de la Latin American Studies
Association, ese debate ha desaparecido.
"La participación en la seguridad pública y la
lucha contra el crimen organizado están provocando una parálisis en las Fuerzas
Armadas de toda América Latina, y en México esto se ha exacerbado por una
razón: nunca se hizo una reforma. En América del Sur hubo ministerios civiles,
hay tropas afuera de sus países, haciendo misiones de paz, hay comandos
conjuntos y hay Consejos de Seguridad Nacional cívico-militares, y aquí nunca
los hubo. En Sudamérica se avanzó mucho más", afirma.
El investigador explica que Vicente Fox y Felipe
Calderón buscaron el apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas, evitando tocar
su régimen legal. De forma tal que el pacto cívico-militar funcionó igual que
en la época priista.
"¿Qué se puede esperar con Peña Nieto?",
cuestiona el especialista, "que no haya ningún cambio. Quizá me pueda
equivocar, pero en la lista de reformas no está ni la reforma militar ni la
revisión de la Ley de Seguridad Nacional, que está parada".
Para Benítez Manaut, si el plan de Peña de
transparencia y anticorrupción se va a llevar a cabo resguardando fueros de
sindicatos, empresas paraestatales y militares, no tiene sentido
emprenderlo."Si se quiere que la democracia siga avanzando, no se
retroceda: es tiempo de iniciar la discusión para que un grupo de civiles
dirija un mando conjunto vía un nuevo Ministerio. Acepto que no es tan
factible, por las condiciones: la guerra contra el crimen organizado y la
llegada del PRI. La desconfianza que existe para la coordinación con la Policía
Federal es inmensa. Pero esta discusión es necesaria, para que la estrategia
contra el crimen sea más certera y algún día hablemos de que las Fuerzas
Armadas dejen las calles", concluye.
Jésica Zermeño
'Puede ser un militar retirado'.- Valadés
Un gabinete es un órgano político de gobierno, y no
debería haber en él hombres armados, afirma el abogado constitucionalista Diego
Valadés, quien asegura que ya es tiempo de que México concluya su proceso de
desmilitarización de la política, con mandos civiles al frente de las
secretarías de la Defensa Nacional y Marina.
Esto resolvería muchos problemas de percepción en
la sociedad mexicana, afirma el también ex procurador general de la República,
y contribuiría a que se dé un regreso paulatino de los soldados a los
cuarteles, luego de que en este sexenio fueron utilizados para labores de
seguridad pública.
"México es uno de los pocos países en los que
todavía una persona armada, dos militares en activo en el caso mexicano, se
sientan en la mesa de los ministros, de los secretarios de Estado, con un jefe
de Estado que es civil.
"Es una asignatura pendiente en el proceso de
desmilitarización del país. Durante mucho tiempo los militares tuvieron la
presidencia del partido hegemónico, hubo una época en la que tenían una cuota
en el Congreso, en los estados; incluso tenían un sector del partido. Se ha
venido dando un proceso de desmilitarización de la política, y el último paso
que nos falta es que los secretarios de Marina y Defensa sean civiles, como
ocurre prácticamente en todas las democracias modernas", comenta.
Valadés considera que es factible dar un paso en
esta dirección, pues no implica una reforma constitucional, sino reformas a la
Ley de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica del Ejército y
Fuerza Aérea. Propone, además, una salida intermedia: nombrar a un militar en
retiro, como ocurre en Perú, lo que implicaría ya no tener a un hombre armado
en el gabinete.
El académico del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM considera preocupantes las tensiones que se están dando en
torno al próximo relevo en la Sedena, y considera que éstas serían menores si
esa función administrativa recayera en un civil.
"Veo una inquietud que no se había visto
nunca, nunca después de agotada la fase armada de la Revolución. No había visto
una tensión en el ámbito de las Fuerzas Armadas como la que se está produciendo
en este momento, en la que incluso trasciende que hay pugnas importantes entre
los jefes militares que aspiran a la Sedena. Eso nos debe hacer
reflexionar", añade.
Ernesto Núñez
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Parte de guerra
Reportaje Transición en las Fuerzas Armadas. En un
corte de caja preliminar, el saldo de la guerra contra el narco para el
Ejército y la Marina es negativo
Jésica Zermeño
(16 septiembre 2012).- Durante el sexenio fueron
nombrados una y otra vez como el último recurso para el combate al crimen
organizado, pero todavía no se ve cercano su regreso a los cuarteles. Para bien
y para mal, nunca antes en la historia reciente del país las Fuerzas Armadas
habían tenido tanto contacto con los mexicanos como en los últimos seis años.
El sexenio en el que inició la guerra contra el
crimen organizado termina con casi 66 mil elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional y la Marina realizando labores de seguridad pública y combate
al crimen organizado: 49 mil elementos militares y 16 mil 925 marinos en todo
el territorio nacional cada mes, según datos del Sexto Informe de Gobierno.
El Ejército dejó de participar exclusivamente en
operaciones especiales de combate y en la erradicación de cultivos de mariguana
y amapola, para patrullar lo mismo caminos rurales que zonas urbanas. La Marina
inició operaciones en tierra, lejos de los puertos. Ambos reforzaron sus
labores de inteligencia.
El número de elementos militares casi no creció
durante el sexenio: mientras las células criminales brotaron en zonas
impensadas en 2006, salpicando de violencia poblaciones antes tranquilas, y las
detenciones de los delincuentes parecen no tener fin, la Secretaría de la
Defensa Nacional incrementó sólo en 6.5 por ciento el número de sus efectivos,
llegando a 209 mil 706 elementos. La Secretaría de Marina creció un poco más:
tiene hoy 54 mil 214 elementos, 14.2 por ciento más que cuando Calderón llegó
al poder.
A ellos agradeció el Presidente el pasado 3 de
septiembre, en su mensaje con motivo del Sexto Informe de Gobierno.
"Dondequiera que se siente su presencia, se
recupera la tranquilidad de las comunidades. Y, para mí, ha sido el mayor de los
honores ser Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas", dijo Calderón.
Sin embargo, en lugar de reducirse, las operaciones
para contener la violencia van en aumento, siempre con la participación de las
Fuerzas Armadas.
Tras el primer operativo conjunto -inédito en su
tipo por reunir fuerzas militares y civiles-, que inició en diciembre de 2006
en Michoacán, hoy están en marcha 12 operativos más de este tipo que cubren la
mitad de las entidades del país: Aguascalientes, Baja California, Campeche,
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
Ni siquiera el primer operativo, implementado en el
estado natal del Presidente, pudo llegar a su fin en este sexenio.
En este escenario, producto del recrudecimiento de
la violencia de la delincuencia organizada y su enfrentamiento con las fuerzas
de seguridad, cuatro de cada 10 mexicanos tienen que convivir cotidianamente
con los patrullajes y las operaciones de los uniformados, civiles y militares,
pues las corporaciones policiacas municipales y estatales quedaron totalmente
rebasadas y, en algunos casos, coludidas con la delincuencia y desintegradas.
La detención de cuatro generales este año deja ver que también las Fuerzas
Armadas fueron infiltradas.
Presupuesto
Para llevar a cabo sus nuevas responsabilidades, el
presupuesto de las Fuerzas Armadas en la administración calderonista no creció
tanto como el gasto de la Secretaría de Seguridad Pública.
El Congreso de la Unión incrementó el presupuesto
de la Sedena en 72.9 por ciento entre 2007 y 2012, al pasar de 32 mil 200.9
millones a 55 mil 610.9 millones de pesos. El de la Semar se incrementó en 79.7
por ciento: de 10 mil 951.3 millones de pesos que le fueron asignados en 2007
pasó a 19 mil 679.6 millones. El presupuesto para la Secretaría de Seguridad
Pública casi se triplicó en este periodo.
La mayor parte del gasto militar fue para aumentar
los sueldos de la tropa y tratar de contener la deserción. En 2012, el gasto
corriente representó el 97 por ciento del gasto de la Sedena, y el 92 por
ciento de la Semar.
El general brigadier Martín Terrones, director de
comunicación social de la Sedena, asegura que la clase política no respaldó lo
suficiente a las Fuerzas Armadas, pues su presupuesto sigue siendo, junto con
Guatemala, el menor de América con relación al PIB: 0.49 por ciento.
En contraste, la milicia ecuatoriana recibe 3.48
por ciento; la colombiana, 2.30 por ciento, y la brasileña, 1.73, por mencionar
algunos países.
El general asegura que con lo disponible, gracias a
un fideicomiso en la Secretaría de Hacienda, se pudieron adquirir vehículos y
capacitar a los militares para cumplir uno de los principales retos para el
Ejército en esta administración: la instrumentación de operaciones urbanas, por
la cercanía con la población.
"A partir de este sexenio, nosotros tuvimos un
cambio muy radical: el enfrentamiento directo con la delincuencia organizada.
Adquirimos vehículos SandCat con blindaje para las operaciones contra el crimen
organizado en las poblaciones... Antes sólo teníamos las Cheyenes, que no
estaban blindadas... Además, a partir de este sexenio se organizaron centros de
adiestramiento para operaciones urbanas en las diferentes regiones militares. Hemos
intentando que ese acercamiento, que es un gran reto, no traiga graves
consecuencias", dice el militar.
Entre las adquisiciones, está también equipo de
inteligencia para ambas secretarías. Incluso, se creó la Unidad de Inteligencia
Naval, a principios de 2008. El incremento de las actividades de inteligencia
permitió que las Fuerzas Armadas detuvieran a por lo menos 16 capos de alto
nivel.
Acercamiento
A la par de las nuevas actividad de las Fuerzas
Armadas y su mayor interacción con la población, llegaron las violaciones a los
derechos humanos. Detenciones ilegales, asesinatos, desapariciones y abusos de
autoridad en general comenzaron a relacionarse con los militares, hoy todavía
la institución más respetada por los mexicanos.
Hasta el 31 de agosto, la CNDH había remitido 106
recomendaciones por violaciones a los derechos humanos contra la Sedena y 18
recomendaciones contra la Semar.
Para intentar revertir esta situación, comenzó la
instrucción de los elementos en derechos humanos. La asistencia de militares a
clases de esta materia en universidades privadas se convirtió en algo común.
Según cifras oficiales, el 95 por ciento de militares y marinos ya fueron
capacitados.
Además, con el fin de mantener su prestigio social,
la Sedena puso en marcha un amplio programa de acercamiento con la población
que incluyó, por primera vez en la historia del Ejército y la Fuerza Aérea
Mexicana, dos exhibiciones aéreas en la base de Santa Lucía, Estado de México,
que tuvieron una afluencia de más de 320 mil personas, según los organizadores.
También hubo exposiciones en el Distrito Federal,
Monterrey, Puebla y Guadalajara, y en febrero de 2011 se abrieron las puertas
del Campo Militar Número 1 a
todo el público los domingos. Por primera vez, bicicletas y paseantes en
instalaciones militares.
El acercamiento a las tropas se permitió también
después de los desfiles militares, como el de hoy. Desde 2010 familias enteras
pudieron acercarse e incluso subirse a los vehículos de la milicia.
Para Javier Oliva, la actuación de las Fuerzas
Armadas en este sexenio ha sido exitosa, a pesar de su sobreexposición y las
violaciones a los derechos humanos, pues las tropas se utilizaron para apagar
cualquier infierno que prendió.
"El Presidente asegura que ha habido una
estrategia integral contra el crimen organizado. En realidad lo que hubo fue
una estrategia parcial, donde se privilegió el uso de la fuerza, que sí ha sido
exitoso. Pero la prevención no ha existido, ¿qué hace la autoridad civil?,
¿dónde está la complementariedad?
"El primer paso que tiene que darse es
continuar en la estrategia de utilización de las Fuerzas Armadas, pero en un
esfuerzo notable, comenzar a fortalecer, por regiones si es necesario, a las
instituciones policiacas civiles de todos los niveles. ¿Qué no hay mecanismos
políticos para exigir que se saneen las policías?", se pregunta.
El pasado 5 de septiembre, Miguel Osorio Chong,
coordinador de Diálogo Político y Seguridad del Presidente electo, anunció que
las Fuerzas Armadas continuarán en las calles el próximo sexenio, hasta nuevo
aviso.
Vehículos
y aviones
Unidades
adquiridas por el Ejército entre enero de 2007 y agosto de 2012.
|
Camionetas diversas
|
2,938
|
|
Vehículos Humvee
|
280
|
|
Vehículos TPV SandCat
|
245
|
|
Autobuses de transporte de personal o escolares
|
198
|
|
Ambulancias
|
141
|
|
Remolques diversos
|
100
|
|
Vehículos y camiones
cisterna
|
89
|
|
Tractocamiones
|
56
|
|
Camiones de 6.5 toneladas
|
28
|
|
Vehículos de inspección no
intrusiva de rayos X
|
14
|
|
Vehículos de inspección no
intrusiva de rayos gamma
|
14
|
|
Automóviles
|
13
|
|
Camionetas Suburban
blindadas
|
11
|
|
Tractores agrícolas
|
5
|
Unidades adquiridas por la Fuerza Aérea Mexicana entre enero de 2007 y agosto de 2012.
|
Helicópteros EC-725 Cougar
|
12
|
|
Aviones Beechcraft T-6
Texan 11
|
6
|
|
Aviones Casa-295M
|
6
|
|
Aviones C-27J Spartan
|
4
|
|
Vehículos tipo bombero
|
2
|
|
Helicóptero B-206 L-IV
|
1
|
|
Aviones Hermes 450, no
tripulados
|
No determinado
|
Fuentes: Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012, Sedena, y 6to Informe de Gobierno.
Equipamiento de la Marina
Naves construidas por la Semar entre diciembre de 2006 y agosto de 2012.
|
Buques Patrullas
Interceptoras Clase Polaris II
|
8
|
|
Buque Patrulla de
Vigilancia Oceánica ARM
|
2
|
|
Buque Patrulla de
Vigilancia Costera Clase Demócrata ARM
|
1
|
Unidades aeronavales adquiridas por la Semar entre diciembre de 2006 y agosto de 2012.
|
Embarcación clase Defender
|
36
|
|
Aviones Casa Persuader
C-295
|
6
|
|
Helicóptero Cougar
|
3
|
|
Helicópteros Panther
AS-565 MB
|
3
|
|
Helicópteros medianos no
especificados
|
3*
|
|
Helicóptero MI-17 V5
|
3
|
|
Aviones Casa CN-235
|
2
|
|
Helicóptero Schweizer SAC
|
1
|
|
Avión Grumman Gulfstream
G-450
|
1
|
|
LearJet 31A
|
1
|
Vehículos de la Semar
Camionetas pick-up, camionetas doble cabina, camiones tipo comando, vehículos para personal tipo UNIMOG U4000, vehículos clase G Mercedes Benz, Land Rover, Kawasaki, Suburban, ambulancias, vehículos tipo alacrán, vans y motocicletas. Embarcaciones menores de fibra de vidrio.**
* Se entregarán en el transcurso de 2012.
**Cantidad no especificada por la Semar para toda la administración.
Fuentes: Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012, Semar, y 6to Informe de Gobierno.
Iniciativa Mérida
Principales transferencias de equipo durante la presente administración.
Secretaría de Marina (SEMAR)
|
Aviones Casa CN-235
"Persuader" Para misiones de vigilancia
|
4
|
|
Helicópteros "Black
Hawk" para transporte de personal y carga
|
3
|
|
Vehículos de inspección no
intrusiva de rayos X con tecnología ZBV (Z Backscatter Van)
|
3
|
|
Equipos para inspección de
espacios ocultos
|
No determinado
|
|
Detectores de radioactividad
|
No determinado
|
Secretaría de la defensa nacional (Sedena)
|
Laptops para
adiestramiento de inteligencia
|
50
|
|
Escáners manuales de iones
|
43
|
|
Equipos de detección de
drogas CT-30
|
35
|
|
Cámaras para vigilancia
(fijas)
|
10
|
|
Equipos móviles de
inspección no intrusiva de rayos gamma
|
10
|
|
Medidores de radiación
como complemento a los equipos de inspección no intrusiva
|
10
|
|
Helicópteros Bell 412-Ep
|
8
|
|
Software para equipos de
rayos X
|
6
|
|
Cámaras de vigilancia
periférica
|
2
|
|
Sistema de vigilancia con
38 cámaras y equipo deiverso
|
1
|
El gasto en seguridad durante el panismo
En la era panista, la Secretaría de Seguridad Pública se llevó el principal incremento presupuestal, al multiplicarse por seis sus recursos. Le siguió la Secretaría de la Defensa Nacional, con un incremento de 147.9 por ciento, y después la Secretaría de Marina, cuyo presupuesto creció 121.7 por ciento.
(Cifras en miles de millones de pesos).
|
|
SEDENA
|
SEMAR
|
SSP
|
PGR
|
Total del presupuesto por
año de las cuatro dependencias.
|
|
2001
|
22,424
|
8,873
|
6,350
|
5,594
|
43,242
|
|
2002
|
22,705
|
8,518
|
7,320
|
6,932
|
45,476
|
|
2003
|
22,831
|
8,899
|
7,067
|
7,154
|
45,952
|
|
2004
|
23,332
|
8,488
|
6,462
|
7,256
|
45,540
|
|
2005
|
24,002
|
8,636
|
7,036
|
8,143
|
47,819
|
|
2006
|
26,031
|
9,163
|
9,274
|
9,550
|
54,020
|
|
2007
|
32,200
|
10,951
|
13,664
|
9,216
|
66,033
|
|
2008
|
34,861
|
13,382
|
19,711
|
9,307
|
77,263
|
|
2009
|
43,623
|
16,059
|
32,916
|
12,309
|
104,909
|
|
2010
|
43,632
|
15,991
|
32,437
|
11,781
|
103,843
|
|
2011
|
50,039
|
18,270
|
35,519
|
11,997
|
115,826
|
|
2012
|
55,610
|
19,679
|
40,536
|
14,905
|
130,732
|
Crecimiento en el sexenio de Vicente Fox (2001-2006)
24.92%
Crecimiento en el sexenio de Felipe Calderón
(2007-2012)
97.98%
Crecimiento porcentual en los dos sexenios:
202%
Fuente: Presupuesto de Egresos de la
Federación 2001-2012
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Pendientes para la rendición de cuentas
Análisis Transparencia a debate. Se corre el riesgo
de que el debate abierto con las iniciativas en materia de acceso a la
información vuelva a dispersar la agenda. Preocupa que el conjunto de
iniciativas que se han colocado en el Legislativo tienda a reproducir una vez
más la fragmentación por razones políticas coyunturales
Mauricio Merino
(16 septiembre 2012).- Profesor-investigador del
CIDE y coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas.
Luego de un periodo de casi tres años sin cambios
institucionales relevantes en materia de transparencia, acceso a la información
y rendición de cuentas, esos temas se han situado en el primer plano del debate
público y han concitado un amplio conjunto de nuevas iniciativas y propuestas de
reforma constitucional y legal que reclaman ya una reflexión pausada y
cuidadosa sobre sus propósitos y sus posibles consecuencias.
Algunas propuestas han sido presentadas como
iniciativas formales ante alguna de las dos Cámaras legislativas y una más ha
sido votada ya por el Senado. Entre ellas, destacan las iniciativas presentadas
por el presidente Felipe Calderón para reformar la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y promover una reforma laboral; la iniciativa que aprobó el
Senado para crear una Fiscalía Anticorrupción y que se encuentra ya en la
Cámara de Diputados; las iniciativas que han presentado, a su vez, legisladores
del Partido de la Revolución Democrática para modificar las facultades del
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IFAI) y del Partido Acción Nacional para regular la publicidad gubernamental,
respectivamente. Y, finalmente, las que ha venido preparando el equipo de
transición del Presidente electo Enrique Peña Nieto para crear una Comisión
Nacional Anticorrupción, modificar al IFAI y regular la compra de publicidad
gubernamental.
La primera cuestión que salta a la vista es la
diversidad de estas iniciativas y la ausencia de un diagnóstico compartido
entre ellas. En los estudios publicados por la Red por la Rendición de Cuentas
se ha insistido en que la fragmentación de definiciones, normas, instituciones
públicas y acciones de vigilancia y control ciudadano ha obrado en contra del
objetivo de la rendición de cuentas en el país. Los esfuerzos que México ha
hecho a favor del derecho de acceso a la información pública, la evaluación de
las políticas y la fiscalización de los recursos no han conseguido producir los
efectos suficientes en la eficacia de los gobiernos, en el diseño más eficiente
de políticas, ni en la lucha contra la corrupción, porque esos esfuerzos han
sido aislados y han carecido de una concepción armoniosa y coherente sobre el
significado y los alcances de la rendición de cuentas.
Preocupa que el conjunto de iniciativas que hoy se
han colocado en el Poder Legislativo tienda a reproducir una vez más esa
fragmentación por razones políticas coyunturales, por la confrontación entre
visiones partidarias y/o por el deseo de legitimar las acciones del gobierno,
en detrimento del objetivo superior de garantizar las condiciones para tener
una administración pública honesta, abierta y eficaz.
Las reformas planteadas en materia de transparencia
y acceso a la información -y en particular las que apuntan hacia el
fortalecimiento del IFAI- proponen cambios dignos de consideración y aprecio.
Es verdad que el IFAI debe consolidarse, debe contar con autonomía plena, debe
reconocerse como última instancia de las decisiones en materia de acceso a la
información pública, y que sus prácticas y decisiones deben influir en las que
llevan a cabo los órganos garantes de las entidades federativas. Pero la
ampliación del número de comisionados y, sobre todo, la forma en que serían
designados, podría convertirse en una nueva forma de captura política que debe
conjurarse mediante procedimientos diáfanos y verificables. Y de otro lado, es
preciso aclarar la fuerza coactiva de las decisiones tomadas por el órgano
reformado, para evitar resistencias burocráticas y nuevos obstáculos
enderezados por los gobiernos locales. Por lo demás, esa reforma dependería de
la aprobación posterior de una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información cuya hechura, ya de suyo, amerita la mayor atención pública.
Más allá de las virtudes que tiene esa iniciativa en
particular -y de las que podría añadir la reforma a la contabilidad
gubernamental planteada por el gobierno de Felipe Calderón para acceder a los
ingresos y los gastos de los gobiernos locales-, el paquete propuesto hasta
ahora todavía está muy lejos de convertirse en un verdadero sistema de
rendición de cuentas. En esas iniciativas no hay normas explícitas para
vincular la aprobación anual de los presupuestos públicos con paquetes
evaluativos presupuestarios, que den cuenta de los procesos y de los resultados
que se esperan obtener con los recursos públicos, asignando con toda claridad
los montos, los plazos, la información y las personas que han de asumir la
responsabilidad de ejercer atribuciones y recursos, caso por caso -y antes de
que esos presupuestos sean aprobados y no después, como sucede ahora-.
En las iniciativas no hay sistemas de control
democrático de la autoridad claramente establecidos, ni medios para que la
sociedad -organizada o individualmente- pueda hacer el seguimiento exacto y
oportuno de los programas públicos, ni para que cualquier individuo pueda
actuar con eficacia cuando observe desviaciones de los programas aprobados, de
los presupuestos asignados o de los resultados obtenidos. En las iniciativas no
se fortalece, sino que se debilita la autoridad de la ASF y el rol que le
corresponde como órgano superior de fiscalización.
No hay en ellas un sistema de sanciones o de
incentivos asentado en el debido proceso, dirigido por un tribunal
independiente del Poder Ejecutivo, que garantice el sistema de
responsabilidades públicas que está en la base de la rendición de cuentas.
Tampoco hay una mudanza de los procesos administrativos vigentes que han
permitido la captura de los puestos públicos, el uso insuficiente de los
métodos de evaluación de políticas y de desempeño de los funcionarios públicos;
la desviación de los sistemas de compras, adquisiciones y contrataciones de los
gobiernos, y el uso discrecional de las deudas, los fideicomisos y los recursos
públicos transferidos a organizaciones, sindicatos y partidos que no forman
parte de la administración pública, pero que sí son usufructuarios de los
dineros públicos. Y no hay en ellas un sistema articulado para garantizar que
los cambios necesarios para contar con una política de rendición de cuentas
alcancen y obliguen por igual a los tres niveles de gobierno.
Una política integral de rendición de cuentas no se
colma con las iniciativas presentadas hasta ahora por las distintas fuerzas
políticas ante el Poder Legislativo. Por el contrario, existe el riesgo de que
el curso de los acontecimientos inmediatos genere la percepción de que
solamente el aumento de la transparencia y el castigo a los corruptos bastan
para suplir la exigencia de una política completa, articulada y coherente de rendición
de cuentas y este propósito, que hoy cuenta con una ventana de oportunidad, se
vuelva a perder por un largo periodo, confundido por los nuevos organismos
derivados del apremio político de nuestros días.
Twitter: @RindanCuentas
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Transparencia de tercera generación
Análisis Transparencia a debate. Sería deseable que
el Congreso apruebe, con el mayor consenso posible, la propuesta de Peña Nieto
para fortalecer al IFAI. La iniciativa busca terminar con la fragmentación en
el sistema de rendición de cuentas, responsable parcialmente de los escasos
resultados alcanzados
Miguel Carbonell y José Carbonell
(16 septiembre 2012).- Investigador del Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. / Profesor de la Facultad de Derecho
de la UNAM.
Convertir a los institutos de acceso a la
información en órganos constitucionales autónomos (...) ayudaría en la lucha
contra la corrupción, la impunidad, la secrecía de los asuntos públicos, el
desconocimiento por parte de la sociedad del manejo de la res pública, a la vez
que fortalecería la transparencia de las cuestiones públicas.
Jorge Carpizo
El Presidente electo, Enrique Peña Nieto, presentó
hace unos días el proyecto de iniciativa que fortalece y otorga autonomía
constitucional al Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos
Personales. El objetivo general de la propuesta es darle un estatuto
constitucionalmente similar al que tiene el Banco de México o el Instituto
Federal Electoral.
Dicha iniciativa es la primera de las tres promesas
prioritarias que el Presidente electo dijo que iba a enviar al Legislativo a
través de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM en el Congreso; las
otras tendrán que ver con la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción y
con la regulación del flujo del dinero público hacia los medios de
comunicación, según lo ha anunciado en distintos foros.
En la presentación de su propuesta, Peña sostuvo
que "una democracia de resultados requiere niveles de transparencia y
rendición de cuentas veraces y oportunos... Este proyecto asegura mecanismos
para hacer efectivo el derecho a la información pública, prerrequisito para un
sistema político moderno, abierto y democrático".
La transparencia es una forma de darle sustancia al
sistema democrático, el cual inicia (pero no termina) con los procesos
electorales. La democracia debe ser concebida como un régimen que va mucho más
allá de la competencia electoral y que aspira en definitiva a construir un
Estado en el que los gobernantes rindan cuentas y los ciudadanos puedan pedir
explicaciones sobre la forma en que se ejerce el poder público.
La reforma que está impulsando Peña Nieto busca que
el IFAI sea el único responsable -por mandato directo de nuestra Constitución-
de garantizar el cumplimiento del derecho al acceso a la información pública y
la protección de datos personales en posesión de las autoridades a nivel
federal. Para ello, se le otorga personalidad jurídica y patrimonio propios,
así como plena autonomía técnica, de gestión y para poder decidir sobre el
ejercicio de su presupuesto y organización interna.
La propuesta desvincula orgánicamente al IFAI de la
administración pública y le otorga garantías para ejercer su tarea de manera
mucho más eficaz. Es decir, se fortalece a la instancia responsable de
garantizar la transparencia gubernamental -y por tanto al sistema de rendición
de cuentas en su conjunto-, en la misma línea de las experiencias históricas
que han dado buenos resultados en instituciones similares como el IFE, la CNDH,
el INEGI o el Banco de México. Pensamos que se está siguiendo una ruta que en
México ya ha sido explorada y que ha dado buenos resultados en el pasado
inmediato.
Además de dotar al IFAI de plena autonomía
constitucional, se amplía de forma importante su esfera de acción, ya que se le
faculta para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información
pública de cualquier autoridad del ámbito federal, excepto de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (actualmente sólo puede intervenir en cuestiones relacionadas
con el Poder Ejecutivo). Además se constituye como un órgano de segunda
instancia, encargado de revisar las inconformidades que le presenten los
particulares en contra de decisiones de los institutos de transparencia
locales.
Desde el punto de vista del diseño institucional,
la propuesta de EPN aumenta el número de comisionados del IFAI -de cinco a
siete-, los cuales durarán en el cargo siete años, sin posibilidad de
reelección. Serán nombrados por el presidente de la República, pero -al igual
que en la actualidad- la Cámara de Senadores podrá objetar dichos nombramientos
(o la Comisión Permanente, en el caso de que el Senado no se encuentre en
periodo de sesiones).
A los comisionados se les protege con un blindaje
jurídico para asegurar su autonomía, de tal forma que no podrán ser removidos
de su cargo más que a través de un juicio político, y para proceder penalmente
en su contra será necesario que la Cámara de Diputados así lo autorice.
Asimismo, el comisionado que encabezará al órgano de transparencia (su
presidente) será designado por los propios comisionados. Su mandato será de
tres años, sin posibilidad de reelección, y cuando termine su periodo como
presidente seguirá -en su caso- como comisionado ordinario.
También se contempla que el IFAI y sus equivalentes
estatales puedan presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema
Corte. En el caso del órgano federal, se le faculta para impugnar leyes de
carácter federal o estatales, así como tratados internacionales; y a los
institutos estatales se les permite objetar únicamente leyes expedidas por las
legislaturas locales.
La iniciativa busca terminar con la fragmentación
existente en el sistema de rendición de cuentas, responsable, parcialmente, de
los escasos resultados alcanzados. El proyecto propone un cambio importante al
ordenar que el IFAI se coordine con la Auditoría Superior de la Federación y el
Archivo General de la Nación. La idea es mejorar las políticas y las acciones
de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. Se trata de avanzar
hacia la construcción de un verdadero sistema nacional de rendición de cuentas,
en el que se integren instituciones y procesos de nueva generación. De hecho,
si la propuesta es aprobada, tendremos un sistema precisamente nacional de acceso
a la información, ya que el IFAI se encargará de unificar criterios
interpretativos tanto de la legislación federal como de las leyes locales en
materia de transparencia; este es uno de los puntos que estimamos más positivos
de la iniciativa.
Otro aspecto interesante del proyecto es que obliga
a las entidades federativas -incluido el Distrito Federal- a fortalecer a sus
institutos locales de transparencia. En el ámbito local, tanto la regulación
como la integración de dichos órganos son muy heterogéneas y a veces
deficientes.
En la actualidad los gobiernos de las entidades
federativas y de los municipios son los encargados de ejercer prácticamente la
mitad del gasto público del Estado mexicano; y en los últimos años hemos visto
cómo se han multiplicado los escándalos por la forma en que gastan y la
opacidad de sus presupuestos. Basta recordar el caso del anterior gobierno de
Coahuila, que multiplicó la deuda pública prácticamente por 100, sin que
existieran constancias ni comprobación alguna de una buena parte de dicho
endeudamiento.
Hay que resaltar este aspecto, ya que en la
práctica han sido varias las entidades que se han ido rezagando en materia de
acceso a la información; por ejemplo, en una investigación reciente sobre los
Institutos de Acceso a la Información locales, 20 de ellos declararon carecer
del marco normativo adecuado y del personal suficiente para desarrollar su
actividad adecuadamente. Además, no se puede ignorar que varios órganos
garantes locales han sido capturados por los gobernadores en turno y han
ejercido sus tareas con nula autonomía y plena deferencia hacia los poderes
públicos.
Para corregir esta situación, el proyecto establece
pautas mínimas para la conformación de los institutos locales. Se exige que
sean imparciales y que cuenten asimismo con ciertas garantías de independencia
en su funcionamiento.
Se trata de una iniciativa plausible, que retoma
propuestas que habían ido madurando en distintos ámbitos universitarios y
organizaciones civiles en los años recientes, y que viene a dar continuidad a
una institución cuyos resultados han beneficiado notablemente al país. México
es más democrático gracias al IFAI y al impulso que le ha dado a la política de
transparencia y rendición de cuentas.
En esa lógica, la propuesta de EPN parece llegar en
el momento correcto, tanto por el tema de que trata como por el enfoque que se
le pretende dar. Desde el propio IFAI ya se había demandado el otorgamiento de
la autonomía constitucional, incluso desde que Alonso Lujambio era su presidente;
así lo hemos sostenido durante años desde la UNAM, en distintos coloquios y
publicaciones académicas. Celebramos que se haya escuchado de las voces
académicas y de muchos mexicanos que aprecian y valoran la transparencia y la
rendición de cuentas. En este contexto, sería deseable que la propuesta se
apruebe pronto y con el mayor consenso posible, pues refleja un sentido de
Estado que no siempre ha estado presente en los afanes de nuestros gobernantes.
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La cultura política
(16 septiembre 2012).- Téngalo presente
Inseguridad y violencia: mediciones, acciones y
representaciones. Edgardo Buscaglia, Luis de la Barreda, Eduardo Guerrero, José
Merino, Laura Medellín, Álvaro Guzmán, Diana Silva, Luis Estrada y Elia
Baltazar. Martes 18 a
jueves 20. Casa de las Humanidades UNAM. Presidente Carranza 162, Coyoacán.
Programa: http://bit.ly/PcnTi6
Conferencias
De la ciudadanía y de los derechos humanos: la
educación. Carlos Jamil Cury. Lunes 17 a viernes 21, 10:00 hrs. UIA. Prolongación
Paseo de la Reforma 880. Informes: 5950 4000, ext. 4040.
Foros
Seguridad humana: una apuesta imprescindible.
Carlos Silva, Úrsula Oswald, Óscar Parra, Guillermina Bahena, Francisco
Pamplona, entre otros. Inicia Miércoles 19, 9:30 hrs.
CDHDF. Universidad 1449. Informes:
http://bit.ly/OhsGMA
Mesas redondas
¿Nacionalización o federalización de las
competencias electorales en México? Luis Molina, Jacobo Domínguez, entre otros.
Martes 18, 11:00 hrs. Facultad de Derecho UNAM. CU. Informes: 5703 1455.
Crisis en Europa y derrumbe del sistema de
bienestar. Eugenia Correa, Alicia Girón y Antonio Palazuelos. Martes 18, 12:00
hrs. IIEc UNAM. Inf. 5623 0093.
Elecciones con alternancia.
Javier Hernández, Stephanie Porto, Moisés Pérez,
entre otros. Miércoles 19, 11:00 hrs. Casa
Lamm. Informes: 5525 3938.
Presentaciones
La cuestión agraria. Carlos Durand, María del
Carmen Carmona, José del Val, Julián Germán, entre otros. Martes 18, 10:00 hrs.
IIJ UNAM. CU. Informes: 5622 7474, ext: 1768.
Escrito sin D. Sugerencias para un periodismo sin
etiquetas de Elia Baltazar y Daniela Pastrana. Conapred. Martes 18, 18:30 hrs.
Museo Franz Mayer.
Hidalgo 45, Centro. Informes: 5262 1490, ext. 5228.
Trabajar ¿para qué? Reflexiones de lo global a lo
local coordinado por Alfonso Bouzas. UNAM.
Arturo Alcalde, Alejandro Carbajal, entre otros.
Jueves 20, 18:00 hrs. Casa Universitaria del
Libro. Orizaba 24, Roma. Informes: 5622 7390.
Entrar a la democracia y salir del autoritarismo.
Ana López, Martha Singer, Antonio Flores, entre otros. Viernes 21, 9:00 hrs.
FCPyS UNAM. CU. Informes: 5171 5396.
Revistas
Este País No. 257. Alejandro Pizarroso, Marco
Enríquez-Ominami, Eduardo Robledo y José Barros examinan la transición
presidencial.
Zócalo No. 151. Análisis de la agenda legislativa.
Raúl Trejo, Rodrigo Gómez, Agustín Ramírez, José Reveles, Héctor Tajonar,
Manuel de Santiago y Balbina Flores.
Seminarios
Semana de la transparencia.
Agnès Callamard, Eduardo Bohórquez, Soledad Loaeza,
Graham Smith, Mauricio Merino, Salvador Nava, Sergio López, entre otros. Inicia
miércoles 19, 9:00 hrs. Hotel Hilton. Juárez 70, Centro. Informes:
snt.ifai.org.mx
Análisis y propuestas de políticas públicas de
juventud. Martín Appialoza, Fernando Aguilar, Irma Uribe, Mónica González Contró,
Tere Lanzagota, Antonio Pérez, entre otros. Miércoles 19, 9:00 hrs. IIJ UNAM.
CU. Informes: 5622 7474, ext: 1768.
Propuestas latinoamericanas ante nuestros actuales
retos internacionales. Jueves 20 y viernes 21, 9:00 hrs. IIJ UNAM.
Informes: 5622 7474, ext: 1768 y
http://bit.ly/TUt4pz
Hacia un 'ius commune' latinoamericano en derechos
humanos. Margarita Luna, Luis de la Barreda, José María Serna, entre otros.
Viernes 21, 9:00 hrs. Sede alterna de la SCJN. Revolución 1508, Guadalupe Inn.
Informes: 5622 7474, ext. 1768.
Si desea difundir alguna actividad de cultura
política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
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