Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
Domingo 24 de noviembre de 2009
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DEL REFORMA
Colaborador Invitado / Gasto 2010: ¿hay buenas noticias?
Las organizaciones civiles lograron algunos avances en materia de transparencia y fiscalización del Presupuesto
Colaborador Invitado
(22 noviembre 2009).- Alejandro González Arreola
Director general de Gestión Social y Cooperación, A.C.
Desde hace ya varios años, organizaciones de la sociedad civil como Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. y GESOC, Gestión Social y Cooperación A.C. han realizado trabajo independiente de documentación y monitoreo del principal instrumento de política pública gubernamental: el Presupuesto, ese reducto en el que la retórica política se enfrenta a la terca realidad que se entrevé a través de los números.
Ganadores y perdedores son expuestos a través del Presupuesto. No debemos olvidar que su elaboración, discusión, aprobación, ejercicio, evaluación y auditoría son procesos en los que se juega la posibilidad de que las políticas públicas reflejen, en la medida de lo posible, las preferencias ciudadanas. Al final del día, la asignación de recursos a los programas sociales federales debe responder y satisfacer a necesidades y demandas claramente identificadas por los ciudadanos (especialmente las más críticas, en contextos de crisis) y, por lo tanto, el grado de efectividad que tengamos en la resolución de estos problemas depende de la correcta asignación del Presupuesto.
Para ello, la transparencia a lo largo de estos procesos es indispensable, aunque insuficiente. Desde el año 2001 y entre muchas otras iniciativas, Fundar ha publicado de forma bianual el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, instrumento que ha permitido conocer, desde una perspectiva comparada, las áreas grises del proceso presupuestario en México.
Por otro lado, GESOC ha diseñado y publicado índices que centran su análisis en el ámbito de los resultados y el desempeño de las políticas y programas públicos: el Índice de Calidad de Diseño y el Índice de Desempeño de los Programas Federales de Subsidio. Basados en las evaluaciones coordinadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) a 104 y 131 programas presupuestales respectivamente, los índices han permitido reconocer y comprender la (baja) calidad del gasto público con la que se ejercen alrededor de 310 mil millones de pesos del gasto destinado a programas de subsidio (aproximadamente 13 por ciento del gasto público programable).
Para incidir en el trabajo de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos 2010, GESOC y Fundar decidieron unir esfuerzos para avanzar en tres aspectos con gran potencial para fortalecer la transparencia, racionalidad y calidad del gasto público federal. Así, se solicitó al Congreso incluir tres puntos en el Decreto de Presupuesto.
1. Que se considere la evidencia disponible sobre la calidad del diseño y los resultados obtenidos anualmente por los programas presupuestarios (especialmente los que fueron sometidos a evaluaciones externas) para que el Legislativo pueda tomar decisiones más informadas durante la asignación presupuestal y, en consecuencia, tener mayor racionalidad y calidad del gasto público.
2. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esté obligada a publicar y actualizar trimestralmente en su página de internet el grado de avance en el cumplimiento de las metas establecidas en las matrices de indicadores para resultados de todos los programas de subsidio, de tal forma que se garantice cada vez más la transparencia en la asignación y seguimiento del gasto público en los programas presupuestarios.
3. Adicionalmente, que la SHCP agregue los programas de mejora de cada programa de subsidio, que recoja las conclusiones y las recomendaciones realizadas en las evaluaciones del Coneval, cuyos avances sean informados por parte de esta instancia al Congreso y a la ciudadanía para fortalecer los programas que atienden problemas públicos de alta sensibilidad en un contexto de crisis, tales como Oportunidades.
La sencillez de esta propuesta, el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y la sensibilidad de algunos integrantes de la Comisión de Presupuesto permitieron que fuera incluida en el decreto a través de un conjunto de modificaciones realizadas al capítulo VI del artículo 28.
Si bien es cierto que estas modificaciones están lejos de agotar la agenda de transparencia y racionalidad presupuestaria en la que estamos obligados a participar, sí representan un avance significativo al dotar de instrumentos clave a los miembros del Congreso, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, para conocer y monitorear los resultados obtenidos por los programas federales de subsidio, a la luz de los recursos públicos de los que disponen, así como de sus respectivas agendas de mejora para lograr mayor eficacia, eficiencia y progresividad. Depende de nosotros aprovechar esos instrumentos y modificar la dinámica de opacidad e ineficacia que prevalece aún en la discusión y aprobación presupuestal.
www.gesoc.org.mx
'No hubo un usted disculpe'
Entrevista Narcotráfico y política. Leonel Godoy, gobernador de Michoacán. A seis meses del 'Michoacanazo', el gobernador pide que la PGR y la SSP acepten la recomendación de la CNDH
Jésica Zermeño Núñez
(22 noviembre 2009).- Casi seis meses después de la detención de 10 presidentes municipales y 10 funcionarios del gobierno del estado de Michoacán por supuestos nexos con el crimen organizado, el gobernador de esa entidad, Leonel Godoy, sigue esperando disculpas de las autoridades federales por los abusos cometidos durante ese operativo.
A dos días de que venza el plazo para que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública federal acepten la recomendación formulada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el pasado 29 de octubre por este caso, el gobernador perredista asegura que el Michoacanazo dejó importantes lecciones sobre lo que no se debe hacer en el combate al narcotráfico.
"No ha habido ninguna disculpa pública, a pesar de haberla solicitado, por las detenciones de algunos funcionarios michoacanos. En cambio, por la incursión que tuvieron en la iglesia de Apatzingán (el 1o. de agosto) sí ofrecieron disculpas públicas, y estuvo bien, pero también nosotros merecemos un trato de esa naturaleza. No creo que la Iglesia Católica sea menos ni más importante que el estado de Michoacán", señala Godoy.
El 26 de mayo, elementos federales de seguridad entraron al Palacio de Gobierno de Michoacán para detener a funcionarios estatales, pero sólo portaban las órdenes de presentación de las personas que detuvieron.
También fueron detenidos los alcaldes de 10 municipios, entre los que se encontraban Audel Méndez Chávez, alcalde de Coahuayana; José Cortés Ramos, alcalde de Aquila, y Osvaldo Esquivel Lucatero, alcalde de Buenavista. Los tres fueron acusados públicamente por supuestos nexos con el crimen organizado -como los otros siete- pero fueron liberados un mes después, al no encontrarse pruebas en su contra.
"A estos detenidos, como a muchos otros que no se les pueden fincar cargos que preserven el principio de inocencia, simplemente ni un 'usted disculpe'", señala el gobernador.
En su recomendación 72/2009, la CNDH hizo nueve señalamientos a la PGR y cinco a la SSP por cateos ilegales, detenciones bajo órdenes de localización y presentación en lugar de órdenes de aprehensión, dilación en el proceso, falta de una defensa adecuada y uso de testigos protegidos como principales pruebas contra los detenidos, entre otras irregularidades.
El plazo para que la PGR y la SSP acepten la recomendación de la CNDH termina el 24 de noviembre. Si deciden aceptarla, apunta el gobernador, esto no sería una sustitución de la disculpa pública que él está pidiendo a la autoridad federal.
La recomendación no tiene como fin resarcir la imagen pública de los agraviados, la disculpa sí, apunta Godoy.
Según el gobernador, la mayor lección que dejó el operativo federal implementado en Michoacán el 26 de mayo fue evidenciar que falta trabajo de inteligencia, que se necesita mayor coordinación entre las policías y las autoridades de todos los niveles de gobierno y, sobre todo, que no se respetan los lineamientos legales en los operativos contra la delincuencia.
"Hay una serie de figuras que se tienen que revisar para mejorar la lucha contra la delincuencia en general, y el crimen organizado en particular, como el arraigo, las órdenes de localización y presentación, los testigos protegidos, las intervenciones telefónicas. Ésa es la lección que deja el famoso Michoacanazo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también así lo señala.
"Yo espero que acepten las recomendaciones. Vamos a ver. Todos los gobiernos estamos obligados a acatar las recomendaciones de derechos humanos respectivas, porque nos ayudaría a corregir. No quiero esto verlo como un triunfo legal ni decirles 'yo lo dije, se los avisé'. Nos ayudaría a dar un mensaje de que se puede combatir todo tipo de delincuencia con la Constitución en la mano", explica.
Abusos
Las irregularidades en la detención de los funcionarios michoacanos saltan a la vista desde el principio, afirma el gobernador, pues la mayoría de los detenidos no pudieron ver a sus abogados y su proceso judicial está suspendido hasta el 2010. Como en el caso del ex alcalde de La Huacana, el biólogo Mario Romero Tinoco, premiado internacionalmente por sus gestiones municipales, y cuya única prueba en su contra es el dicho de un testigo protegido.
"Es un investigador de la Universidad Michoacana galardonado, un académico extraordinario, que cuando menos públicamente no se le conoce riqueza. Es uno de los tantos actos de injusticia que se han cometido. Refleja que las acciones en esta lucha contra el crimen organizado tienen que hacerse bajo la lupa de la Constitución.
"Si a este ex alcalde le hubieran dado la oportunidad de defenderse seguramente no lo hubieran detenido, pero no lo hicieron. Lo hubieran llamado a declarar, a que presentara sus testigos", explica.
Tampoco dejaron presentar pruebas a su favor al ex síndico de Lázaro Cárdenas Abel Salazar, detenido el 26 de mayo, y al ex alcalde de Carácuaro Israel Tentory, detenido en Morelia el 29 de junio, a quienes se les acusa de hechos que realizaron como funcionarios en 2007, antes de que tomaran posesión de su cargo, en el 2008, lo que escapa de toda lógica en un proceso judicial.
Estos tres casos, dice el mandatario, son sólo una muestra de las irregularidades cometidas por las autoridades judiciales en los operativos.
"Ése es el caso de varios, por eso la presunción de inocencia es un principio constitucional muy importante. Se puede y se debe de cuidar, por lo menos la autoridad lo debe hacer.
"La delincuencia, y más la del crimen organizado, comete delitos terribles, como los granadazos en Morelia o las narcoejecuciones, que mutilan de manera terrible. Ellos lo hacen, pero el gobierno, el Estado está obligado a actuar con la Constitución en la mano. No nos podemos poner al mismo nivel, porque si no entonces el Estado se convierte en un Estado de barbarie", reflexiona.
Godoy asegura que no ha tenido contacto con su medio hermano, Julio César Godoy Toscano, diputado electo y hoy prófugo de la justicia, pero pide para él, al igual que para todos los demás detenidos, un juicio justo en el que pueda defenderse, en donde el Estado compruebe de manera fehaciente la culpabilidad o inocencia de los acusados.
Ni subordinación ni rebeldía
El gobernador michoacano califica como una decisión correcta que a partir del 17 de noviembre las policías municipales de Tumbiscatío, Ciudad Hidalgo, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro sean manejadas por mandos de la Policía Federal, pues refleja la coordinación que ha habido en los últimos meses entre funcionarios de seguridad federales, estatales y municipales.
Aunque la decisión fue propuesta por los mandos federales no es una imposición, dice Godoy.
"Fue consensuada la decisión con la autoridad municipal y con la autoridad estatal, no fue una imposición, y eso es muy importante. Eso permite una mayor confianza de la autoridad federal y la autoridad estatal con la policía municipal, y abre la posibilidad de que otro tipo de mandos policiacos, con otra experiencia, en estos casos que vienen de la Policía Federal, van a ser los que se encarguen de las policías municipales.
"Lo que la autoridad municipal y el gobierno del estado desean dejar muy claro es que estamos dispuestos a coordinarnos con la autoridad federal, pero bajo ese concepto, coordinación, ni subordinación ni rebeldía. La tarea de la seguridad pública en general es una tarea que nos compete a los tres órdenes de gobierno", sentencia.
En los próximos días, los mandos de las policías de los otros cinco municipios que se quedaron sin edil por los operativos estarán en manos de elementos de la Policía Federal. Estos municipios son Uruapan, Apatzingán, Tepalcatepec, Arteaga y Múgica.
'Michoacanazo'
Cronología de las pesquisas contra políticos michoacanos.
2009
Mayo
26. La PGR y la SSP federal detienen a 10 alcaldes y 20 funcionarios acusados de tener nexos con La Familia Michoacana y el Cártel del Golfo.
29. El juez sexto federal penal otorga el arraigo por 40 días en contra de los munícipes.
Junio
10. La PGR rechaza las demandas de amparo promovidas por los alcaldes y funcionarios.
17. La SIEDO anuncia que agotó las investigaciones en torno a siete de los 10 alcaldes detenidos y que ejercerá acción penal en su contra.
18. El juzgado de distrito de procesos penales federales competente a Nayarit dicta las órdenes de aprehensión solicitadas por el MP y ordena el traslado de los inculpados al Centro de Readaptación Social no. 4, en Nayarit.
29. Se libera a los alcaldes de Coahuayana, Aquila y Buenavista, al no encontrar elementos para su aprehensión, y se levanta su arraigo.
Son cumplimentadas las órdenes de aprehensión contra Mariano Ortega Sánchez, alcalde de Lázaro Cárdenas, e Israel Tentory, ex alcalde de Carácuaro y ex diputado federal.
Julio
2. El gobernador de Michoacán critica que la PGR no haya reivindicado la imagen de los tres alcaldes liberados.
9. Detienen al ex alcalde de La Huacana, Mario Romero Tinoco, por supuestos nexos con La Familia.
12. El juez primero de distrito de procesos penales federales en Nayarit dicta auto de formal prisión contra Mariano Ortega, alcalde de Lázaro Cárdenas.
14. Monte Alejandro Rubido, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, informa que Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador de Michoacán y diputado federal electo, es buscado por presuntamente crear redes de protección para La Familia.
15. El juez primero de distrito en materia penal de Nayarit dicta auto de formal prisión contra Mario Romero Tinoco, por proporcionar información a La Familia.
Septiembre
4. Es detenido el alcalde de Múgica, Armando Medina Torres.
13. El juez segundo de distrito de Jalisco dicta auto de formal prisión contra Armando Medina Torres por presuntamente permitir acciones de La Familia.
Octubre
8. El suplente de Julio César Godoy, Israel Ceja Madrigal, rinde protesta como diputado propietario por Michoacán. Godoy Toscano sigue prófugo.
29. La CNDH emite recomendaciones contra la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública al encontrar irregularidades en la captura de alcaldes y funcionarios de Michoacán.
Noviembre
3. Esposas, abogados de los ediles priistas y el líder estatal del PRI piden al subsecretario de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, un mejor trato para los detenidos y acelerar la investigación. ·
Detenidos y arraigados
Desde mayo, la PGR ha ejercido acción penal contra 12 alcaldes michoacanos, de los cuales tres fueron liberados.
Antonio González Rodríguez*
PAN
-Alcalde de Uruapan.
-Preso en el Cefereso 4,Noroeste, Nayarit
Genaro Guízar Valencia*
PRD
-Alcalde de Apatzingán.
-Preso en el Cefereso 4, Noroeste, Nayarit.
José Cortés Ramos
PRI
-Alcalde de Aquila.
-Libre desde el 29 de junio
Osvaldo Esquivel Lucatero
PRD
-Alcalde de Buenavista Tomatlán.
-Libre desde el 29 de junio.
Uriel Farías Álvarez*
PRI
-Alcalde de Tepalcatepec.
-Preso en el Cefereso 4, Noroeste, Nayarit
Audel Méndez Chávez
PRI
-Alcalde de Coahuayana.
-Libre desde el 29 de junio
Adán Tafolla Ortiz*
PRI, PAN y PVEM
-Alcalde de Tumbiscatío.
-Preso en el Cefereso 4, Noroeste, Nayarit
Jairo Germán Rivas Páramo*
PRI
-Alcalde de Arteaga.
-Preso en el Cefereso 4, Noroeste, Nayarit.
José Luis Ávila Franco*
PAN
-Alcalde de Ciudad Hidalgo.
-Preso en el Cefereso 4, Noroeste, Nayarit
Antonio Ixtláhuac Orihuela*
PRI
-Alcalde de Zitácuaro.
-Preso en el Cefereso 4, Noroeste, Nayarit
Mariano Ortega
PRD, PT Y Nueva Alianza
-Alcalde de Lázaro Cárdenas.
-Preso en el Cefereso 4, Noroeste, Nayarit.
-Detenido el 29 de junio e inmediatamente arraigado. Le dictan auto de formal prisión el 12 de julio.
Armando Medina Torres
PRI
-Alcalde de Múgica.
-Preso en el Cefereso 4, Noroeste, Nayarit.
-Detenido el 4 de septiembre e inmediatamente arraigado. Le dictan auto de formal prisión el 13 de septiembre.
* Detenidos el 26 de mayo, arraigados el 29 de mayo y con auto de formal prisión el 18 de junio.
Los otros detenidos
Funcionarios del gobierno de Leonel Godoy acusados de tener nexos con el narcotráfico.
· Ramón Ponce Ponce, coordinador de Asesores del procurador del estado y ex subprocurador.
· Citlalli Fernández González, asesora del gobernador de Michoacán y ex secretaria de Seguridad Pública estatal.
· Mario Bautista Ramírez, director del Instituto Estatal de Formación Policial.
· Ricardo Rubí Bustamante, director de Fomento Industrial de Michoacán.
· Juan Gaona Gómez, jefe de Agentes de la Dirección de Gobernación estatal.
· Gabriela Mata Chávez, jefe de grupo de la Policía Ministerial de Morelia.
· Irlanda Sánchez Román, jefa de grupo de la Policía Ministerial de Morelia.
· Noé Medina Martínez, primer comandante en Protección Ciudadana, Policía y Tránsito de Morelia.
· Miguel García Hurtado*, ex procurador de Justicia.
· Ignacio Mendoza Jiménez*, ex subprocurador regional de Morelia.
* Se presentaron voluntariamente a declarar ante las autoridades el 27 de mayo y fueron detenidos. Siguen presos.
Funcionarios municipales
· Victorino Jacobo Pérez, director de Seguridad Pública de Arteaga.
· Roberto Rubio Vázquez, director de Seguridad Pública de Tumbiscatío.
· José Lino Zamora Hernández, encargado de la comandancia de Lázaro Cárdenas.
· Faraón Martínez Molina, primer comandante regional de Zitácuaro.
· Abel Salazar Gómez, ex síndico de Lázaro Cárdenas.
· Dionicio Salvador Valencia Palomares, director de Obras Públicas de Arteaga.
· Alfredo Ramírez García, jefe de grupo de la Policía Ministerial de Lázaro Cárdenas.
· Antonio Sánchez Gaytán, policía municipal de Lázaro Cárdenas.
· Baldomero Morales Rivera, policía municipal de Lázaro Cárdenas.
Juez
· Jaime Liera Álvarez, juez de Primera Instancia en La Piedad y ex subprocurador de justicia.
"Ellos se han autodenominado La Familia Michoacana, y eso ha causado mucho daño a la imagen del estado. Cada cártel tiene su diferencia, pero en el fondo son lo mismo. Esas diferencias no tienen nada que ver con el tema de la función del Estado para combatirlos, para enfrentarlos. Eso tiene que ver más con la criminología, con la sociología. Casi en todos lados tienen un nombre que tiene que ver con una región, y eso a mí no me parece que sea correcto, porque el crimen organizado es internacional".
Entrevista / José Woldenberg / 'La izquierda debe abrirse'
Entrevista Crisis y futuro del PRD. José Woldenberg: Académico de la UNAM. Como Manuel, personaje ficticio creado por Woldenberg, muchos militantes de izquierda transitaron de la ilusión al desencanto
Karla Garduño Morán
(22 noviembre 2009).- La izquierda mexicana se encuentra enajenada. Concentrados en sus disputas internas, los partidos del Frente Amplio Progresista (PRD, PT y Convergencia) fracturaron los lazos con los electores y perdieron el terreno ganado en los comicios del 2006, considera José Woldenberg, quien hace 30 años protagonizó muchos de los movimientos que tendían a convertir a la izquierda en una opción política.
Las reacciones ante el resultado electoral del 2006: la toma de Paseo de la Reforma y la instalación de un "Gobierno Legítimo" con Andrés Manuel López Obrador como "Presidente", deterioraron el capital político conquistado por el PRD y desencantaron a muchos de sus fundadores.
Entre esos desilusionados está Manuel, protagonista del más reciente libro de Woldenberg, una novela que verá la luz esta semana y cuyo título (El desencanto) pone de manifiesto el espíritu que lo habita. De la narración apasionada sobre la formación de los sindicatos en la UNAM en los años setenta, el texto pasa a la molestia del personaje (una mezcla entre el mismo Woldenberg y sus contemporáneos) por la incapacidad del PRD de asimilar los resultados del 2006 e inventar "una serie de versiones que a todas luces parecían fantasiosas".
"Es un libro crítico de la experiencia de la izquierda, hecho desde la propia izquierda, desde la izquierda democrática o reformista, que cree que el cambio social y político puede darse por una vía legal e institucional. Hoy tenemos una izquierda muy fuerte, unificada fundamentalmente en el PRD -aunque no solamente en el PRD- que a través de la vía electoral ha logrado triunfos muy espectaculares, que sin embargo no acaba de asumir cabalmente su compromiso con las reglas del sistema democrático y que en muchas ocasiones incluso tiende a erosionarlas", advierte Woldenberg desde su cubículo en el Centro de Estudios Políticos de la UNAM.
¿Qué tanto se parecen Manuel y José Woldenberg?
Algo, pero se trata de un personaje que está construido en base a una realidad muy evidente, pero que nunca deja de ser un personaje de ficción. En Manuel hay muchas de las cosas que hicieron mis amigos y yo mismo, pero no es un retrato de ninguno en particular. Más bien creo que es una biografía que puede ser expresiva de una generación de la izquierda mexicana, más que el retrato de una persona en singular.
¿El desencanto puede ser leído como el relato de la desilusión de esta generación?
No sé si como la desilusión de esta generación, pero sí del personaje. Es un personaje que pasa por diferentes etapas, la de la construcción de los sindicatos universitarios, la del proceso de unificación de la izquierda hasta llegar al PRD, que luego es funcionario público en una institución importante, como el Instituto Federal Electoral, y que muchas de las causas que él mismo pone a circular, en las cuales está comprometido, conforme pasa el tiempo va viendo cómo se erosionan, cómo se distorsionan.
Es decir, un sindicalismo que empieza teniendo un fuerte aliento de defensa de la universidad pública acaba siendo un sindicalismo absolutamente gremialista, o el aliento unificador de la izquierda acaba cristalizando en uno o varios partidos que no parecen tener un horizonte claro. Pero junto a ello está la historia de diferentes momentos en los que parte de la izquierda mexicana no estuvo a la altura de las circunstancias, que es el caso del movimiento del 86, donde el Consejo Estudiantil Universitario reivindicó una serie de privilegios, o el caso de la fascinación por la violencia que se pone en alto luego del levantamiento del EZLN, o la manera de reaccionar por los resultados de las elecciones del 2006.
¿Se siente desencantado de la izquierda mexicana?
Me gustaría guardar distancia entre el personaje y yo, precisamente por eso hice un intento de ficción y no una autobiografía. Por supuesto creo que en el personaje sí hay muchas pulsiones mías, pero no somos una y la misma cosa, creo que está mucho más desencantado que yo. Traté de subrayar las tintas para hacer más elocuente y expresivo al personaje.
Hace tres años AMLO se autonombró presidente legítimo de México, hecho que para muchos fracturó a la izquierda mexicana en dos: los seguidores de López Obrador y la corriente de Los Chuchos, ¿cuál fue el impacto de esa decisión?
En un primer momento no noté divisiones muy fuertes dentro del PRD ni divisiones muy fuertes dentro de la Coalición por el Bien de Todos. La manera como se reaccionó ante los resultados electorales está expresada en buena medida en lo que Manuel señala en el libro, lo que más le preocupó e irritó fue esa capacidad de no asimilar esos resultados e inventar una serie de versiones que a todas luces parecían fantasiosas.
En esa operación el PRD no solamente empezó a perder fuentes de contacto con franjas importantes de la población, sino que además, con su discurso y sus actos , deterioró buena parte del capital político acumulado en los últimos años. Parte de la desconfianza sobre las autoridades electorales, más allá de los errores que hayan cometido que también están apuntados en el libro, es esta erosión a lo que era un patrimonio conjunto, eran instituciones que habían sido útiles para el avance de la izquierda, las que coadyuvaron a crear un campo electoral mucho más parejo.
¿Puede haber más opciones para electores de izquierda que el PRD y PT-Convergencia?
Teóricamente sí, aunque yo no veo ningún proyecto marchando en ese sentido. Deberíamos hablar de las izquierdas, porque realmente son muchas y complejas; desde izquierdas democráticas, con las que yo me identifico, hasta izquierdas que siguen teniendo un núcleo autoritario, revolucionario, dirían ellas. Sus expresiones son múltiples, pero no me cabe duda de que es en el PRD donde se cristaliza lo fundamental de esa izquierda, sobre todo si tomamos en cuenta la centralidad de las elecciones en un sistema democrático. Es la única vía a través de la cual legítimamente se puede aspirar a gobernar y a ocupar cargos del Legislativo; entonces, no es una vía más, es la vía a través de la cual la izquierda puede convertirse en gobierno o en una fuerza importante y hegemónica en el país.
La unificación en el PSUM es vista por Manuel como una opción para que la izquierda pueda acceder al poder, ¿tendría que pensarse en la reunificación en ese mismo sentido?
La izquierda no está en la misma situación que estaba cuando se creó el PSUM, ni el PMS, ni el PRD. El acicate fundamental de la creación del PSUM en 1981 fue que la reforma política abría un campo muy interesante que era necesario explotar y que al mismo tiempo las elecciones de 1979 habían mostrado la poca inserción de la izquierda en el mundo político electoral. El acicate fue pensar que tenemos que unificarnos para multiplicar nuestras posibilidades y nuestro peso en el mundo electoral.
Como plataforma de lanzamiento electoral el PRD sigue siendo muy eficiente, quizá los problemas están en otros lados, no en su falta de eficacia sino en su débil compromiso con la democracia, en su incapacidad para establecer un diálogo de tú a tú con los otros, y cuando digo otros estoy pensando en otras fuerzas políticas, en gobiernos que no están presididos por él, los empresarios, los medios, las organizaciones civiles, pero estoy pensando también en sus propios compañeros. Lo que se dicen las corrientes perredistas unas a otras no se los dice nadie, son sus propios detractores.
¿Falta tolerancia en la izquierda?
Falta tolerancia, comprensión de los otros, compromiso con las reglas del juego democrático y, a final de cuentas, una revalorización a fondo de lo que significa la pluralidad política e ideológica de una sociedad, que es un bien, no un mal, y a veces la izquierda actúa como si quisiera exorcizar esa pluralidad, alinear a la sociedad que es compleja, múltiple, plural, en un solo ideario, una sola manera de ver las cosas, un solo filtro a través del cual se ve la vida política. Uno de los retos fundamentales es asumir el pluralismo y vivirlo, pero de un modo positivo.
¿En qué momento empezó a perderse todo eso?
No creo que lo haya perdido, la izquierda hoy es más tolerante que en el pasado. El paradigma hegemónico de los años ochenta era el revolucionario, no importa que la inmensa mayoría de las organizaciones civiles y partidos fueran de hecho reformistas, pero se pensaban a sí mismos como que en el futuro habría una revolución que iban a encabezar.
En los últimos años ciertas izquierdas han ido asimilando poco a poco los valores y principios de la democracia, pero quizá no acaban de asimilarlos con toda la profundidad que requiere la circunstancia mexicana.
¿Ha sido un proceso hacía adelante, sin retrocesos?
Ha sido zigzagueante, pero me costaría mucho pensar que ha retrocedido.
En este zig-zag, ¿la izquierda está ahora abajo?
Los resultados están a la vista. Acaba de haber una elección federal y le fue mal al PRD y le fue mal a la coalición del PT y Convergencia, lo que en buena medida tiene que ver con lo que han hecho luego de las elecciones del 2006.
Cuando uno reflexiona sobre los resultados siempre existe la tentación de echarle la culpa a los de enfrente, a los adversarios; sin embargo, estoy convencido que la única variable que un individuo, un partido o una organización pueden controlar, son sus propios actos y su propia conducta, y es sobre lo que tiene que reflexionar el PRD, no tanto lo malvados que son sus adversarios, sino cómo pueden ellos ir ganando adiciones, es la gran pregunta. Estoy convencido que buena parte de la conducta que se vivió desde la post elección del 2006 y hasta la fecha no ha ayudado a multiplicar la fuerza, el arraigo, la simpatía de la izquierda, sino al contrario.
La toma de Paseo de la Reforma, las tomas de la tribuna, no le ayudan; deja muy satisfechos a las franjas más militantes, más intransigentes, más radicales, pero la población que finalmente va a las urnas lo ve con recelo y algunos hasta con temor. Parte del capital político que se construyó en el 2006 se erosionó y se sigue erosionando.
¿Es posible la refundación del PRD anunciada por Jesús Ortega?
No sé, a mí me gustaría que el PRD pudiera convertirse en un partido político que fuera habitable para todas sus corrientes y que esas corrientes en conjunto tuvieran un compromiso muy fuerte, muy arraigado, casi inconmovible con las formas del quehacer político democrático, eso sería lo mejor, el enunciado puede variar mucho, no sé qué quiera decir con refundar.
¿Y ve condiciones para ir hacia allá?
Si la izquierda es capaz de asimilar lo que está pasando en su entorno, quizá sí. Si la vida partidista sigue desarrollándose de una manera enajenada, va a ser muy difícil. Me refiero a que hay un momento en que las agrupaciones suelen tener tan escasos puentes de comunicación con el exterior, que se consumen en sus visiones, en sus grillas, en sus problemas internos, y es muy difícil cambiar el lente a través del cual se filtra lo que sucede porque es un lente que comparten los de adentro. A eso le llamo enajenado, uno acaba hablando con quienes piensan igual que uno, tienen la misma trayectoria y los mismos intereses, y acaba por construir una enorme fractura con el resto.
El PRD necesita abrir las ventanas y las puertas para que entren los vientos de otras visiones que existen desde la izquierda.
¿El problema han sido sus líderes carismáticos?
Más que problema lo llamaría una paradoja. Gracias a Cuauhtémoc Cárdenas y a Andrés Manuel López Obrador, la izquierda mexicana pudo encontrarse con franjas de ciudadanos que de otra manera jamás se hubieran acercado a la izquierda. Pero es una paradoja porque a la larga es muy difícil mantener cohesionada a esa diversidad de corrientes sólo a través de la fuerza de dos liderazgos carismáticos.
¿López Obrador sigue siendo el que puede reunificar a la izquierda mexicana?
El libro precisamente por eso es una reconstrucción del pasado, porque es más fácil ser historiador que pitoniso.
¿Idealmente, cuál tendría que ser el eje?
Deben ser los tradicionales: por un lado el eje de la democracia y por el otro el gran tema del país, que es el de la desigualdad, la pobreza y el no crecimiento económico, y creo que ahí la izquierda, como ninguna otra fuerza política, tiene diagnósticos y puede tener propuestas que hagan de México un país más habitable. Si hubiese que decir en una frase cuál tiene que ser la estrella polar de la izquierda, es el tema de la desigualdad.
En general hay como una nebulosa en torno a la discusión de cómo va a volver a crecer México, cómo van a venir los recursos para ello y cuáles van a ser las políticas para atender a las franjas crecientes de pobres, cuáles van a ser los instrumentos para un México menos desigual.
En América Latina la izquierda parece estar en ebullición, ¿dónde se quedó México?
En México hay expresiones de casi todo tipo de izquierdas. A mí me gustaría que la izquierda mexicana volteara a ver, evaluar y asimilar buena parte de la experiencia de la socialdemocracia, experiencias exitosas en todo el mundo que han logrado combinar libertad y equidad, estos dos grandes valores fundadores de la época moderna.
¿Hace falta mayor reflexión sobre la izquierda?
No me cabe la menor duda. En los setenta se discutía más que hoy. Se ha pasado a un pragmatismo muy fuerte que desprecia la discusión más teórica, más conceptual, quizá porque también han sido muchos los éxitos. Se tiene la impresión de que las otras discusiones son buenas para la academia pero no para la política.
Desencanto en cuatro actos
Crisis y futuro del PRD
Karla Garduño
(22 noviembre 2009).- El desencanto (Cal y Arena, 2009) puede leerse como la recuperación histórica de los movimientos de izquierda desde cuatro trincheras: los sindicatos, los partidos políticos, la guerrilla y las elecciones; pero también es la epopeya de Manuel, un personaje que transita del optimismo entusiasta al franco desencanto por la izquierda en un periodo de 34 años.
José Woldenberg defiende el carácter ficticio de Manuel; sin embargo, el personaje recuerda al fallecido Manuel Martínez Peláez, quien al lado del autor trabajó en la creación del Sindicato del Personal Académico de la UNAM, en la formación del Partido Socialista Unificado de México y en los inicios del PRD, además de que colaboraron al mismo tiempo en el Instituto Federal Electoral.
La desilusión de Manuel se construye en torno a cuatro actos: el Consejo Estudiantil Universitario de 1986, que le revela una izquierda "carente de ética"; el primer congreso del PRD en 1991, cuya falta de apertura y consensos lo motiva a dejar el partido; la fascinación por la violencia que provoca el levantamiento del EZLN en 1994, y la reacción de la Coalición por el Bien de Todos tras la derrota de Andrés Manuel López Obrador en el 2006.
Entre tanto desencanto, Manuel mantiene la ilusión a lo largo de libro por una institución: el Instituto Federal Electoral, de cuya historia es también un testigo activo.
La pugna por la Auditoría
Reportaje Relevo en la ASF. Los diputados decidirán la próxima semana si excluyen o no a Arturo González de Aragón. Para el relevo hay al menos seis posibles candidatos
Martha Martínez
(22 noviembre 2009).- Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos 2010, la Cámara de Diputados iniciará otra negociación: la designación del auditor superior de la Federación.
De las cinco instituciones que renovaron y renovarán dirigentes e integrantes este año -CNDH, IFAI, SCJN, Banxico y ASF-, la designación del auditor es la única que le compete a la Cámara de Diputados.
Esthela Damián, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, informó que el próximo martes se reunirá la comisión para definir el procedimiento a seguir en la designación del titular del órgano fiscalizador.
La legisladora perredista indicó que la comisión deberá decidir si analiza por separado la reelección de Arturo González de Aragón -tal como lo solicitó- o emite una convocatoria abierta en la que también podría participar el actual auditor.
Aunque la perredista reconoció las muestras de "simpatía" que existen al interior de su partido por el trabajo del titular de la ASF, hasta ahora son tres los partidos que se han manifestado públicamente en contra de la ratificación de González de Aragón.
El 14 de agosto pasado, el presidente nacional de PAN, César Nava, aseguró que la bancada de su partido impulsará la renovación de la ASF debido a que su actual titular no garantiza honorabilidad.
El 2 de noviembre Pablo Escudero, diputado del PVEM y yerno del líder del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, calificó de inviable la reelección del auditor; 16 días después, el priista César Augusto Santiago presentó una iniciativa que busca impedir la ratificación de González de Aragón.
Integrantes de la Comisión de Vigilancia aseguran que al interior del órgano legislativo, el auditor "no la tiene fácil", pues de los 30 diputados que lo conforman, el PRI cuenta con 16 -uno de ellos del PVEM-.
Además de ello, agregan, dos puntos que ponen en duda la ratificación son el conflicto de intereses en el que presuntamente incurrió González de Aragón al fiscalizar las mismas dependencias públicas que el despacho de sus hijos, así como la asignación de 100 millones de pesos adicionales al presupuesto de la ASF que, a decir de los legisladores, fueron entregados por Hacienda sin la anuencia de la Comisión de Vigilancia.
Para los legisladores, los gobernadores también serán un factor determinante en la ratificación de González de Aragón, pues dado el poder que poseen en la Cámara de Diputados, las simpatías o animadversiones que puedan tener hacia él definirán en gran medida la decisión.
En caso de que la Comisión de Vigilancia no ratifique a González de Aragón o emita una convocatoria abierta en la que el actual auditor decida no participar, los legisladores deberán conformar la terna a partir de los candidatos que respondan a su convocatoria.
Hasta el momento se menciona a seis personajes como posibles candidatos a relevar a González de Aragón, quien inició funciones el 15 de diciembre del 2001 y busca la reelección por otros ocho años.
Entre los seis posibles candidatos figuran funcionarios de la ASF, la Cámara y ex funcionarios públicos, todos ligados al PAN y al PRI.
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación establece que el proceso de elección del auditor superior de la Federación deberá durar un máximo de 23 días naturales. El nombramiento deberá llevarse a cabo antes del 15 de diciembre, día en el que concluye el primer periodo de sesiones ordinarias de la actual legislatura.
¿Auditores?
Posibles candidatos para relevar a Arturo González de Aragón.
Enrique del Val
Ex secretario general de la UNAM y subsecretario de la extinta Secodam durante la administración de Francisco Rojas, actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados.
Roberto Michel Padilla
Titular de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación e integrante de la Liga de Economistas Revolucionarios, una agrupación nacional de economistas del PRI que surgió en 1952 y cuyo actual dirigente nacional es Jesús Alberto Cano Vélez, diputado federal del tricolor y hombre cercano a Manlio Fabio Beltrones.
Guillermo Haro Bélchez
Secretario general de la Cámara de Diputados y ex contralor del gobierno del estado de México durante la gubernatura del priista Emilio Chuayffet, hoy diputado federal.
Mónica Barrera
Secretaria ejecutiva de Servicios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se le relaciona con el PAN.
Alfonso Grey Méndez
Contralor de la Cámara de Diputados; fue coordinador administrativo del CEN del PRI cuando se registró el desvío de recursos de Pemex a la campaña presidencial de Francisco Labastida, por lo que se convirtió en uno de los funcionarios priistas investigados por el Pemexgate.
Raúl Sánchez Kobashi
Actual director general de la Cámara Nacional de la Industria Cervecera y tesorero de la Asociación Nacional de Ejecutivos de Organismos Empresariales y Profesionales. Fue titular del Servicio de Administración Tributaria en la administración de Vicente Fox.
La cultura política
(22 noviembre 2009).- Téngalo presente
Corrupción y transparencia. Debatiendo las fronteras entre Estado, mercado y sociedad coordinado por Irma Eréndira Sandoval. IIS-UNAM / Siglo XXI. Presentan Arturo González de Aragón y Juan Pablo Guerrero, entre otros. Miércoles 25, 19:00 hrs. Cerro del Agua 248, Romero de Terreros. Inf: 5658 7999, ext. 110.
Conferencias
Mujeres, los derechos laborales y democracia en una época de crisis. Emilienne de León, Beatriz Luján, Sandra Ramos, entre otras. Lunes 23, 16:00 hrs. Casa Lamm, Álvaro Obregón 99, Roma. Informes: www.semillas.org.mx.
Género, cuerpo y violencia. Elsa Dorlin, Eric Fassin, Karine Tinat y Lucía Melgar. Lunes 23, 16:30 hrs. El Colegio de México, Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: www.colmex.mx.
Canadá-México: ¿nuevas políticas migratorias? Julien Truchon-Poliard, Mónica Verea y Silvia Núñez. Martes 24, 11:00 hrs. CISAN-UNAM, Torre II de Humanidades, piso 7, CU. Informes: 5623 0010.
Seguridad ciudadana e inteligencia estratégica: experiencias exitosas en Iberoamérica. José Manuel Ugarte, José María Ramos y Raúl Benítez Manaut. Martes 24, 11:00 hrs. Casa Colef, Francisco Sosa 254, Barrio Santa Catarina. Informes: 5554 3545.
Violencia contra las mujeres, un problema persistente. Irene Casique, Guadalupe Huacuz, María del Rosario Campos y Soledad González. Miércoles 25, 17:00 hrs. El Colegio de México, Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: www.colmex.mx.
Balance en el proceso democratizador de México 1988-2009. Beatriz Paredes, Jesús Ortega, Marco Antonio Baños. Jueves 26, 11:00 hrs. Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Circuito Mario de la Cueva s/n, CU. Informes: 5703 1455.
Encuentros y desencuentros en torno al aborto en México. Fátima Juárez, Patricio Sanhueza, María Luisa Sánchez. Viernes 27, 12:00 hrs. El Colegio de México, Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: www.colmex.mx.
Congresos
Los derechos de niños, niñas y adolescentes en México a 20 años de la Convención sobre los derechos del niño. Alejandro Poiré, Porfirio Muñoz Ledo, Emilio Álvarez Icaza, entre otros. Lunes
Eventos
XXV años de derechos humanos en México y con la UNAM. Exposición gráfica, reflexiones y presentación de publicación en el 25 aniversario de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Viernes 27, 9:00 hrs. Coordinación de Humanidades, Circuito Mario de la Cueva s/n, CU. Informes: 5659 4980.
Exposiciones
Adorable y enemiga. La Ciudad de México en los trazos de Abel Quezada. A partir del lunes 23 podrán apreciarse obras del caricaturista sobre costumbres, ambientes y personajes de la capital mexicana en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec. Informes: abelquezadaac@gmail.com.
Libros
Charlas de café con... Álvaro Obregón de Froylán López Narváez. Grijalbo. Conversación imaginaria con el caudillo sonorense en la que analiza la política de antes y la actual, la forma como la Revolución torció el camino y la muerte como presencia permanente en el proceso revolucionario.
Contacto en Italia. El pacto entre Los Zetas y la 'Ndrangheta de Cynthia Rodríguez. Debate. Investigación que revela la forma en que Los Zetas han entrado al narcotráfico en Europa y cómo han logrado una alianza con la mafia más peligrosa del mundo en la actualidad, la 'Ndrangheta.
Los miedos en la historia coordinado por Elisa Speckman, Claudia Agostoni y Pilar Gonzalbo. El Colegio de México / UNAM. Estudia diversas causas de miedo (las tormentas, el parto, la peste, la vacuna contra la viruela, el olvido, las palabras) y las reacciones que suscitan en cada momento histórico.
Obama latino. ¿Podrá gobernar sin nuestro apoyo? de Wilbert Torre. Jus. El reportaje narra la historia de Cuauhtémoc Figueroa, mítico líder de la comunidad latina, y cómo se convirtió en uno de los principales motores de la campaña del actual presidente de Estados Unidos.
¿Qué legislación hace falta para los medios de comunicación en México? Konrad Adenauer Stiftung / Amedi. Recoge 72 opiniones de especialistas como Sergio Aguayo, María Amparo Casar, Miguel Ángel Granados Chapa y José Woldenberg sobre la necesidad de actualizar la legislación en materia de medios.
Presentaciones
El agua en la memoria. Cambios y continuidades en la Ciudad de México, 1940-2000 coordinado por Concepción Martínez. Instituto Mora. Graciela de Garay, Cecilia Sheridan y Francisco Porras. Martes 24, 18:00 hrs. Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac. Informes: 5598 3777, ext. 1133.
La influencia del constitucionalismo anglosajón en el pensamiento de Emilio Rabasa de Alonso Lujambio. Escuela Libre de Derecho. Héctor Fix-Fierro, Emilio Rabasa, Pedro Salazar, Diego Valadés y Ruperto Patiño. Martes 24, 19:00 hrs. Antiguo Colegio de San Ildefonso, Justo Sierra 16, Centro. Informes: 5665 2436.
La locura durante la Revolución mexicana. Los primeros años del Manicomio General La Castañeda, 1910-1920 de Andrés Ríos Molina. Colmex. Cristina Sacristán, Álvaro Matute, Jesús Ramírez y Guillermo Zermeño. Miércoles 25, 17:00 hrs. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: www.colmex.mx.
Medios de comunicación y partidos políticos: cobertura y mensajes. Reporte de la observación electoral 2009. Jenaro Villamil, Jesús Cantú, Julio Juárez y Alejandra Ezeta. Miércoles 25, 19:00 hrs. El Péndulo, Alejandro Dumas 81, Polanco. Informes: ciudadanosenmedios@gmail.com.
Efectos y contenidos de las sentencias en acción de inconstitucionalidad. Análisis teórico referido al caso "Ley de Medios" de Eduardo Ferrer y Rubén Sánchez. IIJ-UNAM. Héctor Fix-Zamudio, Margarita Luna Ramos, entre otros. Jueves 26, 18:00 hrs. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: 5665 2436.
Morir en la miseria. Los 14 municipios más pobres de México coordinado por Miguel Badillo. Océano. Miguel Ángel Granados Chapa, Emilio Álvarez Icaza, Zósimo Camacho, entre otros. Jueves 26, 13:00 hrs. Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro. Informes: 9178 5120.
Revistas
Examen. No. 177, noviembre. Francisco Suárez Dávila argumenta que México es uno de los países fiscalmente más atrasados. Sobre impuestos y reforma fiscal también escriben Alberto Aguilar, Herbert Bettinger, Hugo Loya y Gabriel Quadri.
Seminarios
Transparencia y partidos políticos como sujetos obligados. Avances y retos. María del Carmen Alanis, Jacqueline Peschard, Leonardo Valdés, entre otros. Lunes 23, 9:00 hrs. IFE, Viaducto Tlalpan 100, Arenal Tepepan. Informes: 5628 4911.
Hacia una nueva generación de la transparencia. Tercer seminario internacional. Marcelo Ebrard, José Narro, Jacqueline Peschard, entre otros. Jueves 26 y viernes 27, 9:00 hrs. Palacio de la Escuela de Medicina, República de Brasil 33, Centro. Informes: www.infodf.org.mx/web/sm/.
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Los lectores de Enfoque
(22 noviembre 2009).- Revolución sin justicia
A propósito del número anterior de Enfoque, el lector Ramiro Amezcua envió cuatro poemas de su autoría, de los que reproducimos algunos versos.
Muerta esperanza
Estéril sacrificio
de tantos levantados
creyendo habían peleado
por justos beneficios,
y fueron desairados
en gran tramo del siglo.
¡Ay! Centenaria revolución
de tus difuntos ni se habla ya.
¡Mártires mudos del más allá!
Orfeón clamando vindicación.
¡Otros cien años de iniquidad!
Tantas mejoras que se esperaban,
por las que un pueblo con fe luchara,
vinieran pronto ¿Dónde es que están?
Por lábil senda de las anomias
¡Traidor destino las puso ayer!
Y se esfumaron, antes de ser,
cual espejismos ¡Siempre ilusorias!
Polaridad
¡Va silogismo!
Patria ancestral
de inmovilismo
sufriendo estás,
del entreguismo
blanco fatal,
del pauperismo
gran capital.
Pa'l "populismo"
¡Barbaridad!
Para el panismo
¡Qué bien está!
¿Nunca estatismo?
¿Derecha y ya?
¡Qué paroxismo!
Pena nos dan...
Ramiro Amezcua Cervantes
Para opinar, busque el contenido de Enfoque en el sitio http://gruporeforma.reforma.com/Suplementos/enfoque/
REVISTA PROCESO No. 1725
Un hombre leal a sí mismo... y al poder
JENARO VILLAMIL,
Priista, panista, zedillista, calderonista… Javier Lozano Alarcón sólo es leal a sus propios intereses, individuales y de grupo, en aras de los cuales no le importa transgredir la ley y enfrentarse a poderosos en beneficio de otros poderosos. El precio es que no ha podido ser secretario de Comunicaciones y Transportes. Pero algo ha cosechado: como sólo le teme a la ausencia de reflectores, Felipe Calderón lo puso en la Secretaría del Trabajo para confrontar a los movimientos sindicales.
Amigo personal de Guillermo Ortiz y de Francisco Gil Díaz, con quienes laboró entre 1984 y 1989 en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; funcionario de primer nivel en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el zedillismo (oficial mayor, subsecretario y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones entre agosto de 1996 y mayo de 1999), Javier Lozano Alarcón abandonó su carrera de piano en el Conservatorio Nacional de Música y su militancia priista para aspirar a ser uno de los hombres fuertes del presidente Felipe Calderón, aun a costa de que se le considere uno de los secretarios más rijosos del gabinete.
A su paso por el sector de telecomunicaciones Lozano Alarcón sembró varios de los conflictos que este año revivieron con toda su fuerza: se confrontó con el magnate Carlos Slim, quien no toleró el hecho de que se sentaran las bases para favorecer a los competidores de Telmex, y benefició con dos prórrogas simultáneas a la empresa Unefon, que posteriormente fue adquirida por Ricardo Salinas Pliego, uno de los clientes del despacho Javier Lozano y Asociados.
Quienes lo conocen saben que su principal aspiración en el gobierno de Felipe Calderón fue llegar a ser titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El veto simultáneo de Telmex, Televisa y de varios operadores de telecomunicaciones provocó que Calderón dejara a su antiguo condiscípulo de la Escuela Libre de Derecho (uno más en el gabinete) al frente de la Secretaría del Trabajo.
Esto no ha impedido que Lozano se confronte lo mismo con el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que con sus antiguos correligionarios priistas, y hasta defienda a través de cartas públicas el nombramiento de Jorge Mier y de la Barrera como oficial mayor de la Secretaría del Trabajo, después de que el Consejo de la Judicatura lo despidiera por presunto fraude y cohecho.
Mier y de la Barrera conoció a Lozano desde los tiempos en que el titular del Trabajo fue subsecretario de la SCT y presidente de la Cofetel. Esa red de intereses y de compromisos están presentes ahora que, desde la Secretaría del Trabajo, el abogado originario de Puebla no oculta sus pretensiones de convertirse en el sucesor de Calderón en la Presidencia de la República.
Los conflictos
El 1 de octubre de 1998 y el 29 de marzo de 1999, la firma del entonces presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Javier Lozano Alarcón, avaló un hecho inédito en la historia del sector: en dos ocasiones consecutivas autorizó que la empresa Unefon prorrogara el pago de 80% de 2 mil 620 millones de pesos por concepto de contraprestación en la licitación que había ganado para explotar por 20 años las frecuencias para telefonía inalámbrica, fija y móvil.
A ninguna compañía, como a Unefon, se le han otorgado dos prórrogas consecutivas a fin de que pague la contraprestación de una licitación para explotar 18 títulos de concesión en telecomunicaciones que ya había ganado.
Casi una década después de que Lozano, junto con los demás integrantes del pleno de la Cofetel, autorizaran este privilegio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) subrayó en su informe de 2008 que tanto Lozano como el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de aquella época, Carlos Ruiz Sacristán, actuaron indebidamente al otorgar esas dos prórrogas.
“Para el pago del 80% restante –advierte el informe de la ASF–, Unefon solicitó una prórroga de 180 días; al respecto y sin tener facultades para ello, el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) autorizó indebidamente dicha prórroga, pero condicionándola al pago de intereses. Las tasas de dichos intereses fueron sometidas por Cofetel a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia que, sin tener facultades, señaló que las mismas eran adecuadas y que no encontraba objeción alguna para su aplicación”.
La ASF le reprochó a la Cofetel que al incumplir Unefon la primera prórroga debió descalificar las concesiones de 27 bandas de frecuencia en telefonía, pero en lugar de eso le otorgó una segunda prórroga.
Lozano Alarcón contraatacó a la ASF, advirtiendo que la mayor irregularidad no se cometió durante su breve periodo como presidente de la Cofetel –de abril de
Lozano acusó a la SCT de haber perdido un litigio ante Unefon que provocó el pago de 550 millones de pesos a la empresa de Salinas Pliego por el “cobro indebido de los intereses” por una multa impuesta en 1998. Ese pago se realizó el último día de la gestión foxista, el 30 de noviembre de 2006, y quedaron por pagar 46 millones de pesos.
El exsubsecretario de la SCT Jorge Álvarez Hoth le respondió a Lozano que este pago se realizó para cumplir una orden del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJA) y que, en todo caso, el origen del problema radicaba en el otorgamiento irregular de dos prórrogas consecutivas (Proceso 1626, 1639 y 1642).
El caso generó un fuerte debate público entre Álvarez Hoth y Lozano Alarcón, al tiempo que las bancadas del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados demandaron que el titular de Trabajo renunciara a su cargo mientras la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigaba las irregularidades del caso.
En un extenso documento, distribuido el 1 de mayo de 2008, los exmiembros de la Cofetel Javier Lozano, Jorge Arreola, Jorge Lara y Enrique Melrose trataron de justificar su decisión en el caso Unefon. Señalaron que las dos prórrogas se le otorgaron a Unefon con el consentimiento de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento del gobierno federal y ambas fueron objeto de análisis de la Contaduría Mayor de Hacienda (predecesora de la actual ASF) sin que existiera ninguna observación crítica en los ejercicios fiscales 1998 y 1999.
En una entrevista con el especialista Gabriel Sosa Plata, quien escribió ampliamente sobre este expediente, Lozano Alarcón justificó esas prórrogas por el “contexto de crisis económica” que se presentó en 1998. De no haberse otorgado las prórrogas, argumentó Lozano, se hubiera generado una pérdida de ingresos para el Estado.
El litigio aún está abierto en la SFP. Si bien ya prescribió cualquier sanción contra Lozano Alarcón, él presiona en la dependencia para que se pronuncie en contra del dictamen de la ASF, ya que, si ocurre así, habría una investigación en contra de los exfuncionarios de la SCT que autorizaron el pago de los 550 millones de pesos.
Las presiones de Lozano, según fuentes de la SFP, cuentan con el aval del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles, el mismo que apoyó a Lozano en el decreto presidencial para extinguir la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
La única beneficiada con esta disputa fue la empresa de Ricardo Salinas Pliego, quien desde diciembre de 2007 reclamó que la SCT le pagara 3 mil 57 millones de pesos por “actualizaciones”, intereses acumulados y “cobro indebido de intereses” a Unefon.
Lozano Alarcón fue asesor de las empresas del Grupo Salinas, a través de su consultoría Javier Lozano y Asociados, S.C. En este despacho participó también como socio Enrique Melrose, excomisionado de la Cofetel que también firmó las dos prórrogas a Unefon.
Desde la Secretaría del Trabajo, Lozano volvió a subirse al ring, a principios de febrero pasado, con el magnate Carlos Slim, quien había pronosticado entonces un desempleo histórico para el país, el cierre de empresas y un desplome del Producto Interno Bruto.
Lozano acusó de “catastrofista” al principal accionista de Telmex y le sugirió que “debía ser más cauteloso al emitir sus pronósticos y proyecciones”. Agregó: “Más bien debería decirnos cómo él y sus empresas de su grupo van a enfrentar la crisis y retomar la senda del crecimiento”.
Cuando se desempeñó como subsecretario de Comunicaciones y Transportes (1996-1997) y como presidente de la Cofetel (1998-1999), Lozano abrió el paso a la competencia en el mercado de la telefonía. Telefónica, empresa de capital español que en México dirige Francisco Gil Díaz, amigo y exjefe de Lozano en Hacienda, fue una de las compañías beneficiadas.
Desde ese momento Lozano propuso utilizar nuevas tecnologías para los servicios convergentes de telefonía. En 1999 ya se proyectaba una millonaria inversión en la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, alterna a la de Telmex.
Slim fue uno de los grandes empresarios que “vetó” a Lozano para que asumiera la titularidad de la SCT. Esta vieja aspiración del abogado de la Escuela Libre de Derecho se vio frustrada cuando Luis Téllez, su amigo y exiliado político, salió de la dependencia en medio de un escándalo por las grabaciones en las que atacaba a la Cofetel y por los enfrentamientos con la subsecretaria de Comunicaciones, Purificación Carpinteyro.
Lozano Alarcón volvió a buscar ese cargo, pero fue nombrado Juan Molinar Horcasitas, que carece de experiencia en el sector. Eso no ha impedido que el secretario del Trabajo siga impulsando desde esa posición su agenda en materia de telecomunicaciones.
El bandazo con Televisa
Con la empresa televisiva más poderosa del país, Lozano también ha tenido desencuentros y acercamientos. Durante la discusión sobre la Ley Televisa, Lozano Alarcón llegó a calificar la iniciativa como “una ley retrógrada en la materia, que poco nos va a ayudar”, durante una entrevista en el programa radiofónico de Óscar Mario Beteta, el 10 de diciembre de 2005.
En las primeras audiencias realizadas en el Senado, en febrero de 2006, manifestó su oposición a la apropiación anticipada del espectro radioeléctrico. Calculó que este negocio podría representar entre 150 y 200 millones de dólares para Televisa (Proceso 1520).
Sin embargo, una conversación telefónica entre Javier Tejado Dondé y Joaquín Balcárcel, altos ejecutivos de Televisa, revela que unas semanas antes de que se aprobara la Ley Televisa en el Senado, Lozano Alarcón ya había cambiado de opinión. Ya no consideraba como “ley retrógrada” esta iniciativa que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados y generó un intenso debate en el Senado.
La grabación, cuya copia tiene Proceso, revela las presiones a distintos partidos políticos encabezadas por Televisa y exhibe la animadversión que hay en esa televisora hacia Carmen Aristegui, en ese entonces conductora de W Radio, a quien describen como “vocera de los opositores” e “incendiaria”.
En la parte medular de la conversación, Tejado Dondé le informa a Balcárcel:
“Ya se acabaron las audiencias públicas, ya están viendo si votan o no el asunto. Entonces, estoy en eso. Algo que es muy importante: Javier Lozano, que estaba muy crítico, ya dio el bandazo y ya se pronunció a favor…”
El “bandazo” de Lozano Alarcón se produjo, efectivamente, en las últimas audiencias públicas en las comisiones dictaminadoras en el Senado. Declaró que la minuta tenía “cosas positivas”; y, de ser “retrógrada”, pasó a ser una ley “que contiene avances”.
De todas formas Televisa no lo ha apoyado en sus aspiraciones para ser titular de la SCT. Su cercanía durante un tiempo con TV Azteca le causa desconfianza a la empresa de Emilio Azcárraga Jean. Sin embargo, desde que estalló el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, las críticas a Lozano han aminorado mucho en la pantalla del “canal de las estrellas”.
Arbitrario... y golpeador
ROSALíA VERGARA,
Escándalo tras escándalo, Javier Lozano Alarcón ha dejado una marca de intolerancia a su paso por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. “Prepotente”, “soberbio”, “autoritario”, “bravucón”... son algunos de los motes que abogados laboralistas, líderes sindicales y hasta sus subordinados le endilgan al funcionario expriista que no pierde oportunidad para dar la cara por Felipe Calderón.
El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, suele saltar al ruedo para defender a la administración de Felipe Calderón, incluso más allá de su ámbito de competencia: en 2007 se confrontó con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, por la regulación de las manifestaciones públicas que el funcionario federal pretende sean reprimidas, así como por el seguro de desempleo que el gobernante capitalino propuso para los habitantes de la Ciudad de México. Pero también lo descalificó por enviar ayuda a entidades afectadas por las inundaciones, como Tabasco.
Ebrard lo ha calificado como un “porro” al que “su jefe lo mandó a decir lo que él no puede decir”.
No es el único opositor que lo cuestiona. Las quejas en contra de Lozano van desde una denuncia ante la PGR por abuso de autoridad, presentada por los defensores de las viudas de Pasta de Conchos, hasta la reciente solicitud de juicio político que promueve el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por violar los derechos de más de 40 mil electricistas con la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
Lozano Alarcón estuvo involucrado en el escándalo de los 205 millones de dólares incautados al empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon, quien acusó al titular de la STPS de obligarlo a guardar ese dinero durante la campaña presidencial del panista Felipe Calderón.
En tres años de gestión, el secretario del Trabajo ha chocado con los mineros, los sobrecargos, las viudas de Pasta de Conchos, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), y los electricistas y sus defensores laborales, como Néstor de Buen y Manuel Fuentes, beneficiando con sus decisiones a los empresarios, aseguraron los laboralistas citados, con quienes coinciden el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Napoleón Gómez Urrutia, otros litigantes en la materia que prefirieron el anonimato y hasta trabajadores de la propia STPS.
La “libreta roja”
Los abogados entrevistados cuentan que, a partir del desplegado publicado por la UNT el 15 de octubre en apoyo al SME y en contra de la “acción autoritaria y a todas luces ilegal” por la toma de las instalaciones y el decreto de liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Javier Lozano arreció su antisindicalismo.
En una reunión sostenida con la UNT –integrada por los sindicatos del IMSS, de Telefonistas y de la UNAM–, Lozano Alarcón les echó en cara su apoyo a los electricistas. El funcionario pidió a su asistente que le llevara “la libreta roja” donde anota las críticas que le hacen los líderes sindicales, con fechas y palabras exactas. Comenzó a leer sus notas y a confrontar a los dirigentes de la UNT, cuyas diferencias afloraron en abril pasado cuando el líder del SNTSS, Valdemar Gutiérrez Fragoso, aceptó la candidatura del PAN a diputado federal y anunció su salida de la agrupación.
Ante los reclamos de Lozano, el representante del sindicato del IMSS se deslindó del desplegado, lo que provocó severas críticas del dirigente de los telefonistas, el diputado Francisco Hernández Juárez, quien le recriminó su tibieza y poca solidaridad hacia el SME.
El 11 de noviembre, durante el paro cívico convocado por el SME, Hernández Juárez advirtió que la STPS preparaba una embestida contra los telefonistas por apoyar a los electricistas. Ahí describió la reacción de Lozano Alarcón al enterarse del amparo del SME contra el decreto de liquidación: enojado, anunció que la medida fracasaría porque LFC estaba muerta y él había expedido su certificado de defunción.
De cuño priista
Abogados laboralistas y trabajadores de la propia STPS sostienen que Lozano Alarcón es “insufrible”, porque es impaciente y tiene un carácter explosivo. En la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) le apodan Kid Lozano por “bravucón”, o Archivaldo, porque ordena archivar los expedientes que le resultan incómodos, como las solicitudes de aumento salarial de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA).
Cuentan que sus giras las llaman “los viajes del adiós”, porque al regreso despide a uno de sus colaboradores o éstos renuncian por diferencias con el funcionario. A su equipo lo apodaron genérico intercambiable, porque al personal lo cambia de puesto a su antojo.
Sus desplantes son alentados por su supuesta relación personal con el Ejecutivo, porque es su “asesor”. Lozano Alarcón conoció a Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho; ambos se titularon en 1987.
Su carácter lo impulsa a responder personalmente las críticas en su contra publicadas en los medios de comunicación, sólo que las redacta y firma con nombres de sus colaboradores sin antes consultarlos, sostienen.
Por eso, consideran a la STPS un instrumento del sector empresarial y comparan a Lozano Alarcón con Arsenio Farell Cubillas, quien fue secretario del Trabajo durante los sexenios de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, pero “sin conocimiento jurídico. Se parecen en lo arbitrario”.
Para agradar a Calderón, aseguran, el profesor titular de la cátedra de introducción al estudio del derecho de la Escuela Libre de Derecho se muestra “echado para adelante”, magnificando los problemas con los sindicatos, actuando de manera arbitraria, como lo hizo en abril pasado con los mineros de Cananea, al terminar la relación laboral con Grupo México en una sesión que duró 24 horas en la JFCA.
Lozano Alarcón nació en Puebla el 21 de noviembre de 1962. Estudió en la Escuela Libre de Derecho en la generación 1981-1986. Después de hacer carrera en el área de telecomunicaciones, de
En 2000 se desempeñó como responsable del área de prensa del CEN del PRI, encabezado entonces por Dulce María Sauri Riancho. Es un personaje cercano al expriista exsecretario de Gobernación del zedillismo y exdiputado panista Diódoro Carrasco Altamirano. Ambos se afiliaron al PAN en septiembre de 2005.
En 2006, tras apoyar la campaña presidencial de Calderón como “proyectista y redactor” y responsable del “cuarto de guerra” en el cual se diseñaron las estrategias de “guerra sucia”, es nombrado secretario del Trabajo y Previsión Social. (Proceso 1601)
Los mineros
Apenas estrenado en el cargo, Lozano Alarcón debió enfrentar el conflicto con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) que inició el último año del sexenio foxista.
En lugar de encontrar una salida negociada, se dedicó a defender a Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, la empresa minera más grande del país; desconoció a Gómez Urrutia como líder y se giraron órdenes de aprehensión en su contra por el presunto desvío de fondos de un fideicomiso firmado entre la empresa y el sindicato desde 2001. Ante el golpeteo, el dirigente sindical optó por el autoexilió en Vancouver, Canadá.
En entrevista telefónica, Gómez Urrutia sostiene que Lozano Alarcón, según “informes extraoficiales, estaba o está en la nómina de Grupo México”. A ello atribuye que se conduzca “de manera agresiva, prepotente e ignorante respecto a temas laborales. Su papel es defender los intereses empresariales, en contra de los sindicatos”, resalta.
El líder minero cuestiona la actitud de “servilismo” que muestra Lozano Alarcón hacia Grupo México pese a que, “en privado”, Mota Velasco se refiere al funcionario como “gente a su servicio”.
Cuenta que en 2007 se llevó a cabo una reunión entre la dirigencia nacional del sindicato, sus abogados Néstor y Carlos De Buen y el secretario del Trabajo, donde se discutió el tema de las huelgas de solidaridad. Para Lozano Alarcón éstas no existían, por lo que recibió una cátedra del abogado Néstor De Buen, quien lo ilustró sobre las huelgas de hecho, de derecho y por solidaridad avaladas por la Ley Federal del Trabajo (LFT). “Desde entonces le agarró un resentimiento porque lo exhibió en toda su ignorancia”, afirma.
Esto lo confirma el propio Néstor De Buen. En entrevista con Proceso describe la buena impresión que le dejó conocerlo en persona, pero después de una reunión en la que estuvieron presentes Fernando Gómez Mont, como abogado de Grupo México, y el abogado priista y exlegislador Salvador Rocha Díaz, el titular de la STPS asumió “una actitud muy violenta” en su contra. Fue prácticamente la última vez que se reunieron. Hoy en día “no hay relación” con el funcionario, explica De Buen.
Las viudas
Un año antes, perfilado el conflicto con los mineros y la dependencia, una tragedia empañó el caso. El 19 de febrero de 2006 explotó la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, enterrando a 65 trabajadores, cuyos cuerpos todavía no han sido rescatados.
El abogado Manuel Fuentes es el defensor de las viudas de los mineros. En entrevista con Proceso asegura que el funcionario las ha maltratado. En las reuniones donde le exigen el rescate de los cuerpos ordena grabarlas y fotografiarlas.
Lozano Alarcón tampoco permite que los litigantes participen en los encuentros privados: “En alguna ocasión acompañé a unas señoras a una reunión con Lozano; dijo que yo no podía entrar y su personal de seguridad me impidió el paso. Aún así me metí, pero señaló que mientras estuviera yo dentro de la reunión ésta no se realizaría”. Destaca que el trato hacia las viudas era grosero, “incluso amenazante, como si fuera el líder de una pandilla”.
Lozano acusó a Manuel Fuentes y a Cristina Auerbach, de Pastoral Laboral, de lucrar con su gestión en favor de las viudas de los mineros, por lo que ambos presentaron una denuncia en septiembre de 2007 por abuso de autoridad. Días después la PGR archivó el expediente.
¡Coopelas o cuello!
En 2007, el empresario chino nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon, uno de los supuestos traficantes de seudoefedrina más importantes del sexenio foxista (Proceso 1601), lo implicó en presuntas actividades ilícitas para ocultar 205 millones de dólares, destinados a la campaña presidencial de Felipe Calderón.
El dinero se descubrió el 15 de marzo de 2007 en una casa de Las Lomas de Chapultepec. El empresario denunció en entrevista con AP que en mayo de 2006 Lozano Alarcón lo había amenazado de muerte si no guardaba el dinero. En ese encuentro le lanzó la célebre amenaza: “Coopelas o cuello”, citó Ye Gon mientras se pasaba la mano por la garganta como si sus dedos fueran un cuchillo.
Lozano Alarcón negó las acusaciones en entrevista con Proceso en su edición 1601. En el mismo número de este semanario, Ye Gon afirmó que entre mayo y junio de 2006 el secretario le pidió que guardara 5 millones de dólares en efectivo; le prometió recuperarlo después de las elecciones presidenciales del 2 de julio de ese año.
Lozano Alarcón viajó a Nueva York del 11 al 13 de julio de 2007, acompañado de su hermano Gerardo, para presentar una demanda contra Ye Gon por difamación, pero nunca procedió. Del caso, el funcionario salió bien librado. (Proceso 1602)
Aún no acababa de salir de ese escándalo cuando Lozano Alarcón se confrontó con el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. A través de una carta de cuatro fojas, el 15 de junio de ese año el secretario del Trabajo exigió a Ebrard que aplicara la ley a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes realizaban un plantón en los alrededores de la Plaza de la República para protestar contra la reforma a la Ley del ISSSTE. En respuesta, Ebrard le pidió que estudiara la Ley del Distrito Federal, “que se dedique a su trabajo” y “que no sea ignorante”
Otro caso son los sobrecargos. En septiembre de 2007 la Compañía Mexicana de Aviación presentó una demanda de conflicto colectivo de naturaleza económica ante la JFCA, luego de que la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) la emplazó a huelga. Argumentaron que el Contrato Colectivo de Trabajo de esos empleados era tan caro que Mexicana de Aviación era inviable. Hasta la fecha, sigue sin resolverse.
Es el mismo argumento que dio el gobierno federal para justificar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro el pasado 11 de octubre. Pero en esta ocasión decidió decretar la extinción de la empresa paraestatal, con lo que prácticamente desapareció al sindicato que el 14 de diciembre cumplirá 95 años de creación.
Lozano Alarcón está a la espera de que el próximo 27 de noviembre se resuelva el amparo interpuesto por el SME contra el decreto de liquidación de LFC, para pedir a la JFCA que dé por terminada la relación laboral entre la extinta paraestatal y los electricistas sindicalizados.
Para Martín Esparza, detrás de la embestida contra 44 mil electricistas está la oportunidad para hacer negocio con la red de mil
Mientras tanto, Lozano Alarcón espera “el momento oportuno” para presentar la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) a la Cámara de Diputados, como lo anunció desde mayo del año pasado. El proyecto, de 131 fojas, ha sido bautizado como Ley Lozano, aunque está basado en la iniciativa elaborada por el difunto Carlos Abascal cuando fue presidente de la Coparmex en 2001 (Proceso 1648).
El PAN empeoró la corrupción
DANIEL LIZáRRAGA,
El Índice de Percepción de Corrupción (IPC), que elabora la organización Transparencia Internacional, es elocuente: este año México comparte el lugar 89 con Lesotho, Malawi, Ruanda y Moldavia, que hasta hace poco no figuraban en el análisis. Para ellos la puntuación de 3.3 representa un progreso. En cambio, aquí, los gobiernos panistas mantienen vigente la trama priista del contubernio y la componenda, mientras bloquean legal y administrativamente a las instituciones de vigilancia, información y rendición de cuentas.
Lesotho es un pequeño reino montañés cuyos habitantes tienen una esperanza de vida de 37 años y sufren una de las tasas más altas de casos de infección por VIH/sida –23%, sólo detrás de otras naciones africanas, como Suazilandia y Botswana–; sin embargo, obtuvo una calificación de 3.3 en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2009, con lo que se ubicó en el mismo nivel que México, según se desprende del informe de la organización Transparencia Internacional, que realiza ese estudio.
El IPC se basa en 13 sondeos y encuestas elaboradas por 10 instituciones independientes. La calificación más alta es 10 y la más baja es 0. El IPC se aplica en forma de encuestas sobre la corrupción del sector público de 180 naciones. Se incluyen preguntas relacionadas con el abuso del poder para beneficio privado, sobornos a funcionarios, malversaciones del erario y la eficacia del sector público.
Todas las fuentes de datos deben proporcionar una clasificación de los países y medir el alcance global de la corrupción. Esta condición excluye los estudios en que la corrupción se mezcle con otros problemas, como la inestabilidad política, la descentralización y el nacionalismo.
Con un régimen monárquico parlamentario, Lesotho requiere de la ayuda extranjera para mitigar las hambrunas, ya que en promedio su población sobrevive con 2.65 dólares diarios. Y a pesar de que hasta 1966 consiguió independizarse del Reino Unido, de que no cuenta con una Ley de Transparencia y padeció un golpe militar en 1986, el pequeño país apareció en el IPC en 2005 y desde entonces ha mantenido su promedio de 3.3.
México fue tomado en cuenta por Transparencia Internacional desde 2001, el primer año del IPC. Era el inicio del sexenio de Vicente Fox, el primer presidente surgido de la oposición y quien hizo del combate a la corrupción una de sus banderas de campaña. Sin embargo, desde entonces las calificaciones de México han ido cuesta abajo y el actual 3.3 es la peor en nueve años.
Los gobiernos panistas de Fox y de Felipe Calderón no han conseguido nunca una calificación aprobatoria de 6 y tampoco han recuperado al menos el promedio de 3.7 que heredaron del régimen priista, cuya supremacía duró más de 70 años y se caracterizó por la corrupción.
Malos pescadores
Al dar a conocer los resultados del IPC correspondiente a 2009, el martes 17, Transparencia Internacional informó desde sus oficinas en Berlín, Alemania, que la corrupción sigue siendo un desafío mundial, ya que la mayoría de los países obtuvo una calificación inferior a cinco puntos, como México y Lesotho.
Ese país, con un territorio de 30 mil
El Proyecto Hidráulico de la Región Montañosa de Lesotho (LHWP, por sus siglas en inglés) fue considerado por el Banco Mundial como una de las obras más ambiciosas, con un costo de 8 mil millones de dólares. Se trata de un sistema de grandes presas y túneles que llevarían agua a la árida provincia sudafricana de Gauteng y, al mismo tiempo, generarían electricidad para las zonas más desprotegidas.
En 2002, cuando aún no era tomado en cuenta por Transparencia Internacional, el gobierno de Lesotho llamó la atención de la prensa europea cuando condenó al director general de LHWP, Efraim Sole, a 18 años de prisión. Además, les impuso multas de varios millones de dólares a empresas vinculadas al proyecto, como la canadiense Acres.
El gobierno del país africano prosiguió sus investigaciones, aunque estaba de por medio la más grande obra de infraestructura en su historia, la cual elevaría la calidad de vida en sus comunidades. El juicio contra las empresas y los funcionarios duró dos años.
La misma semana que Transparencia Internacional dio a conocer los resultados del IPC 2009 que ubican a Lesotho con 3.3 de calificación, el diario español El País publicó en su suplemento El País Semanal (edición 1729) una serie de reportajes titulado “20 historias, 20 países, 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño”. Ahí aparece la historia de “el reino de las abuelas”, como llaman a Lesotho, porque al morir los padres, comúnmente de sida, los niños quedan al cuidado de las ancianas.
Desde 2002 México cuenta con una Ley Federal de Transparencia que ha sido emulada en Centroamérica y el Caribe. La reciente norma creada en Chile también guarda similitudes con el “sistema mexicano”, como se le conoce internacionalmente. No obstante, como reiteró públicamente el excomisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Juan Pablo Guerrero, “las leyes de transparencia no combaten por sí solas la corrupción ni van a acabar con la impunidad. Sostener lo contrario es una falacia”.
Lesotho no cuenta con la Ley de Transparencia, pero esta circunstancia, que comparte con la gran mayoría de los países de su continente, no impidió que obtuvieran amplio respaldo del gobierno suizo para investigar una compleja red de cuentas bancarias que se utilizaron para sacar el dinero de los sobornos.
También colaboró en este juicio Sudáfrica, en cuyo territorio está enclavado Lesotho. Como buen vecino, ayudó con toda la documentación que tuvo a su alcance y creó una brigada de más de 100 funcionarios, llamada Los Escorpiones Azules, con el fin de perseguir delitos relacionados con la explotación de sus caudalosos ríos.
Precisamente Sudáfrica es otro caso interesante por sus números en el IPC. Durante 46 años, de
Ese puntaje es reprobatorio y aun así parece una lejana meta para México. El año que estuvo más cerca fue en 2001, al principio del gobierno foxista, cuando llegó a 3.7, pero en realidad la medición correspondió al año 2000, el último del sexenio del priista Ernesto Zedillo.
El 10 de diciembre de 2001 el presidente Vicente Fox anunció en Querétaro que pronto caerían “peces gordos” como consecuencia de la lucha contra la corrupción. Para ello nombró a Francisco Barrio como secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Pero nunca se movieron las redes tendidas por el gobierno federal. No hubo, ni de lejos, peces tan gordos como los que pescó el gobierno de Lesotho, entre ellos quien fue director del ambicioso proyecto LHWP.
El caso más importante de corrupción que tuvo en sus manos el foxismo fue el desvío de recursos públicos de Petróleos Mexicanos para apoyar la campaña del candidato presidencial priista, Francisco Labastida Ochoa, en un enredo conocido como el Pemexgate. Tres de los presuntos implicados –los líderes del poderoso sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, así como el otrora director de la paraestatal, Rogelio Montemayor– nunca pisaron la cárcel.
El 13 de diciembre de 2001, el zar anticorrupción del foxismo reveló entonces que cuando Carlos Salomón Cámara era director de la Lotería Nacional, entregó a un grupo de vendedores 63 millones 331 mil 179 pesos en forma ilegal. Entre los beneficiados se encontraba uno de sus familiares. No obstante la espectacularidad del anuncio, el golpe no se concretó. La Procuraduría General de la República deslindó al exfuncionario de toda responsabilidad. El asunto ni siquiera llegó a los juzgados.
Al siguiente año México bajó un punto en el IPC, al pasar de
Transparencia saboteada
Lesotho no es el único país que compartió con México el lugar 89 en la lista de Transparencia Internacional de 2009. En ese escalafón aparecieron también Malawi, Moldavia y Ruanda.
La estrepitosa caída de México en la medición de Transparencia Internacional fue la noticia principal en la gran mayoría de los diarios editados en la Ciudad de México el pasado miércoles 18.
“Mientras haya tantos trámites habrá mucha oportunidad de corrupción”, dijo al respecto el secretario de la Función Pública, Salvador Vega. Pero Salomón Presburger, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), comentó: “Los jóvenes están aprendiendo que al ser corruptos existe una paga”.
Malawi, una excolonia británica, es uno de los países menos desarrollados y más densamente poblados del mundo. Su economía está basada en la agricultura. El gobierno depende completamente del apoyo internacional para satisfacer sus necesidades básicas, y la esperanza de vida de sus habitantes no supera los 45 años. Actualmente cuenta con 39 aeropuertos pero sólo seis de ellos tienen pistas pavimentadas.
A pesar de sus difíciles circunstancias económicas, el gobierno de Malawi obtuvo este año su calificación más alta desde que se dio a conocer el IPC en 2001. Esta pequeña nación, colindante con Zambia y Mozambique, consiguió su independencia del Reino Unido el 6 de julio de 1964, hace 45 años. México está por llegar al bicentenario de la Independencia y al centenario de la Revolución.
Los países que alcanzaron las mejores calificaciones en el IPC fueron Nueva Zelanda (9.4), Dinamarca (9.3), Singapur (9.2), Suecia (9.2) y Suiza (9.0). Tienen en común la estabilidad política, que han logrado normar los conflictos de intereses y que consolidaron las instituciones destinadas a combatir la corrupción.
Hace alrededor de dos meses, el presidente Felipe Calderón propuso al Congreso de la Unión desaparecer tres secretarías de Estado para ahorrar recursos públicos. Una de las elegidas fue la de la Función Pública, encargada de vigilar a los funcionarios y de supervisar el uso del erario, así como de regular las licitaciones en obras de infraestructura.
Aunque esta alternativa fue rechazada por el Congreso de la Unión, el mandatario propuso crear una Contraloría General de la República, cuyo titular sería designado por Calderón y despacharía en la residencia oficial de Los Pinos. Pero lo más novedoso, incluso en el ámbito internacional, fue el planteamiento de que la propia Presidencia de la República resolviera cualquier queja o inconformidad que surgiera sobre las licitaciones en materia de infraestructura.
Esto contradice las recomendaciones de Transparencia Internacional, según la cual resulta indispensable contar con instituciones sólidas, autónomas y con suficientes recursos públicos para combatir la corrupción.
Ruanda, otra de las naciones que apareció con la misma calificación de México, padece altísimas tasas de desnutrición crónica. Aún no se repone de sus sangrientas guerras internas, especialmente del genocidio desencadenado en 1994 y en el que murieron alrededor de 1 millón de personas.
En esa época, al presidente Carlos Salinas de Gortari le estallaba en las manos el sueño de llevar a México al llamado primer mundo. Ruanda era un país en conflicto y el genocidio se difundió por la prensa con imágenes e historias atroces. Este año, Ruanda y México obtuvieron la misma calificación en el IPC 2009: 3.3 .
Ruanda tiene como único sostén económico su agricultura. México es uno de los socios comerciales de mayor peso de Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. De hecho, en 2001, cuando Transparencia Internacional publicó por vez primera el IPC, Ruanda no apareció en él. No obstante, ese mismo año México, que ya estaba a las puertas de la alternancia política luego de más de 70 años de hegemonía priista, alcanzó su calificación más alta: 3.7.
Hasta la fecha, el gobierno calderonista no ha informado sobre casos especiales de sobornos. Tampoco ha investigado los expedientes que datan del régimen priista y que permanecen guardados en el Archivo General de la Nación. En la Secretaría de la Función Pública despacha un amigo del presidente, Salvador Vega, quien no tenía experiencia en la persecución de delitos relacionados con el lavado de dinero, los sobornos o la malversación de recursos públicos. Su trabajo anterior fue legislativo.
Moldavia, otra de la naciones que empató con México en el IPC 2009 es un país de Europa Oriental, sin salida al mar y que limita con Rumania y con Ucrania. Hasta 1991 perteneció a la Unión Soviética, aunque siempre fue una de las zonas más pobres en recursos naturales.
En México, la otra instancia encargada de vigilar el uso y destino de los recursos públicos es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo vinculado a la Cámara de Diputados, que apenas alcanza a revisar entre 1.5 y 2.0% del erario debido al poco personal y a su bajo presupuesto. Según la clasificación internacional –marcada por los países que ocupan los primeros lugares en el IPC–, los rangos de revisión deberían oscilar entre 5 y 10%.
La impunidad como estrategia política
JULIO SCHERER IBARRA,
La corrupción en México crece sin freno de gobierno en gobierno, en binomio con la impunidad. Ambas, corrupción e impunidad, son causa y efecto en sí mismas y son utilizadas para gobernar de acuerdo a los intereses de grupo. A partir de un riguroso análisis jurídico, el abogado Julio Scherer Ibarra explora este fenómeno, que es ya una estrategia consustancial al quehacer público nacional, en el libro Impunidad. La quiebra de la ley. Y ofrece cuatro ejemplos emblemáticos de corrupción impune: el enriquecimiento inexplicable de Arturo Montiel; el conflicto de intereses de Juan Camilo Mouriño; las irregularidades dolosas en la investigación del caso Zhenli Ye Gon, y los actos ilícitos de César Nava a su paso por el jurídico de Pemex. De la obra, que empezará a circular en días próximos bajo el sello de Grijalbo, adelantamos aquí la Introducción y las Consideraciones finales.
Introducción
Se dice de la estrategia que es el arte de dirigir. Se dirige un ejército, se dirige un partido; a los estrategas se les encomienda un proyecto para destrabar una situación crítica y a ellos se recurre para levantarse en una contienda cerrada.
No fue coincidencia que los estrategas de este tiempo azul y los del tiempo tricolor diseñaran la misma política para asegurar a un grupo en el poder. El pensamiento de los estrategas de uno y otro bando ha sido claro y preciso: el poder se conserva gracias a la impunidad.
El poder sin contrapeso hace doblemente fuertes a los fuertes. Hay que eliminar a la autoridad que busque consenso. Lo que cuenta es el poder sin ambages, la arbitrariedad en toda su crudeza. El que tiene el poder manda. El que manda predomina. El que predomina impone sus normas a la sociedad.
Así se plantea el principio, después viene la praxis. En los hechos, en la aguerrida lucha de todos los días, ¿cómo hacer de la impunidad un baluarte? Los estrategas saben de eso y discurren con acierto. Así, imaginan una fortaleza, un búnker. En su interior viven y batallan los hombres y mujeres fieles a una creencia, a un modo de hacer política. Seamos impunes, discurren, vivamos por encima de la ley. De esta manera, la impunidad termina en casta, grupo encerrado en sí mismo que gobierna conforme a sus designios. Los impunes, por naturaleza propia, terminan conduciéndose como si fueran inocentes, ajenos a toda perversión política. Como impunes que se piensan, para ellos la ley no existe. En estas condiciones, paradójicamente, la norma actúa contra los débiles, los no impunes, los que comparecen ante la ley y sus jueces, si así lo determinan los personajes del poder.
En la inteligencia de los estrategas queda un punto por resolver: más allá de los avatares que la vida trae consigo, ¿cómo predominar a despecho de los años y las circunstancias de ese misterio que es el destino? Para todo tienen respuesta: importará que al búnker no penetre un solo extraño. Ahí está el secreto. Un caballo de Troya en la fortaleza de la impunidad haría impensable este proyecto y sus consecuencias, el poder efímero que, como tal, de poco sirve. Se trata no solamente de alargar el tiempo y hacer política en función de sus diarias contradicciones, sino de “mandar” con los ojos puestos en los sexenios posteriores. Un sexenio representaría apenas un suspiro; dos, ya sería una larga respiración; tres, la existencia con su vasto horizonte, el largo futuro que permite soñar.
Para los de afuera, los no impunes, aquéllos para los que las leyes sí existen, quedan las expectativas y los persistentes enfrentamientos con los discursos del poder y las manifestaciones de la fuerza, siempre al acecho para evitar cualquier tropiezo que pudiera dar al traste con los sueños de grandeza.
Todo lo que aquí decimos origina graves consecuencias para la sana convivencia, resumidas en una frase: el paulatino derrumbe del Estado de derecho. De la ley abatida nacen muchas desgracias y de la denegación de la justicia nacen los crímenes, el sufrimiento que trae consigo una sociedad descreída que se encoge y rebela, se rebela y encoge hasta que un día, en la fatiga ya cercana a la desesperación, o en la desesperación, grita: basta.
Vicente Fox dio cuerpo y forma a la impunidad flagrante. Sólo el derroche al que le llevó la megabiblioteca daría materia para recordar ese ejemplo de la sinrazón, tributo a la vanidad que privó a la nación de proyectos culturales armados larga y amorosamente. Su relación con Marta Sahagún hizo de uno y de otra la pareja indigna, que figurará en la historia de la megalomanía. De este modo se declararon dueños del futuro de México. En seis años discurriría el primer sexenio azul para Fox, el hombre; luego vendrían otros seis para Marta, la mujer .
Felipe Calderón pisa terrenos peligrosos y ya va por ahí, por la ruta de Fox, en pasos mal calculados que pudieran llevarlo a una caída de la que ya no sea posible reponerse. La complicidad con su antecesor se da sin ocultamientos y tiñe a la relación de un cinismo que agravia. La Contraloría de la Federación se encomendó en sus orígenes a Germán Martínez Cázares; hoy es claro que fue sólo una maniobra que culminaría con la exaltación de Martínez como presidente del Partido Acción Nacional (PAN).
Los impunes se comportan como inocentes. Son la ley y la ley no castiga a los de arriba, a los grandes, a los conductores. En el búnker todo se arregla entre correligionarios. En el interior de la fortaleza sólo hay fieles a Dumas: uno para todos y todos para uno.
La vida se da en la pareja, siempre dos, y la impunidad reclama su álter ego, única manera de construir el diálogo político, la palabra de dos que ya no pueden separarse. Ese otro yo es el receptor cómplice, perfecto. Así, la corrupción hermana y promueve la impunidad; al final ambas son causa y efecto en sí mismas. Se buscan, se necesitan y terminan por ser iguales. Un impune es un corrupto por su propia naturaleza, sucia la sangre que lo recorre.
La guerra contra el narcotráfico es hoy ejemplo de la impunidad y la corrupción que se acompañan. El licenciado Felipe Calderón, al iniciar su sexenio, anunció una batalla contra ese cáncer como su meta más ambiciosa. Con buen ánimo, los discursos sobre el tema pudieron haber sido intachables en teoría, pero ciertamente no se reflejaron en la realidad. Se ha visto que la lucha crucial contra el narcotráfico no puede acontecer sin una guerra de proporciones parecidas contra la corrupción. Qué bien que el jefe del Ejecutivo porte las insignias de general en jefe de las Fuerzas Armadas, pero qué mal que las nobles insignias no las luzca a la hora de castigar a la cauda de funcionarios sin una hoja impecable en el ejercicio de sus cargos. Germán Martínez es ejemplo nítido: incumplió en la Secretaría de la Función Pública (SFP) y difícilmente pudo cumplir al frente del partido en el poder.
La alianza entre los ejecutivos panistas Fox y Calderón es una prueba de la corrupción interna que priva en las filas azules. Vicente Fox y Marta Sahagún nos aturdieron con su megalomanía y estulticia. Desde tiempos de Echeverría no se tenía noticia de un mandatario al que públicamente se le llamara tonto e ignorante. Dijo Fox, en símil insuperable, que él se guiaba por las estrellas, que en ellas leía sus deberes para con la patria. El canto a la incultura lo acompañó siempre, día con día, hasta hacer de su sexenio un malhadado periodo de ocurrencias de mal gusto y frivolidades sin fin.
No obstante, es preciso reconocerlo, en la mentalidad de Fox cabía cierta congruencia: es más fácil leer en las estrellas que enterarse de sus deberes en los textos de la Constitución. La lectura en las estrellas se da sin esfuerzo. Basta cerrar los ojos o abrirlos. La lectura de la ley exige esfuerzo, carácter, voluntad de saber.
Casos mucho menores, pero irritantes hasta la desmesura, están representados por dos gobernadores insignes en su impudicia y atropello a la civilidad. Se trata de los mandatarios de Puebla y Oaxaca. El desprecio público los sigue, y la impunidad es su fortaleza. No cohabitan los panistas en el interior de esos regímenes priistas, pero no hay duda de que los gobernadores citados han establecido comunicación con el búnker azul. De otra manera no es posible explicarse la permanencia de ese par de sujetos en los cargos que ocupan para desgracia de sus estados.
Frustra en grado sumo que los poderes Legislativo y Judicial no hayan hecho valer sus atribuciones para discutir y sancionar el comportamiento de Mario Marín y Ulises Ruiz. Otro tanto debería esperarse del Ejecutivo federal. En este último caso podría pensarse que el asunto no es de su competencia, pero eso llevaría a contradicciones, pues frente al escándalo de Zhenli Ye Gon el Ejecutivo sí actuó.
Cuanto decimos acerca de la impunidad lo sabe de sobra el licenciado Felipe Calderón. Cabe recordar que en una conferencia de prensa, celebrada en Estados Unidos a finales de abril de 2008, declaró que la impunidad representa un hecho doloroso para la sociedad mexicana Asimismo, admitió que estamos lejos del principio en que descansa la justicia, que ha de ser pronta, expedita; no lenta y tortuosa, como la padecemos.
En esta historia alrededor del panismo y de sus hombres sobresalientes el día de hoy, Vicente Fox y Felipe Calderón, no hay manera de pasar por alto las tribulaciones de la elección de 2006, plagada de irregularidades e ilícitos que se han abierto paso hasta dejar una constancia cierta en el ánimo público. Muchos la llaman “guerra sucia”, que se traduce, sin duda, como “elección sucia”.
La impunidad y la corrupción, binomio funesto, maltratan al país en su mero corazón. Urge atender ese corazón como a ningún otro órgano del cuerpo social.
Consideraciones finales
El horizonte de la impunidad en México es, desafortunadamente, amplísimo. Esa pasmosa realidad, construida día a día, a lo largo de mucho tiempo, es vasta y parece no tener fin.
Cuando nos propusimos hacer un trabajo cuyo tema fuera la impunidad, se pensó ir de lo general a lo particular; del análisis de lo que se entiende por impunidad en términos culturales, legales; del examen de la manera en que ésta se ha desarrollado y los efectos que produce en nuestra sociedad y en nuestra concepción del mundo, hasta la revisión de casos concretos que ejemplifican sus diversas formas.
Conforme analizamos la información relacionada con los cuatro ejemplos expuestos, advertimos que lo particular superó a lo general. Los matices, las formas para encubrir las conductas ilegales son tantos y tan sofisticados, que cada caso específico deja de ser un mero ejemplo, un simple caso, para convertirse en un modelo de cómo eludir responsabilidades.
La práctica supera a la teoría, y nos damos cuenta de que aún nos falta mucho por saber del tema. La ejecución de la “estrategia impunidad” está rebasando lo que la estructura del Estado puede soportar. Un caso de impunidad es una afrenta grave. Una estrategia de impunidad lo corroe todo.
No castigar los ilícitos cometidos agravia en el presente, deja un daño en el pasado y permite el surgimiento de circunstancias para nuevos delitos en el futuro. Tolerar el mal comportamiento es consentir, previamente, el acto indebido. Con la “política” de impunidad que han adoptado los grupos que detentan el poder, están fomentando las condiciones ideales para los próximos ataques al Estado. El impune ha dejado de ser un simple caso aislado. Se ha convertido en un modelo, en un prototipo, en una manera de ser. ¿Cómo pretendemos que las cosas cambien y mejoren, si los que deben ser ejemplo de ese cambio y de esa mejoría no lo hacen?
El panorama es sombrío. Muchas son las personas, muchos los grupos que protegen a los Arturo Montiel, a los Mouriño, a los César Nava. Muchos saldrán en su defensa. ¿Los argumentos para exculparlos? Insuficiencia de pruebas; defectos de procedimiento; tecnicismos legales; presunción de inocencia. Aplicación estricta del Estado de derecho, en todo lo que beneficie al infractor; estricto apego a la ley, interpretada como mejor convenga.
Hablar de impunidad es una terquedad, porque ella habla de sí misma todos los días. Sin embargo su tono es tan constante que tristemente ya nos acostumbramos a ella.
Denunciarla ante las autoridades competentes para investigar es algo tortuoso, laberíntico. De entre los pasajes surge, impetuoso, el Minotauro, el sistema que nos devora. La impunidad sólo desaparecería si se desvanecieran los grupos de poder, si se disolvieran los intereses particulares de quienes nos gobiernan. Frente al poder político y el dinero, la moral se derrumba, anacrónica e inútil.
Contra el gobierno, duro y tupido
CARLOS ACOSTA CóRDOVA,
En los últimos días, negros para el presidente Felipe Calderón, llovieron críticas sobre el desempeño de su gobierno para enfrentar los devastadores efectos de la crisis económica que azota a México y amenaza con prolongarse. La CEPAL, la OCDE y el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, dieron a su conocer sus puntos de vista, desfavorables todos, a la gestión económica gubernamental. Pero eso no fue todo: advirtieron que lo peor aún está por llegar…
A la irritación pública generalizada por el inminente aumento de impuestos, el desempleo galopante y las expectativas de mejoría canceladas por una crisis económica a la que no se le ve fin, el presidente Felipe Calderón y su gobierno debieron sumar, en los últimos días, las más severas críticas, de organismos y líderes internacionales, a la forma en que han manejado la economía nacional.
Ningún gobierno mexicano, en la historia reciente, había sido evaluado con tal acritud como lo hicieron la semana pasada la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros organismos, así como el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz.
Ni siquiera el gobierno de Ernesto Zedillo, que en 1995 le tocó administrar y resolver, relativamente rápido, la hasta entonces más grave crisis económica del país –que desquició incluso los mercados financieros internacionales–, fue tan duramente criticado, desde fuera, como ha sido el de Calderón.
La puntilla, sin duda, la dio Joseph Stiglitz –Nobel de Economía 2001–, al decir, aquí en México, que el desempeño del país en el manejo de la crisis “ha sido uno de los peores del mundo”: ante la recesión, el gobierno mexicano reaccionó tardía y débilmente, acusó.
Y antes que tomar medidas fuertes y decididas para empujar la economía –como lo hicieron, por ejemplo, Brasil y Australia, que ya salieron efectivamente de la recesión–, México parece cruzado de brazos, sin aplicar políticas fiscales que estimulen la actividad económica y en espera de que Estados Unidos se recupere, agregó.
Con esa actitud, que está lejos de ser una estrategia para la recuperación, las expectativas de crecimiento no pueden ser más que débiles y pesimistas, machacó el Nobel, economista emblemático del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), del que también egresaron economistas mexicanos que han tenido puestos clave en el gobierno, como Pedro Aspe Armella, Luis Téllez Kuenzler y Jesús Reyes Heroles González Garza, entre otros.
Todavía no digería el gobierno las declaraciones de Stiglitz del miércoles 18 –que, para su disgusto, ocuparon espacios destacados en los medios de comunicación–, cuando al día siguiente la CEPAL dio a conocer su informe Panorama Social de América Latina 2009. El documento revela que en el periodo 2006-2008, la región experimentó una disminución en el número de pobres, a excepción… de México.
“El único país en el que se registró un empeoramiento en la situación de la pobreza fue México, cuyo incremento de 3.1 puntos porcentuales entre 2006 y 2008 refleja los primeros efectos de la crisis económica que empezó a manifestarse hacia finales del año”, precisa el estudio.
De acuerdo con la CEPAL, en 2008 la pobreza en México alcanzó a 34.8% de la población; es decir, a unos 37 millones de mexicanos, cifra que supera el 31.7% registrado en 2006.
Pero no sólo aumentó la pobreza en el país, sino que también se redujo el nivel de ingresos de la población en general y empeoró la distribución del ingreso.
Y viene algo peor, pues en este 2009, año en que la crisis a escala mundial alcanzó la mayor profundidad, “el nivel de pobreza empeorará debido a la reducción del Producto Interno Bruto (PIB) y al deterioro del empleo y los salarios”, dijo en la presentación del documento la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la mexicana Alicia Bárcena.
Ese mismo día, otro organismo internacional abonó en el desánimo nacional y echó abajo el optimismo gubernamental respecto de una inminente recuperación económica, de la que han hablado el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y el propio presidente Calderón.
La OCDE aseguró que prácticamente lo que resta del sexenio está perdido en materia de crecimiento económico.
En la presentación, desde París, del Panorama Económico Mundial 2009, Cyrille Schwellnus, economista para México del organismo, asestó: “El choque negativo de
Y mientras el gobierno mexicano calcula que el PIB caerá este año 6.8%, pero que el próximo crecerá 3%, la OCDE estima que el desplome de la actividad económica en 2009 será de 8%, y en 2010 ésta se incrementará cuando mucho 2.7%.
Por ello, según el organismo, el desempleo seguirá creciendo, a tal grado que en 2011 la tasa de desocupación alcanzará a 6.3% de la Población Económicamente Activa (PEA) –más de 3 millones de personas sin trabajo–, cuando este año promediará 5.7%.
El mayor desempleo que se registrará en 2010 “será un lastre para el consumo privado y la demanda interna, y obstaculizará la recuperación”, aseguró Schwellnus.
Por si faltaran observaciones críticas para el desempeño del gobierno mexicano, Transparencia Internacional hizo la suya: México es uno de los 10 países latinoamericanos donde está más “gravemente extendida la corrupción”, condición que comparte con países como Haití, Venezuela y Argentina, entre otros.
Y la razón: sus instituciones son débiles, deficientes sus prácticas de gobernabilidad y hay una excesiva injerencia de intereses privados, dijo ese organismo el martes 17, al dar a conocer su Índice de Percepción de la Corrupción 2009.
Un día antes, la firma de consultoría empresarial Pricewaterhouse Cooper publicó su Quinta Encuesta Global de Delitos Financieros, en la que revela que México ocupa, dentro de una lista de 54 países –avanzados y en desarrollo–, el quinto lugar entre las naciones donde se cometen un mayor número de fraudes económicos y delitos financieros.
Entre éstos sobresalen: malversación de fondos, fraudes contables, corrupción y pago de sobornos; en segundo lugar, pero también con una presencia importante, están el lavado de dinero, los fraudes fiscales, el uso de información privilegiada y el espionaje.
Crispación
Fue una semana negra para el gobierno y el presidente Calderón, que sintieron lo duro y lo tupido de las críticas externas, pues mostraron su ineficiente desempeño al frente del país.
Aunque, en realidad, los cuestionamientos foráneos sólo vinieron a sumarse a datos, hechos y dichos, que dan cuenta de lo mal que están las cosas en el país.
La semana de pesadilla empezó el viernes 13. Ese día el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo durante el tercer trimestre de 2009.
Para crispar aún más los nervios, la tasa de desempleo alcanzó a 6.2% de la Población Económicamente Activa, que equivale a 2 millones 925 mil 45 personas sin trabajo; es decir, un millón 15 mil 317 más que en el tercer trimestre de 2008.
Y si se toma en cuenta que ese año terminó con un millón 900 mil personas en el desempleo absoluto –dato del Inegi–, quiere decir que en los primeros nueve meses de 2009 se perdieron un millón de empleos; esto es, un promedio de ¡más de 110 mil empleos por mes! Este hecho no tiene precedente en la historia económica reciente del país.
El dato se agrava si se compara el desempleo del tercer trimestre con el del segundo: en sólo tres meses unas 560 mil personas quedaron sin trabajo, en el desamparo absoluto, pues de 2 millones 365 mil 74 personas desempleadas en el segundo trimestre, su número subió a 2 millones 925 mil 45 personas en el tercero.
Peor aún, esa tasa trimestral de 6.2% de la PEA es el promedio nacional, pero hubo entidades con tasas de desocupación mucho más elevadas: Chihuahua y Coahuila, 9.7%; Distrito Federal, 8.7%; Nuevo León, 8.5%, y Querétaro, 8.5%, por citar algunas.
De la población ocupada, 43 millones 917 mil 203 personas, 8.7%, es decir 3.8 millones, estaba en el subempleo, con trabajo precario, que le obliga a buscar un segundo o tercer empleo para cubrir sus necesidades básicas. Con ello, la población subocupada se incrementó en 879 mil personas en un año, según el Inegi.
Por si faltara: En relación con la población ocupada en el sector informal, el Inegi reportó que en el tercer trimestre se sumaron a ese sector 536 mil personas, para totalizar 12.4 millones en la informalidad, 28.2% de la población ocupada.
Todo ello, muy a pesar de los múltiples programas en favor del empleo que se anunciaron con bombo y platillo como parte de la estrategia “contracíclica” del gobierno federal para enfrentar la crisis internacional.
Malos resultados para quien prometía ser el presidente del empleo.
También Petróleos Mexicanos aportó su granito de arena, al poner en evidencia la vulnerabilidad de las finanzas públicas por depender tanto de los ingresos petroleros. El jueves 19 informó que entre enero y octubre la producción de crudo cayó 7.4% en relación con el mismo periodo del año anterior, equivalente a una disminución de 209 mil barriles diarios.
Si lo anterior es grave, pues confirma el irrefrenable desplome de Cantarell, lo es todavía más la caída en las exportaciones petroleras, en cantidad y en valor. En los primeros 10 meses del año se vendieron 182 mil barriles diarios menos, una baja de 13%.
Pero los ingresos obtenidos por esas ventas se desplomaron 50%. Entre enero y octubre de 2008 se exportaron un millón 402 mil barriles diarios; en el mismo lapso de este año, las ventas fueron de un millón 220 mil barriles diarios. Pero el producto de las ventas en el primer caso fue de 40 mil 420 millones de dólares; en el segundo, se obtuvieron 20 mil 231 millones de dólares, un poco más de la mitad. Ello se debe a que entre enero y octubre de 2008, el precio promedio ponderado de la mezcla mexicana fue de 94.6 dólares por barril; en 2009, el precio fue de 54.6 dólares.
Con la cuchara grande
Las críticas externas a la conducción de la economía nacional y los malos datos de empleo y producción petrolera atraparon al gobierno en la desazón que ya experimentaba debido a que el Poder Legislativo le dio una buena revolcada a su programa económico para el próximo año.
En la parte de ingresos, los legisladores sepultaron su propuesta de un nuevo impuesto de 2% general al consumo, que le dejaría unos 77 mil millones de pesos, para repartir entre programas sociales, Oportunidades principalmente, y entidades federativas.
Con los nuevos impuestos y alzas en otros, el gobierno esperaba recaudar en 2010 casi 225 mil 500 millones de pesos más que lo estimado para este año. La mayoría priista en la Cámara de Diputados, avalada por el Senado, bajó dicha expectativa y la recaudación adicional, por esos conceptos, será de unos 170 mil millones. Es decir, 56 mil 300 millones de pesos menos.
A cambio, para compensar, los legisladores le impusieron un mayor precio del petróleo y un mayor déficit público (más deuda), cosa que no quería el gobierno.
En materia de gasto, igual. El gobierno, impávido, sólo vio cómo los priistas hacían el reparto del pastel. Le quitaron recursos a su propuesta de gasto para Oportunidades; le impusieron un programa de austeridad multianual; retiraron candados para darle más discrecionalidad a los estados en el ejercicio del gasto y, sobre todo, más y más dinero para los gobernadores.
Se despacharon con la cuchara grande: como aumentaron el estimado del precio para el barril de petróleo en 5 dólares, de
Aun así, apechugó el gobierno. No le quedó otra que decir, a través de la Secretaría de Hacienda, que lo aprobado por los diputados, en materia fiscal y presupuestaria, “constituye una respuesta decidida y efectiva para promover el crecimiento, así como para hacer frente a los retos estructural y coyuntural de las finanzas públicas”.
La semana de pesadilla para el presidente Calderón y su gobierno cerró con un verdadero broche de oro. El viernes 20, el expresidente Vicente Fox volvió a abrir la boca para decir que la CEPAL, la OCDE, Stiglitz y cuantos han criticado el desempeño oficial en la conducción de la economía… tienen razón.
En su “centro de estudios”, en el rancho San Cristóbal, en Guanajuato, dijo que lo que hoy tiene a la economía mexicana como la peor de América Latina es un diagnóstico equivocado de la crisis, una miscelánea fiscal fallida y una lucha contra el crimen organizado que no ha dado resultados en tres años.
“El diagnóstico ha sido equivocado; no se midió la profundidad de la crisis; se pensó que iba a ser más fácil”, dijo.
La corresponsal de Proceso en Guanajuato, Verónica Espinosa, reportó este diálogo con el expresidente:
–¿Acaso se equivocó el gobierno federal? –preguntó la corresponsal.
–Sí, el gobierno, el Congreso, los gobiernos estatales; es responsabilidad de todos –respondió.
Después de ese “mal diagnóstico” se volvió a fallar con la reforma fiscal, dijo. “Se pensó que con un parchecito se podía navegar el resto del tramo, y no es así; también la propuesta de presupuesto es totalmente incapaz de resolver el problema profundo que tiene la economía del país”.
Se le preguntó si ha comentado estas opiniones personalmente con Felipe Calderón. “No. No he hablado con él”, dijo.
–¿Y no tendrá problemas con él por estas opiniones?
–No. ¿Por qué, por qué me va a traer problemas? Eso hay que preguntarlo allá. En nuestra Presidencia logramos, demostramos, garantizamos absoluta libertad para hablar, escribir, comentar, absoluta libertad a los medios de comunicación. En ese mismo sentido actúo yo personalmente: digo lo que pienso, digo lo que me parece oportuno decir, nada más”, concluyó Fox.
Sin palabras. l
Presupuesto ficticio
JESUSA CERVANTES,
Aprobado a contrarreloj, el Presupuesto de Egresos para el próximo año escamotea al campo casi 10 mil millones de pesos que no sólo fueron aprobados, sino que están incluidos en la suma global del gasto. El problema, dicen los legisladores que representan al agro, es que algunas partidas no están etiquetadas para el sector y otras registran faltantes y desviaciones. Y esto significa, advierten, que el gobierno federal puede utilizar ese dinero para lo que se le antoje –incluyendo propósitos electorales–, sin atender los programas estratégicos acordados.
Al cabo de 10 días de intensas negociaciones entre la Secretaría de Hacienda, el PRI, el PAN y, a última hora, también el PRD, la mañana del martes 17 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó un Presupuesto de Egresos ficticio, donde las cifras no cuadran, no se etiquetaron varias partidas y el gobierno federal podría hacer un uso discrecional de 9 mil 519 millones de pesos que corresponden al campo.
Es tal la danza de números en el dictamen que hasta el viernes 20 de noviembre la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no había podido integrar el documento que debe enviar al Ejecutivo federal para su firma y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Y esto último sólo ocurrirá en caso de que el dictamen no sea finalmente vetado, como lo han sugerido senadores panistas, y si el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, llega a un acuerdo para corregir los números con el sector agrario encabezado en el Congreso por los diputados provenientes de la CNC, quienes esperan reunirse con él después de este martes 24 de noviembre.
La historia es esta: Dos integrantes de la dirigencia nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Carlos Ramos y el diputado del PRD José Narro, acompañados por un equipo de asesores, detectaron que no fueron etiquetados programas de corte agrario por un total de 9 mil 519 millones de pesos, aunque están considerados dentro del Programa Especial Concurrente (PEC), al cual se le autorizó un gasto de 268 mil 725.4 millones de pesos.
Después de haber revisado durante tres días los anexos del dictamen aprobado por el Congreso, Carlos Ramos explica: “Los recursos sí están, pero al no aparecer etiquetados para los programas propuestos por todas las organizaciones campesinas que trabajamos encabezadas por la Confederación Nacional Campesina, quedan bajo la manga del Ejecutivo federal.
“Es decir, como su utilización queda a discreción de Hacienda, sin reglas de operación, son recursos fantasmas que no aparecen en la estructura de gasto y, por lo tanto, el gobierno federal los puede utilizar en lo que le dé la gana”, advierte.
El proceso de negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, que se consideró accidentado y fue escenario de varios enfrentamientos, arrancó formalmente el viernes 6 de noviembre en las oficinas de Nacional Financiera.
Asistentes: el grupo económico del PRI, encabezado por Luis Videgaray, quien preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; el equipo del PAN, coordinado por Luis Enrique Mercado, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y los subsecretarios de Egresos de la SHCP, José Antonio Meade, y de Ingresos, Dionisio Pérez-Jácome. Acordaron allí que al día siguiente cada partido presentaría propuestas de ajuste que deberían conducir a reasignar 85 mil millones de pesos del gasto.
El sábado 7, el diputado priista Luis Videgaray abrió la sesión diciendo que la propuesta de su partido para la reasignación sería de 120 mil millones de pesos. Advirtió que esa cifra era “irreductible” y que para aprobarla el priismo contaba con la mayoría legislativa.
En nombre de los legisladores panistas, el diputado Julio Castellanos recordó a Videgaray que se trataba de una negociación y no de imposiciones o amenazas. E incluso le advirtió que si de mayoría se trataba, el PAN podría atraer a algunos priistas ofreciéndoles recursos para las demandas de sus estados.
Los priistas respondieron que eso era un intento de corromper a los legisladores, y empezaron los reclamos y manoteos. Las negociaciones se rompieron. El martes 10 se reanudaron y finalmente llegaron al acuerdo de reasignar una bolsa de 85 mil millones de pesos.
El PRI pretendía una reasignación de 120 mil millones para cubrir demandas de los gobernadores y de todas las organizaciones campesinas –incluyendo las de izquierda– que, representadas por el líder nacional de la CNC, Cruz López, reclamaban una bolsa de 30 mil millones de pesos.
Ante la molestia causada en el panismo por las declaraciones de Videgaray, y la inconformidad de la representación campesina, tuvieron que intervenir el coordinador de la bancada priista, Francisco Rojas, y la propia dirigente nacional del PRI, la diputada Beatriz Paredes.
Aunque al dirigente de la CNC le decían que era imposible cumplir con su demanda y que lo más que le podían dar era una bolsa de 15 mil millones de pesos, el sábado 14 de noviembre le ofrecieron una bolsa adicional de 6 mil 700 millones de pesos, con lo cual sumaría 21 mil 700 millones. Pero no: entre la madrugada del 15 y el 16 de noviembre la bolsa se había elevado a 30 mil 878.2 millones de pesos.
La Comisión de Agricultura, que preside Cruz López, junto con las comisiones de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria, reajustaron entonces su Programa Especial Concurrente (donde confluyen todos los programas para el campo y participan todas las secretarías) y lo entregaron a la Comisión de Presupuesto que en ese momento sesionaba para acordar el dictamen que se llevaría al pleno.
A las 6:00 de la mañana del lunes 16, el subsecretario de Ingresos, José Antonio Meade, reconoció ante algunos diputados que había un faltante de 10 mil millones de pesos, de manera que para ajustar el documento final la sesión camaral no inició sino hasta las 22:30 horas de ese mismo día.
Pasada la medianoche, se imprimió una “fe de erratas” que, se supone, haría los cambios, ajustes y correcciones del presupuesto. Sin embargo, lo publicado por la Gaceta Parlamentaria no coincidía con lo presupuestado y autorizado para el campo.
Por cierto, fueron justamente los reclamos de la CNC y la falta de acuerdos al respecto lo que originó que el presupuesto no se aprobara el 15 de noviembre, como lo establece la ley, sino que debiera correrse hasta las 6:12 horas del martes 17 de noviembre.
Amargo despertar
Como sea, el documento aprobado en la Cámara de Diputados, que presenta un presupuesto de 3 billones 176 millones 332 mil pesos, adolece de cifras que no cuadran y de faltantes de recursos, sobre todo en lo relativo al Programa Especial Concurrente (PEC) que tanto pelearon los diputados de las organizaciones campesinas encabezadas por la CNC, las cuales esperan desde el jueves 19 de noviembre un encuentro con el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, para que les explique lo ocurrido y se comprometa a respetar los acuerdos de asignación del gasto.
El dirigente de la CNPA, Carlos Ramos, recordó el reclamo que en tribuna hizo Cruz López el 17 de noviembre en el sentido de que, puesto que el techo final de reasignación ocurrió el 15 de noviembre, entendía por qué la Comisión de Presupuesto, al tener elaborado ya el dictamen, no incluyera las propuestas de las comisiones unidas de Agricultura, Reforma Agraria y Desarrollo Rural.
Sin embargo, exigió incluir un transitorio en el que el PEC se ajustara a lo propuesto por las comisiones del campo, lo que ocasionó desacuerdos panistas y derivó en dos recesos con el fin de que los coordinadores de las bancadas negociaran.
Finalmente, el vicecoordinador de la fracción priista, José Carlos Ramírez Marín, dijo en tribuna: “Señor dirigente de la CNC, es un honor representarle en este procedimiento”, y enseguida leyó un artículo transitorio consistente en que deben incluirse las propuestas originales del PEC propuestas por las organizaciones campesinas a través de las comisiones unidas del campo.
De modo que, a las seis de la mañana con 12 minutos, hora en que se aprobó el presupuesto, los cenecistas se fueron a dormir con la certeza de que los aumentos conseguidos en la reasignación no aparecerían en los ramos que ellos establecieron pero que las cifras correspondientes se destinarían al campo.
Sin embargo, el miércoles 18 se percataron de que la Comisión de Presupuesto había reasignado a su antojo los 6 mil 700 millones que les tocaban para los diversos programas que propusieron, y, peor aún, el viernes 20, al concluir la revisión del documento, las organizaciones campesinas detectaron que el faltante había rebasado aquella cifra y llegado a 9 mil 519 millones de pesos.
La danza de los números
De acuerdo con lo aprobado, el PEC tiene un presupuesto de 268 mil 725.4 pesos, pero al sumar los números de cada uno de los rubros la cifra llega solamente a 259 mil 206.4 millones de pesos, es decir, se esfumaron justamente 9 mil 519 millones de pesos.
El Programa Especial Concurrente (PEC) tiene 15 programas de atención para el campo correspondientes a varias secretarías. Conforme al análisis que hizo la CNPA, a cargo de Carlos Ramos, la “desaparición del dinero” se encuentra en los programas 2 (para la adquisición de activos productivos), 4 (de inducción y desarrollo del financiamiento del medio rural) y 5 (de atención a problemas estructurales).
Los faltantes fueron detectados en subprogramas a cargo de la Sagarpa y que corresponden al “ramo
Así, mientras la Gaceta Parlamentaria establece un monto de 15 mil 358.4 millones de pesos para el programa 2, al sumar las cifras de cada uno de los subprogramas del ramo 8 que maneja la Sagarpa se llega sólo a 11 mil 193.4 millones de pesos. Aquí hubo un faltante de 4 mil 165 millones de pesos que, advierten los inconformes, afecta principalmente la compra de implementos agrícolas y la promoción de la siembra de maíz, frijol, trigo, sorgo, arroz, caña de azúcar y café, los cuales son considerados cultivos estratégicos.
Del mismo modo, en el programa 5 se autorizó un gasto de 12 mil 400.1 millones de pesos, pero la suma real da tan sólo 7 mil 900 millones, con lo que los duendes legislativos desaparecieron 4 mil 500 millones de pesos. Este rubro tiene que ver con apoyos a la comercialización de productos agrícolas y ganaderos.
Finalmente, el programa 4, que es de 6 mil 139.2 millones de pesos, en realidad suma 5 mil 285.2 millones, es decir 854 millones de pesos menos. Peor aún, mil millones de pesos de este rubro se destinan a la “adquisición de fertilizantes operado por Sagarpa-Pemex”, algo que nunca solicitaron las organizaciones campesinas.
A lo largo de todo el PEC existen otras reasignaciones no solicitadas por la CNC y las demás organizaciones campesinas, afectando la siembra de productos estratégicos o disminuyendo la producción de carne bovina, porcina y avícola, por mencionar algunas desviaciones que los inconformes califican de abusivas y arbitrarias.
El dirigente de la CNPA, Carlos Ramos, al detectar que en la cifra total del PEC sí están considerados los más de 9 mil millones que les corresponden pero que no aparecen asignados a ningún programa del campo, consideró que se trata de “un guardadito” del cual puede disponer el gobierno federal como se le antoje si no se corrigen y etiquetan los recursos.
Y concluyó: “El problema es que el presupuesto fue teñido por los comicios del próximo año. Los gobiernos priistas se beneficiaron en el reparto y se les da la posibilidad de manejar también los recursos –como lo publicó Proceso el domingo 15–, pero además el presidente de la Comisión de Presupuesto (Luis Videgaray) se prestó para dar un guardadito al gobierno federal, que podría utilizar para asuntos electorales, mientras que al campo nos negó, entre otras cosas, la creación del Programa de Reserva Estratégica Alimentaria, para la cual pedimos 5 mil millones de pesos”.
Hacia la extinción de la credencial para votar
ÁLVARO DELGADO,
Gracias a un pacto de madrugada con la presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la diputada Beatriz Paredes, el gobierno de Felipe Calderón obtuvo mil millones de pesos para realizar el Registro Nacional de Ciudadanos (RNC) y la Cédula de Identidad Ciudadana (CIC) que, además de la función policiaca que les atribuye la oposición, tienen dos metas ocultas oficialmente reconocidas: arrebatar al Instituto Federal Electoral (IFE) el manejo del padrón de electores y “extinguir” la credencial para votar con fotografía.
Estos objetivos del proyecto están descritos en un documento “clasificado” de la Secretaría de Gobernación (Segob), del que Proceso obtuvo copia, e implican que el gobierno federal retomará el dominio de la lista de electores que, por décadas, generó desconfianza en los mexicanos por ser un instrumento para el fraude electoral.
Pese a que el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, pactó con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, la “coexistencia” de la CIC y la credencial de elector, el documento de Segob es inequívoco en los verdaderos propósitos del proyecto de Calderón:
“El RNC proporcionará al IFE la información nominal para que éste último integre padrones y listas nominales de electores. Por lo tanto, se extingue la credencial para votar por ser la CIC el documento de identificación personal necesario para el derecho al voto y otros correlacionados (derechos políticos).”
Argumenta que, según el artículo segundo transitorio del Decreto de Reforma Constitucional publicado el 6 de abril de 1990, “en tanto no se establezca el Registro Nacional de Ciudadanos, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales. Por lo que se concluye que, existiendo el RNC, los ciudadanos dejarán de inscribirse en los padrones electorales, (y por tanto) cesa la función registral del IFE”.
A ese propósito está enfocada una inversión superior a los 3 mil 500 millones de pesos, mil 173 de los cuales solicitó Calderón a la Cámara de Diputados en su proyecto de Presupuesto de Egresos para 2010. La mayor parte de esa cifra le fue aprobada tras un pacto con el PRI, partido que, de volver el gobierno federal en 2012, retomaría también el control de las listas de electores.
En efecto, pese a que a la CIC no se le autorizó ni un solo peso, se asignaron 850 millones al Registro Nacional de Población (Renapo) y otros 147 millones al “mantenimiento” de Registros Civiles, lo que, según el diputado Jesús Zambrano, abre la puerta para que esos recursos se transfieran al proyecto de Calderón.
“El propio secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, anduvo diciendo el mismo martes, día en que se aprobó el presupuesto, que la CIC iba adelante y que los recursos que se habían destinado al Renapo estaban justamente orientados a dar continuidad a esto”, confirmó Zambrano a la reportera de Proceso Jesusa Cervantes, y añadió: “A confesión de parte desvergonzada, relevo de pruebas”.
Tan prioritaria es para el gobierno federal la CIC que, mediante un contubernio con Beatriz Paredes, se frustró una negociación entre legisladores priistas, perredistas y petistas para introducir, en un artículo transitorio, la prohibición expresa de que los recursos aprobados para el Renapo y la modernización del Registro Civil se canalicen al programa en cuestión.
Entre las tres y las cuatro de la madrugada del martes 17, Zambrano y el también perredista Ilich Lozano pactaron con el petista Enrique Ibarra, experto en asuntos electorales, y con el priista Felipe Solís Acero, exsecretario ejecutivo del IFE, introducir dicho artículo transitorio en el documento de presupuesto.
Sin embargo, al cabo de unos minutos, después de una reunión privada de Beatriz Paredes con la coordinadora de los diputados panistas, Josefina Vázquez Mota, la voluntad de Solís se modificó. “No va”, le dijo el priista a Zambrano.
Al respecto, el legislador perredista advierte: “A pesar de que quisimos poner un candado, y de que los priistas en los hechos no lo permitieron, nosotros vamos a estar vigilantes de que no vayan a burlar esos recursos”.
Y es que el gobierno de Calderón ha encubierto las intenciones de “control” del RNC y la CIC, como se acreditó en Proceso 1723 y como lo ratifica el documento que “extingue” la credencial para votar y que forma parte del expediente 01.c.10/2007 del Renapo.
De hecho este documento, fechado en julio de 2007, está clasificado como reservado con base en el “capítulo
La fracción VI del artículo 14 asienta que se clasificará como reservada la información “que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada”.
“Estado policía”
El control del padrón electoral y la “extinción” de la credencial de elector referidos desmienten inclusive lo que el titular de la Segob, Fernando Gómez Mont, expuso ante consejeros electorales y en conferencia de prensa, el 20 de agosto, sobre la “coexistencia” de la CIC y la credencial para votar.
“No se trata de dividir los instrumentos que puedan resultar de este esfuerzo. La Cédula de Identidad será para la identidad, y la cédula del IFE para el domicilio”, dijo el funcionario, y negó que detrás de este proyecto haya fines de adulteración electoral. “Hoy por hoy han quedado atrás estas discusiones largas sobre la legalidad que desgastaban años, años y años a los funcionarios electos”.
El 4 de noviembre, Proceso solicitó formalmente a la Secretaría de Gobernación una entrevista con el subsecretario Alejandro Poiré, con el fin de obtener más información sobre la “extinción” de la credencial de elector y aclarar dudas en torno al Renapo, pero hasta el viernes 20 no hubo respuesta.
A su vez, el día 11 los consejeros y representantes de los partidos políticos fijaron posturas en el Consejo General del IFE, con motivo de la puesta en marcha del sistema de citas programadas para que los ciudadanos tramiten su credencial de elector.
Fue el senador perredista Pablo Gómez quien detonó el segundo debate en el Consejo General al afirmar que la decisión del gobierno de Calderón de crear la CIC se toma “sólo dentro del marco del desarrollo en México del Estado de policía, porque el Padrón Electoral no sirve para controles policiacos o casi no sirve”.
El legislador propuso al PRI no aprobar los mil 173 millones de pesos para la CIC, porque sería una anomalía que hubiera en México una credencial sólo para votar y otra para identificación. “Esto no es admisible por parte de un sistema electoral que quiera ser confiable y que quiera funcionar bien”.
Propuso abrir una amplia discusión sobre el tema para evitar que con ese tipo de artilugios se favorezcan los fraudes en los comicios, y emplazó a los consejeros a asumir al respecto una posición contundente: “El IFE no ha hablado suficientemente fuerte, fuerte, fuerte, para que se oiga, y estamos a unos días de que la Cámara (de Diputados) puede cometer una imprudencia”.
El senador Francisco Arroyo Vieyra, representante priista y allegado a Manlio Fabio Beltrones, calificó de “inoportuna” la CIC, propuso que el Congreso discuta una reforma para hacer las adecuaciones necesarias y exhortó a no aprobar el presupuesto que solicitó Calderón por la desconfianza y las dudas que existen alrededor de la CIC.
Aunque la mayoría de los consejeros del IFE se han mostrado cautelosos en el debate desatado por el tema, el consejero Marco Baños hizo una defensa inequívoca de la credencial de elector: “El punto central está justamente en el hecho de que resulta muy difícil, muy cuesta arriba, establecer un esquema de coexistencia entre dos instrumentos de identidad. Tendría que ser uno o tendría que ser el otro”.
Añadió: “¿Por qué me pronuncio yo por que deba ser la credencial para votar con fotografía, como lo he sostenido sistemáticamente desde hace varias semanas? Por una razón muy sencilla: porque la única base de datos sobre mayores de edad confiable hoy en el país es la del Registro Federal de Electores.
“Una coexistencia de dos instrumentos con estas características tendría una repercusión negativa en los términos de actualización del Padrón Electoral, y me parece que eso no es deseable hoy día”, manifestó.
A su vez, el representante del PAN, Guillermo Bustamante –hijo del presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia– reivindicó la “coexistencia” de dos sistemas de identificación, y expresó que si en el IFE “no se ha fijado precisamente una posición institucional en relación con este tema es porque, con prudencia y con apertura, el Consejo General ha estado dialogando el tema y ha estado viendo las ventajas y las desventajas de estos instrumentos”.
Pablo Gómez insistió en que para elaborar la Cédula de Identidad Ciudadana es preciso que haya un acuerdo con los partidos políticos, pero el gobierno de Calderón sólo ha pedido dinero para realizarla. “No pretende que la nueva cédula sirva para identificar al votante. Pero entonces nos está planteando que haya dos cédulas de naturaleza igual. No explica este punto el Ejecutivo”.
En consecuencia, remató, “es del todo imprudente en este momento pedirle dinero a la Cámara para un proyecto que no está claro, y cuyas consecuencias, de ponerse en marcha, serían desastrosas”. l
Red de influencias
JORGE CARRASCO ARAIZAGA,
Aspirante a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Sergio Armando Valls poco aporta a esa máxima instancia, según sus críticos. Con todo, las relaciones políticas y familiares de este juez de perfil conservador le abren un abanico de intereses que pasan desde el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el panista Diego Fernández de Cevallos hasta prácticamente todos los partidos y el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.
La sucesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación removió el historial del ministro Sergio Armando Valls Hernández. Designado por el Senado en noviembre de 2004, es el ministro de más reciente ingreso, pero también el más cuestionado dentro y fuera del máximo tribunal.
Sus ostensibles relaciones políticas, su paso como administrador del Consejo de la Judicatura Federal, su influencia en distintos tribunales del país y su escasa aportación al debate en la Corte le han construido una imagen de juez que es rechazada por juristas consultados sobre el perfil de los ministros que habrán de sustituir a los salientes Genaro Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón.
Por los intereses en torno a los cuales se mueve, Valls se ha convertido en un ministro aislado dentro de la Suprema Corte, por lo que sus aspiraciones de presidir el máximo tribunal en los 10 años que aún le quedan de máximo juez dependen de los nuevos colegas, dos de los cuales ejercerán a partir del próximo año.
Los dos candidatos más fuertes incluidos en las ternas que la semana pasada presentó el presidente Felipe Calderón al Senado son el abogado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y el magistrado Luis María Aguilar, ambos cercanos al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Calderón, Gómez Mont y Zaldívar son egresados de la Escuela Libre de Derecho.
Cuando en 2007 Valls compitió para la actual presidencia de la Corte, fue el único ministro que votó por sí mismo. Políticamente conservador, que lo mismo defiende a gobernadores del PRI que del PAN, es uno de los ministros más cambiantes en sus criterios.
Su intrincada red de intereses es cuestionada en la propia Corte y se conoce en despachos de abogados, escuelas de derecho y el sector empresarial, según pudo constatar Proceso.
Los nexos
Dos de los principales promotores de Sergio Armando Valls Hernández han sido el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el exsenador panista Diego Fernández de Cevallos, quienes en 2004 lo apuntalaron para que el entonces presidente Vicente Fox lo propusiera como ministro.
La relación con Salinas, quien lo hizo magistrado, se afianzó después de ocupar varios cargos en el PRI en el sexenio de Miguel de la Madrid, entre ellos, presidente de ese partido en Chiapas, donde nació hace 68 años.
Su familia inmediata es la expresión de una extensa red política que pasa por el PAN, el PRI, el PRD y hasta el PT, Convergencia y el Verde. Como él mismo, sus hijos Jaime y Guillermo Valls Esponda –también con militancia en el PRI– se han beneficiado de alianzas políticas con otros partidos. El primero es presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y prospecto al gobierno de Chiapas, cargo que el ministro buscó en 1999. El segundo es, desde el sexenio de Fox, delegado de la PGR en Europa.
Un tercer hijo, Sergio Arturo, es colaborador del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, el precandidato más fuerte del PRI a la Presidencia de la República para 2012.
Los vínculos políticos familiares no acaban ahí: su hija Maricarmen es suplente del diputado del PAN por Chiapas, Roberto Gil Zuarth, operador del presidente Felipe Calderón en la Cámara de Diputados y, en esa condición, mano derecha de la coordinadora de la bancada de ese partido, Josefina Vázquez Mota.
Valls Hernández tiene otras relaciones con la Presidencia de la República: uno de sus sobrinos políticos, Ricardo Celis Aguilar Álvarez, es adjunto del consejero jurídico Miguel Alessio Robles.
La cercanía de los Valls con el partido gobernante la ha cultivado también a través de su yerno Carlos Alberto Lezama, quien fue director jurídico adjunto del PAN durante la presidencia de nueve meses de Germán Martínez. El titular del área en ese periodo fue el propio Roberto Gil.
El consuegro de Valls, Marco Antonio Lezama Moo, es el subprocurador de Justicia de la zona centro de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, otro político cercano a Salinas.
Valls Hernández y Lezama Moo emparentaron en mayo de 2007, cuando se casaron sus hijos en Cuernavaca. En la fiesta estuvieron Carlos Salinas, Diego Fernández y Peña Nieto. La misa la ofició el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, según una crónica del Sol de México, periódico del que el ministro es colaborador habitual y cuyo dueño es su amigo Mario Vázquez Raña, también asistente a la boda.
El ministro es un hombre de favores. Uno de los más comentados en la Corte y entre los litigantes es su intervención para la liberación de Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo, en junio 2005, apenas medio año después de haber sido designado por el Senado como ministro del máximo tribunal a propuesta de Fox.
En la negociación para ser ministro participó Diego Fernández, quien como coordinador del PAN el 31 de agosto de ese año asumió la presidencia de la Mesa Directiva del Senado. Valls fue designado en octubre siguiente, en sustitución del fallecido ministro Humberto Román Palacios.
“Para resolver la liberación de Salinas, tuvieron que cambiar a los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado, con sede en Toluca, y en eso intervino el ministro Valls”, coinciden funcionarios judiciales y litigantes consultados.
El 13 de junio de 2005, Raúl Salinas quedó en libertad luego de que los magistrados José Nieves Luna Castro, Adalid Ambriz Landa y Manuel Barbier Constantino absolvieron a Raúl Salinas de la acusación penal como autor intelectual del asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Salinas cumplió 10 de los 27 años a los que había sido condenado. El nombre de Luna Castro había surgido como uno de los que integrarían una de las ternas para sustituir a Góngora o Azuela.
Fue Salinas quien impulsó la carrera judicial de Valls Hernández. En 1989, según lo establecía la legislación de la época, el entonces presidente lo propuso a la Cámara de Diputados como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
En ese cargo estuvo hasta 1993, cuando regresó a su carrera burocrática. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo fue subdirector y director jurídico del IMSS, cuando el titular era Genaro Borrego Estrada, con cuyo hermano, Felipe, compitió por la Corte.
Como responsable del área jurídica, Valls participó también en el esquema de subrogación de guarderías del IMSS, tema que ahora pide que forme parte de la investigación especial que realiza la Corte sobre el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, en junio pasado, que causó la muerte de 49 niños y secuelas en 25 más. En medio de la tragedia y el escándalo, el director del IMSS, Daniel Karam, declaró el 10 de junio pasado que ese esquema tiene más de 25 años de operar en el instituto.
Vieja aspiración
Valls había intentado llegar a la Corte desde 2003. Primero, cuando fue designado el ministro José Ramón Cossío Díaz, y luego cuando se le adelantó Margarita Luna Ramos, también de Chiapas y con quien coincidió como magistrado en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En la estructura del Poder Judicial, el CJF está encabezado por el presidente de la Suprema Corte, tiene las funciones de vigilancia, disciplina y administración de los juzgados de distrito y tribunales de circuito del país. En la práctica, es una plataforma que tienen sus miembros para influir en jueces y magistrados.
Cuando estuvo en el CJF, Valls presidió durante 2003 la Comisión de Administración, mientras que Azuela era el presidente de la Corte. De acuerdo con el reglamento del Consejo, esa comisión es la encargada de administrar los recursos del Poder Judicial de la Federación y el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados.
Como responsable de la administración del Poder Judicial, Valls manejó multimillonarios recursos. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el año en que estuvo en esa comisión, el CJF administró 14 mil 858 millones de pesos, para el propio Consejo, la Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En la revisión de la cuenta pública de ese año, la ASF puso especial atención en la construcción y ampliación de siete edificios judiciales e hizo observaciones por más de 178 millones de pesos, de un total revisado de 274 millones 448 mil pesos.
Se trata de obras realizadas para los Palacios de Justicia Federal de Torreón, Aguascalientes, Hermosillo, Tuxtla Gutiérrez, Mexicali y de San Lázaro, en el Distrito Federal, además de tribunales en Tijuana.
El órgano revisor de la Cámara de Diputados decidió examinar los contratos de esas obras “por la variación significativa entre el monto contratado y el ejercido”, y porque no se cumplieron “los plazos de ejecución ni el costo programado”.
Además, en algunos casos encontró que no se elaboraron los estudios de preinversión, de factibilidad técnica y ecológica o estudios de costo-beneficio para sustentar la factibilidad de las obras; que no se sancionó a los contratistas por el atraso en la ejecución de obras, y que se pagó obra no ejecutada.
En su dictamen, la ASF hizo 96 observaciones que, “de no solventarse debidamente, podrían tener efectos económicos por 178 millones 619 mil pesos, con posibles recuperaciones a la Hacienda Pública por 86 millones 140 mil pesos”, aunque aclaró que esos recursos “no necesariamente implican recuperaciones o daños a la Hacienda Pública Federal”. Consultados sobre las aclaraciones, la ASF y el CJF aseguraron que “por el momento” no podían dar detalles sobre la comprobación de esos recursos.
La obra en el Palacio de Justicia de San Lázaro derivó en una demanda penal de la empresa Lagüera Construcciones en contra del Consejo de la Judicatura Federal debido a que no le finiquitó 24 millones de pesos por término de la obra.
En 2006, el abogado de la empresa, Ricardo Ríos, responsabilizó al consejero Miguel Quirós Pérez, quien sustituyó a Valls en la comisión de Administración, de haber ordenado la suspensión del pago a través de Carlos Fernando Matute González, quien en ese momento era secretario ejecutivo de Obras, Recursos Materiales y Servicios Generales.
Hombre de Valls, Matute fue también titular del Comité de Desincorporación de Bienes Muebles y del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios en la Comisión de Administración. En el IMSS fue su coordinador de asesores. Valls logró su nombramiento como magistrado y en esa condición lo promovió en 2007 para hacerlo miembro del CJF. No lo logró, pero Matute es ahora magistrado supernumerario del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Es representante del gobierno federal en la Primera Sala.
La cercanía de Matute y Valls los ha llevado no sólo a escribir dos libros sobre derecho administrativo, sino a entrar en compra-venta de un departamento en la Ciudad de México.
Beneficiario del foxismo
Son muchas las historias que se cuentan sobre las influencias del ministro Sergio Armando Valls Hernández, pero pocos las quieren documentar. Algunos abogados se quejan de que, cuando ha sido ponente de sus casos, ha llegado al pleno con dos proyectos de resolución y presenta el que más apoyo puede tener.
Ajeno a improvisar en los debates, se limita a leer los dictámenes que le preparan sus secretarios de estudio y cuenta. Sus escasas aportaciones al trabajo jurídico de la Corte fueron advertidas, desde su llegada, por especialistas (Proceso 1556).
Los intereses políticos más conocidos son los de su hijo Jaime Valls Esponda, quien después de que en la década pasada ocupó altos cargos en las administraciones del PRI, en 2007 ganó la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez al amparo de una amplia coalición integrada por el PRD, el PT, Convergencia y el Partido Verde.
Jaime Valls se ha beneficiado de gobiernos de distintos signos. En el sexenio de Carlos Salinas trabajó con el entonces subsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz; en el de Ernesto Zedillo, en las secretarías de Educación, de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda, además de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Antes de que terminara ese gobierno, se integró al equipo del entonces presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y ahora gobernador de Chiapas, Juan Sabines. De tesorero municipal pasó a secretario estatal de Planeación y Desarrollo Sustentable.
Antes, como militante del PRI buscó ser candidato a diputado federal por el sexto distrito de Chiapas. De su militancia priista da cuenta también su membresía en el Colegio Nacional de Economistas, de la que fue tesorero y secretario, según consta en el folio mercantil de esa organización que gravita en torno al PRI.
Pero al igual que lo hizo Sabines, compitió contra el PRI y se hizo del gobierno de la capital chiapaneca, aunque el triunfo se lo dio finalmente el TEPJF, en cuya administración participó Valls como magistrado del CJF.
El excandidato del PRI Bayardo Robles, quien impugnó la elección, el 19 de octubre de 2007, declaró al periódico Reforma que Sabines le ofreció un cargo en su gobierno a cambio de reconocer el triunfo de Valls.
En Chiapas, el ministro tiene relación cercana con el secretario de Gobierno, Noé Castañón León, su compadre y exministro de la Suprema Corte que salió tras la reforma del Poder Judicial en 1995, al inicio del gobierno de Zedillo. La Corte tenía entonces 26 ministros y varios de ellos salieron en medio de sospechas de corrupción.
El propio Castañón, primo de Paulina Castañon, expareja de Raúl Salinas, fue acusado en 2001 por el entonces gobierno de Pablo Salazar de peculado, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y abuso de funciones públicas.
Otra muestra de las habilidades de la familia para granjearse espacios en gobiernos de distintos partidos es también Sergio Arturo Valls Esponda, quien de ser delegado del ISSSTE en Morelos durante el sexenio foxista, pasó a formar parte del gabinete de Peña Nieto.
En Morelos, el hijo del ministro coincidió con el cuestionado gobernador panista Sergio Estrada Cajigal, acusado por el Congreso estatal de incurrir en graves omisiones al mantener en su cargo a un mando policial relacionado con Vicente Carrillo Leyva, del cártel de Juárez.
Al propio gobernador se le acusó de estar relacionado sentimentalmente con la hija del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno El Azul, de la misma organización. La acusación llegó hasta la Suprema Corte, donde una mayoría de ministros, entre ellos Valls, exculparon al entonces gobernante.
A su salida de Morelos, ya en el gobierno de Calderón, Sergio Arturo se integró al gobierno mexiquense como coordinador jurídico de la secretaría de Medio Ambiente, y en agosto pasado, a propuesta de Peña Nieto, el Congreso lo designó comisionado del Instituto de Acceso a la Información del Estado de México.
Beneficiario del foxismo también fue Guillermo Valls Esponda, quien desde el sexenio pasado es agregado jurídico de la Procuraduría General de la República para la Unión Europea y Suiza, con sede en Madrid. Entre otros casos, ha estado a cargo de indagar las propiedades del exgobernador del estado de México, Arturo Montiel, en Francia.
Militante también del PRI, el hijo del ministro fue titular del Órgano Interno de Control y comisario del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Guerra interna en la PGR
RICARDO RAVELO,
Por si no bastara el hecho de verse erosionada debido a la infiltración por el narcotráfico y a la corrupción interna, la PGR está enfrascada en pugnas de poder domésticas. Así lo demuestra el reciente choque del cuestionado procurador Arturo Chávez Chávez con el subprocurador Juan Miguel Alcántara Soria. Lo extraño es que ambos pertenecen al mismo grupo, apadrinado por el excandidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos, quien desde 1994 controla los destinos de la procuraduría.
Vapuleado por su ineficacia como procurador de Chihuahua y por su relación con los panistas Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano Gracia, quienes entre 1994 y 1996 tuvieron el control de la Procuraduría General de la República (PGR), el actual titular de esta dependencia, Arturo Chávez Chávez, tuvo su primera confrontación interna después de tres meses de haber asumido el cargo.
Tan pronto como se acomodó en su cargo, Chávez Chávez se peleó con Juan Miguel Alcántara Soria, exprocurador de Guanajuato y actual subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, quien fue uno de los candidatos de peso para sustituir a Eduardo Medina Mora en esa dependencia.
–Quiero tu renuncia –le dijo Chávez Chávez a quien fuera su rival.
–No renunciaré. Mi nombramiento se lo debo al presidente –habría respondido Alcántara Soria.
En la PGR se pudo averiguar que el subprocurador defendió su posición y que Chávez se vio forzado a retener el nombramiento de Alejandro Gómez Sánchez –excoordinador de asesores de Medina Mora y exvisitador general de la PGR– como sustituto de Alcántara Soria.
Ante la imposibilidad de imponer a su amigo en la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales, el procurador nombró a Gómez Sánchez como director general de esa oficina. Sin embargo, la tensión persiste en la PGR.
La confrontación se presentó a pesar de que Alcántara Soria forma parte del mismo equipo que impulsó a Chávez Chávez: fue abogado del despacho de Antonio Lozano Gracia, quien litiga asuntos relevantes en alianza con Diego Fernández de Cevallos, a quien se ha identificado como defensor de presuntos integrantes del cártel de Juárez (Proceso 1116).
Salvo este conflicto, Chávez Chávez ha incorporado a su equipo más cercano no sólo a personajes relacionados con sus mentores Lozano Gracia y Fernández de Cevallos, sino también a exfuncionarios que arrastran una cauda de pifias y yerros en la administración pública federal.
A poco más de 90 días de haber tomado posesión en la PGR, Chávez Chávez ya designó a la mayoría de sus colaboradores. Según la página web de la PGR, sólo tres áreas están “vacantes”: la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas; el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y el Órgano Interno de Control (OIC), que depende jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública.
Cuestionado por sus errores al fundamentar la llamada teoría del segundo disparo durante las investigaciones del asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, Arturo Germán Rangel ocupa el cargo de subprocurador de Delitos Federales.
Su responsabilidad actual es perseguir los delitos fiscales y financieros, ambientales, la piratería y los ilícitos cometidos por servidores públicos. De acuerdo con su historial, su carrera está plagada de claroscuros y no ha sido menos polémica su actividad como abogado y funcionario del Ministerio Público federal.
Se le relaciona también con el exfiscal de los casos Colosio y Ruiz Massieu, Pablo Chapa Bezanilla, señalado como responsable de sembrar una osamenta en la finca El Encanto, propiedad de Raúl Salinas. Se dijo que los restos humanos correspondían al prófugo Manuel Muñoz Rocha, señalado en 1995 como coautor intelectual del homicidio del exgobernador de Guerrero.
Por otra parte, Rangel impulsó la teoría del “segundo tirador”, con la que Othón Cortés Vázquez fue acusado de participar en el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California.
Cortés Vázquez fue absuelto en 1996 y, tras recobrar su libertad, demandó a Rangel, Chapa Bezanilla y Lozano Gracia por daño moral, con el argumento de que su incriminación fue fabricada desde la PGR “con fines políticos”.
No es todo. Según una nota publicada en la página electrónica www.terra.com, como litigante del despacho de Lozano Gracia, Rangel fue defensor de Fernando García Zalvidea, empresario de Cancún, Quintana Roo, acusado de lavar dinero del cártel de Juárez.
De acuerdo con el expediente de ese caso –más tarde integrado al llamado Maxiproceso contra la organización criminal que de
Turbia historia
Otro cercano colaborador de Chávez Chávez que tuvo un desempeño fugaz en la PGR es Francisco Javier Molina Ruiz, quien fue nombrado subprocurador de Control Regional. Actualmente tiene bajo su responsabilidad, entre otras acciones, el control de las delegaciones estatales de la PGR.
Molina Ruiz fue procurador de Chihuahua, senador de la República y comisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), al que ingresó en marzo de 1996 en sustitución de René Paz Horta. En ese cargo sólo duró ocho meses; lo sustituyó el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien más tarde fue encarcelado por sus vínculos con el narcotráfico, en particular con Amado Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez, y con Eduardo González Quitarte, El Flaco, publirrelacionista de El Señor de los Cielos.
Después de su salida del INCD, Molina Ruiz reapareció ligado a los temas de procuración de justicia después del triunfo de Vicente Fox en la elección presidencial de 2000. Entonces se le consideró “el hombre fuerte” del presidente electo para ocupar el cargo de procurador general de la República, pero en el camino se le atravesó otro personaje: José Luis Reyes Vázquez, quien había sido procurador de Guanajuato durante el gobierno de Fox.
Incrustados en el equipo más cercano del presidente electo Vicente Fox, Reyes Vázquez y Molina Ruiz recorrieron el país escrutando la actuación de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado, y cuestionando sus desatinos.
En sus intervenciones, ambos hablaban de la corrupción, de la infiltración del narcotráfico en la PGR y de cómo se politizó la procuración de justicia durante el sexenio de Ernesto Zedillo. De igual forma, participaban en foros y conferencias de prensa, dentro o fuera de México, en los que, en nombre de Fox, proponían acabar con los vicios y fallas que dañaban a la institución.
El 31 de julio de 2000, menos de un mes después de la derrota del PRI, Reyes Vázquez lanzó esta consigna contra el narcotráfico:
“Vicente Fox está decidido a librar una lucha contra la delincuencia y la impunidad, y (para) que el Estado de derecho sea real, no sólo en el discurso. Además, la sociedad le exigió al próximo presidente de la República que, de una vez por todas, saque las manos de la procuración de justicia para que la investigación de los delitos y las decisiones de los tribunales no se contaminen por motivos políticos.”
Durante el periodo de transición de 2000, tanto Molina Ruiz como Reyes Vázquez fueron cuestionados por su derroche de recursos: rentaron la lujosa residencia de Monte Líbano 320, en la colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México, para realizar los trabajos de transformación de la PGR en una Fiscalía General de la Federación. Según estimaciones de entonces, el costo de la renta mensual era de 8 mil dólares.
Debido a la lucha de poder y a sus ambiciones personales, pronto surgió el encono entre Molina y Reyes. Pero en el equipo de Fox, e incluso en círculos externos, nadie dudaba que Reyes Vázquez sería el procurador general de la República. En público y en privado, el guanajuatense ya se conducía como “el hombre fuerte” para ese cargo.
Pero la historia cambió. En agosto de 2000, impulsado por sus ambiciones y por el temor de ser desplazado por Molina Ruiz, Reyes Vázquez se puso en contacto con José Luis Thirión Muñoz, uno de los informantes del general Augusto Ochoa, quien más tarde fue secretario particular del titular de la Defensa Nacional, Clemente Vega García.
Thirión Muñoz también era informante de la PGR. Por esas fechas realizaba una investigación relacionada con los movimientos de los hermanos Arellano Félix, cabezas del cártel de Tijuana.
En el momento en que se presentaron los choques más fuertes dentro del equipo de transición (en materia de seguridad, procuración y administración de justicia), Reyes Vázquez se puso en contacto con Thirión Muñoz y puso en marcha un plan estratégico para quitar del camino a Francisco Javier Molina Ruiz:
Le pidió al informante de la Sedena y de la PGR que investigara los presuntos nexos de Molina con el cártel de Juárez; le dijo que él tenía información al respecto, pero que necesitaba pruebas para entregárselas al presidente electo.
Ese fue uno de los golpes bajos que se suscitaron durante el periodo de transición y que derivaron en mayores problemas. No se sabe si tal información llegó a las manos del presidente electo, lo cierto es que por otras vías Vicente Fox fue informado de los excesivos gastos de Reyes Vázquez y decidió cambiar sus planes para la PGR. De esa manera recibió varias recomendaciones, entre otras la de Diego Fernández de Cevallos, para que el general Rafael Macedo de la Concha fuera designado procurador.
Diego, el influyente
Meses antes de asumir la Presidencia de la República, en diciembre de 1994, Ernesto Zedillo había decidido incorporar a su gabinete a una figura que no perteneciera a su partido, el PRI. Por aquellas fechas, Zedillo le propuso al abogado postulante Diego Fernández de Cevallos que aceptara ser procurador general de la República. El llamado jefe Diego declinó la propuesta y recomendó a su amigo Antonio Lozano Gracia, quien encabezó la PGR de
Desde entonces, Fernández de Cevallos, exsenador de la República y excandidato presidencial, ha ejercido una fuerte influencia en la PGR y en las áreas de administración de justicia.
Polémico, Diego Fernández no ha sido ajeno a presuntas vinculaciones sospechosas: como abogado se le relacionó, a finales de 1996, con la defensa de Jorge Fernando Bastida Gallardo, un inversionista que de la noche a la mañana apareció como fuerte accionista del banco Anáhuac y a quien, a su vez, se le relacionó con el capo Amado Carrillo Fuentes (Proceso 1116).
Todo ese embrollo salió a relucir luego de que el Grupo Corporativo Anáhuac –investigado por la PGR como uno de los presuntos centros de blanqueo de capitales del cártel de Juárez– fue intervenido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tras incurrir en un fraude con recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Tras verse envuelto en el escándalo, Bastida Gallardo contrató los servicios de Diego Fernández de Cevallos. Del caso se supo que Bastida Gallardo (de quien entonces se dijo que era consuegro de Amado Carrillo) firmó los cheques 76859 y
Diego Fernández negó ser el abogado de Bastida. Públicamente dijo: “A mí me solicitaron una intervención a favor de un grupo financiero, no de una persona física”.
Diecinueve años después de haber recomendado a Lozano Gracia para la PGR, en el actual sexenio Fernández de Cevallos apareció como una de las figuras clave que impulsaron a Fernando Gómez Mont para la Secretaría de Gobernación y a Arturo Chávez Chávez para la PGR, a pesar de la ineficacia que éste último mostró como procurador de Chihuahua, en particular con las investigaciones sobre el fenómeno conocido como “las muertas de Juárez”.
Y es que Chávez Chávez fue litigante del despacho de Lozano Gracia después que éste dejó la PGR en 1996.
Otro de sus impulsores fue el también chihuahuense Gustavo Enrique Madero, coordinador de los senadores del PAN, en cuya empresa Electronic Publishing, S.A. de C.V., Chávez Chávez fue secretario del consejo de administración y, como tal, cerró contratos millonarios en los que salieron a relucir las maniobras de tráfico de influencias (Proceso 1690 y 1717).
A tres meses de haber asumido el mando de la PGR, Chávez Chávez ya nombró a la mayoría de sus colaboradores. Se mantienen firmes en sus puestos personajes del pasado, como Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, y Arturo Guzmán Rangel en la Subprocuraduría de Delitos Federales.
Asimismo, se mantiene en la titularidad de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) Marisela Morales Ibáñez, a pesar de que a principios de octubre fue candidateado para ese puesto Estuardo Mario Bermúdez Molina, quien renunció a la PGR en marzo de 2003, tras fracasar como responsable de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS).
Crónica de una pandemia
FEDERICO ORTIZ QUEZADA *,
La influenza y el contagio por virus A/H1N1 son los nuevos miedos de la sociedad mexicana y la colocaron ante preguntas inéditas: ¿El virus fue resultado de una mutación o se creó en un laboratorio?, ¿forma parte de los programas de guerra bacteriológica?, ¿las vacunas podrán frenarla y estarán a tiempo para el rebrote?, ¿los antivirales pueden causar resistencia y acelerar la mutación del virus? En su libro más reciente, Código A(H1N1). Diario de una pandemia, el doctor Federico Ortiz Quezada responde a esos interrogantes. Con autorización del autor y de Editorial Taurus, reproducimos fragmentos de este volumen, que comenzará a circular en los próximos días.
Lunes 13
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Corintios, 1:15:55
Adela María Gutiérrez falleció en el hospital donde fue internada el pasado lunes. La muerte la sorprendió sin que se lograra un diagnóstico preciso. Por esta razón, los médicos tomaron muestras de sangre y biopsias de su hígado para enviarlas al Instituto de Referencia y Diagnóstico Epidemiológico en la Ciudad de México y a los laboratorios de Canadá y del CDC en Atlanta. El diagnóstico era muy difícil, casi imposible: ella era el primer caso mortal de una nueva enfermedad, por ello la diagnosticaron erróneamente como neumonía, coronavirus o SARS. La alerta sanitaria es inminente.
No debemos juzgar a aquellos médicos por no haber “atinado” en el diagnóstico de la señora Gutiérrez. En México, los enfermos casi siempre llegan tarde a los hospitales. Algunos creen más en el milagro que en la ciencia; pero otros retrasan su ingreso por otras causas: la automedicación, el brujo, el amigo y el farmacéutico son más baratos que los médicos y, para colmo de males, no hay buenos servicios de salud pública, de lo cual no son responsables los médicos, sino la administración gubernamental. Por si lo anterior no bastara para explicar la ausencia de un diagnóstico correcto: los laboratorios clínicos carecen de los insumos necesarios para detectar un nuevo virus. Ellos no son responsables.
Leo lo que he escrito y me doy cuenta de que debo volver a garrapatear cuatro palabras: la alerta sanitaria es inminente.
(…)
Martes 14
Las ratas mueren en las calles, los hombres en sus casas.
Los periódicos se preocupan únicamente por lo que sucede en la calle.
Albert Camus
La epidemia está a punto de desatarse. En las muestras de exudado nasofaríngeo que se tomaron a finales de marzo a los niños de California, el CDC identificó un nuevo virus de la influenza AH1N1, de origen porcino. El enemigo recién descubierto se caracteriza por una combinación de segmentos genéticos que no se habían identificado previamente. Es curioso, las investigaciones epidemiológicas revelaron que los menores no tuvieron contacto con cerdos.
La alerta se emitió sin dilación. Debido a ella, los médicos quedaron obligados a reportar los casos con síntomas de influenza que ocurrieran en las áreas cercanas al sitio donde se detectó el H1N1, o entre las personas que tuvieron contacto con casos similares. Si acaso había una sospecha, era fundamental que los galenos tomaran muestras de exudado nasofaríngeo y las remitieran al CDC inmediatamente después de dar aviso a las autoridades sanitarias.
En estos días, con toda seguridad, se confirmarán cientos de infecciones debidas a la nueva cepa que hoy denominan “influenza porcina”.
La transmisión del virus del cerdo al humano no es frecuente –claro, si la carne que se consume está bien cocinada– y no siempre ocasiona influenza, aunque siempre provoca la aparición de anticuerpos entre quienes han estado en contacto con él. Las personas que trabajan con cerdos tienen más posibilidades de adquirir la enfermedad y, una vez infectados, la transmiten a otros humanos. Los síntomas son calosfríos, fiebre, ardor de garganta, dolor muscular, cefalea, tos, debilidad, malestar general y, en algunos casos, vómito y diarrea, en los niños pueden presentarse convulsiones.
POR LA NOCHE. Estoy preocupado. El mal ha
llegado.
EN LA MADRUGADA. El sueño no llega, quizá sólo tengo una opción para poderme dormir: el cansancio… por eso vuelvo a mis notas y trato de completar la información sobre la influenza y el resfriado.
El resfriado común y la influenza son las infecciones más comunes en los seres humanos. El primero es una rinofaringitis viral aguda, una enfermedad viral contagiosa del sistema respiratorio superior causada por rhinovirus, picornavirus o coronavirus. No tiene cura pero es autolimitada y nunca es fatal. El catarro común es más intenso en los niños y fumadores. Sus síntomas tienen una duración que, en promedio, no es mayor de cinco días y ellos suelen manifestarse durante los primeros dos a cinco días, aunque en algunos casos aparecen 10 horas después del contagio. A diferencia de la coriza o catarro común, la influenza se presenta con fiebres más altas y manifestaciones más severas; algunos pacientes se perciben próximos a morir y no pueden moverse.
El problema que los médicos enfrentamos es fácil de explicar: ni los antivirales ni los antibióticos actúan contra los virus del resfriado común; por lo tanto, sólo contamos con analgésicos, descongestionantes nasales, antitusígenos y otras medidas paliativas.
Miércoles 15
Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras.
Y, no obstante, pestes y guerras
cogen siempre desprevenida a la gente.
Albert Camus
Varias personas murieron en el hospital. Se ahogaron a causa de la neumonía. ¿Qué pasaría si la epidemia no se controla en una ciudad tan densamente poblada como la nuestra? La mortandad sería muy grande, no quiero pensarlo. Sin embargo, le comenté mis miedos a mi esposa, quien sólo alcanzó a decirme: “No, eso no puede suceder, mejor cállate”.
Jueves 16
Es importante considerar las implicaciones psicológicas
de una enfermedad que mató únicamente indios
y dejó a los españoles indemnes.
Tal parcialidad solamente pudo
ser explicada sobrenaturalmente,
no hubo duda de que
los conquistadores tenían el favor divino.
William H. McNeill
Nuestra relación con el extranjero es extraña: solemos desconfiar de ellos pues la historia así nos lo ha enseñado; por culpa de ellos hemos padecido muchas enfermedades, desde la viruela hasta el sida. Tal vez por eso extremamos las fórmulas de cortesía. Así las cosas, Barack Obama, todo sonrisas, vino a México. (…) l
* Federico Ortiz Quezada es médico con posgrado en la Universidad de Cornell en Nueva York. Fue delegado de México ante la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Recibió el Premio a la Excelencia Médica otorgado por el gobierno federal.
ASF: auditor a modo
JOHN M. ACKERMAN
El contundente fracaso del Estado mexicano en materia de combate a la corrupción es responsabilidad de todos. La reprobatoria calificación de 3.3 en el índice establecido por Transparencia Internacional (TI) es una llamada de atención para toda la clase política, los tres poderes federales y cada una de las entidades federativas. El hecho de que México sea hoy un país con mayor corrupción que China, El Salvador, Guatemala, Arabia Saudita, Botswana, Namibia y Tailandia se debe también a la falta de acción social. A las organizaciones no gubernamentales, los grupos sociales y los académicos todavía les falta construir un claro programa en la materia.
No es momento para sacar raja política de esta preocupante situación. Manlio Fabio Beltrones, por ejemplo, se equivoca gravemente cuando declara que la calificación de TI “es un llamado de alerta para el gobierno federal. Vale la pena que lo tome en cuenta e instrumente lo que sea necesario a fin de presentar mejores resultados”. En lugar de echar la culpa a los demás, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado haría bien en asumir su responsabilidad y la de su partido para emprender acciones urgentes que puedan enmendar el daño causado.
No habría que perder de vista que actualmente el PRI gobierna la mayoría de las entidades federativas del país y que las prácticas de corrupción a nivel federal no iniciaron con el gobierno actual, sino que son herencias de décadas de un sistema de partido de Estado construido con base en múltiples conflictos de interés e ilegalidades. Beltrones mismo fue una pieza central de este régimen de oprobio.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, tampoco está libre de culpa. Fue secretario de la Contraloría durante la administración de Miguel de la Madrid, el mismo expresidente que públicamente ha reconocido que tanto su gobierno como el de su sucesor no fueron precisamente los más pulcros de la historia. Como contralor, Rojas estaría directamente implicado en este desaseo administrativo.
Pero la historia no es destino, y actualmente existen numerosas reformas que bien se podrían impulsar desde el ámbito legislativo para enfrentar la drástica realidad de corrupción que corroe a toda la administración pública. El PRI podría utilizar su control en la Cámara de Diputados y su presencia en el Senado para promover reformas que puedan prevenir los conflictos de interés de los servidores públicos, dotar de autonomía plena a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), otorgar mayores facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, e introducir modificaciones estratégicas en el Código Penal y otras disposiciones legales.
Lamentablemente, en lugar de impulsar una nueva agenda en la materia, el PRI únicamente busca cortar cabezas. El miércoles pasado, su grupo parlamentario en San Lázaro se pronunció formalmente en contra de la reelección de Arturo González de Aragón al frente de la ASF. Así, el PRI sigue fielmente la “línea” de César Nava, quien ha afirmado que González de Aragón no garantiza la “honorabilidad”, el “profesionalismo” o la “imparcialidad” de la institución.
El viejo partido del Estado también sigue el ejemplo de Felipe Calderón con su propuesta de desaparecer la Secretaría de la Función Pública. En lugar de hacer propuestas afirmativas y constructivas para combatir la corrupción, ambos actores prefieren debilitar las instituciones responsables de esta tarea con la esperanza de que el fenómeno desaparezca como por arte de magia.
El verdadero pecado de González de Aragón ha sido su independencia y su valor a la hora de ejercer su función. Habría que recordar que hace ocho años, cuando Beatriz Paredes fue la coordinadora de la fracción del PRI en San Lázaro durante la LIX Legislatura, tanto el PAN como el PRI apoyaron plenamente el nombramiento del actual auditor. El súbito cambio de parecer de estos dos partidos obedece a evidentes motivaciones políticas. Ambas agrupaciones políticas preferirían un auditor a modo que no cause problemas en un momento en que tanto el gobierno federal como los gobernadores quisieran tener las manos libres para asegurar la victoria de sus partidos en las elecciones de los próximos años.
La buena noticia es que, con la solicitud del PRI, este partido acepta implícitamente que tendría que haber dos momentos en el procedimiento de selección del titular de la ASF. Primero, los diputados decidirían si reeligen a González de Aragón por un periodo adicional de ocho años, de acuerdo con el artículo 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Posteriormente, en caso de que dos terceras partes de la Cámara no estuvieran de acuerdo con esta opción, se emitiría una convocatoria para designar a un nuevo auditor superior.
El PRI alega de manera engañosa que su propuesta de no reelección favorece la “transparencia” y la “pluralidad” del proceso, cuando el efecto sería exactamente el opuesto al dejar la puerta abierta a una palaciega negociación política que decida quién será el próximo secretario de la Contraloría. En general, los argumentos presentados por el PRI, el PAN e incluso el PT en contra de la reelección del actual auditor no han sido contundentes.
Un análisis global y objetivo de la labor de González de Aragón demuestra que bajo su mando la ASF se ha convertido en una de las pocas instituciones del Estado mexicano dignas de confianza. En los últimos ocho años hemos dejado de tener una oficina dedicada a lavar las cuentas públicas, la Contaduría Mayor de Hacienda, para mantener con la ASF una garantía de la correcta utilización de nuestros impuestos.
Urge frenar la acelerada destrucción de los organismos independientes y de rendición de cuentas. Los grandes éxitos del IFE entre 1996 y 2003 fueron desmantelados en la negociación política de 2003. Gracias al Senado, la CNDH hoy continúa por el mismo camino de la opacidad y la complacencia. Esperamos que una de las pocas instituciones del Estado mexicano que sí ha hecho bien su chamba no corra la misma suerte. l
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Cédula de control social
ERNESTO VILLANUEVA
El presupuesto de egresos que se aprobó para 2010 no asignó recursos específicos para el programa de implementación de la cédula de identidad ciudadana a cargo de la Secretaría de Gobernación que, tal como fue formulado, representaría varios pasos atrás en las libertades de las personas. Veamos por qué.
Primero. El primer problema del proyecto del gobierno de Calderón consiste en que la intrusión en la vida privada de las personas sería altísima con los servicios de unicidad biométrica –que evita o reduce las duplicidades– y la aplicación del equipo de registro biométrico para capturar hasta 10 datos –huellas digitales, rostro, iris–, mientras que en Estados Unidos se utilizan los datos de dos huellas, y sólo para quienes cruzan las fronteras, de suerte que la mayor parte de la población está exenta de ese registro. Y aunque se ha encargado a Transparencia Mexicana vigilar los procesos de licitación correspondientes, lo cual en sí es positivo, el artículo 107 de la Ley General de Población no prevé dato biométrico alguno entre los elementos de la identificación.
Segundo. El gobierno calderonista afirma que la cédula de identidad ciudadana tiene ventajas, y así es, pero no para la sociedad. De acuerdo con el documento de trabajo de la Secretaría de Gobernación, fechado el 20 de agosto del 2009, esas ventajas consisten en garantizar una “mejor recaudación y finanzas públicas más sanas”, aunque de ahí al terrorismo fiscal no hay ni siquiera un paso; disponer de “una misma forma de identificarse”, lo que si bien facilita en apariencia los trámites, también deja en un estado de “muerte civil” a quien carezca de la cédula, toda vez que sería un requisito imprescindible en casi todas las relaciones que la persona tiene con el Estado; y, por último, procurar una “mejor atención a migrantes mexicanos en el exterior a través del reconocimiento de su nacionalidad por medio de los datos biométricos”. Este rubro, traducido al español, permitirá a las autoridades migratorias de Estados Unidos tener un mayor control de los migrantes mexicanos, habida cuenta que el equipo biométrico utilizado allá es idéntico al que México pretende.
Tercero. Otro aspecto que alimenta el debate es el propósito gubernamental de certificar “el resguardo de información con base en las recomendaciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI)”. Aquí conviene recordar tres cuestiones fundamentales: a) El IFAI no es por mandato constitucional ni legal un órgano garante de la protección de datos personales; sí tiene, empero, algunas atribuciones en la materia, pero carece de coercibilidad, es decir, no puede asegurar su cumplimiento; b) no existe una ley de protección de datos personales que regule la obtención, el uso y el destino de los datos de las personas; y c) el artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que “no se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar los datos personales en los siguientes casos: III. Cuando se transmitan entre sujetos obligados o entre dependencias y entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias de los mismos”. Esto quiere decir que, con dichos fundamentos legales, la Secretaría de Gobernación puede proveer a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la Procuraduría General de la República o a cualquier otra “dependencia” o “entidad” la base de datos entera para el desarrollo de sus atribuciones. Al respecto, no es casual que precisamente en el numeral segundo del punto XII del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se prevea “expedir la cédula de identidad”.
Cuarto. Ante el fracaso del gobierno federal en su lucha contra el crimen organizado, ahora se quiere amputar el derecho fundamental a la vida privada en aras de una teórica e improbable seguridad pública. La cédula de identidad ciudadana debe ser creada, pero no bajo la lógica policial del gobierno de Calderón. El Instituto Federal Electoral debería convertirse en la autoridad responsable de cumplir con esta tarea por tres razones: a) porque la normatividad electoral tiene candados –de los cuales carece la Ley de Transparencia– para proteger los datos personales; b) porque es un órgano colegiado autónomo constitucional, con pesos y contrapesos internos, que eliminaría o acotaría la posibilidad de que la cédula sea un instrumento de control social, policiaco y fiscal; y c) porque se evitaría duplicar la inversión de recursos económicos al aprovechar la infraestructura y experiencia del IFE.
En todo caso, la Secretaría de Gobernación podría contribuir con la recolección de los datos de menores de edad y de extranjeros. Es tiempo de hacer los cambios legales para tal efecto. l
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Harakiri panista
DENISE DRESSER
Como si fuera un samurái japonés, el PAN empieza a destriparse. A suicidarse. A armar la ceremonia del harakiri, del seppuku. A participar en ese ritual que entraña recorrerse el abdomen –de izquierda a derecha– con un sable. Y al igual que los guerreros de ataño, los panistas parecen haber tomado esta decisión ante la pérdida del honor, el reconocimiento de las ofensas cometidas, la captura por parte de las tropas enemigas del PRI. Decisión tras decisión, iniciativa votada tras iniciativa votada, los líderes de Acción Nacional demuestran que, en lugar de dar la batalla por retener el poder y usarlo mejor, han optado por matarse a sí mismos.
El proceso de cortarse el estómago comienza con la propuesta fiscal de Felipe Calderón. Aunque es un hecho indisputado que el Estado mexicano necesita mejorar la recaudación, es claro que el presidente y su equipo no logran elegir o instrumentar la estrategia adecuada para hacerlo. Al insistir en el impuesto para “el combate a la pobreza” junto con otros incrementos –en el peor momento dada la crisis– y sin proponer un plan más ambicioso de remodelación fiscal o racionalización del gasto, acaban en el peor de todos los mundos. Al repetir la misma táctica que usaron durante la presentación y negociación de la reforma energética, terminan en el mismo lugar: pagando todos los costos que el PRI les coloca. Se vuelven responsables de una medida altamente impopular mientras que el priismo cosecha sus beneficios. El PAN propone un incremento en los impuestos, que el PRI ahora usará para financiar su regreso a Los Pinos.
De allí el PAN pasa –como los samuráis– a vestirse de blanco, cenar su alimento preferido, escribir un poema sobre la muerte y elegir el instrumento afilado que se enterrará. Continúa con la ceremonia del suicidio al elegir a Luis Plascencia, el candidato de la continuidad, como nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo hace, de nuevo, acompañando al PRI. Y aunque es comprensible que ciertos sectores del panismo no pudieran apoyar a Emilio Álvarez Icaza, quien por mérito debió haber ocupado esa posición, lo que va en contra de cualquier instinto de autopreservación o estrategia política es que el PAN no lograra escoger o apoyar a alguien más. Alguien con credibilidad en un grupo de más de treinta candidatos. Alguien que no fuera el delfín del desacreditado José Luis Soberanes. Alguien que no estuviera atado a Manlio Fabio Beltrones. Alguien capaz de empujar la remodelación urgente que la institución necesita para convertirse en un verdadero contrapeso. Si el PRI regresa a la presidencia –y todo parece sugerir que así será– al PAN le convendría un ombudsman independiente, combativo, capaz de señalar los abusos del priismo y sancionarlos. Pero en lugar de fortalecer los contrapesos incómodos para su enemigo, decide contribuir a su desmantelamiento.
El PAN se clava el sable con aún mayor profundidad cuando después de haber votado en contra de la Ley Federal de Derechos –que otorga privilegios fiscales a las empresas interesadas en incursionar en el mercado de la telefonía celular– sus senadores cambian de opinión y la aprueban. En la sesión del 30 de octubre, los panistas votan en contra de la exención y cinco días después deciden apoyarla, con tal de congraciarse con el principal beneficiario de la medida, el consorcio Televisa. Y aunque los senadores que reculan invocan el argumento de la promoción de la inversión y la competencia, no es suficiente para ocultar el viraje equívoco y autodestructivo. En el contexto actual, en el que se le pide a la población pagar más, el PAN se erige en protector de privilegios. Los contribuyentes tendrán que apretarse el cinturón, mientras el PAN lo ensancha para un poder fáctico que promueve todos los días a Enrique Peña Nieto en la pantalla de televisión.
El PAN persiste en abrirse el abdomen a la hora de aprobar el Presupuesto de Egresos. En un hecho insólito, los panistas en la Cámara de Diputados votan en favor del presupuesto, aun cuando el PRI ha logrado retirar la fiscalización a los recursos destinados a los gobernadores. Gobernadores mayoritariamente priistas que se dedicarán a construir libramientos carreteros inútiles con su nombre o el de su esposa. Gobernadores que usarán la bolsa millonaria de dinero que el PAN les dará, para después ganarle. Gobernadores con la capacidad de desviar los recursos federales enviados a los estados a una velocidad asombrosa, y sobre todo en periodos electorales. Logran hacerlo a través de pagos indebidos a personal no localizable, pagos a personal dado de baja o con licencia de goce de sueldo, erogaciones con fines distintos a los autorizados por la ley, recursos destinados indebidamente, pagos en exceso, compras innecesarias, obras y acciones que no atienden a la población en pobreza extrema, obras terminadas que no se encuentran en operación, falta de documentación probatoria, mala calidad de los materiales en la ejecución de las obras, pagos anticipados a proveedores sin recibir cuentas o servicios, entre tantas prácticas irregulares más, documentadas por la Auditoría Superior de la Federación. Y el PAN acepta todo esto al aprobar la eliminación de candados sobre el gasto, argumentando puerilmente que “no tenemos nada que hacer sobre la fiscalización en los estados”. No satisfecho con la primera incisión, el panismo se corta una y otra vez.
Todos estos son actos suicidas. Actos encaminados a acabar con la prolongación del Partido Acción Nacional en el poder. Actos con los cuales los panistas van dándole armas a su enemigo para que gane las guerras por venir. Actos de rendimiento y sometimiento y claudicación. Sólo explicables porque el panismo cree en el suicidio ritual para escapar del pasado o del futuro. Sólo comprensibles si el PAN piensa –como los samuráis deshonrados– que ha manchado su nombre con actos de traición o corrupción. Sólo inteligibles si Felipe Calderón le ha pedido a su partido que se arrodille, porque no le preocupa que el PRI regrese a la presidencia tanto como la posibilidad de que AMLO quiera llegar a ella. Así, el PAN se apresta a apresurar la muerte en lugar de seguir peleando para que no ocurra de forma prematura. En el paso final del harakiri japonés, el guerrero que ya se ha desgarrado las vísceras extiende la cabeza para ser decapitado por alguien más. Y si todo sigue de la misma manera, a Acción Nacional le cortarán la cabeza en la próxima elección presidencial. Pero el PRI lo hará porque el PAN se lo pidió.
Intolerancia: clases de solfeo a directores de orquesta
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
Durante el régimen autoritario priista la intolerancia oficial reaccionaba con virulencia a la crítica externa. Paradigmáticamente, se recuerda la actitud del nacionalismo ramplón ante Los hijos de Sánchez, el estudio antropológico de Oscar Lewis, cuya publicación por el Fondo de Cultura Económica generó el despido de Arnaldo Orfila de la dirección de la editorial del Estado. Más recientemente –y cito sólo ejemplos sueltos– ante la sentencia de Mario Vargas Llosa sobre la “dictadura perfecta” que imperaba en nuestro país, el novelista peruano prefirió salir anticipadamente de México, ante los “numerosos tirones de orejas” que recibió.
La intolerancia panista es de la misma catadura de la practicada por el régimen que lo antecedió. Es quizá más torpe, más impertinente porque ocurre en tiempos en que formular observaciones sobre lo que acontece en cualquier país no es anatema prácticamente en ningún lugar del mundo, salvo extremos como los de Myanmar u otros sistemas despóticos.
Acaba de ocurrir un episodio de intolerancia autoritaria que por sus rasgos cómicos no merecería siquiera comentario, pues en sí mismo no habría pasado del rango de anécdota chusca. Pero la actitud de Ernesto Cordero, mucho más que la de Agustín Carstens ante la reciente crítica pronunciada por Joseph Stiglitz, es reveladora de un fenómeno de impaciencia gubernamental que conduce a entablar disputas en vez de persuadir y conciliar. La posición de Cordero es paralela, y tiene la misma sustancia, que la del secretario del Trabajo, que concibe una porción de sus tareas como un litigio o, peor aún, como una riña en la que le corresponde el papel de fajador –es decir, el que se lanza a la pelea sin vigilarse– del cual se ufana.
Stiglitz vino a México, como varias veces en los años recientes, a decir una conferencia en un foro empresarial. No pudo evitar, seguramente no quiso evitarlo, externar juicios sobre la coyuntura económica mexicana. No lo hizo de modo espontáneo sino ante preguntas de periodistas, ganosos de recibir un diagnóstico sobre la situación de nuestro país frente a la crisis, procedente de una autoridad en la materia, que en 2001 mereció el Premio Nobel de Economía y a partir de entonces se ha erigido, fundadamente, en una especie de conciencia sobre el funcionamiento de los mercados y del gobierno. Sintetizó su análisis sobre la crisis financiera estadunidense en casi un epigrama, un juego de palabras en que comparó dos momentos cruciales de la humanidad: la caída del Muro de Berlín con la de la calle del muro en Nueva York (Wall Street). La primera simbolizaba el fin de las economías centralmente planificadas. La segunda, el derrumbe del capitalismo accionario, el de la especulación con papeles carentes de valor sustantivo.
Como otros muchos observadores, nacionales o extranjeros, Stiglitz puso malas calificaciones al manejo mexicano de la crisis. Dijo que el desempeño del gobierno frente a ella ha sido “uno de los peores del mundo”. Censuró la excesiva dependencia mexicana respecto de la economía de Estados Unidos. Dijo que las cifras del crecimiento son débiles y producían pesimismo. “Una política fiscal que no estimule la economía mexicana es fuente de preocupación”.
Elogió en cambio a los países que han diversificado sus exportaciones, especialmente hacia las economías asiáticas, “y la recuperación de Asia está ayudando a la recuperación de América Latina”. En Brasil se han hecho bien las cosas, opinó. Ese país “ha tenido una regulación financiera mejor y quizá evite una recesión…; ya se recuperaron y ahora está fluyendo el dinero”.
Ignoro qué escoció más a las autoridades mexicanas, si la crítica a su desempeño o el elogio al de otros países. El hecho es que no pasaron por alto las expresiones de Stiglitz. El secretario de Hacienda Agustín Carstens le reprochó falta de información, como no considerar el efecto general de la desaceleración añadido a la caída de los ingresos petroleros. Es comprensible que Carstens enfrentara los juicios del Premio Nobel porque su voz influyente puede impactar a inversionistas o acreedores de México. “No teníamos la opción de contratar más deuda”, aclaró, y se justificó a sí mismo: “Uno tiene que actuar responsablemente”.
En cambio, el insulso secretario de Desarrollo Social, ajeno al manejo financiero desde que dejó la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, hace casi dos años, entró a una discusión que no le concierne y para la que carece de títulos. Lo hizo además en el tono insolente del ignorante, pretendiendo dar lecciones de un modo equivalente a enseñar solfeo a un director de orquesta.
Stiglitz “no conoce a detalle las políticas contracíclicas que implementó el gobierno mexicano: no conoce la realidad de las finanzas públicas mexicanas, y creo que mejor se ponga a leer un poquito más de México”.
Fue una recomendación fatua, y de seguro redundante. La seriedad profesional del Premio Nobel le habría impedido hablar huecamente, sin saber de qué se trata. Ha sido profesor de las mejores universidades de la Gran Bretaña (Cambridge y Oxford) y de Estados Unidos. Actualmente lo es de Columbia y antes lo fue de Yale, Duke, Stanford y Princeton, pero ciertamente no de Pennsylvannia, donde Cordero hizo su doctorado tras recibirse de actuario en el ITAM.
La experiencia profesional del secretario de Desarrollo Social es tan breve como dispersa. Ha sido, siempre por lapsos cortos, funcionario de Banobras y de la Secretaría de Energía, donde tuvo por unos meses rango de subsecretario. Lo fue igualmente, y también por corto tiempo, en Hacienda. Los casi dos años que lleva al frente de la Sedesol ha sido el periodo más largo en que ha servido una responsabilidad. La experiencia de Stiglitz, que le da bases para opinar sobre la economía mexicana, se ha extendido al gobierno de Clinton y sobre todo al Banco Mundial, donde fue primer vicepresidente y economista en jefe.
Nadie, que yo sepa, objetó el que se le otorgara hace ocho años el Premio Nobel de Economía, que ha reforzado su autoridad como examinador de las políticas internacionales. Pero no es candil de la calle y oscuridad de su casa. Si bien ha dirigido su mirada a un fenómeno tan ancho y diverso como la globalización, de la que es crítico documentado, también se ha referido a la política de su propio país. En coautoría con Linda E. Blines, igualmente funcionaria de la administración Clinton, y profesora de Harvard, publicó el año pasado La guerra de los tres billones de dólares. Ese es, según sus cálculos fundados, el costo financiero de la guerra de Irak, de la que ha sido crítico aun antes de su comienzo. He aquí el mirador desde donde examinan ese y otros fenómenos políticos, como el manejo de crisis por gobiernos en todo el mundo:
“Como científicos sociales, los dos nos hemos involucrado en el estudio de la economía del sector público y hemos intentado comprender cómo funcionan los gobiernos, sus fallos sistemáticos y qué es lo que podemos hacer para ayudarles a satisfacer mejor las necesidades de sus ciudadanos. Ambos nos hemos enfrentado al problema no sólo desde la perspectiva académica sino también como profesionales. Durante años ocupamos cargos político-tecnocráticos en el gobierno de Clinton, poniendo en práctica estas ideas para conseguir un gobierno más eficiente, receptivo y responsable y crear mejores sistemas de contabilidad para lograr esas metas. Creemos que en nuestra sociedad el gobierno tiene un papel importante que jugar, al igual que lo tiene el mercado. Los mercados a menudo se comportan de forma poco deseable, pero lo mismo ocurre con los gobiernos. El fracaso de Irak no fue el resultado de un único error, sino la culminación de decenas de errores cometidos a lo largo de varios años. Los científicos sociales se esfuerzan por entender las fuentes sistémicas de esos errores y buscan reformas para reducir su frecuencia y mitigar sus consecuencias”.
En vez de aprovechar el interés mostrado por Stiglitz ante nuestros problemas, el gobierno pretendió estérilmente descalificarlo. Generó ese resultado, pero aplicado a sí mismo.
