Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
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Domingo 4 de julio de 2010
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SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA
Colaborador Invitado / IFE: 2000-2010
La capacidad de organizar elecciones con calidad ha caracterizado al Instituto Federal Electoral, aun en condiciones de encono y tensión políticas
Colaborador Invitado
(4 julio 2010).- Arturo Sánchez
Consejero del IFE.
Hacia las 14:00 horas del 2 de julio del 2000, entre los directores ejecutivos del Instituto Federal Electoral se comentaba que la elección avanzaba muy bien porque las casillas estaban instaladas y no se reportaban mayores incidentes, los sistemas informáticos habían sido un éxito y se esperaba que lo mismo ocurriera con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, y al parecer había alguna base para creer el rumor de que el candidato del PAN, Vicente Fox Quesada, podría ganar la elección presidencial.
Las preocupaciones eran asegurarse de que las siguientes etapas de la jornada transcurrieran en orden. Las casillas debían cerrar en tiempo y sin conflictos, el cómputo de los votos y el llenado de las actas debía avanzar según lo previsto, el PREP empezaría a dar resultados exactamente a las ocho de la noche, y José Woldenberg tendría que dar a conocer las tendencias de la votación en un mensaje que se transmitiría desde los estudios del IFE en Tlalpan.
Hoy, después de 10 años, la organización de las elecciones se ha perfeccionado. Además de las reformas, el avance de la tecnología permite que cada detalle de la elección se prepare con mayor precisión. La comunicación entre las autoridades y consejos del IFE en todo el país es más eficiente. Los sistemas de cómputo para dar a conocer el desarrollo de la jornada electoral y los cómputos distritales propician mayor oportunidad en la información. La capacitación a los funcionarios de casilla garantiza, por ejemplo, que en el 2009 sólo quedaran 41 casillas sin instalar de las 139 mil 181 planeadas. El diseño y formatos de las actas de hoy evita que se cometan errores aritméticos muy comunes en elecciones anteriores. El padrón electoral es más confiable y la credencial cuenta con más medidas de seguridad. Además, los partidos políticos están presentes en todas las etapas de la organización electoral y sus opiniones son incorporadas en las deliberaciones de cada comisión del Consejo General. En esta materia el IFE acumuló una experiencia inigualable a lo largo de siete procesos electorales en casi 20 años.
Con todo, los retos siguen presentándose en la medida que nuestra democracia es más competitiva, los ciudadanos hacen valer mejor sus derechos y la lucha por obtener el favor del voto ciudadano se vuelve más tensa. Por ello, hoy en día organizar elecciones de calidad también tiene que ver con la función de arbitraje del IFE. Fiscalizar a los partidos, administrar los tiempos del Estado para las precampañas y campañas, resolver eficiente y oportunamente las quejas que se presenten durante los procesos o coadyuvar en las elecciones locales son temas, entre otros, que siguen planteando retos importantes al IFE. Ahí también se ha avanzado mucho y la experiencia se acumula día a día, con procesos como el del 2009 o las elecciones locales del 2010.
En su historia, el IFE ha organizado elecciones en ambientes políticos muy diversos, caracterizados por desconfianzas, encono, e incluso en contextos de violencia y tensión política, como fue el de 1994. En todos los casos la organización electoral rindió cuentas positivas.
Sin duda, un ambiente de inseguridad en el país no favorece el trabajo de las autoridades electorales. Por eso es necesario valorar el trabajo de cada funcionario que cumple con funciones como entregar las credenciales a los electores, capacitar a los ciudadanos elegidos para ser funcionarios de casilla, o los que recorren las comunidades realizando actividades de educación cívica. Sólo así los consejeros en cada distrito pueden tomar decisiones acertadas en cada etapa del proceso electoral.
Organizar elecciones sigue siendo un trabajo difícil. Los nuevos retos y las nuevas reglas han transformado el trabajo del IFE y de su Consejo General. Sin embargo, seguramente durante la tarde del 1o. de julio del 2012, dentro de 730 días aproximadamente, los directores y consejeros del IFE comentarán el éxito alcanzado en las 150 mil casillas que probablemente se instalen ese día. Esperarán que el PREP haga su trabajo y el consejero presidente dará a conocer la tendencia de la votación. Eso no cambiará, porque las instituciones de la democracia saben enfrentar cualquier reto que se les presente.
Súper domingo electoral
Producto de la reforma del 2007, este año se homologaron todos los calendarios electorales del país (salvo Yucatán, que celebró sus comicios el pasado 16 de mayo). Esto hace que hoy los ciudadanos elijan 12 gobernadores, 481 diputados locales y mil 9 presidentes municipales.
| Estado | Gobernador | Diputados locales | Ayuntamientos |
| Aguascalientes | Se elige | 27 | 11 |
| Baja California | No se elige | 25 | 5 |
| Chiapas | No se elige | 40 | 118 |
| Chihuahua | Se elige | 33 | 67 |
| Durango | Se elige | 30 | 39 |
| Hidalgo | Se elige | 40 | No se elige |
| Oaxaca | Se elige | 42 | 152 |
| Puebla | Se elige | 41 | 217 |
| Quintana Roo | Se elige | 25 | 9 |
| Sinaloa | Se elige | 40 | 18 |
| Tamaulipas | Se elige | 36 | 43 |
| Tlaxcala | Se elige | 32 | 60 |
| Veracruz | Se elige | 50 | 212 |
| Zacatecas | Se elige | 20 | 58 |
| Total | 12 | 481 | 1,009 |
La 'fiesta'... 10 años después
Reportaje Alternancia y retroceso. Hace una década México festejaba la culminación de un proceso de transición, con la elección del primer Presidente no priista. Hoy, las elecciones se ensucian con lodo y sangre. Sergio Aguayo prepara dos libros que se publicarán en septiembre: La transición: historia documental 1910-2010. FCE y Colmex. La cruda: guía para resistir la democracia fallida. Taurus
Ernesto Núñez
(4 julio 2010).- Del 2 de julio del 2000, al 4 de julio del 2010. De la fiesta de la democracia, al lodazal. Del cambio, al regreso del PRI. De la alternancia, a las campañas sin propuestas ni alternativas. De la caída del PRI, a la contienda entre priistas y ex priistas. Del poder de los ciudadanos expresado en las urnas, al poder del narco influyendo en las elecciones locales.
A 10 años de una fecha histórica por la derrota de un régimen que gobernó México durante 71 años, el estado de la democracia mexicana puede evaluarse en función de los síntomas que manifiesta en las elecciones locales que tendrán lugar este domingo:
Las campañas se han caracterizado por la guerra sucia, el espionaje, la guerra de encuestas, la denostación entre candidatos y dirigentes de partidos, y la ausencia de propuestas.
Ante el avance registrado por el PRI entre 2007 y 2009, PAN y PRD se aliaron para competir juntos en seis estados (Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Tlaxcala -esta última coalición se anunció apenas el domingo pasado-). En la mayoría de esos estados, o al menos en los que tienen posibilidades de triunfo, postulan a ex militantes del PRI, ofrecidos a la ciudadanía como la mejor alternativa para acabar con los cacicazgos locales.
El tricolor echa mano del poder de sus gobernadores, que en los últimos tres años han logrado acaparar casi todos los espacios de poder a nivel local: controlan los congresos locales, los institutos electorales, los órganos de fiscalización, los medios de comunicación locales, además de los cuantiosos presupuestos transferidos por la Federación que les permiten operar a favor de sus candidatos.
En esta campaña, el candidato del PRD a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, fue a la cárcel por supuestos vínculos con el narco; al aspirante priista a gobernador de Sinaloa, Jesús Vizcarra, se le señaló como compadre del narcotraficante El Mayo Zambada; al candidato del PAN a la alcaldía de Valle Hermoso Tamaulipas, Mario Guajardo, lo asesinaron el 13 de mayo, y al candidato del PRI a la gubernatura de dicho estado, Rodolfo Torre Cantú, lo emboscaron y acribillaron seis días antes de las votaciones.
Al gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, se le exhibió dando órdenes a funcionarios de su administración para operar en favor del candidato del PRI a la gubernatura, Javier Duarte. Los audios de las conversaciones telefónicas en las que Herrera se jactaba de estar "en la cima del pinche poder", fueron presentados a los medios por el dirigente nacional del PAN, César Nava, quien no explicó el origen de las mismas.
A Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, también le fue intervenido su teléfono y el resultado fue una grabación que se difundió de manera anónima, en la que se muestra abiertamente como el jefe de la campaña del priista Eviel Pérez Magaña.
El PAN sugirió al electorado de Veracruz y Oaxaca castigar el comportamiento de sus gobernadores, y pidió a las autoridades investigar de oficio su conducta. Al no obtener respuesta, presionó para que renunciara la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Arely Gómez. Cuatro días antes de los comicios en los que se renovarán mil 502 cargos de elección popular, la fiscalía que deberá atender las denuncias de esta jornada electoral quedó descabezada.
El PRI acusó al PAN de utilizar al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para espiar a sus gobernadores.
En Hidalgo, la candidata Xóchitl Gálvez denunció amenazas, acoso, agresiones, "hackeo" de sus redes sociales y la puesta en marcha de un operativo de compra del voto. Todo, a cargo del gobernador priista Miguel Osorio Chong.
En Puebla, el candidato aliancista Rafael Moreno Valle se quejó del apoyo del gobernador Mario Marín a su delfín, Javier López Zavala, quien acusó a su contrincante de contar con el apoyo del gobierno federal y, de paso, criticó sus preferencias sexuales.
En el colmo del absurdo, en Aguascalientes el PAN denunció que el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, del PAN, apoya al candidato del PRI, Carlos Lozano.
En el último mes de campaña, panistas y perredistas multiplicaron sus denuncias por el uso electoral de los recursos de las arcas estatales para favorecer al PRI. La dirigencia nacional priista y sus gobernadores acusaron al PAN y al presidente Felipe Calderón de manipular el programa Oportunidades y usar a los delegados de dependencias federales como operadores políticos del blanquiazul.
Las autoridades electorales fueron denostadas, al exhibirse los vínculos entre los consejeros electorales y los gobernadores.
Para financiar estos procesos, se destinaron 3 mil 712 millones de pesos (distribuidos entre el gasto de los institutos electorales locales y el financiamiento que se otorga a los partidos). El IFE distribuyó 32 mil 251 spots de 20 segundos entre todos los partidos en los 14 estados.
Aún así, partidos y candidatos se acusaron de rebasar los topes de campaña.
En esta atmósfera transcurre la pelea por la reconfiguración del mapa político del país, de cara a las elecciones presidenciales del 2012.
Según lo dicho por los propios partidos y candidatos en los seis meses que duraron las precampañas y campañas, los casi 30 millones de electores convocados hoy a las urnas deberán elegir al menos malo entre una pléyade de candidatos denostados por sus contrincantes.
Se agotó la vía electoral
Para el investigador de El Colegio de México Sergio Aguayo todo esto que se vive es la consecuencia lógica de una crisis sistémica, un proceso de degradación que transcurrió en paralelo a la transición.
"Cometimos un error al concentrarnos tanto en la democracia electoral", concluye el académico, "le dimos prioridad suponiendo que después de que hubiera alternancia vendría la democratización de la economía, de la sociedad, en fin. Era el primer paso, creíamos".
Es una historia muy compleja -relata Aguayo- pero se puede resumir en una gran equivocación: otorgarle a los partidos políticos el protagonismo del proceso democrático.
Según Aguayo, tras cada crisis y movilización social vino una reforma electoral como respuesta. Ocurrió con la reforma política de 1977, que respondió al movimiento del 68 y la guerrilla de los años setenta, y se repitió con la reforma de 1996 tras el levantamiento zapatista de 1994 y la movilización de Alianza Cívica en favor de procesos electorales ciudadanos y confiables.
"A partir de 1997 viene una distribución sin precedentes del poder en cuatro niveles: el poder político, económico, el coercitivo o de las armas y el poder informativo. Y toda esta redistribución afecta cómo se realizan las elecciones.
"A partir de entonces, en las elecciones no se disputa quién va a ocupar cargos; es algo más que eso: las urnas son uno de los espacios donde estos grupos de poder se disputan las cuotas de cargos, presupuestos, negocios. Y eso me lleva a una conclusión terrible: por el momento la vía electoral está agotada, no está funcionando, al menos no para lo que sirve en una democracia, porque en las elecciones lo que observamos en este momento es una disputa feroz por los cargos, en la cual no existe autoridad capaz de frenar la intervención del gobierno, la guerra sucia, el ingreso ilegal de recursos... los institutos electorales están acorralados y sometidos, son irrelevantes", explica.
En el proceso electoral del 2000, Aguayo alcanza a identificar tres factores que considera esenciales para el desarrollo de la democracia electoral en los años siguientes: 1) el régimen fue tomado por sorpresa, 2) el Presidente Ernesto Zedillo tenía un compromiso real con la democracia y 3) el PAN y Vicente Fox desplegaron la primera campaña negativa en la historia de México, en ese caso en contra del PRI.
En el 2006, la guerra sucia se intensificó y, a diferencia de lo que ocurrió en el 2000, en el proceso que llevó a Felipe Calderón a la Presidencia los árbitros electorales fallaron.
"Hoy vemos lo mismo, magnificado: una degradación sistémica en la que ya no existe ni siquiera ánimo de simular procesos democráticos, hay un cinismo exacerbado", concluye Aguayo.
Conózcalo
Nombre: Sergio Aguayo Quezada.
Formación académica: licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Maestría y doctorado en la Universidad Johns Hopkins.
Actividad actual: profesor e investigador de El Colegio de México. Columnista en Reforma.
Trayectoria fuera de la academia: presidió la Academia Mexicana de Derechos Humanos, fue parte de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica y actualmente preside Fundar, centro pionero en investigación aplicada.
'Se desgastó el expediente electoral'
Entrevista Alternancia y retroceso. José Woldenberg: ex presidente del IFE. El árbitro de las elecciones del 2000 muestra su preocupación por las condiciones en que se desarrolla el proceso del 2010 en 14 estados
Karla Garduño Morán
(4 julio 2010).- La violencia, el uso de recursos públicos en las campañas electorales, la exhibición de la ilegalidad con prácticas igualmente ilícitas y la falta de propuestas son aspectos preocupantes que erosionan la rutina electoral, considera José Woldenberg, quien era el consejero presidente del Instituto Federal Electoral el 2 de julio del 2000.
Aunque reconoce que el proceso que llevó a la alternancia en el 2000 no estuvo totalmente exento de escándalos -como se supo después, con los escándalos del Pemexgate y los Amigos de Fox-, el politólogo dice que lo que sucede en los procesos estatales de 14 entidades que hoy eligen autoridades locales es inédito.
"La buena nueva es que finalmente tenemos elecciones competitivas, eso es una novedad de los últimos 25 años de la vida política del país. Quienes valoramos eso tenemos que tratar de fortalecer el expediente electoral, y esos cuatro asuntos me preocupan porque de alguna manera están erosionando y desgastando una rutina que es la electoral y que es muy importante mantenerla a salvo", señala.
Según Woldenberg, la finalidad democrática de las elecciones -intentar erradicar la violencia de la vida política- se empaña ante hechos como el asesinato del candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre, que inyecta un ambiente de terror al proceso.
También la pérdida de lo que llama la "pedagogía" de las campañas es un hecho lamentable en las últimas elecciones, donde no se escuchan las propuestas de los candidatos.
"En ese torbellino se está perdiendo uno de los elementos fundamentales que suponen las contiendas democráticas, que es que emerjan los problemas y las eventuales soluciones", considera.
Gobierno dividido
El académico ubica en 1997, y no en el 2000, el momento de inicio de la transición en México. A partir de que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados en esas elecciones, el Presidente y algunos gobernadores han tenido que gobernar con congresos divididos.
"Esta nueva realidad hace que lo que se ha llamado gobernabilidad, en el sentido más estrecho de la palabra: la capacidad de un gobierno para hacer prosperar sus iniciativas en el circuito institucional, sea más tortuosa y más compleja que en el pasado. En el autoritarismo una voz ordena y manda y no encuentra obstáculos para esa voluntad. En la democracia, precisamente, existen pesos y contrapesos, existen capacidades de veto de las fuerzas políticas", explica el académico.
Por ello rechaza la intención de legislar para fabricar mayorías en el Congreso, como la manifestada tanto por el presidente Felipe Calderón, en su iniciativa de reforma política, como por el gobernador mexiquense, Enrique Peña, quien en marzo propuso reinstalar la "cláusula de gobernabilidad" en la conformación del Congreso.
"Cualquier fórmula que intente crear mayorías artificiales debe ser juzgada como una regresión", señala.
Sin embargo, el académico reconoce que la fórmula actual ha provocado que se pacten alianzas coyunturales que implican que dos o tres partidos se unan sólo por un tema y se vuelvan en contra para otros asuntos.
"Son alianzas que no se han podido mantener en el tiempo. Para cada asunto las fuerzas que están representadas en el Congreso se ven obligadas a poner sus diagnósticos y sus propuestas a negociar, a pactar, pero sobre ese punto en específico. Eso reclama un esfuerzo muy grande y sostenido", apunta.
Desigualdad: el gran obstáculo
Para Woldenberg el gran pendiente de la democracia es la falta de avances en el bienestar social, lo que genera un deterioro en el aprecio por las instituciones democráticas y se convierte en un riesgo social y político que debe ser atendido con urgencia.
"Si me preguntan cuál es el problema fundamental de México, diría que es el de la falta de equidad social, y eso abre todo un horizonte de lo que hay que hacer en materia política. La falta de aprecio y las bajas calificaciones que obtienen partidos, políticos, parlamentos; el mal humor público que hay con relación a la política tienen que ver con que la economía no ha crecido con suficiencia, porque no se generan empleos formales, porque crece la informalidad, porque millones de jóvenes se van a Estados Unidos, porque millones de jóvenes no tienen ni empleo ni educación. Ahí está el núcleo duro del desencanto mexicano con la democracia", evalúa.
Aunado a lo anterior, el ex presidente del IFE considera que los programas sociales heredados por el PRI a los gobiernos panistas, como Oportunidades o el Seguro Popular, no son suficientes.
"Son programas que en sí mismos valen la pena, pero tenemos que ver más allá: cómo construimos esa sociedad equitativa en donde los ciudadanos realmente lo sean, porque lo que define a un ciudadano es el ejercicio de sus derechos, y sabemos que en México hay mucha gente que no puede ejercer plenamente sus derechos políticos, sociales y civiles", añade.
México 2000-2010
Gráfica Alternancia y retroceso
(4 julio 2010).- La primera década del siglo XXI está marcada por la derrota del PRI en las presidenciales, el traslado del poder a los gobiernos estatales y las administraciones del PAN que no cumplieron las expectativas.
EMPLEO
*Al primer trimestre del 2010.
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| Población económicamente activa (millones de habitantes). | 39,3 | | 40,0 | | 41,9 | | 44,4 | | 45,1 | 47 | 46,0* |
| Población en empleo informal (millones de habitantes). | 10.3 | 10.7 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 11.9 | 11.4 | 12.0 | 12.1 | 12.4 | 12.5 |
Tasa de desempleo
Cifras del último trimestre de cada año.
*Al primer trimestre del 2010.
| 00 | 2.3 |
| 02 | 2.6 |
| 04 | 3.7 |
| 06 | 3.6 |
| 08 | 4.2 |
| 09 | 5.3% |
| 10 | 5.3* |
Empleos formales creados (miles de puestos de trabajo).
Asegurados nuevos en el IMSS.
*A mayo del 2010.
| 00 | 700.4 |
| 02 | -105.3 |
| 04 | 159 |
| 06 | 592.9 |
| 08 | 279.6 |
| 09 | -460.1 |
| 10 | 357.6* |
FINANZAS PÚBLICAS
Producto Interno Bruto Anual (tasa de crecimiento anual).
*Al primer trimestre del 2010.
| 00 | 6.6% |
| 02 | 0.8 |
| 04 | 4 |
| 06 | 5.1 |
| 08 | 1.3 |
| 09 | -6.5 |
| 10 | 4.3* |
Deuda (miles de millones de pesos. A diciembre de cada año).
*A marzo del 2010.
| 00 | 1,183.70 |
| 02 | 1,436.49 |
| 04 | 1,624.93 |
| 06 | 1,697.19 |
| 08 | 2,217.64 |
| 10 | $3,483.51* |
Inflación (índice).
*A mayo del 2010.
| 00 | 8.9 |
| 02 | 5.7 |
| 04 | 5.1 |
| 06 | 4.0 |
| 08 | 6.5 |
| 10 | 3.9* |
Tipo de cambio (pesos por dólar. Nivel más alto del año).
*Al 15 de junio del 2010.
| 00 | 10.07 |
| 01 | 9.97 |
| 02 | 10.43 |
| 03 | 1.39 |
| 04 | 11.63 |
| 05 | 11.4 |
| 06 | 11.48 |
| 07 | 11.26 |
| 08 | 13.91 |
| 09 | $15.36 |
| 10 | 13.18* |
Precio del petróleo (dólares por barril).
*Precio ponderado en el año de la mezcla mexicana de exportación.
| 00 | 24.79 |
| 02 | 21.37 |
| 04 | 31.05 |
| 06 | 53 |
| 08 | 98.3 |
| 10 | 71.5* |
Producción petrolera (miles de barriles diarios)
*Al primer trimestre del 2010.
| 00 | 3,012 |
| 02 | 3,177 |
| 04 | 3,383 |
| 06 | 3,256 |
| 08 | 2,792 |
| 10 | 2,607* |
Índice de Competitividad Global
(posición entre 131 países del Foro Económico Mundial)
| 00 | 32 |
| 01 | 33 |
| 02 | 31 |
| 03 | 42 |
| 04 | 42 |
| 05 | 47 |
| 06 | 52 |
| 07 | 52 |
| 08 | 60 |
| 09 | 60 |
POBREZA
(Porcentaje de la población).
| 00 | 53.6% |
| 02 | 50 |
| 04 | 47.2 |
| 06 | 42.6 |
| 08 | 47.4 |
Crecen presupuesto, ingresos y gasto corriente
En la primera década del siglo XXI el gobierno federal ha dispuesto de un presupuesto creciente, hasta alcanzar los 3 billones de pesos. Los ingresos petroleros tuvieron un boom, pero el gasto corriente también aumentó considerablemente.
Ingresos (cifras en miles millones de pesos).
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| Total | 1,178.8 | | 1,378.2 | | 1,771.3 | | 2,263.6 | | $2,860.9 | 2,817.1 |
| Petroleros | 385.4 | 386.5 | 410 | 533.4 | 637.3 | 726.5 | 861.2 | 880.6 | 1,054.6 | 874.1 |
| No petroleros | 792.3 | 884.7 | 977.1 | 1,066.8 | 1,133.9 | 1,221.2 | 1,402.3 | 1,605 | 1,806.3 | 1,943-2,817.1 |
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
*En 2010 los ingresos se estiman en 3,176,332,000,000 de pesos; incluye ingresos derivados de financiamiento y aportaciones de seguros social.
Presupuesto (cifras en miles de millones de pesos).
| 00 | 1,195.3 |
| 02 | 1,463.3 |
| 04 | 1,650.5 |
| 06 | 2,000 |
| 08 | 2,569.4 |
| 10 | $3,176.3 |
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación.
Gasto corriente (cifras en miles de millones de pesos).
| 00 | 715.2 |
| 02 | 874.3 |
| 04 | 1,073.6 |
| 06 | 1,345.8 |
| 08 | 1,694 |
| 09 | $1,845.9 |
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal
Mapa político 2000-2010
El 2 de julio fue culminante en la transición iniciada a mediados de los ochenta. Durante esta década el PAN y el PRD arrebataron al PRI más de la mitad de los estados, pero en los últimos años el PRI se recuperó y hoy gobierna la misma cantidad de entidades que en el 2000.
2000
PAN 8 estados
· Aguascalientes
· Baja California
· Guanajuato
· Jalisco
· Morelos
· Nayarit*
· Nuevo León
· Querétaro
PRD 5 estados
· Baja California Sur
· Chiapas**
· Distrito Federal
· Tlaxcala
· Zacatecas
PRI 19 estados
· Campeche
· Coahuila
· Colima
· Chihuahua
· Durango
· Estado de México
· Guerrero
· Hidalgo
· Michoacán
· Oaxaca
· Puebla
· Quintana Roo
· San Luis Potosí
· Sinaloa
· Sonora
· Tabasco
· Tamaulipas
· Veracruz
· Yucatán
* En alianza con el PRD.
** En alianza con el PAN. La elección se llevó a cabo un mes después de la presidencial (6 de agosto del 2000).
2010
PAN 7 estados
· Aguascalientes
· Baja California
· Guanajuato
· Jalisco
· Morelos
· Sonora
· Tlaxcala
PRD 6 estados
· Baja California Sur
· Chiapas
· Distrito Federal
· Guerrero
· Michoacán
· Zacatecas
PRI 19 estados
· Campeche
· Coahuila
· Colima
· Chihuahua
· Durango
· Estado de México
· Hidalgo
· Nayarit
· Nuevo León
· Oaxaca
· Puebla
· Querétaro
· Quintana Roo
· San Luis Potosí
· Sinaloa
· Tabasco
· Tamaulipas
· Veracruz
· Yucatán
Composición de la Cámara de Diputados
2000
| PRI | 42.2% (211 curules) |
| PAN | 42.6% (213 curules) |
| PRD | 10.2% (51 curules) |
| PVEM | 11 curules |
| PT | 6 curules |
| CONVERGENCIA | 3 curules |
| PSN | 3 curules |
| PAS | 2 curules |
2010
| PRI | 47.4% (237 curules) |
| PAN | 28.6% (143 curules) |
| PRD | 14.2% (71 curules) |
| PVEM | 21 curules |
| PT | 13 curules |
| Panal | 9 curules |
| CONVERGENCIA | 6 curules |
Composición del Senado
2000
| PRI | 46.1% (59 escaños) |
| PAN | 36.7% (47 escaños) |
| PRD | 12.5% (16 escaños) |
| PVEM | 5 escaños |
| SIN GRUPO | 1 escaño |
2010
| PRI | 25.8% (33 escaños) |
| PAN | 39.1% (50 escaños) |
| PRD | 19.5% (25 escaños) |
| PVEM | 6 escaños |
| PT | 6 escaños |
| Panal | 2 escaños |
| CONVERGENCIA | 6 escaños |
'Diez años terribles'
Entrevista Alternancia y retroceso. Francisco Labastida: ex candidato del PRI a la Presidencia. Según el primer priista que perdió una elección presidencial, los gobiernos panistas desaprovecharon las grandes ventajas inherentes a la alternancia
Karla Garduño Morán
(4 julio 2010).- El bajo crecimiento económico y la falta de empleos suficientes son los indicadores más evidentes de que ninguno de los dos presidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, pudieron cumplir sus metas, apunta el senador Francisco Labastida, el candidato priista que perdió la Presidencia de la República el 2 de julio del 2000.
"El país tiene 30 años de un crecimiento del PIB mediocre, pero los últimos 10 años han sido terribles: un crecimiento económico muy bajo, una generación de empleo en consecuencia muy baja, que se agravó el año pasado por las circunstancias internacionales y por malas decisiones económicas", afirma.
El 2 de julio del
A pesar de su derrota, entonces creyó que la alternancia sería positiva, pero hoy afirma que se desaprovechó la oportunidad de un cambio.
"El Presidente Fox llegó con toda la ventaja, con toda la fuerza que da ser el primer Presidente de otro partido. Hubo una falta de visión, de claridad, una falta de identificación de un puerto a dónde llegar y una carta de navegación para identificar cómo se llegaba", asegura.
A pesar de ser problemas generados en los gobiernos priistas, para Labastida otra muestra del fracaso del PAN es que no se haya hecho nada para resolver la dependencia que tienen las finanzas públicas de los ingresos petroleros y de la economía de Estados Unidos.
"No hay ningún programa para hacer crecer el mercado interno y tener una cierta autonomía en el crecimiento dependiendo más de nuestro propio esfuerzo y no de la suerte de otros países, y no ha habido una estrategia viable para hacer que las finanzas dependan menos de los ingresos petroleros", afirma el presidente de la comisión de Energía del Senado.
El agravamiento de la inseguridad, el incremento de la pobreza y la falta de una reforma educativa son otros aspectos negativos que han marcado los últimos 10 años del país, según el ex candidato.
En contraste, dice, en los últimos dos sexenios se ha encarecido la administración a partir de la creación de mandos medios en las instancias federales.
"No hubo la armonía y coordinación que tiene que existir entre los diferentes instrumentos. Cómo se puede pensar que la delincuencia baje si uno sabe que cuando crece el desempleo y la pobreza, crece la delincuencia. No hicieron nada para generar empleos y en consecuencia tener un contexto de atención social. Atender el problema de la delincuencia y del narcotráfico implica combatir el consumo y no estamos haciendo nada para combatir el consumo, ni estamos haciendo nada para generar los empleos", afirma.
Ventajas desaprovechadas
Cuando llegó a la Presidencia, Fox se encontró con un contexto de crecimiento económico favorable, afirma Labastida. En el 2000, el crecimiento del PIB fue de 6.6 por ciento respecto al año anterior, mientras que en 2001 fue de -0.6 por ciento.
Los ingresos petroleros extraordinarios en el sexenio de Fox ascendieron a cerca de 70 mil millones de dólares, los cuales no se vieron traducidos en desarrollo, ni se utilizaron para resolver problemas que se veían venir desde anteriores sexenios, como el crecimiento de las pensiones, acusa Labastida.
"Se veían venir problemas con la producción de Cantarell, deberían haber cuidado el yacimiento para elevarle el coeficiente de extracción de Cantarell y en lugar de eso elevan la producción, lo sobreexplotan e intensifican la caída en la velocidad de producción, y eso lo hace el gobierno de Fox, fue una decisión irresponsable", añade.
Lo mismo opina Labastida respecto a la seguridad, que en la gestión de Calderón se volvió tema prioritario, pero que Fox hizo a un lado, desaprovechando el programa que se había trabajado en el sexenio de Zedillo.
La lección del PRI
A pesar de que algunos dieron por muerto al PRI luego de la derrota del 2000, Labastida asume que él y algunos otros priistas se empeñaron en fortalecerlo e impidieron la renuncia de Dulce María Sauri, quien encabezaba el CEN del partido en el 2000. Hoy, a 10 años de ese episodio y con la reconquista de espacios experimentada a partir del 2007, el sinaloense reconoce que la alternancia tiene ventajas y que es bueno que la población exija y esté informada.
Labastida confía en que si el PRI regresa a Los Pinos en el 2012 no sea el mismo partido que gobernaba antes del 2000, sino un partido renovado, con la experiencia de haber aprendido desde la oposición.
"¿Todos los del partido aprendieron de los errores que se cometieron?, no. Creo que la inmensa mayoría sí, me parece que sobre todo la clase dirigente que tiene más conciencia, más capacidad de autocrítica", asegura.
'No hay diferencia'
Entrevista Alternancia y retroceso. Cuauhtémoc Cárdenas: ex candidato presidencial del PRD. El PAN gobierna igual que el PRI, asegura el líder histórico del PRD y tres veces candidato presidencial. Los cambios que urgían antes del 2000 siguen pendientes
Martha Martínez
(4 julio 2010).- "Quien tenía expectativas de que el PAN pondría en práctica un proyecto distinto al del PRI estaba equivocado desde el principio". Así de contundente es Cuauhtémoc Cárdenas al juzgar la primera década de alternancia en México.
Candidato presidencial en el 2000 -por tercera ocasión- y fundador del Partido de la Revolución Democrática, Cárdenas asegura que a 10 años de la elección que llevó a Vicente Fox al frente del Poder Ejecutivo federal, la alternancia no ha logrado ir más allá del cambio de partido y de personas, ya que las políticas públicas, el modelo económico y la manera de hacer política son las mismas de siempre.
"PRI y PAN han venido compartiendo proyecto político y modelo económico por lo menos desde 1988 para acá abiertamente, sino es que desde antes", afirma.
Cárdenas reconoce avances en las prácticas electorales, porque ya no es el Presidente quien decide los resultados de los comicios; sin embargo, advierte que los partidos políticos continúan desdibujados ideológicamente, el dinero sigue determinando las probabilidades de victoria de los candidatos, las autoridades electorales se encuentran desacreditadas y la pobreza y la desigualdad persisten.
"De 1997 para acá tenemos mejores prácticas electorales, yo quiero pensar que cuando menos los votos se están contando mejor de como se contaban antes, pero la democracia, la alternancia, no es únicamente lo que pueda darse en cuanto a voluntad expresada electoralmente; quiere decir igualdad en cuanto a oportunidades de mejoramiento real de las condiciones de vida de los sectores más amplios de la población, quiere decir disminuir la desigualdad, además de otro tipo de desequilibrios que se han agudizado, como todo lo que tiene que ver con la violencia, el crimen organizado o como queramos llamarle", comenta.
Quien fue el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido democráticamente (producto de la reforma electoral de 1997) lamenta que México cuente con un sistema de partidos desacreditado, sin ideología y sin propuestas.
"Uno puede revisar papeles y a lo mejor encuentra las diferencias, pero en la práctica no las estamos viendo", critica.
En esta lógica, considera inaceptables las alianzas PAN-PRD.
"Ahí van agua y aceite juntos; eso es lo que a muchos no nos resulta ni aceptable ni comprensible. Se desdibujan los partidos, yo creo que va en contra de los partidos que hacen este tipo de alianzas, en este caso particularmente lo que a mí me interesa es el PRD y siento que va en contra del partido, va en contra de los intereses del país y no sé qué resultado vaya a tener electoralmente.
"Lo que está prevaleciendo en muchas prácticas políticas es el oportunismo, es lo inmediato, no se está pensando en acciones de largo plazo ni se está actuando dentro de un marco ideológico y programático. Es el poder por el poder", comenta.
Según Cárdenas, tampoco el IFE ofrece certeza total, pues aunque es una autoridad autónoma quedó muy debilitada en la elección presidencial del 2006.
Retos
El fundador del PRD asegura que la alternancia plantea retos inmediatos y uno de ellos es la necesidad de sacar el dinero de las campañas políticas, para evitar que éste siga determinando las posibilidades de triunfo de los candidatos por encima de sus propuestas.
Si bien la reforma electoral de 2007 permitió un aparente mejor control de los tiempos en medios electrónicos -asegura- ésta no logró sacar por completo el dinero de los procesos electorales, pues actualmente el candidato o aspirante con más recursos económicos es el que cuenta con mayor presencia pública.
Cárdenas estima que el cambio del mapa electoral que comenzó a experimentarse tras la elección presidencial de 2006 (con una evidente recuperación del PRI) es un indicador de que la alternancia no cumplió con las expectativas sociales.
"No sé si (los votantes) consideren que su voto estuvo equivocado, pero en todo caso están considerando que no deben repetirlo", agrega.
'Sigue vivo el viejo sistema'
Entrevista Alternancia y retroceso. Santiago Creel: ex candidato del PAN a jefe de Gobierno del DF. Protagonista del primer gobierno de la alternancia, Creel admite que la transición es un proceso inacabado
Karla Garduño Morán
(4 julio 2010).- La democracia mexicana se ha centrado en lo electoral sin trascender al terreno de lo social, asevera Santiago Creel, quien contendió el 2 de julio del 2000 por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Derrotado por Andrés Manuel López Obrador, Creel fue nombrado secretario de Gobernación del primer gobierno de la alternancia. Su gestión decepcionó a muchos, por la falta de acuerdos con el Congreso y la creación de múltiples mesas de diálogo y negociación que no llegaron a acuerdos.
Con esa experiencia, hoy Creel culpa a los gobiernos de minoría de la falta de una reforma a fondo en la política.
Creel reconoce que durante su gestión de cinco años al frente de Gobernación se cometieron errores y no se dieron los cambios al antiguo régimen priista prometidos por Fox, pero insiste en que eso se debió a que las reformas de fondo no pudieron avanzar en el Congreso.
"A mí me tocó ser secretario de Gobernación con un gobierno de minoría y eso predetermina muchas cosas; en primer lugar, que sólo van a pasar las reformas en las que esté de acuerdo la oposición. El país no puede avanzar si no construye un gobierno de coalición, y un gobierno de coalición significa el poder conjuntar a distintas fuerzas políticas y que esas fuerzas políticas puedan convenir no solamente para ganar una elección. No estoy planteando una alianza electoral a secas, estoy planteando un gobierno de coalición que tenga un programa, una agenda legislativa, que pueda integrar un gabinete de tal manera que se pueda establecer en esa agenda el compromiso de sumar fuerzas para hacer los cambios que necesita el país", reflexiona el hoy senador de la República y aspirante presidencial.
Creel señala que sin un reordenamiento político no serán posibles las transformaciones que requiere el país, por lo que la reforma política que se debate en el Congreso cobra vital importancia.
"No hay forma de arreglar el problema educativo si no se construye a partir de un gobierno de mayoría. No hay forma de arreglar los problemas del campo, de la energía, de las telecomunicaciones; porque se requiere una mayoría para hacer los cambios institucionales y las reformas legales que permitan llegar a un mejor puerto en cada una de estas áreas claves para la economía, para la convivencia social, para el desarrollo del país", señala.
Democracia con adjetivos
En 10 años de alternancia, las administraciones panistas han ejercido el poder de una nueva manera, asegura Creel: el gobierno se transparentó, las finanzas públicas están sanas, hay mayores libertades y se han defendido los derechos humanos, pero todavía no es posible decir que existe un Estado plenamente democrático.
"Nos hemos quedado muy centrados en una democracia electoral, que aún tiene pendientes, y no hemos podido romper la barrera de lo electoral para poder ir reordenando el aspecto social.
"A diferencia de lo que ocurrió cuando fuimos oposición, cuando enarbolamos una lucha en contra del fraude electoral que se resumía muy bien -como lo dijo Krauze- en una democracia sin adjetivos, ahora es época de ponerle adjetivos a la democracia y ahí es donde más dificultad estamos teniendo", señala.
Según el panista, la concentración del poder económico en pocas manos, el régimen fiscal mal diseñado y las herencias del viejo régimen en sectores como el campo y las telecomunicaciones impiden el desarrollo del país, el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza.
"Lo vemos en los gremios, donde no hay democracia sindical; lo vemos en el campo, con programas de corte clientelar que favorecen a grupos corporativos como es el caso de Procampo. La parte más neurálgica de lo que mueve al país está dominada por pocas manos que sirven a intereses muy particulares y que han impedido que el país se desarrolle", asegura.
También lamenta que en estos años no hayan avanzado iniciativas como la reforma fiscal de 2001, en la que se planteaba gravar el consumo, o la reforma energética que propuso el Ejecutivo en 2008.
Ni siquiera la reforma electoral, aprobada en 2007 por todos los partidos, ha sido suficiente, dice Creel. Aunque se han cambiado reglas importantes en materia de medios electrónicos, por ejemplo, todavía se requiere regular el arbitraje y definir mejor las reglas del juego.
"Esa parte requiere ajustes para que (los medios electrónicos) no entren por la puerta de atrás y vulneren el nuevo esquema, para que los gobernadores dejen de intervenir ilegalmente en los procesos electorales, para evitar la utilización de recursos públicos que de manera irregular inundan las campañas para favorecer parcialmente a candidatos.
"Los enclaves del viejo sistema siguen estando presentes particularmente en elecciones locales y esto es afectado igualmente por la violencia que se ha impuesto sobre todo en algunos estados del norte del país, donde claramente ha incidido en los procesos electorales", añade.
Hace 10 años...
Entrevista Alternancia y retroceso
(4 julio 2010).- Protagonistas de la transición democrática de México, José Woldenberg, Francisco Labastida, Cuauhtémoc Cárdenas y Santiago Creel vivieron el 2 de julio del 2000 su propio momento culminante en el desarrollo de sus carreras políticas. Enfoque solicitó una entrevista con el ex presidente Vicente Fox, pero su oficina rechazó la invitación.
· Woldenberg pasó a la historia como árbitro de imparcialidad indiscutible.
· Labastida, al aceptar su derrota, dio paso a una transición pacífica del poder.
· Cárdenas perdió por tercera vez la elección presidencial.
· Creel consolidó su paso de la academia y el activismo ciudadano a la política.
La cultura política
(4 julio 2010).- Téngalo presente
Apuntes para el camino. Memorias sobre el PRD de Rosa Albina Garavito Elías. Ediciones Eón. Presentan Sergio Aguayo Quezada, Luis Hernández Navarro, Benjamín Temkin Yedwab y la autora. Jueves 8, 19:00 horas. Casa Rafael Galván de la UAM. Zacatecas 94, Roma. Informes: 5318 9336.
Conferencias
La función social de la historia. Enrique Florescano. Lunes 5, 16:30 horas. CIDE. Carretera México Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9823.
Dos mujeres insurgentes: la Güera Rodríguez y Leona Vicario. Anne Staples. Martes 6, 11:30 horas. Sala K-001 del edificio H-O de la UAM Azcapotzalco. San Pablo 180, Reynosa Tamaulipas. Informes: 5318 9125.
Obligaciones internacionales en materia de género. Regina Tames. Martes 6, 17:30 horas. Auditorio José Vicente Aguinaco del edificio alterno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 16 de Septiembre y Bolívar, Centro Histórico. Informes: 1719 3600 ext. 1074.
Cadena de custodia y su importancia en el modelo acusatorio. Daniel Benito. Martes 6, 18:00 horas. Auditorio principal del Instituto de Formación Profesional de la PGJDF. 4a. y 5a. cerrada de Avenida Jardín s/n, Ampliación Cosmopolita, Azcapotzalco. Informes: 5345 5917.
México y Estados Unidos: "Revisando las políticas para contener la delincuencia". Mark A.R. Kleiman, Alejandro Madrazo Lajous, Jorge Hernández, Elena Azaola. Jueves 8, 11:00 horas. Biblioteca Benjamín Franklin. Liverpool 31, Juárez. Informes: 5727 9800 ext. 2232.
El defensor del pueblo español y el ombudsman de México: semejanzas y diferencias. Mónica Beltrán Gaos. Jueves 8, 18:00 horas. Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Río Magdalena 108, Tizapán, Álvaro Obregón. Informes: 5616 8692, ext. 5219.
Convocatorias
Género y justicia. Concursos de ensayo, reportaje escrito y documental. Enfocados al acceso a la justicia y no violencia contra las mujeres. Convocan la Coordinación de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación y la Dirección de Equidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bases http://bit.ly/9kTDhz. Informes: 1719 3600 ext. 1074.
Cursos
Cursos internacionales de verano del CIDE. Los programas apuntan a la administración pública, ciencia política, derecho, economía y evaluación de políticas públicas. Horarios: http://bit.ly/btADRo. Informes: 5727 9823.
Libros
Carlos Slim. Retrato inédito de José Martínez. Océano. Nueva edición de la biografía del hombre más rico del mundo, que arranca con los orígenes de la familia Slim y termina con una relación de las mayores adquisiciones del millonario, pasando por sus relaciones políticas dentro y fuera de México.
¿Cuál libertad? Diccionario mínimo contra los falsos liberales coordinado por Michelangelo Bovero. Océano. Un grupo de especialistas reflexiona sobre los usos y abusos del concepto de libertad, como respuesta a las corrientes culturales y políticas autodenominadas liberales.
Esclavas del poder de Lydia Cacho Ribeiro. Debate. Investigación periodística con testimonios de mujeres y niñas sobrevivientes de las redes mundiales de trata de personas, cuya protección y encubrimiento corren a cargo de servidores públicos.
Globalización y gobernanza: las transformaciones del Estado y sus implicaciones para el derecho público (contribución para una interpretación del caso de la Guardería ABC) de José María Serna de la Garza. UNAM. Análisis jurídico de la capacidad del Estado de brindar seguridad social. Son examinados conceptos como administración pública, burocracia estatal, derecho público y su entorno social, tanto doméstico como global. Versión electrónica: http://bit.ly/9EyQ1p.
Impacto de la reforma penal en la jurisprudencia coordinado por Javier Dondé Matute. Inacipe. Análisis de la reforma penal realizada en junio de 2008 y la consecuente interpretación que hizo la Corte de los nuevos conceptos jurídicos y la redefinición de algunos ya existentes, como arraigo, intervención de comunicaciones, entre otros.
La mafia que se adueñó de México... y el 2012 de Andrés Manuel López Obrador. Grijalbo. Análisis de las causas de la situación económica de México, cuya tesis afirma que 30 personajes se apoderaron de las instituciones públicas, los bienes y las riquezas del país. El grupo mencionado está conformado por 16 hombres de negocios, 11 políticos y tres tecnócratas.
La tragicomedia del foxismo de Andrés Aguayo Mazzucato. Planeta. Trabajo periodístico sobre el sexenio de Vicente Fox, a 10 años de su llegada a Los Pinos. Reúne las voces de quienes acompañaron al ex mandatario en sus inicios políticos en Guanajuato hasta los aspectos de su vida personal que trascendieron a la esfera pública.
Mujeres insurgentes. Varios. Siglo XXI. Ensayos ganadores del concurso sobre Independencia y Revolución convocado por el Senado, enfocados a visibilizar el papel femenino en las principales luchas armadas en México.
Simpatía por el rating de Raúl Trejo Delarbre. Cal y Arena. Análisis que muestra la sobredimensión de los medios de comunicación masiva en las campañas presidenciales de 2006, en las que los partidos destinaron sumas millonarias en la difusión de propaganda televisiva.
Un asesinato político de Tomás Tenorio Galindo. Grijalbo. Prólogo de Miguel Ángel Granados Chapa. Investigación sobre el homicidio de Armando Chavarría Barrera, líder del Congreso de Guerrero, quien recibió 10 balazos al salir de su casa el 20 de agosto de 2009.
Presentaciones
Administración, reforma y rendición de cuentas policial en la democracia de Luis Villalobos García. INAP. Ernesto López Portillo y José R. Castelazo. Martes 6, 18:00 horas. Aula Magna Gabino Fraga del Instituto Nacional de Administración Pública. Prolongación Paseo de la Reforma 2151, Palo Alto. Cuajimalpa. Informes: 5081 2607.
Revistas
EstePaís. No. 231. Panorama del deporte en México: tiempo que dedican los mexicanos a hacer deporte, políticas gubernamentales, olimpismo, beisbol, futbol americano, deporte universitario y futbol. Reportaje de Víctor Núñez sobre la ética periodística en medio del narcotráfico. Escriben Hugo Vargas, Philippe Schaffhauser, Antonio Alonso Concheiro y Alicia García Pérez.
Nexos. No. 391. Iglesia Católica y pederastia. Escriben Ciro Gómez Leyva, Héctor de Mauleón, Roberta Garza, Rubén Aguilar y Héctor Soto.
Voz y Voto. No. 209. Modelo prospectivo de los resultados en la elecciones de las 12 gubernaturas en disputa. Análisis de las campañas en las entidades que celebran votaciones. Escriben Jorge Alcocer V., Lucía Irabién, Enrique Carbonell, Manuel Chávez, Lorenzo Córdova y Roger Aleph.
Seminarios
Ikeda: por la paz, la sustentabilidad y los derechos humanos. Carlos Durand, David Chacón y Jorge Legorreta. Lunes 5, 14:30 horas. Auditorio K-001 de la UAM Azcapotzalco. Informes: 5318 9119.
Energía nuclear para México. Gabriel Cuadri de la Torre, Juan Eibenschutz, Aurora Ortiz Salgado, Rafael Fernández de la Garza. Martes 6, 15:00 horas. Salones C y D del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes: 5036 0000 ext. 57097.
Seguridad y desarrollo en la relación México-Estados Unidos-Canadá: de la interdependencia y la integración económica a la corresponsabilidad en seguridad fronteriza. Jueves 8, 9:30 horas. Jorge A. Bustamante, Luis F. Aguilar, Sergio Aguayo, entre otros. Videoconferencia en Casa Colef en la Ciudad de México. Francisco Sosa 254, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán. Programa: http://bit.ly/bruzf1. Informes: 5554 3390.
Televisión
El arte y la Revolución, el muralismo. Lo mejor de discutamos México. Walther Boelsterly Urrutia, Irene Herner, Itzel Rodríguez, Betsabeé Romero y Alicia Azuela De la Cueva. Miércoles 7, 20:00 horas, Canal 11; y sábado 10, 20:00 horas, Canal 22.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245; correo: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO 1757
EL PRESIDENTE DÉBIL, EL EJÉRCITO DESGASTADO, EL NARCO VIGENTE…
Ricardo Ravelo
La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado emprendida por Felipe Calderón desde el inicio de su gobierno no sólo ha sido un rotundo fracaso político, también ha debilitado a las Fuerzas Armadas. Consultados por Proceso, expertos en seguridad nacional insisten en que nada justifica el uso de las tropas en tareas que competen sólo a las fuerzas policiacas, y critican al mandatario por esa decisión con la que, arguyen, en el fondo sólo pretendió y aún pretende legitimarse.
Justo cuando han transcurrido tres años y siete meses del sexenio, el presidente Felipe Calderón cambió su posición frente al problema del tráfico de drogas en México, pero sin aceptar culpas. De la declaración de guerra y el discurso triunfalista que caracterizaron el arranque de su gestión, pasó al reconocimiento de que hoy enfrenta un problema mayúsculo que tiene antecedentes y consecuencias tan graves como difíciles de resolver.
Lo anterior se desprende de un extenso diagnóstico, publicado por la Presidencia de la República el 14 de junio pasado en medios impresos nacionales. En ese documento, considerado insólito, Felipe Calderón deja ver su impotencia frente al problema criminal al magnificar el crecimiento de las organizaciones delictivas y su poderío frente a las instituciones, lo que antes no reconocía, pues afirmaba que el Estado era más poderoso que los delincuentes.
No obstante sus fallas y la creciente violencia desatada en todo el territorio, Calderón insiste en que la suya sigue siendo la mejor estrategia para enfrentar al crimen organizado, y afirma que de no haberse actuado a tiempo el país enfrentaría una situación más crítica.
Investigadores consultados por Proceso opinan que Calderón enfrenta ya un momento de evidente debilidad y que ésta obedece al agotamiento del Ejército, institución en la que descargó la responsabilidad de combatir al crimen organizado y que ha fracasado, afirman, ante la fuerza de los cárteles de la droga.
Eso no es todo: también arguyen que el auge del narco se observa en el crecimiento del llamado fenómeno de la narcopolítica, presente en el actual proceso electoral que se desarrolla en el país y que ha involucrado tanto a candidatos a alcaldes y diputados, como a algunos gobernadores.
Erubiel Tirado, maestro en derecho por la London School of Economics y responsable de la cátedra sobre seguridad nacional en la Universidad Iberoamericana, afirma:
“En la medida en que se debilita el Ejército Mexicano, el presidente va en caída libre. Su fracaso es más que evidente y tan pobres son los resultados en materia de seguridad que, a mi juicio, no le alcanzan para tener una salida decorosa cuando deje el poder.”
Y añade: “Hay muchos errores en la estrategia del combate contra las drogas; el principal es la corrupción en su gabinete, la cual, por desgracia, no reconoce. La falta de autocrítica lo está hundiendo y no podemos esbozar mayores esperanzas de que en el corto plazo haya buenos resultados frente a la criminalidad”.
A su vez, Fernando Tenorio Tagle, profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana, autor de siete libros sobre temas de justicia y criminalidad, y maestro en justicia penal y criminología crítica, afirma:
“Después de Colombia, México es el segundo país que ha recurrido al Ejército para enfrentar al narcotráfico. En el caso mexicano el problema es mayor, pues existe la percepción social de que se le ha brindado protección al narcotráfico y, peor aún, de que es tan ineficaz su combate que ya resulta evidente que existe una legalización de facto en el consumo de drogas.”
–¿Ve usted una solución al problema antes de que termine el sexenio? –se le pregunta al autor del libro El control social de las drogas en México (Inacipe 1991).
–No la veo y nadie la ve. Este es un sexenio extraviado en el discurso y en sus propias fallas. La gente, y esto es muy grave para un gobierno que apostó todo su capital político al combate criminal, cree que al Chapo Guzmán se le protege, y que si se le brinda protección es porque algo se le debe. La imagen del presidente Calderón está muy deteriorada y cada vez se debilita más. No quiero imaginarme cómo terminará este sexenio.
Autocrítica cero
El lunes 14 de junio, bajo la firma del presidente Felipe Calderón, la Presidencia de la República publicó en diarios de circulación nacional un amplio diagnóstico sobre el fenómeno de la delincuencia organizada que comenzó a combatir, con operativos encabezados por el Ejército, desde noviembre de 2006.
El desplegado se difundió en medio de una fuerte oleada de violencia en el país. Más de 60 asesinatos en tres días sacudieron los estados de Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua, Guerrero y Sinaloa, donde chocaron los cárteles del Golfo, de Sinaloa y de Juárez, así como Los Zetas.
De cara al segundo tramo de su periodo gubernamental, Calderón recompone su discurso y ahora dice que no le declaró la guerra al narco, sino que su lucha siempre ha sido por la seguridad pública.
Dice en su diagnóstico: “Nuestro objetivo medular es lograr la seguridad pública de los ciudadanos, y no única ni principalmente combatir al narcotráfico. Combatimos con determinación al crimen organizado…”.
Además de una introducción –en la que reconoce la gravedad del problema de la inseguridad pública–, el documento aborda 19 puntos en los que, de manera sucinta, el presidente reconoce, sin aceptar fallas ni errores de su administración, que el crimen organizado sigue generando violencia e intranquilidad entre la población. E incluso desliza la aceptación de que no se ha podido vencer a los grupos criminales.
Al hacer un análisis del crimen organizado, el mandatario encuentra un culpable: Estados Unidos. Afirma que el origen del problema de violencia radica en primer término en el hecho de que México está situado al lado del país con mayor consumo de drogas a nivel mundial. “Es como si estuviésemos al lado a un vecino que es el mayor adicto del mundo”, dice.
Y sostiene que los cárteles –a los que se comprometió combatir y derrotar “para que la droga no llegue a tus hijos”, según reza uno de los eslóganes de la cruzada contra el crimen organizado– se fortalecieron debido al incremento del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.
Desde el principio de su gestión, el presidente se propuso erradicar a las bandas dedicadas al narcomenudeo. Ahora dice en su diagnóstico que este fenómeno es aún más grave, y explica las razones por las que se ha complicado.
“La búsqueda de mercados de consumo en México y la lucha por controlarlos implicó un cambio sustancial en la actividad de los criminales. Al pasar de ser un negocio meramente exportador a ser también un negocio de distribución en el país, la actividad criminal buscó, de manera muy violenta, controlar sus propios mercados, a las autoridades y a los ciudadanos.
“El crimen organizado necesita controlar y marcar el territorio”, asienta el presidente en su radiografía, y justifica así la expansión de los cárteles: “Por ello tenía que hacerse sentir y temer no sólo por otros grupos criminales, sino también por las autoridades y los ciudadanos”.
Calderón, quien en 2006 dijo que su propósito era combatir a todas las redes criminales y heredar un México libre, ahora muestra signos de impotencia al argumentar que el crimen organizado sufrió transformaciones importantes, ya que pasó de un manejo de bajo perfil a un perfil violento y desafiante.
Y explica cómo ha respondido el narcotráfico a las fuerzas federales, por citar sólo una modalidad del crimen organizado: “en lugar de esconderse de la autoridad, los criminales comenzaron a buscarla abiertamente para dominarla, a través de la cooptación o la intimidación”. Él mismo la denomina como la ley de plata o plomo.
Al referirse al consumo de drogas, Calderón atribuye su incremento al aumento del ingreso económico entre la población. No es todo: el llamado “Rey del empleo” acepta que la falta de oportunidades educativas, laborales y de esparcimiento para los jóvenes en algunas ciudades del país los hace presas fáciles del crimen organizado.
En lo que se refiere a la violencia, el jefe del Ejecutivo la atribuye a choques y ajustes de cuentas entre bandas criminales. “Las bandas se disputan el control de territorios y ciudades, lo que ha provocado un crecimiento extensivo de las ejecuciones”, apunta
Fracaso sexenal
A pesar de que unos 35 mil efectivos militares salieron a las calles a enfrentar al crimen organizado desde noviembre de 2006, la lucha contra el narcotráfico –una de las expresiones más violentas del crimen organizado –ha resultado un fiasco.
En medio de la llamada “guerra contra el narco”, los cárteles se han rearticulado. La Procuraduría General de la República (PGR) y la agencia estadunidense contra las drogas (DEA) han confirmado que el cártel de Juárez se alió con la célula de los Beltrán Leyva y Los Zetas; que el cártel de Sinaloa se reforzó al sumar al cártel del Milenio y a los hermanos Valencia; que el cártel del Golfo entabló negociaciones con el cártel de Sinaloa y que todos estos movimientos tienden a consolidar el narcotráfico en dos bloques: los grupos del Golfo y los del Pacífico.
Pese al reiterado discurso de que el gobierno “le va ganando la batalla al crimen organizado”, los investigadores consultados por este semanario coinciden, en entrevistas por separado, en que el diagnóstico publicado por el presidente es la justificación de su rotundo fracaso frente al narco y a la delincuencia organizada en general.
Erubiel Tirado destaca que con verdades a medias Calderón llega a conclusiones falsas. Tras analizar el diagnóstico del presidente, el investigador dice que ese estudio adolece de graves omisiones, pues no reconoce que la corrupción y la infiltración del narco en el poder atrofiaron al aparato responsable de combatir el problema.
“Lo que tampoco dice el presidente es que desde finales de los ochenta y durante todos los noventa, México dejó de ser un país sólo de paso y ahora es un potente consumidor de drogas. Este problema no se agravó porque haya más dinero, como afirma el presidente, sino porque el fracaso de su política criminal derivó en una sobreoferta de todo tipo de estupefacientes”, asegura el especialista.
La sobreoferta de droga –añade Tirado– tiene que ver con el auge de los cárteles mexicanos, a los que tampoco se ha desarticulado como prometió, pues los proveedores colombianos realizan pagos en especie. Esa droga que se queda en México se distribuye en nuestro país. Por eso estamos llenos de adictos, recalca.
Cuestiona que Calderón le eche la culpa a las administraciones pasadas por lo que dejaron de hacer en el combate al narcotráfico y no se refiera al gobierno de Vicente Fox como uno de los más ineficaces en este rubro, puesto que no sólo se le escapó el capo más poderoso, El Chapo Guzmán, sino que la mayoría de los cárteles creció en poder y fuerza durante ese sexenio.
Por lo que respecta al programa de la formación de policías de carrera, que el presidente destaca como un gran logro de su gobierno, Tirado dice que es el peor programa, pues ahora el curso ya no dura un año. Ahora vamos a tener superpolicías científicos en sólo tres meses.
A su juicio, el Ejército, eje de la estrategia de fuerza contra el crimen organizado, presenta signos de agotamiento. Prueba de ello, sostiene, es la reiterada petición al Congreso por parte del secretario de la Defensa, Guillermo Galván, a fin de que se establezca un marco regulatorio para la actuación de las fuerzas castrenses, y que se definan plazos para su regreso a los cuarteles.
Peor aún, al mismo tiempo que se debilita la fuerza militar también va en declive la imagen del presidente, a quien ya se le ve como un fracasado, pues cometió el error de centrar toda su política criminal en los resultados del Ejército.
–¿A quien o a quienes se les declaró la guerra? ¿Hubo o hay en realidad guerra contra el narcotráfico y la delincuencia en general?
–Creo que no, todo esto resulta una farsa. No hay resultados. El narco sigue tan poderoso como antes: es dueño de territorios, trafica con libertad, controla buena parte de las policías del país, ha infiltrado a instituciones como la PGR y ha logrado la cooptación de efectivos militares.
“También tiene fuerte presencia en la mitad de los más de 2 mil municipios del país; financia campañas electorales a presidentes municipales, diputados, senadores y presuntamente a gobernadores. Creo que, más que una política de combate, lo que ha imperado es una estrategia de protección; prueba de ello es que el narco está con vida.”
Criminalidad legalizada
Para Fernando Tenorio Tagle, la estrategia de utilizar al Ejército para el combate criminal entraña una falsedad.
–¿Por qué? –se le pregunta.
–Fue un instrumento de control social y la percepción social nos dice, según mediciones que hemos realizado, que hay más protección al narco que combate a éste.
“Yo no tengo ninguna duda, y creo que nadie la tiene, de que el Ejército es un instrumento político”. Durante los peores momentos que vivió Italia en el combate a la delincuencia, jamás se pensó en usar al Ejército para fines policiacos.
Dice que en todo el mundo, sólo dos países han recurrido al Ejército para enfrentar al narcotráfico: Colombia y México. En estas dos naciones, por cierto, gobierna la derecha.
Compara la situación que vivió Italia en la época de auge de las mafias con lo que sucede ahora en México. Detalla: “En Italia había, en 2004, unos 60 millones de habitantes. Se presentaban aproximadamente 1 millón de transacciones ilícitas al día y unos 365 millones de delitos al año. La conclusión de muchos investigadores fue que la criminalidad estaba legalizada de facto.
“En el caso de México la realidad no es diferente. Partamos de que hay 100 millones de habitantes. El 70% de la población enfrenta el problema de la pobreza. Esto quiere decir que 30 millones de personas (la mitad de la población italiana en 2004) estarían en posibilidad de consumir drogas. En México se realizan 182 mil 500 transacciones ilegales diarias. Aquí también es perceptible que hay una legalización de facto del delito.
En el caso del tráfico de drogas, uno de los problemas más graves que enfrenta el país, Tenorio sostiene que es factible que muy pronto pueda legalizarse su consumo, como en Holanda, algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá.
–¿Esto podría acabar con el problema criminal?
–No es una solución. Las organizaciones delictivas sólo dejarían de vender drogas, pero como estos mafiosos son capitalistas y conocedores de sus negocios, pues resulta que eso explica por qué algunos cárteles están diversificando sus actividades delictivas.
Ahora tenemos graves problemas de secuestros, extorsiones y cobros de cuotas a comercios legales, entre otros delitos. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos criminales ya saben que en algún momento dejarán de vender drogas, pero la criminalidad adoptará otras modalidades. Sólo cambiaría de giro.
–¿Cuál es su balance de más de cuatro años de combate al crimen organizado?
–Observo un rotundo fracaso. Ésta, sin duda, es la peor administración federal de la historia. Se debilita el Ejército y el presidente va en caída libre. Es preocupante pero hay que decirlo claramente: no veo que la situación cambie. Se ha protegido al narcotráfico y el ejemplo más claro es Joaquín El Chapo Guzmán.
–¿Por qué cree usted que presuntamente se le protege?
–Si se le protege es que algo se le debe. No hay más. l
La hora de la macrorrevancha
Jenaro Villamil
Envalentonados, los priistas hacen crecer su pleito con el gobierno federal para imponerle condiciones después de la jornada electoral de este 4 de julio. Culpan a Felipe Calderón de la inseguridad derivada de la guerra contra el narcotráfico, critican su llamado al acuerdo de unidad entre fuerzas políticas y sociales, lo acusan de espiar a varios gobernadores del PRI y le recuerdan que él puede despachar en Los Pinos gracias al tricolor. Así quieren sentar las bases de un “nuevo diálogo”.
Hábiles en el manejo de los tiempos y del discurso político ante el gobierno federal, los priistas contraatacaron por la guerra sucia contra tres de sus gobernadores y rechazaron el diálogo a raíz de la ejecución de Rodolfo Torre Cantú –candidato del PRI en Tamaulipas–, aunque no rompieron con Felipe Calderón, con quien piensan establecer una nueva interlocución en condiciones de debilidad gubernamental frente a los resultados electorales de este 4 de julio.
“No queremos hablar del 4 de julio, queremos hablar del futuro del país, de cuál va a ser el camino que se va a seguir”, sentenció Jesús Murillo Karam, secretario general priista, el viernes
En el mismo sentido se manifestaron también el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y los coordinadores del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, y en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, días después del duro discurso pronunciado por la dirigente nacional Beatriz Paredes el martes 29 de junio: el diálogo será después del 4 de julio y deberá ser “serio, autocrítico y que corrija la ruta que se emprendió hace cuatro años”.
A nombre del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Murillo Karam también respondió así a los tres mensajes al hilo que durante la última semana lanzó Felipe Calderón para entablar una negociación con los priistas a fin de remontar la crisis de inseguridad pública derivada de la guerra contra el narcotráfico:
“Hemos oído ese mensaje muchas veces, hemos hecho las propuestas, presentamos un planteamiento completo. Ahí están prácticamente todas. No queda ninguna iniciativa de ley sin aprobarse... (Calderón) tiene todo el derecho del mundo a no tomar en consideración esta propuesta. La propuesta está ahí, es muy clara y está vigente.”
Murillo también subrayó el último agravio en vísperas de los comicios: acusó al subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, de ser responsable de la salida de Arely Gómez, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), por “diferencias de criterios”. El exgobernador de Hidalgo afirmó que esta renuncia vulnera la independencia del organismo.
“Un cambio en la Fepade no refleja en lo absoluto ningún síntoma de lo que se nos pidió en el discurso, de buscar la concordia, de buscar la legalidad, de buscar el mejor de los caminos para la democracia. No podemos dejar de manifestar nuestra plena y absoluta inconformidad con la marcha atrás en el proceso democrático de México”, abundó Murillo Karam.
Cambios en el gabinete
En la hoja de ruta de las distintas fuerzas priistas, el diálogo con el gobierno federal para después del 4 de julio pasa por algunas condiciones: en primer lugar, un cambio de interlocución en la Secretaría de Gobernación. Su titular, Fernando Gómez Mont, se ha visto rebasado y nulificado, señalan, por la espiral de violencia, por sus desafortunadas intervenciones para justificar la lucha contra el narcotráfico y hasta por el episodio del espionaje y la divulgación de las llamadas telefónicas de los gobernadores de Veracruz, Oaxaca y Puebla.
Los priistas también han acusado al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, por un “ejercicio parcial y electorero” de los recursos de combate a la pobreza. El 23 de junio el diputado federal Sebastián Lerdo de Tejada, hombre de confianza de Beatriz Paredes, anunció que el PRI iba a promover denuncias penales ante la Fepade y revisar la posibilidad del juicio de procedencia contra Félix Guerra.
Otro sector más duro responsabiliza a la jefa de la Oficina de la Presidencia, Patricia Flores, de ser artífice de la guerra sucia contra los gobernadores, de nombrar a delegados de Sedesol y de la SCT proclives a la línea electoral panista y también de la fallida estrategia de las alianzas entre el PAN y el PRD.
También el fantasma del conflicto poselectoral de 2006 está presente. Paredes le recordó a Calderón que gracias al PRI se pudo instalar su gobierno y el 30 de junio, Manlio Fabio Beltrones caracterizó así el diálogo después de los comicios de este 4 de julio:
“Será un diálogo parecido a aquel que permitió en 2006 que México no se destruyera y que las instituciones siguieran siendo respetadas frente a aquellos que las retaban y, sobre todo, las denostaban”, advirtió el poderoso senador que mantuvo una intensa interlocución con Juan Camilo Mouriño.
En el mismo sentido, el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas, dejó abierta la puerta para retomar la interlocución:
“Creemos que el diálogo al que convoca el presidente debe ser productivo y de él deben emanar acciones concretas y un ejercicio serio y autocrítico que corrija la ruta que se emprendió hace cuatro años sin diagnóstico, sin estrategia y sin calcular los alcances del crimen organizado”, afirmó Rojas.
Gracias a ese diálogo de 2006 el PRI sacó amplias ventajas: puso como condición la defensa de los gobernadores de Puebla, Mario Marín, y de Oaxaca, Ulises Ruiz, envueltos en escándalos y acusaciones de ejercicio arbitrario del poder; defendieron a Enrique Peña Nieto frente a la represión del movimiento de San Salvador Atenco y negociaron su apoyo a una reforma fiscal que nunca se concretó.
La presión para cambiar la estrategia de combate al crimen organizado será otra apuesta de las diferentes fuerzas priistas. A pesar de que gobierna en 19 entidades, en especial aquellas con mayores índices de violencia y pugna entre cárteles (Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Durango y Veracruz) el PRI no asume su corresponsabilidad en la ola de crímenes e inseguridad pública y acusa a la administración federal de tener a los gobiernos priistas como “convidados de piedra”.
Crimen y endurecimiento
La mañana del 29 de junio en Ciudad Victoria, seis gobernadores priistas presionaron a la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, para que su discurso frente al ofrecimiento de diálogo del primer mandatario Felipe Calderón marcara un claro deslinde y endurecimiento frente al gobierno federal.
“Me han instruido mis compañeros”, afirmó Paredes esa mañana en los funerales de Rodolfo Torre Cantú, “para que hoy en la tarde dirija un mensaje al priismo nacional, que no lo hacemos en este espacio porque éste es un espacio de duelo y nosotros no usamos los duelos para hacer cadenas nacionales, para ver si esto tiene algún sentido de reivindicación política, de políticas públicas que evidentemente son inexplicables.”
En esas horas de confusión y jaloneos para influir en la designación del candidato sustituto de Torre Cantú, el endurecimiento unificó a las fuerzas priistas. En especial los mandatarios Humberto Moreira, Enrique Peña Nieto –quien suspendió su gira a China–, Miguel Osorio Chong, Ivonne Ortega Pacheco y Jesús Reyes Baeza reclamaron que el nombramiento era una facultad del gobernador tamaulipeco, Eugenio Hernández Flores.
En el Distrito Federal, en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), los de Veracruz, Fidel Herrera, y de Tabasco, Andrés Granier, también le reclamaron al gobierno federal la falta de garantías y de seguridad. Granier, incluso, afirmó que cuatro mandatarios estatales habían sido amenazados por el cártel del Golfo y Los Zetas.
Atrás quedaron las presiones de las fuerzas políticas locales que propusieron a Óscar Almaraz, candidato a diputado local por el XIV distrito; a Manuel Muñoz Cano, coordinador de la campaña e hijo del desaparecido exdiputado federal Manuel Muñoz Rocha; a Antonio Martínez Torres y a Miguel González Salom, como posibles sustitutos de Torre Cantú. Para todos quedó claro que durante el funeral el discurso del hermano mayor, Egidio Torre Cantú, era una señal clara de que él iba a ser el sustituto.
También se filtró a varios medios la versión de que el exdirigente de la CNOP y actual presidente de la Fundación Colosio, Marco Antonio Bernal, buscaba la nominación. Se le atribuyó al coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y a Emilio Gamboa Patrón cabildear por Bernal. Beltrones envió un duro desmentido al periódico Reforma señalando que “ningún dirigente partidista, ningún gobernador, nadie podrá afirmar de cara a la verdad” que él hubiera presionado. “Eso se llama hacer ‘política carroñera’”, sentenció el desmentido firmado por Jesús Anaya, vocero de la bancada priista en el Senado.
En la tarde de ese mismo martes, en la sede nacional del PRI, la mayoría de los 19 gobernadores priistas más los coordinadores legislativos y los dirigentes de los sectores acompañaron a Paredes en la lectura de un comunicado que rechazó el llamado de Calderón a un diálogo nacional y le pasó la factura por el apoyo de ese partido a la toma de posesión del 1 de diciembre de 2006.
“Siempre hemos estado dispuestos a dialogar, pero con liderazgos legítimos y no fruto del oportunismo, que bregan en la borrasca de aguas tormentosas para ver si recomponen sus posicionamientos, cuando ha sido precisamente la irresponsabilidad y el cortoplacismo, el querer ganar a cualquier costo, lo que ha enturbiado el debate y envilecido la política.
“Nuevamente se le pide al PRI civilidad, cuando fue la responsabilidad democrática del PRI la que le dio vigencia a este régimen, cuando los legisladores de nuestro partido hicieron quórum para que se rindiera protesta”, afirmó Paredes en los dos párrafos medulares de su declaración.
A petición de los gobernadores, la dirigente nacional priista también coló otro duro reclamo por el “congelamiento” de los recursos presupuestales para el desarrollo en las entidades gobernadas por priistas y recordó el más reciente capítulo de la guerra sucia a través del “espionaje electoral” contra tres gobernadores del tricolor: Fidel Herrera, Ulises Ruiz y Mario Marín.
Paredes reprochó el fracaso de la política federal de combate al crimen organizado y atribuyó a ésta el asesinato de Torre Cantú:
“El crimen se inscribe en el clima de inseguridad que prevalece en nuestro país –22 mil 700 muertos durante el sexenio, según cifra oficial hasta marzo de este año–; se realiza este crimen en medio de un ambiente de crispación que ha sido y es altamente dañino para la vida nacional y que deteriora el destino democrático del país.”
“Voto por voto” y guerra sucia
El endurecimiento de los priistas forma parte de una estrategia no sólo para unificarse frente a un enemigo común sino un cálculo para garantizar el triunfo en las 12 entidades donde se elegirán gobernadores este 4 de julio.
Los dirigentes priistas consultados por Proceso prevén una ruta de conflicto poselectoral, especialmente en tres entidades: Oaxaca, Puebla y Sinaloa, donde sus candidatos están parejos con las coaliciones del PAN y el PRD.
En su último mitin antes del cierre legal de las campañas, Paredes tomó en Oaxaca el lema del excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y afirmó que su partido defenderá su triunfo “voto por voto”.
Acompañada por Eviel Pérez Magaña, candidato de la alianza PRI-PVEM, Paredes afirmó que sólo el PRI sabe gobernar: “Por eso Oaxaca no merece una aventura, ni la responsabilidad de que el bien gobernar esté sujeto (...) por un propósito de revancha, síntomas que no acompañan al Revolucionario Institucional”.
Un día antes se publicaron dos encuestas domiciliarias que arrojaban una contienda muy cerrada entre Gabino Cué, candidato de la coalición opositora, y Eviel Pérez. Según Arcop-El Universal, Cué aventaja con 51 por ciento frente a 45 por ciento de Pérez, mientras que Reforma arrojó un empate de 48 por ciento.
Los mismos dirigentes priistas acusaron al gobierno federal de encabezar el espionaje y la filtración de llamadas telefónicas de los gobernadores Fidel Herrera, Ulises Ruiz y Mario Marín que se difundieron en varios medios nacionales e internet.
El gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, proclive siempre a un lenguaje conciliador con el gobierno federal, acusó de espionaje a Los Pinos y afirmó, incluso, que el asesinato de Torre Cantú es el resultado de un “Estado fallido”.
El 30 de junio, durante su conferencia de prensa en el Senado, Manlio Fabio Beltrones adelantó lo que horas después ocurrió: la renuncia de la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Arely Gómez.
“Ha sido obligada a renunciar y habrá un nombramiento nuevamente, antes de las elecciones del próximo 4 de julio, que solamente busca ocultar el doble discurso”, denunció Beltrones.
“Por un lado se hace una convocatoria al diálogo y por el otro se toman decisiones electoreras, que buscan desde el gobierno tratar de influir en los resultados de las elecciones”, abundó el coordinador de los senadores priistas.
Apenas una semana antes, el 23 de junio, el diputado federal Sebastián Lerdo de Tejada, hombre de confianza de Beatriz Paredes, anunció que su partido iba a promover denuncias penales ante la Fepade y revisar la posibilidad de juicio de procedencia contra Heriberto Félix Guerra por el “ejercicio parcial” de los recursos y “la falta de respeto a la franja más vulnerable de los mexicanos, que son los que menos tienen en el país”.
Al informar sobre la renuncia de Arely Gómez, el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, afirmó que se solicitó su separación del cargo por “diferencias de criterios para el manejo de la fiscalía”.
Murillo Karam expresó “nuestra plena y absoluta inconformidad” ante la renuncia de la titular de la Fepade y afirmó que la salida de Gómez fue “por diferencias de criterios”, lo que demuestra “la ausencia de independencia de la Fepade y la vulneración de un organismo que nació con autonomía técnica”.
Sus estériles llamados: del vacío al vacío
Daniel Lizárraga
Ante las críticas hacia su estrategia anticrimen tras el asesinato del priista tamaulipeco Rodolfo Torre, el presidente Felipe Calderón hizo sus ya habituales llamados a la unidad, pero luego abandonó la que ha sido su bandera sexenal y se dedicó a apuntalar al PAN para las elecciones del domingo 4: anunció el paulatino fin de la tenencia, la anulación de varios trámites fiscales y, lo más insólito, la creación de 513 mil empleos en el primer trimestre del año...
El asesinato del candidato por la alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, y el fracaso de la Selección nacional en el Mundial de futbol desdibujaron la estrategia electoral trazada en Los Pinos para los comicios de este domingo 4 de julio en 14 estados. En un esfuerzo desesperado, el presidente Felipe Calderón intensificó sus intentos de apuntalar al PAN con “buenas noticias para la gente” y llamados a la “unidad de los mexicanos”.
En los cinco días posteriores al crimen, el propio mandatario y sus colaboradores intentaron retomar el rumbo antes de que naufragara por completo la estrategia diseñada desde las primeras semanas de este año, y que costó a las finanzas públicas alrededor de 140 millones 423 mil 996 pesos.
El 31 de diciembre de 2009 y el 29 de marzo pasado, en Los Pinos se firmaron 13 contratos con empresas para analizar a la opinión pública, medir la percepción de los programas oficiales y levantar encuestas sobre lo que piensan los mexicanos de su gobierno.
El Mundial de futbol en Sudáfrica y los festejos patrios por el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, junto con las elecciones estatales fueron prioridad en la agenda de Los Pinos. El contrato más costoso para medir la imagen gubernamental fue otorgado a la empresa Perspectivas de Campo e Investigación, que cobró 45 millones 333 mil 41 pesos, y el menos caro fue, en materia de asesoría política, para Defoe Experts on Social Reporting, por 5 millones 609 mil 943 pesos.
El resto de las compañías involucradas en esta estrategia de posicionamiento fueron Mercai, Politáctica, Servicio Inter.Net México, Lunaye Multimedios, Asesoría Estratégica, Guerra Castellanos y Asociados, Perspectivas de Campo e Investigación, GP Mark, Perspectivas e Investigación de Campo, e Indagaciones y Soluciones Avanzadas.
Felipe Calderón hizo su parte. El jueves 24 de junio anunció que el pago de la tenencia vehicular disminuirá gradualmente hasta desaparecer hacia el final de 2011, en cumplimiento de una de sus promesas de campaña que hasta entonces le había generado una ola de críticas por no haberla concretado.
En un mensaje leído en Los Pinos, informó que desaparecerá el desembolso por tenencia para cualquier automóvil modelo 2010, cuando su precio sea de 250 mil pesos o menos. Por otro lado, las empresas que compren autos nuevos podrán deducir la tenencia en el pago de impuestos. Calderón promulgó estas medidas cuando faltaba una semana para los comicios estatales.
Discurso ineficaz
Rodolfo Torre Cantú fue ejecutado en el municipio de Soto La Marina, en Tamaulipas, alrededor de las 10:30 horas del lunes 28. Tiempo atrás, cuando bandas vinculadas al narcotráfico desquiciaron Monterrey con bloqueos en avenidas, Calderón había dicho que “una ridícula minoría” no podía poner en jaque al país:
“Aquí se toparon los delincuentes, porque estamos decididos a limpiar a México”, advirtió el 25 de marzo, agitando los brazos, con los hombros echados hacia atrás.
De acuerdo con los medios de comunicación locales, Rodolfo Torre estaba en el primer lugar en las encuestas en Tamaulipas. Cuando fue asesinado, Calderón estaba en su despacho. Su siguiente actividad sería la presentación del libro Viaje por la historia de México, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, como parte de los festejos por el Bicentenario de Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana.
Cuando se enteró de que –según los primeros indicios aportados por el gobernador tamaulipeco, Eugenio Hernández– un comando emboscó al candidato del PRI, Calderón canceló su participación en el acto del museo, que fue encabezado por el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio. El presidente se quedó en su despacho para trabajar con el gabinete de seguridad.
Así, tres semanas después de que llamó “ridícula minoría” a los cárteles de las drogas que desestabilizan varios estados, Felipe Calderón apareció en Los Pinos de luto y sin color en las mejillas. En un mensaje por televisión pidió a la sociedad conformar un frente común y dijo estar dispuesto a dialogar con todas las fuerzas políticas para actuar “con una visión de Estado”.
Esa mañana, Calderón se enredó dos veces con las palabras. Con voz pausada, inclinando un poco el cuerpo hacia delante, como quien pide algo respetuosamente, continuó:
“... Por eso convoco a la sociedad civil, a los sectores productivos, a los empresarios y a los trabajadores, a los académicos, a los intelectuales del país y a los medios de comunicación, para ca… para que cada quien desde el ámbito de su influenza… de su influencia y competencia podamos crear juntos un frente común contra quienes pretenden imponer su voluntad por encima de la ley.”
Aún vestido de traje negro, camisa azul cielo y corbata negra, Calderón entró a uno de los salones del hotel Camino Real de la Ciudad de México para comer con los consejeros de BBVA-Bancomer la tarde del martes 29 de junio. Pero su ánimo había cambiado. Sólo habían transcurrido unas horas de aquel mensaje en el que pidió dialogar para construir una visión de Estado…Calderón ya no estaba pálido y, para romper el hielo, felicitó a los ejecutivos españoles por el triunfo de su selección sobre la de Portugal por 1-0 en el Mundial.
Después dijo que el diálogo con otras fuerzas políticas no significará “claudicar en el combate a la delincuencia organizada”. Con los brazos sobre el atril, esta vez sin bajar la cabeza, el mandatario subrayó que en su gobierno sí hay energía y voluntad para salir de esta crisis. También aprovechó la oportunidad para aclarar que en su mensaje matutino no pidió a los ciudadanos “actos de martirio o heroísmo”, sino simplemente su comprensión y apoyo decidido.
En tanto, añadió, a los gobernantes y políticos les solicitó corresponsabilidad y apertura a fin de encontrar los caminos para darle seguridad a la gente. “Esto es una tarea de todos y no sólo del presidente de la República”, argumentó Calderón ante los ejecutivos, que le aplaudieron con frecuencia.
A lo largo de sus primeros tres años y medio de gobierno, Calderón ha hecho por lo menos siete llamados a la “unidad” o a conformar un “frente común”. Conceptos como esos aparecieron en momentos críticos, cuando las oleadas de violencia dispararon las estadísticas sobre ejecuciones, se trastocó la vida de algún municipio o murió algún servidor público en condiciones similares a las del priista Torre.
El 9 de mayo de 2007, por ejemplo, convocó a lanzar un “¡ya basta! categórico y definitivo”, que uniera a los mexicanos para afrontar la delincuencia. Tras el asesinato de Édgar Millán, coordinador general de Seguridad Regional y Proximidad Social de la Policía Federal Preventiva, enfatizó que el gobierno, lejos de atemorizarse o amedrentarse, redoblaría la lucha.
De tal manera, a dos meses de haberle declarado la guerra al narcotráfico –el 16 de febrero de 2007–, Calderón llamaba a la gente para unirse “contra quienes envenenan el alma de los jóvenes”. Esta fue una de las primeras ocasiones en que, echado para adelante, buscaba que sus palabras penetraran en el seno de las familias mexicanas. Pero la llama no prendió.
Los asesores políticos de Los Pinos han vinculado estos llamados presidenciales con la defensa de la familia, con el combate a la venta de droga entre jóvenes y niños, o bien como respaldo a las Fuerzas Armadas, pero sólo han conseguido que grupos empresariales paguen uno que otro desplegado de prensa en apoyo al gobierno.
En cambio, en España –por poner un ejemplo– la gente sí ha salido a las calles a protestar masivamente contra la violencia generada por la organización vasca ETA.
Entrevistado por Proceso, el periodista Julio Trujillo, quien durante su juventud mantuvo interlocución con los dirigentes históricos de ETA desde la extrema izquierda, explicó que dos factores fueron importantes para arrinconar a los terroristas: una repulsa general impulsada por organizaciones no gubernamentales contra actos que amenazan el tejido social, y una política de Estado en la cual los partidos “aparcaron sus diferencias para fijar posiciones comunes de combate a ETA”.
Se refiere, concretamente, a que el 8 de diciembre de 2000 el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español firmaron un acuerdo de política común para el País Vasco, a fin de hacer efectivas las libertades y acabar con la violencia. Ahí se convino en considerar al terrorismo como “un problema de Estado”, ante el cual correspondió al gobierno combatirlo y a los partidos contrarrestarlo desde el tejido social.
La violencia se calificó en el acuerdo como “moralmente aborrecible y radicalmente incompatible con el ejercicio de la acción política democrática”; se añadió que quienes atentan contra la vida “merecen la condena y el desprecio de los partidos y del conjunto de la sociedad”.
En el caso de México, Trujillo considera que Calderón actuó al revés porque no convocó desde el principio a un gran pacto contra las organizaciones del narcotráfico.
Al parecer, se confió básicamente en el discurso.
Los textos que lee Felipe Calderón en cadena nacional se elaboran en la Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental, encabezada por una joven llamada Alejandra Sota Miraflores, licenciada en ciencias políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Su experiencia laboral no puede entenderse sin Calderón: fue su directora de Imagen y Estrategia en la precampaña, su asesora de Opinión Pública en la campaña, y su directora de Opinión Pública y Discurso durante el periodo de transición presidencial en 2006. Nunca ha trabajado con otro político ni ocupado cargos de representación popular.
El monólogo
Al día siguiente, las puertas de Los Pinos se abrieron para recibir a la élite empresarial mexicana. Desde la escalinata de la casa Miguel Alemán –donde está el despacho presidencial–, Calderón anunció cinco medidas de desregulación fiscal que incluyeron la eliminación de las declaraciones mensuales del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y la anual del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Cuando faltaban sólo cuatro días para los comicios estatales, Calderón informó que también se amplió el plazo de dos a cuatro años para la vigencia de la firma electrónica requerida para realizar los trámites tributarios como parte de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Además, el gobierno eliminó la obligación de dictaminar los estados financieros, tanto para fines fiscales de la Secretaría de Hacienda como para el cumplimiento de las obligaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y permite a los contribuyentes con saldo a favor del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) obtener la devolución sin necesidad del dictamen de un contador.
Tras este sorpresivo anuncio, Calderón se reunió en privado con los empresarios. Al salir del despacho, Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo ante los reporteros: “Esta batalla que estamos librando es de todos nosotros. Como dice él (Calderón): Oye, yo dentro de poco ya no voy a estar y la situación va a seguir; no es un problema que se causó orita”.
Por su parte, Claudio X. González, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, dijo que Calderón les aseguró que está dispuesto a escuchar, pero no a dar marcha atrás en el combate al crimen organizado.
“Eso nos decía ahorita el señor presidente: (que) está dispuesto a oír distintas ideas y propuestas, excepto el hecho de ir para atrás. En eso no está dispuesto a tratar ese punto, y estamos de acuerdo que no podemos ir para atrás, tenemos que ir para adelante”, señaló González.
En la prensa ya aparecían críticas de políticos opositores, de dirigentes partidistas y representantes de organizaciones sociales por esos anuncios que calificaron como “electoreros”. Desde el mismo día del asesinato de Rodolfo Torre, la cúpula del PRI se lanzó a fondo contra la política anticrimen de Calderón, debido a sus tintes “oportunistas” y le recordaron que ese partido fabricó el quórum para que su toma de protesta en 2006 fuera legal.
Pero faltaba más. A tres días de la jornada electoral en 12 estados, Felipe Calderón convocó a los medios de comunicación en Los Pinos para “darle una buena noticia a la gente”. En otro mensaje trasmitido en cadena nacional, el mandatario presumió que la economía mexicana marcha sobre ruedas, ya que en los primeros seis meses de este año se crearon 513 mil nuevos empleos formales: un promedio de 85 mil 500 por mes.
“Con estos resultados alcanzamos uno de los logros en materia de empleo más altos en la historia del país, desde que se tiene registro de ingresos en el Seguro Social”, señaló.
En esta declaración, en vísperas de que se abrieran las urnas, Calderón añadió que el Producto Interno Bruto creció 4.3% durante el primer trimestre. Añadió que en abril la actividad industrial aumentó a más de 6% y que la industria manufacturera creció 11% en mayo.
El tema de la delincuencia organizada parecía haber sido sepultado por el peso de la agenda electoral. No obstante, Calderón osciló al lado contrario. La mañana del pasado viernes 2, al presidir la clausura de la Quinta Cumbre Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial, lanzó una nueva convocatoria –la segunda en menos de una semana– para que los partidos asuman un comportamiento de Estado contra el crimen organizado.
“A eso llamo; a que en una política de Estado por la seguridad, en nuestro caso de los mexicanos, concurra la voluntad, el esfuerzo y la propuesta de todos los que intervenimos en la vida pública”, insistió el presidente, después de las escaramuzas verbales con los priistas por las filtraciones de llamadas telefónicas de los gobernadores Fidel Herrera y Ulises Ruiz, y meses después de su intento de descabezar a los gobiernos perredistas de Michoacán bajo acusaciones de narcotráfico.
Hasta el cierre de esta edición, Felipe Calderón no había respondido las críticas opositoras. Sólo había conseguido escuchar el eco de sus discursos: algunas declaraciones de apoyo de los empresarios, funcionarios y líderes de su propio partido. (Con información de Carlos Acosta y Alejandro Gutiérrez.)
Si se pactara con los capos...
J. Jesús Esquivel
Michael A. Braun, exjefe de Operaciones de la DEA, aconseja al gobierno mexicano no negociar con los cárteles de la droga porque, dice, el costo sería muy alto y, según sus pronósticos, en menos de 10 años México se convertiría en un narcoestado. Hay capos que quieren pactar y políticos que podrían caer en la tentación. Eso sería como vender su alma al diablo… y ya no hay arrepentimiento posible.
WASHINGTON.- Si los políticos y los partidos de México amarran acuerdos con el narcotráfico para reducir los niveles de violencia por razones financieras o para garantizar los comicios presidenciales de 2012, el país puede convertirse en un narcoestado en 10 años más, advierte Michael A. Braun, exjefe de Operaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).
En ese escenario México tiene dos opciones: “convertirse en una potencia económica global o transformarse en un narcoestado”, dice Braun, quien hasta finales de 2008 coordinó las operaciones de la DEA en 227 puntos de Estados Unidos y en 87 países.
Comenta que estudiosos de las organizaciones criminales que operan en México aseguran que si el gobierno de ese país no enfrenta de manera agresiva a los cárteles y los desmantela, éstos convertirán el territorio en un narcoestado. E insiste en que no hay duda de que, por su avaricia, los capos mexicanos intentarán negociar con la clase política y con los gobernantes; y al hacerlo, tendrán un mayor control para el trasiego de las drogas, dice Braun.
Directivo de la firma Spectre Group International LLC, dedicada al diseño de programas de seguridad e inteligencia en Afganistán, Pakistán y otras naciones de Oriente Medio y Europa, el entrevistado afirma que los cárteles están intentando crear un “ambiente permisivo en México” para operar sin problemas.
“Eso quiere decir que desean influir en el resultado de las elecciones, como han venido haciendo y lo seguirán haciendo en el futuro inmediato”, subraya.
El experto en combate al narco, actividad a la que dedicó 34 años de su vida, Braun reconoce que los mexicanos están desconcertados por el ambiente de violencia que priva en su país y la inseguridad que genera, pero considera que si las autoridades quieren fragmentar y eliminar a los cárteles de la droga, por ningún motivo deben hacer concesiones con los capos.
Para el exjefe de Operaciones de la DEA, ellos son unos “criminales desalmados” con los que no se debe negociar. Si el gobierno de México lo intentara, sería como colocarse una argolla en la nariz que ellos jalarían a placer para obtener lo que quieran.
Sin mencionar nombres ni fechas, Braun relata que políticos y gobernantes del PRI establecieron acuerdos con el narcotráfico en el pasado. Por eso, hace 40 o 50 años hubo un control de la violencia que generaban el crimen organizado y los narcotraficantes. Y reitera que gracias a ello los cárteles se fortalecieron y ahora México está pagando las consecuencias.
¿Son entonces los políticos priistas los que más tienden a concretar acuerdos con el narcotráfico? –pregunta el corresponsal.
–No puedo decir eso. No se puede analizar así al viejo o al nuevo PRI; tampoco al viejo y al nuevo PAN. Si el PRI tiene éxito electoral en un par de años (2012) y el sucesor de Calderón en la Presidencia es de un partido diferente, entonces sería necesario saber su posición con respecto a la lucha contra el narcotráfico.
Braun insiste: “Los acuerdos con el crimen organizado, sean por razones financieras, políticas o de seguridad, nunca funcionan. Al contrario, empeoran las cosas”.
Un “triunfo” muy costoso
El pasado 16 de junio, el encargado de la estrategia de inteligencia de la DEA, Tony Placido, declaró a un grupo de reporteros mexicanos que en Estados Unidos hay preocupación por la posibilidad de que el relevo de Calderón opte por no dar continuidad a la estrategia de combate al narcotráfico con la participación del Ejército.
–¿Existe esa preocupación? –se le cuestiona a Braun.
–No es sólo la DEA la que está preocupada sobre un cambio partidista o de estrategia antidrogas desde la Presidencia de México; en muchos países sus dirigentes entienden que lo peor que puede hacer el gobierno de ese país es establecer acuerdos con los narcotraficantes.
A dos años y cinco meses de que concluya la gestión de Calderón, su estrategia contra el narco ha dejado más de 23 mil muertos. Esto, para muchos expertos, es una opción válida para derrocar al crimen organizado, aunque admiten que en este caso el costo para la sociedad mexicana está resultando muy alto.
Braun es uno de ellos. Sostiene incluso que Calderón está ganando la guerra contra los cárteles. “Estoy absolutamente convencido de que la creciente violencia, tan difícil de entender para los mexicanos, es una indicación clara del éxito de la estrategia del presidente Calderón”.
Y enfatiza: Nunca antes los cárteles de la droga habían estado en riesgo de ser desmantelados.
Aunque renuente a comparar el estado de violencia generado por el trasiego de las drogas que se vive en México con el que hubo en Colombia hace dos décadas, el exjefe de Operaciones de la DEA declara que ojalá el gobierno mexicano logre lo que su par colombiano. E indica que cuando éste decidió atacar con todo al narcotráfico, el país sudamericano experimentó niveles de violencia mayores incluso a los que hoy se viven en México.
“La estrategia contra el narcotráfico en Colombia consistió en desmantelar a los cárteles, uno por uno… No estoy diciendo que la de combatir cada uno de los cárteles sea necesariamente la estrategia de México. En ese país hay gente que cree que existen organizaciones intocables o que son favorecidas por el gobierno. Lo mismo se dijo de las autoridades colombianas.
“Pero allá se dieron cuenta de que no alcanzarían sus objetivos si atacaban a todos los cárteles al mismo tiempo; por eso optaron por enfrentar de manera sistemática a uno por uno. Eso les dio resultado”, resume Braun, quien asegura que aún es consultado por “altos funcionarios” del gobierno mexicano para que los asesore, aunque se niega a revelar sus nombres, pese a la insistencia del corresponsal.
Braun, quien asegura que aún tiene contacto con sus antiguos colegas de la DEA y es respetado en los círculos del poder en Washington y otras capitales, afirma que Colombia es ya uno de los países más seguros del hemisferio occidental. Ello se debe, insiste, a que las autoridades no dieron marcha atrás en su determinación por fragmentar a los cárteles del narcotráfico, uno por uno y no mediante una guerra generalizada.
“Cuando te embarcas en una campaña para romper la espina dorsal de esos poderosos cárteles tienes que luchar hasta el final, llegar a las últimas consecuencias”, dice. Y, con respecto al caso de México, explica que si el gobierno no pierde los deseos de pelear, ganará la batalla y experimentará lo mismo que Colombia”.
Por eso reitera que a los capos mexicanos no se les debe ni puede confiar nada, mucho menos negociar con ellos desde el gobierno. Ellos están conscientes de la vulnerabilidad de los políticos y funcionarios, dice el exjefe de Operaciones de la DEA, incluso podrían tener la capacidad para menoscabar las instituciones democráticas de México.
“Si algún político o funcionario hace un acuerdo con el diablo y al día siguiente el diablo le muerde el trasero, no debe sorprenderse”, anota Braun.
Proceso le pregunta a Braun si considera que es factible que en las elecciones que se realizan este domingo 4 de julio en más de 10 estados de la República Mexicana ganen algunos candidatos vinculados al narcotráfico.
Tras una pausa, responde: “No sé si ocurrirá o no. Sólo puedo garantizar que si algún funcionario o político prevé hacer acuerdos con los líderes de los cárteles o ya los hizo, aun con lo que ha ocurrido en ese país, va a pagar un precio muy alto. (Esos candidatos) pueden ganar una elección y asumir el poder… pero una vez que venden su alma al diablo, ya no vale ningún arrepentimiento”.
El noreste: zona roja
Ricardo Ravelo
El asesinato del candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, tiene tintes ominosos. No sólo por la saña y la exhibición de poder que implica un homicidio así, sino por la naturaleza política de ese golpe del narco y porque ocurre en la “zona roja”, como ya se le conoce al corredor Nuevo León-Tamaulipas, donde los mayores cárteles del país, el del Golfo y el de Sinaloa, se enfrentan a uno de los más sanguinarios: Los Zetas. Y ahí sí, ni la PGR le entra. Aunque en este caso sí lo hará.
El asesinato del candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, perpetrado el lunes 28, ocurrió en el momento más álgido de la pugna que en esa entidad libran el cártel del Golfo y Los Zetas, grupo armado que según la DEA y la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) ya es considerado un cártel bien establecido en el corredor Tamaulipas-Nuevo León y que sigue integrando a exmilitares mexicanos y guatemaltecos en su estructura.
A pesar de sus fisuras internas y del encono que priva desde 2003 por la detención de Osiel Cárdenas Guillén, su reconstructor, el cártel del Golfo es el segundo grupo criminal más poderoso del país, después del cártel de Sinaloa, que domina en todo el litoral mexicano del Pacífico.
El asesinato del candidato del PRI se presenta en un escenario trastocado por la falta de control militar, los desatinos de la política anticrimen del gobierno federal, la corrupción imperante en las filas policiacas y los choques armados que protagonizan el cártel del Golfo y Los Zetas, bandas que tras más de 12 años de alianza se están disputando los principales territorios del Golfo de México.
Luego del escándalo ocasionado por el asesinato de Torre Cantú, el presidente Felipe Calderón hizo un llamado más a la unidad y pidió a la sociedad sumar fuerzas contra el crimen organizado, pero fue poco enfático al referirse al candidato priista, a pesar de la saña con la que fue ejecutado.
Es más, ni el escenario de violencia que vive Tamaulipas ni el uso de armas de alto poder en este crimen –por citar algunos elementos trascendentes –fueron suficientes para que el caso fuera atraído e investigado en el ámbito federal por la Procuraduría General de la República (PGR), que pintó su raya al erigirse sólo como autoridad coadyuvante de la indagatoria. Sin embargo, el viernes 2 por la noche la dependencia informó que atraería el caso al considerar que las pruebas desahogadas hasta entonces así lo ameritaban, abriendo la AP PGR/DGCAP/ZC/-IV/093/2010
La misma tarde del crimen, la PGR informó a través de una tarjeta informativa que había enviado a Tamaulipas a varios agentes del Ministerio Público federal y peritos para colaborar en la investigación que lleva a cabo la procuraduría estatal.
La nueva alianza
La creciente violencia que enfrenta el noreste del país no es ignorada por la PGR, institución responsable de investigar los delitos cometidos por la delincuencia organizada.
Desde febrero de este año, la DEA
–agencia antidrogas estadunidense– dio a conocer que la alianza pactada por el cártel del Golfo con el de Sinaloa fracturó la relación del primero con Los Zetas, que por más de una década estuvieron aliados en los negocios de las drogas, el secuestro, la extorsión y otra veintena de delitos graves. También advirtió que dicha ruptura traería como consecuencia una mayor división de las policías, de por sí pulverizadas por la corrupción, debido a las pugnas por la protección de sus intereses criminales.
La advertencia de la DEA se cumplió: ahora Tamaulipas y Nuevo León tienen a sus policías “completamente cartelizadas”. Poco después de que la agencia de Estados Unidos adelantó el escenario de violencia en ese corredor, la SSP federal confirmó a través de sus órganos de inteligencia que, en efecto, la ruptura de Los Zetas con el cártel del Golfo era un hecho, lo que traería como consecuencia la disputa de ese territorio entre esas organizaciones, que desde 1997 eran aliadas en el tráfico de drogas.
De acuerdo con una ficha informativa elaborada por la PGR, la descomposición que se advierte en el corredor Tamaulipas-Nuevo León obedece a la nueva configuración de los cárteles de la droga, producto de los reacomodos entre las dos más importantes organizaciones que operan en México: el cártel del Golfo y el de Sinaloa.
Con base en información de la DEA, la PGR sostiene en la ficha referida que en Tamaulipas no sólo se confirmó la ruptura entre Los Zetas y el cártel del Golfo, sino que en éste privan los desacuerdos por el control entre Eduardo Costilla, El Coss, y Ezequiel Cárdenas Guillén.
Para la DEA, el antagonismo interno del cártel del Golfo parece irreconciliable y por lo tanto “es una fuente generadora de violencia e inestabilidad”. Como dice la agencia estadunidense en un informe sobre el reacomodo de los cárteles: “Los vínculos entre los personajes históricos del cártel del Golfo, Eduardo Costilla y Ezequiel Cárdenas, se han resquebrajado con quienes dirigen a Los Zetas, entre ellos con Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y Miguel Treviño Morales, El Z-
Continúa: “Los vínculos entre estas bandas dedicadas al tráfico de enervantes sólo estaban sustentados en débiles acuerdos”, y añade que la endeble relación se fracturó desde enero pasado debido al asesinato de una persona clave de Los Zetas: Víctor Peña Mendoza, El Cóncord 3, identificado por la DEA como brazo operador de Treviño Morales.
Debido a la separación de Los Zetas de la organización que los vio nacer entre 1996 y 1997, un nuevo reacomodo de cárteles se presentó en el país, lo que derivó en nuevas alianzas y también en batallas por el control territorial. A esas causas se atribuye la ola de asesinatos y levantones que a diario se viven en Tamaulipas y Nuevo León, que según el secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, ya rebasó a los gobernadores de todos los estados, pues afirma que éstos carecen de instrumentos para combatir al crimen organizado.
Según el director de inteligencia de la DEA, Anthony Placido, los estallidos de violencia que padecen ambas entidades constituyen un nuevo episodio. Él atribuye las confrontaciones a la independencia de Los Zetas, a los que imputa la intención de controlar la frontera con Estados Unidos.
“Tengo entendido que hay una guerra nueva entre los cárteles del Golfo y Los Zetas, que anteriormente eran una misma organización y ahora están separados… Entendemos que están luchando por el control de la plaza”, dice Placido.
–¿Es una amenaza relevante para Estados Unidos la confrontación de los cárteles del Golfo y Los Zetas? –pregunta el reportero.
–México es un foco de preocupación. Es muy pronto para conocer las consecuencias, fuera de México, de esos dos grupos rivales. Es difícil colocar un orden porque no estamos comparando manzanas con manzanas, pero mi atención está puesta en México porque por ese país llegan tres de las cuatro drogas más importantes usadas en Estados Unidos, y ello se debe a su proximidad geográfica.
Según la SSP y la PGR, que sustentan su versión en los informes de la DEA, la presunta causa de la escisión entre Los Zetas y el cártel del Golfo tiene su origen en los acercamientos que sostuvieron miembros del cártel de Sinaloa con Eduardo Costilla a fin de establecer una posible alianza.
Cuando surgieron los primeros datos sobre una eventual asociación entre ambos cárteles saltaron las dudas, debido principalmente a que en más de 50 años de existencia esos grupos fueron rivales. Sin embargo, desde Washington la DEA confirmó la alianza Golfo-Sinaloa y adelantó lo que más tarde confirmaría la SSP: que había nuevos enroques en las estructuras del narcotráfico mexicano.
En efecto, en un intento de fortalecer su liderazgo dentro y fuera del Golfo de México, Los Zetas se aliaron con la organización Carrillo Fuentes, los hermanos Beltrán Leyva y el cártel de Tijuana.
Por su parte, el cártel del Golfo perdió su brazo armado (Los Zetas), pero estableció una alianza con el cártel de Sinaloa, los hermanos Valencia afincados en Michoacán y La Familia michoacana, organización esta última que se expande desde hace tres años y que, según la SSP, domina 10 entidades del país con el apoyo de las policías locales.
Desde que se consolidó la alianza de los cárteles del Golfo y de Sinaloa no han cesado los choques entre ambos grupos y Los Zetas. En marzo de este año, por ejemplo, el área de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que en el municipio de Camargo, Tamaulipas, Los Zetas habían habilitado un centro de adiestramiento para sicarios.
Eso fue confirmado debido a que ese lugar presuntamente fue atacado a balazos por gatilleros del cártel del Golfo. Según los reportes oficiales, el enfrentamiento duró un par de horas y en él murieron dos personas. De acuerdo con un video publicado en la página electrónica YouTube, la balacera fue parte de la guerra que sostienen Los Zetas y el cártel del Golfo.
Otro epicentro de la ola de asesinatos es el estado de Nuevo León, feudo de Los Zetas. Ahí las matanzas son tan frecuentes que al corredor formado por esta entidad con Tamaulipas ya se le conoce como “la zona roja”. Tampoco la policía nuevoleonesa puede contener la violencia, ya que toda la estructura policiaca está infiltrada por el narcotráfico, según reconoce la SSP.
Bienvenidos a “Los Zetas”
Aun cuando ha sufrido bajas por detenciones y asesinatos, el cártel del Golfo mantiene casi intacta su estructura, de acuerdo con un informe de la SSP elaborado por su área de inteligencia y titulado Radiografía de las organizaciones de narcotraficantes.
Con base en ese informe, cuya copia tiene Proceso, puede establecerse que los personajes que reconfiguraron el cártel del Golfo bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas Guillén son los mismos que han ejercido el poder criminal desde
Con excepción de Osiel Cárdenas, detenido en 2003 y extraditado a Estados Unidos, el resto de los cabecillas del cártel sigue operando:
Sobre Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, el informe de la SSP apunta: “Es uno de los integrantes (del cártel del Golfo) más violentos y formó parte del Ejército mexicano”. Ezequiel Cárdenas Guillén es hermano de Osiel. Eduardo Costilla Sánchez (El Coss) es identificado por la PGR y la SSP como cabeza de la organización; junto con él operan Héctor y Gregorio Sauceda Gamboa, Zeferino Peña Cuéllar (Don Zefe), Carlos Landín Martínez (El Puma) y Alfonso Lam Liu.
Por su parte, el cártel de Los Zetas es encabezado por Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y de acuerdo con el informe federal citado, su segundo de a bordo es Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40.
Los Zetas no han dejado de reclutar a militares mexicanos para suplir sus bajas y reforzar sus filas. De igual forma, tienen una importante cantera criminal en el ejército de Guatemala, cuyos desertores son incorporados al cártel, según consta en la causa penal 19/2006, en la que el declarante guatemalteco William Mendoza González, conocido como El Dandy, refiere cómo fue “enganchado” por Los Zetas.
Cuenta en su testimonio ministerial que luego de salirse del ejército guatemalteco permaneció como un mes en su casa, al cabo de ese tiempo, un amigo (guatemalteco), también exkaibil y al que había conocido en el Primer Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala, Eduardo Morales Valdez, le dijo que si quería ir a trabajar a México como encargado de dar seguridad a un empresario, sin explicar más que recibiría tres mil pesos quincenales y luego de algunos meses de trabajo le aumentarían el sueldo.
Como me pareció atractivo el ofrecimiento dijo que sí (sic), contestándole su amigo que él le avisaría cuándo partirían (a México) y que mientras le confirmaba la fecha iba a buscar a más exmilitares guatemaltecos porque así se lo había pedido el empresario al que le iba a dar seguridad.
Que aproximadamente dos días después, Eduardo Morales Valdez acudió al domicilio de su amigo, en Santa Amelia, para decirle que en ese momento quería que fuera a la casa de un sujeto al que conocía como El Ponchado, al parecer de apellido Stwinlisky, para ver lo del trabajo en México. Haciéndole así, se dirigieron al domicilio de El Ponchado, ubicado en el barrio de Santa Fe, municipio de Poptún, departamento de Petén, Guatemala.
En ese domicilio se encontraban doce exkaibiles, quienes se incorporaron al grupo Los Zetas el doce de mayo del 2009. Para llegar a México partieron de Petén, Guatemala, hasta llegar a la frontera con Tenosique, Tabasco, en México; al llegar a la garita donde está la aduana de México, las autoridades aduanales nos dieron permiso por setenta y dos horas para pasar a México, como normalmente ocurre con la gente que desea conocer o comprar ropa. Luego un sujeto pasó por nosotros para llevarnos al puerto de Veracruz, donde permanecieron varios días.
Luego nos llevaron a Tampico, Tamaulipas, donde fuimos recibidos en una fiesta en la que nos dieron la bienvenida con una gran manta que decía “Bienvenidos a Los Zetas”. Nos dijeron que querían probar nuestra disciplina militar y más tarde nos dijeron que el negocio se trataba de trabajar con droga, matar a narcotraficantes rivales y mantener el poder a cualquier costo…
El miedo corroe
Arturo Rodríguez García
MONTERREY, NL.- A las 9:10 de la mañana del 24 de junio, las actividades del jardín de niños Gabriel García Márquez, en el municipio conurbado de Apodaca, fueron interrumpidas por ráfagas de cuernos de chivo. Un intento de levantón provocó persecuciones y culminó con el tiroteo a unos
A gritos, las educadoras ordenaban a los pequeños que se refugiaran bajo los pupitres. Muchos niños, sin tener claro lo que ocurría, quedaron paralizados por el miedo. El tiroteo se alejó de ese plantel sólo para desatar, más adelante, escenas similares en las primarias Josefa Zozaya y Adolfo Ruiz Cortines. Los padres de familia no lograron llevarse a sus hijos hasta que el Ejército aseguró el área, casi al mediodía.
Las medidas para enfrentar esas contingencias son deficientes o nulas. Y tales episodios se han vuelto tan frecuentes que la exposición a la violencia, en opinión de algunos especialistas, ya es un problema de salud pública.
El lunes 21, los secretarios estatales de Seguridad Pública, Luis Carlos Treviño Berchelmann, y de Educación, José Antonio González Treviño, presentaron el Manual y protocolo de seguridad escolar que, ante la imparable violencia en el área metropolitana de Monterrey, procura capacitar a los maestros para hacer frente a las contingencias.
Días antes Treviño Berchelmann había explicado que el propósito era “generar estrategias para que no haya pánico (...) Que haya mecanismos de reacción, pero muy ordenados”. Sin embargo, el manual no había llegado aún a las escuelas próximas al tiroteo del día 24.
Otros mecanismos de protección ciudadana tampoco dieron resultado. Por ejemplo, ante los bloqueos de avenidas que desquiciaron la zona metropolitana el 9 de junio, el gobierno estatal anunció una “estrategia” consistente en desplegar grúas. El anuncio provocó críticas y burlas de organismos civiles y legisladores de oposición.
Apenas acabado el tiroteo del día 24 hubo al menos 12 cercos en la ciudad, con los que durante 35 minutos los efectivos de la Marina destacados en esa zona quedaron sitiados.
El salvaje noreste
Debido al rompimiento entre el cártel del Golfo y Los Zetas, y a raíz del aumento de operativos de las llamadas Fuerzas Armadas Permanentes, los hechos de violencia se han incrementado notoriamente en el noreste del país y provocan psicosis en los civiles.
El pasado 1 de febrero, en varios bares de Torreón hubo ataques que dejaron al menos ocho muertos y más de 40 heridos. Con la ciudad aún conmocionada, la tarde del 3 de febrero un aparente encuentro casual entre la Policía Federal y presuntos sicarios desató una persecución y tiroteo que tuvo por escenario el exclusivo centro comercial Galerías Laguna, que estaba repleto.
La zona metropolitana de Tampico no se salva. La noche del 2 de abril, el ataque a un table dance resultó en la muerte de siete personas. Horas después, en un acto de la Feria de Tampico, se oyeron ruidos semejantes a disparos, lo que provocó la huída desordenada de unas 17 mil personas que asistían a un concierto de Jenny Rivera.
Tampico se vació el 4 de abril. Sus calles quedaron desiertas en plena semana vacacional, el transporte público dejó de funcionar poco después del mediodía y todos los comercios del centro cerraron (tras otra balacera).
Como respuesta, el gobierno de Tamaulipas creó el Centro de Información Oportuna (CIO) para avisar por internet, en tiempo real, sobre situaciones violentas en todos los municipios del estado. Según el gobernador, Eugenio Hernández Flores, el problema era que por la red se difundían datos inexactos.
El COI no dio resultado. Con informes que se emitían varias horas después de ocurridos los hechos violentos, las redes sociales siguieron siendo el vehículo de información. El programa dejó de funcionar a principios de este mes.
Vicios del sistema
El 2 de mayo, un mes después de los hechos de Tampico, la Expo Feria Guadalupe, en ese municipio de Nuevo León, vivió un hecho similar que, ahora sí, cobró vidas humanas.
El sábado 1 de mayo, el palenque de la feria estaba a reventar pues se presentaba el popular grupo Intocable. A la una de la mañana del domingo, en pleno concierto, unos disparos provocaron la estampida. El enorme local donde se celebraba el espectáculo tenía cerradas las salidas de emergencia y los policías y guardias privados no supieron qué hacer. La turba en pánico, y no los disparos, mató a cinco personas y al menos 20 más quedaron lesionadas.
La noche del 18 de mayo había un espectáculo de lucha en la Arena Coliseo de Monterrey. Con la arena a reventar y no obstante el bullicio, unos tiros retumbaron en el sitio; causaron una estampida y la suspensión de la pelea. Hasta los combatientes corrieron. La imprevisión quedó en evidencia.
Abogado y consultor en protección civil, Leonel Jasso explica que las deficiencias en seguridad reflejan el incumplimiento del marco legal por los tres órdenes de gobierno. Los focos rojos, dice, se reproducen en casi toda la zona metropolitana de Monterrey, donde viven alrededor de 4 millones de personas. Y señala que con las actuales políticas públicas en la materia es imposible prevenir tragedias.
Entre otros factores, Leonel Jasso menciona que la mayoría de los responsables de Protección Civil carecen de experiencia y llegan por favores políticos. Existe una tendencia a la reacción y no a la prevención, y no hay una política pública que estimule el conocimiento de la sociedad sobre lo que debe hacer en una contingencia.
Afirma que de contar con algunos estándares mínimos, en la Expo Guadalupe no hubiera muerto ni una persona, y advierte que hechos como ese pueden repetirse en cualquier momento.
“Los focos rojos, en el caso de Nuevo León, son muchos, porque se arrastran vicios que, por conveniencia o negligencia, nadie quiere eliminar… y me atrevo a decir que así debe estar todo el país.”
La segunda quincena de febrero, en la zona rural del norte de Tamaulipas y de Nuevo León la violencia fue tal que paralizó municipios enteros. Ante la llegada de comandos de un grupo criminal u otro se vaciaron las escuelas, las calles quedaron sin gente y los comercios cerraron.
La violencia fue peor con el arribo de las Fuerzas Armadas Permanentes, pues en marzo ocurrieron los asesinatos de civiles perpetrados por el Ejército, según testigos citados por organismos defensores de derechos humanos.
Problema de salud
Con base en un reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Luciana Ramos Lira da por sentado que la exposición a la violencia y el consecuente miedo es un problema de salud pública.
Investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramos Lira habla de los problemas que se derivan de la violencia: “No sólo son síntomas postraumáticos o de ansiedad. Además, generan cambios profundos a nivel de la personalidad, la identidad, la percepción del mundo, distorsiones acerca de sí y de los demás, alteraciones afectivas, hiperactivación fisiológica y el factor de riesgo de que reproduzcan la violencia, en especial los hombres”.
En el caso de los niños, Ramos Lira expone que la violencia puede alterar en forma profunda la personalidad y generar patologías o inclusive alterar estructuras cerebrales.
Por su parte, Lucy María Reidl-Martínez, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, explica: “Mucho de lo que se aprende, bueno y malo, se aprende observando modelos, por lo que si continuamos así, cada día será más probable que la violencia y la conducta violenta se vean como algo natural, y así se aprenderá y así se actuará”. l
De “hermano incómodo” a virtual gobernador
Gerardo Albarrán de Alba
La clase política priista de Tamaulipas acudió a los funerales de su candidato a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú. Y mientras las autoridades investigan quién perpetró el homicidio del militante que había conseguido conciliar a los principales grupos políticos del estado, sus correligionarios optaron por nombrar a Egidio Torre Cantú, hermano mayor de Rodolfo, como su sustituto para garantizar que todo siga igual.
CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- Como todo aquí, el velorio de Rodolfo Torre Cantú es un murmullo, una suerte de silencio en voz alta. Don Egidio, el grande, el médico patriarca, se empequeñece aún más ante el féretro de su hijo menor, médico como él. Lo cobija su primogénito, Egidio, el chico, ingeniero que recibe erguido a la clase política local que desfila ante los restos de su futuro inmediato. La pesadumbre de la desgracia se traslapa con la crisis nacional desatada por la ejecución del candidato del PRI a la gubernatura del estado, la mañana del lunes 28 de junio.
Al caer la noche de ese lunes, el gobernador Eugenio Hernández Flores debe rendir cuentas a la cúpula priista que comienza a llegar a la residencia oficial de gobierno. Es su estado, era su candidato, es su problema. Pero el magnicidio trasciende el ámbito regional; el PRI debe evaluar las consecuencias, articular una respuesta, y en eso se concentran su presidenta Beatriz Paredes Rangel y el secretario general Jesús Murillo Karam. Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones y Joaquín Gamboa Pascoe destacan entre 15 gobernadores, decenas de legisladores y dirigentes de los sectores priistas que acuden de urgencia a la cita.
A la mañana siguiente, luego de tres horas de reunión, quedan definidas las dos pistas en que transcurrirán las siguientes 48 horas: cierre de filas para acusar el golpe recibido –el más seco desde los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de Francisco Ruiz Massieu en 1994– y revertir la ofensiva mediática del presidente Felipe Calderón, a quien trasladan la carga de responsabilidad por la descomposición política que desangra al país; por otro lado, dejar que el gobernador resuelva la rebatinga por una sustitución sin mucho margen de maniobra.
Las conjeturas
Aquí, donde a lo largo del sexenio del gobernador Eugenio Hernández Flores oficialmente nada ocurría, pasó todo en sólo un par de días, en los que se expuso como una sola la disputa por el poder político y el poder fáctico.
La violencia impuesta por el crimen organizado en Tamaulipas escaló a niveles que ya nadie pudo ignorar. La muerte de Rodolfo Torre Cantú es el colofón de un sexenio marcado por la violencia del crimen organizado y plagado de ejecuciones que incluyeron a dos candidatos a alcaldes asesinados en dos procesos electorales consecutivos: Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, del PT, en Río Bravo, el 29 de noviembre de 2007, y el panista Mario Guajardo, en Valle Hermoso, el 13 de mayo de este año, así como el secuestro, tortura y ejecución de Ausencio Eng Miranda, dirigente del Movimiento Nacional Villista, en Tampico, apenas el 22 de junio.
Es martes y falta más de una hora para que dé inicio el homenaje que el priismo nacional le rinde a su nuevo mártir. Los dirigentes del PVEM, Jorge Emilio González Martínez, y de Nueva Alianza, Jorge Kahwagi, cumplen sin pudor su papel de comparsas como integrantes de la Coalición Todos Tamaulipas, junto con el PRI. Torre Cantú también era su candidato. Platican y ríen, sentados uno al lado del otro, solos, al centro de las dos primeras filas de sillas aún vacías en el moderno polifórum, reservadas para los priistas que llegarán junto con los féretros de Torre Cantú, el diputado Enrique Blackmore Smer y el chofer Rubén López Zúñiga, exmilitar, tres de los cinco muertos la víspera.
Ellos no tienen vela en el entierro. ¿No deberían estar en la casa de gobierno resolviendo quién será su candidato sustituto? ¿No los tomaron en cuenta? Despeinado, Kahwagi abre los ojos y se congela ante la pregunta. González Martínez tarda una eternidad antes de excusarse: “Es que los estatutos dicen que el PRI decide quién es el candidato sustituto en caso de emergencia; nosotros somos respetuosos de la decisión que ellos tomen”. Kahwagi asiente, aliviado. El Verde y Nueva Alianza asumirán los hechos consumados, “pero por supuesto”, dice Jorge Emilio.
La gente de a pie que acude al homenaje coincide: Rodolfo Torre Cantú “no debía nada”. Y a partir de esa certidumbre se pierden en conjeturas, cual más cual menos sórdidas, según desde donde surja, del crimen político al ajuste de cuentas del narco.
Las edecanes reparten kleenex a manos llenas. Se agotan en los deudos, no alcanzan para las plañideras que se arrojan sobre el féretro del candidato malogrado. Una canción de campaña como música de fondo retumba: Podemos vivir sin miedo y cumplir nuestros sueños por fin: vivir en paz. Parece que no. Las palabras del hermano del candidato asesinado conmueven a la multitud: Tengo el alma rota. ¡Era un hombre bueno, caramba! Hay sueños que terminan en pesadilla.
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Caravanas de policías federales y militares patrullan la ciudad desde el mismo lunes 28, horas después del magnicidio. Al día siguiente, todos los gobernadores y los coordinadores parlamentarios priistas son escoltados por una camioneta del gobierno del estado y, si acaso, una patrulla de la policía estatal.
Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y Jesús Murillo Karam comparten el asiento trasero de una Suburban. En contraste, Enrique Peña Nieto llega con una escolta futurista: cuatro unidades del Ejército, con más de 30 elementos armados; dos patrullas de la Policía Federal y una de la Preventiva estatal; tres camionetas del gobierno del estado llenas de guaruras. Idéntico despliegue de seguridad que el ofrecido la víspera al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, excepto que éste llevaba además una ambulancia.
Paradójicamente, el homenaje a Rodolfo Torre Cantú se distinguió por la relajada seguridad en el interior del amplio polifórum. Afuera quedaron las escoltas y nadie revisó a las miles de personas que llenaron el lugar. Ningún obstáculo para moverse entre el sillerío y los pasillos. Al final, la cúpula priista salió por la parte de atrás del recinto para abordar varios helicópteros; de ahí al aeropuerto, desde donde volaron a la Ciudad de México.
Aún quedan helicópteros en tierra cuando se desatan la lluvia y el lugar común. Hasta el cielo llora por el doctor Torre, se escucha. La realidad no se anda con metáforas: es el huracán Alex, categoría dos, que avisa de su cercanía y llegará al día siguiente, en plena tormenta política. Sin energía eléctrica ni celulares en la mayor parte del estado entre miércoles y jueves, el meteoro impone una tregua.
Días después del asesinato del candidato del PRI a la gubernatura, al que todos daban como seguro ganador por amplio margen, en las calles inundadas aún circula el estupor. Nomás no me lo acabo de creer. Mataron al doctor. Era la única forma en que podía perder.
Los taxistas son los oídos de la ciudad. Escuchan, registran, y luego repiten todo mezclado a quien se interesa en preguntarles. La versión que aceptamos es que fue La Mañana, porque un crimen político así como el de Colosio pues como que aquí nomás no. Lo que pasó es que no se arregló con esa gente, por eso lo mataron.
La especie corre por todos los ámbitos. “Estaba infiltrado. Sabían a qué hora y en dónde. Sabían que no iba en la camioneta blindada; tenía dos, pero las habían enviado para Matamoros; allá era donde pensaban que había que cuidarlo, no en Victoria, no en su casa”, espeta Jorge Emilio González Martínez. Luego susurra: “Me pudo tocar a mí”. Tendría que haber estado con Torre Cantú en ese último viaje, pero se retrasó en Puebla, según cuenta. Viajó con su novia tamaulipeca a Matamoros; allá lo esperaba cuando recibió la noticia. Nieto del exgobernador Emilio Martínez Manautou (1981-1987), es lo más cerca que Jorge Emilio habrá estado del poder en Tamaulipas.
¿Qué sigue? ¿Cómo vienen los reacomodos? ¿Qué va a pasar? Eso se pregunta en los mandos medios del PRI local. La misma angustia se expresa entre funcionarios públicos operativos. Ellos también son meros espectadores.
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El gobernador Eugenio Hernández Flores y su procurador de Justicia, Jaime Rodríguez Inurrigarro, se contradicen mutuamente a lo largo de la semana y alimentan los rumores.
El procurador desmintió la filtración que publica el periódico regiomontano El Norte y que recogió Reforma. La emboscada “fue ejecutada con precisión por sicarios disfrazados de marinos, que contaban con información privilegiada”, publicaron esos diarios el jueves 1. “No fueron marinos ni personas disfrazadas como marinos. No hay ningún indicio que nos conduzca a esta situación”, replicó Rodríguez Inurrigarro mediante un comunicado y en declaraciones a la televisión, aunque reconoció que al menos ocho personas participaron en el atentado, que duró entre dos y tres minutos, y que encontraron 85 cartuchos percutidos en la escena del crimen.
Con diferencia de horas, el gobernador Hernández Flores dio otra versión: “Ese parece ser el indicio, pero no podemos todavía asegurar nada de que haya sido perpetrado por el crimen organizado; hay muchos indicios de que así es, sin embargo no estamos plenamente seguros”, declaró en entrevista colectiva. Ya encarrilado, Hernández Flores tampoco descartó el crimen político.
Lo que ninguno de los dos funcionarios desmintió fue el editorial de primera plana de El Norte: el crimen organizado “votó ya” en Tamaulipas e “impuso su voluntad por la vía de la violencia”, además de evidenciar “una clara complicidad entre políticos y cárteles”.
Hasta ahora, el único “avance” real revelado por las autoridades tamaulipecas es el hallazgo, el martes 29 de junio, de tres vehículos que podrían haber sido utilizados en el atentado.
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Alguna vez el lugar más tranquilo del estado, la capital está conmocionada no sólo por el asesinato de Torre Cantú, sino porque alguien se atrevió a cometerlo aquí. El día del asesinato la noticia corrió acompañada de rumores de balaceras en poblados cercanos que paralizaron la ciudad pasadas las tres de la tarde. Si ya de por sí la vida se había reducido aquí al mínimo en los últimos meses por la creciente violencia del narcotráfico, la cotidianidad quedó aún más trastocada por los destrozos del huracán Alex y el patrullaje extraordinario que desde el 28 de junio realizan el Ejército y la Policía Federal, que envió a 100 agentes más, los cuales se suman a los 480 que ya había aquí.
De poco valió. Durante el velorio de Torre Cantú, más de un centenar de personas debió retrasar su salida de la funeraria debido a rumores de un enfrentamiento cerca del lugar, a menos de un kilómetro de la casa de gobierno. Entre los atrapados, el exgobernador Manuel Cavazos Lerma y el procurador Rodríguez Inurrigarro. Después se supo de una balacera a las afueras de la ciudad, de un enfrentamiento entre sicarios y marinos en el municipio de San Fernando y de tiroteos en Hidalgo. Un par de horas antes del ataque a la comitiva de Torre Cantú, un grupo armado disparó ráfagas de metralleta contra la fachada de la Procuraduría General de la República en Matamoros.
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Tamaulipas perdió a un candidato a gobernador, pero los grupos de poder que lo cobijaban fueron resarcidos con la designación como candidato sustituto del que ya algunos llamaban aquí como “el hermano incómodo”.
Rodolfo Torre Cantú era un médico cercano al poder. Su primer trabajo en el sector público fue en Banrural, gracias al entonces director regional Manuel Muñoz Rocha, a la postre diputado priista involucrado en el asesinato de Mario Ruiz Massieu. Luego pasó por el DIF municipal y fue dirigente del PRI en Victoria. Fue electo como diputado local, pero pidió licencia para convertirse en secretario de Salud de la administración de Hernández Flores.
Ya como candidato a gobernador cobijó al hijo de Muñoz Rocha, Manuel Muñoz Cano, al que nombró coordinador de campaña. La esposa del gobernador Hernández Flores, Adriana González, y Muñoz Cano son primos segundos.
La muerte de Rodolfo Torre Cantú interrumpió la continuidad del grupo en el poder. En la rebatinga por sustituirlo se mencionó a Marco Antonio Bernal, secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y recién nombrado presidente de la Fundación Colosio, así como a Óscar Almaraz Smer, exsecretario de Finanzas del gobierno del estado y candidato a diputado local. En el extravío, desde alguna oficina estatal trataron de empujar a Manuel Muñoz Cano.
Al final la designación recayó en Egidio Torre Cantú, hermano mayor del candidato asesinado. Ingeniero civil, dueño de Servicios de Ingeniería Tohesa, ha ganado varias licitaciones públicas en el estado, incluso cuando su hermano Rodolfo era secretario de Salud. Entre las principales obras asignadas en este sexenio están el Complejo Estatal de Seguridad, la urbanización del Parque Científico y Tecnológico y el Edificio Empresarial para Tecnologías de la Información. Entre 2005 y 2008, los contratos de Tohesa sumaron más de 200 millones de pesos, según Compranet.
De hecho, uno de los primeros cuestionamientos que se hicieron a la candidatura de Rodolfo Torre Cantú fue la relación de Egidio con los principales constructores en el estado, que se han rotado la Secretaría de Obras Públicas en la entidad, entre los que destacan Fernando Cano y Antonio Carlos Valdez Balboa, tío del gobernador Eugenio Hernández Flores, también ingeniero, también constructor.
El propio Egidio ha combinado su actividad profesional con los puestos públicos. Fue director de Obras en el sexenio de Américo Villarreal Guerra, cuando Antonio Carlos Valdez Balboa fue Secretario de Obras Públicas y Eugenio Hernández Flores se inicia como contratista del gobierno del Estado.
Ambos ingenieros, egresados del Tecnológico de Monterrey, y contratistas constructores, Egidio Torre y Eugenio Hernández tienen una amistad estrecha. Según constructores consultados, el actual gobernador conoció a Rodolfo Torre Cantú a través de Egidio.
El candidato sustituto del PRI a la gubernatura de Tamaulipas tiene una buena relación con el exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba. En 2000, Egidio fue alcalde sustituto de Enrique Cárdenas del Avellano, hijo del exgobernador Enrique Cárdenas González, en Victoria.
Todos ellos forman parte de una “burguesía burocrática que lucra con la especulación con terrenos urbanos”, dice un analista local consultado.
Rodolfo Torre Cantú había conseguido conciliar a los principales grupos políticos del estado que históricamente han disputado el poder: los de la frontera (Matamoros y Reynosa) y los del sur (Tampico y Ciudad Madero), de donde han surgido la mayor parte de los gobernadores del estado. En medio queda el grupo Victoria, del que salieron Enrique Cárdenas González, Américo Villarreal y Eugenio Hernández Flores, cuyo papel ha sido transitorio, cuando la frontera y el sur no han logrado acuerdos.
La designación de Egidio Torre Cantú como candidato sustituto parece un mensaje: todo queda como estaba.
La toma de Nayarit
Pedro Zamora Briseño
Como otras por tradición tranquilas ciudades de la República, Tepic, capital de Nayarit, perdió la condición de apacible. Sacudida por enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes que mantienen aterrada a la población, acabó por sumarse a la lista de las localidades “tomadas” por el narco. En 2009 el número de ejecuciones rebasó apenas la veintena en todo el estado. Pero en lo que va de este año, según el ejecutómetro de un portal local de noticias, ya se registraron 133 asesinatos vinculados con el crimen organizado, 56 de los cuales ocurrieron en junio.
TEPIC, NAY.- Convertida en campo de batalla entre cárteles del narcotráfico, esta ciudad se encuentra enferma de sicosis. Desde hace unos meses sus calles son escenario de balaceras entre bandas rivales que con rifles de alto poder –y en algunos casos también con granadas– ajustan cuentas a cualquier hora del día en avenidas, supermercados, expendios de gasolina, inmediaciones de escuelas y zonas habitacionales.
Los tiroteos de vehículo a vehículo, la aparición frecuente de ejecutados, las narcomantas, los enfrentamientos de militares y marinos contra pistoleros y, sobre todo, los incesantes rumores que a través de internet magnifican cada acto de violencia, mantienen alterada la vida de la población.
El rostro de esta capital, de apenas 340 mil habitantes, ha cambiado. En cuanto anochece las calles quedan prácticamente desiertas. Restaurantes, bares y antros permanecen solitarios, al grado de que algunos fines de semana ha estado cerrada la discoteca Mandala, la más grande y concurrida de la ciudad.
Las cifras no dejan lugar a dudas. En la última década se habían contabilizado anualmente menos de 10 muertes derivadas de la violencia del narcotráfico. En 2009 el número rebasó la veintena. Pero en lo que va de este año, según el ejecutómetro del portal de noticias Nayarit en línea, ya se registraron 133 asesinatos, de los que 56 ocurrieron sólo el mes pasado.
El 12 y el 13 de junio fueron un fin de semana que difícilmente se olvidará en Tepic. Como consecuencia de tiroteos en el estacionamiento del centro comercial Soriana y en una gasolinera, así como una serie de ejecuciones en diversos puntos de la ciudad hubo 28 muertos.
Las instalaciones del Servicio Médico Forense, con capacidad para ocho cuerpos, fueron insuficientes, mientras que los sepultureros de los panteones se vieron obligados a trabajar a marchas forzadas.
Mientras cava una fosa en el panteón Jardines de la Cruz, Lino González comenta que durante todo el año los enterradores han laborado tiempo extra, por lo que adoptaron la estrategia de adelantar trabajo para atender la demanda de espacios.
La cantidad de muertos, muchos de ellos sicarios no identificados ni reclamados en la morgue, rebasó la capacidad del cementerio, por lo que los cuerpos son sepultados en fosas comunes abiertas hasta en los corredores que separan una tumba de otra.
Pero el miedo a la violencia también llegó al cementerio. Juan Manuel Ayón, quien lleva 40 años como sepulturero, menciona que después de un ataque de sicarios el pasado 18 de abril en una funeraria de Tepic, donde fueron asesinados tres familiares de un ejecutado, algunos cortejos llegan al panteón custodiados por policías armados; hoy, prefieren no acercarse al féretro y prácticamente se resguardan en tumbas aledañas.
Daños colaterales
Entre los caídos por la violencia del crimen organizado no sólo se cuentan sicarios, militares o policías. También hay por lo menos cuatro civiles ajenos a los enfrentamientos. Uno de los casos que más impactaron a la población fue el de Olivia Torres, maestra de telesecundaria, quien la noche del 13 de junio murió luego de recibir tres balazos cuando pasaba por una zona donde se desarrollaba una balacera.
Seis días antes el niño Jesús Armando Reyes Chávez, de cinco años, caminaba de la mano de su madre, María del Carmen Chávez García, rumbo al kinder, cuando ocurrió un atentado en el que murieron el subdirector del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tepic, José Manuel Hernández Rodríguez, su esposa y su chofer.
Al oír los primeros disparos, María del Carmen jaló a su hijo para protegerlo, pero éste cayó al suelo. Creyendo que había resbalado, lo cargó en brazos hasta su casa, en la colonia Los Sauces, donde descubrió que tenía un balazo en la espalda. Con ayuda de una vecina lo llevó a la clínica del Seguro Social. Ahí fue intervenido quirúrgicamente y fue salvado. Ahora el niño está en silla de ruedas y su mamá comenta a Proceso que, según los médicos, necesitará terapias para volver a caminar.
El 14 de junio el Ejército realizó un operativo contra un grupo de sicarios en una zona escolar de la colonia Mololoa. Esta acción desató el pánico entre cientos de padres de familia, quienes acudieron a recoger a sus hijos pues en internet corrieron versiones de que los sicarios estaban atacando los planteles escolares.
Frente a este panorama, ese mismo día el gobernador Ney González Sánchez quien hasta hace poco tiempo todavía presumía que Nayarit era uno de los estados más seguros del país, anunció que el 18 de junio concluiría el ciclo escolar; es decir, tres semanas antes de la fecha establecida por el calendario oficial de la SEP.
Esta medida, argumentó, es para que los niños permanezcan en sus casas y los padres “no tengan la zozobra, la angustia, de qué está pasando en las calles mientras el gobierno mete orden”.
Ante las críticas de que se suspendían clases por miedo al narcotráfico, en una entrevista con la cadena oficial Radio y Televisión de Nayarit (RTN), González Sánchez aseguró: “Esta decisión fue tomada a conciencia y no por miedo, sino por precaución y para garantizar la seguridad de los nayaritas”.
Enfrentado con los maestros de la ciudad, a quienes acusó de propalar los rumores –el secretario de la sección 20 del SNTE, Roberto Ávila, negó el señalamiento–, el mandatario se enfrentó con el gobierno federal, luego de que los titulares de la SEP, Alonso Lujambio, y de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se manifestaron contra la decisión de anticipar el cierre del ciclo escolar en Nayarit. El 17 de junio el gobernador viajó a la Ciudad de México para negociar con varios integrantes del gabinete presidencial su decisión, que finalmente sostuvo.
Tres días antes, cuando anunció que se adelantaba el fin de cursos, González informó que había solicitado a Felipe Calderón el envío de refuerzos federales a Nayarit para fortalecer la lucha contra la inseguridad pues, reconoció, “no son tiempos para simular, la situación es seria”.
El día 15 el mandatario estatal dijo que los enfrentamientos entre las bandas de crimen organizado en Tepic obedecen a que están disputándose “lo que ellos consideran su territorio, queriendo quitar el territorio a otro grupo”.
En declaraciones al periodista Carlos Loret de Mora, en Radio Fórmula, el gobernador aseguró que el estado está pagando “culpas ajenas” porque la mayoría de los sicarios proviene de otros estados, pues “la gente de Nayarit no es así”.
Y ofreció: “Voy a recuperar la paz en las calles de mi capital; sé que esto no va a ser fácil, no lo voy a hacer pidiendo de favor, tengo que hacerlo con el uso de la fuerza”.
Hasta el jueves 1 la ayuda federal solicitada por el mandatario no había llegado a la entidad.
Control territorial
La madrugada del 12 de abril pasado murió en Tepic, en un enfrentamiento con efectivos federales, Santiago Lizárraga Ibarra El Chaguín, identificado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como el principal operador en Nayarit de Héctor Beltrán Leyva, El H.
La semana previa fue ejecutado –junto con 12 personas más– José Luis Estrada Martínez, conocido como El Pepino, originario del municipio de Ruiz, Nayarit, quien era señalado como jefe de una de las bandas locales.
El 25 de mayo apareció en un puente de Tepic una narcomanta con el siguiente mensaje: “Esto va para todos los tiradores de los mazatlanes robacarros habrance o se van a morir tienen 24 horas” (sic).
Antonio Tello, director del portal Nayarit en línea, que desde hace varios años ha dado amplia cobertura al tema de la violencia del narcotráfico, considera que los cárteles se están disputando, más que el mercado de enervantes, el control del estado. La entidad, agrega, es un punto estratégico para el paso de la droga, pues se encuentra justo en la frontera natural entre el occidente (Jalisco, Michoacán y Colima) y el noroeste (Sinaloa y Sonora).
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Guillermo Huicot Rivas Álvarez, considera que las corporaciones policiacas ya fueron rebasadas por los grupos de la delincuencia organizada.
Y añade: “Se ve que el adiestramiento y el equipamiento que tienen no es el adecuado para enfrentar a estos delincuentes y se generan situaciones de riesgo para una ciudad como Tepic, porque se han incrementado de manera exponencial los homicidios cometidos con un grado de violencia extrema que afecta y preocupa mucho a la sociedad”.
Rivas Álvarez indica que el organismo a su cargo ha sido enfático en la necesidad de replantear estrategias de mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno, a fin de crear un protocolo de coordinación y de coadyuvancia que garantice el derecho a la seguridad pública.
“Hay un clamor social para que se refuercen las autoridades en materia de seguridad, pero desde luego en un justo equilibrio de respeto a los derechos humanos fundamentales”, puntualiza.
La doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), coincide con el ombudsman estatal y apunta:
“La gente dejó de creer en los medios y en el gobierno; recurre a las redes sociales de internet y cree en esa información porque la subió otro ciudadano, y la autoridad no ha actuado. Por eso se genera toda esta porosidad que tiene la sociedad en estos momentos. Podemos encontrar que el mejor consejo que te pueden dar es el de la abuelita: ‘No salgas por la noche’, ‘fíjate con quién te juntas’, pero no hay más. Somos una sociedad acallada, pasmada, enmudecida y permeada por el miedo”.
Secuelas psicológicas
Uno de los enfrentamientos más espectaculares entre bandas del narcotráfico, con rifles y granadas de fragmentación, ocurrió la madrugada del 30 de mayo último. Luego de una persecución a lo largo de ocho kilómetros del Libramiento (que bordea Tepic por el sur), el choque concluyó con saldo de dos sicarios muertos y una cantidad indeterminada de casas y automóviles impactados por las balas, aunque ningún civil resultó herido.
Ese día, Graciela Torres, ama de casa de la colonia Juan Escutia, despertó sobresaltada al oír los disparos, y junto con su esposo se arrojó al piso. Trató de comunicarse al número de emergencias 089 sin recibir respuesta. Cuando todo pasó le informaron que ya tenían el reporte de la balacera.
Desde entonces no duerme tranquila y suspendió sus caminatas diarias. Sólo sale para lo indispensable y después se encierra en su casa. A partir de esta experiencia y de enterarse de lo que ocurre en la ciudad, ha pensado en irse definitivamente de Tepic.
Blanca Solano, empleada de una farmacia, apenas había despertado y se tiró al suelo cuando escuchó el zumbido de una bala por su ventana. Ella y su esposo se escondieron en el clóset y luego se refugiaron con su pequeño hijo en otra habitación. “Se escuchaba como si estuvieran aquí afuera; yo pensé: están disparando a las casas, se van a meter, nos van a matar”, relata.
Horas después la mujer fue llevada a recibir atención médica a la Cruz Roja porque le bajó la presión. Actualmente sólo puede dormir tomando medicamentos, aunque con frecuencia tiene pesadillas.
“Me da miedo salir sola, sacar a mi hijo. Ya no me gusta salir al centro. Lo peor es que trabajo en el turno nocturno. Los domingos salíamos a pasear mi esposo y yo con el niño, pero desde entonces ya no lo hacemos”, dice.
Jorge Ortiz Gómez, propietario de un taller de laminado en la colonia Miravalles, comenta que cuando empezó la balacera él y su familia ya estaban despiertos, tomando café para irse al tianguis. Le tocó escuchar de cerca los granadazos y junto a su casa quedó el cuerpo de uno de los sicarios, en el interior de una camioneta Nitro.
Muestra al reportero los hoyos de los impactos de bala en las fachadas de las casas vecinas, donde todavía se aprecian algunas manchas de sangre. Después de ese suceso, cuenta que cada que escucha un ruido como la explosión de un escape, siente el impulso de lanzarse al suelo.
Rocío Figueroa, catedrática de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Nayarit, comenta que debido al trastocamiento de la seguridad, en estos momentos existe una sensación de impotencia y miedo entre la población.
“Esa incertidumbre es la que provoca los rumores, que impactan mucho porque crean una psicosis colectiva. En una situación de estrés todos los elementos se magnifican y las reacciones constantes de alarma nos ocasionan desgaste, y ya estamos empezando a ver trastornos de ansiedad generalizada en la gente”, plantea.
Esta situación, puntualiza, se manifiesta mediante un nerviosismo constante, la necesidad de recluirse y no realizar las actividades cotidianas, así como de cambiar los estilos de vida. Además, la especialista considera probable que la mayoría de la población tenga trastornos de sueño.
Tepito barrio transgresor
Rodrigo Vera
Quienes estudian la transformación del céntrico barrio capitalino en foco de violencia señalan que la desatención gubernamental y la permanente crisis económica forzaron a muchos tepiteños a invertir sus valores: ahora exaltan la transgresión de las leyes, adoran a la Santa Muerte y honran como héroes a los delincuentes “caídos”. Incluso, según el cronista del barrio, ya es una plaza ideal para cárteles como La Familia...
Doña Enriqueta Romero Romero, doña Queta, se ha convertido en la sacerdotisa del barrio capitalino de Tepito sin proponérselo; el 1 de noviembre de 2001 sacó a la calle el esqueleto de la Santa Muerte que adoraba en su casa, le arregló un altar con guirnaldas de flores artificiales y, para su sorpresa, miles de tepiteños empezaron a rezarle, a pedirle favores, a llevarle ofrendas… Y doña Queta terminó por presidir las multitudinarias ceremonias al culto mortuorio.
“Nunca imaginé que mi calaquita chula fuera a despertar tanta devoción. Se convirtió en la Santa Muerte que tiene más fieles en todo México”, dice con orgullo, sentada en su silla de plástico, frente al altar repleto de veladoras encendidas, ubicado en la calle Alfareros número 12, en el centro mismo de lo que se ha dado en llamar “barrio bravo”.
–¿Por qué sacó su Santa Muerte a la calle?
–Desde niña, por herencia familiar, fui devota de la Santa Muerte. En mi casa siempre he tenido muchísimas imágenes de ella. Esta imagen me la regaló uno de mis hijos, pero resultó muy grande para tenerla en casa, por eso decidí ponerle su altar afuera.
Doña Queta, de 64 años, magra e inquieta, con un mechón de pelo blanco que contrasta con lo oscuro de su piel y de su corta cabellera, se acomoda su mandil a cuadros, cruza la pierna con desparpajo, da una prolongada fumada a su cigarro y comenta:
“Cada primero de mes le organizo su misa. Vienen miles y miles de gentes que atiborran las calles, muchas llegan de rodillas desde el Metro Tepito. Y yo les digo: ‘¡Alcen todos sus manos para que Dios los bendiga! ¡Hagan una cadena! ¡Recen!’... Y mi niñita les concede un chingo de milagros, pero de veras que un chingo”.
–¿Por qué prendió tanto la devoción?
–Por la necesidad de la gente: muchos tienen un preso en la familia que quieren que salga de la cárcel, otros no pueden conseguir trabajo, tienen un pariente alcohólico o drogadicto, o de plano no consiguen ni para comer. La Santa Muerte los auxilia. Pero además los ayuda a tener un buen morir.
Doña Queta arquea las cejas –dos delgadas líneas pintadas a lápiz– y señala hacia la fila de personas que esperan llegar a la capilla resguardada por un grueso cristal. “Mire, así los verá día y noche”, dice.
Son jóvenes corpulentos de pelo al rape y tatuajes en los brazos. Hombres en andrajos, de barba crecida. Madres con un hijo en el regazo. Familias enteras rezando con la cabeza baja. Le llevan a la Santa Muerte veladoras, arreglos florales, botellas de vino, cestos de fruta y cigarros encendidos que colocan en ceniceros dispuestos en el piso. Al llegar frente a la imagen, tocan con la yema de los dedos el grueso cristal para cargarse de energía, cierran los ojos y caen en una especie de trance.
Pareciera que, desde sus cuencas vacías, los observara con fijeza esa calavera amarillenta, como moteada de sarro, con una larga y lacia peluca negra cayéndole sobre el pecho. Es una figura de tamaño natural, enfundada en un blanco vestido de novia cargado de holanes. Lleva una guadaña dorada y una balanza sosteniendo unos dólares.
Sobre la capilla, un enorme letrero: “No temas donde vayas, que has de morir donde debes”.
Doña Queta exclama:
“¡La muerte! ¡La muerte! Aquí vivimos muy de cerca la muerte. Por eso a nuestra Catrina le tenemos muchos vestidos y pelucas. Seguido la cambiamos de atuendo. Tiene un guardarropa mejor que el de cualquier actriz de cine. Ella es la reina y yo soy su guardiana.”
–¿Ninguna otra capilla a la Santa Muerte tiene tantos adeptos como la suya?
–¡Ninguna! A mí me gusta visitar las capillas de la Ciudad de México y de otras partes del país. De aquí y de allá. A veces me invitan a conocerlas. Pero esta es la que jala más gente. Ya no sólo vienen de Tepito o de la colonia Morelos o de la Ciudad de México. Empiezan a venir fieles de provincia y de Estados Unidos.
Aparte de ser el principal centro de culto a la Santa Muerte, Tepito también ocupa el primer lugar en narcomenudeo en el país; a plena luz del día, los repartidores de droga, los “burros”, realizan su trabajo montados en motonetas de llanta ancha. Son jóvenes de brazos tatuados que platican en grupos en las esquinas, sentados plácidamente en sus motos, o recorren las calles jalando el acelerador y abriéndose paso entre los puestos del enorme y estridente tianguis que es Tepito.
La guerra contra el narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón ni un rasguño le provoca al barrio. La policía es por lo general cómplice de los narcotraficantes, mientras que el Ejército no ha realizado ningún decomiso, ni siquiera ha puesto un pie en la zona por temor a una revuelta de los tepiteños, dispuestos a morir bajo la protección de su Santa Muerte.
Todo queda entre “La Familia”
La venta de droga sigue dándose como siempre. Lo mismo el trasiego de armamento, la contratación de sicarios y la venta a gran escala de productos piratas. El especialista Manuel Ambriz Roldán, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), comenta:
“En Tepito opera un grupo delincuencial bastante fortificado que controla el narcomenudeo, y al que las autoridades no han podido atacar debido, en gran parte, a la misma corrupción policiaca. Tepito es un barrio de pelea, aguerrido, que reacciona ante cualquier acción de autoridad. Esto ha facilitado la actividad ilícita y delictiva”.
–¿Es ésta muy alta?
–Sí, las estadísticas del Inacipe revelan que, por cada 100 delitos denunciados en Tepito, 90 son delitos contra la salud, que abarcan la transportación, el suministro y la posesión de droga, principalmente cocaína, mariguana y pastillas psicotrópicas.
Ambriz Roldán hace una pausa, para luego enfatizar:
“Tepito sigue siendo el principal punto de narcomenudeo a nivel nacional. Le siguen Ecatepec y Ciudad Nezahualcóyotl, zonas con las que tiene que competir. Antes no era así. Tepito estaba solo. Pero hoy el narcomenudeo se extendió mucho a la periferia de la Ciudad de México.”
–¿Qué cártel suministra la droga a Tepito?
–La Familia michoacana, que actualmente controla la periferia de la ciudad, en puntos como Ecatepec, Neza, Cuautitlán y algunas zonas de Toluca. La Familia tiene rodeado y bajo su control al Distrito Federal. No permite el acceso a ningún otro cártel, mucho menos lo dejará que se cuele hasta Tepito, situado en pleno centro de la populosa capital del país.
Aparte, repara el especialista, las variadas actividades ilícitas en Tepito, como el tráfico de armas y la piratería, se ajustan a la misma diversificación que emprende esa organización.
“La Familia ya no se dedica sólo al narcotráfico. Últimamente amplió su campo a la extorsión, al secuestro, a actividades que tienen que ver con el acopio y traslado de armas. La competencia entre los cárteles provoca que diversifiquen sus actividades para allegarse más recursos. A veces les es más fácil imponer ‘derecho de piso’ o cobrar cuotas a cambio de protección, que traficar con droga.”
–¿Qué características tiene la venta de armas en Tepito?
–Es un mercado negro de ventas al menudeo. Pero eso sí, se da muchísima venta de armas en comparación con otras zonas del país. El armamento proviene principalmente de Estados Unidos. Nuestras estadísticas nos dicen que son armas cortas, aunque hay versiones de que se puede comprar cualquier tipo de armamento.
Según testimonios proporcionados por varios vendedores a la prensa, en Tepito ya se consiguen desde revólveres calibre .380, pasando por fusiles automáticos AK-47 y R-15, hasta metralletas antiaéreas y lanzagranadas. Los precios van de 5 mil a 20 mil pesos por pieza.
Aparte de Estados Unidos –el principal proveedor–, el armamento también proviene de Paquistán, Colombia y España. Al llegar los cargamentos a Tepito se distribuyen en distintos puntos del país. Pero también surgió recientemente otra variante de este negocio: la renta de motocicletas y armas de fuego en paquete, muy solicitada por las bandas de asaltantes. Hasta matones a sueldo pueden conseguirse en Tepito. Dice el investigador:
“Es muy común escuchar: ‘¿Quieres matar a alguien y conseguir al matón? Pues vete a Tepito y ahí lo contratas’. Aquí ya estamos pisando el terreno de los homicidios, un delito del fuero común.”
–¿Por qué no llega a Tepito la guerra contra el crimen organizado?
–Porque ésta no combate al narcomenudista. Además, imagínese al Ejército entrando a Tepito, en pleno centro de la Ciudad de México, donde todavía está muy presente la matanza del 68. ¡No, no! No conviene atizar el fuego. De por sí los operativos policiacos siempre provocan fuertes reacciones entre los tepiteños. Hace unos días, éstos volvieron a cerrar las avenidas que rodean al barrio, dejaron aislada a la zona y se enfrentaron a la policía.
Ambriz se refiere a la movilización encabezada por más de 100 jóvenes motociclistas que mantuvo cercado a Tepito durante un día completo, de la noche del 31 de mayo a la noche del 1 de junio. Protestaban porque supuestamente había un grupo de gente que se estaba robando a los niños del barrio. Fue una alarma falsa y absurda que desembocó en el secuestro de un Turibús y en la intervención de 700 elementos policiacos. Fueron detenidos 77 tepiteños, que muy pronto salieron libres.
Para el cronista de Tepito, Alfonso Hernández, se trató de una oscura maniobra distractora:
“Hubo mano negra. Alguien prendió la mecha. Toda la atención se centró en el bloqueo y en el despliegue policiaco, mientras que al interior del barrio aislado sucedían cosas extrañas; llegaban y llegaban camiones y se daban otros movimientos raros. Percibí un reacomodo del narcomenudeo. Los ‘burros’ motorizados se repartían el pastel”.
“México es el Tepito del mundo”
El cronista del barrio lamenta que la “tribu urbana” de Tepito –sólo 50 mil habitantes distribuidos en apenas 57 calles– “haga más desmadres” que, por ejemplo, los “2 millones y medio de pobladores que tiene Iztapalapa”, otra de las zonas capitalinas más conflictivas.
Lamenta igualmente que los sicarios y pandilleros de Tepito “hayan sustituido a sus ídolos del boxeo”. Hoy, el ejemplo a seguir para la juventud tepiteña son Hugo Bocinas, Beto Pelotas, El Lalito y otros afamados delincuentes de la zona. “Pero son ídolos de plastilina que duran muy poco, hasta que se los truenan y caen”, dice el cronista.
El Mural de los caídos es el más fiel reflejo del culto que se le rinde a estos mártires locales. Es un mural de colores chillantes pintado sobre la larga barda donde convergen las calles de Mineros y Carpintería.
Preside este mural la figura de Jesucristo, sentado en un trono que resguardan leones de melena alborotada. Un águila con sus alas extendidas planea sobre la cabeza del Cristo. Atrás de la imagen se aglomera la multitud de “caídos” de Tepito. Sus rostros están bien delineados: ojos, barbas, patillas, bigotes... El pintor sin duda se valió de fotografías para plasmar sus caras con detalle.
Un intenso cielo azul, salpicado de blancas nubes algodonosas, enmarca a esa extraña procesión de transgresores de las leyes terrenales que se dirigen al paraíso. No se les ve compungidos por sus fechorías. Todo lo contrario; los tepiteños veneran la transgresión.
Entre la basura, sentados al filo de la banqueta, un par de ancianos ebrios comparte una botella y observa con embeleso la exaltada fantasía del mural. “Son nuestros muertitos. Van caminando derechito al cielo. Puro picudo que se la rifó contra la tira. Yo conocí a algunos. ¡Vaya que tenían güevos!”, balbucea uno de ellos. El otro lo interrumpe y da una lenta palmoteada al aire:
“Pero tenemos tantos que ya no caben pintados en la barda… los nombres de los últimos los ponemos en esa cruz”.
Señala una cruz de madera levantada junto al mural, de unos cinco metros de altura, adornada con listones. Casi toda su superficie está cubierta de apodos: Roñas, Fredi, Tochis, Gordo, Chaval, Seco, Niño…
Alfonso Hernández explica: “En lugar de recordar a sus muertos a través de los registros periodísticos de la nota roja, los tepiteños prefieren hacerlo en el Mural de los caídos. Es una especie de reivindicación”.
Aclara el cronista que también hay mucha gente de Tepito que se opone a la delincuencia: “Muchos de sus 10 mil comerciantes apostados en la vía pública –lo que queda del mercado prehispánico de Tlatelolco– son gente honesta que trabaja honradamente de sol a sol. Hay jóvenes que viajan a Nueva York, a Los Ángeles, a China, para estar al tanto en la moda y poder competir. Aquí también se encuentra la tecnología de todo el mundo. Tepito es un tianguis globalizado y un barrio con gran riqueza cultural”.
Sin embargo, enfatiza, la corrupción policiaca, la desatención gubernamental y la crisis económica son importantes factores que alientan la delincuencia: “Es muy fácil decir que nuestras calles y vecindades son generadoras de carne de presidio, que somos los ‘burros’ de la droga o una mafia de contrabandistas. ¡Así no se vale! ¡Que se analicen también las causas!”
–¿Se sataniza a Tepito?
–Sí, se está criminalizando este espacio. A todos los espantan diciéndoles que en Tepito hay mucha violencia y muerte, sin combatir las causas. Pero eso sí, jamás les dicen que México ya se convirtió en el Tepito del mundo. Tepito es sólo el reflejo del país.
México no está en la agenda
J. Jesús Esquivel
Parece que las acusaciones lanzadas por Felipe Calderón a los consumidores estadunidenses de drogas en el sentido de que son los causantes de la violencia en México, no hicieron mella en Washington. Según diversos analistas, la Casa Blanca sabe que esas palabras tienen sesgo electoral. Además, señalan, la mayor preocupación del gobierno de Estados Unidos es el desastre ambiental en el Golfo de México y sus propios comicios intermedios.
WASHINGTON.- El hecho de que Felipe Calderón culpe de la creciente violencia en México al consumo de drogas en Estados Unidos no molesta ni sorprende a la Casa Blanca. Pero, según analistas políticos, pone en evidencia que la relación con su vecino del sur no es una prioridad para Washington.
“El presidente Barack Obama reconoce, y lo ha dicho, que en Estados Unidos tenemos que tomar más y mejores medidas para combatir el consumo de drogas; por eso entendemos perfectamente los problemas que enfrenta México y queremos mejorar la relación y cooperación para luchar contra el narcotráfico”, dice a Proceso Michael A. Hammer, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Al hacer un balance de la relación con México, el funcionario del gobierno de Barack Obama minimiza los efectos de las críticas que lanzó Calderón contra Estados Unidos el pasado 13 de junio en el documento que difundió Los Pinos: La lucha por la seguridad pública.
Hammer asegura que las relaciones entre México y Estados Unidos “han ido creciendo y se han ido fortaleciendo” como resultado de la relación que tienen los presidentes Obama y Calderón.
“Ambos gobiernos y ambos países quieren trabajar juntos sobre temas que son sumamente importantes, como la seguridad económica, la lucha contra el narcotráfico y la violencia que hay en la frontera (común)”, asegura el funcionario de la Casa Blanca.
Fuera del radar
George W. Grayson, profesor en la Universidad William and Mary, en Virginia, y uno de los analistas políticos de la relación México-Estados Unidos más reconocidos, coincide con Hammer en que la relación bilateral ha ido creciendo y fortaleciéndose, pero considera que los señalamientos de Calderón sobre el consumo de drogas en la unión americana no han hecho eco en la Casa Blanca porque el caso mexicano no es una prioridad de política exterior.
“México se ha ido muy lejos del centro del radar político de la Casa Blanca y del Congreso. El presidente Obama y el Capitolio tienen otras prioridades en su agenda, como el derrame de petróleo en el Golfo de México, los rezagos políticos de la reforma al sistema de salud o las elecciones intermedias del próximo noviembre”, destaca Grayson.
En el documento que distribuyó la Presidencia de México el pasado 13 de junio, Calderón defiende su estrategia militarizada contra el narcotráfico y el crimen organizado –que en lo que va de su sexenio ha dejado un saldo de más de 23 mil muertos–, y lanza un llamado a la sociedad mexicana a que se sumen “todas nuestras capacidades para recuperar la seguridad pública”.
El mandatario matiza que la lucha contra el narcotráfico no se lleva a cabo por intereses extranjeros, sino porque es una “obligación constitucional y ética” y porque el crimen organizado alteró la paz en el país. Calderón justificó la inseguridad que enfrentan los mexicanos al señalar como una causa de este problema el consumo de drogas en Estados Unidos y la ausencia de una mejor actuación del gobierno de ese país para contener el flujo de armas que corre de norte a sur.
“Para ilustrar la dimensión de este problema hay que decir que durante mi gobierno se han decomisado más de 76 mil armas, de las cuales más de la mitad son fusiles de asalto y de las que hemos podido averiguar que más de 90% fueron fabricadas y vendidas en Estados Unidos”, subrayó Calderón.
Cuestionado sobre los efectos de estas críticas en el gobierno de Obama, Hammer responde que en la Casa Blanca entienden las preocupaciones del gobierno mexicano por los efectos que ha tenido en los ciudadanos la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado.
“El enfoque del gobierno del presidente Obama busca ampliar la cooperación con México y darle crédito al gobierno mexicano por lo que está haciendo en la lucha contra el narcotráfico, con base en el problema de la demanda y consumo de drogas en Estados Unidos”, apunta.
Para Grayson, la respuesta de Hammer es una evidencia más de que en Washington no tienen resonancia los gritos y denuncias de Los Pinos. Es más: sostiene que debido al próximo proceso electoral en México, la Casa Blanca ya esperaba críticas como las que hizo Calderón.
“Eso no quiere decir que no haya aspectos de la relación donde se dé cierta tensión. Creo que se van a echar de menos los años 2008 y 2009, cuando México y Estados Unidos se trataban de manera cordial”, aclara Grayson, pero insiste: “Vienen procesos electorales en los dos países y cuando esto se da, los políticos de ambas naciones –por intereses electorales– tienden a criticar las políticas bilaterales. Ya vimos un adelanto con las críticas del presidente Calderón… pero no pasa nada”.
Sociedades separadas
Actualmente los gobiernos de Estados Unidos y México mantienen una relación “muy buena”, lo que no ocurre con las sociedades de los dos países, afirma Jorge Castañeda, quien fue entrevistado por Proceso en su calidad de canciller durante los dos primeros años de la administración de Vicente Fox.
Señala que ello se puede palpar en la histeria antimexicana y antiinmigrante de varios sectores de la población estadunidense y que se materializa, por ejemplo, en la ley SB 1070, promulgada el pasado abril en Arizona.
Esta ley criminaliza a la inmigración indocumentada y autoriza a los policías de Arizona a detener, interrogar y arrestar a cualquier persona que, por su aspecto físico, pueda ser considerada sospechosa de ser indocumentada.
“A Calderón se le pasó un poco la mano (con las críticas). Fue innecesario. Aunque en niveles de gobierno esto no le preocupa a Estados Unidos; están acostumbrados a ello, sobre todo porque saben que en México está a punto de arrancar el proceso de sucesión presidencial y que a Calderón le interesa encontrar a su sucesor, que no es necesariamente el candidato presidencial de su partido”, asienta el excanciller mexicano.
Por la cercanía de las elecciones mexicanas del 4 de julio, los expertos en materia de la relación bilateral consultados por Proceso explican que en la Casa Blanca las críticas de Calderón a Estados Unidos no tienen ni tendrán ninguna repercusión.
“Calderón está extremadamente frustrado porque al PRI le va a ir muy bien en las elecciones del 4 de julio; los priistas pueden ganar 10 o hasta 11 de los estados que están en disputa”, vaticina Grayson. El gobierno de Obama entiende las preocupaciones electorales de Calderón ante la posible derrota del PAN frente el Partido Revolucionario Institucional.
Obama y su partido, el Demócrata, enfrentan una situación similar ante el Partido Republicano en las elecciones del próximo 2 de noviembre.
Los analistas políticos en Washington pronostican que la promulgación de leyes como la SB 1070 en Arizona son una muestra de que la sociedad estadunidense está preocupada por un eventual contagio de la narcoviolencia que azota a México, hecho que a su vez genera un clima negativo para la negociación, evaluación y aprobación en el Congreso federal de una reforma amplia a las leyes migratorias, situación que podría darle mejores resultados a los republicanos que a los demócratas el 2 de noviembre.
“En estos momentos México es una prioridad muy pequeña en la agenda de la Casa Blanca, y la realidad política en Estados Unidos hace que aumente la posibilidad de que incluso deje de ser una prioridad muy pequeña”, advierte Grayson.
Castañeda coincide en el análisis que hace el profesor de la Universidad William and Mary, aunque agrega que es un error seguir narcotizando la agenda bilateral y el hacer soñar a los mexicanos que se puede ganar la guerra al narco antes de que termine el sexenio calderonista. A esto Castañeda lo llama una “falacia electorera”.
“Es ilusa, fantasiosa y hasta idiota la idea de pensar que se va a ganar la guerra al narcotráfico antes del fin del sexenio de Calderón”, afirma Castañeda, quien añade que en el círculo del poder en Washington, “posiblemente con la excepción de algunos legisladores” en la Cámara de Representantes, no tienen interés ni se sienten afectados por las críticas del presidente de México a Estados Unidos debido al consumo de drogas y al flujo de armas de norte a sur.
Algunos de los analistas políticos de la relación bilateral consideran que a ciertos sectores de los círculos del poder en la capital de Estados Unidos les interesa más que les den garantías de que en las próximas elecciones mexicanas no saldrán triunfadores algunos de los candidatos que han sido denunciados como “socios” de capos del narcotráfico. En el Capitolio ya ven a Calderón como un presidente en el ocaso de su mandato.
El vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca rechaza hacer comentarios sobre el proceso electoral en México y se limita a señalar que en la presidencia de Obama hay una convicción firme de continuar apoyando al gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico por la responsabilidad que tiene Estados Unidos al ser uno de los países del mundo con más alto nivel de consumo de narcóticos.
“El presidente Obama no cederá en la lucha contra el narcotráfico. La herramienta más apropiada para apoyar a México en este compromiso bilateral es la Iniciativa Mérida, de ahí que el presidente Obama pidiera al Congreso 310 millones de dólares para el año fiscal 2011 y con este dinero financiar esta estrategia tan importante para ambos países”, anota Hammer.
La Casa Blanca insiste en que la nueva fase de la Iniciativa Mérida se concentrará en el intercambio de información de inteligencia con México más que en el apoyo militar.
Hammer dice que con el intercambio de información de inteligencia mejora el nivel de confianza entre los dos gobiernos y se pueden asestar golpes más efectivos a los cárteles del narcotráfico y al crimen organizado, lo que a su vez disminuirá el nivel de violencia generado por el trasiego de drogas. “El intercambio de información también facilitará una mejor cooperación para contener el flujo de armas de fuego y de dinero (procedente de la venta de drogas) que sale de Estados Unidos y termina en México”, remata el funcionario de la Casa Blanca.
Los entresijos de la ley
Alejandro Maciel
SAN DIEGO.- A un mes de que entre en vigor la ley SB 1070 –conocida como Ley Arizona–, legisladores de todo el país siguen con atención el debate legal que surgió a raíz de la demanda que el 17 de mayo último presentaron ante la Corte Federal para el Distrito de Arizona organizaciones defensoras de los derechos de inmigrantes en contra de ese ordenamiento, por considerarlo racista y violatorio de los derechos civiles.
De la decisión que adopte la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dependerá en gran medida la política migratoria estadunidense de los próximos años, ya que en por lo menos 20 estados de la unión hay iniciativas similares que serán votadas en el marco de los procesos electorales de este año.
Académicos del Annenberg Public Policy Center (APPC) difundieron el pasado 3 de junio un documento titulado Arizona: sus papeles por favor. En este informe, firmado por Viveca Novak y 20 abogados más, los especialistas aseguran que la ley SB 1070 carece de fundamento legal, pues pretende reducir el número de indocumentados que viven en Arizona, sin considerar que el establecimiento y regulación de la política migratoria es competencia exclusiva del gobierno federal.
En defensa de su propuesta, la gobernadora Jan Brewer declaró a la cadena CNN el pasado 1 de mayo: “Nuestra ley sólo es un reflejo de la ley federal. ¿Qué tiene de malo que Arizona aplique las leyes federales?”.
De alguna manera ella tiene razón, reconoce el APPC: “El nuevo estatuto de Arizona contiene medidas que criminalizan conductas violatorias a leyes federales de inmigración. Por ejemplo, a los inmigrantes se les exige, bajo ambas leyes, federal y estatal, que lleven consigo todo el tiempo los documentos que prueben su estatus migratorio”. Sin embargo, destacan los juristas, algunas partes de la ley estatal no coinciden con la federal.
En entrevista con Proceso, Ediberto Román, profesor de Derecho en la Universidad Internacional de Florida, sostiene que la Ley Arizona tiene muchos aspectos objetables:
“De acuerdo con las leyes federales, las violaciones a los estatutos de migración por parte de cualquier persona que ingrese ilegalmente a Estados Unidos pueden ser castigadas con cárcel. Sin embargo, en muchas ocasiones la sanción consiste en deportar a los transgresores.”
A su vez, la directora del Centro de Políticas Migratorias, Mary Giovagnoli, comenta: “Si el gobierno del estado de Arizona no tiene facultades para deportar a nadie, entonces aplicará las sentencias carcelarias contenidas en la ley SB
El director de la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Davis, Kevin Jonson, sostiene que los estados no deben tener sus propias leyes de migración.
Y agrega: “A la hora de aplicar la leyes migratorias, el gobierno federal se inclina a tomar en cuenta el interés nacional. Por esta razón creo que los litigios en contra de la SB 1070 cuentan con muchas posibilidades de éxito, sobre todo si se considera la doctrina federal del Derecho Preferente basada en la cláusula 2 del artículo VI de la Constitución. De acuerdo con este ordenamiento, la ley federal debe ser superior a las decisiones de los jueces en cada estado, aun en el caso de que la ley estatal la contradiga”.
Racismo
La persecución por motivos raciales ha generado tal controversia que los creadores de la ley tuvieron que hacerle varias enmiendas una semana después de haber sido firmada por la gobernadora. En la versión final se indica que la policía debe establecer el estatus migratorio de la persona detenida cuando exista la sospecha razonable de que se trata de un inmigrante indocumentado. Quienes cuestionan la ley se preguntan si la “sospecha razonable” puede determinarse por el color de la piel o el acento.
De acuerdo con la ley SB1070, para detener a una persona el oficial de la policía –estatal, municipal o local– “no debe considerar la raza, el color de la piel o el origen nacional, excepto en los casos que lo permite la Constitución de Estados Unidos o la Constitución de Arizona”.
En este punto se crea ambigüedad, pues en algunas circunstancias las cortes han permitido la utilización de la raza o el origen étnico como criterios válidos en los procesos judiciales.
En lo referente a la versión corregida de la ley, impresa por el periódico The Arizona Republic, el profesor de Derecho de la Universidad de Arizona, Gabriel Chain, plantea que “hay muchas preguntas abiertas en torno al uso de la raza para la aplicación de la ley SB
Aunque en la ley sin enmienda se indica que el color, la raza y el origen de las personas no pueden ser los únicos factores que lleven a su detención, en el estatuto no se explica en qué elementos se basaría la “sospecha razonable”, dice Ediberto Román.
Y añade: “Es más que obvio que la ley, tal como está diseñada, se enfoca hacia un grupo étnico en particular. Aunque el ordenamiento dice que los agentes policiacos pueden pedir una prueba de ciudadanía en el caso de una ‘detención legal o arresto’, ello no limita el interrogatorio sólo a criminales, ya que puede incluir a víctimas o testigos de algún delito, o a personas acusadas de violar alguna ley local, como las leyes que regulan el ruido en los vecindarios, por tirar una basura o pasarse un alto”.
Algunas de las críticas que se hacen a la SB1070, por ejemplo, pueden aplicarse también a las leyes federales de migración. Bajo la sección 287 (g) del Acta de Nacionalidad e Inmigración, el estado y los oficiales locales pueden ser autorizados para aplicar las leyes federales de inmigración, luego de recibir un curso de adiestramiento de cuatro semanas.
El manual en que se basa este curso incluye algunos criterios que las autoridades pueden utilizar para determinar el estatus de un individuo; por ejemplo, si éste tiene un fuerte acento extranjero o parece no hablar inglés, o si la apariencia del sujeto es “inapropiada”.
En este punto, Chain recalca: “Dado que las leyes federales permiten que la raza sea un factor relevante en la determinación de la sospecha razonable para detener y cuestionar a alguien, el efecto combinado de esas provisiones será que el estado utilizará la raza como factor, tal y como lo permite la ley federal”.
Plantea que en el caso Estados Unidos contra Brignoni-Ponce, discutido en la Corte Suprema de Justicia en 1986, “la apariencia mexicana” podía ser un factor que justificaba una detención para interrogación migratoria.
Sin embargo, 24 años después, el Noveno Distrito de Apelaciones, en el caso Estados Unidos contra Montero-Camargo, determinó que “la apariencia hispana no es, en general, un factor apropiado para determinar la sospecha, especialmente en áreas con grandes concentraciones de hispanos”. Esto se torna aún más complejo cuando la raza puede ser un factor para ser interrogado en torno del estatus migratorio en la jurisdicción del Noveno Distrito, que incluye al estado de Arizona.
A contracorriente de las opiniones de sus colegas acerca de la anticonstitucionalidad de la Ley Arizona, Rob Natelson, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Montana y director del Independece Institute, comenta:
“Podría ser anticonstitucional en su aplicación si, por ejemplo, la policía ejercita la discriminación basada en la raza u origen nacional, pero en nuestro sistema constitucional ocurre lo mismo con cualquier ley.”
En cuanto a la exclusividad del gobierno federal para dictar y regular la política migratoria, el docente puntualiza: “Lean correctamente la Constitución. Me parece que es equívoco, legal e históricamente, decir que la Constitución le otorga al gobierno federal poder exclusivo sobre la política exterior. Muchos abogados constitucionalistas e incluso la Suprema Corte de Justicia en una ocasión han cometido el error de decir esto, debido a que no han estudiado completamente el texto y la historia de la Constitución”.
La Constitución otorga al gobierno federal, precisa Natelson, “el supremo poder sobre la política exterior, pero no el poder exclusivo. Esto significa que el Congreso puede eliminar la Ley de Arizona si realmente quiere hacerlo, pero en ausencia de una negativa del Congreso o de algunas provisiones constitucionales específicas que niegan la jurisdicción del estado, los estados pueden legislar en la materia”.
En cuanto a la posibilidad de que la Casa Blanca inicie una acción legal en contra de la SB 1070, Natelson aclara: “Es interesante que el presidente Obama ataque la ley, ya que él se encuentra bajo juramento de aplicar exactamente las mismas reglas que Arizona está tratando de poner en práctica. Si Obama está en desacuerdo, entonces debería pedirle al Congreso que cambie las leyes federales, o que mediante un decreto elimine la medida de Arizona, en lugar de hacer discursos asegurando que va a entablar una acción legal”. l
Entrampados
Homero Campa
La solicitud de asilo que la activista América del Valle presentó ante la embajada de Venezuela en México mete en aprietos a los gobiernos de Felipe Calderón y de Hugo Chávez. El primero se vería obligado a reconocer que existen perseguidos políticos en el país; el segundo corre el riesgo de ser “incongruente”, pues en 2008 negó el salvoconducto a un líder estudiantil opositor que obtuvo asilo del Vaticano.
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la liberación inmediata de los 12 integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) –que cumplían sentencias de entre 33 y 112 años de prisión por los enfrentamientos registrados en San Salvador Atenco en febrero y mayo de 2006–, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, viajó a Caracas para negociar con el gobierno de Hugo Chávez una salida diplomática al caso de la activista América del Valle Ramírez, quien el pasado 23 de junio solicitó asilo político en la embajada de Venezuela en México.
Espinosa tenía previsto reunirse el sábado 3 con el canciller venezolano Ricardo Maduro en el marco del Foro Unificado Grupo del Río-Cumbre América Latina y el Caribe (G. Río-CALC), en el cual participan los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Venezuela, México, Brasil y Jamaica.
Según fuentes diplomáticas consultadas por este semanario, la canciller mexicana acudirá a la cita con Maduro con “argumentos sólidos” para pedir que Venezuela niegue la solicitud de asilo presentada por América del Valle. Destacan dos de ellos: la ley venezolana niega este beneficio a personas inculpadas por delitos comunes y existe un antecedente en el que el gobierno de Chávez negó el salvoconducto a un líder estudiantil opositor que fue acogido como refugiado político por parte del Vaticano
De acuerdo con el artículo 38 de la Ley orgánica sobre refugiados o refugiadas y asilados o asiladas de Venezuela, este país otorga asilo político a la persona que considere “perseguida por sus creencias, opiniones o afiliación política, por actos que puedan ser considerados como delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos”.
Tal artículo favorece la solicitud de América del Valle.
Sin embargo, el artículo 41 de la misma ley establece: “No podrá otorgarse asilo a ninguna persona que se encuentre inculpada, procesada o condenada ante tribunales ordinarios competentes por delitos comunes (…)”.
En el caso de la activista mexicana, la Procuraduría de Justicia del Estado de México la acusa de cometer el delito de “secuestro equiparado” y el Juzgado Primero Penal de Almoloya giró dos órdenes de aprehensión en su contra. El Código Penal del Estado de México tipifica dicho delito como del fuero común.
El caso Nixon
De acuerdo con las citadas fuentes diplomáticas, es el llamado caso Nixon Moreno lo que más dificulta al gobierno de Venezuela otorgar el asilo político a América del Valle, so riesgo de “caer en la incongruencia”.
Nixon Moreno era líder del Movimiento estudiantil 13 de Marzo en la Universidad de los Andes (Ula), institución en la que estudiaba la carrera de Ciencias Políticas. En mayo de 2006, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió suspender las elecciones estudiantiles. Moreno –quien era candidato a presidente de la Federación de Centros Universitarios–encabezó una serie de protestas callejeras en contra de dicha resolución.
El 2 de junio de ese año, el Tribunal Sexto de Control del estado venezolano de Mérida emitió una orden de captura en contra de Moreno por “intimidación pública, lesiones personales e intencionales, genéricas y leves, así como actos lascivos y violentos” en contra de la agente de policía Sofía Aguilar, así como por “homicidio intencional simple en grado de frustración” en contra de otro oficial de la fuerza pública. Los delitos –que Moreno califica de “falsos”– presuntamente ocurrieron durante las protestas callejeras.
A partir de esa orden de aprehensión, Moreno pasó “a la clandestinidad” y se convirtió en prófugo de la justicia venezolana. Nueve meses después –13 de marzo de 2007– se presentó en la sede de la Nunciatura Apostólica en Caracas y solicitó asilo. El 26 de agosto de 2008, el Vaticano le concedió “asilo humanitario”, pero el gobierno venezolano le negó el salvoconducto para salir del país. Argumentó que no podía otorgarlo a un delincuente acusado de delitos del fuero común. Las relaciones entre Caracas y la Santa Sede, de por sí frías, se tensaron.
Las posiciones sobre este caso se polarizaron: para los sectores de la oposición, Moreno era a todas luces un perseguido político por sus ideas y actividades pacíficas en contra del “chavismo”; para el gobierno y sus seguidores, el estudiante era un delincuente. Luego las autoridades venezolanas difundieron supuestos antecedentes que lo involucraban en el intento de golpe de Estado de abril de 2002. Incluso, lo señalaron como un instrumento de los sectores empresariales, el clero y el “imperialismo yanqui” para desprestigiar a la “Revolución bolivariana”.
En enero de 2008, durante la sesión de la Asamblea Nacional (Parlamento), el presidente Chávez fustigó al Vaticano por “proteger” a Moreno. “Señor nuncio, usted tiene a un delincuente protegido ahí (en la embajada); usted debería entregarlo a las autoridades”.
El 9 de marzo de 2009 –dos años después de que solicitó asilo–, Moreno escapó de la sede de la nunciatura apostólica. Las autoridades venezolanas solicitaron a Interpol una orden de captura internacional. En ese mismo mes de marzo, Moreno apareció en Lima, Perú, cuyo gobierno le otorgó en noviembre pasado refugio “por razones humanitarias”.
“Los casos de Moreno y de Del Valle Ramírez son similares en los aspectos jurídicos, aunque sus protagonistas profesen posiciones políticas e ideológicas opuestas”, comenta un diplomático mexicano al reportero.
Explica los paralelismos: ambos fueron acusados por delitos del “fuero común” y jueces locales emitieron en los dos casos órdenes de aprehensión; ambos estuvieron un tiempo en la clandestinidad y se presentaron de improviso en una embajada para solicitar asilo. Y se pregunta: “Después de negar el salvoconducto a Moreno, ¿qué argumentos tendría el gobierno de Hugo Chávez para otorgar el asilo a América del Valle y pedir a las autoridades mexicanas el salvoconducto?”.
Sin embargo, si Venezuela otorga el asilo, el gobierno de Calderón se enfrentaría a un dilema: conceder el salvoconducto y con ello reconocer que América es “perseguida política”; o negarlo y enfrentar las críticas dentro y fuera del país, así como una eventual tensión en las relaciones bilaterales con el país sudamericano.
El diplomático que habló con este semanario dice que todo indica que el gobierno venezolano no desea enemistarse en este momento con el gobierno de Calderón. El motivo: México juega un papel importante para el éxito de la Cumbre de Caracas que se celebrará en esa ciudad el 5 de julio de 2011. En dicha reunión los mandatarios de la región establecerían la estructura y los mecanismos de operación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, organización regional creada durante la llamada Cumbre de la Unidad que se realizó en Cancún, México, en febrero pasado.
“Países como Chile, Costa Rica, Panamá y Colombia miran con recelo a los gobiernos del Alba (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y particularmente al de Hugo Chávez. Temen que éste quiera manejar la nueva organización regional en función de sus intereses. México concilia posiciones entre ambos bloques. A Chávez no le conviene un pleito con México… A no ser que renuncie a una organización realmente latinoamericana y caribeña y pretenda sólo un Alba ampliado”, analiza el diplomático.
Y justamente la reunión a la que asistió la canciller Espinosa el sábado 3 en Caracas tuvo como objetivo preparar los “documentos de procedimiento” de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
Los motivos de América
América del Valle solicitó asilo en la embajada de Venezuela porque “no tiene otra alternativa”, sostiene Leandro Rivero, abogado defensor de la activista.
Y es que, dice, la justicia mexiquense rechazó en dos ocasiones otorgarle un amparo, por lo que, desde el punto de vista jurídico, se cerraron las posibilidades de evitar un juicio que está viciado de origen.
En entrevista con Proceso, Rivero precisa: en agosto de 2006, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles negó la solicitud de amparo que presentó para frenar las órdenes de aprehensión en contra de su defendida por el delito de “secuestro equiparado”. Entonces interpuso un recurso de revisión, el cual fue rechazado en noviembre de ese año por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
Rivero basa la defensa de América del Valle en la siguiente tesis: no fue acreditado el llamado “elemento subjetivo específico” del delito. Es decir, cuando su defendida y otros miembros del FPDT retuvieron en
Por los mismos hechos fueron acusados y sentenciados 12 miembros del FPDT a penas que van de
–¿La decisión de la SCJN también exonera a América del Valle? –se le pregunta a Rivero.
–De manera directa no le beneficia.
Explica: “Pese a que se trata del mismo delito (secuestro equiparado) imputado por los mismos hechos tanto a los 12 presos como a América del Valle, la SCJN sólo se pronunció sobre los procesos judiciales ya concluidos. Es decir, su decisión no incluye a América porque ésta no ha enfrentado el proceso penal”.
Expone que sólo en el hipotético caso de que América del Valle “enfrente” dicho proceso –lo que implica que deba hacerlo desde la cárcel–, la defensa puede ofrecer como prueba de descargo el precedente que estableció la SCJN el pasado 30 de junio.
El hecho, sin embargo, es que América del Valle “no desea enfrentar dicho proceso penal” debido a que “no tiene confianza en la justicia del Estado de México”.
El abogado le concede razón a su defendida. Se pregunta: “¿Cómo tener confianza en la justicia del Estado de México cuando, por un lado, impuso sentencias excesivas a los líderes de San Salvador Atenco, mientras que por el otro exoneró a los policías que estuvieron involucrados en abusos sexuales, torturas y otros delitos cometidos en contra de la mayoría de las 207 personas detenidas en mayo de 2006?”.
Una de espías... colombianos
Marco Appel
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, llevó a su máximo organismo de inteligencia a Europa. Lo hizo para reproducir en el Viejo Continente el modelo que ya le funcionó dentro de sus fronteras: espiar a sus críticos –sobre todo defensores de los derechos humanos que viven en el exilio– para difamarlos e intimidarlos, como se desprende de documentos obtenidos por la fiscalía de ese país.
BRUSELAS.- El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), máximo órgano de inteligencia de Colombia, ha llevado y lleva a cabo acciones ilegales de espionaje, intimidación, difamación y persecución contra sus adversarios políticos, hasta más allá de sus fronteras.
Periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos así como jueces de las cortes Constitucional y Suprema de Justicia de Colombia han sido objeto de campañas de desprestigio orquestadas por el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 (G-3), instaurado en el DAS en 2004.
En total 600 personas han sido víctimas de ese tipo de operaciones clandestinas, de acuerdo con una investigación de Radio Caracol de Colombia difundida el 17 de abril de 2009.
Los agentes del DAS no sólo actuaron contra ciudadanos de Colombia en su propio país; también ejecutaron tales acciones ilegales en Europa. El objetivo era “neutralizar” con operaciones de “desprestigio” el trabajo de activistas y organizaciones de derechos humanos, así como de instituciones y políticos de la Unión Europea (UE) simpatizantes de esas causas.
El 21 de febrero de 2009 la revista Semana reveló la existencia de tales actividades del DAS, organismo creado en 1953 y que en la actualidad tiene 6 mil 500 agentes.
La Fiscalía General de la Nación ordenó entonces allanar las instalaciones de ese organismo. Durante el operativo, la fiscalía confiscó 104 carpetas con miles de folios que contenían reportes de operaciones del G-3.
El escándalo que provocó ese hallazgo fue tal, que el 17 de septiembre de 2009 el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció su intención de desaparecer el DAS y crear una nueva agencia de inteligencia.
Sin embargo, el 15 de abril último la televisora colombiana RCN-TV difundió que entre los documentos confiscados al DAS existía un expediente llamado “Europa”. En éste se informaba que el subdirector de la unidad de “fuentes humanas” del DAS, Germán Villalba, había recibido la orden de tejer redes de espionaje en Europa, encargadas de vigilar, filmar o grabar a los opositores al régimen de Uribe.
El documento del DAS, con código de archivo AZ 63-2005, incluye una ficha informativa titulada “Operación Europa”, a la que tuvo acceso este corresponsal.
Esa ficha –que incluye a su vez un expediente fechado en junio de 2005 por la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Inteligencia del DAS– indica que el “objetivo” de la Operación Europa es “neutralizar (la) influencia del Sistema Jurídico Europeo; (la Sub) Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo; (la) Oficina (de la) Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU (y los) gobiernos nacionales (europeos)”.
Así, el DAS ordenó seguir como “estrategia” el “desprestigio” de los activistas de derechos humanos y de las mencionadas instancias europeas mediante “acciones” tales como la publicación de “comunicados y denuncias en páginas web” y la “guerra jurídica”.
Entre las organizaciones no gubernamentales sometidas al espionaje de los servicios de inteligencia colombianos hay varias establecidas en Bruselas, sede de las instituciones de la UE. Destacan Oxfam-Internacional, Oxfam-Bélgica, las Brigadas Internacionales de Paz, la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia y Broederlijk Denle.
La acusación
El pasado día 22, la responsable de los programas de Broederlijk Denle para Colombia, Patricia Verbauwhede, denunció en una conferencia de prensa ante el Parlamento Europeo las acciones del gobierno de Álvaro Uribe contra la organización que ella dirige.
La activista belga proporcionó a Proceso la copia de un documento del DAS que involucra a su organización, que colabora con Colombia desde 1962 con el patrocinio de la Iglesia católica de Bélgica.
En dicho documento, fechado en Bogotá el 11 de marzo de 2005, se lee el título “SECRETO” y el subtítulo “INFORMACIÓN DE INTELIGENCIA”.
Ese texto señala: “Datos obtenidos mediante labores de inteligencia técnica indican que Patricia Verbauwhede, de la ONG Broederlijk Denle de Bélgica, presentó a la Unión Europea el documento titulado Abriendo espacios para la construcción de una sociedad participativa, equitativa y no violenta en Colombia”.
Se añade que la referida ONG concursaba en ese momento para obtener una “donación” de la UE, a partir de 2006, que duraría entre tres y nueve años. Advertía que tales recursos servirían para financiar a varias ONG en Colombia, “entre ellas (la Corporación) Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)”. Se puntualizaba que la UE tomaría una decisión sobre esa donación “entre julio y agosto” de 2005.
El texto expresa que “se conoció” que la organización belga tenía prevista una “donación” a la CCAJAR por un monto de 10 mil 80 euros en 2005 y que tales serían “gestionados cuando se entreguen los informes narrativo y financiero de lo ejecutado en
Ese mismo documento fija una “misión de trabajo”:
“Investigar a la ONG Broederlijk Denle, estableciendo su sede, socios, directivos, países en los que trabaja y ONG colombianas a las que financia, entre otros datos de interés.
“Determinar si existe otro tipo de relación entre Patricia Verbauwhede y los directivos de CCAJAR y/o otras ONG nacionales, que no sea el estrictamente laboral.
“Obtener el documento titulado Abriendo espacios para la construcción de una sociedad participativa, equitativa y no violenta en Colombia, con el fin de elaborar y difundir un documento similar que neutralice la desinformación y manipulación estadística que muy seguramente se presenta en el mismo.
“Establecer cuáles son los directivos de la Unión Europea que definen sobre las donaciones a ONG de Colombia.
“Conducir acciones y generar actuaciones con el fin de evitar la consecución de recursos para la ONG mencionada (la CCAJAR).”
En la conferencia de prensa del 22 de junio participó también la eurodiputada belga Isabelle Durant. Anunció su intención de crear una comisión de investigación en el Parlamento Europeo, como lo exigieron Verbauwhede y otras ONG afectadas, que igualmente solicitan al Consejo de Europa que haga un reporte del mismo tipo que elaboró en el caso de los vuelos ilegales de la CIA en Europa para transportar presuntos terroristas a Guantánamo. Esa investigación concluyó que hubo colaboración de algunos servicios de inteligencia europeos.
Hostigamientos y amenazas
El colombiano Luis Guillermo Pérez es secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, y secretario ejecutivo de la ONG Iniciativa de Copenhague para América Central y México (CIFCA, por sus siglas en inglés), con oficina en Bruselas. Él fue el abogado defensor de las víctimas de las matanzas de Mapiripán y de La Rochela, las que llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló contra el gobierno colombiano.
Ante el riesgo de que fuera asesinado por paramilitares –por órdenes militares–, en abril de 2002 Pérez tuvo que exiliarse en Bélgica. Desde 2003 trabaja para que la Corte Penal Internacional de La Haya procese a Uribe por crímenes contra la humanidad.
Luis Guillermo Pérez, quien también tiene la nacionalidad belga, es uno de los reiterados “blancos” consignados en los reportes del espionaje colombiano en Europa. En el informe de la Fiscalía General de la Nación número 498742/, el DAS se refiere a él como “el jefe del brazo jurídico de las FARC en Europa”. El DAS, además, acusa a la FIDH de formar parte de la “estructura diplomática de las FARC en Francia”.
“En esos documentos aparecen transcripciones de mis conversaciones telefónicas, copias de mis correos electrónicos, reportes de mis movimientos migratorios: a qué países fui, qué conferencia ofrecí, qué dije... todo lo sabían”, declaró el activista a Proceso.
Pérez cuenta una anécdota que ilustra los descarados métodos que utiliza el DAS:
“Una ocasión una colombiana me visitó en mi oficina de la CIFCA. Me dijo que trabajaba de manicurista en un club británico y me platicó una historia insólita: que el gobierno británico la quería asesinar porque se había expresado contra la guerra en Irak mientras le pintaba las uñas a la esposa del cónsul británico. Le pedí una copia de su documento de identidad para constituir un expediente, pero me contestó que lo había olvidado. Me dio un número de teléfono que resultó falso. Nunca la volví a ver.”
Uno de los documentos confiscados al DAS, que fue redactado poco después de esa visita, indica que, “por una fuente que ha tenido acceso al blanco”, se pudo establecer que él también trabajaba como secretario ejecutivo de la CIFCA. Ese documento proporciona la dirección y teléfono de tal organización, la cual, según el DAS, “se dedica a promover el terrorismo en el Viejo Continente”, añade el entrevistado.
“El DAS me ha desacreditado en las cancillerías europeas y en la Comisión Europea”, afirma Pérez. Da un ejemplo: “El año pasado solicité una cita a un diplomático de un importante gobierno europeo, cuyo nombre no puedo mencionar. No quería recibirme. Me pareció extraño y le pedí a una amiga que trabaja en el servicio diplomático de ese país que averigüara qué sucedía. Resulta que el diplomático no me quería recibir porque él había sido informado por el gobierno colombiano de que yo formaba parte de la estructura política de las FARC.”
El pasado 25 de marzo Pérez se reunió en Bruselas con el actual director del DAS, Felipe Muñoz. En la cita, que tuvo lugar en el Parlamento federal belga, estuvieron presentes el diputado local Bruno Tuybens y el embajador de Colombia ante la UE, Carlos Holmes Trujillo.
“Durante esa reunión –comenta Pérez– le solicité a Muñoz que desarchivara y me entregara la información de inteligencia que ha sido recaudada en mi contra y de mi familia. Él se molestó. Me contestó que esa información estaba reservada, que la ley no lo habilitaba para entregarla y que sólo podía hacerlo mediante una orden judicial.”
Días después de ese encuentro con el director del DAS, el 22 de abril, la madre de Pérez, quien también vive exiliada en Bélgica, recibió una llamada telefónica:
“Eran las dos de la tarde cuando la llamaron al número de teléfono de su casa, que ni siquiera aparece en el directorio telefónico. Muy amablemente una persona la saludó. Le dijo que estaba llamando desde Colombia, le deseó que nos estuviera yendo muy bien en el exilio y le recomendaron que leyera las noticias, puesto que el presidente Uribe se estaba yendo de la Presidencia.”
Prosiguió: “Esta persona entonces le dijo a mi madre que quería hablar con ‘el monito’, refiriéndose a mi hijo, a quien han utilizado para amenazarme desde que tenía ocho años. Preguntaron si mi hijo ya había terminado la universidad. Advirtieron que ‘pronto’ tendría yo noticias de ‘ellos’. Después de esta llamada, mi familia cayó en un estado de pánico. Inmediatamente levantamos una denuncia en la policía de la comuna de Uccle en Bruselas”.
–Eso hace suponer que las acciones del DAS prosiguen –se le comenta a Pérez.
–Entre 2003 y 2006 el trabajo de seguimiento de blancos y reclutamiento de informantes en Europa lo realizó Germán Villalba, quien ahora está preso. Pero esas acciones no han parado. El pasado día 21 la cancillería colombiana emitió un comunicado a propósito de la conferencia de prensa que convocamos para el día siguiente en el Parlamento Europeo. Ahí el gobierno indica que ese tipo de trabajo de inteligencia es necesario, ya que ha dado como resultado que simpatizantes de las FARC sean condenados en Dinamarca o España.
Pero algo más: el gobierno colombiano expone en ese comunicado que existen acuerdos de cooperación con los servicios secretos europeos en la lucha antiterrorista: el gobierno acepta que la Operación Europa continuará porque, desde su óptica, es totalmente legal. l
Monsiváis en la memoria
Miguel Ángel Granados Chapa
Carlos Monsiváis contó entre los firmantes de una declaración, un editorial colectivo, que no vio la luz pública cuando estaba previsto. El 8 de julio de 1976 el golpista Regino Díaz Redondo eliminó por la fuerza la última página de la edición de Excélsior, el periódico que tras el asalto practicado en esa misma fecha dirigiría durante casi un cuarto de siglo (lo que habla de cuán antiguo es el cinismo social que encuentro como uno de los factores de la descomposición de nuestra sociedad, un sentimiento viscoso que todo lo condona). Junto con decenas de articulistas de ese diario, Monsiváis denunció la maniobra del gobierno federal, que culminaría aquella tarde cuando una asamblea manipulada expulsó de su cargo a Julio Scherer, a cuya salida fue acompañado por esos mismos colaboradores y otros muchos miembros de la cooperativa. Y naturalmente se incorporó a la planta de colaboradores de Proceso, con artículos con su firma y, tras un conflicto de Monsiváis con los editores de La Jornada, con su columna Por mi madre, bohemios. Desde que la estableció, se generó entre ambos una suerte de complicidad, porque no todo el mundo, y yo sí, reconocía en ese extraño título uno de los versos del poema de Guillermo Aguirre y Fierro, El brindis del bohemio, que alguna vez intentamos recitar a dúo.
Durante su estancia en Proceso, Monsiváis estrechó una fructífera relación personal con Scherer, de la que el gran periodista debería hablarnos, y que se manifestó asimismo en el ámbito profesional. Publicaron juntos Parte de guerra I y II, crónica y documentación excepcionales sobre los acontecimientos de 1968. Por mi parte, aunque dejé de ver a Carlos debido a mi ausencia de la revista (ausencia temporal, pues sólo duró un cuarto de siglo), seguí su trayectoria en la segunda mitad de los setenta, cuando se inició la publicación de los volúmenes que lo hicieron un clásico de la crónica-ensayo, que fue su género: Entrada libre, Los rituales del caos, Escenas de pudor y liviandad, que habían sido precedidos por la antología de cronistas A ustedes les consta, en que él debió haberse incluido y que preparó casi con igual esmero a su documento de corte semejante sobre la poesía mexicana que al comenzar los sesenta fue una de sus aportaciones principales a la cultura mexicana, aunque no fuera de las buscadas por el público. Como a muchas personas, el bien educado Carlos invariablemente hacía que Era, su editor principal, me enviara sus nuevos títulos, siempre dedicados con amabilidad y a veces con ironía.
En abril de 1982 formamos parte de una alegre tropa que a invitación de la Histadrut, la central obrera de Israel, visitamos durante más de una semana ese país. Rafael Arazi, el representante de esa especie de CTM (pero decente), reunió un grupo de intelectuales y periodistas para que se informaran in situ de la situación de esa nación, asediada por la opinión pública a causa de errores de sus gobernantes. Figuramos en esa variopinta delegación Elena Poniatowska, Anne Marie Mergier, Adolfo Gilly, el propio Carlos, Froylán M. López Narváez, Virgilio Caballero… No sé si para los propósitos de Rafael también, pero resultó un viaje espléndido. Creo que ninguno de nosotros había estado en la Tierra Prometida antes (yo he vuelto media docena de veces, por mi cuenta y al lado y de la mano de Shulamit Goldsmit, mi compañera orgullosa de su judaísmo), y nuestra breve estancia no fue estéril. Encontramos allí a Esther Seligson, amiga de varios de los viajeros y que hace no muchos meses nos abandonó para siempre.
En las tertulias del Ateneo de Angangueo se había esbozado un desafío que tuvo su episodio principal a orillas del Mar Muerto. Caminando a orillas de esa extraña formación lacustre, Monsiváis y yo cantamos a dúo cuantos boleros y canciones rancheras románticas venían a nuestra memoria. Ninguno de los dos fue dotado del sentido del ritmo y de la cadencia, pero se hizo lo que se pudo. Me parece que el cotejo finalizó cuando Monsiváis reconoció que una canción que yo propuse, y entoné triunfal, le era desconocida. Por fortuna para mí, nunca contendí con Carlos en el recuerdo de música vocal estadunidense, en que era también un memorioso experto, mientras que yo lo ignoro casi todo, salvo las tonadas y las versiones en español de algunos números que contaron en el hit parade de los años cincuenta.
A esa circunstancia gozosa siguió, el 30 de mayo de 1984, el momento trágico y doloroso del asesinato de Manuel Buendía. Ambos éramos amigos cercanos del periodista ultimado por la policía política, y ambos sentimos su pérdida muy intensamente. Fue igualmente acusada la indignación que el homicidio nos produjo, y que nos comunicamos en el velorio, encabezado por José Antonio Zorrilla, que no sólo se apoderó de la investigación para evitar que la pesquisa policiaca lo mirara a él y a su grupo, culpables del homicidio, sino también de su sepelio, con la misma intención. Aunque todavía después de ese instante histórico Iván Restrepo convocó a alguna reunión del Ateneo, en su casa, el club que Carlos mismo, el anfitrión y don Manuel habían fundado, prácticamente desapareció entonces, y se dispersó por completo en los años siguientes tras la muerte –esa por fortuna no violenta– de don Francisco Martínez de la Vega y de don Alejandro Gómez Arias.
Aunque en Unomásuno Carlos era más asiduo colaborador de Sábado, el suplemento dirigido por Fernando Benítez, no vaciló en ser parte del grupo que tras la ruptura con Manuel Becerra Acosta fundó La Jornada. De modo que nos encontrábamos desde las reuniones preparatorias, ya sea en Prado Norte o en la calle de Durango, y luego en las oficinas originales del diario, en Balderas y Artículo 123. No obstante la cercanía afectiva que notoriamente nos unía, no nos frecuentábamos, acaso porque no era necesario ya que las circunstancias políticas y profesionales nos aproximaban de por sí. Así fue en 1988, con motivo de la efusión cardenista, y así sería en 1994. Si no me acuerdo mal, los dos fuimos parte de un grupo al que el ingeniero Cárdenas convocó en su casa de Andes, días y aun horas después del alzamiento, para reflexionar en voz alta sobre el significado de la insurgencia zapatista, que halló en Monsiváis la presencia solidaria que todo movimiento de liberación esperaba y recibía de él. Como una muestra de su adhesión a esa causa, y por su interés en las movilizaciones sociales en general, escribió el prólogo de los varios tomos que Era dio a la estampa con las declaraciones y otros documentos del EZLN.
Quizá fue en noviembre de 2007 la última vez que estuvimos reunidos fuera de la Ciudad de México. La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca hizo a Julio Scherer un merecido homenaje, y Carlos y yo fuimos invitados a participar en la ceremonia. El acontecimiento coincidió con la feria del libro que con éxito creciente organiza un grupo de jóvenes emprendedores e intelectuales. La oferta editorial era tan vasta, y tan intenso el afán adquisidor de Monsiváis –quien no compraba únicamente libros, sino piezas de artesanía y antigüedades–, que pronto se quedó sin fondos. Acudí en su auxilio con un pequeño préstamo que para mi satisfacción Carlos no se ocupó en saldar, lo cual me complació porque, aunque fuera por esa minúscula razón y por un momento quedé convertido, yo que como muchos fuimos deudores de Carlos, en su orgulloso acreedor.
En los últimos años tuve otra gran satisfacción: el recibir distinciones que él merecidamente había tenido antes. Así fue, por ejemplo, con el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma Metropolitana, uno de los muchos galardones con que Carlos fue premiado. Sonreí contento al ver su rostro riente en la pared donde esa institución muestra los retratos de sus doctores honoríficos.
Supe también que Monsiváis había sido elegido académico de la lengua, si bien no ocupó nunca la silla correspondiente. A la hora de su fallecimiento, Margo Glantz, genuinamente entristecida por la pérdida de su amigo dilecto, pidió que la Academia Mexicana de la Lengua publicara una esquela de condolencia, aunque Carlos no hubiera pertenecido a ella. Se equivocaba: Diego Valadés recordó que sí había sido académico, por más que nunca pronunciara su discurso de ingreso.
A propósito de esas distinciones compartidas, y otras que la fortuna me ha ofrecido (especialmente la Medalla Belisario Domínguez, del Senado de la República), Carlos me envió en noviembre de 2008 su libro El 68. La tradición de la resistencia. A modo de lamento y reproche que compartí plenamente, dijo: “Querido Miguel Ángel: Nunca nos vemos, siempre te leo y siempre me enorgullezco de tus reconocimientos. Un gran abrazo. Carlos”. l
Los costos del derecho a saber
Ernesto Villanueva
El principio de gratuidad de la información es uno de los elementos constitutivos del derecho a saber. Si no existiera la gratuidad, el derecho a la información no sería un derecho humano fundamental en tanto que dividiría a quienes pueden ejercerlo, la minoría, de quienes no podrían hacer suyo este derecho. Es aceptado que haya un costo mínimo por reproducir información, pero éste varía enormemente de una entidad federativa a otra, lo que permite identificar dónde hay un mínimo de voluntad hacia la apertura informativa y dónde se trata, en realidad, de casos de simulación. Veamos.
Primero. Investigar los costos de reproducción de información pública es toda una travesía. Salvo en Coahuila, Distrito Federal, Tabasco y Chihuahua, en el resto de las entidades acceder a la información sobre este tema esencial no es fácil. De entrada, es importante señalar que, contra lo que cualquiera pueda pensar, varios comisionados de los órganos garantes no están familiarizados con los costos de reproducción. (Es tanto como si un taxista no supiera cuál es el costo del banderazo de salida o un inspector de servicios públicos no tuviera a la mano las tarifas del transporte que supervisa.) Eso no sólo pone de relieve su falta de conocimiento, sino, peor todavía, que no hay respuestas a las solicitudes de información y que el derecho de acceso es más teórico que práctico.
Es deseable que, de entrada, en la propia legislación se introduzcan candados para evitar que por la vía de las leyes, derechos o códigos hacendarios, los costos se vayan a las nubes. Así, por ejemplo, en Colima la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública dispone en su artículo 33 que “el examen de la información pública que soliciten las personas será gratuito. La reproducción habilitará a la entidad pública a realizar el cobro de un derecho por un monto de recuperación razonable que se establecerá en la ley o acuerdo respectivo. Los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la suma de: I. el costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información; y II.I. el costo de envío. Los sujetos obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos de entrega de información”. En similares términos se expresa el artículo 47 de la ley correspondiente de Tamaulipas.
Segundo. En el cuadro de honor se ubican las entidades siguientes por lo que concierne al costo de las copias simples: Coahuila (si bien la copia cuesta un peso, las 100 primeras son libres de cargo), Guerrero (0.04 pesos la copia), Oaxaca (0.01), Yucatán (0.11) y Querétaro (0.47 pesos); Hidalgo (0.01 del salario mínimo diario), Sinaloa (0.05) y Quintana Roo (0.012 del salario mínimo).
En el cuadro promedio podría colocarse a Chihuahua (0.50 pesos), Guanajuato (0.50), San Luis Potosí (0.57), Nayarit (0.60), Aguascalientes (1 peso), Chiapas (1), Tabasco (1), Distrito Federal (1), Sonora (1) y Zacatecas (1 peso); Nuevo León (0.12% del salario mínimo diario), Morelos (0.5% la primera hoja y 0.10% del salario mínimo las siguientes) y Veracruz (1.10 pesos).
Tercero. Por el contrario, el cuadro del deshonor lo encabezan el Estado de México y Tlaxcala, con una tarifa de 13 pesos la copia simple, y enseguida aparecen Michoacán con 2, Baja California Sur con 1.72, Baja California con 1.66 y Puebla con 1.50 pesos la copia simple. No hay razones lógicas que permitan pensar que la asimetría entre un peso por copia simple en el Distrito Federal y 13 en el Estado de México se derive de salarios sustancialmente distintos. O que en Michoacán los sueldos sean tan altos como para cobrar por copias más que Chihuahua, el Distrito Federal y Sinaloa, por citar unos ejemplos. Por el contrario, se puede colegir que en tales estados hay una clara inclinación hacia el principio de opacidad.
Por lo que se refiere a la copia certificada, hay enormes diferencias entre una entidad federativa y otra. Mientras en Nayarit cuesta un peso, en Baja California Sur tiene un precio de 86.19 pesos, en Puebla de 70, en Nuevo León de 54 y en el Estado de México de 49 pesos. Querétaro y Tlaxcala cobran la búsqueda de información, lo que abre la puerta para restringir, al margen de la Constitución, el derecho a saber. Por el contrario, tanto el IVAI como el Caiptlax, los órganos garantes de Veracruz y Tlaxcala, no cobran un centavo por reproducción de información ni por certificación.
Cuarto. Unos metros más abajo del deshonor se encuentra el estado de Puebla, que bien puede recibir un premio a la simulación. Y es que si bien las copias certificadas en esa entidad son las segundas más caras, pues se sitúan en 70 pesos, el problema es que por unanimidad del Congreso local se ha establecido que, tratándose de información relacionada con el ejercicio del gasto público, la única opción de conocer es a través de la ¡copia certificada! Las cosas no se quedan ahí. El gobierno municipal de Puebla, que fue el segundo en formar parte de la red Infomex, la cual facilita el acceso a la información, se encuentra paralizado en este periodo electoral. El gobierno de Blanca Lilia Alcalá no resistió la menor prueba. Cuando hice unas solicitudes de información, el sistema se colapsó. La Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), el órgano garante poblano, atendió rápidamente mis solicitudes de información, aunque tiene muchas oportunidades de mejora.
El reto es triple: a) fomentar la socialización sobre la importancia del derecho a saber; b) incorporar reformas legales para que los costos de reproducción se fijen en la Ley de Transparencia y sólo queden sujetos al precio comercial de los materiales, y c) denunciar de la manera más amplia lo que ocurra en los estados. l
evillanueva99@yahoo.com
Tamaulipas: elección a toda costa
Jesús Cantú
El gobernador Eugenio Hernández y el PRI impusieron sus condiciones y aprovecharon la tragedia del crimen contra el candidato Rodolfo Torre Cantú para lucrar con ella y apelar a las fibras más sensibles de los tamaulipecos, con el fin de asegurar una victoria todavía más amplia de la que ya de por sí les otorgaban las encuestas.
Apelaron a su “responsabilidad democrática” y “al derecho al sufragio que tiene el pueblo de Tamaulipas” para seguir adelante con una elección que, sin embargo, carece de las condiciones para ser democrática.
Además de que todo el proceso electoral ha estado marcado por la intromisión del crimen organizado –el asesinato de Rodolfo Torre sólo ha sido hasta hoy el hecho violento más reciente del mismo–, en Tamaulipas no hay libertad de expresión, no hay libertad para votar ni para ser votado, y la violencia inhibe la participación ciudadana.
Entre los elementos mínimos que reclaman unos comicios democráticos están los relativos a que todos los ciudadanos puedan votar y ser votados; a que todos los candidatos cuenten con oportunidades razonables para difundir sus propuestas e ideas, y a que los ciudadanos puedan sufragar libremente. Ninguna de estas tres condiciones está hoy presente en Tamaulipas.
El crimen organizado ejerce todo tipo de amenazas, presiones y represiones para impedir la postulación de los candidatos que no quiere. El 30 de abril, Raúl Bocanegra Alonso, candidato del PRI-PVEM a la alcaldía de Río Bravo, renunció a sus aspiraciones luego de que su casa fue incendiada. El 4 de mayo fueron ejecutados dos empleados de una estética propiedad de Martha Porras, precandidata perredista a la alcaldía de Nuevo Laredo. En el lugar aparecieron mantas con amenazas en contra de ella y de su hermana, quien atendía el negocio. También les incendiaron su casa.
El 13 de mayo la delincuencia organizada acribilló, en su negocio, al candidato panista a la alcaldía de Valle Hermoso, José Mario Guajardo Varela, quien previamente había recibido amenazas de muerte. Un día después, la candidata panista a diputada estatal por el distrito con cabecera en Valle Hermoso, Adriana Contreras, renunció a dicha encomienda tras recibir amenazas de muerte. Y, para rematar, el lunes 28 de junio el crimen organizado asesinó al candidato a gobernador de la coalición Todos Tamaulipas.
Los partidos políticos no pudieron conseguir candidatos a todos los puestos de elección popular porque los ciudadanos tenían miedo de participar ante las advertencias del crimen organizado, el cual, de acuerdo con los ejemplos mencionados, es el que define quiénes pueden y quiénes no pueden ser candidatos en Tamaulipas. Nadie pasa sin su consentimiento.
Tampoco existe en el estado libertad ni igualdad de oportunidades para hacer campañas, pues el crimen organizado es el gran censor de los medios masivos de comunicación, y también decide quién y dónde puede hacer proselitismo.
Al concluir el registro de candidatos a las alcaldías, el PAN anunció que en Camargo, Ciudad Mier y Miguel Alemán no haría campañas por temor al narcotráfico. El candidato a gobernador blanquiazul, José Julián Sacramento, declaró en una entrevista radiofónica, el mismo día del asesinato de Torre Cantú, que no pudo hacer campaña en la denominada “frontera chica” (que incluye, entre otros, a los tres municipios citados).
El control del crimen organizado sobre los medios de comunicación masiva de Tamaulipas se evidencia con los siguientes datos, tomados de la agrupación Periodistas En Línea y de la Federación Latinoamericana de Periodistas:
Entre el año 2000 y el 2010 han sido asesinados en Tamaulipas 10 periodistas; de
El 15 de marzo de este año, en pleno proceso electoral, la Relatoría Especial para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que señala: “Según la información recibida, al menos ocho periodistas habrían sido secuestrados en distintos hechos durante las últimas semanas en la ciudad de Reynosa. Cinco de ellos permanecerían desaparecidos, dos habrían sido liberados luego de ser golpeados y obligados a regresar a la Ciudad de México, DF, mientras que Jorge Rábago Valdez, periodista de las emisoras Radio Rey y Reporteros en la Red, y el diario La Prensa de Reynosa, habría fallecido el 2 de marzo, en circunstancias que aún no han sido aclaradas”.
El comunicado agrega un párrafo que ilustra lo que sucede en Tamaulipas: “Fuentes consultadas por la Relatoría Especial señalaron que las actuaciones de los grupos de narcotráfico en la zona y la omisión de las autoridades locales en la prevención de los crímenes contra los periodistas y en el impulso a las investigaciones y sanciones posteriores, han provocado un efecto de silenciamiento tal que los medios de comunicación del estado de Tamaulipas no se atreven a publicar investigaciones o denuncias sobre el crimen organizado o la corrupción. A este respecto, resulta preocupante que los graves crímenes mencionados se hubieran dado a conocer, días después de ocurridos, por diarios extranjeros y organizaciones no gubernamentales y no por la prensa y las autoridades locales”.
En Tamaulipas la libertad de expresión no existe y, por lo mismo, no hay posibilidades de difundir plataformas políticas y propuestas de gobierno, como tampoco de pedir el voto ciudadano, sin la anuencia del crimen organizado.
Pero eso no es todo, pues como señalaba Gerardo Albarrán en su crónica en Proceso 1756: “El convoy de más de 100 camionetas rotuladas CDG (Cártel del Golfo) y X M3 (Metro 3) llegó temprano a Valle Hermoso el miércoles 24 de febrero. El pueblo estuvo ocupado durante tres días de enfrentamientos a toda hora. Nomás chillaban los coches por las corretizas que pegaban. Nadie nos auxilió, ni el Ejército vino por más que lo llamaron. Hubo como 60 muertos. La historia se repitió el 6 de junio…”
Igualmente, el crimen organizado que se apodera de territorios y comunidades se adueña también de instalaciones como las de Pemex en la Cuenca de Burgos, donde permaneció durante más de un mes.
Pese a que en Tamaulipas no se puede votar libremente ni existen en general condiciones para realizar elecciones democráticas, ninguna autoridad ha afrontado el problema. El Consejo General del Instituto Electoral del estado se limitó a revisar qué decía la ley sobre el fallecimiento de un candidato en vísperas de una elección, como lo hizo saber en un comunicado el presidente del Consejo, Jorge Luis Navarro Cantú.
El caso es que, el miércoles 30 de junio, los integrantes del Consejo General recibieron la solicitud de sustitución del candidato y en unas horas la desahogaron. Sólo revisaron que se hubiesen entregado los documentos que señala el artículo 211 del Código Electoral de Tamaulipas, pero nunca repararon en que, tratándose de coaliciones, el artículo 116 establece que al convenio de coalición hay que anexarle:” I. Las actas que acrediten que los órganos de cada uno de los partidos políticos coaligados aprobaron de conformidad a sus estatutos (…) la postulación de la o las candidaturas para la elección de que se trate”. Dicho requisito, cumplido cuando se registró la coalición postulando a su candidato, debió cubrirse igualmente para sustituir al candidato. Como muy probablemente el PVEM y el Panal no lo hicieron, la candidatura del sustituto podría ser impugnada en cualquier momento.
Lo que pasó es que el Ietam se apresuró a resolver porque la dirigente nacional del tricolor ya había sentenciado un día antes: “…en medio de la desgracia, cumpliremos con nuestro deber el día de los comicios. Lo hacemos con el convencimiento de que la participación electoral es la respuesta más firme a quienes pretenden sabotearlos y el mejor homenaje a los caídos”.
Antes del asesinato de Rodolfo Torre, las encuestas de preferencia electoral le otorgaban una ventaja de tres a uno contra su más cercano competidor. Los priistas sabían que si aprovechan la solidaridad que siempre genera una tragedia, incluso ampliarían dicha ventaja, de manera que el mejor candidato sustituto era el hermano mayor de Rodolfo.
Dicho hermano, Egidio, quien al asumir la candidatura pronunció un emotivo discurso, ha sido uno de los empresarios constructores preferidos del sexenio del gobernador Eugenio Hernández: su constructora, Servicios de Ingeniería Tohesa, obtuvo contratos de obra pública por casi 170 millones de pesos. Además, Eugenio y Egidio coincidieron en el Tecnológico de Monterrey estudiando ingeniería civil en la segunda mitad de los años setenta, y, en lo político, Egidio era el alcalde saliente cuando, en 2001, Eugenio asumió la presidencia municipal de Ciudad Victoria.
A los tricolores poco les importó que no hubiese condiciones para celebrar elecciones democráticas y que la Constitución estatal tuviese diversas previsiones para atender una contingencia como la que se presentó. El artículo 63 señala qué hacer en el Congreso del estado en caso de que no se hubiesen “verificado las elecciones o por cualquier otra causa no pudiera renovarse el día fijado”; y el 83 contiene la previsión para el caso del gobernador.
También determina qué hacer en caso de que “una conmoción interior (…) hubiere alterado” el orden en la entidad (fracción XXXI del artículo 91), e inclusive cómo resolver la desaparición de poderes (artículos 156 y 157). A su vez, el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece qué hacer en “caso… de perturbación grave del orden público…”.
Pero ni el gobernador ni el presidente, ni el Congreso del estado ni el Congreso de la Unión, estaban dispuestos a revisar la gobernabilidad en Tamaulipas. No falta normatividad, sino voluntad política.
Para el priismo, la mesa estaba puesta para que Egidio logre una aplastante victoria, sin importar las condiciones. Y él aprovechó el argumento que empezó a construir en su discurso fúnebre: “Si les he pedido a todos de manera respetuosa y conmovida que no permitamos que el sueño de Rodolfo se interrumpa, es porque yo mismo estoy dispuesto a nutrirlo, a base de entrega, de trabajo, de compromiso; por eso (…) hoy he aceptado postularme como candidato sustituto a gobernador del estado de Tamaulipas”.
Y más adelante invitó a votar por Rodolfo: “Les pido que salgan a votar y que voten y crucen el nombre Rodolfo Torre y el logotipo de la coalición Todos Tamaulipas (…) Expreso (…) la garantía de que cada voto emitido por Rodolfo Torre será un voto por los que vamos a luchar por su memoria, por dar seguimiento puntual a su propuesta y por hacer realidad sus compromisos”.
El airado reclamo que, en referencia al lucro, hizo la dirigente nacional del tricolor (“…rechazamos, y nos llena de indignación, lo que observamos como el fermento de una estrategia política de lucro con la tragedia que nos agravia; exigimos respeto a nuestro dolor, exigimos respeto a nuestro duelo…”) se convirtió en la exigencia de que sólo ellos, los priistas, pueden lucrar con su dolor. A ellos no les importó montarse en la tragedia de su extinto candidato para acrecentar su beneficio electoral, sin importarles las irregulares y aún riesgosas condiciones en que se efectuarán los comicios este domingo. l
