Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 23 de enero de 2011
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
2010: autocomplacencia oficial
Réplica. El del Bicentenario será recordado como un año de violencia y pobreza, no como uno de renovación, creatividad o de concordia
(23 enero 2011).- Patricia Galeana
Historiadora. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
En diciembre pasado hice un balance de los festejos organizados por el gobierno federal que José Manuel Villalpando, coordinador de los mismos, descalificó.
En mi artículo afirmo que las actividades fueron costosas y efímeras. El licenciado Villalpando me da la razón porque lo único que contesta es que fueron presenciadas por muchas personas y que sumaron 2 mil 345 "obras y acciones", pero no aclara cuánto costaron. El que se pretenda documentar como obras conmemorativas las que de todas maneras se hacen año con año es parte de la falacia gubernamental.
También me da la razón en que no se analizaron los problemas nacionales para darles solución, pues para replicarme alude a la obra Los grandes problemas de México, de El Colegio de México. Pero esta institución no es una dependencia gubernamental, por lo que el gobierno no puede atribuirse su mérito.
Villalpando habla sobre mi falta de conocimiento de los programas realizados para conmemorar los centenarios, como la Expo Bicentenario, Un paseo por la Historia y la serie de televisión Discutamos México. Pero es él quien desconoce el contenido de dichos programas, ya que yo participé en ambos.
Hay otros aspectos en los que señala mi crítica y apunta su respuesta, pero una y otra no tienen nada que ver. Por ejemplo, señalé que se pudo restablecer la enseñanza de la historia en el primer año de secundaria, y contesta que se distribuyeron 23 millones de ejemplares de un libro. Esto es difusión, pero no es parte de un programa escolar. La crítica que hice a la deficiencia de la enseñanza de la historia en las escuelas la sostengo y no soy la única. Los indicadores 2010 de la OCDE muestran la mala situación de la educación en México.
Yo apunté que no se hicieron obras necesarias y trascendentes y responde con la afirmación desmesurada de que se construyó la infraestructura sanitaria del país. Semejante afirmación es una burla a la ciudadanía dadas las condiciones lamentables en las que se encuentran los servicios de salud pública, que deben atenderse en un esfuerzo continuo.
En su extensa respuesta no menciona, entre otros temas, que el patrimonio documental de la nación sigue deteriorándose en Lecumberri.
La exhibición de los restos de los héroes insurgentes no está contemplada en ninguna parte del Reglamento del Ceremonial Militar, como afirma Villalpando. La exhibición de los restos humanos es considerada por muchos como una falta de respeto y utilizada por otros como un instrumento de adoración religiosa.
Con motivo del primer centenario se realizaron infinidad de obras públicas, algunas emblemáticas, como el Monumento de la Independencia, en cambio el arco triunfal que se iba a erigir en el Bicentenario se convirtió en estela, y finalmente ni siquiera se hizo; y la remodelación del Palacio de Bellas Artes ha sido ampliamente criticada por expertos, por no respetar la arquitectura original e infringir normas de seguridad.
Es evidente que con los enormes recursos erogados algo tenía que haberse hecho. Sin embargo, en proporción de lo gastado, otras instituciones llevaron a cabo una labor editorial y de análisis de la historia nacional y de la situación del país, mucho más valiosa y trascendente.
El eco de la propaganda oficial se apagará y sólo quedará el vacío. El hecho es que se desperdició una oportunidad para revisar nuestra realidad social y para renovar nuestras instituciones políticas. El 2010 será recordado como un año de pobreza y de violencia, no de concordia ni de creatividad. No se había derramado tanta sangre en México ni en la revolución armada.
La acción más importante del centenario de la Independencia se debió a uno de los grandes ministros de Educación que ha tenido el país: Justo Sierra. La fundación de la Universidad Nacional en 1910 fue una contribución visionaria y perdurable. No fue mucho lo que costó y sí ha sido mucho lo que ha representado para el país. Está fuera de discusión que nada semejante se hizo ahora. Si nos preguntamos qué se recordará de este Bicentenario, es seguro que los espectáculos presentados no van a ser muy valorados.
Nuestras actuales autoridades han demostrado que tienen poca aptitud para construir y mucha capacidad para gastar y destruir. Tienen también una gran vocación para regodearse en sus propias exageraciones y mentiras. Supongo que entre ellos habrá quienes tengan sentido de la realidad, pero quienes realmente crean que hicieron un gran papel se engañan solos, porque la sociedad está consciente de su fracaso.
Se perdió una coyuntura histórica. Los grandes problemas nacionales no sólo continúan pendientes, sino se han agigantado.
Ya no tienen remedio las omisiones de 2010, pero sí lo tiene continuar por el mismo camino equivocado. Para poder rectificar lo primero es reconocer las equivocaciones por no haber hecho lo que se necesitaba y por haber hecho cosas irrelevantes. El error es comprensible, pero su reiteración es deplorable.
Guerrero: contienda entre priistas
Análisis Elecciones 2011. El PRD se quedó sin candidato en agosto del 2009 y hoy dos políticos forjados en el tricolor se disputan la gubernatura
Tomás Tenorio Galindo
(23 enero 2011).- Hemorragias cerebrales profundas mantenían inconsciente y todavía al borde de la muerte a Guillermo Sánchez Nava ocho días después de la terrible golpiza que recibió en Chilpancingo la noche del 11 de enero a manos de un grupo de brigadistas presuntamente del PRI. Internado en el hospital Angeles del Pedregal, en la Ciudad de México, el dirigente perredista había salido del estado de coma y estaba ligeramente mejor, pero no podía despertar.
En cambio, a tantos días de perpetrada la agresión contra el representante del PRD ante el Instituto Electoral del Estado, la justicia de Guerrero sí seguía en estado vegetativo, pues ninguno de los responsables había sido detenido y el propio gobernador Zeferino Torreblanca había declarado el viernes 14 que su gobierno no trabaja "bajo presión".
En las palabras del gobernador de Guerrero se apreciaba la intención de no mover un dedo en busca de los agresores, pues de haber tenido disposición para ello, la Procuraduría General de Justicia tenía a su alcance las grabaciones de varias cámaras de video emplazadas por el ayuntamiento de Chilpancingo en las proximidades del Palacio de Gobierno, pero inexplicablemente hasta ese momento no habían sido requeridas. También contaba con al menos el testimonio público de un dirigente priista (Ernesto Vélez Memije) que aportó datos sobre la identidad de los atacantes, pero que no había sido citado a declarar.
Esa morosidad del gobierno tenía trazas de encubrimiento y complicidad, pues la actitud remisa de Zeferino Torreblanca coincidía con la que asumió el PRI. Este partido no se limitó a negar que los agresores fueran priistas, sino que elaboró versiones fantasiosas, como la que sostuvo el sábado 15 de enero el senador Fernando Castro Trenti en Acapulco, quien puso en duda la hospitalización de Sánchez Nava y atribuyó su "desaparición" a un pleito "de copas" entre el perredista y el candidato de la coalición Guerrero nos Une, Ángel Aguirre Rivero.
Este caso de salvajismo atrajo la atención pública hacia la elección de gobernador en Guerrero, que pasaba casi desapercibida en el resto del país, y encendió señales de alerta sobre la dimensión de las tensiones creadas en aquel estado por el choque de los intereses políticos y partidistas que protagonizan esa disputa. En Guerrero se dirime ahora algo más que el poder estatal, pues la elección se transformó en un episodio decisivo para los partidos políticos en la ruta hacia la Presidencia de la República. Lo confirma la intervención constante en las campañas del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y del jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Y lo confirma también la golpiza contra Sánchez Nava, que simboliza el encono que ha impregnado el enfrentamiento electoral y el nivel al que las fuerzas priistas parecen dispuestas a llegar con tal de recuperar el poder que hace seis años les fue arrebatado por el PRD.
Las tensiones creadas por una contienda que se presenta muy cerrada entre Manuel Añorve Baños, candidato del PRI en alianza con el PVEM y el Panal, y Angel Aguirre, candidato del PRD en alianza con el PT y Convergencia; la violencia del crimen organizado y la violencia derivada de la guerra del gobierno federal contra el narcotráfico, así como un gobierno estatal que da señales de haber tomado partido en la lucha política, producen en Guerrero un contexto altamente explosivo en el que la población tendrá que ir a votar el próximo domingo 30 de enero.
¿Se tambalea el PRI?
Se hizo habitual en los meses recientes conceder a las elecciones del estado de México la condición de antesala de la Presidencia, porque se daba por hecho que el PRI ganaría en Guerrero, dada la tendencia que logró abrir en los comicios locales de 2008, cuando recuperó los ayuntamientos de Acapulco, Zihuatanejo e Iguala, entre otros que habían permanecido en manos del PRD durante nueve años.
Pero las cosas se dislocaron súbitamente para el PRI con la renuncia de Ángel Aguirre y su inesperada mutación a candidato de una coalición encabezada por el PRD. Esa ruptura amaga hoy con llenar de piedras el camino que el priismo ya imaginaba suave y directo a Los Pinos. Hoy es un hecho que el PRI no tiene la gubernatura de Guerrero en sus alforjas y que esa elección podría terminar alterando el escenario que este partido había fabricado para generar la sensación de que es un ejército político invencible. Ahí podría recibir su primera derrota del año.
De ese cambio de esquema proviene la ferocidad observada en el enfrentamiento político entre las coaliciones priista y perredista en las campañas, y las amenazas de violencia. Manuel Camacho Solís, coordinador de Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA) y uno de los autores de la maniobra que convirtió a Aguirre en candidato de los partidos de izquierda, explicó esa audaz operación como un acto de última hora para hacerle frente al PRI, pues Guerrero "ya estaba decidido" a favor del priista Manuel Añorve.
Si la presencia de los presidenciables Peña y Ebrard explica la exacerbación de ánimos en el proceso guerrerense, en el ámbito local la clave de la elección está alojada en el pacto establecido por el gobernador Torreblanca con los ex gobernadores René Juárez Cisneros y Rubén Figueroa Alcocer, jefes de los dos grupos más poderosos del PRI en el estado y quienes encontraron en la gestión del mandatario "perredista" una cómoda extensión de su dominio. Ellos, se supone, son los que habrían "decidido" coronar a Manuel Añorve.
Ese pacto se pudo advertir desde el primer minuto de la gestión de Torreblanca en la composición de su gabinete, y luego en su notoria complacencia hacia los hombres del régimen que supuestamente había sido derrotado. A pesar de que en 2005 ganó la gubernatura con el voto acumulado por el PRD a lo largo de 16 años, el empresario Torreblanca desechó todo compromiso ideológico y programático con ese partido, al que le había prometido ceder el 51 por ciento de los cargos en su administración, e integró a su gobierno en las posiciones relevantes a sus amigos empresarios, a priistas, a elbistas y a foxistas. Al paso de los meses, las políticas adoptadas por el gobernador de la alternancia, y su estilo de ejercer el poder, confirmaron que la bandera con la que el PRD quitó al PRI el gobierno -la del "cambio"- era un simple trapo de campaña y que la "transición" en Guerrero tenía que esperar otra oportunidad. Por eso es inevitable concluir que de ese pacto proviene el ánimo de Torreblanca contra su partido, el PRD, y su prisa por devolver el poder al PRI. Es un pacto de clase, entre pares que defienden sus intereses y se interponen activamente para evitar hasta la más tenue subversión, paradójicamente representada hoy por un ex priista.
El PRD lo tuvo todo en Guerrero. Al cabo de un largo y escabroso ascenso electoral, a finales de 2005 poseía la gubernatura, la mayoría en el Congreso y la mayoría de los ayuntamientos. Y en los comicios de 2006 ganó las nueve diputaciones federales que corresponden al estado. Pero llegaron las elecciones locales de 2008, en las que la sociedad emitió un voto de castigo contra el gobierno y regresó a ver al PRI. De las 81 alcaldías, el PRI ganó 41 (tenía 33), y el PRD 25 (tenía 40). El PRI también se repuso en el Congreso local, donde obtuvo 18 curules (tenía 13), exactamente el mismo número que obtuvo el PRD (tenía 22), lo que obligó a los dos partidos a negociar su convivencia y compartir el control del Legislativo (integrado por 46 diputados). Ese repudio social se confirmó en los comicios federales de julio de 2009, en los cuales el PRI ganó ocho de las nueve diputaciones que corresponden al estado.
El asesinato de Chavarría
El 20 de agosto de 2009 fue asesinado en Chilpancingo el diputado Armando Chavarría Barrera, líder del Congreso estatal y el más fuerte aspirante perredista a gobernador, quien había cuestionado y confrontado los intereses de Torreblanca. Como consecuencia de ese crimen aún impune, el PRD entró en crisis y el gobernador se hizo del control del proceso sucesorio.
Antes de que pasaran 15 días del homicidio de Chavarría, el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, incluyó al diputado Armando Ríos Piter entre los precandidatos perredistas. Desde esa fecha, Torreblanca se concentró en hacerlo candidato del PRD. Según podía verse, su objetivo era que el candidato del PRI fuera Añorve, a quien lanzaba "vivas" en público, y el del PRD Ríos Piter. Nadie más, pues ese escenario era el único que le garantizaba protección e impunidad en su retiro.
Torreblanca estuvo a punto de ganar la partida, pues el proceso interno perredista fue diseñado para imponer a Ríos Piter, y éste contó con todo el apoyo del aparato de gobierno. Así iba a ser, hasta que el 6 de agosto de 2010 el proceso interno del PRI se descompuso y, tras el destape de Añorve como candidato, se movilizaron Luis Walton, Manuel Camacho y Marcelo Ebrard para tenderle a Ángel Aguirre un puente hacia la candidatura del PRD, con el obvio fin de torcer el triunfalismo del PRI. Ortega rompió la alianza que mantenía con Torreblanca, abrazó la carta de Aguirre y de un plumazo fue echado abajo el proceso interno perredista. El 26 de agosto Aguirre anunció su renuncia al PRI, partido en el que militó durante tres décadas.
Pero Torreblanca no aceptó a Aguirre y, siendo éste ya candidato, se dedicó a combatirlo públicamente. Todo el mes de septiembre el gobernador utilizó su fuerza para desacreditar la candidatura de Aguirre y para insultar al PRD por la decisión de entregarle a un priista la postulación. El 31 de agosto declaró en una entrevista con la radiodifusora local Capital Máxima: "El PRD se ha convertido en el PRD SA de CV, y tuvo una alianza estratégica con otras sociedades mercantiles y juntos van a tener como objeto social fundamental el lucro, para que no se pierdan las canonjías, los puestos, las migajas que deje el gobierno para seguir siendo un parásito y un burócrata de la izquierda, que cambian de un día para otro y que elegantemente se dicen unificarse, pero en mi tierra les dicen camaleones, que son traicioneros a sus principios".
Durante más de 30 días sostuvo el gobernador sus virulentos ataques al candidato y a los perredistas que lo habían hecho candidato, a quienes llamó "burros", "bandoleros" y "comelentejas".
PRI contra PRI
La idea de que el PRI contiende contra el PRI tiene en el caso de Guerrero algunas agravantes: Añorve y Aguirre, los dos candidatos punteros ante la casi inexistente presencia del aspirante panista Marcos Parra, no sólo pertenecían hace apenas seis meses al PRI y al mismo grupo político guerrerense, sino que además son primos. Así, gane quien gane, un priista terminará en el Palacio de Gobierno. Sus campañas son iguales y no hay carretera, puente, hospital o escuela que nieguen. Se sostienen en el clientelismo y el uso corporativo de redes de poder y control electoral.
La designación de Aguirre como candidato de la izquierda guerrerense complicó los planes del PRI y genera utilidades políticas a un sector dirigente del PRD, pero lleva consigo un problema de transparencia que nadie en el PRD quiere enfrentar: Aguirre tiene pendientes tan graves como el esclarecimiento de los 70 asesinatos de perredistas ocurridos durante su periodo como gobernador interino (1996-1999); el encarcelamiento y persecución de líderes sociales y el desalojo violento de plantones; el encubrimiento a Rubén Figueroa por la matanza de Aguas Blancas y su respaldo incondicional a la versión del Ejército en el caso de la matanza de El Charco. Por todo ello Andrés Manuel López Obrador encabezó un mitin el 10 de diciembre de 1997 en Chilpancingo, cuando era dirigente nacional del PRD, y gritó frente al Palacio de Gobierno: "¡Aguirre Rivero, ya vete de Guerrero!".
Una muestra espectacular de un carácter impulsivo, veleidoso e incongruente, la ofreció Aguirre en diciembre pasado, cuando con euforia anunció su disposición a firmar un paquete de 10 compromisos que le fue propuesto por López Obrador, entre los cuales se hallaba el rechazo expreso a la construcción de la presa La Parota en la zona rural de Acapulco y programas de beneficio social como becas a estudiantes de preparatoria. En reciprocidad, López Obrador se comprometía a ir a Guerrero y hacer campaña por él. Aguirre dijo que sí el 6 de diciembre y subrayó particularmente su rechazo a la construcción de La Parota, posición que llamó "irreductible" (sic), lo que implicaba el abandono de la ambigüedad que había cultivado en torno al tema. Pero el 14 de diciembre se reunió con el gobernador Torreblanca, igual que el candidato del PRI, y sin que nadie se lo esperara, el candidato del PRD dijo al salir que iba a "matizar" su postura sobre La Parota: "yo he dicho que en el caso particular de los 10 puntos, serán matizados... Hay algunas cosas que habría que matizar, como el caso de La Parota". Explicó que el gobernador le hizo "algunas aportaciones" que no conocía. También dio marcha atrás al otorgamiento de plazas a maestros y becas de entre 500 y 700 pesos a jóvenes estudiantes, y explicó: "no tengo la capacidad presupuestal que tiene el Distrito Federal", cuando una de las bases de su campaña es prometer precisamente la aplicación de los mismos programas sociales que Marcelo Ebrard aplica en la capital, (El Sur, 15 de diciembre de 2010).
El gran acto que se había programado en Acapulco para la firma de los 10 compromisos fue cancelado y López Obrador no ha puesto un pie en la campaña de Aguirre, lo que por otra parte dejó libre el campo a Ebrard. Se abrió con ello la pregunta de cuál será la reacción de ese sector del perredismo frente a las urnas y frente a un candidato que rehusó firmar lo que no era sino el programa que el mismo Aguirre dice abanderar.
Contienda vacía
El futuro no se avizora compasivo para Guerrero. El gobierno de Torreblanca no resolvió ninguno de los viejos problemas de pobreza y marginación del estado y termina en el descrédito absoluto, en medio de una crisis de gobernabilidad y arrodillado por la violencia. Las campañas empezaron con la matanza de 20 turistas michoacanos en Acapulco, y terminan ante el azoro nacional por la matanza de otras 28 personas hace 15 días.
El hecho de que los candidatos punteros provengan del mismo partido se traduce en la supresión de opciones para el electorado. Todo indica que aun si el PRD logra romper las estructuras de poder que rodean a Añorve e impide el regreso del PRI al gobierno, lo que de ahí resulte será una mera ilusión, la misma que hace seis años antecedió a la asunción de Torreblanca. En una contienda de PRI contra PRI, hoy en Guerrero se disponen a ganar las cúpulas. Y está en veremos si algo le queda a la sociedad. Así de empobrecido y empobrecedor se halla el proceso electoral de Guerrero.
El autor es periodista guerrerense. Autor del libro Un asesinato político (Grijalbo, 2010).
81 Municipios
2 Millones 403 mil 801 Electores en lista nominal
28 Distritos electorales locales
4 Mil 799 Casillas
$33 Millones 478 mil 660 Tope de gastos de campaña
La última elección
| | PRD-Convergencia | PRI-PVEM-PT | PAN | |
| Votos emitidos | 589,074 | 450,894 | 11,437 | 1,069,004 |
47%
Abstencionismo
2,037,068
Electores en lista nominal en 2005
Fuente: Instituto Electoral del Estado de Guerrero.
21 ago 09
Homenaje al diputado perredista asesinado, Armando Chavarría.
08 Ene 11
Marcelo Ebrard en la campaña de Ángel Aguirre Rivero.
09 ene 11
Enrique Peña Nieto en la campaña de Manuel Añorve.
11 ene 11
Agresión al militante perredista Guillermo Sánchez Nava.
Mitos del programa carretero
Reportaje Propaganda oficial y obra pública. El gobierno presume el programa carretero "más grande de la historia", pero sus propias cifras contradicen su propaganda
Martha Martínez
(23 enero 2011).- Cuando la maquinaria comenzó a llegar al poblado Arroyo Zarco para pavimentar el camino rural La Tinaja -como lo conocen los habitantes de esta localidad de Almoloya de Juárez, estado de México-, Ana Luisa Garduño pensó que la situación de la comunidad mejoraría: ya no tendrían que caminar más de 45 minutos en medio de terracería para llegar a la carretera más cercana, las autoridades les proporcionarían los servicios básicos que les habían negado por más de 20 años y durante el tiempo que duraría la obra se generarían puestos de trabajo para los habitantes del lugar.
Para Ana Luisa, una mujer de 40 años de edad que llegó a esta comunidad hace más de 20, la obra de
La promesa era que el proyecto -que abarca al menos seis pequeñas comunidades- concluiría en diciembre de 2010. No obstante, a más de dos años de haber iniciado (junio del 2008), la obra se encuentra inconclusa y a decir de los vecinos del lugar, hace dos meses que la maquinaria y los trabajadores abandonaron por segunda vez el proyecto sin informar cuándo lo concluirán.
"Dijeron que iban a terminar, pero llevan más de dos años diciéndonos lo mismo. Los trabajadores se fueron como por octubre; esperamos que no vayan a dejar pasar un año como la otra vez, que hicieron un pedazo de camino y dejaron pasar un año para hacer otro pedacito", se queja Ana Luisa.
Los beneficios que tanto esperan los habitantes de Arroyo Zarco tampoco han llegado. Los lugareños siguen recorriendo el camino a pie, pues ante la falta de transporte público y las malas condiciones de algunos tramos, los taxis cobran entre 70 y 90 pesos a la carretera más cercana, cantidad que los pobladores -en su mayoría agricultores, obreros o albañiles- no pueden pagar.
En la comunidad tampoco se han instalado servicios básicos y los puestos de trabajo que genera el proyecto resultan poco atractivos; ante las constantes interrupciones de la obra, prefieren trasladarse a Toluca para emplearse en trabajos más estables.
El camino La Tinaja es uno de los 278 proyectos que se encuentran inconclusos a pesar de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se comprometió a finalizarlos en diciembre de 2010.
Kilómetros de cifras
Según información de la SCT, entre 2007 y 2010 el gobierno federal comenzó y continuó la construcción y modernización de alrededor de 938 proyectos carreteros en todo el país. De ellos, 556 fueron programados para concluir a finales de 2010, y al menos la mitad de estos presentaba problemas de retraso en el mes de septiembre: 151 proyectos registraban menos del 56 por ciento de avance y 127 habían sido reprogramados en su fecha de término debido a complicaciones en los trabajos de construcción y retrasos en la asignación de los recursos.
Según el Cuarto Informe de Gobierno, esta administración impulsa un programa de infraestructura sin precedentes en el país: "Seguimos impulsando el programa de infraestructura más grande de la historia. En lo que va de esta administración se han construido y modernizado más carreteras que en cualquier otro sexenio: más de 11 mil kilómetros de carreteras con una inversión del gobierno federal superior a los 130 mil millones de pesos", asegura el documento.
Informes oficiales ponen en duda esta afirmación. El Primer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón indica que, con una inversión inferior a los 70 mil millones de pesos, entre 2001 y 2004, la administración de Vicente Fox construyó y modernizó cerca de 14 mil kilómetros.
La información muestra que aunque la inversión de la actual administración ha sido mayor, el número de kilómetros de carreteras y caminos rurales construidos o rehabilitados es inferior al de la administración pasada. Las cifras señalan también que mientras en el sexenio pasado cada kilómetro tuvo un costo promedio de 5 millones de pesos, en la presente administración asciende a 11 millones de pesos.
Además, aunque la infraestructura es uno de los ejes de esta administración, el gobierno federal no cuenta con un registro claro en la materia.
Las cifras del Ejecutivo varían aun cuando se trata del mismo informe. El Cuarto Informe de Gobierno señala que en lo que va de la presente administración se han construido y modernizado 11 mil kilómetros de carreteras. Pero el capítulo Infraestructura para el desarrollo del mismo documento registra más de 15 mil kilómetros.
El Primer Informe de Gobierno indica que entre 2001 y 2004, Vicente Fox atendió cerca de 14 mil kilómetros. Pero el Anuario Estadístico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señala que la red carretera nacional creció 22 mil kilómetros durante los primeros cuatro años de la administración foxista (2000-2004).
No obstante, si se tomara la cifra de 15 mil kilómetros, la afirmación de que este es el sexenio de la infraestructura quedaría en duda ya que esto significaría que Calderón construyó apenas mil kilómetros más que Fox con un presupuesto 85 por ciento mayor.
Para aclarar estas cifras con las autoridades, Enfoque solicitó desde diciembre del 2010 una entrevista con el subsecretario de Infraestructura de la SCT, Óscar de Buen, pero la oficina de comunicación social de la dependencia no pudo tramitarla y la semana pasada informó que sería imposible llevarla a cabo tras el cambio de titular en la Secretaría.
Burocracia y rebatinga
Fausto Hernández Trillo, autor del estudio Gasto Público en Infraestructura. El Programa Carretero 2007-2012: Evaluación de Avances -el cual forma parte de la serie Gastar Mejor de la organización México Evalúa-, asegura que los retrasos en las obras de infraestructura carretera no son consecuencia de la falta de recursos, sino de la mala planeación.
"Al final del día no se convirtió en un asunto de dinero, se convirtió más en un asunto institucional que de repente es ajeno a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes", señala el académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
En lo que va del gobierno de Calderón, el presupuesto destinado al rubro carretero tuvo un incremento real de 53 por ciento, al pasar de 29 mil 951 millones de pesos en
Para 2011, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla una bolsa de 53 mil millones de pesos, y la cantidad podría aumentar durante el ejercicio fiscal con las aportaciones privadas.
Más de la mitad de estos recursos han sido reasignados por la Cámara de Diputados durante la discusión presupuestal, lo cual muestra la importancia que esta bolsa tiene para gobernadores y legisladores.
Enfoque comparó los proyectos de presupuesto entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados y los decretos aprobados por ésta. El análisis muestra que en cada discusión presupuestal, los legisladores aumentan en promedio 78 por ciento los recursos solicitados originalmente por el Ejecutivo.
La discusión del gasto 2011 es un ejemplo del intenso cabildeo que el presupuesto carretero suscita: el Ejecutivo solicitó una bolsa por más de 34 mil millones de pesos; después de que PAN y PRD abandonaron la negociación acusando al PRI de querer controlar el presupuesto carretero, la Cámara de Diputados aprobó más de 53 mil millones.
Son 11 estados los que acaparan las reasignaciones que realiza la Cámara de Diputados: estado de México, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Durango, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas.
En conjunto, dichos estados absorben 52 por ciento de las reasignaciones; esto a pesar de que el último informe de la Auditoría Superior de la Federación ubica a siete de ellos como las demarcaciones con los subejercicios más altos en la aplicación de recursos carreteros: Jalisco, Puebla, Durango, estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato.
En opinión de Hernández Trillo, esta concentración de recursos se contrapone con los objetivos de desarrollo social y económico establecidos en el Programa Nacional de Infraestructura.
"¿Por qué es tan desigual?, y en carreteras es claro, se va todo del centro al norte; la única explicación que le puedo dar es que los estados del norte a lo mejor son más influyentes, no sé si Nuevo León pueda tener más influencia que la que pueda tener el gobernador de Campeche, ésa es una posible hipótesis y la otra es que somos una economía naturalmente exportadora y es natural conectar el centro y todo el corredor industrial de la parte fronteriza, pero si se ve desde un punto de vista regional, se está metiendo en una trampa de pobreza al sureste del país", advierte.
Desvíos y subejercicios
A la concentración de recursos se suma la mala planeación de las obras, la burocracia y la deficiente ejecución del presupuesto.
Hernández Trillo asegura que esta administración programó obras de infraestructura carretera sin tomar en cuenta que antes era necesario simplificar los trámites burocráticos, agilizar la asignación de los recursos y eficientar el trabajo de los centros SCT, los cuales tienen como principal objetivo ejecutar y supervisar las obras de infraestructura a cargo del gobierno federal en los estados.
Una muestra de esta falta de planeación, afirma el académico, es el hecho de que la Ley de Expropiaciones se modificó dos años después de que el gobierno federal dio a conocer el Programa Nacional de Infraestructura y el Plan Carretero, el cual está conformado por 100 proyectos que, según el Ejecutivo federal, estarán concluidos y puestos en operación en 2012.
"Cualquier persona te hubiera dicho: 'a ver, espérate, tienes que liberar la vía, tienes que expropiar, tienes que tener además un montón de subastas porque no nada más se subasta quién va a hacer la carretera, sino quién va a hacer el proyecto ejecutivo'; por naturaleza, todos los proyectos carreteros tienen un supervisor, que es otro constructor normalmente, entonces tiene una serie de subastas y cada una dura entre tres y seis meses, en el mejor de los casos este proceso duraría nueve meses y en el peor de los casos 18; eso por sí mismo complica muchísimo los tiempos y la ejecución de los recursos", indica.
La revisión de la Cuenta Pública 2008 de la Auditoría Superior de la Federación reporta desvíos y subejercicios en prácticamente todos los centros SCT del país.
Según el organismo fiscalizador, de los 233 "Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras" revisados, sólo 54 cumplieron con las metas y 20 más las rebasaron; el resto son obras que quedaron inconclusas debido a que los centros SCT desviaron presupuesto a proyectos no programados, destinaron recursos a tramos que no contaban con los elementos necesarios para su ejecución, diferieron las obras o ejercieron recursos sin metas programadas.
La ASF no es la única institución que ha denunciado la falta de aplicación de los recursos. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Correa Abreu, señala que hasta noviembre pasado, la inversión en este rubro registraba un subejercicio del 19.7 por ciento del presupuesto aprobado en 2010.
Correa Abreu indica que otro problema en materia carretera es la discrecionalidad con la que la Cámara de Diputados modifica los proyectos de presupuesto enviados por el Ejecutivo. "Muchas veces hay caminos que los diputados proponen que la SCT ni siquiera sabe en dónde están, entonces en lo que averiguan qué autorizaron, en dónde está el camino, consiguen la liberación de derecho de vía, los permisos de impacto ambiental y todo lo que conlleva, se les va el año", sostiene.
El dirigente afirma que estas deficiencias no sólo afectan al sector de la construcción -que hasta noviembre de 2010 registraba mil empresas que habían cerrado y/o suspendido temporalmente su funcionamiento- sino que impacta las cifras de empleo.
"El desempleo seguirá siendo un grave problema en 2011. De acuerdo con los datos que maneja el Ejecutivo, de los 730 mil empleos creados en 2010, la industria de la construcción pudo recuperar 90 mil y si tomamos en cuenta que perdimos 200 mil en 2009, estamos hablando que ni siquiera recuperamos lo perdido en 2009", asegura.
Según la CMIC, el panorama para el sector de la construcción en 2011 es incierto, pues, en diciembre de 2010, Hacienda dejó de pagar facturas de diversos proyectos debido a una deficiencia presupuestal, lo que generó un "bache" de 25 mil millones de pesos.
Correa Abreu advierte que hasta el momento, se desconoce si Hacienda cuenta con esta cifra o la tomará con cargo al presupuesto 2011.
De ser así, agrega, algunas obras de infraestructura quedarían en la incertidumbre, pues implicaría hacer ajustes en diferentes proyectos y rubros para obtener la cantidad que aún está pendiente de liquidar.
Para el presidente de la CMIC el diagnóstico es claro: el Programa Nacional de Infraestructura, que entre otras cosas proyectó la construcción y modernización de 17 mil
"Sobre el Programa Nacional de Infraestructura no vemos que se vaya a cumplir, no hay las condiciones, el 40 por ciento (de avance) del que nosotros hablábamos en el primer semestre de 2010 no ha avanzado más que cuando mucho 2 puntos... A mediados del año podemos hablar de hacia dónde vamos, pero no vemos que se vaya a cumplir el Programa, no vemos el sexenio de la infraestructura", advierte.Respecto a los 11 mil kilómetros que según cifras oficiales se han construido y modernizado en los últimos cuatro años, el dirigente recomienda al gobierno federal ser más cauteloso. "Hablar de 11 mil kilómetros es importantísimo, si fueran caminos nuevos o ampliaciones de carreteras o supercarreteras, pero ahí está incluido el mantenimiento, la conservación que es lo que más ha pintado, entonces creo que los datos que le están pasando al Ejecutivo habría que analizarlos más y no darle datos tan a la ligera", sentencia Correa Abreu. ·
Fox construye más...
El gobierno carece de un informe consistente sobre construcción y rehabilitación de carreteras. Un documento señala que Fox hizo el doble que Calderón en cuatro años. Otro advierte un avance apenas mayor en esta administración. (Cifras en kilómetros).
Longitud de la Carretera Nacional
Cifras del Anuario Estadístico de la SCT. Incluye carreteras federales, de cuota, libres, estatales, rurales y brechas mejoradas.
Vicente Fox
| 2001-2002 | 7,163 |
| 2002-2003 | 11,869 |
| 2003-2004 | 3,035 |
Avance
22,067 km.
Felipe Calderón
| 2007-2008 | 6,021 |
| 2008-2009 | 245 |
| 2009-2010 | 4,734* |
Avance
11,000 km.
Trabajos realizados en infraestructura carretera
Cifras del Cuarto Informe de Gobierno. Incluye trabajos de construcción, modernización y reconstrucción de carreteras y caminos rurales.
Vicente Fox
| 2001 | 1,658.1 |
| 2002 | 1,946.1 |
| 2003 | 4,147.6 |
| 2004 | 6,163.3 |
Total
13,915.1 km.
Felipe Calderón
| 2007 | 3,935.9 |
| 2008 | 4,406.3 |
| 2009 | 6,032.8 |
| 2010 | 1,033.4 |
Total
15,408.4 km.
* Cifra estimada a partir del Cuarto Informe de Gobierno.
Fuente: Primer y Cuarto Informe de Gobierno. Presidencia de la República.
...y Calderón gasta el doble
En cuatro años, el gobierno federal superó la inversión realizada en el mismo periodo de tiempo por Vicente Fox. (Cifras en millones de pesos)
| | Pública | Privada | |
| Vicente fox | 56,176.62 | 13,582.22 | $69,758.84 |
| | Pública | Privada | |
| Felipe Calderón | 112,321.46 | 20,477.43 | $132,798.89 |
Vicente Fox
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Inversión carretera | $10,637.2 | $13,768.36 | $14,063.4 | $31,289.88 |
| Inversión pública | 9,955.2 | 13,638.99 | 13,899.1 | 18,683.33 |
| Inversión privada | 682 | 129.37 | 164.3 | 12,606.55 |
Felipe Calderón
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Inversión carretera | $25,951.48 | $30,685.01 | $36,240.9 | $39,921.5 |
| Inversión pública | 21,844.8 | 25,829.25 | 31,116.78 | 33,530.63* |
| Inversión privada | 4,106.68 | 4,855.76 | 5,124.09 | 6,390.9 |
*Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
Nota: cifras deflactadas. Resultado de eliminar el efecto de la inflación sobre los precios.
Fuentes: Primer Informe de Gobierno de Felipe Calderón, Cuarto Informe de Gobierno de Felipe Calderón.
Carreteras con retraso
Tramos que no fueron concluidos a tiempo. Ejemplos relevantes en algunos estados. Casi en todos los casos se reprogramó la entrega y se modificó también el presupuesto original.
| | Avance | Pendiente |
| 01 | 48% | 133.8km. |
| 02 | 37 | |
| 03 | 40 | |
| 04 | 53 | |
| 05 | 41 | |
| 06 | 16 | |
| 07 | 56 | |
| 08 | 37 | |
| 09 | 34 | |
01 Baja California
Km. 75.5 (San F elipe-Laguna Chapala)
Puertecitos-Laguna Chapala
$315*
Costo modificado del proyecto.
Fecha de inicio de obra
Enero 2007.
Fecha de término de obra
Diciembre 2010.
Costo inicial del proyecto
16
Presupuesto aprobado entre 2008 y 2011
491
Tipo de obra
Ampliar a
-Obra reprogramada en su fecha de término.
02 Quintana Roo
Ucum-La Unión
20
Costo del proyecto.
Fecha de inicio de obra
Febrero 2008.
Fecha de término de obra
Diciembre 2010.
Presupuesto aprobado entre 2008 y 2011
244
Tipo de obra
Modernizar con especificaciones de camino tipo C.
-Obra reprogramada en su fecha de término.
03 Tamaulipas
TampicoCosto inicial del proyectoudad M ante.
Tramo G onzálezCosto inicial del proyectoudad Mante
394.5
Costo del proyecto.
Fecha de inicio de obra
Agosto 2008.
Fecha de término de obra
Diciembre 2010.
Presupuesto aprobado entre 2008 y 2011
575
Tipo de obra
Ampliar de
04 San Luis Potosí
Lagos de Moreno-San Luis Potosí.
Tramo Villa de Arriaga-San Luis Potosí
828
Costo del proyecto.
Fecha de inicio de obra
Abril 2008.
Fecha de término de obra
Diciembre 2010.
Presupuesto aprobado entre 2008 y 2011
733
Tipo de obra
Construir 2 carriles de circulación en los municipios de Villa de Arriaga y San Luis Potosí.
05 Oaxaca
Ciudad Ixtepec-Santiago
Laollaga-Guevea de Humboldt
110.2
Costo del proyecto.
Fecha de inicio de obra
Enero 2005.
Fecha de término de obra
Diciembre 2010.
Presupuesto aprobado entre 2008 y 2011
76
Tipo de obra
Modernizar y ampliar la vía existente a
-Obra reprogramada en su fecha de término.
06 Chihuahua
San R afael-Bahuichivo
213
Costo del proyecto.
Fecha de inicio de obra
Marzo 2007.
Fecha de término de obra
Diciembre 2010.
Presupuesto aprobado entre 2008 y 2011
176
Tipo de obra
Se proyecta construcción a
-Obra reprogramada en su fecha de término.
07 Michoacán
Tierras Blancas-Santa M aría
11
Costo del proyecto.
Fecha de inicio de obra
Abril 2008.
Fecha de término de obra
Diciembre 2010.
Presupuesto aprobado entre 2008 y 2011
42
Tipo de obra
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en Huetamo.
-Obra reprogramada en su fecha de término.
08 Nuevo León
El Goche-Emilio Carranza
50
Costo del proyecto.
Fecha de inicio de obra
Enero 2005.
Fecha de término de obra
Diciembre 2010.
Presupuesto aprobado entre 2008 y 2011
53.7
Tipo de obra
Modernizar camino rural revestido en Rayones.
-Obra reprogramada en su fecha de término.
09 México
Camino La Tinaja-Arroyo Z arco-Quince Letras E .C. Km 28.4
Toluca-Amanalco de Becerra
32
Costo modificado del proyecto.
Fecha de inicio de obra
Junio 2008.
Fecha de término de obra
Diciembre 2010.
Costo inicial del proyecto
10
Presupuesto aprobado entre 2008 y 2011
34
Tipo de obra
Modernizar con especificaciones de camino tipo C en el municipio de Almoloya de Juárez.
-Obra reprogramada en su fecha de término.
Guerrero
Mozimba-Pie de la Cuesta
379.5
Costo modificado del proyecto.
Fecha de inicio de obra
Septiembre 2007.
Fecha de término de obra
Diciembre 2010.
Costo inicial del proyecto
380
Presupuesto aprobado entre 2008 y 2011
323
Tipo de obra
Ampliar a cuatro carriles la vía existente del municipio de Acapulco a San Marcos.
*Costos y presupuestos en millones de pesos.
Nota: se toman los presupuestos de
Fuentes: Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2009, Presupuesto de Egresos de la Federación, Tercer Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.
Y la inseguridad también pega
Reportaje Propaganda oficial y obra pública
Martha Martínez
(23 enero 2011).- El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Eduardo Correa Abreu, denuncia que constructores de al menos 20 proyectos de infraestructura gestionan la cancelación de sus contratos por motivos de seguridad.
El dirigente revela que empresarios y empleados del sector tienen miedo de trabajar en diversos estados del norte y sur del país debido a que han sido víctimas de secuestro, extorsión y robo de maquinaria, razón por la cual algunos de ellos han decidido "no entrarle" a la ejecución de proyectos que ya estaban asignados.
"Lo que estamos tratando, a petición específica de algunos afiliados, otros la negocian ellos mismos, es que se cancele la obra, por lo menos ellos, los que traen la obra, no la quieren hacer por miedo. Estamos hablando de 20 (proyectos)", afirma.
Los lugares en los se encuentran estos proyectos son Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua; Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco y Guerrero. Se trata principalmente de proyectos de infraestructura carretera y de protección.
"Los constructores ya no quieren trabajar en obra pública, mucho menos en obra privada, hoy están secuestrando a los empresarios y trabajadores de la construcción: ingenieros, residentes, topógrafos, los mismos maestros de obra", denuncia.
Señala que un ejemplo de esta inseguridad es el estado de Tabasco, en donde se han registrado secuestros exprés que comienzan con rescates de un millón de pesos y terminan con 100 mil pesos.
Además de los secuestros y las extorsiones, explica, la CMIC tiene conocimiento de robo de maquinaria, por lo que ya gestionan con empresas especializadas la instalación de dispositivos que permitan establecer su ubicación cuando ésta es hurtada.
Correa Abreu advierte que el organismo a su cargo no cuenta con un registro de empleados y empresarios afectados por la inseguridad debido a que la mayoría de ellos prefiere no denunciar.
"Es muy difícil que se atrevan a denunciar, primero ante las autoridades y luego ante nosotros por el miedo incluso a denunciar ante el Ministerio Público, porque saben que muchos servidores públicos están coludidos", comenta.
Ante este panorama, agrega, los empresarios de la construcción han tomado diversas medidas de protección que van desde pedir seguridad a las dependencias responsables de las obras y los estados en donde ésta es ejecutada, hasta solicitar la cancelación de las mismas.
El presidente de la CMIC insiste en que la inseguridad no sólo está ahuyentando la inversión privada, también está retrasando el avance de los proyectos.
Entrevista / Cuauhtémoc Cárdenas / 'El PRD no es lo que quisimos'
La cultura política. Cuauhtémoc Cárdenas: fundador del PRD. Cárdenas vislumbra pocas posibilidades de reconstrucción en el partido de izquierda fundado en mayo de 1989
Karla Garduño Morán
(23 enero 2011).- Hace 22 años, Cuauhtémoc Cárdenas proyectaba un nuevo partido de izquierda que unificara los diversos frentes que habían apoyado su candidatura en 1988. La idea que en ese entonces tenían él y otros fundadores del Partido de la Revolución Democrática no se parece en nada al partido que empieza el 2011 intentando salvar las confrontaciones entre sus líderes y superar la pérdida de votos de los últimos dos años.
En su libro Sobre mis pasos (Aguilar, 2010) -que empezó a circular este año- Cárdenas da cuenta de las vicisitudes y divisiones de la izquierda desde que se conformó el Frente Democrático Nacional el 12 de enero de 1988, y afirma que la situación actual del PRD resulta prácticamente insalvable.
"Al inicio de la conformación del partido había expresiones distintas, pero no había confrontaciones. Hoy hay confrontaciones cada vez más profundas. Se han hecho alianzas que yo he calificado de contradictorias, que he considerado nocivas para el PRD, cuando estas alianzas han sido con Acción Nacional, independientemente de los resultados electorales. Y lo sigo pensando, va en contra de los principios del partido, le hace perder presencia entre la ciudadanía y disminuye sus posibilidades de acción", dice el presidente de la Fundación para la Democracia y ex jefe de Gobierno del DF.
Cárdenas urge a encontrar una solución para conciliar las diferencias, pero no es muy optimista al respecto. Ni siquiera la posibilidad de que su hijo y ex gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, sea elegido como candidato de unidad para dirigir al partido en el congreso nacional del 19 y 20 de marzo ofrece, según él, una buena perspectiva para el partido.
"Quien quiera que vaya a dirigir el PRD se va a encontrar con un partido dividido y no creo que la acción o la presencia de una persona -y no hablo de Lázaro, sino de cualquier persona- vaya a resolver los problemas si no los resuelven los propios actores que están confrontados", afirma el tres veces candidato presidencial.
Parece que esa solución es casi imposible.
No hago pronósticos, pero a corto plazo no se ve que haya unidad en los grupos que han estado tanto tiempo confrontados.
Y a corto o largo plazo, ¿qué debería pasar?, ¿refundar el partido de la izquierda?
Primero debería haber una propuesta, que hasta este momento no la veo, del partido hacia la ciudadanía. Una propuesta que fuera realista en cuanto a la resolución de los problemas del país, una propuesta que fuera atractiva para la ciudadanía, que sirviera para agrupar en torno al PRD y a su propuesta política, y que en torno a poner en práctica esa propuesta trabajara todo el partido.
Sin duda, el partido tiene que darle atención particular a fortalecer su organización territorial, sus grupos municipales, las distintas comunidades en los estados donde los resultados han sido bajos, ahí hay que dar mucha más atención y poner más cuidado para hacer crecer el partido. Mientras eso no se haga, mientras no haya una propuesta, mientras no haya una mejor comunicación entre las direcciones del partido -estatales, municipales- con cada uno de los militantes, va a ser difícil que haya una mayor cohesión dentro del PRD.
¿Cómo calificaría los gobiernos del PRD?
No tengo elementos para hacer un análisis cuidadoso y, por otro lado, no me toca a mí hacer las calificaciones.
¿En algún momento el partido podría lograr una recuperación como la que tuvo el PRI a partir del 2006?
Con trabajo político, con trabajo de organización, se pueden recuperar posiciones. Pero puedo estar equivocado.
¿Qué papel ha jugado el PRD en estos 10 años de alternancia?
Sin duda la alternancia se dio principalmente por el trabajo del PRD, por el trabajo que se viene haciendo desde 1988 con el Frente Democrático Nacional y luego en 1989 con el PRD. Ha sido el principal factor político para los cambios en sentido democrático que se han logrado en el país.
Por lo que estamos viendo es que la alternancia de personas al frente del Estado no significó un cambio en las políticas neoliberales, no hubo cambio en las políticas de dependencia económica, no hubo ningún esfuerzo por recuperar crecimiento, no hubo ningún esfuerzo por mejorar condiciones de vida. No hubo ningún esfuerzo sólido para abatir la pobreza.
¿El PRD se parece a lo que se imaginaba?
Lo que es actualmente el partido no es lo que muchos de los que iniciamos el esfuerzo quisimos construir.
¿En qué momento dejó de serlo?
Cuando los grupos, lo que llamamos las corrientes dentro del partido, quisieron que todo tipo de decisiones y todo tipo de oportunidades se definiera a partir de cuotas, a partir del peso específico de cada grupo dentro del partido. Desde ese momento lo que se ha privilegiado son los intereses de esos grupos y no el crédito político de cada quien.
Hablando de Guerrero, el candidato natural del PRD era Armando Chavarría. Después del asesinato, ¿cómo calificaría la actuación del gobierno de Zeferino Torreblanca al respecto?
Yo no tengo más información que la que tienen los medios y no me voy a meter en calificaciones que no me corresponden.
¿Y el candidato?, ¿cómo ve ahora que hay un candidato que fue parte del equipo de José Francisco Ruiz Massieu, un enemigo del PRD?
Tampoco voy a calificar a los candidatos.
¿En el 2000, tras la alternancia, usted llegó a pensar que fuera posible que el PRI regresara?
Yo nunca vi a un PRI desaparecido, pudo haber perdido la Presidencia, pero mantuvo la mayoría de los gobiernos estatales, sigue teniendo una gran fuerza nacional. ¿Qué va a pasar en 2012? se lo digo después del primer domingo de julio.
Pero la recuperación en 2009 fue muy contundente.
Así son los procesos democráticos y así son los resultados electorales, acabamos de ver en Estados Unidos que después de un triunfo demócrata vino un gran triunfo republicano. Así son las democracias.
¿Qué opina del regreso a la esfera pública de Carlos Salinas de Gortari?
Yo nunca lo he visto alejado de la actividad política. Siempre lo he visto en los medios, siempre he visto publicaciones sobre él, más allá de que siempre ha estado en el campo contrario a los intereses fundamentales del país.
Novedad Editorial
Título: Sobre mis pasos.
Editorial: Aguilar.
Fecha: México, 2010.
Autor: Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
"Hemos visto que el PRD, por sus propios problemas internos, ha ido disminuyendo su presencia por lo menos desde el punto de vista electoral".
La cultura política
(23 enero 2011).- Téngalo presente
Día mundial de la protección de datos. Foro organizado por el IFAI y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Jacqueline Peschard, Xavier Soberón, José Ramón Cossío, ente otros. Viernes 28, 9:00 a 14:00 horas. Sede del Inmegen, Periférico Sur 4809, PB. Delegación Tlalpan. Informes: 5350 1900.
Conferencias
La economía política de un Estado rentista petrolero: México (1918-2010). Invitan El Colegio de México, la UNAM y el Instituto Mora. Ponente: Gabriel Farfán. Comentan Adrián Lajous, Rogelio Gasca Neri y Romeo Flores. Lunes 24, 17:00 hrs. Salón 2247, Colmex, Camino al Ajusto 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000.
La construcción social-cultural de la violencia y su impacto en el territorio: el caso de Ciudad del Carmen, Campeche. Imparte Moisés Frutos. Martes 25, 19:00 hrs. Casa del Tiempo, UAM. Pedro Antonio de los Santos 84, San Miguel Chapultepec. Informes: 5516 6733, ext. 117 y 118.
Los megaproyectos que promueven la urbanización de la Ciudad de México. Ponente: Luis Zambrano, del Instituto de Biología de la UNAM. Miércoles 26, 12:00 horas. Sala Ángel Bassols, IIEc-UNAM, CU. Informes: 5623 0093 y 5623 0099.
Presunción de inocencia y proceso penal acusatorio. Impartida por Ramiro García Falconi, del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal e Investigaciones Criminológicas. Miércoles 26, 17:00 hrs. Sala de Seminarios, Inacipe, Magisterio Nacional 113, Tlalpan. Informes: 5487 1500 ext. 1567.
Convocatorias
Maestría y doctorado en antropología. Facultad de Filosofía y Letras e Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Límite de recepción de documentos: 14 de febrero. Informes: 5622 9652 y http://bit.ly/ih7eUZ Diplomado en instituciones de derecho comunitario europeo. Invita la FES Acatlán de la UNAM. Con el reconocimiento del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Inicio: 18 de febrero. Informes: 5623 1560, 5623 1656, peceacatlan.com
Internet
Fondo digital histórico. El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM pone a disposición del público algunas de las obras de su fondo reservado en formato PDF. En línea: http://bit.ly/gxYXGN Libros En busca de la política de Zygmunt Bauman. FCE. El investigador polaco analiza el mundo globalizado, su incertidumbre y la dificultad para socializar a pesar de la tecnología, y diserta sobre las consecuencias de estos fenómenos en la política.
Fuego cruzado de Marcela Turati. Grijalbo. Colección de crónicas y reportajes con los que la autora busca dar rostro a las víctimas de la guerra anticrimen. Prólogo de Roberto Zamarripa.
Los orígenes del zapatismo de Felipe Arturo Ávila Espinosa. Colmex. Análisis de la forma de gobierno que instauró Emiliano Zapata en Morelos. El autor sostiene que la reforma agraria aplicada por el zapatismo ha sido el único de los movimientos populares que eliminó totalmente, aunque temporalmente, a la oligarquía terrateniente de la región, y explica cómo funcionó el Cuartel General Zapatista, institución que encarnó su gobierno.
Otra revolución: fotografías de la Ciudad de México, 1910-1918 de Laura González Flores. UNAM. Recopilación de fotografías anónimas que documentan la vida en la ciudad durante la Revolución.
Qué esperar de la democracia. Límites y posibilidades del autogobierno de Adam Przeworski. Siglo XXI. Análisis de las fuentes de la insatisfacción con las democracias en el mundo.
Presentaciones
Los hijos de la malinche. Presentan el proyecto Miguel Ángel Granados Chapa y Roger Bartra. Lunes 24, 18:00 horas. IIS-UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n, CU. Informes: 5622 7390 y http://bit.ly/UkW9j Seminarios Racionalidad ambiental y diálogo de saberes. Dentro del ciclo "La ecología política a debate. Conversaciones con Enrique Leff". Debaten Sergio Pérez, Francisco Gil Villegas, Antonio Azuela y Enrique Leff. Invita el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, dentro del Seminario de Interdisciplinario sobre Estudios Ambientales y del Desarrollo Sustentable. Lunes 24, 16:00 hrs. Colmex, Camino al Ajusto 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000 y www.colmex.mx.
Desafíos de la política mexicana: visiones desde el Barómetro de las Américas. Participan David Crow, John Bailey, Ulises Beltrán, Elizabeth J. Zechmeister, Carlos López y María Fernanda Somuano, entre otros. Invitan el CIDE, LAPOP y Data OPM. Viernes 28, 9:00 hrs. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2137, http://bit.ly/ikim4s Transmisión en línea: http://bit.ly/hTTuPX
Televisión
México en la historia. Conducen Patricia Galeana y Rubén Ruiz. "La Revolución de Ayutla", lunes 24, 21:30 hrs, y "Las leyes reformistas", jueves 27, 22:30 hrs. Canal del Congreso, 638 de Sky, 110 de Cablevisión y 735 de Dish.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245 correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1786
Todos Somos Juárez: de las protestas a las promesas
Patricia Dávila
A 11 meses del arranque del programa Todos Somos Juárez, activistas sociales de esa ciudad insisten en que las acciones emprendidas por el gobierno federal siguen siendo desatinadas e ineficaces. Algunos de ellos comentan a Proceso que el problema es de estrategia, y aun cuando no dejan de reconocer algunos logros, documentan las pifias de las acciones emprendidas supuestamente para ayudar a los jóvenes y combatir la violencia en la ciudad fronteriza.
Las declaraciones del presidente Felipe Calderón desde la capital de Japón sobre el asesinato de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar el 30 de enero de 2010 –a quienes llamó pandilleros– sólo activaron la indignación, hasta ese momento contenida, de los juarenses.
Ya pasó un año de que un comando de sicarios del cártel de Juárez asesinó a esos adolescentes durante un convivio, pero la violencia no cede, sino que exhibe más las fallas de estrategia de las autoridades. Ante los embates de las organizaciones delincuenciales la población no ha dejado de elevar su clamor en busca de justicia.
En marzo de 2008, cuando se puso en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua, con el despliegue de 5 mil 500 soldados que inundaron las calles de Juárez, las protestas fueron inmediatas. Los ciudadanos rechazaron la intromisión del Ejército y comenzaron a documentar las violaciones de las tropas a los derechos humanos de los habitantes; algunos grupos organizados denunciaron incluso ejecuciones de civiles.
Imparable, la violencia dio origen a delitos colaterales, como el secuestro, la extorsión, el cobro de piso por parte de las organizaciones criminales, el robo de autos y los asaltos.
Por eso las declaraciones de Calderón hechas en Tokio dos días después de la matanza de los jóvenes en Villas de Salvárcar, según las cuales se trató “de un ajuste de cuentas entre pandillas”, enardecieron a los juarenses, quienes le exigieron dar la cara. Y tuvo que hacerlo.
El 11 de febrero siguiente, Calderón llegó a Juárez, la urbe más violenta del país, y anunció su plan Todos Somos Juárez. Reconstruyamos la Ciudad, que se inició seis días después “como respuesta al círculo vicioso de violencia” que se vive en esa zona fronteriza.
Con una inversión de 3 mil 386.5 millones de pesos, el proyecto comprende seis áreas básicas: seguridad, educación, salud, desarrollo social, economía y empleo. Las primeras cuatro absorberán, se dijo, 99% de los recursos.
Acciones sin estrategia
A 11 meses del arranque del “programa integral”, la doctora Leticia Chavarría, de la Mesa de Seguridad formada por ciudadanos comprometidos con el buen desarrollo de su entorno social, sostiene que el fracaso de Todos Somos Juárez es patente. Y enumera las pifias.
El Centro de Emergencia y Reacción Inmediata (CERI), dice, no logró disminuir sus tiempos de respuesta ante las contingencias. Hoy, según la representante de los médicos locales, existen muchas quejas acerca del tiempo que tardan en llegar los socorristas cuando alguien los requiere; algunas veces ni siquiera atienden el reporte.
Entre los delitos que han tenido mayor impacto durante los meses recientes Chavarría menciona el secuestro y la extorsión –de los que, precisa, “no existen cifras confiables”– además del robo de autos. Por lo que atañe al programa de fronterización, cuyo propósito es dar facilidades a ciudadanos para regularizar sus vehículos, comenta, es inoperante por sus elevados costos.
A ello se debe que aún circulan alrededor de 80 mil unidades sin placas, lo que da pie a que se cometan delitos con ese tipo de autos, incluso en los dos “corredores seguros”, que sólo funcionaron de manera temporal y donde los actos delictivos van al alza pese al operativo de blindaje en la zona turística del Programa Nacional Fronterizo.
Por lo que respecta a la profesionalización de la Policía Municipal, la activista reconoce que no se ha abierto una campaña de reclutamiento ni se han diseñado cursos de capacitación para los agentes y tampoco se ha depurado la corporación. Cada que los juarenses cuestionan a las autoridades, les responden que carecen de recursos para instrumentar ese proyecto.
Otro punto débil del programa Todos Somos Juárez es el de la violación constante a los derechos humanos. En el Centro de Confianza Ciudadana (CCC) se reciben innumerables denuncias contra agentes federales. Uno de los casos más críticos es el del estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) José Darío Álvarez Orrantia, quien el 29 de octubre de 2010 fue agredido dentro del campus por dos policías armados.
Los pendientes
Hugo Almada, integrante también de la Mesa de Seguridad, dice que pese a que observa “algunas cosas significativas” en el programa integral del gobierno federal, “es evidente que hay problemas en los que no se ha logrado nada.
“Se trata de una guerra innecesaria dirigida contra los pobres”, dice. Y lamenta que no se enfrenten delitos como el lavado de dinero ni la corrupción política y a los funcionarios implicados; tampoco interesa a las autoridades atacar la estructura financiera de los cárteles. Las acciones sólo se enfocan a la parte operativa, a los consumidores y vendedores, pobres en su mayoría, o a los sicarios.
Desde el punto de vista táctico la estrategia ha sido mal planteada. Carece de labor de inteligencia. Eso provoca que los operativos no sean ágiles ni contundentes.
–¿Cómo han actuado las autoridades? –se le pregunta a Almada.
–Las fuerzas federales o la tropa se desplazan a los lugares de conflicto sin hacer ninguna investigación previa; el problema es de estrategia. Quiero ser enfático: no estamos de acuerdo (como lo planteamos en febrero de 2010, cuando pedimos fortalecer el área de inteligencia) con la poca respuesta del gobierno federal (para enfrentar la violencia criminal).
Almada, quien participa también en la Mesa de Salud y de Desarrollo Social expone sus desacuerdos en esos rubros. Con respecto a la primera, admite que hay avances en la construcción del hospital psiquiátrico y en el equipamiento del hospital infantil y en la edificación de otro nosocomio con 120 camas, pero la afiliación de gente de escasos recursos al Seguro Popular tiene sus claroscuros.
Dice que aun cuando miles de personas de mayor pobreza fueron incorporadas a ese programa sanitario, instituciones como el IMSS y el ISSSTE resultaron “castigados”, pues ahora tienen que atender a más pacientes y algunas veces se saturan. Almada señala el error: primero debió ampliarse la infraestructura y luego realizar la afiliación. Así de fácil.
En lo relativo a las adicciones, el entrevistado señala que se están construyendo centros como Nueva Vida para atender a la población afectada, además de una red de organizaciones abocadas a ese problema. La UACJ y la Secretaría de Salud, por su parte, están a punto de culminar una investigación en torno a las adicciones en la ciudad.
–Si no ha dado resultado el combate al narcotráfico, ¿funcionará el programa contra las adicciones?
–Sí. Pero aquí hay dos problemas. Uno: mientras no mejore la seguridad de manera sustancial será difícil recomponer el tejido social… No obstante, nosotros también pensamos que independientemente de ello tenemos que entrarle a los programas sociales, sobre todo a los emergentes. Es claro que aunque no mejore la situación de seguridad, la falta de programas sociales empeora las cosas.
“En la Mesa de Salud Mental el problema es que prácticamente no hay presupuesto. La salud mental no existía en las predicciones presupuestales del gobierno federal, a pesar de que el daño psicoemocional de la población juarense es similar al de un desastre humanitario.
“A pesar de esa situación, no hay esa predicción presupuestal prevista en la normatividad del gobierno; tampoco se implementó un programa emergente con la mano de obra necesaria, a pesar de que se lo demandamos a Calderón desde su primera visita.”
En la Mesa de Desarrollo Social las cosas son aún peores, considera Almada. Dice que la gente que envió la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ni siquiera se interesó por conocer la situación que viven los juarenses. Optaron por incorporar a más gente al padrón del programa Oportunidades en sólo tres colonias: Oasis Revolución, Plutarco Elías Calles y Luis Olague, de las 900 que hay en la ciudad.
“Esto hace que los problemas más significativos no se hayan atendido, a pesar de que la problemática es acuciante a causa del abandono”, expone el entrevistado.
“Hay un rezago histórico en todos los temas: educación, salud, atención a la niñez, a la juventud, a las personas con discapacidad y a quienes tienen problemas psicoemocionales o de adicciones”, dice Almada.
E insiste: “Lo que se requiere es sanar el tejido comunitario y atacar la pobreza que afecta a la mitad de la población (1.3 millones de habitantes)”. Y pone como ejemplo las guarderías. “Tenemos cupo sólo para 8 mil niños, pero la demanda es de 120 mil lugares”.
A lo anterior deben sumarse los problemas sociales emergentes derivados de la guerra emprendida por el gobierno federal contra el narco: atención a víctimas de la violencia así como a los adolescentes en situación crítica. Y aunque comenta que algunas cosas se están haciendo desde la Mesa de Educación, la Sedesol no trabaja con las redes comunitarias y sociales por lo que se desconoce cuáles son las poblaciones más afectadas.
–¿Es incongruente que no se atiendan estos problemas cuando Todos Somos Juárez se inicia a raíz de la masacre de 15 jóvenes a cuyas familias lastimó el presidente Calderón al llamarlos “pandilleros”?
–Fue el detonante. Pero también viene como respuesta a una realidad de gran dolor que ya vivía la ciudadanía, al clamor de las organizaciones sociales y civiles que demandaban la intervención gubernamental.
Hay avances, pero limitados
La activista Teresa Almada, integrante de la Mesa de Educación, en la que se incluyen 72 de los 140 compromisos de la estrategia Todos Somos Juárez, habla de los aciertos, sobre todo, dice, por la ampliación de la jornada escolar en 60 primarias públicas en las colonias críticas, aunque aclara que en las secundarias aún hay dificultades.
Otra acción significativa es el crecimiento de la matrícula en educación media superior y la construcción de cuatro escuelas de bachillerato en las zonas más pobres de la ciudad. “Es la primera vez que va a haber escuelas en esta zona. Es el pago a una deuda histórica, porque la escuela estaba dirigida a la clase media”, expone.
En cuanto a las becas a estudiantes de nivel medio superior y superior, la ayuda es notable. En el primer caso, relata, fueron 5 mil 100. Además se abrieron 4 mil espacios en la UACJ, en la Universidad Tecnológica y en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. “Son acciones importantes, aunque por el rezago educativo obviamente no van a revertir el grado de violencia”, advierte.
En el ámbito cultural las autoridades remodelaron los museos de la ex Aduana y de la Revolución Mexicana, y pusieron en marcha varios proyectos comunitarios y otros orientados a la promoción de artistas, todo ello pese a que faltó una estrategia para convertir la cultura en un recurso frente a la violencia avasallante.
Teresa Almada pone énfasis en el punto 84 –las acciones de la sociedad civil– que, dice, se abordó de manera velada. Aun cuando la encomienda era atender a 2 mil 500 niños y jóvenes en riesgo o en situación de calle para reintegrarlos a la educación básica, ella reconoce que el problema es mucho mayor.
“Creo que hay un fondo de 2.5 millones de pesos para un tema que requiere una estrategia mucho más acabada y más recursos. El problema es que hay miles de adolescentes fuera del sistema educativo y que las estructuras de la SEP son más para los jóvenes integrados que para los excluidos.
“Todos los adolescentes que participan en pandillas o que están en riesgo de vincularse al narcotráfico o a la delincuencia requieren otro tipo de estrategia de intervención, no porque se pongan ahora escuelas van a venir a las aulas. Este punto es central porque 30% de los adolescentes de
–¿Cuáles son las características de estos jóvenes?
–No me gusta el concepto de los “ninis” (los que ni estudian ni trabajan). Creo que encubre situaciones muy diferentes, cada una de las cuales requiere un tipo específico de tratamiento. En ese concepto se engloba lo mismo a un joven que no pudo entrar a la universidad y está esperando otra oportunidad, que a un adolescente de barrio que a los 15 o 18 años no sabe leer ni escribir.
“Por eso el concepto no me parece adecuado. Yo distinguiría varios tipos: uno, ligado a adolescentes y jóvenes vinculados con procesos de socialización violenta que, paradójicamente, desde mi punto de vista, no es tan difícil integrar y menos en este contexto.
“Los consejeros insistimos en colocar este sector como prioridad para 2011. El reto es saber cómo diseñar alternativas para estas poblaciones que no están necesariamente vinculadas al narcotráfico, pero potencialmente pueden estarlo. Sabemos que las bandas suelen contratarlos para un trabajo determinado, incluso riesgoso, pero el día de mañana ya no les sirven, algunos incluso son asesinados. Hay sicarios que sólo viven un día.”
–Resulta paradójico que temas enfocados a rescatar a los adolescentes y jóvenes sean ajenos al programa Todos Somos Juárez, cuando éste se diseñó después de la matanza de 15 estudiantes en Villas de Salvárcar el año pasado...
–Y cuando lo jóvenes son utilizados por la delincuencia organizada. Es lo que te decía. Esto implica mucho más. Este programa fue hecho al vapor. L
“Trabajo para no sufrir tanto su muerte...”
Patricia Dávila
Cuando vivían mis hijos, trabajaba para darles algo mejor. Desde que me los mataron trabajo para no pensar, para no sufrir tanto su muerte”.
Habla la señora Luz María Dávila, madre de los estudiantes Marcos y José Luis, dos de los 15 jóvenes asesinados por sicarios el 30 de enero de 2010 mientras festejaban el cumpleaños de Jesús, un amigo y vecino, en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez.
Ella fue quien enfrentó a Felipe Calderón el 11 de febrero de ese año. En un acto público lo reprendió por haber llamado a sus dos únicos hijos “pandilleros” mientras él se encontraba de gira en Japón.
Dos días después del asesinato, Calderón fue entrevistado acerca de la matanza de los estudiantes y dijo: “Se trata de un ajuste de cuentas entre pandillas”.
En su visita a Ciudad Juárez, el jueves 11 de febrero, la señora Dávila entró a una reunión a la que no estaba invitada:
“¡Disculpe señor presidente… Yo no le puedo dar la bienvenida porque no lo es. Aquí se han cometido asesinatos, quiero que se haga justicia, quiero que me regrese a mis niños. No puedo darle la mano porque no es bienvenido. Quiero que se retracte de lo que dijo cuando acusó a mis hijos de ser pandilleros, quiero que pida perdón!”, le dijo.
–¿Qué pasó luego de la muerte de sus hijos?
La entrevista es telefónica. Del otro lado de la línea se escucha un profundo suspiro.
–Ha sido muy difícil. ¿Qué ha pasado? Pues nada, más que seguir adelante. Trabajar para que se haga un poquito menos pesado esto. Trabajo en una empresa maquiladora de bocinas para coches –su voz se oye firme.
–En la reunión en la que enfrentó al presidente Calderón, se le acercó la señora Margarita Zavala. ¿Qué fue lo que le ofreció?
–Es lo que me han dicho algunas personas, que ella estuvo ahí. Que ella se arrimó conmigo y me agarraba la mano, que me consolaba y me ofrecía ayuda. Yo la comprendo, porque como madre creo que nos comprende a todas las que perdimos nuestros hijos. No tengo nada que decir contra ella.
Sin embargo, la señora Dávila nunca tuvo noticias de la esposa del Presidente: “No he tenido oportunidad de hablar con ella. Sé que a otras mamás las reubicaron de casa o las apoyaron para rehabilitar en las que vivían; les dieron becas para que los hijos que les quedan estudien desde la primaria hasta la universidad. A otras las ayudan con despensas”.
A ella le ofrecieron pasaporte y visa para que se fuera a vivir a El Paso, Texas: “En ese momento yo no quise aceptar nada, porque para mí la vida de mis dos hijos no vale eso. Así me vengan a levantar dos recámaras, una barda, lo que sea… ¡No. Para mí eso no vale nada!”. Se debilita. Se escucha el llanto.
–En una visita que le hice estaban colocando en su casa un botón de pánico. ¿Sí funciona?
–Hasta ahora no lo hemos necesitado. Nunca he tenido que usarlo. También nos ofrecieron seguridad, tres o cuatro patrullas vigilaban día y noche, pero desde que hubo cambio de gobierno dejaron de venir. Yo no tengo miedo. ¿Miedo a qué? Cuando vamos a la tienda mi esposo y yo a veces vemos gente desconocida, pero nosotros no tenemos nada que perder. Ya perdimos lo que más queríamos.
–A unos días de la masacre la Procuraduría del estado presentó a cinco personas como responsables de los asesinatos. Su hermana Patricia aseguraba que se trataba de chivos expiatorios. ¿Siguen pensando igual?
–Uno no puede estar seguro de que sean los asesinos. Porque es verdad que muchas veces agarran inocentes. No puedo afirmar que no sean ellos porque no miré a los atacantes, pero no voy a defender a nadie. Lo que quiero es que el fiscal del estado (Carlos Manuel Salas) y el gobernador César Duarte nos comprueben que los detenidos son los culpables, que nos digan cómo van las investigaciones... pero nunca se han acercado a nosotros. Ya hablamos y después del aniversario de la muerte de los muchachos iremos a pedir que nos den información de la investigación.
Para el 30 de enero, Luz María Dávila y otras familias afectadas programaron una misa que será celebrada por el obispo de Ciudad Juárez, Renato Ascencio León. Será entre 11 y 12 de la mañana en el campo deportivo que se construyó en honor a los 15 jóvenes fallecidos. Colocarán placas, soltarán globos y palomas. También habrá música.
Después ella irá al panteón, como cada mes, a llevarle flores a sus hijos. A platicar con ellos. Confiesa que invariablemente la plática termina con una pregunta al aire: “¿Por qué se fueron?”
“Estos días han sido difíciles porque el próximo 29 de abril, José Luis, el más chico, cumpliría 18 años. Él estaba emocionado porque faltaba poco para que alcanzara la mayoría de edad, porque iba a sacar su credencial para votar. Seguido me preguntaba qué le iba a regalar. Yo le decía que era una sorpresa, pero ya estaba ahorrando para comprarle un celular que quería. No me importaba lo que costara porque era buen muchacho, se lo merecía. A Marcos, cuando cumplió los 18 le regalamos el aparato que él quiso.
“Mis hijos estaban contentos, estaban ilusionados por terminar sus estudios. Hablaban de que querían tener su casa bonita y de que yo dejara de trabajar. José Luis estudiaba en el Cobach 9; Marcos, relaciones internacionales en la universidad. Querían viajar, tener su propia casa, salir adelante. Nunca fueron conformistas. Querían superarse”, recuerda entre sollozos.
“Nunca fueron atenidos. Eran independientes: se lavaban, se guisaban, se planchaban. No esperaban que yo les hiciera las cosas. Cada uno tenía su plancha, sus hilos de coser también. Todo eso lo conservo, está ahí, en su cuarto. Sólo me deshice de la ropa, se me hacía triste verla ahí, deteriorada con el tiempo y se la di a unos sobrinos que viven en México, lejos de mí para no verla.”
La señora Dávila también rechazó la atención psicológica que le ofreció la Procuraduría General de la República (PGR): “Prefería acudir a Casa Amiga, pero sólo fui a dos sesiones. No me sentí bien. Era demasiado el dolor”.
–¿Aún le duele que el presidente Calderón haya tachado a sus hijos de pandilleros?
Duda: “Qué le diré… Fíjese que no, porque me quedó la satisfacción de decirle al presidente que mis hijos no eran pandilleros. Él tuvo que aceptarlo”.
Hace unos días las familias afectadas recibieron la visita de funcionarios del gobierno estatal: “Nos dijeron que el Presidente vendrá a vernos después del aniversario porque no quiere que su visita se empalme con la misa. Y me dijeron que la señora Margarita quiere reunirse con nosotros el día 24; me preguntaron si estaba dispuesta a reunirme con ella. Les dije que sí. También querían saber si yo pensaba ‘agredirla’, como al Presidente. Les dije que no”.
–¿Qué le pedirá a Margarita Zavala?
Vuelven a escucharse profundos suspiros en el auricular. El llanto no la deja hablar. Por fin, con voz entrecortada contesta: “Lo que… Lo que le quisiera pedir nunca me lo va a dar. ¡Nunca me va a dar lo que yo quiero. Nunca!”.
No ha pensado en morir. Dice que seguirá compartiendo su soledad con la de su esposo. l
El plan, un regalo para los empresarios
Marcela Turati
El gobierno federal convirtió a Ciudad Juárez en laboratorio social, pero el experimento le estalló en las manos. Integrantes de la Mesa Social durante los diálogos del año pasado, donde se definieron las responsabilidades de cada dependencia federal, señalan que, por enredos políticos y desconocimiento de la problemática local, cuantiosos recursos federales fueron a parar a manos de empresarios sin cumplir sus objetivos sociales.
El comportamiento de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el programa Todos Somos Juárez, creado hace un año por el Poder Ejecutivo como estrategia de intervención de emergencia en Ciudad Juárez para paliar los daños provocados por la violencia, decepcionó a las organizaciones de la sociedad civil pero satisfizo los intereses de los empresarios.
A decir de los representantes de las mencionadas organizaciones, más que una secretaría con fines sociales la dependencia actuó como una adjudicadora de obras de pavimentación, remodelación de casas y de centros comunitarios, así como de construcción de parques, drenaje y alcantarillado.
“En Juárez urgen medidas de atención y mitigación a las familias que se quedaron sin el familiar que era el sostén, el que ganaba para todos la comida, para las viudas, los huérfanos, los discapacitados por heridas de bala. ¿Por qué, si Sedesol trae el programa Oportunidades, no los hace beneficiarios? ¿Por qué, si hay hambre, no traen comedores populares? ¿Por qué mejoran parques en una ciudad que parece que se va a quedar sin gente? Trajeron los programas de siempre. Si tenemos programas para atender catástrofes naturales ¿por qué no elaboran uno para las víctimas de las catástrofes humanas?”, señaló la economista experta en políticas sociales Clara Jusidman.
“Hubo demasiado cemento, poco contenido social”, definió Laurencio Barraza, de la Organización Popular Independiente (OPI), con décadas de trabajo de base en las zonas de grandes carencias.
Sedesol manejó 700 millones de pesos para el plan. Los contratos de las obras asignadas por la dependencia son secretos y están clasificados como “asuntos de seguridad nacional”.
A varias solicitudes de información realizadas por medio de la ley federal de transparencia, la secretaría respondió: “Las contrataciones que hoy nos ocupan, se trata de adjudicaciones realizadas al amparo de los acuerdos tomados en la Segunda Sesión del Consejo de Seguridad Nacional 2010, acuerdos dentro de los que se establece que existen causas de Seguridad Nacional para la atención de la problemática en Juárez”.
La delegación de la dependencia en Chihuahua también se negó a entregar físicamente los documentos a esta reportera, argumentando que estaba en riesgo la seguridad de los empresarios. El Comité de Información de la Sedesol dice:
“Se hace del conocimiento de este H. Comité que algunos de los contratistas con los que se está trabajando han sido víctimas de amenazas, extorsiones, poniendo en riesgo la integridad de ellos, sus trabajadores y su propia familia (…) Existen antecedentes en la Delegación Federal de la Sedesol en el estado de Chihuahua, de amenazas de personas con armas de alto calibre solicitando información respecto a los encargados o dueños de las constructoras que realizan trabajos con recursos de los programas sociales como Hábitat y Rescate de Espacios Públicos.”
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en dicha ciudad, Víctor Manuel Ortega Fernández, dice en entrevista telefónica que el sector está agradecido con la dependencia:
“La secretaría que más ayudó en cuestiones de construcción fue la Sedesol, por instrucciones del secretario. Se han hecho bastantes ampliaciones en la vivienda, algunos parques y se mejoraron o ampliaron centros comunitarios en áreas de mayores necesidades. He visto un apoyo muy importante por parte del gobierno federal, básicamente a través de la Sedesol.”
Dos casos fueron problemáticos: el primero, la adjudicación que hizo Sedesol de la remodelación y pavimentación de la colonia Felipe Ángeles a VQ Constructores y Mantenimiento, una empresa de la ciudad de Chihuahua, y no de Juárez, aunque la promesa presidencial era para reactivar la economía de los juarenses. El segundo caso fue la adjudicación que hizo la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física (Conade) a la paraestatal Constructora Fonatur, de la remodelación del gimnasio municipal Josué Neri Santos, que al ser descubierta fue obligada a subcontratar a empresas locales.
Consultados al respecto, funcionarios del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) señalaron que los concursos por obras fueron equitativos e incluyentes. Sin embargo, a decir de Sergio Meza, coordinador de la asociación Plan Estratégico de Juárez, siempre pendiente de monitorear la actuación de los políticos locales, al proceso le faltó transparencia y se establecieron mal las prioridades.
“El punto triste del programa es que, ante una problemática tan compleja –explica–, el enfoque fue hacia obra pública en vez de una intervención más articulada. Las obras son importantes, pero revisándolas vemos que hay otras necesidades primero, como que la gente está pasando hambre y no encuentra empleo; eso no se resuelve poniendo parques o ampliando hospitales.
“Con esa inyección de dinero en obra pública y con la que continuará llegando hay muchos intereses metidos. Una de las grandes dificultades es cómo hacer más transparentes estos procesos, para que todo mundo pueda entrar y todos podamos enterarnos de cómo son asignados (los contratos). Algunos fueron asignados directamente a constructoras que no son de aquí o a las constructoras que tradicionalmente se llevan todas las obras, vinculadas al gobierno priista.”
La intervención de la Sedesol tampoco dejó conformes a integrantes de la Mesa de Infancia y del Programa Infancia en Movimiento. La socióloga Lourdes Almada considera que, si bien se planteó la construcción de parques, no se hizo el trabajo de reactivar la convivencia entre vecinos. “Hay parques recién inaugurados donde ya han habido muertos porque no consideraron el tema de la recomposición del tejido social ni el desarrollo comunitario. Como si por el hecho de llegar y construir un parque eso generara la convivencia y la paz”, ejemplifica.
Al respecto, el presidente local de la CMIC defiende a la dependencia: “La Sedesol ha hecho algo que nunca se había hecho, e invertido en ese tipo de programas, algo que nunca se había dado. Se anunció primero que había recursos importantes, pero después se empezaron a presentar en otros puntos del país, como Monterrey, los mismos problemas, y el dinero se tuvo que repartir”.
Proceso tiene conocimiento de al menos tres estudios profesionales para Todos Somos Juárez que la Sedesol contrató con distintas empresas. Uno fue con Arquitectura 911, representada por José Castillo Olea, para realizar el “Plan maestro integral para la intervención piloto en el nor-poniente de Ciudad Juárez”. A la empresa Tallertoa, representada por Lara Becerra Romo, se le encargaron los “Criterios urbanos para la reutilización del exhipódromo de Ciudad Juárez”. Y al Grupo Salazar Snack, S.C., representado por la exsubsecretaria adjunta para apoyo antinarcóticos de la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos y analista Ana María Salazar Snack, para la elaboración del estudio Protocolos de seguridad en la implementación de proyectos sociales.
Patadas bajo la mesa
Desde que el enojo popular se desató por la matanza del 30 de enero de 2010 en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, donde murieron 15 estudiantes, desde la Presidencia de la República se diseñó una estrategia de 160 acciones de distintas secretarías, en la que se mezclan programas ya existentes. En el caso de la Sedesol, afilió a más gente a Oportunidades y abrió más estancias infantiles, además de realizar obras de infraestructura y rescatar espacios públicos.
Originalmente, la apuesta era más ambiciosa. En noviembre de 2009, el entonces presidente municipal José Reyes Ferriz compartió con esta reportera el documento Proyecto de intervención Juárez, que llevaba el logotipo de la Secretaría de Gobernación y la rúbrica de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Según las copias que tiene Proceso, el objetivo de ese proyecto es “disminuir las dinámicas sociales que generan contextos de violencia y aminorar el nivel de riesgo de que ocurran, a través de intervenciones integrales y coordinadas de carácter preventivo, que permitan mejorar el bienestar, promover una cultura de paz y fortalecer la cohesión social”.
El alcalde comentó, orgulloso, que Juárez seguiría la estrategia de Medellín, ciudad colombiana que él había visitado recientemente y que así redujo la violencia. El estudio, elaborado por los técnicos de la Conavim y del IMIP, contenía vertientes educativas, de empleo, niveles de bienestar, y cruzaba variables, como las colonias donde ocurrían los feminicidios con las que padecían déficit de infraestructura o de preparatorias, o las colonias de peor desempeño escolar o delincuencia juvenil y con carencias de infraestructura educativa, junto a un proyecto de intervención comunitaria.
El proyecto contenía esbozos de obras ambiciosas, como una red de bibliotecas con una central, estancias y guarderías infantiles con desayunos calientes, redes de unidades deportivas, parques y preparatorias, mejoramiento de 13 barrios, conjuntos culturales, deportivos y educativos, la recuperación del centro de la ciudad, mejoramiento de transporte, construcción de faros del saber y casas de justicia comunitaria.
En esa ocasión Reyes Ferriz presumió la fórmula: era “infraestructura con sentido social”. Su aliada en el gabinete de Calderón era Laura Carrera, titular de la Conavim, de la Secretaría de Gobernación.
Este enfoque se aplicaría especialmente en la zona norponiente, donde se concentra una cuarta parte de la población, con las consecuencias de pobreza y rezago de infraestructura básica y equipamiento urbano, además de los feminicidios, el pandillerismo, la violencia.
Sin embargo, la matanza de Salvárcar, la furia ciudadana y las pugnas en el gabinete modificaron el esquema. El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llegó a Juárez la primera semana de febrero a apagar el fuego y tuvo que escuchar durante 10 horas el duro reclamo de los juarenses; principalmente de los defensores de derechos humanos.
Su siguiente visita fue organizada desde la Presidencia y, presuntamente por órdenes de Luis Felipe Bravo Mena, entonces secretario particular de Calderón, los integrantes de la mesa de derechos humanos fueron excluidos de los diálogos. Con esa acción, la Secretaría de Gobernación y sus interlocutores quedaron desactivados. Esto coincidió con el debilitamiento del secretario Gómez Mont por su oposición a las alianzas electorales del PAN con el PRD.
La exclusión de los defensores de los derechos humanos, que cuestionaban la presencia del Ejército y exigían que el gobierno frenara la violencia, provocó que muchas organizaciones le retiraran su confianza a la iniciativa y dejaran de participar en ella.
Cuando la Presidencia tomó la batuta, el plan preexistente fue desechado y cada secretaría de Estado armó su propio esquema o tomó sólo pedazos del proyecto integral. Sedesol delegó la responsabilidad de darle sentido social a la intervención; en unos casos a los colonos, en otras al municipio y a la universidad. Sólo contrató obras y afilió nuevos beneficiarios en sus programas.
En los hechos quedó relegado el planteamiento original: que las obras de infraestructura deben servir para llevar a cabo “procesos de cohesión comunitaria, inclusión social y consolidación socio-cultural” a fin de modificar comportamientos violentos e ilegales, fortalecer el sentido de pertenencia e identidad comunitaria, identificar y fortalecer liderazgos sociales, e impulsar procesos de organización y participación social. La Sedesol se dedicó a armar las licitaciones de las obras que se distribuirían entre la lista de constructores que le entregó la CMIC.
Durante el torneo de preinauguración de un parque en la colonia Plutarco Elías Calles, asolada por cinco pandillas, un joven fue asesinado después de un partido de futbol. Los problemas entre bandas no habían sido limados. Faltó el trabajo de cohesión social. “La mirada y la intervención comunitaria no se dio. Sedesol no rescató finalmente los espacios públicos”, insistió Laurencio Barraza, de la OPI.
Algunos integrantes de la Mesa Social tampoco estuvieron de acuerdo con las asignaciones de programas. Lourdes Almada señala que las estancias infantiles se construyeron en zonas que no eran prioritarias. Llamó la atención de otros integrantes de la mesa –quienes pidieron el anonimato– que las primeras colonias elegidas para su rehabilitación no siempre fueron las más pobres ni las más violentas.
Es el caso del parque de la colonia Oasis-Revolución, incluida gracias al impulso del sacerdote Mario Manrique, simpatizante del actual alcalde, Ernesto Teto Murguía, y conocido por su propuesta de implantar toques de queda, que no figuraba entre las prioridades. La colonia Luis Olague, seleccionada para la intervención, no era de las más problemáticas.
Integrantes de la Mesa Social señalaron que las obras no fueron bien seleccionadas por Eduardo Ortiz, el primer enviado del secretario de Desarrollo Social y a quien calificaron como desconocedor de la situación, que abandonó el plan a medias para irse de candidato a su natal Sinaloa, donde perdió la elección. Sin embargo, Ortiz tuvo tiempo de adjudicar obras a constructoras poderosas, cuya lista es un misterio.
“Ortiz, siempre que venía, se iba a cenar con los empresarios, con ellos pasaba mucho tiempo; también el secretario”, confió una activista que pasó por la Mesa Social, donde se definieron las obras de cada secretaría.
Los ganones de la intervención federal, además de los constructores, fueron los empresarios del ramo hotelero. El Diario de Juárez obtuvo información de que las tres primeras visitas de Calderón a la ciudad –donde estuvo “sólo algunas horas”– costaron al erario federal 2.3 millones de pesos tan sólo en viáticos y traslados del mandatario, así como de su equipo de seguridad y funcionarios de Los Pinos. La cifra no incluye los gastos de los empleados de secretarías que viajaron a la ciudad a supervisar las acciones semanal y mensualmente.
Sin embargo, activistas y empresarios por igual afirman que todo el dinero que se destine a Juárez no compensa la crisis económica y social desatada por la violencia.
Tradeco S.A., reina de las licitaciones
Arturo Rodríguez García
Este sexenio una compañía se ha beneficiado de la mayoría de los contratos federales para la construcción de infraestructura. Tradeco Infraestructura S.A., es propiedad de un exfuncionario de Pemex que desde ahí ya había enriquecido a su empresa en tiempos en los que Felipe Calderón era secretario de Energía y presidía el Consejo de Administración de la paraestatal. Además hay un reducido grupo de funcionarios panistas, una especie de “círculo azul” que rodea al secretario de la Función Pública, que adjudica las obras y luego las audita y que ha permitido que esa constructora continúe ganando la mayoría de las licitaciones multimillonarias del gobierno calderonista.
Colocados en puestos que tienen que ver con la adjudicación de obra pública y con las respectivas auditorías, algunos servidores públicos –responsables de lo que Felipe Calderón llama “el sexenio de la infraestructura”– han permitido que una sola empresa acumule numerosos contratos millonarios para realizar los trabajos emblemáticos de la actual administración.
Estos servidores públicos –todos panistas y que se han mantenido en sus cargos pese a los cambios de titular en Comunicaciones y Transportes– han solapado pagos excesivos a los contratistas y otras irregularidades, y han escapado a los mecanismos de auditoría porque entre los empresarios metidos a servidores públicos hay algunos incrustados en el círculo cercano al secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.
Vega Casillas fue diputado local y federal por Michoacán, pero la administración foxista lo relegó a puestos menores: en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (Apilac), Michoacán, se desempeñó como gerente de comercialización, y luego fue gerente administrativo.
Su superior inmediato, el entonces director general de la Apilac, era Juan Paratore García. En 2007, Vega Casillas pasó de subordinado a jefe cuando Felipe Calderón lo puso al frente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en sustitución de Germán Martínez Cázares.
Ahí Vega Casillas nombró director general adjunto de Auditoría de Obra Pública a su exjefe, Paratore García. El puesto, inexistente hasta entonces, fue confeccionado a modo: se encarga de auditar toda inversión en el rubro, incluidas las obras que Vega y Paratore asignaron en la Apilac.
Entre esos trabajos destaca el puente basculante Albatros, proyectado en el sexenio foxista pero que se convirtió en una de las obras significativas del gobierno actual. Inaugurado el 6 de junio de 2010, fue calificado por Calderón como el más importante de su tipo en Latinoamérica.
El Albatros es un puente basculante –es decir, levadizo– y permite tanto el tránsito terrestre como el marítimo y fluvial. Une el puerto de Lázaro Cárdenas con la autopista Siglo XXI y comunica las islas de Enmedio y Cayacal, separadas por un brazo del río Balsas.
Según la licitación pública nacional 09178002-012-05, el importe del contrato se fijó en 493 millones de pesos. La convocatoria fue emitida el 20 de septiembre de 2005 y fue asignada a Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V., compañía fundada por Federico Martínez Salas y ahora dirigida por su hijo, Federico Alberto Martínez Urmeneta, según consta en las actas constitutivas de sus empresas (la matriz y sus filiales) registradas en el Distrito Federal.
Cuando se asignó a Tradeco la construcción del puente Albatros, Martínez Salas era director corporativo de Planeación y Desarrollo de Proyectos de Pemex; era responsable de todas las obras de la paraestatal.
Conforme al contrato 1-125-2005-G.I., la obra debió erigirse entre el 30 de noviembre de 2005 y el 16 de diciembre de 2006. La Apilac, aún bajo la dirección de Paratore y la administración de Vega Casillas, pagó 80% del monto total del contrato a principios de 2006.
Sin embargo, la obra no estuvo lista en el tiempo establecido. No obstante los recursos adelantados a Tradeco, la construcción se vio afectada por paros de los trabajadores que protestaban por la falta de pago.
El Albatros fue inaugurado por Calderón el 6 de junio de 2010, tres años y siete meses después de lo estipulado. La obra costó, según el mandatario, 700 millones de pesos; es decir que tuvo un sobreprecio de al menos 200 millones de pesos.
De acuerdo con los basamentos legales del caso, el retraso debió acarrear sanciones y auditorías. Pero en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la SFP se establece, mediante la resolución 22009, que la información relativa a la licitación 09178002-012-05 fue declarada reservada o confidencial. Al intentar ver la minuta del Comité de Acceso a la Información que determinó la reserva, aparece la leyenda “la información solicitada no existe”.
En su revisión del ejercicio fiscal 2006 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no tuvo observaciones sobre esa licitación; el retraso se justificó con el argumento de que los montos excedentes se solventarían con recursos de la Apilac; pero ésta, según el organismo fiscalizador, dejó de tener ingresos por el paro en la siderúrgica Lázaro Cárdenas.
En contraste, la ASF documentó que la obra asignada a Tradeco no fue supervisada, revisada ni sujeta a control de calidad. No obstante, al emitir su recomendación pidió que se supervisara a otra empresa con otro contrato para obras en el puente, y omitió cualquier alusión a Tradeco.
El círculo azul
Para incorporarse al servicio público Martínez Salas dejó al frente de su empresa, Tradeco, a su hijo Federico Martínez Urmeneta.
Martínez Salas tuvo diversos cargos en Pemex entre 2001 y 2003: director ejecutivo del Proyecto Cantarell, subdirector de Proyectos de Producción Primaria de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos, así como subdirector de Ingeniería y Desarrollo de Obras Estratégicas en Pemex-Exploración y Producción; este último cargo lo tuvo cuando Calderón era secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de la paraestatal.
Antes de dirigir la Apilac, Juan Paratore había sido director de Obras Públicas del municipio de Veracruz en la administración del panista Julem Rementería del Puerto.
Ahora Rementería es coordinador general de Planeación y Centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT): está a cargo de las delegaciones de la dependencia en los estados. Y colocó a Jesús Suverza –su contralor en la alcaldía veracruzana– como director de Planeación de Centros SCT.
Según el portal de la secretaría, la coordinación a cargo de Rementería es responsable de la “construcción, modernización y conservación de infraestructura carretera, aeroportuaria, portuaria y de comunicaciones” y de la “supervisión de los diversos servicios de Comunicaciones y Transportes”.
Y en la SCT fue Federico Martínez Salas quien diseñó el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, en el que Calderón basa su “sexenio de la infraestructura”.
En síntesis: Martínez Salas (quien ahora encabeza la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción) hizo el programa, Rementería y Suverza lo planean y ejecutan, y Vega Casillas y Paratore lo auditan.
Favoritismo a la vista
Felipe Calderón ha puesto especial interés presupuestal y discursivo en la creación de infraestructura. Al inaugurar el puente Albatros, dijo: “Tan sólo en el potencial portuario del país, este año nada más, van 7 mil millones de pesos más. Obras en Tampico, en Altamira, en Tuxpan, en Veracruz, en Progreso, en Mazatlán, en Manzanillo y, desde luego aquí, en Lázaro Cárdenas”.
Todas las obras mencionadas por Calderón han contado con la participación de Tradeco. Una búsqueda en Compranet revela que entre 2008 y 2010 esa empresa obtuvo cuatro contratos que suman mil 927 millones 422 mil 12 pesos, como resultado de las siguientes licitaciones:
La 09120015-041-08, por 347 millones 460 mil 913 pesos, para obra en la autopista México-Querétaro; la 18572039-002-09, por 705 millones 7 mil 74 pesos, para obras en Tuxpan, Veracruz; la 18575106-005-10, por 834 millones 982 mil 536 pesos, en Cárdenas, Tabasco, para obras especializadas en Pemex; la 18575051-007-09, con importe de 39 millones 971 mil 489 pesos, también para Pemex pero en Poza Rica, Veracruz. En todas estas cifras no se contabilizan los montos por impuestos.
Los registros de Compranet se quedan cortos.
Martínez Salas ocupó diversos cargos relativos al diseño y programación de los planes de obra de Pemex. En ese tiempo Tradeco logró contratos por más de 3 mil millones de pesos.
En el sexenio actual prácticamente no hay obra importante en la que su empresa no participe a través de sus subsidiarias Tradeco Infraestructura, Tradeco Industrial, Orca, Itecsa y Marcadores de Pavimento.
Por ejemplo, Tradeco construyó el Centro de Inteligencia de la Policía Federal, un búnker tecnológico inaugurado por Calderón en 2009 que costó 500 millones de pesos –según publicó el diario Reforma el 24 de noviembre de ese año– y se considera la mayor obra de infraestructura en materia de seguridad durante su gestión.
Otra obra emblemática del gobierno es el puente El Baluarte, en la carretera Durango-Mazatlán, por el que Tradeco consiguió un contrato por mil 280 millones de pesos; para ese trabajo la empresa ya tenía uno previo por 40 millones de pesos para un túnel y más de 2 mil millones de pesos por “estudios y proyectos” de la autopista. Sólo esto le ha significado a Tradeco ganancias por unos 3 mil 300 millones de pesos.
Entre otros contratos esa empresa consiguió uno por 189 millones de pesos en la Administración Portuaria Integral (API) de Puerto Vallarta; otro por 64 millones de pesos para señalizar una carretera en Nayarit; uno más, de 21 millones 500 mil pesos, con la Comisión Federal de Electricidad; otro de 33 millones de pesos para rehabilitar la librería Nueva Época de la SEP.
Apenas el pasado 5 de octubre ganó la licitación 55201001-001-10 para construir un acueducto en Sonora, con un costo de 2 mil 568 millones 366 mil 831 pesos.
Además está el libramiento ferroviario Cuyutlán, que se construye en Manzanillo, Colima; por la obra, visitada por Felipe Calderón el pasado martes 18, Tradeco cobrará mil 500 millones de pesos.
En ese rastreo, que no refleja la totalidad de las obras asignadas –Alberto Barranco publicó en su columna de El Universal el 9 de diciembre de 2009 que Tradeco había conseguido 15 proyectos sólo ese año–, el monto obtenido por la compañía de Martínez Salas en contratos durante la administración de Felipe Calderón supera los 10 mil millones de pesos.
Si el caso del puente Albatros implica directamente a Juan Paratore y Vega Casillas en la planeación y contratación, en 2005, de Tradeco, así como en la posterior auditoría a la obra desde la SFP, hay constancia de al menos 10 denuncias contra esa empresa en órganos internos de control de diferentes dependencias, pero todas han sido desechadas, archivadas y puestas bajo reserva por diferentes motivos.
Según el Oficio CI-SFP-1794/2007, que recoge el expediente CI/668/07 del Comité de Información de la Función Pública, en 2004 Tradeco acumuló tres expedientes con la indicación “Concluido. Archivado por falta de elementos”.
De
Competencia acosada
Pero las auditorías han sido inusualmente activas respecto a licitaciones ganadas por otros contratistas, como Construcciones y Montajes del Sur, de Rafael Acosta Croda.
Con asiento en Coahuila, Construcciones y Montajes del Sur tiene varios contratos en la zona del Golfo de México. Entre otros, realizó trabajos de modernización, construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, señalamiento y obras complementarias en la carretera Manuel Aldama-Soto La Marina-Rayones, y construyó una estación de bombeo de aguas fluviales en Boca del Río, Veracruz.
En la API de Altamira la misma empresa perdió la licitación para la construcción de dos cuerpos del libramiento Altamira, por lo que Acosta Croda se inconformó. Entonces Paratore ordenó una auditoría a la licitación, de acuerdo con el oficio DGAAG-A/316/2008 firmado por Alfredo Rojas Montero, uno de sus subordinados. No encontró nada anormal. Siguió con auditorías a cinco contratos de 2007 y finalmente realizó una auditoría más a toda la obra de 2007 y 2008.
El libramiento Altamira fue inaugurado por Felipe Calderón el pasado 14 de diciembre, cuando habló de la inversión realizada en infraestructura: “He dicho insistentemente, amigas y amigos, que éste iba a ser el sexenio de la infraestructura. Y dos años antes de que termine este gobierno, todavía cuando falta un tercio de este mandato, ya cumplimos esa palabra. Éste ya es, en el cuarto año, el sexenio de la infraestructura en el país”. l
El “retorno” de Téllez...
Jenaro Villamil
Luis Téllez está de regreso en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes… Y su retorno se advierte en el hecho de que varios funcionarios de la Cofetel cercanos al que siempre cae parado –hoy es el presidente de la Bolsa de Valores, después de salir en 2009 de la SCT, inmerso en el escándalo– mantienen sus cargos en la actual administración de Dionisio Pérez Jácome Friscione. Por cierto, este grupo compacto comparte intereses más allá de la gestión pública…
Con el nombramiento de Dionisio Pérez Jácome Friscione como secretario de Comunicaciones y Transportes –el tercer titular del sector en lo que va del sexenio calderonista– retorna la red de funcionarios e intereses vinculados a Luis Téllez, el primero que renunció al cargo, el 3 de marzo de 2009, en medio del escándalo desatado a raíz de las grabaciones telefónicas que revelaban irregularidades y presunto tráfico de intereses en la institución.
Analistas financieros y especialistas del sector han aludido en los últimos días a los vínculos entre Pérez Jácome, sucesor de Juan Molinar Horcasitas, y Téllez, actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores.
Un análisis de BBVA Bancomer, citado el lunes 10 por la agencia Hoy en Telecomunicaciones, advierte que el nuevo secretario es cercano a los miembros de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous. Ambos son del equipo de Téllez y se incorporaron al organismo regulador después de un prolongado litigio a raíz de los nombramientos que hizo el Senado de la República a finales del sexenio pasado.
Del Villar fue subsecretario de Comunicaciones con Luis Téllez, mientras que Martínez Pous ocupó la dirección de Asuntos Jurídicos de la SCT durante el mismo periodo. A Del Villar lo sustituyó Purificación Carpinteyro, quien mantuvo serias diferencias con Téllez por el proyecto de licitación de una nueva cadena de televisión, las tarifas de interconexión y las nuevas licitaciones en telecomunicaciones.
De acuerdo con el análisis de BBVA-Bancomer, la llegada de Pérez Jácome no implicará un “cambio sustancial” en la dirección de políticas regulatorias, y entre las empresas que pueden resultar beneficiadas están Nextel, ganadora de la polémica Licitación 21, y MVS-Dish, ya que el funcionario podría “acelerar el proceso que permita determinar el monto de la contraprestación que debe pagar MVS-Dish para conservar su espectro en la banda de los 2.5 Ghz”.
Aun cuando se muestran menos optimistas sobre el papel de Pérez Jácome, otros especialistas consultados por Proceso reconocen la cercanía entre el nuevo titular de la SCT y Téllez, así como con el exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, cuyo despacho de abogados forma parte de la defensa de la empresa Nextel frente a los numerosos litigios por el caso de la Licitación 21.
Ernesto Piedras, director general de la consultora The Competitive Intelligence Unit, considera incluso que la llegada de Pérez Jácome afecta al sector “porque hay un proceso de aprendizaje, de interlocución y conocimiento desde la autoridad hacia el sector consumidor, el sector industrial, y desde la industria y consumidores hacia las autoridades”.
El Grupo Mercer y Punta Colonet
El vínculo más importante entre Pérez Jácome y Téllez es la consultora estadunidense Mercer Management Consulting, fundada en 1984 y considerada como una de las firmas más influyentes en la asesoría de finanzas y proyectos industriales en el Tercer Mundo.
Ahí trabajaron el exsubsecretario de Transporte y excoordinador de asesores de Téllez Manuel Rodríguez Arregui y el propio Pérez Jácome, quien fue socio director de la misma consultora en 2006.
Rodríguez Arregui fue vicepresidente ejecutivo de dicha empresa en México, antes de integrarse al equipo calderonista, mientras que Pérez Jácome Friscione fue socio director de la misma consultoría en 2006.
La cercanía entre estos tres personajes viene desde finales del sexenio de Carlos Salinas y se afianzó durante la administración de Ernesto Zedillo. Rodríguez Arregui fue director general de Estudios de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el mismo periodo en que Téllez fue subsecretario de esa dependencia.
A su vez, Pérez Jácome fue jefe de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Energía en la etapa en que Téllez fue titular de la institución, en el sexenio zedillista. En 2006, Rodríguez Arregui lo reclutó para que fungiera como socio-director de Mercer Management Consulting. Desde ese año, la consultora compró acciones de Diamond Cluster y ofrece asesoría en materia de comunicaciones.
Mercer Management fue la empresa contratada por el propio Rodríguez Arregui en 2008 para que elaborara el ambicioso estudio de viabilidad y las bases de licitación para el Proyecto Multimodal Punta Colonet en Baja California. El propósito era convertir ese puerto de Ensenada en “uno de los complejos más importantes de América Latina y del mundo”.
Más de una veintena de empresas trasnacionales mostraron su interés en el proyecto, cuya inversión se calculó entre 5 mil y 8 mil millones de dólares. Entre los consorcios inscritos estaban Hutchinson Port, Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), de Carlos Slim, ICA, Ferromex y SSA Marine. En esta última Téllez fungió como asesor antes de su llegada a la SCT.
El proyecto de Punta Colonet incluía la construcción de un puerto marítimo a
La crisis financiera internacional y la falta de viabilidad en esto que se consideraba “el puerto rival del canal de Panamá” y “una de las grandes obras de infraestructura portuaria” de este sexenio orilló a que se suspendiera el ambicioso proyecto a finales de 2008.
Antes de que éste se cancelara, especialistas del sector portuario y columnistas de negocios criticaron a Rodríguez Arregui porque, comentaron, fungía como “juez y parte” en la licitación, ya que encomendó el proyecto a Mercer Management Consulting.
El miércoles 19, dos semanas después de asumir el cargo como titular de la SCT, Pérez Jácome afirmó que el plan Punta Colonet debe revisarse para definir “cuáles son los pasos a seguir” y si aún existen consorcios interesados.
“Tenemos que ver el interés que existe y las alternativas en particular”, dijo, y puntualizó que una vez “digerido todo lo que se recibió de las consultas públicas podremos hablar de qué sigue en Punta Colonet, si sigue habiendo interés de los participantes, en dado caso, cómo y en qué dimensión”.
Rodríguez Arregui, pieza clave
Manuel Rodríguez Arregui ha sido una pieza clave en la red de intereses de Mercer y de Luis Téllez. Entre enero de 2007 y abril de 2008 fungió como subsecretario de Transporte en la SCT; luego se desempeñó como coordinador de asesores del titular de la dependencia, donde permaneció hasta marzo de 2009.
En la serie de siete intercepciones telefónicas de Téllez, cuya copia obtuvo Proceso en esa época, se escucha la conversación entre el titular de SCT y Rodríguez Arregui. Téllez se queja de los comisionados de Cofetel, presidida entonces por Héctor Osuna, a quienes acusa por “falta de institucionalidad”.
–¿Viste que los putos de Cofetel me acusaron ante un juzgado? –afirma Téllez.
–No manches –responde Rodríguez Arregui.
–Me habló Juan Velázquez y me dijo que nunca había visto una cosa así. Ahora sí creo lo que me dices: o se van ellos o me voy yo.
–Está grueso…
Téllez le insiste a Rodríguez Arregui sobre el conflicto con los integrantes de Cofetel y remata:
–Aquí la institucionalidad… me cae que extraño al PRI.
–Sí, sí, están pendejos –responde Rodríguez Arregui.
Tras la salida de Téllez a causa de las llamadas telefónicas y de su disputa con Carpinteyro y con Héctor Osuna, Rodríguez Arregui fue designado oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, donde sustituyó a Abel Cuevas Melo.
La institucionalidad salvó a Rodríguez Arregui y a Téllez. El primero fue rescatado por Fernando Gómez Mont, quien lo nombró oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, cargo que ocupó hasta julio de 2010. El 28 de julio del mismo año, ya con Francisco Blake Mora al frente de Gobernación, sustituyó a Rodríguez Arregui por José Óscar Vega Marín, exregidor de Tijuana y exdirector ejecutivo de la Asociación de Municipios de México.
A su vez, Téllez fue nombrado presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, posición en la que se mantiene al margen de los escándalos que caracterizaron su periodo como titular de la SCT. Actualmente todavía tiene abierto el litigio por presunto espionaje contra la exsubsecretaria de Comunicaciones Purificación Carpinteyro.
De hecho, los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ya determinaron que la letra con que está escrita una carta de amenazas que recibió Téllez no corresponde a la de Carpinteyro. Ante ello, el funcionario tendrá que comparecer este lunes 24 en el Reclusorio Oriente junto con el exabogado de la SCT Gerardo Sánchez Henkel.
Alejandro Chacón, otro eslabón
Hasta ahora, Pérez Jácome ha mantenido a funcionarios que trabajaron con Téllez y se mantuvieron con Juan Molinar Horcasitas, con la excepción de la polémica subsecretaria de Comunicaciones. Por ese cargo han desfilado Rafael del Villar, Purificación Carpinteyro y Gabriela Hernández en los últimos cuatro años. Desde que Hernández renunció, a mediados de 2010, esa oficina se mantiene acéfala.
Pérez Jácome se reunió el martes 18 con Humberto Treviño Landois, subsecretario de Transportes que sustituyó a Rodríguez Arregui en esa posición en abril de 2008; con el coordinador de Puertos y Marina Mercante, Alejandro Chacón Domínguez, quien se inició como coordinador de asesores de Luis Téllez en la SCT; con el director de Aeronáutica Civil, Héctor González Weeks; con el director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Gilberto López Meyer, y con el director de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos (Capufe), Tarcisio Rodríguez.
Al interior de la SCT cobra fuerza la versión de que Alejandro Chacón sustituirá a Humberto Treviño en la Subsecretaría de Transportes.
Chacón es viejo conocido de Pérez Jácome. Ambos son egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); el primero trabajó en el equipo de transición de Felipe Calderón Hinojosa bajo las órdenes de Pérez Jácome en el área de Política Económica; también fue asesor de Luis Téllez cuando éste fue subsecretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Chacón se inició en la presente administración como coordinador de asesores de Téllez, fue jefe de la Unidad de Apoyo al Cambio Estructural de la SCT y actualmente es coordinador de Puertos y Marina Mercante. Antes fue director en México de la agencia Kroll.
Esa empresa, dedicada al espionaje industrial, opera en México desde hace dos décadas en el área de consultoría de riesgos. Se especializa en servicios de investigación e información secreta de negocios. Según su portal electrónico, tiene capacidad para entrar en cualquier computadora y desentrañar cualquier tipo de información. Entre sus principales clientes en México se encuentra Televisa.
¡Que pase la condenada...!
Ángel Páez
En el año 2000, Vladimiro Montesinos –jefe de los servicios de inteligencia de Perú, actualmente encarcelado por espionaje, corrupción y delincuencia organizada– entregó dinero del erario a su amiga Laura Bozzo para que el programa de televisión Laura en América apoyara la reelección del entonces presidente Alberto Fujimori. En julio de 2006, un tribunal demostró dicha manipulación política y condenó a la conductora a cuatro años de “prisión en suspenso” por ser cómplice de peculado y responsable del delito de asociación ilícita. Ahora Televisa la presenta como una más de sus estrellas… y quizá de Calderón.
LIMA.- La candidatura presidencial de Keiko Sofía Fujimori, hija del encarcelado exmandatario peruano Alberto Fujimori, apela a figuras de la televisión y del deporte para presentar una nueva imagen, una que busca borrar los episodios de crimen y corrupción del gobierno de su padre.
La estrategia publicitaria de Keiko Sofía ha recordado a los electores peruanos el papel que desempeñó Laura Bozzo en la reelección de Fujimori en 2000, después de que la prensa descubrió que en la actual lista fujimorista de aspirantes al Congreso aparecen excolaboradores de Vladimiro Montesinos, jefe de los servicios de inteligencia del régimen de Fujimori y amigo íntimo de Bozzo.
Entre los fujimoristas que quieren llegar al Parlamento aparece un viejo amigo de Montesinos y Bozzo: el retirado general de la policía Juan González Sandoval, El Chacal.
Durante la campaña reeleccionista de Fujimori en 2000, Montesinos puso a disposición de la presentadora de televisión a El Chacal para desacreditar en su programa, Laura en América, al principal candidato presidencial de la oposición, Alejandro Toledo. González Sandoval habló con Lucrecia Orozco, madre de una pequeña llamada Zaraí, y la convenció de presentarse en el programa de Bozzo y ahí, públicamente, exigir a Toledo que reconociera la paternidad de la menor y el pago de una pensión.
Esta operación fue financiada por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el aparato de represión criminal que dirigió Montesinos.
El martes 28 de marzo de 2000, Laura Bozzo presentó a Lucrecia Orozco quien, en medio de un desconsolado llanto, acusó a Toledo de no reconocer a Zaraí. La presentadora sepultó con insultos al entonces candidato.
Detrás de lo que se presentaba como un justo reclamo –durante su gobierno Toledo terminaría por admitir la paternidad de la niña– se ocultaba al público peruano una maniobra de Montesinos en coordinación con Laura Bozzo para destruir al candidato opositor, quien era un peligro para la reelección de Fujimori.
Un tribunal judicial peruano exhibió esa manipulación y en julio de 2006 sentenció a Bozzo a cuatro años de “prisión suspendida” (equivalente a libertad condicionada) por ser cómplice de peculado y responsable del delito de asociación ilícita.
Casi cinco años después Televisa presenta en México a Laura Bozzo como una de sus estrellas y anuncia como un bien preciado su programa Laura en América, que se estrenará este lunes 24.
Cartas íntimas
El 22 de septiembre de 2005, durante el juicio que enfrentó Bozzo por su participación en la campaña reeleccionista de Fujimori financiada con fondos del servicio secreto, la Fiscalía Anticorrupción hizo leer como evidencia contra la presentadora algunas cartas manuscritas que ésta envió a Vladimiro Montesinos.
Las misivas revelaban que “la abogada de los pobres”, como suele autotitularse la presentadora peruana, había conspirado con éste la exposición del caso de Zaraí. “Vladimiro, todo salió muy bien, hay que insistir con lo de la hija (en alusión a Zaraí Toledo). Leí la entrevista de la madre (Lucrecia Orozco) en (el periódico) Expreso. Buenísima. ¿Te imaginas tenerla en el programa hablando de los hombres irresponsables que no reconocen a sus hijas? Lo demandaría. En todo caso tú (Montesinos) verás si es conveniente”.
Por este caso la justicia anticorrupción decretó que, mientras se desarrollara el proceso contra Bozzo, ésta debía permanecer detenida en su domicilio. Ella optó por residir en un estudio de televisión. Y así fue durante tres años hasta que un tribunal la encontró culpable de asociación ilícita y complicidad del delito de peculado.
Además, las autoridades probaron que, a pedido de Bozzo, Montesinos pagó con fondos públicos una caución judicial que se le impuso a la presentadora por una demanda que le interpuso el padre de una niña que fue manipulada en un episodio de Laura en América.
El juicio que enfrentó Bozzo reveló que su vinculación con Montesinos no era superficial sino íntima, secreta y cómplice. La peruana estuvo entrañablemente comprometida con el proyecto de la fraudulenta reelección de Fujimori, como lo demostró otra carta que despachó al jefe de los servicios secretos: “Sabes que cuentas conmigo. Ya solo faltan diez días para la victoria”, escribió Bozzo pocos días antes de las elecciones del 9 de abril de 2000.
El gerente general de América Televisión, José Francisco Crousillat, a quien ella llamaba Cuatro Segundos, actuó como intermediario entre Montesinos y Laura Bozzo. Crousillat la llevó al cuartel general del SIN para que se reuniera en privado con Montesinos.
“Cuatro Segundos (Crousillat) me pidió que no me meta (en temas políticos) pero, para mí, apoyarte es lo más importante”, aseguró Bozzo a Montesinos en una de las cartas que usaron las autoridades judiciales como pruebas en su contra.
“Te mando las galletas que te gustan y unos chocolates, espero que cuando te vea no estés flaco. No te quito más tiempo, sé lo ocupado que estás, todo va muy bien, sabes que cuentas conmigo. Cuídate y trata de descansar”, le escribió.
Además, Bozzo informaba a Montesinos –quien purga condena por espionaje telefónico, contrabando de armamento y corrupción, entre otros delitos del crimen organizado– de las actuaciones que cumplía con el propósito de reelegir a Fujimori y prolongar la influencia de la llamada “eminencia gris” del régimen.
“Me entrevistaron en Telemundo y dije que el Perú era un país soberano que no necesita de ningún tipo de injerencia, por lo que es importante el apoyo que te doy”, confió Bozzo a Montesinos.
“Mitomanía”
El procurador del Estado para el caso Fujimori-Montesinos, Héctor Gutiérrez Ballón, dijo al tribunal que las cartas demostraban que Laura Bozzo era parte del crimen organizado que encabezaba Montesinos: “No se trata de una relación sentimental entre Montesinos y Bozzo, sino de un vínculo directo que le permitía a Montesinos manipular los contenidos del programa Laura en América. Se ha acreditado que Montesinos instruía a Bozzo sobre lo que ella tenía que decir en la televisión. Las cartas contribuyen a establecer y comprobar la relación que tuvo con Montesinos”, alegó el procurador Gutiérrez ante los tribunales.
Para subestimar el contenido de las misivas, Bozzo dijo que se trataba de un “chiste de Condorito”, un cómic chileno muy popular en Perú.
Los miembros del tribunal no entendieron el chiste, porque al final condenaron a la presentadora, pese a que negó firmemente haber recibido dinero de Montesinos. Ahora incluso dice que luchó contra la corrupción durante el fujimorato.
“En sus programas y en sus declaraciones públicas ella se ha caracterizado por mentir demasiado y hacer mentir a los demás, y esa es la esencia de su personalidad y de su show”, afirma a Proceso Fernando Vivas, columnista del periódico El Comercio.
Añade: “Laura Bozzo ha sido condenada por haber recibido apoyo financiero y logístico del Servicio de Inteligencia Nacional, un delito que fue probado hasta el hartazgo. Sin embargo, muchos peruanos consideran que, más allá de los delitos que se le atribuyeron, ella cometió el gran crimen de vender un programa con mucha audiencia emotiva a uno de los regímenes más siniestros y corruptos que se recuerden en América Latina”.
Bozzo asegura que la condena que recibió fue una venganza del entonces presidente Alejandro Toledo, quien no le perdonó haberlo denunciado públicamente por no reconocer a su hija Zaraí, nacida de una relación extramatrimonial.
La “abogada de los pobres” consideró que la condena que se le aplicó era una “represalia política”. “Es evidente que Laura está intentando hacer una reingeniería de su imagen para el mercado mexicano, y para eso muestra a los medios un retrato de sí misma que es un alarde de mitomanía. Una especie de descarado photoshop. Ha dicho que estuvo presa en Perú porque enfrentó al presidente Toledo, pero se cuida de mencionar que recibió valiosísimos collares y prebendas de parte de Montesinos”, dice a Proceso Maritza Espinoza, editora del diario limeño La República.
Señala: “Bozzo también ha dicho que en Perú hay cientos de comedores populares que ella construyó y que prueban lo que hizo por los pobres. Nunca ha podido mostrar uno solo. Es más: en su enfrentamiento con el escritor y presentador de televisión Jaime Bayly –quien la evidenció de arriba abajo–, ella no pudo presentar un solo testigo que dijera que era la santa que dice ser (y eso que pagaba bien por cada testimonio).
“Finalmente Laura se llena la boca diciendo que en Perú la gente la adora. Se cuida mucho de decir que su programa ha sido rechazado contundentemente por esa misma gente. En sus dos intentos de retorno –primero por ATV, el canal del mexicano Ángel González, y luego por Global– no llegó ni a dos puntos de audiencia. Es que la pobre tiene un factor en contra por el que nunca podrá volver aquí: la gente la conoce bien”, remata Espinoza.
Culpable
La sentencia contra Laura Bozzo, fechada el 7 de julio de 2006, describe la acusación que enfrentó la peruana: “La imputación formulada en su contra como cómplice del delito de peculado en agravio del Estado y la sociedad se sustenta en haber recibido periódicamente fondos públicos de Vladimiro Montesinos, a cambio de que preste apoyo al régimen de Alberto Fujimori y a su campaña reeleccionista, así como en sus programas de Laura en América y los especiales de corte político”.
Sin embargo, el tribunal concluyó que no pudo acreditarse que Bozzo recibió dinero directamente de Montesinos por su participación en la campaña de reelección de Fujimori. Lo que se comprobó es que cometió el delito de asociación ilícita, según el texto de la condena, porque se asoció con Montesinos para apoyar la campaña reeleccionista de Fujimori.
Dice la sentencia: “Ya que la acusada Bozzo fue asidua concurrente al SIN, tal como se colige de los diversos testimonios brindados en autos, así como de la propia versión de la acusada, no hacen más que demostrar el concierto de voluntades de ambos acusados (Bozzo y Montesinos), la permanencia de tal vinculación, así como la orientación ilícita de su vinculación con su coacusado Montesinos centrado a la tercera reelección presidencial, cuya naturaleza no le podía ser ajena dada su condición de catedrática de Derecho Constitucional.
“Por tanto –continúa el documento–, habiéndose determinado la realización de actos voluntarios por parte de la acusada Bozzo con el propósito de colaborar con los planes de acción de Montesinos en el fortalecimiento de la imagen de Alberto Fujimori, con miras a su reelección presidencial, se concluye tener por acreditada la comisión del delito y su responsabilidad penal.”
Como resultado, el tribunal presidido por la magistrada Araceli Baca sentenció a Laura Bozzo Rotondo a cuatro años de “prisión en suspenso”, de los cuales sólo cumplió tres.
Las recientes declaraciones de Laura Bozzo en las que se atribuye haber luchado contra la pobreza y la injusticia durante el régimen de Fujimori y Montesinos han molestado a los peruanos que conocen mejor que nadie sus andanzas en los tribunales para enfrentar cargos criminales.
“A los peruanos nos suena como una broma de mal gusto escuchar a Laura Bozzo hablar como una abanderada de la justicia y la credibilidad para lanzar su nuevo programa en Televisa, cuando aquí, en su propio país, nadie le cree nada porque no olvidamos el nefasto papel que cumplió en la época de la dictadura fujimontesinista como operadora del Servicio de Inteligencia Nacional, prestándose a difundir sicosociales en uno de los canales de televisión que habían vendido su línea editorial a ese gobierno”, afirma a Proceso Patricia Salinas, columnista de la influyente revista Caretas.
“Después de llegar a ser una de las mujeres más poderosas del país, cayó en desgracia y no sólo fue condenada a prisión domiciliaria por ser cómplice de Fujimori y Montesinos, sino que se ganó el repudio de todos los peruanos”, agrega Salinas.
Ahora Bozzo pretende limpiar su imagen por todo lo alto con un nuevo programa. Pero lo que no puede hacer es borrar la historia de su entrañable vínculo con la dictadura de Fujimori, quien purga condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
Laura, Televisa, “Animal Político”, Calderón...
Jenaro Villamil
El grito “¡Que pase el desgraciado!” de Laura Bozzo se escuchará a partir de este lunes 24 en la pantalla de Canal 2 de Televisa, y se retransmitirá en la cadena estadunidense de habla hispana Univisión como parte de la nueva sociedad entre ambos consorcios y su estrategia para impulsar nuevos contenidos mediáticos y también en internet.
El proyecto no sólo incluye la transmisión del talk show de la polémica conductora de origen peruano sino también el lanzamiento del portal de noticias en internet Animal Político, cuyo presidente editorial es Isaac Lee.
Este colombiano es editor en jefe de la revista Poder y fue designado presidente de Noticias de Univisión a raíz del nuevo acuerdo de inversión y distribución de contenidos en plataformas de medios y digitales que los dos grupos mediáticos formalizaron el pasado 20 de diciembre.
La estrategia le fue presentada al presidente Felipe Calderón durante el encuentro privado que sostuvo el miércoles 19 con los directivos de Televisa y Univisión.
Al respecto, la Presidencia de la República difundió en su sitio web un escueto comunicado para informar que el mandatario se reunió con Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez, José Bastón y Alfonso de Angoitia –conocidos como los Cuatro Fantásticos–, quienes dirigen los destinos de Grupo Televisa. En el cónclave también estuvo Haim Saban, empresario de origen egipcio, creador de los Power Rangers, que desde junio de 2006 se convirtió en presidente del Consejo de Administración de Univisión.
El boletín de Los Pinos consigna que el encuentro se realizó en las instalaciones de Televisa dentro del marco de la Plática Inaugural Estrategia 2011, pero no detalla los temas que abordaron los ejecutivos mediáticos y el presidente. Lacónico, el comunicado apunta que “intercambiaron puntos de vista sobre los principales temas de interés nacional, así como las perspectivas de desarrollo para nuestro país en
La reunión entre el titular del Ejecutivo y los directivos de Televisa y Univisión coincidió con una ronda de entrevistas que Laura Bozzo ofreció para anunciar el “estreno” de su programa Laura de México, después de su conflictivo paso por TV Azteca y Telemundo, cadenas rivales de los nuevos patrones de la conductora.
Fiscalía mediática
El jueves 20 apareció en la sección de espectáculos de El Universal una entrevista titulada Laura quiere ser mexicana y hablar de política. En la nota se leen estas declaraciones de la peruana de 59 años:
“A mí me puede criticar todo el mundo y yo acepto las críticas, pero aquí lo real y lo concreto es que siempre he resuelto casos. Estando en aquel programa –refiriéndose cuando estuvo en TV Azteca– resolví el caso de Celia Lora; yo fui la que hice el acta para que se llegara a un acuerdo, se hizo una ayuda social. Si amarillismo es presentar la realidad, entonces soy amarillista a mucha honra.”
En la ronda de entrevistas de autopromoción que ha dado a programas de Televisa, la cazadora de escándalos mediáticos también afirmó que abordará el caso del cantante Kalimba, detenido por presunta violación sexual contra menores.
“En el caso Kalimba hay mucho más que investigar, en primer lugar a los padres que permiten que menores de edad estén toda una noche en un antro. En mi programa voy a tocar el asunto, pero desde el punto de vista de las madres sobre ¿saben dónde están sus hijas?”, afirmó en la pantalla de Canal 2.
En 2008, Bozzo firmó un acuerdo con Telemundo, la segunda cadena de televisión en habla hispana, competencia de Univisión. Después, en febrero de 2009 anunció su programa Laura de todos: sin miedo a la verdad, que se transmitió por TV Azteca, competencia de Televisa en la pantalla abierta.
Sus relaciones con TV Azteca y Telemundo acabaron al estilo de Bozzo: en medio de rumores y acusaciones mutuas. La conductora negó que su salida de la empresa de Ricardo Salinas se haya debido a problemas de dinero, pero reportes de Canal 13 revelaron que el rating de la peruana no alcanzó el nivel que la empresa esperaba.
Ahora, Televisa y Univisión la arropan. Y ella afirma que hará campañas de “valores”, en sintonía con la Fundación Televisa.
En entrevistas con distintos medios, la conductora aclaró que sólo abordará problemas sociales, pero dijo que está tramitando la nacionalidad mexicana y cuando la obtenga le gustaría “desmenuzar” la vida de los políticos y funcionarios.
Redes sociales
Más sigilosas y sin tanto escándalo, Televisa y Univisión también impulsan una nueva estrategia informativa en los blogs y redes sociales, sobre todo en Twitter, donde las críticas a los contenidos de la televisora y a los recientes linchamientos mediáticos han sido constantes.
El nuevo proyecto de ambos consorcios es el portal de noticias www.animalpolitico.com, que desde su creación en noviembre de 2010 se ha convertido en un referente de consulta en Twitter. Este portal es muy similar al de www.condorpolítico.com, presentado como “observatorio de la realidad colombiana desde lo alto. Cóndor Político, libertad y desorden”.
Daniel Eilemberg, presidente de Animal Político, es también editor de Poder Magazine, que se edita desde Miami.
Los vínculos entre Poder y Televisa se formalizaron el 1 de diciembre de 2005, cuando la revista editada por Page One Media firmó un acuerdo comercial con Televisa Publishing, una de las filiales del corporativo de Azcárraga Jean.
Un reportaje publicado en la edición de enero de 2011 en Poder presentó al equipo de Animal Político. El texto, firmado por Daniel Moreno, director del portal y exdirector editorial de W Radio, afirma que este sitio busca realizar periodismo digital e incluir “a otros blogs, a observadores electorales, a ciudadanos preocupados por la seguridad, por la transparencia informativa del gobierno o por la corrupción”. l
Otro bucle informativo de Televisa
Gloria Leticia Díaz
La tarde del martes 18 fue aprehendido en su residencia de Bosques de las Lomas José Jorge Balderas Garza, El JJ, quien a principios de 2010 presuntamente hirió al futbolista paraguayo Salvador Cabañas. Horas después, el supuesto operador de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, en el Estado de México y en el Distrito Federal era ya una estrella más en el Canal 2 de Televisa.
La Policía Federal puso a disposición del consorcio al detenido, antes incluso de que llegara al Juzgado 30 Penal, con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde El JJ tiene orden de aprehensión por el intento de homicidio del exgoleador del club América, cuyo dueño es Emilio Azcárraga Jean.
El JJ ocupó la mayor parte de El Noticiero que conduce Joaquín López Dóriga, igual que el año pasado, cuando la televisora informó sobre el ataque a Cabañas en el Bar Bar, un antro al sur de la Ciudad de México frecuentado por Azcárraga Jean y algunas de sus estrellas tanto del ámbito artístico como del deportivo. Incluso opacó la información relativa al décimo aniversario de la fuga del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Hasta ese día, el único detenido por ese caso era el exgerente del antro, Carlos Cázares Ocaña, a quien la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) acusa de tentativa de homicidio en la modalidad de planeación, premeditación y facilitación de los hechos. Sus abogados interpusieron dos amparos contra el auto de formal prisión que le fueron favorables y que están en revisión.
Los tres escoltas de El JJ, exempleados de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem), y seis extrabajadores del antro fueron acusados por encubrimiento, aunque recuperaron su libertad al pagar una fianza.
La noche del martes 18, el conductor del noticiario matutino del consorcio, Carlos Loret de Mola, entrevistó al detenido. Balderas Garza intentó deslindarse y expuso que él no disparó contra Cabañas; dijo también que su guardaespaldas José Francisco Barreto García, El Contador, arrestado el 22 de junio del año pasado por agentes federales, lo traicionó.
El entrevistado respondió a Loret de Mola que el futbolista paraguayo –“estaba hasta la madre el güey”– fue quien lo ofendió en el baño del Bar Bar. Explicó también que al ingresar al lugar él y su escolta fueron revisados por un guardia de seguridad; que en el sanitario donde ocurrieron los hechos, Javier Ibarra, el afanador que lo señala como autor del disparo, no pudo ver lo que ocurría porque estaba encerrado limpiando un excusado, y que cuando el encargado de seguridad le advirtió sobre lo ocurrido, él y El Contador ya se habían ido.
El JJ aprovechó el horario triple A y propuso que se coteje su versión con el jugador agredido que ya “anda pateando bolas”; incluso deslizó la frase: “¿Quién dice que la pistolita no la traía Cabañas?”.
El miércoles 19, el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, celebró la detención “alentadora” de Balderas Garza. A su vez, el titular de la PGJDF, Miguel Mancera, expuso su desacuerdo con las declaraciones del detenido ante la misma televisora.
La dirección de Comunicación Social de la dependencia difundió las declaraciones ministeriales de Javier Ibarra Coronel y de José Barreto García, según las cuales El JJ sí discutió con el futbolista y luego le disparó en la cabeza.
Sobre “chivos expiatorios”
Por la noche, empleados de la PGJDF acudieron a las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a tomarle sus huellas dactilares y fotografías al JJ, y a recabar su declaración ministerial. El detenido se negó a declarar.
El jueves 20, el subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la procuraduría capitalina, Luis Genaro Vásquez Rodríguez, en entrevista con la reportera, dijo que las declaraciones de Balderas Garza no modifican las actuaciones de la dependencia; incluso aclaró que ya estaba cerrada la averiguación previa del caso Cabañas. Ahora, según él, “todo está en manos del Juzgado 30 de lo Penal”.
Según Vásquez Rodríguez, la entrevista de Loret de Mola con El JJ tiene “un enorme valor periodístico, pero carece de valor jurídico”. La narración de Balderas en el Canal de las Estrellas, apunta, “nos da un indicio que incluso le sirve a la autoridad: el hecho de que él se identifique en circunstancias de modo, tiempo y lugar (que) estuvo en el Bar Bar (donde) tuvo un altercado con Salvador Cabañas. Eso será lo que tendrá que valorar el juez”.
–¿La defensa del exgerente del Bar Bar podría utilizar esa entrevista en el juicio? –se le pregunta.
–Puede hacer lo que a su derecho convenga, el juez valorará si le da crédito a un mitómano que se ostenta con siete personalidades y que estuvo un año prófugo de la justicia.
–¿Cómo calificar la actuación de la Policía Federal al facilitar el acceso a Televisa para que entrevistara a Balderas Garza?
–Somos respetuosos de los procedimientos que sigan las autoridades federales. Hemos mantenido en todo momento una colaboración muy respetuosa y muy eficaz con las autoridades federales, en concreto con la SSP federal y con la PGR.
–Lo pusieron primero a disposición de Televisa antes que a la autoridad competente…
–No afecta, porque las manifestaciones que haga ante los medios de comunicación carecen de valor probatorio.
–¿Y el papel de Televisa en este caso?
–Estamos en una nueva era en la que los medios de comunicación tienen un protagonismo en la vida pública nacional y las autoridades tienen que respetar el ejercicio de libertad de expresión y el derecho a la información de la sociedad.
Para el dueño del Bar Bar, Simón Charaf Medina, las afirmaciones de Balderas Garza desbaratan la historia “creada por Televisa y avalada de forma gravísima por la procuraduría del Distrito Federal”.
El empresario insiste en que las declaraciones de que El JJ y su escolta fueron revisados por personal del antro antes de ingresar y que no fueron auxiliados por los empleados cuando se retiraron del lugar avalan la procedencia de los amparos ganados por el exgerente Cázares Ocaña, quien es el “chivo expiatorio en la tragicomedia de Televisa”.
Charaf cuenta que inició un litigio contra el consorcio televisivo por incumplimiento de los acuerdos que tienen en la empresa Imagen y Talento Internacional (ITI), de la que la empresa de Azcárraga posee 51% de las acciones. Una de las causas del pleito es que Televisa no hizo parte a Charaf de las ganancias obtenidas en contratos con partidos políticos y gobiernos de los estados. En esos convenios publicitarios participaron personajes que fueron obligados a que ITI los representara (Proceso 1743 y 1746).
En entrevista, el empresario sostiene que para validar la versión de Televisa la PGJDF cometió varios agravios contra personal del Bar Bar, quienes pasaron de ser testigos voluntarios a procesados:
“Hubo violaciones a derechos humanos. Mientras el personal estaba participando de manera voluntaria, coadyuvando con la autoridad, resulta que los mantienen incomunicados, rodeados por elementos de la policía con armas de grueso calibre, en tanto que a Carlos Cázares lo tenían esposado cuando en su declaración ministerial se dice que estaba dando su testimonio de forma voluntaria. Si eso no es intimidación y coacción, no sé qué es.”
Durante las investigaciones, agrega, “no se permitió a nuestros abogados participar en la reconstrucción de hechos ni se les dio acceso para interrogar a Salvador Cabañas” en la audiencia realizada en agosto de 2010 en Asunción, Paraguay, y en la que el futbolista manifestó no recordar los hechos del 25 de enero de 2010.
A ello se suma que el local de la discoteca sigue asegurado. “Si por un herido que está en recuperación estamos clausurados, ¡debería estar cerrado todo el país ante tantas masacres y muertes!”, exclama Charaf.
Sobre las implicaciones que tendría para el Bar Bar el que Balderas Garza admita que era distribuidor de drogas en el Distrito Federal y el Estado de México, el entrevistado apunta:
“A nosotros La Chiva (Silvia Irabién) nos lo presentó como empresario del transporte y así era como lo veíamos. Si hubiera algo (relacionado con el narcotráfico) que se preocupe Televisa. El JJ era amigo de gran parte del talento de Televisa y de los futbolistas, no sólo de Cabañas; que investiguen adentro.”
Tras afirmar que el 6 de octubre de 2010 la juez Segundo de lo Civil del Distrito Federal, María Magdalena Malpica, le dijo que si seguía hablando de su sociedad con Televisa sería arrestado, Simón Charaf califica como absurdo el ataque del consorcio de Azcárraga Jean al Bar Bar.
“Era el lugar de Televisa. No se dieron cuenta de que se estaban tirando un balazo ellos mismos… Se les hizo fácil atacarnos sin tomar en cuenta las fotos y evidencias de su presencia en el Bar Bar, donde conocí al señor Azcárraga antes incluso de que nos hiciéramos socios”, comenta Charaf. l
La sospechosa cédula
Álvaro Delgado
Partidos de oposición y consejeros electorales no sólo se oponen a la cédula de identidad ciudadana para adultos en estos tiempos: advierten que su aplazamiento es ambiguo y sospechoso, porque no establece tiempos. Así, afirman, puede tratarse de una injerencia del Ejecutivo en el proceso electoral de 2012, lo que pone en riesgo dos pilares de la democracia: la credencial de elector y el padrón electoral, donde nuevamente podrían votar los muertos…
Pese a que el Instituto Federal Electoral (IFE) acreditó que Felipe Calderón violó la Constitución por emitir propaganda en tiempos electorales desde la Presidencia de la República el año pasado, el jefe del Ejecutivo insiste en entrometerse en el proceso electoral de 2012, y con diversas acciones, como su insistencia en expedir la cédula de identidad ciudadana, sigue los pasos de su antecesor Vicente Fox.
Justo en el año en que se inicia el proceso de sucesión presidencial, consejeros electorales y partidos de oposición reprueban el empecinamiento de Calderón en emitir ese documento y, aun cuando el jueves 20 comunicó al IFE que él “difiere” de esa medida, la intentona y la ambigüedad del aplazamiento alimentan las sospechas de que encubre una estrategia electoral.
“Meterse con el padrón electoral en este momento es algo indeseable, que no le ayuda al IFE, y me hace sospechar que podría haber alguna intención del régimen de tener incidencia en el proceso electoral”, juzga el consejero Francisco Guerrero, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores (RFE).
Guerrero, quien coincide con el resto de los consejeros en definir como una “señal” positiva la decisión del gobierno de “diferir” el trámite de expedición de la cédula para mayores de edad, advierte que un compromiso de seguridad en el marco de la Iniciativa Mérida no puede estar por encima del desarrollo democrático de México.
“Más importante que entrar en temas de seguridad –puntualiza– es que el país cuente con paz social en la elección de 2012, y que bajo ninguna circunstancia podamos repetir la elección de 2006. Yo confío en que el presidente Calderón actúe como un hombre de Estado y que nos demuestre a todos los mexicanos que no está dispuesto a repetir la historia que se vivió con Vicente Fox.”
El consejero Marco Antonio Baños, quien desde que el gobierno trató de poner en marcha la cédula de identidad ciudadana –en julio de 2009– manifestó sus reservas, enfatiza los efectos nocivos de ese documento para el padrón electoral que, luego de décadas, había generado confianza.
“El padrón ha sido una de las piedras angulares en la construcción democrática del país. La expedición de la cédula, al deteriorar el padrón, está demoliendo el avance democrático del país. Si el gobierno no rectifica, va a generar una lesión al proceso electoral de
–¿Una reedición de 2006, como dice Guerrero?
–El gobierno federal está actuando con irresponsabilidad en el tema y, bajo otras modalidades, quiere revivir escenarios de 2006.
Salvo el PAN y el consejero Benito Nacif, identificado con las posiciones de ese partido, la oposición y los otros cinco consejeros electorales respaldaron al presidente del IFE, Leonardo Valdés, en definir como legal “pero electoralmente inoportuno” el decreto que reforma el Reglamento de la Ley General de Población para dar forma a la cédula de identidad para adultos, porque impactará negativamente a dos de los pilares del sistema político: el padrón electoral y la credencial para votar.
El PRI fue rotundo en su crítica a Calderón por reactivar el plan para emitir la mica mediante un decreto, pese a que el gobierno se había comprometido a condensar antes reformas a la Ley General de Población:
La representante priista, Mariana Benítez, aclaró: “Quizá no nos debería ya sorprender. La tentación hacia el autoritarismo es la marca de la casa. Sí, autoritarismo, porque cuando un gobierno privilegia el aspecto del mando y dinamita el camino de los consensos no envía otra señal que la de ser un gobierno autoritario”.
El padrón al PRI…
Sin embargo, en medio del plan de Calderón de imponer la cédula de identidad para mayores de edad, iniciado en junio de 2009 y aplazado por un acuerdo entre el IFE y el secretario Gómez Mont, que Francisco Blake desconoció, se produjo un relevo en el RFE que también es motivo de controversia y que exhibe una disputa por el padrón electoral.
En septiembre del año pasado, el director del RFE, Alberto Alonso y Coria, presentó repentinamente su renuncia y Valdés trató de nombrar como sucesor a Eduardo Rojas Vega, exasesor del consejero Guerrero y, como él, vinculado al priista Emilio Gamboa Patrón.
–Nombrar a ese personaje ¿no es volver a poner en manos del PRI el padrón electoral? –le preguntó el reportero a Valdés, en octubre.
–Me parece que no, y me parece muy grave que usted me impute lo que está imputando –respondió con enfado.
Pero la imputación es de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) que, en octubre, frenaron el nombramiento de Rojas Vega, en tanto que Valdés se comprometió a dejarlo sólo como encargado del despacho del RFE mientras la Cámara de Diputados nombra a los tres consejeros electorales faltantes.
“En pláticas entre él y yo se comprometió a que hubiera consenso previo de los partidos”, dice Rafael Hernández, representante del PRD, quien aclara que su partido se opondría a Rojas Vega si Valdés propone su ratificación, en lo que coincide el diputado panista Agustín Castilla, representante del Poder Legislativo.
Castilla, quien presume que la renuncia de Alonso y Coria fue producto de “una disputa por posiciones o espacios al interior del IFE”, cuestiona la escasa experiencia de Rojas Vega en el tema y afirma que hay “cuestionamientos o al menos dudas” de su imparcialidad.
“Ha sido identificado con mucha claridad con un personaje como Emilio Gamboa Patrón, y esto genera suspicacias. Desde luego, hay un vínculo muy claro con el consejero Francisco Guerrero, que puede explicar la salida de Alonso y Coria, toda vez que en el momento en que el consejero Guerrero preside la Comisión del RFE quizá también en ese sentido impulse a una persona de confianza para que sea titular de la dirección ejecutiva.”
El RFE, recuerda, es un área estratégica del IFE: “Entonces la preocupación es que nuevamente se borre a los vivos y voten los muertos, (y) desde luego no pueden regresar esos tiempos”.
–¿Hay posibilidad real de que el padrón sea manipulado?
–No habíamos tenido esa preocupación. Nos daba confianza el trabajo que se estaba haciendo en el Registro. Por eso decía que eran sospechas y preocupaciones ya superadas, pero que no queremos que regresen.
Por su parte, el representante del PRD ante el IFE dice que Rojas no es de fiar, debido a sus vínculos con el PRI desde que fue funcionario del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, que dirigía el consejero Guerrero.
“Fue también parte del staff de asesores del grupo parlamentario del PRI y por eso nos causa desconfianza”, dice Hernández.
–¿Es posible manipular el padrón?
–Es una posibilidad que se abre. Por eso precisamente requerimos confianza absoluta.
Proceso confirmó que los lazos de Rojas Vega con miembros del PRI se presentan, también, en el ámbito de los negocios: en mayo de 2007 fundó, en el Distrito Federal, la empresa Four Faces de México, uno de cuyos accionistas es Rodolfo Higareda Coen, excandidato priista a delegado de Alvaro Obregón.
Aunque Rojas Vega fungió sólo como comisario de la empresa dedicada a la compraventa, importación, exportación y consignación de equipo de cómputo, su esposa, María Sofía Brandao Sampaio e Castro, es una de los cuatro accionistas, junto con Higareda Coen, María de los Ángeles Hernández Chávez y María de los Ángeles Jiménez Cortés, cada uno con 250 acciones.
En marzo de 2009, cuando Higareda Coen fue candidato a delegado, dejó de ser administrador único y Rojas Vega cedió su lugar como comisario a Guillermo Quiñones Monsiváis. Hasta hace medio año, uno de los directivos de la empresa era Raymundo Badillo Badillo, cuñado del consejero Guerrero.
Higareda Coen, Quiñones Monsiváis y Badillo Badillo fueron compañeros de Rojas Vega en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), e inclusive el primero fue acusado de extorsión, en 2006, por el empresario Aldo Rico Licona, debido a que le pidió 2.5 millones de pesos para, según le dijeron, la campaña de Calderón.
Higareda Coen, quien era subdirector de Servicios Materiales, y Jorge Gaviño Ambriz, coordinador general de Administración, allegados ambos al director general del ISSSTE, Benjamín González Roaro, le dijeron al empresario que si no daba el dinero le rescindirían el contrato que ganó mediante una licitación para vigilar instalaciones de esa institución.
Tal como lo publicó el diario La Jornada, en junio de 2006 el empresario presentó denuncias ante la Secretaría de la Función Pública y ante la Procuraduría General de la República, pero no pasó nada.
Para los consejeros Guerrero y Baños, Rojas Vega es no sólo apto técnicamente, sino que su imparcialidad no puede estar en duda.
Guerrero, quien lo conoce desde que ambos estudiaron la maestría y el doctorado en Inglaterra, define a Rojas Vega como un profesional sin vinculaciones partidarias, y esa fue la razón por la que Valdés lo puso como encargado del despacho del RFE.
“Estoy convencido de su imparcialidad y de su capacidad profesional, y creo que ha dado buenos resultados en estos meses”, dice Guerrero, quien aclara que “sin duda” son infundados los señalamientos del PAN y del PRD en el sentido de que se pretende manipular el padrón a favor del PRI.
“Por encima de las personas, el Registro cuenta con una serie de mecanismos de control tan sofisticados y tan importantes que hacen imposible cualquier manipulación del padrón”, subraya.
El consejero Baños también defiende la capacidad técnica de Rojas y aduce que los partidos que han expresado desconfianza en el trabajo no han dado argumentos, sobre todo al opinar que el padrón puede manipularse.
“Esa es una aseveración irresponsable, porque el padrón electoral, como un instrumento fundamental del trabajo del IFE, tiene muchos mecanismos de seguridad, no es manejado por una persona.”
Fines ocultos
Teniendo también como elemento clave el padrón electoral, y sin respetar acuerdos previos con el IFE, el Congreso y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el gobierno de Calderón relanzó, mediante un decreto publicado el miércoles 19, la cédula de identidad ciudadana.
La publicación del decreto se produjo un día después de que el Consejo General del IFE reiteró su exhorto al gobierno para no emitir la mica, cuya decisión hizo que la Comisión Permanente del Congreso aprobara cinco puntos de acuerdo en el mismo sentido.
Y justo cuando el IFE debatía el tema, en la sesión del jueves 20, al correo institucional de Valdés llegó un oficio firmado por Felipe Zamora, subsecretario de Gobernación, para informar que, dado que “las condiciones institucionales” para expedir la cédula “aún no se alcanzan, queda diferida su expedición, a fin de encontrar sinergias de colaboración que permitan cumplir con el mandato de ambas instituciones”.
Aunque calificaron de positivo el anuncio, los consejeros consideraron ambiguo el oficio, porque el aplazamiento de la expedición de la cédula de identidad no establece tiempos.
De hecho, Alejandro Poiré, actual vocero en materia de seguridad pública, reconoció todavía como subsecretario de Gobernación, el 14 de enero del año pasado, que no se emitiría la cédula mientras no hubiera acuerdo con el Congreso.
“Nosotros tenemos la convicción de que existe fundamento legal pleno para los trabajos que venimos desarrollando, pero ciertamente estamos atentos y en diálogo con el Congreso de la Unión para posibles modificaciones que se tengan que hacer”, dijo.
Blake no respetó ese compromiso, y la Secretaría de Gobernación que encabeza preparó el terreno con el anuncio, el 13 de enero, del inicio del programa para emitir la cédula de identidad para menores, en un acto al que asistió Isabel Miranda de Wallace, la emblemática mujer contra el secuestro, y luego la medida fue aplaudida por la Conferencia del Episcopado Mexicano.
De hecho, en el mismo acto en que estuvo la señora Wallace, el 13 de enero, el subsecretario de Población anunció que “muy pronto” se iniciaría la expedición de la cédula de identidad para mayores de edad.
–¿Sustituiría a la credencial de elector?
–La credencial de elector tiene sus propios fines, y esta cédula de identidad es el documento oficial para identificación en México, que tiene aspectos de seguridad muy importantes, como son no nada más una huella, sino 10 huellas digitales, el registro del iris y la fotografía, evidentemente.
Y añadió: “Esperamos poder avanzar muy pronto en este proyecto de la cédula de identidad para menores, y también en la cédula de identidad para mayores de edad”.
Al respecto, el consejero Baños dice que el decreto “arrinconó” al IFE “promoviendo la cédula de identidad como un elemento central del ataque a la inseguridad pública, convocando a la participación a las organizaciones no gubernamentales y a actores que van a ser definitorios en el proceso electoral, como las Iglesias”.
No obstante, el gobierno ignoró el compromiso de diálogo que asumió con el IFE, el IFAI y el Congreso. “Con la administración del secretario Gómez Mont se generó un clima de diálogo y construcción de acuerdos. La administración del actual secretario (de Gobernación) desconoce los acuerdos, ignora al IFE y eso indica claramente que para esta administración los acuerdos entre las instituciones públicas no son importantes”, lamenta Baños.
Pero además el propio decreto del gobierno de Calderón establece que la cédula podrá emitirse sin que tenga la huella del iris: “Qué casualidad que en el momento en que va a empezar la organización de las elecciones federales el gobierno decide sacar la cédula de identidad, obviando lo que he referido como una de las ventajas más importantes de la cédula, que es la huella del iris, para tener mayor control de la identidad de las personas”.
–¿Qué esconde eso?
–Eso es exactamente lo que nos tienen que decir, porque están en contra del padrón electoral. Se expide la cédula, independientemente de que cumpla o no las garantías que se ofrecieron. El gobierno está siendo laxo en lo que dijo. Que nos diga qué intenciones hay detrás de eso...
Muro virtual, fracaso real
Alejandro Maciel
En 2005 Washington puso en marcha SBInet, un sistema que permitiría el control y la seguridad fronterizos. Fue un fiasco: el diseño de su primera etapa tuvo un costo de más de mil 100 millones de dólares y sólo alcanzó para cubrir
TUCSON, ARIZONA.- Durante esta época del año en el área de Sásabe el desierto es un mosaico de verdes que contrastan con el intenso azul del cielo. Por todas partes hay veredas que se extienden en el horizonte hasta perderse entre rocas y cactus.
Desde hace 10 años la mayor parte del flujo migratorio cruza por este vasto corredor desértico, una de las zonas más inhóspitas de la frontera sur estadunidense. En verano la temperatura sobrepasa los 45 grados centígrados, mientras que en invierno el termómetro cae a cero grados.
Durante 2005, la Patrulla Fronteriza detuvo a 438 mil 997 inmigrantes indocumentados sólo en esta zona correspondiente al sector de Tucson.
Por ello el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) escogió este sitio para poner en marcha el SBInet, componente de alta tecnología de la Iniciativa de Seguridad Fronteriza (SBI, por sus siglas en inglés). Con este sistema el gobierno de Estados Unidos buscaba, desde su implantación en 2005, resguardar su frontera para impedir la penetración de terroristas, narcotraficantes e inmigrantes indocumentados.
Mediante estos recursos, desde las oficinas de la Patrulla Fronteriza en Tucson un grupo de agentes podía vigilar en los monitores de sus computadoras los movimientos de los inmigrantes, incluso desde que comenzaban a reunirse en algún lugar de la frontera.
En el trayecto que siguen en su camino hacia el norte hay una sofisticada red de sensores que detectan día y noche sus movimientos. Estos dispositivos también perciben el calor del cuerpo humano y por medio de radares ubican su posición.
Luego de un gasto superior a los mil 100 millones de dólares, la administración de Barack Obama decidió cancelar –luego de una evaluación que se realizó desde marzo de 2010– esa fase de la Iniciativa de Protección Fronteriza, pues sólo abarca
Así lo dio a conocer el viernes 14 la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, quien apuntó: “El SBInet no cumplió con su objetivo inicial de ofrecer una solución integral de tecnología para la vigilancia de toda la frontera”.
En una audiencia celebrada en el Congreso el 17 de junio pasado, dos subcomités de Seguridad Nacional revisaron el SBInet y concluyeron que el proyecto encabezado por la división de Sistemas de Defensa de la empresa Boeing era un fiasco.
El presidente del Subcomité de Seguridad Nacional en la Frontera y Antiterrorismo Global, Henry Roberto Cuellar, dijo que debido a los frecuentes problemas técnicos, la escasa supervisión y pobre planeación del proyecto, el SBInet no cumplía con el objetivo de hacer de la frontera un sitio más seguro.
Fallas de origen
En 2005 prevalecía un ambiente de miedo colectivo y los servicios de inteligencia insistían en la posibilidad de que los terroristas aprovecharán la porosidad de la frontera sur, e incluso se aliarán con narcotraficantes para realizar atentados en suelo estadunidense.
Por esta razón, al iniciarse el segundo mandato de George W. Bush el Departamento de Seguridad Nacional desplegó su Iniciativa de Seguridad Fronteriza. Se trataba de un plan de seguridad integral cuyo objetivo central era impedir el acceso de terroristas, narcotraficantes e indocumentados a través de las fronteras norte y sur de Estados Unidos.
La SBI contemplaba integrar todos los elementos de la seguridad fronteriza en tres grandes componentes: Alta tecnología (SBInet): cámaras, sensores, torres de vigilancia, satélites, comunicaciones; Infraestructura Táctica (TI, por sus siglas en inglés): cerca, iluminación, caminos y drenajes, y Proyecto de la Frontera Norte.
El SBInet fue el componente que el gobierno deseaba utilizar sobre todo en las zonas donde el terreno impedía que la cerca tradicional se construyera con rapidez.
Para poner en marcha este mecanismo, el Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por el secretario Michael Chertoff, realizó una alianza con la división de Sistemas de Defensa de la empresa Boeing, una de las principales contratistas del gobierno durante la administración Bush.
El 22 de septiembre de 2006 Chertoff anunció que Boeing había ganado la licitación del proyecto SBInet. Detalló que el principal objetivo de este componente tecnológico era que los agentes de la Patrulla Fronteriza pudieran detectar, identificar, clasificar y responder de manera efectiva a cualquier tipo de intrusión.
La primera fase del SBInet, el proyecto Tucson-1, cubriría una extensión de
Desde un principio SBInet tuvo sus críticos. El presidente del Comité Nacional de Agentes de la Patrulla Fronteriza, T. J. Bonner, comenta a Proceso que de nada sirve saber quién, cómo, cuándo y dónde cruzan los indocumentados, si no se cuenta con suficiente personal en tierra para impedirlo.
Un agente de la Patrulla Fronteriza del sector Tucson, que pidió el anonimato, comenta a este semanario que el proyecto nunca sirvió:
“Nos lo vendieron como la solución a todos nuestros problemas, pero el sistema se caía constantemente y las comunicaciones con las torres eran muy lentas. Cuando las alarmas sonaban y nos dirigíamos hasta el sitio, nos encontrábamos con que los mecanismos de detección eran tan sensibles que se activaban con la lluvia, con el viento, con los coyotes y hasta con las aves.”
Aunque el gobierno canceló el programa ello no implica que se de-seche la idea de vigilar la frontera con tecnología de punta. En su comunicado, Napolitano explicó que ya existe un nuevo plan para resguardar la frontera que incluye sistemas de vigilancia móvil, aviones no tripulados y detectores de imágenes térmicas.
“El nuevo plan ha sido diseñado para cumplir con las necesidades específicas de cada región fronteriza y nos ofrecerá un balance más efectivo entre costo y capacidades”, precisó la funcionaria.
Y agregó: “Seguiremos utilizando el equipo ya instalado, pero buscaremos opciones comerciales que ya estén en el mercado e integraremos toda la tecnología”.
El nuevo plan del DHS busca cubrir las
Privilegios
El SBInet fue asignado por Chertoff a la División de Sistemas Integrados de Defensa de la empresa Boeing. El multimillonario contrato incluía la cobertura de la frontera norte y sur de Estados Unidos. También preveía que el proyecto se culminara en un lapso de tres años, aunque estaba contemplada una extensión por tres años más.
Durante la ceremonia de asignación del contrato, el 21 de septiembre de 2006, Chertoff dijo que el SBInet se concibió como una sociedad sin precedentes con Boeing. Añadió que esta empresa sería la principal contratista e integradora de todos los esfuerzos tecnológicos para el control de las fronteras norte y sur.
Y puntualizó: “Queremos construir una cerca virtual del siglo XXI que involucre la vieja cerca con infraestructura táctica, pero también una que incluya todos los elementos que ya han sido utilizados, no sólo en este país, sino también en otras partes del mundo, para ayudarnos a identificar a los intrusos, caracterizar el tipo de intrusión a lo largo de la frontera y permitir a la Patrulla Fronteriza aprehender a aquellos que la cruzan de manera ilegal lo más efectivamente posible”.
En ese evento Chertoff no respondió las preguntas de los periodistas acerca del costo total del proyecto, plazos para su terminación y otras características del contrato. Los datos que proporcionó fueron muy vagos.
“En la medida en que vayamos desarrollando segmentos de la frontera bajo este contrato, tendremos la oportunidad de negociar el mejor precio. Siempre tendremos la oportunidad de buscar alternativas si creemos que son más económicas”, planteó el secretario.
De acuerdo con estimaciones del Departamento de Seguridad Interna realizadas en junio pasado, por la cobertura de las 3 mil millas de la frontera sur con el SBInet Boeing se hubiera embolsado 7 mil 600 millones de dólares.
De esta suma, alrededor de 5 mil 100 millones de dólares estaban destinados al diseño, desarrollo e integración de cercas, caminos, barreras, sensores, radares, comunicaciones y centros de comando. Los otros 2 mil 500 millones se canalizarían a la integración logística y operaciones de apoyo.
La pérdida del contrato representa un fuerte golpe para Boeing, que cuenta con más de 70 mil empleados; sin embargo, la compañía se repondrá con facilidad habida cuenta de los numerosos contratos federales que año tras año recibe del gobierno.
De acuerdo con el Federal Procurament Data System, durante 2007 el conglomerado ocupó el segundo lugar entre las empresas que recibieron contratos federales. Percibió un total de 24 mil 332 millones de dólares; es decir, 7 % de las asignaciones. Raytheon, que sustituirá a Boeing en el proyecto de alta tecnología para el control fronterizo, también se encuentra entre las grandes corporaciones que reciben contratos federales. En 2007 se ubicó en el quinto sitio con 12 mil 38 millones de dólares. l
Las 10 mil hojas de Naranjo
Santiago Igartúa
Desde el viernes 21 ya pertenecen al acervo de la Universidad Nacional Autónoma de México más de 10 mil dibujos en los que Rogelio Naranjo, a lo largo de 45 años, ha revelado “el país en su entraña”, como señaló Julio Scherer García. “No puedo pedir un trato más grande para mi trabajo”, acotó el maestro Naranjo en el acto de entrega del material a la institución.
Cazador de momentos, Rogelio Naranjo retrató el país de los últimos 45 años en más de 10 mil hojas de cartón. Su obra completa hoy forma parte del patrimonio cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, firmado el convenio de entrega el viernes 21 junto al rector José Narro Robles.
Absorto, el maestro Naranjo puso su vida de artista sobre la mesa de una sala de juntas en el sexto piso de la rectoría. Julio Scherer García fue testigo de honor. Sealtiel Alatriste, Sergio Raúl Arroyo y Gabriela Scherer, los invitados especiales.
Al signar el convenio, a Rogelio Naranjo se le escuchó decir: “Fue mucho el tiempo esperando este momento. Dentro de mi corazón siento que el material que les entrego queda en las mejores manos que podía estar. No puedo pedir un trato más grande para mí, para mi trabajo”.
El rector se adueñó de la palabra. A nombre de la institución agradeció a Naranjo. “La vida de los seres humanos se hace día a día, cada hora. La vida de un profesional también es así. Hoy aquí están los registros del trabajo de un ser humano auténtico, de una gente decidida, clara, y de un gran profesional del periodismo del que nos nutrimos de su aguda inteligencia y de su extraordinaria calidad para, en un trazo, en una figura elaborada, con una enorme calidad, paciencia, trabajo, transmitirnos los asuntos del país”.
En lo personal, Narro habló de la generosidad del caricaturista. “Esa obra, seguro estoy, por un lado debe doler desprenderse de ella. Es, ni más ni menos, la vida cotidiana, profesional, personal, intelectual, política de Rogelio Naranjo. La recibimos con todo el valor que le podemos conceder desde una institución acostumbrada a reconocer los valores y el pensamiento”, dijo el rector.
Alatriste, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, anunció que en el primer trimestre de 2011 una muestra de la obra de Naranjo se exhibirá itinerante por Ciudad Universitaria y 10 gigantografías del maestro serán expuestas en el vestíbulo de la Sala Nezahualcóyotl. Un año más tarde se hará una gran retrospectiva de su trabajo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, investigaciones y estudios implicados.
En la naturalidad del instante se escuchó a Julio Scherer: “Entre ustedes, en un acto tan sencillo y a la vez tan elocuente como éste, yo hurgo en mis sentimientos. Me son claros dos: el profundo orgullo que siento por haber participado en un acto que considero trascendente, y una inmensa alegría que nos depara tu generosidad –dijo a Naranjo– y el entusiasmo de usted (rector) por divulgar tanto como se pueda la obra de Rogelio, que es una obra singular porque a través de los cartones de Rogelio vamos conociendo lo que es el país en su entraña.
“Rogelio tiene una virtud entre muchas: no engaña, no simula, no pretende quedar bien, tampoco quiere erigirse como un hombre fuera de serie. La sencillez de Rogelio está en su trabajo, en su personalidad. Rogelio no nos dona el fruto de su vida, nos dona el árbol de su vida.”
Conducido por la nostalgia y sus recuerdos, al ocaso del acto, Naranjo charló con Proceso. “Todo esto me refresca la memoria, mi vida como caricaturista. Yo seguiré entregando material a la Universidad, cada seis meses o cada año, lo que se vaya acumulando, hasta que desaparezca”.
Encabezada por Eduardo del Río Rius, Naranjo celebró la campaña Basta de Sangre, que impulsó el gremio de los caricaturistas contra la política de violencia que institucionalizó Felipe Calderón.
De pronto, feroces sus ojos, el maestro deslizó trazos al viento. “Ojalá que toda la población de México pudiera participar como en una gran manifestación a la que se uniera gente que no conocemos y que no sabemos a quién representan y todos empezaran a participar con ideas y trajeran pancartas y se indignaran y se abrazaran en contra del desastre en el que estamos sufriendo”.
Al final Rogelio Naranjo tomó de sí un rasgo y terminó un autorretrato: “Me veo viejo, disminuido en mi capacidad de humor. Pero de repente me salta una vena y los dibujos comienzan a salir”. l
Sobre Fraude en la México
De José Sulaimán Chagnón
Señor director:
El Consejo Mundial de Boxeo coincide con Proceso en considerar un fraude y un acto abominable el que se hayan usado, sin haberles pagado su bolsa, boxeadores mexicanos por una aventura promocional de quienes nosotros siempre entendimos habían cumplido con los requisitos de ley. (Fraude en la México, Proceso 1785) Está sin duda en cargo a mi conciencia el haberme dejado engañar para otorgar la aprobación de títulos del CMB, y lo lamento profundamente.
El CMB sólo participó con sus mejores esfuerzos para cumplir con el programa en conmemoración de hechos históricos en homenaje a nuestros héroes de la Independencia y la Revolución, con resultados sumamente exitosos en lo deportivo y con una exposición positiva de México, impresionante ante los medios nacionales e internacionales; sólo pretendimos recomendar a algunos boxeadores para que brillaran en su carrera y ganaran dinero.
Me apena muchísimo que se haya mencionado conmigo –como “socios del silencio”– al señor procurador de Justicia del DF, Miguel Ángel Mancera, a quien admiro y respeto. El señor procurador sólo participó discretamente en apoyo del boxeo y de una gran celebración en el DF. De haber cualquier culpabilidad sobre esto, la asumo en forma total personalmente, aunque la prensa nacional ha sido testigo de que el CMB es quien se ha lanzado insistentemente para que los responsables cumplan con sus obligaciones, y haremos todo lo que sea necesario para lograr que los boxeadores reciban su dinero.
Le agradecería su amabilidad, señor director, de concederme la cortesía de publicar estos comentarios, como estoy seguro de que usted, como la ley, lo aprobarán.
Le ruego aceptar mis más cordiales saludos y mis respetos a Proceso.
Atentamente
José Sulaimán Chagnón
Presidente del Consejo Mundial
de Boxeo (CMB)
Respuesta de la reportera
Señor director:
Es necesario que el ánimo por defender los intereses de los boxeadores mexicanos y frenar tantos abusos en este deporte pase de las condenas y lamentos a las acciones. Sería alentador para los pugilistas defraudados que al menos el CMB interponga la denuncia que anunció desde hace ya casi cuatro meses.
Atentamente
Beatriz Pereyra
Exige a autoridades de Jalisco atender la desaparición de su hija
Desafortunadamente nuestra familia se ha visto tocada por la delincuencia organizada. Mi hija Brenda Virginia Velasco Ciprés acudió en diciembre de
Mi hijo José Carlos Velasco acudió el día 6 junto con su madre, María Elena Ciprés, a denunciar la desaparición en la Procuraduría General de (in)Justicia del Estado de Jalisco, en donde se negaron a levantar el acta respectiva, pues les dijeron que debían esperar hasta el día siguiente. El 7 de enero se levantó el acta 77/2011, Agencia 12/C. Pero desde esa fecha dicha procuraduría no ha trabajado el asunto.
El viernes 14 se informó a mis familiares que el asunto aún no se había turnado a ningún Ministerio Público ni a la Policía Judicial por la gran cantidad de trabajo que tenían, además de que los sábados y domingos cierran las oficinas y no laboran.
El 13 de enero, le envié un correo electrónico al procurador del estado, pidiéndole que me informara sobre el avance de las investigaciones, y el día 14 me comuniqué telefónicamente a la oficina de dicho funcionario, donde me indicaron que estaban revisando los correos y que me informarían posteriormente. Hasta el momento de elaborar esta carta, tampoco había recibido respuesta alguna.
Resulta indignante que, tratándose de la libertad y la vida de una persona, las autoridades no actúen en forma expedita.
Por investigación de mis familiares, sabemos que el 3 de enero mi hija se registró en el Hostal Rojo de Guadalajara, y tuvieron oportunidad de ver los videos de seguridad del hotel, de donde salió a las 16:35 horas vistiendo blusa rosa mexicano, pantalón tipo pescador negro y tenis negros, con lo que parece ser un monedero en las manos. Dentro de la habitación que le asignaron dejó su celular cargando, una computadora personal, dinero y demás pertenencias, lo que indica que sólo salía por unos momentos.
Es de la mayor importancia saber si en los alrededores del hotel hay cámaras de vigilancia pública, y de ser así, que la Procuraduría las revise. Pero esto no ha ocurrido ni se ha presentado en el lugar de los hechos ni nada.
La desesperación ante esta inactividad de la procuraduría nos lleva a la conclusión de que existen lagunas jurídicas que deben estudiarse y resolverse. Como nadie ha llamado pidiendo rescate por la libertad de mi hija, las autoridades no lo consideran secuestro; como desconocemos las circunstancias de su desaparición, no es privación ilegal de la libertad; entonces su estatus jurídico es de desaparecida.
Aun así, consideramos que ante ese terrible estatus debe actuarse en forma expedita, como lo ordena la Constitución. ¿O debemos tomar las investigaciones y la justicia por nuestras manos, como lo hizo la señora Isabel Miranda de Wallace? Reclamamos a las autoridades que cumplan con su función de velar por la vida y la seguridad de las personas.
Atentamente
José Velasco Oliva
Violencia: ¿por qué y para qué?
Denise Dresser
“La práctica de la violencia, como toda acción, cambia al mundo, pero el cambio más probable es un mundo más violento.”
Hannah Arendt
“Otro golpe al crimen”, anuncian los titulares de los periódicos. “Otra aprehensión de un capo importante”, declara el vocero Alejandro Poiré. “Otro decomiso de proporciones históricas”, asegura algún general del Ejército. Día tras día, la letanía de cifras y capturas y datos diseminados para constatar la victoria, evidenciar el éxito, argumentar que el Estado va recuperando los espacios que perdió. Pero para la población las declaraciones vertidas carecen de sentido. Las cifras celebradas no alteran la sensación compartida de miedo. La narrativa gubernamental no altera la percepción de inseguridad prevaleciente. Y todo ello lleva a las preguntas ineludibles: ¿La estrategia del gobierno de Felipe Calderón es causa de la violencia que va en ascenso? ¿El combate al narcotráfico ha resultado contraproducente? ¿Agitar el avispero ha llevado tan sólo a más picaduras de avispas?
En los últimos años, México padece niveles de violencia sin precedentes. Como argumenta Fernando Escalante en el artículo La muerte tiene permiso –publicado en la revista Nexos–, la tasa nacional de homicidios sube 50% en 2008, y de nuevo 50% en 2009, llegando a 19 mil 809. La tendencia ascendente se da en el segundo año del gobierno de Felipe Calderón y se vuelve imperativo entender por qué. La explicación oficial se ha vuelto un lugar común: Los homicidios provienen de cárteles peleando contra cárteles; las muertes son producto de la confrontación entre capos; la violencia es resultado de una estrategia exitosa, no de una intervención ineficaz. Se nos dice que México es un país más violento porque los criminales desesperados se están destazando entre sí: La Federación de Sinaloa contra la organización de Vicente Carrillo Fuentes; Los Zetas contra el Cártel del Golfo; Héctor Beltrán Leyva contra La Barbie; criminal contra criminal.
Y entonces, según la estrategia gubernamental, la violencia se vuelve aceptable, justificable, hasta necesaria. El número creciente de homicidios se convierte en prueba de que Felipe Calderón va ganando la guerra cuyo nombre dice desconocer. El aumento de los asesinatos se convierte en validación de una lucha a la cual le ha apostado su presidencia. Más muertos, más éxito. Más interdicciones, más disrupciones. Más capturas de capos, más luchas intestinas entre ellos. La violencia es vendida como un fenómeno coyuntural, que disminuirá cuando los narcotraficantes hayan terminado de matarse entre sí. La violencia es presentada como ingrediente indispensable de una ofensiva militar diseñada para sacudir el balance de poder dentro de los cárteles y obligarlos a pelear para mantener su propio territorio o adueñarse del mercado de sus rivales.
Pero, ¿y si la violencia no es causa de la estrategia gubernamental, sino su efecto? ¿Y si la violencia es usada no sólo por narcotraficantes, sino también por otros grupos armados que recurren a ella para defender lo que creen que es suyo ante el desmoronamiento de la autoridad? ¿Y si la “guerra contra el narcotráfico” fuera el contexto, pero no la explicación? ¿Y si la violencia no fuera muestra del poder del Estado, sino evidencia de su mala imposición? Como señala Escalante, la violencia de los últimos años está muy concentrada en algunos estados y en algunos municipios de esos estados. Allí se dan la mayoría de los decapitados y los calcinados, los acribillados y los torturados: en Nayarit y Sinaloa y Sonora y Michoacán y Guerrero y Durango y Chihuahua. Pero curiosamente la geografía de la violencia no coincide con la ruta del narcotráfico y los muertos no son sólo quienes vivían y se enriquecían con él. En esos estados, la violencia tiene una explicación distinta a la versión oficial; posee una lógica diferente a la narrativa gubernamental.
Y los números de Escalante muestran una realidad preocupante, una coincidencia alarmante. En diversos estados la tasa de homicidios se dispara a partir de la fecha del despliegue del Ejército y las fuerzas federales. El arribo de tropas no reduce la violencia. Al contrario, parece exacerbarla. El patrullaje de la Policía Federal no contiene la inseguridad. Al contrario, parece llevar a su aumento. Lo que se presenta como “éxito” está lejos de serlo en los municipios donde salir por la noche se ha vuelto peligroso, donde comer en un restaurante se ha vuelto un riesgo, donde asistir a una fiesta equivale a poner la vida en juego. Los operativos conjuntos pueden ser, literalmente, el beso de la muerte.
Este argumento parece contraintuitivo, pero lleva a conjeturas interesantes. La llegada del Ejército muchas veces trae consigo el desmantelamiento de la policía municipal. Y esa policía –corrupta, infiltrada, cooptada– era la encargada de mantener el orden a través de acuerdos informales, de pactos extralegales. Su desaparición trae consigo el desmoronamiento de pactos ancestrales, de negociaciones de largo tiempo y de largo alcance. La paz corrupta desde abajo es sustituida por la imposición del orden desde arriba. Y ese orden impuesto desde el Ejecutivo federal es demasiado intermitente, demasiado insuficiente, demasiado desconocedor de la realidad local. Como señala el documento de Stratfor Global Intelligence titulado Mexican Drug Wars: Bloodiest Year to Date, el Ejército Mexicano y la Policía Federal no tienen la capacidad para estar en todos los sitios todo el tiempo. Y tampoco pueden instituir –de la noche a la mañana– el imperio de la ley en un andamiaje construido sobre la corrupción y la complicidad.
La presencia del Ejército genera vacíos que cualquier persona con un arma se apresta a llenar; la presencia de la Policía Federal genera la incertidumbre que distintos grupos armados quieren aprovechar. Ya sean comuneros o ejidatarios o rancheros o talamontes o contrabandistas o ambulantes o policías privados o guardaespaldas o sindicalistas o expolicías. El rompimiento del orden local genera la defensa de lo individual. El colapso del entramado institucional conlleva la protección de lo personal, pistola en mano. Allí está la clave de la violencia más allá de lo que el gobierno de Felipe Calderón quiere entender o está dispuesto a encarar. Allí está el reto para México: cómo recomponer el orden local, pero sobre los cimientos de la ley, y no a base de disparos. Porque, como decía Gandhi, nada duradero ha sido construido con violencia. Sólo un México peor. l
Los demonios sueltos en Monterrey
Miguel Ángel Granados Chapa
Lo advirtió, ya en julio de 2008, hace dos años y medio, Alejandro Junco al entonces gobernador Natividad González Parás: la inseguridad en Monterrey era ya insoportable. Desde ese tiempo los demonios deambulaban sin control. Amagado repetidamente, el presidente y director general del Grupo Reforma (que en aquella ciudad edita El Norte, del que surgieron Reforma en el DF y Mural en Guadalajara) se vio ante un grave dilema: “comprometer nuestra integridad editorial o cambiar a mi familia a un lugar seguro”. Optó por lo segundo, y desde Texas, donde se ha refugiado –esa es la palabra empleada por él mismo en su carta–, escribió al gobernador para demandarle actuar de modo que los regiomontanos no perdieran la fe en la ley, como a él le había ocurrido. Como una comprobación de sus previsiones, el 10 de enero fue atacado a balazos y con granadas el edificio de una edición urbana de su diario regiomontano.
Desde aquel 2008, la violencia criminal se ha acelerado en la capital de Nuevo León, su región metropolitana y la entidad entera. Para precaverse de peligros que intuyen o ven venir, una cantidad creciente de empresarios y profesionales de Monterrey se han asentado del otro lado de la frontera. Un buen número de estudiantes emigraron hacia el sur, después de que el 19 de marzo pasado dos graduados del Tec de Monterrey murieron a manos del Ejército, cuyos efectivos pretendieron hacerlos pasar como sicarios. Comunidades enteras están vaciándose. Datos del censo levantado por el INEGI el año pasado muestran que el éxodo se manifiesta sobre todo en los municipios del norte: Anáhuac, Agualeguas, Los Aldamas, Cerralvo, China, Doctor Coss, General Bravo, General Treviño, Los Herreras, Melchor Ocampo, Parás, Vallecito y Villaldama, aunque también se percibe el fenómeno en municipios conurbados a la capital, como San Pedro y San Nicolás (Reforma, 16 de enero).
Una ciudad y su zona metropolitana que siempre se habían tenido como ordenadas y seguras se han convertido en una de las regiones más perturbadas por la violencia criminal, que va en continuo ascenso y ha merecido que gobiernos extranjeros, como el de España, adviertan a sus nacionales el riesgo de viajar allí, lo mismo que a Ciudad Juárez y Culiacán.
El año pasado fue especialmente alterado por los enfrentamientos entre bandas, por el desafío de algunos de esos grupos a las autoridades y por la guerra librada por las fuerzas federales contra la delincuencia organizada. La suma de las víctimas llegó en
En la última cifra se incluyen los dos estudiantes graduados del Tec, cuya muerte provocó un estremecimiento en las altas esferas regiomontanas. Cuando el ingeniero Rafael Rangel Sostman se percató de que la Procuraduría del estado y el mando militar pretendieron simular que los alumnos eran sicarios, se estremeció al descubrir el engaño practicado por esas autoridades. Y entonces inició una campaña contra la inseguridad, incluido un cuestionamiento a la estrategia federal, lo que lo condujo a un enfrentamiento con los empresarios que financian y administran el tecnológico. Aunque es verdad que se había mantenido largo tiempo al frente de esa institución, a la que hizo crecer hasta alcanzar dimensiones nacionales y ello lo inclinaba al retiro, tales circunstancias lo forzaron a apresurar su decisión, que en este enero acaba de consumarse, si bien se anunció meses atrás.
La movilización de la comunidad estudiantil y docente del Tec, al experimentar en carne propia los excesos de acciones que no alcanzan a contener a la delincuencia, no sirvió para modificar las conductas de las autoridades. El gobierno del estado, a cargo de un inexperto e impasible Rodrigo Medina, que en los momentos críticos (como los vividos en la tercera semana de enero) prefiere hacer mutis, está claramente rebasado por la incapacidad y la corrupción, lo mismo que varios gobiernos municipales. Aunque el suyo no escapa a esa dolencia, el alcalde panista de Monterrey Fernando Larrazabal desestima los magros esfuerzos de la administración estatal (y en ello coincide el cardenal Francisco Robles Ortega), con lo que añade a la situación el ácido de la contienda política, que no hará más que corroer las capacidades gubernamentales de combate a la inseguridad. Otro presidente municipal blanquiazul, Mauricio Fernández, se opone mediante una controversia constitucional admitida por la Suprema Corte al dominio que el gobernador pueda tener sobre las policías municipales.
La inseguridad creció aceleradamente en los últimos días de diciembre pasado y se desbocó al comenzar el nuevo año. El paso de un periodo a otro quedó marcado con el terrible secuestro y asesinato de una secuestradora, Gabriela Elizabeth Muñoz Tamez, presa en el penal de Topo Chico desde agosto de 2009. Una conjura la hizo salir de esa frágil (y al mismo tiempo tenebrosa) prisión dizque para conducirla al Hospital Universitario. En realidad se trataba de atraparla, como ocurrió con la complicidad de autoridades de la penitenciaría. Sus captores la torturaron y, todavía con vida, colgaron su cuerpo en un puente peatonal de una céntrica avenida regia. Murió por la asfixia del ahorcamiento, pero lo mismo le hubiera ocurrido por las lesiones que el maltrato le infirió.
Como es usual, se ignora el móvil y los protagonistas del bárbaro asesinato. En una comarca donde el alcalde panista de San Pedro, el mencionado Mauricio Fernández, se ha manifestado a favor de la acción directa de grupos duros contra la delincuencia, al margen de la ley, la sombra de una escuadra de ajusticiamiento se cierne sobre la ciudad. Sólo eso le faltaría a Monterrey.
Un día tras otro, muertes violentas como esa fueron acumulándose conforme avanzaba el nuevo año: en la primera quincena de 2011 sumaron
La autoridad parecía no existir. No sólo era incapaz, en cualquiera de sus niveles, de impedir la matanza, sino que ni siquiera había una voz gubernamental que explicara los sucesos o, en el colmo de la impotencia, al menos expresara el pesar del gobierno a los deudos de los agentes muertos o de los caídos por daño lateral.
Cada vez que en Nuevo León arrecia la violencia se pretende que el remedio está en el arribo de fuerzas federales, que se muestran tan inútiles como las locales, aunque en éstas su conducta se agrava por la manifiesta complicidad con las bandas criminales, que por momentos llega a lo grotesco, como cuando patrullas de la policía municipal de San Nicolás, cuyo jefe fue detenido con ese motivo, bloquearon el paso de un convoy del Ejército que, aunque fuera tardíamente, iba en pos de delincuentes.
Sólo a partir de la corrupción se comprende que pase en Monterrey, y en Nuevo León, lo que está pasando. Los sucesos de Topo Chico muestran la falibilidad deliberada de la protección a puntos neurálgicos, o por lo menos la carencia de una notoria presencia disuasiva en ellos: ya dijimos que de allí se sacó a La Pelirroja para asesinarla el último día de 2010; una semana después, el penal fue atacado a balazos y con granadas, operación que en términos muy semejantes se repitió el 19 de enero. En el entretanto, dentro de la cárcel fue asesinado, de 23 puñaladas, Gabriel Ayala Romero, preso porque se le tenía como el líder de la piratería local. De más está decir que un atentado previo contra la prisión, en octubre pasado, no encendió las alarmas que hubieran podido inhibir y aun evitar los ataques posteriores.
Las rencillas políticas se agregan a las otras causas favorecedoras de la impunidad. El Partido Acción Nacional no se repone de la derrota que, con el impulso fundamental de Televisa, le infirió el PRI en la disputa por la gubernatura en 2009, y se encuentra permanentemente trenzado en una guerra de reproches y de acciones políticas y jurídicas contra el aparentemente inerme gobernador Medina. En realidad no se halla en estado de indefensión ni mucho menos, pero es notorio que en todo tiempo el cargo le habría quedado grande, y con mayor razón es así en medio de las tribulaciones que padece la sociedad.
La intranquilidad que priva en la calle, al ras del suelo, se vive también, aunque por razones diferentes, en las alturas, en las oficinas corporativas de los consorcios que durante décadas marcaron el ritmo y el tono de la vida regiomontana. La cervecería Cuauhtémoc, origen del poderoso Grupo Monterrey, como se llamaba al poseído por la familia Garza Sada (después Garza Medina), fue vendida (junto con la Moctezuma, incorporada a Monterrey en los años de auge) a la cervecera holandesa Heineken, en una operación que se buscó presentar como un intercambio de acciones, para no perder cara. Su hermana, Vitro, nacida para fabricar las botellas en que se envasaba la cerveza, pasa por severas dificultades financieras, agravadas por maniobras de acreedores que buscan sacar provecho de su fragilidad y por una sesgada aplicación de la ley que hasta ahora le ha impedido acogerse a las reglas del concurso mercantil como fórmula para no quebrar. Cemex, en fin, ha preparado para 2011 un ajuste presupuestal tan riguroso que lo ha obligado a retirar el financiamiento que prodigó desde 2001 (y que sumó cerca de 800 mil dólares en casi una década) a la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que a lo largo de esos años entregó 106 reconocimientos y permitió a cientos de profesionales de toda la región asistir a sus anuales seminarios de calidad periodística, animados a menudo con la presencia de Gabriel García Márquez. l
Libertad de expresión y acoso judicial
Ernesto Villanueva
Estoy convencido de que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Es evidente que tiene límites claros previstos en la Constitución, en las convenciones y tratados internacionales y en las leyes. Eso, por supuesto, no significa que la protección del derecho al honor, a la vida privada y a la propia imagen como derechos de la personalidad que en distintas ocasiones entran en colisión con el derecho de expresión se haga no sólo al margen de la ley, sino de una manera notoriamente burda que es de sorprender y preocupar. Veamos el caso más reciente en esta materia.
Primero. De tiempo atrás la revista Contralínea ha enfrentado diversos procesos judiciales emprendidos por una empresa contratista de Pemex como resultado de diversas investigaciones y opiniones periodísticas. Es legítimo y legal que los afectados por estas investigaciones acudan a las autoridades judiciales competentes para buscar resarcir los derechos de la personalidad que consideran han sido lesionados, de suerte que el juzgador pondere el caso concreto a la luz de la ley. Lo que no protege el derecho es que la autoridad judicial incumpla con los principios de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales y administre justicia con fundamento en leyes inaplicables. Esto se advierte, de entrada, de la resolución de la juez 54 de lo civil del Distrito Federal, Yassmín Alonso Tolamatl, al condenar a los periodistas Nancy Flores, Ana Lilia Pérez, David Manrique y Miguel Badillo el pasado 3 de enero.
Segundo. Los errores en que incurre la sentencia de la juez 54 de lo civil son de antología. Primero, en uso indebido de atribuciones, la juez legisla y no se limita a administrar justicia. En efecto, a partir del 20 de mayo del 2006 entró en vigor la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal. El artículo 1 establece de manera clara qué regula y qué no: “Tiene por finalidad regular el daño al patrimonio moral derivado del abuso del derecho a la información y de la libertad de expresión. Tratándose de daño al patrimonio moral diverso al párrafo que antecede, se seguirá rigiendo por lo dispuesto en el artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal”. En el artículo tercero transitorio de la ley referida se derogaron el último párrafo del artículo 1916 y el 1916 bis del Código Civil relacionados con lo que antiguamente se denominaba daño moral. Contrario a lo establecido por la ley, la juez 54 decidió conducir el proceso con fundamento en el daño moral previsto en el Código Civil derogado en 2006.
Tercero. La juez 54 no sólo decide sin atribuciones qué ley aplicar, sino que contribuye a la doctrina del derecho a la información con una peculiar aportación de lo que es “interés público”. En la sentencia prevista en el expediente 492/2009 su contribución no tiene desperdicio: “…las licitaciones efectuadas por Pemex no pueden ser consideradas como de interés público, puesto que, en primer término, la petroquímica es una rama de la industria que en nuestro país no ha sido desarrollada a gran escala, siendo ésta una rama específica que cuenta con una terminología especial y conocimientos técnicos que el público en general e inclusive la suscrita desconoce (…) no podría válidamente considerarse como de interés público dado que se caería en el absurdo de que se tendría que cuestionar y por ende facultar a los periodistas para emitir opiniones subjetivas en relación a cualquier adquisición, licitación o actuar de cualquier ente de Gobierno”. (Cursivas mías.)
¿Se imagina a la juez 54 de lo civil de magistrada o de ministra de la SCJN alegando la impertinencia de las “opiniones subjetivas” cuando es de explorado derecho que la opinión es por definición subjetiva? ¿No es un llamado a la impunidad, la opacidad, la ausencia de rendición de cuentas y la fiscalización condenar a un periodista por hacer periodismo de investigación en temas “con una terminología especial”? ¿Entonces habría que despedir a los periodistas especializados, como los de finanzas y los dedicados al Poder Judicial?
Cuarto. La juez 54 de lo civil establece el primer precedente en el siglo XXI en condenar a un cartonista. Peor todavía. No hay una conexión lógica mínima racional entre la parte considerativa y la parte resolutiva de la sentencia. Sin más argumentos, simple y sencillamente resolvió decretar que: “David Manrique ejercitó en forma abusiva, indebida e ilegal su derecho de expresión e información como caricaturista de la revista Fortuna, negocios y finanzas de marzo de 2007, número 50, al plasmar o dibujar una caricatura que involucra a la sociedad Subtec, S.A. de C.V., coactora en el presente juicio”.
Los juzgadores debieran, primero, conocer los alcances y límites de sus atribuciones; segundo, hacer un esfuerzo por prepararse en las materias que son objeto de un juicio a su cargo para generar productos normativos de una calidad mínima, y, por supuesto, tomar cursos básicos de ponderación, argumentación y redacción jurídica.
Por lo demás, sigue pendiente el caso Sosa Castelán versus Alfredo Rivera Flores, Miguel Ángel Granados y otros, el cual ha sido atraído por la SCJN. Ha sido enviado un sólido amicus curiae para contribuir a aportar elementos de juicio sobre el tema. l
evillanueva99@yahoo.com
La posible esperanza
Javier Sicilia
La eventual participación de Alejandro Encinas como candidato del PRD en las elecciones para la gubernatura del Estado de México ha vuelto a abrigar, en una gran mayoría de los ciudadanos, no sólo la expectativa de un verdadero resurgimiento de la izquierda en los comicios políticos de los próximos dos años, sino también la posibilidad, para 2012, de un cambio de rumbo en la deteriorada vida del país. Miembro del Partido Comunista, fundador del Partido Socialista Unificado de México, fino negociador, colaborador estrecho en el diseño del proyecto de nación que se elaboró para las elecciones de 2006 y que lo mejor del PRD ha ido retrabajando a lo largo de este aciago sexenio, Alejandro Encinas es una presencia inequívoca. Es también, a diferencia de lo que ha caracterizado a la dirigencia chuchista del PRD y sus últimos candidatos a las gubernaturas de los estados –seres pragmáticos y amorfos cuya única finalidad ha sido obtener el poder para evitar la llegada del PRI–, el resurgimiento de un proyecto político enclavado en la mejor tradición de la izquierda de nuestro país.
Sin embargo, por más transparente y clara que sea su presencia y su trayectoria, Encinas en sí mismo no significa nada. Encinas, como todo ser humano, está inserto en una comunidad y lo mejor de sus virtudes y de sus propuestas son poca cosa sin su apoyo. Para que Encinas y el proyecto que representa sean viables y puedan realmente crear una verdadera esperanza en la ciudadanía –no una simple expectativa como la que hasta ahora su posible candidatura ha despertado–, necesita, por parte del PRD, varias cosas tan difíciles como fundamentales: 1) que vaya, al margen de las alianzas, como el candidato de la izquierda a la gubernatura del Edomex –si Encinas o el PRD sucumben a la intoxicación pragmática y degenerada de Jesús Ortega, lo que Encinas significa hasta ahora se habrá borrado y su presencia se convertirá en una amiba más del organismo político–; 2) que su candidatura sea respaldada por las mayorías de los partidos y de las organizaciones de izquierda del país. Lo que implicaría que Jesús Ortega y el chuchismo salieran de la dirigencia del partido y su lugar fuera ocupado no sólo por alguien que, semejante a Encinas, tenga una presencia y una trayectoria inequívocas en las luchas de la izquierda, sino que además tenga a) la inteligencia y la capacidad negociadora para cohesionar y mantener unidas en sus diferencias a las diversas organizaciones de izquierda del país –incluyo en ellas al zapatismo y a los grupos guerrilleros; de los primeros habría que incluir muchas de las experiencias sociales y políticas de sus Caracoles–, b) la habilidad para unificar a todos alrededor de un equipo y de un candidato tan fuertes como inequívocos para los comicios presidenciales de 2012, y c) la fuerza y el consenso necesarios para acotar a los grandes oportunistas del poder que han destruido y dañado profundamente el sentido de lo que una buena política de izquierda significa; 3) que quienes juegan un papel fundamental para ocupar ese equipo y esa candidatura –pienso particularmente en AMLO y en Ebrard– se aboquen a presentar a la ciudadanía el proyecto de nación que han ido elaborando y dejen de lado el insulto, la denostación y la bravata, es decir, el lenguaje de la violencia –de la que todos estamos hasta la madre– contra sus adversarios.
Un verdadero triunfo político es aquel que se forja desde la humildad y con programas de gobierno sólidos, incluyentes y justos, con debates de altura alrededor de ellos, con un trabajo con la gente y desde las bases, y con el castigo a sus funcionarios corruptos.
Insultar, descalificar sin sustento, buscar la pasarela mediática a través del escándalo y la demagogia –un candidato no debe comprometer su palabra en lo que no puede cumplir–, hacer, en nombre de un puro pragmatismo, alianzas innaturales –sabemos que de la cruza de un caballo y de un burro sólo se obtienen mulas–, azuzar el resentimiento, rodearse de arribistas o de fanáticos, equivocar los tiempos políticos y alardear de triunfalismo es una buena forma de adquirir poder o de hundirse frente a las contracampañas mediáticas de los adversarios –esto último lo sabe AMLO en carne propia–, pero jamás una manera de vivir verazmente en el mundo político ni de gobernar.
Si el PRD y la izquierda no trabajan en esto –una posibilidad muy difícil, pero aún real–, no sólo la expectativa que puede abrirse a una verdadera esperanza con la eventual candidatura de Encinas, sino las largas jornadas que AMLO ha realizado a lo largo de los años para construir una verdadera base social y afinar un proyecto cada vez más sólido de nación, los grandes logros y contribuciones que la experiencia zapatista ha dado a la izquierda, y la vida que, en nombre de la justicia, han dado los mejores hombres y mujeres de este país, se irán al traste.
Si esto sucede, habrá que resignarse entonces a aceptar lo que ya en nuestra experiencia es un hecho, pero que nuestra esperanza humana se resiste a creer: que los partidos, al igual que las mafias del crimen organizado, son amibas políticas, es decir, seres sin forma que, enquistados en el organismo de la nación, lo tienen enfermo y lo llevarán a su muerte.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz. l
¿A qué le teme el gobierno del Edomex?
Marta Lamas
Asesinatos brutales ocurren cotidianamente a lo largo y ancho del país. Para poder frenarlos es necesario precisar qué los provoca. Se ha dicho que los feminicidios son una especie de cacería de mujeres, producto del odio misógino. Tal vez en muchos casos sí, pero una antropóloga, Rita Laura Segato, vuelve compleja esa hipótesis cuando propone dejar de pensar los feminicidios como crímenes en los que el odio hacia la víctima es lo predominante y, en lugar de eso, los plantea como una forma de interlocución entre miembros de una fratría. Sin negar la misoginia presente en el ambiente donde esos crímenes tienen lugar, Segato ve a la víctima como el desecho de un proceso donde esos asesinatos son las exigencias –el precio a pagar– para pertenecer a una siniestra hermandad. Ejecutar a una mujer sirve para sellar un pacto de silencio, capaz de garantizar la lealtad inviolable a una cofradía mafiosa. Por eso Segato llama a estos asesinatos “crímenes de corporación” o de “segundo Estado”, definiendo por corporación al grupo o red que administra los recursos, derechos y deberes propios de un Estado paralelo, establecido firmemente en la región. O sea, la mafia de los poderes fácticos, como los cárteles del narco.
Una lectura equivocada respecto a estos crímenes impide reflexionar sobre la problemática social en que se ubican, y el machismo sesga las interpretaciones. Cuando en Ciudad Juárez los asesinatos de mujeres empezaron a cobrar notoriedad, hubo autoridades que declararon que esas víctimas eran prostitutas o mujeres fáciles, que llevaban una vida desordenada, que bebían y provocaban con el vestido. Al parecer pensaban que el hecho de que no fueran “mujeres decentes” disminuía la responsabilidad gubernamental de investigar, resolver y frenar esos crímenes. Los asesinatos fueron aumentando de año en año, ante la indiferencia e incompetencia de las autoridades judiciales, policiacas y políticas. Sólo cuando el escándalo internacional fue imparable se empezaron a preocupar, más por su reputación y la de Ciudad Juárez que por las propias mujeres y futuras víctimas.
Desde hace tiempo se sabe que en otras entidades federativas crece la comisión de estos crímenes espantosos y, sin aprender del caso de Ciudad Juárez, las autoridades muestran un impresionante desinterés. El escándalo ahora es en el Edomex, donde supuestamente ya hay más mujeres asesinadas que en Ciudad Juárez. Más que preocuparse por esclarecer qué expresa esa siniestra carnicería, las autoridades locales consideran que la petición a la Segob y al Inmujeres por parte de 90 investigadoras y 43 ONG de 18 estados de la República de que se ponga la “alerta de género” en el Edomex tiene fines electorales, y se resisten a aceptar que se investiguen los hechos. Además, siguiendo el prejuicio machista, el procurador Alfredo Castillo ha dicho que las víctimas han sido asesinadas porque “consumen droga, alcohol o usan inhalantes”, además de que “trabajan en bares en los que alternan con los clientes”.
Hace años comparé la forma en que las autoridades inglesas manejaron el caso de cinco asesinatos de mujeres en Ipswich (Proceso 1573, del 24 de diciembre de 2006). Cinco trabajadoras sexuales aparecieron muertas, probablemente a manos de un asesino serial. El Reino Unido entero se conmocionó, pero lo que interesó públicamente fue si la policía sería suficientemente eficaz para encontrar al asesino antes de que matara a más mujeres. Nadie declaró que “ellas se lo buscaron” ni se moralizó sobre los riesgos del trabajo sexual; al contrario, algunos editorialistas criticaron el hecho de que se hubiera hablado de la muerte de “cinco prostitutas”, en vez de “cinco mujeres”. Y mientras se capturaba al asesino, las autoridades pidieron a las trabajadoras sexuales que no circularan de noche e inauguraron una inédita política pública: darles el dinero y la droga que conseguirían en la calle, para que no salieran de sus casas. El asesino fue detenido una semana después. ¡Qué manera de responsabilizarse de sus ciudadanas!
Lejos estamos en México de actitudes así de civilizadas. Pero es indispensable que las autoridades, todas, de todos los partidos, en todas las entidades federativas, tomen en serio el aterrador crecimiento del número de feminicidios. Para prevenir y perseguir más eficazmente estos asesinatos hay que cambiar el enfoque interpretativo y aceptar mecanismos preventivos como la “alerta de género”. En lugar de ofenderse o de sospechar oscuros motivos electorales, las autoridades del Edomex deberían no sólo aprovechar la “alerta de género”, sino también rectificar públicamente la interpretación machista que hizo su personal judicial.
La batalla por la seguridad de todos, no sólo de las mujeres, será larga y compleja. Pero frente a este tipo específico de asesinatos se requiere no sólo de una mejor investigación policial, sino también utilizar los instrumentos de intervención preventiva que darán resultados a mediano y largo plazo. En eso consiste la “alerta de género”. Se necesita verdadera voluntad política para resolver los crímenes y detener su repetición. La cerrazón arrogante y machista –esa sí definitivamente electorera– del gobierno de Peña Nieto sólo complica más las cosas. ¿A qué será que le teme? l
