Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 12 de septiembre de 2010
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS MEXICANOS EN DESGRACIA
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Lecciones desde el infierno
Poco impacto han conseguido las producciones cinematográficas del Bicentenario
Colaborador Invitado
(12 septiembre 2010).- Fernanda Solórzano
Éste pretendía ser un texto desencantado. Iba a comenzar por decir que si la frase "películas mexicanas financiadas por Conaculta a través del Imcine como parte de los proyectos oficiales para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución" era un ladrillo capaz de matar el interés de un lector, era ingenuo esperar que sus referentes -las películas- fluyeran con ligereza entre el público y permanecieran en cartelera el tiempo suficiente para justificar la inversión. Es decir, 156 millones destinados a la producción de cinco largometrajes (Chicogrande, de Felipe Cazals; El atentado, de Jorge Fons; El infierno, de Luis Estrada; Hidalgo, de Antonio Serrano y El baile de San Juan, de Francisco Athié); el conjunto de 10 cortometrajes titulado Revolución; el compilado de 26 animaciones bajo el nombre Suertes, humores y pequeñas historias de la Independencia y la Revolución, y el documental La cámara Casasola, de Rodrigo Montes de Oca.
La queja no iba a estar dirigida a las películas, al criterio de selección de proyectos ni a la convocatoria misma. A pesar de que la autoría cinematográfica, el apoyo estatal atado a una temática, y la intención conmemorativa son temas espinosos, es justo reconocer que el cine cruza con pasos seguros el campo minado de la conmemoración oficial. Los directores involucrados dieron la espalda a la historia de bronce, y optaron por relatos abiertos a la interpretación. Ya que el cine ha sido culpable de perpetuar una visión triunfalista de la historia de México, se agradece que en los festejos se haya alzado como voz disonante. Y si el Estado le dio los medios, mejor.
La amargura vendría del impacto -o falta de él- que han tenido las películas del Bicentenario que han llegado a la salas. El abismo entre intención y efecto, lamentable cuando trata de películas de buena factura, a cargo de directores probados, y que dejan apreciar actuaciones como las de Damián Alcázar (un fenómeno sin paralelos en el cine mexicano de hoy). Es el caso de Chicogrande, relato sobre la invasión estadounidense a Chihuahua tras el ataque de Villa a Columbus. De las mejores películas de Cazals, Chicogrande pasó corriendo por las salas de la ciudad. Con apenas 64 copias, convocó a un aproximado de 4 mil 200 asistentes en su primer fin de semana. (Con el mismo número de copias y estrenada el mismo día, Abel, de Diego Luna, tuvo una asistencia de 796 mil 200 personas). Por el principio de rentabilidad que rige la exhibición en México, la cinta tuvo que salir de la cartelera. (La ironía no se hace esperar: mientras que muchos mexicanos ni siquiera la oyeron nombrar, ha sido elegida para inaugurar el Festival de San Sebastián). A El atentado, de Jorge Fons, no le está yendo mejor. La narración de un atentado contra Porfirio Díaz, consignado en los diarios del escritor Federico Gamboa, atrajo en su primer fin de semana a un aproximado de 59 mil 500 asistentes. Multitudes si se comparan con la cifra de Chicogrande, pero un fracaso considerando las circunstancias del estreno: 253 copias y una campaña de publicidad en forma. (La comedia mexicana No eres tú, soy yo, estrenada el mismo día, atrajo a un número de espectadores más de 10 veces mayor). A El atentado quizá lo hundió su falta de contundencia y el peso de la solemnidad. Y, sin embargo, la apatía hacia películas como Chicogrande y la mencionada de Fons viene de un rechazo arraigado a un género -el histórico- que, si se ubica México, se asocia con la apología del discurso oficial. Con todo y que estas películas son críticas con este discurso, sus metáforas no son tan obvias como para entender contra quién va el punch. Los mitos fundacionales no gozan de prestigio, aun si, como pasa aquí, se intentan "rectificar".
Finalmente éste no es un texto del todo desencantado: el estreno hace pocos días de la tercera bicentenaria probó que, a pesar de todo, el público mexicano quiere verse retratado en su oscura realidad. Con casi 170 mil asistentes en su primer fin de semana (el triple de entradas que El atentado), El infierno, de Luis Estrada, es la primera del paquete en cumplir el objetivo: poner el tema en la mesa y generar una discusión. Es cierto que con su visión claustrofóbica del México sitiado por el narco, El infierno se asume polémica y se beneficia de la controversia que rodea la celebración. Pero todos sus puntos fuertes son cinematográficos, y eso -no su lectura política- es lo que ha resucitado la relación entre el público mexicano y el cine hecho en su país.
Que El infierno sea la oveja negra de las películas del Bicentenario y al mismo tiempo una conmemoración oficial con verdadera resonancia, no sólo es una paradoja fantástica, sino que arroja una buena lección: en tiempos como los que corren, sólo las visiones francas y el margen para la autocrítica pueden considerarse motivo de celebración.
La autora es crítica de cine y colaboradora regular de la revista Letras Libres.
Universitarios y ciudadanos ante los festejos
Sondeo Bicentenario. Opiniones de cara a la conmemoración del 15 de septiembre
Gina Zabludovsky Kuper y Alicia Juárez Becerril
(12 septiembre 2010).- El tema de las conmemoraciones está en todas partes: nombres de circuitos, carre- teras, parques y plazas públicas, obras inacabadas, publicaciones, eventos culturales y deportivos, congresos académicos, discursos oficiales y medios de comunicación masiva, pero ¿hasta qué punto los mexicanos estamos interesados y las sentimos propias? ¿Realmente nos encontramos ávidos de celebrar?
El presente estudio aborda esta cuestión con especial atención en el impacto que tienen dichos festejos entre estudiantes de licenciatura de la Ciudad de México en comparación con la población en general; la opinión del primer grupo es relevante, pues ellos serán parte de los futuros profesionistas de México y podrían llegar a ocupar puestos importantes en nuestra sociedad. ¿Hay diferencias en las percepciones de quienes cursan su carrera en una universidad pública con los que lo hacen en una institución privada? ¿Cómo contrastan sus opiniones con otros sectores de la población?
Para contestar a estas preguntas a continuación se presentan los primeros resultados de un trabajo en proceso para valorar los puntos de vista de los universitarios respecto de los festejos por el Bicentenario en comparación con el resto de la ciudadanía (a la fecha en que se entrega este estudio -6 de septiembre- se han aplicado cuestionarios en algunas instituciones de educación superior de la Ciudad de México: la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, entre las universidades públicas, y la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, dentro las privadas). El sondeo se ha aplicado a residentes del área metropolitana.
Se precisa que los resultados presentados son una síntesis de las opiniones obtenidas para un estudio exploratorio que -aunque se reconoce está lejos de tener la representatividad de una encuesta- permite detectar algunas tendencias que se resumen en los siguientes diez puntos:
1. Para la mayoría de los universitarios y el resto de la población la conmemoración de la Independencia tiene mayor importancia que los festejos por la Revolución. Se considera que la Independencia fue el primer movimiento relevante de la historia de México, marcó el inicio de la autonomía, la libertad, la soberanía, la identidad nacional y es costumbre festejar esta fecha como una manifestación de la unión de los mexicanos.
2. La mayoría de los estudiantes (54% de universidades privadas y el 58% de las públicas) considera que no hay razones para conmemorar la Revolución; argumentan que "no culminó", no es un movimiento definido, sus ideales no se cumplieron, se han desvirtuado sus principios, la desigualdad social y las injusticias siguen igual, no ha habido ningún cambio y todavía no se han anunciado las ceremonias ni obras públicas respectivas.
En contraste con los universitarios, entre la población en general existe una ligera mayoría (57%) que sí considera que hay algo que conmemorar en el Centenario de la Revolución, señalando como motivos que es "por nuestra historia", porque México "decidió levantarse en armas", porque "se acabó con la reelección" y porque fue "el comienzo de la lucha por la igualdad".
3. Tanto los estudiantes como la población en general (73% y 77%, respectivamente) consideran que la prioridad de las conmemoraciones debe ser la prospectiva (la reflexión con base a la experiencia histórica de la realidad actual para planear el futuro). En un segundo lugar se señalan las obras públicas, mientras los actos conmemorativos ocupan el tercero y último lugar.
4. En cuanto a la evaluación de las acciones para conmemorar el Bicentenario, la única obra que se reconoce como "muy importante" entre los tres grupos consultados (76% población general, 74% universidades privadas, 63% universidades públicas) es la concerniente al drenaje profundo del Valle de México.
5. En relación con la exhumación de los héroes y su exhibición en la galería del Palacio Nacional, un evento que resultó polémico en días recientes, la mayoría de los entrevistados considera que no tiene ninguna trascendencia. Así lo piensa el 62% de los estudiantes (tanto de universidades públicas como privadas) y el 54% de la población en general.
6. Otros programas considerados "algo importantes" son las obras públicas, la Biblioteca Bicentenario, la creación de espacios deportivos y lugares de esparcimiento, los programas históricos y de difusión, los seminarios, foros y conferencias, y el Proyecto Iniciativa México. En todos estos casos, en comparación con los estudiantes de universidades públicas y la población en general, los alumnos de universidades privadas muestran un índice de aceptación más alto.
7. La mayoría de la población considera que los recursos financieros invertidos en las conmemoraciones son excesivos. Esta opinión es expresada por el 71% de los alumnos de universidades privadas, el 77% de la población general y por el 82% de los estudiantes de universidades públicas.
8. Todos los sectores consultados consideran que, en comparación con 1910, el país está peor en inseguridad y corrupción (75% la población general, 82% los alumnos de universidades privadas y 79% los de universidades públicas en cuanto a inseguridad; en corrupción: 74% población general y alumnos de universidades privadas y 76% de universidades públicas) y en los niveles de pobreza (con 51% de menciones entre estudiantes de universidades privadas, 56% entre la población en general y 63% entre alumnos de universidades públicas). El 53% de los estudiantes de universidades públicas y de la población en general también considera que hay un deterioro en el desarrollo del campo.
9. Una ligera mayoría de los estudiantes de universidades privadas (56%) opina que estamos mejor que hace 100 años en temas como libertad, educación y preparación. Entre los inscritos en universidades públicas y el resto de la población también se menciona una mejoría en estos rubros pero los porcentajes de respuestas no llegan a ser mayoritarios.
10. Al preguntar sobre las deficiencias del país a 200 años de su Independencia y 100 de la Revolución, los consultados ratificaron tener una percepción negativa sobre la inseguridad y la corrupción, y también señalaron los "malos gobiernos", la burocracia, la pobreza, la desigualdad y las deficiencias educativas. En cuanto a las virtudes que los consultados reconocen en el país se mencionaron la libertad de expresión, la pluralidad, la educación, la creciente equidad de hombres y mujeres, la cultura, las costumbres y tradiciones, los recursos naturales, la participación ciudadana y las características de la población mexicana, que "es aguantadora" y sabe "salir adelante pese a las adversidades".
Las autoras son profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (ginaza@servidor.unam.mx y aliciamjb@yahoo.com.mx). Agradecen el valioso apoyo de Liliana Vega para la realización de este trabajo.
¿Cómo se viven las conmemoraciones?
· Las conmemoraciones son un buen momento para:
| | Estudiantes de universidades públicas. | Estudiantes de universidades privadas. | Población en general. |
| Festejar a los héroes. | 3% | 4% | 7% |
| Analizar la situación actual. | 25 | 24 | 24 |
| Evaluar el paso del pasado en el presente. | 19 | 14 | 15 |
| Criticar la situación actual de México. | 23 | 22 | 20 |
| Proponer nuevas soluciones. | 24 | 25 | 28 |
| Hacer obra pública. | 6 | 11 | 6 |
¿Piensa hacer algo para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México?
| | Si | No | No sé |
| Estudiantes de universidades públicas. | 20% | 47% | 33% |
| Estudiantes de universidades privadas. | 42 | 31 | 27 |
| Población en general. | 39 | 41 | 20 |
¿Cómo piensa participar en las conmemoraciones?
| | Estudiantes de universidades públicas. | Estudiantes de universidades privadas. | Población en general. |
| Actividades que organiza el gobierno. | 14% | 13% | 9% |
| Actividades de la escuela (de usted o de sus hijos). | 10 | 14 | 13 |
| Plazas públicas. | 12 | 15 | 12 |
| Informándome más sobre la historia de México. | 27 | 19 | 31 |
| En casa con amigos y familiares. | 32 | 39 | 31 |
| Otros. | 5 | 1 | 4 |
Nota metodológica.
El presente sondeo es parte de un estudio en proceso que no contó con los recursos y las formalidades de una encuesta por lo cual los resultados son aproximados y pueden variar. La interpretación presente se basa en 600 cuestionarios que se realizaron del 15 al 31 de agosto de 2010 y que seguirán aplicándose hasta el 14 de septiembre. Los cuestionarios de la población en general se levantaron en mercados, centros comerciales, lugares de trabajo, centros recreativos, deportivos y parques en una diversidad de colonias que permitieron cubrir diferentes rangos de edades, niveles educativos y estratos económicos. Los cuestionarios en el Politécnico y las universidades privadas se realizaron en áreas comunes fuera de los salones de clase. En el caso de la UNAM, se aplicaron a alumnos de carreras con el mayor número de matrícula como son derecho, medicina, administración, contaduría, psicología, ingeniería y comunicación en Ciudad Universitaria.
Independencia sin libertad
Reportaje Bicentenario. Una economía concentrada en el intercambio con un sólo socio, una industria petrolera a la baja, pérdida de captación de capital extranjero y dependencia de las remesas, entre otros factores, configuran la situación del país tras 200 años de libertad
Karla Garduño Morán
(12 septiembre 2010).- México llega a la celebración de los 200 años del inicio del movimiento de Independencia con una economía golpeada por la crisis y dependiente de las divisas extranjeras, especialmente de Estados Unidos.
El país ha perdido autonomía en materia alimentaria y energética, al importar cada vez más granos y gasolinas; por otra parte, los ingresos públicos quedaron subordinados desde hace 30 años al petróleo, el cual está a punto de importarse por la caída en la producción y la reducida capacidad de refinación.
¿Asociación o dependencia?
Desde finales del siglo XIX Estados Unidos ha sido el principal socio de México, tendencia que se confirma al grado que hoy el 80 por ciento de las exportaciones mexicanas se destinan a ese mercado y cerca del 50 por ciento de lo importado proviene de ese país.
A partir de la última década del siglo pasado, las ventas al exterior de México dependen en un 80 por ciento de la industria manufacturera, la cual está sujeta a la Inversión Extranjera Directa (IED), que es principalmente estadounidense (40 por ciento).
Con una relación tan estrecha, México está sujeto a los vaivenes de la economía de Estados Unidos, tanto que cuando aquel país entra en crisis la inversión en México decrece y aumenta el desempleo.
Un ejemplo de esa afectación se registró luego del llamado "Crack del 29" -en la tercera década del siglo XX-, el Producto Interno Bruto de México cayó hasta un 14 por ciento y el peso tuvo que sufrir una devaluación en 1932 para relanzar la economía.
Lo mismo ocurrió con la crisis de 1982, que se originó por el sobreendeudamiento de México, pero también de Estados Unidos. En esa década, la IED cayó un 70 por ciento y el desempleo alcanzó una tasa de 6.2 sobre la Población Económicamente Activa.
Con la más reciente recesión iniciada en 2008, en Estados Unidos, la economía mexicana sufrió un revés del que todavía no se recupera. La caída en la inversión fue del 50 por ciento en 2008, el desempleo llegó a 5.7 por ciento el año pasado y el PIB registró caídas de hasta 10 por ciento.
Otro ejemplo de la dependencia es la entrada de recursos desde Estados Unidos a México a través de las remesas enviadas por los migrantes, que según las cifras del Consejo Nacional de Población se han incrementado de 6.4 millones de personas en
El país es el mayor receptor de remesas en América Latina. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2009 México recibió 21 mil 132 millones de dólares en remesas. El segundo lugar en América Latina fue Brasil, con 4 mil 700 millones de dólares.
Un estudio realizado por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, en 2008, concluye que las remesas benefician en mayor medida a la población de escasos recursos. Las familias que se ubican entre los deciles 1 y 6 reciben el 70.4 del total de las remesas.
Sin embargo, a partir de la crisis económica en Estados Unidos, el envío de dinero desde el exterior ha ido a la baja a partir del 2008. Ese año las remesas cayeron 3.6 por ciento respecto al 2007 y en 2009 volvieron a caer hasta un 15.7 por ciento, según datos del BID.
Comercio en dos siglos
Durante el siglo XIX las relaciones entre Estados Unidos y México transitaron entre fricciones, particularmente desde la invasión en 1847, tras la cual México perdió el territorio de Texas.
Aún así, el comercio entre ambos países cobraba importancia. En 1870 las exportaciones de México a Estados Unidos representaban el 55 por ciento del total y para 1910 habían llegado al 76 por ciento.
Las importaciones pasaron del 23 al 56 por ciento en esos mismos 40 años, según datos de la investigadora de El Colegio de México Sandra Kuntz (El comercio México-Estados Unidos 1870-1929: reconstrucción, estadísticas y tendencias generales).
A pesar del movimiento revolucionario y de la intervención estadounidense en el puerto de Veracruz en 1914, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio durante todo el siglo XX.
Las exportaciones oscilaron entre 67 y 70 y por ciento en las décadas de los veinte y los treinta, mientras que las importaciones llegaron al 75 por ciento, debido al desabasto local que provocó la Revolución.
La subordinación de México al intercambio con Estados Unidos llegó a tal punto que durante la Gran Depresión, iniciada con el "Crack del 29" en Wall Street, las exportaciones totales del país se redujeron a la mitad del nivel que tenían en 1927 y las importaciones fueron hasta tres veces menores, como se refleja en las cifras del Banco Nacional de Comercio Exterior.
En 1930, el Producto Interno Bruto de México se redujo en un 6.5 por ciento. Dos años después el peso se devaluó 30 por ciento y la economía cayó 14 por ciento.
Estados Unidos comenzó su recuperación a partir de 1932 y la consolidó antes de participar en la Segunda Guerra Mundial. México creció de la mano de su vecino con mayores exportaciones, que sólo entre 1934 y 1935 aumentaron en un 50 por ciento.
En los cuarenta los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán fomentaron un modelo de sustitución de importaciones en el que se redujo la compra de bienes de consumo para proteger la industria interna, pero se flexibilizó la importación de los llamados bienes de uso intermedio (materias primas) y los bienes de capital (maquinaria y equipo), de manera que esa política no afectó a Estados Unidos, que se convirtió en el principal proveedor de la industria mexicana.
A pesar de la política proteccionista de Miguel Alemán, Estados Unidos aumentó su participación en la industria mexicana en los años cincuenta. En 1940, el 63.7 de la inversión extranjera directa (IED) provenía del país vecino, mientras que en 1960 el porcentaje ascendió a 83.2.
Con la puesta en marcha del programa de maquila de exportación en 1966 -que dio facilidades a las empresas maquiladoras para instalarse y ofrecer empleos- inició en el país un auge exportador y de inversión extranjera.
En 1970 se habían instalado 120 plantas en la línea fronteriza y cuatro años después la cifra se triplicó.
Con este auge, la inversión extranjera directa en México inició su escalada, especialmente por la participación de Estados Unidos.
Mientras que en 1940 el gasto estadounidense en manufactura representaba apenas el 2.7 por ciento del total de sus inversiones, en 1957 ascendió a 45.3 y para 1972 ya representaba el 69.8 por ciento, según datos recopilados por Gustavo Vega en su libro El Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Visión retrospectiva y retos a futuro (El Colegio de México, 2010).
Entre 1980 y 1988, el 66.34 por ciento de la IED provenía del sector manufacturero. Según cifras del INEGI, a partir de 1983 las exportaciones manufactureras comenzaron a crecer en niveles superiores al 50 por ciento, mientras que las extractivas y las agropecuarias fueron en descenso desde principios de los ochenta.
Por ejemplo, en febrero de 1983, mientras que las exportaciones agropecuarias y extractivas decrecieron 30 y 44 por ciento, respectivamente, las manufactureras tuvieron un crecimiento de 60 por ciento.
Cambio de intereses
A pesar de ocupar un lugar entre los 10 principales países productores de petróleo, las exportaciones de Pemex han ido a la baja. En 1980 las ventas externas de productos petroleros representaban el 67.3 por ciento del total, pero el crecimiento de la industria manufacturera las desplazó y para 1991 significaban apenas el 19.13 por ciento de las exportaciones del país.
En cambio, la participación de la industria manufacturera pasó de 19.5 por ciento en
La baja en las exportaciones petroleras y el aumento de la maquila no fueron casuales. Tras la crisis de 1982 -provocada por el fuerte endeudamiento del país y los vaivenes del gobierno de Miguel de la Madrid-, Carlos Salinas de Gortari impulsó un nuevo modelo económico encaminado a aumentar la inversión privada y las exportaciones.
Gracias a las nuevas políticas de apertura, la inversión creció a niveles superiores al 20 por ciento desde 1989. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la IED aumentó a partir de la década de los noventa y, de representar el 0.9 por ciento del PIB, pasó a 4.4 por ciento en 2007, año en que comenzó a disminuir, y para 2009 bajó a 3.3 por ciento.
El crecimiento tanto en la IED como en el comercio exterior fue resultado del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que entró en vigor en 1994.
De
'Seguridad' alimentaria
Desde hace más de 20 años México importa maíz, su alimento más representativo, porque su producción es insuficiente. En 2009, la compra de este grano llegó al 27.4 por ciento de lo que se consume, según reportó el gobierno federal en su Cuarto Informe.
La importación de otros productos alimenticios básicos como el arroz, el frijol, la carne de puerco y el pollo ha aumentado en los últimos años; del 2000 al 2009, por ejemplo, las compras externas de frijol pasaron del 6.6 por ciento sobre el consumo a 14.5 y las de carne de aves aumentaron de
Según datos de la Organización Mundial de Comercio, México ocupa el sexto lugar entre los países importadores de alimentos con un 1.9 por ciento del total. La Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá tienen un porcentaje más alto, pero sus importaciones han disminuido en los últimos 10 años, mientras que las de México van a la alza: entre 2007 y 2008 crecieron un 20 por ciento.
Desde la década de los ochenta el saldo en la balanza comercial agropecuaria y agroalimentaria resulta negativo la mayoría de los años; es decir, las importaciones son mayores que las exportaciones. Sin embargo, mientras que en 1995 -el segundo año del Tratado de Libre Comercio- la diferencia entre exportaciones e importaciones fue de mil 300 millones de dólares a favor de las ventas al exterior, en 2009 el saldo fue de menos 2 mil 400 millones.
Petróleo a la baja
Como parte de la estrategia para allegarse de inversión privada, entre 1982 y 1993 el gobierno mexicano privatizó 938 de las mil 155 empresas paraestatales que tenía. En 1994, tras la crisis y el Tratado de Libre Comercio, este proceso que hasta 1998 había recaudado 30 mil millones de dólares se frenó y el Estado se quedó con empresas clave como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.
Con la firma del Tratado de Libre Comercio, México permitió la entrada de mayores capitales extranjeros a sus paraestatales a través de la contratación de obras y servicios y en 2008 se impulsó una reforma energética encaminada a permitir la inversión extranjera. Sin embargo, lejos de hacer funcionar a Pemex como una empresa, el Estado sigue recargando sus finanzas en la paraestatal.
Desde 1980, el porcentaje de participación de los recursos provenientes del petróleo en el ingreso del gobierno ya era superior al 30 por ciento. En 1983 la participación alcanzó el 50 por ciento y en 1989 bajó nuevamente hasta niveles cercanos al 30 por ciento.
Luego del pago de impuestos y derechos, las finanzas de Pemex quedan en números rojos desde 1998, lo que aumenta su endeudamiento. En 2009, por ejemplo, la paraestatal reportó un rendimiento de operación de 428 mil millones de pesos, pero tras el pago de derechos e impuestos registra una pérdida neta de 94 mil 600 millones de pesos.
El futuro para la empresa no es prometedor. Desde el 2005, la producción petrolera comenzó a disminuir; en ese año se dejaron de producir 39 mil barriles diarios y la caída fue gradual.
En cinco años se ha pasado de una producción de 3 millones 382.9 mil barriles diarios a una de 2 millones 578 mil barriles diarios en el segundo trimestre del 2010.
Actualmente México produce crudo pesado mientras sus refinerías están hechas para procesar crudo ligero. De las seis refinerías -la última construida hace 26 años- sólo dos se han reconfigurado para trabajar con petróleo pesado, por lo que la paraestatal podría importar crudo ligero para refinar.
La insuficiencia de las refinerías mexicanas mantiene la producción de gasolinas con un crecimiento irregular desde hace una década. En 2003 aumentó un 11 por ciento respecto al año anterior, pero en 2005 decreció 2.5 por ciento y en 2008 también bajó poco más del 1 por ciento.
En cambio, el aumento en la demanda se sostiene entre 5.5 y 6.9 por ciento anual, por lo que en la década de los ochenta México comenzó a importar gasolinas, aunque en porcentajes que no superaban el 1 por ciento de lo que se consumía en el país. Fue hasta 1989 que se importó una cantidad considerable de gasolina (el 6.7 por ciento del total), un porcentaje que para 1993 ya era de 18.5 y en 1998 de más del 27.8 por ciento.
La importación de gasolinas disminuyó en los siguientes años, pero a partir del 2005, cuando llegó al 28.3 del total de lo vendido en el país, fue creciendo hasta alcanzar el 40 por ciento que representa actualmente.
El gobierno de Felipe Calderón anunció el 8 de octubre del 2008 la construcción de una nueva refinería en el país, pero cálculos de expertos señalan que actualmente resulta más barato comprar alguna en Estados Unidos y llevar la producción para allá -como ya sucede con Deer Park en Texas- que construir una. Aunque el gobierno insiste en que se invertirá en la construcción de una nueva refinería en Hidalgo, ésta no ha comenzado.
Pérdida de confianza
En los últimos años la confianza de los inversionistas ha decrecido y con ello la IED.
Según el "Informe Mundial sobre las Inversiones 2010", publicado en agosto de 2010 por Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), México salió de la lista de las principales 20 economías receptoras de IED.
El país ha bajado también su calificación en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Mientras que en 2007-2008 estaba en el lugar 52, en 2010-2011 cayó al lugar 66.
A pesar de su dependencia de la IED, México no ofrece facilidades para la apertura de negocios. Un análisis realizado por el Banco Mundial señala que el país se encuentra por debajo de la media de otros miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en aspectos como número de procedimientos, tiempo promedio y costo para la apertura de un negocio.
Otros riesgos
México también depende cada vez más del exterior en temas como tecnología, seguridad y justicia.
Durante la pandemia de Influenza A H1N1, en abril y mayo del 2009, se evidenciaron las consecuencias de la falta de impulso a la tecnología.
La falta de equipo especializado obligó a que durante las primeras semanas de la contingencia las pruebas científicas del virus se tuvieran que realizar en Estados Unidos, lo cual retrasó el diagnóstico. Además, hubo que esperar para recibir del exterior el total de los 27 millones de vacunas que se aplicaron, según explicó el director del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, Miguel Ángel Lezana.
El tráfico de armas de Estados Unidos a México y el paso de drogas en sentido contrario vulneran las estrategias del gobierno federal en su lucha contra el narcotráfico. Según un informe de las Naciones Unidas titulado "La globalización del delito", más de 20 mil armas son traficadas anualmente desde Estados Unidos a México.En materia de justicia, cada vez es mayor la necesidad de recurrir ante organismos internacionales, especialmente en el tema de derechos humanos. Entre el 2000 y el 2009, el número de casos contra el Estado mexicano llevados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pasó de
Desarrollo social
En 200 años la estructura de la sociedad mexicana ha cambiado drásticamente: la esperanza de vida pasó de
POBLACIÓN TOTAL
Millones de personas
| 1810 | 6.1 |
| 1910 | 15.1 |
| 2010 | 108 |
| 1810 | 60% |
| 1910 | 15.5% |
| 2010 | 6.7% |
POBLACIÓN INDÍGENA
(Porcentaje del total)
POBLACIÓN URBANA
(Porcentaje del total)
| 1810 | 8.1% |
| 1910 | 28.7% |
| 2010 | 78% |
POBLACIÓN ALFABETA
(Porcentaje de los mayores de 15 años)
| 1810 | 3% |
| 1910 | 27.7% |
| 2010 | 91.6% |
ESPERANZA DE VIDA
(Edad)
| 1810 | 20 |
| 1910 | 30.5 |
| 2010 | 75.1 |
TASA DE MORTALIDAD
(Defunciones por cada mil habitantes)
| 1810 | 35.5 |
| 1910 | 32.1 |
| 2010 | 5 |
TASA DE NATALIDAD
(Nacimientos por cada mil habitantes)
| 1810 | 50.5 |
| 1910 | 31.8 |
| 2010 | 17.8 |
Intercambio concentrado
México exporta más de lo que importa, pero en las últimas décadas comenzó a comprar más alimentos y gasolinas, además de que su socio mayoritario sigue siendo Estados Unidos.
Comercio internacional (cifras en porcentaje).
| | Crecimiento anual de las exportaciones. | Crecimiento anual de las importaciones. |
| 1871 | 25% | -32% |
| 1881 | 2.4 | 44.6 |
| 1891 | 3 | -3.3 |
| 1901 | 14.5 | 8.2 |
| 1910 | .66 | 8.8 |
| 1911 | 8.9 | -14 |
| 1921 | -30.8 | 14.4 |
| 1931 | -12.8 | -38 |
| 1981 | 29.6 | 29 |
| 1985 | -10.4 | 19.4 |
| 1990 | 17.5 | 23 |
| 1995 | 30.6 | -8.7 |
| 2000 | 21.8 | 22.9 |
| 2005 | 14 | 12.7 |
| 2009 | -21.3 | -24 |
| 2010 | 35.2 | 32.5 |
| | Exportaciones a Estados Unidos. | Importaciones de Estados Unidos. |
| 1870 | 55% | 23% |
| 1880 | 63 | 37 |
| 1890 | 78 | 32 |
| 1900 | 83 | 55 |
| 1910 | 76 | 56 |
| 1920 | 68 | 74 |
| 1930 | 67 | 70 |
| 1985 | 61.2 | 67.9 |
| 1995 | 83.3 | 74.4 |
| 2000 | 88.7 | 73.1 |
| 2005 | 85.7 | 53.4 |
| 2009 | 80.6 | 48 |
| 2010 | 80 | 49 |
Oportunidades más allá de la frontera
Mexicanos residentes en Estados Unidos (cifras en millones).
| 94 | 6.4 |
| 96 | 6.9 |
| 98 | 7.4 |
| 00 | 8 |
| 02 | 9.9 |
| 04 | 10.7 |
| 07 | 11.8 |
Remesas (cifras en miles de millones de dólares).
| 03 | $15 |
| 04 | $18.3 |
| 05 | $21.6 |
| 06 | $25.5 |
| 07 | $26 |
| 08 | $25.1 |
| 09 | $21.1 |
| 10 | $10.6 |
Ingresos petroleros (porcentaje).
| 80 | 32.7% |
| 90 | 29.5% |
| 95 | 35.3% |
| 00 | 32.6% |
| 05 | 37.3% |
| 06 | 38% |
| 07 | 35.4% |
| 08 | 36.8% |
| 09 | 31% |
| 10 | 31.3% |
Insuficiencia alimentaria (cifras en porcentaje sobre el consumo).
| | Importación de arroz | Importación de frijol | Importación de maíz |
| 90 | 36.7 | 21.9 | 20.4 |
| 00 | 65 | 23.3 | 6.6 |
| 02 | 75.6 | 22.3 | 6.3 |
| 04 | 71.7 | 20.3 | 5.1 |
| 06 | 72.8 | 26 | 8.8 |
| 09 | 80.2 | 27.4 | 7.8 |
| 10 | 74.1 | 24.6 | 14.4 |
Economía dependiente
Entrevista Bicentenario. Mercado interno fuerte y mayor cartera como detonantes de la libertad económica
Martha Martínez
(12 septiembre 2010).- México carece de independencia económica porque le apostó a tratados de libre comercio truncos, abandonó las políticas de estabilidad interna y pasó de un Estado promotor a uno protector, afirma el economista Julio A. Millán.
El presidente de Coraza Corporación Azteca señala que los factores para medir la independencia de un país son la diversidad de sus relaciones y la capacidad de su gobierno para tomar decisiones que le permitan corregir o menguar las consecuencias de las complicaciones externas.
Asegura que México tiene poco espacio de decisión porque posee una de las economías con mayor dependencia de Estados Unidos.
"México no es independiente económicamente, México es una economía de periferia, marginal... somos una economía que tiene una mayor relación con un solo país, por lo tanto, nuestra independencia, desde el punto de vista de la capacidad de manejo, es muy corta; tenemos cómo defendernos, pero en áreas muy limitadas", considera.
Millán indica que el país logró mayor independencia cuando tuvo políticas de estabilidad interna, pero éstas se abandonaron para abrir paso a un Estado protector o al neoliberalismo.
Explica que en 1929 la influencia de México en la economía de Estados Unidos fue de entre 3 y 4 por ciento, y entre 1979 y 1982 superó los 9 puntos porcentuales; no obstante, dichas cifras descendieron sin que se tomaran medidas para impedirlo.
"Nosotros íbamos bien, éramos una economía mixta donde el Estado participaba, el mercado contribuía y estábamos creando instituciones de equilibrio. En tiempo de Echeverría comienza el Estado protector y no el Estado promotor, comenzaron a crear una serie de estructuras costosas y un intervencionismo del Estado que mata la capacidad de crecimiento.
"Viene el siguiente paso. No nos gusta el péndulo, nos vamos al neoliberalismo, abrimos la economía completamente, sin ninguna protección y entonces perdemos el equilibrio; estamos en eso", explica.
En opinión del presidente de la Sociedad Mundial del Futuro, sección México, los impulsos para promover la diversificación de la economía han sido insuficientes.
Un ejemplo de ello, comenta, es que hoy la infraestructura operativa -como carreteras o medios de comunicación aérea- la tenemos ligada con Estados Unidos como principal destino.
Afirma que los tratados comerciales firmados por México dinamizaron la producción, pero no han logrado fortalecer la capacidad del mercado interno.
"Los tratados de libre comercio que hemos firmado han sido truncos... Cuando se hace un tratado de libre comercio, junto debe estar el tratado de inversión, entonces no entra solamente con el comercio, entra también con inversión, lo que genera una capacidad de mercado diferente", señala.
El especialista advierte que para detonar la independencia económica de México es necesario fortalecer el mercado interno, favorecer la productividad y la competitividad y plantear una política de largo plazo que responda a preguntas como ¿qué queremos en 25, 50 o 100 años?, ¿cómo lo vamos a hacer con los elementos que tenemos? y ¿qué hay que empezar a cambiar ahora?
"Tenemos que tener un escenario apuesta y ese escenario traerlo y convencer a toda la gente y decirles a los actores políticos: esto es lo que queremos y esto es lo que tienen que hacer. Es la clave si queremos salir y tener independencia económica", insiste.
Millán recomienda que México no puede perder la oportunidad de diversificar sus relaciones económicas con América Latina y con Asia, ya que en esta última región se asientan dos de las cinco principales economías del mundo: China y Japón.
Advierte que seguir sin independencia económica es un riesgo para la estabilidad social del país."El riesgo enorme de no tener seguridad en todos los términos -económica, energética, alimentaria- es que no vamos a tener estabilidad social; un país mientras más independiente y capaz es de tomar decisiones, más estabilidad social puede tener", asegura.
Julio A. Millán.
Estudios: economía y diplomacia en la UNAM. Realizó estudios sobre comercio exterior, productividad y análisis económico en Washington, Oxford y Tokio.
Sin educación no hay país
Entrevista Bicentenario. Generar recursos humanos capacitados, atraer inversiones, impulsar la economía y mantener bajo control del Estado el territorio son condiciones que dan independencia
Karla Garduño Morán
(12 septiembre 2010).- México pierde su independencia año con año en la medida en que no controla su economía, ni zonas de su territorio, y no educa a sus hijos para poder ser competitivos frente a los hijos de otros países, considera Juan Enríquez Cabot, investigador y empresario dedicado a la ciencia genómica.
Para el especialista el país ha perdido el impulso creador que tuvo, por ejemplo, en las décadas de los setenta y ochenta, cuando se llevaron a cabo magnos proyectos de inversión y desarrollo como los Centros Integralmente Planeados de Cancún, Loreto, Huatulco o Ixtapa.
"A partir de 1929 se restableció la gobernabilidad y gradualmente se tomó control del país, dejó de haber tanto caudillo y tantas zonas aisladas. Pero en los últimos 10 años ha habido una reversión brutal de esa tendencia, al grado que hoy vemos áreas que son controladas por nuevos caudillos o que de plano no tienen control. Tenemos más y más empresarios que viven de monopolios, de cotos protegidos, de concesiones, y no estoy viendo las nuevas compañías", señala.
Otro problema de fondo, según Enríquez Cabot, es que la educación no es una prioridad. De acuerdo con datos del último Informe, la demanda de instrucción básica se cubre al 100 por ciento en el país, pero la de nivel superior no llega al 30 por ciento. Además, los resultados de la prueba PISA muestran que los niveles educativos de México son muy bajos; el 50 por ciento de los alumnos está por debajo del nivel 2, que representa el mínimo necesario, y apenas el 1 por ciento alcanza los estándares más altos.
"Esas muchachas y muchachos que pese al sistema educativo se pueden graduar, que son poquitos, es prácticamente imposible que pongan un nuevo negocio, porque está tan acotado este sistema; existe el dueño del cemento, el de los celulares, el de las televisoras, negocios que en todo caso establecieron los abuelos y ahora los nietos viven de las rentas y de la protección", considera.
Enríquez Cabot explica que los egresados con niveles de excelencia en materias como matemáticas son la materia prima que buscan empresas de desarrollo tecnológico, por lo que ante la ausencia de este recurso humano México no resulta atractivo para estas inversiones. Resalta que México produce unos 3 mil doctores en ciencias, mientras que en otros países, como Brasil, se gradúan 30 mil al año.
"Si tomáramos en serio la educación, si tomáramos en serio, por lo menos a los mejores universitarios, podríamos duplicar o triplicar el Producto Interno Bruto del país, pero hay que tener muy claro que lo que debe construir el país son mentes.
"En la medida en que no sepamos generar nuevos empleos, en la medida en que no le podamos dar a nuestros hijos seguridad, futuro, esperanza y sueños, no hay independencia", alerta.
En la perspectiva de este empresario, un país cuya población aumenta al 3 por ciento anual no podría ser un país improductivo, pero la falta de crecimiento de los últimos años ha sido determinante para que se quede a la zaga de las economías mundiales. Entre los años cuarenta y cincuenta, explica, México y España tenían los mismos niveles de PIB per cápita, pero a partir de la muerte de Francisco Franco en 1975, el país europeo comenzó a crecer y actualmente su ingreso es tres veces mayor al de México.
"Mientras nosotros no controlamos la plaza municipal en Monterrey, no controlamos el que se pueda manejar en una calle sin que esté bloqueada por los narcos, en ese mismo periodo ha salido de la pobreza extrema y del hambre la tercera parte de la humanidad. En los años ochenta en la India salía uno del hotel y había una nube de gente que se acercaba para que uno de le diera 10 centavos; ahora eso ya no es así, y eso se hizo con siete institutos de alta tecnología que convirtieron a la india en el segundo productor de código digital del planeta", detalla.
Singapur, China, Corea o Japón son otros casos, relata, de países que lograron superar el retraso de su economía. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón comenzó su desarrollo y mientras que en 1970 su ingreso per cápita era la mitad del de Estados Unidos, en 2006, antes de la crisis financiera mundial, era del 85 por ciento. El ingreso per cápita de México en 2006, en cambio, era el 17 por ciento del de Estados Unidos.
Para lograr un éxito como el de estos países, considera, es preciso tener claras cuáles son las prioridades. En lugar de hacer un Plan Nacional de Desarrollo donde se quiere cambiar todo en un sexenio, explica, se deben seleccionar las "batallas" que se pueden ganar, detectar dónde están los talentos e impulsarlos."Hay una enorme capacidad y talento en México, hay la habilidad y el coraje, y muy poca gente que está trabajando tan duro como el mexicano promedio, en términos de horas. Es un pueblo brutalmente trabajador, brutalmente emprendedor, y la gente está dispuesta a partirse el alma si creen que el futuro de sus hijos va a ser mejor", apunta.
Juan Enríquez Cabot.
Estudios: licenciatura y maestría en administración de empresas en Harvard.
Nueva noción de independencia
Entrevista Bicentenario. Cambiar los esquemas que imponen conceptos como soberanía y nacionalismo es necesario para una revaloración de la independencia y de la vida cívica moderna
Karla Garduño Morán
(12 septiembre 2010).- Los conceptos de Independencia y soberanía deben ser replanteados a la luz del mundo globalizado y despojados de los resabios nacionalistas que impiden el crecimiento del país, considera el antropólogo Roger Bartra.
El académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM considera que la globalización ha contribuido al desarrollo de México, mientras que el nacionalismo exagerado impide llevar a cabo las reformas necesarias para que el país salga de la pobreza.
"Esas nociones sobre soberanía e independencia están empezando a caducar, hay que darles un contenido completamente diferente que no tiene nada que ver, posiblemente, con la visión original de independencia como la fundación de un Estado nacional y la separación de la metrópoli.
"La independencia es un hecho básicamente legal, es fruto de una Constitución, no hay que alejarnos demasiado de eso. Si queremos explorar la situación del país en la red de globalización que nos dominó, es otro asunto, y entonces efectivamente hay una pérdida de soberanía y de independencia, pero en un sentido muy general y posiblemente excesivo", señala.
En comparación con otras épocas posteriores a la lucha independentista, México es hoy más independiente, apunta el especialista. A mediados del siglo XIX, el país estaba sometido a presiones tanto europeas como de Estados Unidos y en 1848 perdió una parte de su territorio, tras una guerra con el país vecino. Luego, en la década de 1860, México estuvo intervenido durante cinco años por tropas francesas debido a la suspensión del pago de la deuda externa, y era controlado por un emperador -Maximiliano de Habsburgo-, lo que le restó soberanía.
"Es difícil comparar, pero pensando en esas épocas, ahora somos mucho más independientes y no estamos amenazados por fuerzas extranjeras", apunta.
Más que una amenaza, la globalización es un hecho inevitable en el que hay que saber moverse. A estas alturas del siglo XXI, explica Bartra, México debería haber aprendido que es occidental y norteamericano; es decir, que pertenece a Norteamérica, no a Estados Unidos.
"Tenemos que aprender a ser norteamericanos. Eso desde el punto de vista tradicional es un atentado, está mal visto y genera ronchas y ampollas en muchas partes, pero es una realidad, necesitamos ser modernos, incluso posmodernos, para insertarnos en este mundo de una manera más audaz", dice.
El peso del nacionalismo y una concepción de independencia decimonónica mantienen a México sumido en el subdesarrollo, apunta el antropólogo, al impedir que avancen reformas modernizadoras que permitan la entrada de capitales privados a ciertos sectores como el energético.
"Es evidente que falta una reforma energética que abra ese sector a fuerzas más dinámicas, incluyendo capitales privados y extranjeros, aunque eso es visto como un verdadero pecado. En el caso de la producción de alimentos, una reforma agraria que contribuyó al desarrollo de la agricultura mexicana en los años cuarenta y cincuenta después se constituyó en un obstáculo, un verdadero freno, y el resultado es que las zonas rurales en México se están vaciando; hay un desplome de la producción en muchos sectores, por eso hay que importar alimentos", considera.
A pesar del desarrollo que debió impulsar la globalización, hoy México es un país atrasado, con un desarrollo industrial y financiero primario y un 48 por ciento de la población sumida en la miseria porque no se han tomado las decisiones correctas, señala el investigador.
Una nueva cultura
Además de impulsar una reflexión intelectual sobre términos como el nacionalismo, la independencia y la soberanía, lo que se tiene que hacer es tomar decisiones "arriesgadas" que logren transformar esos mismos conceptos y desarrollar lo que Bartra llama una cultura cívica moderna.
De la misma forma en que otros países latinoamericanos como Brasil o Colombia se han sacudido los obstáculos políticos para generar crecimiento económico y social, México es capaz, añade, de apoyarse en sus tradiciones culturales para generar una sociedad que acepte las consecuencias de la modernidad y de la democracia.
"Implica una cultura que acepta un Estado de derecho, que acepta las leyes, los mecanismos de representación, los principios básicos de igualdad, que acepta someterse a las mayorías, pero no destroza las minorías", dice.
Sin embargo, el gobierno actual está lejos de tomar esos riesgos, porque la gran mayoría de los políticos no acepta las consecuencias de una transición democrática, "se sienten incómodos con ese guión", dice Bartra.
"Estamos en transición hacia la alternancia, pero sigue pesando la vieja cultura política, nacionalista, revolucionaria, populista, que además puede ser que se vuelva a expandir un tanto si el PRI regresa a la Presidencia de la República", apunta.
Roger Bartra
Estudios: etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y doctorado en Sociología en La Sorbona.
Cotidianidad y Bicentenario
Fotorreportaje Bicentenario
Luis Castillo
(12 septiembre 2010).- En su andar urbano el reporteo gráfico cumple una encomienda: capturar imágenes de los festejos patrios; al afinar su lente se cruzan diálogos no imaginados, objetos coleccionables, retratos que retrata.
Todos los ven, muchos saben que simbolizan las fiestas patrias, pocos conocen los nombres de los protagonistas.
Los motivos del Bicentenario decoran las calles, las representaciones para el festejo están en todas partes, la historia se volvió una imagen cotidiana.
Llamado. El grito del Cura Hidalgo resuena a 200 años.
Encuentro. Toparse con el Siervo de la Nación.
Moneda nacional. El peso y 200 años de historia.
No soy rielera. Indiferencia ante la celebración.
Pasado y presente. El Ejército patrullando las calles, no sólo en los desfiles.
Pieza de museo. Cubrir de oro objetos personales.
Numismática. Héroes coleccionables por cinco pesos.
Pasajera de la historia. Momentos para saludar o despedirse de los héroes.
Los placeres y los días / Festejos ridículos
Andrés de Luna
(12 septiembre 2010).- La mayor parte de las veces una celebración exhibe a quien la organiza. En México, las lecciones estaban dadas con las fiestas del Centenario: un gobierno miope y abusivo gastaba miles y miles de pesos en banquetes, mientras que en las sombras se gestaba la revuelta iniciada en ese mismo 1910. El caos reinó en varios de esos saraos y los que llegaban tarde se conformaban con las sobras de los manjares ofrecidos a las comitivas nacionales y extranjeras.
En la actualidad, y con un siglo más, las festividades están a la altura de un desgobierno. Uno de los desatinos, entre muchos otros, es el "arco" que en realidad es "estela" del Bicentenario. Absurda propuesta con placas de cuarzo elaboradas en Italia, con un costo millonario que casi se ha duplicado durante el proceso. Peor aún, ni siquiera estará listo para las conmemoraciones sino hasta un año y medio después. Todo parece un apunte para la historia bizarra de una nación frágil. ¿Qué sentido tiene un monumento con esas características? Un mingitorio más.
Otro de los aspectos grotescos de este Bicentenario es la canción compuesta por Alex Syntek. Una inversión que rueda por los suelos ante la falta de calidad de la propuesta. También es digno de mencionarse que el historiador Villalpando, uno de los responsables de los proyectos conmemorativos, tendrá que explicar por qué las cuentas están lejos de cuadrar, además que las iniciativas encogieron su número y aumentaron sus costos. De tantas acciones fallidas, una de las pocas rescatables fue la inauguración de la Galería dentro del Palacio Nacional, que el presidente Calderón comentaría con actitud de cicerone en una emisión de noticiario de Joaquín López Dóriga.
Por cierto, que el actor Alberto Estrella, intérprete de Morelos, en la telenovela Gritos de muerte y libertad, comentaba en el Canal 2, con ánimo de crítica razonada, que fue reprimido porque en una escena el "Siervo de la Nación" soltaba el llanto. Según las palabras de Estrella: "la historiadora dijo que un héroe no lloraba". Todo lindaba en el ridículo galopante. Por ello, Rufino Tamayo hizo sus cuadros sobre "Juárez" y "Zapata" como si fueran bustos pétreos. La historia oficial así quiere verlos, convertidos en estatuas, en arcos o en estelas de cuarzo. Todo transcurre en el Bicentenario con la calma pasmosa de las estampitas consagradas a la monografía escolar. ¿Se le podría pedir más a este gobierno?
La cultura política
(12 septiembre 2010).- Téngalo presente
Vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento de agua potable de la Ciudad de México. Seminario con Sandra Martínez, Carlos Gay, entre otros. Lunes 13, 16:00 horas. Sala Alfonso Reyes. El Colegio de México. Camino al Ajusco 20. Informes: 5449 3000.
Conferencias
Mexico-U.S. Relations from a Mexican Point of View. Jorge A. Schiavon Uriegas. Martes 14, 16:00 horas. Sala de videoconferencias del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext, 2833.
Haciendo el futuro. La política exterior de Estados Unidos. Noam Chomsky. Martes 21, 11:00 horas. Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Insurgentes Sur 3000. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 9470 ext. 1050.
Foros
Emiliano Zapata y la Revolución Mexicana. Felipe Ávila y Emiliano García. Lunes 13, 19:00 horas. Casa Lamm. Álvaro Obregón 99, Roma. Informes: 5525 3938 ext. 37.
Libros
Discursos de Independencia compilado por Humberto Romo. INAH. 30 textos pronunciados entre 1828 y 1910 en torno a la celebración de la Independencia de México.
Dos Siglos de México de Patricia Galeana y Gloria Villegas. Senado de la República. Relación de los acontecimientos políticos, económicos y culturales que enmarcaron el proceso de construcción del Estado mexicano, acompañada de la cronología mundial.
El establecimiento del federalismo en México (1821-1827) coordinado por Josefina Zoraida Vázquez. Colmex. Conjunto de investigaciones que da seguimiento al proceso de promulgación de las constituciones en cada entidad a partir de 1823.
Historias desconocidas de la Independencia y la Revolución de Trino. Tusquets. Tiras cómicas cuyos protagonistas son los artífices de estas dos luchas armadas, tanto héroes conocidos como adelitas y charros revolucionarios anónimos.
Ideas y afanes de una patria. México en el Bicentenario coordinado por Lillian Briseño y Susana Chacón. Porrúa/Tec de Monterrey. Conjunto de ensayos que desde distintas disciplinas analiza los contextos de las luchas armadas en México y esboza posibilidades futuras.
La insurgenta de Carlos Pascual. Grijalbo. Novela histórica basada en la vida de Leona Vicario y su papel en la vida pública de la época independentista, ganadora del premio Bicentenario otorgado por esa editorial.
Por la izquierda de Silvia Cherem S. Khalida Editores. Medio siglo de historias en el periodismo contadas por Miguel Ángel Granados Chapa. Retrato del periodismo mexicano a partir de las vivencias del autor de la columna "Plaza Pública".
Ricardo Flores Magón y la Revolución mexicana, y otros ensayos históricos de Eduardo Blanquel. Colmex. Segunda edición de textos en torno a uno de los ideólogos de la lucha revolucionaria y fundador del Partido Liberal Mexicano.
Mesas de debate
México frente a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo. Alberto Cano Vélez, Leonardo Lomelí Vanegas, Jorge Eduardo Navarrete, José Luis Calva Téllez y Verónica Villarespe. Lunes 13, 11:00 horas. Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0093.
Flujos migratorios de África a la Unión Europea. Érika Ruiz Sandoval, Manuel Martínez Justo y Javier Urbano Reyes. Martes 14, 8:30 horas. Sala Miguel Ramos Arizpe del Senado de la República. Donceles 14, Centro Histórico. Informes: http://bit.ly/akVZCp y 5345 3000.
Presentaciones
Subsidios para la desigualdad. Las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio coordinado por Jonathan Fox y Libby Haight. CIDE. Mauricio Merino, John Scott, Gustavo Gordillo y los autores. Lunes 13, 11:00 horas. Auditorio Cuajimalpa del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2302.
El contrato en el derecho romano de José María Sáinz y Gómez Salcedo. UNAM. José de Jesús Ledesma, Alfonso Miguel Larena, Gabino Trejo Guerrero y el autor. Lunes 13, 17:20 horas. Auditorio Eduardo García Máynez de la Facultad de Derecho de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Inf. 5622 2015.
Guía sobre política de drogas del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas. IDPC. Jorge Hernández Haideé Rosovsky, Juan Machín y Luis Astorga. Martes 14, 12:00 horas. Sala de usos múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7390.
Revistas
Este País. No. 233. Las Fuerzas Armadas: contexto y desafíos. J. Gerardo Palomo González, Isabel Oliver, José Luis Piñeyro, Sergio González Gálvez, Jorge Hernández Tinajero, entre otros.
Examen. No. 187. Análisis de las principales características de México como país luego de 200 años de vida independiente, que indaga en la cultura, la música, la arquitectura, el cine, la gastronomía, la ecología y la política.
Nexos. No. 393. María Amparo Casar señala los axiomas históricos en la cultura política de México. Escriben Ricardo Lagos, Héctor Aguilar Camín, Luis Miguel Aguilar, entre otros.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245; correo: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1767
Ataques con trasfondo...
Jenaro Villamil
Inesperada y virulentamente, Televisa emprendió la semana pasada una campaña de desprestigio contra el Grupo Reforma, basada en una hipócrita denuncia de los anuncios clasificados que publicitan servicios sexuales y que aparecen en las páginas de sus periódicos, en particular los que circulan en la Ciudad de México, Reforma y Metro. El trasfondo de los ataques es de índole muy distinta y tiene que ver con la molestia del poder, que ha dado todo tipo de prebendas al consorcio televisivo, por la conducta del dueño, presidente y director general del grupo editorial, Alejandro Junco de la Vega, que decidió radicar en el extranjero por la inseguridad que se vive en México. En realidad, Televisa, al que Reforma atribuyó haber sido beneficiario de la “ganga” que le permitió obtener dos licitaciones clave en materia de telecomunicaciones, sólo ha sido un instrumento…
Cuando Alejandro Junco de la Vega decidió autoexiliarse en 2008 por razones relativas a su seguridad y la de su familia, el dueño y presidente del Grupo Reforma ponía la primera piedra en el hígado del máximo poder que hoy, a través del consorcio de comunicaciones consentido del momento, Televisa, ha colocado a la editorial regiomontana como blanco de una inusitada y virulenta campaña de desprestigio.
En los últimos meses, muchos habitantes de Monterrey –de los más pudientes, por supuesto– atravesaron la frontera norte en busca de un paraíso que sustituyera al que el crimen organizado les arrebató inesperada y violentamente.
Pero el primero que huyó, entre los más prominentes, fue Junco de la Vega.
“Quien se va de Monterrey es un cobarde”, escribió el 29 de agosto en su cuenta de Twitter el presidente y director de Cementos Mexicanos, Lorenzo Zambrano. El magnate regiomontano convocaba a “luchar por lo que creemos. Tenemos que retomar nuestra gran ciudad”.
En menos de dos días la cuenta de Zambrano en esa red social sumó 13 mil 315 seguidores y contribuyó a desatar una campaña en los espacios informativos de Televisa contra el empresario Alejandro Junco de la Vega, cabeza del Grupo Reforma, y contra los periódicos de esa corporación.
La campaña a la que Televisa dio voz y pantalla se inició sutilmente el 30 de agosto, el mismo día que se anunció la detención de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y en vísperas del cuarto informe de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
A los 20 minutos de iniciado El Noticiero se aludió al mensaje de Zambrano. El conductor Joaquín López Dóriga contextualizó así:
“Y no es que sean muchos los hombres de negocios que se han ido de Monterrey, pero sí son conocidos. Es el caso del dueño de los periódicos El Norte y Reforma, Alejandro Junco, que es de los que abandonaron Monterrey para irse a refugiar a Texas, donde vive en su residencia de Austin.
“En julio de 2008, cuando se fue, Junco envió una carta al gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás”. La imagen de fondo, mientras se reproducían párrafos de la misiva, era una foto de Junco de la Vega.
La información no era novedosa. En su misiva el empresario periodístico apuntó:
“Sé que te enteraste de que mi familia y yo nos hemos cambiado de residencia a Texas. Estaba en un dilema. Comprometer nuestra integridad editorial o cambiar a la familia a un lugar seguro. Los problemas de inseguridad a eso nos orillaron. Perdimos fe. Y eso cuenta mucho en un país donde millones la han perdido y han emigrado.”
Junco declaró a la agencia AP, en marzo de 2010, que su mudanza a Texas fue producto de las amenazas que recibió de “terroristas”, integrantes de las organizaciones de narcotraficantes, contra él y su familia.
“Alguna vez mi esposa me preguntó: ‘¿Quieres ser el periodista más importante del panteón?’”, rememoró Junco en esa entrevista.
Lo singular fue que Televisa ejemplificara las palabras de Zambrano, uno de los hombres más acaudalados del país, con el caso de Alejandro Junco.
El mismo 30 de agosto, Zambrano le aclaró a los tuiteros que su mensaje no estaba dirigido a “la gran mayoría de los regios, que son gente de bien, entrona, que día a día trabaja con honestidad, sin seguridad especial”. Su mensaje fue “a esta pequeña minoría”.
“¡Qué vergüenza que quienes más han recibido de Monterrey son los primeros en huir!”, remató en otro mensaje.
En su momento, con el objetivo de que profundizara en sus conceptos, Proceso solicitó por vías formales una entrevista con Zambrano. Amables en su trato, los voceros del dueño de Cemex dijeron que, por el momento, no estaba interesado en hablar con este semanario.
De pronto, desde el 31 de agosto la campaña de Televisa tomó otro vuelo. El equipo editorial de la empresa de la televisión privada mexicana que ha resultado más beneficiada con las dos últimas licitaciones de telecomunicaciones del gobierno de Felipe Calderón (la red de fibra óptica de la CFE y la telefonía celular para cuádruple play) inició un ataque de cinco días continuos contra los periódicos Reforma y Metro.
Un par de meses antes, paradójicamente, en la misma página editorial de Reforma, el 14 de julio, Claudio X. González, integrante del Consejo de Administración de Televisa, había lanzado una dura crítica al gobierno federal panista:
“Ha terminado la etapa de Felipe Calderón como presidente de México y ha comenzado la segunda etapa de Felipe Calderón como presidente del PAN. Qué lástima”, afirmaba en su primer párrafo el empresario, amigo personal de Emilio Azcárraga Jean.
No obstante, la relación entre Televisa y Calderón cambió una semana después, cuando la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) falló a favor de la sociedad Televisa-Nextel, que ganó el mayor bloque de la licitación 21. Por 180.3 millones de pesos esta sociedad podrá explotar hasta 2030 el bloque de 30 megahertz para dar servicios de telefonía móvil convergentes con internet.
Reforma calificó este fallo como una “ganga”. Contrastó los 180.3 millones de pesos que pagaron Televisa-Nextel con los más de 5 mil millones de pesos que pagaron en conjunto los otros competidores de la licitación de la banda de 1.7 gigahertz.
Dos exsubsecretarios de Comunicaciones, Jorge Álvarez Hoth y Purificación Carpinteyro, criticaron en sus colaboraciones de Reforma el resultado de esa licitación. El primero advirtió que se trataba de un arreglo entre Televisa y el gobierno de Felipe Calderón por la sucesión de 2012. Carpinteyro denunció el mismo 30 de agosto que Televisa, a través de su subsidiaria Cablemás, controlaba la organización que agrupa a empresas de televisión por cable PCTV y le ordenaba “ventas amarradas” de contenido, práctica monopólica condenada por la Comisión Federal de Competencia.
Las críticas de Reforma provocaron sendos desplegados de réplica. El responsable de comunicación de Televisa, Manuel Compeán, aclaró en uno de ellos que no hay tal “ganga” porque la sociedad Televisa-Nextel invertirá 18 mil 300 millones de pesos… sólo que a plazos, a lo largo de los próximos 20 años. En otro desplegado, Compeán acusó a Reforma de “censurar” una respuesta a Carpinteyro. La publicaron en otros periódicos como inserción pagada. Desmintieron que tuvieran el control de PCTV.
El búmerang
El lunes 6, el Grupo Reforma puso otro elemento para el encono del poder que representa Televisa. El subdirector editorial del periódico que se edita en la capital, Roberto Zamarripa, publicó un artículo titulado Mimetización. En uno de los párrafos se señala:
“La narcocultura ronda los estudios de TV, seduce a famosos, enreda a bellezas. Mansiones rentadas para filmar telenovelas resultaron madrigueras criminales (en San Ángel Inn, donde se grabó Cadenas de amargura, o en el Pedregal, donde se grabó Rubí). Guillermo Ocaña, preso por ser lavadólares de los Beltrán, era conductor televisivo y manager de artistas.”
Zamarripa citaba el contenido de una nota publicada el 18 de junio en Reforma. Ocaña fue detenido como presunto lavador de los Beltrán Leyva desde abril de 2010, pero el hecho no se había dado a conocer.
“Las autoridades sospechan que Ocaña es uno de los eslabones que vinculó a artistas de la farándula con miembros de la banda Beltrán Leyva, debido a que fue conductor televisivo, manager de cantantes y dueño de una empresa de promoción de eventos y espectáculos”, decía el cuerpo de la nota firmada por el staff de Reforma.
Con esos antecedentes, entre ese mismo lunes 6 y el jueves 9 los noticiarios, mesas de análisis informativo y hasta segmentos de espectáculos de Televisa emprendieron un ataque inusitado contra Metro y Reforma acusándolos de ser promotores de la trata de personas, por la publicación de anuncios clasificados sobre servicios sexuales.
El lunes 6, martes 7 y miércoles 8, El Noticiero, conducido por Joaquín López Dóriga, tuvo como reportaje principal el presunto vínculo de los anuncios publicitarios de servicios sexuales con la trata de personas.
El 8 de septiembre dedicó 16 minutos ininterrumpidos a un reportaje que llamó Violencia y sexo, bomba de tiempo. Incluyó portadas de Metro, reproducción de los anuncios clasificados, entrevistas con senadores que condenaban ese tipo de publicidad y enlaces con su corresponsal en España, a partir de la discusión abierta en ese país para regular ese mercado.
En la mesa de intercambio de comentarios, titulada Tercer grado, Carlos Loret de Mola reafirmó lo que ya había dicho en sus espacios matutinos: “Así se las gasta Reforma”, dijo, y los anuncios son una prueba “del amarillismo y el sensacionalismo más puercos” del periódico, con acento en las dos últimas palabras. Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticias, consideró que esto podría “fungir en la cadena como el último eslabón del crimen organizado”. Los otros comentaristas, que cada miércoles a medianoche se reúnen ante las cámaras de Televisa, coincidieron en que se trataba de un caso “muy grave” de falta de ética periodística.
Hasta el cierre de edición de este semanario, Reforma no había respondido a los ataques. Sólo el artículo titulado Televisa vs. Reforma, firmado por Carmen Aristegui, el viernes 10, hizo referencia explícita al caso. “Es de tal obviedad que se trata de una campaña que los colegas que se encargan de alimentarla la deben estar pasando muy mal. El modelo ya lo conocemos”, apuntó Aristegui.
En su noticiario radiofónico de MVS, la periodista abordó la campaña de linchamiento, al mismo tiempo que el columnista Miguel Ángel Granados Chapa, colaborador también de Reforma, hizo lo propio en su noticiario de Radio UNAM.
La acusación de Televisa cae por su propio peso. La misma televisora promueve ese tipo de anuncios en las páginas de sus revistas de mayor circulación. Por ejemplo, la última edición de TV y Novelas, del lunes 6, contiene dos páginas completas y dos cuartos de plana con anuncios donde se hacen contactos para servicios sexuales vía celular.
Los anuncios promueven juegos sexuales al estilo Kamasutra, videos, chat en vivo, ligues y servicios a domicilio. “Hay nuevos chicos en la comunidad esperando conocerte”, refiere una de las agencias publicitadas.
En ninguna de las emisiones informativas sobre el “escándalo” detonado por Televisa se mencionó el caso de TV y Novelas ni de anuncios de ese tipo que se transmiten en programas nocturnos de televisión por cable y de Sky, pertenecientes también a Televisa.
40 millones de linchamientos
No es la primera vez que hay campañas similares desde alguna de las dos grandes televisoras. Televisa y TV Azteca unieron sus fuerzas para criticar al empresario Isaac Saba, socio de Telemundo en el proyecto de la “tercera cadena” televisiva; Televisa decidió “borrar” de la pantalla a Santiago Creel, excoordinador de la bancada del PAN en el Senado; y ambas se unieron en cadenas nacionales para oponerse a la reforma electoral de 2007.
En 2005, TV Azteca y la revista Vértigo difundieron en su serie Cría cuervos una entrevista con Rodolfo Junco de la Vega Gómez, padre del director de Grupo Reforma, que acusó a sus hijos Alejandro y Rodolfo de haberlo despojado de sus acciones.
En aquella ocasión el Grupo Reforma calificó el propósito de la empresa de Ricardo Salinas Pliego como “un claro intento de restar patente moral a la labor de nuestros periodistas y coartar la libertad de expresión” de los diarios de la corporación regiomontana.
En esta ocasión ni Junco de la Vega ni el Grupo Reforma han respondido.
Por lo pronto, el gobierno de Calderón ya le otorgó a Televisa –que acapara 62% de las concesiones de televisión y cuenta con 258 estaciones repetidoras en todo el país– dos concesiones más hasta 2030 para explotar redes de telecomunicaciones para fibra óptica y telefonía móvil.
Televisa se convierte así en el único consorcio que podrá ofrecer los servicios de cuádruple play y difundir sus contenidos en cuatro distintas plataformas: medios electrónicos, televisión por cable y satelital, internet de banda ancha y telefonía móvil.
Así, quien se atreva a criticar los intereses del monopolio televisivo o del gobierno federal que lo ha favorecido podría verse envuelto en una campaña de linchamiento que llegue a 40 millones de hogares.
Estudiantes extranjeros huyen de México
Marco Appel
BRUSELAS.- Ante la escalada de violencia que se vive en el país –derivada de la guerra en contra del narcotráfico emprendida por el presidente Felipe Calderón–, varias instituciones de educación superior de Bélgica y Estados Unidos recomendaron el regreso a sus respectivos países de los estudiantes inscritos en programas de intercambio académico en siete estados del territorio mexicano, sobre todo en Nuevo León.
De hecho, varios de ellos ya retornaron a sus lugares de origen, en tanto que otros se disponen a hacerlo si aumenta la inseguridad.
A finales de agosto pasado, seis alumnos de economía provenientes de la Universidad Católica de Leuven (UKL, por sus siglas en holandés) interrumpieron sus estudios en Monterrey y volvieron a su país, lo mismo que un estudiante de la Universidad de Lieja (Udl).
Otro alumno de esta última institución que estudiaba filosofía, y dos más de la Universidad de Amberes (UA), inscritos en ciencias políticas y sociales, analizan volver también a Bélgica si la situación se deteriora aún más en la capital regiomontana.
Las autoridades de esas universidades belgas, que mantienen intercambios académicos con centros de enseñanza superior de todo el mundo, aseguran que es la primera vez que aconsejan a sus alumnos dejar un país.
Esa recomendación se suma a la que realizaron las universidades de Texas y de Michigan, las cuales pidieron a sus alumnos ubicados en el Tec de Monterrey suspender sus actividades escolares y regresar de inmediato a Estados Unidos, según informó el pasado 3 de abril Christian Clarke, directora de la Oficina Internacional de la Universidad de Texas (UT), al diario universitario The Daily Texan.
La funcionaria de la UT dijo que también fueron cancelados los programas para verano y para el semestre de otoño de 2010 que esta universidad tenía planeados con el Tec de Monterrey.
En principio, la UT hizo tal solicitud sólo a sus estudiantes que se encontraban en el Tec campus de Monterrey, pero unas semanas más tarde –25 de abril– la amplió a todos sus alumnos –así como a sus empleados y profesores– que se hallaban en instituciones de educación superior de siete estados: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Baja California y Durango. La UT estimó que ello implicaría el regreso a Estados Unidos de unas 40 personas.
Por si eso fuera poco, el viernes 10 el gobierno de Estados Unidos extendió la “alerta de viaje” para ciudadanos de ese país que pretendan visitar México y ordenó la salida, “de forma inmediata”, de los hijos menores del personal que trabaja en el consulado de Estados Unidos en Monterrey.
El personal del consulado general “ha sido aconsejado de que la forma inmediata, práctica y fiable de reducir los riesgos de seguridad para todos los niños es retirarlos de Monterrey”, señaló un comunicado del Departamento de Estado.
Y agregó: “No se permitirá que ningún menor dependiente de empleados del gobierno estadunidense permanezca en la ciudad”.
Explicó también que el Departamento de Estado adoptó dicha determinación después de revisar la situación de seguridad en Monterrey. Para ello tomó en cuenta la “alta incidencia de secuestros” y un tiroteo que ocurrió el pasado 20 de agosto en la American Foundation School, ubicada en la capital regiomontana.
El viernes 10, continuó, venció el plazo de 180 días para la “salida autorizada” de familiares de estadunidenses que trabajan en los consulados de las ciudades fronterizas de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros y Monterrey. El Departamento de Estado tomó esa medida en marzo pasado, después del asesinato de tres personas ligadas al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.
Advertencia oficial
En entrevista con Proceso, Bart Hendrickx, coordinador de la oficina internacional de la universidad belga UKL, afirma que sus estudiantes le comunicaron que no se sentían seguros en Monterrey.
“Constatamos que la situación se había deteriorado durante agosto –explica–, así que decidimos consultar al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica. Éste nos confirmó que había preocupaciones al respecto. Comprendimos entonces que debíamos ser prudentes en relación con la seguridad de nuestros estudiantes en Monterrey.”
El académico expone que los alumnos le comentaron que no podían concentrarse en sus estudios o salir sin sentir miedo a ser agredidos, por lo que ellos mismos decidieron retornar a Leuven y buscar otro país para continuar con su programa escolar.
–¿Casos como estos son frecuentes? –se le inquirió.
–No. Es la primera vez que personalmente tengo esta experiencia: tener que aconsejar que regresen.
–La ola de violencia no es exclusiva de Monterrey. ¿Ustedes han considerado recomendar el regreso a sus alumnos de intercambio en otras partes de México?
–Por el momento no hemos tomado esa decisión. Estamos recabando información. Pero si ahora nos pidieran una opinión, ésta sería más bien negativa, salvo para las zonas que no han sido afectadas por la problemática.
Por su parte, Jan Dries, jefe de prensa de la UA, comentó que esta institución educativa recomendó también a sus estudiantes dejar México, ya que “no es un lugar donde puedan estar en seguridad”.
Esa recomendación, indica Dries a este corresponsal, se sustentó en un reporte elaborado por el consulado belga donde se les informó “de las cosas que están pasando en Monterrey”. Dicho reporte, precisa, le fue entregado a la universidad la última semana de agosto.
Los estudiantes de la UA decidieron continuar sus estudios en Monterrey, pero bajo una estrecha comunicación con el personal de su universidad en Bélgica. Éste se comunica regularmente con ellos para auxiliarlos en caso de que soliciten su repatriación.
La misma atención le procura la Udl al alumno que sigue en Monterrey, manifestó Didier Moreau, el director de comunicación de esa institución educativa.
–¿Si la situación se agrava, lo repatriarían incluso si él no lo desea? –se le pregunta.
–Sí, efectivamente, en caso de que consideremos necesario tomar esa decisión, o que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica lo ordene.
El pasado 17 de agosto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica publicó en su sitio en internet un largo documento de advertencias sobre los riesgos que existen en México por la inseguridad.
Ese anuncio, con fecha de actualización del jueves 9, manifiesta que son “frecuentes los secuestros y las agresiones armadas”, y por eso preconiza una “extrema prudencia” en las grandes ciudades mexicanas, principalmente.
Señala que los estados más afectados por la “violencia cotidiana” son Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Guerrero. En particular, el gobierno belga identifica a la capital de Chihuahua, a Ciudad Juárez, Torreón, Reynosa y Monterrey como las ciudades más expuestas a los “actos de violencia”.
Respecto a Monterrey, Bélgica hace hincapié en que la inseguridad ha empeorado “en forma preocupante”.
Menciona el caso de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) que fueron asesinados durante una balacera entre militares y sicarios, ocurrida el 19 de marzo último dentro de las instalaciones de ese centro académico.
El pasado 30 de agosto, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Patrick Deboeck, declaró a la agencia nacional de noticias belga que el gobierno de su país considera que la situación de inseguridad en la capital de Nuevo León ha “empeorado”.
“En México –explicó el funcionario–, hay una guerra entre los cárteles del narcotráfico, y en julio el huracán Alex causó destrozos en la zona. Los cárteles de la droga aprovecharon esa coyuntura para reforzar su presencia en la región.”
Añadió que las autoridades belgas no habían recomendado directamente a las universidades repatriar a sus estudiantes de intercambio en Monterrey. Sin embargo, aceptó que dichas instituciones educativas fueron informadas oficialmente por el gobierno de la mala situación prevaleciente en esa ciudad del norte de México, de modo que fueron los propios centros de estudios los que procedieron a aconsejar o no a sus estudiantes el retorno. l
Encubrimiento y disculpas
Luciano Campos Garza
MONTERREY, NL.- Las bajas de civiles inocentes ocasionadas por el Ejército aumentan en Nuevo León. Las más recientes, una vez más producto de lo que la propia institución armada califica como “un error”, se dieron el domingo 5.
Esa noche, en la carretera Monterrey-Laredo, entre el entronque a Santa Rosa y Libramiento Noreste, siete integrantes de una familia regresaban de una fiesta en Salinas Victoria y se dirigían a San Nicolás en un Malibú gris. Al parecer, un convoy militar los rebasó y les pidió que se detuvieran. El conductor, Tomás Guadalupe Rodríguez, no vio la señal y los militares abrieron fuego contra el auto.
A bordo iban la esposa de Tomás, Iliana, y sus hijos de nueve y ocho años, así como sus suegros Vicente de León y Patricia Castellanos, más su cuñado Alejandro Gabriel, de 15 años. Éste murió ahí mismo. Vicente, de 52 años, fue llevado al Hospital Universitario con una herida en la espalda y dos en el brazo izquierdo. Falleció en la madrugada.
Reportes de prensa señalan que en la mañana del lunes 6 una abogada militar acudió al hospital y presentó sus condolencias, se disculpó por el “error” y expresó que el Ejército se encargaría de todos los gastos funerarios y hospitalarios.
Al mediodía, la Cuarta Región de la VII Zona Militar emitió un boletín con sus condolencias a la familia y el compromiso de investigar los hechos: “La Procuraduría General de Justicia Militar inició una averiguación previa en la que se realizan las investigaciones correspondientes, para esclarecer los hechos en los que participaron tropas integrantes de una Base de Operaciones, en el marco de la Campaña Permanente contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.
Pero no había una explicación del incidente. Ni el gobierno del estado ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos se manifestaron acerca de las muertes.
Los casos siguen acumulándose: Abraham Noyola Niño, de 25 años, desapareció en la colonia Independencia, en el sur de Monterrey. Su madre denunció que se lo llevaron los soldados. Su cadáver apareció el 22 de julio en Ciudad Juárez, en una narcofosa donde fueron desenterrados los restos de 55 personas ejecutadas.
Por eso el abogado Ignacio Zapata Morales, dirigente de la Asamblea Nacional de Adultos Mayores, A.C., en Nuevo León y quien asesoró a la familia de Noyola Niño, exige que el Ejército explique cómo ocurren estos “daños colaterales”. “Son a fin de cuentas crímenes. En el caso del papá y el hijo muertos, necesitamos que se sepa quién dio la orden, quién disparó. Pero no se sabe nada, si acaso (se da) una disculpa. Y cuando se investigan y se transparentan los resultados es solamente cuando lesionan los intereses de algún empresario conocido. Ahí sí, toda la fuerza del Estado se aboca a encontrar responsables”.
A partir de esta y otras experiencias, señala que “la actuación del Ejército cuenta con el encubrimiento del presidente Felipe Calderón para que quede deslindado el Ejército en todos los casos. Los militares sólo dan parte a sus superiores, pero no se someten a escrutinio de Derechos Humanos, menos a un juicio civil”.
Describe cómo se desanima a los familiares de las víctimas para que no continúen exigiendo el resultado de las investigaciones: “Les entregan el cadáver pero no dicen qué sucedió... Porque sucede que tratan de encubrir los crímenes diciendo que los muertos estaban en una banda tal. Un crimen es un crimen”.
Al respecto, la presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Consuelo Morales, considera que “el Ejército da disculpas cuando queda en clara evidencia su pésimo comportamiento. Una disculpa es lo menos que deben hacer, pero no es suficiente. Una persona que delinque tiene que ser juzgada”.
Añade que en los casos recientes de muertes de civiles a manos de militares en Nuevo León se observa cómo éstos hacen un uso indebido de su fuerza sin que los acote ninguna autoridad. “Los soldados pueden usar la fuerza cuando no les queda de otra o para proteger su vida, pero ahora vemos que usan la fuerza en situación de desventaja para el ciudadano y en un ambiente donde la impunidad los protege”, dice.
Condolencias y felicitaciones
El jueves 9, el presidente Felipe Calderón viajó a Monterrey para supervisar obras de reconstrucción y dar apoyos a los afectados por el huracán Alex. En la entrega de constancias estuvo presente el general Guillermo Moreno. Calderón dio sus condolencias a la familia León Castellanos, atacada el domingo 5. Enseguida felicitó a la tropa por el trabajo que desempeña.
Otra disculpa ofreció el Ejército a los familiares de la pareja que murió a balazos en un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes el 3 de marzo, en el municipio de Anáhuac, en el norte del estado. La Sedena reportó ocho sicarios y dos soldados muertos.
Afuera de la empresa Delphi, donde trabajaban, perdieron la vida los esposos Rocío Romely Elías Garza y Juan Carlos Peña Chavarría, ambos de 29 años. Fueron masacrados cuando intentaban subir a su coche. Sus familiares tuvieron que reconocerlos por pruebas de ADN.
En su boletín inicial el Ejército los señaló como sicarios. Pero los familiares aportaron pruebas de su inocencia, la empresa entregó cartas de trabajo, sus vecinos los reconocieron como personas decentes y hasta el alcalde de Anáhuac avaló su conducta.
Juan Manuel Elías, hermano de Rocío Romely, relata que días después del incidente fue a su casa el mayor Pablo Dávila Pérez, licenciado en derecho, quien se identificó como encargado de derechos humanos de la IV Región Militar. El oficial se disculpó. Reconoció que los esposos no eran sicarios y que el operativo fue realizado por un batallón de refuerzos procedente de Mérida, Yucatán, que se retiró cuatro días después de los hechos.
Juan Manuel emprendió una campaña para limpiar el nombre de su hermana y su cuñado. La compañía de seguros pedía pruebas de la inocencia de los esposos para pagarles indemnización a sus dos hijos. Para ello acudió ante un representante de la Procuraduría de Justicia del Estado, cuyo nombre no recuerda, quien le prometió entregarle una carta de absolución. Nunca lo hizo.
Tampoco se conoció el resultado de la irrupción del Ejército en el Motel del Bosque, en Santa Catarina, sobre el kilómetro 2 de la carretera Libre a García, el 28 de marzo. El parte de la Sedena dice que ahí murieron cinco presuntos delincuentes, entre uno conocido como El Bóxer, pero no aclara que dos eran mujeres y menores de edad: Nancy Alejandra de la Cruz Martínez, de 15 años, y Mayela Cristina Chávez Regalado, de 17.
El 29 de julio por la noche, según la Sedena, un individuo atacó a balazos a unos militares que le marcaron el alto en San Nicolás y se armó la balacera. Falleció ahí Héctor Frías Estrada, de siete años, y su hermano Alexis, de tres, fue herido de bala. El padre de ambos, Héctor Frías Montelongo, fue detenido ileso.
Según las primeras versiones, Frías Montelongo circulaba en un Mercury blanco con placas de Veracruz y los niños iban en el asiento trasero. Hasta el momento se desconoce qué fue de Alexis y no se ha difundido el resultado de las investigaciones por la muerte de Héctor.
Ni siquiera se han esclarecido satisfactoriamente los asesinatos de civiles más sonados, como los de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, abatidos la madrugada del 19 de marzo en un tiroteo de soldados con presuntos sicarios.
La procuraduría de Nuevo León y el Ejército inicialmente los identificaron como pistoleros. Pero aunque el Ejército no ha reconocido su error, ya se sabe que la Procuraduría de Justicia Militar giró orden de aprehensión –que se cumplió el 25 de junio– contra un oficial identificado como AR2, por alterar la escena del crimen.
La recomendación 45/210, emitida el 12 de agosto por la CNDH, pide al Ejército que indemnice a los familiares y limpie el nombre de los estudiantes asesinados. Aunque el ombudsman Raúl Plascencia admite que no tiene elementos para determinar quién es el responsable directo de las muertes, señala implícitamente al Ejército por la “responsabilidad institucional en la que incurrieron los servidores públicos” y pide que se integre la recomendación a la averiguación previa AP/PGR/DGCAP/DF/ 027/2010, que se abrió por el doble homicidio.
La CNDH también se quejó de que el Ejército y la procuraduría estatal bloquearon su labor.
Tampoco se conoce el resultado de la investigación por la muerte de Sandra de la Garza Morales, en la misma fecha que los estudiantes del Tec. Ella iba en la camioneta que manejaba su marido, Julio César Peña Rodríguez. Cuando pasaban por el sector de San Jerónimo estalló la balacera entre soldados y pistoleros. Julio César intentó escapar de ahí, pero su mujer fue alcanzada por los proyectiles. L
Narcoterror mediático
En su guerra declarada, el cártel del Golfo (CDG) y Los Zetas recurren cada vez más a la propaganda y a la utilización de los medios de comunicación no sólo para buscar adeptos, sino también para atizar el odio contra sus enemigos y justificar sus acciones violentas.
Hasta hace varios meses ambas organizaciones recurrían a las narcomantas o videos en internet para enviar sus mensajes, pero en las últimas semanas combinan esas acciones con el envío de boletines a los medios de comunicación, particularmente a los de Tamaulipas.
Una fuente de la PGR sostiene que el cártel del Golfo es cada vez más proclive a subir menajes y videos al sitio youtube.com en los que reivindica sus acciones, amedrenta a sus rivales y a los cuerpos policiacos tamaulipecos y aprovecha para reclutar gente.
Luego del hallazgo de los cuerpos de los migrantes centro y suadamericanos en San Fernando el pasado 24 de agosto, el usuario “Verdugo811” subió el siguiente mensaje electrónico que, según la PGR y fuentes del gobierno de Tamaulipas, fue elaborado por algún sicario del CDG:
“Al pueblo de Tamaulipas. Los 72 asesinados serán vengados… La policía rural de Tamaulipas en un retén con Los Zetas detuvieron al camión donde iban los indocumentados… Estamos persiguiendo a los policías zetas, a tránsitos zetas, a periodistas y comunicadores zetas”.
Los días posteriores se registraron diversos ataques contra agentes municipales y estatales en Ciudad Victoria, Mante, Hidalgo, Padilla y Llera, ubicados en el centro de la entidad.
“Verdugo811” concluye su “comunicado” con una amenaza al gobernador Eugenio Hernández Flores y los trabajadores de los medios de comunicación de la entidad:
“Al gobernador que no gobierna, llamado por ellos Zeta-1, de nombre Eugenio Hernández, le decimos que ordene a sus criminales zetas, que vienen de pueblos remotos, que abandonen nuestro estado; de lo contrario, nuestra lucha arreciará más y serán ejecutados. Hasta en McAllen te alcanzaremos, Geño. Reivindicamos este segundo mensaje en la capital de nuestro estado. Comunicar la verdad es obligación, o negarla o tergiversarla por miedo o billetes, es traición. Sabedlo comunicadores.
“La Patria es primero. Brigada Cd. Reynosa, Tamaulipas”.
Y así como el CDG atribuye la matanza de los indocumentados a Los Zetas, se atribuye, entre otros, la ejecución del alcalde del municipio rural de Hidalgo, Marco Antonio Leal García, ocurrida el pasado 29 de agosto; el atentado con coche-bomba a las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública de Ciudad Victoria, y la muerte de policías rurales. Aunque arguye que se trató de actos de venganza.
En uno de los comunicados del CDG enviado a los medios tamaulipecos y difundido el 29 de agosto, expone: “Ha sido ajusticiado el Z-1 de Hidalgo, Tamaulipas, el presidente municipal Marco Antonio Leal García, por traicionar la confianza de su pueblo. Por ser el actor (sic) intelectual del secuestro del ingeniero Israel Cuéllar (dirigente del Comité de Lucha Social de ese municipio) y por convertirse en el principal operador del grupo de asesinos y secuestradores llamados Los Zetas”.
Las nuevas herramientas
En la mayoría de los mensajes que los sicarios del CDG suben a youtube.com se enaltece a las fuerzas federales, en particular al Ejército y a los marinos, mientras que a las autoridades y a las corporaciones policiacas estatales y municipales las acusa de complicidad con Los Zetas.
En Tamaulipas, sobre todo en las ciudades fronterizas, la mayoría de la población asegura que las fuerzas federales apoyan al CDG. La premisa es, dicen varios de los ciudadanos consultados por Proceso, exterminar a Los Zetas, cuyos integrantes son quienes atacan a la sociedad civil y generan una mayor violencia.
“Reconocemos el esfuerzo y eroismo (sic) de soldados y marinos en el combate a la inseguridad y en defensa del pueblo, repeliendo el ataque de la basura delincuencial estaremos a salvo”, dice en uno de los ocho mensajes de “Verdugo811” .
Pero cuando los mensajes van dirigidos a los policías locales, el tono es diferente: “El castigo para aquellos policías que sirven de apoyo a Los Zetas apenas empieza, ya están identificados cada uno de ellos. Sabemos quienes son y donde viven”, señala un comunicado generado el 5 de agosto último.
Los integrantes del CDG también suelen distribuir panfletos en distintas poblaciones de Tamaulipas, como si se tratara de campañas de reclutamiento. En ellos convocan “al pueblo de Tamaulipas” a unirse en la lucha contra Los Zetas. Uno de esos mensajes llegó a la redacción de este semanario por correo tradicional.
El cártel convoca a la población a “defender la familia, la vida y el patrimonio de nuestro pueblo”; es, insiste, una “obligación moral de todo ciudadano. Nadie estará a salvo si no tomamos las armas”.
La organización utiliza también como bandera el asesinato del candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre. “Que su sacrificio no sea en vano”, dice el mensaje; también expone que cuenta con 34 coches-bomba para estacionarlos frente a las casas de los policías al servicio de sus enemigos.
El propósito es capitalizar el descontento generado entre la población por las acciones del grupo armado de Los Zetas, antiguos aliados del cártel del Golfo.
Los Zetas se defienden también con las mismas herramientas: “A nosotros nos tachan de secuestradores, extorsionadores, asesinos y demás, pero les recuerdo que antes que iniciara todo esto estábamos a las órdenes del cártel del Golfo y recibíamos órdenes.
“Nosotros no necesitamos andar diciendo a la gente que nos apoyen ni mucho menos reclutando alumnos de secundarias, como ellos lo hacen; nosotros somos gente preparada para el combate, no necesitamos gente que no sabe ni manejar un arma.
“Al final saldrá victorioso quien tenga más poder y más estrategia para realizar su trabajo. Estamos conscientes que perderemos gente, pero ellos perderán todo”, sostiene el comunicado firmado por la “Compañía Zeta”. l
Las dos caras de Obama
J. Jesús Esquivel
El interés de combatir al narcotráfico y el hecho de que el gobierno de Felipe Calderón sigue encubriendo las violaciones a los derechos humanos que comete el Ejército parecen confundir la política del presidente estadunidense Barack Obama hacia México: por un lado, le retendrá 26 millones de dólares de la partida de 2010 para la Iniciativa Mérida debido a que Calderón no avanzó en la materia; y por otro, liberará un monto superior en reconocimiento de los avances reportados por el gobierno mexicano.
WASHINGTON.- Con una política de “doble estándar”, el gobierno de Barack Obama castigó al de Felipe Calderón con la retención de fondos para financiar la lucha militarizada contra el narcotráfico, pero después lo premió al liberar fondos mayores pese a que las Fuerzas Armadas Mexicanas siguen violando los derechos humanos.
En una decisión que es “insólita y extraña” –como la califica José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas en Human Rights Watch (HRW)–, el jueves 2 el Departamento de Estado le notificó al Capitolio y a Los Pinos que le retendría al gobierno mexicano 15% de la partida correspondiente a la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2010, que concluye el jueves 30. Es decir, dejaría de entregarle 26 de los 175 millones de dólares programados, debido a que el Ejército Mexicano sigue cometiendo violaciones de derechos humanos.
Lo extraño es que, por encima de este hecho, el gobierno de Obama decidió liberar 36 millones 188 mil dólares para el mismo propósito. Esta suma representa 15% de la partida para dicha Iniciativa en el año fiscal 2009 y del presupuesto adicional suplementario de 2010. El argumento en que se basa esta medida es el contrario: que el Ejército de México cumplió las condiciones de preservar las garantías individuales durante el combate al narcotráfico y al crimen organizado en 2009.
“El 15% de los fondos que se retienen es un requisito de nuestra ley de asignación de fondos, que define la retención de cierto financiamiento de la Iniciativa Mérida para México hasta que, por escrito, nosotros notifiquemos al Congreso que el gobierno mexicano continúa tomando ciertas medidas relacionadas a los derechos humanos”, explica a Proceso una funcionaria del Departamento de Estado en un correo electrónico.
“Sin embargo –comenta a condición de que no se publique su nombre– liberamos 15% de los fondos obligados para el año fiscal 2009, que son 24 millones de dólares, y los del presupuesto adicional suplementario del año fiscal 2010, que son 12 millones 188 mil dólares”.
Contradicción
En 2008 el Congreso estadunidense aprobó la ley de la Iniciativa Mérida para financiar dicho acuerdo durante tres años, pero Obama extendió el plazo un año más, con un presupuesto total de más de mil 600 millones de dólares. Una condición irrevocable en la norma es la retención del 15% de los fondos asignados en cada año fiscal al gobierno de México si no da garantías de que los agentes del Ministerio Público y las autoridades judiciales civiles estén investigando y juzgando a los miembros de la Policía Federal y del Ejército acusados de violar derechos humanos, con la colaboración de las instancias policiacas y militares.
No obstante, ese porcentaje puede ser liberado cuando así lo determine el Departamento de Estado, pese a las protestas de grupos defensores de los derechos humanos o del Congreso de Estados Unidos.
A nombre de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, el subsecretario de Estado para Asuntos Legislativos, Richard Verma, informó al Capitolio que los 26 millones de dólares retenidos para financiar la lucha militarizada de Felipe Calderón contra el narcotráfico se liberarían hasta que el gobierno mexicano cumpliera con dos condiciones, como lo estipula el reporte que el gobierno de Obama envió el jueves 2 al Congreso sobre las labores del Ejército Mexicano en materia de derechos humanos durante 2009, cuya copia tiene Proceso. Dichas condiciones son:
Primera: “La aprobación en la Cámara de Diputados… de una legislación de derechos humanos que ya fue aprobada por el Senado (mexicano), la cual fortalecería la autoridad para investigar y aplicar las recomendaciones que haga al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
Segunda: “La presentación (ante el Congreso mexicano) de una legislación dirigida a reformar el Código de Justicia Militar para limitar la autoridad en la investigación y el procesamiento de crímenes bajo la jurisdicción de las cortes militares”.
En entrevista, José Miguel Vivanco se mofa de esta medida porque la considera contradictoria: “Es una decisión política y no objetiva, porque lo que hace el Departamento de Estado es una apuesta política hacia el futuro, en la que anuncia anticipadamente el castigo a México, con la premisa de que si cumple con las condiciones que le impone, en su próximo reporte al Congreso sobre la Iniciativa Mérida (en septiembre de 2011) le liberará los 26 millones de dólares que ahora le retiene”.
El reporte de 36 páginas que entregó la dependencia encabezada por Clinton al Capitolio contradice, en efecto, la decisión de liberar fondos para seguir financiando a la Iniciativa Mérida, ya que explícitamente admite que en 2009 aumentaron las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y que el gobierno de Calderón hizo muy poco o nada al respecto.
“De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Ejército investigó un total de cinco quejas que involucran denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas en los años 2008 y
El subsecretario de Estado James B. Steinberg envió el reporte sobre la Iniciativa Mérida en materia de derechos humanos al senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, que preside el Subcomité de Operaciones Presupuestales del Departamento de Estado y para Operaciones Foráneas. Éste se desconcertó por la decisión de castigar y premiar simultáneamente al gobierno de Calderón:
“Aunque me siento alentado por la decisión de las autoridades del gobierno mexicano de discutir maneras de mejorar la rendición de cuentas sobre violaciones a los derechos humanos, todavía no vemos evidencia de que esos abusos, particularmente las detenciones arbitrarias, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas sean abordadas de manera efectiva”, comenta el legislador, y remata: “Un reporte como este se queda corto y no ayuda a ningún país”.
Dos semanas antes de que enviara a Leahy el reporte sobre la Iniciativa Mérida, el subsecretario Steinberg se reunió en el Departamento de Estado con representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas HRW, para “cuantificar sus conclusiones” sobre el papel de las Fuerzas Armadas Mexicanas para preservar los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico.
Vivanco lamenta que estos encuentros no sirvan para nada porque, afirma, Steinberg les toma el pelo porque no toma en cuenta las recomendaciones ni de HRW ni de otras organizaciones.
–¿Cuál fue la recomendación de HRW al Departamento de Estado? –le pregunta el reportero.
–La recomendación nuestra fue que se le retuvieran todos los fondos al gobierno de México, porque son perfectamente claras las evidencias de que, pese a las miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos bajo la guerra contra el narcotráfico, el Ejercito de México actúa bajo una total impunidad por parte del gobierno del presidente Calderón.
En el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadunidense también hay mucha molestia. Uno de los principales asesores republicanos de este poderoso organismo legislativo –que pidió no revelar su nombre– dijo a Proceso que varios senadores, incluido el presidente del comité y excandidato presidencial John Kerry, “piensan que la decisión de la secretaria Clinton de premiar y castigar al gobierno mexicano por culpa de su ejército es el resultado de una negociación con el gobierno del presidente Calderón”.
La actitud contradictoria del gobierno de Estados Unidos hacia México se evidenció la semana pasada en las declaraciones de Hillary Clinton y del presidente Obama. El miércoles 8, ante el Consejo de Relaciones Exteriores de Washington, la primera dijo:
“En México y en Centroamérica enfrentamos una red muy bien organizada de tráfico de drogas que en algunos casos es una causa común, o que esta convirtiéndose en algo que nosotros consideramos una insurgencia”. Después profundizó: “Estos cárteles de la droga están ahora demostrando más y más índices de insurgencia. De repente aparecen coches-bomba donde nunca habían aparecido (16 de julio, en Ciudad Juárez). Por ello, (México) se mira cada vez más y más como era Colombia hace 20 años, donde los narcotraficantes controlaban ciertas partes del país, aunque no partes significativas”.
Menos de 24 horas después, en una entrevista con la reportera María Antonieta Cádiz, del diario en español La Opinión de Los Ángeles, el presidente Obama intentó matizar: “No pienso que ella haya estado tratando de hacer una equivalencia entre lo que estaba pasando con México y lo que ocurrió con Colombia hace 20 anos atrás, o el tipo de insurgencia política clásica de la que estamos hablando”.
Según él, Clinton “estaba destacando que las tácticas de estos cárteles se han vuelto altamente violentas. Están muy bien armados, bien financiados”.
Narcoterror mediático
En su guerra declarada, el cártel del Golfo (CDG) y Los Zetas recurren cada vez más a la propaganda y a la utilización de los medios de comunicación no sólo para buscar adeptos, sino también para atizar el odio contra sus enemigos y justificar sus acciones violentas.
Hasta hace varios meses ambas organizaciones recurrían a las narcomantas o videos en internet para enviar sus mensajes, pero en las últimas semanas combinan esas acciones con el envío de boletines a los medios de comunicación, particularmente a los de Tamaulipas.
Una fuente de la PGR sostiene que el cártel del Golfo es cada vez más proclive a subir menajes y videos al sitio youtube.com en los que reivindica sus acciones, amedrenta a sus rivales y a los cuerpos policiacos tamaulipecos y aprovecha para reclutar gente.
Luego del hallazgo de los cuerpos de los migrantes centro y suadamericanos en San Fernando el pasado 24 de agosto, el usuario “Verdugo811” subió el siguiente mensaje electrónico que, según la PGR y fuentes del gobierno de Tamaulipas, fue elaborado por algún sicario del CDG:
“Al pueblo de Tamaulipas. Los 72 asesinados serán vengados… La policía rural de Tamaulipas en un retén con Los Zetas detuvieron al camión donde iban los indocumentados… Estamos persiguiendo a los policías zetas, a tránsitos zetas, a periodistas y comunicadores zetas”.
Los días posteriores se registraron diversos ataques contra agentes municipales y estatales en Ciudad Victoria, Mante, Hidalgo, Padilla y Llera, ubicados en el centro de la entidad.
“Verdugo811” concluye su “comunicado” con una amenaza al gobernador Eugenio Hernández Flores y los trabajadores de los medios de comunicación de la entidad:
“Al gobernador que no gobierna, llamado por ellos Zeta-1, de nombre Eugenio Hernández, le decimos que ordene a sus criminales zetas, que vienen de pueblos remotos, que abandonen nuestro estado; de lo contrario, nuestra lucha arreciará más y serán ejecutados. Hasta en McAllen te alcanzaremos, Geño. Reivindicamos este segundo mensaje en la capital de nuestro estado. Comunicar la verdad es obligación, o negarla o tergiversarla por miedo o billetes, es traición. Sabedlo comunicadores.
“La Patria es primero. Brigada Cd. Reynosa, Tamaulipas”.
Y así como el CDG atribuye la matanza de los indocumentados a Los Zetas, se atribuye, entre otros, la ejecución del alcalde del municipio rural de Hidalgo, Marco Antonio Leal García, ocurrida el pasado 29 de agosto; el atentado con coche-bomba a las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública de Ciudad Victoria, y la muerte de policías rurales. Aunque arguye que se trató de actos de venganza.
En uno de los comunicados del CDG enviado a los medios tamaulipecos y difundido el 29 de agosto, expone: “Ha sido ajusticiado el Z-1 de Hidalgo, Tamaulipas, el presidente municipal Marco Antonio Leal García, por traicionar la confianza de su pueblo. Por ser el actor (sic) intelectual del secuestro del ingeniero Israel Cuéllar (dirigente del Comité de Lucha Social de ese municipio) y por convertirse en el principal operador del grupo de asesinos y secuestradores llamados Los Zetas”.
Las nuevas herramientas
En la mayoría de los mensajes que los sicarios del CDG suben a youtube.com se enaltece a las fuerzas federales, en particular al Ejército y a los marinos, mientras que a las autoridades y a las corporaciones policiacas estatales y municipales las acusa de complicidad con Los Zetas.
En Tamaulipas, sobre todo en las ciudades fronterizas, la mayoría de la población asegura que las fuerzas federales apoyan al CDG. La premisa es, dicen varios de los ciudadanos consultados por Proceso, exterminar a Los Zetas, cuyos integrantes son quienes atacan a la sociedad civil y generan una mayor violencia.
“Reconocemos el esfuerzo y eroismo (sic) de soldados y marinos en el combate a la inseguridad y en defensa del pueblo, repeliendo el ataque de la basura delincuencial estaremos a salvo”, dice en uno de los ocho mensajes de “Verdugo811” .
Pero cuando los mensajes van dirigidos a los policías locales, el tono es diferente: “El castigo para aquellos policías que sirven de apoyo a Los Zetas apenas empieza, ya están identificados cada uno de ellos. Sabemos quienes son y donde viven”, señala un comunicado generado el 5 de agosto último.
Los integrantes del CDG también suelen distribuir panfletos en distintas poblaciones de Tamaulipas, como si se tratara de campañas de reclutamiento. En ellos convocan “al pueblo de Tamaulipas” a unirse en la lucha contra Los Zetas. Uno de esos mensajes llegó a la redacción de este semanario por correo tradicional.
El cártel convoca a la población a “defender la familia, la vida y el patrimonio de nuestro pueblo”; es, insiste, una “obligación moral de todo ciudadano. Nadie estará a salvo si no tomamos las armas”.
La organización utiliza también como bandera el asesinato del candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre. “Que su sacrificio no sea en vano”, dice el mensaje; también expone que cuenta con 34 coches-bomba para estacionarlos frente a las casas de los policías al servicio de sus enemigos.
El propósito es capitalizar el descontento generado entre la población por las acciones del grupo armado de Los Zetas, antiguos aliados del cártel del Golfo.
Los Zetas se defienden también con las mismas herramientas: “A nosotros nos tachan de secuestradores, extorsionadores, asesinos y demás, pero les recuerdo que antes que iniciara todo esto estábamos a las órdenes del cártel del Golfo y recibíamos órdenes.
“Nosotros no necesitamos andar diciendo a la gente que nos apoyen ni mucho menos reclutando alumnos de secundarias, como ellos lo hacen; nosotros somos gente preparada para el combate, no necesitamos gente que no sabe ni manejar un arma.
“Al final saldrá victorioso quien tenga más poder y más estrategia para realizar su trabajo. Estamos conscientes que perderemos gente, pero ellos perderán todo”, sostiene el comunicado firmado por la “Compañía Zeta”. l
El triste y penoso fin del PRD
Rosalía Vergara
Militante del PRD durante casi dos décadas, Rosa Albina Garavito se fue del partido después de atestiguar el pleito por el liderazgo entre Encinas y Ortega. Ahora la exguerrillera afirma que este instituto “no tiene futuro”, que “ya cerró su ciclo” y que es un partido conservador que, en aras de la sobrevivencia, está repitiendo los vicios priistas. Aún más, quien fuera consejera nacional emérita de ese partido señala que el viraje perredista comenzó durante la dirigencia de Andrés Manuel López Obrador.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) ya no tiene futuro. Con esta implacable afirmación, Rosa Albina Garavito Elías, experredista que tomó parte en la fundación del instituto político donde militó durante casi 20 años, describe el estado que éste guarda ahora, una vez que sus estructuras han ido agotándose.
“El PRD ya cerró su ciclo. Está en esa pobre situación de sobrevivir”, dice Garavito en entrevista con Proceso.
La socióloga y economista –que abandonó el PRD en
En la actualidad, afirma, entre el perredismo y el priismo no hay diferencias, pues desde su fundación el PRD sólo buscó desplazar al PRI de los órganos de gobierno.
A propósito de su reciente publicación, Apuntes para el camino. Memorias sobre el PRD, la experredista y exconsejera nacional emérita analiza el liderazgo de Jesús Ortega, a quien le achaca la pérdida de rumbo del partido.
Para Garavito el PRD es un partido conservador que recogió el nacionalismo revolucionario que el priismo dejó en el camino después de perder la Presidencia en 2000 y siguió con las prácticas del clientelismo, la corrupción y la simulación ideológica que afectan a una organización que no es de izquierda, aunque se identifique como tal.
“Lo que digo en el libro es que el partido que nació para disolver el viejo régimen priista terminó por reproducirlo justamente por su sobrevivencia política”, dice.
También especialista en asuntos sindicales, Garavito afirma que el PRD comenzó a descomponerse entre 1994 y 1996, cuando lo dirigía Andrés Manuel López Obrador y las candidaturas empezaron a definirse mediante encuestas, cuando se designaba a los mejor posicionados electoralmente aunque tuvieran un pasado priista y antiperredista.
Cita el caso del senador Arturo Núñez, quien en su etapa priista convalidó el rescate que convirtió la deuda de los bancos en deuda pública mediante el Fopabroa-IPAB, y quien, dice Rosa Albina, nunca pidió una disculpa a la ciudadanía por semejante acción.
También menciona la actual candidatura de Ángel Heladio Aguirre al gobierno de Guerrero, aprobada pese a que este exgobernador no había renunciado al PRI y, peor aún, no obstante sus vínculos con el exgobernador Rubén Figueroa, destituido con motivo de la matanza de Aguas Blancas. Aguirre sustituyó a Figueroa y acosó a los perredistas guerrerenses, algunos fallecidos por los actos represivos del gobierno.
–¿Tiene futuro el PRD de hoy?
–No tiene futuro; es un partido agotado. De
Antecedentes
Hace dos años, durante la lucha interna por la dirigencia del PRD, la idea de la asamblea constituyente de un nuevo partido nació cuando Garavito y Alfonso Ramírez Cuéllar aspiraban a la Secretaría General y a la Presidencia partidista. Ambos estaban identificados con Movimiento por la Democracia, corriente en la que también militan el senador Pablo Gómez y el exdiputado Javier González Garza.
Sin embargo, ningún grupo aceptó. “Ni el de Alejandro Encinas (Izquierda Unida) ni el de Jesús Ortega (Nueva Izquierda)”, se queja. En su opinión, esa propuesta le habría dado futuro a la izquierda.
Por eso renunció al partido, por la actitud reacia al cambio de los perredistas. “Vemos cómo está el PRD sin un perfil ideológico, político. Simplemente es la sobrevivencia del partido bastante penosa e incluso aliándose con la derecha, lo cual sí es una tragedia para la izquierda y para el país”, sostiene acerca de las alianzas electorales que se hicieron con el PAN en Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Hidalgo y Durango, que se pretende replicar en el Estado de México para la elección a gobernador el año próximo, con el pretexto de que es necesario “frenar” al actual mandatario estatal Enrique Peña Nieto en su carrera por la Presidencia en 2012.
–¿Podríamos decir que ahora el PRD es comparsa de la derecha?
–Absolutamente
–¿Esa transformación podrá lograrse con la misma militancia, las mismas corrientes?
–Se necesita autocrítica profunda y eso no se ve. Mi libro quiere ser el espejo donde se vea, pero me parece que se seguirán poniendo una venda en los ojos para seguir viviendo la realidad como ciegos. Porque el PRD no es propiedad de nadie, es el producto histórico de las luchas de la izquierda del siglo XX.
Recuerda que durante la elección por la dirigencia le dijo a Ramírez Cuéllar y a algunos simpatizantes que renunciaran al partido porque ya no tenían nada que hacer en el perredismo, pero le respondieron que eran muy institucionales. “¿Qué me estaban diciendo? Pues que ponen a una institución ya en su cascarón por encima de cualquier otra cosa para lograr la sobrevivencia de las franquicias, que es muy penosa, porque nace de la esperanza de alcanzar un puesto como diputado, senador, presidente municipal… Siempre es esa la ilusión”, indica.
La académica de la UAM afirma que esta actitud “es muy triste”, porque se deja al país sin un proyecto de izquierda democrático y moderno y se le da paso a un bipartidismo de derecha para que el PRI y el PAN se vayan alternando el poder.
–¿Qué es hoy la izquierda en el país?
–La veo inexistente. No veo dónde está la izquierda en este país. La izquierda extravió su rumbo. Tuvo su gran logro al hacer el esfuerzo unitario más grande del siglo XX con la creación del PRD, pero se perdió en el laberinto del poder. Entonces no tenemos izquierda. Yo lo que veo es un cadáver político.
Rosa Albina Garavito destaca el error del perredismo que atribuye su existencia a los líderes o a la suma de sus corrientes, que no son tales, porque no generan ideas. “Más bien son grupos”, aclara.
Y la actual dirigencia, a cargo de Jesús Ortega, de Nueva Izquierda; Hortensia Aragón, de Foro Nuevo Sol, como secretaria general, y personajes como Dolores Padierna, de IDN; David Cervantes, de Izquierda Social; Ricardo Ruiz, de Izquierda Unida, entre otros miembros del Comité Político Nacional, no es la que se merece la izquierda, asume.
“Esa dirigencia es como la materialización de que el PRD perdió el rumbo. Es la lucha canibalesca interna por espacios de poder. Esto no tiene nada que ver con un proyecto de izquierda”, afirma.
Por el contrario, dice que el PRD se está comportando como un partido conservador que no tiene un proyecto de nación en materia económica, política o social, “sino que está refuncionalizando el mismo proyecto de la derecha. O sea, ya se desdibujó”.
–¿Qué opina de que la izquierda no actúa bajo sus principios, sino con el objetivo de impedir al PRI regresar a Los Pinos?
–Por desgracia, al final de eso se trató la lucha del PRD, simplemente de desplazar a los personajes, a la sigla del PRI, pero no a las reglas del juego del PRI.
Todo sea por sobrevivir
Esto se trasluce en la promoción de viejos priistas connotados como candidatos perredistas a un puesto de elección popular, sin que esos personajes, como Arturo Núñez o Ángel Aguirre, se deslinden de su pasado, se autocritiquen, se disculpen con la ciudadanía.
“Ahí está el senador Arturo Núñez. Yo nunca he escuchado a este hombre que diga: ‘pido una disculpa pública por la manera en que promoví la legalización de una deuda privada como deuda pública como fue el Fobaproa’, que fue un saqueo a la nación, a la economía nacional”, resalta.
Esa actitud la promovió López Obrador –insiste– cuando fue dirigente del partido, porque promovió el sistema de encuestas para definir candidaturas.
“Eso consolidó el rumbo de la mercantilización de la política en el partido, porque lo que simbolizaba al proyecto de izquierda no era el candidato, sino la contabilización de votos”, asegura, y reflexiona que sí se vale el cálculo electoral, pero no sirve cuando se antepone al proyecto de la izquierda.
“Ese fue el principio del fin. Del 94 al 96, cuando Ernesto Zedillo apuró la reforma política, se le abren a la izquierda los espacios de poder que les había negado Carlos Salinas de Gortari y entonces la visión electoral se adueña del partido, desde sus principales dirigentes”, recalca.
–¿Ahí empiezan con la visión de sacar al PRI de Los Pinos?
–Sí, y sin cambiar el régimen o las reglas del juego. Esto comenzó el 27 de enero de 1994, cuando Cuauhtémoc Cárdenas promovió el Acuerdo Nacional para la Democracia, porque puso el momento electoral por encima de la coyuntura generada por la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional al que se marginó. Y con la reforma electoral del 96 el PRD sigue con la inercia. Con las Brigadas del Sol se le pagaba a la gente para promover el voto: ¿Dónde está la militancia?
–¿Hizo lo mismo Andrés Manuel López Obrador con las Redes Ciudadanas?
–Absolutamente. Hay un carácter empresarial, un talento empresarial en esta manera de hacer política, pero sacrificando la ética, pues eso no importa, no produce nada. Opino lo contrario, hacer buena política con ética también es una buena inversión, porque consolidas proyectos no digo que indestructibles, pero sí muy fuertes, porque tienes todo el respaldo moral y congruencia, pero eso se menosprecia.
–¿Cómo es esta cuestión empresarial de la que habla?
–Es como un capitán de industria que quiere comprar un producto, que es el voto, colocando en el mercado un producto, exactamente como lo están haciendo con Peña Nieto en ese mercado, colocándole ingredientes para hacerlo atractivo, no importa si el producto al final termina defraudando al cliente. Entonces la política se desvirtúa y ahí el partido se pervirtió.
–¿Qué es lo que más extraña del PRD?
–Extraño mi ilusión, porque entré llena de ideales y de la ilusión de que precisamente se trataba de un proyecto que podría transformar democráticamente al país.
–¿Qué tendría que cambiar en el PRD para que usted regrese a militar?
–Se tendría que realizar la asamblea constituyente. Si hubiera un proyecto de esa naturaleza, por supuesto. Pero con un aparato como éste, ya no.
–En el siglo XIX la lucha era entre liberales y conservadores. Hoy, en pleno Bicentenario, la lucha es entre conservadores y conservadores, ¿esto quiere decir que la izquierda se quedó en el camino?
–Bueno, la izquierda organizada políticamente desapareció. El proyecto de izquierda está latente en muchos sectores de la sociedad. Lo que hace falta es abrir los espacios para que esas distintas luchas se consoliden y renueven un proyecto de izquierda democrática y moderna del siglo XXI.
“Además, necesita alejarse de la ilusión de que la izquierda partidaria existe, asumir la orfandad en la que se encuentra y su responsabilidad sobre la situación en la que se encuentra”. Porque, en su opinión, el país no se va a recomponer si no resurge un nuevo proyecto de izquierda.
1810 - 2010
Sólo faltaba que el actual gobierno del PAN, partido al que le bastaron diez años en el poder para terminar de arrinconar al país entre la miseria, la inseguridad y el miedo, diera el último empujón… Con su dogmatismo, su ambición sectaria, su doble moral, su obnubilación histórica; con su banalidad fastuosa y, en suma, con su incapacidad y su desprecio por el pueblo, el gobierno que gastó cientos de millones en la celebración del Bicentenario de la Independencia de México sepultó cualquier posibilidad de resimbolización de la gesta libertaria de 1810 y de recuperación de la memoria histórica. De paso, enterró la posibilidad de convertirla en leit motiv para una lucha nueva e incluyente en busca de una patria cierta, una patria que ha sido muchas cosas –sueño y desengaño, nobleza y abyección, vida y muerte, desesperanza y fe–, todo… menos independiente y libre. Tanto menos ahora, cuando la soberbia gubernamental junto con sus beneficiarios mantienen sumiso al México verdadero.
En la búsqueda de la memoria colectiva mexicana
Jorge Sánchez Cordero *
A la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sitio de privilegio de la memoria colectiva mexicana.
En su centenario.
Las fechas precisas conllevan el grave inconveniente de constituirse en certidumbres someras y rígidas y el calendario mexicano no ha escapado a esta regla. Nuestras conmemoraciones se han convertido en rituales en una sociedad que los ha abandonado; en sacralidades pasajeras en una sociedad desacralizada; en signos de reconocimiento y pertenencia a comunidades en una sociedad que hasta hace poco únicamente reconocía a individuos… Al margen de estos rituales, habría que inquirir en cómo la sociedad mexicana se contempla ahora frente al espejo del Bicentenario.
La conmemoración da cuenta de tensiones y contradicciones que oscilan entre la conciencia de la distancia y la voluntad de abolirla, entre la espontaneidad festiva y la institucional que la sofoca, entre la conservación anquilosante y la apertura hacia el futuro, entre la fidelidad del mensaje y la de su adaptación al presente.
El modelo gubernamental empleado para la conmemoración del Bicentenario presupone una magnificencia impersonal y afirmatoria; presupone igualmente la unidad de una historia épica y combativa en donde los pasajes oscuros se confinan al culto privado de la memoria. El gobierno queda así como el gran ordenador de la conmemoración y su único oficiante.
La conmemoración nacional y cívica queda oculta en la sombra de las ambiciones políticas. Esta festividad persigue fechas y figuras a conmemorar, a unas las ignora y a otras las multiplica. Se ha pretendido postular la unidad nacional por la uniformidad y se ignora que se ha reconocido nuestro carácter pluricultural, en donde priva la diversidad en la unidad. La ironía consiste en que esta conmemoración constata la disolución del mito nacional que vinculaba el futuro con el pasado. El desplazamiento del mito por la memoria colectiva supone una mutación profunda: la transición de la memoria histórica de la nación a una memoria social. El Bicentenario debería haberse convertido en un activo de la memoria colectiva y convertirse en tal virtud en un equema unificador.
Este modelo soslayó el análisis de tópicos fundamentales, como son los vínculos entre memoria histórica y memoria colectiva, entre memoria colectiva y poder y entre memoria colectiva y los sitios en donde ésta se ha cristalizado. Ignoró finalmente la metamorfosis que ha experimentado la sociedad mexicana que la ha hecho transitar de una historia nacional y de memorias particulares a una memoria colectiva cuya identidad radica en la reivindicación constante de un patrimonio fragmentado, en estado permanente de multiplicación y con una búsqueda constante de cohesión.
Nuestro pasado no preconstituye más una garantía para el futuro. Esta es la razón principal de la memoria colectiva: es un agente dinámico y el único que puede asegurar la continuidad de nuestro pasado. El pasado y el futuro mexicano han sido sustituidos por el presente y por nuestra memoria colectiva. Los tres grandes ejes de la memoria colectiva mexicana contemporánea que se entrecruzan resultan ser: la identidad, la memoria y el patrimonio cultural. La identidad significa una singularidad que elige, una especificidad que asume y una permanencia que reconoce; la memoria significa a su vez nuestros recuerdos, nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres; y en lo que respecta a nuestro patrimonio cultural, éste transitó del bien que se posee como herencia al bien que nos constituye y nos forma.
Las sociedades, en su evolución en la segunda parte del siglo XX, se han visto confrontadas con el reto que representa la formación de la memoria colectiva; en esta confrontación se han visto inmersas por consiguiente las clases dominantes y las dominadas, que luchan por el poder y por la vida, por el progreso y por la sobrevivencia.
El control de la memoria colectiva y del olvido es una de las grandes preocupaciones de clase, de comunidades y de individuos; en este sentido la memoria colectiva no es solamente una conquista, sino un instrumento y un objetivo del poder. La memoria colectiva es un elemento en la búsqueda incesante de identidad. Esta búsqueda de identidad es una de las actividades fundamentales de los individuos y de las sociedades contemporáneas, y su estudio uno de los análisis fundamentales de nuestro tiempo.
La fragilidad de la identidad la constituye su vínculo complejo con el tiempo social. Esta es una dificultad primaria que justifica precisamente el recurso a la memoria, en tanto componente temporal de la identidad, en conjunción con la evaluación del presente y la proyección del futuro. El centro del problema es la movilización de la memoria al servicio de la búsqueda, de la demanda, de la reivindicación de identidad. La fragilidad de nuestra identidad consiste en la precariedad de las respuestas, que pretende reducir a recetas la identidad proclamada y reclamada.
Cuando enfrenta su pasado, la comunidad toma conciencia de su identidad a través del tiempo. La memoria colectiva está sujeta al tiempo social, que es el tiempo vivido. El tiempo social está íntimamente vinculado con la tradición de la comunidad. La representación del tiempo y su ritmo son completamente diferentes a los de la historia. El tiempo en la memoria colectiva no es una serie sucesiva de hechos o una suma de diferencias; resulta todo un equívoco sostener que una mayor concentración de acontecimientos o de diferencias es equivalente a un tiempo prolongado: es olvidar que los acontecimientos dividen en el tiempo, pero no lo remplazan. Se requiere de un tiempo social prolongado para que la acumulación de palabras y de gestos puedan finalmente modificar de forma perdurable las memorias de los entornos de las comunidades, de la imagen que tienen de su pasado. El espíritu busca en el tiempo, en una comunidad determinada, la reconstrucción del recuerdo.
La sociedad mexicana se compone de una multiplicidad de comunidades que tienen su propio tiempo. Lo que distingue los tiempos colectivos en nuestra sociedad no es que unos transcurran más rápidos que otros; se podría sostener incluso que los tiempos sociales no transcurren, ya que cada memoria colectiva puede recordar, y la subsistencia del tiempo es sólo una de sus condiciones.
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A la sociedad mexicana le asiste hoy un deber de memoria que esencialmente es la obligacion de transmitir y de enseñar a la próxima generación. Este deber de memoria constriñe a que continúe la historia bajo el signo de la instrucción; a que se constituya la identidad en el tiempo; es el deber de recordar para preservar el vínculo de nuestra deuda con el pasado. La sociedad mexicana ha transitado de un vínculo de filiación a un vínculo de afiliación de identidad, de un vínculo afirmativo del pasado hacia el presente, a un vínculo inquisitorio del presente al pasado.
Es por ello que el deber de memoria respecto de nuestros ancestros resulta importante: éste coexiste con el deber de anticipación respecto de los descendientes. La acepción jurídica de la filiación que identificaba a los ancestros y a los sucesores se agotó rápidamente. Hoy pervive en la sociedad mexicana la filiación cultural como un vínculo a la vez emocional e intelectual: el lenguaje, el pasado, el futuro, entre generaciones pasadas y futuras. Esta larga cadena entre generaciones que provee el vínculo de identidad se renueva y se actualiza constantemente por la sucesión de generaciones. Es un trabajo incesante y complejo de transmisión y recepción, de recuperación y modificación, de rechazo y reactualización, de registro e innovación. Esto obliga igualmente a desplazar el análisis de la uniformidad impuesta y de la generalidad de la identidad a la identidad regional, que es más propia de nuestra diversidad.
La memorización de la identidad colectiva, motivada entre otros por el interés patriótico, se intensifica con la exaltación de los vestigios del pasado. La misma noción de patrimonio cultural nace concomitantemente con la de Patria. El culto de nuestros monumentos culturales se convierte en una de las defensas de la memoria de nuestra herencia.
El patrimonio es uno de los elementos determinantes de la memoria colectiva contemporánea, que pasó de una acepción prácticamente notarial a una definición mucho más comprensiva: del patrimonio heredado al patrimonio constitutivo de la memoria colectiva de la comunidad.
Este proceso de cristalización de la identidad en el patrimonio cultural describe tres fases: la primera vincula la pasión de identidad con el conocimiento; en esta misma fase, se edifica la defensa, la ilustración, la conservación y la restauración del patrimonio cultural, que promueven fórmulas sociales con un objetivo de conocimiento activo. La segunda fase traduce esta pasión de identidad en un ámbito espacial que se refiere a regiones y territorios emblemáticos, y la tercera convierte la pasión de identidad del presente en una temporalidad orientada, ya que el patrimonio es fatalmente transmisible, sujeto a un tiempo inmóvil que niega su muerte. No habría pasión, en este caso de identidad, si no estuviese acompañada de un deseo de eternidad.
El inventario de nuestro patrimonio cultural está gobernado por el tiempo, es una suerte de memoria condensada que se constituye en la incesante búsqueda de nuestra identidad para convertirse en su emblema y en su imagen. Todos estos bienes repletos de longevidad los hemos recibido de nuestros ancestros, para que a su vez se transmitan de generación en generación. La constitución de nuestro patrimonio cultural es la forma moderna y más refinada del culto a nuestros ancestros. El patrimonio cultural refleja fielmente a una sociedad, es la expresión de su naturaleza y de sus preferencias. Pero el patrimonio también se expresa en el ámbito territorial, cuya significación varía del estrictamente geográfico; se trata de territorios imaginarios, que se erigen como sitios de memoria. El patrimonio cultural es un proceso creativo que se construye dinámicamente hacia el futuro. Es la pasión del futuro la que suscita la constitución del patrimonio.
La identificación de los sitios de la memoria en donde ésta se ha refugiado en este momento particular de nuestra historia resulta de una gran trascendencia. Estos sitios de memoria participan de toda la acepción del término: son simultáneamente materiales, simbólicos y funcionales. En ellos el sentimiento de continuidad de nuestro pasado se ha replegado, ya que los entornos de memoria se han desvanecido.
Es perfectamente perceptible la mutación de naturaleza del patrimonio cultural de una época a otra en nuestra sociedad: de la época histórica a la época de la memoria; de un patrimonio nacional a un patrimonio simbólico e identificador; de un patrimonio heredado a un patrimonio reivindicado; de un patrimonio estatal a un patrimonio social, étnico y comunitario; de un patrimonio restringido a un patrimonio generalizado.
Este tránsito silencioso, pero decisivo, puede ser interpretado en términos lineales como la profundización y la extensión de un movimiento de larga envergadura: primero la constitución de un patrimonio arqueológico, después uno colonial y erudito, y finalmente uno histórico y romántico, bajo el símbolo del nacionalismo, que marca la apoteosis y el enraizamiento de éste último. En nuestros días prevalece la constitución de un patrimonio democrático y grupuscular. Es un progreso continuo de una conciencia patrimonial que hace de nuestra época un pasaje natural. Hemos transitado de un pasado pasivo a un pasado activo, directivo, tributario de múltiples fuentes.
La tradición es una memoria que se convierte en históricamente consciente de ella misma. El análisis de la memoria mexicana se objetiviza en sitios descriptivos o pretendidamente constitutivos de la identidad mexicana, en toda su profundidad real o imaginaria: la antigüedad de sus formaciones sociales y de sus usos colectivos, sus culturas locales inmemoriales y populares, la permanencia de los trazos distintivos de las civilizaciones mexicanas. El basamento del patrimonio cultural está en los valores, generalmente fundacionales, de los tiempos modernos, con proyección al futuro. Es respecto de estas fechas fundacionales que deben determinarse las conmemoraciones.
Nuestro legado cultural no se reduce a un conjunto de obras que los mexicanos debemos respetar, sino aquellas que nos pueden ayudar a sobrevivir. Nuestra herencia cultural es el conjunto de voces que dan respuesta a nuestras interrogantes. El planteamiento que le asiste a nuestra sociedad radica en que en el legado cultural podemos encontrar la voluntad de transformar el presente. La vocación de nuestro legado cultural es muy clara: transformar nuestro destino en memoria colectiva. Esta es la convocatoria de nuestro tiempo.
* Doctor en derecho por la Universidad Panthéon-Assas. Vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparado.
crónica de una crónica centenaria
Genaro García
Un día le llevó al jurista e historiógrafo zacatecano Genaro García elaborar el proyecto para la realización de una crónica sobre los festejos del primer Centenario de la Independencia de México, pero fueron meses los que tuvieron que pasar para que la obra se concluyera. El texto que presentamos a continuación, escrito por el político porfirista como Advertencia precedente a la Crónica oficial de las fiestas del Primer Centenario de la Independencia de México, publicada en 1911, da cuenta de los avatares que implicó darle lustre al gobierno de Porfirio Díaz.
Se sirvió comunicarme el señor Vicepresidente de la República y Secretario de Gobernación, Don Ramón Corral, el 19 de agosto de 1910, que el Supremo Gobierno se proponía publicar una gran obra descriptiva de las fiestas que la Nación hiciera durante el próximo mes de septiembre en celebración del Primer Centenario de la Independencia, porque convenía que el recuerdo de ellas llegase fácilmente hasta nuestros descendientes y les permitiera ver cómo nos habíamos esforzado para conmemorar de la mejor manera posible el primer aniversario secular de nuestra vida autónoma, y, al mismo tiempo, para honrar dignamente a los héroes que nos la dieron con heroísmo insuperable. El señor Corral agregó que el señor Presidente de la República había acordado que yo fuere el director de esta Crónica, con entera libertad de acción, por lo cual debía yo desde luego trazar el plan y escoger a mis colaboradores. Di al señor Corral las más cumplidas gracias por tan honrosa distinción, y le rogué que tuviera la bondad de revisar el plan que yo formara.
Según ese plan, que tuve redactado para el día siguiente, la obra se dividiría en tres partes: 1ª, estudio sobre el progreso de México desde 1810 hasta nuestros días; 2ª, descripción de las fiestas que celebrara la Capital, y 3ª, enumeración de las que efectuasen los Estados; la 2ª parte contendría un capítulo destinado a los libros científicos o literarios que se publicaran en conmemoración del Centenario. Además, la obra iría precedida de una introducción mía que tratase de la Guerra de Independencia y de sus resultados; ilustrada profusamente con los retratos de nuestros primeros mandatarios públicos y de los señores Representantes Especiales Extranjeros y con las vistas de los edificios y monumentos que se inaugurasen y de las ceremonias, fiestas, desfiles é iluminaciones que hubiera; adornada de cornisas y remates dibujados especialmente por artistas mexicanos, y acompañada, en fin, de índices de materias y alfabético de nombres propios. El señor Vicepresidente tuvo a bien aprobar mi plan con una sola enmienda que consistió en suprimir la enumeración de las fiestas de los Estados, no sólo porque consideró que aumentaría demasiado la obra, sino también porque temió que no todos los Estados mandaran oportunamente los datos respectivos.
Aprobado de ese modo el plan de la obra, encomendé las reseñas de las fiestas a los señores Licenciados don Nemesio García Naranjo, don Alfonso Teja Zabre y don Rubén Valenti, don Manuel H. San Juan y don Ignacio B. del Castillo; las fotografías de donde se debían tomar las ilustraciones, a los señores Profesor don Antonio Cortés, don Antonio Carrillo, don Prisciliano Corona y don José Escalante, y los dibujos de las cornisas y los remates, a los señores Profesores Don Félix Parra, don Adrián Unzueta y don Mateo A. Saldaña. Con todos estos señores tuve varias juntas para ponerlos de acuerdo en la división y demás pormenores de los trabajos.
De manera satisfactoria los principiamos el 1° de septiembre y los continuamos durante los cuatro días inmediatos, a pesar de que tropezábamos de continuo con serias dificultades imprevistas, que mis colaboradores siempre sabían vencer, porque trabajaban con entusiasmo verdaderamente patriótico.
La muerte repentina de mi madre idolatrada, acaecida en la madrugada del día 6, me hizo renunciar al cargo de Director de la Crónica, que, sin embargo, tuve que seguir desempeñando, porque la Secretaría de Gobernación no aceptó mi renuncia e indulgentemente me concedió todo el tiempo que necesitara para sobreponerme a mi desgracia irreparable.
Como día a día las fiestas se multiplicaban más y más, me fue preciso, para dar abasto a todas ellas, suplicar al señor Licenciado don Ricardo Gómez Robelo que escribiese la reseña de las Exposiciones Española y Mexicana de Bellas Artes, y al señor Doctor don Francisco Bulman, las reseñas médicas. La misma razón me obligó a comprar a los señores don Manuel Ramos, don Antonio G. Garduño y don Juan Echeverría varias fotografías que los señores Cortés, Carrillo, Corona y Escalante no pudieron tomar por exceso de trabajo, y a pedir a la Secretaría de Relaciones los retratos y datos biográficos de los señores Representantes Especiales Extranjeros, datos y retratos que, aunque no todos, me proporcionó con suma bondad. Empero, me fue fácil obtener directamente de diversos personales y de los inteligentes señores fotógrafos Valletos un buen número de los retratos que me faltaban.
Concluidas las reseñas, resultaron, como era natural, desproporcionadas y divergentes, pues mientras unas llenaban ochenta páginas, otras cabían dentro de una sola, y en tanto que éstas aparecían escritas en estilo didáctico, aquellas lo estaban en lenguaje figurado. Imponíase consiguientemente un trabajo de condensación o, mejor dicho, de unificación general, que llevé a cabo auxiliado por los señores Licenciados don Francisco M. de Olaguíbel y don Alonso Teja Zabre. Al propio tiempo, el señor Licenciado don Nemesio García Naranjo escribía el estudio sobre el progreso de México y lo ilustraba con laboriosos esquemas; el señor don Ignacio B. del Castillo coleccionaba los brindis y discursos oficiales pronunciados en las fiestas y que debían publicarse en un apéndice a la Crónica, y el señor fotograbador don Agustín Buznego hacía los clisés de las ilustraciones. De tal suerte, muy pronto se pudo comenzar la impresión en los talleres tipográficos del Museo Nacional y bajo la inmediata dirección del señor don Ignacio B. del Castillo, quien también formaban el índice alfabético de nombres propios a medida que se tiraba cada pliego.
A fines de abril del corriente año, cuando estaba impresa la mitad de la obra y redactada casi toda, el señor Subsecretario Encargado del Despacho de Gobernación, Licenciado don Miguel S. Macedo, tuvo a bien ordenarme que la abreviara para que pudiese quedar concluida dentro de aquel año fiscal, que terminaba dos meses después, porque en el presupuesto del siguiente año no existía partida especialmente destinada a la Crónica. Contesté que procuraría obsequiar esta orden, aunque juzgaba muy difícil cumplirla, pues ya había reducido lo más que era posible las reseñas (algunas de ochenta páginas a cuatro), y el tiro de los fotograbados se hacía lentamente a causa de que sólo podíamos utilizar una prensa. Dispuse en seguida suprimir la introducción, el estudio sobre el progreso de México, el capítulo relativo a los libros publicados para conmemorar el Centenario y el índice alfabético, que comprendía ya más de dos mil nombres.
No obstante, al llegar el nuevo año fiscal, la impresión no estaba concluida: quedaban por tirarse algunos pliegos. Felizmente conseguí que los gastos reducidos que la obra demandaba aún, fuesen cubiertos con cargo a los generales de la Secretaría de Gobernación. Así, mis colaboradores y yo logramos dar cinta a un trabajo que emprendimos con grandísima ilusión.
La fiesta del fracaso
Judith Amador Tello
Destacados arquitectos señalan que el gobierno, en todos sus niveles, ha demostrado incapacidad para organizar las fiestas del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución. Comentan a Proceso que el fiasco del monumento Estela de Luz es la prueba palpable de que la irresponsabilidad e improvisación son el sello característico de quienes se encuentran al frente de las instituciones públicas. También confirma, asegura uno de los especialistas, que la cultura se encuentra en el último lugar de sus prioridades y por ello no son capaces de entender el valor simbólico de los monumentos.
Mientras que la Columna de la Independencia se yergue en Paseo de la Reforma como símbolo indiscutible de esa gesta –pero también de la época porfiriana en la que se construyó para celebrar el Primer Centenario del movimiento–, la Estela de Luz concebida para simbolizar los festejos del Bicentenario ni siquiera comenzó a edificarse.
A 100 años de la Revolución que derrocó al gobierno de Porfirio Díaz, la figura del dictador destaca como la de un visionario que pensó en la construcción de un Estado de manera integral y que supo aprovechar para ello el valor de la arquitectura.
En lo anterior coinciden Fernando González Gortázar, Víctor Jiménez y Sergio Zaldívar Guerra. Arquitectos los tres, comparan el proyecto arquitectónico concebido por Díaz para el primer Centenario con los proyectos frustrados del gobierno de Felipe Calderón, que se caracterizaron, dicen, por el centralismo y el desinterés, por la falta de previsión y el caos.
Muchas de las obras realizadas por el gobierno de Díaz aún permanecen. Los especialistas las enumeran: el Palacio de Bellas Artes; el Edificio de Correos; la antigua sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (ocupada hoy por el Museo Nacional de Arte); el Hemiciclo a Juárez, y, desde luego, la Columna de la Independencia, diseñada por el arquitecto Antonio Rivas Mercado y cuya primera piedra se colocó en febrero de 1902.
A comienzos de 2009, la Comisión Nacional Organizadora de las Conmemoraciones de 2010, dirigida por José Manuel Villalpando, convocó a un certamen nacional para construir el llamado “Arco del Bicentenario” en Paseo de la Reforma y Lieja. A la postre, el proyecto ganador no fue un arco sino una Estela de Luz diseñada por un equipo de arquitectos encabezados por César Pérez Becerril y que debía inaugurarse el jueves 16. Se veía que las obras no avanzaban, pero fue hasta hace unas semanas cuando el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, anunció oficialmente que se concluirá hasta finales de 2011.
El funcionario argumentó que para garantizar la seguridad de la obra, de “inédita complejidad constructiva”, se hizo un estudio que mostró la necesidad de aumentar la profundidad de la cimentación, el espesor de las paredes y su resistencia a las fuertes ráfagas de viento.
Coordinador del volumen La arquitectura mexicana del siglo XX, González Gortázar advierte que la obra, que debió ser “tan entrañable para los mexicanos, será no sólo un monumento a la improvisación, la irresponsabilidad y el desgano, sino también, y eso me irrita sobremanera, al centralismo”.
Al evocar obras como la Columna de la Independencia, el Penal de Lecumberri y el Manicomio de la Castañeda, recuerda que Díaz construyó cerca de 2 mil edificios para igual número de alcaldías por todo el país (Guadalajara, Zacatecas, Salamanca...), además de pequeños monumentos “obviamente no tan majestuosos como la Columna de la Independencia, pero igual de dignos e igual de nobles”.
El también urbanista y escultor menciona que en el programa presentado por el anterior coordinador de las festividades, Rafael Tovar y de Teresa, se contemplaba la realización de 200 plazas en distintas poblaciones. Ahora, lamenta, sólo falta añadir las iniciales DF a las celebraciones de la Independencia y de la Revolución Mexicana.
“Parecería imposible –plantea– superar el centralismo porfiriano, pero por lo que se ve el calderonista es peor e infinitamente más mediocre. Por su parte, porque hay culpas repartidas, los gobiernos estatales parecen ajenos a la ocasión. Nuevo León, por ejemplo, convocó a un concurso, creo serio, para hacer una plaza y su monumento, y al parecer se va a quedar en el papel.”
Le viene a la mente el proyecto de remodelación de la Capilla y la Plaza de Tlaxcoaque en el Centro Histórico, para el cual el gobierno de la Ciudad de México convocó también a un concurso “y al menos tuvieron la decencia de anunciar su cancelación, pero me parece igualmente inaceptable”.
Comenta que se enteró de proyectos en Coahuila, Jalisco y Chiapas “que terminaron en nada”. Y aunque aclara que su información puede tener lagunas, asegura que el catálogo del Programa de Actividades de las Conmemoraciones de 2010, editado por el gobierno federal, no destaca ninguna obra pública emblemática en el interior del país. Sólo dedica seis páginas al Parque Bicentenario, la Plaza del Centenario y la Estela de Luz, los tres en el Distrito Federal.
–¿Esto demuestra que el gobierno federal fue incapaz de organizar una celebración nacional?
–Con una claridad meridiana. Es la prueba de que la cultura está en el último lugar de sus prioridades; confirma que la Revolución sigue resultándole abominable y bastante lejana, pero también revela que estas carencias y la mediocridad son compartidas, si no por todos, por la gran mayoría de los gobiernos estatales.
Cuando en estas páginas se presentó el proyecto de Tlaxcoaque, González opinó que los dólmenes y menhires para celebrar un hecho son una de las tradiciones culturales más arraigadas y hermosas de todas las épocas en todo el planeta (Proceso 1661). Hoy dice con pesar:
“Los gobiernos estatales y el federal no han entendido el valor del símbolo, del símbolo visual urbano en este caso. Y no me refiero a símbolos obvios: el águila devorando la serpiente, por ejemplo, sino a la creación de insignias que promuevan nuestra capacidad y nuestra necesidad de significar.
“Las Torres de Ciudad Satélite son el ejemplo perfecto: Somos nosotros, cada uno de los espectadores, quienes le otorgamos el símbolo de nosotros mismos, de nuestra comunidad, nuestra cultura y nuestra época. Un gobierno que no entiende qué es el símbolo, no comprende el sentido trascendente de un momento histórico y de una sociedad. Eso es un monumento.”
Participante del certamen para el Arco, relata que los concursantes se pusieron de acuerdo con los organizadores para no hacer obligatoriamente un arco sino un diseño libre. Le agradó saber entonces que el proyecto ganador era una estela iluminada por dentro, y así lo dijo en entrevista. Sin embargo, plantea que cuando conoció la propuesta más a fondo vio similitudes “que van más allá de lo correcto” con el Faro de comercio realizado por Luis Barragán y Raúl Ferrera en Monterrey. “Y no critico la influencia, sino la influencia desmesurada”, precisa.
Considera imperdonable que no se haya respetado una de las bases centrales de la convocatoria: terminar la obra a tiempo para el festejo del Bicentenario-Centenario.
“Es de una dejadez y una irresponsabilidad, más allá de lo permisible. En este momento deberían estarse concluyendo decenas de monumentos en todo el país, desarrollando decenas de hechos culturales, estar inmersos en una dinámica, si no de fe en el país, por lo menos de esperanza. Y el Bicentenario-Centenario –lo dice así porque ambas fechas le parecen de la misma relevancia, pese a que se esté destacando más al Bicentenario– encuentra al país con el ánimo por debajo del suelo y con una falta de perspectivas, realmente para llorar”, señala.
Aunque se han presentado otros proyectos, como los del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), de gobiernos estatales o municipales, como parques u hospitales, a los cuales se da el nombre de Bicentenario, González puntualiza que el país sigue su propia dinámica y se hacen obras, pero no tienen intención emblemática:
“Es como ponerle Bicentenario a un coche (lo hizo Volkswagen); no se trata de una cuestión onomástica, ¡no! El símbolo del que carecemos y tanta falta nos hace es totalmente distinto. Ponerle Bicentenario a una carretera, a un hospital o algo por el estilo, no es más que una manera francamente torpe de llenar el hueco, pero éste sigue completito.”
Asegura que, cuando Cuauhtémoc Cárdenas y luego Rafael Tovar y de Teresa estuvieron al frente de la comisión de los festejos, vio buenos augurios, pero todo resultó una pifia:
“El gobierno está simplemente tapando los agujeros de la peor manera. Tengo casi 68 años y en el trayecto de mi vida el país nunca había estado peor, no hay duda. Se nota en todos los campos, incluido por desgracia del que venimos hablando. Tendremos que esperar otros 100 años para ver si todavía existe México, si hay la vergüenza de parte de autoridades federales y locales, y si hay un mejor estado de ánimo de parte de la nación. Ni siquiera tendremos que esperar sentados, como suele decirse, sino acostados en nuestros sepulcros.”
Idea de Estado
En el Centenario porfiriano “las obras públicas ingenieriles, arquitectónicas y escultóricas ocuparon un sitio principal”, consigna la historiadora Alicia Azuela de la Cueva en el libro Asedios a los centenarios (1910 y 1921), coordinado por Virginia Guedea. Y enumera entre las obras realizadas la Estación Sismológica Central en Tacubaya y dos sismológicos más en Oaxaca y Mazatlán; la Escuela Normal Primaria para Maestros, y el inconcluso Palacio Legislativo, convertido a la postre en el Monumento a la Revolución.
Las obras, afirma la historiadora, se asignaron principalmente a arquitectos mexicanos, pero también a extranjeros como Émile Bernard, Adamo Boari y Silvio Contri. El contexto contribuyó a la construcción de edificios privados como el Palacio de Hierro, el Palacio Boker y la joyería La Esmeralda.
Para Víctor Jiménez, exdirector de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes y actual presidente de la Fundación Juan Rulfo, el contraste entre los proyectos del Centenario y los del Bicentenario “es enorme”. Por ambición, Díaz no paró.
Dice que en su afán de eliminar la historia de bronce y desmitificar a los héroes, la derecha ha querido reescribirla para “colarnos subrepticiamente a sus ancestros ideológicos como el virrey Calleja, Maximiliano, Miramón y Mejía, o el propio Díaz en su versión menos gloriosa”. Lo ve claro en el libro Historia de México, editado por el Fondo de Cultura Económica donde, a su juicio, el capítulo de Enrique Krauze “glorifica la guerra contra el narco como una gesta heroica equivalente a la Independencia y a la Revolución. Es el discurso que quieren filtrar, y que después le hagamos una estatua a Calderón, a caballo y con la espada en alto”, apunta.
En ese contexto inscribe la falta de un programa de obra pública, y que se haya dejado como “lo único edilicio de cierta importancia a la llamada Estela de Luz”, cuyo origen le parece “un poco turbio”, por haber convocado a la construcción de un arco y terminar con una “regla muy parecida a esas reglas de plástico que se usan en la escuela”.
Igualmente considera que esta obra es “un plagio bastante evidente” del Faro de comercio de Barragán y Ferrera, “que también tiene haces de luz láser arriba... lo cual ya es un mal punto de partida”. Y como remate, añade, Lujambio brinda su “extravagante” explicación:
“Desde cuándo –ironiza Jiménez– es novedad para los arquitectos que se deben hacer cálculos para una estructura. No se puede ganar un concurso o un contrato con unos bocetos dibujados en un par de hojas carta. Se deben entregar planos, que pasaron por un calculista, que fueron sometidos a un peritaje y tienen las licencias correspondientes. Eso no es nada excepcional.”
Cuenta que “como en el medio todo se sabe” y en los corrillos de arquitectos se comentan estos asuntos extraoficialmente, llegó a sus oídos que además del “inverosímil argumento” del titular de la SEP, la construcción se retrasó por un error en la cimentación. Explica:
“La columna se erigiría en determinado punto –que él denomina A– de un triángulo formado por Paseo de la Reforma, la reja de Los Leones y la calle de Lieja, pues debajo estaba el terreno libre de cables y ductos de agua y electricidad. Esto permitiría excavar sin dificultad, pero se equivocaron e hicieron el agujero en otro punto y encontraron obstáculos que retrasarán aún más la obra.”
Añade que quiso saber más pero su informante entendió que era un tema políticamente inadecuado y prefirió guardar silencio. El punto, enfatiza, es que a la negligencia de no haber convocado con suficiente tiempo para inaugurar en la fecha debida, se sumó este posible error.
El especialista precisa que Díaz decidió hacer la Columna de la Independencia 10 años antes del Centenario. La edificación no estuvo exenta de problemas arquitectónicos: los cimientos no se colocaron adecuadamente y la obra se desplomó. Entonces demolieron todo y comenzaron de cero con una cimentación más fuerte, a cargo del ingeniero Gonzalo Garita, quien hizo también los cimientos del Palacio de Correos.
Insiste en que si el actual gobierno hubiera planeado la obra con antelación, la Estela de Luz estaría lista para inaugurarse el 16 de septiembre.
Y añade: “Porfirio Díaz tenía la experiencia de un país que no se había podido edificar en el siglo XIX por los conflictos de guerra. Fue el primer gobernante que construyó edificios institucionales en México”.
Detalla que tras consumarse la Independencia, la administración pública completa se alojó en el Palacio Nacional; estaban ahí todos los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Era el único edificio de poder civil existente en ese momento, pues los españoles no se habían preocupado por tener una administración compleja dado que el país se basaba en una economía de extracción. Precisa que cuando ya no cupieron en un solo sitio, los distintos ministerios comenzaron a ocupar inmuebles coloniales y antiguos conventos, sobre todo después de la desamortización de los bienes del clero.
Testigo insobornable
Con pesadumbre, el arquitecto Sergio Zaldívar Guerra, quien dirigió el rescate de la Catedral Metropolitana y del Palacio Nacional, resume que la falta de un programa de construcciones emblemáticas para los festejos y la postergación de la Estela de Luz “es una exhibición muy dolorosa del desorden y la incapacidad administrativa del gobierno actual. No sé cómo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia no renuncian en masa, porque debería ser el conductor de los aspectos teóricos de las celebraciones, y sin embargo no lo toman en cuenta, y no saben qué decir ni qué hacer”.
Considera que quienes han estado al frente de la organización de los festejos –Cuauhtémoc Cárdenas, Sergio Vela y Rafael Tovar y de Teresa, entre otros– no han realizado una buena labor.
“Ha sido un ferrocarril de desórdenes, un carro tras otro cada día más inconcebible y más absurdo. Obviamente no vamos a festejar, la gente no tiene idea de qué festeja y cómo festeja en este caos; en este país que da pena hasta invitar para que nos vengan a ver amigos de otra parte, porque dicen: ‘Oye, en tu país pasa esto, aquello y lo otro’.”
–¿Era importante contar con un monumento emblemático?
–Sí. Octavio Paz decía que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Y los monumentos de Porfirio son testigos de unas condiciones del positivismo y del dominio del país en las manos absolutas de un régimen irreflexivo que tuvo su mérito, como lo tienen las obras de las religiones en todo el mundo: las pirámides de Egipto o el retablo de la Catedral Metropolitana.
La historia de la arquitectura, añade Zaldívar, es eso: la historia de las condiciones socioculturales que la produjeron, en muchas ocasiones a costa de la humanidad, de la vida de obreros, de explotación y extorsión por parte del poder. Porque generalmente es patrocinada por el poder, las religiones, las iglesias y los poderes administrativos. Y ocasionalmente en armonía entre éstos y la sociedad. En el caso de las obras de Díaz “hayan beneficiado a quienes los hicieran” –se sabe que muchas fueron realizadas por su hijo Porfirio Díaz Ortega–, permanecen por su creatividad y se han ido incorporando al acervo patrimonial.
–Si la arquitectura es testigo insobornable de la historia, ¿la Estela de Luz dará cuenta del caos del que usted habla?
–Es muy alto el riego de que esto ocurra. Si resulta una chifladura va a ser el testigo del caos que estamos viviendo, del triunfo de la banalización.
Para concluir, anticipa lo que diría la placa inaugural:
“Se construyó para celebrar los 200 años de la Independencia y fue abierto al público dos años después por una pequeña inconveniencia administrativa.”
Los excluidos
Columba Vértiz de la Fuente
Escritores de diversas etnias del país no se extrañan de que los indígenas hayan sido marginados de las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución: durante cinco siglos, dicen, han sido sistemáticamente excluidos de la vida económica, política, social y cultural. Estos artistas condenan el hecho de que ahora, en un gobierno donde dicha marginación se ha acentuado porque tiene “una visión criolla” de la historia, se derrochen tantos recursos en esos festejos cuando existen millones de mexicanos en pobreza extrema…
Una vez más los pueblos indígenas son marginados: no los integraron a las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.
Pero eso “no es una novedad”, dicen reconocidos escritores de diversas etnias del país.
Natalio Hernández, ensayista y poeta nahua de Veracruz y Premio Nezahualcóyotl de Literatura 1997, expresa que “los indígenas padecen una marginación histórica, una exclusión de cinco siglos que se ha acentuado en la administración panista:
“El gobierno actual tiene una visión criolla de nuestra historia y de nuestro proyecto de nación. Por lo mismo, yo no veo en los actos conmemorativos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana la participación sustantiva de los pueblos originarios de nuestro país, en tanto que constituyen las raíces primigenias de la nación que hoy tenemos.”
Tampoco se sorprende de esa supresión Feliciano Sánchez Chan, poeta en lengua maya de Yucatán, “porque a este sector siempre se le margina en todo, no sólo en las conmemoraciones”.
El zapoteco Javier Castellanos, Premio Nezahualcóyotl 2002, exclama:
“¡Uf, de qué no han sido marginados los indígenas…!”
Por su parte, el presidente del consejo directivo de Escritores en Lenguas Indígenas, A.C. (ELIAC), Martín Rodríguez Arellano, protesta:
“Sólo nos toman en cuenta para la foto, las elecciones y el folclor.”
Sin embargo, la relegación de los indígenas no le inquieta porque “no es la fiesta o conmemoración de los pueblos nativos del país”.
Explica: “El Bicentenario no significa gran cosa para los indígenas, no es su fiesta, porque la Independencia del país no benefició a las personas originarias de México. Se creó un Estado ‘independiente’, pero los que se quedaron con el poder fueron los criollos. Hubo una ley y un Estado para todos, y los indígenas debían olvidarse de su lengua, cultura, en fin… los consideraban un estorbo para la unificación, digamos, de un México imaginario”.
Se une a la discusión José Antonio Martínez Escamilla, poeta mazahua en lengua náhuatl:
“Aquí los hablantes de una lengua indígena no son considerados porque el poder económico y político predomina. Por ejemplo, en los medios de comunicación predominantes y masivos no encontramos presencia de las lenguas indígenas ni de los indígenas, y en los casos en que se incluyen ocupan un lugar subordinado.”
Salta a la vista el enojo de Briceida Cuevas Cob, poetisa maya de Tepakán, Calkiní, Campeche, al manifestar que “el actual gobierno no atiende con seriedad, dentro de su proyecto de nación, el asunto indígena”.
Además, especifica, “no ha habido un recuento sobre las condiciones en que se encuentra la población indígena” ni se define “qué se debe realizar para que dispongamos de los mismos espacios y las mismas condiciones para acceder a las oportunidades que posee el resto de la población mexicana. Esto es visible”.
No obstante, para Javier López Sánchez, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), no hay tal marginación, pues según él habrá 10 programas de televisión titulados Discutamos México, somos indígenas, donde se invitará a discutir a indígenas del norte, centro y sur del país para que expongan el punto de vista de sus pueblos originarios en el marco del Bicentenario y Centenario.
Esos episodios forman parte del proyecto televisivo Discutamos México que anunció Felipe Calderón el pasado mes de enero, el cual se inició en Once TV México y recorre las televisoras del país. Entonces, el doctor Miguel León-Portilla propuso ante Calderón un programa “del indio vivo” (Proceso 1734).
También López Sánchez argumenta que el Inali contribuye con la traducción a lenguajes indígenas de las Constituciones. “Tenemos, por ejemplo, 13 traducciones en 13 variantes de cinco familias lingüísticas”.
Agrega que dicha institución colabora con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Fiesta, música y canto de los pueblos indígenas programado primero para el Museo Nacional de Antropología y luego para Oaxaca, Veracruz y Yucatán.
López Sánchez anuncia que el instituto que representa organiza para noviembre un semanario internacional con la intención de que participen mujeres y hombres indígenas de todo el país para hablar de su situación.
Se le comenta que todo puede quedar, como siempre, sólo en el discurso, y ataja:
“Nuestro interés justamente es que todo se vaya aterrizado en la vida pública; de lo contrario, seguiríamos hablando de un México imaginario, y un México real es un México diverso cultural y lingüísticamente.”
Sin embargo, observa que en materia de lenguas indígenas “faltan muchas acciones de llevar a cabo”.
Pero celebra que en la Constitución se hayan reconocido las lenguas de las etnias como lenguas nacionales. Y acepta que los indígenas siguen siendo considerados “sujetos de interés público y no sujetos de derecho público. Es un gran pendiente de la agenda nacional”.
Un largo martirio
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), instancia que sustituyó al Instituto Nacional Indigenista (INI) en 2003, considera que existen en México alrededor de 12 millones de personas pertenecientes a 62 etnias que, según el Inali, hablan 68 lenguas con 364 variantes.
Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado con mayor población indígena es Oaxaca, aunque una alta proporción de ella ha emigrado, mientras que Yucatán es la entidad que conserva el mayor número de indígenas viviendo en su territorio.
De acuerdo con fray Bartolomé de las Casas, poco después de la conquista de México se consideraba a los indígenas como súbditos de la corona, y se introdujeron formas de explotación para su evangelización a cambio de trabajo, lo que repercutió negativamente en sus condiciones de vida. Los conquistadores, dice, cometieron hechos tan “espantables” que no podía “bastar lengua ni noticia e industria humana para describirlos”.
Los naturales no aceptaron la autoridad de la Nueva España ni el predominio blanco y mestizo sobre sus tierras. Entonces emprendieron numerosas rebeliones: mixes (1570), zapotecos (1660, 1770), rarámuris (1690, 1698), mayas (1712, 1761), yaquis (1740, 1767), en fin… pero todas fueron sometidas de forma sangrienta.
Varios historiadores, como Bárbara Cifuentes, han subrayado que la participación indígena fue importante en la lucha por la Independencia de la nación, pero no se tradujo en grandes cambios para la mayoría de la gente nativa. Existieron a partir de entonces otras rebeliones indígenas contra continuas expropiaciones y la explotación por parte de blancos y mestizos: yaquis (1825-1897), zapotecos (1839-1853), nahuas de Guerrero (1842-1846), huastecos (1879-1882), y estalló la llamada Guerra de Castas, cuando los mayas crearon un Estado independiente en Yucatán. Hubo también por parte de los gobiernos una represión brutal contra todos, e incluso deportaciones masivas, como la de yaquis a Yucatán, y ventas de mayas como esclavos a Cuba.
Y aunque en el mismo siglo XIX llegó un indígena zapoteco, Benito Juárez, a ocupar la Presidencia del país, en seguida apareció también un mestizo mixteco-criollo, Porfirio Díaz, quien aplicó una política represora contra los nativos, como la ya mencionada de los yaquis en 1897 que, en la película El atentado, es ahora recordada por el director Jorge Fons.
En el siglo XX, los pueblos naturales intervinieron en la Revolución solicitando tierras y mejores condiciones de vida, y no obstante la reforma agraria y la creación de ejidos continuaron la marginación y la pobreza.
Cabe recordar que Emiliano Zapata logró que lucharan bajo el lema: “La tierra es de quien la trabaja”, aunque la historiadora y crítica de arte Raquel Tibol precisó en este semanario que el Plan de Ayala fue rubricado con la frase: “Libertad, justicia y ley”.
Para los escritores indígenas entrevistados por Proceso, después de la Revolución tampoco hubo tierra y libertad porque quienes asumieron el poder después del asesinato de Zapata también se olvidaron de los indígenas.
Hacia 1994 surgió otra lucha, la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encabezada por el subcomandante Marcos. Pero los gobiernos no han respetado los acuerdos de San Andrés Larráinzar: Derechos y cultura indígena, Democracia y justicia, Bienestar y desarrollo, Conciliación en Chiapas y Derechos de la mujer en Chiapas.
“Los indios y nuestros pueblos seguimos sumidos en la pobreza”, manifiesta Irma Pineda, licenciada en comunicación y poetisa de Juchitán, Oaxaca.
“Aún no tenemos acceso a alimentación digna, a educación, ni siquiera a los sueños, porque la realidad nos abofetea con demasiado dolor.
“Oaxaca es un estado con varias culturas indígenas y una de las entidades más pobres del país, con comunidades adonde no llegan alimentos ni maestros, porque los caminos son imposibles: ¿Creen que así podemos celebrar algo? ¿Creen que así podemos hacer una fiesta por una ‘nación’ que nos sigue marginando de las políticas públicas? ¿Qué carajos podemos celebrar cuando nos seguimos muriendo de hambre? ¿Qué fiesta podemos hacer cuando la miseria nos obliga a migrar y a ser asesinados en la frontera? ¿Cómo sentirnos parte de una ‘nación’ que nos sigue discriminado por el color de piel, por hablar una lengua diferente, por mirar el mundo de modo distinto?”
Aunque destaca que en los últimos años se han realizado reformas constitucionales (a los artículos 2 y 4 ) y que existe ahora la Ley General de los Derechos Lingüísticos de Pueblos y Comunidades Indígenas, así como la CDI o el Inali, para ella todo eso ha sido resultado de la lucha indígena más reciente –expresada en forma de guerrilla desde la década de los 70, del tipo de la COCEI en Oaxaca y del EZLN en Chiapas–, “y no de beneficios otorgados por la Independencia o la Revolución”.
La situación actual
El mixteco Carlos España, Premio Nezahualcóyotl de Literatura 2000, arremete:
“Según los datos oficiales, somos los más marginados en todos los sentidos: política, social, educativamente. Por supuesto que no hay nada que celebrar. ¿Podemos celebrar el desempleo, la delincuencia, el autoritarismo, la corrupción y la marginalidad social lacerante y ascendente?”
Es mucha la preocupación de Juan Álvarez Pérez, poeta tzeltal, por la educación:
“En Chiapas la educación ha sido muy pobre. Las escuelas no son dignas: son techitos con troncos. Lo que se gasta en los festejos del Bicentenario debería ser para la educación del pueblo y se deberían atender sobre todo las provincias más marginadas, de las cuales hay bastantes en Chiapas. Faltan libros para los niños aquí. Es un problema terrible.”
Con más enojo, Feliciano Sánchez Chan manifiesta que “no ha mejorado mucho la situación de nuestros pueblos, a pesar de que existen más y mejores leyes. Son letra muerta”.
Armando Sánchez Gómez, también autor tzeltal, subraya:
“Respecto al desarrollo social, en las comunidades tzeltales o tzotziles de los Altos y la Selva de Chiapas hacen falta las carreteras pavimentadas. Sólo en las ciudades se enfoca la visión de Felipe Calderón. Además, son muy pocas las instalaciones de agua entubada, y las comunidades beben agua del pozo o de la lluvia, y los pocos centros de salud permanecen sin doctor ni medicina.”
Así ve Natalio Hernández los festejos del Bicentenario y Centenario:
“Me parece que son actos de lucimiento y de derroche de recursos. Creo que hay que apostarle más a proyectos educativos y culturales, como se hizo a principios del siglo pasado, después de la Revolución Mexicana, cuyos resultados hoy seguimos disfrutando, a través de la música, la pintura y la literatura.
“Sobre todo, la conmemoración del Bicentenario y Centenario debe significar un momento de reflexión y de apoyo amplio con recursos para la reconstrucción de los pueblos de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que han tenido pérdidas cuantiosas como consecuencia de las inundaciones.”
Otro poeta tzeltal, Joseías López Gómez, es más crudo:
“No hay trabajo para los jóvenes. Crean universidades tras universidades, pero, ¿de qué sirve el título si no se encuentra dónde ejercer la profesión? ¿De qué sirve trabajar si finalmente sólo exprimen nuestra última gota de sangre para beneficiarse unos cuantos? No hay nada qué hacer para una vida digna.
“He visto muchos jóvenes indígenas que se encuentran desesperados tocando puerta tras puerta para un empleo, pero no hay. Además, ya no hay más tierras para trabajar; por eso es fácil que caigan en manos de la delincuencia, que finalmente viene a provocar problemas en cada una de las comunidades.”
Martínez Escamilla coincide con el poeta Natalio Hernández en que los festejos son un despilfarro “cuando existen millones de mexicanos en extrema pobreza”, cuando se vive “una agudización de la problemática social”, y cuando “el narcotráfico amenaza la seguridad nacional”.
Acerca de Se vende isla barata
Del gobierno de Baja California Sur
Señor director:
En relación con el reportaje que el pasado 5 de septiembre publicó Proceso 1766 bajo el título Se vende isla barata, firmada por el reportero Jorge Carrasco Araizaga, el gobierno del estado de Baja California Sur considera necesario hacer las siguientes precisiones:
Es falso que el gobernador ingeniero Narciso Agúndez Montaño impulse la venta de Punta Belcher, ubicada en el Pacífico, del municipio de Comondú. Falso es también que la gestión del gobernador Agúndez se caracterice por el desenfrenado impulso de desarrollos turísticos y la quiebra de los cinco municipios del estado. (Esto también se consigna tal cual en el mismo reportaje.)
El gobierno del estado desconoce si en la actualidad existe intención de vender Punta Belcher por parte del H. XIII Ayuntamiento de Comondú. Este es un tema del que existe referencia aquí hace 15 años, cuando a finales de 1995 el H. VIII Ayuntamiento –de extracción panista– negoció la venta de esa isla con la empresa Protex, S.A. de C.V., sin que se concretara la operación.
Consideramos improcedente que se atribuya al gobierno del estado la crisis que enfrentan los cinco gobiernos municipales, porque éstos han recibido de manera puntual los recursos correspondientes a participaciones. La administración estatal enfrenta serias dificultades financieras, pero ha realizado importantes inversiones en los cinco municipios para que los gobiernos locales destinen sus limitados recursos al pago de nómina, gasto corriente y prestación de servicios públicos.
En lo referente a lo que el reportero llama desenfrenado impulso de desarrollos turísticos, habrá que recordar que el turismo es la principal actividad productiva en Baja California Sur, seguido de la pesca. El tipo de suelo y la falta de agua limitan cualquier otra actividad, y la ubicación geográfica alejada de los grandes mercados hace inviables giros como el industrial. De acuerdo con la Sectur, de cada 10 empleos que genera la iniciativa privada en la región, seis son generados por el turismo.
Debemos recordar que el gobernador Agúndez se opuso al desarrollo del proyecto minero Paredones Amarillos y pidió a la Semarnat no otorgar permiso alguno a la empresa promovente de capital externo, una vez que instituciones científicas y de investigación comprobaron que el proyecto ocasionaría graves daños al ecosistema.
Y en el caso del proyecto Cabo Verde, al cual se hace referencia en las dos últimas ediciones de Proceso, la posición del gobernador Agúndez ha sido en contra de su cancelación, pero ha planteado revisar su impacto en el medio ambiente con el apoyo de instituciones ampliamente reconocidas, como el Cibnor y la UABCS, para que la empresa lleve a cabo las adecuaciones necesarias y garantice la nula afectación del entorno.
Atentamente
Antonio Alcántar López
Director de Comunicación Social del
Gobierno del Estado de Baja California Sur
Respuesta del reportero
Señor director:
Para la elaboración del reportaje, el gobierno de Baja California Sur fue requerido en varias ocasiones sin que hubiera respuesta. Ahora niega pero no demuestra. Evade.
Dice ignorar si Punta Belcher está en venta cuando es uno de los asuntos de la agenda pública del estado. Tan lo es que apenas en marzo pasado debió informar al gobierno federal sobre su situación.
Como se publicó, el empresario Luis Ray-mundo Cano Hernández confirmó que en la anterior y en la actual administración estatal fue invitado para adquirirla.
En el segundo intento de venta, el argumento es la quiebra de Comondú, que el reportaje no atribuye al gobierno del estado, como tampoco la de los otros cuatro municipios. Al respecto, el texto sólo dice que la gestión del gobierno de Narciso Agúndez “se ha caracterizado” por “la quiebra de los cinco municipios”, que no es lo mismo.
Tampoco se cuestiona la vocación turística de Baja California Sur. Lo que se expuso fue la oposición que existe en la entidad por las consecuencias sociales y ecológicas de la eventual venta de Punta Belcher.
Atentamente
Jorge Carrasco Araizaga
Sobre el Bicentenario y Centenario
“Para los panistas, México es un país de estampitas”
Señor director:
Con lo anunciado por la administración federal para celebrar el Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia no veo nada que realmente dignifique la conmemoración.
Mucho ruido y pocas nueces. Seguimos sin un proyecto de nación. Nuestro futuro cultural y de previsión educativa, técnica y científica está descartado o resulta muy incierto. La colección de estampitas denominada Viaje por la Historia de México y enviada a nuestros hogares no llena ninguna expectativa. “Buscar e investigar las piezas que faltan”, entre estampas, quedará como un buen deseo del presidente Felipe Calderón.
Indagando entre familiares, amigos y conocidos supe que sólo 2% de los consultados leyó el álbum. Entre los interrogados había profesionistas y gente sin educación universitaria. Al preguntar a una persona por qué no había leído o no leería el libro, la respuesta más frecuente fue: “no me interesa” –esto, sobre todo entre profesionistas–, pero hubo muchos que dijeron: “no tengo hábito de lectura”, “la letra es ilegible”, “no me llegó”, “no sé dónde quedó”, “no tengo ganas” y hasta “¿pa´qué?”…
Me pregunto cuánto costó la producción y distribución de un libro que tuvo un tiraje superior a los 25 millones de ejemplares. Con ese dinero, ¿no habría sido mejor pagar a un equipo de verdaderos especialistas para elaborar –por ejemplo– el proyecto educativo que le falta al país desde hace muchísimos años?
Quienes nos gobiernan no tienen visión de Estado, lo sabíamos; pero lo que ignorábamos de los panistas es que, para ellos, somos un “país de estampitas”. De suerte no nos han hecho llegar estampitas religiosas. Pero lo que ya nos hicieron llegar es un país descrito por una ecuación de muy difícil solución. (Carta resumida.)
Atentamente
Alfonso Huanosta Tera
Godoy, Calderón y sus familias michoacanas
Miguel Ángel Granados Chapa
Julio César Godoy Toscano fue elegido diputado federal en ausencia el 2 de julio de 2009. Se había librado en su contra orden de aprehensión el 16 de junio anterior, para eludir la cual no se presentó al cierre de campaña ni acudió a las urnas del puerto de Lázaro Cárdenas, cuyo alcalde con licencia era. Pero los votantes le dieron su representación.
Acusado de ser parte de la estructura de La Familia michoacana –la banda local con alcances cada vez mayores fuera de la entidad–, Godoy Toscano perdió su lucha por rendir protesta como legislador, pero ha triunfado en el resto de los recursos legales que sus defensores han presentado ante la justicia de amparo. Ganó la protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión, y en ese mismo tenor ha vencido en dos ocasiones más al Ministerio Público Federal, como lo ha hecho otras tres veces ante los tribunales de segunda instancia.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República insiste en ponerlo en la sombra. En la última semana de agosto y la primera de septiembre ha buscado inútilmente, en tres juzgados federales distintos, nuevas órdenes de aprehensión que en todos los casos han sido negadas por los jueces, ante la insuficiencia de indicios. No es casual que así ocurra, porque la persecución de Godoy Toscano ha sido planteada como parte de la embestida del Ministerio Público Federal contra decenas de alcaldes y funcionarios estatales y municipales del estado de Michoacán, iniciada a finales de mayo de 2009, que ha resultado un colosal fracaso: casi todos los detenidos en operaciones escandalosas y peligrosas (agentes federales encapuchados y con armas largas detuvieron a personas con mando de fuerza pública que, creyéndose víctimas de un asalto delictuoso, pudieron haberla utilizado en su defensa) han salido libres, por la precariedad de las acusaciones ministeriales.
Godoy Toscano es hermano de Leonel Godoy Rangel, quien resintió aquella magna maniobra, incluida la persecución contra su hermano, como una agresión política federal. Por su papel en la vida michoacana, se ha abstenido de promover jurídica y políticamente la exoneración de su hermano, que resulta víctima indirecta de la agria relación entre el gobernador y el presidente.
Por ello, ha correspondido a dos hermanas del diputado electo pero no en ejercicio dar a conocer la situación de Julio César, que ellas –Xóchitl y Guadalupe Godoy Toscano– calificaron de “acoso”, y añadieron que “casi cada tercer día” se ha buscado el mandamiento judicial que permita a la PGR procesar a su hermano. Hasta ahora la acusación ha fallado porque es artificial. Por ejemplo, se pretende probar la relación del exalcalde de Lázaro Cárdenas mediante el testimonio de agentes federales que vieron a una persona con las características de Godoy Toscano subir a un vehículo al que también entró una persona identificada como miembro de una banda. El testimonio incluye la descripción de la camioneta, su color y el número de su placa. Guadalupe Godoy explica, sin embargo, que “la camioneta sí era propiedad de Julio César, pero le había sido robada no días antes, sino años antes”, según consta en la denuncia respectiva.
Agrega que para detener a los presidentes municipales y funcionarios privados de su libertad el 26 de mayo se utilizó una especie de nómina presuntamente incautada a una banda de hampones. En ella no figuraba el nombre de Godoy Toscano, que se añadió a la lista semanas después, para justificar la acusación, fallida hasta ahora como ha ocurrido con la de casi todas las víctimas del “michoacanazo”, como se identificó a esta maniobra que, emprendida en vísperas electorales, parece haber sido diseñada con fines políticos. Un testigo que ya había declarado, en abril, respecto de los alcaldes detenidos, fue convocado de nuevo en junio para apuntalar el señalamiento contra Godoy Toscano. Pero era un testigo de oídas: “me platicaron”, “me dijeron”, es su modo de referir los hechos que se supone atestiguó.
Las hermanas Godoy Toscano denunciaron también en entrevista periodística que “agentes federales catearon la casa de su madre, de 76 años de edad, y de un hermano con parálisis cerebral”. (Reforma, 8 de septiembre.)
La conmovedora solidaridad fraterna de Xóchitl y Guadalupe respecto de Julio César es una forma de relación familiar en un grupo atribulado. Una forma distinta se observa en el seno de la familia Calderón Hinojosa.
La madre de Felipe de Jesús, presidente de la República, doña Carmen, y sus hermanos Luisa María de Guadalupe y Juan Luis, viven en Morelia. Como secretaria de Elecciones del Comité Estatal, y actuando en los hechos como coordinadora de las delegaciones federales, la hermana mayor de Felipe viaja por todo el estado y participa en lo que algunos de sus adversarios juzgan actos anticipados de campaña, con miras a los comicios del año próximo en que se elegirá a quien suceda al gobernador Godoy Rangel. El propio Ejecutivo local ha reprochado al hermano menor de Cocoa, como se la llama en familia, ese activismo que, en su opinión, estorba la relación entre los dos órdenes de gobierno.
Mientras llega el momento en que declare si aspira o no a la candidatura, la exsenadora se convirtió hace unos días en virtual organizadora del proceso interno, al menos en lo que respecta a quienes intervendrán en él. Definió que el elenco de los aspirantes, en el cual no se incluyó, está formado por los senadores José González Morfín (recién nombrado coordinador de su bancada en Xicoténcatl) y Marko Antonio Cortés Mendoza (el único de los listados distante del círculo proximísimo al presidente); los secretarios de Estado Salvador Vega Casillas (Función Pública) y Juan Rafael Elvira (Medio Ambiente), y los dirigentes del PAN Germán Martínez y César Nava.
La exdiputada federal, nacida en el Distrito Federal según su biografía oficial y establecida en Morelia hace menos de tres años (después de vivir en Barcelona durante 2007), reivindica su autonomía y el derecho que tiene, aunque no ha declarado si lo ejercerá o no, a ser la candidata de su partido, como en 1995 lo fue su hermano menor, él sí michoacano de nacimiento.
Tiene razón en reivindicar su autonomía respecto de su hermano que, como recordó ante Reporte Digital –una revista informática local–, era aún estudiante de derecho cuando ella ocupaba ya una curul en la legislatura michoacana (de
Como integrante de la bancada panista senatorial entre 2000 y 2006, su independencia se manifestó indudablemente cuando presentó una iniciativa para impedir el tráfico de influencias de los legisladores que al mismo tiempo realizaban tareas profesionales en la abogacía. El proyecto era un traje a la medida de Diego Fernández de Cevallos, quien coordinaba la fracción a la que pertenecía la promovente. Acaso por ello la iniciativa no tuvo curso, pero la denuncia de un comportamiento contrario a la ética –diputados y senadores litigando contra el Estado del que forman parte–, más que el antagonismo con una persona, la retrató cabalmente como propugnadora del bien común.
En la coyuntura michoacana, Luisa María Calderón enfrenta un riesgo semejante al que tocó para su infortunio al senador Fernando Elizondo en Nuevo León, el año pasado. Era, con mucho, el mejor entre los aspirantes y era indudable que los militantes panistas lo elegirían candidato. Pero el presidente quiso tomar para sí esa decisión, y la misma afectó para mal, dentro del PAN, a Elizondo, que no contó con el apoyo unánime de su partido, lo cual fue uno de los factores que lo condujeron a la derrota.
Resulta así que la aspirante michoacana tiene, paradójicamente, un hermano incómodo, que puede dañar la unidad del partido en su tierra si pretende imponer a quien naturalmente resultaría candidata, aunque también encara el riesgo de que desde Los Pinos se pida a la exsenadora dejar su lugar a alguno de los favoritos de la Presidencia, como Martínez, Nava o Vega. l
Empresarios, al banquillo
john m. ackerman
“Un empresario que se colude para elevar los precios no es otra cosa que un criminal común. No merece ningún trato especial y debe ir directo a la cárcel”, aseveró Joe Philips, quien fungió como director de la división de Competencia Económica de la OCDE en París por casi tres décadas. “Cuando las empresas tienen una vida tranquila –continuó Philips–, cuando no existe una competencia vigorosa, invierten menos, innovan menos y ven reducida de manera significativa su productividad. Este es el problema principal con la economía mexicana hoy”.
Por su parte, Juan Rodríguez, abogado litigante de la división Anti-monopolios del Departamento de Justicia de Estados Unidos –instancia que en los últimos años ha enviado a docenas de empresarios a la cárcel por periodos hasta de cinco años–, declaró: “Lo que buscamos es que los empresarios que incurran en prácticas monopólicas se llenen de pavor”.
Ambos expertos participaron en un seminario de análisis de las posibles modificaciones a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) organizado por el doctor Jorge Witker en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hace unos días. Las conclusiones del seminario son contundentes: Es impostergable aplicar medidas drásticas que auspicien una verdadera economía de mercado en el país, para que los mercados dejen de estar controlados por unos cuantos empresarios que actúan en contra del interés público.
Actualmente, la LFCE y el artículo 28 constitucional son casi letra muerta. La inexistencia de sanciones fuertes y la limitación tanto de las facultades como de la autonomía de la Comisión Federal de Competencia (CFC) han generado una situación en la que, de acuerdo con estimaciones de la misma Presidencia de la República, 42% del ingreso de las familias más pobres se destina a la compra de bienes de consumo básico con un acentuado sobreprecio.
Al respecto, el diputado federal Mario di Costanzo presentó una iniciativa que denominó Ley de Precios Competitivos. En la exposición de motivos revela que en México pagamos 223% más que en Estados Unidos por cemento, 230% más por servicios de telefonía fija, 150% más por concepto de intereses en tarjetas de crédito y créditos bancarios, así como comisiones bancarias inusitadamente caras para los estándares internacionales. También existen serios problemas de competencia para los productos más básicos, como la leche, el huevo, la tortilla y el pan.
Al mismo tiempo, en México ningún empresario ha pisado la cárcel, o siquiera se ha visto sujeto a un proceso penal, por prácticas monopólicas. Eso sí, nuestras prisiones están llenas de gente pobre cuyo único delito en muchos casos ha sido el robo de un artículo menor de alguna de las tiendas propiedad de los barones del dinero de la economía mexicana.
Los grandes empresarios del país también afectan el patrimonio de todos al utilizar paraísos y exenciones fiscales para evadir el pago de impuestos. Esta impunidad generalizada crea una situación sumamente propicia para el lavado de dinero. Si algún día la autoridad realmente revisa a fondo las cuentas bancarias del país, sin duda encontrará que los flujos financieros del crimen organizado no son los únicos con dudosa legalidad. Felipe Calderón tardó cuatro años en empezar a tomar algunas medidas simbólicas en contra de las redes financieras de la delincuencia organizada, precisamente porque un mayor control financiero afecta directamente los intereses de las grandes empresas monopólicas del país.
En este contexto, la iniciativa de reformas en materia de competencia económica que presentó Calderón en abril pasado, y que fue aprobada con una velocidad inusitada y casi en sus términos iniciales por la Cámara de Diputados el pasado 29 de abril, resulta a todas luces insuficiente y engañosa. Es cierto que el dictamen aprobado eleva las sanciones monetarias y penales para los que incurren en prácticas monopólicas. También amplia las facultades de investigación de la CFC y le permite dictar medidas cautelares.
Sin embargo, la nueva fórmula para calcular las sanciones monetarias todavía asegura que los montos sean mucho menores que el beneficio generado por la práctica monopólica correspondiente. Asimismo, la aplicación de alguna sanción penal dependerá de un pronunciamiento previo sobre el caso por parte de la CFC, además de una acción enérgica e independiente de la PGR, algo muy poco probable en nuestro país. El empresario delincuente también podrá evitar la cárcel fácilmente al acogerse a un programa de “amnistía”.
La reforma de los diputados tampoco avanza con respecto al tema de la autonomía de la CFC. Ni siquiera plantea una conversión de la CFC de “órgano desconcentrado”, dependiente directamente de la Secretaría de Economía, a un “órgano descentralizado no sectorizado”, que estaría libre del control directo de algún secretario de Estado.
Pero quizás el elemento más grave de lo aprobado sea el abierto ataque a la autoridad de la CFC. La nueva fracción XIV bis del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa convertiría a este tribunal en revisor de todas las decisiones de la Comisión. Esta reforma va directamente en contra de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al instalar una doble revisión en el ámbito administrativo, algo que no existe en ninguna otra jurisdicción del mundo. Ello permitirá que un grupo de jueces administrativos sin conocimiento o preparación alguna en la materia revoquen las decisiones altamente especializadas de la CFC. En ese caso, la CFC no tendrá forma alguna de defender sus resoluciones ya que no podrá ampararse contra el fallo del tribunal.
La reforma aprobada por los diputados contiene más defectos que beneficios. Esperemos que la Cámara de Senadores no permita este engaño y ahora sí haga un esfuerzo legislativo serio por construir un verdadero régimen de competencia en el país. l
www.johnackerman.blogspot.com
Los fideicomisos
Ernesto Villanueva
El informe del ejercicio del gasto público que envía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados reproduce la gran discrecionalidad con la que se manejan los fideicomisos y nos recuerda la imperiosa necesidad de proceder a regular exhaustivamente esta forma de ejercer el presupuesto federal. Veamos.
Primero. El grupo temático más amplio de los fideicomisos al 30 de julio del presente año corresponde al rubro de pensiones (31.6%), el cual tiene una disponibilidad de 123 mil 231.4 millones de pesos para mandos superiores o equivalentes de organismos descentralizados, entre ellos varios bancos estatales en proceso de extinción, como Banrural, Banobras y Bancomext. Por el contrario, el fideicomiso creado en 2008 para el pago de “beneficios” a los deudos de militares caídos en la lucha contra el crimen organizado asciende a 232 millones de pesos. Así, hasta la fecha indicada se habían pagado 72 “beneficios” por 180 mil pesos cada uno. Prácticamente la vida de un oficial militar equivale a dos meses promedio de un pensionado de Banobras. Asimismo, el Instituto Mexicano del Petróleo, una pequeñísima entidad paraestatal, tiene, por ejemplo, un fideicomiso para pensiones con una disponibilidad de 611 millones de pesos. Ello pone de relieve la poca importancia que, comparativamente, el gobierno de Calderón da a la vida de los militares y a sus familias.
En el colmo del absurdo, el gobierno de Calderón destina mayores recursos para “apoyos financieros” a los empresarios que a la seguridad económica de las familias de los militares, toda vez que, por ejemplo, a la fecha el fideicomiso de fomento industrial dispone de 258 millones 692 mil pesos destinados a las pequeñas y medianas empresas, para el impulso de las cuales el gobierno federal funge como aval en la contratación de los créditos que requieren.
Segundo. Llama la atención cómo se busca financiar a las empresas privadas para que realicen proyectos que, en todo caso, debería emprender el gobierno federal mediante sus múltiples dependencias y entidades. En esa lógica se inscribe el fideicomiso privado “Gonzalo Río Arronte y Fomento Social Banamex”, el cual tiene una disponibilidad de 48 millones de pesos bajo el concepto de “subsidios y apoyos” destinados a “lograr mejores condiciones de salud de los escolares, con énfasis en los grupos indígenas, rurales y urbanos de bajos recursos”. En otras palabras, esto se ha convertido en un negocio redondo para los grandes empresarios, habida cuenta que, por un lado, reciben dinero del erario para actividades sociales y, por el otro, ese mismo dinero lo deducen del pago de impuestos.
Y es que el gobierno mexicano es en verdad generoso. Tiene un fideicomiso con el que, bajo el rubro “apoyos financieros”, se otorgaron mil 229 millones de pesos a la Fundación Rockefeller, Fomento cultural Banamex, para “apoyar intercambios culturales”. De acuerdo con los datos oficiales, una vez ejercidos tales recursos, se encuentra en proceso de extinción el fideicomiso referido. También se ha creado un fideicomiso para “recompensas” con una disponibilidad de mil 500 millones de pesos. De allí se pagaron, este año, dos recompensas por información “valiosa” para detener a presuntos responsables de la comisión de delitos federales. En el rubro de donativos, el gobierno de Calderón es congruente con su política de repartir dinero entre quienes no lo necesitan. Así se explica cómo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó un donativo a TV Azteca, para la campaña “Limpiemos nuestro México”, por 4 millones 800 mil pesos.
Tercero. Es necesario reiterar lo que he señalado en estas páginas sobre la fiscalización y vigilancia del gasto público. La creación de fideicomisos e instrumentos análogos sigue siendo una salida hacia la opacidad que incentiva la corrupción y la impunidad. Hay que eliminar el secreto fiduciario cuando se trate de fideicomisos públicos. Lo mismo habría que señalar por lo que hace a los donativos. Deben establecerse reglas de operación racionales y con el concurso de la sociedad para evitar que el mundo de lo absurdo siga gozando de cabal salud. Es indispensable ampliar las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación; es preciso incrementar el presupuesto etiquetado para labores de auditoría y, por supuesto, brindar las garantías jurídicas para que en el desempeño de su labor los servidores públicos de la Auditoría Superior no estén sujetos a presiones políticas, que suelen inhibir acciones de largo aliento.
En los estados de la federación se impone igualmente hacer una cirugía mayor en el diseño institucional, pues en buena parte de ellos la opacidad, la colusión, la corrupción y la impunidad son la regla general. Rafael Moreno Valle, en Puebla; Gabino Cué, en Oaxaca, y Mario López Valdés, en Sinaloa, tienen la oportunidad de desmontar las bases de la simulación, acción indispensable para iniciar la construcción de un régimen democrático. Veremos. l
evillanueva99@yahoo.com
La transición a la TV digital
jesús cantú
El decreto emitido por Felipe Calderón para reducir en seis años el periodo de transición de la televisión analógica a la digital no garantiza que los beneficios de dicho proceso se traduzcan en una mayor diversidad en la propiedad de los medios de comunicación, y mucho menos en una mayor pluralidad en la oferta de contenidos televisivos para favorecer el derecho fundamental de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones.
La transición de lo analógico a lo digital con el protocolo seleccionado en México, de acuerdo con Raúl Trejo Delarbre, permite que en el espacio que hoy ocupa una frecuencia analógica se puedan transmitir las señales de “dos canales de alta definición, seis canales digitales con buena calidad de imagen, o uno de alta definición y tres digitales que no sean de alta definición”.
Esta es una de las principales ventajas del cambio a lo digital, pues debe conducir a la liberación de espectro para permitir el ingreso de nuevos prestadores de servicios; sin embargo, para garantizar al menos la diversificación de la propiedad, eso debe establecerse explícitamente en los decretos y/o la legislación respectivos, pues de lo contrario lo único que sucederá es que los actuales operadores serán los principales beneficiados, ya que podrán disponer –eventualmente a cambio de una contraprestación económica– del espectro liberado.
Esto significa que, en el espacio que hoy tiene asignado Televisa para transmitir la señal de sus cuatro cadenas nacionales, si no se dieran restricciones explícitas previas podría optar por televisar ocho cadenas de alta definición; 24 digitales, aunque no de alta definición; 4 de alta definición y 12 digitales adicionales; 6 de alta definición y 6 digitales, entre otras combinaciones. En el mismo caso se encontraría TV Azteca, con sus dos cadenas nacionales. Además, el duopolio televisivo también tendría la opción de agregar a las combinaciones de oferta televisiva la prestación de otros servicios alternativos: transmisión de datos, audio y/o video, en el espacio liberado o, al menos, en parte del mismo.
Si bien es cierto que los dos decretos –el emitido por Vicente Fox el 2 de julio de 2004, y el expedido por Calderón el 2 de septiembre de este año– establecen que los actuales concesionarios únicamente pueden utilizar el llamado canal espejo (frecuencia adicional que la SCT asignó a quienes así lo han solicitado con el fin de transmitir señal digital) para reproducir exactamente los mismos contenidos que hoy transmiten en su versión analógica, TV Azteca ya utiliza el espacio adicional para ofrecer un servicio de televisión restringida, y aunque tanto la Comisión Federal de Telecomunicaciones como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consideraron que dicha acción viola el título de concesión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, la televisora continúa prestando dicho servicio, mientras se resuelve el litigio en las instancias judiciales.
Por ello es urgente adoptar las medidas necesarias para hacer realidad la promesa de Calderón: “Esta transición hará posible la participación de un mayor número de proveedores de señal de televisión…”. Tal como hoy está planteada, puede garantizar que haya más cadenas o canales de televisión, pero no necesariamente más proveedores, pues los actuales concesionarios estarían en condiciones de acaparar también las nuevas señales y servicios.
Incluso la presencia de nuevos proveedores no garantiza que los consumidores tengan mayor libertad de elección, pues si los nuevos prestadores de servicios son las mismas empresas que dominan los mercados nacionales y mundiales de medios de comunicación y telecomunicaciones, en realidad no habría diferencias significativas ni verdaderas alternativas.
Y, como bien señala el Parlamento Europeo, la diversidad en la propiedad de los medios de comunicación y la competencia entre operadores no es suficiente para garantizar un pluralismo de contenidos, pues éste se ve cancelado por la creciente concentración de los medios en manos de corporaciones trasnacionales, organizaciones comerciales y grupos políticos o económicos nacionales. Las normas generales para combatir los monopolios y oligopolios y promover la libre competencia, en general, son insuficientes en materia de radio y televisión, pues los niveles de diversidad entre las distintas ofertas no agregan valor real para la sociedad.
Es precisamente por eso que una práctica extendida en este sector consiste en establecer otros límites, como son un número de canales fijos; un porcentaje determinado del total de frecuencias disponibles; un porcentaje de participación del mercado potencial. O bien, limitaciones a la concentración vertical, como puede ser el impedimento para poseer prensa, radio y televisión en un mismo mercado o limitar el número combinado de éstos.
En el ámbito de la radio y la televisión es imperativo también asegurar que la propiedad de los medios de comunicación se reparta entre prestadores de gestión estatal (medios vinculados a las distintas instancias de gobierno o poderes); de gestión privada con fines de lucro (las radiodifusoras y televisoras comerciales); y de gestión privada sin fines de lucro (medios comunitarios).
Se requieren asimismo más precisiones para garantizar la presencia de medios públicos como la BBC de Londres, Televisión Francesa y Televisión Española, entre otros, que están bajo la conducción de un órgano de dirección integrado pluralmente y con participación de la sociedad civil, precisamente para asegurar que no se conviertan exclusivamente en reproductores y magnificadores del discurso del Ejecutivo.
Esto último atañe particularmente a México, con los sistemas de radio y televisión estatal, el Imer, Imevisión y el mismo Canal Once, el cual, a pesar de que ofrece algunos contenidos –particularmente educativos, aunque también incluya algunos programas de análisis político y social– atractivos, de calidad y diferentes a lo que hacen las televisoras comerciales, no goza de autonomía de gestión y tiene que someterse a las directrices presidenciales.
En el terreno de los medios comunitarios, la definición de la legislación argentina en la materia que se aprobó recientemente es muy interesante: Los medios comunitarios, dice, “son actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionados por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida”.
La oportunidad y el reto que abre la transición a lo digital es precisamente el aprovechamiento óptimo del espectro liberado no sólo para garantizar la diversidad de proveedores, sino también para ensanchar la libertad de elección de las audiencias y garantizar la pluralidad en los contenidos.
Mediante decretos presidenciales, lo más que puede lograrse es ampliar el número de proveedores, pero corresponde totalmente al Congreso de la Unión que esto se traduzca en más opciones efectivas para las audiencias garantizando la universalización del derecho de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. l
Improvisación educativa
Axel didriksson
La gravedad de la tragedia que se está presentando en el sistema educativo del país, y que entraña una profunda crisis de aprendizajes y conocimientos, es abordada con frivolidad por los encargados de atender el problema, quienes últimamente se hallan envueltos en pleitos eminentemente políticos debido a que México vive una sucesión presidencial adelantada por la incapacidad del Ejecutivo en turno.
Los resultados de los estudios sobre las capacidades y conocimientos de alumnos y maestros, realizados año con año, dan cuenta del sistemático abandono del sector y de la falta de reformas sustanciales, pues aunque ha habido varias modificaciones legislativas, no se han definido programas para acometerlas desde las aulas y las escuelas. La tendencia dominante sigue siendo evaluar por evaluar, controlar recursos y reproducir una visión cortoplacista, que se refleja en el constante cambio de personajes encargados de las distintas Secretarías de Educación, quienes se instalan en ellas con negligencia y baja altura de miras.
El impacto que esto tiene en la sociedad está a la vista: descomposición social, violencia, niños y jóvenes en el abandono escolar, altas tasas de deserción desde la educación básica y media, capacidades medianas o francamente mediocres, y burócratas que pasan de una Secretaría a otra como si pudieran entender cualquier asunto o problema.
Desde la óptica de este tipo de funcionarios, la educación se encuentra reducida a la retórica sobre las tendencias estadísticas, los recursos financieros y las mercancías, cuando el problema es que se trata de personas, de la formación de sus valores, del desarrollo de sus capacidades para construir su futuro social y laboral, y de la perspectiva cultural de su vida. Más grave aún, se está presentando un tipo de educación que tiende a fomentar el miedo, la insatisfacción personal, la represión y la prevención para un eventual estallido social.
Las comparaciones internacionales muestran que el haber incidido de forma sistemática y desde visiones de mediano y largo plazos en reformas educativas sustanciales impacta de manera positiva en la cohesión social y en el mayor desarrollo económico, en una mayor legitimación del Estado y en el fortalecimiento general de las instituciones. (Véase, por ejemplo, el reciente estudio editado por Simon Schwartzman y Cristian Cox, Politicas Educacionais e Coesao Social –una agenda latinoamericana–, Editorial Elsevier, Brasil, 2010.)
Los autores del estudio proponen desarrollar políticas educativas que se concentren en una agenda de transformación de las capacidades relacionadas con los desempeños docentes, los directivos de los centros escolares y el aprendizaje de los alumnos.
De acuerdo con lo que se ha estudiado sobre el sistema educativo, es ya evidente que, en este ámbito, no puede haber improvisados ni tampoco definiciones individuales. Las políticas educativas, o son participativas y llegan a involucrar a los actores directos del proceso, o carecen de sustancia, como ocurre ahora. l
