Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 26 de diciembre de 2010
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS MEXICANOS EN DESGRACIA
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA
Aviso a nuestros lectores
(19 diciembre 2010).- Aviso a nuestros lectores: el próximo 26 de diciembre no se publicará Enfoque.
REVISTA PROCESO No. 1782
Incongruencias, contradicciones, incógnitas
Verónica Espinosa
Diego Fernández de Cevallos ya está donde acostumbra: ante las cámaras, frente a los micrófonos, arropado en los poderes que ha sabido cultivar durante su larga trayectoria como abogado y político. Sin embargo, al concluir el silencio impuesto por Gobernación y Televisa sobre el caso, en las versiones oficiales del secuestro comienzan a saltar las incongruencias, las abiertas contradicciones, las incógnitas…
QUERÉTARO, QRO.- Diego Fernández de Cevallos retornó a la vida pública en las mismas circunstancias en las que desapareció de su rancho La Cabaña el viernes 14 de mayo: en medio de un mar de dudas y versiones contradictorias sobre el pago del rescate y su liberación y ante el silencio del gobierno.
En las versiones surgidas del propio Fernández de Cevallos, amigos, familiares y el gabinete de seguridad, tampoco quedan claros los términos de la negociación y el pago del rescate, ni el día y la hora precisos de la liberación.
Incluso saltan preguntas sobre las verdaderas circunstancias del secuestro. Varias horas antes del momento en que se ha dicho que ocurrió, en Los Pinos había un evidente alboroto por lo que ahí ya se sabía: que Diego Fernández de Cevallos había sido secuestrado.
Hacia las 19:00 horas del 14 de mayo, un testigo –cuya exigencia de anonimato resulta obvia– aguardaba en la sala de espera de Jorge Rodríguez Ramírez, entonces asesor de Jorge Tello Peón, secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Su cita había sido retrasada una y otra vez, y finalmente se canceló con el argumento de que el funcionario estaba “en una situación de emergencia por el secuestro del Jefe Diego”.
El presidente no estaba en Los Pinos. Al recurrir a la agenda oficial, sólo se pudo saber que esa tarde de viernes Calderón tenía programadas “actividades privadas”. ¿A qué hora y en dónde ocurrió realmente el plagio del político panista, que reiteradamente se ha situado alrededor de las 22:00 horas a la entrada de uno de sus ranchos en Querétaro?
Tello Peón dejó su cargo el 19 de agosto y fue sustituido por Alejandro Poiré. El asesor Rodríguez Ramírez había llegado a esa oficina procedente del Cisen.
También prevalece la incógnita del grupo que secuestró al excandidato presidencial, que por su trayectoria política, profesional y empresarial fue escogido como víctima, según los propios argumentos de quienes primero se identificaron como “misteriosos desaparecedores” y en el desenlace del plagio se autodenominaron “Red por la Transformación Global”.
Aunque este último membrete y los tres manifiestos difundidos en la víspera de la liberación del panista fueron dados de alta en un correo grupal de yahoo.com.mx el viernes 17, mismo día en que subieron los documentos con un minuto de diferencia: a las 21:20, las 21:21 y las 21:22 horas, el grupo ya no registra más actividad.
Incluso el anuncio de la liberación parece acomodado para una espectacular reaparición del panista: no fueron su hijo Diego ni el exprocurador Antonio Lozano Gracia quienes, como únicos voceros y responsables de la negociación, difundieron el fin del secuestro. Fue Joaquín López Dóriga quien, en un enlace telefónico cerca de las nueve de la mañana, dio la información en el noticiario matutino de Televisa.
Hasta ese momento los temas principales de esa mañana eran la explosión del ducto de Pemex en San Martín Texmelucan y el homicidio de la activista Marisela Escobedo y su cuñado en Chihuahua, los cuales fueron desatendidos para dar paso a la amplia cobertura informativa que se desplegó en torno a la reaparición del abogado panista.
Después del reporte de López Dóriga, la especulación continuó alimentándose. El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, comentó que “de ser verídica la versión” que ya circulaba, la dependencia reabriría la investigación sobre el secuestro.
Pasaron muchos minutos de esas primeras horas de la mañana antes de que una fuente allegada al político la confirmara. Lo hizo Lozano Gracia.
A la 1:30 de la tarde Diego Fernández –sereno, con el cabello recortado, la barba muy larga pero limpia y arreglada y con un ramo de rosas rojas– se presentó conduciendo un Mercedes Benz cuyo cláxon tocó ante las rejas de su residencia en Lomas de Virreyes, ya entre la aglomeración de reporteros, camarógrafos y fotógrafos.
“Sólo quiero decirles que me encuentro bien, gracias a Dios, y que estoy fuerte, y que mi vida seguirá siendo la misma”, declaró inicialmente. Pero más tarde sorprendió:
“Uno de los temas que será capital y lo hablé con mis plagiarios (en las muchas y fuertes discusiones que dijo haber sostenido con ellos) y está el compromiso con ellos, de pensar y de luchar por grandes causas que reclama México (es el de) su pobreza, su injusticia y su impunidad. Creo que tenemos que hacer de México un país de leyes, de instituciones, no de secuestradores, de asesinos, de ningún nivel, ni de ricos ni de pobres.”
Al hablar de sus captores, Fernández de Cevallos aseguró: “Como hombre de fe, ya perdoné; y como ciudadano creo que las autoridades tienen una tarea pendiente, pero sin abuso, sin atropello, sin flagelaciones”.
Sin embargo, a lo largo de las entrevistas que fue ofreciendo al propio López Dóriga, a José Cárdenas y a Javier Alatorre, en TV Azteca, fue parco en comentarios sobre las características de sus secuestradores y la forma en que fue puesto en libertad:
“No quiero dar pormenores. Y es que para efectos del procedimiento que puedan tener las autoridades debo ser muy respetuoso. Fui sorprendido, secuestrado y ya estoy aquí”, le respondió a López Dóriga.
Sostuvo que fue liberado en la madrugada del lunes en un punto que se negó a precisar: “Me dejaron algunos kilómetros distantes de algún pueblo… Caminé algunos kilómetros y no quería dejar de caminar para darle gracias a Dios y ver el amanecer de un nuevo día”.
Ahí también comentó que durante su cautiverio se enteró “muy poco” de lo que pasaba afuera: “Prácticamente no tuve ningún contacto con la realidad en esos siete meses y días”.
Pero en otra de sus salidas a las rejas de la casa de Lomas de Virreyes, contradictoriamente, Diego habló de “muchos otros casos de dolor, de desgracia que no pueden quedar olvidados porque se trata de un político de la vida nacional… yo tengo mucho dolor por tantas noticias que he recibido de lo que está sucediendo en México en estos días”. Y mencionó el asesinato de Marisela Escobedo, cometido el viernes 17.
La táctica desinformativa
La ausencia de una versión oficial alimentó toda clase de especulaciones. Basta recordar que desde el 27 de noviembre –el día de la boda del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto– El Universal publicó que Diego ya estaba a salvo en su casa. El diario atribuyó la información a un primo de los Fernández de Cevallos perfectamente enterado de las negociaciones, y la sostuvo en días posteriores.
En la semana que empezó el lunes 20 surgieron nuevos datos y versiones extraoficiales, como la que publicaron los reporteros Gustavo Castillo y Alfredo Méndez, de La Jornada, quienes citando a “fuentes del Gabinete de Seguridad Nacional” sostienen que Fernández de Cevallos fue liberado el 11 de diciembre, nueve días antes de su aparición mediática.
En la misma nota se dice que, “según las fuentes consultadas, los secuestradores cobraron 30 millones de dólares de rescate el pasado 10 de diciembre”, mismos que Diego junior y Antonio Lozano habrían entregado en un punto entre la Ciudad de México y Toluca.
“Al siguiente día, El Jefe Diego fue soltado a unos
Otra imagen de Diego
Semanas atrás Fernández de Cevallos apareció en las fotografías de su cautiverio como un anciano desvalido, con el rostro golpeado, semidesnudo y con los ojos vendados, privado de su libertad y “no con la prepotencia ni el cinismo de los que ha hecho gala el trasnochado encomendero a lo largo de su vida personal y política, sino en la total indefensión, casi parecida a la que vivimos y a la que hemos sido sometidos la mayoría de los mexicanos”, como se dijo en el último mensaje atribuido a los plagiarios.
Fueron estas fotografías, junto con dos cartas presentadas como de su puño y letra, las pruebas de vida conocidas y divulgadas por internet en los siete meses y días de cautiverio: la primera se conoció el 20 de mayo, a casi una semana de su desaparición; en el mensaje adjunto se afirmaba que Diego gozaba “de cabal salud” y se exigía a las autoridades mantenerse al margen de la negociación con la familia.
La segunda foto apareció el 26 de julio, acompañada por una carta en la que el político parecía desesperado: “Todo lo que puedas conseguir de ayuda, asegúrales que la pagaré. He tenido varios desvanecimientos y mucho dolor en el pecho a pesar del tenormín y de la aspirina. Tú sabes que no quedé bien del corazón después de la operación… He perdido peso y mi fatiga es cada día mayor (...) Es preferible un gran esfuerzo pronto que ilusionarse con lo que ya no podrá ser después…”.
La tercera circuló el 13 de septiembre, acompañada por un mensaje de los “misteriosos desaparecedores” y sonaba a advertencia:
“Dicen que sus últimas fotos sólo mostraron los restos del hombre intocable y poderoso que fue, y que sembrador de vientos y cosechador de tempestades no se supo si fue víctima de una banda del crimen organizado, o de algún grupo poderoso del gobierno, o de alguna organización guerrillera… gracias a la trayectoria personal y pública del ‘jefe Diego’ se seguirán diciendo muchas cosas y quizás todas quepan como líneas de investigación, desde que su familia lo abandonó y de que a sus propios amigos no les importó su suerte”.
Dos de esas fotografías fueron tomadas con Diego sosteniendo el ejemplar de Proceso que circuló en la semana posterior a su desaparición (el número 1751), una de la portada y otra del reportaje titulado Millonario litigio del poder con el poder, del reportero Carlos Acosta, en el cual destaca una fotografía del litigante panista y el expresidente Carlos Salinas de Gortari posando sonrientes.
Según la versión difundida el sábado 15 de mayo, la noche anterior Fernández de Cevallos hizo su rutinario recorrido desde la hacienda de La Barranca –en Jerécuaro, casi en los límites con Querétaro– por la carretera Coroneo-Querétaro y la autopista a la Ciudad de México, para entrar a sus dominios aledaños a la comunidad de San Clemente en Pedro Escobedo, a unos kilómetros de San Juan del Río.
Dormiría en La Cabaña, un rancho anteriormente conocido como La Bolsa, que adquirió y puso a nombre de su hija Claudia (Proceso 1332 y 1373). Al día siguiente viajaría al Distrito Federal para asistir a una comida con su amigo el también abogado Juan Collado y su prometida. Pero según esa versión sólo llegó a estacionar la camioneta mientras, a unos
“La verdad sí pasaron muchas horas desde que se cometió el delito, cuando menos unas siete, ocho horas; Diego así es, vivía totalmente tranquilo, con toda la seguridad de que no le iba a pasar nada. Llegaba solo a La Cabaña, entraba, se dormía y dejaba hasta la puerta abierta, era muy confiado. Era, porque yo creo que ya no lo va a ser tanto”, dice en entrevista el exgobernador queretano Ignacio Loyola Vera.
“La información fluye hasta las 6:30 (del sábado), cuando llega la gente del campo; se dan cuenta de que está la camioneta, hay cosas tiradas, parece que hubo una pelea y a mí me avisan. Yo le aviso al gobernador (José Calzada Rovirosa). Luego vino toda la desinformación, la prensa; que si lo vieron viajando para acá, que si allá”, recuerda Loyola.
La Procuraduría de Justicia del estado inició una averiguación previa, acudió al rancho el procurador Arsenio Durán con los peritos y se instaló un gabinete de seguridad en la XVII Zona Militar, al que se integraron el gobernador queretano Calzada Rovirosa, Loyola Vera y el exprocurador general Antonio Lozano; el procurador general de la República, Arturo Chávez, y el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
Pero la noticia no provino de ese grupo. El exprocurador Antonio Lozano Gracia hizo público un comunicado de los hijos de Diego en el que pedían a sus secuestradores que entablaran una negociación y solicitaban a las autoridades “hacerse a un lado para no obstruir” esta posibilidad, a lo cual accedieron las procuradurías.
Desde Gobernación, Gómez Mont impuso un silencio al que de inmediato accedió Televisa, que dejó de divulgar noticias sobre el secuestro. Con todo, desde varias instancias de gobierno, como la propia PGR, se estuvieron “filtrando” versiones a columnistas y reporteros de la fuente que apuntaban a un grupo de la guerrilla –una escisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR)– como el autor del plagio.
De hecho el 15 de mayo, cuando el comisionado antisecuestros de la Secretaría de Seguridad Pública federal, Luis Cárdenas Palomino, llegó a la reunión del grupo de seguridad encabezado inicialmente por el gobernador Calzada y el comandante de la XVII Zona Militar –que ese día tuvo una encerrona de 17 horas– y posteriormente acudió a revisar personalmente el rancho, sostuvo la posibilidad de que el EPR fuera el responsable del secuestro.
Aunque el EPR se deslindó de la desaparición del excandidato, esta línea de investigación no fue eliminada, y menos después del ataque que sufrió el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien colaboraba en la investigación, precisamente en la línea de un movimiento guerrillero o del narcotráfico (Proceso 1751), como lo confirmó una fuente cercana a las investigaciones.
El sábado 15 por la noche, Cárdenas Palomino planteó la posibilidad de que, en caso de que un grupo guerrillero hubiera cometido el plagio, habría trasladado a su víctima a pie por las veredas que rodean el rancho para moverse hacia San Luis Potosí o hacia el sur. Y ya había transcurrido casi un día desde entonces.
Luego de que se conoció la primera fotografía que circuló por internet, el 21 de mayo, al día siguiente la PGR admitió que se trataba de un secuestro y a partir de entonces guardó silencio. El único integrante del círculo cercano a Fernández de Cevallos que habló de los plagiarios como “un grupo muy poderoso, con una gran organización y grandes recursos” fue el abogado y socio de Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdan.
Pero incluso al exgobernador Loyola Vera este secuestro y su desenlace le plantean “muchas dudas, muchas señales encontradas, mucha revoltura”. Incógnitas que, dice, espera aclarar cuando converse con Fernández de Cevallos.
“Diego siempre decía que si lo secuestraban él iba a convencer a sus plagiarios de que lo soltaran”, comenta Loyola en su despacho de la dirección general de Agroasemex.
Aclara que nunca se le pidió que aportara dinero para reunir el rescate, y que su única contribución fue “dentro de mis posibilidades, con mi cercanía, mi amistad y mis oraciones”.
“Ignoro por qué aparezco en esa lista”, dice el exgobernador, al referirse a la relación de 23 prominentes empresarios, políticos, jerarcas católicos y dirigentes sindicales, encabezados por Carlos Salinas de Gortari y Carlos Slim, que se mencionan en el último paquete de comunicados de la “Red por la Transformación Global” y a los que Diego les habría escrito cartas para pedir ayuda y cobrar “por sus favores y los servicios prestados”.
“La verdad no sé por qué estoy ahí, creo que es un error. A ese nivel de capacidad empresarial no (estoy). Un amigo me dijo: ‘Si tú eres de los ricos, entonces hay una gran cantidad de personas pobres en este país’. No hay forma de que yo pueda estar a ese nivel y le puedo decir que no, que no fui elegido ni contactado por la familia para aportar recursos para esto”.
La tarde del anuncio oficial de su liberación, el lunes 20, en la hacienda de San Germán –la casa familiar de los Fernández de Cevallos–, luego de verlo en la televisión, su hermana Beatriz explicaba: “Es normal, por su carácter es normal…Quería demostrar que estaba bien, cuando menos lúcido”.
Para Beatriz, Helena y María Fernández de Cevallos terminaban también siete meses de incertidumbre, de impotencia. Desde todas partes les avisaban “de cuanto cuerpo encontraban, por si era él”. Acudieron a ver a los amigos poderosos de su hermano y se dirigieron públicamente a los secuestradores cuando éstos enviaron un mensaje en el que afirmaban que el panista había sido abandonado por su familia.
María Fernández de Cevallos se niega a opinar sobre la forma en que reapareció su hermano. “Sólo él sabe y sólo él dirá lo que pasó; Dios le dio un tiempo más de vida y ojalá lo aproveche; yo nada más tengo agradecimiento para todos los que pidieron por él, para ustedes los medios porque respetaron el silencio…”.
Sin embargo, Beatriz bromea: “El peor error de los que lo tuvieron fue haberle tapado los ojos, pero no la boca… A la hora de salir… pues debe haber extrañado mucho los micrófonos, ¿no?”.
“A mí no se me hace raro verlo como salió, ya sé que parece increíble… Los primeros días sí le fue mal, (pero) él no es como esos empresarios que el miedo los mina… A Diego lo podrán acusar de todo, menos de tarugo.” l
La guerrilla, una hipótesis creíble
José Gil Olmos
De las numerosas teorías que se han formulado acerca del secuestro de Diego Fernández de Cevallos –y sin atreverse a señalar una línea única de investigación–, especialistas consultados por Proceso sugieren que los autores materiales del plagio podrían ser, en efecto, integrantes de una célula rebelde o incluso de una asociación de grupos guerrilleros.
El gobierno federal considera que el grupo que durante 220 días mantuvo secuestrado a Diego Fernández de Cevallos pertenece al crimen organizado, pero expertos en grupos armados y seguridad nacional, así como exguerrilleros consultados por este semanario estiman que bien podría tratarse de un poderoso grupo político que lanza un mensaje con miras a 2012.
Incluso barajan la posibilidad de que la acción haya sido perpetrada por varios grupos concertados para buscar posiciones rumbo a la elección presidencial.
El extitular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR) y consultor experto en seguridad nacional, Samuel González, comenta:
“Tengo muchas dudas, pero sostengo que es la autoridad, el gobierno federal, quien debe aclarar el asunto. Si se trató de un secuestro con fines de extorsión, que lo diga; si fue un secuestro político, que lo pruebe. En este caso, como en todos los demás, tenemos como mexicanos el derecho a saber la verdad.”
El 17 de mayo el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se deslindó del hecho mediante un comunicado: “Cualquiera que sea el origen o motivo es un hecho doloroso para la familia, dolor que conocemos y sabemos por lo que están pasando” (Proceso 1751).
Pero las acusaciones siguieron y un mes después del secuestro, el 14 de junio, la organización volvió a desmarcarse y calificó de mentiroso a José Antonio Ortega Sánchez, líder del Movimiento Blanco, quien aseguró que liberarían al panista a cambio de la presentación de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde mayo de 2007.
Los misteriosos
El 20 de julio y el 13 de septiembre los “misteriosos desaparecedores” difundieron por internet comunicados y pruebas de vida de Fernández de Cevallos: fotos en las que éste aparecía con el torso desnudo y los ojos vendados. Llamaban al panista “virrey de la Nueva España” y “archiduque de Escobedo”. Al mismo tiempo acusaban a los familiares de no querer negociar y aseguraron que su víctima estaba confesando todos sus negocios políticos y personales.
Una vez más surgieron señalamientos de que el exsenador había sido retenido por el grupo guerrillero Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) al mando del “comandante José Arturo” (nombre de guerra de Constantino Canseco, según información de inteligencia). Así lo difundió José Cárdenas en su espacio noticioso. Incluso mencionó que el sacerdote Máximo Gómez era el correo y mediador, como lo había sido en 1994 durante el secuestro del banquero Alfredo Harp Helú.
El desmentido llegó de inmediato. Felipe Edgardo Canseco Ruiz, abogado y exintegrante del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-PDLP) negó que su hermano Constantino Alejandro fuera el autor del plagio, pues aseguró que estaba incapacitado físicamente para participar en acciones de esa índole.
A finales de julio dijo: “Fue un participante del movimiento democrático universitario en la ciudad de Oaxaca en los años 1976-1977 y a raíz de su participación en una organización democrática en la cual luchamos por una universidad crítica, científica, democrática y popular, fue víctima de una agresión por grupos porriles vinculados al PRI.
“Recibió un disparo en el pecho que le lesionó el corazón y un pulmón, sufrió dos paros cardiorrespiratorios cuando era trasladado en una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social a un hospital de dicha institución y las secuelas físicas de dicho percance le harían imposible hacer realidad las hipótesis policiacas” (Proceso 1761).
El lenguaje político
Los expertos en seguridad consultados consideran posible que detrás del plagio se encuentren políticos, empresarios y líderes de diversos sectores que buscaran posicionarse en las elecciones de 2012.
Canseco Ruiz no descarta esta posibilidad y argumenta que una operación tan grande no pudo haberla realizado una simple banda de secuestradores, pues no tendría la infraestructura ni los recursos para mantenerlo tanto tiempo en su poder y movilizarlo a distintos lugares.
Además, está convencido de que los comunicados de los “misteriosos desaparecedores” fueron elaborados para crear confusión. En especial se refiere al último comunicado:
“Está escrito por gente bastante culta, no se ve mal hecho y por sí mismo tendría lógica y una congruencia. No se parece al lenguaje de los grupos guerrilleros o insurgentes que conocemos. Me queda la duda de si este lenguaje tan bien elaborado pueda ser una más de las maniobras de desinformación, para cubrir la identidad de sus autores.”
–¿Cree que se trata de un grupo guerrillero o un grupo de poder? –se le pregunta.
–Están abiertas todas las hipótesis; no hay posibilidad de inclinarse por una en específico. Creo que los únicos que pueden tener alguna certeza de lo que sucedió son el equipo de seguridad que siguió palmo a palmo todo el proceso, y el propio Fernández de Cevallos.
–¿Podría ser un grupo guerrillero unificado y coordinado para realizar operaciones de esta envergadura?
–Esa es una de las hipótesis y, aunque no la descarto, no tengo los medios para confirmarla. Pero a partir de lo que sabemos de los grupos conocidos, estimo que es muy difícil asegurar que súbitamente pudieran tener la capacidad de coordinarse, luego de las escisiones que hubo en el EPR o de las diferencias que expresaron, bastante publicitadas.
“Esas cosas no se dan por arte de magia. Esporádicamente hemos visto que algunos grupos se han coordinado en determinadas acciones; sin embargo, no es suficiente la información para dilucidar la incógnita.”
También hace notar que en los comunicados del grupo de los “misteriosos desaparecedores” están ausentes los conceptos de la izquierda más radical que durante años ha manejada la guerrilla mexicana.
“El lenguaje utilizado es críptico pero congruente; (…) no hay una sola alusión al socialismo, al marxismo, a lo que normalmente todos los grupos insurgentes que conocemos utilizan. Llama la atención que el lenguaje no es tan sencillo, coloquial o popular. Hay partes que no cualquiera puede entender, lo que denota que se trata de gente con cierta capacidad intelectual y que cree que la va a comprender todo el mundo.
“Por eso sigue la incógnita, además este último comunicado no puede leerse de manera aislada sino a la luz de todo el evento. Lo único seguro para mí es que han buscado desinformar y eso sí lo han logrado porque sólo se alcanza a ver a un grupo del que no se tienen antecedentes.”
–El hecho del secuestro por parte de un grupo que mostró poder y capacidad nos dirige hacia otra situación, desde el punto de vista de la lucha social –se le plantea.
–Si hubiese sido un grupo ideológico congruente con el lenguaje que mostró en sus comunicados, por supuesto que demuestra capacidad, operatividad, información y manejo de una crisis de esa naturaleza. Aquí el punto preocupante es que, hasta que ocurren hechos de esta naturaleza, la clase política en el poder reconoce que hay una insurgencia en curso en el país.
“Ese es el problema de fondo, más allá del desenlace del plagio. Es decir, que el gobierno y los legisladores no digan nada de cientos o miles de hombres que están velando armas y que están construyendo su coyuntura para transformar la realidad por la vía de las armas.”
Canseco Ruiz destaca las suspicacias creadas a raíz de que durante el secuestro, Fernández de Cevallos no pudo usar su peso político en la elección de candidatos a la dirigencia nacional del PAN. “Hay que esperar a ver si este grupo realiza otras acciones, pero igual ya no volvemos a saber nada de él”, apunta.
La hipótesis de la guerrilla
Samuel González aborda el tema con cautela y señala que aún es pronto para determinar si se trató o no de un grupo guerrillero. No obstante, se muestra seguro en sus opiniones acerca de los comunicados de los “misteriosos desaparecedores”.
“Considero que los comunicados están muy armados; no se parecen a la lógica con la que se han manifestado los grupos que han cometido secuestros. Yo tengo muchas dudas de que se traten de comunicados reales de grupos ideológicos.”
–¿Qué elementos tomaría para decir que hay dudas?
–Las modalidades. Después de leer los comunicados me parece que muchos datos son incongruentes. Pero eso lo tiene que aclarar la autoridad, no nosotros. Solamente expongo las dudas.
–¿No le llama la atención que no hacen referencias ideológicas de marxismo, socialismo o comunismo?
–Esa es la parte que me parece extraña. No quiero meterme en ese punto, pero creo que no es clara la presentación de todos estos elementos. Tengo muchas interrogantes después de leer ese comunicado.
–Llama la atención que no haya referencias directas a Felipe Calderón o al Ejército…
–Por eso digo que no me parece que sean congruentes. Considero que son muy literarias, armadas por alguien que quiere hacerlo parecer como un secuestro político. Pero tengo muchas dudas.
Jorge Lofredo, cofundador e investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema), tampoco muestra seguridad absoluta sobre la responsabilidad de alguna organización político-militar clandestina y armada en el secuestro. Incluso asevera que los boletines pueden estar planeados para que las autoridades y la opinión pública crean que se trata de un grupo guerrillero.
De todas las hipótesis que se han planteado, el especialista se inclina por la de que los plagiarios son integrantes de la Tendencia Democrática Revolucionaria- Ejército del Pueblo (TDR-EP), escisión del EPR. Sin embargo aclara que por la envergadura de la acción pudieron haber recibido la ayuda de otros grupos. Por eso dice que tal vez no quisieron adjudicarse la acción de manera individual.
“Considero que podría tratarse de la guerrilla. Aunque el comunicado sea apócrifo, podría serlo en varios sentidos. Tal vez no sea la guerrilla o quizá se trate de una guerrilla nueva que se esté ocultando.
“Lo relevante –añade el especialista– es la igualación de los tiempos del secuestro con el silencio sostenido por la Coordinación Revolucionaria, conformada por el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos, TDR-EP, Organización Insurgente 1 de Mayo, Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre y las Brigadas Populares de Liberación.”
Recuerda que en noviembre de 2006 estas agrupaciones pusieron explosivos en la sede nacional del PRI, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en sucursales bancarias como protesta por las irregularidades en las elecciones presidenciales de ese año, además de que el TDR-EP admitió públicamente la práctica del secuestro como un medio para obtener recursos.
Para Lofredo es preocupante el largo silencio en que se ha mantenido este grupo, pues a su juicio es el que ha mostrado más actividad y podría estar preparando nuevas acciones conjuntas. l
“La policía sabe quiénes son”
Jorge Carrasco Araizaga
Después de ser secuestrado en 2007, Eduardo García Valseca conversó sobre sus experiencias con dos estadunidenses, también víctimas de ese delito. Según él y su esposa Jayne Rager, que se encargó de negociar el rescate, el caso de Diego Fernández de Cevallos coincide lo suficiente con los otros para asegurar que fueron cometidos por el mismo grupo de corte guerrillero y con vínculos internacionales. Incluso las autoridades policiacas les confirmaron el dato y les dieron otro: que políticos mexicanos pueden ser cómplices de los secuestradores…
Una serie de secuestros anteriores al de Diego Fernández de Cevallos lleva a una de las víctimas a señalar a los captores como supuestos guerrilleros con vínculos internacionales que han operado con la tolerancia del gobierno mexicano por lo menos desde la década pasada.
Entre las autoridades que desde entonces han estado enteradas de quiénes han sido los autores de secuestros de alto impacto está el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dice Eduardo García Valseca, plagiado durante siete meses y medio entre 2007 y 2008 en circunstancias similares a las del excandidato presidencial del PAN.
“El propio equipo de García Luna nos dijo que quienes me secuestraron fueron los mismos que tuvieron a Diego Fernández”, dice García Valseca en entrevista telefónica desde Estados Unidos, adonde se fue a vivir con su familia después de ser liberado.
“Son los mismos, ya sabemos que son los mismos, me dijo Armando Espinoza (coordinador de Investigación de la Policía Federal) cuando le hablé para decirle que la manera en que habían secuestrado a Diego era muy parecida a la mía”, agrega el ahora exiliado que, por estar casado con una estadunidense, pertenecía a la comunidad de ese país asentada en San Miguel de Allende, Guanajuato, y donde tenía una asociación civil con fines educativos.
El colaborador de García Luna aludía, según García Valseca, a Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo (TDR-EP) y a los millonarios plagios, entre otros, de dos empresarios extranjeros radicados en México y a la sobrina de José Sulaimán, expresidente del Consejo Mundial de Boxeo. Esos plagios ocurrieron durante el gobierno de Vicente Fox, cuando García Luna era director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), después de haber sido encargado en materia de secuestros del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Espinoza no fue el único que le dio esa información a García Valseca y a su esposa Jayne Rager, quien se encargó de las negociaciones con los secuestradores. También se la proporcionaron Benito Roa Lara, antecesor de Espinoza en la oficina de investigación de secuestros, y el agente que García Luna comisionó para asesorar a la familia en los tratos con los captores, a los que vinculan con organizaciones clandestinas extranjeras.
Incluso Roa los puso en contacto con otra víctima del grupo escindido del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el californiano Ron Lavender Bachur. Este empresario hacía negocios inmobiliarios en la exclusiva zona de Punta Diamante, en Acapulco, donde en 1993 Diego Fernández recibió un terreno de 60 mil metros cuadrados como “regalo” del gobernador guerrerense –y cuñado del entonces presidente Carlos Salinas– José Francisco Ruiz Massieu, quien un año después fue asesinado en la Ciudad de México.
“Cuando salí, por instrucciones del licenciado Roa estuve en Acapulco con el señor Ron Lavender, a quien le dije: me da la impresión de que estas personas (los secuestradores) hablan inglés. Me dijo: estás en lo cierto. Hablan inglés perfecto y es de la parte este de Estados Unidos.
“Le dije eso porque los oí hablar tres o cuatro veces. Un día, el tipo que me hacía llamarle ‘el jefe’ entró y le pedí que mejor me matara, que ya no aguantaba la tortura y golpizas a la que era sometido por la falta de acuerdo en las negociaciones. Entonces se enojó y me dijo mother fucker, son of a bitch, I’m going to shoot you. Yo no hablo muy bien inglés, pero pude entender ese lenguaje para decirme que me iba a matar”, cuenta García Valseca.
Hijo del fallecido coronel y empresario periodístico José García Valseca –quien fue despojado de la cadena editorial El Sol de México durante el gobierno de Luis Echeverría–, dice que después de su liberación ha recordado y recabado más información sobre sus posibles captores, pero que ha sido desestimada tanto por García Luna como por el propio presidente Felipe Calderón, quien durante una gira por Washington en mayo pasado se comprometió a buscarlos a su regreso a México. Siguen esperando.
“Aquí (en Estados Unidos) también hablamos con Keith Stansell, un estadunidense que junto con otras dos personas fue secuestrado en 2003 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando se cayó el avión en que hacían labores de inteligencia para el gobierno colombiano. Nos contó que cuando estuvo secuestrado, había mexicanos que estaban siendo entrenados por las FARC.”
Stansell es un contratista de la empresa estadunidense de seguridad privada Northrop Grumman que fue liberado por militares de Colombia y Estados Unidos en junio de 2008 junto con otros rehenes de las FARC, entre ellos la excandidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt.
Los supuestos vínculos internacionales del grupo también se los mencionó a García Valseca el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas. “La única vez que hablé con él –dice el entrevistado– fue para decirme que no hablara con la prensa, ni nacional ni internacional, porque esos grupos forman parte de redes internacionales como las FARC y la ETA”. El comisionado se lo pidió luego de que la historia de García Valseca fue difundida en Estados Unidos: en marzo pasado por la cadena de televisión NBC y en agosto, ampliada, por el diario The Washington Post.
Experiencias paralelas
La presunta participación de la guerrilla en el secuestro del panista también era investigada, a petición de la familia de Diego Fernández, por el exgeneral experto en la represión de movimientos guerrilleros Mario Arturo Acosta Chaparro, pero a los tres días de iniciar sus pesquisas fue baleado en la Ciudad de México, por lo que convaleció durante meses.
Como Diego Fernández, el hijo del empresario periodístico fue secuestrado en las inmediaciones de su rancho, el 13 de junio de 2007. Como el panista permaneció cautivo más de siete meses. Fue liberado el 24 de enero de 2008. Todo ese tiempo estuvo metido en un cajón en el que apenas podía moverse y que sólo tenía dos agujeros de ventilación.
“No tenía ni siquiera ropa. Y no me daban de comer. Cuando me secuestraron pesaba 74 kilos y salí con 39. Me balacearon con una pistola
De acuerdo con García Valseca, Roa le explicó que los secuestradores han sido cada vez más violentos con las víctimas para quitarle todo a sus familias: “Le hacen a uno y a los familiares vender todo, que busquen préstamos. Dejan endeudados hasta a los nietos. Sólo entonces sueltan a sus víctimas”.
Pero a diferencia de García Valseca, Diego Fernández reapareció el lunes en buenas condiciones físicas. El hijo del coronel explica: “Cuando me soltaron yo no podía ni hablar, no tenía voz. Se me cayó el pelo. En siete meses y medio una sola vez, el 15 de diciembre de 2007, me cortaron el pelo, la barba y las uñas. Sólo me dejaron el bigote, como ellos, que sólo usan bigote.
“Me llevó meses enteros poder bajar una escalera. La primera vez que lo intenté me caí. A Diego no lo maltrataron porque siempre representó un buen negocio, tanto en lo político como en lo económico. No se le vio en shock.”
Sobre la operación y la ideología de sus secuestradores, dice que tienen una estructura jerárquica de tipo militar. “A pesar de que no hablé mucho con ellos, había uno al que me tenía que dirigir como ‘señor jefe’. Los demás tenían el rango de ‘guardianes’”.
Añade: “Siempre me decían: ‘los de tu clase’. ‘Te vamos a matar, hijo de la chingada. Vas a servir de ejemplo a los de tu clase para que los próximos no se anden con mamadas con nosotros. Tu pinche familia da una bicoca; no vale la pena ni siquiera exponernos”.
Quinto de nueve hijos del empresario periodístico, explica: “Me maltrataron porque pensaron que yo tenía los 8 millones de dólares que me pidieron. Se fueron con la finta del apellido y porque el coronel siempre fue muy apantallador, pero yo jamás he tenido, ni pretendo tener, la cantidad que me exigían”. Añade que una tortura como la suya la había sufrido antes un empresario italiano cuyos bienes también sobreestimó el grupo.
Ron Lavender fue secuestrado el 22 de junio de 2001. “A él lo metieron cuatro meses y días en un tráiler de esos que jalan caballos. Le pusieron una inyección por la espalda el día que lo secuestraron. No lo torturaron como a mí. Tiene más de 80 años, pero dice que lo peor del cautiverio fue el sol. Lo metieron en algún lugar de Guerrero, en donde no tenía acceso a nada”, refiere García Valseca.
Sospechosa omisión
Jayne Rager, también en entrevista telefónica, relata la manera en que los colaboradores del secretario de Seguridad Pública le dieron datos sobre los autores del plagio: “A Eduardo lo secuestraron un jueves. El lunes siguiente llegó un correo electrónico en el que pedían que el rescate se pagara con billetes de 100 dólares estadunidenses. Cuando el agente vio el mensaje, dijo: ‘Sí, son ellos’”.
El equipo de García Luna tenía fotos de los otros secuestrados y decía que el modus operandi era muy parecido, con retenciones de muchos meses, negociaciones semejantes y que la cantidad mínima que se había pagado había sido de 1 millón 200 mil dólares. También tenían registrado que la mayoría de los casos ocurrió a finales de la primavera y que la liberación ocurría poco antes de la Navidad. “Toda esa información me la dio la PFP”, dice Rager en referencia a la Policía Federal Preventiva, antecesora de la actual Policía Federal.
De acuerdo con ella, el caso en el que las autoridades fueron más precisas sobre la presunta participación de TDR-EP fue el de Nelly Catalina Esper Sulaimán, hija de quien en ese momento era el dirigente del PRI en San Luis Potosí, Antonio Esper Bujaidar, quien fue secuestrada el 30 de mayo de 2004 y liberada un año, ocho meses y 12 días después.
“El agente que comisionó García Luna, y que vivió con nosotros los siete meses y medio del secuestro de Eduardo, me dijo que en el caso de Nelly Esper tomaron fotos de los billetes del rescate y los registraron, como en nuestro caso. Tiempo después, cuando en 2006 el EPR atacó varios lugares del Distrito Federal con bombas y los responsables fueron detenidos, les encontraron billetes que estaban registrados como parte de ese rescate.
“Cuando los interrogaron, la información llevó a las autoridades a las montañas de Oaxaca, donde encontraron lo que quedaba del rescate en cajas de cartón. El dinero estaba escondido en una casa de unos campesinos que a pesar de su pobreza no habían tocado ni un solo billete”, dice Rager.
Precisa que según esta información policiaca, durante el plagio de Esper Sulaimán los secuestradores dejaban mensajes en iglesias: “Fue un sacerdote muy importante de una iglesia en San Luis Potosí el que entregó el dinero. También me dijeron que una de las empleadas de la casa de la familia era del mismo pueblo del sacerdote. Yo les pregunté por qué no investigaron al padre, pero me dijeron que era muy querido en el pueblo y que si lo hacían, los linchaban”.
Dice que en el mismo sentido les han contestado los colaboradores de García Luna cuando les preguntan por qué no han detenido a los secuestradores, si los tienen identificados: “Yo me quedé sorprendida cuando el agente que vivió con nosotros durante la negociación me dijo que los secuestradores tenían vínculos políticos, pero que si el gobierno sacaba eso a la luz, se corría el riesgo de volver mártires a los personajes de la política supuestamente relacionados con ellos. No entiendo por qué. O le tienen miedo a ese grupo o quizá se benefician de alguna manera, no lo sé”.
Eduardo García Valseca encuentra más paralelismos, principalmente en las fotos de las víctimas enviadas a la familia. “Con Diego fue igual que a mí: tapan los ojos con una mascada. En mi caso, en el cajón donde me tenían pusieron una sábana que sujetaron con una pistola de grapas. En el caso de Diego pusieron un plástico negro”.
Cuando vio la foto en los periódicos le habló a Armando Espinoza, el coordinador de Inteligencia de la Policía Federal. “Le dije que le hablaba porque eran tantas las similitudes. Me dijo: ‘Tienes razón; son los mismos. Ya sabemos que son los mismos’. Incluso, a través de él le estuvimos enviando mensajes al hijo de Diego Fernández”.
“A la Policía Federal y al propio García Luna le hemos dado muchos detalles de mi secuestro, pero siempre han mostrado reticencia”, dice Rager, y añade que, al principio, incluso se negaban a hacer retrato hablado de los secuestradores. También les llegó información sobre la existencia de una casa de seguridad en la colonia Nigromante, en San Miguel de Allende, donde vieron a los presuntos secuestradores antes del plagio, pero nunca fueron a investigar. l
Otro encontronazo...
Álvaro Delgado
La histórica animadversión entre Diego Fernández de Cevallos y Felipe Calderón, que los ha empujado casi hasta los golpes, tuvo un nuevo capítulo tras la liberación del Jefe. El reproche del excandidato presidencial al mandatario –quien se refiere a él como su “amigo”– en el sentido de que “las autoridades tienen una tarea pendiente” parece ser el anuncio de una dura tempestad en el seno del Partido Acción Nacional, justo en la ruta del 2012…
La reaparición pública de Diego Fernández de Cevallos, al cabo de siete meses de un sospechoso secuestro, exhibió una vez más la añeja rivalidad que mantiene con Felipe Calderón y que perfila una disputa en el proceso para designar al candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República.
En efecto, desde su primera comparecencia ante los medios de comunicación, hacia las 13:30 horas del lunes 20 –en cuya madrugada aseguró haber sido liberado–, Fernández de Cevallos lanzó un reproche a Calderón y a su gobierno por su secuestro, a cuyos autores dijo haber perdonado.
“Como ciudadano, creo que las autoridades tienen una tarea pendiente, pero sin abuso, sin atropellos, sin flagelaciones”, emplazó el excandidato presidencial, quien luego, en dos entrevistas, aseguró que su secuestro tuvo “una marcadísima connotación política”, que llegó a debatir ideológicamente con sus captores y aun que pactó con ellos luchar por la justicia.
Sin embargo, Calderón descalificó esa hipótesis: “Es delito puro y duro. No se vengan con rollos ni con hipocresías. La verdad es que la acción de privar de la libertad a alguien es un delito y por más rollo que se echen, por más hipocresías que quieran generar en torno a supuesta causa social, son unos criminales a los que hay que perseguir y aprehender”.
Y aunque Fernández de Cevallos no ha expresado públicamente ningún agradecimiento al gobierno federal, tras la conversación telefónica que ambos tuvieron ese mismo lunes, la Presidencia de la República aseguró en un comunicado que el respaldo de Calderón “fue crucial” para sobrellevar el cautiverio.
“Fernández de Cevallos agradeció el respaldo que recibió por parte del presidente Calderón, al igual que de su familia y amigos cercanos, durante su cautiverio, y que fue crucial para sobrellevarlo con entereza.”
Pero desde el inicio del secuestro de Fernández de Cevallos, el 14 de mayo, Calderón ha tenido una conducta curiosa: Casi una semana después de la desaparición, el jueves 20, declaró a la cadena estadunidense CNN que no era un secuestro ni tenía relación con el crimen organizado.
“Creo que es un caso sumamente delicado. Para mí es muy triste, porque Diego es un buen amigo mío, es un buen amigo de mi partido, pero no hay evidencia de que esta situación esté vinculada con el crimen organizado, no hay evidencia de que se trate de un secuestro.”
–¿Se ha pedido un rescate? –le preguntó el entrevistador Wolf Blitze.
–Nada, hasta ahora es un misterio. Para mí es muy importante preservar la confianza en la reserva de la investigación, porque vamos a encontrar a Diego, estamos trabajando con todos nuestros recursos para ubicarlo.
Pero dos días después, el sábado 22, al cumplirse ocho días del secuestro, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que suspendía las investigaciones, como públicamente lo pidió la familia, un día antes, y el gobierno se mantuvo al margen hasta la reaparición de Fernández de Cevallos, quien habría sido liberado, en realidad, el sábado 11, según informó el diario La Jornada.
Un caso turbio
Al respecto, Manuel Espino, el expresidente del PAN en proceso de expulsión, afirma que el secuestro de Fernández de Cevallos genera muchas dudas y la obligación de Calderón es aclararlas, independientemente de la animadversión que tenga por él.
“El gobierno está obligado a hacer justicia y hacer a un lado las muy conocidas, muy públicas y muy difundidas diferencias entre Felipe Calderón y Diego Fernández de Cevallos. Está obligado a demostrar que, más allá de la animadversión personal que pueda haber tenido con Diego, es un ciudadano que merece atención de la justicia mexicana, que encabeza a nivel de procuración el presidente de la República.”
Espino, quien un día después del secuestro reprodujo en su cuenta de Twitter el dato erróneo de que Fernández de Cevallos estaba muerto, insiste en que hay muchas suspicacias sobre el caso, como la real identidad de los secuestradores.
“No tengo indicios para decir que fue una banda de criminales o un grupo de bandidillos. En esto no hay que descartar a nadie. Y nadie es nadie: Ni gente de la sociedad civil ni gente del gobierno ni gente del crimen organizado. No hay que descartar a nadie hasta que se esclarezca.”
–¿Puede ser un crimen desde el poder?
–Ahorita todas las posibilidades caben, todas.
–Insisto: ¿Incluyendo un secuestro desde la cúpula del poder?
–Todas las posibilidades caben, no podemos descartar ninguna.
En entrevista vía telefónica desde Durango, el jueves 23, Espino juzga que el caso de Fernández de Cevallos exhibe la debilidad del sistema judicial mexicano y el fracaso de la estrategia de Calderón contra el crimen organizado.
“La estrategia es fallida y hasta absurda, porque se insiste en sostenerla pese a los muy malos resultados. El caso de Diego exhibe ese fracaso. Es un fracaso del gobierno frente a las organizaciones criminales, que se han enseñoreado en el país, y en mucho por complicidad de mandos importantes del gobierno federal.”
Sobre la eventual reinserción de Fernández de Cevallos en el PAN, del que se había distanciado entre otras razones por sus diferencias con Calderón, Espino asegura que su participación será muy positiva para ese partido, independientemente de que sea o no candidato presidencial
“Hasta donde yo sé, ni en público ni en privado ha dicho que tenga interés en la candidatura presidencial, y si al paso de los días, de las semanas, de los meses decidiera participar, estaría en su derecho. Hoy no hay una señal, una sola, para esa especulación”, subraya.
Niega, también, que las expresiones para respaldar la eventual candidatura obedezcan a que falten figuras para perfilarlas a ese cargo, “sino porque el partido no ha sabido aprovechar éstas para proyectarlas e insertarlas en el debate nacional”.
En ese sentido, la presencia de Fernández de Cevallos en el PAN puede, en mucho, subsanar la deficiencia que no han podido resolver los dirigentes del partido. “Creo que en todos los sentidos es bienvenida la participación de Diego, incluso pensando en el 2012. Y no necesariamente como candidato, pero su presencia puede ayudar mucho”.
Factor en 2012
Y es que la sola liberación de Fernández de Cevallos llenó de júbilo a sus simpatizantes y su eventual reinserción en el PAN tendrá un impacto “brutal” hacia las elecciones de 2012, prevé Juan José Rodríguez Prats, promotor de la candidatura presidencial del litigante antes de su secuestro.
Feliz por la liberación de su amigo, quien lo avaló para ingresar al PAN, Rodríguez Prats relata que en una reunión con panistas de alto nivel, en el marco de la contienda por la presidencia del PAN, hubo coincidencia en que Fernández de Cevallos sería “una figura de gran relevancia” si volvía a su partido.
“Aquí Diego va a demostrar su temple. Después de esta experiencia debe reincorporarse al PAN, porque el problema de México, más que de seguridad, es de índole político, de liderazgo, de concentración de fuerzas, de acuerdos. El momento que vive el país requiere de sus mejores hombres, y Diego es uno de ellos.”
–¿Es candidato presidencial en ciernes?
–Quién sabe. Eso tendría que verse, tendría que analizarse. Pero lo importante es que se incorpore a las filas de su partido al que él le debe todo. Todo lo que tiene se lo debe al PAN.
Luego de la muerte de Carlos Castillo Peraza y de Carlos Abascal, Fernández de Cevallos es el “emblema” del PAN y debe reincorporarse a la política activa, “porque lo que viene va a ser una lucha intensa”.
–¿Es también una oportunidad para su reivindicación pública?
–Se puede ver así. Yo siento que, fundamentalmente, es devolverle algo al partido, a la vida y a la sociedad.
Distanciado de él por su negativa a ser candidato presidencial y por su cercanía con priistas como Enrique Peña Nieto, Rodríguez Prats considera que la reaparición de Fernández de Cevallos “es un aliento” para el PAN y será, sin duda, un factor en el proceso para designar al candidato presidencial.
Y es que, en efecto, Fernández de Cevallos se negó a ser candidato presidencial como se lo proponía Rodríguez Prats y sobrevino el rompimiento cuando asistió, junto con Carlos Salinas, al cuarto informe de Peña Nieto, en agosto de 2009. “Siento que Diego ya arrió sus banderas de panista”.
–¿De plano?
–De plano. Ir al informe de gobierno de Enrique Peña Nieto es una traición. Peña Nieto es el candidato de la ultraderecha, detrás de él están los intereses más nefastos y sucios del país. ¡Cómo pudo ir!
Contó al reportero que, después de ese episodio, habló telefónicamente con Fernández de Cevallos: “Le dije que tenga autoestima: ‘Qué desgracia que tu lema de un México sin mentiras sea una mentira’”.
–¿Qué le respondió?
–Nada. Se quedó callado.
Aunque Fernández de Cevallos negó que aspire a ser candidato presidencial del PAN en 2012, no se descarta que rectifique, porque ya lo hizo al menos en una ocasión: En 2000, luego de haber sido criticado por Vicente Fox por haberse “rajado” en 1994, anunció que no ocuparía ningún cargo de elección popular, pero finalmente aceptó ser senador.
Las diferencias
Los diferendos de Fernández de Cevallos con Calderón han sido más ríspidos desde la gestión de Carlos Castillo Peraza como presidente del PAN y se han profundizado hasta llegar al insulto, como ocurrió en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional, a finales de 2004.
En esa ocasión, Calderón evocó la relación de Fernández de Cevallos con Carlos Salinas, en el periodo de Luis H. Álvarez como presidente del PAN, y lo llamó “vendido”.
El excandidato presidencial se defendió: Adujo que las gestiones que hizo ante Salinas fueron a petición de Álvarez, como lo hizo también ante Ernesto Zedillo cuando Calderón fue presidente del PAN, y le recriminó: “¡No te hagas pendejo!”.
Luis Felipe Bravo Mena, el entonces presidente del PAN, trató de tranquilizar al excandidato presidencial, quien le reclamó no haber reconvenido a Calderón y le señaló que él tenía derecho a responderle.
De frente a Calderón, en medio de la expectación de los miembros del CEN, le recordó que le pidió interceder ante Zedillo, pero que mantuviera el secreto.
“Te llegué a ayudar y siempre me dijiste que no se supiera. ¿Por qué? ¡Porque eres un cobarde! Te llegué a ayudar, porque era el presidente del partido el que me lo solicitaba.”
–No es cierto –pretendió negar Calderón.
–¡Es que eres un cobarde! ¡Acéptalo!
Esta escena –verificada por el reportero con tres testigos directos– desmiente la amistad que Calderón dice que ha tenido con Fernández de Cevallos a raíz de la desaparición de éste, el viernes 14, en un hecho que cinco días después definió, en Washington, como “un misterio”.
Las diferencias entre ambos han sido hondas desde que Fernández de Cevallos fue coordinador de los diputados federales, entre ellos Calderón, en el segundo trienio de Salinas, pero se profundizaron a tal grado que, a finales de 1996, estuvieron a punto de liarse a golpes.
Según la semblanza El abogado del diablo que el periodista Roberto Rock hizo de Fernández de Cevallos para el libro Los intocables, éste puso en duda la hombría de los intelectuales, entre los que incluía a Castillo Peraza, que entonces presidía el PAN.
“Pues yo no soy intelectual, pero aquí estoy para defender a Carlos, ¡levántate!”, lo retó Calderón, al tiempo que se quitaba los lentes.
Aunque no se produjo el intercambio de golpes, la enemistad jamás ha sido superada, si bien se han unificado –junto con Salinas y Fox– para combatir a su adversario común, Andrés Manuel López Obrador, en los videoescándalos, el desafuero, las elecciones de 2006, la calificación presidencial...
Tras el feudo de “El Lazca”
Verónica Espinosa
Los frecuentes operativos militares en San Luis Potosí, la incautación de drogas y la detención de cabecillas locales de Los Zetas, por el momento ponen al estado en el centro de la lucha contra el narcotráfico y pueden marcar el fin del reinado de Heriberto Lazcano, El Lazca, en esta plaza...
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Controlada hasta sus entrañas por Los Zetas, hoy esta plaza permanece disponible al mejor postor de los grupos del narcotráfico y todo indica que éste ya no es Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, quien se perfila como el siguiente objetivo prioritario del gobierno federal en su cacería de los rivales de Joaquín El Chapo Guzmán.
En las últimas semanas los bloqueos de vialidades, las ejecuciones masivas, balaceras y persecuciones han mantenido a los habitantes de municipios de la Huasteca y de esta capital en una angustiante alerta, mientras el Ejército despliega una frenética actividad.
Información obtenida por Proceso da cuenta de cómo en los últimos meses, ante una total omisión, o sumisión, tanto del gobierno del panista Marcelo de los Santos como de su sucesor, el priista Fernando Toranzo, los emisarios de El Lazca han buscado calentar la plaza para evitar el arribo de su rival: el cártel de Sinaloa, que desde Guadalajara pretende dominar el espectro delictivo en esta entidad.
Los movimientos del Ejército, a partir de la XII Zona Militar o con destacamentos enviados directamente desde la Ciudad de México –como ocurrió con el operativo efectuado el viernes 3 en pleno bulevard Venustiano Carranza–, son congruentes con esta posibilidad, pues sobre todo en las últimas semanas se han encaminado a desmantelar células de zetas y llegaron hasta personajes cercanos a los líderes del grupo.
En los mismos operativos se ha detenido a numerosos narcomenudistas en carreteras y ciudades, lo que es inusual en esta entidad donde “nunca pasa nada y nunca se dice nada”, según afirman los propios potosinos.
En recientes operativos desplegados en la capital del estado, los militares detuvieron a dos operadores regionales de El Lazca y de Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, este último uno de los fundadores del grupo como brazo armado del cártel del Golfo y quien se desenvuelve sin problemas en los círculos sociales y empresariales de la entidad.
Además, en el grupo de detenidos apareció también un expolicía estatal y federal con un historial de represor durante los anteriores gobiernos priistas: Julio Alfredo Ceballos, tío del actual secretario de Seguridad, Enrique Galindo Ceballos.
El impresionante currículum de Julio Ceballos incluye las detenciones de los “narcosatánicos” en Tamaulipas, en 1989; del asesino serial Bricio Vázquez, El Tigre de Chiapas, en 1998; del multihomicida, asaltante y narco Miguel Ángel Beltrán Lugo, El Ceja Güera, y hasta del multihomicida y narcotraficante del cártel de Sinaloa Juan José Quintero Payán, El Juanjo, en 2002. Pero en San Luis es ingratamente recordado porque como policía estatal encabezó una golpiza a ciudadanos del movimiento cívico que hace 25 años denunciaban un fraude electoral cometido por el PRI en la alcaldía de la capital.
En sus comunicados, la Sedena no mencionó al tío del secretario de Seguridad (a quien el gobernador ha respaldado asegurando que nadie escoge a su familia), pero sí ventiló supuestas declaraciones de los detenidos que señalan como encargado de la plaza a Jesús Campos Mar, El Cachorro.
Éste es otro expolicía que formó parte de un grupo de élite formado hace años en Nuevo León, y se supone que fue enviado expresamente por El Lazca a principios del año pasado para impedir que su territorio fuera invadido por los de Sinaloa. Un expolicía especial más, apodado El Chunco, pudo ser asignado por El Lazca a esta zona con el mismo propósito.
Apenas se oyó la voz del gobernador Fernando Toranzo Fernández cuando pidió “más presencia del Ejército y la Policía Federal” a principios de septiembre, cuando fue acribillado por zetas el alcalde priista de El Naranjo, Alexander López García. Pero ningún integrante del gabinete de seguridad del estado asoma la cabeza.
Control armado
Comercios, bares, empresas, centros nocturnos, penales y municipios son víctimas del lucrativo negocio de la extorsión. Actualmente Los Zetas cobran entre 2 mil y 50 mil pesos mensuales por “derecho de piso”, según se trate de un bar pequeño o un table-dance de prestigio.
El negocio es tan suculento que el grupo impone una férrea disciplina: periódicamente El Lazca envía contadores a distintos puntos de control para “auditar” las plazas. Una revisión puede llevar hasta un par de meses.
De acuerdo con un testimonio obtenido por Proceso, El Cachorro es sutil en estos asuntos: se presenta con los empresarios, comerciantes o dueños de antros y les informa “en qué consiste el trato”: se paga o se paga. Se mueve con discreción, sin los convoyes que utilizan otros jefes.
A mediados de 2009 aparecieron en estos rumbos dos personajes a los que se daba por muertos: Tiburón, supuestamente acribillado en Durango y ahora apodado El Cubanito, e Israel Nava Cortez, El Ostión, quien según la PGR murió en un enfrentamiento con agentes a principios de abril en Fresnillo, pero que en realidad vive, es conocido ahora como El 50 y en mayo de ese año fue un operador de la fuga de 53 internos del Cereso de Cieneguillas, en Zacatecas (Proceso 1764), quienes fueron trasladados a San Luis Potosí y luego comisionados a la defensa de distintas plazas, entre ellas Guanajuato.
En este marco, los operativos del Ejército en San Luis se están acercando a operadores y jefes de Los Zetas, a la vez que “peinan” entre narcomenudistas y distribuidores para buscar formas de llegar al capo. Así ocurrió en las primeras horas del viernes 3, cuando un grupo de militares irrumpió en las suites Tame (1680 del bulevar Carranza, la avenida principal de la capital), cercó la zona y extendió la operación a otras colonias.
Los medios de comunicación locales describieron el miedo que padecieron sobre todo los empleados de los numerosos comercios de la zona y los escolares. En las redes virtuales se compartió la sicosis, mientras en su cuenta de Twitter la Secretaría de Seguridad Estatal pedía a la población que “continuara con sus actividades normales”.
El operativo comenzó alrededor de las 5:00 horas y concluyó después de las 10:00. Algunos medios alcanzaron a informar sobre el lugar preciso del cateo y los vehículos ahí asegurados, entre los cuales hay camionetas de lujo que presuntamente se sustrajeron de un lote de autos semanas atrás.
Tras el silencio inicial, el Ejército informó el sábado 4: “La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 12/a Zona Militar, informa que en el marco de la campaña permanente contra el narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, siendo las 05:30 horas del actual, personal militar llevó a cabo intervenciones en la colonia Tequisquiapan, municipio de San Luis Potosí, SLP, deteniendo a siete individuos, a quienes se les aseguró lo siguiente:
“Droga: tres kilos de polvo blanco (con características de cocaína); armamento: tres armas cortas de diversos calibres; vehículos: ocho automotores de diferentes características; inmuebles: ocho inmuebles; numerario: $2,000,000.00 M.N., $100,000.00 U.S.D.; objetos y equipo diverso: equipo de comunicación, cómputo y documentación diversa.”
Este comunicado fue entregado personalmente a los reporteros de la fuente, a quienes se les pidió que fueran al cuartel y se identificaran.
El domingo 5, la Zona Militar emitió el segundo comunicado sobre el mismo operativo, aunque éste fue electrónico e indica que se llevó a cabo el viernes 3, como efectivamente ocurrió y así lo consignan varios medios de comunicación locales, y no el día 4, como se dijo en el comunicado anterior.
Ahí ya se precisa que se aseguraron 2 millones 287 mil 450 pesos y 115 mil 239 dólares estadunidenses a los detenidos, y que con la cocaína incautada (tres kilos) se hubieran obtenido aproximadamente 9 mil dosis, “que se comercializan al menudeo a un precio de 171 pesos por dosis, lo que hace un total de 1’539,000.00 (M.N.)”.
Y el martes 8, rompiendo su usual hermetismo, la XII Zona Militar divulgó un tercer comunicado, en el que nuevamente sostiene que el operativo en cuestión se realizó el sábado 4, y asegura que los detenidos son “ocho presuntos integrantes de una célula del grupo criminal Los Zetas, encargados de las actividades delictivas de dicho grupo en la entidad”.
Según el documento, los detenidos dijeron que el responsable “de las actividades de narcotráfico y secuestro en esta ciudad de San Luis Potosí” es Jesús Campos Mar, El Cachorro.
No menciona los nombres de los presuntos zetas, el comunicado cita a Felipe Ramos Cárdenas, El Tuzo, a quien se señala como “encargado de las actividades administrativas y la contabilidad del citado grupo criminal”, y a Javier Robledo Hernández, El Compu, del cual “se tiene conocimiento que es asistente de Jesús Enrique Rejón Aguilar, Mamito, lugarteniente relevante de la citada organización delictiva”.
Desertor del Ejército en 1999, seis años después de enrolarse, el veracruzano Rejón Aguilar forma parte del círculo fundador de Los Zetas como brazo armado del cártel del Golfo y dirigió al grupo a principios de la década, pues en noviembre de 2002 el líder Arturo Guzmán (Z-1) fue acribillado. Posteriormente El Lazca, pupilo de Guzmán, quedó al mando (Proceso 1750) y El Mamito se encargó del adiestramiento paramilitar de los sicarios.
En 2007, Rejón Aguilar era ubicado como cabeza de la plaza de Nuevo Laredo, estratégica para Los Zetas, según el testimonio que un desertor de esta organización dio al reportero Ricardo Ravelo (Proceso 1619). Se le ubica como responsable del envío de mariguana y cocaína a Estados Unidos, por lo que figura en la lista de los narcotraficantes más buscados por la Procuraduría General de la República (PGR).
Desde julio de 2009, el gobierno de Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por su captura o información sobre su paradero (Proceso 1771) y, en marzo de este año, el Departamento del Tesoro lo incluyó en una lista de 54 jefes y operadores del cártel del Golfo y Los Zetas a quienes se prohíbe efectuar operaciones financieras o comerciales en ese país, por lo que sus activos fueron congelados.
En el tercer y último de sus comunicados, la XII Zona Militar informa del aseguramiento de 84 mil 220 kilos de cocaína encontrados en un tráiler, que no fue incluido en los dos comunicados anteriores. La explicación es que, si bien los soldados sabían que la droga venía en el contenedor, tardaron en localizar el escondite. “Costó trabajo dar con ella”, comentó un militar a la reportera. Esa cocaína habría bastado para elaborar 252 mil 660 dosis, con un valor aproximado de 43.2 millones de pesos.
Fue en otro comunicado, fechado el miércoles 8 y emitido por la PGR, donde se informó que un juez federal ordenó el arraigo por 40 días de los siete detenidos, a petición del fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Ahí sí aparecieron todos los nombres:
Javier Robledo Hernández, El Compu; el expolicía Julio Alfredo Ceballos Alonso; Israel Santana Galván, El Coto; Luis Manuel Ramos Cárdenas, El Luisito; Felipe Ramos Cárdenas, Conta o El Tuzo; Esteban Cortés Mascorro y Adán Vázquez Martínez, El Botija, todos acusados de delincuencia organizada, delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, “y lo que resulte”.
Aunque el Ejército sigue realizando operativos, la violencia no tiene freno: el viernes
La pesadilla de un director penitenciario
Verónica Espinosa
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- Están completamente infiltrados. Las mismas autoridades admiten que esos espacios son ingobernables, a no ser que los grupos del crimen organizado establezcan ahí su propio orden. Se trata de los penales estatales, donde imperan las amenazas, el miedo…
En el Centro de Prevención y Readaptación Estatal (Ceprereso) de La Pila, el más grande de la entidad, quienes se erigen en “gobierno” son Los Zetas. Ubicado en la capital potosina, este universo carcelario alberga a mil 700 internos y amenaza con estallar.
Rogelio Zamarripa Anguiano, uno de los últimos directores del penal –su encomienda duró menos de dos meses–, fue sacado a la fuerza por las autoridades de la Dirección de Prevención con el pretexto de que lo iban a cuidar para evitar su eventual ejecución.
Al principio, dice a Proceso, recibió amenazas; luego le armaron un motín, que encabezó un zeta de nombre Juan Carlos García López, El Oaxaca, porque el funcionario se negó negociar con su grupo criminal. Al final, insiste, fue virtualmente secuestrado por las autoridades de la Dirección de Prevención, hasta que lo rescató su hijo.
De larga trayectoria en el sistema penitenciario –fue director del antiguo penal de Guadalupe; del Ceprereso La Pila durante el sexenio del priista Fernando Silva Nieto (1997-2003), y también en Islas Marías–, Zamarripa relata que durante el breve periodo en que estuvo por segunda vez en La Pila (mayo-junio de 2010) encontró “sólo indiferencia, temor y sumisión en sus superiores, así como un equipo casi totalmente infiltrado”.
Revela: “Adentro se hace lo que quieren los grupos, pues tienen maniatado al gobierno estatal; nadie puede entrar a las áreas si ellos no lo permiten. Al segundo día dos custodios se presentaron en mi privado. Me dijeron que el jefe –“el comandante”, le llaman– mandaba decir que me fuera porque era un obstáculo. Los paré en seco: les dije que no lo haría”.
A partir de esa negativa, continúa, comenzó a recibir amenazas telefónicas en su oficina y en su domicilio. También detectó que las áreas donde estaban recluidos exfuncionarios o expolicías o reos peligrosos eran controladas por 30 internos.
Ellos, dice, eran quienes se encargaban de mover a los internos de una zona a otra; además, tenían el apoyo de algunos custodios para introducir lo que quisieran. Los que no entraban en ese juego, afirma, simplemente eran eliminados. “Antes de que yo llegara, fueron levantados cuatro de ellos; desde entonces no se sabe de ellos”.
–¿Conocía usted la situación que prevalecía dentro del penal?
–Se sabía que los directores no entraban, que no atendían los requerimientos de los internos, que no los escuchaban; que no se tomaban medidas de nada. Era dejar hacer, dejar pasar. Los directores sólo firmaban y se encerraban en su oficina.
“Si se hubiera impulsado ahí una escuela para los internos, ahora estaría completamente desatendida. Al llegar me encontré muchos intereses que no querían ser tocados. Tal vez llegaban más arriba, no sé hasta qué nivel.”
–¿Informó a sus superiores sobre lo que ocurría?
–La impunidad se da con base en la permisividad; no veo, no oigo, no hago lo que debo hacer. La verdad es que no tuve respaldo. Y aun cuando pedí apoyo al entonces procurador, quien me asignó algunos agentes, éstos sólo se aparecían un día y no volvían… Me di cuenta de que, por las amenazas que recibí, nadie se atrevió a brindarme protección.
Sostiene que el subsecretario de Prevención, Jaime Delgado –quien sufrió un atentado a finales de septiembre, por lo que fue cambiado a la Consejería Jurídica–, y el director del área, Nicolás Hernández Delgadillo, nunca tomaron medidas sobre lo que sucedía en La Pila; tampoco, dice, se preocuparon por la seguridad de él.
El oficio de octubre de 2009
El abogado Rogelio Zamarripa relata que, meses antes de que lo nombraran director del Ceprereso, presentó al gobierno potosino una propuesta de reforma del sistema penitenciario local. En el documento abogaba por atacar la infiltración, corrupción e indiferencia de las autoridades y proponía capacitar, equipar y operar las cárceles con las normas técnicas e institucionales.
Advertía también que “grupos de poder interno, en comparsa con grupos de apoyo institucional, se han dado a la tarea de lucrar con todo lo prohibido”.
En octubre de 2009, varios custodios enviaron un escrito al entonces director de La Pila, Sergio Mejía Sánchez, en el cual le informaban sobre “la indiferencia del personal de seguridad, mandos medios y superiores”; le decían, por ejemplo, que algunos internos contestaban los teléfonos y daban los reportes; otros manejaban las llaves de las áreas y apagaban las luces a la hora que ellos querían.
El oficio, obtenido por Proceso, tiene el sello de recibido de la dirección del Ceprereso de La Pila y está fechado el 1 de octubre de 2009:
“Observamos que en áreas de importancia, en particular el área de reflexión (sección que alberga a los internos que cumplen con un castigo o sanción por diversos motivos, como riñas o robos) se cuenta y se ha contado con internos de importancia en cuanto a su perfil delictivo, en especial los internos vinculados con el crimen organizado, supuestamente de LA ORG. DELICTIVA LOS Z’s (sic).
“… A la fecha el descontrol es total en dicha área, ya que entran y salen internos sin restricción alguna. De todas estas situaciones siempre se pone al tanto a un mando en turno, y en todas comentan que tomarán cartas en el asunto, pero no se observa ningún cambio de actitud del personal”, dice el documento en la página 2.
Tras ser destituido por el director de Prevención, Nicolás Hernández Delgadillo”, “de una manera hasta soez”, Zamarripa fue encerrado en un centro de rehabilitación para adictos. Dice que eso fue como un secuestro; “con engaños convencieron a mi familia de que mi vida corría peligro y así me protegerían. En realidad en ese lugar me golpearon y torturaron hasta que mi hijo me sacó”.
Dice que algunos excompañeros del centro penitenciario le han dicho que la situación no ha cambiado en el penal, sino que se ha agravado con la fuga de internos, pugnas intestinas e incluso un amotinamiento, pues otro grupo disputa ya el control a Los Zetas.
–¿Será una situación general en todos los reclusorios?
–Lamentablemente, lo estamos viendo en otras partes del país. Si así está el penal más grande, el estatal… ¿cómo estarán los demás?” l
Cárceles de juguete
La vulnerabilidad de los centros penitenciarios de Tamaulipas no se explica sin asumir que quienes verdaderamente los controlan no son las autoridades, sino el narco. Tampoco se comprende sin tener clara la incapacidad manifiesta de un gobernador –el priista Eugenio Hernández, quien hasta el 31 de este mes habrá encabezado un gobierno oneroso, de ornato– para controlar la situación. Es en esos penales donde los grupos criminales tienen sus reservas, y lo controlan todo, inclusive a las autoridades. Cómo explicar, por ejemplo, que de los 358 internos que se fugaron en 2010 sólo uno haya sido recapturado.
NUEVO LAREDO, TAMPS.- Colocado en la entrada del reclusorio local, el anuncio parece de lo más normal: “Se prohíbe ingresar cigarros, a todo aquel que se le sorprenda se le aplicará la Ley”. Sólo que en los centros penitenciarios del estado son los grupos delincuenciales los que imponen las reglas, no los custodios.
“Los de Nuevo Laredo, Victoria y Mante, por ejemplo, los gobiernan Los Zetas, mientras que los de Reynosa, Matamoros, Miguel Alemán y Altamira están en poder del cártel del Golfo”, dice una empleada del área de penales quien solicita que se omita su nombre.
El poder de ese “gobierno” es tal, comenta, que cuando hay algún cambio, un comando armado llega al reclusorio y entra como “Juan por su casa”; reúne a todos los internos en los patios, informa sobre los cambios y da posesión a los nuevos jefes. El evento puede durar varias horas, comenta.
–¿Y los custodios? ¿Y las autoridades del penal? –se le pregunta.
–Nos mantenemos al margen. ¿Qué más podríamos hacer? Así funcionan las cosas desde hace tiempo.
Un custodio comenta: “Cuando quieres cambiar horarios, alguna compensación o prestación económica, no nos dirigimos al director del penal; ése no tiene mayor autoridad. Eso lo arreglamos con el ‘jefe del penal’, quien es el representante del grupo delictivo que controla la plaza. Aquí (en los reclusorios) el mando lo tienen ellos (los cárteles)”.
Consultados al respecto, familiares de algunos presos confirman esa versión. “Adentro todo tiene un precio. Por el solo hecho de entrar al penal te cobran una cuota, que va de los 10 mil a los 20 mil pesos. Los que no pagan no tienen ninguna seguridad adentro”, cuenta la esposa de un interno. Dice que la guerra entre los cárteles elevó los cobros y las cuotas.
Además, en los reclusorios tamaulipecos circula de todo. El alcohol y la droga se venden a cualquier hora: una lata de cerveza cuesta 30 pesos, un “
En un reclusorio incluso hay un table dance. “Las bailarinas entran y salen; y cualquier preso que tenga dinero para consumir puede entrar al espectáculo”, relata el familiar de otro interno. En cada penal hay un autogobierno, encabezado por el grupo que controla la plaza.
Un militar asegura que la guerra que sostiene el cártel del Golfo (CDG) con Los Zetas en Tamaulipas no excluye a los reclusorios, pues son parte de los territorios en disputa; más aún, es en los penales donde ellos tienen un control total.
“Las cárceles son una importante fuente cautiva de ingresos para los grupos delictivos, lo que es vital para sostener su guerra. Además, las cárceles se han convertido en semillero de sicarios. Saben que en el momento que quieran pueden llegar y sacar a los presos que necesiten para reforzar sus filas”.
Dice que en este año se han registrado nueve fugas masivas en los penales tamaulipecos. “Los 358 reos que fueron sacados de los reclusorios locales no recobraron su libertad, fueron reclutados para cada grupo. Los sacaron porque los necesitan para remplazar a la gente que pierden a diario”, afirma la fuente.
De acuerdo con el militar, las ejecuciones de reclusos se explican por el clima de guerra que se vive en el estado. José Luis Carrizales Coronado, El Tubi, presunto miembro del cártel de Sinaloa, por ejemplo, fue ultimado por sicarios de Los Zetas recién llegó a un penal de Nuevo Laredo.
Un custodio explica que existe un pacto con la Dirección de Penales: cuando un zeta es detenido, debe ser internado en una cárcel controlada por Los Zetas; lo mismo aplica cuando aprehenden a miembros del cártel del Golfo. Cuando eso no ocurre, dice, es probable que los directivos penitenciarios sufran represalias, dice.
Así ocurrió por ejemplo, cuando 14 presuntos zetas fueron internados en el penal de Matamoros, que “gobierna” el cártel del Golfo. El 6 de agosto, cuando apenas llevaban una semana recluidos, un grupo de internos los ejecutó, aunque la Secretaría de Seguridad Pública aseguró que se trató de una riña.
Al día siguiente, Los Zetas respondieron con el asesinato del director de los penales del estado, Amando González Escalante. Al lado del cuerpo dejaron una cartulina con el siguiente mensaje: “Esto les pasa a los que apoyan al CDG, Atte. Z”.
El vienes 10 de diciembre, tres zetas confesos de haber ejecutado a dos policías preventivos municipales y de lanzar granadas contra edificios públicos fueron llevados al penal de Matamoros. Días después fueron asesinados. Su organización amenazó de muerte al director de los reclusorios de Tamaulipas, Horacio Sepúlveda.
Empleados de la dependencia comentan que la fuga de 152 reos el viernes 17 en Nuevo Laredo en realidad fue una negociación entre las autoridades y la organización armada a cambio de la vida de Sepúlveda.
Rompiendo récords
El 25 de marzo último, al menos 10 camionetas ingresaron al penal de Matamoros por la entrada principal y se llevaron a 40 internos. Fue un escándalo, pero el récord se rompió pronto.
Ocho días después, el 2 de abril, otros 12 reclusos fueron rescatados por compañeros de su organización, quienes irrumpieron a la cárcel de Reynosa. Llevaban armas de fuego de alto poder y granadas. El gobernador, Eugenio Hernández Flores, declaró en esa ocasión:
“La verdad es que el gobierno de Tamaulipas, y me atrevo a decir que todos los gobiernos estatales, somos rebasados por estos grupos delictivos que tienen una capacidad de fuego muy fuerte; no tenemos ni la infraestructura ni la capacidad de fuego, de resistencia, para garantizarle al gobierno federal que los reos van a estar a buen resguardo.”
Al día siguiente, en un boletín, la Secretaría de Gobernación le respondió: “Los actos de corrupción de ciertos funcionarios y su colusión con el crimen organizado, especialmente en el caso de las recientes fugas en los penales de la entidad, no son síntoma de que los delincuentes prevalecen sobre las instituciones, pero tampoco deben ser motivo para que las autoridades recurran únicamente a su denuncia”.
El 4 de abril, las autoridades federales y estatales limaron asperezas. Acompañado por los titulares de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, Hernández Flores anunció públicamente que agentes federales reforzarían la vigilancia en los reclusorios estatales. La coordinación sólo duró tres semanas, según el secretario general del Gobierno de Tamaulipas, Hugo Andrés Araujo.
El 7 de mayo escaparon del reclusorio de Miguel Alemán ocho internos. Las semanas posteriores hubo más fugas: cuatro el 6 de junio; ocho el día 25 de ese mismo mes; 14 más el 4 de julio; todas en Reynosa.
En cada caso, el mandatario responsabilizó al gobierno federal, pero evadió proporcionar los nombres de los reos y el grupo delincuencial al que presuntamente pertenecen; en algunos casos incluso tardó varios días en reportar las fugas.
El entonces secretario de Seguridad estatal, Ives Soberón Tijerina, insistió en que las instalaciones de los cinco penales tamaulipecos de mediana seguridad eran inadecuadas; además, dijo, carecían de equipamiento y el personal era insuficiente para custodiar a los mil 700 presos del fuero federal, considerados “de alta peligrosidad”. La infraestructura era insuficiente si se considera la guerra entre los grupos delictivos que vivimos en Tamaulipas, recalcó Soberón.
Y el 12 de agosto, el gobernador Hernández Flores aprovechó el foro Diálogos por la Seguridad para pedirle al presidente Felipe Calderón la reubicación en penales federales de alta seguridad de los reos federales que purgan su condena en los centros tamaulipecos.
Días después, el 18 de agosto, un comando armado metió un camión escolar al penal de Santa Adelaida, en Matamoros, y se llevó a 30 reos. La información se conoció hasta el 10 de septiembre. Ese día se realizó una rueda de prensa en el que las autoridades informaron también de la evasión de otros 89 presos del reclusorio de Reynosa.
La madrugada de ese 10 de septiembre, tres días después de que Antonio Garza García asumiera como secretario de Seguridad del estado, se evadieron 85 personas del Centro de Ejecuciones de Sanciones (Cedes) de Reynosa, Tamaulipas, la mayor fuga registrada en la entidad hasta esa fecha.
Garza García declaró que los reos utilizaron una escalera de madera para saltar una barda del área perimetral de la cárcel.
El viernes
El secretario de Seguridad informó que el director de los reclusorios del estado, Horacio Sepúlveda –el séptimo en ocupar ese cargo durante la administración de Hernández Flores–, y el director del Cedes, Efraín Hernández, con sólo dos meses en el cargo, estaban desaparecidos.
Hernández Flores responsabilizó a los custodios que estaban de guardia el día de la fuga. “Fue una traición a la confianza que depositó en ellos”, y volvió a quejarse del gobierno federal porque, dijo, no actuó, pese a que le había pedido apoyo para resguardar a los reos federales. Finalmente, la PGR informó sobre la consignación de 41 custodios por presunta complicidad.
La culpa
Los recurrentes señalamientos del gobernador, quien concluye su gestión el viernes 31, tuvieron respuesta directa del presidente Felipe Calderón.
Aun cuando la relación de Hernández Flores con Calderón era cordial y ambos coincidían en la mayoría de los temas de la agenda nacional –durante las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006, incluso la maestra Elba Esther Gordillo recomendó a Hernández Flores orientar el voto priista de Tamaulipas a favor de Calderón– en una entrevista radiofónica trasmitida el lunes 20 Calderón declaró:
“Llevan más de 300 (reos) que han dejado ir a la calle. Así ¿cuándo vamos a acabar? Yo los agarro y ellos los sueltan. La verdad es que, si un gobernante no asume como parte de su tarea, ya no digan agarrar a los rateros, por lo menos no (debe) dejarlos salir de la cárcel.
“Entonces, ¿para qué quieren el gobierno? –me pregunto. Mientras no abordemos la cobertura política que presumiblemente pueda tener la criminalidad, el problema va a seguir.”
Hernández Flores no respondió, sino el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, el único aspirante a dirigir el PRI nacional: “Yo espero que el gobernador de Tamaulipas le conteste así (a Calderón: ‘Señor presidente, primero construya los Ceresos federales y luego reclame’”.
Más allá de las declaraciones, alianzas y deslindes, lo cierto es que de los 358 evadidos de los penales tamaulipecos durante 2010 sólo uno ha sido recapturado. l
Mentiras que arden
Juan Pablo Proal
La explosión de un oleoducto en San Martín Texmelucan el domingo 19 se pudo haber evitado… si Pemex le hubiera dado mantenimiento. Así lo afirma un exempleado de la paraestatal despedido por denunciar actos de corrupción en la empresa y quien además asegura que es insostenible la versión de que el estallido se debió a las tomas clandestinas. Con esto, indica, la petrolera pretende no aparecer como culpable directa del siniestro y pagar compensaciones más bajas a los deudos de las víctimas.
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUE.- “Fue una fuga de crudo”. Esa es la explicación que Juan José Suárez Coppel, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), dio a la prensa el domingo 19 acerca de las causas de la explosión de un ducto de petróleo que mató a 29 personas.
La noche de ese domingo en el Complejo Petroquímico Independencia, el gobernador de Puebla, Mario Marín, le dijo al alcalde de San Martín Texmelucan, Noé Peñaloza: “Ya te había dicho de esto, pero no me hiciste caso. Tú tienes la culpa”.
El secretario general de la Organización de Comerciantes del Tianguis de San Martín Texmelucan, José Manuel Valencia Martínez, escuchó a Peñaloza cuando declaró a los medios locales que la tragedia se debía al mal mantenimiento de los ductos de Pemex.
Pero conforme transcurrían las horas se unificaron las versiones de los funcionarios: en la tragedia no hubo negligencia de Pemex; el accidente se debió al robo de combustible.
Al mediodía del domingo la atmósfera apesta a petróleo quemado. Suárez Coppel lleva más de 15 minutos platicando con Miguel Tame Domínguez, director general de Pemex Refinería, en un helicóptero. Ambos descienden de la aeronave rodeados de una nube de funcionarios con playeras del gobierno federal. En su recorrido dejan atrás a Peñaloza.
Suárez Coppel camina hasta detenerse metros después del Puente Rojo de San Damián, donde a las 5:50 de la mañana una gigantesca bola de fuego prendió la calle 11 de Noviembre.
Empleados federales colocan una mesa y ahí el director de Pemex ofrece detalles de lo que vio la mañana del domingo:
“Cuando llegamos al lugar de la fuga había una zanja de casi dos por dos hecha a mano. No es nuestra… Independientemente del daño en el ducto y además de los peritajes que se tengan que hacer, esa zanja no se hizo sola, es una toma clandestina. Hemos solicitado a los vecinos, a la población que nos ayude a identificar a los responsables de estos actos criminales (sic).”
Alcalde amenazado
Seis familiares de Fermín Damián Ramírez Méndez murieron calcinados. Es profesor jubilado y tiene una papelería; nació en San Martín y vive a unos metros de la zona de la explosión. Asegura que la versión de Suárez Coppel es inverosímil: “No hay evidencias; no había gente calcinada o una pipa que demuestren que estaban haciendo una ordeña”.
Armando Etcheverry Beltrán trabajaba en el área de Planeación de Pemex y su responsabilidad era evaluar los proyectos prioritarios de la paraestatal. En 2002 fue despedido por denunciar públicamente actos de corrupción, que incluían la venta de gasolina robada a estaciones de combustible.
Ahora forma parte de la organización no gubernamental Comité Nacional de Estudios de la Energía. Luego de conocer la versión de Pemex que atribuye el desastre al robo de crudo comenta:
“Hasta el momento no hay ninguna evidencia de que alguien se estuviera robando el crudo. ¿Por qué? Porque si tienes una toma clandestina y te revienta, estalla todo lo que hay alrededor. Con el fuego y la presión de esta explosión se hubieran quemado las pipas colocadas al lado del ducto que estaban ordeñando.”
El especialista comenta que uno de los integrantes de las cuadrillas que participaron en las tareas de rescate le dijo que el accidente fue causado por una avería en el ducto.
Aunque los medios impresos consignaron el regaño de Marín a Peñaloza, no se supo qué le respondió éste al mandatario estatal. Tampoco quedó consignado en la prensa por qué el alcalde de San Martín discutió con el presidente Felipe Calderón y manoteó frente a él.
La noche del miércoles 22, Peñaloza recibió a Proceso en su oficina. En vez de explicar por qué discutía con Calderón se limitó a pedir disculpas y comprensión. Aclaró que no estaba facultado para hacer declaraciones sobre la conflagración que dejó en cenizas al menos 80 casas.
El reportero le recuerda que el domingo había asegurado que la tragedia se debía al mantenimiento inadecuado de los ductos. El alcalde calla y nuevamente pide que su silencio sea comprendido.
Funcionarios del ayuntamiento –que pidieron el anonimato– revelaron a este semanario que el presidente municipal fue amenazado: “Si repites esa versión le diremos a la prensa que tú eras el responsable de dirigir una célula de robo de crudo”, le dijeron.
Irresponsabilidad institucional
De los combustibles que los grupos criminales roban de los ductos de Pemex, el petróleo crudo es el peor negocio.
Sólo puede usarse como combustible para calentar. No sería rentable para una organización delincuencial extraerlo y luego llevarlo a Estados Unidos para refinarlo, reflexiona Etcheverry. Con una explicación más sencilla, José Manuel Valencia Martínez respalda, por separado, esa hipótesis: “Los vecinos se hubieran dado cuenta; al lado del ducto debes colocar una pipa que estaría a la vista de todos”.
“Aquí no habíamos escuchado de robo de crudo”, confía Alejandro Tlatoa. Tras la explosión este hombre sacó de su casa a toda la familia y cuando huía rumbo a la carretera vio que en el motel Oasis había gente que pedía auxilio. Regresó por una escalera. Dejó a su familia a salvo, fue al motel y le salvó la vida a seis mujeres y cuatro hombres.
José Manuel Valencia, líder de los comerciantes del tianguis de San Martín Texmelucan –el más grande de Latinoamérica, con 18 mil vendedores, un mínimo de 50 mil clientes cada martes y
Hasta ahora no se sabe el monto que Pemex destinará a las víctimas. El director de la paraestatal no supo precisar cuánto le corresponderá a cada deudo.
En la conferencia de prensa que presidió el miércoles 22 se le preguntó qué medidas había tomado la paraestatal para prevenir el robo de combustibles. No respondió.
Sea robo de crudo o falta de mantenimiento en los ductos, Pemex queda mal parada en esta tragedia. Etcheverry recuerda que, según el apartado 13 del artículo 31 de la Ley de Petróleos Mexicanos, el responsable directo de cualquier eventualidad es el director de la paraestatal.
El periodista Pedro Alonso Benítez dio a conocer en el diario Puntual que el 20 de febrero de 2007 Pemex Refinación envió un oficio en el que informaba que había detectado 168 fallas en el tramo correspondiente entre San Martín Texmelucan y Venta de Carpio. En ese trecho se encuentra el ducto que explotó. Alonso obsequió una copia de ese documento a Proceso.
En el texto, Manuel Betancourt García, entonces subdirector de Planeación, Coordinación y Evaluación de Pemex, y José A. Gómez, subdirector de Finanzas y Administración, le advirtieron a Martha Olvera Rodríguez, subdirectora de Programación y Presupuestación Financiera acerca de riesgos de accidentes en el sistema.
La única forma de conocer la verdad, concluye Etcheverry, es que Pemex haga públicos los monitoreos del “diablo instrumentado”, un aparato que detecta las fugas de presión en el interior de los ductos. Así se podría comprender dónde ocurrió la falla, a qué hora y si hubo o no negligencia en cerrar con prontitud la válvula que bombea el combustible.
El miércoles 22, Tame Domínguez no dio a conocer el peritaje de “los diablos instrumentados”; se limitó a declarar: “Tengo las gráficas de operación donde no se ve la más mínima indicación de variaciones en la presión”.
A las ahora chamuscadas calles de San Martín llegan muchos funcionarios. Felipe Calderón, Suárez Coppel, Mario Marín, Rafael Moreno Valle (mandatario electo), Noé Peñaloza…
Todos sostienen la misma versión: “Fue un robo de combustible, no se preocupen, todo va a estar bien”. Y mientras tanto, como paliativo, mandan a sus colaboradores a repartir botellas de agua y chiclosos donados por Telmex.
Golpe del Vaticano contra la diócesis de San Cristóbal
Rodrigo Vera
La noticia no le gustó a la grey de la diócesis de San Cristóbal de las Casas: su obispo, Felipe Arizmendi, lleva adelante un proyecto para “desmantelarla”; casi la mitad de su territorio serviría para crear el obispado de Ocosingo. Analistas y sacerdotes coinciden en que se trata de otra embestida del Vaticano contra la línea pastoral que implantó aquí Samuel Ruiz, defensor de la causa indígena y pieza clave en los días posteriores al alzamiento zapatista de 1994, que en enero próximo cumple 17 años.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.- El obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, presentó un proyecto para dividir territorialmente su diócesis, considerada la única en México que aplica la opción preferencial por los pobres, surgida del Concilio Vaticano II.
El proyecto argumenta que esa diócesis tiene un territorio muy grande que “limita la cercanía del obispo, de los sacerdotes y religiosas a las comunidades”, por lo que es necesario dividirla para crear una nueva, cuya cabecera estaría en Ocosingo.
Pero algunos sacerdotes y grupos de laicos se oponen al proyecto de Arizmendi porque consideran que su intención es desmantelar aquella línea pastoral que implantó aquí el obispo Samuel Ruiz García.
Joel Padrón, párroco de San Andrés Larráinzar, comenta: “Esta diócesis es un aporte a la Iglesia universal porque aquí se llevan a la práctica las enseñanzas del Concilio Vaticano II de tener una comunión real con el pueblo. Me sorprende que ahora intenten quitarle parte de su territorio y partirla en dos. Esta medida desmembrará al movimiento que implantó don Samuel Ruiz. Con esa división se acabó la diócesis de San Cristóbal, ¡se acabó!”
Padrón –arrestado en 1994 por defender a los indígenas– sospecha que el plan no es de Arizmendi, como éste asegura: “No sé de dónde venga ni quién lo haya hecho. Lo cierto es que es un proyecto muy bien elaborado, con gráficas y cifras estadísticas. Pero se realizó sin sondear antes al pueblo. Hasta ahora se está realizado una consulta”.
El sacerdote Heriberto Cruz Vera, a cargo del santuario de Tila, dice: “El proyecto viene de arriba. No responde a una necesidad de las bases. No toma en cuenta la opinión del pueblo. Tengo la impresión de que detrás de él hay una intencionalidad política más que pastoral”.
–¿Viene del Vaticano?
–Nuestro obispo dice que no, que es una propuesta suya y de sus vicarios. Vamos a creerle. Pero esta división territorial de la diócesis es algo que ya está cocinado. La suerte ya está echada. Debilitará todo el proceso de nuestra Iglesia autóctona y liberadora. Será muy doloroso.
“No es consigna”
Arizmendi defiende su plan y asegura a Proceso: “No es ninguna consigna de Roma ni es ningún mandato de la Nunciatura Apostólica ni del episcopado mexicano. Ni siquiera es un proyecto, es apenas el esbozo de una idea, una posibilidad que elaboré junto con mi obispo auxiliar y mis vicarios”.
–¿Por razones estrictamente pastorales?
–Así es. Ahora la tendencia mundial en la Iglesia es atender mejor a través de diócesis más pequeñas. Para no ir tan lejos, aquí la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez está por dividirse, se le quitará territorio para crear una nueva en Villa Flores. ¿Por qué no empezar entonces a abordar el tema en San Cristóbal? El tiempo hará ver que no es tan mala idea, que se quiere hacer el bien. Amo a esta diócesis y doy mi vida por ella. Sería el primero en defenderla ante cualquier intento de perjudicarla.
–Su idea despierta suspicacias pues San Cristóbal ha sido una diócesis muy hostigada por su línea pastoral.
–Sí. Esas suspicacias son explicables por las razones históricas que ya sabemos. Pero yo procuro no ser un cacique, quiero escuchar y ver las necesidades para que todos tomemos las decisiones adecuadas. Un obispo no trabaja solo. Si la mayoría rechaza esa propuesta, pues no se realiza y punto.
–Hay temor de que una nueva diócesis siga una línea distinta a la que implantó Samuel Ruiz.
–El mismo temor existía cuando el obispo Raúl Vera llegó a la diócesis para sustituir a don Samuel. Y después cuando yo llegué como obispo también se decía que venía a arrasar con todo lo que oliera a don Samuel. Llevo diez años aquí y no ha sucedido tal cosa. No vengo a desmantelar su labor sino a potenciar todas las buenas inspiraciones que hay en la diócesis. Quiero quitar esos temores y angustias. No traigo consigna de Roma.
“Por otra parte ya don Samuel y don Raúl veían la posibilidad de quitarle territorio a la diócesis para crear una prelatura en la zona de Marqués de Comillas. Mi idea no es dividir sino multiplicar. Una nueva diócesis multiplicaría los servicios y atenciones.”
División territorial
En mayo pasado, en la última asamblea diocesana, Arizmendi dio a conocer el documento Propuesta de una nueva diócesis en Ocosingo. En él se aclara que “no se trata de discutir en esta asamblea la propuesta, sino sólo plantearla, explicarla y llevarla a las comunidades”, por lo que propone “iniciar una consulta” sobre la “conveniencia y la oportunidad de formar una nueva diócesis, con sede en Ocosingo, para dar un mejor servicio al pueblo de Dios”.
El documento señala:
“La tendencia actual en toda la Iglesia es que las diócesis sean más pequeñas para que el obispo las pueda atender mejor, visite con más frecuencia no sólo las cabeceras parroquiales sino también las pequeñas comunidades; no sólo vaya a las fiestas patronales y a celebrar confirmaciones, sino que participe en reuniones de catequistas, de servidores, de áreas de pastoral; es decir, que tenga tiempo para escuchar a las personas, de impartir personalmente algunas catequesis, de convivir más con el pueblo. Se quiere que el obispo no sea una figura lejana sino un pastor que está más cerca de su pueblo.”
Luego señala que la diócesis de San Cristóbal, con sus 36 mil
El texto recalca: “Tener un territorio tan grande limita la cercanía del obispo, de los sacerdotes y religiosas a las comunidades. El pastor no conoce a sus ovejas”. De ahí que propone quitarle 18 mil
En cuanto a la infraestructura eclesiástica, la nueva diócesis se quedaría con 13 parroquias y una misión con tres sedes (Bachajón, Chilón y Santísima Trinidad), 32 sacerdotes, 64 religiosas, 6 religiosos, 260 diáconos permanentes, 12 seminaristas y muchos catequistas y servidores.
Aunque aclara: “Los sacerdotes diocesanos que actualmente desarrollan su ministerio en la posible diócesis de Ocosingo tienen libertad para permanecer allí mismo o solicitar su cambio a la diócesis madre de San Cristóbal, aunque su permanencia donde ahora están le daría a la nueva diócesis una mayor fortaleza y garantía de continuidad”.
El documento menciona que la nueva diócesis atendería a 558 mil 499 indígenas, principalmente tzeltales (274 mil 973) y choles (154 mil 790) ya que “el resto son minorías tzotziles, tojolabales, zoques y lacandonas”.
Y señala que si en la consulta se aprueba la nueva diócesis se presentará la solicitud a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Si el voto de esta instancia también es favorable se enviará la propuesta al Vaticano, a la Congregación para los Obispos, la cual hará sus propias consultas. Finalmente, será el Papa quien dé “la última palabra”.
Detalla después el mecanismo para elegir al obispo de la nueva diócesis, que puede ser “indígena o mestizo”; se hará una consulta de la que saldrá “una terna de candidatos” que se presentará igualmente al pontífice y éste –alumbrado por “la luz del Espíritu” – decidirá quién queda.
Además de la de Arizmendi, el documento tiene las firmas del obispo auxiliar, Enrique Díaz Díaz, y de seis de sus vicarios: Pablo Iribarren, Javier Reyes, Pedro Arriaga, Rodolfo A. Román, Joel Vega y José Avilés.
Ellos aseguran en su documento que la diócesis de Ocosingo “nacería con la fuerza del proceso pastoral de San Cristóbal”. Se regiría bajo el mismo sínodo y sería igualmente “una Iglesia autóctona, liberadora, evangelizadora” y con las “mismas opciones diocesanas” que implantó don Samuel.
Al respecto, Arizmendi dice a este semanario: “Nuestra pastoral indígena, que es tan importante, cobrará mayor fuerza con las dos diócesis. De manera que no se trata de dividirnos sino de unirnos más. Y la opción por los pobres no cambiará pues no es una moda ni una conveniencia temporal, sino una exigencia evangélica esencial”.
“Consulta de consolación”
Heriberto Cruz es escéptico: “Es un sueño muy bonito eso de que las dos diócesis llevarán el mismo caminar, si ya de por sí Roma le ha puesto muchas objeciones a San Cristóbal, por lo que la ha golpeado muchísimo. No creo que apruebe otra diócesis semejante. Además, el obispo que llegue a Ocosingo, sea quien sea, impondrá sus propios lineamientos. Siempre sucede así.
“Al dividirla, a nuestra diócesis se le quitará fuerza en todos los sentidos. Cuando don Samuel y don Raúl proponían crear una prelatura en Marqués de Comillas lo hacían con otro espíritu y otra mística. En cambio, el proyecto actual es pragmático, parte de una visión muy jurídica que no proviene de una necesidad de las bases.”
–Pero ahora se les va a consultar.
–Esa consulta es de consolación. El proyecto se presentó porque la división ya va en camino y, repito, la suerte ya está echada. Don Felipe tiene 70 años de edad, el derecho canónico lo obliga a presentar su renuncia a los 75 años. Le quedan cinco al frente de la diócesis. Supongo que la división deberá darse en ese lapso. Con ella se acabará toda una línea pastoral. Sería muy triste que don Felipe terminara su periodo con esa división. Ojalá tenga la audacia y la astucia evangélica para impedirla.
–¿Cómo dar mejor atención pastoral sin dividir la diócesis?
–Hay varias maneras de solucionar el problema. Una de ellas es nombrar más vicarios o más obispos auxiliares, que es la propuesta que hace el equipo chol con el que trabajo. ¡Caray! San Cristóbal merece ser incluso arzobispado por toda su importancia histórica y la labor de fray Bartolomé de las Casas. Pero en lugar de eso se le quiere debilitar. La mayoría de la gente se opone a esa división.
Señala Heriberto Cruz que en el tiempo que lleva como obispo de San Cristóbal, Arizmendi ha dado cabida a sacerdotes del llamado Movimiento Carismático, que antes no trabajaban en la diócesis por ser contrarios a la línea de la opción por los pobres.
“Los carismáticos tienen una espiritualidad muy del cielo, de muchos gozos en el espíritu. No ven al pobre y al pueblo que sufre. Promueven una evasión de la realidad. Ahora don Felipe los ha fortalecido.”
Del mismo parecer, Joel Padrón afirma: “La diócesis de San Cristóbal no es una estadística, un listado de personas o un territorio para dividir. ¡No! Es sobre todo un movimiento de fe. Ese movimiento es similar al cauce de un río; si lo divides, el río pierde necesariamente su fuerza. Más bien debemos pensar en unificar ese cauce para darle más potencia”.
Padrón abunda en el símil ejemplificando con los catequistas y los indígenas: “No se les puede decir a los alrededor de 8 mil catequistas: ‘4 mil de ustedes se quedan aquí y los otros 4 mil se van para otro lado’. No puede hacerse tal cosa con un movimiento de fe que fluye bajo un mismo cauce.
“Tampoco se puede dividir a las distintas etnias. ¿Van a partir al pueblo zoque? ¿Van a partir al pueblo chol? ¡No es posible! ¡no se puede! La diócesis de San Cristóbal pudo integrar a esas distintas culturas bajo una misma opción. Al dividirlas se desmembraría la diócesis.”
–¿Y si la diócesis de Ocosingo asume la misma línea?
–Eso no se puede. Nadie puede garantizar que la nueva diócesis será una calca de la de San Cristóbal. Imaginemos que el obispo de Ocosingo sea el obispo ideal, irreprochable. Pues ni aún así las cosas serán igual, porque cada obispo tiene su propio carisma. Ocosingo será otra diócesis… y San Cristóbal también.
–Pero es común que las diócesis se dividan territorialmente…
–Es cierto. Muchas diócesis se dividen y no hay grandes repercusiones. Hoy se nos pone el caso de Tuxtla. Pero San Cristóbal es muy diferente, ya que lleva un proceso eclesial muy específico inspirado en el Concilio Vaticano II. Es una diócesis conciliar. Por sus características no se puede dividir. Aquí no caben esos argumentos.
–¿No hay ninguna otra diócesis en México con esas características?
–No la hay. No hay ninguna otra.
Jorge Santiago, analista de los procesos de la diócesis y quien participa en los movimientos de laicos, señala que el proyecto de Arizmendi ya desestabiliza a la diócesis.
“Por lo pronto, el proyecto está generando una gran desestabilización. Los sacerdotes, diáconos y catequistas están viendo en cuál de las dos diócesis quedarán. Vislumbran un futuro incierto. Mientras que los indígenas y campesinos intuyen que hay algo que los va a afectar. No saben exactamente qué es. Sólo presienten que se viene un golpe contra ellos.”
–¿Ha percibido más rechazo o más aprobación al proyecto?
–Simplemente no hay aprobación entre los fieles. Es como si de pronto te dijeran que nacerá un hermanito que no esperabas. Los movimientos de laicos están en contra. Perciben algo extraño, una mano negra que está moviendo las piezas.
La herencia de Samuel
Santiago asegura que el obispo intenta tranquilizar los ánimos dando una “visión utópica” de la nueva diócesis y señalando que será el pueblo quien decida.
Agrega: “La Iglesia es finalmente una estructura de poder donde siempre hay intereses en juego. La diócesis de San Cristóbal es una pieza de esa compleja estructura. Pero una pieza que ha sido muy golpeada por Roma, que actualmente le tiene prohibida la ordenación de diáconos y bloquea su libertad”.
Santiago recuerda los frustrados intentos en los noventa de expulsar de la diócesis a Samuel Ruiz debido a su defensa de los pueblos indígenas; los enfrentamientos de la diócesis con el Ejército y los gobiernos federales y estatales a raíz del alzamiento zapatista y el disgusto de la jerarquía eclesiástica con el obispo por su apoyo al subcomandante insurgente Marcos y por sus gestiones para que el levantamiento de 1994 se solucionara pacíficamente (las conversaciones de paz tuvieron lugar en la catedral de San Cristóbal).
Menciona además a todos los sacerdotes y catequistas que fueron encarcelados, acusados de apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la matanza de Acteal, el nombramiento de Raúl Vera como sucesor de Samuel Ruiz, nombramiento del que Roma dio marcha atrás muy pronto para sustituirlo por Felipe Arizmendi.
–¿Qué papel juega aquí Arizmendi? –se le pregunta a Jorge Santiago.
–Hasta el momento ha respetado los lineamientos del sínodo realizado por Samuel Ruiz al final de su periodo como obispo. Pero también es parte de la estructura vaticana. No puede afirmarse tajantemente que sea el operador convencido para desmantelar la diócesis. ¿Don Felipe padece también esa estrategia vaticana? ¿Se le ordenó aplicarla pero no quiere? Quizá sufra ese gran dilema. Claro, él no puede externar nada públicamente.
–¿Y cuál es su opinión personal sobre el proyecto de división?
–Es un duro golpe para la diócesis. No consolida en nada sus procesos pastorales. Más bien los pone en riesgo.
Guardaespaldas de latón
Gerardo Albarrán de Alba
Detrás de un guarura mexicano no se halla precisamente un hombre capacitado y con temple de acero; está un elemento improvisado, mal pagado y sin prestaciones, un escolta de latón tan frágil y vulnerable como las personas que “protege”. Las autoridades no saben con precisión cuántos de ellos hay en el país, pero lo cierto es que la inseguridad que campea en el país ha disparado el número. Cálculos extraoficiales indican que son 18 mil, la mayor parte de ellos expolicías y militares venidos a menos.
Son violentos por naturaleza. Su negocio es jugarse la vida por un extraño a cambio de un salario que no compensa los riesgos. Los más experimentados se saben vulnerables, y poco a poco se vuelven huraños, solitarios, duros, casi insensibles; su familia, abandonada. Trabajan sin prestaciones, enferman sin atención, se vuelven obsoletos muy rápido y envejecen en el olvido.
“No es una chamba cualquiera, hace falta vocación”, comenta un escolta retirado que prefiere el anonimato. “Puedes ser bueno para pelear, o un excelente tirador con pistola, o un gran conductor de autos, pero nada de eso te habilita para cuidar a una persona.”
Hace falta capacitación, pero en México no existe una “escuela de guardaespaldas”. Si bien la mayoría son policías y militares, pocos pertenecieron a cuerpos especializados en protección de personas. En la realidad, la mayor parte de los guaruras –como se les conoce peyorativamente– son empíricos; aprenden de los más viejos los trucos del oficio, desde protocolos de seguridad hasta cuestiones prácticas, como darse tiempo para comer y dormir, o qué ropa usar. En lo que aprenden, los errores y la inmadurez van dejando huella y al final pasan la factura al cuerpo: son comunes várices, gastritis y úlceras, riñones dañados, lesiones de columna y hasta trastornos sicológicos por estrés postraumático.
Nadie sabe cuántos son, ni siquiera las autoridades. No existe un padrón ni estadísticas confiables que los cuantifique. El 90% de los escoltas en el país son proporcionados por las policías auxiliares o bancarias, sin ningún tipo de control, coinciden el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) y la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas (SMG), y están bajo control directo de los gobernadores. Estos policías lo mismo son alquilados como guardias de seguridad para todo tipo de empresas que como escoltas particulares, sin mayores prestaciones ni la capacitación debida, asegura Ángel Desfassiaux, presidente del CNSP.
Julio César García Marín calcula en 18 mil el número de escoltas a escala nacional. Presidente de la SMG, sociedad civil que brinda servicios de consultoría en seguridad y trabaja en la profesionalización del sector, resalta que, si acaso, los elementos improvisados como escoltas reciben una capacitación de ocho horas para proteger personas. “Nosotros damos una formación de 768 horas, entre cursos y diplomados”, contrasta.
Considerado como una competencia desleal e ilegal por todo el sector, el tráfico de policías “se ha convertido en una caja chica de los gobernadores, sobre la que no rinden cuentas”, acusan David Chong, secretario general de la Corporación Euro Americana de Seguridad (CEAS México), y Arnulfo Garibo Ramírez, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de la Seguridad Privada y Similares del Ramo (Conesprysir).
Armados con una licencia colectiva que concede la Secretaría de la Defensa Nacional, es frecuente que estos escoltas den servicio fuera de su jurisdicción, lo que constituye otra ilegalidad, se queja Chong.
De hecho, cualquiera puede convertirse en guardaespaldas. Y lo más grave es que puede hacerlo de la noche a la mañana. “Yo soy empresario y mi cuñado tiene el forje y lo quiero de escolta. Yo lo mando a darse de alta a la policía auxiliar y me arreglo con la policía para que me lo regresen comisionado, con arma. Así de fácil”, describe Marco Antonio Gómez Patiño, gerente de Samahe, empresa consultora en seguridad privada.
“Es como el caso del JJ”, el hombre que casi mata al futbolista Salvador Cabañas. “Él traía 14 escoltas de la policía auxiliar del Estado de México, y ya sabemos a lo que se dedica”, apunta Desfassiaux.
Otra opción es contratar militares, y aprovechar que los oficiales retirados conservan el arma de cargo y pueden portarla, “sin importar que no sepan usarla porque fueron simples cocineros”, apunta Garibo Ramírez, él mismo exsargento del Estado Mayor Presidencial.
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Muchos guardaespaldas dejan todo en este trabajo. Salud, afectos, relaciones sociales quedan detrás del deber, particularmente la familia, que sufre de abandono; no son raros los divorcios y las infidelidades. Paradójicamente, los escoltas viven la vida de sus protegidos, pueden convertirse en sus confidentes, cuidan y crían a los hijos de otros.
Pero son pocos los que llegan a los 60 años todavía trabajando, más por su experiencia que por sus capacidades físicas. A los 45 ya son demasiado viejos para que alguien los contrate. La jubilación no existe para los que no tuvieron la precaución de ahorrar: terminan de cuidadores en una tienda o en un condominio.
Un guardaespaldas que fue jefe de escoltas en una trasnacional, con un salario de 60 mil pesos mensuales –estratosférico para el sector–, se quedó sin chamba ya siendo un hombre mayor y puso una fondita con su mujer; “a ver si se da”, se resigna.
Conforme la inseguridad copa al país, la demanda de guardaespaldas aumenta. Y con ella, la desconfianza en los escoltas mexicanos y el interés de ciertos sectores por contar con guardias personales extranjeros, una práctica fuera de la ley. En México, ningún ciudadano de otro país puede prestar servicios de seguridad, mucho menos portar armas.
Aunque todos los entrevistados coinciden en que los guardaespaldas extranjeros representan una ilegalidad más en el sector, ninguno parece alarmado. “Son la excepción de la regla”, dice Desfassiaux. “Rondan la leyenda urbana”, apunta Chong.
“Sabemos que hay extranjeros que tienen sus propias escoltas, solapados, tolerados o como los quieras llamar. Ahora la moda es traer israelíes”, comenta el secretario general de CEAS México.
Según David Chong, pocos pueden darse el lujo de tener guardaespaldas extranjeros. Los salarios de ellos rondan entre 5 mil y 7 mil dólares mensuales, más los gastos de estancia en el país. Una escolta profesional mínima es de seis elementos, y trabajan en dos turnos, es decir, al menos hacen falta 12 hombres. “¿Cuántos pueden pagarlo? Tal vez en las comunidades judía y árabe, o los estadunidenses”.
“Sé que hay en Nuevo León, en Tamaulipas y en Ciudad Juárez”, comenta el presidente de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas.
“Lo preocupante no es que estén aquí, sino que eso habla de que no confían en los escoltas mexicanos. Por eso debemos elevar su preparación y perfiles”, insiste García Marín.
Ya bastante problema es que el país esté plagado de “seudoentrenadores israelíes o estadunidenses que no tienen ningún tipo de valoración”, se queja Desfassiaux. Lo peor, dice, “es que están poniendo en peligro a la gente que requiere capacitación”.
Para Ricardo Frías, jefe de capacitación de personal de la empresa de seguridad Multisistemas de Seguridad Industrial, una de las más grandes del país, es un mito que los escoltas extranjeros estén mejor capacitados que los mexicanos.
“No es cierto, porque hay marcos legales diferentes, capacidades de uso de fuerza distintas en cada país, contextos que desconocen. El manejo de protección de un VIP es completamente diferente en México que en otro país. Entonces, lo que se cree que es una solución, al final se convierte en un problema. Hay documentados muchos casos de escoltas israelíes que han actuado con exceso de agresividad, por el tipo de entrenamiento que tienen. Si yo enseño estas tácticas en México, suelto en la calle a alguien muy violento.”
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El boom de los guardias personales y de escoltas extranjeros se nutre de la inseguridad en el país. “Oficialmente, cada año ocurren unos 600 secuestros. La realidad es que hay 100 veces más, y me quedo corto. La gente ya nada más está esperando a ver a qué hora le toca”, especula Chong.
Pese a ello –o quizá por ello–, los guardaespaldas no viven precisamente su mejor época profesional. “La gente que realmente tiene dinero no está trayendo extranjeros para que los cuide, se está yendo del país o ya se fue”, asegura Julio César García Marín, quien a principio de año registró a 350 de los 620 miembros de la Sociedad Mexicana de Guardaespaldas en el desempleo. “Yo mismo he perdido clientela a la que nosotros entrenamos a sus escoltas”.
El miedo creciente y la bolsa de trabajo de la SMG les ayudó a recuperarse: para mediados de octubre pasado sólo quedaban 14 escoltas desocupados.
La desconfianza en los guardaespaldas mexicanos no es gratuita. Como si no bastaran las historias negras sobre escoltas que “ponen” a sus protegidos para que sean secuestrados, la prepotencia es su marca.
“La culpa no es del escolta improvisado, sino de quien lo contrata. La gente con alguna posición de poder se jala al amigo, al compadre, al conocido, al recomendado, y lo que menos checan es el perfil. No entienden que así están exponiendo su propia vida”, lamenta García Marín, quien fue guardaespaldas durante 13 años, tanto de políticos y funcionarios como de empresarios y actores.
Los escoltas profesionales tampoco se dan en maceta. Por eso muchos guardaespaldas vienen de abajo. “El vinatero, el tlapalero con lana, ese no va a querer un escolta; él va a adquirir a dos güeyes del barrio y los va a transformar. Se va a preocupar por sacar una portación de arma, por enseñarlos a tirar. Ellos conocen el barrio, el lenguaje coloquial, a la banda. Yo a eso me dediqué un tiempo, en Tacubaya. Y así se va ascendiendo. ¿Eres bueno para los putazos?, pues ahora vas a aprender a usar arma. Muchos que hoy son guardias de familias acá, poderosas, o de políticos, son del barrio. ‘¿Fuiste policía o aspirante? Vente’. Por eso está lleno de guarros. Esa es la diferencia con los escoltas profesionales”, cuenta otro guardaespaldas con el que platicó Proceso.
“No hay una cultura de seguridad. La gente quiere barato, no está dispuesta a contratar a más de un guardaespaldas ni a pagarle más de 5 mil pesos mensuales, y no le importa si funciona o no, pero ya que estás trabajando te exigen como si sí les importara. Entonces, ¿quieren barato o bueno?”, cuestiona Santiago Aguilera Gómez, director de Samahe, quien junto con su socio Marco Antonio Gómez Patiño sabe lo que es estar en el terreno. Ahora ambos manejan una empresa de seguridad integral que incluye el servicio de guardaespaldas.
Hasta la típica prepotencia de los guaruras es otro síntoma de su improvisación. Como muchos trabajan solos, con jornadas de hasta 20 horas diarias, “terminan haciendo funciones de dama de compañía, poniendo la cara de más malo y haciendo movimientos rudos para que sirvan de disuasión”, reconoce un escolta consultado por el reportero, pero la verdad, dice, “es porque más bien tienen miedo, quieren aparentar que le puede dar en la torre a todo el mundo para no sufrir él un percance”.
Los escoltas improvisados venden sus servicios lo más barato. Ya preparados, se valoran a sí mismos, asegura Julio César García Marín, porque tienen que considerar incluso hasta los riesgos legales a los que están expuestos. “Puedes matar, o tu protegido puede morir o ser secuestrado. En cualquier caso quedas bajo investigación, y si no tienes un buen abogado y capital para pagar tu defensa, quiero ver si sales”.
La Sociedad Mexicana de Guardaespaldas les enseña a trabajar en tácticas de inteligencia y contrainteligencia. “No se trata de probar si eres un buen tirador; es mejor evitar que se dé un enfrentamiento. Un escolta no es un Rambo que va a repeler a un ejército él solo”: se tiene que convertir en un experto en gestión y evaluación de riesgos.
La capacitación les cambia hasta la apariencia. El que no sabe, anda pelón y ostenta el arma. Luego aprenden que la mejor protección es la que no se ve, que no pueden tener vicios, que deben ser personas centradas, con valores sólidamente definidos. “Aquí es muy fácil que alguien te pueda tentar”.
La falta de cultura de seguridad toca por igual a guardaespaldas, que deben cobrar conciencia de la necesidad de profesionalizarse, y al cliente, que debe entender que el escolta no es para bañar al perro ni para hacer mandados. “Si quieren un mozo, que contraten a uno, porque traer un mozo armado te sale muy caro”, ironiza García Marín. “Mucho menos para mentarle la madre a alguien o para madreárselo. El escolta debe ser honesto consigo mismo y debe ser capaz de decirle al cliente: ‘A mí me contratas para protegerte, no para ser tu perro de pelea’”.
Para ser guardaespaldas el físico no importa tanto, no es necesario parecer gorila, asegura. Pero debe ser una persona centrada, que controle sus emociones y sus reacciones, no ser explosivo; ser paciente, tener ética, ser honesto y leal. “Eso no se compra ni se enseña”.
Esto es particularmente importante en momentos de crisis. Un guardaespaldas tarde o temprano se verá inmerso en un enfrentamiento. Y va a disparar. Y puede llegar a matar. El estrés postraumático es inevitable, pero muy pocos reciben terapia.
Un escolta ya curtido cuenta:
“No hay terapias para escoltas que hayan disparado. Y si las hay, yo creo que nadie las usa. Debería haber. Pero tampoco hay forma de que uno se pase tres o cuatro años con el sicólogo. Aquí si no te repones en chinga te mueres de hambre. Aquí la necesidad es lo que hace que superes el trauma. Y a volver a la chamba, y el mismo trabajo es el que te va sacando adelante. A veces lo platicas con los compañeros y ellos te dan su punto de vista, y te sientes mejor cuando te convences de que hiciste lo que debías hacer. Esa es nuestra terapia para sacarnos la culpa.”
Y todo por un salario que, tasado en horas, no supera al de un albañil.
“Este trabajo te lo tienes que tomar muy a pecho, porque si no te cuesta la vida, o le cuesta la vida al que proteges.”
Los “aviadores” de Elba Esther en Hidalgo
Rosalía Vergara
Roto el pacto entre el PRI y el SNTE en Hidalgo a causa de los“maestros aviadores”, el panorama se le complica a Francisco Olvera Ruiz, quien deberá asumir como gobernador el próximo 1 de abril. Los priistas estatales le reprochan al sindicato que no haya movilizado a sus huestes para apoyar a Olvera, quien ganó la elección por sólo cuatro puntos de diferencia ante Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Hidalgo Nos Une, conformada por PAN, PRD y Convergencia. La manera de cobrarle la factura a los maestros fue negarles el pago de los 30 días de aguinaldo que les entrega la SEP…
Mientras el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) delibera sobre las elecciones para gobernador en Hidalgo, realizadas el 4 de julio último, luego de que Xóchitl Gálvez interpuso un recurso de inconformidad por “competencia inequitativa”, afloraron las rencillas entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estatal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El asunto le estalló al “equipo de transición” a causa de los maestros “aviadores” de la sección 15 del SNTE, gremio que se coaligó al PRI para apoyar a Francisco Olvera Ruiz a través del Partido Nueva Alianza (Panal).
A menos de cuatro meses del cambio de gobierno en Hidalgo, programado para el 1 de abril de 2011, los priistas estatales reprochan al SNTE que no haya movilizado a sus huestes para apoyar a Olvera, quien ganó la elección por sólo cuatro puntos de diferencia ante Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Hidalgo Nos Une, conformada por PAN, PRD y Convergencia.
La manera de cobrarle la factura a los maestros fue negarles el pago de los 30 días de aguinaldo que les entrega la SEP y que se suma a los 60 días que les abona la Federación Democrática de Servidores Públicos (Fedesp).
Desde el 17 de noviembre los mentores realizaron una marcha para exigir esta prestación de 90 días. En respuesta, los priistas comenzaron a difundir en los medios de comunicación locales que los maestros de la sección 15 eran “aviadores” de la SEP; que aun cuando estaban en la nómina y cobraban su sueldo de manera regular, en realidad no trabajaban.
Xóchitl Gálvez dice a Proceso que el pleito PRI-SNTE es interno; incluso comenta que Olvera no quiere cumplir con su parte y entregar al gremio de la maestra Elba Esther Gordillo las cuotas pactadas en el gobierno estatal.
“Los del SNTE dicen que el gobierno los culpa… Ya ves que está la denuncia electoral en la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales) y no se ha resuelto. Hay voces que quieren anular la elección de Hidalgo. Eso tiene muy enojado al PRI porque, dicen sus dirigentes, la traición del SNTE fue que nunca jugaron a su favor”.
Gálvez insiste en que los maestros no apoyaron con pasión al priista Olvera. “Lo que en realidad querían era incidir en su propuesta de gobierno. “Esa es la impresión que tengo”, comenta la excandidata.
E insiste: “Antes de mí, el gobierno del estado publicó lo de los aviadores, pero sólo los del SNTE, para golpear, porque traen un pleito con ellos. Pero los aviadores no sólo están en la SEP; hay muchos funcionarios en la propia SEP que tienen sueldo federal y realizan funciones estatales. Eso es ilegal porque están usando fondos de la educación para burocracia local”.
Después de las primeras publicaciones en la prensa sobre los “aviadores”, Gálvez difundió que los priistas en el gobierno también estaban cobrando en la nómina de la SEP. Ella publicó su propia lista. En respuesta, el viernes 10 Omar Fayad, dirigente del PRI estatal, divulgó que la hermana de la excandidata, Catalina Eréndira Gálvez Ruiz, había pedido licencia como maestra para hacer campaña a favor de Xóchitl.
La exfuncionaria foxista considera que fue una estrategia del priismo, pues su hermana pidió licencia debido a que sufría depresión, pues fue acosada por el gobierno de Osorio Chong cuando supo que Xóchitl era candidata al gobierno de la entidad; incluso Fayad exhibió el oficio DGAyDP/SRH/4053/10 en el que señala la prórroga a la licencia que pidió Catalina Eréndira del 8 de octubre al 7 de marzo de 2011.
“Y está todo lo que da el pleito”, afirma Xóchitl. Dice que su hermana denunció a Fayad porque hizo público su expediente clínico. “La verdad es que mi hermana (Catalina) entró en una depresión por todas las groserías que le hicieron cuando fui candidata; le hicieron el cerco en el gobierno, la acosaron en muchos sentidos. Le recortaron presupuesto, la empezaron a acosar por el simple hecho de ser mi hermana”, sostiene.
Año de Hidalgo
En Hidalgo, además de los maestros, funcionarios estatales, legisladores, dirigentes políticos y sus familiares cobran en la SEP sin presentarse a laborar.
De un universo de 46 mil plazas docentes y 8 mil administrativas en Educación Básica, alrededor de 3 mil personas están “comisionadas” en las oficinas de Hidalgo. De ellos, otro tanto cobran sin trabajar dentro de la propia Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), de acuerdo con un documento del SNTE que contiene nombres y claves de la nómina de la dependencia estatal.
La cereza del pastel: el coordinador del equipo de transición del gobernador electo Francisco Olvera, Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira, están en la nómina, con un sueldo de 26 mil pesos cada mes, y Érica Cervantes Albarrán, quien labora en la Secretaría de Gobierno del estado, según un listado cuya copia tiene Proceso.
Además, se menciona al secretario de Organización del PRI, Alejandro Quintana Lazcano, quien fue secretario particular de José Luis Lima Morales, auditor superior del Congreso del estado, y al delegado del PRI, José Francisco Morales Hernández, quien cobra 23 mil pesos al mes.
En el listado se aclara que Lima Morales “apenas tiene un año con licencia. De
El 12 de noviembre pasado, el periódico local Criterio publicó que secretarios particulares, familiares, expolíticos, exdirigentes de la sección 15 del SNTE y sus familiares eran “aviadores”. La propia SEP difundió una lista con la nómina de honorarios y de comisionados en su página electrónica.
Xóchitl Gálvez tomó el escándalo como estandarte y mencionó a algunos perredistas como supuestos “aviadores”. Mencionó al excandidato a la gubernatura de Guanajuato Alonso Raya, quien estudió en Pachuca y tenía una plaza que dio de baja hace como seis años, según las autoridades del SNTE.
La excandidata señaló a varios perredistas, como el dirigente de la UFIC (Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina), Celestino Ábrego Escalante, docente de profesión y fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el estado, con un sueldo de hasta 25 mil pesos mensuales.
También se refirió a Héctor Pedraza Martínez, hermano del actual coordinador del Congreso local, el priista Roberto Pedraza, así como el director de administración escolar de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Julio César Leines Medécigo.
No obstante, en el documento que tiene Proceso se menciona a Ricardo Ortega Ortega, excoordinador de campaña del exdiputado Jorge Rojo García de Alba por el distrito de Actopan y actual director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de la entidad. Su sueldo: 20 mil 400 pesos mensuales.
Dos “aviadores” más son Martiniano Vega Orozco, secretario particular del presidente estatal del PRI, Omar Fayad Meneses, quien cobra alrededor de 15 mil pesos mensuales por dos claves como maestro, e Ignacio Benítez Valdez, un alto funcionario de la Secretaría de Planeación del gobierno de Hidalgo; cobra 26 mil pesos mensuales.
La lista de priistas continúa: Juan Carlos López Flores, chofer de Jaime Costeira, exsecretario de la Contraloría de la entidad y exdelegado estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), quien gana 14 mil pesos al mes; Martín Quezada Salvador, y José Francisco Morelos Fernández, delegado del PRI estatal, con sueldo de 23 mil 858 pesos.
Del PAN figura Blanca María Juárez González, exregidora en el ayuntamiento de Pachuca; Verónica Veloz Vázquez, cuñada de la diputada local María Dolores Monroy, exsecretaria de Asuntos Jurídicos del SNTE. También figura el coordinador de gobernación del municipio de Ixmiquilpan, Jorge Aldana Camargo, quien cobra un sueldo mensual de 35 mil pesos como “inspector de telesecundaria”.
Se señala también al exdiputado local priista y exdirector de Programas Estratégicos de la SEP, Valentín Zapata Pérez, así como a María del Pilar Romero Romero, hermana del diputado federal y exsecretario de Educación Pública hidalguense, Jorge Romero, quien gana 25 mil pesos al mes.
Destacan también Manuel Zamora Hernández, quien desde hace 20 años ingresó a la SEP y nunca ha dado clases como maestro. Él fue secretario de Organización del PRI e interino del partido cuando Rojo del Alba renunció a la presidencia estatal para buscar una curul en el Congreso de la Unión: Jorge Lima Morales, director general de Servicios Periciales del estado, y el exsecretario de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas, Federico Bautista Vite, quien trabaja en el gobierno del estado y cobra con dos claves de docente casi 25 mil pesos.
Asimismo figuran los exediles de Tianguistengo, Lucio Pando Escudero, desaforado por presunto peculado y encarcelado en 2006, gana casi 25 mil pesos al mes; Moisés Serrano Pérez, de El Arenal, con sueldo de 17 mil 886 pesos, y Cristino Uribe Cano, de Chilcuauhtla, quien gana 11 mil 846 pesos.
Horacio Trejo Badillo es diputado local por el distrito de Meztitlán y cobra con tres claves como docente y directivo alrededor de 30 mil 769 pesos mensuales.
Jairo Otzaere Angulo Vargas, coordinador de giras y audiencias del gobierno del estado, también cobra alrededor de 12 mil pesos mensuales por esta plaza; Pablo Moreno Calva, exdirector de Educación Básica, quien percibe 26 mil pesos al mes.
También el exdirector de Obras Públicas de Tulancingo, Jesús Márquez Sánchez; el exdirector general de promoción turística, Salvador Navarrete Zorrilla; el secretario municipal de Tepetitlán, Ángel Olvera Jiménez; el líder campesino priista Juventino Cortés Xexni, y el expresidente municipal de San Agustín Mezquititlán, entre otros colaboradores de los diputados Jorge Romero, Jorge Rojo García de Alba y Héctor Pedraza.
Entre los exlegisladores locales que cobran sin trabajar se incluye a Delfino Quintero Rosas; Thelma Pichardo Pérez, protegida del exdiputado Joel Guerrero, y Jaciel Neri Rosas, excandidato priista a la presidencia municipal de San Bartolo.
Más casos: Manuel Díaz Gutiérrez, quien desde hace seis años cobra en la SEP y en la actualidad es representante del área educativa de la presidencia municipal de Pachuca. Él cobra con dos claves directivas alrededor de 30 mil pesos al mes; Alicia Idalid de la Rosa Zarco, a quien menciona como “colaboradora del gobierno”.Su sueldo: 22 mil 656 pesos, y Pablo Moreno Calva, exfuncionario de Educación Básica.
De parte del SNTE, se hizo público que Cosme Hernández Ortega y Moisés Jiménez Sánchez, exsecretarios de la Sección 15, perciben 50 mil 129 y 46 mil 545 pesos por una plaza, respectivamente. La dependencia también asegura que casi 700 profesores federales comisionados a esa sección magisterial perciben 7.3 millones de pesos mensuales; además, alrededor de 156 maestros reciben salarios entre 20 mil y 54 mil pesos.
La mayoría de los enlistados son maestros de profesión. Son tantos –alrededor de 46 mil– que los hidalguenses dicen que si avientan una piedra a un perro es más seguro que le peguen a un maestro.
Derivado del escándalo, Xóchitl Gálvez sostiene que en enero abrirá un blog para que la gente denuncie a los aviadores de la burocracia estatal:
“Haré un portal que se llama denunciaaviadores.com para recibir las denuncias sobre los aviadores. Será mi WikiLeaks mexicano”, ironiza.
Todo el poder contra la prensa chilena
Francisco Marín
El cierre del diario La Nación es sólo el más reciente de los ataques a la libertad de expresión y al derecho a la información en Chile. La ofensiva contra los medios comunitarios e independientes ha durado varias décadas pero paradójicamente se agudizó después de la dictadura pinochetista. Radios comunitarias saqueadas, canales estatales de televisión vendidos a la iniciativa privada y medios impresos ahorcados por falta de publicidad son el panorama actual de la prensa chilena.
VALPARAÍSO, CHILE.- La situación de centralismo y falta de pluralidad en los medios impresos chilenos se agravó con el cierre del cotidiano semiestatal La Nación, que cumple 93 años, anunciado el pasado 12 de noviembre a solicitud del presidente del directorio de ese rotativo, Daniel Platovsky, quien actuó por instrucciones del mandatario Sebastián Piñera.
Piñera anticipó el fin de La Nación durante su campaña electoral, cuando señaló que ese medio era “una fábrica de propaganda de los gobiernos en turno y de ataques a los opositores en turno. Yo les puedo asegurar que durante nuestro gobierno ese diario, La Nación, no va a existir”.
La Nación, S.A. es responsable de la publicación del Diario Oficial. Bajo su tutela también se encuentran la empresa distribuidora de periódicos Vía Directa y la imprenta Puerto Madero; tiene 600 empleados que ahora ven amenazada su fuente de trabajo. Además la inminente desaparición de Vía Directa será un revés para la distribución de algunos medios independientes.
Para evitar el cierre de La Nación el pasado 20 de octubre diversas organizaciones ciudadanas –encabezadas por el Colegio de Periodistas– dieron vida al Comité de Defensa de la Libertad de Expresión.
El presidente nacional de los periodistas de esa nación, Marcelo Castillo, anunció en conferencia de prensa que el Comité recurrirá a la Relatoría de Defensa de la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas a fin de que intervenga para evitar la muerte del pluralismo en la prensa chilena.
Castillo expresó que el cierre de La Nación “es un atentado al derecho de los ciudadanos de ser ampliamente informados, así como una nueva manifestación de la indiferencia del gobierno de Piñera ante el fenómeno de excesiva concentración de medios de comunicación en Chile”.
En este país sólo dos consorcios, El Mercurio y Copesa, controlan cuatro de los cinco diarios de circulación nacional; 90% de los periódicos regionales forma parte de los dos conglomerados.
Hasta agosto pasado el presidente Piñera era dueño de la televisora Chilevisión, pero por presiones políticas la vendió al grupo Turner Broadcasting System (TBS) en 140 millones de dólares.
Al cierre de La Nación se suma la desaparición de Diario Uno, una de las pocas publicaciones independientes de distribución nacional. A pesar que alcanzó buena circulación y ventas, nunca tuvo publicidad estatal ni privada. Su último número se publicó el 31 de octubre. El director, Marcel Claude, emitió un comunicado el pasado 2 de noviembre en el que denunció: “En Chile está tan extendida la idea de que no es posible tener medios independientes que cuando éstos aparecen, todas las energías se concentran para destruirlo y conducirlo al fracaso”.
Según una investigación del Observatorio de Medios Fucatel (realizada en 2006), El Mercurio –propiedad de Agustín Edwards– y La Tercera –de Álvaro Saieh– se reparten 77% de la publicidad estatal para prensa escrita, pese a que esos medios son reconocidamente de derecha y que el estudio fue hecho cuando gobernaba la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia.
En septiembre de 2006 la Cámara de Diputados formó una comisión para investigar el otorgamiento de publicidad estatal; fue presidida por el entonces legislador Marco Enríquez-Ominami. En julio de 2007 la comisión rindió un informe que ratificó la veracidad de las cifras de Fucatel y expresó la necesidad de una ley regulatoria de la publicidad oficial.
Tendencia monopolizante
La concentración de la propiedad y la falta de pluralismo también se observa en el medio más influyente: la televisión. A fines de los cincuenta, cuando llegó a Chile, la responsabilidad de sacarlo adelante recayó en las universidades y el Estado, pero en los últimos 20 años casi todos los canales se han privatizado. Es lo que sucedió en 1993 con el de la Universidad de Chile (actual Chilevisión), que en primera instancia había sido vendido a Venevisión.
Este mes la Pontificia Universidad Católica de Chile concretó la transferencia de 67% de la propiedad de Canal
En su artículo “Restricciones a la libertad de información en la televisión chilena” (dentro del libro de Francisco Gedda El reto de la TV digital) el sociólogo y académico de la Universidad de Chile Felipe Portales sostiene que “existe en nuestro país una total uniformidad de orientaciones en los canales nacionales de televisión abierta. En ninguno de ellos se registran opiniones o se efectúan reportajes críticos del modelo económico, social y cultural vigente”.
La ausencia de pluralismo informativo en Chile se agrava si se considera la difícil situación que viven las radios comunitarias: muchas de ellas son acosadas por el Estado desde los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010), y aun más cuando, el pasado 11 de marzo, la derechista Alianza por Chile se instaló en la Presidencia.
El pasado 9 de noviembre tres radioemisoras comunitarias de Paine (
Como parte del allanamiento se detuvo a operarios de estos medios, entre ellos los directores de Radio Tentación y Radio 24, Marcelo Núñez y Miguel Silva, respectivamente.
En agosto del año pasado –en el gobierno de la socialista Michelle Bachelet– la PDI allanó y confiscó los equipos de una decena de radios comunitarias en las ciudades de Santiago, Valparaíso y Lota.
Entre las afectadas estaba Radio Placeres, con 20 años al aire y una de las más escuchadas en Valparaíso. A pesar de su antigüedad y tradición nunca se le adjudicó una frecuencia radial debido a las peculiaridades de la legislación chilena que hacen discrecional la asignación de las mismas.
El pasado agosto, en el 140 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias-América Latina y el Caribe (Amarcalc) denunció a Chile por vulnerar “la libertad de expresión y discriminar el acceso a las frecuencias de manera equitativa en cuanto a las restricciones de potencia, bandas de frecuencia, cobertura y acceso a recursos suficientes para su sostenibilidad, sin mediar argumento razonable para justificar dichas limitaciones”.
El 2 de junio la Amarcalc emitió un comunicado en el que afirma que la Ley 20.433 –que crea los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana y fue promulgada en Chile el pasado mayo– “contribuye a generar la exclusión de los grupos ciudadanos para operar medios comunitarios y mantiene exigencias técnicas y condiciones de funcionamiento desproporcionales que legalizan una desigualdad respecto al sector comercial”.
Agrega que esta situación “se agrava más con la penalización de la radiodifusión no autorizada a través de la aplicación del artículo 36-B (de dicha ley) que criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión”. La Amarcalc llamó al gobierno chileno “a que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos modificando la legislación y absteniéndose de la persecución penal injustificada”.
En Chile la concentración de la propiedad de los medios radiales es evidente. El grupo español Prisa es dueño de 6 de las 10 emisoras con mayor audiencia en el país.
El arma de la publicidad
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Chile tres veces por violar el artículo 13 del Pacto de San José, que se refiere a la libertad de expresión.
La primera condena se efectuó en febrero de 2001 debido a la censura judicial de la película La última tentación de Cristo (1989, de Martin Scorsese). La prohibición de la divulgación de esta cinta fue ratificada por la Corte Suprema en 1999.
El 8 de julio de 2005 la Corte Interamericana castigó a Chile por haberse negado a entregar información sobre los proyectos de inversión de Forestal Trillium. A mediados de los noventa esta empresa intentó explotar con diversos subterfugios el que es considerado el bosque más austral del mundo, en la isla Tierra del Fuego. Este caso fue rotulado como “Marcel Claude contra el Estado”.
La tercera sanción contra Chile ocurrió en junio de 2006. Fue ocasionada por la presión del Estado para que no se publicara en 1995 el libro Ética y servicios de inteligencia, del exagente de inteligencia y exoficial de la Armada chilena Humberto Palamara.
Otros escritos, como El libro negro de la justicia chilena (1999, de Alejandra Matus) e Impunidad diplomática (1991, de Francisco Martorell) no han podido distribuirse en Chile debido a determinaciones judiciales que privilegian la protección de la honra a la libre expresión.
En entrevista con Proceso la Premio Nacional de Periodismo (2007) y académica del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Faride Zerán, aseveró que la libertad de expresión en Chile ha estado amenazada, y lo sigue estando, no sólo desde el tiempo de la dictadura militar sino además en los 20 años de gobiernos de la transición.
“Parece una paradoja, pero la totalidad de los medios independientes, que en los ochenta sortearon la censura militar, fueron cerrando en los inicios de la transición a la democracia”, indicó.
Alude a lo ocurrido con los diarios Fortín Mapocho y La Época y las revistas Apsi, Análisis, Hoy y Cauce –entre otras– que tuvieron gran auge en los ochenta pero desaparecieron cuando se avanzó en la transición a la democracia, fruto de la negativa de los gobiernos democráticos a darles publicidad.
Añade Zerán: “Para la Concertación el tema del derecho a la información, del pluralismo de los medios, de la concentración de la prensa escrita en grandes consorcios, no era tema ciudadano sino un asunto de mercado. Y como tal dejó hacer sin incentivar políticas públicas que garantizaran la libre circulación de todas las ideas, de todos los discursos. De allí el empobrecimiento del espectro informativo actual”.
La periodista asegura que “el mercado determinó que el avisaje de las grandes empresas privadas no fuera a los medios independientes sino a la prensa escrita y a los medios audiovisuales afines a sus visiones políticas y culturales. Y los gobiernos concertacionistas, en su afán de permanente halago a la derecha y al mercado, contribuyeron a consolidar esos poderes al destinar gran parte de los avisos de las empresas del Estado a esos medios y no a otros”.
Es adecuado traer a colación en este sentido la frase acuñada por Eugenio Tironi, ministro secretario general de gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994): “La mejor política comunicacional es no tener política comunicacional”.
Para Zerán, “con esa mal entendida política de no intervención la Concertación fue cómplice, por acción y omisión, de la falta de diversidad informativa que existe en Chile y, por ende, del precario valor que la libertad de expresión tiene en nuestra sociedad. Hoy, con un gobierno de derecha, la situación sigue igual y empeora con la señal que da la administración de Piñera de cerrar la versión impresa del diario oficialista La Nación”.
Agrega: “Por supuesto, el gobierno de Piñera no requiere medios afines para difundir su obra, porque los tiene todos. Y ha preferido soslayar el debate de quienes hemos planteado que hay que hacer de La Nación un diario público, del Estado y no del gobierno de turno, nombrando un directorio pluralista que dé cuenta de la diversidad política, social y cultural del país”.
Concluye: “En este contexto el cierre de Diario Uno y el hostigamiento a algunas radioemisoras y televisoras comunitarias y una veintena de medios más, refleja la ausencia de debate público, el empobrecimiento del diálogo ciudadano y el precario ethos democrático de las clases dirigentes del país. Y si hacemos caso de la premisa que dice que una democracia se mide por la solvencia y diversidad de sus medios de comunicación, la conclusión es que la democracia chilena, pese a su buena apariencia, deja mucho que desear”.
Un claro ejemplo de la falta de pluralismo y de los conflictos de interés de la prensa chilena se da en estos días. A casi dos meses de que 11 campesinos de la aldea Caimanes, en Coquimbo, iniciaran una huelga de hambre en protesta por la contaminación provocada por la minera Los Pelambres (de Luksic), ningún medio de comunicación masiva ha dado a conocer esa protesta.
Acerca de Sombras sobre Leonel Godoy
Del gobernador Leonel Godoy
Señor director:
Por este conducto quiero hacer las siguientes aclaraciones respecto a la nota Sombras sobre Leonel Godoy, aparecidas en la edición 1781 de este semanario.
–Las afirmaciones que la Procuraduría General de la República ha realizado (pliego de consignación y alegatos) queriendo involucrar al gobierno de Michoacán con algún grupo delictivo son falsas y calumniosas, ya que no tienen sustento en ninguna prueba. No omito mencionar que estos infundios serán combatidos por los cauces legales correspondientes.
–Respecto a las declaraciones del testigo protegido Emilio citadas en la nota, es importante precisar que me sorprende que hoy se quieran presentar como novedosas, cuando desde junio de 2009 han sido publicadas por otros medios escritos; a todos ellos he dirigido sendas cartas aclaratorias subrayando lo falso, inverosímil, calumnioso y difamante que son las aseveraciones de Emilio. Es importante agregar que estas declaraciones han sido desechadas y desestimadas en varios procesos judiciales por carecer de veracidad.
–Sin embargo, lo más grave del artículo de su revista sobre mi persona es el uso de una declaración sin ninguna otra prueba que la de un testigo al que no le constan los hechos, que por eso mismo no debiera merecer un trato tan calumnioso en una revista de prestigio. Hace poco ustedes se quejaron de una campaña de desprestigio en su contra, fincada en declaraciones de un testigo de las mismas características, hechos en los que nosotros le damos la razón a Proceso ¿Por qué si no es válido contra ustedes, sí lo es contra otros, como en mi caso? Niego absolutamente esas imputaciones falsas, y cuando se tiene una trayectoria limpia, como en mi caso, tengo la autoridad moral y política para reclamar al gobierno federal un cambio en la estrategia en la lucha contra la delincuencia.
Creo en la libertad de expresión y en la presunción de inocencia como pilares de un sistema democrático y constitucional que todos debemos defender. Asimismo, considero que las filtraciones y el uso que se da de los testigos protegidos está causando un gran daño al sistema de justicia penal mexicano.
Sin más por el momento, le envío un saludo y le agradezco la publicación de esta aclaratoria.
Atentamente
Maestro Leonel Godoy Rangel
Gobernador constitucional
del estado de Michoacán de Ocampo
Respuesta de los reporteros
Señor director:
El nombre del gobernador de Michoacán fue incluido por la Procuraduría General de la República (PGR) en el pliego de consignación de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/206/2009 en contra de 16 personas, entre ellas su medio hermano, el diputado federal Julio César Godoy Toscano.
La aseveración de la PGR, no del testigo protegido, es que el diputado ahora desaforado utilizaba su parentesco con el gobernador para “resolver los problemas” que uno de los jefes de La Familia Michoacana tuviera en su actividad delictiva. El reclamo del gobernador debe ser entonces contra el Ministerio Público Federal.
El reportaje es claro en señalar que en ese expediente la PGR no emprendió ninguna acción legal contra Godoy Rangel, aunque sí decidió incluir las imputaciones de Emilio contra el gobernante al momento de consignar la averiguación ante la justicia federal.
De acuerdo con el propio gobernador, hay “varios procesos judiciales”, no sólo el mencionado en el reportaje, donde el testigo protegido lo relaciona con ese cártel del narcotráfico. Ha sido entonces la PGR la que ha vulnerado el principio de presunción de inocencia del agraviado.
Defensor de la libertad de expresión, como se define, el gobernador debiera dar pruebas de que proporciona acceso a la información, esencial también para la democracia. Desde que se agudizó la crisis de inseguridad en el estado que gobierna, estos reporteros han solicitado de forma reiterada entrevistas con él y sus funcionarios en seguridad y procuración de justicia, sin tener acceso a ninguno de ellos “por problemas de agenda”.
Atentamente
Jorge Carrasco A. y Francisco Castellanos J.
Corrige: Carlos Salinas “no es digno de aversión, sino de lástima”
Señor director:
Como periodista, cercano a tragedias como el asesinato de Francisco Javier Ovando, cuando estaba a punto de probar un sistema de cómputo independiente para conocer los resultados de las elecciones de 1988; atento al crimen de Ernesto del Arco y sus amigos, quienes sólo tenían un enorme entusiasmo por las posibilidades que abría el Frente Democrático Nacional, y como receptor de un “saludo” de 1 millón de pesos de Pedro Pablo Treviño, que repartí entre los michoacanos que hacían un plantón frente al Palacio Legislativo, siempre sentí aversión por Carlos Salinas de Gortari.
Ahora que lo oigo pagando entrevistas en XEW con intervenciones compradas y preguntas a modo, y también tras leer en Proceso 1781 las reacciones de Enrique Krauze, Sergio Aguayo y mi admirado Lorenzo Meyer, hago público mi error: Carlos Salinas de Gortari no es digno de aversión, sino de una profunda lástima.
Atentamente
Ramsés Ancira
Teme que el director del Zoológico de Morelia atente en su contra
Señor director:
En Proceso 1763 me hicieron el favor de publicar una carta donde exponía el despido injustificado y deshumanizado que sufrí el pasado mes de abril por parte del director del Zoológico de Morelia, Cuauhtémoc García, pese a que soy trasplantado de riñón y es literalmente vital que conserve un empleo para conseguir la medicina que debo tomar de por vida.
Pues bien, en ejercicio de mis derechos interpuse una demanda laboral, y desde entonces he sido sometido a toda clase de presiones por parte del funcionario, desde amenazas a mi integridad vía telefónica hasta una demanda en mi contra ante la Contraloría del Estado el 22 de octubre (DASP/660/2010) y una denuncia penal (expediente 394/2010-11-2 begin_of_the_skype_highlighting 394/2010-11-2 end_of_the_skype_highlighting), debido a la cual fui requerido mediante una orden de presentación por medio de policías. El director del zoológico interpuso ambas denuncias argumentando que yo incurrí en falsedad de declaraciones.
En la Contraloría y en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán ya comparecí para desmentir los infundios del funcionario, y además acudí a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a interponer la queja número CEDH/MICH/713/11/10-III, pues, como dejé asentado, ese sujeto inescrupuloso y violento (golpeó al jefe de Departamento de Mantenimiento del zoológico) puede ser capaz de cualquier cosa con tal de obligarme a retirar mi demanda laboral.
En virtud de que tales acontecimientos me han causado un estado de zozobra y el temor fundado de que el director del Zoológico de Morelia, Cuauhtémoc García, pudiera llegar a atentar contra mi persona, le agradeceré publicar también la presente en la misma sección de Palabra de Lector.
Atentamente
Médico veterinario zootecnista
Gustavo Alonso Guerrero Rascón
Propone una mesa de diálogo para la reconstrucción de San Martín
Señor director:
Después de dedicar estas líneas en memoria de quienes perdieron la vida en el reciente desastre de San Martín Texmelucan, permítame hacer la siguiente propuesta.
La tragedia de San Martín no debe repetirse, como tampoco las condiciones que ocasionaron tales circunstancias. Ante ello, es necesario plantear un diálogo por la reconstrucción que permita oír la voz de todos los actores, concretar esfuerzos, acciones, planes para la recuperacion, pero sobre todo que dé certeza y confianza a cada habitante de esta demarcación respecto a la reconstrucción global.
La urgente necesidad de realizar un plan de contingencia y diseñar políticas públicas de prevención encuentra sustento en los enormes daños causados, así como en las necesidades que expresan los afectados y deudos de las víctimas.
El desarrollo de una conciencia social construida lastimosamente por lo acontecido debe marcar un precedente para poner alto a sucesos como los que hoy en día laceran a la colectividad.
La importancia de una Mesa de Diálogo por la Transparencia en la Reconstruccion de San Martín radica en la pretensión de aglutinar las diversas expresiones, por un lado, de los habitantes afectados, y por otro, de las distintas autoridades públicas, así como de otros actores sociales, como las organizaciones de la sociedad civil, para que del análisis de la problemática surjan diversas propuestas de reconstrucción.
Un foro que permita reunir ideas y esfuerzos marcaría el camino por el cual Texmelucan puede proseguir, mientras que aquellos que perdieron a algún familiar y valores diversos podrían hallar justicia.
Esto se visuliza ya en la concienca de aquellos que han sumado esfuerzos y razones para luchar por el bien de la colectividad, voces sociales comprometidas que también esperan que el imaginario texmeluquense se una en solidaridad.
Atentamente
Martín Álvarez Conde
Maestro en derecho por la
Universidad de Birmingham, Inglaterra,
y habitante de San Martín Texmelucan
El centro histórico de Tlalpan, “gallinita de los huevos de oro”
Señor director:
El centro histórico de Tlalpan parece ser una gallinita con huevos de oro. No se pueden entender de otra manera las obras de “embellecimiento” en un país en crisis y en una delegación con grandes problemas de agua, de vivienda y de vialidad.
Ahora estamos viendo que las obras realizadas por Eliseo Moyao y Manuel Santiago, que según ellos iban a durar una eternidad (lo decían hace apenas cinco años) están siendo rehechas por el actual delegado, Higinio Chávez.
El caso es que otra vez el jardín central está hecho un desastre, las banquetas levantadas, etcétera. Se están poniendo unas plantas –dizque donadas por Walmart– que corresponden a la arquitectura de un hotel tipo Miami, o bien, a la
de edificios modernísimos en los rumbos de Interlomas, mientras que se ha gastado una fortuna en una iluminación de colores tipo Hollywood que contrasta con los niños pequeños sin escuela que piden pan o venden chicles.
La falta de imaginación hasta para hacer negocios es evidente. Y si legisladores, tribunales, jueces, consejeros del IFE o el IFAI están todos comprados para legitimar los abusos sin límite de autoridades, habría que pensar en crear Comités Ciudadanos de Ética para defendernos de tanta infamia.
Gracias por el papel que en este sentido desempeña Proceso.
Atentamente
María Bárcena
Estudiante de excelencia pide apoyo porque se quedó sin beca
Señor director:
Mucho agradeceré haga pública en la sección Palabra de Lector esta misiva, dirigida al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
Señor presidente: Considero que invertir en educación es garantizar un mejor futuro para el país. Soy estudiante de tercer semestre del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Número 57, situado en el municipio de Álamo-Tamapache, Veracruz, lugar donde radico en compañía de mi familia.
A mi paso por la primaria, la secundaria y la mitad del bachillerato, he obtenido un promedio de excelencia, siempre de 10, lo cual me ha llevado a participar en certámenes culturales en diversas áreas del conocimiento, obteniendo los primeros lugares.
En 2006 el gobierno municipal premió a los niños y jóvenes con promedio de excelencia invitándonos a hacer un recorrido por la Residencia Oficial de Los Pinos, lo que además de llenarme de alegría me infundió la inquietud de ser algún día presidente de la República y abatir a todos los enemigos de México: la corrupción, la injusticia, la inequidad de género, el rezago educativo y la inseguridad, con la valentía y hombría que usted pone en práctica para enfrentar a los grupos delictivos.
A mi ingreso al bachillerato (agosto de 2009), mi centro educativo me notificó que podía solicitar una beca que ofrece la SEP a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), por lo cual me registré en el Portal de Becas SEMS.
Tiempo después mi solicitud fue validada, y en marzo del presente año recibí el primer apoyo. Pero hace unos días, vía correo electrónico, la SEMS me informó que había sido rechazado del Programa de Becas de Educación Media Superior.
Decenas de estudiantes en mi escuela también fueron dados de baja de esta beca que significaba un importante respaldo para nuestra educación, pues la mayoría de nosotros provenimos de zonas altamente marginadas del municipio.
¿Cuántos jóvenes habrán rechazado en todo el país?
Hoy me siento excluido, expulsado y sin acceso a un sustancial soporte económico que pensaba invertir en el enganche de una computadora y en el pago de la inscripción al cuarto semestre.
Señor presidente: Es más importante destinar recursos a los educandos que poner un innecesario “coloso” en la plancha del Zócalo; es más urgente financiar la carrera educativa de un joven que mantener los elevados sueldos de la burocracia; es más relevante dotar de una beca a un joven y retenerlo en la escuela que hacerlo desertar por la falta de recursos económicos ante una educación que no sigue ad pedem litterae el mandato de la Constitución, pues al estudiante se le exige pagar una cuota de inscripción que se disfraza como “voluntaria”.
“Es mejor tener jóvenes becarios que tener jóvenes sicarios”, decía el controvertido Fidel Herrera Beltrán, exgobernador de mi estado.
Señor presidente: Los niños y jóvenes no sólo somos futuro, también somos presente. Pongo mi caso a su consideración y auxilio, así como de la clase política y la sociedad civil preocupadas por México.
Atentamente
Kevin Jair Juárez Cruz
Calle 20 de noviembre s/n,
Colonia Bella Vista
Ciudad Álamo, Veracruz
Código postal 92730
Teléfono celular: 765-84-18-654
¡Pobre México, tan lejos de Argentina!
Miguel Ángel Granados Chapa
El general Jorge R. Videla, dictador argentino de
Videla fue sentenciado el miércoles 22 de diciembre por el Tribunal Oral Federal Número 1 de Córdoba, como “autor mediato (…) penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos, agravada por la condición de perseguido político de la víctima (32 hechos en concurso real); homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes (29 hechos en concurso real); tormento seguido de muerte (un hecho), todo en concurso real (…) imponiéndole en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas (…) En consecuencia, ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Sistema Penitenciario Federal”.
El juicio se refiere a la tortura y asesinato de 31 presos políticos recluidos en el Penal de San Martín, en la misma Córdoba donde ahora ha sido sentenciado. Los hechos ocurrieron entre el 1 de abril y el 30 de octubre de 1976, cuando Videla se estrenaba como dictador. No se le ha condenado porque se suponga que él personalmente entró en la prisión y atormentó a los presos y luego los acuchilló o disparó sobre sus cabezas. Junto con él este miércoles fueron sentenciados subordinados suyos (incluido el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército, en cuya jurisdicción se cometieron los crímenes), la mayor parte de los cuales tuvieron injerencia directa en los homicidios y los tormentos mencionados.
Pero como autoridad suprema, como jefe del Estado (por más que usurpara el cargo) y como jefe del Ejército, Videla fue hallado culpable de ordenar o consentir esos delitos, tenidos como de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Suerte semejante hubiera corrido su par en la Junta Militar inicial, el almirante Emilio Eduardo Massera, de no haber muerto el 8 de noviembre.
En la forma extrema de rendición de cuentas a que deben sujetarse los gobernantes, hayan sido elegidos o no, Videla pasará el resto de sus días en una prisión común. No estará allí a pesar de haber ejercido en los hechos la Presidencia de la República, sino por ello mismo, por la responsabilidad política que le corresponde al ocupante del Poder Ejecutivo.
¡Qué remota la posibilidad de que un gobernante mexicano fuera llevado a los tribunales por crímenes semejantes a los imputados a Videla! Y vaya que los ha habido, sin que el sistema judicial y la estructura política (así como sus coyunturas) permitan su enjuiciamiento.
Si a vuela pluma revisamos la historia mexicana del medio siglo reciente, encontramos hitos donde la violencia homicida del Estado contra sus enemigos (se hayan declarado así las víctimas o no) segó la vida, al margen de la ley, de innumerables ciudadanos en las más diversas circunstancias. Si hubieran sido sometidos a proceso y se les hubiera sentenciado a la pena de muerte, nadie supondría posible enjuiciar a los jefes de Estado, por más que se conociera el dominio presidencial sobre procuradores, jueces, magistrados y ministros.
Pero la represión letal ejercida por disposición directa o indirecta de los presidentes los hace responsables políticos, no ante la Constitución, sino ante la historia, de crímenes que no tendrán castigo, porque estamos lejos de poder enjuiciarlos como hicieron en Uruguay, Chile y Argentina con sus dictadores.
En una combinación de causa y efecto, muchos sucesos en que el asesinato político sería imputable al jefe del Estado son apenas conocidos, porque la lenidad social (surgida del miedo o de la inconsciencia política) pasa por alto esos crímenes. En algunos casos, como los de Luis Echeverría y Carlos Salinas, la porción de la sociedad que los detesta lo hace por su corrupción personal o por el profundo daño que infligieron a la economía, al patrimonio de la gente, a la cual suelen importarle más los bienes materiales perdidos o dejados de ganar que el respeto a la vida misma.
En
La represión de Díaz Ordaz a la movilización estudiantil, y la de Echeverría contra los propios estudiantes disidentes, son bien conocidas, y de ellas se desprenden claras responsabilidades de ambos gobernantes. Se quiso hacer valer las que tocan a Echeverría, y el esfuerzo del Comité 68 –con Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi a la cabeza– consiguió la mayor aproximación de la justicia contra un presidente. A esa colocación de Echeverría en el banquillo de los acusados sirvió de modo inequívoco el papel de la fiscalía creada por Fox para investigar los crímenes de la guerra sucia, la mayor parte de los cuales ocurrieron en los años setenta, principalmente los primeros seis. Justamente el riesgo de que ahondar en las averiguaciones dejara claras responsabilidades directas de Echeverría provocó el asedio al fiscal Ignacio Carrillo Prieto y la campaña de desprestigio en medio de la cual concluyó sus funciones.
Una dependencia de esa índole debería abrirse para indagar los crímenes políticos cometidos durante el periodo presidencial de Carlos Salinas. Si bien los protomártires de esa época, Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heráldez, cayeron en julio de 1988, antes aun de que Salinas fuera elegido, su asesinato puede ser inscrito en la represión salinista porque fueron ultimados en vísperas de los comicios. Salinas fue formalmente elegido luego de que con esos homicidios se inhabilitó la defensa legal del voto.
Creado en 1989, como resultado y concreción partidaria del Frente Democrático Nacional que había sacado avante la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, el Partido de la Revolución Democrática vio marcados con sangre su nacimiento y su vida incipiente. Especialmente en Michoacán y Guerrero, donde se efectuaron las primeras elecciones locales, la represión más cruel pareció destinada a exterminar el partido que suscitó el rencor presidencial con su permanente crítica al fraude que le permitió ser investido con la máxima autoridad del Estado.
Por supuesto, no fue Salinas quien directamente apretara el gatillo para eliminar a sus enemigos, pero permite atribuirle responsabilidad en los crímenes de esos años la impunidad de que disfrutaron los asesinos, ninguno de los cuales fue llevado ante la justicia, ni la federal que dependía directamente del presidente, ni la del fuero común, a cargo de gobernadores sujetos en los hechos a la autoridad presidencial. Quien quiera ser benévolo con Salinas y ahorrarle la acusación de autoría de 250 asesinatos de perredistas documentados por la Secretaría de Derechos Humanos de ese partido, tendrá que convenir en que fue al menos un encubridor y en que debiera ser sujeto por lo tanto a juicios como el que mantendrá para siempre en la cárcel al general Jorge R. Videla.
Ahora que la memoria histórica se adelgaza y hasta tiende a disminuir por mero olvido, no por exculpación, la crítica a Salinas, causada por su corrupción y los daños que infirió a la economía de los mexicanos (que se evidenciaron al comenzar el gobierno de su heredero Ernesto Zedillo), es hora de que la sociedad le recuerde que, llevado a tribunales internacionales, podría ser considerado perpetrador de delitos de lesa humanidad, como Videla l
Víctima privilegiada
Jesús Cantú
Por más que Diego Fernández de Cevallos se esfuerce en solicitar que no se haga de su secuestro “un caso especialísimo, privilegiado, sobre ningún otro caso” y que sea “un caso más”, el suyo recibió y recibe un trato de excepción por parte del presidente de la república, Felipe Calderón, y también de algunos medios de comunicación, que –entre otras cosas– accedieron a las solicitudes de los plagiarios (expresadas a través de la familia) para dejar de divulgarlo mientras no fuese liberado.
El tratamiento excepcional de su caso inició desde el momento mismo en que se conoció: primero, la masiva movilización de los cuerpos armados y de seguridad para tratar de localizarlo; después, la suspensión total de la búsqueda y las investigaciones “para no poner en riesgo su vida”.
El periódico La Jornada dio cuenta en su edición del 16 de mayo, del tratamiento excepcional del hecho por parte de las autoridades: “Por aire y tierra decenas de efectivos del Ejército, así como policías federales y del estado de Querétaro, implementaron un operativo en esa entidad y los estados de México, Hidalgo y Guanajuato para buscar a Diego Fernández de Cevallos… El titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, y el de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, según versiones de comunicación social de esas instituciones, acudieron al rancho de Fernández de Cevallos para dirigir las operaciones de búsqueda e investigación y se reunirían con autoridades locales para conocer sus avances.”
Lo mismo reportaba el periódico Reforma: “Militares y policías federales, en coordinación con autoridades del Estado, montaron un operativo apoyados por helicópteros para ubicar el paradero del también abogado… Luego de la orden que el primer mandatario giró al gabinete de seguridad, surgieron versiones sobre el arribo de García Luna a la finca de Fernández de Cevallos en el municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro. Pero ninguna fue confirmada… Sin embargo, se informó que desde el mediodía en las instalaciones de la 17 Zona Militar se reunieron el comandante de la zona, general Uribe Toledo Sibaja; el gobernador de Querétaro, José Calzada; el procurador estatal, Arsenio Durán, y la delegada de la PGR, Patricia Valdés, así como el secretario de Seguridad Pública estatal, Adolfo Vega, y el secretario de Gobierno, Jorge García.”
Y el lunes 17 confirmó: “Ayer, el titular de la PGR, Arturo Chávez, y el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acompañados de funcionarios de la SSP federal, se unieron a las reuniones que mantenía el gabinete de seguridad estatal con autoridades federales en la 17 Zona Militar, que comanda el general Uribe Toledo Sibaja. El sábado estuvo en la entidad el titular de la SSP, Genaro García Luna, e inspeccionó el rancho de Fernández de Cevallos.”
El Universal también dio cuenta de la atención extraordinaria: “Para supervisar la puesta en operación del esquema de búsqueda, el presidente Calderón Hinojosa retrasó por algunas horas su partida hacia España, donde participará en las cumbres México-Unión Europea y de la Unión Europea-América Latina y el Caribe”.
Antes de éste, ningún secuestro mereció la atención personal del presidente de la República y todo el gabinete de seguridad; la movilización masiva de efectivos militares y policías federales; y hasta el retraso de casi hora y media de una gira internacional del Ejecutivo federal.
Una semana después, el viernes 21 de mayo, Diego Fernández de Cevallos Gutiérrez, hijo mayor del plagiado, dio a conocer un comunicado en el que agradeció a las autoridades “su diligente y comprometido actuar”, pero solicitaba “encarecidamente que se mantengan al margen del proceso, para así favorecer la negociación, anteponiendo la vida e integridad de nuestro padre”.
Y el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, solícito respondió: “El gobierno (federal) será muy respetuoso al respecto de las decisiones de la familia en ese sentido y buscará siempre ser un espacio útil para lograr este propósito”.
Los comunicados de la PGR y de la Presidencia de la República, tras su liberación, confirmaron que cumplieron cabalmente la solicitud de los secuestradores, hecha pública a través de la familia del exsenador.
Así Ricardo Nájera, vocero de la PGR, declaró a las 9:35 de la mañana del lunes 20, antes de que se corroborara la noticia: “De confirmarse de manera oficial la liberación, después del secuestro, del exsenador Diego Fernández de Cevallos, el Ministerio Público de la Federación estaría en condiciones de continuar con la averiguación para dar con los responsables del plagio”.
Y el comunicado CGCS-244, emitido en la residencia oficial de Los Pinos, ratifica dicho compromiso: “En todo momento, las autoridades federales fueron respetuosas de la decisión de los familiares del exlegislador panista, a fin de preservar su integridad física y lograr su regreso a casa”.
Pero no únicamente el tratamiento presidencial fue excepcional; también lo fue el mediático, y Televisa lo representa plásticamente: el 15 de mayo, día en que se conoció el secuestro del político, la empresa realizó una “emisión especial” conducida por Joaquín López-Dóriga; dos días después, el lunes 17 de mayo, comunicó que dejaría de informar del suceso hasta que Fernández de Cevallos fuese liberado “para no poner en riesgo su vida” y, finalmente, el pasado lunes 20 fue el mismo López-Dóriga el que, por medio de un enlace telefónico a las 9:02 de la mañana, dio a conocer la liberación del político.
Las evidencias son contundentes: el tratamiento fue y es excepcional. Y lo es porque tanto el presidente como algunos medios de comunicación, en este caso significativamente Televisa, confunden lo público con lo privado. La seguridad pública es un asunto que afecta la vida de toda una comunidad y ningún hecho que la impacte, así ponga en riesgo la vida de una o más personas, puede ser tratado como privado y, por lo mismo, sujetarse a las condiciones que impongan los secuestradores o los familiares de la víctima.
Ellos (la víctima, sus familiares y sobre todo los secuestradores) ven por sus intereses particulares; las autoridades y los medios de comunicación tienen que velar por el interés común. Suspender las investigaciones de un secuestro no sólo no ayuda a preservar la vida del plagiado, sino que pone en riesgo la del resto de la comunidad, pues en ese tiempo los plagiarios actúan con absoluta libertad e impunidad.
Como bien señala el código de ética del periódico sinaloense Noroeste (único medio de comunicación que tiene un apartado específico dedicado al tratamiento de los secuestros): “Creemos que al hacerse de interés público un secuestro, se genera presión hacia la autoridad a fin de que cumpla con sus obligaciones. De otro modo, el silencio fomenta la impunidad de los delincuentes y la pasividad de las autoridades responsables de la seguridad ciudadana”.
Y añade: “Además, sostenemos que el publicar la noticia de un secuestro no pone en riesgo al secuestrado, pues éste ya se encuentra en riesgo desde que ha caído en manos de delincuentes”.
La confusión entre lo público y lo privado es obvia; el presidente giró instrucciones a su gabinete de seguridad y movilizó las fuerzas militares y del orden como si fueran de su propiedad: primero les ordenó que no escatimaran esfuerzos y actuaran a tope; después, ante la solicitud de los secuestradores (a través de la familia del panista) los contuvo, los frenó, los marginó del hecho; y, ahora, una vez que liberaron al plagiado, nuevamente promete “que el gobierno federal aplicará toda la fuerza de la ley para esclarecer la privación de la libertad de la que (Fernández de Cevallos) fue objeto, y señaló que se actuará con decisión para llevar a la justicia a los responsables”.
Cualquier secuestro, como uno de los crímenes que más lacera la seguridad pública y la vida de una comunidad, es un hecho público; debe tratarse como tal por autoridades y medios; y, por lo mismo, debe privilegiarse el interés de la comunidad y no el de los particulares involucrados en los hechos. Esto no sucedió en el caso del secuestro de Diego Fernández de Cevallos y fue el presidente Calderón quien le dio este carácter excepcional. l
Transparencia en el mundo
Ernesto Villanueva
El análisis del comportamiento del derecho de acceso a la información pública en el mundo pone de relieve que no se trata de una moda, sino de un proceso complejo de aproximaciones sucesivas. Así lo revela el estudio más reciente a nivel internacional elaborado por el experto holandés Roger Vleugels, el cual no tiene desperdicio. Veamos.
Primero. De la primera ley en el mundo en Suecia, que data de
Segundo. El hecho de que se hayan aprobado leyes sobre acceso a la información no significa que los Estados cumplan con su deber de informar y las personas ejerzan realmente su derecho a saber. Uno de los medios para conocer el nivel de ejercicio del derecho de acceso a la información reside en el número de solicitudes y en las respuestas recibidas. Por esa razón resulta pertinente conocer las cifras. De acuerdo con los datos disponibles, así van en orden descendente: Noruega, 917 solicitudes anuales por cada 100 mil habitantes; Estados Unidos, 492; Bulgaria, 175; Irlanda, 125; Canadá, 106; México, 98; Japón, 80; Reino Unido, 72; Rumania, 68, y Croacia, 67.
Por el contrario, países como Holanda, Italia, Grecia y Austria registran menos de una solicitud por cada 100 mil habitantes. A primera vista se podría pensar que en muchos países la información de oficio, es decir, aquella que los Estados ponen a disposición de las personas sin mediar solicitud, explica el bajo número de solicitudes de información en democracias consolidadas. Esto no es propiamente cierto. El estudio de Vleugels y otros ejercicios realizados permiten afirmar que las obligaciones de transparencia de los Estados difícilmente pueden ser tan amplias y completas que hagan innecesarias las solicitudes de información.
Tercero. Como se puede observar, por lo menos en este tema y aun con las dificultades que existen, México forma parte de los primeros 10 países en cuanto al ejercicio del derecho en cuestión. No se trata de una casualidad. Por un lado, se lograron en 2002 consensos básicos para aprobar la mejor ley que las circunstancias políticas permitieron en ese momento. A quienes participaron en ese proceso les consta cómo Felipe Calderón intentó infructuosamente acotar y parar la ley como coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados.
Por otra parte, habría que reconocer a la distancia el papel del comisionado fundador del IFAI, José Octavio López Presa, quien pensó y pudo configurar el sistema de solicitudes por internet SISI (ahora transformado en Infomex), que ha representado una de las grandes contribuciones de México al derecho de acceso a la información.
En esa misma línea se inscribió el entonces secretario de la Función Pública, Eduardo Romero, quien fue uno de los principales aliados gubernamentales para que la transparencia no fuera sólo una apariencia. También sería una ingratitud regatear los precedentes de apertura informativa del comisionado fundador Juan Pablo Guerrero. Hoy, a casi una década del derecho de acceso a la información, en el IFAI, María Marván es la única comisionada fundadora en activo que ha mantenido un compromiso consistente y creciente en esta materia. Ángel Trinidad Saldívar, primero secretario ejecutivo y ahora comisionado, ha mostrado conocimiento y compromiso con el derecho a saber, amén de ser el único que tiene obra publicada en el tema.
En las entidades federativas los oscuros son más amplios que los claros, con honrosas excepciones que confirman la regla de que nada es absoluto. El Infodf, por ejemplo, está demostrando a propios y extraños que es posible cumplir con sus atribuciones. Ojalá que la base institucional construida hasta ahora en materia de acceso a la información no tenga caminos de regreso. Para ello podría ser un primer paso la creación del servicio civil de carrera que permita generar cuerpos profesionales en los órganos garantes que no estén sujetos a los vaivenes de la política. l
evillanueva99@yahoo.com
Hablar de dinero
marta lamas
Pocas cosas producen tantas consecuencias nefastas y peligrosas como el dinero: diputados que sin ningún conflicto ético aceptan que la Cámara solvente desde cuestiones personales (como la peluquería) hasta obligaciones ciudadanas (como sus impuestos); cúpulas partidarias que impiden la creación de nuevos partidos políticos (pues habría que repartir entre más el pastel de la subvención); empresarios que eluden de mil maneras pagar sus impuestos y que escatiman a sus trabajadores la repartición de utilidades; personas que se venden por dinero (y no hablo sólo del comercio sexual); narcotraficantes que atentan contra la sociedad por dinero; cómplices “decentes” que “lavan” ese dinero, y, final y aterradoramente, sicarios que secuestran y matan por dinero. Money makes the world go round, dice la canción. Lo que no aclara es en qué pavorosa dirección lo hace girar.
¡Habría tanto que decir sobre el dinero! Todos necesitamos ganar dinero, y no se trata únicamente de ambición o de codicia. Tener dinero se plantea como una necesidad fundamental para asegurarse dónde vivir, para vestirse y alimentarse, para educar a los hijos, para pagar medicinas, en fin, para vivir decorosamente. Sin embargo, hay un porcentaje ínfimo de personas –los multimillonarios– para quienes el dinero parece ser otra cosa.
Georg Simmel ha dicho que el dinero, por ser un equivalente universal de todos los bienes, se parece a Dios. Y Simmel encuentra gran similitud entre el deseo de absoluto que es propio de la experiencia religiosa y el deseo de tener más y más dinero. Ese deseo del absoluto que el dinero promete parece ser lo que impulsa a los empresarios y financieros de éxito a seguir y seguir acumulándolo, sin saciarse.
El caso de Slim es paradigmático. Personalmente él ya no necesita más; sin embargo, sigue y sigue haciendo dinero. ¿Qué busca? Probablemente lo que Simmel apuntó: el absoluto que la posesión del dinero parece prometerle. De otra manera no se explica que una persona inteligente como él siga acumulando millones que no necesita para cubrir sus necesidades (por muy lujosas que éstas sean). Salvo que Slim esté poseído de ese deseo de absoluto del que habla Simmel, no resulta fácil comprender por qué en lugar de subir la calidad de sus productos y abaratar su costo (el servicio telefónico, la comida de Sanborns, etcétera) persiste en exprimir hasta el fondo a sus consumidores y a sus trabajadores más vulnerables. ¿Por qué no le interesa, por ejemplo, que las meseras y el personal de cocina de Sanborns estén mejor pagados? ¿O que las personas que enfundadas en unos trajes amarillos y que venden en la calle tarjetas Telcel tengan prestaciones en lugar de comisiones? ¿Por qué no se preocupa por subir el nivel de vida de sus trabajadores y sus consumidores? ¿Qué otra cosa sino el deseo de absoluto, confundido en este caso con el dinero, puede llevarlo a ese extremo de rapacidad?
Slim es un empresario “filantrópico”, que dona cantidades importantes y beca a miles de estudiantes. Pero esa buena actitud no basta. No es por maldad, sino por compartir la “lógica de mercado” que este magnate tiene un desinterés vital respecto a la posibilidad de transformar sustantivamente la situación de la mayoría de las personas en nuestro país.
Pero no hay que personalizar. También otros empresarios y, más aún, los financieros, corredores de la Bolsa o banqueros que trabajan a manos llenas con esa abstracción que es el dinero, se confunden ética y políticamente. Parecería que todos ellos creen, por tener dinero a manos llenas, que tienen, aunque sea por un momento, el absoluto. Y cuando se tiene el absoluto, ¿por qué detenerse en detalles nimios, como la situación de los demás, los trabajadores y consumidores, incluso de aquellos que dependen directamente de ellos?
La acción política es la única capaz de modificar este esquema de acción de los multimillonarios. No hay suficiente dinero de la recaudación de impuestos para financiar buenos servicios públicos. ¿Acaso es justo que los millonarios paguen el mismo porcentaje de impuestos que los profesionistas de clase media, el 35%? Los políticos, que supuestamente trabajan para la sociedad, tendrían que poner reglas más estrictas a quienes tienen más. Sí, en teoría los políticos deberían tener eso que Weber llamó la ética de la responsabilidad. Pero nuestros diputados y políticos (con honrosas excepciones) están más interesados en “proteger” los intereses de los empresarios y financieros que en hacer leyes que apunten a una mejor redistribución de la riqueza y de la seguridad: En una sociedad más equitativa, con buenos servicios sociales, no hay necesitad de guaruras ni existe el miedo al secuestro.
Habrá que revisar el vínculo impuestos/seguridad en el marco de ser el país con el hombre más rico del mundo y, al mismo tiempo, con un índice brutal de desigualdad y pobreza. Hay que hablar de dinero, de cuántos impuestos pagan los que tienen más y de cómo esos impuestos se transforman –o no– en servicios públicos. Hay que hablar de qué significaría que todos los ciudadanos tuvieran una renta básica, o sea, un ingreso ciudadano mínimo y contaran con una seguridad social de calidad. Sí, el año que viene habrá que hablar más del dinero, del supuestamente privado y del público, pero mientras tanto les deseo que tengan un buen inicio de año, sin problemas de dinero. l
