Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
Domingo 17 de julio de 2011
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Diez días por la juventud
La agenda de los jóvenes abarca desde los derechos sexuales y reproductivos hasta el empleo, la ecología y la participación política
Colaborador Invitado
(17 julio 2011).- Gloria Alcocer Olmos
Directora ejecutiva de la Organización Fuerza Ciudadana, A.C.
El 12 de agosto del 2010 arrancó de manera oficial el Año Mundial de la Juventud y con él una serie de actividades y encuentros a nivel nacional e internacional que tuvieron como finalidad analizar la situación de las juventudes a nivel global. En el marco del cierre del Año Mundial de la Juventud, los próximos 25 y 26 de julio se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York la cumbre de alto nivel en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, donde se discutirán los temas prioritarios a tratar y atender en la agenda global a favor de las juventudes.
Si bien dicha reunión es de suma importancia para abordar las diversas problemáticas que atañen a las juventudes del mundo, es igualmente importante escuchar las voces de las y los jóvenes que viven cotidianamente esas problemáticas, pero que no se conforman con vivirlas sino que trabajan desde sus diferentes áreas de experiencia para plantear soluciones y hacer visibles los retos que enfrentan.
Es justamente frente a la imperante necesidad de conocer los planteamientos y actividades de las organizaciones de la sociedad civil en México que trabajamos el tema de juventud desde diversas miradas y, con el apoyo del Fondo de Población para las Naciones Unidas (UNFPA), que surge la iniciativa "10 días de activismo por la juventud 2011", pues nos parece que el tema de juventudes debe trabajarse desde una perspectiva plural, de derechos y desarrollo integral y no sólo de necesidades. Esta iniciativa se lleva a cabo desde el 12 de julio pasado y concluirá el 21 de julio, y tendrá eco en uno de los espacios que se ha vuelto punto de reunión de las juventudes: las redes sociales.
Por otro lado se pretenden realizar actividades cada día de la campaña en espacios públicos, encuentros con instituciones académicas y con tomadores de decisiones en la temática de juventud, que van desde mesas de análisis y reflexión hasta actividades de corte artístico y cultural.
Organizaciones de la sociedad civil como "Elige, red de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos", "Organización Fuerza Ciudadana, A.C.", "Colectivo Mural, Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad", entre muchas otras, sumaremos nuestras voces para generar mensajes en temáticas como los derechos humanos, el desarrollo sustentable, el cambio climático, la democracia y la participación ciudadana juvenil; el acceso a la justicia, la educación, el empleo, la vivienda; las mujeres jóvenes, los derechos sexuales y la salud integral; los pueblos originarios y afrodescendientes, y los marcos legales, pues es desde estas agendas donde nos parece que se debe poner especial atención en el tema de juventudes.
En Organización Fuerza Ciudadana, A.C. nos parece clave que se cuente con un día en materia de democracia y participación juvenil pues es por demás sabido que la participación de las juventudes mexicanas en materia democrática se ve ceñida a las jornadas electorales, peor aún, a sólo emitir su voto, cuando hay todo un conjunto de derechos y mensajes que deben difundirse, mensajes como el derecho a la participación política en asuntos que nos atañen a las y los ciudadanos, a votar pero también a ser votados, a contar con un marco de derechos que fomenten la participación ciudadana juvenil efectiva y a dejar de mirarnos como mero botín electoral.
Esperamos que con estos 10 días de activismo, estos múltiples mensajes generados por las juventudes mexicanas lleguen a los oídos de quienes son responsables de concebir las políticas públicas y programas específicos a favor de las juventudes; que la mirada de los medios de comunicación se concentre, al menos 10 días, en un activismo preocupado por el presente y el futuro de las juventudes mexicanas y la sociedad en general.
Para poder dar seguimiento a los mensajes y actividades a realizarse se puede visitar el sitio www.10diasdeactivismo.org; entrar en contacto vía Twitter en @10diasactivismo y en Facebook en el grupo 10 días de activismo por la juventud-México.
Ejército: solución, no problema
BRASIL. Narcotráfico y Fuerzas Armadas. La Fuerza Pacificadora del Ejército brasileño entró a las favelas con entrenamiento especial para convivir con la población civil, con una misión específica y respaldada por labores de inteligencia. En 2010 había 106 mil 491 personas presas en todo Brasil por delitos relacionados con el narcotráfico. 27 mil kilos de cocanía y 155 mil kilos de marihuana fueron decomisados por la Policía Federal en 2010
Alberto Armendáriz
(17 julio 2011).- Corresponsal
RÍO DE JANEIRO.- Comienza a atardecer sobre el Complexo do Alemão, un extenso conjunto de 13 favelas al norte de Río de Janeiro, mientras una patrulla del Ejército realiza una de sus regulares rondas por la rua Joaquim de Queiroz, ahora llena de pequeños comercios donde antes se paseaban con impunidad pandillas de narcotraficantes. Encima de los soldados, desde el nuevo teleférico que une estos morros al sistema de trenes suburbanos, un par de niños saludan al convoy militar con total naturalidad.
Efervescente de actividad y con una sensación de seguridad, mucho ha cambiado en estos empobrecidos barrios cariocas desde que, a fines de noviembre del año pasado, el Ejército ingresó al Alemão. La zona, de unos 10 kilómetros cuadrados en los que habitan más de 200 mil personas, solía ser el cuartel general de la mayor banda de narcos de la Cidade Maravilhosa, el Comando Vermelho (CV), y regularmente servía de escenario para los enfrentamientos por parcelas de territorio con los otros dos grupos rivales en el comercio ilegal de drogas: Amigos dos Amigos (ADA), y el Terceiro Comando (TC). Hoy, los mayores conflictos que se registran son por cuestiones del corazón.
"En siete meses de presencia tenemos registrados sólo tres homicidios; dos por motivos pasionales y uno por tentativa de asalto. La violencia se detuvo", afirma a el general Adriano Pereira, comandante del Comando Este del Ejército, a cargo de la Fuerza Pacificadora que se instaló en el Alemão, que servirá de laboratorio para intervenciones futuras de las Fuerzas Armadas en el combate contra el narcotráfico en Brasil.
Tradicionalmente, las Fuerzas Armadas no se involucran en la lucha contra el crimen organizado; ésa es una tarea que compete a la Policía Federal y las Policías Militares y Civiles de cada uno de los 26 estados y el Distrito Federal de Brasilia.
"Las acciones que ocurrieron en el Complexo do Alemão son consideradas como de garantía de la ley y el orden y deben suceder de manera episódica y en un área restringida y predeterminada", resalta el general José Carlos de Nardi, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Históricamente, el Ejército sólo había sido sacado a las calles para garantizar la seguridad durante grandes eventos -la cumbre ecológica de Río 92 o las visitas del Papa-, o situaciones de crisis particulares muy breves -como sucedió en el mismo Complexo do Alemão en 2007-, y siempre a pedido del gobernador que corresponda. El año pasado, sin embargo, la situación exigió cambios.
Desde 2008, con miras a recuperar la ciudad de cara al Mundial de Futbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, lleva adelante un proceso de reconquista de los territorios dominados por las pandillas de narcos. Si antes enviaba al Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) para ingresar a las favelas a aprehender bandidos, decomisar armas o drogas y luego salía, ahora la idea es que el poder estatal se instale allí permanentemente, a través de las llamadas Unidades de Policía Pacificadora (UPP's), comisarías comunitarias con jóvenes agentes de la Policía Militar, todavía no contaminados por los nexos con los narcos que establecen nuevos vínculos con la comunidad local. Y mientras tanto se hacen llegar a las favelas pacificadas servicios sociales que van desde el agua potable y la electricidad hasta microcréditos, educación y cursos de emprendedores.
En ese proceso se encontraba Cabral -que lleva establecidas 18 UPP's en las más de 500 favelas- cuando los tres grupos de narcos cariocas se unieron y lanzaron una ola de atentados contra buses, comisarías y patrullas. Para no dar una imagen de debilidad, el gobernador orquestó un masivo asalto al Alemão, donde se refugiaban los jefes narcos, y pidió ayuda al Ejército para la Operación Arcángel. Luego de la reconquista -en la que la mayoría de los narcos escaparon- y ante la falta de agentes de la Policía Militar para establecer varias UPP's en el complejo, solicitó que los militares permanezcan allí hasta el 31 de octubre del 2011, cuando ya tendrá nuevas graduaciones de efectivos. Nació así la Fuerza Pacificadora, integrada por mil 600 soldados, 120 policías militares y 10 policías civiles; todos subordinados al Comando Este del Ejército.
"Dos documentos enmarcan nuestra participación: un acuerdo entre el gobernador y el ministro de Defensa que define las condiciones para la intervención, delimita área y establece las tareas que tiene a su cargo el Ejército; y unas reglas de procedimiento que establecen cómo las tropas deben actuar dentro del área para realizar abordajes, requisiciones, enfrentamientos (sólo pueden disparar en defensa propia), y que deben ser cumplidas por toda la Fuerza Pacificadora", explica el general Pereira.
Entrenamiento en Haití
El modelo que se sigue es el de las misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, donde Brasil tiene experiencia en países como Angola y Haití. De hecho, muchos de los primeros soldados destacados en el Alemão trabajaron en Haití.
"La participación en contingentes como la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah) tiene un papel importante en el incremento del adiestramiento de las tropas. La experiencia adquirida por el soldado al regresar de las misiones de paz facilita su empleo episódico en acciones de garantía de la ley y el orden, aumentando su eficiencia y eficacia", apunta el general De Nardi, quien subraya que los soldados tienen cada año una capacitación de dos semanas para operaciones de garantía de la ley y el orden.
Además, los desplegados en el Alemão tienen dos meses más de entrenamiento especial para actuar en medio de población civil, que no es igual a cuando se enfrentan a un enemigo; se especializan en el uso de armas no letales (spray pimienta, gas lacrimógeno y balas de goma), se les educa para saber los límites de su actuación y son capacitados para el patrullaje, la entrada en construcciones precarias, el montaje de check-points y el trato con niños en escuelas y medios de comunicación.
Paralelamente, otras unidades son entrenadas para realizar operaciones de inteligencia. El Ejército no infiltra las bandas de narcotraficantes, pero posee hombres que andan sin uniforme, conviven con los habitantes y recogen información útil.
Alerta por abusos
Hasta ahora el experimento ha dado resultados sin graves problemas, aunque sí se ha dado de baja a una docena de militares y una decena de policías militares estatales por abusos de autoridad y/o corrupción. De cualquier forma, las organizaciones defensoras de los derechos humanos miran con atención la experiencia.
"Hemos criticado mucho la intervención del Ejército en la lucha antidrogas en las favelas porque en el pasado no estaban preparados para acciones de policía en un ambiente civil y su presencia terminaba volviendo la situación más peligrosa", comenta Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional, quien recuerda que en 2006 tres jóvenes narcos fueron entregados por soldados a sus adversarios y luego aparecieron acribillados.
Las denuncias de ejecuciones y torturas son moneda corriente cuando se trata de las acciones de la Policía Militar en todo el país, sobre todo en Río: en 2005, 30 personas fueron masacradas en un operativo en la Baixada Fluminense, y en 2007, 19 murieron en supuesta "resistencia".
Pero gracias a las UPP's las muertes por enfrentamientos con policías están bajando. "En Río de Janeiro pasamos de tener mil 330 en 2008 a 854 el año pasado; todavía es una cifra alta, pero está reduciéndose. Lo peor es que todavía no hay investigaciones serias de estos casos; el sistema judicial está repleto de abusos y la corrupción es endémica", advierte el sociólogo Ignacio Cano, coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
Según Cano, la verdadera lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico debería darse a un nivel de inteligencia e investigación, sobre todo para acabar con las crecientes milicias de ex y actuales policías corruptos que están ganando terreno en las favelas donde los narcos han sido retirados.
"La Policía Federal, que tan sólo cuenta con unos 9 mil hombres, es minúscula para las tareas que tiene en todo el país. Y en Río de Janeiro existe sólo una unidad especializada en inteligencia, la Delegación de Represión y Combate al Crimen Organizado (DRACO) de la Policía Civil estatal", explica.
La DRACO está integrada por apenas 40 agentes que son los que investigan los vínculos entre las asociaciones mafiosas, las milicias, el poder político y las fuerzas de seguridad. En trabajo conjunto con la Policía Federal ha sido la encargada de la reciente "limpieza" dentro la Policía Civil y la Policía Militar en Río de Janeiro, que llevó al procesamiento de más de 40 oficiales.
Se trata de una unidad de hombres de confianza del secretario de Seguridad Pública estatal (José Mariano Beltrame) y dirige operaciones que requieren sigilo extremo. Cuentan con equipamientos de investigación de última tecnología y además reciben salarios mayores a los de los policías comunes (entre mil 600 y 3 mil dólares).
El BOPE
La lucha diaria contra el narcotráfico en Río de Janeiro es la misión que tiene el BOPE, la tropa de élite de la Policía Militar estatal, un híbrido entre una unidad de policía y un batallón de comandos de guerra especializados en combate en zonas urbanas y áreas de riesgo, conformada por unos 400 hombres con edad promedio de 30 años.
"El 90 por ciento de nuestro trabajo es la lucha contra el narcotráfico; el resto son situaciones de tomas de rehenes", asegura el teniente coronel Fabio Souza, subcomandante del BOPE, que tiene su cuartel general en plena favela de Tavares Bastos, en el centro de Río.
Para llegar al BOPE se requiere ser policía militar con dos años de experiencia y pasar dos cursos: uno de operaciones tácticas (de un mes y una semana de duración), que prepara para actuar en combate urbano y la invasión de territorios; y un curso anual de operaciones especiales (de tres meses y medio) que les enseña tiro de precisión, montañismo, natación, buceo y tácticas de negociación.
Poseen armamento muy superior al de la Policía Militar, con fusiles de asalto Para-FAL y M16, pistolas Taurus calibre 40, y granadas; utilizan chalecos y cascos antibalas con sistemas de radio incorporados, y un arsenal de armas no letales que va desde gas pimienta hasta pistolas de descarga eléctrica.
"No existe en el mundo policía que trabaje igual que nosotros y que tenga la experiencia de combate diario que tenemos", afirma el teniente coronel Souza, quien revela que los salarios de los miembros del BOPE van entre los mil 500 y los 3 mil 500 dólares.
Además de entrenar en la propia favela de Tavares Bastos, suelen tomar cursos de capacitación con el FBI y con las fuerzas especiales de Francia, Portugal, Israel y Gran Bretaña. Justamente de la unidad SAS (Special Air Service) del Ejército británico fue que adoptaron el uniforme totalmente negro -para causar "mayor impacto visual al enemigo"-, que han decorado con una calavera cruzada por una daga y dos pistolas que simbolizan "la victoria sobre la muerte".
Pese al orgullo que representa pertenecer al BOPE, sus mismos integrantes reconocen que la sola estrategia de enfrentamiento militar al narcotráfico no dio los resultados que está dando la política de las UPP's, que una vez que establece las comisarías comunitarias trae consigo servicios sociales para la población que ayudan a cambiar la cultura de violencia de las favelas.
"La política de invasión que durante décadas usó Río de Janeiro, de entrar a las favelas para intentar agarrar a los bandidos, sus armas y drogas nunca funcionó. El BOPE es el remedio más fuerte contra el narcotráfico pero no el más eficiente. El más eficiente es la presencia permanente del Estado y el trabajo social", señala Rodrigo Pimentel, ex capitán de un equipo de BOPE (1995-2000), autor del libro Tropa de élite y guionista de la serie de películas del mismo nombre.
El fruto más visible del éxito de la nueva estrategia de combate a la violencia del narcotráfico es la reducción en el número de homicidios dolosos en el estado de Río de Janeiro, que ha venido cayendo en los últimos dos años; el año pasado bajó un 17.7 por ciento, de 5 mil 794 muertes a 4 mil 767.
Y en esa misma tarea de reducción de la violencia se encuentra también el Ejército. "Nuestra idea es que al final de esta operación podamos hacer nuestro policiamiento sin armas", comenta el general Pereira, de la Fuerza Pacificadora en el Complexo do Alemão.
El objetivo, aclara, no es terminar con el narcotráfico, pero al menos sí con la violencia asociada.
Este optimismo es compartido por el sociólogo Ignacio Cano: "estamos entrando en un círculo de desescalada de la violencia, y tenemos un contexto socio-económico muy favorable: crecimiento económico muy fuerte en los últimos años acompañado por reducción de pobreza y de las desigualdades, por primera vez en la historia de Brasil".
Entrevista / Regina Miki: / 'Coordinación, la clave'
BRASIL. Narcotráfico y Fuerzas Armadas. Regina Miki: Secretaria Nacional de Seguridad Pública de Brasil
Alberto Armendáriz
(17 julio 2011).- Corresponsal
RÍO DE JANEIRO.- Entre las mujeres que han ocupado puestos de gran visibilidad en el gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se destaca la abogada Regina Miki al frente de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia.
Esta abogada de 50 años tiene hoy a su cargo el desarrollo de las acciones nacionales de seguridad pública y combate al crimen organizado en todo Brasil, donde está implementando una nueva estrategia.
¿Cómo definiría esta nueva estrategia de seguridad pública?
Integración a todos los niveles. En primer lugar, integrar las fuerzas policiales federales, Policía Federal, Policía de Carreteras y Fuerza Nacional (un contingente de mil efectivos donados por las policías estatales); en segundo lugar, integrar las fuerzas federales a las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad estatales; en tercer lugar, integrar las fuerzas de frontera a esta política, y una cuarta integración, coordinar nuestros esfuerzos con los de los países vecinos para compartir inteligencia y recursos.
A pedido de la presidenta Rousseff, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa diseñamos un plan estratégico de fronteras para el combate al crimen organizado transnacional: tráfico de drogas, de armas, de personas, contrabando. El plan tiene dos ejes: la Operación Centinela, coordinada por el Ministerio de Justicia con la Policía Federal, la Policía de Carreteras y la Fuerza Nacional, que tiene como énfasis las acciones de inteligencia continuas, y la Operación Ágata, coordinada por el Ministerio de Defensa con las fuerzas de seguridad estatales, que consiste en acciones puntuales y temporales en la frontera.
¿Cómo es el entrenamiento de la Policía Federal?
Más allá de la formación de Academia, nuestros agentes tienen gran interacción con organismos internacionales que los capacitan específicamente en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico, como sucede con la Interpol y Ameripol. La Policía Federal tiene equipamiento de punta para realizar sus investigaciones; radares, sistemas de intercepción telefónica e identificación de personas, un banco de ADN y uno balístico. Aviones, helicópteros, camiones logísticos, vehículos blindados y lanchas. El binomio perfecto: personal bien capacitado y equipamiento de primer nivel. Los salarios van de 6 mil a 19 mil 500 reales (3 mil 700 a 12 mil 300 dólares).
¿Qué lugar tiene la prevención en esta estrategia?
Nuestro Programa Nacional de Seguridad y Ciudadanía busca un equilibrio entre la prevención y la represión calificada. Fue creado en 2007 y busca establecer un nuevo paradigma de policía a través de la atribución a las fuerzas policiales de tareas diferenciadas pero totalmente articuladas. También pretende instalar una nueva idea de seguridad pública, entendiendo que no sólo la policía está encargada de la seguridad sino que la sociedad civil tiene responsabilidad.
Son políticas sociales de Estado tendientes a garantizar la reconquista del territorio dominado por el narcotráfico. Se dan recursos para estimular la capacitación de policías civiles y militares así como becas de estudio para jóvenes y mujeres de bajos ingresos que actúan como multiplicadoras del programa, y se dan créditos para vivienda. Se trabaja con el sistema penitenciario para crear unidades diferenciadas para jóvenes entre 18 y 24 años que estén en prisión por pequeñas infracciones, para que no se contaminen por la influencia de líderes del crimen organizado y, a través de la Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, se orienta a los jóvenes y las familias sobre los efectos de los estupefacientes.
¿Cómo está Brasil hoy?
Hemos tenido grandes avances, pero estamos lejos de llegar a donde queremos. La globalización facilita la acción del crimen organizado. De cara al Mundial de Futbol y los Juegos Olímpicos, buscamos una mayor integración e inteligencia de nuestras fuerzas de seguridad, lo que nos facilitaría acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico. Hemos encontrado el camino correcto. ·
Militares: apoyo complementario
COLOMBIA. Narcotráfico y Fuerzas Armadas. El Ejército colombiano tiene una larga trayectoria de intervención para la resolución de conflictos. Actualmente, sólo interviene en coordinación de la Policía Nacional. En los 10 meses de gobierno del presidente Manuel Santos se han caputrado 11 mil presuntos delincuentes. La Policía colombiana ha incautado 63 semisumergibles para el transporte de droga desde 1993
(17 julio 2011).- REFORMA/Staff
BOGOTÁ.- En Colombia, la lucha contra el crimen organizado, y en particular contra las mafias del narcotráfico, recae principalmente sobre los hombros de la Policía Nacional, un cuerpo uniformado de carácter civil con facultades de Policía Judicial, pero las Fuerzas Militares, integradas por el Ejército, la Armada (Marina) y la Fuerza Aérea, también juegan un papel clave.
"La responsabilidad primaria es de la Policía, responsable también de la captura de los capos", explica el general Óscar Naranjo, director general de la Policía Nacional de Colombia.
Según el oficial, el 99 por ciento de los casi mil 300 narcotraficantes extraditados por Colombia ha sido capturado por la Policía, con el concurso de la Fiscalía, equivalente a la PGR mexicana.
"En algunas situaciones, como la de Don Diego (Diego León Montoya, jefe del extinto Cártel del Norte del Valle, arrestado en 2007), se usó inteligencia militar y un comando especial, que fue el que lo capturó, pero en general es la Policía la que conduce esas operaciones", añade.
Las operaciones coordinadas (o conjuntas) y las labores de apoyo de las Fuerzas Militares a la Policía también son frecuentes, sobre todo en zonas rurales o selváticas donde la guerrilla y las bandas criminales surgidas tras el desarme de los paramilitares mantienen estrecha relación con la producción y el tráfico de drogas.
"La sinergia que genera el tener todas las fuerzas operando al unísono para buscar un objetivo supera lo que habíamos hecho antes. No puede ser una lucha de Policía o Ejército y el resto sin hacer nada. Cada vez estamos más empeñados en el trabajo conjunto y coordinado", explica el comandante de las Fuerzas Militares, Édgar Cely.
"Nos ha dado resultados el trabajo de las tres Fuerzas Militares sin alterar la caracterización de cada una, sin intentar fusionarlas. En la diferencia, en la especificidad y capacidad operativa de cada una, en el trabajo complementario, está la fortaleza", añade.
Ejemplo de estas operaciones conjuntas son Troya 1 en la costa del Caribe, y Troya 2 en la del Pacífico, ambas en curso.
"Los narcotraficantes se han confundido, aliado, con las bandas criminales. Y el Ejército, en coordinación con la Policía, los está enfrentando", explica el general Alejandro Navas, comandante del Ejército Nacional, "en cualquier lugar de la geografía el Ejército tiene el deber, la obligación, de enfrentarlos, pues hacen parte de la amenaza a la paz".
La participación de las Fuerzas Militares en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas está amparada en la Constitución, cuyo artículo 217 fija entre sus objetivos defender el orden constitucional, además de la soberanía, la independencia e integridad del territorio.
Dado que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no tienen facultades de Policía Judicial, sus operativos antidrogas por lo general son acompañados por organismos con estas facultades, como la Fiscalía, que velan por las garantías jurídicas. Pero ya en el terreno, es sobre todo la formación del militar su principal blindaje para velar por los derechos humanos.
En zonas rurales, las Fuerzas Militares han entrado en combate e incluso dado muerte a miembros de bandas ligadas al narcotráfico que custodian cultivos de coca, rutas, narcolaboratorios o narcosubmarinos, pero en las ciudades estos choques armados han sido escasos, en contraste con la frecuencia con que se están presentando en México.
Un caso recordado tuvo lugar en octubre de 2002, durante la Operación Orión, cuando tropas combinadas de la Policía y el Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea, incursionaron en la Comuna 13 de Medellín para desarticular milicias urbanas de la guerrilla financiadas con el narcotráfico y retomar el control del sector.
Ante el fortalecimiento de la fuerza pública y una sostenida ofensiva contra los cárteles de la droga desde mediados de los ochenta, los narcos en Colombia ya no desafían abiertamente al Estado, como ocurrió en tiempos del jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar. Aprendieron a operar de forma discreta, recurriendo a la compartimentación del negocio de la droga para pasar inadvertidos.
Conflicto armado y narcotráfico
En medio del conflicto armado que aqueja a Colombia desde hace décadas, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea han combatido a la guerrilla y a los paramilitares que solían combatirla, pero dada la estrecha relación de estos grupos armados ilegales con el narcotráfico, también han jugado un papel clave en la lucha antidrogas, sobre todo en zonas rurales.
Desde 2006, tras el desarme masivo de los paramilitares, las Fuerzas Militares redirigieron sus baterías -sin descuidar a la guerrilla- contra las bandas criminales (Bacrim) que emergieron ya sin una vocación contrainsurgente y están ligadas en su mayoría al narcotráfico.
"Por las alianzas de narcotraficantes con la guerrilla y los extintos paramilitares, involucrados a su vez en el negocio de las drogas, como ahora las Bacrim, la fuerza militar también participa en la lucha antidrogas", explica el experto en seguridad Alfredo Rangel.
La intercepción y decomiso de naves usadas en el tráfico de insumos químicos y drogas por aire, mar y tierra, incluidas avionetas, lanchas rápidas y narcosubmarinos; la destrucción de semilleros y narcolaboratorios, y la incautación de insumos, drogas, armas y explosivos son algunas tareas realizadas con regularidad por las Fuerzas Militares en la lucha antidrogas.
También ha habido casos en que militares capturan a microtraficantes en ciudades, pero a partir de órdenes de arresto de la Fiscalía y de inmediato los remiten a un juez.
En la presentación del informe anual antidrogas de la ONU, el director de la Policía reconoció que la reducción de los cultivos de coca y de la producción de cocaína en Colombia se debe al trabajo de un ejército de tres mil erradicadores civiles y campesinos, que arrancan mata por mata protegidos por cuatro mil policías y tres mil militares en las montañas y selvas.
Además de usar inteligencia militar en la lucha antidrogas, el Ejército cuenta con una Brigada Especial y con Batallones contra el Narcotráfico, cuya tropa recibe formación especializada con énfasis en el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH) para limitar los efectos del conflicto armado y proteger a civiles que no participan en hostilidades.
"Las operaciones del Ejército están enmarcadas en el respeto a los derechos humanos y el DIH. Para el efecto, los hombres y mujeres de las unidades son preparados en cursos con un pénsum, una carga académica importante que los capacita para cumplir las reglas de enfrentamiento en el campo de combate frente a las organizaciones delincuenciales", expone el general Alejandro Navas.
El Bloque de Búsqueda
Entre mediados de los ochenta y mediados de los noventa, una escalada de violencia sin precedente por cuenta del narcotráfico puso a prueba a la Policía e hizo necesario un trabajo conjunto con las Fuerzas Militares. En esa época, llamada del "narcoterrorismo", Pablo Escobar orquestó una guerra sin tregua contra el Estado y la sociedad.
El 6 de noviembre de 1985, en una operación financiada por el narco, un comando guerrillero del M-19 asaltó el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y retuvo a unas 350 personas, entre visitantes, empleados, funcionarios judiciales y magistrados de la Corte Suprema, que debía avalar la extradición.
La fuerza pública, con el Ejército a la cabeza y con ayuda de tanques, retomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia -que terminó ardiendo en llamas-. El operativo dejó como saldo la muerte de casi un centenar de personas, incluidos 11 magistrados, y la desaparición de una decena de civiles.
Ante el surgimiento de evidencias nuevas en 2005, la Fiscalía desempolvó una investigación sobre presuntos abusos de la fuerza pública en la retoma militar, incluidos secuestro y desaparición forzada. Desde 2006, el ente ha ordenado el arresto de media docena de mandos altos y medios del Ejército que participaron en el operativo, en un juicio histórico.
Escobar, autor de esa campaña de narcoterrorismo, cayó abatido en 1993 por las balas de un cuerpo élite de policías y militares: el Bloque de Búsqueda, cuya misión era cazar al capo y desmantelar su poderosa organización.
Para contrarrestar la infiltración de los tentáculos de Escobar en la fuerza pública (lo que dificultaba su captura) en 1992 se conformó el Bloque de Búsqueda con un selecto grupo de policías y militares bien entrenados -incluso en el extranjero- y blindados contra la corrupción. Con tecnología e intercepción de comunicaciones, un grupo hizo contrainteligencia incluso a otros organismos de seguridad para depurarlos de elementos corruptos y reforzar su capacidad operativa.
Una política de sometimiento a la justicia, que ofrecía rebaja de penas a narcos que se entregaran y delataran a otros, contribuyó a recabar información de inteligencia, labor que contó además con el apoyo de agencias internacionales como la Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigación (FBI) y organismos de inteligencia de Francia.
Con ayuda de las Fuerzas Militares, se logró aislar a Escobar de la seguridad que le brindaban en las montañas la guerrilla de las FARC y grupos paramilitares, lo que obligó al capo a refugiarse en Medellín, donde las bandas a su servicio también empezaron a ser desmanteladas.
El 2 de diciembre de 1993, el capo fue abatido a tiros por tropas del Bloque de Búsqueda sobre los tejados de una casa, cuando intentaba huir del cerco que le habían tendido.
Tras la desarticulación del Cártel de Medellín, el Bloque de Búsqueda se ocupó de desvertebrar el Cártel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela, capturados en 1995.
En 2004 se retomó una táctica similar, pero ya sólo en el seno de la Policía, para atacar las mafias del narcotráfico en el norte de Valle del Cauca y en el Eje Cafetero.
El Plan Colombia
En 1999, con ayuda de Estados Unidos, el presidente Andrés Pastrana (1998-2002) lanzó el Plan Colombia, concebido como una estrategia "integral" que buscó no sólo fortalecer a la fuerza pública para la lucha antidrogas, sino apuntalar otras instituciones del Estado, incluso en rubros sociales y de infraestructura.
No obstante, el Plan Colombia, al que Estados Unidos ha aportado unos 7 mil millones de dólares, terminó privilegiando el componente militar y policial de la lucha antidrogas y contra la guerrilla.
Un muy bajo porcentaje del aporte estadounidense se destinó a fortalecer el sistema judicial y a apoyar proyectos de desarrollo alternativo, asistencia social, ayuda a desplazados e infraestructura local, entre otros rubros previstos.
El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas con aeronaves, vehículos, equipo, tecnología, infraestructura, inteligencia, entrenamiento y asesoría estadounidenses aumentaron su capacidad operativa para la lucha antidrogas y contra la guerrilla.
Según el especialista Alfredo Rangel, el Plan Colombia dotó de mayor movilidad e inteligencia, mejor entrenamiento y mejores equipos a las fuerzas del Estado, que duplicaron su eficacia en la lucha contra los grupos paramilitares y guerrilleros.
Este fortalecimiento de la fuerza pública fue aprovechado por el presidente Álvaro Uribe (2002-2010) en su amplia ofensiva contra la guerrilla de las FARC, a la que asestó golpes históricos que la han mermado y replegado, como la captura o muerte de capos como Don Diego, Don Mario y Los Mellizos.
Entrevista / Carlos Ramiro Mena / 'Seguimos una estrategia integral'
COLOMBIA. Narcotráfico y Fuerzas Armadas. Carlos Ramiro Mena: director de Policía Judicial (Dijín) e Interpol de la Policía de Colombia
(17 julio 2011).- REFORMA/Staff
BOGOTÁ.- En Colombia, el combate sostenido a las mafias del narcotráfico sigue una estrategia integral que incluye erradicar los cultivos ilícitos, atacar la producción de drogas, el lavado de activos e incautar bienes con ayuda de la extinción de dominio, explica el general Carlos Ramiro Mena, Director de Policía Judicial (Dijín) e Interpol de la Policía colombiana.
Con 15 mil agentes en sus filas, incluidas tropas especiales para operaciones de alto riesgo, la Policía Judicial e Interpol es uno de los cuerpos especializados con que cuenta la Policía colombiana, con 165 mil uniformados en total.
Junto con la Dirección Antinarcóticos, la Dijín es una de las columnas vertebrales de la Policía en el combate a las mafias del narcotráfico.
Importantes capos como Daniel Rendón, Don Mario, y los hermanos Mejía Múnera, Los Mellizos, han caído en operaciones coordinadas de estos cuerpos especializados.
¿Por qué en Colombia es la Policía la principal encargada de combatir el crimen organizado en general y las mafias del narcotráfico en particular, antes que las Fuerzas Militares?
Por función constitucional, la Policía Nacional es la responsable de la seguridad ciudadana. Las Fuerzas Militares tienen como función principal defender la soberanía y seguridad nacionales.
Nuestra principal responsabilidad es atacar no sólo la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo, sino fortalecer la seguridad ciudadana en su conjunto, atacando todas las manifestaciones del delito en Colombia.
¿Qué tanto tiene que ver que la Policía sea un cuerpo de carácter civil con facultades de Policía Judicial?
Eso es precisamente la Policía Nacional según nuestro mandato constitucional, el artículo 218, que reza: la Policía es un cuerpo armado de naturaleza civil a cargo de la Nación. Y lógicamente, también quien ejercerá funciones permanentes de Policía Judicial.
¿En qué casos se requiere la participación de las Fuerzas Militares para perseguir a capos del narcotráfico o para apoyar a la Policía en esta lucha antidrogas?
En Colombia, la investigación criminal es liderada por la Fiscalía General de la Nación, con el auxilio de cuerpos de Policía Judicial como la Dijín de la Policía, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la misma Fiscalía, y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio de inteligencia adscrito a la Presidencia), que son instituciones con funciones permanentes de Policía Judicial.
Cuando las Fuerzas Militares realizan operaciones como la que se dio para la captura de Diego Montoya (Don Diego, jefe del extinto Cártel del Norte del Valle), es por la ubicación de estos narcotraficantes y terroristas a partir de inteligencia militar. Pero las investigaciones criminales contra todas las manifestaciones del delito están a cargo de la Policía.
¿De qué manera se vela por el respeto a los derechos humanos en esta lucha antidrogas?
El respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (DIH) han sido una política institucional.
Hoy por hoy la Policía ha venido liderando procesos de respeto a los derechos humanos con cuerpos y grupos especializados, y oficinas dedicadas especialmente a garantizar los derechos de los ciudadanos enmarcados en el DIH.
¿Cuáles son los principales ejes de la estrategia de combate al narcotráfico en Colombia?
Primero que todo, acabar con todas las organizaciones dedicadas al narcotráfico, que se combinan incluso con el terrorismo. Tras el desmantelamiento de los grandes cárteles de la droga y la desmovilización de grupos armados al margen de la ley (paramilitares), persisten organizaciones emergentes (dedicadas al narcotráfico).
Por otro lado está la destrucción manual o mediante fumigación de los cultivos de hoja de coca o marihuana, atacar la producción de estupefacientes.
El tercer eje está en combatir el lavado de activos, dineros procedentes del narcotráfico; perseguir y capturar a estas personas ligadas al lavado de activos.
Como cuarto eje, estamos atacando los bienes producto del narcotráfico, con herramientas jurídicas como la extinción del derecho de dominio.
Y no puedo dejar de mencionar el eje dedicado a la prevención del consumo mediante campañas educativas, mediante alianzas con el Ministerio de Educación, en los diferentes establecimientos educativos.
En el caso de la Policía Antinarcóticos, ¿qué capacitación especial recibe en lo táctico, en inteligencia y derechos humanos?
Una gran capacitación para un gran profesionalismo. Ellos reciben un fuerte entrenamiento de tipo táctico, operacional y cuentan con apoyo de servicio aéreo. La Dirección Antinarcóticos también cuenta con un grupo de Policía Judicial que la Dijín tiene destacado en ese cuerpo especializado.
Son entrenados de manera integral, con un grupo importante también de respeto a los derechos humanos y el DIH. Tienen una gran capacidad para combatir el narcotráfico en Colombia.
Operativos sin marco legal
MÉXICO. Narcotráfico y Fuerzas Armadas. Mientras transcurre la guerra contra el narcotráfico, la Ley de Seguridad Nacional cumple más de dos años entrampada en el Congreso de la Unión
Con información de Andro Aguilar
(17 julio 2011).- El Ejército lleva cuatro años y medio realizando labores policiacas, y el marco jurídico para darle certidumbre a su actuación no se ha podido aprobar.
Impugnada por especialistas, defensores de derechos humanos y legisladores, la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que regularizaría la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, lleva más de dos años empantanada en el Congreso.
La iniciativa enviada por el presidente Felipe Calderón al Senado el 22 de abril de 2009 fue modificada y aprobada en abril del 2010 por los senadores, y se envió a la Cámara de Diputados, donde comienza a diluirse la posibilidad de aprobarla en un periodo extraordinario.
Actualmente existe un proyecto de dictamen de reforma a la Ley de Seguridad Nacional elaborado por la Comisión de Gobernación de la Cámara -basado en la minuta del Senado y en los señalamientos de juristas y especialistas en derechos humanos-. Pero este documento, enviado el pasado 5 de julio a una subcomisión redactora, ha sido cuestionado por diputados de distintos partidos y por el gobierno federal.
También existe el proyecto de trabajo alterno elaborado por un grupo mixto encabezado por el priista mexiquense Alfonso Navarrete Prida, en el que presuntamente se recogieron los puntos de vista de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La Comisión de Gobernación, presidida por el panista Javier Corral, prevé presentar una versión definitiva del dictamen el 27 de julio ante la Mesa Directiva de la Cámara baja, para poder agendar su aprobación en una sesión extraordinaria.
Sin embargo, Navarrete Prida advierte que, si el PAN y el gobierno dan su aval a ese documento, la Ley de Seguridad Nacional podría quedar congelada un año más, por el rechazo de los priistas.
"Si el gobierno federal y su partido no asumen una posición congruente, va a ser muy difícil que esto pueda pasar. Tal cual como está (el predictamen), no pasa", sentencia Navarrete, ex procurador del Estado de México con Arturo Montiel y ex secretario de Desarrollo Metropolitano con el actual gobernador Enrique Peña Nieto.
El priista cuestiona que el predictamen, al igual que la minuta del Senado, elimine la posibilidad de que el Presidente emita la declaratoria de afectación a la seguridad interior en un estado, para dar paso a la intervención de las Fuerzas Armadas.
Rubén Fernández Aceves, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, coincide con el priista en que el predictamen no es aceptable, y asegura que es poco probable la aprobación de la reforma en un periodo extraordinario.
"El proyecto de dictamen pretende regular cómo los gobernadores pueden solicitar el auxilio de la Federación. Para nosotros ésa es una visión incompleta. Se plantea que el Presidente no puede iniciar el procedimiento, sólo un gobernador; lo que hace que, en una entidad donde haya afectación, el Presidente no pueda mover un dedo si no se lo pide el gobernador.
"El dictamen es omiso respecto de cuáles son los límites que la autoridad federal debería tener si sale de los cuarteles a atender una declaración de afectación de la seguridad interior, sólo establece el límite genérico del respeto a los derechos humanos que es importante pero poco clara", comenta el funcionario.
Largo camino
La iniciativa presentada por Calderón en 2009 incluía la aplicación de un estado de excepción a través de la figura de "declaratoria de afectación a la seguridad interior", así como un blindaje legal para los militares que participaran en estas operaciones.
Los senadores, al procesarla, eliminaron el fuero militar de los soldados acusados de cometer algún delito que involucre a civiles, y suprimieron la figura de declaratoria de afectación a la seguridad interior en acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social.
La Cámara congeló la minuta y el 27 de abril de este año Navarrete Prida presentó la propuesta alterna, que no pudo ser procesada al no encontrar consenso ni siquiera dentro de la bancada priista.
Al final del pasado periodo ordinario, la Comisión de Gobernación decidió abrir una nueva consulta sobre el tema. Luego de 18 audiencias y un foro con académicos, funcionarios y representantes de organizaciones civiles, la Comisión entregó su proyecto de dictamen.
El predictamen no permite al Presidente iniciar un proceso de "declaratoria de afectación a la seguridad interior" y establece que sólo pueden solicitarlo los Congresos locales y los gobernadores; ordena que la SCJN avale la constitucionalidad de las declaratorias y obliga a las Fuerzas Armadas a sujetar su actuación a la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Para Marieclaire Acosta, ex presidenta de Amnistía Internacional en México, los cambios en el predictamen son un avance.
"El gran mérito es que ya hay una reforma constitucional en Derechos Humanos que empieza a operar", señala.
Para Silvano Cantú, miembro de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, los cambios en el predictamen son insuficientes, pero reconoció que posee mayores controles respecto a los otros documentos.
"El tema de fondo sigue: se privilegia el uso de la fuerza frente a la posibilidad de establecer un concepto de seguridad ciudadana más completo", indica.
Con información de Andro Aguilar
Precisan Negociación PASC-Castañeda
Cartas
(17 julio 2011).- Quiero referirme al artículo de mi amigo Jorge G. Castañeda para hacer algunas precisiones:
1.- Esta historia comienza con una reunión con Jorge, promovida por la presidencia y vicepresidencia del PASC, para tratar asuntos relacionados con la elección del 2006, en la que participaron Alberto Begné Guerra, Jorge Carlos Díaz Cuervo, Rafael Piñeiro, Fred Álvarez y, desde luego, un servidor. Begné, en su calidad de presidente del partido, le manifestó a Jorge nuestro interés de que fuera nuestro candidato a la Presidencia, dado que nuestra correligionaria Patricia Mercado, según encuestas, no alcanzaba el 2 por ciento necesario para refrendar el registro del partido.
Jorge fue muy claro: sería candidato siempre y cuando convenciéramos a Mercado, ya que él no estaba dispuesto a una confrontación estéril e innecesaria con ella. Sin embargo, Begné dio marcha atrás e impulsó a Mercado, faltando a su palabra y a los acuerdos establecidos por escrito al interior del PASC.
2.- Habiéndose dado la ruptura interna y tomada la decisión del Ala Campesina de no apoyar a Mercado y salir del partido, me entrevisté de nueva cuenta con Jorge, quien me manifestó que Gordillo le había ofrecido que el partido Nueva Alianza lo postularía, preguntándome si el Ala Campesina estaba en disposición de apoyarlo. Respondí positivamente. Más adelante preguntó si ratificaría mi apoyo frente a la dirección del Panal.
3.- Nos reunimos en diciembre de 2005: Fred y un servidor; Miguel Ángel Jiménez y Alberto Cinta, en representación del Panal. Ratifiqué nuestro compromiso de apoyar a Jorge como candidato a la Presidencia, y que de ser así estaríamos dispuestos a integrarnos a Nueva Alianza y llegar a un acuerdo de espacios en la dirección política y en las candidaturas. Los dirigentes del Panal respondieron que se lo comentarían a la profesora.
Nunca he tenido contacto con Gordillo y, después de esta reunión, tampoco con los dirigentes de su partido; me enteré después que Nueva Alianza designó a Roberto Campa como su candidato. Así se cerró este capítulo, que lamenté porque siempre he pensado que Jorge puede ser un candidato muy competitivo.
4.- En congruencia con ello, me parece totalmente fuera de lugar e inexacto lo manifestado por Jorge, al señalar que este servidor "estaba dispuesto a darle un golpe de Estado a Beto Begné y a Mercado, (y) que una vez tomada la dirección propondría una candidatura conjunta con Nueva Alianza si Elba me postulaba. Empezamos a negociar: diputaciones, recursos y, principalmente, el apoyo de Elba y el SNTE para que Irys pudiera conquistar el partido".
Primero, la ley electoral no permite la creación de coaliciones ni el impulso de candidaturas comunes a los partidos de nueva creación. Segundo, lo que estaba en disputa en el PASC era la candidatura presidencial y no la dirección del partido. El diferendo fue el incumplimiento de acuerdos institucionales y compromisos políticos.
Quiero ser tajante: nunca participaría en ningún tipo de golpe de Estado para disputar una dirección política, porque soy un demócrata confeso y asumo sus valores como lo suele hacer mi amigo Castañeda.
Atentamente: Ignacio Irys Salomón
La cultura política
(17 julio 2011).- Téngalo presente
México vs. Impunidad. Una reflexión a propósito del Día Mundial de la Justicia Internacional. Foro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Jacobo Dayán, Santiago Corcuera, Luis González Placencia, Héctor Carreón. Martes 19, 10:00 horas. Universidad 1449, Florida. Inf: 5229 5600 ext. 2008.
Cine
Reelige o castiga. La organización ciudadana Reelige o castiga proyecta documental sobre la reelección en México. Domingo 17, 19:30 horas. Frente al Senado de la República. Reforma e Insurgentes. Informes: reeligeocastiga.org
Exposiciones
Obstruir, destruir, ocultar. Muestra del artista argentino Enrique Je<017E>ik, cuya obra atestigua una etapa en la que los medios de destrucción y las tecnologías de control crean espacios y trayectorias de la política. Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Ciudad Universitaria.
Libros
Cero en conducta, crónicas de la resistencia magisterial de Luis Hernández Navarro. Fundación Rosa Luxemburgo y Para Leer en Libertad A.C. Historia de las últimas tres décadas del SNTE desde la visión de una de sus disidencias históricas.
Díaz Ordaz. Disparos en la oscuridad de Fabrizio Mejía Madrid. Suma de Letras. El autor desmenuza episodios de la vida Gustavo Díaz Ordaz y abunda en el apoyo que tuvo de figuras como Maximino Ávila Camacho y Adolfo López Mateos.
Lo que se siente pensar de Pablo Fernández Christlieb. Taurus. El autor busca hacer una teoría colectiva de la conciencia: sentimientos, pensamientos, percepción e inteligencia de cada persona, y la sensatez que el hombre ha perdido.
Por eso estamos como estamos de Carlos Elizondo Mayer-Serra. Debate. El autor analiza las causas de que México no haya alcanzado los niveles de crecimiento económico sostenido que lleven a mejoras para la población, a pesar de los recursos y las oportunidades con los que ha contado.
Reforma energética. Anticonstitucional, privatizadora y desnacionalizante coordinado por O. Sarahí Ángeles Cornejo. Cosmos editorial. Obra resultante del taller organizado por especialistas de la UNAM, para analizar a detalle durante un año las leyes promulgadas que integran la Reforma Energética de 2008.
¡Santo PRI, líbranos del PAN! de Eduardo del Río Rius. Grijalbo. De forma directa e ingeniosa, el autor hace un recorrido crítico por los sexenios gobernados por el PRI, sin dejar a un lado los yerros de las dos administraciones panistas.
Mesas redondas
Víctimas del delito: quién, cómo y dónde se les atiende. Isabel Miranda de Wallace, Sara Irene Herrerías, Sulma E. Campos Mata y Federico Lefranc. Martes 19, 17:00 horas. Sala de seminarios del Inacipe. Magisterio Nacional 113. Tlalpan Centro. Informes: 5487 1500 ext. 1664.
Presentaciones El México que nos duele. Crónica de un país sin rumbo de Alejandro Rosas y Ricardo Cayuela Gally. Temas de hoy. Ciro Gómez Leyva y los autores. Domingo 17, 12:00 horas. Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Juárez esquina Eje Central. Centro Histórico. Informes: 4150 0200.
Revistas
China Hoy Vol. LII No. 7. Edición dedicada a los 90 años del Partido Comunista en China. A través de varios artículos, analiza los problemas y dificultades actuales del partido, su futuro, su relación con los jóvenes y el papel que desempeñan los responsables de las células del PC.
Este País No. 243. José Fernández Santillán profundiza en la necesidad de que la sociedad civil vaya más allá del voto, ante los poderes políticos y económicos. Enrique Alducin, Miguel Basáñez, Federico Estévez, Alejandro Moreno y Pablo Parás reflexionan sobre la evolución de la opinión pública en los últimos 20 años en México.
Letras Libres No. 151. Cinco periodistas de Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Guerrero y Baja California exponen el escenario donde ejercen su profesión. Extracto del seminario impartido por Arcadi Espada en la Universidad Iberoamericana sobre los retos del periodismo, la cobertura de la violencia y la crítica al "Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia". Rafael Lemus repasa qué se sabe y qué no de los muertos de la guerra anticrimen, critica los desaciertos de la política de seguridad y defiende el duelo público de las víctimas.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1809
El Metrobús hiere al Centro Histórico
MARÍA LUISA VIVAS
Fuente de un sinnúmero de conflictos desde la instalación de su primera línea –por su alto costo e insuficiencia, por los conflictos viales y vecinales que desató, por los pleitos que generó con transportistas privados…–, el Metrobús amenaza ahora al Centro Histórico. Vecinos y comerciantes se dicen dispuestos a enfrentar “con todo” el proyecto de la línea 4, puesto que, afirman, atenta contra el patrimonio histórico y el comercio de la zona.
El Proyecto Metrobús concebido por el gobierno capitalino para el reordenamiento del transporte y la recuperación de espacios públicos en la ciudad ha sido objeto de duras críticas por su inadecuado funcionamiento, así como por los numerosos accidentes en que se han visto involucradas sus unidades.
Si en la construcción de las tres primeras líneas hubo muestras de descontento por parte de la población, ahora la línea 4 enfrenta una fuerte oposición de organizaciones vecinales y, sobre todo, de comerciantes que ven afectados sus intereses.
En entrevista con este semanario, el director general del Metrobús, Guillermo Calderón, dice que la Ciudad de México es una de las pocas metrópolis del mundo que no tienen conexión directa entre un transporte colectivo y su Centro Histórico. Añade que la línea 4 será “un gran articulador de viajes” hacia este punto de la capital a partir de tres grandes puertas: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), San Lázaro y Buenavista.
Explica que como parte del corredor Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto, la línea 4 abarcará 27.3 kilómetros de forma bidireccional, contará con 30 estaciones y cuatro terminales: la 1 y 2 del AICM, Buenavista y San Lázaro.
Se pretende –abunda– que esta línea transporte a 47 mil pasajeros por día, que incentive la afluencia de turismo en la zona y que contribuya a la reducción de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, las bondades del proyecto no bastan para convencer a comerciantes de distintas organizaciones a quienes el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, ya les advirtió, el pasado 29 de junio, que la obra no se detendrá.
“No cambiará el trazo de la línea 4 del Metrobús. No quieren que pase porque afectará a los comerciantes. Hay disposición y diálogo, pero el trazo no se moverá”, aseguró. Además, aclaró que no realizaría un referéndum porque, desde su punto de vista, su gobierno no está obligado a hacerlo.
Integrantes de diversas organizaciones vecinales y de comerciantes criticaron la postura de Ebrard, que calificaron de intransigente y anunciaron que están dispuestos a enfrentarla.
Los líderes de dos de esas organizaciones son quienes encabezan la estrategia ante los medios: Teresa González, de la Unión de Vecinos y Comerciantes de la Poligonal del Centro Histórico, y María Juárez Flores, de La Unión de Comerciantes Establecidos de la Merced.
A la protesta también se han sumado el Frente de Vecinos y Comerciantes del Centro Histórico, representado por Luis Figueroa; la Unión de Comerciantes Establecidos en Ayuntamiento y República de El Salvador, liderada por Yosef Portnoy, así como la organización Alguien Tenía que Decirlo.
El martes 12, todos ellos se reunieron para realizar un Foro Ciudadano de Información acerca de la línea 4, en la plaza de Santo Domingo, por donde cruzará el Metrobús.
Ahí, Teresa González anunció que, en su carácter de consejera ciudadana en la delegación Cuauhtémoc, solicitará el apoyo de los consejeros de las secciones I, II, III, IV, V y VIII del primer cuadro de la ciudad para promover una consulta ciudadana ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
Según ella, el artículo 47 de la Ley de Participación Ciudadana faculta a los consejeros ciudadanos a realizar una consulta entre habitantes y comerciantes que cuenten con más de seis meses de antigüedad en la zona.
El planteamiento de someter a consulta la construcción de la línea 4 fue acogido por el grupo parlamentario del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en particular por la diputada Alicia Téllez Sánchez.
La legisladora exhortó al jefe de Gobierno a detener las obras de la línea 4, en tanto no salgan los resultados del referéndum “y si la consulta arroja que los ciudadanos y vecinos no la quieren, acate la voluntad de los mismos y se desista de hacerla”.
Entre los argumentos esgrimidos por las organizaciones opositoras a la obra es que ésta afectará edificios coloniales y distintas calles donde existen monumentos y vestigios arqueológicos.
Por su parte, el director del Metrobús asegura que ese es otro mito creado por los comerciantes. “Esa es Teresita González, ella maneja comerciantes y tiene otros intereses. No se va a afectar ningún monumento, este tipo de obras ya se han hecho en todas las calles que vemos ahora sin cables y con adoquines ¿qué construcción se cayó? Ninguna”, afirma.
Permisos a medias
De acuerdo con información contenida en el sitio www. transparenciametrobus.df.mx, la empresa encargada de construir el corredor vial de la línea 4 es Gami Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., con un presupuesto de 315 millones 324 mil 178 pesos. Sin embargo, se indica en el portal, hasta ahora no se cuenta con una compañía que supervise las obras debido a que la licitación para este fin fue declarada desierta el pasado 26 de mayo.
Calderón afirma que el proyecto cuenta con el visto bueno del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como con el estudio de impacto ambiental; sin embargo, en ésta se especifica que no se cuenta con el proyecto definitivo de estaciones y adecuaciones requeridas para el tramo de Héroes de Nacozari a las terminales 1 y 2 del aeropuerto.
Al respecto, la Dirección de Evaluación e Impacto Ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, resolvió en abril pasado –SMA/DGRA/DEJA/002022/2011– que la dirección del Metrobús no podrá iniciar obras del tramo que llegará hasta la terminal 1 y 2 del aeropuerto hasta que presente los planos del proyecto geométrico y estaciones, el levantamiento forestal y el plan de manejo de residuos. Además, en el documento se establece una longitud de trazo de la obra de 21.5 kilómetros y no de 27.3 kilómetros , como señala el proyecto original de la Dirección General de Metrobús.
A pesar de las protestas que realizan los comerciantes casi todos los días, las obras comenzaron el lunes 4 y no han cesado. En la calle de Juan Cuamatzin, en el corazón de la Merced, los locatarios y empleados ya resienten el impacto de la construcción.
Mayoristas de utensilios de cocina, jarciería y plásticos, entre otros, afirman que sus ventas han disminuido hasta 50% y temen que, de seguir así, empiecen los despidos de empleados.
María Juárez Flores, representante de unos 500 comerciantes establecidos, dice que los clientes no tienen dónde estacionarse y los estacionamientos de la Merced están llenos de comerciantes ambulantes.
Afirma que ya se ha sentado a dialogar con las autoridades del gobierno, pero “lo único que hacen es darnos una terapia de convencimiento.
“Dicen ellos que el Metrobús va a traer bienestar social, pero aquí también está una sociedad y el bien común es la economía de la zona para que todos subsistamos de ella. ¿Eso no es un bien común, nuestra fuente de trabajo?”, cuestiona.
Asegura que le propusieron al gobierno que se cambiara la obra hacia General Anaya, Fray Servando o Zoquipa, lo cual beneficiaría a los estudiantes de la Preparatoria 7, pero no resultó. “Nos dijeron que la obra se va a hacer, el trazo se va a llevar a cabo tal y como está”, apunta.
Visiones opuestas
Para María Juárez, la línea 4 es un capricho del jefe de Gobierno porque los técnicos que fueron a tomar medidas a la calle de Juan Cuamatzin dijeron que los carriles no caben y que tendrían que “rasurar” las banquetas.
“La Merced es un mercado de tradición, el más grande de Latinoamérica. Es una zona de trabajo donde transita gente con sus diablitos. Cuando venga el Metrobús, la gente no va a poder pasar y la zona perderá su encanto popular”, lamenta Juárez.
El Consejo de Asociaciones de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico que preside Ángel Mussi, tiene una visión distinta a la de quienes se oponen a la línea 4. Considera que este proyecto es positivo porque traerá beneficios a largo plazo.
Desde su punto de vista si el Metrobús transporta 50 mil pasajeros diarios al Centro Histórico, “vendrá más gente, habrá mayor consumo y esto redundará en más empleos”.
Pese a que este propietario de tiendas de ropa y plazas comerciales apoya la construcción de la línea 4, asegura que sería mejor que en lugar de que el Metrobús sea bidireccional debería transitar por una calle de ida y por otra de vuelta. De esa manera, dice, habría un carril para el tránsito vehicular y otro para las operaciones de carga y descarga. Sin embargo, el director de Metrobús asegura que la bidireccionalidad significa menos costos y mayor facilidad operativa.
Para que el reordenamiento funcione, indica Mussi, deben desalojarse a los ambulantes de calles como Miguel Alemán, República de Venezuela y Mixcalco. Pero no se les puede correr sin más. Es necesario, afirma, reubicarlos y que se les otorgue un espacio digno donde puedan vender sus productos.
Cualquier obra que se realice, indica, deberá estar terminada antes de septiembre, puesto que en ese mes comienza la temporada alta. “De lo contrario, nos matan”.
Y aclara: “Hay una realidad en los negocios, y es cierto que si una obra dura más tiempo la gente debe sufragar mayores gastos. Los negocios pequeños van a ser los más afectados; sería una mentira no decirlo, pero de ahí se agarran para decir que esto no va a funcionar”.
El también integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad dice que los comerciantes inconformes deberían sentarse a negociar con el gobierno. “Los de Cuamatzin, por ejemplo, venden cubetas y jarcería; que el gobierno les consuma ese tipo de mercancía mientras duran las obras. Alternativas existen, pero hay que acercarse con propuestas”.
Según Mussi, el problema es que “ha sido tanta la contención, el rechazo de la gente, que lo que han provocado es que el gobierno les diga ‘ahí te va con todo para que ahora no me digas que no’, pero si negocian podría resolverse el problema”.
Liderazgos clientelares
MARÍA LUISA VIVAS
Teresa González, líder de la Unión de Vecinos y Comerciantes de la Poligonal del Centro Histórico y una de las principales opositoras a la construcción de la línea 4 del Metrobús, confiesa que desde niña quiso ser una dirigente política de izquierda. Sin embargo, casi todos los que la rodean ahora son priistas.
En su perfil de Facebook consigna que ha militado en diversos partidos y organizaciones, aunque actualmente niega cualquier filiación partidista.
Comenta que su papel como dirigente consiste en impulsar proyectos comerciales, comunitarios, de vivienda y de desarrollo social en la zona. No obstante, quienes la conocen aseguran que también lidera comerciantes ambulantes y hasta bandas de delincuentes juveniles.
Entre los mismos comerciantes del Centro Histórico corre el rumor de que es de las “consentidas” del gobierno capitalino y que éste le otorgó un predio en la calle de Mesones. Se trata de un edificio histórico que supuestamente serviría como plaza comercial para sus agremiados, pero terminó siendo un negocio más para ella: lo convirtió en un estacionamiento público.
Le apodan La Babis o Tere la Loca. Participó en la elección de comités vecinales, aunque no ganó. Sin embargo, a fuerza de presión, consiguió un premio de consolación: actualmente es consejera ciudadana.
María Juárez, líder de la Unión de Comerciantes Establecidos de la Merced, encabeza a unos 500 comerciantes. Alardea de que representa a más de 12 mil negocios en la zona de la Merced, y asegura que todos se oponen a la construcción de la línea 4 del Metrobús.
El pasado 30 de junio encabezó, junto con unos 800 comerciantes, un bloqueo en la avenida Fray Servando, en rechazo a las obras. También ha estado presente en las manifestaciones realizadas frente a las oficinas centrales del gobierno capitalino. Sus allegados la definen como una mujer aguerrida.
Ángel Mussi, presidente del Consejo de Asociaciones de Comerciantes y vecinos del Centro Histórico, es dueño de una treintena de negocios y de plazas comerciales. Se desconoce su filiación política, pero ha manifestado su apoyo a las acciones del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.
Algunos de sus colegas que lo conocen y que prefieren reservarse su identidad cuentan que su cercanía con el gobierno le ha redituado importantes beneficios. Afirman que por apoyar la construcción de la línea 4 obtendrá un año de publicidad gratis en las pantallas de los autobuses. Además, afirman que como integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad recibió 10 millones de pesos para programas de los que hasta ahora no ha rendido cuentas.
Militares al servicio… pero del narcotráfico
RICARDO RAVELO
La capacidad corruptora del narco es proporcional a la magnitud de los recursos económicos de que dispone. Mediante el ariete del dinero ha infiltrado las más altas esferas de la política y de los cuerpos de seguridad, incluidas las policías y el Ejército. Así lo documenta el reportero de Proceso Ricardo Ravelo en su libro El narco en México, que a partir de esta semana estará en circulación. Con autorización del sello Grijalbo presentamos fragmentos del capítulo IV: “El Ejército doblegado”.
La noche del 23 de abril de 1989, la cena estaba servida en una amplia mesa del restaurante San Ángel Inn, al sur de la Ciudad de México. Una decena de comensales se disponían a festejar el cumpleaños del general Jorge Maldonado Vega, personaje con una amplia trayectoria en las filas castrenses.
(…) En la mesa del agradecido festejado se chocaban las copas de vino. Amigos y familiares habían sido convocados por el coronel Alfonso Caiseiro Pérez para celebrar al hombre, ahí relajado y sonriente, que él respetaba y admiraba por su carrera militar (…) la amena plática del grupo se vio interrumpida por un individuo de 1.85 m de estatura, que bordeaba los 34 años de edad. Una voz amable apagó la conversación del grupo y la atención se centró en aquel personaje que vestía ropa informal.
–¿Es usted el general Maldonado? –preguntó el sujeto con un tono de amabilidad y fineza.
–A sus órdenes –respondió el militar.
El general Maldonado Vega no había visto antes al personaje, quien atrajo su atención cuando, en cascada, le empezó a enumerar pasajes de su vida castrense. Le dijo que admiraba su entereza porque no lo habían podido comprar ni con 5 millones de dólares, que sabía de su duelo de Chapultepec, que tenía datos acerca de las veleidades que estuvieron a punto de llevarlo a enrolarse con la guerrilla; que tenía conocimiento de su intachable comportamiento ante sus prisioneros, quienes nunca fueron torturados, ni víctimas de delitos inventados ni les robó droga. Aquel personaje también le mencionó que sabía que esas prácticas eran exclusivas de las corporaciones policiacas y del Ejército, que torturan y matan.
(…) Transcurridos 30 o 40 minutos, el viejo general vio despejadas sus dudas: su interlocutor le confesó que era Amado Carrillo Fuentes. La charla prosiguió en confianza. Derribada esa barrera, el festejado terminó por proporcionarle su nombre completo, su dirección y sus teléfonos. Carrillo Fuentes se retiró de la mesa y desapareció del lugar.
Pasaron tres meses, aproximadamente, sin que Maldonado Vega tuviera noticias de Carrillo Fuentes, hasta que una madrugada de julio de ese mismo año, en su departamento del Desierto de los Leones, en el Distrito Federal, recibió una llamada telefónica. Era la voz de una mujer desesperada: Luz Bertila Carrillo Fuentes, hermana del Señor de los Cielos. (…) le comunicó la urgencia: su hermano Amado había sido detenido por un grupo de militares y estaba preso en una ranchería del poblado de Huixiopa, Sinaloa. Le dijo que sabía que lo habían torturado y que corría peligro.
–(…) le pido, por favor, que lo ayude. Usted es el único que puede hacerlo –suplicaba la mujer del otro lado del auricular.
(…) A las 8:00 de la mañana del día siguiente, Joel Martínez, quien dijo ser ayudante de Amado Carrillo, se puso a las órdenes del general Maldonado y lo trasladó al aeropuerto de la Ciudad de México. Allí, el militar abordó rápidamente un avión Cessna 210, cuyo piloto en cuestión de minutos tomó pista y despegó con destino a Culiacán, Sinaloa.
A su llegada a esa entidad, el general fue llevado a Navolato, donde radica la familia Carrillo Fuentes. Allí se presentó Luz Bertila, quien le expuso más detalles de la aprehensión de su hermano: Amado Carrillo había asistido a una fiesta a Huixiopa con algunos familiares y amigos. Lo acompañaban, como ya era habitual, varios agentes del Ministerio Público Federal y de la extinta Policía Judicial Federal (PJF); sin embargo, un grupo de militares lo había detenido, sin motivo aparente, y ella sabía que, por los golpes que le propinaron, su hermano estaba inmóvil de medio cuerpo y la gente del pueblo decía que lo iban a linchar.
–Sálvelo, general, por favor. Sé que usted puede hacerlo…
(…) El general se dirigió a la base de operaciones que el Ejército tenía en ese sitio y se puso en contacto con el comandante para preguntarle si era verdad que tenían como prisionero a un tal Amado Carrillo.
(…) Minutos después llegó el sargento Heriberto Baltasar Pantaleón, quien de inmediato increpó a Maldonado Vega, preguntándole para qué quería verlo. El general le respondió que sabía de la detención de Amado Carrillo, que la familia desconocía la razón y que estaba preocupada porque entre la gente corría la versión de que lo iban a ejecutar.
Baltasar Pantaleón expuso que el señor había sido detenido porque les pareció sospechoso, debido a que iba armado: portaba una pistola calibre .45 con empuñadura de oro y andaba enjoyado. “Nos parece que puede ser un capo grande” y estamos esperando a que nos den instrucciones sobre qué hacer con él.
–Golpear a una persona tan severamente y retenerlo tanto tiempo no se les ha enseñado en el Colegio Militar y es un error grave. Para eso está la PGR, es la instancia a donde lo deben enviar con todas las pruebas que tengan en su contra –expuso Maldonado Vega al sargento.
(…) El diálogo entre Maldonado Vega y Baltasar Pantaleón se cortó. Éste dio por terminada la plática, pidiéndole al general que se retirara del lugar y que no siguiera insistiendo. Para ese momento, el titular de la Sedena estaba enterado de la detención de Amado Carrillo y de las gestiones que en su favor realizaba Maldonado Vega.
(…) Luego, se retiró del sitio y abordó la avioneta de regreso a Culiacán, donde volvió a encontrar a la hermana de Amado. Ambos se dirigieron a la casa de la madre del detenido. En una charla, en la finca La Aurora, municipio de Navolato, el general fue claro y directo:
–El problema de Amado es mayor a mi capacidad para hablar por él. Se le detuvo con un arma y es probable que sea consignado. De todo este asunto, y hasta de mi presencia aquí, ya está enterado el secretario de la Defensa, Antonio Riviello Bazán. Yo les sugiero que acudan ante las autoridades civiles o militares para arreglar este asunto.
La señora Aurora Fuentes, una mujer bragada y de fuerte carácter, entendió la posición del general Maldonado, a quien agradeció el gesto y la atención de acudir en apoyo de la familia y su hijo.
–Preparen el avión para que lleven al general a la Ciudad de México –ordenó la madre de Carrillo Fuentes.
El general solicitó que mejor lo trasladaran por carretera a la ciudad de Guadalajara, desde donde voló en línea comercial a la Ciudad de México.
El reencuentro
La siguiente ocasión en que el general Jorge Maldonado Vega tuvo contacto con el Señor de los Cielos fue en la cárcel. Dos meses después de la detención, y en agradecimiento por haber atendido el llamado de su familia, el capo pidió a su hombre de confianza, Joel Martínez, localizarlo, para invitarlo a que lo visitara en el Reclusorio Sur, donde estaba preso por portación de arma prohibida. El general aceptó gustoso la invitación y acudió al día siguiente. Pasó todas las aduanas sin ser revisado, nadie le preguntó a quién iba a ver ni le exigieron identificación.
(…) Al llegar al sitio donde estaba Amado Carrillo con un grupo de internos, éste llevó al general a un espacio libre para dialogar a solas. Sentados en una banca, le confesó:
–General, me da mucho gusto verlo. Deseaba agradecerle lo que hizo por mí y por mi familia. Afortunadamente, sólo fui consignado por portación de arma de uso exclusivo del Ejército, pero cuento con amigos dentro de la PGR para que el problema se resuelva en un año. Yo le pido, por favor, que no pierda contacto conmigo. Si usted cambia de domicilio, hágaselo saber al ingeniero Joel Martínez.
(…) A finales de 1990 y principios de 1991, el asistente del capo le telefoneó para comunicarle que muy pronto se resolvería el problema del jefe, que toda la gestión para liberarlo estaba en manos de la PGR, que sólo era cosa de esperar un tiempo. Meses después, el general recibió un nuevo telefonema. Era el enviado de su amigo, quien le comunicó que “el jefe” quería verlo, pues había sido liberado y estaba de regreso a la actividad.
El general tomó el primer vuelo hacia la Ciudad de México. Al llegar al aeropuerto lo recogió Martínez, quien lo instaló en el hotel Real del Sur (…)
(…) Después del protocolo, Amado se reunió con él en privado, volvió a agradecerle su intervención y le ofreció una disculpa por haberlo afectado. Le dijo que estaba enterado de que los altos mandos militares habían sabido de su intervención en aquella ocasión y después le anunció que le iba a regalar 5 millones de dólares.
(…) Le dijo que con ese dinero se podía comprar 50 camiones Kenworth, le propuso otorgarle 5 millones de dólares más para que adquiriera una cantidad de tractocamiones similar para él y le pidió que se los administrara.
(…) –¿En cuánto tiempo tendrá usted una respuesta? –insistió Carrillo Fuentes.
–En seis meses. Déjeme pensarlo bien.
Transcurrido el plazo, el general se puso en contacto con Amado Carrillo, quien lo citó en la misma casa. Sin embargo, en contra de lo que pensaba, el capo se mostró desinteresado y se excusó arguyendo que en ese momento no disponía de efectivo. Agotado el asunto, el general se despidió y regresó a Guadalajara. (…)
Amado y el Ejército: la negociación
Al igual que el general Jorge Maldonado Vega, Adrián Carrera Fuentes, director general de la PJF en el sexenio de Carlos Salinas, se convirtió en uno de los hombres más cercanos a Amado Carrillo Fuentes y, como muchos otros aliados del capo, no resistió los “cañonazos” de dinero que le ofrecía el jefe del cártel de Juárez.
(…) Con el tiempo, Carrera Fuentes se convirtió en uno de los hombres más cercanos al Señor de los Cielos, junto al general Maldonado Vega. Este último, por su parte, llegó a fungir como enlace para acercar a los hermanos Carrillo Fuentes con los presuntos mediadores de otras organizaciones criminales –sobre todo del cártel de Tijuana– para que negociaran ante la Sedena el fin del conflicto entre ellos y así terminar con la violencia que se vivía en el país. (…) Confiaba en los buenos contactos que tenía al interior de las Fuerzas Armadas.
Uno de esos contactos era Eduardo González Quirarte, quien primero logró que la propuesta del capo del cártel de Juárez se sometiera a un serio análisis, que llegó a manos del entonces secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, un oscuro personaje envuelto en la sospecha. Además de su relación con el narcotráfico y de ser conocido como administrador de algunos bienes de Carrillo Fuentes, González Quirarte tenía acceso directo a las instalaciones de la Sedena, donde era atendido por altos jefes militares. Esa deferencia se debía a que el alto mando tenía interés en concretar la negociación que ya se había puesto en el escritorio de Cervantes Aguirre.
De acuerdo con un reporte fechado el 14 de enero de 1997, en poder del titular de la Sedena, las peticiones de Carrillo Fuentes eran claras y precisas: no deseaba entregarse, tenía interés en negociar y pactar con el gobierno; también pedía tranquilidad para su familia y que lo dejaran trabajar sin ser molestado. A cambio, otorgaría al Estado 50% de sus posesiones; colaboraría para acabar con el narcotráfico desorganizado; actuaría como empresario, no como criminal; no vendería droga en territorio nacional, sino en los Estados Unidos y en países de Europa; traería dólares para ayudar a la economía del país, y no actuaría violentamente ni en rebeldía.
En los dos encuentros que Cervantes Aguirre tuvo con González Quirarte, éste le explicó que si no se lograba la negociación, el cártel de Juárez y su líder llevarían su ofrecimiento, con sus beneficios, a otro país.
En septiembre de ese año, al ampliar su declaración ministerial, el general (Jesús) Gutiérrez Rebollo, quien conocía los detalles del plan trazado por el cártel de Juárez, confesó que González Quirarte tuvo tres acercamientos con el titular de la Sedena. Y precisó que dicho personaje acudió en dos ocasiones a las instalaciones centrales de esa Secretaría, donde fue recibido por el jefe del Estado Mayor, general Juan Salinas Altez, y otros seis generales. El general Rafael Macedo de la Concha también figura en la lista de militares que se entrevistaron con González Quirarte.
Gutiérrez Rebollo –cuya detención sigue siendo una incógnita, aunque se presume que fue víctima de una venganza del alto mando militar– dijo que González Quirarte comentó a los militares que uno de los puntos del arreglo era que los agentes del INCD “no efectuaran operativos, para lo cual se entregaría a unos licenciados, cuyos nombres no fueron revelados, 60 millones de dólares, de los cuales ya se les habían adelantado 6 millones”.
De forma paralela al planteamiento presentado por González Quirarte, otro grupo, presuntamente por encargo de Cervantes Aguirre, hacía gestiones con el Señor de los Cielos para lograr el acercamiento con los altos mandos militares y concretar la negociación. Esos sujetos serían los licenciados que Gutiérrez Rebollo mencionó en su testimonio, quienes buscaron entrevistarse con Carrillo Fuentes a través del general Maldonado Vega.
Pero, ¿quiénes eran esos licenciados y cómo surgieron en la trama de esta negociación del cártel de Juárez con la Sedena? ¿Quién les ordenó ponerse en contacto con los miembros del cártel de Juárez?
En su declaración ministerial, Maldonado Vega cuenta todas las maniobras que se realizaron con la finalidad de que él fuera una de las vías para contactar a Amado Carrillo. La historia se remonta al momento en que el contador Edmundo Medrano presentó al militar con el licenciado y periodista Rafael Pérez Ayala, quien en abril de 1996 le pidió que hiciera contacto con el narcotraficante Carrillo Fuentes; posteriormente contactó también a Fermín Duarte, a quien contó el plan de Pérez Ayala.
Pérez Ayala se identificó ante el general Maldonado Vega como una persona de confianza del titular de la Sedena y presumió tener derecho de picaporte en la Presidencia de la República. Según el testimonio del militar, Pérez Ayala también le comentó que tenía el respaldo de un fuerte grupo político –aunque no mencionó los nombres de sus integrantes–, preocupado por la ola de violencia provocada por el crimen organizado e interesado en pactar con las organizaciones criminales, por lo que pensaron en él para llegar al Señor de los Cielos.
–Nadie más que usted es la persona ideal para contactar al señor Amado Carrillo. Confiamos en que, por su cercanía con él, usted podrá ayudarme –le dijo Pérez Ayala a Maldonado Vega.
(…) Cuatro meses después del fallecimiento de Carrillo Fuentes, el 22 de noviembre de 1997, Pérez Ayala, articulista del diario Excélsior, fue asesinado. Había desaparecido desde nueve días antes; su cuerpo fue encontrado oculto en la cajuela de su coche. Su hija Yanila se había comunicado con su padre unos días antes del desenlace, quien la tranquilizó diciéndole que estaba atendiendo a unos clientes.
Dicha reunión se habría llevado a cabo en el hotel Marriot, la cual concluyó a las 19:00 horas. Pérez Ayala, entonces de 61 años, se despidió de sus clientes y abordó su coche. Ya no se le volvió a ver, sino hasta que apareció muerto en Tlalnepantla, Estado de México.
A sangre y fuego, territorio narco
VERÓNICA ESPINOSA
ZACATECAS, ZAC.- Asentados a sus anchas en el corredor San Luis Potosí-Zacatecas, Los Zetas se placean ante los contingentes de la Marina Armada de México y del Ejército enviados por el gobierno federal con el pretexto de atender las urgentes peticiones de los gobernadores de ambas entidades, con sus policías locales rebasadas o cooptadas.
Tras varias semanas de incursión, marinos y soldados lograron exterminar a un buen número de presuntos miembros de la organización delictiva, particularmente en Zacatecas, pero la estadística oficial no aclara que la mayoría de ellos son halcones y sicarios, jóvenes de los más bajos niveles de la estructura criminal.
Mientras tanto, Heriberto Lazcano, El 50, El Diamante y otros cabecillas se desplazan entre Fresnillo, su principal feudo zacatecano, y la capital potosina. Quienes han visto a Lazcano lo describen actualmente como “más robusto” de lo que aparece en los promocionales de televisión, por medio de los cuales el gobierno federal anunció su captura erróneamente.
Estos jefes zetas le aseguran a su gente que su presencia en 18 estados es más fuerte que nunca, y que cotizarán muy caro este corredor entre sur y norte del país en caso de que se negocie con los otros cárteles que lo ambicionan: el de Sinaloa y el del Golfo.
De acuerdo con una fuente allegada a la XII Zona Militar, Los Zetas ya están operando en la Huasteca potosina, desde Tamuín, en la frontera con Tamaulipas, hasta Rioverde.
El lunes 4 de julio, la alcaldesa de Ciudad Valles, Socorro Herrera Orta, estaba en su despacho cuando se descubrió en la plaza principal una advertencia dirigida a ella en una hielera: “Este es el último mensaje COCO para que te comuniques, en la próxima vendrán las cabezas de toda tu familia, y va para todos los que apoyan al Golfo. Atte Los Zetas” (Sic).
Al día siguiente otro mensaje fue encontrado en pleno centro de San Luis dentro de una caja de pollos: “Ya llegamos putos Zetas. Atte negros cártel del Golfo”.
Aunque al parecer los han desplazado a sangre y fuego de la Huasteca, Los Zetas han conseguido el dominio total de Zacatecas. Aunque tienen un frente abierto con el cártel de Sinaloa (Cárteles Unidos) en el sur de la entidad, en los límites con Jalisco y Aguascalientes, nada les estorba en el corredor entre San Luis Potosí, el norte de Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, que en un análisis del despacho estadounidense Stratford y la revista The Economist se identifica como una ruta principal del tráfico de efedrina.
Dos fuentes allegadas a la inteligencia militar en San Luis Potosí y en Zacatecas, que pidieron reservar su identidad, aseguran que la detención del líder zeta Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, no ocurrió en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, como informó la Secretaría de Seguridad Pública federal el lunes 4 (al día siguiente del triunfo del PRI en la elección de gobernador), sino que en realidad fue capturado en Fresnillo, importante enclave del grupo criminal.
A Rejón Aguilar, uno de los fundadores de Los Zetas, se le vincula con el ataque a dos agentes migratorios de Estados Unidos cometido el 14 de febrero en la carretera Querétaro-San Luis Potosí. El vocero federal Alejandro Poiré alardeó de su captura y de que “ya sólo falta la captura de Heriberto Lazcano Lazcano, principal cabeza de la organización”.
No obstante, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicados por el diario local NTR revelan que en 2010 se conocieron en Zacatecas 105 casos de privación ilegal de la libertad –sólo 13 de ellos denunciados formalmente–, mientras que San Luis Potosí se ubicó entre las ocho entidades del país con mayor incidencia de homicidios dolosos.
Aunque se ha reportado que la revisión de control de confianza a los mandos policiacos avanza con relativa eficacia, ninguna de las dos entidades cuenta con centros de control certificados: en Zacatecas está en proceso y en San Luis apenas se perfila el modelo de certificación. Por lo pronto, la depuración de mandos medios y de los efectivos estatales no llega a la mitad, y en el caso de los municipales ni a 25%.
Un informe del Sistema Nacional de Seguridad establece que, en las actuales condiciones, San Luis Potosí carece de capacidad instalada para realizar evaluaciones integrales y que Zacatecas tardaría más de dos años en aplicarlas totalmente a sus policías.
De acuerdo con el comercio organizado, en los meses recientes los distribuidores “macro” (de marcas como Sabritas, Bimbo y Coca-Cola) se han encontrado con que en las comunidades zacatecanas casi la mitad de las tiendas cerraron con tal de no vender drogas o por miedo a los asaltos.
La Asociación de Gasolineros dio cuenta en una reunión con el procurador cómo Los Zetas no sólo exigen el combustible bajo amenazas, sino que también “castigan” a aquéllas bandas que se hacen pasar por miembros de la organización delictiva para extorsionar. Mencionan incluso un video que muestra a dos ladrones rociados de combustible y quemados vivos “por andar diciendo que son zetas”.
Confrontación
Tal como a finales de mayo el gobernador zacatecano, Fernando Toranzo, pidió ayuda extraordinaria al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, su homólogo potosino, Miguel Alonso, solicitó el retorno de los policías federales que arribaron en enero para vigilar las carreteras de su estado. Este contingente sólo permaneció ahí dos semanas y se fue comisionado de manera urgente a Chihuahua.
A mediados de junio, el comandante de la XII Zona Militar, Federico Reynaldos del Pozo, informó que 400 efectivos del 45 Batallón de Infantería se unieron a otros 500 que ya operaban en la Huasteca potosina. Al mismo tiempo arribaron a Zacatecas 110 elementos de la Marina Armada de México en unidades Ram y camiones Mercedes.
Los dos declararon que trabajan “en coordinación” y que participan en “operativos conjuntos”, pero sus corporaciones de seguridad permanecen ajenas a la estrategia militar del presidente Felipe Calderón por la sospecha de que están infiltradas. También influye el hecho de que hay municipios donde no se ve ni un solo preventivo en la calle.
Días después de que los soldados de Infantería se instalaron en San Luis Potosí e iniciaron operaciones en la Huasteca, Rodolfo Saucedo renunció como director de la Policía Ministerial del estado y circuló la versión de que lo mismo haría el procurador, Cándido Ochoa Rojas.
En Fresnillo, la Policía Federal, no la estatal, aprehendió a Édgar Huerta Montiel, El Wache, presunto cabecilla zeta en San Fernando, Tamaulipas, donde se han encontrado fosas clandestinas con cientos de cadáveres. Huerta, de 22 años, estaba en un hotel que Los Zetas ocupaban desde dos meses antes, como lo hacen en esta región con otros negocios, como gasolineras y antros.
Y en el operativo del 1 de julio en la comunidad San José de Lourdes, Fresnillo, donde los militares abatieron a un grupo de zetas, no participó ningún elemento estatal o municipal. Por el contrario, fueron mantenidos “a raya” mientras los marinos cercaban Fresnillo, instalaban varios retenes y penetraron el poblado, cuyos 5 mil habitantes vivieron cinco horas de tiroteo.
En esa refriega algunas estaciones locales de radio alcanzaron a transmitir llamadas de presuntos sicarios encerrados en una casa de seguridad, en las que pedían la presencia de los periodistas “para que vieran lo que estaban haciendo los marinos” y porque se querían entregar frente a la prensa. El saldo oficial quedó en 15 muertos y varios heridos, entre ellos algunos marinos, aunque fuentes allegadas a corporaciones del estado refieren que se contaron decenas de cadáveres.
Varios automovilistas que circulaban por la autopista de Fresnillo dieron testimonio a Proceso de que en los retenes de la Marina había personal cubierto con capucha y uniformes tácticos, que sólo hablaba inglés.
Los policías estatales y municipales no pueden ocultar su molestia con los marinos, no sólo porque los excluyen de las estrategias de inteligencia y de los operativos, sino porque aplican revisiones sorpresivas a las policías municipales.
El miércoles 13, policías preventivos de la capital zacatecana estuvieron a punto de tirotearse con marinos en el crucero de las avenidas Jesús Reyes Heroles y Prolongación La Encantada, colonia Bellavista. No habían pasado más de 24 horas de la visita del presidente Calderón; eran las 14:30 horas cuando seis agentes municipales en dos patrullas les cerraron el paso a tres vehículos de la Marina con 24 efectivos que supuestamente iban a la Dirección de Seguridad Pública municipal a realizar una “revisión de rutina”.
Inmediatamente los marinos saltaron de sus unidades Ram y apuntaron a los municipales ante centenares de transeúntes y automovilistas, narró a Proceso un testigo.
A gritos los cuestionó un policía que se identificó como el “comandante Juárez”: “¿Ustedes qué chingan aquí? No se metan con mi gente, aquí no estamos en Fresnillo ¿Quién viene al mando? ¿Traes una orden de aprehensión? No, cuál revisión de rutina. Aquí tengo los papeles del armamento de mis agentes. Revísalo, pero con mis hombres no te metas”.
El incidente duró más de 25 minutos. Muchos civiles dejaron sus autos en la calle y buscaron protegerse del tiroteo que creyeron inminente.
Además de los policías que les cerraron el paso, a los marinos les apuntaba con armas largas otra decena de agentes desde el muro perimetral de la Dirección de Seguridad Pública municipal. Cuando llegó un contingente de policías estatales, se limitaron a desviar el tránsito hasta que los marinos accedieron a retirarse. Saliendo rumbo al municipio conurbado de Guadalupe. Ninguna autoridad local o federal comentó el incidente.
En la visita que Calderón hizo la semana a su estado, el gobernador potosino Miguel Alonso le pidió al presidente que esta vez no retirara a las fuerzas federales del estado y que, al contrario, enviara más refuerzos.
Pero Calderón charlaba con el secretario de Economía, Bruno Ferrari. Parecía distraído y ausente, como escribieron algunos columnistas en los diarios locales. Alonso alzó un poco la voz en el micrófono, pero el presidente se fue sin responderle.
El poder y la estructura de “Los Zetas”, intocados
RICARDO RAVELO
Paradoja que lastima al Ejército Mexicano, su obsesiva guerra contra Los Zetas es, en esencia, una confrontación con él mismo; es decir, contra los orígenes de este grupo criminal, pues se formó precisamente con desertores del instituto armado; una afrenta que irrita todavía más al alto mando castrense porque si bien ha logrado causarle importantes bajas a Los Zetas, éstos no sólo se han fortalecido: se convirtieron en uno de los cárteles más poderosos de México, con sólidas ramificaciones en un gran número de países.
Primero los entrenó el Ejército Mexicano. Después, fundaron el grupo armado al servicio del cártel del Golfo. Y ahora, convertidos en una de las más poderosas organizaciones delictivas del país, con ramificaciones en varios países, ni el mismo Ejército del que surgieron ha podido derrotarlos.
Aunque su líder actual, Heriberto Lazcano Lazcano, ha sido perseguido por todo el territorio nacional, permanece intocado. Jefe de Los Zetas, El Lazca lo mismo se refugia en su natal Hidalgo que en Zacatecas o San Luis Potosí, donde opera bajo la protección de autoridades estatales. En los dos últimos años, en varias ocasiones se le ha dado por muerto. El más reciente rumor sobre su fallecimiento trascendió hace tres semanas, luego de un enfrentamiento en Reynosa, Tamaulipas, entre zetas y sicarios del cártel del Golfo, pero ninguna autoridad confirmó su muerte.
¿En qué radica el misterio de una organización cuyos fundadores fueron aniquilados originalmente por el Ejército y, sin embargo, resurgen con un poderío multiplicado?
“En el caso de Los Zetas hay muchas preguntas que aún no tienen respuesta”, afirma Erubiel Tirado, experto en temas castrenses, titular del posgrado sobre seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana y maestro en derecho por la London School of Economics.
“Empezaría por preguntar por qué el Ejército y la Procuraduría General de la República dijeron en su momento que Los Zetas no existían, pese a la multiplicidad de ejemplos respecto de sus manifestaciones criminales en el país. Ahora se empeñan en combatirlos más que a ningún otro cártel, pero nos ocultan la realidad sobre lo que realmente pasó a finales de los noventa, cuando esos militares desertaron del Ejército y se incorporaron al crimen organizado.”
Añade:
“Creo que fue irresponsable decir que no existían y que ahora se les combata. Seguimos sin saber qué pasó con el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (unidad de élite del Ejército a la que pertenecían los fundadores de Los Zetas). El Congreso, irresponsablemente, no ha llamado al secretario de la Defensa para que le explique a la sociedad qué fue lo que falló al interior del Ejército, qué controles se rompieron y por qué esos militares de élite terminaron enganchados con el narco.”
Erubiel Tirado, quien conoce al Ejército por dentro y ha estudiado sus funciones, no cree que los fundadores de Los Zetas hayan desertado de la milicia por dinero.
“Pienso que el argumento de que desertaron porque el narcotráfico les pagó más que el Ejército no alcanza a explicar el meollo del fenómeno. Esos gafes estaban bien pagados, eran de lo mejor que se formó en el Ejército a petición de Estados Unidos. Fue un grupo especializado para combatir al narcotráfico.
“Por desgracia –prosigue– seguimos sin respuesta sobre cómo los reclutaron los hombres del cártel del Golfo y es un tema que al gobierno de la guerra ya no le importa explicar. No tarda el señor (Alejandro) Poiré en anunciar que el gobierno ha acabado con Los Zetas. Lo que hay que decir es que pueden exterminarlos, pero queda su escuela y un cártel renovado que sigue las mismas reglas que sus fundadores.”
Las bajas, la resurrección…
Desde finales de los noventa el Ejército Mexicano enderezó su fuerza en contra de Los Zetas a fin de exterminarlos, máxime que cargaban el estigma de la traición que dio origen al llamado “cártel de los exmilitares”, toda vez que provenían del GAFE.
Los golpes han sido tan contundentes que la mayoría de los sicarios emblemáticos que conformaron originalmente a ese grupo armado –como Arturo Guzmán Decenas, su fundador, entre otros– están detenidos o muertos.
Pero en la “cacería” de zetas también ha tomado parte la Policía Federal y la Secretaría de Marina, instituciones que han orquestado operativos en busca de los hombres que en 1997 desertaron de las filas castrenses para incorporarse al cerco protector del entonces jefe del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas.
En un principio, Los Zetas eran para el gobierno un mito. La Sedena y la PGR negaban su existencia y la Secretaría de Seguridad Pública informó, en 2007, que en sus archivos no había información sobre ellos, a pesar de que en sus boletines daba cuenta de matanzas y secuestros perpetrados por sus miembros.
A mediados de los noventa, el gobierno de Estados Unidos urgió al de México, entonces encabezado por el presidente Ernesto Zedillo, a otorgarle mayor participación al Ejército en el combate al narcotráfico. En ese sexenio, la crisis de las policías ya era preocupante por la infiltración del narcotráfico, cuyas redes alcanzaron a la misma Presidencia de la República.
Ante la urgencia que enfrentaba el país, la Secretaría de la Defensa Nacional giró la instrucción de formar un grupo de élite que, según se dijo en aquel tiempo, sería utilizado para reprimir a los grupos insurgentes. No fue así. El propósito era, según el plan, combatir a los cárteles de la droga.
De esta forma, al menos 35 elementos del GAFE fueron enviados a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), que, bajo la titularidad de Mariano Herrán Salvatti, enfrentaba serios problemas de infiltración y corrupción.
Hacia 1997 –un año después de la detención y deportación del capo Juan García Ábrego–, Osiel Cárdenas Guillén, un soplón formado en las filas de la Policía Judicial Federal, sentaba las bases para encabezar el cártel del Golfo. Su principal jefe de seguridad era Arturo Guzmán Decenas, quien creó Los Zetas a petición de Osiel, ya que éste temía ser asesinado por sus rivales, según se asienta en múltiples declaraciones ministeriales.
Así, Guzmán Decenas, conocido en sus años de esplendor como Z-1, comenzó a reclutar a sus colegas militares, quienes estaban operando en la FEADS. Tiempo después, ese grupo formó el más férreo cerco protector en torno a Cárdenas Guillén, quien irrumpió en el mundo del narcotráfico con una nueva modalidad: el paramilitarismo incorporado al tráfico de drogas, fenómeno inusitado en México y que con el paso de los años desplazó al sicario tradicional.
Hacia finales de 1997, Los Zetas no eran –ni lo son ahora– un grupo menor: se trataba del brazo armado más preparado que haya tenido cualquier capo a su servicio en la historia del narcotráfico en México.
Distinguidos por su pragmatismo, su capacidad operativa y la espectacularidad de sus acciones, sus integrantes lo mismo repelían un ataque militar que penetraban un reclusorio para liberar a sus cómplices.
Los Zetas aparecieron en el escenario nacional en 1997, pero el gobierno federal tardó seis años en dar a conocer la lista de sus integrantes. En 2003, la PGR difundió los nombres de los fundadores del grupo, el más sanguinario en los anales del crimen organizado en el país.
Detenidos o asesinados en distintos años, estos son algunos nombres: Mateo Díaz López (comandante Mateo), Sergio Enrique Ruiz Tlapanco (El Tlapa), Lucio Hernández Lechuga (El Lucky), Braulio Arellano Domínguez (El Gonso), Isidro Lara Flores (El Colchón), Ramón Ulises Carvajal Reyes (El Piojo), Ernesto Zataraín Beliz (El Traca), José Ramón Dávila Cano (El Cholo), Óscar Guerrero Silva (El Winnie Pooh), entre otros.
El 21 de mayo de 2007 (Proceso 1600), este semanario solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública, a la PGR y a la Sedena información básica sobre Los Zetas. Para ello se formularon varias preguntas: quiénes formaban el grupo, los nombres reales y apodos; su estructura, sus centros de operación y, entre otros datos, el número de ejecutados relacionados con ellos.
La SSP respondió: “Le comunicamos la inexistencia de la información solicitada, toda vez que en los archivos del sector central de esta Dependencia no existe documento que contenga dicha información…”.
Los detalles sobre su estructura, modus operandi y los territorios que controlan los dio a conocer Proceso en su edición 1619: en entrevista, un exmiembro de Los Zetas habló del número de hombres y mujeres que conformaban al grupo armado en 2007 –unos 500 hombres y 30 mujeres–, y dio pormenores de la saña con la que actúan.
Expuso que tras la detención de Osiel, Los Zetas y el cártel del Golfo se separaron, aunque dijo que había comunicación entre ellos; pero tales contactos –reveló– se terminaron cuando este último decidió aliarse con el cártel de Sinaloa.
“Esto molestó mucho a Heriberto Lazcano, quien dijo que la decisión de Los Zetas para sumarse o no al cártel de Sinaloa debía ser llevada a votación”. Y así se hizo.
A mediados de 2007, El Lazca convocó a una concentración de zetas en un campo deportivo de Reynosa, Tamaulipas. El exmiembro de ese grupo armado, cuyo nombre se omitió, narró lo siguiente:
“A bordo de una camioneta blindada llegó custodiado Heriberto Lazcano. Vestía pantalón de mezclilla y camisa blanca. Se le veía muy tranquilo. Al entrar al campo, se desplazó hacia un palco e hizo que los líderes de las células lo saludáramos de mano.
“Después, pidió un micrófono y nos dirigió un mensaje en el que llamó al grupo a respetar las reglas: no matar, no levantar ni desaparecer a más personas, de la necesidad de paz en el país y de la conveniencia del pacto con Sinaloa, lo cual se debía someter a votación… La votación fue en contra y Los Zetas nos separamos del cártel del Golfo.”
Hacia la independencia
En 2006, tras tomar posesión como presidente de la República, Felipe Calderón emprendió su guerra contra el narcotráfico. De entonces a la fecha todos los cárteles han sido golpeados, pero el Ejército y la Policía Federal se enfocaron con mayor intensidad a Los Zetas, quienes comenzaron a dominar cada vez más territorios fuera de Tamaulipas, su feudo.
En 2008, la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidrogas de Estados Unidos, dio a conocer que entre el cártel del Golfo y Los Zetas había fuertes diferencias. Pronto éstas acabaron en ruptura, que se convirtió a su vez en una crisis mayor luego de que los cárteles del Golfo y de Sinaloa, según la DEA, lograron establecer un acuerdo para frenar la violencia entre ellos.
La confrontación se agudizó cuando Los Zetas se independizaron y comenzaron a operar el tráfico de drogas por su cuenta. Fue entonces cuando Tamaulipas y todo el corredor Monterrey-Coahuila-Durango se volvieron zona en disputa. Los enfrentamientos se extendieron por todo el Golfo de México, pues ambos cárteles ajustaban sus cuentas en Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla y otras 15 entidades más.
Ante tal confrontación, el Ejército y la Policía Federal (que en 2007 aseguraba que Los Zetas no existían) comenzaron a combatirlos. Sufrieron varias bajas, entre otras las de Julián Zapata, El Piolín, jefe de una célula que operaba en San Luis Potosí.
Antes había sido abatido en un operativo Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, a quien le dejaron un mensaje: “¿Dónde están tus amigos los militares? Te dejaron solo hijo de puta”.
Recientemente fue capturado en San Luis Potosí –importante feudo de Los Zetas– Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, exmilitar que encabezaba otra célula del grupo criminal.
En marzo de este año fue capturado por agentes federales Mario Jiménez Pérez, El Mayito, quien en mancuerna con El Piolín operaba en Coahuila junto con Luis Miguel Rojo, El Oso Rojo, y Sergio Antonio Mora, El Toto.
En abril último, la Policía Federal también detuvo a Leonardo Vázquez, El Pachis, presunto jefe de plaza de la organización en Poza Rica, Veracruz, donde ésta ha perpetrado secuestros, matanzas y extorsiones contra empresarios y ganaderos.
Este personaje también operaba en la Cuenca del Papaloapan, Veracruz, región donde Los Zetas han secuestrado desde acaudalados empresarios hasta abarroteros. En esta zona, de acuerdo con denuncias obtenidas por Proceso, la gente que va a vender una casa ya no la anuncia, pues tan pronto aparece el cartelón con la leyenda “se vende” Los Zetas secuestran al dueño del inmueble para despojarlo de su dinero.
La Secretaría de Marina también ha llevado a cabo acciones en contra de Los Zetas: el 16 de abril de este año fue capturado Omar Martín Estrada Luna, El Kilo, quien presuntamente planeó las dos masacres cometidas en San Fernando, Tamaulipas, que dejaron un saldo de 217 muertos, todos enterrados en fosas clandestinas.
En 2008, en una carrera de caballos celebrada en la comunidad de Villarín, Veracruz, a donde se dieron cita prominentes políticos y empresarios de la entidad, fue abatido a tiros Efraín Teodoro Torres, Z-14, uno de los fundadores del grupo criminal.
Antes de independizarse del cártel del Golfo, Los Zetas ya habían diversificado sus actividades criminales: no sólo traficaban con drogas, sino que incursionaron en las extorsiones, la venta de protección, la trata y tráfico de personas, la piratería, el despojo de propiedades, y el cobro de cuotas a bares, cantinas, burdeles y otros negocios relacionados con los giros negros.
De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/115/2010, nutrida con declaraciones de varios zetas detenidos, este cártel domina los estados de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Estado de México, Chihuahua, Chiapas, Quintana Roo, Distrito Federal, Tamaulipas y Guerrero.
Los golpes asestados a Los Zetas no los han debilitado; por el contrario, el cártel estiró sus tentáculos hacia Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, y de acuerdo con informes de la Policía Nacional de Colombia, también están presentes, aunque con menor fuerza que Joaquín El Chapo Guzmán, en ese país sudamericano.
El investigador Erubiel Tirado considera que no basta con que el Ejército pretenda exterminar a Los Zetas, pues el cártel aún es muy poderoso y está activo dentro y fuera de México, sino que debe explicar por qué desertaron de la milicia sus fundadores y qué pasó al interior del Ejército para que se produjera este fenómeno tan oprobioso.
–¿Cuál es su explicación? ¿Por qué se crearon Los Zetas si sus miembros fueron capacitados para combatir el narcotráfico?
–Hubo una falla estratégica dentro del Ejército, pero al gobierno de la guerra no le importa explicarla. No hay autocrítica: el presidente Felipe Calderón está envuelto en la arrogancia y en la cerrazón.
–¿Los golpes asestados a Los Zetas los extermina?
–Si el Ejército realmente extermina a los zetas fundadores todo sigue igual, pues queda su escuela y su enseñanza.
Un asesinato con olor a narco con olor a narco mexicano
LOUISA REYNOLDS
La violencia exportada por los cárteles mexicanos ya tiene plenos derechos en Guatemala, al grado de que ese país deberá incorporar a su lenguaje el concepto de “daño colateral”, pues en eso quedó el asesinato del cantante argentino Facundo Cabral. El objetivo de la emboscada –similar a las que ocurren en el norte de México– era el dueño de varios centros nocturnos y de él se sospecha que está metido en actividades ilícitas. La atención del mundo se centró ahora en la nación centroamericana, donde desde hace años los empresarios de giros negros –muchos de ellos ligados al crimen organizado– han sido sistemáticamente eliminados.
CIUDAD DE GUATEMALA.- “Ya les di las gracias a ustedes. Las daré en Quetzaltenango y después que sea lo que Dios quiera, porque Él sabe lo que hace”. Con esas palabras el cantante argentino Facundo Cabral se despidió de su público al finalizar el penúltimo de sus conciertos en Guatemala, cuatro días antes de ser asesinado.
Cabral, de 74 años, llegó a esta capital el lunes 4, un día después de haberse presentado en Nicaragua. El martes cantó ante unas 5 mil personas en el hotel Tikal Futura y pronunció aquella frase. En ese hotel fue donde se reunió con el empresario nicaragüense Henry Aquiles Fariñas Fonseca, dedicado a negocios de la vida nocturna en Centroamérica, encuentro que lo conduciría a la muerte.
El jueves 7, Cabral cantó en Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante de Guatemala. Para los dos conciertos que ofreció aquí no fue contratado por Fariñas, como sugirieron algunos reportes iniciales, sino por la empresa EC Music.
Al día siguiente regresó a la capital y se hospedó nuevamente en el Tikal Futura. A las cinco de la mañana del sábado 9 bajó al lobby con su representante, Percy David Llanos, para esperar el microbús que hace el recorrido entre el hotel y el aeropuerto. Cabral iba a Nicaragua, donde terminaría su gira. Ahí se produjo el encuentro con Fariñas, dueño de la cadena de clubes nocturnos Elite y quien también iba al aeropuerto para abordar el mismo vuelo a Nicaragua.
Fariñas, viejo amigo del cantante, se ofreció a llevarlo y Cabral aceptó. En un sofá a la entrada del hotel estaban dos hombres que vigilaban al empresario nicaragüense. Uno de ellos, Wilfred Allan Stokes Arnold, fue aprehendido el martes 12 por la policía guatemalteca; el otro aún no ha sido identificado.
El cantante y su amigo bajaron al estacionamiento y abordaron una camioneta Range Rover que el mismo Fariñas manejó. Cabral viajaba en el asiento del copiloto y Llanos iba en el asiento trasero. Detrás de ellos salió otra camioneta donde iban los guardaespaldas del nicaragüense.
Estos son los hechos que el equipo que investiga el caso –integrado por agentes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Gobernación– pudo reconstruir gracias a los videos de las cámaras de seguridad del hotel.
Esta es la segunda vez que el complejo Tikal Futura, que alberga un hotel de cinco estrellas y un centro comercial, es escenario de hechos violentos vinculados con el crimen organizado: El 15 de septiembre de 2010 hubo un tiroteo de 45 minutos en el estacionamiento del centro comercial cuando la PNC pretendía capturar a Mauro Salomón Ramírez Barrios, buscado por las autoridades estadunidenses por tráfico de cocaína.
La emboscada
Tras salir del hotel y cuando ya se dirigía al aeropuerto, el vehículo de Fariñas fue alcanzado por una camioneta Hyundai en la que viajaba Stokes Arnold, una camioneta BMW en la que iba Elgin Enrique Vargas Hernández –a quien los investigadores señalan como encargado de coordinar el ataque– y un tercer automóvil aún no identificado.
La Hyundai y la BMW se colocaron una a cada lado de la camioneta de Fariñas y el tercer vehículo se le puso enfrente. A las cinco y cuarto de la mañana empezó el ataque, que ocurrió en un tramo de 500 metros , los que el auto de la víctima pudo avanzar. La mayoría de las 18 balas que impactaron el vehículo de Fariñas fueron disparadas por la camioneta que lo flanqueaba por la izquierda. Tres de esos disparos le dieron a Cabral: uno en el torso, otro en el hombro y uno más, el fatal, en la cabeza.
La posición de los atacantes y la trayectoria de los disparos –dirigidos al conductor– dejan en claro que el cantante argentino fue un daño colateral. El atentado era contra Fariñas. En tanto, la camioneta que se colocó a su derecha abrió fuego contra el auto de los guardaespaldas.
El ataque tenía la firma del narcotráfico, como horas después afirmó el presidente guatemalteco Álvaro Colom en conferencia de prensa: “No fueron ‘sicaritos’ de la calle, sino crimen organizado”.
Cuando la Hyundai escapó, perseguida por los guardaespaldas de Fariñas, el empresario intentó refugiarse en la estación de bomberos, donde se estrelló contra una ambulancia. Herido, fue trasladado al Centro Médico, un hospital privado. Llanos salió ileso.
Al mediodía del domingo 10, la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula informó que a 14.5 kilómetros de la capital, en la carretera que va a El Salvador, fue hallada la Hyundai en la que se transportaban los atacantes de Fariñas. El vehículo tenía reporte de robo.
El martes 12, aún dentro de los tres días de luto nacional decretados por Colom, el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, y la fiscal general, Claudia Paz y Paz anunciaron las capturas de Vargas Hernández y Stokes Arnold.
Vargas Hernández, de 35 años y originario de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa, fue señalado como responsable de contratar a Stokes Arnold y otros dos sicarios. La policía lo detuvo en un inmueble en los Altos de Bárcenas, la misma colonia donde había sido detenido en 2006 acusado de pertenecer a una banda de robacoches. Stokes Arnold, de 29 años, tiene antecedentes por estafa con cheque.
Sin embargo, la policía aún no ha dicho quién fue el autor intelectual del ataque. Paz y Paz se limitó a declarar que “un centroamericano” contrató a Vargas para que montara el operativo, pero no reveló el nombre, la nacionalidad ni el posible móvil.
El ministro de Gobernación agregó que dicho centroamericano es, como Fariñas, propietario de centros nocturnos “de alto nivel, donde la actividad se paga en dólares”. “El cruce de información lo estamos haciendo con Nicaragua para establecer la participación de ese personaje en el hecho”, agregó.
El diario guatemalteco Prensa Libre cita una fuente cercana a la investigación que corroboró que Fariñas ya estaba en el radar de las autoridades “desde hace un buen tiempo por su supuesta vinculación con grupos de narcotraficantes”.
Esa fuente asevera que el presidente Colom recibió del gobierno de Nicaragua un informe sobre Fariñas en el cual se señala que el empresario estaba siendo investigado por lavar dinero del narcotráfico, sin detallar a qué organizaciones podría estar vinculado.
Las autoridades guatemaltecas han evitado manifestarse sobre la probable participación de las organizaciones delictivas mexicanas presentes en este país: Los Zetas y el cártel de Sinaloa (Proceso 1805).
Fariñas y el narco
El empresario nicaragüense sigue internado en el Centro Médico y aún no puede ser interrogado por lo delicado de su salud. Tres patrullas de la PNC resguardan el hospital. Fariñas, de 40 años, vive en Guatemala desde la infancia. Organiza conciertos y es propietario de la cadena de clubes nocturnos Elite, con sucursales en Guatemala, Nicaragua, Panamá y Costa Rica.
Una investigación publicada por el diario digital guatemalteco El Periódico informa que entre los antecedentes penales de Fariñas sólo aparece una denuncia interpuesta en septiembre de 2008 por Marlly Viviana Serna Campillo, colombiana que tuvo una relación sentimental con el nicaragüense y lo acusó de amenazarla y agredirla luego de que ella acabara la relación.
También se revela que Fariñas tiene dos cédulas de vecindad (el documento de identidad guatemalteco): una emitida en Pueblo Nuevo, Suchitepéquez, y otra en la ciudad de Guatemala. Una de las direcciones que reporta como domicilio es la misma donde se encuentra el club Elite.
La investigación también busca establecer el papel que jugaron los dos guardaespaldas de Fariñas, quienes no pudieron repeler el ataque. Menocal y Paz y Paz los consideran piezas clave porque presenciaron el ataque pero por ahora se reservan su identidad. Tras el atentado fueron interrogados y posteriormente dejados en libertad.
La principal línea de investigación sigue la pista de los negocios ilícitos que se manejan en la franquicia Elite para establecer si estos antros eran parte de una red regional de lavado de dinero y cuál era la procedencia de esos fondos.
La tarde del domingo 10, el centro Elite fue allanado en un operativo de más de tres horas, durante el cual la PNC incautó documentos de los cuales espera extraer más pistas. El club permanece cerrado por órdenes del MP.
Los investigadores aseguran que los dueños de este tipo de antros, localizados en su mayoría en las zonas acomodadas de la capital de Guatemala, tienen estrecha relación con las bandas que trafican mujeres de otros países del istmo, de América del Sur y de Europa del Este. También se vinculan con cárteles locales que les distribuyen cocaína y con los contrabandistas de alcohol y cigarros.
Finalmente, las ganancias de todos esos negocios ilícitos se lavan por medio de negocios lícitos –desde refaccionarias hasta tiendas de ropa en grandes centros comerciales– e ingresan al sistema financiero.
Las autoridades tienen conocimiento de esos hechos desde hace varios años pero ahora vuelven la mirada hacia el entramado de redes criminales que se mueven en torno a los centros nocturnos, después de una secuencia de ataques armados contra sus dueños y gerentes, casos que en su mayoría no han sido resueltos.
En agosto de 2006, el nombre de Alexis Antonio Juárez Delgado, propietario del club nocturno Zeus, llegó a los titulares de la prensa cuando intentaron secuestrar a su esposa. Juárez fue investigado por la Fiscalía de Lavado de Dinero y la Fiscalía de Narcoactividad y durante el allanamiento de una de sus propiedades la PNC halló 50 mil dólares y a dos colombianas supuestamente vinculadas con el negocio de la trata de blancas.
En mayo de 2008 fue asesinado Herman Armin Smith Escobedo, propietario de los centros nocturnos Caprichos, PK2, Mediterrane, Macaos, Scape, Bar Tender’s y una importadora de licor, antes de que enfrentara su primera audiencia por la trata de dos hondureñas de 11 y 15 años.
Cuatro meses después fue asesinado el nicaragüense Roberto Martín Montiel, gerente del bar Copacabana, aparentemente cuando trató de mediar en una riña entre clientes.
En junio pasado, la muerte alcanzó a Juárez Delgado. Fue abatido a tiros cuando viajaba en una camioneta en la cual la PNC halló 5 mil dólares. Tenía un juicio pendiente por lavado de dinero y un proceso abierto por trata de personas.
De no ser por el escándalo internacional que generó la muerte de Cabral y el despliegue de recursos por parte del CICIG y las autoridades guatemaltecas para esclarecer el crimen, es posible que el atentado contra Fariñas hubiera sido otro caso olvidado entre las más de 5 mil muertes violentas que se producen anualmente en Guatemala, y que nunca hubiera sido vinculado con una posible pugna entre mafias regionales implicadas en los negocios de la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando.
Su socio mexicano
JENARO VILLAMIL
La mano del magnate australiano Rupert Murdoch, considerado el Ciudadano Kane de la era multimedia, está metida en Televisa, específicamente en Sky, la empresa de televisión satelital que se ha convertido en la segunda fuente de ingresos y utilidades para la compañía de Azcárraga Jean frente a los números negativos de la televisión abierta.
Sólo en el segundo trimestre de 2011 Sky cerró con 3 mil 122 millones de pesos en ventas, un crecimiento de 10.2% respecto del año anterior, y generó utilidades por mil 496.4 millones de pesos, 16% más que en 2010. En contraste, la televisión abierta tuvo ventas por 5 mil 478 millones de pesos, lo que representó una disminución de 5.7% respecto de 2010, y un decrecimiento de 8.7% de sus utilidades al registrar 2 mil 618.7 millones de pesos, según el reciente reporte trimestral de Grupo Televisa a la Bolsa Mexicana de Valores.
La participación de Murdoch en Innova, filial creada en 1996 para el lanzamiento de Sky México, se incrementó de 30 a 41.3% desde 2007, mientras que Televisa disminuyó ligeramente su propiedad accionaria al pasar de 60 a 58.7%, según el reporte F-21 de diciembre de 2010, que Grupo Televisa entrega anualmente a las autoridades bursátiles estadunidenses.
El incremento de la participación de Murdoch en Sky México va de la mano con la estrategia que ha aplicado a escala global: asfixiar a sus competidores, presionar políticamente y luego buscar la compra de las acciones para ganar el mercado, práctica que Televisa ha aplicado puntualmente en los mercados nacional y latinoamericano.
Tan similares son sus prácticas que la revista Expansión, en su número especial del 20 de diciembre de 2010, calificó a Emilio Azcárraga Jean como “el Rupert Murdoch mexicano”. El reportaje citó así al consultor Xepus Ginebra, de Media Planning Group: “Ambos (News Corporation y Televisa) son negocios controlados prácticamente por una persona, se enfocan a generar contenido distribuido en multiplataformas, con una fuerte influencia política en los países donde operan y con la actitud de hacer grandes apuestas de inversión”.
La sociedad Murdoch-Televisa
La presencia del magnate australiano en Televisa comenzó a negociarse con Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, para lanzar la plataforma de televisión satelital conocida como DTH (televisión directa al hogar) que permitiría la transmisión de decenas de canales vía satélite, desplazando en eficacia a la televisión por cable.
En 1990 se formó en Gran Bretaña el consorcio British Satellite Broadcasting (BSB), formado por varias compañías de televisión y Pearson, la poderosa editorial inglesa. Lanzaron un satélite construido por Hughes Communications y despertaron el interés en todo el mundo por este nuevo negocio de televisión de paga.
Los altos costos de operación de BSB forzaron a una fusión con su competencia, Sky Television, creada por Murdoch, con el amplio beneplácito del gobierno conservador inglés. Entre 1993 y 1994, el dueño de News Corporation demostró a través de canales deportivos, de películas y de noticiarios de corte sensacionalista (ya era dueño de los estudios Fox en Estados Unidos) que podía desafiar a la legendaria BBC, la cadena pública inglesa. Tres millones de británicos se suscribieron a sus servicios y más de 30% de los hogares con televisión de 17 países europeos contrataron los servicios de la llamada BSkyB. En 1998 fue el primero en ofrecer 200 canales.
El éxito europeo quiso replicarse en América Latina. Murdoch se asoció con los magnates de medios en la región: Azcárraga Milmo, de Televisa; Roberto Marinho, del consorcio brasileño O Globo, y Liberty Media, para crear Sky Latinoamérica.
En México la empresa se denominó Innova. Televisa tuvo 60%, News Corporation 30% y Liberty Media el 10% restante.
En contraste, el magnate venezolano Gustavo Cisneros, a través de su filial Darlene Investments, impulsó una sociedad con la constructora de satélites Hughes, filial de General Motors, y con la familia Vargas, de Multivisión, para crear DirecTV, competencia de Sky.
En México la guerra contra DirecTV fue brutal. Sky lo sacó del mercado al negarle el acceso a los canales de televisión abierta al tiempo que las inversiones de General Motors quebraron y no fue suficiente para sostener la plataforma que llegó a tener 11 millones de suscriptores en América Latina. Durante casi ocho años Sky tuvo 95% de los suscriptores de televisión satelital en México.
En abril de 2003 la junta de directores de General Motors aprobó la venta de Hughes Electronics, propietaria mayoritaria de DirecTV, a News Corporation, de Murdoch, por 6 mil millones de dólares. El australiano absorbió así a su competencia. En 2004 se dio la fusión entre DirecTV Latin America y Sky Latinoamérica.
Para diciembre de 2007, Azcárraga Jean y Murdoch firmaron un acuerdo con Orbital Sciencies Corporation para la construcción y puesta en marcha de un satélite para servicios exclusivos de Sky en México y Brasil. Televisa informó en aquella ocasión a la Bolsa Mexicana de Valores que ese satélite duplicaría la capacidad actual de Sky México.
Para esas fechas la composición accionaria de Innova se modificó: DirecTV, propiedad de Murdoch, incrementó de 30 a 41.3% su propiedad y Televisa pasó de 60 a 58.7%.
Los informes oficiales de Televisa ante las autoridades estadunidenses y la Bolsa Mexicana de Valores definen a News Corporation como “una empresa líder en distribución de programas y películas” y a Televisa como “empresa de comunicación número uno de habla hispana”.
Dish, la competencia
Desde finales de 2008, y sobre todo entre 2009 y 2011, Sky se ha enfrentado a la competencia de Grupo Dish, formado por MVS de la familia Vargas, la compañía EchoStar y Grupo Telmex como socio de facturación. En menos de dos años Dish llegó a tener más de 2.6 millones de suscriptores y Sky tuvo que enfrentarse a un competidor con fuerte respaldo.
En 2008 Sky tenía 1 millón 759 mil suscriptores. En 2009 subió a 1 millón 959 mil y su gran salto fue en 2010, cuando cerró con 3 millones 44 mil. El reporte del segundo trimestre de 2011 señala que actualmente tiene 3.6 millones de clientes.
La clave fue crear dos servicios de televisión satelital más baratos para competir con Grupo Dish: la empresa VeTV y MiSky, que incluye sólo los 25 canales más vistos, cantidad menor que la oferta de 238 canales que ofrece el servicio de Sky.
Sin embargo, las presiones de Televisa a los organismos reguladores, como la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la de Competencia o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para frenar la expansión de Grupo Dish y bloquear la autorización de MVS como proveedor de servicios de internet en banda ancha se han incrementado en 2011, de la mano de la guerra publicitaria y comercial contra Grupo Carso, de Carlos Slim.
Como Murdoch en Gran Bretaña, el consorcio de Azcárraga se vale de su enorme capacidad de cabildeo político y de espionaje y presiones a sus principales clientes publicitarios.
Por lo menos en 2006 Televisa aplicó el llamado Proyecto Múnich, una estrategia en conjunto con David Robillard, entonces director de la agencia privada de investigaciones Kroll, y el vicepresidente de Comercialización de Televisa, Alejandro Quintero.
El Proyecto Múnich, divulgado por la revista Etcétera, plantea como objetivo “un esfuerzo de inteligencia competitiva ofensiva”. En otras palabras, espiar no sólo las cuentas corporativas, sino los antecedentes privados de los ejecutivos más prominentes de sus mayores clientes publicitarios.
Kroll aclaró que para establecer su investigación emplea “técnicas de inteligencia, pesquisas de campo, la revisión exhaustiva de bases de datos públicas y privadas, así como la consulta de fuentes confidenciales de información”.
Robillard desmintió la información publicada por Etcétera, pero confirmó que Kroll ha hecho trabajo con Televisa para ayudar “a encarar los riesgos a los que se enfrenta.
“En ningún momento participamos en la obtención de información privada”, advirtió en una carta el 2 de mayo de 2006.
Ya son 50 mil (y sumando)
ENRIQUE MENDOZA HERNÁNDEZ, ADELA NAVARRO BELLO
Hasta junio de 2011, a la administración del presidente Felipe Calderón se le conocía como “el sexenio de los 40 mil muertos”. (…) La cifra ya fue rebasada por mucho. A partir de julio de 2011 éste es “el sexenio de los 50 mil muertos”… hasta el momento.
Tomando en cuenta las tarjetas informativas de las fiscalías estatales y la federal y de las secretarías de Seguridad Pública estatales y federal, en cuatro años y medio (…) Zeta ha documentado por lo menos 50 mil 490 asesinatos relacionados con el crimen organizado; la cantidad incluye lo que el gobierno federal clasifica como “ejecuciones”, “enfrentamientos” y “homicidios-agresiones”:
En 2006, 62 muertes relacionadas con el crimen organizado nada más en diciembre; (…) en 2007 sumaron 2 mil 826. Fueron 6 mil 837 en 2008; 11 mil 753 un año después, 19 mil 546 en 2010 y 9 mil 466 en lo que va de este año.
De acuerdo con la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados en la anterior legislatura, de 2001 a 2006 se registraron 8 mil 780 ejecuciones. En cuatro años y medio del sexenio del presidente Felipe Calderón los asesinatos relacionados con el crimen organizado aumentaron 575% en relación con la administración de Vicente Fox.
Además, de los 74 mil 551 homicidios dolosos ocurridos durante el sexenio foxista, 8 mil 780 corresponden a ejecuciones relacionadas con el crimen organizado. 11.7 de cada 100 homicidios dolosos durante la gestión de Fox estaban relacionados con el narcotráfico. En la administración de Felipe Calderón, de 70 mil 107 homicidios dolosos ocurridos entre diciembre de 2006 y mayo de 2011, 72% corresponde a asesinatos relacionados con el crimen organizado. (…)
Los “otros” muertos
No todos los homicidios dolosos son ejecuciones; éstas son definidas por el gobierno federal por su “presunta relación con el crimen organizado”. (…) De los 19 mil 546 homicidios dolosos ocurridos en 2010, el gobierno federal (…) reconoció el 12 de enero de 2011 la cantidad de 15 mil 273 “ejecuciones” clasificadas oficialmente como relacionadas con el crimen organizado.
De acuerdo con la SSP federal, las 15 mil 273 “ejecuciones” corresponden a homicidios dolosos cometidos con arma de fuego, arma blanca o, como dice un tercer renglón, “sin datos”.
Pero hay una cuarta categoría de homicidios dolosos denominada por la Secretaría de Seguridad Pública como “otros”.
En una especie de “fosa común” en las estadísticas oficiales, en la clasificación “otros” homicidios dolosos, se encuentran apilados los que no fueron asesinados por arma de fuego ni arma blanca. En este rubro se sumaron 4 mil 674 nada más en 2010.
En 2009 hubo 3 mil 946 “otros” muertos; 3 mil 487 en 2008; 4 mil 202 en 2007; 271 en diciembre de 2006 y 2 mil 253 hasta mayo de 2011. Por si fuera poco, en la categoría de homicidios dolosos “sin datos”, de acuerdo con la SSP federal hasta los primeros cinco meses suman 459; en 2010, mil 271; en 2009, mil 43; en 2008, 2 mil 302, y en 2007 sumaron 743.
En total, los “otros” muertos suman en cuatro años y medio del actual sexenio 18 mil 833, y en el apartado de homicidios dolosos “sin datos”, la cantidad es de 5 mil 818. En pocas palabras, por lo menos 24 mil 651 muertos clasificados como “otros” y “sin datos” no son tomados en cuenta en las estadísticas del gobierno relacionados con el crimen organizado.
–En cuanto a las cuatro categorías de homicidios dolosos (por arma de fuego, arma blanca, “otros” y “sin datos”), ¿en cuál de estas clasificaciones entran los decapitados, desenterrados de fosas comunes, enteipados, encajuelados, desmembrados, estrangulados, colgados e incinerados? –preguntó Zeta a un funcionario del Sistema Nacional de Información (SIN), quien pidió el anonimato.
–Justamente en “otros”. O sea, si es un decapitado, pues obviamente en “otros”, porque no está la categoría de decapitados. Tampoco hay un apartado que diga “ejecuciones”, “decapitados”, que estén específicamente y que tú digas: “Bueno, ¿dónde está el descuartizado que encontraron hace dos semanas?”. A lo mejor lo reportan (las procuradurías estatales) sencillamente como un homicidio y es “sin datos”.
Un ejemplo de cómo el gobierno federal ha sido rebasado en cuanto al registro de ejecuciones está en Chihuahua: el 14 de marzo pasado la Procuraduría General de Justicia de aquel estado reportó 7 mil 209 homicidios, pero sólo informó a la SSP federal sobre 4 mil 233, de los cuales 3 mil 806 fueron clasificados como dolosos y 427 como culposos. Es decir, que por lo menos 2 mil 976 asesinatos no fueron reportados.
–Ahí entra la cuestión de las procuradurías (estatales), que a lo mejor quieren dar alguna otra imagen y que a lo mejor no te reportan los cinco encajuelados que encontraron hace tres semanas –dice a Zeta el funcionario del SIN.
De los 50 mil 490 homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado documentados por Zeta en los cuatro años y medio del sexenio de Calderón, 30 mil 740 sucedieron nada más en ocho estados del norte de México:
En Chihuahua, 11 mil 264; en Sinaloa, 6 mil 55; en Baja California, 3 mil 702; 2 mil 800, en Durango; 2 mil 43, en Nuevo León; en Tamaulipas, mil 964; en Sonora, mil 876, y mil 36, en Coahuila.
La guerra que mantiene el gobierno federal contra el crimen organizado y la que sostiene el cártel de Sinaloa contra otras organizaciones criminales han arrojado 30 mil 740 ejecuciones, tomando en cuenta que según la Procuraduría General de la República en los estados norteños El Chapo Guzmán disputa toda la frontera a organizaciones como el cártel de los Arellano Félix en Baja California, el de los Beltrán Leyva en Sinaloa, el de Juárez en Chihuahua y el del Golfo y Los Zetas en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango.
Una zona cruenta en la frontera de México con Estados Unidos es Nuevo León y Tamaulipas: cielo, tierra y mar significan la plaza perfecta para el trasiego de droga a Estados Unidos y es harto codiciada por diversas organizaciones delictivas, entre ellas el cártel del Golfo y Los Zetas. En esos dos estados en los últimos cuatro años y medio han sucedido por lo menos 4 mil 7 ejecuciones.
De acuerdo con el Informe PGR de 2010 sobre delincuencia organizada, “originalmente Los Zetas eran el grupo armado del cártel del Golfo; sin embargo, en diciembre de 2009 rompieron con sus aliados por diferencias en el control de los mercados y rutas. A partir de enero de 2010 se han enfrentado en Tamaulipas y Nuevo León, lo que explica el incremento de la violencia en estos estados”.
–¿Cómo se da esa separación de Los Zetas del cártel del Golfo y empiezan ustedes (Los Zetas) a operar? –preguntó la Policía Federal a Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, uno de los líderes y fundador de Los Zetas aprehendido el martes 5.
–Ellos (los integrantes del cártel del Golfo) empiezan, se juntan con los cárteles de La Familia Michoacana, con El Mayo Zambada, con El Chapo Guzmán, con los de Jalisco; ellos hacen su alianza y para cuando se hace la ruptura nos empiezan a matar gente; ya estaban organizados y ahí es donde se separan los dos grupos… se hacen golfos o zetas.
La confluencia de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, conocida como El Triángulo Dorado, es el “narcoparaíso” de El Chapo Guzmán, parcela fértil para el cultivo de mariguana y amapola y, sobre todo, el corredor idóneo para el trasiego de droga hacia Estados Unidos.
Nada más en esos tres estados en los últimos cuatro años y medio se concentran 20 mil 119 ejecuciones de las 50 mil 490 documentadas: 11 mil 264 en Chihuahua, 6 mil 55 en Sinaloa y 2 mil 800 en Durango.
“Bajas colaterales”
Empresarios, defensores de los derechos humanos, activistas, secuestrados, estudiantes, niños, periodistas y muchos otros civiles forman parte de la larga lista de asesinatos cometidos en medio de la violencia en el país.
En la memoria de los mexicanos están los civiles muertos “por estar en el lugar equivocado”; por protestar, como la activista Marisela Escobedo en Chihuahua; los más de 70 cuerpos exhumados de las narcofosas en Nuevo León en 2010; los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y en 2011, 193 cuerpos exhumados también en San Fernando; las 251 personas desenterradas de diversas narcofosas de Durango; los 11 empresarios asesinados en 2010 y 8 en lo que va de 2011, las matanzas de adolescentes mientras se encuentran en fiestas, como en Ciudad Juárez; los 60 periodistas asesinados en el actual sexenio. La lista de víctimas civiles no tiene fin…
No hay estadísticas oficiales de cuántos civiles han sido asesinados en el sexenio. Ante la falta de investigación federal, la especulación del gobierno se ha convertido en oficial: “90% de bajas está en la delincuencia organizada. Sólo 10% de esas bajas son de las instituciones y de blancos civiles”, diría Gobernación en abril de 2010.
Si desde diciembre de 2006 hasta los primeros cinco meses de 2011 Zeta ha documentado 50 mil 490 ejecuciones a lo largo y ancho del país, 10% de bajas de las instituciones y blancos civiles serían 5 mil 490. En todo caso lo que invita a la especulación es la ausencia de investigación por parte del gobierno federal para determinar con exactitud las estadísticas. l
* El presente texto fue publicado en la edición más reciente (de la semana del 5 al 14 de julio de 2011) del semanario tijuanense Zeta con el título En la administración de Felipe Calderón y producto del crimen organizado: 50 mil ejecuciones. Proceso reproduce aquí las partes medulares del reportaje. Del cierre de edición de Zeta al viernes 15, las cifras de muertos crecieron con rapidez.
Pura estadística…
PATRICIA DÁVILA
Entre las decenas de miles de muertos que ha dejado la guerra contra el narcotráfico están los cuerpos anónimos, los que nadie identificó o nadie quiso reclamar. Ninguna autoridad estatal ni federal conoce el número exacto de esos cadáveres, algunos de los cuales pasan de la narcofosa a la fosa común luego de un breve periodo de investigaciones infructuosas. En busca de unas cifras que acabaron por no existir, reporteros de Proceso recorrieron anfiteatros en varios estados y hasta los últimos rincones de los cementerios, ahí donde acaban los muertos sin nombre, los doblemente asesinados.
Desde que empezó la guerra contra el narcotráfico varios miles de cuerpos no identificados o no reclamados –algunas fuentes citan 10 mil– han acabado en fosas comunes después de haber rebasado con creces la capacidad de los anfiteatros de casi todo el país, donde además, igual que ocurre en otras instancias oficiales, se incumplen los protocolos sobre manejo de cadáveres.
Reporteros de Proceso recorrieron los servicios forenses, procuradurías o fiscalías y panteones municipales en 11 estados del país. La conclusión: no hay datos oficiales, ni siquiera aproximados, acerca de las fosas comunes, mucho menos del número de cadáveres que contienen.
En mayo de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación sobre la cifra de fosas comunes en el país, la cantidad de cuerpos no identificados ni reclamados que albergan y sobre el protocolo que se siguió desde la localización de los cadáveres hasta su sepultura. Tomás Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos y encargado de esta labor, envió oficios a las 32 entidades federativas requiriendo esos datos.
Todas las entidades solicitaron prórrogas para responder.
La CNDH ya había reunido la información periodística publicada en torno al tema y llegó a la conclusión de que “conservadoramente” hay cerca de 10 mil cuerpos en tumbas sin nombre, la mayoría de ellos víctimas del crimen organizado.
Según esa instancia, desde que se detectan los cadáveres las autoridades deben seguir una “cadena de custodia”, una serie de pasos que garanticen la integridad del cuerpo y de la escena del crimen. Cuando se trata de lo que se ha dado en llamar narcofosas, por ejemplo, los cuerpos deben exhumarse con “técnicas antropológicas”, para garantizar la preservación de las evidencias.
“A los gobiernos de los estados les pedimos que nos proporcionen información sobre los exámenes de criminalística y de campo. Los servicios periciales que están interviniendo serán los que nos informen cómo se están dando las cosas en materia de los peritajes, la identificación de cadáveres, su clasificación, la toma de pruebas genéticas para los comparativos correspondientes. Y más aún, el cuidado que están teniendo con las ropas y los objetos encontrados, pues son piezas clave para identificar a una persona, y más cuando se encuentra en estado de putrefacción”, dice Serrano a Proceso.
“A Durango, donde cerca de 300 cadáveres fueron extraídos con excavadoras, solicitamos que explique por qué las utilizaron. Desde el momento en que una pala mecánica está perforando la tierra y exhumando los cadáveres, mucho material significativo se altera. Por eso queremos escuchar a las autoridades y, una vez concluida la investigación, podremos emitir un pronunciamiento sobre alguna posible responsabilidad de violación a los derechos fundamentales. Lamentablemente, en el caso de Durango está más que acreditado”, finaliza.
A su vez, el doctor Israel Alvarado Martínez, consejero de la Judicatura del Distrito Federal y autor del libro Tratado sobre el cadáver, comenta a Proceso que levantar un cuerpo de manera cuidadosa tiene como finalidad encontrar a los responsables del homicidio.
“Hay fosas clandestinas que por la cantidad de cuerpos resultan muy impactantes. Entonces se presenta otro problema: Semefos como los de Durango o Tamaulipas tienen instalaciones muy pequeñas donde deben acondicionar refrigeradores; o como el de Quintana Roo, que no cubre las necesidades mínimas en el aspecto sanitario que garanticen al perito que lleva a cabo la necropsia que no se va a contagiar.”
Anfiteatros: un submundo
En Durango son mil 150 los cuerpos llevados a fosas comunes de 2008 a la fecha: 750 en el panteón municipal de Gómez Palacio y el resto en los cementerios Valle de los Sabinos y Getsemaní, en la capital del estado. A estos dos últimos fueron enviados los casi 300 cuerpos de las narcofosas descubiertas en mayo último.
Esa vez los muertos superaron la capacidad del servicio forense, para 60 cuerpos, y la autoridad debió alquilar dos grandes tráileres refrigerantes.
En Zacatecas sólo el panteón Jardín del Recuerdo tiene fosas comunes, pero la entidad carece de información sobre ellas. El único registro oficial es que en 10 meses han enterrado 34 cuerpos. El 1 de abril fueron sepultados en dicho cementerio seis presuntos zetas muertos en un enfrentamiento con militares en el municipio de Tabasco. Y el viernes 15, con un nutrido operativo de seguridad, la procuraduría trasladó a 11 de los 18 fallecidos en una refriega entre dos grupos del crimen organizado en el municipio de Florencia, ocurrida el 21 de mayo.
En entrevista con Proceso, el procurador de Zacatecas, Arturo Nahle García, reconoció que las actuales instalaciones del Departamento de Medicina Legal son “indignas”, una “vergüenza”: tienen pocos frigoríficos, y los que hay a veces se averían; periódicamente hay que cambiar los cuerpos de refrigerador para que no se descompongan tan rápido.
En Guanajuato una estadística de la procuraduría estatal indica que entre diciembre de 2006 y marzo de 2011 se sumaron 159 cuerpos sin identificar. Igual que en Zacatecas, de esos cadáveres sólo quedan las fichas de la averiguación previa con fotografías, huellas dactilares, perfil genético y dictamen de la necropsia.
Según Arturo Sandoval, vocero de la Fiscalía General de Justicia Zona Norte de Chihuahua, con base en Ciudad Juárez, de 2008 a la fecha se han inhumado 398 cuerpos de desconocidos, todos en el panteón San Rafael de esa ciudad.
Las cifras del municipio juarense son otras: dicen que del 3 de octubre de 2006 al 20 de junio de 2011 han sepultado a 848 adultos, 324 fetos y 273 cuerpos incompletos.
En Nuevo León los muertos no identificados ni reclamados salen de las salas del anfiteatro del hospital Universitario rumbo a las tumbas colectivas. A cada cuerpo le dan un número y le abren un expediente con fotografías de la cara, tatuajes, lunares o cicatrices.
Antes de 2006, los cadáveres no reclamados eran inhumados en el panteón municipal de Valle Verde, en Monterrey. Ese año, ahí fueron sepultados 65 en fosas comunes. Ahora, con el incremento de muertes violentas, la norma es buscar predios fuera del área metropolitana, como en Benito Juárez o Cerralvo. En este último sitio ocurrió la más reciente inhumación colectiva, el 25 de junio pasado: 35 cadáveres, 11 de ellos relacionados con la delincuencia organizada.
Este tipo de entierros tienen lugar cada tres meses. Se da ese tiempo para que los cuerpos eventualmente sean identificados por familiares… lo que rara vez ocurre. La capacidad del anfiteatro local fue rebasada una vez y hubo necesidad de alquilar camiones refrigerantes: fue el 22 de julio de 2010, cuando en la hacienda Calderón, en Benito Juárez, hallaron 51 cadáveres en una narcofosa.
Por su parte, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) tiene registro de 474 cadáveres no reclamados a partir de 2007. Ese año, de 284 cuerpos que llegaron al Semefo, 73 no fueron reclamados. En 2008 quedaron 109. Para 2009 fueron 101 y en 2010 llegaron a 110. En lo que va de 2011 hay 81 cuerpos sin identificar.
El director de Comunicación Social del IJCF, Andrés Zúñiga, asegura que los cadáveres no identificados son sometidos a análisis para facilitar su posterior identificación. Los cuerpos no reclamados son enviados al crematorio una vez que lo autoriza el Ministerio Público. Otros son entregados para estudio y prácticas a universidades del estado.
La información del Semefo de Tabasco indica que de 2008 a la fecha 92 cadáveres han sido sepultados en la fosa común de la capital; sólo 17 habían sido identificados, aunque no reclamados. Se ignora cuántos de esos fueron ejecutados por el crimen organizado: por ser información “delicada” y “reservada”, la procuraduría local niega información sobre las averiguaciones previas.
Pero Martín García Cruz, sepulturero del panteón Sabina, de Villahermosa, narra a Proceso: “Muchos cadáveres han llegado como coladeras, con decenas de balazos, desmembrados, descabezados, quemados o estrangulados. Personal del Semefo los trae envueltos en sábanas, los tira en la fosa común y nosotros los enterramos”.
Los Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia de Michoacán informan que sólo 15% de los ejecutados en la entidad permanece sin identificar y acaba en las fosas comunes de los panteones Santa María y Vergel-Renacimiento, el civil de Morelia y en los 113 cementerios municipales de la entidad.
Octavio Ferriz Rojas, integrante del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, señala: “Las cifras no son exactas pues a muchos levantados, secuestrados, desaparecidos, no se les vuelve a ver; algunos llegan a la morgue pero no los reclaman y se van a la fosa común. Además, hay fosas clandestinas en Uruapan, Zamora, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, La Piedad, Apatzingán, Ciudad Hidalgo…”.
El panteón Vergel-Renacimiento, frente a la procuraduría de Michoacán, tiene al fondo una zona llena de baches y hoyos, siempre anegada y pantanosa, donde están las fosas comunes.
Uno de los sepultureros informa que los entierran en grupos de tres o cuatro: “Se sepulta uno y se le deja un espacio como de un metro de tierra y sobre ese se pone el otro, así hasta que se llena la fosa y se abre una nueva. Traen número, vea en las cruces y así se identifican”, dice.
Y agrega: “Cuando es reclamado un cuerpo que quedó en medio, se quitan las capas de tierra y se les entrega; pero si es de mero abajo, ¡ay cabrón, qué apestura!… y así se les entrega a sus familias. En el panteón municipal hay muchos más. No sé cuántos, pero muchos…”.
En Baja California son 281 los muertos que enterraron en la fosa común entre 2008 y septiembre de 2010, según el Registro Civil local. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia bajacaliforniana informa que de 2008 a julio de 2011 han ocurrido 2 mil 774 muertes violentas y calcula en mil 350 el número de cuerpos que permanecen en calidad de desconocidos. En Mexicali y Ensenada se inhuman tres cadáveres en cada fosa. En Tijuana son 10 en cada una.
Durante 2008 –el año más violento de la guerra entre los cárteles de Tijuana y Sinaloa– la infraestructura de los anfiteatros fue insuficiente. En Tijuana llegaron a amontonarse hasta 115 cadáveres en donde había espacio para 90, mientras que en Mexicali tuvieron 45 muertos y sólo 30 gavetas. Conservaban los cuerpos en planchas, cubiertos con hielo. De 2009 a la fecha se han entregado cuatro cuerpos a la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali y 25 a diversas escuelas superiores de Tijuana.
También el sur
De acuerdo con el procurador de Justicia de Oaxaca, Manuel de Jesús López, en la entidad no hay estadísticas “reales” o “confiables” respecto al número de ejecutados, desaparecidos, secuestrados, levantados ni de fosas clandestinas.
Tampoco se tiene un buen laboratorio de servicios periciales ni para realizar las pruebas de ADN ni suficientes cámaras móviles de rayos X; las necropsias se hacen en el panteón de cada municipio y hay un grave déficit de agentes del Ministerio Público, peritos y agentes estatales de investigación.
De acuerdo con Alberto Rogelio Ortega, jefe de Servicios Periciales del Estado de México, a partir del año 2000 se han registrado alrededor de mil 500 inhumaciones en fosas comunes. El cadáver que no es reconocido se lleva al panteón del municipio donde murió. La mayoría de los que llevan a la fosa común, 70%, han muerto por disparos de arma de fuego; el 30% restante son quemados, decapitados, asfixiados… Los municipios donde hay más entierros en fosas comunes son Chalco, Ixtapaluca y Ecatepec.
“Cada panteón tiene su fosa. Por lo general tenemos un depósito de ataúdes que nos proporcionan el IMSS o el ISSSTE, y en ellos mandamos los cadáveres no identificados a la fosa común.”
Explica: “Para la identificación de los cuerpos se cuenta con una cédula donde se registran los datos que aporta el cadáver: media filiación, estatura y características de cabello, ojos, nariz y boca. Incluye una fotografía de las ropas que vestía al ingresar al Servicio Médico Forense y se mencionan sus señas particulares. Sin embargo, son pocas las personas que llegan al Semefo en busca de sus familiares”.
Indica que muchos cadáveres se donan a las universidades: “Si nos piden un cuerpo y lo tenemos, se los damos. Cuando terminan, ellos mismos se encargan de inhumarlo con el visto bueno del Ministerio Público”.
Otra historia es la que llega de Veracruz. Fernando Rebolledo, encargado del panteón municipal de Xalapa, explica que en el tiroteo más reciente, en el Lencero, hubo 11 muertos, de los que sólo dos se enterraron en ese cementerio.
“Los sepultamos en bolsas, en calidad de no identificados. Cuando los trajeron ya apestaban, sangraban todavía las bolsas negras en las que los trajeron. Creo que la carne todavía estaba fresca”, narra un sepulturero.
Agrega: “Hace como dos años trajeron unas 13 bolsas, pero cuando hay enfrentamientos nunca dicen en realidad cuántos muertos hay, como en el caso de Casa Blanca: se habló de 14 muertos, pero la gente que vio la balacera dijo que hubo más de 20. Hace unos cuatro años que las autoridades trajeron seis cubetas con los cuerpos de hombres todos despedazados; arriba de las cubetas estaba la cabeza… y así los enterramos, también en la fosa común. Nunca ha venido nadie a visitarlos”.
El administrador del panteón municipal del puerto de Veracruz platica a Proceso que hace 15 días el Semefo llevó siete u ocho cadáveres para la fosa común: “Vienen todos cosidos, a veces son los que mueren en los enfrentamientos, en las balaceras o los que no reclaman sus familiares, indigentes o que mueren en los hospitales y nadie los reclama; los saca el forense y los envía para acá”.
Las fuertes lluvias del martes 12 y el miércoles 13 dejaron al descubierto algunos restos en la fosa común de ese panteón: se puede ver cómo sobresale de la tierra un cráneo todavía con cabello o plásticos negros mal tapando otros cuerpos… (Con información de Luis Lozano, Verónica Espinosa, Mauricio Rodríguez, Luciano Campos, Alberto Osorio, Armando Guzmán, Francisco Castellanos, Antonio Heras, Pedro Matías, Juan Carlos Cruz y Regina Martínez.)
Calderón, el único responsable
ÁLVARO DELGADO
Josefina Vázquez Mota sale al paso de las críticas sobre su participación en los pactos oscuros de Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo, a raíz de las cuales la dirigente magisterial logró posiciones estratégicas aun dentro de la SEP, donde colocó a su yerno. La excoordinadora de la campaña calderonista asegura que los acuerdos los tomó su correligionario como parte de sus atribuciones, pues ella, contrario a lo que declaró el expresidente del PAN Manuel Espino la semana pasada a Proceso, no fue la principal operadora en ese contubernio que benefició ampliamente a la maestra.
“Tengo las manos limpias”, asegura Josefina Vázquez Mota, coordinadora de la campaña de Felipe Calderón en 2006, quien se deslinda del pacto con Elba Esther Gordillo, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE): Acepta que negoció con ella de una manera “muy general” durante la campaña, pero de la cesión de puestos en el gobierno asegura no saber nada.
Aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Vázquez Mota dice que, como coordinadora de la campaña, participó en una primera etapa de negociaciones con Gordillo para cederle posiciones legislativas a cambio del apoyo electoral, que no se concretaron, pero aclara que el pacto establecido tras las elecciones es responsabilidad sólo de Calderón.
“Hubo una segunda fase en la que ya no participé directamente, porque ya mi papel en la transición fue otro. En la definición de posiciones en particular o de definiciones muy puntuales no fui parte”, aclara la diputada federal, secretaria de Educación Pública en los primeros tres años de gobierno de Calderón.
–¿Usted nombró subsecretario a Fernando González, yerno de Gordillo?
–Los nombramientos, hay que recordar, son de orden presidencial, no son caprichos exclusivos del secretario o de la secretaria en turno.
“Por eso hablo de dos momentos: Un primer momento de un acuerdo en términos muy amplios, muy generales; después hubo una fase de acuerdos mucho más puntuales en la que, dada la naturaleza del propio equipo –ya no de campaña, sino de transición– y el papel que ella jugaba en ese momento, yo ya no participé.”
Insiste: “Lo digo con esta apertura y esta honestidad, porque así es esta historia. Cuando yo llego a la Secretaría de Educación Pública, ya existía este acuerdo, este compromiso, y yo lo cumplo. Y cumpliéndolo, me aboco inmediatamente a la construcción de la Alianza por la Calidad de la Educación que, me parece, no podemos desestimar”.
–¿Usted designó al subsecretario por el acuerdo de Calderón con Elba Esther?
–Ajá.
–¿Solamente lo formalizó?
–Sí.
Vázquez Mota, a quien las encuestas más recientes colocan en primer lugar de preferencia de los panistas –por encima del senador Santiago Creel–, fue identificada por Manuel Espino, presidente del PAN en 2006, como la principal operadora de Calderón para entregarle a Gordillo más de 40 candidaturas de ese partido a diputados y senadores (Proceso 1810).
“En política lo único que nos valida es la palabra y honrar esa palabra. Yo participé de esta primera etapa de una negociación mucho más amplia, mucho más global, pero no coincidiría en que hubo ese listado, ese número de posiciones”, acota la legisladora.
–¿No pidió tantas posiciones?
–Fue una negociación mucho más amplia… Iba más en el orden del Legislativo, efectivamente, que en el orden del Ejecutivo. Todavía no se había ganado la campaña.
“Por supuesto, yo mantuve ese diálogo y esa interlocución. En ese momento, en el equipo de campaña se consideró que era importante, y lo digo porque lo que yo haya acordado en ese momento no fue ilegal.”
–¿Fue inmoral?
–No fue ilegal.
–¿Fue inmoral?
–Yo creo que eso estaría a juicio de cada cual. No me gustaría calificarlo ni descalificarlo. Era una interlocución, como en todas las campañas, en un momento muy importante de definiciones. Y al igual que ésa, si replanteáramos, mantuve otras con sectores de izquierda relevantes… Pero en fin, fue una interlocución lo más amplia posible y la comparto tal cual se dio.
–En el contubernio Calderón-Elba Esther, entonces, ¿tiene usted las manos limpias?
–Yo considero que sí, que tengo las manos limpias, porque estoy diciendo de frente en qué parte del acuerdo participé, en qué términos se dio la construcción de este acuerdo, a cambio de qué se dio este acuerdo, y en este sentido he sido suficientemente clara y no tengo ninguna duda en compartirlo.
Elba Esther, panista
La entrevista con Vázquez Mota, el viernes 15, se efectúa en el contexto de las revelaciones de Gordillo sobre el pacto electoral con Calderón en 2006 y el cruce de acusaciones de corrupción entre la dirigente magisterial y Miguel Ángel Yunes, antes aliados, así como el supuesto uso de recursos públicos para campañas electorales.
En este marco, la propia Gordillo confirmó que, sin ser militante del PAN, en 2005 se inmiscuyó en el proceso interno para ayudar a Calderón a ganar la candidatura presidencial, versión que publicó este semanario a finales de febrero de 2010.
Luego de revelar que el senador Creel se reunió con ella en el departamento del panista Francisco de la Vega, en San Diego, California –donde la dirigente magisterial pasa largas temporadas en una de sus 64 propiedades–, Gordillo dijo a Salvador Camarena, conductor de W Radio, el miércoles 13:
“Santiago tampoco olvida que cuando quiso ser presidente yo también estuve con Felipe Calderón y no con él, pero lo que es inmoral es querer pararse en ese discurso… ¿Para qué me invitó? ¿Para decirme que no quiere alianza conmigo?”
Creel, quien aclaró que se reunió a solicitud de ella y que esto ocurrió hace un año, aludió a la participación de Gordillo en el proceso interno del PAN que hizo ganar a Calderón la candidatura presidencial: “Eso está muy grave, ¿eh? ¡Ojo! Ahí está ya consignado”.
En febrero de 2010, cuando buscaba ser candidato del PAN al gobierno de Veracruz, Yunes le confesó a Espino que las huestes de Gordillo habían apoyado a Calderón en el proceso interno de 2005, cuando se impuso a Creel:
“Reconoció que él apoyó a Calderón desde antes de 2006, ni siquiera cuando era candidato, sino que lo apoyó para ser candidato. Fue después de una negociación que hubo entre Elba Esther y Calderón”, declaró Espino en aquella ocasión.
–¿Elba Esther, siendo priista aún, intervino en la vida interna del PAN? – le preguntó el reportero a Espino.
–Por supuesto. A confesión de parte. Me lo dijo Yunes el 18 de febrero en la sede del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces, me parece que se están haciendo acuerdos para privilegiar a grupos de poder ajenos al partido.
La postura de Felipe Calderón ha sido que los cargos en el gobierno federal que entregó a Gordillo son producto del pacto que ella estableció con Vicente Fox, su antecesor, y que él respetó, pero “en ningún momento hubo carta de impunidad para nadie, ni para la maestra ni para nadie, una licencia para saquear las arcas” (Proceso 1739).
El contubernio de Calderón con Gordillo lo detalló Espino a este semanario la semana pasada, porque pretendía concederle decenas de candidaturas de diputados y senadores, casi todas seguras de ganar:
“Quería 15 diputados federales de representación proporcional de los que le corresponde directamente designar al comité nacional; cinco senadores de lista, que también le corresponde designar al CEN; 20 candidaturas de mayoría en distritos en los que el PAN había tenido éxito en los últimos procesos electorales, distritos ganables, y dos o tres candidaturas de mayoría de senadores. Eso es todo lo que pedía de candidaturas, pero esas tenía que autorizarlas el comité nacional.”
Espino aseguró que propuso a Calderón ir él mismo al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) “a explicarle a sus integrantes por qué y a cambio de qué” pedía esas candidaturas para entregarlas a la lideresa sindical, pero se negó y designó a Vázquez Mota, quien no asistió.
Al respecto, la diputada Vázquez Mota dice que, efectivamente, “yo nunca me presenté ante el Comité Ejecutivo Nacional ni presenté una lista de posiciones plurinominales”, porque con Gordillo había sólo un acuerdo muy general.
–En las reuniones que tuvo usted, junto con Espino, ¿qué pedía Gordillo? –se le pregunta a Vázquez Mota.
–En esa fase eran estas posiciones de orden legislativo. Esa fue la primera fase de negociación y acuerdo de operación. En ese momento, más que hablar propiamente del sindicato, era un acuerdo con el partido Nueva Alianza. No era un acuerdo con el sindicato, no recuerdo que hayamos hablado de sindicatos.
“En ese diálogo no se hablaba de sindicato, de lo que se hablaba era de una contraparte, de un partido político con sus propias redes, con su propia fuerza, con su propia estructura. Entonces, de lo que se habló en esa primera fase fue de algunas posiciones en el Poder Legislativo a cambio de construir una alianza de orden electoral.”
Sobre la negociación que Calderón y Gordillo hicieron con Emilio Azcárraga, presidente del Grupo Televisa, para que los senadores aprobaran la Ley Televisa, Vázquez Mota niega que haya habido un pacto. “No sé que haya habido un acuerdo en específico”, subraya.
–Se ha documentado que, a cambio de aprobar la Ley Televisa, Calderón tuvo mayor presencia televisiva, y usted tuvo una interlocución con Azcárraga, quien fue su compañero.
–Claro que lo conozco porque fue compañero en el IPADE (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa), pero yo no sé de ningún acuerdo puntual o que se haya negociado algo especial en el caso de esta ley. Fueron momentos muy difíciles, porque para la campaña hubiésemos querido estar en otra circunstancia, seguir trabajando, recorrer el país y que se resolvieran esos temas, que no eran menores.
“No le temo a Gordillo”
Confrontada con Gordillo en la SEP, Vázquez Mota no quiere tener tratos con ella: “Yo, para ser presidenta de México, buscaría una gran alianza con las maestras y los maestros de México”, puntualiza. “Yo buscaría, en primera instancia, a las maestras y los maestros”.
–¿Y en segunda instancia, a Elba Esther?
–Yo me quedaría con esta primera instancia, que es buscar el acompañamiento de muchísimas maestras y maestros. En este caso, para mí, es lo más importante.
–Elba Esther se lo ha manifestado: la desprecia.
–Así lo ha manifestado en varios foros.
–¿Usted, qué siente por ella?
–Yo no tengo ningún sentimiento en particular. He decidido que mi vida política con respecto a cualquier actor de la política es no escribir historias personales. En mi paso por las dos secretarías hice una apuesta de orden institucional, que no es la más fácil, ¿eh?
“Hacer apuestas institucionales en el poder puede ser el camino más largo, más tortuoso, porque resulta más cómodo hacer apuestas de orden personal o coyuntural. Pero cuando uno hace apuestas institucionales, está obligado a tomar definiciones que no siempre no son del agrado de sus interlocutores, no siempre logran complacer ciertas voluntades.”
–¿Le teme a Gordillo?
–¡Uy! Si le hubiera temido, no hubiera logrado mantenerme en la secretaría ni un mes. Me mantuve prácticamente tres años, y tres años con logros objetivos. No, no, no… Si tú revisas la historia de algunos de mis antecesores, podrás entender que no sólo no hubo temor, sino definiciones claras.
“Las declaraciones que la profesora ha hecho sobre mi persona dan cuenta, sin duda, de que hubo una apuesta de fortaleza y de definiciones absolutamente institucionales. Creo que mi paso por la SEP y mi comportamiento institucional, y hoy lo refrendo aquí, sencillamente te hablan de que mi mirada está puesta en alianzas de otro orden y con otros actores políticos.”
Rubrica: “Yo no me sometí a agendas personales, sólo me sometí a la agenda institucional de la SEP”.
Maromas, invectivas y clientelismo electoral
JESÚS CANTÚ
Aun cuando los dos principales protagonistas –Felipe Calderón y Elba Esther Gordillo– se empeñan en definirlo como acuerdo político, lo cierto es que se trata de un acto de clientelismo electoral: posiciones en el gabinete (ahora se sabe que ambos hablaron también de diputaciones, senadurías y hasta gubernaturas, pues el propósito era ganar algunas circunscripciones) a cambio de votos. Así de sencillo.
Según su dicho, Calderón comprometió simplemente respetar las posiciones que le había entregado su antecesor Vicente Fox. Pero omitió señalar la prenda más preciada para la lideresa del SNTE: la subsecretaría de Educación Básica de la SEP, que él mismo entregó a Gordillo. Lo que sí entregó Fox a la maestra fueron posiciones clave en el Fovissste, el ISSSTE, la Lotería Nacional y la secretaría técnica del Sistema Nacional de Seguridad Nacional, lo que le significó acceso a recursos e instrumentos de control de su sindicato, pero no la subsecretaría. De haberlo hecho, le hubiera dado el control de la estructura educativa.
Desde el inicio, Calderón respetó las posiciones que le pidió su interlocutora; incluso le concedió LA SUBSECRETARÍA de la SEP, esa sí para todo el sexenio, al frente de la cual quedó el yerno de Gordillo: Fernando González, lo que equivale a dejar la Iglesia en manos de Lutero.
Esa subsecretaría es la única área en la que la SEP tiene todo el control. De hecho, tiene plena atribución en la educación básica (preescolar, primaria y secundaria); mientras que en los otros niveles (media superior y superior) sólo tiene injerencia, no atribuciones plenas.
En la reciente entrevista con León Krauze, Calderón intentó aclarar que su encuentro con la maestra antes de la jornada electoral no fue central para su triunfo electoral; comentó incluso que sólo abordó el tema de la Alianza por la Calidad de la Educación: “…yo, desde la campaña electoral de 2006, incluso en alguna ocasión que tuve oportunidad de hablar con la maestra Elba Esther Gordillo, precisamente por mediación de Miguel Ángel Yunes… Eso fue lo que comenté, que me interesaba la calidad educativa”.
Según él, sólo buscaba que el SNTE apoyara el acuerdo, pero lo hizo ya como presidente electo. Nuevamente sus palabras: “… y pasada la elección… inmediatamente dialogué con la maestra para construir ese acuerdo. Es un acuerdo por la calidad educativa que implicó, entre otras cosas, que yo como presidente de la República respetara posiciones o perfiles que le habían sido reconocidos o negociados, no sé, desde la administración anterior… Era un acuerdo político que venía antes de mí y que yo, efectivamente, respeté, León; y lo respeté en el entendido de que con la maestra Elba Esther Gordillo iniciaríamos las reformas estructurales importantes en el país”.
Sin embargo, eso contrasta con la versión de la lideresa magisterial: “Vino la sucesión y llegamos al acuerdo de ir con el presidente Calderón por la Presidencia de la República, previos arreglos de orden político…”. Esos arreglos implicaban la designación de allegados a Gordillo en las posiciones mencionadas, pero ella también se cuidó de no incluir la Subsecretaría de Educación Básica.
Las declaraciones de Manuel Espino, quien era presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en 2006, contrastan aún más. Él señala que, en una reunión, el aún candidato Calderón le pidió: “…15 diputados de representación proporcional de los que le corresponde directamente designar al comité nacional; cinco senadores de lista, que también le corresponde designar al CEN; 20 candidaturas de mayoría en distritos en los que el PAN había tenido éxito en los últimos procesos electorales, distritos ganables, y dos o tres candidaturas de mayoría de senadores” (Proceso 1810).
Según el mismo Espino, en plena campaña electoral Calderón le demandó: “¡Dame canicas para jugar!”. Y las canicas eran precisamente las candidaturas para entregárselas a Gordillo a cambio de su apoyo. Pero ésas no eran las únicas, en el proyecto de Gordillo también estaban las gubernaturas de Puebla y Veracruz pues, según el expresidente panista, “Elba Esther me confesó que ella tenía dos prospectos para la candidatura presidencial de 2018, pero antes los quería hacer gobernadores: Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Yunes, y a los dos los estaba perfilando por el PAN” (Proceso 1810). El primero ya es gobernador de Puebla; y al segundo Gordillo lo hizo candidato, aunque perdió la elección y ahora están peleados.
Para que no quede duda de que sí hubo un pacto previo a la jornada electoral de 2006, Jorge Castañeda, cercano a Calderón y a Gordillo, escribió en un artículo publicado en el diario Reforma el domingo 10: “…y su respaldo (el de Gordillo) a Felipe Calderón resultó decisivo. Fue recompensada con el nombramiento de su yerno como subsecretario de Educación Básica y de otros colaboradores cercanos en el ISSSTE, la Lotería Nacional y en algunos puestos menores”.
No hay dudas: se intercambiaron votos por posiciones en el gabinete y candidaturas a puestos de elección popular. Elba Esther Gordillo no tuvo ningún empacho en comprometer el voto de sus agremiados y cumplir dicho compromiso (al menos parcialmente, pues no hay claridad de cuántos votos comprometió y cuántos entregó) aun a costa de violentar el voto libre de los profesores y obligarlos a votar por Calderón; Calderón tampoco lo tuvo para poner en manos del yerno de Gordillo la educación básica del país (como es evidente, no fue el único organismo que comprometió, pero sí el más importante), sin más merecimientos que el que de ser cónyuge de la hija de su contraparte.
Justamente, el clientelismo electoral se define como el intercambio de diversas formas de apoyo (dinero en efectivo, despensas, construcción de obras, inserción en programas sociales, etcétera) o privilegios por votos. Eso fue precisamente lo que hicieron Calderón y Gordillo: intercambiaron posiciones políticas por votos. Hasta el día de la jornada electoral el acuerdo era simplemente ese intercambio, y eso se llama clientelismo electoral.
Nextel-Televisa: Socias ayer, enemigas hoy
JENARO VILLAMIL
La telefónica Nextel, otrora aliada de Televisa, se siente amenazada ante la futura alianza entre el consorcio de Emilio Azcárraga y Iusacell y acude a la Comisión Federal de Competencia para que la frene. Entre los argumentos que esgrime se encuentra la posición dominante del duopolio en los contenidos y la publicidad que se difunden en televisión abierta y de paga. Asimismo, asegura que la concentración pondría en peligro la competencia en el triple y cuádruple play, en detrimento de las telefónicas que no formen parte de esta alianza.
En la guerra por las telecomunicaciones que se libra en México se abrió un nuevo frente: el lunes 11 la empresa de telefonía móvil Nextel, la cuarta más grande del país, interpuso ante la Comisión Federal de Competencia (CFC) una denuncia contra la concentración entre Televisa y Grupo Iusacell, anunciada el 7 de abril último y que aún no ha sido autorizada por el organismo antimonopolio.
Nextel México fue socia de Televisa en la Licitación 21 para obtener el mayor bloque, el de 30 megahertz, del espectro de 1.7 gigahertz, impugnada a su vez por Grupo Salinas mediante 80 juicios interpuestos a lo largo de ese procedimiento. La adjudicación del bloque de 30 megahertz fue calificada por TV Azteca y Grupo Iusacell, ambos de Ricardo Salinas Pliego, como una “ganga” a favor de Nextel-Televisa.
La situación cambió drásticamente en octubre de 2010. Televisa rompió su acuerdo de invertir hasta 37% en Nextel y suspendió su intención de quedarse con el bloque de 30 megahertz.
El pasado 7 de abril, en medio de la confrontación entre las dos grandes televisoras comerciales y Grupo Carso, de Carlos Slim, se anunció en medios bursátiles una sociedad para que la empresa de Emilio Azcárraga Jean se quedara con 50% de Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, a cambio de invertir mil 565 millones de dólares, en deuda convertible, y 37.5 millones de dólares en capital.
Esta sociedad es considerada por Nextel como una amenaza para la competencia en el triple y cuádruple play, puesto que el duopolio televisivo domina no sólo el ámbito de los contenidos en televisión abierta y restringida, sino también el mercado publicitario lo cual afecta a todas las otras compañías de telefonía que no forman parte de la alianza entre Televisa y TV Azteca.
La denuncia ante la CFC, cuya copia obtuvo Proceso, contiene un amplio análisis sobre el fenómeno de concentración en el que incurren ambas empresas y aporta los siguientes argumentos y datos:
“Grupo Televisa tiene claramente poder sustancial en el mercado de publicidad por televisión. Esta situación, aunada a la participación de Grupo Salinas a través de TV Azteca en dicho mercado, aumenta sustancialmente los riesgos anticompetitivos derivados de la concentración.
“Grupo Televisa y Grupo Salinas son actualmente competidores independientes entre sí en el mercado de publicidad de televisión. Sin embargo, con la realización de la concentración tendrían en el futuro intereses comunes en el Grupo Iusacell, y por tanto, en los mercados relevantes definidos como Mercado RIM y Mercado SIM, así como en el segmento del mercado de publicidad por televisión, relativo a la televisión de paga.”
A “la estructura prácticamente duopólica” de la televisión abierta se suma la dominante en televisión de paga. Además, la querella aporta los siguientes datos: de las 468 estaciones de televisión abierta del país, 256 pertenecen a Grupo Televisa y 180 a TV Azteca; es decir, 93% de todas las estaciones. Grupo Televisa y Grupo TV Azteca alcanzan participaciones de 66% y 33%, respectivamente en términos de audiencia. Entre marzo y abril pasados los 411 programas con mayor rating fueron transmitidos por las cadenas de televisión de ambas empresas:
“Debe asimismo señalarse que dichos canales son los de mayor audiencia en la televisión de paga”, advierte Nextel. “En efecto, tal y como consta en la página 113 de la resolución que pone fin al expediente DE-022-2007, radicado en esta comisión, casi la mitad del tiempo (un share de 49.89%) de los usuarios de televisión de paga sintonizan señales de televisión abierta.
“En 2009 las ventas netas de publicidad de Televisa ascendieron a 21 mil 500 millones de pesos, en tanto que las del Grupo Azteca alcanzaron la cifra de 9 mil 685.3 millones de pesos, según datos obtenidos de la Bolsa Mexicana de Valores. Ambas televisoras tienen el dominio de más de 90% del mercado publicitario en la pantalla comercial.
“A la luz de lo anterior es evidente que Grupo Televisa domina ampliamente el segmento de mercado de publicidad por televisión correspondiente a la publicidad por televisión abierta, muy por arriba de Grupo TV Azteca. Según esta Comisión, estos dos grupos perciben prácticamente la totalidad de los ingresos de publicidad difundida por televisión abierta.
“Desde diciembre de 2010 se han observado anuncios de Grupo Iusacell en los canales operados por Grupo Televisa… De lo anterior se desprende que los competidores de Grupo Televisa y Grupo TV Azteca, en el segmento de la televisión abierta tienen una capacidad extremadamente limitada para enfrentarlos”, apunta Nextel, que fue uno de los clientes más importantes de Televisa, según el mismo reporte bursátil, correspondiente a diciembre de 2010.
Dominio en el “total play”
Nextel advierte que en televisión de paga sólo existen dos tipos de competidor frente al dominio de Televisa en televisión satelital y en televisión por cable: Grupo Dish, operado por MVS, que ha enfrentado a Sky (antes con 95% del mercado) y un proveedor por localidad de televisión por cable que está en desventaja frente a las filiales de Televisa: Cablevisión, Cablemás y TVI.
Al fusionarse Grupo Televisa con Grupo Iusacell, la empresa de Azcárraga Jean se convertirá en la única con posibilidad de dar servicios de total play, algo que no puede Telmex ni Nextel ni ninguna otra de las pequeñas compañías de cable. Así lo argumenta Nextel:
“Es de advertirse que con la concentración, Grupo Televisa adquiriría total play con lo cual, dicho consorcio empresarial controlaría, además, de los dos principales proveedores de televisión de paga en el país (Cablevisión y Sky) a este nuevo entrante perteneciente al Grupo Iusacell, el cual es un competidor con potencial de crecimiento importante e independiente de Grupo Televisa. Estas consideraciones se hacen con el único propósito de evidenciar el impacto que la adquisición parcial de Total Play con la de TVI (filial de Televisa que opera Milenio TV), quien según el Reporte de Resultados por parte de Televisa SAB correspondiente al primer trimestre de 2011, contaba con 310 mil suscriptores, produciría en el mercado de publicidad por televisión”.
El dominio publicitario en todas las plataformas: televisión abierta, televisión de paga, telefonía celular e internet, se refuerza con lo que Nextel denomina “barreras a la entrada” de nuevos competidores en estos segmentos:
No habrá nuevas cadenas de televisión abierta ya que “no existen perspectivas de un proceso de licitación y por tanto un mayor número de competidores en la publicidad por este medio.
“Las prácticas de los concesionarios de televisión por cable, asociados a Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV) también constituyen importantes barreras de entrada”.
Este semanario ha documentado la denuncia interpuesta por la Asociación de Redes de Telecomunicaciones de México, organismo que agrupa a empresas de televisión de cable independientes de Televisa, donde se documenta cómo ejercen el dominio de contenidos y publicidad a partir de PCTV (Proceso 1771).
Grupo Televisa y Grupo TV Azteca tienen el control del acceso a fuentes de insumo indispensables para crecer y participar en televisión abierta, tales como “facilidades de producción, actores y guionistas”. “En el ámbito de la televisión de paga, estos grupos constituyen prácticamente un duopolio en la provisión de contenidos nacionales a este segmento de la industria de televisión”, subraya la demanda.
“De lo expresado en los apartados precedentes se desprende que Grupo Televisa puede fijar precios y restringir el abasto unilateralmente en el mercado de publicidad por televisión, sin que sus competidores puedan contrarrestarlos”, apunta el documento de Nextel.
“Más aún, los elementos y razonamientos expresados permiten afirmar que en virtud de la concentración, Grupo Salinas no tendrá incentivo alguno para contrarrestar la capacidad de Grupo Televisa para restringir la oferta o elevar los precios de sus servicios de publicidad por televisión a los competidores de Grupo Iusacell”, advierte en su querella la empresa exaliada de Televisa.
Choque de gigantes
En su alegato ante la CFC, Nextel cita la disputa entre las televisoras y las dos principales compañías telefónicas de Grupo Carso: Telmex y Telcel, detonado a partir de que en febrero pasado éstas dejaron de anunciarse en las pantallas del duopolio.
La telefónica argumenta que el retiro de Grupo Carso se debió a la decisión de Televisa de incrementar sus tarifas de publicidad entre 16% y 20%. “Asimismo, cabe señalar que en esta coyuntura Grupo Salinas sostuvo los términos de la negociación de sus tarifas de publicidad en televisión abierta, aun frente a la decisión de Grupo Carso de no continuar adquiriendo sus servicios publicitarios”, añade.
En sus dos reportes trimestrales de 2011 ante la Bolsa Mexicana de Valores, Televisa admite que la salida de Grupo Carso como cliente publicitario ha impactado en sus ventas y en sus utilidades netas, pero no reconoce que hubo un incremento de las tarifas publicitarias en relación con 2010.
En abril pasado Televisa reportó una caída de 17.8% de sus ganancias en relación con 2010. Su utilidad neta fue de 871 millones de pesos (73 millones de dólares), contra los mil 59 millones de pesos registrados en el primer trimestre de 2010. Las ventas en televisión abierta cayeron 1.8%.
“Esta disminución refleja en gran medida la ausencia de Grupo Carso como cliente de Televisa en publicidad a nivel nacional”, reconoció la empresa en su reporte.
En junio Televisa dio a conocer los resultados del segundo trimestre. La ausencia de publicidad de Grupo Carso y de la Copa Mundial de Futbol 2010, generaron una caída de 5.9% (342.2 millones de pesos) en venta de televisión abierta en relación con el mismo periodo del año pasado.
Sin embargo, en ambos casos los segmentos de televisión satelital (Sky) y de telecomunicaciones y cable registraron crecimientos importantes: las ventas de Sky aumentaron 15% y 10.2% en el primer y segundo trimestre de 2011, mientras que los rubros de televisión por cable y telecomunicaciones se incrementaron 18% y 14.9% en los mismos periodos.
Estos datos explican también las recientes presiones de Televisa contra la SCT para frenar el acceso de Grupo MVS al total play, a través del uso de la banda de 2.5 gigahertz.
Informes obtenidos por Proceso indican que fueron infructuosas las negociaciones entre Joaquín Vargas y su equipo jurídico y representantes de la SCT. La autoridad está pidiendo el pago de una contraprestación muy elevada para renovar el uso de los 190 megahertz que detenta Grupo MVS en esta banda y que le permitiría competir en el terreno del total play.
Nextel concluye en su denuncia ante la CFC que si se autoriza la concentración entre Grupo Televisa y Grupo Iusacell las consecuencias serían las siguientes:
“i) La venta de publicidad por televisión a empresas, condicionada a la compra de servicios de telefonía y acceso a internet de Grupo Iusacell y/o a no adquirir estos servicios de sus competidores; ii) el otorgamiento de descuentos a empresas, sujeto a la última condición, pondría en peligro la solvencia y permanencia” de Nextel, “particularmente si se considera que las empresas de menor tamaño pueden ser objeto de promociones especiales consistentes en el empaquetamiento de servicios de publicidad con telefonía móvil y acceso a internet móvil”.
La iglesia, al banquillo
RODRIGO VERA
Entre sus excesos centenarios –impunes buena parte de ellos– la Iglesia católica suma de manera señalada las revanchas históricas contra sus enemigos naturales: el Estado laico y la izquierda. Ahora, sin embargo, enfrenta la posibilidad de ser sancionada legalmente, en particular por sus ataques contra un partido político: el PRD. Y si en última instancia sigue prevaleciendo su impunidad, la sanción sería cuando mucho de orden “moral”.
El viernes 1 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió un fallo que para algunos es un sacrilegio: determinó que la arquidiócesis primada de México, a cargo del cardenal Norberto Rivera Carrera, violó las leyes electorales del país y por lo tanto debe ser sancionada.
El máximo tribunal en la materia especificó que el portavoz del cardenal, Hugo Valdemar Romero, ilícitamente exhortó a la población a votar contra el PRD, debido a que ese instituto político promueve medidas rechazadas por la Iglesia, como la despenalización del aborto y la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
El investigador Elio Masferrer Kan, especialista en participación de la Iglesia en procesos electorales, comenta a Proceso que con este fallo el Poder Judicial intenta frenar el activismo político de la jerarquía católica mexicana, que ya empieza a maniobrar para influir sobre el llamado “voto católico” en las elecciones presidenciales del año próximo.
Y agrega: “El vocero de la arquidiócesis ya llevaba tiempo denostando al PRD, y más concretamente al gobierno capitalino de Marcelo Ebrard, por impulsar el aborto y el matrimonio gay. La ley es muy clara. Al tribunal no le quedaba otra salida más que sancionar a la arquidiócesis de México”.
–Pero la sanción, que todavía no se determina, puede quedar en un simple apercibimiento.
–Eso no importa. Lo relevante es que se trata de una sanción de carácter moral y no contra cualquier diócesis, sino precisamente contra la arquidiócesis primada de México, la más significativa del país. Inclusive, al cardenal Norberto Rivera mucha gente lo ve como si fuera la cabeza de la Iglesia católica en México. Ello debido a que lo respaldan grupos empresariales que le dan juego en los medios como si fuera el líder de la jerarquía, aunque no lo sea. Pero sí es un personaje muy influyente. En términos ajedrecísticos se le ha dado un jaque al rey.
–¿Por qué un jaque al rey?
–Porque ante las elecciones de 2012, en el ajedrez político los promotores del voto católico ya están moviendo sus piezas representados en gran medida por la arquidiócesis de México y el cardenal Rivera. Lo mismo hacen quienes promueven el llamado voto laico, cuya figura más representativa es Marcelo Ebrard, aspirante de la izquierda a la silla presidencial. Lo que en el fondo está en juego es el voto católico y el voto laico.
“El fallo del Tribunal representa un triunfo para la corriente de izquierda promotora del voto laico. Y por el contrario, sanciona a los promotores eclesiásticos del voto católico dándole un duro golpe al cardenal Rivera, quien tiene el apoyo del gobierno federal panista. Por eso digo que es un jaque al rey, puesto que la partida aún continúa. Hasta el momento no ha habido un jaque mate que la dé por concluida. Ya veremos cómo seguirán moviendo sus piezas los contendientes.”
Masferrer es profesor-investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). También es presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Desde hace varios años en cada elección federal realiza encuestas sobre las tendencias de lo que él denomina el “voto creyente”.
El investigador indica que hasta el momento el árbitro de la actual contienda ha sido el Poder Judicial, concretamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instituciones que han salido a mediar en momentos de gran tensión.
Encontronazos
La disputa se inició el 24 de abril de 2007, cuando se aprobó la legislación que despenaliza el aborto en el Distrito Federal. Al mes siguiente el gobierno del presidente Felipe Calderón, por medio de la Procuraduría General de la República (PGR), interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN para echar abajo la reforma al Código Penal y así apoyar al clero. Pero en agosto de 2008 la Corte le dio la razón al gobierno de Ebrard al declarar constitucional su nueva ley.
Después, el 21 de diciembre de 2009, el gobierno capitalino legalizó los matrimonios entre personas del mismo sexo, así como su derecho a adoptar hijos. De nuevo protestaron el arzobispado y la jerarquía católica mexicana, y una vez más tuvieron el apoyo de la PGR, que volvió a interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte para suprimir el cambio legislativo. Sin embargo, en agosto de 2010 el máximo tribunal falló a favor de la corriente laica.
A raíz de ese veredicto, Valdemar dijo que el gobierno de Ebrard ha “creado leyes destructivas de la familia, que hacen un daño peor que el narcotráfico”, por lo que, enfatizó, el electorado católico no debe sufragar por partidos perniciosos como el PRD, que actúan contra la fe y la moral.
En respuesta, el 18 de agosto de ese año el PRD demandó a Valdemar ante la Secretaría de Gobernación y las autoridades electorales por considerar que realizaba proselitismo político en su contra.
El caso lo tomó el TEPJF y, a casi un año de haber sido interpuesta la denuncia, falló finalmente contra el portavoz del cardenal. En un comunicado emitido el viernes 1, el tribunal anunció su determinación y explicó:
“La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prohíbe a éstas hacer proselitismo y propaganda a favor o en contra de partido o candidato alguno, y el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales sanciona la inducción del voto, por lo que las expresiones del vocero clerical violaron la norma electoral.”
El tribunal hizo extensiva la sanción a la arquidiócesis con el siguiente argumento: “La figura de vocero de una institución cobra mayor relevancia al emitir opiniones, por lo que se pronunció (el tribunal) por la responsabilidad de la arquidiócesis”.
Por último, el comunicado del TEPJF señaló que el expediente del caso debe enviársele a la Secretaría de Gobernación, para que ésta “imponga las sanciones correspondientes”.
Esa dependencia instaló una comisión sancionadora que determinará el castigo, que puede ir desde un simple apercibimiento hasta la cancelación del registro de la arquidiócesis como asociación religiosa.
En su defensa, Hugo Valdemar dice a Proceso que él jamás ha hecho proselitismo político contra el PRD:
“Sólo externé una opinión. Tengo derecho a expresarme. El proselitismo político es muy distinto, pues se hace de manera constante y deliberada. Pero el PRD no lo vio así y se excedió en sus maniobras en mi contra, ya que me denunció ante Gobernación, el IFE y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
“En abril pasado, Gobernación me envió un apercibimiento por ese motivo, contra el cual me inconformé, por lo que aún no se aplica. Gobernación no puede volver a sancionarme por el mismo hecho, como ahora se lo pide el Tribunal Electoral. Además, Gobernación no tiene facultades en delitos electorales. Para eso está el IFE.”
–¿Entonces el fallo del tribunal no es definitivo? ¿Usted puede impugnarlo?
–Por supuesto. Puedo apelar y recurrir a la Suprema Corte o a las cortes internacionales en derechos humanos, ya que detrás de todo esto hay un juego político que intenta beneficiar al PRD, aprovechando el espíritu jacobino de los magistrados.
Mediaciones
Armando Martínez, abogado de Valdemar y presidente del Colegio de Abogados Católicos, refiere que “al artículo primero de la Constitución se le acaba de incluir el derecho de religión y de opinión, por lo que, de acuerdo con esta reforma, no puede sancionarse a Valdemar por haber externado una opinión”.
Descarta que las autoridades “lleguen al extremo” de cancelarle el registro como asociación religiosa a la arquidiócesis primada de México: “¡Imagínese! Castigar de esa manera a la primera arquidiócesis que se fundó en el país. ¡Atentar así contra la Iglesia mexicana! Eso sería muy grave”.
El investigador Elio Masferrer indica que, hasta donde recuerda, a la única asociación religiosa a la que se le ha cancelado el registro es a la Iglesia de la Santa Muerte, por lo que sería muy deshonroso para el arzobispado correr igual suerte que esa Iglesia desdeñada por la jerarquía católica.
Masferrer insiste en que, finalmente, es el Poder Judicial el que está mediando en este juego político:
“Hasta el momento, el Poder Judicial ha sido factor de equilibrio entre estas dos partes en disputa: la promotora del voto católico y la promotora del voto laico. Y ha venido fallando a favor de esta última porque, a nivel mundial, la tendencia de los sistemas jurídicos de avanzada es legalizar el aborto y los matrimonios entre personas del mismo sexo.
“El Poder Judicial en México tiene que seguir esta dinámica y hacer que se respete la ley civil. Es muy difícil que le haga caso a la Iglesia cuando ésta argumenta: ‘Yo sólo obedezco la ley natural, que está contra el aborto y las relaciones homosexuales’. Actualmente esta postura ya resulta hasta anarquista.”
–¿Cuáles fuerzas políticas representan el voto católico y cuales el voto laico?
–Obviamente que el PAN, junto con la Iglesia, son los principales representantes del voto católico. No obstante habría que matizar, pues dentro del PAN hay dos tendencias: una considera al partido como heredero del Partido Católico Nacional y, por lo tanto, aliado de la jerarquía, y otra lo ve como un partido de inspiración socialcristiana que debe guardar cierta distancia de los obispos.
“En el otro extremo se coloca el PRD, que está actuando como el partido laico porque calcula que esa posición le puede redituar en términos políticos y electorales. Dentro del PRD, Marcelo Ebrard ya logró posicionarse como el candidato laico por sus medidas en el gobierno capitalino que lo llevaron a enfrentarse con la Iglesia, al grado de que hasta lo amenazaron con la excomunión.”
–¿López Obrador, quien se dice juarista, es otro candidato laico de la izquierda?
–No, porque López Obrador nunca se enfrentó realmente a la Iglesia. En ese sentido siempre fue demasiado prudente, al grado de que siendo jefe del gobierno capitalino le donó a la jerarquía los terrenos de la Plaza Mariana y del santuario de San Juan Diego.
–Si los dos polos son el PAN y el PRD, ¿dónde queda el PRI?
–En este terreno, el PRI ya se quedó sin identidad y totalmente desdibujado. Su imagen ya no queda definida como antes, cuando se le consideraba el partido liberal, laico y anticlerical. Ahora resulta que el PRI también juega a ser un partido católico.
“Su principal aspirante a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, hizo lo que ni siquiera un aspirante panista se atrevió a hacer: fue con el Papa a presentarle a su prometida, y además acompañado por el presidente del episcopado mexicano, Carlos Aguiar Retes, y por otros obispos del país.”
El especialista se refiere a la visita que el 16 de diciembre de 2009 realizó Peña Nieto al Vaticano, junto con su entonces prometida, la actriz Angélica Rivera. Una fotografía del encuentro se hizo circular profusamente. En ésta aparece el Papa Benedicto XVI bendiciendo a la pareja, mientras Aguiar Retes atestigua satisfecho.
Prosigue Masferrer:
“Ahora Peña Nieto está trabajando la imagen de lo que nosotros llamamos ‘el candidato temeroso de Dios’, bajo el supuesto de que el electorado dirá: ‘Será buen gobernante porque le teme a la justicia divina’. El panista Vicente Fox interpretó muy bien ese papel durante su campaña presidencial.
“Peña Nieto estudió en la Universidad Panamericana, del Opus Dei, e incluso como estudiante se alojó en la residencia universitaria de esa casa de estudios, la cual hará un par de años le rindió un homenaje por considerarlo uno de sus alumnos distinguidos. Sería un exceso decir que el gobernador del Estado de México pertenece al Opus Dei, pero sí cultiva buenas relaciones con los obispos, al grado de que está dispuesto a hacerles favores.”
El voto católico, sobrevalorado
Uno de los servicios que Peña Nieto le hizo a la Iglesia católica, indica Masferrer, fue impedir la realización de la Segunda Gran Feria Cristiana, un magno evento que las Iglesias evangélicas iban a realizar en Tlalnepantla, Estado de México, a principios de este año.
“Las autoridades bloquearon el acto poco antes de ser inaugurado. Creo que hubo una negociación entre Peña Nieto y el obispo de Tlalnepantla, Aguiar Retes, quien no quería que los evangélicos llevaran a cabo ese evento en su diócesis”, dice Masferrer.
Y añade que el PRI se alió con la Iglesia para impedir la legalización del aborto en varios congresos estatales, con el fin de ganarle la batalla jurídica a los grupos feministas y a un sector de la izquierda, que hasta el momento sólo han conseguido despenalizar el aborto en el Distrito Federal (Proceso 1730).
En la actualidad, asegura, el episcopado mexicano se está inclinando en favor del PRI y de Peña Nieto, ya que “los obispos tienen cierto desencanto con el PAN porque no cumplió con su promesa de darles mayor libertad religiosa. Es muy significativo, apunta, que hasta el presidente Felipe Calderón haya atacado a los obispos que respaldaron al priista Jorge Hank Rhon durante su reciente captura.
Masferrer no descarta que de llegar Peña Nieto a la Presidencia promueva la educación religiosa en las escuelas públicas, “una vieja demanda de la Iglesia”.
Agrega que ante la proximidad de las elecciones de 2012, los promotores del voto católico ya están operando abiertamente. Así se vio en los pasados comicios del Estado de México cuando la organización Voto Católico colocó espectaculares con la imagen de la Virgen de Guadalupe y una leyenda que decía: “¿Y ella por quién votaría”.
Y abunda: “Fue una maniobra para llegar directamente a la base católica y movilizar su voto. ¿Qué tanto impacto tuvieron esos espectaculares guadalupanos? No lo sabemos”.
–¿Qué tanta fuerza tiene el voto católico en general?
–Muy baja. De acuerdo con nuestras encuestas de campo, al momento de sufragar sólo 5% de los votantes toma en cuenta lo que le dice su ministro de culto. Es falso el supuesto de que toda la población católica votará por los candidatos aceptados por la jerarquía. Un caso muy ilustrativo fueron las elecciones de 1997 en el Distrito Federal. En esos comicios el candidato Cuauhtémoc Cárdenas dijo públicamente que no era creyente, mientras que el panista Carlos Castillo Peraza se asumió como católico. Y aún así ganó Cárdenas.
–¿Y el voto laico?
–Más de la mitad de los mexicanos tienen un concepto laico del voto. Están conscientes de la separación Iglesia- Estado y se encuentran dispuestos a defender el laicismo. No les quita el sueño la cuestión del aborto o de los homosexuales. Para ellos es más importante quién va a defender a los pobres.
En su nuevo libro Pluralidad religiosa en México; cifras y proyecciones –que empezará a circular en octubre próximo–, Masferrer rebate las cifras del censo de 2010 del Inegi. En éstas se asegura que son católicos 82.72% de los 112 millones de mexicanos. A lo mucho, apunta, la población católica es de 73%.
“Me basé –puntualiza– en las estadísticas sobre bautizos, primeras comuniones y matrimonios, dadas por la propia Iglesia en México. En realidad, los católicos mexicanos vienen siendo alrededor de dos tercios de la población, porcentaje muy similar al de Brasil, país que tiene el mayor número de católicos en el mundo.”
Y concluye: “En México hay una sobrevaluación censal de los católicos, lo mismo que se ha sobrevaluado su voto. Es más, hasta los mismos católicos ven con desconfianza a los candidatos que se hacen pasar como tales, pues han comprobado que sólo se aprovechan de la credulidad de la gente para cachar votos”.
Ejército sin fuero: decisión tardía e insuficiente
JORGE CARRASCO ARAIZAGA, GLORIA LETICIA DÍAZ
El freno que la Suprema Corte de Justicia le puso al fuero militar en asuntos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos todavía no se puede aplicar: es para el futuro. Los casos que se ventilan en cortes castrenses seguirán ahí hasta en tanto no se establezca una jurisprudencia en contrario y mientras no se reforme el Código de Justicia Militar, tarea que le compete al Legislativo y donde todo podría empantanarse. Por lo pronto a las víctimas civiles que forcejean con el Ejército en la Corte Interamericana no les quedará más que recurrir al amparo.
Pese a que es histórica, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de acotar el fuero militar será insuficiente para sancionar la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en tiempos pasados y en la guerra contra el narcotráfico.
Por primera vez en la historia del Ejército, el máximo tribunal del país puso límite al fuero castrense en respuesta a la presión internacional que desde hace años había sobre el Estado mexicano para impedir que los militares se juzguen a sí mismos cuando violan los derechos de los civiles.
En su sesión del martes 12, el pleno de ministros de la SCJN resolvió –a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh)– que las sentencias que dicten los jueces en todo el país deben apegarse a las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos, incluidas aquellas que restringen el fuero militar.
La decisión, sin embargo, no se traducirá en que el Supremo Tribunal Militar entregue a la justicia civil los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares contra civiles. Abogados que han litigado contra el Ejército para reclamar la jurisdicción ordinaria coinciden en que pasará mucho tiempo antes de que los militares declinen su competencia.
La SCJN estableció que se aplicará la justicia civil “en casos futuros”. Más aún, partes implicadas en las conversaciones con el gobierno de Calderón para el cumplimiento de los cuatro fallos emitidos por la Corte Interamericana contra el Estado mexicano revelaron a Proceso que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) notificó a la PGR que no entregará los expedientes de esos casos.
Además dijeron que funcionarios y legisladores del PAN confiaron en que por lo menos durante la presente administración no se llevarían a cabo las reformas necesarias para restringir el fuero castrense porque “hay indicios de que ministerios públicos han sido cooptados por el crimen organizado, por lo que resultaría preocupante que éstos investiguen el actuar militar”.
Una posición similar expresó el coronel Aníbal Trujillo Sánchez, subdirector de Asuntos Internacionales de la División General de Derechos Humanos de la Sedena, quien al día siguiente de la resolución de la Suprema Corte aseguró que el narcotráfico está detrás de la mayoría de las quejas contra el Ejército interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Se trata del mismo funcionario que en una sesión privada en la sede de la Coidh en Costa Rica consideró “terrorífico” que se transmitiera en vivo la sesión del 28 de junio de esa Corte –donde se abordaría la desaparición forzada de tres jóvenes en Chihuahua– “por seguridad del personal militar presuntamente involucrado en el asunto” (Proceso 1809).
Efectos del combate al narco
La salida de los militares ordenada por Calderón para cazar a narcotraficantes significó un marcado aumento de las violaciones a los derechos humanos, incluidas las consideradas delitos de lesa humanidad, como ejecuciones arbitrarias, tortura y desaparición forzada.
Hasta el día en que la Suprema Corte acotó el fuero militar, en la CNDH había 6 mil 463 quejas contra el Ejército y la Marina, contadas a partir de 2006. Nueve de cada 10 de ellas se interpusieron contra la Sedena (5 mil 904). Contra la Secretaría de Marina hay 559, en su mayoría a partir de que Calderón ordenó el despliegue en todo el territorio nacional de los marines mexicanos.
La mayoría de las quejas son por abuso de autoridad pero también hay investigaciones por asesinato, tortura y desaparición forzada. En lo que va del año se han registrado 850 quejas; 703 contra el Ejército y 147 contra la Marina. Entre ellas hay nueve contra el Ejército por privación de la vida, 28 por desaparición forzada, dos por tortura y 353 por tratos crueles, inhumanos o degradantes. Contra la Marina hay ocho por desaparición forzada, 71 por tratos crueles, inhumanos o degradantes y dos por tortura.
Uno de los lugares con el mayor número de quejas contra el Ejército es Ciudad Juárez. El visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Gustavo de la Rosa Hickerson, asegura que de marzo de 2008 a abril de 2010, cuando el Ejército estuvo a cargo del Operativo Conjunto Chihuahua, registró mil 300 quejas por abusos militares, entre ellas 21 relacionadas con desaparición forzada.
Pero las investigaciones están en manos del propio Ejército. En entrevista con Proceso, De la Rosa asegura que “el sistema de justicia militar tiene abiertos 465 casos de denuncias penales por abusos cometidos en Ciudad Juárez durante el tiempo en que estuvieron al frente de la seguridad pública de la ciudad”.
Hasta ahora la regla ha sido que los militares se investiguen y juzguen a sí mismos. Incluso en los cuatro casos en los que la Corte Interamericana ha fallado contra el Estado mexicano al acreditar la responsabilidad de efectivos del Ejército en violaciones a los derechos humanos cometidas a lo largo de tres décadas en Guerrero.
Se trata de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, ocurrida en agosto de 1974; la tortura de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, en1998, y las violaciones de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, en 2002.
En esos casos, que llegaron a la Coidh ante la negativa de justicia por parte del Estado mexicano, el organismo interamericano condenó la aplicación del fuero militar a civiles en México y pidió que se revisara el artículo 57 del Código de Justicia Militar (CJM) para adecuarlo al artículo 13 de la Constitución, según el cual “los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.
La primera sentencia condenatoria contra el Estado mexicano fue el 23 de noviembre de 2009 por la desaparición de Rosendo Radilla. En su fallo, la Corte Interamericana pidió a los tres poderes del Estado mexicano revisar y modificar su legislación para que los militares dejaran de hacerse cargo de las investigaciones de violaciones a los derechos humanos en las que hay civiles involucrados. Les dio un año de plazo.
Al Poder Judicial le pidió revisar la constitucionalidad del CJM, en particular de la fracción II del artículo 57 que ha sido utilizada como argumento legal para que esas violaciones cometidas contra la población civil sean investigadas y procesadas por tribunales castrenses.
Los ministros estuvieron en desacato más de medio año. El pleno de la SCJN comenzó a discutir el cumplimiento de la sentencia por parte del Poder Judicial el 31 de agosto del año pasado. Por mayoría, los ministros decidieron aplazar la discusión en espera de que el Congreso reformara el CJM, vigente desde el 28 de diciembre de 1932, cuando se publicó como decreto del entonces presidente Abelardo L. Rodríguez.
Parálisis política
La reforma al Código de Justicia Militar nunca llegó. En octubre de 2010, con el supuesto propósito de cumplir con la sentencia de la Coidh, Calderón propuso al Senado una reforma al CJM para que los tribunales civiles sean los que investiguen los delitos de desaparición forzada, tortura y violación sexual cometidas por militares. La iniciativa, que la propia Corte Interamericana consideró limitada, quedó subordinada a la discusión de la reforma de Ley de Seguridad Nacional, tampoco aprobada.
Ante la parálisis política, la Suprema Corte no tenía margen para cumplir su parte de la sentencia. Renuente hasta ahora a poner controles civiles a la actuación militares, luego de que en 1996 emitió cinco tesis jurisprudenciales para avalar la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, retomó la discusión sobre el fallo del caso Radilla en la primera semana de este mes, y luego de distintas votaciones la agotó apenas el jueves 14.
En su sesión del martes 5 resolvió por unanimidad que las sentencias condenatorias de la Coidh son obligatorias, aunque los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Luis María Aguilar Morales, Fernando Franco y Margarita Luna Ramos dieron su voto con reservas.
También decidió que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana en casos similares en los que México no sea parte, son orientadores para el Poder Judicial. Aunque una minoría de cinco ministros sostuvo que eran obligatorios, esa decisión no afecta el cumplimiento de la sentencia del caso Radilla.
En la votación central, el martes 12, los ministros decidieron por unanimidad –10, por la ausencia de la ministra Luna Ramos– que todos los jueces mexicanos están obligados a que sus sentencias sean conformes a la Constitución Política y a la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que se conoce como “control de convencionalidad”.
A pesar de las reservas de los ministros Aguirre, Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo Ortiz Mayagoitia, el pleno precisó que esa resolución se ajusta al nuevo artículo Primero de la Constitución, vigente desde junio pasado y que obliga a “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias”, a “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.
En esa sesión, el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, resumió el sentido de la votación: “Todos los jueces estamos obligados a buscar que nuestras resoluciones estén dictadas del modo como mejor se respeten los derechos humanos, no sólo previstos en la Constitución, sino en aquellos que tal vez con mayor detalle están en los tratados” internacionales.
En consecuencia los ministros decidieron que todos los jueces del Estado mexicano “deben replicar en casos futuros” el criterio de restricción del fuero militar en cumplimiento de la sentencia del caso Radilla y de la aplicación del artículo Primero de la Constitución.
Dijeron que, para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia, la Corte reasumirá su “competencia originaria” para intervenir cuando haya conflicto de competencia entre los juzgados civiles y militares en casos futuros de desaparición forzada, lo que le permitirá fijar jurisprudencia.
La voz de las víctimas
La noche de ese martes, el gobierno de Calderón intentó desvirtuar la resolución de la Suprema Corte. Las secretarías de Gobernación, de la Defensa y la de Marina emitieron un comunicado conjunto sobre “el criterio orientador” del máximo tribunal. Sin mencionar el cumplimiento de la sentencia de la Coidh por el caso Radilla, señalaron: “Se trabajará para cooperar con las instancias correspondientes con el fin de instrumentar en los casos concretos dicho criterio orientador”.
Ante la confusión promovida desde el Ejecutivo, la ministra Olga Sánchez Cordero tuvo que salir a aclarar el alcance de la resolución de la Corte. En una entrevista radiofónica señaló: “Se habló de criterios orientadores cuando hay precedentes de la Corte Interamericana en otros procesos en donde el Estado mexicano no sea parte… Pero en este caso (se trata) de una sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana al Estado mexicano que tiene que acatar, y si no la acata incurriría en una responsabilidad inclusive de carácter internacional”.
Entrevistados por Proceso, abogados de organizaciones de derechos humanos que litigaron los casos que orillaron a la Suprema Corte a restringir el fuero militar no son del todo optimistas con la resolución.
“Ciertamente el fallo abre una ventana de oportunidades, pero mientras no se modifique el artículo 57 del CJM los estándares internacionales nos van a seguir obligando a recurrir al amparo para impugnar la competencia del fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos”, considera Jacqueline Sáenz Andujo, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), representante legal de los campesinos ecologistas Montiel y Cabrera.
Además de continuar en la pelea por el cumplimiento de la sentencia que favoreció a ambos, el Centro Prodh lleva la defensa de dos víctimas de tortura de la que se responsabiliza a militares desplegados en Ciudad Juárez. También ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) representa a la viuda de uno de los cuatro asesinados por efectivos del Ejército en Santiago de los Caballeros, Sinaloa. Asimismo, la desaparición forzada de Alicia de los Ríos Merino, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, detenida en enero de 1978.
Sobre la nueva batalla que se avecina para víctimas y defensores, coinciden Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) –que llevó a la Coidh el caso de Rosendo Radilla–, y Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan (CDHMT), que defiende a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, agredidas sexualmente por soldados en 2002.
“Va a continuar el desgaste para las víctimas –señala Gutiérrez– porque de antemano sabemos que los casos van a seguir mandándose al fuero militar. Nosotros vamos a recurrir al amparo, mismo que va a ser enviado directamente a la Suprema Corte, con el resultado que ya sabemos: enviar los casos al fuero civil.”
Antes de la resolución de la Corte, la CMDPDH ya procesaba siete amparos para impugnar la jurisprudencia castrense en las investigaciones de cuatro casos de tortura: tres en Tijuana en 2008, cuyas víctimas son 25 expolicías municipales, cuatro civiles y dos expolicías ministeriales, y uno más ocurrido en 2009 en Tabasco, en el que los agraviados son 18 expolicías municipales.
La CMDPDH elabora otro amparo por el caso de la desaparición del marino Paolo César Cano Montero, ocurrida en octubre de 2010, así como de dos ejecuciones extrajudiciales en Morelos y Veracruz, en ese mismo año.
Santiago Aguirre está convencido de que los defensores van a seguir batallando con el Ejército: “La posición de la Sedena va a ser: ‘¿Quieren que se aplique lo de la Suprema Corte? Presenten sus amparos’. En el tiempo por venir eso es insostenible, pero mientras no se establezca jurisprudencia y no se reforme el CJM, vamos a seguir peleando por que los casos sean llevados a tribunales independientes”.
Para Aguirre el mejor ejemplo de la falta de voluntad del gobierno de Calderón para llevar a juicio a militares transgresores son los casos de las indígenas guerrerenses Inés y Valentina.
“Cuando se instaló en la Secretaría de Gobernación la mesa de justicia para el cumplimiento de las sentencias, el 19 de mayo de este año, nos propusieron que el Ministerio Público del fuero común de Guerrero abriera las averiguaciones previas”, cuenta Aguirre.
Precisa: “Nosotros rechazamos esa pretensión, porque nuevamente están negando que hayan sido militares los que violaron a Valentina e Inés, toda vez que la Procuraduría de Guerrero no tiene competencia para investigar a servidores públicos federales, como es el caso de los militares, sino que tiene que ser la Procuraduría General de la República (PGR), porque las sentencias de la Coidh determinaron la responsabilidad de personal militar en las agresiones”.
El abogado del CDHMT agrega que el actual procurador de Guerrero, Alberto López Rosas, “entendió con claridad la sentencia de la Coidh y notificó a la procuradora Marisela Morales que no estaba dispuesto a integrar las averiguaciones previas”.
El secretario técnico de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de México (Afadem), Julio Mata Montiel, explica otro ejemplo de la falta de voluntad del gobierno para acatar las sentencias y juzgar a los militares:
“En una reunión de trabajo con la Secretaría de Gobernación, la titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Omeheira López Reyna, nos decía que por favor le diéramos los nombres de los responsables de la desaparición de Rosendo Radilla para encontrarlo y cumplir con esa parte de la sentencia.
“Yo casi le miento la madre. Le pregunté si se estaba burlando de nosotros o qué le pasaba, cómo era posible que nos pidiera información que sólo tiene el Ejército y que documentó la PGR; ellos tienen la lista de la cadena de mando. Nos quedó claro que a esa señora y a los que iban con ella les pagan para proteger a los militares.”
La Afadem coadyuva en 300 casos de desaparecidos en Atoyac durante la guerra sucia de los setenta y ochenta, “asuntos que hasta ahora están empantanados y en los que hubo participación de militares”.
Para Alejandra Nuño, directora del Centro de Justicia y Derecho Internacional, organización que ha litigado con las mexicanas los casos que implican a militares ante la Coidh, el “paso histórico que dio la Suprema Corte tiene que estar acompañado de reformas estructurales para que se vea reflejado en la práctica”.
En entrevista vía telefónica desde Costa Rica, Nuño sostiene que “hace unos meses lo que veíamos era un frente común de los tres poderes avalando el fuero militar; con la determinación de la Suprema Corte se rompe ese frente y se mete presión a los otros poderes para cumplir con sus obligaciones internacionales”.
Sin embargo, admite, “en tanto el Congreso no de luz de qué tipo de discusión va a tener para reformar el fuero militar, si se va a atrever a ponerle controles civiles a las Fuerzas Armadas, todo va a seguir más o menos igual”.
México no es cuartel
JOHN M. ACKERMAN
Ha llegado la hora para el retiro de los militares de las calles. La situación actual ya no es sostenible, con casi 50 mil integrantes de las fuerzas armadas que se encargan de manera cotidiana de tareas de seguridad pública. Estamos en una coyuntura de abuso generalizado contra los derechos humanos y de violación flagrante a la Constitución, así como frente a un abierto fracaso en el combate a la violencia y a la delincuencia organizada. Es imperativo determinar una fecha específica y cercana para el retorno de los soldados a sus cuarteles.
En su momento, el gobierno federal justificó la estrategia de recurrir al Ejército y a la Marina como una medida temporal que supliría a las corporaciones policiacas del país mientras éstas “limpiaban” y “profesionalizaban” su personal. Pero la “medida temporal” se ha convertido en una misión permanente para “mantener la paz” en toda la República. De allí la desesperación por aprobar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que buscan “legalizar” las acciones que hoy violentan gravemente el mandato constitucional de que los militares únicamente puedan “ejercer funciones” que “tengan exacta conexión con la disciplina militar” (artículo 129).
Estamos por cumplir cinco años del inicio de la “guerra” de Felipe Calderón y las autoridades no cansan de informarnos que los militares deberán seguir en las calles durante por lo menos siete o 10 años más. Pero no existe ninguna garantía de que al término de este plazo no se pida una prórroga por otro periodo igual, y así sucesivamente hasta que se eternice la estrategia actual. Asimismo, cada vez más mandos militares son nombrados jefes de corporaciones policiacas y procuradurías estatales. Más que un plan de desmilitarización, hoy asistimos a un evidente proceso de profundización de la vía militar.
Recientemente han surgido voces que, si bien son críticas de la militarización, cuestionan la demanda de un retiro inmediato de las fuerzas armadas en todo el país. Señalan que encuartelar a todos los militares de golpe sería igual de irresponsable que su atropellado despliegue al principio del mandato de Calderón. También invitan a reflexionar sobre las diferencias entre diversas zonas del país, en algunas de las cuales la influencia militar supuestamente ha sido positiva, o por lo menos no tan nociva, como en Cherán, Michoacán, en comparación con otras, como Ciudad Juárez.
Estos puntos de vista son muy respetables, y hasta correctos desde un punto de vista estrictamente práctico. Sin embargo, en el plano estratégico se encuentran gravemente equivocadas. El peligro es que al suavizar la demanda social quedemos presos del juego de Calderón, que busca presentar a las fuerzas armadas como la única solución frente a la barbarie y el desmoronamiento institucional.
Hoy la sociedad no puede darse el lujo de solamente exigir la “desmilitarización” en abstracto. Un reclamo de esta naturaleza será fácilmente asimilado por el gobierno, que aplazará artificialmente el retiro de las fuerzas armadas, tal y como ya está ocurriendo. Si la ciudadanía quiere tener la posibilidad de incidir realmente en las políticas gubernamentales tiene que retomar el grito histórico del movimiento de solidaridad con Chiapas en 1994 (“Chiapas, Chiapas no es cuartel. Fuera Ejército de él”) y aplicarlo al resto del país.
Las fuerzas armadas hoy han llegado a ser más parte del problema que de la solución. Si bien puede ser cierto que en algunas partes del país su llegada ha llenado un gran vacío generado por la corrupción y la inefectividad de las instituciones y autoridades locales, su permanencia en esta función garantiza que los problemas de fondo, por ejemplo la profesionalizacion de la fuerza pública o la atención a la juventud, no se resuelvan en el corto plazo. Con el pretexto de tener supuestamente “controlado” el tema con hombres uniformados y fuertemente armados que patrullan las calles, ya no existe la misma presión social o compromiso institucional para atender la problemática de raíz.
Asimismo, las fuerzas armadas de ninguna manera escapan a la corrupción y no están capacitadas para realizar tareas de seguridad pública. Tarde o temprano los militares caerán presos de las mismas prácticas de complicidad e inefectividad de los policías. La utilización política del Ejército en el caso de la detención de Jorge Hank Rhon y las miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos por militares son ejemplos claros de ello. Las protecciones garantizadas por el fuero militar, asunto todavía no resuelto aún con los nuevos criterios de la Suprema Corte, también ayudan a propiciar este escenario al garantizar la impunidad de los delitos cometidos contra civiles.
Lo realmente grave es que a la postre el despliegue permanente de los soldados podría desembocar en la pérdida de confianza de la sociedad entera en la institución militar. Así, la ciudadanía se encontraría en una verdadera situación límite, ya que ahora sí tendría que exigir el retiro inmediato de las fuerzas militares sin que existiera ninguna otra fuerza disponible para reemplazarlas.
Actuemos y exijamos ahora, antes de que sea demasiado tarde. En lugar de buscar vías para la “legalización” de la violación permanente a la Constitución con la aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional durante un periodo extraordinario legislativo, el gobierno federal y el Congreso de la Unión deberían fijar de una vez por todas una fecha específica y un plan detallado para el retiro de las topas de nuestras calles, pueblos y hogares antes de las elecciones de 2012. l
johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
IFE: El arte de polarizar
ERNESTO VILLANUEVA
El árbitro electoral se ha convertido en el protagonista de un juego que, con más sombras que luces, está teniendo un efecto búmerang que afecta sobremanera el interés público y la reproducción de pautas democráticas. Existen elementos que permiten sustentar mi anterior afirmación. Veamos.
Primero. Nada se ha sabido sobre los presumibles actos de corrupción del secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, y su entorno con la compra irregular, por decir lo menos, de un edificio en la calle de Acoxpa en la Ciudad de México, de lo que aquí se dio cuenta detallada (Proceso 1798). Ni aclaraciones o deslindes ni tampoco responsabilidades legales han tenido lugar. Se apostó a dejar pasar la aparente comisión de esa serie de conductas al margen de la ley, acaso con la intención de que, como la impunidad y la corrupción son vocablos tan extendidos, pronto se olvidara de la memoria pública este caso concreto.
Resulta contradictorio que, por un lado, el IFE y algunas voces sociales formulen encendidos llamados, generalmente dotados de buena porción de argumentos ideológicos, para proteger al IFE del “embate” de las fuerzas del lado oscuro y, por otro, haya silencio a los actos censurables del propio IFE dando por buenos, así sea en forma implícita, estos hechos que con datos duros de su probable comisión sí erosionan el prestigio social de la autoridad electoral.
Segundo. Con una visión maniquea el IFE se aventuró a intentar normar el derecho de réplica establecido en el artículo 6º de la Constitución. Animado por sus propias convicciones –que pueden ser compartidas y yo las comparto– pero sin base legal alguna, invocó razones jurídicas infundadas y no motivadas. Al no encontrar ningún fundamento en el Código Electoral (Cofipe) no tuvo empacho en afirmar que al regular el derecho de réplica cumplía una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Es evidente que el Poder Judicial carece de atribuciones para obligar a legislar incluso al legislador, con mayor razón a un órgano administrativo, así tenga autonomía constitucional. Por si hubiera dudas la Suprema Corte ha resuelto con carácter de jurisprudencia que las omisiones legislativas absolutas (que es el caso, porque no se ha aprobado la ley que debe desarrollar el derecho de réplica) “son aquellas en las que dichos órganos (legislativos) pueden decidir si las ejercen o no y el momento en que lo harán; de manera que esta competencia en sentido estricto no implica una obligación, sino la posibilidad establecida en el ordenamiento jurídico de crear, modificar o suprimir normas generales, es decir, los órganos legislativos cuentan con la potestad de decidir libremente si crean determinada norma jurídica y el momento en que lo harán”. (Jurisprudencia 10/2006, controversia constitucional 14/2005.)
Peor todavía para el IFE: con claro razonamiento jurídico la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, precisó que la sentencia –que a decir del IFE sirvió de sustento a su decisión para normar el derecho de réplica– “es una resolución en un sentido que no es jurisprudencia. Es un criterio relevante, un precedente del Tribunal, pero lo más importante es que nosotros no ordenamos reglamentar y la resolución es pública”. (Vanguardia, 23-06-2011.)
De esta suerte el IFE quedó en un estado de indefensión argumentativa y mostró su vena autoritaria con todos los costos para esa institución y sin ningún beneficio para la sociedad. Por si lo anterior no hubiera sido suficiente, el IFE ha hecho reformas al artículo 17 del Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral para lo cual, habría que decirlo, sí cuenta con atribuciones legales a diferencia del derecho de réplica. En principio, la reforma permite la oportunidad para la transmisión de los spots electorales, de suerte que el tiempo máximo para iniciar su transmisión pase de 5 a 3 días hábiles.
El problema es que el IFE no generó en ese momento lineamientos operativos que demuestren de manera razonable que concesionarios y permisionarios pueden cumplir con esos plazos. Es cierto que se ha dicho que sí es posible técnicamente que los radiodifusores y las televisoras observen puntualmente los términos de la reforma de referencia. Hasta ahora, empero, no se han citado fuentes idóneas para hacerse valer en un proceso jurisdiccional. Cabe recordar que los órganos jurisdiccionales no resuelven con base en los criterios públicos de lo que es correcto o no lo es, sino de la buena factura de la demanda y de la contestación. De esta suerte, es posible que el TEPJF se vaya por una resolución atendiendo a la forma y no al fondo de este asunto.
Tercero. Una de cal por las que van de arena: Estoy convencido de que el reconocimiento inicial de las radios comunitarias que hizo el IFE fue positivo. La iniciativa del consejero electoral Marco Antonio Baños ha sido la única que hasta ahora genera un contrapeso positivo a los yerros del comportamiento del árbitro electoral. Es positiva porque trata diferente a los diferentes con la ley en la mano. Si bien es verdad que, como ha señalado la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), el reconocimiento a las radios comunitarias no está expresamente en la ley respectiva (la Federal de Radio y Televisión), también lo es que el IFE salvó ese vicio de nulidad al incluir la frase “permisionarios privados sin fines de lucro”, que es precisamente una de las formas jurídicas para la explotación del espectro electromagnético.
En 2009 la sociedad atestiguó cómo la ausencia de este criterio diferenciador generó complicaciones para el cumplimiento a rajatabla de los criterios de la transmisión de los spots electorales, lo que finalmente fue resuelto con tino por el Comité de Radiodifusión del IFE presidido por el entonces consejero electoral Virgilio Andrade. Hoy, al menos en ese aspecto no habrá mayores problemas. Todavía faltan varios meses para iniciar el que seguramente será un competido proceso electoral y ya el IFE muestra signos de un barco a la deriva. Si ahora empieza violando la Constitución y la ley, con qué calidad moral podrá exigir a los actores electorales de 2012 que se ajusten estrictamente al principio de legalidad, transparencia y rendición de cuentas que el propio IFE no cumple.
ernestovillanueva.blogspot.com
Twitter: @evillanuevamx
Estrategias de Elba Esther Gordillo
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
El 22 de noviembre de 1999 escribí en la Plaza Pública que aparece en los diarios del Grupo Reforma, y más de 20 periódicos en casi toda la República (excepto Pachuca, pues no soy profeta en mi tierra), el texto siguiente que, aunque se explica por sí mismo, amerita algunas líneas adicionales:
“Un grupo de personas muy respetables y respetadas, distinguidas en sus tareas públicas: Luis F. Aguilar, Cristina Barros, Roger Díaz de Cosío, María de Ibarrola, Aurora Loyo, Josefina McGregor, Jesús Martín del Campo, Héctor Nava Jaimes y Rafael Pérez Pascual, a cuyos prestigios agrego mi nombre, anunció el jueves pasado (19 de noviembre de 1999) su retiro del patronato de la Fundación SNTE para la cultura del maestro mexicano. Yo mismo había anticipado el 23 de octubre mi dimisión a la tesorería de esa asociación civil y a mi lugar en el comité técnico del fideicomiso al que se alude al final de esta comunicación. Al publicarlo aquí, pues se trata de un asunto de interés general, hago mío por entero el texto sobre su renuncia:
“‘Tuvimos el honor de participar en el patronato que respaldó desde su creación en 1991 los trabajos de la Fundación SNTE para la cultura del maestro mexicano. Aceptamos integrarnos a él porque este órgano de gobierno sería garante de que estos trabajos se desarrollarían con autonomía académica e ideológica, formulando orientaciones para la política educativa y realizando investigaciones para el mejoramiento de la educación pública del país. Constituyeron el patronato, asociación civil formalmente independiente del SNTE, personas con trayectorias distintas y puntos de vista que reflejaban la pluralidad.
“‘Con un pequeño grupo de colaboradores y la aplicación eficiente de un reducido presupuesto proveniente de las cuotas que los maestros aportan mensualmente a su sindicato, la Fundación logró obtener reconocimiento en México y en el extranjero. Tuvo presencia en la mayoría de los estados del país, impartiendo un promedio de 40 cursos y más de 100 conferencias por año. Se han publicado cerca de 20 libros y más de 24 números de la revista Básica, reconocida hoy por la UNESCO por su calidad. Por invitación de la SEP esas publicaciones están en las bibliotecas de los centros del país y de las escuelas normales.
“‘Se estableció un programa de televisión de transmisión semanal: Los viernes de la Fundación, y un concurso bianual en que participaron los maestros del país con trabajos que recogían sus experiencias como docentes. Un grupo de investigadores de la Fundación ganó el concurso convocado por la SEP con el libro de Español de primaria; otro equipo elaboró la Guía de la educación ambiental, y se impulsaron las convenciones nacionales de profesores de enseñanza de las ciencias.
“‘La Fundación tuvo importante influencia nacional e internacional en la conceptualización de nuevos elementos para reconocer y respetar la pluralidad de las culturas indígenas en el sistema educativo. En el área de secundaria se produjeron varios de los escasos libros que existen actualmente en ese nivel. También se prepararon documentos que sirven de apoyo a los consejos técnicos escolares y se editó la única investigación estadísticamente representativa acerca de las condiciones sociodemográficas y de trabajo del magisterio, vigentes a la fecha en nuestro país. Se logró un convenio con UNICEF para elaborar estudios que permitan la reincorporación de los niños de la calle a las escuelas.
“‘Dio también múltiples asesorías académicas al SNTE y fue responsable de elaborar documentos base para dos congresos internacionales. El de la Confederación de educadores americanos de 1994 y la Cumbre internacional de educación de 1997, además de los dos primeros congresos nacionales del SNTE. Logró asimismo encauzar todas las resoluciones del primero de esos congresos y dirigir y coordinar el libro Diez propuestas para elevar la calidad de la educación pública.
“‘De manera unilateral, el presidente del patronato, profesor y licenciado Manuel Bravo Jiménez, la directora que funcionaba como enlace con la comisión ejecutiva del patronato, profesora Laura Barcia, y el propio SNTE, decidieron liquidar al personal de la Fundación y comenzar una nueva época, sin que ninguno de nosotros fuera informado de una decisión que correspondía a la asamblea.
“‘Lamentamos esta situación, porque representa una pérdida para el SNTE y para el magisterio en su conjunto. Por estar en desacuerdo con estos acontecimientos, presentamos cada uno por separado nuestra renuncia irrevocable ante el presidente del patronato. Comunicamos esta decisión a la opinión pública porque consideramos necesario deslindarnos de los despidos que ocurrieron el pasado 15 de octubre, así como de las acciones que tengan lugar a partir del 17 de noviembre. Queda en manos de los integrantes del patronato que aún no han renunciado, y entre quienes se encuentran varios miembros del SNTE, un fideicomiso con el que se inició la Fundación en 1991, que hasta la fecha no se ha tocado, y que alcanza la cantidad de 15 millones 600 mil pesos, bienes muebles y el hasta ahora bien ganado prestigio de la Fundación’.
“Hasta allí la declaración de los ya exmiembros del patronato y de la Fundación, Por mi parte añado que ese desenlace, agraviante para los patronos que desinteresadamente aportaron su colaboración a las tareas de la Fundación, se produjo por un cambio en las expectativas y necesidades políticas del SNTE. Crear la Fundación fue una de las iniciativas lanzadas por la profesora Elba Esther Gordillo para modificar la imagen del sindicato magisterial, inmediatamente después de que reemplazó en el liderazgo real al profesor Carlos Jonguitud. Consolidada hoy en esa posición, dirige su energía hacia rumbos más directamente políticos.”
Eso escribí hace casi 12 años. Reitero ahora la certeza de ese breve diagnóstico. En 10 años la posición formal de Gordillo había transitado de ser una secretaria general provisional, designada por Carlos Salinas, que la escogió para desplazar a Jonguitud, a ser la dirigente real de un sindicato que tenía un secretario general de parapeto. Hacia 1991, para alimentar esa transición, había dado claras muestras de una modernidad a que convocó a muchas personas. Fue especialmente notable el caso de Olac Fuentes Molinar. Profesor normalista y filósofo, el chihuahuense era, en los años setenta y ochenta el principal y más calificado crítico del sindicato magisterial. Por ello, al arribar al liderazgo, Gordillo quiso conocerlo y cooptarlo. Fuentes Molinar no lo permitió. Desafió en cambio a la profesora a crear una instancia, ajena al sindicato pero con su apoyo, que emprendiera tareas de investigación para las cuales él estaba especialmente preparado y las desempeñaba en el departamento de educación del Cinvestav. Gordillo le tomó la palabra y accedió a crear la Fundación. Fuentes Molinar la concibió, la organizó, invitó a la mayor parte de los miembros del patronato, la echó a andar. Fue su creatura.
Sin embargo, en las negociaciones para el acuerdo nacional de modernización de la enseñanza, el secretario Zedillo percibió su potencial, expresado en las sesiones en que asesoraba a Gordillo. Lo invitó a ser subsecretario, donde tendría espacio más amplio y sólido para transformar sus convicciones en planes y programas, y dejó la Fundación. Lo reemplazo don Manuel Bravo Jiménez, un prestigiado y experimentado maestro que había hecho grandes aportaciones a la enseñanza formal e informal. Pero el ámbito en que se le forzó a ejercer la presidencia era cada vez más estrecho, hasta llegar al desenlace narrado en la renuncia de los miembros del patronato.
Por mi lado fui un peculiar tesorero de la fundación. Jamás ejercí función alguna pues el fideicomiso fue congelado por las circunstancias internas del sindicato. Nunca firmé un cheque ni hice depósitos ni retiros. Fui un tesorero sin tesoro.
El Estado delincuencial y la no-violencia
JAVIER SICILIA
Las declaraciones que el 29 de junio hizo Elba Esther Gordillo muestran no sólo lo que a lo largo de estos meses hemos denunciado –las instituciones del Estado están podridas–, sino su carácter delincuencial. Lo que Elba Esther declaró en relación con las prebendas y compromisos que permitieron al gobierno de Calderón llegar al poder revela el orden criminal de nuestra clase política: lo que importa no es la ciudadanía, sino el poder, el dinero y la impunidad, cuesten lo que cuesten.
Esta evidencia, de todos conocida –recordemos a Hank Rhon, a Molinar Horcasitas y a Bours después del caso de la guardería ABC, a los funcionarios de la procuraduría de Nuevo León delante de las víctimas de desaparecidos: “No tenemos nada para ustedes”, etcétera–, deja claro que si los criminales están actuando como lo hacen a lo largo y ancho del país es porque nuestra clase política vive una forma de criminalidad tan impune como la de la delincuencia que dice combatir. La vida política de nuestro país es, para parafrasear a Clausewitz, es la continuación de la delincuencia por otros medios. El resultado es el horror de 40 mil muertos, 10 mil desparecidos, 120 mil desplazados, 98% de los crímenes impunes y una clase política que cobra inmensos salarios para destrozar, al lado de los criminales, la vida de los hombres, mujeres, jóvenes y niños de este país.
Esta realidad tiene su base no en la corrupción de las instituciones, sino en la propia violencia legítima en la que el Estado se funda y que no se distingue de la de los criminales porque una y otra persiguen lo mismo: el poder y el dinero a toda costa. Unos y otros buscan parasitar, como lo señala Jean Robert, “los flujos de dinero sobrevalorado por la prohibición de la droga o los recursos públicos destinados a su persecución en el caso de las instituciones –armas, policías, ejército, educación–”. Se trata, como lo muestran las declaraciones de Elba Esther, del fraude como modo de vida. En una sociedad en donde se legitima el dinero y el poder como las claves fundamentales de la existencia, se multiplican organismos sociales “semejantes –dice Robert– a esas plantas llamadas saprofitas que se alimentan de la descomposición del huésped al que matan lentamente”. Así, las organizaciones criminales se han ido poco a poco convirtiendo en el modelo de esos parásitos sociales que vía el SNTE y los partidos se enquistan en las instituciones del Estado para reproducir la violencia criminal. Esta realidad, que nos ha sumido en el dolor, tiene que ver con una abolición progresiva de los límites donde las nociones de justa medida, de proporción y de vida buena, esas realidades donde la ética florece, perdieron su sentido y permitieron establecer redes y organizaciones parásitas que pueden habitar impunemente en todo el país. Al usar técnicas fraudulentas y hacer de la depredación, del pillaje y del crimen simples técnicas de gestión, la verdadera diferencia entre el crimen legal y el crimen ilegal sólo es una diferencia de intensidad. “En las zonas calientes –vuelvo a Robert– de choque frontal con lo que queda de la legalidad, el espectáculo del homicidio (y del horror) se vuelve(n) cotidiano(s), y en las zonas tibias, en donde no encuentra resistencia, el fraude de baja intensidad (como el que nos reveló Elba Esther y al que nos tiene acostumbrados la clase política) se vuelve instrumento de gestión”. Con ello lo que queda de nuestra vida civil es un aparato monstruoso de organismos parásitos que rápidamente van devorando cualquier sentido del bien.
Mientras los partidos y los gobiernos que nacen de ellos protejan la delincuencia y el crimen legal y no lo castiguen; mientras continúen parasitando a la ciudadanía y se nieguen a darle instrumentos políticos de participación vía una profunda Reforma Política y una verdadera Ley de Seguridad y de Víctimas; mientras su forma de vida sea el crimen, el horror se irá extendiendo y nosotros continuaremos padeciendo sus infernales costos.
Frente a eso, lo único que la sociedad tiene es la reserva moral que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad puso en marcha. Al movilizarse en nombre de sus muertos, el Movimiento develó el grado de inhumanidad al que la delincuencia nos ha reducido, y al hacerlo no sólo puso en movimiento la paz de la gente, sino que, al recuperar las fronteras de la ética, ha hecho visible las relaciones humanas que la criminalidad nos quiere arrancar. Al caminar, al ir al encuentro de las víctimas del parasitismo criminal, al abrazarlas, al consolarlas, al ir codo con codo hasta las organizaciones parásitas del Estado e increparlas y presionarlas de manera no-violenta para que sirvan a la vida humana, la gente no sólo ha mostrado la fuerza de lo débil, de lo que escapa a la monstruosidad y funda lo humano, sino también ha ido golpeando las conciencias de los hombres de Estado para mostrarles que lo humano nace del amor. Este amor puede, como lo mostró Gandhi, conseguir la paz y la justicia. “Para alcanzar un resultado decisivo –decía el Mahatma–, no basta con convencer a la razón; hay que tocar también el corazón (…) Ese es el único medio para ver cómo se abre en el hombre otra clase de comprensión (…)”.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz y cambiar la estrategia de seguridad.
Puntualizaciones sobre el reportaje de casinos Del jefe de prensa de Santiago Creel
Señor director:
Me refiero a la nota intitulada Los casinos: abusos, anarquía, narco…, suscrita por Jesusa Cervantes y Luciano Campos, publicada en la prestigiada revista Proceso el pasado 10 de julio (edición 1810).
Respecto de su contenido, hago las siguientes precisiones:
1. El Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos que promovió el exsecretario de Gobernación Santiago Creel Miranda y que se publicó en el Diario Oficial el 17 de septiembre de 2004 (que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró constitucional en 2005) no autoriza, en modo alguno, la operación de casinos. Simplemente reglamenta los juegos con apuesta y los sorteos, permitidos expresamente por el artículo 73, fracción X, de la Constitución, y por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, expedida por el Congreso de la Unión y vigente desde enero de 1948. Basta leer el mencionado Reglamento para darse cuenta que no hay referencia alguna y mucho menos debe haber autorizaciones, para la instalación u operación de casinos.
2. El entonces secretario de Gobernación, efectivamente, acabó con la caja chica que significaban los permisos para desarrollar actividades de juegos con apuesta y sorteos. Con la expedición del reglamento, el otorgamiento de los permisos dejó de ser una facultad discrecional del secretario de Gobernación. Hoy existen reglas estrictas, claras e iguales para todos los solicitantes. Los ingresos que se obtienen por tales permisos son enterados, íntegramente, a la Tesorería de la Federación.
3. Es correcta la tesis del diputado Héctor Gutiérrez de la Garza: no se trata de acabar con el juego, sino de regularlo y saber a dónde va el dinero. Sin embargo, llama la atención que durante su gestión como diputado federal, el propio Héctor Gutiérrez se haya opuesto a modernizar y poner al día la vieja, obsoleta e insuficiente Ley Federal de Juegos y Sorteos que data de seis décadas. Él mismo presidió la comisión especial de la Cámara de Diputados que revisó y auditó los permisos otorgados durante la gestión del licenciado Creel al frente de la Segob. Nada irregular ni ilegal encontró, como tampoco encontraron nada la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la propia Procuraduría General de la República.
4. La aseveración del diputado Gutiérrez de la Garza, en el sentido de que a partir de la vigencia del reglamento se otorgaron permisos a empresas con accionistas inciertos, es absolutamente falsa (al menos por lo que hace a la gestión del licenciado Creel en Gobernación). Los permisos están perfectamente documentados y soportados.
5. Los permisos que emitió la Secretaría de Gobernación para la apertura de esos establecimientos están sujetos a la aprobación de los gobiernos locales y municipales respectivos. Su número y ubicación debe pasar por esas autorizaciones. Por lo que habrá que voltear a ver a esas instancias para analizar en qué términos y condiciones se otorgaron tales autorizaciones.
6. Varias cosas han pasado desde que se frenó la emisión de permisos al amparo del nuevo reglamento:
a.- Ha proliferado el juego ilegal.
b.- La gran mayoría de las nuevas presuntas operaciones legales se han abierto con amparos y no con permisos de la Secretaría de Gobernación y mucho menos con aquellos otorgados en la época en que fue titular el licenciado Creel.
c.- Tal y como se registra en diversas informaciones que han sido publicadas, ahora, en algunos casos se permite inclusive el juego de cartas y otros más, que son propios de casinos, lo que ciertamente no ocurrió durante la gestión del licenciado Santiago Creel.
7. Reitero: los permisos que se otorgaron durante la gestión del licenciado Creel eran parte de una política pública que tenía la intención de combatir el juego ilegal y hacer que estas operaciones fueran perfectamente acotadas, transparentes, autorizadas por los gobiernos locales y municipales, con operadores sujetos a un escrutinio permanente de su identidad y solvencia moral y económica, sujetos, además al pago de impuestos federales (hoy las operaciones de juego reguladas por el nuevo reglamento ascienden a varios cientos de millones de pesos).
8. La emisión de permisos, de acuerdo con el nuevo reglamento, fue frenada por un litigio político que surgió en la precampaña del licenciado Creel en 2005, auspiciada por quienes deseaban seguir operando en la ilegalidad y por algunos grupos y personas de buena fe que, quizá por falta de información, adoptaron esa postura que hoy se traduce en estas consecuencias tan negativas para el país y que además están a la vista de todos.
Atentamente:
Felipe de Jesús González Castañeda
Coordinador de Comunicación Social
del Lic. Santiago Creel Miranda
Respuesta de los reporteros
Señor director:
En respuesta a la carta enviada por Felipe de Jesús González Castañeda, “Coordinador de Comunicación Social del Lic. Santiago Creel Miranda”, sólo nos resta agradecerle sus precisiones, pues no desmienten nuestro reportaje; por el contrario, lo refuerzan, como con el dato de que el Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos fue promovido por Creel Miranda, y de que al amparo del mismo “ha proliferado el juego ilegal”.
Igualmente lo robustece al poner en duda la operación legal de algunos casinos, cuando señala que “la gran mayoría de las nuevas presuntas operaciones legales se han abierto con amparos”.
Por lo que califica como “reglas estrictas, claras e iguales”, sólo queda preguntarse cómo es entonces que los jueces han encontrado resquicios legales para otorgar amparos a permisionarios.
En la misiva se afirma que Creel “acabó con la caja chica que significaban los permisos para desarrollar actividades de juegos con apuesta y sorteos”; sin embargo, el exdiputado federal Héctor Gutiérrez de la Garza, quien presidió la comisión especial que revisó y auditó los permisos otorgados durante la administración de Creel, considera lo contrario al señalar que se convirtió en “la caja grande”. Igualmente el exlegislador asegura que hubo dudas sobre quiénes eran algunos accionistas.
En cuanto a que el “número y ubicación” de casinos pasa por la autorización de gobiernos locales y municipales y por lo tanto hay que “voltear” a ellos, queremos precisar que si no hay permisos federales no puede haber permisos municipales. Y como se sostiene en el reportaje, la proliferación de casinos ha sucedido en administraciones locales panistas.
Finalmente, el punto ocho es una aseveración del señor González Castañeda, pero igualmente refuerza el contenido de nuestro reportaje.
Atentamente
Jesusa Cervantes y Luciano Campos
Los contratos del saqueo y la respuesta de Pemex
Del gerente de Comunicación Social de Petróleos Mexicanos
Respecto del artículo titulado Pemex: los contratos del saqueo, publicado en la edición 1810 de Proceso, es necesario aclarar lo siguiente, a fin de que sus lectores cuenten con información precisa y ajustada a la realidad.
La nota inicia afirmando que el subdirector de Producción de Pemex Refinación, Bernardo de la Garza, “…sigue asignando contratos directos a las empresas de sus amigos” sin presentar ninguna evidencia de la vinculación de dicho funcionario, o de las otras personas señaladas, con las empresas en cuestión.
Más allá de lo anterior, respecto del contenido de la nota cabe señalar:
-Pemex Refinación suscribió dos contratos, por un monto de 15 millones y 26 millones de dólares, con KBC Advanced Technology, Inc., mediante adjudicación directa, luego del dictamen aprobatorio de las instancias competentes. Su objeto consistió en la mejora del desempeño operativo de las refinerías de Madero, Salina Cruz, Cadereyta, Tula, Salamanca y Minatitlán del Sistema Nacional de Refinación.
-Los dos contratos referentes a la ejecución de trabajos de mantenimiento en la refinería de Ciudad Madero fueron asignados directamente por funcionarios de la propia refinería, en un proceso transparente y apegado a la normatividad, sin la intervención del subdirector ni de su secretario particular. Cabe señalar que los trabajos fueron realizados de manera correcta y entregados satisfactoriamente.
-El depósito de 230 mil pesos a la cuenta de la esposa del subdirector de Producción de Pemex Refinación corresponde a un crédito de nómina contratado con Banamex, y existen documentos del propio banco que así lo acreditan.
-En la primera quincena del presente mes, el subdirector se percató de dos depósitos, de 50 mil pesos en efectivo cada uno, que se realizaron a su cuenta de cheques y cuya procedencia desconoce. De inmediato, solicitó aclaración al banco y denunció los hechos ante el Órgano Interno de Control, lo cual consta por escrito. Una vez concluida la investigación del banco, procederá a hacer la denuncia respectiva ante el Ministerio Público, ya que evidentemente se trata de una maniobra sospechosa, muy probablemente con fines de descrédito.
-Los depósitos mensuales a la cuenta de Carlos Riquelme corresponden a su participación en el despacho de abogados en que prestaba sus servicios antes de ingresar a Pemex el 27 de junio de 2010 y que aún le genera ingresos. Este despacho no tiene vínculos con Pemex ni con las empresas mencionadas en la nota y la documentación que comprueba los ingresos del señor Riquelme está disponible.
Resulta preocupante que datos personales, como estados de cuenta particulares que incluyen nombre y dirección, se filtren de manera ilícita y se hagan públicos para intentar sustentar acusaciones carentes de fundamento.
Atentamente
Wilhem F. Hagelsieb Garza
Gerente de Comunicación Social
Petróleos Mexicanos
Respuesta del reportero
Señor director:
Los documentos de los que dispongo y la información proporcionada por las fuentes consultadas establecen que el subdirector de Producción de Pemex Refinación, Bernardo de la Garza, sí realizó maniobras, no sólo para asignar los contratos a las empresas KBC Advanced Technologies y a Construcciones y Edificaciones Fénix, respectivamente, sino para aumentar su costo sin justificación aparente.
Según las fuentes consultadas, él no operó directamente: lo hizo a través de su principal hombre de confianza, Carlos Xavier Riquelme Cacho, un personaje que, de acuerdo con la información de la que dispongo, siempre ha maniobrado entre los funcionarios de las refinerías para beneficiar a las empresas con las que ya se tienen acuerdos para realizar negocios.
Estas prácticas no son novedad en la paraestatal: históricamente tanto en Pemex Refinación como en otras subsidiarias el motor de la corrupción sigue encendido desde hace varias décadas, razón por la cual la empresa se mantiene sumida en la ineficacia.
Por lo que respecta a los depósitos, es a los jueces a quienes correspondería dictaminar sobre su origen. De acuerdo con nuestras fuentes, los pagos corresponden a las comisiones que las empresas beneficiadas con la asignación de contratos entregan a los funcionarios por favorecerlas. Toca a las autoridades federales investigar el origen de seis depósitos, la mayoría por 50 mil pesos, efectuados de enero a marzo de este año y cuya procedencia, según el vocero de Pemex, el señor Riquelme “desconoce”.
Llama la atención que si el primer depósito de 50 mil pesos se efectuó en su cuenta de Bancomer 007435347301 el 11 de enero –42 días después de que concluyeron los trabajos en la Refinería de Madero– hasta la fecha el banco no haya emitido una respuesta ante su “enojo” por esos misteriosos depósitos en efectivo.
Por último, el vocero de Pemex dice que le preocupa el uso de datos personales, como es el caso de los estados de cuenta de los funcionarios referidos. Este es un tema a debatir: desde el punto de vista periodístico ningún documento privado debe ocultarse cuando se trata de funcionarios públicos, y menos aún cuando arrojan luces sobre presuntas maniobras de corrupción en menoscabo del país y de Pemex. Ante este escenario, no existe privacidad alguna. Lo privado es público.
Atentamente
Ricardo Ravelo
Acerca de Calderón y Sicilia: el católico y el cristiano
Señor director:
Agradeceremos la publicación de esta carta aclaratoria en torno al artículo titulado Calderón y Sicilia: el católico y el cristiano, del periodista Miguel Ángel Granados Chapa, publicado en el número 1808 de Proceso, por considerar que ese análisis causa confusión.
Como lectores de la prestigiada revista Proceso reconocemos la calidad y el trabajo profesional de Miguel Ángel Granados Chapa por sus análisis políticos y sociales, no así cuando comenta temas teológicos, ya que desde el título de su columna asevera que Calderón es católico y Sicilia cristiano, cuando en realidad ambos, el político y el poeta, son católicos confesos. El propio analista político admite que los dos fueron bautizados en la Iglesia católica romana.
En el Frente Laico Cristiano Evangélico estamos ciertos y seguros de que la esencia del cristianismo es la vida eterna para el que cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal y en la condenación eterna para el que no cree. La interpretación del evangelio que efectúa Granados Chapa se sintetiza básicamente en la teología de la liberación que practica Javier Sicilia y en la identificación de Felipe Calderón con la curia romana, lo que a fin de cuentas católicamente son dos caras de la misma moneda.
Sirva pues de ilustración al respecto lo dicho por los teólogos bíblicos, los apóstoles Juan y Pablo, de que el Cristianismo no se resume en las buenas obras de las personas, las cuales no son consecuencia de la fe en Jesucristo (evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21, y la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 5, de La Biblia).
Por el Frente de Laicos Cristiano Evangélicos de México:
Atentamente
Raúl Velázquez
