lunes, 28 de febrero de 2011

Acontecer Diario


Carmen Lila Romero / Luis Alberto García

Sucesos y Sucedidos

SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®

www.cartamesoamericana.com / www.ikbalam.org

Domingo 27 de febrero de 2011

SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA

Colaborador Invitado / Crisis del maíz y libre mercado

El dogma plantea que las fuerzas del mercado resuelven los problemas, la realidad lo contradice

Colaborador Invitado

(27 febrero 2011).- Jesús Carlos Morett

Investigador del departamento de Sociología Rural de la Universidad de Chapingo.

Contrario a lo que afirma el gobierno, las pérdidas de maíz blanco ocasionadas por las heladas de principio de mes en el norte del país no podrán ser resarcidas. Si se perdieron 500 mil hectáreas de maíz (con rendimiento promedio de 9.5 toneladas por hectárea) y, siendo optimistas, se resembrarán a duras penas 300 mil con maíces precoces (que rinden 7 toneladas), de los 5 millones de toneladas de grano esperadas sólo se conseguirá cosechar 2 millones de ellas, 60 por ciento menos de lo programado. La aritmética no miente.

El efecto de la onda gélida, que arrasó también con oleaginosas y hortalizas, debió resentirse hasta junio, porque acaba de terminar la cosecha de maíz del ciclo primavera-verano y las grandes empresas almacenadoras tienen grano en sus bodegas; pero ante el anuncio de la pérdida de las siembras se desató la especulación y el maíz y sus derivados encarecieron de la noche a la mañana.

En los últimos días el kilo de tortilla alcanzó hasta 14 pesos. Los molineros responsabilizan del alza a las grandes empresas y almacenes que encarecieron el maíz en una semana hasta 60 por ciento en algunas regiones; mientras que, como consecuencia de lo anterior, la masa subió de 4 a 7 pesos (53 por ciento).

El gobierno intervino estimulando la resiembra; puso como fecha límite el último día de febrero y luego alargó el plazo al 10 de marzo. Faltan pocos días y la resiembra se complica porque se realiza fuera de ciclo o en los límites biológicos del cultivo, por lo que la cercanía del temporal de lluvias hace que las nuevas plantaciones peligren (al tornarse más susceptibles a plagas, enfermedades y hongos); tampoco existen suficientes semillas de rápido crecimiento, la maquinaria no abunda y la tierra no está en condiciones idóneas, ya que hay superficies que se mantienen húmedas por el riego, lo que dificulta la introducción de maquinaria a los campos.

Además, para acelerar el proceso, los productores queman los restos de las plantas que se helaron, lo cual provoca que los suelos se resequen, requieran más agua y se reduzcan los rendimientos.

A los agricultores que no alcancen a replantar en el tiempo establecido, el gobierno los estimulará para que siembren sorgo, lo que les ayudará a salir del atolladero, pero incidirá en una menor producción de maíz.

El gobierno anunció otras medidas para ayudar a los campesinos de Sinaloa y Sonora, como aplazar el pago de impuestos y condonar multas y recargos, agilizar la liquidación de los seguros agrícolas, otorgar préstamos a bajas tasas de interés para maíz y sorgo, reestructurar los créditos vigentes y agilizar los recursos del Procampo y el Progan.

Probablemente se tendrá que recurrir a la importación de maíz en el peor escenario posible, ya que el grano en el mercado internacional está solamente a 20 dólares de alcanzar el máximo de 320 dólares al que llegó en junio del 2008. El maíz, la soya y el aceite de palma incrementaron su precio más de 7 por ciento mensual de septiembre a noviembre de 2010, por lo que a mediados de este año se podría estar superando el precio récord.

El incremento del precio del grano obedece a que China se consolida como gran importador, mientras que Estados Unidos, con existencias disminuidas, aumenta su demanda interna de maíz para etanol. Por el lado de los exportadores, Argentina dispone de una menor producción y el fenómeno meteorológico de La Niña amenaza nuevamente las cosechas.

Frente a este panorama, ¿existe una alternativa factible para incrementar la siembra de maíz blanco en México, para no recurrir a la importación, contribuir a frenar la inflación y mitigar el deterioro de los ingresos de las familias que consumen maíz y tortilla? La respuesta es sí: Jalisco.

Jalisco es el primer productor de maíz de temporal en México y, por consecuencia, los costos de producción son menores que en Sinaloa y Sonora. En la región Centro, en Los Valles, en La Ciénega, en parte de Los Altos y del Sur, existen más de 500 mil hectáreas con mediano y alto potencial de producción del grano.

Científicos de la Universidad de Chapingo, desde hace más de 15 años, trabajan en la generación de híbridos de maíz de alto rendimiento (adaptados a las condiciones estatales). Con semillas de esas características y con la aplicación de los insumos necesarios para su desarrollo, es posible producir entre 7.5 y 10 toneladas por hectárea, lo que se traduce en que Jalisco puede ofertar en el siguiente ciclo agrícola entre 4 y 4.5 millones de toneladas de maíz blanco. Sólo se requiere de un decidido apoyo gubernamental en crédito y asistencia técnica.

La disyuntiva es importar maíz o impulsar su producción en Jalisco y otras entidades temporaleras como Estado de México, Veracruz y Chiapas.

Esta vez se culpará de la falta de maíz a una helada atípica, cuando lo que subyace es la falta de una política de soberanía alimentaria y de una reserva estratégica de granos, pues la agricultura siempre está expuesta a fenómenos climatológicos.

Fe de erratas / Sobre Mario Velarde

(27 febrero 2011).- En la nota "Del reflector a la impunidad", publicada en el número 878 de Enfoque el pasado 20 de febrero, se publicó que Mario Velarde Martínez, señalado por un testigo protegido como presunto vendedor de información al cártel de los Beltrán Leyva, había sido secretario particular del ex procurador Eduardo Medina Mora, cuando éste era secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Vicente Fox. Lo correcto es que fue secretario particular de Genaro García Luna entre el 2000 y el 2006, cuando el hoy titular de la SSP era director general de la Agencia Federal de Investigaciones, antes oficina de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal.

Ofrecemos una disculpa a nuestros lectores.

Mejoran... en opacidad

Reportaje 10 años de auditoría. Una década de revisiones a la Cuenta Pública no ha erradicado las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. En cambio, se han sofisticado los mecanismos para burlar al auditor

Martha Martínez

(27 febrero 2011).- En el año 2001, la Auditoría Superior de la Federación denunció irregularidades en el manejo financiero del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. El órgano fiscalizador determinó que, según los registros contables, los recursos estaban siendo utilizados para pagar viáticos de funcionarios públicos cuyas actividades eran ajenas a los objetivos del fondo.

"Tiene registrados gastos que indebidamente pagó con recursos de la partida 3601 'Gastos de Propaganda', los cuales fueron destinados a cubrir el consumo de alimentos de 27 funcionarios bajo el concepto de atención a inversionistas o clientes, en cuya comprobación no se señala el motivo ni los inversionistas atendidos", señala el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública del año 2000.

Una década después, el informe de la ASF muestra que, lejos de atender la observación, algunas dependencias encargadas de administrar fondos y fideicomisos, como Fonatur, dejaron de registrar sus operaciones financieras, reduciendo con ello la posibilidad de que los auditores detectaran posibles irregularidades en el uso de los recursos.

"De la información enviada por 16 centros contables se desprende que en algunos casos utilizaron partidas y conceptos que no existen en el 'Clasificador por Objeto de Gasto' para justificar erogaciones, omitieron el nombre del deudor o de la entidad a quienes se les otorgó el importe de la inversión, reportaron como saldo inicial cifras en cero a pesar de que vienen operando de años anteriores y no reportaron los movimientos que afectaron sus operaciones", indica el Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública del año 2009, dado a conocer el pasado 16 de febrero.

Expertos aseguran que, en materia de fiscalización, en México se han dado dos fenómenos importantes: la limitada repercusión de las observaciones de la ASF en el mejoramiento del ejercicio público y la sofisticación de los mecanismos que los funcionarios utilizan para cometer irregularidades.

"Obviamente hay un comportamiento estratégico de funcionarios que dicen 'ya sé que el camino es por acá, entonces busco la manera de hacer más difícil la detección de irregularidades'; eso claramente está pasando, pero se presenta en cualquier burocracia, no es exclusivo de la mexicana, cuando la burocracia ve por dónde llega el toro, aprende a torearlo", advierte Guillermo Cejudo, profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Enfoque analizó los resultados de 230 auditorías realizadas en los últimos 10 años. El resultado muestra que además de las observaciones que se repiten año con año, diversas dependencias comenzaron a adoptar nuevos formatos y procesos que dificultaron la fiscalización de los recursos públicos.

La revisión indica que entre las irregularidades que constantemente reporta la Auditoría se encuentran el pago de gastos sin justificación suficiente, los procesos de adquisición que no se ajustan a la normatividad en la materia, las irregularidades en la contratación y pago de personal, el desvío de recursos, los pagos en exceso, el reintegro tardío de subejercicios a la Tesorería de la Federación, el uso discrecional de fondos y fideicomisos, el incorrecto registro de gastos en los informes de rendición de cuentas y la escasa aplicación de sanciones a proveedores y concesionarios que no cumplen con sus obligaciones.

Un ejemplo: en el año 2000, la ASF denunció que la Secretaría del Trabajo comprobó gastos con facturas aparentemente apócrifas. "Se efectuaron adquisiciones para los comedores de la dependencia por un monto de 581.1 miles de pesos, los cuales no se ingresaron a los almacenes de los comedores de la Secretaría... aunado a lo anterior, las facturas con las que se respaldó el gasto contienen firmas de recepción y liberación de pago presuntamente falsificadas por servidores y/o ex servidores públicos", indica el reporte.

Ocho años después la Auditoría hizo la misma observación: "Se verificó el origen fiscal de las facturas en el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales del Sistema de Administración Tributaria, el cual reportó que 18 facturas de cinco proveedores, por 7 mil 972.6 miles de pesos, son presuntamente apócrifas", señala el informe del 2008.

Además de estas irregularidades, el análisis muestra que algunas dependencias dejaron de registrar a detalle sus operaciones presupuestarias, hicieron uso de nuevos mecanismos para ocultar subejercicios, recurrieron a huecos legales para impedir el acceso de la ASF a estados financieros y crearon figuras legales para hacer menos detectable el desvío de recursos.

Por ejemplo, la auditoría realizada en 2008 al programa Enciclomedia para quinto y sexto año de primaria, informa que al cierre de ese ejercicio fiscal existía un subejercicio de más de un millón de pesos registrado en la Tesorería de la Federación; un año después, en la revisión de la Cuenta Pública 2009, el órgano fiscalizador señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó a la Secretaría de Educación Pública hacer uso de un mecanismo que le permitió dar por devengado más de un millón de pesos que se encontraba sin gastar, por lo que la ASF no pudo determinar si los recursos realmente fueron erogados o no.

Opacidad sofisticada

En opinión de Guillermo Cejudo, este proceso de sofisticación es el resultado de las limitadas consecuencias que la fiscalización tiene para los responsables de las irregularidades que se reportan.

"El problema es que (la ASF) es un componente fundamental de cualquier sistema de rendición de cuentas, pero por sí misma logra muy poco, ¿a qué me refiero?, cada año el auditor superior hace su informe, lo presenta, se hacen auditorías de desempeño, se muestran grandes avances en materia de recursos auditados, se hacen más observaciones, pero eso rara vez tiene consecuencias porque no hay continuidad de las auditorías cuando se detecta algo", sostiene.

El académico recuerda que a pesar de que es una solicitud reiterada de la Auditoría Superior, la Cámara de Diputados se ha negado a otorgarle facultades para fincar responsabilidades administrativas de manera directa, de ahí que para el inicio de indagatorias y la aplicación de sanciones, el órgano fiscalizador dependa de la Secretaría de la Función Pública, las contralorías y los órganos internos de control.

Cejudo asegura que el escaso acompañamiento de estas instituciones al trabajo de la ASF ha ocasionado que la respuesta de los gobiernos federal y locales sea la búsqueda de mecanismos que permitan "darle la vuelta" a la fiscalización, en lugar de modificaciones legales y operativas que mejoren el ejercicio del servicio público.

Observaciones sin sanción

Cifras del organismo dependiente de la Cámara de Diputados confirman lo dicho por el especialista. El número de auditorías pasó de 312 en el año 2000 a 945 en 2009. En el mismo lapso de tiempo el número de observaciones se multiplicó de 3 mil a cerca de 13 mil; las acciones promovidas aumentaron de 4 mil a 8 mil y las denuncias penales pasaron de 2 a 34.

En total, en la última década la ASF ha llevado a cabo 6 mil 40 auditorías de las cuales derivaron 51 mil observaciones, más de 61 mil acciones, cerca de 4 mil pliegos de observaciones y 75 denuncias penales.

No obstante, estas acciones no han significado sanciones importantes para los responsables de las irregularidades detectadas.

De las 75 denuncias penales interpuestas por la ASF ante el Ministerio Público, en una década, sólo tres han sido concluidas; todas mediante el no ejercicio de la acción penal.

Se trata de una demanda interpuesta en el año 2000 en contra de la Comisión Nacional de Zonas Áridas y dos presentadas en 2001 en contra de la Secretaría de Turismo y el Fondo de Fortalecimiento Municipal.

Según el reporte de la Auditoría, tres más fueron consignadas ante el juez: una interpuesta en el año 2000 en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; una presentada en 2001 en contra de la Lotería Nacional y una interpuesta en 2002 en contra de Petróleos Mexicanos.

Las 69 demandas restantes se encuentran en proceso; entre ellas sobresale una en contra del ISSSTE por irregularidades en el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias, la cual fue presentada hace 10 años y a la fecha no registra avances importantes.

Al trabajo deficiente del Ministerio Público se suma el de la Secretaría de la Función Pública. El Cuarto Informe de Labores de la dependencia informa que entre 2007 y 2010, más de 25 mil funcionarios han sido sancionados: 56 por ciento fueron amonestados, 19 por ciento suspendidos, 12 por ciento inhabilitados, 9 por ciento sancionados económicamente y 4 por ciento destituidos.

Aunque no es posible saber cuántas de estas sanciones han derivado de los informes de la Auditoría Superior, las cifras señalan que de los más de 40 mil millones de pesos impuestos como sanciones económicas entre los años 2000 y 2010, la SFP ha podido recuperar únicamente el .18 por ciento.

Uso político

En opinión del consultor en presupuesto y política pública, Gabriel Farfán, otros factores que limitan y dificultan el trabajo de la ASF son el uso político que se da a sus observaciones y el bajo perfil de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que, en teoría, es la instancia que promueve y revisa el cumplimiento de sus observaciones.

"La Comisión de Vigilancia ha estado en manos del PRD, de hecho se la dan como premio de consolación, pero realmente la Comisión de Vigilancia podría ser más poderosa porque es la que hace el contrapeso del Poder Ejecutivo, porque las demás son colaborativas, operan junto con el gobierno", afirma.

Y agrega: "La mayoría de la gente que llega a la Comisión, las presidentas y presidentes, con todo respeto, realmente nunca se dieron a la tarea de estudiar cuál es el papel y la importancia de la Comisión, hay un tema hasta de capacitación, no saben en dónde están sentados ni el poder que tienen o podrían tener, además el PRD no tiene cuadros técnicos importantes, los cuadros técnicos más importantes están del lado de las comisiones que colaboran con el gobierno, no del lado del contrapeso al Ejecutivo".

Farfán advierte que la razón por la que la ASF no ha sufrido modificaciones importantes a sus facultades a pesar de que el Congreso reconoce que los efectos de su trabajo son limitados, es que ni al poder Legislativo ni al Ejecutivo les interesa tener un contrapeso real.

"El mismo Congreso tendría que proponer modificaciones legales, tendría que darle más facultades a la Auditoría, pero del Congreso hasta donde yo sé, no hay muchas iniciativas para darle dientes y del Ejecutivo no hay absolutamente nada", indica.

El 16 de febrero pasado, durante la presentación del Informe de Resultados de la Revisión de la Cuenta Pública 2009, el diputado del Partido Verde Ecologista, Pablo Escudero, reconoció la poca importancia que la Cámara de Diputados le da a las observaciones de la Auditoría.

"La recepción de este informe (de la Auditoría) tiene que ser un instrumento preventivo, tiene que ser un instrumento correctivo y más aún, tiene que ser un instrumento que sirva para la toma de decisiones, este informe de resultados debería ser nuestro tablero de control para la toma de decisiones; sin duda en un acto de reflexión, en un acto de autocrítica, esto no ha sucedido", reconoció el legislador.

Ese mismo día, el diputado del partido Convergencia, Alejandro Gertz Manero, anunció que su partido entregó a la presidenta de la Comisión de Vigilancia, la perredista Esthela Damián, una propuesta para crear la Ley General de Rendición de Cuentas y Auditoría Ciudadana y reformar el artículo 79 constitucional.

El objetivo, explicó Gertz Manero, es quitarle a la legislación todos los candados que faciliten el mal ejercicio de los recursos públicos.

Para Gabriel Farfán, esas propuestas son importantes, pero insuficientes si la ASF continúa siendo un organismo dependiente de la Cámara de Diputados.

"No le han dado independencia y mientras no le des la independencia total del Poder Legislativo no se va a poder avanzar. La debilidad es impresionante, entonces es lógico que las recomendaciones se repitan y que las formas de ejercer el servicio público se modifiquen, a veces complicando las cosas, porque no hay nadie que diga esto se tiene que cumplir o hay que hacer las cosas de manera distinta, actualmente no hay obligatoriedad, ése es el tema", advierte.

Muchas auditorías, pocas denuncias

La ASF ha revisado ya 10 cuentas públicas, ha hecho más de 50 mil observaciones y ha presentado apenas 75 denuncias de hechos.

Número de auditorías

Entes auditados

00

312

129

03

338

125

06

754

138

08

987

09

945

163




Acciones promovidas

Observaciones

Pliegos de observaciones

Denuncias de hechos*

00

4,653

3,334

24

2

01

0

02

0

03

3,437

2,638

169

1

04

4

05

3

06

8,131

7,182

316

4

07

10,873

2

08

10

09

8,738

7,296

972

34



*15 denuncias de las 75, corresponden a las cuentas públicas de 1998 y 1999.
Fuente: Auditoría Superior de la Federación.

Admite auditor obstáculos

Entrevista 10 años de auditoría. Juan Manuel Portal: auditor superior de la Federación

Martha Martínez

(27 febrero 2011).- El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, asegura que las razones por las que muchas de las observaciones emitidas se repiten año con año son la falta de profesionalización de los servidores públicos, la demora con la que se presentan los resultados de la fiscalización y la falta de mecanismos de control eficientes en la administración pública.

En entrevista, el auditor indica que además de la enorme cantidad de funcionarios que participan en el ejercicio del gasto público, muchos de ellos carecen del perfil, la capacitación y los conocimientos necesarios para desarrollar la actividad que les fue asignada, situación que se traduce en omisiones, errores y, en algunos casos, desvíos de recursos.

"No revisamos el mismo ente, o la misma oficina o el mismo almacén, tratamos de tener una cobertura mayor y esto hace que las observaciones que yo hice en el caso suyo, se las hago también al señor, porque son diferentes, en diferentes localidades y están haciendo lo mismo y por eso las observaciones son casi iguales, un jefe de almacén o un jefe de compras responsable de ciertas operaciones tiene más o menos las mismas fallas cuando no tiene experiencia, por eso se repiten muchas de ellas", afirma.

Portal sostiene que otro elemento que ocasiona la repetición sistemática de las observaciones es la volatilidad de los servidores públicos, quienes son despedidos cuando llega una nueva administración.

Como ejemplo, señala lo que ocurre a nivel de los municipios: "cada tres años cambian los municipios, al cambiar la administración, el cabildo o el ayuntamiento, el presidente que llega cambia al personal casi siempre... ¿qué es lo que ocurre?, que llegan nuevos y en ocasiones sin experiencia en la administración pública, llegan a aprender y cuando ya aprendieron, casi están yéndose".

El contador público señala que los plazos establecidos por la ley para que la ASF comience la fiscalización de la administración pública y presente sus resultados dificultan la prevención de irregularidades y la posibilidad de que los diputados tomen en cuenta el trabajo de la Auditoría en la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Actualmente, detalla Portal, el trabajo de revisión de la ASF y de los órganos de fiscalización estatales comienza meses después de que concluyó el ejercicio fiscal, por lo que sus observaciones se presentan un año después de que los recursos fueron ejercidos.

"El presupuesto 2012 se va a empezar a analizar en septiembre, se aprobará en noviembre, nuestro informe va a estar entregado hasta el año siguiente... si nosotros acercamos la fecha de la Cuenta Pública, nuestro informe estaría en octubre y sería de más utilidad", sostiene.

Sobre el perfeccionamiento de mecanismos por parte de servidores públicos para dificultar el trabajo de la ASF, Portal asegura que actualmente es más difícil ocultar recursos públicos, aunque reconoce que los actos de corrupción más comunes son aquellos en los que están de acuerdo todos los actores involucrados.

El auditor indica que una mayor repercusión del trabajo de la Auditoría depende de que los gobiernos federal y estatales implementen mecanismos que permitan la contratación de servidores públicos capacitados, que la ley se modifique para adelantar los plazos para la presentación de los resultados de la revisión de la cuenta pública y de que en la administración pública se identifique con más claridad la responsabilidad de los funcionarios públicos.

PRI que recibe Moreira

Reportaje Relevo y aniversario del PRI. Humberto Moreira recibirá de Beatriz Paredes la dirigencia del partido más eficaz electoralmente en el presente sexenio, aunque con el mal sabor de sus derrotas recientes. Humberto Moreira, gobernador de Coahuila con licencia, asumirá la dirigencia del PRI el 4 de marzo en Querétaro, en el 82 aniversario del tricolor

Ernesto Núñez

(27 febrero 2011).- El PRI perdió su halo de partido invencible que lo caracterizó en los primeros tres años de este sexenio. Con las alianzas PRD-PAN, el tricolor fue vencido en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, en 2010, y en este año su estrategia no fue suficiente para ganar las gubernaturas de Guerrero y Baja California Sur.

El partido que recibirá Humberto Moreira de manos de Beatriz Paredes el próximo 4 de marzo no es ya la maquinaria electoral que irremediablemente ganaría los comicios presidenciales del 2012. Pero las cifras electorales lo mantienen como la primera fuerza política del país.

Las dirigencias del PAN y el PRD aseguran que lograron el objetivo pactado en enero del 2010 -cuando César Nava y Jesús Ortega negociaron las primeras alianzas- que consistía en detener la racha ganadora del PRI y revertir el presagio de su regreso inevitable a Los Pinos.

Nava declaró que su apuesta por las alianzas en 2010 era demostrar que el PAN podía "volver a la senda del triunfo". Ortega aseguró que la importancia de las alianzas que fueron a las urnas en Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Tlaxcala (esta última de facto, pues la candidata del PRD declinó a favor del PAN en la recta final), radicaba en la posibilidad de "frenar al PRI y evitar una regresión antidemocrática" (Reforma, 27 de junio del 2010).

Las alianzas funcionaron en tres entidades de gran peso político y demográfico, y consiguieron que el PRI dejara de gobernar a 11 millones 910 mil habitantes de Oaxaca, Puebla y Sinaloa. En los tres casos, con candidatos formados en el PRI.

Nava, Ortega y Manuel Camacho festejaron juntos sus tres victorias, y dejaron el terreno preparado para nuevas coaliciones.

En cifras el PRI sigue arriba

Los números no avalan el optimismo de panistas y perredistas: en el 2010 se disputaron mil 421 cargos de elección popular mediante voto directo (12 gubernaturas, 294 diputados locales de mayoría y mil 115 ayuntamientos). El tricolor ganó 748, equivalentes al 52.63 por ciento, (9 gubernaturas, 197 diputados de mayoría y 542 municipios).

De la población gobernada que estuvo en juego a nivel estatal (38 millones 147 mil personas), el PRI gobernará al 68.7 por ciento (26 millones 237 mil habitantes). De los 14 congresos locales que estuvieron en disputa, en 11 el PRI será mayoría. Y de las 14 capitales en las que hubo elección de nuevo alcalde, el PRI ganó 11 (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Chetumal, Culiacán, Ciudad Victoria, Mérida, Mexicali, Tlaxcala, Xalapa y Zacatecas).

La efectividad del PRI en elecciones locales fue menor respecto a la del 2007, pero se mantiene por arriba del 50 por ciento: en el 2007 ganó el 60 por ciento de los mil 519 cargos en disputa; en 2008, el 61.6 por ciento de 313 cargos y en 2009 el 52.8 por ciento de 906 cargos. Ese año, además, ganó 237 de los 500 diputados federales en la elección intermedia.

El PRI que recibe Moreira es un octogenario en plena recuperación, que ha basado su avance en triunfos locales y en el poder de sus gobernadores.

En los cuatro años que van del sexenio, más los primeros meses del 2011, se han renovado 23 gubernaturas. De ellas, el PRI gobernaba 13. Perdió cuatro (Sonora, en 2009; Oaxaca, Puebla y Sinaloa, en 2010). Pero recuperó seis (Yucatán, en 2007; Querétaro y San Luis Potosí, en 2009; Aguascalientes, Tlaxcala y Zacatecas, en 2010). De las 23 gubernaturas que se han renovado, el PRI gobierna 15.

Aunque fue electo desde enero, el próximo líder del PRI se ha deslindado de las recientes derrotas en Guerrero y Baja California Sur. Por su parte, la lideresa en funciones, Beatriz Paredes, ha dicho que no perdieron, sino que no ganaron, pues eran estados que no gobernaba el tricolor.

Moreira se ha fijado como primer reto ganar las gubernaturas que aún estarán en juego en el 2011: Estado de México, Nayarit, Coahuila (actualmente en su poder) y Michoacán (gobernado por el PRD).

Las dirigencias estatales del PAN y el PRD ya acordaron ir en alianza en Coahuila y Nayarit. En el Estado de México también existe el acuerdo a nivel estatal, pero está en duda que se consolide.

Frente a estos acuerdos, Moreira ya se ha pronunciado.

"Nosotros no queremos ganar elecciones con políticos formados por otros partidos. El PRI tiene excelentes cuadros y estaremos junto a ellos", escribió en Twitter el 16 de febrero.

"El PRI elegirá a los mejores candidatos para ganar este año las gubernaturas de Nayarit, Estado de México, Coahuila y Michoacán. En el PRI nuestra alianza es con la gente. Ganaremos en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Michoacán", escribió días después.

Unidad y triunfo, retos de Moreira

Para la politóloga Joy Langston, especialista en PRI del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el principal reto de Moreira, más que encontrar un antídoto contra las alianzas PAN-PRD, es evitar la fractura.

Langston recuerda que la unión PAN-PRD en sí misma no es suficiente para derrotar al PRI, e incluso en algunos estados, como Sinaloa y Guerrero, lo que más daño le hace es la escisión de un precandidato que termina siendo postulado por sus opositores.

La politóloga asegura que Moreira llega, además, en una posición privilegiada: tiene el respaldo de todos los gobernadores, incluido el más fuerte prospecto a la candidatura presidencial del 2012, Enrique Peña; cuenta con el aval del senador Manlio Fabio Beltrones, que prefirió no pelear la dirigencia con su candidato Emilio Gamboa, y además tiene una alianza con la ex priista Elba Esther Gordillo, lideresa del sindicato de maestros.

"El PRI que recibe Moreira es un partido básicamente listo para el triunfo. Moreira tiene una enorme suerte de no ser el presidente del PRI en el 2002 o en el 2006 o 2007. Pero eso le pone también mucha presión, porque él tiene que entregar la victoria en el 2012. Ése es su trabajo", comenta.

Langston explica que la recuperación del PRI experimentada a partir del 2007 se debe a varios factores que también podrían jugar en favor de la dirigencia de Moreira:

1. El mal desempeño del gobierno de Felipe Calderón, que no cumplió su principal promesa de campaña, que era crear empleos.

2. La caída del PRI en las elecciones del 2006 fue un tanto artificial, pues varios gobernadores rompieron con su entonces candidato, Roberto Madrazo, y operaron en contra. El PRI que recibe Moreira, en cambio, tiene a sus gobernadores alineados en un mismo objetivo: recuperar la Presidencia.

3. El tricolor cuenta con estructura y recursos económicos, derivados de sus triunfos a nivel estatal y, luego de las elecciones federales del 2009, será el partido con más financiamiento público y más spots en televisión y radio durante las campañas del 2012.

"El PRI es un partido nacional. El PAN, ni con 10 años de gobierno, ha podido expandir su cobertura en toda la nación. El PRI es capaz de ganar en casi cualquier rincón del país. Cuando hay elecciones bipartidistas, normalmente son PAN-PRI o PRD-PRI, rara vez la disputa es PAN-PRD. Eso quiere decir que cuando el electorado se cansa de un gobierno de oposición, termina regresando al PRI", agrega.

PRI 2007-2011

DETIENEN SU RACHA GANADORA

En lo que va del sexenio de Felipe Calderón el PRI se ha mantenido como primera fuerza en las elecciones locales. Sin embargo, su efectividad electoral se vio mermada a partir de las alianzas PAN-PRD, en 2010.

2007

Cargos en disputa:

1,519

PRI

912 (60.03%)

OTROS

607 (39.97%)



En disputa

Ganados

Gubernaturas

3

1 (33.33%)

Distritos locales

297

187 (62.96%)

Ayuntamientos

1,219

725 (59.47%)







2008

Cargos en disputa:

313

PRI

193 (61.66%)

OTROS

120 (38.34%)



En disputa

Ganados

Distritos locales

108

74 (68.51%)

Ayuntamientos

205

119 (58.04%)







2009*

Cargos en disputa:

906

PRI

479 (52.86%)

OTROS

427 (47.14%)



En disputa

Ganados

Gubernaturas

6

5 (83.33%)

Distritos locales

280

149 (53.21%)

Ayuntamientos

620

325 (52.41%)


* No incluye las elecciones de diputados federales.





2010

Cargos en disputa:

1,421

PRI

748 (52.63%)

OTROS

673 (47.37%)



En disputa

Ganados

Gubernaturas

12

9 (75%)

Distritos locales

294

197 (67%)

Ayuntamientos

1,115

542 (48.60%)







Y LO QUE VA DEL 2011


Guerrero

En disputa

Ganada

Gubernaturas

1

0





Baja California Sur

En disputa

Ganados

Gubernaturas

1

0

Distritos locales

16

4

Ayuntamientos

5

2

TOTAL

22

6




Fuentes: Institutos electorales de los estados, Reforma y PRI.






EL EFECTO ALIANZA

Trayectoria de la votación del PRI en los estados donde la alianza PAN-PRD logró arrebatarle gubernaturas en 2010. Se muestra también el resultado de Guerrero, 2011.



OAXACA

1992

1998

2004

2010

PRI

382,943

417,421

474,758

613,651

PAN

26,441

89,271

PRD

48,278

320,045

Alianza PAN / PRD / Convergencia

448,264

733,783



En 2004, el PRI fue en alianza con el PVEM y el PT. En 2010, en alianza con el PVEM.
En 2010, el PT se sumó a la coalición PAN, PRD y Convergencia.






PUEBLA

1992

1998

2004

2010

PRI

526,286

760,939

886,535

883,285

PAN

127,963

406,804

642,519

PRD

46,987

152,944

Alianza PAN / PRD / Convergencia

100,157

1,111,318



En 2010, el PRI fue en alianza con el PVEM y el Panal se sumó a la alianza PAN-PRD-Convergencia.






SINALOA

1992

1998

2004

2010

PRI

335,430

311,926

427,585

515,483

PAN

204,496

214,961

416,205

PRD

23,552

119,037

Alianza PAN / PRD / Convergencia

38,174

576,431



En 2010, el PRI fue en alianza con el PVEM y Panal.






GUERRERO

1993

1999

2005

2011

PRI

228,191

415,877

450,894

512,830

PAN

9,357

14,227

11,437

16,081

PRD

98,393

401,635

589,074

671,012



En 1999, el PRI fue en alianza con el PRS. En 2005, en alianza con PVEM y PT.
En 2010 el PAN declinó de último momento en favor de Ángel Aguirre.
En 1999, el PRD fue en alianza con PT y PRT. En 2005, en alianza con Convergencia y PRS.


Fuentes: Institutos electorales de los estados y Sistema Electoral Mexicano del Instituto de Mercadotecnia y Opinión.

'Gobernamos mejor que el PRI'

Entrevista PAN, el desgaste del gobierno. Juan Molinar Horcasitas: Secretario de Acción de Gobierno del CEN del PAN. De cara al 2012, el PAN se prepara para defender una década en la Presidencia de la República y enfrentar las críticas del PRI, que lo acusa de no saber gobernar

Ernesto Núñez

(27 febrero 2011).- El PAN escogió a un hombre polémico para defender el modelo de gobierno que han desplegado desde Los Pinos en la última década: Juan Molinar Horcasitas, cuyo nombre está ligado, irremediablemente, a la muerte de 49 niños en la Guardería ABC de Hermosillo.

De cara a las elecciones presidenciales del 2012, Molinar será uno de los encargados de encarar al PRI, que ya anunció una campaña de descalificación de los gobiernos panistas. Como secretario de Acción de Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Molinar tratará de "darle sentido panista" a las políticas públicas del gobierno federal, gobernadores y presidentes municipales. Como secretario técnico de la Comisión Política del CEN, tendrá bajo su responsabilidad la sistematización de los acuerdos que tome el órgano partidista que con mayor frecuencia y celeridad orienta y aconseja al líder panista Gustavo Madero.

Desde una pequeña oficina en el ala poniente del tercer piso de la sede panista -que contrasta con los lujosos y amplios despachos que ocupó en la dirección del IMSS y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes- Molinar hurga en carpetas impresas en papel membretado de la SCT en busca de los datos que apuntalen su hipótesis central:

"En 10 años de gobiernos panistas contra los últimos 20 años de gobiernos del PRI podemos acreditar, en casi todos los rubros, que no solamente hemos logrado enmendar los desastres que nos heredó el PRI, sino que hemos abierto nuevas rutas de gobierno, hemos construido un sistema más democrático, hemos ensanchado las libertades cívicas".

Molinar asegura que el partido blanquiazul está listo para el debate al que los retó a principios del año el próximo dirigente del PRI, Humberto Moreira.

"No solamente estamos listos, tenemos hechos que lo acreditan y los vamos a ir mostrando con propuestas, ideas claras, documentos y hechos contundentes", añade.

La oficina de Molinar no está en el pasillo donde se ubican los despachos de Gustavo Madero y la secretaria general, Cecilia Romero (quien también se vio envuelta en un escándalo: cuando dirigía el Instituto Nacional de Migración, ocurrió la masacre de 72 migrantes en Tamaulipas).

En su cubículo, de tres por tres metros, Molinar tiene una cafetera que él mismo hace funcionar, un escritorio modesto, su computadora portátil y varias pilas de documentos y libros. A cada crítica de la oposición que le es recordada durante la entrevista, responde con datos, sonrisas y frases cargadas de ironía.

"No se nos olvide que finalmente en estos 10 años hemos tenido no sólo que crecer, desarrollar el capital humano de nuestro país, hemos tenido también que deshacer los entuertos que nos heredó 20 años de crisis del PRI: la del 82, la del 93, la del 95. Son crisis que quebraron empresas, familias, patrimonios. Estamos dándole la vuelta a 20 años de quebrantos del PRI con 10 años de estabilidad económica, crecimiento, inversión", argumenta.

Y enumera: una década de control inflacionario, la cobertura total de la población en educación primaria, el aumento de la inversión en educación de 214 mil millones a 531 mil millones de pesos al año, la cobertura universal de salud, 7 millones de becas escolares, la erradicación de enfermedades de la pobreza...

"Logros" que no fueron premiados por el electorado en el 2009 (cuando el PAN sufrió una pérdida considerable de diputaciones federales, municipios y distritos), según él, por el impacto político de la crisis más grave desde 1929.

"Aun así, en 2009 perdimos pero sostuvimos un nivel de presencia política muy importante que probablemente en otro gobierno o en otro país hubiera costado mucho más. Y estamos avanzando, estamos recuperando. En 2010 ganamos Puebla, Oaxaca y Sinaloa, tres estados que menciono porque no gobernábamos, que es el criterio de Beatriz Paredes, que dice: 'no perdimos, simplemente no ganamos'. De paso le doy una buena noticia a Beatriz: en el 2012 no van a perder, pero tampoco van a ganar la Presidencia de la República, la vamos a ganar nosotros", agrega.

Límites del gobierno

Molinar admite límites a la acción de gobierno del PAN. Asegura, por ejemplo, que es "de locos" pensar en una erradicación total de la pobreza.

"Bueno, y sigue habiendo enfermedad, y sigue habiendo dolor en el mundo; el objetivo de un gobierno no puede ser erradicar completamente la pobreza, el dolor, la enfermedad; eso es de locos, nadie lo puede hacer, eso es parte de la naturaleza humana. El fin es erradicar el dolor evitable, ese sí, el que puede evitarse con acciones de gobierno, y en ese sentido los gobiernos de Acción Nacional hemos sido sin duda los que más hemos avanzado", afirma.

Sobre los más de 30 mil muertos acumulados durante la guerra de Felipe Calderón contra el narco, el ex secretario comenta: "la mayor parte de esas muertes se producen entre criminales, entre bandas que están peleándose un territorio porque están siendo combatidos por el Estado, que defiende a la sociedad... La gente está preocupada por el crecimiento de esta violencia, pero la mayor parte de la sociedad sigue pensando que el Estado no debe rendirse, que debe continuar con esta lucha...

"Si comparamos las cifras, 30 mil muertos, si estuviéramos hablando de una pequeña sociedad pueden ser muchos, pero cuando estamos hablando de 30 mil muertos entre 110 millones de habitantes nos lleva a un índice de homicidios de aproximadamente 18, que ha crecido en los últimos años pero que sigue siendo uno de los más bajos de América Latina. ¿Estamos satisfechos con eso?, no, pero es menor que el de Venezuela, el de Colombia, que el de Brasil. Un gobierno humanista no puede evitar todas las muertes en una sociedad. ¿Te imaginas una sociedad en la que no haya un solo homicidio?, es muy bueno pensarlo, pero no existe ninguna en el mundo. ¿Te imaginas una sociedad en donde el gobierno no combata al crimen organizado? Sí se puede, era la sociedad de los gobiernos priistas".

Molinar también admite que la frase "manos limpias" -lema de campaña de Caldearón a principios del 2006- tampoco se ha cumplido al 100 por ciento:

"Si eso significa que no haya habido ningún acto indebido de algún funcionario público, no. Pero sí hay mucho menos corrupción que en los gobiernos anteriores, de eso no hay duda", sentencia.

Guardería ABC

Una sombra ha perseguido a Molinar desde el 5 de junio del 2009, día en el que se incendió la Guardería ABC de Hermosillo. La muerte de 49 niños a causa de ese secuestro generó una ola de indignación social. Desde diversos sectores se demandó la renuncia de Molinar a la SCT pues, aunque él ya no era director del IMSS en el momento de la tragedia, se le señaló como responsable de la firma de los contratos de subrogación de ésta y otras guarderías a particulares. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que discutió si en este caso se acreditaban violaciones graves a los derechos humanos por acción u omisión de los funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal.

El 3 de junio del 2010, el ministro Arturo Zaldívar presentó un proyecto de dictamen en el que se proponía fincar responsabilidad política a Molinar; al actual director del IMSS, Daniel Karam, y al ex gobernador Eduardo Bours, entre otros. Desde el proyecto se advertía que la resolución no tendría efectos vinculantes, pero sí consecuencias en el terreno de la ética y la legitimidad democrática.

El proyecto fue rechazado por la mayoría de los ministros de la Corte y se limitaron las responsabilidades a funcionarios menores.

Casi un año después, Molinar asegura que el proyecto del ministro Zaldívar era "inconstitucional e incorrecto", y responde a sus críticos:

"Quienes piensan que una persona por razones políticas debe asumir la responsabilidad sobre la muerte de 49 niños tienen demasiada ambición en la política. Declararse culpable por razones políticas de algo de lo que se es inocente es un absurdo", afirma.

Molinar destaca el hecho de que la Corte haya revisado los argumentos que expuso en su defensa y afirma que lo único que hizo en ese proceso fue probar su inocencia.

El hoy estratega panista asegura que el presidente Calderón le indicó que presentara sus argumentos y se defendiera ante la Corte. Nunca, afirma, le fue solicitada su renuncia al cargo.

"¿Por razones políticas?, ¿sabiendo que yo no tenía responsabilidad en ello y que había hecho todo lo que en mis atribuciones estaba para evitar eso? No, no me lo planteé. Lo analicé y la conclusión a la que llegué es que no era correcto renunciar".

¿Considera que el caso dañó al gobierno de Calderón y al PAN?

Sobre todo a mí. Durante mucho tiempo, mientras se presentó el informe preliminar en el que se me señalaba y después el dictamen del ministro Zaldívar, fui sometido a un golpeteo político y mediático muy fuerte, porque obviamente la sociedad mexicana estaba crispada por este hecho, todo mundo estaba conmovido por esta tragedia. Sin embargo, al final yo pude demostrar que no tenía responsabilidad sobre ello.

¿Se pudo haber hecho algo mejor con el sistema de subrogación para evitar hechos como éste?

El sistema de subrogación es legal, lo dijo la SCJN; la firma de los contratos por parte mía no sólo era un acto legal, sino que cumplió con todas las formalidades, había sido revisado por todas las autoridades facultadas para ello. No se omitió un solo paso; precisamente por eso se señaló que no había responsabilidad.

¿Su ex compañera diputada, Carla Rochín, era la persona más apta para hacerse cargo de las guarderías del IMSS?

Ella había cursado un diplomado de calidad en el Instituto Tecnológico Autónomo de México para poder estar en esas condiciones. Y de hecho, si se revisan las encuestas de satisfacción de usuarios de esas guarderías del IMSS, el 90 por ciento de los usuarios estaban satisfechos con el servicio. Compara cuántos servicios de México cuentan con esos niveles de satisfacción, te vas a encontrar que ninguno.

Lo que indigna quizá es que no hubo responsabilidades ni en el gobierno federal ni en el estatal.

En este momento hay una docena o más de personas que están siendo juzgadas penalmente. Yo tendría que esperar a que terminara ese proceso, pero hay un proceso en marcha. Se tiene que esperar a que el juicio termine, lo que no se puede es declararlas culpables o esperar que se declaren culpables antes de que su juicio termine. Y en el caso de violaciones graves de derechos humanos, ese proceso ya terminó, señalando a algunas personas responsables por acciones u omisiones, y exonerando a quienes no tuvieron responsabilidad aunque hayan sido señaladas.

¿Cómo afecta al PAN que esté usted aquí?

Evidentemente el PAN ha tomado una decisión en la materia, y yo con mucho gusto vengo a aportarle al PAN.

"Le doy una buena noticia a Beatriz Paredes: en el 2012 no van a perder... pero tampoco van a ganar la Presidencia de la República".

83 Entrega de los EnrÓscares

La cultura política

(27 febrero 2011).- And the winner is...

Efectos especiales: Guillermo Galván

Por: "The fighter".

Mejor actriz: Elba Esther Gordillo

Por: "Los chicos están bien".

Mejor actor de reparto: Alonso Lujambio

Por: "Los chicos están bien".

Mejor actor protagónico: Humberto el bailarín Moreira

Por: "El Cisne Negro".

Mejor película animada: Alejandro Encinas y Jesús Ortega

Por: "Cómo entrenar a tu dragón".

Mejor guión: Ernesto Cordero

Por: "In a better world".

Mejor director: Desierto (por cuarto año consecutivo).

Mejor película: "El origen"

Producida por: Genaro G. Luna y Florence Cassez.

Mejor película extranjera: "Biutiful"

Producida, dirigida y protagonizada por: Enrique Peña Nieto.

La cultura política

(27 febrero 2011).- Téngalo presente

Fuego cruzado. Las víctimas atrapadas de la guerra del narco de Marcela Turati. Grijalbo. Roberto Zamarripa, María Teresa Ronderos y la autora. Sábado 5 de marzo, 18:00 hrs. Salón de la Academia de Ingeniería. XXXII FIL de Minería. Tacuba 5, Centro Histórico. Inf.: http://bit.ly/4mgb3j.

Conferencias

México en el Consejo de Seguridad 2009-2010. Jorge Schiavon y Fernando González Saiffe. Lunes 28, 9:30 horas. Aula Magna del CIDE. Carretera México- Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2118.

Estados Unidos y su sistema político: algunas claves para su estudio. Luis Maira. Lunes 28, 12:00 horas. Aula Magna del CIDE. Informes: 5727 9800 ext. 2130.

Convocatorias

VI Premio Iberoamericano en ciencias sociales. Invita el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Fecha límite: 31 de mayo. Informes: http://bit.ly/fxItNX y 5665 4068.

Foros

Samuel Ruiz, obispo de los indígenas y los pobres. Enrique Dussel, Gilberto López y Rivas, Raúl Vera y Rebeca Montemayor. Lunes 28, 19:00 horas. Casa Lamm, Álvaro Obregón 99, Roma. Informes: 5550 1039.

Mesas redondas

El reto económico y social del cambio climático. Julia Carabias, Leonardo Lomelí y Roberto Cabral. Domingo 27, 14:00 horas. Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería. XXXII Feria Internacional del Libro.

Perspectivas para México en materia de cambio climático. Rodolfo Godínez, Estrellita Fuentes, José Antonio Rodríguez, Enrique Mejía, Víctor J. Gutiérrez. Miércoles 2, 9:00 horas. Auditorio de la Secretaría del Medio Ambiente. Revolución 1425, Tlacopac San Ángel. Informes: 5580 0242 y registro@asemeja.org.

¿Existe realmente una reactivación económica en México? Alicia Girón, Alma Chapoy y Patricia Rodríguez. Viernes 4, 16:00 horas. Auditorio 6 del Palacio de Minería. XXXII Feria Internacional del Libro. Informes: 5623 0093.

Hacienda pública 2011. Irma Manrique, Marcela Astudillo y Violeta Rodríguez del Villar. Viernes 4, 17:00 horas. Sala Manuel Tolsá del Palacio de Minería. XXXII Feria Internacional del Libro.

Alfonso García Robles en la construcción de la política exterior. David García Contreras, Carlos Eduardo Levy Vázquez, Arturo Ponce Urquiza y Luis Manuel López Rojas. Viernes 4, 18:00 horas. Salón Rafael Ximeno y Planes del Palacio de Minería. XXXII Feria Internacional del Libro.

Días de guardar. Rolando Cordera. Mesa en torno a la obra con ese título de Carlos Monsiváis. Sábado 5, 13:00 horas. Auditorio Bernardo Quintana del Palacio de Minería. XXXII Feria Internacional del Libro.

Que se abra esta puerta. Crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual. Marta Lamas diserta sobre los trabajos reunidos en el libro que lleva ese nombre de Carlos Monsiváis, entregados a la revista Debate Feminista. Domingo 6, 12:00 horas. Capilla del Palacio de Minería. XXXII Feria Internacional del Libro.

Presentaciones

La transición en México. Una historia documental 1910-2010 de Sergio Aguayo. FCE. Domingo 27, 16:00 horas. Salón Bernardo Quintana del Palacio de Minería. Feria Internacional del Libro.

Las mieles del poder de Alejandro Sánchez. Debolsillo. Pascal Beltrán del Río, Rubén Cortés y Francisco Garfias. Domingo 27, 19:00 horas. Auditorio Bernardo Quintana del Palacio de Minería. XXXII Feria Internacional del Libro.

El derecho en México: dos siglos (1810-2010) de varios autores. UNAM. Miércoles 2, 18:00 horas. Olga Islas, Diego Valadés, Jorge Fernández, José Ovalle, Patricia Kurczyn y Juan Luis González. Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Informes: 5622 7474 ext. 1735.

Voces insurgentes. Declaraciones de los caudillos de la Independencia de Raúl González Lezama. INEHRM. Miércoles 2, 18:00 horas. Carmen Saucedo Franco, Rafael Estrada Michel, Miguel Ángel Fernández Delgado y el autor. Sala de lectura de la Biblioteca de las Revoluciones de México del INEHRM. Francisco I. Madero 1, San Ángel. Informes: 3601 1000 ext. 68405.

Violencia contra las mujeres e inseguridad en Ciudad Juárez coordinado por Julia Monárrez, Luis Cervera, César Fuentes y Rodolfo Rubio. Colef/Miguel Ángel Porrúa. Presentan Luciana Ramos y Laura Carrera. Jueves 3, 19:00 horas. Salón Rafael Ximeno y Planes del Palacio de Minería.

Modernidad y globalización de Gina Zabludovsky. Siglo XXI. Cristina Puga, Hector Zamitiz y Alicia María Juárez Becerril. Sábado 5, 19:50 horas. Auditorio 6 del Palacio de Minería. XXXII Feria Internacional del Libro.

Seminarios

El federalismo y la Corte. El municipio en el Estado federal mexicano. Julio Ríos Figueroa y Alejandro Cruz. Miércoles 2, 17:00 horas. Sala de Audiencias de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Informes: 5727 9800 ext. 2850.

Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com

REVISTA PROCESO No. 1791

Solución viable: “unificación pactada”

Jesusa Cervantes

Un reporte confidencial que el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, leyó ante diputados y cuya copia tiene Proceso, revela que el narcotráfico ha infestado a todo México y que sólo es poco notorio en los estados donde cuenta con apoyo de las autoridades; anuncia una mayor narcoviolencia contra funcionarios, policías y militares, y advierte que ésta puede disminuir si varios cárteles se unen para eliminar a Los Zetas, o bien si el gobierno mexicano obliga a los grupos criminales a una “unificación pactada”… Por vía de mientras, la disminución de las acciones criminales de los cárteles no se ve cercana.

De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, “es previsible” que la “presión permanente” del Estado mexicano contra los cárteles de la droga no solamente podría ocasionar más violencia contra funcionarios, cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas, sino que los grupos criminales también podrían incrementar sus acciones de “cooptación” de las autoridades.

“Tras un repunte en la violencia –manifestó–, es factible que ésta disminuya considerablemente si la unión de los cárteles del Pacífico, del Golfo y La Familia Michoacana se consolida para eliminar al grupo de Los Zetas.”

Es igualmente viable, señaló Galván Galván, que la intensidad de la acción gubernamental obligue a la “unificación pactada” de los grupos criminales y que realicen sus actividades como antes, “sin violencia, en forma soterrada”.

Sin embargo, advirtió a los legisladores:

“Con base en la información que procesamos, resultaría temerario establecer una fecha en la que sea perceptible el punto de inflexión de las acciones criminales.”

De acuerdo con esta expresión, estaría lejano el momento en que las actividades criminales empiecen a disminuir.

Tales son algunos de los aspectos del análisis de la Secretaría de la Defensa Nacional que, bajo el título de Reporte confidencial (una copia del cual tiene Proceso), expuso el general Galván ante diputados federales en la segunda semana de septiembre del año pasado, luego de haber realizado con ellos otros dos encuentros para analizar la situación del crimen organizado.

A diputados de todos los partidos políticos (PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Convergencia y Panal) les pidió aprobar la Ley de Seguridad Nacional y les explicó cuáles son los grupos del crimen organizado en México, describió su perfil y expuso las alianzas y pugnas que existen entre ellos.

Perfiles

Los encuentros del secretario de la Defensa Nacional con los diputados se han realizado desde 2009: el primero fue con integrantes de la legislatura pasada, el segundo se efectuó el 7 de abril de 2010 en las instalaciones de la Sedena, y el tercero tuvo lugar en septiembre pasado en el Heroico Colegio Militar.

Las dos últimas reuniones del general Galván con los miembros de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados se realizaron cuando ésta era presidida por Ardelio Vargas Fosado, actual secretario de Seguridad Pública de Puebla. (A partir del jueves 24 el presidente de dicha comisión es el también priista Rogelio Cerda.)

Fue justamente en el tercer encuentro con los legisladores cuando el general Galván les explicó que en la actualidad operan en México siete grandes organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico: los Arellano Félix, los Beltrán Leyva, los Carrillo Fuentes, Los Zetas, La Familia Michoacana y los cárteles del Golfo y del Pacífico.

Además han surgido otros grupos de “carácter local” producto de las escisiones, reacomodos y alianzas de miembros de diferentes cárteles: Milenio, Pacífico Sur, Díaz Parada, Unidos de Jalisco o Los Torcidos, La Resistencia y La Sierra de Guerrero.

El secretario de la Defensa no sólo detalló las zonas del país donde opera cada grupo, sino que también destacó que mientras el cártel del Pacífico (conocido más como el cártel de Sinaloa), que dirige Joaquín El Chapo Guzmán, cuenta con una estructura bien definida y se dedica únicamente al negocio de la droga, Los Zetas van mucho más allá y emprenden cualquier negocio ilícito, como el secuestro y el cobro de piso, además de que son los más violentos y tienen presencia en todo el territorio nacional.

Antes de definir cada perfil de las organizaciones, el general Galván hizo una breve introducción para que los diputados entendieran cómo evolucionaron las bandas del narcotráfico en los últimos años y cómo se conectaron con las FARC, guerrilla colombiana, hasta extenderse por cuatro países centroamericanos y de Sudamérica.

“A finales de los noventa, tras el debilitamiento de las grandes organizaciones de narcotraficantes colombianas, las FARC asumieron el papel de ‘gran cártel colombiano’, continuando hasta la fecha con la coordinación para el tráfico de cocaína entre organizaciones mexicanas”, les dijo.

Y continuó: “Desde el año 2003, los cárteles mexicanos redimensionaron su rol en el contexto regional, fortaleciendo su participación e influencia en países de Centro y Sudamérica, revirtiendo los papeles de ‘subordinación’ al de ‘dirección’”.

Por lo menos así lo confirma “su presencia en áreas de producción de cocaína en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Centroamérica para coordinar y controlar el transporte del estupefaciente”, precisó.

Lo que diferencia a cada uno de los siete cárteles “nacionales” –por llamarlos de alguna manera– y a los seis locales está en función de los “objetivos y la ambición de sus líderes por expandir sus áreas de influencia, inclusive aceptando alianzas de conveniencia”, planteó el general Galván.

Durante el encuentro, el secretario de la Defensa se apoyó en gráficas y mapas que mostraban las zonas de influencia de cada grupo, y expresó a los legisladores:

“La heterogeneidad de intereses y la superposición de espacios en que operan propicia desacuerdos entre sus principales integrantes, originando índices de violencia que han rebasado el ámbito de la seguridad pública, generando afectaciones serias a la seguridad interior.”

En este punto, el secretario de la Defensa emprendió ante los legisladores la lectura de una parte del Reporte confidencial que se refiere a los liderazgos y a las características de los grandes cárteles. Lo hizo en los siguientes términos:

“Cártel del Pacífico

“Líderes: Ismael Zambada García (a) El Mayo, Juan José Esparragoza Moreno (a) El Azul y Joaquín Guzmán Loera (a) El Chapo Guzmán.

“Única organización que cuenta con un liderazgo lineal, regionalizado y estructura de mando abiertamente identificada de corte tradicional.

“No realiza actividades de extorsión y secuestro.

“Por sistema evita la confrontación con las Fuerzas Armadas.

“Se inserta en la sociedad como benefactor, generando la llamada narco cultura.

“Los Zetas

“Líderes: Heriberto Lazcano Lazcano (a) El Lazca y Miguel Ángel Treviño Morales (a) El 40.

“Esta organización delictiva se ha convertido en el mayor riesgo a la seguridad interior por la radicalidad y alcance de las acciones que ha implementado contra las instituciones del Estado que no le son afines y por la falta de respeto a la vida de las personas.

“Es el cártel con mayor presencia en el territorio nacional y el responsable del mayor número de hechos violentos y de gran impacto social.

“De 805 agresiones registradas contra personal militar, 264 han sido por parte de sicarios de este grupo delictivo, lo cual representa el 33%.

“El despliegue de sus principales integrantes como jefes de plaza le permite mantener presencia en gran parte del país, teniendo como objetivo la expansión en todo el territorio nacional, donde controlan toda actividad ilícita que les reditúe recursos económicos.

“Cuenta con una organización tipo militar que hace respetar la disciplina a su interior por la violencia. Constantemente somete a sus integrantes a periodos de adiestramiento básico, los dota de armamento de gran poder y volumen de fuego.

“Beltrán Leyva

“Líderes: Héctor Beltrán Leyva (a) El H y Édgar Valdez Villarreal (a) La Barbie (detenido el 30 de agosto de 2010).

“Organización carente de una estructura sólida de liderazgo.

“Sus lugartenientes recurren a la violencia extrema para conservar su disciplina interna.

“Como medio alterno de financiamiento realizan actividades de secuestro, extorsión y robo.

“Carrillo Fuentes

“Líder: Vicente Carrillo Fuentes (a) El Viceroy, de personalidad extremadamente violenta e intransigente y escasa capacidad de negociación.

“Utiliza como sicarios en Ciudad Juárez, además de miembros de su organización, pandillas locales a las que proporciona armamento, numerario y vehículos.

“La personalidad de su líder se caracteriza por su extremada violencia, tanto para imponer disciplina al interior de la organización como para amedrentar a sus enemigos.

“Cártel del Golfo

“Líderes: Jorge Eduardo Costilla Sánchez (a) El Cos y Ezequiel Cárdenas Guillén (a) Tony Tormenta (muerto por las Fuerzas Armadas, el 5 de noviembre de 2010).

“Organización de corte tradicional que mantiene el control del estado de Tamaulipas.

“Para identificarse entre ellos emplean distintivos de carácter militar en su persona y medios de transporte.

“Evitan enfrentarse en lo general con las Fuerzas Armadas.

“Familia Michoacana

“Líderes: Nazario Moreno González (a) El Chayo (muerto el 9 de diciembre de 2010 por las Fuerzas Armadas) y Jesús Méndez Vargas (a) El Chango.

“Organización de corte radical, fundamentalista; emplea el factor religioso para reclutar y adoctrinar a sus miembros.

“En varios municipios ha logrado desplazar a la autoridad legalmente constituida, estableciendo cuotas por los supuestos servicios que brinda a la colectividad.

“Se ha convertido en la principal empresa productora de drogas sintéticas.

“Arellano Félix

“Líder: Fernando Sánchez Arellano (a) El Ingeniero.

“Estructura empresarial familiar; parte de su fuente de financiamiento es producto de recursos provenientes por cobro de derecho de piso.

“De las siete organizaciones criminales se considera la más débil.”

Mientras el general Galván iba detallando las características de los grupos, se apoyaba en mapas que establecían su área de penetración y luego puntualizó las rivalidades entre ellos:

–El cártel del Pacífico se enfrenta con los Carrillo Fuentes y los Beltrán Leyva (en la escisión que encabeza Héctor Beltrán Leyva.)

–La Familia Michoacana mantiene una lucha contra el cártel Beltrán Leyva (escisión que tenía a la cabeza a Édgar Valdez Villarreal).

–Los Zetas están confrontados con el cártel del Golfo y el del Pacífico.

–El cártel de Beltrán Leyva (escisión La Barbie) tenía pleito con la escisión que representaba Héctor Beltrán Leyva.

Finalmente, el general Galván dijo que los Arellano Félix no están permanentemente confrontados con ningún grupo.

Las alianzas

Respecto de las alianzas, el secretario de la Defensa manifestó a los legisladores que el cártel del Pacífico y los Arellano Félix tienen un acuerdo con el cártel del Golfo, en tanto que el grupo de Carrillo Fuentes está aliado con los Beltrán Leyva y Los Zetas.

Y para “ilustrar” la afirmación de que las acciones violentas afectan ya la seguridad interior del país, el general Galván dijo que, por lo que se refiere a la autoridad civil, estos grupos criminales han cometido ataques contra tres funcionarios federales, 18 estatales, 18 alcaldes y otros 26 ediles, además de realizar dos agresiones contra instalaciones diplomáticas (Monterrey y Nuevo Laredo) y otras dos contra personal consular de Estados Unidos. (Esto, antes de que se registrara el ataque a dos oficiales de Aduanas de Estados Unidos en San Luis Potosí, en donde Jaime Zapata murió y Víctor Ávila resultó herido.)

El general Galván precisó también que hasta septiembre de 2010 se habían producido mil 343 ataques contra personal de seguridad pública, con un saldo de mil 481 muertos y mil 46 heridos.

En cuanto al personal militar, el general mencionó 805 agresiones, principalmente en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. El resultado: 81 militares muertos y 370 heridos, contra 870 muertos y 190 heridos de los cárteles, además de 25 mil 279 detenidos y 66 mil 72 armas aseguradas.

En su exposición, el titular de la Sedena externó algo que fue considerado “terrible” por los legisladores: “Actualmente no existe una entidad de la República Mexicana exenta de manifestaciones delictivas derivadas del narcotráfico”.

Les explicó que el control del territorio se convirtió en el primer gran objetivo de los cárteles para mantener la hegemonía en áreas de producción, almacenamiento, distribución y rutas de trasiego hacia centros de consumo de México y otros países.

La disputa por el territorio y la negativa a pagar derecho de piso o a subordinarse entre ellos “fue el detonador de la actual violencia”, principalmente en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Durango, Guerrero, Morelos y Michoacán, les dijo el general.

“Existen estados como Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, que no son escenarios de un escalamiento de actos violentos”, lo que se debe a que en tales estados “tiene pleno dominio una sola organización delictiva, reflejando una falsa imagen de estabilidad, toda vez que es donde la sociedad soporta en silencio las exigencias y la presencia de los narcos con la complicidad de la autoridad.”

El secretario sostuvo que, ante las acciones del Estado, los cárteles “recurrieron a la penetración de las estructuras política, económica, de seguridad y a un manejo activo o pasivo de los medios de comunicación, mediante sobornos o amenazas”.

En la sección analítica de su diagnóstico , bajo el título de “Prospectiva”, el documento del secretario de la Defensa expone:

“Ante la aplicación de la presión permanente que ejerce el Estado sobre las estructuras operativa y logística de la delincuencia organizada, es previsible que ésta incremente gradualmente acciones de:

“Cooptación a miembros de instituciones de seguridad pública.

“Violencia contra funcionarios gubernamentales de seguridad locales, federales y fuerzas armadas.

“Posicionamiento de áreas donde existe una reducida presencia de autoridades federales en búsqueda de libertad para continuar sus actividades ilícitas.

“Tras un repunte de la violencia, es factible que ésta disminuya considerablemente si la unión de los cárteles del Pacifico, el Golfo y La Familia Michoacana se consolida para eliminar al grupo de Los Zetas.

“De igual manera podría resultar viable que la intensidad de la acción gubernamental obligue a su unificación pactada y que realicen sus actividades sin violencia, en forma soterrada.

“Con base en la información que procesamos resultaría temerario establecer una fecha en la que sea perceptible el punto de inflexión de las acciones criminales.”

El documento señala que tal circunstancia podría producirse en el mediano plazo sólo si se establece una serie de medidas y proyectos, como las reformas a la ley de seguridad nacional, la ley contra el terrorismo y el lavado de dinero, la iniciativa de policía única, entre otros.

Esto, además de concretar y poner en práctica el Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad que se firmó el 21 de agosto de 2008. l

Los cárteles, más fuertes que nunca

Ricardo Ravelo

Compatible con el diagnóstico que presentó la Sedena ante los diputados, el mapa del narcotráfico se reconfigura con el cártel de Sinaloa a la cabeza. Pese a los embates de las fuerzas federales, los cárteles de la droga que operan en México parecen estar más fuertes que nunca, según otros documentos oficiales consultados por Proceso. Hoy, cuatro años después de que el presidente Felipe Calderón emprendió la guerra contra el crimen organizado, han irrumpido en la escena organizaciones que antes eran de bajo perfil, como La Familia Michoacana, que tiene presencia en 12 entidades del país, además de Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

La guerra contra el narcotráfico iniciada por la administración calderonista hace poco más de cuatro años sólo ha servido para que los cárteles mexicanos refuercen sus estructuras y tejan alianzas, pero sobre todo para que extiendan sus dominios en todo el territorio nacional. Hoy, las propias autoridades admiten que han fracasado en su intento por frenar la escalada de violencia.

A 22 meses de que concluya la presente administración, inmersa en la guerra contra el narcotráfico, los cárteles controlan ya 71% de los municipios del país, según el estudio realizado por el Senado a finales de 2010 (Proceso 1773).

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, quien lleva 10 años al frente de las tareas de seguridad, reconoció el martes 1 de febrero, ante los integrantes de la Primera Comisión de la Cámara de Diputados, que el gobierno federal no ha podido consolidar una política de Estado para combatir el crimen organizado.

Las declaraciones del funcionario contrastan con las del propio Calderón, quien poco antes negó que los cárteles estén operando al amparo de la protección de funcionarios municipales, estatales y aun federales. Según García Luna, el gobierno realiza una revisión en las corporaciones policiacas para combatir a los llamados “infiltrados en el Estado”, aunque se abstuvo de mencionar nombres.

Las mil cabezas del narco

El despliegue del Ejército y de la Policía Federal a lo largo del país para combatir el crimen organizado ha sido infructuoso, pues la violencia no cesa. Además, el tráfico de drogas no sólo permanece intacto, sino que los cárteles se han fortalecido mediante alianzas estratégicas.

Estudios oficiales, como Información sobre el fenómeno delictivo en México, patrocinado por la Presidencia de la República y aún no divulgado, y Radiografía de los cárteles mexicanos, de la SSP, consultados por este semanario, dan cuenta de la expansión de los grupos criminales dentro y fuera del territorio nacional.

Y aun cuando el gobierno ha descabezado a varias organizaciones, ninguna de ellas ha sido exterminada. Las cabezas cortadas fueron reemplazadas de inmediato. No sólo eso, en los últimos años surgieron nuevas organizaciones: el cártel del Pacífico Sur, La Resistencia y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La primera surgió en diciembre de 2009 tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes. Según la SSP, ese cártel actúa en Guerrero, Morelos, Michoacán y Jalisco, zonas que durante años dominaron los hermanos Beltrán Leyva. Sus primeros ajustes de cuentas en Guerrero y Morelos fueron publicitados por medio de narcomantas y carteles, que adherían a los cuerpos de sus víctimas.

En cuanto a La Resistencia –también llamada la Triple Alianza–, las autoridades federales sostienen que se trata de un grupo ligado al cártel de Sinaloa y que reúne a miembros de La Familia Michoacana, del cártel del Golfo y de los restos de la organización de los hermanos Valencia Cornelio.

El CJNG, que irrumpió recién el año pasado, se sabe que está formado por los operadores de Ignacio Nacho Coronel, ejecutado por marinos en julio pasado durante un operativo en Zapopan, Jalisco. Desde la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, en 1989, en la entidad no había una organización que controlara el trasiego de drogas.

Este cártel y La Resistencia pelean por apropiarse de este territorio, al que llegan grandes cantidades de precursores químicos que después son trasladadas a laboratorios de Michoacán, Guerrero, Estado de México y Distrito Federal para la elaboración de drogas sintéticas.

Ambas organizaciones surgieron en el complejo turístico Paradise Village de Puerto Vallarta a principios de 2010, luego de la ejecución de Alejandro Coronel, hijo de Nacho Coronel, quien operaba para el cártel de Sinaloa, a manos de presuntos sicarios de Los Zetas.

Desde antes del asesinato de Alejandro, la posición de su padre comenzó a debilitarse. No era bien visto por los integrantes del cártel de Sinaloa por su cercanía con otros grupos, como el cártel del Golfo. Al ser abatido por los marinos, la plaza de Jalisco se quedó sin jefe. De inmediato irrumpieron La Resistencia y el CJNG, que ahora pugnan por dominar no sólo Jalisco, sino también Nayarit y Colima.

Según informes de inteligencia, el CJNG es dirigido por narcos de Durango, Sinaloa, Tamaulipas y Estado de México, cuyas edades oscilan entre 25 y 35 años y poseen mansiones en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Juanacatlán y El Salto. Son ellos los que enfrentan a las células de La Resistencia, que provienen de los cárteles de Sinaloa, La Familia Michoacana, el cártel del Golfo y lo que queda de la organización de los hermanos Valencia Cornelio.

“Son extremadamente violentos, se conoce que utilizan tácticas terroristas para infundir miedo. Manejan todo tipo de drogas y cuentan con armamento de alto poder, lo que los hace sumamente peligrosos”, según el perfil elaborado por la SSP.

Una “Familia” robusta

Diversas fuentes dan cuenta de que en Michoacán, Morelos, Jalisco y Guerrero otro cártel da muestras de expansión y fortaleza: La Familia Michoacana.

Esta organización surgió en Michoacán entre 2005 y 2006, tras las divisiones entre el cártel del Golfo y Los Zetas, liderada por Nazario Moreno González, conocido como El Chayo, El Doctor o El Más Loco, quien, según las autoridades, murió en diciembre último durante un enfrentamiento con el Ejército.

En esa ocasión, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, declaró: “Es un hecho el debilitamiento y repliegue de esa organización delictiva, y por las acciones emprendidas seguirán cayendo otros de sus líderes y operadores financieros, ya que ese es el compromiso de las autoridades con los michoacanos”.

Sin embargo, declaraciones de testigos contenidas en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/018/2010 dan cuenta de la expansión de ese cártel dentro y fuera de México. Tras la presunta muerte de Nazario Moreno, por ejemplo, La Familia Michoacana dio muestras de su dinamismo. Por principio, Jesús Méndez Vargas, El Chango, asumió el liderazgo y fueron reemplazados los mandos caídos o asesinados.

El documento contiene los testimonios de los testigos protegidos Carlos y Emilio, quienes afirman que La Familia Michoacana amplió sus operaciones criminales en los últimos cuatro años y que hoy está bien posicionada en por lo menos 12 estados.

La tierra natal de Nazario Moreno, Apatzingán, sigue siendo la base de operaciones del grupo y en la actualidad tiene presencia en Guerrero, Colima, Sonora, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, Querétaro, Chiapas, Tamaulipas, Sonora y Baja California.

El año pasado, al ser capturado Arnoldo Rueda Medina, La Minsa, su principal operador, la organización tuvo que reestructurarse. Servando Gómez Martínez, La Tuta, comenzó a tomar el control, hasta convertirse en el coordinador de todas las plazas donde está afincada La Familia Michoacana, según declaró Emilio.

El testigo protegido refiere que cuando algún miembro del cártel muere o es detenido, el más cercano a esa posición cubre la vacante. Así sucedió tras el arresto de La Minsa. Su lugar fue ocupado por La Tuta, quien estaba al frente de las plazas de Lázaro Cárdenas y Arteaga y había tomado decisiones importantes.

El organigrama de La Familia Michoacana permite conocer su nivel de organización y el crecimiento que ha mostrado en los últimos cinco años. Debajo de La Tuta está Enrique Plancarte, El Kike, quien se encarga de la contabilidad y administración de los bienes de la empresa criminal; además, es él quien adquiere la cocaína directamente a los narcos colombianos.

Según el testimonio de Emilio, las tareas del Kike no terminan ahí. Él coordina también a los contadores del cártel y es el responsable de operar los embarques de droga a Estados Unidos. El declarante asegura que La Familia Michoacana trafica cocaína, crystal, ice, heroína, mariguana y toda la variedad de drogas sintéticas.

Otra de las piezas clave de la organización es Juan Reza Sánchez, Juanito, considerado brazo derecho de El Chango Méndez. Es reconocido como consejero y artífice de las operaciones logísticas, y se hace acompañar de un gatillero conocido como El Alacrán.

Aunque el gobierno sostiene que La Familia Michoacana está debilitada, lo cierto es que aún tiene jefes en todas las plazas del estado. En Lázaro Cárdenas el encargado es un hombre a quien llaman El Chamuco. En Carácuaro está al frente Jorge Fuentes Maldonado, El Rojo; en Caleta de Ocampo, El Moreno es el líder.

Hilario López Morales, El Gato, coordina Zitácuaro, Benito Juárez, Tuxpan, Jungapeo y Susupuato. En Lombardía e Infiernillo la cabeza es un sujeto apodado El Chivas, familiar de El Chango Méndez; mientras que Aguililla y Nueva Italia están en manos de La Estrella.

Uruapan está bajo control de un empresario aguacatero de apellido Ortega; Tuzantla es el feudo de Horacio Morales; Nocupétaro es dominio del H-10; en Ciudad Hidalgo, Maravatío, Aporo, Tlapojahuac y Epitacio Huerta es Omar Tafoya, El Gori, quien domina el territorio.

Fuera de Michoacán La Familia también tiene representantes: en Guanajuato el jefe es Ramón Moreno Madrigal, El Llavero; en Guerrero era Rogaciano Alba, Don Roga, quien antes de su detención operaba con apoyo militar; en Sonora, el jefe de plaza es El Tinaco Morales, aunque en esa entidad La Familia Michoacana trabaja en alianza con el cártel de Sinaloa.

Otro sujeto conocido como El Conta es jefe de plaza en el Estado de México, donde, según los datos confirmados por Proceso, operan unas 80 personas de esa organización criminal; en Querétaro, el representante es El Rivas.

Los dominios de La Familia Michoacana también se extienden a Guatemala. En ese país centroamericano el jefe es un guerrerense conocido como El Paisano. Según su ficha criminal, él es responsable de enviar droga hasta la frontera con Chiapas, desde donde se mueve con protección policiaca.

La repartición del mapa

Pese a la movilidad militar y policiaca y al empeño de Felipe Calderón de mantener la lucha contra el crimen como principal eje de su gobierno, los cárteles se mantienen firmes, no obstante las bajas de los últimos meses.

El del Golfo, por ejemplo, sigue funcionando en 10 estados pese a la muerte de Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, abatido en Tamaulipas en noviembre pasado por efectivos de la Marina. El grupo opera bajo las órdenes de Eduardo Costilla Sánchez, El Cos, quien entró en negociaciones con La Familia Michoacana desde que la encabezaba Nazario Moreno.

El Chayo era un viejo conocido de Costilla Sánchez. De hecho, Moreno entró al negocio del narcotráfico por medio de Carlos Rosales, Carlitos, un operador del cártel del Golfo en Michoacán que hoy se encuentra preso, e inició su carrera en Tamaulipas.

Tras sellarse la alianza entre los cárteles del Golfo y La Familia, ésta comenzó a operar el tráfico de drogas a través de Tamaulipas, lo que enojó a Los Zetas y a su líder, Heriberto Lazcano, El Lazca, quienes terminaron por romper con el cártel del Golfo y consolidaron su propia organización.

Los Zetas son tan fuertes que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) los considera una amenaza para la seguridad nacional de su país, pues han detectado su presencia en todo el Valle de Texas.

En México ese grupo tiene presencia en 10 estados, entre ellos Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Según el mapa del narcotráfico mexicano, el cual está reforzado con información de la SSP, la principal organización que opera en México es el cártel de Sinaloa, cuya fuerza creció al aliarse con el cártel del Golfo, La Familia Michoacana y La Resistencia. Otro bloque lo integran Los Zetas, el cártel de Tijuana, el cártel de Juárez y el cártel del Pacífico Sur. Hasta el momento, el CJNG trabaja de manera independiente.

Llama la atención el poder creciente del cártel de Sinaloa pese a los embates del gobierno. La organización que encabeza Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es vista por la firma estadunidense Stratfor como un grupo criminal que pronto podría dominar el negocio del narcotráfico en el mundo.

Para la principal consultora estadunidense en temas se seguridad, el cártel de Sinaloa “puede convertirse en la entidad dominante del crimen organizado. Pese a tener muchos enemigos, como Los Zetas, tiene una ventaja: cada una de sus piezas controla una ruta diferente”.

Ese grupo criminal está presente en gran parte de la frontera con Estados Unidos, desde Tijuana hasta Ciudad Juárez, en una franja que limita con California, Arizona, Nuevo México y Texas.

En el crimen organizado hay una máxima: el que controla la frontera domina el negocio. En esa lógica, el cártel de Sinaloa no parece tener enemigos.

La extraña emboscada en la carretera 57

Verónica Espinosa

Algo extraño sucedió el lunes 14 en un tramo carretero de San Luis Potosí: se reportó un tiroteo con heridos, pero los policías que acudieron sólo hallaron un auto incendiado… Justo en ese lugar, parte de la carretera 57, fueron emboscados al día siguiente los agentes estadunidenses Víctor Ávila y Jaime Zapata, presuntamente por una célula de Los Zetas. Aún más insólito: ahí donde ni las corporaciones federales ni las estatales pueden contener la creciente ola de violencia que ya cobró decenas de muertos, los presuntos asesinos de los agentes fueron detenidos y presentados en menos de una semana.

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El Ejército Mexicano y la Policía Federal atendieron de inmediato los reclamos del gobierno de Estados Unidos por el ataque a dos agentes de su servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ambas corporaciones han sido incapaces de parar la ola de violencia que desató la guerra de los cárteles en San Luis Potosí, pero en cinco días dieron con los presuntos responsables de la emboscada del martes 15 en la carretera 57.

En San Luis Potosí se enfrentan Los Zetas, que actualmente controlan el territorio, y los cárteles de Sinaloa y del Golfo, aliados bajo la denominación de “cárteles unidos” (Proceso 1782). Las tres organizaciones delictivas multiplican desde finales del año pasado ejecuciones, levantones, secuestros y ataques a policías municipales y federales, desde la Huasteca hasta la capital y los límites con Zacatecas.

En este agitado escenario se suscitó la supuesta confusión por la cual una célula de Los Zetas, encabezada por Julián Zapata Espinoza, El Piolín, atacó a los agentes aduanales estadunidenses Jaime Zapata y Víctor Ávila, matando al primero, según la versión que cinco días después de los hechos ofrecieron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) al presentar a los detenidos.

Todo cuadró en la investigación, que duró menos de una semana: al autor del ataque se le vinculó con Jesús Rejón Aguilar, El Mamito, alto mando de Los Zetas que estuvo a punto de ser capturado en un operativo militar en las Suites Tame del bulevar Carranza de la capital potosina, a principios de diciembre pasado (Proceso 1782), donde cayó preso uno de sus allegados: Javier Robledo Hernández, El Compu.

Rejón Aguilar fue señalado por los “cárteles unidos” como responsable de la emboscada a los agentes del ICE, en un mensaje que llegó a las redacciones de algunos diarios texanos y a páginas electrónicas dedicadas a difundir las actividades del narco.

Cuando fue informado del ataque, el gobernador Fernando Toranzo viajó de urgencia a la Ciudad de México para responsabilizar a las mafias del narcotráfico y protestó débilmente por la alerta de seguridad emitida en el Consulado de Estados Unidos en Monterrey.

Enseguida volvió a su mutismo normal. De hecho, la agenda del gobernador ya no es pública desde hace tiempo y por lo tanto no se distribuye a los medios. Además, incrementó su dispositivo de seguridad: nunca sale sin su camioneta blindada, acompañado de unos 15 escoltas en tres camionetas y una patrulla de la Policía Estatal.

Rostro conocido

El lunes 14, unas 24 horas antes del ataque a los agentes estadunidenses, llegó a la Secretaría de Seguridad estatal el reporte de que afuera de un restaurante llamado JL había un tiroteo, heridos y un auto incendiado. El negocio está en la carretera 57, cerca de la entrada a Santa María del Río, a unos 45 kilómetros de la capital potosina.

Los policías que acudieron ahí encontraron el vehículo, que tenía reporte de robo. Ni cuerpos ni balas.

Al día siguiente, alrededor de las 14:00 horas, en el mismo punto se había consumado ya la emboscada, en un presunto retén de hombres uniformados como policías federales. Ahí quedó la camioneta blindada con numerosos disparos: Adentro estaban heridos los agentes Ávila y Zapata.

Primero se creyó que el objetivo del atentado era el cónsul estadunidense en Monterrey, Nace Crawford, quien días antes visitó la entidad con representantes de la Asociación de Estados Americanos con oficinas en México (Asom) para una reunión de trabajo con empresarios potosinos y con el gobernador Fernando Toranzo.

Reporteros de la fuente y funcionarios estatales pensaron que la víctima era el coordinador de la Policía Federal Preventiva en San Luis Potosí, Manelich Castilla Craviotto, quien utiliza una camioneta idéntica a la que llevaban los agentes estadunidenses.

Casi de inmediato la Policía Federal cercó la escena del crimen hasta entrada la noche, e impidió acercarse a fotógrafos y camarógrafos, con los cuales hubo altercados. Una fuente del gobierno estatal confirmó que durante ese periodo el hijo del presidente municipal de Santa María del Río chocó contra varias de las patrullas que permanecían en el lugar.

Jaime Zapata murió en el Hospital de la Salud, adonde llegó con un paro cardiorrespiratorio. Llevaba cinco disparos en el abdomen y extremidades inferiores, según dijo el doctor Félix Hernández, director del nosocomio. Ávila sufrió heridas de bala en la pierna derecha y la parte baja del abdomen.

La captura de los zetas se produjo con gran rapidez, luego de que la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, dijo que los responsables del ataque “enfrentarían la justicia” y que las autoridades mexicanas tendrían el apoyo del FBI.

El ataque a los agentes caló hondo, tanto, que agencias estadunidenses como la DEA, la ATF, el ICE y el FBI llevaron a cabo una serie de redadas en varias ciudades de Estados Unidos entre el miércoles 23 y el viernes 25, que culminó con la detención de cientos de “operadores de cárteles mexicanos”. En el primer golpe se habló de 500 capturados, cifra que fue aumentando en los días siguientes. La DEA aclaró que esta gran operación era una “respuesta al asesinato en México del agente Jaime Zapata”, y el ICE denominó a su operativo Héroe Caído.

En contraste, los mandos de las corporaciones estatales fueron los últimos en enterarse de lo ocurrido y después se quedaron al margen del traslado de los agentes al sanatorio local y al Hospital de la Salud, para luego ser trasladados en un pequeño helicóptero policiaco federal a la Ciudad de México.

Nada supieron tampoco sobre el arribo del titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, para hacerse cargo de las primeras pesquisas y de recibir a los funcionarios de la embajada de Estados Unidos, y mucho menos de la vertiginosa investigación y los supuestos operativos que culminaron con la detención de los presuntos responsables.

Incluso enmudecieron las redes sociales, cuyos usuarios suelen detallar cualquier movilización policiaca. Una vez que se anunció la detención de los inculpados, aparecieron las normales expresiones de incredulidad y de burla.

Únicamente los vecinos de colonias de la capital potosina, como Sarabia y Bulevar Río Españita, se percataron de los cateos que efectuaron militares el martes 22 y miércoles 23 en por lo menos cinco domicilios, durante los cuales las autoridades dicen haber detenido a El Piolín y sus cómplices, incluyendo a su esposa, quienes fueron presentados con evidentes huellas de una golpiza.

El Piolín ya había sido detenido por delincuencia organizada en diciembre de 2009. Fue liberado por un juez de distrito, quien responsabilizó al Ministerio Público federal por no aportar suficientes elementos para procesarlo. En aquella ocasión, en Río Verde, a ese individuo se le encontró con otras personas en posesión de vehículos blindados, armamento y uniformes de la Agencia Federal de Investigación y de la Policía Federal. Justo la vestimenta que, se ha difundido, utilizaban los atacantes de los agentes del ICE.

En la presentación de los supuestos asesinos se indicó que El Piolín era el cabecilla de la célula y colaborador directo de El Tato, conocido en estos rumbos como El Caballo Loco y quien controla esta plaza desde que Heriberto Lazcano Lazcano le quitó el cargo al Cachorro, a principios de este año.

Información allegada a Proceso por fuentes que no autorizaron revelar su identidad detalla que en realidad Zapata Espinoza, de 29 años y originario de San Luis, se encargaba de la nómina de funcionarios y policías estatales que colaboran con Los Zetas, por lo que es bien conocido entre ellos.

El Piolín vivía en Charcas, municipio del noroeste del estado, y antes de ser consignado ante la PGR en 2009 estuvo involucrado en otra averiguación del fuero común por lesiones.

Desconfianza

A finales del año pasado, el comandante de la XII Zona Militar, el general Arturo Gutiérrez, se reunió con un grupo de líderes empresariales para exponerles sin rodeos el panorama de inseguridad en el estado, ya que no podía pasar inadvertida la feroz lucha de cárteles.

“Quién sabe cómo terminará esto”, dijo el general, y ofreció una lista de recomendaciones para que sus oyentes las aplicaran en su rutina diaria, como cambiar de vehículos y bajar su perfil público. Otro consejo llamó la atención de los empresarios: “No confíen en nadie que no sea de las corporaciones federales”. Recientemente, personal de la Zona Militar había comenzado a impartir entrenamiento táctico a un reducido grupo de la Secretaría de Seguridad del estado a fin de crear un cuerpo especial denominado Grupo Confianza, cualidad que hace falta en esa dependencia, según los datos de la Zona Militar.

Después se supo que algunos de esos policías con entrenamiento especial estaban entre los 14 que fueron detenidos por la Policía Federal y el Ejército el martes 22, en la capital potosina, acusados de ejercicio indebido de la función pública y deslealtad, este último delito tipificado como grave en una reforma recientemente aprobada por el Congreso del estado.

Para el jueves 24 sólo seis de esos 14 agentes estatales permanecían detenidos. El procurador del estado, Cándido Ochoa, detalló que esos policías interceptaron un vehículo con reporte de robo y, después de hacer una llamada telefónica (a alguien cuyo nombre no reveló), dejaron ir a los tripulantes en el auto. Esto quedó registrado en cámaras de vigilancia. “Los que se quedan detenidos (es porque) son informantes; nosotros ya terminamos la investigación, ahora son procesados por deslealtad”, dijo el procurador.

En diciembre pasado, el presidente municipal de Cerritos, Erasmo Galván Prieto, admitió en una conversación telefónica con la reportera de Proceso que varios de sus policías “seguramente están en las nóminas de ellos” (los narcos). “Hemos cambiado a varios policías; algunos por extorsión… pero no es mucho lo que podemos hacer. Llegan nuevos elementos y de inmediato les dirán que le entran o le entran. Es el cuento de nunca acabar, yo creo que no hay municipio que se escape”.

Este mes se desencadenó en la Huasteca potosina –la “mini Tamaulipas”, como la calificó un reportero local– una arremetida contra los policías municipales, en lo que se interpreta como una represalia del cártel del Golfo por los compromisos de estas corporaciones con Los Zetas.

En Ciudad del Maíz, municipio de la Huasteca colindante con Tamaulipas, el 17 de diciembre pasado un comando recorrió las calles de la cabecera municipal disparando contra varios negocios y acabó acribillando las instalaciones de la Cruz Roja para impedir cualquier posibilidad de atención a los heridos que dejaba a su paso (Proceso 1782)

Posteriormente, varias comandancias de la zona fueron atacadas, unas con cientos de disparos y otras a granadazos. Fueron los casos de Ébano, Tamuín y San Vicente Tancualayab, en la frontera con Tamaulipas y Veracruz, así como el de Tamasopo, en el sureste del estado. Al menos en dos ocasiones los atacantes arrojaron cadáveres de personas a las que habían levantado en la misma zona.

A partir de esos acontecimientos se confirmó que varios alcaldes de la Huasteca ya no despachan en las oficinas y eliminaron su agenda pública: no aparecen en inauguraciones o ceremonias de ningún tipo. Otros despachan sólo unos días de la semana o lo hacen en domicilios particulares. Algunos de plano dejaron de residir en el municipio que gobiernan.

Por esos días Manuel Alvear, presidente municipal de Ébano, dijo a los reporteros que se mudó a la capital del estado y que sus policías no utilizan armas porque no tienen el permiso federal necesario, situación que prevalece desde hace dos trienios.

El miércoles 2, unos días antes de la emboscada a los dos agentes del ICE, la región cañera de Ciudad Valles y sus alrededores se conmocionaron al enterarse del secuestro de Federico Safi Chagnón, de 70 años. El reconocido dirigente empresarial (y primo hermano del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaimán) fue sacado violentamente de su residencia, en la céntrica colonia Mirador, por hombres armados.

De inmediato se vinculó este secuestro con la sistemática extorsión que Los Zetas cometen con los cañeros de la zona, pues Chagnón era propietario de unas 5 mil hectáreas de ese cultivo. Su cuerpo apareció en una fosa cercana al río Valles, en Ciudad Valles, el martes 14, justo el día de la emboscada a los agentes estadunidenses.

La identidad del empresario fue confirmada el viernes 18 por el procurador Ochoa y el gobernador Toranzo, después de la Reunión Regional de Gobernadores en la capital potosina. El domingo 20, en el periódico El Universal, José Sulaimán publicó una nota sobre la muerte de su primo:

“Las familias Safi Chagnón y Sulaimán pasan por momentos de profunda tristeza, consternación e indignación. Federico Safi Chagnón era un buen hombre, conocido por su corazón compasivo y siempre sirviendo con gusto a los demás, un ciudadano muy respetado en su tierra natal, Ciudad Valles, San Luis Potosí, en donde siempre estudió, trabajó, triunfó y vivió todo el tiempo con modestia y cariño a la Huasteca potosina y a su querida patria México.

“Algunos vinieron a desposeerlo de lo que ganó durante toda una vida de arduo trabajo, honestidad, y se llevaron también su vida… Somos gente de bien, de paz, que no hacemos mal a nadie, dedicados al trabajo honrado, de permanentes esfuerzos y de servicio a los demás para pagarle a México lo que nuestro país hizo por nuestros queridos padres… por ello, es nuestra consternación.”

El viernes 4, horas después de que el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, llegó a la capital de San Luis para reunirse con el Consejo Estatal de Seguridad, en el centro de la ciudad culminó una persecución a tiros entre agentes de la Policía Federal y sicarios, que había comenzado en la carretera a Matehuala.

Decenas de automovilistas que circulaban por la carretera 57 para regresar a sus hogares apenas alcanzaron a tirarse al piso para protegerse mientras pasaban las camionetas de los gatilleros y las patrullas federales. El enfrentamiento ocurrió finalmente a la altura del bulevar Valentín Amador.

En la plaza Fundadores, el gobernador Toranzo encabezaba la inauguración de la edición anual del Festival del Café, que fue apresurada por su equipo de seguridad en cuanto se enteró de que la movilización se dirigía a calles aledañas a este sitio y a la Plaza de Armas, donde se ubican el Palacio de Gobierno y la sede del Congreso.

Toranzo fue retirado por sus escoltas en unos minutos, junto con un representante del gobierno cubano. Detrás de él, los expositores cerraron sus carpas y reaparecieron hasta el día siguiente.

Este operativo terminó con la incursión de militares en una bodega (presuntamente a cargo del grupo que era perseguido) localizada en el mercado República, también en la zona centro de la ciudad. Para las 20:00 horas, el tránsito vehicular estaba abierto nuevamente en el primer cuadro, pero ya nadie se animó a salir, sobre todo cuando la Policía Estatal recorrió las plazas con altavoces y recomendó cerrar los negocios para irse a casa.

Ese día surgió en internet un nuevo portal potosino: “Histórica balacera en SLP”. l

Duranguenses, cercados por el narco

Patricia Dávila

El gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, admite que la violencia provocada por el narco crece, sobre todo en seis municipios, mientras la Secretaría de Gobernación sostiene en un cuadernillo, denominado Mapeo de seguridad, que el cártel de Sinaloa y Los Zetas tienen infestada toda la entidad. Pero lo que hoy aterra más a la población son los secuestros, como el de Leo, cuyo padre, don Polo Valenzuela, fue asesinado poco después de que denunció ante este semanario las corruptelas de que fue víctima.

DURANGO, DGO.- El propio gobernador Jorge Herrera Caldera lo admite: “La lucha entre los grupos del crimen organizado recrudeció el clima de violencia e inseguridad en esta entidad”.

El mandatario aclara que, con excepción de esta ciudad y de algunos municipios en los que el cártel de Sinaloa mantiene un cerco que impide el avance de Los Zetas, “el resto del territorio está en plena disputa. Mientras, regiones como El Mezquital, Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro y Otáez se mantienen en abierta confrontación”.

Con respecto al secuestro de Leo Valenzuela, hijo de don Polo Valenzuela –quien fue asesinado el viernes 4, días después de dar a conocer el secuestro de su hijo Leo a Proceso–, Herrera Caldera se deslinda: “La fiscalía es autónoma y la investigación sobre el caso de don Polo es su responsabilidad”.

Y aun cuando el fiscal Ramiro Ortiz asegura que se realizaron todas las diligencias para localizar a Leo, en el expediente sobre el caso no aparece ninguna constancia documental sobre dichas diligencias ni tampoco número de folio, según observó la reportera al consultar el legajo.

Lo que sí tiene son varios testimonios reveladores: que Leo fue asesinado días después de su secuestro, y que el plagio y su muerte fueron ordenados por un zeta que opera en el municipio de Nuevo Ideal.

Sobre los grupos organizados que cobran por derecho de piso y recurren a la extorsión, el gobernador comenta que esos delitos “no han pegado tan fuerte en el estado como el secuestro”, que se multiplicó en los municipios en disputa, dice.

El 8 de junio de 2008, este semanario informó que el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, comenzó a perder fuerza en esta plaza que antaño nadie le disputaba, sobre todo en puntos estratégicos. Los Zetas y los Beltrán Leyva, aliados del cártel del Golfo, irrumpieron en la entidad los primeros meses de ese año.

El 23 de mayo, por ejemplo, varias publicaciones locales destacaron que por la carretera Durango-Zacatecas aparecieron cuatro hieleras con cabezas y extremidades humanas con dos mensajes: “Ya llegamos…”, decía uno; el otro tenía la siguiente dedicatoria: “Para los amigos del Chapo” (Proceso 1649).

Los mensajes intimidatorios se multiplicaron a partir de entonces. Los primeros días de junio de 2008 apareció uno en internet, atribuido a Los Zetas: “El ataque es inminente, la ciudad de Durango se teñirá de rojo con la sangre de sus hijos, cientos de cabezas van a rodar. ¡Ahora sí nos van a temer!”. Su difusión llegó hasta las rancherías más alejadas. Los duranguenses se aterrorizaron; el miedo a flor de piel.

Pueblos quemados, ataques a comandancias de policía, policías asesinados, secuestros, ejecuciones, enfrentamientos armados… Se perdió el límite. La violencia se extendió sobre todo a los municipios colindantes con Zacatecas, entre ellos Vicente Guerrero, Poanas, Nombre de Dios y Guadalupe Victoria.

De esa zona, Los Zetas se desplazaron a los municipios productores de enervantes, como Santiago Papasquiaro, Otáez o Pueblo Nuevo, umbral del corazón del Triángulo Dorado del Narcotráfico, comprendido por Canelas, Tamazula y Topia, dominados entonces por Nacho Coronel.

–¿Por qué en tan corto tiempo Durango pasó de ser el cuatro o tercer estado más seguro, al tercero o segundo más inseguro? –pregunta la reportera a Herrera Caldera.

–Hay áreas muy conflictivas. Yo creo que es por la región de la sierra, ya que ahí se encuentra el Triángulo Dorado, donde siempre se ha cultivado mariguana y amapola. La lucha entre los diferentes grupos de crimen organizado ha recrudecido la violencia en esta zona, paso histórico de tráfico de estupefacientes. Debido a la orografía, los acontecimientos (ataques armados) que ocurren ahí se conocen 14 o 18 horas después.

Violenta disputa

La entrevista se realiza en el Centro de Convenciones, un edificio que data de 1800. En una de sus salas, el mandatario responde las preguntas sentado en un sillón de piel negro. Tras su primera respuesta toma aire y sonríe:

“Afortunadamente, en la capital todavía se puede vivir tranquilo, se puede andar con las familias por el centro durante la noche”, dice a la reportera.

–La gente comenta que la capital está tranquila porque está en posesión del cártel de Sinaloa, igual que Canelas, Tamazula y Topia. Pero, en el resto de los municipios, ¿qué cárteles operan? ¿Quiénes los controlan?

–Tenemos un estudio que puntualmente nos hacen llegar la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública federal que menciona las luchas entre los grupos que se cruzan en la disputa por (controlar) las zonas; hay algunas excepciones.

–¿Entre ellos la capital y los municipios mencionados?

–Hay regiones –por fortuna son mayoría– en las cuales hay tranquilidad, entre ellas la capital. De los 39 municipios, sólo en seis hay este tipo de acontecimientos (de violencia). Entonces, en 33 (los habitantes) han estado relativamente tranquilos.

–¿Cuáles son los más álgidos?

–El Mezquital, Pueblo Nuevo, Santiago Papasquiaro… Y es fundamentalmente en la sierra de estos municipios donde se dan los enfrentamientos más crudos. A veces hay bajas fuertes.

–¿Podemos sumar a Canatlán?

–Y a Otáez. Ahí (los cárteles) realmente hacen fuerte su lucha por los espacios de la producción.

–Según la radiografía de Gobernación, ¿qué cárteles se disputan el territorio?

–En la sierra se habla de diferentes grupos, sobre todo al sur del estado. En El Mezquital, Pueblo Nuevo y la sierra de Durango, que colinda con Nayarit, la disputa es mayor. El estudio de Gobernación señala incluso que son Los Zetas, Los Chapos y otros grupos los que disputan el territorio.

–Hay municipios gobernados por el narco?

–Yo diría que (en algunos tienen) gran influencia.

–¿Son esos que me dice?

–Pues sí... Lo que pasa es que, por ejemplo, la cabecera municipal de Pueblo Nuevo está en El Salto, donde la actividad económica es más fuerte; pero en la sierra, donde por lo general hay poblaciones pequeñas, es donde ellos tienen su zona de influencia.

–El cobro por derecho de piso, la extorsión, ¿qué tan fuertes son?

–Afortunadamente aquí (la ciudad de Durango) todavía no llega, y creo que en las cabeceras municipales tampoco es fuerte.

Y aun cuando el entrevistado no lo dice, los duranguenses comentan que desde que la gente de Guzmán Loera tomó el mando de la capital, los enfrentamientos casi cesaron.

El 28 de julio de 2010, en un lapso de dos horas y media se encontraron dos cabezas humanas en cada una de las carreteras que confluyen en la capital: Durango-México, Durango-Parral, Durango-Mazatlán y Durango-Torreón. Cada una tenía un mensaje que decía: “Sigan mandando gente y así se los vamos a dejar”.

Desde entonces la capital se blindó. Día y noche convoyes de vehículos son patrullados por hombres vestidos de afis, a los que la gente identifica como chapos. Lo mismo se les ve en el centro de la ciudad que en la periferia. Su objetivo es evitar la penetración de Los Zetas y sus aliados.

–¿Y el secuestro? –se le pregunta al gobernador.

–Ese fenómeno sí está presente en algunas poblaciones de esos municipios. Ahí, los tres niveles de gobierno instrumentan acciones conjuntas.

–Hay casos muy sonados, el del señor Sarabia, el del señor Cardoza, el de Leo, hijo de don Polo… Él no recibió ayuda. ¿Por qué no se le auxilió cuando sabía el lugar exacto en que tenían a su hijo?

–La información del fiscal (Ramiro Ortiz) y la del general de la Décima Zona Militar que tengo es que don Polo tardó en hacer su denuncia. Y una vez que la hizo (la autoridad), actuó con base en una investigación y (siguió) el procedimiento.

–Gobernador, don Polo entregó a su esposa, Teresa Álvarez, una carta en la que responsabilizó al fiscal de lo que le pasara a su hijo ¿Qué hizo al respecto?

–Se lo hice llegar (el mensaje) a la fiscalía.

–Pero él estaba denunciando precisamente al fiscal, así como el intento de soborno del Ministerio Público y del comandante antisecuestros. También expuso que temía por su vida.

–La fiscalía es autónoma. Debemos estar atentos para que las tres órdenes de gobierno investiguen el asunto. Y frente a las denuncias presentadas por don Polo, se tienen que aportar las pruebas y, de comprobarse lo que él dijo, tendrá que aplicarse la ley.

–Gobernador, ya no hay quien aporte pruebas. Don Polo está muerto.

–Sí, pero si hay elementos, deben existir instrumentos legales para que el caso se retome. Jamás seré cómplice de una situación indebida.

Las mentiras del fiscal

El gobernador Jorge Herrera comenta que lo que le pasó a la familia de don Polo puede ocurrirle a cualquier otra. Si alguien hace su denuncia a tiempo, se le proporcionará protección, dice.

En entrevista con Proceso, el fiscal Ramiro Ortiz asegura que no sabe nada de los familiares de don Polo: “Fue difícil realizar las diligencias del cadáver de don Polo porque las hijas nos impidieron el acceso. Incluso no hubo necropsia”.

Las estadísticas de la violencia son escalofriantes. El año pasado se documentaron mil 54 homicidios, de los cuales 175 correspondieron al fuero común. El resto fueron ejecuciones, que atrajo la PGR. La dependencia pudo solucionar sólo 45.

En lo que va de 2011, los homicidios suman 115, de ellos 87 pertenecen al fuero federal (sólo se han aclarado cuatro) y 28 al común (hasta ahora se han resuelto 14).

La cifra negra en el rubro de secuestros: En 2010 hubo 87 denuncias, aunque se presume que la cantidad se puede incluso triplicar. “Así de extrema es la situación. ¿Por qué la gente no denuncia? Por temor a represalias del mismo crimen organizado. A veces la gente prefiere pactar con ellos (los plagiarios) y llegar a feliz término”.

Sin embargo, de los 87 secuestros denunciados sólo 36 han sido liberados; el resto aún no aparecen. Se sabe que algunos han muerto, como Javier Sarabia Sarabia, plagiado el 13 de enero, justo el día que el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, presentó en Durango el programa modelo de “Comunidades seguras”. Lo mismo sucedió con Arturo Pérez Gavilán, el 29 de ese mes, cuando intentaron levantarlo.

Sin duda el de Leo es el caso más sonado. El fiscal Ramiro Ortiz Aguirre insiste en que todos los lugares que don Polo mencionó en su denuncia fueron revisados.

Y se defiende: “El asunto de don Polo no es exclusivo. La comunidad menonita, asentada también en el municipio de Nuevo Ideal, ha sido muy golpeada por las bandas del crimen organizado, por los secuestradores. La Palma sí existe, pero no había nadie. Acudimos a varios lugares con elementos del Ejército y de la Policía Federal”.

–Don Polo denunció que el Ministerio Público y un comandante antisecuestros le ofrecieron ponerle a un grupo que “arreglara” a los secuestradores de su hijo, sólo que tenía que acordar el precio. ¿Qué investigó la fiscalía?

–Por supuesto que nada. Eso estaba totalmente fuera de la realidad. Nosotros no procedemos así.

–¿No se pone en duda su actuación?

–Para nada. Ese comentario está totalmente desfasado. Igual que lo que don Polo señaló de mí: que yo comando a los antisecuestros para que levanten, maten a los familiares de las víctimas y den carpetazo. Al mencionar sus nombres públicamente, don Polo puso en riesgo sus vidas.

–¿Fueron ustedes los que negaron la ayuda a don Polo?

–Por supuesto que no. Hicimos las diligencias necesarias pero no encontramos nada, ya le dije.

Al revisar el expediente sobre el secuestro de Leo en las oficinas de la fiscalía, la reportera observó que no aparecen ninguna de las supuestas diligencias: ni la de Las Palma ni la de La Ulama; tampoco hay ningún oficio de solicitud de colaboración dirigido a la PGR, la SSP o al Ejército; menos aún los informes de las supuestas visitas. Lo peor: el expediente no está foliado.

La denuncia de don Polo

El 29 de diciembre pasado, en una de las comparecencias, un testigo declaró que supo del secuestro de Leo desde un mes antes. Narró que el plagiado fue llevado a una hacienda localizada entre Nuevo Ideal y Chinacates, donde lo asesinaron. En ese lugar, dijo, “están enterradas las personas secuestradas anteriormente”; y aun añadió: Los secuestradores pertenecen al grupo de Los Zetas.

También refirió que el hijo de don Polo fue plagiado porque, con un grupo de soldados, se apoderó de los rines de una camioneta abandonada en la sierra que pertenecía a un personaje “pesado”. Ese mismo día, los dibujantes elaboraron los retratos hablados de los cuatro presuntos secuestradores.

Cuatro días antes de que fuera asesinado, don Polo declaró a Proceso que nunca se le informó sobre la muerte de su hijo. Hoy, Nuevo Ideal, el pueblo donde él vivía, está inmerso en la violencia. El jueves 24 hubo una refriega entre sicarios de grupos rivales. Las balas obligaron a los habitantes a refugiarse en sus casas.

De acuerdo con un cuadernillo de la Secretaría de Gobernación, denominado Mapeo de seguridad, las organizaciones del crimen organizado consideran a Durango como “una plaza estratégica tanto para el cultivo de enervantes como para el tráfico de los mismos, en virtud de su ubicación geográfica”.

Y añade: “A partir del reforzamiento del Operativo Conjunto Chihuahua, en febrero de 2009, en Durango se agravó la presencia de grupos delictivos vinculados al narcotráfico.

“No obstante que los grupos delictivos resienten la acción valiente y decidida del gobierno de la República, el estado padece las consecuencias del enfrentamiento entre bandas rivales del crimen organizado, particularmente en la Comarca Lagunera.”

De acuerdo con el documento, el cártel de Sinaloa domina aún los municipios de Ocampo, Guanaceví, Topia, Tamazula, Canelas, Otáez, San Dimas, Durango y Pueblo Nuevo.

El cártel de Juárez, dirigido por Vicente Carrillo Leyva, en alianza con los Beltrán Leyva y Los Zetas, controla San Bernardo, El Oro, Indé, Hidalgo, Mapimí, Tlahualilo, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Rodeo, Coneto de Comonfort, Nuevo Ideal, San Juan del Río, Peñón Blanco, Poanas, Nombre de Dios, Santa Clara, Guadalupe Victoria, Cuencamé, Simón Bolívar y San Juan de Guadalupe.

Ambos bandos se disputan Tepehuanes, Santiago Papasquiaro, Gómez Palacio, Lerdo, Súchil, Mezquital, Pánuco de Coronado y Canatlán. Ante la escalada de violencia, en esta ciudad capital los médicos decidieron suspender sus actividades el pasado fin de semana.

“No nos rendiremos”

Gloria Leticia Díaz

En el Valle de Juárez, Chihuahua, la familia Reyes Salazar es respetada por su activismo político que se remonta a los setenta. La ejecución de varios de sus vástagos –incluidos Elías y Malena, cuyos cuerpos aparecieron el viernes 25 de febrero, 18 días después de que fueron secuestrados– no arredra a doña Sara Salazar. Ella y sus hijas se muestran indignadas por la negligencia de las autoridades federales y las de Chihuahua. Y en el reparto de culpas, piden al presidente Calderón “detener esta guerra estúpida que nadie pidió”.

Eran las ocho de la mañana del viernes 25 de febrero cuando la familia Reyes Salazar recibió la noticia: los cuerpos de sus familiares Malena y Elías Reyes, así como el de su pareja, Luisa Ornelas, fueron localizados en un paraje carretero del Valle de Juárez, en el estado de Chihuahua. Los tres tenían un supuesto narcomensaje.

Desde el lunes 7 de febrero, encabezados por Sara Salazar Hernández, los integrantes de la familia que desde la década de los setenta se han distinguido por su activismo social denunciaron ante el gobernador César Duarte la desaparición de sus parientes y le exigieron investigar hasta saber dónde estaban.

Tras dos semanas de infructuosa espera, ella y sus hijas Marisela y Olga, además de otros familiares, decidieron trasladarse a la Ciudad de México y realizar un plantón frente al Senado de la República para exigir la aparición de los hermanos Malena y Elías Reyes, así como el de Luisa Ornelas. Al quinto día, la familia Reyes Salazar recibió la noticia fatal.

Postrada en la cama de un humilde hotel del centro de la ciudad, Sara Salazar hace esfuerzos por reprimir el llanto. Enfrenta con dignidad la pérdida de sus dos hijos y su nuera. El año pasado lloró por la pérdida de sus vástagos Josefina y Rubén, asesinados también en Valle de Juárez, región que desde 2007 permanece militarizada a causa de la “guerra contra el narcotráfico” emprendida por Felipe Calderón desde el inicio de su gestión.

Josefina Reyes fue ejecutada el 3 de enero de 2010. Durante dos años había organizado movilizaciones y protestas para denunciar la militarización en Valle de Juárez y los abusos de las tropas contra la población. Junto con Cipriano Jurado Herrera, director del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO), documentó 15 casos de detenciones ilegales cometidas por personal castrense (Proceso 1732).

Originaria de Coahuila, Sara Salazar llegó al Valle de Juárez hace más de 40 años con ocho de sus 10 hijos. Relata que desde entonces estaba involucrada con los movimientos sociales. “Siempre supimos que corríamos riesgos”, dice a la reportera.

Durante la entrevista hace un recuento de las batallas que ha librado su familia en el Valle de Juárez, donde los Reyes Salazar son ampliamente reconocidos por su militancia de izquierda y porque –dice– “no somos abusones, sino que ayudamos a la gente”.

Al principio fueron los caciques y los terratenientes los que hostigaban a la familia; luego los policías y los representantes de las corporaciones trasnacionales, ahora son los militares, dice Sara sin perder su serenidad matriarcal.

Cuenta también que una vez, en Ciudad Juárez, sus hijos, en particular Eleazar, el mayor, tuvieron acercamientos con la Liga Comunista 23 de Septiembre: “Hacían reuniones en la casa y pasaban películas sobre las injusticias en Chihuahua. A veces se iban a Ciudad Juárez a hacer pintas nocturnas, porque en el día era peligroso”.

Dirigidos por Eleazar, los hermanos Reyes Salazar se acercaron a los campesinos, sobre todo a los que eran explotados en la pizca de algodón. Al principio les aconsejaron organizarse para exigir a sus patrones mejores condiciones de trabajo, después vinieron las invasiones de tierras y la fundación de la colonia Francisco Villa. Su activismo se extendió también a Práxedis, en particular en la comunidad de San Ignacio.

“Encarcelaron y golpearon a Eleazar por la invasión de los terrenos en Guadalupe, pero al final de cuentas ganamos y tuvimos una colonia muy bonita”, recuerda con orgullo su hermana Marisela, presente durante la entrevista con Sara Salazar.

Alma Gómez Caballero, hija del doctor Pablo Gómez, uno de los guerrilleros muertos el 23 de septiembre de 1965 en el ataque al cuartel de Madera tercia en la conversación. Cuenta que durante la década de los ochenta, los Reyes Salazar militaban en el Comité de Defensa Popular (CDP). Era notorio su activismo en defensa de la vivienda, ellos fundaron escuelas en el Valle de Juárez.

Diputada local por el PRD en 2001, Alma Gómez respaldó en el Congreso de Chihuahua al movimiento que encabezaron los Reyes Salazar para oponerse a la instalación del tiradero de desechos radiactivos de Sierra Blanca, Texas; también lo hizo cuando ellos se manifestaron contra la reapertura de la fundidora Asarco, en El Paso.

“Eran proyectos que afectaban el medio ambiente, en particular las aguas del Río Bravo, donde todavía se bañaba la gente. Gracias al entusiasmo de la familia Reyes Salazar logramos movilizar a gente de Estados Unidos y paramos todo”, relata Alma Gómez, quien hoy forma parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (CDHM).

La mística de los Reyes

Doña Sara Salazar prosigue: “Los que movían todo eran Eleazar, Elías y Josefina. En cuanto a Rubén, él nomás ayudaba con su troca (camioneta). Le ponía sonido y gritaba a los cuatro vientos qué íbamos a hacer. Así se juntaba la gente para ir a las manifestaciones.

“Dimos tanta guerra (por el tiradero de Sierra Blanca), que finalmente ganamos. La gente siempre nos decía que los Reyes estábamos locos, que quién le iba a ganar a un país muy poderoso como Estados Unidos. La verdad es que no estábamos locos y ganamos”, dice.

Alma Gómez relata que los Reyes Salazar eran panaderos de oficio y perredistas activos. Dice que “son de una mística incomparable”, que incluso llegaron a poner dinero de su bolsa para impulsar las actividades políticas. En los noventa comenzaron a exigir justicia para las mujeres asesinadas en Juárez.

Josefina, por ejemplo, llegó a ser regidora en Guadalupe de 2004 a 2007; Eleazar fue candidato a diputado federal en 2006 impulsado por la coalición Por el Bien de Todos.

Eliana García, exdiputada federal y amiga de la familia Reyes Salazar, comenta que Elías y Eleazar –quien falleció de cáncer en 2009– “fueron defensores incansables de los derechos de los migrantes en Ciudad Juárez y El Paso”.

“En todo tipo de injusticias estábamos ahí, a pesar de los riesgos que corríamos y de que nos amenazaban. Al principio eran los policías judiciales y los ministerios públicos. Pero la represión se intensificó a partir de 2007, con la llegada de los soldados al Valle de Juárez. Siempre andaban investigando quiénes éramos, y luego como mi hija (Josefina) empezó a protestar por los abusos de los soldados, nos perseguían”, dice doña Sara.

Los allanamientos eran cotidianos. En la vivienda de Josefina, los soldados se llevaron electrodomésticos y un día le encontraron propaganda de Andrés Manuel López Obrador. “Los soldados le dijeron a mi hija: ‘¡Ah!, eres de López Obrador. Atente a las consecuencias’”.

Cuenta que una vez Josefina encaró a los militares que se querían llevar a uno de sus hijos. “Mi hija le dijo a uno de ellos: ‘Dame tu arma y a ver quién cae primero, pero a mi hijo no se lo llevan’. Ella actuó con mucho valor, porque esas personas son arbitrarias, son asesinos, por eso optó por irse a vivir a Ciudad Juárez”.

Antes de ser asesinada, Josefina vio morir a uno de sus hijos: Julio César. Fue acribillado en una fiesta en Guadalupe. “A media cuadra estaba una tanqueta del Ejército, pero los soldados no hicieron nada”, comenta Sara.

Sobre el crimen de su hija Josefina, dice: “Anduve persiguiendo a (Alejandro) Pariente, quien fue subprocurador de la zona norte durante la gestión de José Reyes Baeza. Él me decía que todo iba muy bien, que ya tenían identificados a los asesinos. Ahora que nos movilizamos para localizar a mis otros hijos y mi nuera, exigimos que nos mostraran la averiguación. Sólo está la hoja del levantamiento del cadáver, no hay nada más”.

En el caso de Rubén, Sara comenta que los militares lo acosaban de manera sistemática. Lo mismo allanaban su casa que lo detenían en la calle para revisarlo. Pero él nunca se quedó callado. Siembre se subía a su carro de sonido y le decía a la gente que no permitiera que los soldados se metieran a sus casas:

“Cuando lo mataron, los periódicos informaron que seguridad había pedido para su pueblo, que los policías se la dieron, pues mandaron seis camionetas a su sepelio. ¿Ya para qué? Él nunca se quiso salir de Guadalupe; decía que no hacía daño a nadie.”

Triste por la pérdida reciente, Sara Salazar insiste: “Desde que éste (Calderón) recibió la Presidencia, llegaron miles de soldados al Valle de Juárez. Desde entonces comenzaron a callar a los que alzaban la voz”. Dice que las tropas no protegen a la gente. Y pone un ejemplo: “quemaron mi casa (el martes 15 de febrero) y ellos, que están en un gimnasio a 100 metros del lugar, no hicieron nada. ¿Cuál seguridad?”.

El secuestro

Doña Sara vio cuando Malena y Elías Reyes, así como su nuera Luisa Ornelas fueron secuestrados la tarde del lunes 7 de febrero.

Elías, quien tenía paralizada la mitad del cuerpo, y su esposa viajaron en su camioneta a Juárez para comprar material para su panadería. Antes de regresar a Guadalupe, dice, pasaron por ella y por su hermana Malena y las invitaron a pasar la noche con ellos.

Cinco kilómetros antes de llegar a Guadalupe los cuatro se toparon con una camioneta que bloqueaba la carretera. Al frenar, seis hombres “con capucha y vestidos de negro salieron con armas largas, como las que usa el Ejército”. Lanzaban disparos al aire y les gritaron que se bajaran del vehículo, dice la entrevistada.

Luisa, quien conducía la camioneta, fue bajada por la fuerza. Los agresores la subieron a una camioneta Durango color arena; del lado del copiloto, Sara y una nieta que la acompañaba fueron tiradas sobre el asfalto.

“Yo le pedía al fulano ese que sacara a Elías, que lo tirara conmigo, porque por su problema no podía salir, y a Malena la quise jalar, pero estaba desmayada y no la pude sacar. Cerraron la puerta y se subió uno a manejar y nomás vimos mi niña y yo cómo arrancaron las camionetas.”

Asistida por una vecina, Sara y su nieta regresaron a Ciudad Juárez, narraron lo ocurrido a sus familiares y a las autoridades.

Marisela Reyes comenta que, ante la violencia en el Valle de Juárez, varias familias prefirieron huir. También menciona los casos de los expresidentes municipales priistas Apolonio Amaya Fierro y su hijo Omar Amaya Núñez, asesinados en 2007 y 2006, respectivamente. Eran gente trabajadora, dice.

“Lo mismo ocurre con otras familias cuyos miembros han sido asesinados, algunas que tenían parcelas muy pegaditas al Río Bravo. Todo eso ocurrió precisamente cuando llegaron los militares y los federales al Valle. Más de 60% de los habitantes ya se fueron”, asegura Marisela.

Ella y sus hermanos respaldaron la decisión de su madre, de edad avanzada y con la salud deteriorada, en la huelga de hambre que inició el miércoles 9 de febrero fuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez, para exigir que sus familiares fueran rescatados con vida. A partir del viernes 21 trasladó su protesta a la casona de Xicoténcatl, en la Ciudad de México.

Horas después de que la familia Reyes Salazar supo del hallazgo de los cuerpos de Elías, Malena y Luisa, Marisela y Olga participaron en una conferencia de prensa en la que condenaron los crímenes y responsabilizaron de ellos al presidente Felipe Calderón y al gobierno de César Duarte.

A Calderón, Marisela le exigió que “retire las tropas y que termine con esta pinche guerra estúpida que nadie pidió”; responsabilizó también al actual subprocurador de la zona norte de Chihuahua, Jorge González Nicolás, por “no haber garantizado la vida y seguridad de la familia (Reyes Salazar) ni de la población de Ciudad Juárez”.

El mismo viernes 25, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, emitió un comunicado en el que señaló que “la sevicia en contra de la familia Reyes y la forma reiterada e insolente de actuar de los perpetradores sólo se explican por la impunidad que rodea al asesinato de Josefina, ocurrido el año pasado”, y que la ubicación de los tres cuerpos “muestra que la violencia en contra de las y los defensores de derechos humanos en Chihuahua se ha desbordado”.

Hernández Valencia exigió el esclarecimiento del triple homicidio y urgió a las autoridades la adopción de medidas de seguridad para defensores y defensoras de derechos humanos y sus familias, como el organismo ha exigido desde 2009.

A la exigencia de investigaciones y el castigo a los responsables, se sumaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en la víspera anunció que abriría un expediente por las desapariciones, y Amnistía Internacional (AI).

En Ciudad Juárez, el subprocurador González Nicolás informó que los cuerpos fueron ubicados por un familiar de los Reyes Salazar cuando transitaba por la carretera que comunica a Guadalupe con Ciudad Juárez. Los cuerpos tenían huellas de tortura y, según los peritos, tenían varios días de haber sido ejecutados.

El funcionario adelantó que solicitaría la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) ante la presunción de que la triple ejecución fue obra de la delincuencia organizada.

En la entrevista con Proceso, Marisela considera que González Nicolás “por lo menos es cómplice de los crímenes, no puedo creer que no haya podido hacer nada para evitarlos”.

Al preguntar su opinión sobre el supuesto narcomensaje colocado sobre los cuerpos, las hermanas Marisela y Olga Reyes estallan.

“Calderón puso el ejemplo cuando asesinaron a los muchachos de Salvárcar. Se atrevió a decir que eran delincuentes, mientras se paseaba por Japón; el gobierno es el que pone eso (el narcomensaje) para quitarse de toda culpa. ¿Qué se puede esperar? ¡Qué no vengan con fregaderas!”, dice Olga.

Y su hermana la secunda: “El gobierno va a tratar de ensuciarnos, pero aquí se va a chingar. Nosotros tenemos cómo demostrar que somos luchadores sociales, mis hermanos empezaron desde los años setenta y no nos van a parar. Ahorita vamos a tragarnos el coraje y la impotencia que sentimos, para darle fuerza a mi mamá y para seguir luchando. Esto sigue pa’lante”.

El viernes por la tarde, la familia Reyes Salazar se trasladó a Ciudad Juárez para velar los cuerpos de Elías, Malena y Luisa. “Vamos a hacer la ceremonia frente a la fiscalía, ellos murieron por su culpa”, concluye Marisela.

Herencia negra

José Gil Olmos y Pedro Matías

Desvíos de recursos públicos, elefantes blancos a costos multimillonarios, fraudes, cobros indebidos y contratos en favor de sus parientes son parte de la “herencia” que dejó el exmandatario de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. En 99% de las oficinas gubernamentales hay huellas de saqueo y corrupción. Y mientras Ruiz –que puede ser llevado a juicio político– se divierte en un partido de futbol americano, el gobierno entrante califica de “chiquero” el lodazal que encontró. Y lanzó la típica promesa: poner orden.

OAXACA, OAX.- “¡Esto es un verdadero chiquero!”, exclama el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, quien reconoce que ya esperaba encontrar una casa “desordenada y sucia”, pero lo que halló en la revisión de la administración del saliente mandatario priista Ulises Ruiz Ortiz fue una corrupción monumental.

De acuerdo con una investigación de la Secretaría de la Contraloría de Oaxaca, en 99% de las dependencias de la administración estatal se detectaron irregularidades, particularmente en las áreas de recursos materiales y financieros, donde se acreditan desvíos que podrían llegar a 3 mil millones de pesos, sin contar los 15 mil millones de pesos de los “elefantes blancos” que son las ciudades Administrativa y Judicial.

La investigación, a la que tuvo acceso este semanario, resalta que las irregularidades –desvío de recursos, fraudes, robo o alteración de documentos, cobros y pagos indebidos y contratos con sobreprecios– podrían ser causal de juicio político contra el exgobernador Ulises Ruiz.

Sin embargo, el exmandatario oaxaqueño parece no estar preocupado. Según la cuenta de Twitter del diputado federal Héctor Pablo Ramírez Leyva, Ruiz se divirtió a lo grande en el Super Bowl, en Texas, donde se enfrentaron los equipos de Pittsburgh y Green Bay.

En un mensaje del 7 de febrero el legislador priista dijo: “Acepté la invitación de mi amigo Ulises Ruiz para venir a Dallas Texas a ver el superbowl. Aquí estamos cenando con varios amigos”.

Mientras tanto, en Oaxaca sigue la integración de expedientes que, entre otras cosas, muestran que el anterior secretario de Obras Públicas, Eviel Pérez Magaña, dio los contratos a seis empresas cuyos domicilios fiscales corresponden al de Víctor Hugo Ruiz Ortiz, hermano del entonces gobernador.

Las seis empresas son Nexicho Asociados, Davizaoo Construcciones, Grupo Empresarial Oaxes, Grupo Basoo Asociados, Peom Construcciones y Consorcio Restaurador del Patrimonio Cultural.

La investigación preliminar de la Contraloría muestra que sólo en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y en los de Obras Públicas (SOP) se otorgaron 48 contratos por 177 millones 789 mil 569 pesos.

Según documentos en poder de Proceso, Nexicho Asociados recibió 32 millones 428 mil 295 pesos; Davizaoo Construcciones, 33 millones 844 mil 256 pesos; Grupo Empresarial Oaxes, 70 millones 733 mil 550 pesos; Grupo Basoo Asociados, 10 millones 209 mil 350 pesos; Peom Construcciones, 9 millones 488 mil 55 pesos y Consorcio Restaurador del Patrimonio Cultural, 21 millones 86 mil pesos.

La mayoría de esos contratos, indican las indagatorias, fueron asignados ilegalmente por Pérez Magaña, quien perdió las elecciones estatales ante Cué Monteagudo.

Pero lo que la Contraloría considera “la cúspide de la mentira y el cinismo” es el caso del hospital de Santo Domingo Barrio Alto, Etla, que según el contrato SSO-DIMSG-LPN-PEF-003/09 costó 35 millones 621 mil 828 pesos y cuya construcción estuvo a cargo del Grupo Empresarial Oaxes. El problema es que es un hospital fantasma. La obra no existe, según consta en fotografías tomadas en el predio por la Contraloría estatal.

El anexo estadístico del V Informe de Ulises Ruiz muestra claramente, según las indagatorias, “la asociación delictuosa que involucra al exgobernador, a Eviel Pérez Magaña y otros funcionarios como Flor de María Cruz Vasconcelos, quien actualmente es la directora de Planeación y Normatividad en la Auditoría Superior del Estado”.

Pero también implica al exsecretario técnico de los SSO, Sergio Roberto Patoni –cuñado de Lourdes Salinas, esposa de Ulises Ruiz–, quien además se autorizó un bono sexenal de 331 mil pesos.

Con base en las investigaciones queda probada la participación de Pérez Magaña, actual presidente estatal del PRI, en la comisión de diversos delitos que implican desvío de recursos públicos que afectan el patrimonio de los oaxaqueños.

En los documentos se remarca que la “corrupción aquí presentada no hubiese sido posible sin la complicidad de una serie de personajes encargados de falsificar documentos, efectuar cobros indebidos, autorizar contratos con sobreprecios y pagos indebidos”.

En síntesis, se dice que la gestión de Pérez Magaña como secretario de Obras Públicas se caracterizó por la corrupción y opacidad en el manejo de los recursos públicos, porque fueron diseñados complejos esquemas de “simulación y desvíos de recursos a través de empresas creadas para la obtención ilícita de contratos”.

En la investigación se habla de la participación de servidores públicos, personas físicas y morales y hasta instituciones bancarias que se prestaron para llevar a cabo procedimientos ilegales que podrían ameritar destituciones e inhabilitaciones de funcionarios o exfuncionarios, y penas de cárcel.

“Saqueo burdo”

Otro caso que se documenta es el del Consorcio Restaurador del Patrimonio Cultural, que cobró 840 mil pesos por dar mantenimiento al complejo turístico de Hierve el Agua.

El contrato J03UF-02-08-0036/2009 muestra que la empresa cobró 410 mil pesos por aplicar productos químicos para el tratamiento del agua de la alberca y por la mano de obra. Además cobró 300 mil pesos por los 10 mil litros de agua necesarios para llenar la piscina.

En entrevista con Proceso, el secretario de Infraestructura y Ordenamiento Territorial Sustentable, Netzahualcóyotl Salvatierra, reconoció que las seis empresas mencionadas están vinculadas por tener un mismo representante, Francisco Fabián Montes Serra; además participaron en el programa de obras del gobierno anterior y algunas de ellas concursaron en todos los rubros: caminos, escuelas, hospitales y obras urbanas.

Salvatierra señala que se revisaron 90 expedientes de obra para encontrar o verificar irregularidades y decidir si hay necesidad de una auditoría, pues hay obras inconclusas o no iniciadas que están pagadas 100%. Citó siete caminos de la región de la Costa, para cuya conservación y modernización se invirtieron casi 18 millones de pesos y en los que no hay ningún avance.

El diario Reforma publicó el pasado 24 de enero que “el gobierno de Ulises Ruiz ejerció más de mil millones de pesos en caminos rurales del estado; sin embargo 100 por ciento de ellos sigue siendo de tierra”.

Otro ejemplo de manejos poco claros es el techado del auditorio Guelaguetza, que costó 105 millones de pesos y que no existe, pues la empresa española Isolux Corsan Construcción incumplió el contrato J03-UE-02-08-0047/2009.

A ello se suma el hecho de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal dejó de aplicar 103 millones de pesos del Fondo de Aportaciones y nunca justificó el subejercicio.

El actual titular de la SSP, Marco Tulio López Escamilla, declaró: “Ya hemos solicitado por escrito se aplique una auditoría a la institución para tener una visión externa, objetiva y racional de las condiciones reales en que se encuentra”.

Gabino Cué reconoce, en entrevista con Proceso, el desorden que entregó el gobierno de Ulises Ruiz. “La mera verdad sí, encontramos una casa muy desordenada y sucia”.

“Encontramos muchas áreas de gobierno sin computadoras y algunos vehículos sin llantas o con otras que no eran de su tamaño... se ve que hubo un saqueo burdo”, dice.

También encontró que algunos funcionarios públicos no presentaron su declaración patrimonial, y por ello “se inició un procedimiento; serán sancionados y se les harán requerimientos”.

Por lo pronto, afirma Cué, “ya se presentaron algunas denuncias, y donde hemos encontrados irregularidades hemos iniciado procedimientos de orden administrativo. Si encontramos casos en los que haya alguna irregularidad que pueda caer en el ámbito de lo penal por desvío, peculado o malversación, tendríamos que acudir a la instancia correspondiente.

Adelantó que a más tardar en un mes espera haber “limpiado la casa” para que se queden los funcionarios que realmente reúnan experiencia y honestidad. A la fecha, también han dado de baja a 200 aviadores y se han eliminado las canonjías de algunos servidores públicos; en el anterior gobierno había hasta jefes de departamento con guardaespaldas o acceso a las aeronaves oficiales.

Bonos bonitos

Por otra parte, el pasado 17 de diciembre la secretaria general de Gobierno, Irma Piñeiro Arias, pidió la intervención de las secretarías de Administración y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para que se revise el contrato de arrendamiento de la constructora del complejo Ciudad Administrativa, pues incumplió con el equipamiento del inmueble.

El subsecretario jurídico y de Derechos Humanos, Dagoberto Carreño Gopar, detalló que trabajadores de la Secretaría General de Gobierno se quejaron porque no hay condiciones para laborar, pues la administración de Ulises Ruiz no equipó ninguna de las áreas de la Ciudad Administrativa.

Al recorrer las áreas de la Subsecretaría de Gobierno, Desarrollo Político, Fortalecimiento Municipal, Derechos Humanos y Jurídica se comprobó que Ulises Ruiz sólo dejó el cascarón de la Ciudad Administrativa, que junto con la Ciudad Judicial costó 15 mil millones de pesos.

La Contraloría oaxaqueña menciona que aquí incumplieron con sus funciones los órganos fiscalizadores federales, como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, así como la Auditoría Superior del Estado, cuya titular, la exprocuradora Lizbeth Caña Cadeza, fue colocada en ese cargo por Ulises Ruiz.

Además de esas irregularidades, funcionarios del gobierno anterior se dedicaron a desaparecer documentos en el Registro Público de la Propiedad. Los auditores descubrieron que “no se localizan libros completos de propiedades y en otras literalmente arrancaron las hojas, situación que pone en riesgo el patrimonio de muchos oaxaqueños”.

También algunos mandos de los Servicios de Salud se asignaron bonos sexenales que sumaron 25 millones de pesos. El actual presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura local, Martín Vásquez Villanueva, aceptó que recibió 300 mil pesos de un bono “que ya viene etiquetado”, porque “fui empleado del gobierno federal” cuatro años y medio, al fungir como director de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Reconoció que pese a que dejó el cargo el 31 de marzo de 2010, le entregaron un cheque por 11 mil 570 pesos como parte proporcional del aguinaldo. En conferencia de prensa justificó ese bono porque su trabajo fue de alto riesgo al enfrentarse a situaciones delicadas, como “el caso del H1N1, (y) quién te devuelve la tranquilidad cuando entras a un lugar que está infectado, como el Hospital Civil”.

En esa nómina aparecen Martín de Jesús Vásquez Villanueva, diputado local del PRI; Francisco Rafael Reyes Velásquez, coordinador general de Supervisión y Apoyo Técnico, que recibió 626 mil 62 pesos; Sofía Laura León Silva, secretaria de Salud, con 492 mil 862 pesos, y Óscar Adrián Patoni y Partida, secretario técnico, con una gratificación de 341 mil 514.

También es el caso de Óscar Adrián Quintana López, jefe del Departamento de Operación y Pagos, quien recibió 210 mil pesos, y el líder sindical Jenoé Ruiz López, 204 mil.

El pasado 8 de enero, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Ulises Ruiz aseguró: “No dejé ninguna cuenta pendiente. Hicimos la entrega con libros blancos, hemos sido el estado más auditado del país, nos revisaron más de 50 mil millones de pesos, en ninguna revisión hay acusaciones de peculado y en ninguna hay un señalamiento”. l

Al acecho, el “ulisismo”

José Gil Olmos y Pedro Matías

Instalado en sus nuevas oficinas del Palacio de Gobierno de Oaxaca –que el régimen anterior convirtió en museo y hasta en salón de fiestas–, Gabino Cué pide paciencia para dar muestras de que habrá justicia y una transición a la democracia en el estado: “No es fácil acabar con un régimen autoritario de 80 años, es un proceso, pero vamos a dar pasos firmes”.

Los primeros tres meses del nuevo gobierno han sido complicados. Primero Cué enfrentó el desconocimiento del Instituto Estatal Electoral, controlado por el PRI, a las autoridades electas en 49 municipios. Asimismo, tuvo que negociar con el priismo el presupuesto federal por más de 42 mil millones de pesos a cambio de cederle la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, que es clave para las negociaciones de la reforma del Estado.

Después envió una iniciativa de ley para que todos los mandos medios y altos del gobierno estuvieran titulados, lo que provocó la renuncia de tres de ellos. Finalmente, el 15 de febrero se enfrentaron policías y maestros, ya que éstos adelantaron dos meses el pliego petitorio de aumento salarial y otras prebendas que anualmente consiguen con movilizaciones y paros.

El gobierno de coalición encabezado por Gabino Cué, utilizado por las dirigencias del PAN y el PRD, así como por el gobierno federal como ejemplo del éxito de las alianzas electorales, está a prueba porque no ha dejado satisfechos a los sectores políticos, cívicos y sindicales que lo ayudaron a triunfar y ahora exigen acciones contra Ulises Ruiz y varios colaboradores suyos también acusados de violaciones a los derechos humanos.

Organizaciones como Congruencia Ciudadana, recientemente formada por priistas y panistas, así como el Frente Estatal de Víctimas contra la Represión, han criticado a Cué por los enfrentamientos de policías federales y estatales con maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La refriega ocurrió el martes 15, durante la visita oficial de Felipe Calderón, y el saldo fue de 15 profesores detenidos –que ya fueron liberados– y un herido de gravedad, el dirigente Marcelino Coache.

Ahora ambas agrupaciones exigen la renuncia del director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Bernardo Vázquez, hijo del exgobernador priista Pedro Vázquez Colmenares; de la secretaria general de Gobierno, Irma Piñeyro –excandidata del partido de Elba Esther Gordillo, el Panal, a la gubernatura–, y del secretario de Seguridad Pública estatal, Marco Tulio López Escamilla, excolaborador del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

Por eso Víctor Leonel Juan Martínez, politólogo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), señala que el choque con los maestros “va a ser la prueba de si nos encaminamos a una transición o si nos quedamos en la mera alternancia en el poder. Es tiempo de que revise la estrategia, de dar un golpe de timón, de revisar el equipo (de Cué), porque esta amalgama de fuerzas que lo ayudó como candidato a ganar, ahora es el mayor riesgo y debilidad, porque cada una de ellas jala de manera facciosa para su lado”.

Isidoro Yescas, también académico de la UABJO, señala que el reto para Gabino Cué es restaurar la legalidad que Oaxaca perdió totalmente con Ulises Ruiz. “El riesgo es que nos quedemos con una alternancia que reproduzca los vicios del viejo régimen, con pocos avances en términos de reformas constitucionales profundas y de una nueva cultura política”, señala en entrevista.

También él enfatiza la necesidad de que el gobernador recomponga su gabinete, llegue a acuerdos con los partidos para descongelar la iniciativa de reforma del Estado, empodere a la sociedad civil y, sobre todo, actúe contra los exfuncionarios que la sociedad señala como responsables de corrupción y represión.

Hasta ahora, dice, “no hay un Ejecutivo fuerte ante un grupo de poder como el ulisismo, que está permanentemente buscando cómo alentar el conflicto y desestabilizar al gobierno. Tenemos un gobernador muy comprometido con movimientos sociales y con un cambio profundo en las instituciones y en la cultura política de Oaxaca, pero no tiene el equipo para realizar eso”.

Yescas opina que a Gabino Cué se le puede agotar el tiempo para consolidar el gobierno de transición democrática por varias razones: el Congreso local no está funcionando; el PRI juega a paralizar todas las iniciativas que mande gobierno estatal y hace lo posible por mantener los órganos electorales en su poder; en 2012 inicia la sucesión presidencial y Cué debe decidir si va con el PAN, el PRD o Andrés Manuel López Obrador, y, sobre todo, porque el PRI quiere demostrar que un gobierno de alianzas no funciona.

“El dinosaurio patalea”

Entrevistado en el Palacio de Gobierno, desde donde se ve un plantón de mujeres triquis en el zócalo, Gabino Cué dice: “La transición es un proceso que debe ir de la mano con cambios institucionales, de formas y estilos que tienen que estar asociados con la transparencia, con la no corrupción, pero sin dejar de ver al pasado, porque al final de cuentas son recursos públicos.

“Si no investigamos qué se hizo caeríamos en una irresponsabilidad, no puedo validar obras que se pagaron y que no se han hecho. En su momento vamos a denunciar y a proceder jurídicamente ante los hechos que hablen de un manejo inadecuado de recursos… Pero estamos en un proceso que a veces lleva tiempo. La gente se desespera; sin embargo, nosotros vamos a cumplir, no dejaremos que sea una simple alternancia sino (buscaremos) que sea una transición democrática.”

–Se han publicado opiniones en el sentido de que hubo pactos con el gobierno anterior para tener un estado manejable.

–Quizás así se ha percibido. Muchos quisieran que a partir del día 1 de diciembre no hubiese ningún priista trabajando en el gobierno, en ninguna área. Yo tomé la decisión de que fuera un proceso, no podía desmantelar un gobierno de un día para otro, porque el que estamos conformando también tiene una curva de aprendizaje: es una administración plural, donde mucha de la gente que llegó no tiene la experiencia necesaria, viene de la sociedad civil y quiere una oportunidad.

Reconoce que, guste o no, el PRI en Oaxaca tiene una presencia política que le dio más de 600 mil votos en la reciente elección y que proviene de sus más de 80 años de gobierno. Por eso considera que sería un gran error dinamitar de inmediato los puentes de comunicación con ese partido.

“A lo mejor ese tipo de actitudes en aras de buscar una gobernabilidad pueden entenderse como debilidad, pero no es así –aclara –, lo importante es el saldo. Hoy puedo decir que, a dos meses y 23 días, después de la alternancia, gozamos de paz y gobernabilidad.”

Precisa que ha dedicado los casi tres meses que lleva en el gobierno a regularizar al personal burocrático, atender los conflictos poselectorales en 49 municipios y establecer convenios para ejercer más de mil 600 millones de pesos del presupuesto.

Además, confía en que los vestigios caciquiles se irán extinguiendo a falta del dinero del gobierno. “El dinosaurio patalea, ahí sigue y no lo podemos quitar de un día para otro, será todo un proceso”, insiste.

–Pero parece que su gobierno está a la defensiva y el dinosaurio está a la ofensiva.

–En esta primera etapa hemos ido reaccionando a hechos que nosotros no hemos generado, pero tuvimos que atenderlos. Por ejemplo: 48 municipios de usos y costumbres y uno de régimen de partido fueron anulados. Eso no lo decidimos nosotros, fue un órgano electoral que todavía está bajo el control del viejo régimen.

Admite que mientras su gobierno no se asiente y no tome los hilos del estado, no podrá generar confianza. Pero reitera: “No puedes abrir la caja de Pandora porque incendias (Oaxaca). Eso no significa que falte voluntad. Estoy convencido que en los seis años vamos a dejar un gobierno que va a cumplir con las expectativas que generó, pero es un proceso”.

–¿Cuándo culminará la primera etapa?

–Yo planteé 111 días, en los que vamos a dar respuestas a los temas que nos planteamos: justicia, derechos humanos, específicamente de los migrantes, de la mujer y de los indígenas, que no se atendían. Queremos transparentar la relación con los medios; eso nos vulnera un poco y estamos sujetos a la crítica, al golpeteo. Quizás en un régimen autoritario, de canonjías, como lo ha vivido Oaxaca, habría otra percepción si actuáramos como antes se hacía, pero no queremos eso y por eso estamos sufriendo los costos.

Cué confía en que su primera etapa de gobierno termine el 21 de marzo, al establecer la fiscalía para investigar los crímenes del pasado y la comisión de la verdad que la acompañará, descongelar la iniciativa de reforma del Estado que está en el Congreso para introducir las figuras de referéndum, plebiscito y revocación del mandato, y conocer si las cuentas de Ulises Ruiz ameritan una auditoría.

–En Zacatecas y Veracruz los nuevos gobernadores iniciaron con acciones. Aquí la gente esperaba una reacción inmediata.

–Sí, pero en estos estados no ha habido nada, ni detenidos, fue sólo el escándalo mediático. Ahora resulta que, si no lo haces bien, pasas de victimario a víctima; por eso hay que actuar con mucho cuidado. Pero sí vamos a actuar.

El asalto al INM

Jesusa Cervantes

El martes 15 tuvieron lugar dos operativos en oficinas del Instituto Nacional de Migración. El hecho no ha sido divulgado ni suficientemente aclarado, aunque Proceso pudo averiguar que un grupo de policías armados escoltó a personal de la Función Pública en esa incursión, cuyos objetivos fueron encontrar una lista con los nombres de 84 extranjeros recientemente ingresados a México, y suspender, inhabilitar o incluso arraigar a dos funcionarios del instituto sobre los que pesan acusaciones de actividades ilícitas.

A las dos y media de la tarde del pasado martes 15, efectivos de la Policia Federal Ministerial (PFM), armados y escoltando a personal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), irrumpieron en un edificio de oficinas, el número 1832 de la calle de Homero, en la colonia Polanco de la Ciudad de México.

Los policías pidieron nombres, exigieron expedientes, revisaron computadoras, se incautaron de otras y de paso suspendieron 30 días a algunos funcionarios. Fue un operativo sorpresa en el Instituto Nacional de Migración (INM), sin precedente conocido.

Agentes y funcionarios llegaron al piso 16 de la torre del INM, donde está la Coordinación de Regulación Migratoria, a cargo de Tonatiuh García Castillo, el segundo hombre en importancia después del comisionado Salvador Beltrán del Río y a quien la excomisionada Cecilia Romero le dio facultades para crear el Nuevo manual de criterios y trámites migratorios, que facilita la entrada de extranjeros.

A la misma hora un operativo similar tenía lugar en otra oficina, en Ejército Nacional 862, sede de la delegación del INM en el Distrito Federal a cargo de Genaro Gutiérrez Soto.

Proceso verificó que los operativos tenían como objetivo encontrar una lista de 84 personas de nacionalidades iraquí, china y cubana. A las nueve de la noche con un minuto de ese martes 15 los agentes de la AFI y el personal de la SFP recibieron el documento de dos hojas al que este semanario tuvo acceso.

Pasada esa hora, policías y funcionarios federales se retiraron del piso 16 luego de notificar al encargado de la Coordinación de Regulación Migratoria, Tonatiuh García Castillo, y al titular de la Dirección Adjunta de Regulación Migratoria, Juan Ignacio Pedroza González, que estaban suspendidos de sus cargos 30 días, mientras concluyen las investigaciones.

Hasta el cierre de esta edición se desconocían los motivos por los que se buscó la lista de extranjeros o las razones por las cuales se incautaron algunas computadoras del piso 16 del INM ni se pudieron conocer los cargos por los que suspendieron a García Castillo y Pedroza González.

Versiones

El jueves 24 la noticia de esta incursión aún no trascendía públicamente y ya había diversas versiones sobre lo ocurrido. Proceso confirmó con funcionarios del INM, que pidieron el anonimato, que el operativo tuvo lugar pero negaron que hubieran participado efectivos de la PFM y mucho menos que haya sido un operativo armado. Aclaran que sólo acudió personal de la SFP.

Los funcionarios consultados aseguran que ni el INM conoce los motivos de los movimientos y deslindaron de cualquier responsabilidad al comisionado Salvador Beltrán del Río. Una de las fuentes sostiene que todo fue causado por el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto –que depende de la SFP– y aventuró la opinión de que se trató de la verificación de algunas denuncias que han llegado a ese organismo.

“Al OIC le llegan denuncias y puede hacer las indagaciones con el fin de garantizar la transparencia y objetividad con que se realizan los trámites en el Instituto”, añadió.

Proceso además tuvo una primera versión acerca de que Tonatiuh García Castillo y Juan Ignacio Pedroza González habían sido inhabilitados e incluso que este último –a quien el coordinador de Regulación Migratoria recurre constantemente para que firme en “su ausencia” los documentos que permiten el ingreso de extranjeros– estaba en arresto domiciliario.

La versión fue rechazada por una fuente del INM: “Es falso que tenga arresto en su casa, además de que la Función Pública sólo actúa en términos administrativos, no penales”, comentó. Lo que sí se comprobó es que ambos fueron “suspendidos de su cargo 30 días porque la SFP sí está facultada para pedir la separación cuando se trata de funcionarios de alto nivel”.

Una de las fuentes aclaró que es la primera vez en la historia del INM que un funcionario de este rango es suspendido e investigado. “Es un trámite. Es parte del compromiso para garantizar que quien tiene que indagar lo va a hacer sin presión. Y el compromiso del Instituto es que va a atender lo que diga el Órgano Interno de Control”.

La noche del jueves 24 Proceso obtuvo la versión de una fuente cercana a la Procuraduría General de la República (PGR): “No se trata de un arresto domiciliario sino de un arraigo penal (...) del comisionado de Regulación Migratoria, Tonatiuh García Castillo. El arraigo es por 30 días pero se puede extender a 60 y se le dictó porque es presunto responsable de algunos ilícitos; es para evitar que salga del país. Aunque también es cierto que luego de ese término se le pude liberar si no se encuentran pruebas en su contra”.

La fuente aclaró que hasta el momento “no se puede determinar la situación jurídica de Tonatiuh García Castillo” y corroboró que en el operativo sí participó la PFM y que fueron sus agentes quienes se llevaron las computadoras del piso 16, “aunque García Castillo alcanzó a tomar su computadora personal y su celular”.

Proceso acudió a la casa del funcionario en la colonia Condesa. Nadie abrió la puerta. En el primer piso del edificio hay un restaurante de comida india; en el segundo piso está la vivienda del funcionario. El tercer y último nivel está en remodelación y es donde alguna vez se localizó el Bar Delia, propiedad de García Castillo y que era atendido por haitianos (Proceso 1629).

En el restaurante fue un ciudadano indio quien abrió el portón. A uno de los encargados se le dejó una recado dirigido al funcionario con el nombre y teléfono de la reportera, solicitándole una entrevista.

Hasta el cierre de esta edición varios trabajadores del INM ya habían rendido “declaraciones administrativas” ante la SFP y otros habían sido citados por la PGR.

La lista

El martes 15, luego de revisar varios archivos del piso 16 del INM, los efectivos de la PFM y funcionarios de la SFP tuvieron en sus manos la lista de los 84 extranjeros: 22 iraquíes, 32 chinos y 30 cubanos.

Son dos cuartillas divididas en columnas donde se asienta la fecha del trámite de internación al país, la nacionalidad, el nombre y la fecha de nacimiento de cada uno de los extranjeros.

Aparecen, por ejemplo, los nombres de los iraquíes Oayssar Maullad Habech Habech, nacido el 15 de diciembre de 1990; Maryam Tareq Sulaiman Sulaiman nacida el 25 de julio de 1998 y Wissan Oraha Jibo, del 13 de mayo de 1969... así hasta completar los 22.

Entre los cubanos figuran los nombres de Enrique Fernández Ferrer, con fecha de nacimiento el 29 de julio de 1991, y Celestino Ignacio Muñiz Aldrete, quien nació el 4 de septiembre de 1946... y siguen otros 28 nombres.

En la lista hay 32 chinos, entre ellos Ying Ting Yu, nacido el 17 de febrero de 1980, y Ming Lee, del 24 de mayo de 1940.

Todos los trámites de esta lista se realizaron entre 2008 y 2010.

Hay otras listas y en ellas se asientan los datos de ciudadanos cubanos, argentinos, brasileños, peruanos, chinos, uruguayos, ecuatorianos, colombianos, rumanos, rusos, tailandeses e indios que tienen la leyenda “trasladados al piso 16”.

Por las fechas en que fueron tramitados los documentos que permiten a estos extranjeros la estancia en México, entre 2008 y 2010, es probable que quienes se encuentran en la lista ya vivan legalmente en México, aunque se desconoce si permanecen en el país.

El controvertido Tonatiuh

La norma que regula la internación de extranjeros al país es la Ley General de Población; según ésta, se autoriza trabajar en México un periodo de un año, con derecho a cuatro prórrogas, al extranjero traído al país por una empresa o institución educativa identificada con razón social y domicilio, cargo específico que desempeñará el inmigrante y el domicilio en el que vivirá y donde deberá ser localizado.

Para evitar que su actividad no ponga en peligro la seguridad nacional (es decir, que no se trate de terroristas, narcotraficantes, lenones, tratantes de personas o cualquier otra actividad ilícita), la Secretaría de Gobernación a través del INM debe fijar el número de extranjeros a internarse, ya sea por actividad o zona de residencia. Si el inmigrante cambia de trabajo o de domicilio debe avisar al Instituto.

Pero esta norma fue relevada por una simple circular, de la que Proceso tiene copia, la CRM/008/08 que emitió Tonatiuh García Castillo el 12 de noviembre de 2008, “previo acuerdo con la comisionada” (que entonces era Cecilia Romero).

Gracias a esa circular todos los requisitos para los inmigrantes se sustituyen con una simple declaración de que el extranjero se dedicará “a cualquier actividad lícita y honesta”, sin importar cuál es ni aportar prueba de ello, según el acuerdo segundo, párrafo I.

La nueva política de puertas abiertas que elaboró Tonatiuh García Castillo, pese a que mantiene la obligatoriedad de notificación a la autoridad sobre cualquier cambio de actividad y domicilio, permite que “no se vincule a los extranjeros a un empleador, persona, empresa o institución ni se limite su actividad a un área geográfica”, según se señala en la circular.

El actuar de García Castillo ha sido denunciado en diversos momentos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por abogados especializados en migración.

Por ejemplo: con motivo del motín y evasión de 31 indocumentados de la estación migratoria de Iztapalapa en julio de 2005, la CNDH lo señaló como uno de los responsables. García Castillo se deslindó de los hechos.

El 10 de septiembre de 2007 un grupo de 100 abogados presentó una denuncia contra García Castillo ante la SFP: lo acusaron de extralimitarse en sus funciones al girar instrucciones que sólo le corresponden al titular del INM (Proceso 1629).

El mismo grupo dio a conocer que, violando la Ley General de Población, el funcionario autorizó el ingreso a México de ocho iraquíes con el estatus de “visitantes con actividad lucrativa”. El documento de internación con el folio 12582/1/07 sólo asienta que el ingreso ocurrió a través de Ankara, Turquía, pero no aclara si se trata de asilados o refugiados políticos.

En el documento tampoco se especifica si la autorización obedece a causa humanitaria ni especifica las actividades que realizarán los nuevos huéspedes ni en qué domicilio vivirán. En suma, los ocho iraquíes podrán “dedicarse al ejercicio de cualquier actividad siempre y cuando sea lícita y honesta”.

Pero no sólo se franqueó el paso a los ocho iraquíes (Sameer Mikha, Rifa Salim Marroquí, Saifan Jirjees Abdulmaseeh, Doler Koraseel Mansoor, Manal Shaba Sadeq, Sama Nadhim Hirmiz, Shaba Sadeq Mansoor y Saada Younis Yaqo), sino que con los mismos folios de permiso de internamiento se autorizó la entrada de dos menores, Justin Manal Shaba y Varen Manal Shaba, para que vivan bajo la dependencia económica de Samier Sabrey Amein Al Najar, otro iraquí radicado en México.

Los denunciantes señalaron que los documentos son prueba de que existe el tráfico de personas orquestado desde Gobernación y que Tonatiuh García Castillo obtuvo entre 70 mil y 100 mil dólares por cada iraquí (Proceso 1629).

Cuando Proceso consultó a los funcionarios del INM por el tema del operativo realizado en el Instituto, afirmaron que se tuvo acceso a una lista de iraquíes, cubanos, chinos, indios, tailandeses y rusos que han ingresado a México en los últimos años, así como las denuncias contra Tonatiuh García Castillo y la flexibilidad de los requisitos.

Una de las fuentes consultadas explicó que México era uno de los países con más reglas burocráticas para ingresar al país y que siendo parte de la OCDE es el que tiene menor porcentaje de extranjeros. Y comentó: “Mientras en Estados Unidos hay 12 millones de mexicanos, aquí tenemos apenas 200 mil extranjeros”.

Comentó que con la nueva circular “se afectaron muchos intereses, como los de varios despachos de abogados que se encargaban de cobrar por cada trámite 10 mil pesos, siendo que ahora el propio extranjero lo puede realizar directamente sin necesidad de orientación jurídica. Se están afectando intereses de millones y millones de pesos”.

Sobre los iraquíes comentó que hay blindajes de seguridad para evitar el ingreso de terroristas. “Tenemos intercambio de información y bases de datos con el Cisen y la Secretaría de Seguridad Pública. Separamos la migración de riesgo de la común y en la primera están los terroristas”. l

Su crimen: denunciar al gobernador Sabines

Isaín Mandujano

En México sigue siendo un crimen hacer una denuncia, sobre todo si ésta tiene base legal y arruina los planes de un gobernante. Exactamente esto ocurrió cuando el abogado Horacio Culebro se atrevió a interferir jurídicamente con la intención del mandatario chiapaneco, Juan Sabines, de cancelar unas elecciones locales para mantener en el cargo a funcionarios afines a él. Desde entonces la procuraduría del estado le inventa cargos para retenerlo en la cárcel, obstaculiza su defensa, permite que lo acosen los reos...

COPAINALÁ, CHIS.- Recluido en el penal de mediana seguridad de esta localidad, a unos 80 kilómetros de la capital del estado, este mes se cumple un año de la persecución al abogado y cofundador del PRD Horacio Culebro Borrayas por desafiar jurídicamente al gobernador Juan Sabines Guerrero.

En su edición 1731, del 3 de enero de 2010, Proceso reveló en el reportaje El estilo Sabines: argucias, trampas, mentiras cómo el mandatario chiapaneco pretendió cancelar los comicios locales para elegir a 40 diputados locales y 118 presidentes municipales, a fin de reelegir a los funcionarios que ya se habían alineado con su administración.

Culebro Borrayas fue uno de los principales impugnadores de los decretos que Sabines Guerrero y sus operadores políticos trataron de ocultar para que ningún recurso jurídico los echara abajo. El litigante y exdiputado local urgió a la Procuraduría General de la República (PGR) a que interpusiera el recurso de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Sabines.

Fue más allá: demandó penalmente al gobernador y a los 40 diputados locales por falsedad de declaraciones, ya que negaron la existencia de los decretos para cancelar las elecciones.

Entrevistado en la prisión, enfatiza que la aberración jurídica cometida por el Ejecutivo fue tal, que el 15 de febrero del año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley Sabines por ocho votos a favor y tres en contra, y ordenó realizar los comicios locales. Dos de los tres ministros que votaron a favor de la Ley Sabines son chiapanecos: Margarita Luna Ramos y Sergio Valls Hernández. Y éste a su vez es padre del amigo y excolaborador de Sabines, Jaime Valls Esponda.

Aunque los opositores, especialmente los precandidatos a alcaldes y diputados, celebraron la revocación de la Ley Sabines, esto marcó el inicio de la persecución de Culebro Borrayas. Dos días después de que la SCJN diera su fallo, el 17 de febrero, policías estatales interceptaron al abogado y lo llevaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde lo interrogaron durante 10 horas. En esa ocasión lo liberaron.

Sin embargo, el 24 de febrero lo detuvieron de nuevo. De los separos de la PGJE lo trasladaron a la casa de arraigo ubicada en la Quinta Pitiquito, en el tramo carretero que comunica a Tuxtla Gutiérrez con Chiapa de Corzo.

Ese día empezaron la tortura psicológica y el acoso judicial. El maestro en derecho constitucional no sabía de qué lo acusarían y se sorprendió cuando le notificaron que estaba preso como presunto responsable del homicidio del líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) en el municipio de Chicomuselo, Mariano Abarca Roblero, quien fue acribillado por un gatillero en 2009.

Culebro Borrayas trabajó de forma temporal con la minera canadiense BlackFire Corporation, a la cual pertenecían empleados implicados en ese homicidio, y la PGJE intentó atribuirle la autoría intelectual.

El abogado pasó 20 días arraigado, pero no le fue difícil obtener un amparo federal contra esa acusación, que sólo era “una triquiñuela judicial” –como él dice– para castigar su osadía de enfrentar a Juan Sabines.

Sin embargo, considera que detrás de esa maniobra gubernamental estaba el entonces subsecretario general de Gobierno, Nemesio Ponce Sánchez, quien a mediados de 2009, en una reunión con ejecutivos de la empresa canadiense, prometió que “arraigaría” o “eliminaría” a Abarca Roblero para que los dejara explotar un yacimiento de barita en las comunidades de Chicomuselo.

Así sucedió. Abarca fue arraigado por varios días en agosto del mismo año. Poco después interpuso una denuncia penal por amenazas de muerte, que nunca prosperó, y el 27 de noviembre fue asesinado.

Cuando Culebro Borrayas estuvo arraigado, compareció ante un juez del ramo penal como testigo de descargo a favor de otro presunto autor intelectual del homicidio de Abarca Roblero: el exdiputado federal priista Walter León Montoya. Éste vive ahora en arraigo domiciliario pero se ha negado a comparecer como testigo en favor del abogado perredista.

Justo el día en que el litigante debía salir libre en virtud del amparo federal, el 16 de marzo de 2010, sorpresivamente se le notificó de una nueva orden de aprehensión por el delito de “ecocidio”. De inmediato fue llevado al penal número 15 de Copainalá, unos 80 kilómetros al norte de Tuxtla Gutiérrez.

Desde entonces permanece ahí. El juez mixto de Copainalá le instruyó el procedimiento 62/2010 porque la PGJE lo acusa de haber derribado, en 2008, “17 mil 671.48 árboles” (sic), pinos y encinos, para abrir un camino de terracería a través de siete hectáreas.

Al respecto, Culebro Borrayas sostiene que jamás ha desempeñado otra actividad profesional que la abogacía desde hace 27 años. Añade que su contrato con la empresa supuestamente involucrada en el delito comenzó en junio de 2009 y que sólo duró poco más de tres meses porque no se respetaron sus honorarios. En cambio, la PGJE sostiene que la tala de los árboles se realizó en 2008 y ni siquiera ha podido comprobar que la zona estaba arbolada, ya que desde hace muchos años es árida.

Aunque el delito no se le ha comprobado del todo, el perredista y exfuncionario del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal durante la jefatura de Gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas sigue preso. Y para evitar que vuelva a salir libre, la PGJE le instruyó otro procedimiento, este por el delito de falsedad en declaraciones, porque supuestamente en una declaración que hizo ante el juez dijo que no conocía a un hermano de Mariano Abarca que contendió con él por un cargo de elección popular en el municipio de Villacorzo.

Denunciar estas flagrantes violaciones a la ley no ha bastado para que actúe la PGR, ante la cual Culebro Borrayas interpuso una denuncia contra Sabines, que nunca procedió. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni siquiera le dio trámite a la queja que el abogado interpuso en abril de 2010, pese a que la Cámara de Diputados la exhortó a que lo hiciera.

Desde la prisión ha enviado cartas y solicitudes de apoyo político, jurídico y hasta económico a la senadora Rosario Ibarra de Piedra, a su exjefe Cuauhtémoc Cárdenas, a Dante Delgado Rannauro, a Marcelo Ebrard y otros personajes de la izquierda que conocen su trayectoria y militancia, pero nadie le ha respondido.

Sólo cuenta con su hermano Artemio, quien le ayuda a realizar trámites judiciales fuera de la prisión, pero también ha sido retenido durante varios días en la casa de arraigo de la PGJE a fin de obstaculizar la defensa jurídica que Horacio lleva a cabo por sí mismo.

En vista de esta situación, en octubre pasado el litigante se declaró en huelga de hambre, pero tuvo que levantarla a petición de amigos y familiares, quienes se alarmaron porque tiene diabetes y su vida estaba en riesgo.

Para completar el cuadro, en el penal es acosado permanentemente. Por ejemplo, al saber que muchos reos se hacen llevar teléfonos celulares, Culebro Borrayas se hizo de uno; pero el pasado 4 de enero unos celadores se lo requisaron en su celda y le dieron una golpiza que le dejó moretones y dolores musculares por las noches. Un actuario del Juzgado Segundo de Distrito dio fe de los efectos de esa agresión el 7 de enero.

Con estos antecedentes, al abogado y a sus familiares les preocupan seriamente las amenazas de muerte que le han lanzado los internos, él supone que por encargo de los directivos del penal.

Culebro Borrayas es apoyado por su amigo, el conocido abogado Javier Livas Cantú, para denunciar las injusticias de su caso en el resto del país, sobre todo entre políticos y medios de comunicación.

En una carta a Proceso, Livas Cantú sostiene que el gobernador Juan Sabines está “empecinado en cobrarse la afrenta” de no salirse con la suya.

Y agrega: “Culebro Borrayas es un verdadero demócrata y sin duda un héroe civil, que salvó a Chiapas de males mayores y un precedente nefasto como hubiera sido la cancelación de las elecciones, pero su desafío al gobernador Juan Sabines y sus notorias arbitrariedades, lo está pagando con cárcel. Es un verdadero preso político de un gobernador que no conoce impedimiento para ejercer su poder arbitrariamente”, afirma. l

Hidalgo: injusticia electoral

Miguel Ángel Granados Chapa

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cerró el miércoles pasado su temporada de resoluciones sobre los procesos en los 12 estados en que se eligió gobernador en julio pasado. En su última sesión a ese respecto, confirmó las resoluciones de los órganos locales de Hidalgo que dieron por válida la elección del candidato de la coalición del PRI, el Partido Verde y el Panal, y ratificó a Francisco Olvera como gobernador electo. Por tal motivo, Miguel Ángel Osorio Chong dejará en el Palacio de Gobierno de Pachuca a su favorito, cuya candidatura impuso a despecho de las aspiraciones de otros aspirantes de su partido que no se atrevieron a desafiarlo.

Al proceder de esa manera, el Tribunal Electoral santificó abusos y excesos del gobierno del estado y de su partido, en perjuicio no sólo de la coalición Hidalgo nos Une, que postuló a Xóchitl Gálvez, sino de la sociedad en general, que por primera vez apoyó con votación masiva una candidatura de la oposición al gobierno del estado. La resolución de la Sala Superior es, al mismo tiempo que una autorización para infringir las leyes, una suerte de recetario o instructivo para defraudadores electorales, que se resume en la fórmula: Haz lo que quieras, traspasa todos los límites legales, éticos y políticos, pero no dejes huella; impide que tus antagonistas puedan probar sus señalamientos y nosotros, magistrados y magistrada, contestaremos a sus impugnaciones que, con mucha pena, no podemos admitir afirmación alguna que no esté probada…

Los tribunales que pretenden hacer justicia y no sólo aplicar mecánicamente la ley disponen de arbitrios para completar su visión sobre los asuntos que les son expuestos. Se trata, por ejemplo, de la suplencia de la queja y de las providencias para mejor proveer. Aquélla significa que si un recurso está mal concebido y adolece de fallas formales o aun sustantivas, el tribunal puede remediar las deficiencias del recurrente para no dejarlo indefenso. Y cuando las evidencias mostradas por los impugnadores de una decisión no son suficientes, los tribunales que desean hacer justicia y no sólo aplicar la ley ordenan practicar diligencias cuyo resultado permita a los juzgadores aproximarse a la realidad sin detenerse en las formalidades legales relativas a las probanzas.

El TEPJF no pertenece a esa clase de tribunales. A cada uno de los 17 agravios de que constaba el pedido de anulación de los comicios hidalguenses (es decir, el juicio de revisión constitucional electoral número 276) la Sala Superior contestó que la coalición recurrente no presentaba pruebas, o que éstas no eran vigorosas. Y finalmente, cuando admitió la veracidad de algún señalamiento, se acogió a la fácil doctrina de la inocuidad: tal abuso o exceso efectivamente ocurrió, pero su efecto no es determinante del resultado de la elección.

Con ese criterio abstruso, cerrado, codiguero, el Tribunal Electoral federal bendijo la comisión aun de hechos delictuosos, como el ocurrido en la víspera de la jornada electoral. A un domicilio particular donde la coalición opositora guardaba la documentación sobre sus representantes de casilla, necesaria para verificar que se presentaran oportunamente a cumplir su misión o para en caso contrario poder relevarlos, entró a la fuerza un comando armado. Dijeron ser agentes de la policía estatal y estar allí por efecto de una denuncia ciudadana, anónima, que señalaba la ocurrencia en ese lugar de movimientos “extraños” y la presencia de gente armada. No mostraron orden alguna de cateo ni de aprehensión y, sin embargo, revisaron el local, detuvieron a dos personas y, subrepticiamente, fiados en el temor que su irrupción había provocado, se llevaron consigo los programas de control, dejando a la alianza sin posibilidad de verificar su presencia en las mesas electorales.

De la ofensa se pasó al agravio. Requeridos para probar que habían actuado legalmente, los intrusos mostraron una orden judicial que no llevaban consigo a la hora de los hechos. Y luego tuvieron la desfachatez de justificar su incursión en el hecho de que en efecto había en el lugar personas armadas. No aclararon que eran parte de la escolta de que se proveyó a los candidatos, y contaban con la autorización respectiva.

La ponencia del magistrado Alejandro Luna Ramos, que propuso confirmar las decisiones locales a favor del PRI, de Osorio y de Olvera, dijo que la coalición del PAN, el PRD y Convergencia no pudo probar la extemporaneidad del mandamiento judicial, con lo que permitieron a los asaltantes beneficiarse de su propia violación a la ley. El magistrado reprochó además a los quejosos el no haber expuesto los nombres de las personas detenidas, deficiencia que un juzgador de buena fe hubiera podido subsanar simplemente haciéndola notar a los querellantes para que la remediaran.

Tampoco se dio por probado el exceso de gasto, el rebasamiento del tope de campaña. En efecto, no se pudo instrumentar esa probanza porque no hubo un dictamen sobre el gasto de Olvera. Lo que hubo fue un papel donde se falsificó la firma del dictaminador, señalamiento que en un juicio previo el tribunal había desechado.

Con evidente mala fe, el instituto electoral controlado por el gobierno estatal incluyó en la boleta electoral el emblema del Partido del Trabajo, no obstante que no participó en la contienda por la gubernatura. En el rejuego de los partidos coaligados en torno a Xóchitl Gálvez, el PT formó parte de la alianza pero se retiró de ella y se abstuvo finalmente de presentar candidatura propia. La coalición alegó que esa indebida inclusión del emblema petista había causado confusión y provocado la anulación de votos. Si bien admitió esa posibilidad, el tribunal en su evidente deseo de satisfacer los intereses priistas, dijo que ese efecto, de haberse producido, no era determinante del resultado de la elección.

Al proceder de esa manera, y obviamente sin proponérselo, la justicia electoral se incriminó. Dejó en claro que la voluntad de los ciudadanos, el esfuerzo organizador de la oposición en torno a una candidata que abría la posibilidad de modernizar a una sociedad políticamente anacrónica resultó estéril. Sentenció que los mecanismos del fraude, y la actuación sesgada del Tribunal Electoral federal fueron determinantes del resultado de la elección. l

López Obrador tensa la cuerda

Jesús Cantú

Por tercera ocasión, Andrés Manuel López Obrador adopta posiciones extremas para obligar a sus enemigos políticos a definirse. La primera, en 2005, motivó que Vicente Fox retrocediera ante el apoyo popular concitado por el entonces jefe de Gobierno capitalino, en tanto que la segunda, en 2009, hizo que Los Chuchos tomaran el desafío y perdieran Iztapalapa, uno de sus principales bastiones.

Marzo es crucial para el PRD. El día 19, su Consejo Nacional deberá elegir al próximo presidente nacional. Lázaro Cárdenas Batel, quien tenía el consenso de los distintos grupos, declinó la invitación “por compromisos previamente adquiridos”. Además, el partido deberá resolver las solicitudes de permisos temporales de López Obrador y otros, que según el presidente del Consejo, Camilo Valenzuela, han llegado desde que el primero anunció la suya el domingo 20.

Y el próximo 27 de marzo se realizará la controvertida consulta en el Estado de México para conocer la opinión de los ciudadanos respecto a la alianza entre el PAN y el PRD en esa entidad.

Con estos eventos en mente, López Obrador lanza su reto a la actual dirigencia del PRD, con la intención de modificar la correlación de fuerzas en este instituto político ante dos temas fundamentales.

De acuerdo con el resultado de las últimas elecciones internas del partido, los grupos afines a Los Chuchos y contrarios a López Obrador son mayoría en el Consejo Nacional. Por ello tienen bajo su control la elección del próximo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. En este aspecto, el objetivo del excandidato presidencial es debilitar o, de preferencia, romper esa mayoría, para lo cual busca incidir en aquellos grupos cuyos nexos son más débiles.

En lo tocante a la consulta en el Edomex, el exjefe de Gobierno pretende influir en su resultado, que es a todas luces incierto. Si la auscultación se hubiese efectuado antes de que se declararan abiertamente los precandidatos del PAN y PRD, las probabilidades de que ganara el aliancismo hubieran sido mayores ya que la expectativa era encontrar un aspirante que no militara en ninguno de los dos partidos y que pudiese derrotar al delfín del gobernador Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, hoy se sabe que el candidato por necesidad será un militante de cualquiera de las dos fuerzas políticas, lo cual eleva la incertidumbre, pues los integrantes de ambos partidos no desean abanderar a un candidato ajeno.

Por si esto fuera poco, los precandidatos de los dos partidos han manifestado sus reservas ante la consulta, sobre todo Alejandro Encinas, quien ya había señalado que no aceptaría una candidatura en alianza con el PAN. Esta posición abre el camino para que el candidato de una eventual alianza sea un panista y, desde luego, ello influiría en el sentido del voto perredista.

Ante esta complicada circunstancia, López Obrador ha dejado en claro que en caso de haber coalición surgiría un tercer aspirante, pues ya es un hecho que el PT y Convergencia postularían un candidato por su cuenta, lo cual de inmediato disminuiría las probabilidades de triunfo de una coalición PAN-PRD.

Por su parte, Encinas aprovecha la coyuntura para posicionarse. Además de que no tendría la candidatura de una alianza PAN-PRD, tampoco estaría dispuesto a ser abanderado de la fórmula PT-Convergencia, postura con la cual se muestra institucional y gana más reconocimiento entre los perredistas. Así, a pesar de su evidente cercanía y lealtad para con López Obrador, Encinas define sus coincidencias y diferencias y establece su independencia de criterio para tomar decisiones sobre temas cruciales para el PRD y la izquierda.

La relevancia de las elecciones del Estado de México de cara a las elecciones presidenciales de 2012 trasciende el hecho de que el más importante precandidato priista a la Presidencia de la República sea el actual gobernador Enrique Peña Nieto; ello, debido a que la pérdida de su sucesión sepultaría sus aspiraciones presidenciales, en tanto que ganarla le puede asegurar la candidatura de 2012, aunque no el triunfo en la contienda.

El Estado de México por sí solo representa 13% del total del padrón electoral nacional, y al menos en las elecciones presidenciales de 2000 y 2006 aportó casi 14% de los votos totales del candidato que ganó las elecciones en dicha entidad. En 2000, Fox obtuvo en el Edomex 2.24 millones de los casi 16 millones de sufragios que reunió a nivel nacional; y en 2006, López Obrador captó en esa entidad 2.03 millones de los 14.76 millones de boletas que cosechó en el país.

Por esta razón, López Obrador sabe que es importante su presencia en dicho estado, y el proceso electoral que allí se avecina es la ocasión ideal. No es casualidad que en una entrevista con Carmen Aristegui, el miércoles 23, AMLO anunciara que dedicará “la mitad o más” de su tiempo a recorrer la entidad.

Pero además, López Obrador, nuevamente –como en 2009 en Iztapalapa–, desafía a sus opositores internos en sus propios bastiones, pues sabe que los actuales dirigentes perredistas en el estado tienen su fuerza en el llamado corredor amarillo ubicado en el oriente de la entidad.

También sabe que ese estado lo gana el partido que se impone en cinco municipios, de los 125 que lo conforman; a saber: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca y Tlalnepantla (en estricto orden de mayor a menor participación en el padrón electoral). Estas demarcaciones concentran casi 40% del padrón electoral del estado y, como puede verse, se trata de dos municipios pertenecientes al corredor amarillo, mientras que otros tres corresponden al azul.

A pesar de ello, en los comicios de 2009, Peña Nieto logró barrer a sus opositores y ganar las alcaldías en tales municipios, con lo cual está muy bien pertrechado para la próxima contienda por la gubernatura. Eso es precisamente lo que disminuye las posibilidades de vencer al PRI, pues si todo fuera en función de los antecedentes, las probabilidades estarían muy parejas, ya que la máxima votación que ha obtenido el PAN fue de 2 millones 239 mil 750 votos en la elección presidencial de 2000; el PRD, 2 millones 31 mil 389, en los comicios presidenciales del 2006, y el PRI, 2 millones 22 mil 420 en la contienda intermedia de 2009.

En estas circunstancias, el mejor escenario para López Obrador es el siguiente: logra que el próximo dirigente nacional perredista no sea un integrante de la corriente de Los Chuchos; consigue que se rompa –por cualquier vía– la alianza PAN-PRD en el Estado de México; el candidato de la coalición de izquierda es Alejandro Encinas y gana la elección para la gubernatura, el cual es un sueño que, sin embargo, pudiera cumplirse.

En la peor prospectiva, AMLO pierde todo, e incluso la alianza opositora PAN-PRD gana la gubernatura, pero logra hacer presencia en el Estado de México e integrar su grupo de 600 mil “protagonistas del cambio”. Este sería su equipo de movilización para las elecciones de 2012, en las que López Obrador estará en la boleta, al margen de lo que suceda en estos momentos y de la posible configuración o rompimiento de una coalición de izquierda.

En el bando contrario, para los opositores a López Obrador el mejor escenario es el siguiente: colocan a un afín a ellos como nuevo dirigente nacional perredista, ganan la consulta, van en alianza con el PAN y, a pesar de la presencia del candidato lopezobradorista, triunfan en la elección para la gubernatura del Estado de México. Este también es un sueño, pero podría convertirse en realidad. En el peor de los escenarios, pierden todo y ni siquiera fortalecen sus redes partidistas.

En medio de estos cuatro escenarios hay muchas combinaciones posibles, pero es evidente que López Obrador tensa al máximo la situación porque hasta ahora sus movimientos audaces le han redituado; aunque en este caso, como en 2009, sus acciones pueden debilitar a la izquierda y evaporar sus posibilidades de triunfo en 2012, o por lo menos impedirle una participación competitiva si hubiese dos candidatos de izquierda en ese proceso. l

Del IFE a la ASF

John M. Ackerman

En el contexto de una profunda crisis de la efectividad del Estado, resulta esperanzador que al menos una institución pública cumpla su mandato legal con independencia y profesionalismo. Entre 1996 y 2003 esta institución fue el Instituto Federal Electoral (IFE). Frente a la descomposición de la confianza social emergida de las crisis económica y política de mediados de los años 90, el IFE demostró que todavía existían soluciones estatales a la problemática nacional. Hoy, el desempeño y posibles reformas a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) representan una esperanza y un potencial similar.

Si no hubiera sido por el acuerdo político de 1996 que estableció las bases para la celebración de elecciones más limpias y equitativas, la situación se hubiera descompuesto rápidamente. Abiertos fraudes electorales organizados por el viejo partido de Estado en las elecciones federales de 1997 y 2000, así como en el Distrito Federal en 1997, hubieran preparado las condiciones para un fuerte estallido social. El resultado habría sido no la transición de terciopelo que tuvimos por medio de los votos, sino un cambio de régimen mucho más sangriento y posiblemente regresivo.

Hoy no queda claro que el camino andado haya sido necesariamente el mejor. Estamos pagando los costos de una transición simulada donde la alternancia en el poder no se ha traducido en una transformación real en las formas de ejercerlo. El fracaso de Vicente Fox y Felipe Calderón para conducir un verdadero cambio de régimen a nivel federal ya ha sido reeditado en los estados por gobernadores como Zeferino Torreblanca en Guerrero y Francisco Barrio en Chihuahua. Hoy nada garantiza que nuevos gobernantes como Rafael Moreno Valle, Ángel Aguirre, Mario López Valdés y hasta Gabino Cué sigan este mismo sendero. Sin embargo, con la reforma política de 1996 por lo menos logramos conjurar una caída libre hacia la barbarie y el autoritarismo más repugnante.

Hoy nos encontramos en medio de una profunda crisis económica y política similar a la vivida hace tres lustros. En los últimos años los mexicanos hemos sufrido una franca reducción de nuestros niveles salariales y poder adquisitivo. Asimismo, cada día la política se encuentra más desprestigiada y la legitimidad de las instituciones está en un nivel similar al de los años noventa.

A la mayor parte de los políticos y funcionarios públicos esta situación los tiene sin cuidado. En lugar de tomar medidas contundentes para recuperar la confianza ciudadana, combatir la corrupción e imponer el estado de derecho, los cargos públicos se siguen utilizando para servir intereses particulares. Los casos de la licitación 21, la guardería ABC, las constantes fugas de reos, las explosiones de los ductos de Pemex y el secuestro de migrantes son apenas un botón de muestra de la gravedad de la situación actual. La total inefectividad de las secretarías de Educación, de la Función Pública, de Gobernación, de Economía y de Seguridad Pública, entre muchas otras, abona en el mismo sentido.

En contraste, una institución que ha logrado destacar en medio de este mar de mediocridad es la ASF. Con un presupuesto que apenas llega a una fracción del recurso otorgado a la Secretaría de la Función Pública (SFP), el año pasado la ASF realizó casi mil auditorías que nos ilustran sobre los entretelones de la debilidad institucional del Estado mexicano.

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, que el auditor Juan Manuel Portal presentó el pasado 16 de febrero, contiene mucho más que auditorías contables sobre las compras de gomas, lápices y papel por las dependencias federales. Este fascinante documento nos presenta los detalles de la opacidad del gasto de las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión, las graves irregularidades en el monitoreo de los medios de comunicación por el IFE durante las elecciones federales de 2009, la reducida eficacia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de combate al narcotráfico, las problemáticas adquisiciones en los preparativos para el Bicentenario y la preocupante falta de cobertura universal y calidad en la educación básica, entre otros numerosos temas.

Lo más fácil para cualquier auditor es abocarse a revisar asuntos menores que no generen polémica, así como prestarse a la simulación a la hora de comprobar el gasto y el desempeño gubernamentales. Pero una vez más la ASF ha demostrado que no rehúye la polémica, sino que está comprometida a cumplir con su mandato de limpiar las finanzas públicas. A raíz de la revisión de la cuenta pública de 2009, la ASF reporta recuperaciones y/o resarcimientos por más de 7 millones de pesos y ha recomendado la aplicación de sanciones administrativas en mil 374 casos, así como sanciones penales en 34 más.

Sin embargo, la ASF alcanza a revisar solamente una pequeña fracción del total del gasto federal. Falta tomar medidas contundentes para convertir a la ASF en el nuevo estandarte de la institucionalidad democrática. Haría falta, por ejemplo, aumentar su presupuesto de manera importante y dotarla de mayores facultades legales de sanción directa y de auditoría “concomitante” durante el ejercicio presupuestal. También urge recuperar la calidad vinculatoria de las auditorías al desempeño y caminar hacia un organismo verdaderamente autónomo de fiscalización.

Si la clase política no fortalece lo poco que hay todavía de rescatable en las instituciones federales, se generarán las condiciones para el surgimiento de una gran ola de repudio social hacia todos los políticos e instituciones por igual, que peligrosamente podría terminar echando por la borda al bebé junto con el agua sucia. l

www.johnackerman.blogspot.com

twitter: @JohnMAckerman

Calderón, simple espectador en la guerra del “triple play”

Jenaro Villamil

La ausencia de una reforma integral en las telecomunicaciones es la causa de que el gobierno calderonista no pueda orientar este sector. Varios especialistas indican que ante el poderío económico y la influencia de los grupos dominantes –Televisa, Telmex y TV Azteca–, el Estado se limita a emitir leyes, reglamentos y decretos al calor de la coyuntura, con lo cual su papel se reduce al de simple espectador de las batallas mediáticas.

A menos de 23 meses de que concluya el sexenio, la propuesta de Felipe Calderón de impulsar las tres “C” –convergencia, competencia y cobertura– en el sector de telecomunicaciones ha sido un rotundo fracaso. Así lo reconocen especialistas, exfuncionarios del sector y, sobre todo, grupos dominantes (Televisa, Telmex-Telcel y TV Azteca), ahora confrontados por las tarifas de publicidad en la pantalla comercial y los acuerdos de interconexión entre empresas telefónicas.

En lugar de convergencia, “lo que existe es una mayor concentración”, afirma el perredista Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado. Por su parte, el exsubsecretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Álvarez Hoth advierte que frente a la disputa de los grandes consorcios, “no hay árbitro. Más bien parece que existe una función pendenciera, de decir quiénes son buenos y quiénes son malos”.

El especialista Gabriel Sosa Plata subraya que uno de los principales problemas del gobierno de Calderón fue apostarle a un conjunto de cambios administrativos y no a una reforma integral al marco jurídico, lo cual ha generado que sean los agentes dominantes los que impongan sus reglas.

“El presidente y su partido han sido, con el PRI, los principales obstáculos para una reforma democrática al sector. Calderón ha querido modificar las reglas del juego mediante acuerdos y decretos administrativos y, por lo mismo, unipersonales, en respuesta a las presiones de coyuntura, pero sin la participación del Congreso y de otros sectores de la sociedad”, advierte.

Este diagnóstico se confirmó la misma semana en que Grupo Carso, consorcio que aglutina a las dos principales empresas de telecomunicaciones (Telmex, con casi 16 millones de líneas de telefonía fija, y Telcel, con 65% de los 88 millones de usuarios de telefonía móvil) rompió sus acuerdos publicitarios con las dos grandes cadenas de televisión comercial: Televisa y TV Azteca.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, se curó en salud al afirmar que la disputa entre estos gigantes del sector se trata “claramente de un conflicto comercial”, y no hay razón para que la dependencia a su cargo intervenga.

El Grupo Salinas, propietario de TV Azteca y Iusacell-Unefon, emitió un comunicado para anunciar que “convocará a todos los actores de la industria, a todas las autoridades y a todos los actores relevantes del Estado, para abrir de inmediato un debate público y un frente común para revisar y solucionar a fondo el asunto de interconexión, que hoy claramente afecta a todos los usuarios mexicanos de servicios de telefonía celular, que suman más de 88 millones de personas”.

A su vez, el vocero de Telmex, Arturo Elías Ayub, afirma que esta empresa acepta el debate convocado por el Grupo Salinas “para acabar con los mitos” que existen en torno al tema de la interconexión. Grupo Televisa no ha emitido ningún pronunciamiento.

Sin embargo, Telmex advirtió que la suspensión de sus anuncios publicitarios con Televisa y TV Azteca respondieron a razones diferentes: con Televisa fue a principios de febrero por el incremento de 20% en las tarifas, mientras que con TV Azteca se debió a que la empresa de Ricardo Salinas Pliego condicionó el convenio publicitario a la firma de un acuerdo de interconexión entre Telmex y Iusacell-Unefon.

Impugnaciones

En el marco de la disputa entre televisoras y Grupo Carso, el miércoles 23 la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es válida la suspensión del decreto presidencial de Felipe Calderón para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre.

Este decreto emitido el 2 de septiembre de 2010 fue impugnado por la bancada del PRI en el Congreso, con el argumento de que el titular del Ejecutivo invadía las funciones exclusivas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Aunque los ministros no entraron al fondo del asunto, el decreto quedó suspendido.

El senador Sotelo exhortó en la tribuna a que no se posponga la propuesta de realizar en 2015 y no en 2021 el llamado “apagón analógico”, lo cual permitiría avanzar en el modelo de convergencia y triple play. “La Corte tiró el agua sucia con todo y niño y, por lo tanto, hay que rescatar al niño: debe realizarse el acortamiento del periodo”, apuntó.

Durante su gestión, el presidente ha emitido varios decretos para regular “administrativamente” el sector y el modelo de triple play, mismos que han sido desechados o impugnados.

Así ocurrió con el decreto para incrementar las atribuciones del titular de Comunicaciones y Transportes; el decreto para impulsar la transición de las emisoras radiofónicas de AM a FM, impugnado por el senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI, y el decreto de creación del Organismo Promotor de los Medios Audiovisuales (OPMA), criticado por trabajadores y académicos del Canal Once, así como por legisladores que destacaron la ausencia de un marco jurídico favorable a los medios públicos.

Por si fuera poco, la Licitación 21, considerada la más importante de este sexenio para determinar el futuro de la banda 1.7 Ghz y el de la telefonía móvil convergente con internet, audio y video, fue cuestionada por Iusacell y otros actores del sector. La razón: las bases de licitación favorecían claramente a la sociedad formada por Nextel-Televisa.

Tan sólo la Licitación 21 ha dado lugar a más de 50 juicios que se suman a los 43 litigios que dejó pendientes la administración de Luis Téllez al salir de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; a éstos deben añadirse los que acumuló Héctor Osuna como presidente de la Cofetel.

La ruta del conflicto

Tal como lo adelantó Proceso en el reportaje Caso Aristegui, el trasfondo (edición 1789), Televisa y Grupo Carso pasaron de la disputa jurídica a la batalla abierta y publicitaria. El inicio de este nuevo capítulo fue el amparo presentado a finales de enero de 2011 por los asesores jurídicos de Televisa ante la resolución de la Cofetel que autorizó la sociedad de Grupo Dish México, formado por Multivisión y EchoStar, donde Telmex funge como socio en los servicios de venta y facturación.

Televisa argumentó que Telmex busca a través de Dish México tener una red de televisión restringida, en violación al candado de su título de concesión que le impide dar este servicio. Desde octubre de 2006 está pendiente que las autoridades del sector –Cofetel, SCT, Cofeco– autoricen el cambio de título de la empresa de Carlos Slim Helú.

A comienzos de este mes, Grupo Carso decidió suspender los anuncios publicitarios de sus principales empresas (Telmex, Telcel, Sanborns y Sears) en los canales de Televisa. Alegó que esta suspensión se debió al incremento de las tarifas de los spots.

El diferendo entre Slim y la empresa de Emilio Azcárraga Jean se hizo público el viernes 18, cuando el vicepresidente ejecutivo de Televisa Alfonso de Angoitia admitió ante analistas financieros que el Grupo Carso decidió no participar en la venta anticipada de publicidad de 2011.

El ejecutivo aseguró que la suspensión de la publicidad de Grupo Carso no representa más de 800 millones de pesos al año y equivale a menos de 3.8% de los ingresos de televisión abierta, y a 1.8% de las ventas totales consolidadas de Televisa para este año.

Tres días después del anuncio de Televisa, mientras Grupo Salinas y Grupo Carso negociaban el paquete publicitario para 2011, TV Azteca, la segunda empresa de televisión comercial, con 28% de la audiencia, decidió suspender unilateralmente el acuerdo con Telmex.

La televisora de Ricardo Salinas condicionó la venta de publicidad a Grupo Carso, a la reducción de las tarifas de interconexión de Telmex con Iusacell-Unefón, empresa de la que también es propietario.

Elías Ayub admite que los dos casos son diferentes, pero “no se ven cercanos los arreglos”, a pesar de que la empresa de Slim está dispuesta a negociar.

–¿Van a redefinir su estrategia publicitaria? –se le pregunta.

–Hay muchas opciones de publicidad. Están las revistas, los periódicos, los espectaculares y la radio también es importantísima.

–Circuló la versión de que Telmex suspendió publicidad con varias empresas de radio. ¿Fue así?

–Es falso. Han circulado muchos rumores y chismes, pero nosotros no hemos suspendido con ninguna otra empresa.

Entre las versiones que se han difundido, fuentes cercanas a Televisa afirmaron que Slim comprará 80% de MVS, empresa presidida por Joaquín Vargas, lo cual fue desmentido vía Twitter por los responsables de comunicación corporativa de Telmex.

En su cuenta de Twitter, Ricardo Salinas Pliego afirmó que “en el tema Azteca-Carso no hay que confundir los negocios con lo personal. Por el ingeniero Slim sólo tengo admiración, aprecio y respeto”.

Por su parte, Emilio Azcárraga Jean ha guardado silencio frente a la disputa. Sólo algunos comentaristas de Televisa han insistido que detrás de ese conflicto está el interés de Telmex por tener su propia cadena de televisión.

La verdadera disputa

De acuerdo con especialistas y observadores consultados por este semanario, la auténtica disputa no se limita a las televisoras y a las empresas de Grupo Carso. El conflicto es con el gobierno federal y con las autoridades regulatorias que han frenado el ingreso de Telmex al mercado del triple play, al tiempo que han permitido que Televisa participe en el mercado de las telecomunicaciones, terreno dominado por Slim.

La excomisionada de la Cofetel Clara Luz Álvarez considera que “el conflicto de los títulos de Telmex es anacrónico; llevamos cinco o seis años enredados en eso. La empresa debe dar el servicio de televisión cuanto antes; lo que importa serán las condiciones que se le impongan”.

Entre las condiciones impuestas a Telmex en el Acuerdo de Convergencia, de octubre de 2006, destaca la de cumplir con acuerdos de interconexión, interoperabilidad y portabilidad numérica para evitar que su condición monopólica en telefonía fija y móvil generara desbalances y barreras de entrada.

Los acuerdos de interconexión han sido intensamente litigados. Los competidores de televisión por cable que dan servicios de triple play (agrupados en la Canitec y la mayoría acorde con los intereses de Televisa), al igual que otras empresas de telefonía móvil (Telefónica, Iusacell-Unefón) y compañías de telefonía fija que tienen problemas legales con Telcel (como Axtel, de Tomás Milmo), han prolongado los litigios de interconexión con las empresas de Slim.

Por si fuera poco, los usuarios de Telcel, la principal empresa de telefonía móvil, han padecido desde finales del año pasado varias fallas en el servicio de 3G, lo cual provocó un cúmulo de quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor y obligó a la empresa a retribuir con 50 minutos de tiempo-aire a la mayoría de sus usuarios en la zona metropolitana.

A Televisa, la Comisión Federal de Competencia sólo le impuso algunas condiciones conocidas como must offer y must carrier para permitirle la adquisición de varias empresas de televisión por cable (Cablemás y TVI), y al mismo tiempo evitar que su condición dominante en contenidos de televisión abierta y restringida se convierta en una barrera de entrada para otras empresas, como MVS o Hi-TV, de TV Azteca.

La empresa de Emilio Azcárraga Jean no tuvo ninguna dificultad para tener poco más de 60% del control de los abonados de televisión por cable (43% de sus subsidiarias y 20% de su socia, Megacable), mientras que adquirió la empresa Bestel (que le ha ganado a Telmex en dos licitaciones ante el ISSSTE y el IMSS).

Tampoco se le pusieron obstáculos para participar en la sociedad con Telefónica y Megacable a fin de adquirir los dos hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y participar en la Licitación 21, en sociedad con Nextel. Ésta fue suspendida a finales del año pasado ante las impugnaciones y las diferencias entre ambas empresas.

El litigio más duro en el caso de esa licitación fue protagonizado por Grupo Iusacell, de Salinas Pliego, que encabezó una agresiva estrategia de impugnación jurídica a las bases y al resultado que favoreció a Nextel-Televisa.

Las empresas de Salinas Pliego tienen televisión abierta y telefonía móvil, pero no contaban con televisión restringida. Intentaron incursionar en este ámbito con el servicio de Hi-TV que utilizaba un decodificador a partir de sus canales espejo para servicio digital. En un primer momento Televisa apoyó este servicio, para después impugnarlo. Ahora, Grupo Salinas promueve el servicio Total Play para la zona metropolitana, que incluye audio, video e internet (triple play).

La disputa entre los gigantes del sector no ha beneficiado aún a los consumidores finales de telefonía, internet y televisión. El acceso a los servicios de banda ancha en internet tiene un rezago de más de 10 años. Un estudio de la SCT muestra que menos de la tercera parte de la población cuenta con internet, y de los 28 millones de hogares en México, sólo 6 millones disponen de servicio de televisión restringida.

La televisión abierta sigue dominando ampliamente: 98% de los hogares tiene acceso a contenidos de televisión abierta y este universo está controlado claramente por Televisa y TV Azteca.

Según el reporte de la SCT, en el primer semestre de 2010 las tarifas de los servicios telefónicos disminuyeron: 0.8% en telefonía fija, 1.1% en telefonía móvil y 4.9% en llamadas de larga distancia. Sin embargo, fue una disminución menor que la de 2009, cuando las tarifas de telefonía fija y móvil, fueron de 1.4% y 10.4%, respectivamente.

La caída en el número de usuarios de telefonía fija entre enero y junio de 2010 fue de 5.6% respecto al mismo periodo de 2009. Lo paradójico del caso es que en otros países donde se han aplicado políticas de triple play, el número de usuarios de telefonía fija se ha incrementado sustancialmente. Además, las empresas se han diversificado y los precios han disminuido en más de cinco puntos.

Por ejemplo, cifras de la Unión Internacional de Telecomunicaciones revelan que a finales de 2009 Argentina, Brasil, Chile y Venezuela tenían mayor densidad de usuarios de telefonía fija que México. Mientras en nuestro país esta medición se ubica en 18 puntos (con 19.3 millones de usuarios), en Argentina (con 9.1 millones de suscriptores) es de 22.6; en Brasil (con 41.4 millones de suscriptores) de 21.6; en Chile (3.5 millones de usuarios) de 21.5, y en Venezuela, gobernada por Hugo Chávez (con 6.8 millones), de 24.22 puntos. Paradójicamente, es a estos países a donde se han dirigido las inversiones en triple play de las empresas pertenecientes a Carlos Slim.