Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 12 de diciembre de 2010
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS MEXICANOS EN DESGRACIA
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Política y moral
Los funcionarios se enfrentan a diario al dilema de optar por la responsabilidad o la convicción
Colaborador Invitado
(12 diciembre 2010).- Federico Zertuche
Periodista cultural y analista político.
En una entrevista concedida a Juan José Millás (El País, 7 de noviembre del 2010), el ex presidente del gobierno español Felipe González sorprendió al entrevistador y al público al revelar que durante su mandato, "tuve que decidir si se volaba a la cúpula de ETA. Dije no. Y no sé si hice lo correcto".
Reproduzco la declaración y contexto: "tuve una sola oportunidad en mi vida de dar una orden para liquidar a toda la cúpula de ETA. Antes de la caída de Bidart, en 1992, querían estropear los Juegos Olímpicos, tener una proyección universal... No sé cuánto tiempo antes, quizá en 1990 ó 1989, llegó hasta mí una información, que tenía que llegar hasta mí por las implicaciones que tenía. No se trataba de unas operaciones ordinarias de la lucha contra el terrorismo: nuestra gente había detectado -no digo quiénes- el lugar y el día de una reunión de la cúpula de ETA en el sur de Francia. De toda la dirección. Operación que llevaban siguiendo mucho tiempo. Se localiza lugar y día, pero la posibilidad que teníamos de detenerlos era cero, estaban fuera de nuestro territorio. Y la posibilidad de que la operación la hiciera Francia en aquel momento era muy escasa. Ahora habría sido más fácil. (...) el hecho descarnado era: existe la posibilidad de volarlos a todos y descabezarlos. La decisión es sí o no. Lo simplifico, dije: no. Y añado a esto: todavía no sé si hice lo correcto. No te estoy planteando el problema de que yo nunca lo haría por razones morales. No, no es verdad. Una de las cosas que me torturó durante las 24 horas siguientes fue cuántos asesinatos de personas inocentes podría haber ahorrado en los próximos cuatro o cinco años".
Lo sustancial e interesante de dicha revelación radica en el trasfondo donde subyace el problema que hace plantear al hombre de Estado tal dilema.
En efecto, González declara que no se trataba de cuestiones morales las que le llevarían a actuar, sino la oportunidad y el tino para evaluar correctamente sobre la eficacia y consecuencias que una decisión de tal naturaleza acarrearía para su gobierno. Se trataba de una cuestión de Estado.
¿Quiere decir que el Estado a través de sus representantes legítimos y legales puede y hasta en ocasiones debe actuar por encima y en contra de la moral para salvaguardar el bien público, la paz y/o la seguridad nacionales? La respuesta es afirmativa.
Y no es que tal decisión sea inmoral, sino que el hombre de Estado está sujeto, en virtud de su investidura, a otra clase de moralidad, como veremos.
Max Weber ha dilucidado con meridiana claridad ese dilema en su clásica obra El político y el científico, en la que reflexiona sobre el quehacer, naturaleza y fines de la labor del político en contraposición a la del intelectual (el científico), de los valores a los que se deben, las contradicciones y antinomias entre ambas actividades, la antítesis entre dos formas morales que Weber distingue, a saber, la moral de la responsabilidad y la moral de la convicción.
De acuerdo con Weber, el político profesional y el intelectual participan y están sujetos, respectivamente, a dos formas morales que implican exigencias normativas diferenciadas: la moral de la responsabilidad y la moral de la convicción. El político, y en particular el hombre de Estado, se deben, fundamentalmente, a las consecuencias de sus actos, a la eficacia de sus acciones, mientras que la vocación del científico (intelectual) siempre estará condicionada a la búsqueda de la verdad, independientemente de los resultados o consecuencias de su actividad. El oficio del político no siempre permite decir la verdad, pues en ocasiones sería más pernicioso o acarrearía más problemas que ocultarla.
El político está obligado a las leyes de la acción, aunque sean contrarias a sus preferencias y moralidad, queda condenado a la lógica de la eficacia; es cuando se dice que la política linda o pacta con poderes infernales o maléficos.
Entonces, ¿existen dos clases de moral esencialmente distintas, o una sola, universalmente válida? Aunque el tema es propio de la filosofía y la axiología, podemos plantear algunas cuestiones:
Nadie tiene derecho a desentenderse de las consecuencias de sus actos al obrar exclusivamente atenido a la moral de la convicción. Se obra por convicción y para obtener determinados resultados. La antinomia no implica que el moralista de la responsabilidad carezca de convicciones, ni que el moralista de la convicción adolezca de sentido de la responsabilidad. Weber sugiere que, en condiciones extremas, "ambas actitudes pueden contradecirse y que, en último análisis, uno prefiere al éxito la afirmación intransigente de sus principios y el otro sacrifica sus convicciones a las necesidades de triunfo, siendo morales uno como otro dentro de una determinada concepción de la moralidad", como aclara Raymond Aron en la Introducción al libro de Weber en la traducción española.
"Salvar su alma o salvar la ciudad", sería el dilema que enfrentaría la conciencia del intelectual comprometido en política.
Dinero sucio: amenaza al 2012
Entrevista Narcotráfico y elecciones. José Luis Vargas Valdez: Titular de la Fepade. Con menos de cuatro meses en el cargo, el nuevo fiscal de delitos electorales advierte que si no se tipifican como delitos el uso del dinero sucio en las campañas y los vínculos de candidatos con el crimen organizado, en el 2012 se vivirá un proceso conflictivo y poco creíble
Jésica Zermeño Núñez
(12 diciembre 2010).- Actualmente, el uso de dinero procedente del crimen organizado para financiar campañas políticas no es un delito electoral, por lo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) promueve una reforma para tipificar ésta y otras prácticas que pueden abrirle al crimen organizado la puerta para influir en la elección de funcionarios públicos.
José Luis Vargas Valdez, titular de la Fepade, advierte que si no se realiza a la brevedad una reforma penal-electoral que remedie este error, las elecciones federales de 2012 podrían convertirse en las menos creíbles y las más conflictivas de la historia de México.
El funcionario explica que hoy la Fepade no puede investigar el financiamiento ilegal en las campañas, ya sea con dinero de procedencia lícita o ilícita. Tampoco se pueden perseguir desde esta Fiscalía los presuntos vínculos de candidatos o partidos con bandas del crimen organizado. El problema es tan grave, dice, que estas conductas ni siquiera están tipificadas como delitos en el Código Penal Federal.
"Desafortunadamente a la fecha no tenemos facultades para poder perseguir ese tipo de anomalías y amenazas que están sufriendo las campañas electorales (el financiamiento de campañas con dinero ilícito). Eso actualmente lo hace la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Pero creo que desde la Fepade lo que tenemos que hacer son acciones preventivas que busquen a toda costa evitar que los candidatos que se presuma que tienen algún vínculo con la delincuencia organizada lleguen a obtener una constancia de mayoría y por lo tanto lleguen a ser gobernantes", dice el fiscal.
En un país cuyo gobierno libra una guerra contra el crimen organizado, donde ya fue ejecutado un candidato a gobernador durante la campaña pasada (Rodolfo Torre Cantú, candidato priista al gobierno de Tamaulipas) y donde la PGR busca el desafuero de un legislador (Julio César Godoy Toscano) por presuntos nexos con el narcotráfico, en el catálogo de delitos electorales vigente en el Código Penal federal, sin cambios sustanciales desde 1994, no está tipificado ningún delito relacionado con el financiamiento de campañas con recursos de procedencia ilícita. La Fepade no tiene dientes.
Vargas Valdez, quien es titular de la dependencia desde septiembre pasado, reconoce que esto es un problema mayor para el país. A su parecer, si no se lleva a cabo una reforma en la materia, la Fiscalía seguirá siendo el eslabón más débil de la trilogía encargada de hacer creíbles los procesos electorales en México. Esta trilogía se compone, además de la Fepade, por el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por eso ya presentó un plan.
"Se están proponiendo desde esta Fiscalía dos tipos penales nuevos en este tema. Uno el que tiene que ver con intromisión de financiamiento de origen ilícito, el que tiene que ver con el crimen organizado, algo muy similar al lavado de dinero. Es decir, recursos que se llegan a comprobar que no son reportados dentro del financiamiento legal de los partidos políticos, pero que además tienen un origen ilícito que se puede presumir que el crimen organizado está utilizando para influir en el proceso electoral.
"El segundo tiene que ver con sancionar a candidatos o miembros de la delincuencia organizada que quieran influir en la elección de candidatos a cargos de elección popular y que se logre encontrar ese vínculo de asociación delictiva con la delincuencia organizada. Pido que sea un tipo penal en materia electoral especial", explica.
Esta propuesta ya está en manos del presidente Calderón y, según el funcionario, fue recibida por él con buenos ojos; sin embargo, hasta el momento el Presidente no ha enviado la iniciativa correspondiente al Congreso.
Lo que se buscaría con ella, dice Vargas, es hacerle costoso al crimen organizado su participación directa en los procesos electorales, porque hoy con las leyes vigentes "le sale gratis".
Se persiguen delitos menores
El anacronismo de los delitos electorales tipificados en el Código Penal es grave. Ha hecho que la Fepade, creada en julio de 1994 para garantizar la legalidad de los comicios federales, concentre su actuación en perseguir delitos menores, como la falsificación de la credencial para votar o la alteración del padrón electoral. Éstos representan el 85 por ciento del total de delitos que maneja la Fiscalía hoy.
Para Vargas, quienes incurren en estas anomalías no tienen como fin último cometer un delito electoral, como votar dos veces o alterar las elecciones, sino otro tipo de delitos, como cobrar un cheque por alguien más o un fraude hipotecario, pues la credencial de elector es el modo de identificación predilecto en México. Es decir, la Fiscalía invierte muy poco en perseguir verdaderos delitos electorales. Uno de sus retos, dice, es revertir esta situación.
"Tenemos un 15 por ciento de los otros delitos, que comprenden la compra y coacción del voto, el fraude electoral y los apoyos gubernamentales repartidos por los candidatos en los procesos electorales. Me parecía que había un desequilibrio. Entonces, de las primeras instrucciones que di al área de Ministerios Públicos, que son en general los que reciben las denuncias y quienes muchas veces también persiguen algún tipo de delito de oficio, es que tenemos que dar un viraje para una mayor atención a ese 15 por ciento del universo de delitos que recibimos", asegura.
El proceso electoral 2012 comienza en octubre de 2011, por lo que el Ejecutivo sólo cuenta con seis meses para proponerle al Congreso las reformas sugeridas por la Fepade. "Hay prisa", dice el funcionario.
Sin autonomía
El fiscal reconoce que la Fepade sí tiene el defecto que le achacan sus principales críticos: no es autónoma, pues depende para operar en gran parte de la infraestructura de la Procuraduría General de la República, a la que está adscrita. Sólo tiene independencia técnica, es decir, el fiscal sólo puede decir si hay o no delito que perseguir en materia electoral, pero no actuar al margen de la PGR, pues debe mantenerse la unicidad del Ministerio Público.
A su juicio, hacer a la Fepade autónoma implicaría separarla totalmente de la PGR, y eso sólo sería rentable si pudiera nacionalizar su actuación: trabajar todo el año persiguiendo delitos no sólo en el plano federal, como ocurre ahora, sino también en las elecciones locales.
La falta de autonomía, y el mal desempeño de algunos fiscales, ha generado múltiples críticas hacia la actuación de la dependencia. Los partidos políticos la han acusado de actuar con parcialidad. Las últimas críticas, y también las más fuertes, las obtuvo de su actuación en los comicios federales del 2006, cuando la entonces titular, María de los Ángeles Fromow, se declaró incompetente para sancionar a funcionarios públicos por el envío de al menos 7 millones de correos electrónicos con mensajes en contra de Andrés Manuel López Obrador desde oficinas públicas y, además, sólo consignó el 4 por ciento de las denuncias recibidas por el proceso en general.
Algunos legisladores de oposición y académicos clamaron incluso por su desaparición.
Vargas asegura que para no repetir las suspicacias que generó la actuación de la dependencia en 2006 debe crearse un nuevo tipo de delito: la sanción del financiamiento ilegal de campañas electorales con dinero de origen lícito, no sólo ilícito, y que sean sancionados los particulares que aportaron el financiamiento de la misma manera en la que son sancionados los partidos políticos, para que haya una corresponsabilidad real.
"¿Qué se quiere evitar con esto? Que los poderes reales, económicos, religiosos y de otra índole puedan incidir en quién debe gobernar este país, y para eso lo que se tiene que hacer es generar un tipo penal de tal manera que cuando se recibe financiamiento ilegal no sólo se sancione a los partidos políticos que lo aceptan, sino también a quien se presta a darlo, es decir, quien acepta dar un financiamiento, un tipo de apoyo, sin tener a cambio su recibo, su constancia de aportación lícita. Eso actualmente no existe.
"Es una de las muchas quejas que hubo en la elección del 2006 y desde esta Fiscalía también tenemos que generar medidas de contención para que los particulares entiendan que hay formas legales de aportar por simpatía a un partido, a un candidato, pero que de lo contrario se estaría cometiendo una especie de acto ilícito muy similar al de la evasión fiscal", explica.Sin estos cambios, concluye, el Estado mexicano continuará esparciendo la idea de que a veces hay justicia electoral y a veces no, dependiendo de quién es el agraviado.
La legislación actual
El título 24 del Código Penal Federal establece en un capítulo de 13 artículos (
Están tipificados como delitos acciones como la compra y coacción del voto, acarreo de votantes, intimidación a electores, robo de urnas, la difusión de encuestas fuera del tiempo legalmente permitido y la inducción del voto por parte de ministros de culto.
Se prevén sanciones a los funcionarios electorales que hagan mal uso del padrón electoral, que alteren el resultado electoral, que presionen a electores o que impidan la instalación de una casilla sin causa justificada.
Se establecen castigos para funcionarios públicos que condicionen programas o servicios a cambio del voto en favor de un partido o candidato, destinen fondos, bienes o servicios públicos a su cargo a un partido, u obliguen a sus subordinados a apoyar a un partido o candidato. Igualmente se sanciona a los partidos que se hagan beneficiarios de estas conductas.
Pero no se dice nada sobre el uso electoral de recursos de procedencia ilícita, la aceptación de apoyos por parte de la delincuencia organizada o los vínculos con dichas organizaciones.
Si el río suena...
Denuncias de financiamiento ilegal en las elecciones 2010.
Sinaloa. 16 de junio. El candidato del PAN-PRD, Mario López Valdez, acusa al priista Jesús Vizcarra de tener vínculos con el Mayo Zambada. El priista lo niega y acusa a Malova de contratar como jefe de seguridad a una persona vinculada con el hampa.
Chihuahua. 24 de junio. PAN y PRD exigieron investigar el presunto financiamiento ilegal de la campaña del candidato priista a la gubernatura de Chihuahua, César Duarte, por parte del empresario Jaime Galván, detenido en Estados Unidos por lavado de dinero. El panista César Nava anuncia que se presentará denuncia ante la PGR, pero no se formaliza.
Durango, 9 de julio. José Rosas Aispuro, candidato del PAN, PRD y Convergencia al gobierno de Durango, acusa al gobernador Ismael Hernández de robarse la elección asociado con el crimen organizado. Acusa al candidato del PRI, Jorge Herrera, de financiarse con dinero procedente de secuestros. El PRI lo denuncia por difamación y en agosto el Tribunal Electoral ordena al IFE sancionar a Rosas Aispuro por sus declaraciones. Los hechos denunciados no se investigan.
Blindaje a campañas
México y otros países han tomado medidas para tratar de transparentar la aportación de donaciones privadas a las campañas políticas y ponerle un freno al dinero ilícito.
México
· Hay un sistema de financiamiento mixto en las campañas (dinero público y privado).
· Están prohibidas las aportaciones privadas anónimas, de empresas y de extranjeros en las campañas. Sólo se permite la aportación de sindicatos.
· El límite para las donaciones es el 0.05 por ciento del financiamiento público que reciba el partido.
· El Instituto Federal Electoral tiene atribuciones para fiscalizar las cuentas de los partidos, pero sólo puede imponer sanciones administrativas.
· Los partidos entregan informes anuales de su situación financiera, que incluye el desglose de aportaciones individuales de militantes y simpatizantes. Sólo se especifica el nombre del donante y el monto.
Alemania
· Las donaciones privadas a los partidos que exceden los 10 mil euros anuales son dadas a conocer a la opinión pública en menos de un mes, junto con el nombre y la dirección del donador.
· Las donaciones que exceden los 50 mil euros anuales son inmediatamente reportadas al portavoz del Parlamento, quien las hace públicas.
· Las aportaciones anónimas mayores a 500 euros están prohibidas.
· No se permiten donaciones en efectivo a los partidos mayores a los mil euros.
Chile
· Algunas donaciones van a una cuenta única, que está a nombre del Servicio Electoral, la institución encargada de fiscalizar las cuentas de las campañas. El Servicio Electoral es el encargado de hacérselas llegar a los partidos.
Colombia
· La Ley Penal Colombiana tipifica como delito el lavado de dinero en las campañas.
Estados Unidos
· Las aportaciones anónimas mayores a 100 dólares están prohibidas.
· La Comisión Federal Electoral, encargada de fiscalizar las cuentas de los partidos, publica informes trimestrales sobre el financiamiento público y privado de las campañas, con la lista de los donadores que hayan contribuido con más de 200 dólares. Esta lista incluye nombre, dirección y cargo del donador.
Francia
· Un apoderado financiero se encarga de llevarle las cuentas a cada partido. Este apoderado es un funcionario independiente del partido.
· Cualquier donativo superior a 150 euros debe hacerse por cheque.
· Las donaciones anónimas mayores a 150 euros están prohibidas.
Italia
· Los reportes financieros de las campañas políticas son entregados a dos instituciones: el Tribunal de Cuentas y el Colegio Regional de Garantía Electoral de la región correspondiente.
· Estos reportes deben ser publicados por los partidos tanto en la Gazzeta Ufficiale como en dos diarios nacionales.
Fuentes: Instituto Federal Electoral, Comisión Federal Electoral de Estados Unidos, Parlamento de Alemania, Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Idasa, Consejo Nacional Electoral de Colombia, Servicio Electoral de Chile.
Conózcalo
Nombre: José Luis Vargas.
Estudios: Licenciado en derecho por el ITAM. Maestro en derecho público por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona).
Cargos anteriores: Asesor jurídico en el Instituto Federal Electoral y el Instituto Electoral del Distrito Federal. Secretario instructor en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Segob. Director de Vinculación Institucional, Logística y Proyectos Especiales del Cisen.
'Que se investigue lo que hay'
Entrevista Narcotráfico y elecciones
Jésica Zermeño
(12 diciembre 2010).- Es importante que se tipifique como delito electoral el financiamiento de campañas con dinero proveniente del crimen organizado, pero eso no quiere decir que las autoridades no tengan ya elementos para actuar ante las denuncias que existen al respecto, considera el especialista Samuel González Ruiz.
El ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR asegura que en cada proceso electoral los partidos hacen denuncias e imputaciones sobre financiamiento ilegal que nunca son investigadas, pues solamente se utilizan en los expedientes del Tribunal Electoral para validar o no la elección.
"No tiene razón el fiscal en decir que no tiene dientes, las instituciones sí los tienen. Está bien que se revise el marco normativo y se tipifique como un delito especial el uso de dinero sucio en campañas, pero primero que empiecen a revisarse las propias acusaciones que se hacen los partidos", señala.
González pone como ejemplos algunas acusaciones hechas en los procesos estatales del 2010: Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Chihuahua, Oaxaca, Sinaloa.... entidades en las que los partidos hicieron imputaciones graves.
"Ahí hay evidencia que la Fiscalía no está tomando en consideración. De esos hechos se puede concluir que los financiamientos ilegales no están siendo investigados por la autoridad. Que no digan que no hay denuncias, porque los propios partidos denuncian, lo que no hay es investigación", agrega.
El especialista en seguridad explica que hay tres formas de financiamiento ilegal: el desvío de dinero público, que ya está tipificado por medio de una figura muy amplia, que es el peculado; la entrada de dinero de empresarios bajo acuerdos de beneficio a través de contrato una vez que una autoridad toma posesión, y el dinero proveniente directamente del crimen organizado.
Debate no, pacto sí
Crónica Relevo en el PAN. El PAN canceló la posibilidad de contrastar proyectos distintos de partido y privilegió la negociación entre corrientes internas para elegir a Gustavo Madero como nuevo líder nacional
Ernesto Núñez
(12 diciembre 2010).- En marzo de 1993, Carlos Castillo Peraza ganó la dirigencia nacional del PAN gracias a un discurso. Atorada la elección entre él y su competidor Alfredo Ling Altamirano -pues ninguno de los candidatos obtenía las dos terceras partes de los votos requeridos para ser electo-, Castillo Peraza dijo a su equipo que ya no deseaba que nadie hablara por él y que él mismo iba a la tribuna.
En un discurso al que tituló Ser con ustedes, el yucateco mencionó una a una las luchas en las que acompañó a sus más férreos opositores internos: Ana Rosa Payán, Rafael Morgan, Jorge del Rincón, José Ángel Conchello, Abel Vicencio... Y después pronunció las palabras mágicas con las que se echó a los consejeros a la bolsa: "He sido, soy y seré con ustedes, y con ustedes he sentido el orgullo de ser panista en la derrota y en la victoria, en el curso y en el mitin, en el volanteo y el debate parlamentario; y es ese orgullo, amigos, el que hoy se ve amenazado.
"Nos están tratando de llevar a un panismo de perros acosados, nos hacen hablar de nuestro dirigente como 'la cúpula', nos hacen hablar de nuestros debates como de negociaciones ocultas, sucias; nos hacen sentirnos 'salinistas', nos hacen creer que abandonamos la doctrina, toda la prensa, nuestros adversarios de distintos colores. Vean las informaciones del último mes: todo es para que el panista se sienta avergonzado de ser panista".
A la fecha, los panistas recuerdan ese episodio como un hito dentro de su partido, pues Castillo Peraza convenció, con un discurso, a los panistas más conservadores (que apoyaban a Ling Altamirano), y a los entonces llamados "neopanistas", que impulsaban al duranguense Rodolfo Elizondo, eliminado en la primera ronda de votación.
Ling había ganado la segunda votación (
Panista sin antigüedad
Roberto Gil Zuarth, un panista de 33 años de edad con sólo 2 de militancia, soñó con repetir la hazaña de Castillo Peraza y se presentó ante el Consejo Nacional del PAN, el fin de semana pasado, con un discurso en el que parafraseaba el Ser con ustedes.
Casi empatado con Gustavo Madero, de cara a la segunda ronda de votación, Gil habló, como lo hizo Castillo Peraza hace 17 años, de un PAN que necesita "apostar por sí mismo" y recuperar su ánima.
"Un partido sin alma es un partido atrapado en la neurosis de la escaramuza", dijo, para llamar luego a recuperar la capacidad de debatir internamente.
"Nosotros nacimos para cambiar a México sin odio, y por eso no debemos recurrir al odio para diferenciarnos o definirnos entre nosotros. Los problemas internos que hoy padecemos se deben a que hemos dejado de hacer política entre nosotros... debemos recuperar la política interna de la deliberación. Para debatir afuera, debemos deliberar primero entre nosotros", aseveró Gil.
Si en 1993 Castillo Peraza le recordó a los panistas ultraconservadores que había estado con ellos en las luchas de Mérida y Chihuahua, el pasado sábado Gil le recordó a César Nava que este año aceptó su encomienda de formar la alianza con el PRD en Oaxaca; a Marco Adame, que con él redactó comunicados de prensa en la 57 Legislatura de la Cámara de Diputados, y a Rogelio Carbajal -que minutos antes había presentado a Gustavo Madero como un panista "con experiencia pero con frescura"-, que juntos defendieron ante el IFE los spots del PAN en el proceso electoral del 2009.
"Sí, consejeras y consejeros nacionales, mi credencial va a cumplir tres años de ser expedida. Pero mi panismo no viene de esa fecha", remató.
Discursos no escuchados
Pocos en el Consejo Nacional lo escucharon, pues los votos ya estaban decididos.
En el 2010 el PAN sustituyó la deliberación por la negociación. La dirigencia partidista, a solicitud de cuatro de los cinco candidatos, canceló cualquier posibilidad de un debate público entre ellos. Incluso se acordó que este año la prensa no pudiera escuchar los discursos de quienes presentaron a los candidatos y de los propios aspirantes.
El sábado, en la sede panista, se habilitó un área privada para que los familiares y simpatizantes de los candidatos pudieran ver y oír lo que pasaba en la sesión del Consejo Nacional. Se colocaron paredes de madera para aislar esta área y se encendieron seis altavoces con música en alto volumen para que los reporteros no pudieran escuchar el audio transmitido en la zona de invitados.
Las precauciones eran innecesarias, pues de cualquier forma lo importante no fueron los discursos sino el amarre que cada candidato traía ya con las corrientes que integran el Consejo.
Los 366 consejeros presentes en la sesión traían predefinido su voto, y los discursos -antaño considerados sustanciales para definir la elección- fueron un mero trámite.
El líder oaxaqueño Carlos Moreno presentó a Roberto Gil; la diputada duranguense Luisa Estrada presentó a Blanca Judith Díaz; el subsecretario Rogelio Carbajal presentó a Gustavo Madero; el coahuilense Juan Antonio García Villa presentó a Francisco Ramírez Acuña, y el dirigente poblano Juan Carlos Mondragón presentó a Cecilia Romero.
Después, cada candidato delineó su proyecto en 15 minutos.
Consejeros afines a todos los equipos coinciden en que uno de los mensajes más aplaudidos fue el de la senadora neoleonesa Blanca Judith Díaz, quien llamó a desterrar "las prácticas autoritarias, corruptas y faltas de ética, que como especie de calca de aquello que combatimos durante años, hoy vemos replicadas en líderes y militantes de nuestro partido".
"Yo ya gané, porque yo ya sé lo que claman los militantes", agregó, provocando que algunos consejeros se pusieran de pie para aplaudirle. Pero la senadora obtuvo apenas 14 votos.
La elección de Madero ya se había decidido, en un juego de pactos que fue aceptado y jugado por los cinco contendientes.
Se impone el Tucog
El viernes anterior a la votación, Madero, Romero, Díaz y Ramírez Acuña exhibieron el acuerdo de unir fuerzas contra Gil, al convocar a una fallida conferencia de prensa en la que exaltarían la necesidad de mantener unido al partido.
La mañana del sábado, Madero amarró su triunfo en un desayuno con el gobernador de Morelos, Marco Adame, a quien se identifica como jefe nacional del Yunque. Según consejeros nacionales del PAN, la reunión tuvo como propósito "amarrar" el acuerdo establecido desde un mes antes: el apoyo de los consejeros afines al Yunque a cambio de que se nombrara a Cecilia Romero secretaria general del partido, además de la mitad de las posiciones en el Comité Ejecutivo Nacional.
El equipo de Madero había filtrado que su candidato obtendría 120 votos y el de Romero entre 60 y 70. Al final, Madero llegó a 128 y Romero obtuvo 57, lo que implica un traslado de votos para asegurar que Madero saliera arriba en la primera ronda de votación.
La guerra de cifras también fue jugada por Gil, quien puso su candidatura en manos de cuatro personajes que se encargarían de cooptar, pero también de repeler, el voto de los consejeros: Patricia Flores Elizondo, ex jefa de la Oficina de la Presidencia, a quien los panistas contrarios a Gil acusan de presionar a los consejeros con cargo en el gobierno federal, usando la alta influencia que ejerció durante cuatro años desde Los Pinos.
Jorge Manzanera, ex secretario general adjunto del CEN y dueño de la empresa Desarrollo y Operación de Campañas SA (Docsa). Conocido como un experto en operar procesos internos del PAN, Manzanera aseguró a Gil, todavía el viernes en la noche, que ganaría la primera ronda con 157 votos a favor.
Rafael Giménez, director de Opinión Pública de la Presidencia y ex dueño de la consultora Arcop, también experto en procesos electorales. Presente el sábado en el Consejo, Giménez se jactaba de que Gil había reunido a más de 140 consejeros nacionales en su cierre de campaña, la noche anterior.
Y, finalmente, el ex dirigente nacional Germán Martínez, quien trató hasta el último momento de pactar con el Yunque el triunfo de Gil.
La mañana del sábado, minutos después de reunirse con Madero, Adame vio al ex dirigente panista en un Starbucks de la colonia Del Valle. Ahí le informó de su acuerdo con Madero y además advirtió que si el presidente Calderón trataba de imponer a Gil, su "corriente" no lo aceptaría y abandonaría el Consejo para romper el quórum.
La pinza que estranguló el sueño de Roberto Gil se cerró después de que se dio a conocer el resultado de la primera votación (Madero 128, Gil 122, Romero 57, Ramírez Acuña 45 y Díaz 14 votos). De inmediato, los operadores de las cuatro campañas contrarias a Gil sacaron camisetas blancas y azules estampadas con la palabra "Unidad", y las repartieron entre los presentes.
Al mismo tiempo, algunos consejeros recibieron en sus teléfonos celulares el mensaje "no se equivoquen, es Madero", presuntamente firmado por la primera dama, Margarita Zavala.
Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia y quien había estado apoyando a Gil, comenzó a promover el voto en favor de Madero.
La idea de que Calderón deseaba que Madero ganara se reforzó con la selección que se hizo del segundo orador a su favor: José Guadalupe Osuna, gobernador de Baja California y ubicado como el mandatario panista más allegado al Presidente.
Los consejeros consultados apenas recuerdan lo que dijo Osuna, pero tienen clara la línea que se pretendía dar al Consejo.
Cuando César Nava se disponía a llamar a los consejeros a votar por segunda vez, el director de Pemex Gas y Petroquímica, Jordi Herrera, se acercó al templete para pedir que se otorgara la palabra nuevamente a Gil, quien un minuto después declinó.
La votación a favor de Madero se hizo entonces a mano alzada y por aclamación.
Unidad rota
La unidad duró sólo un día. El domingo, al elegirse a los 40 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Madero se atrincheró en su alianza con el Yunque y armó un CEN a modo de los ganadores.
El equipo de Gil había entrado en tensión desde el sábado, pues algunos sugerían ir a la segunda votación, con el riesgo de perder por una distancia mayor; mientras otro grupo, que al final se impuso, optaba por bajarse tras la primera votación y llegar con más fuerza -derivada de la mínima ventaja de seis votos obtenida por Madero- a la negociación del CEN.
La apuesta fue errónea, pues al proponer al Consejo la lista de 27 miembros del CEN a la que tiene derecho el nuevo líder, Madero se negó a considerar ocho nombres propuestos por Gil y le otorgó sólo cinco.
Además, cuando las mujeres del Consejo Nacional reclamaron al nuevo dirigente no haber cumplido la cuota de género (40 por ciento) en su lista de 27, eliminó a los cinco gilistas: Julem Rementería, Fernando Larrazábal, Ricardo Sheffield, Javier García Cabeza de Vaca y Ricardo Rodríguez.
Al sustituirlos, Madero sólo consideró a tres mujeres cercanas a Gil: Luisa María Calderón, hermana del Presidente, y las diputadas Gloria Luna y Dolores del Río.
Madero, según fuentes panistas, se negó categóricamente a incluir a Patricia Flores Elizondo entre los
Al completarse el CEN de 40 miembros, con los 13 propuestos por los mismos consjeros, los 122 votos de Gil se convirtieron en sólo tres posiciones. En cambio, los 57 votos de Cecilia Romero le valieron para convertirse en la secretaria general del partido y colocar a 10 de sus allegados en el CEN.
Ramírez Acuña, con sólo 45 votos, colocó a cinco panistas cercanos a su principal impulsor, Santiago Creel, senador y aspirante a la Presidencia: Javier Corral, Marko Cortés, Gabriela Cuevas, Juan José Rodríguez Prats y Beatriz Zavala, que además son duros críticos del calderonismo.
La tarde del domingo Gil denunció, en un comunicado, que Madero había roto el acuerdo de integrar un comité plural.
El PAN canceló el debate, pero no resolvió sus pugnas internas.
El PAN en 2010
Gustavo Madero recibe un partido con los siguientes números:
| Adherentes | 1,399,843 |
| MIlitantes | 1,681.751 |
| Activos | 281,908 |
| Diputados federales | 142 |
| Diputados locales | 298 |
| Alcaldes | 574 |
| Gobernadores* | 6 |
| Senadores | 50 |
| Presupuesto 2011** (Cifras en millones de pesos) | 796.7 |
| Deuda del partido | 300 |
Fuentes: PAN, IFE y Reforma.
* A partir del 2011 gobernarán otros tres estados, en alianza con el PRD.
** Calculado con base en el artículo 78 del Cofipe. El presupuesto oficial no ha sido aprobado aún por el IFE.
Juicios orales y crecimiento económico
Análisis Modelos de justicia para México. Magistrados y jueces mexicanos visitaron Estados Unidos, Colombia y Chile para extraer lecciones de sus sistemas judiciales
Miguel Basáñez Ebergenyi
(12 diciembre 2010).- La transición al sistema de juicios orales está en marcha en México y es la acción transformadora más profunda del país por su capacidad de acelerar el desarrollo económico. ¿Por qué el cambio al sistema oral acelerará el desarrollo económico?
En el mundo existen hoy básicamente tres grandes tradiciones jurídicas: la romana, la anglosajona y la islámica. Cada una de estas tradiciones produce impactos diferentes en el desarrollo de los países que las portan. Entre más rígido y dogmático es el sistema jurídico, más difícil es alcanzar el desarrollo; por el contrario, la flexibilidad y el pragmatismo lo facilitan. El sistema más rígido es el islámico, donde el Corán es la ley, y el más flexible el anglosajón, donde los jueces prácticamente hacen las leyes oralmente mediante los precedentes. El sistema romano civilista es intermedio, dependiendo de las regiones del planeta: más flexible en Europa continental, más dogmático en América Latina.
El Banco Mundial publicó en 2006 un estudio entre 120 países titulado ¿Dónde radica la riqueza de las naciones? y documenta que la fuente de la riqueza proviene en un 5 por ciento de los recursos naturales, es decir, el petróleo, los minerales, las tierras, los ríos, los mares; en un 20 por ciento de la producción nacional agrícola, industrial, terciaria de bienes y servicios, es decir, el Producto Interno Bruto. Pero la mayor parte de la riqueza, el 75 por ciento, es riqueza intangible. Se compone en un 25 por ciento de la calidad de la educación. Pero más importante aun, el 50 por ciento de la riqueza nacional se origina en la calidad del sistema legal y su práctica judicial.
Por ello, un sistema legal más moderno, más pragmático, más civilizado, tiene la capacidad de acelerar el desarrollo económico y el empleo que tanto se necesitan en México. Pero no tiene la capacidad de resolver la criminalidad, la inseguridad, ni menos aun el crimen organizado. La aplicación de la ley ahí es remedial, no preventiva. Las leyes no puede sustituir los efectos de políticas públicas virtuosas en materia de educación, empleo y equidad social.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia encargaron a la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts organizar un programa de inmersión total para 110 magistrados y jueces federales y estatales, con el objeto de que conocieran la operación del sistema procesal penal oral y público del sistema adversarial mediante visitas a tres países sede. Se formaron tres grupos de 37 participantes cada uno, que acudieron en estancias de una semana a Boston, Santiago de Chile y Bogotá, Colombia. En total nueve semanas de inmersión.
El núcleo del programa fueron visitas a tribunales municipales, estatales y federales de los tres países anfitriones. El resto del tiempo se destinó a sesiones y discusiones sobre las similitudes y diferencias de los sistemas jurídicos de tradición romana y anglosajona, las ventajas y desventajas de unos y otros en sustancia y en procedimientos, los ajustes y evoluciones que han experimentado a través del tiempo, así como el impacto del derecho y de la cultura jurídica en el desarrollo.
De los tres sistemas hay lecciones valiosas que extraer para México de lo que sí y de lo que no debe hacerse: 1. Compromiso nacional (compromiso total de la élite y poderes reflejado en presupuesto suficiente). 2. Legislación (reformas legales por los expertos judiciales para la modernización y separación de tratamientos del ciudadano común y de los enemigos del Estado). 3. Informáticas (plataforma tecnológica computarizada de control integral de procesos). 4. Comunicacionales (sensibilización de los medios de comunicación). 5. Sociedad civil (vinculación estrecha con la sociedad civil auténtica). 6. Académicas (actualización de la currícula universitaria). 7. Foro (colegiación obligatoria y código de ética profesional). 8. Investigación (unificación nacional y profesionalización de la policía y peritos). 9. Fiscalía y defensoría (autónomas y altamente profesionalizadas). 10. Infraestructura (edificaciones y espacios para la eficiencia estructural). 11. Símbolos e incentivos (reglas de comportamiento ligadas al desempeño). 12. Estadística (instantánea, integral, precisa, inteligente). 13. Capacitación permanente (programas continuos de capacitación y actualización. 14. Administración especializada (recursos humanos, financieros y materiales). 15. Ejecución de penas y sistema carcelario.
El trabajo de los poderes judiciales del país debe ocupar la primera prioridad del esfuerzo nacional. El programa realizado deja ver que sí se puede, pero no a medias. Éste es el espíritu que deberá inspirar al país en los meses y años por venir.
El autor es coordinador del Programa de México, Escuela Fletcher, Universidad de Tufts.
Entrevista / Sara Sefchovich / 'Margarita ayuda mucho al Presidente'
La cultura política Novedad editorial. Sara Sefchovich: Autora de 'La suerte de la consorte'. La principal virtud de la esposa del presidente Felipe Calderón es que lo ayuda sin que se note
Karla Garduño Morán
(12 diciembre 2010).- Margarita Zavala es de las pocas primeras damas que antes de llegar a Los Pinos contaba con una carrera propia; sin embargo, tendría que esperar un tiempo antes de retomarla luego del 2012, considera Sara Sefchovich, autora de La suerte de la consorte (Océano, 2010).
En la tercera edición de este libro, que vio la luz por primera vez en 1999 y en el que hace un recorrido por la figura de todas las primeras damas, Sefchovich incluye a las esposas de Vicente Fox y Felipe Calderón, con las cuales se inauguró en el siglo XXI una nueva generación de primeras damas con mayor poder.
"El siglo XXI entra con mujeres verdaderamente empoderadas, influyentes, a las que sus maridos toman en cuenta para las decisiones y para cumplir algún encargo delicado de tipo político, además del trabajo típico de primera dama que es acompañarlo en viajes, en presentaciones oficiales, en inauguraciones, en cenas", dice la académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Sin embargo, la forma de ejercer ese poder ha marcado la diferencia entre las dos primeras damas panistas. Sahagún, señala Sefchovich, no tenía empacho en mostrar su dominio y actuaba como si ella hubiera sido elegida por el pueblo; en cambio, la esposa de Calderón ha tenido una influencia cuya mayor virtud es que no se nota.
"Marta Sahagún te hacía creer que ella mandaba más que el Presidente, y Fox hasta cometió la tontería de decir que eran una pareja presidencial. Con Margarita no te das cuenta, pero sabes que pasa. Después de los asesinatos en Ciudad Juárez de los 15 muchachos, el Presidente fue a esa mesa enorme con los padres para escuchar a la madre aquella que le gritaba (Luz María Dávila) pidiendo justicia; Margarita estuvo callada en la mesa, pero después se bajó y fue a darle un consuelo personal a la señora. Todo este trabajo que ella hace por atrás ayuda mucho al Presidente. Encuentras su influencia en esas pequeñas cosas. Te demuestra que sí está muy atenta a lo que está pasando, que sí cumple una función muy clara dentro del gobierno y de las decisiones políticas de su marido", explica Sefchovich.
¿Ve a Margarita retomando su carrera política después del 2012?
Va a ser muy difícil la vida de ellos después del 2012, porque la lucha que emprendieron contra el narco los va a tener en una situación difícil a nivel personal, cuando ya no cuenten con todo este sistema de seguridad que tienen en Los Pinos.
¿Podría volver a la vida política a través de una senaduría, por ejemplo?
Probablemente tendrá que esperar a que pase un tiempo, porque es una situación muy complicada en una democracia quererte lanzar desde la casa de gobierno a conseguir un puesto de elección popular. Si quiere volver, tendrá la inteligencia de esperarse cierto periodo para dejar que se asiente lo que fue el gobierno de su marido, porque hacerlo luego luego sería salir desde una posición que no es éticamente muy correcta.
¿Sería tan cuestionada como lo fue Sahagún?
Es que Marta no tenía carrera política, había competido una vez en Celaya y lo perdió, fuera de eso no tenía ningún antecedente. En cambio, Margarita sí la tenía, está en una posición diferente y los mexicanos lo vemos y sabemos las diferencias, no somos ningunos tontos.
Con todo lo polémico que fue Marta, ¿marcó un parteaguas?
Definitivamente. El primer parteaguas que marcó fue ser la primera esposa de un gobernante con esa fuerza, esa intensidad, esa visibilidad, ninguna la había tenido.
Yo me quejo en las versiones anteriores del libro de que no encuentro información, que parecen secretos de Estado, y con Marta lo que me sobra es información. No hubo un ilustrado, un periodista, una persona con acceso a los medios que no hablara de Marta.
¿Qué tan buena o mala suerte ha tenido México con sus consortes?
Las consortes de México no cuentan para nada, la gente no considera que es importante su trabajo. En el imaginario social es como si nada más fueran un estorbo, un gasto y una molestia, por eso el subtítulo de mi libro es "Historia de un olvido y relato de un fracaso". Pero en el siglo XX toda la asistencia social hecha desde el Estado mexicano la encabezaron siempre las señoras, pero nadie le da a eso ninguna importancia.
¿La experiencia de primera dama queda como un buen recuerdo en ellas?
Depende. Mi experiencia (en las entrevistas) es que lo recuerdan bien, pero también como uno de los momentos más difíciles de sus vidas: no veían a sus maridos, lo que sea que hicieran se les criticaba, tenían una cantidad brutal de chamba y familia que atender. Hay un discurso sobre que fue una experiencia lindísima e importantísima en su vida, y una sensación de una gran amargura, de un momento muy difícil.
Los placeres y los días / Oscurantismos
Andrés de Luna
(12 diciembre 2010).- Antes fueron los Autos de Fe que llevaron a la hoguera a una multitud asediada por sus diferencias ante un clero arbitrario y hostil. Uno de los casos paradigmáticos fue el de Urbano Grandier, teólogo relevante y seductor irredento, que pagó las inquinas de sus enemigos, entre ellos el cardenal Richelieu, con el fuego malsano de la pira inquisitorial en 1631. De entonces a la fecha las cosas han dado una vuelta de tuerca, el mundo terminó por admitir la secularización en el siglo XX, aunque el Vaticano persistió en el Tribunal del Santo Oficio, ahora con el nombre de Congregación para la Doctrina de la Fe, que conoce tan bien el Papa Benedicto XVI, pues estuvo como dirigente de ella de 1981 hasta el
En los tiempos recientes causan revuelo las declaraciones del cardenal Sandoval Íñiguez o del vocero Hugo Valdemar, parloteos que revelan actitudes discriminatorias y analfabetas. Retan al jefe de Gobierno del Distrito Federal y violentan la ley antidiscriminatoria. ¿Quién podría considerar a los homosexuales como enfermos? Sólo una caterva de miserables del intelecto que han protegido las peores lacras del sacerdocio y que se ostentan en calidad de jerarcas católicos. ¡Una vergüenza total! En esos casos lo mejor es apelar al espíritu republicano. Nadie quiere convertirse en comecuras, lo que ocurre es que estos señores de sotana y medio dedo de frente, con sus contadas excepciones, casi siempre jesuitas, incurren en uno y otro delito con la impunidad que les otorga su pertenencia al clero. Basta ya de oscurantismos que sólo contribuyen a mantener prejuicios y absurdos en torno a realidades insoslayables. Esos jerarcas eran los que se mostraban emocionados ante la posibilidad de canonizar a Marcial Maciel, en tanto trasladaban a curas pederastas de Michoacán al sur de Estados Unidos. ¿Qué queda entonces luego de tanta ignominia? En otras cosas, la proliferación de sectas cristianas, que se propagan de forma acelerada ante el fracaso de un credo sumergido en sus corruptelas.
La cultura política
(12 diciembre 2010).- Téngalo presente
Latinobarómetro 2010. Presentación del informe sobre la democracia en América Latina y México. Invita la Fundación Friedrich Naumann y la Red Liberal de América Latina. Sergio Sarmiento, Alejandro Moreno, Carla Humphrey, Rosa María Mirón Lince y Daniel Castillo Briones. Lunes 13, 12:00 horas. Salón Elena Lamm de Casa Lamm. Álvaro Obregón 99, Roma. Informes: 5550 1039.
Exposiciones
Códice AQ. Abel Quezada. Revisión integral de la obra multidisciplinaria de Abel Quezada Calderón: cartones, historietas, textos, óleos, acuarelas, cuadernos de viaje y murales. Museo de la Ciudad de México. Pino Suárez 30, Centro Histórico. Informes: 5542 0671.
Foros
Diversidad religiosa y no discriminación. Leonardo Boff, Rebeca Montemayor y Luis Perelmann. Lunes 13, 17:00 horas. Auditorio Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Universidad 1449, Florida. Informes: 5544 0541.
Libros
Gobernanza: el nuevo proceso de gobernar de Luis F. Aguilar. Fundación Friedrich Naumann. El autor expone los elementos distintivos del concepto y enfoque de la gobernanza, además de explicar y justificar su validez para fines de gobierno y administración pública.
La transición en México 1910-2010 de Sergio Aguayo. FCE/Colmex. El autor intenta explicar las causas de la distorsión democrática en México, principalmente en los últimos 15 años, cuyo concepto fue reducido por los partidos políticos sólo al acto de votar.
Lo que queda de la izquierda. Relatos de las izquierdas latinoamericanas coordinado por Jorge G. Castañeda y Marco A. Morales. Taurus. Conjunto de textos especializados que analizan el funcionamiento de los distintos gobiernos izquierdistas en la región, desde Cuba hasta Brasil, pasando por Venezuela y Chile.
Los señores del narco de Anabel Hernández. Grijalbo. Investigación periodística que revela supuestas negociaciones y nexos entre altos funcionarios del gobierno federal y Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
Marcial Maciel. Historia de un criminal de Carmen Aristegui. Grijalbo. Entrevistas con víctimas y familiares del fundador de los Legionarios de Cristo. Fragmentos grabados de conversaciones de Luis Garza Medina, vicario general de la Legión, donde afirma que la congregación conocía los abusos del sacerdote.
Sobre mis pasos de Cuauhtémoc Cárdenas. Aguilar. El autor narra su trayectoria política desde 1952 hasta 2006. Describe, entre otros momentos, la creación de la corriente democrática, la caída del sistema en 1988 que le negó la Presidencia, la formación del PRD, su llegada a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal en 1997 y su campaña en el 2000 frente a Vicente Fox.
Una amistad sin sombras. Correspondencia entre Manuel Gómez Morin y Efraín González Luna, 1934-1964 editado por Ana María González Luna Corvera y Alejandra Gómez Morin Fuentes. FCE. Cinco tomos que reúnen la correspondencia entre los fundadores del PAN sobre la construcción de un México democrático, las relaciones Iglesia-Estado, la posibilidad de una seria oposición y otros temas.
Presentaciones
Buen Gobierno No. 9 Revista semestral de política y gobierno. Uriel Márquez Carrazco, Carlos Valdovinos Chávez y Rafael Martínez Puón. Miércoles 15, 19:00 horas. Librería Miguel Ángel Porrúa San Ángel. Amargura 4. Informes: 5616 2705.
Revistas
Este País No. 236. Síntesis de tres ensayos sobre los cambios que ha sufrido México a lo largo de su vida independiente con la que finaliza la sección 200 años de ciudadanía en México. Francisco Suárez Dávila, Federico Reyes Heroles y José Ramón Cossío Díaz.
Nexos No. 396. Tras un recorrido por 25 ciudades, Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda aseguran en el ensayo "Regreso al futuro" que México es mejor país de lo que sus habitantes perciben. María Amparo Casar escribe sobre los paralelismos de vicios y virtudes que poseen los medios de comunicación y la política en México.
Voz y Voto. No. 214 Raúl Fernández Gómez, Jaqueline de la O y Jorge Alcocer V. analizan las próximas elecciones estatales en Guerrero, Baja California Sur y el estado de México, respectivamente, cuyo escenario apunta a la continuación de la trayectoria ascendente del PRI, fortalecido por las divisiones en la izquierda y la debilidad del PAN.
Zócalo. No. 130. Especialistas en periodismo cultural advierten la paradoja de la actual crisis de esa especialidad, empujada por el desdén empresarial y el desinterés periodístico, frente al auge de las artes y la cultura en numerosas regiones del país. José Luis Martínez, Humberto Musacchio, Víctor Roura, Huberto Batis.
Televisión
Agua: el dilema del futuro. Discutamos México. Julia Carabias, César Herrera, Manuel Perló, Marisa Mazari y Polioptro Martínez. Lunes 13, 20:00 horas, Canal 11, y jueves 16 de diciembre, 20:00 horas, Canal 22.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al
5628 7245.
Correo electrónico: enfoque@reforma.com
Fe de erratas
(12 diciembre 2010).- En la edición del pasado 5 de diciembre, en el texto Tiempos de guerra y paz, se identificó a su autor, Juan José Bremer, como embajador de México en el Reino Unido, cargo que dejó de ocupar en el 2009. Ofrecemos una disculpa al autor y a nuestros lectores.
REVISTA PROCESO No. 1780
Cuatro años a sangre y fuego
Jorge Carrasco Araizaga y Francisco Castellanos J.
Más de 24 horas de asedio, ataques y bloqueos por integrantes del cártel de La Familia en la entidad natal de Felipe Calderón –acciones que continuaban hasta el cierre de esta edición– le recuerdan al presidente su desplante de fuerza militar cuando iniciaba su mandato con el Ejército por delante como factor de intimidación… Cuatro años después, el fracaso es evidente –así lo muestra un estado en llamas, inerme, con una población aterrorizada y bajas mínimas en el bando narco–, si bien el gobierno federal se ufana de haber eliminado a El Chayo, uno de los principales mandos de esa organización criminal.
MORELIA, MICH.- En su afán de acabar con los jefes del narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón nunca había enfrentado tanta resistencia –y la población civil no había pagado un costo tan alto– como la semana pasada, cuando un operativo de policías federales localizó y ejecutó a Nazario Moreno González, El Chayo, uno de los principales dirigentes de La Familia Michoacana.
Segundo al mando y encargado del adoctrinamiento de los miembros de esa organización, Nazario Moreno fue ultimado el jueves 9 en Apatzingán por fuerzas federales en una operación que en Michoacán se esperaba desde hacía semanas y provocó una movilización del grupo delictivo que todavía la noche del viernes seguía incendiando vehículos en carreteras de la Tierra Caliente, una de las principales zonas de control de La Familia y lugar de origen de El Chayo.
El operativo contra el también llamado El Más Loco, de 40 años, estuvo a cargo de la Policía Federal (PF), que en ninguna otra entidad ha sufrido tantas bajas como en Michoacán en cuatro años. Sólo en los últimos 24 meses la delincuencia local le ha matado a 45 efectivos.
La del jueves fue además la primera eliminación de un jefe del narcotráfico a manos de la corporación que comanda el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
En los últimos 12 meses, la de El Chayo es la cuarta ejecución de un jefe del narcotráfico sin que medie detención ni proceso judicial.
La primera fue el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, donde una fuerza especial de Infantería de Marina mató a Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. El 29 de agosto pasado, el Ejército eliminó a Ignacio Nacho Coronel en el lujoso barrio de Colinas de San Javier, en la zona metropolitana de Guadalajara.
El tercero en caer fue Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, el pasado 5 de noviembre en Matamoros, Tamaulipas. En esa ocasión la Marina protagonizó una refriega de seis horas que provocó el cierre de tres de los cuatro puentes internacionales.
La caza de El Chayo por la PF generó una resistencia inusitada: la respuesta armada abarcó 12 municipios y demostró la capacidad de movilización de La Familia Michoacana, organización que surgió en 2006 al amparo del cártel del Golfo y de Los Zetas.
El saldo oficial de esos combates es de ocho muertos y tres heridos. Pero la realidad es otra. El número de bajas tanto del gobierno como de La Familia se desconoce: helicópteros de la PF transportaron a la Ciudad de México a un número indeterminado de muertos y heridos, dijeron a Proceso fuentes de la policía moreliana, y el grupo criminal recogió a sus caídos, según declaró el vocero de seguridad nacional, Alejandro Poiré.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, de la que depende la Policía Federal, murieron cinco uniformados, tres delincuentes y tres civiles, entre ellos un bebé de ocho meses que recibió una bala durante los enfrentamientos de la noche del miércoles 8 en Apatzingán.
Zona de guerra
Entre el miércoles 8 y el jueves 9, La Familia desplegó a decenas de sus hombres en los municipios de Apatzingán, La Huacana, Taretán, Zitácuaro, Parácuaro, Copándaro, Ario de Rosales, Uruapan, Múgica, Morelia, Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro para resistir a las fuerzas federales que buscaban a Nazario Moreno.
La movilización confirmó el control territorial, sobre todo en el centro y noreste del estado, del grupo delictivo. En todos esos municipios los seguidores de El Chayo robaron vehículos a particulares y empresas, los incendiaron y los usaron para obstruir los caminos y evitar la llegada de refuerzos federales.
Una de las principales ciudades afectadas fue Morelia, donde los delincuentes cerraron cuatro de las cinco carreteras que parten de la capital estatal, incluida la de Occidente, que comunica con Guadalajara.
Todavía la mañana del viernes 10 el transporte de pasajeros tenía suspendidas sus corridas en el área y en Morelia estaban semiparalizadas las rutas de transporte público, según constató este medio.
Al cierre de esta edición aún se sentía un ambiente de guerra. En un recorrido de este semanario se contaron más de 30 vehículos incendiados en la carretera de Apatzingán a Cuatro Caminos. Cinco más acababan de ser quemados en la carretera Siglo XXI, hacia Lázaro Cárdenas.
El personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había abandonado las casetas de Pátzcuaro a Múgica. De acuerdo con distintos informes policiales esa región está bajo control de Servando Gómez, La Tuta, tercero al mando en La Familia Michoacana y a quien se atribuyen muchas de las bajas de la Policía Federal.
Apatzingán fue el principal escenario de combate desde la noche del miércoles 8. Después de las siete de la noche, un convoy de federales entró a las comunidades del sur de ese municipio, controladas hasta ese momento por El Chayo. Los primeros choques se dieron en la comunidad de El Alcalde, donde en enero pasado La Familia le causó cinco bajas a la corporación.
El segundo encuentro fue en Holanda, de donde es originario Dionisio Loya Plancarte, El Tío, otro de los mandos de la organización delictiva y cuyas funciones, según informes policiales, han sido de “relaciones públicas” con la prensa y funcionarios de gobierno.
El evangelizador
El objetivo final de la PF era Guanajuatillo, donde El Chayo nació el 8 de marzo de 1970.
Nazario Moreno tuvo varios alias. Además de El Chayo los informes policiales también lo identificaban como El Naza y El Dulce y con el nombre de Víctor Nazario Castrejón Peña.
Dentro de la organización era llamado El Más Loco. Ese mote se lo puso él mismo al firmar textos en Pensamientos, la publicación de inspiración bíblica con la que adoctrinaba a los miembros del cártel.
Una ficha policial elaborada en 2008 lo describió: 1.65 de estatura, tez morena clara, cabello castaño y posible cirugía estética. Se señalaba que en el parietal izquierdo tenía una placa metálica –a raíz de un accidente– que le causaba fuertes dolores de cabeza. Sus antecedentes penales registran un proceso en su contra por disparo de arma de fuego y otro por el homicidio de Eric Elson Salas Abarca.
A principios de esta década, Nazario Moreno facilitó la llegada del cártel del Golfo –ya dirigido por Ezequiel Cárdenas Guillén– y el que entonces era su brazo armado, Los Zetas.
Por su parte, La Familia se dio a conocer con desplegados en la prensa local el 22 de noviembre de
En 2008 rompieron. Desde dos años antes los sicarios tamaulipecos le disputaban a La Familia el control del estado. En la actualidad el cártel del Golfo tiene una alianza con los michoacanos, que han extendido su zona de influencia a otros estados con el apoyo también del cártel de Sinaloa.
El Chayo era el encargado de la “evangelización” de los “guerreros celestiales”, como La Familia llama a sus sicarios y lugartenientes. Un informe policial dice que se trata de jóvenes de entre 19 y 25 años, con poca escolaridad y de bajos recursos, que además del adoctrinamiento reciben entrenamiento físico, en manejo de armas y trasiego de droga.
En la tercera edición de Pensamientos –de septiembre de 2007 y que según la propia publicación tuvo un tiraje de 7 mil 500 ejemplares–, El Chayo se definía como cristiano y orgulloso de la Tierra Caliente de Michoacán:
“Hermanos en Cristo, mexicanos, michoacanos, tierracalenteños: Hermano tierracalenteño, hemos tenido muchas cosas en común, una cuna humilde, una infancia dura, mucho trabajo, de juegos cortos, pero plagados de nuestros sueños. Y todo surge ahí en ese poblado, cuando soñaba que sería alguien, que lucharía por los míos, que trabajaría duro para que mi familia tuviera lo que yo carecí, cuando las injusticias hacían temblar mi cuerpo de furia contenida y entonces pensaba que lucharía para defender a los míos, gracias a Dios que mis sueños no han cambiado, pero hoy forman parte de mi realidad.”
Sobre La Familia escribió: “Creo que ya no quiero ser ni muy correcto ni muy inteligente ni muy sabio… porque estoy descubriendo que la gente, cuando pretende ser muy correcta y sabia, se vuelve muy necia y no quiere escuchar y cae en la soberbia, y yo no quiero que nuestro grupo, ‘La Familia’, cayera en eso, y es por eso que deseo me den su crítica sin miedo ni pena”.
La publicación abunda en el sentido religioso que El Chayo le imprimió a la organización delictiva, pero con ánimo beligerante: “Si quieres, puedes llegar a ser un buen cristiano (…) atento, si estás buscando un camino ten en cuenta que los caminos sin obstáculos no conducen a ninguna parte”.
En su visión de la muerte, El Chayo escribió: “Aquí postrado a los pies de mi propia muerte quisiera estar. Es tanto el dolor que ya no quiero existir más… elevando una plegaria a Dios le pido me fortalezca (…) Y como todo buen padre me contestó: ¡Cuando me pediste perdón, te di clemencia, para que con ella aprendieras a perdonarte a ti y que todos te perdonen!”.
El halo bíblico impulsado por Nazario Moreno impregna también otras áreas de operación de La Familia. Es el caso de Jesús Méndez Vargas, El Chango, El Chamula o El Chango Méndez, quien opera con un cuerpo de seguridad conocido como Los Doce Apóstoles. Además, son 12 los tablazos que reciben algunos de los miembros que se gradúan como “guerreros celestiales”, mientras que otros pueden adquirir ese título ejecutando a alguien (Proceso edición especial 29).
Junto con El Chayo, el liderazgo de La Familia lo ha ejercido El Chango Méndez desde el surgimiento del grupo, en noviembre de 2006. La SSP colo có a Nazario Moreno en el mismo nivel de mando que Méndez Vargas, pero otros informes ponen al Chango por encima del Chayo y ambos arriba de La Tuta, uno de los jefes más conocidos del cártel.
Otro de los líderes que además de Michoacán ha operado en Baja California, el sur de Ciudad Juárez, el Distrito Federal y Guerrero es Nicandro Barrera Medrano, El Nica, identificado en varias declaraciones ministeriales como lavador de dinero.
Entre sus empresas están la casa de cambio Divisas Barrera y Autotransportes Purépecha, la que fue confirmada como suya en febrero pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Su hermano, el experiodista Efraín Barrera Medrano, ocupó distintos cargos en la Secretaría de Seguridad Pública en el actual gobierno de Leonel Godoy Rangel.
La muerte de El Chayo fue confirmada el viernes 10 por Alejandro Poiré, quien informó también del despliegue en Michoacán de efectivos de la Marina para ir contra los otros jefes de La Familia. Asimismo, la PF reforzó su presencia en el estado: llegó a sumar casi mil efectivos.
En Michoacán, la Policía Federal sustituyó las acciones del Ejército, que había sido desplegado por Calderón contra el narco en esa entidad. A 10 días de haber ocupado Los Pinos echó a andar el Operativo Michoacán, lo que marcó el inicio de su “guerra contra el narcotráfico”.
En mayo siguiente ocurrieron las primeras bajas militares del sexenio. Las causó La Familia en Nocupétaro. En represalia, el Ejército emprendió una cacería contra habitantes de esa población y del vecino Carácuaro, lo que generó fuertes críticas a la Fuerza Armada por las violaciones a los derechos humanos.
Además, en Michoacán tuvo lugar el primer ataque narcoterrorista contra la población civil en México. El 15 de septiembre de 2008, durante la celebración del Grito de Independencia, supuestos zetas arrojaron dos granadas contra la gente que celebraba en el centro de Morelia.
La entrega de los presuntos responsables fue negociada por El Chayo con el general en retiro Mario Arturo Acosta Chaparro, en el inicio de una serie de encuentros de ese militar con los jefes del narcotráfico en México, autorizados por el gobierno de Calderón, que deseaba reducir la violencia (Proceso 1768 y 1779).
El desafuero va Jesusa Cervantes
El jueves 2, cuando aún faltaba uno de los tres días del plazo que tenían la Procuraduría General de la República (PGR) y el legislador Julio César Godoy Toscano para presentar sus últimas pruebas a favor o en contra del desafuero de éste, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados ya había hecho su valoración: el juicio procede.
La semana siguiente, Proceso consultó a diversos legisladores, quienes confirmaron que el trámite de desafuero se iniciará a las 10 de la mañana del martes 14. La Sección Instructora decidió desaforar al legislador luego de escuchar 25 nuevas grabaciones que le entregó la PGR, en 10 de las cuales hay elementos que vinculan al diputado Godoy Toscano con el crimen organizado.
En una de esas grabaciones se oye la voz de una persona que pide ayuda al legislador para que interceda por él y “que no lo levanten”. En otra se escucha la conversación entre una persona no identificada y alguien que presuntamente es Godoy; ambos hablan del lugar donde se habría tirado un cadáver.
Otras pruebas son declaraciones de cuatro testigos que se presentaron durante las indagatorias de otros procesos penales; los cuatro afirman que el diputado es parte del grupo criminal de La Familia Michoacana.
Además se tiene un dictamen contable –ordenado por la propia Sección Instructora– de los movimientos bancarios de los últimos tres años de Julio César Godoy Toscano. Ya el 6 de noviembre la PGR había informado que en esos tres años el legislador realizó operaciones bancarias por 24 millones 759 mil 948 pesos y que incluso en un mes hizo depósitos en efectivo hasta por 500 mil pesos.
Sobre este punto, la Sección Instructora solicitó un dictamen en el que se detectaron movimientos hasta por 78 millones de pesos en el mismo lapso; de ellos aproximadamente 58% fueron en efectivo.
Otro elemento que se tomó en cuenta fue la prueba pericial entregada por la PGR en la que se confirma que sí es la voz de Godoy Toscano la grabada el 12 de junio de 2009 durante una conversación con Servando Gómez Martínez, La Tuta, uno de los dirigentes de La Familia. Esa grabación fue divulgada el 14 de octubre por el noticiario de W Radio.
Proceso supo de estos elementos de prueba gracias a legisladores que fueron informados por el presidente de la Sección Instructora o que tuvieron acceso al expediente del caso Godoy.
Sondeos de Santiago
Después de haber leído las pruebas de la PGR a favor del desafuero y las de Godoy para evitarlo, el presidente de la Sección Instructora, César Augusto Santiago, consideró que sí hay elementos para retirarle el fuero constitucional al michoacano.
El jueves 2, Santiago inició un sondeo con los distintos grupos parlamentarios para saber cómo votarán en el pleno; incluso les comentó que las últimas pruebas aportadas por la PGR incriminan a Godoy por el delito de “delincuencia organizada”.
Les informó que el michoacano sólo presentó en su defensa los amparos que le fueron concedidos por diversos jueces al no encontrar elementos que probaran su participación en el crimen organizado; con esos recursos se anuló la primera orden de aprehensión en su contra.
Godoy también entregó el más reciente amparo a su favor concedido el pasado 30 de noviembre por el juez Primero de Distrito en el estado de Michoacán, Efraín Cázares López, originado por la segunda orden de aprehensión girada el 5 de septiembre por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en Jalisco.
Entre las pruebas de descargo que solicitó el diputado está el compendio de la averiguación previa abierta en su contra en Jalisco, pero hasta el cierre de esta edición no se ha notificado a los miembros de la Sección Instructora la llegada de ese expediente, comenta en entrevista la diputada perredista Telma Guajardo, integrante de la Sección Instructora.
Afirmó que por esta razón no se puede concluir el proceso y dijo que los tiempos del procedimiento no fueron respetados, pues los tres últimos días de presentación de pruebas para cada una de las partes se inician 30 días después de la notificación.
“El diputado fue notificado el 5 de noviembre, por lo que el plazo empieza a correr a partir del 5 de diciembre; después hay tres días para la PGR y tres para el diputado, lo que lleva la fecha al 11 de diciembre”, precisa Guajardo.
Al primer legislador que el 2 de diciembre consultó el presidente de la Sección Instructora fue al diputado petista Mario di Costanzo, y fue éste quien relató lo arriba detallado.
El siguiente fin de semana, Santiago se comunicó con otros legisladores del Partido del Trabajo: Jaime Cárdenas, Gerardo Fernández Noroña y Enrique Ibarra. Los citó a todos para comer el lunes 6.
Santiago repitió lo dicho a Di Costanzo días antes: hay pruebas nuevas que inculpan a Godoy Toscano.
En ese encuentro, narró Di Costanzo, el presidente de la Sección Instructora les dijo que tenía dos posibilidades: una, presentar un dictamen ligero a favor del desafuero que no expusiera tanto al legislador; y la otra, someter al pleno otro, también a favor, pero más tortuoso, que lo expusiera ante la asamblea de diputados federales y con base en el cual prácticamente lo estarían enjuiciando.
“Nos preguntó cómo lo veíamos”, recuerda Di Costanzo, quien aclaró que, sin establecer o no la culpabilidad de Godoy Toscano, le reclamó a Santiago que la Cámara incluyera como integrantes de la Sección Instructora a dos diputados que en el pasado fueron cuestionados por sus posibles vínculos con el narcotráfico: el priista Arturo Zamora y el panista César Madrigal Díaz.
–Si vamos a empezar con descalificaciones no podemos seguir –fue la respuesta.
Jaime Cárdenas se enfocó en si era válida la orden de aprehensión contra Godoy Toscano luego de que el juez Primero de Distrito de Michoacán le había concedido un último amparo el pasado 30 de noviembre.
Fernández Noroña le comentó a Santiago que en México prácticamente se vive en un narcoestado, y prueba de ello, dijo, es la declaración ministerial de Sergio Villarreal, El Grande, donde afirma que conoció a Felipe Calderón Hinojosa.
Además, preguntó por qué la Cámara tendría que hacerle el juego al Ejecutivo y cómo darle la razón si el propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna está metido en el narco… o por qué no se enjuiciaba y desaforaba a Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes y sobre quien también existe una solicitud de desafuero.
La respuesta de Santiago fue que la gran diferencia era que sobre quienes mencionaba no existe una petición de desafuero de la PGR.
Sin salida
Durante la semana pasada en los pasillos de la Cámara de Diputados se mencionaba insistentemente el inminente desafuero de Godoy. El martes 7, Santiago lo comentó con el coordinador de su bancada, Francisco Rojas, quien le dijo que si encontraba elementos para el desafuero, procediera.
Ese mismo día, Alejandro Encinas confirmó a Proceso que todo apunta al desafuero pero que su partido aún argumentaría que al tener el diputado Godoy Toscano un nuevo amparo a su favor, la orden de aprehensión no puede existir.
Tanto el coordinador de los diputados perredistas, Alejandro Encinas, como el Partido del Trabajo decidieron que votarán por el desafuero pero no intervendrían en la discusión ni hablarán de los señalamientos de posibles vínculos de Godoy con el narcotráfico.
El presidente de la sección, elaborará el dictamen a favor del desafuero este domingo 12, lo someterá a discusión de la Sección el lunes 13 y al pleno el día siguiente. l
Los muertos invisibles
Marcela Turati
En Tamaulipas los muertos son invisibles, comentan los reporteros de la entidad, muchos de los cuales han tenido que huir a Estados Unidos. Una periodista de Matamoros resume la situación: “No podemos dar datos concisos en una nota, nombrar a ninguno de los cárteles, ni ampliarnos en la información ni mencionar la violencia”. La ley que impusieron los grupos criminales es la del silencio.
LAREDO, TEXAS.- Los testimonios que traspasan el muro de silencio erigido al otro lado de esta frontera hacen pensar que acaso Tamaulipas supera a Chihuahua en número de muertos.
Los reporteros tamaulipecos hablan en voz baja de días de enfrentamientos con hasta 200 muertos. De tramos carreteros con paisajes de cadáveres de adolescentes, casi niños, esparcidos por varios metros. De cuerpos que ya no pasan por los semefos, las funerarias o los cementerios y van directo a fosas que albergan entierros múltiples. De rastros de sangre en las calles como únicas evidencias de los asesinatos que escapan a las estadísticas fúnebres.
Es difícil probar sus dichos. A diferencia de ciudades como Juárez, en las de Tamaulipas los reporteros no realizan el ejecutómetro porque el número de homicidios es desconocido. Las autoridades niegan esa información. El Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (Cefprodhac), la organización que llevaba el inventario de defunciones, dejó de hacerlo el año pasado.
“Yo anduve investigando a dónde llevaban los muertos, pero no los llevan a ninguno de los panteones; hablé con los camposanteros y dijeron que ya no los llevan ahí. Los de las funerarias que antes hablaban ya no quieren dar información. Preguntarle a los policías es como hablarle a los narcos y si saben que somos reporteros nos va peor. Desde hace dos años yo llevaba una estadística de los muertos; ya no puedo”, se lamenta un reportero hispano que omite su nombre por seguridad, pues aunque trabaja para un periódico texano dice que está amenazado como sus colegas mexicanos. Incluso, tiene su testamento hecho.
Tamaulipas es lo más parecido a una dictadura criminal, con zonas controladas por el cártel del Golfo y otras por Los Zetas que a partir de febrero se disputan el estado. Desde hace una década esa entidad es una zona de silencio; tienen en nómina a empresarios, gobernadores, periodistas, alcaldes, policías y un ejército de informantes; poseen campos de entrenamiento para nuevos sicarios y a los medios locales de comunicación bajo censura.
¿Qué se necesita para imponer silencio? El finado periodista polaco Ryzsard Kapuscinski escribió al respecto: “El silencio tiene sus leyes y sus exigencias. El silencio exige que los campos de concentración se levanten en lugares apartados. El silencio precisa de un aparato policial gigantesco. Necesita ejércitos de delatores. El silencio exige que sus enemigos desaparezcan de repente y sin dejar rastro. No le gusta que ninguna voz, ya de queja, ya de protesta, ya de indignación, turbe su paz y tranquilidad. Allí donde tal voz se deja oír, el silencio golpea con toda su fuerza y restablece el estado anterior, es decir, el estado ideal de silencio”.
Tamaulipas no está alejado de esa descripción que obliga a callar hasta a los medios ubicados del lado estadunidense del río Bravo.
Los editores de diarios texanos, como el San Antonio Express-News o el Laredo Morning Times, han mandado a sus reporteros al lado mexicano a documentar información tan básica como el número de muertos después de los más feroces enfrentamientos entre bandas criminales o de éstos contra las fuerzas federales; pero desde hace dos años no consiguen cifras confiables.
“El día después de la balacera de Matamoros (en la que murió Ezequiel Cárdenas Guillén, El Tony Tormenta), el gobierno reportaba 10 muertos, los medios de la frontera de
La reportera Lynn Brezosky, de ese mismo diario, por esas fechas fue enviada a Matamoros para indagar el número de muertos tras esa violenta refriega que obligó a los habitantes de pueblos como Ciudad Mier a exiliarse. Ella entró un par de horas, a contrarreloj, a sabiendas de que no puede preguntar mucho ni llamar la atención, de que debe permanecer pocas horas y cruzar la frontera antes del atardecer.
“La gente dijo que había pasado el día en su oficina o en sus casas encerrados, sin luz, sin teléfono, y que se asomaron a las calles hasta el día siguiente, pero nadie supo precisar cuántos murieron y si lo saben no lo dicen. No vimos cuerpos en las calles. Imagino que los levantan y llevan a algún lado, pero nosotros no podemos quedarnos mucho tiempo para investigar”, explica vía telefónica.
Estado-cártel
En Tamaulipas es más lo que se calla que lo que se publica. La mayoría de la prensa local está amordazada. Los reporteros de medios nacionales o extranjeros que quieren investigar en la zona deben planear previamente su ingreso con una operación logística, aunque eso tampoco es garantía de salir bien librado. Varios reporteros fuereños han sido tomados como rehenes por los criminales, golpeados por varias horas y expulsados con la advertencia de que la siguiente intromisión la pagarán con su vida.
Un reportero tamaulipeco cuenta una anécdota: su cuñado renunció al departamento de policía municipal de Nuevo Laredo, traumado y harto porque fue enviado a levantar cuerpos “de niños muertos, con camisetas con zetas”, y aventarlos a hoyos en la tierra como si fueran perros.
Hasta los periodistas fronterizos más experimentados sienten que entrar a Tamaulipas es pararse en arenas movedizas, como admite Alfredo Corchado, el veterano corresponsal de The Dallas Morning News que en febrero –cuando comenzó la guerra entre Los Zetas y el cártel del Golfo– logró entrar un par de horas a reportear a Reynosa e informó al mundo que decenas de personas habían muerto las semanas previas y que ocho periodistas estaban desaparecidos.
“Hay regiones donde el silencio domina, donde el miedo se siente y se ve entre la gente. Y eso lo vi en Reynosa, me impresionó mucho. El crimen organizado en esa región se ha impuesto como gobierno paralelo que domina hasta la prensa. Ahí sientes la impotencia de la gente, del gobierno”, dice a Proceso el periodista recién galardonado en Estados Unidos por su valiente cobertura.
Aunque desde 2007 Juárez es considerada la ciudad más peligrosa de México –y, según algunos cálculos, del mundo entero–, la mayoría de los corresponsales siente en la frontera chihuahuense más seguridad que en la tamaulipeca.
“Ciudad Juárez es demasiado grande, es difícil domar esa ciudad y el periodista tiene ahí más espacio. Irónicamente, siento más tranquilidad en Juárez, a diferencia de Matamoros, Reynosa, Ciudad Alemán, Nuevo Laredo u otros municipios tamaulipecos donde no confío en nadie, sólo en contadas personas, y donde la dinámica de Los Zetas ha creado una realidad mucho más cruda, más brutal, más sofisticada en cuestión de guerra urbana; saben cómo controlar la información y cómo controlar, subordinar, amenazar y matar al reportero; lamentablemente, es parte de su estrategia”, dice.
Aunque Juárez es considerada a nivel internacional el epicentro de la violencia por el narcotráfico y se ha convertido en el ícono del conflicto armado, los propios reporteros juarenses quedan pasmados al escuchar los testimonios de las condiciones de trabajo de sus colegas tamaulipecos.
La reportera Sandra Rodríguez, de El Diario –premiada el mes pasado en España por su valiente cobertura junto a su colega Lucy Sosa–, considera que la gravedad de la situación en Tamaulipas reside en que es parecida a la de un Estado totalitario.
“Sabemos que hay mucha violencia porque los reporteros nos cuentan, pero no tenemos estadísticas que lo confirmen. En Juárez por lo menos el Ministerio Público tiene un protocolo que manda diariamente a los medios con los homicidios, y aun así nos hemos dado cuenta de que no reportan todos los homicidios. Pero en Tamaulipas todo es silencio, es una situación tan grave que ni siquiera la conocemos”, opina.
Censura transfronteriza
Según el periodista mexicano Jorge Luis Sierra, fundador del McAllen Times –ubicado al otro lado de la frontera tamaulipeca–, este año podrían haber muerto más personas en Tamaulipas que en Ciudad Juárez, si se considera en términos proporcionales.
“El grueso de la violencia ha ocurrido desde el aparente conflicto entre Los Zetas y el cártel del Golfo, que provocó una ola de violencia a partir de febrero. En Ciudad Juárez –donde la violencia es más antigua– los medios locales han mostrado más independencia y no han cesado de informar de la violencia, pero en Tamaulipas no es así.”
Señala que cuando el Cefprodhac de Reynosa abandonó el conteo de las muertes violentas desaparecieron las fuentes independientes que corroboran la información. Los medios fronterizos ubicados en Texas tampoco han podido evadir fácilmente la censura informativa.
“(Los medios texanos) siguen reporteando, pero ya no es tan sencillo que crucen la frontera. En los momentos de mayor violencia se abstuvieron de entrar. No había garantías para una cobertura segura, algunos periodistas estadunidenses habían sido amenazados, y para ellos era difícil pasar inadvertidos. Pero los tres diarios más importantes de ese lado de la frontera, el Brownsville Herald, el Monitor y el Laredo Morning Times, siguen buscando la noticia, tratando de construir fuentes del otro lado de la frontera y cruzando cuando pueden. El trabajo ha sido un poco más sencillo con la contratación de reporteros bilingües de origen mexicano”, explica.
Sierra señala que durante los enfrentamientos en Matamoros que culminaron con la muerte de Ezequiel Cárdenas, el Brownsville Herald manejó información de fuentes anónimas que mencionaba a decenas de muertos, porque era muy riesgoso confirmar los datos sobre el terreno; tanto que uno de sus reporteros murió baleado. El NewsChannel 5 fue obligado a sacar de la región a uno de sus reporteros porque recibió amenazas de muerte; después le tocó a un camarógrafo.
El San Antonio Express-News también se vio forzado a retirar de Nuevo Laredo a un reportero. En febrero pasado se abstuvieron de cruzar la frontera –“nuestra seguridad no estaba garantizada”, explica Nora López– por lo que tuvieron que tomar notas surgidas desde la Ciudad de México o del Houston Chronicle. El bloqueo informativo es tal que Brezosky se ha visto obligada a consignar en sus notas información tomada de blogs y twitters de ciudadanos.
“Batallamos para conseguir información básica, como el número de muertos. Antes nos daba la información la procuraduría del estado (de Tamaulipas), ahora no quieren, dicen que no saben, que tienen que esperar órdenes del DF, y el Ejército también dice que no sabe (…) Antes íbamos y veíamos cuerpos, ahora sólo los charcos de sangre, porque los narcos se llevan a los suyos y los marinos a los suyos”, dice la editora López.
La periodista considera que el desconocimiento de la realidad es muy grave, porque si no se dimensiona la gravedad de la situación tampoco habrá solidaridad entre la sociedad para organizarse.
Dictadura criminal
Heriberto Deándar, director editorial de El Mañana, el periódico líder de Tamaulipas –uno de los diarios líderes en investigación durante la década de los noventa hasta que los atentados y asesinatos a sus periodistas lo obligaron a no publicar más sobre la delincuencia–, se queja por la cerrazón gubernamental:
“Desde hace año y medio nadie sabe a ciencia cierta cuántos muertos y heridos hubo en los enfrentamientos. El Ejército no hace boletines ni ruedas de prensa, las autoridades estatales están rebasadas, la PGR envía coreos electrónicos mencionando a los detenidos en todo el país y el municipio únicamente alerta a través de Facebook y Twitter sobre la ubicación de situaciones de riesgo.”
Un reportero de un medio electrónico de Reynosa explica que los policías locales niegan información sobre los enfrentamientos porque están al servicio del narcotráfico.
“La lista de muertos que dan está muy depurada, sabemos que hay más. La gente nos dice que vieron más muertos que los reportados. Los mismos delincuentes se llevan los cuerpos en las balaceras y los desaparecen, si matan a alguno se lo llevan también si es enemigo”, asegura.
Una corresponsal de un medio nacional dice que le resulta imposible explicarle a sus jefes, basados en el Distrito Federal, que los policías no la dejan acercarse a donde hubo balaceras, que los funcionarios no proporcionan datos y que el Ministerio Público no recibe reporteros.
“Tan sólo anteayer ellos negaban que hubo muertos y yo sé que al menos una persona murió en Nuevo Laredo, porque era mi conocido. La procuraduría ya no actualiza la información en internet y no te responden ni cuando pides la información a través de la Ley de Transparencia. Ni siquiera los afectados quieren darnos datos, porque desconfían de los periodistas, piensan que estamos coludidos. Y el Ejército piensa lo mismo. A todos nos catalogan como corruptos”, lamenta.
Ella, como otros colegas suyos, asegura que todo el gremio tiene sus cuentas de internet hackeadas y sus celulares intervenidos. Varios dicen que reciben amenazas telefónicas y órdenes o advertencias directas de reporteros a sueldo de los cárteles.
“Es absurdo, a veces no quieren que publiquemos una nota que todo mundo conoce porque antes la divulgaron los twiteros. O lo peor: quieren que cubramos sus manifestaciones contra el Ejército y que las destaquemos”, dice un reportero de Matamoros.
La censura llega al colmo de que hasta los reporteros se enteran de los sucesos a través de Twitter o de Facebook. “La autoridad no informa, y nosotros, que deberíamos hacerlo, no podemos. Las radios y televisoras no te dicen dónde hay balaceras, sólo las redes sociales”.
Una reportera de Matamoros indica las reglas informativas que les han impuesto los criminales: “No podemos dar datos concisos en una nota, nombrar a ninguno de los cárteles, ni ampliarnos en la información ni mencionar la violencia (nada de la aparición de muertos en carreteras o cuerpos que traían playeras de un cártel). A lo único que pudimos darle seguimiento fue a la muerte del candidato (a gobernador Rodolfo Torre) Cantú”.
Esta reportera, como varios de sus colegas, reconoce que los ciudadanos están enojados con los periodistas, a todo momento los critican por cobardes, se sienten frustrados por la ausencia de información.
Y explica: “Yo les contesto que ni mi información ni la de otros cambiaría la situación, que entiendan nuestra posición porque no es fácil nuestra tarea, que por una nota no sólo estamos exponiéndonos nosotros, también a nuestras familias y a nuestros compañeros, al personal y a las instalaciones. La gente está frustrada pero sólo los que estamos de este lado sabemos el peso que cargamos: estamos entre la censura, el silencio y el miedo”.
Desde mediados de noviembre el Ejército puso de moda invitar a periodistas a Ciudad Mier para que constaten que los soldados recuperaron ese pueblo disputado desde hace 10 meses por zetas y golfos. Sin embargo, aunque los militares se mantienen en la zona que acapara la atención mediática a raíz del exilio de todos sus habitantes que fundaron el primer albergue para refugiados de la violencia, el resto de la entidad parece perdida para el estado. Los criminales todavía controlan la información.
Un periodista dice que es tal el dominio de los cárteles que, a veces, lo único que les queda por hacer a los medios informativos para manifestar su desacuerdo con los criminales es publicar fotos del presidente Felipe Calderón o del Ejército en la portada, notas de los discursos oficiales o información de agencias internacionales sobre los daños de las drogas. No pueden hacer más. l
Donde ni la ayuda entra
Es un hecho documentado que numerosas regiones del país son controladas por el narco. Es el caso del campo tamaulipeco, donde nadie transita sin ser interceptado por sicarios. De hecho, autoridades municipales y trabajadores de instancias federales han sido levantados o asesinados por integrantes de Los Zetas o del cártel del Golfo, quienes se disputan la zona. Hoy, pocos se atreven a visitar las zonas marginales para entregar, por ejemplo, los recursos correspondientes a programas sociales.
CIUDAD VICTORIA, TAMPS.- Territorios del narco, amplias zonas de Tamaulipas se hallan por completo fuera del control de las autoridades civiles y militares, a tal grado que quienes se encargan de distribuir los recursos de los programas sociales requieren de la custodia del Ejército para cumplir su trabajo. Pero eso no es todo: incluso algunas dependencias oficiales se han visto obligadas a suspender sus actividades en esas regiones.
Servidores públicos sostienen que hay localidades a las que es imposible llegar: sus sendas son transitadas sólo por sicarios que tienen refugios en los ranchos y las comunidades ejidales.
La inseguridad en los 43 municipios de Tamaulipas, derivada de la guerra entre el cártel del Golfo y Los Zetas, ha obligado a los tres niveles de gobierno a suspender algunos programas o a modificar sus protocolos por el riesgo que corren los trabajadores de ser interceptados, asaltados o asesinados.
Pasó hace poco en Nuevo Laredo: los promotores de un programa federal fueron sometidos por hombres encapuchados y armados que los obligaron a permanecer hincados durante horas para comprobar si eran servidores públicos y no sicarios enemigos.
En septiembre pasado tres empleados de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado y uno de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que trabajaban en una caseta del municipio de Llera, fueron ejecutados y mutilados. Por las mismas fechas levantaron a dos trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social en esta capital. Fueron liberados días después.
“Hemos limitado los horarios para que nuestro personal transite por carretera de 8 de la mañana a 4 de la tarde; igual a esas horas pueden presentarse situaciones de peligro, pero antes y después de ese horario sabemos que no hay garantías y se corren altos riesgos”, reconoce un funcionario federal.
“Eso es por carretera, porque por veredas ya no se puede andar a ninguna hora en la mayoría de las zonas rurales del estado”, agrega.
El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, estuvo la semana pasada en Mier, uno de los municipios rurales que se habían convertido en “tierra de nadie”, al grado de que una noche llegaron Los Zetas para correr a todos sus pobladores. Al menos 400 habitantes buscaron refugio en el vecino municipio de Miguel Alemán en los primeros días de noviembre.
El viernes 3, las autoridades locales y federales aseguraron que la mayoría de las personas desplazadas por la violencia habían retornado a sus casas y que la vida en Mier tornaba a la “normalidad”.
Pero el lunes 6, cuando Blake Mora llegó a Tamaulipas con la “noticia” de que la criminalidad había bajado 84% en 12 días de estar en funciones el reforzamiento del Operativo Noreste, más de un centenar de pobladores le reclamaron, entre gritos, por los más de nueve meses que los dejaron abandonados a merced de los grupos delictivos.
La intimidación
A pesar de que tanto el gobierno estatal como el federal insisten en que Mier y el resto de los municipios de la “Frontera Chica”, tienden a la “normalidad”, lo cierto es que el panorama en las poblaciones aledañas luce aún “fantasmagórico” y que la anhelada “paz” pende de la presencia permanente de los militares, como los mismos pobladores le expusieron Blake Mora en su visita.
El propio gobernador Eugenio Hernández Flores advirtió al titular de Gobernación que el Operativo Noreste, que se concentró en los municipios fronterizos, se debe extender a otras zonas rurales que también sufren por el acoso de los grupos delictivos y donde la violencia se vive con mayor crudeza.
Días antes de la visita de Blake Mora a la entidad, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, afirmó que gracias a los refuerzos federales enviados a Tamaulipas la vida en el municipio de Mier –de donde a principios de noviembre huyó prácticamente toda la población– retornaba paulatinamente a la “normalidad”. Sin embargo ni en ese municipio ni en ningún otro de Tamaulipas se puede asegurar que se viva en “normalidad”.
En Abasolo, municipio ubicado a unos
En Hidalgo, el alcalde Marco Antonio Leal fue asesinado y el sustituto, Gregorio Guerra Maldonado, no puede ingresar a la cabecera municipal, donde el cártel del Golfo impuso el toque de queda a sus habitantes (Proceso 1778).
En los municipios de Méndez, Hidalgo, Mier, Antiguo Morelos y San Carlos, tampoco despachan en sus oficinas, pues han sido objeto de ataques o amenazas. A su vez, los de San Fernando y Jiménez pasan la mayor parte del tiempo en Ciudad Victoria y si viajan a sus alcaldías lo hacen con precauciones extremas.
Además, en Abasolo, Hidalgo y Mier desaparecieron las policías preventivas y de tránsito, luego de que muchos agentes fueron ejecutados o levantados. En los demás municipios rurales tamaulipecos quedan pocos uniformados y se limitan a concentrarse en sus comandancias sin salir a patrullar.
Ante esta situación, el alcalde de Miguel Alemán, Servando López, informó la semana pasada que ante el déficit de policías debieron contratar a una empresa privada para prestar el servicio de vigilancia en el sector comercial.
De acuerdo con la normatividad de los programas Oportunidades y 70 y Más, la entrega de apoyos debe ser vigilada por las policías preventivas de cada municipio. Pero en Tamaulipas estas corporaciones no operan con normalidad o de plano no existen, por lo que el reparto de recursos en la mayor parte de los municipios es custodiado por el Ejército.
Enlaces de esos programas –quienes pidieron el anonimato– informan que a partir de este mes se acordó que en algunas regiones de alto riesgo, como Mier y Guerrero en la llamada Frontera Chica, los apoyos lleguen directamente a los beneficiarios por medio de depósitos bancarios.
En Abasolo, Jiménez, San Fernando, Soto la Marina y Méndez la entrega que antes se hacía en las comunidades alejadas, ahora se concentra en la cabecera municipal. “No hay condiciones para que podamos acudir a la mayoría de las comunidades rurales en las que antes hacíamos entrega”, explica uno de los enlaces.
En el caso del municipio de Hidalgo el subsidio se reparte en una comunidad cercana a la cabecera municipal porque ingresar a ella “es de alta peligrosidad”. Por las terracerías, los sicarios sólo permiten circular a quienes viven en la región o a los comerciantes y rancheros a los que ya conocen.
“Hasta se han tenido que reprogramar varias entregas porque se presentan hechos de violencia en algún municipio; en otras ocasiones porque los soldados no están disponibles para custodiarnos”, afirma la fuente.
Esto afecta a las familias más vulnerables, dice, porque los apoyos en esos municipios de “alta peligrosidad” se entregan a veces hasta con 15 días de retraso.
“En ocasiones –cuenta una beneficiaria de Oportunidades que pide el anonimato– se cita para una fecha, pero ocurre alguna balacera en la carretera y no pueden llegar; pasa que hay gente muy pobre que tuvo que hacer un gran esfuerzo para desplazarse ese día hasta la cabecera municipal y que ni siquiera trae dinero para regresarse.
“Creo que en la zona rural de Tamaulipas se vive una tragedia que no la pueden medir ahorita, pero la violencia está disparando la pobreza y los programas gubernamentales no están llegándonos como deberían”, afirma.
Nadie se atreve
Dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) limitaron sus labores de vigilancia exclusivamente a las zonas urbanas. Inspectores de esa institución reconocen que desde hace meses no han ido a los pozos de la Cuenca de Burgos a supervisar que los trabajos cumplan con la normatividad ambiental.
“Ya antes era difícil trabajar en esa zona; ahora es imposible”, acepta un inspector de la Profepa.
Pero igual que ya no se hacen inspecciones, agrega, tampoco Pemex y las empresas petroquímicas realizan sus actividades normales en Burgos.
Un funcionario de Pemex reconoce que tanto la paraestatal como las concesionarias operan a 30 o 40% de lo que lo hacían a principios de 2010 debido a los riesgos que implica para sus trabajadores transitar por las brechas que conducen a los pozos.
Algunas ocasiones, relata, militares escoltan a los trabajadores para llegar a determinadas regiones, pero si no hay quien les garantice la seguridad, la gran mayoría se niega a trasladarse, especialmente a los pozos o instalaciones en zonas alejadas. Ya han ocurrido hechos de violencia en la zona y algunos se hicieron públicos.
En mayo pasado un grupo de familiares denunció ante los medios que cinco trabajadores sindicalizados de Pemex fueron secuestrados cuando acudían a la estación de compresión Gigante
Al llegar a esa estación Saúl García Ayala, Mario Zúñiga Salas, Martín Franco Rivera, Christopher Cadena García y Anselmo Sánchez Saldívar fueron sorprendidos por sicarios que los levantaron. Hasta la fecha nada se sabe de ellos, aseguran sus familiares.
La empresa argentina Tecpetrol reconoció que dos de sus trabajadores también fueron levantados en la Cuenca de Burgos. Extraoficialmente se sabe que ocho empleados de la contratista Delta también están desaparecidos.
“Lo que se cree es que algunos de ellos, que conocen bien la región, son levantados para servir de guías a los grupos delictivos que se han reforzado con criminales llegados de otros estados”, comenta el funcionario de Pemex.
Las actividades en los ranchos cinegéticos, que en otros años atraían turismo a Tamaulipas, están prácticamente detenidas. Algunos fueron invadidos o son acosados por los grupos delictivos.
Igual ocurre con los hoteles de la reserva de la biosfera El Cielo, en el municipio de Gómez Farías. “Algunos están abiertos”, acepta un funcionario estatal, “pero el turismo no está llegando”.
El delegado de la Sagarpa en Tamaulipas, Roberto Salinas Salinas, reconoce que la situación difícil que se vive en “todo el estado” ha obligado a esta dependencia y a los productores a limitar sus horarios de actividades. “Todo se hace de día, ya no se cosecha, ni se mueve ganado, ni nada se puede hacer cuando oscurece, por el riesgo que eso representa”, dice.
Salinas refiere que los agricultores se quejan en las reuniones que organiza la dependencia por las extorsiones de que son objeto; los ganaderos aseguran que fueron despojados de sus ranchos, pero no existen denuncias formales, dice el funcionario. Pese a ello, asegura, la producción no se ha detenido: “Algunos ya no van a sus ranchos, o lo hacen sólo en ciertas circunstancias y horas, pero tienen gente de la región que les trabaja”.
Trabajadores de la Sagarpa y de Desarrollo Agropecuario estatal han tenido que restringir las funciones de los Centros de Apoyo Rural de acuerdo con las condiciones de seguridad que se viven en cada municipio. “Hay muchos lugares a los que ya no se puede ir porque se juega uno la vida”, reconocen.
Pero hay otros programas que se ven afectados por la inseguridad. Estancias infantiles de los municipios de San Fernando, Miguel Alemán y Camargo –creadas con subsidios de la Sedesol– operan, reciben recursos, pero los niños no acuden.
Un funcionario federal explica que en las oficinas centrales de cada dependencia conocen las condiciones de inseguridad que privan en Tamaulipas por lo que las metas de trabajo para este año no se medirán igual que en otros estados.
“Ellos están enterados de que muchos programas ya no se pueden llevar a cabo, que hay zonas en las que ya no se puede entrar sin que corras el riesgo de que te levanten o te maten y no vamos a poner en riesgo a nuestro personal”, explica.
El laberinto jurídico de Sandra Ávila
Jorge Carrasco Araizaga
Desde 1999 el gobierno de Estados Unidos puso la mira en Sandra Ávila Beltrán, pero tuvo que esperar varios años para buscar su extradición, y ahora que está en manos del gobierno de Felipe Calderón y él está dispuesto a entregarla, la PGR no ha convencido a los jueces de que las acusaciones en los tribunales estadunidenses son sólidas.
En la corte federal del Distrito Sureste de Florida, con sede en Miami, desde hace 11 años se acusa a La Reina del Pacífico de asociarse con narcotraficantes colombianos para introducir y distribuir cocaína en Estados Unidos.
De acuerdo con el expediente del caso penal 04-20154 CR-M00RE, consultado por Proceso, Ávila Beltrán es una de los siete ciudadanos de México y Colombia acusados desde entonces por el Departamento de Justicia estadunidense de conspirar para importar y vender el alcaloide, cargos sancionados con prisión perpetua.
Ávila fue implicada en esa causa por algunos de sus coacusados que están en condición de colaboradores del gobierno estadunidense, quienes a cambio obtuvieron reducción de sus condenas.
Hace nueve años, el 20 de diciembre de 2001, Estados Unidos tuvo un argumento más contra Ávila Beltrán: en Manzanillo, Colima, el buque Maciel fue incautado con 10 toneladas de cocaína procedente de Colombia y que tenía como destino aquel país. La PGR la implicó en la frustrada operación y la acusó de delincuencia organizada, delitos contra la salud en su modalidad de fomento, y lavado de dinero. Ávila fue capturada en septiembre de 2007 en un restaurante del barrio de San Jerónimo, en el sur de la Ciudad de México.
Las imputaciones en su contra se complicaron con la detención, en agosto pasado, de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, quien por años fue el enlace del cártel colombiano del Norte del Valle y los del cártel de Sinaloa, a través de los hermanos Beltrán Leyva.
Sin embargo, en menos de un año dos integrantes del Poder Judicial Federal dictaminaron que los gobiernos mexicano y estadunidense no han entregado pruebas contundentes contra Ávila. Pero esta “opinión jurídica” no es vinculante, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no está obligada a respetarla y el 29 de octubre resolvió extraditar a la acusada.
El sábado 4 de noviembre, el titular del juzgado Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales, Fernando Córdova del Valle, absolvió a Ávila Beltrán de los cargos fincados por la PGR. Lo mismo hizo con el colombiano Juan Diego Espinosa Ramírez, El Tigre.
Luego de su detención, en el decomiso de sus bienes la PGR enlistó 179 joyas con incrustaciones de piedras preciosas, 16 cuentas bancarias –cinco de ellas en dólares–, seis vehículos y seis inmuebles, entre éstos un conjunto de 223 terrenos del fraccionamiento Alto Valle, en Hermosillo, Sonora.
Para el juez Córdova del Valle, la PGR no acreditó que La Reina del Pacífico y El Tigre hayan participado con el cártel de Sinaloa y el del Norte del Valle para traficar cocaína. Pero la procuraduría sigue acusándola de estar involucrada en el tráfico de las diez toneladas de cocaína y de lavar dinero en el sector inmobiliario de Sonora y Jalisco, por lo cual tres días después apeló ese fallo, en espera de que lo resuelva un tribunal unitario.
En su intento por procesarla en México por los delitos de delincuencia organizada, fomento de delitos contra la salud y lavado de dinero, la PGR intentó utilizar los libros La Reina del Pacífico de Pérez-Reverte y Es la hora de contar de Julio Scherer García, pero el magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del tercer Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, los desechó como prueba.
Otro revés para el gobierno federal se registró en septiembre pasado, cuando la titular del juzgado Quinto de Distrito con sede en el Reclusorio Oriente, Olga Sánchez Contreras, consideró que Ávila no debe ser extraditada porque no está claro que se trate de la misma mujer que los estadunidenses quieren juzgar en Miami, lo que no se ajusta al tratado de extradición entre los dos países. El juez Córdova externó esa misma opinión desde el 12 de enero.
La acusación de Estados Unidos se basa en una conversación telefónica intervenida por la DEA en la que el colombiano Manuel López Correa supuestamente habla con ella y con El Tigre por el adeudo de 100 kilos de cocaína colocados en Chicago.
Córdova emitió su criterio luego de un peritaje de voz y audio solicitado por la defensa de Ávila Beltrán. El perito de la PGR y el de la acusada coincidieron en que la voz ofrecida por el gobierno estadunidense en un disco compacto y un audiocasete no correspondía a la de La Reina del Pacífico.
“En esa tesitura, la petición formal de extradición no se encuentra ajustada a las prescripciones del Tratado y la Ley de Extradición Internacional, lo cual resulta fundado y suficiente para opinar que se debe negar la solicitud de extradición”, señaló el juez.
Testimonios en contra
El caso sigue en los tribunales, pues Ávila Beltrán solicitó un amparo contra la decisión de la SRE de entregarla a la justicia estadunidense. El 17 de noviembre, el juzgado Décimo Tercero de Distrito le concedió una suspensión hasta que se resuelva en definitiva el juicio de garantías que promovió contra esa autoridad al considerar que la cancillería comete violaciones constitucionales y de legalidad en su contra. La resolución tomará todavía varios meses.
Para conseguir la extradición, el gobierno estadunidense también aportó una declaración de El Tigre, quien fue procesado en México en ausencia porque fue extraditado en
El Tigre fue condenado en Miami a seis años de prisión, pero debido a que fue detenido en México en 2007 ya sólo le restan tres, por lo que será liberado en septiembre de 2013, aunque después de esa fecha deberá permanecer tres años más bajo vigilancia policial. Si la PGR pierde el fallo emitido a su favor el día 4 por el juez Córdova, Espinosa Ramírez no estará obligado a regresar al país.
La justicia de Estados Unidos le redujo la condena a El Tigre no sólo por declararse culpable de conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos, sino también por inculpar a su expareja. Su hermano, Mauricio, El Mauro, acusado en el mismo caso, también se declaró culpable pero fue condenado a 19 años y siete meses de prisión, además de cuatro años bajo supervisión de la policía.
No es el único arreglo que ha alcanzado el gobierno estadunidense con narcotraficantes colombianos para procesar a Sandra Ávila en su territorio. El 13 de septiembre pasado el periódico Reforma publicó que en 2006 la DEA llegó a un supuesto acuerdo con los hermanos Víctor Emilio y Dairo Valencia Espinosa, del cártel del Norte del Valle, para que entregaran a La Reina del Pacífico a cambio de seguir operando en México.
Víctor, El Doctor, y Dairo, El Remache, fueron detenidos en la Ciudad de México el 10 de septiembre pasado por la Policía Federal, a los pocos días de la captura de La Barbie, quien de acuerdo con la corporación los habría protegido del propio cártel de Sinaloa tras la detención de Sandra Ávila. En ese momento, como lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, La Barbie todavía formaba parte de esa organización.
Los dos colombianos eran los enlaces de La Barbie con el cártel del Norte del Valle. Víctor Emilio era el presunto dueño de la casa donde fue detenido La Barbie, en el municipio de Lerma, Estado de México. Junto con su hermano Leyner, los Espinosa Valencia también son acusados en Estados Unidos de introducir y distribuir cocaína desde 1999 y de estar involucrados en el caso del buque Maciel.
El caso 04-20154 CR-M00RE, que sigue la corte federal del Distrito Sureste de Florida, indica que en 2006 hubo otra negociación para dar con más implicados en esa acusación. Además de los tres hermanos Valencia Espinosa y Ávila Beltrán, el Departamento de Justicia incluyó en esa causa a Gadier Villegas Cifuentes, Ramón Alberto Orozco Mejía y Julio Beltrán.
La justicia estadunidense ya llegó a un acuerdo con tres de estos siete acusados y cerró sus casos con reducción de penas, a cambio de que declararan contra los otros acusados. Uno de los que colaboró fue Gadier Villegas Cifuentes, según consta en una declaración fechada el 27 de noviembre de 2007 y firmada por el fiscal Eric Morales.
El documento justifica la reducción de la pena a cinco años: “Después de su sentencia y siguiendo a nuestro acuerdo, el acusado cooperó en la persecución señalada en la acusación. Aunque su cooperación no resultó en nuevos arrestos, cargos, decomisos o acusaciones, Estados Unidos cree que el acusado dio apoyo sustancial en la persecución de una persona”.
Sandra Ávila Beltrán, quien en su huida de las autoridades estadunidenses y mexicanas utilizó varios alias, en el libro de Scherer García cuestiona que el presidente Felipe Calderón la haya señalado:
“El día de mi captura, Felipe Calderón se lanzó en mi contra. Olvidó que es presidente y me acusó sin pruebas. Dijo que soy enlace con los cárteles de Colombia. Se creyó la ley. Sus palabras las sentí como una avalancha que se me venía encima. Llegó a decir que soy una de las delincuentes más peligrosas de América Latina y en su ignorancia me llamó la Reina del Pacífico o del Sur, así literalmente, una u otra. Cualquiera sabe que la Reina del Sur es un personaje de ficción del escritor Pérez-Reverte y yo de ficción nada tengo, que de carne y hueso soy. En términos parecidos, Felipe Calderón se lanzó contra Juan Diego Espinosa.
“¿Qué derecho le asistía para abusar del poder como lo hizo? Además, poco sabe de esos asuntos. ¿Tiene idea de que a los capos los resguardan decenas, centenares de guardaespaldas y que en mi caso no hubo quien me protegiera, un solo hombre, una sola escolta, siendo, como dijo, una de las figuras más importantes del narcotráfico en América Latina? ¿Tuvo en cuenta que, peligrosísima como soy, fui aprehendida en el Vips de San Jerónimo, sin un solo jaloneo? Calderón me citó con mi nombre y mi nombre lo infama. Yo siempre podré decir: me marcó. Y él no podrá negarlo. Con él, el abuso de poder se da con todas las ventajas. Un presidente, nada menos, que condena desde sus alturas inaccesibles.” l
García Luna, sospechoso en Estados Unidos
J. Jesús Esquivel
Tras el reacomodo de fuerzas que habrá en enero en el Congreso estadunidense, los legisladores republicanos buscarán revisar los mecanismos de apoyo y cooperación con México en materia de lucha contra el crimen organizado para volverla más eficaz. Los dos puntos clave de su estrategia serán el combate a los actos de corrupción en el seno del gobierno de Felipe Calderón –en especial los que, según reportes que afirman tener en su poder, se atribuyen al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna– y el intercambio de información de inteligencia militar.
WASHINGTON.- Para derrotar al narcotráfico en México es necesario investigar a fondo las acusaciones en el sentido de que en su gobierno prevalecen actos de corrupción, en especial los que se atribuyen al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y fortalecer el intercambio de información de inteligencia militar entre Estados Unidos y el país vecino, afirman congresistas republicanos.
A los legisladores del Partido Republicano les preocupa que, en algunas causas judiciales sobre presuntos actos de corrupción entre efectivos de la Agencia Federal de Investigación –iniciadas hace cinco años–, se mencione el nombre de García Luna.
En enero habrá un reacomodo político en Washington: los republicanos tendrán el control del Congreso y la cooperación en la lucha de México contra el narcotráfico será sometida a varios ajustes y exigencias.
“Mantenemos un sólido respaldo a la Iniciativa Mérida pero estamos particularmente entusiasmados por la cooperación entre el personal militar de Estados Unidos y el de la Marina de México. Queremos que haya más cooperación entre ellos, pero de manera especial en materia de inteligencia”, dice a Proceso Carl Meacham, asesor para Asuntos Latinoamericanos de Richard Lugar, senador republicano integrante del Comité de Relaciones Exteriores.
“Otra área donde pensamos que se necesita más atención es en el tema de la corrupción… especialmente y tomando en cuenta las acusaciones que han surgido contra Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de México”, enfatiza Meacham durante la entrevista con este semanario.
Desde hace varios meses y por iniciativa del senador Lugar, los republicanos en el Capitolio –que a partir del próximo enero serán mayoría en la Cámara de Representantes y controlarán las decisiones en la de Senadores– han elaborado varios proyectos de ley para revisar amplia y detalladamente la cooperación con el gobierno de Calderón en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Lugar –uno de los legisladores más influyentes en el Capitolio en materia de política exterior, así como asesor del presidente Barack Obama– busca ampliar la ayuda antinarcóticos, para lo cual los republicanos quieren que se investigue la corrupción del narcotráfico en los más altos niveles del gobierno federal y plantean una mayor participación de la inteligencia del Pentágono en los operativos de la Secretaría de Marina (Semar) y, en segundo término, en los del Ejército.
“Tomando en cuenta que el objetivo de la Iniciativa Mérida es fortalecer la habilidad del Estado mexicano para combatir al crimen trasnacional, la eliminación de la corrupción gubernamental debe ser una de las prioridades más altas”, destaca el asesor de Lugar.
En el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que preside el senador demócrata John Kerry, preocupa que “la corrupción en México sea un problema recurrente”, según Meacham.
Inquietan, por ejemplo, reportes a los que tuvo acceso ese comité en los que se mencionan los problemas de corrupción por narcotráfico en el más alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México. Ahora, con la fuerza política que tendrán los republicanos en el Congreso, el senador Lugar buscará más apoyo para el gobierno de Calderón en la lucha contra el narcotráfico y, por ende, en el combate a la corrupción gubernamental.
La oficina del senador Lugar se negó a dar a conocer el contenido de los reportes que dice tener en resguardo sobre acusaciones de corrupción en torno a García Luna, pero explicó que éstos han sido y seguirán siendo compartidos con el gobierno de Calderón para que les dé respuesta en su momento como parte de las negociaciones para el financiamiento de la Iniciativa Mérida.
La pregunta incómoda
Los rumores y acusaciones respecto de los citados actos de corrupción en la SSP han preocupado a Washington desde hace años. En entrevista con Proceso (número 1686) Tony Placido, jefe de Operaciones de Inteligencia de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), también resaltó este aspecto como un punto fundamental para desmantelar a los cárteles del narcotráfico.
“Nos preocupa, por ejemplo, que de manera constante se mencione que varios de los colaboradores más cercanos del secretario Genaro García Luna podrían estar implicados con grupos criminales como el de los Beltrán Leyva”, dijo Placido.
Malcolm Beith, en su libro The Last Narco –una biografía de El Chapo Guzmán– alude a las constantes menciones de García Luna como uno de los funcionarios al servicio del narco. “Un testigo federal declaró ante la PGR que García Luna y otros han recibido regalos –yates y casas– de parte de El Chapo a cambio de información. Nada de esto se ha probado”, anota Beith en su libro.
El 30 de enero de 2008, durante una visita de García Luna a Washington, Proceso le preguntó su opinión acerca de la averiguación previa PGRSIEDO/UEIDCS/106/2005, iniciada en el sexenio de Vicente Fox por supuestos nexos de efectivos de la AFI con los Beltrán Leyva y donde el nombre del secretario de Seguridad Pública se mencionaba repetidamente.
“Es mentira, es mentira”, respondió García Luna.
“Es muy fácil difamar, argumentar cosas. Si eso existe yo pido, como ciudadano mexicano, que se aclare el tema. Es mentira, ya; y no voy a discutir sobre un tema que es como hablar con un borracho; o sea, es una mentira y no puedo discutir sobre algo que es mentira”, remachó el titular de la SSP evidentemente molesto.
Comisión independiente
Meacham adelantó que será en algún momento del próximo año cuando en el Capitolio se aprueben los 175 millones de dólares que están pendientes de entregar en el marco de la Iniciativa Mérida.
Este dinero forma parte del presupuesto adicional o suplementario del Pentágono, y en el caso de la lucha contra el narcotráfico en México sólo 11 millones de dólares de los 175 están dedicados al intercambio de información de inteligencia.
“Es muy poco dinero, pero se va a tener que revisar porque todos en el Capitolio han visto que gracias al intercambio de información de inteligencia con el Pentágono, la Marina de México y las demás fuerzas armadas han logrado asestar golpes fuertes al narcotráfico”, explica Meacham.
Para adelantarse a los procesos de revisión de la cooperación en la materia que se ventilan en los pasillos del Capitolio, el miércoles 8, Lugar y sus colegas demócratas Patrick Leahy y Robert Menendez presentaron un proyecto de ley para crear la Comisión Independiente de Política Antidrogas en el Hemisferio Occidental.
“Esta legislación bipartidista ordenará la creación de una Comisión Independiente para evaluar las políticas y programas de Estados Unidos enfocadas a reducir la producción y demanda de drogas, y recomendará una estrategia multianual para enfrentar la creciente crisis de seguridad en el hemisferio generada por el comercio ilícito de narcóticos”, destacan los autores del proyecto.
La comisión estaría integrada por dos funcionarios designados por la Casa Blanca, legisladores demócratas y republicanos, así como por académicos y analistas políticos reconocidos por su conocimiento sobre el problema en México y América Latina.
Si bien los legisladores no se proponen eliminar o reemplazar la Iniciativa Mérida con otro plan o mecanismo multilateral, sí prevén la formulación de enfoques más concentrados en una mayor participación del Pentágono, en profundizar la lucha contra la corrupción y en una mayor intervención de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
“Estoy especialmente interesado en los esfuerzos para robustecer el papel que juegan las fuerzas militares y las agencias de inteligencia de Estados Unidos en el combate a los cárteles que tienen su sede en México, y que tienen alcances en Centroamérica y otros países en la región, como Venezuela”, afirmó Lugar al presentar, ante sus colegas, el proyecto de ley.
Al Comité de Relaciones Exteriores del Senado le preocupa que programas como el de la Iniciativa Mérida –financiada por Washington con poco más de mil 300 millones de dólares– cuenten con recursos muy limitados para ampliar el rol del Pentágono y de las agencias de inteligencia como la CIA.
“Esto va a tener que cambiar”, acotó Meacham, quien destaca que Hillary Clinton, la secretaria de Estado del gobierno de Obama, comparte la convicción de que la Iniciativa Mérida en su formato actual no está dando los resultados esperados, y respalda la idea de hacer mayores demandas al gobierno de Calderón y de otros países latinoamericanos en cuanto a limpia de funcionarios corruptos. l
El PAN avanza el Yunque
Álvaro Delgado
Si bien la elección de Gustavo Madero como presidente del PAN no fue precisamente un revés para Felipe Calderón, sí implicó el fracaso de la tercera imposición en la dirigencia del partido
–personificada en Roberto Gil Zuarth– después de las malas gestiones de Germán Martínez y César Nava, consideran Santiago Creel y Juan José Rodríguez Prats. La esposa del mandatario, Margarita Zavala, se encargó de darle el espaldarazo al nuevo líder. Y el ultraderechista Yunque tomó posiciones adicionales en el Comité Ejecutivo Nacional.
Desde el lugar reservado en el presidium para Felipe Calderón, a quien reemplazó en una elección crucial que trasciende el actual sexenio, Margarita Zavala Gómez del Campo supervisó, paso a paso, la victoria de Gustavo Enrique Madero como presidente del Partido Acción Nacional (PAN).
No ocultó su regocijo con la declinación pactada de Cecilia Romero y Francisco Ramírez Acuña a favor de Madero, que terminó de hundir a Roberto Gil Zuarth, quien no alcanzó el primer lugar en la única votación.
Y cuando Gil anunció la ruptura, alegando que Madero incumplió su palabra al excluir del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) a Patricia Flores Elizondo, la exjefa de la Oficina de la Presidencia, y a Jorge Manzanera, operador electoral de Calderón desde que presidió el PAN, Zavala perdió la compostura.
Sin la mesura y la discreción que se le atribuyen, y ante la mirada de periodistas y consejeros, la esposa de Calderón encaró, con el rostro endurecido, a Gil Zuarth para reprocharle, manoteando, el reclamo que socavaba la credibilidad de Madero en el inicio mismo de su presidencia.
El frustrado candidato de una facción del felipismo –cuya fractura fortaleció a la organización ultraderechista de El Yunque– abandonó la sede del PAN, donde el sábado 4 y el domingo 5 se celebró la sesión del Consejo Nacional, pero dejó la acusación que enfureció a Zavala: “Roberto Gil Zuarth lamenta que no se hubiere honrado al compromiso de conformar un Comité Nacional plural”.
El lunes 6, el diario Excélsior publicó una entrevista con Zavala en la que se dice “muy contenta y muy orgullosa de Acción Nacional”, porque resultó fortalecido con la elección de Madero.
–¿Era tu candidato? –le preguntó el reportero Héctor Figueroa.
–Ya es el jefe nacional de todos.
Pero el de Madero fue el triunfo de Margarita Zavala: a partir de que se inscribió como candidato, en un proceso tutelado de principio a fin desde el gobierno, le hizo explícito su respaldo a través de sus allegados, particularmente la diputada local Mariana Gómez del Campo, su prima.
El respaldo público de varios de sus amigos, como Juan Molinar y Salvador Vega Casillas, secretarios de Comunicaciones y Transportes y de la Función Pública, así como de los gobernadores de Baja California y Sonora, Guadalupe Osuna y Guillermo Padrés, tampoco dio lugar a dudas.
Mariana Gómez del Campo, Molinar y Vega se integraron al CEN junto con Maki Esther Ortiz Domínguez, subsecretaria de Salud, y Maximiliano Cortázar, un empleado de la familia Zavala desde hace al menos dos décadas, y en la Secretaría de Vinculación con la Sociedad se nombró a Liliana Rojero.
Pero además, según información cotejada por el reportero, Zavala impuso un veto: posición “cero” para Patricia Flores Elizondo, principal impulsora de Gil Zuarth, junto con Germán Martínez, quien siendo integrante del CEN por ser expresidente del PAN, no asistió a la sesión inaugural el miércoles 8.
En entrevista con este reportero, Madero evade definir si el respaldo de Zavala Gómez del Campo fue decisivo para su victoria y ataja especulaciones panistas y periodísticas sobre su eventual postulación como senadora en 2012, y aun como candidata presidencial para suceder a su marido, como ambicionó Marta Sahagún con Vicente Fox.
“Yo ignoro, al final del día, cuál fue el voto individual y secreto de cada uno de los consejeros, pero confío en que todo se hizo pensando en el partido”, aclara Madero en entrevista con este reportero, el jueves 9.
–Fue elocuente el apoyo de Margarita Zavala…
–Yo creo que hubo gente de distintas cercanías, tanto con Margarita como con el presidente, que estuvieron participando a título personal. Esto no se puede etiquetar como un compromiso de ninguna otra especie. No, absolutamente no.
–¿Fue Margarita quien le pidió vetar a Patricia Flores?
–No, no. Eso es absolutamente falso.
Margarita, presunta aspirante
Las versiones de una eventual candidatura presidencial de Margarita Zavala, a quien desde antes de la toma de posesión de su marido se le hizo un estudio de imagen y posicionamiento por la empresa De la Riva Información Estratégica –a un costo de casi 1 millón de pesos–, han sido insistentes.
Aunque los panistas lo comentan con disimulo, en los medios ha sido tema.
La más reciente encuesta sobre la popularidad de Zavala, publicada el 27 de septiembre en el diario Excélsior, la ubica sólo detrás de Calderón y por encima del senador Santiago Creel, de Molinar y del secretario de Educación, Alonso Lujambio.
De acuerdo con Ulises Beltrán, en el “populómetro semestral” que realiza la empresa BCG para ese diario, “es notable el aumento en el conocimiento de Margarita Zavala, que aumenta en un año de
Apenas el 30 de noviembre, en ese mismo diario, el columnista Jorge Fernández Menéndez publicó en su columna Razones la posibilidad de que Zavala sea candidata presidencial del PAN en 2012, debido a que existen “datos tan duros como la capacidad, la exposición o los índices de aceptación y popularidad”.
Según él, “no hay nada en el priismo y el perredismo a lo que le teman más de cara a
Pero por ahora la elección del presidente del PAN que conducirá el proceso interno hacia el 2012 y la propia elección constitucional desmembró a la facción afín a Calderón, cuyos integrantes cruzaron acusaciones de presión y chantaje a los consejeros nacionales.
Los principales señalamientos se dirigieron a los del equipo de Gil Zuarth, como Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia, que antes ocupó Flores Elizondo, aunque los gilistas también acusaron que a ésta se le hizo víctima de una campaña de desprestigio desde la dirigencia del PAN, particularmente de Maximiliano Cortázar.
El controvertido Guillermo Anaya Llamas, compadre de Calderón, excoordinador del grupo parlamentario y uno de los pocos senadores que no apoyó a Madero, reconoce la ruptura en el grupo hegemónico del PAN, pero aclara que es, “sin duda, superable”, sobre todo por parte de quienes, como él, respaldaron a Gil Zuarth.
“Si hubo algunas diferencias porque algunos acompañaron a Roberto en su candidatura y otros a Madero, incluso a Cecilia y a Paco Ramírez, todas estas diferencias son muy salvables, porque entendemos que quedan dos años muy difíciles y que tenemos que apoyar al gobierno y al PAN para que nos vaya bien a todos”.
Senador por Coahuila, a cuyo gobierno estatal será candidato del PAN, Anaya –que tiene demandado por “daño moral” al corresponsal de Proceso en esa entidad– afirma que Gil Zuarth también “cerrará filas” con Madero, pese a que lo acusó de faltar a su palabra en la integración del CEN. “Ya hablé ayer miércoles con él y está en esa lógica”.
Ante las versiones de panistas en el sentido de que Gil Zuarth fue sacrificado por un apoyo que no se materializó, quien fue secretario general del PAN en un tramo de la presidencia de Germán Martínez insiste en que “no hubo línea” de Calderón ni de Margarita Zavala, su comadre.
“No solamente fue una percepción, sino que fue una realidad que el presidente no intervino y dejó que los consejeros deliberáramos sobre quién debía ser el presidente. Es el mismo caso de Margarita.”
–¿Margarita fue un factor?
–No lo creo.
El Yunque arrebata
Contrario a lo que aducen los felipistas que apoyaron a uno u otro candidato, sobre todo a Gil Zuarth, sí hubo línea, pero fue vencida, coinciden el senador Santiago Creel y Juan José Rodríguez Prats, que respaldaron al exgobernador Ramírez Acuña.
“Lo que demuestra este Consejo Nacional es que, si alguien pensó que había o quería imponerse una línea, los votos fueron tan contundentes que desbarataron esa posibilidad”, dice Creel.
–¿“La línea” es la línea presidencial?
–Sí, la línea del grupo que había venido dominando el partido.
–¿Entonces perdió Calderón?
–La línea de Los Pinos, la línea del gobierno, son muchas maneras de decirlo.
Sin embargo, Creel se mostró contento porque varios de sus simpatizantes ingresaron al CEN por la alianza con Ramírez Acuña –quien sucederá a Josefina Vázquez Mota en la coordinación de los diputados cuando ésta se lance a su precampaña presidencial–, como la diputada federal Gabriela Cuevas, la senadora Beatriz Zavala y Rodríguez Prats.
Y pese a que hubo intentos de vetarlo, pudo ingresar Marko Antonio Cortés, senador por Michoacán y aspirante a la candidatura del PAN al gobierno del estado (que ambiciona también Luisa María Calderón, pese al compromiso público que hizo al inicio del sexenio de no participar en política).
La hermana de Felipe Calderón ingresó al CEN como cuota de Gil Zuarth, lo mismo que la chiapaneca Gloria Luna y la sonorense Dolores del Río, afines a Germán Martínez, a quien el consejero Adrián Fernández, funcionario de la Oficia de la Presidencia y promotor de la candidatura de Cecilia Romero, no lo ve como derrotado. “No se pierde lo que no se tiene”, sentencia.
En ese mismo sentido, Rodríguez Prats, uno de los 13 miembros del CEN que eligió el Consejo Nacional y que se sumaron a los 27 propuestos por Madero, acertó en su pronóstico de que el triunfo de Gil Zuarth era “matemática y moralmente imposible”.
En entrevista, Rodríguez Prats explica: “Gil llegó a su techo con los 122 votos que obtuvo. Yo esperaba que tuviera unos 90 votos, pero presionaron muy fuerte los últimos dos días de parte de Manzanera y Ruiz Mateos. Al final declina y negocia, porque iba a ser barrido en la segunda vuelta”.
De esta manera, dice, no se materializó una tercera imposición después de Germán Martínez y César Nava. “Evitamos una tercera imposición y esto es lo más importante. Germán y César fueron malos presidentes designados y el PAN terminó con esa pesadilla”.
Pero, además, el PAN recuperó en este proceso interno su tradición democrática, y Madero, asegura, le dará respetabilidad al cargo, porque no fue el candidato oficial: “Roberto Gil nunca lo pudo decir, porque cuando le tocaba el discurso invariablemente decía su lealtad a Felipe”.
A eso se suma el artículo escrito por Germán Martínez en el que afirma que el próximo presidente debe ser el del “postcalderonismo”, como se hizo llamar Gil: “En mis más de 40 años de vida política nunca había visto algo más servil. Es un chantaje de Germán”, dice Rodríguez Prats.
Acusa: “Gil es el representante de un grupo faccioso, cerrado y que llevaba intereses personales muy claros para posicionarse en el partido; eso lo evitamos”.
–¿La acusación de Gil de que Gustavo Madero no cumple con su palabra socava su credibilidad?
–Al contrario, esa actitud nos confirma la acción de ese grupo.
–¿Realmente Madero es capaz de decirle no a Calderón?
–Primero, el presidente no daría órdenes y pegaría al escritorio al presidente del partido. Ahí se va a entablar una relación de más respeto, precisamente por la forma en que Madero llega, y en segundo lugar creo que Madero le va a dar respetabilidad al PAN.
–¿No es dócil?
–Esa impresión da. Es un buen conciliador y creo que tendrá una actitud valiente.
En la elección del PAN hay otro ganador: el Yunque, la organización secreta que conquistó al menos 16 de los 40 espacios del CEN, entre ellos la secretaría general para Cecilia Romero, Herbert Taylor, Juan Manuel Oliva, Marco Adame, Gustavo Parra, Juan Carlos Mondragón, Rogelio Carvajal, Jesús Ramírez, Elia Hernández y Mariela Pérez.
El Yunque capitalizó también la rebelión de mujeres que exigieron garantizar para ellas 40% de los lugares y, al retirar Gil Zuarth sus propuestas, coló a Teresa Ortuño, Alejandra Reynoso, Alfredo Rivadeneyra, Jorge Ocejo, Héctor Larios y Fernando Torres.
En la lista de 13 que votó el Consejo Nacional quedaron fuera aliados de Madero, como Ulises Ramírez, senador por el Estado de México; la senadora Lucía Larios, suplente del gobernador Guillermo Padrés, y José González Morfín, que integrará el CEN como coordinador de los senadores.
Madero no ignora que al menos 16 de los 40 integrantes del CEN están identificados con El Yunque: “Hay una representación de distintas expresiones que son realidad en el PAN. Con todas, absolutamente con todas, yo quiero ser un factor de interlocución para buscar las coincidencias que tenemos como un proyecto de partido y de país”.
Pondera: “Hay en el PAN personas más conservadoras y más liberales, esa es una realidad, pero entre todos hay una confluencia y una coincidencia en que el PAN es el mejor partido que tenemos los mexicanos para seguir impulsando reformas y una modernización del país”.
–¿Se derechiza más el PAN?
–No, no. Es una revelación de todas las visiones que existen en un CEN que será dialogante, con debate a la vieja usanza, y saldrán los consensos, los acuerdos y las mayorías democráticas. l
Boletas 2006: La Sedena tira la toalla
Rosalía Vergara
Después de cuatro años de tenerlas en custodia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) anunció que, por falta de soldados y para racionalizar recursos, regresará las boletas de la elección presidencial de 2006, por lo que el material será trasladado a una bodega de la Ciudad de México.
Pendiente aún la queja presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este semanario en abril de 2008, mediante la cual pidió la apertura de las casillas para un recuento voto por voto con base en la garantía del derecho a la información, el Instituto Federal Electoral (IFE) determinó elaborar un punto de acuerdo que será votado en su sesión del lunes 13.
La propuesta del IFE va en el sentido de colocar en un solo sitio el material electoral que actualmente está repartido en 32 bodegas y girar instrucciones para que los vocales ejecutivos de las juntas locales, los representantes de los partidos y los ciudadanos que actuaron como consejeros durante los comicios efectuados durante 2008-2009 estén presentes en el momento del traslado.
Y aunque por ley el material electoral utilizado en 2006 debió destruirse, las boletas de esos comicios tienen una historia particular:
El 28 de julio de 2006, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LAIPG), este semanario solicitó al IFE una copia de las actas y las boletas electorales de los casi 42 millones de votos emitidos durante la jornada del 2 de julio de aquel año. El propósito: realizar un recuento independiente con el apoyo de ciudadanos (Proceso 1552).
El director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, presentó tres escritos ante la Unidad de Enlace del IFE poco después de las 13:00 horas de aquel 28 de julio. En uno de ellos, el principal, pidió tener acceso al sobre con las boletas de la elección para presidente inutilizadas, así como las de los votos válidos y anulados de todas las casillas.
En los otros dos documentos solicitó copias simples de las actas de la jornada electoral, así como actas circunstanciadas de recepción del paquete electoral y de las actas de cómputo de los 300 distritos de la votación para presidente.
El IFE admitió las peticiones y abrió los expedientes UE/06/00812, UE/06/00813 y UE/06/0014. Y aunque debió responder el viernes 18 de agosto siguiente, no lo hizo sino hasta el lunes 21, porque el día 15 se celebró el Día del Trabajador del IFE y fue inhábil. Luego anunció que se ampliaría el plazo para responder la solicitud el 11 de septiembre de ese año (Proceso 1556).
Para esa fecha, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya había desahogado las impugnaciones de la elección presidencial; también había entregado la constancia de mayoría a Felipe Calderón como presidente de la República.
Además, el 5 de septiembre de 2006 el IFE rechazó la solicitud de Rodríguez Castañeda con el argumento de que las boletas no son documentos públicos, por lo que quedarían bajo resguardo de las autoridades electorales, incluso le envió un escrito en el que le advertía que al término del proceso la documentación electoral sería destruida.
Proceso decidió ampararse el 20 de septiembre siguiente para evitar la destrucción del material electoral. Poco antes, el 11 de septiembre, interpuso un recurso de revisión ante el Comité de Información del IFE para garantizar la protección de los derechos políticos del ciudadano.
El propio Felipe Calderón aceptó que las boletas electorales fueran resguardadas el mayor tiempo posible para, dijo, “contribuir al mejor entendimiento de los mexicanos”.
El 21 de septiembre, la juez cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, María Guadalupe Rivera González, desechó la demanda de amparo del semanario y declaró constitucional la norma del Cofipe que prevé la destrucción de la documentación electoral. La juez definió la situación en menos de 24 horas. Su argumento fue que se trataba de un asunto electoral. Proceso interpuso un recurso de revisión.
El IFE argumentó “razones de Estado”. Y negó por segunda vez la solicitud inédita hecha por un medio de comunicación.
El 19 de enero de 2007, el TEPJF aceptó analizar el recurso mediante el cual el solicitante pretendía acceder a las boletas electorales para un recuento ciudadano de los votos. En marzo de ese año, Proceso interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amparo para evitar la destrucción del material. Meses después, el 3 de septiembre, la SCJN impidió que el material fuera destruido.
En marzo de 2008, la SCJN canceló la posibilidad de tener acceso a las boletas, con lo que dio luz verde para la destrucción del material electoral. No obstante, el 24 de abril siguiente, el semanario presentó una denuncia contra el Estado mexicano ante la CIDH “por violación al derecho a la información”, con lo que logró que no se destruyeran las boletas (Proceso 1643).
La denuncia fue presentada en la oficina del Secretariado Ejecutivo de la Comisión, en Washington, e incluye una solicitud de medidas cautelares para evitar la destrucción de los paquetes electorales, avalada por la SCJN.
Las medidas se mantendrían en tanto la CIDH resuelve si, en efecto, las autoridades administrativas y judiciales del país violaron el derecho a la información de este semanario con la negativa a permitirle el acceso a la papelería electoral de los controvertidos comicios presidenciales de 2006.
El 2 de julio de 2008, dos años después de la elección presidencial, Proceso ganó el primer round al gobierno de Calderón, cuando el organismo interamericano pidió al Estado mexicano evitar que las boletas fueran destruidas.
En agosto de ese año, el gobierno de Calderón solicitó a la CIDH dejar sin efecto esa solicitud. Para entonces la papelería estaba resguardada en bodegas; primero eran 300, luego se redujeron a 32.
Para el 23 de octubre, el director de este semanario demandó a la CIDH que deje vigentes las medidas cautelares de la papelería electoral para hacer valer ante el Estado mexicano el derecho a la información (Proceso 1669).
Y así el material quedó bajo resguardo.
Hoy, a más de cuatro años de los comicios presidenciales de 2006, el Ejército requiere a sus soldados para seguir con la guerra contra el narcotráfico, y pide que el IFE coloque las boletas electorales en una sola bodega, porque no sabe qué hacer con ellas. l
La “ciberguerra” apenas comienza...
Leonardo Boix
El australiano Julian Assange enfrenta un juicio de extradición en Londres a petición del gobierno sueco, que lo acusa de abuso sexual contra dos colaboradoras. Sin embargo, alrededor de este juicio se desarrolla un jaloneo político de dimensiones mayores, ya que el gobierno de Estados Unidos sigue apretando el cerco financiero y legal contra WikiLeaks y su fundador, que osó divulgar sus secretos militares y diplomáticos. Este martes 14, la decisión de un juez puede determinar el cese o el recrudecimiento de la guerra cibernética internacional que desataron los simpatizantes de Assange.
LONDRES.- Julian Assange, el fundador del sitio WikiLeaks, quien fue arrestado el martes 7 en Londres a petición de la policía sueca, se convirtió de la noche a la mañana en un referente internacional de la libertad de prensa.
Su polémica detención en la capital británica a partir de una solicitud de extradición de Suecia provocó que cientos de grupos de hackers lanzaran una guerra informática –una guerra que, advierten, apenas comienza– contra empresas multinacionales, como Mastercard, Visa, Paypal, Amazon y Twitter, que boicotearon a WikiLeaks tras supuestas presiones de Estados Unidos, cuyo gobierno fue golpeado por las filtraciones de miles de documentos secretos del Departamento de Estado.
El mismo día, el periodista de investigación británico John Pilger sostuvo en la corte de primera instancia de Westminster que Assange es un “héroe de la libertad de prensa”, y junto con otras celebridades británicas, entre ellas el director Ken Loach y la millonaria Jemima Khan, ofreció pagar hasta 20 mil libras esterlinas por la liberación del detenido.
Pilger agregó que Assange “hizo un servicio enorme a la humanidad y al periodismo” al difundir los cables secretos de la diplomacia estadunidense: “Lo de WikiLeaks es el mejor periodismo: es decir la verdad, hacer investigaciones, descubrir cómo están las cosas”.
Pilger, quien fue enviado especial del periódico Daily Mirror y es autor del documental Year zero: the silent death of Cambodia (Año cero: la silenciosa muerte de Camboya, de 1970), agregó que “todas las acciones –difusión de la información clasificada del Departamento de Estado– deberían ser celebradas, no terminar en un aula de tribunal en Londres (…) Seguiré apoyándolo. La injusticia no fue cometida por esta corte, que está haciendo su trabajo. La injusticia está en Suecia, de donde viene el ataque disfrazado con acusaciones absurdas”.
Lo cierto es que los simpatizantes de Assange han lanzado una guerra en internet para “vengar” a quien consideran su “héroe” por difundir los entresijos de la diplomacia estadunidense y sus vínculos oscuros con los gobiernos de otros países.
La detención del australiano en la prisión de Wandsworth, en el suroeste de Londres, intensificó la llamada ciberguerra. El portal de la empresa de tarjetas de crédito Visa, que el martes 7 suspendió la cuenta de WikiLeaks y anunció que investigaría la legalidad de los pagos al sitio, dos días después fue objeto de un ataque de grupos no identificados, supuestamente simpatizantes de Assange.
Ese miércoles Mastercard, Paypal, Amazon y Facebook sufrieron ataques realizados por hackers que los justificaron como “venganza” por el boicot de dichas firmas al sitio de Assange. Así lo confirmó un miembro del grupo Anonymous, uno de los responsables de los ataques informáticos, quien el jueves 9 declaró a la Radio 4 de la BBC que la campaña de represalias “no ha terminado”. Al contrario, aseguró, “está tomando fuerza”.
El activista de 22 años, que se hizo llamar Coldblood (Sangrefría) y quien estudia ingeniería informática, como se supo después, dijo que “más y más personas están descargando de forma voluntaria la herramienta botnet (que facilita los ciberataques)… Ya somos miles los que nos hemos sumado a la guerra de información. Nosotros tratamos de mantener la internet abierta y libre, pero en los últimos años los gobiernos han tratado de limitar la libertad que tenemos en internet”.
Los blancos de la llamada Operación Payback son las firmas que decidieron retirarle servicios y financiamiento a WikiLeaks, algunas de las cuales admitieron que lo hicieron bajo presión del gobierno de Estados Unidos. Es el caso de Paypal, cuyo vicepresidente, Osama Bedier, ofreció una conferencia de prensa en París el miércoles 8 y reveló que la empresa de pagos por internet decidió cerrar la cuenta de WikiLeaks “como resultado” de una carta oficial:
“El Departamento de Estado nos dijo que esas eran actividades ilegales. Fue un mensaje directo… En principio cumplimos con las regulaciones en todo el mundo para garantizar la protección de nuestra empresa”.
Cuando se le preguntó si Paypal sufriría ataques cibernéticos por admitir presiones de Estados Unidos, Bedier respondió que “una de las señales de que uno es una compañía exitosa de pagos es que los hackers tratarán de atacarlo; este caso no es diferente de otros”.
Los cargos
En una carta que publicó en línea el jueves 9, el grupo Anonymous negó que sean “vigilantes o terroristas”. Destacó que “el objetivo es simple: ganar el derecho a mantener internet libre de cualquier control de entidad, corporación o gobierno alguno”.
El mismo día, el periódico sueco Aftonbladet dio a conocer que el sitio web del gobierno de su país fue objeto de un breve ataque, aparentemente cometido por seguidores de Assange en represalia por la acusación de abuso sexual enderezada contra el fundador de WikiLeaks, muchos de cuyos simpatizantes consideran esos cargos como una trampa del servicio secreto estadunidense.
Está previsto que el australiano vuelva a comparecer el 14 de diciembre ante la corte de primera instancia de Westminster, en el centro de Londres, que hasta el momento ha denegado su liberación bajo fianza.
Por su parte, el abogado de Assange, el británico Mark Stephens, negó en un comunicado fechado el miércoles 8 que el fundador de WikiLeaks haya ordenado los ataques cibernéticos de los últimos días y los atribuyó a la “fuerza de lucha” que generó su trabajo.
Desde el 28 de octubre, Assange vivía alternamente en casas de amigos o seguidores en distintos lugares del suroeste de Inglaterra. Pasó las dos noches anteriores a su detención en el Frontline Club de Paddington, en el oeste de Londres, que suelen utilizar los periodistas para reuniones y entrevistas, o bien como albergue.
Sin embargo, acabó por entregarse a las autoridades británicas para escuchar, el martes 7 en la corte de Westminster, los cargos que Suecia le imputa y que se detallan en la causa de extradición A-S 7253.
El primero fue por coerción, otros dos por abusos sexuales y uno más por agresiones sexuales, supuestamente cometidos contra dos mujeres, de 35 y 25 años, identificadas solamente con las letras “A” y “W” (aunque después se supo que “A” es Anna Ardin, una sueca que vivió en Argentina en 2005 y admiraba al entonces presidente Néstor Kirchner). Las dos presuntas víctimas eran voluntarias de WikiLeaks.
“A” denunció que fue víctima de “coerción ilegal” la noche del 14 de agosto en Enköping,
El segundo cargo consiste en “abusos sexuales” contra “A” por no utilizar condón al mantener relaciones sexuales con ella, pese a que –se dice en la causa de extradición– la denunciante “expresó el deseo contrario”.
El tercer cargo indica que Assange “deliberadamente abusó” de “A” el 18 de agosto, “de una forma diseñada para violar su integridad sexual”, en tanto que el cuarto se basa en que el acusado supuestamente mantuvo relaciones sexuales con una segunda mujer, “W”, el 17 de agosto, igualente sin utilizar condón, mientras ella dormía en su vivienda de la zona residencial de Karlaplan, en el centro de Estocolmo.
“W” pertenece a la Asociación Sueca de Demócratas Sociales Cristianos, un grupo afiliado al Partido Socialdemócrata Sueco, que organizó un seminario y una conferencia de prensa de Assange el 14 y el 15 de agosto; era la portavoz del australiano en Suecia y lo había invitado a alojarse en su casa mientras tuviera actividades en Estocolmo.
Estos cargos presentados por Suecia se basan en una figura legal denominada sex by surprise (sexo por sorpresa), incluida en la norma sueca sobre violación simple, que alcanza a “cualquier acto de constricción vinculado al sexo”. Los delitos así configurados habitualmente son extinguibles con una multa de 715 dólares, y sólo están tipificados en Suecia, no así en Gran Bretaña o Estados Unidos.
Los abogados de Assange indicaron en la corte que éste consumó relaciones sexuales consentidas, aunque no protegidas, con las dos mujeres, y que en los días sucesivos hubo nuevos “contactos amistosos y buscados” por ambas, que “decidieron denunciarlo al descubrir la existencia una de la otra”.
Los periódicos británicos Daily Mail y The Guardian –este último uno de los medios asociados con WikiLeaks para la filtración de documentos secretos estadunidenses– indicaron el día del arresto de Assange que con “A” el activista australiano no utilizó preservativo y que con “W” se le rompió. Según esta versión, la posterior negativa de Assange a someterse a un control llevó a ambas mujeres a denunciarlo.
Pese a los intentos oficiales para mantener en secreto los datos de las denunciantes, se dio a conocer que Ardin fue seguidora del fallecido político argentino Néstor Kirchner y que visitó Cuba, donde participó en diálogos con grupos disidentes, como las Damas de Blanco.
La conexión Suecia-EU
El 20 de agosto, cuando Assange aún estaba en Suecia, se cursó una orden de detención contra él por los cargos mencionados pero se retiró en menos de 24 horas porque la fiscal Eva Finné, que llevaba el caso, consideró que las acusaciones no se sostenían. “No creo que exista razón para sospechar que él cometió violación”, asentó en su dictamen.
Por eso el activista abandonó el país sin problemas. Casi dos meses después, el 18 de noviembre, la fiscal especializada en delitos sexuales Marianne Ny, de Gotemburgo, emitió una segunda orden de detención y giró una orden de búsqueda y captura internacional, que provocó el arresto del australiano y desembocó en el proceso de su eventual extradición.
El 20 de noviembre la policía de Suecia emitió un pedido de arresto internacional contra Assange a través de la Interpol, y en Europa a través del Schengen Information System. Sin embargo, Scotland Yard, que conocía el paradero del activista e incluso estaba en comunicación diaria con sus abogados, no pudo detenerlo porque el documento tenía un error burocrático y solicitó a la autoridad sueca una segunda petición, que llegó a Londres el lunes 6.
Poco antes, el vocero de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, afirmó en un comunicado a través del sitio Twitter que la detención de Assange es un “ataque a la libertad de prensa”, y confirmó que el sitio web seguirá operando normalmente.
El arresto generó especulaciones sobre un eventual pedido de extradición a Estados Unidos por supuesto delito de espionaje. Así lo informó el miércoles 8 el periódico inglés The Independent que, con base en fuentes diplomáticas “bien ubicadas”, afirmó: “Han comenzado discusiones informales entre funcionarios de Estados Unidos y Suecia sobre la posibilidad de que Julian Assange sea entregado a la custodia estadunidense”.
“El Departamento de Justicia estadunidense está considerando acusar al señor Assange por delitos de espionaje debido a la filtración sin precedente por parte de su sitio web de cables diplomáticos estadunidenses clasificados”, especificó el diario británico.
Lo mismo difundió la cadena de noticias Sky News en su noticiario del miércoles 8: “Cuanto más tiempo (Assange) permanezca en Gran Bretaña, mayor será la posibilidad de que Estados Unidos encuentre una ley que permita acusarlo de forma razonable y lograr una condena” contra él.
Sin embargo, no se ha definido el periodo durante el que Assange permanecerá en Inglaterra. Existe la posibilidad de que el martes 14 el juez distrital Riddle se convenza de que el australiano es buscado en efecto por los delitos sexuales mencionados y que, por lo tanto, su extradición a Suecia no viola sus derechos humanos. En ese caso la corte ordenaría su extradición, y si la defensa no presenta apelación, Assange sería extraditado en un plazo de 10 días.
Pero el australiano ya confirmó que apelará una decisión como esa, para lo cual la ley británica le concede un límite de siete días. El proceso correspondiente en el Alto Tribunal de Londres comenzaría dentro de los 40 días a partir de la presentación del recurso, aunque la corte puede extender ese plazo “en el interés de la justicia”.
Si esa corte apoya la extradición, el equipo legal de Assange puede apelar nuevamente, esta vez en la recientemente formada Corte Suprema de Gran Bretaña, pero los magistrados sólo aceptarán el pedido si se justifica que es de interés público.
El dictamen de la Corte Suprema será el final del proceso legal de Assange en Gran Bretaña, aunque podría ser el principio de otro mucho más polémico y controvertido en caso de que el nuevo héroe de los hackers y de muchos periodistas independientes sea solicitado por el gobierno de Estados Unidos bajo cargos de espionaje.
Unidos contra la mafia
Cynthia Rodríguez
El embate de los grupos mafiosos contra reporteros que investigan sus operaciones y nexos con empresarios y funcionarios sólo puede frenarse mediante la solidaridad del gremio y el trabajo en equipo. Así lo afirma en entrevista con Proceso Alberto Spampinato, responsable del observatorio Oxígeno por la Información, que da seguimiento a las amenazas sufridas por periodistas en Italia.
ROMA.- “¿Quién te manda hacer esto?”, “No hagas cosas que te pongan en peligro”, “Nadie te lo va a agradecer”, “Piensa en tu familia”...
Frases como éstas han sido dirigidas a periodistas amenazados por investigar a mafiosos, funcionarios públicos y empresarios implicados con organizaciones criminales en Italia, país donde 78 periodistas han sido amenazados desde 2008; 200 desde 2006.
En los últimos 50 años, 11 comunicadores fueron asesinados por grupos mafiosos y otros tantos cayeron por acciones del terrorismo o de organizaciones fascistas y neofascistas.
El caso más reciente de un periodista ultimado por la mafia ocurrió en 1993. La noche del 18 de enero Giuseppe Alfano, quien trabajaba para el diario La Sicilia de Catania, recibió tres disparos cuando viajaba en su auto por las calles de Barcellona Pozzo di Gotto, Messina. Alfano investigaba nexos entre empresarios, funcionarios estatales corruptos y prófugos de la mafia, todos relacionados con la masonería.
Actualmente, el caso más reseñado y fuera de Italia es el del escritor napolitano Roberto Saviano, quien a raíz de la publicación del libro Gomorra, en 2006, fue amenazado por miembros del clan de los Casalesi. Desde entonces Saviano cuenta con protección del Estado.
De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, entre las 660 personas a las que el gobierno otorga protección hay 12 periodistas.
Para Alberto Spampinato, periodista y responsable del observatorio Oxígeno por la Información –fundado en 2008 para registrar y denunciar las intimidaciones a los profesionales del periodismo en Italia–, la única vía para contrarrestar esta situación consiste en apoyarlos y evitar su aislamiento.
En 1973, Spampinato abandonó la ingeniería para dedicarse al periodismo luego de que el 27 de octubre de 1972 su hermano Giovanni fue asesinado cuando investigaba para el periódico L’Ora de Palermo a grupos de neofascistas en Ragusa, Sicilia, así como las relaciones entre la mafia y los servicios secretos estatales.
Lo peor que puede ocurrirle a un periodista amenazado, comenta Spampinato en entrevista con Proceso, es verse condenado a la marginación.
Y agrega: “Yo siempre digo que para no quedarse solo bastan dos. Es comprensible que tus familiares te pidan que no te metas en asuntos peligrosos e insistan en que nadie te lo agradecerá, pero cuando tus propios colegas llegan a decírtelo es muy desalentador, es el principio de la autocensura. En esta profesión no deben existir los ‘héroes solitarios’; este trabajo debe hacerse en equipo”.
Subraya que cuando se tocan temas riesgosos como mafia, corrupción o narcotráfico los periodistas deben formar unidades de investigación y los medios deben respaldarlas para enviar el mensaje de que el trabajo se realiza colectivamente.
Ante todo, el negocio
En el reporte 2010 de Oxígeno por la Información (presentado el lunes 6) se expone la falta de solidaridad alrededor de los periodistas amenazados. Ello se debe, explica el documento, a la poca credibilidad que hoy en día existe hacia los medios. Este fenómeno es atribuible a que algunos informadores han incurrido en abusos y prácticas no muy claras.
Abunda: “La falta de solidaridad depende también del hecho de que muchos periódicos, en esta onda de la revolución tecnológica y a causa de varias crisis, han vuelto incierto su financiamiento y han sufrido un tipo de mutación genética donde la principal misión que debería ser la información, se vuelve secundaria.
“Incluso dentro de las redacciones italianas conviven periodistas muy diferentes entre sí en el sentido de que hay quienes se preocupan más por la información y otros por el marketing u otros criterios. Eso ocasiona que entre los periodistas no exista la solidaridad de gremio.”
Desafortunadamente, el caso italiano se ha convertido en un paradigma, pues el fenómeno de las organizaciones criminales –que en muchas partes del mundo apenas se está descubriendo– aquí tiene una larga historia. De ahí que los esfuerzos para proteger a los comunicadores hayan aumentado y las muertes cesaron, aunque el peligro persiste.
Este problema no tiene en Italia las proporciones que alcanza, por ejemplo, en Rusia donde de acuerdo con el Consejo de Europa desde 1989 han asesinado a más de 200 periodistas, o en México donde en 10 años han sido ultimados 65, 22 de ellos en los últimos cuatro años. Entre los países de la Unión Europea, Italia se encuentra en último lugar en lo que se refiere a protección hacia sus informadores.
Este hecho, indica el reporte de Oxígeno para la Información, se debe al conflicto de intereses que se presenta porque el presidente del Consejo de Ministros, Silvio Berlusconi, al tiempo que gobierna al país es el dueño de los principales medios.
El silencio, un enemigo
Durante la presentación del reporte 2010 del observatorio, el periodista Lirio Abatte –quien desde 2007 cuenta con protección luego de que fuera encontrada una bomba debajo de su auto después de ser amenazado para que desistiera de sus investigaciones sobre la mafia– resaltó la importancia de informar no sólo sobre las amenazas a los periodistas sino de contextualizarlas. Se trata, puntualizó, de explicar el origen de los amagos, de saber qué dijeron, qué temas investigaban.
Aunque Sicilia ha sido la región italiana donde comenzó el fenómeno de las amenazas y asesinatos de periodistas, hoy es la región de Calabria donde se acumula 40% de los casos.
Este año, las intimidaciones a comunicadores han implicado a dos oficinas de corresponsales; una en Siderno contra Il Quotidiano della Calabria y la otra en Reggio Calabria contra el diario Calabria Ora.
Durante los últimos 12 meses esta práctica se ha generalizado en Lombardía. Ello se debe, aseguran investigadores que siguen de cerca las operaciones del crimen organizado, a que es la región más rica de Italia y la cuarta zona con más alta densidad mafiosa, al punto de ser considerada una “sucursal” de la ‘Ndrangheta.
Para Roberto Morrione, presidente de la fundación Libera Informazione –dedicada a la investigación de temas sobre legalidad– es el silencio de otros colegas, la hipocresía de algunos medios y editores al hablar del tema y el aislamiento que sufren los informadores amenazados, lo que vuelve frágil al gremio ante el ataque de los poderosos y mafiosos.
Su larga experiencia como periodista le ha hecho entender que sólo con el apoyo de la sociedad civil y de amplios sectores se puede dar verdadera protección a la información.
“La situación actual en México es diferente con sus miles de muertos; se vive en efecto una guerra, como la vivimos nosotros hace 30 años. Pero siempre el punto de referencia será la sociedad civil, para no dejar solos a los periodistas amenazados y para lograr de verdad un cambio”, afirma Morrione.
Explica que aun cuando en Italia las cosas han mejorado, la violencia ha disminuido y se ha arrestado a muchos criminales, actualmente las mafias se extienden hacia el norte. Por ello en ciudades como Milán o Emilia Romaña existe una relación muy estrecha entre mafia y empresarios sin antecedentes judiciales, que pueden tornar lo ilegal en legal y hacer que las actividades ilícitas se incorporen a la economía. Por ello, afirma Morrione, es importante cuidar la información y a los periodistas que realizan investigaciones en torno a estos temas. l
Más sobre la agresión a Proceso
De Francisco Puchette González
Señor director:
El círculo de lectores de Proceso, tanto de Laredo, Texas, como de Nuevo Laredo, reprobamos enérgicamente los infundios que el gobierno federal desató contra el semanario, en abierto y descarado contubernio con la desprestigiada empresa Televisa.
Proceso se ha convertido en nuestra única fuente verídica de información y no tenemos empacho en reconocer la verticalidad de su director fundador, Julio Scherer García, o la honestidad a toda prueba del periodista Ricardo Ravelo, cuyo trabajo de investigación y análisis van más allá de una talacha reporteril.
De igual forma denunciamos públicamente que la omisión, sumisión o simulación de Felipe Calderón frente al narcotráfico ha sido la tónica de su espurio mandato, y prueba de ello es que su guerra no alcanza ni logra someter a muchos actores del crimen organizado que operan en la impunidad. Eso mismo nos obliga a defender la posición de Proceso que, como medio periodístico independiente, ha sabido retratar y detallar la vida política y social no solamente de México, sino del mundo, lo cual nos llena de orgullo y de una profunda satisfacción.
Pedimos al gobierno federal y a los adláteres de Televisa que se dejen de patrañas y ya no usen las declaraciones incriminatorias del narcotraficante Sergio Villarreal, alias El Grande, testigo protegido de la PGR, en su vano intento por manchar el prestigio de Proceso y sus reporteros.
Atentamente
Francisco Puchette González
Socio fundador de Periodistas
y Comunicadores, A.C.
Del Canal 6 de Julio
Señor director:
La presente es para manifestarle nuestra solidaridad personal y la del Canal 6 de Julio, como grupo, ante la agresión de que Proceso es objeto por parte del gobierno y de Televisa. Nuestro apoyo, aunque signifique una contribución humilde, puede hacerse público en el momento en que ustedes lo consideren pertinente.
Atentamente
Carlos Mendoza
De Félix Manuel Lazos Ibarra
Señor director:
Soy un asiduo lector de Proceso prácticamente desde 1976. El contenido crítico, valiente y profesional que caracterizó a la revista desde su fundación por don Julio Scherer, ante el gobierno represor y genocida de Luis Echeverría, como lo fue el de Díaz Ordaz, de inmediato capturó mi atención, como el de los miles de lectores que ha ido sumando año con año.
Los gobiernos posteriores a los de Díaz Ordaz y Echeverría han tenido conductas similares, pues los seguidores de la revista hemos sido testigos de cómo ha sido sometida a una persecución sistemática y truculenta, en un pretendido y vano intento de acallar su libertad de informar.
Desde luego, hemos festejado también que, en cada embestida del poder contra la libertad de expresión de Proceso, la justicia ha terminado imponiéndose sobre la infamia de sus persecutores.
En cuanto a los gobiernos emanados del PAN, encabezados por Vicente Fox y por Felipe Calderón, ellos mismos se han encargado de demostrar que el PRI es algo así como su hermano gemelo. Son idénticos. Con la irrelevante diferencia de que los priistas son pillos cínicos y desvergonzados, mientras que los panistas son igualmente pillos, pero hipócritas e inmorales.
Si alguien tenía alguna duda de esto, la perversa y burda confabulación del gobierno calderonista y su comparsa Televisa para desprestigiar a Proceso y a Ricardo Ravelo se ha encargado de despejarla.
Estoy cierto de que en esta como en las anteriores ocasiones, Proceso sabrá librar esta cobarde y alevosa acometida contra su integridad editorial, sin más armas que la verdad y la ética periodística que le han caracterizado desde su nacimiento.
Por otro lado, es penoso que “periodistas” que en algún momento tuvieron de mi parte cierto reconocimiento asuman ahora el vulgar papel de patiños de carpa arrabalera, incondicionales y serviles. Dan pena ajena, sobre todo uno de ellos que en algún momento participó en el equipo de redacción de la revista que lo forjó y que ahora la injuria sin pudicia ni rubor.
Atento al desarrollo de este asunto, y confiado en que otra vez la verdad saldrá a la luz para colocar a cada quien en su lugar, permítame refrendar mi solidaridad con este medio de comunicación donde don Julio Scherer García sembró la semilla de la libertad de expresión, con tan buena fortuna que, a mi juicio, Proceso se ha convertido en el portavoz del periodismo libre en México.
Reciban usted y todo su equipo de trabajo un fraternal y solidario saludo.
Atentamente
Félix Manuel Lazos Ibarra
Ciudad Juárez, Chihuahua
De Mauro González Luna Mendoza
Señor director:
La furiosa agresión a la libertad, a su valiente revista Proceso, por parte de esos que integran el sistema, es un síntoma inequívoco de la practicante vocación autoritaria del régimen federal, que calculadamente ha hecho del país un infierno de horror y desesperanza.
Dicho régimen se cae a pedazos como leproso político. Las filtraciones de WikiLeaks, entre otros hechos, corroboran el diagnóstico.
Dada la gravedad inédita de la hora presente, y antes de que termine el sistema de destrozar a la nación, todas las fuerzas políticas del país con un mínimo de decoro y patriotismo deben unirse contra el régimen federal y su partido, en un frente de salvación, haciendo a un lado las
diferencias.
Debe quedarles claro a dichas fuerzas que, aun unidas así, el sistema les llevará ventaja por carecer éste último de escrúpulo alguno. Los que no se sumen, asumirán sin duda el papel de copartícipes en la presente tentativa punible del aniquilamiento colectivo a manos del sistema.
Ojalá que el pueblo de México sepa estar a la altura de las circunstancias en estos momentos de horrenda memoria y en los por venir. Deseo externar mi simpatía a todos los que integran la revista Proceso en esta hora triste, trágica y obscura para México.
Atentamente
Licenciado Mauro González Luna Mendoza
Acerca de Sobre mis pasos
De Manuel Bartlett Díaz
Señor director:
En su edición número 1779, del 5 de diciembre, Proceso publicó “pasajes” del libro Sobre mis pasos, de Cuauhtémoc Cárdenas. Uno de ellos se refiere a las elecciones de 1988, en el que se me menciona. Mucho le agradeceré la publicación de los siguientes comentarios.
Hace algunos años coincidí con Cuauhtémoc Cárdenas en contra de la privatización energética. En la conferencia de prensa en la que anunciamos una marcha conjunta, se nos preguntó si esa coincidencia superaba las diferencias en torno al 88. Cárdenas contestó: se puede coincidir y al mismo tiempo mantener diferencias. Posición que respeto e igualmente sostengo mis diferencias y coincidencias.
No pretendo analizar ahora mis diferencias con la narración que hace de la jornada electoral. Me limito a recordar que la “caída del sistema”, que no fue reclamada ese día como lo reconoce, fue un comentario “jocoso” de Fernández de Cevallos que ni siquiera se debatió en la Comisión Electoral, pero la idea fue utilizada posteriormente por Salinas para centrar la atención en la jornada electoral y desviarla de lo principal: la Calificación de la Elección en la Cámara de Diputados. Esta distracción salinista es fundamental para entender el 88 y su proyección hasta hoy.
Cárdenas denuncia alteraciones de resultados en miles de casillas, que no podían haberse analizado en la Comisión Federal Electoral, que nunca tuvo la documentación, sino en la calificación de esa elección en la Cámara de Diputados, cosa que no se hizo porque Salinas previamente pactó con el PAN, comprometiéndose a reformas constitucionales apegadas a la ideología panista y a concertacesiones, a cambio de que el PAN en la Cámara no votara en contra de la calificación, limitando la resistencia al grupo cardenista.
Este pacto significó la traición de Clouthier y el PAN al compromiso suscrito con Cárdenas de buscar unidos la anulación de la elección, y significó una traición a los propios priistas. Ese pacto, que se fue conociendo en los hechos, permitió a Salinas gobernar con el PAN, y después a Zedillo. Al invertirse los papeles, se mantuvo el pacto entre Fox y el priismo salinista. Así como en el 88 el PAN apoyó la llegada de Salinas, Beltrones, Gamboa y Beatriz Paredes garantizaron el quórum para que Calderón rindiera protesta y accediera a la Presidencia. Esta alianza en la derecha sigue gobernando.
Atentamente
Manuel Bartlett Díaz
Reclama al director de la CFE corregir cobros excesivos
Hace más de un año, Proceso me publicó una carta remitida al director de la Comisión Federal de Electricidad para tratar un problema de cobranza en mi domicilio, y aunque en las oficinas de la CFE nos dijeron días después que eso se iba a arreglar pronto, nada ha cambiado.
El caso es que me siguen llegando cuentas por cerca de 2 mil o 3 mil pesos (mi número de servicio es el 967-991-001-211) y en mi puerta dejan los recibos del resto de los vecinos, que pagan alrededor de 40 pesos, mientras que en la calle Cerrada del Rosal, donde viven familias grandes, los cobros no rebasan los 400 pesos.
Aparte de que nunca vienen a revisar el medidor de mi casa para llevar un control del consumo, recientemente trabajadores de la CFE se presentaron a verificar y me dijeron que había muchos diablitos, pero que no los podían quitar si no se presentaba una denuncia al respecto, de modo que seguramente estoy pagando por varios domicilios, pues al salir del mío diariamente bajo el switch general.
Solicito nuevamente al director de la CFE enviar aquí a quienes puedan resolver esta irregularidad e injusticia. (Carta resumida.)
Atentamente
Profesora Lilian Vérine Péters
Calle Rosal 53, La Peñita
Tetelpan 01700
Delegación Álvaro Obregón
Teléfonos 55-85-20-19 y 56-01-23-77
López Dóriga, la inmoralidad mediática
Javier Sicilia
Poco antes de la maquillada transición democrática, cuando el gobierno señoreaba abiertamente al país como una dictadura, los medios noticiosos –en particular los de Televisa, encabezados entonces por Jacobo Zabludovsky– estaban perdidos en los principios y en la moral. El apetito del dinero y la indiferencia por la dignidad habían actuado para dar a México medios cuyo único objetivo era aumentar el poder del gobierno, el lucro de las empresas mediáticas y el envilecimiento de todos.
En esos tiempos, el Excélsior de Julio Scherer y –después del golpe perpetrado por el gobierno de Echeverría– la revista Proceso, que se fundó con el apoyo de una ciudadanía indignada, eran la excepción. Sus batallas, su periodismo de investigación, su devoción por la verdad, su negativa a pactar con los poderes, no sólo mantuvieron viva la voz de la nación, sino que sentaron las bases de lo que ahora es la libertad de prensa en nuestro país.
En medio de esa libertad, Proceso, dirigida ahora por Rafael Rodríguez Castañeda, ha seguido el mismo camino y continúa siendo una referencia incómoda para el poder y para esos medios que, como los auspiciados por Televisa, no han dejado de ser lo que siempre han sido: la vergüenza de este país. No es otra cosa lo que López Dóriga –ese periodista inescrupuloso, continuador del Zabludovsky del antiguo régimen– mostró cuando –días después de la publicación del reportaje de Ricardo Ravelo Testigo estelar (Proceso 1777), y de la publicación de un capítulo del libro de Anabel Hernández Los señores del narco (Proceso 1778)– divulgó y magnificó en su noticiario que Sergio Villarreal, El Grande –testigo protegido que en el reportaje de Ravelo había manifestado conocer a Calderón a través del senador Guillermo Anaya–, decía haber dado al periodista 50 mil dólares para que guardara silencio con respecto a su persona.
Se trataba –como lo dijo el propio López Dóriga en un alarde de servilismo avalado por los periodistas que lo acompañaban en el programa Tercer Grado– no de una noticia, sino de un lección: mostrarle a Proceso, primero, que la fuente de Ravelo, El Grande, que dice conocer al presidente, se volvía ahora contra él; segundo, que si en ese caso la fuente mentía, también mentía en relación con sus declaraciones sobre Calderón y Anaya; tercero, que Proceso, el cual recurre a testimonios de testigos protegidos, se ha convertido en un semanario corrupto que tiene relaciones con el narcotráfico y que utiliza cualquier tipo de información para desprestigiar al gobierno; cuarto, que a partir de ese momento todo lo que ha dicho o diga Proceso es sospechoso de falsedad. Se trataba, bajo una moralina seudoperiodística, de linchar a Proceso, de desprestigiarlo, de reducirlo a un periodismo de calumnia, a un pasquín que dejó de ser lo que fue para mentir.
La evidencia más clara de esta bajeza está en la manera en que el propio López Dóriga manipuló los argumentos que Ravelo utilizó en su reportaje Testigos protegidos: creerles a conveniencia (Proceso 1778). Según Ravelo –palabras que el propio López Dóriga utilizó para darle esa supuesta lección a Proceso– los testigos protegidos “mienten”. Lo que, sin embargo, López Dóriga omitió es, primero, que mienten porque “en manos de las autoridades sufren presiones económicas, malos tratos y frustración”; segundo, que cuando esos mismos testigos “se refieren a funcionarios poderosos del gabinete federal no se les toma en cuenta”; tercero, que “con frecuencia los testigos protegidos se quejan de que en la SIEDO son obligados a declarar en contra de gente que no conocen…”.
Ni López Dóriga, quien sí ha difamado muchas veces para servir a sus patrones –recordemos sus ataques contra el diario Reforma por denunciar los beneficios obtenidos por Televisa y Nextel en la asignación de frecuencias radioelectrónicas y la reciente divulgación de una supuesta corrupción entre directivos de la industria farmacéutica y del Seguro Social porque así convenía a esa empresa televisiva–, ni quienes lo acompañaban en Tercer Grado tuvieron el profesionalismo de verificar si los señalamientos de El Grande sobre su encuentro con Calderón eran falsos; ni si la acusación de ese testigo protegido contra Ravelo era el producto de una coerción de la SIEDO para golpear a Proceso.
Reunidos en el foro televisivo, Dóriga, Marín, Maerker, Gómez Leyva y Micha habían dejado de ser periodistas para convertirse en los inquisidores de Proceso, en servidores de esas Iglesias degeneradas llamadas Gobierno y Televisa, y en verdugos impolutos de un periodismo que no ha dejado de denunciar sus corrupciones y desaciertos. Habían dejado de honrar la palabra, a la que un día sirvieron con dignidad, para volver al viejo objetivo de los medios verdaderamente corruptos: aumentar el poder autoritario del gobierno, el lucro de las empresas mediáticas de las que viven y el envilecimiento de todos.
A los que hacemos Proceso nunca nos ha interesado caminar apoyándonos en los pobres privilegios de los que saben arreglárselas con el poder. Nuestra ambición es y ha sido dar testimonio y gritar cada vez que es posible en nombre de aquellos a quienes los poderes aplastan. Eso, para honra de la verdad, jamás podrán acallarlo.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz. l
Doña Isabel y don Alejo, suplentes del Estado
Miguel Ángel Granados Chapa
La discusión teórica sobre el punto en que es dable declarar fallido a un Estado incluye considerar muchos elementos, derivados de las facultades que los ciudadanos confieren a la autoridad para que haga posible la convivencia. Es difícil que coincidan deficiencias estructurales al mismo tiempo en todos los órdenes de la vida pública que hagan necesario reconocer que el Estado se vino abajo, que es incapaz de cumplir sus atribuciones.
Alejados de esa discusión teórica –examinar los hechos cotidianos que afectan la seguridad de las personas, que el gobierno está obligado a garantizar, mediante la prevención del delito o mediante su persecución y castigo cuando no se le haya impedido–, es claro que en amplias porciones del territorio mexicano y en no pocas parcelas sociales crece la incapacidad estatal para salvaguardar los derechos de las personas.
Dos ejemplos en boga ilustran esa disminución del poder público, su deterioro, sus insuficiencias y la consiguiente necesidad de los ciudadanos, los gobernados, los particulares, de suplirlo. No hablamos de casos de venganza privada, de justicia por propia mano, sino de conductas que toman para sí responsabilidades que debían ser ejercidas por órganos del Estado, en todos los niveles de gobierno, y que no son cumplidas.
La detención del último de los implicados en el secuestro y asesinato de su hijo ha hecho reaparecer en la escena pública a la señora Isabel Miranda de Wallace, que no cesa en su lucha por que se castigue a los responsables de ultimar a su querido Hugo Alberto. Y, post mórtem, el episodio en que perdió la vida ha generado una suerte de culto inmediato al señor Alejo Garza Tamez, que hace un mes fue asesinado no sin que antes él mismo matara a algunos de los atacantes que querían desposeerlo de su propiedad.
No es posible trazar con la amplitud deseada la circunstancia en que se produjo el acto tenido muy ampliamente ya como heroico y del que fue protagonista Garza Tamez, don Alejo. Fue víctima de la sustitución del gobierno legal en Tamaulipas por gavillas de maleantes, especialmente dedicadas al narcotráfico, pero también a la extorsión y al despojo. Don Alejo recibió el aviso de una de estas bandas de que abandonara para ellos su propiedad, el rancho ganadero San José, en el municipio de Güémez, en el centro del estado de cuyo gobierno al fin está por irse Eugenio Hernández, uno de los gobernadores priistas que pusieron los recursos de que disponían al servicio del candidato panista Felipe Calderón, y no pudieron ejercerlos para la protección de Rodolfo Torre Cantú, que estaba destinado a suceder a Hernández en el Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria.
Ignoro si Garza Tamez acudió a la autoridad para denunciar las amenazas que se le asestaron, o si consideró inútil, ante la desolación que lo rodeaba (ranchos abandonados por sus propietarios, temerosos de ser atacados, como se le avisaba que ocurriría a él mismo), presentar denuncia alguna. Comunicó a su familia su decisión de impedir el despojo y pidió a su personal que el domingo 13 de noviembre se ausentara por completo, para encarar a solas el amago que había señalado con puntualidad el momento en que los delincuentes irían por él. Se pertrechó en su casa, donde disponía del arsenal propio de un cazador avezado, y cuando los asaltantes llegaron al rancho los recibió a balazos. Mató a cuatro de ellos, y él mismo quedó destrozado por las andanadas disparadas en su contra. Tardíamente, consumados los hechos, llegaron infantes de marina a dar cuenta de la trágica escena. Su deber, así como del resto de las fuerzas federales y locales, hubiera consistido en impedir la exacción de que iba a ser blanco don Alejo. Pero ninguna autoridad estaba allí con él para repeler la ilegal acción anunciada. Garza Tamez perdió la vida y también la propiedad que buscó defender hasta ese extremo, porque sus hijos no podrán heredarlo ante el temor de que se repitan los amagos de los bandoleros, que no han sido reducidos por la autoridad.
El 11 de julio de 2005 fue secuestrado Hugo Alberto Wallace Miranda, un joven empresario al que un excomandante de la Policía Judicial de Morelos, César Freyre, quiso cobrar una cuenta personal. Según narraron después los delincuentes, Wallace Miranda “se les murió”. Por la golpiza que le asestaron padeció un paro cardiaco. Fuera o no verdadera su versión, no les sirvió para atenuar su delito, porque Freyre ordenó a sus cómplices Alberto y Tony Castillo, al igual que a Jacobo Tagle Dobín, deshacerse del cuerpo. Lo destazaron con una sierra eléctrica y tiraron las partes en diversos lugares, entre ellos un predio baldío en Cuemanco, junto a Xochimilco, en el sur del Distrito Federal. Habrán supuesto que el secuestro y homicidio pasarían inadvertidos y ellos disfrutarían de la impunidad que beneficia a un gran número de delincuentes. Freyre lo sabía bien porque agentes ministeriales morelenses delinquían en vez de perseguir a delincuentes y no les pasaba nada, nunca.
En ese cálculo no contaron con la madre de su víctima, la señora Isabel Miranda de Wallace, que denunció la desaparición de su hijo y que, ante la notoria indolencia oficial, emprendió su propia investigación, al mismo tiempo que propagaba el suceso a través de anuncios espectaculares en que solicitaba la cooperación pública. Su perseverancia, que al mismo tiempo le permitía caminar sola en sus indagaciones y presionar a la autoridad para que se sumara a ellas o emprendiera otras, fue obteniendo resultados. Uno a uno fueron identificados y detenidos los participantes en el secuestro y muerte de su hijo. El último de ellos, Tagle Dobín, cayó apenas la semana pasada, cinco años y medio después de perpetrada la atrocidad de que se le acusa.
Más de un lustro de su vida ha dedicado doña Isabel a suplir al Estado incapaz de garantizarle justicia ante la pérdida de su hijo. Y, sin embargo, le espera todavía un largo camino. Aparte de la negligencia en la procuración y administración de justicia, tiene que enfrentar nuevos obstáculos. El proceso contra Freyre y cómplices (incluidas dos mujeres) está apenas recomenzado, porque un tribunal de amparo protegió a los maleantes afirmando que el delito que cometieron no es de la jurisdicción federal sino de la local, por lo que tiene que ventilarse en ésta. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se había previamente rehusado a atraer el asunto, no obstante el activismo que también frente a ella practicó la tenaz doña Isabel.
El Estado no pudo preservar la vida de don Alejo y de Hugo Alberto. Tampoco está siendo capaz de garantizar que habrá justicia en uno y otro caso. Doña Isabel ha tenido que llegar al extremo de dotar a las autoridades de instrumentos para mejorar su acción frente al delito. Insistió, junto con el señor Alejandro Martí y los deudos de otras víctimas, en impulsar ante el Congreso disposiciones legales contra el secuestro, que partan de la perspectiva de las víctimas. Hasta en eso ha tenido que actuar la señora Miranda de Wallace al suplir las deficiencias de un gobierno que debía ofrecerle, si no la imposible reparación del daño, sí la justicia que reclama. l
Isabel Wallace o cómo suspender la farsa
Sabina Berman
Camina lado a lado del asesino de su hijo. Ella en un saco corto de cuadros azul y blancos, estilo Chanel, él con el pelo largo, el rostro duro. Caminan por los corredores de tierra en los Canales de Cuemanco. Rodeados de policías. “Me da rabia”. Cuenta luego ella. “Me da rabia ver cómo él está vivo, cómo respira, cómo los ojos se le mueven, y mi hijo Hugo no está”.
Están caminando para que el asesino, uno de los seis que secuestraron y asesinaron a Hugo Wallace hace cinco años, reconozca el sitio donde él personalmente tiró el cuerpo. Más bien los dos sitios donde tiró las dos bolsas de plástico negro, las dos bolsas de basura, que contenían el cuerpo cercenado con una sierra eléctrica.
Las minucias del horror.
¡Qué admirable mujer!: tuit en referencia a Isabel Wallace. ¡Qué entereza de mujer!: otro tuit. ¡Todos debíamos ser como Isabel Wallace!: un tercer tuit. Y un cuarto tuit: ¡Pero no lo somos!
¿Todos debíamos ser como Isabel Wallace? Maldito el país que fuerza a sus ciudadanos al heroísmo.
Que Hugo Wallace haya sido secuestrado en primer lugar, que la policía no haya dado con él y sus captores durante las primeras horas, a pesar que Isabel Wallace les indicó el sitio donde probablemente estaba capturado y les mostró una fotografía de los posibles secuestradores, ambos datos que años después se probaron ciertos: esa es la desgracia social que da el contexto para que Isabel Wallace haya tenido que ser una heroína.
¿Fue la policía negligente o estaba coludida con los secuestradores? Probablemente lo segundo. Lo cierto es que la cabeza de la banda de secuestradores era un expolicía, César Freyre, con amigos en la policía.
“¿Es verdad que de cada dos policías uno está coludido con el crimen?” Se lo pregunto a Eduardo Gallo, presidente de México Unido contra la Delincuencia. “N´ombre, de cada dos policías 1.98% está coludido con el crimen”. Gallo explica más. Es casi imposible ser un policía honesto hoy día en México. Si un policía no coopera con el crimen, recibe un balazo.
“Y a todo esto, ¿cuánta gente se dedica al negocio del secuestro?” Gallo replica: “Alrededor de cien mil”. Y otra vez explica más. Es toda una cultura el secuestro. Son familias que trabajan juntas: madre, padre, hijos, cuñados, todos cooperan. Aún su religiosidad católica está involucrada. Piden a la Virgen porque resulte el secuestro. Ahora el culto a la Santa Muerte completa el círculo de adoración a la violencia.
Es en ese contexto, con una policía coludida con un subsector criminal de la sociedad, es que Isabel Wallace tuvo hace cinco años que decidirse a ser heroica. Puso a un lado sus ocupaciones profesionales, se dedicó de tiempo completo a buscar a los secuestradores de Hugo y a Hugo, que creyó vivo largo tiempo. Uno tras otro los localizó. Luego de localizar a cada uno, tuvo que presionar a la fuerza pública para que los capturara. Luego tuvo que vigilar al Ministerio Público y a los jueces, como si se trataran de otros criminales, para que el Estado no realizara su farsa usual y trabajara contra la Justicia, que es como en realidad trabaja la mayor parte de las veces.
“¿Cuántas de las denuncias llevan al encierro de un criminal?” Se lo pregunto a María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por una Causa en Común. “En primer lugar, el 80% de los crímenes no son denunciados. Del 20% que sí son denunciados, sólo el 2% de las denuncias llevan al encierro del criminal.”
Celebramos el heroísmo de Isabel Wallace, pero instintivamente su historia nos aterra. Ilustra cómo los civiles vivimos rodeados de enemigos embozados, enemigos oficiales y no oficiales. Y encima, cómo vivimos confundidos por la retórica pública del Estado, que anuncia por radio y televisión que el Estado funciona cada día mejor. Que el Estado está desde hace cuatro años en guerra contra el crimen. Que el Estado está de nuestro lado.
“Oye Eduardo Gallo, ¿y qué pasó con el Acuerdo Nacional para la Seguridad? ¿Qué pasó con todos esos hombres y mujeres de poder que hace dos años firmaron ante las cámaras de televisión su compromiso para erradicar el crimen? Desde el presidente Calderón hasta los gobernadores, pasando por los principales líderes sindicales, desfilaron para firmar el acuerdo”. Eduardo Gallo se embronca al contestar: “Nada, nada. Falsean las cifras. Solo les importa que parezca que algo han hecho”. Pero de acuerdo a los indicadores que el mismo Acuerdo Nacional impuso, en materia de mejora de la seguridad, cada estado de la República reprobó este año. “Oye Gallo, ¿son mentirosos o incompetentes?” “Son mentirosos e incompetentes.” La misma Isabel Wallace lo resume en una frase: “Son unos simuladores”.
Regresemos por un instante al inicio: son cien mil los secuestradores, ¿de verdad no puede el Estado mexicano contra ellos? Hay más gente en los gobiernos que secuestradores, pero por desgracia están ocupados en otras cosas. Por ejemplo, en ganar elecciones que les aseguren su permanencia en los gobiernos.
Le digo a María Elena Morera: “Tú te volviste activista social luego de que tu marido Pedro fue secuestrado. Eduardo Gallo se volvió activista luego de que su hija Paola fue secuestrada y asesinada. Sus historias son paralelas a las de Isabel Wallace. Una pregunta: ¿qué pasaría si todas las familias víctimas de un secuestro hubieran hecho lo mismo: se hubieran vuelto activas socialmente?” María Elena se sonríe ante la posibilidad. “Sería otro país, claro”.
Es tiempo de que la sociedad civil lo entienda. Si el cambio no viene de la Sociedad Civil, no vendrá de la clase política. Todos tendríamos que convertirnos, al menos parte del tiempo, en Isabel Wallace, en Eduardo Gallo, en María Elena Morera. Aunque cabe la pregunta: ¿entonces para qué queremos a la clase política que tenemos? ¿Para qué seguimos la farsa de entregarles a los políticos con nuestro voto los instrumentos de poder del Estado? ¿No tendríamos que suspender la farsa?
Suspender la farsa: ¿cómo puede la Sociedad Civil suspender la farsa? Hablemos de ello. Construyamos los mecanismos ya. l
Los nuevos dirigentes partidistas
Jesús Cantú
A más tardar en marzo del próximo año, los tres partidos políticos con mayor participación electoral en México tendrán nuevas dirigencias nacionales. En los casos de PAN y PRI serán básicamente relevos formales, pero no se avizoran modificaciones importantes en sus definiciones, alianzas o posicionamientos públicos. En cambio, en el PRD, la nueva directiva sí puede modificar sustancialmente su estrategia de alianzas con el blanquiazul.
El Partido Acción Nacional eligió el sábado 4 de diciembre como nuevo dirigente nacional a Gustavo Madero, quien ya manifestó que buscará integrar alianzas con el PRD para competir en las elecciones del Estado de México y Nayarit. Pero además de eso, quien seguirá definiendo los destinos del blanquiazul será Felipe Calderón, tal como lo ha hecho desde que Germán Martínez asumió la dirigencia el 8 de diciembre de 2007.
En esta ocasión, Calderón no jugó con uno, sino con dos candidatos, y uno de ellos era Madero, quien además tuvo que recurrir al apoyo del llamado Yunque, el cual postuló a Cecilia Romero, quien, a su vez, ocupó el tercer lugar en la primera ronda de votaciones. El pago por dicho apoyo se reflejó de inmediato en la integración del Comité Ejecutivo Nacional, donde los yunquistas obtuvieron 15 de las 40 posiciones. Aunque esta composición atemperará la intromisión presidencial, de ninguna manera la evitará.
Mientras tanto, el Partido Revolucionario Institucional ya convocó a la reunión del Consejo Político Nacional para el lunes 13 de diciembre, en el que definirán el método para la elección del próximo presidente y secretario general, así como la fecha en que lanzarán la convocatoria respectiva. La nueva dirigencia asumirá sus funciones el 4 de marzo del año próximo.
Pero al margen de las formalidades, ya todo está cocinado para que el nuevo dirigente sea Humberto Moreira, actual gobernador de Coahuila, quien con el respaldo del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, logró hacer desistir a todos los otros posibles contendientes, como fue el caso de Fidel Herrera, exgobernador de Veracruz que ya aceptó incorporarse al Consejo Político como secretario técnico y manifestó públicamente su respaldo a Moreira. Otro apoyo de Moreira es la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, personaje que sigue ejerciendo mucha influencia entre los gobernadores aunque ya no milita en el tricolor.
La designación de Moreira, al margen de la vía que elija el Consejo Político priista, resuelve dos sucesiones: la relativa a la presidencia del PRI y la correspondiente a la gubernatura de Coahuila, pues dicho movimiento le abre la puerta a su hermano Rubén para buscar la candidatura del tricolor en el estado, para lo cual ya solicitó licencia como diputado federal con el fin de regresar a su estado para iniciar su precampaña.
La definición de las dirigencias del PRI y del PAN dio pie a especular sobre las posibilidades de los precandidatos a la Presidencia de la República. Sin embargo, debe recordarse que hace seis años Santiago Creel –entonces secretario de Gobernación– logró colocar como dirigente del PAN a Manuel Espino, pero un año después perdió la candidatura a la Presidencia. Así que, aun cuando las elecciones de dirigentes son sin duda un buen termómetro de cómo están las preferencias y los apoyos dentro de los respectivos partidos, sería prematuro cantar victorias, pues son muchos los acontecimientos que pueden sobrevenir antes de que haya candidatos.
Mientras esto sucede en el PAN y en el PRI, los integrantes del Partido de la Revolución Democrática apenas lograron ponerse de acuerdo en que convocarán a un Consejo Nacional para el 17 de diciembre. El propósito, que avale la propuesta de que en la primera quincena de enero se lance la convocatoria para elegir al nuevo dirigente en marzo. En caso de que logren una candidatura de unidad, la elección sería por la vía de un Consejo Nacional, porque de otro modo los perredistas nuevamente acudirían a las urnas para elegir a su nuevo dirigente.
Los grupos opositores a Los Chuchos –éstos detentan la dirigencia nacional– presionaron para que la renovación del liderazgo se diera en el presente mes de diciembre, pero al parecer Jesús Ortega finalmente logró un acuerdo para concluir su periodo. La principal razón es que para esos momentos ya estarían definidas las alianzas electorales en el Estado de México y en Nayarit, de modo que si éstas se concretan –lo cual no es muy seguro el día de hoy, al menos en lo que respecta al Edomex–, quien llegue a la dirigencia partidista tendrá que sumarse a las campañas si quiere contribuir a obtener un buen resultado en las urnas.
A pesar de ello, las diferencias en el seno del partido del sol azteca son evidentes, y aunque parece que hay consenso en torno a Lázaro Cárdenas, ahora les falta convencerlo, ya que él se encuentra en el extranjero en un proyecto que lo tendría ocupado hasta finales del próximo año, con lo cual se muestra renuente a regresar para encabezar a los amarillos en estos momentos. No obstante, recurrir a una elección abierta para elegir al nuevo presidente del partido puede resultar catastrófico para el PRD, pues otro escándalo como el suscitado en marzo de 2008 en la contienda entre Jesús Ortega y Alejandro Encinas resultaría devastador para el partido en vísperas de las elecciones en el Estado de México, Nayarit y Coahuila (julio de 2011).
Ahora bien, si el que llega es Lázaro Cárdenas, todo indica que no continuaría con la política de alianzas electorales con el PAN; y si en la elección gana alguien del grupo opositor a Los Chuchos, lo más probable es que asuma esta misma decisión, por lo cual –al menos en ese tema– la renovación de dirigentes sí puede impactar directamente en los procesos electorales en puerta.
Así el PAN ya resolvió, sin mayores contratiempos, el cambio de dirección, y todo hace suponer que el PRI hará lo propio; pero en el PRD la sucesión es todavía una incógnita y bien puede terminar en una nueva elección abierta que evidencie, una vez más, todos los vicios de sus líderes y militantes, con el consiguiente desgaste de su imagen pública. l
