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Domingo 23 de mayo de 2010
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Colaborador Invitado / Todos somos miedo
El gobierno no puede fortalecer la interacción social ni transformar la estructura que ha corrompido el narcotráfico sin la cooperación de la sociedad
Colaborador Invitado
(23 mayo 2010).- Suhayla Bazbaz Kuri
Fundadora y directora de Cohesión Comunitaria e Innovación Social AC.
Es recomendable hacer estas cosas lo antes posible, pero siempre será demasiado tarde.
José Morella
El fortalecimiento de la cohesión comunitaria se ha convertido en un área estratégica para México y Estados Unidos en el combate al crimen organizado trasnacional. Ello se refleja en la Declaración Conjunta emitida por ambos gobiernos el 24 de marzo de 2010 y en las convocatorias publicadas el 20 de abril por dependencias de la administración pública federal y por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) para financiar proyectos de la sociedad civil en Ciudad Juárez.
Pero, ¿qué es la cohesión comunitaria? Y ¿en qué regiones, entidades y ciudades tenemos que fortalecerla?
La cohesión comunitaria es el proceso a través del cual las sociedades garantizan que todas y todos alcancen su máximo potencial.
Este proceso supone el mejoramiento en siete dimensiones interconectadas e interrelacionadas: igualdad real de oportunidades; organización y participación; relaciones positivas; identidad y sentido de pertenencia; valoración y celebración de la diversidad; derechos y deberes, y detección y gestión de conflictos.
La cohesión comunitaria implica que las y los ciudadanos nos sintamos seguros a través de la interacción que fundamenta la convivencia, la confianza, la solidaridad, la empatía.
La interacción permite que personas y grupos reconozcan qué los hace iguales y qué los hace diferentes. La interacción conlleva el cuestionamiento y la confrontación de prejuicios y estereotipos. Facilita la creación de redes personales, sociales y laborales. Fomenta la organización y participación ciudadanas en las políticas públicas. Contribuye a la negociación, mediación y resolución pacífica de divisiones y tensiones. La interacción reduce la vulnerabilidad y aumenta la seguridad humana y ciudadana.
No obstante, la ineficacia e ineficiencia del Estado para garantizar la vida, el patrimonio y la integridad de todas y todos conlleva a que las personas se encierren en el miedo y opten por el aislamiento como estrategia de supervivencia.
Según la Sexta Encuesta sobre Inseguridad realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el 50.8 por ciento de las personas en México cambió algún hábito por miedo a ser víctimas de algún delito.
En Ciudad Juárez el 68.6 por ciento de los habitantes cambió sus hábitos; en Guadalajara, el 58.1; en Monterrey, el 51.3; en Toluca, el 58.2 y en el Distrito Federal, el 42.7 por ciento.
A nivel nacional, el 49 por ciento de las personas dejó de salir de noche, el 20 dejó de salir a comer o a cenar, el 23 dejó de ir al cine o al teatro, el 31 dejó de caminar y el 18 por ciento dejó de usar transporte público.
Paradigmáticamente, el 26 por ciento de las personas a nivel nacional dejó de visitar amigas, amigos y familiares; es decir, dejó de interactuar con las personas que conoce, por miedo.
Estas cifras demuestran que la falta de interacción entre conocidos y desconocidos no es un problema exclusivo de Ciudad Juárez.
El debilitamiento de la cohesión comunitaria no se limita a Reynosa, Monterrey, Tampico, Acapulco, Morelia o Cuernavaca. El debilitamiento de la cohesión comunitaria es un problema nacional con distintos ángulos locales. Por ello, su fortalecimiento debe ser prioridad en todas las regiones, entidades y ciudades de México.
Por un lado, el narcotráfico corrompe las relaciones, oportunidades, incentivos, identidades y lealtades en las comunidades. Es decir, el narcotráfico corrompe la cohesión comunitaria. Por el otro, la ineficacia e ineficiencia en combatirlo generan una escalada del miedo. El miedo reduce la posibilidad de interacción, aumenta la vulnerabilidad y la inseguridad; merma la confianza, la solidaridad, la empatía, e impide la participación y la movilización.
El miedo trastoca la organización social.
El gobierno no puede fortalecer la cohesión comunitaria y transformar la estructura que ha corrompido el narcotráfico sin la colaboración y la cooperación de la sociedad. No obstante, la propia ineficacia e ineficiencia del gobierno ponen en riesgo a la sociedad misma.
Cohesión Comunitaria e Innovación Social busca incidir en el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan la cohesión, reconozcan la diversidad y catalicen la interacción en México. Para ello, informamos, asesoramos, sensibilizamos y capacitamos a nuestros socios de la cooperación internacional -como el Consejo Británico y USAID-, dependencias federales y locales, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
sbazbaz@cohesioncomunitaria.org
Twitter: SuhaylaCCIS
Entrevista / José Barba / Iglesia: Imagen deteriorada
Reportaje Iglesia y Ejército bajo la lupa. Los casos de pederastia denunciados en México y en el mundo han dañado la imagen de la Iglesia, que según varias encuestas era hasta el 2009 una de las instituciones más confiables para los mexicanos
Karla Garduño Morán
(23 mayo 2010).- Después de los escándalos por los casos de pederastia denunciados en todo el mundo, incluyendo el del fundador de la congregación de los Legionarios de Cristo Marcial Maciel en México, la imagen de la Iglesia Católica se encuentra muy dañada, considera José Barba, académico del ITAM y una de las víctimas de los abusos de Maciel en los años cincuenta.
Según la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas difundida en abril del 2009 por la Secretaría de Gobernación, la Iglesia contaba hasta el 2008 con el 72 por ciento de la confianza ciudadana, cifra que coincide con los últimos estudios de opinión pública de Latinobarómetro, que en 2009 dio a conocer que el 65 por ciento de los mexicanos dijo confiar mucho o algo en esta institución.
Barba considera que, aunque no todos los fieles alcanzan a percibir la magnitud del problema que significa que la Iglesia haya callado estas denuncias por varios años, es indudable que la institución quedó cuestionada.
"Los legionarios daban servicio a la clase media alta y a la clase más rica, por eso la gente humilde no está del lado de pensar si quedó dañada o no la imagen de la Iglesia. En cambio, recibo información de amigas de la alta sociedad y le puedo asegurar que la imagen de la Iglesia está muy dañada, entre hombres y mujeres", señala el profesor de Instituciones Políticas y Sociales en el ITAM.
Según el catedrático, si la Iglesia hubiera actuado por cuenta propia ante las repetidas denuncias de abuso sexual en contra de sacerdotes, y no como una reacción a la presión internacional, se hubiera afectado menos su credibilidad.
Trece años después de que él y otros siete ex legionarios de Cristo iniciaran un proceso legal ante la Confederación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano -presidida en aquel entonces por el cardenal Joseph Ratzinger- para denunciar los abusos sexuales del fundador de la congregación, el Vaticano concluyó el 1o. de mayo pasado que efectivamente Maciel había cometido actos delictivos.
"El Vaticano dice en la cláusula dos que Maciel estableció mecanismos de defensa, lo que no nos dice es cómo corrompió a algunos miembros del Vaticano. También dice que nos agradece a nosotros por nuestra tenacidad y valentía a pesar de las dificultades, pero lo que no dice es que muchas dificultades nos las crearon ellos; el Vaticano nos puso tantas dificultades que si no hubiéramos sido testarudos habríamos abandonado hace mucho", apunta Barba, quien luego de separarse de la congregación formó su propia familia.
El fiel común, dice Barba, no conoce a la Iglesia actuante, la que pasa por encima de los derechos de los católicos cuando trata de evitar un escándalo.
"El que va a misa el domingo a escuchar al cardenal Norberto Rivera no sabe eso. El fiel normal ve el cristianismo detrás de las palabras del arzobispo, y el arzobispo literalmente actúa como un actor, impresionante. Está actuando en el momento en que guarda silencio cuando, después de haber estado durante años atacándonos, ve el decreto del Vaticano que lo pone en evidencia y no tiene capacidad para pedir perdón, para acercarse a las víctimas", dice el académico.
¿Ahora que los fieles escuchan del Vaticano el perdón por los pecados y que se reconocen los casos de pederastia, cómo se afecta la imagen de la Iglesia?
Para quien comprenda la gravedad del problema va a significar que la Iglesia es más falible de lo que pensaban, pero hay personas que no saben lo que significa pedofilia o pederastia. Si no entienden eso, menos entenderán qué hay detrás respecto a las posiciones de la Iglesia, y menos entenderán cuáles son los móviles que mueven a la Iglesia a hacer determinadas declaraciones, si son los principios o si es la presión internacional y en el fondo se puede estar tratando de control de daños.
En México la Iglesia es una de las instituciones, junto con el Ejército, con mayor confianza. ¿Cómo se construyó esa imagen entre los mexicanos?
En México siempre hay una actitud ante lo divino, desde la época precolombina, reverencial y temerosa; y luego, con la Colonia, gracias a la práctica de los franciscanos, crean confianza en esa imagen de la Iglesia Cristiana, siempre con un sentido reverencial. Cuando yo llegué a España y los chicos mexicanos le besamos la mano a las monjas, los demás se sonreían, no lo tomaban por el lado religioso, sino por el lado de la cortesía, sin embargo en México era normal.
¿Cree que el caso de Marcial Maciel haya minado esa confianza?
La gente lee de diversas maneras las manifestaciones que tiene delante, pero saber leer significa tener una preparación para comprender lo que dice un texto, una conducta humana, y en general yo diría que el pueblo no está preparado. Cuando se encuentra gente que se indigna, es porque entendió ya, pero mucha gente no quiere saber nada cuando se ataca con justificación a un obispo, a un sacerdote.
¿El delegado que enviará el Vaticano puede ayudar a reconstruir la confianza en los Legionarios?
El Santo Padre puede mandar a un delegado y, creo, va a formar una comisión para modificar y revisar la constitución. También van a mandar a una especie de visitación a Regnum Christi (el brazo secular de los Legionarios), que está más metido en el mundo y tiene muchas implicaciones en estos momentos.
Se puede modificar una constitución, pero lo que no se puede modificar es una mentalidad, porque es producto de algo que no está escrito. Es lo más difícil de erradicar. Incluso en mí sobrevive una imagen digamos "buena" de Maciel, a tal grado él ejercía su encanto.
¿Cómo crear una modificación de la mente en los que se queden?, eso va a ser muy difícil, porque se puede cambiar un uniforme, pero no se puede cambiar una manera de pensar.
¿Los Legionarios de Cristo pueden sostenerse como congregación aun cuando su fundador ha sido calificado como un delincuente por el Vaticano?
El Vaticano habla de redefinir el carisma, pero primero hay que definirlo. El carisma viene de la palabra griega kharis, que significa gracia. La gracia es un don que generalmente se da aun sin pedirlo. Nadie va a fundar una orden o pedirle a Dios un carisma, sino que es el carisma el que lo hace fundar la orden.
Pero el mismo Vaticano dijo que Maciel no tenía ni siquiera sentimientos religiosos, que tenía actividades verdaderamente criminales, entonces ¿cómo van a redefinir el carisma, lo van a crear, es posible crear un carisma?
El Vaticano tiene dos dificultades, una que es de justicia y la otra que es de prevención del caos, no puede permitir una desbandada, porque todos los que estaban ahí preparándose para algo, o ya se habían preparado, a dónde se van a ir. A algunos no los van a aceptar en otros lados porque tienen mala prensa, habrá otros sinceramente honrados, pero muchos están dañados de por vida, este tsunami espiritual los va a dañar para siempre, a ellos y a sus familias.
Qué van a hacer de repente en el vaticano con todos los colegios que dicen que tienen, ¿pueden cerrarlos simplemente?, ¿qué escuelas los van a recibir?
¿La Iglesia cómo podría recuperar la credibilidad perdida por los escándalos de pederastia?
Estableciendo una legislación inequívoca y actuando conforme a esa legislación; ateniéndose a acuerdos internacionales; llevando a sus últimas consecuencias el arrepentimiento y esta purificación hacia adentro.
Puedo entender que algunos Legionarios estuvieran engañados, pero la Iglesia no estaba engañada, la Iglesia también sabía; ellos, en cambio, no lo están diciendo: "sabíamos y callamos porque teníamos miedo del escándalo", eso no lo van a decir.
Ya estamos en una etapa no del ocultamiento de la depredación, sino del ocultamiento del ocultamiento, y puedo asegurar que si no fuera por la presión internacional, no se hubiera hecho absolutamente nada.
Harán todo lo posible por aplicar la sabiduría humana, no siempre la mejor, para desengancharse de una gravísima responsabilidad.
¿Existe algún otro momento histórico en el que la Iglesia se haya visto tan presionada para rendir cuentas?
Diría que en 1520, cuando Martín Lutero escribe la carta A la nobleza cristiana de la nación alemana, después de haber ido 10 años antes a Roma y darse cuenta de la podredumbre en la corte del Papa. La competencia hizo que la Iglesia Católica llevara a cabo una contrarreforma, que se dio en forma reactiva a la reforma protestante de Lutero.
¿Ahora podría darse un cisma?
No creo que pueda haber una proclama de cisma. Primero, para haber un cisma tendría que haber fuertes convicciones y no las tenemos. La deserción en la Iglesia se ha dado en forma de bloques: el bloque luterano, el bloque anglicano, el bloque calvinista. Ahora la deserción puede ser igual de cuantiosa pero menos aparente, porque sencillamente la gente se despega, no quiere decir que se vaya de un grupo religioso a otro.
La estadística es muy difícil de levantar, pero si hubiera un momento en que la gente votara de manera factual; por ejemplo, negándose a dar limosnas, entonces la Iglesia notaría contante y sonantemente la desafección de muchos católicos.
El Papa ha dicho en dos ocasiones que el enemigo es interno, que los ataques vienen desde la misma Iglesia, mientras que en el mismo Vaticano y otras figuras del clero acusan que esto es una persecución contra la Iglesia. ¿Hay dos maneras distintas de verlo?
Puede haber alguno, pero sería rarísimo, que realmente crea que se trata de una persecución contra la Iglesia. Saben perfectamente que no es una persecución, pero quieren crear una conciencia de culpa para que mucha gente no se atreva a hablar.
Haría falta que el Papa dijera: "Mea culpa, hay un documento de marzo de 1962 que hizo que nuestros obispos actuaran así porque así les dijimos". Pero no les conviene ir a los detalles, no lo mencionan.
Es muy difícil decir que el Papa no esté diciendo esto en un movimiento de conversión, o decir que es consecuencia de la presión internacional; es muy difícil también probar que se está programando la confusión por medio de dos discursos simultáneos en voces diferentes; lo que sí se puede decir es que hay una forma de sabiduría demasiado humana de actuar para sobrevivir bien parados.
Las reacciones del Vaticano: las reuniones con víctimas y con obispos, las disculpas, las promesas de revisar a fondo las instituciones y el reconocimiento de culpas, ¿reflejan una convicción por abrirse y rendir cuentas?
No creo que estén dispuestos a abrirse plenamente. Abrirse significaría abrir los archivos.
Debería haber una investigación laica con hombres y mujeres especializados en ciertas ramas para investigar como independientes de la Iglesia, porque la Iglesia nunca nos va a decir todo lo que recabó, y más si es juez y parte, porque estas cosas no hubieran sucedido nunca si hubiera habido vigilancia.
La mayoría de las denuncias conocidas son de casos de hace décadas, ¿qué se puede hacer para que se denuncien los abusos más recientes?
Es un proceso no puramente legal, es un problema psicológico, ¿cómo cambiar la mentalidad de la gente que está acostumbrada a pensar que eso es impensable en un sacerdote? A un niño le pueden dar una bofetada en su casa si sugiere que el sacerdote le quiso hacer algo; la misma mamá le da un sopapo. A veces por temor religioso, porque pueden pensar que Dios los va a castigar.
¿Le parece que hay un relación entre celibato y pederastia, como han sugerido algunos teólogos?
Para que cambie el celibato tiene que haber un cambio de concepción mucho más amplia desde el punto de vista de la teología del cuerpo, la teología del amor. "Si tu ojo fuera limpio todo tu cuerpo sería luminoso", dijo Cristo.
Hubo un tiempo, en los años sesenta, en que más que la caridad había una obsesión con el sexto mandamiento (No cometerás actos impuros), y vivíamos todos angustiados con eso. Nos dieron gato por liebre, no nos educaron con más sencillez para decirnos que la esencia del cristianismo es la caridad no el sexto mandamiento.
¿Cómo queda la figura de Juan Pablo II después de que durante su papado defendió a Marcial Maciel y su sucesor ahora lo reconoce como pecador?
Se habla de la dificultad que el caso de Marcial Maciel puede significar para su canonización, pero a mí la canonización me tiene sin cuidado. Juan Pablo apoyó a Maciel de una manera desastrosa, se dejó engañar, dio una carta a su favor poniéndolo como ejemplo de la juventud el 5 de diciembre de 1994. Fue engañado, porque si usted pone a Marcial Maciel como ejemplo de la juventud, es como poner a Drácula al frente del banco de sangre. Luego, el 26 de noviembre del 2004, permitió que los legionarios celebraran el 60 aniversario de la ordenación sacerdotal de Maciel en San Pedro.
¿El caso Maciel puede ser antecedente para que el Vaticano intervenga en la investigación de más casos de pederastia en México?Creo que sí, si quieren ser coherentes tendrían que hacerlo. El caso Marcial Maciel es una piedra de toque, es paradigmático para demostrar la credibilidad de la Iglesia.
"Estamos en una etapa de ocultamiento del ocultamiento. Si no fuera por la presión internacional, no se hubiera hecho absolutamente nada".
José Barba, catedrático del ITAM y ex legionario de Cristo.
Abusos de la Iglesia en el mundo
En la última década, las denuncias de víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes han obligado al Vaticano a investigar a sus miembros y disculparse en al menos nueve países.
Australia
Desde 1992 se tienen registrados 117 casos de curas sentenciados por abusos sexuales a menores y actualmente hay 15 denuncias en los tribunales. En julio del 2008 el Papa Benedicto XVI se reunió con representantes de las víctimas para ofrecer disculpas.
México
En 1997 se conoció la denuncia de nueve ex miembros de los Legionarios de Cristo que habían sido violados por el fundador de la orden, Marcial Maciel. Las víctimas llevaron su caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, presidida por Joseph Ratzinger, pero fue hasta el 2004 cuando se abrió una investigación. En 2010, ya como Papa, Benedicto XVI envió una misión que concluyó que efectivamente Maciel había sido un delincuente.
Argentina
En 2009, el sacerdote Julio César Grassi, responsable de la Fundación Felices los Niños, fue condenado a 15 años de prisión por 15 casos de abuso sexual de menores que estaban bajo su cuidado.
Estados Unidos
En 2004 el "informe John Jay" reveló que de
Brasil
En 2005 se reveló que el Vaticano había investigado al menos a mil 700 sacerdotes (el 10 por ciento del país) involucrados en abusos sexuales. Al escándalo se sumó la existencia de dos diarios escritos por clérigos en los que narraban sus aventuras con menores de edad.
En marzo del 2010, ex alumnos de escuelas católicas denunciaron los abusos cometidos por dos monseñores y un padre. La Santa Sede reconoció los casos y los separó de sus cargos.
Irlanda
En 2009 el "Informe Ryan" y el "Informe Murphy" revelaron que, entre 1914 y 2000, más de 35 mil niños a cargo de 200 instituciones religiosas habían sido víctimas de abusos y violaciones, y se acusaba a las autoridades eclesiásticas de haber ocultado los abusos de uno 46 sacerdotes.
El Vaticano intervino y a la fecha han renunciado cuatro obispos relacionados con los casos. El 19 de marzo del 2010, el Papa dirigió una carta de disculpas a los católicos de Irlanda.
Alemania
Desde enero del 2010 han visto la luz cientos de casos de abusos sexuales protagonizados por sacerdotes en varias escuelas católicas de Alemania en las décadas de 1970 y 1980. Entre las víctimas están los miembros del coro de niños del colegio "Regensbug Domspatzen", que durante 30 años fue dirigido por el hermano del Papa, Georg Ratzinger.
Chile
El 19 de abril del 2010, el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile hizo un mea culpa sobre los delitos de abuso sexual a menores cometidos por religiosos chilenos, los cuales comenzaron a ser públicos a partir de la condena de uno de ellos a 12 años de prisión. El prelado cifró en 20 los casos actuales en el país.
Bélgica
En abril, el Papa aceptó la renuncia de Roger Vangheluwe, ex obispo de la ciudad de Brujas, quien admitió haber abusado de menores siendo sacerdote y al comienzo de su obispado.
Ejército: Abusos e impunidad
Reportaje Iglesia y Ejército bajo la lupa. La muerte de civiles en los operativos militares contra el narcotráfico, la ineficiente investigación de los casos y la impunidad han desgastado al Ejército y pueden causar un severo daño a su credibilidad, apuntan especialistas
Martha Martínez
(23 mayo 2010).- El 1o. de junio de 2007 cuatro civiles -entre ellos tres menores de edad- perdieron la vida en un retén militar del municipio de Sinaloa de Leyva.
Según la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos del Ejército dispararon en contra de la camioneta en la que viajaba la familia Esparza Galaviz, luego de que escucharon "un fogonazo" proveniente del vehículo.
La recomendación 40/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que los soldados se encontraban bajo el efecto de las drogas y el alcohol.
Nueve días después de los hechos un juez militar dictó auto de formal prisión en contra de 19 soldados.
Tres años después, la indagatoria no ha concluido y la Sedena no ha confirmado o desmentido públicamente la conclusión de la CNDH sobre el estado de los soldados al momento de disparar.
El de la familia Esparza Galaviz fue el primer caso documentado de civiles muertos a manos del Ejército en la llamada "guerra contra el narcotráfico". A éste han seguido otros que involucran además a elementos de la Marina.
A decir de especialistas, estos casos merman el prestigio de la segunda institución más confiable para los mexicanos según la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, y la última medición de Latinobarómetro que señala que el 55 por ciento de los mexicanos confía algo o mucho en el Ejército.
Enfoque detectó 18 casos ocurridos entre junio de 2007 y abril de 2010, en los que 41 civiles perdieron la vida y 15 resultaron heridos al ser atacados en retenes militares, quedar en medio del fuego cruzado entre soldados y narcotraficantes o al ser confundidos con presuntos delincuentes. Se trata de casos en los que están identificados los nombres de las víctimas, edades, lugares y circunstancias en las que murieron.
El número podría ser mucho mayor si se toman en cuenta los cálculos del propio presidente Felipe Calderón, que el 16 de abril dijo: "más de 90 por ciento de esos homicidios y ejecuciones, según hemos venido catalogando, obedecen precisamente a la lucha entre unos cárteles contra otros... ha habido muchos soldados y policías caídos en cumplimiento de su deber, pero éste es un porcentaje que no llega, por ejemplo, al 5 por ciento de esas muertes. Y mucho menos todavía, aunque los ha habido por desgracia y lo lamentamos, algunos civiles inocentes, alguna vez atrapados, digamos, en el fuego cruzado entre delincuentes o de policías con delincuentes, pero son realmente los menos".
Es decir, de los 22 mil 700 muertos que ha dejado esta "guerra" -según informó la Sedena en una carpeta entregada a senadores el 12 de abril-, alrededor de 2 mil 200 son militares, policías y "civiles inocentes".
Entre las 41 víctimas detectadas por Enfoque, hay 11 niños, seis mujeres y ocho jóvenes entre 11 y 25 años de edad. El estado con el mayor número de "incidentes", como los llama la Sedena, es Tamaulipas; le siguen Morelos, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Zacatecas.
De acuerdo con la información disponible, ninguno de los casos ha sido resuelto, y sólo en cuatro se ha dictado auto de formal prisión en contra de soldados: la muerte de cuatro integrantes de la familia Esparza Galaviz en un retén militar de Sinaloa de Leyva; la muerte de un joven en un retén militar de Huetamo, Michoacán, el 11 de enero de 2008; la muerte de cinco civiles en un retén militar del municipio de Badiraguato, Sinaloa, el 26 de marzo de 2008, y la desaparición y muerte de tres jóvenes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 17 de marzo de 2009.
Estos hechos involucran a 37 militares, pero la Sedena no ha informado si ya fueron detenidos y sentenciados.
En un comunicado, la dependencia informó el 3 de marzo pasado que en relación a las 51 recomendaciones emitidas por la CNDH entre el 1o. de diciembre de 2006 y el 28 de febrero de 2010, sólo ocho soldados involucrados en violaciones a los derechos humanos han sido sentenciados por tribunales militares. La Sedena no detalló cuáles son los casos en lo que hay sentencia y en qué consiste ésta.
Agregó que nueve soldados están incluidos como parte de investigaciones previas en integración y 38 más se encuentran en proceso.
'Daños colaterales'
El 12 de marzo, en una reunión con senadores, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, se refirió por primera vez a los casos de civiles muertos en la "guerra contra el narcotráfico" calificándolos como "daños colaterales". Según los legisladores presentes en la reunión, el concepto fue utilizado por el general para explicar la importancia de continuar con la estrategia federal más allá de los costos que ésta pueda tener.
El abogado Humberto Guerrero explica que este concepto ha sido utilizado como parte del Derecho Humanitario Internacional, pero con dos condiciones: estar en guerra y que el Ejército tenga absoluto desconocimiento de que sus acciones pueden afectar vidas o infraestructura civil.
Guerrero, quien formó parte del equipo que litigó el caso Rosendo Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos -que derivó en una sentencia contra el Estado mexicano-, explica que el concepto no es aplicable a México porque aunque el Presidente denominó su estrategia "guerra contra el narcotráfico", el país no se encuentra en un contexto de enfrentamiento armado.
Además, explica, muchos de los enfrentamientos entre soldados y delincuentes han tenido lugar en horas y lugares con tránsito normal de personas, por lo que el Ejército no puede alegar que desconocía los efectos de sus acciones.
Según el abogado, el uso del concepto tiene otro objetivo: "al llamar daño colateral violaciones a los derechos humanos, lo que están insinuando es que esas actitudes están justificadas por un bien mayor que es la seguridad pública".
Abusos e informes fallidos
Las violaciones a los derechos humanos cometidas por los soldados han colocado a la institución militar bajo la lupa.
Su actuación en la llamada guerra contra el narcotráfico ha sido motivo de severos informes y pronunciamientos de organizaciones internacionales; el uso del fuero militar fue recientemente objeto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el Senado ha llamado a comparecer en dos ocasiones al titular de la Sedena para que proporcione información sobre la muerte de civiles y al menos en un caso -el de Santiago de los Caballeros- familiares de las víctimas impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que rechazó el amparo- la ampliación del fuero militar a casos de civiles.
Samuel González, especialista en seguridad y narcotráfico, advierte que la fallida estrategia para combatir el narcotráfico, las graves violaciones a los derechos humanos en las que ha estado involucrado y la cada vez más constante vigilancia nacional e internacional han sometido al Ejército a un proceso de desgaste institucional.
"El Ejército tuvo que haber salido a hacer operaciones quirúrgicas, no a hacer operaciones de seguridad pública; el gran daño que puede haberse dado al país en esta materia es que se puede estar deslegitimando al Ejército", asegura.
Las dos conferencias que en menos de 48 horas dieron la PGR y la Sedena para presentar los "avances" de las indagatorias sobre las muertes de los menores Martín y Bryan Almanza Salazar y de los jóvenes Jorge Mercado Alonso y Javier Arredondo Verdugo, ambos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, son ejemplos de ese desgaste.
El 30 de abril, el procurador de Justicia Militar, José Luis Chávez García, informó que de acuerdo con declaraciones de testigos y peritajes realizados por el Ejército, lo hermanos Almanza Salazar murieron por las esquirlas de una granada lanzada por miembros del crimen organizado durante un enfrentamiento con soldados. La versión fue desmentida de inmediato por Cynthia Salazar, madre de los menores, quien aseguró que los militares dispararon en contra de su familia.
El sábado 1o. de mayo, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, señaló que uno de los dos estudiantes del Tec de Monterrey recibió al menos un disparo de la delincuencia organizada, pero no estableció la procedencia del resto de las balas localizadas en el cuerpo de las víctimas.
Ley de Seguridad Nacional
En opinión de Samuel González, otro ejemplo del proceso de desgaste en el que se encuentra el Ejército es el hecho de que solicitara al Congreso mayores facultades en materia de seguridad pública -como interrogar a detenidos, tomar huellas dactilares, intervenir comunicaciones, hackear páginas en internet o cancelar espectáculos públicos- durante las negociaciones de la Ley de Seguridad Nacional aprobada por el Senado en abril, pero pendiente de ratificar en la Cámara de Diputados.
Para el especialista, esto es un indicativo de que los soldados y sus mandos se sienten desprotegidos e inquietos. "El que hizo la estrategia del presidente Calderón se equivocó tajantemente; engañaron al Ejército en el sentido de decirles que era sostenible el fuero militar en los términos que lo tenían y es evidente que eso es algo imposible de cumplir; desde que México reconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana sabía que en algún momento el fuero militar va a desaparecer, ellos lo saben y se sienten desprotegidos", insiste.
Para el especialista Raúl Benítez Manaut la muerte de civiles es una tragedia anunciada desde finales de 2006, cuando el presidente Calderón inició la militarización de la seguridad pública. En ese momento diversos analistas, defensores de derechos humanos y organismos internacionales advirtieron sobre los riesgos de desplegar al Ejército en las calles.
Además de la falta de preparación, Benítez Manaut señala que la muerte de civiles es una consecuencia del deficiente trabajo táctico del Ejército, pues los ataques en retenes y las muertes por balas perdidas pueden ser evitables con estrategias de fácil implementación.
"En los retenes militaras es donde sería más fácil solucionar el problema, hay hasta manuales enteros en muchos ejércitos del mundo en donde dicen cómo no equivocarse. Por ejemplo: la aplicación de retenes dobles: tú tienes un retén en un lugar y
"Un soldado no dispara a un civil por voluntad, el problema es la táctica y el tipo de guerra que están librando. Por doctrina, el secretario de la Defensa, los tenientes, los coroneles, los mayores, le dicen a la tropa que respete los derechos humanos, lo que pasa es que los soldados están muy mal preparados para la guerra en la que fueron involucrados", agrega.
El también presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia señala que los soldados están entrenados para pelear en guerras regulares en donde el enemigo es plenamente identificable -porque porta uniforme-, y la "guerra contra el narcotráfico" los enfrentó a condiciones para las cuales no fueron capacitados.
Samuel González explica estadísticamente esta circunstancia: "la propia Sedena dice que hay más de medio millón de personas trabajando para el narcotráfico en el país; somos 100 millones de mexicanos, si quitas a los niños que son más o menos 40 por ciento de la población, quiere decir que, estadísticamente hablando, cada vez que te subes a un avión de 100 pasajeros, hay un narco; o cada vez que te metes en una iglesia o un cine con mil personas hay 10 narcos, ¿cómo los distingues si visten como civiles y se transportan en autos civiles?".
Fuero e impunidad
La impunidad que prevalece en los casos de agresiones a civiles coloca al Ejército en la mira de los organismos internacionales de derechos humanos.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, advierte que la no investigación de la muerte de civiles en acciones del Ejército crea una cultura de impunidad que sugiere que quien comete abusos graves no está obligado a rendir cuentas de sus actos.
"En los pocos casos que se investiga, las investigaciones las realiza el sistema de justicia militar que carece de independencia e imparcialidad. Resultado: casi la totalidad de abusos aberrantes cometidos por militares, como presuntas violaciones sexuales, ejecuciones, detenciones arbitrarias y tortura, quedan impunes", señala.
Informes de organismos internacionales, recomendaciones de la CNDH e información emitida por la Sedena y la PGR indican que el común denominador de casos es que las autoridades ceden de manera casi inmediata la indagatoria a tribunales militares, los cuales niegan a los familiares y sus abogados el acceso a los expedientes, además de que muchas de las averiguaciones previas son integradas en lugares lejanos a la residencia de los afectados, lo cual dificulta que permanezcan atentos al desarrollo de las mismas.
Dos ejemplos: el 11 de enero de 2008, Víctor Alfonso de la Paz Ortega murió en un retén militar en Huetamo, Michoacán. La Procuraduría estatal inició una indagatoria y dos días después fue turnada a las autoridades militares. El 16 de febrero de 2008, Sergio Meza Varela perdió la vida luego de que su auto fuera atacado en un retén militar de Reynosa, Tamaulipas, cuatro días después la Procuraduría local turno la indagatoria al Ministerio Público Militar.
Raymundo Ramos, asesor legal de la familia de Brian y Martín Almanza Salazar, denuncia que además de la opacidad en las indagatorias, los familiares tienen que lidiar con la intimidación y el hostigamiento de las autoridades militares.
En el caso de los menores se iniciaron tres averiguaciones previas: una en la procuraduría de Tamaulipas, otra en las oficinas de la PGR en Ciudad Alemán y otra en la Ciudad de México. Los familiares y abogados no han tenido acceso a ninguna de ellas, pues la integración de los expedientes en Ciudad Alemán y el Distrito Federal tienen como objetivo dificultar la supervisión de los familiares. "Una de las averiguaciones previas se integró en el Distrito Federal, ¿con qué motivo?, obvio, ni nosotros ni la familia tenemos recursos para estar viajando a la Ciudad de México a hacer antesala", señala.
Sobre la intimidación de la que son objeto familiares y abogados detalla: "cuando Martín y Carlos Alfredo -padre y tío de los menores- fueron hospitalizados, los militares estuvieron cuatro días en el hospital de especialidades hostigándolos cada hora sin dejarlos dormir, revisando a los familiares que entraban a verlos, anotando sus nombres y direcciones y al cuarto día, también catearon su casa estando Martín hospitalizado y Cynthia -madre de los menores- en la agencia funeraria".
Ramos, quien también es asesor legal de las familias de los tres jóvenes que aparecieron sin vida luego de ser detenidos por elementos del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas en marzo del 2009, concluye que la Sedena ha recurrido a estrategias de presión para proteger a sus elementos.
"En el caso de los muchachos, les ofrecieron a los familiares 80 mil pesos siempre y cuando se desistieran de la demanda; entonces no era una indemnización, era un chantaje", reprocha.
En opinión de José Miguel Vivanco, el problema de la justicia militar radica en que el secretario de la Defensa Nacional ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas, los jueces no gozan de la garantía de estabilidad en el cargo, el control civil de las decisiones de los tribunales militares es muy limitado y prácticamente no existe escrutinio público de las investigaciones y los juicios militares. El resultado, señala, es la impunidad.
No obstante, ante el creciente interés que ha despertado la aplicación del fuero militar en México, los especialistas adelantan: "este gobierno está condenado a tener gravísimos problemas en el futuro por la estrategia que está siguiendo, porque muchas de las violaciones a los derechos humanos que están cometiéndose hoy, mañana van a ser tema de análisis de tribunales internacionales".
Víctimas civiles
En tres años de "guerra contra el narco" se han registrado múltiples abusos por parte del Ejército. En estos 18 casos está documentada la muerte de 41 personas; en cuatro casos hay detenidos, pero ninguno se ha esclarecido en su totalidad.
2007
1o. de junio.
Poblado, municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa.
Un grupo de soldados, que presuntamente consumían alcohol y drogas, abrió fuego en contra de la camioneta en la que viajaba la familia Esparza Galaviz.
Situación jurídica: un juez militar dictó auto de formal prisión en contra de 19 soldados involucrados. Recomendación de la CNDH admitida por la Sedena.
MUERTOS: 4
HERIDOS: 3
3 de junio.
Carretera Ribereña, tramo Mier-Nuevo Laredo, Tamaulipas.
La camioneta de Héctor Adrián Salazar Fernández fue baleada por no detenerse en retén militar.
Situación jurídica: la Sedena negó que su personal fuera responsable. No se sabe si inició una investigación.
MUERTOS: 1
HERIDOS: 0
3 de agosto.
Naco, Sonora.
Fausto Ernesto Murillo Flores fue detenido por elementos del Ejército; sus dos acompañantes fueron presentados ante el Ministerio Público, pero el cuerpo de Murillo fue encontrado a un costado de una carretera. Un testigo afirmó que fue torturado hasta la muerte.
Situación jurídica: la Procuraduría estatal inició investigación por homicidio y después remitió el caso a la justicia militar. Recomendación de la CNDH admitida por la Sedena. No hay detenidos.
MUERTOS: 1
HERIDOS: 0
2008
11 de enero.
Huetamo, Michoacán.
Un soldado abrió fuego en contra del automóvil en el que se transportaba Víctor Alfonso de la Paz Ortega (17 años).
Situación jurídica: la Procuraduría estatal inició averiguación previa; un día después se declaró incompetente y turnó el caso a la PGR, que remitió el caso a la justicia militar. La Procuraduría de Justicia Militar integró una averiguación previa en contra del soldado José Francisco Padilla. Recomendación de la CNDH admitida por la Sedena.
MUERTOS: 1
HERIDOS: 0
16 de febrero.
Reynosa, Tamaulipas.
El auto en el que viajaba Sergio Meza Varela fue atacado por elementos del Ejército en un retén militar. Los soldados señalaron que repelieron una agresión, pero la indagatoria de la CNDH determinó que no hubo disparos desde el interior del vehículo.
Situación jurídica: la procuraduría estatal inició investigación, pero el caso fue remitido a la justicia militar. Recomendación de la CNDH admitida por la Sedena.
MUERTOS: 1
HERIDOS: 1
26 de marzo.
Badiraguato, Sinaloa.
La camioneta en la que viajaban Alberto Medina López (30 años), Manuel Medina Araujo (29 años), Edgar Giovanny Araujo Alarcón (28 años), Irineo Medina Díaz (53 años) y Miguel Ángel Medina Medina (31 años) es alcanzada y atacada por un vehículo militar.
Situación jurídica: la Procuraduría General de Justicia Militar consignó a cinco elementos. Recomendación de la CNDH admitida por la Sedena. La Corte rechazó un amparo que impugnaba la extensión del fuero militar.
MUERTOS: 5
HERIDOS: 0
7 de mayo.
Villa de Cos, Zacatecas.
Noemí Pinales (9 años), Edwin Castañeda López y Alejandra Pérez del Río perdieron la vida al quedar en medio del fuego cruzado durante un enfrentamiento entre soldados y presuntos narcotraficantes.
Situación jurídica: no hay información disponible.
MUERTOS: 3
HERIDOS: 0
2009
17 de marzo.
Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Alejandro Gama (25 años), Israel Ayala (20 años) y Aarón Rojas fueron detenidos por el Ejército. Cuarenta y tres días después sus cuerpos aparecieron en una fosa clandestina en Vallecillo, Nuevo León. Gama alcanzó a avisar a su esposa por teléfono que los tenían los militares.
Situación jurídica: el 24 de abril el Ministerio Público Militar inició averiguación previa. El 8 de mayo informó que determinó ejercer acción penal contra 1 jefe, 3 oficiales y 8 elementos de tropa. Ninguno ha sido sentenciado.
MUERTOS: 3
HERIDOS: 0
20 de septiembre.
Xochitepec, Morelos.
Oswaldo Sánchez Cabrera y Cristian Sánchez (35 años) fueron detenidos por elementos del Ejército, que dispararon en contra de Oswaldo.
Situación jurídica: la Procuraduría estatal inició investigación, pero la turnó al Ministerio Público Federal al establecer que el arma con la que fue ultimada la víctima -calibre 7.62- es de uso exclusivo del Ejército.
MUERTOS: 1
HERIDOS: 0
5 de diciembre.
Benito Juárez, Nuevo León.
Sonia Hernández Ovalle (46 años) perdió la vida al quedar en medio del fuego cruzado durante un enfrentamiento entre militares, elementos de la Marina y presuntos delincuentes.
Situación jurídica: no hay información disponible.
MUERTOS: 1
HERIDOS: 7
11 de diciembre.
Fraccionamiento Los Limoneros, poblado de Ahuatepec, Cuernavaca, Morelos.
Patricia Terroba Partida fue alcanzada por una bala perdida cuando elementos de la Armada cercaron el fraccionamiento en el que se llevaba a cabo una posada en la que presuntamente se encontraba Arturo Beltrán Leyva.
Situación jurídica: no hay información disponible.
MUERTOS: 1
HERIDOS: 0
13 de diciembre.
Colonia Los Poetas, Zitácuaro, Michoacán.
Jorge Daniel Sánchez Albarrán (11 años) se encontraba en su casa cuando fue alcanzado por una bala perdida. Muy cerca de su domicilio personal militar se enfrentó con un grupo de personas armadas. Falleció desangrado luego de que en dos hospitales le negaron atención.
Situación jurídica: no hay información disponible.
MUERTOS: 1
HERIDOS: 0
16 de diciembre.
Cuernavaca, Morelos.
Ignacio Aguilar Rodríguez (39 años) acudía a entregar un pedido de tortillas cuando fue alcanzado por una bala al pasar cerca del lugar en donde elementos de la Marina llevaban a cabo un operativo para capturar a Arturo Beltrán Leyva.
Situación jurídica: no hay información disponible.
MUERTOS: 1
HERIDOS: 0
27 de diciembre.
Carretera Reynosa-Río Bravo, Tamaulipas.
El microbús en el que viajaban Marlene Medrano y Eduardo Martínez quedó en medio del fuego cruzado entre elementos del Ejército y presuntos sicarios. Muere su hija Elizabeth, de 1 año.
Situación jurídica: no hay información disponible.
MUERTOS: 1
HERIDOS: 2
2010
3 de marzo.
Anáhuac, Nuevo León.
Rocío Elías García (29 años) y Juan Carlos Peña Chavarría (29 años) murieron al quedar en medio del fuego cruzado entre elementos del Ejército y presuntos narcotraficantes cuando salían de la maquiladora Delphi -donde trabajaban- a la hora de la comida.
Situación jurídica: el 11 de marzo los familiares de las víctimas denunciaron en la Procuraduría estatal a los miembros del Ejército y quienes resulten responsables. No se tiene información sobre el avance de la misma.
MUERTOS: 2
HERIDOS: 0
19 de marzo.
Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey.
Jorge Mercado Alonso (23 años) y Javier Arredondo Verdugo (22 años) murieron en un enfrentamiento entre Fuerzas Federales y un grupo armado en las inmediaciones del campus.
Situación jurídica: la PGR inició investigación ministerial. A pesar de varios comunicados y una fallida conferencia de prensa, las autoridades no han aclarado la circunstancias en que murieron los estudiantes.
MUERTOS: 2
HERIDOS: 0
28 de marzo.
Pueblo Nuevo, Durango.
Una camioneta donde viajaban beneficiarios del programa Oportunidades fue atacada cuando se dirigían al poblado Los Naranjos.
Situación jurídica: las autoridades informaron que al parecer, el retén militar en el que fueron agredidos no era del Ejército. No existe información sobre la indagatoria.
MUERTOS: 10
HERIDOS: 0
3 de abril.
Carretera Nacional Nuevo Laredo Reynosa-Matamoros, Tamaulipas.
Elementos del Ejército abrieron fuego en contra de la camioneta en la que viajaba la familia Almanza luego de que, según los soldados, no se detuvieron cuando les marcaron el alto.
Situación jurídica: existen dos averiguaciones previas del caso: una abierta en la Procuraduría del estado y dos por la PGR en Ciudad Alemán y la Ciudad de México. Hasta el momento no hay detenidos.
MUERTOS: 2
HERIDOS: 2
Fuentes: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Secretaría de la Defensa Nacional, Red por los Derechos de la Infancia en México, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
Migración: acoso y reforma
Análisis Agenda México-Estados Unidos. Felipe Calderón insistió en la necesidad de una reforma migratoria; Obama advirtió que le faltan votos
Mauricio Farah
(23 mayo 2010).- El acoso La ley conocida como SB 1070 generó una reedición de la controversia en torno al trato que reciben los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, pero es sólo una muestra de la presión que han venido ejerciendo diversos estados de ese país sobre los migrantes ante la carencia de una reforma migratoria.
Desde que a mediados del segundo periodo del presidente George Bush se cerró la posibilidad de consumar dicha reforma, proliferaron en los estados de la Unión Americana las iniciativas y ordenanzas orientadas a limitar a los migrantes el ejercicio de sus derechos, propiciar su segregación y colocarlos en la inexistente clasificación de seres humanos de segunda.
Además de estos intentos legislativos, muchos consumados en diversos estados, los migrantes enfrentaron el flagelo de las redadas a cargo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que estableció el Programa Nacional de Operaciones de Fugitivos (NFOP).
A pesar del específico mandato que al respecto dio el Congreso, el NFOP se distorsionó en cuanto se puso en operación en 2003, y desvió sus actividades a la persecución de los migrantes en zonas habitacionales y laborales. En 2008 por ejemplo, menos del 9 por ciento de los arrestados durante las redadas eran personas con antecedentes penales y más de 86 mil eran sólo migrantes, según datos del propio ICE.
Estas detenciones masivas crearon una ficción que sirvió para que el presupuesto del NFOP se incrementara en siete años de 9 millones de dólares a más de 220 millones, lo que acompañó al crecimiento de los equipos de Operaciones contra Fugitivos, que en el mismo lapso pasaron de ocho a más de 100.
La distorsión del NFOP, que hizo a un lado la investigación para dedicarse a la persecución indiscriminada, incidió negativamente en los derechos humanos de miles de migrantes que fueron arrestados y separados de sus familias, perdieron salarios, bienes y tratamientos médicos, y padecieron la incertidumbre de dejar a sus hijos en el desamparo.
A este ambiente de persecución se sumó la aplicación de la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorgó a las policías locales la facultad de detener y deportar a los inmigrantes indocumentados, incurriendo en diversos abusos por su falta de capacitación.
Éste es el trasfondo de la realidad de los migrantes y el revelador escenario que da sentido a la demanda de una reforma migratoria en Estados Unidos.
Por falta de una reforma migratoria, hay leyes estatales de carácter persecutorio en un ámbito que corresponde a las autoridades federales, redadas, separación de familias, niñas y niños migrantes en el desamparo, policías locales ejerciendo facultades federales e incurriendo en abusos, mexicanos poniendo en riesgo su vida en la frontera y segregación.
La reforma
La reforma necesariamente debe incluir términos y condiciones para la regularización de los inmigrantes indocumentados.
Quienes se oponen a la inmigración, además de los que lo hacen sólo por prejuicios racistas, sostienen que ésta despoja de fuentes de trabajo a los nacionales y que no se debe "premiar" a quienes se internaron en Estados Unidos de manera ilegal.
Resulta claro que los migrantes indocumentados no privan de empleos a los nativos; realizan trabajos que éstos no quieren hacer, trabajos duros que además reditúan un ingreso menor a la expectativa de los trabajadores norteamericanos: mientras los trabajadores indocumentados tienen en promedio un ingreso anual de 25 mil dólares, los trabajadores regulares obtienen un promedio de 40 mil dólares.
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos calculaba en 1990 que la demanda de trabajadores no calificados se incrementaría de 53 millones a 60 millones en 10 años. La predicción se ha cumplido, pues el aumento de inmigrantes indocumentados en ese periodo ha sido de entre 7 y 9 millones.
Las remesas que envían los migrantes a sus países, que representan montos por encima de los 350 mil millones de dólares anuales -de los cuales 250 mil millones se destinan a países en desarrollo-, equivalen al 10 por ciento de los ingresos de los migrantes. El resto contribuye a hacer girar la inmensa rueda de la economía estadounidense a través de impuestos y consumo.
La regularización necesariamente incrementaría los impuestos que pagan los migrantes y acabaría con el mito de que éstos aumentan el gasto de seguridad social sin aportar nada a sus fondos. No se trata, pues, de premiar la ilegalidad, sino de reconocer la aportación de los migrantes.
La reforma migratoria debe incluir también un programa de trabajadores huéspedes, cuya principal virtud sería la de ofrecer opciones para la migración legal.
¿La oportunidad?
El presidente Felipe Calderón no podía dejar de abordar el tema en su visita de la semana pasada a Washington, y lo hizo. Ahora el Senado mexicano debe constituirse en un determinante interlocutor con sus pares para impulsarla a través del diálogo parlamentario bilateral.
El presidente Barack Obama dejó ver que no invertirá su capital político para sacar adelante una reforma migratoria en los próximos meses: "me faltan 60 votos; necesito el apoyo de los republicanos", dijo. Más claro, ni el agua.
Para lograr la reforma, Obama, Calderón y el Senado mexicano deben convencer al Congreso estadounidense de que la migración no es una amenaza, sino un valioso recurso de las personas y los países para alcanzar la satisfacción de sus necesidades laborales y económicas. Y de que incluso, paradójicamente, la falta de cauces legales para la migración, acordes con la realidad, favorece la inseguridad fronteriza y el crimen organizado, temas que tanto preocupan a los republicanos.
El autor es consultor independiente. mauriciofarahg@hotmail.com
La cultura política
(23 mayo 2010).- Téngalo presente
Segundo foro político 'Seguridad y Justicia'. Alejandro Martí, Ana Laura Magaloni, Álvaro Vizcaíno, Rafael Heredia, Ignacio Morales Lechuga, Sergio Ferragut y Emilio Rabasa, entre otros. Lunes 24 y martes 25. Hotel St. Regis, Paseo de la Reforma 439, Cuauhtémoc. Informes: 5533 2969 y http://bit.ly/d4yOL8.
Coloquios
La APPO: balance y perspectiva. Organizan El Colegio de México y la Universidad Iberoamericana. Lunes 24 y martes 25, 10:00 horas. Salón 5524 de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000. Programa completo: http://bit.ly/bugh03.
Los procesos de cambio estructural para México. Sergio Sarmiento, Macario Schettino, Rodolfo Echeverría, entre otros. Martes 25 y jueves 27, 17:00 horas. Auditorio del Sindicato de Trabajadores del Metro. Antonio de los Santos 73, San Miguel Chapultepec. Inf: 5627 4086.
200 años. Revisión crítica de México. Enrique Krauze, Eufrosina Cruz, Xóchitl Gálvez, Roger Batra y Jorge Castañeda entre otros. Jueves 27, 9:00 horas. Auditorio del Instituto Mora. Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac. Inf: 5598 3777. Programa: http://bit.ly/b8CLI7.
Conferencias
La UNAM ayer y mañana. Humberto Muñoz, Imanol Ordorica, entre otros. Jueves 27, 18:00 horas. Casa Universitaria del Libro, Orizaba 24, Roma. Informes: 5622 7390.
Libros
El PRI y sus Obispos. El caso Berlié de Iván A. Franco Cáceres. Araucaria. Descripción de los vínculos entre el PRI y los aparatos católicos anteriormente ligados al PAN, así como la nueva apuesta de los empresarios por el partido tricolor.
Una breve historia de la Iglesia Católica de J. Dereck Holmes y Bernard W. Bickers. Océano. Relato pormenorizado de la historia de la Iglesia católica, que abarca hechos, personajes, controversias, cismas y cambios que han marcado su devenir.
Mesas redondas
Funcionarios electorales estatales y académicos. Jesús Castillo Sandoval, Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Eduardo Castellanos Hernández, Jesús Anlen López, Jaime Miguel Moreno Garavilla, entre otros. Martes 25, 11:00 horas. Auditorio Ius Semper Loquitur de la Facultad de Derecho de la UNAM. Circuito Interior de Ciudad Universitaria. Informes: 5703 1455.
Dilemas éticos en los estudios de población, ciudad y medio ambiente. Rodolfo Corona, Gustavo Garza y José Luis Lezama. Viernes 28, 12:00 horas. Auditorio Alfonso Reyes de El Colegio de México. Informes: 5449 3000.
Presentaciones
El federalismo en México y los problemas sociales del país de Juan Bruno Ubiarco Maldonado. Lunes 24, 17:00 horas. Auditorio Dr. Eduardo García Máynez, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 2021.
Paradigmas y paradojas de la política exterior de México 2002-2006 coordinado por Jorge A. Schiavon y Rafael Velázquez. Colmex. Olga Pellicer, Guadalupe González y Leonardo Curzio. Martes 25, 17:00 horas. CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Inf: 5727 9800 ext. 2118.
Empleo sustentable y migración: responsabilidades compartidas México-Estados Unidos. Miryam Hazan. UNAM. Jueves 27, 10:30 horas. Salón de seminarios del CISAN. Piso 10, torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0010.
Se llamaba Elena Arizmendi: biografía de Gabriela Cano. Tusquets. Comentan Javier Garciadiego, Marta Lamas, Josefina McGregor, Héctor Vasconcelos y Roberto Blancarte. Jueves 27, 18:00 horas. Sala de videoconferencias de El Colegio de México. Informes: 5449 3000.
Revistas
Defensor. No. 4. Ejemplar editado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que dedica su número a la desa- parición forzada, un crimen de impunidad y olvido en México. Silvano Cantú escribe sobre la sentencia del caso Rosendo Radilla; Kate Doyle y Jesse Franzblau escriben sobre el caso de Aleida Gallangos y José Enrique González sobre la impunidad que prevalece en este delito. Entrevista con Santiago Corcuera.
Examen. No 183. Publicación del PRI. En este número se presentan los perfiles de sus 12 candidatos a gobernador en los comicios del 4 de julio. Enrique de la Madrid escribe sobre las reformas que necesita México y Guillermo Ramón Adames sobre el voto electrónico.
Seminarios
A 50 años de las independencias en África. Lunes 24 y martes 25, 9:00 horas. Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Senado de la República. Donceles 14, Centro Histórico. Informes: 5345 3000. Programa completo: http://bit.ly/d11qJt.
¿Cuáles son los límites de los derechos humanos? La propuesta de la autodefensa como derecho humano en Estados Unidos. Barbara Frey. Martes 25, 11:00 horas. Sala de juntas del CISAN, Piso 10, Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0010.
Los perfiles ideológicos de los ministros de la Suprema Corte mexicana. Julio Ríos Figueroa y Eric Magar. Miércoles 26, 12:00 horas. Sala de Seminarios del CIDE. Informes: 5727 9800 ext. 2137.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política comuníquese al 5628 7245; correo: enfoque@reforma.com
Los ciberlectores de Enfoque
(23 mayo 2010).- Debaten sobre Flores
El reportaje Flores de un sexenio (16 de mayo 2010) generó un intenso debate en reforma.com sobre el papel de la jefa de la Oficina de la Presidencia, Patricia Flores Elizondo. Aquí algunos de los más de 170 comentarios recibidos.
Al fin alguien habló de que la Sra. Flores se convirtió en alguien cercana también a Beatriz Paredes... yo traté con Flores en la Cámara y es una mujer ambiciosísima, dura... hostil, sin escrúpulos. Yo creo que lo que Reforma publica valientemente es sólo la punta del iceberg.
Fernando A.
El que pocos conozcan a Patricia Flores habla de la discreción con la que se maneja, no de que sea una principiante. Muchos ya quisieran su trayectoria. Lo que no se entiende es por qué la saña con su familia. ¿Qué ya se les olvidó que López Obrador puso a su hermano de presidente municipal de Macuspana, que Monreal quiere que su hermano sea alcalde de Zacatecas, que Moreira va a hacer que su hermano sea gobernador de Coahuila? Esos sí que son buenos puestos.
Mario Boneta
No olviden que la hermana de secretario de Gobernación, María de la Asunción Gómez Mont, es asesora de la unidad (subsecretaría) de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la SRE. Se ha apoderado de la agenda México-Unión Europea, quitándosela a los diplomáticos que sí saben del tema.
María Mondragón
Basta de descalificar a las mujeres. Hay que reconocerles su esfuerzo y trabajo. Son muchas las que pueden liderar este país, y de todos los partidos: Beatriz Paredes en el PRI, Josefina Vázquez Mota en el PAN, Amalia García en el PRD. Lean quiénes tienen los puestos directivos más importantes en las empresas y en la APF. Les guste o no son mujeres y mi reconocimiento a ellas y a todos aquellos que nos les cause resquemor.
Pedro Mendoza Salas
Típica panista que mete a sus colegas de ultraderecha al gobierno, con la anuencia de Calderón. Pero ella sólo sigue el ejemplo de su jefe: no olviden que Calderón puso a Mercedes Calderón, prima del Presidente, como dirigente del Crefal, un organismo internacional con sede en Pátzcuaro. Obviamente esa persona no tiene ni idea de cómo llevar ese organismo. Pobre México.
Enrique Espíndola
Trabajé con Patricia en la Cámara de Diputados y puedo decir que su estilo es difícil, muy dura, pero al final de cuentas es justa. Su estilo de trabajar le ha ganado muchos enemigos... pero es eficiente y da resultados. Nadie llega a donde está por "relaciones", sino por trabajo.
Constanza
Soy panista de Tabasco. Por personas como Patricia Flores el PAN me tiene decepcionada, yo que anduve haciendo campaña por Calderón, estoy arrepentida, resultaron peor que los priistas porque ya comprobé que son más corruptos y, lo peor, hipócritas de doble moral.
Leyla Fuentes Sastré
Busque el contenido de Enfoque en el sitio http://gruporeforma.reforma.com/Suplementos/enfoque/
PROCESO No. 1751
El secuestro contradicciones y falsedades
Verónica Espinosa
Tan compleja como el personaje mismo, la naturaleza del plagio contra el exsenador Diego Fernández de Cevallos revela los vicios del sistema panista: mentiras, contradicciones, torpezas... Del tamaño del poder adquirido por el Jefe Diego a base de relaciones inconfesables y tráfico de influencias es la incapacidad del gobierno de Felipe Calderón para conducirse con transparencia, con eficacia. Cerrazón informativa gubernamental, autocensura en medios electrónicos, son la norma... Y entretanto las especulaciones toman por asalto la credibilidad de los mexicanos.
SAN JUAN DEL RÍO, QRO.- “Es él. Es Diego”.
Eran las cinco de la tarde del viernes 21 cuando las procuradurías general de la República y la de Querétaro tuvieron que admitir la realidad que ocultaron durante seis días: el exsenador panista no estaba “desaparecido”, sino secuestrado.
El jueves 20 por la noche comenzó a circular en las redes sociales una fotografía de Diego Fernández de Cevallos enviada desde el correo electrónico misteriosos.desaparecedores@yahoo.com.mx. La imagen fue publicada el viernes 21 en los periódicos El Universal y Reforma y en ella aparece el exsenador con los ojos vendados.
Está de pie y tiene frente a él un letrero con la fecha del domingo 16 de mayo. Desnudo su torso y casi blancos el bigote y la barba, piel apiñonada, frente amplia y algunas manchas en el rostro. Sus hombros están encogidos.
Junto a la fotografía, el siguiente mensaje: “El Jefe Diego goza de cabal salud, y manda enternecido saludo a quienes lo quieren y hasta rezan por él”. Asimismo, ordena a su hijo exigir a las autoridades desbloquear la comunicación y mantenerse al margen de la negociación que su familia ofrece de manera pública por su liberación.
Y remata: “Seguiremos informando.
“Los misteriosos desaparecedores.
“20-05-
“Es él”, comentan sus hermanos a Proceso el mismo viernes 21 por la tarde. “Si lo tuviera enfrente y le pusiera una venda en los ojos, lo reconocería de inmediato”, dice uno de ellos.
Poco antes los peritos que apoyan a la familia del panista les confirmaron la autenticidad de la imagen. Los especialistas les explicaron que Diego fue puesto de pie ante un muro por sus secuestradores. El plástico negro que se observa al fondo es para ocultar los detalles del sitio donde lo tienen secuestrado e impedir su localización.
Sobre el torso desnudo y con los brazos a los costados, le amarraron con una cinta el papel que muestra la fecha del domingo 16. Sus hombros se ven tensos, incluso tiene un golpe en el lado izquierdo, encima del labio superior. Esa parte del rostro y la nariz están hinchadas.
Lo que sorprendió a la familia Fernández de Cevallos es que en el mensaje atribuido a Diego el exsenador utiliza el término “enternecido saludo”, una expresión que, dicen, emplea con frecuencia.
Con esas pruebas, los familiares de Fernández de Cevallos pidieron al exprocurador Antonio Lozano Gracia, amigo y colaborador de Diego, que difundiera un mensaje en el que pedían a los gobiernos federal y estatal dejar de investigar.
“Agradecemos a las autoridades su diligente y comprometido actuar desde que se confirmó la desaparición del Lic. Diego Fernández de Cevallos, pero solicitamos encarecidamente que se mantengan al margen de este proceso, para así favorecer la negociación, anteponiendo la vida e integridad de nuestro padre”, decía el mensaje entregado a los medios de comunicación de la Ciudad de México.
El lunes 17 Lozano Gracia entregó un primer comunicado firmado por Diego Fernández de Cevallos Gutiérrez, hijo del plagiado, a través de medios electrónicos, para pedir “a quienes tuvieran cautivo a Diego Fernández establecer contacto para entablar una negociación que permitiera su liberación”.
Había molestia entre hijos y hermanos de Diego puesto que, a pesar de que las líneas de investigación y todas las señales apuntaban al secuestro, la PGR y la procuraduría estatal insistían en desplegar operativos de búsqueda, realizar peritajes en la finca y sus alrededores, rastreos con agentes de la Dirección de Investigación del Delito, así como en manejar la versión de que el político queretano estaba desparecido.
El domingo 16, en Santander, España, durante su visita oficial en ese país, Calderón declaró que, “si pudiera”, transmitiría un mensaje a Diego para decirle que sus hijos “están orando” por él, “pero también siguiendo su ejemplo de valor, entereza y gallardía, y están firmes en la esperanza de recuperar a su padre”. Y el propio anfitrión, el jefe de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, condenó el “secuestro” del exsenador panista.
Despliegues ostentosos
Desde el sábado 15, los aparatosos operativos de los agentes federales y estatales se concentraron en las inmediaciones de la finca del rancho La Cabaña, una de las tantas propiedades que Fernández de Cevallos tiene entre San Juan del Río y Querétaro, en el municipio de Pedro Escobedo, a unos pocos kilómetros de la autopista federal 57.
Para el domingo 16, un avión con radar y peritos del Ejército llegaron al lugar con sus equipos para rastrear armas. El despliegue se prolongó durante varios días, pero no se instaló ningún retén carretero. Los vehículos circulaban por la carretera federal sin ningún problema.
Los familiares del secuestrado aseguran que ese inusual despliegue policiaco era pura simulación. Las autoridades estatales y federales querían demostrar que Lse estaba haciendo todo lo posible por localizar a Fernández de Cevallos”, pero en realidad sólo dificultaron el contacto con los plagiarios, quienes desde el principio exigieron el retiro de las fuerzas de seguridad de las inmediaciones del rancho La Cabaña.
También comentan que les extrañó que desde el principio la Procuraduría General de la República (PGR) no atrajera la investigación del caso, aun cuando el procurador Arturo Chávez Chávez trabajó en el despacho de Fernández de Cevallos.
Durante seis días fue la procuraduría estatal, encabezada por Arsenio Durán, la que inició la averiguación previa SC/31/2010. Durante ese lapso hubo jaloneos. Y aunque el gobierno del priista José Calzada Rovirosa esperaba que la PGR atrajera el asunto, asegura a Proceso una fuente cercana a las investigaciones, la dependencia federal no actuó.
Los tres comunicados oficiales sobre la “desaparición” del excandidato panista a la Presidencia en 1994 fueron emitidos por la procuraduría estatal. El primero se difundió el sábado
A Calzada Rovirosa le preocupaban las consecuencias que traería el secuestro de Diego a la entidad, así como la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad locales; incluso modificó su agenda para dedicarse ciento por ciento al caso.
El mandatario organizó encuestas a lo largo del país para saber con detalle lo que se opinaba sobre el secuestro de Fernández de Cevallos. La PGR fue la dependencia “más golpeada” mediáticamente por el plagio del exsenador.
El Comité Estatal del PAN optó por organizar a sus correligionarios para que oraran por la aparición de Diego. El miércoles 19, el presidente estatal del partido, el diputado Ricardo Anaya Cortés, decidió colocar anuncios espectaculares en distintos puntos de la capital queretana con el mensaje: “Diego, estamos contigo”; otros tenían la leyenda: “Por un Querétaro seguro y en paz”.
Sin embargo, desde el martes 18 el gobierno federal y el propio Calzada Rovirosa sabían que Diego había sido secuestrado. Aun así prefirieron seguirlo ocultando a los medios de comunicación. En la víspera, la intervención de Lozano Gracia, así como de los hijos mayores de Fernández de Cevallos y algunos de sus hermanos tensaron el ambiente, sobre todo por el rechazo de las autoridades federales y estatales.
Los hijos Diego se quejan porque, dicen, aun cuando asistieron a las reuniones de Gabinete de Seguridad desde el principio, nunca vieron ninguna pista concreta en las investigaciones.
El cerrojazo
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, optó por decir a los medios que guardaran silencio sobre el plagio, luego de que Lozano Gracia, a nombre de la familia Fernández de Cevallos, pidió a las autoridades ser discretas en el manejo de las investigaciones.
Joaquín López Dóriga, conductor de El Noticiero, fue el primero en plegarse a la estrategia del silencio. El gobernador Calzada Rovirosa también lo hizo a su manera y retomó su agenda pública, mientras que los panistas queretanos tuvieron que retirar el miércoles 19 los anuncios panorámicos por instrucciones del presidente del CEN de su partido, César Nava.
Con todo, el gobierno federal no aguantaba la presión. El viernes 21, conocida ya la foto en la que Diego Fernández de Cevallos aparece vendado y ante la presión de la familia del secuestrado, el presidente nacional del PAN, César Nava, todavía intentó ocultar el secuestro.
Gómez Mont también quiso atenuar la situación: “Ustedes deben entender que nosotros estamos obligados a ser respetuosos, cautelosos y discretos”, dijo Gómez Mont a reporteros en un evento del Club de Industriales. Incluso rezó, dijo, con la esperanza de “encontrar a Diego con vida”.
El jueves 13 y el viernes 14, los dos días previos al secuestro, Fernández de Cevallos estuvo en el municipio de Jerécuaro, Guanajuato, en la hacienda La Barranca, que adquirió hace cinco años.
Llegó el jueves para supervisar la construcción de viviendas que pretendía regalar a los habitantes del rancho en un terreno que donó para ese fin, informaron el sábado 15 al diario local Correo varios trabajadores del exsenador.
Durmió en La Barranca y el viernes 14 por la tarde salió en su camioneta rumbo a Querétaro, señalaron al diario Correo dos hombres y dos mujeres que trabajan en el rancho La Barranca. También comentaron que lo vieron por última vez poco antes de las seis de la tarde.
El sábado 15, cuatro empleados del rancho La Barranca, ubicado en el municipio de Yerécuaro, Guanajuato, comprado por Diego Fernández de Cevallos, declararon a Correo que vieron a su patrón por última vez el viernes 14 alrededor de las seis de la tarde.
Ese mismo día el velador del rancho La Cabaña declaró ante el Ministerio Público que alrededor de las 23 horas oyó llegar la camioneta de su patrón. Sin embargo, aclaró que no lo vio. Fue hasta el sábado
Al día siguiente, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, y el gobernador de Querétaro, José Calzada, anunciaron, al término de una reunión de cinco horas en las instalaciones de la XVII Zona Militar, la constitución de un grupo interinstitucional en el que participarían las corporaciones de los estados vecinos.
La muerte lo rondó por internet
Jenaro Villamil
Desde el sábado 15, en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales de internet, se barajaron tres posibilidades en torno al caso Fernández de Cevallos: homicidio, desaparición y secuestro. En ese marasmo, el gobierno federal reaccionó de manera contradictoria y el lunes 17 Televisa anunció que no difundiría más información al respecto, si bien dos días antes le había dedicado una emisión especial en el Canal 2.
Protagonista del escándalo que estalló por un comentario en Twitter el sábado 15, el expresidente nacional del PAN Manuel Espino dice a Proceso, entrevistado el jueves 20: el mensaje “fue distorsionado desde Los Pinos” para responsabilizarlo de los rumores que especulaban acerca de la muerte del político panista.
Agrega que desde las 10 de la mañana de ese día, reporteros de Ciudad Juárez y militantes del PAN le preguntaron si estaba enterado del rumor de que Fernández de Cevallos había desaparecido. Señala que al investigar se percató de que el diputado federal panista Javier Corral direccionó su cuenta de Facebook hacia un portal informativo de Querétaro donde se informaba del posible secuestro de Diego. A las 12 del día se comunicó con Corral, quien le dijo: “Al parecer está muerto y su cuerpo fue encontrado en un campo militar de Querétaro”.
Aunque este dato le preocupó, admite, no lo dio como un hecho; en el ambiente ya podía sentirse la rumorología. “A las 14:25 una twittera me preguntó qué sabía de lo de Fernández de Cevallos. Y le respondí: ‘Hay mucho rumor sobre la desaparición del Jefe Diego, me dicen que está muerto y el cuerpo en el campo militar de Querétaro. ¡Muy lamentable!’”.
Unos minutos después, afirma Espino, el periodista José Cárdenas le hizo la misma pregunta y él respondió con palabras casi idénticas. Cárdenas y otros reporteros le comentaron que el PAN era un búnker donde no se confirmaba ni rechazaba ninguna versión.
A las 13:44 horas, Reforma on line divulgó la “desaparición” de Fernández de Cevallos y ubicó sus fuentes en la delegación de la PGR en Querétaro.
Al comparar ambas versiones, la mayor parte de los twitteros coincidió en que Espino había confirmado la muerte del Jefe Diego. “¿Cuál fue mi error?”, se pregunta el expresidente del PAN. “Creo que compartir en una red tan abierta una serie de versiones que luego se distorsionaron”, admite.
Entonces intentó deslindarse y argumentó que sólo el Ministerio Público podía confirmar los sucesos ocurridos en el rancho de Fernández de Cevallos.
En cinco entrevistas telefónicas precisó su versión. Habló con Carmen Aristegui; con MilenioTV; con Alejandro Cacho, de Televisa; con Radio Trece y con el noticiero radiofónico de José Cárdenas.
Aunque en MilenioTV el expresidente del PAN pidió una disculpa pública por el malentendido, le siguieron atribuyendo la versión del homicidio.
–Me doy cuenta de que se usó mi mensaje para distorsionar la información.
–¿Quién la distorsionó?
–Me dicen que la orden vino desde Los Pinos. En varias ocasiones he acusado a Los Pinos de manipular mis mensajes.
El jueves
“Innecesario descartar narco en caso DFC (Diego Fernández de Cevallos), si gobierno federal ha dicho tener información. Espero no manipulen tema ni haya línea a medios”.
De esta manera, Espino cuestiona las afirmaciones del presidente Felipe Calderón a la cadena estadunidense CNN en el sentido de que no había evidencia de que se tratara del crimen organizado ni de un secuestro.
“¡Son líneas de investigación! ¿Por qué las descarta el presidente?”, reclama airado el polémico exdirigente nacional del PAN.
La censura y Televisa
El mismo sábado
El martes 18, en su columna publicada en Milenio Diario, el conductor del principal noticiario de Televisa apuntó:
“La del sábado fue una jornada frenética en la casa presidencial, histérica en algunos medios y entre ciertos actores políticos y mediáticos y angustiosa para la familia Fernández de Cevallos.
“Los primeros informes sobre la desaparición de Diego llegaron a Los Pinos horas antes de la salida del presidente Calderón a Santander, como parte de la gira que lo llevará a Washington, donde mañana inicia una visita de Estado. El presidente recibía la escasa información con la que se contaba. Diego estaba desaparecido, sin saberse nada más, si estaba vivo o muerto”.
Unas horas antes, en el noticiero del lunes 17, el mismo López Dóriga leyó en la pantalla un comunicado de Noticieros Televisa en el que anunciaba que “por respeto a la vida” de Fernández de Cevallos se había tomado la decisión de “no volver a informar de este caso hasta su desenlace”.
En el insólito documento se indica que anteponer la vida de Fernández de Cevallos al ejercicio periodístico “no ha sido una decisión fácil, pero sí una decisión firme”.
Entre el martes 18 y el miércoles 19, el aviso de la autocensura de Televisa produjo un escándalo en los medios informativos. La agencia española EFE reportó que “la decisión de Televisa generó una ola de críticas en la prensa de Estados Unidos”, donde Calderón iniciaba el miércoles una visita oficial.
La autocensura más bien se convirtió en un expediente de censura. Desde Los Pinos se ordenó a todos los voceros de la PGR y de la Secretaría de Gobernación que no se volviera a hablar del caso. A los “columnistas amigos” también se les solicitó que ya no se especulara sobre la posible muerte o secuestro del excandidato presidencial.
Para bloquear la información sólo se requería un pretexto y éste fue el comunicado leído por el exprocurador general y socio de Fernández de Cevallos Antonio Lozano Gracia, quien a nombre de la familia agradecía “todas las manifestaciones de apoyo y solidaridad recibidas”, además de hacer “un llamado a las personas que retienen al licenciado Diego Fernández de Cevallos a que entablen comunicación en aras de negociar su liberación”.
Un día después de anunciar su silencio, Televisa dedicó el programa Tercer Grado a explicar la decisión de “autocensura”. El director de Noticieros Televisa, Leopoldo Gómez, afirmó que en su empresa “nunca cubrimos secuestros en curso, salvo cuando la familia lo anuncia”, como en el caso Paulette.
Además, el funcionario explicó que la cobertura especial del sábado 15 se debió a que “los medios cibernéticos” difundieron muchas versiones que “no eran ciertas”. “Habiendo hecho ese programa especial, tomamos la decisión de no cubrir el caso. ¿Por qué lo explicamos? Porque 24 horas antes hicimos un programa especial… No todos estuvimos de acuerdo con la posición”, afirmó Gómez.
La actitud de Televisa generó inconformidad y críticas en las redes sociales, así como en las columnas periodísticas. El diputado federal panista Javier Corral, crítico del monopolio televisivo, escribió en Twitter: “Ahora resulta que Televisa sí tiene código de ética informativa con el caso Diego y por qué no fue igual con el caso Paulette”.
El único que no ha dejado de mencionar el caso ha sido el propio presidente Felipe Calderón. Sus intervenciones han sido contradictorias. En España habló de “secuestro” y “desaparición”, casi al mismo tiempo, mientras que su homólogo español, José Luis Rodríguez Zapatero, siguió la línea de argumentación de su colega mexicano y afirmó:
“Sé que es un amigo y un hombre de gran importancia, de gran relevancia política en México. Deseamos su pronta liberación. Condenamos la criminalidad, condenamos los secuestros y estamos muy cerca de México y de su presidente en esa lucha ejemplar que está llevando a cabo”.
Calderón volvió a referirse al caso durante su entrevista con la cadena estadunidense CNN, el miércoles 19, el mismo día que se dieron órdenes en la PGR, en la procuraduría de Querétaro y en la Secretaría de Gobernación de no mencionar más el tema:
–Se dice que lo secuestraron para enviarle a usted un mensaje –le plantearon a Calderón.
–Los criminales me envían mensajes muy claros por otras vías. Creo que es un caso sumamente delicado. Par mí es muy triste porque Diego es un buen amigo mío, es un buen amigo de mi partido.
“Pero no hay evidencia de que esta situación esté vinculada con el crimen organizado. No hay evidencia de que se trate de un secuestro porque, de acuerdo con la investigación, no tenemos evidencia”.
Por su parte, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, amigo de Fernández de Cevallos desde su gobierno, definió lo ocurrido como “una desaparición forzada”.
Entrevistado al final de su participación en una conferencia con la Sociedad de Alumnos de la Universidad Panamericana, afirmó: “Esta desaparición forzada resulta preocupante; lo más importante es que Diego Fernández de Cevallos se encuentre bien. Sus amigos estamos cerca de su familia.
“Al mismo tiempo me parece que es importante decir que nadie debe celebrar un delito; me parece que el país no debe estar secuestrado por el discurso de la polarización y todos, creo, debemos tener una expresión por el regreso de Diego Fernández de Cevallos”. l
Diego, el general y Amado Carrillo
Jesusa Cervantes, Jorge Carrasco y José Gil Olmos
Ambos tienen gran influencia en sus ámbitos, el político y el militar. Diego Fernández de Cevallos y Arturo Acosta Chaparro han sido acusados de tener vínculos con el cártel de Juárez y se movieron con recobrada fuerza en el sexenio de Felipe Calderón. Sus destinos se cruzaron a raíz del secuestro del exsenador el viernes 14, y para el martes 18 ya los unía otra circunstancia: el pez gordo de la política seguía desaparecido y el general era baleado.
Las investigaciones para localizar al exsenador panista Diego Fernández de Cevallos, desaparecido desde la noche del viernes 14, están a cargo del general Arturo Acosta Chaparro, quien hace tres años fue exonerado por el Ejército de las acusaciones que lo implicaban con el narcotráfico y actualmente permanece en el Hospital Central Militar después de que un hombre lo baleó la noche del martes 18.
A los dos se les han atribuido, en distintos momentos, relaciones con el crimen organizado, en particular con el cártel de Juárez y quien fuera su líder, Amado Carrillo Fuentes. Ambos fueron blanco de agresiones en menos de una semana.
Consultadas por Proceso, fuentes que han estado cerca de la indagatoria que se sigue en Querétaro y otras cercanas al general afirman que éste fue “contratado” por “un despacho” ligado a Diego Fernández de Cevallos y a Lozano Gracia.
Este semanario también recabó versiones en el sentido de que los servicios de Acosta los solicitó directamente la familia del político y de que el militar había comenzado a trabajar en algunas hipótesis iniciales:
Una de ellas es que el plagio habría sido motivado por asuntos que involucran a Miguel Fernández de Cevallos, hermano de Diego.
De hecho, uno de los hijos de Miguel –dice una de las fuentes– aseguró en sus primeras declaraciones ante la Procuraduría General de la República (PGR) que el viernes 14 iba en su auto por la carretera federal cuando vio a su tío Diego en el asiento trasero de una camioneta, custodiado por dos hombres vestidos de blanco; declaración que no fue creíble para las autoridades.
Otras hipótesis que presuntamente verificaba Acosta Chaparro son las del narcosecuestro y la guerrilla.
Uno de sus primeros objetivos fue el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), por su supuesta relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dicen a Proceso fuentes cercanas al militar.
Con un destacado historial en la represión de la guerrilla entre los años sesenta y ochenta, y ahora en su condición de asesor de primera línea de la Sedena, Acosta Chaparro se concentró en la información sobre la alegada relación de las FARC con grupos guerrilleros y del narcotráfico en México.
Desarrollaba esa línea de investigación cuando, la noche del martes 18, en la colonia Roma de la Ciudad de México, fue atacado por un sujeto que le disparó con un arma de fuego al momento de que el militar salía de la empresa de seguridad privada Elim.
Apenas unas horas antes, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se había deslindado de la desaparición de Fernández de Cevallos.
“Se están deslindando, pero no les creas. Ese deslinde no quiere decir nada”, le comentó Acosta Chaparro a uno de sus hermanos con quien estaba llevando la investigación, según refieren las fuentes, y advirtió: “La agresión en su contra no fue un accidente. Fue un aviso para que no se meta”.
El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Guillermo Garduño Valero, especializado en fuerzas armadas y seguridad nacional, coincide: “Por el sistema de información que manejó por décadas y gracias a las puertas que le abrió el actual gobierno para seguir manejando información sobre grupos guerrilleros, se puede focalizar por dónde pudo venir el ataque”.
En esa línea, señala: “El atacante sabía quién era, que no debía matarlo sino dejarlo fuera de la investigación. Eso explicaría que a pesar de haber ingresado por su propio pie al Hospital Central Militar lo hayan declarado grave”.
Quienes informaron a Proceso de la participación de Acosta Chaparro en la indagatoria corroboran que desde su exoneración y liberación el general empezó a prestar servicios a la Presidencia de la República.
Incluso, afirman, entrenó a un grupo de élite del Ejército para constituir la avanzada en operativos contra el crimen organizado, específicamente en el estado de Chihuahua. No obstante, aclaran que el militar ya no trabaja para la Presidencia y únicamente brinda asesoría a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Al cierre de esta edición su estado de salud aún era grave, porque el único proyectil que hizo blanco en su cuerpo lo hizo por el abdomen y salió por un costado.
La certeza sobre la relación entre el atentado contra el general y la desaparición de Diego Fernández está en manos del Ejército, porque el primer delito fue denunciado ante el Ministerio Público Militar. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal únicamente es coadyuvante en el caso y hasta el momento no cuenta con la declaración de Acosta.
Las medallas del general
Como resultado de una investigación que la PGR abrió en enero de 1996 –justo cuando su hasta entonces titular, Antonio Lozano Gracia, iba de salida–, la dependencia dio a conocer al año siguiente que se había detectado que el general Acosta Chaparro, junto con otro militar, protegía a Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez.
También el Ejército lo investigaba. Uno de los reportes de la Subjefatura de Inteligencia de la Sección Segunda del Ejército, fechado el 4 de abril de 1997 y dirigido a un general de apellido Sánchez, refiere una reunión del general Acosta Chaparro con Amado Carrillo. “Esta reunión –dice el informe– se realizó en una casa, en Jalisco, del exlíder nacional del PRI Javier García Paniagua”.
Tres meses después de ese encuentro, en julio de 1997, Amado Carrillo murió en el hospital Santa Mónica.
Al año siguiente, como parte del llamado Maxiproceso que realizó la PGR, Acosta Chaparro fue nuevamente investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico junto con el también general Francisco Quiroz Hermosillo.
Ambos fueron señalados por tres testigos protegidos: Carlos Colín Padilla, operador financiero del cártel de Juárez; Adrián Carrera Fuentes, exdirector de la Policía Judicial Federal, y Tomás Colsa MacGregor, un joyero que fue proveedor de varios narcotraficantes.
Las indagaciones sobre Acosta Chaparro continuaron hasta 2000. En septiembre de ese año fue detenido y procesado por sus presuntos vínculos con El Señor de los Cielos. El procurador militar que inició las indagaciones en su contra y determinó que era culpable fue Rafael Macedo de la Concha, quien meses más tarde, el 1 de diciembre, fue nombrado procurador general de la República por Vicente Fox, el primer presidente panista.
Tras el consejo de guerra al que fue sometido Acosta Chaparro en 2002, el general Tomás Ángeles Dahuajare lo condenó también a perder el grado y todos sus derechos.
Al iniciarse ese proceso, organizaciones de derechos humanos y familias afectadas por la desaparición de activistas sociales de Guerrero durante la guerra sucia de los años setenta interpusieron denuncias en su contra. Lo responsabilizaron de la desaparición y asesinato de varios líderes sociales. Estos cargos se sumaron al proceso por vínculos con el narcotráfico.
Poco antes de que concluyera el sexenio de Vicente Fox, en junio de 2006 Acosta fue absuelto por el Juzgado Cuarto Militar de la acusación de homicidio calificado, relacionada con la desaparición de 22 presuntos guerrilleros.
Con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia, la suerte de Acosta Chaparro cambió por completo: el “máximo jefe de las fuerzas armadas” lo exoneró siete meses después de su accidentada toma de posesión. El 29 de junio de 2007 Acosta Chaparro abandonó el Campo Militar número 1; y el 23 de abril de 2008, en la ceremonia de retiro de 23 generales del Ejército, se le devolvieron todas las condecoraciones que en 2002 le quitó el general Ángeles Dahuajare (actualmente en retiro).
No sólo eso: Acosta Chaparro recibió una nueva condecoración por 45 años de servicio con “patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”. l
El diálogo de los “amigos”: –¡Vendido! –¡Co barde!
Álvaro Delgado
En el anecdotario documentado en torno a la relación entre Felipe Calderón y su correligionario Diego Fernández de Cevallos quedó el registro de la “amistad” –muy sui generis– a la que hizo referencia el presidente mientras se hallaba de gira en Estados Unidos: un odio que detonó desde finales de 2004, cuando ambos intercambiaron insultos en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. El motivo: la sumisión del Jefe Diego ante Carlos Salinas de Gortari.
“¡Eres un cobarde!”, le gritó Diego Fernández de Cevallos a Felipe Calderón, en respuesta a su acusación de someterse a Carlos Salinas: “¡Fuiste un vendido!”
Áspera su relación, sobre todo desde la gestión de Carlos Castillo Peraza como presidente del Partido Acción Nacional (PAN), el temperamento de ambos los condujo a la confrontación y al insulto.
El choque se produjo en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional, a finales de 2004, cuando Calderón evocó la relación de Fernández de Cevallos con Salinas, en el periodo de Luis H. Álvarez como presidente del PAN.
Fernández de Cevallos, quien era entonces coordinador de los senadores del PAN, se había distraído en la revisión de papeles y no había reparado en lo que decía Calderón, hasta que una imputación lo cimbró.
–A ver, ¿me lo puedes repetir?
–Sí, que tú fuiste un vendido.
El excandidato presidencial se defendió: Adujo que las gestiones que hizo ante Salinas fueron a petición de Álvarez, como lo hizo también ante Ernesto Zedillo cuando Calderón fue presidente del PAN, y le recriminó: “¡No te hagas pendejo!”
Luis Felipe Bravo Mena, el entonces presidente del PAN, trató de tranquilizar al excandidato presidencial, quien le reclamó no haber reconvenido a Calderón y él tenía derecho a responderle.
De frente a Calderón, en medio de la expectación de los miembros del CEN, le recordó que le pidió interceder ante Zedillo, pero que mantuviera el secreto.
“Te llegué a ayudar y siempre me dijiste que no se supiera. ¿Por qué? ¡Porque eres un cobarde! Te llegué a ayudar, porque era el presidente del partido el que me lo solicitaba.
“–No es cierto –pretendió negar Calderón.
“–¡Es que eres un cobarde! ¡Acéptalo!”
Esta escena –verificada por el reportero con tres testigos directos– desmiente la amistad que Calderón dice que ha tenido con Fernández de Cevallos a raíz de la desaparición de éste, el viernes 14, en un hecho que cinco días después definió, en Washington, como “un misterio”.
Las diferencias entre ambos han sido hondas desde que Fernández de Cevallos fue coordinador de los diputados federales, entre ellos Calderón, en el segundo trienio de Salinas, pero se profundizaron a tal punto que, a finales de 1996, estuvieron a punto de liarse a golpes.
Según la semblanza “El abogado del diablo” que el periodista Roberto Rock hizo de Fernández de Cevallos para el libro Los intocables, éste puso en duda la hombría de los intelectuales, entre los que incluía a Castillo Peraza, que entonces presidía el PAN.
“Pues yo no soy intelectual, pero aquí estoy para defender a Carlos, levántate”, lo retó Calderón, al tiempo que se quitaba los lentes. Aunque no se produjo el intercambio de golpes, la enemistad jamás ha sido superada, si bien se han unificado –junto con Salinas y Fox– para combatir a su adversario común, Andrés Manuel López Obrador, en los videoescándalos, el desafuero, las elecciones y la calificación presidencial.
Banderas arriadas
La relación de Fernández de Cevallos con Salinas, en cuyo sexenio se inauguró un cogobierno del PAN con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que prevalece con Calderón–, lo ha puesto bajo sospecha permanente entre prominentes figuras del panismo, beneficiario de esa relación.
El propio Álvarez, quien presidió el PAN cuando pactó con Salinas legitimarse “en el ejercicio del poder”, deja ver su desconfianza en Fernández de Cevallos en una conversación con él que incluye en su libro de memorias Medio siglo. Andanzas de un político a favor de la democracia, justo después de revelar que el expresidente lo quiso cooptar con dinero.
“Oiga, don Luis, usted me reinventó. Si no es por usted, yo no hubiera regresado al PAN”, le reconoció Fernández de Cevallos. “Y entonces le dije: ‘Pues no sé si la patria algún día me lo vaya a reclamar’. Se me quedó viendo y luego se rió.”
Álvarez, quien ha formado parte de la alta burocracia con Vicente Fox y ahora con Calderón, no explica las razones del reproche, pero responsabiliza a Fernández de Cevallos de ser el promotor de la quema de las boletas de la elección de 1988, en 1991, que denomina “un detalle menor pero simbólico”.
Cuenta: “Diego fue quien me planteó la iniciativa bajo el argumento de que ya de nada servían dado que habían estado a disposición de cuanta persona las quiso consultar. Accedí a su solicitud; sin embargo, hoy me arrepiento de ello porque esas boletas merecieron nuestra gran crítica tres años antes”.
Otro prominente panista, Ernesto Ruffo, el primer gobernador del PAN, manifestó siempre su desconfianza en Fernández de Cevallos, en una conversación con el reportero, en marzo de 2000, justo después del debate que el excandidato presidencial sostuvo con López Obrador.
“Diego aparece siempre en momentos cruciales, en situaciones en las cuales él influye y aplica esta manera de ser que no entiendo, porque nos lleva a situaciones que no arrojan resultados objetivos y concretos para la causa de México y del cambio democrático. Está dentro de los asuntos, pero cada uno ha concluido siempre en una situación no muy clara de por qué hace lo que hace.”
Además de la incineración de los documentos de la elección de 1988, Ruffo recordó la intervención de Fernández de Cevallos en la solución de conflictos electorales en Guanajuato, Sinaloa, San Luis Potosí, y en el desenlace de las negociaciones para una eventual candidatura de toda la oposición en la elección de 2000.
“Diego rebasó a la presidencia del partido, se llevó la discusión a su casa. Y se atravesó en las elecciones presidenciales de 2000.
“–¿Para qué?
“–Para que no pase nada.”
Y resumió: “Por eso digo que la palabra que define mi persona respecto de él es que no le tengo confianza”.
Es conocida también la animadversión entre Fernández de Cevallos y Fox, quien le reprochó a él y al PAN no haber tenido decisión para ganarle al PRI desde 1988, como lo escribió en su libro A Los Pinos.
“Cuando finalmente tuvimos tirado al sistema y le pusimos el pie en el pescuezo, fuimos una bola de coyones y no le dimos el tiro de gracia cuando pudimos, en gran medida por una corriente de temerosos al interior del PAN.”
Puso como ejemplo el caso de Fernández de Cevallos, a quien acusa de que, en 1994, “simplemente se echó para atrás”, y advirtió: “A mi juicio, en el PAN no hay todavía suficiente coraje ni hambre de triunfo. Pero la historia de Diego no se repetirá: voy por la Presidencia de la República”.
Más recientemente, Juan José Rodríguez Prats, que fue su allegado, tomó distancia de Fernández de Cevallos, después de que éste asistió, como invitado de honor y junto con Salinas, al cuarto informe de gobierno del priista Enrique Peña Nieto, en agosto de 2009. “Siento que Diego ya arrió sus banderas de panista”.
–¿De plano?
–De plano. Ir al informe de gobierno de Enrique Peña Nieto es una traición. Peña Nieto es el candidato de la ultraderecha. Detrás de él están los intereses más nefastos y sucios del país. ¡Cómo pudo ir!
Contó al reportero que, después de ese episodio, habló con Fernández de Cevallos: “Le dije que tenga autoestima: ‘Qué desgracia que tu lema de un México sin mentiras sea una mentira’”.
–¿Qué le respondió?
–Nada. Se quedó callado.
A raíz de la publicación en Proceso de un reportaje de María Scherer en torno a las propiedades de Fernández de Cevallos (edición 1373), el editor Rogelio Carbajal le propuso a la reportera hacer una biografía de Fernández de Cevallos, con quien se reunió, según lo narra ella misma en la Edición Especial del 30 Aniversario de Proceso.
Por fin, María Scherer le planteó la idea de Carbajal.
–¿Una biografía?
–Una biografía.
–Cuando me muera valdrá la pena.
–Vale la pena ahora, senador.
–Ten paciencia. Cuando me muera te dejo husmear en mis archivos. l
El abogado de los diablos
Ricardo Ravelo
Diego Fernández de Cevallos no sólo es uno de los políticos más influyentes del país: tiene una prolongada trayectoria como litigante, aunque a últimas fechas se cuestiona con insistencia la integridad de sus principales clientes. Se ha dicho públicamente que el panista es abogado del narco, empleado de la mafia. El experto Edgardo Buscaglia atribuye la autoría de su secuestro a narcotraficantes y lo ve como un golpe directo al poder, al gobierno.
Hábil en el manejo del llamado “influyentismo político” y en litigar lucrativos asuntos aun cuando vayan contra los intereses del Estado, Diego Fernández de Cevallos, desaparecido desde el viernes 14, se ha visto implicado en varios escándalos por su participación como abogado de personajes relacionados con el narcotráfico.
Y aunque el presidente de la República, Felipe Calderón, ha dicho que detrás del levantón que sufrió Diego Fernández en su finca La Cabaña, en Querétaro, no está el narcotráfico, lo cierto es que El Jefe Diego ha sido señalado en múltiples ocasiones como “empleado de la mafia” y abogado del narco.
Así lo denunció en 2004 el perredista Martí Batres, cuando fungía como subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, a propósito de una entrevista que concedió Fernández de Cevallos a Televisa. En ella el panista negó ser el artífice de la difusión de los videos con los que se destapó el caso de corrupción en el que se vieron implicados prominentes políticos perredistas y el empresario Carlos Ahumada.
Dijo Batres: “Estamos oyendo a Diego que no es el jefe de la mafia; es el empleado de la mafia y no me refiero simplemente a sus amistades como las que acaba de mencionar, de Juan Collado, asesor de Mario Villanueva, o de Eduardo Fernández, Raúl Salinas o Mario Ruiz Massieu, para poner algunos ejemplos.
“Tampoco voy a hablar de lo de Punta Diamante o la quema de los paquetes electorales de 1988 para facilitar el fraude a (Carlos) Salinas… Me refiero, sobre todo, a que Diego Fernández de Cevallos es, y eso es lo más grave, un personaje incrustado ya en la mafia del narcotráfico. Él recibió cuatro millones de pesos del cártel de Juárez y tengo… el expediente completito.”
Así surgía uno de los casos más complicados que enfrentó el poderoso abogado y excandidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos. No era todo. El panista resultó ser defensor de Jorge Bastida Gallardo, un empresario de la construcción identificado como consuegro del capo Amado Carrillo Fuentes.
Bastida compró un paquete de acciones del Banco Anáhuac que, según se supo después, consistió en una inversión del cártel de Juárez para lavar dinero del narcotráfico, lo que implicó tanto a políticos como a empresarios.
El espinoso Banco Anáhuac
De acuerdo con el expediente judicial, en el caso de las inversiones del narcotráfico en el Banco Anáhuac salieron perjudicados –porque presuntamente perdieron parte de su fortuna tras la investigación criminal que descubrió los fondos del cártel de Juárez– familiares del expresidente Miguel de la Madrid, entre ellos su hermana Alicia, su hijo Federico y su sobrino Jorge Hurtado Horcasitas (Proceso 1116).
El escándalo estalló a finales de
Este embrollo criminal y político también salpicó a Rodolfo Zedillo, hermano del expresidente Ernesto Zedillo que conocía a Bastida, con quien proyectó la construcción de un hotel en la Zona Rosa de la Ciudad de México, aunque según la versión del propio Rodolfo el negocio no se llevó a cabo porque Bastida Gallardo incumplió el contrato al no aportar ni un centavo para la obra.
Fernández de Cevallos fungía también como asesor legal de buena parte de los integrantes del cártel de Juárez que estaban detrás de la operación de la compra del Banco Anáhuac.
Según sus antecedentes, Bastida Gallardo provenía del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, donde se hizo rico traficando con el coyotaje y el contratismo, amparado por Leonardo Rodríguez Alcaine.
Sin embargo, la sospecha lo envolvió –y ese fue el origen de la investigación de la PGR– cuando invirtió alrededor de 10 millones de dólares en la compra de acciones del Banco Anáhuac. En su red de relaciones empresariales y políticas aparecía Juan Zepeda, entre otros, como coinversionista del banco.
Fernández de Cevallos estaba incluido en las indagatorias. El motivo: presuntamente el cártel de Juárez, a través de Bastida, le había pagado cerca de 4 millones de pesos por sus servicios.
Según la investigación, Bastida Gallardo le entregó dos cheques –con los números 76859 y 76860– por un millón 995 mil pesos y dos millones de pesos, respectivamente.
Diego Fernández no negó que recibió los cheques; lo que sí negó es que el narco se los hubiera pagado. Su argumento: “A mí me solicitaron una intervención en favor de un grupo financiero, no de una persona física”, y dijo desconocer si existía o no un nexo entre su cliente Bastida Gallardo y otra persona física en actividades ilícitas.
Añadió: “Lo relativo a mis ingresos le corresponde al fisco, y sobre ese particular no tengo nada que informar. Ni si recibí ni si no recibo, ni quién expide un cheque ni dónde se deposita”.
Como parte de una posterior averiguación previa –PGR/SIEDO/UEIDCS/097/2004– integrada contra el cártel de Juárez rindió declaración Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo. En ella refiere el caso del Banco Anáhuac y afirma que el abogado del grupo que perdió su fortuna en esa inversión fallida fue Diego Fernández de Cevallos.
Así lo manifiesta en su testimonio rendido el 1 de marzo de 2009 ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO):
Por el mes de enero de 1996 empezó mi papá a gestionar la compra de acciones en la Bolsa de Valores, a través de Juan Alberto Zepeda Méndez (contacto de Jorge Bastida, el cliente de Diego Fernández), compra que no se llevó a cabo, ya que éste le ofreció un mejor negocio o inversión en la compra de acciones del Banco Anáhuac, no recuerdo si se iba a ampliar el capital del banco o uno de los socios vendía su parte, siendo este negocio por la cantidad de treinta millones de dólares, el treinta por ciento del valor del banco, incluyendo cuatro vehículos, dos de la marca BMW, uno de ellos blindado, un Porsche gris a nombre de Luis Sánchez Pizzini, y otro más, Mercedes Benz. El negocio terminó de concretarse entre febrero y julio de 1996 dándole mi papá el dinero a Juan Alberto Zepeda Méndez.
Tras la muerte de Amado Carrillo su hijo Vicente declaró que quiso recuperar el dinero de la inversión en Banco Anáhuac para Zepeda Méndez y Juan Hurtado Horcasitas, el sobrino del expresidente Miguel de la Madrid, quienes le dijeron que el banco tenía problemas por malos manejos desde antes de que nosotros (se refiere al cártel de Juárez) empezáramos la negociación para comprar las acciones.
El hijo de Amado Carrillo también dijo haberse enterado de que el banco que intentó comprar su padre mediante diversos socios había sido intervenido por la CNBV, entonces encabezada por Eduardo Fernández. Le dijeron que este funcionario se había tomado atribuciones que no le correspondían con el fin de afectar al Banco Anáhuac.
Y añadió: Ante este problema se inició una auditoría por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fungiendo como representante legal o abogado el señor Diego Fernández de Cevallos, de la cual supe por otras personas, de las que no recuerdo el nombre, que todo salió favorable al banco…
Causas difíciles
Panistas prominentes y socios en distintos litigios, Diego Fernández de Cevallos y el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aparecieron en julio de 1997 como representantes legales de dos empresas –el hospital Santa Mónica y la funeraria García López– donde murió y fue velado, respectivamente, Antonio Flores Montes, nombre falso que se utilizó para ocultar la verdadera identidad del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.
En ese tiempo, Carrillo Fuentes, el llamado Señor de los Cielos, era el jefe del cártel de Juárez y meses antes, después de un supuesto intento fallido por negociar con la Secretaría de la Defensa Nacional el cese de su persecución, se había instalado en Sudamérica, sobre todo en Argentina y Chile, para operar sus negocios.
Presuntamente tomó parte en la defensa de importantes figuras del fraude, como Carlos Cabal Peniche; Ángel Rodríguez El Divino; Rogelio Montemayor; Jorge Lankenau, Tomás Peñaloza Webb y Gerardo de Prevoisin. Y controla también los más influyentes despachos de México.
Según el libro Cien nombres de la transición mexicana, de Alejandro Envila, Diego Fernández y Fernando Gómez Mont fusionaron sus despachos en
El secuestro o desaparición de Fernández de Cevallos –el viernes 21 se cumplió una semana– ocurrió en el momento en que el político ejercía mayor influencia en el gabinete de Calderón. De hecho, desde
El actual procurador general de la República, Daniel Chávez Chávez, se formó a la sombra de Fernández de Cevallos: fue asesor y secretario de la Junta de Coordinación Política del Senado cuando Diego fue presidente de la Cámara alta y coordinó la bancada del PAN de
Por ejemplo, en 2007 Chávez Chávez se incorporó al bufete jurídico de sus exjefes para litigar contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una indemnización de mil 500 millones de pesos a favor de un grupo de ejidatarios del puerto de Altamira, Tamaulipas.
Sin embargo, su desaparición ocurrió en un contexto turbulento: el miércoles 12 –dos días antes– fue detenida y posteriormente liberada Griselda López, excónyuge de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Para Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), no es descabellado pensar que el crimen organizado haya secuestrado a Diego Fernández: “Los cárteles como el de Sinaloa, que se ha visto tan criticado por la protección que recibe, tienen que recurrir al secuestro para forzar negociaciones y el cumplimiento de los acuerdos con los hombres del poder”.
–¿Esto quiere decir que Diego Fernández pudiera ser rehén del narcotráfico para exigirle al presidente que cumpla posibles acuerdos con el cártel de Sinaloa o algún otro?
–Esto es probable. El secuestro o desaparición de Diego es un fuerte mensaje para Calderón. Le pegaron en el centro al poder y a su gobierno. Ahora Calderón tendrá que cumplir lo que no ha cumplido, pagar lo que no ha pagado. Ahora le tocó a Diego; mañana puede ser un empresario prominente o incluso un personaje del gabinete… l
Millonarios litigios con el poder del poder
Carlos Acosta Córdova
Diego Fernández de Cevallos, quien hizo grandes favores al priismo y acumuló un poder notable en el panismo, aprovechó su situación privilegiada para amasar una fortuna a base de litigios que, como abogado, ganó a sus correligionarios del gobierno. Los polémicos pero sustanciosos triunfos legales que ha obtenido, aun en contra del erario, le llenaron las arcas con cantidades multimillonarias...
Aun cuando el secuestro con fines de obtener un jugoso rescate era, hasta el cierre de esta edición, sólo una sospecha en el caso de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, nadie duda de que el polémico abogado y exlegislador panista es un apetecible bocado para la delincuencia organizada, toda vez que ha acumulado una cuantiosa riqueza a partir de sus resonantes triunfos como litigante a favor de grandes intereses económicos, aun en detrimento del erario.
Además de su cercanía con el poder político y los favores hechos a los gobiernos priistas –particularmente al de Carlos Salinas, por quien operó entre el panismo para que se aprobaran la reprivatización bancaria, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y las reformas constitucionales en materia eclesiástica, entre otras; mientras que a Ernesto Zedillo le ayudó para que el PAN avalara el rescate bancario–, es sabido que el llamado Jefe Diego usó y abusó del poder y las influencias que le daban su condición de diputado y senador para salir airoso en procesos judiciales en los que defendió a grandes consorcios y a familias acaudaladas.
Uno de los casos más sonados y escandalosos por su monto fue el de la empresa Jugos del Valle, que desde 1996 –en el gobierno de Zedillo– había solicitado una jugosa devolución de impuestos. Ninguno de los varios bufetes de abogados contratados por la empresa pudo hacer nada durante ese sexenio.
Pero apenas se le encomendó el caso al despacho de Diego –del que han sido prominentes miembros Fernando Gómez Mont, hoy secretario de Gobernación; Arturo Chávez Chávez, actual titular de la PGR, y Antonio Lozano Gracia, quien todavía es parte del despacho y fue procurador general de la República en el gobierno de Zedillo–, sólo pasaron dos meses del inicio de la administración de Vicente Fox para que el panista queretano se alzara con un sonado triunfo.
Ya desde 1999 la Suprema Corte de Justicia había resuelto que el artículo 2-A de la Ley del IVA era inconstitucional, toda vez que hacía distinciones y discriminaciones entre alimentos semejantes, es decir, otras bebidas no pagaban este impuesto. El hecho es que, a pocos meses de que el despacho de Diego Fernández de Cevallos tomó el asunto, Jugos del Valle recuperó cerca de mil 800 millones de pesos. Por devolución de IVA, supuestamente mal retenido por Hacienda, fueron mil 540 millones, más otros 260 millones por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Por ese litigio, Diego pudo llevarse entre 30% y 50% –según abogados consultados– de lo que la Secretaría de Hacienda reintegró a Jugos del Valle, en varias entregas pero a precios actualizados y con intereses sobre lo reclamado desde 1996.
Año y medio después, el hoy desaparecido político panista se anotó otro triunfo. Tomó el caso de los herederos de Gabriel Ramos Millán, quienes exigían a la Secretaría de la Reforma Agraria una indemnización por un predio de
Ya en 1997 los Ramos Millán se habían beneficiado de otra resolución judicial por un caso similar en una zona cercana. El entonces Departamento del Distrito Federal les pagó como indemnización de un predio expropiado de
Pero por el de Santa Úrsula, asumido por el despacho de Diego –en ese entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado–, los Ramos Millán recibieron alrededor de cien veces más de dinero. El juicio ganado a la SRA implicó que los Ramos Millán obtuvieran, un año después, mil 214 millones de pesos –y Diego, su jugoso porcentaje de comisión–, cantidad que era muy superior, inclusive, al propio presupuesto de la SRA.
La defensa legal que Diego hizo de la familia Ramos Millán –con el exorbitante pago que éstos recibieron– implicó que se enfrentara a su propio partido, particularmente con los senadores panistas. Y el resto de los partidos representados en el Congreso también se le fueron encima.
En julio de 2002 –cuando ya Diego y los Ramos Millán habían ganado el juicio a la SRA, pero todavía no se les pagaba–, el entonces diputado Felipe Calderón dijo que “el Estado no tiene dinero, y si lo tuviera, primero debe destinarse a resolver los problemas de miseria que hay en el país”.
También: “No tenemos dinero para todas las obligaciones del Estado, y el poco que hay tendrá que ser jerarquizado de acuerdo no sólo con criterios jurídicos o políticos, sino éticos”.
El perredista Alejandro Sánchez Camacho, entonces diputado local, acusó: “Legisladores como Diego Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdan, y exfuncionarios de Acción Nacional, como Antonio Lozano Gracia, sólo utilizan su posición y la información privilegiada que ésta les permite para ganar importantes litigios contra dependencias gubernamentales, que representan pérdidas millonarias al erario”.
Fue tal el encono que suscitó Diego con ese triunfo legal contra el propio gobierno –primero de extracción panista– que senadores de su partido, encabezados por Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del hoy presidente de la República, presentaron en agosto de 2003 una iniciativa de reforma al artículo 62 constitucional para prohibir a diputados y senadores fungir simultáneamente como legisladores y abogados litigantes activos, y para, en general, “acotar la tentación de abusar de su posición de poder para sacar ganancias personales”, según se leía en la argumentación de dicha iniciativa.
La exposición de motivos de ésta señalaba que ni diputados ni senadores podrán desempeñarse “como abogados, apoderados, representantes o asesores de particulares en negocios o asuntos judiciales, por sí o por interpósita persona”.
Y si algún legislador –decía el texto– está interesado en litigar, podrá hacerlo, pero tendrá que pedir licencia al Congreso, ya que deberá dejar sus funciones legislativas mientras dure su nueva ocupación.
El asunto no pasó a mayores. El Jefe Diego se impuso. La iniciativa no logró el consenso y se envió a la congeladora. Los priistas fueron quienes más pugnaron por que no prosperara. El argumento: A nadie se le puede prohibir el derecho constitucional de desempeñar sus actividades profesionales.
Otros clientes
Otros grandes empresarios se han beneficiado de los exitosos servicios legales de Diego Fernández de Cevallos. Es el caso de las familias Autrey Maza y Ancira Elizondo, propietarios de Altos Hornos de México. Aun cuando ésta se encuentra en suspensión de pagos desde hace 10 años –no cubre a sus acreedores una deuda cercana a los 2 mil millones de dólares–, logró, gracias a los oficios del despacho de Diego, que una de sus subsidiarias –la fórmula que emplea para seguir operando a pesar de encontrarse en suspensión de pagos– pudiera vender carbón a la Comisión Federal de Electricidad, bajo un contrato de 2 mil 400 millones de dólares.
Los bancos están igualmente dentro de la gran clientela del también excandidato presidencial panista –compitió con el priista Ernesto Zedillo y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas en la elección de 1994–. En 2001 Diego logró que el entonces banco Bital, que se había fusionado al Banco del Atlántico, no pagara a Celia Reyes, michoacana de 83 años, los más de 45 mil millones de dólares que reclamaba por un depósito que había hecho en 1988, en el Atlántico, de 59 millones de viejos pesos. Dinero que nunca tocó, que se fue renovando automáticamente en plazos de 30 días y tasas de interés que a veces superaban el 100%. Ni un quinto de lo reclamado recibió la demandante.
Más recientemente, en agosto del año pasado, el despacho de Diego Fernández de Cevallos –cuando aún se encontraba en él Arturo Chávez Chávez, ahora procurador general de la República– obtuvo un amparo en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que implicaría la paralización de labores del puerto de Altamira, Tamaulipas, o el desembolso de más de mil 500 millones de pesos del erario.
Resulta que dos grupos de ejidatarios de la localidad iniciaron en junio de 2007 la impugnación del decreto presidencial que expropió –a principios de los años ochenta– los terrenos donde se ubica la terminal marítima. Diego y su equipo consiguieron un amparo porque en el texto del decreto no se justificó la utilidad pública del puerto para la expropiación, y no porque los ejidatarios no hayan recibido el pago por sus tierras o no se les haya dotado de nuevos predios.
Diego y sus socios ganaron en esa instancia el juicio –el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil de Tamaulipas otorgó el amparo–, pero falta la sentencia definitiva.
En su momento, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas –militante del mismo partido que Diego– aseguró que el gobierno federal no está dispuesto a que se pague dos veces por los terrenos expropiados donde se construyó el puerto industrial de Altamira, el tercero en importancia del país.
Aseguró que la dependencia tomará todas las acciones de tipo jurídico para evitar que bajo el abuso de deficiencias técnicas en este y otros casos que hay en tribunales “se pretenda obtener ganancias incorrectas”.
“No estamos dispuestos a pagar mil 500 millones de pesos ni otra cantidad por un predio que ya se pagó a los ejidatarios”, dijo Molinar.
Y esos son, apenas, algunos de los numerosos y polémicos casos ganados por Diego Fernández de Cevallos, quien hoy, desaparecido, se halla en una encrucijada. l
El señor feudal
Verónica Espinosa
Propietario de ranchos como La Asturiana, La Alondra, El Estanco, La Escondida, La Palma y La Cabaña, en Querétaro, y de por lo menos otros dos en el vecino estado de Guanajuato, el exsenador panista Diego Fernández de Cevallos era, al momento de su desaparición, un verdadero señor feudal. Los lugareños se muestran contritos y sólo atinan a decir que ahí, en su feudo, “nadie se atrevería a hacerle daño al patrón”. En la iglesia de La Barranca, en Guanajuato, incluso los trabajadores del político le rezaron ya un novenario la semana pasada.
PEDRO ESCOBEDO, QRO.- Estos son los terrenos de Diego Fernández de Cevallos: ranchos, fincas, caminos, algunos de ellos construidos por sus trabajadores, habitantes todos ellos de las comunidades aledañas a las propiedades del exsenador panista.
Fernández de Cevallos convirtió en su feudo la geografía territorial y política entre la capital del estado y San Juan del Río.
De la carretera federal
“¿Quién le iba a querer hacer daño al patrón?”, se preguntan los habitantes de San Clemente. Lo mismo hacen sus vecinos de Guadalupe Septién, Ignacio Pérez (antes El Muerto), Santa Cruz, Epigmenio González (El Ahorcado), La Palma, Cerritos, La Fuente, El Blanco…
“De aquí –enfatizan–, nadie”.
En estas tranquilas comunidades donde los patrullajes de policías o soldados son poco frecuentes, los lugareños nada sabían sobre la forma en que “desapareció” Fernández de Cevallos. Se enteraron el sábado 15 por la noche, cuando vieron los noticiarios en la televisión.
Esa noche, muchos de los pobladores andaban del otro lado de la carretera, en la feria del grano y la cantera en Pedro Escobedo.
El jueves 20, entrevistado por la reportera, uno de los habitantes sostiene: “Es hora que todavía no ven soldados por aquí, ni federales”. Dice que nadie ha ido a preguntar sobre lo ocurrido. “Nada más usted”, comenta.
El primer rancho de Fernández de Cevallos en la zona es La Asturiana, cuya barda de piedra marca el camino de entrada a los sembradíos de maíz, alfalfa y, en ocasiones, sorgo. Pero también La Alondra, El Estanco, La Escondida, La Palma y La Bolsa, rebautizada como La Cabaña.
Son ranchos forrajeros y ganaderos que comenzó a comprar desde mediados de los noventa (Proceso 1332 y 1373). Hoy, la región agrícola de Pedro Escobedo es la más tecnificada del estado y sus índices de marginalidad van de “bajos a muy bajos”.
Desde la reja de La Asturiana, el encargado comenta a la reportera que no hay vigilancia ni cuerpos de seguridad del estado en las inmediaciones porque, asegura, “no es necesaria”: “Aquí no tiene casa el patrón; nada más en El Estanco y en La Bolsa”.
El poblado más cercano a esta última propiedad de Fernández de Cevallos es San Clemente, que tomó el nombre de una vieja hacienda que fue epicentro de todas las estancias que ahora rodean la región.
En el taller de carpintería, Aquilino –Quino, le dicen los vecinos– asegura haber trabajado para Fernández de Cevallos en varias oportunidades. Lo ha hecho, dice, como operador de maquinaria para la construcción, la otra vertiente empresarial del próspero abogado.
Él participó, por ejemplo, en la construcción del aeropuerto de Querétaro: “Ya ve que enfrente del aeropuerto todo es de él”, refiere a la reportera, y recuerda que en 2001 el excandidato presidencial adquirió los predios de la zona. Lo hizo, insiste, cuando estaban en marcha la elaboración de los proyectos y los expedientes técnicos de esa obra (Proceso 1342).
Quino también relata que hace unos tres meses se encontró a Fernández de Cevallos y aprovechó para pedirle trabajo. “Me dijo que iba a tener algo para mí en Jalisco, que me esperara unos días. Es buen pagador. Nunca nos ha quedado mal”.
No oculta su simpatía por el político panista, a quien llama “el patrón” y al que algunas veces le ha dedicado canciones acompañado de un acordeón. Hace tiempo incluso le empezó a componer un corrido que aún no termina.
“Afuera dicen muchas cosas de él. ¡Quién sabe cómo será! Aquí sí estamos preocupados por él”, agrega.
Las tierras del patrón
El camino a San Clemente fue pavimentado por Fernández de Cevallos, quien también se encargó de convertir las rutas agrestes de esta semidesértica región en carreteras asfaltadas, algunas por iniciativa propia, otras por gestión ante las autoridades.
Gracias a ello ahora los vehículos transitan sin problemas a lo largo de las propiedades del panista desaparecido y en las comunidades donde viven sus trabajadores. Muchos de ellos comentan que “el patrón” llega cada ocho días a dormir a su finca. Los domingos acude a la misa de la parroquia de Santa María, en la cabecera municipal, dicen a la reportera.
La primaria y la secundaria de San Clemente forman comités escolares que piden ayuda al litigante y político para organizar sus festivales, como el del Día del Niño. El recién nombrado delegado de la SCT, José Luis Ramos Sánchez, incluso estaba pensando en ir a verlo para que le ayudara a gestionar los arreglos del camino que hoy luce un poco deteriorado.
Y aun cuando el excandidato presidencial no entra a San Clemente, hace cinco o seis años estuvo interesado en comprar el casco abandonado de la antigua hacienda de la localidad, pero desistió. Por esas fechas comenzó a construir la finca de dos plantas con techos y pórticos de teja en su rancho forrajero de La Cabaña, que compró a una persona de apellido Barroso, recuerdan los habitantes.
El inmueble se ubica al fondo de una línea de árboles que delimita el predio y que conduce a la entrada principal, ahora custodiada por dos patrullas de las policías federal y estatal. En la parte frontal está el estacionamiento, donde Fernández de Cevallos suele dejar su camioneta Escalade.
En su feudo, Fernández de Cevallos ha tenido una frenética actividad inmobiliaria, lo mismo que en otros rubros estratégicos: extendió sus dominios a Tolimán, zona donde se localiza el aeropuerto cuya construcción apoyó de manera “desinteresada”, según explicó el entonces gobernador, Ignacio Loyola Vera.
En los últimos cuatro años compró al menos otras dos enormes propiedades en Corregidora y en Jerécuaro, en el estado vecino de Guanajuato. Según la escritura 15,357 del 13 de abril de 2007, adquirió la fracción tercera del predio rústico Arroyo Hondo, con una extensión de
El Álamo es una propiedad rústica que colinda con la carretera Querétaro-Huimilpan, así como con el rancho de Obrajuelito, la exhacienda de Apapátaro y el ejido Vegil. La compraventa incluyó el pozo profundo, del cual se pueden extraer hasta 160 mil
El nuevo dueño pagó a Ángel Joaquín Fernández Campos 9 millones de pesos por su propiedad ad corpus (concepto bajo el cual se vende el inmueble tal y como está, sin un contrato que especifique las medidas o extensión), según la escritura, que está registrada bajo el folio electrónico 235772 en el Registro Público de la Propiedad del estado de Guanajuato.
El notario público que dio fe de esa transacción fue Roberto Loyola Vera, secretario del priista Enrique Burgos durante su administración en Querétaro y hermano de Ignacio Loyola, quien en la época de la transacción era el gobernador de esta entidad.
En Jerécuaro, a unos
El predio abarca
Y aun cuando la operación fue discreta, a finales de 2009 causó polémica debido a que los habitantes de la localidad supieron que el queretano pretendía transplantar varios nogales de una zona ecológica protegida a los jardines de La Barranca. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tuvo que intervenir para frenar lo que los ejidatarios consideraban un ecocidio.
El delegado de la Semarnat, Francisco Javier Camarena –Fernández de Cevallos lo había ayudado a conseguir su cargo en Guanajuato, y antes en Chiapas–, trató de ayudar a su amigo el panista queretano, pero fracasó.
Lo que ya no pudo revertirse fueron los trabajos de desviación del camino de acceso a la comunidad para habilitar una entrada directa a la propiedad del político panista. Para esa obra el gobierno federal presupuestó 5 millones de pesos, dinero que gestionó de manera directa el exsenador, según declaró a los medios el regidor priista Eduardo García a finales de 2009.
Feudo político
Hace 52 años de que Francisco José Fernández de Cevallos Martínez, padre de Diego, se convirtió en el primer consejero nacional del PAN por el estado de Querétaro.
El 24 de abril de 2008, en la presentación del libro Memorias de la fundación, crecimiento y consolidación del PAN en Querétaro, que consigna la trayectoria de su padre como “uno de los pilares más sobresalientes del PAN”, Fernández de Cevallos intervino:
La política, dijo, “se ha convertido en una pelea interminable de ambiciones, de apetitos, de pasiones, de mentiras, de traiciones, de agresiones, de descalificaciones y de injurias, porque la gran mayoría de los que trabajamos en la política, a la hora de la verdad no venimos a dar. Hay que repetirlo aunque nos canse y aunque nos duela”.
Años antes de que llegara a ser, en 1994, candidato a la Presidencia –declinó en la contienda, lo que permitió al priista Ernesto Zedillo ganar la elección–, su influyentismo ya se dejaba sentir en las esferas políticas locales.
Se le menciona, por ejemplo, como orquestador del triunfo de su primo Manuel Cevallos como alcalde de la capital de Querétaro en 1988. Tres años después participó en la primera concertacesión, por medio de la cual el PAN entró a gobernar el municipio queretano de San Juan del Río.
Sin embargo, su carrera política la inició en la Ciudad de México, donde fue diputado suplente en varias ocasiones a partir de 1967. En 1991 encabezó la bancada panista durante el trienio de la LV Legislatura. Sus pares de San Lázaro le pusieron el mote de El Jefe.
Encarrilado en la política nacional, no descuidó su feudo queretano, en el cual llegó a jactarse de su amistad con oponentes políticos como Enrique Burgos García, el último gobernador priista.
El año pasado fue Diego quien evitó el cisma del PAN en las elecciones locales al frenar a su correligionario Armando Rivera, quien pretendía pasarse a las filas del PRI para competir por la alcaldía de la capital de Querétaro.
El exsenador llevó a Rivera a la Secretaría de Gobernación y ante Fernando Gómez Mont lo doblegó. Con ello evitó que el PRI arrebatara la capital a los panistas. Superadas las diferencias, en octubre Diego acudió a la toma de posesión del alcalde panista de la capital, Francisco Domínguez.
Burgos García ha estado cerca del exsenador panista, sobre todo desde el año pasado, a raíz de la muerte de Rodrigo Fernández de Cevallos, hermano de Diego. Y cuando fallecieron otros dos hermanos de su amigo –Hernán y Álvaro– el 25 de enero y el 12 de febrero de 2010, respectivamente, el priista estuvo al lado de la familia Fernández de Cevallos.
Otro amigo entrañable de Diego es su correligionario Ignacio Loyola Vera, quien lo provee de la maquinaria agrícola que necesita para las faenas en sus ranchos.
Lo exhiben en Estados Unidos
Jorge Carrasco Araizaga
Durante la semana en que Felipe Calderón realizó su visita a Estados Unidos, dos medios de comunicación lo pusieron en evidencia. Mientras que The New York Times publicó que en estos días el presidente jugó un papel en la rápida liberación de la exesposa del Chapo Guzmán, la National Public Radio dio a conocer una investigación periodística que no sólo confirma que el gobierno de México protege al cártel de Sinaloa, sino que, en medio de la opacidad, manipula las cifras para simular que ataca a los cárteles de una manera “proporcional a su tamaño”.
Las cifras oficiales lo confirman: La organización que codirige Joaquín El Chapo Guzmán, la más importante del narcotráfico en México, ha sido la menos perjudicada en la “guerra” contra los cárteles de la droga del gobierno de Felipe Calderón.
La insistencia en México de que la organización del Chapo ha gozado de la protección de los gobiernos del PAN se convirtió la semana pasada en certeza en Estados Unidos, cuando la radio pública de ese país dio a conocer una investigación de cuatro meses que confirmó el sesgo de Calderón en su confrontación con las bandas del narcotráfico.
Durante tres días, de martes a jueves, en coincidencia con la visita de Estado de Calderón a Washington, la National Public Radio (NPR) difundió el reportaje La guerra de México contra las drogas: ¿una lucha amañada?, en el que echa por tierra la defensa de Calderón en el sentido de que su política afecta por igual a todas las organizaciones de narcotraficantes.
No fue el único trabajo periodístico que amargó la visita del presidente mexicano. A la NPR –emisora que se sostiene fundamentalmente mediante contribuciones del auditorio y de fundaciones, y que transmite desde Washington a todo el territorio estadunidense a través de alrededor de 800 estaciones, con millones de escuchas– se sumó una publicación del influyente periódico The New York Times.
El lunes 17, un día antes de la llegada de Calderón a Estados Unidos, el diario lo señaló como el responsable de la liberación de la exesposa del Chapo, Griselda López Pérez, detenida durante unas horas el miércoles 12.
Apoyado en fuentes oficiales no identificadas, el diario publicó que Calderón “jugó un papel la semana pasada en la rápida liberación de la esposa de uno de los más importantes narcotraficantes en México, debido a la preocupación de que la detención podría provocar una serie de represalias”.
En su edición número 1750, del domingo 16, Proceso describió el operativo de las fuerzas federales para detener a Griselda López Pérez en Culiacán y presentarla esposada y encapuchada ante la Unidad de Lavado de Dinero de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Testigos de los hechos dijeron a este semanario que la liberación de Griselda se produjo después de una llamada telefónica desde Los Pinos. Y la PGR informó de su detención al día siguiente de realizada, cuando la exesposa del Chapo, liberada, ya estaba de regreso en Sinaloa.
La PGR nunca precisó que se trataba de una investigación por lavado de dinero. Los testigos añadieron que el propósito de la operación era mantener bajo arraigo a la exmujer de Guzmán Loera como presunta responsable del uso de recursos de procedencia ilícita.
Como sea, las reiteradas críticas en México a Calderón ante la alegada protección al cártel de Sinaloa llevaron a la radiodifusora estadunidense a emprender su investigación. “En México mucho se habla de que el gobierno de Calderón protege al Chapo. Conscientes de que la prensa de Estados Unidos no había averiguado ese tema, en NPR decidimos hacer la investigación”, cuenta en entrevista John Burnett, corresponsal de ese medio en Austin, Texas.
“En Estados Unidos es muy raro que se hable de esa protección. La imagen que prevalece es la de que el presidente de México está dando una lucha fuerte contra todos los grupos del narcotráfico, pero nuestra investigación dio resultados diferentes”, añade.
Clara tendencia
Junto con la productora Marisa Peñaloza, Burnett se trasladó a Ciudad Juárez, a la que define como “la zona cero” de la guerra antinarco de Calderón. También estuvieron en el Distrito Federal y ampliaron la cobertura a El Paso, Texas, y a Washington.
Los periodistas no se quedaron sólo con los testimonios judiciales, policiacos, de legisladores, víctimas de la violencia en Juárez y expertos en México y Estados Unidos que hablaron sobre la protección del gobierno mexicano al Chapo y a su organización.
Para comprobar ese señalamiento, decidieron revisar los boletines de prensa difundidos por la PGR entre el 1 de diciembre de 2006 y el 28 de abril de este año con el propósito de identificar, a partir de la información oficial, la manera en que ha actuado Calderón contra los cárteles.
En total, revisaron 4 mil comunicados, en los que se mencionan 2 mil 604 nombres de personas identificadas por la PGR como miembros de alguna organización de narcotraficantes. La información se refiere a detenidos y procesados por delitos relacionados con la droga, la portación de arma prohibida y la delincuencia organizada.
La cifra abarca detenciones, autos de formal prisión, órdenes de aprehensión, arraigos y sentencias de que ha informado la PGR.
Los resultados no dejan lugar a dudas. El cártel de Sinaloa, señalado por el Departamento de Justicia estadunidense como una de las organizaciones delictivas más grandes del mundo, ha sido poco tocado por el gobierno de Calderón. De 2 mil 604 detenidos y procesados por la PGR, sólo 303, es decir, 11.64%, pertenecen al grupo del Chapo.
“No decimos que ese es el total de detenidos en toda la República Mexicana. Pero nuestros datos sí muestran una tendencia muy clara de la manera en que se está dando la guerra contra los cárteles de la droga en México”, dice Burnett.
De acuerdo con los datos procesados por la NPR, las organizaciones más combatidas han sido el cártel del Golfo y Los Zetas. Asociados hasta 2008, ambos grupos tuvieron en el periodo analizado el mayor número de detenidos: mil 140, 43.78% del total.
Sigue La Familia michoacana, con 405, 15.55%. Después, el cártel de los Beltrán Leyva –dividido desde la ejecución de su líder Arturo Beltrán Leyva a manos de la Marina, en diciembre pasado– tiene en los registros de la PGR 329 detenidos.
Debajo del cártel sinaloense sólo están el de Tijuana, con 294 detenidos (11.29%); el de Juárez, con 122 (4.69%), y el del Milenio o de los Valencia, con 11 (0.42%).
Esas cifras, obtenidas a partir de la información gubernamental, en nada se parecen a los datos proporcionados por el propio Calderón el 24 de febrero de este año para responder a las críticas que le hizo el diputado federal del PAN por Sinaloa, Manuel Clouthier, quien lo acusó de negligente para atacar al narcotráfico en ese estado (Proceso 1737) y que fue entrevistado por los periodistas estadunidenses.
Calderón expresó que las acusaciones de que su gobierno favorece al cártel de Sinaloa “son totalmente infundadas y falsas”. Subrayó: “Mi gobierno ni protege ni escuda ni tolera a ningún grupo de narcotraficantes, se llamen como se llamen”. Fue cuando dio sus cifras y colocó al cártel del Chapo como uno de los más golpeados por su gobierno, con detenciones como las de Jesús Zambada García, hermano del Mayo Zambada; de Vicente Zambada Niebla, hijo del socio del Chapo, y de Alfredo Beltrán Leyva, cuando formaba parte del cártel de Sinaloa.
Aseguró que de las 72 mil personas detenidas por delitos contra la salud durante su administración, 27% corresponde al cártel del Golfo y Los Zetas, 24% al cártel del Pacífico (Sinaloa), 17% al de los hermanos Carrillo Fuentes (Juárez), 14% al de los hermanos Beltrán Leyva, 13% al de los Arellano Félix y 5% a La Familia michoacana y a los Valencia-Milenio.
Ese mismo lunes 17, Gobernación emitió un comunicado con las mismas cifras para afirmar que, en la administración de Calderón, “todas las organizaciones delictivas han sido atacadas en sus estructuras de manera proporcional a su tamaño”.
En su revisión, los periodistas de la NPR encontraron que de los 72 mil detenidos referidos por Calderón, sólo 3.6% –los 2 mil 604– han sido relacionados por la PGR con algún cártel en calidad de miembros.
La corrupción
De acuerdo con la información oficial procesada por la radio estadunidense, ha sido el cártel de Sinaloa el que ha mostrado mayor capacidad para corromper a funcionarios federales.
Entre diciembre de 2006 y abril de 2010, 403 funcionarios públicos federales, policías ministeriales estatales y policías municipales fueron detenidos por su colaboración con los cárteles del narcotráfico.
La mayoría han sido policías municipales. Pero, de un total de 19, se contaron 14 funcionarios federales y militares que fueron corrompidos por el cártel de Sinaloa.
“El patrón es claro: todos los cárteles infiltran agencias estatales y locales, pero en el caso de los sinaloenses y los Beltrán Leyva, antiguos aliados, es más probable que paguen a militares y a funcionarios federales de alto nivel”, señala el reporte de la NPR que escucharon millones de estadunidenses.
Entre esos casos destaca el de los funcionarios de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública detenidos en la Operación Limpieza a finales de 2008, que fueron comprados por el cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leyva, cuando operaban juntos.
En contraste, de 10 casos de corrupción por parte del cártel de Juárez, nueve de ellos fueron funcionarios municipales.
John Burnett amplía los datos. Dice que en total registraron 54 casos de corrupción de funcionarios federales y militares. De ellos, 34 fueron por colaborar con los Beltrán Leyva y el cártel de Sinaloa cuando actuaban juntos, y 20 correspondieron a los entonces socios cártel del Golfo y Los Zetas.
Los contrastes a favor del Chapo son más significativos cuando se trata de Chihuahua. Desde marzo de 2008, cuando Calderón ordenó el despliegue de 8 mil soldados como parte del Operativo Conjunto Chihuahua (Occh), la información de la PGR analizada menciona sólo 16 detenciones de miembros del cártel de Sinaloa. En el caso del cártel de Juárez, 88. Incluso, en diferentes boletines cuatro personas se mencionan como pertenecientes a ambos grupos.
Los testimonios recogidos por los periodistas estadunidenses señalan la “colusión entre el Ejército Mexicano y la mafia de Sinaloa en Juárez”. Lo corroboraron con un testimonio jurado de dos jefes del cártel sinaloense ante una corte federal de Estados Unidos en El Paso, Texas, en marzo pasado.
Uno de ellos fue el expolicía de Juárez Manuel Fierro Méndez, quien declaró que entregaba información de inteligencia sobre La Línea –una red del cártel de Juárez– a un capitán del Ejército para favorecer a los sinaloenses. En el mismo juicio, el agente de la DEA Matthew Sandberg señaló que el contacto de Fierro Méndez y el Ejército era un capitán identificado como La Pantera.
El asesinato de 15 jóvenes en la colonia Villas de Salvárcar, el 30 de enero pasado, obligó al repliegue del Ejército ante la inconformidad social por su inoperancia para controlar la violencia. Los militares fueron sustituidos por 5 mil elementos de la Policía Federal en la llamada estrategia “Todos Somos Juárez”, que reemplazó al Occh.
Pero a un mes de haberse establecido en Ciudad Juárez, un comando de La Línea emboscó y asesinó a seis policías federales. Al adjudicarse la acción, ese grupo señaló que se trataba de una represalia por la protección que se brinda al Chapo Guzmán, quien comanda el cártel de Sinaloa junto con Ismael El Mayo Zambada, Ignacio Nacho Coronel y Juan José Esparragoza, El Azul.
La opacidad
Ante la disparidad de las cifras, los periodistas intentaron entrevistarse con autoridades mexicanas para contrastar la información.
Entre el 8 de marzo y el 6 de mayo buscaron a diferentes autoridades de México y de Estados Unidos. Ninguna respondió.
Trataron inútilmente de entrevistar al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez; al jefe de la Policía Federal Ministerial, Wilfrido Robledo Madrid; al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón; al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, y al secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna.
En Ciudad Juárez, buscaron al general Felipe de Jesús Espitia Hernández, comandante de la V Zona Militar, con sede en la capital de Chihuahua; y en Washington, al embajador Arturo Sarukhán.
Los periodistas estadunidenses entregaron los resultados de su investigación a la PGR. La única respuesta que tuvieron fue que sus datos estaban incompletos. Viviana Macías, subdirectora de prensa internacional de Comunicación Social de la PGR, les dijo, en un correo fechado el 6 de mayo, que tendrían que “revisar también los boletines de prensa de la SSP, Sedena, Marina y los boletines estatales, para tener un panorama más completo. Asimismo, las procuradurías de los estados también tienen información”.
En su respuesta, Macías negó tener referencia sobre las cifras dadas a conocer por Calderón, y soslayó que los detenidos por las dependencias que mencionó son entregados a la PGR, a la que la Constitución le asigna la función de procurar y administrar la justicia en los casos de delitos federales.
La investigación de la NPR no sólo llamó la atención de los radioescuchas, sino que provocó el interés de los oficiales de la administración de Obama encargados de las políticas públicas hacia América Latina.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa (CEDHS), Juan José Ríos Estavillo, informó a Proceso que el viernes 14 personal del organismo tramitó “una serie de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos” cometidas en el operativo policiaco-militar en el que se detuvo a Griselda López Pérez, exesposa del Chapo.
El ombudsman sinaloense explicó que por los testimonios de López Pérez y de su hija Grisell, quien es menor de edad, se trata de "una posible afectación a nivel emocional llevada a cabo por autoridades presuntamente federales", hechos que, desde su punto de vista, ameritan una investigación, porque hay elementos para solicitar informes" de las autoridades involucradas, la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena), la Secretaría de Martina (Semar) y la SIEDO.
La denuncia de hechos, aclaró Ríos Estavillo, fue remitida el sábado
Ahí vienen los mexicanos...
Mark Townsend
Después del asesinato de Colin Smith, El Rey de la Cocaína, una nueva camada de narcotraficantes de Gran Bretaña –más audaces, más violentos– controla la ruta de drogas hacia Europa, que utiliza Liverpool como puerto de entrada. Sus principales socios son Los Zetas y el cártel de Sinaloa, que optaron por la vía inglesa después de que las autoridades europeas reforzaron la vigilancia en la tradicional ruta de África y España. Así lo sostiene el periódico inglés The Observer en un reportaje que publicó el domingo 16 y que, con su autorización, Proceso reproduce.
LIVERPOOL.- Muy poco en la avenida Alderwood sugiere que una nueva batalla por el control del tráfico de cocaína en Europa se inició en este sombrío rincón del difícil suburbio de Speke. Entre las ventanas tapiadas y las cortinas metálicas de las tiendas, sólo el más inquisitivo de los visitantes se detendría frente al poco llamativo gimnasio donde antes se reunían los capos de la mafia local.
Fue aquí, justo después de las ocho de la noche del 13 de noviembre de 2007, cuando uno de esos padrinos, Colin Smith, salió por la puerta y fue ejecutado con tiros de escopeta. Smith, un cuarentón de incipiente calvicie, que manejaba un Ford Galaxy y vestía descoloridas camisas Lacoste, no era un residente ordinario de Speke. Se le conocía como El Rey de la Cocaína, el segundo narcotraficante más importante que ha producido Gran Bretaña, aliado de Curtis Warren, el único traficante de drogas que ha aparecido en la “Lista de ricos” del Sunday Times y que actualmente se encuentra tras las rejas en Jersey.
Smith amasó una fortuna personal de por lo menos 200 millones de libras esterlinas durante el tiempo en que coordinó la distribución de cocaína por toda Europa, para lo cual se valía de contactos directos con los cárteles sudamericanos. Su asesinato generó ondas expansivas en las redes internacionales del tráfico de cocaína, cuyos efectos aún continúan desestabilizando el comercio global de narcóticos.
Nadie ha sido acusado todavía de la ejecución de Smith, pero detalles de la investigación en curso revelan una historia de traiciones y venganzas dentro del hampa y una mortal lucha por el poder que abarca tres continentes.
Fuentes de la policía y del bajo mundo coinciden en que, durante los meses previos a su asesinato, Smith se había involucrado en una “irrespetuosa” disputa con prominentes miembros de la comunidad del boxeo.
Habitualmente, cuando las cosas “se ponían calientes”, Smith buscaba refugio en el gimnasio de la avenida Alderwood. No era un gimnasio ordinario. La policía cree que en esa época era el cuartel general de la mafia de Liverpool, el centro de operaciones del mayor circuito de tráfico de cocaína en Gran Bretaña. Su ubicación en las sombrías calles del barrio de Speke tampoco era una coincidencia. El aeropuerto John Lennon se encuentra a cinco minutos a pie. Los operarios de Smith constantemente estaban a bordo de aviones ejecutivos que pasaban volando por encima, con estruendo, para llevar órdenes por todo el continente sin utilizar jamás el teléfono. “Se le llama chamba fácil”, dijo un miembro de la mafia.
Según una fuente policial, “el gimnasio era su centro clandestino de reunión, controlado por su seguridad. Cumplía la misma función que la sala de juntas de una compañía multinacional, con Smith como jefe ejecutivo”.
Cuando aquella noche de noviembre Smith llegó a la casa de seguridad, no tenía la menor idea de que socios cercanos suyos, incluyendo a una figura del hampa conocida únicamente como El Ave de Presa, acababan de decidir que su liderazgo había llegado a su fin. De acuerdo con la policía, su asesinato fue “un relevo hostil”.
Las consecuencias de este relevo preocupan a la policía y a las agencias antidrogas, pues una nueva generación de mafiosos de Liverpool –despiadada, descarada y violenta– visualizó una oportunidad de negocios en México.
Durante los últimos 12 meses, los brutales y macabros métodos de los cárteles mexicanos de la droga han ocupado continuamente los titulares. En localidades como Ciudad Juárez, inclusive la llegada del Ejército ha sido incapaz de frenar la expansión de grupos como el cártel de Sinaloa o Los Zetas, que ahora han alcanzado una oscura hegemonía sobre el comercio ilegal de drogas en América Latina.
Según Neil Giles, subdirector de la Agencia contra el Crimen Organizado del Reino Unido (SOCA, por sus siglas en inglés), “los mexicanos son actualmente tan violentos, infunden tanto miedo, que los colombianos se encuentran literalmente sometidos. Tienen que continuar surtiendo a los mexicanos en la forma que sea”. Pero los cárteles parecen estar buscando nuevas rutas.
Agentes antinarcóticos mexicanos dicen que las recientes ofensivas del Ejército para frenar el flujo de cocaína hacia Estados Unidos han impulsado al cártel de Sinaloa y a Los Zetas a buscar nuevos mercados; de ahí que en Europa haya individuos afines dispuestos a apoyar una expansión global. De acuerdo con informes de las policías de ambos lados del Atlántico, Liverpool puede ser el objetivo número uno. El enorme volumen de contenedores que hace de Mersey uno de los puntos de tránsito más concurridos del mundo es un regalo para una sofisticada organización de tráfico de drogas.
“Los mexicanos están haciendo un cambio en sus operaciones. Los cárteles están empezando ahora a orientar el tráfico fundamentalmente hacia el Reino Unido, pero también hacia España. La cocaína está en contenedores y el principal puerto de entrada es Liverpool”, dijo un oficial mexicano.
La policía cree que el diálogo con los asesinos de Smith ya se ha iniciado. Los mafiosos de Liverpool, incluyendo al Ave de Presa y uno de sus cómplices, James Taylor, conocido como El Panqué, “sin duda están hablando” con el cártel de Sinaloa, lo mismo que con Los Zetas, calificados por la DEA estadunidense como las organizaciones de traficantes más peligrosas de México. Los Zetas controlan el acceso a los puertos de Venezuela, desde donde casi con seguridad la cocaína ya ha sido despachada directamente hacia Liverpool. En un tono de amenaza subyacente, la policía de Liverpool dijo a The Observer que el asunto de los cárteles mexicanos apuntando hacia el mayor sistema cerrado de dársenas en el mundo tiene “altas probabilidades de evolución”.
Para El Ave de Presa, El Panqué y sus socios, la naciente conexión mexicana sucede a un calamitoso fracaso en España. Después del asesinato de Colin Smith, los nuevos líderes de la mafia de Liverpool volaron hacia la Costa del Sol con la intención de imponer su ley y heredar una de las operaciones de tráfico de cocaína más lucrativas en el mundo. Pero en Marbella, los sucesores del Rey de la Cocaína no fueron bienvenidos.
Los intentos de arrebatar el control a los contactos de Smith en España se estrellaron contra una muralla de silencio y desdén. Los recién llegados simplemente fueron ignorados por los bien establecidos nexos de agentes e intermediarios de cocaína en el país: colombianos, españoles y scouses (nativos de Liverpool).
Era evidente que los intermediarios de Smith no estaban interesados. Y, aparte, había un conflicto abierto con un misterioso grupo llamado Los Limpiadores (Cleaners), integrado por exparamilitares del Ejército Republicano Irlandés (ERI) que se habían transformado en sicarios, y a quienes se creía responsables de más de una veintena de asesinatos relacionados con la droga en los alrededores de Merseyside. En un enfrentamiento que duró todo el verano de 2008, varios miembros de Los Limpiadores también fueron ejecutados. Uno de los choques con los irlandeses tuvo lugar en el Nikki Beach Bar, de Marbella, donde los clientes se arrojaron al suelo al escuchar el sonido de vasos que se rompían, seguido de balazos. El informe a un juez español, que se filtró posteriormente, afirmaba que El Ave de Presa y El Panqué pertenecían a “una organización mundial que se dedica principalmente al tráfico de drogas y a los asesinatos selectivos”.
Empezaba a quedar claro que la ruta española que daba acceso al flujo de cocaína sudamericana por la vía de África Occidental estaba cerrada. O, por lo menos, que sólo podría ser reabierta a un costo prohibitivo.
Según afirma Giles, “como traficante de cocaína obtienes mucho más dinero si controlas los envíos desde su producción hasta el mercado. Si pasas por un montón de intermediarios, la ganancia baja”.
En cualquier caso, las viejas rutas se estaban volviendo cada vez más difíciles para pasar la mercancía. La policía española y el creciente éxito de la SOCA en interceptar los cargamentos de cocaína que se movían a través de Iberia ya estaban causando alarma y replanteamientos en Bogotá y Caracas. La SOCA, por lo pronto, ha incrementado sus esfuerzos antinarcóticos en África. Giles estuvo la semana pasada en Ghana, advirtiendo a las autoridades que “se cuidaran de los latinoamericanos que traían regalos”.
La policía cree que finalmente El Ave de Presa y El Panqué regresaron a Merseyside el año pasado y que, convencidos de que su plan de alguna manera debía rodear España, decidieron explorar una posibilidad que el propio Smith, antes de su asesinato, había empezado a considerar. La idea era abrir una conexión directa con los mexicanos.
Fuentes del bajo mundo confirmaron a The Observer que, poco antes de ser asesinado, Smith estaba sosteniendo pláticas de alto nivel con el cártel de Sinaloa y con Los Zetas. Había tenido dificultades con el cártel colombiano de Cali y empezado a sondear nuevos clientes en los territorios sin ley del norte de México. Escarmentados por la experiencia en España, sus sucesores decidieron continuar las mismas conexiones.
“El socio de Smith (El Ave de Presa) es la única persona que tiene el dinero y la pericia para trabajar con ellos”, dijo una fuente del hampa.
Desde principios de este año se urdieron planes para llevar cocaína directamente a Liverpool. De acuerdo con fuentes tanto de la policía como de los bajos fondos de ese puerto, El Ave de Presa, Taylor y sus socios tienen la audacia, la astucia y la determinación para darle un giro totalmente nuevo al negocio de la cocaína en Europa: uno que será mucho más violento que el de las previas generaciones de pandilleros.
Al Panqué se le describe como un tipo temible, que representa a una nueva generación de matones que ha logrado escalar y opera de manera totalmente opuesta a los metódicos manejos de Smith. Su posición emergente dentro del comercio de cocaína de la ciudad significa la primera vez que uno de los llamados soljas –los maleantes encubiertos de los bajos estratos– ha alcanzado la cima de la mafia en Liverpool.
De acuerdo con un antiguo pandillero de ese puerto, “Smith era de la vieja escuela. Su palabra contaba y los pagos se hacían por adelantado y a tiempo. El Panqué no tiene don de gentes, se le ve como violento e impredecible y más interesado en disparar que en hacer seriamente dinero.
“Están fuertemente armados y ponen bombas de fabricación casera a las afueras de los bares. Si los mexicanos están haciendo negocios en Liverpool, han encontrado a su contraparte.”
Liverpool es un lugar donde todas las calles parece que se dirigen a las orillas del Mersey, el caudal de agua café que constituye la savia de la ciudad. Desde su ribera, las famosas dársenas de Merseyside se extienden
Probablemente no resulte sorpresivo que el río que ha dado forma a la ciudad también moldee su criminalidad. Una fuente policial recuerda que “los estibadores salían de las dársenas con lo que fuera que llegara en los barcos, y esto evolucionó en los años setenta y ochenta”.
En 1983 la heroína empezó a inundar Gran Bretaña a través de la vasta zona de muelles de Merseyside. Ahora, lo único que ha cambiado es el producto. El puerto de Liverpool maneja 623 mil 380 contenedores al año. Alrededor de 171 mil –468 al día– de estas unidades de
Según un oficial antinarcóticos mexicano, esto no sirve de nada. “El cártel de Sinaloa y Los Zetas están utilizando contenedores y ustedes no tienen una solución para ello. Una de dos: o revisan cada uno de los contenedores o lidian con la demanda de cocaína del Reino Unido”, dice simplemente.
Giles confirma que depositar la cocaína en contenedores de barco es el método preferido de los cárteles para las “importaciones al mayoreo”. Su modo de actuar favorito, dijo, es interceptar contenedores preidentificados antes de que lleguen a su destino legítimo. Las cantidades que se embarcan en cada uno son de entre 250 y
Hasta ahora no ha habido decomisos de cocaína en las dársenas del Mersey. Pero recientemente autoridades españolas encontraron en el puerto de Valencia 2 mil 513 kilos de cocaína proveniente de México, escondida en contenedores. Fuentes policiacas dicen que es muy probable que el recorrido tuviera alguna conexión en Liverpool.
En el hampa de Liverpool ya se reconoce ampliamente el nuevo estilo de violencia. Escenas filmadas por cámaras de circuito cerrado en Palm Sugar, un club nocturno de Liverpool, revelan la tendencia del Panqué hacia la agresión. Después de que un cadenero le negara la entrada, las imágenes lo muestran dándole un puñetazo en la quijada. Durante el caos subsecuente, se ve a Taylor arrojando sillas contra los elementos de seguridad, mientras los parroquianos gritan aterrorizados.
A unas cuantas semanas de su retorno de España se vio al Panqué riñendo con Nicky Ayers, un traficante convicto nativo de Liverpool. Hace 15 días Ayers, un hombre duro de 46 años, fue asesinado fuera de la casa de su hija, en el distrito West Derby de Liverpool. El Panqué fue interrogado por la policía de Merseyside, pero no incriminado. Las secuelas del asesinato de Smith
todavía penden sobre Liverpool y calan más hondo en las depauperadas calles que rodean al aeropuerto citadino.
Sin embargo, el detective en jefe de la Oficina de Inteligencia y Seguridad de la policía de Merseyside, el comisario Steve Naylor, quien ha dado seguimiento a las cambiantes lealtades dentro de las bandas de narcotraficantes de Liverpool, está seguro de que van a atrapar a los asesinos de Smith.
Naylor afirma: “Hemos identificado una serie de disputas. Las lealtades han cambiado. Cualquier información será tratatada con la más rigurosa confidencialidad”. Entretanto, la única certeza es que el ciclo de asesinatos va a continuar. Ahí vienen los mexicanos. (Traducción: Lucía Luna) l
Actor global
Pablo Giuliano
Durante la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil se ha posicionado como potencia emergente y busca influir en la arena internacional. Prueba de ello es el acuerdo nuclear firmado entre Irán, Brasil y Turquía que podría destrabar el estancamiento de las negociaciones con Washington y Bruselas, que amenazan con endurecer las sanciones contra el gobierno de los ayatolas. En plena era de globalización, Lula se encuentra en su elemento: diplomacia, negociaciones, acuerdos, convenios…
SAO PAULO.- Gracias a su activismo como mediador en conflictos internacionales, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se ha ganado un amplio prestigio dentro y fuera de su país, e incluso la posibilidad de obtener el Premio Nobel de la Paz.
Este antiguo trabajador metalúrgico es ahora un líder de amplio espectro ideológico que ha logrado posesionar a Brasil, la principal economía latinoamericana, como jugador en las grandes ligas de las discusiones mundiales. Promueve el debate Sur-Sur, el fortalecimiento de América Latina y África y el ingreso de las grandes economías emergentes a los centros donde se toman las decisiones.
El mandatario cuenta con una estrategia para que las empresas brasileñas se conviertan en trasnacionales, pues de esta manera el país tendría la suficiente fuerza política y económica para cumplir un viejo anhelo: la obtención de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En su gira iniciada el sábado 15, Lula actuó como mediador –junto con Turquía– para destrabar el problema creado por el programa nuclear de Irán, que mantiene la tensión entre este país, Estados Unidos, la Unión Europea y la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).
Su desempeño en estas lides ha sido tan bueno que el 2 de abril de 2009 durante la cumbre del G-20, el presidente Barack Obama dijo del mandatario carioca: “Este es el hombre, lo adoro”.
Ese comentario cayó como bomba entre la oposición brasileña, pero la tendencia era ya imparable. Lula fue elegido Líder del Año 2009 por los diarios Le Monde, de Francia, y El País, de España. La revista Time lo ubicó entre los 15 políticos más influyentes del mundo, y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU le otorgó el premio Campeón Mundial contra el Hambre.
De manera paralela a su actuación internacional, Lula juega sus cartas en Latinoamérica. La oposición de Brasil lo fustigó por sus declaraciones sobre la muerte de Orlando Zapata, ocurrida el 24 de febrero último tras una huelga de hambre. El mandatario se encontraba en La Habana y coincidió con el presidente Raúl Castro, quien dijo que Zapata era un delincuente común y no un preso de conciencia. Lula abonó el escándalo cuando comparó a Zapata con los delincuentes comunes de Sao Paulo.
En el ámbito centroamericano, el presidente brasileño continúa sin reconocer al gobierno de Honduras encabezado por Porfirio Lobo hasta que declare una amnistía para el exiliado presidente derrocado Manuel Zelaya, que ocupó la embajada brasileña en Tegucigalpa tras haber sido destituido por un golpe de Estado el 28 de junio de 2009. Y el tema puso en jaque también la realización de la cumbre América Latina-Unión Europea realizada en Madrid, dado que España invitó a Lobo.
“Si va Honduras, 10 países de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) no iremos”, dijo el asesor especial en asuntos internacionales de Lula, Marco Aurelio García, uno de los principales dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT). Finalmente, prevaleció la exigencia sudamericana.
Un Nobel para Lula
La mediación que Lula ha realizado ante Irán, junto con el primer ministro turco, Tayipp Recep Erdogan, ubican al brasileño entre los candidatos al Premio Nobel de la Paz, comenta a Proceso Cristina Pecequilo, experta en geopolítica de la Universidad Paulista (Unip) y del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS).
“Si este acuerdo nuclear con Irán avanza, Lula y Erdogan serían candidatos al Nobel, teniendo en cuenta que se lo dieron a Obama el año pasado sin una sustancia objetiva”, asegura Pecequilo.
Para Brasil, un Premio Nobel repercutiría tanto como un mundial de futbol: ha ganado cinco copas pero no cuenta con ningún galardón otorgado por la academia sueca.
En noviembre pasado Lula estuvo bajo los reflectores, pues en sólo una semana recibió en Brasilia al presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, al palestino, Mahmoud Abbas, y al israelí, Shimon Peres.
El viaje que en marzo pasado realizó Lula a Medio Oriente inauguró su nueva función ante esa región. “Brasil quiere ser un interlocutor novedoso, porque siempre intermedian los mismos, Estados Unidos y la Unión Europea y vamos de fracaso en fracaso”, dijo Lula, quien asistió en Ramallah a la apertura de la calle Brasil por parte de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Aunque el presidente de Brasil acudió al Museo del Holocausto, el canciller israelí, Avigdor Lieberman, de la extrema derecha, se ofendió porque el sudamericano se negó a visitar el túmulo del fundador del sionismo, Theodor Herzl.
Incluso el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, le pidió a Lula que intercediera ante Siria en las negociaciones por los territorios de las Alturas del Golán reclamados por los sirios. Fue así que el canciller Celso Amorim se encontró con el presidente sirio, Bashar Al Assad, en Damasco, y le llevó el mensaje israelí.
“La mayoría de los especialistas considera que Brasil se expone innecesariamente en un área que no es de nuestra competencia natural. Sin embargo, la política externa de Lula ha ganado en importancia. Diría que esta exposición es natural. Y hasta habló de la cuestión nuclear en Israel. Lula abogó por el desarrollo pacífico de la industria nuclear en Israel, sabiendo que defendía lo mismo para Irán, el enemigo más fuerte de los israelíes”, comenta a Proceso el experto en relaciones internacionales Pio Penna Filho, profesor de la Universidad Nacional de Brasilia (UNB) y de la Universidad de Sao Paulo (USP).
La política exterior brasileña, agrega, además de reflotar el concepto del eje Sur-Sur, mantiene los mismos conceptos de la escuela del Palacio de Itamaraty: nunca cerrar las puertas. “Irán reconoce a Brasil con capacidad de negociación, Siria también. Brasil defiende el diálogo con todos y nunca cerró las puertas. Incluso con la Sudáfrica del apartheid, Brasil nunca cerró del todo la posibilidad de una interlocución con los actores mundiales”, explica.
Lo que la diplomacia brasileña esperaba finalmente ocurrió: el sábado 15 de mayo Lula viajó a Teherán, en la primera visita de un mandatario brasileño a ese país. El principal objetivo era llegar a un acuerdo con Ahmadinejad para destrabar el impasse con el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos impulsa sanciones porque sostiene que Teherán proyecta construir la bomba atómica y oculta información a la Agencia Nacional de Energía Atómica (AIEA). Fue el viaje más observado por la comunidad internacional.
Dudas
El canciller Amorim reveló que en la semana previa a su viaje a Teherán, Lula recibió una carta de Obama con la posición de Estados Unidos, y antes de tocar suelo iraní Lula recibió una llamada telefónica de Nicolas Sarkozy.
A la visita oficial brasileña se sumó el tercer actor en el acuerdo con los iraníes: el primer ministro turco Erdogan. Luego de 18 horas de negociaciones, la noche del domingo 16 se dio un acuerdo entre Brasil, Irán y Turquía. En éste, los iraníes se comprometieron por escrito a enriquecer hasta 20% de mil
“Fue un triunfo de la diplomacia. Con diálogo, la diplomacia y la paz salen vencedoras.”, afirmó Lula.
Inmediatamente en el frente interno repercutió el acuerdo nuclear. “Lula anotó un gol en Medio Oriente. Además de haber logrado goles en África y en América Latina”, dijo la candidata presidencial del Partido de los Trabajadores (PT), Dilma Rousseff, quien pasó a liderar las encuestas esta semana por sobre el opositor José Serra, de cara a los comicios del 3 de octubre.
“Hay que esperar para ver si Lula no estaba en posición adelantada”, planteó el expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), del Partido de la Social Democracia Brasileña, de Serra.
Pese a que en el nuevo acuerdo Brasil y Turquía defienden el derecho de Irán a desarrollar sin discriminación su programa atómico con base en el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia sospechan que la bomba iraní está en camino. Justifican sus reservas en el hecho de que el régimen de los ayatolas surgido de la Revolución Islámica de 1979 mantiene entre sus políticas la destrucción del Estado de Israel.
“Brasil adoptó posiciones independientes contra la política de la arrogancia de Estados Unidos”, dijo el máximo líder iraní, el ayatola Alí Jamenei. Turquía y Brasil ocupan asientos no permanentes en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos debe contar con nueve votos para imponer sanciones a Teherán.
Irán tiene siete días para comunicar por escrito a la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) que está dispuesto a enviar al exterior su uranio para tenerlo de vuelta enriquecido en un año. También debe aceptar que este proceso será monitoreado por observadores de la AIEA y de su propio gobierno.
“Los iraníes percibieron que no estamos para satanizarlos”, afirmó el asesor especial en política exterior del presidente Lula, Marco Aurelio García, uno de los impulsores de la política brasileña Sur-Sur.
“Todavía somos escépticos porque el dicho de Irán dista del hecho; sin embargo, reconocemos los esfuerzos realizados por Turquía y Brasil”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs.
El canciller francés, Bernard Koucher, quien mencionó “cierta ingenuidad brasileña”, elogió el movimiento diplomático y el presidente ruso consideró que el acuerdo era “una victoria personal” de Lula. China respaldó el convenio y se mantiene opuesta a las sanciones, dijo el portavoz de la cancillería de Beijin, Ma Zhaoxu.
El acuerdo turco-brasileño-iraní reflotó el clima de negociación entre Irán y el grupo 5+1 (Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania), que había fracasado.
La experta en geopolítica Pecequilo asegura que Lula tiene todo para ganar porque “el viaje fue un éxito y pese a que falta mucho para consolidar un acuerdo nuclear, el gran mérito fue colocar a Brasil en una mesa de discusión a la que antes no asistía”.
“Brasil –puntualiza Pacequilo– es visto como un broker honesto, pero nadie es ingenuo en este proceso. Esa decisión contra las sanciones se debe en gran medida a China, que no está dispuesta a renunciar a su comercio con Irán por algún nuevo embargo financiero. Y también con las disputas internas entre la Casa Blanca y los sectores más conservadores del Departamento de Estado.”
Diego desaparecido, un acto de venganza
Miguel Ángel Granados Chapa
Hasta ya avanzado el jueves 20, hora de escribir esta columna, el público carecía de información sobre el paradero y la suerte de Diego Fernández de Cevallos, desaparecido entre la noche del viernes 14 y la madrugada del sábado 15. Conforme han transcurrido los días, algunas de las conjeturas iniciales han ido perdiendo sustento y surgen otras, como la que ahora planteo aquí. Antes de hacerlo no puedo sustraerme a la tentación de recordar el secuestro padecido en diciembre de 1997 por Fernando Gutiérrez Barrios, que oficialmente jamás existió. No se denunció ante el Ministerio Público y su víctima jamás se refirió al acontecimiento.
Ese año había sido terrible para el presidente Zedillo y para el sistema político mexicano, y cuando ocurrió la desaparición del antiguo zar de la seguridad nacional aún faltaba la terrible matanza de Acteal, que ocurriría una semana después de la terminación del secuestro del exsecretario de Gobernación, el 22 de diciembre.
En las elecciones de julio el PRI había perdido la mayoría en la Cámara de Diputados, hecho funesto para ese partido, que anunciaba su descomposición. El Partido de la Revolución Democrática, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, había conseguido formar la segunda bancada más numerosa en San Lázaro, después de la disminuida fracción priista y, como cereza en el pastel, había hecho triunfar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, convertido de esa guisa en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido por voto popular.
Aunque por el rescate de Gutiérrez Barrios se pagaron seis millones y medio de dólares (un descuento de tres y medio respecto de los diez inicialmente pedidos por los secuestradores) no quedó claro que necesariamente fuera un secuestro mercenario. Quizá persiguió varios fines: unos concernientes a las antiguas tareas de la víctima, por años al frente de la policía política y de las acciones de seguridad nacional; otros relacionados con sus nexos con la política veracruzana y la escisión del PRI que allí se incubaba (Dante Delgado fue puesto en prisión al año siguiente por Patricio Chirinos y Miguel Ángel Yunes) o quizá se trataba de un ajuste de cuentas por los muchos daños que el exgobernador de Veracruz infligió a tanta gente. Y de paso obtener una fortuna.
Algo semejante parece estar ocurriendo con Diego. Su familia conjetura, quizá porque posee indicios que no ha hecho públicos, que se trata de un secuestro que se resuelve con dinero. Por eso llamó a los captores a comunicarse, para negociar. El EPR avisó que no es el autor de la desaparición y con eso desmontó casi por entero (porque otros grupos pudieron hacerlo) la conjetura de que una organización guerrillera estuviera presente en el caso. Y ante la CNN el presidente Calderón, que tuvo que cargar en España y en Washington el baldón de que su gobierno no puede garantizar la seguridad ni siquiera de los encumbrados más cercanos, excluyó al narcotráfico, porque sus jefes mandan mensajes por otras vías, expresión equívoca que sugirió que hay un puente de comunicación con la delincuencia organizada.
Por mi parte, al excluir que se trate de un secuestro mercenario (entre otras cosas porque era más sencillo plagiar a un miembro de la familia de Fernández de Cevallos a fin de que él pudiera encargarse del pago y no tener que dar instrucciones para hacerlo desde su cautiverio), calculé posible que lo hubiera emprendido algún grupo relacionado con la seguridad pública o la seguridad nacional, en la lógica con que operan muchas policías a lo largo de la historia (crear un problema para resolverlo y así mostrar su necesidad, su eficacia y su lealtad). La hipótesis se validaría si la localización y el rescate del eminente panista ocurriera mientras el presidente Calderón estaba en Estados Unidos, para que pudiera gloriarse del resultado (con cuya génesis no lo ligó mi formulación). Y, por supuesto, se diluyó conforme los días pasaron sin que apareciera Diego.
Necesitado de una nueva explicación, traje a mano mi reciente lectura del libro de José Reveles sobre los Beltrán Leyva, El cártel incómodo. El subtítulo de la obra es El fin de los Beltrán Leyva y la hegemonía del Chapo Guzmán. Una de las bases de sustentación del libro es dar por supuesto un acuerdo entre el gobierno federal y el cártel del Pacífico, suposición que no carece de fundamento y de exponentes. Un panista notable, el todavía diputado Manuel Clouthier Carrillo, denunció ese eventual arreglo desde el conocimiento que le proporciona su vivencia cotidiana como director del principal periódico sinaloense. Y fue también una de las líneas de argumentación del reportaje que en dos partes presentó durante la estancia de Calderón en Washington la cadena de radio pública estadunidense.
Como parte de ese presunto acuerdo, el gobierno desarticularía a la banda de los Beltrán Leyva, antaño asociados a Guzmán Loera y convertidos en sus crueles enemigos. Independientemente de una motivación así, lo cierto es que esa parte de la mafia de la delincuencia organizada sí ha resultado especialmente golpeada, y que uno de los lances finales, el de diciembre del año pasado, que concluyó con su muerte, fue una especie de ejecución de Arturo Beltrán Leyva, el jefe del clan, y la exhibición vejatoria de su cadáver, tapizado de dólares.
Los restos de la banda, a cuya cabeza habría quedado Héctor, habrían emprendido actos de violencia ya no utilitarios sino surgidos de un acusado ánimo de venganza. Habrían comenzado con el asesinato de los familiares de un oficial de la Marina muerto en la acción de Cuernavaca. Se trataría de mostrar así que aunque fuera por esa vía, indirecta e innecesaria, la Armada de México pagaría la muerte de El Barbas, como se apodaba a Arturo Beltrán Leyva.
Me pregunto entonces si en la desesperación de su acorralamiento, como coletazo de ballena herida, Héctor Beltrán Leyva resolvió alzar la mira y apuntar cerca del cogollo del Estado. Aunque no pertenece directamente al gobierno panista, Fernández de Cevallos ejerce influencia de tal magnitud sobre él que el secretario de Gobernación y el procurador general de la República han sido parte de su entorno político, profesional y personal. De alguna manera lo representan. Y al inferirle un daño, del alcance y naturaleza que resulte, se estaría el clan agónico cobrando las acciones que lo han puesto en esa situación. l
Denuncia abusos de militares contra una familia chihuahuense
Señor director:
Le solicitamos publicar la siguiente carta.
Bajo una supuesta denuncia anónima, el hogar de la viuda Joaquina Ayala Chaparro, ubicado en Baborigame, Guadalupe y Calvo, Chihuahua, fue allanado el pasado 1 de abril por varios militares.
El teniente Fernando Arroyo Ocejo, el sargento Abel Solís Suárez y el soldado Omar Hernández González, así como otros efectivos, adscritos todos al 23 B1, irrumpieron en el domicilio con lujo de violencia.
A doña Chuy y a su amiga tepehuán las echaron de la casa. Los hijos de la primera, Bertín, Joel y Leonardo, de 21, 26 y 31 años –herreros de oficio– recibieron patadas y riflazos en rostro y costillas por intentar ver a sus agresores.
Los milicos nada encontraron, pero se robaron celulares, una lap-top, relojes y linternas, y a Leonardo lo trasladaron y presentaron al Ministerio Público federal en Parral, como si hubiera sido detenido en la calle, a bordo de un vehículo y en posesión de mariguana, cocaína y varias armas vedadas. Aunque en el trayecto se le torturó y amenazó para que aceptara su culpa, Leonardo negó la infamia ante el MP, y cuando su madre pudo hablar con él, apenas podía moverse.
El agente del Ministerio Público Ismael Elías Bravo y el médico militar Eleucadio Salas López detectaron huellas de los golpes, pero Jaime Enrique Aranda, médico de Seguridad Pública, lo certificó sin lesiones aparentes.
Mucho de esto concuerda con el informe ampliado que en 2009 rindió el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, en el sentido de que agentes ministeriales torturan a detenidos para arrancarles confesiones que pasan a ser pruebas, en tanto que algunos médicos reciben órdenes de falsificar certificados para encubrir abusos.
Por lo anterior, religiosos, comerciantes, maestros y habitantes de Baborigame sostienen que Leonardo es inocente. Tanto él como su familia son reconocidos como gente honesta, que se ha resistido al engañoso atractivo del ilícito mejor pagado en aquellas latitudes.
Es imperativo que en este caso se haga justicia. Pero, ¿y la droga y armas que los militares siembran a inocentes? ¿De dónde salen, quién las administra? ¿Se benefician grupos o todo se concentra y reparte desde arriba?
Son éstas preguntas que también esperan respuesta. (Carta resumida.)
Atentamente
Julio Morales Quiñones
Chihuahua, Chih.
Pide justicia en el traspaso de una casa de Infonavit
Señor director:
Le ruego publicar la presente carta para solicitar al presidente Felipe Calderón, al Infonavit y a las autoridades judiciales de Pachuca, Hidalgo, la revisión de un caso de despojo en contra de mi abuela Luz Ábrego Arias.
Se trata del despojo de una casa ubicada en la colonia Campestre Villas del Álamo, Pachuca, que fue consumado el pasado 28 de abril contra mi familiar, una anciana de 89 años de edad, por un defraudador que vive en Jaltepec, Estado de México, Armando González, y el abogado de éste, Luis Ávila González.
Por el traspaso de esa casa del Infonavit, las personas mencionadas recibieron 45 mil pesos para realizar el trámite ante una notaría y entregar un poder especial irrevocable. Una vez adquiridos los derechos, mi abuela pagó con sus ahorros las mensualidades no cubiertas de
A pesar de que doña Luz se mantuvo haciendo los pagos mensuales al Infonavit, además de cubrir los recibos de luz, agua y predial puntualmente, Armando González y su esposa, faltando al compromiso del traspaso, más tarde se negaron a recibir el dinero y demandaron a mi abuela.
El pseudoabogado Rafael Salvador Mendoza le brindó a mi familiar una asesoría deficiente ante los defraudadores, y éstos y el abogado Luis Ávila González lograron la ejecución del desalojo el pasado 28 de abril, a base de la compra de servidores públicos del juzgado y actuarios.
Todos los vecinos saben que esto fue un fraude y, por lo tanto, reprueban esta injusticia, pues mi abuela tiene discapacidades propias de su edad, mientras las personas indicadas la despojaron, con todo el dolo, de su único patrimonio, argumentando que les debe alrededor de 150 mil pesos, lo cual es falso, y podemos demostrarlo.
Por eso solicitamos al presidente Calderón, al Infonavit y a las autoridades judiciales de Pachuca que en este caso se haga una pronta justicia. (Carta resumida.)
Atentamente
Luz María Porras Ochoa
Pachuca, Hidalgo
