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Carmen Lila Romero / Luis Alberto García



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Domingo 24 de julio de 2011

SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA



Colaborador Invitado / Corporativismo de Estado



Es oportuno deliberar y decidir sobre el papel que debe jugar el sindicalismo en la transición a la democracia



Colaborador Invitado



(24 julio 2011).- Mateo Lejarza Leo

Analista





Por declaraciones, y de manera sorpresiva, se han difundido los términos acordados para el respaldo que la profesora Elba Esther Gordillo otorgara al presidente Felipe Calderón en el 2006; también se informó de algunos de los beneficios recibidos a cambio. Ya se exige la cabeza de la dirigente magisterial, que se le inmole para impedir que ahora ayude al PRI o al PRD. Si se llegara a actuar, es de esperar que haya sanciones a los titulares de la SEP que, siendo omisos, han permitido que esto ocurra y, en consecuencia, investigar si hubo o no delito electoral.



Sobre la responsabilidad que el presidente Calderón pueda o no tener con el arreglo se puede especular todo lo que se quiera, pero lo que no tiene vuelta de hoja es que este tipo de tratos son de orden estructural y más frecuentes de lo que se piensa, se extienden a toda la administración federal y a las estatales, por lo que resulta deplorable que el Ejecutivo federal y el PAN hayan pactado con el PRI dejar íntegro este aparato corporativo sindical-empresarial, presentando una iniciativa de reforma laboral que, deliberadamente, no incluyó modificación alguna al sistema de control que se ejerce sobre los empleados públicos y el que los empresarios tienen sobre sus trabajadores, así se asegura que seguirán quedando libres de democracia las oficinas públicas y los centros de trabajo privados, salvo honrosas excepciones. Lo que el gobierno mantiene con esta decisión es corrupción, arbitrariedad y autoritarismo en el mundo laboral.



El daño es mayúsculo ya que se afecta negativamente la productividad y la competitividad del país, además de que se restringe el desarrollo social y democrático nacional. Deja a los trabajadores desarmados frente a las arbitrariedades del gobierno y frente a los abusos de la patronal, les arrebata sus organizaciones sindicales y quedan sin posibilidades de acceder a la más elemental justicia o al ejercicio de sus derechos.



Está claro que todo esto no parece importar a las cúpulas, porque muchos de los que protestan por los arreglos de la profesora con el Presidente apoyan de manera entusiasta la reforma laboral del PAN como si fueran cosas de naturaleza distinta.



Quieren linchar simultáneamente a la profesora y al sindicalismo ("¡deben de desaparecer juntos!", "¡la educación privada es mejor!"). Ahora resulta que los trabajadores, y no la administración, son los responsables de la mala educación en México, que la profesora es la mala y el gobierno el bueno y que el sindicato es el culpable del corporativismo. Ernesto Zedillo quiso pulverizar en 32 sindicatos al SNTE y hay quien dice que se ponga a alguien confiable, las dos cosas ya se probaron y no resultaron, se requiere visón de largo plazo y compromiso con la democracia y con la ética para resolver la situación.



El problema ahí está, ahora falta construir la solución, aquí no se puede liquidar a la SEP y cerrarla aunque haya gastos onerosos y los resultados sean pésimos, lo que resulta evidente es que es urgente una solución de fondo cuyos alcances se extiendan más allá de este ámbito.



Muchos aplaudiríamos que se deje a los trabajadores decidir libremente el destino de sus negociaciones y de sus sindicatos, que abiertamente puedan participar en el diseño de políticas publicas, que se promueva que voluntariamente se hagan corresponsables de la productividad y competitividad de sus áreas de trabajo. Que asuman actuar con transparencia y practiquen la democracia. Esto es un propósito elemental de todo país moderno y democrático, que no debiéramos seguir postergando a riesgo de reducir la acción sindical a la mínima expresión, en lugar de considerar su energía y compromiso para impulsar la transformación del país.



Es por tanto oportuno deliberar y decidir sobre el papel que deben de jugar los trabajadores y el sindicalismo en el proceso de la transición a la democracia, en el fortalecimiento del mercado interno, en la distribución del ingreso, en la productividad, en la competitividad y en la globalización de la economía, pero para ello es indispensable realizar una revalorización del trabajo y de los trabajadores. Cualquier solución que no pase por este análisis sólo reproducirá viejas practicas generando contradicciones que harán más precaria la viabilidad del país.





mlejarzae@prodigy.net.mx











Amores, desamores... y polémica



Ciberlectores. Los ciberlectores de Enfoque







(24 julio 2011).- Selección de comentarios recibidos en torno al artículo "Amores y desamores con Elba Esther" de Jorge G. Castañeda, publicado el 10 de julio del 2011.





Una pieza de narrativa fácil de digerir que nos dibuja una de las razones de por qué estamos como estamos; por un lado la corrupción de la maestra, por otro el escritor que desea el apoyo de ella; a lo mejor para ser como ella o como un medio no derecho para lograr su fin, y por último nos recuerda lo que todos los mexicanos vivimos a diario: la existencia de monopolios que nadie se anima a quitar porque los que podrían hacerlo viven de ellos... Una relación ambivalente, digna de una novela de Televisa.



Fernanda

Cancún, Quintana Roo.









Reconozco tu clara ventaja intelectual sobre la gran mayoría de los analistas, comentaristas o políticos de este país, pero de igual forma critico la forma en la que cuidas la amistad o cercanía que tienes con ciertos personajes que dejan muchísimo que desear. ¿Cómo puede haber amistad con personas que le han hecho tanto daño al país? Eso más bien es oportunismo. Saludos.



Gabriel García.

Monterrey, Nuevo León.









Se me hace complicado entender por qué puede existir empatía entre un "intelectual", un conocedor y crítico de la política mexicana y una persona que se encontró el poder y que lo utiliza deliberada y descaradamente para su provecho. También se me hace difícil entender la manera en que el "escritor" justifica los manejos tan sucios de recursos públicos y de un gremio hambriento de una guía legítima. En verdad da asco la política, en especial la mexicana. ¡Lo que hace el poder!



Enrique HS

Tlalpan, Distrito Federal.









Jorge Castañeda es una gran persona, no podemos negarle su inteligencia y su apoyo a causas mejores para el país. Él fue uno de los pilares para que Fox llegara a la Presidencia (que Fox haya fallado es otra cuestión). Ojalá logre impulsar un nuevo y renovado grupo San Ángel para impulsar al mejor candidato(a) para el país.



Ramón G.

Distrito Federal.









Es sorprendente el paralelismo que existe entre "la maestra" y el aprendiz de brujo... La diferencia es que la primera tiene un poder que el otro siempre ha añorado. Este par de Golum-Smeagol mexicanos son una muestra de los engendros que va creando el poder y la corrupción en nuestro país.



Luisa Arlen

Coyoacán, Distrito Federal.







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Los desplazados



Reportaje Crimen, violencia y población. La migración forzada es un fenómeno creciente en el que no hay cifras oficiales, ni una política gubernamental que se proponga atenderlo



Jésica Zermeño



(24 julio 2011).- El caso más conocido y medido es Ciudad Juárez y el Valle que la rodea, pero el problema puede rastrearse en por lo menos ocho entidades más. En un corredor de municipios que comienza en Monterrey y prácticamente toda la frontera oriente de Nuevo León. En el centro de Tamaulipas y su llamada "frontera chica". En algunas alcaldías de la sierra tarahumara. En zonas de la tierra caliente que comparten Michoacán y Guerrero y en enclaves en Durango, Sonora y San Luis Potosí. En estos lugares la población ha optado por migrar para huir de la violencia y de las amenazas del crimen organizado.



No hay cifras oficiales, pero el desplazamiento forzado de personas a causa de la violencia es un fenómeno creciente en el país. Por lo menos 230 mil este sexenio, según el informe 2010 del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés), centro que monitorea el fenómeno a nivel global y que depende del Consejo Noruego de Refugiados. De éstos, 120 mil migraron el año pasado, de acuerdo con el organismo.



Hoy, el desplazamiento forzado por la presencia de la delincuencia organizada y la violencia amenaza con salpicar más territorios. El mecanismo de abandono tiene dos vertientes. En algunas zonas, donde los enfrentamientos a fuego son lo cotidiano, la migración ha sido masiva y ha respondido a amenazas directas del crimen organizado. Habitantes de poblados, casi siempre rurales, son obligados a abandonar su hogar lo más pronto posible. Estorban para el negocio y la operación del crimen.



En otros casos, el desplazamiento ha sido a cuentagotas, tras decisiones familiares tomadas a puerta cerrada, sigilosamente. Así, familias completas han desaparecido de un día para otro para que nadie pueda seguirles los pasos. La suma de estas decisiones, con el paso del tiempo, ha dejado pueblos enteros sin actividad comercial, agrícola y ganadera sustantiva ante las continuas extorsiones y los secuestros.



El resultado en ambos casos es el mismo: pueblos y ciudades sin vida, muertos, para que sus antiguos pobladores no compartan esa suerte.



La mayoría de los migrantes se ha trasladado a otra parte del territorio nacional. Otros, los que han podido, se han refugiado en Estados Unidos.



Enfoque logró identificar por lo menos 70 municipios en todo el territorio nacional en los que se han registrado desplazamientos forzados, tomando como base los datos demográficos proporcionados por el INEGI, testimonios, opiniones de autoridades locales, activistas de derechos humanos y especialistas.



Estos municipios están concentrados en Chihuahua, Guerrero, Durango, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.



La radiografía estatal de estos territorios es el mosaico del éxodo interno que vive el país.





Chihuahua





El Valle de Juárez, que rodea a la ciudad más violenta del mundo, cuenta con municipios donde la migración masiva es evidente, en las calles y en las cifras.



Según los datos del INEGI, Práxedis G. Guerrero, el municipio que se hizo célebre por tener de jefa de seguridad pública a Marisol Valles, una estudiante de criminología de 20 años, ha perdido 3 mil 715 habitantes. Muchos, como Marisol, se fueron a Estados Unidos.



Otro municipio azotado por el desplazamiento forzado es Guadalupe: hoy tiene 2 mil 690 habitantes menos que en 2005.



Rodolfo Rubio, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, asegura que la mayoría de los desplazados en el Valle de Juárez, donde se encuentran ambos municipios, se han trasladado a Ciudad Juárez, que también enfrenta un problema de desplazamiento forzado mayúsculo. Por eso en las cifras oficiales la población de esa ciudad no se ha reducido.



"El tipo de población que se ha movido es básicamente rural, con pocos recursos, como puede. También hay desplazamientos en las zonas serranas, pero ésos, como están lejos, son menos visibles", dice el académico.



Con base en la última Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad de la ciudad, se calcula que alrededor de 230 mil personas han abandonado su hogar en Juárez, municipio de tradición migrante, a causa de la violencia.



La situación de la violencia en Juárez es tal que en el 2010 el gobierno de Veracruz ayudó a salir de la ciudad a más de 300 "juarochos": veracruzanos que se habían trasladado allá desde hacía años para trabajar, dándoles el pasaje aéreo de retorno y becas para sus hijos. El gobierno de Fidel Herrera aseguró entonces que podían regresar más de 15 mil.



Otros municipios con migración por violencia asociada a falta de oportunidades laborales, de acuerdo con el investigador, son Madera (menos 2 mil 420 habitantes), Bocoyna (mil 141 habitantes menos), Maguarichi (menos 195), Temósachi (menos 108) y Matachí (menos 65). Otro municipio es Cusihuiriachi, aunque oficialmente no ha perdido población.





Guerrero





En Puerto Las Ollas, en Coyuca de Catalán, existe hoy un poblado improvisado conformado por gente que huyó de la comunidad de La Laguna, del Ejido Los Huajes, en la tierra caliente guerrerense.



Según Raymundo Díaz, del Colectivo contra la Tortura -organización que ha monitoreado la situación-, actualmente 177 personas hacen su vida ahí como pueden, pues huyeron masivamente de la amenaza directa de los grupos del crimen organizado. La afrenta: impedir que talaran los árboles. Primero huyeron las mujeres y los niños, después los alcanzaron los hombres.



"En febrero pasado asesinaron a Rubén Santana, un líder natural en la zona, y en abril, justo el Domingo de Ramos, hubo otra emboscada, y asesinaron a un hijo de Santana y a otras dos personas más. La gente decidió salirse entre el 20 y el 21 de abril. Dejaron todo", sostiene Díaz.



De acuerdo con el activista, el desplazamiento en esta zona tiene un tinte distinto al de otros lugares: el Ejército cataloga el territorio como de acción contrainsurgente, por lo que los desplazados son considerados enemigos lo mismo por los delincuentes que por los uniformados. Los casos de tortura son constantes.



Pero este caso no es el único en la región y, por cifras, no es el más grave. De acuerdo con el INEGI, Coyuca de Catalán no reporta pérdida de población. El foco rojo más brillante está en Zirándaro: mil 240 habitantes menos entre 2005 y 2010.



Los pobladores de ese municipio de tierra caliente no dudan en calificar la reducción de población como éxodo, por la llegada de La Familia a la zona junto con su régimen estricto de extorsiones. Cuentan incluso que un grupo de comuneros intentó defender sus tierras con armas de fuego, pero la insurrección no duró ni tres días. Los comuneros huyeron. Hoy los comercios están cerrados y la tierra ociosa.



Según pobladores, otros dos municipios en los que existe desplazamiento por la delincuencia organizada son Coahuayutla (que perdió 266 habitantes según el INEGI) y Pungarabato, que no ha perdido población de manera oficial. Sin embargo, quienes han visitado Ciudad Altamirano, su cabecera municipal, aseguran que el problema es evidente.



Existen también indicios de que en las zonas periféricas de ciudades grandes, como Acapulco y Zihuatanejo, la gente ha huido. Esto todavía no se refleja en cifras.





Michoacán





A finales de mayo pasado, pobladores de El Chamizal, La Huída, Razo del Órgano Eréndira, Santana, Pinzándaro, Vicente Guerrero, Catalina, Paredes y otros poblados comenzaron un desplazamiento masivo hacia albergues en las cabeceras municipales de Buenavista Tomatlán, Apatzingán y Tuzantla. Según estimaciones de autoridades locales, 2 mil 500 personas podrían haber huído de los enfrentamientos entre La Familia, Los Caballeros Templarios y la Policía Federal, que se tradujeron, el 28 de mayo, en el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea.



Autoridades locales aseguran que esos albergues improvisados hoy están vacíos. Que las familias, la mayoría pobres y campesinas, regresaron a cuentagotas a sus hogares. Pero aceptan que el miedo persiste y los desplazamientos pueden darse en cualquier momento.



En Michoacán las cifras oficiales no dejan ver pérdidas importantes de población a nivel municipal, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos no reporta desplazamientos. Sin embargo, el Consejo Estatal de Población reconoce que la violencia está entre las causas de la reducción de población en Coalcomán (menos 541 habitantes), Tumbiscatío (menos 473), Morelos (menos 434), Chucándiro (menos 350), Tzitzio (menos 228), Carácuaro (menos 125 habitantes) y Chinicuila (menos 72).



Activistas de derechos humanos aseguran que el problema también existe en Huetamo, Múgica y Churumuco.



Otros municipios, como Cherán, todavía resisten el embate de los delincuentes.





Nuevo León





El pasado 25 de octubre, la comandancia de la policía municipal de Los Ramones fue rafagueada. Más de mil 200 cartuchos y seis granadas de fragmentación lanzadas en menos de 20 minutos a las instalaciones hicieron que los 14 agentes de la corporación renunciaran un día después. Eran los últimos policías municipales que quedaban en todos los municipios de la frontera nuevoleonesa con Tamaulipas.



Los Ramones es la alcaldía de esa zona que más población expulsó. Según cifras del INEGI, entre 2005 y 2010 perdió 868 habitantes. Autoridades municipales aseguran que el éxodo es aun mayor. Se unen a la lista Los Aldamas (menos 301 habitantes), General Treviño (menos 199), Melchor Ocampo (menos 190), Cerralvo (menos 154) y Agualeguas (menos 94), todos en territorio de disputa entre Los Zetas y el Cártel del Golfo.



Según José Juan Cervantes, especialista en violencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el éxodo en la zona se extiende hasta General Bravo, China y Anáhuac, aunque todavía no se reporte oficialmente pérdida de población en esos sitios.



Su experiencia le dice que otras zonas que han registrado un éxodo silencioso en la entidad son Santiago, Allende, Montemorelos y Linares, donde personas de clase media y alta que salieron de Monterrey años atrás buscando una vida campirana están regresando a la urbe por protección.



"A pesar de que aquí (en Monterrey) hay la matanza más fuerte, allá la inseguridad se huele, se percibe más en toda la zona citrícola. Hemos conocido gente de Santiago que ha preferido mudarse a San Pedro o a Monterrey. Es gente que puede desplazarse, que tiene recursos", dice Cervantes en entrevista telefónica.



El investigador recalca que también muchos han dejado la Sultana del Norte, pero todavía no hay mediciones al respecto.





Tamaulipas





En noviembre pasado, el país se enteró del drama que vivía Mier, municipio localizado en la frontera chica tamaulipeca, cuando alrededor de 300 de sus habitantes llegaron a la alcaldía vecina de Miguel Alemán pidiendo cobijo, pues Los Zetas habían amenazado con matar a todos los que se quedaran en el pueblo. También se unieron a la migración masiva pobladores de Guerrero y Valle Hermoso. Se instaló un albergue temporal para atenderlos.



Las autoridades aseguran que actualmente hay 2 mil 200 residentes en el pueblo, menos de la mitad de lo que registra el Censo 2010 (4 mil 762 personas). Además, según cifras oficiales, Mier perdió mil 777 habitantes entre 2005 y 2010. Es decir, 4 mil 339 desplazados entre 2005 y 2011. Guerrero y Valle Hermoso no reportan pérdida de población, según el INEGI.



En otra alcaldía, de manera desapercibida, se ha reducido la población con creces. Camargo, ubicada también en la frontera chica, ha expulsado a 2 mil 654 personas, según datos oficiales. Videos colgados en la red atestiguan la situación del municipio: camionetas incendiadas abandonadas en las carreteras y casquillos percutidos tirados en el piso por días, falta de luz, agua, teléfono...



Otra zona en la que se ha reportado migración forzada es San Fernando y su periferia. Tras la ejecución de 72 migrantes en agosto de 2010, y el hallazgo de fosas clandestinas después, se destapó la situación. En 2010, según el INEGI, había 536 habitantes menos en el municipio, y 173 ejecutados, según datos del SNSP.



De acuerdo con un académico, que prefiere omitir su nombre, otros municipios de los que puede comprobarse una reducción en su población en la zona aledaña a San Fernando por la violencia son Cruillas (menos 257 habitantes), Méndez (menos 255), Burgos (menos 193), Villagrán (menos 141) y San Nicolás (menos 13). También se han registrado movimientos en Jiménez, todavía no reflejados en las cifras oficiales.





Otros enclaves





El desplazamiento por la violencia se ha extendido a otros estados, aunque todavía no de manera tan dramática como en las entidades anteriores.



En Durango, habitantes de diversos poblados de los municipios de San Dimas, Mezquital, Nuevo Ideal y Pueblo Nuevo han tenido que desplazarse a albergues de manera itinerante, pues los delincuentes han quemado sus casas y cosechas. Los ataques, según autoridades, han sido perpetrados por elementos de La Línea, el brazo armado del Cártel del Golfo.



Según estimaciones de autoridades locales, en la zona serrana hay por lo menos mil 500 desplazados.



Es el caso de alrededor de 300 habitantes de La Lagunita, El Coscate y El Campamento, en Pueblo Nuevo, que en septiembre pasado tuvieron que dejar sus casas y trasladarse a un albergue en la cabecera municipal después de tratar hacerle frente a los delincuentes y ser derrotados.



Incluso, el 12 de diciembre de 2008, en Santa Gertrudis, en la alcaldía de San Dimas, delincuentes reunieron a todos los hombres en la plazoleta comunitaria, seleccionaron a seis, los hicieron correr frente a todos hacia una dirección y los mataron por la espalda. Los familiares de los muertos recibieron el ultimátum de dejar el pueblo en tres días. Así lo hicieron.



Ninguno de estos desplazamientos tiene sustento en cifras oficiales.



En Sonora, el paradigma de la migración forzada es el municipio de Tubutama, un verdadero pueblo fantasma. Las instalaciones de la policía y de la clínica están cerradas. La desolación en la cabecera es tal que el Congreso estatal decidió sesionar ahí el pasado 21 de junio. Aunque el pueblo luce totalmente deshabitado, el INEGI reporta sólo 16 personas menos viviendo ahí entre 2005 y 2010.



Otras alcaldías que sufren de desplazamiento forzoso son Atil y Sáric. Según el censo, la primera cuenta con 109 habitantes menos; la segunda no reporta pérdida de población.



También en San Luis Potosí hay migrantes forzados. En el pueblo de Salitral de Carrera, municipio de Villa de Ramos, la gente ha comenzado a salir por los constantes enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Las cifras del INEGI no reflejan nada.



La única entidad que ha sufrido desplazamiento forzado por violencia antes de este sexenio ha sido Sinaloa, pero continúa hoy. Según Tomás Guevara, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, parte de la reducción de población en Badiraguato, Cosalá, Elota y San Ignacio, todos municipios serranos, puede atribuirse a la presencia de crimen organizado en la región. También se ha presentado abandono de comunidades en Sinaloa, Salvador Alvarado (Guamúchil) y Culiacán, pero su población no se ha reducido, según las cifras oficiales.



Sin embargo, la migración amenaza con expandirse. Hoy, ciudades como Cuernavaca comienzan a presentar indicios. Ahí, lo claro no es el desplazamiento de personas, sino la falta de visitantes los fines de semana: muchos quieren irse y nadie quiere llegar. El boom de venta de casas sin comprador lo confirma.









Las cifras del éxodo



Municipios donde existen desplazados por la violencia en este sexenio. Se indica los que presentan pérdida de población entre 2005 y 2010, de acuerdo con el INEGI.



El municipio de Villa de Ramos, en San Luis Potosí, también presentó este fenómeno.







Municipios donde existe el fenómeno pero no hay cifras oficiales.





CHIHUAHUA



9 municipios afectados



Juárez

Práxedis G. Guerrero 3,715

Guadalupe 2,690

Madera 2,420

Temósachi 108

Matachi 65

Cusihuiriachi

Bocoyna 1,141

Maguarichi 195





230,000 han abandonado Ciudad Juárez, según la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad de esa ciudad.



6,405 en Práxedis G. Guerrero y Guadalupe.



3,929 en el oeste de la entidad.













DURANGO



7 municipios afectados



Guanaceví 75

San Bernardo 293

Tepehuanes 860

Nuevo Ideal

San Dimas

Pueblo Nuevo

Mezquital



1,228 habitantes menos en el territorio duranguense perteneciente al Triángulo Dorado.



1,500 desplazados en la zona serrana, según autoridades locales.













GUERRERO



4 municipios afectados



Coahuayutla 266

Zirándaro 1,240

Pungarabato

Coyuca de Catalán





1,240 habitantes menos en Zirándaro.



266 en Coahuayutla.



177 personas desplazadas en Coyuca de Catalán, de acuerdo con el Colectivo contra la Tortura.













MICHOACÁN



13 municipios afectados



Buenavista Tomatlán

Apatzingán

Múgica

Morelos 434

Chucándiro 350

Tzitzio 228

Tuzantla

Carácuaro 125

Huetamo

Churumuco

Tumbiscatío 473

Coalcomán 541

Chinicuila 72





2,223 habitantes menos en la entidad.



2,500 desplazados en mayo pasado en albergues en Apatzingán, Buenavista y Tuzantla, según autoridades locales.













NUEVO LEÓN



14 municipios afectados



Cerralvo 154

Anáhuac

Agualeguas 94

Gral. Treviño 199

Los Aldamas 301

Gral. Bravo

China

Melchor Ocampo 190

Los Ramones 868

Monterrey

Santiago

Allende

Montemorelos

Linares





938 habitantes menos en la zona fronteriza con Tamaulipas.



868 menos en Los Ramones.













SINALOA



7 municipios afectados



Sinaloa

Salvador Alvarado

Badiraguato 2,296

Cosalá 1,116

Culiacán

Elota 3,555

San Ignacio 828





7,795 habitantes menos en la zona serrana de la entidad.













SONORA



3 municipios afectados



Sáric

Atil 109

Tubutama 16



16 habitantes menos en Tubutama oficialmente. Sin embargo, el pueblo está desierto.













TAMAULIPAS



12 municipios afectados



Guerrero

Mier 1,777

Miguel Alemán

Camargo 2,654

Valle Hermoso

Méndez 255

Burgos 193

Villagrán 141

San Nicolás 13

San Fernando 536

Cruillas 257

Jiménez





4,431 menos en Ciudad Mier y Camargo, en la frontera chica. Entre 2005 y 2011 se cuentan 4 mil 339 desplazados en Mier.



1,395 menos en San Fernando y sus alrededores.













Oficialmente, no existen



Reportaje Crimen, violencia y población



Jésica Zermeño.



(24 julio 2011).- Representantes de la sociedad civil no ven por ningún lado políticas públicas en México para hacerle frente al desplazamiento forzado por violencia, a pesar de ser un fenómeno cada vez más grave. Los activistas denuncian que ni siquiera ha habido un interés en visibilizar el fenómeno. Al contrario, algunas autoridades hasta lo esconden, aseguran.



Suhayla Bazbaz, directora de Cohesión Comunitaria, una organización que generó 100 recomendaciones para reconstituir el tejido social en Ciudad Juárez, señala que ante la desatención gubernamental "las comunidades y las personas ya no esperan nada".



"En este momento es como si el problema no existiera, a pesar de que cada vez nos enteramos de que más gente migra por la violencia hacia donde puede. Eso tiene que cambiar. Lo primero es que las autoridades se hagan cargo de la visibilización del problema. Hay que saber quiénes son esas personas y cómo enfrentaron su realidad.



"El Estado mexicano debe tener una política de reparación del daño, en materia de presupuesto y de acceso a los servicios básicos en las nuevas comunidades, las de destino. También tiene que haber una campaña de sensibilización en las comunidades de origen, de tránsito y de destino para aminorar el shock social que representa este desplazamiento, para no revictimizar, porque esto podría abonar al mismo proceso de violencia. Estamos dormidos en nuestros laureles", asegura.



Para la activista, este fenómeno es una bomba de tiempo, pues los desplazados necesitan nuevos hogares, empleos, servicios públicos, educativos y de salud que las comunidades receptoras no están en posibilidades de ofrecer, algo que ya se ha visto en Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.



El presidente Felipe Calderón se ha limitado a aceptar y repetir que hay zonas del país en las que quien establece las reglas es el crimen organizado, por eso la ofensiva frontal contra los criminales era necesaria. El gobierno federal presume la recuperación de 3 mil 400 espacios públicos en donde se han rescatado áreas de convivencia.



Este discurso, según especialistas consultados, es visiblemente insuficiente, pues el éxodo es dramático. Todos exigen que se aplique el derecho internacional humanitario a los desplazados, para garantizarles sus derechos.





Visos de ayuda





Salvo Sinaloa, donde hay registros de desplazamientos desde los años sesenta, los indicios de migración masiva interna por violencia datan de este sexenio, por lo que no hay aún políticas públicas específicas para atenderla.



Ya se está cocinando en San Lázaro una primera propuesta. El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados, el perredista Arturo Santana, está promoviendo la creación de un fondo de 5 mil millones de pesos para atender a los desplazados por esta causa. Los recursos se incluirían en el presupuesto 2012.



"Estamos proponiendo que el Estado sea corresponsable en los daños materiales y el daño social que es causado a los cientos de miles de desplazados producto de estas guerras, y que asuma su responsabilidad aportando recursos, porque no es fácil que una familia desplazada llegue a otro estado de la República y tenga que pagar renta, meter a los niños a la escuela, tenga que iniciar una nueva vida porque ya no puede regresar a sus lugares de origen ni recuperar nada", sostiene Santana.



Pero la estrategia para evitar este fenómeno debería de ir más allá de la creación de fondos. Para Clara Jusidman, presidenta honoraria de Incide Social, una asociación civil que ha realizado diagnósticos sobre la violencia y su prevención en varios municipios del país, no puede atacarse el problema si no se realiza primero un conteo de desplazados, inexistente hasta ahora, con el que contribuyan autoridades de los tres niveles de gobierno.



"El cambio demográfico de rural a urbano es importante, pues la gente está buscando seguridad en poblaciones grandes. Estos desplazamientos, si no se atienden, terminarán convirtiéndose en poblaciones que van a andar volando por distintas zonas del país, con todo lo que eso implica. La medición y atención de la problemática es urgente", sentencia.













Un fenómeno mundial



Análisis Crimen, violencia y población. A la ONU le preocupan las Personas Internamente Desplazadas, estimadas en más de 275 millones en todo el orbe



Zoé Robledo



(24 julio 2011).- Torojo y sus 6 millones de habitantes están en desgracia. Desde su fundación como una República Federal en 1995, tras el colapso del comunismo, las tensiones entre los tres grupos étnicos predominantes -Totos, Romeos y Juliolinos- escalaron hasta llegar a una guerra civil. En el año 2003 en Torojo había 13 mil muertos y más de 800 mil personas desplazadas internamente.



La situación de Torojo es apremiante, sin embargo, se tiene la certeza de que ninguna agencia internacional va a intervenir. Y es que Torojo no existe. Es el caso práctico diseñado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Instituto de Derecho Humanitario y el Instituto Brooking para los asistentes al taller anual que, desde hace siete años, realizan en materia de legislación para desplazados internos.



Invitado por ACNUR, tuve la oportunidad de formar parte del grupo que el pasado junio se reunió en la Villa Ormond, sede del Instituto de Derecho Humanitario en la ciudad de San Remo, Italia. El objetivo fue compartir experiencias sobre mecanismos de protección y atención a las personas internamente desplazadas y, sobre todo, sensibilizar a los participantes para abordar el fenómeno desde una perspectiva distinta.



El relator especial sobre los Derechos Humanos de las Personas Internamente Desplazadas, doctor Chaloka Beyani, encabezó el taller en el que participaron lo mismo el gobernador del estado de Niamey, Nigeria, Djibo Soumana, que la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Kyrgyzstan, Medina Aitbaeva; el comisionado de Derechos Humanos de Filipinas, el director de protección civil de Nigeria y un senador de Zimbabwe, en un grupo que sumaba a 21 funcionarios internacionales.



Lo primero en lo que el taller pretende generar un consenso es ¿qué es una persona internamente desplazada?, la respuesta surge del documento de Naciones Unidas Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (1998), en el que se establece que las personas internamente desplazadas (PID) son quienes se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o su lugar de residencia habitual, como resultado -o para evitar los efectos- de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera internacional reconocida.



El desafío para las organizaciones internacionales en la protección de las PID es que no constituyen una categoría legal, cuando un individuo que huye cruza la frontera internacional de su país, se convierte en un refugiado y como tal recibe protección y asistencia internacional, pero una persona que en circunstancias similares es desplazada internamente, no tiene esas mismas garantías pues se asume que sigue gozando de los derechos que le da su propio país, como al resto de la población.



Al inicio de 2011, el número de PID en el mundo se estimaba en 27.5 millones. Este número ha crecido de forma sostenida. Las evaluaciones señalan que en 1997 habían 17 millones; en 2001, 25 millones y para 2009 la cifra era de 27.1 millones. Los países con mayor número de PID en el mundo son Sudán, Colombia, Iraq, la República Democrática del Congo y Zimbabwe.



Cada caso es distinto. En Sudán, el país con mayor número de PID en el mundo, se registraron en 2010 entre 4.5 y 5.2 millones de desplazados a causa de la guerra civil de 1983 y conflictos armados posteriores.



El referente latinoamericano es Colombia donde existen entre 3.6 y 5.2 millones de PID. Los conflictos armados y violaciones a los derechos humanos provocaron migraciones masivas, especialmente de indígenas, cuyo acceso a la oferta gubernamental se disipó hasta la llegada del presidente Juan Manuel Santos, quien a pocos meses de su mandato implementó un programa integral para la atención de desplazados internos que incluye, entre otros aspectos, garantías para la recuperación de sus tierras.



En Iraq, se estima que hay casi 3 millones de PID. Desde 2009 el gobierno reforzó su programa de viviendas para brindarles protección, sin embargo, las restricciones operativas del gobierno han hecho que el acceso de agencias de Naciones Unidas sea limitado y se obstaculice la asistencia humanitaria. El fenómeno en la República Democrática del Congo ha sido particularmente complejo, la causas de que existan casi 2 millones de desplazados se vincula con políticas deliberadas, prácticas de desplazamiento arbitrario, violaciones a los derechos humanos y conflictos armados de grupos paramilitares. Y finalmente en Zimbabwe, cerca de un millón de personas se encuentran en esta condición debido a que las acciones del gobierno han sido las promotoras del desplazamiento. Como en todos los países los desplazados padecen muchas carencias pero en Zimbabwe, su situación se agrava debido a que es el país con el menor índice de desarrollo humano del mundo.





Desplazados ambientales





En 1990, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático indicaba que el mayor impacto del cambio climático podría producirse sobre la migración humana; sin embargo, poco se ha dedicado al análisis de los efectos del cambio climático en la distribución de la población humana.



Según Norman Myers de la Universidad de Oxford, para 2050, cuando el calentamiento global cobre fuerza podría haber hasta 200 millones de personas desplazadas por alteraciones de los sistemas monzónicos y otros sistemas de lluvias, por sequías de una gravedad y duración inusitadas, así como por la subida del nivel del mar y la inundación de los litorales. Es sin duda, una cifra desalentadora, implica que se multiplicaría casi por 10 toda la población actual de refugiados y desplazados internos del mundo. De seguir esta tendencia, en 2050 una de cada 45 personas en el planeta se habría desplazado por los efectos del cambio climático.



Este referente global supone un reto adicional: que las soluciones que se planteen deben ser integrales y de largo plazo. En nuestro país no se cuenta con una definición jurídica de a quién se considera una PID y por lo mismo no existen estadísticas oficiales al respecto. Sin embargo, existen condiciones objetivas que propician el desplazamiento interno de personas como son los conflictos religiosos, políticos y agrarios, las disputas por el control de recursos naturales, las catástrofes naturales y también la presencia de violencia local y crimen organizado.



En el Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional Sobre la Población y el Desarrollo 1994-2009, del Consejo Nacional de Población (Conapo), se establece que mujeres, niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas de este fenómeno. En este sentido, México debe incorporar políticas públicas deliberadas y la legislación consecuente para atender un fenómeno complejo, multicausal y previsiblemente creciente. Legislación que deberá no sólo atender los problemas históricos como los agrarios, sino también prever sus nuevas expresiones como los desplazados ambientales.



Esta perspectiva ha sido tomada en cuenta por el gobierno y el Congreso de Chiapas, en donde se discute actualmente una propuesta para legislar en materia de atención y protección a las PID por conflictos armados, fenómenos ambientales y conflictos religiosos. Chiapas es, al momento, el único gobierno subnacional en el mundo que está considerado la atención para personas internamente desplazadas, entre ellos también los desplazados ambientales.



¿Cuál es la naturaleza de estas iniciativas impulsadas por Naciones Unidas? Que la construcción de políticas públicas para la atención de este fenómeno surjan desde lo local, como en el caso de Chiapas, y sean producto de la sensibilización de los responsables directos quienes diseñarán posibles alternativas de solución duraderas a una problemática que, por decir lo menos, había permanecido invisible durante años.





El autor es politólogo y analista político.

Twitter: @zoerobledo











Juárez, al límite del colapso



Análisis Crimen, violencia y población. En Ciudad Juárez hay más de 111 mil viviendas, construidas en el boom inmobiliario de la última década, que están deshabitadas



Elvira Maycottei



(24 julio 2011).- Hace poco más de 10 años Ciudad Juárez era otra cosa. A fines del siglo XX todo indicaba que la aparente bonanza mantendría su inercia más allá de los primeros años del nuevo siglo. Pero hoy, con un panorama tan poco esperanzador, surge la pregunta: ¿alguna vez hubo bonanza en esta ciudad?



Su ubicación, más que privilegiada, es estratégica: ser frontera con el país del norte ofrece facilidades para la industria maquiladora tanto en términos de cercanía física como por los privilegios fiscales que ofrece. Mas toda luz proyecta sus sombras. Dejando de lado que Ciudad Juárez convive diariamente con el tráfico de artículos y sustancias ilegales, el auge industrial la convirtió en un polo que atrajo población a nivel nacional, rol que combina con la función forzada de contener la migración nacional, centro y sudamericana con destino a Estados Unidos y recibir, además, sus deportados.



Durante décadas, cientos de miles de personas que arribaron para encontrar la versión mexicana del "sueño americano" -autos chocolates, electrodomésticos y ropa de "segunda", entre otras comodidades- fueron recibidas con trabajo, mas no con vivienda e infraestructura física y social para garantizar condiciones de vida aceptables. La ciudad, en términos reales, se colapsaba.



Para el año 2000, en pleno auge económico, contaba con un millón 187 mil 275 habitantes, 191 mil 505 más que en el año 1995. La ciudad "paría" casi 40 mil personas por año, y con ello la necesidad de dotarles de vivienda aumentaba; el Instituto de la Vivienda reconoció en ese entonces un déficit de 40 mil unidades. Sin embargo, en ese mismo año, una aguda crisis económica fue un punto de quiebre que significó una baja en la tasa de crecimiento: en 2005 su población alcanzó un millón 301 mil 452 habitantes: aumentó poco más de 20 mil personas por año.





El sueño inmobiliario





El Programa Sectorial de Vivienda (2002) encontró en Ciudad Juárez un escenario inmejorable. Buena parte de la población que estaba inserta en el mercado laboral era eminentemente obrera: el 82 por ciento de la Población Económicamente Activa percibía cuatro o menos salarios mínimos, convirtiéndose así en potencial mercado receptor de financiamientos para vivienda social, ya que hasta entonces la mayor parte de los créditos se otorgaba a quienes percibían entre cinco y 10 salarios mínimos. Este mercado se sumó al déficit histórico, a la apertura de la política de vivienda para adquirir una segunda propiedad y a la normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano cuyos vacíos -premeditados o no- daban y aún dan lugar a lucrar con el suelo y con una fecunda producción de vivienda desentendida de la adecuación al medio, procuración del patrimonio familiar y urbano y, más aún, del desarrollo social.



Para dimensionar lo que sucedió se debe considerar lo siguiente: de 2001 a 2006 se construyeron 112 mil 678 viviendas, 86.78 por ciento de ellas de interés social; con ello teóricamente más de 425 mil juarenses, la tercera parte de la población, estrenó casa. Se ocuparon 2 mil 971 hectáreas de suelo urbano, pero en el año 2007, bajo el lema "Democratizar la tierra", se incorporaron 15 mil 535 hectáreas más pese a la existencia de un 22 por ciento de superficie ociosa dentro del área urbana: los lotes baldíos aumentaron 400 por ciento. Ante tal prisa por el crecimiento urbano, disperso y sin control, el equipamiento educativo, de salud y social fue el gran ausente.





El declive





A casi 10 años de la puesta en marcha de las nuevas políticas de vivienda el panorama es desolador: en el 2005 había 314 mil 156 viviendas, de las cuales 69 mil 609 estaban deshabitadas. La crisis económica y de seguridad del 2008 que aún no acaba ha mostrado sus efectos: en el 2010, mientras la población sólo aumentó 19 mil 552 habitantes en cinco años, se registraron 467 mil 151 viviendas y las abandonadas ascendieron a 111 mil 103, la mayor parte de ellas en las zonas de reciente creación, donde los subsidios hoy no sólo son improductivos, sino un pasivo para la ciudad. Nuevas o no, podrían alojar una ciudad completa, obviamente sin escuelas, hospitales ni guarderías; alejadas y sin acceso a la ciudad.



La gente se fue... regresó a su lugar de origen o migró al norte. Fraccionamientos semivacíos; viviendas totalmente vandalizadas y aquellas que nunca fueron habitadas han sido desmanteladas a manos de maleantes; las áreas recreativas lucen su deterioro. No hay vecinos ni vecindad, las familias viven diseminadas pero, paradójicamente, al interior de su vivienda de sólo 31 metros cuadrados enfrentan los efectos de su hacinamiento. Al borde del colapso por esta situación insostenible... ¿quién querría vivir así?





La autora es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.











El compromiso 6001 de Eruviel



Reportaje Justicia y mexicanos en el exterior. Una mujer mexiquense condenada a más de 100 años de prisión en Estados Unidos busca su libertad armada con un documental



Dalila Carreño



(24 julio 2011).- En campaña, el gobernador electo del Estado de México, Eruviel Ávila, firmó 6 mil compromisos. Hay uno que no firmó, pero que dice apoyar: conseguir la libertad de Rosa Estela Olvera Jiménez, una mexicana condenada a 174 años de prisión en Texas tras un juicio plagado de irregularidades ante un tribunal estadounidense.



En septiembre de 1998, cuando tenía 16 años, la joven nacida en Ecatepec viajó a Austin con la ilusión de trabajar y apoyar económicamente a su mamá y a sus cuatro hermanos. Todo iba bien hasta que el 30 de enero de 2003, mientras cuidaba a Bryan Gutiérrez (de 21 meses de edad), el pequeño se ahogó con toallas de papel.



Rosa fue acusada por los familiares del menor, recluida en prisión preventiva desde 2003 y dos años después fue condenada a 99 años de prisión por el delito de lesiones calificadas y a 75 más por homicidio. Hoy cumple su condena en la prisión Crain Unit Facility, en Gatesville, Texas.



Desde que la historia de Rosa se dio a conocer en el documental Mi vida dentro de la directora Lucía Gajá (Ultra Films, Imcine y Foprocine, 2007), varias personas se interesaron en reabrir el caso, entre ellas Eruviel Ávila, que como presidente municipal de Ecatepec promovió que el ayuntamiento donara 50 mil dólares para financiar su defensa.



Entrevistado cuando era candidato, el hoy gobernador electo ofreció seguir ayudando a Rosa:



"Es el primer caso que conozco en Ecatepec de un mexicana que está purgando injustamente una pena en Estados Unidos. Al ser de Ecatepec me conmovió muchísimo y dije: 'Vamos a apoyar a Rosa con todo el entusiasmo'. Destinamos recursos públicos para este proyecto, esto fue para crear un fondo que están administrando los rotarios.



"Como ecatepequense, como amigo de Rosa, de su familia, de sus hijos, pondré mi grano de arena para apoyar con toda pasión, entusiasmo, convicción porque se haga justicia. Es un mensaje muy claro a la justicia de Estados Unidos y especialmente de este estado en el sentido de que los mexicanos no nos vamos a dejar, que tenemos derechos", aseguró Ávila entrevistado en junio pasado.





Irregularidades





A partir de que el caso de Rosa se hizo público con el documental de Lucía Gajá, la coordinación de Asuntos Internacionales del gobierno del Estado de México empezó a recibir correspondencia que mostraba interés en apoyar a la mexicana.



María Fernanda García Villalobos, subcoordinadora de enlace internacional de esa área, contactó a la abogada Yuriria Marván para conocer su opinión.



Al estudiar el caso, la especialista en investigación y defensa de mexicanos que enfrentan procesos capitales o que han sido sentenciados en Estados Unidos concluyó que en el proceso hubo varias irregularidades:



-Desde el inicio se le consideró presunta culpable, debido a su condición de mujer indocumentada que no conocía el idioma, la normatividad y la cultura de Estados Unidos.



-Su sentencia estuvo basada en especulaciones médicas, como quedó demostrado científicamente en 2010 con un nuevo equipo de peritos que concluyó que no fue un homicidio. La razón del fallecimiento de Bryan, ocurrido tres meses después del accidente, no fue la lesión cerebral causada por la asfixia, sino la decisión médica y familiar de privarlo de alimentos, lo que le provocó una neumonía y al final la muerte.



-Rosa recibió un trato discriminatorio, como se demuestra en el documental Mi vida dentro. Por ejemplo, cuando la fiscal Allison Wetzel pregunta a un testigo: "Y a pesar de ser mexicana, ¿está usted de acuerdo que Rosa es una mujer inteligente?".



-A pesar de que el abogado Leonard Martínez (encargado de la defensa de Rosa en el juicio de 2005) solicitó fondos para contratar otros peritos, le fueron negados.





El documental como defensa





Desde el año 2000 Lucía Gajá quería hacer un documental sobre mujeres presas en Estados Unidos, pero no hallaba el apoyo para realizarlo. Cuando se encontró el caso de Rosa, en enero de 2005, decidió dedicarse de lleno a él.



La realizadora conoció a Carmen Cortés, encargada del Departamento de Protección del Consulado de México en Austin, quien además de presentarle a Rosa, le consiguió el permiso para grabar el juicio, que inició en agosto de ese año. En total grabó 40 horas que sirvieron para crear el documental (que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2007), y que al final se convirtieron en una valiosa herramienta jurídica.



"Me tardé muchos años en que a alguien le interesara que pudiera entrevistar a estas mujeres y luego todo cambió al encontrarme con Rosa. Tener la oportunidad de estar en el juicio fue lo que cambió la historia. Fue muy claro que, después de todo lo que logramos grabar, tenía que transformarse en un documental de denuncia.



"Más que cualquier otro reconocimiento, lo mejor que puede pasar es lo que está sucediendo ahorita y que Rosa salga libre. Ésta es una función que el documental debe cumplir: muchas veces se dice que las películas no cambian nada y en este caso creo que sí está modificando algo. ¿Qué tanto influyó? Para mí es muy importante darme cuenta que sí sirve contar este tipo de historias", comenta Gajá, quien ha recibido varios premios por Mi vida dentro.



Yuriria Marván, quien encabeza la defensa, reconoce que tener el juicio grabado fue vital para solicitar un nuevo proceso.



"No es lo mismo que tengas un expediente y puedas leer cinco o siete mil hojas a que tengas 40 horas grabadas. No es nada más lo que se dijo, sino cómo estaban actuando las partes, simple y sencillamente los semblantes de los expertos, las expresiones, esa parte es importante de analizar para conocer la seguridad y el sustento de las opiniones", asegura.



Otro de los involucrados en el caso Rosa también se enteró de él gracias al documental: Mario Flores, abogado mexicano que, acusado de homicidio, pasó 18 años en el corredor de la muerte de una prisión en Chicago y hoy es jefe del Área de Asuntos Jurídicos de la Coordinación de Asuntos Internacionales del gobierno del Estado de México.



"Me acuerdo que cuando vi el documental me quedé anonadado de que Lucía haya podido grabar todo el juicio. Me impresionó mucho y luego ya empecé a ver las anomalías. El documental es tan fuerte y eficaz que es verdaderamente lo que le va a salvar la vida y le ayudará a recuperar su libertad", afirma.



Gracias al documental, la Secretaría de Relaciones Exteriores también se ha involucrado en el caso y ha brindado apoyo consular y económico en la última etapa del litigio.





La inocencia de Rosa





El 20 de octubre de 2010, el nuevo equipo de abogados de Rosa presentó un recurso de hábeas corpus ante la 299 Corte de Distrito del Condado de Travis en Texas y se estima que la resolución con la que se anularía la sentencia se dé a conocer dentro de seis u ocho meses.



Para lograrlo, Marván y su colega en Estados Unidos Bryce Benjet contrataron como peritos a los pediatras Karen Zur, John Closkey y Janice Ophoven (especialistas en otorrinolaringología, cuidados intensivos, anestesiología y patología forense), quienes determinaron que lo sucedido al bebé Bryan Gutiérrez fue un accidente.



Los días 9, 21, 22 y 23 de diciembre del año pasado se realizaron audiencias probatorias y en ellas expusieron sus peritajes, que fueron comparados con los de la Fiscalía.



"Después de valorar ambos peritajes, el juez Charles Baird decidió que ninguno de los peritos de la Fiscalía había rebatido los argumentos científicos que nuestros peritos presentaron, que no había evidencia de homicidio, que había sido un accidente y que por eso solicitaba un nuevo juicio.



"Y el que la Fiscalía haya trabajado de manera opuesta a esto no nos habla más que de una presunción de culpabilidad desde el principio y una idea de discriminación en donde no importa qué y cómo sucedió", explica Marván.



Bryan Gutiérrez murió en abril de 2003, tres meses después del accidente y, de acuerdo con el informe que la abogada presentó en la causa No. D-1-DC-04-904165 ante la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, la razón del deceso no fue la lesión cerebral causada por la asfixia.



"El fallecimiento fue provocado por la decisión médica y familiar de privarlo de alimentos. La condición médica del menor era estable; sin embargo, con esta decisión se debilitó seriamente, por lo que se enfermó de neumonía y murió poco después de esta decisión", señala el informe.



La defensa ya logró que la sentencia dictaminada en septiembre de 2005 por el juez Jon Wisser, ya retirado, se esté revisando en la Corte de Apelaciones Criminales de Texas gracias a otro juez: Charles Baird, quien el 31 de diciembre pasado recomendó la reposición del procedimiento a través de un nuevo juicio. Justo ese día, Baird también se jubiló.



"En caso de que se adopte la recomendación, existen posibilidades de que nuestra connacional sea exonerada, porque en términos legales y científicos, sustentados por los médicos, queda en evidencia que ella es inocente y que, además, el juicio en primera instancia tuvo muy serias irregularidades y violaciones", añade Marván.









Rosa: hija y madre



A Estela Jiménez no le cabe más dolor en el cuerpo. En septiembre de 1998 acompañó a su hija Rosa a la Central de Autobuses del Norte, de donde partió a Laredo.



"Lloramos mucho porque era la primera vez que nos separábamos, nos abrazamos y le di la bendición", recuerda.



Cuando la volvió a ver, en septiembre de 2005, su hija estaba en la Corte de Apelaciones Criminales de Texas, a la espera de un juicio que la sentenció a 174 años de prisión.



Antes de partir a Estados Unidos, Rosa estudiaba Empresas Turísticas y trabajaba en una tortillería donde le pagaban 400 pesos a la semana.



"Me dijo que se iba a trabajar para que saliéramos adelante, que lo hacía porque aquí no se ganaba mucho, quería apoyar a sus hermanos para que siguieran estudiando", dice Estela, quien se gana la vida vendiendo tamales.



De poco sirvió que le dijera que no se fuera y al final no le quedó más que ayudarla a juntar 20 mil pesos para el pollero.



Luego de cuatro días de intentar cruzar el Río Bravo, Rosa llegó a Texas y el primer trabajo que consiguió fue de recamarera. En ese entonces le enviaba a su mamá entre 250 y 300 dólares cada 15 días.



"Hablábamos casi cada tercer día, estaba muy contenta en el trabajo y ya había hecho algunas amigas".



Rosa conoció a Fidel, un joven de Guanajuato con el que se fue a vivir y con quien procreó a Brenda, hoy de 9 años, y a Emmanuel, quien nació en la cárcel del Condado de Travis el 18 de abril de 2003. Fue Fidel quien llamó a Estela para avisarle que su hija estaba detenida.



Tras varios trámites y gracias a la intervención del Consulado de México en Austin, autoridades de Estados Unidos permitieron que el 13 de octubre de 2003, Brenda, entonces de un año nueve meses y Emmanuel, de apenas 6 meses de nacido, viajaran a México. "Fue muy triste ver a mis niños llegar sin su mamá, sabiendo que la necesitaban, todo estaba derrumbado".



Los niños saben que su mamá está en Texas y que no pueden verla; por ahora, Estela no piensa explicarles que está presa.



La última vez que habló por teléfono con su hija fue el 30 de marzo de 2009. Ahora la comunicación es únicamente por carta, porque así lo exige la cárcel en la que se encuentra.



"Me costó mucho trabajo levantarme, pero a final de cuentas dije: 'aquí sentada llorando no voy a poder ayudarla, ni voy a poder sacar adelante a mis nietos'.



"Estoy muy contenta y agradecida con Dios y con Lucía (creadora del documental Mi vida dentro), gracias a ella se dio a conocer el caso de una mexicana. No pienso que nada más sea mi hija, hay muchas Rosas viviendo la misma situación".



Dalila Carreño









Enfoque recomienda



Título: Mi vida dentro.



Directora: Lucía Gajá.



Producción: Ultra Films, Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y Fondo para la producción de cine de calidad (Foprocine).



Fecha: México, 2007.













La cultura política











(24 julio 2011).- Téngalo presente



Acciones colectivas. Ponencia a cargo de José de Jesús Ruiz Munilla. Miércoles 27, 17:00 horas. Edificio I del Palacio Legislativo de San Lázaro. Congreso de la Unión 66, El parque. Informes: 5036 0000 ext. 58140.







Cine



La bestia de Pedro Ultreras. Documental filmado durante el trayecto de los trenes de carga que parten desde el sureste mexicano y son utilizados por los migrantes centroamericanos con la intención de llegar a Estados Unidos. Domingo 24, martes 26 y miércoles 27, 17:00 horas. Cineteca Nacional. México-Coyoacán 389, Xoco. Informes: 4155 1200.







Convocatorias



Reunión de trabajo para analizar el proceso necesario para una implementación efectiva del Mecanismo la protección de las y los defensores de derechos humanos. Lunes 25, 9:00 horas. Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez". Serapio Rendón 57-B, San Rafael. Informes: 5250 0328.





Concurso universitario de juicios orales. Invita el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Procuraduría General de la República y la Embajada de Estados Unidos en México. Fecha límite de inscripciones: 29 de agosto. Informes: 5487 1500 ext. 1665.







Foros



Reforma política, cambio estructural de la vida social. Equilibrio y cooperación entre poderes. Organiza la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Jueves 28, 9:30 horas. Durango. Transmisión del Canal del Congreso: http://bit.ly/2a7Ztn







Internet



Recomendaciones internacionales a México en materia de derechos humanos. Recopilación de las sentencias y documentos de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU: www.recomendacionesdh.mx





Informe sobre desarrollo humano México 2011. Analiza la distribución del gasto público entre los diferentes grupos de población, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: http://bit.ly/mKxdqy







Libros



Díaz Ordaz. Disparos en la oscuridad de Fabrizio Mejía Madrid. Suma de Letras. El autor desmenuza la vida de Gustavo Díaz Ordaz, se remonta a los episodios más trascendentales de su vida y abunda en el apoyo político de figuras como Maximino Ávila Camacho y Adolfo López Mateos.





El México que nos duele. Crónica de un país sin rumbo de Alejandro Rosas y Ricardo Cayuela Gally. Temas de hoy. Los autores hacen una radiografía histórica y contemporánea de México. Analizan, entre otros aspectos, las oportunidades perdidas, los vicios hechos cultura y la corrupción enquistada.





El narco en México. Historia e historias de una guerra de Ricardo Ravelo. Grijalbo. El autor documenta los nexos políticos con el narcotráfico que han permitido la penetración de los intereses de los cárteles en la Presidencia de la República, desde el sexenio de Ernesto Zedillo a la fecha.





La próxima gran caída de la economía mundial. Los desafíos de la crisis de 2012, el colapso chino y la oportunidad latinoamericana de Jorge Suárez-Vélez. Debate. Balance histórico sobre las causas de la reciente crisis económica global. El autor advierte sobre los errores estructurales y vicios económicos que desencadenaron la caída financiera y que siguen presentes.







Mesas redondas



La trata de personas, un problema de violencia estructural. Ricardo Ruiz Carbonel y Jose Antonio Ruiz. Jueves 28 y viernes 29, 10:00 horas. Centro Cultural España. Guatemala 18, Centro Histórico. Informes: 5521 1925.







Presentaciones



No al chapulinazo. Proyecto ciudadano que exige cambios legales para evitar que los políticos no brinquen de un puesto a otro. Domingo 24, 11:00 horas. Reforma casi esquina con Gandhi. Informes: www. dejemosdehacernospendejos.org





Confluencia XXI. No. 14. Violencia, amenaza para la democracia. Regina Santiago, Mayolo Medina, José Elías Romero, Eugenia Ramírez y Mario Velasco. Martes 26, 18:30 horas. Librería Rosario Castellanos del FCE. Tamaulipas 202, Hipódromo Condesa. Inf: 5729 9600 ext. 4635.







Revistas



Dfensor No. 7. Órgano de difusión de la CDHDF. Joel Hernández García evalúa los retos y avances en la armonización de la legislación mexicana con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Kai Ambos escriben sobre los derechos humanos de los terroristas, con base en el caso Osama Bin Laden.







Seminarios



Seguridad y derechos laborales. Situación en los cuerpos policiales. Martes 26, 10:30 horas. Sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Universidad 1449, Florida. Informes: 5229 5600.







Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com







El arte de la guerra



Reseña: Obstruir, destruir, ocultar







(24 julio 2011).- Brazos de cera empalados con clavos gruesos, inertes sobre una mesa de madera; alrededor, solamente hay instrumentos de tortura.



Podría tratarse de una escena de la violencia que sacude a México; sin embargo, las piezas son parte de la visión estética que el artista argentino Enrique Jezik (Córdoba, 1961) expone en la muestra Obstruir, destruir, ocultar, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo.



Jezik asegura que usar brazos como moldes es una metáfora de éstos como constructores del mundo y, a la vez, como instrumentos tiránicos utilizados para ejecutar terribles torturas.



El artista considera que la importancia de su obra radica en la ambivalencia entre el rechazo y la fascinación que las personas encuentran frente a las armas y la violencia.



"La violencia está totalmente estilizada, en muchos de mis trabajos trato de reflexionar sobre la guerra a lo largo de los años, abordo temas de geopolítica y relaciones de poder", explica.



Lo primero que Jezik muestra al espectador es una instalación construida con dos sillas de metal colocadas frente a frente, que se titula Pacto de amor, una promesa entre las víctimas que se imaginan salidas de un campo de concentración.



Unos pasos adelante el visitante encuentra la pieza Para la despedida, que consta de cuatro sillas eléctricas con cables conectados entre sí y cascos de cuero que sostendrían las cabezas y los cerebros fritos de los condenados imaginarios.



El artista plástico refleja su preocupación por la violencia colectiva, aborda temas de migración, dictaduras, guerras y la tensión que generan las nuevas tecnologías al violar la privacidad de las personas con las imágenes y videos satelitales.



En la sala Ocultamiento, un helicóptero AH-64 Apache, dibujado en la pared del recinto a escala real, enmarca una exhibición de proyectiles y videos que representan el rastreo y la invisibilidad de la táctica militar contemporánea.



Un enorme mapamundi tallado en madera ocupa otra de las paredes del recinto, en él están trazados con motosierra los continentes. Los cortes son agresivos y la luz de los focos que se proyecta sobre el mapa determina zonas de conflicto.



"La falta de unión de un territorio está representada en la diferencia de distribución de los estados", asegura, "estos conflictos entre pequeños grupos hacen que la gente pelee entre sí".



Jezik vivió la dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983. Desde principios de los ochenta, cuando incursionó en exposiciones colectivas que buscaban denunciar los abusos de la dictadura, ha incluido en sus obras instrumentos de fuerza usados por los aparatos de poder y control social: armas, balas, cadenas e incluso un escuadrón de policías antidisturbios utilizado para grabar un video.



Reside en México desde hace más de una década, tiempo en el que ha abordado al menos dos conflictos para él trascendentales: Oaxaca y Ciudad Juárez.



En Oaxaca conoció de cerca el conflicto de la APPO con el gobierno de Ulises Ruiz, y de esa experiencia surgió Divide y vencerás, una instalación elaborada con 570 placas de acero empotradas en la pared que representan los municipios del estado.



Ciudad Juárez lo retrató con un performance grabado en video de un camión que vierte restos de vísceras en una barranca. El argentino opina que Juárez es la muestra de que la violencia agrede a todos los sectores de México.



"Es una situación terrible que no tiene solución inmediata, sin embargo, la militarización no es la solución, nunca lo ha sido y nunca lo será para ningún país", afirma.



Su intención no es criticar -asegura el autor- sino ofrecer una mirada a los problemas, generar un comentario irónico, desapasionado, libre de tintes políticos.



"La combinación de violencia y tortura jamás generará olvido, el sufrimiento de las víctimas tiene un antes y un después que las ha hecho conscientes. El arte, al igual que la violencia, es subjetivo, pero de igual manera dejan una huella que perdura hasta el final de la existencia humana", concluye Jezik.



Obstruir, destruir, ocultar se exhibirá hasta el 27 de noviembre del 2011 dentro del ciclo Fantasmas de la libertad en el MUAC del Centro Cultural Universitario.





Consulte horarios en www.muac.unam.mx Información y fotografía: Ximena Mejía Hinojosa.















REVISTA PROCESO No. 1812



El mercadeo en las universidades

Axel Didriksson



A pesar de sus magros resultados, el modelo de mercado en las universidades públicas del país avanza desde hace varios años, así como en otros países. En Chile, las manifestaciones estudiantiles, constantes durante la última década, y que han alcanzado un mayor grado de organización recientemente, luchan en contra de la mercantilización de la educación superior, con todo y las medidas remediales que el nuevo gobierno ha propuesto para detenerlas.

En ese país, desde los años finales de la dictadura de Pinochet se pusieron en marcha modificaciones constitucionales y reglamentarias para que el peso del costo de la educación superior recayera en las familias y en los estudiantes, se jerarquizó a las universidades y desapareció en los hechos la diferencia entre públicas y privadas. Sin embargo, el otrora modelo emprendedor chileno lo único que ha traído consigo es el ahondamiento de las diferencias sociales y el malestar de los jóvenes cuando tienen que pagar por un derecho humano fundamental.



La idea de que los estudiantes son clientes, de que las instituciones educativas deben estar sujetas a mediciones formales para evaluar su eficiencia y su valor en dinero, de que su gestión se asemeje a la de una empresa sustituyendo a los órganos colegiados y las decisiones de las comunidades académicas, de que los profesores y los investigadores estén sujetos a nociones de productividad y escalas salariales, y de que las funciones de docencia e investigación estén motivadas por su utilidad en el mercado y no en las de libertad académica y autonomía, está cada vez más presente en las universidades chilenas, pero también en las mexicanas.



En Estados Unidos hace ya largo tiempo que esto también ocurre, y en algunas universidades se presenta fuertemente el fenómeno de un capitalismo académico, y en otras simplemente la necesidad de rebajar, en todo lo que se pueda, los costos de su mantenimiento. Así, por ejemplo, en estos días en las universidades de Colorado, de Texas, de Wisconsin o de Oregon se está buscando compensar los costos que deben pagarse por recoger la basura en los campus, recortar las llamadas telefónicas, reducir drásticamente la cantidad de las fotocopias, vender vehículos o cobrar más por el uso de las instalaciones deportivas, con programas que se impulsan como de “reducción creativa de costos”.



En México el caso es patético, porque se ha permitido que el modelo de mercado se imponga poco a poco, con la implantación de modelos curriculares basados en competencias y estándares, con el impulso de materias denominadas de “aprendizaje financiero y el ahorro”, con la secuencia de recortes al gasto público destinado a la educación superior y a la investigación científica, con sistemas de becas que comprometen pagos crecientes a las familias y a los estudiantes por medio de la banca, y se aseguran reformas que rebajan los impuestos anuales a quienes paguen colegiaturas en escuelas privadas.



Desde hace ya tiempo que el mandato del artículo tercero Constitucional se ha convertido en letra muerta, porque se paga por toda la educación que se recibe, porque ésta ha dejado de ser laica, y en muchos sentidos científica y libertaria. Además, cada vez más es de peor calidad, obsoleta y falsa. No ha existido el mayor interés por posicionarnos en las nuevas áreas del conocimiento interdisciplinario, ni lo que se genera y transfiere desde la adquisición de nuevos aprendizajes tiene la menor importancia para la sociedad y el desarrollo económico.



Durante el año pasado, por ejemplo, las universidades sólo produjeron 137 patentes (0.9%), frente a más de 14 mil registradas. Buscar relacionar lo que se investiga en las universidades con las empresas es, como dice el vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencia, doctor José Franco, es “sembrar en el desierto”. Las empresas con capacidad de innovar y demandar nuevos conocimientos son escasas, y en su gran mayoría usan y buscan adaptar conocimientos de otros países.



Junto con la escasa consideración que la sociedad y el Estado tienen respecto de la importancia de invertir en conocimientos desde sus universidades, sus egresados salen a un mercado laboral al que tampoco le interesan sus títulos o sus capacidades. El desempleo entre los universitarios es el más alto (70%) entre los que buscan empleo. La mayor oferta de trabajo es para quienes quisieran hacerse policías, o para quienes con 20 años de estudio desean realizar actividades por las que cuando mucho se ofrecen 10 mil pesos al mes.



En México, ni las universidades ni los estudiantes protestan, como sí ocurre en otros países. Las manifestaciones en contra de los cobros excesivos o por la falta de espacios de estudio, la baja calidad o la escasez de recursos, son apenas visibles y por muy poco tiempo. El modelo que deja de lado una buena educación ciudadana, la idea de una sólida formación integral y cultural, el trabajo en fronteras de la ciencia y la tecnología, la fortaleza humanística y el laicismo, tienen más enemigos de los que uno creía.







“Tiene la palabra”

Florence Toussaint



Mexico, Televisión El título de esta nueva serie de Canal 22 parece aludir a la sociedad civil organizada que busca, o bien influir en las políticas del gobierno, o ejercer funciones de las cuales éste abdicó.

En estos tiempos de neoliberalismo panista, el altruismo privado ha ido ganando terreno en detrimento de los derechos públicos garantizados universalmente por un Estado que proteja a todos sus ciudadanos, les dé servicios a cambio de los impuestos que pagan. Ese antiguo pacto se ha fracturado, la carga impositiva es cada día mayor sobre los causantes cautivos y menor a los consorcios. La profusión de trámites y pérdida de tiempo constituyen un severo lastre para el sufrido habitante de México. Muchas de las grandes empresas deducen impuestos a través de fundaciones o transfiriendo fondos a ciertas ONG.



El programa Tiene la palabra cuenta entre sus virtudes hacer patente esa profusión de entidades surgidas de una necesidad o de un objetivo social, a cargo de ciudadanos que buscan remediar las carencias de grupos específicos de la sociedad, tales como dar facilidades a los discapacitados para su mejor desempeño, establecer la infraestructura necesaria de vivienda y drenaje en comunidades marginadas, apoyar a los sordos mediante trabajo actoral en una compañía, entre muchos otros. Dichas tareas corresponderían a un Estado responsable, hoy los particulares están asumiendo el rol con las limitaciones que ello les impone y la sobrecarga asumida por una sociedad de por sí saqueada por una clase política que no cesa de enriquecerse.



Desde luego, el programa tiene un fin más específico: darle la palabra a los integrantes de asociaciones que intentan mejorar la situación de sus compatriotas. Al hacerlo a través de un medio televisivo, se amplifican las acciones y se consiguen adeptos, quizá patrocinadores.



El formato es una mesa en la cual se instala el conductor y en abanico sillas para los participantes. El set carece de adornos: triángulos de colores contrastantes y luz homogénea. El desarrollo es formal y a veces resulta aburrido, dependiendo del tema y los invitados. Lo que invariablemente salva al programa es el moderador.



Se trata de Paco Prieto, escritor de novelas, obras de teatro, ensayo. Ha participado en la televisión durante varios años como comentarista de toros en una emisión de Canal 11. Hombre culto, hace referencias literarias, al cine, a la escena, a la música. Éstas preceden a sus preguntas acotando las respuestas. Su enorme experiencia en la enseñanza, en dictar conferencias o dar charlas frente a diversos auditorios le permiten desempeñarse con soltura, improvisar sin pausas. Su talante amigable, su excelente dicción, el manejo de vocabulario, de imágenes, de metáforas lo convierten, semana a semana, en la estrella del programa, su pilar, su atractivo. Los productores acertaron, Tiene la palabra Paco Prieto.









Grave, que Calderón no admita su fracaso

José Gil Olmos



Un mes después del encuentro con Felipe Calderón en el Castillo de Chapultepec, Javier Sicilia y el movimiento pacífico que encabeza consideran que las demandas que plantearon aún no tienen respuesta.





Hasta ahora, dice el escritor, el Ejecutivo no ha pedido perdón ni ha procurado justicia para los familiares de las víctimas de la guerra que declaró al narcotráfico, y tampoco se observa una mínima desmilitarización.



Entrevistado el jueves 21 en el Museo de Antropología, poco antes de la instalación de las cuatro mesas de trabajo en las que se intentará darle cauce a las demandas del movimiento, el también colaborador de Proceso comenta que aún faltan dos meses para el próximo encuentro, programado para el 23 de septiembre, pero el gobierno federal no da ninguna muestra de que cambiará su esquema de seguridad belicista y policial por otro basado en el respeto a los derechos humanos y con sentido social.



Por el contrario, en la ceremonia del jueves 21 el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, reiteró que no habrá ninguna variación en la estrategia del gobierno de Calderón en el combate al narcotráfico; además, acusó a gobernadores y presidentes municipales de ser omisos y cómplices del crimen organizado y de la violencia.



El discurso de Blake llamó la atención de los miembros del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Emilio Álvarez Icaza asegura que el mensaje denota que el gobierno federal intenta deslindarse de la violencia y las miles de muertes que ha provocado la estrategia calderonista.



Para el exombudsman capitalino la diferencia en el diagnóstico del gobierno federal y el que hace el movimiento ciudadano al que pertenece, es notable. “Su diagnóstico (de Blake) de que sólo la delincuencia es responsable, es falso; por eso nosotros insistimos en que hay una deuda (del gobierno) con las víctimas, no sólo de procuración de justicia, sino de protección”, dice el operador político del movimiento.



El mismo jueves, Sicilia reiteró a Blake Mora que Felipe Calderón está obligado a pedir perdón a las víctimas, pues es el jefe de Estado: “Aunque en el Castillo de Chapultepec pidió perdón por no haber cuidado la seguridad de los ciudadanos, ese reconocimiento aún no es cabal ni profundo”.



E insistió: “Por ello exigimos que se reconozca plenamente la deuda que el Estado tiene con las víctimas, con sus familias y con la sociedad entera. Lo reiteramos: en su calidad de representante del Estado mexicano, Calderón está obligado a pedir un sincero perdón a la nación, en particular a las víctimas”. Blake no respondió.



Y aun cuando falta ver los resultados de las cuatro mesas en las que se discutirá en las próximas semanas sobre la procuración de justicia; atención a víctimas; nuevo modelo de seguridad, y el impulso a mecanismos de democracia participativa y democratización de medios, Sicilia advierte que, en su cerrazón, Calderón cree que el movimiento se está debilitando.



Para el escritor, es grave que Calderón no admita el fracaso de su estrategia de guerra frente al narcotráfico y que esté perdiendo la oportunidad de aprovechar las propuestas del movimiento ciudadano para mejorar la imagen de su gobierno y la del PAN rumbo a las elecciones de 2012.



“Creo que la clase política es estúpida, políticamente hablando; tiene oligofrenia”, por eso el afán del gobierno en apostarle al desgaste del movimiento. Pero no es así, expone, “está en un impasse, está dando espacio al diálogo. El movimiento está muy vivo.



“Cuando se despertó la reserva moral de esta nación, se despertó para siempre; ahora está simplemente aguardando una convocatoria y las conclusiones de los diálogos”, explica Sicilia, y relata que las diferencias internas ya se superaron, pues ahora hay un mejor entendimiento. El movimiento “ya empieza a tener rostro propio”.



–En lo interno hubo expresiones de inconformidad, sobre todo de grupos de juarenses y de Coahuila que pedían mayor representatividad en el movimiento. ¿Cómo están las cosas ahora?



–El movimiento se está abriendo, pero tenemos que mantenernos en los ejes de la propuesta del pacto del 8 de mayo. Son los pasos mínimos para empezar; si pedimos demasiado, no avanzamos. De hecho estamos sumando a todos los grupos, de ahí van a emerger otras agendas. Lo que entendimos es la importancia de mantener la unidad moral para sumar gente.



Sicilia dice que eso es lo que la clase política y el gobierno no quieren entender. Por eso le preocupa que algunos sectores consideren que el movimiento está acabado. Reitera que “estamos frente a una emergencia nacional y es necesario ir al diálogo con la sociedad lo más pronto posible”. Y eso hay que reiterárselo a los poderes Ejecutivo y Legislativo: “Si no lo hacen, tendrán que pagar las consecuencias”, sentencia.



La necedad presidencial



Javier Sicilia comenta que, a pesar de su evidente fracaso, Calderón es reacio a cambiar su estrategia. Por eso, en las mesas de trabajo él y sus compañeros insistirán en ese punto. Confía en que los expertos hagan propuestas diferentes a la del mandatario. “Esperamos llegar al encuentro del 23 de septiembre con avances importantes”, dice al reportero.



Además de las mesas de trabajo con funcionarios de varias dependencias, el movimiento concertó ya otras reuniones: el jueves 28 mantendrá una con representantes del Poder Legislativo en el Castillo de Chapultepec; y en agosto, en fecha aún por definir, habrá un encuentro con integrantes del Poder Judicial y otro con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).



También preparan otra caravana por la paz, ahora hacia el sur del país, que atravesará los estados de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Asimismo, el 18 de septiembre darán a conocer en la Ciudad de México las propuestas que recojan en el camino y las presentarán en el encuentro del 23 de septiembre con Calderón.



–¿El movimiento busca impulsar la democratización del país?



–Uno de los puntos del documento del 8 de mayo, que es el eje del movimiento, es la democracia participativa. Si ésta no existe, no podemos controlar a nuestros gobernantes. Yo insisto: si la clase política no entiende que estamos en un estado de emergencia nacional y que tenemos que trabajar en una agenda nacional, en la búsqueda de un candidato civil de unidad nacional, el país se nos va a ir de las manos.



“Vamos hacia las elecciones de la ignominia, como lo mostraron los comicios del domingo 3 en el Estado de México, donde el PRI ganó sólo con 20% del padrón electoral. Eso carece de legitimidad, pues ganó el voto blanco, lo que expresa que la gente está harta de ellos.”



–¿El próximo encuentro con Calderón será de abrazos y escapularios?



–No, usaremos otras simbologías. No hay que olvidar que el movimiento ha estado acompañado de muchos símbolos, que detrás hay un contenido poético. Se leyeron con viejos códigos esos símbolos; era el símbolo del consuelo. Y entregarlo al presidente era para decirle: “Aquí está todo el dolor de la nación. Ahora le toca a él dar justicia a todas las víctimas y a toda la nación.



“Desde la perspectiva de la no violencia, nosotros no confundimos la diferencia y el equívoco de un ser humano con la persona. Estamos buscando tocar el corazón de los otros, de los adversarios; su conciencia, para que cambie de actitud. Eso no nos lleva a una enemistad con el hombre. Ese es un nuevo lenguaje en México y poco a poco se ha ido entendiendo.”



–Pero, ¿será como el primer encuentro?



–Estarán las víctimas, será público y habrá expertos en cuestiones de seguridad para mostrarle al presidente que es falso que no se hayan dado otras propuestas. Ya las han hecho expertos y se las presentaremos de cara a la nación, junto con los avances de las mesas de diálogo y lo que juntemos de la segunda caravana.



–¿El ánimo será distinto?



–Creo que la reserva moral será distinta. Buscaremos que esté viva la esperanza, y que en ese sentido se mantenga viva la fuerza ciudadana; que sea más clara y más exigente.



–De alguna manera eso es lo que la gente espera.



–Sí. Tendremos que ser más exigentes, aunque la exigencia no está reñida con la amabilidad. Se pueden decir las mismas cosas de distinta manera. Las movilizaciones son exigencias; el silencio con el que marchamos es exigencia. Hay muchas cosas que están dichas, pero con otra narrativa. Es la no violencia que viene del Evangelio y fue Gandhi quien mejor la articuló.











Los nuevos esclavos de los cárteles

José Gil Olmos



El cáncer de la violencia por narcotráfico lleva aparejados muchos otros, pero las autoridades no pueden con ninguno de ellos. En los últimos cuatro años, por ejemplo, los secuestros se dispararon en el país, con la diferencia de que ahora grupos criminales, como Los Zetas, plagian de manera indiscriminada a todo tipo de jóvenes y los “reclutan” para su causa. Lo grave es que los convierten en sus esclavos, sostiene el sacerdote Alejandro Solalinde. Es por ello que el religioso participa en la organización de la segunda caravana internacional Paso a Paso Hacia la Paz, cuyo cometido es alzar la voz por los migrantes indocumentados que padecen lo indecible durante su trayecto a Estados Unidos.





El secuestro de migrantes centroamericanos y mexicanos es ya un gran negocio para el crimen organizado. Y aun cuando las autoridades han firmado acuerdos, pactos y tratados, nada frena ese delito que, de acuerdo con cifras conservadoras de agrupaciones nacionales y extranjeras, deja ganancias de por lo menos 50 millones de dólares al año a los grupos delincuenciales.



Un informe reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que desde 2008 se han registrado alrededor de 20 mil secuestros anuales. Durante su trayecto a Estados Unidos, los indocumentados son objeto de innumerable vejaciones de organizaciones criminales.



Alejandro Solalinde, quien dirige el albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, advierte que Los Zetas suelen secuestrar a hombres y mujeres y los obligan a trabajar para ellos como halcones. Asegura que él ha recibido testimonios de los plagiados, según los cuales los sicarios los adiestran y los convierten en su ejército de reserva.



En entrevista telefónica la víspera de la marcha contra los secuestros y violaciones a los derechos de los migrantes, que se inició el sábado 23 de manera simultánea en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y culminará en México el domingo 31, Solalinde manifiesta que se trata de una nueva versión de la leva en la que los migrantes centroamericanos y mexicanos son tomados como “desechables”.



El infierno



Los plagios de migrantes por parte de zetas comenzaron a denunciarse hace dos años. Al principio los sicarios no pedían rescate a los familiares, más bien obligaban a sus víctimas a trabajar para ellos.



Según los testimonios reunidos por Solalinde, luego de llevar tiempo desaparecidos, algunos jóvenes llamaban por teléfono a sus familiares para decirles que no dijeran nada al Ejército o la policía ni intentaran buscarlos; les comentaban que estaban trabajando para Los Zetas y que mejor se olvidaran de ellos porque nunca los iban a soltar.



Los migrantes, insiste el entrevistado, “están atrapados. Los sicarios primero los entrenan y luego los ponen a trabajar en las plazas nacionales que controlan, o incluso fuera del país.



“No se pueden salir del entorno al que los confinan porque los matan. Tuvimos información de que un par de jóvenes de Veracruz fueron obligados a participar en una matanza en Guatemala. (Los Zetas) se los llevaron para allá y los forzaron a matar a la gente. ¡Imagínese lo que estarán haciendo en otros lados del país.”



Encargado del área pastoral de migrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano y del albergue Hermanos en el Camino, Solalinde comenta que lo mejor que les podría pasar a esos “nuevos esclavos” del crimen organizado es que los metieran a la cárcel porque, aunque les den una sentencia larga, por lo menos se zafarían del poder de los narcotraficantes.



Tras mencionar las entidades en las que ocurre este fenómeno, insiste en que es Veracruz el territorio donde es mayor el reclutamiento forzado. Y advierte que ahora los criminales están secuestrando a los adolescentes de los pueblos y ciudades veracruzanas.



“Esto lo sabe el gobernador Javier Duarte. Él es consciente de lo que está pasando en Veracruz. Le hemos dicho que ya se están llevando a los jóvenes de su estado a otros lados para que trabajen para Los Zetas, pero no ha hecho nada, pese a las denuncias presentadas en las que incluso están involucradas autoridades locales”, relata Solalinde.



–Usted ha hablado de que en Veracruz hay fosas clandestinas y que incluso otros sacerdotes le han comentado sobre ese tema –se le pregunta.



–Sí. A los que no aceptan (trabajar para las organizaciones criminales) los matan y los desaparecen; son desechables, pues los sustituyen por otros. Así pasó con los migrantes de San Fernando (Tamaulipas). Algunos sobrevivientes dijeron que los habían matado (a sus compañeros) por negarse a trabajar para ellos. Los matan y los entierran en fosas. Seguramente eso está pasando en Veracruz, pero también en el Estado de México.



Señala que han tenido información de que en territorio mexiquense Los Zetas también plagian a los migrantes para reclutarlos en sus filas. Y, al igual que lo hacen con los jóvenes de Veracruz, los llevan a otras entidades como carne de cañón.



Foro de denuncia



Alejandro Solalinde adelanta que la delegación de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA –integrada por el expresidente español Felipe González; el secretario ejecutivo del organismo internacional, Santiago A. Cantón, y el abogado especialista de dicha relatoría, Álvaro Botero– analizará la denigrante situación que viven los migrantes.



“Todo ha empeorado. Hoy, las extorsiones, secuestros y reclutamiento no sólo afectan a los jóvenes migrantes, también a hombres de cualquier edad y a mujeres. Es una nueva esclavitud, es una catástrofe. Creo que lo único que nos queda es presionar en foros internacionales porque aquí nadie hace caso (a las denuncias)”, advierte.



El Informe alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y presentado a la ONU a finales del año pasado, sostiene que el reclutamiento de menores para el crimen organizado se incrementó de 25 mil a 35 mil en los últimos cuatro años.



De acuerdo con el análisis, hace una década la edad de los reclutados oscilaba entre 20 y 35 años. Ahora, los jóvenes de entre 12 y 15 años ingresan a las filas de la delincuencia organizada.



El documento señala que de diciembre de 2006 a octubre de 2010, entre mil 60 y mil 200 menores fueron víctimas de la guerra del gobierno federal contra el crimen organizado. Además, se incrementó en 34% el número de arrestos de adolescentes acusados de tener vínculos con organizaciones delincuenciales, portación de armas y delitos contra la salud.



El obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera, también ha denunciado el reclutamiento forzado de niños de 12 años en Coahuila por parte de zetas “para entrenarlos y utilizarlos posteriormente como halcones”.



El miércoles 13, al terminar la peregrinación de la diócesis de Saltillo a la Basílica de Guadalupe, el obispo Vera dijo que algunos de los niños reclutados reciben hasta mil 500 pesos como pago cada semana.



El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, perteneciente al obispado de la diócesis de Saltillo, tiene registradas 185 desapariciones forzadas en Coahuila, en tanto que las autoridades estatales aseguran que han recibido 219 denuncias de desaparición de personas.



El mes pasado, Vera declaró que el crimen organizado obtiene 50 millones de dólares al año por el secuestro de migrantes que atraviesan territorio nacional. El día 14, en Saltillo, al concluir el taller internacional por el “Derecho a emigrar sin violencia”, el obispo manifestó la urgencia de “remover este espantoso calvario que están padeciendo nuestros hermanos migrantes”.



Comentó también que en diversos países hay preocupación por la grave situación por la que atraviesan los migrantes indocumentados en territorio nacional durante su itinerario hacia Estados Unidos, aun cuando el gobierno federal les otorgue un estatus migratorio regular durante su estancia en el país; eso puede lograrse si ellos consiguen una visa o se da un acuerdo de supresión de visas entre México y sus países de origen, sobre todo los de Centroamérica, expuso Vera.



Los participantes exigieron que se garantice la seguridad de los migrantes; que se reconozca, garantice y proteja el derecho de defender a los indocumentados, así como a la casa del migrante y a personas defensoras de derechos humanos; asimismo, poner fin a la impunidad de las autoridades y perseguir, consignar y sancionar a los autores de secuestros, masacres, violencia sexual y otros abusos contra los migrantes.



Además, dijeron que, para enfrentar la ineficiencia de instituciones de procuración de justicia a niveles estatal y federal, debe crearse una instancia especializada para investigar los delitos conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y que esté en contacto permanente con las organizaciones sociales defensoras de los migrantes.



La nueva caravana



Para denunciar las violaciones, secuestros, extorsiones y reclutamiento forzado de jóvenes, Solalinde organizó dos movilizaciones en los últimos meses.



La primera, llamada Paso a Paso hacia la Paz, fue la del 8 de enero pasado en la ciudad de Arriaga, Chiapas, y culminó en el albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca. Durante el trayecto, en la población de Chahuites, los organizadores se entrevistaron con el gobernador Gabino Cué.



En la segunda, realizada el 8 de mayo, los migrantes centroamericanos cargaron cruces de madera para escenificar el suplicio que significa su paso por México; incluso se unieron a la Marcha por la Paz que encabezó el escritor Javier Sicilia desde Cuernavaca y que terminó en el Zócalo de la Ciudad de México.



En esta nueva caravana Paso a Paso Hacia la Paz, que desde el sábado 23 avanza hacia México, Solalinde y organizaciones como el Movimiento Migrante Mesoamericano, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., Nuestros Lazos de Sangre, Familia Latina Unida, Alianza Braceros del Norte, y la Red Migrante y Cultura Migrante congregaron a migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala.



El objetivo es llegar a Ixtepec, Oaxaca, el jueves 28 y realizar ahí varios eventos. Luego, los participantes marcharán a Coatzacoalcos, Veracruz, donde tendrán un encuentro con los integrantes de la relatoría de la CIDH, que realizan su segunda visita a México –la primera fue en 2002–, para discutir con ellos sobre los derechos humanos de los migrantes ilegales.



En un comunicado difundido a principios de junio, cuando anunciaron la segunda caravana Paso a Paso Hacia la Paz, los organizadores señalan que el origen de los secuestros de migrantes en México está vinculado con los territorios controlados por el crimen organizado.



Dicen, por ejemplo, que ese delito se observa particularmente en Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, donde la delincuencia organizada cuenta con la complicidad de autoridades locales, estatales y federales.



“Lamentablemente, en esos estados la justicia es una quimera remota, una ambición atrincherada, el espejismo de una democracia fallida. Es en esas tierras en las que ocurren los secuestros masivos en contra de la población migrante, siempre bajo la opacidad de una autoridad omisa, insensible y sin vocación ni preparación para enfrentar al crimen organizado.”



En su documento señalan que el estado “pionero” de esta situación es Veracruz, que se ha convertido en lugar de referencia en cuanto a secuestros y agresiones cometidas en contra del flujo migratorio en tránsito por sus localidades.



También denuncian que la población civil de ese estado se encuentra paralizada por la impunidad pues las autoridades dejaron de lado su tarea de velar por el bienes­tar social y la procuración de justicia. “El simple hecho de pronunciar la palabra zeta puede ser motivo de persecución, extorsión e incluso la muerte”, advierten.



Los Zetas, exponen, obtienen ganancias millonarias mediante el secuestro masivo de los migrantes cuya penuria los obliga a viajar en trenes de carga; lo que se traduce en la multiplicación de cementerios escondidos, fosas resguardadas en el olvido y cadáveres sepultados en la deshonra del gobierno mexicano.



“La masacre de nuestros hermanos centroamericanos es evidente. Por los más de 10 mil secuestros cada seis meses, las familias residentes en Estados Unidos y Centroamérica han pagado el precio de la incompetencia gubernamental y la cotidiana corrupción que abruma al país.”



Exponen que la segunda caravana Paso a Paso Hacia la Paz constituye un esfuerzo por frenar y difundir a nivel internacional la innegable realidad de los secuestros de migrantes en tránsito por México, e insisten en que el gobierno de Veracruz no hace nada por frenar los secuestros y el reclutamiento forzado de migrantes y población juvenil.



Por ello, advierten, ese tramo de la caravana Paso a Paso Hacia la Paz constituye un riesgo necesario porque el gobierno de Veracruz ha negado sistemáticamente los secuestros:



“No hay información sobre servidores públicos que hayan sido procesados por sus nexos con el crimen organizado –dicen–, salvo un agente municipal y algunos centroamericanos. Sin embargo, nunca se han levantado cargos contra los líderes de la delincuencia organizada ni contra los funcionarios de gobierno que, por comisión y omisión, han permitido el secuestro.”











La ‘Ndrangheta, reina de la coca en Europa

Cynthia Rodríguez



Una investigación multinacional que se desarrolló durante tres años confirmó lo que ya sospechaban las autoridades italianas: la ‘Ndrangheta, la temible mafia de Calabria, es la organización criminal que domina el mercado de la cocaína en Europa. Los calabreses ya desplazaron a la célebre Cosa Nostra y en este lado del Atlántico tienen como socios a los narcos colombianos y a Los Zetas.

MILÁN, ITALIA.- La organización que tiene control absoluto del tráfico de cocaína en Europa es la ‘Ndrangheta –la mafia calabresa–, para lo cual se apoya en los narcotraficantes colombianos que operan en territorio europeo, y en Los Zetas, que lo hacen desde Estados Unidos, confirmó el jueves 14 la procuraduría de Reggio Calabria al informar de los resultados de un operativo a gran escala ejecutado por policías de Italia, España, Holanda y Estados Unidos.



Informó también que en Italia, España y Holanda se detuvo a 45 personas –italianos, colombianos, venezolanos y hasta un surinamés– responsables de traficar desde Sudamérica 807 kilogramos de cocaína pura durante tres años.



Crimine 3 –Crimen 3– es el nombre de esta investigación que dio inicio hace tres años al acabar el Operativo Solare, el que logró documentar paso a paso la relación entre la ‘Ndrangheta y, en ese entonces, el cártel del Golfo.



Crimine 3 comprobó también que en Estados Unidos la ‘Ndrangheta contrata a miembros de la Cosa Nostra –la mafia siciliana– y convirtió a Los Zetas que operan en Nueva York en sus proveedores de cocaína; así se inauguró una nueva ruta para hacer llegar la droga a Calabria, en el sur italiano, y desde ahí llevarla a todo el territorio europeo.



El 16 de septiembre de 2008, la Procuraduría Nacional Antimafia anunció el fin del Operativo Solare, investigación paralela a la Reckoning, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que culminó en Atlanta con la detención de 166 narcotraficantes mexicanos, italianos y de otras nacionalidades, además del aseguramiento de 47 toneladas de estupefacientes (mariguana y cocaína) y 56 millones de dólares.



Aquella vez, al mostrar a los medios la droga, el dinero y hasta armas, la DEA informó que lo decomisado pertenecía al cártel del Golfo. Se dieron los nombres de algunos de los detenidos, pero ninguno era de relevancia. No había capos, sólo narcomenudistas.



La sombra mexicana



Tuvieron que pasar varios meses para que las autoridades italianas proporcionaran información del Operativo Solare, pero la dieron a cuentagotas y no toda pues advirtieron que las investigaciones no habían acabado. Debían continuar porque los mexicanos cada día escalaban posiciones en el negocio del tráfico internacional de droga y en esta parte del mundo ya se comenzaba a notar.



“La llegada de los mexicanos es significativa porque han hecho bajar el costo de la droga, lo que aumenta el ingreso de cocaína a Europa”, señaló a Proceso en octubre de 2008 el procurador adjunto de Reggio Calabria Nicola Gratteri.



“Con la entrada de los mexicanos tenemos que empezar a observar de manera distinta lo que veíamos, pues comienzan a tener un papel muy importante en la distribución de cocaína”, explicaba el fiscal.



Y mientras la familia Schirripa –eje de aquella investigación de 2008– en ocho meses había enviado a Calabria 80 kilos de cocaína comprada al cártel del Golfo, ésta organización había enviado, en abril de 2007, armas y 11 toneladas de la droga desde Tampico hacia Estados Unidos en operaciones coordinadas por Miguel Treviño, El Z-40.



En los informes que la DEA entregó a los agentes italianos, señalados también en Solare y Crimine 3, se indicaba que de 2004 a 2008 el cártel del Golfo había metido 80 toneladas de cocaína a territorio estadunidense. Pero el patrón de consumo en Estados Unidos estaba cambiando y la cocaína ya no era la droga favorita. No así en Europa, donde el consumo creció rápidamente.



Incluso gracias a la información que los investigadores tenían a raíz de pesquisas paralelas (Crimine y Crimine 2) se comprobó que toda la droga, incluyendo la comprada en Nueva York a los mexicanos, estaba bajo el control de Domenico Oppedisano, octogenario calabrés a quien las autoridades detuvieron en julio de 2010 e identificaron como capo dei capi (jefe de todos los jefes).



Nuevos proveedores, nuevas rutas



Según el expediente de Crimine 3, al que esta reportera tuvo acceso, con la información obtenida en julio de 2010 de que existía una cabeza que controlaba las operaciones de la ‘Ndrangheta en todo el mundo, la policía italiana empezó a actuar sigilosamente.



Luego de que se diera por terminado el Operativo Solare y con ello se lograra la detención de la familia Schirripa (unos en Italia y otros en Estados Unidos), el tráfico directo con los mexicanos quedó interrumpido, aseguró el pasado miércoles 20 el procurador Gratteri.



Con ayuda de las policías española y holandesa, y de la Agencia de Aduanas y la Dirección Central de Servicios Antidroga de Italia, en 2008, 2009 y 2010 se interceptaron al menos nueve cargamentos de cocaína cuyo destino siempre era Calabria.



Así, de los 807 kilos de cocaína incautada en esos años, 504 fueron interceptados en el puerto de Gioia Tauro, Calabria, en seis operaciones diversas que comenzaron con el aseguramiento de 196 kilos el 14 de octubre de 2009, 74 kilos el 17 de octubre de ese año, 140 el 4 de noviembre de 2009, 30 el 18 de noviembre de 2009, 32 el 24 de noviembre de 2009 y otros 32 el 8 de abril de 2010.



Los otros 303 kilos fueron asegurados en tres puntos diferentes: el 22 de mayo de 2008 se confiscaron 44 kilos en el aeropuerto de Schipol, Ámsterdam, provenientes de Surinam. Otros 76 kilos, cuya procedencia no se ha revelado, fueron descubiertos en el aeropuerto de Valencia. El 3 de febrero de 2009, 183 kilos de cocaína escondida en un cargamento de plátano de Surinam fueron hallados en un contenedor del puerto de Róterdam; aunque habían sido adquiridos por la ‘Ndrangheta, su destino final era Palermo, donde se le entregarían a la Cosa Nostra.



Para el procurador general de Reggio Calabria, Giuseppe Pignatone, esto demuestra la hegemonía que ejerce la ‘Ndrangheta sobre los otros grupos criminales en Italia y Europa, como alguna vez lo hizo la Cosa Nostra para el tráfico de heroína; hoy la mafia siciliana tiene sólo una función de apoyo y distribución.



De acuerdo con la policía italiana, que también participó en esta investigación, todos los decomisos los hicieron aparecer como descubrimientos casuales para no alertar a las familias implicadas ni a los narcotraficantes colombianos y venezolanos que desde 2008 operaban para la ‘Ndrangheta.



A pesar de los resultados obtenidos en casi tres años, los investigadores aseguran que la droga que se confisca representa alrededor de 10% de toda la que llega a Europa. Y la cantidad total es sólo la cuarta parte de lo que se pondrá a la venta en las calles, pues mientras la policía confisca cocaína pura, cuando se comercializa al menudeo ya está rebajada.



Gratteri aclaró otro punto: aunque esta vez la mayoría de la cocaína se confiscó en el puerto calabrés de Gioia Tauro, eso no significa que sea aquí donde más droga llega.



“Los narcos tienen miedo de llegar al Mediterráneo porque aunque parezca lo contrario, es precisamente esta zona la más controlada no sólo por su tamaño, sino porque hay policías de muchos países custodiándolo.”



“El problema más fuerte”, aseguró Gratteri, “son las costas del norte de Europa donde llegan naves controladas con GPS”.



El procurador adjunto ejemplificó el caso de Salvatore Mancuso, el ítalo-colombiano extraditado en 2008 a Estados Unidos, que con ayuda del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia hizo llegar 51 cargas de cocaína a España y ocho toneladas al puerto de Gioia Tauro.



Representantes de la policía española reconocieron que en los últimos años España se ha convertido en puerta de entrada para los narcotraficantes latinoamericanos, pues en este país hay colonias de colombianos y venezolanos que desde hace tiempo trabajan con la ‘Ndrangheta y otras organizaciones criminales.



En entrevista con Proceso, Nicola Gratteri, uno de los primeros investigadores en seguir la conexión ‘Ndrangheta-Zetas, resaltó la importancia de haber conocido y comprendido la manera en la que opera este grupo criminal mexicano.



La dinámica cambió y personajes que estaban siendo investigados en la operación Solare tuvieron que moverse y buscar nuevos distribuidores cuando cayó la familia Schirripa.



Cuando detienen a Giulio Schirripa, quien desde Nueva York compraba la droga a los mexicanos, su tío materno, Vincenzo Roccisano –hermano de Teresa Roccisano, también detenida dentro del Operativo Solare– se encargó de buscar nuevas alianzas y así encontró a los tres hermanos Lara Álvarez, de origen colombiano, pero con ciudadanía española; al venezolano Edmundo Salazar y a Wierdjanandsing Gopal, de Surinam. El tráfico de drogas hacia Calabria no se interrumpió. Mejoró.



Gratteri agrega que hoy saben que Los Zetas son un grupo independiente del cártel del Golfo y que por lo que han podido conocer son quienes más se parecen en la manera de actuar a la ‘Ndrangheta.



Para el representante de la DEA en Italia, quien pidió no ser identificado, dijo que este operativo para ellos (los estadunidenses) ha sido muy importante, pues ya tenían experiencia con la Cosa Nostra pero no con la ‘Ndrangheta, que ha sido más difícil de penetrar por las características de secrecía de su organización.











Laguna de sangre

Arturo Rodríguez García



La sociedad coahuilense ya no puede más con la violencia que se asentó en La Laguna desde que dos grupos del narcotráfico se disputan la plaza: Los Zetas y los sicarios del Chapo Guzmán. El crecimiento de los índices criminales ya era alarmante, pero desde que el gobierno federal aplicó su solución de mando unificado policiaco-militar las estadísticas asustan: casi cada mes se duplica el número de homicidios –incluso los no relacionados con el crimen organizado– y también crecen los asaltos y robos de autos…







TORREÓN, COAH.- Desde hace cuatro años, la Comarca Lagunera –en particular Torreón– es campo de batalla entre mafias y está agobiada por la delincuencia y sus crímenes de alto impacto, y también por la impunidad que permea hasta los asesinatos no relacionados con el narcotráfico, situación que ningún operativo ni plan gubernamental han podido solucionar.



Al contrario. La creación, en mayo pasado, de un “mando único” policiaco-militar coincidió con el aumento de los asesinatos relacionados con el hampa: el número de éstos se duplicó en un mes.



El mando único propuesto y acordado por el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, es la más reciente de las acciones emprendidas por el gobierno federal como respuesta a la exigencia de seguridad del empresariado lagunero harto de la violencia, en especial luego del asesinato de Carlos Ignacio Valdés Berlanga, ganadero y accionista de Grupo Lala.



El pasado 24 de abril, Torreón sumó 11 crímenes a su estadística de ejecuciones; entre ellos, el de Valdés Berlanga, asesinado de 15 tiros.



El empresario y dirigente de la Unión de Crédito Rural y Agropecuario de la Laguna desayunaba en su casa cuando notó que dos extraños habían entrado. Con cautela salió de su domicilio, pero en la acera lo esperaban dos sicarios que lo acribillaron.



El crimen conmocionó a la clase empresarial, pues los hermanos Carlos Ignacio y Mario –este último, exdirigente priista local y líder de la Unión Ganadera Regional de La Laguna– pertenecen a una familia de productores de leche en una región cuya actividad económica depende en buena medida de los lácteos. En junio de 2010, Carlos Ignacio recibió la medalla presidencial al Mérito Ganadero.



Al velorio de Valdés Berlanga acudió la élite empresarial y política de la región. Pero les salió caro: nueve de las camionetas en las que llegaron a la capilla de velación –cerca de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y de la delegación de la Fiscalía General del Estado (FGE)– fueron robadas y otras 14, desvalijadas.



Desprotegidos



El 26 de abril, Eduardo Tricio Haro, presidente de Grupo Lala, se reunió con Felipe Calderón, según consejeros del corporativo lechero consultados por Proceso, quienes agregaron que al regresar de la capital el empresario convocó a una reunión a los socios de la empresa y les soltó: “Sólo me queda decirles que tomen sus precauciones, que se cuiden. Ya no tengo nada más que hacer”. Según las mismas fuentes esa semana la familia Tricio salió del país y se estableció en una ciudad texana.



Para entonces seis secuestros habían impactado a la élite lagunera, dos de ellos a accionistas del Grupo Lala. Las familias Yacamán, Tricio y Espada, además de dos reconocidos médicos, sufrieron secuestros aunque no los denunciaron ante las autoridades y las negociaciones quedaron a cargo de especialistas privados.



La versión de que el homicidio de Valdés Berlanga tenía como móvil el secuestro hizo que el 25 de abril el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada lanzara un ultimátum a las autoridades: les dio 72 horas para aclarar el crimen y exigió una reunión con los tres órdenes de gobierno en menos de una semana. “Nadie se siente a salvo, hemos llegado al límite”, declaró Óscar Soto, de la Coparmex local, al diario El Siglo de Torreón.



Pocos días después quedó asentado que el asesinato del ganadero obedeció a un problema familiar. La FGE presentó como autor intelectual al exyerno del empresario, Pablo Armendáriz Vela, quien habría contratado a los sicarios, entre ellos a Luis Antonio Jáquez Castañeda. El presunto ejecutor material fue internado en el penal de Torreón la mañana del 21 de junio… y horas después apareció colgado en su celda.



Los empresarios amagaron con dejar de pagar impuestos por lo que Blake Mora, el gobernador, Jorge Torres López, y el alcalde de Torreón, Eduardo Olmos Castro se reunieron de urgencia el pasado 3 de mayo. Acordaron establecer el mando único coordinado por la XI Región Militar.



No fue la primera vez que Blake –y antes Fernando Gómez Mont– se reunía con empresarios para prometerles seguridad.



El 14 de mayo de 2010, Gómez Mont incluso minimizó el problema de inseguridad en La Laguna y retiró a policías federales y soldados de la región, porque en Ciudad Juárez hacían más falta. Horas después de la salida de los uniformados un comando acribilló a ocho jóvenes en la inauguración del bar Juanas VIP.



En sus ediciones 1751 y 1760 Proceso dio cuenta de las súplicas de apoyo ante la violencia imparable. El 18 de julio de 2010 un ataque en la Quinta Italia Inn cobró la vida de 17 personas civiles inocentes.



Blake Mora incluso ofreció enviar refuerzos, pero sólo si las autoridades hacían una petición formal. Días después, el comisionado de la Policía Federal (PF), Facundo Rosas, anunció la llegada de 200 de sus agentes a Coahuila.



La Comarca Lagunera abarca cinco municipios de Coahuila y 13 de Durango. El establecimiento de un mando que englobe esa región era una vieja exigencia de las autoridades locales, empresarios y la sociedad civil, pues el lado coahuilense corresponde a la XI Región Militar, en tanto La Laguna duranguense, a la III.



Con la visita de Blake, además de reforzar la vigilancia, el mando único quedó en las instalaciones de la XI Región Militar, con sede en Torreón, pero los resultados no fueron los esperados.



Estadísticas rojas



Convertida en una de las urbes más violentas del país, desde febrero de 2010 fue considerada por el Departamento de Estado norteamericano una de las zonas a las que recomienda a sus connacionales no viajar; en un día pueden ocurrir hasta 15 ejecuciones, como ocurrió el pasado 7 de junio.



Ante los hechos violentos que mantienen postrada a la región desde hace años, una serie de acuerdos entre instancias gubernamentales produjeron el programa Operación Laguna I-2011, que entre otras medidas apostó en torno al lecho del Nazas tres bases de operación ocupadas por militares y estableció retenes en distintos puntos.



Sin embargo, la puesta en marcha del operativo coincidió con la multiplicación de las ejecuciones.



La estadística de la FGE señala que en enero de este año Torreón tuvo 29 asesinatos; en febrero, 28; en marzo, 27; en abril, 28; en mayo; 32, y en junio, 59. Es decir que la primera mitad de 2011 sumó 203 asesinatos.



La situación también es alarmante respecto a la violencia social, pues de los 203 homicidios 163 corresponden a acciones relacionadas con la delincuencia organizada; el resto fue entre civiles. En el mismo periodo de 2009 eran 77 los homicidios y un año después, 149.



El incremento en los indicadores abarca otros delitos, como el robo de autos: en 2009 fueron 572; en 2010, mil 182 y en lo que va de 2011, mil 223 vehículos hurtados, 341 de ellos con violencia.



Lo mismo ocurre con el robo a transeúntes: en 2009 hubo mil 323 casos; en 2010, mil 424 y en lo que va de 2011, mil 625.



“M’s” y “Zetas”



El sábado 9, una pick-up estacionada en el periférico Raúl López Sánchez llamó la atención de policías que realizaban un patrullaje de rutina. Decidieron inspeccionarla. Había 10 decapitados en la caja de carga y en el parabrisas, una cabeza de mujer.



Las cabezas de esos cuerpos fueron halladas pocas horas después: tres en el cruce de Valdez Carrillo y bulevar Independencia, otras tres en el camino a Santa Rita y las tres restantes en el cruce de Salvador Creel y Río Nazas.



A cada uno de los cuerpos de la pick-up les habían cortado, además, un pie. Una cartulina lanzaba una advertencia para “los traidores”. Los Zetas reivindicaban el multihomicidio y los forenses asumen que el mensaje fue para quienes “brincaron” de Los Zetas a Los M’s.



Fuentes policiacas consultadas por este semanario indicaron que Los Zetas fueron replegados a los municipios de Matamoros y San Pedro de las Colonias desde donde enfrentan a Los M’s, los sicarios del cártel de Sinaloa que ha impuesto su hegemonía en La Laguna duranguense, que sin embargo tiene índices delictivos inferiores a los de Torreón, donde tiene lugar su guerra.



Autoridades federales y estatales han ubicado la base de operaciones de Los M’s en la violenta colonia La Durangueña, de Torreón e identifican como su líder local a un personaje apodado El Danny. A Los Zetas los dirigen localmente El Andy, El Pinky y El Junior. Entre sus líderes estaba también El Güero Loco, abatido recientemente por el Ejército en San Pedro de las Colonias.



En su disputa territorial Los M’s y Los Zetas han convertido en blanco de sus ataques a funcionarios del área de seguridad y a policías.



El 8 de abril, la subdelegada de la PGR para La Laguna de Durango, Claudia Ávila Yáñez –con apenas una semana en el cargo–, y otro funcionario identificado como Gilberto Barajas Raygoza fueron levantados. Un día después aparecieron sus cadáveres en Lerdo, Durango. Durante el levantón murió acribillado el fiscal federal Gustavo Armando García Silva.



Por el triple homicidio se abrió la averiguación previa AP/PGR/DGO/GP/1-INV/058/2011. Antes de que se ubicara a los responsables, el 8 de junio, los agentes federales Juan Antonio García Cruz y Juan Antonio Martínez Padilla fueron atacados por un grupo armado.



El 26 de junio, la PF detuvo a nueve presuntos integrantes de Los M’s a quienes atribuye el asesinato de la subdelegada y los otros dos funcionarios así como el ataque a los policías federales de principios de junio.



A un ritmo de 3.5 ejecuciones diarias, 10% de los muertos pertenecen a algún cuerpo de seguridad o instancia relacionada con el combate a la delincuencia. Ni siquiera los convoyes de varios vehículos escapan al poder de fuego de los grupos armados en La Laguna, como ocurrió el martes 19.



La averiguación previa AP/PGR/COAH/TORR/AGI-I/363/DD/2011, abierta por el ataque al convoy establece que cuando regresaba de realizar el traslado de un detenido al penal de Gómez Palacio, Durango, fue interceptado por dos camionetas cuyos tripulantes les dispararon en varias ocasiones. El saldo fue de dos policías heridos. Como suele ocurrir, no hubo detenidos.









¡Basta!, clama ahora el empresariado regiomontano

Luciano Campos Garza

Narcotráfico Preocupado por la violencia que ya dejó mil muertes en lo que va del año en Nuevo León, un grupo de “notables” encabezados por el empresario regiomontano Alberto Santos de Hoyos publicó el domingo 17 un desplegado en diarios de Monterrey en el cual proponen, entre otros puntos, un debate con miras a la eventual legalización de las drogas en el país. Más aún: exigen un cambio de estrategia en la guerra calderonista antinarco.





MONTERREY, NL.- El reciente clamor de empresarios, filántropos e intelectuales regiomontanos al gobierno de Felipe Calderón para que ponga freno a la escalada de violencia en esta ciudad y en todo el estado sintetiza el drama que viven los nuevoleoneses.



“Es una tragedia, una verdadera carnicería, por decirlo en términos vulgares. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que pedir a las autoridades competentes, a la población en general, que hagamos algo, que analicemos cuando menos, que debatamos la estrategia que se ha seguido hasta la fecha en materia de combate a las drogas porque esto ya no puede seguir así”, dice en entrevista telefónica desde el extranjero Alberto Santos de Hoyos.



El empresario es uno de los principales promotores del desplegado que se publicó el domingo 17 en medios locales y en el que se propone al presidente Calderón abrir el debate en torno a una posible legalización de las drogas. La idea es acabar con la cruenta guerra entre los cárteles.



El lunes 18, representantes de organismos privados convocaron a una rueda de prensa en la que arremetieron contra el gobernador Rodrigo Medina, a quien consideran incapaz de poner un alto al brutal estado de violencia e impunidad que permea en Nuevo León.



Algunos de ellos sostienen que hasta ahora la política contra las adicciones y la cauda criminal que conlleva han fracasado, pues el país vive en medio de “una carnicería”. La prueba, dijeron, son los muertos en esta lucha de las Fuerzas Armadas que enfrentan a las bandas que trafican con estupefacientes.



En la carta, dirigida también a senadores, diputados, gobernadores y presidentes municipales, 14 hombres y mujeres de negocios y académicos exponen lo que consideran un fracaso del gobierno; piden incluso “romper el tabú e iniciar un debate abierto, racional y fundamentado sobre el tema de las drogas”.



Además, cuestionan “los paradigmas con los que hemos vivido por más de 40 años”, desde que, dicen, Estados Unidos convenció a la Organización de las Naciones Unidas de la necesidad de emprender una batalla internacional contra los narcotraficantes.



Santos de Hoyos reconoce que el texto es como un grito desesperado, pero niega que se trate de un clamor exclusivo de los empresarios regiomontanos afectados por la inseguridad que prevalece en el país, pues dice que entre los firmantes hay académicos y filántropos.



El antecedente del documento es una decisión de consenso entre “un grupo heterogéneo de mexicanos preocupados por el país”, y no precisamente entre industriales, apunta el promotor del documento. Acepta que fue él quien convocó y coordinó las reuniones con ese propósito.



Los encuentros se dieron entre finales de mayo y principios de julio, y explica que los firmantes son personas allegadas a él que se agruparon para reflexionar sobre la violencia, la inseguridad y el crecimiento del consumo de drogas en México.



De esas charlas nació la idea de publicar la carta abierta, de la que se niega a precisar quién la redactó, pues surgió por “generación espontánea”, relata el entrevistado.



Santos de Hoyos, quien preside la compañía Ingenios Santos y es accionista de Axtel, asegura que la crisis de seguridad en la entidad afecta ya todas las actividades económicas, como el turismo. Es enorme la cantidad de personas, principalmente jóvenes, que huyen del país porque no se sienten seguras, dice.



Por un debate nacional



Pese al llamado para que se considere una eventual legalización de las drogas, Alberto Santos de Hoyos afirma que la carta no implica una claudicación de la sociedad frente al problema de la violencia, sino un replanteamiento de la estrategia, pues es imposible combatir a organizaciones que, en conjunto, reciben entre 25 mil y 30 mil millones de dólares al año.



Considera también que el Congreso de la Unión es el foro ideal para empezar a debatir sobre el tema:



“No queríamos tomar un rol tan relevante; queríamos que la sociedad recibiera la invitación y que el Congreso convocara al debate porque hablamos de leyes. Sentimos que no tenemos la capacidad para encabezarlo (el debate), pero si ya lanzamos la invitación a la sociedad en general, vamos a tener que terminar participando activamente en él.”



Uno de los suscribientes de la misiva, Santiago Roel Rodríguez, refiere que la idea de escribir un desplegado la concibieron desde hace un año él y Santos de Hoyos.



La finalidad de convocar a la reflexión a través del escrito es que el gobierno federal actúe. “Es subir la presión para que el gobierno haga algo diferente. No tiene que ser un modelo perfecto, pues eso es muy difícil”.



Para sustentar la carta, dice Roel Rodríguez, se basaron en textos del juez californiano James Gray, particularmente en el titulado Por qué las leyes contra las drogas han fallado. También, dice, se tomaron ideas del informe de la Comisión Global sobre política de drogas, en la que participaron especialistas, primeros ministros, presidentes, premios Nobel, humanistas, banqueros, empresarios y economistas.



Uno de los propósitos del escrito publicado era dar a conocer que en México el consumo de estupefacientes está despenalizado, según la Ley General de Salud. En su artículo 479, afirma Roel, la norma establece parámetros de consumo sin penalización.



Las cantidades permitidas son: mariguana, cinco gramos; opio, dos; heroína y cocaína, 500 miligramos; heroína, 50 miligramos, y LSD, 15 miligramos. En cuanto a drogas sintéticas –MDA, MDAM y metanfetaminas– se permite la portación de 40 miligramos en polvo, granulado o cristal, y hasta una unidad con peso no mayor a 200 miligramos.



La semana posterior a la publicación de la carta-desplegado, el reportero intentó, sin éxito, entrevistar a los firmantes. Según Roel, la mayoría están de vacaciones.



“No fue el mejor momento (para publicarla), pero creímos que ante la violencia, con estas marchas de Javier Sicilia, con estos muertos que hay en Nuevo León todos los días, no podíamos demorarla. No tenemos tampoco la fórmula perfecta para arrancar el debate, pero sí quisimos abrir esto con claridad”, dice Roel Rodríguez, presidente de la consultora RRS y Asociados, que brinda asesoría a los ayuntamientos del área metropolitana.



Añade: “Quedamos de reunirnos próximamente algunos de los firmantes para definir con más claridad esta estrategia, pero no está sobre nuestros hombros: está sobre todos los mexicanos, está en los medios de comunicación, en las autoridades… No se trata de decir yo soy el líder”.



Los proponentes, 
“ingenuos” o “mañosos”



El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) Aldo Fasci Zuazua considera que aun cuando el mensaje de los empresarios y académicos es bien intencionado, está incompleto. Dice que es necesario abrir el debate a todo el negocio del crimen organizado, no sólo el de la droga, que es una de sus numerosas divisiones.



Fasci Zuazua opina que para “convertir a México en Holanda”, primero no debería haber pobres y pedigüeños en el país, pues en la nación europea, donde el consumo de drogas es legal, hay muy pocas personas en situación de calle.



“En México, las más de medio millón de personas que trabajan para las organizaciones criminales seguirán delinquiendo aunque no se dediquen a la venta”, dice el exfuncionario, quien ahora es consultor en materia de seguridad.



Además, dice, si buscan promover un debate sobre la legalización de las drogas, deben saber cómo funciona el conjunto de la industria de los ilícitos, pues los negocios de las tienditas, la venta de droga en las esquinas, constituye apenas 15% de los ingresos totales.



Fasci Zuazua considera que las grandes ganancias de los cárteles de la droga están en la exportación. Y pone un ejemplo: 40% de la mariguana que se consume en Estados Unidos es producida en México, mientras que la totalidad de la cocaína que se distribuye en ese país y casi la mitad de la que hay en el mundo pasa por nuestro territorio.



Agrega: “Esas grandes cifras son las que se pelean, no las tienditas. Por eso vamos a debatir todo, no sólo la droga. ¿Por qué entran tantas armas? Porque estamos de cacería detrás de los puestitos, en vez de ir tras las grandes cabezas del crimen. Vamos a debatir si el problema de debe a la desconfianza ciudadana hacia la policía porque es corrupta o porque es ineficiente”.



Refiere que durante su gestión en la SSP hubo numerosas bajas en la dependencia, muchos de ellos elementos valientes y honestos. Por eso, aclara, si la solución es la legalización de las drogas, está dispuesto a respaldarla.



Javier Livas Cantú, analista en sistemas, considera que el desplegado tiene inconsistencias que pueden ser mal interpretadas. Dice que en el escrito se habla de lo que “está chueco” y que ahora mucha gente piensa que se van a legalizar las drogas. Y advierte que la propuesta puede ser mal interpretada por jóvenes desprevenidos.



“Los proponentes del debate son muy listos y mañosos o increíblemente ingenuos. No están midiendo las consecuencias entre los jóvenes que oyen a personas prestigiadas en favor de la legalización y optan por considerar que un gobierno de hipócritas los quiere privar de los placeres inofensivos”, dice.



Considera erróneo que en la carta abierta no se especifique el tipo de drogas que serían legalizadas, y menciona el caso de Estados Unidos, donde ya se autorizó el consumo de mariguana para fines terapéuticos en algunos estados.



“Que yo sepa, nadie en su sano juicio está proponiendo legalizar o descriminalizar el crack-cocaine, las metanfetaminas u otras drogas de diseño aún más peligrosas y dañinas. Al no hacer esta distinción –dice Livas Cantú–, sin pensarlo los firmantes del desplegado sólo incitan al consumo a jóvenes que no tienen criterio suficiente para saber lo que les conviene y lo que no.”



El alcalde Mauricio Fernández Garza recuerda en entrevista que hace ocho años, cuando hacía campaña para gobernador, pretendió abrir el debate para la regularización de la venta de drogas y fue denostado por diversos sectores, pues el tema aún era tabú.



Lo grave es que la confusión en torno al tema aún persista: “Hablar de legalización es un pésimo término, porque las drogas ya están legalizadas desde hace dos años en México. Lo que falta es definir quién debe venderlas. Hay gente que insiste en que sea el crimen organizado el que lo haga, incluso a menores, y corrompa a los policías. Yo estoy a favor de que la venda el gobierno y que se paguen impuestos, pero que no se venda a menores. No nos hagamos bolas”.



El alcalde considera que la carta publicada es un acierto para abrir el debate. Ahora, indica, corresponde a la Presidencia de la República y al Poder Legislativo darle seguimiento al tema.



Empresarios al grito de ¡basta!



El pasado 28 de febrero, cuando el presidente Felipe Calderón visitó esta ciudad, enfrentó los reclamos de representantes de la sociedad civil, sobre todo por sus promesas incumplidas y le expusieron el panorama de violencia en la entidad.



Emilio Cadena, presidente de la Asociación de Maquiladoras de Nuevo León, expuso que 25% de los socios tienen sus proyectos de contratación de personal detenidos; además, dijo ante el mandatario que más de 60% de los corporativos extranjeros tienen prohibido viajar a Monterrey.



El viernes 8, en el centro de la ciudad se perpetró la mayor masacre en la historia de la entidad. En el interior del bar Sabino Gordo, ubicado en Villagrán y Carlos Salazar, hombres armados con fusiles asesinaron a 20 personas dentro y fuera del establecimiento. Se dijo que el homicidio masivo se debió a una disputa por el control de la venta de droga en ese lugar. Hasta el momento las autoridades no han reportado nada sobre ese incidente.



Después, el domingo 17, los empresarios regiomontanos publicaron su carta de 10 puntos en la que aseguran que es “sumamente difícil” combatir a las mafias con métodos policiacos, sobre todo cuando los recursos de los criminales rebasan los presupuestos asignados a los programas de seguridad nacional.



Los firmantes proponen cuatro recomendaciones para abrir el diálogo sobre la legalización de drogas: romper el tabú y emprender una discusión abierta y fundamentada sobre el tema; cuestionar los paradigmas en los que hemos vivido en los últimos 40 años; medir los objetivos por resultados y no por actividades, y reemplazar la política de criminalización por una de salud enfocada a la prevención y tratamiento de las adicciones.



Al final, piden al pueblo de México en general que se abra el debate en el país “con el apremio y seriedad que la violencia de nuestro país demanda”.



Entre los que suscriben el documento destacan Eugenio Clariond Reyes, presidente de Cuprum y hermano del diputado federal priista Benjamín Clariond; Alberto Garza Santos, presidente de Promotra Ambiental, S.A. (PASA); Alejandro Camelo Schwarz, médico; Jaime Rodríguez Silva, dueño de autobuses Senda; Fernando Villarreal Alanís, empresario mueblero; Arnulfo Garza Villarreal, y Eduardo Garza T. Fernández, presidente de la empresa aeroespacial Frisa.



También rubricaron el escrito Alicia Navarro Garza, presidenta del patronato altruista Nuevo Amanecer; Santiago Roel Rodríguez, consultor en sistemas de calidad de gobierno; David Garza Lagüera, desarrollador inmobiliario e integrante de la familia Garza Sada; Bertha González Moreno, presidenta del Patronato Cerralvo e hija de Roberto González, presidente de Maseca.



Lo mismo hicieron Alejandra Rangel Hinojosa, académica especializada en filosofía y expresidenta del Consejo de Desarrollo Social del anterior gobierno y esposa de Eugenio Clariond; Alberto Santos de Hoyos, empresario azucarero de Ingenios Santos, y Alfredo Livas Cantú, empresario e hijo del exgobernador Eduardo Livas.



Y mientras la propuesta es objeto de críticas, en Nuevo León la violencia continúa. Al cierre de la edición, ya sumaban mil los muertos en lo que va del año.









…Pero el narco mexicano contraataca

J. Jesús Esquivel



El gobierno de Barack Obama no sabe cómo acabar con las organizaciones procedentes de México enquistadas en el país. La casa editora Palgrave-Macmillan adelantó a Proceso un ejemplar del libro Cártel, la invasión que viene de la guerra contra las drogas de México, de Sylvia Longmire, que comenzará a circular en septiembre próximo. La autora enjuicia con severidad al mandatario mexicano: “La mayoría de los mexicanos podría decir que la vida no era perfecta ni pacífica antes de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia, pero definitivamente era menos sangrienta (que hoy)”.





WASHINGTON.- El contagio de la narcoviolencia de México en Estados Unidos es una realidad. No sólo eso: los narcotraficantes del país vecino comienzan a adueñarse de la producción de mariguana en más de una decena de entidades de este país, concluye Sylvia Longmire en su libro Cártel, la invasión que viene de la guerra contra las drogas de México.



El volumen, cuya copia fue adelantada a Proceso por la casa editora Palgrave-Macmillan, consta de 12 capítulos y 242 páginas, divididas en 12 capítulos, y comenzará a distribuirse en Estados Unidos a partir del 27 de septiembre.



La autora fue oficial y agente en el Departamento Especial de Investigaciones de la Fuerza Aérea, y durante cuatro años realizó análisis de información de inteligencia y fue experta en seguridad fronteriza para la Agencia de Manejo de Emergencias en California.



Así como abrimos los ojos al oscuro e inquietante mundo del terrorismo internacional después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, necesitamos comenzar a valorizar la amenaza que representan para nuestra seguridad nacional los cárteles de México que operan bajo nuestras narices, advierte en Cártel la también colaboradora de la revista especializada Homeland Security Today.



Para ella, la narcoviolencia en territorio estadunidense se puede palpar en las ejecuciones, secuestros y desapariciones de personas a manos de sicarios mexicanos; algunas veces ellos se enfundan en uniformes de policías locales para cometer sus fechorías:



Una de las actividades más alarmantes realizada por los cárteles mexicanos en Estados Unidos es el uso de sicarios vestidos con uniformes de policías estadunidenses para reclamar la pérdida de cargamentos de droga o de dinero.



En junio de 2008 varios hombres vestidos con uniformes del Departamento de Policía de Phoenix, Arizona, y usando las mismas tácticas y técnicas de un equipo especial de policía para derribar puertas, entraron a una casa en la ciudad de Phoenix. Por casualidad, policías auténticos se encontraban cerca del lugar donde ocurrió el incidente y escucharon los disparos.



Cuando los policías llegaron a la casa los atacantes habían desaparecido. A su paso dejaron el cadáver de un hombre y una casa destruida por más de 50 disparos.



Los pistoleros, según Longmire, eran operadores de uno de los cárteles de la droga más importantes y peligrosos de México, aunque omite mencionar su nombre.



Delitos transfronteras



Y aun cuando escribe que la narcoviolencia en Estados Unidos no alcanza los niveles que tiene en México, Longmire insiste en que las autoridades federales de su país deben poner más atención en este fenómeno social. Su mensaje es: los narcotraficantes mexicanos han dado muestras de estar dispuestos a asesinar a la gente como lo hacen en su país.



En relación con los secuestros, dice que, al igual que en el país vecino, en Estados Unidos esa actividad delictiva permite a los cárteles mexicanos obtener jugosas ganancias, que se suman a los millones que reciben por el trasiego de la drogas.



Y menciona cifras. En 2009, por ejemplo, en la ciudad de Phoenix se reportaron 318 plagios, mucho más del doble de los que se cometieron en 2000. “De acuerdo con el Departamento de Policía de Phoenix, la mayoría de estos secuestros estuvieron relacionados con el tráfico de drogas y con personas procedentes de México”, expone.



Longmire, quien se documentó ampliamente para escribir su libro, revela que cárteles mexicanos suelen enviar a pandilleros a Estados Unidos a secuestrar a pequeños y medianos empresarios de su país, por quienes exigen sumas que oscilan entre 30 mil y 1 millón de dólares. Relata:



Son las 7:15 de la mañana en un día soleado de otoño en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Cole Puffinburger, un niño de seis años ya está vestido y listo para otro día de clases en la escuela primaria de Stanford.



La mamá de Cole y su prometido ya están despiertos y casi listos para irse al trabajo, era una mañana de rutina como cualquier otra hasta que tocaron a la puerta. Afuera se encontraba un hombre que se presentó como policía con una orden para que abrieran la puerta. Una vez que la puerta se abrió, tres hombres armados de origen hispano se metieron a la casa de Cole y le pidieron que les diera dinero.



Aterrados, la mamá de Cole y su prometido explicaron que no tenían dinero; rápidamente los intrusos los ataron de manos y les colocaron mordazas. Luego comenzaron a revisar y destruir la casa. Todo esto lo observó Cole, pero lo peor estaba por venir. Después de que los hombres revisaran toda la casa sin encontrar lo que buscaban; uno de ellos apuntó con su pistola a la cabeza de Cole y lo arrastró hasta un auto afuera de la casa, y así fue como Cole desapareció.



El incidente, ocurrido en octubre de 2008, tuvo un final afortunado. Después de cuatro días de búsqueda intensa por el territorio estadunidense para localizar a Cole, el menor fue identificado por un chofer de autobús a las 10:30 de la noche cuando caminaba en una avenida de la ciudad de Las Vegas.



Se descubrió que Cole fue secuestrado por integrantes de un cártel del narcotráfico de México debido a que su abuelo, Clemons Tinnenmeyer, estaba involucrado con el tráfico de metanfetaminas y le había robado varios millones de dólares a los narcotraficantes mexicanos, relata Cártel.



Dentro de los 50 estados de la Unión Americana, donde de acuerdo con el Departamento de Justicia hay presencia de todos los cárteles del narcotráfico mexicano, el de Arizona es uno de los más afectados por el contagio de la narcoviolencia, y en especial por los narcosecuestros. Longmire apunta que en esta entidad que colinda con la frontera norte mexicana, la policía (estatal) sospecha que muchos de los secuestros de personas ocurridos en el estado han terminado en el asesinato de las víctimas por medio de un tiro de gracia, para luego tirar sus cuerpos o enterrarlos en el desierto.



Cártel analiza también otro hecho por medio del cual se expone lo que Longmire califica como “la invasión que viene de la guerra contra las drogas de México”, y que se refiere a la gran inversión que están haciendo los narcotraficantes mexicanos en la siembra de mariguana en terrenos federales y estatales de Estados Unidos.



Los narcofeudos



En su libro, Sylvia Longmire sostiene que en 2003 las autoridades estadunidenses comenzaron a notar la participación del narcotráfico mexicano en la siembra de mariguana. Para 2006, escribe, había enormes sembradíos bajo el control de mexicanos y estadunidenses en California, Tennessee, Kentucky, Hawai, Carolina del Norte, Washington, Alabama, Virginia del Oeste, Georgia y Arkansas.



Hoy, la siembra clandestina abarca zonas alejadas de la frontera norte de México, como Colorado, Utah, Wisconsin y Michigan. En esas regiones, según el presidente Barack Obama, los narcotraficantes mexicanos y sus aliados estadunidenses producen mucha mariguana.



En julio de 2010 las autoridades (federales) descubrieron un sitio remoto escondido en el Parque Nacional de Chattahooche, a unas dos millas de la ciudad de Helen, en Georgia, donde había más de 26 mil plantas de mariguana con un valor estimado en 52 millones de dólares, que supuestamente eran cultivadas y protegidas por narcotraficantes mexicanos, destaca Cártel en el capítulo “Productores de mariguana en Estados Unidos”.



Y añade los siguientes datos:



–En 2006 autoridades federales y estatales decomisaron más de 550 mil plantas de mariguana con un valor estimado de mil millones de dólares en los condados de la zona conocida como la Appalachian, en el estado de Kentucky.



–A principios de junio de 2010 agentes antinarcóticos del estado de Arkansas encontraron 97 plantas de mariguana con un valor de 100 mil dólares que presuntamente cultivaban narcotraficantes mexicanos en un parque público cerca de la ciudad de Fayetteville.



–En septiembre de 2009 agentes antinarcóticos de Tennessee cortaron 151 mil plantas de mariguana sembradas cerca del parque estatal Indian Mound, en la frontera con el estado de Kentucky.



La autora de Cártel sostiene que la participación de los narcotraficantes mexicanos en la siembra de mariguana en Estados Unidos se explica por dos razones básicas: porque es aún la droga con más demanda en el mercado local, y porque en algunos estados ya es legal su consumo por prescripción médica. Esto hace que la hierba que se cultiva en el país se esté convirtiendo en una competencia muy importante para la que proviene de México.



Longmire asegura que la siembra de estupefacientes en Estados Unidos se realiza con métodos muy sofisticados y costosos, y advierte que los 640 guardabosques habilitados en 2010 en todo el país eran insuficientes incluso para vigilar las 773.53 millones de hectáreas de los parques nacionales y estatales. Y eso lo aprovechan las organizaciones que trasiegan las drogas.



Información de inteligencia sugiere que los cárteles más importantes de México están directamente involucrados en gran parte de la siembra de mariguana que se realiza en terrenos públicos. Sin embargo, ha sido muy difícil para el gobierno de Estados Unidos comprobar esta conexión, en parte porque los individuos que cultivan las plantas no tienen idea de para quién están trabajando y por ello dan muy poca información cuando se les arresta, explica la exoficial de la Fuerza Aérea.



Dice también que otro de los elementos sobre el contagio de la narcoviolencia en Estados Unidos es la creciente presencia de narcolaboratorios para la producción de drogas sintéticas. Todos ellos son manejados por organizaciones mexicanas:



Para demostrar qué tan profunda es la infiltración de los cárteles mexicanos en el corazón de Estados Unidos sólo hace falta mirar hacia el estado de Iowa, escribe Longmire.



En ese estado, las autoridades federales calculaban en 2004 que cada mes se creaban 20 laboratorios. De ahí que a Iowa se le conozca como “la capital mundial de las metanfetaminas”.



Por ello, en 2005 el gobierno federal prohibió la venta de precursores químicos para evitar la producción de seudoefedrina. Tras la caída en la producción de drogas sintéticas en Iowa, los cárteles mexicanos comenzaron a establecer laboratorios clandestinos para producir crystal, otra droga sintética. En 2008, las autoridades locales descubrieron 35 laboratorios.



Reclutando jóvenes



Sylvia Longmire afirma que en Estados Unidos el contagio de la narcoviolencia de México tiene elementos socioeconómicos. Sabedores de la pobreza que afecta a entidades como Arizona, los narcos mexicanos comenzaron a reclutar a jóvenes estadunidenses. Escribe:



(Arizona) es un estado que sufre de una alta tasa de desempleo, razón por la que muchos ciudadanos estadunidenses en su desesperación por la necesidad de empleo y de dinero se están involucrando en este negocio.



Los encargados de reclutar a personas para los cárteles regularmente ofrecen manojos de dinero en efectivo a los nuevos reclutas que son contratados para pasar drogas, dinero y armas por varios puntos de la frontera México-Estados Unidos.



Los capos mexicanos insisten en introducir al mercado estadunidense cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica a través de aviones ultraligeros que tiran su carga en el desierto de Arizona, narra Longmire en su libro:



En tan sólo seis meses entre octubre de 2009 y mediados de abril de 2010, las operaciones aéreas y marinas de la Oficina de Aduanas y la Patrulla Fronteriza (CBP) en Riverside, California, detectaron 193 incursiones sospechosas y confirmaron el cruce de 135 aviones ultraligeros.



En mayo de 2010 el Comando de Defensa Aérea de la Frontera Norte ordenó a dos aviones caza F-16 interceptar un avión ultraligero que cruzaba por la frontera sur de Arizona. Los cazas lo persiguieron por un espacio de 30 minutos antes de que éste volara de regreso a México… Tanto las consideraciones humanitarias como las legales han prevenido que el gobierno de Estados Unidos derribe durante sus vuelos a los aviones ultraligeros, lo que hace todavía más difícil su captura.



Las conclusiones de Longmire son crudas y contrastan con las que esgrime el presidente de México, Felipe Calderón. Según ella, no hay ninguna duda de que los cárteles mexicanos se transformaron en un ejército de “narcoterroristas”. La manera en que matan, secuestran y se defienden del Ejército mexicano, dice, es prueba fehaciente de que en México ya hay narcoterrorismo:



Muchos de estos actos (de violencia de los cárteles) son similares en su naturaleza a aquellos que cometen las organizaciones terroristas como Al Qaeda, las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) y el Ejército Republicano Irlandés (ERI), e iguales sus intenciones,



… Las decapitaciones y el desmembramiento de cuerpos son actos típicos para algunas de estas organizaciones y que ahora se han convertido en una marca de los cárteles (mexicanos) cuando quieren enviar un mensaje fuerte al gobierno o a sus rivales.



Y suelta un dato revelador: En 2008 fuentes del gobierno de Estados Unidos involucradas en la lucha antiterrorista reportaron que el cártel del Golfo en ese momento era incapaz de enfrentarse directamente con el Ejército mexicano. Por esta razón, el liderazgo del cártel del Golfo decidió usar tácticas insurgentes en contra el Ejército porque les daría una ventaja sobre éste, y estuvieron en lo correcto.



Para la exoficial y analista de información de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el problema de la narcoviolencia y narcoterrorismo que generó en México la lucha militarizada de Calderón es un callejón sin salida.



El diagnóstico de Longmire es lapidario: La guerra mexicana contra las drogas no se podrá ganar… La mayoría de los mexicanos podría decir que la vida no era perfecta ni pacífica antes de que Felipe Calderón asumiera la Presidencia (el 1 de diciembre de 2006), pero definitivamente era menos sangrienta.











Washington invade México poco a poco…

J. Jesús Esquivel



WASHINGTON.- Con el pretexto de intercambiar información de inteligencia con sus contrapartes mexicanas en el contexto de la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos incrementará en México el número de militares y agentes de la CIA y la DEA.





“Una expansión expedita en México de la presencia de enlaces de las agencias federales para colocar al personal estadunidense en los lugares donde operan los cárteles permitiría tener una colaboración más cercana con nuestros aliados de las agencias federales mexicanas”, establece el punto A del capítulo 5 –“Investigaciones y procesos judiciales”– de la Estrategia Nacional Antinarcóticos para la Frontera Sur, que el martes 19 dio a conocer el gobierno de Barack Obama.



La idea de aumentar la presencia de agentes estadunidenses en territorio mexicano es sólo una propuesta, pero según funcionarios mexicanos y estadunidenses consultados por Proceso, el tema ya se negoció y se amarró con el gobierno de Calderón.



“Si no fuera así, el punto A no se hubiera publicado en la Estrategia”, dice a Proceso un funcionario del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca.



“Al Congreso le tenemos que presentar un documento con propuestas viables a fin de que apruebe el dinero para financiarlo; aumentar la presencia de agentes en México es un aspecto previamente negociado (con las autoridades mexicanas)”, añade el funcionario del gobierno de Obama que habló a condición de mantener el anonimato.



Agrega que después de casi tres años de apoyar a Calderón en su guerra contra el narcotráfico con la herramienta de la cooperación bilateral que heredó del gobierno de George W. Bush –antes llamada Iniciativa Mérida y ahora, Más allá de Mérida–, Obama quiere sacar ventaja de las necesidades y fracasos del gobierno mexicano imponiendo condiciones.



“Las agencias estadunidenses de aplicación de la ley, con el consentimiento del gobierno de México, trabajarían para incrementar la presencia de sus enlaces en ciudades mexicanas clave a lo largo de la frontera y en otras localidades, con el propósito de apoyar las investigaciones y procesos judiciales contra las organizaciones criminales trasnacionales”, subraya el punto A del capítulo 5 de la Estrategia, que dio a conocer la Oficina Nacional de Políticas para el Control de las Drogas (ONDCP) de la Casa Blanca.



El documento subraya que la petición de aumento del número de sus agentes en territorio mexicano obedece al “impacto directo que tienen en Estados Unidos el tráfico de drogas y las actividades criminales relacionadas”.



En su Estrategia Nacional el gobierno de Obama se muestra muy cauto y nunca dice que el pretendido incremento de sus agentes en México es para respaldar a Calderón en su guerra contra el narcotráfico. Aclara que es para contener los efectos de ésta en Estados Unidos.



El pretexto del 11 de septiembre



En el sexenio de Vicente Fox, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la Casa Blanca convenció al gobierno mexicano de que le permitiera aumentar el número de sus agentes en territorio mexicano, supuestamente para impedir que los terroristas ingresaran a Estados Unidos por su frontera sur.



Fox aceptó, pero limitó la presencia de los agentes estadunidenses a los estados de la frontera norte, donde presuntamente sólo se dedicarían a vigilar y contener cualquier intento de ingreso de presuntos terroristas a su país.



No fue sino hasta el final del sexenio anterior cuando el entonces presidente Bush logró dar un primer paso que después se multiplicaría con la llegada de Calderón a Los Pinos: La Subsecretaría para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) firmó la carta de aceptación de ocho nuevos agentes de la Administración Antidrogas (DEA) para apoyar la lucha bilateral contra el narcotráfico.



A partir de noviembre de 2006 y hasta la fecha, oficialmente y con el consentimiento de Los Pinos, la DEA tiene en México 54 agentes. Todos están registrados ante la SRE como liaisons (enlaces) de la embajada estadunidense.



La guerra que inició Calderón contra el narcotráfico más que debilitar las estructuras de los cárteles de la droga y pese al respaldo de Estados Unidos con la Iniciativa Mérida, dejó que México aceptara más condiciones impuestas por Washington, como la de contar con un centro de espionaje en la misma capital mexicana (Proceso 1776).



En agosto del año pasado comenzó de manera oficial sus funciones la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) en Reforma 265. Desde ahí, en un edificio a 250 metros de la embajada de Estados Unidos, operan con toda libertad decenas de agentes estadunidenses (el número preciso se mantiene como información confidencial y como secreto de seguridad nacional).



Pese a que se supone que la OBI fue creada para respaldar a Calderón en su lucha contra el narcotráfico, este centro se destaca por tener muchos agentes dedicados al espionaje internacional más que a contener o desmantelar el crimen organizado mexicano.



A unos metros del Ángel de la Independencia el centro de espionaje concentra personal del Pentágono asignado a la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), a la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).



A su vez, el Departamento de Justicia tiene ahí a agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de la DEA –además de los 54 registrados oficialmente por el gobierno mexicano– y del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). El Departamento de Seguridad Interior está representado por agentes de Inteligencia de la Guardia Costera (CGI) y de la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE).



Los efectivos de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI) representan al Departamento del Tesoro.



Sin restricciones



La Estrategia Nacional de la ONDCP –cuya cabeza es Gil Kerlikowske, El Zar Antidrogas de la Casa Blanca– no estipula cuántos agentes más quiere meter Obama a México ni el nombre de las agencias de inteligencia o federales a las que pertenecen. Lo único que informa al respecto es que debe ser personal del “Departamento de Justicia, Seguridad Interior, del Tesoro, Salud y del Pentágono”. Pero efectivos de esas dependencias federales ya están en la OBI.



Fuentes del gobierno mexicano consultadas por Proceso explican que este incremento de agentes federales estadunidenses, aunque “todavía no se acepta de manera oficial en un papel”, es algo que podría consolidarse antes de que acabe el sexenio de Calderón.



“Desde que aumentó la presencia de agentes de Estados Unidos en México y comenzó a funcionar el centro de intercambio de información de inteligencia, subió el número de detenciones de capos del narco. Desde esa perspectiva no veo razón por la cual el presidente Calderón le diga que no al gobierno de Estados Unidos”, admite el funcionario mexicano que pide el anonimato.



De acuerdo con un reporte fechado en febrero de 2009, que el auditor general de la DEA entregó al Congreso federal de su país (Proceso 1742), durante los primeros 18 meses del sexenio de Calderón se autorizó el ingreso de casi 50% más agentes y la apertura de otras tres oficinas de la administración antinarcóticos.



Los efectivos estadunidenses que trabajan en México –sobre todo los que se concentran en la OBI– no tienen ninguna restricción para realizar operaciones que no están relacionadas con el combate al narcotráfico y el crimen organizado. Son los únicos encargados de operar y manejar el equipo especializado con el que se espía y vigila con satélites y otras tecnologías vanguardistas del Pentágono todo lo que ocurre en México y posiblemente más allá de la frontera sur.



Pese a que en la OBI hay personal del gobierno federal mexicano, sus contrapartes estadunidenses no están obligadas a intercambiar con ellos información de inteligencia concerniente a otros rubros. La Estrategia Nacional de la ONDCP establece que Washington quiere más agentes en México para resguardar y garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos, no para contener el saldo de muerte y desolación que ha dejado la lucha militarizada contra el narcotráfico.



Los intereses de Washington están por encima de los casi 50 mil muertos que ha dejado la narcoviolencia en México en poco más de cuatro años. El ejemplo más claro es el asesinato del agente del ICE Jaime Zapata ocurrido el pasado 15 de febrero en una carretera de San Luis Potosí. Pocos días después de este asesinato, el gobierno de Calderón arrestó a los presuntos autores del crimen, quienes presumiblemente son zetas.



“Cuando mataron a Zapata, de Washington recibimos la orden de entrar a México para encontrar a los responsables”, dice a Proceso un agente de la Oficina del Sheriff de El Paso, Texas, quien coordinó parte del cumplimiento de la orden federal.



“Entraron a México decenas de agentes del ICE, la DEA, el FBI, el Pentágono… de todas las agencias federales y hasta estatales y locales”, anota el policía de El Paso.









Todo México es de la DEA

Jorge Carrasco Araizaga



Los agentes de la DEA operan en México con toda libertad y hasta con el beneplácito y colaboración del gobierno. Como si fueran mexicanos. Espían, detienen sospechosos, manejan a los policías de la PGR y atestiguan cómo aplican torturas; ellos mismos interrogan a los detenidos y se llevan celosamente la información a su búnker de Reforma 265. Los miembros de la agencia antidrogas estadounidense conocen bien las deficiencias y torpezas de los investigadores locales y llenan los vacíos en su provecho. No les preocupa la ley, porque se saben impunes: tienen permiso del presidente Felipe Calderón.





La Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) opera en México como si estuviera en su país: participa en detenciones, interroga, interviene comunicaciones, infiltra a sus soplones y, lo más grave, incluso atestigua torturas aplicadas por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR).



El aumento de la presencia de la DEA en México –autorizado por el gobierno de Felipe Calderón– se ha traducido en la participación de sus agentes en operativos en todo el país, incluido el Distrito Federal, donde han organizado hasta detenciones de presuntos traficantes.



Su gran aliada ha sido la PGR, que integra sus averiguaciones previas con la información que le proporciona la DEA y permite a sus agentes interrogar a los detenidos y llevar la información así obtenida a sus propias bases de datos. Además, gestiona la extradición a Estados Unidos de los investigados por la DEA, aun cuando las incriminaciones se hagan bajo tortura.



La PGR no es la única en facilitar su operación. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le da cobertura operativa al brindarle a sus agentes camionetas con placas de esa dependencia para participar en detenciones. A la colaboración también se ha sumado la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyos policías adaptan sus informes para avalar las investigaciones de los estadounidenses. Ha tenido apoyo hasta de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, según varios acusados por la agencia.



Uno a la cuenta de la agencia



En el haber de ese organismo en México se cuenta el fallecimiento de al menos un inculpado por sus investigaciones: el mexicano-estadounidense Orlando Mijares Estévez, quien murió el domingo 17 en el Reclusorio Norte, tras tres años encarcelado, por falta de atención médica y a quien nunca se le comprobó el delito de lavado de dinero que le fincó la PGR a partir de las acusaciones de la DEA.



Mijares Estévez, de origen cubano, fue uno de los detenidos por la PGR a finales de 2007 luego de que durante el primer año de gobierno de Calderón la DEA desplegó una intensa actividad en México para desarticular una célula del cártel colombiano del Norte del Valle.



Clave para esa operación fue la infiltración del narcotraficante colombiano Juan Carlos Umbacia, quien tras ser declarado culpable en Estados Unidos de haber conspirado para traficar cocaína entre finales de los ochenta y principios de la década pasada, se convirtió en 2003 en informante de la agencia. En 2005, Umbacia se infiltró en el cártel del Norte del Valle para detectar sus operaciones en Estados Unidos, México y Colombia.



Para operar en México, la DEA se apoyó en Édgar Enrique Bayardo del Villar, entonces jefe de la Tercera Sección, Estado Mayor, de la Policía Federal Preventiva, hoy Policía Federal.



Bayardo fue detenido en octubre de 2008 como resultado de la Operación Limpieza. Fue procesado bajo la acusación de trabajar para Ismael El Mayo Zambada, del cártel de Sinaloa, y asesinado en el Distrito Federal en diciembre de 2009 cuando era testigo protegido de la PGR con el nombre clave de Tigre.



Como varios de los infiltrados por Umbacia eran residentes en México, el colombiano también operó en el Distrito Federal hasta que agentes de la DEA, el 30 de noviembre de 2007, participaron en la detención de Joaquín Alejandro Senderos Higuera, a quien el Departamento de Justicia de Estados Unidos requiere en extradición como presunto responsable de lavar dinero para el cártel colombiano.



A instancias de la DEA, Senderos está encarcelado en el Reclusorio Norte acusado por la PGR de delincuencia organizada y lavado de dinero. Después de tres años y ocho meses de proceso aún no ha sido sentenciado, pero la PGR tramita desde finales del año pasado su extradición, gestionada por la entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y actual procuradora, Marisela Morales Ibáñez, ante el Juzgado Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF.



Además de Senderos, la funcionaria solicitó la detención con fines de extradición de otras seis personas, todas colombianas, a las que Estados Unidos les finca los cargos de lavado de dinero y conspiración para traficar cocaína. Los cargos están contenidos en la causa penal 3-10-cr-073-K, abierta en Dallas por la corte federal para el distrito norte de Texas.



La petición de Morales, a la que este semanario tuvo acceso, está elaborada con la información obtenida por el infiltrado de la DEA, aunque la SIEDO asegura que realizaba su propia investigación desde enero de 2007.



Entre los requeridos por Estados Unidos está Harold Mauricio Poveda Ortega, El Conejo, señalado por la PGR como el principal proveedor de cocaína del cártel del Norte del Valle a la organización de los hermanos Arturo Beltrán Leyva.



Poveda fue detenido en noviembre de 2010, dos años después de que se escapó de un operativo de la Policía Federal en una residencia del Desierto de los Leones. En ese operativo participó Bayardo como inspector de la corporación policial que depende del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.



A pesar de que en el expediente de extradición se transcribe parte de las conversaciones del infiltrado de la DEA, la PGR consignó ante el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF la causa penal 22/2008/II, supuestamente elaborada a partir de una “denuncia anónima” contra Senderos y otras seis personas.



Bayardo, a su servicio



El 30 de noviembre de 2007, Joaquín Alejandro Senderos Higuera, administrador de empresas graduado en la Universidad de Stanford y fundador de varias compañias de operaciones internacionales, se había encontrado para comer con dos amigos en el restaurante El Cabrito Asador, en la esquina de Luis Moya y Arcos de Belén, en el centro de la Ciudad de México.



Alrededor de las cuatro y media de la tarde Bayardo entró al restaurante. Mencionó en voz alta el nombre de Joaquín Senderos y pasó por su mesa pero siguió de frente. El requerido también alzó la voz y le dijo: “Por acá, por favor”.



Sin identificarse, Bayardo le soltó: “Soy policía judicial. Necesito que me acompañe para aclarar unas situaciones de su amigo Horley Rengifo”. Senderos accedió porque se trataba de quien le había comprado una franquicia de su empresa de alimentos naturales no perecederos Life & Victory, que operaba bajo el esquema empresarial de multiniveles.



Horley Rengifo Pareja, nacido en 1968 en Neiba Huila, Colombia, y establecido en México, había comprado la franquicia para distribuir los productos en Valle del Cauca desde la ciudad de Cali, “pero sólo nos pagó 15 mil dólares y nos quedó a deber casi 190 mil más”, cuenta Senderos en entrevista.



En cuanto Senderos se identificó, Bayardo le quitó su teléfono celular y su aparato de radiocomunicación. Uno de los amigos de Senderos increpó a Bayardo: “¿Cómo sabemos que es policía y no un secuestrador?”. El policía se alteró: “Cállese y no se meta, si no quiere que también me lo lleve”. Se abrió el saco y le mostró la pistola que llevaba en la cintura.



Cuando salió del restaurante detenido sin ninguna orden judicial, Senderos vio dos camionetas blancas tipo VAN con placas de la SRE. Notó que en ellas viajaban por lo menos 10 estadounidenses. Se encaminaron hacia las instalaciones de la SIEDO, en Reforma 75.



Lo presentaron en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, ante el fiscal José Luis Marmolejo, conocido como Licenciado Dolor o Doctor Muerte. Ahí se abrió la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/186/2007.



En la SIEDO los agentes de la DEA interrogaron a Senderos durante casi media hora: “Exactamente en la puerta de mitad madera y mitad vidrio de acceso a la oficina de Marmolejo. Me pidieron mis datos generales, si había estado en Estados Unidos, a qué había ido, en qué lugares había estado, si tenía negocios, si sabía por qué estaba en la SIEDO”.



Tras el interrogatorio “me hicieron tocar el piano” en sus laptops, dice al referirse a la toma de las huellas de los 10 dedos. Recuerda a un agente de la DEA de origen puertorriqueño, “muy alto y moreno”.



Los estadounidenses también interrogaron a Samuel Jiménez Roldán, su chofer, a quien Bayardo y otros dos agentes de la SIEDO habían detenido en las oficinas de Senderos y a quien golpearon hasta que los llevó al restaurante. “Después de hablar conmigo el puertorriqueño se jaló a Samuel. Pero sólo hablaron unos tres minutos. Samuel estaba aterrado”, recuerda.



Esa noche también fueron interrogados en la SIEDO tres colombianos que Bayardo había detenido en una casa de las Lomas: Horley Rengifo Pareja –inquilino de la casa–, Roberto Mario Angulo Isaza, a quien la DEA identifica como El Costeño, y Carlos Ariel Montoya, quien acababa de llegar de Colombia pero que fue liberado poco después.



También estaba Tito Miller Parra Izasa, a quien el mismo Bayardo había detenido una noche antes, el 29 de noviembre, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando se disponía a volar junto con su esposa a Colombia. Junto con él fue detenido Ricardo Martínez Rodríguez.



Los detenidos declararon actividades económicas en México. Ricardo Martínez se naturalizó mexicano… Está con Senderos en el Reclusorio Norte.



En sus declaraciones ministeriales afirman haber sido torturados por Bayardo y el propio Marmolejo en la SIEDO. Los peritajes médicos realizados dos años después a petición de Senderos para desacreditar las acusaciones en su contra confirmaron que, de acuerdo con el Protocolo de Estambul, todos padecen secuelas de tortura física y psicológica.



Senderos asegura que no todos los agentes de la DEA fueron testigos de la tortura: “Sólo cuatro o cinco, pero entre los principales había dos anglosajones; uno de ellos vestido de traje, que parecía y actuaba como jefe”.



La presencia de la DEA la hizo saber Senderos al contralor del Poder Judicial de la Federación en diciembre de 2010 mediante un escrito en el que relata la forma en que los abogados defensores se coludieron con Bayardo y los agentes del Ministerio Público Federal para inculparlo:



“De casi tres horas que pasé declarando frente a los ministerios públicos y los agentes de la DEA, el licenciado Javier Ramiro Lara Salinas (abogado defensor) no pasó ni 15 minutos en total conmigo, entre sus idas y venidas que ahora comprendo eran para ir con Horley Rengifo Pareja y (el ministerio público) José Luis Martínez Pérez y luego regresar conmigo.”



La presencia de los agentes de la DEA en la PGR también es mencionada por Angélica María Hernández Ramírez, esposa de Tito Miller Parra Izasa. En una declaración jurada en Cali, Colombia, el 10 de julio de 2009 ante la Fiscalía General de la Nación –equivalente a la PGR– dijo sobre las personas que estuvieron en la SIEDO el 30 de noviembre de 2007:



“Los nombres que recuerdo son José Luis Martínez, Alejandro Zito López, Édgar Ballardo (sic), Conchita, que luego supe que era del Ministerio Público, José Luis Marmolejo, que era el jefe de la unidad de lavado de activos, Aldo Martínez, Iván Reyes, Aarón Arturo Mateos y Giovanny Villagrana. Había gente de la AFI y de la DEA.”



En las actas ministeriales Zito López aparece como agente del Ministerio Público, mientras que Iván Reyes y Giovanny Villagrana como efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), dependencia de la PGR.



Eduardo Alberto Torres Jaramillo, también colombiano y detenido en el DF el 16 de diciembre de ese año como parte del operativo, declaró al perito médico:



“José Luis Martínez fue el que me tomó la declaración. Era la oficina de Marmolejo, en ese lugar fue donde me torturaron. Llegó una persona que dijo ser licenciado y que se llamaba José Luis Pérez. Yo le pedí que me oyera, le quería explicar mi caso. Me respondió. ‘Ya estás aquí, es mejor que colabores’. Se levantó y se despidió de ellos y me dio la impresión de que eran cuates, como dicen ustedes aquí en México.



“A la segunda mañana en la oficina de Marmolejo me ordenó que me sentara en el sofá. Estaba ahí una persona blanca y alta. Marmolejo me dijo que era de la DEA y ese señor me dijo que tenía que colaborar. En ese momento mandan traer a (Carlos) Thorné (también colombiano acusado de pertenecer al cártel del Norte del Valle), lo cachetean y le dicen que yo (ya) había hablado…”



En sus declaraciones al perito los detenidos coinciden en que fueron torturados en la oficina de Marmolejo. Horley Rengifo dijo que cuando fue detenido en su casa por Bayardo le metieron la cabeza a la taza del baño. Le echaron loción en los ojos y agua mineral en la nariz. También le pidieron 1 millón de dólares. Ya en la oficina de Marmolejo lo volvieron a torturar y lo amenazaron con matar a su esposa y a su hija, que en ese momento estaban retenidas en la SIEDO.



Tito Miller, que al momento de su detención fue golpeado por Bayardo, acusó a Marmolejo de pedirle 1 millón de dólares: de lo contrario iba a torturar a su esposa, que estaba embarazada, “y sacarle el bebé de una patada”. José Luis Martínez le decía: “esté tranquilo, ¿qué no ve que yo voy a ser el padrino de su hija?”.



Tito fue torturado en la SIEDO, dice Ricardo Martínez, quien señala: “Llegó un señor Marmolejo. Me dijo: ‘Vas a tener que firmar esos papeles. Si no los firmas, vamos a estrenar con usted la tortura de los siete nudos… es una cuerda gruesa con siete nudos que vamos apretando uno por uno hasta que te matamos, te echamos en una bolsa y te tiramos en un basurero’. Entonces firmé”.



El búnker de Reforma



La declaración de guerra al narcotráfico de Calderón facilitó la entrada de agentes estadounidenses de la DEA y de otras agencias y, por primera vez, de servicios de inteligencia militar. En total nueve agencias civiles y militares están desde finales del año pasado concentradas en Reforma 265, a unos pasos de la embajada de Estados Unidos en México (Proceso 1776), cerca también de la PGR.



A diferencia de Colombia, donde la estrategia contra el narcotráfico implicó la participación directa de militares estadounidenses en ese territorio, en México ha consistido en un amplio despliegue de efectivos de esas agencias y de cientos de colaboradores mexicanos.



La propia DEA ha admitido que sólo en dos años, entre 2007 y principios de 2009, unos 120 colaboradores o informantes suyos y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) han sido asesinados por narcotraficantes, de acuerdo con los cables de WikiLeaks publicados por el diario La Jornada.



El hecho más grave hasta ahora ha sido el asesinato del agente Jaime Zapata, en febrero pasado, en San Luis Potosí. Apenas el pasado 1 de julio, en la ciudad de Chihuahua aparecieron narcopintas contra la DEA: “Pinchis gringos (D.E.A.) mierdas. Ya los tenemos ubicados y sabemos quienes son y donde anden les vamos a mochar la cabeza mierdas”.



La PGR reservó para 12 años el dato sobre el número de agentes de la DEA en el país, pero según funcionarios de la Procuraduría, el gobierno estadunidense ya tiene en México unos 500 efectivos de diversas agencias, según publicó el 18 de abril pasado el periódico Excélsior. Requerida por Proceso, la embajada de Estados Unidos en México señaló el viernes 22 que no puede dar información “que pueda poner en riesgo (la) seguridad” de sus agentes.



En 2005 sólo había 60 de ellos. En el primer año de gobierno de Calderón su número llegó a 227, informó el entonces director de la DEA, Anthony Placido, ante el Congreso estadunidense. Desde entonces no se ha capturado a ningún jefe del narcotráfico en México en la que el organismo estadounidense haya estado ausente.





En el PAN, tolerancia a la deshonestidad

Álvaro Delgado



Enfilado el PAN hacia lo que analistas y actores políticos vaticinan como una debacle en 2012, el senador Ricardo García Cervantes revisa los errores e incongruencias de su propio partido, como la tolerancia a la deshonestidad. Dice que Acción Nacional está sumido en un hoyo y será incapaz de ganar elecciones mientras siga tolerando y practicando (mal, además) la corrupción. Afirma: “De lo que está enfermo el PAN es de envidia, de coraje y de frustración por no ser el PRI de hace 20 años. Ésa es su frustración, porque no hace las cosas bien como las hacía el PRI…”.





Ante la disputa sin reglas de la candidatura presidencial, con un padrón de militantes convertido en “mercado negro de votantes” y hacia la soterrada lucha por las diputaciones y senadurías plurinominales, el senador Ricardo García Cervantes identifica en la incongruencia el principal problema del Partido Acción Nacional (PAN) y plantea una disyuntiva hacia 2012: Se define en los hechos contra la corrupción o se hunde.



“Se tiene que tomar una definición sobre la corrupción. Si el partido no sabe denunciar la corrupción, venga de donde venga, entonces se hace cómplice y pierde credibilidad y autoridad”, subraya el legislador, quien acusa a los gobiernos del PAN, los de Vicente Fox y Felipe Calderón, de ser iguales en ese tema a los del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



“Los gobiernos panistas no se distinguen de otros en los términos de la corrupción y la impunidad, tan malo el pinto como el colorado”, puntualiza el legislador y responsabiliza a su partido de la tolerancia a la deshonestidad.



“Hay episodios en los que el procesamiento que ha hecho el partido no ha sido claro, siempre ha privilegiado la rentabilidad electoral y administrar un escándalo de corrupción, ya sea ocultándolo, disculpándolo, postergando su denuncia, haciendo como que la virgen le habla, volteando para otro lado. Lo bueno es que todo se sabe, pero lo malo es que lo sabe nada más el adversario.”



Y eso lleva a que el PAN entre en componendas con el PRI, como en la adulteración del voto. “En cada proceso electoral esto queda demostrado: Yo descubro tus pillerías, tú descubres las mías, y tratando de hacer la pillería más atractiva en términos electorales, nos damos un agarrón de pillería a pillería, y el que gane ofrece borrón y cuenta nueva al que pierde. Tus pillerías y las mías las olvidamos. Es el caso de Moreira”.



García Cervantes se refiere al escándalo de corrupción de Vicente Chaires Yáñez, cercano colaborador del presidente del PRI, Humberto Moreira, y alerta, en entrevista con Proceso, que está en curso otro contubernio para dejar sin efecto la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) en aras de una alianza electoral.



“Está presentada la denuncia con todos los elementos, pero ya desde ahora están tratando de concebir una nueva alianza para Michoacán y para el Distrito Federal. Este tipo de perversidad tiene que ver con la enfermedad del PAN sobre la que escribió Germán Martínez”, dice con malicia.



Martínez, quien renunció a la presidencia del PAN luego de la debacle electoral de 2009 –atribuida entre otros factores a las imposiciones de candidatos y a la errónea estrategia–, escribió en el diario Reforma el lunes 11 que “la enfermedad panista viene de una traición a la libertad” y “porque el PAN le dio la espalda a su carácter libertario fracasa electoralmente”.



El senador por Coahuila sonríe y dice del flamante director de la carrera de derecho de la Universidad La Salle: “Es bastante cínico. Yo no había visto una etapa del PAN en que se anulara más la vida institucional del partido que con Germán Martínez y César Nava”.



Y puntualiza: “De lo que está enfermo el PAN es de envidia, de coraje y de frustración por no ser el PRI de hace 20 años. Ésa es su frustración, porque no hace las cosas bien como las hacía el PRI hace 20 años”.



–¿Hace las mismas cosas, pero le salen mal?



–Así es. Y el PAN no nació para ser el nuevo PRI.



“Pienso que, así como está el partido –colapsado, desarticulado, desanimado, desconcertado–, la congruencia nos diría: Devuelvan el partido a los ciudadanos. ¿Esto qué significa? Que no dependa de una persona ni de una cupulita.”



Padrón prostituido



Con la acumulación de derrotas prácticamente desde 2006, sobre todo la debacle de 2009 –que implicó la renuncia de Martínez y la sustitución por Nava, impuestos ambos por Felipe Calderón–, el PAN protagoniza un caótico proceso para definir a su candidato, sin reglas aún y con siete aspirantes, que se redujeron a seis con la declinación, el jueves 21, del expriista Javier Lozano, secretario del Trabajo.



Se prevé que sigan el mismo camino Heriberto Félix, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, quien se incorporaría al gabinete para asumir esa cartera tras los Juegos Panamericanos en su entidad, que concluyen en noviembre.



Ernesto Cordero y Alonso Lujambio, secretarios de Hacienda y de Educación Pública, continuarán en su propósito por lo menos hasta septiembre, junto con la diputada Josefina Vázquez Mota, identificada como el “plan b” de Calderón, y el senador con licencia Santiago Creel, quien lleva en los hechos 11 años en campaña.



Mientras Vázquez Mota promueve una elección abierta a la ciudadanía, Creel se pronuncia por un proceso a tres vueltas como en 2005, cuando fue derrotado por Calderón, aunque su equipo afirma que las inconsistencias en el padrón son de aproximadamente 45% del millón 759 mil 534 militantes activos y adherentes, como consecuencia de un vicio del PAN: las afiliaciones masivas.



“¿Quién afilió más gente al PAN? ¿El que tiene más convicción o el que tiene más interés para ganar convenciones y asambleas? Ahí empiezan la disyuntiva y la descomposición del PAN”, expone Adrián Fernández, representante de Lujambio.



El problema con el padrón, advierte, no es quién está enlistado “sino quiénes son los líderes que controlan al mayor número de militantes y que pueden movilizarlos el día de la elección a nivel municipal, estatal y federal. Ahí se empieza a descomponer todo. Es el pragmatismo puro. Hay que conservar el poder. ¿Cómo? Como sea”.



De las inconsistencias del padrón, subraya el funcionario de la Oficina de la Presidencia, todos son responsables. “Y que tire la primera piedra el que esté libre de culpa. ¡Seguidores de todos los precandidatos afiliaron gente a lo bestia para tratar de conseguir votos!”



–¿Incluyendo a Lujambio?



–¡De todos los candidatos! Es algo que se presenta de acuerdo a las reglas y a los sistemas. Esos son los incentivos que hoy se tienen.



El reportero conoció que, por ejemplo, el senador Ulises Ramírez, quien controla a miles de militantes en el Estado de México, apoya a Creel, y Mariana Gómez del Campo, quien apoya a Lujambio, engrosó su membresía fiel cuando fue presidenta del PAN en el Distrito Federal, que está relacionada con la nulidad de la elección interna en Benito Juárez.



A Cordero lo apoyan personajes como el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y César Nava, el promotor de la campaña de afiliación y envuelto en escándalos de corrupción, mientras que al equipo de Vázquez Mota se ha incorporado Germán Martínez.



Para Alfredo Vinalay, exdiputado y exdelegado en Miguel Hidalgo, el listado del PAN se presta “absolutamente” a manipulaciones. “Se ha prostituido el padrón y, por lo tanto, los procesos de decisión, que antes eran orgullo o un referente nacional, ya no lo son”.



Representante de la precampaña de Alberto Cárdenas en 2005 y ahora operador de Manuel Espino, Vinalay denunció desde entonces las afiliaciones masivas, que se aceleraron en 2009 con la campaña de afiliación lanzada por Nava y que ya son cotidianas. “Hoy todo mundo está afiliando a grupos enteros de manera totalmente viciada para manipular los procesos internos”.



–¿Quién ganaría en la interna?



–El problema es que no se sabe. Hay un fenómeno muy curioso: Un mercado negro de votos, gente que afilia personas y que vende el número de afiliados que trae o su capacidad de movilización y de apoyo a uno u otro candidato. Hay una manipulación que pudiera prestarse a compraventa de votos.



Para Fernández, quien fue coordinador de campaña de Creel en 2005, el PAN pasó de ser un partido de cuadros a uno de masas, “donde el que gana es el que controla más a la militancia, el que tiene más influencia en determinar el método de elección y el que le conviene más a ‘x’ o ‘y’ grupo para permanecer en el poder”.



Pero mientras se define si el PAN vuelve a ser un partido de cuadros, se debe llegar a un acuerdo para que, con el padrón que existe, se pueda hacer la elección de candidato a la Presidencia lo más limpia posible y que todos estén de acuerdo con el resultado.



De hecho, en una de las reuniones de representantes de los aspirantes a la candidatura, presidida por Madero, Fernández propuso hacer un prerregistro hasta diciembre de quienes sí deseen votar y con ellos se haga la elección. “Eso le daría certeza a todo mundo”, asegura Fernández.



Pero, además de la elección del candidato presidencial, el PAN deberá integrar las listas de candidaturas a diputados y senadores, sobre todo las plurinominales, para la siguiente legislatura, y, a pregunta expresa, Fernández reconoce que habrá tensiones entre los grupos del PAN.



Ahí existe el riesgo de división y lo que debe hacer el Comité Ejecutivo Nacional presidido por Madero es buscar un equilibrio entre facciones.



“Confío en que el CEN y Madero harán un equilibrio bastante prudente entre quienes deben ocupar estas posiciones que define el CEN y sabrán poner en su lugar a todos los grupos que se quieran agandallar en esas posiciones.”



–¿Qué tanto va a influir Calderón en las candidaturas?



–Es válido que quiera influir, que dé sus propuestas, pero también es válido que se valore en su justa dimensión y se busque si eso es mejor en su conjunto para el país.



Cinismo y corrupción



Para García Cervantes, quien presidió la Cámara de Diputados cuando Fox tomó posesión, el drama del PAN es muy profundo porque depuso su misión fundacional de ser escuela de ciudadanía y ahora privilegia los “acuerdos cupulares” con sindicatos como el que encabeza Elba Esther Gordillo y con el PRD para postular a expriistas como Mario López Valdés en Sinaloa.



El legislador alude al artículo de Germán Martínez en Reforma, titulado El PAN está enfermo, en el que describe las razones por las que ese partido pierde elecciones, como aliarse con sindicatos, prohibir compra de spots “con el fin de dañar a las televisoras”, el tráfico de influencias y “formar rebaños de simpatizantes”, pero no aludió a, por ejemplo, las imposiciones de candidatos que fueron derrotados.



“Que venga el virus a describirme la enfermedad que genera me parece bastante cínico”, insiste García Cervantes, quien también censura la presunta corrupción de Nava, a quien se le atribuyen un departamento de lujo en Polanco y casas en San Antonio, Texas, que no pudo haber comprado sólo con su sueldo.



“La incongruencia del partido está en la evidencia de corrupción, su incapacidad de denuncia y sobre todo que cuando ejerce el poder no actúa”, dice el senador y alude a la expresión de aplicar al enemigo justicia y al amigo justicia y gracia. “Ahora que estamos en el poder, no sólo no hacemos justicia, nomás nos apoderamos de la gracia”.



Vuelve a Martínez: “Cuando jefe fue autoritario, sectario, patrimonialista y aniquiló la vida institucional del partido, pero ahora que escribe en la comodidad de su despacho o de su casa, entonces vuelve a ser creyente de que los militantes participen, de que se respete la libertad de expresión y de que no comprar spots ha sido muy malo. Son cortinas de humo para ocultar el verdadero DNA del virus”.



El senador no culpa a Calderón de haber impuesto y manipulado a Martínez y Nava: “Si los presidentes del partido se pliegan a voluntades ajenas o distintas, ¿es responsabilidad del dueño de la voluntad que se impone o es culpa de quien se doblega a esa voluntad? Es culpa del que se doblega. Si no les queda claro que eran presidentes de un partido, el problema es de ellos”.



Agrega: “Si el presidente los dobló a la mala, que lo denuncien, pero se doblaron solos, abandonaron la responsabilidad de construir partido, de abrirle la puerta a los ciudadanos, de generar liderazgos, de capacitar y de formar”.



El senador de Coahuila aclara: “El PAN no es de pacotilla ni surgió para las elecciones de 2000 ni de 2006 ni se va a acabar, o no debiera acabarse, en las elecciones de 2012. Debemos pretender ganarlas, pero se tiene que tomar una definición frente a la corrupción.”



Más allá de quién sea el candidato, dice, se requiere de un partido “honesto, creíble y que está comprometido con el combate a la corrupción. Pero para eso se necesita tener elementos de prueba, en los hechos, prendas”.



–¿Las tiene?



–Bueno, creo que no se ha acabado el tiempo.



El PAN debe también reconocer errores. “Reconocerlo significa ahora dese­char los nuevos métodos de compra de voto y de fraude a la ley en cuanto a topes de campaña, que son las llamadas tarjetas de compromiso que establecen una deuda con el elector: Si votas por mí te voy a pagar mil pesos mensuales cuando yo sea gobernante”.



El senador habla de tarjetas como La Cumplidora, que repartió el perredista Ángel Aguirre para dar acceso a programas sociales si llegaba a la gubernatura de Guerrero, y en el Estado de México el candidato panista, Luis Felipe Bravo Mena, entregó La Efectiva, mediante la cual ofreció 300 pesos mensuales si resultaba ganador.



En Coahuila, el candidato del PRI, Rubén Moreira, prometió 5 mil pesos mensuales con su tarjeta Más Mejor, y el aspirante panista Guillermo Anaya, compadre de Calderón, ofreció mil pesos al mes con La Cumplidora (Proceso 1810).



Dice que este mecanismo implica, por lo menos, cuatro delitos: “Es compra del voto y lo que se ofrece debe ir a gastos de campaña. Pero como se va a pagar con dinero público es peculado y, además, es una deuda ilegal. ¿Quién te autorizó cuando eras candidato a endeudar al estado a pagar mil pesos mensuales a una persona para votar por ti?”.



Esto es defraudación electoral y lo grave es que también lo hace el PAN, sub­raya: “¿Cómo se le ocurre al partido que porque lo hace el otro lo puede hacer él? ¡Es ahí donde quiero poner el foco! No porque lo hace el PRI, cometiendo cuando menos cuatro delitos, quedo yo autorizado a hacerlo. Y al final el que lo hizo mejor, el que compró más votos, el que defraudó mejor a la ley ganó, y el que ganó perdona al otro y el otro perdona también”.



Insiste: “¡A ver, estos delitos, estos fraudes, estas corruptelas no son perdonables entre sí, entre quienes las cometen! No las puede perdonar la sociedad. ¡No se puede perdonar por un indulto político! ¡Tú perdonas mis pillerías, yo perdono las tuyas y la seguimos haciendo! ¡No, así no es!”.



Por eso la sociedad, dice, no cree en los partidos y menos si son evidentes los actos de corrupción: “¡Si yo te conocí cuando jugábamos en el barrio, no tenías ni tenis y ahora vives en San Ángel, ¿pues cómo? ¡Eso lo ve la gente!”



García Cervantes está consciente de que recibirá críticas de quienes creen que ataca al PAN, y se anticipa: “Que me demuestren que no está colapsado ni desarticulado ni desanimado, sino todo lo contrario. Que me lo demuestren y yo pido perdón por andar diciendo estupideces. Pero creo que esta es la verdad”.











Sustituto de El Yunque

Arturo Rodríguez García



Antes de crear La Casa Sobre la Roca (CSR), Alejandro Lucas Orozco Rubio y su esposa, Rosa María de la Garza Ramírez, pasaron por varios grupos religiosos y de formación de líderes… y fueron rechazados por otras organizaciones evangélicas que cuestionaron el trasfondo político de su supuesta religiosidad.

Su organización se ubica en la corriente llamada neopentecostal, de reciente expansión entre las clases medias altas. Según un documento interno de la Coordinadora Nacional de Pastores (Conapa), creada por los Orozco, hay mil 800 organizaciones bíblicas en su directorio, por lo que dicen representar a 75% de la comunidad evangélica en el país.



Para Arturo Farela, dirigente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), la aproximación de los Orozco a Felipe Calderón y su esposa ocurrió durante la campaña de 2006, cuando Hugo Eric Flores Cervantes –entonces miembro de CSR y fundador del partido bajacaliforniano Encuentro Social y de la Agrupación Política Nacional (APN) del mismo nombre– dijo ser dirigente de los evangélicos del país.



Farela precisa que no hay nadie que pueda ostentarse como tal, por lo que considera el engaño de Flores Cervantes una maniobra que terminó por hacerlo oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).



Aunque hay un supuesto rompimiento entre CSR y Hugo Eric Flores, lo cierto es que uno de los colaboradores cercanos de este personaje es Carlos Rivera Olivares, exdirector de Política Laboral de la Semarnat y actual subdirector jurídico del Inapam, que dirige Alejandro Orozco.



En 2002, poco antes de fundar CSR, los Orozco asistían a reuniones con políticos de fe evangélica, como Liébano Sáenz y María de los Ángeles Moreno.



Luego crearon la organización Misión Carácter que da servicio a las áreas de seguridad del gobierno federal y cuyo plan de estudios se parece mucho al de Character First, un programa internacional de formación y autoayuda. Su director, Francisco Javier Cabrera Ortiz, evitó dar una entrevista al reportero. “Por principios, no debo criticar”, dijo, aunque reconoció que los Orozco se capacitaron en su organización.



También admitió haber conocido a María de los Ángeles Moreno en ese contexto y a otros políticos, pero precipitadamente cortó la llamada telefónica tras aducir que sólo hablaría de su programa formativo y “de manera edificante”.



Misión Carácter resultó ser una de las principales armas de expansión de los Orozco, pues al unirla al modelo colombiano G-12, surgido de la Misión Carismática Internacional que dirige allá el pastor César Castellanos, se expandieron a unos 45 países en apenas cinco años.



Pragmatismo



De acuerdo con el teólogo evangélico Adoniram Gaxiola, es característico de los neopentecostales o neocarismáticos ser terceristas, es decir que tienen tal pragmatismo que se mantienen como asociación civil para sumar fieles de diferentes filiaciones.



“Estas nuevas comunidades carismáticas surgen en las clases medias y medias altas. No son católicos ni se asumen evangélicos, por eso hablo de tercerismos, y una de sus características es la formación de asociaciones civiles como forma legal, porque aparte desarrollan proyectos educativos o de otro tipo.”



Gaxiola afirma que CSR surgió de un grupo semejante llamado Amistad Cristiana, donde se formaron “los Orozco”, católicos de origen que sufrieron un proceso de conversión desde el llamado sector presbiteriano y las Asambleas de Dios hasta llegar a Amistad Cristiana. Cuando se fueron de ahí, en 2002, formaron un grupo de estudio en su casa y finalmente CSR.



Gaxiola cita a diferentes teóricos de la religión para explicar que el avance de las iglesias terceristas se debe a su capacidad para adaptar las estructuras jerárquicas a las circunstancias, lo que incluye hasta el cambio de nombre.



“Por ejemplo, en CSR no aparecen los Orozco como jefes, porque no les preocupa que sean otros los que aparezcan”, aunque conservan el liderazgo.



Otro factor es que no tienen problema para ser terceristas y hasta adoptan prácticas culturales poco ortodoxas.



“En el caso de los neocarismáticos, son los centros de alabanza; en el caso de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la aceptación de prácticas de brujería como algo real. Esa capacidad para estar en la frontera permitirá la trascendencia de esas iglesias”, advierte.



Manipulación de élite



La librería Visión –de los Orozco– del Centro Histórico tiene las siguientes “novedades del mes”: Controla tu lengua en 30 días, Satanás: mis hijos no son tuyos o Esclavo. La sinopsis de éste título dice:



“(John) MacArthur revela una palabra crucial que revolucionará lo que significa el seguir a Jesús. A través de la Biblia, los seguidores de Jesús han sido ordenados a someterse. Se les ha dicho que tienen que obedecer y seguir fielmente sin titubeos. Cada vez que los cristianos pronuncian la palabra Dios, ellos hacen una declaración sutil pero profunda: Que Dios es nuestro dueño y que pertenecemos a Él. De hecho, la Biblia describe a los creyentes como sus esclavos.”



Hay una sección de música donde abundan grupos de rock, pop, hip-hop y hasta reggaetón cristianos… los ritmos de los jóvenes. Discos de bandas, como Petra, Exégesis, Rojo o Rescate, muestran en sus portadas a jóvenes cuyo aspecto no es diferente al común, pero que sólo cantan alabanzas.



La sección de niños tiene rompecabezas y juegos, música, películas con pasajes bíblicos caricaturizados y, en una de sus paredes, cientos de “tablas de castigo”. Son de colores llamativos y cuestan 40 pesos. No obstante, algunas de sus asociaciones civiles se plantean erradicar la violencia familiar.



Según Gaxiola la característica del movimiento neocarismático es la llamada “salida al interior”.



“Es una propuesta de sincronización de la fe, es el manejo de técnicas catárticas. Los movimientos pentecostales son señalados porque sus actividades son muy catárticas, se repiten de manera inconsciente en la liturgia pentecostal como dos principios básicos del lavado de cerebro: el uso de las emociones alfa y de las emociones depresivas. Hay música muy alegre y música de tonos menores. El director hace cambios en la conducción y devienen las emociones.”



Gaxiola pone en evidencia la naturaleza elitista de CSR, enfocada a un mercado religioso de clase media y alta.



“Hay comunidades de católicos que en el estudio de la Biblia encuentran que muchas de las prácticas católicas no tienen un sustento, forman parte más del magisterio de la Iglesia que de la tradición. Así toman distancia de la Iglesia católica pero no se asumen evangélicos por prejuicios, porque la comunidad evangélica, particularmente la pentecostal, proviene de los estratos más bajos de la sociedad y sus líderes no están preparados.”



Ejemplifica: “Los pastores pentecostales representan 80% de los pastores protestantes, pero sólo 20% de aquéllos tiene formación teológica en algún seminario y más de 70% no tiene el nivel de preparatoria. La mayoría tiene secundaria”.



Su mercado consiste en matrimonios jóvenes con poder adquisitivo de clase-media y madia alta, que encuentran en los movimientos neocarismáticos, bajo la forma de asociación civil, la posibilidad de acceder a una fe sin los prejuicios de ser protestante.



Ultraderecha al poder



Si la Organización Nacional El Yunque llegó al poder con Vicente Fox, CSR lo hizo con Felipe Calderón.



El investigador Bernardo Barranco, experto en temas religiosos, ha calificado a CSR precisamente como una organización ultraderechista cuyos planteamientos cristocéntricos no difieren en demasía de los católicos.



De hecho, la oposición de los dirigentes de CSR a temas que son sensibles también para los católicos se observó durante el proceso que pretendía dar marcha atrás a la despenalización del aborto. En la tercera audiencia sobre el caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Emilia Montejano Milton, representante de la Fundación Camino a Casa, una de las asociaciones de los Orozco, expresó su inconformidad.



“Hace unos días los diarios nacionales informaron que el Gobierno del Distrito Federal gastó 1.7 millones de pesos para la práctica de los 8 mil 183 abortos que se han realizado. Me avergüenza haber pagado impuestos para matar bebés”, dijo como parte de su ponencia en junio de 2008.



A CSR no le ha costado trabajo infiltrar universidades con orientación católica, como la Iberoamericana donde hace proselitismo por medio del grupo Jóvenes en la Roca.



Otro tema coincidente con los católicos es la preocupación por la familia. De hecho Patricia Anaya Calderón, una de las colaboradoras de los Orozco, realizó el Diagnóstico sobre la familia mexicana en 2006 para el DIF.



Otro socio que aparece en casi en todos los registros de las razones sociales que maneja el matrimonio Orozco-De la Garza es David González Aceves, conferencista de temas de familia, expositor en el Congreso Internacional de la Familia que convoca la Unión Nacional de Padres de Familia, organismo que, según el periodista Álvaro Delgado, es una de las asociaciones-fachada de El Yunque.







Sustituto de El Yunque

Arturo Rodríguez García



Antes de crear La Casa Sobre la Roca (CSR), Alejandro Lucas Orozco Rubio y su esposa, Rosa María de la Garza Ramírez, pasaron por varios grupos religiosos y de formación de líderes… y fueron rechazados por otras organizaciones evangélicas que cuestionaron el trasfondo político de su supuesta religiosidad.

Su organización se ubica en la corriente llamada neopentecostal, de reciente expansión entre las clases medias altas. Según un documento interno de la Coordinadora Nacional de Pastores (Conapa), creada por los Orozco, hay mil 800 organizaciones bíblicas en su directorio, por lo que dicen representar a 75% de la comunidad evangélica en el país.



Para Arturo Farela, dirigente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), la aproximación de los Orozco a Felipe Calderón y su esposa ocurrió durante la campaña de 2006, cuando Hugo Eric Flores Cervantes –entonces miembro de CSR y fundador del partido bajacaliforniano Encuentro Social y de la Agrupación Política Nacional (APN) del mismo nombre– dijo ser dirigente de los evangélicos del país.



Farela precisa que no hay nadie que pueda ostentarse como tal, por lo que considera el engaño de Flores Cervantes una maniobra que terminó por hacerlo oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).



Aunque hay un supuesto rompimiento entre CSR y Hugo Eric Flores, lo cierto es que uno de los colaboradores cercanos de este personaje es Carlos Rivera Olivares, exdirector de Política Laboral de la Semarnat y actual subdirector jurídico del Inapam, que dirige Alejandro Orozco.



En 2002, poco antes de fundar CSR, los Orozco asistían a reuniones con políticos de fe evangélica, como Liébano Sáenz y María de los Ángeles Moreno.



Luego crearon la organización Misión Carácter que da servicio a las áreas de seguridad del gobierno federal y cuyo plan de estudios se parece mucho al de Character First, un programa internacional de formación y autoayuda. Su director, Francisco Javier Cabrera Ortiz, evitó dar una entrevista al reportero. “Por principios, no debo criticar”, dijo, aunque reconoció que los Orozco se capacitaron en su organización.



También admitió haber conocido a María de los Ángeles Moreno en ese contexto y a otros políticos, pero precipitadamente cortó la llamada telefónica tras aducir que sólo hablaría de su programa formativo y “de manera edificante”.



Misión Carácter resultó ser una de las principales armas de expansión de los Orozco, pues al unirla al modelo colombiano G-12, surgido de la Misión Carismática Internacional que dirige allá el pastor César Castellanos, se expandieron a unos 45 países en apenas cinco años.



Pragmatismo



De acuerdo con el teólogo evangélico Adoniram Gaxiola, es característico de los neopentecostales o neocarismáticos ser terceristas, es decir que tienen tal pragmatismo que se mantienen como asociación civil para sumar fieles de diferentes filiaciones.



“Estas nuevas comunidades carismáticas surgen en las clases medias y medias altas. No son católicos ni se asumen evangélicos, por eso hablo de tercerismos, y una de sus características es la formación de asociaciones civiles como forma legal, porque aparte desarrollan proyectos educativos o de otro tipo.”



Gaxiola afirma que CSR surgió de un grupo semejante llamado Amistad Cristiana, donde se formaron “los Orozco”, católicos de origen que sufrieron un proceso de conversión desde el llamado sector presbiteriano y las Asambleas de Dios hasta llegar a Amistad Cristiana. Cuando se fueron de ahí, en 2002, formaron un grupo de estudio en su casa y finalmente CSR.



Gaxiola cita a diferentes teóricos de la religión para explicar que el avance de las iglesias terceristas se debe a su capacidad para adaptar las estructuras jerárquicas a las circunstancias, lo que incluye hasta el cambio de nombre.



“Por ejemplo, en CSR no aparecen los Orozco como jefes, porque no les preocupa que sean otros los que aparezcan”, aunque conservan el liderazgo.



Otro factor es que no tienen problema para ser terceristas y hasta adoptan prácticas culturales poco ortodoxas.



“En el caso de los neocarismáticos, son los centros de alabanza; en el caso de la Iglesia Universal del Reino de Dios, la aceptación de prácticas de brujería como algo real. Esa capacidad para estar en la frontera permitirá la trascendencia de esas iglesias”, advierte.



Manipulación de élite



La librería Visión –de los Orozco– del Centro Histórico tiene las siguientes “novedades del mes”: Controla tu lengua en 30 días, Satanás: mis hijos no son tuyos o Esclavo. La sinopsis de éste título dice:



“(John) MacArthur revela una palabra crucial que revolucionará lo que significa el seguir a Jesús. A través de la Biblia, los seguidores de Jesús han sido ordenados a someterse. Se les ha dicho que tienen que obedecer y seguir fielmente sin titubeos. Cada vez que los cristianos pronuncian la palabra Dios, ellos hacen una declaración sutil pero profunda: Que Dios es nuestro dueño y que pertenecemos a Él. De hecho, la Biblia describe a los creyentes como sus esclavos.”



Hay una sección de música donde abundan grupos de rock, pop, hip-hop y hasta reggaetón cristianos… los ritmos de los jóvenes. Discos de bandas, como Petra, Exégesis, Rojo o Rescate, muestran en sus portadas a jóvenes cuyo aspecto no es diferente al común, pero que sólo cantan alabanzas.



La sección de niños tiene rompecabezas y juegos, música, películas con pasajes bíblicos caricaturizados y, en una de sus paredes, cientos de “tablas de castigo”. Son de colores llamativos y cuestan 40 pesos. No obstante, algunas de sus asociaciones civiles se plantean erradicar la violencia familiar.



Según Gaxiola la característica del movimiento neocarismático es la llamada “salida al interior”.



“Es una propuesta de sincronización de la fe, es el manejo de técnicas catárticas. Los movimientos pentecostales son señalados porque sus actividades son muy catárticas, se repiten de manera inconsciente en la liturgia pentecostal como dos principios básicos del lavado de cerebro: el uso de las emociones alfa y de las emociones depresivas. Hay música muy alegre y música de tonos menores. El director hace cambios en la conducción y devienen las emociones.”



Gaxiola pone en evidencia la naturaleza elitista de CSR, enfocada a un mercado religioso de clase media y alta.



“Hay comunidades de católicos que en el estudio de la Biblia encuentran que muchas de las prácticas católicas no tienen un sustento, forman parte más del magisterio de la Iglesia que de la tradición. Así toman distancia de la Iglesia católica pero no se asumen evangélicos por prejuicios, porque la comunidad evangélica, particularmente la pentecostal, proviene de los estratos más bajos de la sociedad y sus líderes no están preparados.”



Ejemplifica: “Los pastores pentecostales representan 80% de los pastores protestantes, pero sólo 20% de aquéllos tiene formación teológica en algún seminario y más de 70% no tiene el nivel de preparatoria. La mayoría tiene secundaria”.



Su mercado consiste en matrimonios jóvenes con poder adquisitivo de clase-media y madia alta, que encuentran en los movimientos neocarismáticos, bajo la forma de asociación civil, la posibilidad de acceder a una fe sin los prejuicios de ser protestante.



Ultraderecha al poder



Si la Organización Nacional El Yunque llegó al poder con Vicente Fox, CSR lo hizo con Felipe Calderón.



El investigador Bernardo Barranco, experto en temas religiosos, ha calificado a CSR precisamente como una organización ultraderechista cuyos planteamientos cristocéntricos no difieren en demasía de los católicos.



De hecho, la oposición de los dirigentes de CSR a temas que son sensibles también para los católicos se observó durante el proceso que pretendía dar marcha atrás a la despenalización del aborto. En la tercera audiencia sobre el caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Emilia Montejano Milton, representante de la Fundación Camino a Casa, una de las asociaciones de los Orozco, expresó su inconformidad.



“Hace unos días los diarios nacionales informaron que el Gobierno del Distrito Federal gastó 1.7 millones de pesos para la práctica de los 8 mil 183 abortos que se han realizado. Me avergüenza haber pagado impuestos para matar bebés”, dijo como parte de su ponencia en junio de 2008.



A CSR no le ha costado trabajo infiltrar universidades con orientación católica, como la Iberoamericana donde hace proselitismo por medio del grupo Jóvenes en la Roca.



Otro tema coincidente con los católicos es la preocupación por la familia. De hecho Patricia Anaya Calderón, una de las colaboradoras de los Orozco, realizó el Diagnóstico sobre la familia mexicana en 2006 para el DIF.



Otro socio que aparece en casi en todos los registros de las razones sociales que maneja el matrimonio Orozco-De la Garza es David González Aceves, conferencista de temas de familia, expositor en el Congreso Internacional de la Familia que convoca la Unión Nacional de Padres de Familia, organismo que, según el periodista Álvaro Delgado, es una de las asociaciones-fachada de El Yunque.