Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
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Domingo 5 de diciembre de 2010
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS MEXICANOS EN DESGRACIA
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Candil de AN, oscuridad en Palacio
Calderón se aparta del talante de jefe de Estado y se asume como dirigente de su partido
Colaborador Invitado
(5 diciembre 2010).- Mario E. Velasco
Editor de la revista Confluencia XXI, órgano de pensamiento político del PRI.
El presidente de la República repite incansablemente, y a la manera de un instructor de cursos de autoayuda, que él está acostumbrado a superar retos y obstáculos, pero, visto está, existe uno que no puede rebasar, que le quita el sueño y que al mismo tiempo le otorga fuerza para vivir: el PRI.
Su obsesión por no permitir que el PRI retorne a la Presidencia de la República lo hace despojarse de la investidura presidencial, aquella por la que tanto luchó hasta resistirse a contar voto por voto y casilla por casilla.
Y es que si a Vicente Fox le gustaba más la idea de actuar como candidato siendo presidente de la República, a Felipe Calderón le seduce sobremanera el papel de dirigente de Acción Nacional y no el de jefe de Estado.
En efecto, parece ser que al titular del Ejecutivo le invade una profunda nostalgia por lo que fue, por el pasado, por aquellos días donde se podía señalar sin que el dedo saliera lastimado. Cuando la supuesta autoridad moral embriagaba, cuando la espada se podía blandir por igual a los monstruos o a los molinos de viento. En la mano correcta, el sable empuñado era reluciente, símbolo y portador de la verdad.
En Calderón, pareciese que era mejor viajar con esperanza que llegar. Era más cómodo el cabalgar en la búsqueda de encontrar algo que encontrarlo. Importaba el viaje no el arribo. Añorar el poder era mejor que obtenerlo.
Mientras en Cancún los asuntos medioambientales lo convocan a una reunión multinacional, el clima político local es contaminado por su actuación como cabeza partidista y facciosa muy, pero muy lejano de lo que se conoce como un estadista.
Observadores atentos y equilibrados miran con profunda preocupación que el ciudadano presidente de la República cometa excesos que ni al mismo Manuel Espino (próximo, en sus palabras, a ser expulsado del PAN) se le hubiesen ocurrido cuando presidía ese partido.
Además, algunos de los socios aliancistas del presidente Felipe Calderón también manifestaron su inconformidad por las palabras en los festejos de 10 años de panismo en el Auditorio Nacional. Habría que recordarle aquello que dice que "todo se agita hacia la izquierda".
Con los polvos de los viejos lodos opositores, a modo de un Harry Potter de la política del subdesarrollo, existe el ansia por lograr un conjuro que devuelva las manecillas del reloj al discurso opositor que era más eficaz que el ejercicio gubernamental. Hay que atacar al PRI como si el tiempo no hubiese seguido su marcha. Como si el PRI ocupara la Presidencia, para acusarlo de todos los males. Seguir con los meros mordiscos de antes.
Es claro que se discrepa con el Presidente en muchos, demasiados temas, como el de la seguridad o el combate a la pobreza, la generación de empleos y la lucha contra la exclusión social. Pero igualmente es cierto que desde el principio el Partido Revolucionario Institucional ha contribuido a la gobernabilidad del país. Recordemos la toma de protesta de Felipe Calderón en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde acompañado por diputados y senadores priistas pudo levantar el brazo como jefe del Ejecutivo.
Y si alguna fobia le produce el PRI por ser la primera fuerza opositora, hay que recordar que parte de la democracia es la discrepancia. Como diría Daniel Cosio, concordamos en discordar.
Un Presidente joven como Felipe Calderón ha tenido una metamorfosis en un hombre atado a su pasado, de corazón viejo con antiguos rencores. El cambio de visión generacional que se esperaba de él se ha convertido en una mirada hacia atrás, beligerante hacia una sombra que no puede golpear, una imagen que le ancla y le hace actuar como opositor y no como gobernante.
Y sus correligionarios, los que hacen honor a un sentido crítico y propositivo rememorando al PAN de sus fundadores, miran extrañados al hombre que acompañaron para llegar a la silla presidencial, quien ve la razón de ser y propósito de su gobierno en detener al PRI.
Felipe Calderón ha apagado las luces de Palacio Nacional. Parece que no le interesa ya el poder presidencial. Prefiere y le es más cómoda la butaca de la dirección de su partido. Ahí sólo disienten unos pocos con su estilo personal de dirigir al PAN.
Oscuridad en Palacio Nacional. Todos los candiles encendidos en su partido, Acción Nacional.
Resultados de los últimos sondeos de Enfoque
Los ciberlectores
(5 diciembre 2010).- ¿Cómo llega el presidente Calderón al arranque de su quinto año?
| DÉBIL | 76.7% |
| Fuerte | 23.3% |
86 opiniones.
28 de noviembre.
Legalizar las drogas...
| DISMINUIRÍA LA VIOLENCIA | 58% |
| Aumentaría el consumo | 20% |
| Ambas | 14% |
| Ni una ni otra | 8% |
50 opiniones
31 de octubre.
Los viajes internacionales de Felipe Calderón son...
| UN DESPILFARRO | 66.2% |
| Importantes | 18.5% |
| Estériles | 13.8% |
| Productivos | 1.5% |
65 opiniones.
24 de octubre.
¿Está en riesgo la autonomía del IFE?
| Sí | 88.1% |
| No | 11.9% |
67 opiniones.
17 de octubre.
Desde que CFE presta el servicio eléctrico, ¿ha sufrido cobros excesivos?
| Sí | 74.1% |
| No | 25.9% |
162 opiniones.
10 de octubre.
¿Debe construirse la Supervía Poniente?
| Sí | 62.1% |
| No | 37.9% |
116 opiniones.
19 de septiembre.
Para participar en los sondeos semanales de Enfoque ingresa a la página
http://gruporeforma.reforma.com/suplementos/enfoque/
Encuesta / Cierra brecha PAN, pero...
Encuesta Popularómetro. El partido blanquiazul se acerca al PRI, pero en un escenario con el mejor posicionado de sus presidenciables cae al tercer sitio
Alejandro Moreno y Roberto Gutiérrez
(5 diciembre 2010).- El apoyo electoral con el que cuenta el Partido Acción Nacional rumbo a las elecciones presidenciales de 2012 subió 4 puntos porcentuales en el último trimestre, para ubicarse en 25 por ciento, 6 puntos detrás del 31 por ciento que tiene el PRI, según revela la más reciente encuesta nacional de Grupo Reforma.
Esto significa que el PAN ha venido cerrando brecha frente al partido tricolor, que en las dos encuestas anteriores, correspondientes a mayo y agosto, le aventajaba con una diferencia de 12 y 10 puntos porcentuales, respectivamente.
Ambos institutos políticos se encuentran muy por arriba del 8 por ciento que obtiene el PRD en estos momentos, y de otro 8 por ciento que se reparten a mitades entre el Partido Verde y el PT. Por su parte, Convergencia y Nueva Alianza obtienen 2 por ciento cada uno.
La encuesta señala que en estos momentos el 15 por ciento de los electores no sabe a qué partido daría su voto, el 4 por ciento dice que lo anularía y el 5 por ciento preferiría no votar.
Según este escenario de partidos, el PRI y el PAN podrían tener una cerrada contienda en 2012, pero... el asunto es que en la elección presidencial el factor candidato podría tener un peso tan importante o más que los partidos mismos.
Los escenarios con posibles candidatos son muy distintos al que se observa solamente con las etiquetas partidarias.
Por ejemplo, bajo un escenario en el que los candidatos a Presidente sean Enrique Peña Nieto del PRI, Santiago Creel del PAN y Andrés Manuel López Obrador del PRD y PT, el priista obtiene en estos momentos el 43 por ciento de las intenciones de voto, López Obrador el 20 por ciento, y Creel queda en tercer lugar, con 16 por ciento. Bajo este escenario el actual partido gobernante no sólo perdería la Presidencia sino que se ubicaría como la tercera fuerza política a nivel nacional.
Según el sondeo, ninguno de los colaboradores cercanos al presidente Calderón es lo suficientemente conocido ni cuenta con el apoyo popular en estos momentos como para subir los bonos del PAN en una elección. Incluso Manuel Espino, quien esta semana fue expulsado de Acción Nacional, obtiene más apoyo entre los panistas que cualquiera de los miembros del gabinete a quienes se menciona como posibles presidenciables.
Si la izquierda se dividiera con la postulación de dos candidatos presidenciales, López Obrador del PT y Marcelo Ebrard del PRD, López Obrador se mantendría en segundo lugar, aunque con un apoyo ligeramente mermado de 17 por ciento, y el candidato del PAN, en este caso Santiago Creel, continuaría en la tercera posición, con 15 por ciento.
Bajo este escenario, el PRD caería a la cuarta posición, con apenas 9 por ciento. El priista Peña Nieto también tendría ligeramente menos apoyo -39 por ciento- pero seguiría en primer lugar y con más de 20 puntos de ventaja sobre sus principales oponentes.
El sondeo revela que los deseos del electorado de que en 2012 haya un candidato independiente, no vinculado a ningún partido político, crecieron de 49 por ciento que se registró en agosto pasado, a 63 por ciento en este mes.
Bajo un escenario con los antes mencionados candidatos del PRI, PAN y PRD-PT, una candidatura independiente resultaría lo suficientemente competitiva para disputar no sólo el tercer lugar sino, incluso el segundo, aunque quedaría lejos de ganar la elección.
De acuerdo con la encuesta, el apoyo a Peña Nieto bajaría un poco más, a 37 por ciento, pero permanecería en el primer lugar. Tras de él aparecen López Obrador (del PRD, PT y Convergencia), con 18 por ciento; Santiago Creel del PAN, con 14 por ciento, y el candidato independiente, con otro 14 por ciento.
Como bien se sabe, la candidatura independiente actualmente no es permitida por la ley electoral.
Lo que sí se permitiría es una candidatura de alianza entre el PAN y el PRD, la cual se antoja como un escenario poco probable pero, por aquello de la curiosidad acerca de qué pasaría, la encuesta planteó un escenario hipotético con Peña Nieto del PRI, López Obrador del PT, y el ex-rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, de quien suele hablarse en los pasillos como posible candidato independiente, en este caso como abanderado de una alianza PAN-PRD.
Según los resultados, Peña Nieto ganaría con el 44 por ciento (su mejor desempeño de los distintos escenarios manejados en la encuesta), López Obrador quedaría en segundo lugar con 19 por ciento y el experimento de la alianza quedaría en tercer lugar, con 13 por ciento, muy por debajo de lo que obtienen el PAN y el PRD por separado.
A este respecto, el sondeo indica que solamente un 16 por ciento de los consultados ve conveniente que haya una alianza PAN-PRD en la elección de 2012, mientras que el 74 por ciento rechaza esa idea y se manifiesta a favor de que esos partidos postulen a sus propios candidatos presidenciales. El 10 por ciento restante no tiene una opinión sobre el tema.
Trayectoria de los Partidos
Si hoy hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por cuál partido votaría usted?
| | PRI | PAN | PRD |
| Dic 09 | 31% | 20% | 10% |
| Feb 10 | 30 | 23 | 11 |
| May | 34 | 22 | 8 |
| Ago | 31 | 21 | 10 |
| Dic | 31 | 25 | 8 |
| | Dic 09 | Feb 10 | May | Ago | Dic |
| PVEM | 6% | 4% | 4% | 4% | 4% |
| PT | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Convergencia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nueva Alianza | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Anularía su voto | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| No sabe/No contestó | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| No votaría | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Supera Espino a Calderonistas
De los siguientes políticos, ¿cuál preferiría que sea el candidato presidencial del PAN en 2012?
(Respuestas de los simpatizantes del PAN)
| | May 10 | Ago | Dic |
| Santiago Creel | 21% | 20% | 24% |
| Josefina Vázquez Mota | 13 | 13 | 13 |
| Manuel Espino | np | np | 9 |
| Javier Lozano | 2 | 4 | 6 |
| Juan Manuel Oliva Ramírez | 7 | 3 | 6 |
| Alonso Lujambio | 2 | 1 | 4 |
| Emilio González | 8 | 9 | 4 |
| Ernesto Cordero | 1 | 4 | 3 |
| Otro | 1 | 0 | 2 |
| Ninguno | 7 | 7 | 13 |
| No sabe | 22 | 22 | 16 |
np: no se preguntó en esa ocasión.
Cae López Obrador en el PRD
De los siguientes políticos, ¿cuál preferiría que sea el candidato presidencial del PRD en el 2012?
(Respuestas de los simpatizantes del PRD)
| | May 10 | Ago | Dic |
| Andrés Manuel López Obrador | 42% | 61% | 49% |
| Marcelo Ebrard | 31 | 17 | 23 |
| Lázaro Cárdenas Batel | 2 | 4 | 9 |
| Jesús Ortega | 5 | 4 | 4 |
| Amalia García | 5 | 3 | 4 |
| Ninguno | 4 | 2 | 5 |
| No sabe | 7 | 8 | 6 |
Nota: las columnas de mayo y agosto, en PAN y PRD, no suman 100 porque no se dio seguimiento a uno de los personajes.
Y Peña... sin competencia en el PRI
De los siguientes políticos, ¿cuál preferiría que sea el candidato presidencial del PRI en el 2012?
(Respuestas de los simpatizantes del PRI)
| | May 10 | Ago | Dic |
| Enrique Peña Nieto | 50% | 57% | 58% |
| Beatriz Paredes | 16 | 15 | 11 |
| Fidel Herrera | 8 | 7 | 9 |
| Humberto Moreira | 4 | 3 | 6 |
| Manlio Fabio Beltrones | 3 | 4 | 3 |
| Otro | 1 | 0 | 0 |
| Ninguno | 4 | 3 | 4 |
| No sabe | 14 | 11 | 9 |
Popularidad
¿Cuál es su opinión acerca de los siguientes políticos?
| Enrique Peña Nieto | 49% | 10 | 19 | 22 | +5 |
| Marcelo Ebrard | 33 | 12 | 25 | 30 | 0 |
| Andrés Manuel López Obrador | 33 | 27 | 24 | 16 | -1 |
| Beatriz Paredes | 15 | 23 | 30 | 32 | -1 |
| Santiago Creel | 23 | 15 | 24 | 38 | +2 |
| Josefina Vázquez Mota | 19 | 9 | 14 | 58 | +4 |
| Gustavo Madero | 17 | 9 | 15 | 59 | +4 |
| Manlio Fabio Beltrones | 17 | 11 | 17 | 55 | +3 |
| Juan Ramón de la Fuente | 17 | 5 | 10 | 68 | - |
| César Nava | 16 | 12 | 18 | 54 | +2 |
| Jesús Ortega | 0 | 15 | 11 | 19 | 55 |
| Fidel Herrera | 15 | 8 | 12 | 65 | +3 |
| Jorge Castañeda | 13 | 7 | 13 | 67 | - |
| Francisco Ramírez Acuña | 13 | 9 | 12 | 66 | - |
| Manuel Espino | 13 | 8 | 13 | 66 | - |
| Humberto Moreira | 12 | 6 | 11 | 71 | - |
| Javier Lozano | 12 | 9 | 11 | 68 | 0 |
| Emilio González | 11 | 8 | 11 | 70 | 0 |
| Alonso Lujambio | 11 | 7 | 10 | 72 | +2 |
| Ernesto Cordero | 10 | 7 | 11 | 72 | +1 |
| Juan Manuel Oliva | 9 | 6 | 9 | 76 | - |
* Variación en el porcentaje de opiniones favorables respecto a la encuesta de agosto de 2010. Los casos donde no aparece variación no se preguntaron en la encuesta anterior.
¿Alianza PAN-PRD?
¿Cree usted que el PAN y el PRD se deben aliar en las elecciones presidenciales de 2012 con un candidato común para derrotar al PRI, o cree que deben competir por separado con distintos candidatos?
| POR SEPARADO CON DISTINTOS CANDIDATOS | 74% |
| Alianza/candidato común | 16% |
| No sabe | 10% |
Quieren candidato independiente
¿A usted le gustaría que hubiese un candidato presidencial independiente en 2012?
| | Sí | No | No sabe |
| May 10 | 48% | 41% | 11% |
| Ago | 49 | 42 | 9 |
| Dic | 63 | 30 | 7 |
Peña se mantiene como puntero
Si los candidatos a la Presidencia en 2012 fueran los siguientes, ¿usted por cuál votaría?
| | Feb 10 | Ago | Dic |
| Enrique Peña Nieto (PRI) | 43% | 43% | 43% |
| López Obrador (PRD y PT) | 17 | 24 | 20 |
| Santiago Creel (PAN) | 14 | 15 | 16 |
| Otro | 0 | 1 | 2 |
| Ninguno | 10 | 8 | 11 |
| No sabe | 16 | 9 | 8 |
Si los candidatos a la Presidencia en 2012 fueran los siguientes, ¿usted por cuál votaría?
| | Ago 10 | Dic |
| Enrique Peña Nieto (PRI) | 44% | 43% |
| Marcelo Ebrard (PRD y PT) | 19 | 18 |
| Santiago Creel (PAN) | 15 | 16 |
| Otro | 2 | 2 |
| Ninguno | 10 | 12 |
| No sabe | 10 | 9 |
Si los candidatos a la Presidencia en 2012 fueran los siguientes, ¿usted por cuál votaría?
| | May 10 | Ago | Dic |
| Enrique Peña Nieto (PRI) | 40% | 38% | 39% |
| López Obrador (PT y Convergencia) | 14 | 21 | 17 |
| Santiago Creel (PAN) | 14 | 13 | 15 |
| Marcelo Ebrard (PRD) | 9 | 10 | 9 |
| Ninguno | 9 | 7 | 8 |
| No sabe | 14 | 11 | 12 |
Si los candidatos a la Presidencia en 2012 fueran los siguientes, ¿usted por cuál votaría?
| Enrique Peña Nieto (PRI) | 37% |
| López Obrador (PRD, PT y Convergencia) | 18 |
| Santiago Creel (PAN) | 14 |
| Un candidato ciudadano independiente | 14 |
| Ninguno | 8 |
| No sabe | 9 |
Y si los candidatos a la Presidencia en 2012 fueran los siguientes, ¿usted por cuál votaría?
| Enrique Peña Nieto (PRI) | 44% |
| López Obrador (PT y Convergencia) | 19 |
| Juan Ramón de la Fuente (PAN-PRD) | 13 |
| Otro | 3 |
| Ninguno | 12 |
| No sabe | 9 |
¿CÓMO SE HIZO LA ENCUESTA?
Encuesta nacional trimestral realizada con entrevistas personales en vivienda del 19 al 21 de noviembre de
¿El Waterloo de Marcelo?
Reportaje Supervía Poniente. La construcción de la Supervía Poniente contradice algunas tesis defendidas por la izquierda y puede afectar las aspiraciones políticas del jefe de Gobierno. Cuando Andrés Manuel López Obrador construyó los Puentes de los Poetas las empresas Copri y Atco edificaron el fraccionamiento Cumbres de Santa Fe en suelo de conservación. El movimiento estudiantil de 1968 se inició el 26 de julio y en una fecha similar, pero de 2010, se presentaron cuadrillas de trabajadores a iniciar la demolición de las casas expropiadas
Sergio Aguayo Quezada y Alberto Serdán Rosales
(5 diciembre 2010).- La Supervía Poniente es la obra más controvertida, polémica y políticamente riesgosa emprendida por Marcelo Ebrard. Puede convertirse en un obstáculo importante a sus aspiraciones presidenciales porque contradice las tesis rectoras de su gobierno, porque mantiene información fundamental en la oscuridad, porque abre espacios legales a la especulación urbanística y porque al violar el derecho ciudadano a la información y a la participación ha radicalizado la oposición de vecinos afectados agrupados en el Frente Amplio contra la Supervía.
Lo negativo ensombrece aquellos aspectos en los cuales la Supervía es ejemplo para otras obras públicas: la creación de un Fondo Ambiental Público, la inclusión de un transporte público a una vía rápida y el establecimiento de 1 por ciento de los ingresos por cuota para cuidar el medio ambiente.
Éstas son las conclusiones de una investigación de meses durante los cuales revisamos la evidencia disponible, entrevistamos a opositores y nos aprovechamos de la notable apertura del Gobierno del Distrito Federal, que respondió un amplio cuestionario por escrito.
Las finanzas de la Supervía
La primera autopista privada de cuota en la capital ha sido cuestionada acertadamente por ser un negocio que dejará grandes utilidades a la Controladora Vía Rápida Poetas, consorcio integrado a partes iguales por la empresa española OHL Concesiones México y el Grupo Copri y la Constructora Atco.
El flujo de caja para la Supervía Poniente es parte integral del Título de Concesión; el GDF les garantiza una tasa interna de retorno de 10 por ciento anual real durante 30 años. Las ganancias seguras ascienden a 44 mil 668 millones de pesos.
El ingreso está asegurado porque la cláusula decimosexta del Título establece que la duración de la concesión "será prorrogada (...) si por cualquier causa al término de dicho plazo la Concesionaria no ha recuperado su Inversión total y obtenido la TIR del Proyecto". Si uno toma las estimaciones oficiales sobre el tráfico, la duración de la concesión tendrá que aumentarse a 33 años tan sólo para recuperar la inversión.
Hay indicios de que las ganancias serán superiores. Según conocedores del negocio de las carreteras la utilidad (TIR) en este tipo de construcciones ronda entre 15 y 18 por ciento anual, un porcentaje que coincide con un criterio utilizado en los informes financieros de la empresa OHL, que hace inversiones con una rentabilidad mínima de 15 por ciento. A esta cifra deben añadirse las utilidades que obtiene la empresa por la construcción y operación de obras. Es decir, una parte de los 33 mil 892 millones de pesos que invertirá y gastará durante los 30 años son ganancias para las empresas.
Fue imposible ir más allá porque el GDF se rehusó a entregar los anexos 10 y 21 del Título de Concesión solicitados por Mónica Tapia, una opositora de la Supervía. Se trata del "Plan económico financiero" y de la "Recuperación de la inversión total y de la TIR del proyecto", respectivamente. La razón dada por la autoridad capitalina fue que la Controladora solicitó al GDF que "se diera tratamiento de información confidencial" a esos documentos "en virtud de que contiene información que podría afectar su patrimonio".
Otras utilidades provienen de la revalorización de terrenos cercanos a las vialidades construidas. Existe evidencia directa e indirecta de que la Supervía sí podría acelerar la especulación con los bosques del surponiente, un área estratégica para la sustentabilidad de la ciudad y, principalmente, para la recarga del acuífero.
Estaría, en primerísimo lugar, esa sólida tradición de especulación urbana hecha posible por la búsqueda de ganancias rápidas y la corrupción oficial. El llamado Regente de Hierro, Ernesto P. Uruchurtu, informó el 12 de agosto de 1965 que "no se permitiría ningún fraccionamiento más en el Distrito Federal" porque la perforación de pozos para nuevos fraccionamientos acelerarían el hundimiento de la Ciudad de México. Un año después dejó el cargo y la mancha urbana se extendió incontenible por el Valle del Anáhuac.
Con la alternancia creció la corrupción y la capital se ha sumado al saqueo urbanístico-ambiental del México del siglo XXI. En 1997 la izquierda arrasó en la capital y una de las primeras decisiones de la entonces flamante Asamblea Legislativa fue aprobar el Plan Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuajimalpa de Morelos (PDDU-C). El propósito era "establecer un estricto control" y "evitar el poblamiento en las áreas naturales protegidas". El Sol Azteca le puso números a su compromiso ambiental: pasara lo que pasase, 80 por ciento de la superficie de Cuajimalpa seguiría siendo suelo de conservación. No cumplieron. Cuando el PRD entregó esa delegación al PAN, en 2009, las tierras de preservación ecológica se habían reducido a 65 por ciento.
Las tribus del PRD y el gobierno de Ebrard han sido incapaces de frenar el saqueo ambiental. En marzo de este año el contralor general del GDF, Ricardo García Sáinz, reconoció que en Cuajimalpa y en la ciudad hay complicidades entre funcionarios y empresarios que han generado cambios en los usos del suelo. Con la contundencia que lo caracteriza resumió la situación en una frase: "vivimos en un régimen de corrupción que no podemos negar, con venta de protección, pero, sobre todo, omisiones" (Reforma, 9 de marzo de 2010).
Es por tanto lógico pensar que la Supervía permitirá grandes negocios inmobiliarios. Cuando le preguntamos al GDF: ¿cuántas casas se construirán por el atractivo de estar junto a la Supervía?, su respuesta fue "ninguna" y lo puso en negritas para enfatizar el argumento. Tanta certidumbre la apuntalan con dos tesis: "el proyecto autorizado no está asociado (a) ningún desarrollo inmobiliario" y será una vía confinada y cerrada en "las zonas exteriores" lo que impedirá que "vialidades secundarias y locales tengan acceso".
El pasado inmediato y el Título de Concesión los contradicen. Cuando Andrés Manuel López Obrador construyó los Puentes de los Poetas las empresas Copri y Atco edificaron el fraccionamiento Cumbres de Santa Fe ("el desarrollo inmobiliario más importante de la ciudad", según su publicidad) en
Lo dudamos, porque en la cláusula decimoocta- va del Título el GDF les abre un boquete por el cual podrán meterse. La Controladora "podrá realizar y presentar" al GDF los "estudios necesarios para evaluar la conveniencia de ampliar la Vía mediante la incorporación de tramos adicionales o derivaciones que puedan beneficiar el tránsito vehicular de la zona". En otras palabras, la Controladora sí podrá construir nuevos accesos lo cual elevaría considerablemente el valor de terrenos cercanos a la Supervía que probablemente ya sean de su propiedad.
El medio ambiente y el sur de la ciudad
Pese a lo declarado por el GDF, la Supervía sí afectará el ambiente.
En la Manifestación de Impacto Ambiental (parte del Título) se asegura que el ambiente se beneficiará porque se "reducirá el tráfico", lo cual llevará a que dejen de emitirse hasta 71 mil 124 toneladas de CO2 (óxido de carbono IV). La afirmación es absurda pues según la experiencia internacional este tipo de construcciones alientan el transporte privado. Cuando le preguntamos al GDF en qué ciudades del mundo las autopistas urbanas habían reducido el tráfico en el mediano y largo plazos reconoció que "no ha sido posible encontrar estudios de caso que con base en evidencia sólida, permitan llegar a una conclusión al respecto".
De acuerdo con cifras oficiales aumentará el tráfico en cantidades que varían según documentos del GDF.
Ese tráfico tendrá consecuencias positivas y negativas; todo depende del lugar que uno tenga en el mapa urbano. Quienes hayan intentado entrar o salir de Santa Fe a ciertas horas comprenden la urgencia que tienen de contar con vías de escape de esa ratonera inhóspita y dorada; la Supervía les dará un respiro y aumentará el valor de sus propiedades. Es igualmente natural el rechazo de quienes serán las víctimas en el sur de la ciudad.
En el tipo de impacto influyen las peculiaridades del hábitat. Santa Fe cuenta con anchas avenidas y las decenas de miles de vehículos adicionales entrarán y saldrán con rapidez hasta que en algunos años los frenen los tapones viales. En el sur la Supervía desemboca en el Cerro del Judío y San Jerónimo que se caracterizan por ser una maraña de estrechos callejones, unas cuantas calles y una sola avenida: Luis Cabrera, que ya es insuficiente a ciertas horas.
Por las mañanas y las noches los sinuosos callejones ya se convierten en un hervidero de conductores que buscan acercarse, escaparse o atravesar la versión posmoderna de la tierra prometida: el Periférico Sur. Esta situación se agravará porque la avalancha de nuevos automóviles se encauzará, como lo reconoce el GDF "únicamente por Luis Cabrera". Esta parte del sur está condenada al caos vial ante el cual el GDF reacciona con una negación infantil.
La pregunta 26 del cuestionario es: "¿qué plan tienen para resolver el tráfico que se generará en calles y callejones de San Jerónimo?".
La respuesta del GDF: "sólo se espera que ocurra durante los meses de la construcción de la obra en Luis Cabrera". Lo resolverán con "medidas de mejoramiento y descongestionamiento vial como son el retiro de vehículos abandonados en colonias populares o mal estacionados", con una "adecuación a las curvas entre Magdalena Contreras y Álvaro Obregón" y con el reencarpetamiento de algunas vialidades.
Lo más probable es que las fuerzas de la especulación modifiquen radicalmente el Cerro del Judío y San Jerónimo porque sus bosques y sus aguas son bienes codiciados por quienes, por todo México, medran con el medio ambiente. Es un destino inevitable porque el túnel de la Supervía no lo llevaron hasta el Periférico; termina en donde comienza la zona habitada. Está puesta la mesa para el festín inmobiliario.
La resistencia ciudadana
El impacto se anticipa tan brutal que ha surgido la inconformidad entre vecinos del Cerro del Judío y San Jerónimo, dos comunidades que reflejan la diversidad económica y social de la capital. Su unidad viene del compromiso con el medio ambiente, de la percepción de amenaza al estilo de vida y del malestar causado por el comportamiento gubernamental. Es un enfrentamiento entre David y Goliat que se apreciará mejor con un vistazo al pasado:
El Distrito Federal ha sido la vanguardia de la transición. Por las calles de la capital han transitado, y en sus edificios han habitado, los protagonistas de las sacudidas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX: el movimiento de los médicos de 1964-1965, las protestas estudiantiles de 1968, la presentación en sociedad de la sociedad civil después del temblor de 1985 y las protestas por las irregularidades electorales de 1988 y 2006. La capital es la región del país más liberal y progresista y, por lo tanto, ha sido la base de una izquierda que empezó a gobernar en 1977. Todavía ahora sigue siendo lo que Guillermo O'Donnell llama un oasis de "ciudadanía activa y de alta intensidad".
Los gobiernos de izquierda han entregado cuentas desiguales. En lo positivo estaría la tupida, diversificada y eficaz red de protección a los desprotegidos y la ampliación en la protección de derechos. El gobierno encabezado por Marcelo Ebrard se ha comprometido con los derechos humanos impulsado activamente por una amplia red de organismos sociales; el DF es actualmente líder de América Latina en estos temas. También ha crecido el transporte público y se han multiplicado las iniciativas para respetar el medio ambiente. Estos logros indudables son la base principal de la candidatura de Ebrard, quien en una carta a la ciudadanía de noviembre de 2010 asegura en cinco ocasiones que el DF está a la vanguardia.
Una parte del perredismo capitalino mantiene vivos los usos y costumbres del viejo régimen. Hay clientelismo, corporativismo, ineficacia y corrupción. También han preservado y reproducido el autoritario desdén hacia aquellos ciudadanos que se oponen a las decisiones oficiales. Esto último se confirma en el caso de la Supervía y un documento nos basta para demostrarlo.
El 22 de diciembre de 2009 se reunió el Comité del Patrimonio Inmobiliario del GDF para "conocer, opinar, analizar, evaluar y dictaminar los actos jurídicos o administrativos" asociados con la Supervía. La aprobaron por unanimidad ¡en 25 minutos! Cuando le preguntamos al GDF el motivo por el cual no habían dedicado ni media hora para una obra tan importante y simbólica -la primera autopista de cuota en la capital promovida por un gobierno de izquierda- su respuesta fue que dicha sesión había sido el "evento final de un largo proceso de análisis, debate, evaluación, introducción de modificaciones y ajustes en las propuestas y toma concatenada de decisiones". La explicación es lógica y contradice los aspectos más elementales de los protocolos democráticos.
Es incomprensible que no informaran a los vecinos durante el "largo proceso". La primera reunión entre autoridades y vecinos del Cerro del Judío y San Jerónimo se realizó hasta la noche del 5 de abril de 2010 y a las seis de la mañana del día siguiente se plantaron los funcionarios del GDF frente a 51 vecinos de la colonia La Malinche (Cerro del Judío) para informarles que sus casas habían sido expropiadas. A partir de ahí se reactiva y consolida el Frente Amplio contra la Supervía creado en 2008; una heterogénea y poco común coalición de vecinos acomodados de San Jerónimo y habitantes de colonias populares.
El calendario a veces juguetea con las efemérides. El movimiento estudiantil de 1968 se inició el 26 de julio y en una fecha similar, pero de 2010, se presentaron cuadrillas de trabajadores a iniciar la demolición de las casas expropiadas. Los vecinos los frenaron porque iban sin órdenes de demolición e instalaron un plantón en un punto neurálgico para la construcción de la Supervía. Cinco meses después siguen ahí: haciendo guardias las 24 horas del día, reuniéndose cada semana para informar y tomar decisiones y preparándose para celebrar las fiestas navideñas en estado de alerta porque tienen conciencia de que los fines de semana y los periodos vacacionales son propicios para el uso de la fuerza.
Es impresionante la actividad desarrollada por los opositores. Han presentado tres amparos y dos demandas de nulidad apoyándose, sobre todo, en Litiga, un organismo civil especializado en litigio estratégico, difundieron su versión en medios de comunicación y mantuvieron la cohesión del movimiento. Su causa ha sido arropada por especialistas en urbanismo y medio ambiente, por 50 organismos civiles y por diputados de diversos partidos (la excepción ha sido el Verde Ecologista cuyos intereses, ya lo sabemos, no incluyen al medio ambiente). Una ausencia notable es la de Andrés Manuel López Obrador, quien después de enviar una tibia carta se ha hecho el desentendido.
La diversidad del Frente se ejemplifica con dos de sus dirigentes. Una figura representativa de San Jerónimo es Cristina Barros, una combativa y distinguida dama de cabello blanco y ojo claro quien, por ser hija del ex rector Javier Barros Sierra, recibió la medalla Belisario Domínguez post mortem para su padre hace unas semanas. Rafael Martínez es un articulado dirigente del Cerro del Judío apegado a su barrio porque hizo a mano con su familia los adobes para construir su casa. La identidad de los diversos se ha logrado en torno a tres líneas discursivas.
1. La bandera ambiental que ya es un referente para una multitud de grupos que por todo el país expresan su insatisfacción con el capitalismo depredador.
2. Los efectos negativos que se perciben de manera diferente. Entre los vecinos acomodados de San Jerónimo la preocupación gira en la preservación de la calidad de vida que trastocará el alud de vehículos. Los habitantes del Cerro del Judío tienen motivaciones que verbaliza Rafael Martínez: "esta zona va a cambiar con la Supervía; se va a convertir en otro Santa Fe que es para puros ricos... cuando termine la obra llegarán las inmobiliarias a construir edificios y nos botarán como tapones de nuestras tierras. Peleamos por permanecer aquí porque, además, los pobres ya no tenemos a dónde ir en el DF".
3. El sentimiento de agravio por el maltrato recibido de un gobierno que ni les informa ni quiere dialogar con ellos.
En efecto, el GDF se rehúsa a dialogar con ellos y lo justifica diciendo que el Frente tiene una "postura por decir lo menos, beligerante y agresiva. Existe por supuesto prueba documental de este dicho". Es cierto. En el Frente no tienen buena opinión de Marcelo y piensan que la Supervía es un negocio que financiará la campaña de Ebrard a la Presidencia.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha intentado fungir como mediador en el conflicto. En una conversación con los autores, su presidente, Luis González Placencia, expresó su preocupación por la polarización entre ellos.
La pregunta 12 del cuestionario dice: "¿por qué se oponen a participar en foros como los organizados" por el Frente Amplio en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal?
Respuesta: "...nuestra experiencia es que los grupos opositores por lo general, no requieren promoción gubernamental para su participación en la discusión, análisis, debate e idealmente, la construcción de acuerdos; la Supervía no ha sido, ni es excepción".
El GDF está plantado en el lacónico "la Supervía va", frase que recuerda el principio de autoridad del viejo régimen, y ha hecho todo lo posible por dividir, acabar y desprestigiar al Frente. Una razón para su intransigencia es que en el hipotético caso de que suspendiera la obra posiblemente enfrentaría un juicio legal porque la cláusula vigésima del Título de Concesión protege a los inversionistas y condena al GDF a cubrir los costos de la inversión y hasta de la ganancia estimada.
Hasta ahora el Frente Amplio se mantiene firme y con la moral en alto y pese al tiempo que lleva en plantón se ve dispuesto a seguir el tiempo que sea necesario. Las semanas y los meses corroen este tipo de protestas porque las va metiendo en el rincón de los tiliches arrumbados y olvidados. El calendario político les da una cierta esperanza, porque Marcelo quiere ser Presidente y porque viene la batalla por la capital.
El PRD la tiene difícil en el DF. En 2007 sus intenciones de voto en la capital eran de 44 por ciento y en 2010 de 22 por ciento (Reforma, 26 de junio de 2010). La caída de 22 puntos ha despertado el apetito del PAN y el PRI que ven posible arrebatarles la joya de su abollada corona. Si llegaran a aliarse, la catástrofe para el perredismo será mayúscula. La oposición a la Supervía podría recibir apoyos inesperados.
Nada está escrito. Es posible que Ebrard salga airoso de este reto, pero también puede ser que la Supervía se convierta en su Waterloo si el Frente Amplio logra superar sus limitaciones y se convierte en catalizador y referente de una movilización más extensa. Su atractiva diversidad es también su debilidad. Su cohesión nace de centrarse en un solo tema, pero eso mismo les impide ampliar su agenda para llegar a alianzas más profundas. Después de todo, el problema de fondo está en las dificultades que tiene la ciudadanía para participar más activamente en los asuntos públicos.
Esa limitación es frecuente en la mayoría de los movimientos que se enfrentan a la especulación urbana. Su posibilidad de trascender dependerá de que enganchen sus casos al debate sobre el proyecto de ciudad y país y el papel que tiene la participación ciudadana en la vigilancia de los gobiernos locales.
La contradicción fundamental de la Supervía se aprecia en un detalle aparentemente menor pero altamente ilustrativo: el Puente de los Poetas fue construido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no tiene banquetas para los peatones. Ese maltrato a los pobres simboliza la capitulación de los gobiernos de todos los signos a los miles de "desarrolladores" que imponen la lógica de la ganancia rápida y se desentienden de las consecuencias negativas para el bien común. Pueden hacerlo porque los movimientos ciudadanos no han logrado vincular las causas inmediatas a la lucha por hacer que la democracia y la alternancia estén al servicio de las mayorías. La polarización y el debate sobre la Supervía desembocan, en el último de los casos, en una sola pregunta: ¿en qué lado de la ecuación están ubicados el PRD, Andrés Manuel y Marcelo?
El cuestionario
El GDF nos dio una amplia explicación sobre la controvertida Supervía Poniente. Cuando ya teníamos avanzada la investigación sostuvimos, el 2 de septiembre, una reunión de tres horas con los funcionarios responsables del proyecto. Aun cuando íbamos en representación de Propuesta Cívica, organismo civil opuesto a la Supervía, estuvieron de acuerdo con que lo ahí discutido sería utilizado para este texto publicado en Reforma. Con base en ese encuentro elaboramos un cuestionario escrito con 27 preguntas que, previa autorización del subsecretario Héctor Hernández Llamas, utilizamos a lo largo del texto y que incluimos completo en:
· http://gruporeforma.reforma.com/suplementos/enfoque/
· www.propuestacivica.org.mx
· www.sergioaguayo.org
· http://alserdan.blogspot.com
Tabla 1.
Ingresos y egresos estimados para la Supervía (millones de pesos).
| | 2009-2010 | 2011 | 2040 | Acumulado* |
| Ingresos por peaje | 0 | 405 | 5,303 | 78,560 |
| Gastos de mantenimiento | 0 | 26 | 0 | 1,378 |
| Gastos de operación | 0 | 100 | 683 | 11,015 |
| Impuestos | 0 | 0 | 1,315 | 16,214 |
| Construcción [inversión] | 4,525 | 760 | 0 | 5,285 |
| Subtotal egresos | 4,525 | 886 | 1,998 | 33,892 |
| Utilidad/pérdida | -4,525 | -481 | 3,305 | 44,668 |
* Durante los 30 años que dure la concesión.
Las sumas pueden no coincidir con el total debido al redondeo.
Tabla 2.
Tránsito en la Supervía según tres fuentes del GDF (tránsito promedio diario anual).
| | 2009 | 2040 |
| Según el Título de Concesión | 39,230 | 138,655 |
| Según el cuestionario | 19,771 | 55,652 |
| Tránsito necesario para asegurar las utilidades de los empresarios* | 39,610 | 126,065 |
* Considerando el peaje establecido por el Título de Concesión a pesos constantes a valor presente.
Tiempos de guerra y paz
La cultura política. Con más de 22 años de carrera en el servicio exterior, el embajador de México en el Reino Unido plantea la necesidad de poner al día los organismos internacionales
Juan José Bremer
(5 diciembre 2010).- Tiempos de guerra y paz nos presenta cuatro momentos cruciales de crisis, conflicto y reordenación que tuvieron repercusiones muy profundas en nuestra civilización y que han marcado algunos de los signos característicos de nuestra edad moderna: la Guerra de 30 Años y la Paz de Westfalia, durante el siglo XVII; el Congreso de Viena y el llamado Concierto de Europa entre
Este libro se fue abriendo camino a lo largo de mis 22 años en el servicio exterior. Los países en que estuve acreditado como embajador: Suecia, la ex Unión Soviética, Alemania, España, Estados Unidos y Reino Unido, en distintas épocas han sido imperios o grandes potencias. Tan sólo Alemania estuvo presente en todas las guerras modernas y Estados Unidos, Reino Unido y Rusia fueron protagonistas de las últimas dos guerras mundiales. A lo largo de todos estos años estuve en contacto vivo con el poderoso eco de estos dramáticos acontecimientos, en la vida social y en los debates de las instituciones académicas de estos países.
Siempre he pensado que la historia nos importa a todos, no solamente a los historiadores y que el diplomático tiene por su posición y por su acceso privilegiado a los actores políticos, la posibilidad de ofrecer un testimonio que complementa el trabajo de los académicos.
La Guerra de 30 Años, las guerras napoleónicas -al igual que la primera y la segunda guerras mundiales- ocurrieron en contextos históricos distintos, pero tienen en común algunos rasgos significativos:
1. No fueron guerras locales: los primeros dos casos involucraron a los poderes de sus respectivas épocas, en su ámbito regional, mientras que los dos últimos tuvieron un efecto global.
2. Repercutieron en lugares que estaban más allá de los campos de batalla. La Guerra de 30 Años y las guerras napoleónicas tuvieron consecuencias allende el continente europeo y las dos grandes guerras dieron paso a un nuevo periodo de mundialización de la política y la economía.
3. Coincidieron con periodos de transición y su estallido provocó grandes transformaciones de las ideas, las instituciones y la vida social.
La crónica de cada uno de estos episodios bélicos y sus procesos de paz puede llevar varios tomos, y de hecho han sido analizados por separado y con gran detenimiento por los especialistas de cada época. Me embarqué en este proyecto y fui sorteando paso a paso su mayor desafío: la enorme extensión del tema. Decidí finalmente continuar porque estoy convencido de la utilidad de ofrecer al público una visión de conjunto a pesar de que se sacrifiquen a veces los matices que se alcanzan tan sólo en una inmersión a mayor profundidad.
Torre de Babel
Tiempos de guerra y paz se cierra con un último capítulo: la Torre de Babel, en el que se resumen y contrastan los acuerdos de pacificación y el nuevo mundo a que dieron lugar. Sus inmediatas consecuencias nos ayudan a entender mejor los dilemas y los desafíos que enfrentamos hoy en día. En otras palabras: entender el presente por el pasado. En esta revisión histórica hay numerosas enseñanzas de fondo y de procedimiento. Las experiencias del pasado nos muestran los límites de lo posible, pero también que lo posible es una dimensión elástica.
Esta mirada retrospectiva es particularmente importante porque vivimos un momento de transición que requiere de un reordenamiento internacional de la misma envergadura que los cuatro episodios que se presentan en este ensayo.
Con la apertura económica de China, el colapso de la Unión Soviética en 1991 y la incorporación en la siguiente década de la gran mayoría de los países comunistas al sistema democrático liberal de economía de mercado se cerró el círculo de la globalización. Estos hechos ocurrieron como una verdadera cascada, de una manera abrupta y desordenada. Todavía estamos digiriendo sus consecuencias. Nunca en la historia se ha producido en forma tan repentina un cambio cualitativo de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales de los países que conforman la comunidad internacional.
Como consecuencia de estos cambios se cerró la etapa abierta al fin de la Segunda Guerra Mundial: el mundo bipolar caracterizado por la confrontación comunista-capitalista y surgió un nuevo paisaje internacional mucho más complejo, un mundo multipolar con más actores sueltos en la escena y con un potencial de conflicto a flor de piel.
Lo más significativo es que todas estas transformaciones no han sido acompañadas por una renovación del derecho y de las instituciones, ya que no está presente en nuestra actual circunstancia el inapelable sentido de urgencia que en el pasado llevó a los grandes acuerdos internacionales. Por ello, no es exagerado sostener que la puesta al día y la adecuación de los organismos internacionales a las condiciones de nuestro mundo contemporáneo constituyen la gran prioridad de nuestro tiempo.
En la mayor parte de los procesos de paz predominó una visión retrospectiva. No podía ser de otra manera: los conflictos eran consecuencia de las condiciones del pasado. Sin embargo, las decisiones más trascendentes fueron las que anticiparon los escenarios del futuro. Los delegados que aprobaron las bases de la Paz de Westfalia y los que sesionaron en San Francisco, cuando se fundó la Organización de las Naciones Unidas, no eran visionarios, pero sus acuerdos fueron funcionales y respondieron en buena medida, a las condiciones del porvenir.
Las comparaciones históricas ayudan a despejar el camino: en todos los procesos de paz que se examinan en el libro un grupo muy reducido de naciones ocupó la escena y dictó las condiciones esenciales de la pacificación. Esta tutela internacional fue posible porque las circunstancias de la época lo permitían. Los líderes no estaban respaldados por la legitimidad de un mandato internacional, pero contaban con los instrumentos del poder.
Después de los avances del fascismo en los años treinta del siglo pasado y de la terrible violencia desatada por la Segunda Guerra, los líderes de los Estados vencedores tuvieron en 1945 una autoridad excepcional para poner a funcionar de nuevo al mundo. En la conferencia de Potsdam las imágenes registradas hablaban por sí mismas. Los jefes de Estado estaban acompañados por sus estados mayores militares y sus tropas.
Mucho de lo que se alcanzó y de lo que se malogró fue consecuencia de ese estado de excepción.
Mismos países, distintas circunstancias
Las mismas potencias de 1945 siguen en la escena y disfrutan de sus privilegios en el Consejo de Seguridad como miembros permanentes, pero las viejas fórmulas de la tutela internacional ya no resuelven los problemas del día de hoy. A pesar que apenas nos separan unas cuantas décadas de esa fecha, nuestra realidad actual es radicalmente distinta por razones que es necesario enumerar.
1. Terminó el mundo bipolar y estamos ante un escenario más complejo e imprevisible, caracterizado por una nueva y cambiante multipolaridad política y económica.
2. Nuevos y muy serios problemas afectan nuestra seguridad más allá de las tradicionales amenazas derivadas de las relaciones entre los estados: el terrorismo, la delincuencia internacional, el crimen organizado y la piratería.
3. No estamos frente a una situación de emergencia como la que genera una catástrofe bélica, ni frente a una página en blanco que nos permita comenzar de nuevo.
4. No hay una coalición de naciones vencedoras con la capacidad de imponer a los demás las condiciones de una reestructuración de la vida internacional.
5. Los Estados actuales no disponen de las facultades de excepción que tuvieron los Estados beligerantes al fin de la Segunda Guerra Mundial. Por el contrario, su capacidad de regulación de la vida económica ha sido sustancialmente disminuida por el desarrollo notable de nuevos consorcios multinacionales de carácter privado que influyen en el ámbito interno y en la vida internacional.
6. Las agrupaciones de naturaleza regional ocupan un lugar creciente en el espacio, en el área de la cooperación económica y social y algunas de ellas abordan incluso tareas de seguridad colectiva, como es el caso de la Unión Europea.
7. La sociedad civil internacional es ahora mucho más compleja y participativa. Organizaciones no gubernamentales, grupos de opinión y corporaciones mediáticas plantean y gestionan sus causas y persiguen sus propias agendas.
En esta revisión histórica hay numerosas enseñanzas de fondo y de procedimiento. La determinación de emprender reformas ambiciosas es el primer ingrediente, pero no es suficiente si no están respaldadas por un proyecto consistente y viable.
Nunca ha sido más delicado carecer de instituciones eficaces de gobernabilidad internacional, por nuestra ineludible interdependencia. No puede descartarse, incluso, un regreso al juego de los bloques políticos militares, y a la rivalidad entre las regiones y las naciones en materia económica y comercial. En cualquiera de los escenarios que tenemos a la vuelta de la esquina, con mayor o menor globalización económica, solamente un sistema multilateral representativo y eficaz podrá ofrecernos estabilidad.
Tiempos de guerra y paz aparece en un momento propicio: hacia los finales de un año de aniversarios, dedicado al examen y a la discusión de nuestra historia y de nuestra vida interna. Después de este ejercicio de introspección el libro ayudará a recordarnos que es necesario abrir las ventanas a la escena internacional y que México enfrenta también el reto de cómo situarse en este mundo caracterizado por poderosas transiciones.
Novedad editorial
Título: Tiempos de guerra y paz.
Autor: Juan José Bremer.
Editorial: Taurus.
Fecha: México, 2010.
La cultura política
(5 diciembre 2010).- Téngalo presente
La transición mexicana 1910-2010 de Sergio Aguayo. FCE. Presentan Lorenzo Meyer, Javier Garciadiego, Joaquín-Diez Canedo y el autor. Lunes 6, 11:00 hrs. Sala Jesús Silva-Herzog del FCE. Carretera Picacho Ajusco 227, Jardines de la Montaña. Inf: 5449 3003.
Coloquio
Cátedra extraordinaria Ernesto de la Torre. Independencias latinoamericanas. Noemí Goldman y Joao Paulo G. Pimenta. Lunes
Conferencias
Primitivismo en la cultura de masas. Roger Bartra. Lunes 6, 17:30 horas. Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7390.
Cleaner production and industrial ecology: two important concepts for a sustainable industry. Leo Baas. Miércoles 8, 11:30 horas. Sala F-001 del Departamento de Energía de la UAM Azcapotzalco. San Pablo Xalpa 180. Informes: 5318 9046.
Convocatorias
Cuarto concurso nacional de tesis de licenciatura y posgrado sobre las disposiciones del orden jurídico nacional. Invitación a cargo de la Secretaría de Gobernación, dirigida a los egresados de la licenciatura en derecho o su equivalente. Informes: http://bit.ly/fG9qUN.
Exposiciones
Códice AQ. Abel Quezada. Revisión integral de la obra multidisciplinaria de Abel Quezada Calderón: cartones, historietas, textos, óleos, acuarelas, cuadernos de viaje y murales. A partir del jueves 9. Museo de la Ciudad de México. Pino Suárez 30, Centro Histórico. Informes: 5542 0671.
Foros
La reforma laboral que necesitamos en México. Rosa Albina Garabito, Enrique de la Garza, Graciela Bensusán, entre otros. Jueves 9, 10:00 horas. Zona C del Edificio G de la Cámara de Diputados. Congreso de la Unión 66, Iztacalco. Informes: 5553 5302.
Libros
Dark Marketing: propaganda oscura, contradicción e irracionalidad en la guerra política contemporánea de Jorge David Cortés Moreno. BUAP. Ensayo que afirma que los medios masivos banalizan el contenido de las ideas y proyectos sustantivos en detrimento de la democracia.
Diario apócrifo de Maciel el travieso de José Antonio Baz Nungaray, Jabaz. Planeta. A través del humor, el cartonista despliega estampas de la vida del fundador de los Legionarios de Cristo. Prólogo de Fernando M. González.
Doscientos años de narrativa mexicana coordinado por Rafael Olea y Pamela Vicenteño. El Colegio de México. 36 ensayos repartidos en dos volúmenes que analizan la obra de los escritores que marcaron las tendencias narrativas más trascendentes de México como nación independiente.
El sexenio de Televisa. Conjeturas del poder mediático de Jenaro Villamil. Grijalbo. El autor documenta cómo ha crecido el poder de la televisora durante los gobiernos panistas, principalmente en el encabezado por Felipe Calderón.
Gobernanza: el nuevo proceso de gobernar de Luis F. Aguilar. Fundación Friedrich Naumann. Exposición de los elementos que distinguen a la gobernanza, el autor explica y justifica su validez para fines de gobierno y administración pública.
Historia crítica de las modernizaciones en México coordinado por Ignacio Marván Laborde y Clara García Ayluardo. CIDE/FCE. Colección de siete tomos que pretente impulsar una reflexión histórica de las experiencias de cambio y modernización en México, sustentada en un seminario con el mismo nombre realizado en 2008.
Independencia y Revolución: pasado, presente y futuro coordinado por Gustavo Leyva, Brian Connaughton, Rodrigo Díaz, Néstor García Canclini y Carlos Illades. UAM/FCE. Ensayos multidisciplinarios y desde distintas naciones que buscan contribuir a la reflexión sobre el bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución. Historiadores, sociólogos, antropólogos, literatos y filósofos.
Lo que queda de la izquierda. Relatos de las izquierdas latinoamericanas coordinado por Jorge G. Castañeda y Marco A. Morales. Taurus. Conjunto de textos de especialistas que analizan el funcionamiento de los distintos gobiernos izquierdistas en la región, desde Cuba hasta Brasil, pasando por Venezuela o Chile.
Los señores del narco de Anabel Hernández. Grijalbo. Investigación periodística que revela supuestas negociaciones y nexos entre altos funcionarios del gobierno federal y Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
Marcial Maciel. Historia de un criminal de Carmen Aristegui. Grijalbo. Entrevistas de la autora con víctimas y familiares del fundador de los Legionarios de Cristo, y con expertos. Fragmentos grabados de conversaciones de Luis Garza Medina donde afirma que la congregación conocía los abusos del sacerdote.
Para leer al pato Donald de Armand Mattelart y Ariel Dorfman. Siglo XXI. Edición corregida del ensayo publicado en 1972 en Chile sobre la carga cultural estadounidense y los patrones de conducta contenidos en las historietas de Disney, revelados como un manual de instrucciones para los países en desarrollo, principalmente latinoamericanos.
Mesas redondas
Hacia una ruta crítica para la reforma penal. Rolando Tamayo, María Eloísa Quintero, Rubén Vasconcelos y Óscar Báez Soto. Martes 7, 17:00 horas. Auditorio Alfonso Quiroz Cuarón del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Magisterio Nacional 113, Tlalpan. Informes: 5487 1500 ext. 1565.
Presentaciones
El imperio mexicano y el reino de Guatemala. Proyecto político y campaña militar 1821-1823 de Mario Vázquez Olivera. FCE/ CIALC. Juan Pedro Viqueira, Rubén Ruiz, Mónica Toussaint y el autor. Martes 7, 18:30 horas. Librería Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica. Miguel Ángel de Quevedo 115, Chimalistac. Informes: 5227 4663.
Tiempos de guerra y paz. Los pilares de la democracia: de Westfalia a San Francisco de Juan José Bremer. Taurus. Francisco Suárez Dávila y Diego Valadés. Martes 7, 19:00 horas. Club de industriales. Andrés Bello 29, Polanco. Informes: 5282 9503.
Constitución Política traducida al maya, mixteco, tzotzil y zapoteco. Miguel León-Portilla. Miércoles 8, 10:00 horas. Patio Central del Senado. Xicoténcatl 9, Centro Histórico. Informes: 5345 3000 ext. 3412.
Ingeniería básica para el cambio de régimen político: paradigmas, sistemas y mayorías, de un servidor de Sergio Vázquez Licona. Amigos de la letra impresa AC. Miguel González Ibarra, Salvador García Soto y el autor. Jueves 9, 18:30 horas. República del Salvador 60, Centro Histórico.
¿Hacia dónde vamos? Silencios de la vida amenazada de Cesáreo Morales. Siglo XXI. Carlos Valdés, Mario Velasco y el autor. Jueves 9, 18:00 horas. Julio Verne 51, Polanco. Informes: 5282 1085.
Revistas
AZ. No. 39. Órgano de difusión del SNTE. Análisis del gasto destinado a la educación en el Presupuesto de Egresos 2011, su eficiencia y cuánto cuesta cada alumno. Luis Antonio Ramírez Pineda, José Ramírez Salcedo, Rocío Ruiz de la Barrera, Óscar Hernández Rosas, entre otros.
Bien común No. 189-190. Publicación de la Fundación Rafael Preciado del PAN. Análisis de los escenarios en cada una de las entidades que tuvieron elecciones en 2010. Escriben Rosalina Arteaga, Barrón Fernando Dworak, Aminadab Pérez Franco y Juan Pablo Cabnaud, entre otros.
Este País No. 236. Síntesis de tres ensayos sobre los cambios que ha sufrido el México a lo largo de su vida independiente que cierra la sección 200 años de ciudadanía en México. Francisco Suárez Dávila, Federico Reyes Heroles y José Ramón Cossío Díaz.
Nexos No. 396. Tras un recorrido por 25 ciudades, Héctor Aguilar Camín y Jorge G. Castañeda aseguran en el ensayo "Regreso al futuro" que México es mejor país de lo que sus habitantes perciben. María Amparo Casar escribe sobre los paralelismos de vicios y virtudes que poseen los medios de comunicación y la política en México.
Plataforma. No. 1. Publicación de la Fundación Colosio del PRI. Cuauhtémoc Cárdenas, Luis Rubio, Jorge Alcocer, Miguel Carbonell, Fernando F. Dworak, José Antonio Crespo, Francisco Labastida, entre otros, reflexionan sobre las reformas pendientes en México.
Voz y Voto. No. 214. Raúl Fernández Gómez, Jaqueline de la O y Jorge Alcocer V. analizan las próximas elecciones estatales en Guerrero, Baja California Sur y el estado de México, respectivamente, cuyo escenario apunta a la continuación de la trayectoria ascendente del PRI, fortalecido por las divisiones en la izquierda y por la debilidad del PAN.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245 correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1779
El emisario
Jorge Carrasco Araizaga
Hombre clave de los gobiernos priistas para aplastar las insurrecciones armadas en los sesenta y los setenta, el general Arturo Acosta Chaparro se hizo un lugar en el gobierno de Felipe Calderón gracias al secretario de la Defensa, Guillermo Galván: le tocó ser emisario federal para negociar con los líderes de las mayores organizaciones del narcotráfico en el país, incluido El Chapo Guzmán. Nueva información entregada a Proceso permite identificar al “General X”, al que se refiere Anabel Hernández en su libro Los señores del narco, cuyo adelanto fue publicado en el número 1778 de la revista.
Rebasado por las disputas entre los cárteles del narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón los buscó para pedirles que disminuyeran la violencia; su emisario fue el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, en su condición de asesor del gobierno calderonista en materia de inteligencia.
Entre 2008 y 2009, el militar experto en operaciones encubiertas se reunió con los jefes de La Familia Michoacana, Los Zetas, la organización de los Beltrán Leyva, el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa.
Esos movimientos fueron detectados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos en México. Incluso, las autoridades de ese país tienen un video de la reunión del emisario del gobierno de Calderón en Matamoros, Tamaulipas, con el jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca.
Acosta Chaparro, de 68 años y quien actualmente convalece de una agresión armada que sufrió cuando comenzaba a investigar el secuestro del panista Diego Fernández de Cevallos, se reunió con los principales líderes de esas organizaciones, incluido Joaquín El Chapo Guzmán.
De esas misiones tuvo conocimiento el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, su compañero de generación en el Colegio Militar. El retorno de Acosta Chaparro en el sexenio de Calderón ocurrió luego de que fuera exonerado de los cargos de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad, que según las acusaciones cometió durante la llamada guerra sucia en los años sesenta y setenta.
Detalles de los encuentros de Acosta Chaparro entregados a Proceso confirmaron lo publicado por esta revista en su edición 1768, en septiembre pasado, sobre la negociación que el general retirado sostuvo con Jesús Méndez Vargas, El Chango o El Chamula, y Nazario Moreno, El Pastor, El Chayo o El Más Loco, dos de los jefes de La Familia Michoacana.
En esa reunión participaron, asimismo, el entonces fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Cabrera Gutiérrez, y un colaborador del general en retiro identificado como “Estrella”.
Después del encuentro le fueron entregados a la PGR los tres supuestos responsables de haber lanzado dos granadas contra la multitud reunida en el centro histórico de Morelia para festejar el Grito de Independencia, la noche del 15 de septiembre de 2008.
Acosta Chaparro se reportó con el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. “Señor, objetivo cumplido”, le dijo cuando ya tenía en el avión a los tres supuestos responsables, quienes fueron torturados para inculparse. De la intervención del militar retirado tuvo conocimiento también la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales.
Después de esa entrega, el general Galván le preguntó a Acosta Chaparro sobre la recompensa de 10 millones de pesos ofrecida por la PGR para quien diera información que llevara a la captura de los responsables del que fue el primer atentado contra la población civil relacionado con el narcotráfico. “No me dieron ni las gracias”, contestó Acosta Chaparro al general secretario.
La segunda encomienda del general en retiro fue poco después, a principios de octubre del mismo 2008. Debía buscar a Los Zetas, cuando el grupo fundado por desertores de élite del Ejército aún era el brazo armado del cártel del Golfo. Antes de hablar con el jefe de Los Zetas, El Lazca, el general Galván le dijo a Acosta Chaparro: “Me ordenaron que no me mueva porque tú ya estás operando”.
Acosta Chaparro se reunió en Matamoros no sólo con El Lazca, sino también con Miguel Ángel Treviño Morales, El Z 40. Para el día de la reunión, los jefes de la organización delictiva le pidieron a Acosta Chaparro una tregua del gobierno federal.
Según la información entregada a Proceso, la guardia del Lazca está integrada por capitanes desertores del Ejército. Cuando vieron a Acosta Chaparro se le cuadraron.
En ese encuentro, Lazcano le preguntó de parte de quién iba. “Mira, te viene a ver un general del Ejército. No puede venir de parte de nadie más que del presidente”, dijeron los informantes, según el video obtenido por la inteligencia estadunidense y en el que, dicen las fuentes, “con tomas desde arriba se ve cómo el general retirado habla con autoridad y El Lazca actúa como subordinado”.
Acosta Chaparro les pidió a Los Zetas que bajaran la violencia, pararan las decapitaciones y dejaran de exhibir los cuerpos mutilados. “El presidente no puede hablar de paz social mientras haya decapitados y ese tipo de violencia”, refieren que dijo el militar retirado. La aceptación se condicionó a que el gobierno federal no actuara contra los familiares de los miembros de la organización delictiva.
A principios del siguiente año hubo una segunda reunión con el liderazgo de Los Zetas. En ese encuentro hablaron sobre el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, perpetrado en Cancún el 3 de febrero de 2009. “¿Por qué lo mataron?”, preguntó el general retirado. El Lazca llamó al jefe de Los Zetas en Cancún, quien según las fuentes dijo: “Porque el general no cumplió”.
De acuerdo con ese testimonio, Acosta Chaparro cuestionó: ¿Y por qué se hacen llamar Zetas? Porque después de la Z no hay más, respondió El Lazca, quien añadió que en ese momento esa organización, junto con el cártel del Golfo, controlaba 22 estados.
Según esa información, fue el propio Lazca quien puso en contacto al general en retiro con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. El encuentro ocurrió meses después en un lugar ubicado entre Cuernavaca y Acapulco, y a él acudieron también Édgar Valdez Villarreal, La Barbie; Mario Pineda Villa, El Borrado, y Jesús Nava Romero, El Rojo.
El relato entregado a este medio señala que La Barbie quiso intervenir, pero se lo impidió Acosta Chaparro. La petición del enviado del gobierno fue la misma: que le bajaran a la violencia, sobre todo en Morelos y Guerrero, estados que entonces controlaba su organización.
En diciembre del mismo año Arturo Beltrán Leyva fue ejecutado por infantes de Marina en el domicilio donde se ocultaba, a unas cuadras de la XXIV Zona Militar, en Morelos. Junto con El Barbas, en ese operativo fue asesinado su lugarteniente, El Rojo.
El siguiente encuentro de Acosta Chaparro fue con Vicente Carrillo, jefe del cártel del Juárez, y líderes de La Línea, el grupo armado de esa organización delictiva, a la que El Chapo Guzmán le disputa el control de Ciudad Juárez.
Cuando Acosta Chaparro pasó siete años de cárcel (de
La última gestión del general retirado fue con El Chapo Guzmán, el jefe más conocido del cártel de Sinaloa. Cuando lo iba a ver, el titular de la Defensa Nacional le dijo: “Te van a poner un GPS” (un chip localizador). “No, Memo –le contestó Acosta Chaparro–, yo soy negociador, no traidor”. Con ese dispositivo, dicen las fuentes, Galván quería ubicar a El Chapo.
En el encuentro con Guzmán Loera, como fue reseñado por la periodista Anabel Hernández en su libro Los señores del narco (Proceso 1778), El Chapo le contó al general en retiro cómo recibió ayuda para fugarse del penal de Puente Grande, en Jalisco.
Además, “en tono de queja”, dice el relato, El Chapo le dijo al militar “que el propio Juan Camilo Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Segob (el actual senador Ulises Ramírez Núñez) les vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares”, a pesar de que la entidad ya había sido comprometida con El Chapo, según ese relato.
“Recontratado”
Acosta Chaparro no se conformó con la condecoración de general en retiro que recibió en abril de 2008, luego de que fuera exonerado de los graves cargos de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Desde marzo de ese año, un mes después de su retiro, emprendió una contraofensiva judicial contra el Ejército y, como en los otros juicios, los tribunales lo favorecieron.
A principios de octubre de 2007, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal le concedió un amparo en contra del procedimiento de su retiro.
Acosta Chaparro le reclamó a la Sedena la restitución de los haberes retenidos durante los casi siete años que estuvo preso, acusado de proteger al cártel de Juárez. Pero al tiempo que litigó contra la Sedena, se convirtió en asesor del general Galván en la Sección Segunda del Ejército, es decir, en el área encargada de la inteligencia militar.
Los movimientos legales que hizo Acosta Chaparro contra el Ejército fueron de conformidad con Galván. Compañeros de la generación 1959-1962 del Colegio Militar, hicieron carreras paralelas, Galván en el arma de artillería y Acosta en infantería.
Acosta Chaparro fue acusado de la desaparición forzada de 143 personas en la guerra sucia en Guerrero durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (Proceso 1282 y 1356). Además de tortura, se le acusó de haber participado en “los vuelos de la muerte”, que consistían en arrojar al mar desde aeronaves a campesinos acusados de formar parte de la guerrilla.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), disuelta a finales del sexenio de Vicente Fox con el aval de Calderón y encabezada entonces por Ignacio Carrillo Prieto, abrió una averiguación previa contra el militar por su presunta responsabilidad en esas desapariciones, pero declinó a favor del fuero militar. Los tribunales castrenses absolvieron al acusado.
Acosta Chaparro todavía operó oficialmente en el sexenio de Carlos Salinas, cuando fue integrado a la efímera coordinación de Seguridad Nacional, al mando de Arsenio Farell Cubillas, ya fallecido.
En el sexenio de Ernesto Zedillo, se le vinculó con la matanza de 17 campesinos, el 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, donde décadas antes fue jefe policial del gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, secuestrado por la guerrilla de Lucio Cabañas en 1974.
La carrera de Acosta Chaparro como militar experto en antisubversión –que plasmó sus conocimientos en la publicación conocida como el libro negro de la guerrilla en el país, Movimiento subversivo en México– se interrumpió cuando fue encarcelado en el 2000, acusado de narcotráfico.
El 30 de agosto de ese año fue detenido junto con el general Francisco Quirós Hermosillo y enjuiciado por un Consejo de Guerra, bajo el cargo de tener vínculos con El Señor de los Cielos.
Ambos oficiales fueron sentenciados a 30 años de prisión y luego de una apelación obtuvieron una reducción de 15 años a su condena. Quirós Hermosillo murió en noviembre de 2006 sin que se terminara el proceso penal, por lo que técnicamente no quedó firme la acusación en su contra.
Acosta Chaparro purgó poco menos de la mitad de la sentencia. Seis años y 10 meses después de su reclusión, el 29 de junio de 2007, abandonó su celda del Campo Militar Número 1 gracias a un amparo definitivo que le concedió la justicia federal.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó que ni la PGR, a cargo entonces del general Rafael Macedo de la Concha, ni la Procuraduría de Justicia Militar le probaron el delito contra la salud “en su modalidad de colaboración de cualquier manera al fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos (cocaína y mariguana)”. Tampoco los delitos de cohecho y asociación delictuosa.
El Consejo de Guerra había fallado en su contra como responsable de esos cargos. Además de la prisión, lo había condenado “a la pérdida de derechos adquiridos en virtud del tiempo de servicios prestados” a las Fuerzas Armadas, así como a la inhabilitación para usar el uniforme y condecoraciones. Cuando salió de la prisión militar vestía su uniforme de general brigadier y sus condecoraciones.
La cercanía de Acosta Chaparro con Galván implicó su reivindicación pública y la recuperación de su grado. El 23 de abril de 2008, en el Campo Militar Número 1, donde pasó casi siete años en prisión, la Sedena organizó una ceremonia privada para enaltecer la labor de 23 oficiales y condecorarlos por su condición de retiro. De ellos, 13 fueron generales que sirvieron más de 45 años en el Ejército; en esa lista destacó Acosta Chaparro.
En un comunicado relacionado con la ceremonia, la Sedena se refirió a los homenajeados como “un selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.
Galván no sólo lo enalteció públicamente, sino que lo colocó en la lista de “héroes” del Ejército. El exintegrante de la Brigada Blanca –grupo paramilitar que se dedicó hace tres décadas a exterminar a la guerrilla– obtuvo así del gobierno de Calderón su reivindicación institucional y política.
Después de su exoneración, fue pasado a retiro al cumplir 65 años, la edad límite establecida en la legislación militar. Inconforme, Acosta Chaparro interpuso un juicio de amparo para impugnar ese procedimiento de la Sedena. Su argumento fue que antes de su alta en situación de retiro, ya que fue absuelto, la Sedena lo debió reinstalar como subdirector de la Dirección General del Servicio Militar, cargo que ocupaba al momento de su detención. El procedimiento seguido por la Sedena, alegó, fue equivalente al de despido injustificado.
Su propósito era recuperar el total de los haberes que se le retuvieron mientras estuvo preso. Y aunque la Sedena “se inconformó” contra su asesor, la justicia federal le dio la razón.
Oficialmente, para la Sedena Acosta Chaparro es un general retirado y nada tiene que ver con los asuntos de inteligencia militar en el sexenio de Calderón. En la práctica no ha sido así; por décadas tuvo acceso a información proveniente de la Sección Segunda del Estado Mayor de la secretaría y nunca dejó de tener contactos con el aparato político, incluidos los que en su momento fueron opositores, como Diego Fernández de Cevallos, quien fue secuestrado el pasado 15 de mayo.
Fue la familia del panista quien lo buscó para que investigara el plagio. Su experiencia en contrainsurgencia lo llevó a concentrarse en un posible secuestro por parte de la guerrilla. Tres días después de la desaparición del político, Acosta fue atacado con arma de fuego en la Ciudad de México. Su convalecencia duró casi medio año. Desde hace unas semanas está de regreso en su oficina de consultor privado en seguridad.
Los lectores, nuestra fuerza
Rafael Rodríguez Castañeda
En estos días, como desde hace 34 años, Proceso ejerce su vocación y compromiso: el periodismo político. No es lo nuestro ni la criminología ni la criminalística. Menos aún, la aplicación de la justicia.
Por convicción, por desmesura o por desatino, desde el primer día de su gobierno Felipe Calderón hizo pasar al narcotráfico del terreno penal al político. En pos de legitimación, le declaró la guerra a los cárteles y, sin consenso, la convirtió en política de Estado. En automático, el narcotráfico y la guerra de Calderón se volvieron tema natural y recurrente de Proceso.
Este semanario ha cubierto la guerra de Calderón sin reticencias, incluso con riesgo de la integridad física de sus reporteros, enviados, corresponsales y fotógrafos. Y lo ha hecho utilizando las herramientas propias del periodismo de investigación del mundo de hoy. En ese seguimiento, las investigaciones de Proceso han dado cuenta de las fallas, errores, abusos y fracasos de la estrategia contra el narcotráfico, contrariando el discurso presidencial. Aún más: los reportajes de la revista han tocado el presunto tabú de la relación entre los capos del narcotráfico y la política y han llegado hasta el máximo nivel, la casa presidencial. Calderón lo ha intentado, pero no ha podido hacer prevalecer la mentira sobre la verdad.
El poder público requiere consustancialmente de lo que los politólogos llaman medios disponibles. Ambos, poder y medios adláteres, tienen sus propios intereses pero comparten por lo menos uno: la conservación de sus privilegios. Televisa es un medio disponible para el actual gobierno. No es el único; sí es el más poderoso y servicial.
En cambio, un medio de comunicación independiente acaba convirtiéndose, para un gobierno autoritario, en un enemigo más imaginado que real. Así lo es Proceso para el gobierno que encabeza Calderón. Por ello emprendió un embate desproporcionado contra nuestro semanario a través de su medio disponible preferido y de su conductor estrella, Joaquín López Dóriga. Aún ignoramos si es venganza, revancha o amenazadora advertencia. Olvidan quienes participan en la agresión, gratuitamente o no, que los lectores de los medios impresos independientes no son factores pasivos, sino activos, que con su juicio ponen en evidencia la calidad o la falta de calidad de sus contenidos. Este es uno de los principios que rigen la comunicación en las sociedades modernas. La fuerza imbatible de Proceso está precisamente en ellos, los lectores.
Hoy es Calderón. Mañana, quizás, Enrique Peña Nieto. Los medios a la disposición del poder público, Televisa por delante, siempre estarán puestos para decir: a sus órdenes, señor.
Mentiras grandes... pero frágiles
Ricardo Ravelo
La dolosa filtración de declaraciones ministeriales del testigo protegido Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, según las cuales el presunto narcotraficante pagó al reportero de Proceso Ricardo Ravelo 50 mil dólares por no mencionarlo en sus trabajos periodísticos, sirvió a Televisa y sus empleados para organizar un festín mediático al gusto del poder presidencial. Tan grandes como frágiles, las mentiras del colaborador manipulado por el gobierno calderonista se desbaratan con el más objetivo de los recursos: el dato verificable. Por ejemplo, Proceso nunca dejó de hablar del presunto capo desde que su figura se hizo notoria, a partir de 2007; así lo demuestran 27 reportajes y cuatro ediciones especiales publicados entre ese año y 2010.
Testigo estelar de la Procuraduría General de la República (PGR) y ahora “estrella de Televisa”, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, ha sido para Proceso un personaje central de la historia reciente del narcotráfico mexicano, según consta en 27 reportajes publicados en el semanario y en diversos materiales incluidos en cuatro ediciones especiales, entre 2007 y 2010.
En un video y en una declaración ministerial que le fueron filtrados a Televisa –el miércoles 1 el consorcio ubicó como fecha del testimonio el “4 de noviembre” y después, el jueves 2, “corrigió” la fecha a “24 de noviembre”–, Villarreal Barragán afirma que entre 2003 y 2006 le pagó a este reportero 50 mil dólares por dejarlo de mencionar en los reportajes publicados en la revista.
A partir de ahí, según declaró Villarreal Barragán, este semanario dejó de publicar textos relacionados con él: “Podían mencionar a Arturo (Beltrán), a La Barbie, y así llenaban las páginas, y a mí no… cuando llegaba a salir, salía con una mínima mención”. Según esa declaración, la revista Proceso no se volvió a ocupar de El Grande hasta que fue detenido, en septiembre de este año.
El testimonio de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, es falso. El primer reportaje que publicó este semanario sobre sus andanzas en el mundo del narcotráfico apareció en la edición 1583, del 4 de marzo de 2007, con la firma de Patricia Dávila. Ese año, según El Grande, ya había pagado a este reportero para que no se publicara nada en su contra.
En ese número de la revista se aborda la aparición de Villarreal Barragán como capo importante en la Comarca Lagunera. En uno de sus párrafos el texto dice: “La presencia del crimen organizado avanzó primero a la sombra de capos como Amado Carrillo, El Señor de los Cielos; Arturo González Hernández, El Chaky (lugarteniente de Ismael El Mayo Zambada), y ahora de Sergio Villarreal Barragán, El Grande.
“La influencia de este último se evidenció el 19 de febrero, cuando la Procuraduría General de la República dio a conocer el arraigo de Hugo Armando Reséndiz Martínez, subdelegado de la Procuraduría de Justicia de Durango, por su presunta relación con los homicidios de dos pilotos, un agente de la AFI, un empresario de Nuevo León y del dirigente perredista Jaime Meraz Martínez con su esposa, su hijo y su chofer.”
El siguiente reportaje en el que se incluyó a Villarreal Barragán se publicó en la edición 1594, del 20 de mayo de 2007, y está firmado por el reportero Arturo Rodríguez García.
Fechado en Torreón, Coahuila, el texto se refiere al caso del subprocurador Reséndiz Martínez, y en él se afirma: “El pasado jueves 17 (de mayo de 2007), a través de un comunicado, la dependencia informó que ejercerá acción penal contra el exfuncionario por delincuencia organizada y delitos contra la salud, ya que Reséndiz le daba información a Sergio Villarreal Barragán, El Grande, y a Arturo González, El Chaky”. Con base en información de la PGR, en dicho texto también se afirma que Villarreal Barragán es identificado como mando operativo del cártel de Juárez en La Laguna.
En otra edición de este semanario, la 1595, fechada el 27 de mayo de 2007, con el título Un video acusador, Armando Ruiz Arévalo, jefe antisecuestros en La Laguna, en un video grabado en el escondite donde un grupo delictivo lo mantenía secuestrado, sostiene que en abril de 2003 Sergio Villarreal Barragán se hizo cargo de la plaza en la Comarca Lagunera.
El 9 de septiembre de 2007, en un texto firmado por este reportero que se publicó en la edición 1610 de Proceso, en el que se aborda la ola de violencia –secuestros, desapariciones y homicidios– que azota a la Comarca Lagunera, se habla del descuartizamiento de un personaje conocido como Sabino Burciaga:
“Los pedazos del cuerpo de Sabino Burciaga tenían un mensaje amenazante dirigido a Sergio Villarreal Barragán, El Grande, a quien se identifica con el cártel de Sinaloa y está en disputa con Los Zetas por La Laguna”.
El tema del narcotráfico en La Laguna –antiguo feudo de Villarreal Barragán– se continuó abordando en este semanario sin cortapisas. En otro texto, éste de Patricia Dávila y publicado en la edición 1614, del 7 de octubre de 2007, se da cuenta de la protección que tenía Sergio Villarreal Barragán por parte de la entonces alcaldesa de Lerdo, Durango, Rosario Castro Lozano.
Dice el texto: “Fuentes del gobierno de Durango consultadas por la reportera sostienen que la exalcaldesa panista de Lerdo, Rosario Castro Lozano, es ‘protectora’ de El Grande, sucesor de El Chaky. Es más: añaden que a principios de este año impidió un operativo militar para detener a El Grande, quien posee tres ranchos en este municipio”.
El retrato criminal de Villarreal Barragán como amo y señor del narcotráfico en La Laguna fue publicado con la firma de este reportero en la misma edición de Proceso con el título Poderoso y protegido:
“Arropado por empresarios y políticos panistas, Sergio Villarreal Barragán, El Grande, se convirtió en el narcotraficante más poderoso de la Comarca Lagunera al servicio del cártel de Sinaloa: ni la Procuraduría General de la República ni el Ejército Mexicano han podido detener al capo, quien se jacta de tener compradas a todas las autoridades locales y federales.”
Centrado en la figura de Villarreal Barragán, el reportaje aborda toda la historia del presunto capo y, con base en el expediente 4/2007-III de la SIEDO, se afirma que la lista de gatilleros y operadores de la organización encabezada por Villarreal está integrada por personajes como José Luis Rodríguez, El Tenientillo, responsable del cobro y entrega de mercancía (cocaína), así como del pago de la protección de las autoridades federales, estatales y municipales.
Se menciona también que el brazo derecho de Rodríguez es David Rodríguez, El Teniente; que Claro Burciaga es el jefe de sicarios; Adolfo Villarreal Barragán, hermano de El Grande, es el brazo auxiliar de Sergio, y que Jorge Zamora, El Pollo, es el jefe de los halcones.
El reportaje añade: “José Luis Perea, El Pirrus, se encarga de acondicionar y tener disponibles las casas de seguridad del grupo criminal. José Guillén tiene la encomienda de mantener las cuotas y de corromper a los agentes ministeriales y de pagar sumas mensuales a comandantes y subprocuradores de La Laguna”.
El texto concluye así: “El poder criminal y económico de Villarreal Barragán es escudriñado por la PGR desde principios de este año. Pero una versión extraoficial indica que El Grande frenó las investigaciones en su contra mediante pagos millonarios. La semana pasada, sorpresivamente fue separado de la fiscalía que investiga a Villarreal el agente del Ministerio Público Ignacio Muñiz, quien colaboraba con el fiscal Raúl Hernández Trujillo. Hasta el momento se desconocen las razones por las que fue separado de la investigación e inclusive fuentes consultadas en la PGR aseguran que fue echado de la institución”.
Desplazado
Aunque era un capo en ascenso, Villarreal Barragán no siempre fue noticia ni personaje trascendente, pues otros acontecimientos –desapariciones, balaceras, temas de narcopolítica– cobraron más importancia. Sin embargo, no dejó de ser mencionado en las ediciones siguientes de este semanario, como la 1668, del 17 de octubre de 2008:
“(…) También está recluido el exsubprocurador de Justicia de Durango Hugo Armando Reséndiz Martínez, acusado de delitos contra la salud y delincuencia organizada. De acuerdo con la PGR, el exfuncionario está relacionado con varias ejecuciones, así como con filtrar datos confidenciales de dos operadores del cártel de Juárez: Sergio Villarreal Barragán, El Grande, y Arturo González Hernández, El Chaky”.
Villarreal Barragán volvió a ser mencionado cuando Proceso, en su edición 1679 (4 de enero de 2009) se ocupó de investigar la ligazón de intereses entre funcionarios de la SIEDO y el narcotráfico, lo que derivó en una investigación que la misma PGR denominó Operación Limpieza.
Firmado por este reportero y con el título Instrumentos sucios de la Operación Limpieza, en el texto se ahonda en el tema de la corrupción en la SIEDO al haber sido infiltrada por la organización encabezada por los hermanos Beltrán Leyva, a la que El Grande pertenecía. Con base en información oficial se afirma que los Beltrán pagaban medio millón de dólares a funcionarios de la PGR a cambio de protección e información.
En dicha historia se menciona a Sergio Villarreal Barragán, de quien se dice que recibía protección de Javier Jiménez Sánchez. Respecto de Villarreal se añaden estos datos: “Fue agente ministerial y estuvo adscrito al área de robo de vehículos en Coahuila, pero se pasó al cártel del Golfo y actualmente es un operador de los Beltrán Leyva en La Laguna y en el estado de Morelos, uno de sus principales refugios”.
El tema de la Operación Limpieza se tocó en varias ediciones de Proceso por tratarse de un asunto de interés público en el que salieron a relucir datos y evidencias de la colusión de funcionarios públicos con el narcotráfico.
Por ello, en el número 1683, del 1 de febrero de 2009, se menciona a Villarreal Barragán como una pieza clave del cártel de los hermanos Beltrán Leyva para corromper a funcionarios de la SIEDO. En el mismo reportaje se hace referencia al papel que jugó el capitán Fernando Rivera, quien fue jefe del Área de Inteligencia de la SIEDO, acusado de servir a la organización de los Beltrán Leyva.
Rivera se hizo testigo protegido. En el texto se incluye a Sergio Villarreal Barragán en estos términos: “El testigo está acusado de delitos relacionados con la delincuencia organizada, dentro de las investigaciones que derivaron en la Operación Limpieza. Concretamente se le acusa de formar parte del grupo de funcionarios de la SIEDO que servía al cártel de Sinaloa y a capos como Sergio Villarreal Barragán, afincado en la Comarca Lagunera”.
Con el título Capos, los verdaderos jefes de la SIEDO, en la edición 1681, del 18 de enero de 2009, este reportero se volvió a ocupar de la Operación Limpieza y de Villarreal Barragán con base en los datos de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008.
El reportaje señala en uno de sus párrafos centrales: “Asimismo, el capo Sergio Villarreal Barragán, El Grande, operador de los Beltrán en la Comarca Lagunera, Nuevo León y Morelos, aparece como protagonista de una historia truculenta: pretendió controlar a los policías adscritos a la SIEDO para que le brindaran protección y así traficar drogas sin ser molestado.
“El testigo Saúl –cuyo nombre real es Milton Cilia Pérez, quien fungió como comandante en la SIEDO, detalló el 4 de agosto de 2008 la manera en que se entablaron las negociaciones con Sergio Villarreal Barragán, El Grande, un narcotraficante ligado a los Beltrán Leyva que sigue impune. El Grande pretendía controlar las dos policías adscritas a la SIEDO.”
En otro texto firmado por este reportero, Se buscan soplones (Proceso 1692, del 5 de abril de 2009) Sergio Villarreal Barragán volvió a ser referido ante los fallidos intentos de la PGR por detenerlo.
En el texto se mencionan los vicios y fallas del programa de testigos protegidos de la PGR: “Testigos protegidos consultados por este reportero y que pidieron el anonimato por temor a represalias de la PGR aseguran que se encuentran frustrados y desesperados debido a que desde hace varios años están siendo utilizados por la SIEDO para denunciar a capos importantes a los que sirvieron y que, sin embargo, no son detenidos.
“Uno de los casos más sorprendentes, aseguran, es que la PGR dispone de un voluminoso expediente sobre el capo Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, quien opera para los hermanos Beltrán Leyva y no lo pueden detener a pesar de que los testigos que lo incriminan han dado pelos y señales de los lugares que frecuenta en la Comarca Lagunera, como los bares El Grande (presuntamente de su propiedad) y La Masacuata, ubicado en Gómez Palacio, Durango.”
En ese reportaje se menciona la destitución del agente del Ministerio Público Ignacio Muñiz, quien tenía a su cargo la investigación sobre Villarreal Barragán. Muñiz fue reemplazado por Moisés Jiménez Hipólito, de quien se afirmó: “También perdió el control de la investigación, pues varios de sus subalternos han extorsionado a empresarios del ramo automotriz, de venta y renta de casas que presuntamente están relacionados con el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán”.
Abundantes menciones
En las ediciones 1699 (24 de mayo de 2009), 1717 (27 de septiembre de 2009), 1729 (20 de diciembre de 2009) y 1730 (27 de diciembre de 2009) este reportero le siguió los pasos a Villarreal Barragán, a quien siempre se le mencionó como principal operador de la célula de los hermanos Beltrán Leyva.
Después de la caída de Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009 durante un operativo de la Marina, el reportero abordó otros episodios de la historia de Villarreal Barragán en un reportaje titulado Tras la vacante criminal, que se publicó en la edición 1730.
En dicho texto se habla de los personajes que se disputarían la posición del llamado Jefe de Jefes:
“Luego del tiroteo que segó su vida (la de Arturo Beltrán), los nombres de Édgar Valdez Villarreal; Sergio Villarreal Barragán, El Grande, y Héctor Beltrán, El H, se disputan el control de buena parte del Pacífico mexicano, así como la plaza de Morelos, donde se afincó la organización de los hermanos Beltrán Leyva con la protección policiaca y presuntamente de algunos miembros del Ejército.”
En las ediciones 1747 (25 de abril de 2010), 1754 (13 de junio de 2010), 1757 (4 de julio de 2010), 1759 (18 de julio de 2010), 1760 (25 de julio de 2010), 1766 (5 de septiembre de 2010) y 1772 (17 de octubre de 2010) de este semanario, Sergio Villarreal Barragán es mencionado en diversos temas del narco, así como de crímenes y escándalos de corrupción oficial.
Incluso en el número 1754, bajo el título de Narcoamigos en el Senado, la reportera Jesusa Cervantes cuenta la historia del presunto encuentro del entonces presidente electo, Felipe Calderón, con Sergio Villarreal Barragán y el senador Guillermo Anaya Llamas, durante el bautizo de la hija de éste.
En uno de los párrafos de ese texto, la reportera señala: “Entre los invitados, a un lado de la mesa de Calderón, estuvo Sergio Villarreal Barragán, El Grande, uno de los capos más buscados por el gobierno mexicano y recientemente por el estadunidense”.
Villarreal Barragán volvió a ser figura central de un reportaje de Proceso el pasado 21 de noviembre, cuando este reportero tuvo acceso a las declaraciones ministeriales del presunto capo, contenidas en la averiguación previa PGR/SIEDO/UETMIO/0992010/2010.
En dicho testimonio, El Grande habla de su presunto encuentro con Calderón, con quien lo presentó el senador Guillermo Anaya. Ante el presidente, Villarreal le dijo que estaba a sus órdenes para lo que se le ofreciera, a lo que Calderón contestó, según el capo, “igualmente”.
Con base en el testimonio de El Grande, en dicho reportaje se detallan varias historias de muertes y corrupción institucional, pues el presunto capo afirma que él mismo se encargó de la logística para asesinar al agente federal Édgar Millán Gómez y planeó, por órdenes de su jefe Arturo Beltrán, la ejecución de dos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Cárdenas Palomino y Armando Espinoza de Benito. Al primero porque le pagaron una suma y no se reportó con el cártel, y al segundo porque Arturo Beltrán estaba enojado debido a que recibía dinero de Joaquín El Chapo Guzmán.
En esa misma edición, el reportero Arturo Rodríguez cuenta la historia de la demanda que interpuso en su contra el senador Guillermo Anaya después de la información que publicó en la que se habla de la asistencia de El Grande al bautizo de la hija del legislador panista.
El más reciente reportaje bajo la firma de este reportero se publicó el 28 de noviembre último y se titula Testigos protegidos… creerles a conveniencia.
En el texto se cuentan varias historias de testigos protegidos que se quejan de que en la SIEDO son forzados a enderezar acusaciones contra personas que no conocen, y también señalan que les mutilan las declaraciones cuando señalan a funcionarios del gabinete federal.
Con estos elementos se echa por tierra el testimonio acusador de Villarreal Barragán en el sentido de que pagó a este reportero para no aparecer en reportajes de Proceso. Su historia y sus andanzas, así como sus nexos con políticos del régimen, han sido mencionados en todos los textos referidos. l
Torpe montaje de “El Noticiero”
En su torpe montaje para tratar de incriminar a Proceso y al reportero Ricardo Ravelo mediante la declaración de un testigo protegido del gobierno calderonista, Televisa cometió un error mayúsculo: refirió que el supuesto testimonio de Sergio Villarreal, El Grande, fue rendido el pasado 4 de noviembre, si bien el presunto narcotraficante alude en él a una portada del semanario publicada 17 días después, el 21 de noviembre. El jueves 2, la televisora “corrigió” la fecha –Carlos Loret de Mola dijo que en realidad el testimonio había sido rendido el 24 de noviembre– e intentó justificarse con el argumento de que se trató de un “error”. Enseguida se transcribe la nota difundida la noche del miércoles 1 en El Noticiero del Canal 2 de Televisa.
Joaquín López Dóriga:
Acusan al semanario Proceso de recibir dinero del narcotráfico para acallar información.
A lo largo de los últimos años el tema del narcotráfico ha sido uno de los predominantes temas del semanario que fundó Julio Scherer García; su principal fuente de información han sido acusaciones e imputaciones de los llamados testigos protegidos, con el riesgo claro que implica dar por verdades consumadas dichos sin comprobar. Hoy las acusaciones se dirigen contra la revista Proceso y provienen de un jefe del crimen organizado, quien asegura que el semanario Proceso recibe dinero de jefes del narcotráfico.
Reportero Mario Torres:
Un reportero de la revista Proceso habría sido comprado por el crimen organizado, a decir de un testigo protegido; éste es un video en el que Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, declara ante un agente del Ministerio Público Federal.
Ricardo Ravelo de la revista Proceso está asignado a la información del narcotráfico y a la PGR. La revista Proceso ha dado seguimiento a los temas vinculados al narcotráfico y ha usado como base de muchos de sus artículos declaraciones de testigos protegidos; hoy uno de sus reporteros, Ricardo Ravelo, y la revista misma, se ven acusados por ese testigo colaborador.
Sergio Villarreal, alias El Grande, fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina el 12 de septiembre en el estado de Puebla; era el principal operador de Héctor Beltrán Leyva, alias El H, líder de la organización criminal Beltrán Leyva.
4 de noviembre: Sergio Villarreal, alias El Grande, compareció ante el Ministerio Público Federal y en ese video se escucha a Sergio Villarreal decir que del
Dijo que en una reunión realizada en la Ciudad de México, en una casa de Arturo Beltrán Leyva, en San Ángel Inn, donde ubica como El Tapiz, se abordó el tema de los reportajes de Ricardo Ravelo de la revista Proceso; en esa reunión, además de él participaron José Alberto Pineda Villa, alias El Borrado, y un hombre a quien identifica como el comandante Bereta, y los escoltas de Arturo Beltrán Leyva. Y explicó que el comandante Bereta le dijo que era amigo del reportero Ricardo Ravelo de la revista Proceso y que podía hablar con él… que podía hablar con él para tranquilizar la situación.
En su declaración, Sergio Villarreal, alias El Grande, asegura que días después el comandante Bereta le dijo que ya había hecho contacto con el reportero Ricardo Ravelo…
Sergio Villarreal:
Para contarle cómo estuvo, ya Miguel va y habla con Ravelo a ver cuánto quiere, y le dice que quiere 50 mil dólares por dejarme de echar la prensa de la revista... Si va a los archivos de Proceso, va a ver que de perdida cada 15 días sale.
Mario Torres:
Ante el MPF, Sergio Villarreal dijo que aceptó entregar el dinero que pedía el reportero de la revista Proceso.
Sergio Villarreal:
Al decirme a mí, en palabras textuales, recuerdo bien que fueron: “Ok, está bien”, se los voy a dar los 50 mil dólares, y mágicamente ya no me vuelve a mencionar.
Mario Torres:
Declaró también que el periodista exigía un pago mensual.
Sergio Villarreal:
Quería un pago mensual y dije que no, que no se lo iba a dar.
Mario Torres:
A partir de ahí, según declaró Sergio Villarreal, la revista Proceso dejó de publicar reportajes relacionados con él.
Sergio Villarreal:
Podíamos mencionar a Arturo, a La Barbie, y así llenaban las páginas, y a mí no… cuando llegaba a salir, salía con una mínima mención.
Mario Torres:
Según este testimonio, la revista Proceso no se volvió a ocupar de El Grande hasta que fue detenido. Así lo declaró:
Sergio Villarreal:
No volvió a sacar una nota mía hasta ahora que recientemente salió un reportaje que incluso salí en una portada, siendo el principal en la cual sólo se incluyeron mentiras, pues me relaciona con personas que no conozco, aunque sí sé quiénes son, porque son personas públicas y a otras que sí, pero que no tienen nada que ver con la organización, como el caso del senador.
Mario Torres:
En la misma declaración ministerial también se lee:
Sergio Villarreal:
Sé que el periodista tiene comunicación con otros miembros de la organización, como Ismael Correin, alias El Judío.
Mario Torres:
También dice que varias organizaciones del crimen organizado entregan dinero al reportero Ricardo Ravelo, además de esta persona.
Sergio Villarreal:
Sé que diversas organizaciones le dan dinero al periodista, quien toma rachas contra alguna organización, y lo que hacemos es que le dan dinero y cesan las publicaciones, como en mi caso, que yo le mandé 50 mil dólares y con eso ya no aparecí en la revista Proceso.
Mario Torres:
Esta declaración forma parte de la investigación de la PGR en contra de la delincuencia organizada. l
Campaña facciosa desde el gobierno
José Gil Olmos
Para el senador priista Manlio Fabio Beltrones las acusaciones de un presunto narcotraficante contra Proceso y Ricardo Ravelo, reportero del semanario, son ejemplo del uso faccioso que el gobierno hace de ciertas figuras jurídicas –el testigo protegido, el arraigo…– para atacar a quienes le resultan incómodos. “Aquí se le ha exigido a un delincuente hacer declaraciones contra un medio de comunicación incómodo, poniendo en duda todo el trabajo periodístico que lleva a cabo”, afirma, y considera “evidente que (las más altas autoridades del país) han orquestado una campaña” contra el semanario. Ante ello, dice el presidente de la Mesa Directiva del Senado, “tenemos que alzar la voz para denunciarlo y que eso no vuelva a ocurrir”.
Para el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Manlio Fabio Beltrones, el programa de testigos protegidos se está usando con fines facciosos para atacar a los enemigos del gobierno o a los medios que le son incómodos. Cita las declaraciones de Sergio Villarreal El Grande contra Proceso y Ricardo Ravelo, reportero del semanario, a los que acusa de recibir dinero del narcotráfico, que Televisa difundió el miércoles 1 en su noticiero nocturno.
El coordinador del PRI en el Senado aceptó hablar con este semanario el mediodía del jueves 2 al mismo tiempo que los reporteros de Televisa buscaban a legisladores que les dieran declaraciones a modo para criticar a Proceso. No todos accedieron: el senador potosino Carlos Jiménez Macías, por ejemplo, se negó a seguirles el juego y rechazó dar una entrevista que se transmitiría en los noticieros de la televisora, desde donde siguieron machacando con las declaraciones de El Grande.
El senador sonorense afirma: “Esto revive en mí un viejo debate sobre el uso faccioso que gobiernos con tentaciones autoritarias pueden estar haciendo de instrumentos que (…) buscaron combatir a la delincuencia y que hoy son usados como armas políticas para combatir adversarios o a medios de comunicación incómodos.
“Algo así le toca ahora sufrir a Proceso. En el pasado algunos otros, incluido yo, hemos tenido que resolver”, asegura, “versiones mentirosas o calumniosas de algunos delincuentes quienes hacen aseveraciones que la misma autoridad perversamente les sugiere para que gocen de beneficios después de haber cometido delitos.
“¿Quién podría confiar en estos procedimientos que hoy, al ser utilizados políticamente, quedan lastimados para cualquier acción en el futuro?”, pregunta.
Recuerda que en mayo de 2009 el gobierno federal, con base en declaraciones de un testigo protegido, acusó a 30 funcionarios michoacanos de tener vínculos con el narcotráfico. De ellos, ninguno fue consignado.
Habla también del caso de la exprocuradora de Chihuahua Patricia González, quien fue acusada de tener nexos con el crimen organizado a raíz de una declaración de su hermano Mario, secuestrado y luego asesinado por un grupo criminal. A partir de esa declaración la PGR abrió una investigación contra la exfuncionaria hasta que reculó tras las observaciones que le hizo Human Rights Watch.
“Ante el embate de grupos delincuenciales el Congreso le obsequió al gobierno de Felipe Calderón diversos instrumentos que en su naturaleza son nobles; pero al abusar de ellos la autoridad deja en la duda si no estamos auspiciando acciones de corte autoritario o fascista de las cuales nos podemos arrepentir.”
Precisa que a Calderón se le facilitaron dichos instrumentos pero nunca una patente que se prestara al abuso. “Por ello hemos estado muy atentos a la utilización de figuras jurídicas como el arraigo, los testigos protegidos y la ley de extinción de dominio”, explica.
Y apunta que el Ejecutivo federal ha abusado con fines políticos de los testigos protegidos y del arraigo. “Los ejemplos están a la vista, como el abuso que se hizo del arraigo en el llamado michoacanazo; al final resultó que todos fueron inocentes después de haber estado arraigados más de 80 días. Muchos de los afectados todavía no libran el desprestigio al que fueron sujetos tras haber sufrido esta acción sin sustento. Ese es uno de los ejemplos vivos del abuso del arraigo; hay otros ejemplos del abuso de las fórmulas rápidas que se han instrumentado para los cateos en domicilios y negocios a través de un juez de instrucción”.
A petición de Calderón
El exgobernador de Sonora destaca la importancia de las reformas a las leyes penales efectuadas en 2008 en el Congreso a petición de Calderón para que se combatiera al crimen organizado. Entre otras cosas se trataba de una actualización del Programa de Testigos Protegidos de la PGR, que a pesar de haber sido creado en 1996 no había sido puesto al día.
Hoy, a pesar de las nuevas reformas dicho programa sigue arrastrando vicios y fallas pues algunos de los testigos han sido asesinados por los mismos personajes que señalan. Fue el caso de Édgar Enrique Bayardo del Villar, exsubprocurador de Tlaxcala y exinspector de la División Antidrogas de la Policía Federal asesinado el 1 de diciembre de 2009 en una cafetería. Otros son obligados a declarar contra personas que no conocen y algunos más han quedado desprotegidos (Proceso 1778).
Los cambios a las leyes contra el crimen organizado también incluían cuidar el uso del arraigo, toda vez que la propuesta de Calderón, dice Beltrones, era “libérrima, dándole facultades a una autoridad para llevar a cabo un cateo en cualquier domicilio del que existiera una versión de que había sospechas ligeras de que se estaba cometiendo un delito. Ahora toca juzgar por parte de nosotros el abuso que se esté haciendo de la figura del testigo protegido”.
–¿Detrás de ese abuso que usted menciona puede haber una intencionalidad de manipulación?
–Si no es así, se le parece mucho. Aquí se le ha exigido a un delincuente hacer declaraciones contra un medio de comunicación incómodo, poniendo en duda todo el trabajo periodístico que lleva a cabo.
–¿Eso también es un peligro para la ciudadanía?
–Es una señal de alerta para muchos de nosotros que debemos estar preocupados por el uso autoritario que se pueda hacer de estos instrumentos.
“Usted disculpe”
En 1997, con base en declaraciones de supuestos testigos protegidos de la DEA, Manlio Fabio Beltrones fue acusado de haber tenido relación con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes desde 1994. El sonorense tardó más de una década en desechar esta acusación, que considera una venganza política.
Por ello señala que nuevamente se están usando declaraciones hechas a la medida para desacreditar a Proceso y al reportero Ricardo Ravelo.
“Lamentamos que como en épocas anteriores comience a prevalecer el uso político de estos instrumentos legales. Hay que recordar que en el pasado esas prácticas causaron un profundo daño a famas públicas para terminar con un ‘usted disculpe’. Lo más lamentable de la situación actual es que a pesar de las herramientas excepcionales con que cuenta el gobierno federal, los resultados que nos presentan están muy lejos de ser los que la sociedad espera y demanda.
“En lo personal conozco estas situaciones porque alguna vez he sufrido el impacto causado por una filtración políticamente intencionada, derivada de una acusación de un testigo protegido y no quisiera que en el futuro la sociedad siga siendo afectada por este tipo de manipulaciones.”
En el caso de las acusaciones de El Grande contra Proceso y Ricardo Ravelo, el priista previene contra lo que llama tentaciones del gobierno calderonista por el autoritarismo al usar a los testigos protegidos para golpear a la revista que le incomoda.
“Cualquier gobierno que no venza la tentación de utilizar su poder de manera abusiva contra sus adversarios políticos o los medios de comunicación incómodos por su libertad e independencia, estará en una ruta lamentable de actuar de manera autoritaria.”
–Eso es muy peligroso para cualquier sociedad…
–Lo es para la democracia en México. Los avances y la madurez democrática en los últimos años se pondrían en riesgo por la irresponsable acción de un gobierno.
Subraya: “Se están usando esos instrumentos para afectar políticamente a un adversario y a un medio de comunicación que les es incómodo; es evidente que han orquestado una campaña y tenemos que alzar la voz para denunciarlo y que eso no vuelva a ocurrir. Zedillo fue uno de los primeros presidentes que usó como instrumento de venganza contra sus adversarios a los testigos protegidos; ahora parece que se quiere repetir la forma”.
Beltrones considera que habría que hacer algunos cambios a las leyes para evitar este uso faccioso de las figuras jurídicas como el arraigo, los testigos protegidos, la confiscación de bienes y las intervenciones telefónicas.
“Muchos miembros del Congreso lamentan que estos instrumentos jurídicos que se le han dado al gobierno y que fueron concebidos de buena fe –como los del arraigo, el cateo, los testigos protegidos, las intervenciones telefónicas para aportarlas en el proceso judicial y la ley de extinción de dominio– ahora son utilizados de mala fe para agredir, difamar y atacar adversarios políticos o a medios de comunicación que están haciendo su trabajo libremente y que incomodan al gobierno.”
–¿Se equivocaron los legisladores al dar estas herramientas al Ejecutivo sin prever lo que haría con ellas?
–No si partimos de la base de que fueron concebidas de buena fe para un gobierno que insistía en que las necesitaba para poder enfrentar a una delincuencia organizada que parecía retar al Estado. Pero se les está dando otro uso por parte de un gobierno con tentaciones autoritarias que los pone a su servicio particular político y partidario.
–¿Hay algún proyecto de ley para cambiar estos instrumentos?
–Estamos viendo si lo promovemos. Sobre todo para imponer penas a los delincuentes que como testigos protegidos intenten obtener reducción de penas mintiendo en sus declaraciones –dice poniendo como ejemplo a El Grande. l
Calderón y Televisa, Proceso y sus lectores
Miguel Ángel Granados Chapa
Proceso es una publicación curtida en su enfrentamiento a los ataques desde el poder. Nació precisamente debido a una agresión desde la Presidencia de la República, que acabó con el diario Excélsior e impulsó a algunos de sus miembros a perseverar en el oficio periodístico a través de este semanario, que hace 34 años, a la par con el asentimiento de sus decenas de miles de lectores, suscita la animadversión de quienes ven aparecer en sus páginas sus malandanzas.
Pero esta vez Proceso ha suscitado la ira simultánea de dos poderes, que el miércoles 1 lanzaron una campaña, insidiosa y difamatoria, que busca desprestigiar a esta revista, disminuir por la desconfianza que de ello resulte el aprecio de sus lectores o, en el peor de los casos, llevar a juicio a la dirección del semanario y por lo menos a uno de sus reporteros, Ricardo Ravelo.
A partir de una presunta declaración ministerial montada ex profeso, el principal noticiario de Televisa, conducido por Joaquín López Dóriga, dedicó su espacio inicial, y casi seis minutos largos, a dar voz al testigo estelar de la PGR, Sergio Villarreal Barragán, apodado El Grande por su talla física. Dijo que había entregado 50 mil dólares a Ravelo para que dejara de ocuparse de él, ya que publicaba reiteradamente informaciones sobre sus actividades delincuenciales. El dinero habría surtido el buscado efecto silenciador, pues el reportero dejó de referirse al delincuente hasta que el 21 de noviembre pasado tornó a mencionarlo en un extenso reportaje anunciado en la portada de la revista, que incluía una foto del delincuente esposado y flanqueado por dos infantes de marina. Sibilinamente se dejó flotar la impresión de que también la revista había sido gratificada de esa manera, y se llegó a la insinuación insidiosa al presentar, entre las “vistas” que acompañaban a la declaración de El Grande, la portada de un número de Proceso ya clásico en la historia reciente del periodismo. En ella aparecen el capo mafioso Ismael Zambada, El Mayo, y el fundador y presidente de Proceso, Julio Scherer García, como vivo testimonio del encuentro periodístico que mantuvieron en un lugar ignorado.
El apresuramiento con que Televisa montó la maniobra la condujo a un desliz: al aire se dijo que la declaración se produjo el 4 de noviembre. Preocupaba a los perpetradores del engendro fijar una fecha distante del momento que causó la irritación presidencial canalizada a través de esa agresión. Pero los autores del engendro hicieron hablar a Villarreal de su aparición en la portada, que ocurriría ¡17 días después! del día en que se fechó su infundio. Tardíamente advertidos de su error, los urdidores de la oprobiosa trama pretendieron corregirla al día siguiente, alegando que no se dijo “
La Presidencia se había encolerizado porque en una parte sustraída al resumen oficial El Grande narró, en su declaración ministerial (la inicial y auténtica, no la que se agregó en pegote mal hecho), el saludo que intercambió con el presidente en 2006, cuando apadrinó a una hija del senador Guillermo Anaya en Torreón. El delincuente no dijo más, ni por supuesto Proceso añadió algo. Sólo hizo notar en la portada, para precisar la importancia de El Grande, que “hasta con Calderón convivió”.
No la oficina de prensa de Los Pinos, sino el vocero de seguridad del gobierno federal (Alejandro Poiré, aunque su nombre no figure en ella) remitió una carta a la revista, en que “rechaza categóricamente que haya existido algún contacto entre el presidente de México y el presunto delincuente”, por lo que la información referida es “totalmente falsa”.
Esa contundencia no responde, no puede responder a los hechos. A pesar del retraimiento a que lo condena el Estado Mayor, el presidente de la República ha saludado a lo largo de su gestión a miles de personas. Como es obvio, no se lleva registro de cada uno de esos breves intercambios, con los nombres de los interlocutores. De haberlo, bastaría buscar en el índice el nombre de Villarreal y al no hallarlo estar en situación de negar el encuentro. Pero en otras circunstancias, las que realmente prevalecen en el entorno presidencial, es inverosímil la negativa del vocero, no puede sostenerse más que en su irritada posición.
En el mismo número de Proceso donde aparece El Grande, Jenaro Villamil se asoma a La entraña del embate de Televisa contra Cofepris, y la revista publicó un adelanto de su libro El sexenio de Televisa, donde Villamil examina los vínculos entre ese consorcio y el gobierno federal (así como su hechura de Peña Nieto). Esa reiteración hubiera bastado para que el consorcio de los Emilio Azcárraga lanzara contra este semanario una andanada como la que dirigió poco antes contra la Comisión Federal de Prevención de Riesgo Sanitario y contra el IMSS, en defensa de los intereses de una de sus filiales, que quiere el terreno llano para recibir un contrato de telecomunicaciones como el que ya se le adjudicó en el ISSSTE.
Unidas las irritaciones de los dos poderes, el Ejecutivo y el de Televisa, se produjo la andanada que a la hora de escribir estas líneas su autor ignora si continuó la noche del jueves y al día siguiente. Es de temer que así haya sido, y aun se agravaran las acusaciones. En el mejor de los casos, el gobierno federal pretendería neutralizar el efecto de que aparezca en la declaración ministerial una referencia a Calderón y al vínculo que hubo entre su compadre Anaya y Villarreal, lazo familiar ya deshecho pero indudable y comprobable. Al revertirla contra el reportero que manejó esa declaración ministerial de un testigo protegido, se priva de toda credibilidad a lo dicho por El Grande. O se cree todo lo dicho por los testigos que se agencia la PGR o no se les cree nada.
Pero el propósito parece ir más lejos. Se trata de un ataque a la esencia misma del periodismo practicado por este semanario, la búsqueda de informaciones que se hacen verosímiles a fuerza de investigación y que suscitan la confianza de los lectores. Ya en julio del año pasado se intentó la maniobra que ahora se ahonda, la de perversamente proponer que hay un nexo entre Proceso y el narcotráfico. Al presentar en ese entonces un arsenal de La Familia Michoacana, la Policía Federal exhibió, junto con armas, parque y otros pertrechos, ejemplares de Proceso, leídos por los delincuentes a los que se desposeyó de esas herramientas de su trabajo.
Si los poderes fácticos, Televisa y el gobierno, lograran imponer la infamia de que Proceso es una narco-revista y su personal cómplice o extorsionador de bandoleros, la suerte de este semanario quedaría sellada. Por fortuna, ese efecto depende en último término de los lectores, que no se dejarán engañar y defienden con su confianza una publicación nacida para servirlos… l
El amigo de las estrellas
Alejandro Gutiérrez
Representante de grupos de música en México, algunos de los cuales incluso promovió en Televisa gracias a su cercanía con ejecutivos de ese consorcio, Guillermo Ocaña Pradal se encuentra preso en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México desde el 19 de abril pasado por lavado de dinero. Sin embargo, el gobierno de España lo reclama para que responda por el presunto blanqueo de 78 millones de euros, toda vez que formaba parte de una red criminal que operaba en aquel país.
MADRID.- El 20 de junio de 2005 el promotor y productor artístico Guillermo Ocaña Pradal se presentó ante la Audiencia Nacional española para enfrentar los cargos que pesaban sobre él por presuntas operaciones de lavado de dinero proveniente del narcotráfico en México.
Un mes atrás, el 27 de mayo, la Interpol había activado una orden de búsqueda y captura girada por el juez español Fernando Andréu Mireles, quien mantenía bajo proceso judicial a 15 integrantes de la organización delictiva a la que pertenecía Ocaña y que, aun cuando actuaban aquí, tenían su sede en México y su ámbito de operación incluía también a Estados Unidos y a Colombia.
Las autoridades habían intervenido decenas de llamadas telefónicas y realizado investigaciones sobre el entorno financiero del grupo de Ocaña, así como seguimientos al promotor mexicano; la policía sabía además que Ocaña manejaba 26 sociedades mercantiles para el lavado de dinero desde España.
Las pesquisas incluyeron el cateo del 4 de abril de 2005 al departamento de Ocaña en Paseo de Gracia número 44, en Barcelona. El inmueble se localiza a un lado de la Casa Batlló, joya arquitectónica construida por Antonio Gaudí, el máximo representante del modernismo catalán.
A través de esas sociedades la organización que encabezaba el colombiano Mauricio Bernal Pineda en México, miembro del cártel del Norte del Valle –que mantenía un vínculo estrecho con los capos mexicanos Ignacio Coronel y Arturo Beltrán Leyva–, lavó 78 de los 236 millones de euros que la investigación le atribuye.
A causa de ello Ocaña –“amigo de las estrellas del espectáculo” en México– comenzó a ser investigado en España. La Brigada de Investigaciones de Delitos Monetarios de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la comisaría general de Policía Judicial comenzó a monitorear sus actividades como parte de la Operación Tacos (Proceso 1710).
Toda la labor policiaca se encuentra en la voluminosa causa 22/2005, a la que este semanario tuvo acceso. Las evidencias de los vínculos de Ocaña con Televisa se encuentran en muchas de las llamadas telefónicas intervenidas; además, él y sus colaboradores admitieron esa cercanía en sus declaraciones judiciales.
De acuerdo con la información policiaca, Ocaña hizo varios trámites en los que se mencionaba a Televisa, aun cuando el consorcio no estuviera implicado en ningún ilícito. El promotor mexicano gestionó, por ejemplo, la recuperación de 5.6 millones de euros que le fueron incautados en marzo de 2005 cuando eran transportados en un avión en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona.
Lo dejaron libre
Sebastián Martínez Ferraté, uno de los detenidos, declaró que Ocaña también amarró convenios con la televisora para que los artistas que representaba, entre ellos Tania Libertad y el grupo Six, participaran en el Teletón.
El 18 de mayo de 2005, Martínez Ferraté declaró al juez Andréu Mireles que en una ocasión (no precisó la fecha) Ocaña se entrevistó en Barcelona con directivos del Mercat del Flors. El propósito era promover las actuaciones de Six y de Tania Libertad.
“Ocaña me comunica que en la reunión (le) fue bien y que los responsables del festival estaban interesados en los dos artistas, y que por eso debía regresar a México para firmar los correspondientes contratos de exclusividad con los artistas, y aprovechar para firmar otros contratos con los mismos artistas para el programa Teletón, de la cadena mexicana Televisa, programa que se desarrolla en todos los países de América Latina”.
El 11 de marzo de 2005, seis días después del decomiso en el aeropuerto El Prat, las autoridades intervinieron una llamada telefónica en la que Ocaña habló con una persona a la que identificó como La Güera para comunicarle la fecha en que saldría para México.
Al término de la conversación el promotor le dio instrucciones a su interlocutora para que hablara con “Vicky, la de Pepe Bastón”, incluso le proporcionó dos números telefónicos. Según las autoridades policiacas, Ocaña no especificó el propósito de la llamada porque solía hablar en lenguaje críptico. No obstante sugieren que se refería a José Bastón, vicepresidente de Televisión y Contenidos de Televisa.
Dos días antes, Ocaña se puso en contacto con La Güera, quien presuntamente es su “sobrina” y se llama Lila Solana Castillo; también es ejecutiva de ese consorcio, de acuerdo con los agentes.
A su vez, Ocaña declaró al juez Andréu Mireles el 20 de junio siguiente que era promotor y productor artístico por cuenta propia en la empresa Top Time Producciones y que toda su vida se ha dedicado a la misma actividad. También dijo que “antes, por espacio de 30 años”, fue productor externo y presentador para la televisora.
Además, Ocaña aseguró que durante 11 años colaboró en el programa Todo para la mujer, de Radio Fórmula; también dijo que era “manager de cinco artistas mexicanos y de dos artistas internacionales”. Según él, “en España fue patrocinador de varios espectáculos del cantante Luis Miguel y de la cantante mexicana Rosa del Carmen, concretamente en la Casa Batlló, el 2 de diciembre de 2004. Ahí fue donde hizo la presentación de Top Time Producciones.
Pese a las evidencias en su contra, el juzgado 4 de la Audiencia Nacional decidió no arrestarlo. Posteriormente, cuando se le citó para que declarara de nuevo, Ocaña presentó comprobantes de una supuesta intervención quirúrgica y no acudió.
Consultado por Proceso en Madrid, un funcionario que intervino en el caso asegura que la Audiencia Nacional dejó libre a Ocaña pese el cúmulo de evidencia en su contra. El objetivo era seguir investigándolo para conocer más operaciones del clan. Incluso dice que el gobierno español ya hizo una petición para que el promotor sea extraditado.
En diciembre de 2005 Ocaña fue a México. A los pocos días el Ejército realizó un operativo en Tecamachalco y Postes de la Herradura, en el Estado de México, para desmantelar un laboratorio en el que se procesaba cocaína. En el cateo fueron capturados siete colombianos y Ocaña. Sin embargo, el comunicado oficial sólo lo mencionó como uno de los detenidos.
Luego de tres meses de arraigo Ocaña recuperó su libertad. Cinco años después, el 19 de abril de 2010, el promotor fue capturado por su presunta relación con empresas y negocios de Clara Elena Laborín Archuleta, esposa del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, El H, quien está prófugo. (Ver recuadro).
El testimonio del socio
Sebastián Martínez Ferraté también declaró al juez Andréu Mireles que conoció al promotor mexicano por medio del abogado catalán Joan Piqué Vidal, quien está implicado en la causa que se le sigue a Ocaña por asesorar e intervenir en el reclamo de 5.6 millones de euros incautados en el aeropuerto barcelonés.
Según Martínez Ferraté, Piqué Vidal le dijo que como ambos estaban implicados en la producción de documentales y videoclips musicales, podían impulsar proyectos conjuntos y, dice la declaración escrita, “ya que estaba muy ligado con Televisa, al declarante le interesó”.
Fue cuando decidieron crear Top Time Producciones para producir videoclips y documentales para televisión, ya que “el señor Ocaña deja constancia en esas negociaciones de sus relaciones y contactos con la televisión de México (Televisa), y a través de dicha televisora entrar al canal Univisión (Estados Unidos) para venderles los documentales que se iban a realizar”, declaró el socio de Ocaña.
Y agregó: “Al mismo tiempo me propuso que dichos documentales podrían presentarse a través de una conocida artista internacional, Salma Hayek, al ser, según él, su ahijada”.
Relató que también acompañó al promotor mexicano a Roma, donde “compró ropa para el grupo (Six) para su presentación en el Teletón”. Dijo que en diciembre de 2004 el primer encargo que hizo Ocaña a la compañía, fue la producción de un videoclip de Rosa del Carmen, una de las cantantes de música ranchera mexicana que representaba. Todo se hizo en España, durante la gira de la intérprete para promover uno de sus discos.
Ante 300 invitados reunidos en la Casa Batlló, Ocaña presentó a la cantante, el video y a la firma productora.
Días después, Ocaña propuso la realización de cuatro videos en México, por lo que, cuenta Martínez Ferraté, él viajó a ese país el 14 de enero de 2005. Grabó los videos de Rosa del Carmen en Cuernavaca y las Pirámides de Teotihuacán, así como los del grupo Six, de Ximena y de Andre Frey, todos ellos representados por Ocaña.
“Durante la estancia en México –dijo Martínez Ferraté al juez que lo interrogó–, Ocaña nos presenta a la señora Lila Solana, productora general asociada de Televisa, como posible vía de futuros acuerdos comerciales a nivel de documentales, y para la firma de contratos para las actuaciones del grupo Six, del señor Ocaña, que eran de gran interés por parte de la señora Solana.”
En la declaración de Martínez Ferraté se anexó fotocopia de la tarjeta de presentación de Solana Castillo, quien es una de las productoras del Teletón.
En ese encuentro hablaron de la posibilidad de coproducir documentales y “programas de flujo”, así como de un posible proyecto de película que, dijeron, “podría apadrinar la actriz Salma Hayek, con su compañía de producción La Ventana Rosa”.
Martínez Ferraté viajó después a Cuba y, según narró, a su regreso discutió la realización de un “docuficción” para distribuirlo en México y Estados Unidos, con la ayuda de Lila Solana.
En abril de 2005, cuando muchos miembros del clan de narcotraficantes habían sido detenidos en Cataluña, y Ocaña se encontraba en México, Martínez Ferraté habló con una persona identificada como Miguel Caput, le reclamó porque, dijo, Memo Ocaña no regresaba a España. Y él le contestó que habló “con la tía de Televisa” (Lila Solana) quien le dijo: “El domingo no creo que vaya Memo, porque el lunes ha quedado en Televisa para firmar un contrato de los del grupo ese…”.
El entramado al descubierto
Un oficio de la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios señala que el promotor mexicano “juega un papel importante en la canalización de efectivo al exterior a través de un importante entramado societario y cuentas bancarias” en el que participaban Felipe Gutiérrez Moreno y el propio Martínez Ferraté.
Asimismo se mencionan los contactos telefónicos de Ocaña con Arturo Culebro Arredondo y otras personas para hablar de “transferencias, de localizadores de billetes de avión (para viajes de ‘correos’), de la operativa que están realizando y lo que van a esperar después de Semana Santa (en alusión a una operación importante)”.
Según las pesquisas, detrás del glamur de la farándula que lo rodeaba en México estaba un complejo entramado de sociedades en las que Ocaña fungía como apoderado, entre ellas la promotora inmobiliaria Cartera Tarraco, con inversiones en Palma de Mallorca, Islas Canarias y la Riviera Maya; la sociedad Neverpi 2002 SL; Asesoría Roca Ros, y la sociedad Nueva Sierra Altavista, en las cuales Culebro Arredondo y el español Felipe Gutiérrez también eran socios.
También participaban en esa red Finques Rouxval; Culmination Group SL; Referelantres; Lolarius; Actividades Temáticas, Gremios Guipuzcoanos Asociados; Waltus 2000 SL; Tomb Raider; Lacky 1000 SL, Catalana de Furáts y Perforaciones, entre otras.
La diligencia judicial 3152/MJR del 11 de abril de 2005 de la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios describe a Ocaña como “uno de los propietarios mandantes en las sociedades”. Todas ellas, según las autoridades, estaban constituidas “con capitales mínimos”.
Además tenían un “objeto social genérico”, carecían de “actividad real”; “sus operaciones de distintas cantidades llegan hasta los 2 millones de euros”; “sus apoderados no tienen vinculación alguna con los accionistas”; todas las sociedades “actuaban en bancos de Barcelona y lo hacían de manera concertada en la misma oficina” y contaban con la ayuda de un exempleado bancario y del apoderado de un sindicato catalán.
Sus operaciones eran canalizadas a través de las casas de cambio Monex Casa de Bolsa, Monex Divisa, Intercam Casa de Cambio y Ribadeo Casa de Cambio, que encabezó Francisco Antón Pérez –a quien Ocaña dice haber conocido cuando era miembro de un conjunto de rock, 15 años antes–. Algunas operaciones se hacían por medio de oficinas de representación del Bank of America en España, aunque había transacciones a Italia y a Suiza.
El testimonio 4776/2005, fechado el 4 de abril de 2005, señala que las sociedades de Ocaña en 20 meses manejaron más de 18 millones de euros “aun sin registrar actividad mercantil alguna”. Aunque precisa que Ocaña manejó directamente “sólo 7% de los 78 millones de euros (blanqueados)”.
Además, pese a que Ocaña declaró que intentó recuperar los 5.6 millones de euros por el aeropuerto de Barcelona, dijo que no conocía a Héctor Gerardo y José Arturo Ponce Medina, la mexicana Nancy Cervantes de Bonnenfond y la portuguesa Virginia Peixoto de Carvalho, quienes fueron capturados en ese operativo.
Sin embargo, a la policía le llamó la atención que en su primera declaración los detenidos dijeron que el dinero les fue entregado por “unos inversores” para la producción de una película que se iba a rodar en Estados Unidos y México, y que eran “socios de una casa productora de cine radicada en Los Ángeles”.
Ocaña envió a su colaborador Fernando Gutiérrez Moreno y a dos miembros de la organización de los hermanos Beltrán Leyva al despacho de Joan Piqué, para que el abogado los asesorara y él pudiera recuperar los 5.6 millones de euros decomisados.
La policía descubrió que Ocaña recurría al uso de un lenguaje críptico para referirse por teléfono a esa operación frustrada, por medio de referencias a la “producción de películas”, a cantantes famosos, como Alejandro Fernández, o al “concierto cancelado de Paulina Rubio”, o bien a un contrato con los estudios Universal de Los Ángeles, en alusión a que el dinero tenía que llegar a la filial en esa ciudad de la casa de cambio Ribadeo.
Su socio Arturo Culebro le dijo a Ocaña en una llamada interceptada que sólo esperan indicaciones de allá (México) para “lo del concierto de Armando Manzanero y que tú darías las indicaciones”.
“Lavador” de Héctor Beltrán Leyva
Jenaro Villamil
El pasado 18 de junio, dos meses después de que la Policía Federal capturó a Guillermo Ocaña Pradal, mejor conocido como Memo Ocaña, la Procuraduría General de la República dio a conocer la noticia.
Ocaña es identificado por la PGR como uno de los “principales eslabones” del cártel de los Beltrán Leyva (en particular de Héctor, a quien lo une una amistad que data de principios de los noventa) con el mundo de la farándula, especialmente con actores y cantantes vinculados con Televisa.
Ocaña Pradal –quien fue conductor del programa de televisión De boca en boca, representante del cantante Ricardo Montaner y manager de diversos actores, actrices y cantantes del consorcio televisivo– se vinculó desde los noventa con Clara Elena Laborín Archuleta, esposa de Héctor Beltrán Leyva, El H. Tal era la cercanía que varios melodramas de Televisa se grabaron en inmuebles cuyo propietario era Héctor Beltrán.
Uno de esos inmuebles es el de la calle Aureliano Rivera número 17, en San Ángel Inn, en el sur de la Ciudad de México. Ahí fue donde, en enero de 2008, fueron detenidos 11 sicarios del cártel liderado por los Beltrán Leyva y se les decomisó un arsenal. Por intermediación de Ocaña, en esa casa se grabó la telenovela Cadenas de amargura, en 1991. El productor fue Carlos Sotomayor y la protagonizaron Daniela Castro, Diana Bracho y Raúl Araiza.
Otra de las propiedades es la de Farallón 304, en la colonia Jardines del Pedregal, donde residió Ever Villafañe Martínez, vinculado con los Beltrán Leyva. En esa casona se grabó la telenovela Rubí en 2009, producida por José Alberto Castro y protagonizada por Bárbara Mori.
Memo Ocaña –dueño también de la empresa Rotceh, dedicada a la promoción de eventos y espectáculos, así como representante de cantantes y actrices– contactó a la esposa del H en 1997 para promover a grupos musicales, como Tequila Cuatro, y para lanzar una revista juvenil llamada Jeans… y para “lavar dinero” en el mundo de la farándula, según las autoridades ministeriales.
Ocaña incluso estuvo preso en el Reclusorio Oriente de diciembre de
La revista de la ciudad de Morelos Gente Bien, por ejemplo, informó el 18 de julio de 2008 que: “el empresario Guillermo Ocaña celebró su cumpleaños en el paradisiaco puerto de Acapulco, a donde acudieron sus amigos más cercanos, encabezando la lista la bella Verónica Castro con su hijo Michel; Silvia Pinal, Jacqueline Andere, el empresario Gerardo Salgado, la abogada Monserrat Rivera en compañía de su novio Jesús Cervantes, Lilia Abarca, Luis Alfonso Rodríguez, Chantal Andere con su novio Enrique Rivero Lake, Mónica Marbán, el periodista de sociales Mario de la Reguera y Alfredo Palacios, amigo entrañable del festejado, entre otros”.
Un año después, el 12 de julio de 2009, Ocaña organizó otra fiesta, a la que acudieron celebridades como María Victoria, el compositor y arreglista Jesús Monárrez y el actor cubano William Levy, quien por esas fechas grababa la telenovela Sortilegio.
El 18 de junio último el periódico Reforma publicó una nota sobre la fiesta que organizó Ocaña en el hotel Hyatt de Acapulco donde se congregaron más de 600 personas. El convivio, realizado en 1999, fue para la presentación de un spa, propiedad de la esposa de Beltrán Leyva, y para recaudar fondos para el combate al VIH-sida.
Reforma citó parte del expediente sobre Ocaña Pradal y retomó fragmentos de la declaración de Lucía Guillén, dueña de una agencia de relaciones públicas, a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en las que alude a ese convivio:
“Al finalizar se realizó un espectáculo a cargo de la hija de Lola Beltrán. Las personas que recuerdo acudieron al evento, por invitación mía, por la de Guillermo Ocaña y de Clara (Laborín Archuleta, esposa de Héctor Beltrán), eran Eugenio Derbez, Sara Bustani, Karla Alemán y su esposo; el diseñador Héctor Terrones, me parece que el presidente municipal Manuel Añorve, entre otras personas.
“Estaban la baronesa de Portanova y su marido; acudió el que era embajador de Francia, Bruno Delaye; los propietarios del hotel, los señores Saba; la señorita Lolita Ayala, la juez Margarita Sotomayor; el presidente del patronato Acasida, el señor Esteban, medios de comunicación, en total eran 650 gentes… ha sido uno de los eventos más grandes a los que he asistido en mi vida.”
Pista criminal en España
Según la PGR, Ocaña viajó a España en 2002 para montar la empresa de espectáculos Time Productions SL y que, entre otros negocios, fue designado apoderado en México de Cartera Terraco, firma que tiene inversiones en el ramo hotelero y en el ecoturismo en Palma de Mallorca y en la Riviera Maya.
La DEA y el Cuerpo Nacional de la Policía de España rastrearon las cuentas bancarias y las líneas telefónicas de Ocaña a raíz del ingreso de más de 78 millones de euros en efectivo. Las autoridades detectaron que él era “el encargado de canalizar las gestiones para intentar recuperar dinero asegurado”, en especial 5.5 millones de euros decomisados en 2005 en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, a raíz de la llamada Operación Tacos.
Según el expediente citado por Reforma, Ocaña se entregó en junio de
Dos meses antes de su detención, el 17 de abril, su socia Clara Elena Laborín, quien había sido secuestrada por un comando días antes en Hermosillo, Sonora, fue liberada. Sus captores la arrojaron desde un automóvil en una calle de la capital sonorense con un mensaje para El H:
“Aquí está tu esposa, por la que te negaste a responder, te la entrego sana y salva para que veas y aprendas que para nosotros la familia es sagrada”; “Nosotros no matamos mujeres ni niños, únicamente vamos por El Hache y El Dos Mil, así como por varios policías”.
El 6 de septiembre último, Roberto Zamarripa, subdirector editorial de Reforma, tituló su columna Mimetización y escribió: “La narcocultura ronda los estudios de TV, seduce a famosos, enreda a bellezas. Mansiones rentadas para filmar telenovelas resultaron madrigueras criminales (en San Ángel Inn, donde se grabó Cadenas de amargura, o en el Pedregal, donde se grabó Rubí). Guillermo Ocaña, (que está) preso por ser lavadólares de los Beltrán, era conductor televisivo y manager de artistas”.
Ese mismo día El Noticiero, que conduce Joaquín López Dóriga, inició una campaña de linchamiento contra el Grupo Editorial Reforma, bajo el título de Violencia y sexo, bomba de tiempo.
El “JJ”, Cusaem y otros artistas
A raíz del atentado del 25 de enero de 2010 contra el futbolista Salvador Cabañas en el Bar-Bar, Televisa emprendió una campaña contra el establecimiento, cuyo dueño, Simón Charaf, y su gerente Charly fueron enjuiciados en los noticiarios de la empresa; se les señaló de ser corresponsables del ataque.
El consorcio ocultó convenientemente que a ese “oscuro antro” acudían actores, cantantes y hasta el propio Emilio Azcárraga Jean, socio de Charaf en la empresa Imagen y Talento.
El caso Cabañas abrió otro abultado expediente sobre las relaciones entre el cártel de los Beltrán Leyva, su lugarteniente Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y personajes de la farándula. El agresor de Cabañas, José Jorge Balderas Garza, alias El JJ o Batman, tenía amistad con varios actores de Televisa. Silvia Irabién, La Chiva, declaró que el JJ era padre de su hija.
El JJ había acudido al Bar-Bar la noche del 25 de enero escoltado por tres elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem), organismo denunciado por el PRD y el PAN como una de las “cajas chicas” del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El escándalo provocó la destitución de Ciro Mendoza Becerril, quien estuvo al frente del Cusaem de abril de
Historia de agravios
Carlos Acosta Córdova
La actual campaña difamatoria contra Proceso no ha sido el primer ataque contra la publicación desde que el PAN es gobierno… Ya Fox, y sobre todo su esposa, habían enderezado ofensivas que iban desde la revelación de conversaciones privadas –obtenidas ilegalmente– hasta imputaciones sin sustento y demandas legales. He aquí un catálogo de agresiones que este semanario ha debido sortear…
Justo el día en que celebró públicamente sus primeros cuatro años de gobierno y los 10 del Partido Acción Nacional en la Presidencia de la República –con improvisados “diálogos ciudadanos” y conferencias autoelogiosas de secretarios de Estado, el miércoles 1 en el Centro Banamex–, Felipe Calderón decidió asestarle un nuevo golpe a Proceso a través de Televisa.
El encargo presidencial para la empresa de Emilio Azcárraga Jean fue difundir entre sus millones de televidentes que este semanario y su reportero especialista en la cobertura de asuntos relacionados con la delincuencia organizada reciben dinero del narcotráfico.
La pretensión de hundir a Proceso en el descrédito nacional es sólo uno más de los muchos intentos, del actual y el anterior gobierno panistas, de socavar el quehacer profesional de la revista.
Ni siquiera es la primera vez que el gobierno pretende vincularla con el narcotráfico.
A finales de julio de 2009 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública federal, que encabeza Genaro García Luna, exhibieron ejemplares de Proceso junto con supuestas evidencias con las que presentaron ante los medios a seis presuntos miembros de la organización criminal La Familia Michoacana.
Casi todo México vio, a los pies de los delincuentes –gracias a las cámaras de Televisa y de otras emisoras– ejemplares de la revista (números 1705, 1707 y 1708) y de su Edición Especial El México narco, segunda parte, junto con armas de alto poder, paquetes de dinero, celulares, equipo de radiotransmisión, bolsas con droga, carteras, llaves, entre otras cosas incautadas.
La maniobra fue burda: García Luna, protagonista en algunos reportajes de esas ediciones, pretendió incluir a Proceso como parte de la logística de La Familia.
El 4 de agosto de ese año el director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, presentó una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la SSP para que explicara el porqué de la inclusión de los ejemplares de Proceso entre los objetos asegurados a los delincuentes.
El caso llegó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. A través de un punto de acuerdo promovido por legisladores del PRD se exhortó al gobierno federal, en particular a la SSP, “a garantizar la libertad de expresión y de prensa del semanario Proceso y de todos los medios de comunicación”.
El documento, aprobado por unanimidad, argumentaba que con la inclusión de los ejemplares de Proceso entre el arsenal de La Familia, se daba “claramente el mensaje de su vinculación con el crimen organizado” y se ponía “en grave riesgo a los periodistas de esta revista”.
Para los legisladores era obvio, como lo fue para todo mundo, que la SSP y la PGR “toman acciones ilegales, fabrican pruebas, protegen delincuentes… y el problema es que la revista Proceso ha denunciado estas cosas”, explicó en tribuna el entonces diputado Javier González Garza.
Recuento de los ataques
Es larga la lista de agresiones contra Proceso de parte de los gobiernos panistas. Y desde todos los ángulos posibles. Sirvan de ejemplo unos cuantos casos.
No terminaba el primer año de gobierno de Vicente Fox cuando personeros suyos filtraron a columnistas el contenido de una conversación telefónica –intervenida ilegalmente un año antes, durante el sexenio de Ernesto Zedillo– entre el reportero Ricardo Ravelo y Julio Scherer Ibarra.
Hablaban de la crisis en la industria azucarera y de las empresas que la habían propiciado con prácticas irregulares. En el contexto del rescate de los ingenios, un año después, y de los generosos recursos públicos que Fox destinó a aquellos, con la difusión de esa conversación el gobierno foxista pretendió imputar responsabilidades, que nunca pudo comprobar, al hijo del fundador de Proceso.
En el fondo el propósito era una amenaza al semanario, que con sentido siempre crítico abordaba dichos y hechos del presidente a lo largo de sus primeros meses al frente del gobierno.
Sin empacho Fox pasó por encima de los derechos constitucionales de Proceso y sus trabajadores, pues vulneró la intimidad de esta casa e interfirió en su labor periodística. Fue uno de los primeros acosos del panismo contra la revista.
Sin duda el caso más relevante de agresión en el gobierno de Fox fue el juicio que interpuso en 2005 su esposa Marta Sahagún, por reparación de daño moral, contra la periodista argentina Olga Wornat y Proceso.
En febrero de ese año la revista publicó un amplio reportaje en el que se reproducían las explicaciones –incluidos detalles íntimos de su vida conyugal anterior– que dio Sahagún al tribunal eclesiástico que anuló su matrimonio con Manuel Bribiesca, para poder casarse con el ya presidente Vicente Fox, de quien fue vocera en campaña y en los primeros meses al frente del gobierno.
Fue un proceso judicial de cuatro años y medio que debió transitar desde instancias locales hasta la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que la “pareja presidencial” movió todos sus recursos y usó todo su poder para influir en las decisiones de jueces y magistrados.
Al final Proceso resultó absuelto. Ni hubo daño moral, según instancias judiciales del Distrito Federal, ni ataques a la vida privada de un personaje público, según el fallo de la SCJN del 3 de octubre de 2009, pues la propia Marta Sahagún “se expuso voluntariamente al escrutinio de la sociedad”.
Desde el principio había quedado claro que la demanda civil de Sahagún era sólo la careta de un verdadero embate desde el poder presidencial contra la libertad de expresión.
Y así lo consignó Proceso en su edición 1492, de junio de 2005, tesis que mantuvo a lo largo del proceso. El semanario “es objeto de una agresión desde el máximo poder en México; un poder, por cierto, más peligroso por cuanto agoniza ya en medio de la irresponsabilidad y la ineficacia.
“Hemos sido acusados por el presidente de la República de difamación, calumnia, engaño. Pretende descalificar así el trabajo serio y profesional que Proceso ha realizado durante sus más de 28 años de vida.
“Ni en los momentos más autoritarios de los gobiernos priistas fuimos objeto de una agresión tan artera como la que nos han asestado quienes llegaron al poder con la bandera de un cambio inexistente y que ahora muestran su verdadero rostro: el de la intolerancia”.
Y la intolerancia también se ha traducido en otra agresión, menos visible para el público, consistente en un persistente castigo a la revista por la vía de disminuirle drásticamente la publicidad gubernamental, con Fox, hasta cancelársela definitivamente, con Calderón, con sólo algunas excepciones.
En la administración anterior Proceso recibió publicidad del gobierno por un monto total de 47.7 millones de pesos. Las cantidades transitaron de 7.4 millones en 2001 hasta apenas poco más de 900 mil pesos en 2006.
Nada frente a lo que reciben las empresas del grupo Televisa, que se llevan cada año casi 20% del gasto gubernamental en publicidad. Sólo en el primer año de gobierno de Felipe Calderón, Televisa fue favorecida con 467 millones de pesos; en un solo mes, agosto, previo al primer informe de gobierno de Calderón, esa empresa se llevó más de 91 millones de pesos en publicidad oficial (datos de la revista Etcétera, especializada en medios de comunicación).
Este año, y hasta la edición que circulaba la semana pasada, el gobierno federal ha destinado, de sus casi 4 mil millones de pesos para publicidad, 162 mil pesos para Proceso, por dos planas del INEGI.
Con la más absoluta discrecionalidad, violentando la normatividad, y siempre en favor de medios “leales” al gobierno, así muchos tengan audiencias mínimas, tirajes magros y poco impacto en la sociedad, los gobiernos panistas de Fox y Calderón decidieron castigar a Proceso negándole publicidad, no obstante su tiraje semanal, verificado, de más de 100 mil ejemplares y con un alcance de medio millón de lectores por edición impresa y un promedio de 1 millón 600 mil visitas, cada mes, al portal proceso.com.mx.
Puertas cerradas
La intolerancia y la agresión, por otra parte, se da también hacia el trabajo cotidiano de los reporteros de Proceso. En prácticamente todas las secretarías de Estado hay una expresa política de puertas cerradas y de bloqueo abierto al trabajo informativo.
Motu proprio o por instrucciones de Los Pinos, los directores de prensa niegan entrevistas, no aceptan llamadas telefónicas, no contestan correos electrónicos ni responden solicitudes concretas de información. Las más de las veces resulta imposible un diálogo, así sea off the record, con funcionarios de mando superior.
El trato en la Presidencia de la República es el caso extremo. El reportero Daniel Lizárraga narró lo siguiente apenas iniciado el gobierno de Calderón:
“El 15 de marzo de 2007, afuera de Palacio Nacional, mientras los reporteros de la fuente esperábamos el autobús que nos llevaría de regreso a Los Pinos tras cubrir el balance oficial de los primeros 100 días de gobierno, Max Cortázar –como lo llaman en Los Pinos– estalló contra la línea editorial de este semanario:
“–¿De qué se va a tratar? Es un golpe tras otro. Duro, duro, cada semana. No puede ser –reclamó manoteando y sin dejar de mover la cabeza.
“–Aclaren lo que no esté fundamentado. ¿Qué texto se ha escrito con información que no esté documentada? –le respondió este reportero.
“–El problema es que no hay semana sin golpe. Uno tras otro. Dale y dale. Además hay portadas que no van, como esa del general Galván (Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional), en la que lo sacaron de cerca, abarcando casi todo. ¿Qué es eso? –se obstinó Cortázar.
“El encargado de la comunicación en Los Pinos se refería a la edición 1580 de Proceso, del 11 de febrero, en la cual el reportero Jorge Carrasco publicó un reportaje con información que puso en duda la eficacia de los operativos contra el narcotráfico.”
Y esa ha sido la constante durante toda la administración calderonista, muy a pesar, y en franca contradicción, con los dichos del propio presidente que, desde la campaña, prometía que se iban a “otorgar en mi gobierno todas las garantías, al límite de mis posibilidades, para que se pueda proteger y ejercer el periodismo”.
Calderón ha hecho múltiples menciones, a lo largo de su gestión, al tema de la libertad de expresión y siempre en el mismo sentido, de jamás objetarla ni frenarla.
“La mexicana es una sociedad libre, donde precisamente la libertad de expresión y de acción de cada uno está garantizada, incluso con los abusos que llegan a observarse”, dijo cuando era presidente electo.
Otra: “Por convicción me opongo a la censura y a cualquier tipo de control informativo. Reitero mi compromiso personal con la libre manifestación de las ideas y con la libertad para escribir, para hablar, para publicar y para opinar”, dijo Calderón, ya instalado en Los Pinos, en una de sus primeras alusiones al tema.
El canal de los linchamientos
Jenaro Villamil
“Eso no se vale. Yo estoy de acuerdo en que hagan todo lo posible por defenderse Televisa y TV Azteca, pero el poder no se utiliza así”, exclamó Miguel Alemán Velasco en enero de 2007 al referirse a la campaña de linchamiento que ambas televisoras encabezaron contra el empresario Isaac Saba a fin de frenar su participación en la sociedad con NBC-Universal para ir por la tercera cadena televisiva en México.
Los noticiarios de los canales 2 y 13 se unificaron para acusar al Grupo Casa Saba de ser responsable de “miles de muertes” (por su condición de distribuidor de medicamentos); Morir sin remedio, titularon a los reportajes que nunca hicieron explícito que Saba era un posible competidor.
Televisa y TV Azteca intimidaron al Grupo Casa Saba, que se retiró de la inversión anunciada con NBC-Universal y le canceló la posibilidad de tener un socio mexicano para una tercera cadena comercial de televisión.
Alemán se quejó de los excesos de los conductores de noticias, del uso y abuso de la pantalla para litigar intereses comerciales: “Los noticiarios no son solamente nota roja. Y el conductor no debe ser juez y parte, menos fiscal o verdugo. Eso se prohíbe en otras partes del mundo. Aquí desgraciadamente la opinión cuenta más que la información. Es decir, estamos opinando en vez de informando, y basta y sobra con que nos caiga mal alguien para que lo hagamos polvo. Y más con el poder de la edición. Eso no se vale” (Proceso 1578).
Tres años después de aquella queja de Alemán, Televisa ha arreciado sus campañas contra adversarios comerciales y exsocios en empresas de representación artística –como en el caso de Simón Charaf, accionista de Imagen y Talento–, medios impresos que han criticado la “ganga” de la Licitación 21 –como Reforma–, empresarios de la industria farmacéutica que son sus adversarios y recientemente contra Proceso, bajo el pretexto de un video con declaraciones de Sergio Villarreal, El Grande.
Bar-Bar
“¡Mataron a Cabañas, mataron a Cabañas!”
Ese fue el grito que escucharon varios asistentes al Bar-Bar hacia las cinco de la mañana del 25 de enero de este año. Una detonación seca se escuchó en los sanitarios. El agresor, Juan José Balderas Garza, el JJ, amigo del delantero paraguayo, salió del bar sin que lo detuvieran.
No mataron a Salvador Cabañas, jugador del América, pero estaba herido. Con la ambulancia y las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del DF llegaron también las cámaras de Televisa. En la emisión Primero Noticias, conducida por Carlos Loret de Mola, comenzó una cobertura exhaustiva que se convirtió pronto en un escándalo mediático.
Televisa trató de inculpar a los trabajadores del Bar-Bar –“ese oscuro antro”, dijeron los comentaristas de la televisora– y a su dueño, Simón Charaf.
El 28 de enero Primero Noticias difundió una fotografía en la que mostraba al supuesto agresor de Cabañas al lado de Simón Charaf. Éste le reclamó en un correo electrónico a Emilio Azcárraga Jean:
“Con toda honestidad me ha sorprendido que en la misma cobertura de los medios que tú presides, el trato que hemos recibido muestra una culpa del Bar-Bar que no existe.
“(…) El mejor ejemplo de lo anterior fue el grave error cometido por Carlos Loret de Mola en Primero Noticias el día de hoy, en donde se muestra una fotografía en la que asevera que aparece el agresor de Salvador Cabañas conmigo a su lado. Por fortuna, Iván Puentes, quien es la persona que aparece en la fotografía junto a mí, llamó a la producción del noticiero y se logró corregir el error antes de que terminara la transmisión.
“(…) Creo que lo menos que puede hacer Carlos Loret es ofrecer una disculpa pública en su espacio noticioso por la afectación a mi persona”.
Ni la disculpa ni la réplica se dieron. Por el contrario, se agudizó el linchamiento.
En marzo de 2010 Charaf decidió contraatacar. Reveló en entrevista con Gloria Leticia Díaz (Proceso 1743) que el trasfondo de la agresión de Azcárraga era su intento de apropiarse por completo de la empresa Imagen y Talento Internacional (ITI), donde Charaf tenía 49% de las acciones, y Televisa, 51%.
Charaf afirmó que mes y medio antes de la agresión contra Cabañas se reunió con Alejandro Benítez, funcionario de Televisa, quien lo amenazó con iniciar ataques contra sus empresas si no vendía sus acciones de ITI.
El vínculo entre Televisa y el Bar-Bar fue más allá de la sociedad en ITI. En 2006 fue escenario del reality show El Bar Provoca, producido por Televisa y Endemol México y conducido por Roberto Palazuelos.
Charaf sostiene que la animadversión en su contra tiene como finalidad evitar el pago que le corresponde por las utilidades de la contratación de actores como imágenes de gobiernos de los estados o de campañas electorales, como el caso de Angélica Rivera en el Estado de México o de Mayté Perroni y Raúl Araiza para el Partido Verde.
Ataque a Grupo Reforma
De manera casi imperceptible, el 30 de agosto en El Noticiero de Joaquín López Dóriga se inició una campaña contra Alejandro Junco, propietario del Grupo Reforma, editor de El Norte, Reforma y Mural, entre otros impresos.
López Dóriga aludió a un mensaje enviado en Twitter por el empresario regiomontano Lorenzo Zambrano, quien convocó a los hombres de negocios a mantenerse en la entidad. “Quien se va de Monterrey es un cobarde”, decía el mensaje. Televisa lo “ilustró” con Junco de la Vega, quien desde 2008 vive en Austin, Texas.
Seis días después la campaña tomó otro cariz. Del lunes 6 al jueves 9 de septiembre El Noticiero y todos los espacios informativos de la televisora unificaron su cobertura acusando al periódico Metro, del Grupo Reforma, de promover la trata de personas a través de los anuncios clasificados de servicios sexuales. Violencia y sexo, bomba de tiempo, titularon el “reportaje de investigación”.
Televisa entrevistó a legisladores, revivió un debate de meses atrás que se dio en España para legislar en esa materia, entrevistó a supuestas sexoservidoras que denunciaron el maltrato e ilustró con varios anuncios clasificados lo que consideró “la doble moral” de Reforma.
En Tercer Grado los comentaristas coincidieron en que se trataba de “un caso muy grave” de falta de ética periodística, pero no hicieron alusión a otros medios que también tienen ese tipo de anuncios, entre ellos la revista TV y Novelas, propiedad de Editorial Televisa.
La ofensiva contra Reforma duró una semana. El periódico no respondió directamente, pero varios de sus principales colaboradores advirtieron que el ataque era una respuesta a la cobertura crítica que ese periódico realizó sobre el resultado de la “ganga” de la Licitación 21, que favoreció claramente a la sociedad Televisa-Nextel.
Sin embargo el ataque de Televisa no fue producto sólo del interés de la televisora. Proceso pudo confirmar que detrás estuvo la autorización de Los Pinos para emprender en pantalla un linchamiento contra el grupo editorial con el pretexto de los anuncios clasificados.
Reforma ha publicado resultados de encuestas que documentan los bajos índices de aprobación de Felipe Calderón. En septiembre, en vísperas del ataque de Televisa, su sondeo arrojó el más bajo nivel de aprobación al gobierno calderonista (55%). En ese sondeo 59% opinó que la guerra contra el narcotráfico la estaba ganando el crimen organizado.
Las farmacéuticas, el escándalo
El linchamiento más reciente, previo al enderezado contra Proceso y el reportero Ricardo Ravelo, ocurrió entre el 9 y el 12 de noviembre pasados cuando El Noticiero difundió dos llamadas telefónicas que documentaban “la relación corrupta a base de comisiones y sobornos” entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los laboratorios farmacéuticos.
El caso fue una pifia de Televisa. La persona a la que se presentó como “funcionario aún no identificado” que negociaba con Rafael Castro, del laboratorio Novartis, era en realidad Carlos Abelleyra Cordero, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica de
Este semanario documentó que detrás del linchamiento estaban los intereses del vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, en el laboratorio Landsteiner –sancionado por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios–, así como la sociedad del consorcio con Gennoma Lab y la búsqueda de una multimillonaria adjudicación de telefonía interna del IMSS para Bestel, subsidiaria del grupo que preside Azcárraga Jean (Proceso 1776 y 1777).
La sospecha de un acuerdo entre Televisa y Calderón también salió a relucir. Bestel impugnó en octubre de este año las bases de licitación para otorgar –por 2 mil millones de pesos– una red interna de telecomunicaciones en el IMSS. Los abogados de Bestel argumentaron que dichas bases beneficiaban a Telmex.
El pasado 11 de noviembre el juez Francisco Rebolledo le otorgó un amparo a Bestel-Televisa. En esa fecha concluyó la campaña sobre la “red de corrupción” en el Seguro Social.
Publicidad a Televisa
La campaña contra Ricardo Ravelo y Proceso, iniciada el miércoles 1, coincidió con una larga entrevista de Joaquín López Dóriga a Felipe Calderón en el Canal 2, para hablar sobre sus nuevos retos en vísperas del cuarto año de gobierno. Asimismo, la cobertura favorable y la amplia difusión de esa entrevista coinciden con un incremento sustancial para el gasto en Comunicación Social y Publicidad que el gobierno federal planea para 2011.
Según el Presupuesto de Egresos el gasto en esta materia pasará de mil 670 millones de pesos en
Un estudio del Centro de Análisis e Información, Fundar, destaca que sólo en 2009 el gasto en Comunicación Social y Publicidad del gobierno de Calderón “aumentó 501% respecto de lo que se gastó en el último año del gobierno de Vicente Fox” y además el gasto ejercido ese mismo año “fue 145% mayor de lo que se había presupuestado y 49% más de lo que se gastó en
El análisis de Fundar no tiene aún el gasto real ejercido al finalizar 2010, pero advierte en su reporte, del cual Proceso obtuvo una copia, que existen “grandes divergencias” entre lo que reportan las dependencias de gobierno.
De lo que no hay duda es que el principal cliente de publicidad en televisión es el gobierno federal. Pese a los montos manejados en el Presupuesto de Egresos, un reporte de KP Central Media (empresa de Carlos Alazraki) basado en tarifas publicadas, calcula que sólo en 2009 el gobierno de la República destinó 4 mil 585 millones 52 mil pesos a publicidad en televisión. 60% fue a los canales de Televisa. l
¿Qué diría Monsiváis?
Elena Poniatowska Amor
Para hacer un comentario al mes, de un minuto 15 segundos, en El Noticiero de Televisa que conduce Joaquín López Dóriga nos invitó Javier Aranda, coordinador editorial de noticieros y colaborador de La Jornada.
Carlos Monsiváis y Carlos Montemayor colaboraron en Televisa desde 2000 hasta su muerte. León García Soler, director de La Jornada de Morelos; el ecologista y columnista de La Jornada, doctor Iván Restrepo; Jorge Islas, abogado general de la UNAM durante la rectoría de Juan Ramón de la Fuente; el científico René Drucker; Gabriel Guerra Castellanos, crítico de la política internacional mexicana, hijo de Rosario Castellanos, y yo (que entré a El Noticiero que conduce Joaquín en 2002).
Nunca sufrimos la menor censura y tocamos temas muy duros: la Minera San Javier, el EPR, Lucio Cabañas, el aborto, la pederastia, el derrumbe del aparato político mexicano, la decadencia de la Iglesia, la corrupción a todos los niveles, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el narcotráfico, Fox y La Barbie descontinuada llamada Martita, la irresponsabilidad médica, el maltrato a los enfermos, la baja escolaridad, el Ejército, la falta de empleo y otros más.
El 10 de marzo de 2001, Julio Scherer García entrevistó al subcomandante Marcos en Televisa y este diálogo creó una gran expectativa de reconciliación.
Ser periodista en México es tan peligroso como serlo en Afganistán o en Medio Oriente. Durante el gobierno de Felipe Calderón han sido asesinados 22 periodistas, ocho en represalia directa por la cobertura de actividades criminales o hechos de corrupción, según David Carrizales corresponsal de La Jornada en Monterrey.
Entrar como reportero a la lucha contra el narcotráfico es entrar a una zona minada y jugarse la vida. Una gran parte de las portadas de la revista Proceso de los últimos tres años dan cuenta de la guerra contra los que se dedican al crimen de la repartición de la droga. Si Proceso se enfoca principalmente en este tema es porque ES lo medular, lo esencial de la política doméstica de nuestro país. Los reporteros son perseguidos y han sido secuestrados y ejecutados fundamentalmente en el norte de México, donde también se asesina a muchachos que se reúnen a bailar, como en Torreón.
Una acusación del presunto delincuente y testigo protegido Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, y filtrada a la prensa atañe al reportero Ricardo Ravelo y desata una campaña de Televisa contra Proceso. Según la acusación, Ravelo recibió 50 mil dólares por callarse y además tenía contacto con otros delincuentes.
Las autoridades tendrían que probar esta declaración que Televisa ha aprovechado para atizar su postura contraria a Proceso y enfocar todas sus baterías contra un medio de comunicación con el que no coincide. Lo grave es decir que el culpable es el medio. Víctor Flores Olea, una de las grandes figuras de las ciencias sociales en México como afirma Julio Boltvinik, declara a La Jornada el viernes 3 “que es lamentable que existan pugnas entre medios de difusión importantes, pero también es importante que se denuncien los casos cuando no existen pruebas reales”.
Ante esta situación dramática, basada en declaraciones que no se han comprobado, quiero hacer patente mi solidaridad con la revista Proceso y con su reportero Ricardo Ravelo y me pregunto qué habría dicho nuestro indispensable Carlos Monsiváis que en estos días hace más falta que nunca. l
WikiLeaks sobre México: Duras confirmaciones
J. Jesús Esquivel
Los cables diplomáticos, clasificados como “secretos”, entre la embajada de Estados Unidos en México y el Departamento de Estado –que dio a conocer el medio electrónico WikiLeaks– no revelan hechos nuevos, pero sí confirman, con detalles y desde las entrañas del gobierno estadunidense, lo que fuentes diplomáticas y oficiales habían informado a Proceso: la preocupación del gobierno de Barack Obama por la descoordinación de autoridades en México, la incondicional apertura del gobierno calderonista a las actividades de las agencias de espionaje y la inseguridad que cunde en el propio gobierno.
WASHINGTON.- En la reciente revelación del contenido de ocho despachos diplomáticos de Estados Unidos sobre México clasificados como “secretos”, el gobierno de Barack Obama cataloga al de Felipe Calderón como inseguro, dependiente de Washington, plagado de sospechas y problemas de corrupción. En cuanto al mando militar en la lucha contra el narcotráfico, lo califica como reacio a tomar riesgos e interesado en suspender las garantías individuales de los mexicanos para actuar con mayor impunidad en materia de derechos humanos.
Los despachos diplomáticos sobre México –seis de los cuales fueron emitidos por la embajada estadunidense– confirman en gran parte información ya publicada por varios medios nacionales de comunicación, entre ellos Proceso, sobre la influencia y autoridad que ejerce el gobierno estadunidense en la lucha militarizada de Calderón contra el narcotráfico.
El medio electrónico WikiLeaks, que consiguió sin autorización del Departamento de Estado más de 250 mil documentos clasificados sobre la actuación de la diplomacia estadunidense en varias naciones, entregó ese material a cinco publicaciones internacionales. Una de éstas es el diario español El País, que el viernes 3 publicó seis de un paquete de ocho despachos sobre México que se difundió inicialmente, los cuales muestran a Calderón acusando ante Washington al presidente venezolano Hugo Chávez por supuestas intromisiones en la política nacional y latinoamericana.
El documento número 246329, fechado el 29 de enero de este año y clasificado como “secreto”, consta de 11 páginas que envió al Departamento de Estado John Feeley, el funcionario número dos en la embajada de Estados Unidos en México:
“La incapacidad del gobierno de México para detener el creciente número de homicidios relacionados con el narcotráfico en lugares como Ciudad Juárez y otros puntos (del país), que a nivel nacional alcanzaron la cifra de 7 mil 700 en 2009, se convirtió en la principal debilidad política de Calderón, cuando el público mexicano está más preocupado por la seguridad ciudadana”, sostiene Feeley en el reporte que mandó a Washington en vísperas de la reunión del Grupo de Trabajo Bilateral en materia de Defensa (DBWG, por sus siglas en inglés).
El despacho pone énfasis en las fallas que observa en la lucha militarizada de Calderón contra el narcotráfico:
“Las instituciones mexicanas de seguridad están frecuentemente atoradas en una competencia que las lleva a un callejón sin salida, en la cual el éxito de una agencia es visto como el fracaso de otra. La información está celosamente resguardada y es raro escuchar sobre la realización de operaciones conjuntas. La corrupción oficial está muy extendida, lo que provoca la creación de un cerco compartimentado entre líderes y subalternos limpios (de corrupción) en las agencias gubernamentales.”
Esta conclusión coincide con las opiniones de expertos que recogió Proceso en su edición 1655, del 20 de julio de 2008.
El contenido en los primeros despachos que se dieron a conocer como parte de un archivo de más de 2 mil 600 documentos sobre México de los que se apoderó WikiLeaks ilustran la visión que tiene Washington de la participación del Ejército Mexicano en la guerra contra el crimen organizado.
Por ejemplo, se habla de la “tensión considerable” entre las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar):
“Aparte de la percepción de su fracaso en Ciudad Juárez, a la Sedena se le percibe como una institución lenta y reticente al riesgo, aun cuando debería tener éxito en la captura de jefes del narcotráfico. El riesgo que existe es que entre más criticada sea la Sedena, ésta será más adversa a asumir riesgos. El reto que enfrentan ustedes en el DBWG es convencerlos de que la modernización, y no el retiro, es la clave para seguir avanzando, y que la transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para la modernización”, remata el punto siete del cable de Feeley, que por cierto corrobora el contenido del reportaje titulado Estrategia fallida, publicado en este semanario en su edición 1693, del 12 de abril de 2009.
Otro documento “secreto” que envió la embajada de Estados Unidos en México al Departamento de Estado el 28 de febrero de 2009 (el 231890) revela la desesperación del general Guillermo Galván Galván ante las críticas y las propias fallas del Ejército en la lucha contra la delincuencia organizada:
“Galván, el secretario de la Defensa, abordó recientemente la posibilidad de invocar al artículo 29 de la Constitución para declarar estado de excepción en ciertas áreas del país, con el objetivo de proveer bases legales más sólidas para el papel de los militares en la lucha antinarcóticos”, se informa en ese despacho, elaborado también por Feeley.
El texto destaca que, contrario a la posición del titular de la Sedena, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aclaró a los diplomáticos estadunidenses que se correrían riesgos políticos al implantar el estado de excepción, aun en áreas como Ciudad Juárez. Según el documento, Gómez Mont reconoció que el tema se discutió en el gabinete.
Tal como Proceso ha mostrado en su amplia cobertura sobre los problemas que genera el uso de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico durante este sexenio (edición 1728, del 13 de diciembre de 2009), el citado despacho identifica la intención que Galván Galván persigue con su iniciativa de aplicar el estado de excepción y suspender las garantías individuales:
“Los puntos de vista de Galván son un reflejo de los deseos militares de contar con protección legal en materia de derechos humanos y otros asuntos, más que cualquier inminente reto legal o político al actual papel del Ejército en la lucha antinarcóticos. Claramente Calderón busca nuevas herramientas con las cuales responder a los crecientes niveles de violencia en lugares como Ciudad Juárez; pero cualquier beneficio que obtenga con el uso del artículo 29 y la declaración del estado de excepción sería socavado por los altos costos políticos de dicha acción”, subraya Feeley en su misiva a sus jefes en Washington.
Invitados a espiar
En esos documentos secretos del gobierno estadunidense es recurrente la percepción de que la inseguridad en México es síntoma de un Estado fallido, en el cual los cárteles del narcotráfico controlan partes del territorio.
A finales de marzo de 2009, Dennis Blair –en ese momento el director nacional de Inteligencia de Obama y a quien, según los documentos revelados, Galván le confió su deseo de aplicar el estado de excepción– declaró en el Capitolio que México era un Estado fallido.
Esta caracterización provocó la furia del gobierno de Calderón, que se quejó y logró que el coordinador de las agencias del espionaje estadunidense se desdijera. No obstante, el cable 228419, clasificado como “confidencial” y fechado el 5 de octubre de 2009, muestra cómo hasta en el seno del gobierno mexicano se percibe que los capos de la droga son amos y señores de algunas regiones del país. Aspecto que también ha sido ampliamente fundamentado por Proceso desde las ediciones 1686, del 22 de febrero de
Este despacho diplomático resume las conversaciones entre funcionarios mexicanos y estadunidenses la noche anterior (4 de octubre) durante la cena que ofreció la Procuraduría General de la República (PGR) en honor de funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Destacan los comentarios del entonces subsecretario de Gobernación, Gerónimo Gutiérrez Fernández, quien planteó la necesidad de acelerar la entrega de equipo militar y tecnológico estadunidense a las Fuerzas Armadas mexicanas dentro de la Iniciativa Mérida:
“Él (Gutiérrez Fernández) lamentó el debilitante temor que cunde en gran parte de la sociedad mexicana actual, donde hasta la gente de Yucatán, ‘con niveles de seguridad europeos’, temen a la inestabilidad que hay en ciudades poco distantes. Expresó una preocupación genuina de ‘perder’ ciertas regiones. Esto daña a la reputación internacional de México, afecta las inversiones extranjeras y provoca una sensación de impotencia gubernamental, dijo Gutiérrez.”
La fluida comunicación secreta entre la embajada de Estados Unidos en México y el Departamento de Estado, obtenida por WikiLeaks, confirma que, como consecuencia de las incapacidades y limitaciones de la estrategia calderonista contra el narcotráfico, se le abrió la puerta al espionaje estadunidense (sobre todo del Pentágono), que ahora opera con plena libertad desde la capital mexicana.
Por mencionar sólo ediciones recientes, en Proceso 1738, 1742 y 1776 (todas de 2010) se da cuenta de cómo las Fuerzas Armadas, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), bajo la tutela del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), reciben órdenes de los sistemas de inteligencia que Washington en la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), o como la llama con diplomacia la Secretaría de Relaciones Exteriores: Oficina Binacional de Seguimiento (OBS), localizada en Paseo de la Reforma 265, Distrito Federal.
El Ejército, reacio
En el despacho secreto 246329, la embajada estadunidense insiste en la presencia de los sistemas de inteligencia de su país en México como parte de la estrategia bilateral contra el narcotráfico, y destaca el caso de las oficinas satélite que tiene la OBI (u OBS) en Ciudad Juárez y Tijuana, cuya existencia fue reportada en la edición 1776 de este semanario, el 14 de noviembre pasado, pero que la Secretaría de Relaciones Exteriores intentó negar en una carta (Proceso 1777).
“Las misiones conjuntas de evaluación (de información de inteligencia), una a Tijuana y San Diego, y otra a Ciudad Juárez y El Paso, fueron designadas para que guiaran y ampliaran nuestros esfuerzos bilaterales por abordar una debilidad potencial: el disfuncional y bajo nivel de colaboración entre el Ejército Mexicano y las autoridades civiles a lo largo de la frontera”, dice el documento.
La evidencia más clara de la intervención de los sistemas de inteligencia en el gobierno de Calderón está en el documento “secreto” 240473, enviado a Washington el 17 de diciembre de 2009.
“Las fuerzas de la Marina mexicana, respondiendo a información proporcionada por Estados Unidos, mataron a Arturo Beltrán Leyva en una operación realizada el 16 de diciembre, la eliminación de mayor nivel de una figura de los cárteles bajo la administración de Calderón”, indica el cable.
Como informó este semanario en dos reportajes (en sus ediciones 1729, del 20 de diciembre de 2009, y 1730, del día 27), la cacería de Beltrán Leyva se logró después de que agencias del espionaje estadunidense ubicaran al capo y la Sedena se mantuvo al margen por motivos desconocidos, lo que llevó a la Semar a tomar el papel protagónico en la operación.
Esto también es corroborado en el citado cable: “Oficiales de varias agencias en la embajada (estadunidense) dicen que la operación del arresto contra Arturo Beltrán Leyva comenzó una semana antes de su muerte, cuando la embajada proporcionó a la Semar información detallada sobre su ubicación”.
Después viene la observación: “La Semar está bien entrenada, bien equipada y ha demostrado tener capacidad de responder con rapidez a la información de inteligencia. Su éxito coloca a la Sedena en una situación difícil para explicar por qué ha sido reticente a actuar sobre la buena información de inteligencia y a llevar a cabo operaciones contra objetivos de alto nivel”.
Sigue el documento: “El sistema interagencial de Estados Unidos originalmente le proporcionó la información (sobre la ubicación de Beltrán Leyva) a la Sedena, cuya negativa a actuar con celeridad refleja una aversión a tomar riesgos que le cuestan a la institución una victoria importante en la lucha antinarcóticos”.
Nuevo nivel de violencia
El despacho 238295, del 4 de diciembre de 2009 y clasificado como “secreto y para no ser compartido con los gobiernos de otros países”, fue enviado desde Washington a su embajada en México. En él, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, les pide a sus diplomáticos que hagan un perfil de Calderón para conocer los efectos que le han causado la situación de inseguridad, las constantes críticas y los desaciertos de su lucha contra el narcotráfico:
“Estamos interesados en revisar nuestra evaluación sobre el presidente Calderón para informar mejor a nuestros legisladores sobre su estilo de liderazgo. Algunas referencias han indicado que Calderón y miembros de su gobierno están bajo un gran nivel de estrés debido a la guerra contra las drogas, el colapso económico y la derrota de su partido en las elecciones intermedias.
“Este estrés está afectando su personalidad y estilo de conducción, y queremos saber cómo ese estilo afecta el funcionamiento del gobierno; especialmente a luz de los cambios recientes en su gabinete”, escribió Clinton en su cable para la embajada estadunidense, que debía responder nueve preguntas.
Los últimos dos cables –del primer paquete de ocho que hasta el cierre de esta edición se habían dado a conocer sobre la visión secreta de Estados Unidos sobre la situación de México– abordan temas multilaterales. El número 231175, clasificado como secreto y remitido de la embajada a Washington, da cuenta de la reunión que Calderón sostuvo con Blair el 19 de octubre del año pasado.
Según este despacho, fechado el 23 de octubre, Blair le preguntó a Calderón su opinión sobre acontecimientos políticos en Latinoamérica. Entonces, “Calderón enfatizó que el presidente venezolano Hugo Chávez está activo en todos lados, incluyendo a México. Calderón se extendió en sus respuestas y subrayó que él cree que Chávez financió a la oposición del PRD durante la campaña presidencial de hace cuatro años”.
El séptimo despacho secreto difundido por WikiLeaks (el 0571923, del 26 de febrero de 2010) describe el fracaso del gobierno de Calderón como anfitrión y presidente del Grupo de Río, que acababa de celebrar una reunión cumbre en Cancún, el 22 y 23 de febrero: “Fracasó dramáticamente el ambicioso plan de México de utilizar su última presidencia del Grupo de Río en la Cumbre de Cancún para crear un foro nuevo y más funcional sobre la cooperación regional”, considera el autor del despacho.
El viernes 3, WikiLeaks difundió en su sitio en internet otro cable clasificado sobre la narcoviolencia en México, asimismo clasificado como “secreto y para no ser compartido con ningún gobierno extranjero”. El documento (con la clave 09MEXICO193) describe un nuevo nivel de violencia relacionada con el tráfico de estupefacientes:
“Mientras que el número de muertes llegó ya a niveles perturbadores y no hay señales de que disminuirá pronto, nosotros continuamos evaluando información o evidencia que sugiera que los cárteles han decidido llevar a cabo ataques masivos de civiles, o sistemáticamente ataques a funcionarios o instituciones del gobierno de México o de Estados Unidos”, indica el cable diplomático, fechado el 23 de enero de 2009 y elaborado por Charles V. Barclay, ministro de Asuntos Políticos de la embajada estadunidense.
El emisario
Jorge Carrasco Araizaga
Hombre clave de los gobiernos priistas para aplastar las insurrecciones armadas en los sesenta y los setenta, el general Arturo Acosta Chaparro se hizo un lugar en el gobierno de Felipe Calderón gracias al secretario de la Defensa, Guillermo Galván: le tocó ser emisario federal para negociar con los líderes de las mayores organizaciones del narcotráfico en el país, incluido El Chapo Guzmán. Nueva información entregada a Proceso permite identificar al “General X”, al que se refiere Anabel Hernández en su libro Los señores del narco, cuyo adelanto fue publicado en el número 1778 de la revista.
Rebasado por las disputas entre los cárteles del narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón los buscó para pedirles que disminuyeran la violencia; su emisario fue el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, en su condición de asesor del gobierno calderonista en materia de inteligencia.
Entre 2008 y 2009, el militar experto en operaciones encubiertas se reunió con los jefes de La Familia Michoacana, Los Zetas, la organización de los Beltrán Leyva, el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa.
Esos movimientos fueron detectados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos en México. Incluso, las autoridades de ese país tienen un video de la reunión del emisario del gobierno de Calderón en Matamoros, Tamaulipas, con el jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca.
Acosta Chaparro, de 68 años y quien actualmente convalece de una agresión armada que sufrió cuando comenzaba a investigar el secuestro del panista Diego Fernández de Cevallos, se reunió con los principales líderes de esas organizaciones, incluido Joaquín El Chapo Guzmán.
De esas misiones tuvo conocimiento el secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, su compañero de generación en el Colegio Militar. El retorno de Acosta Chaparro en el sexenio de Calderón ocurrió luego de que fuera exonerado de los cargos de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad, que según las acusaciones cometió durante la llamada guerra sucia en los años sesenta y setenta.
Detalles de los encuentros de Acosta Chaparro entregados a Proceso confirmaron lo publicado por esta revista en su edición 1768, en septiembre pasado, sobre la negociación que el general retirado sostuvo con Jesús Méndez Vargas, El Chango o El Chamula, y Nazario Moreno, El Pastor, El Chayo o El Más Loco, dos de los jefes de La Familia Michoacana.
En esa reunión participaron, asimismo, el entonces fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR), Ricardo Cabrera Gutiérrez, y un colaborador del general en retiro identificado como “Estrella”.
Después del encuentro le fueron entregados a la PGR los tres supuestos responsables de haber lanzado dos granadas contra la multitud reunida en el centro histórico de Morelia para festejar el Grito de Independencia, la noche del 15 de septiembre de 2008.
Acosta Chaparro se reportó con el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. “Señor, objetivo cumplido”, le dijo cuando ya tenía en el avión a los tres supuestos responsables, quienes fueron torturados para inculparse. De la intervención del militar retirado tuvo conocimiento también la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales.
Después de esa entrega, el general Galván le preguntó a Acosta Chaparro sobre la recompensa de 10 millones de pesos ofrecida por la PGR para quien diera información que llevara a la captura de los responsables del que fue el primer atentado contra la población civil relacionado con el narcotráfico. “No me dieron ni las gracias”, contestó Acosta Chaparro al general secretario.
La segunda encomienda del general en retiro fue poco después, a principios de octubre del mismo 2008. Debía buscar a Los Zetas, cuando el grupo fundado por desertores de élite del Ejército aún era el brazo armado del cártel del Golfo. Antes de hablar con el jefe de Los Zetas, El Lazca, el general Galván le dijo a Acosta Chaparro: “Me ordenaron que no me mueva porque tú ya estás operando”.
Acosta Chaparro se reunió en Matamoros no sólo con El Lazca, sino también con Miguel Ángel Treviño Morales, El Z 40. Para el día de la reunión, los jefes de la organización delictiva le pidieron a Acosta Chaparro una tregua del gobierno federal.
Según la información entregada a Proceso, la guardia del Lazca está integrada por capitanes desertores del Ejército. Cuando vieron a Acosta Chaparro se le cuadraron.
En ese encuentro, Lazcano le preguntó de parte de quién iba. “Mira, te viene a ver un general del Ejército. No puede venir de parte de nadie más que del presidente”, dijeron los informantes, según el video obtenido por la inteligencia estadunidense y en el que, dicen las fuentes, “con tomas desde arriba se ve cómo el general retirado habla con autoridad y El Lazca actúa como subordinado”.
Acosta Chaparro les pidió a Los Zetas que bajaran la violencia, pararan las decapitaciones y dejaran de exhibir los cuerpos mutilados. “El presidente no puede hablar de paz social mientras haya decapitados y ese tipo de violencia”, refieren que dijo el militar retirado. La aceptación se condicionó a que el gobierno federal no actuara contra los familiares de los miembros de la organización delictiva.
A principios del siguiente año hubo una segunda reunión con el liderazgo de Los Zetas. En ese encuentro hablaron sobre el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, perpetrado en Cancún el 3 de febrero de 2009. “¿Por qué lo mataron?”, preguntó el general retirado. El Lazca llamó al jefe de Los Zetas en Cancún, quien según las fuentes dijo: “Porque el general no cumplió”.
De acuerdo con ese testimonio, Acosta Chaparro cuestionó: ¿Y por qué se hacen llamar Zetas? Porque después de la Z no hay más, respondió El Lazca, quien añadió que en ese momento esa organización, junto con el cártel del Golfo, controlaba 22 estados.
Según esa información, fue el propio Lazca quien puso en contacto al general en retiro con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. El encuentro ocurrió meses después en un lugar ubicado entre Cuernavaca y Acapulco, y a él acudieron también Édgar Valdez Villarreal, La Barbie; Mario Pineda Villa, El Borrado, y Jesús Nava Romero, El Rojo.
El relato entregado a este medio señala que La Barbie quiso intervenir, pero se lo impidió Acosta Chaparro. La petición del enviado del gobierno fue la misma: que le bajaran a la violencia, sobre todo en Morelos y Guerrero, estados que entonces controlaba su organización.
En diciembre del mismo año Arturo Beltrán Leyva fue ejecutado por infantes de Marina en el domicilio donde se ocultaba, a unas cuadras de la XXIV Zona Militar, en Morelos. Junto con El Barbas, en ese operativo fue asesinado su lugarteniente, El Rojo.
El siguiente encuentro de Acosta Chaparro fue con Vicente Carrillo, jefe del cártel del Juárez, y líderes de La Línea, el grupo armado de esa organización delictiva, a la que El Chapo Guzmán le disputa el control de Ciudad Juárez.
Cuando Acosta Chaparro pasó siete años de cárcel (de
La última gestión del general retirado fue con El Chapo Guzmán, el jefe más conocido del cártel de Sinaloa. Cuando lo iba a ver, el titular de la Defensa Nacional le dijo: “Te van a poner un GPS” (un chip localizador). “No, Memo –le contestó Acosta Chaparro–, yo soy negociador, no traidor”. Con ese dispositivo, dicen las fuentes, Galván quería ubicar a El Chapo.
En el encuentro con Guzmán Loera, como fue reseñado por la periodista Anabel Hernández en su libro Los señores del narco (Proceso 1778), El Chapo le contó al general en retiro cómo recibió ayuda para fugarse del penal de Puente Grande, en Jalisco.
Además, “en tono de queja”, dice el relato, El Chapo le dijo al militar “que el propio Juan Camilo Mouriño y su entonces coordinador de asesores en la Segob (el actual senador Ulises Ramírez Núñez) les vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares”, a pesar de que la entidad ya había sido comprometida con El Chapo, según ese relato.
“Recontratado”
Acosta Chaparro no se conformó con la condecoración de general en retiro que recibió en abril de 2008, luego de que fuera exonerado de los graves cargos de narcotráfico y crímenes de lesa humanidad. Desde marzo de ese año, un mes después de su retiro, emprendió una contraofensiva judicial contra el Ejército y, como en los otros juicios, los tribunales lo favorecieron.
A principios de octubre de 2007, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal le concedió un amparo en contra del procedimiento de su retiro.
Acosta Chaparro le reclamó a la Sedena la restitución de los haberes retenidos durante los casi siete años que estuvo preso, acusado de proteger al cártel de Juárez. Pero al tiempo que litigó contra la Sedena, se convirtió en asesor del general Galván en la Sección Segunda del Ejército, es decir, en el área encargada de la inteligencia militar.
Los movimientos legales que hizo Acosta Chaparro contra el Ejército fueron de conformidad con Galván. Compañeros de la generación 1959-1962 del Colegio Militar, hicieron carreras paralelas, Galván en el arma de artillería y Acosta en infantería.
Acosta Chaparro fue acusado de la desaparición forzada de 143 personas en la guerra sucia en Guerrero durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (Proceso 1282 y 1356). Además de tortura, se le acusó de haber participado en “los vuelos de la muerte”, que consistían en arrojar al mar desde aeronaves a campesinos acusados de formar parte de la guerrilla.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), disuelta a finales del sexenio de Vicente Fox con el aval de Calderón y encabezada entonces por Ignacio Carrillo Prieto, abrió una averiguación previa contra el militar por su presunta responsabilidad en esas desapariciones, pero declinó a favor del fuero militar. Los tribunales castrenses absolvieron al acusado.
Acosta Chaparro todavía operó oficialmente en el sexenio de Carlos Salinas, cuando fue integrado a la efímera coordinación de Seguridad Nacional, al mando de Arsenio Farell Cubillas, ya fallecido.
En el sexenio de Ernesto Zedillo, se le vinculó con la matanza de 17 campesinos, el 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, donde décadas antes fue jefe policial del gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, secuestrado por la guerrilla de Lucio Cabañas en 1974.
La carrera de Acosta Chaparro como militar experto en antisubversión –que plasmó sus conocimientos en la publicación conocida como el libro negro de la guerrilla en el país, Movimiento subversivo en México– se interrumpió cuando fue encarcelado en el 2000, acusado de narcotráfico.
El 30 de agosto de ese año fue detenido junto con el general Francisco Quirós Hermosillo y enjuiciado por un Consejo de Guerra, bajo el cargo de tener vínculos con El Señor de los Cielos.
Ambos oficiales fueron sentenciados a 30 años de prisión y luego de una apelación obtuvieron una reducción de 15 años a su condena. Quirós Hermosillo murió en noviembre de 2006 sin que se terminara el proceso penal, por lo que técnicamente no quedó firme la acusación en su contra.
Acosta Chaparro purgó poco menos de la mitad de la sentencia. Seis años y 10 meses después de su reclusión, el 29 de junio de 2007, abandonó su celda del Campo Militar Número 1 gracias a un amparo definitivo que le concedió la justicia federal.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó que ni la PGR, a cargo entonces del general Rafael Macedo de la Concha, ni la Procuraduría de Justicia Militar le probaron el delito contra la salud “en su modalidad de colaboración de cualquier manera al fomento para posibilitar el tráfico de narcóticos (cocaína y mariguana)”. Tampoco los delitos de cohecho y asociación delictuosa.
El Consejo de Guerra había fallado en su contra como responsable de esos cargos. Además de la prisión, lo había condenado “a la pérdida de derechos adquiridos en virtud del tiempo de servicios prestados” a las Fuerzas Armadas, así como a la inhabilitación para usar el uniforme y condecoraciones. Cuando salió de la prisión militar vestía su uniforme de general brigadier y sus condecoraciones.
La cercanía de Acosta Chaparro con Galván implicó su reivindicación pública y la recuperación de su grado. El 23 de abril de 2008, en el Campo Militar Número 1, donde pasó casi siete años en prisión, la Sedena organizó una ceremonia privada para enaltecer la labor de 23 oficiales y condecorarlos por su condición de retiro. De ellos, 13 fueron generales que sirvieron más de 45 años en el Ejército; en esa lista destacó Acosta Chaparro.
En un comunicado relacionado con la ceremonia, la Sedena se refirió a los homenajeados como “un selecto grupo de generales que son fiel testimonio de una vida de patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.
Galván no sólo lo enalteció públicamente, sino que lo colocó en la lista de “héroes” del Ejército. El exintegrante de la Brigada Blanca –grupo paramilitar que se dedicó hace tres décadas a exterminar a la guerrilla– obtuvo así del gobierno de Calderón su reivindicación institucional y política.
Después de su exoneración, fue pasado a retiro al cumplir 65 años, la edad límite establecida en la legislación militar. Inconforme, Acosta Chaparro interpuso un juicio de amparo para impugnar ese procedimiento de la Sedena. Su argumento fue que antes de su alta en situación de retiro, ya que fue absuelto, la Sedena lo debió reinstalar como subdirector de la Dirección General del Servicio Militar, cargo que ocupaba al momento de su detención. El procedimiento seguido por la Sedena, alegó, fue equivalente al de despido injustificado.
Su propósito era recuperar el total de los haberes que se le retuvieron mientras estuvo preso. Y aunque la Sedena “se inconformó” contra su asesor, la justicia federal le dio la razón.
Oficialmente, para la Sedena Acosta Chaparro es un general retirado y nada tiene que ver con los asuntos de inteligencia militar en el sexenio de Calderón. En la práctica no ha sido así; por décadas tuvo acceso a información proveniente de la Sección Segunda del Estado Mayor de la secretaría y nunca dejó de tener contactos con el aparato político, incluidos los que en su momento fueron opositores, como Diego Fernández de Cevallos, quien fue secuestrado el pasado 15 de mayo.
Fue la familia del panista quien lo buscó para que investigara el plagio. Su experiencia en contrainsurgencia lo llevó a concentrarse en un posible secuestro por parte de la guerrilla. Tres días después de la desaparición del político, Acosta fue atacado con arma de fuego en la Ciudad de México. Su convalecencia duró casi medio año. Desde hace unas semanas está de regreso en su oficina de consultor privado en seguridad.
Los números turbios de Amalia
Verónica Espinosa
Al asumir el gobierno de Zacatecas, el priista Miguel Alonso Reyes prometió auditar la gestión saliente y dio un plazo perentorio a su contralor. El resultado de la primera parte de esa revisión ya se hizo público y deja muy mal parada a la exmandataria perredista Amalia García: incumplimiento de normas y procedimientos en la adjudicación de contratos y obras, préstamos personales a funcionarios amigos… Ella a su vez se dice víctima de una campaña que pretende bloquear su llegada al gobierno del DF…
ZACATECAS, ZAC.- Con las presiones por el plazo que fijó el gobernador Miguel Alonso Reyes al rendir protesta, el pasado 23 de noviembre se cumplió la primera parte de la revisión de la Contraloría Interna de Zacatecas a los últimos meses de gobierno de la exmandataria perredista Amalia García Medina.
Las anomalías de su sexenio, que afloraron en las primeras semanas de gestión del priista Alonso Reyes (Proceso 1772), se hallan en un expediente oficial donde se registran actos indebidos, excesos e incumplimiento de normas y procedimientos en contratos, préstamos, obras y programas por montos que suman más de mil millones de pesos y por los que se han emitido notificaciones a 17 exfuncionarios.
El contralor estatal, Guillermo Huízar Carranza, ya prepara el segundo paquete de auditorías, que será anunciado en enero y con el que pretende ir hasta el fondo en asuntos como la revisión de toda la obra pública del sexenio amalista.
El segundo paquete hurgará cientos de contratos que sugieren posibles favoritismos y beneficios hacia ciertos empresarios, a quienes algunos medios locales llaman “los amigos de las García”, en alusión a la exmandataria, a su hermana –la exsubprocuradora Concepción García– y a su hija, la senadora Claudia Corichi García.
Uno de estos empresarios es Salvador Galván López, quien en 2005 creó Construcciones y Edificaciones Gals, que obtuvo contratos para varias de las obras más importantes del sexenio, como el Palacio de Convenciones y la Plaza Bicentenario.
Esta última figuró en la auditoría con serias irregularidades: el recibo por la adquisición de las bases de la licitación es posterior a la fecha límite establecida en la convocatoria, y los valores en materiales y acarreos se exceden en por lo menos 40 millones de pesos.
La convocatoria para la obra se publicó en el Diario Oficial de la Federación con el número 61003001-048-08. Para la adquisición de las bases de la licitación pública se fijó como fecha límite el 29 de diciembre de
Sin embargo, el recibo que expidió la Secretaría de Finanzas (del que Proceso tiene copia) por la compra de las bases adquiridas por Construcciones y Edificaciones Gals (la empresa ganadora) está fechado el 30 de diciembre de 2008, “fuera del plazo establecido en la convocatoria, motivo más que suficiente para haber declarado el concurso desierto”, sostiene el contralor estatal.
En esta misma obra se detectaron y reportaron excesos en valores propuestos y cobrados por la contratista, que en el caso de excavaciones y acarreos de material suman 15 millones 31 mil 784 pesos y un millón 930 mil 744 pesos, respectivamente, mientras que en el concepto de concreto hidráulico los valores de mercado se duplicaron por un monto equivalente a 23 millones 2 mil 642 pesos.
La víctima
En respuesta García Medina se ha asumido –junto con sus excolaboradores y los empresarios señalados en el informe– como víctima del uso “de todo el poder del gobierno de Zacatecas” contra personas que hoy son ciudadanos “y que sólo tienen la defensa que otorga el estado de derecho”.
Así respondió el 24 de noviembre desde la Ciudad de México la exgobernadora en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, y por el coordinador de los senadores de ese partido, Carlos Navarrete Ruiz.
En los días siguientes García también se asumió como el blanco de una estrategia para desactivarla políticamente, porque “me ven como posible aspirante al gobierno del Distrito Federal”.
Inmunidad
Aunque el nombre de Amalia García aparece directamente vinculado con algunas de las acciones anómalas detectadas en la revisión, en su calidad de titular del Ejecutivo estatal entre 2004 y septiembre de 2010, contra ella difícilmente se podría ir más allá de fincarle sanciones administrativas gracias a la inmunidad que la Constitución estatal da a sus exgobernadores.
La presunción de una conducta delictiva o penalmente punible atribuida a la exgobernadora sólo podría concretarse si ella fuera acusada de un delito grave, para lo cual, según dijo a Proceso un funcionario de alto nivel del actual gobierno, “no se ven elementos hasta ahora”.
Uno de los señalamientos directos hacia la exmandataria en este informe fue la firma del crédito adquirido con Banamex el 14 de junio de este año, en un contrato que suscribieron tanto la titular del Poder Ejecutivo como el secretario de Finanzas por 300 millones de pesos más 4 millones 289 mil 583 pesos de intereses.
“De dicho contrato se desprende que la fecha comprometida para pagarlo fue el 25 de agosto de 2010, circunstancia que no ocurrió, faltando los responsables de suscribirlo a su compromiso y generando toda suerte de consecuencias económicas negativas al estado de Zacatecas; entre otras, la generación de intereses moratorios por 5 millones 595 mil 486.64 pesos, lo que constituye un daño patrimonial derivado de esa omisión”, leyó el contralor Huízar al rendir su informe.
“Adicionalmente y producto de esa falta de pago”, explicó, “las calificadoras Moody’s y Standard & Poor’s han derrumbado la calificación crediticia de Zacatecas y con ello puesto en riesgo las líneas de financiamiento institucional de que dispone el gobierno del estado, así como encareciendo los contratos de crédito y el relativo a la prestación de servicios para Ciudad Gobierno”, el conjunto administrativo que desde hace meses es el elefante blanco del gobierno zacatecano (Proceso 1772).
Esta es una de las casi 40 observaciones detectadas por la Contraloría Interna, empujada a cumplir con el plazo de 60 días prometido por el gobernador en la revisión de algunos programas, partidas y contratos de las secretarías de Desarrollo Agropecuario, Finanzas, Planeación, Obra Pública y Función Pública, el DIF estatal y la Junta Local de Caminos.
Del trabajo de los auditores resultaron –entre otras cosas– facturas que al ser verificadas por el SAT fueron calificadas como “presumiblemente apócrifas”.
–¿Esas facturas serían canalizadas a una averiguación penal? –pregunta Proceso a Huízar.
–Efectivamente. Tenemos que continuar la investigación.
Parece una oportunidad de oro también para el ajuste de cuentas entre los grupos políticos que durante años han mantenido a Zacatecas en pugna: el de Ricardo Monreal y el que encabeza la propia García Medina, quien durante todo su sexenio no zanjó diferencias con el actual senador del PT y mantuvo vivo el conflicto.
Hoy es el turno del grupo monrealista con el gobernador Miguel Alonso Reyes, el contralor y el procurador de justicia Arturo Nahle como ejecutores, en el pleito que al parecer se extenderá por lo menos mientras se define la lucha política por las candidaturas del Distrito Federal, lista en la que ya también se anotó Ricardo Monreal.
Los implicados
En la presentación encabezada el 23 de noviembre por Huízar se mencionaron algunos exfuncionarios de García Medina en los señalamientos por irregularidades: el exsecretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro; el extitular del Instituto de la Juventud Zacatecana (Injuzac) y actual presidente municipal de Villanueva, Iván de Santiago, y el exsecretario de Planeación y de Gobierno, Luis Gerardo Romo Fonseca.
Miranda y De Santiago son dos de los funcionarios que dejaron sus cargos a principios de 2010 con la aprobación de la gobernadora para ser candidatos. El extesorero se convirtió en candidato a diputado local, mientras el extitular del Injuzac abanderó al PRD por la alcaldía de Villanueva.
Pero la Contraloría encontró que ambos hicieron campaña mientras aún cobraban en el gobierno estatal, al menos durante las cinco quincenas posteriores a sus renuncias. Sólo Iván de Santiago ganó la elección.
Además Romo Fonseca figura como beneficiario de un préstamo del gobierno por 400 mil pesos que recibió el 12 de enero de 2007. Romo fue secretario de Planeación y de Gobierno en distintos periodos del sexenio de García antes de dirigir el PRD local y coordinar las campañas. Ahora es diputado local plurinominal.
Su nombre apareció en la lista de los préstamos a personas físicas y morales que otorgó la Secretaría de Finanzas que encabezó Miranda Castro, en algunos casos sin convenio ni póliza de por medio y de los que no hay justificación legal ni partida de origen identificada. Esta lista fue difundida en una pantalla ante los medios de comunicación mientras el contralor presentaba su informe.
Aunque el funcionario no mencionó a los enlistados, las imágenes (captadas por fotógrafos y camarógrafos) detallaron nombres, apellidos, montos y fechas de empresarios, particulares, proveedores y políticos. El balconeo desató acusaciones, reclamos y todo tipo de comentarios en los círculos sociales y políticos del estado.
Entre otros beneficiarios aparece el exdiputado federal perredista Guillermo Antonio Olmos Capilla, empresario protegido por la exsubprocuradora Concepción García Medina (Proceso 1772) y quien en los dos últimos años del anterior sexenio figuró como proveedor y contratista del estado y recibió recursos discrecionales de la Secretaría de Finanzas mientras era buscado judicialmente por autoridades de varios estados, entre ellos Querétaro, acusado de fraude.
La orden de aprehensión contra Olmos fue encontrada por el procurador Nahle y cumplimentada a principios de octubre, aunque el empresario pagó fianza y quedó en libertad casi de inmediato.
En la lista de la Secretaría de Finanzas Olmos figura como beneficiario de dos préstamos: uno por 2 millones de pesos que recibió el 26 de febrero de 2009 –sin pagaré o convenio de por medio– en su calidad de representante de Inmobiliaria Confiable (empresa registrada como contratista del estado) y el segundo como persona física por 651 mil 359 pesos, el 24 de julio del mismo año.
“Tenemos documentados préstamos a particulares otorgados desde la Secretaría de Finanzas a distintas personas físicas y morales por 368 millones 300 mil 842 pesos”, afirmó Huízar, y explicó que al revisar 92 de esos expedientes, en ninguno se localizó constancia de que hubieran sido cobrados o se hayan emprendido acciones para recuperar los montos.
“No hay tampoco atribuciones legales que faculten al titular (de Finanzas) para realizar dichos préstamos”, lo que, según la revisión de la Contraloría, apuntaría al exsecretario Miranda Castro, quien en respuesta responsabilizó públicamente al contralor y al actual gobernador “de cualquier cosa que ponga en riesgo su seguridad”, en vista de que se hicieron públicos los ingresos que percibió como funcionario.
En el mismo tono se dio la respuesta de Amalia García el 24 de noviembre, cuando leyó una carta dirigida a su sucesor y que se publicó al día siguiente en algunos diarios.
“Infundios”, “linchamiento político”, “manipulación tendenciosa”, “ofensiva sin sustento” y “mala fe” fueron algunos de los calificativos empleados por García en la carta que leyó en la conferencia de prensa en la que la acompañaron Ortega y Navarrete.
El primer reclamo de la exgobernadora fue que el informe se hiciera público “sin haber notificado a nadie la existencia de un procedimiento en su contra; sin la posibilidad de una defensa… y sin haber iniciado formalmente los emplazamientos”, con lo cual, según dijo, “se cometió una violación a los procedimientos formales de auditoría”.
Aún más: reprochó a Miguel Alonso “la ofensiva emprendida por causas políticas” al recordarle que como colaborador de su gobierno y posteriormente como diputado local, el actual mandatario “conoció el compromiso del gabinete que yo encabecé con la rendición de cuentas y con la transparencia, conoció de las auditorías e incluso votó a favor de las cuentas públicas y del contenido de los presupuestos”.
Rebatió algunos de los puntos del informe, como el requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al estado para que devuelva 610.6 millones de pesos de programas como el de Sustentabilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de Comunidades Rurales (Prosapys) y el de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) por irregularidades detectadas en su aplicación.
“En el caso de la Secretaría de la Función Pública por ejemplo, en los casos a los que ustedes han hecho mención, durante mi gobierno se aportaron ya los documentos para la solventación e incluso en Prosapys y APAZU, la Contraloría Interna de mi administración sancionó a los responsables”, aseguró Amalia.
El procedimiento al que hizo referencia la exgobernadora se cumplió, en efecto, contra Salatiel Martínez Arteaga, director de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA) a partir de la denuncia que desde el 1 de abril de 2009 interpuso la ASF ante la Contraloría.
Martínez Arteaga fue acusado por la ASF luego de que el órgano detectó irregularidades en 18 contratos celebrados en su calidad de director de la CEAPA para obras de infraestructura, las cuales salieron a la luz en su informe de revisión y fiscalización de cuentas públicas de 2007.
A partir de la denuncia se inició el proceso administrativo DJ/04/PA/2010 contra el referido funcionario, quien finalmente fue inhabilitado para ocupar cargos públicos al servicio del Estado dos años… cuando terminó el sexenio.
El dictamen de la contraloría interna fue dado a conocer el último día de la gestión de García. Durante el año y medio que duró el proceso administrativo contra el director de la CEAPA el gobierno estatal ocultó los hechos y la investigación.
Finalmente, el 13 de septiembre se supo que entre las irregularidades que dieron origen a la sanción aplicada al funcionario figuraron desórdenes en las actas de adjudicación de obras –en las cuales no se asentaban los plazos de inicio y fin de las mismas–, no se exigían las garantías respectivas, se ampliaron plazos de construcción sin que fueran justificados e incluso aparecieron empresas que no acreditaron su personalidad.
En su afán de desmentir a la Contraloría, Amalia García calificó el trabajo de esta dependencia como poco profesional e incapaz de revisar correctamente “la información que se aportó en la entrega-recepción de la administración”.
Y se quejó de que esto se hubiera ventilado antes de que los funcionarios responsables de solventar las observaciones del informe tuvieran la notificación respectiva en sus manos, paso que efectivamente no se había cumplido hasta la semana que concluyó, cuando según la Contraloría se trabajó en notificar a 17 exfuncionarios.
En entrevista con Proceso el 25 de noviembre, Huízar Carranza aseguró que la revisión de 2% del presupuesto en los dos últimos años del sexenio amalista no habrían tenido que revisarse “si se hubiera cumplido puntualmente con la entrega-recepción, lo cual nunca ocurrió”.
“Estamos preparando un segundo programa de auditorías, para continuar algunas investigaciones en algunos indicios que nos sugieren hacerlo”, como toda la obra pública y el Proyecto Aeroespacial, que tiene 14 meses de retraso porque los compromisos adquiridos por Amalia García “son demasiado onerosos para la administración estatal”, agrega el contralor.
En la lupa se pondrán también los más de 2 mil contratos directos que efectuó la Oficialía Mayor contraviniendo la Ley de Adquisiciones, que establece la adjudicación directa para casos excepcionales y específicos “y no como una práctica de rutina que se utilizó para invertir más de 740 millones de pesos”.
Perseguido
Anne Marie Mergier
Julian Assange, fundador de WikiLeaks, es buscado por la policía de 188 países. Su delito es haber divulgado información
que Washington quería mantener oculta. Pero el activista australiano tiene otros problemas: algunos de sus socios y aliados le han vuelto la espalda y despotrican contra él.
P
ARÍS.- Es oficial. El pasado 30 de noviembre, la Interpol reconoció que el activista australiano Julian Assange está en su lista roja. La orden de detención internacional y de extradición lanzada contra el fundador de WikiLeaks por la justicia sueca está vigente en los 188 países miembros de Interpol.
Rick Falkvinge, líder del Piratpartiet de Suecia –que alberga parte de los archivos de WikiLeaks–, no puede creerlo. En conversación telefónica con la corresponsal considera que la actuación errática de la justicia sueca “ridiculiza a su país y plantea preguntas serias sobre su independencia”.
Los hechos son, por lo menos, extraños. El pasado 18 de agosto, un mes después de las filtraciones de los informes secretos estadunidenses sobre la guerra en Afganistán, dos suecas acusaron por separado a Assange: una por violación, otra por acoso sexual.
El 21 de agosto la justicia sueca cerró la investigación por falta de pruebas. En septiembre la volvió a abrir. El 18 de noviembre, después de la filtración de los documentos sobre Afganistán y justo antes de la correspondiente a los informes diplomáticos estadunidenses, la procuradora sueca Marianne Ny lanzó una orden internacional de detención y extradición contra Assange.
Björn Hurtig, abogado del activista australiano, apeló de inmediato la decisión. Su recurso fue desestimado. El 30 de noviembre volvió a apelar, esta vez ante la Corte Suprema de Suecia, que el jueves 2 confirmó la orden de detención y extradición.
Falkvinge –quien en agosto pasado ofreció una rueda de prensa en Estocolmo para hacer público su apoyo a Assange, que por cierto acudió a este acto– se dice muy preocupado por el futuro del australiano y aclara que no tiene la menor idea de su paradero actual, si bien, el jueves 2 medios de prensa sostuvieron que la policía de Gran Bretaña lo tiene localizado en ese país.
El 11 de noviembre pasó dos horas en Londres con un periodista de la revista Forbes de Estados Unidos.
Dos días después, mientras el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas examinaba el informe sobre Estados Unidos en esa materia, Assange denunció las presiones crecientes que ejercía Washington en su contra. Lo hizo rodeado de guardaespaldas y ante decenas de reporteros que acudieron al selecto club suizo de prensa, en Ginebra.
Expresó: “En lugar de investigar los abusos cometidos por sus fuerzas armadas en Afganistán e Irak, las autoridades estadunidenses han adoptado una actitud agresiva contra mi organización. La amenazan públicamente y buscan destruirla”.
También dijo que reflexionaba sobre la posibilidad de pedir asilo político en Suiza. Las autoridades helvéticas guardaron silencio. Luego Assange apareció de nuevo en Londres. Se desvaneció cuando se empezó a especular que la Interpol tenía una orden de captura en su contra.
¿Quién aceptará hospedar al fundador de WikiLeaks?
El 30 de noviembre, Kintto Lucas, viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, anunció que su país lo recibiría con los brazos abiertos. Al día siguiente el presidente Rafael Correa se apuró a desmentirlo.
Conforme pasan los días se vuelve más compleja la situación de ese australiano de 39 años que en 2006 emprendió una cruzada en favor de la “transparencia informativa total”.
Enredo jurídico
A finales del pasado julio el Pentágono y el Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciaron una investigación penal sobre la filtración de los informes militares relativos a la guerra de Afganistán. Argumentaron que WikiLeaks violó una ley sobre espionaje de 1917. Pero desde entonces tropiezan con un auténtico enredo jurídico.
Expertos del Servicio de Investigación del Congreso afirman que los casos de filtraciones de información en la prensa no suelen ser tratados como delitos en Estados Unidos. Y recuerdan que los grandes medios de comunicación estadunidenses avisan al gobierno cuando tienen documentos explosivos. Junto con importantes funcionarios revisan su autenticidad y analizan su grado de peligrosidad para la seguridad nacional.
En julio, octubre y noviembre el diario The New York Times consultó al gobierno antes de publicar los documentos que le entregó WikiLeaks. En cambio la página web no lo hizo. De ello se queja Washington, que no explica por qué un portal internacional tendría que respetar las reglas del juego que se crearon tácitamente entre el gobierno y los medios de comunicación de Estados Unidos.
Expertos citados por The Wall Street Journal aseguran que sólo se podrá perseguir judicialmente a WikiLeaks si se logra comprobar que esa organización “incitó con pleno conocimiento de causa” al soldado Bradley Manning a sustraer los documentos. El Pentágono inició un proceso marcial contra Manning. Lo acusa de haber filtrado todos los documentos sobre Irak, Afganistán y las relaciones diplomáticas estadunidenses.
Pero perseguir a WikiLeaks no implica perseguir de manera automática a su fundador, quien es australiano y actúa fuera de Estados Unidos.
El gobierno de Australia se dice totalmente dispuesto a colaborar con su par estadunidense, pero tampoco tiene muchas armas judiciales contra Assange, quien opera fuera de su país de origen y no representa hasta ahora amenaza alguna para su seguridad nacional.
El 29 de noviembre, la justicia de ese país creó una comisión para investigar si la filtración de los informes diplomáticos violaba sus leyes.
En su edición del 27 de octubre, el diario suizo Le Temps difundió que presuntamente Assange había sido amenazado por un importante funcionario australiano, quien le habría dicho: “Decidiste jugar fuera de las reglas; entonces, tu caso también será tratado fuera de las reglas”.
Ruptura
Empujado a la clandestinidad, Assange tiene que enfrentar otros problemas. WikiLeaks es objeto de frecuentes y violentos ataques cibernéticos que perturban su funcionamiento.
Por si eso fuera poco, uno de sus más cercanos colaboradores acaba de romper públicamente con él y ahora lo critica con vehemencia:
Daniel Domscheit-Berg encabeza un pequeño grupo de opositores en el que está la diputada islandesa Birgitta Jonsdottir. Inspirada por Assange, ella logró que el parlamento de su país adoptara una ley muy progresista de protección a la libertad de expresión. Jonsdottir advierte en su sitio de internet que no desea hablar de esa ruptura.
En cambio, Domscheit-Berg –alemán de 32 años, periodista de investigación que vive en Berlín y fue vocero de WikiLeaks– es inagotable. Explica que los primeros enfrentamientos con su examigo surgieron a raíz de la publicación de los informes sobre Afganistán.
Según Domscheit-Berg, quien usaba el nombre de Daniel Schmitt para hablar ena nombre de WikiLeaks, Assange descuidó la confidencialidad de las fuentes al no borrar nombres de colaboradores de la milicia estadunidense.
En una larga entrevista con el diario The Australian publicada el pasado 28 de septiembre, Domscheit-Berg denuncia “el culto a la personalidad” y “el autoritarismo” de Assange, quien –sostiene– maneja el sitio de internet como si fuera su juguete.
Recalca: “Pasé tres años en WikiLeaks. Invertí en esa aventura mucho tiempo y mucho dinero. Vi cómo crecía y crecía. Todo fue demasiado rápido”.
Según él, la ruptura con Assange ocurrió a mediados de septiembre, después de las acusaciones por delitos sexuales que la justicia sueca lanzó contra el australiano. Domscheit-Berg asegura que advirtió a su amigo que la situación se tornaba peligrosa y que debía optar por un perfil bajo.
Afirma: “Consideró mi opinión como un ataque y me dio de baja al instante. Me acusó de insumisión y deslealtad (…) El hecho de que Julian pueda despedirme así nada más dice mucho sobre la evolución de WikiLeaks”.
Otro tema de tensión entre ambos fue la lucha casi obsesiva de Assange contra Estados Unidos. A Domscheit-Berg le hubiera gustado filtrar también otro tipo de documentos. Pero Assange no lo permitió.
Junto con una decena de ciberactivistas del Chaos Computer Club, poderosa comunidad alemana de hackers, Domscheit-Berg se apresta a lanzar una nueva página web de filtraciones de documentos secretos que “respetará los ideales que abandonó WikiLeaks y competirá con él”.
Según el periodista alemán, ese nuevo sitio tendrá estatuto jurídico de fundación, su sede se encontrará en Alemania y su consejo de administración será perfectamente identificable.
La ruptura causó revuelo en internet. No faltan quienes acusan a Domscheit-Berg de ser manipulado por el FBI. Pero también empiezan a pulular internautas conspiracionistas que consideran a Assange como un juguete de la CIA. Otros califican como una “traición” a la causa cibernética su colaboración con los grandes medios impresos internacionales y las concesiones que les otorgó.
En la entrevista que sostuvo en Londres el pasado 11 de noviembre con Andy Greenberg, periodista de Forbes, Assange explicó que a lo largo del año en curso dio prioridad a la publicación de materiales militares por considerarlos más impactantes.
Anunció que a principios de 2011 va a filtrar documentos demoledores sobre el sector privado, empezando por un gran banco estadunidense, que no identificó. También advirtió que WikiLeaks cuenta con una enorme cantidad de informes explosivos sobre la clase política y el mundo de los negocios de Rusia.
Enfatizó: “Empezamos a recibir un montón de filtraciones de Rusia justo después de que el FSB (el servicio secreto ruso) aseguró que no nos temía y que era capaz de destruirnos”.
Interrogado sobre su experiencia como hacker a principios de los años noventa en Australia, Assange perdió un poco la paciencia.
“Me exaspera ver que actualmente la prensa me sigue presentando como un pirata cibernético. No me avergüenza haber sido hacker. Por el contrario, me enorgullece. Pero sé perfectamente bien por qué se me sigue definiendo como pirata.
“Ya han pasado casi 20 años. Me desempeñé como editor y en muchas oportunidades como periodista. Pero se busca deliberadamente descalificarnos como editores o como periodistas para quitarnos toda protección legal. Es por eso que dicen que lo que hacemos es pura piratería cibernética. Se busca apartarnos del resto de la prensa y de su protección legal”.
Minimizó su ruptura con Domscheit-Berg y el impacto de la Iniciativa Islandesa de Medios Modernos, proyecto de leyes defendido por Jonsdottir que podría convertir a Islandia en el país que más protege la libertad de expresión.
Explicó: “Las organizaciones con las cuales nos enfrentamos no respetan las leyes. Las agencias de inteligencia mantienen las cosas secretas porque a menudo violan las leyes y los códigos de buena conducta”.
Enfatizó: “Nuestra principal defensa no es la ley, sino la tecnología”.
Al final de la entrevista Assange reconoció que hasta la fecha WikiLeaks ha tenido pocas filtraciones sobre lo que llama “la industria de la inteligencia”.
Recalcó: “Las penas con las que se castiga a quienes filtran información sobre inteligencia son muy severas (…) Para controlar a la gente basta aterrarla. La CIA como institución no teme realmente a uno que otro agente que filtra información. Lo que teme es que la gente sepa que se pueden filtrar cosas sin correr mayores riesgos. Si eso ocurre, la CIA perderá el control”.
Y concluyó: “La estrategia de WikiLeaks es totalmente opuesta a la de las agencias de inteligencia. Una frase resume nuestra posición: el valor es contagioso. Demostrar que unos individuos pueden filtrar datos importantes y seguir viviendo normalmente es un formidable incentivo para mucha gente”.
¿Qué efecto tendrá sobre los eventuales informantes de WikiLeaks la satanización y el acoso judicial contra Assange?
La lucha de David contra Goliat apenas se inició. l
Cuando el planeta muere...
José Sarukhán
“Los signos vitales del planeta están seriamente amenazados, a pesar de diversos convenios multilaterales y decenas de COP’s. La matriz biológica y físico-química de la Tierra se está degradando de manera acelerada”, advierte el doctor José Sarukhán, titular de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). En un texto entregado en exclusiva para Proceso, el exrector de la UNAM analiza los catastróficos efectos del cambio climático en los ecosistemas y aclara: “El problema no es científico. Sabemos suficiente para actuar. Es un problema económico, social y sobre todo ético”.
Hace tres décadas, cuando los conflictos bélicos de occidente con el oriente despegaban con brío dominando las noticias, afirmaba en mis conferencias y textos que en poco tiempo los asuntos ambientales globales dominarían buena parte de las discusiones y las negociaciones internacionales. Es claro que estamos ya en esa situación, a pesar de que los asuntos de tipo bélico y terrorista no hayan desaparecido.
Antes de entrar en materia acerca de las relaciones entre el cambio climático y la diversidad biológica, habría que empezar afirmando que la gran mayoría de la gente, en el nuestro y en casi todos los países, no tiene noción cercana de la dimensión del problema que enfrentamos respecto al calentamiento de la atmósfera y la pérdida de la diversidad biológica contenida en los ecosistemas del planeta, y menos aun acerca de las influencias mutuas entre el cambio climático y los ecosistemas marinos y terrestres.
También hay que afirmar de inicio que la pérdida de los ecosistemas naturales de los que nuestra vida y bienestar dependen es un problema igualmente –o aun más– serio que el cambio climático, a pesar de que el tema de la biodiversidad no goce de la ventaja de Oscares y Premios Nobel.
Igualmente debe quedar claro que resulta imposible encarar felizmente la solución de los problemas relacionados con el cambio climático sin atender los referentes a la pérdida de la diversidad biológica. Con toda la importancia que irá adquiriendo el cambio climático como factor de disrupción de la biodiversidad del planeta, en este momento y todavía por varias décadas en el futuro la principal causa de pérdida de la diversidad biológica contenida en los ecosistemas naturales es el cambio del uso del suelo, es decir la deforestación para transformar los ecosistemas naturales para fines agropecuarios o desarrollos urbanos y/o turísticos.
Desde luego estamos empezando a ver síntomas de la modificación de los climas sobre la diversidad biológica. La severidad y velocidad de los cambios de clima han estimulado a conocer sus efectos en los ecosistemas, en especial sobre los animales y plantas que viven en ellos. Esta es una tarea difícil y compleja, pues apenas conocemos algo sobre las respuestas fisiológicas y de comportamiento de unos cuantos cientos de especies del mundo, en especial vertebrados y algunas plantas de zonas templadas; ese escaso conocimiento limita la predicción del comportamiento del ecosistema entero en el que dichas especies se encuentran. Además, el conocimiento se restringe a la respuesta solamente a los cambios en la temperatura. La reacción a aspectos relacionados con la lluvia y la disponibilidad de agua son aún más limitadas.
Sabemos, por ejemplo, que la floración en muchas plantas del Reino Unido se ha adelantado entre 7 y 10 días. En lo que se refiere a la respuesta de animales, las mayores temperaturas estimulan una mayor velocidad en el proceso de metamorfosis en animales sin la capacidad de regular la temperatura de su cuerpo (v.g. todos los insectos, los reptiles, etcétera). Lo anterior puede significar más generaciones por año en especies de vida corta (insectos) y posiblemente tamaños corporales menores, así como un acortamiento del periodo de “descanso” de muchas poblaciones de insectos (conocida como diapausa) y en la que se encuentran en un estado de latencia como huevecillos en el suelo o en partes de la vegetación.
Los fenómenos reproductivos presentan, en muchas especies animales observadas, adelantos de hasta 2 o 3 semanas en diferentes regiones. Como resultado del análisis de un gran grupo de alrededor de 700 especies animales entre 1950 y 2000, se encontró un patrón de cambio significativo de
Impactos
¿Pero qué efecto hay sobre los ecosistemas?
A escala global se han generado escenarios del impacto del cambio climático sobre la diversidad biológica, con los siguientes patrones generales:
1) Los sistemas más vulnerables serán las islas, los lagos y algunos sistemas fluviales por su aislamiento y relativa baja diversidad biológica.
2) Los ecosistemas de clima mediterráneo serán muy vulnerables porque sufrirán desecación y estrés hídrico.
3) Debido al desarrollo urbano y turístico, las zonas costeras estarán sometidas a intensas modificaciones exacerbadas por los cambios en el clima y la elevación del nivel del mar.
4) Las cimas de montañas en la zona intertropical verán sus ecosistemas profundamente modificados, ya que éstos casi desaparecerán al no tener a dónde ir “más arriba” de la montaña.
Y 5) los principales arrecifes, como el australiano, quedarán reducidos a un 10% hacia mediados del presente siglo.
El impacto de las actividades humanas exacerba de manera especial el efecto de los cambios climáticos sobre especies, poblaciones y comunidades. La destrucción de enormes áreas de ecosistemas terrestres y su fragmentación imponen condiciones de gran desventaja para la capacidad de respuesta de individuos, poblaciones y comunidades enteras ante los cambios de clima.
¿Qué cambios podrán ocurrir en la diversidad biológica de México?
En cuanto a las especies, las afectaciones más negativas ocurrirán en pérdidas importantes de especies endémicas, especialmente de bosques de niebla, bosques de pino/encino, y de especies animales con poca capacidad de movilidad. Los anfibios serán aún más vulnerados de lo que son en el presente por el aumento de temperatura, mayor evaporación y, consecuentemente, desecación de zonas húmedas y/o inundables; también lo serán las especies endémicas de peces en lagunas, y finalmente numerosas especies marinas que viven en los arrecifes.
Problema ético
Pero la biodiversidad también puede afectar seriamente al clima. Los ecosistemas contribuyen positivamente al capturar cerca de la mitad del bióxido de carbono de la atmósfera, pero también son emisores de entre 15% y 20% del total global de gases con efecto de invernadero, cuando son objeto de la deforestación. De aquí la enorme importancia de tener programas que estimulen la no deforestación y el no deterioro de los ecosistemas, en especial de los bosques.
La población mundial vive bajo la ilusión de que lo que podemos llamar la “biología” del planeta es irrelevante para los problemas que afectan a la humanidad. Alrededor de la mitad de la población del planeta depende entre 40% y 80% directamente de los bienes obtenidos de los ecosistemas naturales y todos, sin excepción, dependemos de servicios que los ecosistemas nos proveen, tales como la captura del bióxido de carbono, la captura de agua pluvial y su ciclaje lento que permite tener acuíferos, lagos y ríos para proveernos de agua potable, de los polinizadores, que son responsables al menos de 30% del rendimiento de un gran número de cultivos de los que dependemos, etcétera. No hemos aún aprendido a valorar económicamente todos estos servicios susceptibles en las cuentas nacionales de nuestros países y no los consideramos como un capital de nación.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), junto con algunos países europeos (grupo TEEB), ha calculado que la pérdida anual del capital natural en los ecosistemas del mundo representa entre 2 y 4.5 billones (de los nuestros, es decir millones de millones) de dólares.
Los signos vitales del planeta están seriamente amenazados, a pesar de diversos convenios multilaterales y decenas de COP’s. La matriz biológica y físico-química de la Tierra se está degradando de manera acelerada; los indicadores del estado de salud de los ecosistemas, sus servicios y el estado de nuestra atmósfera están en severo deterioro.
Quizá un ejemplo palpable de lo que la pérdida del tejido natural representa son las condiciones de vida y de bienestar social de Haití, país que ha perdido casi totalmente sus ecosistemas naturales por deforestación. Como Thomas Lovejoy acertadamente indica respecto a ello, “es del todo inaceptable que heredemos un mundo como éste a las futuras generaciones, un mundo plagado de desigualdad social donde los pobres serán los menos protegidos y los que sufrirán más”.
He mencionado antes que nuestra generación es la que históricamente tiene la responsabilidad de responder a los enormes retos que enfrentamos. Tenemos un grado de información sobre las consecuencias de nuestra forma de vida que las generaciones anteriores no poseían; pero las generaciones futuras no tendrán ya el tiempo (que es bien corto: unas pocas décadas) para realizar los cambios necesarios con el mínimo costo que nosotros tendríamos.
La ciencia ha cumplido con su papel de informar y predecir con creciente detalle y certidumbre lo que ocurre y ocurrirá en el planeta con el calentamiento atmosférico, el cual además ha ido más rápido de lo que los modelos disponibles han predicho. El problema no es científico; sabemos suficiente para actuar. Es un problema económico, social y sobre todo ético, que nunca ha sido discutido abiertamente, no al menos en nuestro país. l
El cabildeo de los “negacionistas”
Marco Appel
Las principales empresas estadunidenses y europeas que emiten gases de efecto invernadero han desembolsado millones de dólares para apoyar a candidatos al Congreso de Estados Unidos, quienes ya como legisladores frenan cualquier iniciativa que obligue a su país a reducir las emisiones de contaminantes. Así, ha quedado fuera de la agenda del Capitolio la aprobación de la Ley sobre Energía Limpia y Seguridad, así como la ratificación del Protocolo de Kioto.
BRUSELAS.- Preocupadas ante todo por defender sus intereses comerciales, poderosas empresas trasnacionales de Estados Unidos y Europa financian a legisladores estadunidenses, en especial del Partido Republicano, para que continúen oponiéndose a la aprobación de medidas domésticas e internacionales contra el cambio climático.
La victoria republicana en las elecciones intermedias del 2 de noviembre pasado –que le dio la mayoría en la Cámara de Representantes–, frenerá la posibilidad de que Estados Unidos avance en un acuerdo internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) causantes del calentamiento global.
El Center for American Progress Action Fund, un think tank independiente con sede en Washington, afirma en un análisis que “ninguno de los senadores republicanos electos el 2 de noviembre último apoya las acciones de orden legislativo contra el cambio climático” porque no creen en él o anteponen un supuesto interés económico de la nación.
El organismo señala que el senador Mike Castle era el único republicano consciente de los efectos desastrosos del cambio climático. Sin embargo, no pudo presentarse a la reelección porque perdió la candidatura de su partido en el estado de Delaware frente a su contrincante Christine O’Donnell, quien niega la existencia del calentamiento global.
“Los republicanos no van a dejar que haya cambios en la posición estadunidense”, confirma John Larson a Proceso.
Larson es especialista en las políticas gubernamentales sobre cambio climático y energía en el World Resources Institute, un centro de investigación independiente con sede en Washington que aboga por políticas para la mitigación del calentamiento global.
El analista advierte que incluso Estados Unidos “podría dar un paso atrás en caso de que los republicanos, junto con los demócratas más conservadores, logren posponer o invalidar el derecho de las autoridades de la Agencia de Protección del Medio Ambiente del gobierno federal para regular las emisiones” de GEI en el país.
Esa competencia, precisa, la establece la Ley sobre Energía Limpia y Seguridad aprobada por la Cámara de Representantes el 26 de junio de 2009, pero aún no por el Senado. Resalta que ese será el campo de batalla en materia de cambio climático en Estados Unidos y duda que sea suficiente el liderazgo demócrata para obtener la ley que quiere el presidente Barack Obama.
El 25 de noviembre de 2009 –en vísperas de la Cumbre de Copenhague sobre Cambio Climático– Obama anunció que su país tenía la intención de reducir 17% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para 2020 en relación con los niveles de 2005 (3.5% respecto de los registros de 1990). Con ese objetivo propuso una ley que establece un sistema nacional de fijación de límites máximos e intercambio de derechos de CO2, similar al que ya aplica la Unión Europea (UE).
Esa medida obligaría a las empresas estadunidenses a establecer un tope en la cantidad de emisiones de GEI que producen. Las trasnacionales afectadas se movilizaron para neutralizar propuestas de esta índole.
El Center for Public Integrity (CPI), una organización civil estadunidense, divulgó el año pasado una investigación periodística en la cual demuestra que entre 2003 y 2008 hubo una “explosión” del cabildeo dirigido a influir en las posturas de Washington respecto al cambio climático (Proceso 1727).
En 2003, 105 empresas se interesaban en el lobby climático en el Senado. En 2008, “más de 770 compañías y grupos de interés empleaban a 2 mil 340 cabilderos en ese terreno”, y ese año el costo del cabildeo ascendió a 90 millones de dólares, indica el CPI.
Firmas como la automotriz Ford, la petrolera British Petroleum (BP), el conglomerado de productos químicos 3M o la compañía de electricidad Duke Energy figuraron entre los clientes de la una de las mayores agencias de cabildeo, Alpine Group, fundada por el excongresista republicano Richard White.
La misma investigación destaca a la agencia de lobby Ogilvy Government Relations que es contratada por las principales petroleras y los corporativos de químicos del país, que igualmente forman parte del American Petroleum Institute y del American Chemistry Institute.
La red Koch
Un reporte elaborado por la oficina en Estados Unidos de la organización ecologista Greenpeace ubica al corporativo Koch Industries como “uno de los financiadores esenciales del negacionismo climático y de las corrientes de oposición a las energías renovables”.
Ese conglomerado industrial cuenta con negocios en el sector petrolero y sus ventas anuales alcanzan los 100 mil millones de dólares. Lo integran más de 20 compañías que emplean a 70 mil personas en 60 países, incluido México. Sus propietarios, Charles y David Koch, ocuparon en 2009 el decimonoveno puesto en la lista de los hombres más ricos del mundo que publica la revista Forbes, con fortunas de 14 mil y 16 mil millones de dólares, respectivamente.
El análisis de Greenpeace expone que, entre 2006 y 2009, Koch Industries gastó 37 millones 900 mil dólares en actividades de cabildeo y presión política en las instancias legislativas de Estados Unidos. Durante el mismo periodo ese monto sólo fue superado por las petroleras estadunidenses ExxonMobil (87 millones 800 mil dólares) y Chevron Corporation (50 millones de dólares).
El reporte apunta que el vicepresidente ejecutivo del Departamento de Excelencia de Koch Industries, James Mahoney, es también vicepresidente de la Asociación Nacional de Petroquímica y Refinerías de Estados Unidos, cuyo presupuesto en materia de “cabildeo federal directo” aumentó de 810 mil dólares en
Además, indica que desde 2006 el Comité de Acción Política de Koch Industries mediante el cual ejecutivos y socios de esa empresa pueden depositar directamente sus aportaciones para candidatos, comités y gastos de campaña, ha distribuido fondos por una suma de 5 millones 738 mil dólares.
El informe detalla que “desde el comienzo de ciclo de las elecciones estadunidenses de 2006, el Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) de Koch Industries ha gastado más en contribuciones a candidatos federales que ningún otro PAC del sector del gas y del petróleo”: 3 millones 550 mil dólares.
Los candidatos republicanos absorbieron 86% de tales aportaciones en el periodo electoral de 2006, y 88% en el de 2008.
Entre los beneficiados, según el reporte de Greenpeace, se encuentran los representantes republicanos que han recibido más de 20 mil dólares de donaciones desde 2006 por parte del PAC de Koch Industries: Eric Cantor, Joe Barton, Marsha Blackburn, John Kline y Geoff Davis. También fue favorecido con 25 mil dólares el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Joe Boehner.
En la misma situación se encuentran los siguientes senadores republicanos a quienes la firma estadunidense depositó mayores sumas: James Demint, Lisa Murkowski, Richard Burr, Saxby Chambliss, Tom Coburn, Pat Roberts, John Thune, James Inhofe, David Vitter, John Cornyn y Richard Shelby. Todos ellos ocupan una curul en la actual legislatura y esgrimen posiciones hostiles al combate contra el cambio climático.
Los senadores Roberts, Vitter, Burr, Inhofe, Coburn y Thune recibieron en conjunto durante sus campañas electorales de este año 100 mil dólares en contribuciones del PAC de Koch Industries. Ellos, como la mayoría de los republicanos de la Cámara de Representantes, son partidarios de la campaña “No al impuesto climático” (en alusión al proyecto de ley demócrata sobre energía limpia y seguridad) impulsada por la fundación Americans for Prosperity, un organismo civil financiado con 5 millones 176 mil 500 dólares por Koch.
El análisis de Greenpeace afirma que, entre 1997 y 2008 esta empresa gastó en total 48 millones 500 mil dólares en subvenciones para 39 think tanks, entre otros la Fundación Heritage, el Instituto Cato o el American Entreprise Institute. Todos ellos rechazan la validez de los estudios científicos en los cuales se demuestra que el calentamiento global es causado por las actividades del ser humano, tal como indican los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas.
“Lobby” europeo
Una investigación de la organización no gubernamental Climate Action Network Europe (CAN-E) –publicada el pasado 25 de octubre– reveló que al menos ocho empresas trasnacionales europeas financiaron las campañas electorales de varios candidatos republicanos al Senado.
La compañía alemana de químicos BASF destinó 61 mil 500 dólares; la cementera francesa Lafarge, 34 mil 500 dólares; la petrolera británica BP, 25 mil dólares, y la farmacéutica y fabricante de plásticos belga Solvay, 40 mil dólares.
También la empresa francesa de electricidad y distribución de gas GDF/Suez destinó 21 mil dólares a las campañas; la compañía alemana de electricidad E.ON, 6 mil dólares, y la acerera con sede en Luxemburgo Arcelor-Mittal, 10 mil dólares. La mayor aportación la realizó la firma alemana de medicamentos y químicos Bayer con 108 mil 100 dólares.
A excepción de E.ON, todas estas compañías mantienen operaciones en México.
Ese conjunto de trasnacionales europeas produce entre 5% y 10% de las emisiones de GEI del Esquema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (UE), que limita los niveles de contaminación de 10 mil instalaciones y plantas industriales de esa región.
El reporte de CAN-E expone que “esos ocho grandes emisores europeos de GEI” gastaron en total 306 mil 100 dólares en las votaciones intermedias para el Senado estadunidense. De ese monto, 107 mil 200 dólares lo recibieron candidatos republicanos “negacionistas” del cambio climático, y otros 240 mil 200 dólares aquellos que rechazan aprobar una ley que reduzca los GEI.
Esta suma, consigna el documento, “es mayor al mismo tipo de gasto que efectuó en 2010 Koch Industries, la más notable organización estadunidense negacionista del cambio climático y fundadora del movimiento ultraconservador Tea Party, que desembolsó 217 mil dólares”.
Los candidatos republicanos financiados por Koch Industries son prácticamente los mismos a los que apoyaron las citadas empresas europeas.
Sin embargo, el informe aclara que “también es evidente que las compañías europeas respaldaron a demócratas clave, como Blanche Lincoln, que podrían evitar que una mayoría apruebe metas de reducción de GEI obligatorias y un sistema de fijación de límites máximos e intercambio de derechos de emisiones”.
Las compañías europeas financiaron también de manera estratégica a la representante del Partido Republicano Lisa Murkowski. El documento enfatiza que “ella es el cerebro detrás de la Resolución SJ26, que podría desvanecer la posibilidad de que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos regule las emisiones de GEI”.
“Esa resolución –plantea el reporte– no le permite a la administración del presidente Obama impulsar un sistema de fijación de límites máximos e intercambio de derechos de emisión de CO2 .”
En su análisis, CAN-E señala que las mencionadas compañías europeas trabajan para que la UE no tome más medidas contra el cambio climático. Éstas argumentan que la región no debe comprometerse con una nueva meta de reducción de sus emisiones de CO2 a 30% para 2020, “si antes Estados Unidos no hace un esfuerzo significativo al respecto”.
“Pero esas mismas empresas –indica la ONG– están financiando a actores claves de la arena política estadunidense responsables de ese inmovilismo. Se trata de un sabotaje a escala global en contra de la lucha para reducir el calentamiento planetario, ya que la inacción de Estados Unidos es una de las principales razones del fracaso en Copenhague para acordar un tratado ambicioso” de reducción de GEI.
No obstante, en sus páginas de internet, Lafarge “confirma su compromiso contra el cambio climático”, y BASF reconoce que el anterior “es uno de los mayores desafíos que encara la sociedad”, por lo que “industrias, científicos, políticos y ciudadanos necesitan frenar el incremento de GEI y hacer más eficiente el uso de los recursos disponibles”. l
Cancún, farol de la calle
Rosa Santana
Ecologistas de Quintana Roo critican el discurso del gobierno federal en torno al cambio climático expresado en la cumbre de Cancún. Sin ir más lejos, afirman, el hotel donde tiene lugar la conferencia internacional sobre el tema incumple varias normas ambientales. Y van más lejos: afirman que el propio destino turístico (originalmente concebido como un desarrollo sustentable) se convirtió en un proyecto fallido por la ambición desmedida de la industria hotelera.
CANCÚN, QR.- Concebido hace cuatro décadas como prototipo de desarrollo turístico sustentable, Cancún es un proyecto fallido.
“Este lugar es el ejemplo de todas las violaciones a la legislación ambiental, del desorden, de lo que no se debe hacer, de la destrucción de los ecosistemas, de cómo no se debe crecer en zonas vulnerables (como las costeras)…”, sostiene Alejandra Serrano, coordinadora regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental en Quintana Roo.
“Es una vergüenza lo que la ambición desmedida y la corrupción han hecho de este lugar”, lamenta y dice no entender “el posicionamiento muy verde, muy sustentable, en pro de la conservación del ambiente” que el gobierno mexicano ha manifestado ante la comunidad internacional cuando en lo interno ha incumplido sus obligaciones en ese sentido… y Cancún es la muestra.
“Este espacio, el hotel Moon Palace (sede de la Cop-16) está construido sobre zona de manglar y tiene la autorización de impacto ambiental pero no hizo el cambio de uso de suelo forestal. Desde el espacio que se escogió creo que hay mucho que leer, ni siquiera entre líneas, del mensaje que está mandando el gobierno mexicano. Todo está sostenido por alfileres y da la impresión de que se trata nada más de cortar un listón.”
Menciona que para esta reunión el gobierno pasó por alto la reglamentación en materia ambiental al destruir dunas en la zona de Playa Delfines para ampliar un estacionamiento.
“Y un monumento a las violaciones a la legislación ambiental es el aerogenerador”. Explica que esa torre de energía eólica –que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló casi a última hora para suministrar energía al encuentro internacional– tuvo autorización para instalarse en terrenos cercanos al aeropuerto, lo que finalmente no ocurrió porque era un riesgo para las operaciones aéreas.
“Entonces tramitaron una nueva autorización para colocarlo en otro sitio, pero a 29 días de que empezara la Cop, para la CFE fue más sencillo iniciar las obras sin tener el permiso, porque finalmente todo iba a terminar en una multa que íbamos a acabar pagando nosotros con nuestros impuestos, pero el aerogenerador iba a estar listo para la foto del presidente”, añade.
“Desafortunadamente no le tengo confianza en materia ambiental al presidente”, admite y dice que “no puede ser que tengas muy buenas políticas internacionales pero no nacionales. De nada nos sirve que el gobierno se quiera comprometer de mucho en el exterior y promueva mecanismos muy interesantes de financiamiento verde, si a nivel nacional no lo vamos a ver reflejado con políticas de mitigación, de adaptación, que hagan menos vulnerable a la población.
“De nada nos sirve todo un discurso internacional si no se cumple en nuestro país y menos en un sitio que se supone es el ejemplo que se está siguiendo en materia de turismo, como Cancún”, insiste.
Este centro turístico –donde delegados de 194 países están reunidos actualmente en el marco de la XVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cop-16)– nació a principios de los setenta como el primer centro integralmente planeado, pero su repentino éxito económico alimentó la ambición de inversionistas y políticos que terminaron por desbordarlo.
Hace cuatro décadas este lugar era una isla virgen formada por una duna –con algunos tramos de apenas
El proyecto, que se desarrolló con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, se autorizó en 1969. Infratur, precursor del Fonatur, comenzó la construcción en 1970.
El plan maestro consideraba tres bloques básicos: una zona hotelera con un corredor turístico, una ciudad integral para los residentes permanentes en la zona norte de la reserva territorial y un aeropuerto en el macizo continental, en el sur de la isla.
En 1974 empezaron a funcionar los primeros tres hoteles y se inauguró el aeropuerto internacional, pero no fue sino hasta mediados de los ochenta cuando se detonó el auge de este destino turístico, con un crecimiento anárquico que terminó por sepultar el concepto original de desarrollo sustentable.
Violaciones documentadas
El 28 de julio de 2009 el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Patricio Patrón Laviada emitió una recomendación –asentada en el expediente PFPA/4/8C.17.3/001– al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Elvira Quesada.
En esa recomendación se pide que se cumplan las disposiciones de los programas de Desarrollo Urbano de Cancún y el de Ordenamiento Ecológico del Municipio (de Benito Juárez) y se propicie el cumplimiento de los compromisos del Convenio de Coordinación para la Instrumentación, Aprobación, Expedición, Ejecución, Seguimiento y en su caso Modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico municipal.
La Profepa expone que en inspecciones a 132 hoteles, condominios y villas de la zona hotelera se encontraron 5 mil 862 cuartos además de los 30 mil 990 permitidos, sin incluir los que aún no han sido construidos pero que están autorizados.
Señala que en la laguna Bojórquez se encontraron “signos de eutroficación (acumulación excesiva de nutrientes), materia orgánica, nitrato y fósforo y sustancias cloradas como dieldrín y DDT, así como materiales pesados”.
Destaca asimismo la escasez de agua potable con el fin de satisfacer las necesidades de la zona hotelera, por lo que de junio de
“En general los proyectos de desarrollo de centros turísticos”, señala la Profepa, no tienen estudios “para el abastecimiento de agua potable y tratamiento”; también alude a las descargas clandestinas de aguas residuales al sistema lagunar y a la devastación del mangle y las barreras naturales a lo largo de casi toda la zona hotelera.
“Cancún, como pocos lugares, surgió con una planeación urbana y un límite de densidad, muy avanzada en su momento; pero con las administraciones que siguieron y debido a todo el dinero que se maneja en la industria del turismo se fue perdiendo el esquema”, dice Alejandra Serrano y agrega que el lugar quedó a merced de políticas “cortoplacistas, que permiten acabar con los recursos naturales para hacer dinero rápido sin detenerse a pensar que (…) sin sus bellezas naturales no hay turismo.
“Entiendo que esa es la visión de un inversionista, porque ellos buscan hacer dinero rápido, pero no puede ser la visión de un gobierno que está para marcar las reglas. Sin embargo, hemos tenido administraciones que por muchas razones, tal vez por corrupción, han perdido esa visión de largo plazo porque no tienen un vínculo con el sitio, no han pensado que es más lo que se puede perder y que estamos matando a la gallina de los huevos de oro.”
Cancún tiene diversos problemas ambientales.
“El agua de la laguna tiene una gran contaminación, altos niveles de coliformes. Muchos hoteles tienen descargas clandestinas que se van a la laguna, eso lo tiene detectado la Conagua y no se ha hecho nada. Se han dado fondos, que no se han utilizado, para la recuperación de la laguna”, afirma.
Añade que además “el ecosistema está más que saturado, la erosión de las playas es más que evidente y en adelante será parte obligada de la operación de Cancún recuperar playas; pero no se está haciendo de manera adecuada, no se está pensando qué obras están generando más erosión, no se tiene un plan de recuperación de dunas costeras, todo se está haciendo para el momento”.
Anualmente Cancún genera 4 mil 500 millones de dólares –33% de lo que produce el sector turístico nacional– y el año pasado se gastaron 800 millones de pesos para recuperar
La recuperación, sin embargo, ha generado más dudas que certezas y se encontró con la oposición de grupos ambientalistas: al sacar del lecho marino los 6 millones 131 mil metros cúbicos de arena que se necesitaban, se dañaron diversos ecosistemas, como los del coral y caracol rosado, especie protegida por la Semarnat, que es la instancia que autorizó los trabajos.
Además, para poder sacar la arena se frenó el proyecto de declarar esa zona área natural protegida, como se tenía previsto que lo hiciera Felipe Calderón el año pasado el Día Mundial del Medio Ambiente.
Otro aspecto que Serrano resalta es la sobredensificación hotelera y la basura.
“El Plan de Desarrollo Urbano determina que la zona hotelera tiene una densidad de 30 mil 990 cuartos, pero la Profepa detectó que hay 36 mil. En algún momento se construyeron 6 mil de más, lo que significa más demanda de agua –para lo que no hay ninguna planificación– y más generación de basura.
“Tenemos un relleno sanitario saturado, no tenemos un espacio adecuado para reubicarlo, estamos en una zona de suelo cárstico donde toda la contaminación se va directamente al subsuelo y al manto freático…
“Son muchos los problemas ambientales y no vemos que se esté aprendiendo la lección ni que se esté dando prioridad a esos temas”, indica Serrano.
También la Iglesia
El gobierno municipal y la Iglesia católica en Quintana Roo también han incurrido en violaciones al reglamento ambiental. Hace más de una década ambas tienen un litigio promovido por grupos ambientalistas encabezados por la asociación Ombligo Verde –que preside Tulio Arroyo Marroquín–, por la desaparición de la reserva forestal conocida como Ombligo Verde, una superficie de
Arroyo afirma que la Iglesia, “controlada aquí por los Legionarios de Cristo, construyó arbitrariamente la catedral de Cancún en ese terreno, que de manera irregular les cedió en comodato la exalcaldesa Magaly Achach a cambio de votos para Francisco Labastida en la elección presidencial de 2000. Al cabo de varios años de luchas y movilizaciones ciudadanas acabamos de ganar un litigio, pedimos que derruyeran la catedral, pero no lo han hecho”.
En la misma zona el exalcalde Gregorio Sánchez Martínez –encarcelado por presuntos delitos federales– pretendía construir la Plaza Bicentenario, donde reubicarían el Palacio Municipal. Debido a la resistencia que emprendió Ombligo Verde el proyecto se canceló.
Serrano opina que el gobierno mexicano “antes que estar cacareando fuera” debería “empezar por limpiar la casita para entonces sí poder ser ejemplo y convertirse en un líder verde, porque mientras no haya legislación adecuada y se cumpla, no puede presumir que verdaderamente entiende lo que es el cambio climático ni la mitigación y adaptación.
“Todavía el gobierno está manejando este asunto sólo para el discurso, para la foto, para sacar una declaración y aparentar que no pasa nada; pero la verdad es que sí pasa.”
De la Madrid orquestó el fraude del 88
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano
En Sobre mis pasos, libro de inminente aparición publicado por Aguilar, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano revela “cómo se robó a los mexicanos y al país la elección federal de
La elección
(…) El 6 de julio en compañía de Lázaro y Cuate, de dirigentes del Frente Democrático, de amigos cercanos y rodeados por un apretado enjambre de cámaras y grabadoras de los representantes de todos los medios de información, acudimos Celeste y yo a votar en Polanco, en una casilla ubicada a la vuelta de nuestro departamento.
(…) Pasado el mediodía empezamos a recibir informaciones, de diferentes partes del país, de casillas en las que por la fuerza no se había permitido el acceso a los representantes acreditados del FDN, de su expulsión a punta de pistola en otras. Hubo actitudes violentas de autoridades, de rechazo a las protestas presentadas según los procedimientos de la ley. No esperábamos, con los antecedentes que teníamos, una jornada ni fácil ni tranquila en ese día, pero los reportes de irregularidades, por llamarles de algún modo, sobrepasaban todo lo previsto.
Temprano por la tarde, cuando seguía llegando información de más y más atropellos, por conducto de Porfirio se buscó una reunión con Manuel Clouthier, que se acordó para un par de horas más tarde en el departamento de Luis H. Álvarez, presidente del PAN, en la colonia del Valle. Ahí encontramos al candidato, al dueño de la casa, a Diego Fernández de Cevallos y a Carlos Castillo Peraza. Se convino en redactar un documento que suscribiríamos los candidatos, e invitar a Rosario Ibarra para que también se integrara, a lo que en cuanto se le llamó, accedió.
Se encomendó la redacción del documento a Porfirio y a Carlos Castillo y quedamos que ellos lo llevarían, alrededor de las 9 de la noche, al Hotel Fiesta Americana, frente al Monumento a Colón, para de ahí dirigirnos a Gobernación, donde se encontraba en sesión permanente la Comisión Federal Electoral.
Mientras discutíamos de la protesta en Gobernación, fue cuando el sistema se cayó y se calló, de lo que nos enteramos ya más tarde, razón por la cual en el documento que se redactaba no se hizo alusión a la, a partir de entonces, famosa caída del sistema, a la que me referiré un poco más adelante.
(…) En las afueras de Gobernación encontramos a la gente de los medios informativos, adentro a Manuel Bartlett, que en su calidad de presidente de la Comisión Federal Electoral nos esperaba. Rosario Ibarra, con la representación de todos, ante el pleno de la Comisión reunida, leyó el documento que denominamos Llamado a la legalidad.
(…) Desde que entramos al Salón Juárez se sentía el aire pesado, denso. La situación era sumamente tensa. Durante toda la lectura del documento Manuel Bartlett mantuvo el gesto más adusto que de costumbre. Escuchó y de hecho nada dijo en su respuesta. Salimos y en una terraza de la propia Secretaría, con los representantes de los medios un piso abajo, Rosario Ibarra leyó de nueva cuenta el documento. Cuando terminó, Diego Fernández lanzó el fajo de copias que traía en la mano hacia los reporteros y fotógrafos, en un gesto que a varios nos pareció insolente, nada comedido y poco serio, sobre todo considerando la circunstancia que se estaba viviendo.
La caída del sistema: a confesión de parte, relevo de pruebas
El día de las elecciones, la Comisión Federal Electoral se instaló a partir de las cinco de la tarde en sesión permanente para dar seguimiento a la jornada electoral. Se había tomado el compromiso de que los partidos tendrían acceso, a través de conexiones en paralelo, al sistema de cómputo de la Comisión para conocer al mismo tiempo que ésta, cómo se fuera dando el flujo de los votos. Por la tarde, después del cierre de las casillas, empezaron a llegar los números de los diferentes distritos. Uno de los primeros resultados que llegaron y se hicieron públicos en el seno de la Comisión Electoral fue el correspondiente al distrito con cabecera en Tula, del estado de Hidalgo.
Reunido el pleno de la Comisión, presidido como la ley lo establecía por el secretario de Gobernación, aparecieron en pantalla y se dio lectura, en actitud triunfalista, a las cifras oficiales de la elección en el distrito de Tula, favorables, señalaban, al candidato oficial. Y ahí sucedió lo inesperado para los representantes del gobierno y del partido oficial: el representante del PARM pidió la palabra y dijo que tenía en su poder y exhibió el acta levantada en la junta distrital, firmada por los funcionarios electorales y por los representantes de todos los partidos, incluido el PRI, con cifras distintas a las presentadas como oficiales.
En ese momento se interrumpió la sesión y se interrumpió igualmente la presentación de datos de la elección al pleno de la Comisión, el hacer éstos públicos y que los partidos pudieran tener acceso a la información que llegaba a la Comisión. Fue entonces cuando se cayó y se calló el sistema. La información oficial sobre los resultados electorales se suspendió más de 72 horas y sólo se contó con la que los partidos tenían consignadas en las actas de casilla que sus representantes pudieron colectar. En el caso del Frente Democrático no fueron las correspondientes a todas, pues debido a la incipiente organización no había sido posible designar y contar con representantes en la totalidad de las casillas.
Al darse la controversia entre las cifras oficiales y las que presentó el representante del PARM correspondientes al distrito con cabecera en Tula, de inmediato se informó al presidente Miguel de la Madrid; éste dio la instrucción de suspender el flujo de la información al presidente de la Comisión Federal Electoral, Manuel Bartlett, y de paso a José Newman Valenzuela, director del Registro Nacional de Electores, institución responsable de operar el sistema de cómputo e información electoral. Funcionó con dos contabilidades, la alterada, que se empezó a hacer pública hasta antes de que se callara y se cayera el sistema de información, y la real, que se decidió desde un principio ocultar, a cargo de Óscar de Lassé, quien operaba este sistema paralelo por encomienda del secretario de Gobernación.
Robo
En su libro Cambio de rumbo. Testimonio de una presidencia: 1982-1988, publicado en 2004, Miguel de la Madrid escribe que al descubrírsele la maniobra, él desde luego lo dice con otras palabras: “… se dejó de dar dicha información, pues los funcionarios de los comités distritales se dedicaron de lleno a analizar y computar las casillas que les correspondían, a fin de llegar al resultado oficial.” Esto es, se suspendió la información oficial pero no para analizar y computar, pues sería una ingenuidad creerlo así, sino para manipular las cifras y ponerlas a tono con el fraude, o sea, con el que quería presentarse como resultado oficial.
Aunque no había números oficiales, en los partidos del Frente se estaba recibiendo información de representantes en las casillas y de candidatos y se trataba de reunir el mayor número posible de actas de casilla, para conocer cómo se estaban dando en la realidad las distintas elecciones: la presidencial, las de senadores y de diputados.
Los datos que pudo reunir el Frente Democrático respecto a la elección presidencial fueron llegando como sigue:
El 7 de julio, al día siguiente de la elección, se habían recibido datos de casillas que en conjunto sumaban 2 millones 724 mil 7 votos, 14.2 % del total (que al final ascenderían a 19 millones 143 mil 12), de los que correspondía 26.61 % al PAN, 26.76% al PRI y 40.16% al FDN.
El 9, dos días después, con 6 millones 709 mil 351 votos que representaban 35 % del total, 25.19% eran votos del PAN, 32.69% del PRI y 38.8% del Frente.
El 12 de julio, que fue el último día que se recibió información que todavía se podía considerar confiable, pues eran cada vez mayores y más claras las evidencias de un fraude masivo y generalizado, se contaban 10 millones 355 mil 293 votos, que serían 54.09% del total oficial, de los cuales 21.38 % eran votos a favor del PAN, 35.76% del PRI y 39.4% del FDN. Esos votos correspondían a 30 mil casillas, 54.5 % de todas las instaladas en el país.
Mirando hacia atrás y llevando años de navegar con cifras electorales y de dar seguimiento a elecciones bien conducidas en otros países, tendría que pensarse que con 54 % de los votos y de los sitios de votación se establece una tendencia que no varía mayormente respecto al resultado final. No sucedió así en nuestra elección de 1988 y Miguel de la Madrid confiesa en el libro sobre su presidencia que realizados los cómputos en 30 mil casillas, se dejó “pendiente el desglose de la información de otras 25 mil, de las que sólo se dieron resultados agregados por distrito”. Es decir, lo que De la Madrid confiesa a fin de cuentas en su libro es que no se contaron los votos de 25 mil casillas, 45.5 % del total, o que se contaron pero no se hicieron oficiales y los que se presentaron como tales, nunca casilla por casilla y candidato por candidato, sólo fueron los agregados por distrito, como él les llama.
Esta es, sin duda, la más clara confesión de Miguel de la Madrid de cómo se robó a los mexicanos y al país la elección federal de 1988. Más allá de explicaciones y deslindes hechos o que vayan a hacerse, contó con la complicidad de su secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral Manuel Bartlett, de José Newman Valenzuela, de Óscar de Lassé y de otros más, cuyos nombres y número no conocemos y quizá no lleguemos nunca a conocer, funcionarios mayores y menores vinculados de distintas maneras con aquel proceso electoral.
(…) Para terminar con este tema, vuelvo al libro de Miguel de la Madrid, en el que también se lee que al mismo tiempo que ordenó a su secretario de Gobernación no dar más datos sobre la elección, instruyó al Presidente del PRI, Jorge de la Vega, para que se presentara ante los medios de información y declarara que la elección la había ganado el candidato del PRI, pues necesitábamos “darlo por sentado (el triunfo del PRI) el día 7, ante el peligro de que cundiera la convicción que Cuauhtémoc había ganado en todo el país”. Hasta aquí De la Madrid y como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas.
Mi entrevista con Carlos Salinas
Después de hacerse públicos los resultados oficiales de la elección, Manuel Camacho se acercó a Jorge Martínez Rosillo, que me había estado acompañando en distintos momentos de la campaña y con quien Camacho tenía también amistad. Le planteó la posibilidad de reunirme con Carlos Salinas. Rosillo me lo comentó y después de reflexionar sobre ello, accedí, fijándose como fecha del encuentro el 29 de julio, en la casa de Manuel Aguilera.
Ese día, alrededor de las ocho y media de la noche, pasó a buscarme Jorge Rosillo. Había pedido a Roberto Robles Garnica que me acompañara y los tres nos dirigimos a la casa de Aguilera. Ahí me encontré con Carlos Salinas, acompañado por Manuel Camacho. El dueño de la casa nos recibió, nos invitó a pasar a un salón separado del cuerpo principal de la casa y se retiró con Roberto Robles y Jorge Rosillo, dejándome con Salinas y Manuel Camacho para que conversáramos.
Salinas y yo expusimos nuestras visiones de las campañas que habíamos realizado, yo hice referencia al fraude electoral y a la necesidad de limpiar la elección. A lo largo de la conversación, que debe haberse prolongado por alrededor de hora y media, recurrentemente me preguntaba qué quería, a lo que todas las veces que hizo esa pregunta respondí que lo único que quería era que se limpiara la elección.
Propuse incluso que se tomara una muestra diseñada por quienes manejaran cuestiones estadísticas, que pensaba podía ser de unas mil casillas, que se contaran sus votos y si se detectaban irregularidades respecto a las cifras oficiales correspondientes, se procediera al recuento del resto. Si no se detectaban irregularidades, se aceptaría el resultado que se estaba dando como oficial. No obtuvo ninguna otra respuesta de mi parte y finalmente convinimos en que para diseñar y llevar a cabo el muestreo de las mil casillas o las que se determinaran se reunirían, por parte de él, Manuel Camacho, y en mi representación Antonio Ortiz Salinas y Roberto Robles Garnica. Días después, efectivamente se reunieron, quizá en dos o tres ocasiones, sin llegar a acuerdo o resultado alguno.
Escéptico respecto a lo que pudiera derivarse de aquellas reuniones, pensé que lo menos que podía hacerse era explorar esa posibilidad, para ver si por ahí se abría una rendija por la cual documentar y revertir el fraude. Siempre he considerado útil dialogar aun con quien pudiera considerar el más acérrimo adversario. En el curso del encuentro, ninguno de los dos varió su posición. Salinas lo último que en realidad quería era limpiar la elección y poco o nada le importaba que del fraude surgiera un gobierno carente de legitimidad.
Esperaba muy probablemente que en la plática hubiera de mi parte la petición de senadurías y diputaciones, algún cargo para mí y para otros dirigentes del FDN, concesiones, eventualmente dinero, a cambio de que reconociera un resultado electoral que sólo mediante una absoluta falta de ética, moralidad y responsabilidad podía haber reconocido como válido.
Estimo que la conducta que he seguido con posterioridad a este hecho, muestra que lo tratado en aquella ocasión quedó en lo que he dicho, en nada respecto a la limpieza de la elección y en que se mantuvo una firme confrontación política con el régimen surgido del fraude.
Una conversación sobre el 68 y algo más
En 2004 sostuve una conversación con un amigo militar de alta graduación, hoy en situación de retiro, que me permitió confirmar hechos que yo suponía cómo se habían dado, relacionados con los acontecimientos del 68.
Me dijo mi amigo en esa ocasión que, según lo que él sabía, aquel 2 de octubre el gobierno esperaba que los dirigentes del movimiento estudiantil anunciaran una tregua en sus exigencias y movilizaciones hasta pasados los Juegos Olímpicos. Pero antes de que esto sucediera, tiradores empezaron a disparar desde lo alto de los edificios contra los paracaidistas, que era el único contingente del Ejército que en ese momento se encontraba en el lugar. Cuando miembros de este cuerpo, ya herido su comandante, el general Hernández Toledo, fueron tras los tiradores, se encontraron con que se trataba de personal del Ejército, de judiciales y agentes de Sinaloa (por qué de Sinaloa, comentó, ¿quién sabe?) con un guante blanco, como identificación. Esa gente, me dijo, estaba al mando del Estado Mayor Presidencial, cuyo jefe era el general Luis Gutiérrez Oropeza.
Le comenté algo que para mí reforzaba el hecho de que el responsable militar de aquella agresión hubiera sido Gutiérrez Oropeza: la ocasión en que, pocos días después de desplomarse el avión en el que perdieron la vida el licenciado Carlos Madrazo, su esposa y todos los pasajeros de aquel vuelo comercial que se dirigía a Monterrey –oficialmente se reportó como un accidente– el general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, había visitado a mi padre en la casa de Andes. Le dijo con los ojos rasos de lágrimas (según lo refirió mi padre a mi madre, la que hasta años después me lo contó), entre otras cosas, que la caída del avión en el que viajaba Madrazo se había debido a un acto de sabotaje, preparado y mandado por Gutiérrez Oropeza, quien era dado al uso de la violencia y el presidente se lo permitía.
El militar con el que platiqué me dijo también que en aquella época él era oficial de baja graduación y en esa condición tuvo conocimiento de un hecho que puede relacionarse con el anterior: el licenciado Madrazo tenía como ayudante a un capitán Levy, retirado, que lo acompañaba a todas partes; por razones que desconocía, no había ido con él en el vuelo a Monterrey en el que perdió la vida y que días después del accidente, en un bar de la Zona Rosa en el que estaba bebiendo abundantemente, agentes de la Dirección Federal de Seguridad, en ese tiempo al mando de Fernando Gutiérrez Barrios, lo escucharon lamentarse con altisonantes calificativos para el gobierno. Eso no le pareció a los agentes y por decisión propia lo detuvieron y se lo llevaron a un edificio en las calles de Morelia, en la Colonia Roma, donde lo golpearon con brutalidad.
Alguien informó a familiares de Levy que gente con apariencia de policías se habían llevado al capitán, lo que hicieron saber al secretario de la Defensa, García Barragán, con el que llevaban amistad. Éste de inmediato mandó detener a los agentes que por la fuerza y sin facultad alguna habían detenido a Levy. García Barragán llamó en ese momento a Gutiérrez Barrios, al que habló golpeado y muy molesto, ordenándole se presentara con él y diciéndole además le llevara inmediatamente a Levy, agregando que a sus agentes se los devolvería en las mismas condiciones en que él recibiera a Levy. Gutiérrez Barrios llegó muy serio, nervioso, con Levy fuertemente golpeado y en esas mismas condiciones le fueron devueltos poco después sus agentes de la Federal de Seguridad. Levy fue entonces reincorporado al Ejército, dejando su condición de retirado, y el secretario le dio instrucciones de irse a Cuautla, donde le ordenó permanecer. Mi amigo militar no me dijo qué fue posteriormente de Levy.
Cooperación Internacional, la iniciativa que sí va
Judith Amador Tello
Como una comedia que no termina, pese a que inició hace más de tres años, los investigadores Eduardo Cruz y Rafael Campos ven el proyecto de Ley General Cooperación Internacional para el Desarrollo, propuesto por la senadora Rosario Green y respaldado por el diputado Porfirio Muñoz Ledo.
La iniciativa fue presentada el 8 de marzo de 2007; se aprobó en el pleno del Senado en diciembre del mismo año; en la Cámara de Diputados en abril de 2010; volvió al Senado el mismo mes de abril; se envió al Ejecutivo el 7 de mayo para su publicación en el Diario Oficial; fue devuelta por éste con observaciones el 1 de septiembre; y está de nuevo en la Cámara baja.
Pero podría concluir su largo peregrinar y ser aprobada en los días que restan al actual periodo de sesiones, pues según publicó el diario Reforma, el Congreso apresurará trece iniciativas antes de cerrar el año, incluida ésta.
En entrevista con Proceso, Eduardo Cruz, asesor de la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, y Rafael Campos, investigador del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, lamentan que el trabajo en torno a esta ley, mediante la cual se creará la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), haya llevado tanto tiempo y al final sea resultado de la “obstinación de Rosario Green y no de un proceso orgánico sistémico en el cual se haya discutido a fondo la perspectiva que debe tener México sobre la cooperación internacional”.
Las correcciones hechas por Felipe Calderón –explican– tampoco hacen ese análisis conceptual sobre la cooperación o los temas nodales de la política exterior, sólo aluden al artículo 89 constitucional, referido a las facultades del Ejecutivo en esa materia.
Cruz refiere que por décadas México mantuvo una “importante tradición” en los temas de cooperación internacional y diplomacia cultural, por lo menos hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pero comenzó a desvanecerse en el mandato de Ernesto Zedillo, y con la llegada de Vicente Fox a la presidencia y el arribo de Ernesto Derbez a la Cancillería se desarticularon los conceptos de política exterior y diplomacia pública, con lo cual México comenzó a dejar de tener presencia en los grandes foros de la cooperación internacional.
Aunado a ello, las crisis económicas han obligado a replantear los conceptos de cooperación internacional para el desarrollo, y a decir del exdiplomático esta iniciativa de ley parece no entender que México requiere entonces de un nuevo modelo de entendimiento de la diplomacia y de la política exterior.
En su opinión, pese al “manoseo” del proyecto en las cámaras y en Los Pinos, sigue estando muy acotado tanto desde el punto de vista conceptual como operativo. Para él, debió aprobarse la agencia como un órgano descentralizado, pero se le deja como órgano desconcentrado, y pese a todas sus inconsistencias la iniciativa y su agencia están a punto de ser aprobadas.
Además de la Amexcid, la ley contempla la creación de un programa de cooperación. Una vez aprobada habría un plazo de 120 días para esta tarea, pero para Cruz es una contradicción pedir un programa cuando ya existe un Plan Nacional de Desarrollo. Otro problema es el establecimiento de una base de datos sobre los actores sujetos de la ley, pero solamente del ámbito público. Así, ponen como ejemplo: si Carlos Slim, a través de sus fundaciones, o la Fundación Gates realizan acciones de cooperación en México, no habrá registro de ello:
“Parece que tanto la ley como la agencia se convertirán en el fiel de la balanza para efectos de la cooperación en cualquier ámbito del Ejecutivo. Entonces tendría que ver desde la lucha antinarco hasta un sistema de becas, porque pretende ser concentradora de toda la cooperación que realice el sector público, y esto resulta sumamente complicado para la visión de Estado como para la visión de gobierno. De ahí que en el consejo consultivo estén representadas prácticamente todas las dependencias, todas las secretarías de Estado, Marina, Defensa, Gobernación. No estamos muy ciertos de que esta revoltura de agendas de cooperación vaya a ser operativa para la ejecución de una política de cooperación.”
Entonces detalla Cruz que en otros países las agencias de cooperación internacional centran sus agendas fundamentalmente en la diplomacia cultural, la economía, la ciencia, y la tecnología, “los ámbitos pues de desarrollo”, pero no en temas de política interior, agricultura, marina, entre otros:
“No se entiende cómo es posible que en el Consejo Consultivo (de la agencia) vayan a meter a un representante de cada secretaría de Estado, qué calidad van a tener para poder opinar sobre todos los elementos que competen a la cooperación, hay una cierta sensación de anarquía.”
Otro tema polémico es la creación de un Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo que, dice Cruz, podría tener la figura de un fideicomiso, y se integrará, según la ley, “con las asignaciones presupuestales federales para Programas de Cooperación Internacional, en el marco del Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo...”, con asignaciones presupuestales aprobadas por la Cámara de Diputados, donativos y aportaciones de los gobiernos estatales y municipales.
Para Cruz significa que el Consejo Consultivo de la agencia decidirá y asignará en qué se van a gastar los recursos.
–¿Recursos que lo mismo pueden ser para la lucha antinarco que para una exposición de Siqueiros en el extranjero?
–Pasarían por aquí, por este fondo y por este Consejo Consultivo. El problema es que la forma conceptual en la que está concebida la ley genera muchísima confusión sobre cuál es el papel real que va a ejercer la ley y la agencia dentro del esquema de cooperación… La cooperación es un instrumento de la política exterior.
A juicio de los entrevistados, la propuesta de Green parece más obstinada en contar con una agencia para estar a la altura de los mejores países del mundo, que en el propósito central de plantear qué se quiere hacer en cuanto a cooperación para el desarrollo, y el resultado puede ser que se expida una ley sin la suficiente fortaleza para realmente cumplir con un mecanismo de la política exterior.
El proyecto, señalan, no indica el papel que tendría la agencia en los organismos internacionales, tanto los que dependen de la Cancillería como los que no. Tampoco especifica cuál es la línea de diplomacia cultural, ni menciona el sentido y razón de ser de los centros e institutos de cultura de México en el exterior.
A los “peros” añaden que el artículo 35 de la ley hable de destinar los recursos del Fondo de Cooperación a la capacitación de personal, la donación de equipos y materiales, y a la movilización de personas a países terceros –por citar algunas acciones–, lo cual es calificado por ellos como una “visión vieja de la cooperación”. Cuestiona Cruz:
“¿Cómo puedes restringir desde la ley que el fondo se destine sólo a eso? No se podría destinar entonces para publicaciones, para investigaciones. Así como se lee, va a contrapelo de las propias funciones culturales, no se podría gastar en exposiciones, en envío de grupos, en coinversiones, coproducciones fílmicas, qué se yo. El problema es que la ley está tan hecha a la obstinación y al vapor.”
Ni siquiera, añaden, se establecen las características y funciones de quienes dirigirán la agencia. Hacen entonces una invitación a que el Ejecutivo devuelva nuevamente la iniciativa de ley que aprueben los diputados, para fortalecer su andamiaje legal y conceptual.
Se debe tener muy claro, redondea Cruz, que la cooperación es ante todo un recurso. Apoyan la idea de una agencia pero sabiendo con qué recursos va a cooperar México, si técnicos, materiales, humanos, financieros, para poder incidir en los ámbitos donde México pueda tener un liderazgo, y a la vez recibir una cooperación para el desarrollo:
“La cooperación es cada vez más transversal ciertamente, pero es cooperación para el desarrollo, no tiene que ver con los asuntos de seguridad nacional, ni de comercialización de energéticos, no tiene que ver con otros temas que se dirimen y son competencia de otras secretarías de Estado y de otra forma de entender la asistencia y la cooperación, por ejemplo, en materia de equipamiento, de armamento y de formación de espías para el narcotráfico.
“El problema es que la agencia como está planteada con ese Consejo Consultivo, parecería que todo se tiene que imbricar de esa manera, que lo mismo se va a dirimir sobre la asistencia de los gringos en el plan Mérida que sobre el programa de becas con Japón, y ahí es donde nosotros decimos ¡no!, la política exterior tiene como nodo lo que conocemos como la diplomacia pública y con ella la diplomacia cultural.” l
A la PGR
Beatriz Pereyra
La defraudación fiscal cometida contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por el América, propiedad de Televisa, llega a los tribunales. Esta semana, los abogados del futbolista paraguayo Salvador Cabañas presentarán ante la PGR la denuncia penal correspondiente. De acuerdo con los abogados del jugador, la irregularidad cometida por el equipo de Emilio Azcárraga Jean podría implicar hasta prisión.
Esta semana los abogados del futbolista Salvador Cabañas presentarán una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el club América por el presunto delito de defraudación fiscal equiparada por no haber afiliado al jugador al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Y aun cuando la querella debió presentarse en días anteriores, los representantes legales del paraguayo la pospusieron porque, a nombre de Juan Francisco Urquizo Gómez, director jurídico laboral de Grupo Televisa, otro litigante, Gonzalo Zubillaga, solicitó una reunión para hacer una oferta económica que diera por terminado el conflicto entre el equipo y el jugador, quien demanda el pago de su salario y otras prestaciones que no ha recibido a partir de mayo pasado.
El 26 de noviembre, horas antes de que se realizara ese encuentro en la ciudad de Madrid, el abogado paraguayo Gerardo Acosta Pérez recibió un correo electrónico en el que se le avisó que Urquizo no se presentaría porque al club América ya no le interesaba alcanzar un acuerdo.
“No tenían ninguna intención de negociar. (Esa petición) fue para ganar un poco de tiempo porque nosotros teníamos pensado presentar la denuncia en la PGR por el presunto delito de defraudación fiscal equiparada por la falta de inscripción al Seguro Social de Salvador Cabañas. Una de las condiciones para poder negociar fue que no se presentara esa denuncia antes de vernos el viernes 26, pero esperamos y no hubo ninguna oferta”, cuenta Acosta Pérez vía telefónica desde Paraguay.
El abogado aclara que nunca estableció comunicación directamente con Urquizo, sino que el acuerdo lo hizo con Gonzalo Zubillaga, a quien identifica como asesor externo de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut). No obstante, la reunión se pactó a través de correos electrónicos que el paraguayo intercambió con Zubillaga. Acosta refiere que todos tenían copia de la dirección electrónica del abogado de Televisa:
“Gonzalo Zubillaga se ofreció para mediar con el club América y (los representantes legales de Cabañas). Él me informó que Urquizo le autorizó a realizar una negociación y que iban a hacer una oferta para llegar a un acuerdo. No puedo decir que Urquizo me mandó un correo, me los mandó Zubillaga, pero estaban copiados al correo de Urquizo y no recibí una negativa de Urquizo o un correo que dijera que lo que decía Zubillaga no era cierto. Él estuvo enterado de todo lo que me decía Zubillaga y yo le contestaba y no intervino para decir que no era cierto.”
La denuncia que presentarán los representantes legales del jugador guaraní ante la PGR se hará con base en el artículo 307 de la Ley del Seguro Social que establece que “cometen el delito de defraudación a los regímenes del Seguro Social los patrones o sus representantes y demás sujetos obligados que, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omitan total o parcialmente el pago de las cuotas obrero patronales u obtengan un beneficio indebido con perjuicio al instituto o a los trabajadores. La omisión total o parcial del pago por concepto de cuotas obrero patronales a que se refiere el párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos por cuotas obrero patronales o definitivos por las cuotas obrero patronales o los capitales constitutivos en los términos de las disposiciones aplicables”.
Acosta señala que pretenden desenmascarar al club América, empresa que se jacta de cumplir con todas sus obligaciones: “Ya que el club dice que cumple con todas sus obligaciones, que es un club muy serio, vamos a demostrar que no es un club serio y que tienen que ser responsables. Hay una responsabilidad penal, multas, e incluso hasta prisión para quien haya omitido cumplir con el registro al Seguro Social”.
–¿Usted imagina al IMSS cobrándole al club, obligándolo a que pague multas y a cumplir con lo que marca la ley si consideramos el poder fáctico que representa Televisa?
–Si el gobierno mexicano es serio deberá hacerlo porque es un derecho no sólo de Salvador Cabañas, sino de todos (los futbolistas), porque ni un solo jugador del América está inscrito (en el IMSS). Confiamos en que el gobierno mexicano tiene la suficiente seriedad y fuerza como para hacer respetar sus propias leyes y exigirle a Televisa o a quien sea que cumpla con sus obligaciones. A Salvador lo están investigando, le están haciendo unos controles fiscales por sus ingresos, ¿por qué no hacen lo mismo con Televisa?
Las instancias internacionales
Además de la demanda contra el América, Salvador Cabañas, quien en enero pasado recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba en el Bar Bar, el futbolista solicitará en Lausana, Suiza, al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) que resuelva la controversia en la que exige al club el pago de alrededor de un millón 400 mil dólares por sueldos y bonos deportivos, en virtud de que el pasado 29 de noviembre la Comisión de Conciliación y Controversias de la Femexfut falló a favor del equipo.
En el TAS, instancia en la que será representado por el abogado español Juan de Dios Crespo, también se solicitará que el América indemnice a Cabañas por no haberlo inscrito en el Seguro Social. De acuerdo con Acosta, en un plazo de entre seis y ocho meses el máximo tribunal de justicia deportiva deberá dar su fallo.
“En el TAS vamos a pelear una indemnización por su no inscripción al Seguro Social; pedimos sea el equivalente a lo que hubiera recibido por una incapacidad permanente, es decir, 70% de 25 salarios mínimos mensuales multiplicado por 44 años. Es el monto que pedimos en la Federación y no se pronunciaron al respecto.
“Nuestro alegato fue que si hubiera estado inscrito en el Seguro Social (Cabañas), hubiera tenido derecho a una pensión, aun cuando se accidentara fuera del trabajo, porque el Seguro Social funciona así en México, en Paraguay y en cualquier parte del mundo. Hoy, Salvador no puede aspirar ni a eso por la omisión del club América. Entonces, el América lo tiene que indemnizar porque lo privó de ese beneficio”, puntualiza el abogado.
–Directivos del América, y en general la opinión pública, han calificado a Cabañas como un ingrato que recibió su salario durante tres meses, a pesar de que ya no juega y el club no está obligado a pagarle; además de que el club se hizo cargo de los gastos de su atención médica. ¿Está de acuerdo con esta apreciación?
–Salvador Cabañas no le hubiera reclamado nada a ellos si hubiera estado inscrito en el Seguro Social, porque todos los beneficios los hubiera recibido allí. Así de sencillo.
“Si la ley obliga al empleador a inscribir al trabajador en el Seguro Social, los clubes mexicanos deben hacer eso. (Si no lo hacen), es un incumplimiento grave y cualquier jugador puede pedir una indemnización o reclamarle eso a los clubes. Es grave que teniendo la obligación legal no lo haya inscrito porque uno lee los argumentos del club América y se ampara en las leyes (en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo) para decir que no tiene obligación de pagarle al jugador su salario, pero el club América también incumplió las leyes al no inscribirlo.
–¿El América usa la ley a conveniencia?
–Efectivamente. Ven algunos artículos de la ley y se olvidan de otros. Es muy simpático cómo invocan la Ley Federal del Trabajo y la del Seguro Social por el tema de la incapacidad (de Cabañas para desempeñar su profesión), pero se olvidan de que ellos tenían la obligación de inscribirlo.
“Y es muy sencillo (entender) por qué no lo hicieron: los contratos se pactan en salarios netos; es decir, el club se hace cargo de todos los impuestos, que es 40% aproximadamente (de lo que cobra el jugador), y si además tiene que inscribirlo en el Seguro Social, se eleva 30% más; prácticamente doblan el costo del jugador en cuanto a salario. (En los clubes) piensan que el jugador nunca se va a accidentar o que nunca le va a pasar nada.”
Otra batalla que tendrán que librar los abogados de Salvador Cabañas es la del ámbito fiscal, en virtud de que la Secretaría de Hacienda le está reclamando el pago de 2 millones 600 mil pesos.
El abogado Rogelio Ruiz Irigoyen explica que acaban de tomar ese caso en virtud de que el pasado 30 de noviembre Luis Alejandro Bustos, el abogado que el club América le asignó a Cabañas para atender sus asuntos fiscales, anunció que ya no lo representaría porque existe “conflicto de intereses”.
Ruiz Irigoyen narra que el jueves 2 se presentó en la PGR, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, pero que no pudo tener acceso al expediente porque se encontraba guardado bajo llave.
“Nadie nos pudo atender. Nos dijeron que no había ni un ministerio público ni tampoco estaba el titular porque se fueron de operativo y que el expediente estaba cerrado con llave porque el asunto está señalado como relevante; es decir, es un asunto de gran monta que conlleva perjuicio social. Queda claro que alguien lo señaló o que hay interés detrás”, refiere Ruiz Irigoyen.
El abogado dice que es necesario acreditar ante las instancias fiscales mexicanas que Salvador Cabañas recibía en una cuenta bancaria el salario que devengaba en el América, de la cual hizo varios retiros que luego depositó en otra cuenta para mandar dinero a su país y para la manutención de su familia.
“Por petición del América, Luis Alejandro Bustos representó a Cabañas desde 2009, es decir, América estuvo manejando ese asunto. Después de un año y sin notificarle autorización alguna, América se deslindó y solicitó a la PGR que designe un defensor de oficio. ¿Por qué esto (los problemas de Cabañas con el fisco) no salió a la luz antes y casualmente se da a conocer cuando Cabañas mantiene una controversia con el club?”, cuestiona el litigante. l
Historia de una extorsión
Beatriz Pereyra
El 12 de agosto de 2008, cuando el jugador del América Carlos Sánchez sufrió un infarto cerebral, la representante de futbolistas Thelma Herrera se presentó en el hospital Médica Sur. Llevaba consigo un cristo y otras imágenes religiosas que entregó a los familiares. Les dijo que había hecho una promesa a la virgen: si Carlos sobrevivía, ella prestaría gratuitamente sus servicios de abogada.
Los padres de Carlos, Benjamín y Yolanda, no la conocían. Sólo habían leído sobre ella en los periódicos y les sorprendió que supiera del desafortunado suceso que hasta ese momento no había trascendido a la prensa. En medio del dolor, con su hijo en terapia intensiva, aceptaron la ayuda.
A partir de ese momento se convirtió en su representante legal; prometió que le conseguiría una jugosa pensión vitalicia, así como atención médica proporcionada por doctores militares y su afiliación al Seguro Social. Aseguró que cumpliría estos ofrecimientos con la ayuda de funcionarios del gobierno federal que son sus amigos, entre ellos, presume, “el piloto del avión presidencial”.
Durante el tiempo en se desempeñó como abogada del jugador, Herrera pidió a la familia de éste distintas cantidades que suman casi un millón 500 mil pesos. Aseguró que resurtiría el dinero entre empleados de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), uno de ellos Juan Francisco Rocha Bandala, de la Comisión de Controversias; un grupo de abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam.
Mientras esperaba la atención de los médicos militares, que nunca llegó, en octubre pasado Carlos sufrió una trombosis. No está afiliado al IMSS y el contrato que lo liga al América (firmado con la empresa Televisa Talento S.A. de C.V.) está a punto de expirar sin que el club haya manifestado su intención de cumplir con sus obligaciones patronales. La familia del jugador perdió parte de su patrimonio y adeuda, con sus respectivos intereses, todo el dinero que le entregaron a Herrera.
Los abogados Guillermo González Bravo, Rogelio Ruiz Irigoyen y Sara Cabrera, ya revisan cuál será la estrategia jurídica que implementarán “para reclamarle a esta señora todo lo que les fue sacando” al jugador y a su familia.
Coinciden en que, de entrada, podrían configurarse los delitos de fraude, extorsión, usurpación de profesión y daño moral. Además, daños y perjuicios, así como otros más por haber persuadido al jugador para que no recibiera atención médica, lo cual provocó la trombosis.
“El delito de fraude lo tipifica la ley como aquel que aprovechando la necesidad y el desconocimiento, mantiene a una persona en el error para lucrar. Si ella le hizo creer a él que le iba a solucionar el problema, que le iba a dar una pensión vitalicia, millones de dólares y atención médica aprovechándose de su condición física y mental, eso es fraude”, explica Ruiz Irigoyen.
Engaños
Entre los documentos de que disponen los abogados para comprobar el dinero que la familia Sánchez Romero le entregó a Herrera se encuentran fichas de depósitos realizados a su cuenta de Banamex por 300 mil y 200 mil pesos; tres pagarés que suman 500 mil pesos; comprobantes de transferencias bancarias electrónicas; copia de un cheque por 300 mil pesos, y la factura de tres boletos de avión de Aeroméxico con destino a Morelia.
Los tres pasajeros que volaron a esa ciudad fueron Herrera, su hermano José Agustín y Pablo Chapa Bezanilla, exfiscal de la Procuraduría General de la República (PGR), quien para investigar el asesinato del priista Francisco Ruiz Massieu contrató los servicios de la “vidente” Francisca Zetina, La Paca.
“Herrera le dijo a la familia que necesitaban ir a Morelia para ver a un teniente coronel. Nunca mencionó el nombre del supuesto militar que es doctor. Entre el costo de los boletos y los viáticos para un fin de semana gastó más de 20 mil pesos. Ella refiere que litiga con el licenciado Chapa Bezanilla y dice que es su socio. También hay un documento que indica que cobró 5 mil pesos para certificar ‘la demanda’. No sabemos de qué demanda se trata y, para empezar, las demandas no se certifican. Puedes pedir una copia certificada a un órgano jurisdiccional, pero cuesta ocho pesos la hoja. Cinco mil es lo mínimo que les pidió porque fueron cantidades desde 20 mil, 30 mil, 50 mil y hasta 300 mil”, refiere Ruiz Irigoyen.
Los primeros 300 mil pesos que Herrera pidió a la familia Sánchez se destinarían, detalló Herrera, a “su jefe” Juan Francisco Rocha Bandala, presidente de la Comisión de Conciliación y Controversias de la Femexfut, y al personal que opera las cámaras del circuito cerrado instalado en las oficinas de ese organismo.
Dijo que sobornaría a empleados de la Femexfut para que “apagaran” durante unos minutos las cámaras a fin de extraer los contratos y expedientes médicos de Carlos. Aseguró que con estos documentos presentaría una denuncia contra el club América en “la procuraduría”.
“El pasado 25 de mayo se le entregaron a Herrera 50 mil pesos para el pago de los supuestos militares ‘para elaboración y seguimiento de la demanda’. La familia los mandó en un sobre cerrado que recibió el hermano de la señora en las puertas del Toks de La Viga. También le entregó un historial clínico. Con el paso del tiempo, también les informó que por defender a Carlos, ella perdió su trabajo en la Federación Mexicana de Futbol”, señala el abogado.
Otras cantidades supuestamente fueron a parar al bolsillo del teniente coronel Alfonso Gallardo, a quien la familia Sánchez nunca conoció. Sin embargo, el 28 de octubre pasado le envió a Carlos un correo electrónico en el cual le asegura que un grupo de abogados militares estaban llevando su caso y que pronto recibiría buenas noticias. Cuando habló vía telefónica con el futbolista el militar le comentó que no era necesario que se conocieran pues su trabajo “se basa en resultados, no en la presencia física”.
En el Portal de Obligaciones de Transparencia que administra el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) con los datos que las dependencias gubernamentales proporcionan sólo aparece una persona con ese nombre: “Gral. Bgda. Intdte. D.E.M. Rosendo Alfonso Gallardo Olsen”, quien es director general de Fábricas de Vestuario y Equipo.
La información proporcionada a esta reportera en el área de administración de Justicia Militar es que “no existe ninguna persona con ese nombre que trabaje aquí”.
“El delito de extorsión se da porque Herrera le estuvo pidiendo a Carlos y a su papá fuertes cantidades de dinero para diversos trámites. Ella menciona que ese dinero es para el director del IMSS, para el piloto del señor presidente, para certificaciones médicas o notariales, para pagar favores dentro de la Federación Mexicana argumentando que su padrino es el licenciado Rocha Bandala y que él le da toda la documentación, pero que hay que pagarla”, explica Ruiz Irigoyen.
Como el América no afilia a sus jugadores al IMSS, Thelma Herrera la dijo a Carlos Sánchez que necesitaba gozar de ese beneficio. Para garantizar la realización del trámite, le solicitó 500 mil pesos que le entregaría a Daniel Karam.
“Ya no contesta el teléfono”
Por consejo de Thelma Herrera, durante casi un año Carlos Sánchez dejó de recibir atención médica. Le explicó que si se presentaba a una revisión los doctores le darían su “alta médica” y que el América estaba buscando eso para ya no tener que pagarle porque ya estaría “totalmente recuperado”.
“Una parte oscura de este tema es que le prohibía ir al médico, con el argumento de que le iba a echar abajo su estrategia legal. Nosotros sentimos que de alguna forma ella estaba impulsada por lo ánimos del club América y por su relación en la federación y lo que buscaban era que terminara el contrato laboral, que prescribiera el tiempo para ejecutar cualquier tipo de acción legal y eso era el fondo, que perdiera cualquier oportunidad de reclamo.
“Le ofreció a Carlos que le hicieran estudios los médicos militares porque ella se jacta de tener mucha relación con la milicia y habla de sus relaciones con los pilotos del presidente. Con todo eso envolvió a Carlos. Esta señora le quitó su expediente médico, sus contratos de trabajo que los hemos estado pidiendo a la federación desde el 8 de noviembre, y no los han entregado. Tiene toda su documentación y no la quiere regresar”, apunta el litigante.
–¿La familia le solicitó que entregara los documentos?
–Sí, pero se negó. Ahora ya ni les contesta el teléfono. Sus altas relaciones que alguna vez usó para supuestamente ayudarlos ahora las utiliza para intimidarlos.
–¿Los intimida para que no ejecuten acciones legales? ¿Podría explicar qué palabras usa para amedrentarlos y si incluso hay amenazas de muerte?
–Sí, ya los amenazó de muerte. Nos refiere la señora que un día le comentó que por sus altas relaciones con la milicia deben entender que los militares matan porque ese es su trabajo. Cuando le reclamó su dinero le dijo que ya no se lo podía dar porque ya lo había repartido y es gente (los militares) a la que no se le puede estar molestando.
–¿La familia tiene miedo porque considera que Thelma Herrera sí tiene los medios para dañarlos?
–Miedo no, tienen pavor. Los ha intimidado. Eso es parte del daño moral. Ha sido tanta la presión por parte de ella que psicológicamente ya afectó a toda la familia.
“A causa de todas las promesas que nunca cumplió la señora, dejó prácticamente a Carlos sin nada. Su reserva, su fondo económico que pudo haber tenido, la señora lo usó malamente para cosas que no cumplió. Afectó la salud de Carlos porque entre sus promesas estuvo la atención médica. Los daños y perjuicios se configuran porque la familia está endeuda”, comenta la abogada Sara Cabrera.
–¿Thelma Herrera presionó a la familia para que les diera el dinero?
–Tuvieron que conseguir el dinero, pedir préstamos que están pagando. La señora perdió el negocio de legumbres y fruta que tenía por darle lo que pidió –señala Ruiz Irigoyen.
–¿Ella no cobró ningún sueldo, pero se embolsó 1.5 millones de pesos?
–Sí, y libres de impuestos. Me gustaría ver que hace Hacienda. Al menos que le den una revisadita a su cuenta bancaria.
De acuerdo con los abogados, la usurpación de profesión es el delito más leve de los que presumiblemente cometió Thelma Herrera. Comentan que nunca ha exhibido su cédula y se ostenta como abogada. “Tenemos información de la Dirección General de Profesiones y no hay ningún antecedente de ella”.
Entrevistada por el reportero Héctor Huerta en abril de 2003, Herrera aseguró que sí es abogada y que la persona que dio a conocer lo contrario, Francisco Bernat, exdueño del equipo Puebla, lo hizo porque ella defendió al entrenador Tomás Boy, y a los jugadores Sergio El Ratón Zárate y a Pablo Hernández Roetti, quienes en aquel tiempo reclamaron a la directiva el pago de su salario.
“Soy abogada. Mi papá no nació en México y estudié en colegios británicos. Cuando Televisa me preguntó sobre lo dicho por Bernat, contesté que él me buscó en escuelas federales y ahí no me iba a encontrar nunca. Explica que se graduó, ‘y lo voy a demostrar en una rueda de prensa’, en la Universidad de Cambridge, pero que por ahora prefiere hacerse representar por un grupo de cuatro abogados militares ‘que dan la cara por mí’”. Además, refirió que los abogados Adolfo y Alonso Aguilar Zinser, los Garza Sada y los Ruiz de Chávez fueron compañeros suyos en el Westminster School de Londres. (Proceso 1381).
Entre los jugadores que ha representado se cuentan Emilio Mora, Omar Rodríguez, Julio César Pinheiro, Gandhi Vega y Martín Boasso. “Thelma llama a los jugadores ‘mis niños’ y los integra en su núcleo familiar ‘como hijos’. Sin embargo, tiempo después, Mora denunció que Herrera se había quedado con un cheque por 260 mil pesos que expidió para el exjugador el club Cruz Azul.
En aquella entrevista Herrera dijo: “Si en el futbol se paga mucho no es culpa del futbolista, sino del directivo, porque nadie les dice que les paguen esas millonadas, nadie los obliga. Y después se les hace fácil correrlos. Pues no. La cosa es muy sencilla: los contratos deben respetarse, aquí y en China”.
Y lamentó que “algunos equipos utilizan procedimientos sucios para defenderse cuando les reclaman algo”.
También confesó que a muy pocos de sus clientes les ha cobrado y que cuando lo hace “nunca fijo un monto de lo que deben pagarme. Les digo: ‘Mira, dame lo que tú quieras’. Y todos juzgan que estoy mal. Yo no quiero problemas. No quiero que los jugadores hablen mal de mí, que digan ‘esta vieja es una ratera’, como se estila en el futbol mexicano”. l
Despertar para seguir soñando
Juan Villoro
Dos visiones del mundo han cristalizado en la liga española. Como personajes de cómic, los máximos rivales se distinguen por sus talismanes: el F. C. Barcelona lleva en el pecho las siglas de la UNICEF y el Real Madrid un anuncio de una casa de apuestas.
Aunque es simplista decir que un club representa a la infancia y el otro al dinero, no hay forma de evadir esa comparación. El pasado 29 de noviembre el Barcelona salió al campo con 8 jugadores de su cantera para disputar el clásico ante el Real Madrid. Cuando los cambios se produjeron, colocó a otro egresado de La Masia, la mayor escuela del futbol mundial. Ningún otro equipo de alto rendimiento confía tanto en formar jugadores.
El técnico Pep Guardiola se ha doctorado en el equipo azulgrana. Pero lo más importante no es eso, sino que está ahí desde el kindergarten. Recogebolas en el Camp Nou, inquilino de La Masia, miembro del dream team de Johan Cruyff, es el símbolo más acabado del barcelonismo.
Su creencia en el juego de conjunto lo llevó a reinventar triangulaciones. El Barcelona borra las categorías tradicionales del tiempo y del espacio. Se apodera del balón en tal forma que en cada partido ofrece suficientes jugadas para volver interesantes tres partidos. Durante los 90 minutos juega del mismo modo. El marcador no decide la estrategia. Los once de Guardiola no conocen otro impulso que el ataque y las jugadas de fantasía, con amplia proliferación de paredes y taconazos. Además, juegan así en cualquier parte de la cancha, incluidas las dos áreas. En ocasiones, el público se desespera de que sigan combinando a tres metros de la portería contraria. Y es que los goles del Barça son artísticos o no son. Su lema existencial podría ser: “Antes muerto que sencillo”.
Nada de esto tendría sentido en un ámbito competitivo si no produjera títulos. El mayor logro de Guardiola ha sido el de aliar la estética con la eficacia. En la temporada 2008-2009 su equipo fue el primero de la historia en conquistar sus seis trofeos en disputa. El siguiente año fue menos espectacular, pero llegó a la semifinal de la Champions y refrendó su título de liga.
No es casual que este vendaval de buen futbol fuera la base de la selección española que ganó el Mundial de Sudáfrica, aportando a siete titulares.
Pero hasta la gloria trae problemas. Hay campeones que mueren de éxito. Es difícil que un equipo que ha logrado todo mantenga impulso ganador. Johan Cruyff sostiene que los ciclos triunfadores del futbol profesional rara vez duran más de dos años. Esto se debe a que los planteamientos tácticos se descifran poco a poco, pero sobre todo al desgaste mental de estar en la cima.
A veces, el fracaso motiva más que el triunfo. Las derrotas inmerecidas y las asignaturas pendientes sirven de combustible. En cambio, los muchos títulos adormecen.
El verano terminó con una pregunta: ¿podría una escuadra tan bien nutrida de trofeos dedicarse a otra cosa que a la siesta?
El 11 de septiembre el Barcelona perdió en su casa ante el modesto Hércules. Jugó con varios suplentes, pero sobre todo jugó sin ánimos. Fue un momento psicológico especial. Los héroes se habían cansado. La ilusión de lograr una proeza siempre será mayor a la ilusión de repetirla. Para el deportista que ya llegó a la cima, el reto es convertirse en un atleta de la reiteración.
En la primavera de 2010, antes del partido decisivo entre el Inter y el Barça, José Mourinho, que entonces entrenaba al equipo milanés, lanzó una frase afilada: “Para nosotros, ganar es un sueño; para ellos es una obsesión”. El Inter construía una esperanza; en cambio, el Barça luchaba por mantenerla. La diferencia es sutil pero decisiva.
¿Cómo se renuevan los objetivos cuando ya se llegó a la meta? Para ponerse a salvo de este predicamento, Mourinho abandona a sus clubes en el momento justo en que el éxito amenaza con transformarse en rutina.
Después de la llamada de atención que le propinó el Hércules, el Barcelona mejoró y se situó a un punto del líder de la tabla de clasificaciones, el archiodiado Real Madrid. La lucha por la cima había comenzado.
El villano motivacional
El magnate Florentino Pérez ocupa la presidencia del Real Madrid por segunda vez. En su primera gestión, dejó cuentas solventes pero se topó con la sorpresa de que el destino no se compra en el mercado. El Madrid de los Galácticos (Ronaldo, Figo, Zidane y Beckham) fue vencido en la final de la Copa por el esforzado Zaragoza.
Pérez regresó al mundo de los caudales hasta que los fracasos del equipo merengue hicieron que fuera extrañado. ¿Qué hizo don Florentino en su regreso como presidente? Acentuar su espectacular y equivocada estrategia. El comprador serial firmó cheques récord para hacerse de Kaká, Cristiano Ronaldo y Benzema. En el banquillo fichó al chileno Pellegrini, experto en acercarse al campeonato sin obtenerlo. Una vez más, Jorge Valdano aportó buen discurso y elegantes adjetivos al proyecto. Por si esto no fuera suficiente, Zidane, Pardeza y Butragueño llegaron a prestigiar las relaciones públicas del imperio.
Cuando esa aventura comenzaba, escribí un artículo basado en una frase del escritor catalán Joan Fuster: “Un fracaso no se improvisa”. En ocasiones se requiere de un complejo despliegue de recursos para no lograr nada.
Después de perder 2-6 ante el Barcelona en su propia casa, el Madrid del dinero entendió que sólo le quedaba una salida: contratar a alguien capaz de medirse con Guardiola. Todas las miradas se dirigieron al portugués José Mourinho, que derrotó al Barça en la semifinal de la Champions y que ha arrollado en tres países distintos: se encumbró en Portugal con el Oporto, en Inglaterra con el Chelsea y en Italia con el Inter. Ningún otro técnico ostenta ese palmarés. Mourinho puede destacar en cualquier liga y logra que ciertos jugadores den un salto cualitativo. Bajo su tutela, Deco se transfiguró en el Oporto, Lampard en el Chelsea y Sneijder en el Inter.
Es falso que se trate de un técnico defensivo. Lo fue con el Inter porque supo aprovechar las virtudes de marcaje y contragolpe de la tradición italiana. En el Chelsea, con el inmenso Drogba en punta, jugó de otra manera. Su apuesta en el Real Madrid ha sido sumamente ofensiva. Lo que define a este astuto líder de egos futbolísticos es la capacidad de ganar. Su apuesta es de un pragmatismo absoluto. No le importa aburrir o especular en su camino a la meta. Carece de otro anhelo romántico que un resultado favorable. Una vez que sabe cuáles son sus titulares, no experimenta ni busca sorprender. Maestro de la seguridad, ignora la aventura. Las estadísticas respaldan su fría manera de entender un oficio que despierta tantas emociones. Tiene toda clase de récords en su haber. Hasta el lunes pasado, uno de ellos era que jamás había perdido por 5-0.
¿Qué tan controlado es el señor Mourinho? Calculador como estratega, es un anarquista ante la prensa. El futbol está rodeado de un voraz circo mediático. Para soportar este entorno, algunos entrenadores han recurrido a la excentricidad y la chifladura. Helenio Herrera y Johan Cruyff soltaban aforismos que hacían que los reporteros se rascaran la coronilla; Javier Clemente y Luis Aragonés preferían el insulto o la rudeza, y Vicente del Bosque y Pep Guardiola han demostrado que se puede ser buena persona en un ambiente de verdugos.
“Vengo con mis virtudes y mis defectos”, anunció Mourinho en su primera rueda de prensa. Orgulloso, desafiante, Mou es el villano que la prensa ama odiar. Una y otra vez desestabiliza a la opinión pública. “Soy antipático”, admite sin remilgos y así delega en sus rivales la responsabilidad adicional de ser agradables.
Esta conducta tiene un propósito definido: Mourinho se convierte en pararrayos mientras sus jugadores se dedican a lo suyo. La misma persona que parece un sociópata ante la prensa es un agudo psicólogo en el vestidor. Sabe incentivar a los vanidosos mercenarios que trabajan a sus órdenes y logra que dejen la piel en el campo de juego.
Adorado por su hueste, capaz de llorar en los muy tatuados brazos de Materazzi (el rudo defensa que provocó la expulsión de Zidane en la final de Alemania 2006), Mourinho es un enigmático Luzbel. Adorado de cerca, es repudiado a mediana y larga distancia. Su segundo apellido es Dos Santos, perfecto para un ángel que cae y se recupera.
Su llegada al Madrid transformó la competencia. Guardiola le había ganado a la empresa de Florentino y Asociados S. A. de C. V. Ahora debía triunfar contra otra ideología. Dos profetas del césped se medirían en la justa.
También el equipo azulgrana es una corporación multimillonaria que cometió el error de fichar al sueco Ibrahimovic por más de 70 millones de euros. Guardiola ha dado prioridad a la cantera, pero el equipo tiene una larga historia de derroches y él mismo se ha confundido ante el menú de ofertas. Hasta la fecha, los fichajes internacionales no han sido su fuerte.
Curiosamente, Mourinho ayudó a enfocar la rivalidad en la liga. Si se luchaba contra él, había que reforzar las diferencias. El arrogante técnico merengue se convirtió en involuntario motivador del Barcelona.
En pocas semanas, Mou el terrible construyó una aplanadora. Ningún entrenador debutante había tenido mejores números en el Madrid. Ángel di María, argentino que militaba en la liga portuguesa y no lució en el Mundial de Sudáfrica, se transformó en un crack instantáneo, justificando la insistencia de Mourinho por contratarlo. Cristiano Ronaldo, que sólo derrochaba virtuosismo en los anuncios, apareció como una máquina de golear, un cyborg de diseño, un maniquí sin otra alma que el éxito.
La vida es sueño:
Barça 5-Real Madrid 0
Hace unas semanas el entrenador madridista acusó al Sporting de Gijón de dejarse ganar ante el Barcelona. Fue muy criticado por esa calumnia. Además, recibió una sanción por insultar a un árbitro. El País lo comparó con Perfectus Detritus, el personaje de Asterix que protagoniza el episodio La Cizaña.
El futbol es una actividad muchas veces primitiva donde la patanería puede ayudar. Mourinho lo sabe y domina el afrentoso arte de sacar de quicio. Lo peor que puede pasarle es que lo multen (castigo asumible para alguien que gana 10 millones de euros al año).
Por desgracia, en el futbol es posible ganar casi a cualquier precio. Las nociones de justicia son ahí bastante resbalosas. El Real Madrid cedió a Drenthe al Hércules con un contrato que incluye la siguiente cláusula: el jugador holandés puede disputar partidos contra todos los equipos menos contra el Madrid; si lo hace, deberá pagar dos millones de euros. Que a un deportista se le suprima el derecho a enfrentar a un adversario es algo que desafía la razón y evidencia los intereses que mandan en el futbol.
El rabioso Mou ha aprovechado todas las opciones lícitas que le permite un ambiente poco lícito. Lo decisivo no es su actitud, sino lo que esa actitud dice del futbol y la sociedad contemporánea.
La furia en contra del portugués creció en la medida en que se salía con la suya, calentando los ánimos para llegar a un clásico sin precedentes.
El partido estaba previsto para el domingo 28, pero coincidía con las elecciones para presidente de la Generalitat. El aburrido panorama político catalán enfrentó un dilema: ¿quién hablaría del ganador si podía hablar del derby? Los políticos demostraron que aún tienen fuerza suficiente para cambiar de día un partido. De este modo reconocieron la supremacía mediática de los goles sobre las elecciones.
Un encuentro tan señalado sólo podía jugarse el día más atípico para el futbol: el lunes, jornada de tregua que los jugadores sobrellevan con pies hinchados y bolsas de hielo en los tobillos.
El Camp Nou suele tener un público tan cívico que a veces se confunde con el de la ópera. Y sin embargo, a veces ha perdido los papeles. Estuve ahí cuando Luis Figo regresó portando la abominada camiseta blanca del Madrid. Fue recibido con gritos de “¡Judas!”. Una lluvia de billetes falsos recordó su monetaria condición traidora. Cada vez que cobraba un córner, recibía toda clase de proyectiles, incluyendo la cabeza de un lechón que inmortalizó la contienda como “la noche del cochinillo”.
Aquella vez los barcelonistas actuaron movidos por el despecho y la frustración. Su equipo jugaba mal. Mourinho activó otros resortes: el deseo de superarlo con lo que él no domina, el juego artístico.
El Barcelona acababa de golear 8-0 al Almería y había superado a equipos poderosos como el Sevilla, el Valencia y el Villarreal. Pero el encuentro del lunes era distinto. Había que jugarlo con un máximo de concentración.
Curiosamente, las virtudes de ambos equipos parecían complementarias: el Barça se adueña de la pelota pero eso le importa poco al Real Madrid, que vive de los relámpagos del contragolpe. Era difícil predecir lo que ocurriría con dos maneras tan distintas de ver el césped, es decir, el mundo.
En su lunes de consagración, los once de Guardiola llevaron el futbol a uno de sus niveles más altos. Cada uno de los cinco goles llegó precedido de innumerables pases perfectos. Ninguna anotación fue atribuible a una chiripa, una pifia del rival o un capricho del árbitro. Para más lucimiento, ningún tanto cayó a balón parado, ni llegó luego de un rebote o un trompicón. Los cinco goles fueron producto de jugadas que concluyeron a poca distancia de Casillas. Pudo haber más, pero el mejor portero del mundo logró evitar mayores daños.
El público acompañó de pie, con un entusiasmo rara vez visto, las evoluciones de un equipo que sólo se despistó en los últimos 15 minutos del primer tiempo, luego de que Guardiola se negara a darle la pelota a Ronaldo y el portugués lo empujara, ocasionando un rifirrafe que alteró los nervios azulgranas y mitigó un futbol que sólo prospera en estado de gracia.
Messi no anotó (se ha ido ocho veces en blanco –¡color terrible!– ante los equipos de Mourinho), pero ofreció un recital maestro con sus pases y estuvo a punto de lograr un golazo con una suave parábola que dio en el poste.
Villa había carecido de la fiebre goleadora que tuvo en el Valencia y en Sudáfrica. En la noche decisiva clavó dos tantos. Para rematar la faena, Jeffren, canterazo promisorio, completó la cuenta, perfecta para una especie que aprendió a contar con los dedos. En el futbol las manos sirven para celebrar: nada más triunfal que un 5-0.
La impotencia del Madrid se puede medir en la agresividad de Sergio Ramos, expulsado por una entrada de cuchillero a Messi. A partir del 3-0, Florentino Pérez ya no vio el partido. Siguió en el palco de honor, pero se concentró en su blackberry y tal vez se consoló haciendo transacciones.
Pero la derrota se debe evaluar, sobre todo, por la repentina elegancia del señor José Mourinho, que admitió la caída sin excusa alguna, reconociendo la superioridad del Barcelona.
En 2008 Guardiola debutó como entrenador en la liga ante el Numancia. Aunque su equipo dominó ese partido, estaba demasiado ansioso de ganar y acabó perdiendo 1-0. Aquella derrota fue producto de la hambruna. Al Barça le sobraba el apetito y quiso morder demasiado rápido.
El 11 de septiembre de 2010 la derrota ante el Hércules tuvo otra causa. Después de empacharse de trofeos los azulgranas padecían campeonitis. Un equipo saciado confundió el mordisco con el bostezo.
¿Podría el exitoso Barcelona recuperar el deseo? A diferencia de Mourinho, que hace las maletas a los dos o tres años, Guardiola quiere transformar la cultura de la casa donde ha vivido. El especialista en activar la ilusión tenía un reto mayúsculo. Su equipo no podía amodorrarse.
Guardiola puso el despertador para seguir soñando. El 29 de noviembre de 2010 el Barcelona demostró que en el césped no sueña el que duerme, sino el que juega.
Repudian el montaje y la campaña contra Proceso
Demandan al gobierno cesar las agresiones dirigidas al semanario
Señor director:
La campaña que el gobierno federal desató contra Proceso, utilizando a Televisa como ariete, es prueba de que los trabajos profesionales de los reporteros de esa revista calan hondo y producen escozor a quienes malgobiernan el país. Esto coincide con la intentona del gobierno estadunidense de convertir a WikiLeaks en “terroristas”, reprimiendo brutalmente la libre manifestación de las ideas, argumentando supuestas razones de Estado.
Un “testigo colaborador” de nombre Sergio Villarreal Barragán, conocido como El Grande, jefe de uno de los cárteles del tráfico de drogas, acusa al periodista Ricardo Ravelo de recibir sobornos de parte del crimen organizado. ¿Pero qué credibilidad tiene un individuo que está entregando a sus cómplices con tal de salvar su pellejo?
¿Cómo valorar la imputación que proviene de un delator? El reportero había publicado apenas hace unos días (edición 1778, correspondiente al 28 de noviembre de 2010) un reportaje sobre el fracaso del sistema de testigos protegidos de la Procuraduría General de la República, señalando las causas: “la mayoría de los declarantes mienten; cuando dicen la verdad no les brindan la debida protección; y, por último, las mismas autoridades desestiman declaraciones que afectan a ciertos personajes del gobierno que reciben trato de intocables…”. Y por eso lo quieren convertir en criminal, igual que se hizo con los funcionarios del gobierno de Michoacán, a quienes no pudieron probar ninguna vinculación con el cártel de La Familia.
La seriedad de Proceso está fuera de duda. Más de 34 años de periodismo independiente le han ganado la animadversión de los encumbrados. José López Portillo quiso acabar la revista diciendo: “no pago para que me peguen”, mientras Martha Sahagún intentó que los tribunales arruinaran a ese importante medio.
Apoyamos a Proceso y a su cuerpo de reporteros y repudiamos las acciones intimidatorias del gobierno en contra de ellos. Su labor es fundamental para que conozcamos la verdad en este momento convulso de la vida del país y del mundo. Hacemos pública nuestra exigencia al gobierno de que respete a esta revista y que cese las agresiones.
Atentamente
El Foro Permanente por la Comisión
de la Verdad: José Enrique González Ruiz,
David Cilia Olmos, Fausto Trejo,
Fernando Jaramillo, Enrique Torres Díaz,
Reyna García, Teresa Rivera, Ignacia Rodríguez, Dolores López, Daniel Torralba,
Manuel Gallangos Cruz y Fernando Santaella (responsable de la publicación)
“El Grande, una estrella más del Canal de las Estrellas”
Señor director:
La “información” de Televisa contra Proceso, lo mismo que el aparato noticioso de esa empresa, quedaron en evidencia por su propia inconsistencia: en la noticia, dada como principal por el programa El Noticiero de Joaquín López Dóriga el pasado miércoles por la noche, se dijo que las declaraciones incriminatorias del narcotraficante Sergio Villarreal, alias El Grande, se realizaron el 4 de noviembre.
Sin embargo, en el video publicitado por el principal noticiario de Televisa, el “testigo protegido” de la PGR menciona la portada de la revista Proceso en la cual se publicó su propia fotografía detenido, esposado, flanqueado por elementos de la Marina. Y ahí está la bochornosa inconsistencia que desviste tanto la impudicia como la impericia del montaje: tal portada corresponde al número 1777 de la revista semanal, el cual inició su circulación el 21 de noviembre, esto es, casi tres semanas después de la supuesta declaración.
Durante la misma noche, en el programa Tercer Grado, transmitido por el Canal 2 bajo la conducción de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, los panelistas Carlos Marín, Ciro Gómez Leyva, Denise Maerker y el propio López Dóriga se regodearon con la denuncia contraProceso, denostaron a la revista e impartieron cátedra de periodismo y clases de ética, sin reparar en la falta de consistencia de la información.
La propia empresa intentó, sin éxito, enmendar el yerro al día siguiente. El jueves por la mañana, en el noticiario Primero Noticias que se transmite por el mismo Canal 2, fue reproducida la “nota informativa” dada a conocer y comentada con profusión la noche previa, aunque el periodista Carlos Loret de Mola dijo que, “por una confusión”, se había presentado la videograbación como realizada el 4 de noviembre, cuando lo correcto era “el 24 de noviembre”. Añadiendo un perdedizo
Ante la evidente manipulación, surge una interrogante: ¿quién es responsable del montaje televisivo para incriminar a Proceso y a su reportero Ricardo Ravelo? ¿Se trata de una reacción del gobierno federal relacionada con las investigaciones publicadas por Proceso para documentar diversos casos de corrupción de los gobiernos panistas? O bien, ¿fue una iniciativa de Televisa para contrarrestar la información y las opiniones que ese semanario ha difundido criticando su actuación monopólica y abusiva?
Si la responsabilidad es del gobierno federal, ello implicaría que, previo acuerdo con el delincuente acogido al programa de testigos protegidos, puso a éste frente a las cámaras para hacer imputaciones falsas contra la revista y su reportero. Luego, “filtró” las declaraciones así obtenidas a la empresa televisiva. Se trataría de una utilización indebida de la lucha contra el crimen organizado, alejada de sus fines inherentes, que son los de procuración de justicia y mantenimiento del orden social, para usar los instrumentos que la fuerza pública tiene a su disposición, no al combate contra el crimen, sino al combate de la crítica periodística.
Si, en cambio, la responsabilidad del montaje es de Televisa, quedaría en evidencia el poder que dicha empresa tiene sobre las autoridades encargadas de la procuración de justicia y del combate al crimen organizado. Si este es el caso, Televisa tiene a su disposición a los presuntos delincuentes que se encuentran detenidos por la fuerza pública para que embarren, con prefabricadas declaraciones ante sus cámaras, el prestigio de quienes se oponen a sus intereses monopólicos.
Cualquiera que sea la respuesta a esta interrogante, tanto la empresa televisiva como el gobierno federal han quedado en evidencia. Mientras tanto, el narcotraficante Sergio Villarreal pasó de su condición de un estelar “testigo protegido” de la PGR a ser una estrella más del Canal de las Estrellas.
Atentamente
Rafael Hernández Estrada
Representante del PRD ante el IFE
Recuerda ataques presidenciales de otros sexenios
Señor director:
No es la primera avalancha que contra Proceso y el periodismo crítico e independiente lanza el poder presidencial mexicano cuando se siente retratado. Los mexicanos recordamos momentos como los siguientes:
–No pago para que me peguen, decía un personaje extasiado de poder sin comprender cómo lo que él estimaba generosas dádivas en forma de publicidad gubernamental no repercutían en el silenciamiento de Proceso.
–Julio Scherer tiene cuentas con dinero mal habido en EU, filtró en boca de un periodista aquel expresidente de imagen calcinada y humillado internacionalmente, luego del escandaloso episodio de su hermano incómodo, quien sabemos que está libre pero no cómo obtuvo su cuantiosa fortuna.
–Son temas de mi vida privada, decía la esposa del único presidente elegido por mayoría sin fraude en el México contemporáneo, mujer proclive a los lujos, la fama y el privilegio que atacó por la vía legal pero sin éxito a Proceso.
Hoy un hombre con poder se siente descalificado por la difusión periodística de la declaración de un testigo protegido a la que el semanario no le dio mayor valor que el que tiene. Sin embargo, con su rabieta el ocupante de Los Pinos confirma su encuentro con el narcotraficante.
A diferencia de lo que Proceso denunció revelando su fuente, el ahora poderoso político olvida lo que todos los mexicanos sabemos: que el testigo protegido está bajo su poder, que se encuentra en situación vulnerable y que se equivoca de fechas de forma irrisoria. Sabemos también que Proceso hace un periodismo de altura y crítico, incómodo pero congruente y atento a la conducta de todos los actores del poder. Y sabemos también quién es Televisa y los acuerdos a los que ha llegado con el mismo poder.
No, los lectores de Proceso no somos ingenuos ni manipulables ni nos tragamos todo lo que Televisa nos ofrece en sus pantallas.
Atentamente
Daniel Togliatti Martínez Gómez
Sobre Misión 2008: pactar con el narco
De la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Señor director:
En referencia a la nota publicada el 28 de noviembre en la publicación que usted dirige, titulada Misión 2008: pactar con el narco (Proceso 1778), la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República rechaza categóricamente la existencia de cualquier negociación entre el gobierno federal y las organizaciones criminales.
Para la presente administración es claro que el primer deber del Estado es la protección de los ciudadanos y el combate a los delincuentes. La peligrosidad de los criminales no se abatirá pactando con ellos o eludiendo el cumplimiento de la ley. Es convicción del gobierno federal que el camino correcto para cerrar espacios a la criminalidad y a la impunidad es mediante el fortalecimiento institucional, la desarticulación de las bandas delictivas y una política activa de prevención del delito, acciones que se han venido instrumentando en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.
Agradeceremos la publicación de esta misiva, en su edición impresa y en su portal electrónico, con la finalidad de que sus lectores obtengan información veraz en esta materia.
Atentamente
Dirección General de Comunicación
de la Secretaría Técnica del Consejo
Nacional de Seguridad
Respuesta de Anabel Hernández
Señor director:
Quisiera hacer las siguientes precisiones.
En el capítulo del libro de mi autoría —Los señores del narco— que se reprodujo en la prestigiada revista Proceso, en ningún momento señalo que el gobierno haya “pactado” con el narcotráfico. A lo que se refiere ese extracto es a que un funcionario del gobierno federal, Juan Camilo Mouriño, de acuerdo con versiones corroboradas por la suscrita a lo largo de varios meses, provenientes de personas inclusive muy cercanas al propio Mouriño, instruyó a un general para que se pusiera en contacto con Joaquín Guzmán Loera con el propósito de pedirle hacer menos ostentosa su violencia en la guerra contra los grupos de narcotráfico rivales. Y en dicho encuentro el propio capo denunció actos de corrupción por parte de funcionarios del gobierno federal y un diputado.
Con todo el respeto y consideración que me merece la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, su actual titular, doctor Alejandro Poiré Romero, no estaba siquiera en funciones relacionadas con la materia de seguridad cuando dicho encuentro se verificó, por lo que considero que no está en posibilidades de señalar o insinuar con su “aclaración” que no ocurrió, ya que él no está en condiciones de saberlo.
Lo que sí es un hecho es que el gobierno federal, como gobierno, emprendió una lucha evidentemente desigual contra los cárteles del narcotráfico en México. En el libro publico las fichas de “prioridad estratégica” del gobierno federal sobre el combate a los narcotraficantes, y esa información oficial de la SSP federal evidencia que hubo desde 2007 intención de combatir a los enemigos de la organización de Joaquín Guzmán Loera y a sus competidores por el liderazgo de su organización criminal, poniendo a El Chapo y a sus principales socios como prioridad secundaria del gobierno federal.
Con esta jerarquización, justamente, se está propiciando la impunidad de un muy peligroso grupo delictivo. Esa es información demostrada con documentos oficiales, pero tampoco el actual titular de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad estaba en funciones cuando esas fichas estratégicas fueron definidas, por lo que seguramente las desconoce. En el libro presento copia de las mismas, al igual que decenas de declaraciones ministeriales en las que testigos de la PGR mencionan los contubernios de diversos funcionarios públicos con la organización de Guzmán Loera. Se trata de los mismos testigos a los que la PGR y el gobierno federal han dado tal credibilidad que a partir de sus dichos han detenido a muchas personas. Incluso publicitan dichas declaraciones como ciertas a través de los medios de comunicación, como ha ocurrido en el caso de las declaraciones de Édgar Valdez Villarreal.
Agradezco la atención de la revista Proceso para publicar estas consideraciones.
Atentamente
Anabel Hernández
Acerca de Que se calle, que se vaya
De la Arquidiócesis de Guadalajara
Señor director:
Hemos leído con sorpresa la nota Que se calle, que se vaya, publicada en Proceso 1778, bajo la firma de Felipe Cobián, el 28 de noviembre pasado.
Se refiere a una carta que le hizo llegar un grupo de presbíteros de la Arquidiócesis de Guadalajara. No dudamos, sin confirmarlo, que un grupo de sacerdotes redactaron la misiva. Sin embargo, no se puede identificar con el presbiterio de la Arquidiócesis.
El texto hace una serie de señalamientos de diversa índole en contra del cardenal Juan Sandoval Íniguez, arzobispo de Guadalajara, enjuiciado desde la perspectiva de esos clérigos, y con el único afán de dañar la figura del purpurado. En ninguno de los asuntos presentan alguna prueba. En algunos dicen que son sospechas y en otros que se trata de juicios personales. Nada objetivo.
Pero lo que más nos asombra es la falta de ética y profesionalismo de su medio de comunicación al publicar una carta anónima. Cualquier medio de comunicación con suficiente moral no atiende esta fuente de información, que se convierte en fuente de desinformación y de mentira. ¿Dónde queda su criterio de discernimiento para presentarnos la verdad de los acontecimientos? Porque desde la oscuridad se puede degradar, difamar y dañar, con suma facilidad, a personas e instituciones. Y esto es lo que ustedes han hecho, lo cual muestra su falta de honor, honradez y valor civil.
En los mismos términos podemos señalar la actitud de los (suponemos) sacerdotes que le hicieron llegar el documento mencionado. Si son presbíteros, nos apena su falta de honradez, valor civil y hombría para tratar asuntos que, ellos lo saben, se pueden hablar de manera directa, avalados no sólo por los que ellos llaman “grupo reducido de predilectos”, sino por la inmensa mayoría de sacerdotes que acuden, periódicamente, a los momentos de encuentro con el arzobispo.
Con esta postura, se daña a la persona del arzobispo de Guadalajara, pero sobre todo se lastima a la Iglesia de esta Arquidiócesis, por la intencional división y confusión que quieren provocar en la feligresía, sin un verdadero sustento.
Solicitamos que esta aclaración sea publicada con la misma atingencia con la que se publicó la nota en cuestión.
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.
Atentamente
Presbítero Antonio Gutiérrez Montaño
Vocero de la Arquidiócesis de Guadalajara
Respuesta del corresponsal
Señor director:
Como quedó asentado en la nota en cuestión, la carta no se nos hizo llegar, sino que nos fue entregada personalmente por varios de los inconformes, todos ellos sacerdotes del presbiterio de la Arquidiócesis de Guadalajara.
Asimismo, como se aclara en la nota, no quisieron proporcionar sus nombres “por el temor que le tienen al arzobispo”, y aseguraron al corresponsal que la misiva fue enviada también a la Nunciatura Apostólica y a la Conferencia del Episcopado Mexicano, entre otras instancias.
Ignoramos si dicho escrito haya tenido la intención de ocasionar daño al cardenal Sandoval, pero en todo caso en la réplica del presbítero Gutiérrez Montaño no hay un solo desmentido de las conductas que se le atribuyen al cardenal.
Atentamente
Felipe Cobián Rosales
Corresponsal de Proceso en Jalisco
Acusa al delegado de Azcapotzalco de proteger a un energúmeno
Señor director:
El pasado 24 de octubre, cuando se efectuaron las elecciones vecinales en la Unidad Habitacional Ferrería, colonia Santa Bárbara, delegación Azcapotzalco, hubo compra de votos, intimidaciones y violencia en el Distrito V, casilla 02-29.
Allí, cuando todos los vecinos esperábamos los resultados de la votación, fuimos golpeados por el grupo que encabeza Martín Lugo Maldonado, muy cercano al jefe delegacional Enrique Vargas, cuando intentaban robarse la paquetería electoral.
Por lo anterior, y porque los agresores eran integrantes de la Fórmula 2, el Tribunal Electoral del Distrito Federal descalificó a dicho grupo el 25 de noviembre y determinó anular la elección, para que se realice de nuevo el próximo 19 de diciembre.
Inconformes, los integrantes de la Fórmula 2 golpearon el miércoles 1 de diciembre al candidato presidente de la Fórmula 1, Joaquín Bernal Cataño, y le propinaron golpes en todo el cuerpo que le causaron lesiones graves (fracturas de costilla, nariz y maxilar, así como pérdida de cinco dientes) que, de acuerdo con el dictamen médico inicial, lo dejarán incapacitado durante al menos 60 días.
Al poner la denuncia en la agencia investigadora número 40 del Ministerio Público, de Azcapotzalco, la agente en turno, licenciada Verónica Carrasco, no inició la averiguación previa y, por el contrario, entregó detenido a Joaquín Bernal al jefe del Sector Hormiga, llamado “Comandante Delta”, para llevarlo al hospital.
No fue sino hasta el 2 de diciembre cuando se levantó la averiguación previa FAZ/AZ-T1/01751/10-12, pero, por orden del delegado de Azcapotzalco, dejaron libre a Lugo Maldonado, quien no sólo golpeó a mi marido con un bat, sino que también profirió amenazas en contra mía y del resto de mi familia.
Al enviar esta carta, señor director, mi marido está siendo sometido a una operación quirúrgica, y por eso le ruego publicarla a la mayor brevedad con el fin de que se haga justicia en todos sus términos. (Carta resumida.)
Atentamente
Verónica Martínez
