Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
www.cartamesoamericana.com / www.ikbalam.org
Domingo 20 de junio de 2010
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS DE HAITI
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANO DE CHILE
Cuenta 4042482448 de la sucursal bancaria HSBC
Cuenta 0404040406 Suc. 683 de Bancomer
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA
Colaborador Invitado / La 'guerra' y el desplegado
La defensa del presidente Felipe Calderón a su guerra contra el narco tiene al menos cinco puntos cuestionables
Colaborador Invitado
(20 junio 2010).- Gabriel Regino
Abogado, académico especialista en seguridad nacional.
La diplomacia del Ejecutivo Federal ha sido opacada por la violencia: el 31 de enero, en gira por Japón, 16 jóvenes fueron masacrados en Juárez. En mayo y en vísperas de su viaje a Madrid, Diego Fernández de Cevallos fue secuestrado. Ahora, en su viaje a Sudáfrica, México vivió uno de los fines de semana más sangrientos.
En medio de este escenario, la Presidencia de la República publicó un desplegado titulado La Lucha por la Seguridad Pública que vale la pena analizar en partes.
1. El documento pretende convencer a la opinión pública de que la lucha no es únicamente contra el narcotráfico. Esto será una tarea difícil de alcanzar si consideramos que, desde el principio de su mandato, el Ejecutivo se apoyó de manera amplia en el sector militar y lo responsabilizó de Operaciones Conjuntas en Sinaloa, Chihuahua y Michoacán, estados con graves problemas por dicho flagelo. Esto podría interpretarse como una estrategia para cubrir y meter la guerra contra las drogas dentro del amplio concepto de seguridad pública, con los riesgos de que sea un punto de partida para escalar ésta al nivel de la seguridad nacional, en detrimento de las libertades ciudadanas. Esto representa, sin duda alguna, una señal de alerta.
2. La vecindad con Estados Unidos se observa desde una posición maniquea: tratándose de relaciones comerciales, es una ventaja invaluable, pero en el tema de las drogas es la causa de nuestra desgracia. El problema quizá sea que México trata de resolver localmente una cuestión de necesaria solución global. La criminalización de las drogas pasa por la intención de controlar un mercado de capitales que no debe poner en riesgo las economías planetarias. Empero, mientras México derrama sangre, en Europa y en nuestro vecino país la droga sigue circulando y los paraísos fiscales continúan con la pujante industria del blanqueo de capitales. De acuerdo con el último informe de la OCDE, existen 17 en franca operación.
3. Uno de los puntos del desplegado que más se ha reiterado en diversos foros es que la lucha contra el narcotráfico vale la pena, que no se dará marcha atrás y que la violencia y los muertos son entre los propios grupos criminales. En primer lugar, debe decirse que la lucha contra el crimen es una obligación de Estado irrenunciable. Lo que se critica no es su obligación, sino la forma cómo lo está haciendo. Por ejemplo, haber enviado a la tropa militar a las calles ha generado oprobiosas violaciones a los derechos humanos y muertes de inocentes que no se pueden olvidar bajo el argumento de que "son las menos". El Ejército es una institución de respeto que debe ser cuidada en extremo. Pero debemos reconocer que no todos los soldados tienen la capacitación para desempeñarse en tareas de alto riesgo. Suprimir los procesos judiciales por vías de ejecuciones sumarísimas de presuntos sicarios pone en en grave riesgo el Estado de derecho que el gobierno dice defender. Nunca se sabrá si los caídos eran responsables de qué delitos, si se habrían rendido, si contaban con información esencial para fincar responsabilidades, etcétera. Por una parte, erigirse como espectador de las matanzas hace vulnerable al Estado ante esos grupos que no se exterminan, sino que se recomponen con mayor crueldad y, por otra, la falta de investigación y castigo de esas brutalidades envía un claro mensaje a la sociedad de zozobra y de impunidad.
4. Los operativos conjuntos, la mejora tecnológica, la petición de apoyo de la sociedad y el reconocimiento de que se trata de una lucha que llevará tiempo pero vale la pena... Es la reedición del discurso pronunciado el 26 de agosto de 1998 por el entonces presidente Ernesto Zedillo al presentar la Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia. A 12 años de distancia, el discurso se mantiene y la violencia se desborda.
5. La reforma de los Juicios Orales aparenta una contradicción: se privilegia la mano dura y el empoderamiento policial a través de la Policía Única, mientras que el sistema adversarial descansa en el respeto máximo al principio de presunción de inocencia. ¿Cómo hacer coincidir estas posturas? Pareciera que lo que se busca es un modelo procesal a modo para que quien sea detenido y expuesto al juicio público mediante su exhibición en los medios de comunicación reciba una condena rápida sin más trámite ni evidencia que la impresión de la nota periodística que lo vincula con una organización criminal. El riesgo de que esto ocurra es eminente.
Al tiempo.
http://twitter.com/gabrielregino
Programas sociales: arma electoral
Reportaje Elecciones 2010. Los gobiernos estatales disponen de amplios presupuestos para repartir despensas, materiales y dinero en efectivo a través de programas sociales sin blindaje adecuado ni reglas claras de fiscalización
Martha Martínez
(20 junio 2010).- En pleno año electoral, los gobiernos estatales y el gobierno federal disponen de un presupuesto que rebasa los 217 mil millones de pesos para operar programas sociales en los 14 estados que van a las urnas el próximo 4 de julio.
La falta de reglas claras de operación, padrones confiables de beneficiarios y mecanismos eficientes de fiscalización y evaluación han provocado que el uso electoral de los programas sociales se convierta en el principal motivo de disputa en las campañas. Así ocurrió en la semana que termina, con la divulgación de conversaciones en las que el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, instruye a sus funcionarios para que apoyen a los candidatos del PRI con programas de gobierno.
El gasto social en los estados que renuevan sus poderes locales aumentó en un 10 por ciento del 2009 al 2010 y, según la ONU, analistas independientes y las propias autoridades, los recursos se ejercen con un alto riesgo de manipulación electoral, a pesar de ciertas medidas de blindaje promovidas desde el gobierno federal y el Poder Legislativo.
Enfoque analizó el gasto social de siete de los 14 estados en cuestión (Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Zacatecas). Del análisis se desprende que en 2010 estas entidades ejercerán más de 124 mil 721 millones de pesos a través de 343 acciones dirigidas a grupos sociales vulnerables, principalmente mujeres, indígenas, menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores.
A pesar de que estos recursos representan el 4 por ciento del presupuesto federal aprobado por la Cámara de Diputados para este año, los programas a través de los cuales serán ejercidos no cuentan con reglas, padrones o evaluaciones que permitan conocer su impacto en la reducción de la pobreza, lo cual facilita su uso discrecional.
Si bien actualmente no existe un catálogo nacional de programas sociales que facilite datos sobre el funcionamiento de las 343 acciones, la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales proporciona información sobre el 62 por ciento de ellas.
La iniciativa -un sistema en internet que contiene información de un total de 778 programas estatales y federales- indica que de los 213 programas registrados hasta el momento por los siete estados mencionados -de los cuales 15 operan con recursos federales y 102 cofinanciados por los gobiernos federal y local-, 21 por ciento carece de reglas de operación, 27 por ciento no tiene padrón de beneficiarios, 40 por ciento tiene un padrón pero no lo hace público, 27 por ciento no cuenta con criterios para la selección de beneficiarios, 32 por ciento no son evaluados y cerca de la cuarta parte no presenta información en medios electrónicos.
Estos programas atienden al 65 por ciento de los cerca de 22 millones de personas que habitan en dichas entidades.
La iniciativa -impulsada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y Transparencia Mexicana- señala que los programas con más problemas de transparencia son los dirigidos a la población con discapacidad, indígenas y jóvenes.
También se advierte que la proliferación de programas sociales coincide con la llegada de un nuevo gobernador: de los 213 programas registrados por Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Zacatecas, 69 por ciento fueron puestos en marcha entre 2004 y 2009.
Diseño clientelar
A las deficiencias reportadas por el PNUD y Transparencia Mexicana, se suma el diseño clientelar de los programas. Al menos 60 por ciento de ellos se basa en la entrega de apoyos económicos y en especie que van desde focos ahorradores de energía hasta electrodomésticos.
Por ejemplo, información del gobierno de Aguascalientes indica que de 193 mil apoyos entregados durante 2009, más de 168 mil correspondieron a despensas, láminas galvanizadas y sacos de cemento.
Para el director del Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, Mario Luis Fuentes, el que a nivel estatal predominen programas de reciente creación cuyo objetivo principal es la entrega de apoyos indica que el principal interés de los gobiernos es lograr el reconocimiento político y el desarrollo social pasa a segundo plano.
"No se han logrado ensamblar las propuestas locales con las municipales y mucho menos con las federales porque lo que buscan es el reconocimiento político para el gestor del programa, no el logro de metas específicas en desarrollo social", advierte.
En opinión del representante del PNUD en México, Magdy Martínez-Solimán, la reticencia de estados como Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Quintana Roo y Sinaloa a proporcionar información suficiente sobre el funcionamiento de sus programas sociales -Veracruz, por ejemplo, registró sólo ocho de los 32 programas que opera- genera serias dudas sobre el uso que se les da en el proceso electoral en marcha.
"Cuando no hay información o no hay candados, hay motivos de preocupación y sobre todo razones sobradas para estar muy atentos en esas entidades", señala.
Más recursos, más pobreza
El gasto social en los estados analizados se ha incrementado año con año; sólo entre 2009 y 2010, el presupuesto de este rubro pasó de 113 mil millones de pesos a más de 124 mil 721 millones de pesos.
En promedio, el gasto social en cada uno de los estados representa 56 centavos de cada peso. Puebla es la única demarcación en donde el gasto se incrementa a 86 centavos de cada peso. A pesar de ello, el índice de pobreza no se ha reducido y en algunos estados hasta ha empeorado.
La nueva metodología aplicada a partir de 2008 por el Consejo Nacional de Evaluación redujo de
Una comparación entre informe sobre IDH del 2005 y 2007 evidencia que Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz mantienen los mismos niveles de rezago en materia de salud, educación e igualdad de género; Zacatecas retrocede un lugar al pasar de la posición
Mario Luis Fuentes advierte que la no reducción de la pobreza es uno de los riesgos de las políticas sociales clientelares.
"Cuando tenemos programas que favorecen el clientelismo, porque el fin es entregar cierto número de despensas, becas o sacos de cemento y no lograr una meta que reduzca las brechas con la población más favorecida, el resultado es éste, los mismos niveles de pobreza y desigualdad que tenemos desde hace décadas", asegura.
Comisión inútil
El 2 de mayo pasado, la Cámara de Diputados creó una comisión especial encargada de vigilar el uso de los recursos federales, estatales y municipales en los estados donde habrá elecciones.
La comisión, presidida por Manuel Cadena Morales, diputado del PRI por el estado de México, fue la respuesta de la Cámara a las denuncias de diversos diputados de la oposición sobre el presunto uso electoral del programa Oportunidades en el estado de Yucatán, cuya elección tuvo lugar el 16 de mayo pasado.
Conformada por diputados de todos los partidos, la comisión inició el 12 de mayo una gira de trabajo en los 14 estados, a fin de mantener reuniones con gobernadores, autoridades electorales y representantes de los congresos locales. Diez días después, sus integrantes reconocieron que no cuentan con mecanismos para evitar el manejo clientelar de los programas sociales, y llamaron a la Cámara baja a analizar la situación para no convertirse en un "grupo testimonial".
Eso sí, la Cámara difunde un spot donde presume haber creado dicha comisión.
Límites de la fiscalización
La situación de la comisión especial es la misma de muchos otros instrumentos creados por el Congreso y los gobiernos federal y estatales para vigilar y fiscalizar los programas sociales.
Las auditorías estatales y federal, las contralorías sociales, los institutos de transparencia y los programas de blindaje electoral han resultado insuficientes e ineficientes en su tarea de facilitar la transparencia sobre el desempeño de la política social.
Una revisión de los perfiles de los auditores de los siete estados mencionados muestra que en cinco casos -Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas- se trata de ex funcionarios cercanos al gobernador o personajes con antecedentes cuestionables. Los resultados de sus auditorías no se hacen públicos y algunos de los programas en donde podría haber irregularidades no son fiscalizados.
A nivel federal, la Auditoría Superior de la Federación sólo puede supervisar el uso de los recursos transferidos a los estados a través de Ramo 33 y aún cuando se detecten irregularidades, no tiene facultades para aplicar sanciones administrativas a los funcionarios que incurran en ellas.
Los institutos de transparencia carecen de mecanismos para obligar a los gobiernos estatales a responder una solicitud de información y los programas de blindaje electoral estatales y federales se concentran únicamente en la prevención mediante talleres de capacitación y publicaciones de manuales.
Miguel Novoa, abogado general de la Secretaría de Desarrollo Social, señala que las acciones del Programa de Blindaje Electoral 2010 son la educación y capacitación a servidores públicos, beneficiarios y organizaciones civiles; la suspensión de la propaganda gubernamental 30 días antes de la elección; la publicación de un código de conducta para funcionarios públicos; la suspensión de eventos masivos y el resguardo del parque vehicular de la Sedesol el día de los comicios.
El también comisionado para la transparencia de Sedesol admite que se desconoce el alcance real del programa, pues no cuenta con una estimación de los recursos que abarca el blindaje electoral. Al ser cuestionado sobre si existen riesgos de que meses antes de la aplicación del Programa de Blindaje Electoral los gobiernos locales usen la entrega de apoyos para coaccionar el voto, Novoa señala: "pues no sé, no me atrevería a decirlo porque un poco la idea es que se siga apoyando al beneficiario, que es quien debe importar como primer lugar, y se harán reuniones más pequeñas para que no caigamos en el tema de lo masivo... es lo que tratamos de evitar, que no haya cuestionamientos en ese sentido".
Novoa asegura que el Programa de Blindaje Electoral ha contribuido a garantizar que los recursos de los programas federales en los estados sean usados de manera adecuada, y que la manera en la que miden su éxito es el número de funcionarios sancionados. Pero hasta el momento este contador se mantiene en ceros.
El esquema de blindaje electoral aplicado por las secretarías de Desarrollo Social de los estados es el mismo de Sedesol. De ahí que a nivel local el blindaje dure máximo 40 días y también esté enfocado a medidas de capacitación.
En cuanto a los órganos electorales, el consejero Marco Antonio Baños detalla que el IFE no tiene competencias para intervenir en la organización de las elecciones estatales, pues son los institutos locales los encargados de ello.
En el caso de la Fepade, hasta el momento han sido presentadas dos denuncias por el presunto uso electoral de los programas sociales: el 30 de mayo el PAN presentó una denuncia contra el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, por el presunto uso indebido del programa social Unidades Móviles para el Desarrollo; el 6 de junio, el PRI presentó una denuncia en contra del presidente Calderón por el supuesto uso del programa Oportunidades. Y esta semana, PAN y PRD denunciaron a Fidel Herrera.
En opinión del director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, el blindaje electoral de los programas sociales debería ir más allá de acciones de 40 días: "Por años hemos tratado de aislar la política social de la vida política y electoral del país tratando de cercarla y de inhibir que pueda atravesar esa pared algunas malas prácticas políticas, hoy sabemos que más importante o tan importante como una política especial de protección durante periodos electorales es que durante todo el año los programas sociales tengan una estructura sólida que los mantenga desde dentro hacia afuera".
De acuerdo con su propio diagnóstico, la falta de una estructura sólida permite que dichos programas sean utilizados con fines diferentes al desarrollo social los 11 meses en los que no se aplican los programas de blindaje electoral.
Gasto... ¿social?
Los 14 estados en los que habrá comicios locales el próximo 4 de julio concentran un gasto social para el 2010 de más de 217 mil millones de pesos. En todos los estados se incrementó el gasto en este rubro; el aumento total respecto al 2009 es de 18 mil millones de pesos. (Cifras en millones de pesos).
2009 | 2010 | Programas IPRO* | |
Puebla | $37,469 | $42,028 | 38 |
Veracruz | 26,986 | 29,629 | 8 |
Chiapas | 22,947 | 23,370 | 8 |
Oaxaca | 18,919 | 20,753 | 8 |
Chihuahua | 18,678 | 19,465 | NO |
Baja California | 17,728 | 19,226 | NO |
Sinaloa | 16,690 | 18,497 | 3 |
Hidalgo | 11,352 | 12,119 | 11 |
Durango | 9,056 | 10,417 | 16 |
Zacatecas | 8,029 | 9,060 | 86 |
Aguascalientes | 5,912 | 6,265 | 56 |
Tlaxcala | 4,685 | 4,865 | 6 |
Quintana Roo | 1,471 | 1,891 | 2 |
Tamaulipas
No se cuenta con información pública sobre su gasto social y el número de programas sociales que maneja el gobierno estatal.
*Programas registrados en la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Transparencia Mexicana.
NO= No cuenta con programas registrados.
Fuentes: presupuestos de los estados mencionados.
Reproches y acusaciones
Desde hace un mes, pero especialmente en la última semana, se han recrudecido las acusaciones por el uso electoral de programas sociales.
"Ya estamos viendo la entrega condicionada de despensas, cobertores, medicinas y otros apoyos de Sedesol... nos preocupa la injerencia que el gobierno federal está teniendo en los estados donde la preferencia electoral beneficia al PRI".
Carlos Lozano de la Torre, candidato del PRI en Aguascalientes.
23 de marzo.
"En el presupuesto de 2010 ya tenían una partida prevista para estos propósitos a través del diezmo de las obras públicas. Ahí está el dinero de los veracruzanos gastados perversamente en las campañas de los priistas".
César Nava, dirigente nacional del PAN.
5 de junio.
"Es lamentable que, pese a la experiencia electoral todavía reciente, el Ejecutivo federal se empeñe en intervenir en las campañas políticas mediante el uso de recursos públicos en gastos de publicidad y el condicionamiento partidista de los beneficios de los programas sociales".
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores del PRI.
6 de junio.
"Se ha hecho uso de las despensas para condicionar y capacitar para el proceso electoral, el gobernador (Ulises Ruiz) está interviniendo de manera directa, grosera y agresiva, violando las leyes en Oaxaca".
Salomón Jara, senador del PRD por Oaxaca.
7 de junio.
"Tan importante es no hacer un show político-partidista de los programas sociales, como tampoco desvirtuarlos. Hay quienes quieren desvirtuar los programas, a lo mejor piensan que el león es de su misma condición".
Heriberto Félix Guerra, secretario de Desarrollo Social.
10 de junio.
"Exigimos que no se utilicen los programas sociales, especialmente de Sedesol, para tratar de orientar el voto, que se respete el libre albedrío de los votantes y su condición ciudadana; que no se utilicen los programas para presionar el voto".
Beatriz Paredes, presidenta nacional del PRI.
11 de junio.
"...necesito hacer un programa de empleo temporal y meter un chingo de despensas aquí; ya de las despensas me encargo, pero de un programa de empleo temporal encárgate tú".
Fidel Herrera, gobernador de Veracruz.
Conversación telefónica difundida el 16 de junio por el PAN.
"Presentaremos una denuncia de juicio político. Se trata de hechos que ameritan la destitución del gobernador (Fidel Herrera). No puede guardar silencio, está obligado a explicar sus actos, a renunciar si es que tiene un residuo de dignidad".
César Nava, dirigente nacional del PAN.
16 de junio.
"Los demonios del edén andan sueltos y se expresan de maneras inesperadas... puedo asegurar que en el estado impera un clima de paz y que será así durante todo mi mandato".
Fidel Herrera, gobernador de Veracruz.
16 de junio.
"Con frecuencia los recursos se repartían en función de simpatías personales o políticas partidistas, en función de clientelas; prácticas que por desgracia no hemos erradicado totalmente".
Felipe Calderón, presidente de México.
17 de junio.
"Esto es muy lamentable porque es parte de un golpeteo electoral. No sería deseable que en el futuro sigamos viendo este tipo de actividades. Es valerse de la ilegalidad para pretender ganar una elección".
Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.
17 de junio.
Tiene PAN ejército azul
En las 14 entidades con elecciones el PAN cuenta con un ejército de 140 militantes colocados en las delegaciones estatales de siete secretarías y seis dependencias, las cuales operan los principales programas sociales del gobierno federal.
Por Ernesto Núñez
Ags. | B. Calif. | Chis. | Chih. | Dgo. | Hgo. | Oax. | Pue. | Q.Roo | Sin. | Tamps. | Tlax. | Ver. | Zac. | |
Sedesol | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SRA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Economía | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
STPyS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Semarnat | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Sagarpa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
SEP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||
Registro Agrario Nacional | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
IMSS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
Profeco | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
Liconsa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
Procuraduría Agraria | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||
Oportunidades | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Fuentes: directorios de las dependencias, Registro Nacional de Miembros del PAN.
Seguridad: sólo promesas
Reportaje Elecciones 2010. El combate a la inseguridad en los cuatro estados más violentos del país es una oferta más de campaña
Andro Aguilar Navarrete
(20 junio 2010).- Los ocho candidatos con más posibilidades de ganar las gubernaturas de los estados más violentos del país -Chihuahua, Durango, Sinaloa y Tamaulipas- ofrecen recuperar la seguridad como una de sus principales promesas de campaña, pero sus propuestas no tienen fecha de cumplimiento, ni detallan cómo se llevarán a cabo.
Los cuatro candidatos del PRI en esas entidades registraron 61 propuestas en sus plataformas ante los institutos electorales locales; mientras que los candidatos de oposición registraron 65.
Entre las plataformas y la propaganda electoral se configura un mosaico de promesas que van desde la aplicación del antidoping para policías y funcionarios públicos y el uso del polígrafo para reclutar funcionarios, hasta la promesa explícita de no pactar con el crimen organizado.
Otras propuestas ya se prometieron en anteriores campañas o están contenidas en los programas que se supone desarrollan los gobiernos actuales: creación de centros de inteligencia, unificación de policías en un solo mando, depuración de mandos, combate al narcomenudeo, reducción en el tiempo de respuesta a emergencias, coordinación con los municipios y la Federación y, por supuesto, el incremento de los presupuestos dirigidos a estas labores.
En contraste con lo que ocurre en términos de violencia en estos estados, donde se han registrado 2 mil 941 ejecuciones en lo que va del año, el combate a la inseguridad no es el eje central de las campañas de los candidatos con más posibilidades de ganar. Sólo uno de estos ocho candidatos colocó el tema en su lema de campaña.
DURANGO
Jorge Herrera Caldera
"La obligación del gobierno es hacer valer la ley, garantizar la seguridad física y patrimonial de las personas, pues está en juego la armonía social, la certidumbre para las inversiones y la vigencia del Estado de derecho".
Coalición: Durango va primero.
Candidato: Jorge Herrera Caldera.
Lema de campaña: "Con la fuerza de todos, Durango va primero".
8 Propuestas sobre seguridad en plataforma electoral.
Principales ofertas:
· Fortalecer cuerpos policiacos con nuevas tecnologías y equipamiento.
· Afianzar el sistema integral de prevención del delito con base en la participación ciudadana.
· Promover una mejor atención del Ministerio Público.
· Fortalecer el tejido social.
· Depuración de cuerpos policiacos.
José Rosas Aispuro
"Las innumerables muertes las cargan a la autoridad federal, pero lo que suceda en Durango será responsabilidad del gobernador".
Coalición: Durango nos une.
Candidato: José Rosas Aispuro.
Lema de campaña: "Mi compromiso es contigo".
14 Propuestas.
Principales ofertas:
· Fomento de denuncia ciudadana a través de recompensas.
· Creación de una ley de atención a víctimas del delito.
· Depuración y profesionalización de policías.
· Legislar a favor de la protección de los periodistas.
· Mejorar el Ministerio Público.
· Modernización del sistema penitenciario.
· Combate a la corrupción de funcionarios.
TAMAULIPAS
Rodolfo Torre
"No aceptamos a quienes ejercen violencia y quebrantan la ley; por ello vamos a combatir el delito en todas sus expresiones".
Coalición: Todos Tamaulipas.
Candidato: Rodolfo Torre.
Lema de campaña: "Para que tú estés mejor".
9 Propuestas.
Principales ofertas:
· Diseño de una política de seguridad sustentada en la prevención del delito.
· Instrumentación de juicios orales.
· Transformación de las condiciones de marginación, pobreza, desempleo e ignorancia.
· Vigilancia del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
· Promover iniciativas que den autonomía al Ministerio Público.
· Depuración, capacitación y estímulo a los cuerpos policiacos.
· Coordinación de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública.
José Julián Sacramento
"Me doy cuenta que el mayor reclamo de los tamaulipecos es la seguridad y ése es el bastión de mi campaña...".
Candidato: José Julián Sacramento.
Lema de campaña: "Tamaulipas: te queremos seguro".
16 Propuestas.
Principales ofertas:
· Profesionalización y mejora de las condiciones laborales de los cuerpos policiacos.
· Legislar en prevención del delito.
· No pactar con las células del crimen organizado.
· Revisar la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del estado a fin de promover las reformas que hagan efectiva la autonomía del Órgano Judicial y favorecer el equilibrio de poderes.
· Establecer la participación de Barras y Colegios de Abogados en la promoción de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado.
CHIHUAHUA
César Duarte Jáquez
"No tengo miedo, estoy resuelto a dar la batalla por Chihuahua. No me temblará la mano para hacer cumplir la ley, para recuperar la grandeza de Chihuahua y de Ciudad Juárez".
Coalición: Compromiso con Chihuahua.
Candidato: César Duarte Jáquez.
Lema de campaña: "Yo sí voy".
21 Propuestas.
Principales ofertas:
· Unificación de las policías en una sola fuerza estatal.
· Consolidar red de participación ciudadana.
· Fortalecer las acciones de prevención del delito.
· Promover la denuncia ciudadana.
· Modernización y habilitación del centro estatal de inteligencia con los sistemas de información.
· Consolidar los esquemas de depuración de los cuerpos policiacos estatales y municipales a través del Centro Estatal de Control de Confianza.
· Fortalecer al Ministerio Público como órgano técnico jurídico.
Carlos Borruel Baquera
"El reto principal será terminar los delitos contra la gente, fomentando la prevención y el trabajo de inteligencia, para que el crimen organizado deje de estar afectando al ciudadano común".
Candidato: Carlos Borruel Baquera.
Lema de campaña: "Unidos todo es posible".
25 Propuestas.
Principales ofertas:
· Generación de programas de prevención y rehabilitación de amplio alcance y de largo plazo.
· Implementar la actual reforma legal de forma gradual iniciando por los delitos culposos.
· Reorganizar la policía ministerial.
· Fortalecer el presupuesto para infraestructura y equipamiento policial.
· Incentivar la participación del sector privado para participar en la rehabilitación de las zonas deprimidas con inversión.
· Instalación y operación de un sistema tecnológico de información sobre seguridad pública coordinado con los tres niveles de gobierno.
· Capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad estatales y municipales mediante la carrera policial profesional.
· Promoción de la denuncia ciudadana.
· Implementación de talleres y actividades de rehabilitación para reclusos.
· Tratamiento a las adicciones.
SINALOA
Jesús Vizcarra
"Mi meta es que al llegar al 2016, Sinaloa esté dentro de los diez estados con menores problemas en el país, incluido también crímenes de alto impacto".
Coalición: Para ayudar a la gente.
Candidato: Jesús Vizcarra.
Lema de campaña: "Voy con todo".
10 Propuestas.
Principales ofertas:
· Creación de una policía única, formada con mil elementos de las academias nacional y regional.
· Operación total de la academia regional de policía.
· Disminución a 8 minutos en tiempos de respuesta a llamados de emergencia.
· Ataque efectivo al narcomenudeo en coordinación con el gobierno federal.
· Renovación de infraestructura y equipo policial, con programas de apoyo.
· Profesionalización del Ministerio Público.
· Creación y consolidación de unidades especializadas por tipos de delitos.
Mario López Valdez
"No le vamos a sacar al parche en seguridad. No buscaremos pretextos".
Coalición: El cambio es ahora por Sinaloa.
Candidato: Mario López Valdez.
Lema de campaña: "Cambiemos Sinaloa".
23 Propuestas.
Principales ofertas:
· Capacitación policiaca, física y legal, y mejora salarial.
· Establecimiento de sistema de inteligencia coordinado con los sistemas federales, la DEA e Interpol.
· Creación de grupos policiacos especializados en distintas áreas.
· Crear sistema de control de policías dados de baja.
· Crear una policía de los policías.
· Reformar al Ministerio Público.
· Creación de consejos comunitarios que vigilen a las policías.
El 60 por ciento de las ejecuciones registradas entre el 1o. de enero y el 11 de junio ocurrieron en estos cuatro estados, según el conteo de Reforma.
TOTAL
4,929 ejecutados en México en lo que va del 2010.
CHIHUAHUA
1,283 ejecutados
SINALOA
969
DURANGO
396
TAMAULIPAS
293
Derechos humanos: reforma inaplazable
Opinión Reforma de la CNDH. Es urgente que la Cámara de Diputados cite a periodo extraordinario para aprobar en definitiva la reforma constitucional en derechos humanos
José Antonio Guevara Bermúdez
(20 junio 2010).- La más significativa reforma en materia de derechos humanos que se le hubiere hecho a la Constitución desde su promulgación en 1917 espera su aprobación en la Cámara de Diputados. Esta reforma fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República. Lo acordado por los senadores sin lugar a dudas fue el mejor resultado posible, producto de difíciles negociaciones y muchos años de esfuerzos de actores diversos -académicos, funcionarios públicos, legisladores, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales- por impulsar mejoras al ordenamiento jurídico y el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos.
Para entrar en vigor la reforma tendrá que ser aprobada en sus términos por la Cámara de Diputados, y por la mayoría las legislaturas de los estados, lo cual confiamos sucederá y muy pronto.
Una vez concluido el proceso de reforma se harán modificaciones a 10 artículos (1o., 3o., 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105) de la Constitución, así como a su Título I, en el que finalmente se distinguirán los derechos humanos de las garantías para su protección.
Con las modificaciones al artículo 1o. no sólo se le reconocen a todas las personas en México los derechos humanos establecidos en la Constitución, sino aquellos contenidos en los tratados internacionales de los que el país sea parte. Con ello, México se une a un amplio número de países europeos y latinoamericanos, de nuestra misma tradición jurídica, que colocan los derechos humanos como elemento central de su ordenamiento constitucional, a la vez que se honran las obligaciones internacionales del país, al no dejar duda que los tratados de derechos humanos son Ley Suprema de Toda la Unión, como lo señala el artículo 133 de la misma Constitución.
En el artículo 1o. también se incluyen criterios para interpretar las normas de derechos humanos conforme a la Constitución y los instrumentos internacionales, así como de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
También se reconoce la obligación de todos los poderes y niveles de gobierno de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos; así como el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos. Es importante destacar que la obligación del Estado de reparar las violaciones de derechos humanos, lo cual tendrá un efecto disuasivo en la comisión de hechos de esta naturaleza, promoverá modificaciones estructurales para evitar la repetición de violaciones posteriores, y fortalecerá los mecanismos de rendición de cuentas y de protección de derechos humanos. La reforma aprobada por el Senado prevé además la creación de una ley especial para regular las formas y procedimientos pertinentes a las reparaciones antes descritas, la cual complementará el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por actividades irregulares, contenido en el artículo 113 constitucional y en su Ley Reglamentaria.
A su vez, la reforma incluye una adición al artículo 15, que prohíbe la celebración de tratados que alteren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte. Bajo esa misma línea, la propuesta atinadamente incorpora como uno de los principios normativos que deberá de observar el Ejecutivo federal al dirigir la política exterior (artículo 89 fracción IX), los de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, lo que da mayor sustento a la política activa que ha tenido México sobre esta materia, a través de la promoción de nuevos desarrollos normativos para el reconocimiento de los derechos humanos, la búsqueda de mejoras en la situación de los derechos en cualquier lugar del mundo, sin que ello pueda ser interpretado como inmiscuirse en los asuntos internos, así como la creación y fortalecimiento de los mecanismos internacionales de promoción y protección.
Una de las grandes adiciones del proyecto de reforma consiste en incorporar los derechos humanos en los principios que fomentará la educación en México, al lado del amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, lo cual permitirá que verdaderamente el Estado tienda a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Con ello esperamos se alcance un cambio cultural a mediano y largo plazos, que garantice que los mexicanos tengamos inculcados por medio de la educación, entre otros, el respeto a la diversidad, la no-discriminación, la igualdad entre el hombre y la mujer, la no violencia y el desarrollo de ciudadanía informada sobre sus derechos.
La reforma también incorporó algunas disposiciones muy significativas para fortalecer los derechos de los no nacionales. En particular la reforma reconoce, en el artículo 11 constitucional, el derecho de todas las personas de solicitar y recibir asilo, conforme a una legislación que tendrá que aprobarse en un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de la reforma. Esta reforma cristaliza a nivel constitucional una añeja tradición humanitaria del país y las obligaciones internacionales que México tiene en materia de refugio.
También se reforma el artículo 33 constitucional, de manera que se establece la facultad del Ejecutivo de expulsar del territorio nacional a personas extranjeras bajo ciertos supuestos, mediante audiencia previa y que este procedimiento esté basado en la ley.
La reforma integra el componente del respeto a los derechos humanos como la base sobre la cual deberá estar organizado el sistema penitenciario en nuestro país en el artículo 18, dando respuesta a recomendaciones de órganos nacionales e internacionales en esa materia, como recientemente lo hizo el Comité de Derechos Humanos.
Se modifica el artículo 102-B, de manera que se amplían las facultades de los organismos públicos de derechos humanos para conocer de violaciones de derechos humanos laborales y se le otorga a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la facultad de investigación en caso de violaciones graves a los derechos humanos, como la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene contemplada en el artículo 97 constitucional. Dichas investigaciones podrían iniciarse motu proprio (con el respaldo del Consejo Consultivo de la CNDH) o a petición del Ejecutivo federal, de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de algún estado, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los congresos estatales o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
La reforma fortalece al sistema de mecanismos públicos de derechos humanos al promover desde la Constitución federal que las comisiones estatales tengan autonomía plena, y al robustecer la autoridad moral de sus recomendaciones al imponer el deber a las autoridades que no las cumplen o se nieguen a cumplir una recomendación, a que funden, motiven y hagan pública su negativa y a que en algunos supuestos comparezcan ante el Senado o las legislaturas de las entidades federativas a explicar las razones de su negativa. Todo ello fortalece al sistema de protección como tal y robustece en general la rendición de cuentas de las autoridades federales y locales.
También con la reforma se modifica el procedimiento de elección de los titulares de dichos organismos, que va de la mano con las propuestas de reforma política, ya que busca fortalecer la participación de la ciudadanía en estos procesos, mediante procesos de consulta pública, que deberá ser transparente e informada.
La reforma al artículo 105 constitucional otorga a la CNDH la competencia de ejercitar acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes y tratados internacionales que vulneren los derechos humanos consagrados no sólo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los que México es parte. Esta modificación atiende directamente a la recomendación del Comité de Derechos Humanos, en donde se pide a México que establezca un procedimiento a través del cual se pueda cuestionar la compatibilidad de las leyes nacionales con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Por último, la reforma establece límites y controles adicionales a la facultad de suspensión de derechos y garantías en situaciones que pongan a la sociedad en grave peligro, que se reconoce en el artículo 29 constitucional, al adecuarlo a lo que estipulan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Convenios de Ginebra de 1949. Dichos instrumentos señalan que hay un catálogo de derechos humanos y de garantías judiciales indispensables para su protección, cuyo ejercicio no puede ser suspendido ni siquiera en tiempos de conflictos armados. Además, como protección complementaria en un contexto en el que las autoridades podrán interferir en el ejercicio de ciertos derechos humanos, la reforma estableció controles adicionales a la suspensión de garantías, al involucrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fortalecer el papel del Congreso en la conclusión de la suspensión.
Como ya se ha reconocido por líderes de opinión, expertos en la materia, organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, de aprobarse esta reforma México finalmente adecuará su máxima norma jurídica a un gran número de recomendaciones internacionales, como las que el propio país aceptó en 2009 en el marco del Mecanismo de Examen Periódico Universal.
La reforma se ajusta lo establecido en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, que señala que se deberán "promover, dar seguimiento y en su caso elaborar (por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores), iniciativas de reformas a la Constitución, para garantizar los estándares internacionales de reconocimiento y protección de los derechos humanos (de manera que se logre) introducir plenamente el concepto de derechos humanos; garantizar la jerarquía y eficacia de los derechos humanos en el orden jurídico mexicano; reforzar las garantías y mecanismos de protección de los derechos humanos; (e) introducir los derechos que no se encuentran reconocidos explícitamente".
Concretar esta reforma es un tema de interés público, que traerá avances sustanciales en el papel que juegan los derechos humanos en nuestro país. Por ello, instamos a la Cámara de Diputados a que demuestre su compromiso hacia la representación efectiva de los intereses legítimos de sus representados y lleve a cabo un periodo extraordinario de sesiones con el fin de aprobarla.
El autor es titular de la Unidad para Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
La Corte y sus milagros
Opinión Reforma de la CNDH
Lorenzo Ramos Félix
(20 junio 2010).- La resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso del incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, es todo un monumento al cinismo, una concesión al Estado autoritario y una legitimación abierta de la impunidad.
A reserva de un análisis jurídico posterior, grosso modo se puede decir que resulta de un cinismo extremo el que la SCJN, como máximo garante de los derechos fundamentales, paladinamente diga que la Constitución puede violarse cuando las condiciones económicas lo justifiquen, como ocurrió en el caso de la subrogación marcadamente ilegal del servicio de guarderías, que por ineludible mandato constitucional debe prestar el IMSS, y que la Ley del Seguro Social, en su artículo 213, excepciona sólo en el caso particular de las estancias infantiles sostenidas por una empresa patrona para brindar ese servicio a los hijos de los trabajadores ahí laborantes. A partir de la estrecha visión del ministro Salvador Aguirre Anguiano, la mayoría del alto tribunal consideró que al no tener la capacidad económica necesaria, el IMSS puede subrogar las guarderías a particulares, no obstante que éstos carezcan de las aptitudes mínimas y vean la prestación de ese servicio como un mero negocio.
El Estado mexicano, caracterizado por su proverbial autoritarismo, ha recibido un inequívoco espaldarazo al cerrar la Corte sus ojos, presuntamente justicieros, a un desorden generalizado en el otorgamiento del servicio público de guarderías.
La discrecionalidad arbitraria en la privatización del servicio público de guarderías a particulares con vínculos con los poderes económicos y políticos, aprobada por la mayoría de los jueces "constitucionales", viene a significar el otorgamiento de una patente de corso para que autoridades y particulares beneficiados puedan impunemente lucrar con el cuidado de niños de edad anterior a la preescolar, sin sujetarse a normatividad alguna que los responsabilice. 49 niños muertos y más de 80 lesionados no fueron suficientes para que la Corte cambiara la naturaleza de sus milagros.
El autor es abogado de los padres de las víctimas de la Guardería ABC.
La cultura política
(20 junio 2010).- Téngalo presente
La ciudad y el crimen. Lo mejor de Rafael Ruiz Harrell. Selección de Alejandro Porte Petit. Inacipe. Presentan Miguel Ángel Granados Chapa, René Delgado y Gerardo Laveaga. Martes 22, 17:00 horas. Magisterio Nacional 113, Tlalpan. Informes: 5487 1500.
Conferencias
Las revoluciones en México: entre las ideas y los agravios. Irma Guadalupe Cruz Soto. Lunes 21, 14:00 horas. Sala Cuicacalli de la UAM Iztapalapa. San Rafael Atlixco 186, Vicentina, Iztapalapa. Informes: 5804 6530 y 4818.
Mi museo de la cocaína. Michael Taussig. Martes 22, 19:30 horas. Museo Tamayo. Reforma y Gandhi s/n, Bosque de Chapultepec. Informes: 5286 6519.
El poder de los gobernadores. Álvaro Arreola, Joy Langston y Rafael Estrada Michel. Jueves 24, 18:00 horas. Casa Universitaria del Libro. Orizaba 24, esquina con Puebla, Roma. Informes: 5622 7390.
La revolución social. La Constitución de 1917 y los caudillos culturales de la Revolución Mexicana. Álvaro Matute. Jueves 24, 19:00 horas. Auditorio Tláloc, Museo Nacional de Antropología. Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi s/n, Chapultepec, Polanco. Informes: 5281 4001.
Convocatorias
Premio ABC. Invita la fundación Mexicanos Primero. Dirigido a maestros, directores y asesores técnico-pedagógicos de escuelas públicas de educación básica en el país, que hayan desarrollado un proyecto innovador en su comunidad. Hasta 31 de agosto de 2010. Convocatoria completa en http://bit.ly/aojbF8. Mayores informes: 5598 6498 y 6099.
Sexto Premio Nacional Rostros de la Discriminación "Gilberto Rincón Gallardo". Trabajos periodísticos enfocados a sensibilizar a la opinión pública sobre el derecho a la no discriminación. Hasta el miércoles 30 de junio. Categorías y temáticas: http://bit.ly/c3R9Qo. Mayores informes: 5262 1490 ext. 1591.
Exposiciones
Cine y Revolución. Revisión de la imagen de la Revolución a través del cine con objetos, carteles, documentos, fotografías, materiales de cine, fotografía, audio y video contemporáneos. Martes a domingo, 10:00 a 18:00 horas. Antiguo Colegio de San Ildefonso. Justo Sierra 16, Centro Histórico. Informes: 5702 6378.
Expofotoperiodismo 2010. Selección de 227 imágenes de 61 fotorreporteros de medios y agencias nacionales e internacionales, así como 14 fotógrafos independientes. Violencia, inundaciones, influenza, migración, caso Guardería ABC entre otros temas. Martes a domingo, 10:00 a 17:00 horas. Museo Archivo de la Fotografía. Guatemala 34, Centro Histórico. Informes: 2616 7057.
Libros
2012: la sucesión. De las escenografías criminales a las alianzas turbias de Rafael Loret de Mola. Océano. Fragmentos de conversaciones con algunos de los protagonistas de la actual política nacional, con la intención de predecir los sucesos del año de las elecciones presidenciales. Opinan Jesús Ortega, Manlio Fabio Beltrones, Marcelo Ebrard, Enrique Peña, Santiago Creel, Beatriz Paredes, entre otros.
Buenas intenciones, malos resultados. Política social, informalidad y crecimiento económico de Santiago Levy. Océano. Primera edición en español. Análisis de los efectos de los programas de seguridad y protección social, en particular Progresa-Oportunidades, sobre la economía nacional.
El petróleo de México de Antonio Gershenson. Debate. Investigación sobre la industria petrolera, nacional e internacional, que aborda las políticas económicas que han impactado al sector energético y las técnicas de explotación del hidrocarburo.
Esclavas del poder de Lydia Cacho Ribeiro. Debate. Investigación periodística con testimonios de mujeres y niñas sobrevivientes de las redes mundiales de trata de personas, cuya protección y encubrimiento corren a cargo de servidores públicos.
Globalización y gobernanza: las transformaciones del Estado y sus implicaciones para el derecho público (contribución para una interpretación del caso de la Guardería ABC) de José María Serna de la Garza. UNAM. Análisis jurídico de la capacidad del Estado de brindar seguridad social. Son examinados conceptos como administración pública, burocracia estatal, derecho público y su entorno social. Versión electrónica: http://bit.ly/9EyQ1p.
Nosotros somos los culpables de Diego Osorno. Grijalbo. Testimonios de los padres de los niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC, en Sonora, a un año de los hechos.
¿Todos contra el PRI? La construcción de las alianzas en 2010 de Tere Vale y Jaime Guerrero Vázquez. Miguel Ángel Porrúa. Conversaciones sobre la validez de las alianzas PAN-PRD, con José Woldenberg, Pedro Joaquín Coldwell, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel Espino, Rosario Robles, Jorge G. Castañeda, Francisco José Paoli Bolio y otros.
Presentaciones
Estándar mínimo para la protección de programas sociales. Una herramienta diagnóstica de INCIDE Social. Mc editores. Alfonso Celestino, Héctor Nájera, Clara Jusidman, Enrique Valencia y Alfredo Figueroa. Martes 22, 11:00 horas. Sala Digna Ochoa Uno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Universidad 1449, Florida. Informes: 5590 8754.
Mujeres Insurgentes de varios autores. Siglo XXI. Ensayos históricos seleccionados del concurso convocado por el Senado de la República en 2009, con motivo de la celebración del Bicentenario de México. Miércoles 23, 10:00 horas. Patio central del Senado de la República. Xicoténcatl 9, Centro Histórico. Informes: 5345 3000 ext. 5240.
Historia de la visión territorial del Estado mexicano de Irma Beatriz García Rojas. UNAM. Luz María Oralia Tamayo Pérez, Miriam C. Izquierdo, Omar Moncada Maya y la autora. Miércoles 23,18:00 horas. Casa de las Humanidades de la UNAM. Presidente Carranza 162, Coyoacán. Informes: 5622 7516.
Evidencias de la crisis climática, impactos, vulnerabilidad y adaptación de México ante el cambio climático de Greenpeace. Patricia Arendar, Exequiel Ezcurra, Andrés Flores, Beatriz Bugeda. Jueves 24, 19:00 horas. Salón de Usos Múltiples del Centro Cultural Casa del Poeta Ramón López Velarde. Álvaro Obregón 73, Roma. Informes: 5687 9595 ext. 120.
Revistas
Cuartoscuro. No. 102. Trabajos ganadores del concurso Herencia de la Revolución. Imágenes de Cuba vista por ojos cubanos a partir de la exposición Cuba, imagen y posibilidad. Serie Bailarinas, de Raúl Ortega, que le valió el Gran Premio de Fotografía en Cuba.
Universidades. No. 45. Juan Ramón de la Fuente y Eva Egron-Polak escriben sobre la necesidad de un cambio sistémico e institucional para construir la sociedad global del conocimiento. Jaqueline Peschard aborda el derecho de acceso a la información y la universidad pública. Textos de Alma Herrera M. y Edith Soriano de Castro.
Seminarios
Ciudades y regiones en un proyecto de nación. Carlos Bustamante, Gerardo Esquivel, Alicia Ziccardi y Gustavo Garza, entre otros. Lunes
¿Hay una nueva ciencia social en México? Roger Bartra y Francisco Valdés Ugalde. Lunes 21, 17:00 horas. Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. CU. Informes: 5622 7390.
Liberalismo rawlsiano: ¿Un liberalismo republicano? Tomás Chuaqui y Claudio López-Guerra. Jueves 24, 13:00 horas. Sala de Juntas de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2137.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245; correo: enfoque@reforma.com
Decepciona la Corte
Ciberlectores
(20 junio 2010).- Sondeo semanal de Enfoque.
¿Se debe responsabilizar a Karam, Molinar y Bours del incendio en la Guardería ABC?
(131 respuestas).
Sí | 76.3% |
No | 23.7% |
Busque el contenido de Enfoque: http://gruporeforma.reforma.com/Suplementos/enfoque/
REVISTA “PROCESO” No. 1755
Guerra contra el luto
Marcela Turati
En muchas ciudades del país hay grupos semejantes, pero es en Ciudad Juárez –el extremo de la violencia extrema– donde han cobrado auge. Padres y madres que han perdido a sus hijos, mujeres y hombres que han perdido a sus cónyuges y, sobre todo, huérfanos, aprenden en carne propia el significado de la palabra tanatología en terapias de las que escapan lágrimas y rezos. Como en otras partes del territorio nacional, desde que el actual gobierno emprendió el combate armado contra el narcotráfico, en Juárez se vive en duelo permanente. La batalla no sólo es contra el luto. También contra las lesiones severas, contra la invalidez quizá de por vida…
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- “¿Quién sí hizo la tarea?”, pregunta la terapeuta al grupo reunido en la pequeña capilla blanca de la peligrosa colonia Felipe Ángeles. Ninguno de los alumnos se anima a responder. Ella les recuerda que la tarea consistía en regalar la ropa de su difunto para avanzar en el proceso de duelo. O al menos intentarlo.
Desde las bancas una mujer comenta que a ella le “dio cosa” regalar los trajes caros que se compraba su hijo, un policía que se distinguía por su elegancia y pulcritud, hasta que lo rafaguearon. Un anciano pregunta si está mal platicar todos los días con la foto del hijo que le balearon en la calle. Una obrera dice que no se anima a deshacerse de las pertenencias de su esposo porque sigue desaparecido, pero que se sintió bien al regalar la de su hijo asesinado, para que otro la aproveche.
“Deshacerse de sus cosas no implica deshacerse de ellos, pero hay que dejar ir”, comenta la tanatóloga de uno de los Talleres de Duelo que se reproducen en esta ciudad, considerada el epicentro de la narcoviolencia mexicana.
La mortandad, en serie, sin descanso, como salida de la banda de producción de una maquiladora, ha dejado a un número indeterminado de familias sin padre o madre que las encabece, una congregación de viudas y, según la Asociación local de Maquiladoras, 10 mil huérfanos.
Desde que Felipe Calderón declaró la “guerra contra las drogas” y lanzó el Operativo Conjunto Chihuahua en 2008, Juárez ha estrenado 5 mil 400 fosas. Esta ciudad solita ha puesto una quinta parte de todos los “caídos”.
Por la avalancha de familias que han perdido a uno o varios miembros, una parroquia católica organizó un taller que pronto se reprodujo en varios templos de la ciudad, como una curación de emergencia para esta ciudad plagada de damnificados de la epidemia de la violencia.
Las sesiones duran tres meses, dos horas por semana. Uno de los participantes es Vicente Muñoz –un hombre grueso, de 65 años, que se sienta en primera fila como alumno aplicado–, quien abre el cuaderno de notas que estrenó hace ya 10 semanas, cuando llegó por primera vez a la capilla –como todos: silencioso, apenado y cabizbajo–, y de sus apuntes comienza a leer los sentimientos que el grupo cargaba al inicio: “tristeza, enojo, coraje, odio, dolor, cansancio, culpa, depresión, sentirse un zombi, muerta en vida, por qué yo, enojo con Dios”.
En el grupo él puede hablar sobre su hijo, pero no puede hacerlo con su esposa, quien desde el asesinato el 5 de septiembre del año pasado dejó de hablarle, quizás enfadada por su actitud de resignación.
“Estoy como todos, con nuestro dolor, nuestro llanto, aunque yo me siento en paz porque le entregué a mi Padre-Dios a mi hijo y perdoné a quienes me lo mataron ese mismo día que estaba ahí tirado. Pero mi esposa, pobrecita, se quería arrimar, los soldados no la dejaron, era peor que lo viera todo deforme de su rostro, ya lo vio en la caja todo parchado, ni se parecía”, comenta Muñoz.
Todos en el grupo comparten historias similares. A su lado la señora Martha Martínez muestra una foto de su hijo veinteañero, un investigador del Departamento de Autos Robados de la Agencia Especial de Investigaciones asesinado el 21 de mayo de 2009, y dice:
–Nos duele mucho la forma en que lo asesinaron; a él le dieron 19 impactos de cuerno de chivo. No entiendo por qué tanta gente está haciendo tanto mal y por qué deciden quién muere y quién no, él era un muchacho muy inteligente, muy capaz...
–Mi esposa y yo ya estábamos hasta peleados, pero aquí nos dimos cuenta de que si uno siente enojo, coraje, dolor, son etapas de duelo y que hay que intentar salir de ahí –agrega el marido, para intentar explicar lo sanador que ha sido el curso.
En otra banca una viuda joven comparte que su esposo organizó la Velada por la Paz, pero el 2 de julio de 2009 lo asaltaron y asesinaron. Enseguida está una obrera que no duerme desde el año pasado, cuando levantaron a su esposo; meses después le mataron a su hijo. Ella dice que lleva un diario de sentimientos –como le recomendaron en las charlas– que la ha ayudado a controlar el enojo contra sus hijas y su nieta.
“Lo que me angustia es que no me dejaron ver a mi hijo, dicen que lo dejaron desfigurado, que es mejor recordarlo como era. Y sí era él: traía su credencial y un tatuaje, trabajábamos juntos en la maquila hasta que quedó desempleado”, narra antes de que comience la meditación inicial, con música religiosa como fondo.
Leen después las 10 afirmaciones del Credo de la recuperación, revisan la tarea, escuchan el tema del día e intercambian experiencias. Hoy dedican un rato a discutir si es sano tener la casa tapizada de fotos del difunto, alguno se compromete a dejar de platicarle, otra comenta que lloró al abrir su clóset y una pareja anuncia que abandonará la casa cargada de recuerdos.
Es viernes, son las seis de la tarde, 12 son las familias que asisten hoy a este curso en la capilla de San Agustín; apenas una muestra pequeña del dolor acumulado en la geografía de esta ciudad.
Hasta este oratorio se llega siguiendo una calle sin pavimento, pasando por debajo de un puente grafiteado cerca del Arroyo de las Víboras, que pareciera uno de los lugares favoritos de los sicarios para las ejecuciones.
La sesión se realiza en la colonia Felipe Ángeles, ubicada dentro del polígono donde la violencia coincide con el olvido gubernamental, y los estudios de El Colegio de la Frontera Norte (Colef) demuestran que los asesinatos se conjugan con las carencias de escuelas, guarderías, equipamiento urbano y servicios. Esta colonia se ubica cerca del puente fronterizo, pero muy lejos de las oportunidades.
Urbes letales
Juárez es la ciudad más letal del mundo, con 191 asesinatos por cada 100 mil habitantes, según cálculos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
En esta ciudad de 1.3 millones de habitantes, desde 2008 la muerte forma parte de la vida: los niños graban las ejecuciones en sus celulares, los vendedores de refrescos y burritos hacen su agosto en las escenas del crimen siempre concurridas por morbosos y algunas mamás han tenido que explicar a sus hijos que a su abuelita no la ejecutó nadie, que falleció de muerte natural.
“La idea era hacer el taller sólo aquí, pero se corrió la voz entre los sacerdotes que empezaron a llamarnos y a decirnos ‘en mi comunidad hay mucha madre que ha perdido a su hijo con muerte violenta’, y otros que viven en colonias y se daban cuenta de que mataban a muchos. Y así fue como comenzamos”, explica la sicóloga Marisol Aguirre, fundadora de la iniciativa junto con su hermana Silvia.
La intención de los cursos es que expertos que aplican métodos de psicología y espiritualidad guíen a las familias para que procesen su pérdida y le encuentren sentido. Y con la aceptación de lo ocurrido, romper los fenómenos destructivos que una muerte violenta trae aparejados: la rabia corrosiva contra uno mismo y contra todos, la vergüenza por tener un familiar ejecutado, la culpa por no haber hecho lo suficiente para evitar el desenlace, la negación del deceso, la generación de enfermedades o adicciones, la desintegración de la familia o alimentar el deseo de venganza.
La sanadora espiritual Silvia Aguirre dice que ha crecido tanto la demanda por los talleres, que varias parroquias están en lista de espera, en la que hay maquiladoras anotadas y aun parroquias de los ejidos conurbados del Valle de Juárez; pero no todos pueden ser atendidos de inmediato, porque apenas se formaron 25 tanatólogos en los diplomados de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero se necesitan más.
El puñado de tanatólogos hace milagros gratuitos. Desde septiembre han acompañado a 427 personas en su proceso de duelo, mientras que la Unidad de Atención a Víctimas de la PGR atiende un promedio de un paciente por día en 14 estados del país (anualmente atiende a 240 personas por centro y sólo esas le cuestan 6 millones de pesos).
En la parroquia que corresponde al fraccionamiento Villas de Salvárcar, donde en enero fueron masacrados 15 estudiantes en una fiesta casera, las mamás desairaron a los psicólogos del gobierno pero atendieron la invitación del padre Toño Urrutia de ser atendidos por la iglesia.
Están por abrir un grupo de duelo para niños y un segundo ciclo de talleres de ocho semanas para que quienes ya superaron el duelo aprendan a perdonar a los homicidas, para romper el círculo de la violencia.
“Hay muchos que quieren vengar la muerte, por eso si una persona sana, sana también a su alrededor (…) sólo cortando ese ciclo podemos ayudar a otros en situaciones similares”, explica.
Las hermanas Aguirre dicen que los estudios del Instituto de Tanatología de México arrojan que si no se recibe ayuda, 75% de las parejas terminan divorciadas y que por cada muerte violenta hay 200 personas afectadas, porque se alteran también las personas de los ambientes donde el difunto se movía.
Si son 5 mil 389 los muertos, y cada uno afectó a 200, esta ciudad está enferma. Requiere ayuda inmediata.
“Todos son nuestros muertos”
Felipe Calderón y su gabinete parecen vivir otra realidad. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, tras la matanza en Villas de Salvárcar culpó a los juarenses de propiciar su destino. En mayo, durante su última visita, responsabilizó a los medios de comunicación por magnificar la violencia. La Presidencia arrancó una campaña que promueve la idea de que la violencia mexicana es un problema de percepción.
Además, el escritor Héctor Aguilar Camín repitió, justo en Juárez, la ciudad más mortífera del planeta, su tesis de que en otros países se cometen más homicidios que en México, con lo que dejó atónito a su público.
“¿Cuántos de los muertos eran narcotraficantes?”, preguntó irrespetuoso. “Todas esas muertes son nuestras. No hacemos diferencia, todos son nuestros muertos”, le respondió la socióloga Teresa Almada, una de las mujeres que trabaja en los barrios marginales del poniente, donde se conjugan los asesinatos y el abandono del Estado.
Julia Monárrez, investigadora del Colef y experta en las estadísticas de la muerte desde que advirtió, la década pasada, la incidencia de feminicidios, destaca que en Juárez se vive una situación de “guerra normalizada”, en la que la gente se acostumbró a ver cuerpos desmembrados, decapitados, mutilados.
“Desde antes la tasa de homicidios dolosos era alta (39.5 por cada 100 mil); sin embargo, en 2008, con el inicio del Operativo Conjunto Chihuahua subió a 215, que es uno de los más altos. Por eso cuando vienen y dicen que Washington o El Salvador tienen más asesinatos están comparando una ciudad contra el promedio del país, pero si compararan esas cifras sólo contra Juárez vemos que ésta se ha convertido en un cementerio público, en una moderna necrópolis”, advierte.
Para esta doctora en ciencias sociales, la violencia actual se explica desde la conjugación de las políticas neoliberales que privilegiaban la producción por encima de la gente, la ausencia de gasto social del Estado y la falta de un proyecto de vida para los jóvenes.
“La violencia se explica desde decisiones políticas y económicas que se han tomado. Que no me vengan ahora a decir que las familias olvidaron los valores o que por culpa de las mamás que entraron a trabajar”, dice a Proceso.
El coraje y la depresión
Las mujeres del Centro de Salud y Bienestar Comunitario (Sabic) recorren las calles sin pavimento de la colonia Díaz Ordaz y visitan las casas enlutadas, donde saben que se veló a algún ejecutado. Puertas adentro encuentran a familias enfermas de miedo, de odio o depresión, enclaustradas en un encierro autoimpuesto y la vida de todos los miembros sumida en un pantanal.
“La gente está colapsada. No está llegando a pedir ayuda. Cuando vamos a buscarlas descubrimos a los niños fuera de control, con mucho coraje, depresión y Nintendo, los chavos reprobando la escuela, la mamá y los abuelos en ataque de nervios. Están colapsados o pensando sólo en la venganza. La familia ya no participa en nada, y con el agravante de que si el asesinato fue por narcomenudeo están asustadas porque creen que van a relacionar a todos con la droga, así que no salen nunca a la calle”, dice Dora Dávila, la directora de la clínica de barrio.
Ella y sus compañeras terapeutas invitan personalmente a la gente a atenderse y no cobran por sus servicios. Lo hacen porque saben que si no logran captarlos, esos niños o niñas que vieron al hermano o al papá caer rafagueado son candidatos seguros para la drogadicción y sus mamás vivirán empastilladas para soportar la carga de estar vivas.
“Aquí hay muchas mujeres a las que les han matado al compañero, al hijo, hay muchos muertos. Las mujeres duran meses sobresaltadas, sin comer, sin dormir, te dicen: ‘Tengo miedo de que así como a él lo mataron me maten a mí o a mi hijo, tengo pánico porque la imagen de él se me aparece y parece que me quiere llevar’. Además, queda toda la familia desprotegida porque casi siempre matan al sostén, al papá o al hijo que traía la despensa”, diagnostica la terapeuta.
Sabic ofrece una combinación de terapias alternativas como reiki y fórmulas florales para sacar a las víctimas de la violencia de la etapa de pánico e insomnio. Proporciona también sesiones individuales de psicoterapia como primera atención a la crisis, aunque están por empezar las terapias grupales para familiares de ejecutados.
Las mujeres de Sabic unieron esfuerzos con diversos centros y organizaciones juarenses para dar la atención de emergencia que requieren las víctimas de la violencia, y crearon para ese fin una red de redes donde confluyen psicoterapeutas de la UACJ, tanatólogas de la universidad y de las iglesias, rehabilitadoras corporales y terapeutas alternativas.
Su meta es atender un mínimo de 10 mil víctimas de la violencia en un año, que suena ambicioso pero se queda corto ante la dimensión de la tragedia.
Su esfuerzo no consiguió fondos del Plan de Reconstrucción por Juárez –anunciado el pasado 17 de febrero por Felipe Calderón como una nueva etapa de su estrategia de guerra–, así que lo harán con recursos propios o concursando por proyectos en distintas dependencias.
“De la estrategia Todos Somos Juárez no llegó ni un solo centavo a nuestros programas, porque venía etiquetado para el Seguro Social, el Hospital General y el Infantil, el Seguro Popular y los Centros Nueva Vida, que es pura promesa del gobierno, porque los hospitales están colapsados”, dice Dávila en la clínica de techo alto que no tiene secretaria en la recepción y donde se exhiben cremas elaboradas por ella y sus compañeras.
En un consultorio una terapeuta atiende a un hombre que llega con la pierna enyesada. Otras sacan sus Tupperware con comida para aprovechar el momento en que bajó la afluencia.
Las mujeres del centro no son inmunes a la violencia y a veces tienen que tomar terapias de contención, reiki o remedios florales para no enfermar por el miedo. El barrio se volvió denso, muchos jóvenes dedicados al narcomenudeo fueron asesinados y se vino una racha de asaltos, violaciones sexuales, pleitos por venganzas y robos que durante un tiempo tuvieron como blanco esta clínica.
Están preocupadas porque se impone la cultura del me-molestas-y-te-mato. La última víctima fue una joven de 18 años e hijos pequeños, que riñó con una compañera de trabajo quien le dijo: ‘Te vas a arrepentir’, y al día siguiente cumplió la amenaza: la asesinaron afuera de su trabajo.
Desde la “zona cero” de la guerra, estas mujeres son sólo una muestra de cómo la sociedad civil juarense está improvisando la urgente atención a los damnificados de la violencia, aunque sus esfuerzos nunca son más rápidos que los reflejos de la muerte, que despoja de la vida a un promedio de siete personas por día. Imparable, como la banda de una maquiladora.
Los que nadie cuenta
Marcela Turati
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Fue a mediados de 2007 cuando los empleados de la Fundación Villa Integra, que brinda rehabilitación a personas con discapacidad, se dieron cuenta de que algo nuevo estaba pasando en la ciudad.
“Entre agosto y diciembre empezaron a llegar jóvenes de entre 17 y 25 años con lesiones medulares, afectados de la columna, sin poder caminar o pararse, y en sus expedientes leímos que sus lesiones habían sido ocasionadas por impactos de bala. Eran como 15, nos impresionó mucho”, dice Laura de Antillón, la directora de desarrollo institucional de la organización.
Ahí se intentó que esos jóvenes baleados, con pérdida de movilidad, se integraran a grupos de adultos con experiencia en el uso de la silla de ruedas, quienes les enseñarían a adaptarse a su nueva vida y a cuidarse, usar el baño, comer, manejar, jugar basquetbol sobre ruedas y darle mantenimiento a su silla, pero los jóvenes se esfumaron.
A partir del siguiente año se hizo común que la Villa abriera sus instalaciones a personas heridas por bala o violencia extrema, quienes se mezclan en el gimnasio con los discapacitados de nacimiento, los sobrevivientes de accidentes automovilísticos y los niños con parálisis cerebral que eran los beneficiarios habituales.
Actualmente son 12 heridos de la guerra que se libra en las calles de Juárez que pidieron rehabilitación. Unos son policías o expandilleros rafagueados, chavos que recibieron una bala perdida o fueron plomeados en un ajuste de cuentas, o profesionistas sobrevivientes de un asalto. Años antes hubo una quinceañera que perdió los dos ojos por un balazo que le cayó en un parque.
De los 12 actuales, ocho quedaron lesionados en un ajuste de cuentas y cuatro más en asalto; dos por arma blanca y el resto por arma de fuego. Todos son de clase media o media baja. El más joven del grupo tiene 16 años, el mayor 48.
La mayoría de ellos son sobrevivientes de la epidemia de violencia que se desató a partir de la declaratoria presidencial de la “guerra” antidrogas que desde 2008 tiene a Juárez como su centro, y que ha cobrado la vida de 5 mil 400 personas en esta ciudad y 23 mil en todo el país.
Esta docena de lisiados forma parte de las otras “bajas colaterales” que no cuenta ningún gobierno. Son los sobrevivientes que no aparecen en las estadísticas. Los heridos de guerra, los lisiados permanentes.
Aún son pocos los heridos de bala atendidos en este oasis de rehabilitación, formado por 12 asociaciones que materializan sus alternativas terapéuticas en este terreno arbolado y equipado como finca de descanso –con caballos para equinoterapia, canchas deportivas, albercas y áreas de juego–, pero en la fundación saben que hay muchos más heridos en la ciudad y prevén que pronto comenzarán a llegar.
Un grupo de organizaciones sociales juarenses que trabaja en las colonias marginales, al palpar la emergencia social originada por tanta violencia, acordó que este mes comenzará a hacer un trabajo de campo para rastrear a las víctimas de la “guerra”. A los familiares de personas asesinadas que aún no procesan el duelo o están paralizados por el miedo las canalizarán a talleres de tanatología o a terapias psicológicas y de medicina alternativa. A los heridos que encuentren inmovilizados en sus casas los contactarán con esta fundación.
“Los 12 que están aquí han llegado solos. Imaginamos que hay otros que no saben de nosotros, pero queremos ser una alternativa de rehabilitación para ellos, que tengan una opción de rehabilitación y reintegración. Queremos llegar a más gente de clase baja, porque les falta información de las opciones que existen y en su gran mayoría no salen a buscarla”, dice Antillón, quien, como el resto de los empleados, usa una camisa café con el eslogan “La discapacidad es natural”.
Historias paralelas
Los martes y jueves, el policía municipal César Mosqueda Grifaldo entrena tres horas y media en el gimnasio. Llega, calienta los brazos con las mancuernas, estira con un aparato para fortalecer la espalda baja, hace sentadillas apoyado en una escalera de madera, y con un aparato se da estimulación en las rodillas, las piernas y la espalda. Usa después un aparato estabilizador de piernas, parecido a una caja de juguete saltarín, que lo mantiene de pie. Después de su rutina se trepa de nuevo a su silla de ruedas y se va a casa.
Al terminar los ejercicios del día, relata cómo fue que la violencia lo dejó inmovilizado para caminar:
“El día que empezó mi periodo de vacaciones del trabajo, el 18 de octubre de 2008, fui como a las 9:30 de la noche con dos amigos a una tiendita a comprar unas papitas y una soda. Cuando llegué, había tres personas de aspecto cholo y dos camionetas. Entré y el dueño de la tienda, que ya me conocía, me dijo: ‘Buenas noches, poli’, y le contesté el saludo.
“Me subí a la (camioneta) Van que traía, volteé por el retrovisor, vi que las dos camionetas me venían siguiendo: una se me cerró a dos cuadras de mi casa, la otra se puso atrás. (Sus ocupantes) se bajaron, nos encañonaron, nos preguntaron quién de todos era ‘el poli’, y como no contestamos cortaron cartucho, nos obligaron a hincarnos. Les dije que yo era el policía. Me pusieron el arma en la frente, forcejeé, me resistía a hincarme. Me dispararon, pero como me salí de la línea de fuego me dieron en la tetilla derecha, en el pulmón. Me soltaron cuatro impactos: unos en el abdomen, otro golpeó mi columna.”
Uno de sus amigos fue asesinado de siete balazos, el otro nunca se recuperó del espanto. Mosqueda pasó por varias operaciones. Vivió dos meses en terapia intensiva, tres y medio en el hospital. Varias veces pensó que ya se moría. Los médicos le dijeron que tenía la médula seccionada, después rectificaron y le dijeron que sólo traía una fuerte inflamación que mejoraría con el tiempo.
De eso ya pasó un año y cinco meses. “Hasta ahora estoy echándole muchas ganas a la rehabilitación”, dice el musculoso policía, de brazos bien torneados por la fuerza que hace al impulsar la silla de ruedas.
Él es constante en su propósito, aunque siempre que se ejercita en los aparatos siente en la espalda mucho dolor, hormigueo y ardor, lo que para los doctores es una buena señal.
“Ahora estoy batallando porque no me paga el municipio. Lo tomaron como enfermedad general, me cortaron mi sueldo, sólo me cubrieron los tres meses de hospital, pero desde enero de 2009 no me depositan (mi sueldo) con el argumento de que no me accidenté en mi horario de trabajo. Para ellos yo ya estaba de vacaciones cuando ocurrió todo”, se queja.
Al pelear por sus derechos laborales, logró que el ayuntamiento le ofreciera la posibilidad de una reubicación acorde con su estado o una jubilación anticipada. Esta es la opción que más le gusta, para no suspender las terapias que hasta ahora le pagan su papá y su mamá.
A los heridos por accidentes o violencia, los médicos normalmente les recomiendan media hora de hidromasaje para la relajación muscular y media hora de mecanoterapia para fortalecer los músculos y mejorar su coordinación.
En el gimnasio hay varios aparatos: un estabilizador para que quienes no se pueden levantar lo hagan con ayuda y se mantengan verticales; las barras paralelas para que hagan el ejercicio de caminar; las caminadoras, que son como andadores pero con un chaleco sostenido al aparato para que la persona vaya sentada y alguien lo empuje; las bicicletas para fortalecer brazos y piernas; la cama que se levanta para que la persona se mantenga de pie; la máquina de electroterapia, que da impulsos eléctricos al músculo; las barras suecas para que la persona vaya levantándose de su silla, a base de fuerza, hasta quedar de pie.
Algunas tardes acude a rehabilitación un expandillero en silla de ruedas. Si bien ya abandonó a la banda para la que trabajaba, conserva los tatuajes en el cuerpo. Este otro sobreviviente pide el anonimato para relatar su historia:
“A mí me balacearon por cuestiones de que andaba con una pandilla en mi barrio. Fue por cuestiones de los cárteles, como están ahorita, por el territorio, por, cómo le diré... ir eliminando a la gente con la que yo andaba.
“Iba yo con mi señora, pasó un carro y se bajaron. Ya sabían mi apodo, me gritaron y cuando volteé los alcancé a ver con la pistola, era una
Eso le ocurrió hace seis años, antes de que se desatara oficialmente la “guerra”, pero él considera que Dios le dio una oportunidad para vivir y quiere relatar su experiencia para que otros se salgan del ciclo de la violencia.
Aunque tiene permiso para ejercitarse tres veces por semana, sólo puede ir una, a causa de la violencia y porque la villa redujo su horario de servicio. Usa una sonda y, aunque su proceso de curación ha sido largo, él se dice satisfecho: “Ya camino poquito, en andador; doy vueltas, hago estiramientos y muevo piernas, tobillos... me suben a una bicicleta... Es lo que puedo hacer ahorita”.
Según la psicóloga Linda Palacios, de Villa Integra, los pacientes –“como un joven que se queda sin caminar por una bala perdida y le ocasiona lesión medular, y puede ser paciente de rehabilitación, o el policía al que le dan un balazo en la tienda y a quien le niegan la pensión en su trabajo, o el profesionista que llega a su casa y le desbaratan la vida con un bat en el cerebro y se queda sin partes de la memoria– tardan en asimilar su nueva situación y quizás esa fue la razón de que no se quedaran los primeros jóvenes baleados que llegaron en 2007.
“Ellos tienen que pasar primero un proceso de aceptación a esta vida nueva –dice–, a veces tienen que tomar terapia sicológica, porque el proceso es de negación y culpa al principio, y además tienen que aprender a depender otra vez de la familia. Estas personas, a diferencia de las que nacen con discapacidad, contrajeron la discapacidad a causa de la extrema violencia en la ciudad, no nacieron con ella y tienen que aprender a vivir así.” l
En la mira de “La Resistencia”
Francisco Castellanos J.
La detención de dos hombres que presuntamente participaron en la emboscada del lunes 14 contra un convoy de la Policía Federal en Zitácuaro reveló los pormenores de la agresión y, de paso, señaló con nombre y apellido al probable autor intelectual del asesinato de 12 agentes federales: Nazario Moreno. Funcionarios de inteligencia indican que algunas similitudes entre este ataque y el lanzado contra la secretaria de Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista Gómez, apuntan a la existencia de un nuevo grupo de sicarios en esa entidad: La Resistencia.
ZITÁCUARO, MICH.- La emboscada del lunes 14 contra policías federales, en la que murieron 12 de ellos y dos presuntos sicarios, se ejecutó por órdenes de Nazario Moreno El Chayo, según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). La dependencia federal identifica a este sujeto como líder de La Familia michoacana.
Fuentes de inteligencia de la SSP señalan además que la agresión, perpetrada en la carretera que va de esta ciudad a Toluca, fue obra del comando conocido como La Resistencia, brazo armado de La Familia que vino a desplazar a Los Zetas, grupo paramilitar del que aquella agrupación se desligó hace dos años.
Octavio Ferris, experto en inteligencia de la SSP, afirma que tanto el atentado del pasado 24 de abril contra Minerva Bautista Gómez, secretaria de Seguridad Pública de Michoacán, como el del lunes 14, son similares y parecen obra de La Resistencia.
“Estos comandos están integrados por excomandantes y exjefes de grupo de la Policía Ministerial y con algunos exintegrantes del Grupo de Operaciones Especiales; sus tácticas son muy parecidas a las de los ministeriales: el fuego cruzado.
“No van al objetivo, como Los Zetas, que son militares o exmilitares. Éstos no dejan a nadie con vida. Su táctica es certera y segura, como en el caso del subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Manuel Revueltas López, asesinado el 2 de septiembre de 2009 en una de las principales avenidas de Morelia. Junto al funcionario fueron acribillados su chofer y su escolta. Nadie quedó con vida.”
La emboscada
Ramón Pequeño García, jefe de la Sección Tercera de la Policía Federal (PF), presentó en el Centro de Mando a los presuntos homicidas Alain Escutia Ruiz, El León, y Emilio Obed Palacios Andrade, El Mostro, miembros de La Familia, quienes fueron detenidos la noche del miércoles 16 en Morelia.
El funcionario federal informó que por las declaraciones de El León y El Mostro se supo que un sujeto apodado El Chucky y otro conocido como La Morsa coordinaron la emboscada contra la PF.
Pequeño explicó que El Chucky recibió órdenes de Nazario Moreno para llevar a cabo el ataque, para lo cual La Morsa reunió a varios miembros de La Familia en una gasolinera conocida como La Cotorra, en Zitácuaro.
Ante los medios, Pequeño hizo la reconstrucción del ataque al convoy de policías federales: a las 7:30 de la mañana del lunes 14 tuvo lugar desde dos puentes vehiculares cercanos al kilómetro 2 de la carretera Zitácuaro-Toluca.
Según el mando policiaco y un boletín de la SSP, para el ataque La Morsa reunió a 35 sicarios que se desplazaron a bordo de 12 camionetas y se dividieron en dos grupos.
Uno, de nueve personas que viajaban a bordo de cuatro vehículos, comandados por Don Pete, se apostó en uno de los puentes por los que debían cruzar los agentes.
El otro, dirigido por La Morsa e integrado por 26 sicarios (entre los que se encontraban los dos detenidos), viajó en ocho vehículos y se colocó en el segundo puente, para encerrar al convoy federal.
De acuerdo con la versión oficial, “10 minutos después de haber tomado sus posiciones (...) iniciaron el ataque, disparando contra los vehículos por alrededor de
La agresión se efectuó con fusiles, pistolas, escopetas y granadas de fragmentación contra tres camionetas de la PF –las identificadas con los números 12431, 13969 y 18613– con saldo de 10 agentes muertos en el lugar y 15 lesionados.
Al repeler el ataque, los policías mataron “a un coordinador de los sicarios, identificado como Beto, quien falleció a bordo de uno de los vehículos”, señala el boletín de la SSP.
Tras el ataque, en las cunetas había dos granadas de fragmentación sin estallar. Sobre el puente había sangre, cientos de casquillos de R-16, AK-47,
Más tarde llegaron refuerzos de la PF y del Ejército.
Los federales heridos fueron llevados a nosocomios de Morelia, Toluca y el Distrito Federal. Dos de ellos murieron en la capital del Estado de México.
La SSP señala que durante la agresión los policías federales repelieron el ataque; en consecuencia, varios agresores perdieron la vida y otros más resultaron heridos. Los cadáveres y lesionados del grupo atacante fueron retirados por sus cómplices.
El día 15, autoridades estatales dieron a conocer la identidad de los policías federales que perdieron la vida: Alberto Cruz García, Antonio de Jesús Sánchez Suárez, David Damián Alejo, Víctor José González Acosta, Juan Carlos Martínez Bautista, Miguel Ruiz Díaz, José Alberto Estrada Malo, Ricardo Ordóñez Rosas, Tomás García Torres, Jacob Villar Ramos, Hernán Reyes Rosales y Adolfo Gustavo Sierra.
Pequeño informó que La Morsa y El Chucky ordenaron a los delincuentes dispersarse por varios municipios del estado y que se mantuvieran ocultos de ocho a 15 días después del atentado.
Nuevo grupo de sicarios
Tras la ruptura de Los Zetas y La Familia michoacana, La Resistencia apareció públicamente el 14 de octubre de 2009 al decapitar al abogado Josafat López Tinoco, exdirector de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán y exsecretario técnico de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad.
La cabeza del exfuncionario fue hallada sobre una hielera y arriba de ella había una cartulina con el letrero: “Esto les va a pasar a todos los testigos protegidos en nuestro territorio. Estamos unidos y más fuertes que nunca. Atentamente, La Resistencia”.
Desde entonces ha habido varias ejecuciones, descuartizamientos y decapitaciones con la misma firma: “La Resistencia”.
Octavio Ferris, quien ha colaborado con el Grupo de Información Sensible (GIS) del Ejército, dice que no se necesita ser experto para saber que La Resistencia actúa como lo hace la Policía Ministerial, a “fuego cruzado”, como en el ataque a Minerva Bautista en Morelia y al convoy de la PF.
“Es una táctica que durante años sirvió, inclusive, para deshacerse de sus compañeros ‘incómodos’, chivas, delatores o que no ‘jalaban parejo con el grupo’; utilizan granadas de desecho, por eso a veces no detonan, y eso salvó la vida de muchas personas, entre ellas la de Minerva Bautista y la de varios policías federales”, dice Ferris.
“Los Zetas, en cambio, utilizan tácticas militares pues fueron entrenados en Israel, España, Inglaterra y hasta en Guatemala con los kaibiles; usan granadas de primera, armas largas y cortas, y cuchillos. La Resistencia no, pues no son militares o exmilitares.”
Minerva Bautista Gómez resultó herida al ser emboscada cuando salía del Recinto Ferial de Morelia la madrugada del 24 de abril. Gilberto Molinero Tonari y Francisco García Corral, escoltas de la funcionaria, fallecieron al repeler la agresión.
El 26 de abril, en Morelia, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, adjudicó el ataque a una organización derivada de La Familia michoacana, conocida como La Resistencia.
El 1 de mayo, en Santa Ana Maya, en la Tierra Caliente, frente a la plaza principal fue localizado Abel Zamora Aguilera, de unos 20 años, quien presuntamente había sido levantado por un comando en el mismo municipio. Apareció decapitado y tenía un narcomensaje en el que La Resistencia se adjudicaba el crimen.
El 11 de mayo, con mensajes de advertencia para Minerva Bautista, fueron hallados los cadáveres de dos hombres en la comunidad de Coróndiro, Apatzingán. “Ahí te van tus informantes Minerva Bautista”, decía el mensaje. “A ver si ahora sí respetas lo pactado”, advertía, según reportes policiales. La firma era de La Resistencia.
El pasado 16 de mayo desde un vehículo en movimiento arrojaron el cadáver de un individuo frente a una pizzería en la plaza Vasco de Quiroga de Pátzcuaro. El cadáver estaba maniatado, amordazado, con los ojos vendados y presentaba dos impactos de bala de grueso calibre en tórax y cabeza. Pegada a la espalda tenía una cartulina que decía: “Rufo, somos la resistencia contra ti y los Z”. l
“¡Vayan y búsquenlos ustedes...!”
Marcela Turati
El martes 15, en la base de la Policía Federal (PF) en Iztapalapa, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, y Fernando Gómez Mont, de Gobernación, rindieron honores a 15 agentes asesinados la víspera; 12 de ellos en una emboscada de La Familia en Zitácuaro, cuando regresaban de una misión en Ciudad Hidalgo.
Las familias de los caídos recibieron banderas nacionales como reconocimiento a la labor de sus familiares, y promesas de apoyos económicos, pensiones, seguros de vida y becas educativas. La banda de guerra dio el toque de silencio en señal de duelo. Sus compañeros montaron guardias de honor ante los féretros.
El homenaje no alcanzó para otros siete policías y un civil que, por instrucciones de García Luna, seis meses antes salieron de esa base con la misma misión: tomar posesión del municipio de Hidalgo. Nunca llegaron a su destino. Desaparecieron en Zitácuaro. Y según la versión que autoridades de la PF dieron a los parientes de los desaparecidos, también fueron capturados por La Familia.
Los ocho prácticamente fueron dejados a su suerte: ingresaron a territorio controlado por narcotraficantes en una camioneta Suburban azul marino sin rótulo oficial –que entre todos cooperaron para alquilar, porque la PF no les proporcionó vehículo–, iban sin viáticos, vestidos de civil –como les habían ordenado el director jurídico, Roberto Cruz Aguilar González, y el director general adjunto de Operaciones, Luis Graciano Ramírez– y con sus armas de cargo. La PF se dio cuenta de la desaparición seis días después.
Este caso incomoda a la dependencia porque expone la desidia de la secretaría consentida de Felipe Calderón, a la que cada año destina más recursos.
Evidencia, también, que la corporación encargada de investigar a los cárteles de la droga realiza operativos improvisados y sin presupuesto, carece de control sobre los agentes enviados a comisiones peligrosas y de protocolos de seguridad, falla en la comunicación interna y comete deficiencias al indagar el paradero de los suyos.
“La actuación del secretario deja mucho que desear por su omisión, la falta de atención, el descuido y su negativa a recibir a las familias (de los desaparecidos)”, señala Ramiro Barajas Ambriz, asesor jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Senado –presidida por Rosario Ibarra–, instancia que asesora legalmente a los familiares de aquellos agentes.
Este reportaje fue construido con base en información proporcionada por dicha comisión y entrevistas con los familiares de los desaparecidos –la mayoría mujeres: esposas, mamás, hermanas–, que solicitaron el anonimato porque, a raíz de sus primeras denuncias, han recibido amenazas telefónicas, por correo electrónico y por carta. La última de ellas, el mes pasado y presuntamente firmada por Los Zetas.
A su suerte
La historia comenzó mal: el 12 de noviembre de 2009, García Luna viajó en helicóptero a Ciudad Hidalgo (cabecera del municipio michoacano de Hidalgo) con dos suboficiales. Uno de ellos era Juan Carlos Ruiz Valencia, a quien presentó como el próximo director de la policía de ese ayuntamiento, del que había sido destituido el presidente municipal panista José Luis Ávila Franco en la redada del gobierno federal contra los presuntos “narcoalcaldes”.
“El secretario los llevó en el helicóptero y los abandonó allá, ni siquiera les avisó que ya se venía al DF; tuvieron que agarrar un camión”, dice una de las entrevistadas.
El 16 de noviembre, de la base de Iztapalapa, conocida como Contel, salió el suboficial Ruiz Valencia con los policías asignados a la misión: el suboficial Pedro Alberto Vázquez Hernández, los sargentos Luis Ángel León Rodríguez y Bernardo Israel López Sánchez, los cabos Jaime Humberto Ugalde Villena, Israel Ramón Usla y Víctor Hugo Gómez Lorenzo, y el civil Sergio Santoyo García, a quien contrataron como chofer y consiguió prestada la Suburban.
La mayoría apenas contaba con dos años de experiencia en la PF, tenía entre 25 y 34 años y vivían en Neza, Iztapalapa, Iztacalco o Tultitlán.
“Estaban ‘sacados de onda’ porque les dijeron que ellos pusieran el dinero para llegar y que luego se los repondrían”, cuenta una de las mujeres.
Aunque tenían que haber llegado el 16 por la noche, no se reportaron. Tres días continuos sus familias preguntaron por ellos en Contel, pero siempre recibían la misma respuesta: “Ellos se comunicarán, seguramente donde están no hay comunicación”.
Aguilar González, el director jurídico, retó a una de las familias que lo cuestionó sobre su hijo: “Vayan y búsquenlos ustedes mismos”. La mamá de otro agente fue sacada a la calle por la fuerza. Al sexto día la insistencia de los familiares llamó la atención de los directivos de las Fuerzas Federales de Apoyo, que sólo entonces descubrieron que los agentes no habían llegado a su misión.
El lunes 24 de noviembre los familiares fueron convocados a la base Contel donde les pidieron que abordaran un autobús turístico que los llevaría a Michoacán para levantar la denuncia de la desaparición. Cuando estaban a punto de entroncar con la carretera a Toluca, el camión regresó al DF porque, según les dijeron: “la zona está muy caliente y es peligrosa”. A medianoche pudieron levantar la denuncia AP/PGR/DF/SPE-XI/5339/09-11 ante la delegación metropolitana de la PGR.
Ahí escucharon que dos abogados de la PF declararon al Ministerio Público que los desaparecidos habían desacatado las órdenes de trasladarse en vehículos oficiales y portar uniformes.
En la primera junta que tuvieron con el coordinador de las Fuerzas Federales, Rafael Avilés, le reclamaron por haber dejado pasar seis días para emprender la búsqueda, y él culpó a los muchachos de su suerte. “Tenían órdenes de comunicarse. No lo hicieron”, les dijo. “¿Y cómo quería que lo hicieran si los habían desaparecido?”, le reviró una mamá furiosa.
Los familiares pidieron que se investigara al comandante Raymundo Agustín Hernández, jefe del agrupamiento al que pertenecían los desaparecidos, porque días antes de la partida de la misión se enojó pues las instrucciones a los federales no las giró él. Sintió que se lo “habían saltado”. Amenazó a varios de ellos diciéndoles: “No me interesa su pinche papelito (la orden de trabajo), voy a mover cielo, mar y tierra con tal de que ustedes no lleguen a Michoacán, porque nadie se burla de mí”.
Muchos desaparecidos
Los familiares instalaron un campamento en Contel, como medida de presión para recibir reportes diarios sobre la búsqueda. Allí pasaban días y noches y se dieron cuenta de que otras familias llegaban esporádicamente a reportar a otros agentes desaparecidos en otras misiones.
“Hay muchísimos federales desaparecidos, por montones. Tres familias llegaron a juntarse con nosotros y vimos otras de federales que habían muerto”, comenta una de las mujeres.
En ese tiempo recibieron informes que, a la larga, resultaban falsos. Un día les dijeron que los ocho fueron sacados del hotel Ojo de Agua, de Ciudad Hidalgo, y uno que opuso resistencia ahí mismo fue asesinado. O sobre el hallazgo de las armas que podrían haber pertenecido al grupo.
El 5 de diciembre, cinco familiares recibieron llamadas telefónicas anónimas (después supieron que se hicieron desde el DF) que les informaban que La Familia los tenía retenidos en La Huerta, una localidad michoacana.
Dos días después, Rafael Avilés les informó que dos niños del municipio mexiquense de Atlacomulco llevaron a la PGR de Toluca un paquete que encontraron tirado, que contenía las credenciales de los desaparecidos, unas fotos donde se les ve amarrados y un mensaje: “Confidencial: búsquenlos en las Lagunas de Atlacomulco. Saludos, Los Zetas”.
Un par de días después la PF pidió a un representante de cada desaparecido que se pusiera un chaleco antibalas y abordara un camión que viajó a Michoacán y se estacionó 12 horas junto a la laguna de Zitácuaro, desde donde vieron trabajar a unos buzos. La misión abortó por la noche y sin resultados porque, supuestamente, cerca de ahí se desató una balacera.
El 19 de diciembre en los noticiarios se informó del hallazgo de ocho cadáveres calcinados en Paso de Mata, Querétaro, y daban por hecho que pertenecían a esta remesa de desaparecidos. Los familiares se hicieron pruebas de ADN para contrastarlo con el de las víctimas. Los examenes resultaron negativos excepto uno: el del suboficial Vázquez Hernández.
La PF mandó a su esposa una carroza fúnebre. Ella estuvo a punto de aceptar el cuerpo, pero cuando su cuñado lo vio descubrió que tenía la dentadura completa y no le faltaban ocho piezas, como a su hermano. A pesar de la evidencia, la familia tuvo que comparecer en juzgados de Toluca y Querétaro y hacerse más pruebas de ADN, porque la PF insistía en entregarle ese cadáver ajeno.
En su estancia en la base Contel –donde pasaron Navidad y vivieron tres meses– las familias recibieron señales contradictorias. Algunos policías les daban el pésame mientras que otros las felicitaban porque los muchachos estaban vivos. Otras veces les decían que estaban secuestrados o que “se pasaron al otro bando”.
Sin rastro
En enero de este año, el coordinador Avilés les dio un reporte oficial: que El Márgaro, El Gato, El Lagartijo, La Morsa, El Tigre, Don Pit, El Sonrics, El Ganso, El Copra, El Rapidito, Catracho, El Huesos, El Ascaris y Lagrimita, integrantes de La Familia, eran responsables del secuestro.
El 13 de febrero, acompañado de 10 funcionarios, les dijo que varios de los mencionados habían sido capturados y confesaron la muerte de los policías.
–¿Y qué fue lo que confesaron?
–Eso está muy triste –dice la mamá de uno de ellos, dueña de la casa donde se realiza la entrevista. Todas guardan silencio. De esa parte no les gusta hablar.
Minutos después una de ellas se anima a responder: “Confesaron que nuestros muchachos ya no están, que los mataron, y por cómo los mataron ya no vamos a encontrar sus cuerpos”.
A lo largo de la entrevista las mujeres van aportando fragmentos de lo que les dijo el comandante Sergio Licona, del Área de Inteligencia de la PF, y del contenido que pudieron conocer del expediente judicial.
La versión indica que la Suburban azul se detuvo en una gasolinera a la entrada de Zitácuaro. Lagrimita avisó de su presencia y tres camionetas la interceptaron. Los detenidos se identificaron como federales, pero los narcotraficantes los amarraron y obligaron a cubrirse con sus propias camisetas. Para no levantar sospechas gritaron: “Somos policías federales, agarramos unos maleantes” y se llevaron a los verdaderos federales al rancho La Siranda, donde fueron esposados y drogados. Esa noche los asesinaron.
Antes, El Morsa les tomó las fotografías. Don Pete, el jefe, por teléfono ordenó ejecutarlos. “Ya se los cargó la verga”, dijo el que recibió la llamada. En ese momento un federal volteó a ver a otro y le dijo: “Gracias por haber estado conmigo en las buenas y en las malas”. Por ese comentario recibió el primer disparo.
“Estoy segura de que ése era mi hijo, él siempre era agradecido”, dice una de las madres. Nadie puede completar la siguiente parte del relato. Una mujer toma valor y dice: “Lo que sigue es muy, muy cruel, lloré cuando supe que fueron ejecutando de a uno por uno, los quemaron y les hicieron tantas cosas tristes, crueles… tiraron sus cenizas. Si de verdad eso hicieron, no tienen madre”.
Según la relatoría de hechos que las mujeres entregaron a Proceso, basada en los reportes que recibieron, los ocho fueron “enterrados en un hoyo y los incineraron arrojando ácido, sosa, gasolina y otro tipo de sustancias (…) pero como los secuestradores no querían darle problemas al dueño del rancho, sacaron los restos, los metieron en una bolsa y los arrojaron, en el Puente de Fierro”, al río. Sin embargo, otro de los detenidos dijo que los dejaron en el cerro del rancho La Siranda.
En la PF les dijeron que era imposible encontrar los cuerpos y evidencias de lo ocurrido, porque era mucho el tiempo transcurrido y porque la corriente del río y el clima habían borrado los rastros.
En este punto la esposa de uno de los oficiales señala: “No creemos lo que dicen que dijeron los narcos, aunque parece verídico no coincide en lo último, en lo más importante, en lo único que nos interesa: saber dónde están”.
En el último medio año las familias no han sido recibidas por García Luna. Se quedaron también sin sostén económico, porque desde enero la PF les suspendió el salario de sus maridos o hijos. Su caso está abierto en seis instancias distintas: en la metropolitana de la PGR, la SIEDO, las procuradurías de Toluca, Querétaro, Michoacán y Durango, y no han logrado que una sola integre todo.
“No estamos contra la federal, nos trataron bien cuando vivimos en Contel, pero queremos que se castigue a los mandos que los mandaron sin resguardos, sin uniforme, sin viáticos, sin camioneta oficial, que nos digan quién fue el negligente y por qué no se dieron cuenta que no habían llegado”, señala una de ellas.
Todas aseguran que no se conformarán hasta tener la certeza de cuál fue su paradero.
Una de ellas resume la exigencia común: “La federal nos los había declarado muertos desde el principio sin averiguar; quieren cerrar el caso y hacerlo a un lado porque les molestamos, pensaban que nos conformaríamos a la primera. Pero no queremos tener la presunción de lo que pasó, queremos que nos lo aseguren. Nos conformaremos si encuentran evidencias, si nos traen una camisa, una uña… algo. Si no, vamos a seguir insistiendo”. l
Todos sabían que la matanza venía
Cayetano Osuna /Ríodoce
Según los testimonios, el asesinato de 28 internos del penal de Mazatlán, perpetrado el lunes 14 de junio, pudo evitarse. Era algo que se veía venir desde hacía meses. Hasta los presos, presuntamente identificados con Los Zetas, habían rogado que los sacaran de la prisión pues intuían cuál iba a ser su destino. Las autoridades de Sinaloa sabían que esos reos estaban amenazados y, de acuerdo con una crónica del periódico sinaloense Ríodoce, compartida para su publicación en Proceso, los servicios de emergencia no mostraron signos de querer intervenir para frenar la matanza.
MAZATLÁN, SIN.- Desde el 29 de abril, Josefina García Ruiz, secretaria de Seguridad Pública de Sinaloa, su homólogo federal y aun jueces de distrito sabían que los reos masacrados estaban amenazados de muerte, pero por negligencia o complicidad no impidieron la barbarie y los multihomicidas reeditaron con creces la matanza del 25 de abril.
La ocurrida el lunes 14 en el penal de Mazatlán, perpetrada por un presunto grupo de 60 reclusos armados con fusiles AK-47, AR-15, G3 y pistolas 9, .38 y
El ataque a los supuestos zetas estuvo bien planeado, porque el grupo de agresores –quienes vestían de negro y cubrían sus rostros con paliacates para no ser reconocidos– tuvo todo el tiempo del mundo para perpetrar la masacre en los módulos 21, 5, 11 y 9. Mientras tanto, el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) se negaba a enviar apoyo al penal de donde llegaban las llamadas de auxilio.
Eran alrededor de las 9:50 horas cuando los reos fuertemente armados destruyeron cámaras de video y abrieron a golpes las rejas del módulo 21, para luego disparar a mansalva a los 18 internos, dejando muertos a 17 y gravemente herido a Rolando Omar Pimentel Mora, El Pájaro Loco, quien aparentemente lideraba al grupo de reclusos agredidos.
En octubre de 2009, días después de haber sido detenido junto con seis cómplices por elementos del Ejército en la casa de seguridad ubicada en la calle Cerro del Cubilete número 14, del fraccionamiento Lomas de Mazatlán, Ríodoce entrevistó en el módulo
Pimentel Mora pidió al funcionario judicial del juzgado que llevaba la causa penal 142/2009 que la SIEDO los trasladara del penal de Mazatlán porque temían por sus vidas, pero el funcionario federal, luego de notificarles el auto de formal prisión, le dijo que no tenía facultades para solicitarle a la SIEDO su traslado para un penal federal de alta seguridad.
La tardanza del C-4
En cuanto se desató la tracatera en el módulo 21, la secretaria del penal habló por teléfono al C-4 para que enviara apoyo urgente, pero al otro lado de la línea una voz negligente respondió que no, hasta que no estuvieran bien informados de lo que estaba pasando en el reclusorio.
“¿Qué, no está oyendo los balazos?”, le preguntó con notoria molestia la secretaria del penal.
Una fuente de Ríodoce dijo que en estos casos de emergencia, en cuanto se solicita apoyo del C-4 sólo tarda entre 10 y 15 minutos en llegar el apoyo; por ello es muy raro que la ayuda haya llegado hasta 40 minutos después.
El operativo criminal había durado alrededor de 30 minutos, tiempo que ocuparon los sicarios en descargar sus armas en los reos del módulo 21, para luego sacar armas blancas y asesinar a los de los módulos 5, 9 y 11.
“Fue algo muy bien organizado y cronometrado que habría tomado por sorpresa a los tres celadores que resultaron heridos”, dijo una fuente del penal que se muestra renuente a reconocer que los hechos ocurridos el 14 de junio sean producto de la corrupción interna.
Otra fuente ligada a la investigación coincide en que la masacre fue bien calculada por el grupo agresor y que, como la mafia cuyo poder está en las sombras tiene ojos por todos lados, se daban cuenta de todo movimiento que los administrativos y personal de seguridad realizaban dentro del penal.
Cuenta que terminada la matanza, el escenario era dantesco dentro del penal: por todos lados se percibía el odio sanguinario que momentos antes había asestado su zarpazo bestial y los trabajadores de la funeraria Moreh, cansados, sudados y con las ropas manchadas de sangre, cargaban hasta dos muertos por camilla, que se les caían al realizar con prisa su labor.
“¡Qué bueno que mataron a estos perros!”, relata la fuente que oyó decir a algunos policías de los tantos que acudieron a la escena del multihomicidio.
Mientras adentro algunos trataban como “perros” a los presuntos zetas ejecutados, afuera los angustiados familiares de los internos se agolpaban en el pórtico del penal, preguntaban si en el módulo tal o cual había muertos y cuando les informaban que los finados habían pertenecido a los módulos 21, 5, 9 y 11 lanzaban terribles gritos de dolor.
La “limpia”
Desde el 12 de abril, cuando Santiago Lizárraga Ibarra, El Chaguín, fue asesinado junto con su sobrino, Paúl Enciso Lizárraga, por fuerzas federales en Tepic, Nayarit, sus enemigos desataron en Mazatlán y en la zona sur del estado una cacería –una “limpia”– de todo lo que estuviera vinculado con Los Zetas.
“Después de la muerte del Chaguín se les dijo a los que andaban en el grupo equivocado que se ‘abrieran’ porque iban a valer madre, pero no quisieron hacer caso y valieron madre”, se dijo en los círculos policiacos del puerto.
En ese contexto, el sábado 24 de abril Luis Arellano Chiquete, Jesús Alejandro Raygoza Ramírez, César Gustavo Arellano y Juan Maximino Montiel Agüero, quienes portaban un arsenal, fueron detenidos en la comunidad de Palmillas, en Escuinapa, por elementos del Ejército.
“Estos batos ya valieron madre, los van a matar en el penal”, corrió el rumor ese mismo sábado entre algunos abogados penalistas y en los corrillos policiacos.
Así fue. Al ingresarlos al penal, aproximadamente a las 19:00 horas del domingo 25 de abril, mientras un celador los trasladaba a la clínica para establecer su estado de salud, un grupo de entre 10 y 12 reos, al parecer encapuchados y vestidos de negro, los asesinó con armas blancas.
Ese mismo domingo 25 de abril, pero a las 16:35 horas, un comando que viajaba en una camioneta disparó sus armas AK-47 y
En el atentado fallecieron el abogado penalista Jaime Escobar Pérez y Enemesio Meza Beltrán, El Cosalá, mientras que Raúl Aguilar Tirado quedó herido. Trascendió que éstos trataban de sacar de la cárcel a los cuatro presuntos sicarios detenidos en Palmillas.
Según versiones extraoficiales, en ese escenario de “limpia” intensificada desde la muerte del Chaguín, el domingo 13 las autoridades carcelarias ingresaron al penal casi clandestinamente a dos reos presuntamente vinculados con Los Zetas, pero el lunes 14 uno de ellos había sido excarcelado para una diligencia judicial y se salvó de ser asesinado.
La autoridad estatal, responsable
Una vez enterado de que en el penal de Mazatlán se había registrado una masacre de reos federales, presuntamente vinculados con el grupo armado de Los Zetas, el gobernador Jesús Aguilar Padilla reaccionó diciendo que ya se había advertido a la Federación que algo así podría pasar, refiriendo de algún modo que la responsabilidad de la tragedia no le correspondía a su gobierno. Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) asegura que sí hay responsabilidad de la autoridad estatal en los hechos.
Visiblemente apesadumbrado, el mandatario encaró ese mismo lunes
“Se le pidió una y mil veces a la Secretaría de Seguridad Pública el traslado de esos reclusos que eran federales. Casi fue una cosa que se pudo advertir. No fue posible que los trasladaran; estaban en custodia permanente… es lo que me informan”, dijo el mandatario cuidando cada palabra.
Y en lo que se interpretó como un deslinde de responsabilidades, el jueves 17 el doctor Juan José Ríos Estavillo, presidente de la CEDH, aclaró que desde septiembre u octubre de 2009 esa comisión advirtió del peligro que corrían algunos reos, que incluso ellos mismos les habían pedido que intervinieran porque no querían estar en ese penal (el de Mazatlán) pues temían por sus vidas.
La CEDH emitió incluso medidas cautelares dirigidas a la autoridad penitenciaria y de manera particular para los tres penales de Sinaloa. “La autoridad respondió y aceptó las medidas cautelares y desgraciadamente con posterioridad tenemos estos hechos lamentables”, precisó Ríos Estavillo.
–¿Entonces queda constatado en documentos que sí se pudo haber prevenido todo esto?
–Efectivamente, desde la perspectiva de nosotros, encontramos elementos de ratificación de presumibles violaciones a derechos humanos.
“Ahora el problema estriba en que en atención a los documentos que nosotros teníamos, a los documentos que nosotros requeríamos, era preciso identificar de quién iba a ser la competencia, particularmente de este asunto, si de la comisión nacional o de la Estatal. Desde el mismo lunes en la tarde (…) tomamos la determinación desde el momento que suceden los hechos de enviar a nuestros visitadores y la CNDH toma la decisión el lunes de enviar a los suyos. Estábamos en principio determinando quién iba a ser el competente. Les informo que el día de ayer (miércoles 16) la Tercera Visitaduría General de la CNDH determina la competencia de este asunto, atrae en consecuencia y abre de oficio la queja correspondiente”.
Juan José Ríos Estavillo fue muy claro: “Aquí lo que nosotros podemos determinar es que las medidas cautelares las dirigimos a la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Si bien es cierto, la posible determinación de competencia de un reo puede corresponder a dos autoridades distintas, una primera responsabilidad recae en la autoridad receptora de los reos; en este caso hay responsabilidad particularmente de la autoridad estatal y tiene que revisarse la posible responsabilidad de acción y omisión de la autoridad federal. Pero en principio los reos están en una cárcel del estado de Sinaloa y, en consecuencia, la autoridad estatal es la que tiene que dar cuenta y responder sobre los actos que se le puedan estar requiriendo por parte de la comisión nacional”.
La política le ganó a la justicia
Jorge Carrasco Araizaga
En el que pudo ser un histórico debate, de un lado estaban el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; el director general del IMSS, Daniel Karam, y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, señalados como responsables en la tragedia de la guardería ABC. Del otro, las familias de los niños que hallaron una terrible muerte y de los que padecen las secuelas de aquel incendio. Fácil decisión en términos de poder: el gobierno federal y el grupo mayoritario en la Suprema Corte se volcaron en favor de los políticos.
El cabildeo y las presiones funcionaron: la Suprema Corte de Justicia de la Nación renunció, una vez más, a salirse de la interpretación estrecha de la ley y la tragedia de la guardería infantil, la más grave de su tipo en el país, quedó sin responsables.
Un bloque de seis ministros “letristas”, encabezado por el presidente de la Corte y máximo representante del Poder Judicial, Guillermo Ortiz Mayagoitia, abogó por los principales señalados en el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que el 5 de junio de 2009 dejó 49 niños muertos y 104 heridos.
Con el apoyo parcial de otros dos ministros se formó en el máximo tribunal una cómoda mayoría que terminó por favorecer al exdirector del IMSS y ahora secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Francisco Molinar Horcasitas; al actual director del instituto, Daniel Karam Toumeh, y al exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.
El grupo mayoritario estuvo conformado por los ministros Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Sergio Armando Valls Hernández y Luis María Aguilar Morales, a los que se sumaron parcialmente José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo.
No importó que dos ministros, Franco y Valls, como funcionarios federales, hubieran estado involucrados en decisiones tomadas por el IMSS en relación con las guarderías subrogadas. Valls fue director jurídico del IMSS, y Franco formó parte del Consejo Técnico encargado de aprobar los contratos de las guarderías, además de que una de sus hermanas trabaja en la Coordinación de Guarderías del instituto.
Ese sólido bloque de ministros fue el mejor equipo de abogados que pudieron tener los señalados inicialmente como responsables, quienes junto con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, hicieron un intenso cabildeo en la Corte desde que el 3 de junio pasado el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea dio a conocer el dictamen en su contra.
Al tiempo que asociaciones médicas hacían una fuerte campaña mediática contra el dictamen, con el argumento de que se atacaba al IMSS –del que se hizo eco Ortiz Mayagoitia–, el cabildeo del gobierno federal en la Corte fue intenso. Horcasitas, Karam y Gómez Mont estuvieron en las prioridades de la agenda de los ministros. Lo mismo Bours. Todavía la mañana del martes 15, en plena discusión del caso, el secretario de Gobernación estuvo en la oficina del presidente de la Corte.
El jueves 17, liberados de toda responsabilidad los colaboradores del presidente Felipe Calderón, Gómez Mont declaró ante la Asamblea General del Colegio de Abogados que la Corte “actuó con libertad y sin cortapisas” y deliberó de manera “puntual, pulcra y difícil” para acabar con el “clima de linchamiento”.
El lunes 14 comenzó el debate en el pleno de la Corte, que generó una amplia cobertura periodística. Ese día, el IMSS decidió cerrar su guardería número 48 de la Ciudad de México, destinada desde hace 20 años a las madres periodistas. Adujo razones de seguridad para la cancelación del servicio, que beneficiaba a 80 niños.
El grupo compacto de ministros, que osciló entre seis y ocho, fue más que suficiente para bloquear la pretensión de Zaldívar de darle sentido a la facultad de investigación de la Suprema Corte y limitar “el ejercicio abusivo del poder” en el caso de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las autoridades.
Con abrumadoras votaciones, el bloque de ministros avasalló a Zaldívar, quien lanzó una propuesta que de antemano generó el rechazo de sus colegas: cambiar los criterios fijados por la Corte en agosto de 2007 para pronunciarse en esos casos.
En esa ocasión, Valls, Aguirre y el ahora ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón elaboraron las reglas para el ejercicio de la facultad de investigación de la Corte, establecida en el artículo 97 de la Constitución y a la que ha recurrido en cuatro ocasiones en los últimos cinco años.
Esos lineamientos se definieron en respuesta al informe presentado en junio de 2007 por Juan Silva Meza, quien tras señalar la existencia de un “grave problema” de pederastia y pornografía infantil en México, pidió al pleno de ministros responsabilizar al gobernador de Puebla, Mario Marín, por la violación de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.
El informe se detuvo y el pleno decidió elaborar las reglas. Con ellas, los ministros se ataron de manos. La número 21 dice que “no podrán adjudicarse responsabilidades, sino únicamente identificar a las personas que hubieren participado en los hechos calificados como graves violaciones a las garantías individuales”.
Además del caso Puebla, esas reglas se han aplicado para los conflictos de Oaxaca y San Salvador Atenco, Estado de México, ambos registrados en 2006. En el primer caso, sin embargo, los ministros sí hablaron de “responsabilidad lisa y llana” del gobernador Ulises Ruiz en las violaciones graves a los derechos humanos durante el conflicto gubernamental con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), pero desvincularon, entre otros, al expresidente Vicente Fox y a su secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, ahora embajador de México en Gran Bretaña.
En Atenco desligaron al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, y al entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo, actual encargado de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República.
“No somos autoridad moral”...
En el caso ABC, Zaldívar buscaba que la Corte hiciera una nueva interpretación de su facultad investigadora para obligar a responder legalmente a los funcionarios públicos implicados en violaciones a derechos fundamentales de los gobernados. Propuso que se estableciera “responsabilidad ética y política” de 14 funcionarios por el incendio, empezando por Molinar, Karam, Bours y el expresidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.
Incorporado como ministro en diciembre pasado, en reemplazo de Genaro Góngora Pimentel, Zaldívar sólo tuvo el respaldo, en casi todo su proyecto, de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza.
“No basta con el lamento y el pésame a los padres de los pequeños… Es necesario determinar (a) los servidores públicos responsables… Sería irresponsable no señalar responsables… Si la muerte de 49 niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este país para que actuemos con energía?... Servidores públicos irresponsables constituyen un Estado irresponsable”, dijo Zaldívar.
La respuesta de sus opositores en el pleno fue contundente: “No creo que seamos el ombudsman supremo, con autoridad política y moral”, le dijo el presidente de la Corte. “No somos tribunal de conciencia”, aseguró Valls, quien busca presidir el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal para convertirse así en el máximo representante del Poder Judicial de México.
Aguirre Anguiano consideró que establecer responsabilidades morales y éticas no sólo es “reprobable”, sino “fundamentalismo puro”. Y calificó el proyecto de Zaldívar: “Es una declaración jurídico-política que excede los límites de la facultad de investigación”, ante la cual, “de asunto en asunto, hemos dado tumbos y no hemos encontrado el sentido”.
Luis María Aguilar, quien en diciembre sucedió a Azuela, acusó a Zaldívar de querer darle a la Corte “un carácter de autoridad moral, ética y política, y una superioridad jerárquica que es inadecuada”.
La Corte no está para determinar cómo deben comportarse las autoridades, le dijo Margarita Luna Ramos; a su vez, Franco Guzmán le señaló que pretendía “desnaturalizar” la función del tribunal constitucional.
Ante esos cuestionamientos, a los que se sumaron Cossío y Gudiño, Zaldívar dijo que si la atribución constitucional de investigación le impide a la Corte establecer responsabilidad, “mejor no ejerzamos la facultad”. Propuso entonces sustituir la frase “responsabilidad política y moral” por “responsabilidad constitucional” y explicar en qué contexto se usaría.
Pero una mayoría de ocho a tres volvió a cerrarle el paso: el alcance de la facultad de investigación se discutió suficientemente en la Corte antes de que él llegara como ministro, y las reglas se habían aplicado no sólo en Oaxaca, sino también en Atenco, le resumió Gudiño.
Contenida la nueva interpretación que buscaba Zaldívar, siete ministros –a los que se sumó Sánchez Cordero– avalaron la legalidad del sistema de guarderías subrogadas, a pesar de que varios señalaron que el Congreso debe legislar la prestación del servicio de guarderías del Seguro Social para evitar que el esquema de subrogación deje de operar a partir de favoritismos o amiguismos, como ocurrió con el establecimiento ABC.
Lo que siguió en el pleno fue desechar lo aseverado por el informe de los magistrados y el dictamen de Zaldívar: que existe un vínculo entre la tragedia y “el desorden generalizado” en las guarderías subrogadas del IMSS. Así, el grupo compacto de ministros exculpó al IMSS y abrió el camino para liberar de las acusaciones a Molinar y a Karam.
Ortiz Mayagoitia, quien ha sido renuente a que la Corte ejerza su facultad de investigación, hizo fuerza con el principal crítico de esa atribución, el exregidor del PAN por Guadalajara, Aguirre Anguiano.
El bloque mayoritario lo integraron también dos ministros que tuvieron que ver con decisiones tomadas por el IMSS en relación con las guarderías: Fernando Franco y Sergio Valls. Previsiblemente, los seis integrantes de este bloque aseguraron que no estaban impedidos de participar en el pronunciamiento de la Corte.
Durante el gobierno de Fox, entre diciembre de 2000 y diciembre de 2004, Franco fue representante de la Secretaría del Trabajo en el Consejo Técnico del IMSS, la instancia encargada de autorizar los contratos de guarderías subrogadas. Además, una de sus hermanas trabaja desde hace años en la Coordinación de Guarderías del IMSS. Esa doble condición le impidió hacerse cargo del dictamen, pero no participar en el debate.
Ministro con intereses y vínculos tanto políticos como familiares en el PRI, el PAN y el PRD (Proceso 1725), Valls Hernández también actuó bajo sospecha. Entre abril de 1993 y mediados de 1999 fue subdirector y director jurídico del IMSS, la instancia encargada de la legalidad del sistema de subrogación del servicio de guarderías.
Con el argumento de que la subrogación en el llamado “esquema vecinal comunitario único” se echó a andar después de que salió del Seguro Social –aunque se aprobó en mayo de 1999–, Valls pudo participar en las discusiones para echar abajo el dictamen y convertirse, junto con Aguirre Anguiano, en el principal defensor de Molinar, Karam y Bours. El pleno de ministros convalidó el argumento de Valls a pesar de que en la discusión quedó demostrado que el ministro, como funcionario del IMSS, estuvo involucrado en el diseño del esquema.
Cossío Díaz describió cómo se desarrolló el sistema de subrogación. Precisó que el 4 de septiembre de 1995 –durante la gestión de Valls en el jurídico del IMSS–, la Comisión Ejecutiva para la Organización Administrativa del instituto “aprobó el esquema de guardería vecinal comunitario, del cual no se da noticia sino hasta mayo de 1999 en el documento denominado Bases para la subrogación de servicios de guardería del esquema vecinal comunitario emitido por la Coordinación de Guarderías”.
El sistema de subrogación se expandió a partir de ese año, indicó Cossío, quien es mencionado como uno de los probables sucesores de Ortiz a partir de enero de 2011.
Cabildeo exitoso
El informe de la investigación del incendio, realizado por los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla, determinó que “desde 1983 empezaron a instalarse las guarderías que operan conforme a un contrato de prestación de servicios”. El antecedente cobra más importancia porque, de acuerdo con el reporte elaborado por los magistrados, desde esa fecha y hasta el día de la tragedia, el 5 de junio de 2009, operaron mil 480 guarderías con ese esquema.
Tras revisar la operación de esas guarderías, mediante una muestra estadística elaborada por el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, los magistrados encargados de la investigación determinaron que había un “desorden generalizado” en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías.
Ese desorden fue comprobado también por la Auditoría Superior de la Federación, organismo dependiente de la Cámara de Diputados, en la revisión de la Cuenta Pública de 2008. Zaldívar lo avaló en su dictamen, pero el bloque de seis echó abajo esa consideración.
El informe de la comisión investigadora, que se dio a conocer el 1 de marzo, indicaba que de las mil 480 guarderías que operan mediante un contrato de prestación de servicios, sólo 0.3% cumple cabalmente con los requisitos, como son los de protección civil y contar con instalaciones adecuadas. Aguirre Anguiano descalificó las cifras.
Pero el defensor más explícito del Seguro Social fue Ortiz Mayagoitia: “En el caso del sistema de guarderías del Seguro Social no hay... ningún desorden; ninguna prueba demuestra que alguna de las guarderías preste un mal servicio, ni que los usuarios hayan protestado por esa causa... He recibido comentarios en otro sentido: el sistema de guarderías es por regla general satisfactorio para los usuarios”.
Previamente había justificado: si el Seguro Social no subroga el servicio, tendría que incorporar 70 mil empleados a los 400 mil que ya tiene. Además, necesitaría por lo menos 10 mil millones de pesos para construir mil guarderías. Si el Seguro diera este servicio de manera directa, añadió, “generamos seguramente mala atención o hasta desatención de los derechohabientes”.
Y reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación gastará 60 millones de pesos para construir una guardería “con todos los avances en materia de protección civil”.
En una clara expresión de la efectividad que tuvieron las presiones de las asociaciones médicas, Ortiz expresó: “Hablar de la fragilidad del sistema de salud en los tres niveles de gobierno se me hace sumamente delicado, hemos tenido reacciones de agrupaciones de médicos que ven con profunda preocupación ésta y otras expresiones dentro del proyecto”.
Con las negativas a establecer responsabilidades de funcionarios y a reconocer un desorden generalizado en la subrogación de guarderías, lo que liberó de todo cargo a los funcionarios y al IMSS, el bloque mayoritario ya había desechado el proyecto de Zaldívar.
Lo demás fue trámite: Primero declararon la existencia de violación grave de garantías y luego precisaron que ésta afectó los derechos del niño, a la protección de la vida, a la integridad física, a la seguridad social y a la salud.
Como implicados directos mencionaron, en el caso del IMSS, a Arturo Leyva Lizárraga, delegado en Sonora de
Del gobierno de Bours, identificaron a Wilebaldo Alatriste Candiani, quien fue titular de la Unidad Estatal de Protección Civil; a Fausto Salazar Gómez, exdirector general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda de Sonora, y a Jorge Luis Melchor Islas, exsubdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda.
En el caso del municipio señalaron a Jesús Davis Osuna, exdirector de Inspección y Vigilancia, y a Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de la Unidad de Protección Civil. Sólo sobre estos siete exfuncionarios podría recaer alguna responsabilidad legal si la Procuraduría General de la República investiga y consigna, y si los jueces sentencian en su contra.
Al final de tres días de sesiones, Ortiz Mayagoitia dijo que los ministros hicieron lo que pudieron, ya que “el fallo tiene los límites estructurales” establecidos en la Constitución.
“Nuestra declaración no exculpa ni exonera a nadie. Lo que hace es determinar la existencia de violaciones graves… Las responsabilidades política, penal y administrativa les corresponden a las autoridades constitucionalmente encargadas”, dijo.
La Corte, al servicio del gobierno
Gloria Leticia Díaz
Integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio manifestaron su inconformidad ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que exoneró a altos funcionarios estatales y federales en el caso de la guardería ABC, cuyo incendio causó la muerte de 49 niños y lesiones a más de 75.
José Francisco García Quintana, padre de uno de los niños fallecidos, comenta a Proceso: “La credibilidad del máximo tribunal de justicia de la nación fue reducida a cenizas, pues en lugar de resguardar la Constitución mexicana vimos que la mayoría, seis ministros, actuó como representantes del poder gubernamental”.
El jueves 17, García Quintana, su esposa Patricia Duarte y Manuel Alfredo Rodríguez Amaya, acompañados de su abogado, Lorenzo Ramos Félix, acudieron al Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh) para dar a conocer su postura acerca de la decisión de la Corte, así como las acciones que realizarán.
En entrevista con este semanario, Rodríguez Amaya asegura que en la Corte prevalecieron intereses ajenos a la justicia y se pasaron por alto las pesquisas realizadas por la comisión investigadora de los ministros, así como los argumentos del ministro Arturo Zaldívar.
Comenta que él y García Quintana se percataron de que altos funcionarios del gobierno federal y estatal “deambulaban por los pasillos de la Corte”, por lo que decidieron visitar a los ministros para hacer contrapeso y equilibrar la situación.
De los 11 ministros no todos abrieron espacios en su agenda para recibirlos. Quienes se mostraron más accesibles, precisa Rodríguez Amaya, fueron Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, Luis María Aguilar y Guillermo Ortiz Mayagoitia. Los escucharon entre cinco y 15 minutos.
“A todos les planteamos lo mismo: que estábamos preocupados por los cabildeos que realizaban aquellos a quienes considerábamos culpables de la tragedia. También les dijimos que en la opinión pública se hablaba de que habría negociaciones. Incluso tomamos fotografías de Karam y de Bours para demostrar que estuvieron ahí, presionando”, agrega Rodríguez Amaya.
En esos encuentros, los padres manifestaron su preocupación por que se diera una voltereta al proyecto de dictamen del ponente Arturo Zaldívar, que consideraban como “un piso mínimo para hacer justicia”. Los ministros, unos más receptivos que otros, trataron de tranquilizarlos.
“Nos dijeron que no debíamos preocuparnos; que las visitas de esos personajes no iban a causar efecto ni a cambiar ningún juicio que tuvieran hecho respecto al caso. Nos aseguraron: ‘Estén conscientes y crean que vamos a hacer el trabajo conforme a la ley y de una manera respetuosa hacia ustedes’”, comenta Rodríguez Amaya.
De sus entrevistas con los ministros recuerda: “El presidente de la Corte, Ortiz Mayagoitia, fue muy reservado. No nos permitió visualizar hacia dónde encaminaba su resolución”; Luna Ramos fue muy atenta y nos dijo que estaba ‘muy abocada a nuestro caso’; Fernando Franco nos dejó una mala impresión, pues dijo que lamentaba la situación en que se encontraban 40 familias de los niños fallecidos, cuando todos sabemos que somos 49. Parecía que ni siquiera conocía nuestro asunto”.
Funcionarios protegidos
A modo de balance, Rodríguez Amaya asegura que el resultado final de las tres sesiones del pleno de la SCJN fue decepcionante. Sin embargo, considera que fue digna la posición asumida por los ministros Zaldívar, Sánchez Cordero, Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío.
Puntualiza que los integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio estaban conscientes de que el dictamen de la SCJN no tenía carácter vinculatorio y que “era un paso que debíamos dar para seguir buscando justicia fuera del país”.
Y añade: “Creíamos que la Corte tenía una oportunidad de atender el caso de manera cabal y elevar hasta el tope su legitimidad ante la sociedad. No la quiso aprovechar y todo por proteger a funcionarios y exfuncionarios de alto nivel”.
En entrevista por separado, Lorenzo Ramos Félix, abogado de por lo menos 24 familias agraviadas que se agrupan en el Movimiento Ciudadano, precisa que la resolución de la SCJN es apenas el principio del camino hacia las instancias internacionales. La primera parada en este trayecto es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Anuncia algunas de las acciones que realizará. Una vez que se publique el dictamen de la SCJN basado en los señalamientos contra siete funcionarios –dos municipales, tres del gobierno de Bours y dos del IMSS–, solicitará que quienes no estén incluidos en las averiguaciones previas, tanto del fuero común como del federal, abiertas en 2009, sean integrados para ejercer acción penal contra ellos.
Esta solicitud para que se amplíe la acción penal será presentada ante la Procuraduría General de Justicia de Sonora y la Procuraduría General de la República. “Les vamos a dar un mes para que lo hagan. No deberán tener ningún problema, pues cuentan con todos los elementos. Además, desde hace tiempo estamos trabajando para que se reclasifiquen los delitos, de culposos a dolosos”, apunta.
Si las autoridades no atienden estas solicitudes, recalca el abogado, “estaríamos en condiciones de pedir la intervención de la CIDH. Para ello nos va a ser muy útil todo el cúmulo de pruebas que se allegaron los ministros: peritajes, entrevistas con las autoridades y encuestas. Esa es información que ni por asomo integraron los ministerios públicos federal y estatal”.
“Puesto que ‘una resolución de la SCJN es la última instancia’, sería posible llevar el caso ante organismos internaciones con el argumento de que hubo denegación de justicia y por ello no se ejerció acción legal contra Molinar Horcasitas, Karam y Bours, entre otros”, señala el litigante.
El trámite ante la CIDH, reconoce Ramos Félix, es un procedimiento largo y complicado. Para efectuarlo, plantea, podría apoyarse en organizaciones civiles con experiencia en el campo internacional, como el Centro Prodh.
En torno a este tema, el abogado Leopoldo Maldonado, del Prodh, explica que entre los requisitos que la CIDH establece para admitir una demanda contra un Estado del sistema interamericano es que se hayan agotado las instancias pertinentes sin la obtención de justicia.
Y precisa: “Hay excepcionalidad al agotamiento de los recursos internos; se trata de un concepto que utiliza la CIDH conocido como plazo razonable. No hay un determinado número de años y se manejan varios criterios: la efectividad de los recursos; la respuesta dada por las autoridades; el agotamiento de esos recursos, y la gravedad de las violaciones”.
Detalla que deberán pasar más o menos dos años de que estos procesos “se sustancien en el fuero interno del Estado mexicano para estar en condición de presentar una petición ante la CIDH”.
Los padres que integran el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio advierten que seguirán en pie de lucha para que se castigue a todos los responsables de la tragedia que enlutó sus vidas.
“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No fue un accidente, no fue un derrumbe ni un ciclón lo que nos arrebató a nuestros hijos; fueron el Estado mexicano, la corrupción y la negligencia criminal los que nos arrebataron a nuestros hijos”, reitera García Quintana. l
La “Suprema Cortesana”
Daniel Lizárraga
En el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, la Suprema Corte de Justicia, además de demostrar incongruencia evidenció la proclividad de sus integrantes a defender los intereses del gobierno de Felipe Calderón, sostiene el constitucionalista Elisur Arteaga.
Y, más contundente, Marco Tulio Ruiz, litigante especializado en derecho constitucional, señala que la mayoría de los ministros han transformado al máximo tribunal en una “Suprema Cortesana” que se inclina ante el poder político en turno.
Tras el polémico fallo de los ministros sobre ese incendio, en el cual murieron 49 niños y decenas más resultaron con lesiones graves sin que ninguno de los funcionarios federales señalados como responsables fuera sancionado, los litigantes repasan varios casos y aseguran que hay flagrantes contradicciones entre los ministros desde la administración de Vicente Fox.
El 14 de octubre de 2009, por ejemplo, la Corte encontró al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, “responsable” de violaciones graves de garantías individuales al incumplir con su obligación de contar con una policía capacitada para mantener el orden en el conflicto magisterial con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), a raíz del cual varios integrantes de esa organización murieron y otros más resultaron lesionados.
Ocho meses después de su veredicto sobre el caso Oaxaca, el martes 15 el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, propuso a sus colegas no utilizar el concepto “responsable” y sugirió emplear el de “involucrado”; también sugirió eliminar juicios de valor al discutir el proyecto de sentencia de su par Arturo Zaldívar, quien propuso fincar responsabilidades al actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam, así como a su antecesor, Juan Molinar, actualmente titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y amigo del presidente Calderón desde hace años.
En el caso Oaxaca, la SCJN rechazó incluir en la lista de responsables a Vicente Fox, así como a Eduardo Medina Mora, quien estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública durante la gestión del primer presidente panista, y al otrora secretario de Gobernación, Carlos Abascal.
Los ministros, incongruentes
El abogado Marco Tulio Ruiz comenta que, en el caso Oaxaca, los ministros violaron su propio reglamento. Entrevistado por Proceso, insiste: ellos señalaron directamente a su cliente Ulises Ruiz como “responsable” y no como “involucrado” en el conflicto magisterial de esa entidad.
En contraste, ahora la mayoría de los ministros recordaron que sí hay un reglamento para evitar hablar de responsables en el caso de la guardería ABC en un proyecto de sentencia en el cual los principales involucrados son dos miembros del gabinete presidencial.
“La sentencia contra Ulises Ruiz está plagada de calificativos. Por eso es que hay una gran incongruencia en la Suprema Corte. Los vaivenes de la mayoría de los ministros dejan en claro que están al servicio de los gobiernos panistas. Por eso digo que se trata de la Suprema Cortesana”, sentencia el litigante.
Marco Tulio Ruiz es uno de los abogados más controvertidos en el ambiente político. Entre sus clientes ha tenido a personajes como el priista Roberto Madrazo y al exregente capitalino Manuel Camacho Solís.
“Los fallos de la Corte son eminentemente políticos. En el caso Oaxaca, sus integrantes eliminaron de la lista de responsables a Vicente Fox, a Eduardo Medina Mora y a Carlos Abascal, quienes eran funcionarios federales; sólo dejaron en calidad de responsable al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz”, destaca el entrevistado.
–¿Por qué habrían de acusar a Fox? –pregunta el reportero.
–Porque probamos que ese presunto desorden generalizado, en todo caso, tuvo que ver con la actitud del gobierno federal. Hay dos oficios recibidos por Carlos Abascal, secretario de Gobernación en aquella época, en los cuales se le pidió apoyo porque Oaxaca no contaba con la suficiente policía. Para la Corte, eso no fue suficiente y el único responsable fue Ulises Ruiz.
–¿Cómo fue que los ministros violaron sus propias normas o reglamentos?
–En el caso de San Salvador Atenco, derivado de las protestas contra la construcción de un nuevo aeropuerto, la Corte estableció normas de funcionamiento, entre ellas no señalar responsables. Sin embargo, cuando llega el caso Oaxaca, los ministros sí señalan al gobernador como responsable. Y ahora, en el caso de la guardería ABC, retoman sus reglamentos para eximir a los responsables y proponen hablar sólo de posibles involucrados.
–¿Eso es suficiente para decir que son sentencias políticas?
–Está claro. La Suprema Corte de Justicia está inclinada a los intereses de sus clientes.
Una corte omisa
El constitucionalista Elisur Arteaga apunta que la Corte quedó en evidencia con su fallo del martes 15. Expone que, mientras en el caso de la guardería los ministros se negaron a inculpar a miembros del gabinete federal por el desorden generalizado en la administración de las estancias infantiles, en el caso de Oaxaca sí acusaron al gobernador Ulises Ruiz de no cumplir con su deber ante la desorganización de la policía estatal para mantener el orden durante el conflicto con la APPO.
“Esto no es lógico, sino absurdo. En el caso de la guardería ABC, el ministro Arturo Zaldívar dijo que el desorden generalizado en el sistema fue causa directa de la tragedia en la que murieron más de 40 niños (sic); pero la mayoría dijo que las responsabilidades no podían llegar hasta el director del IMSS. Entonces, ¿por qué en el caso Oaxaca el desorden de la policía sí llegó hasta el gobernador?”, cuestiona.
Autor de libros sobre derecho constitucional, Arteaga insiste en que la decisión de los ministros fue de índole política.
“La Suprema Corte hace lo posible por no lastimar al gobierno. Así lo viene haciendo desde el gobierno de Fox. Por eso el caso Oaxaca es importante. En ese expediente hay pruebas de que el entonces secretario de Seguridad Pública (Eduardo Medina) y el titular de Gobernación (Carlos Abascal) recibieron oficios en los que se les pedía ayuda policiaca para enfrentar el conflicto y no quisieron actuar. ¿Acaso eso no los hizo responsables del desorden en la entidad?”, comenta.
E insiste: “El caso de la guardería ABC es grave. No se meditó ni un minuto sobre las consecuencias que tendría este fallo ni sobre las repercusiones en la falta de credibilidad del Poder Judicial en momentos tan complicados para México.
“Es cierto que no se trata de defender clientes ni de fabricar culpables, pero aquí había responsables del desorden generalizado y los ministros debieron actuar en concordancia con sus propios fallos.”
–Para usted, ¿sí hubo responsabilidad de Juan Molinar y Daniel Karam?
–No conozco a detalle el expediente. Pero el asunto es más simple: congruencia. ¿Cómo entender que ante un caso de desorden generalizado en la policía de Oaxaca para enfrentar un conflicto social el gobernador sea responsable y ahora, ante el desorden generalizado en el sistema de guarderías, no se llegue hasta el director del IMSS? l
Megaobras, megafraudes
Jenaro Villamil
La gobernadora Ivonne Ortega Pacheco es acusada de torcer la ley y derrochar millones de pesos del erario estatal para impulsar sus dos megaproyectos: un complejo de 12 hoteles, con playas y lagos artificiales, campos de golf y un parque acuático, todo dentro de la zona de Chichén Itzá, y la construcción de una ciudad dormitorio en el municipio de Ucú, conurbado a Mérida. Un dato demoledor: en el primer caso, la mandataria pagó incluso un sobreprecio de 2 mil 750% para apropiarse de un predio de
Por su empeño en desarrollar sus dos megaproyectos –un complejo hotelero en Chichén Itzá y la construcción de una ciudad dormitorio paralela a Mérida–, la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, concitó el rechazo generalizado de artesanos y comuneros de varios municipios de la entidad, quienes la acusan de querer beneficiar a una decena de firmas de especulación inmobiliaria, en particular el Grupo Kaknab.
En Chichén Itzá, comentan varios de los artesanos, el gobierno de Ortega Pacheco pretende beneficiar al Grupo Kaknab, que encabezan los empresarios Eduardo González Cid y Nicolás Zapata, y a otros desarrolladores inmobiliarios. Pero sobre todo sostienen que la gobernadora utilizó recursos públicos para adquirir un predio de
Todo, insisten, para llevar adelante la transformación de ese sitio arqueológico –el más importante de la cultura maya en Yucatán– en una zona hotelera.
Los artesanos Silvia Cimé Mex, Jesús Solís Alpuche, Juan Alberto Bermejo y el abogado Villevaldo Pech Moo aseguran que la megaobra, que ocupará
Los ejidatarios y comuneros advierten que, con ese proyecto, Ortega Pacheco prácticamente privatizaría la zona arqueológica de Chichén Itzá para beneficiar, dicen, a González Cid y a Zapata. El primero, aseguran, es muy cercano al gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, y artífice en buena medida del triunfo de la mandataria yucateca.
Grupo Kaknab es la contraparte de otro poderoso consorcio turístico y empresarial: Grupo Xcaret, que hoy administra el parque acuático del mismo nombre. Durante la administración de González Canto y de Ortega Pacheco, Grupo Kaknab se benefició ya con dos obras: la instalación de Discover México en la isla de Cozumel, y el diseño del Palacio de la Cultura Maya de Yaxcabá, ambas a petición del gobierno que encabeza Ortega Pacheco.
En el segundo de esos proyectos, las autoridades adquirieron
El Diario de Yucatán y el antropólogo José Luis Sierra Villarreal, exdelegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el estado, han documentado que Grupo Kaknab compró desde hace algunos años
Feria especulativa en Chichén
El 30 de marzo último, el gobierno de Ortega Pacheco informó sobre la adquisición de
Las tierras de la zona arqueológica estuvieron en litigio durante varios años. Hace dos décadas, el antropólogo Sierra Villarreal inició las negociaciones con la familia Barbachano para adquirir las
En 2006, el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin) valuó la extensión en 8 millones de pesos. Y en marzo pasado la administración de Ortega Pacheco anunció que finalmente era propietaria de ese terreno. Según el boletín oficial, el gobierno pagó por él 230 millones de pesos, gracias a un préstamo bancario que obtuvo a través de la dirección del patronato Cultur.
De las
El director del patronato Cultur, Jorge Esma Bazán, justificó el pago de 230 millones de pesos al actual propietario de la vieja hacienda, Hans Jurgen Thies Barbachano, con el argumento de que el gobierno federal se mostraba indeciso.
Los artesanos de Chichén Itzá, encabezados por Cimé Mex, Solís Alpuche, Bermejo y el abogado Pech Moo sostienen que desde noviembre del año pasado denunciaron que el Sistema para el Financiamiento del Estado de Yucatán (Sifidey) tenía en mente realizar el megaproyecto hotelero en los alrededores de Chichén Itzá.
El mismo grupo de artesanos pidió en septiembre de 2008, ante la Cámara de Diputados, que el gobierno federal expropiara las
No sólo no fueron escuchados por las autoridades federales, sino que los especuladores inmobiliarios y desarrolladores turísticos comenzaron a transformar la zona arqueológica en un centro de espectáculos. Hoy, a menos de tres años de distancia, el gobierno estatal ha promovido, entre otros, funciones exclusivas como los conciertos de Plácido Domingo, Sarah Brightman y Elton John, con el argumento de que se trata de “promoción turística”.
La transmisión de esos conciertos y la venta de boletos ha estado a cargo de empresas vinculadas con Televisa, el consorcio que más recursos y contratos publicitarios ha recibido del gobierno de Ortega Pacheco.
El gran negocio de Ucú
En paralelo, el Congreso del estado autorizó este año al gobierno de Ivonne Ortega Pacheco un endeudamiento de 343 millones 375 mil pesos para la adquisición de terrenos ejidales en el municipio de Ucú, por medio del Instituto de la Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY), que encabezaba la arquitecta Angélica Araujo Lara, quien le arrebató al PAN la alcaldía de Mérida en las pasadas elecciones estatales.
Araujo Lara es, junto con el diputado federal priista Felipe Enríquez Hernández, la artífice del llamado Plan Maestro de Ucú, cuyo objetivo es la construcción de 56 mil 800 viviendas en una extensión de aproximadamente mil
Uno de éstos es el que encabeza Pedro Espadas, pareja sentimental de Angélica Araujo y socio, junto con Ricardo Combaluzier, de la empresa Construcasa, S.A. de C.V., beneficiaria a su vez del desarrollo inmobiliario en Ciudad Caucel.
Las otras firmas inmobiliarias son: Grupo Sadasi, representado por Leandro López, también impulsor de las Ciudades Bicentenario del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, en especial las del municipio de Tecámac.
Los yucatecos denominan a este tipo de desarrollos inmobiliarios “chiquilotes”, por las minúsculas casas-habitación de 5x15 metros de extensión. La mayoría tiene servicios de transporte precarios o carece de ellos, pero cuentan con infraestructura vial, eléctrica y de agua potable, que aporta el gobierno del estado.
El senador panista Hugo Laviada Molina sostiene que detrás del caso de Ucú “existe una gran operación nacional dirigida por el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y ejecutada por su agente financiero: Felipe Enríquez Hernández, para financiar campañas del PRI; todo consiste en trabajar con mafias agrarias”.
La presencia de Enríquez Hernández en los grandes negocios inmobiliarios ha sido notoria y constante en Yucatán durante los últimos años. Compadre de Ortega Pacheco, amigo cercano de Peña Nieto y colaborador de Natividad González Parás durante su sexenio en Nuevo León, Enríquez Hernández llegó a Yucatán en 2007 con una encomienda: arrebatarle la gubernatura al PAN.
Enríquez Hernández también fue secretario particular de María Teresa Herrera Tello cuando ella era la titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (2001-2003) y director de Fomerrey (2003-2005), oficina del gobierno de Nuevo León responsable de asignar terrenos a personas de escasos recursos y de “regularizar” tierras.
En 2005, Enríquez Hernández colaboró en la campaña que llevó al gobierno de Quintana Roo a Félix González Canto. Y en 2007 se incorporó al equipo de logística de Ivonne Ortega Pacheco durante el proceso electoral en Yucatán.
En su edición del lunes 14, el Diario de Yucatán informó que Enríquez Hernández participó en una venta paralela de terrenos de Ucú en una extensión de aproximadamente
El rotativo citó las declaraciones del comisario ejidal de Ucú, José Antonio Euán, quien admitió que “un empresario de Monterrey” les compró
“Se compran las tierras pagando 120 mil pesos por hectárea a los ejidatarios; el gobierno del estado, una vez que haya introducido infraestructura urbana, las podría vender al grupo de inmobiliarios ‘consentidos’ en 1 millón 200 mil pesos por hectárea. Claro está que oficialmente serían pagadas a un precio muy inferior. Estaríamos hablando de un negocio de 3 mil 600 millones de pesos. La mayor parte de este millonario negocio se movería ‘por debajo del agua’ y gran parte sería utilizado en campañas políticas del PRI.”
El despojo
Proceso confirmó que detrás del megadesarrollo urbano de Ucú existe un presunto fraude a los 176 ejidatarios, a quienes hasta ahora no se les han pagado 3 mil
Él asegura que fue despojado de su propiedad con el aval del gobierno estatal y menciona el motivo: el terreno, que adquirió en 1978, está en medio de la carretera que conducirá al nuevo complejo habitacional.
Comenta que lo utilizó para sembrar henequén, que vendió durante algunos años a la desaparecida paraestatal Cordemex. Y aclara a Proceso: “Nunca tuve ningún problema”.
Sus dificultades, dice, comenzaron en 2008, cuando el gobierno de Ortega Pacheco y la responsable del IVEY, Angélica Araujo, ya habían proyectado el Plan Maestro de Ucú.
Relata que en octubre de 2008, por instrucción de la jueza primera de lo Civil, Elsa Guadalupe Rivera Uc, fue despojado de su terreno para beneficiar al empresario Guy Boyancé Cervera, quien meses después, en julio de 2009, al frente de un grupo de 50 personas invadió el predio Chacsiniché.
“Todo estuvo debidamente orquestado para despojarme”, denuncia Reyes Rosado. Su abogado, José Manuel Echeverría Bastarrachea, advierte que en este litigio está involucrado también Rafael Acosta, quien fue subprocurador a principios de la gestión de Ortega Pacheco y hoy se desempeña como su asesor.
Reyes Rosado asegura que en agosto de 2009 se entrevistó con la gobernadora para exponerle su caso. Ella se comprometió a que “todo se haría conforme a la ley”. A 10 meses de esa reunión no sólo no obtuvo respuesta, sino que el mismo Ministerio Público yucateco permitió que el predio invadido por Boyancé Cervera fuera vendido a Constructora Hogare, de Juan Manuel Ponce Díaz, otra de las beneficiarias de la nueva “ciudad dormitorio” que será construida en Ucú, a ocho kilómetros de Mérida.
“Es escalofriante lo que está pasando. Ahora tenemos más violencia y robo, que es organizado por el propio gobierno de Yucatán. Todos le tienen miedo a Ivonne Ortega. Yo pensaba que ella no iba a sacrificar su futuro político, pero es ella la que parece encabezar este despojo”, sentencia Reyes Rosado.
Guardianes del infierno
Denise Dresser
Allí está nuestro Cerbero mexicano. Esa figura de la mitología griega, ese perro de tres cabezas parado en la puerta del infierno. El guardián del Hades, encarnado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya mayoría asegura que no habrá escapatoria jamás, jamás. Al hablar y votar como lo acaban de hacer siete ministros en el caso de la guardería ABC aseguran que no será posible salir del país donde todo pasa y no pasa nada. Donde no hay “responsables”, sino tan sólo “involucrados”, y de rango menor. Donde importa más apaciguar el enojo del presidente Calderón con el histórico dictamen del ministro Arturo Zaldívar, que el reconocimiento de las verdades incómodas que revela. Donde los “involucrados” de alto nivel alegan que no se les concedió audiencia, cuando tuvieron acceso privilegiado a los ministros y pudieron hacer un cabildeo personal tan exitoso que los exoneró.
Nuestro Cerbero nacional, un vigilante leal de las compuertas que impiden a los mexicanos el éxodo del inframundo. Un lugar en el cual la población se ha acostumbrado a la impunidad y no tiene más recurso que la indignación personal. Un lugar en el cual se obliga a los padres de 49 niños muertos a rogar por la intervención del Máximo Tribunal dado que los Ministerios Públicos no investigan crímenes, las Procuradurías no procuran justicia, los funcionarios no renuncian, las instituciones no cumplen. Y llegan allí, el pecho cubierto con las fotografías de los hijos que depositaron al cuidado del IMSS –cuyo escudo es un águila que protege a una madre que protege a un hijo– y que nunca más volvieron a abrazar. A acariciar. A mecer entre sus brazos, como todavía lo pueden hacer Juan Molinar y Daniel Karam y Eduardo Bours con los suyos.
Cerbero, el hermano de la Quimera, de la pendencia. Cerbero tiene –según los textos clásicos– una cabeza que representa el pasado; aquella era en la que los ministros de la Suprema Corte se comportaban como comparsas del Poder Ejecutivo y seguían sus instrucciones. Aquella era en la que no importaba ignorar, mancillar y burlarse de la Constitución o ponerla al servicio de la protección política. Aquella era en la cual, en aras de “defender” a las instituciones del Estado mexicano, se ignoraba cuando fallaban y se olvidaba a quienes padecían los costos, que casi siempre eran los desposeídos.
Aquella era que considerábamos superada y vemos revivir con ministros temerosos o inconsistentes o presionados o escurridizos; con argumentaciones –en tono consistentemente socarrón– como las del ministro Aguirre Anguiano, que sólo reconoce “algunas negligencias” e ignora las implicaciones probabilísticas del muestreo realizado por la Comisión Investigadora. O las del ministro Sergio Valls, con las que asegura que “no es problema del IMSS el de la supervisión” por la instalación de una gasolinera cerca de la guardería, y con ello se lava –y les lava– las manos a los “involucrados”. O las del ministro Luis María Aguilar Morales sugiriendo que no hay una buena ley que regule las guarderías, pero a la vez rechaza que exista un desorden generalizado por ello. O las de Margarita Luna Ramos, quien dice que “probablemente sí se diera el desorden” pero no se atreve a votar para acreditarlo. O las de Fernando Franco, quien afirma que hay “irregularidades de diferente grado y hay algunas que no afectan la seguridad”, con lo cual acepta que se viola la ley un poquito. O las de Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien –increíblemente– usa como pruebas para acreditar su posición los “comentarios de la gente” y con ello constata que el sistema de guarderías subrogadas del IMSS es satisfactorio, cuando la investigación auspiciada por la propia Corte evidencia lo contrario.
Y sin duda todos ellos se sentirán orgullosos por la defensa del honor del IMSS, sin comprender que en este caso no se denostaba a la institución como tal, sino a los funcionarios omisos o incompetentes; se trataba –como lo subrayó con razón el ministro Zaldívar– de proteger al IMSS de los malos servidores públicos. Y sin duda los ministros de la mayoría se escudarán en esa facultad de investigación maltrecha y mal diseñada que les otorga el artículo 97 de la Constitución. Dirán que hicieron todo lo posible, dadas sus limitaciones. Incluso insistirán en que les quiten la facultad para así evitar la incomodidad que entraña asumir posiciones controvertidas y defenderlas. Pero el dictamen singular del ministro Zaldívar les ofrecía una puerta de escape, una ruta con la cual ayudar a los mexicanos a salir del infierno de la impunidad garantizada. Él ofrecía otra cara para el Cerbero cómplice de las cosas tal y como son. Él ofrecía la cara del futuro para la Suprema Corte, la faz de lo que podía ser.
La Suprema Corte que México merece, capaz de perderle el miedo a las palabras; capaz de mirar a ese otro México en el que ellos no viven, habitado por personas sin poder –como los padres de la guardería ABC–, cuyos derechos tienen la obligación de proteger. Capaz de pronunciar la palabra “impunidad”, la palabra “responsable”, la palabra “omisión”, la palabra “violación”, como lo hicieron José Ramón Cossío y Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza y José de Jesús Gudiño. Capaz de exigir una modificación constitucional para que las investigaciones que realiza sí tengan efectos jurídicos. Porque si no lo hacen y continúan escondiéndose detrás de la ambigüedad, los tecnicismos y las visiones estrechas, los ministros que votaron una y otra vez en contra del dictamen tan sólo darán validez a lo que su colega Arturo Zaldívar reprochó: si el segundo párrafo del artículo 97 no sirve para fincar responsabilidades, pues “realmente no sirve para nada”.
Como no sirvió en este caso porque la mayoría de la Corte simplemente no quiso darle vida o sentido al texto constitucional. Optó por ignorar el argumento –enraizado en las mejores democracias– de la responsabilidad política asociada con el servicio público. Y con ello mostró la tercera cara de Cerbero, la cara del presente. La cara de los fallos jurídicos mediocres y mal argumentados. La cara que insiste en considerar la crítica necesaria como alta traición a la Patria. La cara de un México en el que siempre faltan reglas y donde las que hay no se cumplen. La cara con la cual se aceptan las omisiones, y por ello nunca hay servidores públicos de alto nivel responsabilizados, como Juan Molinar o Daniel Karam, que saltarán a otro puesto gracias al permiso que la Corte les ha dado. La cara desencajada de los padres de 49 niños muertos a quienes la Corte les acaba de decir: “Bienvenidos al infierno, y ni modo”. Una Suprema Corte que, parafraseando las palabras de Juan Rulfo, “no oye ladrar a los perros l
Respuestas mediáticas
Jesús Cantú
Mientras el presidente Felipe Calderón saludaba al técnico y a los jugadores mexicanos que participaron en la inauguración de la Copa del Mundo, México sufría el día más violento del sexenio y cerraba así la que fue, también, la semana más violenta: De acuerdo con las cifras de El Universal, el viernes 11 de junio 85 personas perdieron la vida abatidas por la delincuencia organizada, y, según Reforma, 271 fueron asesinadas entre el 5 y el 11 de junio.
Frente a esos hechos, la respuesta gubernamental fue la publicación de un desplegado en los medios impresos con una carta personal del presidente Felipe Calderón, y la transmisión de otro mensaje a la nación, del mismo jefe del Ejecutivo, en medios audiovisuales y en cadena nacional. En ambas comunicaciones simplemente repite el discurso y pretende justificar la misma estrategia de seguridad pública que postuló desde un día antes de rendir protesta como presidente de la República. Lo único nuevo es la táctica mediática, pues no había recurrido a una carta personal y tampoco había ocupado las pantallas de televisión y el espectro radioeléctrico para justificar, específicamente, su estrategia de combate al crimen organizado.
Pero las acciones y respuestas mediáticas tampoco son nuevas; más bien son la constante en este gobierno. Y es que Calderón está convencido de su eficacia, como lo señaló el pasado martes 15 al inaugurar un hotel en San José del Cabo, Baja California Sur: “Pero además, algo quizá más importante que las carreteras o las plantas de tratamiento (…) es la promoción de la imagen de México. Y esta vez, amigas y amigos (…) estamos promoviendo en mi gobierno un proyecto integral de publicidad, sí, pero principalmente de relaciones públicas, en la que estamos contratando a las mejores agencias del mundo para promover integralmente la imagen de México. Sí, para explicar los problemas que tenemos, pero también cómo los enfrentamos…”.
Así, es más importante cacarear que poner el huevo. Es decir, frente a la ausencia de resultados, la publicidad y las relaciones públicas; ante la terca realidad, la respuesta virtual. Y los golpes mediáticos sí surten efectos, pues aunque no logran transmitir el mensaje ni siquiera a los propios integrantes del gabinete de seguridad, sí permiten distraer la atención, ya que, después de la carta presidencial, varios especialistas se ocuparon de ese intento de cambio de percepción de “guerra contra el narco” a “lucha por la seguridad pública”, pese a que el discurso presidencial siempre ha mantenido el mismo énfasis.
En el desplegado capturaron la atención las siguientes definiciones:
“…El objetivo ha sido recuperar la seguridad de las familias mexicanas; refrendar a México como un país de leyes y de instituciones; y garantizar una convivencia ordenada y tranquila en todo el país.
“La lucha es, pues, por la seguridad pública. Enfatizo lo anterior porque existe una percepción generalizada de que el objetivo del gobierno es ‘combatir el narcotráfico’. Usualmente las referencias a la acción del gobierno se etiquetan o refieren simplemente como una ‘guerra contra el narco’ o ‘la lucha antinarco’. Esto, sin embargo, no es así.”
También manifestó: “Y quiero ser claro. La nuestra no es una lucha ni única ni principalmente contra el narcotráfico. Es una lucha contra toda expresión del crimen organizado que afecta a los ciudadanos. Es una lucha contra quienes se apoderan por las armas de pueblos o comunidades y agreden a quienes ahí viven”.
Ese ha sido el énfasis de Calderón desde antes de rendir protesta como presidente constitucional, pues al presentar el gabinete de seguridad, el 30 de noviembre del 2006, expuso:
“El Estado debe cumplir a cabalidad con su principal obligación: asegurar la paz social y respetar y hacer respetar la ley y las instituciones (…) El problema del narcotráfico y la delincuencia organizada tiene que enfrentarse con acciones enérgicas (…) Al mismo tiempo, quiero iniciar de la mano con la sociedad y los ciudadanos un esfuerzo orientado a intensificar la prevención del delito, a rescatar los espacios públicos y a establecer una nueva cultura de legalidad en México.”
Al dirigirse “al pueblo de México desde el Auditorio Nacional”, reiteró: “Una de las tres prioridades que voy a encabezar en mi gobierno es, precisamente, la lucha por recuperar la seguridad pública y la legalidad; las instituciones responsables de la seguridad pública requieren transformaciones profundas para incrementar sustancialmente su eficacia”.
Posteriormente, con motivo de los tres años de gobierno, el 2 de septiembre de 2009, insistió: “En ello quiero ser muy enfático. El objetivo medular del gobierno es lograr la seguridad pública de los ciudadanos, y no única ni principalmente combatir al narcotráfico. Combatimos con determinación al crimen organizado porque es nuestra obligación constitucional y ética”.
En esa ocasión hizo un recuento de antecedentes, acciones y resultados casi idéntico al que reproduce en el desplegado y el mensaje; incluso recurre a los mismos datos: “…baste decir que la droga que hemos decomisado alcanzaría para proveer con más de 80 dosis a cada joven mexicano entre los 15 y los 30 años de edad”.
A pesar de todas estas reiteraciones presidenciales, vale la pena aclarar que la idea de circunscribir la “lucha por la seguridad pública” a “una guerra contra el narco” surgió precisamente de su mismo gabinete de seguridad, pues el 11 de diciembre de 2006, al anunciar el inicio de la Operación Conjunta Michoacán, fue el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien señaló: “…desde el primer día de su gobierno, hemos privilegiado la planeación y ejecución conjunta del gabinete de seguridad en el establecimiento de las acciones estratégicas para enfrentar con efectividad al narcotráfico y la delincuencia organizada”.
Y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, al informar “sobre los avances en materia de combate al crimen organizado y el narcotráfico”, el 31 de agosto de 2007, dijo: “En el marco de la estrategia del Estado mexicano para combatir el fenómeno del narcotráfico en sus diferentes vertientes, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene bajo su responsabilidad directa la erradicación de cultivos ilícitos y –en coadyuvancia con otras autoridades– la de la intercepción de drogas y la del combate al crimen organizado”.
En el mismo acto, Francisco Saynez Mendoza, titular de Marina, afirmó: “Hemos recuperado los espacios perdidos en las costas y los mares nacionales contra el narcotráfico (…) minimizando el tráfico de estupefacientes por parte del crimen organizado...”.
El entonces procurador, Eduardo Medina Mora, por su parte, rindió el siguiente informe: “La Procuraduría General de la República, en cumplimiento del mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos del orden federal, y en estrecha coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública y de las autoridades estatales, reporta los siguientes resultados relevantes en el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada…”.
Pero la confusión no es únicamente en el lenguaje, ya que, trátese de una “guerra contra el narco” o “contra el crimen organizado”, no ha dado resultados porque se le ha dado un enfoque meramente policiaco y de seguridad. Y precisamente por ello Calderón requiere de desplegados y mensajes para tratar de legitimar mediáticamente la acción gubernamental con el recurso de la precisión de conceptos.
Como dicen los abogados: “aclaración no pedida, culpa admitida”. Pero no se trata de “bajar la guardia o claudicar” ni de cuestionar si “la lucha vale la pena” o no, como reiteradamente manifiesta Calderón; se trata –nada más, pero también nada menos– de revisar una estrategia que hasta hoy ha fracasado. l
El mensaje de Calderón
John M. Ackerman
A primera vista, el desplegado de Felipe Calderón del pasado lunes 14 de junio podría parecer una respuesta a aquellos analistas, políticos o incluso narcotraficantes que se hayan atrevido a sugerirle “pactar” con el crimen organizado. “Mi gobierno está absolutamente decidido a seguir combatiendo sin tregua a la criminalidad hasta poner un alto a este enemigo común y conseguir el México que queremos”.
Sin embargo, el texto también puede ser leído como un velado intento de establecer nuevos “arreglos” con los narcotraficantes. Plantea que el nuevo objetivo “no es única ni principalmente combatir al narcotráfico”, sino “lograr la seguridad pública de los ciudadanos”. De acuerdo con el presidente, “el punto clave es reducir la acción del crimen organizado contra la población”.
Existen contradicciones evidentes en su discurso. Por un lado, Calderón señala que las alternativas “eran muy claras: ignorar ese problema y administrarlo para tratar de evitar los costos de su solución (...) o hacerle frente con toda la fuerza del Estado y resolverlo”. Por otro lado, sugiere que ya no busca “resolver” el problema del narcotráfico o derrotar a los delincuentes, sino simplemente “reducir” sus acciones y minimizar su impacto en la sociedad en general. En otras palabras, tal parece que se hará precisamente lo que supuestamente se rechaza: “administrar” el problema del narcotráfico.
Este contexto es lo que nos permite entender por qué Calderón tan inesperadamente ha repudiado el concepto de “guerra” que él mismo había venido utilizando con tanta frecuencia. Las guerras necesariamente tienen un principio y un fin, así como ganadores y perdedores. Hoy el presidente busca que su batalla sea permanente y se ha dado cuenta de que hasta la fecha los narcotraficantes van ganando en su confrontación con el gobierno. Tanto la escalada de violencia de los últimos días como el secuestro de Diego Fernández de Cevallos han influido de manera contundente en esta reevaluación de la coyuntura.
Pero en lugar de aceptar su derrota táctica y cambiar de estrategia, el primer mandatario prefiere simplemente cambiar el juego. Ya no se trata de ganarle a los narcotraficantes, sino únicamente de controlarlos y ponerles límites.
También es de notar la preocupante nostalgia percibida en la misiva de Calderón por aquellos tiempos en que, según él, el narcotráfico mantenía “un bajo perfil” y “no se metía con nadie”. Ante el rotundo fracaso de su “guerra”, parece que hoy el presidente estaría listo para llegar a un acuerdo similar a los que existían en el pasado, en que los delincuentes se comprometen a respetar a la población y el gobierno acepta permitir el tránsito de drogas por el país.
El problema, sin embargo, es que los mismos narcotraficantes aparentemente ya no quieren llegar a un arreglo. De acuerdo con Calderón, hoy los delincuentes cuentan con tanto poder y control territorial que la única opción que le queda al gobierno es una confrontación directa. “Se plantea como si la acción del gobierno fuera la que provocó la violencia y la criminalidad, cuando es completamente al revés. Han sido la violencia y la delincuencia las que han motivado la acción decidida del gobierno”.
En pocas palabras, es el narco, y no el gobierno, quien tiene la iniciativa y pone la agenda en la “lucha por la seguridad pública”. Según el presidente, si los narcotraficantes no hubieran “provocado” al gobierno desde un principio, éste no hubiera tenido que actuar de manera tan “decidida”.
El mensaje subliminal es claro. Si los narcotraficantes quieren que el gobierno no se meta con ellos, tendrán que organizarse mejor para no generar tanta violencia. Así como los delincuentes fueron los responsables de generar la confrontación actual con el gobierno, ellos también serían los únicos capaces de poner fin a la violencia. Con su desplegado, Calderón parecería tender la mano a los capos y proponer un pacto de caballeros a los principales cárteles mexicanos.
El abandono del discurso de la “guerra” teóricamente podría tener efectos positivos si es que implicara una reducción de las violaciones a los derechos humanos, una desmilitarización del país, o un fortalecimiento de la rendición de cuentas de las “fuerzas del orden”. Pero la comunicación de Calderón no menciona absolutamente nada al respecto. No habla del retiro de los soldados de las calles, ni de la responsabilidad de las fuerzas militares para rendir cuentas. Tampoco ofrece alguna propuesta novedosa de combate a la corrupción en las tareas de seguridad pública ni cuestiona la opacidad reinante en la Procuraduría General de la República.
Una vez más, el mensaje de Calderón injustamente culpabiliza a las víctimas del delito. “En general, el gobierno puede detectar razonablemente indicios sobre las causas de los homicidios cometidos en aproximadamente 70% de los casos. Alrededor del 90% de estos casos de homicidio con algún indicio en su causa corresponde a personas muy probablemente vinculadas a organizaciones criminales, que caen durante enfrentamientos o ejecuciones entre bandas”. En primer lugar, destaca el lenguaje dudoso y tambaleante que utiliza el presidente: “en general”, “detectar razonablemente”, “indicios”, “aproximadamente”, “alrededor”, “muy probablemente”, etcétera. También llama la atención que ahora el famoso 90% resulta ser no en relación con todos los muertos, sino únicamente con respecto a 70% de los mismos. De un plumazo, Calderón ha confesado que hay unas 5 mil “bajas civiles” adicionales a las que originalmente había informado.
El desplegado de Calderón no refleja la fortaleza de su lucha contra la delincuencia organizada, sino la derrota de su gobierno a manos del narcotráfico y su disposición para encontrar una salida negociada. En lugar de corregir el rumbo y atender las raíces del problema, el presidente recurre una vez más al típicamente artificial despliegue publicitario para esconder el tamaño de su fracaso. l
www.johnackerman.blogspot.com
Los reclamos
Olga Pellicer
En los últimos tiempos, reclamar se ha convertido en elemento central de la política de México hacia Estados Unidos; esto es particularmente notorio en el discurso presidencial. La participación del presidente Felipe Calderón en el Congreso estadunidense será recordada por sus duros señalamientos en contra de los contenidos xenófobos de la Ley Arizona y la falta de apoyo para contener el tráfico de armas hacia México. Más recientemente, el documento La lucha por la seguridad pública, firmado por el presidente y publicado a dos páginas en los principales diarios del país el domingo 13 de junio, pone el acento sobre la responsabilidad de Estados Unidos en los difíciles problemas de seguridad y violencia que vive el país.
Algunos ejemplos: “El origen de nuestro problema de violencia –comienza el citado documento– radica en primer término en el hecho de que México está situado al lado del país que tiene el mayor consumo de drogas a nivel mundial. Es como si tuviésemos al lado a un vecino que es el mayor adicto del mundo”.
Ese empeño en señalar la culpa del vecino se reitera más adelante, al hacer referencia a la estrategia de control territorial utilizada por los narcotraficantes. Un factor que ha favorecido esa estrategia, se afirma, “ha sido la facilidad de tener armamento cada vez más letal. Una de las principales razones de este problema ha sido el descuido de las autoridades estadunidenses de contener este proceso que ha llegado a permitir la venta de casi cualquier arma en Estados Unidos (…) El crecimiento de la violencia en México comienza coincidentemente con la derogación de la ley que prohibía la venta de armas de asalto en Estados Unidos”.
Sin duda hay motivos justificados para hacer reclamos, y es imposible cualquier análisis sobre narcotráfico que no incorpore el tema de la demanda y compra de armas en Estados Unidos. Sin embargo, tales señalamientos y los ánimos nacionalistas que levantan tienen efectos indeseables, entre otros, por tres motivos: dejan en segundo término las situaciones internas que constituyen las verdaderas causas del problema; oscurecen el hecho de que la cooperación con los estadunidenses en materia de seguridad es cada día más fuerte; finalmente, tienen el efecto de acrecentar los sentimientos negativos hacia México que, cada vez con mayor intensidad, recorren a numerosos grupos sociales en Estados Unidos.
Una lectura más detallada del mencionado documento permite tomar conciencia de la extrema vulnerabilidad de una lucha que se libra al mismo tiempo que se intenta, sin garantía de éxito, reorganizar diversos aspectos de los sistemas de seguridad e impartición de justicia en México. El documento habla de las acciones para reorganizar, rehabilitar, entrenar y eliminar la corrupción de la Policía Federal; reconoce que “la impunidad crónica en México tiene que ver con las enormes posibilidades de corrupción de ministerios públicos y jueces”; toma en cuenta el hecho de que nuestro “sistema judicial no cumple con el principio constitucional de justicia pronta y expedita, ni permite castigar eficazmente a los delincuentes”; señala que se inicia apenas una base de datos de información delictiva compartida por las autoridades federales, estatales y municipales. En suma, la batalla se desarrolla sin que las fuerzas del Estado dispongan de las capacidades operativas y tecnológicas para tener éxito. Los esfuerzos para otorgarles dichas capacidades se hacen, pero hay un camino muy largo por recorrer antes de asegurar buenos resultados.
Las debilidades institucionales de México para la “guerra” que conduce el presidente hacen muy necesaria la cooperación con Estados Unidos. Es irremediablemente una cooperación en la que estamos en situación de desventaja. La superioridad de los sistemas estadunidenses de información, entrenamiento de fuerzas del orden, planeación estratégica, equipos, sistema judicial, sistema carcelario, etcétera, nos hablan de una cooperación asimétrica, en la que estrategias y líneas de acción serán impuestas por ellos, o al menos será difícil evitar que así sea.
Llama entonces la atención que la sección relativa a cooperación internacional, en el multicitado documento, sea reducida y muy engañosa. Allí parece que lo importante es reiterar “los principios de responsabilidad compartida, respeto a la soberanía y jurisdicción de cada Estado”. Por lo demás, sólo se habla de las extradiciones y no se mencionan los importantes acuerdos para acciones entre México y Estados Unidos que se están aplicando, como la instalación de una oficina bilateral en la que de manera conjunta mexicanos y estadunidenses decidirán la implementación de la Iniciativa Mérida.
Finalmente, cabe referirse al efecto que la retórica de los reclamos tiene sobre los sentimientos hacia México en Estados Unidos. Una lectura rápida de los medios de comunicación en aquel país, desde los reportajes casi cotidianos de la prensa hasta twitter y facebook, nos habla de sentimientos crecientemente hostiles hacia los mexicanos. Basta ver las encuestas sobre quienes están de acuerdo con la Ley Arizona y el número de estados en los que se pretende aprobar una legislación semejante.
Ese ambiente de hostilidad está presente no sólo hacia los trabajadores indocumentados, sino hacia el país en su conjunto, cuya imagen se identifica cada vez más con la violencia, la corrupción y la inoperancia de sus sistemas de justicia. Imaginar que “hablando fuerte” en el Congreso o denunciando la responsabilidad de las adicciones en Estados Unidos se modificarán tales sentimientos es una apreciación muy equivocada.
El objetivo no es corresponsabilizar, lo cual está muy superado en el discurso; el objetivo es ofrecer motivos para que se tenga más respeto por México, para que el país ofrezca al exterior resultados que vayan más allá de los reclamos. l
