Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 22 de agosto de 2010
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / ¿Reenvasar las policías?
Fusionar las policías municipales en 32 cuerpos estatales no es una solución idónea a la inseguridad que se padece a nivel local
Colaborador Invitado
(22 agosto 2010).- Daniel Sabet y David A. Shirk
El presidente Felipe Calderón ha promovido activamente una propuesta para disolver las policías municipales y reintegrar a sus elementos a los organismos de seguridad pública a nivel estatal. El Presidente espera que la fusión de la policía a nivel estatal aporte mayor eficiencia, homogeneidad y capacidad a las instituciones de seguridad. Sin duda es necesario hacer un gran cambio a nivel local. La policía municipal frecuentemente se ha convertido en un obstáculo significativo en la lucha contra la delincuencia en México. Sin embargo, a pesar de sus posibles ventajas para municipios pequeños y mal equipados, las posibles desventajas son preocupantes.
Si bien es importante tener normas comunes de vigilancia, los estudios sobre vigilancia policial son muy claros en este punto: las estrategias para abordar el robo, la violencia doméstica y las zonas de alta delincuencia deben tener en cuenta el contexto local. Por esto, muchos estudiosos de la seguridad promueven el concepto de "policía comunitaria", un modelo que insiste en que la policía requiere un conocimiento profundo de las comunidades en las que trabaja y de los problemas específicos que enfrenta en esas localidades. Por esto, si la reforma del Presidente tiene éxito, México tendría que esforzarse mucho para orientar las fuerzas policiales a nivel estatal a las cuestiones locales para ser efectivas.
Aun así, no queda claro si el plan del Presidente es el de mayor beneficio para México, ya que obviamente los gobiernos federal y estatales no tienen todas las respuestas para resolver los actuales problemas de seguridad pública del país. También es muy claro que la policía municipal no tiene un monopolio en la corrupción, la ineficacia y el abuso de poder. De hecho, éstos son los problemas sistemáticos que existen en abundancia en todos los niveles de gobierno. Varios ejemplos recientes sugieren que los gobernadores y funcionarios a nivel estatal no son inmunes a la corrupción. Según un estudio de Elena Azaola y Marcelo Bergman, es más probable que la policía estatal abuse o pida un soborno de un presunto delincuente que un policía preventivo a nivel municipal. Es probable que la disolución de las policías municipales simplemente concentre los problemas de la corrupción a nivel estatal, construyendo "una ventanilla única" para el crimen organizado en cada entidad federativa.
La principal preocupación en la propuesta del Presidente, sin embargo, es que se centra en el problema equivocado y repite las mismas locuras del pasado. En los últimos 30 años las policías federales, estatales y municipales de México han sido reestructuradas y reenvasadas varias veces con poco efecto. Debido a problemas de corrupción, el presidente Miguel de la Madrid disolvió a la Dirección Federal de Seguridad en la década de los ochenta, y luego formó la Policía Judicial Federal. Ese nuevo organismo se disolvió más tarde debido nuevamente a problemas de corrupción, cuando el presidente Vicente Fox formó la Agencia Federal de Investigación (AFI). Ese organismo también se disolvió por severos problemas de corrupción, para crear las nuevas Policía Federal Ministerial y Policía Federal.
Transformaciones similares han ocurrido a nivel estatal y municipal, dado que casi todos los gobiernos de ambos niveles aportan un nuevo comandante y una nueva reorganización de la policía cada seis y tres años, respectivamente.
En resumen, barajar las cartas no es la respuesta, y probablemente es parte del problema. En lugar de perder el tiempo reempaquetando las fuerzas policiales, las autoridades deben centrarse en el incremento de estándares de educación y formación para nuevos elementos, el desarrollo de un verdadero servicio civil de carrera, mejores incentivos para el buen desempeño del policía municipal, el fortalecimiento de los mecanismos internos y externos de rendición de cuentas, y la continuidad de las buenas prácticas de una administración a otra. El capital político y humano de las autoridades y de la sociedad civil debe centrarse en estos esfuerzos en vez de perderse en una reorganización administrativa costosa y perturbadora de más de 2 mil cuerpos de policía municipal.
Sin duda, muchas corporaciones de policía municipal tienen verdaderos problemas de coordinación y una falta de estandarización. Sin embargo, en muchas partes del país, estas agencias ya están empezando a moverse en la dirección correcta, gracias a la reciente legislación federal que establece nuevos códigos y procedimientos estandarizados para la policía municipal.
Por otra parte, en zonas metropolitanas, como los varios municipios alrededor de Guadalajara, ya están trabajando para innovar una mejor coordinación dentro de una policía integrada o una "metropolicía" para abordar los problemas que compartan en distintos municipios conurbados. Y tal vez lo más importante sea un nuevo Subsidio para la Seguridad Pública Municipal -Subsemun- que aporte recursos federales condicionales para invertir en una mejor seguridad local mientras se implementan nuevas políticas estandarizadas.
Centrarse en la ejecución, evaluación y control ciudadano de esfuerzos como éstos, puede generar mejores resultados que reorganizar la policía con cada nueva administración. En la búsqueda de soluciones para mejorar la seguridad, las autoridades deben evitar la tentación de otra dramática reestructuración y centrarse en los problemas más profundos y más graves que afectan las instituciones policiales, sin importar el nivel de gobierno.
Estado de fuerza policial
La mayor parte de los policías en México son municipales y estatales.
Elementos
| Policías estatales | 196,030 |
| Policías federales ministeriales | 3,500 |
| Policías ministeriales | 26,928 |
| Policías federales | 35,386 |
| Policías municipales | 165,510 |
Corporaciones
| Corporaciones municipales: | 2, 022 |
| Corporaciones estatales: | 31 |
| Policía en el Distrito Federal: | 1 |
| Municipios sin cuerpo de policía: | 417 |
| Corporaciones municipales con menos de 20 elementos: | 1, 030 |
| Policías estatales y municipales con menos de 10 años de instrucción académica: | 159,734 |
Fuentes: Secretaría de Seguridad Pública y Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2009.
Daniel Sabet es profesor visitante en la Universidad de Georgetown. David Shirk es el investigador principal del Proyecto Justicia en México (www.justiceinmexico.org), y ambos contribuyeron al estudio Police and Public Security in Mexico (Trans-Border Institute, 2009).
Acuerdo secuestrado
Reportaje Balance a dos años. Los relevos en las áreas de seguridad del gobierno federal y la falta de seguimiento en el Poder Legislativo, los estados y los municipios han complicado la implementación de los 75 compromisos asumidos en el acuerdo de seguridad firmado en 2008
Octavio Ortega
(22 agosto 2010).- El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado el 21 de agosto del 2008, topó con una barrera burocrática: una veintena de relevos de funcionarios de primer nivel en las dependencias encargadas de implementar los compromisos pactados, el cambio de legislatura en el Congreso y la falta de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
Tres secretarios de Gobernación distintos, dos procuradores, cuatro secretarios ejecutivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuatro secretarios técnicos del Consejo Nacional de Seguridad y tres jefes de la Policía Federal. Ése es el conjunto de relevos en áreas estratégicas para cumplir los 75 compromisos acordados. Del gabinete de seguridad, sólo los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina se mantienen en sus cargos desde la firma del Acuerdo.
Los titulares de otras Secretarías claves para la instrumentación de las 28 medidas que le correspondían al Poder Ejecutivo federal también fueron sustituidos: Secretaría de Hacienda, Comunicaciones y Transportes y Desarrollo Social.
Por parte del Poder Legislativo y otros niveles de gobierno también hubo falta de continuidad por los cambios previstos en la ley. Un año después de la firma del Acuerdo inició una nueva legislatura y, aunque el Senado no se renovó, entraron 500 nuevos diputados. Tan sólo en 2009 y 2010 se ha elegido a 16 nuevos gobernadores y en 20 estados hubo renovación de presidentes municipales, por lo que la continuidad para cumplir las 23 acciones repartidas entre el Poder Legislativo, estados y municipios quedó sujeta a las transmisiones de poder.
A la maraña burocrática y descoordinación entre autoridades se suma la falta de transparencia que dificulta evaluar cada punto del Acuerdo.
Luis de la Barreda, director del Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad, y dirigentes de organizaciones sociales como Laura Elena Herrejón (Pro Vecino), Alejandro Martí (México SOS), Isabel Miranda de Wallace (Alto al Secuestro) y María Elena Morera (Causa Común) coinciden en que ha habido un avance parcial de las metas del Acuerdo y lamentan que en dos años no haya mejorado la seguridad pública.
Eduardo Gallo de México Unido Contra la Delincuencia y Elías Kuri de Iluminemos México también fueron consultados. Gallo ofreció evaluar el Acuerdo después del 22 de agosto, una vez cumplidos dos años de vigencia del mismo. Kuri respondió que no cuenta con información oficial suficiente para hacer una evaluación.
Relevos constantes
La salida de Roberto Campa del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), a tan sólo 10 días de la firma del Acuerdo, puso de manifiesto la falta de coordinación entre las dependencias que articulan el esquema de seguridad pública.
El 1o. de septiembre de 2008, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dio a conocer la renuncia de Roberto Campa. El anuncio fue sorpresivo para el propio Campa, quien dio a conocer su desconcierto en una misiva al Presidente.
"Me veo obligado a dirigirme a usted para aclarar que el lunes 1o. de septiembre no presenté mi renuncia... Esa información es falsa. No obstante, dada la importancia de la noticia... estoy haciendo llegar al presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública mi 'renuncia irrevocable'... El manejo de los hechos y lo sucedido hasta el día de hoy, solamente revelan lo que permanentemente ocurrió", expuso Campa.
En ese momento el SNSP se encontraba adscrito a la SSP, por lo que García Luna propuso como sustituto de Campa al hasta entonces secretario general del Cisen, Monte Alejandro Rubido, quien ocupó el cargo sólo seis meses, de septiembre de
Rubido fue removido del Sistema una vez que se había publicado la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (enero de 2009), con la que el organismo quedó bajo la tutela de la Secretaría de Gobernación. Rubido fue designado en abril de 2009 secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional -en sustitución de Sigrid Arzt, quien meses después fue propuesta por el Presidente como comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información-. La salida de Arzt desencadenó el primero de cuatro cambios en el Consejo de Seguridad. Rubido fue relevado del Consejo en septiembre de ese año para asumir el cargo de subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la SSP federal.
Como sustituto de Rubido en el SNSP fue nombrado Jorge Tello, quien estuvo al frente de esta dependencia de marzo a diciembre de 2009. Tello siguió la misma ruta que Rubido, pues, como su antecesor, a su salida del Sistema de Seguridad fue designado secretario técnico del Consejo de Seguridad a partir del 1o. de enero del 2010, pero apenas el pasado 19 de agosto fue removido del Consejo y en su lugar fue nombrado Alejandro Poiré, quien se desempeñaba como subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob, a quien también se le asignó la función de vocero en materia de seguridad del gobierno federal y secretario técnico del gabinete de seguridad nacional.
A partir de enero de 2010 la titularidad del SNSP recayó en Juan Miguel Alcántara Soria, completando con su nombramiento la lista de cuatro titulares en una dependencia encargada de coordinar acciones entre el gobierno federal, 31 estados, el Distrito Federal y más de mil 400 municipios.
En el Poder Ejecutivo, de nueve secretarios de Estado que signaron el Acuerdo cinco de ellos han sido relevados de sus cargos. Si bien en Gobernación, la dependencia encargada de coordinar el gabinete de seguridad, la muerte de Juan Camilo Mouriño obligó al Presidente a nombrar a un nuevo titular, la estancia de su sustituto, Fernando Gómez Mont, apenas superó el año y medio. En julio pasado fue relevado por Francisco Blake, a quien nuevamente Calderón le encomendó la seguridad como tema prioritario.
Los enfrentamientos entre funcionarios han impulsado la lista de cambios. Aunque nunca se reconoció oficialmente, la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Procuraduría General de la República, en septiembre de 2009, obedeció a la falta de coordinación con Genaro García Luna.
Al interior de la SSP y de la PGR se relevó a funcionarios clave en la atención de la seguridad pública. En la primer dependencia, la Policía Federal Preventiva ha tenido en el periodo de vigencia del Acuerdo tres comisionados, uno de ellos, Gerardo Garay Cadena, fue separado del cargo por vínculos con el crimen organizado.
En junio de 2009 se publicó la nueva Ley de la Policía Federal, con la que se hizo una reestructura de la Policía Federal Preventiva. Además fue un paso en el sentido de impulsar una policía nacional. Cuando apenas se cumple un año de estos cambios, lejos de observar la modernización de la Policía Federal, la denuncia de policías locales de Chihuahua los primeros días de agosto contra mandos de la corporación que arribaron a la entidad a coordinar los operativos en contra de la delincuencia organizada indica que la nueva ley no eliminó la corrupción en dicha corporación.
En la PGR destaca el relevo en tres áreas directamente vinculadas con acciones del Acuerdo: la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO); el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la Delincuencia (Cenapi), y en la Secretaría técnica para la implementación de reformas constitucionales en materia de seguridad y justicia penal -en esta secretaría despachaba José Luis Santiago Vasconcelos, quien murió junto a Juan Camilo Mouriño en el accidente aéreo del 4 de noviembre del 2008.
La lista de secretarios de Estado firmantes del Acuerdo removidos en estos dos años la completan Luis Téllez, Agustín Carstens y Ernesto Cordero, de Comunicaciones, Hacienda y Desarrollo Social, respectivamente. Sus cambios obedecieron a coyunturas fuera del ámbito de la seguridad pública.
Dos legislaturas
Aunque la permanencia de funcionarios en el Poder Legislativo no es posible por los periodos de duración de cada legislatura y por la rotación entre partidos de la titularidad de los órganos de gobierno de ambas Cámaras, quienes firmaron el Acuerdo por el Senado y la Cámara de Diputados, Santiago Creel y Ruth Zavaleta, respectivamente, no tienen hoy ninguna vinculación con el Acuerdo. Destaca que, aunque comprometieron al Poder Legislativo al cumplimiento de siete acciones sólo permanecieron 10 días al frente de la responsabilidad con la que firmaron, pues el 1o. de septiembre de 2008, al iniciar el tercer año de la LX Legislatura, ambos fueron relevados de las presidencias de las mesas directivas de sus Cámaras.
Alejandro Martí y María Elena Morera, únicos representantes de organizaciones ciudadanas que aparecen en el Acuerdo, reconocen la problemática que implica la sustitución de funcionarios.
Para Martí, el constante relevo muestra la poca seriedad con que se asumió el Acuerdo.
"Los breves plazos en que los funcionarios se mantienen en responsabilidades determinadas, sea por ineficientes o por el incansable brincar de un puesto a otro por ambición política y por los breves plazos de ciertos puestos de elección, impiden, en la mayoría de los casos, completar programas.
"El acuerdo se debió tomar como era, un contrato, un acuerdo firmado entre el Estado y la ciudadanía. Éste se vio como un evento público político, con la esperanza de que con el tiempo se fuera diluyendo", acusa.
Morera señala que la falta de continuidad se presenta principalmente en estados y municipios.
"A nivel federal hemos tenido múltiples interlocutores, sin embargo siempre hemos terminado por conseguir la información. A nivel estatal y municipal han llegando al extremo de negarnos los acuerdos institucionales previos. Un claro ejemplo es que el sistema que construyó el Instituto Tecnológico de Monterrey para el seguimiento del ANSJL en la Conago se encuentra inhabilitado (SISAN) y a nivel municipal no se construyó ninguna forma de seguimiento.
"Esta circunstancia se resume en que no hay funcionarios de Estado que den continuidad y cumplan las obligaciones y compromisos institucionales y que estemos a expensas de caprichos, visiones personales y partidistas que impiden dar continuidad a obligaciones públicas", acusa.
La desbandada de funcionarios contrasta con una de las premisas del Acuerdo: la vigencia del mismo debe trascender "la temporalidad del encargo de quienes lo suscriben".
Descoordinación y opacidad
Para el director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad (ICESI), Luis de la Barreda, las evaluaciones se complican por la falta de coordinación entre autoridades.
Recientemente el instituto que él dirige había sido relevado por el INEGI para realizar la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad, esto ante la queja de algunos gobernadores por los datos del avance de la inseguridad en sus entidades presentados por el ICESI en una reunión de la Conago.
Luego del rechazo de organizaciones ciudadanas a este cambio, el presidente Calderón giró instrucciones para que se asegurara el levantamiento de este estudio por parte del ICESI, pero al cierre de esta edición De la Barreda reconoce que el asunto no se ha formalizado.
"Lo que dijo el Presidente el lunes (2 de agosto en los Diálogos por la Seguridad) fue que le había dado instrucciones al secretario de Gobernación para que buscara la fórmula de institucionalizar la participación del ICESI, pero todavía no he recibido una llamada del secretario de Gobernación", expone.
El ex ombudsman relata que en su labor de medir la inseguridad se ha topado con la descoordinación entre dependencias y niveles de gobierno.
"El año pasado solicitamos al Sistema Nacional de Seguridad Pública las cifras sobre homicidios dolosos en las diferentes entidades, nos costó muchísimo trabajo conseguirlas, varios escritos solicitándolo, telefonemas, etcétera. Y, por fin, cuando llegaron estas cifras, nos encontramos con que en todo el año 2008 en Tlaxcala había cero homicidios dolosos, cero. Era un dato absolutamente inverosímil, pero nadie lo había notado; el dato lo había proporcionado la Procuraduría del estado al Sistema Nacional y ni el procurador ni el gobernador ni el secretario ejecutivo del Sistema lo habían notado. Lo notó el ICESI; una vez que lo notó el ICESI entonces pidió que se hiciera la indagación correspondiente y se nos diera el dato correcto, y hasta entonces fue que se nos dio una cifra, que no sé si sea la real, pero que por lo menos no era de cero", narra.
Otras organizaciones ciudadanas se topan con la misma barrera. Al momento de solicitarles una evaluación, María Elena Morera y Elías Kuri reconocieron no tener todos los datos para calificar los avances.
"El monitoreo se torna complejo lo que ha provocado que muchas autoridades le apuesten al olvido o lo tomen como pretexto para no cumplirlo", expuso Morera.
Elías Kuri explicó que su organización abandonó el seguimiento del Acuerdo.
"Hoy, dos años después, necesitamos presionar a las autoridades para que se midan los resultados y no los procesos. De nada sirve que algunas autoridades nos hablen del gran esfuerzo que se está haciendo si los resultados siguen siendo los mismos", abundó en una carta con la que se excluyó de calificar punto por punto.
La falta de transparencia enfrenta a las propias instituciones de seguridad pública. El 3 de agosto, en los Diálogos por la Seguridad, el director del Cisen, Guillermo Valdés, reportó que tenían contabilizados 28 mil ejecutados vinculados con acciones del crimen organizado en lo que va de la administración. La cifra fue distante de los 24 mil 800 ejecutados para el mismo periodo reportados por la PGR 15 días antes.
De la Barreda califica la diferencia de datos como una negligencia de las autoridades y resalta la importancia en la certeza de los mismos.
"Llevar la cuenta de los ejecutados por sí mismo no va a perjudicar ni a favorecer el combate al crimen organizado, pero va a favorecer que sepamos qué es lo que está pasando", detalla.
Balance
A casi dos años de la firma de este documento, el presidente Felipe Calderón convocó a una serie de reuniones los primeros días de agosto. A pesar de que los Diálogos por la Seguridad se presentaron para evaluar las estrategias de seguridad pública de la actual administración, en realidad se convirtieron en una discusión de los operativos en contra del crimen organizado.
Conminados a evaluar el Acuerdo debido a que 71 acciones debían cumplirse en dos años, representantes de organizaciones ciudadanas evaluaron -a petición de Enfoque- 30 puntos del Acuerdo. De sus respuestas se evidencia que reconocen avances, pero no advierten que mejore la seguridad.
"Los compromisos cumplidos aportan a la solución del problema de inseguridad y violencia, los no cumplidos y los que tienen avance parcial afectan seriamente para dar el combate definitivo que requiere el problema", advierte Laura Elena Herrejón.
"Tenemos un convenio el cual debemos seguir exigiendo mediante evaluaciones, hasta que se cumpla al pie de la letra, y realmente presentemos una verdadera fuerza institucional contra la delincuencia", conmina Alejandro Martí.
"Todo se debe medir con resultados y hasta ahora no los vemos, creemos que el problema está en los estados y municipios, no se comprometieron. En la Federación hicieron, aunque fuera parcialmente, algunas cosas, pero definitivamente tenemos que darle dientes a la sociedad para exigir, y no quedarnos en la protesta", recomienda Isabel Miranda de Wallace.
"Sin duda es el Acuerdo más importante que se ha firmado en este tema. Sin embargo, no generó el impacto que todos esperábamos, pero sentó varios precedentes: convocó a diversos actores de la sociedad y a todas las instancias públicas, fijó tiempos y obligó a que la opinión pública volteara la atención, con orden y responsabilidad, a un tema que se le había dejado sólo al gobierno y que no ha cumplido bien", apunta María Elena Morera.
"Es un gran conjunto de buenas intenciones, pero de ese Acuerdo no pueden esperarse resultados. El que no existan sanciones por el incumplimiento de las acciones debilita el Acuerdo porque todo aquello que se pacta, aquello que se conviene sin que se establezcan sanciones ante su incumplimiento no tiene la fuerza de una norma obligatoria", reconoce De la Barreda.
Olvido y reciclaje
En los Diálogos por la Seguridad el presidente Felipe Calderón reconoció que dudaba que se hubieran cumplido los puntos que son responsabilidad del gobierno federal. En medio de ese balance ofreció "cuatro grandes campos" de acción para su gobierno: Fortalecimiento institucional de policías y ministerios públicos; la prevención social y la cultura de la denuncia y la legalidad; la participación de la sociedad civil en el control de confianza, y la corresponsabilidad en los distintos niveles de gobierno y los distintos Poderes de la Unión.
En realidad, el nuevo listado presidencial de "campos de oportunidad" retomó algunas acciones específicas contenidas en el Acuerdo que a la fecha ya deberían estar operando.
Un acuerdo, muchos funcionarios
El Acuerdo no se convirtió en política pública, y no resisió los cambios en las dependencias.
Secretaría de Gobernación
Juan Camilo Mouriño: el 4 de noviembre de 2008 muere en accidente aéreo.
Fernando Gómez Mont: noviembre de
José Francisco Blake Mora: de julio de
Procuraduría General de la República
Eduardo Medina Mora: renuncia en septiembre de 2009.
Juan Miguel Alcántara Soria: encargado de despacho del 7 al 24 de septiembre de 2009.
Arturo Chávez Chávez: 24 de septiembre de
Sistema Nacional de Seguridad Pública
Roberto Campa: renuncia el 1o. de septiembre de 2008.
Monte Alejandro Rubido: septiembre de
Jorge Tello Peón: marzo de 2009 al 23 de diciembre de 2009.
Juan Miguel Alcántara Soria: enero de
Consejo Nacional de Seguridad Pública
Sigrid Arzt: renuncia en abril de 2009.
Monte Alejandro Rubido: abril de
Jorge Tello Peón: 1o. de enero de 2010 al 19 de agosto 2010.
Alejandro Poiré: 19 de agosto de
Policía Federal
Gerardo Garay Cadena: fue removido en noviembre de 2008 por vínculos con el crimen organizado. Había sido nombrado en mayo de 2008, tras el asesinato de Édgar Millán.
Rodrigo Esparza Cristerna: noviembre de
Facundo Rosas: junio de
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Luis Téllez: renuncia en marzo de 2009.
Juan Molinar Horcasitas: marzo de
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Agustín Carstens Carstens: renuncia en diciembre del 2009.
Ernesto Cordero Arroyo: diciembre de
Secretaría de desarrollo social
Ernesto Cordero Arroyo: renuncia en diciembre de 2009.
Heriberto Félix Guerra: diciembre de
Poder Legislativo
Ruth Zavaleta: presidía la Cámara de Diputados. El 31 de agosto fue relevada por César Duarte.
Santiago Creel: presidía el Senado; el 31 de agosto de 2008 fue relevado por Manlio Fabio Beltrones.
"Ni el gobierno federal ni los gobiernos de las entidades han cumplido con la gran mayoría de los acuerdos parciales que contiene ese gran Acuerdo".
Luis de la Barreda.
"Mientras no haya un compromiso real y voluntad política, seguiremos viendo pactos, acuerdos, firmas, fotos y muchos discursos, pero pocos resultados".
Laura Elena Herrejón.
"Tenemos un convenio el cual debemos seguir exigiendo mediante evaluaciones, hasta que se cumpla al pie de la letra".
Alejandro Martí.
"Hay cosas que mejoraron, por ejemplo el crear un modelo de unidad de combate al secuestro, ahora hay que vigilar que todos los estados lo hagan y también las iniciativas que se han enviado al Congreso".
Isabel Miranda de Wallace.
"Existe la oportunidad para las autoridades, de todos los niveles de gobierno, de que demuestren un verdadero interés para revisar este Acuerdo".
María Elena Morera.
"Si son 74 o 740 puntos, ¿de qué nos sirven? Si los resultados siguen siendo muertes, secuestros y asaltos".
Elías Kuri.
Acuerdo a evaluación
De los 75 compromisos del acuerdo por la seguridad, Enfoque seleccionó 30 que ya debían estar cumplidos y aplicó un sondeo entre dirigentes ciudadanos.
PODER EJECUTIVO
1 Depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia (tiempo de ejecución: seis meses a 2 años).
2 Apoyar a las entidades federativas en el combate de los delitos más sensibles para la sociedad, de acuerdo con las competencias de cada orden de gobierno (seis meses).
3 La PGR y la Secretaría Seguridad Pública en coordinación con las entidades federativas elaborarán una estrategia nacional e integral contra el secuestro (seis meses).
4 Formular y emitir una estrategia nacional contra el lavado de dinero, regular transacciones en efectivo (seis meses).
5 Fortalecer la capacidad institucional del Ministerio Público federal (seis meses).
6 Regular el registro, establecimiento y acceso a bases de datos de equipos de telefonía móvil y fija, así como el acceso a la información sobre la ubicación física de los móviles en tiempo real, en los casos en que sean aparatos y números telefónicos involucrados en actividades delictivas (seis meses).
7 Asegurar la cobertura de un número único en todo el país para el sistema de atención de emergencias (066) y para el servicio de denuncia ciudadana anónima (089) (seis meses).
8 Elaborar proyecto de iniciativa de una nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que incluya el modelo de policía homogéneo (Policía Nacional) (septiembre 2008).
9 La Secretaría de la Defensa Nacional se compromete a autorizar el equipamiento de las instituciones de seguridad pública con armas automáticas y de calibre superior a los cuerpos de seguridad que cumplan con los compromisos establecidos en este acuerdo (tres meses).
10 Fortalecer el Sistema Penitenciario -módulos especiales para secuestradores- (dos años).
11 Fortalecer el sistema de aduanas. Reducir el contrabando, en particular el tráfico de armas y de precursores químicos (dos años).
12 Presentar Ley de la Policía Federal, Ley Orgánica de Procuraduría General de la República y Reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (octubre 2008).
13 Consolidar el Sistema Único de Información Criminal, garantizar la interconexión e intercambio de información entre instancias y órdenes de gobierno (Plataforma México), (seis meses y un año).
14 Fortalecer la atención a personas con problemas de adicciones. La Secretaría de Salud se compromete a ampliar la red de Centros de Atención Primaria Nueva Vida para contar con más de 300 puntos y cobertura nacional (diciembre 2008).
15 Creación de un Observatorio Ciudadano que vigile y supervise el cumplimiento de los compromisos (tres meses).
PODER LEGISLATIVO
16 El Congreso de la Unión se compromete a dictaminar y votar todas las iniciativas presentadas (primer periodo ordinario del tercer año de la LX Legislatura Federal).
17 Establecer competencias concurrentes para el combate al narcomenudeo (mismo plazo).
18 Reglas para impedir la pre-liberación y otros beneficios en delitos como el secuestro y otros cometidos con violencia (mismo plazo).
19 Impulsar una ley general del delito del secuestro (mismo plazo).
PODER JUDICIAL
20 Instalar nuevos juzgados y tribunales federales (14 meses).
21 Establecer juzgados de control con jurisdicción en toda la República, juzgados de control con residencia en el DF, facultados para emitir órdenes de cateo, de arraigo y autorizaciones para la intervención de comunicaciones (4 meses).
22 Sistematizar la información judicial para una mejor coordinación entre autoridades (dos años).
GOBIERNOS ESTATALES
23 Depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad y procuración de justicia (un año).
24 Conformación, desarrollo o fortalecimiento de unidades especializadas en combate al secuestro (seis meses).
25 Incorporación e implementación del Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México (un año).
26 Establecer un sistema de información pública sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos públicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia (un año).
ALCALDES
27 Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia (un año).
28 Interconexión a los sistemas y protocolos de Plataforma México (de seis meses a dos años).
29 Actualizar y regularizar los permisos colectivos de portación de armas de fuego y registro del personal en el cardex de la Plataforma México (seis meses).
30 Establecer indicadores de evaluación y seguimiento (seis meses).
| | Laura E. Herrejón | Alejandro Martí | Isabel M. de Wallace | M. Elena Morera |
| | Pro-Vecino | México SOS | Alto al Secuestro | Causa Común |
| 1 | Parcialmente | No se cumplió | No se cumplió | Parcialmente |
| 2 | Parcialmente | No se cumplió | Parcialmente | Parcialmente |
| 3 | No se cumplió | No se cumplió | Parcialmente | Sí se cumplió |
| 4 | Parcialmente | No se cumplió | No se cumplió | Sí se cumplió |
| 5 | No se cumplió | No se cumplió | No se cumplió | No se cumplió |
| 6 | Sí se cumplió | Parcialmente | Parcialmente | Parcialmente |
| 7 | Sí se cumplió | Sí se cumplió | Parcialmente | Parcialmente |
| 8 | Sí se cumplió | Parcialmente | Sí se cumplió | Sí se cumplió |
| 9 | Se ignora avance | No se cumplió | Parcialmente | Sí se cumplió |
| 10 | No se cumplió | No se cumplió | No se cumplió | Parcialmente |
| 11 | No se cumplió | No se cumplió | No se cumplió | Parcialmente |
| 12 | Sí se cumplió | Parcialmente | Parcialmente | Sí se cumplió |
| 13 | Parcialmente | Parcialmente | Parcialmente | Parcialmente |
| 14 | No se cumplió | Parcialmente | Parcialmente | Sí se cumplió |
| 15 | Parcialmente | No se cumplió | Parcialmente | No se cumplió |
| 16 | Parcialmente | No se cumplió | Parcialmente | Parcialmente |
| 17 | Parcialmente | No se cumplió | Sí se cumplió | Parcialmente |
| 18 | No se cumplió | Parcialmente | Parcialmente | No se cumplió |
| 19 | Parcialmente | Parcialmente | Parcialmente | Parcialmente |
| 20 | Sí se cumplió | Parcialmente | No se cumplió | Sí se cumplió |
| 21 | Sí se cumplió | Parcialmente | Sí se cumplió | Sí se cumplió |
| 22 | Sí se cumplió | Parcialmente | Parcialmente | Parcialmente |
| 23 | No se cumplió | Parcialmente | No se cumplió | Parcialmente |
| 24 | Parcialmente | No se cumplió | Parcialmente | Parcialmente |
| 25 | Parcialmente | No se cumplió | Parcialmente | Parcialmente |
| 26 | Parcialmente | No se cumplió | No se cumplió | No se cumplió |
| 27 | Parcialmente | Parcialmente | No se cumplió | Parcialmente |
| 28 | Parcialmente | Parcialmente | No se cumplió | Parcialmente |
| 29 | Parcialmente | Parcialmente | Parcialmente | Parcialmente |
| 30 | Parcialmente | No se cumplió | No se cumplió | No se cumplió |
Nota: Luis de la Barreda (ICESI), Eduardo Gallo (MUCD) y Elías Kuri (Iluminemos México), también recibieron este sondeo, pero declinaron evaluar punto por punto el Acuerdo.
Cuba: dos hermanos
Análisis El regreso de Fidel Castro. La reaparición pública de Fidel Castro, a sus 84 años de edad, abre toda una gama de posibilidades para el futuro político de la isla. La historia indica que ningún ejercicio del poder, cuando ha sido compartido entre hermanos, ha tenido un final feliz
Zoé Robledo
(22 agosto 2010).- "He pensado que seré campeón durante los próximos diez años y entonces dejaré que mi hermano tome mi lugar; como los Kennedys, allá en Washington".
Muhammad Ali (refiriéndose a su hermano, el también boxeador Rahman Ali, que nunca fue campeón del mundo).
Ésta es la historia de dos hermanos. El mayor, un líder seductor. El menor, un introvertido relevo. Pero ésta no es una historia de amor filial ni de grandes épicas compartidas. Quizá todo lo contrario. Es una historia de traición, rivalidad y poder que descubre lo más ruin de la condición humana. Soñaron y triunfaron juntos; el tiempo, las diferencias y la ambición los distanciaron definitivamente. La ruptura devino en antagonismo hasta transformarse en el peor de los odios, el de hermanos. Enemigos de tiempo completo, entendían su éxito a partir del fracaso del otro. Y todo a pesar de haber hecho juntos una revolución... en el mundo del calzado deportivo.
Adolf y Rudolf Dassler crearon dos visiones y un emporio a partir de revolucionar lo que los deportistas debían calzar. Todo inició en 1926, en Herzogenaurach, el pueblo alemán donde los hermanos Dassler dedicaban su vida a la manufactura y el perfeccionamiento de zapatos deportivos. Sus buenas artes cobraron fama y llegaron a los pies de muchos atletas en las Olimpiadas de Berlín 1936. La empresa familiar crecía, lo mismo que el prestigio y la fortuna de sus dueños. Según el libro Hermanos de sangre de la periodista holandesa Barbara Smit (LID Editorial, 2007), los hermanos eran antagónicos en su manera de interpretar la vida y la empresa y estas diferencias se agudizaron con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por órdenes de Hitler, la fábrica tuvo que convertirse en un taller de materiales de guerra. Los hermanos vivieron el conflicto armado de formas muy disímbolas. Adolf, mejor conocido como Adi, logró escapar del frente de batalla y se quedó a cargo del nuevo rumbo de la fábrica. Rudolf, creyente de la causa nazi e informante de la SS, se unió a las tropas en Sajonia. Al finalizar la guerra vino el rompimiento final: los aliados llamaron a los hermanos para que explicaran su nivel de compromiso con el nazismo. Adi salió exonerado y retuvo el control de la empresa. Pero Rudolf no corrió con la misma suerte: fue denunciado por su hermano, aprisionado por el ejército norteamericano y obligado a emigrar con todo y su familia. Se estableció en una ciudad vecina y ahí arrancó una nueva fábrica. Era el inicio de una de las más brutales competencias comerciales de todos los tiempos. En 1948, Rudolf Dassler creó la marca Puma. Para hacerle competencia, Adi Dassler registró una nueva marca que surgió de la fusión de su nombre y su apellido: Adidas.
La historia es útil para ilustrar las posibles consecuencias de un enfrentamiento entre hermanos. Si ocurre cuando se disputa una fábrica de material deportivo, ¿qué se puede esperar cuando lo que está de por medio es el poder de una nación?. Y, coincidentemente, la marca Adidas es hoy la protagonista de otra historia de dos hermanos que hicieron la revolución, alcanzaron y ejercieron el poder y 51 años después entraron en una disyuntiva: ¿Cómo mantener el poder y, a la vez, compartirlo? Los cubanos Fidel y Raúl Castro.
Desde el 31 de julio de 2006, cuando delegó la Presidencia de Cuba a su hermano Raúl mientras se recuperaba de una intervención quirúrgica; Fidel Castro permaneció en contacto con el mundo por dos vías: sus artículos en el periódico oficial, Granma (que abordaban temas tan variados como la crisis financiera o el talento del futbolista Lionel Messi), y las fotografías de sus encuentros con otros mandatarios latinoamericanos. Como pruebas de vida que buscaban acallar los rumores de su muerte, en las instantáneas aparecía Fidel acompañado lo mismo de Michelle Bachelet que de Hugo Chávez, Lula Da Silva, Cristina Kirchner o Daniel Ortega. La constante en todas las fotografías era que Fidel siempre aparecía enfundado en un modelo deportivo de la marca Adidas. Uniforme de retiro, el traje Adidas mandaba una señal: mientras Fidel apareciera enfundado en él, su estado de salud era todavía delicado y su regreso al poder lejano; la vestimenta indicaba que su legendaria obstinación estaba centrada en una actividad, la recuperación. Fidel en Adidas era Fidel sin poder. Por ello resultó tan impactante su reciente reaparición, ya sin Adidas, envuelto en su casaca verde olivo "de mil batallas". La pregunta es si viste nuevamente el poder. Tres claves que ayudan a entender este retorno lleno de simbolismos son la vitalidad de Fidel, su discurso y el momento político que vive la isla de Cuba.
Vitalidad física
La apuesta de muchos era un permanente estado crítico de su salud o de plano la muerte secreta del comandante. Incluso, en sus predicciones para el 2010 (que muchas veces se confunden con sus deseos), la revista Newsweek augura: "Castro Muere, las relaciones con Estados Unidos mejoran" y sentencia: "2010 parece ser su último año en la tierra". Qué equivocados. Parece que el cálculo de Fidel fue reaparecer cuando tuviera la energía y lucidez necesarias para atender una agenda incesante de eventos, discursos, entrevistas y declaraciones. Desde el 7 de julio Fidel ha ocupado todos los espacios posibles que dejan en evidencia una de las dotes mejor pulidas de su ejercicio del poder: el sentido de la oportunidad política.
El discurso
Hay dos elementos recurrentes en los discursos de Fidel Castro: son largos (ostenta el récord de la alocución más larga en la Asamblea General de la ONU: 4 horas y 29 minutos) y maleables. Fidel, extraordinario comunicador, logra adaptar su discurso político al momento histórico. Así ha transitado por las grandes discusiones mundiales: revolución y justicia social, Guerra Fría, descolonización, pugna Este-Oeste, diálogo Norte-Sur, deuda del Tercer Mundo, orden económico internacional, países no alineados, guerra y paz en Centroamérica, integración en el Caribe, globalización y crisis financiera. El nuevo tópico: la amenaza nuclear. Como un gran profeta caribeño y ante el pleno de la Asamblea Nacional de Cuba, Fidel aseguró que el planeta se encuentra al borde de una guerra nuclear si Estados Unidos o Israel atacan de alguna forma a Irán, en cumplimiento de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Aunque no ratificó las fechas (descartó que el Apocalipsis nuclear ocurra este verano), sí ubicó responsables: Barack Obama. De esta forma se adelanta y se pone en el centro de la nueva pista donde se librará la guerra de intereses de Estados Unidos y Rusia: Irán. Queda claro que, en su retorno, Fidel no se remitirá al plano doméstico; su agenda es de orden global.
Su mira ya apuntó a México. Bastaron dos de sus "Reflexiones" para generar un nuevo episodio de la relación bilateral. Elogió a Andrés Manuel López Obrador y su libro; deslegitimó al presidente Felipe Calderón y la elección de 2006. Fiel a su estilo, los de Fidel no fueron diagnósticos o análisis profundos, sino provocaciones. Y como tales, fueron muy efectivas. El gobierno mexicano sucumbió a la trampa y respondió a Fidel con otra crítica: la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado rechazando comentarios "sin sustento" de Fidel e "hizo votos" para que pronto, en Cuba, haya elecciones libres. Con esa precipitada reacción se elevaron los pensamientos de un individuo, que para efectos formales es ex presidente de su país, al rango de posicionamiento oficial. Quizá tienen razón el ex canciller Jorge Castañeda y el embajador Enrique Berruga: México tendría primero que aclarar si el gobierno cubano respalda o valida las declaraciones de Fidel Castro. Demasiado tarde. Con este nuevo desencuentro diplomático queda claro que, desde hace por lo menos 15 años, el gobierno mexicano no sabe cómo lidiar con Fidel.
El momento político
Con el paso del poder a Raúl Modesto Castro Ruz, "Fidel light", muchos se entusiasmaron ante la posibilidad de una transición controlada en la isla. Se rescataría lo mejor del régimen socialista pero sin el ingrediente totalitario. Otros sostenían que la secuencia de eventos debía ser lineal: Fidel debe morir para que ocurra el traspaso total y real del control de la isla a su hermano Raúl, quien a su vez conducirá una transición gradual y pacífica. En lo que todos coincidían era en que la ausencia -física o política- de Fidel representaba una oportunidad para iniciar un proceso de flexibilización. Todos, incluido Raúl.
Más allá del cambio en el estilo personal de gobernar (menos actos masivos, cero discursos maratónicos, horarios regulares de oficina) desde que asumió la Presidencia, Raúl Castro definió un ejercicio distinto de la autoridad: disminuyó al mínimo necesario su participación en política internacional y se concentró en la que es la preocupación número uno de los cubanos, la economía del país y la de sus bolsillos.
Aunque en Cuba no se habla de "reformas", sí se habla de "actualización" del modelo económico. Así, con un ejercicio del poder más pragmático que ideológico, Raúl logró impulsar una lista larga de modificaciones sencillas pero muy significativas. Con el discurso de "enderezar" la economía para no poner en riesgo el sistema político; empezó con la reducción del gasto público, impulsó actividades agrícolas, desapareció subsidios y combatió el mercado negro. Posteriormente retiró algunas restricciones cotidianas que irritaban profundamente a los cubanos. Puso fin a prohibiciones al consumo, por lo que hoy cualquier cubano que pueda pagarlo tiene la libertad de comprar un reproductor de DVD, alojarse en hoteles y utilizar teléfonos celulares. Lo siguiente en la lista serían los autos, los viajes e incluso las propiedades. Las medidas han sido populares. Pero los cubanos quieren más. Por ello, se espera la consolidación de medidas más profundas: la extensión del rol de la iniciativa privada en actividades distintas a la agricultura y el fin de la utopía igualitaria en la que los cardiólogos ganaban apenas el doble que los barrenderos.
En el ámbito internacional, Raúl Castro reconoció el potencial económico de tender puentes con Estados Unidos y redujo la retórica antinorteamericana. Hizo guiños a Europa con la liberación de 52 presos políticos gracias a la mediación de la Iglesia Católica y el gobierno de España. Y en el plano político, una decisión marcó el cambio en la percepción del liderazgo de Raúl. Un día de marzo del 2009, como una noticia secundaria en el noticiero de la televisión oficial, entre el clima y los deportes, se anunció la destitución del vicepresidente y secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, Carlos Lage, y del ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque. Dos poderosos funcionarios del gobierno cubano que siempre habían figurado en las listas de posibles sucesores de Fidel. Las razones para la salida de dichos funcionarios fueron contrastantes: Pérez Roque representaba un obstáculo para realizar modificaciones al modelo económico. Lage representaba la posibilidad de reformas de fondo. Raúl ocupaba la silla presidencial no para cuidar el lugar a su hermano, sino para ejercer sus facultades; bosquejaba una vía de transición ordenada y capaz de preservar los logros sociales alcanzados por la Revolución. Y entonces reapareció Fidel.
¿Rivalidad o reajuste?
Durante los últimos cuatro años, Raúl encabezó el gobierno cubano pero siempre a la sombra de su hermano mayor. Literalmente. En muchos actos conmemorativos de la Revolución, Raúl, un hombre de baja estatura, era acompañado por colosales imágenes de Fidel que servían de telón de fondo y a la vez de recordatorio. En la reciente conmemoración del 57 aniversario del ataque al Cuartel Moncada, el pasado 26 de julio, el peso de la ausencia se hizo sentir otra vez. Fidel no asistió. Y Raúl no habló. Durante 50 años alguno de los dos hermanos Castro había tomado la palabra ese día que conmemoraba hechos de los que ambos fueron protagonistas. Raúl calló cuando se había generado una gran expectativa sobre su discurso. Era el momento de trazar el nuevo rumbo de Cuba. Pero venció un silencio que dice mucho. ¿Se trata de una modificación en el equilibrio de fuerzas en Cuba? ¿Comparten los hermanos la ruta de transformación del modelo económico? ¿Serán capaces de compartir el poder? ¿Qué representa la reaparición de Fidel y el momento en que está ocurriendo?
Los analistas la han interpretado de las únicas dos formas posibles: es una crítica a Raúl, es un espaldarazo a Raúl. Los primeros aseguran que Fidel se prepara para volver al poder, aunque esto no signifique que vuelva a la Presidencia. Otros creen que se prepara para generar un nuevo modelo de ejercicio del poder, en el que se repartirán la tarea entre la agenda internacional y la local. De facto, el menor sería jefe de Gobierno y el mayor jefe de Estado. Pero la experiencia y la historia indican que ningún ejercicio del poder, cuando ha sido compartido entre hermanos, ha tenido un final feliz. Ahí están, como lo decía Muhammad Ali, los Kennedy en Washington, los Kacczynki en Polonia, los Ávila Camacho en México, los Correa en Ecuador. Esta historia de dos hermanos que se aprestan a compartir el poder parece mostrar lo que escribió el escritor y periodista argentino Mempo Giardinelli (Página 12, 26 de mayo de 2010): "...si no el fracaso, al menos el deslucido final de la más hermosa utopía política del siglo XX".
El autor es analista político. Twitter: twitter.com/zoerobledo
Las herederas del cura Hidalgo
Crónica País bicentenario. Las descendientes del Padre de la Patria viven en el anonimato y reclaman mayor atención federal a la cuna de la Independencia
Karla Garduño Morán
(22 agosto 2010).- DOLORES HIDALGO.- Viven de manera casi anónima en este municipio desde hace unos 10 años, cuando regresaron luego de hacer sus vidas en otros estados de la República. Dicen que todos en el pueblo saben de su existencia, pero no se habla de ello.
Son María Esther, Esperanza y Mercedes Vázquez Mendoza, herederas en quinto grado del cura Miguel Hidalgo y las únicas que quedan vivas de un total de nueve hermanos.
Aunque desde 1985 se reconoció que los Vázquez Mendoza eran herederos directos del héroe de la Independencia y se les hizo un reconocimiento oficial en la Hacienda Corralejo -lugar donde nació el llamado "Padre de la Patria"-, la familia no ha sido tomada en cuenta por el gobierno actual para las celebraciones del Bicentenario de la Independencia.
"El pueblo siempre ha sido un poco sordo para este parentesco que tenemos con Hidalgo, como que dicen: 'si las empezamos a subir, se van a creer y van a empezar a pedir cosas'. Siempre hemos sido muy modestas, nunca le hemos dicho nada a nadie y nadie nos viene a comentar nada. Hemos vivido en el anonimato, afortunadamente", dice María Esther, quien no confiesa su edad pero supera los 90 años.
El cronista de Dolores, José García, ha documentado el parentesco de los Vázquez Mendoza con Hidalgo, aunque ellos lo sabían desde antes.
Durante más de tres años, el historiador vivió en la parroquia principal del pueblo haciendo investigación. Ahí encontró la fe de bautizo de las dos hijas que procreó Hidalgo con Josefa Quintana Díaz Castañón: María Vicenta y María Micaela, así como las de su descendencia.
Vicenta murió en la adolescencia y Micaela se casó con José Julián Mendoza Sánchez, con quien tuvo ocho hijos, entre ellos Ignacia, de quien se desprende la línea de sucesión que pudo rastrear García para dar con la familia Vázquez Mendoza.
Ignacia tuvo un hijo natural, Vicente, quien se casó con María Refugio Zamora y tuvieron tres hijos. Una de ellas, Juliana, es la mamá de las tres mujeres que hoy cuentan la historia de sus vidas y el orgullo de llevar la sangre de Hidalgo.
"Una vez me dedicaron un libro de Hidalgo y decía 'A la señora Esperanza, sangre y vida de un libertador'. En ese momento yo sentí que realmente teníamos un orgullo de tener un ancestro como Hidalgo, que dio su vida por su pueblo y porque tuviéramos libertad", cuenta Esperanza.
Además del evento de 1985 en la Hacienda Corralejo, cuando todavía vivía Víctor, otro de los hermanos, la familia ha tenido otros dos reconocimientos: uno en 2005 en el Museo de la Independencia, en Dolores Hidalgo, y otro en 2008 en la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato.
Una familia liberal
Miguel Hidalgo es considerado un liberal influido por las ideas de los enciclopedistas franceses. A pesar de su investidura como sacerdote, desde las primeras biografías realizadas por Pedro González en 1891, ya se reconocía su gusto por las mujeres y se mencionaba la posibilidad de que hubiera tenido hijos.
El espíritu progresista del libertador parece haber permeado a su descendencia.
Los padres de los hermanos Vázquez Mendoza se empeñaron siempre en que sus hijos estudiaran, hombres y mujeres por igual, y los enviaron a colegios en Irapuato, León o el Distrito Federal.
En las primeras décadas del siglo XX, en un estado que hasta la fecha se caracteriza por su conservadurismo, Esperanza Vázquez, una jovencita de 15 años, ya tenía permiso de su padre para aprender a manejar.
"Era una novedad que una muchacha manejara. Me acuerdo una vez que había un oficial parado y cuando me vio venir corrió, porque se espantó de ver una muchacha joven manejando. Y tuvo razón, porque al rato nada más se escuchó cómo tronó el banco donde estaba sentado", cuenta Esperanza. Es una de sus anécdotas del Dolores que les tocó vivir de niñas.
Cuando volvieron, 10 años después, vieron el pueblo más grande, pero con las carencias de siempre.
"Han descuidado mucho a Dolores Hidalgo como cuna de la Independencia; es para que hubiera más industria, que abrieran centros de trabajo, más cultura, como lo vemos en otros países en su cuna de la Independencia, en Washington, por ejemplo. Al gobierno central le ha faltado más atención para promover la cuna de la Independencia", dice María Esther.
Las hermanas Vázquez se sienten ajenas al pueblo. A pesar de vivir contentas ahí, casi no hablan con nadie y se reúnen sólo entre ellas, sus hijos y sus nietos. Aunque no reconocen que exista un rechazo hacia ellas, tampoco se sienten en casa.
La cultura política
(22 agosto 2010).- Téngalo presente
Valores para la sociedad contemporánea ¿En qué pueden creer los que no creen? Coloquio organizado por la UNAM. Luis Villoro, Miguel León Portilla, Juan Villoro, Juan Ramón de la Fuente, entre otros. Lunes
Conferencias
Derecho ideal y derecho real. Raúl Carrancá y Rivas. Lunes 23, 10:00 horas. Aula Magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5559 7609.
La hegemonía de EU. Laurence Whitehead y Ana Covarrubias. Lunes 23, 18:00 horas. Sala de Videoconferencias de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000.
El papel del Ejército en el combate al crimen organizado. Benito Medina Herrera. Martes 24, 18:00 horas. Aula Magna San Ignacio de Loyola, edificio S, piso 1 de la Universidad Iberoamericana. Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. Informes: 5950 4000.
¿Muchos abogados pero poca profesión? Problemas y desafíos del estudio del Derecho en México. Héctor Felipe Fix Fierro. Miércoles 25, 10:00 horas. Aula Magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM. Informes: 5559 7609.
La evolución constitucional en México. Diego Valadés. Miércoles 25, 17:00 horas. Aula Magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM. Informes: 5559 7609.
La acción de los movimientos sociales en tiempos de democracia. Miguel Armando López Leyva, Jorge Cadena Roa y María del Carmen Legoreta. Jueves 26, 18:00 horas. Casa Universitaria del Libro. Orizaba 24, Roma. Informes: 5622 7390.
Los derechos humanos en Europa: integración vs. márgenes soberanistas. Alfonso Herrera García y Kristina Georgieva Nikleva. Jueves 26, 18:00 horas. Centro Nacional de Derechos Humanos. Río Magdalena 108, Tizapán. Informes: 5616 8692.
Las artes después de la Revolución de 1910. Olga Sáenz. Jueves 26, 19:00 horas. Auditorio Tláloc del Museo Nacional de Antropología. Reforma y Gandhi s/n, Chapultepec Polanco, Informes: 5281 4001.
Congresos
La libertad de expresión. Eva María Vázquez Gómez, Ruperto Patiño Manffer, Carmen Mingorance Gosálvez, Raúl Eduardo López Betancourt, entre otros. Lunes 23 y Martes 24, 9:00 horas. Auditorio Ius Semper Loquitur de la Facultad de Derecho de la UNAM. Informes: 5559 7609.
Exposiciones
Imágenes de la patria. Muestra que reúne las distintas formas en que México ha sido representado como patria a través de pinturas, iconografías, símbolos y esculturas. Museo Nacional de Arte. Tacuba 8, Centro Histórico. Informes: 5130 3473.
Laberinto de miradas. Recorrido por Iberoamérica a través de las lentes de fotógrafos de esa región. Narcotráfico, violencia, devastación ecológica, desaparecidos políticos, conflictos armados, entre otros temas. Centro Cultural España. Guatemala 18, Centro Histórico.
Libros
El camino de la rebelión del general Saturnino Cedillo coordinado por Carlos Martínez Assad. Océano. Ensayos en torno a la figura de este revolucionario que decidió levantarse en armas durante el mandato de Lázaro Cárdenas luego de formar parte del gabinete presidencial.
El juez federal penal especializado en medidas cautelares de Rodolfo Sánchez Zepeda. Porrúa. Análisis de las funciones de los jueces especializados en medidas cautelares, a partir de la reforma constitucional en materia penal aprobada en 2008. Explicación de figuras como arraigo, cateo e intervención de comunicaciones.
Jauría. La verdadera historia del secuestro en México de Humberto Padgett. Grijalbo. Investigación periodística que mediante archivos, expedientes judiciales, testimonios de víctimas, plagiarios, carceleros y ex funcionarios ofrece claves para comprender la esctructura y funcionamiento del secuestro en nuestro país.
Temas de la educación superior en América Latina y el Caribe de Rafael Cordera Campos. UNAM. Recorrido por las principales problemáticas de la educación superior en América Latina.
Mesas redondas
La Universidad y la construcción de la Nación: La primera mitad del siglo XX. Renate Marsiske, Celia Ramírez y Gabriela Contreras. Martes 24, 18:00 horas. Casa de las Humanidades de la UNAM. Presidente Carranza 162, Coyoacán. Informes: 5554 8513.
El IIS frente a los Centenarios. Hira de Gortari Rabiela, Álvaro Arreola, Ignacio Marván Laborde, entre otros. Martes 24 y miércoles 25, 10:00 horas. Sala de usos múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Programa completo: http://bit.ly/b7rWEQ. Informes: 5622 7390.
Exigibilidad del derecho a la salud en México. Santiago Aguirre. Miércoles 25, 17:00 horas. Auditorio Santa Fe del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2250.
El manual de la Corte: el seguimiento ciudadano a la labor de los jueces y el caso del matrimonio entre las personas del mismo sexo. Daniela Hernández, Estefanía Vela Barba y Alejandro Madrazo Lajous. Jueves 26, 10:00 horas. Auditorio Cuajimalpa del CIDE. Informes: 5727 9800 ext. 2250.
La política de drogas a debate. Javier Cruz Angulo, Jorge Javier Romero y Carlos Zamudio Angles. Viernes 27, 11:00 horas. Auditorio Cuajimalpa del CIDE. Informes: 5727 9800 ext. 2250.
Presentaciones
Hazlo Transparente: Programas Sociales. Sistema integral de rendición de cuentas sobre los programas de Subsidio de GESOC, Gestión Social y Cooperación, A.C. Roberto García, Vidal Llerenas, Enrique Cabrero y Jacqueline Peschard presentan este portal. Lunes 23, 18:00 horas. Salón Doña Socorro, Hotel Hilton Centro Histórico. Juárez 70. Informes: 5573 2399 ext. 17.
América del Norte en el siglo XXI coordinado por Arturo Oropeza García. UNAM. Héctor Fix Fierro, Francisco Paoli Bolio y José María Serna de la Garza. Martes 24, 10:00 horas. Salón Guillermo Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: 5622 7474.
Neoconservatives in
El modelo de desarrollo mexicano ante retos y candados de Emilio Zorrilla Vázquez. Academia Mexicana de las Ciencias. Jueves 26, 12:00 horas. Jesús Acosta Flores, Marcos Chávez M. y Héctor Vázquez Tercero. Auditorio Javier Barros Sierra de la facultad de Ingeniería de la UNAM. Ciudad Universitaria. Informes: 5658 4907.
Guía sobre política de drogas de Joaquín del Bosque y Haydée Rosovsky. CIDE. Carlos Zamudio Angles y los autores. Jueves 26, 18:00 horas. Auditorio Cuajimalpa del CIDE. Informes: 5727 9800 ext. 2250.
Los nudos del régimen autoritario. Ajustes y continuidades de dos ciudades de Oaxaca de Eduardo Bautista Martínez. Porrúa. Jueves 26, 18:00 horas. Aula de posgrado en Pedagogía de la FES Aragón. Rancho Seco s/n, Bosques de Aragón. Antonio Carriño, Araceli Ramírez y el autor. Informes: 5623 0920.
Revistas
Defensor. No. 7. Edición dedicada al análisis de la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos en México. Escriben sobre este tema Agnieszka Raczynska y Alberto Herrera Aragón. Carolina Aldana García explica las políticas de protección a defensores aplicadas en Colombia.
Seminarios
El fenómeno de la informalidad en el siglo XXI: medición, análisis y retos. Martes 24 y miércoles 25, 9:00 horas. Robert Duval, Enrique de la Garza, Eduardo Rodríguez, entre otros. Auditorio Alfonso Reyes de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Programa: http://bit.ly/cQPlry. Informes: 5449 3000.
Los pobres como un problema técnico. Cómo las élites mexicanas perciben la pobreza. Anahely Medrano, Andreas Schedler y Julio Boltvinik. Miércoles 25, 13:00 horas. Sala 1 del CIB. Tercer piso de la biblioteca, CIDE. Informes. 5727 9800 ext. 2137.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245 correo electrónico: enfoque@reforma.com
Clínica del sueño Enroque
La cultura política
(22 agosto 2010).- ¿Sufre con los sueños?
¿Se le presentan anhelos incontrolables?
¿Duerme bien, pero sueña de más?
¿Quiere volver a empezar?
La clínica del sueño le recomienda:
Levántese temprano, pero no madrugue.
Expóngase a la luz, pero no mucho a los reflectores.
Evite tomar siestas o recostarse en el escaño. Hacerlo puede generar microsueños que alteran el dorrmir nocturno.
Evite el consumo de sustancias que afectan el sueño.
Si no logra dormir, llámenos.
Enroque
REVISTA PROCESO No. 1764
Las cuentas sucias
Jesusa Cervantes
Falta de transparencia, corrupción, subejercicios e ineficiencia para manejar más de 1 billón de pesos por excedentes petroleros –que no se sabe dónde están o en qué se gastaron– halló Arturo González de Aragón al fiscalizar, como auditor superior de la federación, las cuentas públicas del gobierno de Vicente Fox y dos años de la administración de Felipe Calderón. Ya retirado de su importante función, revela en entrevista las “cochinas” maniobras con las que el gobierno federal, a través del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, lo presionó constantemente para que no ahondara en las ilegalidades y dejara impunes a sus personeros.
Titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de
Además, González de Aragón hubo de confrontar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que revirtió sus dictámenes sobre la ilegalidad de los casos de Fobaproa, ISOSA y los multimillonarios Contratos de Servicios Múltiples de Pemex que autorizó el entonces director jurídico de la paraestatal, César Nava, con la anuencia de Felipe Calderón como secretario de Energía. Particularmente lo sorprendió la decisión de la SCJN en el caso del Fobaproa, ya que se inclinó a favor “de los bancos y los banqueros” e impidió que el erario recuperara 100 mil millones de pesos.
A ocho meses de haber dejado la ASF y dedicado por ahora a concluir un libro de reflexiones, González de Aragón recuerda que, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Francisco Gil Díaz lo acosó con auditorías personales, a su despacho e incluso a una empresa de la que ya no formaba parte. El “finiquito” de tales auditorías lo retuvo durante meses dicho funcionario “como una espada de Damocles”.
También la Procuraduría General de la República lo investigó cuando indagaba sobre la posible desviación de recursos públicos hacia la fundación Vamos México, de Marta Sahagún, la esposa del presidente Fox.
La ley en subasta
El 9 de septiembre de 2002, el contador González de Aragón entregó los resultados de la cuenta pública de 2000, donde determinó que mil 500 millones de pesos de Pemex se desviaron a la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa, pero además concluyó que cuatro bancos (Banamex, Bancomer, Banorte y Bital, hoy HSBC) defraudaron al erario federal por el caso Fobaproa y tenían que regresar 110 mil millones de pesos.
Sólo 28 días después, el 7 de octubre de 2002, fue notificado de tres auditorías fiscales: una a su despacho –del cual ya había donado sus acciones a sus hijos–, otra personal y una más a una empresa de radio de la cual había sido socio un año y medio atrás.
–¿Recibió presiones por su actuación?
–¡Tremendas! Estuvieron instrumentadas desde el Ejecutivo federal.
–¿Por quién?
–A través de Francisco Gil Díaz, de nuestro amigo Paco Gil –aclara, irónico.
–¿Y de los bancos?
–Sí, pero no directamente. No se atrevían de frente. Hubo algunos emisarios. Me pedían que nuestra posición fuera más laxa, cosa que no aceptamos nunca. Eran mensajeros de los cuatro bancos que pedían que no fuéramos tan duros, tan rígidos. Decían que ya todo estaba resuelto. Ahí empezaron las presiones.
Recuerda que a su oficina llegó un anónimo de Banamex. “Fue una nota, según esto, del jurídico de Banamex. En ella decía que existían elementos para hacer una denuncia de daño moral en mi contra por las declaraciones sobre el Fobaproa. Nunca supe cómo llegó esa nota hasta mi escritorio”.
“A los 28 días de mi primer informe empezó la presión. La respuesta del aparato de Estado fueron las tres auditorías que me iniciaron. Incluso, las auditorías fueron renovadas dos veces. Ya con la tercera no encontraron nada en mi contra, pero no me dieron el finiquito hasta tiempo después: lo mantenían como la espada de Damocles.”
La maniobra del gobierno federal, operada por Gil Díaz y que el exauditor califica de “perversa y cochina”, prosiguió. En julio de 2003, el conductor de noticieros de Televisa Joaquín López-Dóriga reveló que la PGR tenía información de que el despacho de González de Aragón había prestado servicios al gobierno de Carlos Salinas de Gortari por los que cobró sumas millonarias.
“Yo quería ver la magnitud del ataque y saber cuál era la estrategia del gobierno –dice González de Aragón–, así que llamé al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, y me puse a sus órdenes. Recuerdo lo que le dije: ‘…porque ahora, señor procurador, se juzga desde los noticiarios’. Y su respuesta fue: ‘No sólo eso, auditor. También se emiten fallos’.”
La indagatoria contra él, que duró entre cinco y seis meses, se realizó “contra todo principio de estado de derecho, porque en lugar de que ellos probaran las acusaciones, el que tuvo que probar la inocencia fui yo. Y pude probar que, cuando trabajé para el gobierno, lo hice como independiente; que llevaba 16 años sin estar en cargos públicos. Y a mí nunca me importó si me pagaban con dinero de la partida secreta, concreta o indiscreta”, sostiene.
González de Aragón trabajó entre 1979 y 1985 para el gobierno federal, incluso con Rogelio Montemayor, y con Francisco Gil en la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto. Sin embargo, en los primeros años de su gestión como auditor superior tuvo “a tres instituciones alineadas en mi contra: Hacienda, la PGR y la SCJN”.
Particularmente lo molestó la decisión de la SCJN en el caso del Fobaproa, ya que a partir de su revisión comprobó que los bancos debían reintegrar al erario federal 110 mil millones de pesos, pero el tribunal se inclinó a favor “de los bancos y los banqueros” y sólo se recuperaron 10 mil millones. Los ministros Genaro Góngora Pimentel y Juventino Castro y Castro respaldaban a la ASF en esa ocasión, pero el resto se opuso a privilegiar el interés público.
En su momento, González de Aragón dijo a sus colaboradores: “Ahí está la mejor demostración de que el derecho lo haces para donde quieras”. Y cuestiona: “Si la demanda estaba fundamentada y motivada, ¿por qué no se tomó en cuenta el interés de la nación y el hecho de que todos los mexicanos tenemos que pagar el dineral que se llevaron?”.
–Usted ha dicho que el derecho lo hacen para el lado que quieren. ¿Los ministros de la SCJN obedecieron a otros intereses?
–Yo no tengo elementos para afirmarlo, pero mi gran pregunta sigue siendo esta: si había fundamentos, ¿por qué actuaron así? Mi conclusión, después de estos ocho años al frente de la ASF, es que la aplicación de la ley y del estado de derecho es una subasta pública.
–¿Qué quiere decir con eso?
–Al mejor postor. El que tiene recursos para comprar la ley es el que obtiene la justicia, no importa que sea inocente o culpable, eso es lo que menos importa. En México lo que menos importa es la justicia.
Pemex e ISOSA
Lo mismo ocurrió en el Pemexgate. Con las pruebas del desvío de fondos públicos en la mano, González de Aragón presentó una denuncia penal por presunto daño patrimonial que ascendía a mil 580 millones de pesos.
El problema no se solucionó, sino que se evadió con una componenda. El gobierno presentó “un reconocimiento del adeudo firmado con Pemex de parte del sindicato petrolero para pagar los mil 580 millones de pesos. Eso quitó la causa penal, pues ya no había delito que perseguir… Aplicaron adeudos que tenía Pemex con el sindicato, se llegó a un acuerdo”.
–¿Pemex se convirtió en la gran caja de las administraciones pasadas?
–No sólo en la pasada, ¿eh? Pemex era la gran caja en todos los gobiernos.
–¿Lo sigue siendo?
–Ahorita no sé, estoy fuera.
–Cuando usted era auditor, César Nava fue responsable de algunos actos que la ASF consideró ilegales… –se le plantea.
–…Le observamos en tres auditorías. Dos fueron estando él al frente del jurídico de Pemex. Se trató de los casos de los Contratos de Servicios Múltiples y por los permisos de energía.
El entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, autorizó contratos y permisos. Nava dio su opinión favorable para que se realizaran. Por ello el presidente Fox decidió llevar ambos casos a la SCJN, que finalmente falló a favor del Ejecutivo.
La última auditoría en la que tuvo que ver César Nava se realizó con motivo del fideicomiso que se constituyó en Banjército para el equipo de transición de Felipe Calderón. “De los 130 millones de pesos que se le aprobaron, nosotros le observamos 30 millones manejados en forma irregular”, comenta González de Aragón. Pero Nava fue salvado por el gobierno foxista.
“Las irregularidades por 30 millones de pesos que le detectamos fueron corregidas y solventadas, en uso de sus atribuciones, por Gil Díaz, por Hacienda, que es la que interpreta”, dice el exauditor superior. Aun así, Nava tuvo que regresar 1 millón de pesos.
Al retomar el tema de Pemex como caja gubernamental, González de Aragón destaca la denuncia penal que interpusieron para que se devolviera el pago por la renta de una embarcación, que se contrató por 39 mil dólares cuando el Instituto Mexicano del Petróleo ofreció cobrar 19 mil dólares.
Y acerca de Oceanografía, la empresa intermediaria de los hijos de Marta Sahagún, el exauditor sostiene que sólo hubo observaciones. Lo mismo sucedió cuando el Congreso le pidió a la ASF que investigara a la fundación Vamos México.
–Por qué no hubo una acusación formal por la desviación de recursos de la Presidencia hacia Marta Sahagún?
–¿Se acuerda que por eso vendió todos sus vestidos e hizo aquel show, un desfile de modas? Ahí no se comprobó que hubiera recursos públicos entregados a Vamos México, esa no fue la vía. A lo que pudimos llegar es que ella no tenía calidad jurídica de servidora pública, y por lo mismo no podía hacer uso de recursos públicos. Por eso recomendamos: reglamenten la figura.
En 2003, al revisar la cuenta pública de 2001, González de Aragón examinó el estado de la empresa Integradora de Servicios Operativos, S.A. de C.V., la empresa que Francisco Gil creó en 1993 para cobrarles a los contribuyentes los derechos de trámite aduanero.
González de Aragón encontró en ISOSA visos de corrupción y una afectación al erario federal por 10 mil millones de pesos que, en lugar de ir a parar a las arcas de la federación, se estaban desviando a los propietarios de la empresa al depositarse en un fideicomiso privado, que por lo mismo era inescrutable. El dictamen de la ASF fue contundente: los servicios aduaneros los presta el gobierno y el dinero captado por ese concepto debe reintegrarse a la Tesorería de la Federación.
Gil Díaz, que ya era su enemigo político, recurrió de nuevo a la SCJN. El fallo volvió a favorecer al Ejecutivo e ISOSA devolvió únicamente 2 mil 500 millones.
–¿En este caso Gil Díaz presionó a los ministros?
–Directamente, no tuve conocimiento de eso. Lo que sí supe fue que el jurídico de Hacienda, Luis Mancera, estaba metido en labor de lobbing con los ministros.
Intenciones regresivas
La administración foxista fue incrementando sus fideicomisos, muchos de los cuales se consideraban privados e inescrutables aunque tuvieran fondos públicos: de mil 387 que tenía en 2004, pasaron a mil 409 en 2005, cuando su monto alcanzó 742 mil millones de pesos.
Las dificultades para fiscalizar estos instrumentos de inversión constituidos con dinero público llevaron a González de Aragón a uno de sus primeros triunfos. Presentó al Congreso una iniciativa de ley para que esta figura quedara sujeta a fiscalización. Al aprobarse la reforma, ISOSA no pudo continuar viva y Gil la liquidó, según sus propios reportes de cuentas públicas.
En el primer año de Felipe Calderón los fideicomisos se redujeron en forma importante. En 2007 eran 377 y tenían 321 mil 74 millones de pesos.
Aunque González de Aragón está satisfecho por esa aportación a la transparencia de las finanzas federales, resalta que no es precisamente la tendencia: “Se muestran muchas intenciones regresivas. Pasamos del presidencialismo, del poder absoluto, al poder compartido, y ahora son los gobernadores. Resulta que estás sujeto a la buena voluntad del servidor público, y eso no puede ser”.
Se le pregunta al exauditor superior si en los primeros años del sexenio de Calderón persistió la falta de transparencia que encontró en la administración de Fox.
“A nivel del Ejecutivo –responde– hay más voluntad de transparencia y apertura, la cual no es compartida por muchos de sus colaboradores y obviamente tampoco por los gobiernos estatales, porque ya se dieron cuenta de que pueden manejar de manera mañosa, indebida, los recursos que reciben.”
Un ejemplo de la forma indebida en que se han manejado los recursos en ambos sexenios panistas son los llamados “excedentes petroleros”, que de
“No estoy diciendo que se los hayan robado. La pregunta es en qué se los gastaron y dónde están. El 72% se fue al gasto corriente, 12% a inversiones financieras y 16% a inversiones físicas, cuando se debió aprovechar esa bonanza petrolera para crear grandes proyectos e infraestructura, a fin de generar una gran cantidad de empleos”, acota.
Experto en el manejo de finanzas y presupuestos, advierte que a las administraciones de Fox y Calderón las han caracterizado los subejercicios, la discrecionalidad de los servidores públicos y el exceso de “disponibilidades” o el dinero que no se utiliza. Explica González de Aragón:
“Una de las grandes áreas que sumamos para su revisión son los subejercicios presupuestales. Por ejemplo, detectamos la cantidad de 102 mil millones de pesos en diciembre de 2007, como disponibilidades que existían, y la transfirieron de manera indebida a fideicomisos. Fue dinero que no fue ejercido pero ellos (los funcionarios federales) lo dieron por ejercido.”
Este engaño lo lleva a preguntarse “por qué, si era tal la cantidad de recursos que tenían en la mano, actuaron así”. Se responde: “Creo que la realidad los rebasó. No estaban listos, había carencia de proyectos. ¿Por qué mandaron millonarias cantidades a fideicomisos? Porque no sabían en qué aplicarlas y quieren darlas por gastadas para que el siguiente año no las puedan etiquetar en lo que el Legislativo aprueba como presupuesto, sino que ellos puedan manejarlas con toda libertad y discrecionalidad”.
Para evitar esto, él propone que con los excedentes petroleros se constituya un fondo y que el Ejecutivo y el Legislativo acuerden cómo usarlo. Con eso se evitaría la discrecionalidad de los funcionarios de Hacienda y el exceso de disponibilidades.
“Es válido dar un grado de discrecionalidad, pero no tanta. Ahora tienen tal cantidad los servidores públicos que pueden hacer mal uso de los recursos, pero ¡ojo!, el dinero no se pierde, simplemente se pasa de manera mañosa a fideicomisos. Ahí hay que tener cuidado”, advierte.
Por eso considera que la grave corrupción que persiste en el país hace urgente la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, impulsada por él mismo y aprobada en 2008, por lo que debe estarse adaptando en todo el país para 2012. La norma obliga a todos los niveles de gobierno a llevar la contabilidad del gasto y un inventario de sus bienes.
Indignado, pone ejemplos: “Un presidente municipal, en Morelos, compró un camión de basura, y como no llevó registro de patrimonio, no lo registró a nombre de la administración, sino al suyo propio. Al dejar el cargo, mandó arreglar el camión, fue con el nuevo presidente municipal y se lo vendió. Otro caso: en un solo año, un estado reportó que se habían perdido 2 mil vehículos…”.
La ASF también tiene injerencia en los bienes intangibles de la nación, por lo que González de Aragón demanda que la actual autoridad audite desde sus bases la licitación número 21 del espectro radioeléctrico, que le otorgó a Televisa 30 megahertz a precio de ganga.
Los partidos, un freno
González de Aragón llegó a la ASF con el respaldo del PRI y del PAN, partidos que, revela hoy, lo frenaron para que repitiera en el cargo: “Yo no les convenía a ninguno de los dos para
“Durante mi gestión logré la recuperación de 40 mil millones de pesos y su ingreso a la Tesorería de la Federación. De esos recursos, entre 14 y 15 mil millones correspondieron al mal uso del dinero por parte de los estados. El más observado fue el Estado de México, siguió Michoacán y luego Jalisco, entidades gobernadas por PRI, PRD y PAN, respectivamente. Ante ellos fui claro: o devuelven el dinero o los denuncio penalmente.”
–¿Por qué dice que no le conviene al PRI y al PAN para 2012?
–Porque yo no acepto consignas. A mí me daba lo mismo que fueran de un color u otro.
–¿Quiere decir que Juan Manuel Portal Martínez, quien lo sucedió a partir de diciembre de 2009, sí les conviene?
–No puedo especular.
–Se la cambio: ¿la ASF será manipulada por los partidos?
–Lo que es cierto es que ellos tenían certidumbre de cómo actuaba yo, es todo lo que puedo decir, y no pretendo adivinar cómo van a actuar. Lo cierto es que la ASF es un instrumento de la sociedad y tiene que ser preservada para beneficio de todos.
Señala que los partidos políticos no han querido darle autonomía a la institución “porque dejaría de ser un instrumento político”. Abunda: “La ASF es un instrumento de presión de los partidos políticos. Y yo nunca permití intromisión, jamás acepté ni una sola recomendación. En el momento en que aceptas una, la ASF deja de tener validez”.
–¿Cuál es su opinión de quienes hoy manejan el dinero en el país?
–México requiere hombres de Estado que tengan visión en perspectiva y no hombres de aldea que se quedan en el cortoplacismo. Decía alguien: los hombres de primera tienen subordinados de primera; los hombres de segunda tienen surbordinados de tercera para evitar que les hagan sombra. Ahí la dejo.
Una semana de infierno
Arturo Rodríguez García
La violencia desatada en el área metropolitana de Monterrey en una semana –que incluyó ataques con granadas, decenas de bloqueos viales y ejecución de varias personas, entre ellas el alcalde panista de Santiago– no es nada nuevo, pues ha dejado ya elevados saldos sangrientos durante la administración calderonista; pero ahora, al parecer, los cárteles de la droga han decidido hacer allí más claras advertencias a los “guerreros” del régimen…
MONTERREY, NL.- En sólo cinco días, esta región vivió la toma de medio centenar de vialidades, ataques con granadas a comercios y gasolineras, un atentado contra Televisa Monterrey, aparición de ejecutados y decapitados, liquidación de cabecillas locales en tiroteos y el asesinato del alcalde de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal.
Del 13 al 17 de agosto, los grupos delictivos que se disputan la entidad, el cártel del Golfo y Los Zetas, dieron nuevos pasos en la realización de acciones con mayor contenido simbólico, como el bloqueo vial frente a edificios policiacos y el homicidio del presidente municipal, cuyo cuerpo fue abandonado a unos metros de la cascada Cola de Caballo –sitio emblemático de la entidad–, envuelto en una bandera del PAN, de acuerdo con una versión extraoficial.
El bloqueo efectuado el domingo 15 ocupó las vialidades que se hallan justo frente a los edificios de seguridad pública estatal y municipal de Monterrey, la alcaldía regiomontana y el Centro de Coordinación Integral, Comunicación, Control, Comando y Cómputo (C-5), sede de los servicios de inteligencia policiacos locales.
La prensa internacional destacó lo ocurrido. Entre otros, el diario español El País publicó el martes 17 una nota con el encabezado: El narcotráfico cerca Monterrey, la capital financiera de México, y el jueves 19, The Wall Street Journal tituló México bajo asedio una nota donde califica la violencia en Monterrey como “un aterrador maleficio” para sus habitantes.
Sólo entonces llegó el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, a apuntalar, con discursos y promesas, al gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz, en un contexto donde hasta el dirigente nacional del PAN, César Nava, se mostró conciliador con el mandatario, quien suele ser recibido con abucheos en sus apariciones públicas.
Mientras ellos deploraban el asesinato de Cavazos Leal, otros actores políticos y líderes empresariales pedían mayor presencia castrense e insistían en militarizar el área. Inclusive, Medina de la Cruz y Blake acordaron colocar grúas permanentes en diversos puntos de la ciudad y que cuerpos militares capaciten a los policías.
Por su parte, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (Cadhac), denunció que, en el círculo de violencia e impunidad que no da descanso a la zona, se cometen torturas, secuestros, ejecuciones extrajudiciales y atropellos de los cuerpos policiacos, militares y marinos.
Los cinco días de terror
En las primeras horas del sábado 14 se enfrentaron soldados y una célula de Los Zetas en la colonia Caracol, al sur de esta ciudad.
Ahí murieron cuatro sujetos, entre ellos Miguel Ángel Ábrego Nava, alias El Sonrics, presunto jefe de plaza en la región citrícola colindante con Santiago, Nuevo León.
Momentos después, se desataron los bloqueos viales en la zona metropolitana.
El domingo 15, como a las 13:45 horas, un grupo de sujetos a bordo de una camioneta llegaron a las instalaciones de Televisa Monterrey. Apenas pararon lo necesario para lanzar una granada que rodó hasta ubicarse debajo de una camioneta. Ahí explotó, causando daños en un negocio y ataques de histeria entre el personal de Televisa.
Como a las 18:00 horas, por las redes sociales se alertaba sobre la presencia de un comando del cártel del Golfo, con unas 50 camionetas, que atravesaba Cadereyta con dirección a Monterrey. Para las 18:30, un tiroteo se desató al sur de la ciudad, en La Estanzuela.
De acuerdo con una fuente policiaca, el convoy entró a la Carretera Nacional por un libramiento desde el municipio de Juárez, atravesando la sierra Cerro de La Silla; llegó a Allende, se dirigió a La Estanzuela y asesinó a tres jóvenes.
Además, aunque todavía no oscurecía, los ejecutores dispararon contra un transformador eléctrico, lo que privó de energía al sector y afectó a unas 3 mil 500 familias de la colonia Fomerrey 45.
Minutos después iniciaron los bloqueos de vialidades en toda la zona metropolitana, justo a partir de La Estanzuela, frente al C-5, que es el centro de inteligencia policiaco de Nuevo León; lo mismo que ante la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la correspondiente municipal y la alcaldía de Monterrey…
Los bloqueos duraron más de tres horas, y aún en la medianoche, cinco horas después de iniciados, algunos sectores seguían reportando vialidades obstruidas.
Las televisoras y el diario El Norte informaron que hubo entre 39 y 52 bloqueos, aunque para las autoridades no pasaron de 20.
Una característica de esta toma de vialidades fue que se hizo a punta de armas largas, mientras que las anteriores habían sido ejecutadas por gente con apariencia de pandilleros que portaban palos, tubos, armas blancas o, cuando mucho, pistolas.
La reacción policiaca fue tardía y Santiago, ubicado en el extremo sur de la zona metropolitana, quedó aislado, solo. Fue como a la medianoche cuando un comando, con uniformes y vehículos clonados de la extinta Policía Judicial Federal, llegó a la casa del presidente municipal Edelmiro Cavazos y lo raptó.
Aun después del levantón del alcalde Cavazos, la desprotección de la zona se hizo patente con una ejecución, en La Estanzuela, la tarde del lunes, en tanto que, por la noche, tres hombres fueron decapitados en Los Ramones, municipio rural ubicado rumbo a Reynosa, Tamaulipas. Los autores del hecho dejaron un mensaje: “Para que miren lo que sienten ojetez (sic)”.
Los granadazos, ya frecuentes en la región, se dirigieron el 17 de agosto a la Imprenta RCP, S.A. de C.V., en Santa Catarina, y a una gasolinera en Apodaca, aunque no detonaron.
Con reportes de múltiples balaceras a las que jamás llegaron los cuerpos de seguridad, los habitantes de la metrópoli se mantuvieron en la indefensión.
El camino de Santiago
Santiago se ha convertido en un lugar de frecuentes operaciones criminales. Su cabecera municipal, un esplendido caserío representativo de la arquitectura norestense, se ubica en un valle amurallado por la Sierra de Santiago y la Sierra Cerro de La Silla, cordilleras de la Sierra Madre Oriental.
Con vegetación abundante, a
Ahí, las operaciones criminales datan de mucho tiempo atrás… y también la implicación de la clase política en ellas. En su libro El cártel de Sinaloa, Diego Enrique Osorno describe la inauguración de un restaurante propiedad del cártel de Juárez llamado “El Paraíso de El Señor de los Cielos”, al que acudían Fernando Canales Clariond y otros políticos.
Ahí, en Santiago, fue donde aparecieron los primeros decapitados de la entidad en 2005. Hace menos de un año, el secretario de Seguridad Pública y Vialidad del municipio, Francisco Javier Villarreal, fue detenido y hoy se halla confeso de haber recibido dinero del hampa.
Pese a las recurrentes ejecuciones y tiroteos que aquí se presentan, no existe la protección policiaca adecuada.
No obstante las detenciones, ejecuciones, desapariciones, heridas de bala y renuncias que se produjeron, el día que fue encontrado el cuerpo de Edelmiro Cavazos había dos uniformados para todo el municipio, que tiene una población dispersa de unos 40 mil habitantes y recibe cada semana decenas de miles de paseantes.
El cuerpo de Cavazos fue hallado en la carretera interestatal Cola de Caballo-Los Lirios, una zona boscosa que conecta a Nuevo León con Coahuila, a la altura de la famosa cascada. A diferencia de la mayoría de los asesinatos y ejecuciones, el cuerpo no estuvo francamente a la vista de cualquiera y el acordonamiento se colocó a unos
Sólo pudieron entrar al área el gobernador Rodrigo Medina, el procurador Alejandro Garza y los mandos militares que coordinaron el resguardo. Según el procurador Garza, Cavazos Leal recibió tres balazos, y fuentes policiacas afirmaron que estaba maniatado, con huellas de tortura, llevaba pantalón de mezclilla y camisa blanca; como mortaja, una bandera con el logotipo del PAN.
Hasta el cierre de la presente edición, ninguna autoridad había esclarecido las causas del crimen, aunque el viernes 20 por la mañana la Procuraduría de Justicia presentó a seis presuntos implicados, aparentemente “halcones” que protegieron el ingreso y salida del comando en su operativo.
La ejecución de Edelmiro Cavazos no es en la entidad la primera de un funcionario público. El 5 de septiembre de 2006, en San Pedro Garza García fue asesinado Marcelo Garza y Garza, director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), hermano de Alejandro, el actual procurador. Además, el 23 de noviembre de 2006 el regidor panista de Santa Catarina, Santiago Rodríguez, fue acribillado y dos regidoras resultaron heridas de bala.
El 12 de junio de 2007 fue asesinado, frente al palacio municipal de Monterrey, el diputado local priista Mario César Ríos Gutiérrez. El 21 de enero de 2008, Ernesto Palacios López, juez penal del estado, fue ejecutado a tiros tras haber juzgado a un grupo de sicarios del cártel de Sinaloa, al que se atribuye el asesinato de Marcelo Garza.
Además, de
Sobre ninguno de esos casos las investigaciones han ofrecido resultados claros.
Los granadazos
Como ocurre con los crímenes de políticos y funcionarios públicos, Nuevo León ya tiene un largo registro de uso de granadas. El domingo fue el segundo ataque a Televisa y el tercero a medios de comunicación, pues el pasado 9 de julio se arrojó una granada a Multimedios, que no detonó.
El 6 de enero de 2009, una granada detonó causando daños en el portón y la barda de uno de los accesos a la empresa, propiedad de Eugenio Azcárraga, y cuyo manejo es independiente, desde su origen y hasta ahora, de la cadena Televisa, propiedad de su primo Emilio Azcárraga Jean.
El 25 de julio, un edificio de operaciones técnicas de Televisa fue rafagueada en Torreón, y el pasado 14 de agosto las instalaciones de Televisa Matamoros recibieron también dos granadas disparadas con un fusil de asalto.
Con granadas han sido atacadas las instalaciones policiacas de cinco municipios y, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Nuevo León es una de las entidades donde los militares enfrentan más ataques con artefactos explosivos, junto con Tamaulipas.
Con granadas que no explotan han sido atacadas de noche sucursales de Seven Eleven, gasolineras y una sucursal bancaria HSBC, en esta zona sin ley.
En cuanto a los bloqueos –que tienen un año y medio realizándose en Monterrey y que han evolucionado constantemente desde el 19 de enero de 2009, cuando un grupo de embozados bloqueó por una hora la calle Washington en protesta por la presencia militar–, los más recientes ocasionaron 22 detenidos que de inmediato fueron liberados por falta de pruebas.
Con todo, la comunidad empresarial se había mantenido al margen del fenómeno, salvo por la aparición de José Antonio Fernández Carvajal, en una marcha en memoria de los dos estudiantes del Tec de Monterrey, acribillados en marzo.
Desde octubre de 2008, cuando Ricardo González Sada, entonces presidente nacional de Coparmex, dijo que “Calderón se aventó a su guerra como El Borras”, las expresiones de la comunidad empresarial habían sido tímidas y esperanzadas.
En marzo, los potentados empresarios regiomontanos sostuvieron reuniones con altos funcionarios de la Sedena, luego de una comida en la que se mostraron despectivos con Felipe Calderón, quien asistió a una cumbre de negocios.
Los magnates repetían en corto lo que los militares les habían dicho: “la delincuencia tocó fondo”, y no fue sino hasta en estos días, con la violencia desatada, cuando exigieron mayor presencia militar a través de sus cámaras y organismos empresariales y ciudadanos.
Y no es para menos, ya que, como remate de la ola de violencia en una semana, la tarde del viernes 20 de agosto se produjo otro enfrentamiento en el exterior del colegio Americano, uno de los más exclusivos de la entidad, entre pistoleros y guardias de la empresa FEMSA.
De inmediato, cundieron versiones de que se trató de un intento de secuestro de un miembro del clan Garza Sada, inclusive en portales, hasta que la empresa lo desmintió.
Ante todo lo ocurrido, la organización civil Cadhac y su coordinadora, Consuelo Morales, señalaron que en Nuevo León el ciudadano común ya no sabe si el retén que le espera en la esquina es un operativo municipal que busca generar entradas económicas mediante corrupción, si es una estrategia federal o militar para detener a algunos y aparentar que se avanza o si se trata de un grupo armado ilegal que puede secuestrarlo a uno.
Y remataron: “La violencia sólo se puede detener acabando con la corrupción, la ilegalidad y la impunidad. De nada sirve contar con más federales o con más elementos de las Fuerzas Armadas, si éstos en vez de hacer cumplir la ley vienen a violarla, si en lugar de protegernos nos disparan”.
Para Rodrigo Medina, Nuevo León es... Monterrey
Luciano Campos Garza
MONTERREY, NL.- De acuerdo con ediles, dirigentes de partido y legisladores, al mandatario priista de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, se le ha olvidado que su administración cubre 51 municipios del estado, no sólo Monterrey y su zona conurbada, donde concentra su gestión y los recursos del estado.
Los entrevistados afirman que después del paso devastador del huracán Alex, hace mes y medio, el priista ha efectuado visitas esporádicas a los municipios rurales, y lo hace en helicóptero, porque las carreteras están tomadas por la delincuencia organizada o fueron devastadas por el fenómeno meteorológico.
El diputado panista Martín López Cisneros manifiesta que “el señor gobernador no se atreve a visitar las comunidades vía terrestre y tiene que usar otros medios, pero no por la reconstrucción, sino por cuestiones de seguridad”.
El miércoles 18, cuando fue encontrado sin vida el alcalde panista de Santiago, Edelmiro Cavazos Villarreal, al lugar del hallazgo Medina llegó por vía aérea y se retiró, minutos después, de la misma manera.
El huracán Alex, que azotó el noreste del país, provocó que en Nuevo León casi todos los municipios fueran declarados zona de desastre. Sólo Doctor Arroyo y Mier y Noriega, ubicados en el extremo sur de la entidad, no fueron afectados.
Los otros 49 municipios quedaron destrozados o severamente dañados. Según cifras federales, 220 comunidades nuevoleoneses quedaron aisladas tras el paso de Alex y 100 puentes fueron destruidos.
Cuando ya ha transcurrido mes y medio de la tragedia natural que cobró 15 vidas, los trabajos de reconstrucción van lentos y las obras se han concentrado en Monterrey y los ocho municipios que la rodean en la mancha urbana, según los entrevistados.
Junto con la capital del estado, conforman el área metropolitana Guadalupe, San Nicolás, Santa Catarina y San Pedro, en torno a los cuales hay otros municipios periféricos, como Escobedo, Juárez, Apodaca y Santiago.
Pero en el sur de la entidad, donde se localizan las comunidades más pobres, el apoyo es lento, se quejan los entrevistados. Por ejemplo Galeana, a unos
En esa misma localidad, Francisco Solís Almanza, dirigente del PRD municipal, lamenta que el gobierno de la entidad canalice los apoyos a través del alcalde priista Raúl Ramírez Cerda, quien se interesa más en ayudar a quienes votaron por él.
“Los esfuerzos no van enfocados a donde debe ser. Llegan apoyos de la Cruz Roja, y en realidad vemos que únicamente se entregan en lugares donde hay simpatía por el PRI. Donde hubo oposición en las elecciones pasadas, hay marginación.”
Como ejemplo de asentamientos desatendidos menciona La Primavera, Santa Clara, Santa Cruz, La Fosa, Pabillo y La Trinidad. “Cuando hubo efervescencia política, estas comunidades apoyaron al PAN, y por eso ahora las marginan”.
Jaime Guadián Martínez, diputado local del distrito 26, con cabecera en Galeana, el área más pobre del estado, advierte que en el municipio panista de Doctor Arroyo están incomunicados los poblados de Santa Rita, Panales, Agua Nueva, Palma Gorda, y afirma que en esta demarcación los apoyos han fluido también con preferencias partidistas.
En Aramberri, que se ubica a más de
El alcalde Rafael Flores denuncia igualmente que se reparten recursos con criterios partidistas. El gobernador “está dando los apoyos donde está su gente, en las casillas donde ganó las elecciones”, pero desconoce la situación de Aramberri. En una ocasión, asegura, viajó en helicóptero, estuvo 20 minutos en la cabecera municipal y se retiró.
Por lo que se refiere al norte, Anáhuac fue, quizás, el municipio más golpeado por Alex. Una semana después del meteoro se desbordó el río Salado, y el casco municipal quedó cubierto por el agua.
Unas 4 mil 300 viviendas, donde habitaban 16 mil personas, fueron evacuadas en ese municipio, ubicado al extremo norte, en la frontera con Texas. El agua lo cubrió todo, y ahora esperan apoyos para reparar viviendas.
La regidora panista Arcedalia Garza Espino pide al gobierno del estado que habilite cuanto antes los
En El Carmen, a
Su similar de General Terán, Hilda Cenovia Chávez, informa que en su municipio se necesita respaldo oficial en la colonia Zaragoza y en los ejidos La Corona y La Brisa.
En dicha región norte se encuentran las rutas calientes del crimen organizado, de Monterrey a Nuevo Laredo, al norte, y a Reynosa, hacia el noreste.
En el municipio de Cerralvo fue secuestrado el 17 de julio José Luis Martínez Montemayor, hermano de Baltazar, de los mismos apellidos, diputado federal panista. Aún no aparece.
Medina “no ha podido ni querido”
Mientras la secretaria de Desarrollo Social de Nuevo León, Juana Aurora Cavazos, reconoce que la mayoría de los apoyos han sido entregados a la zona metropolitana, y el gobierno federal acepta que hay unas 18 mil casas afectadas por el huracán, Raymundo Flores, diputado local priista y alcalde de Apodaca, reprocha que no se trabaje en las áreas rurales.
El panista Martín López dice que ha recibido quejas de municipios a donde las autoridades “ni se han asomado”, y manifiesta que Medina “parece más el gobernador de Monterrey que de Nuevo León”.
El dirigente estatal de Cruzada Ciudadana, Luis Farías, observa que “hay muchísimos municipios del sur que siguen estando incomunicados; lo mismo pasa en algunos ejidos, en Aramberri y Zaragoza”.
El también regidor de Monterrey invitó al gobernador a recorrer las carreteras de Nuevo León para que constate los problemas que pasa un ciudadano común en sus trayectos del campo a la ciudad.
“No se nos hace correcto que ande nomás en helicóptero. Le recomendamos que haga sus recorridos por tierra, para que pueda constatar en forma directa las necesidades de la gente.”
María de los Ángeles Herrera, legisladora local perredista, también reprochó al gobernador por viajar a la zona rural únicamente por aire. “Ahí va diciendo que él está consciente de cómo están las cosas afuera, tan consciente que por eso no va por carretera. Bendito Dios que él puede hacerlo, pero el resto de nosotros tenemos que transitar por las calles, nomás a la buena de Dios, y todos estamos expuestos”.
El día en que fue encontrado asesinado el alcalde de Santiago, la dirigente estatal del PAN, Sandra Pámanes, convocó a una reunión con los medios, donde expuso que “asesinatos, bloqueos, secuestros, balaceras y todo tipo de manifestaciones violentas se han convertido en parte del paisaje de todo nuestro estado. Nunca, y reitero, nunca se había vivido una situación de violencia y terror como la que estamos viviendo en este momento”.
Y remató: “Lo volvemos a repetir, fuerte y claro: Rodrigo Medina no ha podido y no ha querido”, para enseguida hacer un llamado al gobierno federal para que salve a Nuevo León “de la catástrofe a la que nos está llevando un ineficiente y superficial gobierno como el que tenemos”. l
Calderón y Amalia “perdieron” Zacatecas
Jorge Carrasco Araizaga y Verónica Espinosa
Reportes del Ejército indican que dos años después de que Amalia García inició su gestión en Zacatecas, Los Zetas se posicionaron en ese territorio al grado de que ahora tienen presencia en 31 de los 58 municipios de la entidad. Tanto el gobierno federal como el estatal se mantuvieron sordos ante las advertencias que se les hicieron al respecto, y no actuaron en forma decidida para frenar la violencia. Los Zetas continúan controlando la plaza y reclutando miembros entre los militares. Por indolencia, Calderón y Amalia “perdieron” al estado.
ZACATECAS, ZAC.- A pesar de las advertencias hechas a Felipe Calderón y Amalia García, que siempre actuaron como si no pasara nada, la delincuencia organizada acabó por someter a más de la mitad del territorio del estado.
Actor predominante es el cártel de Los Zetas, el grupo delictivo creado por desertores del Ejército que aún hoy recluta a sus integrantes entre los militares.
Hace apenas dos meses, según una investigación que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dos excapitanes incorporaron como halcones a elementos de tropa de la XI Zona Militar, con sede en Guadalupe, municipio conurbado a esta capital.
Señala también que no se trata de cualquier caso: los capitanes desertores, Inocencio Bastiano García y Eduardo Tezozómoc Laureano Manríquez, son ahora los responsables de esa organización delictiva en el estado.
Ambos suplieron a una persona identificada como Iván o El
Ahora ubicado en Saltillo, El 50 llegó a Zacatecas en 2007, con sus dos hombres de confianza: Israel Nava Cortez, El Ostión, encargado de su primer círculo de seguridad y pieza clave en la fuga de varios zetas del penal de Cieneguillas en mayo de 2009, y otro al que apodaban El Quique, quien le seguía en la cadena de mando.
Los informes militares sobre la manera en que se estableció el cártel durante el gobierno de la perredista Amalia García son prolíficos. La población, víctima de secuestros, extorsiones, desapariciones y de amenazas de bombas en escuelas, comercios y dependencias públicas los corrobora; las policías también, con el asesinato, desaparición o cooptación de sus elementos.
Los primeros indicios datan de hace cuatro años, cuando hombres armados con uniformes similares a los de las policías de los tres niveles de gobierno llamaron la atención de los zacatecanos. Las advertencias sobre la llegada de Los Zetas salieron de la XI Zona Militar.
En diciembre de 2007, el Ejército elaboró un reporte sobre la seguridad en el estado en el que fechó la llegada del grupo: las primeras células se detectaron entre finales de 2006 y principios de 2007, cuando Los Zetas aún eran el brazo armado del cártel del Golfo, del que se separaron en 2008.
En Zacatecas, el grupo “encontró un área geográfica semidesértica con vasto sistema de caminos y veredas que les permiten evadir los servicios de intercepción del Ejército mexicano con relativa facilidad”, lo que les permitió ocultarse e instalar sus centros de operación, controlar el tráfico de drogas e incrementar sus ingresos a partir de la extorsión y los secuestros, puntualiza el documento.
Los Zetas desplazaron primero lo que quedaba de la organización de los hermanos Arellano Félix y del cártel de Juárez, liderado por los Carrillo Fuentes, que concentraban sus operaciones principalmente en la frontera con Jalisco y Nayarit, donde tenían plantíos de enervantes que traficaban hacia el Pacífico y el norte del país.
Hasta antes del gobierno de Amalia García, esas organizaciones “adoptaron mecanismos necesarios para que esta entidad se mantuviera tranquila”, lo que hacía de Zacatecas uno de los estados más seguros del país, dice otro reporte del Ejército sobre la inseguridad en Zacatecas durante el periodo 2007-2009.
En 2008, el rompimiento con el cártel del Golfo convirtió a Los Zetas en la principal fuerza irregular en el estado, por encima incluso del cártel de Sinaloa.
Al tiempo que la organización de los exmilitares se consolidaba, surgió otro poder en el estado: el de Sonia Villarreal Silguero, la coordinadora de giras de Amalia García. Originaria de Tamaulipas, Villarreal fue cercana a Miguel Ángel Almaraz, el exdirigente del PRD en Tamaulipas detenido en abril de 2009 acusado de participar en la estructura de Los Zetas en el robo de combustible a Pemex en ese estado.
El exgobernador y actual senador por el PT, Ricardo Monreal, declaró a la radiodifusora XEIH de Fresnillo en una entrevista realizada durante el proceso electoral local de 2009 que la colaboradora de Amalia García permitió el establecimiento del crimen organizado en Zacatecas.
En entrevista con Proceso, Monreal repara: “No recuerdo haber dicho su nombre… A mí me preocupaba su oriundez, además del poder que detrás de ella se acumuló. Es obvio que tenía mucha fuerza política, pero no tendría elementos para hacer una acusación directa. Lo cierto es que (en Zacatecas) hay una presencia muy fuerte no sólo del grupo de Tamaulipas; me temo que ya está la presencia de varios”.
Control “zeta” y voto de castigo
El deterioro de la seguridad en el estado también lo vivió directamente Carlos Pinto Núñez, procurador de Justicia de la administración de Amalia García en un principio y luego secretario General de Gobierno, cargo que ocupaba cuando El Ostión y un comando armado rescataron a 53 zetas del penal de Cieneguillas en mayo de 2009. En las pasadas elecciones Pinto intentó llegar al Congreso local pero perdió.
En tan sólo un año, durante 2007, Los Zetas lograron el control de 20 de los 58 municipios; desde la capital y su zona conurbada, pasando por Fresnillo y Jerez, hasta los ubicados en las fronteras con Durango, Aguascalientes y Jalisco. Desde entonces, la Zona Militar ya aseguraba que Los Zetas tenían “control absoluto” de varias regiones “que deben ser catalogadas como focos rojos de ingobernabilidad”, pues las autoridades ya habían sido “totalmente desplazadas”.
Uno de los primeros lugares que controlaron fue Jerez, donde en las elecciones del 4 de julio pasado unos 26 mil ciudadanos salieron a votar en una participación histórica. Fue un voto de castigo por la inseguridad que transformó esta pacífica y boyante comunidad –donde no se veían indigentes y las propiedades se vendían en dólares– en uno de los territorios zacatecanos más violentos a causa del crimen organizado.
Tres años después de las primeras incursiones de zetas en el municipio, el saldo negativo incluye comercios cerrados, familias enteras que se mudaron a otras ciudades, y por lo menos 45 desaparecidos –secuestrados o levantados–, mientras que la extorsión telefónica se diversifica en tecnología: ahora se enlazan los teléfonos de las familias para pedir los pagos sin que los plagios sean consumados.
Antaño controlada por El Chapo Guzmán, quien habría pasado por esta ciudad después de fugarse del penal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, el panorama cambió y la violencia se desencadenó cuando las familias criminales locales rompieron sus acuerdos con el sinaloense y comenzaron a servir al cártel del Golfo y luego a Los Zetas, quienes incluso instalaron campamentos de entrenamiento en la escarpada sierra de Palmas Altas.
Los testimonios locales refieren la forma en que habitantes de comunidades como Ermita de Guadalupe se abstienen de consumir los nopales que ahí se cortan. El motivo: los sicarios “tiran ahí los aceites” donde deshacen a sus víctimas.
Un agente de inteligencia destacado en Zacatecas consultado por Proceso sostiene que aun cuando Zacatecas es un lugar de paso de la droga y de lavado de dinero, es un territorio atractivo para el trasiego de enervantes desde y hacia los estados vecinos, sobre todo en las regiones del cañón de Juchipila, Tabasco y Huanusco. “Ahí se mueve la parte fuerte de metanfetaminas y pastillas hacia Michoacán y Jalisco”, dice el entrevistado.
En municipios como Nochistlán, en la frontera con Aguascalientes, aún domina El Chapo. “Tiene cobertura porque hay acuerdos añejos. Ahí están establecidos muchos nayaritas que en las madrugadas vigilan quién entra y sale del pueblo”, agrega.
Las propias cifras oficiales revelan la descomposición en el estado entre 2007 y 2009. Los homicidios por delincuencia, que prácticamente no existían, llegaron a 62; los secuestros se dispararon a 102; y los enfrentamientos con las policías y el Ejército fueron de una veintena.
Para diciembre de 2009, la XI Zona Militar –que forma parte de la V Región Militar, con sede en Guadalajara– confirmaba que Zacatecas ya había dejado de ser el estado donde no pasaba nada, a pesar del discurso del gobierno estatal; cuyas acciones no impidieron “el incremento gradual de la delincuencia organizada en la entidad, especialmente… la cooptación… en los cuerpos policiales”, según otro informe militar que describe el crecimiento de la delincuencia organizada en Zacatecas entre 2007 y 2009.
Ahora, 17 municipios están considerados por el Ejército como de alta presencia de la delincuencia organizada; otros 14 como de mediana; es decir, la población de 31 de los 58 municipios está a merced de los grupos delictivos.
Según el Ejército, los municipios con alta presencia son: Calera, General Enrique Estrada, Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Jiménez del Teul, Juchipila, Monte Escobedo, Nochistlán, Ojocaliente, Río Grande, Santa María, Sombrerete, Tabasco, Valparaíso, Villa de Cos y esta capital.
En varios de sus dominios instalaron campos de entrenamiento, como en la sierra de Jerez, pero sobre todo en los linderos con Durango, Coahuila y San Luis Potosí, en los municipios de Valparaíso, Mazapil y Villa de Cos.
Los plagios
En Villanueva, uno de los municipios catalogado como de presencia media de Los Zetas, el miedo se impuso entre la población a partir de enero de 2009, cuando fue secuestrado el comerciante Roberto García Cárdenas. Han pasado 18 meses y García ya no es el hombre más rico de la cabecera municipal, sino una sombra de sí mismo.
Maestro jubilado y comerciante García fue secuestrado un viernes. Ese día se encontraba con varios amigos en un billar. Estuvo encerrado durante casi una semana en un sitio de seguridad en la sierra de Morones. Fue torturado y sus captores lo despojaron de más de 6 millones de pesos en dinero en efectivo, así como de documentos, pagarés y de las joyas que tenía empeñadas, pues era prestamista del pueblo. Aún tiene las cicatrices en la espalda.
Sus hijos se encargaron de la negociación. Cuando dos de ellos fueron a pagar el rescate, el miércoles siguiente, los secuestradores los retuvieron. A cambio de su liberación, García fue obligado a pagar una nueva entrega de dinero, aún después de que volvieron a su casa, a los ocho días. “Es que no alcancé a juntar lo que me pedían”, recuerda.
Roberto y su esposa se escondieron mientras reunían la cantidad, e hicieron el pago a los plagiarios un mes después. “Me seguían buscando; no me dejaban en paz. Nos tuvimos que ir de aquí”, dice desde el portón de su casa en Villanueva, a donde regresó porque las deudas adquiridas con amigos y familiares se tienen que pagar con lo que puede recuperar de los préstamos que aún anda cobrando.
Es miércoles, pero el hombre confiesa que desde el lunes no tuvo ganas de ir a trabajar, vencido por el abatimiento. “Ya me cansé; sigo pelando pollos, ando cobrando, rebajo intereses, doy facilidades… Me dejaron sin nada”.
Eso sí, el secuestro del prestamista y sus hijos detonó un movimiento ciudadano que bloqueó la carretera federal 54 (Guadalajara-Saltillo) en un par de ocasiones a principios de 2009, hasta que en el municipio se instaló una Base de Operación Mixta.
Pero al paso del tiempo la familia se dispersó. Sus dos hijos se fueron del pueblo meses después del secuestro. “No aguantaron quedarse”, dice. Muchos más se han ido. “Ustedes no se imaginan lo que es esto. Andar uno como apestado. Como si tuviera esa enfermedad, esa cosa que le dicen la lepra, el sida o algo así. Nadie se quiere acercar”, se queja.
Las advertencias sobre la expansión de Los Zetas las hizo también Ricardo Monreal, quien entre 2008 y 2009 informó por escrito al titular de la Sedena, Guillermo Galván, sobre los efectos de la delincuencia organizada en varias regiones del estado, incluida la censura en los medios de comunicación locales. Nunca tuvo respuesta.
La fuerza de la delincuencia organizada se ha sentido principalmente en Fresnillo, donde el año pasado los delincuentes se enfrentaron al Ejército en dos ocasiones, una vez a la Policía Federal y otra a los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
La creciente violencia obligó a la intervención de Fuerzas Especiales de la Armada de México, la primera en su tipo en Zacatecas. El pasado 1 de julio, tres días antes de la elección para gobernador, dos helicópteros de la Armada, uno con doble rotor y otro tipo libélula, artillado, así como vehículos también artillados peinaron por aire y tierra algunos de los puntos más conflictivos de la cabecera municipal.
Muy cerca de Fresnillo, el nuevo rector del Santuario de Plateros, el presbítero Aurelio Esparza, no necesita las referencias ajenas para tener noción de lo que la presencia de Los Zetas y Los Chapos en la zona representa para este centro de peregrinaje católico, el tercero más visitado en América Latina.
Esparza ha vivido en Fresnillo, donde tuvo como vecinos al grupo de hombres que participaron en una balacera el 7 de diciembre de 2009. “Los veíamos todos los días, sabíamos quiénes eran; gente de Guerrero, de Sinaloa. Muy jóvenes, 17 o 19 años”, dice el cura.
Además, unas semanas antes de que fuera designado como el responsable de este centro católico, un grupo armado asaltó a los encargados de depositar en el banco lo recolectado mediante la limosna; se llevaron el dinero en la camioneta en que viajaban y dijeron que habría represalias si los denunciaban.
A Plateros ya no sólo llegan aquéllas familias católicas que quieren “dar gracias” al Niño de Atocha “por los favores recibidos” en la escuela, la salud o el trabajo; ahora se le atribuyen otros supuestos milagros.
“Vienen a dar gracias porque se salvaron de ser secuestrados, o pudieron regresar con sus familias, o porque se libraron de una extorsión”, refiere el rector del santuario.
Esto ocurre particularmente en los casos de los peregrinos originarios de ciudades de Chihuahua, de Coahuila o de Tamaulipas. “Ese miedo también lo siente la gente del centro (del país). Los del sur nos comentan que están más tranquilos”.
Localidad adyacente a Fresnillo, “siempre tan problemático”, Plateros no está exento de las expresiones de la violencia por parte del crimen organizado, lo que sumado a la crisis por la influenza A/H1N1 de 2009 mermó la afluencia de peregrinos.
Paulatinamente, los visitantes han modificado los horarios de sus visitas al santuario. Ahora llegan más temprano, pues se resisten a que los alcance la oscuridad.
Zacatecas es el estado donde el Ejército recibe más denuncias telefónicas, por encima de Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas o Veracruz, estados con alta incidencia del narcotráfico. Un informe de las llamadas anónimas a la Sedena indica que al 14 de mayo pasado el Ejército había recibido 55 mil 255 en todo el país: 10% de ellas (5 mil 50) fueron de esta entidad.
Entre ellas destacan las denuncias por desapariciones, que también se hacen públicas. Las casetas de cobro de peaje de la autopista Calera-Fresnillo, por ejemplo, están tapizadas con reportes de personas desaparecidas: por lo menos hay 34 rostros de mujeres, ancianos, niños, adolescentes.
Algunos son los partes oficiales de la Procuraduría General de la República; otras son hojas con copias de una credencial de elector, o de un simple letrero de esos que las familias pegan en postes u oficinas municipales, también los hay en cada caseta de peaje para que cualquier automovilista pueda verlas.
Hasta hace dos o tres años sólo había cuatro o cinco reportes de este tipo; hoy son muchos más. Sólo se pueden quitar si los encargados del puente de cobro reciben una orden oficial, que por lo general llega cuando la persona fue encontrada, algunas de las veces muerta.
El muerto que organiza fugas
Jorge Carrasco Araizaga y Verónica Espinosa
ZACATECAS, ZAC.- El penal de Cieneguillas está en manos de Los Zetas a más de un año de la fuga de 53 de sus integrantes. La evasión fue orquestada por un sicario al que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal había dado por muerto un mes antes. Fuentes penitenciarias revelan a Proceso que el rescate lo planeó Israel Nava Cortez, El Ostión, un mando zeta cuya muerte fue simulada.
A las afueras de esta capital y a un paso de la delegación de la PGR y de la base de la Policía Federal (PF), el penal de Cieneguillas es un desastre en cuanto a infraestructura de vigilancia y operatividad. Los custodios trabajan en dos turnos en lugar de los tres que solicitaron al gobierno estatal mucho antes de la fuga. No hay suficiente personal por turno ni se dieron las armas extras requeridas.
Después de la fuga la gobernadora Amalia García ofreció resolver todo eso. Los custodios también se quedaron esperando el aumento salarial prometido y algunos de los que reclamaron fueron despedidos.
El escape de 53 reclusos del penal de Cieneguillas, el 16 de mayo de 2009 (Proceso 1699), hizo evidente el control que la delincuencia organizada tiene en las cárceles del país con la complicidad gubernamental.
Poco ha cambiado. Si acaso los nombres de los nuevos líderes zetas que tienen en el puño a 35 custodios que cubren dos turnos en jornadas de 24 por 24 horas con 15 armas largas y 10 cortas, y con un salario que no llega a 4 mil pesos quincenales.
Algunos de sus compañeros levantados meses antes de la evasión aún no aparecen, como el jefe de servicios de guardia, Tomás Garay Rojas, desaparecido en enero de 2009. Fue una manera de presionarlos y “preparar el terreno”, asegura a este semanario un empleado del penal.
El testimonio confirma lo publicado por Proceso el 24 de mayo de 2009: las autoridades estatales de seguridad habían sido informadas por diversos medios de los preparativos que se hacían para sacar a los zetas.
Uno de estos informes fue entregado por personal de la Sedena al director del penal, Eduardo Román.
“Diez días antes de la fuga un capitán y un cabo de la undécima Zona Militar fueron a informar que se planeaba una fuga. El director del penal pidió apoyo al gobierno pero lo ignoraron. Tampoco llegó ayuda de México”, revela el empleado del penal.
Uno de los funcionarios del gobierno de Amalia García enterado de las señales previas de la fuga fue el secretario de Gobierno, Carlos Pinto Núñez. Éste había auspiciado la llegada de un grupo de custodios federales a Cieneguillas en 2007.
Pero con ellos el ambiente se tensó. A los custodios zacatecanos se les advirtió que para conservar su trabajo tenían que “aguantar, ver y callar” ante lo que ahí ocurriera. Los conflictos se recrudecieron en 2008 cuando, según información obtenida por este semanario, entró al penal el reo Alejandro García, quien se dedicó a presionar al grupo vinculado con el cártel de Sinaloa, que comandaba Alfredo Bañuelos Guzmán, primo lejano de El Chapo Guzmán. Bañuelos fue asesinado en junio de 2008 y con ello los zetas asumieron el control en Cieneguillas.
Por lo menos tres meses antes de escapar, los 53 zetas fueron llevados a un área de celdas que controlaba su grupo y se les entregaron las llaves con el argumento de que, dados los conflictos que ya se habían suscitado con la organización rival, pudieran garantizar su seguridad.
Muerte simulada
En un comunicado del 9 de abril de 2009, la SSP informó de un enfrentamiento en Fresnillo entre policías federales y un grupo vinculado con el cártel del Golfo, con saldo de tres sicarios muertos. La SSP identificó a uno de ellos como Israel Nava Cortez, El Ostión.
“Cabe mencionar que a Israel Nava Cortez, alias El Ostión, se le ubica como exkaibil (...) y se presume que fue guardaespaldas de Miguel Treviño Morales, El
Lugarteniente de El 40 y de Heriberto Lazcano, El Lazca, a Nava Cortez también se le atribuía “ser responsable del acopio, resguardo y mantenimiento del armamento y explosivos al servicio del grupo delictivo conocido como Los Zetas y se tiene conocimiento que fungía como jefe de esta organización en Oaxaca”, además de haber organizado y ejecutado los ataques a dos comandancias de policía en Acapulco en febrero de 2007, en el que murieron siete personas.
Unos días después del comunicado de la SSP, el coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo de la PF, Rodolfo Cruz López, confirmó la muerte de El Ostión pero aclaró que no era guatemalteco sino mexicano y sugirió que podría tratarse de un desertor del Ejército.
Testimonios recabados por Proceso indican que El Ostión salió vivo del enfrentamiento en Fresnillo y habría simulado su muerte para orquestar el rescate de Cieneguillas, para lo que contó con la colaboración del jefe de custodios, Ricardo Lamas, quien hizo el cambio de personal en el área de acceso al penal.
La labor de El Ostión también fue sugerida por un recluso evadido y recapturado, Osvaldo García Delgado, según un video subido a YouTube el 4 de junio de 2009.
Desde el interior del penal el “rescate” fue coordinado por un interno al que García Delgado sólo identificó como Comandante, quien había ingresado apenas un mes antes y asumió el control de los reos zetas.
“Tres días antes de que nos sacaran el Comandante nos dijo: ‘Preparen las garritas mejores que tengan, porque les vamos a hacer fiesta...’ El día de la fuga estábamos todos dormidos y empezó a tocarnos en la puerta. Nos dijo: ‘Levántense porque ahí vienen los del pueblo; al que se quede aquí le van a dar piso’”, refiere.
–¿Y los custodios? –le preguntan sus interrogadores.
–No. Los custodios los tenían muy aparte, no hicieron nada.
Después de que los militares informaron al director y a los comandantes sobre el plan de fuga el miedo creció entre los custodios. En el momento de la fuga “los compañeros se confiaron porque pensaron que era un ingreso, porque desde la malla se vio que era gente uniformada; pasaron las puertas metálicas, apartaron a los guardias, atravesaron el banco de armas y rompieron el candado”.
Tras la fuga la investigación fue asumida por la PGR. Amalia García se deslindó al explicar que Cieneguillas no es un penal con infraestructura para reos federales. Sin embargo hizo varios compromisos para reforzar la seguridad; entre ellos, un incremento de salario para el personal de custodia... que sigue sin cumplir.
Incluso, ante una protesta que un grupo de custodios efectuó para exigir el pago de horas extras y vacaciones que les adeudaban, dos de los guardias que protestaron fueron despedidos.
A la fecha, 11 de los internos que escaparon de Cieneguillas han sido recapturados. Otros seis murieron en enfrentamientos con cuerpos de seguridad y Ejército en San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo y Zacatecas.
Los Zetas se quedaron con el control del penal, ahora bajo el liderazgo de un reo: Mario Domínguez.
Este año otros dos custodios fueron levantados en presunta represalia porque “hacían favores a los dos grupos” que se disputan el control de la cárcel desde hace años: Chapos y Zetas.
Un jefe de custodios, Denis Briones, desapareció después de coordinar un operativo de disuasión de un motín en el penal, publicó La Jornada el pasado 31 de enero. También en esa fecha 51 jefes y custodios que habían sido arraigados y posteriormente consignados por su presunta participación en la evasión fueron puestos en libertad y salieron del cefereso de Tepic al no encontrarse elementos en su contra.
El exdirector Eduardo Román García, y el jefe de custodios, Ricardo Lamas Campos, forman parte del grupo de 20 funcionarios del penal que siguen sujetos a proceso en la capital nayarita. l
Los medios, campo de batalla
Jorge Carrasco Araizaga y Verónica Espinosa
El acuerdo era callar las amenazas de Los Zetas a la prensa. El sábado 14 la gobernadora de Zacatecas, Amalia García, había resuelto con directivos del periódico Imagen y el grupo multimedia NTR guardar silencio luego de que ese cártel los intimidara por negarse a publicar una carta de denuncia contra el Ejército.
Pero el pacto se vino abajo el jueves 19. Ese día el periódico La Jornada, cuya edición local también fue objeto de las amenazas, publicó que un supuesto “comandante” del cártel creado por militares desertores, llamó por teléfono a jefes de los tres medios para decirles que “recibirían un documento que… debían publicar en primera plana”.
La noche de ese jueves el gobierno de Amalia García confirmó la reunión del sábado anterior con los concesionarios, dueños, directores y periodistas del estado pero aseguró que las amenazas fueron sólo contra los periódicos Imagen y La Jornada Zacatecas y que en todo caso respetaba la decisión editorial que tomaran respecto a la situación de la inseguridad en el estado.
De acuerdo con la información de La Jornada, después de las llamadas se presentaron hombres armados en las instalaciones de los tres medios para entregar el documento en el que se acusaba a militares de haber asesinado el martes en Fresnillo, la ciudad con la mayor presencia de la delincuencia organizada en el estado, a Jorge Alejandro García, de 17 años.
“Estos asesinos dijeron que Jorge Alejandro les había disparado con un arma de fuego en la cual encontraron huellas de la mano derecha, cuando éste era zurdo”, decía el escrito citado por el diario.
Además, la víspera un grupo de personas que se identificaron como familiares y amigos de Jorge Alejandro se manifestó al mediodía frente a las instalaciones de la XI Zona Militar, en el municipio conurbado de Guadalupe, y en las oficinas de la Comandancia Regional de Seguridad Pública, en la cabecera municipal de Fresnillo.
Su petición: que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigue las “ejecuciones y desapariciones” de jóvenes en Zacatecas, “que nada tienen que ver con el crimen organizado”, informó La Jornada el jueves 19.
El gobierno estatal mantuvo en silencio el amedrentamiento hasta que ese periódico hizo públicas las amenazas. La publicación de esa nota provocó una reunión de directivos y dueños de medios estatales con el gobernador electo Miguel Alonso Reyes en un hotel de la capital del estado. Los directivos de NTR aprovecharon para negar que habían sido intimidados.
El viernes 20, los periódicos El Universal, Excélsior y Milenio diario publicaron en la Ciudad de México una misma nota para informar que las amenazas eran resultado “de diversos golpes que las Fuerzas Armadas han asestado contra el narcotráfico en la entidad (Zacatecas)”.
En particular se refieren a Fresnillo, “donde se ha detenido a presuntos traficantes de droga, secuestradores y personas identificadas como halcones, dedicados a dar seguimiento a las acciones contra el crimen”.
Como reacción, añade la información, ha surgido “la supuesta inconformidad social” contra el Ejército; además, señala que las amenazas ocurrieron el miércoles 18, pero sólo en contra de directivos de los diarios Imagen de Zacatecas y La Jornada Zacatecas por negarse a las exigencias del grupo delictivo.
En su nota compartida, los medios no se refirieron a ningún cártel de la delincuencia organizada; lo que sí mencionaron es que el gobierno de Amalia García, a través del procurador Ambrosio Romero, les ofreció apoyo y vigilancia a los medios amenazados.
Según esa información, en la reunión del sábado 14 la gobernadora les dijo “que respetaría su decisión de publicar o no la información que exigen los presuntos delincuentes”. Amalia García adelantó que se reuniría con su sucesor, Miguel Alonso Reyes, para acelerar el proceso de entrega-recepción de la administración del estado, en especial en lo que atañe al tema de seguridad. l
“La justicia en México tiene precio”
Gloria Leticia Díaz
Empecinamiento, burocratismo e indolencia, pero sobre todo injusticia, han colocado al Estado mexicano frente a un litigio más en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta esa instancia llegó el caso de dos campesinos ecologistas guerrerenses vejados por el Ejército y las autoridades judiciales de Guerrero. Uno de ellos habla para Proceso desde su exilio en algún lugar de Estados Unidos y asegura, sin contemplaciones: a cualquier nivel en México la justicia tiene precio...
COSTA OESTE, ESTADOS UNIDOS.- A unos días de su comparecencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ambientalista guerrerense Rodolfo Montiel Flores prepara sus argumentos para demostrar que él y Teodoro Cabrera García fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes cuando estaban detenidos y bajo custodia del Ejército Mexicano. También presentará pruebas de las anomalías durante el proceso penal que se les siguió.
La audiencia, que se realizará el jueves 26 y el viernes 27 en San José, Costa Rica, es resultado de la demanda interpuesta en junio de 2009 –caso 12.449– por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte contra el Estado mexicano por las vejaciones de que fueron víctimas Montiel y Cabrera.
Entrevistado por Proceso en una ciudad de Estados Unidos en la que reside como asilado político desde 2006, Montiel asegura: “A los representantes del gobierno mexicano se les va a caer la casa”. Se muestra seguro de su causa e insiste en que sólo busca justicia.
Fundador de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), Montiel fue detenido el 2 de mayo de 1999, junto con Cabrera, por soldados de la XXXV Zona Militar. Estuvieron incomunicados varios días en el 40 Batallón de Infantería, en Ciudad Altamirano, Guerrero, donde los torturaron física y sicológicamente.
Se les fincaron cargos por portación de arma y producción de mariguana, delitos por los que fueron condenados a prisión: Montiel a seis años y Cabrera a 10. Ambos purgaban su sentencia en la cárcel de Iguala, Guerrero, cuando el 7 de noviembre de 2001 el presidente Vicente Fox ordenó que fueran liberados “por razones humanitarias”.
“Desde que salimos de la cárcel Teodoro y yo pensamos que sólo fuera de México íbamos a encontrar justicia. Llegó la hora de que se sepa la verdad; de que en México tanto jueces como magistrados, ministerios públicos, todo tipo de gobierno o autoridad tienen su precio y reciben línea”, acusa Montiel.
Mientras permanecían en prisión, Teodoro y él recibieron los premios Goldman, Chico Mendes y Sergio Méndez Arceo, y la medalla Roque Dalton. Los gobiernos de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox, señala Montiel, actuaron con torpeza en su afán de perseguir a los defensores del medio ambiente.
“Fox supo bien de nuestra lucha y de lo que estábamos padeciendo; fuimos liberados por cuestiones humanitarias. Eso quiere decir que el presidente reconoció que hubo tortura, pero no fue capaz de declararnos inocentes, a lo mejor por miedo a los militares o a los caciques”, relata el ambientalista.
La tortura por miembros del Ejército y la falsificación de acusaciones contra Montiel y Cabrera fueron confirmadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 8/2000 emitida el 14 de julio de 2000. El organismo pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional que la Procuraduría de Justicia Militar investigara el asunto y sancionara a los responsables de los abusos, lo cual nunca ocurrió.
La CNDH señaló como presuntos torturadores al capitán Artemio Nazario Carballo, al sargento Calixto Rodríguez Salmerón y al cabo José C. Calderón Flabiano (Proceso 1241).
Debilidad presidencial
Fox, sostiene Montiel, fue incapaz de garantizarles seguridad a él y a Cabrera. “Unas semanas antes de salir de la cárcel fue a visitarnos uno de sus asesores de nombre Rodolfo (Lacy, colaborador de Víctor Lichtinger, entonces secretario de Medio Ambiente), y dijo que nos iban a dejar libres pero que una vez fuera de la cárcel nos fuéramos de Guerrero, pues a ese acuerdo llegó Fox con el gobernador René Juárez. Para mí que Fox estaba muy pobre de ideas y se dejó mangonear por el gobernador”, apunta el líder campesino.
El gobierno de Felipe Calderón, dice Montiel, tuvo la oportunidad de evitar que México fuera juzgado en un tribunal internacional “si hubiera hecho lo que tenía que hacer: declararnos inocentes y castigar a los culpables, sancionarlos y permitir que un juez independiente los condenara”, afirma.
Durante la conversación, Montiel se entristece al recordar a su primera abogada, Digna Ochoa, de cuya muerte el 19 de octubre de 2001 culpa al “Ejército y a los caciques”. Dice que no quiso mencionar este asunto cuando fue liberado “porque sentía que estaba en manos de los militares. Cuando me torturaron me dijeron que tenían ojos y oídos en todos lados, tenía miedo”.
Ese temor, plantea, lo obligó a guardar silencio acerca de una escena a partir de la cual se percató de que Ochoa estaba en la mira del Ejército.
“Lo llevo como un remordimiento en mi corazón. Sé que a la licenciada la mató el Ejército porque el día que nos careamos con militares el capitán Artemio Nazario Carballo me hizo señas de que me callara, porque si no, iba a matar a Digna”, cuenta.
Y añade: “Yo me sentía nervioso, estaba temblando. Tenía miedo de que le fuera a pasar algo a la licenciada, porque ella tenía que viajar de Iguala a la Ciudad de México. En un receso que hubo ella se me acercó y le dije lo que había pasado. Ella nomás me comentó que lo hubiera dicho cuando estábamos en el careo, que en ese momento ya no valía”.
Comenta que la muerte de Digna le causa dolor y remordimiento “porque no pude decirle esto que te acabo de contar a su hermano Jesús cuando estaba investigando la verdad. Quería advertirle: ‘No le busques, porque a lo mejor también te sucede algo malo’. Tenía miedo porque cuando salí de la cárcel no tenía ni casa para mi familia y yo sabía que los militares me estaban vigilando”, recuerda.
Acosado
El riesgo que corrían los ecologistas al salir de la cárcel era tal, que el gobierno de Fox les asignó una escolta que ellos rechazaron.
Durante seis meses, abunda Montiel, activistas de la organización Global Exchange lo protegieron y le dieron apoyo en el extranjero. “Despedí a mis escoltas de Global y mis abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) dijeron que era muy riesgoso; yo les dije que quería sentirme libre”.
De baja estatura, regordete y con un sombrero de palma que casi nunca se quita, Montiel recibe a la reportera con un champurrado y unos tamales, comprados en una tienda cercana al domicilio donde renta un cuarto que comparte con otro paisano, y por el que pagan 400 dólares mensuales.
Pide que no se mencione en qué ciudad vive. Tiene miedo. En junio de 2005, luego de un año de acoso y hostigamiento de militares y desconocidos, el ambientalista decidió emigrar a Estados Unidos, país que conocía por frecuentes visitas a universidades que lo invitaban a hablar sobre su lucha por los bosques.
En 2007, las amenazas llegaron al lugar donde se había refugiado, por lo que tuvo que huir de nuevo.
“Te estamos siguiendo los pasos de cerca, hijo de tu pinche madre”, dice Rodolfo que le gritaron por teléfono, momentos antes de acudir a una reunión de ambientalistas en San Francisco. “Ese día recibí tres llamadas iguales y se los dije a mis amigos en San Francisco y a mis abogados del Prodh. Decidimos que debía irme de donde estaba”.
Para permanecer legalmente en Estados Unidos Montiel contó con el apoyo de Víctor Menotti, del Foro Internacional sobre Globalización, a quien conoció desde que inició la lucha por los bosques en la sierra de Guerrero. Fue él, dice, quien lo puso en contacto con abogados para alcanzar su estatus de asilado político.
Sin más preparación que la primaria, para sobrevivir en Estados Unidos el ambientalista se ha desempeñado como jardinero, albañil, afanador en un casino y empacador de cebollas.
En este empleo trabaja entre 10 y 18 horas al día y gana entre 300 y 500 dólares a la semana, con lo que paga la parte que le corresponde de la renta de su cuartito, envía dinero a su esposa Ubalda y reserva un poco “para comprar comedera”.
Camina con lentitud, como robot, casi sin doblar las rodillas. Siente un hormigueo permanente en los muslos, y en la pierna y el pie derechos sólo tiene sensibilidad en el dedo gordo. “Es por los toques eléctricos”, explica.
Sin dinero para atenderse, Montiel ha sido auscultado por el doctor José Quiroga y la sicóloga Ana Deutch para documentar ante la Corte las secuelas que todavía padece por el martirio que sufrió a manos de militares hace 11 años.
Dice que le quedaron secuelas por la tortura infligida por los militares. Entre éstas destaca las siguientes: pérdida del olfato, disminución auditiva del lado izquierdo, ataques de tos, lesiones en un testículo, dolor constante en la ingle por las descargas eléctricas, daños en nervios de los brazos que le redujeron la fuerza de las manos y lesiones en dos discos de la columna vertebral, que lo obligan a dormir en el suelo.
“Creo que lo que querían era dejarme inválido”, apunta Rodolfo, quien admite que sicológicamente sigue dañado. “Prefiero no pensar en lo que pasó, porque me lleno de tristeza”.
“Vamos a llegar al fondo”
Montiel sostiene que en octubre de 2006, cuando acudió a la CIDH, en Washington, representantes del gobierno mexicano le ofrecieron llegar a un acuerdo amistoso para evitar una demanda ante el tribunal interamericano. Comenta que rechazó esa propuesta y rindió su testimonio.
“Si me desisto de todo a ellos les hubiera caído muy bien. Pero, ¿qué va a pasar? Yo estoy padeciendo y en cualquier rato me muero por mis males y ellos se quedan muy tranquilos. Los militares van a seguir torturando a más campesinos, porque cuando van a la sierra van a matar, a torturar, a violar. Todo lo malo que ha pasado es responsabilidad de los militares: pueden robar, pueden hacer secuestros, pueden matar y culpar a inocentes. Ya no quiero que siga pasando eso.”
De lo que ocurrió en la sierra de Petatlán luego de su exilio, Montiel reconoce que la organización que fundó se alejó de sus objetivos. “La Organización de Campesinos Ecologistas ahora la dirige una señora de nombre Eva (Alarcón), esposa de Pedro Rojas, líder del PRD. Yo no estoy conforme porque desde que se fundó la organización dijimos que no se debía mezclar con ningún partido, porque si el partido está mal, la organización también, y ahorita el PRD de Guerrero está muy mal”, precisa.
Alarcón es cercana al diputado federal Armando Ríos Pitter, delfín del gobernador Zeferino Torreblanca.
De ganar el caso en la Corte, Montiel pedirá a los jueces que gestionen ante el gobierno de México la creación de una escuela especializada en la conservación de bosques no sólo para la sierra de Petatlán, sino para todo el país. También la creación de un fideicomiso para la apertura de tiendas populares en las zonas boscosas, que vendan a precios bajos a los pobladores para que éstos ya no tengan necesidad ni pretexto para talar bosques.
Los representantes de Montiel y Cabrera, el Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por su acrónimo en inglés), solicitarán a la Corte que se procese a los responsables de la tortura a los campesinos ecologistas en tribunales civiles, castigo a los responsables, reconocimiento de inocencia y una disculpa pública. También pedirán que se denomine “Campesinos Ecologistas de Guerrero” el Premio al Mérito Ecológico Categoría Social, otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
A fin de que no se repitan situaciones de esta naturaleza, pedirán que se aplique una campaña de conscientización acerca del trabajo de los defensores de derechos humanos y del ambiente.
Para el campesino estar lejos de su país, de sus bosques y de su familia “es una humillación, porque no solamente nos han torturado, sino que han inventado miles y miles de mentiras para mantenernos, como quien dice, en el cautiverio”. Por eso, insiste Montiel, “vamos a llegar al fondo, vamos a pelear con las leyes, no con las armas, como el gobierno y los militares están puestos a hacerlo”. l
Peor que la Ley Televisa...
Jenaro Villamil
En un proceso tachado de ilegal y con numerosos factores en contra, el gobierno calderonista decidió entregarle a Televisa y a Nextel la parte más jugosa del espectro radioeléctrico, el de los 30 megahertz de cobertura nacional, a un precio 28 veces inferior al valor real de esa banda. Una de las lecturas que se hacen acerca de esta concesión de escándalo es que Los Pinos ya pactó con la empresa de Emilio Azcárraga Jean con miras al proceso electoral de 2012.
Con sólo dos votos a favor de los cinco que pueden ser emitidos en el seno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), pasando por alto un punto de acuerdo de las fuerzas políticas del Congreso (que instaba a declarar desierta la licitación) y violando dos resoluciones judiciales que ordenaron la suspensión cautelar de la licitación de la banda 1.7 Ghz, el gobierno de Felipe Calderón decidió entregarle a Televisa y Nextel el espectro más valioso (los 30 Mhz de cobertura nacional) de la telefonía móvil a precio de ganga: 180.3 millones de pesos.
El título de concesión establece que Televisa y Nextel pagarán por ese espectro radioeléctrico 28 veces menos que su valor de mercado, según cálculos de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi). También dejará ocioso un recurso, propiedad de la nación y que no se licitó: el otro bloque de 30 megahertz (Mhz), pues los dos únicos postores que cumplían los requisitos de las bases y de la Comisión Federal de Competencia (Televisa y Nextel) decidieron aliarse en lugar de competir, “con el objeto de bloquear la entrada a otros posibles competidores”, según el especialista Ramiro Tovar Landa.
El fallo de la Cofetel fue calificado de “inconstitucional, ilegal e inmoral” por el diputado panista Javier Corral, quien argumentó que la decisión tomada el lunes 16 “no se apegó a la ley, toda vez que una minoría de dos comisionados pretende adjudicarse una decisión que por lo menos deben tomar tres de los cinco comisionados que integran el pleno”.
Corral anunció que, con otros legisladores e integrantes de la Amedi, pondrá en marcha una estrategia para impugnar la decisión que viola los artículos 28 y 134 constitucionales, ya que la licitación favorece la concentración del espectro en favor de Televisa y la adjudicación “no asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.
En medio de presiones y cabildeos hacia la Cofetel y la Comisión Federal de Competencia y entre organismos de telecomunicaciones, como la Canieti y la Canitec, encabezados por los vicepresidentes ejecutivo, Alfonso de Angoitia, y de Finanzas, Salvi Folch Viadero, de Televisa, cuatro de los cinco integrantes de la Cofetel sesionaron, pero sólo dos votaron a favor: el nuevo presidente de la comisión, Mony de Swaan, y Gonzalo Martínez Pous, exresponsable jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
De los otros dos comisionados, Rafael del Villar presentó un documento de 170 cuartillas para argumentar que hubo desinformación en el proceso de licitación y que después de tres meses de haberse iniciado el procedimiento, él se dio cuenta de que era necesario cambiar las bases, que favorecieron ampliamente a Televisa y Nextel.
El comisionado Ernesto Gil Elorduy, exsenador del PRI, se abstuvo en la votación pues aseveró que hay medidas cautelares ordenadas por un juez de Guerrero y otro de Tamaulipas contra la licitación. El comisionado José Luis Peralta, el único que no acudió a las sesiones del 13 y del 16 de agosto, recordó en un oficio que, desde diciembre de 2009, recomendó modificar las bases de licitación.
Un pacto Televisa-Calderón
El exsubsecretario de Comunicaciones Jorge Álvarez Hoth afirma a Proceso que esta licitación es “el resultado de un acuerdo del gobierno de Felipe Calderón con Televisa con miras a las elecciones de
Héctor Osuna –presidente de la Cofetel removido a finales del pasado junio– “no le garantizaba al gobierno de Calderón el pago del favor frente a Televisa. Mony de Swaan sí representa los designios de Calderón con Televisa”, afirma el especialista, presidente del Grupo Alcance.
Álvarez Hoth subraya que las bases de la licitación número 21, correspondiente a la banda 1.7 gigahertz (Ghz), “fueron mal diseñadas y no fueron modificadas antes de que se iniciara la puja, a pesar de que el numeral 27.10 preveía que los propios comisionados podían modificar las condiciones”.
La solución para evitar la diferencia de casi 5 mil millones de pesos entre lo que va a pagar la sociedad Televisa-Nextel y los otros competidores (Telcel y Telefónica) hubiera sido incorporar una cláusula conocida como dragalon (anglicismo que significa establecer un precio mínimo “de arrastre”).
Este tipo de mecanismos se utilizan para establecer por ejemplo “que quien pagó sin competencia en el bloque de 30 Mhz no puede pagar menos de 80 por ciento de lo que pagaron los otros competidores.
“Las bases de licitación fueron mal diseñadas porque era previsible que no hubiera nuevos entrantes, sino los de siempre. El mayor bloque del espectro, el de 30 Mhz, era claro que sólo podía ser para Televisa o Nextel. Los comisionados pudieron haber declarado desierta la licitación. Esa es una de sus facultades”, reflexiona Álvarez Hoth.
–¿Existe alguna similitud entre esta licitación y la entrega de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad al grupo Televisa-Megacable-Telefónica? –se le pregunta.
–En ambos casos Televisa está comprando barato. Lo mismo sucedió en el caso de la fibra óptica.
Por su parte, Ramiro Tovar Landa señala que tras esta licitación “la Cofetel queda destrozada, a pedazos, vulnerada en su autonomía”. Y coincide con Álvarez Hoth: “En los dos procesos de licitación más importantes, el de la fibra óptica y el de la banda 1.7 Mhz, hay un factor común, que es Televisa.
“La actual política de telecomunicaciones del gobierno de Calderón está caracterizada porque el Ejecutivo se dejó capturar por el único agente dominante con una plataforma en medios de comunicación. Ahora Televisa va a tener presencia e infraestructura importantes. Es para fortalecer su posición como agente dominante exclusivo en el mercado del triple play que ahora será cuádruple play”, afirma Tovar Landa, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
“Todo esto empezó con la renuncia de Héctor Osuna y la llegada de Mony de Swaan. Esto no es un ‘accidente’ de la licitación. Esto fue concebido desde el gobierno federal para volver a centralizar las decisiones de la Cofetel y hacerlas depender del presidente”, indica en entrevista telefónica con Proceso.
Tovar Landa fue el primero que advirtió –en un estudio difundido hace dos meses– que Televisa acabaría pagando 180.3 millones de pesos por el mismo espectro por el que los demás pagarían más de mil 93 millones de pesos. Su informe generó una airada reacción de Javier Tejado Dondé, director Jurídico de Televisa, quien negó en un artículo en el periódico Reforma que su empresa fuera beneficiada en la licitación de la banda 1.7 Ghz.
Tovar reitera que tuvo razón desde el principio y tilda de “mentiroso” el comunicado de prensa que emitió la Cofetel el lunes 16 por dos razones: es mentira que se hayan licitado 90 Mhz, ya que quedó desierto un bloque de 30 Mhz; y es incorrecto que haya un incremento de 75% del espectro actualmente disponible (120 Mhz) “con lo cual México se coloca a niveles similares de los países como Canadá, Indonesia o Argentina”, tal como afirmó el penúltimo párrafo del boletín de la Cofetel.
“Sólo se licitaron 60 y no 90 Mhz. Si la aritmética no me falla, 120 más 60 da 180 Mhz. No estamos a nivel de Canadá o Argentina, donde están por arriba de los 200 Mhz. No sé por qué creen los de Cofetel que por repetir las cosas se convertirán en verdad”, sentencia el académico.
El Acuerdo de Convergencia
Simultáneamente al fallo de la Cofetel en la licitación 21, el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, afirmó que es necesario cambiar el título de concesión de Telmex para que esa corporación pueda entrar al mercado del triple play, ofreciendo contenidos en televisión restringida.
“Se debe resolver de una vez por todas el problema de la interconexión competitiva (entre las redes de Telmex y los otros operadores), que se defina qué es lo que tiene que cumplir la empresa y que lo haga”, afirmó Pérez Motta en entrevista con El Universal.
Mony de Swaan respondió que el cambio de título de concesión no debe ser exclusivo de Telmex, sino que “se debe hacer una revisión general de las concesiones para eliminar su carácter restrictivo y permitir a los jugadores crecer los servicios de acuerdo con los cambios tecnológicos”.
Voceros de Megacable, de Axtel y de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) afirmaron que no es el momento de cambiar el título de concesión de Telmex y que la licitación de la banda 1.7 Ghz no tiene relación con este proceso.
Pese a lo anterior, la oficina de Comunicación Social de Telmex informó a Proceso que no existe ninguna notificación de la Cofetel o de la SCT para garantizar el cambio de título de concesión y poder competir con Televisa en el triple play.
El pasado 21 de julio el director de Telmex, Héctor Slim, afirmó en conferencia telefónica con inversionistas que “el incumplimiento del Acuerdo de Convergencia firmado hace cuatro años con la SCT impide que en el país haya una competencia de servicios convergentes”.
Esto provocó que el segundo trimestre del año los ingresos de Telmex disminuyeran 4.6% respecto del mismo periodo de 2009, según Slim.
Artífice del Acuerdo de Convergencia que ordenaba el cambio de título de concesión de Telmex a condición de cumplir con los acuerdos de interconexión, interoperabilidad y portabilidad, firmado en 2006, Álvarez Hoth advierte que este acuerdo “ya causó estado y hay que cumplirlo. Lo que hay que exigir es cuentas a las actuales autoridades y empresas de por qué no se ha cumplido”.
Para Tovar, en materia de convergencia, el gobierno de Calderón “está otorgando una exclusividad de facto, sin límites, sin caducidad, sin fecha, a favor de Televisa.
“Nos quedamos sin árbitro ante los grandes intereses de Televisa y de Telmex. O por lo menos el árbitro ya decidió que el nuevo eje será Televisa. Es una política industrial activa a favor de Televisa. Se trata de operar lo necesario para entregar un sector de las telecomunicaciones a un jugador privilegiado”, abundó.
–¿Es peor que la Ley Televisa?
–Es peor porque aquí se está dando de facto, sin legislación alguna.
Más alimento para el monstruo
Purificación Carpinteyro
De manera comparable a las reacciones que hace cuatro años suscitó la aprobación de la llamada Ley Televisa, el clamor de indignación de buena parte de académicos, consultores, asociaciones y periodistas especializados en el sector de las comunicaciones se hizo escuchar ahora, a raíz de la licitación de frecuencias que favorece al Grupo Televisa. Muchas fueron las voces que demandaron que la Comisión Federal de Telecomunicaciones declarara desierto ese proceso, que desde su diseño generó críticas por ser ostensiblemente favorable a la televisora.
Dada la crisis económica mundial y las condiciones de incertidumbre regulatoria en México, nadie con un mínimo de honestidad intelectual puede argumentar que el resultado de la licitación de la banda de 1.7 gigahertz podía haber sido diferente. Nadie, ni el Congreso de la Unión, puede alegar desconocimiento, menos aún cuando los legisladores fueron alertados al respecto antes de que aprobaran el incentivo fiscal que exentaría al ganador, es decir a Televisa, de la obligación de pagar derechos por los primeros dos años de la concesión.
Para cuando se inició la licitación la suerte estaba echada. Sin sorpresa para nadie, el recién conformado consorcio Nextel-Televisa fue el único postor por los bloques de frecuencias de 30 megahertz. ¡Cómo no, si ni Telcel ni Telefónica o Iusacell tenían derecho a competir por esas concesiones! El consorcio sólo tuvo que ofrecer el precio mínimo de referencia para garantizarse el botín.
Fue entonces cuando las críticas se encendieron. Plumas y micrófonos alzaron su voz o abrieron espacios para defender o atacar, según su filiación, el resultado de tan viciado proceso. Las presiones no se hicieron esperar y llegaron hasta la cúpula de los poderes del Estado. Por Los Pinos y el Senado de la República circularon defensores y detractores presentando argumentos, que también fueron abiertamente discutidos.
Otros inexplicablemente callaron ante la ola de críticas contra la medida, como Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), o como Telefónica, a pesar de haberse comprometido a pagar siete veces más que el precio ofrecido por el consorcio para ganar poco más de un tercio de las frecuencias.
Las posiciones encontradas pusieron en evidencia la red de conexiones que, como mínimo, abren la puerta a cuestionar la imparcialidad de los responsables de la decisión.
Por el voto de dos de los cinco comisionados fue aprobado el controversial proceso y el consorcio consiguió su ambicionada concesión. Aunque la responsabilidad no recae únicamente en aquellos que votaron: también son responsables aquellos que, con su ausencia o su abstención, garantizaron el resultado.
Otro gallo hubiera cantado si, como es su obligación, José Luis Peralta se hubiera presentado en la sesión plenaria de Cofetel para confirmar su tan publicitada objeción, y si Roberto Gil Elorduy, otro de los cinco comisionados, no se hubiera abstenido de votar. Pero la ausencia de Peralta y la omisión de Gil Elorduy a nadie debe engañar. Con una y otra convalidaron la votación que de otra manera habría puesto en serios aprietos al consorcio Nextel-Televisa y al presidente del organismo, que en el mejor de los casos habría tenido que hacer uso del voto de calidad que la ley le confiere para definir la licitación.
Pero en lo que respecta a quienes sí votaron debe decirse, en primer lugar, que ningún comisionado puede escudarse en el supuesto desconocimiento de las bases, como alega Rafael del Villar. Aunque es más cuestionable el voto favorable de Gonzalo Martínez Pous, quien abiertamente hizo y continúa haciendo campaña en defensa de la decisión que privilegia al consorcio.
Esta exhibición de defensa del abogado-comisionado de la Cofetel abre la puerta a suspicacias. Antes de desempeñarse como director general jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Martínez Pous trabajó en la Secretaría de Hacienda, cuando esta dependencia era comandada por Francisco Gil Díaz, actual presidente de Telefónica y quien tiene fuertes vínculos con Televisa.
No en vano Gil Díaz ha conseguido colocar en posiciones relevantes del poderoso grupo mediático a por lo menos dos miembros de su equipo cercano en la secretaría: Porfirio Sánchez, responsable del desarrollo del proyecto Boletazo en Hacienda, cuando estuvo bajo las órdenes de Gil Díaz, y recientemente a su abogado y entonces procurador fiscal, Luis Mancera. Casualmente, Martínez Pous trabajó para Mancera en Hacienda, y fue apoyado e impulsado por este último y por Gil Díaz para su accidentada designación como comisionado en el sexenio de Vicente Fox. También esto explicaría el silencio guardado por Telefónica ante una decisión que favorece a quien será su competidor directo.
Pero el voto más controversial y digno de análisis es el del recién nombrado presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El hecho de favorecer al consorcio Nextel-Televisa en una decisión tan dividida no lo fortalece, especialmente si se considera el entorno de cuestionamiento a su designación como comisionado por parte del Congreso, dispuesto a empujar una controversia constitucional a fin de destituirlo.
Públicamente De Swaan ha argumentado que la consecuencia inmediata de declarar desierta la licitación postergaría la asignación de las frecuencias por más de 20 meses, cancelando las inversiones del consorcio, retrasando el lanzamiento de nuevos servicios, como televisión por celular, y postergando los beneficios de una mayor competencia en el sector.
Suponiendo que aquello que lo llevó a inclinar la balanza a favor de Nextel-Televisa es su convicción en cuanto a la necesidad de que exista competencia en un sector altamente concentrado, sólo resta esperar la decisión de licitar concesiones para la aparición de nuevos canales de televisión abierta que compitan con Televisa, con la finalidad de evitar que ésta aproveche su absoluto dominio en televisión y pretenda que su consorcio sea el único capaz de ofrecer sus canales por celular.
Y es que cuando la Cofeco aprobó la participación de Televisa en la licitación, una vez más dejó de considerar que se trata de un mercado convergente, en el que el operador que esté en condiciones de ofrecer más servicios tendrá ventajas competitivas insuperables. En un mercado en el que convivirán los paquetes de telefonía e Internet móvil con los de telefonía fija e Internet fijos y la televisión fija y móvil, Televisa tiene todas las de ganar. Si bien es cierto que esta empresa no es dominante en todos los servicios, su control absoluto sobre la televisión abierta y su posición avasalladora en la televisión de paga la colocan en una posición única.
Por lo demás, nada indica que Televisa esté dispuesta a permitir que sus señales de televisión abierta sean transmitidas por sus nuevos competidores. Basta analizar la experiencia de quienes intentan competir con este grupo para darse cuenta de que la única manera de retransmitir las señales abiertas de sus canales de televisión es comprando un paquete de canales que no les sirven, pero que justifican el costo que han preferido no pagar.
Ahora sólo nos falta esperar las medidas que deberá impulsar la Cofetel de Mony de Swaan para impedir que Televisa se apodere de un nuevo conducto mediático sin que ningún operador pueda competir por el mercado. Si es cierto que sus decisiones se justifican por los beneficios que traerá la competencia, De Swaan y los demás comisionados tendrán que demostrarlo, aunque ello implique ser víctimas de todas las plumas, micrófonos y pantallas, y de las temibles consecuencias de enfrentarse al más peligroso de los obstáculos: Televisa. l
Amenaza ecológica con el aval de Calderón
Alejandro Gutiérrez
Un empresario español se supo vender bien ante el gobierno federal y consiguió los permisos necesarios para levantar un complejo turístico de gran lujo en Los Cabos, Baja California Sur. El problema es que aparentemente nadie investigó al hombre de negocios, Rafael Gálea, ni a su empresa, Hansa Urbana, que tienen un historial de engaños, trampas y procesos pendientes en España. Además, organizaciones ecologistas ya advirtieron del daño que causará, de construirse, Cabo Cortés: se asentará en un humedal y pondrá en riesgo el único arrecife de coral vivo del Pacífico norteamericano.
CARTAGENA, ESPAÑA.- El empresario español Rafael Gálea Expósito, presidente de Hansa Urbana, recibió el beneplácito de Felipe Calderón para desarrollar Cabo Cortés, un complejo turístico-residencial de lujo en Los Cabos, Baja California Sur. El proyecto se asentará sobre 3 mil
El 7 de febrero de 2008, en un desayuno organizado en la residencia de Los Pinos para inversionistas extranjeros, Gálea dio al mandatario mexicano detalles del proyecto, que tiene un costo estimado de mil millones de dólares: contará con 3 mil 655 habitaciones de hotel, 7 mil 816 unidades residenciales, dos campos de golf de 27 hoyos, una marina con 490 posiciones de amarre, centros comerciales, una desalinizadora y una miniciudad con unas 5 mil viviendas para los trabajadores.
Dicha infraestructura equivale a más de 30 mil habitaciones, según se desprende del proyecto de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentado por la promotora. Para calcular sus dimensiones se debe tener en cuenta que “Cancún tiene 37 mil espacios de habitación” y equivaldría a “duplicar” la capacidad “de las dos mayores poblaciones cercanas al proyecto, una vez sumadas, Cabo San Lucas y San José del Cabo”, según el informe Cabo Cortés, un proyecto que nunca debe ver la luz, de próxima aparición, elaborado por los capítulos España y México de Greenpeace.
Después de ese encuentro de 2008 en Los Pinos, los permisos del gobierno federal empezaron a fluir sin tropiezo a favor de Hansa Urbana, empresa con sede en Alicante y cuyos accionistas, además de la familia Gálea (que posee 55.32%), son la Caja de Ahorro del Mediterráneo, con 24.19%, y la Cajasol, con 10.49%, según el portal en internet de la inmobiliaria.
El proyecto generó una intensa movilización de organizaciones ambientalistas de México, Estados Unidos y España, que han promovido tres recursos legales y dos amparos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que se suspenda Cabo Cortés y se modifiquen sus características, afirma Pablo Uribe Malagamba, coordinador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en la zona noroeste (La Crónica, de México, 1 de agosto de 2010).
El informe de Greenpeace pide a las autoridades mexicanas la “paralización cautelar” de las obra porque supone una grave amenaza para el Parque Nacional Cabo Pulmo, reconocido por la UNESCO en 2005 como Patrimonio Natural de la Humanidad y en
En el parque acuático de Cabo Pulmo está el único arrecife de coral vivo de Norteamérica y el más antiguo del Pacífico americano. Es hábitat de una gran cantidad de peces, alberga a cinco de las ocho especies de tortuga marina –todas en peligro de extinción– y en diferentes épocas del año llegan ahí tiburones, tiburones-ballena y las ballenas jorobadas en su ruta migratoria.
Greenpeace advierte que la cuarta fase del proyecto Cabo Cortés se construirá en la zona costera adyacente a Cabo Pulmo y que la edificación de la marina, que requiere del dragado del fondo marino, y los residuos de la desalinizadora podrían tener efectos destructivos e irreversibles en la zona.
Pedro Zapata, representante de la ONG Niparajá, considera que la MIA presentada por Hansa “está llena de informaciones inexactas y falsas; no contiene la lista completa de la flora y fauna del lugar y miente sobre el comportamiento de las corrientes marinas para asegurar que no se afectará el arrecife de coral que es parte del parque marino”, dijo a La Crónica.
Hansa y sus antecedentes
Lo que Calderón y su gabinete no notaron fueron los polémicos antecedentes de Hansa Urbana en España, ni las presuntas prácticas de corrupción a las que recurrió en anteriores operaciones en México –donde posee otro complejo turístico: Novo Cancún–, según documenta el informe de Greenpeace.
Un ejemplo es Novo Carthago, que la promotora tiene proyectado para Cartagena, Murcia. A pesar de la profusa publicidad que tuvo el proyecto, ahora parece semiparalizado, como lo comprobó este semanario en un recorrido por la zona: en medio del humedal y entre banderines promocionales destrozados, lo único que se encontró fue la oficina de ventas.
El enorme predio está en el costado sur del Mar Menor, la mayor laguna litoral de España, separada del Mediterráneo por La Manga, un cordón litoral de
Novo Carthago no es el único proyecto que parece sufrir las consecuencias del desplome del sector inmobiliario en España: lo mismo se ve en desarrollos vecinos, con fastuosas residencias que no se venden y calles con servicios y equipamiento que terminan en el humedal... todo en el semiabandono.
En el recorrido por las cercanías de Novo Carthago, un desarrollo vecino abandonado tiene como emblema un enorme caballito de mar hecho de metal. Es irónico, dice el ecologista Pedro García, y asegura con sorna que “debe ser el último, porque en el Mar Menor esa especie prácticamente desapareció, principalmente por la construcción de estas urbanizaciones”.
Pedro García es el director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) que opera en Murcia; junto con activistas de Greenpeace guía al reportero por una parte de las
En la zona aún es posible ver gran diversidad de especies, sobre todo aves que “se verían afectadas de iniciarse la edificación del proyecto”, explica García.
–¿El proyecto está detenido? –se le pregunta.
–Suponemos que sí por la crisis del sector inmobiliario, que es un modelo que muestra claros signos de agotamiento. Adicionalmente, para empezar a construir necesitan autorización del gobierno regional de Murcia, que está supeditada a que restauren parte del humedal, que es un paisaje natural protegido donde tienen proyectado uno de los campos de golf. Sólo la restauración del predio costaría más de 20 millones de euros.
La Anse presentó un recurso contencioso administrativo contra Novo Carthago ante el Tribunal Supremo de Justicia de Murcia –aún sin resolver– por el incumplimiento de la declaración de impacto ambiental y porque la recalificación del predio podría ser ilegal.
Hansa Urbana ha estado metida en controversias desde que anunció Novo Carthago, en junio de 2002. Primero fue la poca claridad en los procedimientos con los que en agosto de 2004 las autoridades locales aprobaron la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que afecta las
La Fiscalía del Tribunal Superior de Murcia abrió una investigación a Novo Carthago tras saberse que su campo de golf se construirá en un paraje protegido por la Unión Europea como Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario. La investigación abierta en 2007 también pretende averiguar si hubo alguna ilegalidad en la recalificación de los terrenos.
El informe Destrucción a toda costa 2007, que Greenpeace elabora anualmente desde 2001 para documentar los desarrollos urbanísticos que cubren el litoral español, ya denunciaba que la Caja de Ahorro del Mediterráneo concedió un préstamo a la inmobiliaria por 95 millones de euros para comprar
Los problemas no acaban ahí para los propietarios de Hansa Urbana. El pasado mayo, Rafael Gálea fue llamado a declarar en calidad de imputado, ya que existen “indicios racionales” de su participación en delitos contra la hacienda pública española y en falsificación de documentos. La cuantía de los ilícitos superaría los 6 millones de euros, documentó la organización ecologista.
El caso parte de una denuncia presentada en octubre de 2009 por la Agencia Tributaria por presuntas irregularidades en una operación de compra-venta de un terreno en la playa de San Juan, Alicante. Los inspectores fiscales creen que Hansa Urbana cobró indebidamente la devolución del IVA por este negocio y que utilizó documentos falsificados para encubrir la operación.
–¿Qué opinión te merece que después de los antecedentes en Cartagena se le haya autorizado un proyecto en México? –se le pregunta a Pedro García.
–Lo veo como un soberano disparate. Antes de autorizar el proyecto Cabo Cortés, las autoridades de México debieron echar un vistazo a lo que Hansa Urbana ha depredado en España.
Y agrega una puntualización: “Estamos hablando de que Novo Carthago equivale a una extensión que cubrirían mil campos de futbol, y Cabo Cortés equivale a 7 mil campos de futbol. Sería una catástrofe para la biodiversidad si echan a andar eso en México.
“Es un intento de trasladar el disparate del modelo de ladrillo de la costa mediterránea española a un país en el que probablemente no van a tener tantos impedimentos como aquí”, acusa García.
Sin tropiezos
En el afán del gobierno calderonista de atraer inversión extranjera, los entonces titulares de Turismo, Rodolfo Elizondo, y del Fonatur, Miguel Gómez Mont, organizaron en México una serie de actos donde fue presentado el proyecto Cabo Cortés. Uno de ellos se celebró en noviembre de 2007 y lo encabezó Juan Camilo Mouriño cuando era encargado de la oficina de la Presidencia de la República, y varios inversionistas españoles buscaban un acercamiento con él, hombre de toda la confianza de Calderón.
Cuatro meses después, el 7 de febrero de 2008, Calderón dio el visto bueno al proyecto y la Semarnat fue la primera en responder al autorizar la MIA de Cabo Cortés. El 22 de septiembre de 2008, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental otorgó esa autorización a la filial mexicana de la empresa española Hansa Baja Investments.
Una instancia superior agilizó la autorización, pese a que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) emitió una opinión negativa sobre el informe de impacto ambiental presentado por Hansa Baja Investments. Igualmente la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial señaló la inviabilidad legal del proyecto dado que contraviene tanto el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos como programas sectoriales y otras legislaciones, afirma Greenpeace.
No obstante, a consecuencia de los recursos de revisión interpuestos por organizaciones ecologistas, casi dos años después, el pasado 17 de agosto, la Semarnat anunció que “se modificará” la autorización de impacto ambiental del proyecto, “a fin de no causar afectaciones a la zona arrecifal de Cabo Pulmo”, dijo el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, Mauricio Limón Aguirre, según el comunicado de la dependencia, dicho que fue recogido por diversos medios en el sentido de que el proyecto se “suspende temporalmente”.
En la XVII Sesión del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte, el subsecretario Limón consideró importante “contar con más elementos, particularmente vinculados con los programas de ordenamiento ecológico y municipal”, que serán analizados por su subsecretaría y por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia.
El comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Luis Fueyo McDonald, en un comunicado, reconoció que aunque el estudio presentado en 2008 por la inmobiliaria “cuenta con elementos que cumplen con lo que marca la ley ambiental”, en cuanto a las colindancias con Cabo Pulmo “hace falta información más detallada, científica, en relación con los problemas de corrientes, la dispersión de los sólidos en suspensión de la columna de agua, los cambios estacionales de la temperatura”, elementos que deben ser “incorporados en la revaloración”.
Aunque el anuncio fue bien visto por ecologistas consultados después de hacerse público el comunicado gubernamental, se mantienen cautelosos para que esta medida no se convierta sólo en una “lavada de cara”, porque no se ha aceptado que el proyecto de impacto ambiental de la empresa contiene información dolosa o falsa, y recordaron que la Semarnat aún tiene que responder a los dos recursos, porque esta declaración no los exime de cumplir con ello.
Pese a la presión de los ecologistas desde 2008, uno de los secretarios más cercanos a Calderón, Juan Molinar Horcasitas, como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), firmó la concesión para la construcción y operación de una marina en Punta Arena.
Mediante escritos de fechas 20 de abril, 13 y 28 de mayo de 2009, la inmobiliaria había solicitado el permiso de concesión por adjudicación directa para el uso, aprovechamiento y explotación de bienes de dominio público de la Federación, para la construcción y operación de dicha marina. En un plazo récord, antes de un año, Molinar ya había firmado la aprobación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2010.
No frenó el apoyo gubernamental a este proyecto el hecho de que el periódico La Jornada publicara, el 3 de noviembre de 2008, un presunto caso de corrupción de John McCarthy, director de Fonatur en el sexenio de Fox y subalterno de Rodolfo Elizondo. Mediante un seguimiento de correos electrónicos, el diario documentó que el funcionario se involucró en la compra del predio El Rincón para el proyecto Cabo Cortés a favor de la sociedad filial GRE-Hansa Investments... y sus “honorarios” ascendieron a 1 millón 550 mil dólares.
El 13 de noviembre de 2008, en carta dirigida al periódico Tribuna de Los Cabos, la promotora española negó cualquier relación con McCarthy. Nueve días antes ese rotativo había publicado que después de la presentación del proyecto Cabo Cortés en un acto de Fonatur, el 8 de octubre de 2008, McCarthy y Rafael Gálea tuvieron una reunión en la Ciudad de México con el gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, para darle a conocer los detalles del desarrollo turístico.
Sin embargo, para Elizondo todo eran “especulaciones” y pidió a “los detractores” de McCarthy que llevaran las pruebas a “(la secretaría de la) Función Pública” porque “no soy yo la persona que va a juzgar a un funcionario público si hizo o no las cosas bien”.
Victoria Schussheim, “Excélsior” y el cardenal Rivera
Miguel Ángel Granados Chapa
Victoria Schussheim escribía en el “nuevo” Excélsior desde hace cinco años, cuando lo adquirió el señor Olegario Vázquez Raña, en una operación que está todavía sub júdice porque los cooperativistas que fueron los dueños han denunciado como fraudulenta esa compraventa. Antropóloga, traductora, editora y chef sobresaliente, Victoria escribía cada semana su columna El hilo negro, aparecida en la sección Comunidad de aquel diario.
El miércoles 11 de agosto su texto fue rechazado. Se refería a la declaración del cardenal Norberto Rivera Carrera sobre el fallo de la Suprema Corte que declaró constitucional la reforma al Código Civil que definió el matrimonio no ya como la unión de un hombre y una mujer, sino como la de dos personas, lo que abrió la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo. “Aberrante”, dijo el arzobispo primado de México de esa sentencia, y sobre esa calificación construyó la autora su argumento contrario a la posición del purpurado.
El motivo para no publicar su columna, es decir para censurarlo, parece benévolo o inocuo. Se le dijo a la escritora que por política de la empresa “no aceptaban que un colaborador criticase a otro”, y que Rivera Carrera escribía habitualmente en la sección editorial, sólo que por ahora estaba en receso, pero “pronto volvería a escribir”.
Un espíritu libertario como el de Victoria Schussheim no toleró la censura y abandonó las páginas del diario que de ese modo le expresó irrespeto a ella y a la libertad de expresión. Como un modo de derrotar esa cerrazón, con autorización de la afectada reproduzco en estas páginas lo que los lectores de Excélsior no pudieron conocer. La columna se titula Yo aberro, tú aberras, y dice así:
«... Pero viera usted qué tal aberra él, el arzobispo primado de México, el del cabello milagrosamente ennegrecido por obra y gracia de L’Oreal, Norberto Rivera. “Aberrar”, que suena feísimo como verbo, sobre todo si uno lo conjuga (cosa que, según la Real Academia, tiene pleno derecho a hacer), quiere decir, simplemente, “Desviarse, extraviarse, apartarse de lo normal o usual”. Y “aberrante”, por lo tanto, no es algo tremendo, terrible, inspirado por el maligno, sino simplemente “diferente”. De modo que Newton, Galileo y Einstein eran “aberrantes”. Y Picasso, El Greco o Goya, por mencionar sólo algunos españolitos, también. Y Jesús... bueno, Jesús ni se diga. Él sí que se desvió de lo que era normal y usual en sus tiempos. Tanto que lo crucificaron.
«Y el que anda crucificando ahora, en nombre de lo que decidió que es “la” moral, y que escasamente, si acaso, tal vez sea “su” moral, es Rivera. Mire algunas de las cosas que dice: “Estas ‘uniones de facto’ o legaloides... son intrínsecamente inmorales. Falsos derechos”, afirma, frente a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reconocer la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo.
«Tengo que repasar la Constitución. ¿No era éste un país laico? ¿Y “laico” no quería decir “Independiente de cualquier organización o confesión religiosa”? ¿Por qué entonces una organización religiosa ataca las decisiones de una de las tres ramas del gobierno? ¿Qué diríamos si el Dalai Lama opinase al respecto? ¿O, sin ir tan lejos, si lo hiciese un rabino mexicano, o hasta un evangelista?
«Y, sobre todo, ¿por qué dice tales sandeces a nombre de la propia institución a la que pertenece? ¿Cómo podemos aceptar que afirme que nuestro máximo tribunal efectúa “un ataque a la familia con ‘intereses oscuros’, que pretenden orillar al país ‘herido por la violencia y la descomposición social, a su ruina’?”.
«¡Mofles! Las bodas gay y las decapitaciones entre narcos al mismo nivel. Cosas veredes, Sancho.
«Y eso no es todo, qué va. Resulta que (como se habla de adopción) se trata de “conceder falsos derechos que, por si fuera poco, afectarán a niños inocentes, a quienes se les negará el derecho de tener un padre y una madre para su adecuado desarrollo moral y psico-afectivo” (el guión por cortesía del purpurado, o a lo mejor del periodista, sepa).
«Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Feamente. Al margen de que yo no soy quién para saber si el adecuado desarrollo moral y etcétera depende de tener un padre y una madre (tampoco creo que sea Rivera quien tenga al respecto la última palabra), resulta que en este bendito país nuestro un porcentaje in-men-so de la población no tiene padre. Casi literalmente. Por lo menos no padre conocido, ni padre que viva en contacto con sus hijos. O porque nunca dio la cara, o porque se largó, o porque tiene otra familia. O, si acaso, porque se fue de ilegal. Resulta entonces que toda esa gente, esos millones y millones de mexicanos, no han tenido el desarrollo moral y psicoafectivo correspondiente.
«Qué notable. ¿Cómo le habrá hecho el propio cardenal para desarrollarse tan bien en ausencia de padre? Porque el suyo, que se llamaba Ramón, se fue a Estados Unidos a trabajar para poder mantener a la familia. O al menos eso dice su ficha de Wikipedia (en inglés). ¿Hablará por la herida? ¿Será él también, pobrecito, alguien “herido por la violencia y la descomposición social”?»
No fue Rivera Carrera el único cardenal que acusó el golpe de la Corte. Lo hizo con más fiereza el arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez. No contento con descalificar la decisión del tribunal constitucional, se lanzó contra sus autores. Dijo que el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard e ignorados “organismos internacionales” habían “maiceado” a los ministros para que se manifestaran como lo hicieron. El ponente en el procedimiento judicial, Sergio Valls, rechazó con rudeza la insinuación insidiosa del clérigo nacido en Yahualica, y en una suerte de voto de censura sus compañeros hicieron suyo el agravio y el rechazo. Pero no fueron más allá. En cambio, Marcelo Ebrard inició una acción civil contra el lenguaraz cardenal (y contra el vocero de Rivera Carrera, el sacerdote Hugo Valdemar que tuvo la desvergüenza de considerar que la reforma al Código Civil hace más daño a la sociedad que el narcotráfico).
Pero, con toda la gravedad del insulto que Sandoval Íñiguez asestó a los miembros de la Corte y al jefe del Gobierno del DF, afirmaciones del cardenal sobre el sector social directamente beneficiado con la reforma de marras son más dañinas y peligrosas. En tono desdeñoso, de mofa abierta, se refirió a “lesbianas y maricones”, y con criterio aldeano adivinó que los hijos adoptivos de personas pervertidas como son los homosexuales serán inexorablemente pervertidos como sus padres, porque los verán realizar “sus prácticas” y no sabrán a quién llamar mamá y a quién papá.
El torpe criterio así expuesto cae muy claramente en los supuestos de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La fracción XXVII de su artículo 9 establece claramente que “incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o la exclusión” es un acto discriminatorio. Por ello, el órgano encargado de aplicar esa ley, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Conapred, inició una investigación a partir de quejas recibidas al respecto.
No irá muy lejos en su indagación, y menos aún en el establecimiento de medidas correctivas, no sólo porque el cardenal es incorregible, sino porque la ley no cuenta con dispositivos para sancionar a los bocones, salvo su exhibición como tales ante la sociedad.
De cualquier modo, por escaso que sea el alcance de la intervención del Conapred, lo que pueda hacer al respecto enseñará a Sandoval Íñiguez que no puede denigrar a persona alguna por su preferencia sexual porque no faltan fanáticos que oyendo las descalificaciones cardenalicias las traduzca en hechos, en agresiones contra sus destinatarios. No se tolere que el arzobispo de Guadalajara predique la homofobia. l
Berrinche del obispo y silencio de la Segob
Marta Lamas
¿Qué significa que personas que poseen un alto capital cultural por sus cargos eclesiásticos violen la ley y recurran al insulto antes que a la controversia razonada? Mi hipótesis es que están totalmente condicionados por dos características negativas de la institución a la que representan: arrogancia e ignorancia.
El Vaticano no cree en la autonomía de los ciudadanos y, por lo tanto, no respeta las decisiones políticas y judiciales que se apartan de sus dogmas. Además, el catolicismo prohíbe y condena el comportamiento sexual y reproductivo que escapa a sus reglas, y no es casualidad que este ámbito de la existencia sea donde la autonomía personal cobra más sentido. La soberanía sobre el propio cuerpo es, a fin de cuentas, el principio de la libertad.
Pero para la religión católica la libertad no consiste en que cada quien tenga la posibilidad de discernir lo que le parezca correcto o bueno y luego actuar en consecuencia (usando entre otras cosas su cuerpo), sino que la libertad se reduce a elegir entre las opciones que el Papa en turno declara como buenas o correctas. Por eso un puñado de curas misóginos, que supuestamente no tienen vida sexual ni reproductiva (¡han hecho voto de castidad!), se arrogan el deber de suplantarnos en la toma de decisiones cruciales como son el matrimonio y la formación de una familia. ¡Híjole!
La Iglesia tiene autoridad moral para guiar las decisiones de quienes voluntariamente se reconocen en sus dogmas. Pero no para intervenir en asuntos públicos que afectan a toda la ciudadanía: México es un Estado laico y no toda la ciudadanía es católica. Además de padecer su constante prédica, muchos ciudadanos nos sentimos agraviados porque los recientes desplantes eclesiásticos son una ilegalidad y ofenden a la instancia mayor de justicia de la nación, así como a quien hemos elegido para que nos gobierne en la Ciudad de México. Una cosa es que, bajo la garantía de “libertad de creencias”, se permita a la Iglesia ejercer su ministerio, y otra muy distinta tolerar los berrinches ofensivos, antidemocráticos e ilegales de la jerarquía católica.
Al principio mencioné dos características negativas de esta institución: arrogancia e ignorancia. Carlos Pereda (en su libro La razón arrogante) señala que la arrogancia es un mecanismo para defender jerarquías que se consideran indiscutibles. Como expresión del pensamiento cerrado, como desprecio por la razón de los otros, la arrogancia conduce al prejuicio. “Por eso en la arrogancia se conforma uno de los dispositivos más eficaces de inmunización en contra de las reales o posibles interpelaciones del otro. Porque la o el arrogante se consideran demasiado por encima de quienes lo cuestionan para vacilar y ponerse a discutir, a dar razones, a ofrecer argumentos”. Así, la persona arrogante se autoafirma al discriminar lo que no entiende o desconoce. Creo que eso sucedió a estos emisarios del Vaticano: sin argumentos y ciegos de arrogancia, perdieron los estribos.
La Iglesia católica, que pretende ser maestra de moral y trata de difundir sus creencias en la esfera pública, no puede ponerse al margen de las reglas democráticas, especialmente de la más básica para la convivencia: respetar al adversario. En México miles de personas que viven su religiosidad como fe íntima discrepan de las conductas de muchos funcionarios eclesiásticos y se asquean ante el envilecimiento de algunos. La religión no debe confundirse con los fundamentalismos de derecha, ni con el arcaísmo de sus dogmas, ni con la perversión sexual o las bravuconadas de algunos de sus representantes.
Los ciudadanos Sandoval Íñiguez y Valdemar ejemplifican la intolerancia católica, que se funda en una manera de concebir la libertad humana y que es incompatible con aquella que se establece en democracia. Y la pregunta que debemos hacernos es si resulta sensato para una sociedad democrática tolerar a los intolerantes. Poner un límite a las barbaridades humanas de la Iglesia católica no es impedir que la gente que comparte sus dogmas se reúna libremente a celebrar sus creencias.
No debemos engañarnos: El debate de estos días (y el que vendrá en los que siguen) no es entre quienes defienden el derecho de lesbianas y homosexuales a casarse y formar una familia, y quienes están en contra de ello. Es entre quienes están convencidos de poseer la Verdad e intentan imponerla al conjunto de la población, y quienes, en cambio, creen que todos los seres humanos tenemos la capacidad de discernir qué tipo de vida queremos llevar. En otras palabras, lo que saca de quicio a Sandoval, Valdemar y sus correligionarios es que el Estado reconozca a los ciudadanos autonomía para tomar sus decisiones. Por eso lo que ahora está en disputa es el lugar de la Iglesia católica en el espacio público.
Pero el punto crucial es otro: ¿Va el gobierno a frenar a los funcionarios católicos que intervienen mañosamente en la vida política del país? ¿Cómo va a responder Gobernación a estas ilegales intervenciones de representantes de otro Estado, que incluso tiene representación diplomática en nuestro país? ¿Se los ignorará o se los llamará a cuentas mediante la ley? Hasta el momento en que entregué este artículo, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de Gobernación seguía callada. l
Sistemáticos, los excesos del Ejército
Jesús Cantú
El análisis de las recomendaciones 36 y 45, emitidas este año por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en referencia a la muerte de los dos menores Almanza Salazar y de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, deja claro que en ambos casos los efectivos del Ejército que participaron cometieron los mismos agravios: alterar la escena del crimen –todo indica que para encubrir su responsabilidad en los acontecimientos–; sembrar evidencias para pretender involucrar a las víctimas como miembros de las organizaciones criminales o, al menos, modificar el rumbo de las investigaciones; y entorpecer las investigaciones del ómbudsman nacional.
La existencia de conductas similares en dos hechos distintos, no muy separados en el tiempo, pero sí realizados por efectivos pertenecientes a dos zonas militares diferentes, siembra la sospecha de que se trate de una política general y no de un comportamiento personal anómalo de los involucrados.
Particularmente la recomendación 45, relativa al asesinato de los dos estudiantes, es demoledora respecto a la siembra de evidencias por parte del Ejército, pues utilizando los mismos documentos de la Sedena demuestra que los militares colocaron a los estudiantes las armas que previamente habían recogido a los delincuentes.
Al respecto, la recomendación señala: “en el correo electrónico de imágenes anexo al informe de la autoridad responsable, AR13, comandante de la VII Zona Militar en Nuevo León, refirió que una vez terminado el enfrentamiento contra miembros de la delincuencia organizada se llevó a cabo la inspección del vehículo marca Yukón color gris, dentro del cual se encontró lo siguiente: (…) un fusil automático, calibre .308, de la marca Century Arms, modelo Cetme Sporter, matrícula borrada; así como una carabina, calibre .223-5-
Y más adelante indica: “…en el acta de fe ministerial e inspección cadavérica realizada por el Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, consta que Javier Francisco Arredondo Verdugo tenía sobre su miembro superior derecho un arma de fuego tipo fusil, en color negro con verde y correa negra, contando con cargador metálico, sin presencia de cartuchos, no observándose el número de serie o marca de la misma. Por su parte, Jorge Antonio Mercado Alonso tenía en su miembro superior izquierdo …un arma de fuego metálica en color negro, calibre 223, modelo XM15-E2S, de la marca Bushmaster y con matrícula L262834”.
La recomendación concluye: “…del informe rendido por el comandante de la VII Zona Militar se desprende que las dos armas encontradas dentro de la camioneta, cuando se realizó su revisión por los elementos militares, son las mismas que aparecieron en los brazos de ambos estudiantes al momento de la fe ministerial de inspección cadavérica, aun cuando con el mencionado video ha quedado demostrado que no viajaban en la camioneta, iban saliendo del campus y no portaban armas, lo que permite advertir que estas fueron colocadas con el propósito de alterar la escena de los hechos”.
En el caso de la familia Almanza Salazar las evidencias surgen de declaraciones contradictorias. Los dos elementos más relevantes son la ubicación de la camioneta Tahoe en que viajaban los dos menores fallecidos, Martín y Bryan Almanza Salazar –se halló entre dos camionetas ocupadas por integrantes del crimen organizado–, y los impactos de bala que le propinaron en la parte delantera para simular que la misma se encontraba en medio del fuego cruzado.
Respecto a la ubicación de la camioneta, el documento de la CNDH señala: “…en el correo electrónico de imágenes número 13018, del 5 mayo de 2010, emitido por AR3, que aparece como anexo al informe de la Secretaría de la Defensa Nacional rendido mediante oficio DH-V-5030 ante esta Comisión Nacional, se manifestó lo siguiente:
“…5. Al término de la agresión se efectuó la revisión del lugar de los hechos, ubicándose tres vehículos, en el orden que se citan, localizando en su interior:
“a) Un agresor muerto (sin identificar) de sexo masculino, con vestimenta tipo militar, en una camioneta color azul; b) Una persona del sexo masculino con heridas en las piernas, en una camioneta tipo Tahoe color negro, quien se identificó como V6, indicando que venía procedente de Nuevo Laredo, con destino a Matamoros, Tamaulipas, y que lo acompañaba su familia; localizándose también en el interior del vehículo, en la parte posterior, el cuerpo sin vida del menor Martín Almanza Salazar, quien falleció en estos hechos, y c) Un agresor muerto (sin identificar) de sexo masculino, con vestimenta tipo militar, en un vehículo color rojo.”
Sobre el particular, la recomendación asienta: “…esta Comisión Nacional observó que se realizaron maniobras para alterar el sentido de las investigaciones, lo cual se puede advertir de los testimonios de T2 y T3 (identificación de los testigos, para proteger su identidad), del 9 de mayo de 2010, quienes manifestaron que una vez que recibieron el llamado por radio de V1 (identificación de Martín Almanza Rodríguez, padre de los menores, quien conducía el vehículo), de que la camioneta en que viajaban había sido baleada por efectivos militares, se trasladaron al lugar de los hechos, arribando aproximadamente a las 21:30 horas del 3 de abril de 2010, observando en dicho lugar sólo la camioneta Tahoe, color negro, con las luces intermitentes prendidas, a la que identificaron plenamente como la unidad propiedad de V1, y al cuestionar a los militares sobre los pasajeros, éstos les indicaron que los lesionados ya habían sido trasladados para su atención médica a Miguel Alemán, por lo que se dirigieron a los nosocomios de esa localidad (…) al regresar a Nuevo Laredo y cruzar por el puente el mismo lugar, aproximadamente a las 23:30 horas del 3 de abril de 2010, advirtieron (…) que la camioneta de V1 estaba en medio de una camioneta pick up azul y un vehículo rojo”.
(En otros documentos del Ejército referentes al aseguramiento de camionetas se observa que se ha procedido exactamente igual que en el caso anterior: los bienes que decomisan a los criminales los utilizan para alterar la escena del crimen y modificar el sentido de las investigaciones.)
También, para simular que la familia fue víctima del fuego cruzado, una vez que los heridos y los cuerpos habían sido retirados los soldados dispararon contra el parabrisas y el cofre de la camioneta, por lo que la recomendación de la CNDH señala: “…en relación con los impactos que presenta en el frente la camioneta, cabe agregar que los mismos no coinciden con la narrativa de las víctimas y, además, en el dictamen pericial de la Comisión Nacional se indica que, en relación con los orificios de arma de fuego descritos en el asiento delantero derecho, es posible establecer que el disparador o victimario se encontraba por afuera y al frente del vehículo en estudio; asimismo, que este lugar no se encontraba ocupado por persona alguna, con base en la ausencia de maculaciones de fluidos biológicos (manchas hemáticas o de tejidos blandos), por lo que muy probablemente fueron realizados una vez que la camioneta estaba desocupada”.
En ambos casos, al inicio de las recomendaciones, la CNDH hace una observación casi idéntica, y en el de los estudiantes señala: “Ahora bien, este organismo protector de derechos humanos considera necesario hacer evidente que durante la investigación del caso materia de esta recomendación existieron obstáculos y falta de colaboración por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien negó parcialmente la información solicitada para el esclarecimiento de la verdad histórica de los hechos”.
Así, de acuerdo con las recomendaciones de la CNDH, los comportamientos y los encubrimientos son muy similares, pese a que se trata de casos, elementos y zonas militares distintos, e inclusive de instancias diversas (la Procuraduría General de Justicia Militar y la Sedena), con lo cual es más difícil atribuir las violaciones de derechos humanos a errores o excesos humanos… l
Claroscuros de la Cofetel
Ernesto Villanueva
En las últimas semanas se ha discutido mucho y razonado menos sobre la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y sus resoluciones. Es difícil separar las diversas visiones ideológicas cargadas de adjetivos, identificar los intereses políticos en juego y precisar cuáles son realmente los problemas existentes desde la perspectiva legal. Por eso se antoja necesario desentrañar la madeja.
Primero. El punto de partida del intercambio de posiciones fue el debate sobre la naturaleza jurídica de la Cofetel. ¿Es o no autónoma? Las respuestas fueron maniqueas. Lo cierto es que depende de qué se entienda por autonomía. Si ésta significa independencia para la emisión de resoluciones, sin duda alguna la Cofetel es autónoma. Pero si como autonomía entendemos, además, personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propios, la respuesta es negativa.
La Cofetel es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de suerte que por mandato de ley tiene una dependencia y vinculación orgánica a la propia SCT. Debería, por supuesto, contar con un amplio margen de autonomía, como sucede, por ejemplo, con la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Ese, sin embargo, no es el caso.
La Suprema Corte de Justicia hizo una clara distinción. En el IFAI, que es un organismo descentralizado, es válida la participación del Senado en la designación de sus comisionados. No ocurre lo mismo con la Cofetel porque en realidad es un organismo de apoyo a la SCT y, por esa misma razón, tiene la figura de desconcentrado.
Segundo. El siguiente aspecto que generó discusiones hasta generar un clima de crispación fue la designación de Mony de Swaan, primero, como comisionado y, después, como presidente de la Cofetel. Sobre este tema ha habido varias acciones que llaman la atención. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión citó al titular de la SCT para que, el 10 de agosto pasado, le explicara su apoyo a De Swaan. Le recriminó la falta de imparcialidad y la existencia de muchas personas con mayores prendas profesionales que De Swaan. Aunque el Congreso tiene razón en sus percepciones y calificaciones, su acción carece de relevancia jurídica.
Es evidente la cercanía del titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, con De Swaan, pero ello no constituye ninguna violación a la ley. De igual forma, el 4 de agosto la Comisión Permanente aprobó iniciar una controversia constitucional contra el Ejecutivo federal con el argumento de que la designación del presidente de la Cofetel se hizo “en absoluta contravención a lo que establece el artículo
El artículo
Tercero. La gota que derramó el vaso fue la licitación 21 respecto a la frecuencia de 1.7 GHz, donde fue beneficiada la alianza Televisa-Nextel. Esta frecuencia corresponde a lo que se denomina “sistema universal de telecomunicaciones móviles”, también identificado como de tercera generación.
La primera generación fue la que permitió el nacimiento de los teléfonos celulares sin servicio de roaming; la segunda implica la comunicación digital, con capacidad de envío de mensajes SMS y roaming mundial; la tercera generación, adicionalmente, tendrá como base el uso de internet a alta velocidad (incluso superior a 2 Mbps), lo que facilitará ofrecer también contenidos.
En la tercera generación, por ejemplo, la popularización de los sistemas de voz sobre IP (como skype o vonage) es una realidad, lo que representa una reducción de los precios y un incremento del mercado. Aquí el primer problema residió en la forma de asignación, pues la Cofetel dispone de un amplio margen, discrecional, para diseñar las bases o reglas del juego sobre quiénes pueden intervenir en la licitación. El 1 de septiembre del 2009, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) había señalado como límite a la concentración en el espectro de servicios de telecomunicaciones móviles 80 MHz, y ello fue aceptado por la Cofetel.
Cuarto. La Cofetel decidió elaborar las bases por bloques nacionales de 30 MHz. Este hecho impidió a los concesionarios de celular actuales participar en este proceso licitatorio porque habrían rebasado los límites permitidos. Hubiera sido distinto si los bloques hubieran sido de 20 o 15 MHz. En este clima de suspicacias, fue impertinente que la Cofetel hubiera clasificado como reservado por 12 años el documento denominado “Criterios de la Comisión Federal de Telecomunicaciones en Materia de Planeación y Acumulación de Espectro para las Licitaciones 20 y
¿Por qué es importante conocer el documento? No sólo por el derecho a saber de los gobernados, sino porque si bien es cierto que la elaboración de las bases es discrecional, también lo es que la Cofetel debió observar, como todo acto de autoridad, el principio de legalidad; esto es, hallarse fundado y motivado para evitar que no se le considere arbitrario y, por lo tanto, inconstitucional.
El hecho es que de la lectura del contenido de la licitación podría desprenderse que la autoridad jurisdiccional competente la declarara nula en caso de que fuese presentada la promoción correspondiente. La semana pasada el IFAI revocó el acuerdo de clasificación y ordenó la entrega de la información solicitada. Por lo pronto, es de esperar que integrantes de la Cofetel presenten una demanda de amparo para evitar entregar la información. Seguramente el solicitante hará lo propio para hacer valer la resolución del IFAI.
En descargo de la Cofetel, es importante aclarar que el monto de 180 millones de pesos que se estableció como base no fue una decisión del órgano regulador, sino de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene atribuciones para hacerlo. ¿No debería el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, informar por qué se asignó ese precio por la frecuencia licitada?
Quinto. El asunto es más sencillo de lo que se ha querido presentar. Lo que ahora ha pasado con la asignación a Televisa-Nextel no es culpa de estos grupos. Ellos no fijaron las bases, ni menos todavía se otorgaron la concesión. El problema reside en el diseño institucional del Estado mexicano que permite estos actos de autoridad revestidos de legalidad. De pena ajena fue que el Congreso haya citado a comparecer al titular de la SCT y a los comisionados de la Cofetel para saber por qué apoyaron a De Swaan como presidente. Esto último incluso va más allá de lo que dispone la ley.
Más que espectáculos mediáticos, lo que debe hacer el Congreso de la Unión es legislar en la materia para satisfacer el interés público dando a la Cofetel autonomía constitucional o al menos legal. Asimismo, deben establecerse las debidas salvaguardas para que haya transparencia sobre el sentido de los votos de los comisionados de la Cofetel, sentido que debería ser público. También es preciso que se publiciten las rondas en los procesos de licitación justo a su término para crear verdaderos contrapesos de vigilancia. Si en realidad los legisladores tuvieran compromisos con el país, esta experiencia debería servir de lección para hacer las reformas legales pertinentes con el fin de que no se repita lo ocurrido. l
evillanueva99@yahoo.com
Acerca de Gutiérrez Vivó: la persecución continúa
De Jesús Ortega Mendoza
Señor director:
Leí la entrevista titulada Gutiérrez Vivó: la persecución continúa, firmada por Jenaro Villamil en Proceso 1763. Como extrabajador de Diario Monitor, no me queda más que hacer las siguientes aclaraciones.
1) Gutiérrez Vivó no se encuentra en un autoexilio. Sigue moviéndose con toda libertad por México sin ser acosado por ninguna autoridad; muestra de ello es que, en la primera mitad de 2010, estuvo dirigiendo la mudanza de los últimos bienes que le quedaban en el local que ocupó Diario Monitor en la colonia Doctores del Distrito Federal.
2) Gutiérrez Vivó evade el tema de los adeudos que mantiene con los trabajadores del rotativo, a los que debe cuatro quincenas, el aguinaldo de 2008 y la liquidación de ley por el cierre de la empresa el 15 de febrero de 2009.
3) Hasta donde sé, nadie puede pedir asilo en ningún país si mantiene pleitos judiciales en su nación de origen, que es el caso de Gutiérrez Vivó, quien ha sido demandado por personas físicas y morales por no pagar sus deudas.
4) No conozco a fondo la situación por la que pasó Radio Monitor, pero en lo que toca a Diario Monitor los trabajadores nunca percibimos algún asomo de presión gubernamental, salvo el presunto embargo que sufrió el periódico poco antes de cerrar, y que estaba justificado porque Gutiérrez Vivó no pagaba sus deudas con la Secretaría de Hacienda.
5) A varios compañeros de Diario Monitor los han llamado a sus casas para cobrarles créditos que ya fueron pagados. Lo que pasa es que Gutiérrez Vivó no transfirió el dinero, como marca la ley, a las instituciones como Infonavit o Fonacot, lo cual es un fraude. Es decir, se quedó con el dinero.
Me extraña que su reportero no tenga el mínimo rigor periodístico y no investigue cuál es la verdadera situación que existe en este problema; que sólo entreviste a Gutiérrez Vivó y no a los trabajadores de Diario Monitor para conocer nuestra versión del fraude del que hemos sido víctimas.
Atentamente
Jesús Ortega Mendoza
Extrabajador
de Diario Monitor
Respuesta del reportero
Señor director:
Sirva la presente para agradecer las puntualizaciones que hace el extrabajador de la empresa Monitor, así como para asegurarle que, en la próxima oportunidad, será incluida la información que pueda documentarse sobre sus afirmaciones.
Atentamente
Jenaro Villamil
Preguntas para el cardenal Sandoval
Señor director:
Señor director:
Pongo a su consideración la presente carta, que deseo titular Preguntas para el cardenal Sandoval, confiado en que merecerá su aprobación para publicarla en Palabra de Lector.
¡No es creíble! Esto es lo menos que se me ocurre decir tras escuchar la soberana estupidez pronunciada por uno de los más altos jerarcas de la Iglesia católica mexicana, el cardenal Sandoval Íñiguez.
Consecuentemente, como católico que he sido, le pregunto:
–¿Acaso pronunció las mismas sandeces cuando se enteró de que en otros países se autorizaron adopciones por parejas del mismo sexo?
–¿Habrá siquiera pensado que los “niños de la calle”, así como los menores abandonados en hospicios y albergues, fueron engendrados por parejas homosexuales?
–¿Sabrá de algún niño o niña en adopción de alguna pareja homosexual, de cualquier nacionalidad, que se queje de
su situación, para documentar su estulta afirmación?
–¿Habrá caído en cuenta de que los homosexuales fueron engendrados por parejas heterosexuales?
–¿Será peor, a juicio del “insigne” cardenal, que un menor encuentre cobijo en un “hogar homosexual” a que sea víctima de un cura pedófilo?
–¿Tendrán respuestas el cardenal o sus patrones en el Vaticano para las preguntas anteriores?
No lo creo, pero ojalá me equivoque.
De otra manera, cobrará mayor vigencia el apotegma de Tito Monterroso: “El cristianismo es tan bueno, que en 2 mil años la Iglesia católica no ha podido acabar con él…”.
Atentamente
Leonardo Ffrench Iduarte
Embajador de México, de carrera, jubilado
Cuernavaca, Morelos
