domingo, 16 de enero de 2011

Acontecer Diario


Carmen Lila Romero / Luis Alberto García

Sucesos y Sucedidos

SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®

www.cartamesoamericana.com / www.ikbalam.org

Domingo 16 de enero de 2011

SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA

Colaborador Invitado / Retroceso democrático en la ciudad

El nuevo Código Electoral del DF cierra la puerta a la ciudadanía y fortalece a los partidos

Colaborador Invitado

(16 enero 2011).- Joel Ortega Cuevas

Presidente de la Agrupación Política Local Ciudadanía y Democracia.

Recientemente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un nuevo ordenamiento electoral por consenso de los principales partidos representados ahí. En principio, podríamos pensar que el consenso es una garantía de conciliación de intereses entre fuerzas políticas disímbolas y, tratándose de la principal ley electoral, la garantía para una amplia participación ciudadana; dicho consenso significaría que los partidos políticos por fin se pusieron de acuerdo y tienen una visión común del futuro democrático de la ciudad.

Para tristeza de los ciudadanos, el consenso alcanzado por los partidos en la ALDF significa uno de los más severos retrocesos en la historia democrática del Distrito Federal, pues pasa del régimen de partidos al monopolio de los mismos y genera un precedente de intromisión de los propios partidos en la organización y conducción de los procesos electorales. Veamos por qué: La principal consecuencia de esta ley es el impedimento expreso de ejercer el derecho de asociación por la ciudadanía, al aumentar los requisitos para formar nuevas agrupaciones y partidos políticos. Se incrementa de 0.5 a 2 por ciento el número de afiliados para crear nuevos partidos. Deberán realizarse 16 asambleas en igual número de delegaciones con un mínimo de asistencia de mil afiliados, no podrán inscribirse los que tengan la credencial de elector 03 y las asambleas deberán realizarse en presencia de notarios públicos e interventores del IEDF.

Como si no bastara, si se llegase a registrar algún nuevo partido este año no podría participar en ninguna coalición electoral durante el primer proceso electoral posterior a su formación; dice la ley que con el propósito de refrendar el 2 por ciento de su afiliación en el primer proceso electoral. Interesante contradicción con los ánimos aliancistas que imperan hoy en una parte de la izquierda.

La gente tiene la impresión de que la política cuesta mucho dinero, que los partidos políticos reciben elevadas subvenciones del erario. Con la nueva ley se incrementan los recursos que se entregan a los partidos pues ahora se asignan fondos, aparte de sus prerrogativas, del propio presupuesto del IEDF. No hay que olvidar que la mitad de la gente en la Ciudad no vota y que en el último proceso electoral del 2009 alrededor del 10 por ciento votó en blanco.

La nueva legislación permite a los partidos políticos participar en los trabajos internos de las comisiones del IEDF vulnerando con ello los principios de autonomía y certidumbre que dieron origen a esta forma de organizar los comicios de una manera democrática, libre y ciudadana. Pareciera que los partidos no se conformaron con la rendición de cuentas que a través del Consejo General del IEDF las comisiones rinden a este pleno, sino que ahora buscan tener influencia en la toma de decisiones, en la organización del proceso electoral y, de pasada, en la distribución de plazas y responsabilidades administrativas hacia el interior de dicho órgano que se define en la ley como autónomo. Los principios de autonomía del IEDF están severamente vulnerados y van a ser cuestionados conforme se acerque el 2012.

El nuevo Código de Procedimientos Electorales no establece sanciones para aquellas candidaturas y partidos que rebasen los topes de campaña establecidos por el IEDF. Casos como el de la delegación Miguel Hidalgo, que en todos sus procesos ha tenido impugnaciones, se quedarían sin sanción y, por supuesto, esto tendrá severas repercusiones en las elecciones para jefe de Gobierno, al dejar sin sanción los despilfarros o abusos de los partidos durante la contienda electoral.

Para el desarrollo de la democracia en el Distrito Federal esta nueva ley es un paso difícil de entender, a menos que tenga "dedicatoria" o se estén desvirtuando principios. Ya ha habido antecedentes en la historia de la ciudad en que se legisló con dedicatoria; por ejemplo, al impedir que quienes ya habían ocupado el cargo de jefe del DDF pudieran postularse para jefe de Gobierno, que afectó al ex regente Manuel Camacho Solís, quien incluso se amparó ante dicha reforma.

Esta nueva ley no le da espacio ni sentido a la participación ciudadana y, en consecuencia, representa un retroceso en la consolidación de la democracia en la capital. No sólo es el hecho de elevar los requisitos para la conformación de nuevas alineaciones políticas, sino el mensaje que se envía, contrario a lo que está ocurriendo en el resto del país y de muchos lugares del mundo, donde los espacios de representación y de participación se abren con múltiples alternativas, buscando disminuir la abstención electoral y el desinterés de la gente por la política.

Una legislación democrática para la Ciudad de México debe procurar mejores partidos, no subir la barda para que ya nadie la pueda brincar y como resultado unos cuantos se encierren en un monopolio de actividad partidista.

Ley antimonopolios: la secuela

Análisis Regulación y competencia. Uno de los pendientes que dejó el Congreso para el próximo periodo ordinario fue completar la aprobación de la Ley de Competencia Económica. Con los cambios hechos el año pasado, el proyecto quedó herido de muerte. Lo sucedido con la Ley de Competencia Económica fue digno de Kafka y probablemente sea inédito en la historia parlamentaria moderna

Alejandro Faya Rodríguez

(16 enero 2011).- El 24 de octubre de 2010 tuve la oportunidad de opinar en este espacio sobre el contenido de la minuta enviada por la Cámara de Diputados al Senado a propósito de las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica (Enfoque 862). Mi conclusión fue que, si bien la propuesta caminaba en la dirección correcta, había temas y oportunidades de mejora que debían atenderse. Por ello señalé lo bueno, lo malo, lo dudoso y lo que faltaba.

Lo ideal era desde luego que el proyecto de reforma se viera fortalecido y mejorado. ¿Qué sucedió? Todo lo contrario: aunque hubo una mezcla de avances y retrocesos, al final se regresó una minuta mocha, desprovista de sustancia y se complicó sobremanera el proceso legislativo.

La minuta fue dictaminada y avalada en comisiones (el "dictamen") y, posteriormente, votada por el Pleno de la Cámara alta en dos ocasiones. Primero, el dictamen fue aprobado en lo general en una cerrada votación que tuvo 55 votos a favor y 53 en contra, manteniéndose en reserva los artículos más importantes. Pero dos días después se dio vuelta a la tortilla: por 62 votos contra 52, el Pleno votó nuevamente el dictamen para efectos de regresar la minuta a la Cámara de Diputados únicamente con lo que había sido aprobado en lo general previamente. En otras palabras, se regresó una minuta mocha, hay que decirlo, con lo más trivial de la reforma. Lo sucedido fue digno de Kafka y probablemente sea inédito en la historia parlamentaria mexicana moderna.

Lo que era bueno y se hizo malo

Señalé que el mayor mérito de la minuta enviada por los diputados era el fortalecimiento de la Comisión Federal de Competencia (CFC) mediante un ajuste a sus potestades de sanción, investigación y control en la esfera administrativa. No obstante, mientras que la minuta establecía la facultad de la CFC para ordenar visitas de verificación sorpresa y medidas cautelares, el dictamen neutralizó el alcance de la primera figura y desapareció la segunda. Había que hacer justamente lo opuesto: fortalecer las figuras para que su aplicación efectiva fuese una realidad.

En particular, la minuta establecía la posibilidad de practicar la visita respecto de cualquier tipo de documento o información que pudiera contener evidencia sobre la realización de prácticas ilegales; por su parte, el dictamen establecía que las visitas sólo se realizarían respecto de datos y documentos que la CFC hubiera requerido anteriormente en el curso de una investigación. O sea, quedaríamos en la misma situación absurda actual, única a nivel mundial, donde el agente económico conoce de antemano el objeto y alcance de la visita que será practicada en su contra.

Por su parte, se estimó que las medidas cautelares podrían implicar "un prejuzgamiento de la ilegalidad", un "daño irreversible" al agente económico e "incentivos" para que las empresas dañen a su competencia. Los argumentos son débiles. Primero, porque las medidas cautelares se rigen por un principio de ponderación de intereses, donde se sacrifica un bien menor (el daño potencial a una empresa) por un bien mayor (el daño potencial al proceso de libre competencia, o sea, a muchísimas empresas y consumidores). Segundo, porque es factible establecer un sistema de fianzas que permita al agente seguir operando. Y tercero, porque sería la CFC quien ordenaría las medidas, mismas que, como cualquier otro acto de autoridad, quedarían sujetas a los mecanismos de control judicial para combatir el uso arbitrario de facultades.

Cabe señalar que cuando estos temas fueron reservados "en lo particular" a raíz de la primera votación, existía la posibilidad y cierta voluntad de hacer los ajustes pertinentes que condujeran a un mejor camino, posibilidad que desde luego se esfumó con la segunda votación.

Lo que era malo y se hizo bueno

El dictamen eliminó al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como instancia revisora de la legalidad de los actos emitidos por el Pleno de la CFC. La propuesta de los diputados es sin duda regresiva porque sólo fraccionaría los procedimientos jurisdiccionales, haciéndolos a la vez más lentos y de menor calidad. Correctamente, se consideró que dicho tribunal mantiene el arbitraje en el ámbito administrativo y obstaculiza la especialización y agilidad de los procedimientos, para lo cual el Senado propuso especializar a Juzgados de Distrito en el seno del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, lo apropiado sería en todo caso especializar (si hubiera que escoger) a los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes revisan las sentencias emitidas por los Juzgados de Distrito y forman los criterios jurisprudenciales.

Lo que era dudoso y se queda igual El dictamen ratificó aspectos que me parecen de dudosa viabilidad, sobre todo el concepto de "poder sustancial conjunto", mismo que, al tener escaso respaldo económico y empírico, fácilmente podría convertirse en un dolor de cabeza para la CFC. Sobre el tema de sanciones penales mantengo mi postura: es pensar más allá de lo inmediatamente necesario e ignorar el entorno institucional mexicano.

Lo que faltaba y se atendió, aunque no tan bien

El dictamen del Senado entró a un tema que evadió la Cámara de Diputados: el relativo a la autonomía de la CFC. Las propuestas partieron, sin embargo, de premisas equivocadas. Cierto, la figura de "órgano desconcentrado" no ofrece los niveles de autonomía y solidez institucional propios de un órgano regulador. Pero es falso que la figura de "organismo descentralizado" garantice un nivel óptimo de autonomía, tampoco evita presiones ni rompe la relación de jerarquía respecto del Ejecutivo. La autonomía, que en el caso de la CFC ya existe para la parte decisoria, se logra mediante un adecuado diseño institucional que va mucho más allá de la mera nomenclatura jurídica.

La Comisión no necesita personalidad jurídica propia, sino atribuciones suficientes; ni patrimonio propio, sino la asignación de recursos correlativos a sus responsabilidades, especialmente en un México monopolizado y dominado por grupos de interés mezquinos. La CFC requiere de un estatus diferente que debe salir de la Secretaría de Economía, pero mediante una figura pertinente a su función regulatoria. El modelo de "organismo descentralizado", diseñado bajo la lógica de la función pública empresarial, sólo impondría costos y cargas ociosas y evitaría una sana permeabilidad con la Administración Pública Federal Centralizada (a donde pertenecen los demás reguladores y entes que ejercen de forma preponderante funciones de autoridad).

La participación del Senado en los nombramientos me parece acertada en la medida que establezca pesos y contrapesos que conduzcan a nombramientos basados en el perfil y legitime la integración de un ente público autónomo de carácter no representativo. Pero la fórmula debe incentivar a que cada poder actúe con responsabilidad: que el Ejecutivo haga buenas propuestas y que el Senado no caiga en el chantaje político. Para tal efecto deben preverse mecanismos de desbloqueo. Además, la fórmula debe respetar los derechos adquiridos de los comisionados actuales y operar a futuro, cosa que no hace el dictamen, mismo que prevé la sustitución de un comisionado por año, siguiendo el orden en que fueron nombrados. Por cierto, involucrar al Senado en los nombramientos requiere de una reforma constitucional, misma que no se plantea.

En cualquier caso, la participación del Senado en los nombramientos está lejos de ser el tema fundamental; en lo que concierne a la CFC, en primerísimo lugar están las facultades y recursos. Paradójicamente, este punto fue una de las principales causas del desacuerdo en el Senado.

Lo que sigue

Lo que hasta ahora ha sido avalado por ambas Cámaras es el caldo, no las albóndigas. Si esa fuera la reforma estaríamos frente a una terrible decepción: aspectos positivos, por ejemplo de simplificación y mejora regulatoria, pero nada que arregle las tremendas insuficiencias. El rezago años luz respecto de la sana práctica internacional se mantendría inalterado.

Lo más previsible y lógico sería que la Cámara de Diputados rechace las supresiones efectuadas por la Cámara revisora, por lo que la minuta regresaría al Senado. Si la minuta es rechazada nuevamente por la Cámara alta, el proyecto no podría discutirse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a menos que ambas Cámaras acuerden pasar al Ejecutivo para su publicación únicamente los artículos aprobados dentro del paquete (justamente la decepción de que hablábamos).

Habría espacio para agregar a lo trivial aspectos importantes donde ya existe acuerdo en el fondo, por ejemplo en materia de sanciones económicas y penales. Sin embargo, una reforma que no atienda de forma simultánea los poderes de sanción, investigación y control de la CFC será incompleta. Además, desafortunadamente, los vicios incurridos en el procedimiento y las dudas que ello genera podrían traducirse en una herida de muerte para este proyecto.

Conclusiones

Reformar la legislación de competencia no debería ser tan complicado: basta voltear a ver lo que se hace y funciona en otros países. Muchos temas causan escozor como si se estuviera encontrando el hilo negro. Si estas preocupaciones sólo existen en México tendríamos que preguntarlos por qué. Es evidente que la reforma queda en suspenso mientras el país sigue esperando este y muchos otros cambios.

El autor es maestro en derecho por la Universidad de Oxford, profesor de derecho en la Universidad Iberoamericana y consultor en derecho económico. afaya@afrconsulting.com.mx

Seguridad privada: problema público

Reportaje Combate a la delincuencia. En lo que va del sexenio se han duplicado las empresas de seguridad con registro federal. Paralelamente, se han multiplicado las corporaciones que operan sin regulación alguna

Jésica Zermeño Núñez

(16 enero 2011).- El pasado 11 de diciembre, la Policía Nacional de España detuvo a tres sobrecargos de Aeroméxico procedentes del Distrito Federal que pretendían introducir a ese país 140 kilos de cocaína. Días después, tras la revisión de los videos del Aeropuerto Benito Juárez, fue detenido un elemento de seguridad privada de la empresa española Eulen -una de las tres corporaciones de este tipo que proporciona sus servicios en la terminal aérea-, quien aceptó haber ayudado a los sobrecargos a transportar la droga a cambio de 10 mil pesos.

Según las investigaciones, otros cuatro elementos más de Eulen son parte del Cártel de Galis, y ayudaban a sobrecargos y pilotos a traficar cocaína hacia España. Hoy están prófugos.

Cada vez es más común encontrarlos, lo mismo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que afuera de una farmacia, una escuela o un pequeño negocio. Los policías privados se encuentran en todos lados.

Los mencionan cada vez más en los medios de comunicación. Como el 12 de junio del año pasado, cuando el hijo del compositor Joan Sebastián, Sebastián Figueroa, murió después de una riña con un guardia privado, quien le disparó dos veces. O como en diciembre, en Guadalajara, cuando se descubrió que estudiantes del Instituto Vocacional Enrique Díaz de León realizaban su servicio social como personal de seguridad privada cuidando las instalaciones de la Feria Internacional del Libro. La empresa que los contrató, Centurión, es propiedad del secretario de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de la ciudad, Servando Sepúlveda. Esto es ilegal.

También hay historias que afectan a vecinos. El 10 de enero la Agencia de Seguridad Estatal del estado de México y la Policía Federal terminaron una revisión a 56 casetas de vigilancia de los fraccionamientos residenciales de Naucalpan y Huixquilucan. Encontraron que más del 80 por ciento de los policías privados que prestaban sus servicios eran piratas. De las 12 empresas que trabajan ahí, sólo dos tienen sus permisos en regla.

El panorama de las empresas de seguridad privada en México es complejo, y se ha complicado más con el aumento de competidores en el sector. El número de compañías autorizadas para ofrecer estos servicios en dos o más entidades se ha duplicado en lo que va del sexenio, al pasar de 375 empresas registradas ante el gobierno federal en septiembre de 2006, a 714 en enero de 2011, según información de la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública.

Los estados con más empresas registradas actualmente son el Distrito Federal (321), estado de México (134) y Jalisco (78).

El número de elementos de seguridad privada de estas empresas también se ha incrementado en este sexenio en 149 por ciento, al pasar de 57 mil 947 elementos registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública en septiembre de 2006, a 144 mil 490 en junio de 2010.

Esta cifra no incluye las compañías de seguridad privada que operan sólo con licencias estatales, es decir, que pueden actuar sólo en un estado. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, mil 642 empresas de seguridad privada tenían registro en los gobiernos locales en 2010.

A la par de esta industria, que representa 1 por ciento del PIB nacional según cálculos del Consejo Nacional de Seguridad Privada, se ha desarrollado un mercado de empresas "patito", es decir, que no cubren los requisitos para prestar el servicio. Según especialistas en el sector, el número de empresas en esta situación podría llegar a las 10 mil, entre las que ofrecen servicio de custodia, seguridad intramuros y locales que instalan servicios de geolocalización en automóviles sin ningún control en todo el territorio nacional.

De acuerdo con especialistas, a pesar del visible florecimiento del negocio de la seguridad privada en el país en los últimos años, el gobierno federal no ha podido establecer reglas eficientes para regular la actividad del sector, pues la Secretaría de Seguridad Pública federal sólo tiene el control de las autorizaciones de operación para las empresas que trabajen en más de una entidad -a nivel estatal las autorizaciones corren a cargo de los gobiernos locales-, y los controles para regular que las empresas "patito" no den servicio son ineficientes, por lo que se han multiplicado en el sexenio.

Para Alejandro Desfassiaux, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), que aglutina a alrededor de 300 empresas, estas deficiencias en la legislación hacen que el sector sea un foco rojo. Si bien ha habido cambios en la legislación federal para poner más orden en el sector durante el sexenio, los esfuerzos han sido insuficientes, dice el empresario.

"Hay una sobrerregulación brutal para quien sí está regulado a nivel federal, y hay una laxa regulación para el que opera a nivel local. Además, nadie controla a las empresas que operan sin permiso, están a sus anchas. Y la autoridad federal no tiene ningún poder para poner el orden. ¿Qué hacen muchas empresitas de seguridad privada? Operan un ratito en Puebla, luego se van a Tlaxcala, luego se van a Morelos, hacen un efecto cucaracha para evadir la ley", explica Desfassiaux.

La Secretaría de Seguridad Pública federal tiene un área especializada para regular estas empresas: la Dirección General de Seguridad Privada, cuyo titular es Luis Armando Rivera Castro. Enfoque solicitó desde diciembre del 2010 una entrevista con el funcionario, pero el área de comunicación social de la SSP no terminó de "tramitarla" antes del cierre de esta edición.

Uno, dos, tres permisos

La desorganización en el sector es tal que las empresas tienen que tramitar un permiso por cada entidad federativa en la que laboren, incluso las que tienen un permiso federal. Éste se otorga únicamente a las empresas que reúnan 21 requisitos establecidos en la Ley Federal de Seguridad Privada y den servicio en dos o más entidades del país. Entre estos requisitos se encuentran la revisión de no antecedentes penales y la revisión del expediente de sus elementos en la Plataforma México, las autorizaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional para portar armas y fotografías de los uniformes de la corporación.

Sin embargo, el grueso de las empresas del país labora a nivel local, en una sola entidad, lo que deja a la Secretaría de Seguridad Pública federal sin posibilidad de regular su registro. Cada entidad define de manera independiente cuáles son los requisitos para otorgar los permisos.

Un ejemplo es el estado de Aguascalientes. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública local existen actualmente en su padrón 41 empresas autorizadas para trabajar a nivel local. La SSP federal tiene registradas 12 (cinco de las cuales tienen su matriz en ese estado). Es decir, hay 29 cuyo permiso no fue avalado por la autoridad federal.

Esto, a juicio de empresarios del ramo, trae problemas, pues no todas las empresas cubren los mismos requisitos, y es un incentivo para que las corporaciones no busquen tenerlo. Esto aumenta el riesgo para los clientes, pues la multiplicación de empresas "patito" ha resultado en más casos de agentes privados relacionados con el crimen organizado.

Además, es común que se dé el fenómeno de la doble tributación, es decir, que cada entidad en la que se trabaje cobre impuestos. Arnulfo Garibo, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y Similares del Ramo (Conesprysir), pide una centralización en la obtención de los permisos.

"Si se tiene un permiso federal es como si no se tuviera. Porque si yo tengo un permiso federal y voy a Morelos tengo que pedir otro permiso y tengo que pagar otros derechos. Ahí está una doble imposición... El permiso a nivel federal no funciona como tal, lo ideal sería que no se necesitaran todos los permisos... Ni en los pagos hay homologación", señala Garibo.

La falta de controles de la autoridad en la supervisión de permisos ha llegado a niveles preocupantes. Como en Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del mundo. El 12 de enero, después de que el ayuntamiento realizara durante varios días visitas de supervisión a algunas empresas y puestos de vigilancia en la ciudad, el coordinador del Departamento de Supervisión de Empresas de Seguridad Privada del ayuntamiento, Roberto López, pidió a los habitantes de los fraccionamientos que cuentan con este servicio que sean ellos los que verifiquen que las empresas que trabajan en su colonia sean legales.

Según el funcionario, tan sólo en este municipio hay 224 corporaciones de seguridad privada registradas para ofrecer servicio, 164 activas.

Para acabar con las irregularidades, Desfassiaux propone la creación de un convenio de coordinación que acabe con la duplicidad de permisos. Esto, dice el empresario, repercutiría en mayor seguridad para los clientes.

"Para atacar la informalidad del sector, se requiere de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno a través de la firma de un Convenio de Coordinación entre la Federación y las 32 entidades federativas, cuyo objeto debe ser la homologación de la normatividad que regula la prestación de servicios de seguridad privada y en el marco de la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública", expresa el presidente del CNSP.

Seguridad sin certezas

La falta de controles a las empresas de seguridad que no necesitan agentes también es un problema mayor. Encontrar un pequeño local donde le instalen un GPS a su automóvil cada vez es más sencillo, pues la tecnología es barata y no se requieren grandes conocimientos técnicos, asegura Adrián Charansonnet, secretario de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital (Amesis), que representa a alrededor de 24 empresas especializadas en esta tecnología.

"Atrás de un GPS debe haber un centro de control. Porque cuando tú pones un equipo de localización, y un tercero lo ve en una pantalla sabe exactamente dónde estás, hacia dónde te mueves, cuáles son tus puntos habituales de llegadas, salidas, horarios, etcétera... No hay control", explica, "y la demanda, con la guerra contra el narcotráfico, se ha multiplicado unas tres veces".

El gran problema, dice Charansonnet, es que la normatividad de seguridad privada tiene amplias lagunas en materia de tecnología. "No se definen los alcances. Ésa es una tarea pendiente", explica.

Otro problema es el control de armas de fuego utilizadas por las corporaciones, que tampoco está regulado.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta abril de 2010 había 51 licencias colectivas de portación de armas de fuego vigentes otorgadas a empresas de seguridad privada, 29 mil 72 armas. Es decir, el 7.1 por ciento de las empresas registradas a nivel federal tiene permiso oficial para utilizar armas, las que se dedican principalmente a traslado de valores, custodia y escolta personal.

Sin embargo, los empresarios del sector consultados aceptan que la cantidad de armas que utilizan las corporaciones podría ser el doble, o quizá muchas más, la mayoría adquiridas en el mercado ilegal y utilizadas por la delincuencia organizada.

"Las empresas que tienen permiso de portación de arma son muy fuertes, las más grandes. Tienen que pagar una equis cantidad de dinero por todos los requisitos que tienen que cubrir.

"En esta situación se presenta una irregularidad mayor. La ley dice que tú no puedes tener una empresa de seguridad privada si eres funcionario público. Hay muchos comandantes de la seguridad pública que tienen empresas de seguridad privada, que aunque la ley lo prohíba usan prestanombres. ¿Por qué hay gente armada en la calle? Porque ellos dicen 'yo tengo el mando, no hay ningún problema, tienen que venir conmigo'. La corrupción es a ese nivel", asegura Arnulfo Garibo.

Ése es el caso ya citado de Centurión, la empresa del secretario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, o de la empresa Protege, en Nuevo León, de la que fue dueño Francisco Cienfuegos, actual titular de Comunicación Social estatal.

Para Garibo, no existe ninguna dependencia, ni federal ni estatal, a la que le interese regular esta situación.

La conclusión de Desfassiaux es clara: en lo que queda del sexenio habrá pocas mejoras en el sector, pues no es la prioridad ni del presidente Felipe Calderón ni de los mandatarios estatales. "Hoy la preocupación del Presidente es su lucha contra el narcotráfico, aunque siga avanzando la inseguridad en el país. La creación de la policía única sería sano, pero me parece muy difícil la homologación de todas las corporaciones. Mientras haya una, estaremos ahí, dando servicio por todas las policías, que no se hacen una", expresa.

Mientras, a los clientes lo que les queda es investigar por su cuenta si la empresa que contratarán para cuidarlos es confiable.

Empresas con registro federal

Crecimiento de empresas de seguridad privada con autorización del gobierno federal para trabajar en dos o más entidades, 2006-2011.

2006*

2011**

Distrito Federal

180

321

México

58

134

Jalisco

38

78

Nuevo León

16

34

Colima

1

11

Total

375

714




Estado sede

2006*

2011**

Aguascalientes

1

5

Baja California

2

9

Baja California Sur

0

0

Campeche

1

0

Chiapas

2

4

Chihuahua

2

9

Coahuila

2

6

Durango

2

3

Guanajuato

6

8

Guerrero

3

4

Hidalgo

2

3

Michoacán

6

10

Morelos

3

5

Nayarit

0

0

Oaxaca

2

3

Puebla

5

11

Querétaro

4

3

Quintana Roo

3

1

San Luis Potosí

5

9

Sinaloa

6

7

Sonora

2

7

Tabasco

2

1

Tamaulipas

7

7

Tlaxcala

0

2

Veracruz

7

10

Yucatán

5

7

Zacatecas

2

2






Fuente: Dirección General de Seguridad Privada, Secretaría de Seguridad Pública federal. *Datos actualizados al 18 de septiembre de 2006. **Datos actualizados al 7 de enero de 2011.



Empresas con registro local en algunos estados

Distrito Federal

500

Baja California

158

Querétaro

113

Morelos

85

Guerrero

80

Jalisco

80

Puebla

68

Veracruz

68

Guanajuato

67

México

67

Chiapas

64

Baja California Sur

42

Tamaulipas

42

Aguascalientes

41

Tlaxcala

10





Fuentes: Secretarías de Seguridad Pública estatales.




714 empresas de seguridad privada cuentan con autorización federal.

1,642 empresas contaban con autorización local en 2010.

85,748 policías auxiliares y bancarios hay en el país.

$8,000 gana en promedio un policía privado.

164 empresas operan en Ciudad Juárez.

Auxiliares y PBI

Reportaje Combate a la delincuencia

Jésica Zermeño

(16 enero 2011).- Son policías de Seguridad Pública que se alquilan y, según empresarios de seguridad privada, su competencia más desleal: las policías auxiliares y bancarias de los estados.

Su función es brindar servicios de protección y vigilancia a dependencias públicas y privadas. También otorgan seguridad personal y custodia de mercancías a cualquiera que pague por el servicio.

Como Andrés Manuel López Obrador, que contrató a cinco elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal para que fueran sus escoltas. La opinión pública se enteró porque en enero de 2009 los agentes fueron detenidos en un retén militar en Sinaloa por portar armas de uso exclusivo del Ejército.

Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta 2009 existían 85 mil 748 elementos auxiliares y bancarios repartidos en 15 entidades, la mitad de ellos en el Distrito Federal -45 mil 575 elementos- y una cuarta parte en el estado de México -20 mil 851.

Para Alejandro Desfassiaux, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, las ganancias de estas corporaciones deben transparentarse, pues los sueldos de los elementos salen del erario público.

"Hay más policías auxiliares y bancarios que antes de que empezara el sexenio del presidente Calderón, y siguen funcionando sin ningún control. ¿Por qué? Porque son las cajas chicas de cada gobernador. Es dinero que entra a las arcas públicas y que no se audita. Es algo que no tiene solución todavía", denuncia el empresario.

Algunos gobiernos locales han sofisticado el negocio. Es el caso del ayuntamiento de Guadalajara. El pasado 20 de diciembre, el pleno municipal aprobó la creación de una empresa paramunicipal de seguridad privada que funcionará con policías municipales. Los ingresos de la empresa se depositarán en un opaco fideicomiso. ·

Un empleo volátil

Reportaje Combate a la delincuencia

Jésica Zermeño

(16 enero 2011).- Pablo Gutiérrez estaba harto de vender agujetas y artículos para el calzado en un puesto afuera del Metro Potrero, mientras esperaba encontrar trabajo de albañil. Un día de noviembre, su hijo le comentó de un trabajo como agente de seguridad privada en Ecatepec, donde vive. Hoy, Pablo, ex chambitas -como él se define- y con secundaria trunca, es guardia nocturno en una empresa. Tiene 12 horas de trabajo por 24 de descanso y gana 6 mil pesos al mes.

"Estoy mejor que con la venta de agujetas... tengo prestaciones de ley", presume.

Este hombre de 46 años, originario de Oaxaca, asegura que aceptó el trabajo porque no le quedaba de otra. Entre las miles de ofertas laborales que aparecen en las principales bolsas de trabajo en la red, siempre hay por lo menos un centenar para ser guardia de seguridad privada.

Según Arnulfo Garibo, presidente de la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad Privada y Similares del Ramo (Conesprysir), ser agente de seguridad privada "es lo que nadie quiere hacer", y quienes toman este trabajo lo hacen "sólo por necesidad".

Por ello, el perfil del aspirante es de los menos rigurosos en el mercado laboral. Se contrata a personas entre 25 y 50 años, preferentemente varones, y no se requiere experiencia previa. Algunas empresas no solicitan ni la secundaria terminada. Los anuncios de ofertas pueden encontrarse en cualquier parte, ya sea pegados en una caseta telefónica, en un poste o en una estación de metro.

Los periódicos populares publican diariamente un nutrido bloque de ofertas. "Seguridad. Hombre, mujeres, mínima escolaridad, $8,200, servicio privado, acepto ex militares 'desertados'", se lee en uno. "Urgen guardias, hombres y mujeres, 18 a 50 años, varias zonas", se lee en otro.

De acuerdo con empresarios del sector, los agentes ganan 8 mil pesos mensuales en promedio.

En internet, la mayoría de las ofertas se ubican en un rango de salario entre 5 mil pesos (como guardia de seguridad en los estados) y 16 mil (como supervisor con experiencia).

La movilidad en el sector es constante. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, entre julio de 2009 y julio de 2010 se registraron 38 mil 402 bajas de personal en el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada, y 32 mil 480 altas. La misma tendencia (más bajas que altas) se registró entre 2008 y 2009.

Ante esto, algunas empresas ofrecen compensaciones extras a los empleados: bonos por cada seis meses de trabajo, bonos de puntualidad, ayudas para transporte y hasta ayudas por paternidad, entre otras.Pablo sabe que en cualquier momento algo puede pasar, por eso su esposa atiende ahora el puesto de accesorios para zapatos, por si necesita regresar. ·

Los desafíos de Dilma Rousseff

Brasil, nueva era análisis. El 83 por ciento de los brasileños piensa que el gobierno de Dilma será igual o mejor que el de Lula, pero la nueva Presidenta tendrá que conquistar su legitimidad en el ejercicio de gobierno. Lula podía vender como realidades lo que aún eran sueños. Para Dilma eso será mucho más difícil. Más temprano que tarde le serán demandados resultados concretos

Hernán Gómez Bruera

(16 enero 2011).- Lula da Silva, el primer obrero metalúrgico en ocupar la Presidencia de Brasil, ha entregado la banda presidencial a Dilma Rousseff, la primera mujer en ocupar la primera magistratura de esa nación. En su discurso de investidura Rousseff resumió las claves de lo que intenta ser un gobierno de continuidad, tanto en las grandes líneas y estrategias como en el grupo gobernante que habrá de impulsarlas. Al ratificar a figuras clave del lulismo, y nombrar nada menos que a 14 ministros que también lo fueron durante el gobierno anterior, queda clara la intensión de continuar por la senda transcurrida hasta ahora.

Para Rousseff, el gran reto es consolidar "la obra transformadora del presidente Lula" y ampliar las conquistas de su gobierno, como lo señaló en su discurso inaugural. De esa forma, Brasil lograría constituirse en "una de las naciones más desarrolladas del mundo" y en un país con una clase media "sólida y emprendedora". Para ello es necesario mantener el ciclo actual de crecimiento, asociado a fuertes programas sociales. Así, la erradicación de la miseria aparece como la gran prioridad de esta administración.

Durante los últimos ocho años Brasil registró un inédito proceso de movilidad social ascendente: 27 millones salieron de la miseria y casi 35 ingresaron a la clase media. Una parte importante fue resultado del crecimiento económico de los últimos años, pero también de la ambiciosa política social implementada a partir de 2003. Para acabar con la extrema pobreza que todavía afecta a 18 millones de brasileños, Dilma detallará en las próximas semanas un plan que ampliaría el actual programa Bolsa Familia -a través del cual casi 13 millones de familias reciben una transferencia monetaria de acuerdo al número de hijos que asistan a la escuela- pero también buscaría impulsar nuevas iniciativas que permitan a aquellas familias que han logrado salir de la miseria encontrar alternativas que hasta ahora no han sido diseñadas.

Algunos analistas brasileños plantearon en los últimos meses que Dilma podría hacer un gobierno más a la izquierda que el de Lula. En efecto, Dilma viene de una clara militancia marxista y su figura estuvo asociada al sector más desarrollista de la administración anterior. Ese sector se caracterizó por promover el papel del Estado en la economía, así como por presionar para que se relajaran las metas de superávit fiscal a fin de promover mayor inversión pública y alcanzar tasas elevadas de crecimiento económico.

Hasta ahora, sin embargo, los signos mostrados por Rousseff apuntan a una conducción pragmática de la política económica capaz de atender distintos intereses en juego. Los tres principales pilares de esa política -responsabilidad fiscal, control de la inflación y tipo de cambio fluctuante- se mantendrán casi como un valor absoluto. Sólo en la medida de lo posible, el Banco Central intentaría reducir las tasas de interés, hoy en uno de los más altos niveles a nivel mundial. Aunque quisiera, difícilmente la nueva Presidenta podría contrariar demasiado los intereses del sector financiero.

A pesar de haber conducido una campaña contraria a las privatizaciones y a favor de ampliar el papel del Estado, uno de los primeros anuncios de su gobierno ha sido que la modernización de los aeropuertos del país -necesaria para los Juegos Olímpicos de 2016- será otorgada al sector privado. También es altamente probable que Dilma inicie su mandato con algún tipo de ajuste fiscal -cada vez más demandado por el sector financiero- y con una serie de recortes presupuestales a fin de reducir el déficit del sector público.

En el centro de las preocupaciones del sector industrial está la sobrevaluación del real, un tema que Rousseff no podrá eludir por mucho tiempo. De alguna forma, la economía brasileña es víctima de su propio éxito: el alto grado de inversión extranjera ha llevado a un tipo de cambio muy elevado que beneficia al sector exportador de commodities, pero está desindustrializando el país. En 2010, por ejemplo, las importaciones de bienes industriales aumentaron en un 46 por ciento, más que cualquier país del G-20.

En el ámbito político, Dilma posiblemente tenga mayores márgenes de maniobra que su antecesor porque inicia con una alianza mucho más amplia, la cual podría garantizarle una cómoda mayoría en el Congreso. La nueva Presidenta asume el poder con la mayor base de apoyo que cualquier mandatario brasileño haya tenido en las últimas tres décadas. Junto a los 10 partidos que apoyaron su candidatura, tiene 366 diputados y 52 senadores de su lado.

Con ese apoyo legislativo Dilma podría avanzar en algunas de las áreas clave del programa político del PT que quedaron en la congeladora durante los dos gobiernos de Lula. Podría lograr una reforma política que ponga fin al caótico sistema de representación e imponga la disciplina partidaria, así como avanzar en una reforma tributaria que acabe con la guerra fiscal entre estados, dote de racionalidad al sistema impositivo y promueva mayor equidad. En su toma de posesión se comprometió a ello.

El problema es que aunque Dilma cuenta con un buen número de aliados, éstos esperan mucho a cambio de su apoyo. A buena parte de ellos no los une un programa político o una visión de país. Gran parte de los partidos coaligados están formados por auténticas aves de rapiña que buscan cargos estratégicos que permitan hacer buenos negocios, especialmente en empresas paraestatales. Para lograr sus objetivos están dispuestos a cualquier tipo de chantaje. Dilma, que no goza de la misma autoridad política y moral de Lula, deberá aprender a lidiar con ellos.

Aunque Brasil es formalmente un sistema presidencial, funciona en la práctica con algunos elementos del parlamentarismo. Por eso, de los 37 ministerios, sólo 17 han sido asignados a miembros de su partido, el PT. El resto de los cargos fueron distribuidos entre diversos aliados. El primero y más importante de ellos es el PMDB, primera fuerza en el Senado y segunda en la Cámara de diputados. Además de contar con la vicepresidencia, esa fuerza tendrá seis ministros. Todo parece indicar, sin embargo, que para ellos no es suficiente y que, en caso de no conseguir lo que buscan, podrían pasar factura en votaciones clave.

Si bien la oposición tiene peso en importantes gobiernos estatales, el verdadero desafío político de Dilma será mantener unidos a sus principales aliados y conseguir que éstos voten al menos algunas de sus reformas. El éxito de éstas dependerá en buena medida de que se logren durante el primer año, cuando la Presidenta todavía goza de la legitimidad que le otorgan sus más de 55 millones de votos. Transcurrido este plazo, la agenda electoral complicaría intentos futuros.

A pesar de ser un gobierno de continuidad, el de Dilma será necesariamente distinto al de su antecesor. El perfil, la trayectoria y el estilo político de Rousseff son muy diferentes. El de Lula fue un gobierno marcado por un fuerte liderazgo y por el carisma de una personalidad; en momentos clave, las raíces populares y el origen social de Lula le dieron gran sustento a su gobierno. Lula era más corazón, sueños, mito e intuición; Dilma es más razón, realismo, contención y planificación.

Por ahora, los brasileños confían en que Dilma hará las cosas bien. Una encuesta publicada a finales de diciembre reflejaba que el 83 por ciento de los ciudadanos piensa que el gobierno de Rousseff será igual o mejor que el del presidente Lula. Pero cuando la luna de miel concluya, la nueva Presidenta tendrá que conquistar su legitimidad en el ejercicio de gobierno. No será sencillo. Como escribió Juan Arias, Lula podía vender como realidades lo que aún eran sueños. Para Dilma eso será mucho más difícil. Más temprano que tarde le serán demandados resultados concretos.

El autor es analista político y candidato a doctor en Desarrollo por el Institute of Development Studies del Reino Unido.

La cultura política

(16 enero 2011).- Téngalo presente

La vía radical para refundar la República de Porfirio Muñoz Ledo. Grijalbo. Presentan Lorenzo Meyer, Ifigenia Martínez, Alejandro Encinas. Martes 18, 16:00 horas. Antigua Escuela de Jurisprudencia. San Ildefonso 28 esquina República de Argentina. Inf: 5702 4549.

Conferencias

Narrativas Urbanas y antropología contemporánea. Miguel Ángel Aguilar. Martes 18, 10:00 horas. Salón 5, Sede Plaza. Instituto Mora, Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac. Informes: 5598 3777.

Convocatorias

Documental: cine social bajo la lente. Invita la FCPyS, la Filmoteca de la UNAM y Voces contra el silencio AC. Diplomado en el que se analizarán los movimientos sociales, la participación y la organización ciudadanas, los derechos humanos, los grupos vulnerables, la migración y el medio ambiente. Cierre de inscripciones: 21 de enero. Informes: 5622 9470 ext. 1030 y http://bit.ly/sBhbu.

Expofotoperiodismo 2011. Dirigida a reporteros gráficos en activo con imágenes de carácter periodístico y/o documental tomadas de enero a diciembre de 2010, que serán exhibidas en marzo de 2011. Fecha límite de entrega: 21 de enero. Informes: http://bit.ly/dao8sp.

Diplomado en comunicación política. Invita el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Inicia 25 de febrero. Informes: 5622 7400 ext. 256.

Foros

La zona metropolitana del Valle de México. Por un modelo sustentable. Roberto Eibenschutz, Manuel Perló, Manuel Barclay, Francisco Covarrubias, entre otros. Miércoles 19, 9:00 horas. Xicoténcatl 9, Centro. Senado de la República. Informes: 9177 8900. Programa completo: http://bit.ly/f5E61R.

Libros

Filantropía y sociedad civil en México. Análisis de la ENAFI 2005-2008 de Michael Layton y Alejandro Moreno. Miguel Ángel Porrúa/ITAM. La solidaridad de la sociedad y los factores que la entorpecen, como la crisis económica, la inseguridad pública y la corrupción. Análisis de la Encuesta Nacional Sobre Filantropía y Sociedad Civil.

Fuego cruzado de Marcela Turati. Grijalbo. Colección de crónicas y reportajes con los que la autora busca dar rostro a las víctimas de la guerra anticrimen. Niños, mujeres, hombres, viudas, familias en la indigencia, desaparecidos, pueblos exiliados, jóvenes y campesinos reclutados por el crimen organizado, entre otros.

Jóvenes que viven en la calle de Sara Makowski. UAM/Siglo XXI. Estudio sobre la problemática de la exclusión social anclada en el espacio público, específicamente jóvenes que viven en plazas y calles de la Ciudad de México.

Los caminos de la ciudadanía. México y España en perspectiva comparada editado por Manuel Suárez Cortina y Tomás Pérez Vejo. Siglo XXI. Investigación sobre los procesos de construcción del Estado y la nación en México y el país ibérico, haciendo hincapié en factores institucionales, jurídicos, económicos, culturales y sociales.

Modernidad y globalización de Gina Zabludovsky. UNAM/Siglo XXI. Análisis de las nuevas formas de concebir la modernidad y la globalización, con base en la reinterpretación del pensamiento clásico y en la generación de enfoques teóricos contemporáneos.

Qué esperar de la democracia. Límites y posibilidades del autogobierno de Adam Przeworski. Siglo XXI. Análisis de las fuentes de la insatisfacción con las democracias en el mundo. El autor reflexiona sobre las causas de que la democracia sea el único principio de legitimidad disponible para los gobernantes aceptable para los ciudadanos, así como los caminos posibles para reformarla.

Mesas redondas

El eco-marxismo y la ecología política. Dentro del ciclo "La ecología política a debate. Conversaciones con Enrique Leff". José Luis Lezama, David Barkin, Sergio Puente y Enrique Leff. Organiza el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientrales de El Colegio de México. Lunes 17, 16:00horas. Sala Alfonso Reyes del Colmex. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000.

Presentaciones

Federalismo judicial a través del amparo de Julio Bustillos. UNAM. José Antonio Caballero, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Raúl Iván Aguilar, Manuel González Oropeza y el autor. Miércoles 19, 18:00 horas. Aula de seminarios Guillermo F. Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7474 ext. 1735.

Familias en el siglo XXI: realidades diversas y políticas públicas coordinado por Susana Lerner y Lucía Melgar. UNAM/Colmex. Emilio Álvarez Icaza, Clara Jusidman, Ivonne Szasz y Diego Valadés. Jueves 20, 18:00 horas. Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México. Informes: 5449 3055.

¿Directivos versus políticos? de Rafael Martínez Puón. Miguel Ángel Porrúa. Eduardo Guerrero, Mauricio Merino, Enrique Cabrero, Andrés Hoffman. Jueves 20, 19:00 horas. Casa Lamm. Álvaro Obregón 99, Roma. Informes: 5669 3149.

Revistas

Alcaldes de México No. 11. Recuento de los presidentes municipales que han enfrentado un proceso judicial durante el actual sexenio. Entrevista con el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué. Revisión de la presencia femenina en ayuntamientos.

China Hoy Vol. VII No. 1. Evaluación de los resultados de la COP16 de Cancún, en la que China manifiesta estar satisfecho a pesar de la distancia entre las expectativas y los acuerdos alcanzados. Además, se describe el aumento de las relaciones entre China y Latinoamerica, destacando la disminución del peso de Estados Unidos en la región.

Defensor No. 12. Órgano de difusión de la CDHDF. Miguel Moguel analiza el comportamiento del Estado mexicano en su responsabilidad y deber de reparar por violaciones a los derechos humanos. Carlos María Pelayo examina las reacciones de la CIDH y las medidas de reparación que otorga en sus sentencias.

Este País No. 237. Pedro José Peñaloza y Eduardo J. Gallo y Tello evalúan en dos ensayos los resultados de la estrategia federal contra el crimen organizado, a cuatro años de haber sido implementada. Carlos Muñoz Izquierdo, Roger Díaz de Cossío y el Observatorio Ciudadano de la Educación reflexionan sobre la esperanza de la educación en México.

Nexos No. 397. Especialistas y funcionarios ofrecen un panorama de las telecomunicaciones en México. Fernando Escalante analiza en su ensayo "La muerte tiene permiso" el incremento de los asesinatos en México a partir de 2008, especialmente en los lugares donde hubo grandes operativos militares y policiacos.

Voz y voto. No. 215. Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Rodrigo Morales y Marco Antonio Baños analizan la expectativa sobre las autoridades electorales y los partidos políticos en las elecciones de 2011, quienes velarán armas en espera de la contienda de 2012. Modelo prospectivo de las elecciones gubernamentales en Baja California Sur, Coahuila, estado de México, Guerrero, Michoacán y Nayarit, así como el balance del reparto del poder después de las elecciones de 2010.

Zócalo No. 131. Naief Yehya analiza la respuesta de Washington ante las filtraciones de WikiLeaks y Raúl Trejo Delarbre genera 20 propuestas respecto a la nueva dinámica impulsada por la organización mediática internacional. La periodista Anabel Hernández confiesa que teme por su vida en entrevista con Rogelio Hernández.

Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245 correo electrónico: enfoque@reforma.com

Los placeres y los días / Un museo novedoso

Andrés de Luna

(16 enero 2011).- Una ciudad es un receptáculo que engulle toda clase de propuestas. A veces realizadas con acierto o, de plano, en la certidumbre del fracaso. Complejo e inmenso, el Distrito Federal es un punto de referencia que debe equilibrar sus atrasos de orden social y económico frente a lo que constituyen sus políticas públicas, entre las que se encuentran las relativas a la cultura. Por ello, resulta interesante la apertura de un Museo del Tequila y el Mezcal, bebidas que forman parte de una tradición que ya es historia mexicana. Edificado en la Plaza Garibaldi, es una bella estructura que dominará el lugar y en las noches se convertirá en una suerte de lámpara que iluminará ese entorno que, hasta hace poco tiempo, era sinónimo de borrachos, prostitutas y asaltantes. Por cierto, los dibujos de los magueyes que decoran la fachada son obra del artista Carlos Aguirre.

Es un hecho que la plaza cambia su fisonomía y modifica aspectos que se habían convertido en lacras; esta metamorfosis se ha logrado por medio de un proyecto lúcido. Este espacio fue diseñado por el arquitecto Felipe Leal, y uno de los aportes fue darle la espalda al Eje Central mientras que la entrada principal permite una visualidad hacia el entorno de Garibaldi, con sus fachadas remodeladas y pintadas. El visitante del museo podrá tener acceso a una breve historia de ambos aguardientes, sus vínculos con el cine nacional, una colección de botellas y etiquetas; todo esto con una visión didáctica, sin convertir el asunto en una aburrida discusión técnica o académica. Al llegar a la parte alta del recinto se tiene una terraza espectacular, en donde se podrá degustar un caballito de mezcal o de tequila ante una vista espléndida.

El Distrito Federal debe estar abierto a manifestaciones inteligentes que sean parte de una revitalización urbana. París cuenta con un Museo del Vino, al igual que Peñafiel, en Castilla, en la Rivera del Duero, y Tokio cuenta con uno de la Cerveza, para mencionar apenas tres lugares; en la capital de la República es oportuno asomarse a la cultura del mezcal y del tequila, con un ánimo de aprendizaje y goce, aspectos indispensables que se anteponen a la condición viciosa del borracho. Podría decirse que sitios como éste forman un imaginario que además encuentra la belleza.

REVISTA PROCESO No. 1785

Víctimas "colaterales"

Marcela Turati

En el conflicto que se extiende por todo el país –que oficialmente sólo debe llamarse guerra para fines propagandísticos, sin que esto implique asumir la indispensable protección de los civiles– el mayor peligro se corre al quedar en medio de dos bandos, es decir, cuando no se combate. Esta es la situación que describe el libro Fuego cruzado. Las víctimas atrapadas en la guerra del narco, de la periodista Marcela Turati, reportera de Proceso, del cual reproducimos, con autorización de la editorial Grijalbo, el capítulo dedicado a los menores de edad: una especie de macabro álbum donde se muestra cómo caen heridos o muertos niño por niño, joven por joven…

…los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán… tras… tras… tras…

Carlos Javier caminaba a la tienda a hacer un mandado. A me­dio camino lo envolvió una balacera. Intentó resguardarse del enjambre de balas. No pudo. Los vecinos y el tendero ya habían atrancado sus puertas. Quedó sin refugio. Se tiró al piso hasta que llegó la ambulancia a recogerlo. Ya muerto, agujerado por varias balas. Tenía nueve años.1

… agáchense, y vuélvanse a agachar…

Daniela está en el patio de su colegio. Hace unos minutos se divertía en el recreo. Sabrá la niña de 13 a qué jugaba y con quién platicaba. Ahora está tirada. Y sangra. Tiene un hoyo en la pierna. Es un balazo. Le cayó del cielo. Salió de un helicóptero.2

… un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín…

Liliana acompañaba a su papá de camino a la guardería. Papá e hija juntos, ¿puede haber mayor alegría? El ambiente en el auto familiar se tornó denso en un parpadeo. Entró un mosquerío de balas. Una se le incrustó en el cuello. La mató apenas cumplidos los tres años.3

Cada mes se cavan al menos 24 tumbas para albergar huesos tier­nos en México.4 Corresponden a los restos de los “ejecutados” más pequeños y más inocentes del conflicto armado desatado durante el sexenio calderonista. Cosidos a balas, despedazados con explosivos, torturados hasta la muerte, heridos con esquirlas de granadas, asesinados al estilo de la mafia, un niño o una niña caen casi al ritmo de uno por día.

La geografía nacional incorpora nuevos camposantos donde se ven los restos de una camioneta despeñada, con sangre salpicada en los asientos, en los parabrisas y en un cuaderno con forro de Kitty la gatita, en un paraje de la sierra de Sinaloa; una bicicleta infantil abandonada en una calle de Coahuila porque su conductora fue bajada de un tiro en la cabeza, o la película de Shrek en el piso de un camión urbano utilizado como trinchera, el mismo sitio donde cayó herido un vaquerito lagunero de cuatro años.

La bitácora de la violencia contra infantes tiene escalofriantes registros y, mes con mes, incorpora más niños. Un primer dato extraoficial, proporcionado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), daba cuenta de la muerte de 610 menores de 18 años (de diciembre de 2006 a marzo de 2009), atrapados en alguno de los campos de batalla nacionales. De acuerdo con un segundo registro, de año y medio después, la cifra de niños sacrificados se había duplicado.

Cada mes fueron 22 los infantes atrapados justo en la línea de fuego. O en el paredón.5 Para 2010, organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México o el programa Infancia en Movimiento contaban que el promedio mensual de menores de edad asesinados es de 30.6

De las 610 muertes que contabilizó la Sedena, una sexta parte ocurrió en el fuego cruzado entre bandas rivales o en enfren­tamientos entre sicarios y fuerzas del Estado. La cifra no incluyó las muertes infantiles que causaron las fuerzas federales. Al menos 73 de estos nuevos angelitos fueron asesinados “de pilón”, por el hecho de estar junto a un adulto que tenía cuentas pendientes con quienes disputan el negocio de la droga o que fue confundido con otro o era considerado un estorbo. Como si fueran extras de una película protagonizada por adultos, los niños que caen en el entorno son bajas que no importan. Pagan con su vida por los de su sangre o por desconocidos.

En la numeralia de la muerte infantil están los hijos de los po­licías, que seguramente soñaban que de grandes usarían el mismo uniforme y tripularían una patrulla. Pero no los dejaron ser nadie. Padre e hijos fueron a la tumba, como en el caso de Valeria Jazmín y Samantha Julissa, de 12 y 5 años, hijas de un jefe policial de Tijuana.7

Otros fueron forzados a compartir la fosa familiar: como los niños de 4, 7, 9 y 16 años exterminados con saña como desquite porque su hermano mayor –un miembro de la Marina a quien ya habían asesinado– participó en la captura de un narcotraficante. Adultos y niños fueron asesinados como perros, como si su linaje estuviera maldito.8

Rotos todos los códigos de honor suscritos entre mafiosos que ordenaban no meterse contra inocentes, las balas se alojan cada día en cuerpos infantiles. Hay féretros de todos los tamaños. Uno de pocos centímetros, como de cajita de muñecos, quedó a la medida de Alfredo, un bebé de un año y cinco meses rafagueado con su papá en una carrera de caballos.

Los malos se ensañan con los niños, a quienes ven como blan­cos enemigos. Así ocurrió con el juarense de 10 años cuyo cuerpo fue hallado en la caja de una pick up junto a sus abuelos muertos. Sus pantorrillas, descobijadas por las bermudas, sangraban; su rostro aún sin vello lucía moretones.9 Los tres fueron torturados hasta la muerte. No tuvieron un destino distinto los hermanos Andrés y Cristian, de 10 y 15 años: junto a sus cadáveres había 36 casquillos percutidos de .9 y .40 milímetros; calibres con los que se matan los narcos.10

… Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir…

El territorio nacional parece campo minado. Si tuviera que portar una advertencia en letras chiquitas, ésta debería decir: “No amigable para niños y niñas. Manténgalos alejados”.

La cifra real de infantes asesinados es un misterio. Sus casos están revueltos en la fosa común donde se suman cuerpos jóvenes y viejos. El gobierno no hace distingos. Lo que hay son estima­ciones independientes, conteos de organizaciones civiles, de me­dios de comunicación o de académicos, que sumando los retazos de las cifras oficiales lograron establecer que los homicidios de menores de edad cometidos con armas de fuego se triplicaron este sexenio.

Ahí se puede incluir la tragedia de Alexia Belem, una niña jua­rense de 12, que andaba nerviosa porque su ciudad estaba conver­tida en una balacera. Antes de que concluyera el ciclo escolar pidió a su familia que se mudaran a El Paso, Texas, junto a sus abuelos, y consiguió que se lo dieran de regalo de graduación. No vio su regalo: cuando iba a la tienda con unas primas, unos hombres en fuga la subieron por la fuerza a su camioneta y la utilizaron como escudo antibalas.11

En el recuento de los caídos hay que sumar al niño de siete años que era el copiloto de su papá cuando los interceptó un comando de la muerte. El padre alcanzó a pedirle que huyera. Fueron sus últimas palabras. Él obedeció. Corrió para salvarse, pero lo alcan­zaron; también lo rafaguearon.12

El sufrimiento de otros miles de infantes escapa al inventario de los saldos de la guerra. Como si fueran niños imaginarios, niños que sólo ven otros niños, su desgracia no figura en las estadísticas aunque resulten heridos. Tampoco cuentan las pesadillas de los más de 40 mil huérfanos13 engendrados por la narcoviolencia. Ni los millares de infantes con pesadillas nocturnas y miedo a aso­marse a la calle.

La violencia mexicana no entra en la categoría de lo que las convenciones internacionales llaman “conflicto armado”, aunque la Red por los Derechos de la Infancia de México señala que los efectos que ha ocasionado –muertes, orfandad, traumas, suspen­sión de clases, desplazamientos forzados, desapariciones– son similares a los de una guerra. En ambos casos a los niños se les violenta el derecho a la vida, a jugar, a desarrollarse en un ambiente protegido, a vivir en paz.14

Diariamente, en cualquier rincón del país ocurre al menos un enfrentamiento entre militares y delincuentes. Si se contaran los encontronazos entre bandas rivales por la disputa del territorio, la cifra del riesgo se duplicaría. No es extraño que alguna calle o carretera se conviertan repentinamente en línea de fuego. Los adultos corren a resguardarse. No siempre atinan a hacerlo los infantes.

Pum. En Acapulco cae Mireya Montserrat, de ocho años, aún con el uniforme del colegio, junto a su hermano Carlos, tres años mayor, y su mamá. Globos rosas y blancos y en forma de estrellas adornan su velorio.15 Pum. Esa le toca a Antonio, un zacateca­no de 13 años sorprendido en la calle por una balacera; intentó protegerse pero una granada de fragmentación lo mató.16 Ra-ta­ta-ta-ta-ta. El auto donde viaja Aarón es traspasado por más de 30 balazos, uno de los cuales le perfora la cabeza; los sicarios se llevan su cuerpo de apenas ocho años.17 Pum-Pum-Pum. Estos balazos impactan a Laisa, de nueve años, y a Enrique, su hermano menor, que juegan en un parque donde se convierten en pararra­yos de las balas que iban dirigidas al patrón de su papá.18 Pum. Ésta tira a Gabino, de 15, que salió a comprar azúcar para el café con el que acompañarían su pastel de cumpleaños. Puuuuuum. Esa se escucha más fuerte. Es una granada que quema a un niño de nueve años en Guadalajara.19 Puuuuum-Puuuuum-Puuuuum. Esos explosivos matan a 10 duranguenses (siete de ellos de entre ocho y 17 años) que se desplazaban en una camioneta a un pueblo cerca­no para recibir su beca de Oportunidades. No alcanzan féretro, son amortajados en cobijas.20

En esta guerra no hay un campo de refugiados donde los niños puedan crecer lejos de las balas ni conservar intactos sus sueños.

… el ratón vaquero sacó su pistola, se inclinó el sombrero…

Una de las víctimas mortales era un vaquerito lagunero de cuatro años, malhablado y chambeador, experto en montar yeguas y cuidar chivas. Se llamaba Alan Alexis Martínez y fue herido cuando regresaba del supermercado con su mamá y su abuelo. El camión que los transportaba fue atrapado en el fuego cruzado entre militares y narcotraficantes. Las películas nuevas que lo emo­cionaban –Shrek, El Chavo del Ocho, La Era del Hielo– quedaron regadas.

“Mi hija escuchó que el chofer gritó que se agacharan y se soltó la balacera. Mi nieto venía en el asiento al lado de la ventana, se asustó, se arrimó con mi hija, ella lo cubrió, a los dos los cubrió mi sue­gro, pero el niño ya estaba herido. Gritaron que los auxiliaran, desesperados, y nadie lo hizo. Cuando bajó con el niño herido los soldados no la dejaron traspasar el retén ni llegar a la ambulancia que estaba detrás.”

Cuando lo impactó la bala, Alan Alexis gritaba: “ayúdame, mami, ayúdame… Me duele, me duele”. Pero batallaron media hora para conseguir que alguien lo trasladara a un hospital. Cuando llegaron a urgencias ya echaba sangre por la nariz y por la boca. Esto lo narra Violeta Puente Ramírez, la abuela del difunto, una mujer de 51 años, sentada en un sillón de la casa de pintura vieja y moño negro en la puerta. En el asiento contiguo escucha su mari­do, Cipriano Martínez Hernández, un abuelo joven de 50 años que parece mudo: el nieto era su mejor amigo: despertaba a las seis de la mañana para “pastear” juntos las cabras, ordeñar vacas y montar yeguas. Y como toda persona que se respete, su nieto cobraba por su trabajo para financiarse las maquinitas.

“Como el niño era bien maldiciente me decía: ‘Échame unas pinches galletas y un jugo’, y se iban los dos a las chivas; el niño arreaba unas yeguas, las troteaba como grande. Si mi esposo no le pagaba me decía: ‘abuelita, este güey no me paga, voy a jugar a las pinches maquinitas, feréamelas (darle feria)’. Nos hacía reír mucho con sus groserías –cuenta nostálgica la abuela–. Era muy listo, parecía que nada se le dificultaba, ayudaba al vecino a acarrear piedras, se juntaba con mayores, no le gustaba el kínder, no sabía tener miedo; en una ocasión se quedó solo en el monte mientras la chiva paría y trajo al chivo cargando ahí nomás.”

La tristeza se respira en esta casa del ejido Santo Niño Aguanaval, conurbado con Torreón, donde la foto de Alan Alexis do­mina la sala. En el retrato tiene tres años, luce traje gris, las manos acartonadas sobre las rodillas, un sombrero vaquero en la cabeza. Mira serio, como incómodo con el disfraz de catrín. Se ve retador con sus ojos negros y grandes.

“En el hospital me dicen que él ya había fallecido por un derra­me interno por una bala, y ahí me dicen que mi hija trae una herida en la pierna izquierda y la estaban operando. Ahí duró ella casi un mes en lo que le pusieron el injerto porque la hirió una granada de fragmentación que floreó y le dejó un hoyo de 20 centímetros”, agrega Cipriano aún como sonámbulo.

Los periódicos locales informaron que el arma que asesinó a Alan Alexis fue una Barrett, pero el dato no volvió a mencionarse. Cada que la mamá se entera del asesinato de otros niños en La Laguna se empecina en ir al funeral porque se le revive la rabia y comienza de nuevo a maldecir a los hombres armados, diciendo: “Si se quieren matar que se maten entre ellos y en el monte, no acá, no acá”.

Alan Alexis ya no pudo realizarse. Decía que de grande quería ser narco. A veces, cuando se enojaba, pedía la pistola, la navaja, el arma que fuera, para vengarse del ofensor. Era colérico. Tenía su carácter. Era un reflejo de la realidad que aprendió. En la tele. En la música. En la calle. O en casa. l

Referencias

1 Agencia Notimex, “Grupo armado hiere a menor en Monterrey”, 11 de junio de 2010.

2 “Bala perdida hiere a estudiante en Reynosa”, Milenio, 28 de mayo de 2010.

3 “Matan a niña de tres años de edad junto con su padre”, Norte Digital, 2 de junio de 2010.

4 Las cifras del diario Reforma, del 1 de enero de 2010 al 23 de abril, indican que 97 menores cayeron en ese lapso (“Mata más niños la nar­coviolencia”, 28 de abril de 2010); por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia de México señaló que los primeros tres meses murieron asesinados por el conflicto 90 menores (entrevista en W Radio, 30 de abril de 2010).

5 Gustavo Castillo García, “Han muerto 610 niños en la guerra por la droga”, La Jornada, 12 de abril de 2009.

6 Del 1 de enero al 31 de julio, el Monitoreo de Medios del progra­ma Infancia en Movimiento, de Ririki Intervención Social, sumaba en mil 123 los menores de 18 años asesinados en el contexto del conflicto armado.

7 “Vive Tijuana día rojo: atacan hasta a niños”, Reforma, 16 de enero de 2008.

8 “Asesinan a familiares de marino caído en operativo contra Bel­trán”, El Sol de México, 22 de diciembre de 2009.

9 “Torturan y asesinan a niño, a su abuela y a un hombre”, El Diario de Juárez, 20 de junio de 2010.

10 “Suman 237 menores asesinados en dos años”, Norte Digital, 3 de junio de 2010.

11 “Tenía miedo a morir de un balazo”, El Diario de Juárez, 12 de junio de 2008.

12 “Asesinan a niño de siete años junto a su padre”, Norte de Ciudad Juárez, 15 de noviembre de 2009.

13 Cálculo de Wilberto Martínez, demógrafo de la Universidad Au­tónoma de Ciudad Juárez, tomando en cuenta la tasa de fecundidad y la estructura poblacional por edad. “Pesadillas de la orfandad”, Proceso, 8 de agosto de 2010.

14 “Triplican muerte de niños”, Reforma, 7 de junio de 2010.

15 “Muere niña lesionada en balacera de Acapulco”, El Universal, 15 de abril de 2010.

16 “Mata a niños narcoviolencia”, Reforma, 18 de junio de 2008.

17 “Buscan cuerpos de mujer y niños asesinados por sicarios”, Mile­nio, 4 de mayo de 2010.

18 “Velan a su niña; otro hijo lucha por su vida”, El Diario de Juárez, 3 de octubre de 2009.

19 “Granadazo lesionó a un niño”, Milenio, 22 de julio de 2010.

20 “Sobreviven dos mujeres durante masacre de niños”, Milenio, 30 de marzo de 2010.

“¡A los niños no!”

Marcela Turati

Con su mano flaca y deforme, parecida a una pinza de cangrejo, el hombre extiende la copia de una carta que dirigió al ejército y firmó con su nombre: “Adán Abel Esparza Parra”.

El autor de la carta, fechada el 14 de abril de 2008, es un ranchero amable de 30 años y habla queda, que ensaya una mueca constante, un simulacro de sonrisa. A mitad de algunas frases guarda silencio, como si su mente trepara precipicios o quizás regresara un año atrás, al 1 de junio de 2007, cuando quedó inútil para el trabajo, mutilado del alma, inhabilitado para la vida.

Esa noche trasladaba a su familia en su pick up: en la cabina, a su lado, iban su esposa Griselda, su hermana Gloria Alicia y la maestra adolescente de sus hijos, Teresa de Jesús Flores Sánchez. Las mujeres llevaban sobre sus piernas a sus hijas Grisel Adanay y Juana Diosnirely, de tres y un año, respectivamente; en la caja viajaban los varones: su hijo mayor, Eduin Yoniel, de siete, y su sobrino menor por un año, José Duvuán, inseparables compañeros de juego.

Ese día le había tocado llevar a su hermana Gloria y a Teresa a un curso de capacitación obligatorio para maestras rurales. De regreso a casa, las luces de las viviendas de La Joya de Martínez se divisaban como foquitos de Navidad. Al salir de una curva se toparon con militares del 24 Regimiento de Caballería Motorizado asignados a recorrer la sierra sinaloense, como miles más que peinan el país en busca de narcos, de armas y de drogas.

“Estábamos a un kilómetro de la casa, cerquitas. No había ni una seña ni un soldado de esos que le hacen a uno el alto”, comenta el ranchero y enseguida guarda silencio, su espíritu migra a ese paraje.

–Y pos’ nos dispararon –completa luego de un rato.

El Adán Abel de aquella noche sintió un balazo en la mano que sostenía el volante. Con la camioneta en movimiento, bajó del vehículo con los brazos en alto y gritó:

–¡No disparen, traigo a mi familia, vienen niños!

Pero recibió un balazo en la otra mano. Ráfagas se incrustaron en la camioneta. Y en su mujer… en su hermana… en sus chiquitas… en su hijo y su sobrino.

–Levantaba las manos para indicarles que no tiraran, les hacía el alto, pues. Los balazos me tumbaban al suelo, me levantaba y me tumbaban –recuerda un año después para esta entrevista.

La camioneta, sin freno, se fue al barranco: quiso detenerla pero no pudo: tenía despojos en lugar de manos. “Yo ya no sabía de mí, vi que la camioneta se iba pero no alcancé a subir ni a frenar ni nada. El carro se fue. No le había puesto parkin a la camioneta en el mismo desespero de decirles que llevaba familia”.

Con la camioneta desbarrancada, él tumbado en el piso, pidió ayuda a los soldados, suplicó que avisaran por celular a su familia, pero nadie lo atendió. Todos estaban ocupados, subían y bajaban la barranca donde se estrelló la camioneta, se asomaban al interior de la cabina, volvían a subir. Estaban como desquiciados. Pedían por radio instrucciones.

–¡Auxilio, ayuda! –gritaba Adán Abel mientras tanto, con la esperanza de que algún vecino lo escuchara. En un golpe de determinación se arrastró al auto y aún no se explica cómo fue que sacó el radio con la boca, lo activó y avisó: “Nos acaban de balear”.

Vio llegar después a sus hermanos, a su mamá y a los vecinos del pequeño rancho que desobedecieron a los soldados que les cerraban el paso. Entre todos sacaron de la camioneta los cadáveres de Griselda y de sus pequeñas Grisel Adanay y Juana Diosnirely. Heridos pero con vida encontraron a Edwin, Juan, Teresa, José Duvuán y Gloria. Los subieron a varios carros. En el lugar quedaron regados los cuadernos escolares forrados con dibujos infantiles.

La gente esperó con los heridos en el campo abierto donde, según los militares, serían recogidos por un helicóptero; era cosa de esperarlo. Estuvieron a la intemperie media hora… una… dos horas… Hasta que se dieron cuenta del engaño. Tras discutir con los militares les arrancaron la autorización de llevar a los heridos por tierra al hospital, a condición de formar un convoy encabezado por vehículos verde olivo que jugaban el macabro juego del pa’lante-pa’tras: los camiones punteros avanzaban a un máximo de 40 kilómetros por hora, luego bloqueaban el camino, si es que no retrocedían.

–¿Qué pasa? –reclamó desesperado Eligio Esparza, hermano menor de Adán.

–Eso merecen por haber atacado a los soldados –recibió por respuesta.

Cada vez que un nuevo vehículo militar se incorporaba al convoy se repetía el ritual de revisar parejo a heridos, muertos y acompañantes, apuntarles con las armas, cortar cartucho si alguien repelaba e interrogarlos sobre la balacera.

Al niño José Duvuán lo despertaron al jalarlo de la camiseta, le esculcaron el cuerpecito, le cortaron el pantalón para verle bien la herida en la nalga.

–Señora, ¿qué pasó? –preguntó un militar recién incorporado a Fabiana Parra, la mamá de Adán y de Gloria, pasajera en esa caravana fúnebre.

–Los militares atacaron.

–No, señora, ¿cómo que los militares? Los militares no hacen eso, está equivocada –repeló su interrogador.

“En vez de pedir ambulancias pedían refuerzos”, agrega en la entrevista doña Fabiana, quien escucha el relato desde el sillón de espaldas al comedor donde Adán Abel narra la tragedia. Aunque había simulado que no escuchaba la repetición de la misma historia no pudo reprimir su indignado comentario.

El trayecto de dos horas duró ocho. La caravana llegó a las cuatro y media de la mañana al cuartel de Badiraguato. A los tripulantes no les autorizaron bajar de los vehículos. Esperaron al amanecer: vivos y muertos recostados juntos. La espera fue una agonía en la que vieron cómo se les iba escurriendo la vida a los heridos que sí habían aguantado el camino.

“Ya amanecimos en el carro junto con los cadáveres. Decían que no nos moviéramos a ningún lado hasta que no nos indicaran. Y ahí estuvimos. Hasta las ocho bajaron los cadáveres”, dice la abuela sin expresión. “Por el tiempo que hicimos en el camino, algunos de ellos, por lo menos dos, hubieran llegado con vida”.

El radiograma Bu345644 en el que el capitán de la misión, Cándido Alday Arriaga, informó sobre los sucesos al comandante de la Novena Zona Militar en Culiacán, señalaba otra versión distinta que indicaba que al acercarse al retén la camioneta en la oscuridad el grupo le marcó el alto para inspeccionarla, pero nunca bajó la velocidad; al contrario, ¡les echaron cinco balazos!

“El personal militar procedió a repeler la agresión disparando sus armas de fuego en contra del citado vehículo y sus tripulantes en repetidas ocasiones –continúa el reporte– y, una vez cesado el fuego, vio una persona herida en el camino, les proporcionaron los primeros auxilios, localizando en las inmediaciones del automóvil un costal al parecer de mariguana.”

Las investigaciones de la CNDH sacaron a la luz otra verdad: los miembros del batallón no sólo dispararon a ciudadanos inocentes y dejaron morir a los sobrevivientes, también los quisieron culpar de su tragedia. Mientras Adán Abel suplicaba tirado en el piso que llamaran a su familia, ellos movían las evidencias para falsear los hechos.

Ocho de los militares que dispararon estaban drogados (siete con mariguana, uno con cocaína y metanfetaminas). Uno no dejaba de reír cuando la gente, angustiada, auxiliaba a las víctimas. Los vecinos los recordaban bebiendo desde temprano al pie de la carretera.

El cabo de sanidad Eladio Pérez Arriaga sí alertó a sus compañeros de que en la pick up viajaban niños, pero fue ignorado. En el hospital de Culiacán, donde fue internado por “estrés agudo con embotamiento emocional subjetivo, reducción en su relación con su entorno y reexperimentación del evento traumático”, en su delirio repetía: “No, a los niños no…” l

El de Marisela, “crimen de Estado”

Patricia Dávila

El asesinato de Marisela Escobedo en la plaza central de la capital de Chihuahua, ante las cámaras de vigilancia y en medio de instalaciones con protección permanente, destapó mucho más que la negligencia del trío de jueces que liberó al asesino de su hija. Sus hijos, hermano y activistas sociales –quienes ante el riesgo ya solicitan asilo en Estados Unidos– señalan al gobierno estatal como sospechoso de participar, o por lo menos de solapar el crimen.

EL PASO, TEXAS.- “El de mi madre es un crimen de Estado. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, está involucrado. Hubo arreglos con el criminal y le dejó libre el camino para que cometiera el asesinato. El homicida tenía la garantía de que no iba a ser detenido”, acusa Juan Manuel Frayre Escobedo, hijo mayor de la activista Marisela Escobedo Ortiz, asesinada el 16 de diciembre pasado frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

La entrevista se realiza el martes 11 en el Centro de Detención y Remoción de El Paso, cárcel para inmigrantes indocumentados en la cual fue recluido Juan Manuel desde el 18 de diciembre, cuando se presentó a solicitar asilo.

En la misma barraca estaba su hermano menor, Eduardo Alejandro, quien recobró su libertad un día después de la plática con Proceso, y en otra permanece su tío Héctor Ricardo. Este hermano de Marisela es el que, en el video del asesinato registrado por una cámara de seguridad pública, aparece arrojándole una silla al asesino. También considera que se trató de un asesinato de Estado y que “el gobernador César Duarte trata de lavarse las manos con el juicio político a los jueces”.

El asesinato de Marisela Escobedo provoca señalamientos contra el gobierno de Chihuahua, pero sobre todo obliga a muchos activistas de causas sociales a replantear su labor y a reforzar su seguridad, así como la de su familia. Una de las más conocidas en el estado es Cipriana Jurado, quien está convencida de que Marisela se convirtió en un personaje “incómodo” para el Estado y que ese fue el motivo para matarla. Jurado, que ha sido perseguida por el Ejército, tiene siete meses fuera del país y teme volver.

Por ahora hace un recuento de bajas. En sólo un año con cinco meses fueron asesinados ocho activistas sociales y defensores de derechos humanos, dos en las últimas tres semanas: Marisela Escobedo y Susana Chávez, ésta conocida por haber ideado el lema de la campaña contra los asesinatos de mujeres en la entidad: “Ni una más”.

Igual que los familiares de Marisela, para Cipriana Jurado existen muchos indicios de que el crimen se cometió a la sombra del Estado: el asesino persiguió y ultimó a la señora frente al Palacio de Gobierno, a unos pasos de la procuraduría estatal, de la rectoría universitaria y de la oficina de recaudación de impuestos, todos ellos recintos vigilados las 24 horas por policías.

Por si no bastara, elementos de los gobiernos estatal y federal rondan permanentemente la zona, que en estos años abunda en protestas civiles por la violencia y manifestaciones contra los asesinatos de mujeres; sin embargo, esa noche la céntrica plaza estaba descuidada. Días antes el gobernador Duarte aseguró que le había asignado escoltas a Escobedo. ¿Por qué ninguno de ellos la protegió?, pregunta Cipriana.

Lavamanos gubernamental

“Era el sábado 18 –sigue recordando Juan Manuel Frayre–. Estábamos en el velorio de mi madre cuando nos enteramos de que incendiaron el negocio de José Monge, su pareja sentimental, y de que el hermano (de José) había sido secuestrado; esa misma tarde, después del entierro, supimos que fue encontrado sin vida. Además, en el sepelio se me acercó una señora a la que, aunque se me hizo conocida, no logré identificar, y me dijo que tenía un hijo que pertenecía a Los Zetas, (añadió) que por él sabía que la consigna era matarnos a todos los de la familia.”

Cuando asesinaron a su madre, Juan Manuel solicitó al gobierno del estado que protegiera a sus familiares que viajaron desde Estados Unidos para asistir al sepelio. Se les asignaron cuatro unidades. Después del entierro, toda la familia fue a la casa de Marisela.

Ahí, prosigue el hijo mayor de la activista, “agarramos lo necesario y con el pretexto de que íbamos a acompañar a los familiares que regresaban a Estados Unidos, nos dirigimos al Puente Internacional Santa Fe, en Ciudad Juárez. Los que traían papeles entraron sin problema, y los que no, nos presentamos ante la policía fronteriza para solicitar asilo”.

Carecían de papeles Juan Manuel y Eduardo Alejandro Frayre Escobedo, así como Héctor Ricardo Escobedo Ortiz. Con ellos llevaban –igualmente sin documentos migratorios– a Heidi, la hija de la también asesinada Rubí Frayre Escobedo.

Los dos hermanos y su tío fueron llevados al Centro de Detención y Remoción de El Paso, Texas, y Heidi fue entregada al cuidado de una iglesia en Houston. Actualmente Jessica, hermana de Juan Manuel y Alejandro, que reside en Estados Unidos, está desahogando un lento trámite para que le entreguen a la niña.

En su declaración ante la policía migratoria, de la cual Proceso tiene copia, Héctor Ricardo Escobedo relató sucesos previos al asesinato de su hermana que hasta hoy no habían sido divulgados:

El día 8 de diciembre (de 2010) se llevó a cabo un evento en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua, al que asistió el gobernador. Cuando una persona en el micrófono hablaba de inseguridad, mi hermana y yo levantamos una pancarta con la leyenda: “Justicia, privilegio para jefes de gobierno. ¿Y Rubí?”.

Al terminar el evento, un periodista le preguntó al gobernador qué tenía que decirle a mi hermana. Él contestó: “Estamos trabajando en el caso, pero la información que nos trae no es del todo confiable”. Marisela le dijo que si no le daba vergüenza que ella estaba haciendo su trabajo y aun así dudaba de los datos. Además, le reclamó: “Ya pasó casi un mes desde que me prometió una entrevista con el fiscal y no he tenido nada”. Duarte, molesto, ordenó a uno de sus subordinados que la llevara a la fiscalía.

(En la procuraduría del estado) mi hermana les dio toda la información de Río Grande, Zacatecas, y les hizo saber que a ella no le importaba nada tocante a Los Zetas, grupo delictivo al que pertenece el exesposo de Rubí, que sólo quería que Barraza fuera atrapado y pagara por su crimen. En ese cuarto estaban el fiscal, dos agentes federales y un miembro del Ejército, a quienes se les estaba pidiendo colaboración. Toda la información que proporcionó Marisela ese día quedó por escrito.

Cuando me comentó todo lo que había declarado, le dije que deberíamos irnos por un tiempo para ver qué rumbo tomaban las cosas, ya que estaba involucrando a funcionarios de la procuraduría de Zacatecas, de quienes no recuerdo los nombres. Por eso el día en que nos entregaron su cadáver mi sobrino Juan solicitó una copia de la declaración del 8 de diciembre. Se la entregaron, sólo que cuando la leí me di cuenta de que no contenía toda la información que mi hermana me comentó; tampoco estaba su firma.

En su solicitud de asilo, Héctor Ricardo expone otras anomalías que lo hacen temer por su seguridad y la de su familia:

Cuando mataron a Marisela, mi hermana Elba, la hija de Rubí y yo fuimos trasladados a la fiscalía del estado, ahí estaba el fiscal (Carlos Manuel Salas). Le dije que momentos después de que sucedió lo de mi hermana escuché, por el radio de un agente que se acercó a darnos auxilio, que un testigo reportó un auto Jetta blanco y proporcionó el número de placas. Mi sorpresa es que al leer el reporte no aparecían consignadas las placas. Vi que hicieron un retrato hablado del asesino y les dije que lo más indicado era sacar su rostro del video que se tomó desde la puerta principal de palacio de gobierno, porque seguro hay mejores imágenes, y por razones extrañas la procuraduría no lo incorporó al expediente.

Por eso estoy aquí pidiendo asilo, porque mi vida y la de mi familia corren peligro y porque estoy seguro de que las autoridades en México están siendo controladas por el crimen organizado. Todo parece indicar que el gobierno de Chihuahua también está involucrado en el asesinato de mi hermana Marisela.

En entrevista con Proceso, Héctor Ricardo especifica: “Aquí sólo hay dos posibilidades: el crimen se ideó desde el gobierno o César Duarte está controlado por la organización delictiva de Los Zetas, cártel coludido con el de Juárez y al que pertenece el exesposo y asesino de Rubí. Hubo un arreglo con esta organización para dejarles libre el camino y cometer el crimen, de otra forma hubieran agarrado al asesino. Por donde se vea, es un crimen de Estado”.

Insiste en que el gobernador César Duarte “sólo intenta lavarse las manos” al promover el juicio político en contra de Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudib, los jueces que dejaron en libertad a Sergio Barraza en abril de 2010 por considerar “que la prueba era insuficiente para demostrar el delito de homicidio y la culpabilidad del enjuiciado”.

El 17 de diciembre, al día siguiente del asesinato, el fiscal general del estado, Carlos Manuel Salas, envió el oficio 282/2010 al magistrado Javier Ramírez Benítez para solicitar la suspensión temporal sin goce de sueldo para los jueces. Este fue sólo el principio.

El gobernador solicitó al Poder Judicial la separación del cargo de los tres jueces. A su vez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos interpuso el juicio de procedencia para que el Congreso estatal aprobara su desafuero. Los juzgadores también enfrentaron la crítica del presidente de la República por dictaminar con base en “un formalismo”:

“Duele mucho que el esfuerzo que se hace por sociedad y gobierno por combatir la criminalidad se debilite finalmente en la última etapa. No son todos, ni la mayoría de ellos, (pero) llega a haber jueces que más (que) jueces son verificadores de requisitos, es decir, hacen un check list de todas las cosas que finalmente deben cumplir.”

En respuesta, los tres jueces entregaron a la legislatura local un escrito en el que argumentan que no fallaron ellos, sino la Fiscalía General del Estado y el Ministerio Público (MP) que no aportaron pruebas suficientes para condenar al acusado. De igual modo, afirman que recurrirán al amparo y solicitarán la intervención de organismos internacionales porque se están realizando “actos mediáticos e ilegales” en su contra para “diluir” la responsabilidad de otras autoridades, que no protegieron a Marisela Escobedo.

Consultados por Proceso, agentes ministeriales de Ciudad Juárez confirman que el agente del MP no aportó elementos para comprobar la responsabilidad de Barraza. Explican que si bien el acusado aceptó ser el homicida, en el nuevo sistema de justicia de Chihuahua su confesión no tiene validez, ya que por un lado la hizo sin que su abogado estuviera presente, y por el otro, no se pudo determinar la causa de la muerte de Rubí debido al estado de descomposición de sus restos y al tiempo transcurrido.

En el expediente del asesinato de Rubí se incluye un parte de la Policía Municipal del sector Aldama, en Ciudad Juárez, donde se narra que Sergio Barraza fue a confesar su crimen el mismo día que lo cometió y quiso entregarse, pero como iba drogado los policías de turno no le creyeron y lo dejaron libre.

Estado en fuga

La defensora de los derechos humanos Cipriana Jurado fue detenida en 2008 por agentes federales a raíz de una demanda del gobierno federal en su contra por participar en una manifestación en un puente internacional en 2005.

–¿Hay una cacería de activistas en Chihuahua? –se le pregunta a Jurado.

–Sí, creo que sí, y estoy muy preocupada. Hace seis meses salí de México porque la Red de Líderes Religiosos en América Latina me invitó a dar una serie de conferencias sobre violación a derechos humanos en el país. No pensaba pedir asilo político en ningún lado, pero estando fuera del país me entero de que matan a Rubén Reyes, hermano de Josefina, la activista asesinada en enero del año pasado. Me impactó porque estuvieron primero en la lucha por la tierra en el Valle de Juárez, por los servicios públicos, contra el feminicidio.

“Después hostigaron a Lidia Sandoval, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, y después matan a Marisela, luego a Susana Chávez. Antes, asesinaron a Paz Rodríguez y a su esposa, defensores de derechos humanos en Nuevo Casas Grandes, a Flor Alicia Gómez, activista de Justicia para Nuestras Hijas, y a Benjamín Le Baron, activista social contra el secuestro.”

–¿Quién asesinó a Marisela Escobedo?

–Su caso nos preocupa mucho porque es muy emblemático. Resulta extraño que la hayan matado ante las puertas del Palacio de Gobierno, donde siempre hay policías armados. Sobre todo porque siendo un lugar en el que hay protestas, manifestaciones, siempre está lleno de gente de gobernación y de policías. Yo creo que ni a Duarte ni al gobierno federal les conviene que haya voces que se levanten para denunciar lo que pasa en Chihuahua, sobre todo en Ciudad Juárez, en temas como el feminicidio o como la violación a los derechos humanos por el Ejército o la Policía Federal.

–¿Qué es más creíble, que sea un asesinato de Estado o que a Marisela la haya mandado matar el exesposo de su hija?

–Ella había hecho enojar mucho a Duarte. Se nos hace muy aventurado que haya sido una venganza del esposo, porque se supone, como dijo el gobernador, que tenía vigilancia para proteger a Marisela. Si era verdad, que explique a dónde se fue esa gente que estaba cuidando a Marisela cuando la asesinaron. Claro que es un asesinato de Estado. Después de que matan a Marisela sale a flote que pudo ser el exesposo de su hija… Si tienen esa seguridad, ¿por qué no lo han detenido?

En su propio caso, recuerda Jurado, “después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Amnistía Internacional pidieron seguridad para mí, tuvimos varias reuniones con la gente de los tres gobiernos y la seguridad que me dieron fue un teléfono celular y que la Policía Federal hiciera rondines por mi casa. Les pregunté: ¿qué hago con el celular? ¿Si atentan contra mí les aviento el aparato?”.

No existe una estructura para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos que sufren amenazas, asegura.

–¿Regresa a Juárez?

–No, cada vez está más peligroso. En estos días meteré mi solicitud de asilo.

Los parientes de Marisela Escobedo no lo saben, pero a unos cuantos pasos de su barraca, en el área para mujeres del centro de detención, también espera una resolución del gobierno estadunidense Leticia Bocanegra, madre de Sergio Rafael Barraza. La señora también solicitó asilo.

Al cierre de esta edición, el menor de los jóvenes Frayre Escobedo, Eduardo Alejandro, ya había sido liberado. Y el jueves 13 una fuente del gobierno de Chihuahua confió a la reportera que la Fiscalía General acaba de comprobar que Sergio Barraza permanece refugiado en Río Grande, Zacatecas; sin embargo, no se le ha capturado.

SOS de periodistas mexicanos

Patricia Dávila

EL PASO, TEXAS.- El viernes 21 de enero, la Corte de Justicia local emitirá su dictamen sobre el caso del periodista juarense Emilio Gutiérrez Soto, quien huyó a Estados Unidos en junio de 2008 acosado por el Ejército Mexicano y solicitó asilo político de inmediato. El fallo, dice el defensor Carlos Spector, “sentará un precedente en la relación México-Estados Unidos”.

La sentencia será emblemática porque, arguye, de ser favorable, quedaría en evidencia la administración calderonista por los excesos de los militares contra la ciudadanía, sobre todo contra los periodistas. Spector dice que el de Gutiérrez Soto es el primer caso de asilo político que analiza la corte texana.

E insiste: serviría de antecedente para que otros periodistas que abandonaron el país a causa del Operativo Conjunto Chihuahua (Occh) apelen a la justicia estadunidense y demanden un trato similar al de Gutiérrez.

Y menciona los casos del juarense Ricardo Chávez Aldama, reportero de Radio Cañón, quien fue amenazado de muerte por un grupo de narcotraficantes, y el de Alejandro Hernández Pacheco, camarógrafo de Televisa en la región lagunera, quien incluso fue secuestrado por el cártel de Sinaloa. Apenas recuperó su libertad, el comunicador se internó en territorio estadunidense.

El caso de Emilio Gutiérrez alienta a sus colegas, sobre todo porque en septiembre de 2010 otro de sus connacionales, Jorge Luis Aguirre, obtuvo el asilo por la vía política gracias a los canales abiertos en el Senado de ese país a raíz de la polémica desatada en torno a la situación del periodista juarense.

En entrevista, en la modesta casa de Las Cruces, Nuevo México, Emilio Gutiérrez Soto relata su odisea:

“Trabajaba en el municipio de Ascensión, Chihuahua, como corresponsal de El Diario, donde era encargado de la oficina. Ahí hacía de todo: de reportero, vendedor, cobrador… Tenía ocho años trabajando ahí.

“En 2005 escribí dos o tres notas sobre asaltos, despojos y abusos de elementos del Ejército a comerciantes y tenderos. En una de ellas informé que un comando de soldados –liderado por Mabeto Amaya, un maleante del pueblo– se metió a un hotel denominado La Estrella, en Puerto Palomas, y despojaron a todos los huéspedes (‘aspirantes a indocumentados’) de su dinero, joyas y perfumes; se llevaron todo lo que pudieron.”

La información molestó al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dice el entrevistado. El militar envió al jefe de la V Zona Militar, el general Alfonso García Vega, a Ascensión a buscar al reportero para “aclarar el asunto”.

El alto mando militar encomendó la tarea a uno de sus subordinados, el coronel Filadelfo Martínez Piedra, quien llamó por teléfono al reportero. Fue un día de febrero, alrededor de las ocho de la noche. “Él me dijo que su jefe quería hablar conmigo. Hacía frío. Le dije que ya no estaba trabajando, pero él insistió: ‘Vienes o vamos por ti’.

“Me citó en el hotel Miami, en la calle Guerrero y México. Ahí me esperaba un pelotón de soldados, eran como 50. Iba acompañado de mi hijo Emilio, pues no quise dejarlo solo. Al bajarme de mi camioneta comenzaron a rodearme.”

Comenta que su hijo fue testigo de la amenaza del militar: “¿No te da miedo que te suba aquí mismo (señalando la caja de la camioneta) y te desaparezca en la sierra después de que veas cómo trabajamos?”.

En ese momento, prosigue Gutiérrez, “vi que descendía un tipo de una camioneta. Se estaba acomodando las fornituras y la casaca militar. Después supe que era el general Alfonso García.

“Me increpó: ‘¿Tú eres el pendejo que está escribiendo esta chingadera’…?

“Le contesté que había fuentes de información”.

Él insistió: “Ya publicaste tres (notas); una cuarta no va a haber...”

Gutiérrez decidió presentar una denuncia en la fiscalía estatal. La dependencia tardó tres meses en turnar la orden de investigación a la Policía Judicial. La coordinadora de ministerios públicos, Elisa Victoria, incluso le recomendó que se desistiera porque, dijo, los soldados son “peligrosos”.

Pero Gutiérrez no le hizo caso. Poco después presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El Ejército negó los hechos e intentó una conciliación. Y aun cuando el reportero accedió, los soldados nunca se disculparon. “Yo cumplí, ellos no”, insiste.

Admite que a partir de entonces tuvo que bajarle de tono al trabajo. Las órdenes de trabajo relacionadas con los militares se las asignaron a otros colegas suyos.

El acoso militar

Pero la situación se agravó para Emilio Gutiérrez en 2008, con el despliegue del Occh. Gutiérrez dice que él fue uno de los primeros perjudicados. En una ocasión, cuenta, un grupo de soldados irrumpió en su casa. Presuntamente iban en busca de drogas y armas, pero no encontraron nada.

“Yo estaba con mi hijo, entonces ya de 14 años. Para entrar, los soldados tumban la puerta, nos encañonan, nos tiran al suelo y nos sacan en calzones a la calle. Nuevamente denuncio ante el Ministerio Público y ante la CNDH. No hicieron nada”, recuerda.

Otra vez el miedo.

“El 14 de junio de 2008 noto vigilancia fuera de mi casa y de la oficina. Era sábado y casi no había fuentes de información, por lo que solía darme una vuelta por las oficinas de la policía. Noté que me seguían, pero logré esconderme. Por la tarde una amiga me contacta por teléfono. La percibí muy nerviosa. Me dice que quiere verme, que es urgente.

“Cuando nos encontramos, me pide que me vaya del pueblo porque me van a matar. Ella lo sabía porque tenía una relación sentimental con un militar de alto mando en la guarnición de Palomas.”

La advertencia lo dejó frío, comenta. Se despidió de su amiga y fue por su hijo, quien estaba con un amiguito. Luego fue a su casa por ropa y documentos. Esa noche se escondió en el rancho de un conocido suyo. Al día siguiente volvió a su domicilio para recoger las denuncias que había presentado contras los militares.

“Estaba decidido –dice–. La única salida era brincar pa’l Paso a través del Berrendo; si cruzaba por Ciudad Juárez o Palomas tenía que pasar por unos tres retenes militares. Por el entronque fue un albur, lanzamos una moneda al aire… Llegamos a la garita mexicana: ‘¡Eh!, qué traín, ¡Párense ahí!’ –nos dijo uno de los soldados.

“Le contesté que más miedo de la chingada era lo que llevábamos. Le expliqué la situación y le dije que iba a Estados Unidos a pedir asilo. Nos dejó continuar.”

–¿Cómo es El Berrendo?

–Puro desierto y mezquite. De Ascensión a Janos son 27 kilómetros. Luego hay que recorrer 47 kilómetros más, hasta donde termina la carretera, y después otros 11 de terracería…

El 16 de junio de 2008, ambos cruzaron la frontera por El Berrendo. Gutiérrez solicitó asilo para su hijo y para él. Recuerda que los agentes del Servicio de Seguridad Interna de Estados Unidos (Inmigration and Customs Enforcement, ICE) los trasladaron a las instalaciones de Columbus, donde estuvieron dos días.

El 18 de junio, su hijo fue enviado a una escuela para migrantes indocumentados ubicada en Canutillo, donde estuvo dos meses. Gutiérrez permaneció recluido durante ocho meses en El Paso. Durante ese lapso ambos sólo se vieron en dos ocasiones.

Las trampas

El abogado Carlos Spector sostiene que su cliente es una de las víctimas de la “limpia ideológica” instrumentada por los militares del Occh en Ciudad Juárez. Emilio Gutiérrez, insiste el experto en la defensa de los mexicanos que solicitan asilo político en Estados Unidos, fue perseguido e intimidado por los soldados por haber evidenciado la corrupción y los abusos de las tropas federales.

Spector dice que la solicitud de asilo de su cliente se fortaleció por el desdén de las autoridades del estado de Chihuahua. Aun cuando Gutiérrez presentó su denuncia, las autoridades locales nunca lo atendieron; la CNDH también actuó con negligencia; querían que dejara Estados Unidos y regresara a Juárez a declarar, en lugar de acudir los visitadores a El Paso. Lo que pretendían era que desistiera de pedir asilo.

De nada valió porque, insiste, el caso de Gutiérrez ya está muy fuerte. Cuando algún ciudadano mexicano solicita asilo político en Estados Unidos es porque algún grupo ajeno al gobierno lo persigue y las autoridades no lo pueden o no quieren proteger, o bien cuando es el propio gobierno el que lo persigue, como es el caso de Emilio. Por eso, dice, “sólo tenemos que comprobar ante la corte tejana que no es razonable que Emilio regrese a México”.

–¿Ya lo hicieron?

–Sí.

Spector alude a los casos de los reporteros Alejandro Hernández y Ricardo Chávez. Ambos, dice, fueron amenazados por grupos de la delincuencia organizada. Lo que se tiene que demostrar es la incapacidad del Estado para garantizar su seguridad personal y la de sus familias. Y eso es fácilmente comprobable.

Spector también menciona el caso de Luis Horacio Nájera, corresponsal del periódico Reforma en Ciudad Juárez, quien recibió amenazas de muerte por parte de la delincuencia organizada. Dice que cuando el reportero se enteró de lo que vivieron Emilio Gutiérrez y su hijo, optó por irse a Canadá.

Según el litigante, lo que el gobierno de Estados Unidos pretendía era que los periodistas no solicitaran asilo acá. Pero ese es un argumento falaz. Aun sin papeles, ellos pueden ingresar a este país y solicitar asilo.

Y remata: “El caso de Emilio y su hijo es emblemático para ambos países, pues la petición se hizo en un momento en que Estados Unidos le apostaba todo al Plan Mérida y cuando México iniciaba el Operativo Conjunto Chihuahua para combatir al narcotráfico”. l

Adiós a la vida alegre

Luciano Campos Garza

El comercio regiomontano languidece. Las típicas zonas del centro de Monterrey que cada noche se llenaban de jóvenes en busca de diversión ahora están vacías. La violencia ahuyenta a quienes eran asiduos de los bares y discotecas, e historias acerca de asaltos masivos dentro de los antros corren de boca en boca. La muerte está a la vista de todos: en los primeros 14 días del año 40 personas fueron ejecutadas por el crimen organizado en Nuevo León... y las autoridades siguen en el pasmo.

MONTERREY, NL.- La violencia irrefrenable y el pasmo gubernamental ante ella dieron el apagón a la vida nocturna de esta ciudad, con el consecuente saldo rojo para la economía local.

Dirigentes empresariales entrevistados por Proceso sostienen que la sociedad civil ya hizo su parte para enfrentar la recesión, pero afirman que la administración estatal, encabezada por el priista Rodrigo Medina, ha sido incapaz de brindar garantías a la actividad económica, pues ha sido rebasada por la inseguridad, a tal punto que sus estructuras policiaca y de prevención de delitos están paralizadas.

En contraste con los aparentemente positivos indicadores macroeconómicos del estado, celebrados por el gobierno estatal, la inseguridad afecta directamente a giros de actividad relacionados con la vida nocturna.

No es para menos. El año que terminó va a recordarse como el más violento en Nuevo León: hubo 828 homicidios (30 de ellos de civiles inocentes) atribuidos al crimen organizado, mientras que un conteo efectuado con base en los reportes de la prensa local indica que en el mismo periodo fue asesinada una cantidad inédita de policías –74–, así como 10 militares y dos alcaldes: Edelmiro Cavazos, de García, el 18 de agosto, y Prisciliano Rodríguez, de Doctor González, el 23 de septiembre.

Y 2011 empieza bajo fuego en la entidad: en los primeros 14 días del año fueron ejecutadas por sicarios 40 personas, entre ellas 11 uniformados de distintas corporaciones. Seis edificios públicos, entre penales (entre ellos el de Topo Chico), comandancias y sedes ministeriales han sido atacados con granadas y a tiros.

El efecto más evidente de esa violencia desatada se advierte en los tradicionales centros de reunión de la capital nuevoleonesa, como el Barrio Antiguo, el Paseo Santa Lucía y el corredor de restaurantes de la calzada Madero.

Ahora esos espacios están casi muertos.

Uno de los comerciantes con sede en el Barrio Antiguo –que en años recientes era el sitio predilecto de los jóvenes que buscaban diversión– afirma que de los más de 200 negocios que había en la zona, apenas unos 30 siguen funcionando, pero amenazados por extorsionadores o con miedo por los episodios violentos que últimamente han ocurrido.

Otras fuentes dan una cifra aproximada de 80% de cierres en los comercios del área.

Abundan las historias de asaltos a locales enteros que son cerrados por hombres armados para saquear a los clientes. En estos casos la cifra es imposible de verificar. No hay denuncias, sólo dichos.

Antes se cerraba el paso vehicular por las calles del Barrio Antiguo para que los transeúntes caminaran con tranquilidad. Ahora ya no hay clientes ni en las banquetas. Los comerciantes aseguran que en la zona “escasea” la policía.

Un hecho que ahuyentó aún más la asistencia al Barrio Antiguo fue el asesinato, el pasado 6 de diciembre, de Andrés Imperial Garza en el interior del bar de su propiedad, el San Pedro. Le dispararon dos veces en la cabeza cuando departía con amigos en una mesa.

No obstante, la desgracia de los antros se volvió la fortuna de los restauranteros.

Jorge Guerrero Martínez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) en el estado asegura que ahora, en lugar de ir de noche a los bares y discotecas, los jóvenes hacen sus reuniones a las cinco de la tarde en algunos restaurantes, para irse temprano a sus casas.

“Han cambiado los hábitos y hacen sus fiestas más temprano y terminan a las 12 de la noche, no como antes, cuando acababan a las cinco o seis de la mañana. Los restaurantes son los beneficiados”, explica Guerrero.

Pero también los restauranteros exigen seguridad. Aunque Guerrero Martínez niega que los afiliados a la Canirac (7 mil 200) sean víctimas de la extorsión –como ocurre con otros giros comerciales de Nuevo León–, sí considera que el gobierno estatal tiene aún “mucho trabajo por hacer” para proteger a los comensales.

El sector que tuvo el peor declive fue el hotelero. De los 2.95 millones de huéspedes reportados en 2009, la cifra pasó a 2.31 al año siguiente. Othón Ruiz Montemayor, secretario de Desarrollo Económico del estado, considera probable que el descenso se deba a la inseguridad.

Pero si se cancelaron convenciones de negocios y actos en los espacios hoteleros de Nuevo León, Ruiz Montemayor afirma que ni una empresa dejó de instalarse en el estado por temor a la violencia. Ni una se fue, tampoco, por la inseguridad, afirma el funcionario.

José Mario Garza Benavides, director general de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León –y quien fue secretario general de Gobierno hace dos sexenios– conoce de cerca el problema local de la inseguridad. Menciona que el año pasado fue de claroscuros en esta materia.

Mientras se inició la creación del mando único, que busca agrupar a todas las policías municipales bajo un solo comando estatal, se alcanzaron niveles récord de violencia en Nuevo León:

“En materia de seguridad, el gobierno nos ha quedado a deber; todo ha quedado en el discurso. Antes de cacarear el mando único hay que hacer un programa muy bien enfocado, con metas, indicadores y estrategias, que establezca de qué se va a encargar la nueva policía y cómo se va a capacitar”, dice Garza.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monterrey, Juan Ernesto Sandoval Villarreal, afirma que la autoridad está rebasada. “Desafortunadamente tenemos que acostumbrarnos a vivir con esta problemática”, lamenta.

El dirigente llama al gobierno estatal a que proteja a los negocios en la zona rural, donde el organismo tiene unos 2 mil afiliados y los delincuentes han comenzado a exigir cuotas. El fenómeno apenas empieza, pero el líder de los comerciantes pide ayuda para que el problema no se salga de control.

“Hay reportes en algunas zonas donde, aprovechando la situación, hay quienes se montan en el caballo de la delincuencia organizada y son personas que intimidan a los negocios, que deciden cerrar. Por eso pedimos que denuncien y nosotros les ayudamos.

“En algunos municipios rurales los comerciantes nos dicen que los presionan para hacer algún tipo de aportación (extorsión) y eso es importante que se vea a tiempo, que no se deje crecer la problemática ahí, sobre todo en algunos que les faltan policías y donde no se les brinda la vigilancia adecuada”, afirma.

El pasmo oficial

La mañana del miércoles 5, Jorge Domene Zambrano –recientemente designado vocero del gobierno de Nuevo León en materia de seguridad pública– se presentó ante los medios para dar un reporte acumulado de los principales delitos que se cometieron en Nuevo León durante 2010, año que, dijo, “va a ser recordado como el más violento en la entidad, con 828 homicidios dolosos registrados en comparación con los 267 de 2009. El incremento fue de 210%”.

Al referirse a las causas de los ataques a policías, Domene reiteró lo que ya había manifestado con anterioridad: “De alguna manera se ha tratado de intimidar a la autoridad. Sabemos que en los ataques que han ocurrido no hay precisamente un objetivo dirigido; ha sido en general.

“Todas las corporaciones han sufrido esos ataques, desde la ministerial, las municipales, la estatal, y creo que es más por el lado de tratar de imponer una fuerza de parte de estas gentes.”

Domene también fue víctima de la inseguridad. La noche del lunes 10, mientras cenaba con familiares en un restaurante del municipio de San Pedro, hombres armados amagaron a su chofer y le dispararon en una pierna para despojarlo de su camioneta, que fue localizada horas después, abandonada.

El jueves 6 el gobernador Rodrigo Medina dio una conferencia de prensa en la que aseguró: “Nuevo León no se ha constituido como una isla, sino que estamos inmersos en toda una ola de violencia nacional que se ha desatado por la guerra entre cárteles del crimen organizado y también por la acción de la autoridad contra ellos”.

Miguel Treviño de Hoyos, director general del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (CCINLAC), dice a Proceso que el gobierno de Rodrigo Medina, que entró en funciones el 4 de octubre de 2009, perdió tiempo valioso en el tratamiento del problema de la violencia aunque, afirma, ahora ya comienzan a verse indicios de actuación de la autoridad.

El miércoles 12 en la Ciudad de México, Treviño de Hoyos exhibió a nivel nacional las diferencias que hay entre el mandatario estatal y el alcalde regiomontano Fernando Larrazábal, quienes han debatido públicamente sobre inseguridad.

Durante su participación en el Diálogo por la Seguridad. Avances y Resultados, el miércoles 12 en el Campo Marte, frente al presidente Felipe Calderón, el director del CCINLAC reprochó a los dos políticos nuevoleoneses por pelear en lugar de llegar a acuerdos.

“Es vergonzoso el pleito entre autoridades de Nuevo León y de Monterrey y la ausencia de la federación en su papel de articulador de esfuerzos y mediador natural de las diferencias.

“Lo que está pasando hoy, como la manifestación más burda, pero no única de la descoordinación, es que el gobernador del estado y el alcalde de Monterrey intercambian culpas a través de los medios de comunicación; mientras tanto, el gobierno federal (...) no ha salido con oportunidad a poner orden.”

Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, visitó Monterrey el jueves 13. Ese día apareció en los periódicos locales una fotografía de Medina y Larrazábal juntos, en actitud de reconciliación, comiendo con el secretario de Salud, José Ángel Córdoba, quien cumplía una gira de trabajo por la ciudad.

El vuelco

jesús cantú

En 1999, la revista Fortune designó a Monterrey como la ciudad latinoamericana más atractiva para hacer negocios; en 2002, en vísperas de la visita del presidente estadunidense, The New York Times la catalogó como modelo; en 2005, la revista América Economía la ubicó como la urbe más segura, y todavía en 2007 quedó posicionada como la tercera mejor ciudad para hacer negocios en América Latina.

Apenas en marzo de 2001, el entonces gobernador del estado, Fernando Canales, declaró: “A mí el narco me hace los mandados”. Y en 2008, Luis Carlos Treviño Berchelmann, entonces procurador general de Justicia, y Aldo Fasci, a la sazón secretario de Seguridad Pública, le respondían a un enviado de un diario texano que Nuevo León estaba blindado, que jamás padecería la inseguridad y el clima de violencia que se vivían en Tamaulipas.

Todo eso se derrumbó en muy pocos meses, particularmente en 2010: En un informe, la Secretaría de la Defensa Nacional –según difundió en noviembre el diario regiomontano El Norte– identificó a Monterrey y a otros ocho municipios del estado entre los 19 de mayor riesgo para los militares (los otros 10 se encuentran en Tamaulipas). El hecho es que en esos 19 municipios las fuerzas castrenses recibieron 91 de los 128 ataques que sufrieron de enero a octubre de 2010.

En 2010, conforme a los datos de la Procuraduría de Justicia estatal, se cometieron 828 homicidios dolosos. El vocero estatal en materia de seguridad, Jorge Domene, declaró que 361 de ellos estuvieron vinculados a las luchas entre los distintos grupos del crimen organizado y que en los enfrentamientos habrían muerto 30 personas inocentes. Una estadística dada a conocer por El Norte estableció que en los tres años previos (de 2007 a 2009) se habrían cometido 813 homicidios, es decir, que el promedio anual durante ese trienio fue de 271 homicidios, mientras que en 2010 ese número se triplicó.

El vuelco es dramático, y eso se percibe en la ciudad. La vida nocturna ha disminuido notablemente. Zonas completas –como el denominado Barrio Antiguo, equivalente al centro histórico en otras ciudades– están desoladas, lo que contrasta con el continuo e intenso ajetreo que se observaba hace apenas unos meses, en los que la vida no se detenía un minuto del jueves por la noche al domingo por la mañana.

El 11 de abril de 2010, el rector del Sistema Tecnológico de Monterrey, Rafael Rangel Sostman, aventuraba algunas explicaciones a la comunidad congregada en el Estadio Tecnológico tras el asesinato de los dos estudiantes que cayeron abatidos dentro de las mismas instalaciones universitarias. Decía que Monterrey, como muchas otras ciudades a nivel mundial, había “logrado su desarrollo con base en valores y principios tales como el respeto a las personas y a los derechos humanos, la cultura del esfuerzo y la honestidad, la justicia, la integridad, la equidad, la cultura del trabajo y el ahorro, la superación de la persona a través de la educación, y la educación como camino para crecer y desarrollar una sociedad más equitativa, solidaria y democrática.

“Pero –contrastaba– hoy nos encontramos ante una sociedad en que, lamentablemente, se promueven y viven valores muy distintos a los anteriores: consideramos el éxito individual como única meta en la vida, queremos lograr nuestros objetivos a través del mínimo esfuerzo, tenemos los hábitos del dispendio y del consumismo, buscamos la riqueza como único fin, vemos la educación como vehícu­lo para satisfacer exclusivamente necesidades personales, como lograr mayores ingresos monetarios.”

Y puntualizaba: “Nos hemos vuelto ciegos, sordos e indiferentes ante la pobreza, la injusticia, la falta de oportunidades, la desigualdad y el desempleo, y vemos todas estas anomalías como algo natural y normal en nuestra sociedad: nos hemos puesto un velo en los ojos”.

La autocrítica también pasó por las universidades, al señalar que los esfuerzos se centraron en “preparar a nuestros alumnos exclusivamente para que tengan una alta empleabilidad con fines monetarios y de éxito profesional, y muchas veces ni eso lo hacemos bien; pero lo más importante es que damos muy poca relevancia a nuestra misión de formar verdaderos ciudadanos que asuman su responsabilidad social y política para cambiar este país”.

Para concluir: “En otras palabras, la inseguridad que padecemos es el resultado de que hemos degradado nuestros valores y principios, y hemos aceptado esta degradación como algo natural”.

Se puede coincidir o no con su diagnóstico, pero lo cierto es que la inseguridad que asuela a la ciudad se gestó en transformaciones que iniciaron desde hace varias décadas. A finales de los años sesenta y principios de los setenta, Monterrey –como muchas ciudades en el mundo– vivió las turbulencias marcadas por las protestas estudiantiles que exigían cambios drásticos (la autonomía de la universidad estatal y los incidentes en el Tecnológico de Monterrey) y por la insurgencia de la guerrilla urbana, que incluyó el intento de secuestro y homicidio del empresario Eugenio Garza Sada.

Pero el giro fue drástico en la década de los ochenta –coincidente con la llegada del neoliberalismo–, pues no sólo se sofocaron esos movimientos, sino que se impuso la homogeneidad en el pensamiento citadino: Las pocas voces discordantes presentes en los movimientos sindicales de Cristalería, Fundidora Monterrey, Gamesa y la Universidad Autónoma de Nuevo León, entre otros, o en algunas de las facultades de la misma casa de estudios, fueron silenciadas por muy diversas vías, incluso el cierre de algunos centros de trabajo, como fue el caso de Fundidora.

Los otrora orgullosos empresarios regiomontanos empezaron a recurrir a los favores gubernamentales (el préstamo de 12 mil millones de pesos de Banobras al grupo Alfa) para sobrevivir en la crisis económica, o a vender sus empresas a los grupos trasnacionales (la familia Santos vendió Gamesa, la galletera, al grupo Pepsico).

En paralelo, la ciudad empezó a modificar su mezcla de actividades productivas: tras haber sido predominantemente industrial, comenzó a albergar a los grandes corporativos financieros –los grupos empresariales regiomontanos adquirieron seis de los bancos privatizados en los años noventa– y los grandes edificios de oficinas iniciaron su proliferación para albergar a los ejecutivos de las nuevas empresas de servicios y comercio que se asentaban en la localidad.

La transformación llegó inclusive a los centros de esparcimiento. Hasta hace muy pocos años, Monterrey era reconocida como una urbe dedicada al trabajo; poco tiempo había allí para las diversiones, y hasta la primera mitad de la década de los ochenta escaseaban los lugares de esparcimiento. Hoy Nuevo León es la entidad mexicana con mayor cantidad de casinos y, según otra información divulgada en agosto del año pasado por El Norte, dicho crecimiento explosivo es muy similar al de los índices delictivos, pues si en 2004 había 10 casas de juegos, en 2007 ya eran 23 y en 2010 llegaron a 49. En números absolutos de casinos, el Distrito Federal le sigue con 42, y en términos de casinos per capita, Nuevo León ocupa el segundo lugar, únicamente superado por Baja California.

La inmigración, particularmente de los estados circunvecinos –Zacatecas y San Luis Potosí–, se incrementó para satisfacer la demanda de mano de obra de las empresas, que exhibían por doquier mantas y carteles que solicitaban operadores, despachadores, etcétera.

La inmigración también incluyó a las familias de los capos de la droga, que a mediados de los noventa empezaron a establecerse en la ciudad. Ellos huían de la violencia desatada por sus disputas en Sinaloa y Jalisco (el coche-bomba en el estacionamiento de un reputado hotel y el asesinato del cardenal Posadas Ocampo en el aeropuerto de Guadalajara fueron dos de los episodios), pero además buscaban que sus hijos accedieran a buenos colegios y universidades. Particularmente los comercios regiomontanos se beneficiaron con su llegada, pues la derrama económica en la compra de bienes y servicios de inmediato se sintió. Quizá por ello la ciudad no padeció tan drásticamente la crisis del 95.

También aparecieron los primeros síntomas de la presencia de los capos: el 26 de febrero de 1995 detuvieron a Francisco Payán Quintero, tío de Rafael Caro Quintero, y el 14 de enero de 1996, a Juan García Ábrego, en una finca ubicada en el municipio conurbado de Juárez. Algunas balaceras sacudieron la apacible vida regiomontana, como la sucedida a mediados de 2000, cuando 10 sicarios irrumpieron en el Palenque de la Expo Guadalupe, en busca de los delatores de Gilberto García Mena, El June. Parecían hechos aislados y todavía controlados; los gobernantes los minimizaban.

Los empresarios regiomontanos, que tradicionalmente influían en las decisiones políticas a través del ejercicio de su poder económico, también decidieron incursionar activamente en la vida política estatal y nacional: primero ocuparon curules legislativas (como ejemplos: Alberto Santos y Benjamín Clariond, por el PRI, y Fernando Canales y Antonio Elosúa, por el PAN) y, posteriormente, puestos ejecutivos: Benjamín Clariond gobernó el estado de 1995 a 1997, y lo sucedió su primo Fernando Canales Clariond, de 1997 a 2003.

Y la desigualdad económica –esa que el entonces joven académico Jesús Puente Leyva mostró a través de un estudio realizado desde el Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la UANL a principios de los setenta y que le costó su destierro de la ciudad– se ensanchó: conforme se enriquecían unos cuantos, otros muchos empobrecían; la ciudad mostraba dichos contrastes y nada o muy poco se hacía para enfrentar esas deficiencias estructurales.

Las primeras manifestaciones de los riesgos que tal fenómeno implicaba se materializaron en 2008, cuando encapuchados, contratados explícitamente para ello, bloquearon algunas de las principales avenidas de la ciudad y trastocaron el tráfico; hoy muchos jóvenes provenientes de esos barrios marginados manejan lujosas camionetas robadas y portan armas de grueso calibre.

Junto a estos cambios se mantuvieron algunas constantes: la corrupción e ineficacia policiacas y la impunidad que ha caracterizado al régimen mexicano.

Tal mezcla era letal y se conjugó con importantes modificaciones de los contex­tos nacional e internacional: el cambio de estrategia de combate al narcotráfico en México, que condujo a la pulverización y enfrentamiento de los cárteles mexicanos –sobre todo del cártel del Golfo y Los Zetas, su otrora brazo armado, que aunque surgió en Tamaulipas, ya incluyó a Monterrey–; el cierre de las rutas marítimas de ingreso de droga a Estados Unidos, lo que desplazó su trasiego a los estados fronterizos mexicanos (no es ninguna casualidad que los seis estados mexicanos que conforman la frontera norte sean los que mayores índices de criminalidad presentan); y, desde luego, el empoderamiento de los cárteles mexicanos en la escena internacional.

En todo esto (y seguramente en algunos otros aspectos que escapan a este recuento) hay que hurgar para tratar de entender por qué Monterrey, otrora ciudad segura y apacible, es hoy un polvorín del que huyen los estudiantes nacionales y al que los ejecutivos extranjeros no quieren acudir. l

En Guerrero, la política sabe a sangre

Ezequiel Flores Contreras

Luego de la muerte de Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009, la violencia se disparó en Guerrero, territorio que hoy se disputan varios cárteles de la droga. La inseguridad ahora es generalizada y afecta incluso el ámbito de la política. Las ejecuciones y agresiones contra integrantes de los partidos en pugna, entre ellos el brutal ataque a Guillermo Sánchez Nava –representante de la coalición opositora Guerrero nos Une ante el órgano electoral del estado–, es la muestra más palpable de la descomposición política y social que afecta a la entidad.

ACAPULCO, GRO.- En dos semanas más los guerrerenses acudirán a las urnas para votar por gobernador, y lo harán en medio de un clima de inseguridad generalizada. En la entidad se vive por igual la creciente violencia de los grupos delincuenciales que la tensión provocada por los partidos políticos y la crisis que afecta la economía de este destino turístico.

Las ejecuciones, secuestros y desapariciones son una constante. A ello se suman las balaceras y extorsiones –conocidas como narcocuotas– que envuelven ya las principales ciudades del estado. Hoy, este puerto y la capital, Chilpancingo, parecen territorios sin ley, donde la población se encuentra sumida en el terror a causa de la indefensión.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, durante 2010 se registraron más de 800 asesinatos vinculados al crimen organizado, la mayoría en esta ciudad. Y en los primeros 15 días de enero se documentaron más de 70 ejecuciones; el puerto vuelve al primer lugar en la estadística criminal.

Y en el ámbito de la política, la agresión de presuntos brigadistas del PRI, la noche del martes 11, a Guillermo Sánchez Nava, representante de la coalición Guerrero nos Une, conformada por el PRD, Convergencia y el PT, ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), concitó el repudio generalizado. Los agresores le provocaron un derrame cerebral, lo que crispó aún más el ambiente de las campañas, plagadas de agresiones verbales desde el principio.

El viernes 7, días antes del ataque a Sánchez Nava, el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo anunció que solicitaría el apoyo de las fuerzas federales para que permanezcan en la entidad “antes, durante y después (de los comicios del domingo 30)”.

La respuesta del narco llegó de inmediato. Entre ese día y el domingo 9 fueron ejecutadas 30 personas. Sus cuerpos aparecieron en centros comerciales y zonas públicas del puerto; algunos fueron decapitados, otros aparecieron colgados en distintas zonas de la ciudad. Los autores dejaron mensajes supuestamente firmados por Joaquín El Chapo Guzmán.

Uno de los asesinados era el comandante de la Policía Ministerial, Emmanuel Radilla Hernández, encargado del área de recuperación de vehículos de la fiscalía local. Iba acompañado de su escolta cuando fue atacado frente al centro comercial Gran Plaza, sobre la avenida costera Miguel Alemán. Radilla había recibido presuntos narcomensajes en los que se le acusaba de tener nexos con uno de los cárteles de la droga que operan en el estado.

La violencia entre las organizaciones criminales se agudizó a raíz de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes, ejecutado en Cuernavaca por infantes de Marina en diciembre de 2009. Hoy, varios grupos se disputan el control del corredor Acapulco-Cuernavaca. Los ajustes de cuentas son cotidianos; no hubo tregua durante el periodo vacacional navideño.

Y aun cuando el presidente Felipe Calderón y su familia decidieron pasar aquí la Navidad y el Año Nuevo, estuvieron resguardados en una residencia ubicada dentro de la sede de la Octava Zona Naval, cerca de la colonia Icacos, la imagen internacional de este destino turístico comienza a deteriorarse debido a la violencia, como informó este semanario en diciembre pasado (Proceso 1781).

El lunes 10, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, habló de la “inacción” de las autoridades estatales ante la violencia incontrolable de los grupos delincuenciales.

Desde la Ciudad de México, el funcionario declaró: “Es lamentable lo que ha ocurrido en los alrededores de la ciudad de Acapulco en los últimos días, pero es un ejemplo claro de que la violencia se origina por la lucha entre las organizaciones criminales y por la inacción, también hay que decirlo, de las autoridades locales”.

De acuerdo con Poiré, la ola de violencia que se vive en Guerrero, particularmente en Acapulco, “es consecuencia de la lucha intestina” entre las organizaciones criminales vinculadas al cártel que encabeza El Chapo Guzmán.

La violencia verbal

Entre el martes 11 y el viernes 14 arribaron a esta ciudad alrededor de 100 policías federales, así como un grupo especial de la Armada que suele acompañar a los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). A partir de entonces, son ellos lo que coordinan la logística, por encima incluso de las corporaciones policiacas locales y las tropas del Ejército.

Desde el hotel donde se hospedan, cercano a la zona turística de Caleta, los federales hacen recorridos periódicos sobre la costera. Los marinos y los agentes de la SIEDO se alojan en un edificio del condominio de las Torres Gemelas, ubicado en plena costera; ellos se encargan de los cateos y detenciones en la zona rural y suburbana del puerto.

El martes 11, por ejemplo, irrumpieron en la sede de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Acapulco en busca del titular de la Policía Vial, Marcos Román Bahena, porque, según empleados consultados por el reportero, ahí se expiden permisos para la circulación de vehículos lujosos de dudosa procedencia.

Sin embargo, el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil en el puerto, Paulino Vargas, declaró a los reporteros locales que los infantes de Marina en realidad visitaron la corporación para coordinar sus acciones con las autoridades del puerto.

Pero aun con la presencia de fuerzas federales, la escalada de violencia no cede. La semana pasada fueron ejecutados al menos seis hombres, entre ellos Miguel García Carmona, custodio del penal de Las Cruces, quien fue decapitado.

El cadáver fue encontrado la tarde del jueves 13 en un auto abandonado sobre el bulevar Vicente Guerrero con mensajes dirigidos al subsecretario de Readaptación Social, Ángel García García, y al director de Régimen Penitenciario, Alejandro Segovia Ríos.

Uno decía: “Esto le va a pasar a todos los custodios que apoyen a Betito y sigues tú, director del penal García García y Segovia, por andar haciendo mamadas en el penal”; en otro aparecía la leyenda: “Tenemos a todos los custodios ubicados por andar haciéndole mamadas a las familias de los presos del cártel más pesado”.

La guerra que libran los grupos criminales por el control de las zonas de producción, trasiego, acopio y venta de drogas al menudeo ha desdibujado las campañas electorales iniciadas el 3 de noviembre. De hecho, ya alcanzó a los equipos de campaña de Ángel Aguirre Rivero, de la coalición Guerrero nos Une, y de Manuel Añorve Baños, quien es impulsado por la alianza Tiempos Mejores para Guerrero, conformada por PRI, PVEM y Panal.

Bajo fuego

El 21 de octubre, semanas antes de que arrancara el proceso electoral, Antonio Valdez Andrade, líder de los comerciantes ambulantes y coordinador de la campaña de Manuel Añorve, fue ejecutado junto con tres personas más.

Los cadáveres fueron localizados en el basurero del poblado El Bejuco, sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional. Tenían un narcomensaje en el que se les acusaba de pertenecer a la estructura de la organización de La Barbie.

Semanas después, el 12 de noviembre, en las inmediaciones del poblado Las Plazuelas, en la zona rural de Acapulco, fue ejecutado el transportista Evaristo Carvajal Vega, promotor de la campaña del expriista Ángel Aguirre; también se le vinculó con La Barbie. Los responsables de los crímenes no han sido detenidos.

Aguirre y Añorve no se han pronunciado al respecto. Ambos recorren la entidad a bordo de unidades blindadas y equipos de seguridad propios. El candidato del PAN, Marcos Parra, hace su campaña acompañado por un grupo de policías estatales que le proporcionó el gobernador Zeferino Torreblanca y utiliza una camioneta blindada.

Sin embargo, la violencia electoral llegó a su clímax la noche del martes 11, cuando Guillermo Sánchez Nava fue atacado a golpes en Chilpancingo. Los perredistas insisten en que las autoridades deben investigar a los seguidores de Añorve.

Ese día, Sánchez Nava, fundador del PRD en la entidad, recibió una llamada alrededor de las 23:30 horas. Su interlocutor le comunicó que un grupo de priistas estaba destruyendo la propaganda de Aguirre Rivero. De inmediato se desplazó a la avenida del río Huacapa, entre la sede del Poder Ejecutivo y el Instituto Tecnológico de Chilpancingo. Iba solo.

Cuando el perredista increpó a un grupo de presuntos priistas, éstos comenzaron a golpearlo hasta dejarlo inconsciente; también destrozaron su auto, declaró al día siguiente el expresidente estatal del PRD Octaviano Santiago Dionicio en una conferencia organizada en Acapulco.

Su correligionario, el diputado local Sebastián de la Rosa Peláez, tuvo que solicitar licencia al Congreso local para asumir la representación de la coalición que impulsa a Aguirre ante el órgano electoral.

El jueves 13, el coordinador de la campaña de Aguirre, Jesús Zambrano, responsabilizó al PRI de la agresión y sostuvo que las encuestas les dan una ventaja de entre 5% y 6% frente a Añorve Baños, lo que tiene desesperado al tricolor.

Zambrano también expresó sus “dudas” sobre la actuación del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo en torno al “acto criminal” que sufrió Sánchez Nava. El motivo: hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia estatal no ha resuelto los crímenes de al menos una treintena de perredistas cometidos de 2005 a la fecha, entre ellos el de Armando Chavarría Barrera, presidente del Congreso local y aspirante a la gubernatura, ocurrido en 2009, dijo Zambrano.

Y agregó: “El gobierno del estado, a través de la procuraduría local, tendrá que demostrar con hechos que está dispuesto a dar con el fondo de los hechos o nadar de a muertito”.

El lunes 10, el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega; el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y el coordinador de los diputados perredistas en San Lázaro, Alejandro Encinas, denunciaron en diversos actos en la entidad que el mandatario mexiquense, Enrique Peña Nieto, envió a Guerrero a “operadores electorales” con el propósito de denigrar la imagen de Aguirre Rivero e inhibir las votaciones del domingo 30.

Al día siguiente, el candidato priista Manuel Añorve acusó a Marcelo Ebrard de implementar “una estrategia de miedo y violencia” en Guerrero. Dijo incluso que “decenas de trabajadores sindicalizados del Gobierno del Distrito Federal” se hospedaban en un hotel de Puerto Marqués.

Ese mismo martes 11 por la noche fue atacado el representante perredista. El dirigente del PRI en el estado, Efrén Leyva Acevedo, declaró que los simpatizantes de su partido no estaban implicados en el ataque a Sánchez Nava.

“Cocoa”, el otro michoacanazo

Álvaro Delgado

Luisa María Calderón, la hermana del presidente, faltó a su palabra. Se había comprometido a no tener presencia política durante este sexenio. No obstante fue secretaria de Elecciones del PAN michoacano, puesto desde el que empezó a construir su pretendida candidatura al gobierno de Michoacán. Eso no sólo lo dicen sus opositores, sino también un militante panista y compañero de Cocoa en el CEN blanquiazul: Marko Cortés Mendoza.

Antes y después de la toma de posesión de su hermano Felipe como titular del Ejecutivo, el 1 de diciembre de 2006, Luisa María Calderón Hinojosa hizo público su compromiso y el de su familia de no participar en política durante todo el sexenio para no ser tildados de “hermanos incómodos” por traficar con el poder presidencial.

“El presidente es uno solo y acordamos que estaríamos fuera del espacio político y público”, declaró la hermana mayor de Calderón el 7 de diciembre de ese año, en una conferencia que impartió en Veracruz tras inaugurar las oficinas municipales del Partido Acción Nacional (PAN) en Xalapa, en lo que fue su último acto público antes de irse de “hippie” a España.

Reveló que los hermanos Calderón Hinojosa hicieron ese pacto desde 2003, cuando Felipe decidió buscar la candidatura presidencial y el escándalo de los hijos de Marta Sahagún, dijo, mostró que los mexicanos creen que la Presidencia de la República no debe extenderse a familiares ni a cónyuges.

“El hoy presidente estaba pensando y trabajando en su proyecto como precandidato. Platicamos de este daño que estaba pasándole al presidente (Vicente Fox) y de que el Poder Ejecutivo es de un sola persona, y entonces acordamos los hermanos que estaríamos fuera del espacio político y público.”

Pero esa promesa la olvidó la hermana mayor de Felipe Calderón y, desde septiembre de 2008, se hizo nombrar secretaria de Elecciones del PAN en Michoacán, cargo del que ya se separó y que fue plataforma para su pretendida candidatura al gobierno de ese estado.

Las críticas a su desbordado activismo por ser supuesta operadora de Los Pinos en el estado –aunque ella se define como “la mano que le da la mano a su hermano como hermano”– no han provenido sólo de los partidos opositores, sino ahora también de Marko Cortés Mendoza, el joven senador que comparte con ella un asiento en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN.

“Son cosas que deben honrarse o se cae en la incongruencia”, juzga Cortés Mendoza sobre el compromiso de los hermanos Calderón Hinojosa, pero advierte también del tráfico de influencias desde el poder para beneficiar a un proyecto familiar o grupal.

“Debemos tener mucho cuidado de no caer en la tentación de prácticas de nepotismo, de aprovechar la cercanía con el poder para hacer favores que beneficien a cierto proyecto político, y de no usar programas y recursos públicos. La mejor forma de no caer en eso es como en su momento ella misma y algunos de sus familiares lo comentaron y se comprometieron.”

Pero a la incongruencia se suma la posibilidad latente de la imposición de Luisa María como candidata a gobernadora, alerta Cortés Mendoza, quien dice que sólo un proceso interno le dará viabilidad a un triunfo del PAN.

“El PAN necesita legitimarse en un proceso de elección interno, donde no se vea la mano de la imposición, para que entonces ganemos la simpatía de los que no creen, de los que no votan y no participan.”

–¿Qué representaría para el PAN una imposición?

–Representaría el fracaso electoral. Sería entregarle nuevamente al PRD, o al PRI, el estado.

En entrevista con Proceso, el martes 11, el senador de 33 años habla del activismo de Luisa María Calderón, de su promesa olvidada, de la burbuja militar que la envuelve y también de la urgencia de que el gobierno federal cambie la estrategia contra el crimen organizado.

“Ya no queremos sangre”, clama el legislador. “El tema de la inseguridad no puede verse sólo como números, porque detrás de cada hecho violento hay una familia que sufre, hay hijos que quedan sin padres. Tenemos que verle el lado humano a esta lucha”.

Como los Moreira

Aunque Luisa María Calderón ha evitado pronunciar abiertamente su deseo de ser candidata a la gubernatura, sobre todo para evitar las sanciones de la Ley Electoral por actos anticipados de campaña, su separación del cargo de responsable electoral del PAN estatal sólo ratificó su ambición.

Lo hizo el 12 de noviembre del año pasado, justo a un año de las elecciones del 13 de noviembre de 2011, cuando se elegirá al sucesor del perredista Leonel Godoy; en esa ocasión dijo que “más vale tener la puerta abierta que cerrada” para la candidatura.

Menos de un mes antes, el 23 de octubre, festejó su cumpleaños 54 con una fiesta para 3 mil personas cerca de Morelia –fiesta manchada por la muerte del priista Eduardo Villaseñor–, donde los gobernadores Juan Manuel Oliva, de Guanajuato, y Marco Antonio Adame, de Morelos, militantes ambos de la organización secreta El Yunque, la proclamaron virtual candidata.

Oliva predicó: “Llegó la hora de que en Michoacán siga ascendiendo la bandera gloriosa de Acción Nacional. La bandera que le diga a Michoacán: aquí está el nuevo sistema político mexicano, aquí está el humanismo político; la bandera que, de cara al sol, llegue y diga: ‘Aquí nace y se construye la patria ordenada y generosa que soñaron nuestros fundadores y que nos toca construir’. ¡Cocoa, que Dios te bendiga! ¡Cocoa para muchos años!”.

Al respecto, el senador Cortés, líder estatal allegado al aspirante presidencial Santiago Creel, admite que la pretensión de Luisa María Calderón tiene semejanzas con la de Humberto Moreira, gobernador con licencia de Coahuila y presidente electo del PRI, quien pretende heredarle la gubernatura a su hermano Rubén, diputado federal.

“Esa práctica del PRI es lo más indignante para todos los mexicanos, porque atenta contra la democracia. Es el tráfico de la influencia del poder del gobernador, en pleno, para dejar a su hermano en el mismo cargo.”

–¿Es semejante al caso de los Calderón en Michoacán?

–Confío en que no, porque si no con qué arma, con qué fuerza motivaremos a la gente para que salga a votar.

–¿Aprecia que en el compromiso público de los Calderón hay, por lo menos, la intensión de apostarle al olvido?

–Sí, es acomodarte a lo que hoy se te antoja mejor. Es simplemente aprovechar las circunstancias y las ventajas que tiene la cercanía con el poder. Es lo que debemos cuidar mucho, evitar caer en la incredibilidad, y eso se provoca cuando uno es incongruente entre lo que dices y haces.

Y es que, además del compromiso público que Cocoa hizo en Veracruz cinco días después de la toma de posesión de su hermano, lo había hecho en por lo menos dos entrevistas con el diario capitalino Reforma y el semanario Zeta, de Tijuana.

El 24 de septiembre de 2006, Reforma publicó que desde 2003 los hermanos Calderón decidieron apartarse de la esfera pública durante el sexenio. “Si yo voy a la Presidencia, ¿tú qué onda?”, le preguntó Felipe a Luisa María, quien le respondió. “Si tú vas a la Presidencia, yo estoy fuera”.

Cocoa razonó: “Era muy intenso el cuestionamiento ético de los parientes que influyen en las decisiones del Poder Ejecutivo –que se deposita en una sola persona–, y aunque cada uno de nosotros ha hecho su propia carrera, nos pareció que estar fuera del espacio de sus decisiones es una medida que protege al Poder Ejecutivo”.

A su vez, Juan Luis Calderón, exfuncionario panista, declaró: “En términos personales estaremos ocupándonos, primero, de no influir de ninguna manera, de no tener nunca el mote de hermanos incómodos”.

En la edición 1702 de Zeta, de noviembre de 2006, Luisa María contó del pacto entre hermanos de 2003: “Estábamos delineando el camino a la Presidencia y estaba en su auge el tema de Martha, porque ella quería ser presidenta. Entonces Felipe dijo: ‘Oigan, está como muy sucio el tema del nepotismo, a mí me gustaría que estuviéramos claros que si voy yo, ustedes no van a ningún lado”.

El senador Marko Cortés admite que él también se comprometió en su campaña de 2006 a no usar el cargo de senador como “trampolín” para llegar a la gubernatura de Michoacán, como dijo que lo haría Godoy. “En la elección de 2007 no participé, porque era un compromiso moral adquirido con los michoacanos”.

Pero la reforma que acortó el periodo de gobierno actual a cuatro años y el próximo a sólo 3 más 7 meses cambió las condiciones, y él ahora sí pretende buscar la candidatura del PAN a gobernador.

“Son cosas que deben honrarse y cumplirse; y si no, se está siendo incongruente. Yo me refería al proceso subsecuente y no buscaba el Senado para usarlo como trampolín político para buscar la gubernatura, como sí lo hizo Leonel Godoy.”

Los Calderón y yo

El proceso interno para elegir a los candidatos del PAN a cargos de elección popular para las elecciones de noviembre de 2011 se iniciará en mayo y podrían participar panistas de proyección nacional como Germán Martínez y César Nava, expresidentes nacionales, aunque Cortés Mendoza advierte que influirá la lógica de grupo.

Además de Luisa María pueden ser candidatos Rafael Elvira Quesada y Salvador Vega Casillas, secretarios de Medio Ambiente y de la Función Pública, respectivamente, que pertenecen a la facción de los Calderón.

“Aquí la diferencia es cuando el liderazgo y la decisión depende de una persona o depende de un tercero o de un acomodo de interés de grupo”, aclara el legislador. “Será una contienda de dos candidatos: uno que sea muy cercano al gobierno federal, en este caso, y en su momento un servidor”.

–Si no es Luisa María Calderón, ¿pueden ser Elvira o Vega?

–Cualquiera que sea de ese mismo equipo.

Eso sí, dice, “va a ganar quien cuente con la mayoría de simpatizantes y votos de miembros adherentes y activos. Es historia que en el PAN no gana el que pareciera el favorito, como muestra la misma contienda que ganó Felipe Calderón, quien no era el candidato de Los Pinos ni el del CEN y se dice que ni de las televisoras. Será el que quieran los militantes”.

Durante su campaña, Felipe Calderón prometió a los electores de su estado natal que si votaban por él a Michoacán le iba a ir muy bien, pero eso no ha sido así, reconoce Marko Cortés:

“¿Por qué a Michoacán no le ha ido bien, pero muy bien, como lo dijo el presidente de la República? El gobierno del estado le echa la culpa al federal y el federal al del estado. Es notorio, los ciudadanos lo saben, no hay un entendimiento entre los jefes del Ejecutivo federal y estatal. A Michoacán le pudiera estar yendo mucho mejor en vez de estar peleando.”

–¿Le iría mejor a Michoacán con un gobierno del PAN?

–Lo importante no es tanto ya solamente sacar al PRD para que llegue el PAN. Yo como panista digo qué bueno que gane el PAN, pero lo relevante es que se instaure una nueva forma de gobernar, un nuevo entendimiento, donde el gobernador hable con transparencia con sus legisladores locales y los convenza, no los compre, de la necesidad de hacer, por ejemplo, presupuestos multianuales.

“El PAN debe, por lo pronto, generar un proceso interno que genere entusiasmo: nos hace falta lograr la confianza otra vez, que la gente desesperanzada crea, que se ilusione y que tenga fe de que las cosas pueden ser diferentes.”

“No queremos más sangre”

Además de su compromiso público roto de no participar en el ámbito político y público y de ser acusada del desvío de recursos públicos, Luisa María Calderón ha concitado controversia por utilizar un ostentoso aparato de seguridad integrado por medio centenar de elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP), la Policía Federal y el Ejército.

A donde quiera que se desplaza, una fiesta, el cine o un café, va dentro de una burbuja castrense que acordona el lugar al que asiste y disuade a los ciudadanos de aproximarse a ella, lo cual ha generado disgusto a los michoacanos afectados.

Interrogado al respecto, el senador Cortés dice que él puede recorrer los 113 municipios del estado “con la tranquilidad de poder abordar todos los temas que son prioritarios y sin la necesidad de traer ningún tipo de resguardo y de seguridad”, porque inclusive ninguno de sus acompañantes usa arma. “Debemos asegurar que esa movilidad sea la que tenga nuestro candidato”.

Sobre si afecta al PAN el aparato de seguridad de Luisa María, el senador expone: “Entiendo que el protocolo marca que un hermano del titular del Poder Ejecutivo traiga tres elementos, pero sólo tres elementos”.

Dice que debe haber sensibilidad para entender que los michoacanos lo que quieren es sentirse tranquilos, y cuando ven cualquier tipo de dispositivo de seguridad, se alejan por el temor a los tiroteos. “Los michoacanos merecen tranquilidad, poder transitar en las calles en forma libre, segura y sin tener el pendiente de que pueda haber enfrentamiento”.

Consciente de que Felipe Calderón no admite críticas a su estrategia contra el crimen organizado y que incluso niega que lo haya definido como “guerra”, el senador panista disiente del plan aplicado desde hace cuatro años.

“La estrategia de seguridad debe enfocarse a cuidar al ciudadano y evitar, a toda costa, todo tipo de enfrentamiento y persecución donde haya gente. No se puede, por detener a un delincuente, exponer a un ciudadano.”

Enfatiza: “Tenemos que cambiar la estrategia: es cuidar, proteger, darle tranquilidad al ciudadano y atacar fuertemente la prevención del crecimiento de la demanda (de droga), porque mientras haya demanda del producto va a haber, sin lugar a dudas, oferta, legal o ilegal”.

Recuerda que la Organización Mundial de la Salud recomienda que por lo menos 10% del presupuesto de seguridad pública se destine a prevención, pero mientras Estados Unidos destina 30%, México sólo 1%. “Entonces debe cambiar el enfoque de la lucha, porque violencia genera más violencia”.

–¿Eso se lo has expresado al propio Calderón?

–Sí, en los foros y en el mismo Senado. Creo en ello como una lógica distinta. Ya no queremos sangre.

La sucesión Azcárraga: más argucias, más dinero, más poder...

Jenaro Villamil

En el ya larguísimo proceso legal relacionado con la fortuna heredada por Emilio Azcárraga Milmo se detectó un cúmulo de irregularidades que presuntamente favorecen a su hijo, Emilio Azcárraga Jean, en perjuicio de Paula Cusi, viuda de El Tigre, y que explican el inmenso poder económico acumulado por el junior. De acuerdo con peritajes contables, un débito personal del actual dueño de Televisa por 20 millones de dólares fue incorporado como deuda de la sucesión con Banco Inbursa y se sumó a una deuda anterior de 40 millones de dólares que Azcárraga Milmo había contraído con la institución financiera de Carlos Slim.

Con estratagemas jurídicas y financieras que pueden constituir delitos fiscales o presuntos fraudes civiles, Emilio Azcárraga Jean pasó de tener 10% a 50.3% de las acciones de Grupo Televisa, sin que concluyera el proceso de reparto de la herencia de su padre Emilio Azcárraga Milmo, e incrementó de manera arbitraria de 242 millones a 519 millones de dólares los pasivos de la sucesión, según revelan los últimos documentos del litigio interpuesto por Paula Cusi, viuda de El Tigre, ante el juzgado 62 de lo Civil en el Distrito Federal.

De acuerdo con el peritaje realizado en diciembre último por el contador Gilberto Centeno Mota, una de las irregularidades más importantes fue que, como deuda de la sucesión, en febrero de 1998 se incorporó un débito personal de 20 millones de dólares de Emilio Azcárraga Jean con Banco Inbursa, sumándose a la deuda anterior de 40 millones de dólares que contrajo su padre con la institución financiera de Carlos Slim.

Slim, a través de Banco Inbursa, pasó a convertirse de acreedor a socio y segundo accionista mayoritario de Televisa, hasta el rompimiento del dueño de Grupo Carso con Azcárraga Jean, ocurrido a principios de 2006.

“El pasivo reconocido por la sucesión es incorrecto porque reconoció pasivos que no corresponden al señor Emilio Azcárraga Milmo”, estableció el peritaje.

En sus respuestas, tanto los albaceas de la sucesión, Julio Barba Hurtado y Rubén Fuentes Colín, como los abogados de Azcárraga Jean argumentaron que este débito es válido porque se trasladó a un fondo off shore, conocido como Romeo, S.A., radicado en la República de Liberia, y cuyo titular era Emilio Azcárraga Milmo.

Sin embargo, el inventario de la sucesión “no hace referencia a la tenencia de acciones y/o derechos, titularidad y participación que el señor Emilio Azcárraga Milmo tenía en la sociedad denominada Romeo, S.A., constituida en la República de Liberia”, advierte Centeno Mota.

La existencia de este fondo off shore es una de las revelaciones más importantes del litigio que inició formalmente el 9 de enero de 2007 (Proceso 1605) y que se ha prolongado ante la juez 62 de lo Civil en el Distrito Federal.

Barba Hurtado presentó como prueba de esta deuda un documento, fechado el 16 de octubre de 1996, dirigido al Morgan Guaranty Trust Corporation de Nueva York, para remitir fondos del crédito a una cuenta cuyo titular es Romeo, S.A. El peritaje establece que en ese documento no se establece monto del préstamo ni fecha de suscripción ni de vencimiento.

“No hay forma de corroborar si Romeo, S.A., era el titular de la cuenta 600 06 698 del Morgan Guaranty Trust Co. of New York señalada en la carta de instrucción de remisión de fondos del 16 de octubre de 1996. Este documento de ninguna manera constituye una evidencia de naturaleza contable”, afirma Centeno Mota.

Para el abogado César García, quien encabeza el litigio de Paula Cusi, la existencia de Romeo, S.A., es una de las irregularidades más delicadas: “Emilio Azcárraga Jean contrató créditos y los trasladó a Romeo, S.A., ¿Cómo acreditas que pasaste un débito de 20 millones de dólares? ¿Por qué los metió a los pasivos de la sucesión de su padre? Tan sólo la declaración y el reconocimiento de los albaceas y de los abogados de Azcárraga Jean de que existe una empresa off shore constituye un delito fiscal”.

Más anomalías

Otras irregularidades expuestas en el peritaje al que tuvo acceso este semanario son las siguientes:

–La sucesión no realizó un “inventario detallado, integral y formal de los bienes de Emilio Azcárraga Milmo, incluyendo el registro de los Certificados de Participación Ordinaria (CPO’s) de Televisa, así como otras acciones y derechos de cobro”.

–“La sucesión no tuvo control adecuado del total de activos y pasivos”, como la omisión de registrar y reconocer activos importantes de Azcárraga Milmo, como la cuenta por cobrar al señor Guillermo Cañedo White por 13.5 millones de dólares. “No existe evidencia de que la sucesión haya cobrado los intereses derivados del adeudo reconocido por el señor Emilio Azcárraga Jean por 918 mil 979 dólares. No fue posible determinar la disposición y destino final de 5,710,315 CPO’s”, establece el peritaje.

–“No hubo proceso de rendición de cuentas detallado del desarrollo y estado real de la sucesión”, a pesar de constantes peticiones de información de Paula Cusi.

–“La sucesión reconoció pasivos de terceros y no existe evidencia de que se hayan intentado recuperar obligaciones, ahora de la sucesión, originadas por terceros”. En este rubro se ejemplifica con el caso de los 20 millones de dólares de adeudo de Azcárraga Jean con Banco Inbursa y 50 millones 378 mil dólares con Banco Santander, así como 25 millones 771 mil dólares con Florentino Montes Medina correspondientes al adeudo que tenía con Banca Serfin.

–“La sucesión permitió a terceros cobrar adeudos a favor de la sucesión sin autorización o mandato”, como el caso del cobro de Azcárraga Jean de adeudos por 14 millones 138 mil pesos al señor Guillermo Cañedo White.

–“La sucesión celebró convenios modificatorios agravando condiciones originalmente pactadas con altas probabilidades de ser incumplidos y de generar excesivos costos por daños y perjuicios.”

–“La sucesión pactó una supuesta ‘indemnización’ por los daños y perjuicios causados por la sucesión muy significativa y sin relación a ningún parámetro económico que pudiera ser justificada”. Es el caso del pago de 122 millones de dólares a las señoras Diez Barroso, por concepto de “indemnización por daños y perjuicios”.

El adeudo con la familia Diez Barroso, encabezada por Laura Azcárraga, hermana de El Tigre y madre de Fernando Diez Barroso, fue conocida como Deuda Alameda. En su origen, fue de 600 millones de dólares y ascendió a mil 400 millones, de los cuales 700 mil eran pasivos a cargo de Grupo Televicentro y 700 mil adquiridos a cuenta de la participación accionaria del propio Azcárraga Milmo. Los Diez Barroso reclamaban el pago de más de 300 millones de dólares de esa deuda o, a cambio, exigían tener un mayor porcentaje accionario en Grupo Televisa, que les hubiera permitido ejercer el control de la compañía y desplazar a Emilio Azcárraga Jean.

El 25 de enero de 1999, Televisa anunció que había adquirido la totalidad del capital de Grupo Alameda por 230 millones de dólares. La operación incluyó la reestructuración de la deuda y esto le permitió a Azcárraga Jean conseguir 4.19% más del capital accionario de Televisa.

En su demanda, Paula Cusi alega que la reestructuración de la deuda de Grupo Alameda se realizó sin contar con la autorización de los otros legatarios, empezando por ella. En los documentos se acredita que se les pagó 122 millones de dólares y los Diez Barroso no volvieron a desafiar el control accionario de Azcárraga Jean en Televisa.

–“Las empresas demandadas (Grupo Televicentro, Grupo Alameda y Grupo Triple C) aprovecharon el proceso de sucesión para reestructurar los pasivos de las compañías y de algunos accionistas, en perjuicio de los intereses de la sucesión.”

El abogado César García argumentó que este incremento de los pasivos de la sucesión se realizaron con el objetivo de declarar “en quiebra” a Grupo Televisa y no cumplir con el testamento de Azcárraga Milmo, que dividió en seis partes iguales su fortuna, correspondientes a las acciones que poseía en tres empresas ejes del consorcio mediático: Grupo Televicentro, Grupo Triple C y Grupo Televisa.

El incremento de los pasivos, la recompra de acciones y las negociaciones con sus hermanas y hermanastras, así como con la familia Diez Barroso y con Adriana Abascal, la última pareja sentimental de su padre, le permitió a Azcárraga Jean incrementar de 10% a 50.3% su posición accionaria en Televisa, porcentaje mayor al que tuvo el propio Tigre, quien falleció con 47% del control accionario de la empresa.

Azcárraga Jean no acudirá a tribunales

El complejo y largo proceso del juicio sucesorio ha beneficiado, por ahora, a Emilio Azcárraga Jean, quien ni siquiera tendrá que presentarse ante el juzgado ni será requerido por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en cuyas instalaciones se realiza el desahogo de pruebas.

El 11 de octubre de 2010, el magistrado de la cuarta sala de lo civil, Juan Lara Domínguez, revocó a favor de Azcárraga Jean la admisión de la prueba, por lo que el actual presidente de Televisa no tendrá que presentarse ante los tribunales.

Para el abogado César Méndez, lo anterior constituye un “fraude a la ley”, una estrategia para “realizar una serie de acciones que hagan inoperante a la ley”. La defensa de Paula Cusi presentará un amparo ante esta resolución, pero sólo se podrá revocar hasta que exista la sentencia.

El próximo 23 de enero, Paula Cusi se presentará en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para ofrecer la prueba confesional.

Los dos albaceas de la sucesión de Azcárraga Milmo argumentaron en sus declaraciones del 27 de septiembre de 2010 ante el juzgado que Paula Cusi “se negó a colaborar” y tuvo una “actitud hostil”; por tanto, se le excluyó del reconocimiento de los otros legatarios frente a la deuda de Banco Inbursa.

Incluso, afirman que al vender 10% de sus acciones a Azcárraga Jean, Paula Cusi facilitó que él obtuviera el control de Grupo Televicentro y Grupo Televisa después de la muerte de su padre.

Sin embargo, los albaceas afirmaron que no votaron a favor del aumento del capital del 30 de mayo de 1997 “sin autorización de todos los herederos y legatarios de la sucesión de bienes del señor Emilio Azcárraga Milmo”, y afirmaron que ante la insolvencia de Televisa no presentaron formalmente a los herederos y legatarios el inventario de CPO’s, propiedad de El Tigre.

La pregunta 112 a los albaceas mancomunados de la sucesión de Azcárraga Milmo, la última del largo interrogatorio del 27 de septiembre, fue la siguiente:

“¿Que usted supo y estuvo de acuerdo en la venta de acciones de Panamsat y Univisión, propiedad del señor Emilio Azcárraga Milmo, lo que trajo consigo un beneficio económico a favor del señor Emilio Azcárraga Jean?”

La respuesta de Julio Barba Hurtado fue “no”.

Cuando la ley lo permite

J. Jesús Esquivel

Congresistas republicanos y demócratas condenaron la “matanza de Arizona” en que murieron seis personas y resultó herida la legisladora Gabrielle Giffords. Sin embargo, pocos apoyan iniciativas para reformar las leyes sobre venta y portación de armas de fuego que, entre otros absurdos, permiten a una persona con trastornos mentales adquirir un rifle o una pistola. La inmovilidad del Congreso estadunidense no es gratuita: la mayoría de sus miembros ha recibido dinero de los cabilderos y las organizaciones que representan a la industria de las armas

WASHINGTON.- La llamada “matanza de Tucson” –en la que fueron asesinadas seis personas y herida la legisladora federal demócrata Gabrielle Giffords– puso en la palestra un problema cuya solución de fondo ha sido pospuesta por el Congreso estadunidense: las reformas a las leyes que permiten de manera casi indiscriminada la venta y portación de armas de fuego.

Los legisladores se encuentran maniatados por la industria de las armas, cuyos representantes y cabilderos desembolsaron millones de dólares para financiar campañas electorales de candidatos tanto republicanos como demócratas que ganaron asientos en el Capitolio durante las elecciones de noviembre pasado.

El sábado 8 en Tucson, Arizona, Jared L. Loughner, un hombre de 22 años con trastornos mentales, conmocionó a la sociedad estadunidense cuando disparó a diestra y siniestra durante un evento organizado por Giffords, quien recibió un tiro en la cabeza. El saldo: seis muertos y 14 heridos.

“Lo de Tucson es un hecho lamentable y abominable, que refleja los riesgos que implica tener leyes que prácticamente hacen posible que incluso personas con problemas mentales compren un arma de manera legal”, expone un comunicado que la Coalición para Detener la Violencia de las Armas (CSVG, por sus siglas en inglés) envió por correo electrónico al corresponsal.

La masacre de Tucson tuvo repercusiones inmediatas en los pasillos del Capitolio, donde algunos colegas de Giffords manifestaron que era urgente revisar la legislación regulatoria de la venta de armas. Por el contrario, otros plantearon que no debía hacerse juicios apresurados de un incidente aislado que afecte el derecho de comprar y portar armas consagrado en el artículo 2 de la Constitución Política.

“El dinero que invierten los defensores de las armas en las campañas de los legisladores es mucho, y eso hace más difícil nuestra lucha, pero ahora le tocó ser la víctima a una congresista federal y eso puede cambiar las cosas”, anota la CSVG.

De acuerdo con cifras actualizadas acerca de los gastos en cabildeo realizados por los defensores de la venta y portación de armas, durante 2010 estos grupos desembolsaron 3 millones 906 mil dólares para que se mantenga intacto al artículo 2 de la Constitución. En contraste, las agrupaciones opuestas a la venta de armas gastaron en ese mismo periodo unos 180 mil dólares para promover su causa.

Las investigaciones federales sobre la masacre de Tucson revelaron que al no tener antecedentes penales y a pesar de sus problemas mentales, Loughner pudo comprar de manera legal la pistola con la que mató a seis personas e hirió gravemente a Giffords.

“Es abominable lo que pasó en Tucson, pero la vida tiene que seguir adelante. En 1963 mataron el presidente (John F.) Kennedy y la vida siguió su curso; ahora debemos hacer lo mismo”, dijo el senador Lamar Alexander, republicano por el estado de Tennessee, durante una entrevista con la cadena televisiva CNN.

Conveniencia

A raíz de los acontecimientos en Tucson, Grupos como CSVG, la Campaña Brady para Prevenir la Violencia de las Armas (BCPGV, por sus siglas en inglés) y la Agrupación de Alcaldes en Contra de las Armas Ilegales (MAIG, por sus siglas en inglés), reavivaron el debate para prohibir la venta de armas.

“Los congresistas, sobre todo los republicanos, no pueden perder el dinero que la industria de las armas aporta a sus campañas; (esa industria ) los tiene dominados por completo”, comenta a este semanario un vocero de la BCPGV.

Estadísticas proporcionadas a Proceso por la agrupación no gubernamental Open Secrets –dedicada al rastreo del dinero que destinan los grupos de interés al cabildeo en el Congreso y en gobierno de Estados Unidos– indican que durante 2010 ocho agrupaciones defensoras de la venta y portación de armas desembolsaron casi 4 millones de dólares en la contratación de 49 firmas cabilderas para evitar cambios a las leyes en esta materia.

Este es el desglose de los grupos y los montos:

La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), 2 millones 45 mil dólares; el grupo Dueños de Armas en Estados Unidos, 690 mil 239 dólares; el Comité de Ciudadanos por el Derecho a Poseer y Portar Armas, 591 mil 443 dólares; la Fundación Nacional del Deporte del Tiro, 220 mil dólares; el Club Internacional Safari, 150 mil dólares; la agrupación en Pro de las armas NSSF, 95 mil dólares; el Club Boone y Crockett, 85 mil dólares, y la Corporación a favor de la Práctica de Tiro con Rifle, 30 mil dólares.

En 1994 el presidente de Estados Unidos Bill Clinton promulgó una ley para prohibir la venta y portación de armas semiautomáticas con cargadores de más de 12 balas. El Ejecutivo se basó en el Acta de Aplicación de la Ley para el Control de Crímenes Violentos. Sin embargo, el ordenamiento expiró en 2004 y desde entonces a la fecha el Congreso federal no ha intentado renovarlo.

Debido a la masacre de Tucson, Frank Lautenberg, senador por Nueva Jersey, y la representante por Nueva York, Carolyn McCarthy, ambos demócratas, prometieron que elaborarían un proyecto de ley para restablecer la prohibición impuesta por Clinton.

Por su parte, el representante republicano de Nueva York, Pete King, ofreció crear una legislación para prohibir que personas armadas se acerquen a funcionarios gubernamentales.

Históricamente el Partido Republicano ha defendido a ultranza el artículo 2 constitucional. Por ello se ha beneficiado con el financiamiento de campañas proselitistas por parte de grupos como la NRA. No obstante, también los demócratas han recibido su tajada política por parte de estas organizaciones.

Beneficios compartidos

Open Secrets revela que durante 2010 los ocho grupos destinaron 627 mil dólares para financiar las campañas de candidatos republicanos a la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas del 2 de noviembre último. Asimismo, canalizaron 329 mil 300 dólares a los aspirantes demócratas. También erogaron 126 mil dólares como apoyo para las campañas de candidatos republicanos a la Cámara de Senadores y 22 mil 300 dólares para los candidatos demócratas.

“Esto significa que los grupos defensores de la venta de armas, contribuyeron a que los republicanos ganaran el control en la Cámara de Representantes, y que el Partido Republicano aumentara su número de curules en el Senado”, destaca un investigador de Open Secrets.

Esta agrupación da a conocer que incluso la propia Giffords, quien está registrada como poseedora de armas de fuego, el año pasado recibió financiamiento por parte de los grupos que se oponen a modificar el artículo 2 de la Constitución Política.

“La campaña de Giffords captó unos 2 mil dólares en efectivo por parte de grupos y personas que están a favor de la venta de las armas”, comenta a Proceso un integrante de Open Secrets.

La legisladora Giffords, que representa en el Congreso federal al octavo distrito de Arizona, recibió un total 302 mil 312 dólares en efectivo, en donaciones privadas para financiar su campaña de reelección durante el año pasado.

Jason Chaffetz, representante federal por el tercer distrito de Utha, dijo en entrevista con la cadena de televisión CNN que el incidente de Tucson fue simplemente un acto criminal aislado, sin relación con las leyes sobre la venta de armas. “Creo que lo que se debe hacer es que aquí en el Capitolio nosotros mismos decidamos qué mecanismos adoptar para garantizar nuestra seguridad. Yo por lo pronto voy a portar mi pistola por cuestiones de seguridad personal”, subrayó el legislador.

Hasta el cierre de esta edición el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes y el demócrata en el Senado no se habían pronunciado a favor de promover iniciativas de ley para cambiar las reglas sobre la venta y portación de armas; tampoco para revivir el ordenamiento promulgado por Clinton en 1994.

El corresponsal pidió a los grupos defensores de la libre venta y portación de armas de fuego que manifestaran sus puntos de vista acerca de los asesinatos de Tucson. Sólo recibió un correo electrónico en el que la NRA respondió: “No hablamos con la prensa extranjera sobre leyes de Estados Unidos”.

Por su parte, la CSVG asegura: “Cada vez que en Estados Unidos ocurre una matanza con armas de fuego la sociedad se siente conmocionada y su respuesta inmediata es de repudio a la violencia. Sin embargo, la sociedad no hace nada y rechaza que por un incidente de violencia se busque afectar sus derechos constitucionales, lo cual es todavía más lamentable”.

La masacre del 20 de abril de 1999 en la escuela secundaria de Columbine, en Colorado, donde fueron asesinados 12 estudiantes y un profesor, dio la pauta para que el Congreso discutiera una propuesta destinada a modificar las leyes relativas a la venta y portación de armas de fuego. La iniciativa no prosperó.

Lo mismo ocurrió en el Capitolio siete años después, a consecuencia del asesinato de seis niñas en la escuela primaria de una comunidad menonita. Los hechos ocurrieron en el 3 de octubre de 2006 en el condado Lancaster, del estado de Pensilvania. L

Los migrantes, abandonados a su suerte

Rodrigo Vera

En materia de atención a migrantes, el país es un caos, opina Miguel Ángel Castillo, especialista de El Colegio de México. Ni siquiera hay una ley al respecto. Los casos dramáticos de los centroamericanos asesinados masivamente en Tamaulipas o secuestrados en Oaxaca hicieron evidente un problema añejo, el del tráfico de seres humanos, un negocio al que las mafias del narcotráfico ya empezaron a hincarle el diente. Es urgente, dice el académico, que los tres poderes solucionen esta crisis de inmediato.

Mientras las grandes mafias intervienen cada vez más en el tráfico de indocumentados y amplían su campo de acción al secuestro y la extorsión, el gobierno federal sigue sin una política de Estado en materia migratoria.

Hasta la fecha ni siquiera se ha creado una ley de migración que siente las bases para aplicar la política respectiva y articule los esfuerzos de las distintas instancias. Impera un “caos total” que ha convertido a México en un “territorio de impunidad”.

Manuel Ángel Castillo García, especialista de El Colegio de México en materia migratoria, pide tomar medidas urgentes:

“Anteriormente no ocurrían violaciones tan graves como las que hay ahora. El tráfico de migrantes hoy se ha convertido en un gran negocio. Se están dando secuestros, extorsiones, desapariciones… La situación se agrava día con día. Urge ponerle un alto.”

–¿El flujo creciente de migrantes agudizó el problema?

–Los migrantes no provocan los problemas. Todo se debe a la falta de visión de Estado. Debemos definir una política integral en materia migratoria, que es lo que no tenemos. Pero para esto deben coincidir los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“El Legislativo, por ejemplo, sigue sin sacar una ley de migración que siente las bases para aplicar esa política. Todavía nos regimos con la obsoleta Ley General de Población, que es de hace 36 años y a la que se le ha puesto parche sobre parche. Además, esa ley no es precisamente sobre migración, sino sólo una parte de ella. Urge una legislación específica en la materia.

“Años después de emitir esa ley, en 1993, se creó el Instituto Nacional de Migración (INM), por lo que éste ni se menciona en la legislación. De manera que el instituto –que sustituyó a la Dirección General de Servicios Migratorios, de la Secretaría de Gobernación– no tiene ni siquiera un respaldo de ley. A ese grado está nuestro atraso.”

–¿De qué manera debe intervenir el Poder Judicial?

–Pues para combatir tantos abusos y violaciones que se están cometiendo contra los migrantes, sobre todo contra los centroamericanos que pasan por nuestro territorio. Por desgracia, el Poder Judicial sigue siendo el gran ausente, no castiga a los responsables de estos atropellos. México se ha convertido en el territorio de la impunidad.

“Es el Poder Judicial el que tiene atribuciones para velar por la seguridad de los migrantes. No el Instituto Nacional de Migración, cuya función es verificar, documentar y controlar el flujo de extranjeros en nuestro país, así como catalogar su calidad migratoria y deportar a quienes ingresen en forma irregular. El instituto no tiene competencia en materia de seguridad ni de inteligencia. Sus agentes ni siquiera deben portar armas.”

–¿El instituto es la instancia del Ejecutivo para aplicar esta política migratoria de Estado?

–No, no solamente el Instituto o la Secretaría de Gobernación, de la cual depende. El tema migratorio toca muchas aristas que también tienen que ver con cuestiones laborales, educativas o de salud. Le pongo un caso: cuando un empleador llama a Migración para que deporte a sus trabajadores extranjeros y así evitar pagarles.

“No olvidemos que la migración está relacionada con la incapacidad para generar empleos y para resolver el problema de la pobreza. La salida que queda es emigrar a donde hay trabajo y mejores oportunidades de desarrollo humano. De ahí que los migrantes sean una población muy vulnerable, sujeta a atropellos de todo tipo.”

“Caos total”

Profesor e investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) de El Colegio de México, donde dirige la revista Estudios demográficos y urbanos, Castillo García ha publicado varias investigaciones sobre el tema, entre ellas Migración de la frontera sur, Migraciones de trabajo y movilidad territorial y Una aproximación a las migraciones internacionales en la frontera sur de México.

Entrevistado en su cubículo, Castillo asegura que México padece un “caos total” en materia migratoria:

“Todo mundo pide documentos a los migrantes centroamericanos en la ruta por donde transitan. El Ejército, la Marina, la Policía Judicial o las policías municipales… Todos... Pero los únicos autorizados para hacerlo son los agentes migratorios, y en algunos casos especiales la Policía Federal.

“En la práctica, cada instancia realiza sus propios operativos contra los migrantes centroamericanos, que se han convertido en un verdadero coto de caza. Hay un caos total en materia migratoria, por lo que es urgente poner orden.

“El embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, ya protesta porque dice que no puede defender allá a nuestros migrantes mientras en México se siga maltratando a los centroamericanos. Y tiene razón. No puede haber estos dobles estándares. La emigración y la inmigración son manifestaciones de un mismo fenómeno en un mundo globalizado.”

El investigador señala que hasta el momento el caso “más dramático” de esta terrible realidad fue la matanza de 72 migrantes centroamericanos, cuyos cadáveres fueron encontrados en agosto del año pasado en San Fernando, Tamaulipas. Se dice que fueron plagiados por Los Zetas y asesinados debido a que se negaron a trabajar con ese grupo criminal.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, acaba de informar que en 2010 ese organismo registró 214 plagios colectivos de migrantes, similares al de Tamaulipas. Y señaló que hubo 10 mil plagiados en sólo seis meses –de abril a septiembre– de ese año.

Uno de los últimos secuestros colectivos tuvo lugar el pasado 16 de diciembre, en Ixtepec, Oaxaca, donde fueron plagiados unos 50 migrantes centroamericanos, según denuncia el sacerdote Alejandro Solalinde, a cargo del albergue Hermanos en el Camino. El religioso asegura que el crimen organizado, concretamente Los Zetas, en complicidad con autoridades de gobierno, son quienes están perpetrando estos secuestros en el sureste mexicano.

Además de secuestros, también se están dando desapariciones colectivas de migrantes, y no sólo centroamericanos, sino también de mexicanos que intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Tal es el caso de siete campesinos del municipio queretano de Pinal de Amoles que están desaparecidos desde enero del año pasado. Dos meses después, en marzo, desapareció un grupo de 17 queretanos, del municipio de Landa de Matamoros, que también se dirigían a Estados Unidos. Desde entonces nada se sabe de ellos.

Hasta el momento las medidas gubernamentales han sido destituir, en septiembre pasado, a la comisionada del INM, Cecilia Romero, y anunciar una reestructuración del instituto. El secretario de Gobernación, Francisco Blake, reconoció el pasado 12 de enero que el INM padece una “debilidad institucional”, por lo que es necesario aplicarle una “estructuración profunda”.

Blake adelantó que aplicará en el INM tres medidas concretas: un mejor control de personal, para evitar la corrupción, sobre todo de agentes migratorios; una modernización técnica y “un mayor sustento legislativo” que culminará, ahora sí, en una ley migratoria.

“Las cosas han cambiado”

Sobre estas medidas, dice Castillo García:

“No sabemos todavía los detalles de esa reestructuración anunciada por Blake ni qué tanta sea la corrupción de los agentes migratorios. Pero la corrupción ha permeado a muchas más dependencias, por la misma cantidad de recursos que se están moviendo.

“Creo que se está sobredimensionando el papel del instituto en la aplicación de una política migratoria. El instituto puede decirnos: ‘Yo ya tengo una política’. Pues qué bueno, pero eso no basta. Como tampoco bastaría la sola emisión de una ley migratoria. Son hechos aislados e insuficientes.

“Aquí lo que se necesita, insisto, es una verdadera política integral de Estado que involucre a varias instituciones y se dé incluso a escalas federal, estatal y municipal, pues el fenómeno migratorio es muy complejo y nos está presentando realidades que antes no existían.”

–¿Como el gran incremento de migrantes centroamericanos que cruzan el territorio mexicano?

–Sí. Y estos centroamericanos ya no son aquellos refugiados de guerra que se asentaban en territorio mexicano. Las cosas han cambiado mucho. Para los actuales migrantes de Centroamérica, México es ahora un lugar de tránsito natural en su desesperada marcha por llegar a Estados Unidos para poder subsistir. Podríamos decir que al flujo de migrantes mexicanos que intentan llegar a Estados Unidos se han sumado ahora los centroamericanos.

–¿Cuándo empezó este fenómeno? ¿A qué se debe?

–Empezó a principios de los años noventa y tiene que ver con la crisis de posguerra en Centroamérica. Coincide, por ejemplo, con los acuerdos de paz en El Salvador, con la caída del régimen sandinista en Nicaragua o con el desmantelamiento de las bases militares estadunidenses en Honduras. Anteriormente había una economía de guerra en toda la zona. Pero después las cosas cambiaron. A mí me tocó entrevistar a gran cantidad de personas que fueron desmovilizadas del ejército sandinista y que, de la noche a la mañana, se quedaron sin empleo y sin sustento.

“Por otra parte, los organismos financieros internacionales presionaron a los gobiernos centroamericanos para realizar ajustes estructurales muy drásticos. Todo esto ocasionó una profunda crisis económica en la región, que se está reflejando precisamente en ese fuerte flujo migratorio que cruza México e intenta llegar a Estados Unidos.”

Actualización de los “polleros”

Castillo señala que para contener el éxodo se “endurecieron” los requisitos migratorios que tanto el gobierno mexicano como el estadunidense ponen a los centroamericanos.

“En Centroamérica los consulados mexicanos están pidiendo cada vez más requisitos para otorgar visas, al grado de que ya es más difícil conseguir una visa mexicana que una estadunidense. Y para los centroamericanos que sólo quieran cruzar el territorio mexicano con el fin de llegar a Estados Unidos, nuestros consulados les están ofreciendo la visa de transmigrante. Pero para darla… les piden como primer requisito tener la visa estadunidense”, comenta el investigador.

Señala que el endurecimiento de las medidas migratorias ha provocado que aumenten las tarifas que cobran los polleros por el traslado del migrante; de ahí que hayan aumentado exorbitantemente las ganancias que deja este tráfico humano.

“Yo recuerdo que en Tijuana, todavía a mediados de los noventa, un pollero te cobraba 600 dólares por llevarte a Los Ángeles. Ahora te cobra 2 mil dólares debido a que los controles en la frontera se han endurecido. Aun así, los familiares de los migrantes que ya radican en Estados Unidos juntan el dinero para que pueda pasar su pariente. Y ya no hablemos de los miles de dólares que debe pagar un centroamericano por cruzar primero México y luego Estados Unidos.”

Azaroso y difícil es el paso por México, pues el migrante puede caer en manos de un agente migratorio y ser recluido –mientras se le deporta– en una de las estaciones migratorias que el INM tiene en algunos puntos del país. El hacinamiento, la tensión, los atropellos a los derechos humanos y las prolongadas reclusiones ilegales suelen ser las circunstancias en estos centros de detención.

A esta realidad se enfrentan actualmente Yanisleidis Pineda Nápoles y Alexander Valdés Castillo, una pareja de cubanos que ya lleva 17 meses en la estación migratoria de Las Agujas, de Iztapalapa, pese a que un juez de Distrito les concedió en diciembre un amparo para que sean liberados.

Ante esta retención ilegal, la pareja inició una huelga de hambre. Pineda Nápoles se debilitó tanto que enfermó y tuvo que ser hospitalizada.

Centroamericanos, colombianos, cubanos, chinos e indios conviven hacinados en Las Agujas. El pasado martes 11, en la sección de hombres hubo una riña entre los internos que dejó un saldo de cinco heridos. Para aplacarla tuvo que intervenir la Policía Federal.

La refriega la inició un grupo de internos que protestó por los actos de sodomía que, ante todos, realizaban ciudadanos de la India, según revelaron fuentes internas.

El migrante también puede ser víctima de la extorsión, el secuestro o el asesinato, incluso por parte de los mismos polleros encargados de su traslado.

Sobre este punto, Castillo García afirma:

“Anteriormente, el pollerismo era una actividad hasta folclórica en la que inclusive participaban niños que corrían para distraer a la Patrulla Fronteriza mientras pasaban los migrantes. En los años ochenta me tocó ver esas chuscas escenas en el río Bravo. Entonces era muy sencillo pasar la línea. Y los polleros eran individuos aislados que ayudaban a cruzar a una o dos personas.

“Ese pollero tradicional fue perdiendo eficacia ante los duros controles fronterizos. Fue desplazado por polleros más profesionales y mejor vinculados con la autoridad, lo cual les permitió ser más capaces. Ahora el pollerismo está en manos de grupos bien organizados y que manejan traslados masivos de migrantes. Es más redituable pasar a un grupo de 40 o 50 personas. Claro, para esto se necesita darles albergue, alimentarlos y tener el apoyo de algunas autoridades.”

–¿Los cárteles de la droga se vienen apoderado de esta actividad?

–No tengo evidencias para sostener esa versión, que es apoyada por algunos colegas académicos. Puede ser que los capos de la droga exijan pagos a los traficantes de migrantes por usar sus territorios, pues ambas actividades se cruzan, sobre todo en las fronteras. O que les cobren por darles protección. No lo sé.

“En cambio, me parece ilógica esa versión de que las mafias de la droga capturan migrantes para ponerlos a trabajar a su servicio. ¿Cómo pueden confiar en una población tan vulnerable y tan fácilmente detectable? Eso no me checa.

“En fin, lo único que puedo asegurar es que detrás del tráfico de migrantes hay delincuencia organizada y que por falta de una política de Estado en materia migratoria las cosas se van poniendo peor.”

Sobre Indolencia asesina

De Concepción García Medina

Señor director:

En relación con el artículo publicado el 9 de enero de 2011 en el número 1784 de su prestigiada revista, firmado por Rosario Manzanos bajo el título Indolencia asesina, me permito hacerle los siguientes comentarios en relación con mi participación en el caso, en mi entonces calidad de subprocuradora de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, puesto que desempeñé desde enero del año 2000 hasta el 11 de septiembre de 2010.

En el artículo de mérito se afirma que la señora Marisela Escobedo se entrevistó con la en ese tiempo gobernadora Amalia García, el día 5 de agosto de 2010, y que la que suscribe la recibió el 7 del mismo mes.

Al respecto le manifiesto que la entrevista con la gobernadora se efectuó el 28 de agosto, durante la verificación de un evento denominado Encuentro Nacional Feminista, y atendiendo sus puntuales instrucciones ese mismo día yo la recibí en las oficinas de la Procuraduría. Este dato puede ser constatado con la licenciada Lucha Castro, quien acompañó en la entrevista a la señora Marisela Escobedo.

Durante la entrevista tenida con la señora Marisela Escobedo, le manifesté mi indignación por la injusticia que estaba viviendo, caso del que personalmente no estaba enterada, hasta que ella me lo relató, e inmediatamente giré instrucciones precisas al encargado en turno de la Policía Ministerial, comandante Domingo Chávez, quien envió a los elementos que estaban manejando el caso y que asistieron al resto de la entrevista con la señora Marisela. A los policías ministeriales se les proporcionó toda la información que en ese momento había aportado la demandante y la obtenida por su servidora, ordenándoles de manera firme y tajante implementar una estrategia para la inmediata localización y captura del homicida.

Sobre la información de que la señora Marisela Escobedo intentó entrevistarse conmigo el día 10 de septiembre, le manifiesto que no recibí la solicitud de entrevista. Hago mención de que la Procuraduría General de Justicia se entregó a la nueva administración la noche del 11 de septiembre de 2010, ya que las instituciones de seguridad lo hacen antes de la transmisión de poderes, por lo que el personal se encontraba en las tareas de entrega, y quizá por ello omitieron informarme de la solicitud de la C. Marisela Escobedo.

Por el fin de la administración gubernamental, desafortunadamente no fue posible cumplimentar la petición de colaboración del gobierno de Chihuahua antes del 11 de septiembre, fecha en la que dejé de fungir como subprocuradora. A partir de esa fecha el caso es responsabilidad de las nuevas autoridades del estado de Zacatecas, quienes hasta la fecha no han cumplimentado la reaprehensión.

Como mujer y como exfuncionaria especialmente comprometida con las causas de las mujeres, siento indignación, dolor y vergüenza por la injusticia y el posterior homicidio sufridos por la señora Marisela Escobedo.

Atentamente

Licenciada Concepción del Rocío

García Medina

Respuesta de la reportera

Señor director:

Permítame precisar aquí que los datos del reportaje con los cuales no concuerda la exsubprocuradora de Investigaciones, Concepción del Rocío García Medina, fueron tomados de la queja que Marisela Escobedo presentó ante la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas.

Atentamente

Rosario Manzanos

Exige detener a una banda que amenaza y acosa a su familia

Señor director:

Desde hace más de cinco años, una banda originaria de Iztapalapa que se ha extendido a otras áreas de la ciudad ha atentado en contra del suscrito y su familia porque yo ubiqué el domicilio de uno de ellos, mi exvecino Gerson López, durante un interrogatorio que me hicieron los tripulantes de una patrulla.

A mi hija mayor la asaltaron, mataron el perro de otra de mis hijas y en dos ocasiones nos han asustado con disparos al aire. Por estos motivos, y porque cuentan además con aparatos de espionaje como los utilizados por la Policía Federal, me cambié de domicilio.

El 1 de junio de 2005 presenté en la Subdelegación 8, de Tláhuac, una denuncia por intento de homicidio en contra de Gerson López y otro miembro de la banda que recientemente murió. No se hizo nada contra ellos.

Como los amagos y el espionaje continuaban aun cuando me mudé a la colonia Guerrero, en 2007 interpuse otras dos denuncias en la delegación Cuauhtémoc y en la Territorial, pero la fiscalía perdió las pruebas que yo había presentado contra los delincuentes, que se hallaban contenidas en la averiguación previa FCH/CUH-5T1/1971/0-07.

Como es evidente que las autoridades mencionadas no quisieron hacer justicia, he recurrido a la Presidencia de la República en busca de ayuda. De allí me canalizaron a otras instancias donde espero se me atienda y detengan a dichos delincuentes, cuyo nido se localiza en San Lorenzo 750, colonia Paraje San Juan, Iztapalapa, frente a la Subdelegación 7, donde roban, venden drogas y realizan secuestros, apoyados con taxis que cuentan con radio civil y de banda ancha.

Porque la vida del suscrito y de su familia corre peligro, es urgente que las autoridades detengan a esos facinerosos.

Atentamente

Manuel Medina Manríquez

Contra la agresión a Proceso

De Lourdes Herrera

Señor director:

No es extraño que el “Canal de las Estrellas” utilice todos sus recursos y su poder mediático para difamar a quien le venga en gana; claro está, contando con aval del gobierno federal. Recientemente enfocaron toda su “artillería” para desacreditar a Proceso. Y, bueno, sorprende que periodistas ataquen a los de su mismo gremio.

Todavía recuerdo a Denise Maerker y a Ciro Gómez en su noticiero del anterior canal 40. Qué diferente su actuación de entonces a la de ahora. Qué tiempos aquellos, cuando desarrollaban su noticiero con total libertad, no como en estas fechas, cuando tienen que seguir el “guión” que les imponen sus nuevos jefes.

En lo personal dejé de ver la televisión comercial desde julio de 2006. Es tanta la manipulación, la falta de escrúpulos, el bombardeo de antivalores, que no tiene ningún sentido dejar que mi mente se contamine con tanta suciedad. Para enterarme de las noticias, prefiero la prensa escrita, siendo asidua lectora de la revista Proceso desde hace ya muchos años, así como de algunos periódicos serios.

Los colaboradores de Proceso son personas de una amplia trayectoria, con reconocimiento no sólo en el ámbito nacional, sino también internacional. No creo que el esfuerzo de difamación emprendido por el “Canal de las Estrellas” afecte en todo lo que ellos quisieran a Proceso, porque los lectores de esta revista seguiremos adquiriéndola, y los mexicanos que viven felizmente enajenados por las televisoras comerciales seguirán “educándose” a través de las telenovelas y haciendo suyos los señalamientos de personajes como López Dóriga.

Para desgracia de este país, la mayor parte de la gente no tiene inclinaciones por la lectura y la investigación, pues es más cómodo sólo oprimir un botón y ver la televisión para tomar como cierto lo que diga; o sea, dejar que otros piensen por nosotros, en lugar de que cada uno razonemos y emitamos un juicio propio, de acuerdo a los hechos y la verdad.

Por mi parte, envío un fuerte abrazo y mis felicitaciones a todos los colaboradores de la revista Proceso, por su profesionalismo, por ser libres pensadores y por su valentía al permanecer de pie, y ejerciendo como lo hacen este oficio en el segundo país con mayor número de asesinatos impunes de periodistas en el mundo.

Atentamente

Lourdes Herrera

Reclama al CASU de Coyoacán la devolución de dos colegiaturas

Señor director:

Hace casi tres décadas los colonos de Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán, empezaron a regularizar sus predios después de muchos trámites y exigencias ante las autoridades del Departamento del Distrito Federal (DDF). Con la participación de cientos de personas, entre ellas mi familia –abuelos y tíos de mis hijos–, se logró que el gobierno garantizara que al menos un predio se reservara para el servicio público.

Hace poco ese terreno, que primero ocupó una tienda del DDF y después quedó vacío, fue objeto de una consulta, y un grupo de vecinos propuso que se convirtiera en un centro cultural. En su momento, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la delegación Coyoacán hicieron el esfuerzo correspondiente y levantaron ahí el Centro de las Artes de Santa Úrsula (CASU), inaugurado por Marcelo Ebrard.

Casi de inmediato los talleres ofrecidos ahí se llenaron y mi esposa y yo tuvimos que esperar a que hubiera lugar para inscribir a nuestros hijos, lo que habla muy bien de la idea y de quienes la hicieron posible, ya que toda esa labor surgió del deseo de que nuestra ciudad fuese administrada de una manera distinta que la del anquilosado PRI. Sin embargo, todavía existen en el CASU “hoyos negros” que nos obligan a protestar, a decir nuevamente que deseamos otra forma de administrar las instituciones públicas.

Desde noviembre pasado, mi esposa y yo inscribimos a nuestros hijos en el CASU: la niña en ballet y el niño en modelado. El centro exige que los pagos se realicen los primeros días de cada mes en Scotiabank, pero como no hay sucursales de este banco por el rumbo mi esposa aprovechó que el pasado 30 de diciembre pasamos por una y cubrió las cuotas de ballet y de modelado (cada una de 127 pesos) correspondientes al presente mes, es decir, pagó por anticipado.

El pasado lunes 3, mi hijo de cinco años recibió su clase, mi esposa entregó los vouchers, le dieron el recibo de enero y sellaron la credencial. Pero el miércoles 5 se le olvidó ésta y le pidió al personal que buscara el recibo para que el niño entrara a su taller.

Para su sorpresa, los auxiliares administrativos Alma Nájera y Omar Sustaita –con una prepotencia que por lo visto caracterizará por siempre a la burocracia– dijeron que el niño no podía pasar, y al preguntarles por qué, dijeron que el pago se había hecho en otro año fiscal y ¡que no existe mecanismo para recuperarlo! A las objeciones de mi esposa, en tono burlón la ilustraron: tenía que volver a hacer el pago si quería que el niño tomara sus clases, porque como se hizo el pago en diciembre, para enero “el dinero se pierde, haga de cuenta, en un hoyo negro”.

¿En qué clase de institución se pierde el dinero? ¿El dinero pierde validez porque terminó un año natural? Los burócratas se asombraban de que mi esposa no aceptara esa explicación.

Mi esposa esperó a la coordinadora del CASU, licenciada Carolina Romero, quien fue más amable pero convalidó la postura: según ella, el CASU carece de autonomía y si aceptara el comprobante de pago –no el pago en sí, que se acepta sin reserva alguna– y mis niños tomaran sus clases, los maestros serían “los afectados últimos” porque trabajarían sin percibir el ingreso correspondiente. En esa extraña lógica, es mucho mejor que los usuarios sean los afectados una vez que el GDF recibió dinero por un servicio que se niega a prestar.

A decir de la licenciada Romero, la administración central nunca reconoce los pagos hechos bajo estas circunstancias, por lo que ni la delegación ni el centro se hacen responsables del dinero ni de las consecuencias. Tampoco existe un mecanismo para regularizar administrativamente –es decir, burocráticamente– esos pagos ya comprobados.

Después de discutirlo, acordamos seguir el procedimiento, qué remedio: volvimos a pagar las mensualidades, aunque ya ni siquiera nos extendieron otro recibo, lo cual es demasiado sospechoso. ¿Es una modalidad de fraude con las cuotas? ¿El “hoyo negro” al que se va el dinero “perdido” es la cuenta bancaria de un alto funcionario del GDF? La licenciada Romero le anticipó a mi esposa que el trámite de recuperación es “engorrosísimo” y que lo más probable es que perdería su tiempo intentándolo. A pesar de que la suma es pequeña, no podemos resignarnos a la forma en que se nos arrebató ni tenemos por qué renunciar al beneficio del centro.

Además, nos enteramos de otros casos en que por este tipo de deficiencias administrativas las personas que de buena fe se acercan a trabajar con el CASU han perdido más dinero, lo que en esta colonia sí duele. Es decir, que nuestro caso no es el único, por lo que nuestras sospechas parecen fundadas.

Ya entregamos una carta dirigida al licenciado Mauricio Fernando Rojas Gamboa, director de Recursos Humanos y Financieros de la delegación Coyoacán, con copia al jefe delegacional, licenciado Raúl Flores García, en la cual se les exponen los hechos y nuestros argumentos, además de anexar copia de los vouchers y recibos mencionados, a fin de que se nos devuelva el dinero.

Atentamente

Cuauhtémoc Arista

San Alejandro, M 664, L 18

Santa Úrsula Coapa

Distrito Federal

Moreira, o la bravuconería priista

Miguel Ángel Granados Chapa

Faltan casi dos meses para que la reemplace formalmente pero ya Humberto Moreira ha eclipsado a Beatriz Paredes. A diferencia de la tenacidad de la exgobernadora tlaxcalteca, que se afanó en dos ocasiones por llegar a la presidencia del PRI, Moreira recorrió un camino tan allanado que se le hace tarde para figurar a la cabeza de su partido, y por lo menos para fines escenográficos es ya el líder priista, mientras que la titular del cargo ha tenido que hacer mutis.

Se percibe ya, por esa anticipación, una mudanza en el estilo de dirección del partido. Beatriz Paredes no era precisamente silenciosa y cuando había que expresarse con rotundidad y aun dureza sobre el gobierno o el propio presidente Calderón, no vacilaba en hacerlo. Pero educada en la vieja política sabía contenerse, moderarse, quizá más de la cuenta en algunos momentos. En contraste, Moreira está imponiendo una locuacidad impregnada de bravuconería, ese estilo de habla populachera que confunde la sencillez y el lenguaje claro con la chabacanería y la insolencia. Se parece tanto en eso a Vicente Fox, que ha reproducido su anuncio sobre el exterminio de las tepocatas y las víboras prietas: filosofía política del más alambicado estilo, la más elevada alcurnia, la más profunda raíz.

Cada quien su habla, y cada partido su dirigente. Pero es de preguntarse si el estilo provocador de Moreira, al que los secretarios de estado carentes de obra que realizar contestan como si entablaran un debate y no protagonizaran simplemente una reyerta tabernaria, es el que conviene al partido que gobernó a México desde la Presidencia de la República durante siete décadas cuando está en aparente posibilidad de retornar a Los Pinos. Los ciudadanos que ven ese regreso como algo inexorable esperan, supongo, que vuelva al Poder Ejecutivo federal no el PRI de antaño, sino un nuevo partido, capaz de organizar el esfuerzo colectivo en un ambiente de competitividad electoral y legislativa, al que no estuvo acostumbrado durante esos setenta años.

Me inclino a pensar que no. Moreira representa el PRI autoritario del pasado, el habituado a imponer decisiones, el que no rendía cuentas porque no era permitido que nadie las demandara. No ha hecho más que política de campanario y ahora estará situado en un mirador más alto, desde el que contemplará horizontes más dilatados y en cuyo entorno deberá sostener diálogo con dirigentes de partidos no tan poderosos como el PRI de antaño o el de hoy (20 gubernaturas y la mayoría en la Cámara de Diputados, así como miles de ayuntamientos) pero no tan débiles como ayer.

El PRI requería un dirigente capaz de ejercer la fuerza que ha mantenido o recobrado pero con apego a reglas democráticas modernas. Un político que combinara capacidades para el pensamiento y para la acción. De lo contrario, se convertirá en un lastre de los empeños necesarios para el cambio o en un aval del conservadurismo partidario que niega la necesidad del cambio porque así como está el partido le va muy bien.

Pero quizá Moreira es ya el presidente del PRI, con sus bártulos localistas precisamente porque el grupo de poder que notoriamente maneja al partido lo necesita así, en apariencia autónomo pero en el fondo manejable, susceptible de ir de un lado a otro según convenga a los poderosos que, a falta de un presidente priista (por lo menos de aquí a diciembre de 2012), está tomando las decisiones en ese partido.

Según las apariencias, un día Moreira amaneció con la idea de ser presidente del PRI. Era un objetivo peregrino tomando en cuenta que la designación de la dirección nacional estaba ya resuelta, y que correspondería a Emilio Gamboa suceder a Paredes. Para ello se le había hecho volver de su breve ausencia, que no exilio, y detenerse en una estación de paso, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, esa CNOP que fue pilar del PRI junto con los sectores campesino y obrero. Como si ignorara ese designio, o le hubieran brotado aptitudes para desafiarlo, Moreira se presentó en el centro del escenario y se proclamó precandidato a la presidencia priista. Como por ensalmo, como antaño, cuando existía un poder que imponía la disciplina sin resquicios, todo el mundo se inclinó ante el propósito de Moreira. Nadie tomó a chunga su ocurrencia, nadie osó compararlo con Everardo Moreno, que pretendió contender con Roberto Madrazo por la candidatura presidencial una vez que el tabasqueño destrozó las aspiraciones de Arturo Montiel.

Sin oposición, sin siquiera extrañeza o curiosidad por la fuente de sus pretensiones, Moreira cubrió los trámites legales. Se inscribió junto con Cristina Díaz, diputada de Nuevo León; recibieron ambos su constancia de candidatos únicos y en unas horas se convirtieron en presidente y secretaria general electos. Él no ha esperado a quitarse el adjetivo y ejerce ya funciones, y está arreglando su entorno personal conforme a sus propósitos.

Tras pedir licencia para separarse del gobierno de Coahuila, hizo que la dócil legislatura que lo obedece sin chistar nombrara al valido que él designó como gobernador sustituto. Jorge Torres ocupa ese lugar, después de haber sido secretario de Finanzas y de Desarrollo Social del ahora líder nacional del PRI. No sólo cubrirá las espaldas de su antecesor, sino que contribuirá a que otro designio de Moreira se convierta en realidad como por arte de magia: que su hermano Rubén sea elegido en julio próximo gobernador constitucional. En una suerte de reelección, la historia coahuilense registrará 12 años de gobernantes del mismo apellido, de la misma índole, de la misma familia.

¿Cómo explicar esta facilidad de Moreira para sacar avante proyectos en apariencia extravagantes, por lo menos insólitos? Quizá la clave está en su amistad, o sometimiento, a dos personajes clave en la política priista de este momento. Una es Elba Esther Gordillo. No me equivoco al situarla dentro de la política priista. A pesar de su expulsión de ese partido, la lideresa magisterial es pieza infaltable en multitud de combinaciones del tricolor, a pesar de que con su partido, el Panal, juega a veces en contra de algunos intereses particulares priístas. Moreira es un delegado predilecto de la maestra, que le ha permitido ejercer otro rasgo de favoritismo apto para la construcción de un clan familiar dominante: Carlos Moreira, hermano menor de los gobernadores pretérito y futuro, ha sido, insólita y sucesivamente, líder de las dos secciones del sindicato magisterial en Coahuila.

La otra piedra miliar sobre la que descansa la súbita proyección nacional de Moreira es el grupo que ha elegido a Peña Nieto como próximo presidente de la República. Un vigoroso núcleo de poder que busca combinar las atildadas formas de su candidato presidencial con la bravuconería rústica del líder partidario. A éste habría que llamarlo Beto el regañón, en recuerdo de otro norteño, ese presente en la radio de los años cincuenta. El actor Vidal Alcocer, en su papel de Pepe el regañón, empleaba como rúbrica de su programa de consejos, precursor de las fórmulas de autoayuda, una excusa falsa: Yo no critico, yo digo y nada más. l

Guerrero: el recurso del voto

John M. Ackerman

La cobarde y brutal agresión a Guillermo Sánchez Nava, representante del PRD ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), forma parte de una clara estrategia de guerra sucia por parte del PRI para ganar la elección de gobernador en Guerrero este 30 de enero. En las próximas dos semanas, seguramente las violaciones a la legalidad y los principios constitucionales en la materia su multiplicarán, y al final podríamos escuchar la repetición de la célebre frase: “…Haiga sido como haiga sido…”.

Por eso las autoridades deberían actuar desde ya para evitar el desbordamiento de la situación, aunque la mejor respuesta sería que los ciudadanos salieran a votar masivamente, para expresar su repudio a la violencia, la corrupción y la inseguridad que tanto daño han hecho al estado.

Esta elección es un preludio histórico rumbo a los comicios presidenciales de 2012. Durante su desarrollo veremos si la equidad y la legalidad son posibles en materia electoral o si estamos condenados a la permanencia del imperio de la ley de la selva, donde el poder, la agresión y el dinero son más importantes que la voluntad popular.

El candidato del PRI, Manuel Añorve, ya tiene experiencia en las elecciones sucias. El mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha reconocido que su campaña para la presidencia municipal de Acapulco en 2008 fue sumamente irregular. La asociación civil Ángel de la Guarda, dirigida por la esposa del candidato, contrató varios anuncios televisivos en horario estelar para inducir el voto a favor de Añorve. También se distribuyó masivamente una portada falsa de un periódico local que anunciaba el retiro de la contienda electoral del principal candidato de izquierda, Luis Walton. Otra serie de notas falsas calumniaban a Walton con la acusación de que había participado en una red de pornografía infantil.

Tanto Enrique Peña Nieto como el entonces gobernador priista de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio, participaron activamente en aquella campaña sucia. Asistieron a actos públicos, y todo parece indicar que también financiaron numerosos “operativos” electorales. La Iglesia intervino igualmente a favor del candidato ganador y hubo presión directa sobre los electores en numerosas casillas. Todo esto, mientras el Instituto Electoral del estado se mantuvo al margen.

De acuerdo con el TEPJF, todas estas tropelías no fueron suficientes para ameritar la anulación de la elección, aun cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugares había sido de apenas 5 mil votos de los 223 mil sufragios válidos (es decir, sólo el 2.2%). En una reedición de la impunidad generada con el dictamen de validez de la elección presidencial de 2006, el TEPJF se negó a realizar cualquier esfuerzo por esclarecer las verdaderas condiciones del proceso electoral y simplemente avaló los resultados sobre las rodillas. De manera similar, el año pasado el TEPJF se negó a evaluar a fondo las condiciones de los comicios para gobernador de Durango y Veracruz.

Estos antecedentes de impunidad regresan hoy con fuerza para asegurar que el actual proceso electoral en Guerrero continúe corroyéndose hasta la médula. Es más que evidente que Añorve ya rebasó el tope de gasto de campaña de 33 millones de pesos. La cantidad de folletos, calcomanías, espectaculares y anuncios televisivos, los frecuentes viajes en helicóptero del candidato, la sospechosa cobertura “noticiosa” de las principales empresas de televisión, y la entrada de ejércitos de “promotores” bien financiados desde diversos estados gobernados por el PRI, hablan de un derroche desmedido y totalmente ilegal.

Asimismo, más allá del “gasto” explícito, habría que recordar que las donaciones “en especie” también deberían contabilizarse. Cada minuto “regalado” por Televisa a Añorve, cada hora de algún empleado del Estado de México dedicado a la campaña, y cada litro de gasolina utilizado para transportar láminas deben ser incluidos en el cálculo del gasto total.

Este tipo de donaciones, por cierto, son completamente ilegales y podrían dar lugar a sanciones administrativas y hasta penales para los involucrados. El artículo 407 del Código Penal Federal es contundente al imponer una pena de hasta nueve años de prisión al servidor público que destine “fondos, bienes o servicios” públicos, e incluso el “tiempo” de sus subordinados, a algún partido político o candidato. Aquí las autoridades también deberían vigilar la posible participación de recursos y empleados del Gobierno del Distrito Federal en la campaña de Ángel Aguirre.

Pero independientemente de lo que hagan o dejen de hacer las instituciones electorales, lo más importante es que la población salga a votar el 30 de enero. Los desastrosos resultados del gobierno de Zeferino Torreblanca no deberían llevar al desánimo, sino a la cada vez más activa participación social a favor de la democracia y la justicia. Por ejemplo, el llamado de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero para boicotear las elecciones es un grave error. Hace el juego a los priistas, quienes siempre se benefician cuando se reduce la participación espontánea de la población.

Por ejemplo, en las elecciones estatales de 2010 hubo una correlación directa entre el aumento de la tasa de participación ciudadana y una reducción en el porcentaje de votación para el PRI. En Tamaulipas la participación fue de apenas 44% y el viejo partido del Estado conquistó 62% de la votación. En Chihuahua, acudió a las urnas el 41% del electorado y el PRI recibió 56% de los sufragios. En contraste, las victorias de Gabino Cué, Mario López Valdés y Rafael Moreno Valle se sustentaron en una gran ola de participación ciudadana, que llegó a 57% en Oaxaca, a 58% en Sinaloa y a 59% en Puebla.

La abstención ayuda al PRI porque este partido cuenta con una vasta “maquinaria” electoral que por medio de la compra, la coacción y la intimidación logra obligar a los “suyos” a votar a como dé lugar. Sin embargo, cuando la tasa de participación es alta, el efecto de estos “operativos” se diluye, permitiendo que el resultado refleje de manera más fiel las preferencias reales de los electores.

Los siguientes 15 días serán claves. Hagamos votos para que el estado de Guerrero sea un ejemplo de valentía institucional y movilización ciudadana que preparen el camino para la celebración de elecciones presidenciales auténticamente democráticas en 2012. l

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Un dilema moral

sabina Berman

La moral: las conductas que sostienen y acrecientan lo que es Bueno y propiedad de todos, el bien común. A nadie escapa que en México padecemos de un problema moral. Que lo hemos padecido a lo largo de nuestra historia. Nuestros historiadores no coinciden en ubicar un periodo donde la moral haya gobernado sobre los impulsos egoístas de las élites de poder. Acaso durante las presidencias de Juárez, señala alguno. Acaso más atrás, en el siglo de paz de la Colonia, cuando la Iglesia católica, en una Nueva España ya catolizada, se dedicó a edificar instituciones benéficas para todos: hospitales y escuelas gratuitas, asilos y morideros públicos, los monasterios donde los pobres y no criollos podían acceder a una suerte de aristocracia social, el clero.

Que en los 30 años de dictadura de Porfirio Díaz haya reinado en México una moral, como lo afirman otros historiadores, lo desmienten la violencia y la largueza de la Revolución. En el Porfiriato un pequeño grupo era dueño de las fuentes de riqueza del país, y el bien común era raquítico, de ahí que fuera tan popular entre los mexicanos de a huarache irse con la peligrosa bola, que equivalía en la práctica a irse a ver a cuántos mataba uno antes de que lo mataran. Mejor morir de bala que medio vivir de hambre, era la lógica.

El PRI nació como un acuerdo, no para el bien común del país entero, sino para el bien común de los hombres fuertes surgidos del triunfo de la Revolución: basta de dirimir quién manda a balazos, basta de intentonas de golpes de Estado, mantengamos la unidad del grupo de los fuertes y dirimamos dentro de nuestros recintos, a puerta cerrada, a quién le toca mandar, y cómo ese mandamás reparte entre los otros los poderes menores.

No es casual que en su discurso inaugural, en enero del 2011, el nuevo presidente del PRI haya señalado que “el gran reto del partido es la unidad” (podría parafraseársele así: “el gran retro del PRI es la unidad”). Ni que el segundo objetivo que haya fijado es “ganar la Presidencia”, es decir, regresar al partido al lugar desde donde se reparte el poder de los ministerios nacionales. Y tampoco que haya señalado como tercer objetivo, y no el primero o el segundo, “el construir el mejor proyecto de país”, con énfasis en la palabra construir: el PRI no cuenta con ese proyecto de antemano, en el siglo XX el PRI debió plegarse al proyecto de cada hombre fuerte a quien colocó en la cima del poder, y ahora debe asumir que un nuevo priista fuerte armará un nuevo proyecto al que los otros priistas se sumarán.

En cambio el PAN nació de una necesidad moral. De la necesidad de oponer a la mezquina moral de grupo de los hombres fuertes del PRI, una moral más amplia, que incluyera verídicamente al país entero. Y esa moral panista utópica, surgió en medida importante inspirada por la antigua moral católica de la Colonia. Los panistas de casta suelen decir que el presidente Fox no era un panista en serio, era un ranchero de valores empresariales, los valores de la Coca-Cola Company al poder, expresados en el léxico colorido de un rancho. Los panistas de vieja cepa, consideran que el primer presidente verdaderamente panista ha sido el actual, Felipe Calderón, hijo de fundadores del partido. Y sus actos lo validan así.

Llegado a la Presidencia, Calderón se olvidó del modesto, pragmático y viable proyecto que enarboló como candidato, crear empleos mediante la construcción de infraestructura, y decidió acometer el épico proyecto, de profunda vena católica, de destruir el Mal en México. “A los 30 días (de ocupar la presidencia) el presidente decidió lanzar la guerra”, palabras de su primer secretario de Gobernación.

¿Qué vio Calderón en la información privilegiada accesible en la cima del poder que lo horrorizó tan prontamente? “Un cuerpo invadido de cáncer”, declaró él mismo. O para citar una de sus declaraciones más recientes: “(En México) levantas cualquier pedazo de duela y encuentras un nido de ratas”. Ratas: el panismo de los años oscuros de la resistencia y del utopismo recalcitrante, de hace 50 y 60 años, nombraba así a los priistas: ratas.

Los choques entre los cárteles narcos no son herencia del PRI, pero sí lo son un sistema de justicia fallido, un sistema de seguridad históricamente en contubernio con el crimen y las formas corruptas de relación entre el poder y la sociedad, donde los gobernantes consideran suyo lo que por ley es del bien común, y medran comerciando con ello.

Eso, la cultura priista y sus resultados inmorales, fue lo que Felipe Calderón probablemente vio y lo horrorizó. Ese es el cáncer que vio plagando y devorando la geografía del país. Los nidos de ratas que sigue encontrando bajo cada duela. Lo vio y prontamente (de nuevo: a los 30 días de mandato, sin planificarlo, sin acopiar un mapa detallado del narco, sin tomar antes las previsiones elementales en cualquier guerra), con el ánimo de un profeta cristiano, sabiendo que aquello era el Mal y su impulso provenía del Bien, desenvainó la espada a su alcance, el Ejército.

Esto era un avispero de corrupción antes de que llegara el PAN a la Presidencia. Llegó el PAN y le dio un batazo. Henos acá en una tormenta de avispas furiosas, que luchan entre sí a muerte. O para retomar la metáfora del presidente Calderón: hay nidos de ratas bajo cada pedazo de duela, y por andarlos arrancando este gobierno nos está dejando sin piso.

Por eso tiene razón el nuevo presidente del PRI cuando afirma que el gobierno panista ha llevado al país a una crisis gravísima y es necesario cambiar el rumbo. Por eso el presidente Calderón tiene razón cuando dice que el regreso del PRI a la Presidencia sería una tragedia, una involución. Lo que requerimos es algo distinto. Ni destrucción frontal y ciega del Mal común, ni el regreso a la estrecha y torcida definición del Bien común del PRI. Una tercera opción que construya, con el énfasis en el verbo construir, un bien común más amplio. l