domingo, 14 de febrero de 2010

Acontecer Diario


Carmen Lila Romero / Luis Alberto García

Sucesos y Sucedidos

SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®

www.cartamesoamericana.com / www.ikbalam.org

Domingo 14 de febrero de 2010

AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS DE HAITI

SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA

Colaborador Invitado / Matrimonio, homosexuales y laicidad

Preocupa que ciertos sectores pretendan callar las voces disidentes bajo el manoseado argumento de la laicidad del Estado

Colaborador Invitado

(14 febrero 2010).- Fernando Rodríguez Doval

Diputado del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En la muy laica Francia, el muy socialista Lionel Jospin se opuso cuando era primer ministro al matrimonio entre homosexuales y a la posibilidad de que adoptaran. "El matrimonio es, en su origen y en tanto que institución, la unión de un hombre y una mujer. Esta definición no obedece al azar. No remite, en primer lugar, a una inclinación sexual, sino a la dualidad de sexos que caracteriza nuestra existencia y que constituye la condición de la procreación y, en consecuencia, de la continuación de la humanidad", escribió el político galo en un artículo publicado el 16 de mayo de 2004 en Le Journal du Dimanche, en el que también denunció la tentación biempensante de impedir un debate profundo sobre el tema bajo la amenaza de que cualquiera que se opusiera al matrimonio homosexual fuera tachado automáticamente de homofóbico.

En la Ciudad de México se cayó en esa tentación. En un lapso de poco menos de cuatro semanas (el 24 de noviembre fue presentada la iniciativa y el 21 de diciembre aprobada por el pleno), la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa reformó el Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, con la consiguiente posibilidad de que puedan adoptar. No se llevó a cabo ningún foro institucional sobre el tema ni se escuchó la voz de los especialistas en los diferentes ámbitos. En menos de un mes se hizo lo que en otros países ha llevado años de reflexión.

Los promotores de esta iniciativa invocaron como motivación fundamental el principio de igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 1o. de la Constitución, argumentando que el matrimonio ha sido una institución discriminatoria en tanto que sólo podían adscribirse a ella las parejas heterosexuales. Múltiples sofismas podrían entonces esgrimirse bajo la misma lógica, según la cual podríamos decir que el matrimonio es discriminatorio porque establece límites de edad para tener acceso a él o porque no puedan casarse quienes tengan un cierto parentesco entre sí. La propia Suprema Corte ha interpretado este principio sosteniendo que "el análisis de igualdad no sólo implica tratar igual a los iguales, sino también desigual a los desiguales" y que dicho principio "no postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato, como criterio básico para la producción normativa".

Una relación entre hombre y mujer es razonablemente distinta a la que se da entre dos hombres o entre dos mujeres. No se está haciendo con tal afirmación un juicio moral sino enfatizando una evidencia fáctica. Los propios colectivos lésbico-gays hablan de "diversidad". ¿Es por lo tanto discriminatorio pensar en una institución diferente para las uniones heterosexuales que para las homosexuales en tanto que estas relaciones son en sí mismas diferentes?

Es cierto que no todos los matrimonios tienen hijos, bien sea por elección o por imposibilidad física de alguno de los cónyuges. Pero también es cierto que en una inmensa mayoría de los casos sí se presenta esta característica y el matrimonio funciona como la institución en donde se regula la reproducción humana y todo el conjunto de derechos y obligaciones que a partir de ésta surgen. Al eliminar de la definición de matrimonio la posibilidad de la procreación se está dejando entrever que ésta no merece protección por parte del Estado.

En la legislación internacional, aun en los países más modernos, la apertura del matrimonio a parejas del mismo sexo es la excepción y no la regla. En su lugar se contemplan otro tipo de instituciones con derechos análogos pero salvaguardando la especificidad hombre-mujer de la institución matrimonial. El principio de igualdad de derechos no puede suprimir las diferencias que existen en toda sociedad. Estas diferencias exigen distinción de trato, sin que ello implique discriminación.

¿Hay en las anteriores líneas alguna argumentación de tipo religioso? Me parece que no. Por eso es preocupante que ciertos sectores pretendan callar las voces disidentes bajo el manoseado argumento de la laicidad del Estado, término que además confunden con un intolerante laicismo que pretende apropiarse del monopolio de decidir qué y cómo es lo que se puede discutir en el espacio público. Frente a él, la verdadera laicidad defiende la necesidad de que en una sociedad libre y democrática todas las opiniones puedan ser expresadas y todas las voces escuchadas.

frdoval@gmail.com

Carta a Enfoque / Sobre matrimonios gays y Estado laico

(14 febrero 2010).- Señores Caballero y Juárez:

Leí el documento que ustedes firman, publicado en Enfoque (7 de febrero del 2010).

Entiendo que el propósito de tal documento es aportar elementos para defender las recientes reformas en el Distrito Federal por las cuales se permite el matrimonio de personas del mismo sexo.

Para hacerlo hablan ustedes de algo que es cierto: el derecho debe ser un promotor del cambio. A eso aspiran todos los regímenes jurídicos, aun cuando no lo logren.

Al mismo tiempo mencionan ustedes ciertos argumentos que, lamento decirlo, no contribuyen al propósito que persiguen, pues son del mismo corte de aquellos que ustedes pretenden censurar; es decir, los argumentos que presentan son excluyentes. Vaya, para decirlo de manera más gráfica (pero no exacta) son discriminatorios.

En cuatro ocasiones señalan que la Corte debe adoptar el criterio que ustedes proponen, y eso es excluyente, porque todo deber tiene esa condición.

El deber es una limitación a la libertad individual; cuando se impone un deber, el sujeto de tal deber queda impedido de hacer algo diferente de lo que es el contenido del deber; el deber excluye cualquier otra conducta que no sea la que prescribe u ordena.

Cuando ustedes sugieren que la Corte actúe de cierta manera, lo dicen invocando un deber, lo que significa que la Corte está impedida, en el pensamiento de ustedes, de hacer cualquier otra cosa que no sea lo que ustedes proponen. Son ustedes tan dogmáticos como aquellos a los que critican.

Ésta es la paradoja en la que han caído ustedes y todos los que censuran a los que se oponen a su manera de ver las cosas. Son tan radicales como dicen ustedes que son los que están en desacuerdo con ustedes.

Reflexionen y verán que se equivocaron en su planteamiento, por una cuestión de lógica elemental. Lástima, mejor suerte para la próxima.

Oswaldo Mendoza

Por qué reformar la elección presidencial

Debate Reforma política. La segunda vuelta, propuesta por el Ejecutivo, debe complementarse con otros cambios, como la reducción del periodo de gobierno. La iniciativa no considera otras deficiencias importantes del sistema de elección presidencial en México

Gabriel L. Negretto

(14 febrero 2010).- El principal criterio para evaluar una fórmula electoral no es si fortalece a un gobierno o a un Presidente, sino qué tanto permite una correspondencia adecuada entre las preferencias electorales de los ciudadanos y el resultado final de la elección. Desde este punto de vista, ninguna fórmula de elección presidencial es plenamente satisfactoria pues todas permiten resultados más o menos arbitrarios. De un mismo universo de votantes pudieran resultar electos distintos candidatos si se usaran fórmulas distintas o si cambiasen las opciones sobre las cuales votaron.

Pero no todas las fórmulas son iguales. Cuando compiten más de dos candidatos importantes a la Presidencia, la peor fórmula es la que rige actualmente en México, es decir, la mayoría relativa. En una contienda presidencial entre más de dos candidatos de peso, esta fórmula puede producir ganadores con un muy bajo apoyo popular, con escasos márgenes de diferencia entre el primero y el segundo candidato más votado y, lo que es más grave, deja abierta la posibilidad de que el "ganador" sea la alternativa menos preferida por una mayoría del electorado. En otras palabras, en una elección presidencial fragmentada, como la que se vivió en México en 2006 y es probable que se repita en el futuro, la fórmula de mayoría relativa hace posible elegir un Presidente con bajo grado de legitimidad democrática, puede agravar posibles disputas postelectorales y generar altos grados de insatisfacción ciudadana con el sistema político.

La propuesta del gobierno

La propuesta de reforma política presentada por el presidente Felipe Calderón incluye la adopción de una fórmula de mayoría absoluta para elegir Presidente. Esta fórmula tiene dos ventajas principales. La primera es que si un candidato sobrepasa el 50 por ciento de los votos en la primera votación, dicho candidato tiende a gozar del apoyo real y positivo de una mayoría de votantes. Si ningún candidato sobrepasa el umbral, la segunda ventaja de la fórmula es de carácter negativo, y consiste en evitar el triunfo del candidato que se encuentra último en las preferencias de más de mitad de los votantes, pues en una segunda vuelta estos candidatos pierden contra aquellos que representan el "mal menor." Dado que los candidatos más repudiados suelen ubicarse en posiciones extremas respecto de las preferencias de una mayoría de votantes, la fórmula puede también -pero no necesariamente- favorecer a los candidatos con posiciones más moderadas.

Sin embargo, la fórmula de mayoría absoluta tiene varios defectos. El principal es inducir a que los candidatos presidenciales se multipliquen sin que esto responda a la diversidad de preferencias entre los votantes. Dado que es difícil superar el umbral, la mayoría absoluta motiva a los partidos pequeños a proponer candidatos presidenciales, aunque no tengan posibilidad real de ganar la elección, con el solo fin de forzar una segunda vuelta y negociar su apoyo a alguno de los dos candidatos principales. Los votantes tienen más opciones sin que necesariamente mejore la representación. Por otra parte, si ningún candidato es capaz de superar el umbral y la elección de Congreso se celebra en forma concurrente con la primera ronda de elección presidencial, la fórmula de mayoría absoluta puede también fragmentar excesivamente el número de partidos que compiten y alcanzan representación en el Congreso.

La fragmentación de partidos parlamentarios puede evitarse haciendo que la elección de Congreso sea concurrente con la segunda ronda de elección presidencial para generar un "efecto de arrastre" en la votación legislativa. Éste es el objetivo de la propuesta de Calderón de hacer concurrente la elección de Congreso con la segunda vuelta. No hay muchos precedentes de esta combinación en América Latina; el único caso ocurrió durante la elección presidencial de 1978 en Ecuador. Pero no es difícil anticipar sus efectos. La concurrencia entre la segunda vuelta de elección presidencial y la elección de Congreso facilitaría que los partidos del primero y el segundo candidato presidencial más votado obtuviesen la primera y la segunda mayoría en el Congreso. Sin embargo, de mantenerse la renovación de la Cámara de Diputados cada tres años (como se mantiene en la propuesta del gobierno), el objetivo de otorgar mayorías legislativas al partido del Presidente se cumpliría sólo en parte, pues en esa elección bien podría quedar el Presidente en minoría.

Fórmula de compromiso

Comparada con la fórmula que actualmente se aplica en México y la que propone el Ejecutivo, la fórmula más adecuada para elegir Presidente es la de mayoría relativa calificada con un margen de diferencia fijo de votos entre los dos candidatos más votados. Exigir que se sobrepase el 40 por ciento de los votos para ganar la elección, por ejemplo, es claramente menos demandante que el 50 por ciento más uno, sin dejar de representar un apoyo relativamente importante en el electorado. Por otra parte, este umbral sirve para identificar el punto crítico por debajo del cual podemos detectar que la coordinación entre partidos y/o votantes ha fracasado en generar dos contendientes principales. En el caso de que un tercer candidato cobre importancia es posible que se reduzca la diferencia entre el primero y el segundo más votados. Para evitar que esa diferencia se torne muy estrecha y dé lugar a controversias postelectorales, se necesita complementar el piso de votos requeridos con la exigencia de un margen mínimo de diferencia entre los votos obtenidos por el puntero sobre el siguiente contendiente. Un margen razonable sería, por ejemplo, 10 por ciento. Actualmente poseen variantes de esta fórmula Argentina, desde 1994; Ecuador, desde 1998; Nicaragua, desde 2000, y Bolivia, desde 2009.

Empíricamente, la fórmula de mayoría relativa calificada funciona de manera muy similar a la de mayoría relativa, en el sentido de que tiende a generar un número comparativamente bajo de contendientes fuertes a la Presidencia¹. Sin embargo, y esto es lo importante, la mayoría relativa calificada incluye la posibilidad de recurrir a una segunda vuelta cuando la elección presidencial se fragmenta en más de dos candidatos populares y nadie alcanza el umbral mínimo de votos (o la diferencia mínima requerida entre el primero y el segundo). En este caso, recurrir a la segunda vuelta es fundamental pues es el único mecanismo que permite eliminar al candidato menos preferido por la mayoría de los votantes.

Se puede argumentar que en una contienda polarizada la segunda vuelta no evita que la distancia entre el primero y el segundo candidato más votado termine siendo estrecha, digamos, 51-49. Esto supondría que los candidatos que compiten en la segunda vuelta dividen las preferencias electorales de la población en mitades prácticamente iguales. Pero no es frecuente que se den situaciones de este tipo. De una muestra de 27 segundas vueltas celebradas en América Latina entre 1978 y 2006 (tanto en sistemas de mayoría relativa calificada como de mayoría absoluta) la diferencia de votos promedio entre el primero y el segundo en segunda vuelta ha sido de 14.9. Y si bien la variación es grande entre los casos, sólo en 6 elecciones la diferencia fue menor al 5 por ciento.

De todas maneras, aun cuando efectivamente las elecciones se polarizaran y se definieran por estrecho margen, la existencia de una segunda vuelta representa una clara mejora respecto de la posibilidad de decidir la elección en una única instancia. En primer lugar, una segunda vuelta brindaría una nueva oportunidad para medir fuerzas y apoyos, tanto en la sociedad como dentro del sistema de partidos. Por otra parte, si la diferencia estrecha de votos diese lugar a reclamos o denuncias de fraude, la segunda vuelta daría tiempo para corregir errores y mejorar la supervisión de la elección. En otras palabras, en un contexto de confrontación la segunda vuelta puede servir como instrumento para canalizar institucionalmente el conflicto.

Hacia una reforma integral

La iniciativa de Calderón propone reformar la fórmula de elección presidencial, el ciclo de elección de legisladores y eliminar la prohibición de reelección legislativa. Pero no se consideran otras deficiencias importantes del sistema de elección presidencial en México, ni se integran las reformas propuestas de una manera articulada en su conjunto.

Junto con Venezuela (después de la reforma de Hugo Chávez, de 1999), México posee el término presidencial más largo de la región, es decir, seis años. La mayoría de los países cuyas constituciones tenían periodos presidenciales de seis o más años los han reducido a periodos de cinco o cuatro años durante el siglo XX. Y estas reformas se dieron por muy buenas razones. La existencia de un periodo presidencial fijo hace al régimen presidencial particularmente vulnerable cuando el Presidente ha perdido el apoyo político y popular en el contexto de una crisis económica o política profunda. Este riesgo aumenta obviamente cuanto más largo es el periodo presidencial, particularmente si la Constitución, como en el caso de México, carece de un mecanismo claro y eficiente para reemplazar al Presidente en la eventualidad de una terminación prematura su mandato.

Como contraposición, los diputados en México poseen un mandato de tres años, que se encuentra entre los más cortos de la región y del mundo. En parte por esta razón, y para profesionalizar la labor parlamentaria, se propone eliminar la prohibición de reelección legislativa. Sin embargo, no se ha reparado en que la misma lógica lleva a argumentar que debería extenderse el mandato de los diputados por más tiempo. Por más que exista la reelección, no todos los legisladores tendrán incentivos para postularse ni todos los que se postulen ganarán la reelección. En otras palabras, si lo que se quiere es promover la carrera legislativa, es preciso extender el mandato de los diputados al mismo tiempo que se elimina la prohibición de la reelección. Esto plantea la posibilidad de suprimir la renovación de la Cámara de Diputados en la mitad del periodo presidencial.

Y aquí viene la coordinación entre las distintas partes del engranaje institucional. De adoptarse una fórmula como la de mayoría relativa calificada para elegir Presidente, no sería necesario que la elección de Congreso fuese concurrente con la segunda ronda de elección presidencial pues es probable que muchas elecciones futuras se diriman en una sola vuelta. Pero dado que el mandato presidencial es excesivamente largo en México y que sería deseable extender el mandato de los legisladores, la fórmula propuesta podría adoptarse unificando los mandatos de Presidente y legisladores en cuatro o cinco años. De esta manera se evitarían las elecciones legislativas intermedias con la abstención electoral que suelen implicar, se "nacionalizaría" la elección de Congreso y sería probable que los presidentes contaran durante su mandato, si no con una mayoría absoluta, al menos con la primera mayoría en el Congreso.

El autor es profesor asociado de la División de Estudios Políticos del CIDE.

Nota:

¹ De una muestra de elecciones presidenciales competitivas realizadas por mayoría relativa y mayoría relativa calificada entre 1900 y 2006, se observa que, en promedio, el número de candidatos con apoyo popular importante es menor a tres con ambas fórmulas. Ver: Negretto, Gabriel, Propuesta para una Reforma Electoral en México, en Política y Gobierno, Vol. 14, No 1, Primavera 2007, pp. 215-27.

Entrevista / Flavio Sosa Villavicencio / 'Voy a votar porque Ulises se vaya'

Entrevista Elecciones en Oaxaca. Flavio Sosa, líder de la APPO. El líder más visible de la APPO apoya la alianza contra el PRI en Oaxaca, y advierte sobre nuevas posibilidades de un fraude electoral

Lourdes Morales Canales

(14 febrero 2010).- A nueve meses de concluir el turbulento sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, Flavio Sosa Villavicencio, uno de los líderes más visibles de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) plantea posibles desenlaces derivados de la alianza PRD-PAN-Convergencia, creada para ganarle al PRI, y que podría generar indignación y voto de castigo al gobierno, desencanto partidista o inmovilidad ciudadana por terror.

Los tres escenarios ya se vivieron en Oaxaca a lo largo del mismo sexenio; sin embargo, en este posible déjà vu, el ingrediente que hace la diferencia es la ciudadanía. Para Flavio Sosa, el próximo proceso electoral no es más que "la oportunidad que tienen los partidos políticos de reivindicarse con la ciudadanía". Aunque también acepta que es "el reflejo de la falta de representatividad de los partidos, que tienen que coaligarse varios para poder derrocar al PRI".

El voto de castigo se vivió tras el fallido desalojo a los maestros de la Sección 22, el 14 de junio del 2006. El resultado fue el surgimiento de una red de organizaciones conocida como APPO que, al grito de "ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó", tomó la capital durante más de cinco meses. En la elección federal de ese año, la indignación ciudadana arrebató al PRI, por primera vez en la historia, nueve de 11 diputaciones de mayoría y las dos senadurías.

El desencanto vino cuando falló el "matrimonio" entre partidos de oposición y organización social. Las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento de Flavio y Horacio Sosa Villavicencio en un penal de alta seguridad -detenidos horas después de que visitaran a Andrés Manuel López Obrador- y las vejaciones que sufrieron los más de 250 hombres y mujeres de la APPO en un penal de Tepic no hicieron más que minar los ánimos. Detenciones y asesinatos siguen al día de hoy inconclusos en los juzgados y frescos en la memoria oaxaqueña. En la elección local del 2007, el PRI simplemente arrasó: ganó la mayoría absoluta en el Congreso, así como 88 de los 151 municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos (los otros 418 municipios eligen autoridades por usos y costumbres). La participación electoral fue de sólo 37.5 por ciento.

Finalmente, la inmovilidad ciudadana por el terror está latente. Además de la criminalización de la protesta social y la desaparición forzada de cinco personas, jefes policiacos ligados a la represión del 2006 han sido brutalmente asesinados sin que haya avance en las investigaciones. Es el caso de Alejandro Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez, este último testigo supuestamente protegido en el caso de los eperristas desaparecidos, quien fue ejecutado el año pasado.

Después de un año y medio de prisión, de los cuales 10 meses pasó en total aislamiento, Flavio Sosa admite que la protesta ya no es hoy la del 2006 y, sin embargo, organizaciones civiles y dirigentes plantearon una agenda ciudadana que se espera sea retomada por la alianza.

¿Qué queda de la APPO?

El espíritu de la búsqueda de justicia. Ya no hay una estructura de carácter estatal que nos articule, ya no hay la masiva participación de organizaciones, hay más bien las ganas de que en Oaxaca cambien las cosas. Esperemos que esto se pueda manifestar de una manera contundente expresando su inconformidad hacia el PRI. Es mi opinión, pero hasta en eso tenemos opiniones divergentes.

En 2007 aparentemente lo que se reflejó fue una gran frustración y decepción ¿o no?

Absolutamente, porque las dirigencias de los partidos y los partidos no han sabido responder a la expectativa y al respaldo que este movimiento popular les dio durante el 2006, porque postularon candidatos que nada tenían que ver con el movimiento. Porque los partidos que en ese momento podían tener una identificación con el movimiento se quisieron deslindar.

¿Cómo se viven ahora las cosas en Oaxaca, previo al proceso electoral?

El proceso electoral se puede juzgar desde distintas perspectivas. Es la oportunidad que tienen los partidos políticos de reivindicarse con la ciudadanía. Es la posibilidad de un plebiscito o referéndum para que Ulises Ruiz se vaya. Es el reflejo de la falta de representatividad de los partidos, que tienen que coaligarse varios para poder derrocar al PRI. Es el ejemplo de un cacicazgo tan brutal que tiene a la maquinaria más "eficiente" del país. Aunque también es la posibilidad que tiene Gabino Cué de que en Oaxaca haya justicia y un gobierno diferente.

Después de lo que se vivió en 2006, ¿qué papel va a jugar la APPO?

La APPO ya no es la organización que articula el descontento, hay que reconocerlo autocríticamente. Ya no es la organización que tiene la capacidad de movilizar que tenía. Hoy la APPO es el magisterio y un grupo de organizaciones que quiere reivindicar la vía de la movilización pero la gran mayoría de ciudadanos no está participando activamente.

Se ha hablado de una posible alianza con el voto corporativo de la Sección 22.

No, la Sección 22 nunca ha funcionado como un corporativo, la Sección 22 y los agremiados harán consulta a la base y dirán si participan o no como Sección 22, pero sí veo a muchos maestros comprometidos en la búsqueda de democracia en Oaxaca. Hay una oportunidad en este proceso electoral.

¿Qué papel juega Flavio Sosa en este proceso?

Voy a votar porque Ulises Ruiz se vaya de Oaxaca.

¿Nada más votar?

También voy a invitar a las comunidades, a la gente con la que tengo la posibilidad de que participemos y le demos un carácter plebiscitario a esta elección. Que elijan candidatos con representación entre la ciudadanía y que no sean solamente las cúpulas partidistas.

En el 2006, en una de las asambleas se pidió explícitamente que hubiera una separación entre movimiento y partido. ¿Cuál es la postura ahora?

Está perfectamente definido. La APPO no tiene ningún vínculo con ningún partido. No es organización corporativa de ningún partido y seguramente si hay consejo estatal se tomará una decisión, pero va a influir mucho la posición que tome el magisterio.

¿Puede haber fraude electoral?

Claro que sí, estamos ante la delincuencia organizada, ya lo dijo el equipo de Beatriz Paredes cuando le hicieron fraude en Oaxaca.

¿Cómo se prepara la ciudadanía para evitarlo?

No observo hasta el día de hoy que haya una gran movilización ciudadana. Pero hay un espíritu de cambio. Lo sientes en los corrillos, yo camino, voy a los mercados y la gente dice que se la va a cobrar al PRI en las elecciones. Esperemos que esto suceda.

¿Ulises unió a todos en contra?

Claro que sí.

¿Andrés Manuel López Obrador los unió?

A muchos sí. Andrés Manuel ha fijado su posición con respecto a Ulises, ha sido muy crítico, hizo su gira por el estado, recorrió los 570 municipios -lo que no había hecho ningún político en México-. Lo hizo junto con Gabino Cué y Salomón Jara. Entonces, en los 570 municipios fijó su posición. Él está en contra de Ulises Ruiz y considera que debe castigarse.

¿Oaxaca cambió después de la APPO?

Después de la APPO hay una conciencia de que en el corto plazo se va a ver una participación más activa de la sociedad. En México después de 68 la gente empezó a demandar más democracia, se logró un sistema de partidos, modificaciones a la ley. En 1985 una gran participación ciudadana logró que en la Ciudad de México se democratizaran las formas de elección. Yo creo que en el corto plazo se va a ver reflejada en Oaxaca esa conciencia que se generó. Esos jóvenes que participaron en 2006, esos niños van a crecer con la idea de que en Oaxaca no pueden seguir así las cosas y eso se va a ver reflejado en el proceso electoral.

loulou.morales@gmail.com

Presupuestan erratxas

Reportaje Planeación al vapor. Los diputados aprobaron el principal instrumento de planeación del gasto público con 760 errores, y así fue publicado por el Ejecutivo

Martha Martínez

(14 febrero 2010).- Los diputados tuvieron más de dos meses para revisar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010; hicieron más de 67 correcciones al dictamen, llevaron las negociaciones al límite y lo votaron con cuatro días de retraso. Aún así, el presupuesto fue aprobado con 760 erratas y publicado por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación sin haberlas corregido.

Un análisis del Tomo VIII -el cual contiene el desglose de los gastos en materia de percepciones en la Administración Pública Federal- muestra que los salarios de por lo menos 7 mil funcionarios fueron registrados de manera incorrecta, generando incrementos de sueldo desmesurados que no corresponden con lo que realmente se les pagará.

Los errores, plasmados desde el Proyecto de Presupuesto enviado por la Secretaría de Hacienda y aprobados sin observación alguna por los diputados, se encuentran en las asignaciones al rubro "Plazas y Remuneraciones" de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comunicaciones y Transportes, Energía, Marina y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Un ejemplo es el caso de la Comisión Nacional del Agua -órgano desconcentrado de la Semarnat-. El año pasado, cada uno de los Técnicos Superiores de esta dependencia tuvo un sueldo de poco más de 133 mil pesos anuales; este 2010, el presupuesto establece que sus percepciones se incrementarán a más de 2 millones 700 mil pesos.

Otro caso es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En 2009 el sueldo anual de un Supervisor de Servicios de Operación Aeronáutica era de 936 mil 578 pesos; en 2010 será de un millón 873 mil pesos.

El "Analítico de Plazas y Percepciones" de la Secretaría de Marina también presenta inexactitudes, pues mientras que en 2009 un Almirante tenía una percepción anual de 264 mil 365 pesos, este año se establece que su sueldo será superior a los 2 millones 302 mil pesos.

La Comisión Federal de Electricidad -entidad de control directo de la Secretaría de Energía- presenta equivocaciones en el cargo Auxiliar Técnico Especializado, cuyo salario se incrementó de 692 mil 59 pesos a más de 2 millones de pesos.

En conjunto, los errores implicarían un gasto adicional en sueldos y salarios de más de 15 mil millones de pesos con respecto a lo gastado el año pasado, en caso de que se aplicara el presupuesto tal como fue publicado.

760 errores

En entrevista, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Luis Videgaray, reconoció que las enormes diferencias en las percepciones de algunos funcionarios públicos son errores que vienen desde el Proyecto de Presupuesto que envió Hacienda en septiembre, que no fueron corregidos por los legisladores durante la discusión del documento.

El diputado priista informó que la comisión que preside realizó una segunda revisión al presupuesto después de que se publicó, la cual arrojó que alrededor de 760 registros presentan errores en el rubro "plazas y remuneraciones". Aseguró que dichas impresiones no son sustantivas ya que no "descuadran" las cuentas del gobierno.

"Detectamos 760 errores de 517 mil registros, es decir, sí hay errores, pero son relativamente pocos. Que no se corrigieran en la Cámara de Diputados no quiere decir que no los hayamos detectado, de hecho ya estamos en coordinación con la Secretaría de Hacienda para que tome cartas en el asunto", señala.

Según Videgaray, éstos se deben a que dos semanas antes de la entrega del proyecto entró en vigor la Ley de Salarios Máximos y con ello, una serie de nuevos requerimientos en materia de información.

Videgaray señaló que la nueva normatividad modificó el Tomo VIII y el anexo XVI -ambos correspondientes a remuneraciones-, pues se incrementaron de 110 mil a 517 mil los registros, por lo que los diputados pudieron revisar sólo el 2 por ciento de la información.

"En el 2 por ciento de los casos verificamos que tuviera sentido, no quiere decir que así será en los próximos ejercicios, pero por lo corto del tiempo revisamos 2 mil de los 517 mil registros", reiteró.

El secretario de la Comisión de Presupuesto, Vidal Llerenas, tiene otra postura: según el perredista, en los presupuestos aprobados por la Cámara de Diputados siempre hay errores.

"Este año tienen que ver con que se apretó mucho el proceso hacia el final: el PRI no se decidía. Bueno, lo aprobamos cuatro días después del plazo, fue un proceso muy atropellado. Tuvo que ver también con que no había comisiones, el inicio de la legislatura, parte de eso es la explicación, pero la explicación es que el proceso se hizo el último día, la última semana", señaló.

Solución coyuntural

El presidente de la Comisión de Presupuesto indicó que los legisladores no tienen facultad para modificar el presupuesto una vez que es publicado, por lo que corresponderá a Hacienda "interpretar" las imprecisiones.

Videgaray explicó que, para evitar que esos yerros se conviertan en inconvenientes para la rendición de cuentas, la comisión a su cargo hizo tres peticiones a la Secretaría de Hacienda:

1. Mantener la congruencia entre el gasto de 2009 y 2010.

2. Aplicar de forma correcta los tabuladores.

3. Incluir en cada informe trimestral del ejercicio del presupuesto las medidas que se están tomando para corregir las discrepancias en la información.

Videgaray informó que la Comisión de Presupuesto analiza también la posibilidad de promover modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de lograr que Hacienda entregue el Tomo VIII y el Anexo XVI un mes antes que el Proyecto de Presupuesto.

Esto, añadió, con el objetivo de solicitar al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas que coadyuve en la revisión de los documentos y evitar con ello errores en la aprobación del Presupuesto 2011.

Señalamientos de la OCDE

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, México ocupa el segundo lugar en número de funcionarios encargados del diseño del presupuesto (770), sólo por debajo del Reino Unido (800).

Además, a partir del 2008, Hacienda implementó un esquema de diseño en dos etapas, que consiste en abrir durante las últimas dos semanas de agosto una segunda ronda de negociaciones entre las secretarías y el subsecretario de Egresos.

En teoría, este formato tiene como objetivo discutir las propuestas presentadas por cada una de las secretarías de Estado y corregir las discrepancias que pueden contener, antes de que el proyecto sea entregado al Legislativo.

Para la OCDE, el problema es la cantidad de información que contiene el presupuesto -que se incrementa a partir de modificaciones legales-, así como la mala distribución del tiempo de negociación, revisión y discusión del mismo.

En su estudio sobre el proceso presupuestario en México, el organismo internacional reconoce que la cantidad de información dificulta su control.

Según el documento, los 40 capítulos del anexo del Decreto de Presupuesto 2009 -que contienen información detallada de cada organismo y dependencia- tuvo una extensión de cerca de mil 500 páginas. Tan sólo en los sectores educativo y transporte, el presupuesto contiene 6 mil 500 y 9 mil registros, respectivamente.

A pesar de esta cantidad de información, los registros siguen incrementándose; por ejemplo, en el apartado plazas y remuneraciones, éstos pasaron de 110 mil a 517 mil en 2010 como resultado de la entrada en vigor de la Ley de Salarios Máximos.

"El Presupuesto mexicano presenta un volumen enorme de información. Una pregunta que se antoja apropiada es si todo este detalle de clasificación económica es necesario o útil. Aunque estos datos están organizados de forma adecuada, el volumen de información es tal que la mayoría de las personas encargadas de la toma de decisiones no están en posibilidades de abarcarla", indica la OCDE.

El organismo internacional reconoce también que la distribución del tiempo destinado a la revisión de las disposiciones de gasto es deficiente.

"El proceso de formulación del Presupuesto parece estar innecesariamente sesgado hacia las últimas semanas antes de someterlo a consideración del Congreso", advierte el reporte.

Como ejemplo, detalla que entre la comunicación de los topes presupuestarios por parte de la SHCP y la entrega del proyecto al Congreso transcurren apenas tres semanas.

La OCDE propone reducir el número de datos contenidos en el presupuesto, redistribuir el tiempo de su formulación y análisis para no recargarlo en las dos últimas semanas y comenzar la reorganización de la Subsecretaría de Egresos a fin de mejorar la gestión de las cargas de trabajo.

Opacidad e incertidumbre

Para el consultor en Presupuesto y Gestión Pública, Gabriel Farfán, los errores son una muestra de que México no cuenta con un instrumento confiable que sirva como eje rector del uso de los recursos públicos.

El especialista señala que a lo largo del ejercicio fiscal, lo establecido en el decreto puede ser modificado por la SHCP para corregir las inexactitudes que el Legislativo no detectó, modificar las cantidades asignadas y designar como gasto corriente recursos que inicialmente habían sido destinados al gasto capital.

Farfán advierte que estos cambios hacen del presupuesto un documento poco creíble, pues deja ver que no existe una política clara, consistente y de largo plazo sobre el destino de los recursos, lo que tiene un impacto directo en la legitimidad fiscal porque reduce la confianza de los ciudadanos sobre el uso honesto, productivo y responsable de sus impuestos.

Adicionalmente, señala, impide poner orden en el diseño, ejecución y fiscalización del gasto, pues al tratarse de un documento que es modificado constantemente genera confusiones, dificulta la rendición de cuentas y favorece prácticas irregulares en la ejecución, operación y aplicación de los recursos.

Farfán asegura que el proceso presupuestario podrá corregirse en la medida en que las autoridades hacendarias y el Legislativo dejen de preocuparse tanto por la cantidad de información que presentan y se enfoquen más en los resultados que cada peso erogado supuestamente debe obtener.

"El problema del Presupuesto es que es tal la cantidad de información que a la hora de la hora, no hay Congreso que tenga la capacidad para revisar todo", advierte.

Agrega que otra manera de resolver el problema es otorgarle más facultades al Congreso para que pueda revisar el presupuesto durante el ejercicio del mismo. Cabe recordar que hoy esa facultad es casi exclusiva de la SHCP.

Botones de muestra

Éstos son algunos ejemplos de los errores contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación que no fueron corregidos por los legisladores.

2009

CONAGUA. Según el presupuesto publicado, el sueldo anual de un técnico superior de esta dependencia pasó de 133 mil a 2.7 millones de pesos.

MARINA. El salario anual de un Almirante se habría multiplicado por 10.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. Un supervisor de Operación Aeronáutica ganaría, según el PEF 2010, lo doble que el año pasado.

Admite SHCP 'pequeños errorcitos'

Reportaje Planeación al vapor

Martha Martínez

(14 febrero 2010).- El titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alfonso Medina, reconoció que el Presupuesto 2010 contiene errores, pero aseguró que el de 2011 será de una precisión "impresionante".

El funcionario dijo que las erratas en el rubro plazas y remuneraciones no llegan ni al 1 por ciento de los 517 mil registros que conforman el Tomo VIII del presupuesto.

Medina, quien desde 2002 tiene a su cargo la integración del PEF, explicó que las imprecisiones son el resultado de las reformas a la normatividad sobre salarios y percepciones de los funcionarios públicos, pues entre la publicación de la Ley de Salarios Máximos y la entrega del Proyecto de Presupuesto a la Cámara de Diputados transcurrieron sólo 14 días naturales.

"Al final del día, lo que están saliendo son algunos pequeños errorcitos que significan menos del 1 por ciento de toda la masa de información; no es disculpa, no debería haber ningún error, pero pensando que nos enfrentamos a un gran volumen de información, este pequeño monto me deja ver que nos pusimos las pilas, nos pusimos a trabajar fuerte", señaló.

El funcionario añadió que la SHCP tenía una plataforma automatizada para sistematizar la información, pero la premura del tiempo impidió que contara con las reglas de validación suficientes.

Indicó que, si bien algunos yerros son simples problemas de captura o "de dedo", otros se debieron a que, al integrar los nuevos esquemas de remuneración, las dependencias no supieron qué hacer con ciertos recursos y decidieron "prorratearlos" entre los diferentes renglones del rubro remuneraciones.

Aseguró que Hacienda mantendrá la disciplina en la aplicación de los tabuladores a fin de que los sueldos y prestaciones se apliquen de manera correcta.

"Vamos a mantener la disciplina para que se aplique nada más lo autorizado, es un nivel muy elevado lo que está presentado el presupuesto y no porque se haya aprobado en ese nivel, ahora de manera obligada tenemos que aplicarlo", reiteró.

Medina rechazó que los presupuestos aprobados por la Cámara de Diputados en años anteriores contengan errores y aseguró que, superados los inconvenientes generados por la nueva normatividad, el PEF 2011 será preciso.

"Yo me atrevería a decir que el año que viene -espero no morderme la lengua- el Tomo VIII, y todo lo demás, va a ser de una precisión impresionante", aseveró.

'El mañana se decide hoy'

Entrevista Un político no tradicional. Marco Enríquez-Ominami, ex candidato independiente a la Presidencia de Chile. Los partidos y políticos tradicionales se han aislado de la ciudadanía. Este diagnóstico, válido para México y Chile, inspiró la candidatura ciudadana de Enríquez-Ominami

Ernesto Núñez

(14 febrero 2010).- Lanza a diario entre 40 y 50 mensajes a través de Twitter, y se mete al menos 30 veces al día a su página de Facebook para enterarse de lo que está sucediendo en el ciberespacio. Es uno de los pocos políticos latinoamericanos que atiende personalmente las cuentas que abre en las redes sociales bajo su nombre: Marco Enríquez-Ominami.

El ex candidato independiente a la Presidencia de Chile está convencido de que las causas de Facebook, a las que se suman a diario cientos o miles de ciudadanos, son más relevantes que las "causas" de los partidos políticos.

De hecho, afirma que la única causa que defienden actualmente los partidos es su patrimonio. "Los teléfonos de sus oficinas nunca suenan, pues viven completamente aislados de la ciudadanía", afirma.

Enríquez-Ominami tiene 37 mil 600 seguidores en Twitter y 82 mil fans en Facebook.

Es un antisistema, pero al mismo tiempo un creyente de la democracia partidista. Por eso su proyecto actual es crear un nuevo partido en Chile, distinto a los tradicionales.

Para determinar el nombre de ese partido, creó un espacio especial en su blog en el que sometió a votación siete propuestas: Los Demócratas, Partido Progresista, Nueva Mayoría Progresista, Partido País de Todos, Copihue, Movimiento de Transformación Democrática y Los Progresistas.

Además, abrió una dirección de correo electrónico para que sus simpatizantes envíen ideas programáticas y propuestas para el logotipo del nuevo partido.

Para él, ser un político no tradicional es algo serio. En eso coincidieron un millón 379 mil chilenos, que el pasado 13 de diciembre votaron por él en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Hijo de una leyenda

Enríquez-Ominami nació en junio de 1973, tres meses antes del golpe militar contra Salvador Allende. Su padre, Miguel Enríquez, era líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y murió en 1974, después de combatir por la vía armada la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Incursionó en política desde los 20 años; en los noventa se afilió al Partido Socialista, uno de los dos integrantes de la Concertación (coalición de partidos que gobernó Chile desde 1989, tras la caída de Pinochet).

Estudió filosofía y cine, y se dedicó a producir documentales, cortometrajes y series de televisión. Fundó la productora Rivas y Rivas, y en el 2002 grabó el documental Los héroes están fatigados, que describe cómo su padre se convirtió en una leyenda defendiendo hasta la muerte los ideales que compartía con Allende.

"Hoy, quienes eran héroes junto a él parecen estar fatigados", apunta el cineasta en el documental narrado por él mismo.

El 11 de marzo del 2006 fue electo diputado por el PS. En su paso por el Parlamento presentó 190 proyectos de reforma a diversas leyes y defendió todo tipo de causas, que van desde problemas en el sistema eléctrico y el sistema de agua hasta cambios al régimen político chileno; conflictos por la contratación de pautas estatales de publicidad, hasta temas como el aborto.

"No concibo a un legislador que no quiere legislar, un legislador no puede ser conservador, debe ser un reformador por naturaleza", afirma.

En el 2009 Enríquez-Ominami quiso competir por la candidatura presidencial de la Concertación, pero el Partido Socialista ya había acordado la candidatura de Eduardo Frei con el Partido Demócrata Cristiano de Chile y rechazó organizar las elecciones primarias que demandaban los partidarios de Ominami.

En junio renunció al PS y comenzó su carrera como candidato independiente. Obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta de las presidenciales, con el 20 por ciento de los votos), y ya no apareció en la segunda vuelta del pasado 17 de enero, en la que ganó el empresario Sebastián Piñera.

Chile, modelo o mito

Su campaña criticó un régimen político considerado ejemplar en América Latina, el famoso modelo chileno, ¿por qué?

Chile tiene un sistema político colonial, napoleónico y borbónico, es una monarquía presidencial, la distribución del poder se mantiene muy rígida en torno a una ley electoral excluyente y un equilibrio de poderes de la Colonia. Eso no es sano. Los indicadores de Chile, de los cuales poco se habla, son más que inquietantes, no sólo por el ausentismo electoral, sino porque hay 4 millones de jóvenes no inscritos en el padrón. Una vez que te inscribes, el voto es obligatorio y ellos son gente que simplemente no cree en las opciones que hay y no quiere votarlas.

Quien no reconoce la obra de la Concertación no tiene corazón, pero quien quiera repetirla no tiene cabeza. Es una tremenda coalición, pero que perdió su gran encanto: era una fuerza progresista, que sistemáticamente era capaz de estar a la vanguardia de los cambios. Pero esta coalición se atormentó con la sociedad; se dedicó neuróticamente a pelearse con su propio público, a decirle "somos los mejores porque lo hicimos bien", y las elecciones no se ganan sólo con el diagnóstico de hoy, sino con un proyecto futuro. Ellos se la pasaron hablando del pasado.

¿Su candidatura contribuyó a la derrota de la Concertación?

Todo lo contrario, impedimos que Sebastián Piñera ganara en primera vuelta, fuimos nosotros los que le quitamos los votos. Es más, todas las encuestas decían que en la segunda vuelta nosotros le hubiéramos ganado a Piñera. Por lo tanto, mi candidatura lo que entregó fue dinamismo, fortaleció la democracia y pusimos una serie de temas que no estaban en el programa de los otros dos candidatos.

¿Cómo garantizar que el nuevo gobierno vaya a retomar algo de su agenda?

Soy cauto mientras Piñera no tome posesión. Espero que cumpla sus promesas, pero su agenda no es mi agenda, yo competí contra él y no suscribo lo que piensa. Pero ganó una elección democrática, le corresponde gobernar y esperaré a que se pronuncie sobre los temas sustantivos para que a su vez yo pueda pronunciarme.

¿Qué va a hacer a futuro con el millón y medio de votos que lo respaldan hoy?

Mi agenda es de futuro, no de pasado. Voy a promover la creación de un partido con nuevas prácticas, vamos a articular todo lo que se requiera para que esta fuerza de cambio siga. Es un desafío gigantesco, pero yo tengo pronosticadas fechas de muerte desde que era diputado; decían que era un suicida, que estaba muerto y tal cosa. Soy el más acostumbrado a estos diagnósticos pesimistas, desafiamos todas las reglas, juntamos el doble de las firmas requeridas para registrar la candidatura, rompimos récords de audiencias con menos recursos que cualquier otro candidato en la historia.

Si su experiencia como candidato independiente hubiera sido una película, ¿cómo se titularía?

Primero usaría una frase de Hitchcock para describirla: "es mejor un final de terror que un terror sin final". Y la película se llamaría "El mañana se decide hoy".

Parada en México

Enríquez-Ominami estuvo en México la primera semana de febrero. Sus cartas credenciales de candidato independiente exitoso -no pasó de la primera vuelta, pero obtuvo un porcentaje histórico en un aspirante sin partido- sedujeron a la Secretaría de Gobernación, empeñada desde la última semana de enero en promover la reforma política propuesta al Congreso como "la reforma ciudadana".

La Unidad para el Desarrollo Político de Segob, dirigida por Blanca Heredia, contactó a Enríquez-Ominami, que coincidentemente había programado vacaciones en Tulum antes de viajar a Nueva York para participar en el foro La Nueva Generación de Líderes para las Américas, organizado por la Sociedad de las Américas.

En 48 horas, Gobernación placeó al chileno en cabinas de radio y estudios de televisión, en donde habló en favor de la iniciativa de reforma propuesta por el presidente Felipe Calderón.

El 4 de febrero acudió a un foro con el secretario Fernando Gómez Mont, quien horas antes abrió su blog sobre reforma política en el sitio web de la Segob.

Habituado a los medios, Enríquez-Ominami lanzó un par de frases efectistas que complacieron al funcionario mexicano: "los problemas de la democracia se resuelven con más democracia" y "un legislador no puede ser conservador, por naturaleza los legisladores deben ser reformadores".

Con sus elogios al proyecto de Calderón, su testimonio, su trayectoria y su perfil de rockstar de la política, Enríquez-Ominami resultó ser un mejor promotor de la iniciativa de Calderón, que los propios funcionarios de Gobernación o los legisladores del PAN.

"La agenda pública, la agenda de los ciudadanos, no es la agenda política. Los partidos hablan de cosas que no le importan nada a la ciudadanía".

La cultura política

(14 febrero 2010).- Téngalo presente

Retos para la consolidación del derecho de acceso a la información: diseño y atribuciones del órgano garante a nivel federal. Fernando Gómez Mont, Javier Corral, Diego Valadés, Jacqueline Peschard, entre otros. Jueves 18, 9:30 hrs. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: www.juridicas.unam.mx.

Cine

Temporada de zopilotes. El asesinato de Madero. Producción de The History Channel. Foro y preestreno con Paco Ignacio Taibo II y Marco Antonio Campos. Miércoles 17, 17:30 hrs. Biblioteca de México José Vasconcelos, Plaza de la Ciudadela 4, Centro. Informes: www.editorialplaneta.com.mx.

Coloquios

Análisis de la nueva reforma política: la democracia que tenemos, el Estado que queremos. Jorge Alcocer, Benito Nacif, Andrés Lajous, Lorenzo Córdova, entre otros. Martes 16, 9:00 hrs. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: 5550 1039.

Conferencias

Cincuentenario del Centro de Estudios Internacionales. Testimonios de sus primeros años. Mario Ojeda, Rafael Segovia, Roque González, Lorenzo Meyer y Gustavo Vega. Lunes 15, 12:45 hrs. El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: www.colmex.mx.

Los retos del nuevo Tratado de Lisboa. Finn Laursen, Olga Pellicer, Kurt Schulter, Stéphan Sberro, entre otros. Lunes 15, 19:00 hrs. ITAM, Río Hondo 1, Progreso Tizapán. Informes: www.itam.mx.

La alimentación en nuestros tiempos. Ana María Rojas. Lunes 15, 19:30 hrs. Semillas, Tamaulipas 66, Condesa. Informes: 5553 0109, ext. 219, www.semillas.org.mx.

Globalization, increasing uncertainty and changes in social inequality in modern societies. Hans-Peter Blossfeld. Martes 16, 12:00 hrs. El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: www.colmex.mx.

La problemática laboral de los taxistas en la Ciudad de México. Leticia Pogliaghi, Víctor Manuel Ramírez Reséndiz, Luis Enrique de León y Juan Carlos Rovira. Miércoles 17, 17:00 hrs. Casa Rafael Galván de la UAM, Zacatecas 94, Roma. Informes: 5574 0428.

El diálogo entre la ciencia y la fe. Evandro Agazzi, Carlos Mendoza, Juan José Blázquez y Alexandre de Pomposo. Sábado 20, 10:00 hrs. Universidad Pontificia de México, Guadalupe Victoria 98, Tlalpan. Informes: 5573 0600.

Cursos

Diplomado en derecho de las telecomunicaciones. Jorge Carpizo, Ernesto Villanueva, Virgilio Andrade, entre otros. Del 18 de febrero al 9 de septiembre, jueves de 16:00 a 21:00 hrs. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Circuito Mario de la Cueva s/n, CU. Informes: 5622 7474, ext. 1719.

Cursos vanguardia 2010. El juicio oral, Policía de investigación y medios de prueba, y Cibercriminalidad son algunos de ellos. Los ofrece el Instituto de Formación Profesional de la PGJDF. Inicio: sábado 20. 4a. y 5a. Cerradas de Av. Jardín s/n, Ampliación Cosmopolita. Informes: 5345 5917.

Foros

Álvaro Obregón, caudillo de la Revolución Mexicana, 130 años de su nacimiento. Álvaro Matute, Carmen Collado, Leonardo Lomelí, Martha Loyo y José Manuel Villalpando. Miércoles 17, 18:00 hrs. Biblioteca de las Revoluciones de México del INEHRM, Francisco I. Madero 1, San Ángel. Informes: 5128 0000, ext. 38429.

Laicidad y democracia. Carlos Monsiváis, Juan Ramón de la Fuente, José Woldenberg, Miguel Carbonell, entre otros. Jueves 18, 10:00 hrs. Senado de la República, Xicoténcatl 9, Centro. Informes: www.senado2010.gob.mx.

Internet

Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2009. CEPAL. Registra la evolución histórica de indicadores económicos, sociales y ambientales de la región durante los últimos 60 años. En línea: http://bit.ly/cdFF57

Libros

La autonomía constitucional de la Auditoría Superior de la Federación coordinado por John M. Ackerman y César Astudillo. IIJ-UNAM. Especialistas examinan el funcionamiento y el estatus jurídico de la ASF y la posibilidad de convertirla en un órgano con plena autonomía.

Obama de Carlos Ramírez. Grupo Editorial Transición. Conjunto de crónicas, columnas, comentarios y entrevistas que plantea un dilema: el presidente de Estados Unidos puede cambiar la historia de su país o puede terminar siendo sólo una mención en el libro Guinness de récords mundiales.

Presentaciones

Atlas de la seguridad y la defensa de México 2009 editado por Raúl Benítez Manaut, entre otros. Casede. Luis F. Aguilar, Mariclaire Acosta y José María Ramos. Miércoles 17, 14:00 hrs. Transmisión por videoconferencia a Casa Colef, Francisco Sosa 254, Barrio de Santa Catarina. Informes: 5554 3545.

Ráfagas de un exilio. Argentinos en México, 1974-1983 de Pablo Yankelevich. El Colegio de México. Horacio Crespo, Juan Gelman, Clara Lida y Javier Garciadiego. Jueves 18, 18:30 hrs. El Colegio de México, Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: www.colmex.mx.

Breve introducción a la novela policiaca latina de Ricardo Vigueras Fernández. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bernardo Fernández y Vicente Torres Medina. Jueves 18, 19:00 hrs. Librería Gandhi, Miguel Ángel de Quevedo 121, Guadalupe Chimalistac. Informes: www.uacj.mx.

Radio

Siglo XIX. José Manuel Villalpando y Rita Abreu charlarán con Felipe Calderón, Alonso Lujambio y Javier Garciadiego sobre festejos bicentenarios e historia. Domingo 21, 9:00 hrs. Transmisión por estaciones del Imer: 107.9 FM, 1220 AM, entre otras. Informes: www.radio2010.imer.gob.mx.

Revistas

Examen. No. 180, febrero. Número dedicado a los derechos humanos. Escriben Nancy Pérez, Ana Luisa Nerio, José Ángel Aguilar, Tania Mijares, entre otros. Emilio Álvarez Icaza habla sobre el tema y su experiencia como ombudsman del Distrito Federal.

Zócalo. No. 120, febrero. Jenaro Villamil y Luis Miguel Carriedo dan cuenta de la propaganda política disfrazada. Jaime Hernández y Ernesto Villanueva examinan el derecho de réplica. Raúl Trejo Delarbre analiza la ley que regula la TV pública española. José Carlos Lozano escribe sobre la crisis del periodismo.

Seminarios

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a tres años de su publicación nuevos desafíos. Convoca la CNDH. Lunes 15, 9:00 hrs. Facultad de Derecho de la UNAM, Circuito Interior s/n, CU. Informes: 01 800 715 2000, ext. 2333.

El TLCAN: crecimiento, inversión extranjera directa, desigualdad y migración. Gerardo Esquivel, Gerardo Ángeles Castro, Cuauhtémoc Calderón Villarreal, entre otros. Lunes 15 y martes 16, 10:00 hrs. Casa Colef, Francisco Sosa 254, Barrio de Santa Catarina. Informes: www.colef.mx.

Adopción homosexual. Lo que la ciencia ha descubierto. Convoca la asociación Renacer. Dean Byrd, Walter Schumm, Lynn D. Wardle y Dawn Stefanovicz. Martes 16, 8:00 hrs. Hotel Nikko, Campos Elíseos 204, Polanco Chapultepec. Informes: www.renacer.com.mx.

Crimen: sociedad y medios en Norteamérica. Saydi Núñez, Blayne Haggart, Alanna Thain, Will Straw, entre otros. Jueves 18 y viernes 19, 9:30 hrs. Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, Torre II de Humanidades, piso 7, CU. Informes: www.cisan.unam.mx.

FIL

Palacio de Minería

Conferencias

El periodismo en tiempos del narco. Rafael Rodríguez Castañeda, Ricardo Ravelo y Jorge Carrasco. Sábado 20, 19:00 hrs. Salón de la Academia de Ingeniería.

Algún día en cualquier parte. Bicentenario: letras de Chile y México. Carlos Fuentes. Domingo 21, 11:30 hrs. Salón de Actos.

Algún día en cualquier parte. Bicentenario: letras de Chile y México. Sealtiel Alatriste, Diamela Eltit, Juan Villoro y Jorge Edwards. Domingo 21, 12:00 hrs. Salón de Actos.

Si usted desea difundir algún evento de cultura política, por favor comuníquese al 5628 7245 o escriba a enfoque@reforma.com

Remitente: "Los Zetas"...
Jorge Carrasco Araizaga

En su batida contra el narcotráfico, el gobierno federal ha dado algunos golpes que difunde con espectacularidad. Sin embargo, mueve a suspicacia el hecho de que las bandas combatidas sean precisamente enemigas y competidoras de El Chapo Guzmán, “el capo del sexenio”. En los nueve años de gobierno panista no se ha realizado ninguna acción significativa en contra de los intereses de este narcotraficante y la organización que encabeza.

La discutida estrategia del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico se torna insostenible cuando de Joaquín El Chapo Guzmán Loera se trata.

Desde que se fugó del penal de Puente Grande, en Jalisco, el 19 de enero de 2001, el narcotraficante sinaloense transita a sus anchas por el país, al amparo de un gran aparato de protección. Es el prófugo más famoso de las presidencias panistas.

En cuanto burló la cárcel, El Chapo se fue a la playa, en la costa de Michoacán. Habitantes del municipio de Aquila lo vieron en La Privada, un exclusivo club residencial localizado en una bahía de la costa central del Pacífico. En este lugar también buscaron refugio, en su momento, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, y Javier Arellano Félix, El Tigrillo.

“Cuando estaba la noticia en la televisión (sobre la fuga de El Chapo), por acá había una presencia inusual de militares y de policías en los alrededores”, relataron habitantes de la región a Proceso (Edición Especial No. 25, El México narco, segunda parte).

En esa zona de la costa michoacana se localiza El Tamarindillo, otra privilegiada bahía de la que el expresidente Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún, pretenden adueñarse y que no ha sido ajena al trasiego de cocaína (Proceso 1694).

Semanas después de que Fox asumió la Presidencia, El Chapo se le fugó al responsable de los penales de máxima seguridad, el entonces subsecretario de seguridad Pública, Jorge Tello Peón, actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Desde el inicio de su gestión, Calderón tuvo a Tello como su asesor externo y a partir de 2008 lo incorporó formalmente en la Presidencia. Desde marzo de 2009 lo integró a su gabinete.

Identificado como “el capo del panismo”, El Chapo no sólo se mueve en lugares públicos, sino que aparece en el sitio 701 en la lista anual en la que la revista estadunidense Forbes enumera a los hombres más ricos del mundo.

En su edición del 7 de enero pasado, el semanario británico The Economist atribuye a un alto funcionario mexicano declaraciones en las que explica por qué las acciones contra el cártel de Sinaloa no han resultado eficaces. El declarante, cuyo nombre omite la publicación, aseguró que a diferencia de otros grupos criminales que se limitan al narcotráfico y a las luchas por plazas y territorios, El Chapo lidera una organización que opera a escala trasnacional.

Además, según la fuente, Guzmán Loera controla en México un territorio de más de 24 mil kilómetros cuadrados, por lo que, precisó, para desarticular a su cártel se requeriría de una fuerza superior a los 100 mil soldados.

La fama y visibilidad de El Chapo la han utilizado en su contra sus enemigos en el mundo del narcotráfico. El jueves 11, por ejemplo, en despliegue perfectamente coordinado, Los Zetas colocaron 44 mantas en 26 ciudades de siete estados del país en las que reclaman al gobierno de Calderón su protección al jefe del cártel de Sinaloa.

Este grupo paramilitar, integrado por desertores de cuerpos de élite del Ejército y que desde finales de 2008 se escindió del cártel del Golfo, colocó las mantas en entidades donde tiene presencia: Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Los mensajes responsabilizan a El Chapo de las recientes matanzas de jóvenes en Torreón, Coahuila, y Ciudad Juárez, Chihuahua.

A diferencia de la narcopropaganda dirigida a autoridades o a cárteles enemigos, en esta ocasión las mantas se presentaron como “una carta a la ciudadanía”.

Según Los Zetas, las órdenes de las masacres salieron de Durango y Culiacán. Además, acusan al gobierno de Calderón de arremeter sólo contra los narcotraficantes enemigos del capo sinaloense.

Textual, el mensaje dice:

“Esta carta es para la ciudadanía Para: que se den cuenta o para los que ya tienen conosimiento. El gobierno federal protege al Chapo Guzmán y su jente, que son los culpables de la masacre de gente inosente que hicieron en torreón.

“Para el gobierno federal sólo hay Z en el país y cárteles que son enemigos del Chapo, que es el… protegido de los panistas desde que Vicente Fox entró al poder, y lo soltó y todavía sigue el compromiso hasta la fecha, a pesar de las masacres... que hacen con gente inocente.

“¡que es eso de matar gente inocente! en las… discotecas ¿la pregunta es porque lo hacen? porque no se pueden defender. Por que… no pelean con nosotros, de frente a frente invitamos al gobierno federal que atake a todos los carteles por igual hasta su protejido y que matan.

“Gobierno en Durango y Culiacán que es de donde vienen las ordenes para hacer esas barbaridades como sucedió en Cd Juares y Torreón.”

Las mantas aparecieron en diversos municipios de Nuevo León. Una de ellas fue colocada en una de las bardas de la catedral de Monterrey. Otras en camellones y puentes peatonales de Guadalupe, Escobedo, Santa Catarina, San Nicolás y Cadereyta.

En Sinaloa, territorio natural de El Chapo, se informó de 11 mantas en Mazatlán y Los Mochis, incluso en los periódicos de ambas ciudades.

En Tamaulipas, zona del cártel del Golfo, se encontraron ocho narcomantas en puentes de importantes cruceros de Reynosa, Nuevo Laredo y Valle Hermoso. Una más fue localizada en Torreón, Coahuila.

En Veracruz, nueve, en la zona del puerto y Boca del Río; en Tabasco, cinco en avenidas de Villahermosa, Balancán, Tenosique, Comalcalco y Emiliano Zapata, y en Quintana Roo, cuatro en Cancún y Playa del Carmen.

La PGR anunció la apertura de actas circunstanciadas por la colocación de la nacopropaganda.

Estatua errante
Gloria Reza M.

GUADALAJARA, JAL.- Durante años, la estatua en bronce de Manuel J. Clouthier, Maquío, ha pasado de un lugar a otro por las calles de Zapopan y, como aún no se define el sitio de su colocación definitiva, permanece embodegada.

En 1995, durante el primer gobierno panista en ese municipio, la escultura realizada por Ricardo Ponzanelli se ubicó en la Glorieta de Los Cubos, colonia Prados Vallarta, donde empieza la calle que a partir de entonces lleva el nombre de quien fue candidato del PAN a la Presidencia de la República en 1988 y murió en un presunto accidente carretero el 1 de octubre de 1989.

En el pedestal se podía leer su frase más famosa: “México va a cambiar contigo, sin ti o a pesar de ti”.

En febrero de 1999, la estatua fue retirada temporalmente por la construcción del nodo vial de Los Cubos, en la confluencia de las avenidas Vallarta, Lázaro Cárdenas y Clouthier, pero una vez concluida dicha obra, la figura de bronce volvió al sitio que ocupaba.

Sin embargo, en 2001 el entonces secretario del PAN en Jalisco, Raúl Monjaraz, sugirió que el monumento fuera cambiado de lugar pues, debido a las dificultades para cruzar la avenida Lázaro Cárdenas, mucha gente dejaría de asistir a las ceremonias conmemorativas del fallecimiento de Maquío.

Por esta razón fue reubicada varias cuadras adelante, en la confluencia de las avenidas Patria y Manuel J. Clouthier, donde permaneció hasta septiembre de 2009, cuando fue nuevamente removida y embodegada al descubrirse que se hallaba en un predio propiedad de particulares.

En el marco del vigésimo aniversario luctuoso de Maquío, un grupo de panistas anunció, el 2 de octubre pasado, que solicitarían al ayuntamiento de Zapopan la reposición del monumento y, durante una sesión de cabildo realizada el 20 de octubre, los regidores aprobaron por mayoría enviar la petición a las comisiones colegiadas correspondientes para su estudio y dictamen.

El 27 de octubre de 2009, el coordinador de los regidores panistas, José Salcedo Martínez, presentó un punto de acuerdo para que la estatua deje de “estar rodando, de estar arrumbada”. Sostuvo que la propuesta no debía pasar por comisiones: “Que se dé de baja el expediente 270/09 (…) en virtud de que es una cosa muy sencilla (…) no tiene sentido que se le dé un trámite tan largo en las comisiones… a la estatua se le debe hacer un pequeño pedestal en la glorieta que cruza las calles Volcán del Colli, Manuel Clouthier, Volcán Barú, Felipe Zetter y Enrique Ladrón de Guevara”.

La propuesta del panista fue votada a favor en la siguiente sesión, efectuada en noviembre.

Pero con el reciente cambio de administración municipal, que luego de ser panista pasó a ser de composición priista, disminuyeron las posibilidades de que la estatua sea reinstalada y continúa arrumbada en una bodega de la calle Estribo, a un costado del Mercado del Mar.

Allí, en cuanto se abre la cortina blanca del depósito, lo primero que resalta, entre telarañas, polvo y muebles usados, es la figura metálica de Maquío, que muestra una base ya carcomida. A su lado se encuentra, también en el olvido, una estatua de Francisco I. Madero que alguna vez estuvo colocada en la Avenida de las Rosas, en la colonia Chapalita.

La de Juárez es una catástrofe social
Patricia Dávila

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- “¡Esta es una catástrofe social! Desde el año 2004, los investigadores planteamos el problema de los Ninis (jóvenes que ni estudian ni trabajan), quienes tienen cancelado cualquier proyecto de vida y cuya única esperanza es formar parte del ejército de la delincuencia debido a la falta de atención por parte del gobierno”, manifiesta la maestra María Teresa Marrufo, investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, acerca del drama que sacude a esta localidad.

En el marco de la visita hecha el jueves 11 a esta ciudad por el presidente Felipe Calderón, quien fue increpado por la madre de dos de los 15 jóvenes masacrados el sábado 30 de enero, la investigadora refiere a Proceso que, hace unos 30 años, llegaban muchas familias a la ciudad, pero sólo la mujer encontraba trabajo en las maquiladoras. En consecuencia, dice, el hombre perdía su papel tradicional, se volvía alcohólico o se iba a Estados Unidos abandonando a sus hijos.

Fue la desatención de este fenómeno por parte de las autoridades la que “nos llevó a esta sociedad de jóvenes y adultos enojados” que se integran a diversas formas de la delincuencia en las numerosas bandas que se forman, y ahora la consecuencia es que “todos vivimos los estragos de esa desatención.

“Nuestros niños –continúa– están viendo a sus padres victimizados, y muchas veces ante sus ojos; prueba de ello es que tenemos 7 mil huérfanos como producto de ejecuciones ocurridas en los dos últimos años. Urge romper el laberinto de la soledad de los jóvenes, hay desolación en ellos, viven como en el olvido.”

La académica advierte que no sólo se necesitan escuelas, sino también que el contenido educativo sea diferente, enfocado a la resolución no violenta de conflictos y al manejo de las condiciones de miedo y estrés, pues en la actualidad las familias no quieren ni contestar el teléfono.

Señala que, debido a la violencia, unas 110 mil casas se han desocupado y se han perdido alrededor de 80 mil empleos. Mientras el Consejo Ciudadano de Ciudad Juárez reporta que muchos de los estudiantes denotan hambre, Bienes Raíces de El Paso, Texas, ha informado que 60 mil familias juarenses están viviendo del otro lado de la frontera.

“La sociedad de esta ciudad –comenta María Teresa Marrufo–, que se forjó mostrando capacidad para resistir fuertes cambios, ahora se ve caída, entristecida, impresionada.”

Recuerda que una de las acciones realizadas por las autoridades fue desarmar a la gente, pero, apunta, “te quitan el arma que tenías para tu defensa personal y protección, pero en seguida nadie te protege”.

–¿Hay peligro de que se extienda la práctica de cobrarse venganza por propia mano?

–Eso ya está sucediendo. Hay mucha desesperación.

–Como pedagoga, ¿considera suficiente la petición de una disculpa del presidente de la República ante los familiares de las víctimas de la masacre?

–No. Aunque es importante una disculpa porque cuando hay daño y el otro lo reconoce la persona afectada siente una liberación, hacen falta acciones que demuestren a las familias que las muertes injustas de sus hijos no fueron en balde. Y esto podría ser posible si de una política militar se pasa a una política integral.

Convocan a Obama y Calderón

El martes 9, el Cabildo de El Paso, Texas, aprobó un resolutivo en el que llama a celebrar inmediatamente una reunión entre los presidentes Felipe Calderón, de México, y Barack Obama, de Estados Unidos, para que en esta comunidad binacional, que es la más grande del mundo en su tipo, se desarrolle y coordine una estrategia que termine con la violencia relacionada con las drogas.

El resolutivo, propuesto por Beto O’Rourke, representante del Distrito 8, y por el regidor Steve Ortega, del Distrito 7, indica:

“Nos oponemos a medidas militaristas fracasadas como la Iniciativa Mérida, y demandamos que cualquier ayuda futura (a México), ya sea ligada a la Iniciativa Mérida o de cualquier otra manera, involucre rigurosos recuentos de las denuncias de abusos de los derechos humanos y contenga estrictos mecanismos de rendición de cuentas.”

En entrevista con Proceso, Steve Ortega precisa que ellos apoyan una ayuda que esté ligada a programas de desarrollo social, educativo y económico en México y que respalde el establecimiento de un sistema judicial efectivo realmente dedicado a la aplicación de la ley.

Los regidores de El Paso también se oponen a la actual política de Estados Unidos consistente en deportar mexicanos directamente a Ciudad Juárez, en lugar de enviarlos a sus estados o ciudades de origen. Esta práctica, señalan, además de injusta, sirve como proveedor potencial de reclutas y víctimas a las organizaciones criminales que operan en Ciudad Juárez.

Hacen igualmente a México un llamado para que realice una revisión amplia de “la fracasada guerra contra las drogas”, y respaldan las políticas antinarcóticos que no desperdicien fondos gubernamentales y que eviten el fortalecimiento de las pandillas y organizaciones del tráfico de drogas.

Aprobado por nueve votos a favor y dos en contra, el resolutivo del cabildo, que también recibió el respaldo del alcalde John F. Cook, afirma que la mariguana es una droga cuya venta representa por lo menos 50% de los ingresos de los cárteles, y que por esta frontera circulan cantidades de ese estupefaciente cuyo valor anual se calcula en 40 mil millones de pesos.

Mientras tanto, el presidente Felipe Calderón anunció que regresará a Ciudad Juárez el miércoles 17 de febrero para ver qué avance ha tenido el Programa “Todos somos Juárez, Reconstruyamos Nuestra Ciudad”.

Su guerra no llega a Sinaloa
Álvaro Delgado

Para el diputado por el PAN Manuel Clouthier Carrillo, el presidente Felipe Calderón ejerce una “narcopolítica” que ya situó a México en un punto de no retorno. Como expresión de ésta, dice el legislador federal a Proceso, en el caso de Sinaloa el cártel que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán permanece deliberadamente intocado, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia, donde sí se actúa contra los intereses del capo. Entretanto Los Zetas, rivales del narco, denuncian en narcomantas que él ha gozado de impunidad durante los nueve años de gestión panista.

Cuna de los más prominentes narcotraficantes de México, como Joaquín El Chapo Guzmán, Sinaloa padece una crisis peor que la de Chihuahua porque, debido a la negligencia del gobierno de Felipe Calderón, se ha consolidado ya como “el modelo de la narcopolítica” en el país, acusa el diputado federal por el PAN Manuel Clouthier Carrillo.

“Somos la avanzada de este mugrero que se vive ya en México”, define el hijo de quien fue candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en 1988, Manuel de Jesús Clouthier, y asegura que el contubernio de los políticos con el crimen organizado en Sinaloa, que denomina “el narcopoder”, comienza a “clonarse” en otros estados.

La razón: La “guerra” que Calderón declaró al narcotráfico, al inicio de su gestión, no existe en la entidad. Al contrario, asegura, el régimen calderonista protege al cártel de Sinaloa, que encabeza El Chapo Guzmán, fugitivo desde los primeros meses del sexenio de Vicente Fox.

“El gobierno federal habla de una guerra contra el narcotráfico que en Sinaloa no se ha visto. Se ha golpeado a todos los cárteles y no ha sido proporcional con el de Sinaloa. ¡Eso es evidente! ¡Y si nos preguntan a los sinaloenses, es más evidente!”, exclama.

Pero además, asevera, el gobierno de Calderón hace negocios en Sinaloa promovidos por la administración estatal, como la multimillonaria compra de terrenos –para un desarrollo turístico– propiedad del exgobernador Antonio Toledo Corro, en cuyo sexenio inició el auge del narcotráfico.

“Son cosas muy extrañas”, comenta.

Tras advertir que existe el riesgo de que en las próximas elecciones gane un candidato a gobernador que sea plenamente un narcotraficante, cuando de acuerdo con las encuestas más recientes el PRI tiene una ventaja de dos a uno frente al PAN, Clouthier sentencia que en Sinaloa se está llegando “a un punto de no retorno”.

Y explica: “El punto de no retorno será cuando el costo de combatir al crimen organizado y a la corrupción que genera sea más alto que el costo de tenerlo. Y cuando el costo de combatirlo sea más alto que el costo de tenerlo, nadie le va a entrar”.

Harto de promesas incumplidas y de la arrogancia gubernamental, el diputado federal responsabiliza directamente al presidente Felipe Calderón de no atacar la narcopolítica en Sinaloa –en la cual incluye al gobernador priista Jesús Aguilar Padilla–, y anticipa:

“Eso significa que nos va a costar a los sinaloenses generaciones enteras, porque un cabrón irresponsable –y digo irresponsable porque es su responsabilidad– no tuvo el tamaño de hacer lo que le correspondía por mandato.”

Ni con el pétalo de una rosa

En entrevista la mañana del jueves 11, en su departamento de la colonia Condesa de la Ciudad de México, Clouthier insiste con vehemencia en su reclamo a Calderón por no atacar al narcotráfico en Sinaloa, y sospecha que ello se debe no sólo a ineptitud y negligencia, sino a “otro tipo de arreglos”:

“A mí que no me platiquen. Yo entiendo que en Michoacán esté tomando acciones, es su tierra; pero la mía es Sinaloa, ese es mi México. ¡Es el México que a mí me interesa que se transforme! ¡A mí no me importa que esté combatiendo en Michoacán! A mí me importa que haga su tarea en Sinaloa. Y eso es lo que reclamo. ¡Pero resulta que a Sinaloa no la han tocado ni con el pétalo de una rosa! Y la pregunta es ¿por qué?”

–¿Por qué?

–Para mí hay varias posibilidades: una, que Sinaloa sea intocable, efectivamente, en materia de crimen organizado; y esto significaría entonces que hay otro tipo de arreglos en esa lógica, porque no creo, me resisto a creer, que el Estado no tenga la fuerza para combatir y ganar la batalla contra el crimen organizado. Eso sería tanto como decir que no sólo en Sinaloa habremos cruzado el punto de no retorno, sino que el país ya también se chingó.

–¿Es una estrategia deliberada?

–¡Claro! ¿Qué puede ser? Primero, que Sinaloa es intocable. Lo segundo sería que, dada la colusión real que existe de narcopolítica en Sinaloa con lo que llamo la camarilla mafiosa en el poder –y que no es un término propagandístico ni electorero, sino un término descriptivo real, o sea una pequeña camarilla que se ha incrustado en el poder aliada con el crimen organizado–, nos está cociendo desde el poder.

Para ilustrar este cocimiento, Clouthier hace una analogía: Dice que si se lanza una rana a una olla hirviendo, el animal salta y, aunque se quema, logra salvarse. Pero si la rana se introduce a la olla en agua fría y ésta se va calentando poco a poco hasta hervir, la rana nunca saltará para salirse y terminará por cocerse.

“A eso me refiero cuando digo que a los sinaloenses nos están cociendo desde el poder: La corrupción de la sociedad sinaloense está siendo promovida desde el poder, y nos están corrompiendo precisamente con el ánimo de irnos preparando para que nuestros gobernantes ya no sean los políticos de antes ni los narcopolíticos de ahora, sino, finalmente, miembros directos del narcotráfico.”

Según él, “hay un convenio entre la camarilla mafiosa y el crimen organizado desde hace al menos 10 años, y tiene ese objetivo”.

Explica: “No se dio el brinco de un político a un narcotraficante, sino que se necesitaba un paso de transición que fuera permitiendo al sinaloense acostumbrarse a tratar con la gente desprestigiada, vinculada con el narcotráfico en el poder, y eso es lo que se ha venido haciendo en el sexenio de hoy”.

Por eso, añade, no es fortuita la ejecución del secretario de Turismo del gobierno estatal, Antonio Ibarra Salgado, el 22 de diciembre de 2009. “Todos sabíamos de los vínculos de este señor con el crimen organizado. Pero no es el único que (con esos vínculos) está en este gobierno”.

A mediados de enero pasado, el legislador generó un escándalo al declarar públicamente que a Sinaloa lo gobierna una “camarilla mafiosa”, en la que inscribió al alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra, a quien llamó “mafioso, autoritario y acomplejado”.

Y es que en Sinaloa, sostiene, está en auge la narcopolítica y se proyecta que el narcotráfico gobierne. “Todo el mundo sabemos que esto está siendo promovido desde el poder estatal”.

–¿Y el poder federal?

–Ese es mi cuestionamiento, y ese es el reclamo que le estoy haciendo a Felipe Calderón. Él tiene una obligación de gobierno, ¡de gobierno, no de cara a un proceso electoral! ¡Ha sido omiso en tres años en relación a Sinaloa! Eso lo cuestiono y lo reclamo como sinaloense y como mexicano.

Negocios con Toledo Corro

Invitado en 2009 por Germán Martínez a ser candidato a diputado plurinominal por el PAN, Clouthier no ha reactivado su militancia en ese partido desde que, en 1994, renunció a él y se retiró de la vida política para dirigir el periódico El Noroeste, del que, afirma, ahora sólo es accionista minoritario.

Pero actualmente ha tomado además la determinación de no inscribirse para contender por la candidatura del PAN al gobierno estatal, porque no está de acuerdo con las decisiones que se han emitido en ese partido “desde el centro”.

Y, al respecto, evalúa: En el PAN “traen un verdadero desmadre que han creado en Sinaloa de cara al proceso electoral. Desde los más altos niveles nos quieren decir a los sinaloenses cómo hacer las cosas. Y, con todo respeto, lo primero que tendrían que hacer es preguntar”.

Eso ocurre, también, con el gobierno de Calderón, como lo atestiguó en una reunión con Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal. “Le escuché decir que en Sinaloa no existe el crimen organizado sin base social. Volteé yo y le dije: ‘Disculpe, señor, no existe crimen organizado sin apoyo institucional’”.

Por eso, precisa, “cuestiono la estrategia de Calderón en el combate al crimen organizado. Se ha concentrado en la parte policial, pero sostengo que debe ser una estrategia integral atacando cuatro vertientes, no sólo una: las otras tres son combate a la corrupción, reforma educativa y reforma económica”.

Como Calderón, Vicente Fox es asimismo responsable del desastre actual: “No ha habido, en los gobiernos panistas, un combate férreo contra la corrupción, una corrupción que le da sustento institucional al crimen organizado. Otra vez: no hay crimen organizado sin apoyo institucional”.

En los casi 10 años de gobiernos panistas, reprocha, no se ha impulsado una verdadera reforma educativa para, por la vía cultural, educar al nuevo mexicano que construirá el nuevo México; ni una reforma económica real, con un sello distinto y distinguible, para que este país sea atractivo y confiable para la inversión productiva.

Esto, dice Clouthier alzando la voz, “¡lo grito porque nos están convirtiendo en el excusado del país, y vamos a perder generaciones enteras!”.

Al hijo del que fue candidato del PAN a la Presidencia de la República le parecen extraños los negocios que el gobierno de Calderón hace con el exgobernador Toledo Corro, a quien el gobierno federal le compró 2 mil hectáreas para establecer un desarrollo turístico instrumentado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). El monto de la operación fue de mil 203 millones de pesos.

Considera que este hecho “es muy emblemático y sospechoso. ¿No había otros terrenos en Sinaloa, además del de don Antonio Toledo Corro? ¿Cuál es el mensaje que se está mandando al sinaloense o a la comunidad mexicana? Para mí eso es extrañísimo. No estoy cuestionando que el gobierno federal haga inversiones en Sinaloa, pero ¿qué tipo de arreglos hay ahí, qué cosas extrañas están sucediendo? No tengo respuestas. Tengo preguntas que me veo obligado a formular públicamente”.

–¿Usted se lo ha dicho a Calderón, o lo ha buscado para decírselo?

–Yo he tratado de buscar primero los cauces institucionales para el diálogo; he pretendido afanosamente establecer el diálogo con las instancias correctas… Ha sido difícil conseguir hasta una pinche cita.

Por eso estima que en el PAN, como partido y como gobierno, existe mucha arrogancia, no sólo al hablar de una colusión social con el crimen organizado, sino también porque, desde el centro, “nos quieren decir cómo hacer las cosas sin habernos preguntado ni pedirnos un diagnóstico”. Esa soberbia llega al punto de que “la mano de Felipe Calderón en el PAN, en una serie de situaciones en relación a los procesos electorales, también está dictando acciones divorciadas de la realidad de las regiones”.

El títere y el titiritero

La charla con Clouthier se desarrolla un día después de la renuncia al PAN de Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, cuando el presidente Calderón, acompañado de éste, visitaba justamente la localidad que se

ha convertido en el emblema del fracaso de su estrategia antinarco: Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sin embargo, Clouthier Carrillo aclara que su estado natal está peor que Chihuahua: “Puedo hablar con los pelos en la mano y me pongo enfrente con el que quieras. Sinaloa va adelante. Sinaloa es el modelo de narcopolítica que está permeando en el resto de los estados y que ha sido tomado para clonarse. Es el que va de avanzada; por eso es tan importante pegarle a Sinaloa”.

–O no pegarle…

–Bueno, nomás que yo vuelvo a insistir: dirigir es educar, y, segundo: el que tiene mayor autoridad tiene mayor responsabilidad.

–¿Es ineludible la que tiene Calderón?

–Es el presidente de la República.

–¿Lo ha decepcionado?

–No es un asunto de decepciones, es un asunto de reclamo. Yo como mexicano y como sinaloense reclamo, exijo y lo grito: ¡No se vale que nos estén destinando a los sinaloenses a perder generaciones enteras!

–¿Se refiere a Vizcarra?

–Yo estoy hablando más que claro. Los nombres pónganlos ustedes. Todo Sinaloa lo entiende.

Por eso, aunque él no contenderá por la candidatura del PAN al gobierno estatal, apoya una alianza que, inclusive, pudiera postular al senador priista Mario López Valdez, vinculado al exgobernador Juan S. Millán, enfrentado con el actual mandatario.

“Mario López Valdez es un buen hombre. Al menos eso creo hasta ahorita, pero yo sostengo que tiene que dar pruebas de su amor por los sinaloenses en al menos dos sentidos: Mario tiene que deslindarse del PRI y tiene que deslindarse del titiritero, porque, si no, quedará como títere.”

–¿Quién es el titiritero?

–Juan Sigfrido Millán. Por eso la gente quiere ver que su líder sea líder, no títere. Porque si es títere, mejor hablo con el titiritero. Mario tiene que demostrar que, cuando le agarren ahí, trae algo, y no como Fox, que no traía nada. De él depende. Que dé señas de que tiene vida propia y que no es un títere.

Golpe a “El Chapo”... en Colombia
Revista Semana/Colombia

BOGOTÁ.- A las 6:15 de la mañana del lunes 8 la mafia sufrió uno de los golpes más fuertes en los años recientes. A esa hora, en una operación simultánea en siete ciudades del país, más de medio centenar de elementos de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) capturó a 22 narcotraficantes, cuya extradición pide ahora el gobierno de Estados Unidos.

Por el número de arrestos, el volumen de droga que exportaban y la importancia que tenían en el mundo del narcotráfico, es el caso más emblemático desde la célebre Operación Milenio que en 1999 terminó con el arresto de una veintena de narcos de primera línea, entre ellos Fabio Ochoa.

La operación comenzó en agosto de 2007, cuando un fiscal especializado de Medellín coordinó con un grupo élite de la Policía Nacional para interceptar una línea telefónica de un piloto que realizaba vuelos para el narcotráfico desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Los analistas de la Dijin armaron una red con otros 900 teléfonos que les permitió establecer un primer mapa que reveló que estaban frente a una gigantesca organización de narcotráfico que exportaba entre cinco y ocho toneladas de coca hacia Centroamérica.

La estructura base estaba conformada por 12 pilotos en Antioquia, Córdoba, Valle y Meta, quienes, aunque algunas veces “trabajaban” de manera independiente, realizaban la mayoría de sus narcovuelos para tres capos: Maximiliano Bonilla, Valenciano; Daniel Arnoldo Barrero, El Loco, y la organización de Los Comba.

Identificados los principales pilotos, el grupo especial de la Dijin comenzó a seguirlos día y noche. La mayoría de los datos y la información más importante la obtuvo un grupo de oficiales mujeres que se camuflaron como ejecutivas, vendedoras de seguros, trabajadoras del aeropuerto y lograron acercarse a cada uno de los pilotos para ganarse su confianza.

Una de las partes más complicadas de la operación policiaca fue la captura de María Patricia Rodríguez, única mujer entre los 22 detenidos la semana anterior.

La viuda de la mafia

Conocida con los alias de La Señora o La Doctora, Rodríguez tiene una singular historia en el mundo del narcotráfico. De 38 años, lleva más de una década rodeada de narcos debido a su esposo, Francisco Cifuentes, Don Pancho…

Don Pancho recorrió y trabajó para prácticamente todos los cárteles del país: norte del Valle, Cali y Medellín. Tenía un hangar propio en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín y una de sus fincas en Ayapel, Córdoba, contaba con una pista conocida como Torre 80 autorizada por la Aerocivil.

Pero por encima de todo, su fama en el mundo del narcotráfico se basaba en que era el hombre en que más confiaba Joaquín El Chapo Guzmán, el jefe del sanguinario y temido cártel de Sinaloa, considerado como el Pablo Escobar mexicano. Era tan grande la confianza y amistad, que a comienzos de 2007, El Chapo compró 13 aviones para dárselos a Don Pancho para exportar juntos coca desde Colombia hacia México.

En todos los viajes, negocios y reuniones con los mexicanos estaba su esposa Patricia, quien conocía el negocio igual de bien que su marido Don Pancho. En abril de 2007 Don Pancho fue asesinado por hombres de la “oficina de Envigado” en su finca de Caucacia. Patricia Rodríguez, con dos hijos, uno de 14 y otro de 18 años, pasó a engrosar la larga lista de las viudas del narcotráfico. La muerte de su marido representó el punto de quiebre en su vida, pues de ser la mujer de un mafioso, pasó a ser la socia de uno de ellos.

Tras la muerte de Don Pancho, El Chapo envió a Colombia a varios delegados suyos para arreglar algunas cuentas con la viuda de su exsocio. Aparte de la deuda por la compra de los aviones, el capo mexicano le exigió a Patricia el pagó de un cargamento de 10 toneladas de coca que nunca llegó a su destino y del cual no se volvió a saber nada.

Patricia debía entregar a los mexicanos todas las haciendas que le había dejado su esposo en Córdoba, Urabá y Antioquia. Lo mismo que lujosos apartamentos y varios aviones de su propiedad. Para sorpresa de los enviados de El Chapo, Patricia decidió pelear por la fortuna que le había dejado su marido.

Y fue más allá. Pidió una cita con el capo mexicano en un terreno neutral, incluso se manifestó su temor de que si se reunía con él en México podía ser asesinada. La cita fue en Panamá. Allí, la mujer convenció a El Chapo de asociarse con ella, algo extremadamente inusual en el machista mundo del tráfico de drogas. Desde ese momento, hace más de dos años, Patricia se convirtió en uno de los enlaces principales de El Chapo en Colombia.

La mujer tenía todo para entrar pisando fuerte. Conocía a los proveedores. En sus fincas tenía sus propias pistas, tenía los pilotos que trabajaban para ella, incluso aprendió a pilotear ella misma.

Su vida transcurría entre Medellín, en donde vivía, Panamá, México y Miami, a donde acudía a reuniones para coordinar sus “negocios”. Lo que no sabía era que su obsesión por el gimnasio, en el que solía estar tres horas diarias, y sus viajes al exterior eran seguidos por personal de la policía que la seguía día y noche.

El jueves 11 el director de la Policía, general Óscar Naranjo y algunos de los oficiales que participaron en la operación fueron invitados por el Departamento de Estado y la Fiscalía de Dallas, Texas, en donde se expidieron las 22 órdenes de extradición, a recibir una condecoración por la operación y a contar los detalles de la captura de la viuda de la mafia.

Las guadalupanas de la Sedena
Jorge Carrasco y Rodrigo Vera

A contrapelo de la reforma al artículo 40 de la Constitución aprobada el jueves 11, mediante la cual la Cámara de Diputados refrendó que México es una República laica, los altos mandos militares y sus familias continúan acercándose a la Iglesia católica. Esta devoción se hizo manifiesta a partir de 1986, tras la promulgación, por parte de Juan Pablo II, de la constitución apostólica Spirituali Militum Curae, encaminada a la formación de capellanías militares. Desde entonces la profesión de fe castrense se ha intensificado…

Miroslava Benítez, esposa del general Guillermo Galván Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), encabezó un inusitado acto artístico religioso el pasado 24 de agosto en la Basílica de Guadalupe: la apertura de Bajo el manto de la virgen, una exposición de pinturas guadalupanas realizadas por cónyuges de altos funcionarios de la dependencia.

Oradora principal en ese encuentro, la devota esposa del general Galván dijo: “Esta exposición de arte sagrado, Bajo el manto de la virgen, es síntoma de la poderosa fe que transita por los corazones de una nación, y en particular por este grupo de damas voluntarias que, inspiradas en la Virgen de Guadalupe, exponen ante nosotros sus hermosas obras de arte”.

Enfundado en su sotana negra y púrpura, monseñor Diego Monroy, rector de la Basílica de Guadalupe, veía las pinturas expuestas de las piadosas damas, y escuchaba atento a la esposa del general Galván, quien proseguía así su perorata:

“Nos reunimos en campo sagrado de la milenaria historia de los mexicanos, tierra donde ha germinado la obra evangelizadora de nuestro Padre Celestial, a través del divino mensaje cristalizado en la aparición de nuestra madre Santa María de Guadalupe.”

Doña Miroslava observó a sus compañeras y les dijo:

“Qué maravilloso poder apreciar el talento y las capacidades estéticas de estas pintoras que combinan su arte con las obligaciones hogareñas… Les deseo que continúen por esta senda de fe y compromiso con el arte, la familia y el cultivo espiritual.”

Se dirigió luego a monseñor Monroy para agradecerle el haber dado cabida a la exposición:

“A las dignidades religiosas, en particular a usted, monseñor Diego Monroy, les agradezco sus valiosos esfuerzos para hacer propicia la presente exposición y hago votos por que este enlace se mantenga siempre en la mejor relación de fe.”

Al tomar la palabra, Diego Monroy reivindicó la figura de la Virgen de Guadalupe en la Independencia de México y pidió que se recurriera a ella para apoyar al gobierno de Felipe Calderón. “En estos momentos de crisis es necesario colocarla nuevamente como estandarte de fe y pedirle por nuestros gobernantes”.

Así se desarrolló la ceremonia inaugural de la exposición, que encabezó la esposa del general Galván y fue promovida por las damas del Voluntariado de la Dirección General de Administración de la Sedena.

En sus lienzos –que estuvieron expuestos hasta el 31 de agosto en la Carpa de las Rosas, situada en el amplio atrio del santuario–, las esposas de los militares dieron rienda suelta a su imaginación: pintaron a la Guadalupana emergiendo entre pencas de maguey, entre estrellas, entre lunas, arrullando a un niño en su regazo o dirigiendo a las huestes insurgentes del cura Miguel Hidalgo.

En total, fueron 29 las damas expositoras: Irma Yolanda Valenzuela, Ángeles Rodríguez, Blanca Alicia Saavedra, Blanca Quintal, Blanca Mohedano, Edna Martínez, Felipa Baeza, Mailee Chávez, Rosa Ibarra, María de Jesús Muñoz, Gloria Martínez, Gabriela Parente, Sonia Guadarrama, Luz María Arellanos, Luz María Vega, Claudia Rodríguez, Lydia Martínez, Leticia Ruiz, Ana María Jakellyn, María de los Ángeles Rojas, Mónica Díaz, Georgina Septién, Ana Lorena Díaz, María Luisa Sánchez, Carolina Cruz, Mayte Valencia, Alma Muñiz, Diana Robles y Silvia Vargas.

Pintoras devotas

Nunca antes se había dado una pública manifestación religiosa bajo el manto del Ejército, y menos aún encabezada por la propia esposa del titular de la Sedena.

La vocera de la Basílica de Guadalupe, Marcela Vallecillo, comenta: “Es la primera vez que gente ligada al Ejército realiza una manifestación pública de esta naturaleza. En esa exposición, manifestaron abiertamente su fe guadalupana”.

–¿Anteriormente, ustedes ya habían prestado espacios religiosos a estas damas del voluntariado del Ejército?

–No, nunca. Es la primera vez que estas señoras realizan aquí un evento. Claro, los cuadros que pintaron y exhibieron no fueron precisamente obras de arte. Pero eso no importa, sino el hecho de haber externado su fe religiosa a través de su exposición Bajo el manto de la virgen.

–Varias dependencias de gobierno realizan sus respectivas peregrinaciones anuales al santuario. ¿La Sedena tiene la suya?

–No, el Ejército no tiene su peregrinación anual ni tampoco la Secretaría de Marina. En esto se distinguen de otras dependencias, como la Secretaría de Salud, cuyos trabajadores tienen su peregrinación anual, lo mismo que algunas corporaciones policiacas o los empleados de limpia del Distrito Federal, por citar sólo unos ejemplos.

Vallecillo hace notar que, con su exposición abierta al público, las damas del Ejército hicieron proselitismo religioso, pues utilizaron la Carpa de las Rosas, “uno de nuestros espacios de evangelización que permanentemente es usado por movimientos y grupos de laicos católicos, como los Caballeros de Colón”.

Por lo pronto, esta exposición pictórica es fruto del proceso de evangelización que actualmente emprende la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) entre los miembros del Ejército y sus familias, a través de la llamada pastoral castrense.

“Basta de simulaciones. El pueblo de México es guadalupano. Por lo tanto, también lo son los miembros del Ejército y sus familias. Tienen derecho, pues, a expresar su fe”, dice el sacerdote Manuel Corral, vocero de la CEM.

Corral agrega que la Iglesia seguirá dando cabida a estas expresiones de fe provenientes de las familias de los militares, y continuará igualmente ampliando y perfeccionando su pastoral para las milicias.

El general de división retirado Carmelo Terán Montero señala que “aunque se mantiene la separación, es un hecho que la Iglesia se está acercando a nosotros”, y uno de sus objetivos es establecer capellanías dentro del Ejército. Considera que esto “no es lo deseable”, pero admite que “puede ocurrir”, pues “la Iglesia tiene fuerza y tiende a buscar más”.

Aparte, señala que la alianza Iglesia-Ejército es apoyada por el actual gobierno panista. Y la exposición en la Basílica es sólo “un indicio” de esa alianza en proceso.

Formado en inteligencia militar en instituciones de Estados Unidos, el general Terán Montero advierte que no todos los miembros de la milicia son católicos, por lo que “puede haber cierta resistencia” a la pretensión de instalar capellanías:

“No es tan fácil. Hay competencia de otras religiones. En la institución hay mucha gente que no es católica, aunque la mayoría de los generales sí lo son”, dice.

El general Terán Montero también ve con reticencia el acercamiento entre la Iglesia y el Ejército: “Tenemos una historia que nos impide inclinarnos totalmente hacia la Iglesia”, dice, refiriéndose a los conflictos que ambas instituciones tuvieron en los siglos XIX y XX, cuando la jerarquía eclesiástica desconoció las constituciones de 1857 y 1917, que concibieron al Estado laico en México, después de tres siglos de dominio de la Iglesia en la vida pública.

Apunta: “No olvidemos que algunos golpes de Estado perpetrados en América Latina siempre tuvieron tres componentes básicos: Estados Unidos, la Iglesia y el Ejército”.

Y justamente para ponerle un alto a la creciente injerencia de la Iglesia en la esfera del Estado, la Cámara de Diputados aprobó –el jueves 11– la reforma al artículo 40 de la Constitución, para asentar textualmente que la República es “laica”, además de representativa, democrática y federal.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, advirtió que la reforma “es apenas una primera respuesta a la insolencia con la que se ha conducido la jerarquía eclesiástica”, refiriéndose, sobre todo, a la actual campaña del clero contra los matrimonios entre personas del mismo sexo, que es respaldada por el gobierno de Felipe Calderón mediante la Procuraduría General de la República, la cual interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la legalización de esas uniones en el Distrito Federal.

Pedro Vázquez González, coordinador del Partido del Trabajo, señaló por su parte: “No se debe permitir que las jerarquías eclesiásticas, con cualquier pretexto, pretendan subordinar al Estado a sus intereses”.

Sin embargo, el actual debate sobre la injerencia de la Iglesia se ha centrado en el terreno de la sexualidad –como la legalización del aborto o del matrimonio gay–, pasando por alto otros ámbitos en los que la jerarquía católica gana terreno, entre ellos el de la pastoral castrense.

Una paciente evangelización

La actual evangelización del Ejército mexicano es una orden que proviene del Papa Juan Pablo II. En su constitución apostólica Spirituali Militum Curae, promulgada en abril de 1986, el pontífice ordenó a los episcopados de todo el mundo tener un obispo encargado de atender exclusivamente al Ejército, con su catedral y su seminario propio para formar sólo capellanes.

El episcopado mexicano le encomendó iniciar esa difícil tarea al entonces obispo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, monseñor Hilario Chávez Joya, quien –en una entrevista con este semanario– reveló que el objetivo era desterrar el divorcio histórico que existe entre el clero y el Ejército mexicanos, por lo que era necesario “buscar con misericordia a la oveja perdida. No podemos abandonar a nuestros soldados. Ellos también son bautizados y, por tanto, miembros del cuerpo de Cristo” (Proceso 1051).

Bajo las órdenes de Chávez Joya, el religioso Carlos Ortiz Montes, de la congregación de los Cruzados de Cristo Rey, se hizo cargo de la primera capellanía militar que se erigió en el templo Cristo Rey de la Paz, ubicado frente a las instalaciones de la Sedena. Ahí empezó a preparar a los primeros catequistas que difundieron el evangelio entre los militares y sus familias. Fue el embrión de la pastoral castrense en México.

El general Terán Montero cuenta que el Ejército acondicionó ese templo –“no se puede decir que no”–: colocó un vitral con las figuras de San Miguel Arcángel y un elemento del Cuerpo Especial de Paracaidistas luchando juntos “contra el mal”, y erigió un monumento que muestra a un soldado moribundo “entregando su alma a Dios” (Proceso 1625).

Tras 20 años de llevar la pastoral castrense, Chávez Joya dejó el cargo en 2006 por su avanzada edad. Lo sustituyó monseñor Víctor René Rodríguez, a quien el episcopado le creó un organismo especial para coordinar todas las capellanías a lo largo del país, la Dimensión Fuerzas Armadas.

Monseñor Rodríguez aclaró que esas capellanías son todavía “informales”, pues aún no operan dentro de los cuarteles. Y adelantó: “Nuestra intención es atender no sólo al Ejército, sino también a la Fuerza Aérea, a la Marina y a las corporaciones policiacas”. Para esto, el episcopado ya cuenta con un grupo de sacerdotes especializados en pastoral castrense que se aglutinan en la Corporación de Clérigos Castrenses (Proceso 1598).

El obispo auxiliar de Morelia, monseñor Octavio Villegas, acaba de ser nombrado nuevo titular de la Dimensión Fuerzas Armadas. De esta manera, la Iglesia católica poco a poco ha ido consolidando la pastoral castrense y evangelizando al Ejército.

Para esto, cuenta incluso con el apoyo de organizaciones de laicos católicos, como los Caballeros Templarios, una asociación civil militarizada que ya colabora con el Ejército mexicano y le da asesorías. Apenas en 2004 la Orden del Temple llegó al país. Sus miembros aseguran provenir de la misma orden monástica castrense que cobró auge en la Europa medieval (Proceso 1625).

El vocero de la CEM, el sacerdote Manuel Corral, señala que, pese a estos avances, aún falta tiempo para que en México haya por fin un obispo castrense, como lo ordena el Vaticano.

“Es un proyecto de largo plazo. Nosotros en la Iglesia no llevamos ninguna prisa”, concluye.

…Y los soldados torturadores
Gloria Leticia Díaz

Tras recuperar su libertad luego de 80 días de arraigo en Tijuana, Baja California, Ricardo Castellanos Hernández logró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) finalmente atendieran su queja y comenzaran a investigar a los soldados que lo torturaron.

Él y otros 10 policías municipales de Tijuana fueron arrestados por órdenes del secretario de Seguridad Pública local, el teniente coronel Julián Leyzaola, y por el director de la Policía Municipal, el capitán Gustavo Huerta. El grupo de uniformados fue conducido a la II Zona Militar en septiembre de 2009, donde fueron torturados y obligados a firmar declaraciones que los vinculaban con el crimen organizado (Proceso 1722).

El 5 de noviembre último, en el marco de la 137 Sesión Ordinaria de Audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), varias organizaciones sociales expusieron el caso de los policías municipales de Tijuana y los de otros agraviados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En los otros casos las víctimas son dos policías ministeriales, 25 policías municipales y cuatro civiles. En ambos, los agraviados están presos en el penal de alta seguridad de El Rincón, Nayarit, procesados por presuntos vínculos con el narcotráfico y secuestro, respectivamente.

Las organizaciones que interpusieron la queja fueron: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) y el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos de Baja California (OCDH-BC).

En aquella ocasión, Luis Castellanos, hermano de Ricardo, viajó a la sede de la CIDH en Washington y participó en la audiencia denominada Seguridad Pública y Derechos Humanos en Tijuana, Baja California. Ahí denunció que ni la CNDH ni la PGR habían atendido la denuncia que implicaba a elementos de la II Zona Militar (Proceso 1724).

Un mes después de la audiencia, el 6 de diciembre, Ricardo Castellanos fue puesto en libertad, junto con sus 10 compañeros, quienes estaban arraigados en el hotel Tijuana Inn.

Ese día, relata, “alrededor de las 10 de la mañana llegó un agente del Ministerio Público y nos hizo firmar un documento que no pudimos leer, y nos dijo que nos fuéramos. Al salir, señoras y niños que esperaban la visita, así como agentes federales, nos aplaudieron. Estos últimos sabían que los militares habían cometido una arbitrariedad contra nosotros, pues así nos lo hicieron ver durante el arraigo”.

El día del arresto, el 16 de septiembre, Ricardo fue trasladado a la II Zona Militar por indicaciones del capitán Gustavo Huerta. En ese lugar sus captores le vendaron los ojos y le inmovilizaron pies y manos, incluso lo envolvieron en una cobija.

Con voz entrecortada, relata: “No tengo duda de que los torturadores fueron militares. Me golpearon en todo el cuerpo y me colocaron una bolsa en la cara para asfixiarme; perdí el sentido en varias ocasiones, pero era despertado al parecer por una descarga eléctrica…”.

Después, del 20 de septiembre al 6 de diciembre, cuenta, estuvo esposado de pies y manos; incluso dormía sobre la alfombra de la habitación donde estuvo cautivo. Perdió 10 kilos.

Ya en libertad, acompañado por Silvia Vázquez Camacho, del OCDH-BC, Ricardo acudió el 10 de enero pasado a la delegación de la PGR para conocer su situación jurídica. “Estoy libre bajo reservas de ley, un término que me incomoda porque –dice– fui torturado y arraigado por un señalamiento falso”. Él y Vázquez Camacho se quejan porque, insisten, ni la denuncia que presentaron ante la PGR ni la queja interpuesta en la CNDH contra los militares que lo torturaron fueron atendidas.

Dos semanas más tarde, el 28 de enero, ambos se reunieron con el segundo visitador de la CNDH, Luciano Silva Ramírez, para formalizar la queja y para que peritos del organismo le aplicaran el Protocolo de Estambul. El propósito: certificar las secuelas físicas y psicológicas de la tortura que recibió Ricardo Castellanos. Durante la entrevista estuvo presente la abogada Mayra López, de la CMDPDH.

Las omisiones de la CNDH

Durante la reunión con el visitador Silva Ramírez, Ricardo Castellanos Hernández pidió la intervención del órgano de control interno de la comisión para que procediera contra el visitador de Tijuana, Iván Curiel Villaseñor, cercano al ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, por no integrar su queja mientras estuvo en las instalaciones militares y en el hotel.

Según Castellanos Hernández, cuando Curiel lo visitó en la II Zona Militar a petición de sus familiares, él le entregó un escrito en el que le describía su situación:

“Los soldados me estaban torturando y le pedí que procediera. Después, arraigado en el hotel, me enteré por mi familia de que ese funcionario dijo que yo no quería actuar en contra de los militares. Entonces lo mandé llamar. Y él argumentó que se había confundido, pero que había enviado mi testimonio a las oficinas de la CNDH en México.”

Sin embargo, dice Castellanos Hernández a la reportera, en la reunión con Silva Ramírez se enteró de que no había antecedentes de su queja, pues Curiel nunca mandó su testimonio. La abogada de la CMDPDH destaca que la omisión de la CNDH en el caso de Ricardo podría no ser la única. “Eso hace suponer –dice– que algo similar pudo haber ocurrido con las más de 2 mil quejas presentadas contra el Ejército en los últimos tres años”.

De manera simultánea, personal de la PGR inició una denuncia penal contra los militares que lo agraviaron. Al día siguiente, el 29 de enero, Vázquez Camacho, Castellanos Hernández y la abogada López se reunieron con el encargado del área jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Carlos de la Torre.

Castellanos Hernández sostiene que el arraigo y las secuelas que le dejó la tortura no pueden superarse. “Durante seis años fui muy feliz en mi trabajo como policía municipal. Cuando me detuvieron no tenía miedo, pues pensaba que todo se iba a aclarar; nunca imaginé que los militares torturaran. Yo creía en ellos, me sentía más seguro cuando patrullaban Tijuana”, dice.

Y se explaya: “Esos hechos dañaron la estructura familiar, y financieramente fueron fatales. Yo era el sostén de mi familia y ahora no tengo trabajo. Mi prestigio quedó por los suelos. Lo que quisiera es que se limpiara mi imagen, que se dijera que nada de lo que se informó sobre mí era cierto, pero sobre todo quiero paz y tranquilidad para mi familia.

“Estaría conforme con saber que los militares que me torturaron, quienes deberían estar tras las rejas, no volverán a hacerlo, ni siquiera contra personas que sí sean responsables de algún delito.”

Otro de los casos denunciados en la sesión de la CIDH en noviembre pasado, el de los civiles Ramiro López Vázquez, Orlando Santaolaya Villarreal y los hermanos Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez, también fue desatendido por la CNDH, que los consideró “sin materia”.

Los cuatro civiles, detenidos el 16 de julio del año pasado en las playas de Rosarito durante un operativo militar, fueron torturados por elementos de la II Zona Militar y del 28 Batallón de Infantería. Permanecieron en los cuarteles hasta el 31 de julio. Luego fueron trasladados al penal de máxima seguridad de El Rincón, en Nayarit, acusados de secuestro y delincuencia organizada.

Los familiares de las víctimas presentaron una queja ante la CNDH el 17 de julio. Y el 30 de octubre siguiente, el entonces segundo visitador , Mauricio Ibarra Romo –quien fue sustituido por Luciano Silva Ramírez al término de la gestión de José Luis Soberanes Fernández–, les notificó, mediante el oficio CNDH/2/2009/3313/Q, que el caso estaba cerrado.

En el documento, cuya copia tiene Proceso, Ibarra señaló que “si bien a los indiciados el personal militar les practicó examen médico en cuyos dictámenes determinó que no mostraban lesiones por tortura, en dos de ellos se estableció que presentaban diversas lesiones, por lo cual el agente del Ministerio Público de la federación, al analizar las constancias de la indagatoria, considerando la probable comisión de actos delictuosos por el personal castrense, dio vista de la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/1577/09/M-V a su similar adscrito a la II Zona Militar, en Tijuana, Baja California”. El Ministerio Público militar inició la indagatoria 27M/27/2009.

Asimismo, “estimó pertinente dar vista de los hechos al titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena para que los haga del conocimiento de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para que investigue y resuelva lo que procede”.

Mayra López resalta que durante el encuentro con el visitador Silva Ramírez, quien sustituyó a Ibarra Romo, “se le pidió reabrir el expediente” porque, dice, la respuesta del entonces visitador no aclara cuáles fueron las actuaciones de la CNDH. Además, argumenta, someter a los agraviados a un juicio militar sólo los revictimiza”.

Respecto del seguimiento de los casos presentados el 5 de noviembre en la CIDH, la abogada de la CMDPDH señala que el gobierno mexicano ha pedido dos prórrogas a las solicitudes de información que le hizo el organismo interamericano, el 23 de noviembre y el 7 de diciembre de 2009, sobre 42 ciudadanos que fueron torturados por militares en Tijuana, sobre la figura del arraigo (fundamentación jurídica, controles judiciales, autoridades que lo ejecutan y los lugares destinados para ello), así como sobre las autoridades que investigan las denuncias de tortura.

“No puedo vivir arrinconado...”
Álvaro Delgado

" Si bien el presidente nacional de PRD, Jesús Ortega, dice mantenerse en su convicción de que el PAN cometió fraude en la elección presidencial de 2006, no ceja en defender la alianza entre panistas y perredistas. A los detractores de esta unión, que motivó la renuncia de Fernando Gómez Mont al PAN, les lanza: “No se deben convertir asuntos tácticos en éticos”. Y justifica: “No puedo y no debo arrinconarme gritando que hubo fraude electoral y olvidarme del acontecer político diario y permanente. ¡No estoy legitimando a nadie!”

¡Es un error convertir un asunto electoral en uno de principios!”, truena Jesús Ortega, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ante las críticas por aliarse con Acción Nacional (PAN), al que los perredistas acusan de haber cometido fraude contra ellos en las elecciones presidenciales de 2006.

“¿Se está legitimando a Calderón? ¡No es cierto! No desconozco que hubo fraude en las elecciones de 2006. Lo sigo diciendo, pero no puedo y no debo arrinconarme gritando que hubo fraude electoral y olvidarme del acontecer político diario y permanente. ¡No estoy legitimando a nadie!”

–¿Sostiene que, como lo escribió en una carta, Calderón “es y seguirá siendo ilegítimo por los siglos de los siglos”?

–Sí, seguirá siendo ilegítimo.

Reitera: “No ignoro ni olvido lo que pasó en 2006, pero no me voy a encerrar a que me crezca la barba en un refugio en la montaña para rumiar lo que nos pasó en 2006. No. O para autoflagelarnos porque nos hicieron fraude y porque no hubo elecciones limpias. Hay que actuar”.

Ortega, sin embargo, se modera y elude profundizar las críticas sobre la ilegitimidad de Calderón, porque, pese a que ya se formalizaron las coaliciones con el PAN en Durango y Oaxaca, están pendientes por lo menos otras en Puebla e Hidalgo, ya formalizadas por la dirigencia de su partido, y eventualmente en Quintana Roo y Sinaloa.

“No voy a caer en la trampa de bloquear la alianza con el PAN sobre la base de dar declaraciones estridentes”, acota el perredista, quien persuadió a César Nava, presidente del PAN, de que no insistiera en condicionar el apoyo a los candidatos que tilden de espurio a Calderón. “Llegamos al acuerdo de no poner en el centro los puntos que nos hacen contradecir, porque entonces se van a frustrar las alianzas”.

–Pero Nava no se ha desdicho…

–Fue, a mi juicio, desafortunada (su declaración). Hemos platicado y hemos llegado a la conclusión de que tenemos tantas diferencias, tantas contradicciones que sería un error ponerlas en el centro de esta política de alianzas, porque se frustran.

Elogiado por la derecha por encabezar la “izquierda moderna” y puesto bajo sospecha por sus amistades con el PAN luego de que, como lo hizo con Calderón al validarlo como presidente electo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló en favor de Ortega como presidente del PRD, éste responde a las críticas de quienes afirman, como es el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, que está contraviniendo los principios de su partido.

“No hay ningún arreglo con Calderón ni estoy haciendo un arreglo estratégico con el PAN. Estamos haciendo alianzas electorales en algunos estados para terminar con gobiernos espurios, cacicazgos terribles, gobiernos terribles que cancelan libertades y que limitan la posibilidad de que el PRD se convierta en opción en el 2012.”

–En alianza con un gobierno espurio…

–¡No, no es cierto! Estamos haciendo alianzas específicas con movimientos cívicos, por cierto, porque hay en todos esos estados movimientos civiles que ponen poca atención a los partidos políticos, sino que ponen atención a cómo terminan con esos gobiernos. Es el caso de Durango, Oaxaca y lo que está pasando en Puebla.

La entrevista con Ortega se produce la mañana del miércoles 9, en su oficina de la presidencia del PRD, al día siguiente de que el CEN del PAN aprobó la coalición en Oaxaca, en cuya sesión se presentó Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, para repudiarla, y quien renunció a su partido por la tarde.

Calificada como un “montaje” por Manuel Espino, expresidente del PAN, porque, según él, Calderón y Nava sabían que Gómez Mont pactó con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) la aprobación de los impuestos a cambio de no aliarse con la izquierda en Oaxaca, la renuncia sumó apoyos priistas al secretario de Gobernación y Ortega la calificó de un “asunto interno” panista.

Cuál electorerismo

Ante los señalamientos de que compromete la línea política aprobada por el Congreso fundacional y, en general, los principios del PRD, Ortega afirma que la apuesta es terminar con mandatarios priistas “que han convertido el gobierno en una sociedad mercantil, cancelado derechos, obstaculizado libertades políticas y que controlan todo”.

Puntualiza: “Es el camino correcto que no implica violación a principios. Insisto: No hay una alianza estratégica con el PAN; hay alianzas electorales, que son movimientos tácticos para reposicionar al PRD, para terminar con gobiernos autoritarios, para permitir el desarrollo de esos estados. Eso es parte del programa del PRD”.

Es erróneo también, expone el líder de la corriente Nueva Izquierda, ver las alianzas desde el punto de vista de la ética política:

“No se debe convertir una alianza electoral en un asunto de ética política. Lenin, el político más ortodoxo y más vertical, estaba en Suiza y le interesaba llegar rápido a Rusia y quería terminar con la guerra contra Alemania, a la que le interesaba también. ¿Y quién le prestó a Lenin el tren para irse a Rusia para que encabezara la revolución contra la guerra? Los alemanes. ¿Eso es falta de ética? ¡Eso es táctico!”

Pone otro ejemplo: “En la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, que era un anticomunista feroz de toda la vida, para detener al fascismo alemán, ¿no hizo alianza con los comunistas? ¿No le hizo Churchill un homenaje en el Parlamento inglés al Ejército Rojo? ¡No se deben convertir asuntos tácticos en éticos! ¡No se deben convertir en asuntos de principios! ¡Es un grave error que frustra avances políticos como los que necesitamos!”.

Insiste: “Estoy privilegiando que, en la lucha electoral de 2012, no haya un escenario donde el resultado ya lo sabemos. Si no derrotamos a esos gobiernos caciquiles en el 2010, entonces la lucha del 2012 estará decidida”.

–¿Por qué no apuesta el PRD por sí mismo?

–Estamos apostando por nosotros mismos.

–La única manera de obtener una victoria es aliándose con el PAN, a lo que se le ha dado en llamar electorerismo.

–¡Electorerismo! ¡Qué es el electorerismo! Nosotros somos un partido que lucha en el espacio electoral. ¡Yo no estoy en la montaña ni pienso que la montaña sea el escenario! Cuando alguien me dice que en la montaña, les digo que están totalmente equivocados. Si no es la montaña, ¿cuál es la forma para luchar por poder? La lucha electoral. Y tú tienes que ser competitivo en la lucha electoral. Puede ser un movimiento social que lucha por reivindicaciones inmediatas y materiales. Yo pienso que el camino único para cambiar las cosas en este país es la lucha electoral y la forma para acceder al poder, que es de principios, es un asunto de la lucha democrática, de la lucha en las elecciones.

El problema en México, dice, es que hay un deterioro de las condiciones para esta lucha electoral, y no solamente hay que parar ese fenómeno de neofeudalismo, sino revertirlo, porque los aparatos “gubernamentales impiden los procesos electorales democráticos”.

–Recurran a las instituciones para presentar las denuncias.

–Pero tú y yo sabemos que eso no ha servido. Hay que terminar con esa realidad.

Se le hace ver a Ortega que él y el PRD han convalidado la integración de organismos como el Instituto Federal Electoral (IFE) y el TEPJF, así como de órganos estatales que actúan de manera parcial –“no lo comparto”, dice–, aunque reconoce que el uso con fines electorales de recursos y programas gubernamentales quedan impunes.

“Pero éste no es un problema de culpas, la política no es un problema de culpas. Muchos amigos de la izquierda ven el problema de la política como un problema religioso. No son pecados el problema de la política. El problema de la política es actuar conforme a principios generales y adoptar tácticas que te permitan sacar adelante esos principios, y entonces en el 2012 tengo un objetivo, junto con el CEN: Evitemos que el PRD sea marginado de la vida política, evitemos que la lucha se dé de manera bipartidista, pero peor: Evitemos que regresemos al régimen de partido cuasi único, que hacia allá vamos si no hacemos nada.”

La prédica y la práctica

Ortega aclara que la decisión de establecer alianzas con el PAN no es de él como presidente, sino de toda la dirección del PRD, cuyas corrientes, dice, han resuelto iniciar una etapa nueva.

“Se terminaron los conflictos en el PRD. Cuando menos no estamos en la nota roja de la página política, como estábamos antes. La dirección está integrada con todas las corrientes y Alejandro Encinas, que fue mi contrincante, tiene representantes en la Comisión Política y en el Secretariado, y hemos aprobado esta política por unanimidad. No es un asunto mío, sino que es un asunto resuelto por el Consejo Nacional y por el Congreso Nacional.”

Pero se le hace ver a Ortega que el Congreso Nacional aprobó otra cosa, como se anota en la Línea Política, que establece que el “adversario principal” del PRD es “la oligarquía” representada por el PAN y el PRI.

“Por eso la estrategia se finca en establecer una política de claro contraste y diferencia con las derechas del PRI y del PAN, de construir propuestas claras y congruentes, de estar a la altura de las grandes preocupaciones de la gente, en especial las que se relacionan con la carestía de la vida, el desempleo, la corrupción gubernamental y la creciente inseguridad.”

Dice al respecto: “Estamos haciendo contraste con las políticas gubernamentales con nuestras posiciones y declaraciones, en nuestra posición en la Cámara de Diputados”.

Otra cita de la Línea Política: “Durante el sexenio actual, la dupla PRI-PAN lleva a cabo una ofensiva restauradora orientada a retornar a las épocas más autoritarias de los gobiernos priistas”.

–Atribuyen esa restauración al PRI y al PAN, y se están aliando con éste.

–Pero estamos haciendo una alianza táctica –justifica–. En este asunto coincidimos todas las corrientes: Las socialdemócratas, las moderadas o las izquierdistas o ultrarradicales.

Además, recuerda, en las alianzas electorales participan, además del PRD, el Partido del Trabajo –“el partido más cercano a Andrés Manuel López Obrador”– y Convergencia, que forman Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia), así como partidos locales.

Secretario general cuando López Obrador presidió el PRD, Ortega recuerda que las mismas críticas que se le hacen por las alianzas con el PAN se las hicieron cuando aceptaron a expriistas como Ricardo Monreal, Leonel Cota y Alfonso Sánchez Anaya, que gobernaron Zacatecas, Baja California Sur y Tlaxcala, respectivamente.

“Nos decían: cómo se llevan a Monreal si es un corrupto. Eso es sólo antipriismo. Eso nos decían. Lo mismo pasó con Cota y con Sánchez Anaya. Es el mismo argumento que están utilizando ahora”, afirma Ortega, quien recuerda que funcionó también la estrategia de aliarse con el PAN en Chiapas con Pablo Salazar Mendiguchía.

“Eso era lo que se decía entonces. Inclusive los que fueron candidatos nuestros participaron en el fraude de 1988, si se quiere poner de esa manera. Eran del PRI en el 88. Yo recuerdo a Monreal en la Cámara de Diputados, y no lo estoy ofendiendo, como el orador que mandaba el PRI para golpearnos.”

Rubrica: “No nos hemos olvidado del 88, como no nos hemos olvidado de 2006 en términos de que, en las elecciones, desde luego que hubo fraude electoral. Así lo he pensado y lo sigo pensando. Pero no debemos recluirnos a un monasterio, sino que necesitamos seguir haciendo vida política para que la izquierda sea factor de decisión en el rumbo del país…”.

Nuevo embate privatizador
Jesusa Cervantes

Una nueva embestida del gobierno federal y Petróleos Mexicanos (Pemex) que buscaría abrir por completo la participación de trasnacionales a la exploración, explotación y producción de hidrocarburos mediante novedosos contratos reavivó la discusión en la Cámara de Diputados en torno al riesgo de privatización de este sector, y de pasó dividió a legisladores del PRI y del PRD.

Para frenar este supuesto plan, los diputados del Partido del Trabajo promovieron una controversia constitucional cuyo objetivo es frenar las “disposiciones administrativas de contratación de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas (exploración, explotación y producción de hidrocarburos) de Pemex y organismos subsidiarios” que aprobó el Consejo de Administración de Pemex y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 6 de enero.

La propuesta dividió al PRI y al PRD, pues mientras algunos sectores de estos partidos respaldan al diputado del PT Jaime Cárdenas (entre ellos el coordinador y el vicecoordinador de la fracción priista, Francisco Rojas y Carlos Ramírez Marín), otros legisladores de esos mismos partidos (como los diputados afines al senador Manlio Fabio Beltrones y algunos miembros de Nueva Izquierda), acompañados por el Partido Acción Nacional, la rechazan.

El plazo para que la Cámara de Diputados presente esta controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación vence el jueves 18. El lunes 8, Pemex envió a dos de sus consejeros independientes a la Cámara de Diputados: Fluvio Ruiz Alarcón se reunió con diputados del PRD, y Rogelio Gasca Neri con los del PRI. Su trabajo era convencer a los legisladores de que las nuevas normas de Pemex no violentan la Constitución. Ambos consiguieron ampliar la discusión hasta este lunes 15, en tanto logran ponerse de acuerdo al interior de las fracciones del PRI y PRD. En el PAN, el vicecoordinador Roberto Gil Zuarth se pronunció por que la Cámara de Diputados tome “una decisión jurídica y no política”, y rechazó que se pretende “dar la vuelta a la reforma energética por la vía administrativa”.

En entrevista, el diputado del PT Jaime Cárdenas detalló que las nuevas reglas aprobadas por el Consejo de Administración y avaladas por los cuatro consejeros independientes (entre los que están Fluvio Ruiz Alarcón, propuesto por el PRD, y Rogelio Gasca Nery, propuesto por el PRI) son anticonstitucionales y abren en su totalidad el sector energético a las trasnacionales extranjeras.

Por su parte, el exlegislador, exsecretario de Estado y uno de los priistas más críticos a las reformas de Pemex, Manuel Bartlett Díaz, resumió la acción del Consejo de Administración de la paraestatal como el “capítulo II de la simulación de la reforma energética” para permitir la privatización del sector.

En tanto, el especialista del llamado Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17, Alfonso Gikman Sandoval, advirtió que las nuevas disposiciones de Pemex se traducirán en contratos de riesgo, y permitirán compartir la renta petrolera con las empresas privadas y trasladar a éstas las facultades que tiene Pemex de planeación, dirección, organización y control de los contratos.

El consejero Ruiz Alarcón rechazó que existan violaciones a la Constitución y aseguró que de ninguna manera implica la privatización, aunque no negó que “pueda haber la intención” de configurar contratos de riesgo. “Pero para evitarlo y vigilar, estamos los consejeros independientes”, dijo.

Violaciones a la Constitución

El pasado 6 de enero, Pemex publicó en el Diario Oficial de la Federación 82 artículos que fijan los “lineamientos” para los nuevos contratos que la paraestatal establezca con empresas privadas en materia de servicios por exploración, explotación y producción de los hidrocarburos. Estos cambios aprobados por el Consejo de Administración son parte de las obligaciones que se derivan de la reforma energética aprobada en octubre de 2008 y la cual creó la nueva Ley de Pemex, cuyo artículo 19 faculta al consejo a definir los citados lineamientos.

La Ley de Pemex no fue controvertida. Sin embargo, aclara el diputado Jaime Cárdenas, la controversia que promueve el PT no cuestiona la validez de la ley, sino que intenta demostrar que lo aprobado por el Consejo de Administración viola los artículos 25, 27, 28, 49, 73 y 134 de la Constitución.

“Sostenemos en la controversia que se violenta la Constitución porque todo el desarrollo de la industria petrolera le corresponde al Estado y, según la resolución del Consejo de Administración, Pemex y sus subsidiarias pueden contratarlo todo con empresas particulares o a terceros extranjeros.”

De hecho, dice, la atribución que se le dio al Consejo de Administración de Pemex es inconstitucional de origen porque no puede contratar algo que le corresponde explorar al Estado y porque el artículo 134 de la Constitución establece que, en materia de adquisiciones, las regulaciones “deben estar contenidas en ley”. En este caso, se fijaron con base en una norma administrativa que determinó un consejo. En otras palabras, precisa, las nuevas formas de contratación que pretende Pemex no están regidas por leyes, “sino por un simple lineamiento” que “viola el principio de ‘reserva de ley’”.

Alfonso Gikman Sandoval, ingeniero jubilado con más de 23 años de trabajo en Pemex e integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía, coincide en que las nuevas disposiciones establecen esquemas de contratación que abren a la iniciativa privada todas las actividades sustantivas de carácter productivo.

La nueva norma prevé “aspectos de planeación, dirección, organización y control de los trabajos”, a diferencia del esquema anterior, en el que los contratistas y proveedores “sólo participaban en el proceso de ejecución coadyuvando a Pemex”.

Pero además, “está orientado a la participación de compañías petroleras extranjeras mediante contratos de riesgo que van a estar ligados en sus incentivos a los volúmenes de producción”, explica el ingeniero.

La controversia constitucional promovida por el PT es también una reacción a la reunión privada de Felipe Calderón con los directivos de las trasnacionales British Petroleum, Royal Dutch Schell, Statoil, la francesa Total y la italiana Enei, el 29 de enero en Davos, Suiza. Ahí, según un comunicado de la Presidencia de la República, les habló de las bondades de la reforma energética de 2008. Los empresarios también se reunieron con la secretaria de Energía, Georgina Kessel, quien informó a la agencia Notimex que “se lanzará un nuevo esquema de licitaciones”.

En la misma reunión de Davos, el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, reveló que las principales petroleras tuvieron una “participación activa” para “lograr esos contratos marco” que presentará Pemex, y añadió que seguramente esas empresas se sumarán pronto en la exploración y perforación de pozos en el país. Complacido, contó que las trasnacionales “felicitaron” a la paraestatal.

Sin embargo, el consejero Ruiz Alarcón negó que las trasnacionales hayan participado en la elaboración de los lineamientos que fijó Pemex o que estén participando en los primeros contratos marco o modelo que se diseñan.

El megapoder
Jenaro Villamil

Con la adquisición de Nextel, Emilio Azcárraga Jean aspira a tener prácticamente en exclusiva la posibilidad de explotar “el negocio del futuro”: la banda de telefonía móvil de 1.7 Ghz, y afianzar su penetración en el mercado del cuádruple play. Además, con Foro TV tendrá un nuevo brazo político para demostrar el poder de la pantalla y llegar al “círculo rojo”. Pero ganar no será fácil: Televisa no está acostumbrada a competir con un gigante como Telmex.

Con un nivel de concentración sin igual en materia de contenidos televisivos, al acaparar 3 mil 84 Mghz del espectro a través de tres cadenas nacionales de televisión abierta y una señal metropolitana (225 estaciones propias más 33 afiliadas), equivalentes a 68% del total nacional, además de controlar ya más de 55% del mercado de televisión por cable y tener 93% del sistema de televisión satelital, Televisa no parece tener suficiente. Va por más: a través de la adquisición de hasta 40% de la empresa telefónica Nextel, busca convertirse en el nuevo competidor de telefonía móvil para ofrecer los servicios de cuádruple play.

El dominio de Televisa en la producción y distribución audiovisual del país busca afianzarse con la compra de hasta mil 600 millones de dólares en participaciones accionarias en la empresa Nextel, que posee 3.6% de las 81 millones de líneas de telefonía móvil en el país, según un estudio de Acciones y Valores Banamex y los datos de la consultoría The Competitive Intelligence Unite (CIU).

De acuerdo con las bases de licitación emitidas por Cofetel, Nextel y Televisa son las dos únicas empresas que pueden aspirar a comprar hasta 80 Mhz de la licitación de la banda de telefonía móvil 1.7 Ghz, “el negocio del futuro”, como señalan diversos especialistas. Con esto dejaría atrás a otros grandes consorcios como Telcel, Telefónica, Axtel, Iusacell o MVS.

Al adquirir a su posible competencia, Televisa puede convertirse así en el segundo consorcio más importante en telecomunicaciones y el principal en materia de triple play, ya que podrá transmitir sus contenidos audiovisuales a través del teléfono celular.

Su ventaja comparativa frente a Telmex es que, a diferencia del consorcio de Carlos Slim, Televisa domina ampliamente en el mercado de contenidos: tan sólo en el Distrito Federal acapara 60 Mhz de televisión abierta, suficiente para abrir otros 10 canales de televisión; produce 53 mil horas al año entre programas de entretenimiento, deportes, telenovelas y espacios informativos, que difunde a través de sus cuatro cadenas: Canal 2, que llega a 98.6% de los hogares; Canal 5, que alcanza 91.9%; Canal 9, con 72.4%, y Canal 4, con 22.7% de penetración.

Dede 2004, posee las licencias de los “canales espejo” para televisión digital: Canal 48 (“espejo” del 2), Canal 50 (para el 5), Canal 49 (para el 4), Canal 44 (para Canal 9). También es propietario de 30 canales en señal restringida, entre los que se encuentran Telehit, Ritmoson Latino, Bandamax, De Película, Unicable, Canal de Televisión y el de próxima aparición: Foro TV en la señal 115 de Sky y Cablevisión, ambas de Televisa.

Desde marzo de 2006, tiene 50% de las acciones de Televisión Internacional, S.A. (TVI), propietaria de la señal de MilenioTV (canal de noticias por televisión restringida), y adquirió 49% de Cablemás, la segunda empresa de televisión por cable, después de Megacable. Y en diciembre de 2007, a través de su filial Cablestar, adquirió la compañía telefónica Bestel.

La compra de Nextel coincide con otras tres operaciones mediáticas y políticas de Televisa: el anuncio de su nuevo canal de noticias y análisis político Foro TV, que se transmitirá en televisión restringida con comentaristas que antes se caracterizaban por sus críticas al consorcio; la utilización como “señal espejo” del Canal 46 de Cablevisión, concesión cuyo refrendo ha estado plagado de irregularidades (Proceso 1715 y 1726), e iniciar en Canal 2 una campaña intensiva de spots sobre “valores familiares”, en el que además convirtió los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución en una “estrella más” de su canal estelar.

La operación llevó a Iusacell, del Grupo Salinas, y MVS, de la familia Vargas, a presentar amparos en contra de las bases de licitación emitidas por la Cofetel, al considerar que favorecen a Televisa y Nextel. El 9 de febrero los jueces XI y XII de Distrito en Materia Administrativa le negaron a la empresa MVS Net, filial de MVS Comunicaciones, la suspensión definitiva de esas licitaciones.

Sin embargo, el vicepresidente de Relaciones Institucionales y vocero de MVS, Felipe Chao, dice a Proceso que “el juez tendrá que entrar al fondo del amparo. No hay tiempo límite, por lo cual se puede definir hasta después de que se entreguen las concesiones”.

Las otras tres solicitudes de amparo de Iusacell –presentadas por el abogado Salvador Rocha Díaz– siguen vigentes, pues no se solicitó la suspensión ni provisional ni definitiva del proceso de licitación.

Por lo pronto, el miércoles 10 de febrero circuló una copia del oficio enviado por el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, al titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, en el cual se admite que si la secretaría no resuelve las solicitudes de prórrogas de diversas concesiones en telefonía móvil está en riesgo el fallo definitivo de las nuevas licitaciones, previstas para el 21 de abril.

El oficio, cuya copia obtuvo Proceso, advierte que la Cofetel hizo un “minucioso análisis respecto de las posibles contingencias jurídicas” que pueden interrumpir el proceso de licitación de las bandas 1.7 y 1.9 Ghz. “Uno de los temas sustantivos que pudieran ser utilizados como causal de agravios”, es la falta de pronunciamiento de la SCT respecto de las solicitudes de prórroga de Radiomóvil Dipsa (Telcel), así como distintas empresas del Grupo Iusacell, Grupo Nextel y Grupo Telefónica, concesionarios de telefonía móvil en la banda de 800 Mhz.

Consultada al respecto, la Cofetel no desmintió la difusión de este documento, fechado el 21 de enero de 2010 y con el folio CFT/D01/P/003/2010.

Contenidos, tema pendiente

La operación de compra de Nextel, anunciada a principios de febrero, fue autorizada por el pleno de la Comisión Federal de Competencia (CFC) el jueves 11, en la misma sesión en la que se aprobó la reestructuración de Telmex Internacional y Telcel para ser adquiridos por América Móvil, propiedad de Grupo Carso.

El argumento del organismo antimonopolio para autorizar esa concentración fue que la sociedad entre Televisa y Nextel “implica la asociación de dos empresas enfocadas a mercados distintos: Televisa y sus subsidiarias se dedican a una gama de servicios de producción y transmisión de señales de TV abierta y restringida, radio, revistas, películas, portales en internet, deportes y espectáculos; mientras que el negocio principal de Nextel son los servicios de radiocomunicación (trunking) y telefonía móvil”.

El comunicado de la CFC sostiene que “tampoco se observa una relación vertical importante entre ambas empresas: Nextel compra a Televisa contenidos, enlaces dedicados y espacios publicitarios, pero en ninguno de estos casos Nextel es un cliente de peso”.

Ante las críticas tanto por el caso de América Móvil (reestructuración denunciada por la Canitec como monopólica) así como por la concentración de Televisa y Nextel, el presidente de la comisión, Eduardo Pérez Motta, declaró que ninguna de estas dos operaciones “afectan a los mercados ni representan un riesgo para la competencia y para el bienestar de los consumidores”.

Sin embargo, el especialista en telecomunicaciones Fernando Buttler destaca que, con esta concesión, Televisa y Nextel “se quedan con una sola banda, completita, a nivel nacional, que es la 1.7Ghz”.

“Me preocupa y me molesta el apoyo que el PRI le dio a la exención fiscal del pago de derechos de esta banda y la actitud para beneficiar a los nuevos competidores en telefonía móvil”, subraya Buttler en entrevista.

–¿No cuenta para definir un mercado monopólico el dominio que tiene Televisa en materia de contenidos audiovisuales, claves para el triple play?

–Tarde o temprano, la batalla será por abrir los contenidos a la competencia. Hay que recordar que Televisa está acostumbrada a ganar políticamente. Las batallas que pelea Televisa, si no es con apoyo político, no las gana.

No obstante, advirtió Buttler, existen “tres noticias positivas” en torno a la disputa por los nuevos servicios de telefonía móvil: “Televisa no está acostumbrada a competir con un gigante como Telmex” y, además, se modifica la alianza que se perfilaba con Telefónica. La empresa Dish (la televisión restringida de bajo costo de MVS) “entró y les quitó cerca de 1 millón de clientes en menos de un año; para ellos fue algo devastador”. Y finalmente, “TV Azteca les ganó el pleito por HiTV, y la batalla más fuerte por la banda 1.7 Ghz va a ser con Iusacell”.

Visto así, para el especialista “la alianza de Televisa con Nextel no es política, sino una medida para defenderse frente a un mercado distinto”.

Foro TV, la Sombra de Canal 46

A partir de este lunes 15 de febrero, Televisa comenzará la transmisión de Foro TV, por el 115 de Sky. Será un canal de 24 horas de noticias y análisis; la señal también podrá salir a través del Canal 46 de UHF, concesión que se vence en noviembre de 2010 y cuyo refrendo ha sido cuestionada por una serie de irregularidades registradas a nueve años de habérsele entregado a Cablevisión.

Durante la presentación pública de la nueva señal, el vicepresidente de Noticias de Televisa, Leopoldo Gómez, dijo que “el canal se inserta dentro del segmento de mercado de Milenio TV, el objetivo es competir e ir tras ese nicho”. Gómez no aclaró que Televisa es accionista de una parte de Milenio TV.

Gómez explicó que Foro TV será diferente a la extinta Empresa de Comunicaciones Orbitales (ECO), creada en 1988 por Emilio Azcárraga Milmo. La nueva señal no se transmitirá por televisión abierta ni tendrá la presencia internacional que buscó aquella empresa.

El equipo de Foro TV trabaja desde hace un mes en distintas pruebas de transmisión. Antes de que se conociera el nombre, se hizo un logo con Canal 46, señal de televisión restringida que ha tenido Televisa durante más de una década sin darle el uso para el cual fue concesionada.

La historia del Canal 46 se remite a finales del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. A punto de terminar aquella administración, el 29 de noviembre de 1994, Cablevisión obtuvo la concesión para operar dos canales en la banda UHF para ofrecer servicios de televisión restringida: Canal 46 y Canal 52.

Ese hecho provocó un largo litigio entre Televisa y MVS. La familia Vargas se inconformó ante la Comisión Federal de Competencia por el favoritismo a Cablevisión (en la que Carlos Slim participaba con 49% de las acciones). La disputa entre ambas compañías llegó a la Cámara de Diputados, donde los representantes escucharon a Javier Mondragón, a nombre de Televisa; Joaquín Vargas Guajardo, de MVS, y Clemente Serna, de Medcom.

En aquella ocasión, Vargas y Serna unieron sus voces contra Televisa por acaparar 240 concesiones de televisión, recibir 87% del gasto publicitario, poseer 51% de Cablevisión y contar con una concesión desde 1992 para explotar el servicio de señales de televisión de alta definición (UHF), “no explotada hasta el día de hoy”, según relatan Claudia Fernández y Andrew Paxman en su libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa.

Después de un largo litigio jurídico, el 17 de noviembre de 2000, antes de que finalizara el sexenio de Ernesto Zedillo, la SCT formalizó la concesión del Canal 46 a Cablevisión, pero se oficializó hasta el 10 de marzo de 2006, meses antes de que concluyera el sexenio de Vicente Fox. A cambio, se le entregó el Canal 52 a MVS.

El título de concesión obligaba a Cablevisión a realizar las inversiones necesarias en un plazo no mayor de 180 días para prestar los servicios de televisión restringida en la zona metropolitana. El plazo se venció y Cablevisión no cumplió con lo estipulado. A pesar de esto, el 13 de febrero de 2008 el pleno de la Cofetel emitió una opinión favorable para que la SCT le autorizara a Cablevisión la realización de “pruebas experimentales” en el Canal 46.

La Cofetel le impuso varias condiciones a Cablevisión para utilizar el Canal 46: las pruebas experimentales no podrán excederse más de dos años; garantizar calidad y continuidad en los servicios; no podrán explotar a través de terceros los servicios experimentales, y presentar un reporte completo de las pruebas experimentales (Proceso 1715).

La posición de las autoridades frente a las violaciones para solicitar el refrendo y para utilizar la señal del Canal 46 contrasta con la actitud observada en la mayoría de las 146 prórrogas pendientes en materia de telecomunicaciones, así como la resistencia de la mayoría de los comisionados de la Cofetel para refrendarle a MVS el uso del espectro de la banda 2.5 Ghz, que ha generado otra confrontación jurídica.

Justo antes de que se venza la concesión, en noviembre de 2010, Televisa le encuentra una utilidad a Canal 46 a través de Foro TV. Para algunos observadores consultados, más que un canal de noticias, se trata de un “brazo político” que Televisa habilita con comentaristas críticos e incluso con intelectuales y académicos que se opusieron a la Ley Televisa, para demostrar el poder de la pantalla y llegar al “círculo rojo”.

La jugada de Sarkozy
Anne Marie Mergier

PARÍS.- Ahora queda muy claro. Cualquier ministro mexicano que viaje a Francia para cumplir una misión oficial tendrá que responder por el destino de Florence Cassez.

Así lo decidió Nicolas Sarkozy. Y la primera víctima de su nueva estrategia de defensa de su conciudadana encarcelada en el reclusorio femenil de Tepepan, en la Ciudad de México, fue el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos.

El miércoles 10, Córdova tuvo la oportunidad de medir la fuerza del compromiso personal del presidente francés en el “caso Cassez”.

Junto con otros 10 destacados personajes –todos franceses–, Córdova Villalobos fue condecorado como Caballero de la Legión de Honor. La distinción no se debió a su lucha contra la influenza A/H1N1, sino por “su acción a favor de la cooperación franco-mexicana” en el campo de la salud.

Unas 200 personas asistieron a la ceremonia, entre ellas ministros del actual gabinete francés y políticos relevantes. Antes de condecorar a cada uno de los homenajeados, Sarkozy leyó un breve texto elogioso preparado por sus asesores. Así lo hizo con Córdova Villalobos. En un breve discurso escrito recordó el paso del secretario de Salud de México por la Universidad de Toulouse, de la que es Doctor Honoris Causa, y destacó “el carácter excepcional de su doble carrera como científico y hombre político”.

Luego otorgó un trato especial al ministro mexicano. Se olvidó del protocolo e improvisó. El tono de su voz y su estilo cambiaron. Se acabaron las frases pulidas y el respeto de la gramática. Fue al grano:

“Usted sabe que me importan sobremanera las relaciones entre México y Francia (…) Vamos a ayudar a México para hacer que la Conferencia de Cancún (sobre cambio climático) al final del año sea un éxito, y yo le pido que me ayude a no olvidar a Florence Cassez, que cuenta muy particularmente para mí (…)”

Luego acentuó el tono improvisado. Empezó frases sin acabarlas, pero el mensaje fue claro:

“Hay una tradición en Francia con nuestros compatriotas… Cualesquiera que sean los errores cometidos por unos u otros, pues deben estar en Francia… Si algún día se diera un problema con un mexicano, sería nuestro deber devolverlo a México, conforme a los convenios internacionales que existen entre nuestros dos países.”

Según contó a la reportera uno de los invitados –pues la ceremonia de entrega de la Legión de Honor siempre es privada y la prensa no tiene acceso– el exabrupto de Sarkozy asombró al público. Muy estoica fue la compostura de Córdova Villalobos. Pero su exasperación fue patente cuando fue cuestionado al respecto por los corresponsales mexicanos en París que lo esperaban en el patio del Eliseo.

Dijo: “Escuchamos lo que dijo el señor presidente con mucha atención. Creo que la relación entre Francia y México y que la amistad que une a los dos países va mucho más allá de un problema judicial”.

–¿No le llama la atención que en el contexto de esta ceremonia oficial el presidente francés haya insistido tanto sobre un tema que nada tiene que ver con la Legión de Honor?–, insistió la corresponsal.

–Es un tema que a él le preocupa –contestó molesto Córdova Villalobos–. Al presidente Calderón también le preocupa. Ya respondió de manera oficial (…) Ya se ha hecho un gran trabajo en relación con esto (…) Insisto: la relación y la amistad entre Francia y México va mucho más allá de un proceso judicial.

Se acabó la rueda de prensa.

Es preciso conocer los entretelones de la condecoración La Legión de Honor en Francia para entender la jugada de Sarkozy. Según Armando Barriguete, asesor del secretario de Salud, Córdova Villalobos llevaba ya varios años en lista de espera para recibir tal distinción. A finales del año pasado fue incluido en una lista de personajes dignos de esa condecoración que Sarkozy aprobó.

En las últimas semanas de 2009 la situación entre París y México estaba muy tensa. Tal como lo cuenta Florence Cassez en su libro A la sombra de mi vida, presa del Estado mexicano (Proceso 1736), Sarkozy estaba furioso porque se sentía “engañado” por las autoridades mexicanas. El presidente no desmintió a Franck Berton, abogado de Cassez en Francia, cuando éste anuncio que el Estado francés consideraba la posibilidad de demandar al gobierno mexicano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

¿Por qué en semejante contexto optó por condecorar a Córdova Villalobos? El proceso de selección de los futuros condecorados es tan secreto que nadie se hubiera enterado en Francia o en México de que el secretario de Salud seguía en lista de espera.

Todo parece indicar que Sarkozy quiso matar varios pájaros de un solo tiro. Lanzó una operación de seducción al tender una mano amistosa a un ministro de Felipe Calderón. Envió un nuevo mensaje acuciante a su homólogo mexicano para resolver el caso de Florence Cassez. Y finalmente cuidó los intereses de laboratorios farmacéuticos de su país y del famoso Instituto Pasteur, todos muy activos en México, particularmente en el campo de las vacunas. Al respecto, destaca una investigación franco-mexicana sumamente prometedora sobre una vacuna contra el dengue.

Mientras Sarkozy buscaba convertir a Córdova Villalobos en su “emisario personal” para abogar a favor de Cassez con Calderón, la prensa francesa empezó a reseñar con indignación el destino de Gilles Moreaux. Se trata de un ciudadano francés también acusado de secuestro, que fue detenido en Puebla el 12 de noviembre pasado y quien afirma que fue torturado por los policías que lo interrogaron (Proceso 1730).

Axel Gylden, periodista especializado en América Latina, publicó en la edición del 11 de febrero del semanario L’Express un reportaje de dos páginas dedicado sobre todo a la historia de Moreaux.

Gylden enfatizó: “Hace tres meses, la detención brutal de Gilles Moreaux fue seguida por un interrogatorio salvaje digno de las dictaduras argentina y chilena de los años setenta”. Luego reprodujo en forma detallada las acusaciones del francés oriundo de Marsella que lleva ocho años viviendo en México.

Gylden citó también el caso de Free Bronkhorst (Proceso 1731), un joven holandés encarcelado en Cancún después de una riña con juniors de esa ciudad. Contó el secuestro de la madre española de Bronkhorst ,que viajó a esa ciudad para ayudarlo, y el de su abogado, quien fue amenazado de muerte por sus raptores si seguía defendiéndolo.

El reportero se extendió aún más sobre el tema en el portal en internet de la revista. En ambos medios hizo una radiografía implacable del sistema judicial y penitenciario mexicano. Ese mismo día, las radioemisoras de mayor audiencia en Francia retomaron sus informaciones y las difundieron varias veces en sus distintos noticiarios, al tiempo que la prensa electrónica y los bloguistas se apoderaban del tema.

Ingrid El mito
Anne Marie Mergier

Símbolo de los secuestrados políticos de Colombia, Ingrid Betancourt se desentiende del destino de 3 mil rehenes que siguen en cautiverio en su país y parece más interesada en la adaptación hollywoodense de sus “memorias”. Desde el ámbito de lo íntimo, su exesposo Juan Carlos Lecompte la pinta insensible, egoísta, ególatra, obsesionada por la fama y el dinero. Lo hace tanto en el libro Ingrid y yo, una libertad agridulce, publicado en París el pasado 28 de enero, como en entrevista con Proceso.

PARÍS.- “No escribí este libro para hacer daño a Ingrid. Lo escribí para limpiarme el alma, purificarme, tomar distancia con lo que ocurrió después de su liberación. Mientras lo iba redactando fui mirando las cosas con una nueva perspectiva y pude inclusive contar con toques de humor ciertos acontecimientos que me hirieron”, explica Juan Carlos Lecompte a la corresponsal.

El encuentro con el exesposo colombiano de Ingrid Betancourt –secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante más de seis años y cuyo rescate en julio de 2008 tuvo una resonancia mundial– se llevó a cabo el pasado 28 de enero durante la presentación de su libro Ingrid et moi, une liberté douce-amère (Ingrid y yo, una libertad agridulce).

Lecompte cuenta que la publicación de su testimonio le permitió “recobrar su dignidad” y “sentirse bien”. Hasta el miércoles 10, Betancourt no se había expresado públicamente al respecto, pero se sabe que dista de compartir el sentimiento de bienestar de su exmarido. No es para menos: su imagen de heroína salvada e inspirada por Dios y la Virgen sale bastante trastocada en la autobiografía de Lecompte.

No es la primera vez que quienes la apoyaron o compartieron su destino de rehén de las FARC se muestran muy críticos con ella.

Los primeros en disparar fueron los tres exsecuestrados estadunidenses liberados con suma discreción durante el mismo operativo que le salvo la vida a Ingrid. Keith Stansell, Thomas Howes y Marc Gonsalves fueron implacables con ella en su libro Out of Captivity, publicado en febrero del año pasado.

Si bien se puede dudar de la objetividad de esos empleados de una empresa privada estadunidense contratada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico en la selva colombiana, es difícil no tomar en serio a otros dos autores de libros inclementes con Betancourt.

L’Emissaire (El emisario), publicado en Francia en marzo de 2009, fue escrito por Noel Saenz, el inagotable enviado especial secreto del gobierno francés que pasó seis años de su vida entre París y la jungla colombiana para negociar con las FARC la liberación de Betancourt. En su libro, Saenz denunció, entre otras cosas, la “ingratitud” de Betancourt quien, en las semanas que siguieron a su rescate, no “se dignó a hablar” con él ni agradecerle sus gestiones.

Un mes más tarde, Clara Rojas, su más cercana colaboradora, secuestrada junto con ella, publicó en Francia La Captive (La cautiva), libro en el que menciona el fin de su larga amistad dando a entender que Betancourt no había manifestado la “hermandad” que esperaba de ella.

Ninguno de esos libros, sin embargo, es tan demoledor como el de Juan Carlos Lecompte. No queda casi nada del ícono que tanto movilizó a la opinión pública de Francia y del mundo, se desvanece la imagen de víctima emblemática de la violencia de las guerrillas colombianas.

La Ingrid que pinta su exmarido es dura, insensible, egoísta, codiciosa, embriagada por su fama internacional. A pesar de su compromiso formal de solidaridad con “sus hermanos de infortunio”, se desentiende del destino de los 3 mil rehenes que siguen en cautiverio en Colombia y el dolor de sus familiares que luchan por su liberación. Parece muchísimo más interesada en las negociaciones para la adaptación hollywoodense de sus “memorias”, cuya fecha de publicación se maneja como secreto de Estado. En varias oportunidades Lecompte subraya el contraste entre el fervor religioso que ella enarbola públicamente y la crueldad que manifestó con él en privado.

A lo largo de la charla, Lecompte repitió a menudo: “No reconozco a mi mujer”, y siempre se apuro en precisar: “Son las FARC las que tienen la culpa de todo. Le impusieron tantas pruebas que (Ingrid) ya no es la misma”. Esa última aclaración no le impidió, sin embargo, dar múltiples detalles, algunos casi sórdidos, sobre lo que soportó desde la liberación de la “gran pasión” de su vida.

El desencanto

Cuenta que su encuentro con Ingrid ocurrió en 1994 y fue amor a primera vista. Se casaron tres años después. Él trabajaba como publicista. No le interesaba la política. Le gustaba el dinero, la vida cómoda, su auto BMW y jugar golf. Como buen “costeño” –es oriundo de Cartagena, en la costa caribeña colombiana–, le gustaba bailar y la fiesta.

Ingrid se había cansado de su existencia de esposa de diplomático francés. Había dejado a su marido, Fabrice Delloye, para regresar a Colombia y dedicarse a la política. Su meta: luchar contra la corrupción que gangrenaba a su país. Acabó como candidata del partido ecologista Verde Oxígeno para las elecciones presidenciales de 2002.

Con el paso de los años Lecompte se fue metiendo más en política. Después del secuestro de su esposa, dejó su profesión para dedicarse exclusivamente a rescatarla. Vendió su departamento e invirtió todos sus ahorros en esa lucha. Viajó a donde fuera necesario para movilizar a la opinión pública. Alquiló helicópteros para sobrevolar la jungla donde suponía que su mujer estaba detenida y lanzar centenares de fotos de Mélanie y Lorenzo, los dos hijos de Ingrid y Fabrice Delloye. Vivía sólo para esperar el día de la liberación de su esposa. Pero cuando esto sucedió, sufrió uno de los choques más violentos de su vida. Filmada por centenares de cámaras de la prensa colombiana e internacional, Ingrid Betancourt se bajó del avión oficial que la llevó a Bogotá, abrazó a su madre y apenas le hizo caso.

Cuenta Lecompte en su libro: “Soy su marido, llevo seis años luchando por ella, y bruscamente mi presencia parece inoportuna. Le doy un beso en la mejilla. No me lo devuelve. Prefiere estar pegada a su madre. Sólo me agarra por la barbilla y me dice: ‘Sigo viva y aquí estoy’. Ese gesto anodino, torpe, me persigue hasta ahora. Todavía hoy día me topo con desconocidos que hacen ese mismo gesto mirándome en forma burlona”.

Ingrid fue liberada el 2 de julio de 2009 y dos días después voló a Francia junto con sus hijos, su madre y su hermana. Se opuso a que la acompañara su marido, con el que platicó a solas apenas media hora. Desde la madrugada del 3 de julio de 2008 hasta la fecha Lecompte nunca volvió a encontrarse con su esposa. Sólo platicaron por teléfono hasta que se formalizó su divorcio. Desde entonces se acabó toda comunicación entre ellos.

En los días que siguieron a la liberación de Ingrid las llamadas telefónicas entre ambos eran casi diarias. Escribe Lecompte:

“Cuando vuelvo a pensar en ese periodo me doy cuenta de que hablamos esencialmente de cosas materiales. Ingrid hablaba mucho de dinero: ‘La vida en París cuesta carísima, Juanqui –me explicaba–. Además quiero llevarme a los niños de vacaciones a las islas Seychelles (ubicadas en el océano Índico). La verdad es que necesito dinero’. Me reclamó 50 mil dólares para asumir sus gastos en París y viajar a las islas Seychelles. En ese entonces no sabía que vivía a expensas de la República de Francia y que acabaría siendo invitada por el presidente de Seychelles. Propuse enviarle de inmediato los 30 mil dólares que había cobrado al recibir en su nombre el premio “Roma para la Paz y la Acción Humanitaria” y que le tenía guardados.

“No le pareció suficiente. Me sorprendió. Le dije que podía enviarle 10 mil dólares más. Vacié por completo mi cuenta bancaria (…) Mi gesto no la conmovió particularmente. Cobró el cheque, pero consideró que aún no bastaba. Me pidió que me endeudara. ‘Si no tienes dinero, puedes pedir prestado’, me exigió en tono seco. ‘¡Que te presten tus amigos!’. No pude hacerlo!”

Se volvieron más escasas las llamadas telefónicas. Después de las vacaciones en las islas Seychelles, Ingrid fue recibida por el Papa Benedicto XVI, salió de gira por Europa y América Latina.

Comenta Lecompte: “Me limité a decirle que esperaba que tuviera un tiempito para mí en su apretada agenda de ministro. No necesitaba más que dos horas, pero teníamos que hablar cara a cara”.

A finales de noviembre de 2008 Ingrid pasó 24 horas en Colombia. Lecompte recibió una invitación de la embajada de Francia en Colombia para asistir a una cena organizada en su honor. Rechazó la invitación e insistió en verla a solas. Betancourt no quiso, pero a la 1:00 de la mañana le volvió a hablar para “convocarlo” a la embajada de Francia. Él no se movió.

La salud de su padre hospitalizado por un tumor se fue degradando. Pasó las fiestas navideñas y de año nuevo a su lado. Avisó a Ingrid de la situación. No recibió de ella una sola palabra de compasión.

El rompimiento

En su libro, Lecompte enfatiza: “Las cosas empeoraron a partir del 1 de enero de 2009 cuando empezó a hostigarme para lograr un divorcio por mutuo consentimiento. Acababa de regresar de vacaciones durante las cuales fue a esquiar y estaba de malas conmigo. Era obvio que le urgía divorciarse (…) El 10 de enero los médicos me explicaron que mi padre iba a morir pronto. Le dije a Ingrid. ‘Por favor, ten un poco de paciencia. Deja que se vaya mi padre y te firmaré todos los documentos que quieres (…)’.

“Al día siguiente envió a su abogado al hospital. Ese día dejé de amarla. Ya no reconocía a mi mujer (…) Mi padre murió tres días más tarde. Mientras tanto, Ingrid había endurecido su posición. Ya no hablaba de separación por mutuo consentimiento, pedía divorcio por ‘separación de cuerpos’. Me echaba la culpa de todo. Recibí la nueva demanda de su abogado en la noche en que murió mi padre (…)

“La incineración de mi padre tuvo lugar el 16 de enero de 2009 por la mañana. Por la tarde dejé a mi madre para atender una cita con mi propio abogado. ¿Cómo una mujer que tanto proclama su cercanía con Dios pudo actuar así en un momento tan sagrado para mí? (…)

“Al día siguiente toda la familia estaba en Cartagena para depositar las cenizas de mi padre en la cripta de la iglesia. En el momento preciso en que yo las colocaba en el panteón familiar vibró mi celular. No lo invento. Era Ingrid. Fue su última llamada hasta la fecha. No contesté. Escuché después su mensaje. Era autoritario, frío. Decía: ‘Llevo varios días sin poder alcanzarte para arreglar ese asunto del divorcio. Tienes que firmar todo muy pronto, por favor. Sé que se murió tu padre, pero la vida continúa.”

Cuando entra en los detalles de su guerra para el divorcio, el relato de Lecompte alcanza un nivel un tanto degradante para él y para Betancourt.

“Decidí que nuestro divorcio no iba a ser muy bonito –explica–. Ya me había aguantado suficientes bofetadas. Había luchado seis años para su liberación y no iba a permitir que nadie dijera que era responsable de nuestra separación. Mi abogado la acusó de haber sido infiel, basándose en el relato de los tres exrehenes estadunidenses”, señala Lecompte en referencia a lo que éstos cuentan sobre la supuesta relación amorosa que Betancourt sostuvo con el exsenador Luis Eladio Pérez, en cautiverio junto con ella.

La replica de Ingrid fue inmediata: acusó a Lecompte de ser adicto a las drogas y a las prostitutas. Se apoyó para ello en el testimonio de un amigo común: un publicista colombiano radicado en España que aspira a convertirse en productor de cine.

Lecompte comenta desencantado: “Sospecho que (ese amigo común) se imaginó que Ingrid le permitiría colaborar en la superproducción cinematográfica hollywoodense inspirada en la vida de ella”.

Y remata: “Sigo sin explicarme por qué Ingrid, una católica tan ferviente, hizo lo imposible para acelerar nuestro divorcio, llegando al extremo de pisotear mi duelo”.

Luego expone varias explicaciones. Según la fundación colombiana País Libre, que atiende a familiares de rehenes, 70% de las parejas que sufrieron una separación superior a un año por causa de secuestro acaban divorciándose. “Nos tocó el mismo destino que el común de la gente”, confía a la corresponsal en tono amargo.

Arriesga otra explicación: el papel “nefasto” de Yolanda Pulecio, madre de Ingrid, que siempre lo despreció. Lecompte cuenta que el divorcio de su hija con el brillante diplomático francés fue una tragedia para su suegra. También precisa que la familia se escindió en dos clanes, a veces antagónicos, durante toda la campaña a favor de Ingrid. Uno operaba en Colombia y estaba integrado por Yolanda Pulecio y Astrid, hermana de Ingrid. Otro se movia a nivel internacional y contaba con los dos maridos y los dos hijos de la rehén.

Según Lecompte, Yolanda Pulecio, quien enviaba diariamente mensajes por radio a su hija, aprovechó esa oportunidad para darle a entender que él le era infiel.

Presenta una tercera: el dinero. El régimen matrimonial de Ingrid y Juan Carlos era el de “comunidad de bienes”.

Recalca: “Pensé que quería acelerar el divorcio porque se aprestaba a cobrar una fuerte suma de dinero (…) Sé que vendió los derechos de su historia y de su autobiografía a la productora estadunidense Kathleen Kennedy, una colaboradora muy cercana de Steven Spielberg. Kennedy produjo, entre otras películas, Parque jurásico y Sexto sentido. Quizás le asustó la idea de tener que compartir todo eso conmigo (…)”.

Tras repetir una vez más que su mujer se ha vuelto una total desconocida para él, Lecompte insiste en otro cambio radical de la militante “fogosa e intransigente” que despertó su pasión en 1994. Habla, espantado, de su apoyo político al presidente Uribe, de su empeño por aprobar la estrategia de mano dura de las Fuerzas Armadas contra la guerrilla y de su poca atención hacia sus excompañeros rehenes y sus familias.

No logra creer que Ingrid se “haya tragado el cuento del fabuloso Operativo Jaque” que permitió su liberación y que llena de orgullo a Uribe.

En la noche del 2 de julio de 2008, después de las ceremonias celebradas en el aeropuerto de Bogotá, Ingrid fue invitada a una fiesta organizada en un club militar en presencia y a pedido de Uribe. El general Mario Montoya Uribe, primo del presidente, llevó a la exrehén, a su madre y a su marido a esa fiesta en su propio auto.

Recuerda Lecompte: “El viaje duró 25 minutos. Teníamos una escolta militar impresionante. El relato que nos hizo Montoya Uribe dio un toque aún más surrealista a la situación. El general nos explicó con mucha insistencia que el gobierno colombiano logró burlar la vigilancia de la guerrilla en forma totalmente rocambolesca y sin ayuda de nadie. Según contaba, los militares primero habían logrado imitar varias voces de jefes estratégicos de las FARC, entre los cuales mencionó al Mono Jojoy, responsable del grupo de rehenes al que pertenecía Ingrid. Por lo que nos dijo, también habrían engañado al comandante que estaba a cargo de los rehenes, Gerardo Aguilar Ramírez, alias César, a quien habrían engatusado disfrazándose de periodistas y de miembros de la Cruz Roja (…) Si el ambiente hubiera sido menos solemne en el auto, creo que me hubiera muerto de la risa. Pero Montoya Uribe se veía muy serio. ¡Nos contó esa historia totalmente inverosímil durante todo el trayecto! ¡Se veía tan orgulloso de sí mismo! Personalmente no creí una sola palabra de ese guión simplista. ¿Quién puede pensar que los combatientes de las FARC son unos idiotas? La verdad es muchísimo más compleja. Yolanda estaba tan aterrada como yo. Ingrid, en cambio, no manifestaba escepticismo alguno. Hasta la fecha nunca la oí expresar la mínima duda sobre esa versión. Quiero creer que no se dejó engañar (…)”.

Lecompte aclara: “Desde la liberación de Ingrid, César fue extraditado a Estados Unidos. Las FARC lo acusaron de ser un ‘traidor’ y de haber sido cómplice del operativo a cambio de dinero. Es también lo que piensa parte de la opinión pública colombiana”.

Sí, pedir perdón
Denise Dresser

“Las disculpas se dan por aquello que no logran alterar”

Benjamin Disraeli

Hace unos días, Fernando Gómez Mont ofreció una disculpa a nombre del presidente por la forma en el cual se expresó ante el asesinato reciente de 15 jóvenes en Ciudad Juárez. Aunque se aprecia el remordimiento que demostró, ojalá abarcara más temas y más errores de omisión. Ojalá que el arrepentimiento fuera compartido por muchas otras personas y por motivos más amplios. Ojalá que tantos responsables de lo que ocurre allí tuvieran el valor civil, el sentido de responsabilidad, la integridad necesaria para ofrecer disculpas a los mexicanos –y a los juarenses– por lo que no han logrado resolver, encarar, o entender de la “guerra” contra el narcotráfico. Ojalá supieran cómo pedir perdón por una larga lista de agravios.

-Por una guerra emprendida sin objetivos claros, recursos necesarios, apoyos indispensables y un sentido preciso de cómo y con qué instrumentos se iba a librar.

-Porque a pesar de la presencia del Ejército y la policía federal, han aumentado los asesinatos y los secuestros y las extorsiones y las ejecuciones.

-Porque apenas ahora se reconoce que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para llevar a cabo acciones policiacas y labores de inteligencia.

-Por la forma en la cual todos los partidos han politizado y electoralizado el problema, pateándolo de lado y de cancha en cancha.

-Porque Ciudad Juárez ha padecido pleitos entre narcotraficantes y ahora padece pleitos entre políticos.

-Por la falta de colaboración entre el gobierno federal y el gobierno estatal, dado que son de partidos distintos y les parece redituable la confrontación y la descalificación.

-Porque apenas hace unos días que Felipe Calderón llamó a revisar la estrategia y a incrementar la participación social en el combate a la inseguridad.

-Porque apenas ahora anuncia que “va a hablar con los juarenses” cuando debió haberles tendido la mano desde hace años e involucrarlos en una estrategia integral que no estuviera basada exclusivamente en más armas, más militares, más helicópteros, más sangre en el suelo.

-Porque como señala Eduardo Güereque, presidente del Observatorio Ciudadano a nivel local: “más de 16 mil militares, policías federales, estatales y municipales no pueden contener la escalada de violencia”.

-Porque una estrategia puramente delincuencial no ha logrado lidiar con un amplio fenómeno de descomposición social.

-Porque al no insistir en la remodelación del sistema de impartición de justicia para resolver el problema de la impunidad institucionalizada, se siguen combatiendo síntomas en lugar de atacar causas.

-Por los espectaculares colocados en toda la ciudad que dicen “Policía municipal lista”, “Subprocuraduría de Justicia: Metas Rebasadas!”, “El Ejército y la Policía Federal vienen a salvar a Ciudad Juárez”.

-Porque la presencia del Ejército –encargado de tareas que no le corresponden– ha estado acompañada de retenes, cateos, allanamientos, revisiones e interrogatorios que con frecuencia vulneran las garantías individuales.

-Porque el Operativo Chihuahua también ha implicado desapariciones forzadas y asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos.

-Por la impunidad prevaleciente desde la era de los “feminicidios” que transformó a Ciudad Juárez en la ciudad donde se podía matar sin recibir castigo por ello.

-Porque no es cierto que toda la violencia derive de una confrontación entre narcotraficantes. Los delitos de fuero común han aumentado también, junto con los delitos sexuales.

-Porque en una ciudad en la cual el 24% de los hogares son liderados por mujeres, no hay una política integral de apoyo hacia ellas que incluya guarderías, horarios extendidos en las escuelas, capacitación para el trabajo y pleno cumplimiento de los derechos laborales y sociales.

-Porque no se han instrumentado programas de salud ni de combate a las adicciones ni de ampliación educativa ni de becas ni de compras de armas a civiles ni de esparcimiento ni de recuperación de los espacios públicos.

-Por las 10 mil pequeñas y medianas empresas en Ciudad Juárez que han cerrado como resultado de la extorsión y las amenazas, y por los cerca de 100 mil juarenses que se han ido a vivir a El Paso.

-Porque el Director de Seguridad Pública Estatal acaba de renunciar, pero no por vergüenza ante los asesinatos, sino para buscar la presidencia municipal de Ciudad Juárez.

-Porque las autoridades siempre prometen “investigaciones profundas” que lleven al “esclarecimiento” de las muertes, pero eso nunca ocurre.

-Porque no se ha reconocido plenamente el reto de la corrupción política en el gobierno estatal, y cómo la infiltración de las instituciones hace imposible el combate a la criminalidad. La autoridad declara que va ganando la guerra contra los malosos cuando en realidad los protege.

-Porque cuando toda la atención del Procurador General de la República debería estar centrada en Ciudad Juárez, Arturo Chávez Chávez prefiere combatir los matrimonios entre homosexuales.

-Porque la actitud de miembros del gobierno demuestra un profundo desdén a los ciudadanos y un gran menosprecio hacia la situación crítica en la que se encuentran. Viviendo detrás de cercas electrificadas, rodeados de guaruras y séquitos que garantizan su seguridad personal, los políticos pueden pontificar sobre lo que ocurre en Chihuahua sin tener que padecerlo en carne propia.

-Porque Ciudad Juárez merece un esfuerzo nacional que abarque ideas nuevas, enfoques diferentes, planes conjuntos, estrategias coordinadas e involucramiento social.

-Por los muchachos Brenda, Rodrigo y Juan Carlos, recordados hace unos días en su escuela por sembrar flores y por su afición al deporte.

-Porque Ciudad Juárez se está muriendo de tristeza y eso bien merece una disculpa por parte de quienes han permitido que sea así.

Casi todos contra la alianza (y Gabino Cué)
Miguel Ángel Granados Chapa

La alianza del PAN y los partidos del Dia (Diálogo para la Reconstrucción Nacional: PRD, PT, Convergencia) ha obtenido ya su primer triunfo, antes del que probablemente obtenga en los comicios del 4 de julio. Pudo forjarse pese a la diversidad y peso de las voluntades en sentido contrario.

Coincidieron en oponerse a la coalición oaxaqueña, aunque por razones distintas, los contendientes de la elección presidencial de 2006, cabezas de la polarización surgida entonces y que perdura al día de hoy. Andrés Manuel López Obrador ha emitido una condena generalizada a las alianzas de sus partidos cercanos con el PAN y con el PRI. Incluyó en esa advertencia a Oaxaca, aunque a todas luces se ha resignado a que Gabino Cué sea el candidato de una coalición indeseable. No le será inconveniente contar con el apoyo de Cué como gobernador, pues él ha sabido mantenerse próximo a su movimiento pese a haber anunciado, en cumplimiento de una condición panista, que sostendrá un trato institucional con Calderón (como lo hacen, por lo demás, otros gobernadores que fueron postulados por el PRD).

Felipe Calderón tampoco quería la alianza oaxaqueña, si bien no por decisión propia, sino por acuerdo con el mismísimo gobernador de esa entidad. Alejandro Almazán, reportero del semanario emeequis, oyó de amigos de Manlio Fabio Beltrones la siguiente versión, difundida por el propio líder del PRI en el Senado. En septiembre pasado, Beltrones visitó en su oficina a Beatriz Paredes para disuadirla de apoyar el paquete económico tal como había sido enviado de Los Pinos, en especial el incremento de impuestos. Al terminar su alegato, la presidenta del tricolor se limitó a pedir al sonorense: “Deberías decirle todo eso a Ulises”. El gobernador de Oaxaca se encontraba en el mismo edificio, en una oficina vecina y, quizá a moción de la presidenta, se asomó al sitio donde ella y Beltrones dialogaban: “Tenemos que apoyar el IVA, ya lo hablé con Calderón”, anunció, a lo que el pragmático sonorense preguntaría: “¿Y qué vamos ganar?”: “Que no haya alianza del PAN y del PRD en Oaxaca. Yo no puedo salir de mi estado con una derrota, sería mucho desmadre. Además, eso afectaría al partido para 2012”.

Encargado de consolidar ese compromiso, Fernando Gómez Mont acudió el martes 9 de febrero al comité nacional panista. Su alegato contra la coalición fue estrepitosamente derrotado: 40 votos apoyaron la alianza e hicieron al gobierno incumplir su oferta al PRI. Despechado o colérico, o ambas cosas a la vez, Gómez Mont dejó de ser panista. Pero eso no ha impedido que Ulises Ruiz, que había llegado a ese pacto con Calderón, mueva otras bazas en este juego en que tanto le importa no perder.

Está aplicando sus recursos y su fuerza a la izquierda y a la derecha de la coalición. Héctor Sánchez y su partido Unidad Popular han vuelto a la escena, en que se les asignará un papel semejante al que protagonizaron en 2004. Sánchez abandonó entonces el PRD y creó un partido local que lo postuló a la gubernatura. La estrategia surtió efecto: la votación de ese partido de última hora, que escindió a uno de los partidos de la alianza, fue equivalente al número de votos con los que Ruiz aventajó formalmente a Cué. Sin embargo, es posible que esta vez su presencia no sea suficiente para minar a los opositores en la medida necesaria. Las más recientes encuestas dan al candidato de la oposición una ventaja de 10%, superior cinco veces al margen por el que hace seis años fue derrotado.

Por la derecha, dentro del PAN también desplegó Ulises Ruiz su fuerza. Aun después de conocidas las decisiones del comité estatal panista y de su comité nacional, se buscaba sacar avante la candidatura de Huberto Aldaz Hernández. Es un ingeniero agrónomo que en el gobierno foxista dirigió el Instituto Nacional Indigenista y fue encargado de clausurarlo para dar paso a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. Luego fue diputado federal y ahora es delegado de la Sedesol en Oaxaca. Según sus partidarios, es mejor opción que Cué. Aun si tuvieran razón al comparar las trayectorias y personalidades de ambos, es claro que la fuerza del actual senador, ya formalizado candidato, es superior a la de Aldaz, por lo que postular a éste significaría mermar la potencia que se espera de la unión de partidos.

Tras la renuncia de Gómez Mont, con lo que ella implica de distanciamiento entre el PAN y el gobierno, queda por ver la actitud de la Sedesol. Mediante mecanismos administrativos y políticos, esa secretaría puede hacer que Aldaz acate la decisión de su partido y se sume a la candidatura de Cué. Pero cabría la posibilidad de que los aldacistas buscaran una alternativa para no apoyarlo. Esa posibilidad, sin embargo, generaría otra disputa interna. Se trata del Partido Nueva Alianza, que en algún momento esbozó su propósito de unirse a la coalición pero desistió porque su precandidata Irma Piñeyro no tendría posibilidad de ser elegida frente a Cué. Dada la cercanía y entreveramiento del PAN y el Panal en otras entidades, una disidencia panista sería bien recibida por el partido de Elba Esther Gordillo, aunque tuviera que dirimir la candidatura entre Piñeyro y Aldaz.

Es probable que el aldacismo sea parte de la estrategia de Manuel Espino contra la alianza. Además de predicar contra ella, ha trabajado para impedirla. Y es que Espino sostiene una relación política extraña con Ruiz, quien patrocina reuniones políticas del antiguo dirigente panista. Un encuentro continental sobre seguridad –segunda edición de otro que realizó en Colombia la Organización Demócrata Cristiana de América (presidida por Espino y a la que pertenece el PAN)–, efectuado en 2008 en Ciudad Juárez, fue financiado por el gobierno priista de Chihuahua… y por el de Oaxaca. La oficina de prensa de Ruiz, además, organizó la presentación en Oaxaca del más reciente libro de Espino, Volver a empezar.

Con todo y ese conjunto de amagos y estorbos, la coalición en Oaxaca va. Se avizora tan formidable su empuje que ello explica el despliegue de toda suerte de recursos para impedirla.

¿Habemus IFE?
John M. Ackerman

La multa de 72 millones de pesos impuesta a Televisión Azteca el pasado 29 de enero podría implicar un parteaguas histórico en el desarrollo del Instituto Federal Electoral (IFE). Esta decisión bien podría llegar a ser recordada como el momento en que la nueva integración del Consejo General finalmente despertara a su responsabilidad de defender el espacio público y poner un alto a los poderes fácticos.

Lo más fácil para cualquier burócrata es utilizar la norma como un pretexto para no actuar. Escudándose en una interpretación sumamente limitada del “principio de legalidad”, que solamente permitiría hacer lo explícitamente autorizado por la ley, cualquier servidor público siempre puede encontrar alguna razón para evitar el cumplimiento pleno de sus responsabilidades constitucionales.

Sin embargo, la historia del IFE demuestra que los avances en materia de legitimidad pública y efectividad institucional surgen cuando los consejeros logran deshacerse de este tipo de nociones. Las decisiones del Consejo General de 1996-2003 para controlar la compra y coacción del voto, solicitar la suspensión de propaganda gubernamental antes de las elecciones, investigar el financiamiento de la campaña presidencial de Ernesto Zedillo y llegar a fondo en los temas del Pemexgate y Amigos de Fox evidenciaron una autoridad dispuesta a romper los acartonados límites del legalismo burocrático. Para poder realizar cada una de estas acciones, los consejeros, siempre con la Constitución en mano, construyeron caminos legales alternativos para evitar caer en la serie de trampas legales que los legisladores y los magistrados electorales les habían colocado en el camino.

Tal espíritu de valentía y arrojo institucionales se desvaneció de la noche a la mañana con la llegada de los consejeros encabezados por Luis Carlos Ugalde en 2003. El minimalismo burocrático que caracterizó la actuación de esta generación de consejeros fue una de las principales causas de la crisis política de 2006. Ante la desidia y parcialidad de la autoridad, los poderes fácticos desataron toda su furia, con las consecuencias por todos conocidas.

La renovación parcial de este Consejo General que tuvo lugar en 2008 no ha implicado mayores cambios en el modus operandi del IFE. En lugar de retornar a la época de oro del Consejo de 1996-2003, los nuevos consejeros aparentemente se han resignado a cobrar sus salarios y a observar de forma pasiva el desarrollo del espacio público desde sus cómodos palcos en Viaducto Tlalpan.

En 2007, estos consejeros dejaron en la total impunidad tanto el asunto de los 280 mil spots “huérfanos” como los ilegales anuncios del Consejo Coordinador Empresarial durante la campaña de 2006. En 2008, en lugar de investigar y sancionar las múltiples violaciones a la nueva normatividad electoral, optaron por promover un desistimiento masivo de las quejas. Asimismo, reaccionaron tarde y sin fuerza ante los primeros desacatos de TV Azteca. En 2009, los consejeros decidieron “sobreseer” con argumentos vergonzosos el incidente de las “cortinillas” y se negaron a ejercer su autoridad para frenar el constante fraude a la ley que implica la difusión de propaganda política “integrada” en espacios de programación normal.

Sin embargo, la multa del 29 de enero implica un posible viraje, destacable no solamente por su cuantía –se trata de la multa más grande que ha impuesto el IFE a un medio de comunicación desde la aprobación del nuevo marco normativo–, sino también por la disposición de la mayoría de los consejeros para defender de manera directa los principios constitucionales en materia electoral.

Desde que se aprobó la reforma electoral, las principales televisoras del país no han descansado en sus intentos de obstaculizar el trabajo de la autoridad electoral con la presentación de docenas de amparos. TV Azteca y Televisa saben que existe muy poca probabilidad de que sus recursos legales prosperen por la redacción del artículo 73 de la Ley de Amparo, que declara improcedente el amparo en materia electoral. Sin embargo, esperan encontrar algún juez suficientemente despistado que esté dispuesto por lo menos a emitir una suspensión temporal de los actos de la autoridad.

En este caso, precisamente el 28 de enero el IFE fue notificado de una suspensión del procedimiento sancionador en contra de TV Azteca, ordenada de manera irregular por la juez 13 en materia administrativa del DF. Sin embargo, con base en argumentos jurídicos y técnicos intachables, los consejeros Arturo Sánchez, Alfredo Figueroa, Benito Nacif, Marco Antonio Baños y Leonardo Valdés decidieron seguir de frente y proceder con la multa contra la televisora del Ajusco por su incumplimiento de las pautas publicitarias en las elecciones locales de Yucatán, Tabasco y Coahuila.

En lugar de esconderse en formalismos legales, los cinco consejeros defendieron la necesidad de actuar de manera expedita para evitar una afectación grave a la equidad de los procesos electorales, sobre todo en el caso de Yucatán, en donde el proceso electoral actualmente se encuentra en curso.

Serán finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación los que resuelvan de manera definitiva el tema de la procedencia del amparo en materia de radio y televisión durante las campañas electorales. Mientras tanto, en esta ocasión el IFE ha decidido colocarse a la vanguardia de la lucha en defensa del espacio público. Esperemos que esto no sea apenas una cortina de humo para cubrir sus anteriores pifias, sino la primera de muchas célebres decisiones en el futuro. l

www.johnackerman.blogspot.com