Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 20 de febrero de 2011
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Cassez y el Convenio de Estrasburgo
Colaborador Invitado. En medio del conflicto México-Francia, la pregunta es: ¿tiene México la obligación de extraditar a Florence Cassez?
Colaborador Invitado
(20 febrero 2011).- Alejandro Faya Rodríguez
Profesor de derecho en la Universidad Iberoamericana y consultor.
El conflicto diplomático entre México y Francia ha alcanzado niveles que nadie podría haber anticipado. Existe una verdad cuando menos de tipo jurídica: Florence Cassez es culpable del delito de secuestro agravado, según lo han confirmado los tribunales en tres ocasiones. El show mediático a propósito de la detención de Cassez en 2005 fue sin duda desafortunado y exhibió una vez más al país, pero no exime o justifica la culpa.
Francia pide la transferencia de la prisionera conforme el Convenio de Estrasburgo. Ante la escalada del desacuerdo, la politización de las posturas y el ferviente ánimo nacionalista de los espectadores, es menester analizar el tema desde una perspectiva estrictamente técnica.
La "Convención sobre la transferencia de personas sentenciadas" es un tratado multilateral adoptado en Estrasburgo, Francia, en
No obstante, la transferencia no opera en automático y está sujeta a las siguientes condiciones, según el artículo 3 del propio Convenio: 1. Que el condenado sea nacional del país a donde se traslada. 2. Que la sentencia sea final. 3. Que la duración de la condena por cumplir sea de al menos seis meses. 4. Que los actos que derivaron de la condena sean también sancionados penalmente en el otro país. 5. Que los países estén de acuerdo en el traslado.
Actualmente, todos los requisitos se cumplen a excepción del más importante: el acuerdo de México. Esto nos lleva a una primer conclusión: México tiene el derecho, mas no la obligación de trasferir a Cassez. Así lo dispone el tratado explícitamente. Y cuando una regla es clara, no hay por qué leer entre líneas.
Cierto, no acaba ahí. Bajo derecho internacional, existe una obligación implícita de ejecutar de buena fe cualquier derecho u obligación. Desde luego, si un país negara sistemáticamente todas las solicitudes de traslado, se frustra el objeto y propósito del tratado. ¿Para qué se firma entonces en primera instancia? ¿Para simular? Por ello, hay que analizar si el ejercicio del derecho es legítimo. No lo será si la decisión mexicana es caprichosa, arbitraria o se hace con la única intención de lastimar a Francia; lo será, por otra parte, si se sustenta en elementos de razonabilidad.
La balanza se inclina hacia lo segundo, ya que existe una preocupación válida por parte de México. Aunque el Convenio de Estrasburgo dispone que el país que recibe al reo queda vinculado por la naturaleza jurídica y la duración de la sanción (10.1), también establece que el cumplimiento de la condena se rige por la ley de dicho país, mismo que será competente para tomar "todas las decisiones convenientes" (9.3). De hecho, mediante una reserva, Francia ha interpretado estos preceptos en el sentido de que puede suspender o reducir la sentencia así como decidir sobre medios alternos de castigo. Además, la propia Convención admite la posibilidad de que el país receptor conceda amnistía o indulto (12). En este orden de ideas, el Código Penal francés reconoce las figuras de reducción de penas y libertad condicional, mientras que la Constitución otorga al Presidente la facultad de indulto a título individual (Grâce Présidentielle).
En otras palabras, nada impide que, una vez transferida a Francia, Cassez se haga acreedora de una reducción, suspensión, permuta o inclusive indulto. Mucho menos si el presidente Nicolas Sarkozy tiene interlocución directa con ella, ha tomado el asunto como causa personal e intenta lucrar políticamente con éste.
No sería la primera vez. En el escandaloso caso del Arca de Zoé, personas al servicio de una ONG francesa fueron detenidas en Chad mientras se disponían a embarcar, con dirección a Francia, más de un centenar de niños (de cinco años como máximo), quienes habían sido separados de sus familias mediante maniobras fraudulentas. Los detenidos fueron condenados a ocho años de trabajos forzados y, cuando fueron repatriados a Francia para cumplir una pena equivalente (también sobre la base de un acuerdo internacional), la sanción se sustituyó por multas económicas. El gestor de la repatriación fue Sarkozy.
Así como Francia tiene el derecho de solicitar el traslado de Cassez, México tiene el derecho a decir que no por razones legítimas para ello. Las tiene de sobra. Sarkozy ha sido el primero en boicotear el posible traslado de Cassez, ya que ha exigido a gritos y de mala manera la aplicación de un Convenio cuyos alcances no quiere entender, alimentando con su actitud la preocupación de México de que no existen garantías adecuadas para que cumpla su condena en Francia. Hoy todo indica que eso no sucedería.
Del reflector a la impunidad
Reportaje Crímenes sin castigo. En diez casos de alto impacto mediático las investigaciones no derivaron en un esclarecimiento de los hechos y un proceso judicial debidamente concluido
Karla Garduño Morán
(20 febrero 2011).- Hace 21 meses que el administrador de la aduana de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni, fue secuestrado. El hecho de que el presidente Felipe Calderón se presentara en el puerto 10 días después y advirtiera que no descansaría hasta esclarecer el caso, no sirvió para dar con su paradero.
"Las pesquisas se desarrollarán hasta sus últimas consecuencias a fin de llevar a todos los responsables de este deleznable delito ante la justicia y encontrar con vida a nuestro compañero", dijo Calderón el 11 de junio del 2009 en un discurso ante el personal de la aduana.
Diez meses después, el 21 de abril del 2010, el mismo Calderón cometía el error -corregido inmediatamente después por la oficina de la Presidencia- de dar por muerto a Serrano Aramoni.
La detención de cinco policías de tránsito, un ex director de la policía municipal y dos presuntos zetas es el resultado de la investigación de la Procuraduría General de la República.
Más tiempo ha pasado (dos años y nueve meses) tras el asesinato de quien fuera comisionado general de la Policía Federal, Édgar Millán. Aunque el autor material está preso, las pesquisas de la PGR no han ido más allá. La ejecución, el 8 de mayo del 2008, llamó la atención porque era el primer mando de alto rango asesinado y un personaje cercano al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Cinco días después de la ejecución, el supuesto autor intelectual del crimen ya estaba detenido. Según la SSP, el policía federal José Antonio Martín Montes Garfias, vinculado con los Beltrán Leyva, había orquestado la adquisición de vehículos, armas y radios para que el sicario Alejandro Ramírez Báez llevara a cabo la ejecución. La investigación no se sostuvo. La PGR arraigó a seis presuntos responsables, pero el juzgado primero de distrito en Puente Grande Jalisco sólo pudo procesar a tres de ellos, aunque ninguno por el delito de delincuencia organizada.
El autor confeso fue encarcelado por homicidio y sólo hubo elementos para condenar a Montes Garfias por posesión y portación de cartuchos y armas de fuego. Otro de los presuntos responsables, Gerardo García Antúnez, fue condenado por el mismo delito.
Crímenes bajo reflectores
Como estos casos, existen otros que se convierten en escándalos de gran impacto, temas a los que la autoridad le da gran importancia o que incluso llegan a ser material de promoción para presumir la guerra contra el narcotráfico, pero que no son resueltos o se quedan a medio camino en el proceso judicial.
La captura el 23 de enero del 2009 de Santiago Meza El Pozolero, en Tijuana, llamó la atención por lo siniestro de los hechos que se le imputaban. El detenido era acusado de haber cocinado en ácido más de 300 cuerpos por órdenes de Teodoro García Simental El Teo, quien se disputaba con Fernando Sánchez Arellano el control del Cártel de Tijuana, y que fue capturado el 12 de enero del 2010. En un spot a comienzos del año pasado, el gobierno federal presumió la captura de El Teo y de El Pozolero; sin embargo, este último podría quedar en libertad en poco tiempo, por los cargos que enfrenta.
Su historia mereció un par de corridos del grupero Fidel Rueda y la publicación de una película transmitida en episodios a través de YouTube.
La PGR tampoco resistió la seducción del caso y dos días después de la captura su vocero, Ricardo Celso Nájera, explicó a detalle la receta con la que el delincuente "cocinaba" los cuerpos. Aquella reseña le valió las críticas de especialistas.
Fue hasta el 23 de abril que el juez segundo de distrito en materia penal, en Nayarit, dictó auto de formal prisión a El Pozolero, pero aún no se le puede comprobar su responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada.
El único delito que confesó Meza ante las cámaras fue el de haber desintegrado unos 300 cadáveres en el último año y, según el título 17 del Código Penal Federal, referente a delitos relacionados con inhumaciones y exhumaciones ilegales, el artículo 280 refiere que "se impondrá prisión de tres días a dos años, o de
Desafuero, ¿para qué?
El caso del diputado perredista Julio César Godoy representó para la PGR una larga batalla en la que, a pesar de haber ganado, no logró su objetivo.
La batalla comenzó el 14 de julio del 2009, cuando el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido, anunció que la PGR buscaba a Godoy Toscano por ser presuntamente uno de los encargados de crear redes de protección oficial para la organización criminal de La Familia Michoacana.
El 14 de diciembre del 2010, un año y cinco meses después, el pleno de la Cámara de Diputados desaforó a Godoy Toscano para que enfrentara las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero, entre otras; pero hasta la fecha la PGR no ha podido cumplimentar las órdenes de aprehensión contra el perredista, quien logró burlar a las autoridades en varias ocasiones.
A lo largo del proceso, la Procuraduría cometió descuidos que facilitaron la toma de protesta del medio hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy.
El 30 de julio del 2009 permitió que la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara a Godoy Toscano como diputado federal, ya que ninguna autoridad envió documentación que lo impidiera.
Poco más de un año después y a pesar de las peticiones de la PGR para que no se le tomara protesta, el 23 de septiembre del 2010 -armado con una suspensión provisional concedida 16 días antes- Godoy Toscano burló un operativo de seguridad con 120 elementos de la Policía Federal y entró a San Lázaro para rendir protesta.
La PGR solicitó el desafuero el 1o. de octubre. La filtración de una conversación telefónica entre Godoy Toscano y Servando Gómez La Tuta, líder de La Familia -en pleno proceso de desafuero-, ayudó a que el perredista perdiera apoyos de su bancada y fuera desaforado. Sin embargo, para ese entonces, el michoacano ya estaba desaparecido y a pesar de la orden girada en la Policía Internacional para su búsqueda sigue sin ser detenido.
Oídos sordos A pesar de la llamada "Operación Limpieza", puesta en marcha en octubre del 2008 por el gobierno de Felipe Calderón con la intención de sacar al narco de las corporaciones policiacas, los procesos contra los mandos no siempre trascienden.
El 7 de agosto, unos 300 policías federales se manifestaron en Ciudad Juárez contra su comandante, Salomón Alarcón alias El Chamán, jefe del tercer agrupamiento de las Fuerzas Federales de Apoyo desplegadas en esa frontera. Junto a otros tres mandos, lo acusaban de extorsionar a civiles y a los propios agentes.
Los acusados fueron relegados de sus cargos en el momento y se les envió a la Ciudad de México para ser puestos a disposición del Ministerio Público, según un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública del 8 de agosto.
Veintidós días después, Facundo Rosas, comisionado general de la Policía Federal, anunció que 4 mil 220 policías habían sido destituidos de la corporación. Entre ellos estaban los involucrados en la revuelta del 7 de agosto, quienes también enfrentaban un proceso penal, pero Rosas no aclaró si El Chamán estaba en ese grupo.
Hasta el momento no se ha emitido ningún auto de formal prisión para el ex mando, quien apenas tenía 40 días al frente de uno de los sectores de Ciudad Juárez y ya contaba con una moderna camioneta y les imponía cuotas a sus subalternos para que extorsionaran, según las acusaciones de los mismos.
En el caso de El Chamán, el castigo es incierto, pero en otra acusación hecha en 2008 por un testigo protegido contra Mario Velarde Martínez, secretario particular de Eduardo Medina Mora en el sexenio de Vicente Fox, ni siquiera se abrió una investigación.
El testigo protegido acusó a Velarde de vender información a los Beltrán Leyva, pero en una conferencia de prensa del 21 de noviembre del 2008, un día después de que se diera a conocer la información, Medina Mora dijo que el funcionario no estaba ni detenido ni retenido ni arraigado.
Hoy en día, Velarde sigue adscrito a la División Antidrogas de la Policía Federal.
Testigos mal protegidos
Los funcionarios acusados por nexos con el narcotráfico pueden convertirse en testigos protegidos y colaborar en la investigación. Pero esa figura también está indefinida.
En octubre del 2008, Édgar Bayardo del Villar, inspector adscrito a la sección de operaciones de la Policía Federal, fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) por estar vinculado con el grupo de Ismael El Mayo Zambada.
El 1o. de diciembre del 2009, justo el día en que lo acribillaron en un café de la Colonia del Valle, se supo que Bayardo del Villar se había convertido en testigo protegido. Sin embargo, a pesar de las acusaciones en su contra, el ex funcionario tenía sólo dos escoltas de la Policía Ministerial, se paseaba como cualquier ciudadano y, según comunicó la PGR un día después de la ejecución, no tenía ningún proceso en su contra.
Por el momento, sólo sus escoltas, Francisco Gutiérrez Estrada y Juan Fabricio Ramírez, enfrentan un juicio por el asesinato.
Negligencia sin castigo
A pesar de ser derivados de la guerra contra el narcotráfico que el Presidente defiende, algunos casos relacionados con violaciones a los derechos humanos -y que han levantado la indignación mundial- tampoco se resuelven a fondo.
El 14 de noviembre pasado Víctor Manuel Chan, de 25 años de edad, y Ramón Pérez Román, de 30, murieron a manos de elementos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Policía Estatal en un retén de la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco.
Según los informes de la Procuraduría General de Justicia del estado, los jóvenes viajaban en una camioneta Ford Expedition y no hicieron alto en el retén, por lo que los elementos "respondieron a la agresión" y abrieron fuego.
El caso levantó la indignación de los tabasqueños, ya que según sus familiares, los jóvenes no estaban relacionados con algún delito, a pesar de que según la Marina y la Sedena en la camioneta había una pistola escuadra calibre
Nadie asumió la responsabilidad. Desde el mismo día de la agresión, Ejército y Marina se acusaron mutuamente por los disparos, y aunque se informó que se ha interrogado a 33 elementos, no hay acusaciones formales.
Escándalo internacional
El hallazgo de los cuerpos de 72 sudamericanos ejecutados por miembros del crimen organizado en San Fernando, Tamaulipas el 25 de agosto del 2010, evidenció la falta de políticas migratorias en México.
La vulnerabilidad de los derechos humanos de los migrantes que atraviesan el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos fue señalada por instituciones internacionales como Amnistía Internacional, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la organización Oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA), entre otras.
Las autoridades de Ecuador, Honduras y Guatemala, de donde provenían los migrantes, demandaron a México mayor protección para sus ciudadanos. Sin embargo, la principal responsable de la política migratoria en el país y titular del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, se mantuvo firme en el cargo hasta el 14 de septiembre, cuando renunció, no por el escándalo de la masacre, sino para buscar la presidencia del PAN.
Aunque no ganó, Romero fue nombrada secretaria general del partido por Gustavo Madero.
Fuga sin responsables
La evasión de 152 reos del penal de Nuevo Laredo el 17 de diciembre del 2010 impuso un récord al convertirse en la fuga más numerosa del país (aunque en Tamaulipas ya era la novena del año).
A pesar de que el mismo día fue cesado el director de los Centros de Ejecución de Sanciones de Tamaulipas, Horacio Sepúlveda Acosta, y de la huída del director, Efraín Hernández Llamas, los únicos acusados formalmente son 41 custodios encarcelados por abrir la puerta.
Según información extraoficial publicada unos días después, la fuga era un secreto a voces. Los Zetas necesitaban reclutar sicarios y la llegada de Hernández Llamas a la dirección del penal el 10 de noviembre fue la señal.
Tres días después de la fuga, el gobierno federal y el estatal ya estaban pasándose las culpas. En una entrevista, Calderón cuestionó la falta de vigilancia en el reclusorio, mientras que en Nuevo Laredo el entonces gobernador Eugenio Hernández acusaba que los penales estatales no estaban preparados para recibir reos federales.En Tamaulipas ya hay un nuevo gobernador y la fuga no ha sido esclarecida. ·
'El que la hace no la paga'
Crímenes sin castigo reportaje
(20 febrero 2011).- En la guerra contra el narcotráfico el gobierno federal está dando un mensaje que nada tiene que ver con la justicia, considera el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Enrique Díaz Aranda. Las detenciones anunciadas a todo lo alto, contrastadas con la cantidad de casos sin resolver, sólo dicen una cosa: en México, el que la hace no la paga.
"Si yo tengo la posibilidad de ganar dinero a través de la comisión de un delito, si voy a poder hacer lo que quiera y tengo el 97 por ciento de probabilidades de que no me hagan nada, pues entonces lo hago. Ése es el efecto totalmente nocivo. La ley es de papel, no se aplica y ya no sirve para contener el aumento del delito", dice el especialista en derecho penal.
El problema más grande, explica, es que los ministerios públicos no tienen la capacidad para realizar investigaciones sólidas que sostengan los casos de los detenidos o que den con los responsables de algún delito.
Casos como el de Vicente Carrillo Leyva El Vicentillo y de Archibaldo Guzmán El Chapito son ejemplares. A pesar de que su detención fue publicitada, el primero fue exonerado de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada el 28 de octubre pasado, aunque permanece en prisión por otras averiguaciones. En el caso del hijo de El Chapo, no se le pudieron comprobar delitos de lavado de dinero y sólo cumple una pena de cinco años por el uso de recursos de procedencia ilícita.
"La mayoría de las investigaciones que se siguen por cuestiones de narcotráfico se hacen a través de imputaciones indirectas que se obtienen a través de testigos protegidos, de personas o denuncias anónimas, de presunciones. Pero el juez no puede condenar por oídas, por creencias o por suposiciones, tienen que demostrar cualquiera de estas actividades", apunta Díaz Aranda.
A diferencia de los estados democráticos, donde primero se investiga para después detener, en México primero se detiene para después investigar, dice el investigador. Además, los triunfos que el Ejecutivo busca anotarse mediante la explotación mediática de las capturas dejan más expuesto al Poder Judicial.
"El Ejecutivo los detiene, presenta su gran logro y le pasa la factura al juez para decir: 'Yo ya cumplí con mi labor, ahora te corresponde'. Pero el MP tiene que dar al juez herramientas para que haga su labor", dice el académico de la UNAM.
Para Díaz Aranda resulta ilógico que se pida el arraigo de 40 o hasta 80 días de capos como La Barbie y El Grande, con la intención de integrar las averiguaciones por los delitos de delincuencia organizada.
"Si estoy hablando de que es el capo más importante de los cárteles de la droga, se supone que ya tengo las pruebas, entonces para qué pido 40 días, ¿para amarrarlas más? Entonces en qué quedamos, ¿sabías o no lo sabías, tenías pruebas o no las tenías de que verdaderamente era un narcotraficante?", lamenta el investigador.
Edomex: la alianza (casi) imposible
Entrevista Elecciones 2011
Ernesto Núñez
(20 febrero 2011).- En 1993 Alejandro Encinas y Luis Felipe Bravo Mena recorrieron el Estado de México como candidatos a gobernador. Hoy sus destinos vuelven a coincidir en el mismo objetivo: impedir que el PRI siga gobernando la entidad más poblada del país. Pero sus caminos parecen bifurcarse.
Encinas: 'No es congruente la alianza'
El coordinador de los diputados federales del PRD está por concluir un recorrido por los 125 municipios del Estado de México acompañando a Andrés Manuel López Obrador. Su aparición como precandidato de "las izquierdas", asegura, impidió que AMLO emprendiera esa gira con Yeidckol Polevnsky, lo que hubiera derivado en un rompimiento con el PRD.
"Estábamos en un escenario prácticamente de ruptura en el que no se iba a consolidar una alianza de las izquierdas, no sólo en el Estado de México, sino en el proceso electoral del 2012. Si el 6 de enero Andrés Manuel inicia la gira con Yeidckol, evidentemente estábamos ya en un camino sin regreso en el que todo anunciaba que iba a haber por un lado una alianza del PRD con el PAN y del otro lado una candidatura del PT probablemente con Convergencia".
Así explica Encinas la importancia de la decisión que tomó hace un mes, cuando anunció que buscaría ser candidato.
Pero hoy, a un mes de que arranquen las precampañas en el Estado de México, el escenario sigue siendo incierto, pues el PRD mexiquense -y algunos miembros de la dirigencia nacional- insisten en que la alianza con el PAN es factible y deseable. Para Encinas, en cambio, la alianza con la derecha no sólo es incongruente, sino innecesaria.
¿Usted ya descarta la alianza?
"No la descarto. Hay dirigentes del PRD que la están planteando; lo que sí descarto es que yo sea candidato de una alianza con el PAN. No seré candidato de una alianza con el PAN y no seré candidato por un partido distinto al mío. Son los parámetros que establecí desde el 5 de enero", responde.
Encinas abre así otro posible escenario: que el PRD apruebe la alianza con el PAN, pero postulando un candidato distinto a él y sin el apoyo del movimiento de López Obrador.
"Todavía no se define la consulta, el PRD tiene que dirimir un asunto interno de su política de alianzas y ahí el PAN no tiene por qué intervenir. El PAN ya definió su política de alianzas y aquí el PRD tendría que definir si iríamos con el PAN. Habrá que ver cómo sale la consulta, pero yo he señalado que, por congruencia, no iría en una alianza, y sostendré este punto de vista".
¿Puede ganar sin alianza con el PAN?
"Estoy seguro, convencido de que el escenario político electoral favorece una unidad en las izquierdas, porque hay un ánimo no sólo de alternancia, sino de cambio en el estado. Puede haber un reposicionamiento muy importante de la izquierda y pudiera darse un escenario de polarización entre el PRI y el PRD que va a depender en gran medida de quienes sean los candidatos".
El perredista confía en que no procederán las posibles impugnaciones a su candidatura por no haber vivido en el estado en los últimos cinco años, y asegura que no es incompatible su aspiración con haber gobernado ya el Distrito Federal de forma interina en 2006.
Encinas admite que el PRD mexiquense atraviesa por una división que lo llevó a perder, en 2009, sus gobiernos municipales de la zona oriente y a reducir su presencia en el Congreso local.
"Tenemos que hacer un rediseño de nuestro partido, sumando a todas las expresiones, pero haciendo una rectificación de nuestra práctica política. Hay muchas cuestiones que nosotros criticamos originalmente y hemos caído en la tentación de repetirlas, y pongo sólo un ejemplo: este programa que existe en el Congreso del Estado de México donde los diputados reparten materiales de construcción y despensas. Es una práctica corporativa, ajena a la transparencia, que ha provocado que tengamos diputados locales convertidos en bodegueros, y ha generado una forma de incidencia del gobierno estatal sobre los legisladores", señala.
Pero lo que más teme el diputado es que una nueva disputa por la dirigencia nacional del PRD impacte en las elecciones mexiquenses.
"En el 2009 hubo dos factores que incidieron: el primero fue la división interna derivada de la disputa por la dirigencia nacional del año anterior. El segundo fue un error estratégico en materia electoral, cometido también en 2008 en Guerrero, que fue esta idea de deslindarse del movimiento de López Obrador y pretender ir solos sin el PT y Convergencia. Si hubiéramos ido juntos, PRD-PT y Convergencia, sin buscar este deslinde absurdo en la confrontación con Andrés Manuel, hubiéramos retenido nuestras posiciones.
"Indudablemente, si un mal proceso como el que tuvimos en 2008 impactó, replicarlo ahora tendría consecuencias. Yo lamento lo de Lázaro Cárdenas (su negativa a dirigir el PRD), espero que rectifique, porque nos ayudaría muchísimo no solamente a resolver el problema de la elección de dirigente sino a dirimir muchos de los asuntos en la conducción interna del partido. Una transición consensuada en la renovación de la dirigencia ayudaría mucho en el Estado de México", comenta.
El gobierno de Peña Nieto
En 1993, Encinas obtuvo 271 mil 977 votos (8.7 por ciento) como candidato a gobernador. En aquella campaña, su discurso giraba en torno a la necesidad de sacar del poder al Grupo Atlacomulco. Hoy, 18 años después, Encinas sigue viendo como principal problema político la existencia de una élite que gobierna a través de un manejo corrupto y corporativo de la administración pública.
En tanto, los problemas de la entidad se han agudizado -apunta- y los niveles de marginación y desigualdad se han llevado a situaciones extremas.
"Se ha acreditado en estos últimos 18 años un abandono profundo, no sólo de las políticas sociales, sino de situaciones que han derivado en una inseguridad y violencia sin referente a nivel nacional. Se han incrementado las condiciones de inequidad. Han habido obras de infraestructura, indudablemente, pero éstas no han implicado un mejoramiento de servicios y equipamiento que se refleje en la vida cotidiana de los habitantes. Hoy tenemos muchas carreteras, todas concesionadas, pero los problemas de movilidad de la población son fuertes, el transporte público es de los servicios más caros y de menor calidad que tenemos en el país".
¿Cómo se explica entonces que este modelo de gobierno sea el referente priista rumbo al 2012, y cómo se explica la popularidad de Peña Nieto?
"El alto nivel de popularidad tiene que ver con el enorme derroche de recursos para generar una imagen pública a partir de los medios de comunicación, en donde evidentemente la contratación de tiempos ha creado una relación de complicidad y de promoción de Enrique Peña Nieto. Y la otra es el impacto generado por obras de relumbrón, como el segundo piso en el que se cobra o las carreteras de peaje, que van muy asociados al manejo mercadotécnico de una imagen.
"Y es referente para el PRI porque el modelo ha sido eficaz para mantener los privilegios del viejo régimen. Existe una forma de control político convertido en gestión de gobierno, en donde se construye una red de complicidades y defensa de intereses con premios y castigos, que es lo que aglutina a parte de la clase política mexiquense, que ha ido conformando una élite, una aristocracia política con una disciplina profundamente endurecida en donde no se acepta la disidencia. Lo que defiende el PRI es esa forma de hacer gobierno, independientemente del profundo divorcio que existe entre la población y esa élite".
Bravo Mena: 'Se justifica ir juntos'
La primera semana del año, Luis Felipe Bravo Mena renunció a la secretaría particular de la Presidencia de la República y, una semana después, anunció que buscaría la candidatura del PAN en el Estado de México. Ex dirigente nacional panista en dos periodos (1999-2002 y 2002-2005), el naucalpense fue buscado por los sectores más tradicionales del PAN mexiquense para encabezar un proyecto "auténticamente" panista.
Bravo Mena, un político moderado pero afín ideológicamente a los grupos más conservadores del PAN, encuentra en su estado un partido sumido en una crisis de identidad y eficacia electoral, que en 2009 perdió casi todos los municipios que gobernaba en el llamado "corredor azul", al norte de la zona metropolitana. Una organización incapaz de movilizar a la ciudadanía e impedir el avance de la "maquinaria priista".
Escándalos en los gobiernos panistas a nivel municipal (aguinaldos desmesurados, el asesinato de una regidora, un alcalde actor, casos de corrupción); afiliaciones masivas y corporativas para manipular asambleas partidistas, legisladores que fueron comprados por el gobierno priista y profundos conflictos internos son algunos de los hechos que precedieron a la derrota del 2009.
"El partido ha sido lastimado por todos esos factores; y también por eso estoy aquí, quiero aportar a que el partido se levante, a que sanen esas lastimaduras serias, ese dolor que trae el panismo del Estado de México por todos estos fenómenos tan negativos que se han presentado", afirma Bravo Mena.
Su candidatura -añade- nace de la necesidad de que el blanquiazul presente nuevamente un proyecto con identidad y estilo panista.
"Sin duda el PAN debe generar una propuesta sólida, vigorosa, de carácter muy panista", abunda.
Aun así, Bravo Mena está dispuesto a mezclar ese "estilo panista" con el PRD, pues considera que la alianza se justifica, ética y políticamente, en la necesidad de impedir una nueva administración priista.
"Estoy abierto a esa posibilidad, porque no está peleada la congruencia ni el estilo panista con una efectividad para lograr la alternancia en el estado. No veo conflicto en eso. La famosa frase de que no se mezclan agua y aceite es un argumento ingenioso, pero en otra práctica; en la política se trata de obtener un objetivo superior que permita que las diferencias puedan ser puestas de lado y privilegiar las coincidencias.
"He sido aliancista toda mi vida. Como dirigente nacional me tocaron muchas. Soy partidario de construir alianzas cuando se logra tener claro el objetivo ético político; en este caso, generarle al Estado de México la experiencia de la alternancia, que le urge para producir un cambio, oxigenar la política y abrirle espacio a formas nuevas de participación ciudadana para resolver los gravísimos problemas que tiene. El modelo de gobiernos PRI está agotado", explica.
Como dirigente nacional, Bravo Mena pactó con el Partido Verde la Alianza por el Cambio, que llevó a Vicente Fox a la Presidencia en el 2000. También le tocó romper con el partido de Jorge González Torres, cuando éste le reclamó por no compartir el gobierno.
Once años después, considera que en el Estado de México existe la oportunidad de construir un nuevo modelo de alianza no sólo electoral, sino que avance a un verdadero gobierno de coalición, con programas y objetivos pactados previamente. Un modelo distinto, incluso, al de las alianzas del 2010 en Oaxaca, Puebla y Sinaloa.
"No solamente es el 'quítate tú para que entre yo', sino romper la concentración de poder ahí asentado para abrir esquemas de participación ciudadana. Es una oportunidad, por la importancia del estado, por el volumen de electores y la circunstancia política, para mandar un mensaje de que la política en México evoluciona para bien. A pesar de esto, yo no veo aún el panorama claro", advierte.
¿No es posible construir la alianza?
"Partiendo de la idea de que es buena y de que simpatizo con la unión para generar un cambio, al mismo tiempo me doy cuenta de que no está resultando fácil, porque en el estado no se están dando algunos elementos; por ejemplo, encontrar quién encarne la alianza, quién lleve la candidatura. En otros estados estaba muy claro, aquí no está a la vista una persona claramente posicionada y aceptada por las diversas fuerzas. Como ese elemento no lo tenemos, hay un reto de creatividad política para ver cómo le vamos a hacer.
"Pero si no se da la alianza, Acción Nacional está en capacidad de desatar una campaña con posibilidades de ganar. Ha sido mayoría en varias ocasiones y estamos en condiciones de, con la ciudadanía, lograr el cambio, y el tema de la alianza no considerarlo definitorio".
¿Si no hay alianza, gana el PRI?
"No. La alianza es una herramienta y por supuesto que da certezas y un escenario de mayor fortaleza, pero creo perfectamente posible el triunfo y éste es un llamado que estoy haciendo a los militantes: creamos en Acción Nacional, porque además tenemos evidencia histórica en estadística de que podemos aspirar honestamente, no en discurso, sino honestamente aspirar a ser mayoría y ganar la gubernatura".
Pide garantías al PAN
Luego de ser embajador de México en El Vaticano y secretario particular de Felipe Calderón, Bravo Mena regresa a un PAN mexiquense controlado en sus estructuras por el senador Ulises Ramírez, con quien disputará la candidatura y a quien se señala como principal responsable del deterioro de la vida interna del PAN mexiquense.
Bravo Mena está dispuesto a sujetarse a las reglas que establezca la Comisión Nacional de Elecciones del PAN y el comité estatal, pero pide a esas instancias garantías de equidad y legalidad. Una de esas garantías podría ser auditar el padrón de militantes antes de ir a las primarias.
"Se deben tomar todas las medidas junto con el comité estatal para que el proceso interno se resuelva de tal forma que el panismo quede satisfecho, alegre, unido. Esto implica de parte de todos los que eventualmente participemos en él, una conducta de respeto, generosidad, no desatar pasiones ni dejar que nuestras infanterías desate pasiones que lastimen el ambiente de la elección", apunta.
El gobierno de Peña Nieto
Dieciocho años después de su primera campaña, el ex dirigente nacional panista asegura que el Estado de México está muy mal gobernado.
"Hoy existe una publicidad y una presentación de imagen que ha logrado generar una percepción de que el estado no tiene problemas, y es todo lo contrario: ha sido mal gobernado, tiene 80 años gobernado por el mismo grupo en el poder, podríamos decir que incluso las mismas familias han gobernado y han generado una concepción del poder y una relación del poder con la sociedad absolutamente agotada, no da más. Ciertamente hay obras, avances en materia de infraestructura, pero en el seno de las familias los problemas se han agravado".
Problemas de transporte, desigualdad y violencia, afirma, se han agudizado y generan un dolor permanente.
¿Cómo se entiende entonces la popularidad de Peña Nieto?
"Por una estrategia ejecutada de creación de imagen, que no se corresponde con la realidad.
"Hoy al PRI no le queda más recurso que recurrir a una ingeniosa y costosísima campaña de imagen, pero en la realidad las cosas no están resueltas, los problemas no están atendidos", añade.
Elecciones de gobernador
Separados, PAN y PRD no han logrado ganar las elecciones de gobernador en el Estado de México. Juntos, suman más votos que el tricolor desde 1999.
| | PRI | PAN | PRD | Total |
| 1993 | 1,949,356 | 557,009 | 271,977 | 828,986 |
| 1999 | 1,379,228 | 1,151,514 | 714,814 | 1,866,328 |
| 2005 | 1,801,530 | 936,615 | 918,347 | 1,854,962 |
Voto volátil
En los últimos 20 años, los mexiquenses le han dado la mayoría al PRI, al PAN o al PRD en diversos momentos en la elección de diputados federales de mayoría relativa.
| | PRI | PAN | PRD |
| 91 | 1,604,448 | 501,541 | 309,525 |
| 94 | 2,077,048 | | |
| 00 | 1,660,836 | 2,078,734 | 1,030,512 |
| 06 | | | 2,031,389 |
| 09 | 2,022,420 | 1,082,051 | 812,049 |
Fuente: Instituto Federal Electoral.
El mártir de Ángel Aguirre
Perfil Guillermo Sánchez Nava. La elección de Guerrero dejó una víctima casi olvidada: un líder perredista con daños irreversibles tras ser golpeado por priistas. Raúl, hijo de Sánchez Nava: "ya a Zeferino Torreblanca le queda poco tiempo como gobernador. ¿Se va a ir sin esclarecer esta agresión también?"
Jésica Zermeño
(20 febrero 2011).- Guillermo Sánchez Nava, representante del PRD-PT-Convergencia ante el Instituto Electoral Estatal de Guerrero, salió del Hospital Ángeles el pasado 11 de febrero. Su destino fue otro hospital, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde comenzará en los próximos días con su rehabilitación neuropsicológica. Nadie sabe cuándo saldrá de ahí.
Un mes antes, Sánchez Nava sufrió en Chilpancingo un ataque que, según neurocirujanos, era como para haberlo matado. La noche del 11 de enero, al tratar de impedir que una brigada del PRI retirara propaganda del entonces candidato a gobernador de la alianza de izquierda, Ángel Aguirre, recibió una brutal golpiza que le ocasionó daños en la cabeza equivalentes a los que hubiera sufrido si se hubiera impactado en un choque contra el parabrisas de un auto que viajara a
Hoy Sam, como lo conocen sus amigos, ocupa una habitación que ya no es de terapia intensiva. Sin embargo, es imposible que su vida regrese algún día a la normalidad. Un cuarto de su cerebro está dañado. Los mejores pronósticos señalan que podrá moverse con dificultad tras años de rehabilitación, pues el daño en su sistema motor es severo. Hoy no puede hablar y, aunque ya abre los ojos, no está consciente de su entorno, no reconoce a nadie.
No es la primera vez que Sam sufre golpes por su labor política. Nacido hace 59 años en El Peral, un pueblo del municipio serrano de Chilapa, Sánchez se inició en la política desde muy joven, a finales de la década de los sesenta, cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Guerrero.
Saúl López Sollano, su amigo desde la juventud y actual miembro del Consejo Político del PRD estatal, recuerda que Sam y él participaron en 1972 en la refundación de la Federación Estudiantil Universitaria de Guerrero.
La nueva organización se convirtió de facto en una base social del Partido de los Pobres, el grupo político-guerrillero fundado por Lucio Cabañas en 1967.
"Un día en 1974, cuando Lucio tenía secuestrado a Rubén Figueroa padre (entonces senador priista), el gobernador Israel Nogueda Otero hace un mitin de campesinos acarreados cerca de la universidad pidiéndole a Lucio la libertad de Figueroa. Nosotros empezamos a arengar en un acto bastante improvisado, espontáneo, heroico casi, por la disparidad de asistentes. Éramos pocos, cuatro o cinco.
"Sam empezó con un discurso. 'Pueblo de Guerrero, campesinos. No se crean de las mentiras de Nogueda Otero. Ustedes vienen utilizados por el gobierno, los trajeron a fuerza. No es cierto que Lucio Cabañas sea un bandido. Él es un luchador social. Los llamamos para que se vengan para acá a manifestar los verdaderos sentimientos de pueblo'. Y empezaron a llegar los campesinos. Ya había ahí unos 50 cuando llega la Judicial. Nos golpearon y nos llevaron a la cárcel", recuerda López Sollano.
Durante la gubernatura de Figueroa padre (1975-1981). Sam abandonó su carrera en derecho y huyó a la sierra para no ser capturado por las huestes del gobernador, quien siempre amenazaba con que alguna vez capturaría a ese "Benito Juárez", apodo que le impuso por sus marcados rasgos indígenas.
En los ochenta Sam participó en la refundación de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (la primera fue fundada por Genaro Vázquez en 1967) y organizó indígenas, campesinos y hasta obreros en la entidad para defenderse de los abusos de los caciques locales.
En 1988 convenció a sus compañeros de participar en el Frente Democrático Nacional, que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas a la Presidencia. "Se convenció con los años de que la lucha electoral también era lucha social", explica su amigo. Así se fundó el Movimiento Cívico, la corriente del PRD a la que él y sus compañeros de lucha pertenecen, y se convirtió en integrante de la primera bancada del PRD en la Cámara de Diputados (1991-1994).
López Sollano es contundente. "El golpe no fue sólo a la cabeza de Sam, fue también a la cabeza de todo el partido en la entidad, en el reacomodo que preparábamos tras la elección", describe. "Era tan importante para la unión, que él guardaba hasta los acuerdos que tomábamos entre nosotros. A pesar de la victoria electoral, con lo que le pasó a Sam perdimos, no hay duda".
El daño
La noche del 11 de enero, cuando fue encontrado sangrando de la cabeza y de la boca en una calle de Chilpancingo, podría representar el fin de su trayectoria política.
Eso es lo que evidencian las pruebas médicas, según especialistas. El pasado 12 de enero, un día después de la golpiza, a las 01:30 horas, los doctores que lo examinaron en el Hospital Sur de Chilpancingo redactaron una primera opinión médica sobre el estado de salud del líder perredista.
El diagnóstico, contenido en la averiguación previa FMC-MC-2-T100044/ 11-01 de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, de la que Enfoque tiene copia, fue de inflamación (edema) y hemorragia cerebral severas y traumatismo craneoencefálico por contusiones. "Su estado de salud es muy grave", concluyeron los galenos esa noche.
El primer diagnóstico fue confirmado a las 6:30 horas en el Hospital Ángeles del Pedregal. Sánchez Nava, en coma, fue trasladado de urgencia a la Ciudad de México ante la falta de médicos especialistas que lo atendieran en su estado natal. Cuando llegó al nosocomio capitalino no presentaba respuesta a ningún tipo de estímulo, estaba inestable y había el 80 por ciento de probabilidades de que muriera.
Según la nota de ingreso al Hospital Ángeles y su historia clínica, contenidas en la averiguación previa de la PGJDF, el líder perredista presentaba múltiples moretones, heridas y coágulos en la cabeza. La nota de ingreso, firmada por el médico Rodolfo Ordanza, describe que la inflamación cerebral estaba localizada predominantemente en el lado izquierdo, que había hemorragias internas profundas y un hematoma severo, es decir, una colección de sangre entre el cráneo y el cuero cabelludo. La herida más grande, la más preocupante, se encuentra en el lado izquierdo del cerebro; tenía cinco centímetros de diámetro.
Ése fue el diagnóstico que recibió el hombre conocido por su vocación unitaria en el PRD, que era elegido por sus compañeros para presidir cualquier mesa de trabajo por su paciencia y tolerancia. El mismo que, según el senador priista Fernando Castro Trenti, había organizado un montaje para que Ángel Aguirre ganara la elección.
Tras ingresar al área de terapia intensiva del Hospital Ángeles, el 12 de enero, a Sánchez Nava se le aplicaron medidas para proteger su cerebro, se le administraron antibióticos y se le conectó a un ventilador mecánico.
Los siguientes ocho días se debatió entre la vida y la muerte, el mismo que en 1990, cuando era líder de la bancada opositora en el Congreso local, fue secuestrado y emborrachado para no increpar durante su Tercer Informe de Gobierno al entonces gobernador, José Francisco Ruiz Massieu, por la violencia y asesinato de perredistas en la entidad. En esos años cientos de militantes murieron en territorio guerrerense.
Ningún funcionario de justicia se ha acercado al doctor Ordanza para preguntarle su opinión médica del paciente.
El futuro
Después del periodo crítico inicial ha habido constante mejoría. El 20 de enero, cuando la inflamación cerebral cedió lo suficiente para permitir una intervención quirúrgica, Sánchez Nava entró a quirófano. Le fue removido el 80 por ciento del coágulo que tiene en el hemisferio cerebral izquierdo, el de la herida más grande, en una operación totalmente computarizada, que sólo una veintena de especialistas en el país puede realizar. Sin ella, las probabilidades de que Sánchez Nava viviera hubieran sido mucho menores.
Una abertura de un centímetro de diámetro en su cráneo fue suficiente para extraer
La operación redujo considerablemente las posibilidades de mortalidad por causas neurológicas, asegura Ordanza, lo que permitió que se le retirara el ventilador mecánico y fuera trasladado de terapia intensiva a terapia intermedia.
Hoy, gracias a estudios sofisticados, se sabe que su sistema auditivo no sufrió daño, que tampoco se le dañó la corteza cerebral, donde están los sentimientos, la inteligencia, pero su hemisferio izquierdo sufrió gran pérdida de neuronas y, como éstas no se regeneran, se intentará con años terapia que las conexiones perdidas entre las neuronas aún vivas se restablezcan.
Aunque el estado de salud de Sam ha mejorado, que salió del coma, que ya no está en peligro de muerte por cuestiones neurológicas, sí corre riesgo por una posible complicación sistémica (un fallo en el sistema respiratorio, por ejemplo).
"Sabemos que hay daño en las vías motoras, principalmente las del lado derecho, pues presentaba un bloqueo del 90 por ciento, pero no podemos saber cuáles serán las consecuencias hasta que el paciente esté despierto, que nos diga qué siente y cómo se siente. En ese momento podremos empezar la terapia neuropsicológica. Ahora responde a la voz humana y tiene sensibilidad", dice el doctor Ordanza.
Sánchez Nava se encuentra en estado de somnolencia, como si estuviera dormido, por ello pudo ser trasladado a Neurología. Sus familiares esperan la visita del gobernador electo.
Días antes de los comicios, su estado de salud era mencionado en cada mitin por los perredistas, que acusaban a los priistas de matones.
Ángel Aguirre lo visitó en el Hospital Ángeles el pasado 13 de enero. No ha regresado. En su representación, Humberto Salgado, recién nombrado secretario de Gobierno, ha sido el encargado darle seguimiento al caso.
Raúl Sánchez, su hijo, pide al PRD estatal y nacional apoyo, pues quizá su padre no pueda trabajar y ellos no puedan costearle un buen tratamiento de rehabilitación.
"Ya a Zeferino Torreblanca le queda poco tiempo como gobernador. ¿Se va a ir sin esclarecer esta agresión también?", cuestiona.
"Y no nada más esta agresión, sino muchos otros casos, como el de Armando Chavarría (ex presidente del Congreso local, ejecutado en agosto de 2009); el del compañero de Petatlán, Rey Hernández, dirigente del PT (asesinado en abril de 2010); el de campesinos asesinados", agrega.
La cultura política
(20 febrero 2011).- Téngalo presente
México en los escenarios globales. Una visión prospectiva. Seminario organizado por la UNAM con José Sarukhán, Rolando Cordera, entre otros. Del lunes 21 al lunes 28, 9:00 horas. Auditorio de la Coordinación de Humanidades, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7565 al 68. Programa: http://bit.ly/g224g1.
Coloquios
Nepantla Aesthetics y la espina de nopal en el corazón. María del Socorro Gutiérrez-Magallanes, Elsa Leticia García, Claire Joysmith, entre otros. Viernes 25, 9:30 horas. Auditorio Mario de la Cueva de la Torre II de Humanidades de la UNAM. Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0010.
Conferencias
Coyuntura económica y propuesta de reforma fiscal del PRI. Raúl Aníbal Feliz Ortiz y Fausto Hernández Trillo. Martes 22, 10:00 horas. Librería Rosario Castellanos del FCE, Tamaulipas 202, Condesa. Informes: 5727 9800 ext. 2404.
La economía política de la reforma petrolera en México. Carlos Elizondo e Ignacio Marván. Miércoles 23, 13:00 horas. Sala 1 del Centro de Investigación y Biblioteca del CIDE. Informes: 5727 9800 ext. 2137.
Revolución mexicana y memoria escrita. Álvaro Matute. Sábado 26, 16:00 horas. Salón de la Academia del Palacio de Minería. Tacuba 5, Centro Histórico. En el marco de la XXXII Feria Internacional del Libro. Informes: 5622 7516.
Congresos
Indígenas en la Independencia y en la Revolución. Sergio Sarmiento, Miguel León-Portilla, Alicia Mayer. Martes
Foros
Hacia la consolidación de los presupuestos públicos con perspectiva de género en México. Rodolfo de la Torre, Daniela Díaz, Daphne Cuevas, entre otros. Miércoles 23, 10:00 horas. Palacio Legislativo de San Lázaro. Congreso de la Unión 66, El Parque. Inf: 5036 0000 ext. 57200.
Diálogo por ciudades justas y sustentables. Jueves 24, 9:00 horas. Salón Colosio del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Segunda cerrada de Belisario Domínguez 40, Del Carmen. Informes: 5595 9111 y ciudad@alternativasociales.org.
Libros
Uno+uno. 32 líderes sumando por México coordinado por Ana Paula Ordorica y Carlos Mota. Grijalbo. Más de 30 jóvenes escriben cómo imaginan el futuro de México y qué pasos proponen para materializarlo. Juan E. Pardinas, Pedro Salazar Ugarte, Alondra de la Parra, Alejandro Tazzer, entro otros.
Mesas redondas
Estado de excepción en México. Las implicaciones juridico-sociales de la "guerra contra el narcotráfico". Bárbara Zamora, Pietro Ameglio, Enrique González Ruiz y Francisco Gallardo. Jueves 24, 13:15 horas. Auditorio Mario de la Cueva de la Facultad de Derecho. Informes: 5622 1968.
Presentaciones
Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana de Juan Carlos Moreno-Brid y Jaime Ros Bosch. FCE. David Ibarra, Enrique Cárdenas y los autores. Martes 22, 18:30 horas. Librería Rosario Castellanos del FCE. Informes: 5449 1844.
País de muertos de varios autores. Debate. Jueves 24, 18:00 horas. Capilla del Palacio de Minería. En el marco de la XXXII Feria Internacional el Libro. Informes: 3067 8400.
Textos de la Revolución Mexicana de Javier Garciadiego. Ayacucho. María del Rayo González, Georgette José, Pablo Yankelevich, Josefina Mac Gregor y el autor. Jueves 24, 18:00 horas. Sala de lectura del INEHRM. Francisco I. Madero 1, San Ángel. Informes: 3601 1000 ext. 68336.
Historia mínima de la educación en México. Dorothy Tanck de Estrada, Pilar Gonzalbo Aizpuru, Anne Staples y Engracia Loyo. Viernes 25, 13:00 horas. Galería de Rectores del Palacio de Minería. Informes: 5449 3000.
Reflexiones sobre la sociedad del conocimiento y la interculturalidad en México coordinado por Mónica Gómez. UNAM. Jaime Fisher, Mónica Gómez, entre otros. Sábado 26, 13:00 horas. Palacio de Minería. Informes: 5622 7566 ext. 203.
Seminarios
Estado laico y derechos humanos. Patricia Galeana, Diego Valadés, Luis Olvera, Salvador Valencia, entre otros. Martes 22, 10:00 horas. Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
Análisis del nuevo sistema de justicia penal en México. Miguel Carbonell, Sergio García, Beatriz Ramírez, entre otros. Viernes 25, 9:00 horas. Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO 1790
Posible: a juicio por los inocentes muertos
Julio Scherer García
De la contraportada del nuevo libro de Julio Scherer García:
Estas historias de muerte y corrupción tienen como protagonistas, además de los narcos, a los gobernantes, los policías, los políticos, los jueces, los soldados, los niños sicarios y los civiles caídos en la guerra –que no lucha– contra la delincuencia organizada. Estos últimos forman parte de las descarnadas estadísticas, enlistados como “daños colaterales” y, según registra fehacientemente el autor, de ellos se responsabiliza el comandante supremo de nuestras Fuerzas Armadas. Así, como primera conclusión, la respuesta a la pregunta que aquí se plantea resulta clave: ¿podría juzgarse al presidente por los inocentes muertos?
“Detrás de cada víctima –apunta Scherer– hay un nombre, un apellido, una historia, pero llegará el día del rendimiento de cuentas por parte de quienes se vieron envueltos en esta tragedia que no cesa.”
Aquí reproducimos fragmentos de Historias de muerte y corrupción,
el título de Grijalbo que ya está en librerías.
Fox, en su desventurada frivolidad, ofreció que llevaría a la cárcel a peces grandes que habían engordado a costa de todos. Nombró contralor a un norteño fuerte, alto, el ceño severo, estampa de la autoridad implacable. El último dato de su biografía –la de Francisco Barrio– lo describe: embajador en Canadá, sin compromiso, sin riesgo el buen sueldo, la posibilidad de ahorrar para lo que fuera. Su paseo por la cancillería negaría un episodio memorable a su favor.
Calderón, en su turno, desalentó desde el principio las expectativas que muchos tuvieron acerca de que él, él sí, emprendería un camino distinto al de Fox y combatiría a fondo la corrupción y su punto de apoyo, la impunidad, el cáncer más doloroso en el organismo de la nación. En un lenguaje sin explicaciones advirtió que su régimen no actuaría contra el ex presidente ni contra su esposa, ni contra los hijos de la señora Sahagún, insistentemente señalados como corruptos; tampoco actuaría contra el saqueo a Pemex. No se ocuparía de los dispendios en el aeropuerto internacional, ni de la megabiblioteca, ni de los derroches nacidos de la irracionalidad, en suma, de ninguno de los escándalos mayores o menores en los que el sexenio foxista se había visto comprometido.
Uno al lado del otro en la historia azul, Fox y Calderón han mantenido posiciones opuestas frente al crimen organizado. Uno dejó en paz a los capos y el otro ha fundado con ellos una galería de notables que, sin duda alguna, seguirá creciendo. Uno, Fox, cubrió al país con el delgado manto de una paz que no se ve por lado alguno, y el otro, Calderón, lleva al país a una guerra desdichada.
Sólo por fuera, pintados del mismo color, los mandatarios guardan un parecido. Pero de su relación política, inmensa su responsabilidad, poco a poco se va sabiendo más y más acerca de sus desacuerdos. Se habla ya, unidos los tiempos de ambos en Los Pinos, de la “decena perdida” y de un país que no encuentra su rumbo.
Sin medir la magnitud del problema que enfrentaba, Calderón se metió entero en el agua helada de un océano sin orillas. Ignoró o no fue consciente de que el narco se había infiltrado en las capas altas, medias y bajas de la sociedad a lo largo de cincuenta años de priísmo complaciente y durante el periodo del foxismo cómplice. Si Calderón había tramado una alianza emergente con las Fuerzas Armadas, los narcos habían tejido sus redes, lenta, pacientemente, que el tiempo estaba de su parte. Los narcos habían adquirido cartas de ciudadanía, visibles en la geografía de la República pueblos enteros cuya respiración la debían a la droga.
Además, cerrado a una creciente inconformidad, Calderón decidió que la guerra al narco sería su guerra y él sabría de qué manera conducirla, apoyado en las Fuerzas Armadas. En su desmedido protagonismo, vistió a sus hijos, Luis Felipe y Juan Pablo, de cuatro y ocho años de edad, con el uniforme de campaña, el verde olivo del Ejército que formó el general Joaquín Amaro allá por la década de 1920. En una foto se ve a los niños en la misma línea horizontal que su papá, flanqueado el presidente de la República por los secretarios de la Defensa y la Marina, presente también el jefe de la Fuerza Aérea.
“Son los menos”
Al dejar abiertos los cuarteles para que las Fuerzas Armadas se lanzaran contra el crimen organizado, Felipe Calderón declaró que asumiría en su integridad las consecuencias de la batalla que iniciaba. Resuelto, general de cinco estrellas, habló a la nación sobre su compromiso total en la magna batida.
Inequívoco el lenguaje, afirmó que asumiría como propios los daños colaterales de la batalla que libraba en el territorio de la nación. Los daños colaterales no podrían ser otros que las muertes de inocentes, las desapariciones, los secuestros, las mutilaciones y las mil calamidades sin remedio que trae consigo el vendaval de la violencia.
Avanzado su gobierno, en abril de 2010, afirmó que “más de noventa por ciento de las ejecuciones asociadas a la guerra contra la delincuencia obedecía al choque entre grupos del crimen”. A continuación, y al referirse a los inocentes caídos en la estrategia militar para abatir el narco, acudió a palabras difíciles de aceptar:
“Son los menos”, expresó en una frase desdeñosa. “Los menos” pueden ser miles, cientos, y aunque fueran unos cuantos, o sólo uno, “alguien” tendría que decirle a la nación qué fue de ellos. Los muertos sin culpa alguna, los inocentes, no dejaron la vida por un incendio propagado por el viento, un terremoto, el desgajamiento de un cerro o una tormenta tropical. Cayeron como resultado de una estrategia militar diseñada por el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Tocará a él, por tanto, rendir cuentas “hasta sus últimas consecuencias” de lo acaecido en los frentes abiertos en la lucha contra el narco. Porque los muertos están ahí y ahí siguen angustiosa y paradójicamente vivos.
No existe el daño abstracto en el Estado de derecho. Simplemente, no hay daño sin su correspondiente autor, así como no hay causa sin efecto ni homicidio sin homicida. En el tiempo bélico de Calderón, de “los menos” se sabe apenas que un día desdichado y sin saber por qué, la maldad los apartó del mundo.
“Al primer paso sobre el mar, me hundí”
Coordinador de los diputados panistas en la LVIII Legislatura, Felipe Calderón iba y venía por los pasillos de la Cámara, subía y bajaba de la tribuna, rebatía con encono a sus adversarios y se hacía seguir con manifiesto interés por sus correligionarios. Se le notaba desenvuelto, seguro, estampa de un joven líder.
Por esa época nos reunimos en la parte alta del restaurante La Casserole, sobre la avenida Insurgentes. No recuerdo el motivo de la cita, pero sí que yo mantenía una relación cordial con buen número de militantes de Acción Nacional. Había conocido a su fundador, que me atraía sobremanera por sus maneras exquisitas y sus ojos incendiarios.
El restaurante se encontraba semivacío y bajo una penumbra que propiciaba la conversación que atañe a los asuntos personales, Calderón y yo nos confiábamos uno al otro.
Me dijo que la parábola de Jesús bajo la tormenta, aterrorizados los apóstoles en una barca que zozobraba, la llevaba en el alma como una oración. Pensaba en los apóstoles, hombres comunes y corrientes, tanto o más que en el hijo de Dios, y a los doce los relacionaba con amigos muy queridos, complicados en problemas serios.
Palabras más, palabras menos, culminó su relato entre un fino humor y el esbozo de un drama que hiere. Recuerdo el final de su relato, visión de una imagen del pasado que en mí perdura:
“Yo también –me dijo–, resuelto a salvar a los míos, a ‘mis apóstoles’, me dispuse a dejar el lanchón y caminar sobre el agua. Sin embargo, al primer paso sobre el mar, me hundí y desperté”.
A mi vez, esbocé a Calderón mi propia crisis de fe. Educado en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt, en el Instituto Bachilleratos, dirigido por jesuitas, y en facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inconstante y al fin autodidacta tardío, mantenía revuelto el mundo de adentro. Ciertamente no se llevaban la dureza germana con la seducción jesuítica y la liberalidad de estudios elementales de filosofía y letras, en la UNAM. No podía creer ni dejar de creer en Dios. No me atraía el cielo ni temía al infierno, me gustaba vivir y la vida llegaba a sentirla como un inmenso vacío.
Años después, reunidos por Josefina Vázquez Mota, desayunamos en el Centro Libanés. Calderón estaba en plena campaña por la Presidencia de la República.
Hablé sin parar y conté mis agravios con Acción Nacional. El partido había olvidado a los hombres que lo formaron y a los mejores de sus seguidores. Para Manuel Gómez Morín no había una frase reciente que valiera la pena, como tampoco la había para Efraín González Luna y Miguel Estrada Iturbide, sus contemporáneos en la naciente organización política. Tampoco había una línea para los primeros diputados federales, cinco estoicos en su resistencia frente al ejército priísta que no logró aplastarlos, y al primer senador azul, histórico en su curul solitaria, habría que rastrearlo con lupa. Los diputados de partido, una innovación en el escenario camaral, pasaban inadvertidos en los órganos doctrinarios y de circulación azul, y al propio Adolfo Christlieb, en buena medida autor de la iniciativa y muchos méritos más, se le mantenía en algún escondrijo. Rafael Preciado Hernández, ideólogo, filósofo y maestro de generaciones, pasaba como figura secundaria en los hechos cotidianos del tiempo incesante. De Carlos Castillo Peraza, menospreciado por tantos, hablé largamente y con dolor.
Llegó la hora de la despedida. El monólogo me había dejado sentimientos de frustración. Quizá lo advirtió Calderón y me anunció una carta inminente.
La recibí el 17 de enero de 2006. Me llamó la atención el color del pliego, negro y anaranjado, apenas diferente del negro y amarillo del PRD. En el margen superior izquierdo de la carta se leía “Felipe Calderón”, y al lado, su figura en color naranja. En la parte superior derecha destacaba el lema de campaña: “Mano firme, pasión por México”.
El documento acusaba una falta de ortografía, mi apellido paterno sin la “c”; y mi apellido materno, que siempre me acompaña, había sido suprimido.
Sr. Julio Sherer.
Presente.
Muy querido don Julio:
Gratamente impresionado por sus convicciones y por el valor de su franqueza, le escribo estas líneas para decirle cuánto valoro su presencia en la vida pública de México a través de su trabajo diario.
Discrepo desde luego en diversos temas y percepciones, sin embargo la hondura de sus reflexiones enriquece mi visión de México y seguramente contribuirá en beneficio de la meta que me he propuesto: una vida mejor y más digna para todos.
Lo saludo con admiración y con gratitud por compartir tan generosamente su pasión sobre el destino de México.
Atentamente,
Felipe Calderón Hinojosa
Leí la carta. Lamenté su oquedad.
lll
Luis Garfias Magaña
El trámite se ventila con helada naturalidad: abatido un inocente por militares, la Secretaría de la Defensa Nacional cubre la indemnización a los deudos y se hace cargo de los gastos inherentes a la tragedia, esto es, la atención a las víctimas colaterales, los recursos para el funeral y la restitución de los bienes dañados en la trifulca.
El alcance de la indemnización lo determina la Defensa en una decisión sin réplica posible. Pero no sólo eso: del drama se apodera de manera íntegra, sin intervención alguna del Ministerio Público, inexistente la ley civil frente al fuero militar. Por lo que hace a los militares homicidas, sometidos al cuartel, resulta claro que carecen de voz al exterior.
Conversaba sobre el tema con el general de división Luis Garfias Magaña. Nos obligaban a la franqueza las imponderables razones de la vida. Estuvimos juntos en el Instituto Bachilleratos, dirigido por jesuitas, y habíamos compartido las vivencias de una juventud temprana. No me sorprendió su crítica al presidente de la República, tampoco oírle decir que podría juzgársele por su desempeño en la campaña contra el narcotráfico. Sus palabras respondían al peso de los inocentes caídos sin cargo ni cuentas con persona alguna.
Atenido al tiempo, el general, en el tono lento de una reflexión muy trabajada, dijo:
–Alguien tendrá que hablar por ellos.
–Ellos, dices. ¿Hablas de los inocentes muertos?
–Sí, de ellos hablo.
En su casa, apenas en noviembre, recordábamos Luis y yo el día aquel en que el prefecto del instituto, el padre Meza, lo había llamado a su oficina casi en secreto. Era importante el asunto que debía tratar con su discípulo. En la voz susurrante de la confidencia, el sacerdote le dijo que advertía en él los signos claros del llamado de Dios y lo invitaba a que ingresara en la Compañía de Jesús. Había que cumplir, eso sí, con el triple y sagrado compromiso que imponía la orden fundada por Ignacio de Loyola: voto de pobreza, voto de obediencia y voto de castidad.
Posesionado de su historia, platicaba Garfias:
“Me vio fijo, Julio, ya sabes cómo era Meza. No me quitaba los ojos, igual que si me hurgara. Yo tuve un momento de turbación sin saber qué hacer ni qué decir. Sin embargo, me sobrepuse y pude responderle: ‘No tengo inconveniente, padre, en cumplir con el voto de obediencia, tampoco con el voto de pobreza, pero el voto de castidad es otra cosa’”.
Conversábamos en la estancia de su casa, en la sección militar de la Segunda Colonia del Periodista, rodeado el divisionario de diplomas, condecoraciones y señaladamente dos fotografías de su padre, oficial de veras, al lado de Francisco I. Madero. Sensible, me condujo por sus memorias del Colegio Militar, libros y más libros, códigos y más códigos. Señaló a Napoleón y a los grandes generales de la historia, también a Miramón. “No se le ha hecho justicia”, comentó. En los pasos lentos del recorrido, sentí en Garfias la añoranza de una vida que se aproxima a los ochenta años.
De vuelta a la comodidad de dos sillones, volví al tema que me había llevado con el amigo de una época difícil de olvidar. Se trataba de las víctimas inocentes de la guerra que perturba al país.
“No es guerra, es campaña –me corrigió–, dolorosa, amarga”.
Pasé por alto su momentánea contrariedad e inquirí directamente por el trato que debería dársele a los deudos de crímenes infames y, en particular, las indemnizaciones otorgadas al arbitrio de la Defensa.
Grave su rostro, dijo sin ambages:
“El tema es delicado y no hay una línea en el lenguaje militar que se ocupe de asunto tan sensible. Los muertos de que hablamos, casi siempre debidos a accidentes, ocurren sobre todo entre personas humildes. A ellas habría que ofrecerles un alivio y la garantía de un derecho que no podría ser discutido”.
¿Cómo valorar una vida? No hay manera, nos decíamos, la vida es el cielo y la tierra unidos en un instante que será para siempre. Pero el problema podría aliviarse con una pensión vitalicia y digna, ajena a cualquier traba burocrática. “Expedito”, debería anotarse en el legajo que correspondiera a una muerte inicua.
Sin soltar el tema, el general Garfias siguió con el recuento de los más de treinta mil muertos que ya ha dejado la campaña en nuestro país y los relacionó con otros escenarios. La comparación resulta sencillamente brutal.
Dijo Garfias:
“En España, todas las muertes provocadas por grupos terroristas en los últimos cincuenta años, sumadas, son menos de las que ha habido en México durante los cuatro años pasados. Increíble. Si contamos todos los muertos de la ETA en España, el ERI en Irlanda, el Baader-Meinhof en Alemania, las Brigadas Rojas que mataron a Aldo Moro, Sendero Luminoso, los tupamaros, los montoneros, suman menos que los treinta mil en México”.
Visto el panorama que describía, le pregunté si se asumía como partidario de la suspensión de las garantías individuales en el territorio nacional.
“Absolutamente”, respondió, el adverbio emitido con la fuerza de una exclamación.
Sigue el general:
“No tendría sentido pensar en una suspensión de garantías que afectara a la República entera. La suspensión de garantías podría decretarse en un municipio o localidad pequeña que perdió hasta el hábito de vivir. Si el crimen se impone en la vida cotidiana o imprime hasta modos de ser y de conducta, algo hay que hacer para enfrentar semejante terror. Correspondería al presidente de la República asumir decisiones drásticas”.
–O sea, la suspensión de garantías.
–Cubiertos la letra y el espíritu de la Constitución, movilizados los poderes en un solo propósito, aprobada la iniciativa por el Congreso o, en su defecto, la Comisión Permanente, el Ejecutivo cumpliría con su deber en la época difícil que vivimos.
–En tu lógica, ¿por qué no se aplica la medida?
–Debilidad o miedo.
–Sería lo mismo. Pero ¿miedo o debilidad a qué?
–A la exhibición de una imagen negativa del país en el mundo.
–La mala imagen ya existe.
–Eso creo y no entiendo por qué estando la Constitución ahí, explícito el veintinueve constitucional*, éste no se aplica.
–Al iniciar la campaña contra el narcotráfico, el presidente declaró que sería responsable de los daños colaterales que su decisión pudiera desencadenar.
¿Qué opinión te merece el compromiso presidencial? –le pregunté.
–De haber aplicado el artículo veintinueve constitucional, que contempla la suspensión de garantías individuales, habría aliviado su responsabilidad.
–Volvamos, Luis, a los inocentes muertos. A causa de ellos, ¿podría juzgarse al presidente de la República?
–Debería juzgársele –reflexivo en el futuro el general agrega–: el asunto es muy grave, muy serio.
–Y al secretario de la Defensa, ¿debería juzgársele?
–Él recibe órdenes. Sin embargo, en el código te dicen que el militar no debe cumplir órdenes que configuren un delito.
–Luego, el secretario es cómplice.
–De alguna manera, sí.
–O sea, también debería juzgársele, como al presidente.
–Ya te dije. Sí.
* En el artículo veintinueve de la carta magna se lee: “En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde”.
Envía el Ejército a adolescentes a la línea de fuego
Santiago Igartúa
Con base en el informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional de 2009, defensores de los derechos de los niños denunciaron ante las Naciones Unidas que el Estado mexicano está violando la Convención sobre los Derechos de los Niños, así como las garantías de los menores, al enviar a reclutas adolescentes a labores que forman parte de la guerra contra el narcotráfico. Como siempre, el gobierno federal respondió que no tiene datos e incluso negó que en el país exista algún conflicto armado.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), conformada por 67 organizaciones civiles, documentó que en 2009 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) enroló a menores de edad para realizar su servicio militar adelantado en la erradicación de cultivos de mariguana y amapola. También denunció, con base en documentos oficiales, que en la lucha del Ejército contra el narcotráfico participan menores de edad, reclutados mediante el Servicio Militar Nacional y el Sistema Educativo Militar.
El pasado 31 de enero, la Redim presentó el documento Infancia y conflicto armado en México. Informe alternativo sobre el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza. La instancia de la ONU pidió cuentas sobre el tema al gobierno mexicano.
El caso se sustentó con el Tercer informe de labores 2009 de la propia Sedena, donde consta que del 25 de mayo al 1 de agosto de ese año 314 adolescentes desempeñaron esa tarea en Michoacán. Según la Redim, es la primera vez que “se sabe” con certeza que se involucra a adolescentes en tareas de “lucha contra el narcotráfico”.
El mismo reporte, basado en documentos de la Sedena, da cuenta de un operativo realizado por 5 mil 609 efectivos en Mazatlán, Sinaloa. El contingente, integrado por cadetes de 12 planteles militares y seis unidades-escuela, fue destinado en
La Redim señala que también se trata de la primera vez que se admite la implicación de estudiantes de escuelas militares como combatientes de la “guerra” contra el narcotráfico, “demostrando cómo esas tareas ‘temporales’ del Ejército forman ya parte del adiestramiento de los alumnos”.
En la presentación del informe de la Redim en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el ómbudsman capitalino, Luis González Placencia, se pronunció el pasado 26 de enero:
“Niños empiezan a formar parte de los cuerpos que están involucrados en esta lucha contra el narcotráfico de manera directa. Estos datos dan cuenta de una incapacidad, una ceguera o una miopía dentro de las Fuerzas Armadas, en el sentido de no distinguir que estamos hablando de personas menores de edad y que en esa condición tienen derechos específicos que deben ser plenamente respetados.”
En entrevista con Proceso, Juan Martín Pérez García, director de la Redim y quien llevó el caso hasta el Comité de los Derechos del Niño en Ginebra, señala que “el solo hecho de llevar niños” a lugares donde se desarrolla la guerra contra el crimen organizado viola los derechos y garantías fundamentales de la infancia:
“Violentan el estado de derecho en todos los sentidos. No es secreto que cuando los militares hacen estas campañas de erradicación también reciben agresiones. Los adolescentes no están preparados militarmente y son llevados a una situación de riesgo para sus vidas.”
Los responsables
La cifra de adolescentes de 16 y 17 años que realizan su servicio militar adelantado ha crecido en el gobierno de Felipe Calderón. En el sexenio anterior su número osciló entre 521 y 863; en 2009 sumaron mil 219.
A pesar de que la edad mínima para el reclutamiento voluntario en el Ejército es de 18 años, las Fuerzas Armadas admiten en sus unidades de transmisiones a jóvenes desde los 16 años.
Éstos llegan atraídos por los beneficios que les ofrece el contrato, no mayor a cinco años, con la institución: desde que firman, los voluntarios obtienen prestaciones como servicio médico, que incluye a familiares, casa habitación en renta, haber y sobrehaber mensual, primas vacacionales, fondo de ahorro, servicio funerario, farmacias económicas, tiendas y centros de servicio, seguro de vida y pensión para los derechohabientes en caso de muerte del militar, entre otros.
“Cuando el Estado mexicano no ofrece a los adolescentes opciones para tener un proyecto de vida y lo único que les queda es incorporarse a las filas del Ejército para sobrevivir, o, en un caso extremo y más lamentable, integrarse al crimen organizado, el Estado está fallando”, señala Pérez García.
La Redim, añade, considera esta forma de enrolarse como reclutamiento “bajo presiones económicas”, ya que “en México la mayoría de la población no cuenta con seguros sociales o médicos, lo que representa un incentivo a considerar para niños y familias de escasos recursos”.
Otra opción para que los menores ingresen a las Fuerzas Armadas es el Sistema Educativo Militar, que admite alumnos desde los 15 años que hayan terminado la secundaria o el bachillerato. Sin embargo, sus mandos no hacen público el número de estudiantes de los planteles militares.
El estudio Infancia y conflicto armado en México asienta que en esas aulas se forman militares con dos perfiles básicos: de guerra y de servicio. Los alumnos deben firmar un contrato que los compromete a servir a las Fuerzas Armadas durante un tiempo no menor al doble que el de su educación. Si algún menor comete una falta que amerite juicio, es sometido a un proceso del fuero militar como adulto.
La Sedena ha intensificado su propaganda e instaló centros de reclutamiento en estaciones del Metro y terminales de autobuses. “Otras experiencias internacionales nos muestran que, cuando hay un conflicto interno o internacional, las Fuerzas Armadas buscan tener mucho mayor cercanía con la población. Estas acciones de abrir el campo militar, de hacer campañas con el público, forman también parte de esta búsqueda de sensibilización a la tarea militar”, dice el director de la Redim.
El activista Pérez García aclara que la militar es una vida respetable y que no está en contra de que se enrolen adultos: “Desde luego que el reclutamiento de personas menores de 18 años, y más aún, su participación en acciones de erradicación de cultivos de droga, es el tema importante” de su denuncia ante la ONU.
Como responsables de esas violaciones a los derechos de los menores, “inevitablemente”, señala a la Sedena y al comandante supremo de las Fuerzas Armadas”. “El Ejecutivo, al final, es el que tiene que responder”, resume.
Expuestos
“¡Se quedaron, no se quedaron! ¡Van a entrar, no van a entrar! ¿Seguros que aguantan?”, resuena la voz de un oficial con 28 años de servicio. Se dirige a seis aspirantes, formados con perfecta simetría en la entrada del Campo Militar. Las caras son de niños; su semblante, de miedo.
Subteniente del Heroico Colegio Militar, el reclutador solicita mantener el anonimato. Narra que al llegar ahí, los adolescentes (de
“Los cerebritos no se quedan –advierte el oficial–; más chance se le da a un chamaco promedio. El inteligente tiende a sentirse superior sobre los demás. No tolera que lo manden, lo rechazan. Y eso en el examen psicológico va pa’trás. No sirve para el Ejército, aunque sea muy cerebrito.”
Personalmente, recomienda que los aspirantes estudien por lo menos hasta el bachillerato en el ámbito civil, porque la vida de los militares es muy dura: “Un día tranquilo, nosotros estamos aquí parados desde las seis de la mañana. Siempre al rayo del sol o en la crudeza del invierno. Los soldados son los que llevan la friega”.
Entonces llama con el dedo índice a un joven sargento, que unos meses atrás era sólo cadete. Así se une a la conversación Francisco, originario de Veracruz, que tenía 17 años al ingresar en el Colegio Militar.
Lo reclutaron en la estación Cuatro Caminos del Metro con la promesa de que, si se alistaba, el Estado le ofrecía un futuro que nunca alcanzaría fuera de los cuarteles: estudios superiores, servicio médico para él y sus padres, crédito bancario de corto y largo plazos, crédito hipotecario, apoyo económico provisional y un sueldo quincenal al terminar los tres años de su preparación.
Francisco aceptó. Recibió el normal adiestramiento en tácticas de combate y manejo de armas durante ocho semanas antes de ir a su plantel. Escogió el Colegio Militar azarosamente, porque los mandos no permiten que los estudiantes conozcan los programas de estudio de cada escuela antes de que el alumno ingrese.
Con el mismo secreto se maneja el reglamento. Francisco dudó de su elección cuando supo que no podría desligarse de la institución cuando quisiera. Salir de ese sistema implica “desertar” o solicitar un permiso de los superiores, que “es casi imposible” conseguir.
El joven sargento ya lo aprendió: “La disciplina es fuerte para que tú forjes el carácter. Te tratan recio, te gritan. Aquí se sufre todo, en todos los sentidos. Te portas mal, ya te arrestaron. No puedes ir a tu casa. Y son varios días, no es un día. No puedes hacer planes porque hay servicio”.
Cuando se le pregunta al joven qué motiva tanto sacrificio, el subteniente interviene: “La mayoría venimos por la necesidad. Es por beneficio de la familia. Son muy pocos los que llegan porque de a tiro quieren ser militares… y los demás lo hacen porque sus familiares fueron o son militares”.
Claro, admite, no falta el “tonto” que quiera participar en la lucha contra el narcotráfico para “hacer algo” por su país. “A esos son a los primeros a los que matan. Cuando les toca ir a operaciones, los que tienen esa mentalidad lo pagan. Lo que los jóvenes deben hacer por su país es ponerse a estudiar, prepararse”, suelta sin titubear.
Francisco no está tan seguro. En el Colegio Militar le han enseñado que debe librar la batalla contra el narcotráfico. “Los que entran (al Ejército) le van a querer entrar (a la “guerra” contra el narcotráfico). Ellos (los narcos) están en situaciones parecidas a las nuestras. También están ahí porque se querían superar y están dispuestos a dar la vida. Para eso se prepara uno también. Es la familia de ellos o la mía”.
Por casos como éste, en el marco de una serie de audiencias en las que comparecieron la Redim y el gobierno mexicano, el pasado 31 de enero en Ginebra, la vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Rosa María Ortiz, expresó su preocupación por el reclutamiento de niños por grupos armados, situación que “lastimosamente ha ido empeorando y aumentando”.
Al comparecer ante esa instancia de la ONU, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora Castro, se limitó a reconocer que el gobierno mexicano “no cuenta con datos” sobre la participación de niños en grupos armados, que “en México no existe conflicto armado alguno” y “tampoco el país participa en conflictos armados de índole internacional”.
El viernes 4, el comité de la ONU emitió un comunicado en el que expresa “inquietud” por el involucramiento de menores de edad en la “lucha contra el narcotráfico” en unidades del Ejército, lo que “pone seriamente en riesgo sus derechos y sus vidas”. Por ello, dicha instancia recomendó al Estado mexicano que suspenda esas labores y lo instó a que la Secretaría de Educación Pública se haga cargo de las escuelas militares que hoy responden a la autoridad de la Sedena.
La instancia internacional se refirió concretamente al servicio militar adelantado para menores de 18 años en México e hizo un llamado a revisar el Código Penal Federal para prohibir el reclutamiento de menores para participar en conflictos armados.
Juan Martín Pérez, presente en las audiencias de Ginebra, relata que “el comité quedó sorprendido de la política de negación sobre lo que estamos viviendo en México. Es importante mencionar que el propio Ejército Mexicano está cerrado a ofrecer información. Nosotros hemos solicitado en muchísimas ocasiones que nos informen cuántos chicos han sido reclutados. No hay respuesta. No se sabe si hay bajas de menores en el Ejército”.
El comunicado da cuenta de las violaciones del Estado mexicano a la Convención sobre los Derechos de los Niños, y remata: “El comité expresa su gran preocupación por el elevado número de niños –alrededor de mil en los últimos cuatro años– que como resultado de la guerra contra el crimen organizado han sido víctimas de violaciones de sus derechos humanos y falta de investigación de los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas”.
Evade el gobierno sentencias de la Corte Interamericana
Gloria Leticia Díaz
Pese a que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México en relación con las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército se acumulan, el gobierno de Felipe Calderón se niega a sancionar a los implicados.
De diciembre de
En todas, la Corte ordena al Estado mexicano reformar el Código de Justicia Militar; en la última sostiene: “La jurisdicción militar no es fuero competente para investigar, y en su caso juzgar y sancionar, a los autores de las alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria. Esta exclusión aplica no sólo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de derechos humanos”.
Los puntos centrales de las sentencias ordenan a México investigar, procesar y sancionar a los responsables de los agravios, dentro de la jurisdicción ordinaria. Por ello es significativo que la iniciativa con la que el presidente Felipe Calderón pretende responder al caso Radilla saque del ámbito castrense los casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual.
El organismo internacional asegura que hasta ahora no hay avances del gobierno mexicano en lo que respecta a las sentencias emitidas. Para Jacqueline Sáenz Andujo, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), organización que lleva la defensa de los campesinos ecologistas, todo indica que “la intención del Estado es brindar impunidad a los militares”.
Comenta que aun cuando el Prodh ha denunciado la falta de controles civiles sobre el Ejército y cambios al Código de Justicia Militar, “en un contexto de lucha o guerra contra el narcotráfico en la cual los militares están en las calles, las autoridades optan por protegerlos a costa de los derechos fundamentales de la ciudadanía”.
En el caso de sus clientes, dice Sáenz Andujo, han pasado dos meses y aún no se atiende la resolución del organismo internacional, que ordena trasladar al fuero civil las denuncias por tortura presentadas por Montiel y Cabrera y que están en el ámbito militar.
Dice preocuparle la reticencia de Calderón “a cumplir las sentencias que tienen que ver con fuero militar, sobre todo porque su iniciativa no cumple con los estándares internacionales mínimos”. Menciona también que está pendiente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la forma en que se deben interpretar las sentencias, pero sobre todo, insiste, “porque el Legislativo no está interviniendo”.
Subterfugios legales
Sergio Méndez Silva, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), y Santiago Aguirre Espinosa, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), defensores de la familia Radilla y de las indígenas guerrerenses, respectivamente, alegan que el gobierno calderonista ha optado por chicanas jurídicas para eludir sus responsabilidades internacionales.
En el caso Radilla, por ejemplo, el 15 de diciembre último el Estado mexicano envió un informe del avance del cumplimiento de la sentencia al organismo interamericano, pero omitió entregarlo de manera simultánea a las víctimas y a sus representantes; lo hizo hasta el 31 de enero. Además, según el abogado de la CMDPDH, Calderón omitió lo sustantivo: decir dónde están los restos de Rosendo Radilla.
Según Méndez Silva, la PGR no sólo rehúsa entregar copias del expediente integrado por la desaparecida Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), como lo ordena la Corte; también se niega a revelar a sus clientes dónde fue enterrado su familiar.
Y pese a que pidió el apoyo de arqueólogos forenses para ubicar zonas donde presuntamente hubo enterramientos clandestinos, dice que la PGR carece de recursos para contratar peritos o comprar equipo especializado. Lo peor, insiste, “no lo informó a la Corte”.
Méndez Silva relata que el 30 de noviembre pasado, Calderón envió a la Corte un escrito en el que informaba que “por causas completamente ajenas al Estado no ha sido posible pagar las reparaciones económicas a la familia Radilla. De acuerdo con él, Tita Radilla Martínez y su familia respondieron en un documento fechado el 15 de marzo de 2010:
“Mientras no se avance de forma integral y coordinada, especialmente con relación a las investigaciones (para localizar los restos de Rosendo Radilla), el efecto reparador del resto de las medidas es secundario. Lo que ellas prefieren es un avance significativo en las investigaciones.”
Lo único que hicieron fue reiterar lo que dijeron el 25 de marzo de ese año durante la primera reunión con funcionarios de la Unidad de Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, relata Méndez Silva.
El desacato
Respecto de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, el gobierno de Felipe Calderón presentó el 29 de diciembre ante la Corte Interamericana dos solicitudes de interpretación de las sentencias. El abogado de Tlachinollan, Santiago Aguirre Espinosa, asegura que “se trata de apelaciones disfrazadas que sólo reflejan la pretensión de que se modifiquen aspectos de la sentencia que la Corte consideró probados, esto es, que soldados del Ejército Mexicano son responsables de las violaciones sexuales de Inés y Valentina”.
Los escritos enviados por Calderón al tribunal interamericano son prácticamente idénticos. En ellos, el Estado mexicano admite que las sentencias son inapelables, pero alega que “falta claridad en algunos párrafos”, sobre todo en los que la Corte se refiere a la responsabilidad de los militares en los hechos y en la violación de los convenios internacionales por mantener las investigaciones en el fuero militar.
En esencia, ante los señalamientos del tribunal sobre el número de militares agresores (tres en el caso de Inés Fernández y dos en el de Valentina Rosendo), a quienes no identifica, el gobierno de Calderón aduce que a la Corte “no le corresponde determinar responsabilidades penales individuales”.
Y arguye: “No se han agotado los procedimientos penales respectivos en los cuales se haya concluido la existencia de la presunta responsabilidad de elementos militares o agentes del Estado (en las agresiones a Inés y Valentina)”.
Los documentos enviados a la Corte también indican que los casos de las indígenas podrían derivar en el no ejercicio de acción penal “por falta de pruebas” o incluso ser archivados.
El viernes 11, los representantes de las dos indígenas pidieron al tribunal interamericano declarar improcedentes las solicitudes de interpretación presentadas por el gobierno de Calderón, no sólo porque cuestionan las resoluciones, sino porque inciden “de forma negativa” en el cumplimiento de las sentencias.
“Lo que le duele al Estado es que la Corte haya dicho que fueron militares los responsables de las agresiones. Eso es una práctica recurrente en otros casos; ni modo que no señale a qué corporación pertenecían los responsables”, sostiene Aguirre Espinosa.
E insiste: “El Estado malinterpreta que la Corte se extralimitó y llegó al extremo de señalar responsabilidades penales individuales, pero nunca menciona nombres; por eso las solicitudes de interpretación son inadmisibles. No hay nada que sea confuso, oscuro o ambiguo”.
A cuatro meses de que se emitieran las sentencias, los casos de Valentina e Inés siguen en el fuero militar, advierte Aguirre. Y califica al titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Zamora, de ser incapaz de cumplir su compromiso de instalar mesas de trabajo con integrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial para acatar los fallos de la Corte Interamericana.
La gran paradoja, dice Aguirre Espinosa, es que los excesos de los militares contra sus clientas y otros civiles siguen impunes, aun cuando se han presentado quejas contra ellos en una instancia internacional como la Corte.
El abogado de Tlachinollan considera que el incumplimiento de las sentencias por parte del Estado mexicano es una muestra de que “el Poder Ejecutivo tolera demasiado las violaciones a los derechos humanos que cometen los elementos de las Fuerzas Armadas”.
Prueba de ello, comenta, es que “las investigaciones no se trasladan al fuero civil, pese a que se presentan solicitudes de interpretación para tratar de modificar los fallos que tocan ese tema y a que también se presentó una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar, que a todas luces es insuficiente”. l
México, en la patología de la muerte violenta
José Gil Olmos
La guerra contra el narcotráfico ya enfermó a la sociedad mexicana. En un país donde cada 60 minutos hay un asesinato violento relacionado con el crimen organizado, los ciudadanos se tornan desconfiados o escépticos, o de plano viven llenos de miedo. De acuerdo con un grupo de tanatólogos entrevistados por Proceso, los mexicanos tardarán varias generaciones en recuperarse de esta “patología social” y “duelo crónico”. Más aún, afirman que ello puede ser utilizado por grupos de poder con fines autoritarios.
Desde hace cuatro años, en promedio, cada hora en México hay un asesinato vinculado a la guerra contra el narcotráfico. Tanta violencia y muerte en un periodo tan corto no se veían en el país desde hace casi un siglo... y esto tiene graves consecuencias sociales.
Un grupo de tanatólogos (que estudian el fenómeno de la muerte) consultados por Proceso señalan que ante tal panorama los ciudadanos transitan de la desconfianza y la incredulidad hasta la decepción y el pánico, lo que puede provocar inmovilidad social, un estado que, advierten, podría ser aprovechado por grupos de poder tentados a instaurar un gobierno autoritario.
Para ellos, los decesos provocados por la guerra contra el narcotráfico (35 mil hasta ahora) son una herida que tardará varias generaciones en sanar: ya se convirtió en una “patología social”.
Entrevistados por Proceso, los especialistas Felipe Martínez Arronte, José Darío Navarrete, Maricarmen López Fernández y Hernán González explican que una “guerra” como la que vive México genera un “duelo patológico” tan complejo que será difícil de resolver en el corto plazo, porque el daño más profundo está en el rompimiento del tejido social.
Hernán González, quien asiste a familias con enfermos en fase terminal, dice que la cantidad de muertos ya rebasó los límites conocidos en México, motivo por el cual no se puede hablar sólo de “daños colaterales”, sino de una “ola brutal” que ha reventado el tejido social, lo ha fragmentado y erosionado a tal grado que será difícil rehacerlo porque tampoco hay apoyos institucionales confiables.
José Darío Navarrete –investigador del Instituto Mexicano de Tanatología, fundado hace 15 años y ya con cuatro generaciones de egresados en Chihuahua– habla de las consecuencias sociales de esta guerra contra el narcotráfico: considera que esta patología social se refleja en depresión, estrés, rabia y ansiedad social, así como en mayores índices de delincuencia y violencia, principalmente entre los jóvenes.
“Desde hace décadas se ha deteriorado el tejido social. En los últimos cien años no hemos tenido un día de paz; hemos tenido movimientos sociales y siempre hemos estado en pie de lucha social. Esto se ha acentuado desde 1968, pero creo que ahora, con la guerra contra el narcotráfico, el efecto de tanta violencia nos ha llevado a hacernos insensibles ante la muerte y a un enorme deterioro social.”
Navarrete, abogado y filósofo, va más allá. Dice que con el deterioro del tejido social y la creación de nuevas conductas forjadas en el reino de la impunidad, donde lo ilegal se vuelve cotidiano y permitido, se corre el riesgo de caer en el pesimismo y la inmovilidad social, lo que podrían aprovechar grupos de poder beneficiados por el crimen organizado para imponer su voluntad y establecer un régimen autoritario.
–A nivel de gobierno, ¿a dónde nos lleva eso?
–Al autoritarismo, a que un grupo se posicione en el poder. Esto sería un paso atrás en el proceso democrático, nos alejaría más de ese ideal social. Los dos grandes proyectos del país, que son la democracia y la conformación de una sociedad, se perderían.
Duelo patológico
Felipe Martínez Arronte, presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Tanatología (creada en
“En épocas de guerra vemos que el impacto es mayor porque aumenta el miedo a la muerte. Hoy en día, al haber mayor número de muertes hay un mayor impacto en la sociedad y aumenta ese miedo, está más latente. A la asociación le toca atender a gente de Ciudad Juárez que nos ha pedido que los asesoremos o apoyemos, porque aquí lo importante es atender a los sobrevivientes, a los que se quedan, a las familias...
“Para ellos es muy difícil saber cómo aceptar lo que les ocurre porque se trata de una muerte inesperada y que por ser violenta los hace caer en un duelo patológico difícil de manejar, pues no hay una preparación previa, como en el caso de una enfermedad terminal. Aquí no existe esa posibilidad, y lo más difícil es que por la violencia se provoca un dolor mayor que a la familia le cuesta mucho trabajo aceptar”.
Añade: “Como seres humanos ante una situación de crisis reaccionamos a través de nuestras emociones, y éstas las tenemos que manejar; en estos duelos sí se requiere de un apoyo, porque un duelo de esta magnitud se vuelve crónico, patológico”.
La abogada Maricarmen López Fernández ha viajado muchas veces a Ciudad Juárez para trabajar con víctimas de la violencia. En dos años ha dado atención tanatológica a más de mil 500 personas. Le cuesta trabajo hablar del tema porque, asegura, “el impacto social ha sido devastador”, sobre todo en los niños que están viviendo esta situación.
“Lo que me interesa no es la causa ni quién causó la muerte, sino el duelo y el impacto. A todos los niños que tienen capacidad de escuchar noticias en televisión les preguntamos qué quieren ser de grandes y dicen que sicarios. Les preguntamos por qué y dicen: ‘Porque tienen camionetotas, joyas, las mujeres más guapas’. El impacto que están recibiendo los niños a través de los medios y de los adultos es brutal por la falta de valores.
“Más allá de la situación de violencia brutal estamos transmitiendo un mensaje de antivalores en el sentido de que hay una devastación de muerte y de sufrimiento; pero también estamos enviando el mensaje de frialdad, del beneficio que puede traer una u otra actividad que justifica lo que se haga. Los niños reciben un antivalor.”
Su experiencia como tanatóloga le permite ver que a pesar de la grave situación, en Ciudad Juárez se han creado redes de solidaridad y apoyo entre los deudos. Pero al mismo tiempo, dice, se vive una etapa de duelo caracterizada por la negación.
“En lo negativo vemos una sociedad que se encierra, una ciudad abandonada porque la gente no camina por las calles. Si yo hiciera un análisis de la etapa del duelo que está viviendo concretamente Ciudad Juárez, podría decir que están en negación, porque si no cierran los ojos a la realidad de todos los días, entonces nadie saldría de su casa.
“En una ciudad y en un país con estos niveles de violencia tenemos que cerrar los ojos para seguir viviendo; estamos sanos porque queremos seguir viviendo. El impacto social es encerrarme en mi casa, salir a trabajar, hacer reuniones sólo con mis amigos y vecinos, dejar de ir a los lugares públicos. Mi negación me ayuda a protegerme y a entablar redes sociales pequeñas. El tejido social se está perdiendo.”
Insensibilidad
Navarrete advierte que se ha incrementado la insensibilidad ante la muerte.
“Hemos perdido la sensibilidad a la vida. Creo que la biofilia normal del ser humano, el amor a la vida, se ha transformado en necrofilia. Incluso ahora vemos decapitados en los periódicos sin mayor restricción; los niños tienen acceso a esta violencia en los videos, en los juegos donde se destrozan los cuerpos. Hemos ido creando una cultura de la muerte y por eso tenemos este culto a la Santa Muerte.”
Otra de las consecuencias es el deterioro de los valores sociales.
“Vamos sobre el triunfo en la vida con cuestiones materiales como autos, tarjetas de crédito, casa, etcétera; si las prácticas necrófilas o de antivalor me llevan a corromperme, a vender drogas o asesinar, no me importa con tal de tener lo que me pide la sociedad para triunfar. Esos valores biófilios se transforman en materialistas o necrófilos. Puedo ver cómo muere alguien, siempre y cuando me deje dinero. Si a esto le aumentamos la poca o nula educación que tenemos, la poca búsqueda del ser humano... pues tronamos.”
–Esta insensibilidad, esta atracción a la muerte y tanta violencia, ¿hacia dónde lleva a una sociedad como la mexicana?
–Nos puede llevar a la destrucción como grupo social o puede ser una oportunidad de replanteamiento y reconstrucción de una nueva sociedad. Esa es la responsabilidad histórica que tenemos.
–Cada día vemos más acciones de violencia y asesinatos terribles que no teníamos registrados. ¿Esto qué refleja de una sociedad?
–Un enorme vacío de valores, un enorme descuido al ser humano. Hemos descuidado a nuestros hijos, la educación, la espiritualidad y nos hemos abandonado como sociedad. No nos importa ser humanos sino un antivalor que se llama egoísmo, riqueza. Sobre todo el escepticismo: ya no creemos en nada, en ningún partido político ni en el gobierno; tampoco en las iglesias porque nos han defraudado como instituciones. Al no creer en nada no deposito mi fe y la voy perdiendo”.
Martínez Arronte señala que uno de los duelos más difíciles a los que se enfrentan es el de los familiares desaparecidos.
Cifras extraoficiales de organizaciones ciudadanas dicen que hay unos 3 mil 500 desaparecidos por secuestros, levantones y retenciones de bandas del crimen organizado o por autoridades policiacas y castrenses. En estos casos los familiares no pueden elaborar un proceso de duelo porque aún tienen la esperanza de encontrar vivos a sus familiares.
“Si la familia no tiene ni siquiera el cadáver para despedirse es difícil que lo acepte; esto requiere de ayuda porque viene una expresión del dolor, viene una reacción de enojo, de tristeza. Uno de los peores sentimientos es el de qué habrá pasado, esa incertidumbre es lo que a veces acaba a las familias; por eso se tiene que buscar ayuda profesional”, señala Martínez.
Precisa que lo anterior da origen a un duelo crónico y patológico, lo que a escala social se refleja en incertidumbre y miedo.
–Socialmente ¿cómo se expresa esa patología?
–En el aumento del miedo por ver que mucha gente está muriendo en un tiempo muy corto y eso es parte de una guerra. Hay más dificultad para manejar el miedo y la incertidumbre. El duelo por este problema es más complicado porque no hay paz ni estabilidad.
El autoritarismo
José Darío Navarrete ha dado cursos de tanatología en todo el país; además su perfil de abogado le permite ver los alcances sociales y políticos del fenómeno de violencia y muerte.
–¿Qué consecuencias sociales podrían tener este tipo de fenómenos de violencia, de falta de valores, de vacío existencial?
–La primera consecuencia es una neurosis social. Nos provoca una depresión endógena, del espíritu, una falta de entusiasmo con la vida y con uno mismo. Ya no queremos alcanzar los máximos niveles de vida personales sino los mínimos para sobrevivir. Esa es la depresión más profunda, la situación nos lleva a eso a pasos agigantados.
Esto, dice, favorece los planes de ciertos grupos de poder, lo que “nos lleva al estancamiento o a retroceder como sociedad. Esos grupos se aprovechan de la situación y se fortalecen ante la tentación del autoritarismo por la falta de movilización y cohesión social, y de un individualismo exacerbado”.
Hernán González concluye:
“En un país civilizado no se saca al Ejército a pelar contra el crimen organizado; eso no pasa en Italia, España o Estados Unidos. Lo que deja esta guerra en la sociedad es una profunda sensación de indefensión y de vivir un estado de sitio, porque ya no se puede salir a la calle en ciertas zonas del país. Esto mina la idea de que a través de la participación ciudadana, de elecciones libres, se podía tener una mejor forma de vida.” l
Contraproducente, la captura de capos
Marcela Turati
La captura de capos de la droga como Teodoro García Simental El Teo, Édgar Valdez La Barbie y Nazario Moreno El Chayo, así como el desmantelamiento de grupos del crimen organizado, que el gobierno presenta como victorias, podrían estar alimentando la violencia de los traficantes, advierte un reporte del Trans-Border Institute de la Universidad de San Diego.
“Las autoridades creen que esos arrestos ayudarán a reducir, si no a finalizar la violencia, aunque el desmembramiento de los grupos criminales podría también incrementar la violencia entre traficantes… Por el momento, el resultado pareciera ser muchos más caótico e impredecible la evolución del conflicto violento entre los grupos de narcotraficantes”, sostiene el estudio Narcoviolencia en México: Datos y análisis del 2010.
En el documento se señala que el peor de los escenarios posibles para este año es que la violencia mantenga su ritmo y contagie a regiones que habían permanecido intactas; que aumenten los asesinatos de funcionarios y ciudadanos en fuego cruzado, o bien que se dañe severamente la economía, ocurran desplazamientos de la población e impactos negativos en los países de Centroamérica.
Asimismo se advierte que “hay un riesgo real” para la gobernabilidad democrática ante la proximidad de las elecciones presidenciales de 2012, “dada la significativa penetración de los cárteles de la droga”. Sin embargo, los investigadores Viridiana Ríos y David Shirk, autores del reporte, descartan el colapso del gobierno mexicano por la violencia, el surgimiento de una insurgencia política o un repentino golpe militar.
Según los académicos, el mejor de los escenarios para 2011 es que al debilitarse las organizaciones de los Beltrán Leyva, La Familia michoacana y Los Zetas –en las que se ha enfocado la ofensiva del gobierno–, podría lograrse un equilibrio como el que ocurrió en Baja California cuando el cártel de Tijuana perdió fuerza y eso permitió “al cártel de Sinaloa hacer nuevas incursiones”. Pero advierten: “La guerra de las drogas está lejos de terminar. Ni siquiera es claro si lo peor ha pasado”.
Año récord
El estudio de 20 páginas, publicado el lunes 7, indica que el año pasado se registró el récord de homicidios del sexenio, pero además se incrementaron las extorsiones, los secuestros y se cometió “un número sin precedente” de asesinatos de funcionarios electos (incluidos 14 alcaldes), policías, militares y civiles (entre ellos 11 periodistas).
En el reporte académico se plantea que la violencia sigue concentrándose en cuatro estados de las zonas productoras de la costa occidental o en los corredores del tráfico cercanos a la frontera con Estados Unidos. Las entidades son Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Baja California, donde ocurrieron ocho de cada 10 asesinatos.
Los investigadores clasificaron a 16 estados con violencia moderada (entre 25 y 250 crímenes anuales), en 14 de los cuales los asesinatos aumentaron al menos 10%, y en siete se incrementaron más de 100%. Los picos de violencia más alarmantes se detectaron en San Luis Potosí (de un año a otro pasó de
Con cifras que abarcan hasta el año pasado, el estudio relaciona los datos del Consejo de Seguridad Nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Organización Mundial de la Salud y un conteo del periódico Reforma.
Así, identifica como las ciudades más violentas de
La investigación fue realizada por el Proyecto de Justicia en México del Trans-Border Institute, financiado por las fundaciones Tinker y Hewlett, así como por Open Society Institute. En sus resultados se resalta la crueldad con que los traficantes se deshacen de los cuerpos de sus rivales, el aumento de la agresividad que impacta en la población civil: el uso de explosivos, los videos de asesinatos trasmitidos por internet y los bloqueos del tránsito –sobre todo en Monterrey.
“Los 15 mil muertos del año pasado representan un incremento de 60% respecto de los años previos del sexenio calderonista. De hecho, 2010 fue el peor año de tal violencia y estuvo marcado por un repentino incremento en blancos políticos, que incluyó numerosos asesinatos y secuestros de funcionarios públicos”, señalan los autores. Y detallan que 27 alcaldes cayeron asesinados entre 2004 y 2010, además del exgobernador colimense Silverio Cavazos.
Ríos, candidata a doctora por la Universidad de Harvard, y Shirk, director del instituto, son expertos en temas de seguridad. En su estudio consideran que las bandas organizadas opacaron las elecciones del pasado 4 de julio, pues mataron a 13 candidatos –entre los que destacan al aspirante a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, “el de más alto perfil desde el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio en 1994”– y en muchos lugares inhibieron la participación electoral.
Entre sus hipótesis para explicar la ola de violencia figura la estrategia del gobierno federal de desactivar a capos de la droga, pues su captura contribuye a intensificar las disputas dentro de los grupos y contra sus rivales. También consideran que la pérdida de hegemonía política del PRI hizo que se rompieran los equilibrios entre las organizaciones delictivas, y que a esto se sumaron la volatilidad del consumo de la droga en Estados Unidos, las fluctuaciones de su precio, el crecimiento de la demanda en México, el refuerzo de los controles para que no cruce la frontera norte y los esfuerzos del lado mexicano por acabar con el crimen organizado.
Aun así, los investigadores señalan que es necesario dimensionar la violencia mexicana, pues en un país con más de 100 millones de habitantes, las probabilidades de morir en un asesinato relacionado con las drogas es de uno por cada 6 mil 667, las mismas que perecer en un accidente automovilístico en Estados Unidos. “Y decrece dramáticamente si la persona no es traficante de droga, alcalde o policía que viva en una región de tráfico en disputa”. l
La añoranza por matar
Juan Carlos Reyna
En el sórdido universo del narco, el imperio de la traición lo supera todo... En una serie de conversaciones con un sicario de sangre fría, el periodista Juan Carlos Reyna tomó registro de lo que supone matar por dinero o por simple venganza, matar para hacer sufrir a la víctima hasta lo indecible… Aun cuando el pistolero entrevistado cayó en desgracia, revela que todavía siente ganas de matar. Historias de este corte quedaron plasmadas en el libro Confesión de un sicario. El testimonio de Drago. Lugarteniente de un cártel mexicano, que comenzará a circular en los próximos días bajo el sello de Grijalbo. Con autorización de la editorial, a continuación se reproduce un fragmento de este trabajo.
No hay mucho pedo en cumplir con una ejecución, a menos que se tengan órdenes específicas. Aunque es muy pronto para decirles cómo se ejecuta a un traidor o a alguien al que se le debe hacer sufrir, sólo quiero adelantar que se les mata de una forma lenta y dolorosa. Su muerte debe servir de ejemplo a los demás miembros de la organización. Para una ejecución en vía pública se usa desde un arma nueve milímetros hasta un cuerno de chivo, mientras que para una ejecución en privado se utiliza un cable de acero, con el que se corta la cabeza, o la navaja de costilla, con la que previamente se tortura a quien también ha sido golpeado con un bate de beisbol. Hay quienes piensan que entre más ruido haya es mayor el pavor. Yo más bien creo que sin balas es mejor.
Hasta hace un tiempo pertenecí al Programa de Testigos Colaboradores de la Procuraduría General de la República, al cual me uní después de que el cártel por el que yo daba la vida me traicionó.
Todo comenzó con el asesinato de un directivo de la Procuraduría General de la República, quien a pesar de recibir dinero de nuestra organización comenzó a favorecer a otra, cosa que enfureció al jefe. El jefe estaba pesado, por eso yo le decía, para mis adentros, Elefante.
Cierta noche el jefe me mandó una alerta por radiolocalizador.Cuando nos hablábamos por teléfono o radio, lo hacíamos en clave. No voy a dar detalles de las claves porque está complicado entenderlas, pero el caso es que me dijo que esa noche yo iría con mi compadre a darle piso al licenciado. A mi compadre, que era el yerno de Elefante, yo le decía Tiburón, por una historia que en un momento más contaré. Tras recibir la alerta, miré mi reloj, me quité las botas y apagué la televisión. Tenía 20 minutos, quería descansar aunque fuera un rato. Llegada la hora me preparé: fierro, me dije, y salí hacia donde estaba mi compadre.
Terminamos el trabajo poco antes de las 10 de la noche. Tiburón sudaba y su mandíbula estaba trabada. Antes de cada ejecución, se metía un chingo de perico. Mi compadre, a quien conocí en el último decomiso que hice cuando era madrina de la judicial, fue el que me introdujo en el cártel. Él era varios años mayor que yo, y en la jerarquía de la organización era el segundo al mando, sólo después de Elefante. Más que su compadre, decía que yo era como su hijo. No sólo porque nos parecíamos un chingo o porque… fui amigo de su hijo de sangre, más bien porque había sido él quien apadrinó mi ingresó a la organización.
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(…) Aunque no es ningún descubrimiento, la verdad es que en este negocio trabaja un chingo de gente del gobierno. Por eso lo que deben reconocer los presidentes es que ellos mismos no son sino seres gobernados por la industria del narcotráfico, que no son sino gatos del mercado. Lo que deberían reconocer los presidentes de México es que nadie va a parar lo que el gobierno mismo trafica. Cuando yo jalaba para el cártel, algunos mandos públicos recibían pagos de entre ciento cincuenta y cuatrocientos mil dólares por brindarle protección a nuestra organización…
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Yo nunca llamé la atención, siempre evité los cortes de cabello tipo militar, tan comunes entre gatilleros, y usé ropa formal. Hasta cierto punto, siempre me incliné por el viejo dicho que dice: como te ven, te tratan. Ahora, sobra decir, todo es diferente: decido entre ponerme una camiseta o lavarla para que esté limpia al día siguiente; antes la ropa deportiva era mi ropa de emergencia, hoy es el único cambio que tengo; antes la gente común y corriente, cuando me llegaba a ver en antros o restaurantes, me respetaba, y yo sentía que incluso me admiraba; hoy tratan de pisotearme todo el tiempo. Me he convertido en su igual, hoy soy uno más y esto es frustrante. Está culero ser normal, ser igual que el resto de la plebe. En su momento tuve a más de 100 personas a mi mando, entre gatilleros, policías y distribuidores de droga; tuve dinero y, más importante aún, poder: con poder haces lo que quieres mientras que con dinero sólo compras algunos favores. Dejar el poder ha sido una de las cosas más difíciles. Por supuesto, otra ha sido dejar de matar. Sí, extraño matar, sobre todo en ciertas ocasiones, cuando la vida me pone enfrente de cabrones pedantes, altaneros y bravucones. Si no lo hago es no sólo porque ya no estoy arriba, sino porque al final he comprendido que qué más da: nada va a cambiar, el mundo es así y no seré yo quien lo transforme. Eso sí, si por alguna razón volviera a dedicarme a lo mismo lo haría por mi propia cuenta, sin tener que responderle a nadie por mis actos y cobrando lo que yo quisiera. Volver a trabajar para un cártel sería caer en el mismo error: convertirme en un peón sacrificable. Y esto lo digo no sólo por mi experiencia personal, sino también a nombre de los sicarios que conocí cuando fui testigo colaborador de la Procuraduría General de la República, a través de quienes descubrí que esto mismo sucede en todas las organizaciones criminales del país. Al final, todos los cárteles actúan de formas muy parecidas. Lo digo en muchos sentidos; por ejemplo, todas las organizaciones se sirven de agentes federales como Alacrán, es decir, güeyes corruptos que ayudan a los cárteles a utilizar a México como trampolín, tanto para exportar la droga a los Estados Unidos y a Europa como para distribuirla y venderla en las tienditas del interior del país. La policía incluso hace parte del trabajo más sucio de los cárteles: secuestrar, que es precisamente lo que Alacrán hizo conmigo antes de intentar venderme a Elefante y Tiburón, situación a la que aquí volvemos.
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Un sicario no duerme. Un sicario no lleva una vida “normal”. Un sicario no tiene días de descanso. Cuando estás adentro de una organización, tus horarios son los suyos: cuando todos deben estar alerta, estás alerta, cuando todos se desvelan, te desvelas, cuando todos hacen ejercicio, haces ejercicio. Hubo una época en que por las mañanas todos recibíamos entrenamiento militar para el manejo de las armas. Igual, cuando todos van de fiesta, vas de fiesta; aun así, si estás en una discoteca, debes estar pendiente de tu radio y de tus celulares, y si te vas con una puta sólo puedes estar con ella media hora.
La vida del sicario no tiene las horas de descanso aseguradas, ni mucho menos bien establecidas. Hay que descansar como se pueda y donde se pueda. Yo, por ejemplo, descubrí a más de uno jetón cuando llevábamos las maletas de dinero al banco; el gerente, que nos esperaba en la puerta y luego nos hacía pasar a las cajas especiales en las que depositábamos, contaba los billetes, que eran un chingo. Otros sicarios, los de mayor jerarquía, claro está, éramos invitados a las fiestas de Tiburón: orgías multitudinarias con putas extranjeras.
Con putas, perico y whisky. ¿Era yo de esa cura? No, a mí eso medio me pagaba. Para decirlo al chile: mi diversión era mi trabajo.
Las parrandas y el derroche que acostumbraba Tiburón eran descarados. En una de sus casas de seguridad, a cada rato hacía orgías con rucas suculentas que yo, como no bebía ni loqueaba enfrente de él, debía presenciar en silencio. Dejaba que me la mamaran una o dos putillas, pero al mismo tiempo me mantenía alerta, vigilando la peda de mi compadre. Por supuesto, a estas fiestas asistían diversos funcionarios y policías que disfrutaban a toda madre, pero que de vez en vez hacían alguna pendejada. Como es bien sabido, la peda te pone no menos bruto que un chango, pues además te suelta la lengua, situación que terminó costándole la vida a muchos changos, de los cuales, como acabo de decir, hay un montón al interior de la policía.
Uno de estos pendejos era jefe de la Policía Judicial del estado (de Baja California). El chango al que me refiero era prepotente, altanero y hablador, más todavía cuando se ponía pedo. Ante la gente del cártel quería ser pura ternura: rendía una pleitesía media mamona que me hacía pensar que un día terminaría hincándose y metiéndose en la boca el pito de Elefante. Este jefe de la judicial era tan peculiar que durante las fiestas no se quitaba las botas ni para coger. Peor, no se quitaba la camisa de manga corta –que dejaba ver la esclava de oro con su nombre grabado– ni teniendo un buen par de tetas zangoloteándose en el pecho.
(…) En una ocasión, cuando el Ejército decidió implementar un operativo conjunto con la judicial para allanar varias de nuestras casas de seguridad, los propios miembros del cártel participamos activamente en el cateo de aquella donde se hacían las fiestas. El Chango había logrado que esa casa fuera la única en ser cateada durante el operativo; ahí la cantidad de drogas y armas que se guardaba era mínima. Por situaciones como la anterior, el jefe de la judicial alegaba, de tanto en tanto, que necesitaba decomisarnos algo de droga y de dinero, pues únicamente así podría calmar a las autoridades.
(…) La última vez que pactamos una simulación en beneficio del Chango, el acuerdo fue el siguiente: la raza que traía este güey y la raza del cártel simularíamos un enfrentamiento, para el cual volvimos a elegir la casa donde Tiburón y el Chango, junto con todos nosotros, se divertían. La idea era aparentar que unos defendíamos un preciado cargamento mientras que los otros, los judiciales, intentaban arrebatárnoslo. El día indicado, cuando llegamos al lugar donde los policías ya estaban emplazados, Tiburón me dijo: “Pon atención al circo que va a armar el Chango dentro de un momento”.
Salí de la camioneta y a los pocos segundos encaré al jefe de la judicial en las puertas de la casa de seguridad, quien nada más al verme llegar con mis gatilleros ordenó algo a sus agentes, que empezaron a correr de un lado al otro y terminaron ocultándose en la parte trasera de sus vehículos. Nosotros ni siquiera habíamos cortado cartucho y ellos ya se habían replegado en una escena que parecía el clímax de una película de narcos. Por supuesto, me pareció la cosa más pendeja del mundo. Ordené a uno de mis gatilleros que baleara las camionetas de los judiciales, tras lo cual nos fuimos del lugar, la neta no riéndonos, más bien como sacados de onda. A nuestras espaldas se quedaron abiertas las puertas de la casa de seguridad, de donde los judiciales se llevaron a un par de chalanes de nuestra organización, a quienes previamente Tiburón había acordado entregar un poco de droga y algunas armas. Aquel día hasta la televisora local grabó el fin del operativo, cuando el Chango condujo a los detenidos, que eran unos gatos. Ni siquiera mangueras, como les dicen ahora, más bien los batillos más pinches del cártel, y aun así estaban encañonados como si fueran los delincuentes más peligrosos del país.
(…) Yo nunca maté por placer, yo sólo maté por dos razones: porque si no mataba me ponían una putiza y porque si no mataba le regalaba vida a un güey que merecía morir, es decir, a un pasado de verga.
(…) Ejecutar a una persona es tan agotador como ejecutar a varias, sólo que el cansancio no es físico. Yo nunca me sentí mal al momento de matar, pero siempre me sentí cansado. Algo muy adentro de ti te chupa la energía. Cuando estuve en la correccional de menores, escuché hablar a un pastor cristiano: “Hay cosas que uno hace que desatan luchas muy intensas al interior de uno –alegó–, y esas luchas cansan”. Así que, luego de haber matado a los tres judiciales y a su jefe, llegué agotado a la casa de seguridad donde vivía, y me tiré sobre la cama. Luego boté mis zapatos, aflojé mi cinturón y desabotoné mi camisa para estar más cómodo. La habitación estaba en penumbras, iluminada apenas por una luz que se metía entre las cortinas. Durante un buen rato sostuve mi fusca con ambas manos, frente a mi rostro, después volteé hacia uno de los lados y me percaté de lo negra que estaba una pared.
(…) El cártel era mi familia, la única familia que tuve en la vida, aunque antes haya tenido una de verdad, si es que a aquélla se le puede llamar de esta manera. La mayoría de mis recuerdos de niño son culeros: me duele mucho hablar acerca de mi familia sanguínea. La última vez que vi a mi jefe, y aquí hablo de mi jefe de sangre, lo amenacé con un cuchillo: yo tenía nueve años y le dije que lo mataría si seguía golpeando a mi mamá. Tres años antes, cuando yo tenía seis años, fui violado. Aunque no quiero platicar sobre esto, no sé por qué tengo la sensación de que al hacerlo me sentiré mejor. Arrastro este dolor desde hace mucho tiempo: fui violado muchas veces, no por un hombre ni por un niño mayor, fui violado por mi tía.
(…) Tenía 16 años la primera vez que maté. Lo hice por reflejo, e inmediatamente después de disparar se me secó la boca, se me quitó el hambre y las manos empezaron a temblarme. Durante una semana no pude dormir, escuchando los gritos del hombre que maté aquel día. Todas las mañanas de aquella semana el bato con el que me inicié en el robo de autos y en el secuestro me consolaba: “Ni modo, así se dieron las cosas”. Habíamos decidido robar un coche para utilizarlo en el plagio del dueño de una cadena de abarrotes. Yo quería usar mi pistola pues nunca antes lo había hecho, quería utilizarla para amenazar al automovilista pero no para dispararla. Todavía me acuerdo que aquel día fue domingo y que eran las 10 de la mañana.
(…) la mayoría de los asesinatos que comete un sicario están incluidos en el sueldo que cobra a su organización, el cual puede variar entre los 50 mil pesos y los 50 mil dólares. Sin embargo, cuando se trata del asesinato de alguien que se pasó de verga o de alguien a quien se conoce y con quien se ha trabajado durante mucho tiempo, al sicario se le ofrece una paga extra. Aunque hasta ahorita he mencionado decapitaciones, en las balaceras usábamos los tradicionales cuernos de chivo. Aunque éstos eran comprados en Estados Unidos, eran de fabricación israelí; el cártel tenía un armero que modificaba su funcionamiento para poder usarlos para ráfagas o tiros individuales. El armero también tatuaba las matrículas de las armas oficiales que nos daban los militares al servicio de nuestro cártel sobre las matrículas de nuestras armas no oficiales; era una verdadera obra de arte, y lo digo yo, que aunque prefería matar sin fusca, siempre me gustaron las armas. De niño solía escaparme a las afueras de la ciudad, donde tiraba pedradas a los pájaros y soñaba con tener una pistola para así matarlos a todos de un tirón.
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El subprocurador me dio a escoger: 30 años en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, el penal de máxima seguridad en el país, o ser testigo colaborador de la PGR, es decir, ponerle el dedo a quienes me habían traicionado.
No lo pensé mucho.
Ese mismo año comenzaron mis declaraciones. Las primeras fueron contra Alacrán –cuya peor pendejada fue visitarme en el hotel donde me tenían arraigado y amenazarme para que no lo acusara– y contra el resto de los funcionarios públicos que me protegían, muchos de los cuales ni siquiera fueron tocados, de hecho, actualmente algunos siguen escalando puestos en la burocracia mexicana.
Antes de continuar, me parece importante señalar que un testigo protegido de la procuraduría no está sometido a un proceso judicial, sino que forma parte de un programa en el que no se le recluye oficialmente pero se le obliga a cumplir con ciertas normas a cambio de su supuesta protección. Ésta se basa en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que protege al individuo integrante que aporta datos fidedignos para la ubicación, persecución y consignación de otros miembros de su organización. Según esta misma ley, nada de lo que diga o aporte el individuo será utilizado en su contra. En todos los casos, el testigo recibe un nombre clave, habita una casa custodiada por la Procuraduría General de la República y, dependiendo de su importancia, cuenta o no con escoltas. En nuestro país, todos los días las fiscalías compensan su falta de habilidades en investigación de delitos con el testimonio de estos delatores. Las declaraciones de cualquier delincuente convertido en dedo al servicio de la autoridad ministerial son la única base para la mayoría de las averiguaciones previas de la procuraduría, en especial aquellas relacionadas con el crimen organizado.
Si todo salía bien, me dijeron los funcionarios que me metieron al programa, encararía a los cabrones que me mandaron matar, obteniendo así mi venganza: darle en la madre a la gente que me utilizó, aparentemente sin poner mi vida en peligro. Eso sí, tendría que darle con todo al cártel: decir quién ordenaba los envíos de droga, quiénes eran los jefes de las células con las que trabajábamos, con qué otros cárteles manteníamos relaciones y qué autoridades nos ofrecían protección. Por su parte, la procuraduría me daría inmunidad absoluta, sin importar lo que declarase, me cambiaría de identidad y me mudaría a otro país. “Son acuerdos internacionales y nadie nunca te los va a quitar”, se me dijo entonces. Por supuesto, llegado el momento, la procuraduría no cumplió con nada de esto. Para colmo, el hombre que me ofreció ingresar al programa ya no vive. Al parecer, murió en un accidente: el avión en el que viajaba, junto con el entonces titular de la Secretaría de Gobernación, se estrelló en la Ciudad de México.
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Hoy el pelo se me ha caído y todas las noches padezco migrañas, pues el centro de mi cabeza está echado a perder: despierto de madrugada, de súbito y gritando. Además, vivo pobre y de pueblo en pueblo. Yo, que llegué a tener hasta cuatro carros deportivos, ahora apenas tengo para medio kilo de tortilla.
Toda la vida he sido traicionado. Mi padre, mi madre, mi compadre, mi jefe, las autoridades, los agentes, mis rucas y el Estado mexicano me traicionaron. El gobierno me ha impedido rehacer mi vida al no haber cumplido con su parte del acuerdo: no sólo no me otorgó una nueva identidad y no me sacó del país sino que tampoco me dio las herramientas necesarias para sobrevivir. En cualquier momento un gatillero me pondrá una bala en la cabeza y sumergirá mi cuerpo en ácido muriático. Por eso les daré un consejo a los sicarios que estén leyendo estas páginas: no ingresen al Programa de Testigos Colaboradores. No les cumplirán ni madres aunque hayan dicho todo lo que saben, aunque hayan puesto el dedo sobre sus jefes y colaboradores, aunque, como yo, hayan tenido que enfrentar en una cárcel de máxima seguridad, durante sus juicios, a quienes los deseaban muertos.
Todo huele mal...
Jorge Carrasco Araizaga y Homero Campa
Compendio de pifias judiciales, políticas y diplomáticas, el caso de Florence Cassez llevó al gobierno de Felipe Calderón a un callejón sin salida en la confrontación con su contraparte francesa. Una vez que la Suprema Corte de Justicia le negó el amparo a la mujer sentenciada por secuestro en México, el gobierno galo y la defensa de Cassez recrudecieron su embate: insisten en el teatro mediático que Genaro García Luna dispuso cuando la mujer fue aprehendida por la AFI. También le recuerdan a Calderón las “promesas incumplidas” que le hizo a su homólogo Nicolas Sarkozy en torno al caso, mientras que fuentes diplomáticas y del Poder Judicial en México hablan de un extraño “cabildeo” de Los Pinos en la Corte previo a la negativa de amparo…
El gobierno de Felipe Calderón cabildeó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la negativa del amparo de Florence Cassez. El encargado de la gestión fue el secretario particular de Calderón, Roberto Gil Zuarth.
De acuerdo con fuentes judiciales y diplomáticas, consultadas por los reporteros cada uno por su lado, las diligencias del Ejecutivo comenzaron cuando el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia aún era presidente de la Corte y a cuyo último informe como cabeza del Poder Judicial, el 15 de diciembre pasado, asistió Calderón en una ceremonia protocolar. Gil Zuarth era entonces subsecretario de Gobernación.
El principal argumento del enviado de Calderón fue que si los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito declaraban inocente a Florence Marie Louise Cassez Crepin, “no sólo se caía el secretario de Seguridad Pública (Genaro García Luna), sino la lucha del gobierno contra la delincuencia organizada”.
El ahora secretario particular de Calderón pidió que la resolución se anunciara antes de que se proclamara el Año de México en Francia, originalmente previsto para que sus actividades se realizaran durante los próximos 11 meses, pero que ahora está en suspenso, refieren las fuentes.
Las mismas fuentes coinciden en que el jueves 10, horas antes de que se hiciera pública la negativa del amparo, Gil Zuarth desayunó en el comedor de la Corte con Silva Meza, Ortiz Mayagotia y los tres magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado que avalaron la versión de García Luna sobre la alegada participación de la ciudadana francesa en la banda de secuestradores de Los Zodiacos.
Gil Zuarth agradeció el apoyo del Poder Judicial porque se trataba de una “sentencia de Estado”. En la reunión, añaden, “Silva Meza no habló”.
Oficialmente, tanto la SCJN como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –organismo que encabeza el presidente de la Corte y que se encarga de vigilar y supervisar a los jueces y magistrados– rechazan que tales encuentros hayan existido. Las direcciones de Comunicación de la Corte y del CJF negaron “cualquier tipo de reuniones” con el gobierno de Calderón para tratar el caso.
Silva Meza, quien al asumir el cargo de presidente de la Corte, el 3 de enero pasado, se comprometió a transparentar las decisiones y fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial, “negó enfáticamente” haberse reunido con el enviado de Calderón.
A través del director de Comunicación Social de la Corte, Jorge Camargo Zurita, el ministro aseguró que su política ha sido la de no interferir en asuntos jurisdiccionales ni de jueces ni de magistrados. En términos similares, también a través del área de Comunicación, se expresó Ortiz Mayagoitia, ahora integrante de la Primera Sala de la Corte. Dijo que él “nunca participó en alguna reunión de ese tipo”.
En mayo pasado, Calderón sugirió a su homólogo francés Nicolas Sarkozy promover el amparo con la garantía de que se llevaría a cabo un juicio “justo y objetivo” contra Cassez.
La sugerencia de Calderón, planteada personalmente a Sarkozy durante la Sexta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y El Caribe-Unión Europea, fue aceptada por su interlocutor y por la inculpada, de 36 años, quien el próximo 11 de marzo cumple ocho años de haber llegado a México, de los cuales lleva en prisión cinco años y dos meses.
A partir de la sugerencia de Calderón, los abogados de la ciudadana francesa promovieron el amparo en contra de la sentencia que la condenó, en segunda instancia, a 60 años por el secuestro de tres personas, posesión de arma de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delincuencia organizada.
El encargado de elaborar el proyecto para negar el amparo fue el presidente del Séptimo Tribunal Colegiado, el magistrado Carlos Hugo Luna Ramos, cuya hermana Margarita es ministra de la Corte, y su hermano Alejandro es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Los otros dos magistrados del Tribunal Colegiado que negaron el amparo, identificado con el número 423/2010, fueron Ricardo Ojeda Bohórquez y Manuel Bárcena Villanueva, quienes desestimaron no sólo los argumentos de la defensa de Cassez, sino también de la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, que como terceros ajenos al caso presentaron a los magistrados “irregularidades de derecho” en el proceso judicial.
El martes 15, Ojeda Bohórquez rechazó que hayan existido tales irregularidades y en cambio sostuvo que la negativa del amparo obedeció a “la prueba circunstancial” fundada “en los testimonios de las tres víctimas y de la declaración de Israel Vallarta”, expareja sentimental de Cassez y procesado como jefe de Los Zodiacos.
Las negaciones
Durante la entrevista con Proceso en la Suprema Corte, a donde acudió como invitado a la toma de protesta de Jorge Mario Pardo Rebolledo como nuevo ministro de la SCJN, Ojeda Bohórquez asegura que el Tribunal Colegiado tomó como principales testimonios en contra de Cassez el del propio Vallarta y el de Ezequiel Yadir Elizalde Flores, una de las víctimas.
A pesar de las contradicciones que contienen las diferentes declaraciones ministeriales de las víctimas, a las que justificó con el argumento de que después de un trauma las personas se acuerdan poco a poco de las cosas, el magistrado dijo que para el Tribunal Colegiado lo importante fueron “los hechos que en conjunto la inculpan”.
El magistrado asegura también que, además de la declaración de Ezequiel Elizalde, “pesó mucho la declaración ministerial de Vallarta, con quien la ciudadana francesa vivió varios meses”, y en la que Israel Vallarta “la señaló como parte de la banda”.
El Tribunal Colegiado desestimó el principal argumento de la defensa de Cassez, representada en México por Agustín Acosta y en Francia por Frank Berton. De acuerdo con los litigantes, la credibilidad de toda la investigación quedó cuestionada con la escenificación montada por García Luna sobre la detención de Cassez y Vallarta y la liberación de tres víctimas en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca.
Para Ojeda Bohórquez, el video y las otras pruebas que presentó la defensa para demostrar la escenificación reconocida por el propio García Luna y la Procuraduría General de la República “ni beneficia ni perjudica” a Cassez, puesto que lo más importante “fue la prueba circunstancial”. Los integrantes del Tribunal Colegiado tampoco dieron por acreditada la tortura.
Los magistrados difundieron su fallo mediante una nota informativa emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Los términos de la resolución aún no se difundían el viernes 18, por lo que la defensa todavía no define si promoverá la revisión del amparo ante la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación –pues alega violaciones constitucionales– o si demandará al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violación de garantías fundamentales previstas en la Constitución Política de México y en la Convención Americana de Derechos Humanos.
La defensa jurídica de Cassez ha estado marcada por consideraciones políticas. Tanto el gobierno de Calderón como el de Sarkozy han hecho del caso parte de su agenda política al extremo de tensar las relaciones diplomáticas. Por más de dos años, el caso judicial se ha tratado a nivel de los presidentes.
El 6 de febrero de 2009 fue el propio Calderón quien propuso a Sarkozy que una vez que el caso quedara firme –es decir, con una sentencia condenatoria definitiva–, “se podrá explorar la aplicabilidad del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, adoptado en Estrasburgo, Francia, el 21 de marzo de
Ese tratado, siguió Calderón en respuesta a una misiva que le envió Sarkozy el 25 de noviembre de 2008, “permite el traslado del sentenciado a su país de origen para cumplir la sentencia”, y se aplicaría “siempre y cuando la señora Cassez Crepin así lo solicite expresamente”.
El viaje de Sarkozy
El presidente Sarkozy viajó a México en la segunda semana de marzo siguiente, en plena campaña de las elecciones federales de ese año, y Calderón lo recibió no sólo con una sentencia a Cassez de 60 años de prisión, fijada unos días antes, sino con la negativa de aplicar el convenio que él mismo había propuesto.
El argumento para negar la aplicación del convenio fue que en Francia el secuestro tiene una pena de 20 años, apenas una tercera parte de lo que la había condenado el Primer Tribunal Unitario en Materia penal del Primer Circuito, que “redujo” la condena inicial de 96 años a la que Cassez había sido sentenciada, el 25 de abril de 2008, por la juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Olga Sánchez Contreras.
El desistimiento de Calderón escaló la confrontación entre los dos países. “El caso de Florence Cassez se ha convertido en una espina en las relaciones bilaterales. Hay que arreglarlo lo antes posible”, comentó Sarkozy a Calderón. Fue el 18 de mayo de 2010 y ambos sostenían una reunión privada en uno de los salones de la Feria de Madrid, en la capital española, sede de la Sexta Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe-Unión Europea.
Sarkozy reiteró su petición: aplicar el Convenio de Estrasburgo para que Cassez cumpliera su condena en Francia. Calderón se mantuvo en su postura. Explicó que “las diferencias sustantivas en los sistemas jurídicos de ambos países impiden garantizar el cumplimiento de la pena en Francia y, como consecuencia, la imposibilidad de México para otorgar su consentimiento” al traslado de Cassez a su país, según informó la Oficina de la Presidencia de México en un comunicado.
Pero, de acuerdo con una fuente diplomática, Calderón ofreció una salida: “Cassez no ha agotado todas las instancias legales en México a las que tiene derecho. Aún le queda el amparo constitucional”, expuso a Sarkozy. Y prometió: “Mi gobierno dará seguimiento al proceso y la Constitución le garantiza a la señora Cassez un juicio justo y objetivo”.
Después de que las autoridades mexicanas afirmaban que el de Cassez era un “caso juzgado”, Calderón ofrecía una salida legal y política. Dio a entender que dejaría trabajar a la justicia sin meter las manos. Al menos así lo interpretó el gobierno francés, que, a partir de ese momento, aconsejó a Agustín Acosta presentar el amparo constitucional, agregó la fuente.
Pero, de nueva cuenta, Calderón salió en defensa de García Luna y gestionó que el Poder Judicial ratificara la sentencia contra Florence Cassez, en lo que no sólo la defensa, sino la Pastoral Penitenciaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, considera como una “violación a los derechos humanos” de la sentenciada al existir irregularidades en su proceso penal.
Después de analizar el expediente del caso, Pedro H. Arellano Aguilar, secretario adjunto y abogado de la Pastoral, cuestiona la “prueba circunstancial” construida para sentenciar a Cassez. “El único argumento que ha dado el Tribunal Colegiado es que los testigos la inculpan. Pero no tomó en cuenta que se prestaron al montaje, por lo que sus acusaciones no son creíbles y mucho menos constitucionales”.
Los magistrados pasaron por alto el “desaseo jurídico” que hubo en la actuación de la Agencia Federal de Investigación (AFI) –entonces a cargo de García Luna– cuando detuvieron a Cassez y a Vallarta el 8 de diciembre de 2005, dice Arellano, quien además cuestiona que no haya operado el principio de duda razonable que habría beneficiado a la ciudadana francesa.
No sólo esa instancia de la Iglesia católica ha advertido violaciones al proceso judicial. También lo han hecho el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que el 25 de noviembre pasado, como terceros interesados, presentaron un Amicus Curiae –una opinión voluntaria en el litigio– ante el Séptimo Tribunal Colegiado para argumentar violación al debido proceso en el caso.
Ese ha sido uno de los principales argumentos de la defensa que patrocina Agustín Acosta, quien asegura que los magistrados del Tribunal Colegiado “no contrastaron los argumentos del amparo, sino que se refirieron a cosas distintas a las planteadas”. Explica: los magistrados se refieren a “detención ilegal”, cuando lo que se alegó fue la “retención ilegal” de Cassez por 20 horas, lo que tiene efectos diferentes en el proceso.
Dice que al desechar las pruebas sobre la escenificación preparada por García Luna validaron no sólo la retención, sino todos los cargos, a pesar de las inconsistencias de los testimonios. “No quisieron tomar en cuenta el montaje porque iba a quedar demostrada la mala fe no sólo de la AFI y del Ministerio Público federal, sino del propio Poder Judicial”, dice Acosta.
Un proceso desaseado
La defensa de Cassez presentó 17 argumentos de violación en la solicitud de amparo, referidos a la violación al artículo 14 de la Constitución sobre el debido proceso; el 20, de defensa adecuada; el 21, sobre los principios de la actuación de las instituciones policiales; el 22, sobre la prohibición de tormentos; y el 133, alusivo a la vulneración de derechos sustantivos y garantías procesales establecidas en convenciones y tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Además, alegó violaciones al Código Procesal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Los magistrados desestimaron los agravios por “infundados” e “inoperantes”, pues aseguraron que “fue detenida en flagrancia”, “declaró con entera libertad” y que no fue puesta de inmediato a disposición del Ministerio Público “por causas de fuerzas mayor” porque se trataba de “preservar la vida e integridad física de los secuestrados”.
Añadieron que a pesar de que las víctimas “nunca le vieron el rostro”, dieron características físicas que coinciden con las de ella y que si al Ministerio Público “no (le) fue posible” comunicarse con el consulado francés, la autoridad ministerial no estaba obligada a esperar a que la embajada francesa o el consulado la asesoraran.
De los videos que demostraron el montaje, aseguraron que no fueron tomados en consideración “ni en (su) perjuicio ni en (su) beneficio” porque “fueron editados”.
En respuesta a los magistrados, Agustín Acosta reitera que dos de las víctimas –Cristina Ríos Valladares y su hijo menor, Christian Hilario Ramírez Ríos– no mencionaron en sus primeras declaraciones ministeriales a Florence Cassez, pero cambiaron sus testimonios justo después de conocerse el montaje.
En el caso de Ezequiel Elizalde, que para el Tribunal Colegiado fue fundamental, Acosta asegura que su testimonio no es creíble porque mintió al presentar una mancha en el dedo como consecuencia de una lesión causada por inyección de anestesia; aunque no “hay ninguna prueba pericial que lo corrobore”. En cambio, dice, la defensa aportó la prueba médica para desvirtuar esa afirmación, sin que el Ministerio Público objetara la probanza.
Añade que Elizalde “ofreció tres versiones distintas sobre el momento de la inyección y presentó dos versiones sobre la causa de una lesión en su frente; primero dijo que se la habían causado sus plagiarios y luego que fue golpeado por agentes de la AFI”. Las tres personas, cuyo secuestro se le atribuye a Cassez, viven ahora en Estados Unidos.
El litigante insiste en que la defensa no se basó en el montaje, aunque deja ver la ilegalidad con la que se condujo la autoridad, pues la “recreación” para la televisión se hizo un día después de su detención. Destaca que el cambio de los testimonios de los testigos debe valorarse a partir de esa prueba. Más aún, dice, los testigos participaron en una información, difundida “en vivo”, que resultó falsa.
“Eso técnicamente los convierte en actores de la escenificación y en cómplices, voluntarios o involuntarios, de la irrealidad urdida por la policía federal. Ese dato pone en duda su credibilidad, pues permite presumir una colusión para escenificar su rescate”, afirma. l
El extraño caso de Ezequiel
Homero Campa y Jorge Carrasco
Para sustentar la acusación de secuestro contra Florence Cassez, el testimonio de una de sus supuestas víctimas, Ezequiel Yadir Elizalde Flores, fue clave. Este joven –ahora de 27 años– es el único de los secuestrados que desde su primera declaración ministerial acusó a Cassez de ser una de sus captores.
Según su testimonio –contenido en la averiguación previa PGR/SIEDO/UIES/ 190/2005–, el 4 de octubre de 2005 estaba en el billar Elimen, en la colonia San Miguel Jacalones de Chalco, Estado de México. Trabajaba en ese establecimiento, propiedad de su padre, Enrique Elizalde Menchaca. Como a las 10 de la mañana, tres hombres armados entraron al establecimiento y amarraron a tres adolescentes que jugaban y a uno de los empleados.
El “jefe” del grupo amagó a Ezequiel con una pistola escuadra: “Hijo de la chingada. Dame tu cartera. No toques la alarma que está debajo del mostrador. Quita el pie de ahí. Vámonos para fuera”.
Refiere que los hombres lo subieron a una camioneta Chevrolet Express Van gris y lo llevaron a una casa de seguridad, que después la policía ubicó en el número 54 de la avenida Xochimilco, en el pueblo de Santa Cruz Xochitepec. Ahí se encontró con otros dos secuestrados: Cristina Ríos Valladares y su hijo Cristian Hilario Ramírez Ríos. Después todos ellos fueron llevados al rancho Las Chinitas.
Fue ahí donde Genaro García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y su colaborador Luis Cárdenas Palomino, actual coordinador de Seguridad Regional de esa secretaría, organizaron el montaje de rescate que fue transmitido en televisión la mañana del 9 de noviembre de 2005.
En su primera comparecencia ministerial, Ezequiel identificó a Israel Vallarta –el novio de Florence– como el jefe de la banda que lo secuestró y reconoció la voz de la francesa como la de uno de sus captores. Dijo que la mujer “hablaba con acento extranjero, al parecer de origen francés, ya que arrastraba la ‘r’”. Sostuvo que le llevó unos sándwiches y que le recomendó no hacerse “el héroe” ni hacer “pendejadas” porque “si no, íbamos a acabar mal”.
También dijo que llevaba pasamontañas y lentes negros, pero se asomaba parte de su “cabello teñido color güero”. Afirmó que tres días antes de que lo rescataran “la mujer con acento extranjero” le dio un “piquete” en el meñique izquierdo que le dejó una cicatriz (la cual posteriormente resultó ser una marca congénita). Además lo amagó con enviarle un “regalito a su papá” y le dio a escoger entre un dedo o una oreja.
Inconsistencias
Pero el caso de Ezequiel tiene aspectos que lo hacen, por decir lo menos, extraño.
En su primera declaración ministerial, Israel Vallarta sostuvo que el jefe de la banda no era él, sino un individuo al que identifica como Salustio, quien le confesó que secuestró a Ezequiel “por un asunto personal” con el padre de éste, Enrique Elizalde Menchaca.
Vallarta narró lo que le dijo Salustio: que “algunos años atrás se había aventado un jale, es decir, un secuestro” con Elizalde Menchaca, pero “ese cabrón lo había bailado y lo único que quería era recuperar su dinero que le había tocado por dicho secuestro”.
También le comentó que el papá de Ezequiel “era muy bueno para colgarse de los teléfonos y para grabar llamadas y que en alguna ocasión la policía lo había levantado, pero por haber soltado un billete lo dejaron libre”.
La esposa de Ezequiel, Karen Pavlova Gachuz Gómez, de origen ruso, declaró ante el Ministerio Público (averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/190/2005) que escuchó algunas conversaciones entre su suegra, Raquel Flores Martínez, y el jefe de los secuestradores.
En una de ellas Raquel le pide que no vaya a lastimar a su hijo. Y agrega: “Lo que vaya a pagar el señor Elizalde, que lo pague él, no mi hijo”, lo que refuerza la primera declaración de Vallarta en el sentido de que el secuestro era un “asunto personal” entre el jefe de la banda y el padre de Ezequiel.
Más aún, Pavlova recordó otras conversaciones en las que el secuestrador se quejaba con Raquel Flores de que Elizalde Menchaca había desconectado sus celulares y no quería pagar el rescate.
–Pero yo no tengo el dinero que quieren –explicó la señora.
–No, doña Raquel. Yo a usted no le voy a pedir nada –contestó el secuestrador–. Yo sé la alimaña que es ese hijo de su chingada madre (en referencia a Elizalde Menchaca) y sé todo lo que le quitó.
Y agregó: “Usted cree, doña Raquel: me dijo ese cabrón que no tiene dinero”.
–¿Eso le dijo, señor, que no tiene dinero..? –exclamó escandalizada la madre de Ezequiel.
En su declaración, Pavlova dice que se sorprendió de escuchar a su suegra “muy tranquila”. Era, dijo, como si “conociera al secuestrador”.
Los familiares presentaron la denuncia del secuestro de Ezequiel en el Estado de México. La PGR atrajo el caso porque estaba vinculado al de Valeria Cheja Tinajero, secuestrada por la banda llamada Del Zodiaco. A partir de ese momento Elizalde Menchaca desapareció durante casi dos meses. Reapareció cuando su hijo fue liberado.
Llama la atención el monto que los secuestradores pedían por Ezequiel: 2 millones de dólares, cifra elevada en comparación con lo que pidieron por otros secuestrados: por Valeria Cheja, 5 millones de pesos (aunque terminaron por aceptar 180 mil pesos), y por Cristina Valladares y su hijo, 15 millones de pesos.
El 9 de diciembre de 2005, al rendir una de sus declaraciones ministeriales, Ezequiel apareció golpeado. El expediente asienta que tenía un vendaje en la cabeza y que se quejaba de dolor en la espalda, piernas, cabeza y abdomen. Además “se aprecian heridas en rodilla izquierda y espinilla izquierda”.
En una declaración posterior refirió: “Cuando llegaron los de la AFI me apuntaban con sus armas y me golpeaban. Me preguntaban ‘¿cómo te llamas?’. Hubo jalones y me golpearon hasta que una de las AFI dijo ‘es víctima’”. Pensaron que era el cuidador de los secuestrados.
La periodista Anne Vigna, autora del libro Fábrica de culpables: Florence Cassez y otros casos de la injusticia mexicana, dice a Proceso que el 2 de marzo de 2006 Ezequiel hizo una nueva declaración ministerial en la que expresó que en una fiesta se presentaron dos personas que fueron invitadas por su suegra y su cuñado. Las identificó por sus apodos: El Norteño y El Jaime. Declaró que los dos estuvieron implicados en su secuestro pero no fueron investigados.
Anne Vigna recuerda lo que le comentó Alejandro Cortés Gaona, abogado de Israel Vallarta: que uno de esos individuos se parece a Alejandro Mejía Guevara, cuñado de Israel Vallarta y quien era el titular del contrato de arrendamiento de la casa de seguridad de Xochimilco en la que Ezequiel, Cristina y su hijo estuvieron cautivos.
A su vez Mejía Guevara es amigo de los hermanos Marco Antonio y José Fernando Rueda Cacho, quienes participaron en el secuestro de Valeria Cheja. Sin embargo, señala Anne Vigna, los Rueda Cacho están libres. La PGR realizó un cateo en su casa y encontró un Volvo gris plata que fue usado en el secuestro de Valeria Cheja. Sin embargo no se ejerció acción penal en su contra.
Ezequiel se fue a vivir a Estados Unidos. Anne Vigna y Gilles Jacquier lo entrevistaron en Laredo, Texas, para el programa Enviado especial del Canal 2 de la televisión francesa.
En dicho programa –transmitido en noviembre de 2009– Ezequiel cae de nuevo en contradicciones: dijo que estudiaba criminología y derecho en la Texas A&M International University, pero su nombre no aparece en los registros escolares y profesores ni personal directivo lo conocen. Afirmó que acostumbraba estudiar en la biblioteca de la universidad, pero se le vio desubicado cuando entró con los periodistas a ese lugar; luego dijo que en realidad estaba estudiando por internet, pero se mostró titubeante cuando manejó una computadora y no exhibió una sola página relativa a sus materias.
Dijo a los periodistas que cuando estuvo secuestrado vio la cara de Cassez, pero esa afirmación no aparece en sus declaraciones ministeriales. Y mostró de nuevo la pequeña marca en su meñique izquierdo como prueba de que la francesa se lo inyectó para amputárselo, a pesar de que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal practicó un examen médico que demostró que esa mancha es congénita. l
Acción legal desde París
Anne Marie Mergier
La forma en que ensuciaron el caso Cassez el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el jefe de la AFI, Luis Cárdenas Palomino, ya tiene enfrentado a Felipe Calderón con el mandatario francés Nicolas Sarkozy. Y el conflicto puede agravarse: el abogado Frank Berton sólo espera tener en sus manos la ratificación de la sentencia de 60 años de cárcel a Cassez para demandar en su país a los dos mandos policiacos por falsificar documentos judiciales y utilizarlos en el proceso contra su defendida.
PARÍS.- Desde hace dos años Frank Berton, abogado francés de Florence Cassez, amenaza con demandar ante la justicia de su país a Genaro García Luna y a Luis Cárdenas Palomino; pero hasta la fecha se ha abstenido de hacerlo.
El pasado 14 de enero, después de la reunión del presidente Sarkozy con los padres de la acusada y en la que él también participó, Berton declaró en el mismo patio del Palacio del Elíseo que ya tenía todo listo para emprender una acción judicial contra el secretario de Seguridad Pública y el jefe de la Agencia Federal de Investigación de México.
En entrevista con la corresponsal el miércoles 16, el abogado ofrece más detalles y revela entretelones insólitos del enredo político, diplomático y judicial en el que se enfrascaron los dos gobiernos.
–Ya lleva casi dos años hablando de estas demandas… ¿Ahora va en serio?
–Tenía razones de sobra para hacerlo, pero no quise que estas demandas fueran interpretadas como presión o injerencia en la instrucción del caso de mi clienta. Me abstuve por respeto hacia la soberanía de la justicia mexicana. Pero ahora la situación es distinta.
–¿Es decir…?
–El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito (en México) acaba de rechazar el amparo de mi clienta. Ya no le queda recurso judicial alguno; su condena es definitiva. Desde el pasado 10 de febrero tengo las manos libres para demandar a estos dos personajes por falsificación de documentos judiciales y uso de estos documentos falsificados, ante el procurador de Justicia de Paris, Jean Claude Marin. El artículo 441- 4 del Código Penal francés considera la falsificación de documentos judiciales como un crimen, lo castiga con 10 años de prisión y una multa de 150 mil euros. Se aplican las mismas penas para el uso de estos documentos falsificados.
Dicho código autoriza a los ciudadanos franceses a demandar a un extranjero por un crimen cometido en su contra en cualquier parte del mundo. Esa demanda debe ser presentada en el Palacio de Justicia de París, ante el procurador general. En caso de que Jean Claude Marin dictamine que la queja es justificada, confiará el expediente a un juez de instrucción que convocará a García Luna y a Cárdenas Palomino para interrogarlos sobre los delitos mencionados en la demanda interpuesta por Berton.
Ya en esta situación, si los acusados no se presentan en el Palacio de Justicia de París, el juez lanzará una orden internacional de detención en su contra mediante la Interpol. Una medida como esa por lo menos impediría que García Luna y Cárdenas Palomino salieran de México.
En tanto, el procurador general, Jean Claude Marin, conoce de sobra el expediente de Florence Cassez porque viajó varias veces a México para tratar el asunto. Su primera estadía en el Distrito Federal fue a principios de 2009 , en vísperas de la visita oficial de Nicolas Sarkozy. Hasta donde se puede saber, Marin entendió que se podía solucionar el problema y envió un mensaje en ese sentido al presidente francés. Pero Florence fue condenada a 60 años de cárcel.
Marin volvió dos veces a México para participar en la Comisión Bilateral encargada de reflexionar sobre una posible aplicación del Convenio de Estrasburgo en este caso. Sus esfuerzos para convencer a sus homólogos mexicanos de autorizar el traslado de Cassez a una cárcel francesa fueron vanos.
–¿A qué se refiere concretamente cuando habla de falsificación de documentos judiciales y uso de estos documentos falsificados?
–Me refiero a la falsificación flagrante del acta de detención de Florence Cassez y al uso de ese documento falsificado como base para lanzar un proceso judicial en su contra y condenarla definitivamente a 60 años de cárcel. El acta de detención que se exhibe está fechada el 9 de diciembre de 2005, pero en realidad mi clienta fue detenida el 8. Viajé a México en agosto pasado para trabajar sobre el amparo que junto con los abogados mexicanos Agustín Acosta y Horacio García interpusimos.
“Nos ayudó mucho analizar el expediente de la demanda que el periodista Pablo Reinah, de Televisa, presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (García Luna acusó al reportero de haberle pedido la escenificación de la detención de Cassez y su novio, Israel Vallarta. Reinah fue despedido de Televisa). Sus declaraciones nos permitieron establecer que Florence Cassez fue detenida el 8 de diciembre de 2005, y no el 9 en la madrugada, como siempre pretendieron las autoridades. Lo sabíamos. Es lo que mi clienta repetía.
“Sabíamos también, de la boca misma de García Luna y del procurador Daniel Cabeza de Vaca, que su detención televisiva había sido una mera escenificación. En el video de ese show mediático resulta evidente el papel de realizador de Luis Cárdenas Palomino. Pero nos faltaban elementos claves, que descubrimos en el expediente de Reinah, para determinar el día de la detención de Cassez”.
Berton señala que, a partir de la falsificación de la fecha de su detención, “voy a poder demandar a García Luna y a Cárdenas Palomino en Francia. También figurará en el expediente la violación de los derechos consulares de Florence. Fue detenida el 8, y fue hasta el 9 de diciembre, al final de la tarde, que se avisó a la embajada de Francia”.
Sostiene que detallará “todas las consecuencias que tuvo esta falsificación: la escenificación de la detención es grave y patética, pero judicialmente la falsificación del acta de detención por parte de funcionarios públicos es un delito; Luis Cárdenas Palomino coordinó el operativo y Genaro García Luna validó el acta de detención a sabiendas de que se trataba de un documento falsificado.
“¿Sabe usted con qué argumento el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de México, desechó nuestra acusación de falsificación de la fecha de detención?” –pregunta a su vez.
–¿Cuestionó los elementos que descubrieron en el expediente de Pablo Reinah? –aventura la corresponsal.
–De ninguna forma: admitió la fecha, pero explicó que los policías habían actuado así por causa de fuerza mayor. ¿Y cuál era esa fuerza mayor? Obligar a Florence Cassez y a Israel Vallarta a actuar en un reality show infame.
–¿Qué otros argumentos presentó la justicia mexicana para rechazar el amparo?
–No lo sé.
–¿No leyó el acta oficial, en la que fundamenta su decisión?
–Agustín Acosta lleva seis días esperando ese documento. En vano. Sólo nos enteramos de las motivaciones del Séptimo Tribunal por el cable de la AFP (Agence France-Presse). Florence se enteró de su destino por televisión. Es la primera vez en mi carrera de abogado que me pasa eso. Horacio García y Agustín Acosta no dan crédito... Me urge tener ese documento porque es indispensable para presentar mi demanda ante Jean Claude Marin. Es capital que tenga acceso a los la argumentos que expuso la justicia mexicana para ratificar esa condena a 60 años de cárcel.
“Gracias a la AFP nos enteramos de que la única excusa que encontraron las autoridades policiacas y judiciales para justificar la violación de los derechos consulares de mi clienta fue que se había intentado hablar por teléfono a la embajada y que nadie contestó”.
Sereno al principio de la entrevista, Frank Berton se va indignando conforme responde las preguntas.
–Sé que debo mantener la calma, pero ese caso es realmente surrealista. También necesito tener el texto de la decisión del Séptimo Tribunal para poder hacer llegar a la justicia mexicana mi petición oficial de traslado de Florence Cassez a una cárcel francesa, en aplicación del Convenio de Estrasburgo.
“No entiendo por qué en su rueda de prensa del pasado 14 de febrero el embajador (Carlos de) Icaza se dio el lujo de rechazar ese traslado antes de que yo haya enviado la solicitud. Sólo corresponde a la máxima autoridad judicial mexicana expresarse al respecto, no a un embajador. Y si se vuelve a rechazar el traslado de Florence Cassez, necesito saber con qué argumento se justifica la no aplicación del Convenio de Estrasburgo.
–Pero usted debe conocer estos argumentos porque su solicitud ya fue rechazada en 2009.
–No los conozco. Nunca recibimos notificación oficial escrita que justificara la no aplicación del Convenio de Estrasburgo. Nos enteramos de esa negativa escuchando la declaración de Felipe Calderón al respecto.
“El único documento mexicano que tengo sobre un eventual traslado de Florence Cassez a una cárcel francesa es la carta personal que el presidente Calderón envió al presidente Sarkozy pocos días antes de la visita oficial de éste a México. En esa carta decía que en la hipótesis de que Florence Cassez estuviera condenada, no se opondría a la aplicación del Convenio de Estrasburgo en materia de repatriación. Es el único documento mexicano que tengo con respecto a su traslado”.
–Después de la declaración oficial del presidente Calderón en la que rehusó ese traslado, ¿la Procuraduría General de la República (PGR) no hizo llegar un documento oficial a la justicia francesa o a los abogados de la condenada?
–No. Nunca recibimos explicación escrita sobre esa negativa.
–¿Usted había enviado a las autoridades judiciales mexicanas una solicitud oficial de aplicación del Convenio de Estrasburgo?
–No.
–Entonces es lógico que no haya habido respuesta oficial…
–No estoy de acuerdo. Felipe Calderón se tomó el trabajo de escribir una carta personal a Nicolas Sarkozy para decirle que estaba a favor del traslado; lo mínimo que podía hacer es escribirle otra carta personal para explicarle por qué cambió de parecer.
Cartas presidenciales
El viernes 18, dos días después de la entrevista con Berton, la embajada mexicana en Francia difundió un comunicado de prensa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el que se reitera que Cassez no podrá beneficiarse del Convenio de Estrasburgo y argumenta esa posición. La SRE menciona también una carta enviada al respecto el 22 de julio de 2009 por el presidente Calderón a Sarkozy.
En un segundo encuentro, por la tarde del mismo viernes 18, Frank Berton aclara a la corresponsal:
“Me acabo de enterar de la existencia de esa misiva. El presidente Sarkozy me entrega los documentos que considera oportuno que conozca. Desde esta mañana tengo la traducción al francés del texto. Quisiera precisar, sin embargo, que el presidente Calderón anunció oficialmente que no se trasladaría a Cassez a Francia el 22 de junio de 2009. Lo hizo en una breve alocución televisiva y fue sólo un mes después que escribió al presidente Sarkozy.”
Pero para Berton “la misiva importante” es la que Felipe Calderón envió a Nicolas Sarkozy el 6 de febrero de 2009. “Esa carta fue escrita antes del viaje de Sarkozy a México y antes del segundo juicio de Cassez, que desembocó en una condena a 60 años de cárcel. Fue Calderón quien se refirió primero al Convenio de Estrasburgo.
“El último párrafo (de la carta de Calderón) dice textualmente: En segundo lugar, una vez que la defensa de la señora Cassez Crepin agote los recursos que la ley mexicana le concede y en el caso de quedar firme una sentencia condenatoria, se podrá explorar la aplicabilidad del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, adoptado en Estrasburgo, Francia, el 21 de marzo de 1983. Este tratado, del cual Mexico y Francia son Estados partes, permite el traslado del sentenciado a su país de origen para cumplir la sentencia, siempre y cuando la señora Cassez Crepin así lo solicite expresamente.
“En otras palabras, el presidente Calderón dijo al presidente Sarkozy: dejemos que la justicia mexicana haga su trabajo, y si Florence Cassez resulta definitivamente condenada, siempre nos quedará un último recurso: el Convenio de Estrasburgo. Fue lo que entendí yo. Fue lo que entendieron las autoridades diplomáticas y judiciales francesas que siguen ese caso. Y, sobre todo, fue lo que entendió el presidente Sarkozy, quien con base en esa carta convenció a Cassez de no apelar su condena a 60 años, obligándola a acatar implícitamente esa condena para poder beneficiarse del Convenio de Estrasburgo”.
–En el comunicado de la SRE difundido hoy en Francia por la Embajada de México se le resta importancia a esa carta y se enfatiza que sólo se habla de “explorar la aplicabilidad” del convenio.
–Es absurdo. ¿Por qué Calderón hubiera tenido el cuidado de referirse ampliamente a un convenio inaplicable en una carta a Nicolas Sarkozy? ¿Cómo se atreve a decir la SRE que el presidente Calderón no hablaba en serio cuando recordaba al presidente Sarkozy la importancia de ese convenio?
–Después de esa última declaración tajante de la SRE, usted sigue con la idea de pedir, esta vez oficialmente, el traslado de su clienta?
–Más que nunca. El único recurso que le queda es el Convenio de Estrasburgo. No me corresponde pedir su aplicación. Es la responsabilidad del Ministerio de Justicia de Francia, que sólo espera que la PGR de México tenga la cortesía de enviarle el juicio emitido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para entregarle a su vez esa solicitud oficial de traslado de Florence Cassez. No hay paso atrás.
“Dos pesos, dos medidas”
Durante la entrevista del miércoles 16 la corresponsal le comentó a Berton lo insólito de que, en una solicitud de aplicación de un convenio bilateral, los abogados de Florence Cassez o las autoridades judiciales francesas no hubieran hecho llegar a la PGR un documento oficial.
Respondió: “En ese entonces no estábamos todavía en el marco de un litigio judicial. El ambiente era más bien informal. Sarkozy pensaba poder arreglar el asunto con Felipe Calderón y le parecía que la mejor manera de hacerlo era a través del Convenio de Estrasburgo. Desde la Residencia de Francia en México, donde se hospedaba, habló largamente por teléfono con Florence Cassez para convencerla de renunciar al amparo, de acatar su condena a 60 años y de pedir su traslado. Estábamos en busca de solución, un gentleman agreement; en ese contexto estaba fuera de lugar presentar una solicitud oficial. Ahora es distinto. Estamos en pleno litigio judicial. Necesito el acta oficial del Séptimo Tribunal que condena definitivamente a mi clienta para poder presentar a mi vez una solicitud oficial de traslado. El argumento del presidente Calderón y del embajador Icaza es que no existe en Francia una pena de 60 años. Pero tenemos algo peor: cadena perpetua.
–Eso es meramente teórico. Los crímenes por los cuales Florence Cassez está condenada a 60 años en México están castigados por mucho menos años de prisión.
–Está equivocada. No hablamos de la aplicación de una pena por un delito particular; estamos hablando de equivalencia entre penas. Cadena perpetua corresponde ampliamente a 60 años de cárcel para una persona de 36 años.
–Si sigo su razonamiento, la única forma de obtener el traslado de Florence Cassez a Francia sería asegurar que pasara el resto de sus días en la cárcel.
–Así es.
–¿Quién va a creer ese cuento? Cuando Felipe Calderón pone en tela de juicio las condiciones del traslado de Florence Cassez a Francia sugiere que ella pasará un tiempo simbólico en prisión y que luego se beneficiará del derecho de gracia que tiene el presidente francés. Sarkozy lleva tres años afirmando su fe en la inocencia de su compatriota. Es lógico pensar que no la dejará en la cárcel.
–Usted está sugiriendo que Felipe Calderón sospecha que el presidente Sarkozy tiene mala fe. De todos modos las autoridades mexicanas tienen una política de dos pesos, dos medidas. Cuando piden a Estados Unidos el traslado de sus nacionales condenados a muerte, su argumento principal es que en México no existe la pena capital. ¿Dónde está la lógica en todo esto?
Una llamada telefónica interrumpe la plática. Es Florence Cassez, que llama desde la cárcel de Tepepan, en el Distrito Federal. Diez minutos después, Frank Berton retoma la entrevista. Se ve enojada.
“Algunos periódicos mexicanos publican fotos de la vida privada de Florence Cassez que fueron sacadas de su expediente judicial. Es lamentable.
“Según me dice Florence, hay una violenta campaña de prensa contra Francia en México. No estoy en contra de las críticas, pero me interesaría ver también algunas notas sobre les esfuerzos desplegados por Nicolas Sarkozy para lograr un mayor acercamiento entre Francia y México. Fue gracias a Nicolas Sarkozy que Felipe Calderón encabezó con Angela Merkel una importante comisión del G20. Y también fue a iniciativa de Nicolas Sarkozy que en el marco de la Cumbre de Cancún sobre el cambio climático Francia otorgó a México un préstamo de 500 millones de dólares para estimular su política ecológica.
–¿Qué relación tienen estas medidas con el caso de Cassez?
–Demuestran que a Francia no le interesa un conflicto absurdo con México. Sólo busca una solución justa para una de sus ciudadanas, cuyos derechos elementales no han sido respetados.
Guerra de ambiciones
Jenaro Villamil
La mayor empresa mexicana de telefonía está en guerra con el consorcio líder de la televisión nacional. Así, Telmex y Televisa pelean en varios frentes por controlar el mercado de las telecomunicaciones, en el que se incluyen los servicios del llamado triple play y donde Carlos Slim no ha podido desarrollarse a sus anchas por la oposición de Televisa. La guerra de ambos gigantes ambiciosos ya se desató en el terreno mediático. Su episodio más reciente y notorio es la cancelación de la pauta publicitaria de Telmex y Telcel en la empresa de Emilio Azcárraga Jean.
Luego de cuatro años y medio de incumplimiento del Acuerdo de Convergencia –dado a conocer en octubre de 2006–, la disputa entre Telmex y Televisa pasó de las batallas jurídicas a una guerra en los terrenos publicitario y mediático, que alcanzó su punto máximo con la suspensión de anuncios de las empresas de Carlos Slim a los canales de Emilio Azcárraga Jean.
Como lo adelantó Proceso (1789), Telmex, Telcel y otras empresas del Grupo Carso (Sanborns y Sears entre ellas) confirmaron que desde el pasado martes 1 suspendieron su pauta publicitaria en Televisa, lo que podría significar la disminución de poco más de mil 800 millones de pesos anuales para las señales abierta y restringida que domina Azcárraga Jean.
“Es un tema de precios. Se incrementaron las tarifas y desde principios de febrero no nos anunciamos. Por ahora los anuncios están suspendidos”, confirmó a Proceso una fuente interna de Telmex.
Telcel es el tercer cliente que más invierte en televisión (en Televisa y TV Azteca, principalmente) mientras Telmex es el cliente número 14 en la lista de anunciantes televisivos más importantes.
El registro público más reciente (de finales de 2010) del costo de los espacios de Televisa en el horario triple A –el de mayor audiencia– del Canal
La suspensión publicitaria de Telmex y Telcel coincidió con la demanda interpuesta por el equipo jurídico de Televisa contra la sociedad Dish México (MVS-EchoStar-Telmex) ante la Comisión Federal de Competencia (Cofeco).
También coincidió con el recrudecimiento de una “guerra de desplegados” encabezada por la Cámara Nacional de la Industria de la Televisión por Cable (Canitec) dirigida por Alejandro Puente y dominada por las tres subsidiarias de Televisa (Cablevisión, TVI y Cablemás).
La Canitec acusó a Telcel –la empresa de telefonía móvil más importante del país– de ofrecer tarifas de interconexión 127% más caras y advirtió que rechazará “cualquier acto unilateral del operador dominante de telefonía móvil (Telcel) para imponer condiciones de interconexión en perjuicio de la competencia”.
Por primera vez desde que empezó el conflicto, Telmex decidió responder también públicamente a la acusación de Televisa de que su sociedad en Dish México viola la prohibición de su título de concesión para ofrecer servicios de televisión restringida:
“Telmex no participa ni directa ni indirectamente en el capítulo de Dish México. En el futuro, podríamos participar directamente en una inversión conjunta con Dish México, en caso de que sea aprobada por las autoridades correspondientes, como Telmex lo ha comunicado reiteradamente en sus reportes bursátiles, incluyendo nuestros reportes a la US Securities and Exchange Commision (SEC) y a la Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (BMV) que han estado publicados en nuestra página de internet.
“Cabe resaltar que las operaciones descritas en este documento con Dish México han sido debidamente conocidas y autorizadas por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco)”, advierte en su punto 3 el desplegado firmado por Francisco Islas Mancera, representante legal de Telmex.
El recrudecimiento de esta guerra corporativa coincidió además con el escándalo del caso de Carmen Aristegui. La conductora de MVS Radio salió del aire el pasado lunes 7 y volverá a la estación de la familia Vargas el próximo lunes 21, según comunicado conjunto que ambas partes dieron a conocer el martes 15.
En ese texto ya no se mencionan la supuesta violación al código de ética en la que habría incurrido Aristegui ni las presiones derivadas del refrendo de las concesiones de MVS para explotar más de 70% de los 190 Mhz de la banda 2.5 Ghz, cuya aprobación está pendiente de ser ratificada por Felipe Calderón (Proceso 1789).
El comunicado reconoce que este acuerdo entre Aristegui y MVS es una respuesta a las expresiones públicas de apoyo a la conductora en el país y en el extranjero.
“Con estas decisiones, Carmen Aristegui y su equipo de trabajo, así como MVS Radio, responden de manera transparente y pública a los requerimientos de una relevante porción de radioescuchas y ciudadanos”, afirma el documento de dos cuartillas.
Monopolio de contenidos
Jorge Álvarez Hoth, exsubsecretario de Comunicaciones y promotor del Acuerdo de Convergencia firmado en octubre de 2006, afirmó en su artículo “La guerra” que:
“El trasfondo de todos estos pleitos es el de evitar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Cofetel y la Cofeco acaben avalando el cambio al título de concesión de Telmex tal y como lo prevé el Acuerdo de Convergencia…
“Y se ha intensificado a últimas fechas producto de declaraciones que han realizado los presidentes de Cofetel, Mony de Swaan, y de Cofeco, Eduardo Pérez Motta, reconociendo que sigue siendo un pendiente de la agenda del sector el permitir la convergencia total de todas las redes, incluido Telmex, en la prestación de todos los servicios técnicamente posibles” (Reforma, 16 de febrero de 2011).
Consultado por Proceso, Álvarez Hoth, quien paradójicamente trabajó para Televisa y fue el creador del sistema de televisión satelital Sky, considera que la demanda contra la sociedad MVS-Telmex en Dish México constituye “una cortina de humo, una campaña mediática para que no le cambien el título de concesión a Telmex”.
El exsubsecretario subraya que no es posible desperdiciar la red de Telmex –15 millones 291 mil líneas de teléfono fijo, de las que más de 75% son residenciales– para frenar el avance del triple play en el país y, sobre todo, de la incorporación de la banda ancha en internet.
“El país requiere que se democratice la generación editorial masiva de contenidos para que haya nuevas opciones de opinión pública, no controladas por un solo medio”, advierte Álvarez Hoth.
Los datos de los últimos cuatro años confirman cómo Televisa, que ya posee casi 70% de las señales de televisión abierta, también obtuvo 63% del control directo o indirecto de las compañías de televisión por cable y, a través de ellas, tiene una posición dominante en la empresa PCTV, la que negocia los contenidos de los canales de televisión restringida con más de 90% de las empresas cableras del país.
El monopolio de Televisa en los contenidos mediáticos (en televisión abierta y en señales de paga, en los más importantes grupos radiofónicos y en algunos medios impresos que participan en su agenda) ha crecido en los últimos cuatro años.
En la OCDE México ocupa el tercer lugar entre los países que tienen el menor número de canales nacionales de televisión abierta (3 de Televisa y 2 de TV Azteca), muy por debajo de Japón que tiene 128, Turquía con 23, Estados Unidos e Italia con 9 y Francia con 7.
A pesar de eso Televisa posee más de 80% de la producción de contenidos que llegan a 97.8% de los hogares con señal televisiva, según el último estudio de Mediatelecom, empresa dirigida por Jorge Fernández Negrete.
Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entre 2007 y 2010 se acumularon 364 concesiones para instalar servicio de televisión por cable. Sin embargo sólo cuatro empresas tienen a 63% de los poco más de 6 millones de suscritos. Estas cuatro empresas son las tres subsidiarias de Televisa (Cablemás, TVI, Cablevisión) que tienen 43% de los suscriptores, más Megacable, con 20%. Las cuatro formaron una alianza para dar el servicio de triple play conocido como Yoo.
La única competencia fuerte que Televisa ha tenido de
Sky, subsidiaria de Televisa, tenía 95% de los suscriptores de este sistema, pero su nueva competencia, Dish México, con una oferta más barata y sin los canales de televisión abierta, llegó a 2.2 millones de suscriptores en febrero de 2011.
La disputa en este terreno llegó al veto publicitario. En noviembre de 2010 Televisa no quiso transmitir la campaña de promoción de Dish en sus canales, a pesar de que MVS había pagado por adelantado 10 millones de pesos por el contrato. Sólo TV Azteca aceptó transmitir algunos de esos spots.
TV Azteca ya empezó a dar servicio de televisión de paga, triple play y televisión restringida, pero se ha concentrado en las zonas de ingresos medios y altos en las zonas urbanas.
A través de sus subsidiarias, especialmente Cablemás, de Alejandro Álvarez Figueroa, Televisa tiene el control de la compañía Productora y Comercializadora de Televisión por Cable (PCTV), empresa creada por los cableros para negociar en paquete los canales de televisión restringida. Posee los derechos para comercializar el contenido de 59 canales, muchos de ellos de Televisa (Telehit, Ritmoson Latino, Bandamax, Unicable, Depelícula, Cinema Golden, Telenovelas, Clásicos TV y American Network, entre otros).
Fernández Negrete afirma que PCTV “tiene el poder de un solo comprador en el mercado de contenidos, lo que le da poder total de compra en ese mercado, de manera que pueden fijar el precio y las condiciones de transacción en el mismo, lo que perjudica especialmente a los pequeños productores independientes de contenidos”.
Crisis de telefonía fija
Con el mercado de televisión restringida controlado por Televisa, empresa que ya compite en el terreno de la telefonía y la fibra óptica –áreas específicas de las empresas de Carlos Slim–, Telmex ha resentido una disminución de sus ganancias ante la imposibilidad de participar en el mercado del triple play.
En el cuarto trimestre de 2010 Telmex reportó una caída de 6% en sus ingresos respecto al mismo periodo de 2009. “De forma acumulada, en 2010 los ingresos disminuyeron en 4.6% en comparación con 2009 y sus ganancias netas bajaron 23.9%”, según el propio reporte de la compañía.
Al finalizar 2010 Telmex registró 15 millones 591 mil líneas de teléfono fijo, 291 mil menos respecto a diciembre de 2009.
Un análisis de Jorge Bravo, difundido por Mediatelecom, advierte que para Telmex la contracción de líneas de telefonía fija se inició en 2006. En el primer trimestre de ese año la empresa de Slim registró la cifra más alta de su historia con 18 millones 650 mil suscriptores. Es decir, Telmex ha perdido más de 3 millones de líneas.
Los otros competidores no llegan a tener la cobertura nacional de Telmex y se concentran en las zonas urbanas de ingresos medios y altos. Es el caso de Axtel (1 millón 25 mil líneas), Movistar (496 mil), Megacable (458.6 mil) y las subsidiarias de Televisa: Cablemás (187.7 mil) y Cablevisión (181.4 mil).
“No es posible que la red más importante de telefonía, que llegaba a 19 millones de hogares, no sea utilizada para dar servicios de internet de banda ancha y televisión restringida. El país está perdiendo en materia de triple play”, advierte Álvarez Hoth.
El principal argumento para negarle el cambio de título de concesión a Telmex es que ha incumplido los compromisos de interconexión, una de las tres condiciones que la SCT le puso a la compañía de Slim para ingresar a este mercado.
Es en este terreno donde existen ahora los litigios más fuertes que están en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en el caso de Axtel contra Telcel) y forman parte de la campaña de desplegados periodísticos encabezada por la Canitec y que seguramente arreciará en los próximos días. l
Entrampado
Alejandro Gutiérrez
La expansión de Televisa en Europa enfrenta muchos escollos. Entre ellos su incapacidad para fusionar el canal de televisión La Sexta –del que posee 40.5%– con otros grupos multimedia a fin de hacer frente a la feroz competencia que ya se perfila entre las cadenas de televisión en España. Ante la perspectiva de bajos rendimientos en su inversión, la empresa de Emilio Azcárraga Jean enfrenta un dilema: insistir en la fusión o deshacerse de su participación accionaria en la empresa a la que está asociada.
MADRID.- Al Grupo Televisa le preocupa la rentabilidad de su participación accionaria de 40.5% en La Sexta, cadena de televisión abierta en España, y sus esfuerzos para garantizarla no han dado frutos.
Hasta hace unas semanas, Emilio Azcárraga Jean aún abrigaba la esperanza de convencer a sus socios españoles de fusionarse con Antena 3 Televisión, para conformar un grupo solvente y capaz de enfrentar los retos que el mercado publicitario impone a los consorcios televisivos en España.
Todo indica que la competencia será feroz. En diciembre pasado se concretó la fusión de dos televisoras: Cuatro, del Grupo Prisa, y Telecinco, de Mediaset.
En el Foro Nueva Comunicación, realizado en la capital española el martes 8, José Manuel Lara Bosch, propietario del grupo editorial Planeta y presidente de Antena 3 Televisión, criticó la falta de acuerdo al interior de La Sexta para alcanzar esa fusión.
Mencionó que las negociaciones avanzaron e incluso en la primera reunión se planteó cómo quedaría la distribución accionaria: “Se cerró la ecuación del cambio y eso suele ser lo último que se cierra”.
Parecía que todo estaba listo para el acuerdo “pero a partir de ahí se ha acabado discutiendo de temas muy menores y tengo la sensación de que los han introducido sectores que no están con ganas de acuerdo”, indicó.
Consciente de que la fusión de Cuatro con Telecinco coloca a La Sexta en desventaja, Lara Bosch expuso que mantiene su disposición para suscribir una alianza, siempre y cuando sea “una fórmula en la que al final quede una sola empresa con una gestión empresarial y un plan estratégico claro, sin parcelas y cotos que compliquen la gestión”.
El martes 1 el diario electrónico El Confidencial reveló que en octubre pasado José Miguel Contreras, consejero delegado de La Sexta, le comunicó a Azcárraga Jean que un sector de los inversionistas se negaba a realizar la fusión.
¿A qué se debe que los socios españoles de Televisa se oponen a una negociación que podría ser provechosa?
El periodista Pascual Serrano dice en entrevista que “quizá Jaume Roures –inversionista emblemático de La Sexta– tendrá un prurito ideológico ante esa fusión”. Añade que este empresario de la comunicación fue un activo dirigente trotskista en Cataluña.
Además, menciona que, en diciembre de 2007, El País publicó que La Sexta fue acusada de ser un medio afín al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se dijo que el mandatario le entregó la concesión porque algunos de sus accionistas eran “amigos” y socios de Miguel Barroso, cuando éste aún era secretario de Comunicación.
Otra de las razones para explicar la negativa sería que “Roures piensa que la fusión le puede significar perder más dinero, o que puede conseguir determinados beneficios manteniéndose con la influencia política e ideológica de La Sexta, en vez de dar su brazo a torcer”, plantea Serrano, autor del libro Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles.
Y precisa: “Es cierto que las líneas editoriales de La Sexta y Antena 3 son muy diferentes; baste decir que la directora de Servicios Informativos de Antena 3, Gloria Lomana, es esposa de Joseph Piqué, ministro de Industria durante el gobierno de José María Aznar y actual presidente de la aerolínea Vueling.
Sin embargo, el especialista en medios asegura que “la fusión es inevitable. Eso es lo que confirma que el mercado es incompatible con la competencia”.
Explica: “Es curioso, pero la ampliación del espectro radioeléctrico, que permite más canales en España en la medida en que se pasó del sistema analógico al digital (Televisión Digital Terrestre), a final de cuentas no servirá para aumentar la oferta televisiva. Ello a pesar de que tecnológicamente hay capacidad, porque no existe mercado publicitario para todos.
“Los oligopolios siempre decían que gracias a los mercados se podía permitir la competencia; finalmente, en el caso de la TV son los mercados los que la impiden porque el pastel publicitario no da para todos. Entonces es el mercado publicitario el que va a definir la fusión que se dará.”
Los dineros de Televisa
Una especialista en televisión española explica al corresponsal que tras el desembolso de mil 200 millones de dólares en Univisión, Televisa necesitaba rentabilizar su negocio en España. No obstante, su apuesta se ha topado con múltiples escollos. La televisora inició transmisiones el 27 de marzo de 2006.
Para obtener 40.5% de participación en La Sexta, el consorcio de Azcárraga tuvo que aportar 251.6 millones de euros. Este es el desglose: 105.6 millones en 2006; 65.9 en 2007; 44.4 en 2008, y 35.7 millones en 2009. Los montos y las fechas están contenidos en el informe 2009 de la empresa enviado al regulador de valores estadunidense Securities and Exchange Commission (SEC).
El diario digital El Confidencial reveló en junio pasado que, de acuerdo con datos proporcionados por la SEC, en el primer semestre de 2010 Televisa, en su calidad de socio financiero, le prestó a La Sexta 21.5 millones de euros.
Entre los socios de Televisa en La Sexta se encuentran Gala Capital Partners, firma de capital de riesgo donde confluyen multimillonarios como Alicia Koplowitz o George Soros, quienes poseen alrededor de 9% del capital.
Asimismo, el 50.5% restante está en manos del Grupo Audiovisual de Medios de Producción (GAMP), integrado por un grupo de productores audiovisuales españoles, como Imagina Media Audiovisual, de Jaume Roures, (Mediapro y Grupo Árbol), El Terrat, Bainet y BBK.
En enero pasado, Rafael Carabias Príncipe volvió a España, por instrucciones de Azcárraga, para buscar una fórmula que justifique la inversión. Una fuente cercana a la televisora española comentó que una de las medidas para lograrlo podría incluir la venta de su participación en La Sexta.
Este tamaulipeco, quien durante más de ocho años ha fungido como vicepresidente de Administración Corporativa de Televisa, fue representante de ese consorcio en la televisora española, donde ocupó la dirección financiera, aun meses antes de que iniciara transmisiones.
Contador público egresado de la Universidad La Salle, Carabias ha tenido vínculos con fondos de inversión, Banco del Sureste, Inverlat y Wall Mart México. Además, fue socio de auditoría de PricewaterhouseCoopers.
A mediados de 2010 decidió jubilarse. Ello coincidió con negociaciones aparentemente bien encaminadas con Antena 3. Luego de que éstas fracasaron, Televisa sacó de la comodidad de su retiro a este operador financiero y lo hizo regresar a España, para buscar comprador a su participación, aseguró El Confidencial, el martes 8.
“Dentro de las posibilidades que han tenido en una empresa en la que no representan a la mayoría, él es el único de los mexicanos que tiene un conocimiento realista de las cuentas de La Sexta. Es normal que sea él quien estudie una posible desinversión”, comentó al diario digital una fuente próxima a Televisa.
“No sólo analizará las diferentes alternativas para Televisa, sino que ayudará a diseñar el nuevo business plan de la compañía para los próximos tres años”, añadió.
Apuntalamiento
Sin embargo, Televisa anunció que sostiene negociaciones con varias empresas en España a fin de establecer con ellas alguna sociedad de su filial La Sexta, publicó CNN Expansión.com el 28 de enero pasado.
“Hemos estado platicando con diferentes jugadores del mercado español para fusionar a La Sexta con ellos. La idea es lograr una participación más sólida formando parte de un grupo más grande que pueda competir de una manera eficiente”, dijo una fuente de Televisa a CNN Expansión.com. Pero aclaró que aún no se ha concretado ningún acuerdo.
Este sitio electrónico difundió comentarios de Manuel Jiménez, subdirector de análisis de Ixe Casa de Bolsa, quien planteó que “sería muy positivo si lograran aumentar su participación de mercado en España, tomando una mejor posición; pese a la situación económica de ese país, se trata de un mercado atractivo”.
Un especialista del sector de medios difiere de Jiménez al indicar que sería positivo que Televisa vendiera su participación en La Sexta. “Se trata de un momento en que no le vendría mal hacerse de liquidez, pues acaba de hacer una compra fuerte como la de Univisión”.
Por otra parte, un consultor comenta al corresponsal que Televisa considera la posibilidad de venderle su participación en La Sexta a un banco de negocios de Qatar. Sin embargo, explica, es difícil que alguien compre 40% de acciones de un grupo televisivo en el que no tiene control alguno sobre la gestión.
En el verano de 2009, Carabias encabezó una negociación con el grupo Prisa, cuando se negoció la posibilidad de integrar La Sexta con Cuatro. Con el propósito de apuntalar esas negociaciones, Televisa envió a José Bastón, vicepresidente de Televisión y Contenidos, para presionar con sus socios de Imagina a fin de lograr 60% del holding resultante de la fusión. El problema fue que Prisa pretendía quedarse con el mismo porcentaje del nuevo conglomerado y las negociaciones se congelaron.
Hasta el cierre de esta edición, el área de comunicación de La Sexta no respondió a la petición de entrevista hecha por este semanario. l
Grupo Prisa se mutila para sobrevivir
Alejandro Gutiérrez
El grupo español Prisa (editor de El País) empezó a desmantelarse para liquidar las deudas que lo agobian. Para ello, el directivo principal del consorcio hizo a un lado a la emblemática familia Polanco, la del fundador de la empresa, y se ha dedicado a vender sus impresos, canales de televisión y estaciones de radio a firmas manejadoras de fondos o a sus competidores internacionales, entre ellos Silvio Berlusconi. Los periodistas de la compañía se quejan, protestan y muchos de ellos se preparan para quedar en el desempleo.
MADRID.-Agobiado por una deuda que llegó a rozar los 5 mil millones de euros, el Grupo Prisa tomó una decisión polémica: dar por terminada la era Polanco, la familia fundadora del conglomerado que tiene presencia en 22 países, México incluido.
Los herederos de Jesús Polanco, fundador del Grupo Santillana en 1958, del periódico El País en 1976 y cabeza de Prisa hasta su muerte, el 21 de julio de 2007, aceptaron disminuir de
“Hay que transformar profundamente la cultura empresarial, enraizada en la de una empresa de perfil familiar, para incorporarnos al saber hacer de una multinacional cotizada en los mercados internacionales”, dijo Juan Luis Cebrián, presidente de la Comisión Ejecutiva y consejero delegado de Prisa, durante la sesión extraordinaria de la junta de accionistas el pasado 27 de noviembre.
Así presentó Cebrián la decisión de los accionistas de aceptar la entrada de Liberty Acquisition Holdings, conglomerado de 70 firmas de fondos de inversión y una sociedad dirigida por Martin E. Franklin y Nicolas Berggruen, gestores de fondos de cobertura de Wall Street.
La operación financiera fue complicada: Prisa adquirió 100% de Liberty mediante una ampliación de capital y automáticamente los inversionistas de ésta firma se volvieron accionistas del consorcio español, que obtuvo liquidez inmediata (650 millones de euros) para hacer frente a sus compromisos con los acreedores, entre ellos Santander y HSBC.
El ingreso de estos inversores vino acompañado de un plan de “reestructuración en profundidad que mejore la rentabilidad y la eficiencia operativa del grupo” y para “definir los modelos de negocio en medio del cambio tecnológico”.
Después se supo que este nuevo esquema incluye el recorte de 2 mil 500 empleados en España, Portugal y América Latina.
“Hay mucha preocupación”, “existe una terrible incertidumbre de cuáles son los medios y los departamentos donde se harán los recortes”, “no hay información clara sobre los despidos”, dicen tres periodistas de Prisa –uno de El País, otro de La Cuatro y uno más de Cadena Ser– que hablaron con Proceso a condición de mantener sus nombres en reserva, por el inestable ambiente laboral.
En diciembre pasado el periodista de La Cuatro comentó a este semanario: “¡Vaya Navidades que vamos a pasar!: 127 compañeros a la calle, tanto de La Cuatro como de CNN+ que cierra sus puertas definitivamente”.
“Lamentamos profundamente que se cierren medios y que se desmantele el bagaje periodístico edificado, porque ya empezaron a recortar a gente de mucha experiencia propiciando la prejubilación voluntaria. Eso provoca mucha incertidumbre”, añadió.
Los rumores se disiparon el pasado 25 de enero cuando Prisa anunció el recorte de 18% de su personal –estimado en 14 mil empleados–: 2 mil de sus filiales en España y 500 más en Portugal y América Latina.
La reestructuración del grupo, condicionada por los nuevos inversores y los bancos acreedores, facilitará su “conversión en una compañía de tecnología avanzada orientada al consumidor y potenciará su expansión en los mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, Brasil y México”, anunció Prisa en la junta de accionistas mencionada.
Sobre la expansión en México el área de comunicación de Prisa dice no tener detalles, salvo lo pronunciado en aquella reunión.
El desmantelamiento
La reducción de activos se inició el 28 de septiembre de 2009 cuando Cebrián anunció la venta de 25% del Grupo Santillana a DLJ South American Partners, un fondo de capital privado con participación de Credit Suisse; esa operación le redituó 250 millones de euros a Prisa.
El Grupo Santillana, dice Prisa en su sitio web, es líder en el segmento de texto escolar en España y Latinoamérica, y editorial de referencia en el campo de la creación literaria en lengua española, con más de 128 millones de libros vendidos al año.
El mismo 28 de septiembre Prisa anunció la venta de 35% de su operadora de radio en portugués, Media Capital Radio, a Ongoing Strategy Investments, grupo establecido en Portugal con ramas en telecomunicaciones, servicios financieros, energía y el rubro inmobiliario.
En noviembre de 2010 las autoridades españolas de competencia dieron luz verde a los contratos firmados por Prisa con Telecinco y Telefónica, que supone la entrada de 970 millones de euros por la venta de 22% de la plataforma de televisión de paga del grupo, Digital+, a cada una de dichas empresas.
Además, en diciembre se produjo la integración de La Cuatro con Telecinco, propiedad del consorcio Mediaset, del primer ministro italiano Silvio Berlusconi. Aunque Prisa presentó la decisión como un logro por la creación de una “nueva empresa audiovisual”, los efectos en el gremio periodístico son ensombrecedores.
Estos acuerdos llevaron al cierre definitivo de su canal informativo CNN+, que durante sus 12 años de operación –de acuerdo con la empresa de Ted Turner– se había convertido en un medio de referencia en España.
El pasado 29 de diciembre, al despedir su programa de economía, Benjamín López fue uno de los más críticos: “Probablemente todos pagamos ahora los errores de otros. Pero lo cierto es que una decisión empresarial, que no entiende ni de sueños ni de ilusiones, sino de cifras puras y duras, pone fin a nuestra andadura… CNN+ se apaga para siempre”.
Su señal fue sustituida por el reality show Gran Hermano 24 horas que produce el consorcio de Berlusconi.
A la calle
A principios de enero, en la primera reunión de Prisa con los trabajadores del Comité de Empresa de su periódico, Cinco Días, la directiva puso sobre la mesa el “despido voluntario” de poco más de 20 empleados, pero estiman que la cifra llegará a 67.
Los empleados crearon en Facebook el grupo “No a los despidos en Cinco Días”, donde explican que quieren hacer visible su situación y concientizar sobre el desmantelamiento de ese medio.
Un trabajador de Cadena Ser explica a Proceso que “en la redacción de los informativos hay mucha preocupación, expectativa y también malestar por la falta de información”. Reconoce que en la radio aún no se inicia el recorte.
Añade: “Se entiende que el recorte es parte de una estrategia general que tendrá su punto final hacia marzo de 2012; falta tiempo para ocuparse de ello pero el problema es la falta de información. Lo único que sabemos es que con la llegada de nuevos inversionistas se anunció el recorte de 18% de los trabajadores”.
El pasado 27 de diciembre, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) destacó la “inquietud” que “pesa en la profesión periodística” por la coyuntura que atraviesa Prisa y las reducciones de plantillas.
En un comunicado, la FAPE destacó que la fusión de Cuatro con Telecinco y la entrada de Liberty como accionista de referencia “diluyen su ADN periodístico, debilitando la pluralidad democrática de la escena informativa española”.
Periodistas de larga trayectoria en El País han sido orillados a aceptar prejubilaciones, dice el periodista de ese matutino que habló con este semanario. “Se está desmontando el capital humano con amplia experiencia y larga trayectoria, por gente con menos bagaje y solvencia profesional”, lamenta. “Con este cambio generacional ahora todo es Eskup, blogs y Twitter”.
Fin de fiesta
En su libro Traficantes de información. La historia oculta de los grupos de comunicación españoles (Editorial Foca-Akal, 2010), el periodista Pascual Serrano dice de Prisa:
“El problema de subir muy alto es que, además de ser más dura la caída, todo el mundo te ve cuando te precipitas. Y eso para una empresa que cotiza en bolsa no es bueno. Tras una enloquecida expansión empresarial en la península Ibérica, América Latina y Estados Unidos, Prisa inicia el año 2009 en una situación económicamente desesperante.”
En entrevista telefónica, el martes 8, Serrano sostiene que los recientes movimientos empresariales de Prisa demuestran, con más nitidez, que es un “proyecto netamente empresarial más que periodístico”.
En su opinión en estas decisiones no es relevante el equipo periodístico, sino el “perfil estratégico empresarial”. “De tal manera que es fácil eliminar a determinados periodistas” que no se ajustan “al molde” de periodista del grupo; “el que no se ajusta a sus necesidades estratégicas, se va”.
–¿Hacia dónde va esta alianza Prisa-Liberty?
–Creo que Liberty, con este acuerdo, está buscando abrir puertas en América Latina y en el mundo hispano de Estados Unidos, donde está la primera cantera, el primer caladero de recursos de Prisa. También le son importantes las editoriales; tanto Santillana como Alfaguara dan dinero, son elementos que incidirán mucho.
Añade: “La capacidad de Prisa en América Latina es, ni más ni menos, que sus tentáculos, sus influencias y los amigos que tiene en los gobiernos y en el mundo empresarial. Es decir, en mi opinión, nada considerado muy honorable, porque es como un lobby de intervención. Y eso es lo que busca Liberty”.
Especialista en temas internacionales y en los grandes grupos de comunicación españoles, Serrano ha sido particularmente crítico con la línea editorial de este grupo frente a lo que él llama los cambios políticos en América Latina, “que le han dañado empresarialmente y sobre los que se ha batido con especial furor”, cuando le niegan la edición de los libros de texto o el otorgamiento de licencias para radio o televisión.
“La subsistencia de Prisa se basa en su capacidad de influencia política y en los beneficios a la suma del poder”, puntualiza.
El “tremendo error” que a su juicio derivó en el abultamiento de la deuda de Prisa fue la adquisición de la televisión restringida Digital+, al lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre 100% de Sogecable, la gestora de Digital+, que le significó un desembolso de 2 mil millones de euros.
“Fue un tremendo error de Prisa y, concretamente, de Juan Luis Cebrián. Con el tiempo quedó demostrado que la gente no necesita de esa plataforma salvo para ver el futbol, lo que al grupo le generó la ruina absoluta.”
En esto coincide el periodista de El País consultado para este texto: “Fue el toque de piedra que hundió al grupo en una deuda inconmensurable. Hubo arrogancia y una falta de entendimiento de la directiva de Prisa con sus socios (Telefónica). Y nunca se ha asumido ese error de cálculo”.
Prosigue: “Esto es la culminación de un largo proceso de cambios en Prisa que no sólo tienen que ver con Sogecable o la entrada de Liberty, sino que vienen de lejos, sobre todo después de la muerte de Jesús Polanco”.
“Sin su presencia (de Polanco) se han tomado decisiones que difícilmente se habrían adoptado si él aún estuviera al frente del grupo.”
–¿Qué no hubiera hecho Polanco?
–Me cuesta trabajo imaginar que Polanco hubiera dejado a Prisa en manos de unos fondos de inversión. Es más factible que hubiera recurrido a negociaciones con empresarios de medios o de otras ramas, en España o Iberoamérica, para llegar a un acuerdo de inversión en el grupo.
“Polanco y Cebrián eran una pareja perfecta porque generaban un equilibrio. Por un lado, Cebrián era el tipo osado y arrogante que impulsaba iniciativas, pero Polanco tenía la última palabra, era el de las grandes decisiones del grupo.”
Tras la muerte del patriarca, “su hija Isabel estaba llamada a tener un papel protagónico entre los herederos, con muchos más recursos de dirección para manejar el grupo”. Pero murió un año después que su padre. Y “ninguno de los hijos le llega a los talones al viejo Polanco”, opina. Por eso “Cebrián ha hecho y deshecho con el grupo y se ha hecho del control total; me parece que los Polanco han perdido”, sentencia.
No obstante Cebrián justificó su operación: “Es mejor tener 30% de algo que 70% de nada”. Lo dijo al diario británico The Guardian el 5 de octubre pasado.
También adelantó que parte del convenio con Liberty pasa por el cambio de gestión, que se consolidará dentro de tres años cuando Cebrián sea relevado de la dirección del grupo.
Cebrián aseguró que Prisa acabará este año la transformación de su capital y cifró su deuda actual de Prisa en unos 3 mil 300 millones de euros, según reveló al periódico La Vanguardia el domingo 6.
Patrioterismo caro e hipócrita
Arturo Rodríguez
Una simple solicitud de información pública echó a andar la maquinaria de embustes del gobierno federal. Proceso le pidió todos los datos disponibles acerca del costo que tuvo para el erario la producción y distribución gratuita de millones de banderas de México con motivo del Bicentenario de la Independencia; pero lo que tendría que haber sido una rendición de cuentas transparente se convirtió en lo de siempre: un carrusel de contradicciones, maniobras sospechosas, datos inconsistentes y embustes…
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Presidencia de la República mienten y se contradicen sobre los millones de banderas que el año pasado se repartieron en hogares mexicanos para celebrar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
Un seguimiento de discursos, comunicados y solicitudes de acceso a la información realizado por este semanario, demuestra que ambas dieron al respecto información falsa, e hizo aflorar indicios de que se cometieron irregularidades al contratar la fabricación y el reparto de los productos.
La Sedena afirma haber adjudicado el contrato para la elaboración de las banderas a Vigman Graphics S.A. de C.V., tras un supuesto “concurso”, a pesar de que dicha empresa no está registrada en el padrón de proveedores o en la plataforma electrónica Compranet, ni existe registro de que haya participado en licitación o contratación alguna con el gobierno federal, como lo exige la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
La idea de repartir banderas se puso en marcha el 21 de junio de 2010, cuando el presidente Felipe Calderón encabezó la ceremonia de recepción de los estandartes insurgentes que fueron capturados por las tropas realistas en la batalla de Puente de Calderón en 1811, y considerados los primeros emblemas nacionales, que hasta el año pasado permanecían en España. A cambio, el gobierno mexicano entregó al español dos estandartes capturados en 1829 por tropas mexicanas en Tampico.
Tras hacer un recuento sobre las banderas y la Independencia de México, ante los niños y jóvenes latinoamericanos ganadores del Premio México Bicentenario, Calderón anunció la entrega de los “obsequios”.
“El gobierno de la República a mi cargo, a través de las Fuerzas Armadas, vigilantes y depositarias de nuestro emblema nacional, obsequiarán a cada familia mexicana una pequeña bandera con el objeto de que pueda ser colocada y mostrada en cada hogar mexicano en este año de la patria”, dijo.
Le imprimió al acto su ya acostumbrado tono bélico: “Frente a los enemigos de la patria, los mexicanos triunfaremos, triunfaremos cobijados en la potencia y señorío de nuestra bandera nacional”.
Calderón no abundó más, pero el 8 de septiembre, en un comunicado, la Sedena informó que había iniciado el reparto, en hogares mexicanos, de 20 millones de paquetes con una bandera de México, un folleto con la letra del Himno Nacional y una carta personalizada “firmada por el propio presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.
Según la Sedena, las banderas medían 86 por
La dependencia enfatizó que esa labor era en “cumplimiento del compromiso anunciado el 20 de junio” por el presidente, pero no informó cuánto se había gastado ni de qué partida provenían los recursos. “Con estas acciones el Ejército y la Fuerza Área mexicanos se adhieren así al esfuerzo del gobierno federal de sensibilizar la conciencia nacionalista para que cada mexicano se sume al llamado del señor presidente de la República y crear un frente común corresponsable que nos permita salir adelante”, añadió textualmente.
De esta forma, el envío de los paquetes “a cada familia mexicana” anunciado por Felipe Calderón se limitó a 20 millones en el comunicado de la Sedena. Sin embargo, en respuesta a una solicitud de acceso a la información, la dependencia admitió que sólo envió 3 millones de banderas.
Al rastrear dos solicitudes ciudadanas de información sobre el tema, se evidenció por una parte la opacidad oficial y, por la otra, la contradicción en el gobierno federal.
La Presidencia de la República se deslindó del reparto de paquetes cuando se le pidió aclarar el número de banderas repartidas, el número de licitación, el costo de elaboración, qué empresa elaboró las banderas y, en su caso, el país del que se importaron.
En la respuesta (folio 0210000095510) la Presidencia indicó la liga a su sitio en internet, donde se localiza el discurso del 21 de junio, en el cual Calderón hizo el anuncio. Para el resto de la información, remitió al solicitante a la Sedena, que a su vez respondió en diciembre.
En septiembre, la Sedena informó que llevaba más de 18 millones de paquetes enviados e iniciaba la distribución de otros 2 millones, en diciembre siguiente informó que sólo había mandado hacer 3 millones a un costo de 30 pesos por unidad, de los cuales 18 pesos eran por la bandera y 12 pesos por el empaquetado y envío, servicio realizado por el Servicio Postal Mexicano (Sepomex).
Tampoco esta cifra es congruente. En un cálculo simple, si se pagaron 30 pesos por confeccionar, empaquetar y enviar cada obsequio, el costo total habría sido de 90 millones de pesos, lo que difiere, aunque sólo por 7 mil 200 pesos, de los 89 millones 992 mil 800 pesos que la Sedena afirma haber desembolsado.
En cuanto a la partida con que se pagaron los productos, la respuesta oficial indica que los casi 90 millones fueron pagados mediante “una ampliación líquida al presupuesto de la secretaría (Sedena)” autorizada por Hacienda.
Sin embargo, si se toma como base el mismo costo unitario de 30 pesos para los 20 millones de paquetes que la Sedena anteriormente aseguraba que había repartido, en realidad se habrían gastado 600 millones de pesos, ya sea con cargo al presupuesto de las Fuerzas Armadas o de otra entidad gubernamental que ni la Presidencia ni la Sedena han querido identificar.
Estrategia de opacidad
La Sedena informó que adjudicó a Vigman Graphics S.A. de C.V., el contrato para la confección de las banderas mediante “concurso”, sin especificar si se trató de una licitación, invitación a tres o más proveedores o si fue una adjudicación directa, que son las formas de contratación autorizadas por la LAASSP.
La razón social Vigman Graphics no está registrada en la plataforma electrónica Compranet ni en el Registro Único de Proveedores (RUP) del gobierno federal. Tampoco se encuentra en el listado de empresas sancionadas o inhabilitadas, lo que justificaría su ausencia del RUP. De habérsele asignado efectivamente el contrato, se hizo incumpliendo la normatividad, lo que de acuerdo con la LAASSP nulifica la transacción.
Al respecto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó a Proceso que no existe rastro de participación de Vigman Graphics o Vigman Graphic en ninguna forma de asignación contractual del gobierno federal. Y aunque la Sedena afirma en su respuesta a la solicitud ciudadana de información que el contrato respectivo es el número 450006318, este documento tampoco aparece en los registros de la SFP ni de Compranet.
Asimismo, en su respuesta la Sedena informa que las banderas fueron elaboradas por la empresa contratada en cinco talleres, ubicados en diferentes partes del país, aunque no precisa dónde.
La única constancia de la existencia de Vigman Graphics S.A. de C.V., fue localizada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal y data de diciembre de 2002.
De acuerdo con el registro 298975 de esta institución, Vigman Graphics S.A. de C.V., fue constituida con un capital de 50 mil pesos, aportados en partes iguales por Víctor Manuel Ríos López y Germán Menéndez Pérez. Esos datos no han cambiado hasta el momento. Un dato extraño es que si bien asienta que su domicilio está en la capital del país, la dirección precisa no aparece en el documento.
A partir de la respuesta otorgada por la Sedena a la mencionada solicitud ciudadana, tampoco es posible determinar “cuáles fueron los criterios para llevar a cabo la implementación de la fabricación y distribución de las banderas”, como preguntó el ciudadano que pidió la información.
El documento de la Sedena establece que para ello “se elaboró un estudio de mercado con la Cámara de la Industria Textilera, creando una ficha técnica que se especifica en el contrato la distribución y la forma proporcional en las entidades por parte del Servicio Postal Mexicano” (sic).
Esto da lugar a otra contradicción: al solicitar datos sobre el tema a la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), el área de comunicación dijo que el organismo sólo entregó un listado de empresas mexicanas del ramo a la Sedena, pero especificó que Vigman Graphics no figuraba en esa lista porque no está registrada en la cámara.
La solicitud de información incluía la forma en que se decidió a quién entregar los paquetes. La Sedena respondió que el servicio fue proporcionado por Sepomex, “quien determinó en forma proporcional la entrega en todas las entidades”. Esto también resultó falso.
El subdirector administrativo de Sepomex, José Humberto Lagunas Álvarez, dijo a este reportero el pasado martes 15 que los paquetes habían llegado ya integrados y que su dependencia no creó la lista de destinatarios, sino que ésta les fue entregada con los paquetes.
Así, Sepomex echó por tierra la versión de la Sedena, en el sentido de que las banderas elaboradas por Vigman Graphics fueron empaquetadas y enviadas por la primera.
Al solicitarle detalles, Lagunas Álvarez dijo que la Sedena dio “una orden expresa” para que le fuera remitida cualquier petición de información sobre el tema, por lo que fue imposible profundizar en el caso, ya que, en su respuesta a la solicitud de información, la Unidad de Enlace de la Sedena se declara incompetente y “orienta” al peticionario para que haga el requerimiento de datos… a Sepomex.
El Año de México en Francia: las pérdidas
Anne Marie Mergier
Planeado hace casi cuatro años, el Año de México en Francia está a punto de naufragar: actividades económicas, turísticas pero, sobre todo, artísticas y culturales, se hunden por el conflicto político que mantiene tensas las relaciones entre ambos países. El mandatario galo politizó el asunto al dedicar el Año a Florence Cassez –convicta en México y reclamada por Francia sin éxito–, y la respuesta mexicana fue suspender su participación, con lo que se perdería todo lo invertido hasta ahora...
PARÍS.- Inaugurado oficialmente el jueves 3, con amplias sonrisas y declaraciones recíprocas de amistad en el Museo de Orsay, el Año de México en Francia se está convirtiendo en un enredo político y diplomático inextricable.
En 2009 Nicolas Sarkozy propuso a Felipe Calderón que durante todo 2011 se celebrara a México en Francia. El caso de Florence Cassez –declarada culpable y encarcelada en México– ya hacía algo de ruido pero no afectaba las relaciones culturales, económicas, académicas, comerciales y turísticas entre ambos países.
Prueba de ello es el entusiasmo que generó entre los franceses la presencia de México en el Salón del Libro de París, en marzo de aquel año.
Según Miguel Alemán Velasco, titular del consejo del Grupo Interjet, y Jean Paul Herteman, presidente del Directorio del Grupo Safran –y también presidentes del Año de México en Francia– la idea de organizar este acontecimiento viene desde 2007.
En la carpeta de prensa del evento ambos recalcan:
“En junio de 2007, bajo el impulso de los jefes de Estado francés y mexicano, fue creado el Grupo de Alto Nivel constituido por 17 presidentes de empresas de las dos naciones. Los trabajos de ese grupo han sido un verdadero éxito.”
Alemán y Herteman afirman que ese éxito, que se concretó en la organización de ocho proyectos económicos y académicos binacionales, llevó a Sarkozy y Calderón a pedirles que copresidieran el Comité Organizador del Año de México en Francia en 2011.
Interjet y Safran encabezaron el grupo de patrocinadores privados al que se sumaron, entre otros, Cemex, Fundación Televisa, Aeroméxico asociado con Air France y, del lado francés, la aseguradora Axa, Lafarge –uno de los líderes mundiales en fabricación de materiales de construcción–, Mazars –compañía de asesoría a empresas y de auditoría–, Schneider Electric y Eurocopter.
El Grupo Safran se instaló en México hace 20 años. Tiene plantas en Reynosa (donde fabrica conectores y motores eléctricos), Chihuahua (cableado aeronáutico) y Querétaro (donde repara y da mantenimiento a trenes de aterrizaje y motores de las compañías aéreas de todo el continente americano).
Safran se presenta como un socio importante de México en el campo aeronáutico: la exhibición de un Airbus de Interjet debía ser una de las atracciones del Salón Aeronáutico de Le Bourget, en las afueras de París. Esa nave, de concepción franco-mexicana, tiene un motor construido por Safran y sólo usa biocarburante elaborado en México.
Catherine Malek, encargada de comunicación de Safran, dice a Proceso que el grupo tiene presencia también en el campo de la seguridad: es líder mundial en biometría a base de huellas digitales. Está en estrecho contacto con los gobiernos federal y estatales de México, con las policías y con el Instituto Federal Electoral, a los que proporciona sistemas biométricos que facilitan el control de los documentos de identidad o los padrones electorales.
Safran tiene una rama militar especializada en la tecnología electrónica, pero Malek asegura que esos equipos no los venden a México.
En vísperas de la inauguración del Año de México en Francia los altermundistas galos denunciaron los intereses económicos que estarían en juego. El diario en línea Mediapart se hizo eco de quienes critican los lazos entre Safran y las policías mexicanas y denuncian, por ejemplo, el daño que sufrirían los pescadores y las comunidades indígenas de Sonora con la elaboración de biocombustible a partir del salitre.
La inversión
Se ignora con cuánto contribuyeron los empresarios al Año de México en Francia. Tampoco se sabe lo que invirtieron o planeaban invertir sus principales protagonistas: el Conaculta y la Cancillería, por parte de México, y los ministerios franceses de Cultura y de Relaciones Exteriores.
Esas dependencias crearon equipos que durante un año trabajaron en las programaciones culturales, turísticas, científicas, académicas, económicas y gastronómicas. Nombraron tres comisarios generales: las mexicanas Dolores Béistegui y Anna Schober y el francés Jean-Jacques Beaussou.
Al cierre de esta edición –dos días después de que el gobierno mexicano anunciara que sólo participaría en el Año de México en Francia si Sarkozy renuncia a dedicárselo a Florence Cassez–, imperaba la confusión entre los participantes.
El martes 8 Béistegui y Beaussou convocaron a una conferencia de prensa en el Instituto de México en Francia para presentar las festividades. Hablaron durante dos horas y aun así sólo pudieron mencionar unos cuantos de los 360 actos programados.
Precisaron, sin embargo, que sólo una parte de estas manifestaciones depende directamente de ambos Estados. La mayoría son incitativas locales o privadas sometidas al Comité Organizador antes de que se les autorice el uso del logo del Año de México.
Ni Béistegui ni Beaussou aventuraron alguna opinión acerca de lo que va a ocurrir ahora. Ambos están pendientes de las noticias.
“Estamos en stand by”, confía lacónicamente Salvador García, encargado de prensa de ProMéxico (organismo encargado de promover el comercio y la inversión).
“Si Felipe Calderón confirma su decisión de retirarse, el Año de México puede perder gran parte de su sustancia, ya que las autoridades mexicanas se habían comprometido a pagar el transporte y el seguro de las obras, así como los pasajes de los artistas invitados”, dice un colaborador de Beaussou.
Afectaciones a la cultura
La primera exposición destacada que podría ser afectada por las tensiones políticas franco-mexicanas es la de la Pinacoteca de París, cuya inauguración estaba prevista para el lunes 28 y que duraría hasta el 6 de agosto.
Ese museo promovió la muestra en la que se exhibirá “el hallazgo arqueológico más importante de la última década en México: máscaras mayas de mosaico de piedra verde, totalmente restauradas por los más eminentes especialistas mexicanos y que salen por primera vez de su país de origen”.
Ahora los directivos del museo guardan silencio y su representante de prensa dice no saber siquiera si las máscaras ya llegaron. Curadores consultados por la corresponsal hicieron notar que es complicado cancelar una muestra en vísperas de su inicio: las instituciones que prestan y reciben las obras están obligadas por acuerdos cuyo rompimiento puede tener graves consecuencias jurídicas.
Todo parece indicar que a pesar de todas las fricciones políticas, sí se presentarán la muestra Frida Khalo et Diego Rivera: l’Art en fusion, en el Museo de l’Orangerie del próximo 5 de octubre al 5 de enero de 2012 y la retrospectiva de Rufino Tamayo que se exhibirá en el Museo del Petit Palais del 29 de septiembre de este año al 15 de enero de 2012.
Ambas exposiciones se planearon antes de que se tomara la decisión de organizar el Año de México en Francia y fueron incluidas en la agenda sin depender de él.
¿Qué ocurrirá con las numerosas manifestaciones culturales a realizarse en la Maison d’Amérique Latine, prestigiado centro de la cultura latinoamericana en París, en el corazón del barrio Saint Germain?
“No sabemos nada”, comenta desanimada una vocera de esa institución patrocinada por la Presidencia francesa y por las embajadas latinoamericanas en París.
“Por un lado el presidente Sarkozy quiere mantener la celebración del Año de México en Francia; por otro, el embajador mexicano reiteró la decisión de su gobierno de cancelar su participación. Es una situación sumamente incómoda”, agrega.
La Maison d’Amérique Latine preveía acoger, entre otros actos, un homenaje a la labor de Artes de México (del 4 de marzo al 28 de abril), una muestra escultórica de Juan Soriano (del 8 de abril al 13 de julio), la exposición Yo, pintor indígena de ese pueblo: Hermenegildo Bustos (del 12 de mayo al 13 de julio) y otra, de Lucy Vines.
En tanto, la noche del miércoles 19 –como informó Apro– el ayuntamiento de Toulouse renunció a dedicar su decimoséptimo Festival Río Loco a México. Su vocera, Vincentella de Comarmond, puntualizó:
“Debido a la tensión diplomática actual existen importantes riesgos susceptibles de amenazar el éxito de los eventos culturales programados en Toulouse con motivo del Año de México en Francia, entre los que figura el Festival Río Loco. Nuestro fuerte vínculo con este festival popular (...) nos incita a asumir nuestras responsabilidades para con los artistas y el público. Como consecuencia de esta decisión, se está preparando una nueva programación que se comunicará próximamente.”
Entre los 200 invitados al festival están Los Lobos, Lila Downs, Nortec Panóptica Orchestra, Molotov y cinco compañías mexicanas de teatro y danza.
Lo rescatable
En el Mac/Val (el vanguardista Museo de Arte Contemporáneo del Val de Marne, a las afueras de París) la decisión ya está tomada: pase lo que pase se mantendrá el programa para celebrar el Año de México.
El Mac/Val acogerá en “residencia de creación” al fotógrafo Pedro Meyer y al artista Carlos Amorales, quienes radicarán tres meses (de abril a junio) en el museo, donde darán “rienda suelta a su creatividad”.
Explica la portavoz del Mac/Val: “Aún no tenemos noticias de las autoridades mexicanas que tenían a su cargo el costo de los boletos de avión de los artistas. Si no cumplen ese compromiso, asumiremos esos gastos. Pedro Meyer y Carlos Amorales son nuestros invitados y los atenderemos como se merecen. Somos una institución cultural y no permitiremos que la política perturbe nuestras actividades. Es también la razón por la que no habrá foto alguna de Florence Cassez en el Mac/Val ni foro de discusión sobre su caso”.
La misma decisión se tomó en la ciudad de Rennes, Bretaña, donde el próximo martes 22 se inaugurará el Festival Internacional de Cine Travelling dedicado a la Ciudad de México; el director del festival, Eric Gouzannet, defiende enérgicamente su independencia.
Creado hace 22 años, este festival se dedica a una ciudad distinta cada vez... y ahora aprovechó el Año de México en Francia para homenajear al D.F.; pero Gouzannet recalca que se mueve fuera de todo marco oficial.
“Es evidente que no dedicaremos Travelling a Florence Cassez. El Elíseo tiene su agenda, nosotros tenemos la nuestra”, afirma a este semanario.
Agrega: “Estábamos muy preocupados porque aún nos faltaban varias de las películas que habíamos programado. Las cintas llegaron esta mañana (miércoles 16). Ahora tenemos que enfrentar el problema de nuestros invitados. Nos enteramos de que las autoridades mexicanas ya no están dispuestas a pagar sus boletos de avión. Nos haremos cargo de sus pasajes. Escribimos a cada uno de ellos para preguntarles si siguen dispuestos a participar en Travelling”.
Entre los invitados al Festival Internacional de Rennes destacan los realizadores Rubén Ímaz, Francisco Vargas, Rigoberto Perezcano y Michael Rowe; los documentalistas Juan Carlos Rulfo y Sarah Minter y los actores Gabino Rodríguez y Mónica del Carmen.
Agrega Gouzannet: “Nos parece interesante organizar una proyección especial del documental Presunto culpable. Descubrimos esa radiografía implacable del sistema judicial mexicano en el Festival de Biarritz el año pasado. Contactamos a sus autores porque nos importa dar a conocer su trabajo”.
Del 22 de febrero al 1 de marzo Travelling presentará más de 100 obras de la cinematografía mexicana –ficciones y documentales– desde las clásicas de mediados del siglo pasado hasta las producciones más actuales, en su mayoría enfocadas a la Ciudad de México.
En la Casa de las Culturas del Mundo, asociación cultural independiente que tiene su sede en la Alianza Francesa de París, se vive el suspenso a tres semanas del inicio del Festival de L’Imaginaire (Festival de lo Imaginario).
“Vamos a inaugurar ese festival que durará tres meses –del 10 de marzo al 15 de junio– con dos noches excepcionales dedicadas a la música mexicana de fiesta. Queremos que los parisienses descubran el son arribeño de San Luis Potosí, interpretado por Guillermo Vásquez y Los Leones de la Sierra de Xichú; el son huasteco con el Trío Colatlán y el son de artesa con El Ciruelo de Don Efrén Mayrén, de Oaxaca.
“Hasta ahora las autoridades mexicanas no nos avisaron que cancelaban el pago de los boletos de los músicos. No tenemos noticias. Nos empieza a preocupar. Lo que sí tenemos claro es que no queremos renunciar a nuestro proyecto. Si sigue ese silencio, tendremos que organizarnos.”
Mientras instituciones culturales se movilizan para salvar el diálogo cultural franco-mexicano, aumentan las tensiones políticas entre los dos países.
El miércoles 16 el embajador Carlos de Icaza abandonó ostensiblemente el palco de honor que ocupaba en el Senado francés cuando Michéle Alliot-Marie mencionó el caso Cassez. La intervención de la ministra de Relaciones Exteriores se dio durante el Día de la Amistad entre Francia y los Países de América Latina y del Caribe que celebraron por primera vez los senadores galos.
Ese incidente causa migrañas a los organizadores del Coloquio Económico franco-mexicano a realizarse en el Senado el próximo 3 de marzo.
En la carpeta de prensa del evento se enfatiza que “ese coloquio de alto nivel constituirá uno de los momentos clave” del acontecimiento, que será inaugurado por los secretarios de Economía de ambos países. Además del senador Eloy Cantú, presidente de la Comisión Económica del Senado; de José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE y de Miguel Alemán Velasco y Jean Paul Herteman, al encuentro acudirá un selecto grupo de economistas franceses.
Poco interés de Calderón por la ciencia y la cultura
Judith Amador Tello
Consultada vía telefónica y correo electrónico, la doctora Lourdes Arizpe, exsubdirectora general para la Cultura en la UNESCO y quien en 2008 fue distinguida con la Orden Nacional de las Palmas Académicas de Francia, responde sobre el conflicto del Año de México en Francia:
“Lo que anima es ver la rebeldía de los mexicanos y los franceses contra los traspiés nada lúcidos de funcionarios de la justicia y de los gobiernos. Claro que no se puede subordinar la cultura de pronto a una urgencia política en el caso de Sarkozy y de la ministra Alliot-Marie, y ¡menos en Francia! Claro que apoyamos la decisión del presidente Calderón, pero le recordamos con todo respeto el poco interés que ha mostrado en la cultura, y su otra faz, la ciencia.
“Si me preguntas si ha fallado la diplomacia cultural, te diré que hubo poco margen de maniobra. En Francia, la semana pasada, además de los reclamos por las relaciones del presidente y de la ministra con los mandatarios de Egipto y Túnez y los secuestrados de Nigeria, se les vino encima la votación tan alta que obtuvo Marine Le Pen, dirigente del Frente Nacional. Tenían que dar cuenta de un nacionalismo exacerbado.”
Presidenta durante el periodo 2003-2008 del Consejo Internacional de Ciencias Sociales, con sede en París, la antropóloga agrega que amigos, académicos e intelectuales le han expresado solidaridad desde Francia, y le han comentado que la irritación hacia México se venía acumulando “por la falta de respuesta a varias iniciativas francesas; por la gran preferencia del gobierno de Felipe Calderón por España y, a su vez, por su subordinación internacional hacia el vecino del norte”.
E incluso por el intento en enero de 2010 de cerrar la oficina de México en la UNESCO (Proceso, 1736), que concluyó con el nombramiento del mismo embajador Carlos de Icaza como representante ante el organismo internacional.
Arizpe cuenta que la frase “¿Qué le pasa a México?” –pronunciada por un embajador en la UNESCO– se ha aplicado en muchas reuniones internacionales en las que los gobiernos panistas han roto con la gran tradición diplomática de México.
“Sin duda creció esa irritación cuando el presidente Calderón aseguró que se revisaría el caso de Florence Cassez y no se enfrentó a las presiones internas cuando existe el acuerdo internacional de Estrasburgo. Allí hubo una falla de diplomacia.
“No hay duda de que la mayor falla quedó en manos de la ministra Alliot-Marie, quien tendría que haber evitado que se mencionara siquiera la posibilidad de cancelar el evento cultural más importante del año dedicado a México. Anima que ya se sublevaron los directores de museos, los diputados y los intelectuales franceses. En México haremos un frente común para defender estos eventos culturales, pero no durará mucho si el presidente Calderón usa esta causa común para hacer una campaña electoral cuando todavía es eso, el presidente.” l
Las palabras grotescas de Sarkozy
Hace más de quince años que el escritor francés Philippe-Ollé Laprune (París, 1962) llegó a México para desempeñarse al frente de la Oficina del Libro, en la embajada de Francia, y más de diez que se convirtió en director de la Casa Refugio Citlaltépetl, parte de la red de casas refugio del Parlamento Internacional de Escritores cuyo principal cometido es brindar alojamiento a escritores amenazados o perseguidos en sus países de origen. Activo difusor de la cultura francófona en México y de la cultura mexicana en Francia, redactó las siguientes líneas a solicitud de Proceso.
Philippe-Ollé Laprune:
El conflicto que ha provocado el presidente Sarkozy entre Francia y México puede dañar el campo cultural tan rico entre nuestros dos países.
De una manera que a él le parece natural, quiere usar ese campo para fines políticos y electorales: desde que llegó al poder ha manifestado en múltiples oportunidades el desprecio que le causa el ejercicio de pensar, crear o analizar con profundidad y sutileza. No decidió represalias en el campo económico o comercial. Escogió un terreno que no le importa y que es el más rico entre ambos países. Un terreno que habría de permitirnos compartir una vez más nuestra mutua fascinación y admiración.
Las personas que trabajamos creando ese espacio entre Francia y México no podemos permitir que las declaraciones de Sarkozy, grandilocuentes hasta lo grotesco, dañen nuestras labores y existencias.
El espacio que hemos creado juntos no debe verse afectado por sus medidas, tan inútiles como agresivas.
Que sus palabras sirvan de desafío para afirmar nuestro deseo de seguir construyendo juntos, con respeto y placer, lazos fuertes y profundos. l
La pugna Televisa-Telmex
Alma Rosa Alva de la Selva
Como lo confirman situaciones y hechos que van saliendo a flote, la oposición a la apertura a la competencia en la TV sigue siendo una lucha sin cuartel en la cual, con la complacencia o incluso la ayuda de las autoridades, se ha enfrascado el grupo dominante del sector, presto para frenar cualquier avance o intento de algún consorcio con posibilidades de convertirse en rival de la pantalla chica.
Así ha ocurrido durante varios años. Esta vez el objetivo de las belicosas acciones es Dish México, empresa de MVS que saltó a la escena del ámbito de la “TV de paga” en 2009 para ofrecer tarifas más bajas con paquetes de canales del atractivo de los públicos, fórmula que ha venido captando a múltiples usuarios de los sistemas Sky y Cablevisión (ambos de Televisa) para llegar a reunir más de 2 millones de suscriptores, cifra estimable.
En una pugna con hechos concatenados –de la que pudiera formar parte la salida de Carmen Aristegui de los micrófonos de MVS, en el contexto de la incertidumbre sobre el refrendo de las concesiones de una parte del segmento que ese consorcio tiene en la banda de los 2.5 gigahertz, recurso que puede hacer posible el arribo de esa televisora a los terrenos del triple y cuádruple play–, la empresa dirigida por Azcárraga busca detener ese proyecto por el flanco de su relación con Telmex, al que acusa de violar los términos de su concesión al poseer acciones de Dish México (formado por MVS y Echostar) y no sólo un contrato comercial con ésta, como asegura el consorcio de Carlos Slim. Sintomáticamente, hace unos días –a casi dos años de que la Comisión Federal de Competencia (CFC) autorizara la integración de Dish México–, Televisa exigió a dicha dependencia investigar ese vínculo.
Por su parte, la telefónica aclaró que “no participa ni directa o indirectamente” en el capital de Dish México, el cual, dijo, es sólo un cliente al que le vende servicios de facturación y cobranza, entre otros.
Sin embargo, en medio de la incertidumbre que campea sobre el supuesto proyecto de la Cofetel (el órgano regulador del sector) para licitar frecuencias en la banda UHF, así como para lanzar al aire una tercera cadena de TV abierta en tecnología digital como telón de fondo, el interés de Telmex por lograr un cambio en su título de concesión para ingresar a la TV cable sigue por demás activo: si bien ante la solicitud de Televisa a la CFC la telefónica aclaró que no es socio de Dish México, Telmex no descartó que a futuro ambas empresas pudieran participar directamente en “una inversión conjunta”, “en caso de que sea aprobada por las autoridades”.
Hay, por otro lado, razones adicionales que hacen pensar en las posibilidades de la telefónica de insertarse en el entorno de la pantalla chica. En este sentido se ubican las afirmaciones de Gonzalo Martínez Pous, comisionado de la propia COFETEL, quien señaló la semana pasada que en este año podría concluirse el marco de interconexión que daría paso al Acuerdo de Convergencia establecido años atrás, y con ello que Telmex ofreciese servicios de TV, en el contexto del tentativo programa de licitaciones para concesionar dos nuevas cadenas televisivas en el país. l
Acerca de La simulación castrense
Del capitán Agustín Núñez
Fernández
Señor director:
Como casi siempre que pretenden recoger argumentos para criticar al Ejército Mexicano, en La simulación castrense (Proceso 1789) sus reporteros acuden otra vez al “general” Gallardo, exconvicto por delitos sancionados en el Código de Justicia Militar y quien se presta para reforzar los fantasiosos comentarios que desde siempre se han hecho para crear la “leyenda negra” del Campo Militar Número 1.
Esa prisión militar se construyó en la época del presidente López Mateos para sustituir el histórico edificio que fue derruido en la construcción de la unidad Nonoalco-Tlatelolco.
Hoy, cualquier estudiante de secundaria puede acceder en Google a la vista aérea del Campo Militar Número 1 y en ella apreciar, colindando con el Campo de Golf Chapultepec, el predio que ocupa la mencionada prisión, a la que en su origen los militares procesados llamaban “Oaxtepec”, como el lugar que por aquellos años inauguró el Seguro Social.
Las fantasías de Gallardo lo hacen describir celdas negras en donde lo metían desnudo, arcos con ganchos para colgar a la gente, crematorios anexos a las cocinas y otras truculencias. Ya alguna vez se había quejado de que lo balacearon mientras jugaba tenis en las canchas de la prisión.
Caso contrario al de Gallardo es el del coronel Carrillo Olea, a quien también entrevista Proceso. Su trayectoria en la administración pública fue destacada y culminó de mala manera cuando, por desacuerdos con el presidente Zedillo, fue desplazado del gobierno de Morelos.
Por cierto, lo anterior fue tomado
como un triunfo por algunos comentaristas y por miembros de la izquierda con quienes él ahora coincide en sus opiniones antigubernamentales.
Si bien el origen militar de Carrillo Olea y los méritos de los inicios de su carrera son reconocidos, debe recordarse que él no ejerció el mando en corporaciones de su arma, ni se desempeñó como responsable de algún Estado Mayor en ninguna zona militar, por lo que su visión del medio militar podría ser insuficiente o estar sesgada.
Finalmente, es una mentira (que algunos repiten mil veces queriendo hacer verdad) que “el reconocimiento social de las Fuerzas Armadas esté a la baja”. Basta revisar las recientes consultas de opinión que realizan los encuestadores serios. El pueblo de México sabe en quién confiar.
Atentamente
Capitán Agustín Núñez Fernández (retirado)
Egresado del Heroico Colegio Militar
Condena “los golpes antiobreros del gobierno narco-fascista”
Señor director:
Para la mayoría de los mexicanos estuvo claro que la acción antiobrera que asestó el gobierno calderonista a los electricistas de Luz y Fuerza del Centro no fue sólo contra ellos, sino contra toda la clase obrera del país, como lo confirman los golpes gangsteriles y represivos contra los mineros en Cananea y Pasta de Conchos, al igual que los propinados a los trabajadores del transporte aéreo.
Con esas políticas de rapiña –que incluyen la apropiación de la fibra óptica– el gobierno pretende desmantelar las organizaciones de lucha proletaria porque las considera focos muy peligrosos para el sistema de explotación que representa y defiende.
Es importante no perder de vista que el enemigo irreconciliable de la clase obrera es la gran burguesía y su gobierno narco-fascista. Por ello resulta reprobable que los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hayan acudido al gobernador Enrique Peña Nieto, candidato del duopolio televisivo y de Carlos Salinas a la Presidencia de la República, para pedirle apoyar una iniciativa enviada a la Cámara de Diputados que propone crear una empresa que sustituya a la extinta Luz y Fuerza del Centro y devuelva el empleo a miles de obreros arrojados a la calle por Felipe Calderón.
Por otra parte, también circula la carta de Andrés Manuel López Obrador dirigida a los integrantes del SME, donde les reitera su más decidido apoyo a su lucha y les informa que trabajará con los legisladores afines a su movimiento para lograr una reforma que permita crear una empresa que les restituya sus empleos y les reconozca todas sus prestaciones ya devengadas. También les promete que si esto no es posible por no tener la mayoría en las cámaras de Diputados y de Senadores, al obtener AMLO el triunfo en las elecciones de 2012 volverán a sus empleos en una empresa que él creará.
Consideramos que es un grave error recurrir al gobernador priista porque es un instrumento del régimen burgués y eso equivale a pedir apoyo al enemigo de clase. Creemos que esto lo hicieron por el sufrimiento que están viviendo en compañía de sus familias. Pero tampoco pueden confiar en los diputados y en los senadores, ya sean de izquierda o de derecha, pues a todos les pagan exorbitantes sueldos, aguinaldos y otras dádivas para que no sientan la necesidad de ponerse al lado del proletariado.
Más aún, en las actuales condiciones de desesperación que se observan en el movimiento de los electricistas, tampoco las propuestas de AMLO resuelven el problema, porque él no toma en cuenta que los trabajadores y sus familias tienen más de un año padeciendo hambre y miseria. Sus promesas a largo plazo pueden debilitar la lucha.
Consideramos que si López Obrador quiere verdaderamente triunfar en las elecciones, en lugar de ofrecimientos lejanos debe cambiar su táctica e impedir que el movimiento de los electricistas sea absorbido por los instrumentos de la burguesía, y trabajar para unir a todos los mexicanos que repudian a Calderón y a la derecha fascista, que son millones, y en solidaridad acudir con los electricistas para que ellos tomen posesión física de sus puestos de trabajo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al igual que lo hacían en Luz y Fuerza del Centro, porque la CFE es legalmente su patrón sustituto.
Así lo establece el artículo 41 de la ley laboral. Incluso el propio gobierno está haciendo uso de este artículo para cobrar a los ciudadanos capitalinos el consumo de energía eléctrica.
Dicha acción revolucionaria se debe emprender de inmediato y sin pedir permiso al gobierno ni a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y mucho menos al neofascista secretario patronal Javier Lozano Alarcón, porque los derechos se ejercen, no se piden. (Carta resumida.)
Atentamente
José Luna Ortiz
De Luis Alberto Sánchez
Señor director:
Por este conducto queremos esclarecer ciertas nociones erróneas sobre el Coro del Teatro de Bellas Artes y nuestra delegación sindical expresadas por Mariana Landa Redondo en Palabra de Lector de Proceso 1789.
1. El Coro del Teatro de Bellas Artes no es “un grupo de cantantes apoyados por un poderosísimo sindicato”. Es una agrupación con más de 75 años de prestigio, en los que no sólo ha participado ininterrumpidamente en las temporadas de ópera del Palacio del Bellas Artes; también lo ha hecho en una gran mayoría de las ediciones del Festival Cervantino, así como en presentaciones importantes del Festival Internacional de la Ciudad de México y en conciertos con la orquestas Sinfónica Nacional y Filarmónica de la UNAM. No sólo ha trabajado con cantantes, directores musicales y directores de escena de talla internacional; lo ha hecho igualmente con la Compañía Nacional de Danza, con bailarines del hoy desaparecido Ballet Teatro del Espacio y con los prestigiados grupos flamencos de Pilar Rioja y La Morris. Ha obtenido premios de la crítica, así como numerosos reconocimientos por su trayectoria artística.
2. El Coro del Teatro desarrolla sus actividades profesionales regido por una normatividad y acuerdos que se establecen con la autoridad del INBA. Dentro de dicha normatividad tiene la facultad de opinar sobre los detalles de la programación a través del Consejo de la Ópera, pero no de tomar decisiones al respecto, que es facultad del director de la Compañía.
Queremos señalar que la Dirección de la Ópera nunca recibió solicitud o queja alguna sobre el Ensamble dancístico para la ópera La vida breve por parte de los representantes artísticos, sindicales o del Coro del Teatro, por lo cual las decisiones que se hayan tomado al respecto son responsabilidad del director de la Compañía: Jaime Ruiz Lobera, o en su caso del director de escena, Horacio Almada.
3. Aprovechamos la ocasión para dejar en claro que, a pesar de que a través de los medios a veces se nos ataca tendenciosamente y sin fundamento, nuestra delegación sindical no sólo busca el bienestar y condiciones óptimas de trabajo para nuestros agremiados, sino que coopera estrechamente con nuestros directivos a fin de dar cabal cumplimiento a los objetivos establecidos en la Ley de Creación del INBA.
Atentamente
Luis Alberto Sánchez
Secretario general de D-III-188
Grupos Artísticos del INBA
Radiografía de la corrupción
Julio Ríos
Bastó que un radiólogo solicitara información mediante la Ley de Transparencia para que se dieran a conocer las arbitrariedades y el tráfico de influencias en la Cruz Verde de Zapopan. Enterados de ellas, ni el gobierno del estado ni su contraloría ni el ayuntamiento han hecho nada para remediar la corrupción; al contrario, solapan a los dirigentes sindicales para que mantengan su feudo.
En los Servicios de Salud del Municipio de Zapopan (SSMZ), mejor conocidos como la Cruz Verde, no se respeta el derecho de escalafón; lo que cuenta para obtener una o incluso dos plazas es ser amigo o allegado del Sindicato Zapopan, cuyo secretario general es Héctor Carlos Ortiz Vázquez.
Una muestra de ello es que el médico Francisco Javier González Bermúdez, de 34 años, tiene 16 años en el organismo y no puede conseguir su basificación, en cambio a otros se les otorgó sin que tuvieran derecho a ella, según comprobó el testigo en documentos obtenidos por la Ley de Transparencia.
González Bermúdez sostiene además un litigio en la Undécima Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Jalisco –expediente 80/2010-F– para que se le respete su derecho de escalafón. Sin embargo, no es el único que padece tal arbitrariedad:
“Lo malo –asegura– es que ni el gobierno de Zamora ni el de Sánchez Aldana ni el del actual alcalde, Héctor Vielma, ni la actual directora de los SSMZ (Adriana Capurro Ceballos) han hecho algo por remediar y reducir las canonjías de estos tipos” (los dirigentes sindicales).
Dice que durante la administración del priista Arturo Zamora se entregaron 45 plazas y en la del panista Sánchez Aldana otras 13, pero con ninguna de ellas se cumplió con el reglamento del escalafón, que detalla el procedimiento de publicación de vacantes y convocatorias, ni el contrato colectivo de trabajo, en cuyo artículo 25 se establece que debe tomarse en cuenta la antigüedad es para asignar las plazas vacantes.
“Nada de eso se hizo. Así lo confirma la información que he obtenido por transparencia, en la que el mismo director jurídico (de la Cruz Verde), Raúl Fajardo, admite que nunca se publicaron las convocatorias”, agrega el médico.
El reglamento indica que se debe de integrar una comisión de escalafón para que publique vacantes y convocatorias, y elabore los dictámenes de contrataciones y ascensos. Pero cuando González Bermúdez presentó la solicitud de información LTI 0021/2010, la institución respondió el 12 de abril del año pasado:
“No existe en nuestros archivos esa información… porque no se ha integrado la comisión de escalafón, por lo mismo no existió convocatoria y como consecuencia no hubo boletines ni solicitudes de inconformidades del personal del organismo.”
Sin embargo, el mismo documento confirma que el 16 de diciembre de 2009 –una quincena antes de que finalizara el gobierno de Sánchez Aldana– los SSMZ contrataron a los médicos Salvador Díaz Sánchez, Luis Alexis Martínez Ortiz, Carlos Bautista Nuño, Ulises Eduardo Quintero González, Pedro Manuel González de la Torre, Efraín Gutiérrez Tamayo, Aurora Aréchiga Pérez, María Elena López Gueta, María Elena Guerrero Ascencio, Haydé Grajeda Robles, Manuel Zendejas Mendoza, Heriberto Israel Quezada Medina y Juan Francisco Vázquez Pérez.
Esto motivó al médico a solicitar más información, y encontró que a tres días de que se fuera el ayuntamiento priista que inició Arturo Zamora y cerró Ismael Orozco Loreto, el 27 de diciembre de 2006, cinco subdirectores médicos obtuvieron una plaza de médico general “a pesar de que eran funcionarios de confianza. Se trata de José Luís Martínez Álvarez, Sergio Silva Gálvez, Jorge Luis Torres Carlos, Juan Pablo Preciado Figueroa, y Rubén Hidalgo Reyes, todos amigos del secretario adjunto del sindicato, Víctor Gómez de León”.
Ilegalidad
Javier González Bermúdez se desempeña desde hace 16 años como técnico radiólogo en el turno nocturno de la Unidad Las Águilas de la Cruz Verde; en ese tiempo estudió también la carrera de medicina y en 2005, cuando la terminó, intentó obtener una plaza de base.
El 28 de octubre de ese año solicitó a la comisión de escalafón su cambio de categoría a médico general, ya que es el procedimiento que “contempla el artículo 160 del contrato colectivo, donde se habla de los procesos de la comisión mixta de escalafón y mi derecho al ascenso”, explica.
El 21 de febrero de 2006 insistió con un oficio dirigido al director médico de los SSMZ, Sergio Quintero Hernández. En ninguna de las dos ocasiones obtuvo respuesta.
El 27 de septiembre de 2006 González Bermúdez recurrió a la Ley de Transparencia para pedir copias de convocatorias, boletines, resoluciones de los ascensos y vacantes. Asimismo, envió un oficio al Sindicato Zapopan para que respetaran sus derechos de preferencia para el ascenso por antigüedad.
El 15 de octubre siguiente el sindicato respondió a la solicitud de información y confirmó que sólo se emitió un boletín el 17 de julio de 2004, pero no informó nada sobre las convocatorias. “Como no hubo ni boletines ni convocatorias–dice en entrevista el médico afectado–, se otorgaron 45 plazas irregulares. Nunca publicaban las vacantes disponibles para entregarlas en lo oscurito. Yo notifiqué por escrito de esto al alcalde interino Ismael Orozco Loreto y no hicieron nada”.
Como resultado de otra solicitud de información que realizó el 11 de junio de 2008, el entrevistado se enteró de que se entregaron cinco plazas de subdirectores sin convocatoria previa. “Así lo admite Raúl Fajardo Trujillo en el oficio P.A L.TI 003-2008, que se me entregó como respuesta”, añade.
Antes, el 8 de marzo de 2007, el médico ya había interpuesto la demanda laboral con expediente 43-2007-B para exigir su plaza. Pero la perdió, dice, “porque mi abogado, Gonzalo Hernández Guzmán, fue sobornado y se dejó derrotar. Para perder fue sencillo, sólo cambió mi cargo de técnico radiólogo a radio operador, y con eso bastó”.
Lejos de rendirse, el entrevistado solicitó por la Ley de Transparencia información sobre las vacantes de médico general y las dobles plazas el 22 de mayo de 2008. Los SSMZ le respondieron que existían dos vacantes y entregó registros de dobles plazas ocupadas por el propio secretario adjunto del sindicato, Víctor Gómez de León, así como por María Guadalupe Nieto Ortiz, Felipe González, María Angélica Espinosa Solís, Alma Delia Estrada López, Edmundo Rivera Carillo y José Félix Murillo Vázquez.
El 16 de noviembre de ese año, el diario Público dio a conocer las anomalías en la asignación de bases en la Cruz Verde y la opacidad en que los directivos mantienen la información para facilitar el tráfico de influencias.
Ayuntamiento cómplice
A nadie le importó que se conocieran las irregularidades. El 1 de junio de 2009 Roberto Cabral Armenta, subdirector médico de la Unidad Federalismo y cuñado del entonces director general de los SSMZ, Óscar González Díaz, fue favorecido con una plaza de médico general a pesar de que era trabajador de confianza, relata González Bermúdez.
“En este caso tampoco se publicó la vacante ni se convocó a concursarla. Cabral sigue trabajando como subdirector médico y lo sostengo con este documento del 25 de enero de 2010, que es la respuesta a una solicitud por transparencia”, dice, con una copia del oficio LTI0021-2010 en la mano.
Cansado de la injusticia, el 28 de septiembre de 2009 mandó una carta al gobernador Emilio González Márquez y a la contralora estatal, María del Carmen Mendoza Flores, para informarlos de la situación. Pero la contralora respondió que no le correspondía intervenir y sólo le “recomendó” que mandara las quejas al ayuntamiento que en ese entonces encabezaba Sánchez Aldana.
A González no le quedó más que enviar un oficio al presidente municipal el 23 de noviembre de 2009. Como era de esperarse, tampoco hubo respuesta. “Son iguales los del PRI y los del PAN”, dice. Ese mismo día, para justificarse, los directivos de la Cruz Verde colocaron convocatorias en las paredes de la institución “para taparle al ojo al macho, pues no tenían sellos ni firmas y por lo tanto no tenían valor”, recuerda González Bermúdez.
Entonces comenzaron a hostigarlo. “El mismo director jurídico del SSMZ, Raúl Fajardo, me intimidó: me dijo que le bajara de huevos. Hubo gente que se me acercaba, empleados de baja categoría, yo creo mandados por el sindicato, que insinuaban que para tener la plaza había que pagar 15 mil pesos”.
Aún “en la administración del panista Juan Sánchez Aldana se otorgaron las ya mencionadas 13 plazas irregulares, a pesar de que primero me correspondía a mí por tener más antigüedad que todos ellos”, sostiene González Bermúdez.
Todo esto lo respalda el médico con la respuesta de Fajardo al recurso de revisión 534/2009 promovido por el afectado ante el Instituto de Transparencia. En el documento, fechado el 8 de enero de 2010, el director de la Cruz Verde admite que no se hicieron convocatorias.
Las 13 plazas se entregaron el 16 de diciembre de 2009 sin convocatoria ni boletín, pero con otro agravante: “El mismo día que ingresan es el mismo día que reciben su nombramiento definitivo, es ilógico”, comenta González Bermúdez.
Por ese motivo, el 15 de febrero del año pasado el médico presentó en la Junta Especial de Conciliación una demanda laboral para impugnar las plazas de Salvador Sánchez Díaz, Carlos Nuño Bautista, Ulises Eduardo Quintero González, Pedro Manuel González de la Torre, Efraín Gutiérrez Tamayo y Luis Alexis Martínez Ortiz.
Sobre este último, sobrino del secretario general del Sindicato Zapopan, el 10 de enero pasado Notisistema dio a conocer que trabaja sin tener título ni cédula profesional, en la unidad Santa Lucía. El sindicato aclaró un día después, mediante un comunicado, que Martínez Ortiz cuenta con la cédula profesional 5966997.
Mientras tanto, González Bermúdez se dice dispuesto a seguir pidiendo justicia, aunque el hostigamiento continúa:
“Me han mandado decir con empleados de poca monta que mejor me liquidan y ahí muere. Incluso, que renuncie a mi plaza de radiólogo para que me den la de médico. Pero yo seguiré. Esta lucha no es sólo por mí, sino para que los demás compañeros vean que las leyes de escalafón se tienen que respetar”, advierte. l
Tras un atraco en Primera Plus, conmina a Calderón a renunciar
Señor director:
El sábado 12 de febrero a las 18:00 horas partió de la terminal de autobuses de la ciudad de Querétaro la unidad de la línea Primera Plus que transportaría al Distrito Federal a los pasajeros que poco antes la habían abordado. Todo transcurría normalmente hasta que, de improviso, a la entrada a la Ciudad de México, varios individuos que viajaban como pasajeros desenfundaron sus armas y amedrentaron a los verdaderos viajantes para despojarlos del dinero en efectivo que llevaban. Acto seguido, los conminaron a que les entregaran todas sus demás pertenencias, incluidas credenciales de identidad, tarjetas bancarias, bolsos y carteras, cámaras, computadoras y hasta pasaportes y visas, ante la impasibilidad de la acobardada mayoría y, por supuesto, del operador del transporte.
Al arribar al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, ninguno de los asaltados quiso interponer una denuncia ante el Ministerio Público que para el efecto se encuentra en dicha demarcación. Hubo quien solicitó la ayuda de los empleados de Primera Plus que ahí se encontraban, indicándoles que los habían despojado de todo y que la línea tenía la obligación de apoyarlos ante las graves fallas de seguridad patentes desde el abordaje del autobús, pues, obviamente, los pasajeros no fueron revisados ni filmados como en otras ocasiones, lo cual hace pensar en complicidades inimaginables.
Se le indicó al quejoso que primero interpusiera su denuncia ante el Ministerio Público y luego regresara. Cuando volvió, por supuesto, los irresponsables empleados ya habían emprendido su marcha.
Bien sabe usted, señor director, que nunca me he ocultado para plantear mis denuncias en las páginas de este querido semanario, pero en esta ocasión le solicitaría, acobardado también, que incluso mi nombre fuera suprimido, pues todo este embrollo hace pensar en bandas de peligrosos delincuentes perfectamente organizadas y en colusión con la que, desde ahora, llamaré Primera Pus. No obstante, si esto no fuera posible, le pediría que únicamente publicara mi nombre, manteniendo en la confidencialidad el resto de la información.
Finalmente, no quisiera terminar el presente escrito sin antes conminar al señor Calderón a que, si no puede, renuncie. Esta situación de paranoia, depresión y angustia resulta ya intolerable.
Atentamente
Raúl Gutiérrez y Montero
“El Diario”: periodismo entre sangre
Miguel Ángel Granados Chapa
Hace un año se instituyó el programa “Todos somos Juárez”, una amplia movilización administrativa y social destinada a paliar las atroces condiciones de inseguridad que prevalecen en la ciudad de ese nombre, donde el año pasado fueron asesinadas 3 mil 100 personas, la quinta parte del total de muertes atribuibles al crimen organizado en todo el país.
El 31 de enero de 2010 fueron asesinadas 15 personas, casi todos muchachos estudiantes, en un barrio popular de aquella población, Lomas de Salvárcar. Ligero en su juicio, no obstante que carecía de información puntual puesto que se hallaba en Japón, el presidente Felipe Calderón lanzó una admonición contra las víctimas, creyéndolas delincuentes que perecieron en un ajuste de cuentas. Cuando se le enrostró su error, que añadió vituperio al agravio de la muerte misma, el presidente se vio obligado a encarar no sólo el desliz, sino la abominable realidad en que se había producido esa matanza. Viajó a Juárez el 17 de febrero para instaurar aquel programa; ha vuelto otras veces, y este jueves hizo un balance de lo realizado en este año. A pesar de que, medidas con criterios de productividad administrativa, las acciones han avanzado (¿y cómo no si el plan es invertir 3 mil 300 millones de pesos), lo cierto es que en el corto plazo la inseguridad permanece y empeora.
Para sólo citar casos aislados, ocurridos en la víspera de esta visita presidencial, en el centro de la ciudad fue atacado un vehículo sobre cuyo tripulante y su hijo de ocho años se lanzaron 39 disparos. Y en seguida el vehículo fue incendiado y las víctimas, ya muertas a balazos, quedaron calcinadas. No lejos de allí, en un enfrentamiento entre policías y matones, tres agentes quedaron heridos y dos delincuentes murieron.
Pero hubo acontecimientos más graves. En el término de 24 horas fueron incendiadas las casas de dos mujeres participantes en acciones y protestas contra la violencia. El domicilio de Malú García Andrade fue quemado, en obvia intimidación por su trabajo en la organización civil justiciera “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”. Un atentado semejante había ocurrido poco antes en la casa de la señora Sara Salazar, como brutal respuesta a su pedido público de libertad para sus hijos Elías y Malena Reyes, así como para su nuera Luisa Ornelas, quienes hace dos semanas fueron levantados sin que se sepa de ellos desde entonces. La quemazón de la casa ocurrió mientras doña Sara y su hija Marisela protestaban no sólo por la desaparición de sus parientes, sino también por el asesinato de Josefina Reyes Salazar y su hermano Rubén, hijos de doña Sara, y de su nieto Juan Manuel.
El prolongado infortunio de esta familia ha ocurrido a despecho de las estrategias para hacer segura a Ciudad Juárez. Sean militares los responsables de esa misión, sean policías federales, sean operaciones que combinan la presencia de una y otra fuerza, sea que se incluya o se excluya a la policía municipal, no hay modo de contener la violencia, que genera secuelas destructivas, como el éxodo de quienes pueden pasarse al otro lado de la frontera y la disminución de las fuentes productivas, que son a su vez causa de desempleo que propiciará la búsqueda de la supervivencia por cualquier medio.
De esta realidad material, visible, medible, y del miedo que no se ve pero se siente, da cuenta cotidianamente El Diario, un periódico fundado en 1976 que ha tenido que adaptarse a las crueles condiciones en que hoy se ejerce el oficio de informar. A sus 35 años de edad, El Diario recibió el jueves pasado la buena nueva de que el prestigiado Pen Club Internacional le ha otorgado el premio a la excelencia periodística, por practicar esa profesión en un entorno adverso.
El galardón ha de significar para los periodistas y otros trabajadores de El Diario una mínima compensación ante la desgracia que los ha dañado. En noviembre de 2009 fue asesinado su reportero Armando Rodríguez, y en septiembre siguiente el joven fotógrafo Luis Carlos Santiago, de apenas 21 años de edad, padeció la misma suerte. Hace menos de tres semanas una distribuidora de ejemplares del periódico, Maribel Fernández, fue muerta a tiros en el céntrico crucero donde entregaba a voceadores y puestos fijos la dotación de periódicos que, pese a todo, siguen siendo reclamados por los lectores. El Diario ha tenido que intensificar su esfuerzo por colocar suscripciones porque la peligrosidad callejera dificulta la venta del modo tradicional. Y ha tenido que ajustar sus finanzas porque la colocación de anuncios ha decrecido en la medida en que el pánico achica la economía, por el cierre de negocios y el enclaustramiento de la gente en sus domicilios.
Tras el asesinato de su joven fotógrafo, El Diario imprimió un estrujante llamado a quienes mandan en Ciudad Juárez, los jefes de las bandas que contienden entre sí y arrastran a la autoridad y a la gente en sus agresivas querellas. El 19 de septiembre, un editorial de primera plana preguntó a los matones: “¿qué quieren de nosotros?”, para al menos conocer las causas de que el periódico tuviera que pagar su cuota creciente de sangre. No se trató de una capitulación, sino al contrario, de una postura gallarda que buscaba entender el entorno para no deponer los instrumentos de su oficio, de nuestro oficio.
Dos meses más tarde, el personal de El Diario pudo beneficiarse de un momento de satisfacción en medio de la desdicha. Las reporteras Sandra Rodríguez y Luz Soria recibieron en Madrid el premio Reporteros del Mundo, entregado por el diario El Mundo, debido a su cobertura valiente y certera de la violencia criminal en Ciudad Juárez. Alguien tiene que hacerlo. Y hacerlo bien. Esa es la tarea de El Diario.
Enhorabuena, pese a todo. l
Libertad de expresión y despenalización
Ernesto Villanueva
La primera iniciativa de ley del gobierno entrante en Puebla fue la despenalización de los delitos de difamación (que lesiona el derecho al honor) y calumnias (que consiste en la acusación falsa de un delito) para enviarlos al Código Civil bajo la figura de daño moral. No ha sido, empero, una buena noticia. Parece una acción regresiva en perjuicio de la libre circulación de las ideas e informaciones. Existen, por supuesto, elementos que sustentan esta afirmación. Veamos por qué.
Primero. La libertad de expresión no es un derecho absoluto. Tampoco lo son los derechos a la vida privada, al honor y a la propia imagen. Una de las grandes tareas del derecho consiste en armonizar de la mejor manera estos derechos que suelen estar en constante tensión, sobre todo en una sociedad cada vez más abierta, donde las diferencias de percepción y de criterio están a la orden del día. Una consideración básica que ha adquirido consenso es que transitar de la protección penal a la civil es un signo de avance democrático. La despenalización, en efecto, supone abandonar el último recurso que tiene el Estado, la privación de la libertad personal, para poder sancionar posibles abusos en el ejercicio de la libertad de expresión.
Pero la despenalización por sí misma no basta. Es necesario un diseño normativo en la vía civil que permita la razonable armonía entre el ejercicio de la libertad y la protección adecuada de los derechos de la personalidad. Es entendible que la despenalización de los delitos de difamación y calumnias se haya vuelto una inquietud compartida. En América Latina 13 países tienen prevista la difamación como delito; seis lo sancionan con pena privativa de la libertad, dos con multa, cuatro con pena mixta (multa y prisión) y uno con pena alternativa. Asimismo, 15 países prevén la figura de la calumnia; cinco la sancionan con pena privativa de la libertad, tres con multa y siete con pena mixta (multa y prisión). El daño moral sólo es regulado en tres naciones: México, Panamá y Paraguay. De ahí, por tanto, la inquietud de pasar de lo penal a lo civil.
Segundo. En principio, salvo prueba en contrario, el gobernador Rafael Moreno Valle tiene la legítima intención de dar vida a un cuerpo jurídico que equilibre el ejercicio de la libertad de expresión y los derechos de la personalidad. La iniciativa legal que le fue preparada y presentada ante el Congreso local, sin embargo, no ofrece una normativa idónea porque: a) incrementa las hipótesis normativas que actualizan el supuesto del daño moral; b) presume la comisión del daño moral a priori y no la deja como conclusión del juzgador al final del juicio; c) coloca en igualdad de circunstancias a todas las personas sin matiz alguno, dejando de lado lo previsto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que, “tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones de una naturaleza pública y de político (…), se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, en ese ámbito se ven sometidos a un mayor riesgo de sufrir críticas” (caso Ricardo Canese vs. Paraguay; sentencia del 31 de agosto de 2004); d) establece sanciones excesivas al crear dos mecanismos de reparación económica: la derivada de daño moral en estricto sentido y la que resulte del daño material, y e) dispone un largo, costoso y complicado proceso judicial.
Tercero. Tanto en el caso poblano como en otros que se puedan generar, la ruta de la despenalización debe seguir las siguientes reglas, tomadas de las mejores prácticas internacionales: a) que se apruebe una ley especial que desarrolle criterios de proporcionalidad y sistematización; b) que incluya un apartado de definiciones de los conceptos de vida privada, honor, propia imagen, interés público, y que acote el margen de discrecionalidad del juzgador, que por regla general no está familiarizado con la materia; c) que incorpore un apartado de interpretación donde se incluya lo dispuesto por los tratados y convenios internacionales firmados por México con arreglo al artículo 133 constitucional y los que resulten aplicables; d) que establezca la figura de la malicia real o efectiva, creada en el caso histórico The New York Times vs. Sullivan, la cual dispone que el demandante, una persona o funcionario público, debe probar que el demandado tuvo un claro propósito de ofenderlo o difundió una información sin considerar si era verdad o no; e) que se disponga un procedimiento especial expedito para acortar de manera significativa los plazos habituales existentes en el juicio civil ordinario –de esta suerte se coadyuva a la oportunidad de la resolución judicial tanto para bien del demandante como del demandado–; f) que establezca sanciones alternas a la estrictamente económica, conforme al tipo de derechos de la personalidad lesionados, como mecanismos de reparación, privilegiando la publicación o transmisión de la sentencia por el mismo medio, y g) que en sus artículos transitorios se prevea la capacitación para jueces y magistrados sobre la materia y el espíritu de la ley.
Por fortuna, no todo el gobierno en cualquier parte del mundo es un ente monolítico. Hay aliados para hacer causa común con una reforma que no esté en ninguno de los extremos. Tan negativo es dejar las cosas como están, que transformarlas, como ahora se propone en Puebla, en perjuicio del interés público. l
evillanueva99@yahoo.com
El PRI y la partidocracia
Jesús Cantú
El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República impulsa una iniciativa de reforma constitucional para que los partidos políticos postulen a los cargos de elección popular únicamente a sus afiliados, con un mínimo de 18 meses antes de la fecha de elección. Según las explicaciones que dieron a los medios de comunicación el líder de la bancada, Manlio Fabio Beltrones, y la legisladora Norma Esparza, la iniciativa busca frenar el transfuguismo político; sin embargo, tal como lo explicaron a los medios de comunicación, también acabaría con las llamadas candidatura ciudadanas a través de los partidos políticos, pues entonces éstos únicamente podrían registrar a sus militantes, cerrándose la puerta para que ciudadanos no partidistas, ante la imposibilidad de hacerlo directamente, contiendan por la vía de los partidos con registro.
Es una reacción inmediata a lo sucedido en las elecciones de Sinaloa y Guerrero, donde expriistas ganaron los comicios constitucionales para ocupar la gubernatura postulados por coaliciones de partidos distintos al tricolor. En ambos casos, los candidatos decidieron postularse por una fuerza política diferente al partido de su militancia original, después de que el PRI había definido a su candidato, es decir, cuando vieron frustradas sus intenciones de contender bajo la divisa priista. Lo mismo había pasado anteriormente en Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur y, en dos ocasiones, en Chiapas, entre otras entidades.
Pero en lugar de hacer una revisión crítica de lo que sucedió dentro de su partido y de mejorar sus métodos de selección de candidatos, los legisladores priistas prefieren dar otro paso para fortalecer a las dirigencias partidistas y estrechar todavía más las puertas de entrada a las contiendas electorales. En reformas sucesivas, los partidos con representación en el Congreso han ido estrechando los cauces para que nuevas fuerzas políticas se incorporen a las contiendas electorales; primero, duplicando el número de afiliados necesarios para obtener el registro, que pasó de 0.13% del padrón electoral al 0.26% (que en estos momentos significa poco más de 210 mil ciudadanos debidamente enlistados en el registro electoral); y, luego, pasando de
Asimismo, transitoriamente, colocaron como requisito para hacer el trámite tener un registro como asociación política nacional; pero en la reforma de 2007 establecieron que el proceso de registro de nuevos partidos se abriría únicamente cada seis años y no cada tres, como sucedía anteriormente. Así, el proceso no se abrirá sino hasta 2013, es decir, una vez pasada la elección presidencial de 2012.
En la reforma constitucional de 2007 establecieron en el artículo 116 de la Constitución que: “IV. Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que: ... e) Los partidos políticos (…) tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular…”, con lo cual cerraron el paso a las reformas que se habían hecho en Sonora y Yucatán para permitir el registro de candidaturas no partidistas, cuya constitucionalidad ya había avalado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y respaldado el electorado, particularmente el yucateco, que ya había elegido a un alcalde no partidista.
Los partidos políticos aprovecharon la reforma de 2007 para constitucionalizar la partidocracia blindando su vida interna, incrementar sustancialmente el financiamiento público para actividades ordinarias, fortalecer a sus dirigencias nacionales, y debilitar a la autoridad electoral, lo que hoy también se hace manifiesto particularmente con las embestidas mediáticas del contralor general de dicha institución (Proceso 1610).
Mientras tanto, en la reforma legal incluyeron varias disposiciones en el mismo sentido, entre las que destacan el establecimiento de una categoría de información “no pública”, para proteger algunos documentos del escrutinio público, y el “requisito indispensable (…) para que las coaliciones en las elecciones estatales” tuvieran la aprobación del órgano de dirección nacional (Proceso 1623).
En caso de concretarse y aprobarse esta nueva iniciativa, más allá de cerrar el paso a los ciudadanos sin militancia en partidos políticos para ser postulados, las dirigencias partidistas también se fortalecerían pues estrecharían los márgenes de acción de sus propios militantes, incluyendo desde luego a quienes ocupan cargos de elección popular. De este modo, la disciplina partidaria se potencia particularmente tras de que se vence el plazo de 18 meses antes de la elección: un legislador con aspiraciones a otro puesto de elección popular durante ese periodo tendrá que obedecer ciegamente las consignas partidarias si no quiere ver canceladas sus posibilidades, pues su única opción depende de la voluntad de su dirigencia partidista.
El problema no es que cierren el paso al cambio de partido de sus militantes, sino los efectos colaterales que esto conlleva: un mayor ensimismamiento de los partidos políticos, al ensanchar los poderes discrecionales de sus dirigentes o líderes para imponer candidatos a los puestos de elección popular; el fortalecimiento de las dirigencias nacionales para disciplinar a sus militantes, particularmente los legisladores con aspiraciones políticas ulteriores; y la exclusión de las boletas electorales, ahora sí definitiva, de cualquier ciudadano no militante de un partido político.
Ante su creciente desprestigio, los partidos políticos, en lugar de buscar acercarse a la ciudadanía e impulsar su democracia interna y su comunicación con el electorado, optan por blindar a sus dirigencias. Al menos esto es lo que denotan las últimas reformas en la materia y esta iniciativa que preparan los senadores priistas. l
Malos presagios
Javier Sicilia
El despido de Carmen Aristegui de MVS, al igual que la fallida campaña mediática contra Proceso a raíz de la publicación del reportaje Testigo estelar (Proceso 1777) de Ricardo Ravelo, es un signo preocupante de la violencia que se ha instalado en el país y que parece haber entrado en una espiral ascendente. No importa si en el momento en que aparece este artículo Carmen, bajo las presiones de la sociedad civil, se encuentre de nuevo en el sitio que injustamente se le arrebató o que la fortaleza de Proceso haya remontado la tormenta de Televisa y del gobierno. Los golpes se dieron y el signo debe preocuparnos porque golpea duramente la libertad de expresión.
Ni el presidente de la República ni MVS ni el consorcio Televisa soportan que las noticias pongan en entredicho al presidente. Hacerlo –aunque hayan sido declaraciones de un testigo protegido o la divulgación de un suceso en la Cámara Baja en donde un diputado, de dudosa reputación, aludió al supuesto alcoholismo de Calderón– se responde con una violencia tan ilegal, absurda y desmesurada como la que acompaña diariamente a México.
Esas reacciones, lejos de poner en duda lo absurdo de la noticia, parecen confirmarla. Si Calderón no está involucrado con el narcotráfico, que combate muy mal, o no es alcohólico –muchos grandes políticos, como Churchill, lo fueron y su alcoholismo no restó nada a sus grandezas–, ¿por qué entonces reaccionar con la difamación y la censura a periodistas de alta solvencia moral cuya única tarea fue hacer un reportaje, dar una noticia y, en el caso de Aristegui, pedir una respuesta de la Presidencia a un rumor que la manta de Fernández Noroña simplemente magnificó? ¿Por qué el enojo vengativo del presidente y el juego infantil de mostrarse días después montando una yegua sobre Paseo de la Reforma, subiendo en un avión caza F-5, lanzando una pichada de beisbol y diciéndonos mediáticamente que no se halla en estado inconveniente? ¿Por qué no responder con grandeza?
En medio de la violencia que va convirtiéndose en el clima natural del país, en un México donde la corrupción y la ilegalidad campean por todas partes, en una república en donde los partidos políticos no tienen proyecto alguno y su único interés es el mismo de las mafias: mantener o conquistar por cualquier medio el poder y acallar –esos sí con manifestaciones no cruentas, pues hay que decir, en su descargo, que nuestros políticos y nuestros empresarios monopólicos han adquirido cierto grado de civilidad– a quienes disienten, la reacción contra Ravelo y Aristegui es grave. No sólo desliza la sospecha de que el rumor del río sí lleva agua y que la estatura de Calderón está –lo sabemos de sobra– muy lejos de la de Churchill; muestra también la incapacidad política que hay en el país para responder a los grandes problemas que nos aquejan.
Desprestigiar, intentar acallar la noticia y la crítica, como se ha intentado hacer con Ravelo, Proceso y Aristegui; hacer alianzas innaturales entre los partidos y reciclar políticos en función de su popularidad, de sus nexos con las grandes mafias sindicales, los grandes monopolios o los grandes cárteles; reducir la vida política al agandalle, al cochupo, al juego mediático y sus gastos millonarios, son las muestras más claras de que, como sucede con el crimen organizado, al gobierno, a los partidos y a las grandes empresas mediáticas el país y los ciudadanos les valemos madre.
No se trata de crear grandes proyectos ni de montar espectáculos llenos de triunfalismo. Los problemas nacionales son enormes y ninguna buena política se hace de manera espectacular. Se trata, en todo caso, de poner en la agenda política cuatro o cinco cosas fundamentales sobre las que gobierno y partidos trabajen a conciencia y cabalidad. Por desgracia, nadie está pensando en eso.
Es más fácil, entrados ya en la guerra y en la lógica de la violencia, agandallar, montar espectáculos, aterrorizar, hacer trampa, mostrar el garrote y asestar con él unos buenos golpes mediáticos para decirles a todos que la violencia va en serio y que no habrá miramientos si el asunto desagrada al poder. Lo demás no es asunto del gobierno ni de las empresas.
En un país “democrático” –recordemos la república de Weimar–, los periodistas dan información, los gobiernos la controlan después y, en ocasiones, como lo hacen los criminales, suprimen a los periodistas para controlarla mejor. Llega finalmente un día en que un puñado de militares y de industriales pueden decir “nosotros” al dar noticias y hablarle a la nación. No hemos llegado todavía allí, pero los signos del ataque a Ravelo –a Proceso, a través de él– y ahora a Carmen Aristegui –entre uno y otro median apenas cuatro meses de diferencia–, que se aúnan al estado de violencia y descomposición que vive el país, y a la falta de proyectos de los partidos, inquietan.
Esos signos nos dicen que detrás del berrinche presidencial, de la obediencia bovina e interesada de las grandes empresas mediáticas, por debajo de los operativos militares, del terrorismo del crimen organizado, del temor ciudadano y de la incapacidad del presidente para escuchar y hacerse una autocrítica siempre necesaria y siempre benéfica, la tentación autoritaria se incuba y trae malos presagios.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz. l
