Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
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Domingo 25 de abril de 2010
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Colaborador Invitado / Una agenda por la infancia
Ser niño en México no en todos los casos significa gozar de la protección del Estado. Urge construir una nueva agenda en favor de sus derechos
Colaborador Invitado
(25 abril 2010).- Susana Sottoli
Representante de UNICEF en México.
Es un lugar común decir que los niños son el futuro de México y de la humanidad. Nada más lejano que eso; los niños son el presente y -por ende- el cumplimento de sus derechos es una prioridad del momento.
Ahora que México rememora fechas tan significativas en su historia como nación, vale la pena detenerse a analizar los avances y desafíos que como sociedad experimenta en relación con el bienestar y desarrollo de los niños y adolescentes.
La construcción de una agenda nacional a favor de los niños y adolescentes es un proceso continuo y no una tarea meramente coyuntural. México ha avanzado en las últimas décadas estableciendo las bases de políticas públicas necesarias para alcanzar mayores niveles de bienestar de los niños. Así lo indican la sostenida reducción de la desnutrición y la mortalidad infantil, la ampliación del acceso a la escuela para cada vez más niños y niñas, y un marco legal adaptado a los principios establecidos en la convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México en 1990. Sin embargo, en un contexto nacional de nuevos retos y a fin de continuar cumpliendo compromisos internacionales asumidos por el país a favor de la infancia, la consolidación de esa agenda adquiere una renovada urgencia.
Una agenda relevante para los niños y los adolescentes en México requiere dar respuestas adecuadas y proporcionales a las capacidades existentes en un país que cuenta con uno de los niveles de ingreso per cápita más alto de la región de América Latina. Un país que posee una amplia y vibrante diversidad cultural y una sofisticación institucional que ha contribuido con soluciones de política social de gran innovación en esta región del mundo. La agenda por los derechos de los niños debe por tanto ser exigente con el país. Debe asegurar que la diversidad no se torne motivo de discriminación y que la capacidad de innovación se traduzca en respuestas eficientes y sostenidas para garantizar a todos y cada uno de los niños y niñas igualdad de oportunidades y desarrollo, así como protección contra toda forma de violencia, explotación y exclusión.
Dicha agenda supone además dar cuenta tanto de las tareas pendientes como de los nuevos desafíos. Por un lado, deberá considerar prioritariamente a aquellos niños y los adolescentes anónimos, los que difícilmente llegan a ocupar los titulares de los medios, pero que son la razón de ser de la política pública en un Estado de derecho con alcance universal: 3.3 millones de niños de entre 5 y 17 años de edad que no van a la escuela, niños y niñas que sufren violencia en los entornos que deberían de brindarles la mayor protección (la familia, la escuela o la comunidad), niños que pertenecen a familias de jornaleros agrícolas. En suma, 20.8 millones de niños y niñas que viven en condiciones de pobreza y exclusión en México hoy.
Por otro lado, la agenda tendrá asimismo que incluir retos muy complejos en términos de políticas e inversión pública, algunos de ellos derivados del proceso de transición demográfica y epidemiológica. Por ejemplo, la coexistencia de problemas de desnutrición crónica en las zonas rurales e indígenas del sur, frente al sobrepeso y la obesidad generalizados en el país, cuya prevalencia para los escolares ascendió en promedio a 26 por ciento para ambos sexos (26.8 para las niñas y 25.9 para los niños), afectando a más de 4.1 millones de escolares.
La experiencia internacional indica que construir una agenda por la infancia supone procesos que involucran a la sociedad y al gobierno. Procesos que resultan en la consolidación de un marco legal integral que supere vacíos legales y oriente la acción de las políticas públicas; un marco institucional para la protección de los derechos de la infancia fruto de la articulación de instituciones trabajando en un modelo de gestión sistémico con coordinación horizontal (intersectorialidad) y vertical (entre diferentes niveles de gobierno) y en diálogo constante con la sociedad civil; un marco programático de acción que establezca los temas y estrategias prioritarios, y una asignación presupuestaria suficiente, oportuna y equitativa de los recursos destinados a programas que tengan como centro a los niños, niñas y adolescentes.
En concreto, se requiere de una nueva alianza nacional a favor de la infancia, que cuente con el respaldo político y social a los más altos niveles, más allá de las coyunturas. Colocar en el centro de la agenda nacional la inversión política, económica y social a favor de los niños y adolescentes es una apuesta estratégica al desarrollo del país. Es una urgencia del presente que no puede esperar al futuro.
'La Iglesia fomenta la polarización'
Entrevista Dogmas y derechos. Patricia Galeana: historiadora. En medio de un ambiente de violencia y desigualdad social, es muy grave que la Iglesia promueva el encono por motivos religiosos, advierte la especialista
Martha Martínez
(25 abril 2010).- La intervención de la jerarquía católica en la vida política del país polariza y pone en riesgo la convivencia pacífica de la sociedad, asevera la historiadora Patricia Galeana.
La especialista advierte que las declaraciones de jerarcas católicos contra grupos de personas que no comulgan con las enseñanzas de la Iglesia están desencadenando actos de homofobia, discriminación, intolerancia y violencia.
Declaraciones públicas como las del cardenal Norberto Rivera Carrera -quien ha arremetido en contra de homosexuales, mujeres que recurren a la interrupción del embarazo o personas que hacen uso de anticonceptivos- tienen reflejo en actos discriminatorios de sectores conservadores contra personas a las que consideran enfermas, anormales o pecadoras.
Como ejemplo, la historiadora señala algunas agresiones en contra de homosexuales que tuvieron lugar luego de que la Iglesia Católica emprendiera una intensa campaña en contra de la aprobación de los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal.
Al activismo de la Iglesia, opina la especialista, se suma la actitud del gobierno federal y algunos gobiernos estatales que, además de omitir la aplicación de sanciones en contra de jerarcas católicos que realizan declaraciones desde el púlpito sobre temas que sólo atañen a los partidos políticos y al gobierno, violentan la neutralidad del Estado laico al expresar públicamente sus convicciones religiosas.
"Las propias autoridades civiles también violan la legislación vigente cuando tenemos a gobernadores como el de Jalisco -Emilio González Márquez- realizando donaciones del erario a la Iglesia, o al presidente Felipe Calderón haciendo toda clase de eventos públicos de apoyo a la Iglesia Católica, haciendo declaraciones a favor de la familia ideal y desconociendo todas las familias que se consideran anormales cuando no están compuestas por el papá, la mamá y los hijos", critica.
Galeana se refiere al Sexto Encuentro Mundial de las Familias, inaugurado el 14 de enero del 2009. Durante su discurso, Calderón reivindicó la responsabilidad del Estado de "tutelar a la familia".
Polarización y otros riesgos
La secretaria técnica de la Comisión para los Festejos del Bicentenario y Centenario de México en el Senado de la República afirma que promover los enfrentamientos por creencias religiosas empeoraría la situación social del país.
"Nos están llevando a una polarización. Estamos por un lado sumidos en esta guerra contra el narcotráfico en la que gente inocente está muriendo todos los días; por otro lado tenemos un problema gravísimo de desigualdad social y, en este escenario, lo único que nos faltaba es que otra vez haya enfrentamientos entre la ciudadanía por creencias religiosas", señala.
Galeana advierte que México se encuentra en un momento difícil, pues resulta paradójico que en el 150 aniversario de las Leyes de Reforma, en el país se estén discutiendo los mismos temas que dieron pie a la lucha entre conservadores y liberales en el siglo XIX.
"Nos encontramos en un momento negro en la historia de México; estamos viendo una regresión en temas fundamentales como la independencia del Estado con respecto a la Iglesia. Hay peligros, no solamente en lo que es una aberración como la estigmatización de los homosexuales o el encarcelamiento de mujeres por abortar: la Iglesia no quiere parar ahí, quiere la educación en las escuelas públicas, quiere el financiamiento de la Iglesia por el Estado, quiere más acceso a medios de comunicación", detalla.
La historiadora subraya que las propuestas de reforma constitucional en materia de libertades religiosas surgidas en el Congreso recientemente son una primera advertencia del camino que pretende recorrer la jerarquía católica.
Crisis política e influencia del Papa
A decir de la especialista, actualmente son cinco los factores que favorecen la intervención de la jerarquía católica en temas que sólo atañen al Estado: la crisis política, el hecho de que actualmente la Iglesia esté presidida por el Papa más radical de los últimos años, la existencia de un gobierno de derecha en México, la débil incidencia de las organizaciones de derechos humanos en los estados y la precaria condición social en el país.
Coordinadora del libro Secularización del Estado y la sociedad (Siglo XXI, 2010), Galena explica que el avance de la jerarquía eclesiástica ha sido posible debido a que hay un proceso de crisis política que ha propiciado que diferentes actores, incluso políticos de izquierda, busquen alianzas con el clero.
"Esta crisis política ha coincidido con un momento en que la Iglesia Católica, histórica en nuestro país, está presidida por un Papa (Joseph Ratzinger) que es partidario de la participación política, y no sólo eso, sino que ha encabezado un proceso, el Integrismo, el cual considera que la religión no puede estar separada de la política porque los mismos sujetos son fieles, ciudadanos y miembros de los partidos políticos", explica.
Además, agrega, el Papa Benedicto XVI encabeza un movimiento surgido en España, cuyo objetivo es acabar con lo que llaman "laicismo negativo", es decir, aquel que no promueve la religiosidad.
En su opinión, esta corriente promovida desde Roma ha encajado muy bien en un país gobernado por un partido como el PAN, en cuya plataforma se encuentra la agenda de la Iglesia.
Galeana advierte que, en la medida en la que los gobiernos federal y estatales sigan tolerando la constante violación a la Constitución -la cual establece claramente la separación Iglesia-Estado-, el encono de la sociedad seguirá acrecentándose hasta el punto en el que la violencia y la discriminación se conviertan en la respuesta común de la sociedad ante lo diferente.
"Las dos razones de existir del Estado son proporcionar seguridad y justicia y no tenemos ninguna de las dos cosas; nuestras leyes son leyes físicas en donde no existen vacíos, porque los vacíos los llena la Iglesia", afirma.
Conózcala
Nombre: Patricia Galeana.
Cargo: secretaria técnica de la Comisión del Senado para las conmemoraciones del 2010.
Grados académicos: doctora en historia. Investigadora y catedrática de la UNAM.
Trayectoria: directora del Acervo Histórico Diplomático y del Instituto Matías Romero de la SRE y del Archivo General de la Nación.
Última obra: Secularización del Estado y la sociedad (coordinadora). Siglo XXI.
Reformas y contrarreformas
La laicidad ha estado a discusión en el Congreso. A la reforma para elevar el término laico a nivel constitucional siguieron dos polémicas iniciativas del PRD.
Artículo 40
Se incorpora el concepto "laico" como una cualidad del Estado mexicano.
Reforma aprobada en la Cámara de Diputados el 11 de febrero con 363 votos a favor, 8 abstenciones y 1 en contra.
Llegó al Senado el 16 de febrero, donde fue turnada a comisiones.
El 15 de marzo los coordinadores parlamentarios se reunieron en la Nunciatura con la jerarquía de la Iglesia Católica. La minuta fue congelada.
Artículo 130
El 25 de febrero pasado, el senador del PRD, Pablo Gómez, presentó una iniciativa que propone derogar el inciso E del articulo 130 constitucional, el cual establece la prohibición de los ministros de culto de asociarse con fines políticos y realizar proselitismo.
Fue turnada a comisiones.
Artículo 24
El 24 de marzo el senador perredista Silvano Aureoles inscribió en la orden del día una propuesta de reforma al artículo 24 constitucional que, entre otras cosas, busca sustituir el concepto de creencias religiosas por libertades religiosas, lo cual es una vieja demanda de la Iglesia en México. La iniciativa no se presentó ante el pleno.
Los partidos acordaron presentarla en la Cámara de Diputados.
Día... ¿del trabajo?
Reportaje Primero de Mayo
Martha Martínez y Karla Garduño
(25 abril 2010).- La falta de empleos formales, la pérdida del poder adquisitivo y un nuevo intento de reforma sobrecargan la agenda laboral rumbo a una nueva conmemoración del Día del Trabajo. En este escenario, trabajadores, desempleados, subempleados, autoridades, líderes patronales y dirigentes sindicales responden a la pregunta ¿hay algo qué celebrar este 1o. de mayo?
El fracaso en la generación de empleos (principal oferta de Felipe Calderón en campaña), la caída del poder adquisitivo de los trabajadores, los conflictos con dos sindicatos adversos al régimen (mineros y electricistas), la connivencia con el sindicalismo oficial (maestros y petroleros, principalmente) y un nuevo debate en torno a la necesidad de una reforma laboral caracterizan el Día del Trabajo en el cuarto año de este gobierno.
Con una tasa de desempleo del 5.4 por ciento, carencia de empleos formales y un incremento notable del subempleo y la informalidad, los trabajadores afirman que no hay mucho que celebrar el próximo Primero de Mayo. Esto, a pesar de que oficialmente comienza a llegarse al final de la crisis económica.
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre 2007 y marzo de 2010 se crearon poco más de 496 mil plazas laborales; es decir, en tres años de gobierno el presidente Calderón logró la mitad de los empleos que prometió generar anualmente.
La escasez de puestos de trabajo formales provocó que más de un millón 200 mil personas se incorporaran al empleo informal: en enero de 2007 el número de personas que trabajaban en la informalidad ascendía a 11 millones 393 mil y en diciembre de 2009 la cifra se disparó a 12 millones 612 mil personas.
A futuro se prevé un panorama poco optimista: según un estudio de Banamex, la tasa de desempleo abierta será para 2010 de 5.8 por ciento y del 5.5 por ciento en el 2011. Con base en estas previsiones y el crecimiento de la Población Económicamente Activa se esperaría un déficit de empleos formales de entre 518 y 557 mil cada año (Reforma, 29 de maro del 2010).
A la limitada generación de empleos formales se suman las deficiencias de los salarios, el aumento de impuestos y el incremento en el costo de los servicios e insumos básicos.
En los últimos cuatro años, mientras que el salario mínimo promedio pasó de
Aunado a ello, en octubre pasado el Congreso aprobó una Ley de Ingresos que impactó directamente en el poder adquisitivo: la tasa del Impuesto al Valor Agregado aumentó a 16 por ciento, aumentaron las tasas del Impuesto Sobre la Renta y se creó un nuevo impuesto de 3 por ciento a las telecomunicaciones.
En paralelo, se descongelaron los precios de los combustibles (gas, diesel y gas LP), lo que provocó una escalada de precios.
En este contexto, el gobierno federal y su partido decidieron reabrir el debate en torno a una reforma laboral. El 18 de marzo el PAN presentó una iniciativa de reforma que plantea, entre otras cosas, incluir en la legislación la modalidad de contratación por horas y temporada y limitar el pago de salarios caídos; incluye el concepto de "multihabilidad" -que implica que los empleados desarrollen diversas funciones- e introduce nuevos requisitos para el trámite de emplazamientos a huelga.
Gobierno, PAN e iniciativa privada aseguran que si se aprobara esta reforma se generarían condiciones para crear más empleos formales.
Desde la oposición, PRD y PRI rechazaron la propuesta oficial.
El 20 de abril pasado el PRD presentó una contrapropuesta que plantea modificaciones a la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social.
La iniciativa perredista propone, entre otras cosas, reconocer como derechos humanos los derechos laborales, establecer en 40 horas la semana laboral, garantizar el derecho a huelga, la creación de un registro público nacional de organizaciones sindicales y contratos colectivos, así como la sustitución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por un Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades a fin de que sea el Congreso y no el Ejecutivo federal quien determine los niveles salariales.
El PRI advirtió que "no pasará" ningún proyecto que lesione las conquistas laborales y se comprometió a presentar su propuesta en septiembre, por lo que se espera que la reforma laboral sea discutida hasta el arranque del segundo año de la LXI Legislatura.
Autoridad y oposición
Javier Lozano
Secretario del Trabajo
Hay razones para celebrar, pero pendientes para aspirar a más.
Es indiscutible que hemos avanzado sensiblemente en cuanto a las condiciones generales de trabajo así como en la construcción de instituciones relacionadas con la seguridad y la previsión social en México.
Los derechos fundamentales de los trabajadores están contenidos en nuestra Constitución y en la ley. Se trata de dispositivos irrenunciables y mínimos sobre los que se pactan, a diario, relaciones laborales que en lo individual y en lo colectivo resultan ser más benéficas aun para los trabajadores y sus organizaciones.
Sin embargo, no podemos pensar que lo que tenemos en nuestro mercado laboral es satisfactorio, ni tampoco suficiente. Los niveles de informalidad, el salario promedio, la desigualdad y la discriminación, la desocupación en general -y particularmente la de los jóvenes-; el rezago en justicia laboral, la escasa productividad laboral, la explotación infantil y la falta de transparencia y democracia en buena parte de los sindicatos del país son aspectos pendientes de resolver.
Por ello es que, como parte de los esfuerzos por hacer de México una economía más competitiva y generadora de más y mejores empleos, debemos concretar una reforma integral a la Ley Federal del Trabajo (misma que cumplirá 40 años de vigencia sin cambios de fondo el próximo 1o. de mayo) que permita corregir insuficiencias, deficiencias y contradicciones, para convertirse en un vehículo que facilite el acceso al mercado laboral formal, aumente la productividad y agilice la justicia laboral, al tiempo de fortalecer la transparencia y la democracia sindical.
Martín Esparza
Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
La conmemoración de la clase trabajadora hay que hacerla en las calles, salir, organizarnos y continuar con la lucha, es una lucha de clases. La crisis financiera ha provocado que el capital no ceda su ganancia y lo principal es deshacerse de los trabajadores; entonces hay que organizarnos, tiene que haber mucha actividad en todo el país, porque el capital no es nada sin la clase obrera.
El 1o. de mayo estamos buscando hacer todo un acto de concentración en el Zócalo, con demandas muy claras: uno, la solicitud de los informes actuariales de todos nuestros fondos de ahorro de los trabajadores, que tendrá que hacer el Congreso de la Unión a través de un punto de acuerdo para ver todo el comportamiento de lo que nos han dicho que eran las reformas de la ley del IMSS y del ISSSTE para nuestra vejez y nuestro futuro, que nos expliquen dónde está ese dinero, cuánto es y cuánto hemos perdido a lo largo de estos años de modificación a la ley del IMSS; dos, que la Suprema Corte respete o restablezca las garantías individuales y colectivas de los trabajadores, que se respete a los sindicatos; tres, resolver los conflictos medulares de todo el país de la clase obrera, que son los mineros de Cananea, Pasta de Conchos, los electricistas del SME, que fuimos los que forjamos el artículo 123; y, el último punto, se tiene que doblegar el secretario del Trabajo, Javier Lozano, tiene que renunciar para que Calderón pueda resolver todos los conflictos con la clase trabajadora, se tiene que ir, es enemigo de los trabajadores.
Juan Patricio Zamudio
Electricista desempleado.
No hay nada que festejar, al contrario, hay que protestar porque hay mucho desempleo, los salarios están muy por debajo del aumento de precios; a los trabajadores se nos está despidiendo colectivamente y los empresarios se aprovechan de que hay mucha gente con necesidad de empleo para violar nuestros derechos laborales, porque saben que detrás de cada desempleado hay 100 más que aceptarían un empleo de mala calidad. Llevo seis meses buscando trabajo pero no encuentro nada porque además de que no hay plazas, a los ex electricistas nos tienen boletinados como revoltosos... nadie quiere contratarnos.
Hermilo Álvarez Morales
Desempleado. Ex trabajador de Luz y Fuerza del Centro.
No hay nada que celebrar, más bien lo que necesitamos es trabajo, hay mucho desempleo, las empresas están corriendo a mucha gente que son mexicanos y se están trayendo gente de otros países, y aquí en lugar de decir que México es de nosotros pues no, es como un coctel de varios países que vienen a invadirnos y nos quitan nuestra fuente de trabajo.
Yo siempre tuve dos trabajos, aprendí bien la joyería y en las tardes trabajaba en el centro y en la mañana en la Luz y Fuerza del Centro, porque no era un sueldazo, trabajaba en el departamento de obra civil y me faltaban dos puestos para jubilarme. Mi esposa no trabajaba y se vino esto y yo estuve bien decaído como un mes. El papá de mi esposa se dedica a la venta de zapato, la ofrece a empresas y da facilidades, y mi esposa empezó en eso, le di un capital y ahora yo estoy en eso. No me dan trabajo porque estamos boletinados, piensan que vamos a meter en problemas a los trabajadores, y por la edad, nada más quieren de 25 años a 35. Ya nada más podemos buscar trabajo en el Metro, de intendencia, con un salario de 600 pesos semanales, es lo que están pagando.
Hay que darle más beneficios a los trabajadores, como nosotros los teníamos en nuestro contrato, y un buen salario.
Líderes y trabajadores
Agustín Rodríguez
Secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Los festejos del 1o. de mayo no solamente son una conmemoración a las gestas de Chicago, también son parte de las jornadas de lucha de los trabajadores para reivindicar sus conquistas y dar a conocer sus demandas. Por nuestra parte, junto a otros gremios, alzaremos la voz para oponernos a cualquier reforma lesiva a los intereses de los trabajadores que se pretenda dar desde al Congreso de la Unión con la reciente propuesta del PAN para reformar la Ley Federal del Trabajo.
Reivindicamos la vigencia de los sindicatos y de los contratos colectivos de trabajo para regular las relaciones obrero-patronales, rechazamos la existencia de contratos de protección y de la desregulación del trabajo, exigimos aumentos salariales de emergencia para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, muy golpeado como consecuencia de la crisis económica, defendemos la vigencia y proponemos el financiamiento creciente y oportuno a la educación pública y en especial a la educación pública superior.
Virginia Quintero
Laboratorista de la Facultad de Química de la UNAM desde hace 28 años.
Lamentablemente se ha perdido el espíritu con el que nace el Día Internacional del Trabajo, se ha perdido el objetivo real. Hoy es un foro abierto que debe ser aprovechado para que los trabajadores expresemos nuestra realidad. Lejos de la situación histórica, los trabajadores hoy tendremos que utilizar ese día para decir nuestras inconformidades, sobre todo con el castigo indiscutible que han sufrido los salarios en nuestro país; háblese de los salarios que se pagan como mínimo en este país, háblese de los salarios que dejan en una posibilidad de vida a los trabajadores muy deplorable. En esta Universidad lamentablemente los salarios no se pagan en respeto y congruencia a lo que se hace. Somos trabajadores de una de las universidades más importantes de América Latina y sin embargo tenemos salarios tercermundistas.
Tendríamos que decir que el gobierno panista de Felipe Calderón deja sin empleos a los trabajadores: la barbaridad que acaba de cometer con los trabajadores del SME, el señor presume de ser el Presidente del empleo, pero es el Presidente que deja sin empleo a los mexicanos. Tendríamos que hablar, en este 1o. de mayo, de la embestida terrible que viene con la propuesta panista de reformas a la Ley Federal del Trabajo que hoy es vituperada y degradada con el intento del PAN de meterse en la vida sindical.
Francisco Hernández Juárez
Secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana.
Los trabajadores de México y particularmente los telefonistas no tenemos mucho que celebrar este día. La clase dirigente se ha empeñado en establecer y mantener una política económica, social y laboral contradictoria: por un lado, se preocupa del crecimiento, del desarrollo económico y de asegurar las inversiones y, en esa estrategia, demanda capacitación, productividad y competitividad, a la vez que habla de empleos dignos; por otro lado, se ocupa de disminuir los costos laborales, crear empleos informales, precarios, de bajos salarios y de buscar modificar la Ley del Trabajo para mantener al sindicalismo bajo el control y vigilancia autoritaria del Estado. En la práctica estas políticas han acabado con el mercado interno, con nuestra economía social y degradan la vía política.
Para resolver esa contradicción, los trabajadores de la UNT en conjunto con el PRD estamos proponiendo una reforma laboral y productiva integral que modifique tanto la Ley Federal del Trabajo como el artículo 123 constitucional. Hubiéramos querido que se hiciera una convocatoria expresa para que todas las fuerzas implicadas en el mundo laboral nos sentáramos a conformar una reforma, pero no hay tal voluntad.
Desgraciadamente, este 1o. de mayo hay dos propuestas divergentes gracias al empecinamiento del grupo gobernante de no cambiar el rumbo del país, lo que si bien no nos permite celebrar como debería ser, sí nos lleva a decir que, a pesar de ello, los trabajadores a partir de este día haremos todo lo posible para concretar nuestro proyecto.
Mateo Lejarza Leo
Miembro del Consejo Ciudadano para la Reforma del Estado.
Reconociendo que es válida la conmemoración de los hechos de Cananea y Río Blanco, lo cierto es que las concentraciones y marchas del 1o. de mayo tienen un mínimo impacto, ya que no hay interlocución de parte del gobierno federal que es el principal destinatario de las protestas o exigencias. Poco o nada les preocupa a los funcionarios estas manifestaciones, saben que de ahí no se pasa a más. Es suficiente la vigilancia y la infiltración para evitar desmanes, no más.
Tal vez los únicos que celebran son esos gobernantes que tienen la suerte de que no pasa nada gracias a que las decenas de miles de mexicanos inconformes y demandantes se desahogan y se regresan a sus rutinas diarias a seguir sufriendo la injusticia tolerada o promovida por estos funcionarios que festejan todos los primeros de mayo su cínica impunidad.
Valdemar Gutiérrez
Secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
El escenario que enmarca la discusión de la legislación laboral es preocupante: 2 millones 800 mil personas que no tienen empleo ni por una hora en un mercado laboral de 47 millones de personas. En la próxima década la población en edad de trabajar será mayor, pues las estadísticas indican que alcanzaremos el nivel más alto del bono demográfico y ello representa una presión para la generación de empleos formales y bien remunerados.
El salario medio de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es de 237.72 pesos diarios, es decir, 7 mil 226.70 pesos mensuales. El número de trabajadores sin prestaciones laborales, de acuerdo con datos del INEGI, es de 11 millones 343 mil.
Todos estos indicativos nos obligan a plantear nuevas posibilidades de empleo, sindicatos activos y modernos, y empresarios comprometidos con el cumplimiento de los derechos laborales.
Se requiere que el país eleve sus niveles en materia de productividad. Por eso coincidimos en que es conveniente hacer adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo.
Por acuerdo del Consejo Técnico Nacional, el SNTSS no desfilará este 1o. de mayo, sólo colocará mantas en las sedes sindicales en apoyo a las conquistas laborales.
Hugo Enrique Rodríguez
Auxiliar de servicios básicos en el IMSS desde hace 3 años.
Deberíamos celebrar porque tenemos trabajo, pero no hay nada que festejar, al contrario, solicitar que se abran más puertas, más empleos para gente que no los tiene.
La preparación académica siempre es importante. Tenemos un problema porque muchas de las personas que tienen primaria y secundaria no pueden seguir estudiando ni prepararse, ni tener un mejor empleo y un mejor salario. La ventaja que tienes en el IMSS es que puedes seguir estudiando, puedes ir creciendo, hay un nivel de escalafón en donde te puedes seguir superando, tiene jornadas de trabajo en horarios diferentes. Yo estoy haciendo la licenciatura en Informática porque me quedé en el bachillerato técnico, pero no en todas las empresas puedes hacerlo por los horarios que manejan.
Joel Ayala
Presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.
Sí hay algo que celebrar: la mayor toma de conciencia de los trabajadores de México de que debemos ir juntos en abanderar las mejores causas, y dentro de ellas pugnar por la inaplazable seguridad social integral para todos los trabajadores en el país.
Estas reivindicaciones las debemos hacer para consolidar también la seguridad en el empleo y dar respuesta al primer problema nacional que es la falta de un ingreso a través de un trabajo formal.
Ésta sería la posición firme y la invitación al resto de las organizaciones de trabajadores en cada una de las entidades federativas, para que juntos logremos superar los rezagos que por décadas se padecen.
Martha Lara
Secretaria en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
No hay nada que festejar porque las mujeres seguimos siendo discriminadas; en muchas ocasiones no se nos reconocen nuestras capacidades; aumentaron la edad para jubilarnos, por lo que estamos a la expectativa pensando si vamos a llegar a la jubilación. Nos incrementaron en 4 por ciento el salario, pero aumentaron los impuestos. En el servicio médico a veces no hay medicamentos y puede pasar hasta un mes para que proporcionen las medicinas.
Definitivamente estamos más desprotegidos que antes porque ganamos menos, las necesidades básicas cada día están más caras y nuestros derechos se han ido reduciendo.
Patrones e informales
Gerardo Gutiérrez Candiani
Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Si tomamos al 1o. de mayo en su concepción original, como la conmemoración de un episodio de lucha entre los factores de la producción, debe reconocerse que hoy, en México, existe un clima de paz laboral, crucial para la cohesión social y la competitividad.
La cooperación y el diálogo constructivo entre los trabajadores, empresarios, organizaciones representativas de ambas partes y el Estado son una constante. Esta situación fue la regla durante la recesión económica del 2009, con el propósito común de proteger el empleo.
El diálogo entre las organizaciones representativas del sector empresarial y el obrero es continuo, respetuoso y propositivo. Existe coincidencia: la legislación vigente, sin cambios trascendentes desde 1970, fue rebasada por la realidad; ambas partes han trabajado para lograr una reforma laboral. Pero en 12 años se han presentado 334 iniciativas en el Congreso y las decisiones han sido pospuestas en función de los tiempos político-electorales.
México ocupa el lugar 115 de 133 países en eficiencia del mercado laboral, 70 por ciento de los desempleados son jóvenes y 63 por ciento de la Población Económicamente Activa está en la economía informal, donde no es posible garantizar los derechos laborales fundamentales.
Coparmex promueve una reforma laboral que ayude a generar empleos, aumente la productividad y dé certidumbre jurídica a trabajadores y patrones, con pleno respeto a los derechos fundamentales de ambos. Una reforma que abra la economía formal para millones de personas que hoy no encuentran empleo. Estamos a favor de ampliar las modalidades de contratación individual, de una mayor profesionalización en los tribunales laborales y una vida sindical más democrática.
La conmemoración del 1o. de mayo ya no es un termómetro de la conflictividad de las relaciones laborales u ocasión para mostrar la fuerza corporativa del viejo sistema político mexicano. Debe ser ocasión para reflexionar sobre la situación y las necesidades que hay que resolver de cara al futuro.
Luis García Rodríguez
Vendedor ambulante.
No tenemos nada que festejar, yo vengo de Matamoros y allá no hay trabajo para los jóvenes, menos para mí que tengo 53 años. Tengo que venir a la ciudad a buscar un ingreso porque no puedo dejar a mi familia sin comer. Vengo a vender quesos una vez a la semana y con los 450 pesos que gano, cuando bien me va, sostengo a mi familia; no tengo seguridad social y cuando mis hijos se enferman tengo que sacar del gasto, que de por sí no alcanza, para pagar la consulta y las medicinas. El gobierno dice que está creando empleos, pero me imagino que es para los jóvenes porque llevo un año buscando trabajo en Matamoros y nadie quiere contratarme.
Democracia y ciudadanía
Debate Reforma política. En la recta final del periodo ordinario de sesiones del Congreso, la comisionada de Desarrollo Político de Gobernación defiende la propuesta del Ejecutivo
Blanca Heredia
(25 abril 2010).- La iniciativa de reforma política presentada por el presidente de la República en diciembre pasado reconoce los importantísimos avances en materia de derechos políticos alcanzados gracias al trabajo y esfuerzo de muchos mexicanos. La iniciativa reconoce también la insatisfacción ciudadana con la operación de nuestras instituciones políticas y plantea una reforma de fondo para lograr que la democracia funcione mejor a los ciudadanos.
El desprestigio en el que ha caído la política en México es grande. Ello es grave porque necesitamos la política para hacerle frente a los enormes retos que tenemos delante, porque sin la política queda tan sólo la fuerza y la demagogia para procesar los asuntos de todos y ello termina, siempre, por amenazar las libertades que con tanto esfuerzo van construyendo las sociedades.
Como ha señalado reiteradamente el secretario Fernando Gómez Mont, estamos a tiempo de revertir el desgaste de la política, renovarla y darle nueva potencia. Pero revertir ese hastío y ese desprestigio no va a darse por sí solo; hace falta que todos nos ocupemos de que ocurra. Para lograrlo necesitamos recordar que la vitalidad y la eficacia de una democracia dependen en última instancia de la participación responsable, activa y exigente de sus dueños: los ciudadanos.
Nos tomó muchas décadas lograr que el voto contara. Esta reforma busca que los votos se traduzcan en autoridades electas que les rindan efectivamente cuentas a los ciudadanos porque éstos cuentan con instrumentos para premiarlos o castigarlos en función de su desempeño. Busca también que las acciones de gobierno sean más eficaces y respondan de mejor manera a las demandas de los ciudadanos, porque la inacción y la falta de acuerdos tienen costos políticos y porque los ciudadanos cuentan con canales alternativos a los que ofrecen los partidos políticos para manifestar sus intereses y sus legítimas demandas.
La reforma propuesta es ambiciosa e integral. No es una reforma que proponga parches o que convoque a los mismos de siempre a hacer lo mismo de siempre. Es una invitación a que los ciudadanos hagan suya la democracia y a hacer del empoderamiento ciudadano la palanca para transitar del sufragio efectivo a la democracia efectiva. Para empoderar a los ciudadanos, la iniciativa incluye diversas propuestas.
1. Eliminar la prohibición constitucional para la elección consecutiva de legisladores federales y locales, así como de alcaldes y jefes delegacionales, para devolverles a los ciudadanos el derecho a premiar o castigar el desempeño de sus representantes. Conviene recordar, por cierto, que este derecho estaba incluido en el texto original de la Constitución de 1917 y fue cancelado en 1933 como parte de la construcción del régimen hiperpresidencialista de partido hegemónico que gobernó el país durante más de siete décadas. Conviene apuntar que de
2. Candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular a fin de que los ciudadanos que no se identifiquen con ningún partido puedan ejercer a cabalidad su derecho a ser votados. De aprobarse, esta figura ampliaría los espacios de participación ciudadana y generaría incentivos para que los partidos políticos buscasen mejorar sus procesos de selección interna de candidatos.
3. Iniciativa ciudadana para que grupos de la sociedad civil puedan presentarle directamente al Congreso, sin intermediación de los partidos políticos, iniciativas de ley sobre los temas de su interés. A través de esta figura, los ciudadanos estarían en posibilidad de llamar la atención de los legisladores sobre los problemas que más directamente los preocupan, tales como salud, derechos fundamentales, seguridad, educación, medio ambiente y cualquier otro que interese a los ciudadanos y no hayan sido recogidos por los partidos.
4. Como parte de la propuesta de recomposición del Legislativo federal, una nueva fórmula para la integración del Senado de la República que, además de devolverle su carácter de órgano de representación territorial a través de la eliminación de los senadores por representación proporcional elegidos a partir de una única lista nacional, ofrece a los electores la posibilidad de votar tanto al partido como al candidato de su elección.
Una iniciativa como ésta estaría incompleta si no buscase convocar a la ciudadanía a involucrarse directamente en ella. De ahí la decisión de poner en marcha una estrategia de comunicación y socialización amplia orientada a hacer de la ciudadanía actor central de la discusión.
Sobre los beneficios de esta estrategia abundan críticas. Una de las más frecuentes es la que sostiene que los ciudadanos no están interesados y, de estarlo, no entenderían el significado y el contenido de la reforma. Esta crítica se ha hecho tanto para la estrategia de comunicación como para algunas de las propuestas de la iniciativa. Voces diversas, tanto entre académicos como entre políticos profesionales, han mencionado por ejemplo que la elección consecutiva no funcionaría en nuestro país porque nuestra cultura política es deficiente. También se ha dicho que las demandas ciudadanas vienen de los punteros de una sociedad civil que se dedica a representar y promover, casi en exclusiva, intereses particulares.
Las tesis que subrayan la debilidad de la ciudadanía como argumento en contra de la reforma propuesta no ofrecen muchas salidas y tienden, implícita o explícitamente, a abonar a favor de la perpetuación del status quo. La iniciativa del Ejecutivo federal se hace cargo de nuestro déficit democrático, pero lo asume como realidad que debe y puede ser transformada. Así, y apoyándose en la experiencia concreta de los muchos ciudadanos y políticos que hicieron posible el tránsito a la pluralidad, plantea propuestas concretas para ampliar y multiplicar las voces ciudadanas dispuestas a asumirse como actores centrales de los cambios que el país necesita.
Para comunicarnos con los ciudadanos hemos echado mano de los recursos de comunicación más novedosos así como de los más tradicionales. Foros ciudadanos, discursos y presencia en los medios tradicionales han estado acompañados por una página de internet (www.reformapolitica.gob.mx), chats, blogs y presencia en redes sociales. El objetivo es informar y convencer, sí, pero también generar un debate y un interés por lo público que ensanchen los espacios para que más mexicanos ejerzan de ciudadanos.
Hemos querido que este debate incluya todas las opiniones divergentes; hemos escuchado propuestas y soluciones alternativas. Pero también hemos querido contribuir a que el debate tenga un piso mínimo común, un diagnóstico mínimamente compartido que nos permita darle rumbo y cauce al malestar compartido. Finalmente, queremos pensar que podremos ponernos de acuerdo y lograr que nuestras diferencias, muchas de ellas de matiz, no cancelen la posibilidad de alcanzar el objetivo compartido: una democracia en la que los ciudadanos tengan más derechos y más incentivos para participar responsablemente en los asuntos de todos.
Venimos de una larga historia de unos cuantos tomando decisiones que afectan a todos los mexicanos. Venimos de una larga historia de políticos, autoridades y funcionarios a los que no nos cuesta o nos cuesta poco personalmente diferir decisiones, privilegiar el conflicto o, de plano, incurrir en equivocaciones. 200 años de vida independiente parecieran un buen momento para hacer lo necesario para armar una democracia más ciudadana y más efectiva.
El 2010 es un buen año para hacernos responsables de construir el futuro que queremos. No podemos seguir esperando que las cosas cambien por sí solas. No podemos seguir atrapados en tabúes y en pulsiones aprendidas que nos hacen víctimas en lugar de dueños de nuestro presente y nuestro futuro. La iniciativa, tanto en sus conte- nidos programáticos como en su estrategia de acercamiento directo con los ciudadanos, es una propuesta para hacer de la revisión de nuestro sistema político una ocasión para que los ciudadanos se acerquen y se apropien de nuevo de la política. Una oportunidad para que el poder de los ciudadanos se manifieste con fuerza y permita dotar a nuestra democracia de la potencia requerida para remontar los enormes desafíos colectivos que enfrentamos y para construir el México grande, justo y próspero en el que todos queremos vivir.
La autora es académica del CIDE y comisionada de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación.
'Aventón Ciudadano'
Debate Reforma política
Ernesto Núñez
(25 abril 2010).- Días antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura del Congreso, la Asamblea Nacional Ciudadana decidió aumentar la presión a favor de una reforma política que abra a la sociedad espacios de participación.
Entre el lunes 19 y el viernes 23 de abril, activistas y organizaciones integrantes de la ANCA recorrieron el país desde cuatro ciudades (Tijuana, Cancún, Comitán y Monterrey) para promover su agenda en torno a la reforma política.
El movimiento, inédito en México, usó internet como base de organización y difusión; especialmente Twitter, en donde diariamente se intercambiaron miles de mensajes sobre el recorrido de los cuatro contingentes.
La ANCA es un movimiento aglutinador de diversas organizaciones que durante el proceso electoral del 2009 promovieron el voto nulo como forma de protesta ante la falta de representatividad de los partidos.
Las demandas, propuestas e incluso los conceptos del discurso proanulista fueron recogidas en todas las iniciativas de reforma política que se presentaron entre diciembre del 2009 y marzo del 2010; desde la del Ejecutivo hasta la del PRI.
Sin embargo, los miembros de ANCA advierten que en la negociación de la reforma política esas demandas se han ido "cayendo de la mesa" de los legisladores, por lo que decidieron movilizarse a través de una estrategia bautizada como Aventón Ciudadano, un recorrido hecho por activistas a base de "raites" gestionados en las redes sociales.
Sus demandas se resumen en seis puntos: reducir el financiamiento público a los partidos; promover las acciones colectivas, el plebiscito, referéndum, consulta popular y otros mecanismos para ampliar y ejercer derechos ciudadanos; "abrir el sistema" a través de figuras como las candidaturas independientes; apoyar la iniciativa legislativa ciudadana; rechazar la propuesta presidencial de aumentar a 4 puntos el porcentaje mínimo de votación para que los partidos políticos conserven su registro, e impulsar la reelección (también propuesta por el Ejecutivo), siempre y cuando se adopten al mismo tiempo tres medidas: eliminar el fuero, instituir la revocación de mandato y mejorar la rendición de cuentas.
Todo esto fue plasmado en un documento que el domingo pasado fue dividido en cuatro partes; cada contingente transportó un pedazo en su ruta, durante la cual dialogaron con ciudadanos y medios de comunicación locales, recogiendo opiniones y demandas de actores sociales como los padres de los niños muertos en la Guardería ABC de Hermosillo.
El viernes pasado reunieron el documento en un acto en el Ángel de la Independencia.
Para consultar las crónicas de viaje de Aventón Ciudadano se puede consultar el Blog del e-lector: http://www.reforma.com/blogs/elector/ o la página de ANCA: http://www.anciudadana.org/
La cultura política
(25 abril 2010).- Téngalo presente
Homenaje a Enrique González Pedrero. Raúl Trejo, Modesto Seara, Arturo González Cossío, Miguel Ángel Granados Chapa y Francisco Casanova. Sala Lucio Mendieta y Núñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Miércoles 28, 11:00 horas. Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 9470.
Conferencias
XXXV Coloquio Internacional de Primavera. Reflexiones en torno a la transformación del capitalismo. Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Del martes 27 al jueves 29, 9:00 horas. Ciudad Universitaria, circuito Mario de la Cueva. Informes: 5622 9412.
El futuro de las relaciones México-Estados Unidos. Sidney Weintraub y Lorenzo Meyer. Jueves 29, 13:00 horas. Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México. Camino al Ajusco No. 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: http://difusion.colmex.mx.
Are Megalopolis Governable? Patrick Le Galés y comentada por Vicente Ugalde. Organiza el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales. Jueves 29, 18:00 horas. Salón 5524 de El Colegio de México. Camino al Ajusco No. 20, Pedregal de Santa Teresa.
El sindicato mexicano hoy: el caso del SME, dentro del ciclo de conferencias Temas actuales de la sociedad mexicana. Participan Javier Aguilar, Fernando Amezcua, José Antonio Almazán, Edgar Belmont. Jueves 29, 18:00 horas. Casa Universitaria del Libro, Orizaba 24 esquina con Puebla, Roma. Informes: 5207 9390 y 5207 9871.
La batalla independiente: 1808-1821. Imparte Guadalupe Jiménez Codinach dentro del ciclo de conferencias Vive el Bicentenario. Jueves 29, 19:00 horas. Auditorio Tláloc del Museo Nacional de Antropología. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Chapultepec Polanco. Programa completo en http://bit.ly/av9J2a. Informes: 5281 4001.
The consolidation of democracy in
Convocatorias
La cultura artística en torno a la Revolución Mexicana. Diplomado del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Martes y jueves de 17:00 a 21:00 horas, 152 horas. Inicia 4 de mayo. Informes: www.esteticas.unam.mx.
Maestría y doctorado en estudios sociales con las líneas: estudios laborales, procesos políticos, economía social. Invita la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana. Informes: 5804 4794, mdes@xanum.uam.mx y poes@xanum.uam.mx.
Programa de becas Ciudad de México-China 2010. La Facultad de Economía de la UNAM recibe proyectos que apunten a concretar la relación entre China y México en los sectores público, privado, académico y en la ciudadanía en general. Informes: 5622 2195 o http://bit.ly/cGvwK5.
Exposiciones
Expo Negocios Verdes. Conferencias, talleres, exposición de productos, servicios y tecnologías asociados al desarrollo sostenible. Participan Rafael Rangel Sostmann, Alfredo Elías Ayub, Genaro Borrego, Rafael Elvira, Marcelo Ebrard y Carlos Pascual. Del martes 27 al viernes 30. Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México. Informes: 5483 2105.
Masai. Muestra fotográfica en torno a estos habitantes de Kenia y Tanzania, tradicionalmente dedicados al pastoreo nómada en las llanuras abiertas. Del martes 27 al viernes 30. Patio Central del Senado de la República. Xicoténcatl No. 9. Centro Histórico. Informes: 5130 2200.
Paseo en mapa. Exposición cartográfica que muestra, a través de un recorrido histórico-político, el proceso de independencia de México y de otros países de América Latina, así como la consolidación de los estados nacionales americanos. Martes a domingo de 10:00 a 17:30 horas. Antiguo Colegio de San Ildefonso. Justo Sierra No. 16, Centro Histórico. Informes: 5789 2505.
Foros
Encuentro Nacional de Educación Cívica. María de Lourdes Valenzuela, Rogelio Gómez Hermosillo, Fernando Salmerón, Leonardo Valdés, entre otros, debaten sobre los procesos de formación de ciudadanía. Lunes 26 y martes 27, 9:00 horas. Auditorio del IFE, Viaducto Tlalpan No. 100, Arenal Tepepan. Informes: 1996 2009.
La Reforma a la Ley General de Salud en materia de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Foro informativo. Auditorio Aurora Jiménez de Palacios, del Palacio Legislativo de San Lázaro. Lunes 26, 13:00 horas. Informes: 5036 0000.
La víctima en el Derecho Mexicano. Participan Eduardo Alfonso Guerrero, Jaime Carvajal, Luis Rodríguez Manzanera, Miguel Ángel Suárez Romero, Gerardo Urosa Ramírez, Alberto del Castillo del Valle. Miércoles 28, 10:00 horas. Sala de Seminarios Mariano Jiménez Huerta del Instituto nacional de Ciencias Penales. Informes: 5487 1500.
Mesas redondas
Del cubículo al campo. Nuestra experiencia en la investigación. Encuentro sobre la forma en que los investigadores construyen sus objetos de estudio apoyándose en herramientas de las ciencias sociales. Del lunes 26 al miércoles 28, 9:00 horas. Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes 5622 7390.
Re-thinking Organized Crime in
Pandillas Juveniles. José Luis Cisneros, Daniel Cunjama López, Sara Patricia Orea Ochoa debaten sobre este fenómeno social y su implicación en la delincuencia organizada. Martes 27, 17:00 horas. Sala de Seminarios del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Magisterio Nacional No. 113, Tlalpan Centro. Informes: 5487 1500.
Una jornada sobre rieles: la situación laboral de los vagoneros del Metro de la Ciudad de México. Mesa redonda en la que participan Luis Ruiz Hernández, Rufino A. Meneses Pacheco, José Manuel Garduño y Jesús Domínguez Luna. Centro de Educación y Extensión Universitaria Casa Rafael Galván de la UAM, Zacatecas 94, Roma. Miércoles 28, 17:00 horas. Informes: 5574 0428.
Presentaciones
La juventud mexicana; una radiografía de su incertidumbre de Pedro José Peñaloza. Prólogo de José Narro Robles. Presentan Leonardo Lomelí, Rafael Cordera, Emilio Caballero, Ciro Murayama y Joel Ortega Juárez. Lunes 26, 12 horas. Aula Magna de la Facultad de Economía de la UNAM. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 2137.
El Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Visión retrospectiva y retos a futuro de Gustavo Vega Cánovas. Lorenzo Meyer, Sidney Weintraub, Beatriz Leycegui y Enrique Cárdenas. Jueves 29, 17:00 horas. Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México. Informes: 5449 3000.
Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM). Comentan Ricardo Raphael de la Madrid y Miguel Ángel Granados Chapa. Jueves 29, 11:00 horas. Salón Emperadores del Hotel Imperial. Paseo de la Reforma No. 64. Juárez. Informes: gerardo@fundar.org.mx.
Las claves de la gobernabilidad de Jorge F. Márquez Muñoz. Presentan Beatriz Pagés Llergo, Karla Valverde, Germán Pérez Fernández y el autor. Jueves 29, 19:00 horas. Foro-Bar, Centenario No. 107, Coyoacán. Informes: 5658 9528 y 04455 4026 7087.
Seminarios
Los menores y el delito en el siglo XXI. Luis Rodríguez Manzanera, Emma C. Mendoza Bremauntz, Elssie Nuñez Carpizo, entre otros, analizan los factores que inciden en los menores como causal de victimización y delincuencia. Lunes 26 al viernes 30, 10:00 horas. Aula Magna Jacinto Pallares, Facultad de Derecho de la UNAM. Informes: http://bit.ly/bF3HNB.
Violencia y narcotráfico en México. Exploraciones empíricas. Seminario de política y gobierno. Eduardo Guerrero y Andreas Schedler. Miércoles 28, 13:00 horas. Sala 1 del CIB. Tercer piso de la biblioteca, CIDE. Carretera México-Toluca No. 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800, extensión 2137.
América del Norte en el Siglo XXI. Organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Del 12 al 14 de mayo. Ciudad Universitaria. Registro: http://bit.ly/aigUcp. Informes: coloquio@aaadam.com.mx.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política comuníquese al 5628 7245
Correo: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1747
Documentados, los crímenes del Yunque
Álvaro Delgado
Con base en un documento revelado hace 20 años por Fernando Gutiérrez Barrios, quien fue jefe de la policía política del priismo y posteriormente secretario de Gobernación, Eduardo García Casas afirma que Ramón Plata Moreno, uno de los fundadores del Yunque, fue ejecutado en 1979 por sus compañeros Bernardo Ardavín Migoni y José Antonio Quintana Fernández, quienes hoy controlan esa organización ultraderechista. En entrevista con Proceso, García Casas insiste en que es tiempo de deslindes, no de santificar a nadie, pues el propio fundador del “cártel del Yunque” era un mafioso.
PUEBLA, PUE.- Bajo sospecha en el asesinato de Ramón Plata Moreno, fundador de la Organización Nacional del Yunque, igual que los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Fernando Gutiérrez Barrios garantizó a Eduardo García Suárez que él no tuvo ninguna responsabilidad en el crimen.
Era el 29 de mayo de 1989 y Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, tuvo una reunión de cortesía con García Suárez, quien pronto dejaría la presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), en cuyo carácter se confrontó con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
“No quiero que usted siga pensando que yo maté a su amigo. A su amigo lo mandó matar su compadre y aquí está el expediente”, le dijo el funcionario mientras le entregaba un legajo con documentos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
“Nada más le quiero pedir un favor –aclaró–: que se guarde este expediente por 20 años. Después de ese tiempo usted puede hacer con él lo que quiera. Se lo doy para que se quite dudas.”
Con base en esa información y otra que obtuvo de diversas fuentes es que Eduardo García Casas, hijo del expresidente de la Concanaco, asegura que Plata Moreno no fue ejecutado, la Nochebuena de 1979, por Gutiérrez Barrios –que era entonces subsecretario de Gobernación– ni por los Tecos de la UAG, sino que fue víctima de una purga de la propia organización del Yunque.
José Antonio Quintana Fernández, compadre de García Suárez, fue el autor intelectual del homicidio de Plata Moreno, afirma García Casas, quien dice que el comando ejecutor lo encabezó Bernardo Ardavín Migoni, actual jefe nacional de la organización secreta.
“Ardavín Migoni llega a la escena del crimen en 10 minutos después de que matan a Plata. ¿Cómo llegó tan rápido si vivía en Coyoacán y Plata en Lindavista, al otro extremo de la ciudad, de sur a norte?”, se pregunta García Casas con malicia.
–¿Quién mató, entonces, a Plata Moreno?
–Quintana es el autor intelectual y el comando lo encabezó Ardavín, junto con Guillermo Velasco Arzac.
–¿Eso dice el expediente entregado a su padre por Gutiérrez Barrios?
–Eso dice el expediente, aunque no lo da como un hecho, sino que los señala como presuntos responsables.
Por eso, afirma, la Procuraduría General de la República (PGR) debe incorporar a la averiguación previa SIEDF/CGI/096/2007 la información que sustenta esta hipótesis, como la del denunciante Lorenzo Lira García, quien identifica a los Leaño como homicidas de Plata Moreno, Jorge Kalfópulos y su hijo Cristo, así como Juan Bosco Rosillo Segura y César Fernando Calvillo (Proceso 1744).
“Lo que debe hacer la PGR es abrir una línea de investigación sobre Quintana, Ardavín y Velasco Arzac como presuntos responsables. Yo no soy autoridad para decir quién mató a Plata Moreno, lo único que pido a las autoridades es que, así como hay un expediente sobre los Leaño, se abra un expediente también sobre Quintana Fernández.”
Aclara: “Yo no estoy exculpando a los Tecos de otras responsabilidades. De lo único que sí meto las manos al fuego, por los datos que yo tengo, es que nada tuvieron que ver en el asesinato de Plata Moreno”.
–¿Le cree entonces a Gutiérrez Barrios?
–Es posible que haya dado el expediente para curarse en salud. Estoy de acuerdo en que, tratándose de un secretario de Gobernación, puede estar trucado.
“Pero lo único que estoy pidiendo es que se llegue a la verdad y si en ese expediente se dice que los autores fueron Quintana, Ardavín y Velasco Arzac, que se investigue y se deslinden responsabilidades, pero que se haga una investigación seria.”
–¿Está dispuesto a declarar todo esto ante la PGR?
–Sí, claro, de hecho pido que todos los que han sido víctimas de Quintana declaremos, porque con él puede pasar como con Marcial Maciel o con Luis Echeverría: Va a decir que no puede declarar porque está viejito y va a quedar impune.
Asesinatos en la BUAP
Presidente del Consejo Patronal de Hombres de Negocios, un organismo contrapuesto en Puebla a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), García Casas pedirá a la PGR que investigue también la participación de Quintana Fernández en los asesinatos, en 1972, de Enrique Cabrera y Joel Arriaga, miembros de la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
“Eso también viene en el expediente de Gutiérrez Barrios, en el que se hace mención de que se estaba investigando a Quintana por los asesinatos de Cabrera y Arriaga”, dice el empresario, quien asegura que el entonces gobernador de Puebla, Gonzalo Bautista, simpatizaba con El Yunque.
“(Los miembros del Yunque) pensaron que no les iba a pasar nada, porque tenían el apoyo del gobernador, quien incluso personalmente les entregó armas.”
Por eso, García Casas no sólo pedirá a los Tecos apoyo jurídico para el esclarecimiento de su involucramiento en los homicidios que se les achacan, sino también al rector de la BUAP, Enrique Agüera, para que integre un equipo jurídico que apoye la investigación de Cabrera y Arriaga.
En amplia entrevista con el reportero, el mediodía del jueves 8, García Casas se niega a entregar los documentos de la DFS que, según él, Gutiérrez Barrios dio a su padre.
Sólo hasta que dentro de dos meses, el próximo 29 de mayo, se cumplan los 20 años de secrecía del expediente, comenzará a dar a conocer los documentos que sustentan su hipótesis del ajusticiamiento de Plata Moreno a manos de sus compañeros.
“Lo que pido es que las autoridades investiguen con la información que yo tengo y que a partir del 1 de junio, cuando se vence el pacto, la entregaré a personas de confianza. Yo no confío en las autoridades panistas, porque están totalmente infiltradas por El Yunque y ese expediente me lo van a hacer perdedizo.”
De hecho, con base en el expediente de la DFS y con información que obtuvo de entrevistas con allegados a los Leaño –Antonio Leaño Álvarez del Castillo, rector vitalicio de las UAG y jefe de los Tecos, así como sus hijos Antonio y Gonzalo Leaño Reyes, actual rector de esa institución educativa y director del diario Ocho Columnas, respectivamente– escribió el libro Plata Moreno, crónica de una purga anunciada, que comenzará a circular en junio.
El archivo completo de la DFS, dice el empresario constructor, lo entregará a los próximos candidatos priista y perredista a la Presidencia de la República. “Pero si gana el PAN, desgraciadamente se va a quedar en el archivo muerto”.
–¿Por qué su papá no lo da a conocer?
–Porque está amenazado de muerte por Quintana Fernández. Lo amenazó con que iba a matar a alguno de sus hijos, a mí, si sacaba el expediente. Es algo muy chistoso, porque así como es su seguro de vida tiene la amenaza. Mi papá está muy cansado de todo lo que ha vivido, llevamos 20 años sufriendo todas las tropelías que nos ha hecho Quintana.
De 40 años de edad, ingeniero civil como su padre, García Casas dice que, además de la información documental y testimonial de que dispone, se puede presumir la autoría de Quintana en el homicidio de Plata Moreno con las respuestas a las preguntas de a quién beneficia y a quién perjudica el crimen.
“El mayor beneficiario fue, sin duda, Quintana Fernández. De ser un ingeniero mediocre pasó a ser el gran constructor de Puebla y de ser uno más en la UPAEP se quedó con ella.”
Añade: “La razón de fondo de por qué mataron a Plata es porque se oponía a que El Yunque infiltrara el Partido Acción Nacional. Ramón tenía la idea de formar un partido paralelo y por eso la idea del DHIAC (Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana), que a la postre Quintana desapareció”.
Según García Casas, Quintana además instrumentó en El Yunque una purga de todos los allegados a Plata, como Mario Bracamontes, Ignacio Díaz, Javier Torres Leyva, Ricardo Villa Escalera y su padre. Estos tres últimos fueron expulsados también de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP).
García Suárez fue dejado solo por El Yunque cuando el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, ordenó hacerle auditorías a sus negocios. “Quintana dijo que era un problema personal suyo y tuvimos que irnos exiliados un año a Estados Unidos”.
A su regreso, se supo que había un plan del Yunque para asesinar a García Suárez: “Por órdenes de Quintana hubo un operativo, encabezado por El Caimán Antonio Ramírez Castellanos, para asesinarlo. Intervino el arzobispo Rosendo Huesca y Pacheco, y eso evitó que mi papá tuviera un accidente”.
En su búsqueda de información para esclarecer el homicidio de Plata Moreno, García Casas se entrevistó, en dos ocasiones, con allegados a los Tecos, en Guadalajara, cuya identidad no revela, quienes le aseguraron que nada habían tenido que ver en el asesinato de Plata.
“Pero no sólo eso. Me aseguraron que prácticamente a Juan Carlos Plata, el hijo de Ramón Plata, lo protegen ellos de cualquier acción en su contra, y también me aseguraron que, en el contexto histórico de 1976 y 1979, El Yunque a los Tecos no les interesaba en lo más mínimo.”
Tampoco al gobierno federal le importaba Plata Moreno, expone, porque el PRI tenía el control absoluto. “Hoy El Yunque controla muchas posiciones, incluso Felipe Calderón está de adorno, pero hay que recordar que en ese tiempo no tenía ni un regidor ni un diputado local”.
En contraste, describe, los Tecos eran ya una organización poderosa, con la universidad muy consolidada, y tenían la reputación de ser los empresarios más poderosos de Guadalajara.
“Entonces, analizando el contexto, ¿qué ganaban los Tecos matando a Plata? Absolutamente nada. Incluso ha servido esa muerte para desprestigiarlos. ¿Y a quién conviene desprestigiarlos? Al Yunque. ¿Qué ganaba Gutiérrez Barrios matando a Plata cuando tenía un control político real? Nada.”
Y pregunta: “¿Qué ganaba Quintana matando a Ramón Plata? Todo. Se hizo jefe poderosísimo del Yunque y hasta hoy sigue siendo el jefe. Dicen que no para encubrirlo, pero Quintana al día de hoy sigue siendo el jefe. No es el jefe general emérito, es el real. Él toma todas las decisiones. Ardavín, el jefe nacional, es su empleado, y de hecho fue su operador en el asesinato”.
Aunque no ignora que el testigo Lira García identifica al agresor como Luis Castellanos Orozco, García Casas dice que la descripción como un “hombre caucásico” corresponde también a Ardavín.
“Yo estoy plantando la hipótesis de que fue una pugna interna con base en la vasta información que he obtenido. Mi papá es compadre de Quintana, padrino de mi hermano Alejandro, y yo desde pequeño he estado involucrado en todo esto.”
–¿Militaste en El Yunque?
–No, cuando iba yo en la preparatoria, en el Instituto México, me quisieron afiliar Herberto Rodríguez Regordosa y Tomás Morales Garduño. Inclusive en casa de Herberto me quisieron hacer jurar enfrente de un crucifijo, pero no quise. Y conste que cuando me invitaron mi papá era todavía miembro del Yunque.
El caso, al Vaticano
Compañero “de banca” del hijo de Plata Moreno en el nivel preparatoria en el Instituto México, controlado por El Yunque, García Casas considera que el muchacho debe declarar ante la PGR, lo mismo que la viuda, María Eugenia Ibarra Baz, cuyo abogado, José Antonio Ortega Sánchez, obedece a Quintana.
“Debe hablar. Entiendo que están atemorizados por Quintana, pero Juan Carlos Plata debe decir las razones reales por las que se fue de Puebla a Guadalajara.”
Y por eso insiste: “Si los Tecos mataron a Plata Moreno, ¿qué hace su hijo viviendo en Guadalajara? Eso fue lo que me dijeron los Tecos el año pasado”.
Al respecto, evoca el asesinato de Jorge Kalfópulos y su hijo Cristo, en 1981, y refiere que tampoco cree que hayan sido los Tecos, aunque fue El Yunque la organización que violó el “pacto de territorialidad” en Jalisco.
“Había un pacto secreto mediante el cual El Yunque no entraba a Jalisco y los Tecos no entraban a Puebla. Eso lo violó Quintana después de la muerte de Plata Moreno.”
–Pero Kalfópulos llegó a Jalisco en 1978, cuando Plata todavía vivía.
–Sí, pero Plata ya no vivía en México, estaba exiliado en Estados Unidos y ya no tomaba las decisiones. Hay que recordar que Plata Moreno se fue porque atentaron a balazos contra él, en 1975.
Insiste en que el regreso de Plata Moreno a México, en 1979, le era indiferente a los Tecos: “No les importaba en lo más mínimo, pero Plata le empezaba a estorbar mucho a Quintana, porque regresó a rehacerse del poder y éste ya no quería soltarlo después de haber estado años manejando todo”.
Así, además de rendir testimonio en la PGR, García Casas planea, también, viajar a Roma en junio para, en nombre del Consejo Patronal de Hombres de Negocios, solicitarle al Vaticano la excomunión de Quintana, por los abusos que ha cometido, y que tome postura ante la organización secreta del Yunque.
“El Vaticano tiene que definir si es una organización católica o no, porque están adoctrinando gente en las escuelas católicas y hacen jurar ante un crucifijo fidelidad absoluta. Critican a la masonería, pero El Yunque es una masonería o peor, porque ha participado en asesinatos.”
“Plata era igual de radical que los Tecos. No estoy de acuerdo en que se le quiera santificar, porque no fue un mártir, sino un radical de extrema derecha que murió en una purga interna. Si se le santifica, entonces hay que santificar a Augusto Pinochet y a Francisco Franco. No porque lo hayan matado es una blanca palomita. También hay que aclarar que Plata era igual de mafioso que ellos. Fue el fundador del cártel del Yunque.”
Y concluye: “Tampoco voy a santificar a los Tecos, porque también es una organización de la que el Vaticano tiene que revisar sus métodos, pero en el caso concreto del asesinato de Plata Moreno puedo asegurar que ellos nada tuvieron que ver”.
Conspiración antilaboral
Arturo Rodríguez García y Rosalía Vergara
Enemigo del sindicalismo, el régimen panista de Felipe Calderón, con Javier Lozano como ariete, está rompiendo récords en la violación de derechos laborales y sindicales. Y ahora que impulsa la aprobación de su “reforma laboral”, enfrenta varias quejas y denuncias ante organismos internacionales. Entre tanto, en vísperas del Primero de Mayo, agrupaciones defensoras de los trabajadores acusan al gobierno calderonista de ejercer una “violencia laboral de Estado”.
Mientras que el gobierno de Felipe Calderón deberá responder ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instancias por graves violaciones a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores, uno de los organismos quejosos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), definió en México la actitud de Calderón y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, como una“violencia laboral de Estado”.
Esa visión la comparte la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Minera (FITIM), que en febrero de 2009 interpuso ante la OIT una queja contra la política laboral de México, principalmente por privilegiar y avalar los contratos de protección en beneficio de los empresarios, y por la existencia de sindicatos blancos.
En el mismo sentido, el 8 de abril de 2010, el propio Cereal, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex (Untypp) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entre otros gremios, acudieron al Tribunal Internacional de Libertad Sindical para dejar constancia sobre la violación de los derechos laborales en México, que ha ido en aumento durante los regímenes panistas.
Si bien durante los gobiernos priistas se privilegió al corporativismo sindical como una forma de controlar al movimiento obrero, durante los últimos 12 años –de los cuales casi una década corresponde al panismo en el poder– se ha intentado reformar la Ley Federal del Trabajo en 332 ocasiones, según Lozano Alarcón.
Y aunque la más reciente iniciativa todavía no se aprueba en la Cámara de Diputados, buena parte de la misma se ha venido aplicando en los hechos, pues han aumentado la subcontratación y la terciarización de contrataciones mediante el outsourcing, además de que 90% de los contratos colectivos que se firman en el país son “de protección”, es decir, benefician a las empresas y perjudican a los trabajadores.
En septiembre próximo, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, los 72 diputados priistas miembros del sector obrero presentarán su propia iniciativa de reforma laboral porque la de los panistas “no sirve”, dijo el pasado martes 20 de abril el cuatro veces diputado federal y secretario de Finanzas de la CTM, Armando Neyra Chávez.
Por eso, ese mismo día el secretario general adjunto del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), el diputado federal del PRD Francisco Hernández Juárez, presentó al pleno la iniciativa que elaboró desde 2002 con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Esta propuesta es diametralmente distinta a la panista, ya que prevé suprimir el apartado B del artículo 123 constitucional para otorgar el derecho a huelga a los trabajadores al servicio del Estado; desaparece la Comisión de Salarios Mínimos y elimina la facultad de la STPS de entregar la toma de nota a los sindicatos.
Panismo contra sindicalismo
En su XIII Informe sobre Violaciones a los Derechos Laborales en 2009, titulado Violencia laboral de Estado, el Cereal señala que el año pasado se caracterizó por la injerencia y parcialidad de la autoridad laboral en cuestiones intrasindicales, contraviniendo el Convenio 86 de la OIT.
Esta actitud tuvo uno de sus momentos más lesivos y dramáticos con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) le negó la toma de nota al secretario general, Martín Esparza.
Por eso el Cereal y la Coordinación de Derechos Humanos y Empresas de Amnistía Internacional –a cargo de Dolores Soto– coincidieron en que durante los gobiernos panistas se ha incrementado la violencia laboral de Estado porque se está viviendo un retroceso en materia de derechos humanos laborales, de acuerdo con los pronunciamientos que hicieron en una conferencia de prensa realizada el pasado miércoles 21, cuando presentaron el informe.
“En definitiva, vivimos un retroceso en materia de derechos humanos laborales y, por ende, en el nivel de vida de los trabajadores del país”, señaló Soto.
En el encuentro con la prensa, Carlos Rodríguez, del Cereal, y el abogado laboralista Manuel Fuentes advirtieron que el proyecto de reforma presentado por Lozano pretende cancelar las conquistas logradas por los trabajadores desde la Revolución Mexicana.
Ese mismo día, en Washington, Lozano pedía que la Cámara de Diputados mexicana aprobara su iniciativa para que el país avance en los índices de competitividad del Foro Económico Mundial. Allí, durante su intervención en la Reunión de Ministros del Trabajo y Empleo de países miembros del G-20, Lozano afirmó que 2009 fue el año con el menor número de huelgas en la historia moderna de México, pues sólo estallaron 19.
Sin embargo, de acuerdo con el informe del Cereal, para el mes de agosto de ese mismo año se habían registrado 8 mil emplazamientos a huelga, una cifra no vista desde hacía 20 años. Y la principal exigencia era la firma de contratos colectivos de trabajo.
El funcionario panista expresó ante sus homólogos extranjeros que se crearon 300 mil empleos formales en México, beneficiando a 2 millones de personas, y comparativamente recordó que en 1995 el empleo formal cayó 8.2%.
Pero en su documento el Cereal subraya que las cifras de 2009 son “el peor balance desde
Más aún, continúa, el año pasado el IMSS canceló 181 mil 271 plazas formales, y 10 mil 966 empresas –el 70% de las cuales pertenecían al sector industrial– se dieron de baja en el propio IMSS.
“La promesa anual de Calderón fue la generación de 800 mil empleos. En tres años de gobierno ni siquiera ha creado un millón de plazas. Al contrario, se han perdido más de 3 millones 500 mil empleos”, indica el reporte de 111 páginas.
Cifras “alegres”
Un análisis de los informes presidenciales de Felipe Calderón resume que, de enero de
De enero a julio del 2009, la JFCA recibió 53 mil 646 demandas laborales individuales que, sumadas a las 164 mil 74 recibidas de enero de
Además, entre los conflictos laborales más notables del panismo está el de Pasta de Conchos, el cual, aunque fue heredado por el gobierno foxista, no se ha traducido en este sexenio en el rescate de 65 mineros sepultados, ni en la imposición de sanciones a la empresa Industrial Minera México.
Otro de los conflictos heredados por el foxismo fue el del SNTMMSRM, a raíz de que la Secretaría del Trabajo le negó la toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia como líder que había sido reelegido. Lozano Alarcón justificó la negativa con el argumento de que Gómez Urrutia era “prófugo de la justicia”.
Asimismo, apenas iniciado este sexenio, en marzo de 2007, la Compañía Mexicana de Aviación promovió ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) la modificación del contrato colectivo de trabajo de las integrantes de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA). En agosto del año siguiente, la empresa obtuvo lo que pedía, ahorrándose 25 millones de dólares en prestaciones. ASSA buscó revertir ese fallo, por la vía del amparo, pero de manera infructuosa.
El hecho es que, en todas partes, la STPS legitima abusos mientras la impunidad empresarial se extiende, como en Monterrey, donde una empresa hace firmar renuncias a los trabajadores aunque los mantiene trabajando, pagándoles como sueldo la liquidación que les corresponde.
El investigador del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, Carlos Rodríguez Rivera, manifiesta lo anterior y recuerda que, en abril de 2006, un paro laboral en Lázaro Cárdenas terminó en el desalojo violento de los trabajadores, con la participación de policías federales, e inclusive de la Armada, con un saldo de dos asalariados muertos.
Igualmente, prosigue, “en Sonora no se ven muestras de legalidad, porque hay declaraciones de inexistencia, movilizaciones y la amenaza del Ejército” contra los trabajadores.
Menciona también el caso del Movimiento Obrerista Petrolero de Evolución Democrática, de la Sección 50 del sindicato petrolero, ubicada en Paraíso, Tabasco, y el Movimiento Obrerista Democrático de Acción Petrolera, de la Sección 29, de Comalcalco, en cuyas elecciones seccionales de octubre pasado el Comité de Observadores Independientes documentó numerosas irregularidades, como la negación de registro a planillas opositoras, y una actuación parcial de autoridades a favor de las planillas oficiales.
De acuerdo con Manuel Padrón, coordinador del Cereal e integrante del COI, el día del registro los opositores al grupo oficial fueron encerrados en el recinto gremial hasta que se cerró el registro.
Otro caso es el de la empresa Industria Vidriera del Potosí (IVP), una de las fábricas de botellas de Grupo Modelo, donde los trabajadores consiguieron en 2007 la toma de nota para conseguir un sindicato independiente encabezado por Valentín Marín Quistián.
El problema inició cuando abandonaron la CTM y lograron un incremento salarial de 19%. La Coparmex calificó entonces al sindicato de “radical”, y el gobernador panista Marcelo de los Santos descalificó al gremio en estos términos: “Con su aumento, pusieron en riesgo todas las revisiones salariales de la zona industrial”.
Luego, aunque cuenta con la mayoría de los trabajadores a su favor, el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Industria Vidriera del Potosí (SUTEIVP) fue notificado de que la CTM y la CROC le disputaban la titularidad.
Según Ben Davis, quien documentó el caso para AFL-CIO en México, la empresa amenazó con despedir a quienes no se afiliaran al sindicato de la CROC, pero los trabajadores se mantuvieron y pidieron una reunión pública con Javier Lozano. Aunque éste se comprometió allí a respetar la voluntad de los miembros del SUTEIVP, más tarde avaló –de acuerdo con Ben Davis– una andanada represiva que concluyó el 9 de mayo de 2009 con la incursión de policías federales, estatales y municipales en las instalaciones.
Mientras tanto, en el exterior de la planta, los obreros inconformes eran sometidos y encañonados por los cuerpos policiacos. Finalmente, los integrantes del SUTEIVP fueron derrotados, desalojados y su sindicato independiente suplantado por el de la CROC.
En Monterrey, el Cereal documentó el caso de un contrato avalado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde los trabajadores cedieron sus derechos a cambio de una “gratificación” semanal si cumplen con su trabajo.
En 2009, Industria Automotriz, S.A. de C.V., que previamente había anunciado que cerraría por quiebra y que no había capital suficiente para las liquidaciones, hizo firmar a los trabajadores un convenio donde se establece que nada se les debe y que están dispuestos a seguir laborando a cambio de una “gratificación” semanal.
Casos como éste reporta también la presidenta del Comité Fronterizo de Obreras, Julia Quiñones, quien afirma que Platunnum Equity, de Piedras Negras, luego de ofrecer un aumento salarial raquítico, anunció paro técnico para dejar a los trabajadores sin posibilidades de negociar, mientras que en Ciudad Acuña otra firma, Nissien de México, también se declaró en paro técnico y sólo llamará a sus trabajadores cuando a su criterio lo decida con el aval de la JLCA.
Tras apuntar que otras empresas, como Rassini o Hendrikson, pagan a sus extrabajadores liquidaciones en abonos, Julia Quiñones concluye: “No hay justicia para los trabajadores. Las empresas tienen el apoyo del gobierno, local, estatal y nacional sean del partido que sea. Las juntas no son imparciales. La STPS es un parapeto, un títere de las empresas”.
Por su parte, Carlos Rodríguez Rivera dice: “Lo que estamos viendo es la justicia laboral deslegitimada, supeditada a los negocios privados; es la reforma laboral de facto al estilo Lozano Alarcón”.
Las quejas
La queja presentada ante la OIT por la FITIM –organización que representa a 25 millones de trabajadores de 200 sindicatos en 100 países– subraya la existencia de los contratos de protección, así como las violaciones al derecho de sindicación y libertad sindical.
En sus 47 fojas, resalta que la política laboral mexicana permite a los patrones elegir al sindicato de su preferencia, anulando derechos como el de huelga, porque es una de las condiciones que negocian los abogados patronales con los sindicatos de la CTM, el CT o la CROC.
“La legislación doméstica laboral incluye normas protectoras a los trabajadores que están fuera de su alcance debido a la red de complicidad establecida entre la justicia laboral, patrón y sindicatos, componentes clave del modelo de ‘contratismo de protección patronal’”, dice la queja, conocida como el caso 2694 de la OIT.
“Como se señala en la queja, las leyes laborales en México y la forma que son aplicadas por el gobierno y los empleadores dan frecuentemente como resultado convenios colectivos concertados entre un ‘sindicato’ y un empleador sin referencia alguna a los trabajadores que abarca. Estos acuerdos son conocidos como contratos de protección, y los abogados estiman que la inmensa mayoría de los convenios en México son contratos de protección”, refiere Benjamín Davis, representante de la FITIM, en un comunicado fechado el 1 de abril pasado.
En entrevista con este semanario, Davis acepta que, “peor aún, los trabajadores que tratan de establecer un sindicato independiente y negociar un contrato colectivo, son objeto de represalias, intimidación, amenazas, violencia, despidos e inclusiones en listas negras”.
Pese a todo, el 23 de marzo de 2010, la Secretaría del Trabajo respondió a la OIT que “la FITIM no tiene competencia para presentar una queja”, que “los contratos de protección no existen en México” y que “no se han violado los derechos laborales de ningún trabajador porque la ley mexicana lo prohíbe”. Es una respuesta de 32 páginas que incluye cartas de respaldo de la CTM, la CROC, la Coparmex y la Concamin.
Sin embargo, unos días después, el 12 de abril de 2010, la Confederación Sindical Internacional se agregó como denunciante ante la OIT, haciendo suya la queja de la FITIM.
Por su parte, la Untypp y el Cereal habían presentado el 8 de abril, ante el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, una queja contra el gobierno de Felipe Calderón por la violación sistemática de los derechos laborales, y su contenido se someterá a la deliberación del Jurado del Comité Organizador de dicho tribunal. El fallo que emita ese jurado será leído el 1 de mayo en el marco de las manifestaciones por el Día del Trabajo que se realizarán en el Zócalo del Distrito Federal. l
La supresión del fuero militar, demanda “irreductible”
Jenaro Villamil
Empeñado en que se apruebe el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional que propuso ante el Senado, el presidente Felipe Calderón mueve sus piezas. Si bien las Fuerzas Armadas le exigen garantías jurídicas para librar la guerra en que las involucró desde el inicio de su gestión, los legisladores presionan para que los delitos cometidos por las tropas sean juzgados por tribunales civiles. El propósito, dicen, es que se acabe de una vez por todas con la impunidad auspiciada por el fuero militar
Al mediodía del jueves 22, enfundado en un traje verde claro, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se presentó en las instalaciones del Senado de la República para destrabar las negociaciones del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, entrampada hasta ese momento por los temas del fuero militar, la participación del Senado en las declaratorias de afectación a la seguridad nacional y los retenes militares.
Gómez Mont se dirigió a los 22 senadores del PRD que se reunieron con él:
“Vengo a nombre de las Fuerzas Armadas a dialogar con la izquierda mexicana. Las Fuerzas Armadas piden que les den cuatro meses para modificar el Código de Justicia Militar.”
“Vamos a ir mucho más allá de lo que la Corte Interamericana ha planteado”, ofreció a los perredistas, así como al coordinador de la bancada priista, Manlio Fabio Beltrones, quien insiste en que los tribunales civiles deben incorporarse en los juicios contra militares.
El funcionario adelantó que la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar eliminaría del fuero militar los delitos sexuales, la tortura y la desaparición forzada.
Así, el secretario de Gobernación presionó de última hora para excluir del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional la propuesta de que los integrantes de las Fuerzas Armadas que durante los operativos contra el narcotráfico cometan delitos contra ciudadanos sean juzgados por tribunales civiles.
Escépticos, los senadores René Arce, Pablo Gómez y Tomás Torres le recordaron que la demanda del PRD de eliminar el fuero militar era “irreductible” para que su partido votara a favor del dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, presentado por Felipe Calderón desde abril del año pasado.
Asesores de las comisiones dictaminadoras comentan a Proceso que el alto mando castrense pretende adelantarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde noviembre de 2009, en su sentencia sobre el caso de Rosendo Radilla, líder social de Guerrero desaparecido durante la guerra sucia de los años setenta, la Corte le pidió al gobierno mexicano que modificara el artículo 57 del Código de Justicia Militar.
La Corte está en la fase final del juicio promovido por indígenas de Guerrero que acusaron a soldados de violarlas; también resolverá los casos de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes denunciaron que fueron torturados por militares.
Indignación
El presidente del Centro Miguel Ángel Pro de Derechos Humanos, Luis Arriaga, comenta a este semanario que éstos y otros casos revelan que la militarización de la lucha contra el narcotráfico “ha minado el control civil sobre las Fuerzas Armadas” y ha generado un crecimiento explosivo de las denuncias de violaciones a derechos humanos perpetradas por el Ejército.
De acuerdo con un seguimiento hemerográfico del Centro Pro, entre 2007 y el primer semestre de 2009 la cifra de abusos cometidos por efectivos militares contra civiles creció 472%. De 54 abusos reportados en 2007 se pasó a 119 en 2008, y hasta julio de 2009 se tenían registrados 115.
Los casos que más denuncias han generado se relacionan con homicidio, irrupción ilegal en la vivienda, agresión física, tortura y robo. El número de víctimas también ha crecido: de 11 fallecidos en 2007 se incrementó a 22 civiles muertos en 2008 y ocho homicidios presuntamente cometidos por militares hasta el primer semestre de 2009.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2009, las quejas en contra de la Secretaría de Defensa Nacional se incrementaron 300%, y que las recomendaciones emitidas por el organismo crecieron 400%.
El mismo día que Gómez Mont acudió al Senado para negociar que se excluyera el tema del fuero militar se presentó el rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Rafael Rangel Sostmann, para proponerles a los legisladores que los delitos cometidos por militares sean juzgados en tribunales civiles.
Durante su encuentro con Carlos Navarrete, presidente del Senado y coordinador del PRD, Rangel Sostmann aprovechó para demandar que se esclarezca el asesinato de los estudiantes de posgrado del ITESM Jorge Mercado y Francisco Arredondo.
Dos días antes, el martes 20, acudieron al Senado integrantes del Comité del 68 para reclamar que se suspenda el proceso de dictaminación de las leyes de seguridad nacional y de secuestro, entre otras, hasta que se escuche la opinión de la sociedad civil.
Encabezados por Raúl Álvarez Garín, Jesús Martín del Campo y Carlota Botey, manifestaron que la iniciativa de Calderón sobre seguridad nacional “legaliza procesos y procedimientos que, además de ser violatorios de las garantías, busca eximir de responsabilidad a quienes los promueven”.
Las presiones más fuertes sobre el Senado provienen del Ejecutivo federal, así como de las Fuerzas Armadas. El jueves 22, Calderón se reunió con integrantes de la bancada panista y los emplazó para que sacaran adelante el dictamen. Por su parte, el titular de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y el secretario de Marina, Francisco Saynez, sostuvieron dos reuniones previas –miércoles 7 y lunes 12– con los coordinadores de las fracciones parlamentarias del Congreso para demandarles “certeza jurídica” en las acciones de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico.
Durante la última reunión, realizada a puerta cerrada el martes 7, Galván calificó como “daños colaterales” los homicidios cometidos contra civiles por parte del Ejército.
Esta declaración produjo desacuerdos dentro de la cúpula militar. El almirante Saynez admitió el miércoles 21 que las Fuerzas Armadas deben reconocer sus errores. Sin embargo, insistió en que no era tiempo de “lamentos ni de aflicciones”, sino de “cooperar y aportar a favor de los intereses nacionales”.
Avances
Hasta el martes
Las diferencias más importantes se concentraban en los siguientes temas: fuero militar, retenes, participación del Senado en la declaración de existencia de una afectación a la seguridad interna y participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la vigilancia de los operativos.
El miércoles 21, las comisiones unidas de Seguridad Pública, Gobernación y de Estudios Legislativos eliminaron más de 10 “corchetes”, hasta que el senador Jesús Murillo Karam, presidente de la Comisión de Gobernación, presentó un proyecto alterno de dictamen que eliminaba la facultad del Senado para avalar el envío temporal del Ejército a las calles y confería una mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo en este rubro.
El senador perredista Tomás Torres recriminó a Murillo Karam que su propuesta era similar al decreto presidencial del 9 de mayo de 2007, mediante el cual se crea la figura de las Fuerzas Federales de Apoyo.
La discusión sobre el fuero militar quedó en el limbo. En torno a este punto circuló una propuesta, elaborada en la Comisión de Gobernación con el aval de los asesores de Gómez Mont, que planteó la posibilidad de eliminar ese fuero, aunque lo hizo de una manera indirecta y ambigua:
“En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada Permanente a que se refiere este título –decía la propuesta–, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delito, serán juzgadas en los términos de la legislación vigente y las resoluciones emitidas por los órganos internacionales que sean vinculatorias para el Estado mexicano.”
En sintonía con este planteamiento, avalado por el PRI, el coordinador de la bancada del PAN, Gustavo Madero, prometió que en menos de 24 horas el Ejecutivo federal presentaría una propuesta de modificación al Código de Justicia Militar.
La reserva en torno al fuero militar quedó así en suspenso. Sin embargo, la urgencia por aprobar el dictamen y dar “certeza jurídica” a los militares permitió que la noche del jueves 22 los senadores del PRD, del PAN y del PRI incluyeran modificaciones sustanciales para impedir el uso de las Fuerzas Armadas en contra de movimientos sociales o sindicales, y para reglamentar los retenes.
Al mismo tiempo se aprobó una propuesta del panista Ramón Galindo para que los ayuntamientos puedan solicitar la declaratoria de la afectación a la seguridad interior por medio del Congreso local o del Ejecutivo estatal.
Control indirecto
Alrededor de las 22:00 horas, cuando se discutían las propuestas del artículo 72 de la iniciativa, el senador René Arce pidió que se incluyera el criterio del artículo 13 constitucional según el cual todo civil que se involucra en un delito o falta de orden militar deberá ser juzgado por la “autoridad civil” correspondiente.
El senador panista Felipe González les dijo a los senadores del PRI y del PRD que ya había un acuerdo con Gómez Mont para que la eliminación del fuero militar no se incluyera en el dictamen de la Ley de Seguridad Nacional.
“De ninguna manera el Ejército ha violado la ley cuando nos está ayudando a que se restablezca el estado de derecho”, afirmó el exgobernador de Aguascalientes.
La posición de González provocó el enojo de Murillo Karam, quien presidía la sesión. “A mí me preocupa que se utilice como argumento que Gómez Mont va a mandar en septiembre la reforma al Código de Justicia Miliar para que discutamos la ley. No me gustaría condicionar una cosa con la otra”, indicó.
Pablo Gómez, del PRD, insistió en la propuesta de Arce. “Tenemos que resolver este problema: ¿qué va a pasar cuando los militares estén en funciones civiles? No queremos que sean delitos del orden común, sino que sean considerados delitos militares juzgados por tribunales civiles”.
Para destrabar la negociación, el senador panista Santiago Creel apoyó la propuesta de Arce, y también pidió incluir en el artículo 72 que se respete el artículo 133 de la Constitución, el cual estipula que los tratados internacionales firmados por México forman parte de la ley suprema.
“Tal parece que queremos meter al Ejército en una camisa de fuerza”, reclamó molesto Felipe González, correligionario de Creel.
Sin embargo, por mayoría se aprobó una nueva redacción del artículo 72 de la Ley de Seguridad Pública, que establece un control indirecto sobre el fuero militar. El texto del dictamen, cuya copia obtuvo Proceso, establece lo siguiente:
“Las fuerzas federales se coordinarán con las autoridades civiles locales y estarán subordinadas al orden jurídico establecido en la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales de los cuales sean parte los Estados Unidos Mexicanos.
“En las tareas de auxilio de la Fuerza Armada Permanente a que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y pudieren ser constitutivas de delitos que afectan a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes con estricta observancia en los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
Chivos expiatorios
Para el especialista en temas de seguridad nacional y exdiputado federal del PRD José Alfonso Suárez del Real, el problema no radica sólo en controlar al Ejército en sus funciones de policía frente al narcotráfico, sino “también al gobierno y a las policías”.
“No debemos centrarnos en que sólo el Ejército per se viola los derechos humanos y comete delitos. También lo hace la policía. Siento un desbalance en esta discusión. La Ley de Seguridad Nacional está pensada para beneficiar a Calderón y a Genaro García Luna”, afirma.
–¿Y no es importante discutir el tema del fuero militar? –se le pregunta.
–El debate sobre este tema diluye el asunto fundamental. Hay que conscientizar a las fuerzas militares de que sus miembros no deben ser los chivos expiatorios de los errores cometidos por Calderón o por García Luna en la lucha contra el narcotráfico.
“Existe un intento de privilegiar a la Secretaría de Seguridad Pública y de corroborar que Calderón prefiere a García Luna. Es al funcionario que más protege. Calderón no tiene una línea militarista, sino una línea policiaca. Tiene una personal animadversión contra el Ejército, por sus orígenes cristeros”, plantea Suárez del Real.
Por su parte, Luis Arriaga, del Centro Pro, insiste en que a las organizaciones de derechos humanos no se les consultó para la elaboración de una Ley de Seguridad Nacional.
“Los canales de interlocución están cerrados. Ni en Gobernación ni en el Senado nos incorporaron a la discusión. Nos preocupa esta concepción de la seguridad nacional desde una perspectiva bélica”, advierte.
Acorde con esta posición, Suárez del Real subraya que en esta discusión “se está perdiendo una oportunidad maravillosa: la seguridad nacional no sólo se ve afectada por el crimen organizado, sino también por la guerra del hambre, las guerras del agua o las guerras ecológicas que se perfilan”.
Y sentencia: “Calderón busca cómo zafarse de su responsabilidad de Estado por haber lanzado a una institución, como el Ejército, a una guerra lamentable”.
Se protege al Ejército, no al ciudadano
jesús cantú
A pesar de que tanto el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvieron que el Estado mexicano debe crear y aplicar mecanismos de defensa a favor de los gobernados para prevenir y remediar los abusos de autoridad y la violación de los derechos humanos de la población, la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que envió el Ejecutivo al Senado el 21 de abril de 2009 ignora el tema y, en cambio, pretende blindar la actuación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para defender la seguridad interior.
El 5 de marzo de 1996, el pleno de la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 167 diputados federales en contra de diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Luego, el 27 de marzo de 2000, acordó publicar como tesis jurisprudenciales seis resoluciones de dicha sentencia.
Dos de esas tesis respaldaron que “es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública”.
Las otras cuatro se enfocaron en precisar que su participación debe acatar estrictamente la Constitución y las leyes y, por lo mismo, respetar escrupulosamente las garantías individuales.
Las tesis enfatizan que las tres instancias de gobierno deben encontrar “una fórmula equilibrada que suponga necesariamente la existencia y eficacia de mecanismos de defensa en favor de los gobernados, para así prevenir y remediar todo tipo de abuso por parte de las autoridades en el ejercicio de sus facultades, o en la extralimitación en éste, en particular, cuando ello sucede en el delicado campo de la seguridad pública interior”. Así, la tesis P/J 34/2000 conduce a revisar si la normatividad vigente contempla dichos mecanismos y, en caso contrario, conlleva la obligación de crearlos.
No en balde la Corte Interamericana le recordó a México que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares “tienen derecho a que tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, de conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia”, de acuerdo con la resolución emitida el pasado 23 de noviembre de 2009 por la presunta desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a manos de efectivos del Ejército el 25 de agosto de 1974 en el estado de Guerrero.
El organismo interamericano asegura que “la importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen ordinario” y, en consecuencia, dispuso que el Estado mexicano “deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
De las tesis de jurisprudencia de la SCJN y de la resolución de la CIDH queda claro que no se requiere de ninguna reforma legal para permitir la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior a solicitud expresa de las autoridades civiles, sin necesidad de declarar un estado de excepción y suspender las garantías individuales. Y aunque es conveniente regular el procedimiento para dicha solicitud a nivel legislativo, no es indispensable.
El proyecto del Ejecutivo parece obedecer más a la reiterada demanda de las Fuerzas Armadas de blindar su intervención y un intento por ampliar los motivos para ello: al incluir en el artículo 68 que “la sublevación o el trastorno interior en una entidad federativa” afectan la seguridad interior, se abre la puerta para solicitar el auxilio de las Fuerzas Armadas para impedir casi cualquier protesta masiva de ciudadanos pues, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, sublevar es “excitar indignación, promover sentimiento de protesta”. Todo cabe en ese supuesto.
En cambio, la única disposición específica para proteger los derechos humanos es que la Secretaría Ejecutiva de la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá informar de la declaratoria a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a los correspondientes organismos estatales, para que éstos “ejerzan sus facultades y atribuciones en materia de promoción y protección de los derechos humanos”.
Si bien la reforma constitucional votada el jueves 8 en el Senado contempla que los organismos nacional y estatales de derechos humanos podrán incrementar sus atribuciones y facultades de investigación, a final de cuentas todo quedaría en una sanción política, pues lo único que puede hacer es formular “recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas”. Esta reforma aún debe aprobarse en la Cámara de Diputados y en el Constituyente permanente.
Pero resulta que la autoridad competente para conocer los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas son los tribunales militares, lo que va en contra del debido proceso, así como de la independencia e imparcialidad del juez. Así, aunque las evidencias de violaciones graves a los derechos humanos de civiles inocentes por parte de las Fuerzas Armadas se incrementan día a día, el presidente está más preocupado por blindar la actuación del Ejército y ampliar los supuestos para requerir su apoyo (incluso para sofocar protestas de la población civil) que por proteger a la población civil de los abusos, atropellos y graves violaciones a los derechos humanos que padecen como consecuencia de la “guerra contra el crimen organizado”. l
Acapulco y Cuernavaca: la sociedad, rehén
Ezequiel Flores Contreras
Los efectos de la narcoviolencia en Guerrero y Morelos mantienen en vilo a la ciudadanía, que demanda de sus autoridades medidas de seguridad eficaces para contener a los capos que se disputan la hegemonía del cártel de los Beltrán Leyva y evitar que las muertes de inocentes se multipliquen. De paso, organismos sociales advierten que el reacomodo violento en el interior de ese grupo de narcotraficantes provoca inestabilidad, lo que puede golpear aún más al turismo en Acapulco y Cuernavaca, ciudades donde la sociedad es rehén de los sicarios.
CUERNAVACA, MOR. /ACAPULCO, GRO.- Además de lo que los funcionarios públicos llaman su “vocación turística”, Guerrero y Morelos comparten el vacío de autoridad que se refleja en Acapulco y Cuernavaca, ciudades donde los sicarios al servicio de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Héctor Beltrán Leyva, El H, libran una batalla por controlar la zona y mantienen a la población en virtual toque de queda, además de sembrar la muerte y el miedo.
La saña con la que ambos capos se disputan las plazas ha provocado psicosis entre la ciudadanía, la cual se manifiesta, por ejemplo, en cierre de establecimientos comerciales y sensación de ingobernabilidad. Debido a ello, diversos sectores sociales comienzan a organizarse, pues temen que la inestabilidad, cada vez más envolvente, termine por liquidar el turismo, la principal actividad económica en la región.
El clima de violencia se exacerbó en los últimos meses con la muerte de Marcos Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes, a raíz de un enfrentamiento con marinos el 16 de diciembre del año pasado en Cuernavaca.
Ese hecho trastocó la estructura de los Beltrán Leyva en sus principales plazas –Guerrero y Morelos–, donde se afincaron y mantuvieron hegemonía durante dos décadas. Desde entonces, la pugna entre El H y La Barbie se ha ido enconando.
Tras la muerte del Jefe de Jefes comenzó el reacomodo. La Barbie regresó a Acapulco por su coto de poder, perdido en 2008, cuando pleitos al interior de la organización lo llevaron al destierro. El 20 de diciembre, El Güero Huetamo, lugarteniente de La Barbie, convocó en Acapulco a vendedores de droga y a varios pistoleros para informarles que desde ese momento la plaza estaba a cargo de Édgar Valdez, y les dio instrucciones para impedir la entrada de Héctor Beltrán, El H (Proceso 1732).
Ese episodio marcó el comienzo de una serie de ejecuciones en Guerrero y Morelos que desde entonces suman más de 300 en ambas entidades.
En lo que va del año, en Morelos se han registrado más de 50 asesinatos vinculados al narcotráfico, según el recuento de los medios locales. José Martínez Cruz, integrante de la asociación civil denominada Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, advierte que la mayoría de las víctimas son adultos jóvenes y menores de edad.
Considera que el gobierno federal debe modificar su estrategia anticrimen, así como acatar los protocolos internacionales en materia de delincuencia organizada, pero sobre todo dejar de apoyarse exclusivamente en las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado y evitar que la ciudadanía sea la que pague las consecuencias.
La importancia de “El Indio”
Fuentes policiacas de Morelos consultadas por este corresponsal aseguran que los oficios de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, considerado un hábil negociador y conciliador entre capos, han sido infructuosos para apaciguar a La Barbie y El H. Incluso comentan que la situación puede ser aún más crítica, sobre todo con la detención, el miércoles 21 en el Estado de México, de Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, lugarteniente de La Barbie.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) anunciaron, con espectacularidad mediática, la detención de El Indio como el operador financiero y encargado de blanquear activos para la estructura de los Beltrán Leyva, actividad que realizaba cuando aún vivía El Jefe de Jefes; también controlaba el tráfico de drogas en los municipios de Huixquilucan y Naucalpan, en el Estado de México, y en las regiones de Acapulco y Costa Grande, en Guerrero.
Su arresto ocurrió dos horas después de la ejecución de dos hombres en Cuernavaca. Los cuerpos aparecieron con un mensaje de La Barbie en el que advertía que 25 operadores de su rival, El H, que habían ingresado a Acapulco se encontraban cautivos y serían asesinados en los siguientes cuatro días.
La amenaza de La Barbie se conoció la víspera de que el presidente Felipe Calderón asistiera a la 73 Convención Bancaria en la zona Diamante de Acapulco. El mandatario acudió en medio de un despliegue policiaco-militar sin precedente, que contrastó con la falta de vigilancia y seguridad en las calles del puerto, donde las balaceras a plena luz del día ya son frecuentes, incluso en la principal avenida turística: la costera Miguel Alemán.
El mismo miércoles 21 fue asesinado, cerca de la colonia Mozimba el cabo de Infantería Carlos Diego Oliva, quien viajaba en un auto compacto junto con otros militares que se encontraban francos. El ataque se realizó en Pie de la Cuesta: un comando que se desplazaba en varias camionetas rafagueó el auto en el que iban los militares, según los reportes de la policía de Acapulco.
En las últimas semanas, la violencia se ha recrudecido en las capitales de Guerrero y Morelos. La situación podría agudizarse con la detención de El Indio, quien, según la Sedena y la SIEDO, “podría involucrar a autoridades y mandos policiacos de Guerrero y Morelos”, comentan a este corresponsal algunos agentes de Acapulco que prefieren mantener su nombre en el anonimato.
Informes de la SIEDO destacan que El Indio llegó a Acapulco en 2008, en sustitución de La Barbie. Sus funciones se limitaban a lavar activos del cártel de los Beltrán Leyva en Guerrero y Morelos. Su poder corruptor abarcó autoridades estatales y municipales, señalan los documentos.
Gracias a la impunidad de que gozaba en Guerrero, El Indio se paseaba por Acapulco, donde incluso era asiduo cliente de las discotecas del puerto, entre ellas Palladium, la preferida de La Barbie, propiedad del cónsul honorario de Rusia en Acapulco, Tony Rullan, y Clásico del Mar, administrada por Raymundo Reséndiz, yerno del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
A pesar de que era considerado como el jefe de la plaza de Acapulco, no tenía un punto fijo para residir y pernoctaba en varias entidades, indican los reportes oficiales.
Después de la muerte de Arturo Beltrán, El Indio optó por aliarse con La Barbie, en la guerra que este personaje libra contra El H y sus sicarios comandados por Sergio Villarreal Barragán, El Grande. Durante semanas, su nombre dejó de mencionarse en Acapulco, hasta el miércoles 21, cuando las autoridades federales informaron sobre su detención.
Un reporte difundido en el periódico Reforma el viernes 23 destaca que El Indio tuvo una relación sentimental con la venezola Alicia Machado, exMiss Universo, con quien se informó que procreó una niña.
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/359/2008 se asegura que Machado y El Indio tuvieron una hija, que fue bautizada en 2008. En esa ocasión asistieron a la ceremonia religiosa los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, así como La Barbie y el capo colombiano Harold Mauricio Ojeda, El Conejo, según la versión difundida por Reforma.
La SIEDO considera que El Indio tenía contacto con organizaciones de narcotraficantes de Centro y Sudamérica para la compra y trasiego de droga; además, se encargaba de la instalación de laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas que se venden en Estados Unidos, país que ya pidió la extradición del detenido.
El “viernes negro”
Con la desaparición del Jefe de Jefes, Cuernavaca se convirtió en centro de las disputas por el liderazgo de la organización de los hermanos Beltrán Leyva, que reivindican La Barbie y Héctor Beltrán Leyva, hermano del capo sinaloense asesinado en diciembre pasado, a quien respalda un grupo de sicarios encabezados por Sergio Villarreal Barragán, El Grande.
El aroma a guayabos que caracteriza a esta colonial ciudad morelense ha sido desplazado por el vaho de la pólvora, y las calles y lugares públicos se han cubierto de cuerpos decapitados, desmembrados y colgados.
Las últimas semanas, los habitantes de esta ciudad han presenciado varios hechos insólitos. El martes 13, un mensaje que circuló a través de correos electrónicos y redes sociales advertía a la población que el viernes 16 se abstuviera de salir de sus casas porque en las calles se iba a librar una batalla entre bandas criminales. El texto lo firmaba la organización criminal denominada cártel del Pacífico Sur, que representa la alianza entre Los Zetas y el grupo que encabeza El H.
Ese “viernes negro” –como lo calificaba el escrito–, los negocios del centro de Cuernavaca cerraron y las calles aledañas lucieron desiertas. Y aunque ese fin de semana no sucedió ningún hecho violento, el costo económico para los empresarios fue elevado, mientras que la ciudadanía tuvo que recluirse ante la falta de seguridad.
El gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, reaccionó cinco días después. La mañana del miércoles 21 –el día de la detención de El Indio y de la ejecución de un cabo en Acapulco–, el mandatario convocó al sector empresarial a una reunión en el hotel Villa Bejar, para hablarles de las medidas de promoción turística para “revertir –les dijo– la mala imagen de Cuernavaca provocada por la narcoviolencia”.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Morelos, Roberto Abe Ahumada, sostiene que este clima de inestabilidad puede alejar a inversionistas, por lo que urge a las autoridades de los tres niveles de gobierno a organizar estrategias efectivas para inhibir los índices delincuenciales que se viven en Cuernavaca.
Otros dirigentes empresariales critican al gobernador Adame porque, dicen, sólo se limita a realizar campañas para limpiar la imagen de Morelos. “Lo que necesitamos es establecer acuerdos concretos desde la ciudadanía, para revertir los efectos de la inseguridad”, dice uno de los entrevistados, quienes argumentan preferir el anonimato.
Organizaciones sociales locales preparan ya una marcha para el domingo 2 de mayo para exigir al gobierno estatal les brinde seguridad debido a que las autoridades de Cuernavaca han sido omisas ante esta espiral de violencia que afecta la vida cotidiana de los morelenses.
Los efectos de la narcoviolencia se reflejan en el cierre de escuelas de español que ofrecen cursos a extranjeros que cada año llegan a Cuernavaca y dejan una importante derrama económica, comentan.
Y aun cuando han arribado contingentes de agentes federales y militares de la 24 Zona Militar para hacer retenes y recorridos en Cuernavaca, la disputa por la plaza cobra cada vez más víctimas.
¿Y las autoridades?
En Acapulco, donde varios civiles han muerto al quedar atrapados en el fuego cruzado durante balaceras entre bandas delincuenciales, las críticas a las autoridades por la falta de acciones son similares a las de los ciudadanos morelenses.
El miércoles 14, murieron cuatro personas: la señora Laura Delgado Turullols y sus hijos Mireya y Carlos Miranda Delgado de 8 y 12 años, respectivamente, así como un agente federal. El multihomicidio provocó consternación e indignación social. La noche de ese miércoles cientos de personas organizaron una marcha silenciosa sobre la costera Miguel Alemán para exigir paz y un alto a la violencia.
La movilización ciudadana sintetizó el drama que se vive en Guerrero desde hace cinco años, desde que los cárteles de la droga se disputan la plaza. En ese lapso se han registrado más de 3 mil homicidios dolosos, en su mayoría ligados a la delincuencia organizada. Consultado sobre este hecho, el comandante de la VIII Región Naval con sede en Acapulco, José Santiago Valdez Álvarez comenta: “Ese no es mi problema”.
Un mes antes, una mujer del Estado de México murió al quedar en medio de un enfrentamiento entre dos grupos armados. Entre el 13 y el 14 de marzo hubo varias balaceras en el puerto. En esa jornada fallecieron 30 personas: 11 sicarios, siete policías municipales un funcionario del ayuntamiento, cinco presuntos operadores de La Barbie –cuatro de ellos decapitados–, un descuartizado; cuatro presuntos narcomenudistas y la paseante mexiquense.
El secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Serafín Valdez, anunció que los policías municipales tienen la orden de no participar en balaceras. Sólo deben avisar a las autoridades federales, dijo el jefe policiaco.
Ante la OEA, otro caso de abuso militar contra civiles
Gloria Leticia Díaz
El gobierno de Felipe Calderón presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los supuestos avances en las indagatorias sobre la desaparición de tres jóvenes detenidos por el Ejército en Ciudad Juárez en diciembre pasado. Sin embargo, el organismo de la OEA consideró insuficiente ese trabajo y ordenó aplicar medidas cautelares para proteger a las víctimas, a sus familiares y a los defensores. Antes, el gobierno mexicano había ocultado que la PGR declinó su competencia ante el caso y lo remitió al fuero militar.
Con la “complicidad” de autoridades civiles, los militares implicados en la desaparición forzada de tres jóvenes de Chihuahua “permanecen protegidos”, mientras el gobierno mantiene una “actitud de simulación ante organismos internacionales”, denuncia Luz Esthela Castro Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem).
Castro Rodríguez exhibe a la administración de Felipe Calderón a través del intercambio de correspondencia entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la desaparición forzada de los jóvenes Nitza Paola Alvarado Espinosa, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, quienes fueron detenidos por elementos del Ejército el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura, ubicado al oeste de Villa Ahumada.
El caso fue denunciado de inmediato por los familiares de los jóvenes Alvarado en la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJCH) y la Procuraduría General de la República (PGR), así como en las comisiones de Derechos Humanos del estado y la nacional, instancias ante las que nombraron como sus representantes al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).
La investigación fue remitida al fuero militar pese a que los familiares de los jóvenes desaparecidos en Chihuahua y sus representantes exigieron que las autoridades civiles se hicieran cargo del caso, en apego a las normas internacionales y a la sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en 1974.
Inconformes, el 12 de enero de 2010 solicitaron la intervención de la CIDH. La respuesta del secretario técnico de la Comisión, Santiago Cantón, el 4 de marzo, fue otorgar medidas cautelares a los familiares y a los defensores.
En un escrito dirigido a Gustavo Albin Santos, representante de México ante la Organización de Estados Americanos, Cantón considera insatisfactoria la respuesta del gobierno mexicano enviada a la CIDH el 14 de enero, por lo que solicitó la protección del Estado mexicano para los desaparecidos, 11 de sus familiares y tres defensores.
En el documento con la clave MC-55-10, Cantón señala que la respuesta mexicana “no suministraba información sobre el paradero de las personas mencionadas”, y reprocha que, “a pesar de que algunos funcionarios indicaron a los familiares que los tres desaparecidos fueron detenidos por miembros del XXXV Batallón de Infantería, las autoridades no les habrían proporcionado información sobre su paradero”.
Luz Esthela Castro Rodríguez sostiene: “No hay duda de que fueron militares quienes se los llevaron, y a pesar de ello, las autoridades civiles ante las que se presentó la denuncia no han seguido esa línea de investigación, no han hecho ninguna diligencia para localizarlos, y peor aún, la PGR se declaró incompetente y envió el caso a la Procuraduría de Justicia Militar”.
Su certeza se basa en testimonios de militares adscritos al XXXV Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes y de funcionarios de la PGJCH en Buenaventura y Casas Grandes, en cuyas instalaciones localizaron la camioneta en la que viajaban Nitza Paola y José Ángel, la cual fue incautada por el Ejército.
Las organizaciones no gubernamentales reportaron a la CIDH que tres funcionarios de la PGJCH (Aarón Enríquez Duarte, Horacio Flores y otro de apellido Leyva) confirmaron verbalmente a familiares de las víctimas que los Alvarado fueron detenidos por militares en un operativo dirigido por Élfego Luján, comandante del referido batallón. También les dijeron que la camioneta GMC 2001 con placas ZTR 9367, en la que viajaban Nitza Paola y José Ángel al momento de ser arrestados, fue depositada por soldados en el corralón de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo Casas Grandes.
Por si fuera poco, Emilia González Tercero, integrante de la Cosyddhac, denuncia “actos de hostigamiento” de personal militar contra las familias de los desaparecidos, los cuales fueron expuestos ante la CIDH. Pese a ello, “no han cesado los rondines de vehículos con militares armados, en actitud intimidante, en torno a las viviendas de las familias y, peor aún, tratando de criminalizarlas”.
La expresión no es gratuita. La defensora se refiere a una reunión realizada el 9 de enero último en la V Zona Militar en Chihuahua, en la que participó el mayor Carlos Sergio Ruvalcaba, jefe del Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional, de la Dirección General de Justicia Militar:
“Un general de apellido Guillén –no nos dio su primer nombre– sacó un fólder con tres hojitas y dijo que ellos habían realizado investigación, de la que resultaba que las víctimas José Ángel y Nitza Paola tenían antecedentes penales por robo de vehículo y María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza, por robo a casa habitación. En ese momento nos levantamos de la mesa, pero antes María de Jesús le dijo al general Guillén que ella acababa de sacar un acta de no antecedentes penales de sus familiares, que no estaban involucrados en hechos delictivos.
“Los militares están haciendo exactamente lo mismo que las autoridades judiciales con las mujeres desaparecidas y muertas de Ciudad Juárez: están criminalizando a sus víctimas”, reprocha González Tercero.
Entre los actos de intimidación y hostigamiento reportados a la CIDH, una persona que se identificó como militar llamó a las oficinas del ayuntamiento de Ascensión para solicitar datos sobre Alejandro Alvarado Sáenz, uno de los primos de Nitza Paola, quien labora en la presidencia municipal.
Luz Esthela Castro Rodríguez aporta un dato para evidenciar “la falta de voluntad” de las autoridades para localizar a los muchachos Alvarado: el 3 de febrero, Nitza Paola se logró comunicar con una amiga pidiendo auxilio. Aun así, “hasta ahora no hay respuesta de ninguna de las autoridades supuestamente dedicadas al caso para identificar al propietario del número del que salió la llamada ni el lugar”.
Desde el 9 de febrero, los familiares y las organizaciones que los representan identificaron el número celular del Distrito Federal 55 42 77 39 09 contratado con la empresa Pegaso Comunicaciones. Sin embargo, las procuradurías local y federal se limitaron a enviar solicitudes de información al apoderado legal de la telefónica entre marzo y abril.
Simulación
El gobierno de Felipe Calderón asegura que en torno al caso existen investigaciones abiertas en la PGJCH, la PGR, la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) y la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, así como en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Proceso tiene copia de la última comunicación que el gobierno mexicano envió a la CIDH, el pasado 24 de marzo, y que el organismo remitió a los representantes de las víctimas. En ella hace hincapié en la supuesta “inexistencia de información sobre las personas reportadas como desaparecidas” en las instalaciones del XXXV Batallón de Infantería y de la Policía Ministerial del estado, según las investigaciones del agente del Ministerio Público de la Federación Itinerante, y de acuerdo con una visita realizada por personal de la CNDH en la guarnición militar.
Más aún, informa a la CIDH de una reunión efectuada el 10 de marzo en Ciudad Juárez con la finalidad de establecer medidas cautelares y en la que participaron familiares y representantes de las víctimas, al igual que funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua, de las secretarías de Seguridad Pública federal y local, y de la Defensa Nacional, así como de la PGR y la PGJCH.
Según el gobierno federal, todas esas dependencias se comprometieron a dar una “respuesta puntual a cada una de sus solicitudes, realizándose gestiones a que haya lugar para comenzar con la implementación de las medidas de protección”.
Ahí se acordó que la Secretaría de Gobernación “coordinará una reunión de alto nivel en la que se abordará la solicitud de las y los peticionarios en el sentido de que quien investigue los hechos que motivaron las presentes medidas sea un órgano de persecución de los delitos de carácter civil y no militar”.
Aun sin aportar datos sobre el paradero de los jóvenes Alvarado, sin especificar los mecanismos que se usarán para el cumplimiento de las medidas cautelares y sin definir la competencia de las autoridades investigadoras, el gobierno de Calderón pidió a Santiago Cantón que “reconozca que el Estado mexicano ha adoptado las medidas necesarias para salvaguardar la vida, seguridad e integridad de los beneficiarios”.
En su búsqueda de descargo, el gobierno federal incluso reconoció otros casos de violaciones a derechos humanos en Ciudad Juárez, presuntamente cometidos por elementos del Ejército y que están detallados en los anexos de la respuesta que envió a la CIDH. Se trata de copias de oficios de la PGR, de la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos enviados al titular de la Unidad de Protección y Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación, José Antonio Guevara Bermúdez.
Además del caso de los Alvarado, se mencionan las desapariciones de los hermanos José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga, así como de Tomás Arguijo González, detenidos por militares el 14 de noviembre de 2008 y el 25 de septiembre de 2009, respectivamente.
También se consigna “la posible comisión de delitos atribuibles a personal militar en agravio de Manuel Ubaldo Ruiz o Manuel Ubaldo Martínez Ortiz, cometidos en el momento de su detención”, el 18 de octubre del año pasado, y el homicidio de Saúl Becerra Reyes, quien desapareció tras ser arrestado por militares el 21 de octubre de 2008; su cadáver fue encontrado en marzo de 2009.
Además se incluye el caso de la desaparición de la joven Mónica Janeth Alanís Esparza, quien fue vista por última vez el 26 de marzo de 2009, cuando salió de su casa rumbo a la universidad.
El pasado lunes 19 de abril, las organizaciones civiles que representan a los Alvarado y a sus familiares notificaron a Santiago Cantón “el incumplimiento de las medidas cautelares”, así como la “grave omisión por parte del Estado mexicano para realizar una investigación exhaustiva y efectiva que conduzca al esclarecimiento de los hechos y a la localización de Nitza Paola Alvarado Espinosa, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera”.
Hasta ahora, dicen, las instancias que el gobierno de Calderón menciona como encargadas de las investigaciones “se han limitado a elaborar e intercambiar oficios y cartas entre ellos”.
Acusan al Estado mexicano de haber ocultado a la CIDH que desde el 20 de febrero la PGR había declinado competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia Militar, y se quejan de que esa institución castrense remitió el caso a la Unidad de Personas Ausentes y Extraviadas, desconociendo la participación de elementos castrenses en los hechos, como denunciaron los familiares de las víctimas ante el agente del Ministerio Público Aarón Enríquez.
Los representantes de los Alvarado aseguran que en la respuesta de México a la CIDH “no hay constancias de diligencias o solicitudes realizadas por el Ministerio Público encaminadas a establecer o descartar la participación de elementos del Ejército, y la responsabilidad de los elementos castrenses”.
En ninguno de los expedientes abiertos por la desaparición de esos muchachos hay constancia de alguna investigación “que se relacione con elementos del Ejército, a pesar de que son los únicos señalados”.
Los peticionarios solicitan a Santiago Cantón que, a su vez, inste al Estado mexicano a facilitar medidas cautelares que garanticen la protección de los desaparecidos, sus familiares y sus representantes, así como la realización de investigaciones efectivas en la jurisdicción penal ordinaria.
Solicitan, asimismo, que se llame a comparecer al coronel Élfego José Luján Ruiz, comandante del XXXV Batallón de Infantería, “al igual que a mandos militares y elementos del Ejército, autoridades civiles y ministeriales que tuvieron conocimiento de que los Alvarado fueron detenidos por elementos del Ejército el 29 de diciembre de
Falta capacitación
Marcela Turati
Es tan simple como esto: los miembros del Ejército están entrenados para matar o morir, y si se les ordena realizar tareas policiacas sin violar derechos humanos, deben contar con habilidades tácticas, entrenamiento especializado, normas internas, mejor nivel educativo, una mentalidad distinta y condiciones laborales adecuadas.
En esta “guerra moderna urbana contra el narcotráfico” no dejarán de morir civiles inocentes si no cambia la instrucción de los militares mexicanos, y tampoco lo impedirá la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que se discute en el Senado y que pretende dar un marco jurídico al Ejército en sus labores de seguridad pública.
En esto coinciden, consultados por Proceso, los especialistas Raúl Benítez Manaut, Susana Thalía Pedroza, el general brigadier Francisco Gallardo y Emilio Álvarez Icaza, quienes señalan varias modificaciones que deberían incorporar las Fuerzas Armadas para reducir lo que el gobierno calderonista ha llamado las ‘bajas colaterales”.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en los últimos años las quejas en contra de los militares han aumentado 500%, y únicamente en 2009 sumaron mil 800.
Sólo en Monterrey y la zona conurbada, en marzo pasado, los militares dieron varias muestras de su actuación: ejecutaron extrajudicialmente a los esposos Juan Carlos Peña Chavarría y Rocío Emely Elías, que el día 3 salían de la maquiladora donde laboraban, justo cuando se enfrentaban narcos y militares. Fueron heridos por elementos del Ejército, y aunque –según testigos– pidieron auxilio, recibieron tiros de gracia. El día 19, cuando los estudiantes del Tec de Monterrey Jorge Mercado y Javier Arredondo salieron de la escuela durante otra balacera, efectivos del Ejército los abatieron, les quitaron sus identificaciones escolares y los reportaron como narcotraficantes muertos en combate. En esa misma fecha murió de un balazo la señora Sandra de la Garza, a quien dispararon por haber acelerado su auto para librar la balacera que halló en su trayecto.
Frente al hecho de que en todo el país se producen casos como estos, el investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, Raúl Benítez Manaut, manifiesta: “Es un problema más de fondo, es un problema histórico-institucional del Ejército, de la Armada”, y agrega que existe un desfase entre los postulados doctrinarios de defensa de los derechos humanos del Ejército, los niveles educativos de los soldados (según sus cálculos, 60% de ellos sólo tienen instrucción primaria), el entrenamiento que reciben y la acción táctica.
“El nivel cultural-educativo-social va junto con pegado (…) Hay soldados que tienen capacitación en uso de armas, pero no en guerra moderna urbana; en las calles no saben distinguir a la gente común de los delincuentes, ni a sus coches; tienen órdenes fijas, tienen miedo, pueden disparar a cualquiera.”
El experto señala que, históricamente, el Ejército había recibido órdenes para aplacar a las guerrillas rurales de Chiapas o Guerrero, auxiliar en desastres naturales o destruir plantíos de drogas, y en esas acciones requería tropas de extracción rural. Pero ahora su misión “se desarrolla en ciudades, y para ello (los militares) deben tener un nivel socioeducativo alto, mejor entrenamiento: tú puedes disparar a 10 guerrilleros en un despoblado de
Benítez Manaut, también presidente del Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia, A.C. (Casede), afirma que las enseñanzas de respeto a los derechos humanos que reciben los soldados son abstracciones o meras órdenes que se les dificulta cumplir a la hora de los enfrentamientos.
“Se necesita –explica– la profesionalización de los cuerpos policiacos y militares, el entrenamiento: hacer la coherencia entre la doctrina y la táctica. O sea: en doctrina, un soldado tiene que cumplir la ley, la Constitución, y respetar los derechos humanos, pero en el fragor de los balazos, o si le ordenan ir a una casa a sacar a cuatro narcos, ¿se va a acordar de aquella vez en que, hace cinco años, un profesor le habló de derechos humanos? (...) Están entrenados para disparar. El tema es cómo los entrenas para que disparen bien y no se equivoquen.”
La tropa se aloca
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez destacó varios casos de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército en 2007: la represión masiva que sufrieron los habitantes de los municipios michoacanos de Carácuaro, Nocupétaro y Huetamo, y la agresión sexual contra adolescentes en un bar de Nocupétaro, sitios a los que llegó una partida militar a desquitarse de una emboscada de la que fue objeto el 1 de mayo.
También, el acribillamiento, el 1 de junio, en el municipio Sinaloa de Leyva, de cinco miembros de la familia Esparza Galaviz –dos mujeres jóvenes y tres niños–, donde resultaron heridos un adulto y dos menores de edad. Según estableció la CNDH, el padre de familia suplicó a los soldados, brazos en alto, que no dispararan porque en el auto viajaban niños, pero la familia fue masacrada; los militares trataron de sembrarles droga y luego se descubrió que varios soldados estaban drogados.
El día 29 de ese mes, en la comunidad San Luis de la Loma, la niña Marlene Caballero fue herida en un retén cuando los militares dispararon al vehículo en que viajaba con un adulto, con el argumento de que pensaron que la camioneta los iba a arrollar.
Eso fue en 2007, pero en 2010 “errores” similares siguen ocurriendo.
El martes 6, los soldados destacados en un retén en Tamaulipas dispararon contra la camioneta en la que viajaba una familia con ocho integrantes, y mataron a los hermanitos Bryan y Martín Almanza, de cinco y nueve años.
Cuestionado respecto a estos hechos, el general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, encarcelado de
Gallardo considera que varios factores propician las violaciones a los derechos humanos: el bajo nivel educativo de los soldados, su inexperiencia para tratar con civiles, la tolerancia de adicciones entre las tropas y los malos tratos a los que son sometidos dentro de los cuarteles.
“Todos traen su cartilla de derechos humanos, pero no es suficiente, porque en la cultura militar se dan muchas violaciones de derechos humanos dentro del Ejército, hay humillaciones permanentes y desprecio. Cuando el Ejército entra en contacto con la población, eso puede hacer crisis, desatando cuadros sicológicos de comportamiento, como desfogues de la represión o sentimientos de venganza…”
Considera entendible que los ciudadanos no se detengan en los retenes o sospechen que han sido puestos por criminales, pues como se carece de un reglamento para establecer estos puntos de revisión (“porque no es función del Ejército”), cada militar se las arregla como puede cuando recibe órdenes de instalar uno: “algunos ponen palos, cuerdas, letreros con plumón para avisar que ahí hay un retén”.
Sobre la masacre de la familia Esparza Galaviz, cometida por militares drogados en un retén, manifiesta: “En muchas situaciones el personal de tropa ingiere bebidas embriagantes o fuma droga porque debe cumplir su cometido de vigilancia en el retén, y aunque normalmente deberían permanecer dos o tres horas en un lugar fijo, se les deja seis horas, y hasta por seis meses. Al soldado lo abandonan a su suerte, en condiciones de violación de derechos humanos y abuso, sin comer, sin relevo, y en esas circunstancias se quiebra sicológicamente”.
El también doctor en Administración Pública por la UNAM subraya que a los militares se les inculca una mentalidad de “espíritu de cuerpo” que impide que sean juzgados quienes violan derechos humanos, pues sistemáticamente tratan de encubrir sus delitos, y sólo cuando éstos se hicieron públicos o sus autores son incómodos para los altos mandos se les juzga bajo el fuero militar, pero en procesos poco transparentes.
“Cuando empiecen a hacer responsables a los altos mandos, comandantes de zona, va a haber respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, en el caso del Tec de Monterrey debe fincársele responsabilidad al comandante de zona y procesarlo, porque si es así se van a empezar a preocupar por capacitar a la tropa, vigilarla, estar pendiente”, comenta.
Para él, la única forma de que el Ejército no siga cometiendo excesos es que se concentre en sus funciones constitucionales de defensa nacional sin meterse en asuntos de carácter civil, y que termine la impunidad de los crímenes militares.
Los soldados, a examen
De
Ahora que se anuncia que las Fuerzas Armadas permanecerán en las calles, y cuando las violaciones a los derechos humanos se han triplicado, opina que no basta la capacitación que los soldados reciben sobre derechos humanos –y que deberían tomar también las policías federal, estatales y municipales–, pues se requiere de una capacitación técnica más específica sobre cómo realizar operativos, el uso de las armas de fuego y la fuerza a aplicar en cada caso, estudio de códigos de conducta básicos para tratar a la población civil y a presuntos narcotraficantes, a quienes, dice, se les debe avisar que van a emplearse armas de fuego.
Según su experiencia, el “foco rojo” dentro de la milicia son los capitanes, los mandos medios, ya que cuando cometían abusos de autoridad y eran investigados por la CNDH, generalmente ordenaban a su tropa dar información falsa alrededor de los hechos.
La investigadora de Ciencias Jurídicas de la UNAM plantea que los soldados asignados a los operativos tendrían que someterse sistemáticamente a exámenes toxicológicos, sicométricos y de conocimientos. Y en cuanto a los retenes, apunta que deben tener una misma señalización e identificación, ser videograbados y contar con la presencia de un Ministerio Público civil que dé fe de lo que ahí ocurra y consigne a los delincuentes detenidos.
Por su parte, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Emilio Álvarez Icaza, refiere que los datos oficiales revelan que participa en labores de seguridad pública casi la mitad del Ejército, es decir, que en ellas intervienen unos 94 mil 500 efectivos, más otros 500 elementos que se hallan integrados en las policías estatales.
“Lo que se espera de un militar –recuerda– es que use la fuerza extrema. Un policía está entrenado en el uso proporcional de la fuerza; entonces, por la sola aplicación del paradigma del uso de la fuerza extrema, va a haber violaciones de los derechos humanos (…) No le toca al Ejército una labor de seguridad pública. Yo sí creería que la estrategia del gobierno federal, junto con la de los gobiernos estatales, que son corresponsables, tendría que desarrollarse en una lógica mucho más integral: todo lo que tiene que ver con la prevención del delito, la investigación del poder económico y de corrupción de los narcos, la justicia social y la generación de oportunidades de desarrollo para limitar la capacidad de cooptación del crimen organizado, y un trabajo de seguridad entendido como la acción de la policía, la procuraduría y las fuerzas militares que acompañen a las fuerzas civiles.” l
Golpe a Calderón... y a su preferido
Patricia Dávila
Tan cruentos como directos, los “mensajes” enviados desde Ciudad Juárez al presidente Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no sólo reactivan con gran rapidez los ciclos de violencia en esa localidad; también le recuerdan al gobierno federal su fracaso en la guerra antinarco, en particular ahí donde en los tres años de régimen calderonista han sido asesinadas alrededor de 7 mil personas.
En Ciudad Juárez, las provocaciones al gobierno de Felipe Calderón no paran. La emboscada del viernes 23, que causó la muerte de seis efectivos de la Policía Federal (PF), de una mujer policía del municipio y de un joven de 17 años evidenció la vulnerabilidad de su programa “Todos somos Juárez. Reconstruyamos nuestra ciudad”.
El despliegue de 5 mil elementos de la PF, efectuado a partir de la última semana de marzo en sustitución de 3 mil militares para patrullar las calles de dicha ciudad, quedó empequeñecido ante el embate del cártel de Juárez, que le reprocha a esa corporación el supuesto apoyo que le da a Joaquín El Chapo Guzmán.
El golpe fue directo contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, responsable de la Policía Federal y a quien tras el asesinato de 15 adolecentes en la colonia Villas de Salvárcar, el 30 de enero pasado, Calderón comisionó para replantear la estrategia de combate al crimen organizado ante el fracaso del Operativo Conjunto Chihuahua, encabezado por el Ejército.
Al mediodía del viernes 23, un comando emboscó las unidades 00627 de la PF y la 367 de la Policía Municipal en el cruce de las avenidas Durango y Santiago Troncoso, en la colonia Valle de Santiago. Cuando patrullaban el sector Benito Juárez –el mismo donde a mediados de marzo fueron asesinadas tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos en Juárez–, los uniformados fueron sorprendidos por varios sujetos armados.
Según la SSP, los federales repelieron el ataque “y por lo menos uno de los agresores resultó herido”. La acción la atribuyó a “las contundentes detenciones realizadas por la Policía Federal en las últimas horas en esta ciudad”.
Sin embargo, por la noche del mismo viernes, La Línea, el grupo armado del cártel de Juárez, no sólo se acreditó el atentado sino que lanzó una advertencia a los efectivos de García Luna en una pinta que apareció en las calles 16 de Septiembre y Colombia, en el centro de la ciudad:
“Inspector General de la PF (Policía Federal), Raymundo Agustín Hernández Guzmán, y a su oficial Raúl Mendoza Vázquez, lo mismo les va a pasar a ustedes, hijos de puta, como les pasó a los de la unidad 627 por andar con El Chapo y a todos los mugrosos que lo apoyen. Atentamente La Línea.”
A diferencia de lo que ocurrió durante el despliegue del Ejército, la presencia de la PF es más notoria en las calles de Juárez, pero también la de los grupos delictivos.
El programa “Todos somos Juárez…”, que se inició el 17 de febrero, ha estado marcado por la violencia. El 13 de marzo fueron asesinadas las tres personas relacionadas con la oficina consular estadunidense, Jorge Salcido Ceniceros, Lesley Enríquez y su esposo, Arthur Haycock Redelfs.
La procuradora general de Justicia del estado, Patricia González Rodríguez, responsabilizó del asesinato a la banda Los Aztecas, que también sirve al cártel de Juárez, encabezado por Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, a quien El Chapo disputa el control de la ciudad.
La Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) igualmente atribuyen el crimen a miembros de esa pandilla, encabezada por Eduardo Ravelo, uno de los cien delincuentes más buscados por la justicia estadunidense.
Poco antes, el 9 de marzo, el cónsul Raymond McGrath había reportado a la Operación Coordinada Chihuahua (OCCH) –denominada con anterioridad Operativo Conjunto Chihuahua– la amenaza de que estallaría un “artefacto explosivo” en la representación. Después del asesinato de las tres personas, Washington envió más agentes de la DEA a Juárez. Oficialmente no se ha informado el número.
La reacción estadunidense no quedó ahí. El 25 de marzo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, llegó a México, acompañada del secretario de la Defensa, Robert Gates; la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, y el director Nacional de Inteligencia, Dennis Blair, entre otros altos funcionarios de seguridad de Estados Unidos.
En esa visita se acordó que Ciudad Juárez sería un “laboratorio” para el control de los cárteles de la droga en México a través de un “programa piloto” entre esa localidad y El Paso, Texas. Entre sus acciones está el control, por parte del país vecino, de la información que se produzca en México acerca de la operación de los grupos delictivos.
Pese a la ofensiva de los dos gobiernos, los cárteles de la droga establecidos en Juárez siguen siendo capaces de ejecutar acciones como la del viernes 23, que le costó la vida a los siete policías y a un civil. El gobierno mexicano la presentó como resultado de la detención de ocho personas, entre ellas cinco menores de edad, incluidas tres mujeres.
Según la SSP, el asesinato de los siete policías se debió al decomiso, en distintas acciones, de dos armas, diversos cargadores y cartuchos, un equipo de radiocomunicación, 12 envoltorios de polvo blanco (“al parecer cocaína”), un recipiente con mariguana, un paquete de un kilogramo de esta misma droga, una bolsa de plástico con otro kilogramo de la yerba y tres vehículos.
Un día antes de la emboscada –el jueves 22– el Ejército había detenido a cinco integrantes de Los Aztecas, acusados de delitos contra la salud, entre otros cargos. Ellos son: Enrique Guajardo López, Kike; Raúl Gerardo Calderón Loera, El Flako; Juan Carlos Durón Moreno, El Travieso; Eduardo Morales Herrera, El Lalo, y Jesús Manuel Herrera Torres, El Cala.
Según la OCCH, estas personas aportaron información sobre el homicidio de una empleada del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez y de su esposo: que fueron integrantes de Los Aztecas quienes participaron en los hechos y que uno de los detenidos –no precisa quién– se encargó de avisar si llegaba la policía.
En un comunicado, la oficina de la Operación Conjunta añadió que según sus propias declaraciones, los detenidos tenían la encomienda de “limpiar” la ciudad de sujetos que venden droga sin la autorización de La Línea.
El PT, ¿hacia dónde?, ¿y hacia dónde López Obrador?
Miguel Ángel Granados Chapa
Salvo en Oaxaca, por ahora al menos, el Partido del Trabajo abandonó las alianzas políticas no sólo con el PAN, sino aun con sus partidos fraternos, el PRD y Convergencia, en unión de los cuales constituyó la coalición electoral federal “Por el bien de todos”, mantuvo después de la calificación de las elecciones presidenciales el Frente Amplio Progresista y ahora mismo está unido con esas agrupaciones reputadas como de izquierda, en el Diálogo por la Reconstrucción de México, una nueva alianza impulsada hasta esta hora con éxito por el candidato presidencial del Partido del Centro, Manuel Camacho.
Los pasos recientes del PT en la ruta hacia la actuación conjunta en varias entidades se han caracterizado por su versatilidad. Ora aseguran sus líderes y voceros que están prestos para la unión, aun con Acción Nacional, ora se desdice y separa de las coaliciones que ciertamente pueden existir sin ese partido, con fuerza menguada en la mayor parte de las entidades pero que eventualmente quedan expuestas a riesgos que no enfrentarían si el PT se mantuviera fiel al compromiso que parecía haber ya acordado.
La ruptura de la coalición obedece a intereses particulares que imperan en el PT. El caso paradigmático de esa actuación sesgada y contraria al interés general de la izquierda ha ocurrido en Zacatecas. En disputa con la gobernadora Amalia García, el senador Ricardo Monreal, que se adueñó del PT en esa entidad, ha presentado la candidatura de su propio hermano, para hacer ostensible que el monrealismo es una corriente política acaso breve pero eso sí bien fondeada. El asunto sería peor de haber prevalecido la intención de Monreal de aliarse con el PRI, el partido al que por cierto pertenecieron él mismo y su familia. En su participación a solas, Monreal puede hacer que ese partido, antaño el suyo, prospere por encima del PRD, lo que significaría para el PRI la recuperación de una entidad gobernada dos veces consecutivas por el partido del sol azteca.
Sin que esa particularidad se aplicara a otros estados donde habrá elecciones este año, el PT no vaciló en aliarse con el PAN y el PRD. Todos los partidos de la oposición formal eligieron esa vía como la única que los conduciría a la victoria y por lo tanto al desplazamiento del PRI, que es un valor superior a otras cuestiones que surcan a las alianzas. En consecuencia, y aunque el razonamiento no se aplique mecánicamente, es de temerse que las entidades donde no hay coalición completa del DIA y el PAN padecerán seis años más de gobierno priista. En la mayor parte de los casos, este año y el próximo, no aliarse, o romper una coalición formalizada, favorece al régimen priista, en las elecciones estatales y en la presidencial.
La ruta para arribar a ese deplorable resultado puede estar empedrada y sucia por lodo y otras materias putrefactas y malolientes. Ese es el caso, tal vez, del estado de Hidalgo. Allí ha contendido contra Xóchitl Gálvez, una aspirante sin mácula, el senador perredista José Guadarrama. Por lo menos tres veces antes pretendió ser candidato al gobierno, cualquiera que sea el partido que lo apoyare. El PRI, en que militó toda su vida con notorios frutos materiales, lo rechazó en 1998; en ese momento pretendió ser postulado por el PRD, pero este partido ya tenía candidato. En 2004, alejado del priismo pero no de sus métodos y sus prácticas, consiguió que Nueva Izquierda, la corriente perredista predominante, lo impulsara. No alcanzó la votación que le permitiera derrotar al candidato tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong. Sin embargo, de adversarios pasaron a ser cómplices en su intento de impedir la candidatura de Xóchitl Gálvez.
Cuando Guadarrama se percató de que la coalición no lo haría su candidato, pues ni siquiera contaba con asentimiento en su propio partido, renunció a la lucha interna, denunciando que se organizaba ilegalmente el triunfo de la excomisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pero no se fue de la batalla política. Ha estado en espera de que el PT lo acoja, no para llegar por fin a la gubernatura, algo imposible con sólo el apoyo de ese partido, sino para estorbar el camino de Xóchitl Gálvez e impedir que gobierne a sus paisanos.
Si se llega a ese extremo, la retirada del PT adquirirá una dimensión mayor que el solo alejamiento de la coalición. Significará en los hechos una estrategia para apoyar al PRI, con pretextos vanos como el esgrimido por el PRD y el PAN para pactar la aprobación del programa fiscal dañino a la población y que ha estado en vigor desde hace cuatro meses, en el curso de los cuales el PT ha estado presente en los intentos de aliarse con partidos de oposición, como él, en entidades gobernadas con autoritarismo priista propio de décadas, que ya hartaron a los ciudadanos.
Las decisiones electorales del PT son tomadas en consulta con Andrés Manuel López Obrador, que se sostiene en ese partido con mayor afán que en los otros que lo han apoyado. López Obrador recorre una ruta sinuosa en que por un lado rechaza su participación en campañas electorales porque el suyo es, dice, un movimiento social y por otro lado, sin sustento suficiente, alienta al PT para desligarse de coaliciones de las que sólo pueden derivarse beneficios para la población.
Cuando López Obrador busque convertir el innegable apoyo social que ha conquistado (y del que la elección delegacional de Iztapalapa, el año pasado, fue breve pero contundente ejemplo) se encontrará con desconcertados militantes de los partidos que lo han seguido, que no sabrán si votar o no, y con qué rumbo, y con un PT en el que no necesariamente podrá confiar. l
Lo que se encontró en Tepito
Denise Dresser
(donde por 12 mil dólares usted puede comprar todo tipo de datos personales)
Datos personales
de Enrique Peña Nieto:
Placas de automóvil: 123 MiGaviota
Teléfono celular: 04455 Televisa
Cuenta Bancaria:
Contraseña: Modelo Bombón
CURP: Candidato en construcción
Número telefónico más marcado: el del Procurador del Estado de México, Bazbaz, y el de Angélica Rivera
Datos personales
de Felipe Calderón:
Placas de automóvil: 000 Ingenuo
Teléfono celular: 04455 Como Haiga Sido
Cuenta bancaria: Información Reservada por Razones de Estado hasta el 2050
Contraseña: El Legítimo
CURP: El último presidente del PAN
Número telefónico más marcado: el del general Guillermo Galván y el de Joaquín Sabina
Datos personales
de Fernando Gómez Mont:
Placas de automóvil: 999 Dizquepanista
Teléfono celular: 04455 Ya-me-quedé
Cuenta bancaria: Código secreto contenido en su carta de renuncia al PAN
Contraseña: Todo-por-el-honor
CURP: Prianista hasta la muerte
Número telefónico más marcado: el de Manlio Fabio Beltrones y el de Joaquín Sabina
Datos personales
de Elba Esther Gordillo:
Placas de automóvil: Y Aquí Sigo
Teléfono celular: 04455 Chantajista
Cuenta bancaria: Como hay varias en San Diego y las Islas Caimán, esa información cuesta 12 dólares más
Contraseña: Gracias-Carlos-Salinas
CURP: Educar para fracasar
Número telefónico más marcado: el de su yerno, subsecretario en la SEP, y el salón de belleza
Datos personales de Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García:
Placas de automóvil: 1 El Llanero Solitario
Teléfono celular: 04455 Cárteles
Cuenta bancaria: Compartida con los Beltrán Leyva
Contraseña: Diablo Guardián
CURP: Alma vendida
Número telefónico más marcado: el de un operador del Cártel de Sinaloa y los miembros de la prensa local
Datos personales de Alberto Bazbaz, procurador del Estado de México:
Placas de automóvil: 000 Incompetente
Teléfono celular: No tiene porque no lo ha registrado aún
Cuenta bancaria: No cuenta con una porque no ha tenido tiempo de hacer el trámite
Contraseña: Ya se le olvidó
CURP: No lo encuentran
Número telefónico más marcado: el del productor de la serie “CSI”
Datos personales de Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública:
Placas de automóvil: 111 El Señorito
Teléfono celular: 04455-A-tus-órdenes-Elba
Cuenta bancaria: Donada a las cuotas del magisterio
Contraseña: Ya ni modo
CURP: Yo que quería ser Vasconcelos
Número telefónico más marcado: el del portero en el departamento de Elba Esther Gordillo
Datos personales de Beatriz Paredes
Placas de automóvil: Dinosaurios Forever
Teléfono celular: 04455-A-tus-órdenes-Enrique
Cuenta bancaria: Produce intereses suficientes para la compra de 50 huipiles al mes
Contraseña: A Los Pinos
CURP: Demos gracias al PRI
Número telefónico más marcado: el de Ulises Ruiz
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de Manlio Fabio Beltrones
Placas de automóvil: Tramposo #1
Teléfono celular: 04455-Presidente
Cuenta bancaria: Quien intentó encontrar esta información está desaparecido
Contraseña: Quien intentó encontrar esta información está desaparecido
CURP: El Presidente
Número telefónico más marcado: el de Los Pinos y el del Cisen
Datos personales de Carlos Slim:
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Teléfono celular: Número adquirido en Estados Unidos para evitar las exorbitantes tarifas de Telmex
Cuenta bancaria: Todo-México-es territorio-Slim con 53 mil millones de dólares
Contraseña: Gracias-Carlos-Salinas
CURP: MR. PIB
Número telefónico más marcado: Usa Skype para evitar las exorbitantes tarifas de Telmex
Datos personales de César Nava:
Placas de automóvil: Patylú y Yo
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Cuenta bancaria: último estado de cuenta dependiente de las ventas de Pemex
Contraseña: PAN-PRD Unidos Jamás Serán Vencidos
CURP: Alianzas, mi última ocurrencia
Número telefónico más marcado: el de Jesús Ortega y el de Patylú
Datos personales de Mario Marín:
Placas de automóvil: Criminal ¿Y Qué?
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Cuenta bancaria: Equivalente a 3 mil millones de botellas de cognac
Contraseña: Kamel, hermano
CURP: Pederastas Protegemos
Número telefónico más marcado: el de los abogados que están llevando el caso contra Lydia Cacho
Datos personales de Ulises Ruiz:
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CURP: ¿Y qué son las garantías individuales?
Número telefónico más marcado: el de Beatriz Paredes y el de Enrique Peña Nieto
Datos personales
de Genaro García Luna
Placas de automóvil: Yo, Cineasta
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Cuenta bancaria: Información reservada por Presidencia de la República hasta el 2099
Contraseña: Florence, la francesa
CURP: Inseguridad pública
Número telefónico más marcado: la producción de Noticieros Televisa y los abogados que ya tuvo que contratar en Francia para defenderse en el caso de Florence Cassez
Datos personales de Arturo Chávez Chávez, procurador de la República
Placas de automóvil: No Hubo Tantas Muertas
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Cuenta bancaria: Llena de donativos de grupos como “Mexicanos Unidos contra los Derechos de las Mujeres”
Contraseña: Mujeres al Borde de un Ataque Nervioso
CURP: El aborto: Mi acción de inconstitucionalidad favorita
Número telefónico más marcado: el de la Arquidiócesis de la Ciudad de México y los celulares de quienes venden datos oficiales en Tepito. l
Regreso del Estado autoritario
Ernesto Villanueva
La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales presentada por el PAN significa un retroceso para el ejercicio de la democracia deliberativa. Existen, por supuesto, elementos que permiten sustentar mi afirmación. Veamos.
Primero. Se propone regresar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) las atribuciones sustantivas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Se acotan las facultades de la Cofetel, ahora nombrada como Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, el cual se reduce a un órgano de dictamen y sin autonomía real, habida cuenta que: a) las actuales facultades de la Cofetel para entregar concesiones en materia de radio y televisión pasan a la SCT; b) sus disposiciones deben sujetarse a los planes de la SCT (artículo 12); c) sus actos y resoluciones pueden ser revocadas por la SCT (artículo 7, fracción V); d) sus comisionados son libremente designados por el presidente de la República, y e) carece de personalidad jurídica y patrimonio propio por ser un organismo desconcentrado.
Segundo. Se busca subordinar a los concesionarios a los vaivenes de la política gubernamental. En efecto, el artículo 42 de la iniciativa del PAN prioriza la renovación de los concesionarios de frecuencias con independencia de que cumplan o no la ley, salvo que haya “igualdad absoluta” (¿?) con otros participantes, pues “por una sola vez tendrá derecho de preferencia”. Y el artículo 43 dispone que no podrá participar en los procesos de licitación el concesionario que “no acepte las nuevas condiciones que al efecto le establezca la Secretaría”. ¿Cuáles condiciones? El artículo 108 dispone que la SCT podrá “cambiar o rescatar una frecuencia o una banda de frecuencias concesionada o asignada en los siguientes casos: ¡I. Cuando lo exija el interés público y II. Por razones de seguridad nacional! Se trata de conceptos jurídicos indeterminados que en su nombre cabe todo lo que la imaginación gubernamental permita.
Tercero. En materia de medios públicos, la iniciativa del PAN reproduce la naturaleza jurídica actual de sus medios. Se avanza en la creación de las figuras de las defensorías de las audiencias y en la creación de consejos consultivos. El ánimo político de la iniciativa se advierte porque la SCT se reserva la potestad discrecional para otorgar o no frecuencias. El artículo 47 dispone que, tratándose de nuevas frecuencias, es requisito que los asignatarios sean organismos descentralizados “a través de los cuales prestarán el servicio a fin de asegurar su autonomía de gestión e independencia editorial. En sus órganos de gobierno deberá garantizarse la participación del sector privado y social, integrando al menos dos personas de reconocido prestigio profesional en la materia”. En otras palabras, todo el peso de la democracia informativa para los gobiernos del PRI y del PRD y la excepción a los medios del gobierno federal que están en manos del PAN y que ya tienen frecuencias. ¿Por qué no se propuso la figura del organismo descentralizado para la Cofetel?
Cuarto. Por lo que se refiere a contenidos, en su artículo 187 la iniciativa del PAN no diferencia la crítica de los servidores públicos, necesaria en un Estado democrático para ejercer un escrutinio sobre el poder. Introduce, por el contrario, que en la programación de radio y televisión no se podrá… III. Afectar el honor, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la vida privada de las personas y demás derechos y libertades consagradas en la Constitución y demás disposiciones legales aplicables; IV. Promover, estimular o hacer apología de la violencia; y V. Difundir información contraria a la seguridad del Estado, a la integración nacional, a la paz y al orden público”. Se inhibe desde la ley la crítica a políticos y servidores públicos por ser “atacados en su honor o vida privada”; se reduciría la información sobre la guerra personal de Calderón contra el crimen organizado por “estimular la violencia”. El artículo 190 constituye un ataque al ejercicio periodístico al prohibir “transmitir en radio y televisión información que atente contra la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones privadas, o que no hayan sido emitidas para su difusión pública o destinadas al público en general, salvo que medie autorización expresa de quien las emite”. ¿Se imagina que un gobernante corrupto grabado con contenidos incriminatorios, que la sociedad tiene derecho a saber, va a dar su autorización por escrito?
Quinto. Por si hicieran falta razones para discutir de manera reposada esta iniciativa, el artículo 12 es inconstitucional. Es gravísimo su contenido al intentar dejar en estado de indefensión a los gobernados. A la letra dice: “En contra de las disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales, normas oficiales mexicanas, resoluciones y acuerdos mencionados en el párrafo que antecede y de su aplicación, no procederá suspensión o medida cautelar alguna”. De un plumazo el PAN pretende eliminar la eficacia del amparo contra violaciones a la Constitución que reside precisamente en las suspensiones provisionales o definitivas. Concesionarios, permisionarios y asignatarios quedarían impedidos de ejercer las garantías del principio de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Es mejor dejar las cosas como están que dar ese salto al Estado autoritario que a nadie conviene. l
evillanueva99@yahoo.com
Propaganda narco
John M. Ackerman
En su esfuerzo por “hablar bien de México”, el presidente Felipe Calderón llegó incluso al extremo de promover la imagen internacional de los narcotraficantes mexicanos. El vienes 16, en su discurso en un foro internacional del sector turístico, señaló: “Más de 90% de esos (22 mil) homicidios y ejecuciones, según lo hemos venido catalogando, obedecen precisamente a la lucha de unos cárteles contra otros”.
Antes, a principios de febrero, Calderón ya había manejado datos similares en una entrevista con The Washington Post y la revista Newsweek. En aquella ocasión declaró: “Probablemente 90% de esa gente (asesinada) estuvo vinculada al crimen organizado de una u otra manera”.
De acuerdo con Calderón, la industria del crimen organizado contaría con un sistema de inteligencia e investigación que supera a los peritos más adiestrados del FBI. Los narcos solamente matan a los culpables y casi siempre dan en el blanco correcto. Por lo tanto, los inversionistas extranjeros no tienen nada de que preocuparse: nuestros criminales son personas razonables y sensibles que saben elegir a quien matar.
Desde este punto de vista, los cárteles de la droga le estarían ahorrando el trabajo al gobierno mexicano. En lugar de tomar la larga y complicada ruta de profesionalizar los ministerios públicos y fortalecer los poderes judiciales del país, resulta mucho más eficiente dejar la cancha abierta para que los grupos rivales se maten entre sí. Ello generaría una suerte de “limpieza social” sin que el gobierno tenga que responsabilizarse directamente por los asesinatos de los supuestos delincuentes.
El problema con este errado enfoque es que dota a las organizaciones criminales de un poder político e institucional que de otra manera sería casi imposible de conseguir. Al matar, los narcotraficantes no solamente ejercitan el poder de su armamento, sino que también se erigen en jueces de la culpabilidad de sus víctimas. La batalla entre los cárteles se convierte entonces en una especie de “guerra justa” a la manera de aquellas que refiriera Barack Obama en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz. Ahora, nada más faltaría que a instancias del gobierno mexicano El Chapo Guzmán también reciba el Premio Nobel, para colocar junto al reconocimiento internacional que ya ha recibido de la revista Forbes.
Otro problema con esta estrategia es que eventualmente alguno de los grupos criminales terminará ganando la batalla. Por ejemplo, de acuerdo con recientes informes de inteligencia de Estados Unidos, el cártel de Sinaloa ha sido exitoso en sus esfuerzos por arrancar la plaza de Ciudad Juárez a sus rivales de cártel de Juárez. Si esta información es correcta, la violencia disminuirá en los próximos meses, no por la acción de la justicia o el imperio de la ley, sino simplemente por la eliminación del rival más débil.
Llama la atención, entonces, que Genaro García Luna y sus policías federales huya decidido retomar el control de Juárez precisamente en el momento en que empieza a emerger un ganador claro en la batalla por este territorio. La sospecha es que el secretario de Seguridad Pública y el gobierno federal únicamente buscan lucrar políticamente con una eventual reducción en los niveles de violencia en Chihuahua, de cara a las elecciones del próximo 4 de julio en esa entidad.
Un aparente y cortoplacista “éxito” en Ciudad Juárez también serviría para fortalecer dentro del gabinete la mano de García Luna ante los duros cuestionamientos que ha recibido por parte de la sociedad. Sin embargo, en los hechos una eventual pacificación de la ciudad podría ser un indicador no del debilitamiento del narcotráfico, sino precisamente de lo contrario.
Al suponer que 90% de los caídos son meros delincuentes, Calderón también recupera una típica posición de la derecha mexicana de echar la culpa a las víctimas del delito. Del mismo modo en que los feminicidios de Ciudad Juárez y las violaciones de mujeres en todo el país supuestamente se deben a la forma de vestir de las víctimas, hoy los jóvenes asesinados también son responsables directos de sus propias muertes por encontrarse entre los 7 millones de ninis que no estudian ni trabajan.
La facilidad con que Calderón echa por la borda el principio de presunción de inocencia también habla de su falta de compromiso con los elementos más básicos de los derechos humanos y el debido proceso. De acuerdo con el presidente, lo que importa no es encontrar culpables en un juicio profesional e independiente, sino demostrar su hombría por medio de la imposición de la “mano dura”, tal y como lo hacen los mismos narcotraficantes.
No podemos olvidar la brutal actitud demostrada por las autoridades durante el asesinato y posterior exhibición del cuerpo de Arturo Beltrán Leyva en diciembre pasado. Este tipo de acciones revela la línea sumamente endeble que diferencia las pautas de actuación del gobierno y el modus operandi de los delincuentes.
En lugar de perder el tiempo con acusaciones estériles en contra de don Julio Scherer por hacer supuesta propaganda a los narcotraficantes, el gobierno federal tendría que empezar por su propia casa. Con sus reprobables declaraciones, Calderón se ha convertido en el promotor principal, no de México como destino turístico, sino de los narcos mexicanos. Si no modifica radicalmente su discurso y la práctica gubernamental en la lucha contra el crimen organizado, pronto ya no será necesario emprender un largo y peligroso viaje hasta las montañas para conocer los puntos de vista de los cabecillas del narcotráfico. Bastará con encender el televisor y sintonizar cualquier noticiario para verlos pasear tranquilamente. l
www.johnackerman.blogspot.com
La la claudicación de TV Azteca
Beatriz Pereyra
TV Azteca se rindió ante Televisa, resume José Ramón Fernández, quien durante tres décadas fue cabeza del área deportiva de la televisora del Ajusco. Dice más: Televisa es dueña de la Selección nacional, de equipos de futbol y, lo que resulta muy peligroso, de casas de apuestas. Alejado de la televisión abierta, empujando proyectos en la cadena estadunidense ESPN, el comentarista habla de poner fin “al duopolio” de las televisoras, considera que los deportes en TV Azteca “se fueron al caño” y lamenta que el técnico nacional Javier Aguirre “esté secuestrado” por la empresa de Emilio Azcárraga
El Mundial de Alemania 2006 no pudo ser mejor para Televisión Azteca: invirtió 34 millones de dólares –18 millones en el pago de derechos de transmisión, que se dividió con Televisa y SKY, y 16 millones en gastos de producción– que le generaron ganancias por 55 millones de dólares.
Cuatro años después, quien durante más de tres décadas fue el líder de deportes en la televisora, José Ramón Fernández, augura una estrepitosa caída en la audiencia y en las ventas por la sencilla razón de que el “gancho comercial” llamado Los Protagonistas es otro producto, ya sin calidad, mancillado por comentaristas deportivos “bufones” y porque TV Azteca está rendida ante la otrora rival, Televisa.
A diferencia de otros Mundiales, en Sudáfrica 2010 José Ramón no tendrá un kilométrico y espectacular estudio dentro del Centro Internacional de Prensa, el famoso IBC. Junto con el equipo de la cadena internacional ESPN transmitirá desde la Plaza Mandela. A la distancia, lamenta cómo los deportes en Televisión Azteca “se fueron al caño” y, de lejos, ve cómo Televisa “se ríe”.
–Sudáfrica será el primer Mundial en el que usted no estará en Televisión Azteca. ¿Cuál es su pronóstico?
–Para la empresa, mientras tengas números negros estará bien porque los juegos serán en horas no comerciales: de madrugada, en la mañana o a mediodía, y no afectarán la programación de triple A. El resumen de la noche es lo único que está en horario prime time, es decir Los Protagonistas, que era el programa que realmente generaba los ingresos durante la Copa del Mundo.
“Cuando nació, en México 86, aunque aún éramos del gobierno, fuimos muy superiores a Televisa. Lo mismo en el 90, aunque nos vetaron; igual en el 98. Tal vez ellos nos ganaban en los partidos porque gritan más o dicen más tonterías, pero desde 86 los anunciantes se fijaron, más que en los ratings, en la credibilidad de quienes hacíamos Los Protagonistas, porque el programa era familiar, con buenos comentaristas y analistas y la presencia de Andrés Bustamante.
“Los clientes no pensaban si Televisa tenía un punto más o uno menos; el gancho era Los Protagonistas. El mundial dura un mes, pero hay días sin partidos. Entonces necesitas resúmenes más sólidos, con más entrevistas y mejores comentarios.
“Hoy Televisa y Azteca se copian, hacen los mismos resúmenes. A Televisa les sale un poco mejor porque tiene más dinero y a la Selección nacional la tiene secuestrada. Azteca deportes no existe, es un apéndice de noticias. Me imagino que las ventas no andan bien y no se sabe ni cuánta gente llevará y si hará todo desde Sudáfrica, porque si hoy se ahorra dinero y no manda comentaristas a narrar ni a Chiapas o a Ciudad Juárez, lo hace desde su estudio. En el mundial muchos partidos los harán desde el estudio, y el resumen del día será su parte importante.
“Lamentablemente le seguirán llamando Los Protagonistas. Por honradez, por misericordia, deberían quitarle ese nombre. El nombre fue un éxito, vendía, pero creo que ya no, la gente es otra. Tengo a un amigo ahí, Luis García, le deseo suerte, pero esto es un problema de los ejecutivos de Azteca, que son muy malos.”
Bufones para narrar
Se le pregunta a José Ramón si Ricardo Salinas es ajeno a ello o no le importa la calidad de la información deportiva que transmite su empresa televisiva.
“Salinas está enteradísimo de todo, más del dinero. Cuando hacíamos un evento grande nos pedía que saliéramos con los de comercialización a venderlo. Nos reuníamos con los grandes empresarios y lográbamos ventas históricas. Los Protagonistas es un producto poco vendible ahora. La última decepción que tuve en Azteca fue cuando Mario San Román (el director general) me dijo que necesitábamos comentaristas bufones. Me quedé helado.
“Me explicó que Televisa había hecho un sondeo que decía que El Perro Bermúdez era el que marcaba más alto porque hace más chistes y bufonadas. Dije: ‘¿Cómo un bufón?, eso no va con nosotros, sólo que ponga a Ponchito (personaje de Andrés Bustamante) a narrar’.
“En esa junta estaba Salinas Pliego, y San Román me dijo: ‘No, alguien que tenga frases como las que dicen ahora, las tonterías, a la gente le gusta eso; aunque México no gane quieren ver como si ganara’. Yo le decía: ‘¿Cómo puedo decir que está jugando bien si lo hace mal?’. ‘No importa, tu dilo’. Eso me hizo sufrir, me desesperó. Terminé con divertículos, operado. Después de que salí, aparecieron los comentaristas bufones.”
–Si ya no hay calidad y la programación la hacen bufones, ¿las empresas seguirán anunciándose?
–El cliente es inteligente y no le apuesta a lo que sea, cuida el dinero, busca nichos donde su producto se vea que son los resúmenes, los partidos de México, la inauguración, pero no la final, porque no está México. En este caso va a vender mucho más Televisa, a pesar de que tampoco tiene calidad, porque antes tenía un rival de alta calidad al que enfrentar y que le ganaba. Doblamos muchas veces al monstruo, y ahora Televisa se ríe porque no tiene competencia. Ellos van tranquilos.
“Televisa maneja todos los hilos de la transmisión. Si hay tres unilaterales (cámaras fijas colocadas en un estadio de futbol), Televisa siempre tiene dos y Azteca una. Se ponen de acuerdo en tantas cosas que no existe la competencia directa, fuerte, como con nosotros que éramos profesionales y había un odio especial a la empresa de enfrente porque nos mancillaba, nos vetaba. Entonces luchábamos con ideas, no gastábamos a lo desesperado.
“Ellos creen que gastamos más que ellos, jamás fue así. Bueno, al Mundial de Alemania fueron muchas personas que no tenían nada a que ir, pero se colgaban de los viajes y hacían fiestas para los patrocinadores, para los mexicanos, y borracheras espectaculares donde jugaba la Selección.”
–Después de haber sido el líder de los deportes durante más de 30 años, ¿cómo se siente al ver el producto que hoy ofrece TV Azteca?
–La información deportiva en Azteca tiene un nivel muy bajo. La dirección de deportes ya no existe, el compromiso tampoco. Antes había que batirse en serio contra Televisa, que siempre quería más metros de estudio o quería hacer lo mismo que nosotros.
–¿Por qué no se respeta la información deportiva en TV Azteca?
– Porque los deportes los cuidaba yo, no Ricardo Salinas. Yo pedía los presupuestos, ayudaba a vender para que la empresa ganara, difícilmente en Olímpicos o un Mundial perdí dinero. Ahora el pastel está bien repartido. Televisa lleva las de ganar porque, además, sólo en México arranca el Mundial un año antes. Acabo de regresar de Europa y en España, Italia, Francia todavía no se habla del Mundial, están metidos en sus ligas, por ahí se cuela un anuncio, la Champions termina el 22 de mayo, tendrán siete días de vacaciones y luego el Mundial. Aquí la Selección estará 60 días concentrada.
La salida del canal del Ajusco
Si era tan rentable, ¿por qué se deshicieron de usted? –se le pregunta a José Ramón.
–En un Mundial hay tal presión de tanta gente que se mete y opina. Me presionaban mucho para saber a quién llevaría, porque Televisa lo quería saber. Yo lo escondía o mentía hasta donde podía. A los de enfrente les molestaba perder con José Ramón y su grupo. Lo fueron desbaratando hasta que llegaron a un acuerdo y dijeron: “No más, se acabó”. Yo dije: “Pues adiós, ahí nos vemos”.
–¿Confirma que TV Azteca y Televisa negociaron su salida?
–No creo que la negociaran. En Azteca ya tenía demasiados enemigos internos. Uno cree que están afuera, pero están dentro. Hay ejecutivos que no me querían porque yo era el único ejecutivo que salía en televisión. Yo daba la cara, criticaba, me vetaban, me regañaban y ahí seguía, y luchaba para que en el futbol mexicano se hicieran mejor las cosas. Narré fracaso tras fracaso de la Selección nacional. Luego dijeron: “Ya se fue José Ramón, borremos todo lo que fue él. No existe, hagamos como si no hubiera existido”.
A Televisa le gusta competir, pero sólo si gana. Vivimos un duopolio, lo saben los diputados y senadores, el presidente de la República, y ahí siguen. Tiene que pasar algo, ya; que haya más canales, que se pulverice el futbol. En España una televisora tiene el Mundial y lo comparte, pero otras tienen la Champions, otras la liga, otras la Eurocopa. Se van repartiendo, y aquí siempre es la misma.
“Nunca pude conocer a Eriksson. Javier Aguirre ha cambiado, ni siquiera habla con nosotros. No contesta su teléfono, quedé como el malo. Te hacen ver como el malo, el que no quiere a México. Claro que lo quiero, pero más allá del futbol. La patria no está en 11 pares de botas.”
–¿Quedó marcado como un comentarista negativo con el que no conviene hablar?
–Sí y todo lo que me rodea. Me da tristeza saber que hay partidos del Mundial que yo narré o Juegos Olímpicos a los que ahora les ponen una voz encima; ni siquiera mi voz es respetada. Mira, en la Copa Confederaciones 2005 tenía en exclusiva la nota de los jugadores dopados (Salvador Carmona y Aarón Galindo) y me dijeron (Mario San Román) “por ningún motivo la pasas”.
“Se la tuve que dar al Reforma y a una estación de radio. Otro ejemplo: invité a Javier Aguirre a narrar. Le hice un contrato para algunos partidos de México en Juegos Olímpicos, Confederaciones y el Mundial por 150 mil dólares. Televisa se enojó porque él estuvo con nosotros en la transmisión del partido México-Brasil; además (el consorcio de avenida Chapultepec) no pudo llevar a un comentarista de ese nivel porque Hugo Sánchez estaba ocupado. Entonces dijeron: ‘No va por Azteca’.
“Por más que le rogué a la empresa que lo dejaran, mutilaron toda la transmisión y cada vez que Aguirre hablaba le ponían otra voz encima. Fue terrible para mí, fue un golpe. Y dije: ‘¿A dónde hemos llegado?’. Yo tenía que ir a las juntas con Televisa para que no nos perjudicaran (en la transmisión de los partidos), porque Azteca mandaba a cada baboso que no sabía nada. Entonces yo peleaba con Televisa, por eso me duele lo que pasa ahora.”
–Entonces, ¿su salida fue decisión sólo de Salinas Pliego?
–De él, pero por temor a que Televisa se fuera a enojar. Televisa es dueña de la Selección nacional, del entrenador, de los jugadores, de equipos de futbol, de las casas de apuestas que el gobierno les dio. En Italia, Alemania y Croacia ha habido escándalos por las apuestas, es muy peligroso. Se presta a todo que seas dueño de equipos de futbol que están en una bolsa de apuestas. Televisa es una empresa muy poderosa y Azteca se rindió ante ella.
“Ya estoy lejos de esas cosas que sacan de quicio. Estoy de acuerdo en que hay que arreglar a lo mejor el precio (de los derechos del Mundial, que para Sudáfrica costaron alrededor de 100 millones de dólares) para presionar a la FIFA; decirle ‘cobras mucho’, pero hasta ahí. No los contenidos, no la línea editorial –que hoy es ‘Ponte la verde, estamos en Sudáfrica’–, con la misma música, los mismos animales, los anuncios de pésima calidad, sin muchos líderes de opinión deportivos, sólo comentaristas que gritan y piensan que por eso son los mejores.”
“El Vasco” Aguirre
La reportera le pregunta al excomentarista de TV Azteca sobre su vieja relación con Javier El Vasco Aguirre, quien ahora ya ni le toma las llamadas.
José Ramón relata: “Cuando supe que venía, le hablé. Le dejé un mensaje diciéndole: ‘Estoy a tu disposición’. Sabía que iba a ser muy difícil, igual fue con Eriksson. Quería hablar con él de sus éxitos en Italia, de la selección inglesa, del futbol inglés, de los mexicanos allá; es uno de los mejores técnicos del mundo y aquí lo trataron muy mal.
“A Aguirre lo conozco, conocí a sus padres. Sin embargo lo secuestran, lo atrapan y le dicen: ‘Con esta empresa nada, con ésta sí”. Da conferencias de prensa, pero un tú a tú, por nada del mundo. Yo lo he criticado duramente por lo que dijo en España, por lo que dice ahora. Ha sido incoherente, ha caído en diferentes discursos.
“En principio despreció el futbol de México, no quería venir. ¡Ah!, pero no se lo puedes decir. Eso sí, le dio una patada a un panameño y tuvo que tomar el teléfono y que López Dóriga le pusiera una regañada. Me parece increíble para un tipo como El Vasco, él debería haberle dicho: ‘Vaya usted al carajo’, y colgarle. Pero como sabe que tiene un contrato y que de ahí sale el dinero, pues se queda callado.”
–Le toca en otra empresa sufrir los embates del duopolio, desde que les nieguen imágenes del futbol mexicano hasta no tener las ventajas de quienes pagan los derechos de la Selección. ¿Cómo recibe esos golpes?
–Me siento mal, impotente. Que el presidente Calderón haga algo, si ya se está haciendo la ley antimonopolios, que de verdad se acabe el duopolio. No puedes ser dueño de todo, de SKY, de canales, de la Selección nacional; tener exclusivas, manipular todo a tu favor, marginar, decir “tú no eres nadie”. Cada vez que hay Mundial es lo mismo: inflar a la Selección para que parezca espectacular, el cliente caiga y gaste dinero.
–Se deshicieron de casi todos los que trabajaron con usted.
–Tendrán que explotar su talento en otro lado. Tuve buena relación con Ricardo Salinas, pero cuando la gente tiene tantos millones de pesos cambia: al país lo ve diferente. ¡Vaya!, ni lo pisa. (Él) llega en helicóptero; vive en un mundo diferente, irreal. Estoy de acuerdo en que lo vivan ellos, pero los que están junto son unos simples servidores del gran millonario y se manejan como si fueran ellos.
“Soy un tipo difícil, controvertido. Dije cosas que no les gustan, pero cuando viene Televisa y te dice: ‘Te voy a dar el producto Selección nacional y la vamos a dividir. Tú vas a pagar tanto, pero yo voy a mandar’. Entonces, ¿para qué estamos ahí?, ¿para copiar lo que ellos hagan?”
–¿Ricardo Salinas ya no es su amigo?
–Yo lo sigo considerando, pero desde que salí no nos hemos visto. Conmigo se portó muy bien, fuera de la empresa era una excelente persona. Nos queríamos, decía que yo era su hermano mayor.
–Su amigo permitió que destruyeran los deportes en TV Azteca.
–Lamentablemente se fueron el caño. Ignoro por qué, si fue decisión de él o de alguien de abajo. Es una pena. Yo ya existía cuando llegaron ellos (cuando se privatizó Imevisión). Debíamos todo: el futbol o la Fórmula Uno la pagábamos tres años después, pero teníamos los derechos de Chivas, Tigres, Pumas, Monterrey, la NBA, la NFL.
“No éramos un desastre, ya habían nacido Los Protagonistas, habíamos hechos Mundiales y Juegos Olímpicos formidables. Éramos un grupo sólido, con talento. Después de que en Sydney masacramos a Televisa, ignoro por qué pero me nombraron director de Noticias. Me imagino que fue para sacarme de los deportes.
“Eso molestó a mucha gente, al que es hoy director de noticias (Ignacio Suárez), a quien yo, tal vez me excedí, llamé hijastro del padre Maciel porque prohibía que se hablara de ese tema (la pederastia y los Legionarios de Cristo en los noticiarios). En la mente de Televisa estaba quitar al equipo de José Ramón. Lo fueron despedazando, hasta que me fui. Todo fue borrado, pero no pasa nada. El mundo sigue, que Dios los bendiga.” l
