Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 29 de agosto de 2010
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Shalalá
...o los efectos de escuchar varias veces El futuro es milenario, para mejor introyectar el ideario calderonista
Colaborador Invitado
(29 agosto 2010).- Pável Granados
Con un cheque de hule perdí el estilo,
para colgar las guantes bastó el silbido.
Pero que no rumoren que fui un vendido,
ora que me coronen, que estoy bendito.
Cuando en la lona estás, nadie está contigo,
tres metros bajo tierra sólo hay olvido.
Jaime López, "Nocaut"
A. Aforismos para debatir en Twitter -desde el solipsismo- con Aleks Syntek.
I. ¿El vacío (la letra de Jaime López) es capaz de llenar el vacío (del discurso calderonista)?
II. Entrar a la mística de la celebración es repetir -sin analizar- los versos de Jaime López.
III. Y analizar la letra es salir automáticamente de la discusión (o cancelar la cuenta de Twitter).
IV. El debate histórico en la época del PAN se ha ampliado notablemente hasta llegar a los 140 caracteres.
V. Amnesia histórica: ya casi nadie recuerda cuando Francisco González Bocanegra abandonó Twitter por las críticas que recibieron sus estrofas dedicadas a Santa Anna y a Iturbide.
VI. Como el pasado se encuentra tan acotado, es mejor festejar el futuro -que además es milenario.
VII. Si los mexicanos cantan mil veces "Shalalalalalá" tomados de las manos, aparecerá el espíritu patrio por el horizonte (Calderón dixit).
B. Yo que sólo canté de la exquisita partitura de Aleks Syntek -con letra de Jaime López.
Desde el principio se sabía que el principal problema de los festejos del Bicentenario sería la falta de contenido, ya que el PAN representa las posturas enemigas de los movimientos que debe homenajear. Ni la soberanía, ni la independencia, ni la justicia social son temas que le preocupe conseguir, mucho menos celebrar. De ahí que las causas políticas hayan sido dejadas de lado -en espera de que nadie las recuerde- para dedicarse a festejar un cumpleaños. Y se repite y se repite el mensaje: es tu cumpleaños, 1810 es la fecha de nacimiento de todos los estereotipos de la nacionalidad. Aun cuando nuestros motivos de orgullo patrio hayan nacido mucho más tarde, como el mariachi, el Himno Nacional, la bandera, el machismo, el complejo de inferioridad...
Me imagino que, como un regalo de cumpleaños, el secretario de Educación anunció la canción El futuro es milenario, compuesta por Aleks Syntek y Jaime López. Los abundantes comentarios adversos seguramente dejaron en el desasosiego al gusto musical de las autoridades. Los críticos, como de costumbre, se han quedado hablando solos. Las autoridades han puesto a todo volumen El futuro es milenario y se han marchado no sin antes cerrar la puerta; luego, han negado que esta canción sea el himno oficial de las celebraciones. El siguiente paso será negar que alguien la haya solicitado. Tal vez termine siendo un ejemplo de "generación espontánea por patriotismo".
Alonso Lujambio tiene ánimo fiestero por su compromiso con las próximas generaciones. Pero ningún interés personal, según se desprende de sus declaraciones. La SEP ha convocado a varios artistas para colaborar en los festejos, hecho de ningún modo criticable, ya que el Estado, por otra parte, tiene esa obligación. No es éste el lugar para criticar el santanismo del Himno Nacional ni los murales encargados por el PRI. Así que tampoco hay una censura porque Syntek y López hayan realizado una canción para el Bicentenario calderonista. Quiero imaginarme que aún existe un artículo que garantiza la libertad de expresión (y que los autores respaldan su trabajo), y que no se versificó el ideario oficial. De preferencia no mencionar a Zapata o a Villa, pues tienen rimas feas (reata, hebilla) y poco edificantes. Antes de retirarse por un tiempo de Twitter, Aleks Syntek compartió algunas reflexiones (lo más articulado que se ha producido con respecto a las celebraciones):
"Les cuento que de niño mi papá me llevaba a escuchar música de orquesta de compositores mexicanos extraordinarios, Revueltas, Galindo, Huízar y mi favorito Moncayo. Así que decidí optar por el huapango como principal influencia en este tema pero con un pequeño toque que lo actualizará.
"¿Que porqué Shalalala? (sic) Simplemente porque necesitábamos un elemento genérico, este tema será escuchado en muchos países que no son de habla hispana. El shalala es universal y es muy típico en los temas de música folclórica mexicana".
Sí, "Shalalá" es el leitmotiv de la música mexicana (ahora mismo nos viene a la mente Shalalá, canto para matar a una culebra, de Silvestre Revueltas) y cualquiera que haya recibido una educación musical privilegiada notará en seguida la tradición sinfónica de El futuro es milenario. Pero más allá de los mezquinos comentarios en contra de una obra que sólo busca festejar (en este contexto, "festejar" equivale a evadir el significado histórico del Bicentenario), debe verse justo lo que permanece como un punto ciego: lo más importante es que nadie se dé cuenta de que el principal interés de la maquinaria-festejante del gobierno es: "se honra a la Independencia y a la Revolución justo porque están derrotadas. Si fuera lo contrario, ya habríamos corrido lo más lejos posible, lejos de las demandas que se enarbolaron hace doscientos y hace cien años".
En ese sentido correrían Calderón, Lujambio y el profundo historiador Villalpando. La frivolidad no es algo superficial, es una gruesa capa que no deja ver la realidad: por frivolidad se entiende el interés del gabinete por echar relajo para que no se escuchen las voces que continúan pidiendo la justicia y la defensa de la soberanía, palabras que ni siquiera están invitadas al banquete -pues prosiguió el banquete (Rosario Castellanos).
Ideas para cerrar el sexenio
Reportaje Del decálogo al epílogo. Especialistas en diversas disciplinas aportan ideas concretas para aprovechar los 27 meses que le restan al gobierno de Felipe Calderón
Ernesto Núñez y Martha Martínez
(29 agosto 2010).- Fotos: Adrián Ruíz
El 2 de septiembre del
"Es la hora de cambiar", expuso el Presidente, y urgió a la clase política a trascender las reformas posibles y trabajar en las reformas necesarias.
El decálogo quedó trunco: no hubo reforma fiscal. El impuesto especial que propuso el Presidente para que la recaudación se destinara al combate a la pobreza fue rechazado por el Congreso. La cobertura universal de salud sigue siendo una meta para el final del sexenio. La alianza con el SNTE sigue intacta y no se dieron los pasos prometidos para "romper inercias" y alcanzar la calidad educativa. La "nueva generación de reformas" en el sector energético se limitó a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. La injerencia del Ejecutivo en la Cofetel y las nuevas concesiones a Televisa chocan con la intención de promover un ambiente de "verdadera competencia" en el sector de telecomunicaciones. La estrategia de seguridad apenas comenzó a revisarse en los diálogos celebrados el mes pasado. Se enviaron iniciativas de reforma laboral y política, pero no se promovió su aprobación en el Congreso.
A tres días de que Calderón rinda su Cuarto Informe de Gobierno, en la oposición y en su propio partido ya se habla del final del sexenio y se ejecutan movimientos de cara a la sucesión presidencial del 2012. Del decálogo, se transitó al epílogo del sexenio.
A este gobierno le restan aún dos años, que en países como Estados Unidos y España significan la mitad de un periodo presidencial.
Convocados por Enfoque bajo estas consideraciones, 10 especialistas en diversas áreas proponen un conjunto de acciones que podrían implementarse en los próximos 27 meses.
Esta agenda para el fin del sexenio no pretende ser exhaustiva. Se limita a acciones específicas, algunas de las cuales podrían concretarse antes del 2012 y otras apenas iniciarse. En ambos casos, se trata de medidas que deberían trascender el sexenio.
Emilio Álvarez Icaza: Derechos humanos
Monitorear violaciones
Para mí, el punto principal de la agenda es la reforma constitucional de derechos humanos que se ha detenido varias veces en el Congreso. ¿Qué implica esta reforma?, ubicar en el centro de la política pública los derechos humanos. La reforma es un tema clave porque no desafía sólo al Ejecutivo sino al Judicial: cómo el Judicial incorpora y armoniza la norma y cómo sus sentencias se encargan de los derechos humanos.
Como acciones concretas, el Presidente tendría que reconocer que los derechos humanos son parte de su estrategia. Hace poco mandó un mensaje a la nación y lo publicó a dos planas, si se revisa ese documento no se encuentra una sola mención a los derechos humanos; el Presidente tiene que mandar un mensaje público y político de que está dispuesto a incorporar este concepto en su acción.
Lo segundo es que se comience a discutir cómo se van a incorporar a las estrategias de gobierno -incluida la de seguridad pública- indicadores objetivos de monitoreo en derechos humanos. Lo que yo estaría esperando es que el gobierno federal nos diga cuáles son los temas que va a atender como prioridad en estos dos años que nos quedan y qué indicadores va a establecer para observarlos, porque estoy de acuerdo en que es una tercera parte del sexenio, es mucho tiempo.
Es necesario que genere acciones específicas para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, para ello tiene que acercarse a esa comunidad, establecer puentes de comunicación y ampliar los interlocutores con los que dialoga, eso es algo que no ha hecho en este tiempo.
Una acción pertinente sería que en los próximos tres meses, el nuevo secretario de Gobernación, Francisco Blake, asumiera como parte de su agenda prioritaria el tema derechos humanos y que su oficina nos diga cómo va a atender las recomendaciones internacionales del Examen Periódico Universal, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de organismos nacionales. Hay cosas que no le corresponden a él porque ésta es una República federal -por ejemplo, el Campo Algodonero-, en esos casos ¿qué va a pasar?, ¿va a trabajar de manera coordinada con los estados?, ¿cuándo, cómo lo va a hacer, quién va a convocar, con qué se van a dar cumplimiento en términos de instrumentos o procedimientos legislativos?
Por elemental que parezca, la primera acción del gobierno federal en materia de derechos humanos tiene que ser poner orden.
Viene el nuevo representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ésa nueva representación debería servir para una agenda mucho más intensiva. México es de los pocos países del mundo que tiene una oficina de la Alta Comisionada, lo que uno esperaría de esa oficina es que el Estado mexicano le saque ventaja; la llegada del nuevo representante es una nueva oportunidad para que eso suceda.
Maestro en ciencias sociales. Ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Enrique Berruga: Política exterior
Alianzas estratégicas
Apostando a futuro, porque esto no lo veríamos materializado en este sexenio, se podría hacer la red de alianzas prioritarias para México en el mundo.
Buscar aquellos aliados en ciertos temas claves para México, y establecer una relación especial con esos países en el tema específico.
Por ejemplo, una gran potencia tecnológica es Corea, con ese país debemos establecer una alianza tecnológica que no tendremos con otro país.
Para implementar esta idea, primero es necesario definir las prioridades nacionales con base en nuestro interés nacional en el mundo, tanto las inmediatas como las de mediano y las de largo plazo que finalmente interesan más. El principio general debe ser cómo articular mejor el mundo con nuestros intereses nacionales.
De otra suerte va uno guiado por la coyuntura. Vamos de cumbre en cumbre, de gira en gira, pero no tenemos el marco de referencia y eso no tiene ninguna proyección. Está bien ir al G-20, pero ¿cuál es nuestra prioridad o nuestro objetivo?, ¿quiénes son nuestros aliados para empujar qué cosas?
Hoy tratamos de ser amigos de todos en todos los temas, tenemos una rica agenda, pero al final no es tan rica porque no es lo mismo estar empujando 10 cosas con 10 países, que ir de uno en uno con un país específico.
Con base en estas prioridades se debe establecer una red de alianzas de geometría variable.
Por ejemplo, en seguridad con Estados Unidos tenemos que hablar otro lenguaje y establecer cómo va a ser la relación a futuro con ese país en ese tema. En materia ambiental, España y Alemania son países con los que se puede hablar de industrias limpias, energías renovables, atraer inversiones para esos temas; tienen que ser socios muy cercanos y privilegiados en cumbres internacionales como la que viene de cambio climático en Cancún.
Una vez definida la agenda, se debe empezar a hilar fino, pues en política exterior los procesos son largos, lleva tiempo ver resultados.
En este gobierno lo que se podría hacer es definir las prioridades y diseñar cuáles serán nuestras alianzas.
El Congreso será crucial para ir alcanzando los objetivos específicos. Tendría que estar involucrada la iniciativa privada en algunos temas y las organizaciones civiles en otros.
Habría que socializar esas prioridades y consensuarlas, pero corresponde al Ejecutivo dar el primer paso, definir las prioridades y establecer esta gran red de cuáles son nuestros socios preferenciales en los temas prioritarios.
Ése sería un buen legado para el futuro.
Maestro en economía internacional y teoría política internacional. Ex embajador de México ante la ONU.
María Amparo Casar: Política interna
Administradores de ciudad
Son tantas las cosas que están por hacerse. Grandes y pequeñas; costosas y baratas; de gran impacto social o de impacto moderado. De acabar con las exenciones fiscales a simplificar el pago de impuestos. De la cédula de identidad ciudadana a la transparencia de las finanzas estatales. De la regulación de las manifestaciones a la recuperación de las banquetas. Desde la disminución del dinero a los partidos a la reelección. Escojo una de tantas: la creación de administradores municipales (city managers).
La premisa: el principal problema de este país no es tanto el de un marco jurídico inadecuado ni el de las "reformas estructurales necesarias" a las que no acabamos de llegar por los pleitos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por la ausencia de mayorías o incluso por la falta de instrumentos del Ejecutivo para llevar a buen puerto su programa de gobierno. Más que problema de normas o diseños, tenemos un gran problema de implementación. Problema que está vinculado con el de la falta de desarrollo de capacidades institucionales. En ocasiones hemos podido vencer los desacuerdos y generar nuevas y buenas leyes.
Ahí está la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, pero ¿dónde está el cuerpo de funcionarios del MP, de la policía y de los juzgados que tienen que hacerlas realidad?
El qué: la instauración y formación de los city managers, que son funcionarios sin filiación partidaria seleccionados por el cabildo (en algunos casos por el presidente municipal y organizaciones ciudadanas) con base en criterios profesionales y éticos para hacerse cargo de las principales funciones administrativas (de servicios y obra pública) de la localidad.
El por qué: porque no hay una forma democrática o republicana de recoger basura, de poner postes de luz o de pavimentar las banquetas. Hay maneras eficientes y no eficientes de hacerlo. Porque la permanencia de los alcaldes es de tres años; porque buena parte de las ciudades/municipios no cuenta con capacidades institucionales para la implementación de políticas públicas con un mínimo de coherencia y continuidad; porque los incentivos de los alcaldes están en promover su propia carrera política más que en el bienestar de los habitantes de sus ciudades; porque los alcaldes responden a criterios de "eficiencia política" más que de "eficiencia administrativa".
El para qué: para remover de la esfera y criterio políticos decisiones que deben ser técnicas; para quitar un instrumento de clientelismo a los alcaldes, para evitar que los servicios públicos sean utilizados como instrumento de control político o de enriquecimiento El cómo: plantear un programa piloto diseñado por expertos en políticas públicas para ser implementado en 32 ciudades/municipios (uno por cada entidad federativa). Aunque en los países que se utiliza esta forma de organización administrativa, los city managers son nombrados por los cabildos o por el alcalde, en México quizá podríamos iniciar con un proyecto diseñado por ingenieros y administradores al que voluntariamente se adscribieran 32 ciudades cuyos alcaldes estuvieran dispuestos a innovar y experimentar.
El quién: esta figura administrativa de gobierno requiere que las legislaturas locales aprueben una reforma para permitir la designación del administrador de ciudad/municipio así como sus facultades y recursos.
Corolario: para aquellos mal pensados, no se trata de acabar con la democracia o con los representantes electos. Se trata de combinar la política con la administración profesional; de dar eficacia a la democracia que es el mejor sustento para su consolidación. Citando el estudio de donde tomo la idea y donde puede consultarse el desarrollo de los city managers como forma complementaria de gobierno administrativo a 100 años de haberse establecido: "(esta forma) incorpora las características esenciales de una autoridad unificada, la delegación de responsabilidades ejecutivas a un administrador profesional y la responsabilidad del administrador ante al cabildo". La adopción de los city managers no produce en automático un buen gobierno pero aumenta la posibilidad de tener políticas sólidas, de largo plazo, con capacidad de implementación y procesos transparentes y orientados al bienestar ciudadano (Svara, James H. and Kimberly L. Nelson, Taking Stock of the Council-Manager Form, Public Management Magazine, agosto 2008).
Doctora en ciencia política por la Universidad de Cambridge. Analista política.
Arturo González de Aragón: Gobierno
Mejorar la calidad del gasto
Rescatemos la rectoría del Estado en la vida política, económica y social del país, eso es urgente. Yo creo que esa aspiración tiene que ser la premisa de la actuación de nuestros gobernantes y todos nuestros líderes.
Necesitamos que el Congreso comience la discusión sobre la urgencia de alcanzar y concretar, entre otras reformas, la regulatoria y la fiscal para revisar los regímenes de excepción y asegurar que todos paguen los impuestos que tengan que pagar, de otra manera no se podrá financiar el desarrollo del país.
Yo creo que todo esto tiene que ir acompañado de acciones concretas que aseguren la calidad del gasto. Deberíamos, a través del poder Ejecutivo -no sé si se requiera la aprobación del Legislativo, pero si se requiere que se solicite-, recoger todas las disponibilidades de recursos que se encuentran dispersas en fondos, fideicomisos, mandatos y contratos análogos y mandarlas a fondo de inversión en donde, en acuerdo con el Legislativo, se revisen y acuerden las prioridades de aplicación y los mecanismos de rendición de cuentas con los que se va a transparentar el uso de los recursos.
Es increíble que actualmente la transparencia de la gestión pública esté sujeta a la buena voluntad del servidor público en turno. ¿Qué tienes que hacer?, institucionalizar los instrumentos de transparencia y rendición de cuentas para satisfacer las expectativas de información de la sociedad, que sean obligatorios, que cierta información básica de gestión como uso de recursos, licitaciones, contratos y proveedores no sólo sea de acceso público sino que sea presentada en formatos predeterminados que faciliten la interpretación de la información que se presenta.
Todo lo que es fiscalización y evaluación tiene que ser mejorado. La Auditoría Superior de la Federación presionó mucho para que se estableciera la obligatoriedad del Sistema de Evaluación de Desempeño, el famoso SED; y a final de cuentas lo logramos: se están dando los instrumentos, necesitamos reforzarlos a través de aproximaciones sucesivas que vayan mejorando la calidad de los indicadores que conforman el sistema.
Es urgente que los legisladores abran el debate sobre la necesidad de reforzar la Auditoría Superior de la Federación haciendo más oportuna la revisión de la Cuenta Pública.
Otro aspecto en el que se tiene que avanzar es en que los legisladores asuman y utilicen los resultados de la fiscalización como un elemento fundamental para calificar las asignaciones presupuestales del siguiente año, es decir, premiar o castigar la buena o mala actuación de los servidores públicos a partir de las irregularidades documentadas por la fiscalización.
Todos estos elementos son de muy rápida realización si existe la voluntad política.
Contador público. Ex titular de la Auditoría Superior de la Federación.
Miriam Grunstein: Energía
Invertir en capital humano
No se hable más de las reformas posibles frente a las deseables. Dos años después, ya ni las posibles se han llevado a cabo, al menos a conciencia. Después de sonoras fanfarrias por la que fue llamada una reforma "histórica," no queda sino reconocer que el sector energético se mueve al compás de una galápago. Esto es grave cuando claramente la escasez acentuada de reservas fósiles podría quebrar la columna vertebral de las finanzas de México. ¿A dónde apunta el paso de la galápago? ¿Hacia la extinción de nuestro patrimonio? ¿A hacer "historia" del sector energético?
Basta ya de invocaciones darwinianas. Aquí se trata de hacer propuestas y de exigir respuestas puntuales a estas preguntas:
¿Dónde está la investigación tecnológica en México para formar cuadros de vanguardia para el sector? Guste o no, todos envejeceremos. Un fenómeno mundial ha sido que los aún preclaros ingenieros, geólogos y otros expertos de los que depende la industria estén cumpliendo o han cumplido su ciclo vital en ella. Si bien México no es la excepción en la curva de madurez en su capital humano, sí lo es en su reemplazo. ¿Dónde se están formando las mujeres y hombres que se encargarán de imaginar y poner en marcha las nuevas tecnologías limpias y su infraestructura auxiliar? En un comparativo mundial, ¿dónde están situadas las instituciones de investigación tecnológica del sector, como el Instituto Mexicano del Petróleo, si en realidad se pretende que México tenga un control efectivo sobre el desarrollo y explotación sostenibles de sus recursos? El incremento de cabezas es tan o más importante que un alza en barriles. ¿Qué programas de capacitación tiene listos el Comité de Desarrollo e Investigación de Pemex?
De una vez, tomar la regulación en serio. Si la creación de órganos administrativos produjera energía, desde México se electrificaría el mundo. La reforma energética produjo más órganos, comités y consejos de los que apostaría se acuerdan los mismos legisladores que los crearon. Sin embargo, estos órganos son pequeños y pobres en recursos humanos y materiales y con pocos mecanismos formales para hacer valer las reglas, en franca contradicción con la monumentalidad de su tarea, que va desde la determinación de precios y tarifas para algunos bienes y servicios energéticos, hasta la aprobación de los programas de exploración y producción de Pemex. ¿Para qué crear más comisiones que únicamente pueden cumplir con fragmentos de sus mandatos? Al igual que en la investigación, falta capital humano capacitado para diseñar y hacer efectiva la regulación: ya sea económica, de seguridad, salud y medio ambiente. También deben llevarse a cabo las reformas para que los órganos reguladores puedan disponer de recursos propios para garantizar su autonomía.
Profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Eduardo Guerrero : Finanzas públicas
Programas contra la violencia
Dados los avances del gobierno en el fortalecimiento institucional del sector seguridad, y el aprendizaje que ha acumulado al combatir el crimen organizado, el Ejecutivo federal se encuentra en un momento propicio para evaluar la estrategia de seguridad y aplicar medidas para transformarla. Desde hace un par de años, además, existe la demanda reiterada de diversos grupos sociales y fuerzas políticas de rediseñar la estrategia para que no genere espirales de violencia.
El Ejecutivo federal ha dado los primeros pasos para tal evaluación y rediseño al convocar a dialogar a ONG, empresarios, parlamentarios, académicos, medios de comunicación, gobernadores, jueces, asociaciones religiosas y partidos políticos. La convocatoria tuvo una buena respuesta y con ella el gobierno retomó la comunicación con actores relevantes. Lo que resta ahora es realizar un balance objetivo de tales diálogos y cruzar las opiniones que ahí se vertieron con los datos pertinentes. Esto revelará al gobierno cuáles sugerencias o críticas tienen o no tienen sustento.
En mi opinión, el efecto más nocivo de la estrategia es el drástico aumento de la violencia desde mayo de 2008. La violencia sigue aumentando en municipios donde ya es muy alta y se expande velozmente a otras zonas del país. Si proyectamos a diciembre de 2012 el número de ejecuciones de acuerdo con su tendencia actual, este sexenio cerraría con una cifra acumulada de alrededor de 75 mil ejecuciones. Urge evitar que esta cifra se vuelva una realidad.
Lo anterior no implica que el gobierno abandone su lucha contra el crimen; lo que implica es que diseñe, con el apoyo de expertos, una estrategia alternativa de combate que, por un lado, disminuya la incidencia del crimen organizado (especialmente en secuestro y extorsión) con acciones que generen la menor violencia posible y que, por el otro, integre un paquete de acciones dirigidas exclusivamente a disminuir la violencia.
Esta nueva estrategia podría arrancar pronto en varios puntos del país mediante programas piloto. En su diseño y operación, cada uno de tales programas deberá contemplar mecanismos y acciones que disminuyan los varios tipos de violencia que se registran en el país. Y es que la dinámica de la violencia se modifica por factores como la presencia de pandillas, el tipo de actividad relativa al mercado de las drogas registrada en la comunidad (desde el cultivo hasta el consumo), el grado de corrupción policial y el nivel de colusión social con el crimen organizado, entre otros.
Es indispensable que el gobierno federal convoque a los ejecutivos estatales y municipales y pacte su colaboración en programas antiviolencia. Aunque no todos los estados y municipios la han padecido, gobernadores y alcaldes tienen hoy incentivos (dados los riesgos y amenazas) para involucrarse en un convenio antiviolencia. Hoy ningún gobierno puede, por sí mismo, disminuir o prevenir la violencia o la incidencia delictiva del crimen organizado. De modo que se trataría de un compromiso nacional en el que las autoridades de los tres niveles de gobierno saldrían ganando.
Doctor en ciencia política por la universidad de Chicago; consultor en políticas públicas y presidente de la Asociación Mexicana de Ex Becarios Fulbright-García Robles.
Fausto Hernández Trillo: Finanzas públicas
Debate sobre seguridad social
¿Qué hacer en los últimos dos años? Esta pregunta con cualquier otro gobierno se respondía de la siguiente manera: los dos últimos años son para consolidar lo que implementaste en los primeros cuatro, llámese Progresa, Oportunidades, Seguro Popular. Consolidar lo que construiste o trataste de construir.
En este sexenio no hay absolutamente nada que consolidar.
Y tengo la impresión de que van a insistir en el tema de las reformas estructurales, especialmente la fiscal.
Para mí, lo mejor en este momento es no proponer una nueva reforma fiscal, a pesar de estar de acuerdo en que es necesario una reforma fiscal integral competitiva que nos ponga al día en el mundo.
Este gobierno debería sentar bases para que quien quiera que sea el próximo Presidente pueda crecer.
Sentar bases es abordar un tema que ya traen varios políticos y que ya se discute en Estados Unidos, que es la necesidad de avanzar hacia un sistema de seguridad social universal.
Ya se ve que se están peleando quién va a tener esa plataforma para el 2012. El PRI lleva tres años construyendo esa propuesta. Para allá vamos. Hay gente que ya trae ideas. No como Calderón, que llegó sin ideas y sin una política pública diseñada para ser la política pública que marcara su administración, como Solidaridad y el TLC marcaron la de Carlos Salinas; el Progresa-Oportunidades, la de Zedillo; y el Seguro Popular, la de Vicente Fox.
Pero la seguridad social universal es un tema muy complejo y Calderón si acaso podría sentar las bases para avanzar hacia allá. Por ejemplo, empezar a debatir qué hacer con todos los sistemas de salud que existen actualmente: ¿los fusionas en uno solo?, ¿o los dejas separados pero que todo el mundo tenga acceso? Ese tipo de cosas son las que se le deben preguntar a quien lo traiga como plataforma de campaña. Son los temas que se podrían empezar a debatir. Sentar bases es abrir ese debate, empezar a decirle a la gente que el Seguro Popular debe caminar hacia allá.
Abrir el debate en torno a este tema, antes de las campañas del 2012, incluso ayudaría a que el tema se debata a profundidad, de manera seria, y no como un tema más de la contienda político-electoral. Sí puede anticiparse. El problema es que el gobierno ha visto como un ataque cada vez que se habla de esto.
La implementación de un tema como éste lleva tres o cuatro años y meterlo a debate es discutirlo durante un año. Habrá que ver si quienes lo traen, que son el PRI y Enrique Peña Nieto, quieren que se discuta antes de la campaña. · Doctor en economía.
Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Santiago Levy : Política social
Reforma fiscal y social
Algo que se podría hacer es plantear una reforma fiscal y social que fuera el primer paso del planteamiento más ambicioso que estoy haciendo en mi libro (Buenas intenciones, malos resultados, Océano, 2010), que es un rediseño profundo que busca aumentar la productividad y crear más empleos. Cuando restan dos años para que concluya el sexenio puede ser difícil hacer un planteamiento integral, pero sin duda se podría trabajar en esa dirección; y algo que sí le competería tanto al Legislativo como al Ejecutivo sería un planteamiento fiscal-social, quiero juntar las dos palabras para cambiar la atención del financiamiento a la salud. Hoy en día, cuando los trabajadores están contratados formalmente se les cobra por su salud con contribuciones a la nómina y cuando están contratados informalmente se les paga su salud con recursos de los impuestos generales.
La reforma fiscal-social que sugiero sería: vamos a financiar los servicios públicos de salud de todos los trabajadores con la misma fuente de ingresos; ¿qué implica en lo concreto?, legislar un aumento de los impuestos al consumo, pero en paralelo, dentro del mismo proyecto de ley, destinar esos recursos al financiamiento de la atención a la salud de todos los trabajadores y eliminar las contribuciones al financiamiento a la salud a través de la nómina. Son tres cosas.
La clave aquí es que van juntos, si se plantea "vamos a aumentar los impuestos al consumo" sin un destino particular, no es un planteamiento para el Congreso, y tiene razón. Planteo etiquetar los recursos para desgravar la nómina de las empresas y al mismo tiempo extender la cobertura de los servicios de salud. Requiere por supuesto un planteamiento y anuencia del Ejecutivo y del Legislativo, requiere un diálogo para que el Legislativo apruebe la reforma que haya sido planteada por el Ejecutivo o por el propio Legislativo, y luego requiere un proceso de instrumentación que esta administración ya no tendrá suficiente tiempo para acabarlo al 100 por ciento, pero puede dejar parte del camino andado.
Se me ocurren también ideas que se pueden hacer en el plano administrativo, es decir, sin cambios legislativos. Hay un tema pendiente desde hace muchos años que es unificar los padrones de todos los programas sociales para que tengamos un único padrón nacional.
Otro acto administrativo que sería muy importante: vamos a darle la CURP a todos los beneficiarios de programas sociales, vamos a darles seguimiento a través de la CURP y luego vamos a cruzar esos datos con los del SAT; sería un avance importante porque permite conocer cuánto está recibiendo cada beneficiario, si recibe apoyos de más de un programa y si está pagando o no impuestos, si está o no inscrito en el SAT; tendríamos mucha más información para el diseño de políticas públicas.
El punto aquí es que no haya una parálisis que no le conviene a nadie; hay cosas en las que creo que se pueden lograr acuerdos y en las que no, podemos avanzar con acciones de carácter administrativo.
Doctor en economía. Vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Ex director del IMSS.
Aurora Loyo: Educación
Fondo educativo de emergencia
La próxima semana el presidente Felipe Calderón entregará al Congreso su Cuarto Informe de Gobierno. Resta poco tiempo a su Presidencia para impulsar acciones innovadoras en el sector educativo.
Es necesario reconocerlo: la capacidad de las autoridades educativas de gobernar el inmenso subsistema de educación básica se ha debilitado en aras de su "alianza" con el poder sindical. No ceder más espacios al sindicato y conseguir que se avance un paso más en la asignación de plazas por concurso y en el control de las plazas magisteriales constituiría un logro nada desdeñable. Pero en el sistema de las escuelas regulares, en el reino del SNTE no hay mucho más que se pueda hacer.
Al mismo tiempo, no es deseable que el gobierno federal renuncie a la posibilidad de ejecutar algunas acciones vigorosas en pro de la educación pública. Y éstas han de tener un profundo sentido reparador: no es difícil comprender que como ciudadanos lo requerimos en medio de un panorama que desalienta y asusta.
¿Qué tipo de iniciativas pueden ser? En primer lugar, iniciativas legislativas que salvaguarden e impongan sanciones a las personas o entidades que vulneren el derecho a la educación. Para ello bastaría contar con un pequeño grupo de juristas que elaboren proyectos conducentes a que cualquier mexicano pueda exigir este derecho y que sea posible sancionar a las personas o a las entidades que lo vulneren.
Más importante aún, sería conformar un fondo de emergencia para los programas que atienden a las poblaciones vulnerables. ¿Por qué de emergencia? Porque ésta sería una manera de reconocer la deuda educativa que como país tenemos para con los analfabetos, con la población infantil indígena, los niños de la calle y los hijos de los migrantes internos.
Las entidades y programas que atienden a estas poblaciones son muy heterogéneos, pero comparten dos características: 1. El presupuesto que se les asigna es ridículo. El INEA, por ejemplo, recibe el 0.86 por ciento del presupuesto de la SEP. 2. Los encargados del servicio no son maestros preparados para atender las necesidades especiales de estas poblaciones. En su mayor parte son jóvenes que pueden ser bien intencionados, a los que se les denomina facilitadores, promotores o asesores solidarios, pero cuya preparación y condiciones de trabajo son precarias: reciben un apoyo pecuniario mínimo, enfrentan un contexto social difícil en campos agrícolas, poblaciones aisladas o zonas urbanas en que priva la violencia y la marginalidad. Por otro lado, estos programas no incluyen, ni siquiera en sus objetivos formales, la meta de cubrir en un plazo razonable a las poblaciones que deben atender. Por ejemplo, el Programa de educación para niños y niñas de familias de jornaleros agrícolas (PRONIM) cubría según una evaluación del 2008, al 8.6 por ciento de la población que requería atención, estimada en 260 mil niños.
Mi propuesta toma en cuenta que se trata de programas y entidades que están fuera del ámbito del sindicato. Esto representa, en las actuales condiciones políticas, una ventana de oportunidad que podría aprovecharse.
Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Integrante del Observatorio Ciudadano de la Educación.
Carlos Silva: Telecomunicaciones
Impulsar la TV digital
Por miopía o negligencia, nuestro país definió como política pública la migración a la Televisión Digital Terrestre (TDT) para el año 2021. Tal migración ya ocurrió en Estados Unidos durante 2009; en España en este año y Brasil lo tiene programado para 2016.
Felipe Calderón tiene en su mano la posibilidad de acelerar este proceso y brindar sus beneficios a todo el país, o convertirnos en un basurero electrónico mediante la importación de televisores que en todo el mundo ya comienzan a ser obsoletos. Específicamente, puede emprender cuatro acciones:
1. Prohibir la importación y venta de televisores que no cumplan con la norma de TDT emitida desde el 2001.
2. La SCT, dado su nuevo nexo con la Cofetel y en coordinación con ésta, debe iniciar los estudios de factibilidad para determinar la cantidad de espectro dedicado a nuevos canales de televisión, nuevos servicios de telecomunicaciones, los servicios basados en suscripción, como TV por microondas o TV en dispositivos móviles, y la cantidad de nuevos canales disponible para ser licitados y permitir la entrada de una tercera, cuarta, quinta o sexta cadena nacional.
3. Hacer una consulta pública para determinar la cantidad de canales dedicados a un interés social, e iniciar el otorgamiento de permisos a aquellos que tienen este fin y que hoy sólo cuentan con difusión por cable (Congreso, Judicial y otros).
4. Definir antes del final del sexenio un calendario para la asignación del espectro liberado e incluso comenzar a licitarlo.
El hecho de que nuestros principales socios comerciales ya hayan migrado a la TDT y el gran apetito que existe por contenidos televisivos favorecen el acelerar este proceso de forma menos costosa para el erario. Sólo se requiere un mínimo de interés por parte del Ejecutivo.
Especialista en telecomunicaciones. Profesor del Diplomado en Estrategia de Telecomunicaciones del ITAM.
Encuesta / Impulsa destape a López Obrador
Encuesta Popularómetro Agosto 2010. La confirmación de sus aspiraciones presidenciales rumbo al 2012 aumentó las simpatías de AMLO dentro y fuera del PRD
Alejandro Moreno y Roberto Gutiérrez
(29 agosto 2010).- El autodestape de Andrés Manuel López Obrador parece haberle traído un primer beneficio al tabasqueño: atraer más preferencias de los seguidores perredistas del país en torno a su posible candidatura presidencial. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional de Grupo Reforma, el 61 por ciento de los simpatizantes del PRD desean que López Obrador sea el candidato presidencial de su partido en las elecciones de 2012. Esto significa un crecimiento de casi 20 puntos comparado con el 42 por ciento que se registró en la encuesta del trimestre anterior.
En contraste, el apoyo a favor de su principal contendiente, Marcelo Ebrard, bajó de
Pareciera más bien que el llamado de López Obrador a los seguidores de izquierda es la causa de estos cambios. Ahora el tabasqueño no sólo aventaja a Ebrard en las preferencias de los perredistas (y de los petistas, que optan en una proporción de
Según la encuesta de Grupo Reforma, en un escenario en el que compitieran Enrique Peña Nieto del PRI, Santiago Creel del PAN y López Obrador como candidato de izquierda, el mexiquense lidera con 43 por ciento de las preferencias, seguido por el tabasqueño con 24 por ciento, y en tercer lugar aparece el panista, con 15 por ciento. La vez anterior en la que se preguntó este escenario, en febrero pasado, el apoyo a López Obrador era de 17 por ciento, lo cual significa un crecimiento de 7 puntos porcentuales en el más reciente sondeo, mientras que los otros dos posibles adversarios no registraron ningún avance en el mismo periodo.
En un escenario similar, pero con Marcelo Ebrard como candidato del PRD y PT, la candidatura de izquierda se mantiene en segundo lugar de las preferencias, pero disminuida a 19 por ciento, lo cual indica que, en estos momentos, López Obrador tiene un mayor arrastre en el electorado nacional que el actual jefe de Gobierno capitalino.
¿Qué pasaría si ambos candidatos de izquierda contienden por la Presidencia por separado? De acuerdo con la encuesta, López Obrador como abanderado del PT se mantiene en segundo lugar, con 21 por ciento, mientras que Ebrard del PRD se sitúa en cuarto lugar, con 10 por ciento.
Bajo este escenario, el apoyo al candidato del PRI baja a 38 por ciento.
Según la encuesta, 45 por ciento de los entrevistados cree que solamente debería haber un candidato de la izquierda en la elección presidencial, mientras que el 42 por ciento opina que debería haber más de uno.
Con respecto a la posibilidad de hacer un frente común contra el PRI, es decir, una alianza entre el PAN y el PRD en la elección presidencial, el 61 por ciento de los consultados se manifiesta en contra, optando por la separación de candidatos, frente al 27 por ciento que opina favorablemente ante dicha alianza con un candidato común.
Así pues, aunque hayan tenido buenos resultados este año en las elecciones para gobernador en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, la encuesta revela que la mayoría del electorado se opone a mezclar las opciones de izquierda y derecha en una candidatura presidencial.
De los siguientes políticos, ¿cuál preferiría que sea el candidato presidencial del PRD en el 2012?
(Respuestas de los simpatizantes del PRD)*
| | May 2010 | Ago 2010 |
| AMLO | 42% | 61% |
| Marcelo Ebrard | 31 | 17 |
| Jesús Ortega | 5 | 4 |
| Amalia García | 5 | 3 |
| Carlos Navarrete | 4 | 1 |
| Lázaro Cárdenas | 2 | 4 |
* El porcentaje que dijo "Ninguno" fue de 4 por ciento en mayo, y de 2 por ciento en agosto. El porcentaje que dijo "No sabe" fue de 7 por ciento en mayo, y de 8 por ciento en agosto.
De los siguientes políticos, ¿cuál preferiría que sea el candidato presidencial del PAN en 2012? (Respuestas de los simpatizantes del PAN).
| | May 10 | Ago |
| Santiago Creel | 21% | 20% |
| César Nava | 16 | 17 |
| Josefina Vázquez Mota | 13 | 13 |
| Emilio González | 8 | 9 |
| Javier Lozano | 2 | 4 |
| Ernesto Cordero | 1 | 4 |
| Juan Manuel Oliva | 7 | 3 |
| Alonso Lujambio | 2 | 1 |
| Otro | 1 | 0 |
| Ninguno | 7 | 7 |
| No sabe | 22 | 22 |
De los siguientes políticos, ¿cuál preferiría que sea el candidato presidencial del PRI en el 2012? (Respuestas de los simpatizantes del PRI).
| | May 10 | Ago |
| Enrique Peña Nieto | 50% | 57% |
| Beatriz Paredes | 16 | 15 |
| Fidel Herrera | 8 | 7 |
| Manlio Fabio Beltrones | 3 | 4 |
| Humberto Moreira | 4 | 3 |
| Otro | 1 | 0 |
| Ninguno | 4 | 3 |
| No sabe | 14 | 11 |
Popularómetro
¿Cuál es su opinión acerca de los siguientes políticos?
| | Favorable | Desfavorable | Neutral | No lo conoce | Var* |
| Enrique Peña Nieto | 44% | 10% | 21% | 25% | +1 |
| Andrés Manuel López Obrador | 34 | 25 | 24 | 17 | +4 |
| Marcelo Ebrard | 33 | 12 | 21 | 34 | +2 |
| Josefina Vázquez Mota | 15 | 9 | 15 | 61 | 0 |
| Jesús Ortega | 15 | 12 | 19 | 54 | +1 |
| Santiago Creel | 21 | 16 | 23 | 40 | +1 |
| Manlio Fabio Beltrones | 14 | 11 | 17 | 58 | 0 |
| César Nava | 14 | 12 | 16 | 58 | +1 |
| Gustavo Madero | 13 | 10 | 14 | 63 | 0 |
| Carlos Navarrete | 12 | 9 | 12 | 67 | - |
| Fidel Herrera | 12 | 9 | 11 | 68 | - |
| Javier Lozano | 12 | 9 | 11 | 68 | -1 |
| Emilio González | 11 | 9 | 11 | 69 | 0 |
| Alonso Lujambio | 9 | 7 | 9 | 75 | -1 |
| Francisco Blake Mora | 8 | 7 | 9 | 76 | - |
* Variación en el porcentaje de opiniones favorables respecto a la encuesta de mayo de 2010. Los casos donde no aparece variación no se preguntaron en la encuesta anterior.
Rechazan alianza PAN-PRD
¿Qué deberían hacer el PAN y el PRD en las elecciones presidenciales de 2012...?
| Competir por separado con distintos candidatos | 61% |
| Hacer alianza con un candidato en común | 27% |
¿Usted qué prefiere: que en la elección presidencial de 2012 haya solamente un candidato de izquierda o que haya más de uno?
| Sólo uno | 45% |
| Más de uno | 42% |
| No sabe | 13% |
¿A usted le gustaría que hubiese un candidato presidencial independiente en 2012?
| | May 10 | Ago |
| Sí | 48% | 49% |
| No | 41 | 42 |
| No sabe | 11 | 9 |
Trayectoria de los punteros
Opinión acerca de Enrique Peña Nieto
| | Favorable | Desfavorable |
| Jun 07 | 32% | 11% |
| Mar 08 | 36 | 7 |
| Mar 09 | 43 | 10 |
| Sep 09 | 49 | |
| Feb 10 | 44 | 10 |
| Ago 10 | 44 | 10 |
Opinión acerca de Andrés Manuel López Obrador
| | Favorable | Desfavorable |
| Jun 07 | 31 | 28 |
| Mar 08 | 37 | 28 |
| Dic 08 | | 35 |
| Mar 09 | 32 | 31 |
| Feb 10 | 29 | 32 |
| Ago 10 | 34 | 25 |
Escenarios de precandidatos
Si los candidatos a la Presidencia en 2012 fueran los siguientes, ¿usted por cuál votaría?
| | Dic 09 | Feb 10 | Ago |
| Enrique Peña Nieto (PRI) | 43% | 43% | 43% |
| López Obrador (PRD y PT) | 17 | 17 | 24 |
| Santiago Creel (PAN) | 14 | 14 | 15 |
| Otro | 0 | 0 | 1 |
| Ninguno | 12 | 10 | 8 |
| No sabe | 14 | 16 | 9 |
Si los candidatos a la Presidencia en 2012 fueran los siguientes, ¿usted por cuál votaría?
| Enrique Peña Nieto (PRI) | 44% |
| Marcelo Ebrard (PRD y PT) | 19 |
| Santiago Creel (PAN) | 15 |
| Otro | 2 |
| Ninguno | 10 |
| No sabe | 10 |
Si los candidatos a la Presidencia en 2012 fueran los siguientes, ¿usted por cuál votaría?
| | Feb 10 | May | Ago |
| Enrique Peña Nieto (PRI) | 40% | 40% | 38% |
| López Obrador (PT y Convergencia) | 14 | 14 | 21 |
| Santiago Creel (PAN) | 12 | 14 | 13 |
| Marcelo Ebrard (PRD y PT) | 9 | 9 | 10 |
| Ninguno | 10 | 9 | 7 |
| No sabe | 15 | 14 | 11 |
Y si los candidatos a la Presidencia en 2012 fueran los siguientes, ¿usted por cuál votaría?
| | May 10 | Ago |
| Enrique Peña Nieto (PRI) | 34% | 35% |
| López Obrador (PT y Convergencia) | 12 | 19 |
| Santiago Creel (PAN) | 12 | 12 |
| Un candidato ciudadano independiente | 11 | 11 |
| Marcelo Ebrard (PRD) | 8 | 7 |
| Ninguno | 9 | 5 |
| No sabe | 14 | 11 |
· Y si los candidatos a la Presidencia en 2012 fueran los siguientes, ¿usted por cuál votaría?
| Enrique Peña Nieto (PRI) | 36% |
| López Obrador (PT y Convergencia) | 18 |
| Josefina Vázquez Mota (PAN) | 11 |
| Un candidato independiente | 10 |
| Marcelo Ebrard (PRD) | 8 |
| Ninguno | 5 |
| No sabe | 12 |
¿Cómo se hizo la encuesta?
Encuesta nacional trimestral realizada con entrevistas personales en vivienda del 13 al 15 de agosto de
La cultura política
(29 agosto 2010).- Téngalo presente
Ideas y afanes de una patria: México en el Bicentenario de Lillian Briseño y Susana Chacón. Porrúa/Tec de Monterrey. Presentan Lourdes Dieck, José Antonio Crespo y Leonardo Curzio. Jueves 2 de septiembre, 16:00 horas. ITESM Santa Fe. Informes: 9177 8116.
Conferencias
Movilidad social. Philip Oxhorn, Miguel Székely, Enrique Cárdenas, Alejandro Gaviria, entre otros. Lunes 30 de agosto a viernes 3 de septiembre, 9:00 horas. Sala Alfonso Reyes de El Colmex. Camino al Ajusco 20. Pedregal de Sta. Teresa. Informes: 5449 3000.
El programa nacional de seguridad pública con ciudadanía y el nuevo paradigma de seguridad pública en Brasil. Ronaldo Texeira, René Jiménez y Héctor Castillo. Lunes 30, 10:00 horas. Sala de usos múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7390.
Redes ilícitas reconfigurando Estados. Luis Jorge Garay, Eduardo Salcedo Arbarán y Luis Astorga. Martes 31, 11:00 horas. Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Informes: 5622 7390.
El futuro de América del Norte. José Luis Cordeiro. Martes 31, 12:00 horas. Sala de videoconferencias del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Torre II de Humanidades, piso 7, Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0010.
La evolución constitucional en México. Diego Valadés. Martes 31, 17:00 horas. Aula Magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 2015.
Los grupos masónicos y la Independencia mexicana. Una perspectiva geopolítica. Lorenzo Meyer, Miguel Soto, Marco A. Flores y Eugenia Vázquez. Miércoles 1o., 9:00 horas. Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 9470.
El Derecho en el siglo XXI. Leticia Bonifaz. Jueves 2, 17:00 horas. Aula Magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM. Informes: 5622 2015.
Legalización de drogas. Jesús Zamora Pierce. Jueves 2, 17:00 horas. Auditorio Alfonso Quiroz Cuarón del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Magisterio Nacional 113, Tlalpan. Informes: 5487 1500.
Foros
Política internacional, globalización y cambio climático. Martes 31, 9:00 horas. Salvador Morelos y Rafael Elvira. Auditorio Crescencio Ballesteros de la Universidad Iberoamericana. Prol. Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. Inf: 5950 4000.
Los partidos en la liza electoral. Flavia Freidenberg, Rosendo Bolívar, Manuel Larrosa, Tania Hernández, Rosa María Mirón y Rosa Inés de la O. Jueves 2, 10:00 horas. Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Cerrada de la Cerca 82, San Ángel Inn. Informes: 5550 1039.
Mesas redondas
La universidad contemporánea: de la posguerra al siglo XXI. Raúl Domínguez y Hugo Casanova. Martes 31, 18:00 horas. Casa de las Humanidades de la UNAM. Informes: 5554 8513.
Actos de fe y sus actores. Enrique Schäfer, Pablo Semán, Carlos Garma, Hugo José Suárez y Adrián Tovar. Jueves 2, 10:00 horas. Sala de usos múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Informes: 5622 7390.
Presentaciones
Reforma constitucional 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública de Raúl Carrancá y Rivas. Porrúa. Edgar Elías Azar, Juan Luis González y Jesús González Schmal. Lunes 30, 10:00 horas. Auditorio Benito Juárez, Niños Héroes 132, P.B. Doctores.
Gobernabilidad, partidos y elecciones en México (1977-2010) propuestas en torno a la reforma política de Cristian Jziel García Reyes y Reina Guadalupe Valdez Castro. UNAM. José Woldenberg, Flavia Freidenberg y Karla Valverde Viesca. Lunes 30, 11:00 horas. Sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Informes: 5622 9470.
Linkeando tus ganas de cambiar tu mundo. Portal de internet para fomentar el diálogo entre jóvenes y el gobierno federal. Paula Hurtado Calderón, Andrea Ruy Sánchez, Andrea Sachi Díaz Villaseñor y Erick Rodríguez. Lunes 30, 11:30 horas. Sala de conferencias del ITAM. Río Hondo 1, Progreso Tizapán. Informes: 5728 7400 ext. 34720.
Puente de Calderón, las versiones de un célebre combate de María del Carmen Mantecón. UNAM. Virginia Guedea, Andrés Lira, Vicente Quirarte y Felipe Castro. Jueves 2, 18:00 horas. Casa de las Humanidades de la UNAM. Informes: 5554 8462.
Seminarios
Protección a la vida, aborto y derechos humanos. Rebeca Cook, Miguel Carbonell, Bernard Dickens, Adriana Ortega, Pedro Salazar, Alejandro Madrazo, entre otros. Lunes 30, 9:00 horas. Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
Evaluación de políticas públicas ambientales. Martes 31, 9:00 horas. Eduardo Vega, Miguel Gallegos, Auditorio Ricardo Flores Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Informes: 5623 0093.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245 correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No.1765
Rumbo al sacrificio...
Cualquier expectativa en torno del cuarto informe de Felipe Calderón queda hecha añicos ante las atrocidades a las que asiste la inerme sociedad mexicana, con la comunidad internacional como horrorizado testigo. Indolente y, peor aún, instalado en la autocomplacencia, con su incapacidad el gobierno de Felipe Calderón condena a la población a un estado de violencia y de zozobra cuyos alcances rebasan toda capacidad de asombro. Las víctimas no son solamente mexicanos: 72 migrantes centro y sudamericanos acaban de ser asesinados, un caso entre otros muchos que no han tenido la característica de ser descubiertos como se descubrió aquél: por accidente. En este reporte especial, Proceso se ocupa en diversos textos de aquellos migrantes que al internarse en territorio mexicano, rumbo a lo que ellos creen que es una especie de paraíso, en realidad van con frecuencia rumbo al sacrificio… Hace un año, en su edición 1714, este semanario ya lo advertía en su portada titulada: “A la caza de migrantes. ¡Ahí vienen Los Zetas”… Como dice el periodista salvadoreño Óscar Martínez, autor del libro Los migrantes que no importan: la llamada “Ruta del Atlántico”, que recorren los que persiguen el “sueño americano”, es en realidad la ruta de la muerte.
La matanza de Tamaulipas, sólo una muestra
José Gil Olmos
El hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes centro y sudamericanos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, no sólo provocó un escándalo internacional, sino que exhibe una vez más la inoperancia de las autoridades frente a las bandas criminales que han hecho del secuestro de indocumentados un próspero negocio. El titular de la quinta visitaduría de la CNDH, Fernando Batista Jiménez, declara a Proceso que este caso sólo confirma lo que ha dicho la institución desde hace años sobre los avatares que enfrentan quienes se suben a La Bestia, ese ferrocarril que los transporta a Estados Unidos.
Le llaman La Bestia y atraviesa gran parte del territorio nacional, desde el sur hacia la frontera con Estados Unidos. Es el tren en el que miles de migrantes centroamericanos y algunos sudamericanos son presa de asaltos, golpes, violaciones, secuestros y asesinatos durante el trayecto que los lleva al país del norte en busca de empleo. Las vejaciones son cotidianas en el campo, el desierto y las ciudades, y lo mismo las cometen autoridades mexicanas que bandas criminales.
No obstante, el hallazgo reciente de los cadáveres de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, provocó la repulsa de los países cuyos ciudadanos resultaron agraviados, a la par que la comunidad internacional calificó de “abominable” esa matanza.
En lo interno quedó en evidencia lo que desde hace un año denunciaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las organizaciones de la Red del Registro Nacional de Agresiones a Migrantes: la complicidad de funcionarios mexicanos y grupos delincuenciales en la explotación de los indocumentados.
Para Fernando Batista Jiménez, titular de la quinta visitadoruría de la CNDH y cuya oficina elabora un nuevo informe sobre secuestros de migrantes, la situación es crítica.
En entrevista efectuada la noche del jueves 26 –cuando Los Pinos comenzó a difundir un comunicado en el que aseguraba que el multihomicidio era obra de Los Zetas y que el gobierno federal ha minado la estructura financiera de ese cártel que ahora busca allegarse recursos financieros por medio de los secuestros a migrantes–, Batista Jiménez reitera: Esa matanza es sólo un botón de muestra de que la explotación y los secuestros aumentan en el país.
Expone: “A reserva de lo que presentemos en el nuevo informe, lo preocupante es que no percibimos una disminución de los casos y esto se debe a la impunidad, a que no se ha dado una solución en materia de procuración de justicia”. Además, insiste, hasta ahora no hay una “política pública concreta a favor de las y los migrantes por parte de los tres órdenes de gobierno, principalmente del federal”.
En abril pasado, Amnistía Internacional presentó el informe Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México, cuyas conclusiones coinciden con los señalamientos del visitador de la CNDH. Dice el informe: “Las autoridades federales y estatales han eludido sistemáticamente su deber de investigar de forma inmediata y efectiva los abusos contra los migrantes”.
Y sostiene que “esta persistente inacción” de las autoridades mexicanas, sobre todo cuando existen funcionarios públicos implicados en los abusos, exhibe un hecho: “México incumple la responsabilidad legal nacional e internacional de ejercer la diligencia debida para respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos”.
La industria del secuestro
El año pasado, la CNDH distribuyó un informe especial en el que documentó los secuestros de migrantes cometidos durante septiembre de 2008 y febrero de 2009. En ese periodo, según el cálculo de los investigadores de la comisión, se registraron 9 mil 758 casos en los que estuvieron implicados policías y autoridades mexicanas en colusión con el crimen organizado, en particular con Los Zetas e integrantes de la Mara Salvatrucha.
Desde hace años, la CNDH y las organizaciones eclesiales y civiles han brindado apoyo a los indocumentados centro y sudamericanos en su paso por territorio nacional. El ombudsman nacional incluso ha emitido varias recomendaciones al Instituto Nacional de Migración (INM), a cargo de la panista Cecilia Romero, en las que pide se apliquen medidas preventivas para detener la industria del secuestro de inmigrantes.
No ha habido respuesta de la funcionaria, a pesar de que las primeras denuncias comenzaron a documentarse en 2007. Por ello, tras el descubrimiento de los cuerpos de los 72 indocumentados en Tamaulipas, el PRD pidió la renuncia de Romero.
En su investigación de 2009, que abarcó sólo seis meses, la CNDH incluyó 198 casos comprobados pero advirtió: “Tomando en cuenta las cifras recabadas en ese periodo, el número de eventos de secuestro por año podría llegar a ser de alrededor de 400 y la cifra de víctimas podría ser de 18 mil al año” puesto que ese fenómeno es cada vez más recurrente y redituable.
De hecho, en lo que va de este año, el INM tiene contabilizado sólo en Tamaulipas el rescate de 815 inmigrantes centroamericanos, retenidos en 12 casas de seguridad. Durante agosto la dependencia registró 130 de esos rescates en todo el país.
Los montos para liberar a migrantes van de mil
Daniel Boche, padre del guatemalteco Gelder Lizardo Boche de 17 años, uno de los 72 asesinados en el rancho San Fernando, confirmó que recibió llamadas telefónicas de hombres que, con acento mexicano, le informaron que tenían secuestrado a su hijo y a sus dos yernos: Gilmar Augusto Morales Castillo, de 22 años, y Hermelindo Maquin Huertas, de 24. Los secuestradores le exigieron 2 mil dólares por cada uno.
En los hechos, el negocio es proporcional al flujo migratorio, el cual es prácticamente imparable: además de los ocho puntos formales para atravesar la frontera entre México y Guatemala, hay otros 54 puntos de cruce informales para vehículos y mil peatonales que no tienen vigilancia.
Por esa frontera llegaron a territorio mexicano 400 mil centroamericanos en 2008, según la organización civil Mesa Nacional de Migraciones (Menamig) de Guatemala; y 250 mil en 2009, según el INM.
De acuerdo con esta última dependencia, 64 mil extranjeros de Centroamérica fueron asegurados y repatriados en 2009. La quinta parte era de mujeres y niñas. De acuerdo con la Dirección General de Migración de Guatemala, en lo que va de este año, el número de deportados desde México asciende a 44 mil 949 mil migrantes. La mayoría de ellos son hondureños (18 mil 401), guatemaltecos (17 mil 950) y salvadoreños (7 mil 992).
El visitador Batista Jiménez recuerda que en el informe presentado el 15 de junio de 2009 la CNDH hizo varias recomendaciones en torno a los secuestros, sobre todo en los estados por los que circula La Bestia, cuyo viaje se inicia en Chiapas y Tabasco.
De acuerdo con la investigación, 9 mil 194 migrantes fueron plagiados por bandas organizadas, 35 por representantes de alguna autoridad y 56 más por delincuentes coludidos con autoridades. En seis casos las víctimas fueron privadas de su libertad por un solo secuestrador y en 467 casos no fue posible precisar la información sobre los captores.
“De estos datos se desprende que el secuestro de migrantes es realizado mayormente por la delincuencia organizada, que cuenta con redes y recursos para la comisión del ilícito. La participación de autoridades mexicanas en el secuestro de al menos 91 migrantes revela que existen lazos de complicidad entre la delincuencia y algunos agentes del Estado”, agrega el documento.
Los investigadores también destacan que 5 mil 723 migrantes fueron secuestrados por “polleros”; 3 mil por bandas de secuestradores, aunque no lograron identificarlas, 427 por supuestos sicarios de Los Zetas y 44 por maras.
Del total de migrantes secuestrados, 6 mil 555 fueron confinados a casas de seguridad donde las condiciones higiénicas eran nulas; 2 mil 448 estuvieron en bodegas; 22 en un campamento;17 en patios; 10 en un hotel y dos en un vehículo.
Los testimonios de los migrantes coinciden en que sus captores ejercían violencia sobre ellos para someterlos. Entre otras agresiones, dicen, los amarraban de pies y brazos, los amordazaban, les tapaban los ojos, los drogaban o los quemaban en alguna parte del cuerpo. Además, 37 relataron que vieron cuando los secuestradores violaban a mujeres y ejecutaron a varios de sus compañeros secuestrados.
Los autores destacan la impunidad de las autoridades ante esta situación pues, arguyen, las cifras revelan que su actuación es deficiente ante la gravedad y frecuencia del delito: “La autoridad migratoria, la policía federal y las corporaciones policiales, así como los agentes del Ministerio Público locales y federales han llevado a cabo muy pocas acciones para combatir este flagelo que afecta a las personas migrantes en México, mayoritariamente a los de origen centroamericano”.
En su informe de abril pasado, Amnistía Internacional aborda el tema de los indocumentados centroamericanos muertos o desaparecidos. Recuerda que, en febrero de 2009, una delegación de salvadoreños, que representaba a más de 700 familias, “informó que 239 de sus connacionales fueron asesinados o desaparecieron en México en los dos años anteriores, y presionó a las autoridades mexicanas para que proporcionaran información y llevaran a cabo acciones efectivas”.
El informe calcula que son cientos los centroamericanos asesinados o desaparecidos en México. Refiere que la mayoría de ellos no portan documentos, por lo que no puede establecerse su identidad ni localizar a sus familiares en sus países de origen. “Los cadáveres son enterrados en una fosa no señalada. El cementerio de Tapachula, Chiapas, contiene decenas de esas tumbas”, dice.
La ruta de “La Bestia”
Durante la entrevista con Proceso, Fernando Batista Jiménez insiste en que el desdén de las autoridades y la ineficiencia del sistema de justicia para prevenir, investigar, perseguir y castigar el secuestro de migrantes es oprobioso. Y relata que, hace un mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno federal adoptar vías concretas para solucionar el problema. La respuesta fue descalificar el informe de la CNDH.
“Es un despropósito. Más que rechazar el informe (el gobierno) debería tomar medidas de solución a esta circunstancia (pero no lo hizo); ahora vemos esta tragedia (en Tamaulipas) que no tiene precedente”, sostiene el quinto visitador.
Batista Jiménez asegura que la CNDH ya inició una investigación sobre los 72 migrantes centroamericanos ejecutados en el municipio de San Fernando. Dice que peritos y visitadores viajaron a esa región para asegurarse de que las autoridades cumplan con su deber e investiguen a fondo para sancionar a los responsables.
El visitador insiste: “Hemos dicho a las autoridades que tienen la responsabilidad de prevenir el delito y no lo han hecho; que ese tipo de casos no deben quedar en la impunidad; que se castigue a los responsables. Pero hasta ahora ni una ni otra cosa han hecho. (El INM) ni siquiera labor de prevención ha hecho”.
Sólo en marzo de 2007, la institución que dirige Cecilia Romero emitió una circular en la que establece como requisito para reconocer que un migrante ha sido víctima de un abuso que debe exhibir una prueba documental pública que lo acredite como tal. Pero eso supone haber presentado la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial o contar con documental pública expedida por autoridad con facultades suficientes para ello. Y eso es casi imposible.
El motivo: La mayoría de los migrantes vejados opta por no presentar su denuncia; algunos sostienen que los agentes del INM están coludidos con las bandas criminales; otros ni siquiera saben que tienen el derecho de denunciar que fueron secuestrados.
Batista Jiménez sostiene que, a partir de la tragedia de San Fernando, “el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos locales, tiene que poner una solución a esos sucesos cotidianos. Nosotros tenemos noticias diarias de ese tipo de sucesos, pero lamentablemente no vemos acciones concretas”.
Y aun cuando el multihomicidio de los 72 migrantes exhibe al gobierno mexicano en el extranjero, las autoridades no dan una respuesta efectiva en materia de procuración de justicia”, sostiene el visitador de la CNDH.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, presidente del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, condena la negligencia con que el Estado mexicano ha abordado el problema migratorio.
En entrevista con Proceso afirma: “En Chiapas los asesinatos que habíamos documentado antes de Acteal eran parte de una estrategia contrainsurgente; ahora, los asesinatos, secuestros y ultrajes a los indocumentados centroamericanos son parte de una estrategia de administración migratoria encaminada por el Estado. Ahora tenemos el colmo de 72 ejecuciones. Esa acción no es de ninguna manera aislada sino que se viene repitiendo desde hace más de dos años”.
Insiste: “Esos son crímenes de lesa humanidad que se le deben cargar al Estado, porque es responsable en la medida en que administra deshonestamente la política migratoria y expone a los indocumentados a la acción criminal. Esta es una administración deshonesta por la complicidad y la omisión de las autoridades, que va contra todos los principios internacionales de derechos humanos”.
Ritos de muerte
Los informes de Amnistía Internacional y de la CNDH ofrecen testimonios de secuestros masivos, torturas y asesinatos cometidos por grupos criminales contra migrantes centroamericanos.
Por ejemplo, una joven salvadoreña relata que ella y su compañera fueron levantadas por hombres armados a orillas de las vías del tren en Tierra Blanca, Veracruz.
Narra: “Nos pidieron el número de teléfono de nuestros familiares en Estados Unidos y nos amenazaron con que si no se los dábamos nos matarían. Todo el tiempo nos insultaron, además de que nos dieron de cachetadas, nos daban empujones y patadas en todo el cuerpo y nos pegaban con un látigo, nos taparon los ojos y nos amordazaron.
“A mi compañera la mataron porque no tenía quien le ayudara y no les dio ningún número. Entonces le dispararon dos veces en la cabeza y la dejaron desangrándose como tres horas enfrente de mí para intimidarme.”
Los secuestradores hablaron con un familiar de la joven que vivía en Estados Unidos. Le pidieron 4 mil 500 dólares por liberarla. Durante los dos días que estuvo secuestrada la violaron y sólo le dieron de comer una vez pan duro y un poco de agua.
Otro testimonio –recogido en uno de los refugios migratorios– ilustra la complicidad de agentes policiacos y de funcionarios del INM con grupos criminales: Policias municipales de Reynosa detuvieron a tres centroamericanas. Las entregaron a Los Zetas, quienes las violaron y exigieron dinero a sus familiares en Estados Unidos. Cuando el dinero llegó las liberaron. Ellas acudieron con agentes del INM a denunciar los hechos. Ahí empezó lo peor de su tragedia. Los agentes migratorios las “vendieron” de nueva cuenta a Los Zetas. En presencia de ellas los delincuentes pagaron en efectivo a los agentes. Luego las violaron tumultuariamente frente a otros inmigrantes centroamericanos. Uno de ellos protestó. Antes de que terminara de hablar fue brutalmente golpeado. Ya en el suelo, moribundo, disparos de cuerno de chivo lo fulminaron.
Dos de las muchachas fueron asesinadas y colocadas como ofrenda a la Santísima Muerte. La tercera –Daisy, hondureña– sobrevivió. En su testimonio describió además la muerte de una embarazada que se encontraba entre los secuestrados. Luego de dar a luz los plagiarios se llevaron al recién nacido mientras que la madre murió porque no le retiraron la placenta.
De acuerdo con el VI informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por México, elaborado por los organismos Humanidad sin Fronteras, Frontera con Justicia y Belén Posada del Migrante, es clara “la colusión entre los agentes del INM y de la Policía Federal con Los Zetas, pues muchos testigos refieren haber visto a los uniformados en las casas de seguridad donde los mantenían en cautiverio”.
El documento ofrece como ejemplo el testimonio de Juan, un nicaragüense: “En Tenosique, el jefe de Los Zetas tiene una casa detrás de la Estación Migratoria. Cuando él quiere entra, saca migrantes y se los lleva secuestrados. Como los agentes del INM trabajan con él, intercambian gente: cuando Los Zetas tienen balines (indocumentados que no tienen forma de pagar el rescate) y los del INM tienen migrantes con familia en Estados Unidos, se los intercambian”.
“La idea central del gobierno es cuidar de una seguridad que, en realidad, la empobrecida población transmigrante no pone en riesgo. Esta lógica, que criminaliza a migrantes en situación irregular, genera la violación sistemática de los derechos humanos de los indocumentados, pues hasta el momento ha impedido regular este fenómeno, el cual, ciertamente, no dejará de ocurrir”, expone el informe.
Para Raúl Vera los miles de casos documentados reflejan el fracaso de Felipe Calderón en este tema, como en todos los relacionados con la lucha en contra de la delincuencia.
“Aquí no hay una declaración ni una acción firme del presidente. Nos anuncian repetidamente que van a erradicar el crimen y nosotros padeciendo, y ahí están los muertos. Vivimos la destrucción de este país. La muerte de los mexicanos y extranjeros”, afirma. (Con información de Homero Campa, Velia Jaramillo y Arturo Rodríguez) l
Tabasco, también cementerio de migrantes
Armando Guzmán
VILLAHERMOSA, TAB.- La hondureña Kenia Carolina Gálea Gómez, de 28 años, se despidió de su madre y de sus dos niños, y anunció que se iba a Estados Unidos. A mediados de julio salió de su país y el día 21 llegó a casa de su hermana Martha, que vive en Palenque, Chiapas.
Ahí se quedó 12 días. Como el tren pasa cerca, conoció a tres hombres y dos mujeres que iban de paso y decidió continuar con ellos el viaje al norte, aunque su hermana no estuviera de acuerdo.
El viernes 6, Kenia se encaramó en el ferrocarril. Dos días después, el domingo, fue violada y asesinada cerca de la estación que está en la ranchería Buenavista-Apasco de Macuspana, Tabasco. La mataron a garrotazos junto con el también hondureño José Antonio Calderón Orellana, de 31 años, y el tabasqueño Héctor López López, originario de la comunidad y quien al principio se creyó que era otro centroamericano ilegal.
El hondureño Elkin Donaldo Padilla Flores, de 28 años y único sobreviviente del grupo, relató ante el Ministerio Público de Macuspana que un grupo de hondureños llegaron a El Ceibo, Guatemala, y por allí entraron a México. En Palenque conocieron a Kenia, volvieron a subir al tren y siguieron la ruta a Estados Unidos con otros 500 centroamericanos, aproximadamente.
El domingo 8 por la noche, él se bajó con Kenia y Calderón Orellana en la estación de Buenavista-Apasco porque ella se sentía mal. Querían conseguirle medicinas. Entonces se les unió el tabasqueño Héctor López.
Alrededor de las 11 de la noche, cinco sujetos vestidos de negro les salieron al paso y gritaron que era un asalto, al tiempo que arremetían con garrotes y tubos. Los despojaron de dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias. Los amarraron y les asestaron garrotazos y tubazos en la cabeza. A Kenia le bajaron los pantalones, la violaron y la tiraron sobre la vía del ferrocarril.
Elkin Donaldo logró desatarse y buscó ayuda. Encontró una patrulla y guió a los policías hasta los cadáveres de Kenia, José Antonio y Héctor. Los habían molido a palos.
El martes 10, Hilario Aldama Corral reclamó el cadáver de su cuñada Kenia en la agencia del MP de Macuspana para trasladarla a Honduras y sepultarla. Narró que Kenia era madre soltera y que sólo pretendía llegar a Estados Unidos para trabajar. Él se enteró del crimen porque su suegra, Martha Elena Gómez, le avisó por teléfono desde Honduras.
El mismo día se presentó Andrés López a reclamar el cadáver de su hermano Héctor, de cuya muerte se enteró en los medios de comunicación. Ignora por qué andaba con los centroamericanos, pero dijo que vivía en la ranchería Buenavista-Apasco, era soltero, salía frecuentemente de casa y a veces no llegaba a dormir.
En cuanto a José Antonio Calderón Orellana, fue identificado con una credencial.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco (CEDHT), José Manuel Argáez de los Santos, señala que este hecho confirma “la situación atroz” que enfrentan los migrantes centroamericanos ilegales en México, en la cual “no sólo están involucradas autoridades municipales sino también de migración”.
Dice que la comisión estatal no ha documentado un caso similar, pero tiene abiertas 42 quejas desde 2008 hasta la fecha, de las cuales 10 se presentaron este año contra policías municipales de Tenosique, Balancán y Macuspana –que están en la ruta hacia Estados Unidos–, por abuso, extorsión y maltrato a centroamericanos internados ilegalmente en el país. La CNDH tiene abiertas otras 40 quejas en Tabasco contra agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) por las mismas causas.
El ombudsman tabasqueño asegura que, de acuerdo con testimonios de migrantes, la delincuencia organizada recluta a pandillas locales y las infiltra entre grupos de centroamericanos para que observen quiénes son secuestrables por la cantidad de dinero que llevan o por las llamadas telefónicas que hacen a sus familiares en Estados Unidos. Ya en territorio mexicano, los plagian y extorsionan a las familias.
Lo grave es que cuentan con la complicidad de autoridades. En Tenosique, ejemplifica, los secuestros de migrantes ocurren en el día y en la estación del ferrocarril “que está enfrente de las oficinas del INM”.
Argáez de los Santos cuenta que, en abril pasado, agentes de migración hicieron una redada de indocumentados cerca de la estación Buena Vista-Apasco, en una iglesia y en casas donde los migrantes suelen descansar:
“En vez de proporcionarles seguridad y vigilancia (a los indocumentados), se metieron a la iglesia y a las propiedades privadas, y con macanas eléctricas los sacaron y golpearon”. La queja contra los agentes del INM se ventila en la CNDH por tratarse de la autoridad federal.
Como resultado de ese acoso, prosigue, “la frontera sur es tierra de nadie. El gobierno mexicano tiene la responsabilidad de dar seguridad a quienes se internan en territorio nacional, independientemente de su condición de indocumentado o no. Ser indocumentado no es ser delincuente, y ese es el trato que muchas veces se le da en México”.
Sin estrategia
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estatal, Luis Felipe Madrigal, describe: “A cada rato vemos cadáveres de indocumentados flotando en los ríos que, se presume, fueron delincuentes centroamericanos. Hay bandas como la Mara Salvatrucha, narcotráfico, tráfico de personas y de armas, por eso se está tratando de fortalecer la zona de El Ceibo, la frontera de México con Guatemala”.
Añade: “No debemos de olvidar que en esta frontera están también los Kaibiles (soldados guatemaltecos de élite), que son los más salvajes”. Y opina que se puede disminuir la violencia colocando puestos de vigilancia en zonas estratégicas, aunque es difícil sellar toda la frontera.
Cuando el gobernador Andrés Granier Melo participó en los llamados Diálogos por la Seguridad, convocados por el presidente Felipe Calderón, insistió en que la seguridad y el desarrollo en la frontera sur son temas prioritarios en la estrategia nacional contra la delincuencia organizada.
Añadió que ese problema afecta además a Campeche, Chiapas y Quintana Roo, pero enfatizó que los municipios tabasqueños de Balancán y Tenosique comparten con Guatemala
“Es una frontera totalmente porosa, donde prevalece el tráfico ilegal de todo tipo de mercancías, incluyendo armamento, y donde los migrantes centroamericanos son, cada vez más, víctimas de la delincuencia organizada”, aseguró.
En un tácito reconocimiento de la falla, el presidente Calderón respondió: “Comparto con el gobernador de Tabasco la idea de tener una estrategia para la frontera sur, pues es un punto logístico clave para los criminales”.
De acuerdo con estadísticas del INM, en 2009 fueron detenidos en Tabasco 12 mil 188 centroamericanos indocumentados, cifra sólo superada en Chiapas, con 29 mil 410. Del total de 62 mil 829 centroamericanos repatriados el año pasado, 28 mil 980 son guatemaltecos, 22 mil 941 hondureños y 9 mil 964 salvadoreños. l
Los secuestradores que nadie persigue
Óscar Martínez
Cuando decidió embarcarse en la riesgosa aventura periodística que implicaba ser un migrante más, Óscar Martínez, reportero del periódico digital salvadoreño elfaro.net, cayó en la cuenta de que la realidad que tenía ante sí era mucho más terrible de lo que sabía... En el azaroso viaje a bordo del tren al que los indocumentados llaman La Bestia, de pronto los machetes dieron paso a los fusiles de asalto; los refugios en el monte a las casas de seguridad; los asaltantes comunes a Los Zetas, y los robos a los secuestros... Con el permiso del autor, Proceso publica fragmentos de un capítulo de Los migrantes que no importan, libro de crónicas escrito por el propio Martínez bajo el sello de Icaria editorial. En la presentación del mismo, Julio Scherer García evoca de alguna manera la matanza de la semana pasada en Tamaulipas: “Los hechos que narra el libro tienen la contundencia inexcusable de la barbarie”.
Llovía en Tenosique cuando El Puma y sus cuatro pistoleros recorrían las vías del tren y exigían dinero a los migrantes que buscaban viajar como polizones (…) unos 300 indocumentados se amontonaban en las lodosas márgenes de los rieles.
El Puma es un hondureño de unos 35 años, con una nueve milímetros en el cinto y un fusil de asalto AK-47 colgado de su hombro. (…) “Trabaja para Los Zetas”, dicen los que se han topado con él. Para subir al tren hay que pagarle. Quien no paga no viaja. Quien se resiste se las ve con él, sus escoltas, sus machetes y sus ráfagas de plomo.
La mayoría pagó. Los que no tenían dinero se retiraron a pedir limosna al pueblo. El Puma pidió por radio al maquinista que parara y se acercó a darle su parte mientras los migrantes se acomodaban en el techo o en los balcones que hay entre vagón y vagón. En el del medio se ubicaron los cuatro polleros, guías para los indocumentados que pueden costeárselos, con unos 20 clientes.
(…) En Pénjamo (…) el viaje empezó a empeorar. José, un salvadoreño de 29 años, fue el primero en ver cómo ocho hombres aprovecharon la lenta marcha del ferrocarril para subir. “Tranquilos –dijeron al grupo de José–, nosotros también vamos para el norte”. Pero José concluyó que le habían mentido cuando vio que, tras descansar unos minutos, cuatro de ellos sacaron pistolas nueve milímetros, los otros cuatro desenfundaron sus machetes y todos se encajaron sus pasamontañas.
“Adiós”, dijeron. Dejaron en paz a los salvadoreños y saltaron al siguiente vagón para asaltar a sus ocupantes. Cuando los encapuchados llegaron al cajón de Arturo, un cocinero nicaragüense de 42 años, ya llevaban con ellos a dos muchachas que pretendían secuestrar. Arturo se fijó en una de ellas porque era de piel blanca. Le pareció bonita. A la otra no pudo verla bien.
(…) El siguiente vagón era el de los polleros. Hubo silencio durante unos minutos. Luego, balacera. Unos 15 minutos de detonaciones. Polleros contra asaltantes. Los polleros habían entregado dinero, pero se negaron a dejar la mujer que les pedían. Un cuerpo con pasamontañas cayó del tren que había disminuido su velocidad. Los demás bajaron a asistirlo, a pesar de que el hombre parecía muerto cuando rodó por el desnivel de las vías.
(…) La revancha fue en Palenque, unos
(…) Los asaltantes se movían rápido. Lograban adelantar en vehículos a un tren que va a unos
El otro negocio de “Los Zetas”
La historia del tren que partió de Tenosique es un libro de instrucciones para quien sepa leer entre líneas. En él se describen las claves que de un tiempo para acá han particularizado este tramo como la zona más caliente en medio de un recorrido total que nada tiene de amable.
Los defensores de los migrantes que viven en estos puntos de paso ruegan alarmados que alguien haga algo. Gesticulan, piden que se apaguen las grabadoras, que se guarden las cámaras, y describen lo que ahí todos saben: decenas de indocumentados centroamericanos son secuestrados a diario por Los Zetas y sus aliados, a plena luz del día, y son confinados en casas de seguridad cuya ubicación muchos conocen, incluidas las autoridades locales.
La lógica comercial es sencilla: más vale secuestrar durante unos días a 40 personas que paguen entre 300 y mil 500 dólares de rescate cada uno que a un gran empresario que entregue en un solo monto la misma suma, pero donde se corre el riesgo de llamar la atención de la prensa y de la policía. Autoridades nacionales como la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encargada de la migración, admiten la gravedad del problema.
Estos son los secuestros que no importan. Estas son las víctimas que no denuncian. Estos son los secuestradores a los que nadie persigue. El gobierno mexicano en lo que va del año tiene registro de que 650 personas han sido raptadas. Pero ese es tan sólo el número de casos en los que alguien ha pedido ayuda. Un recorrido por la ruta convierte el dato lanzado por el gobierno en un mal relativo. No es una exageración afirmar que sólo en uno de los puntos de plagio de migrantes, en cualquiera, en un mes se rebasa la cifra oficial de secuestros de todo el país. En los primeros seis meses de 2009, personal de la CNDH visitó estas zonas y recogió testimonios de indocumentados secuestrados. Reunieron casi 10 mil de esos relatos de viva voz de quienes los sufrieron. La misma CNDH aseguró que si hubieran tenido más personal, la cifra se habría duplicado o triplicado.
(…) Del viaje del tren donde hubo cientos de asaltados, donde hubo al menos tres muertos y varios heridos y tres secuestrados no se escribió ni una letra en ningún periódico. Nunca llegó ni la policía ni la Fuerza Armada. Nadie ha puesto ninguna denuncia.
Tenosique, como punto de partida; Coatzacoalcos, Medias Aguas, Tierra Blanca, Orizaba y Lechería como sitios neurálgicos, y Reynosa y Nuevo Laredo, fronterizas con Estados Unidos, como último peaje, componen la ruta de los secuestros. Todas, menos Lechería –donde el tren se desvía hacia el interior del país–, son ciudades cercanas a la costa atlántica, todas dentro del dominio de Los Zetas, según el mapa del crimen organizado trazado por la División Antinarcóticos de ese país.
En cadena descendente, desde los despachos en la capital mexicana hasta los albergues del sur, lo que pasa está dicho, para quien lo quiera escuchar. “La situación del migrante viene complicándose. Es alarmante. Se multiplican los testimonios de los secuestrados. Ocurre a plena luz del día, a grupos grandes. Llegan con armas, secuestran a algunos. El Estado mexicano es responsable de la integridad y la vida de quienes se encuentran en su territorio. Hemos hecho llamados enérgicos. Es increíble que esto siga pasando”, se queja Mauricio Farah, encargado de esa visitaduría. (…)
Coatzacoalcos
(…) Un grupo de migrantes sostiene junto a las literas una especie de reunión en la que el tema central es lo difícil que está la ruta debido a los secuestros. Unos relatan, otros solo observan con el interés del que escucha lo que le puede ocurrir. “A aquel compadre lo levantaron aquí y ahí va de vuelta, pero yo me quedo”, señala el hondureño a un hombre que descansa solo en la cama baja de un camarote. Se llama Pedro, tiene 27 años y también es hondureño. Se ve triste.
Cuenta que fue hace tres meses. Todo empezó aquí, en Coatzacoalcos, en una casa frente a las vías. Dice que fue un engaño bien orquestado. Asegura que lo intentará de nuevo porque no le queda de otra. Sugiere que el que tenga parientes en Estados Unidos no lo diga en el camino. A nadie. Nunca.
“Fue una señora a la que le dicen La Madre, que ofrece coyote que lo lleva a uno por 2.500 dólares. Así lo llevan engañado a uno hasta la frontera, Reynosa. Hasta ahí te tratan bien, pero ahí te secuestran. Ahí te amenazan con pistola, te agarran a golpes. Creo que son de Los Zetas. Me sacaron 800 dólares y 2 mil
Hay sitios donde se respira el miedo. Para un migrante Coatzacoalcos es uno de esos lugares. Un testimonio desencadena otro: “A mí me secuestraron en mi anterior intento”; “yo me escapé ayer de un secuestro”; “yo vi hace tres meses cómo levantaron a dos muchachas”. Esta mañana, del grupo de diez reunido junto a las literas han surgido siete historias de secuestros vividos en carne propia o como testigos.
Le cuento a Ortiz, el encargado de la CNDH, que en el cuarto contiguo hay muchas víctimas de secuestro, que incluso hay gente raptada a unas cuantas cuadras, en alguna casa de la marginal por la que serpean las vías. No se sorprende, aunque habla con contundencia. Es su pan de cada día.
–El dominio de las bandas organizadas –dice Ortiz– ha incrementado, por decir, un 200%. Tenemos muchas denuncias, el modus operandi es igual aquí que en Tierra Blanca. Hay secuestradores que van y cobran hasta 15 rescates, lo que me hace pensar que las compañías de remesas saben a quién le pagan, no es posible que alguien vaya por 30 envíos. Y hemos tenido casos fidedignos donde los policías municipales han detenido a un migrante y lo entregan a los delincuentes.
–Tengo tres testimonios –le cuento– donde alguien que fue secuestrado asegura que de su grupo alguno se escapó y que al volver, muy golpeado, les dijo que venía de denunciar a la policía local que en la casa quedaban migrantes, y que la policía los llevó a entregarlos a los secuestradores.
–Sí, si ya no es cuestión de omisión. Nosotros sabemos que los entregan, no hemos escuchado de esa mecánica de que los devuelven, pero eso es lo de menos, hay coparticipación. Con los cónsules de El Salvador y Honduras en Veracruz y el delegado del INM hemos estado reunidos con el presidente municipal de Tierra Blanca, y es común que nos desconozca el hecho, y hay malestar cuando hablamos de casos de secuestrados. De hecho, al mes siguiente de que me dijeran que eso no pasaba, hace un mes, el Ejército incursionó en una casa de seguridad y rescató a 28. Desde hace unos meses actúan a la luz del día, haya o no presencia de la autoridad, eso no los inhibe. Hay migrantes que nos han dicho: “¡Iba pasando la patrulla, voltearon, vieron cómo nos tenían apuntados con pistolas, en el piso, y siguieron de frente!”. ¡Es un hecho real, hay testigos que han visto hasta a 100 personas en la misma casa! Todos los vecinos le pueden decir cómo es el modus operandi, todos lo han visto, y nadie dice nada. ¡No pasa nada! Va a seguir pasando a los que vengan. Nadie nos quiere oír.
Erving Ortiz, el cónsul salvadoreño en Veracruz, denunció en agosto de este año que “unos 40 indocumentados son secuestrados cada semana” en todo el estado. Lo hizo luego de que el Ejército incursionara en la casa de seguridad de Coatzacoalcos. Esta vez los dos periódicos más influyentes del país, Reforma y El Universal, lo publicaron.
Intento por décima vez contactar al presidente municipal de Tierra Blanca, Alfredo Osorio, pero nunca contesta. Su secretario particular, Rafael Pérez, me prometió unos minutos al teléfono para hoy, pero ya no responde su celular. En la alcaldía, una secretaria contesta el teléfono y asegura que ambos funcionarios estarán fuera una semana. Marco al despacho de prensa del INM y me contesta la misma encargada que lleva cinco días diciéndome que busca al funcionario ideal para hablar sobre los secuestros. Sin embargo, hoy actúa como el secretario de Osorio y me dice que la persona indicada –de quien nunca supe el nombre– está fuera del trabajo y lo estará varios días. Dice que no sabe cuándo volverá. Mientras, varios continúan secuestrados a unas cuadras de donde marco los números del presidente municipal y el INM. Es tan cotidiano que no necesito hablar con ellos para estar seguro de que si fueran honestos y hubieran aceptado mis llamadas, tendrían que haber contestado con un rotundo sí a mi pregunta: ¿saben que aquí se secuestra de forma sistemática a migrantes?
El 4 de abril de este año, la jefa del INM, Cecilia Romero, recibió el mismo documento que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. Era un documento de 40 páginas, y su segundo capítulo se titulaba “Secuestros y crimen organizado”. Contenía una explicación general de lo que ocurre y tres testimonios de víctimas. Lo envió Leticia Gutiérrez, directora de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, organismo de la Iglesia católica que coordina 35 albergues del país, entre ellos los de Tierra Blanca, Coatzacoalcos y Reynosa. Los destinatarios nunca respondieron.
La pregunta oculta en las palabras del cónsul Ortiz es evidente: ¿cómo es posible que siga pasando algo que conocen los alcaldes, los países de origen, los medios de comunicación, el Estado mexicano y hasta el gobierno de Estados Unidos?
Una ruta llena de cadáveres
Arturo Rodríguez García
La “Ruta del Atlántico”, la que transitan los migrantes centro y sudamericanos a través de México en su afán de llegar a Estados Unidos, está sembrada de cuerpos descuartizados y quemados por Los Zetas.
Mujeres violadas, esclavizadas como sirvientes de criminales, explotadas sexualmente, ultrajadas igual que cientos de niños que, en el mejor de los casos, son forzados a trabajar; hombres que mueren durante su secuestro porque no tienen un familiar que compre su libertad… son casos que se multiplican y que las autoridades conocían incluso antes de la matanza de San Fernando, Tamaulipas.
Óscar Martínez, reportero del periódico digital elfaro.net y de los proyectos Los Migrantes que no importan y En el camino, afirma que ninguna autoridad mexicana puede decir que desconocía lo que ocurre en la Ruta del Atlántico, que ha sembrado de cadáveres ranchos, parajes y caminos, y que ha vuelto a México un enorme cementerio de migrantes.
La matanza de 72 migrantes ocurrida en Tamaulipas el pasado 25 de agosto, dice Martínez, es apenas un caso que se convirtió en alerta porque se hizo público y se encontraron los cuerpos; pero agrega que podría haber muchos más cementerios clandestinos a lo largo del país.
A partir de 2007 –cuando Los Zetas se apoderaron del tráfico de indocumentados y sustituyeron a los viejos polleros– las denuncias por agresiones, asesinatos, violaciones y secuestros han sido documentadas por los periodistas de elfaro, quienes recorrieron la ruta de los migrantes en un trayecto que, de acuerdo con Martínez, se ha vuelto una tragedia humanitaria.
Mientras el gobierno mexicano permanece indiferente a los crímenes contra migrantes, “los gobiernos centroamericanos jamás han hecho una condena por el secuestro, la violación y el asesinato de sus ciudadanos. Lo que les importa es que vuelvan en forma de remesa, en forma de televisor”.
El caso de San Fernando revela que México está plagado de cementerios, pero también “de testigos, de migrantes que fueron liberados luego de que sus familias pagaron un rescate y que necesitan contar lo que les ha pasado; sólo falta que alguien vaya y se los pregunte”.
El entrevistado cita los informes de la ONU y del FBI, que desde 2007 concluyeron que el tráfico de migrantes se volvió monopolio de Los Zetas.
Con toda esa información, asegura, ya es tiempo de que el gobierno mexicano hubiera hecho algo.
Fosa nacional
Desechos humanos, los migrantes que no tienen familiares que paguen su rescate son exterminados.
En el documental En tierra de nadie, de Marcela Zamora, se dio a conocer la entrevista con una salvadoreña que fue secuestrada y obligada a trabajar como cocinera en una “estaca” de Los Zetas.
Las estacas, reveló la mujer, son células de ese grupo criminal formadas por los soldados, encargados de secuestrar y asesinar. Siguen los “alfa”, que son los jefes de cada estaca y cada una cuenta con un carnicero, que es el encargado de descuartizar e incinerar los cuerpos de las víctimas.
El procedimiento –descrito ya en los informes forenses relativos a cinco fosas clandestinas localizadas en el último año entre Coahuila y Nuevo León– consiste en asesinar, descuartizar y quemar en un tambo a las víctimas (Proceso 1761).
“No es que esa estaca funcionara así, sino que en cada una hay un funcionario que se llama ‘carnicero’. En México hay una masacre cotidiana que se inició en 2007 o quizás antes, y desde entonces no ha parado”, dice Óscar Martínez.
El periodista salvadoreño asegura que bastaría hacer excavaciones en los ranchos y casas de seguridad donde han sido liberados migrantes secuestrados para, con seguridad, hallar panteones improvisados en sus alrededores.
Por ejemplo, el 6 de enero de 2009, en Reynosa, Tamaulipas, el Ejército tomó una casa de seguridad donde estaban secuestrados 188 indocumentados. Los migrantes aseguraron que habían pasado puestos de control militar y migratorio hasta llegar ahí.
Martínez apunta que como en ese caso, en el último año y medio han liberado a migrantes en Piedra Blanca, Medias Aguas y Coatzacoalcos, Veracruz, así como en Tenosique y Gregorio Méndez, Tabasco.
Subraya que en la mayoría de las liberaciones de secuestrados la actuación gubernamental se inicia con la denuncia de un migrante que logró escapar, pero no por una tarea de investigación.
Concentrado en detalles que el gobierno mexicano pasa por alto y que podrían arrojar luz sobre lo que ocurrió en San Fernando (como el hecho de que los migrantes viajaban en autobús), Martínez agrega que no hay referente de una matanza así.
“Creemos que en muchos ranchos de México debe haber más cadáveres. Los Zetas entierran en los mismos ranchos o en terrenos aledaños; lo que no entendemos es por qué esta vez no los enterraron, tal vez porque los sorprendió la Marina, pero en un lugar como ese tienen todo el tiempo que quieran… es un caso terrible: Los Zetas siembran México de migrantes.”
Insiste en que este es apenas un caso y agrega: “Que desentierren con peritos los ranchos donde han encontrado migrantes y se darán cuenta de que hay varias decenas de miles de cadáveres”.
Despacho central
En su paso por México, los migrantes enfrentan numerosos peligros desde la frontera sur hasta la norte, atravesando unos 10 estados con puntos clave para el secuestro. Para Óscar Martínez no es extraño que la matanza haya ocurrido en Tamaulipas, ya que ese estado podría considerarse “el despacho central de Los Zetas” para el secuestro y la trata de personas, con fines de explotación sexual en el caso de mujeres y niños.
Región de viejos polleros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó en 2008 que éstos pagaban al grupo criminal cuotas de unos 10 mil dólares semanales y que por cada secuestro se cobran de
San Fernando colinda al norte con los municipios fronterizos de Matamoros y Río Bravo y al este con el Golfo de México. La región tiene legendarias bandas de polleros que ahora están al servicio de Los Zetas.
De acuerdo con Martínez, los jefes de las bandas de polleros son ampliamente conocidos y hasta míticos. En Matamoros opera Don Fito, en Nuevo Laredo están El Abuelo y su hijo y en Piedras Negras, Coahuila, un sujeto apodado El Borrado. Pero también hay polleros en el sur, como El Borrego, en Tierra Blanca, Veracruz.
La ruta migratoria controlada por Los Zetas funciona con la complicidad de gobiernos y policías municipales, guardias y trabajadores del ferrocarril e inclusive de migrantes secuestrados a los que convencen u obligan a trabajar con el crimen organizado y que viajan como espías a través de la ruta atlántica.
Empiezan en Tenosique, Tabasco, donde ya van secuestrados o lo serán, porque los maquinistas forman parte de la red; el tren viaja por Veracruz a Coatzcoalcos, pasa por Tierra Blanca y Orizaba y llega a Medias Aguas, uno de los puntos con mayor índice de secuestros, porque ahí las vías se juntan con las del tren que viene de Chiapas y Oaxaca.
Sigue por Lechería, sitio peligroso, y llega a Tultitlán, en el Estado de México, donde también hay numerosos secuestros pues ahí se unen las vías a Tijuana y a Saltillo; éste es considerado uno de los puntos más riesgosos y es punto de partida a Nuevo Laredo o a Piedras Negras.
En un mapa, la Ruta del Atlántico es una “S”, “una S de Zetas”, dice.
Según Óscar Martínez, a lo largo del trayecto los policías actúan coludidos con Los Zetas, para quienes detienen a los indocumentados.
“En México la ruta de los migrantes son Los Zetas. No es el gobierno ni el alcalde ni el gobernador, son Los Zetas. Ellos encierran a la luz del día, cobran rescates, para ellos trabajan las autoridades”, dice.
El control de Los Zetas es tan grande que infiltran los albergues y tienen espías entre los grupos de migrantes que viajan desde Tenosique y Arriaga. Se ganan la confianza, indagan historias personales y luego pasan la información para determinar quiénes son candidatos a secuestro o si viajan con un pollero que no está alineado con el grupo criminal; en ocasiones se han desatado enfrentamientos de varios días entre traficantes de personas y zetas.
Además, las mujeres son víctimas de un secuestro selectivo para fines de explotación sexual, destinándolas a los prostíbulos que tienen bajo su control en Ciudad Hidalgo y Tapachula.
El abandono
Para Óscar Martínez lo que ocurre en México a un indocumentado es infinitamente peor a lo que le podría pasar en Estados Unidos, donde las condiciones laborales son injustas y hay persecución de las autoridades que, pese a ser xenofóbicas son legales.
“Siempre el lobo del cuento migratorio se ha dicho que es la Border Patrol, pero ellos están lejos, sólo los detienen y no es ni la mitad de corrupta que el Instituto Nacional de Migración, las policías estatales y municipales. Lo de allá es grave, pero aquí hay una crisis humanitaria, una masacre.”
La omisión de los gobiernos centroamericanos y la responsabilidad del gobierno mexicano en las violaciones a los derechos humanos de los migrantes llega al extremo de no poder identificar desaparecidos ni contrastar códigos genéticos y un servicio consular que no funciona, pues sólo tiene oficinas administrativas, sostiene.
Así en todos los apartados relacionados con la tragedia humanitaria, cuando viajan a México o a Estados Unidos los presidentes de los países expulsores sólo abordan cuestiones económicas y jamás la migración ni mucho menos denuncian que están violando a sus mujeres y matando a sus hombres.
Por la omisión Óscar Martínez considera que los riesgos son graves, pues aunque en la Ruta del Atlántico sólo en Nuevo Laredo se han registrado casos de migrantes forzados a cruzar droga, en Sonora los burreros del cártel de Sinaloa detienen con frecuencia a los polleros y los obligan a pasar paquetes de 20 o 30 kilos de mariguana.
“El monopolio del secuestro de migrantes es de Los Zetas. Pero las dinámicas en México pueden repetirse y si todos los cárteles tienen bajo su dominio el tráfico de migrantes, el problema será mayor. Lamentablemente con todo lo que las autoridades mexicanas saben ya es tiempo de que hubieran hecho algo”, concluye. l
Para los amigos... impunidad
Raúl Monge
Mientras el presidente Felipe Calderón anuncia que impulsará medidas para combatir el lavado de dinero, documentos con los que cuenta Proceso muestran que algunas investigaciones que se han iniciado para luchar contra este delito quedaron en el archivo. Así ocurrió con una querella que la Secretaría de Hacienda presentó contra Ricardo José Patrón Laviada por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La indagatoria alcanza incluso a su hermano, el exgobernador de Yucatán Patricio José, actual titular de la Profepa.
El 25 de octubre de 2006, en la recta final del sexenio de Vicente Fox, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Daniel Cabeza de Vaca, recibió un oficio “reservado y confidencial” de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –folio 110/H/245/2006–, con una petición puntual: investigar posibles hechos delictivos cometidos por Ricardo José Patrón Laviada, hermano de Patricio José, entonces gobernador de Yucatán y actual titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
A pesar del silencio cómplice de dicho procurador, quien ahora es consejero de la Judicatura Federal, la instancia encargada de detectar posibles delitos financieros en personas físicas y morales dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes no sólo mantuvo activa la indagatoria, sino que la extendió a otros miembros de la familia Patrón Laviada, incluyendo nada menos que al propio Patricio José, según se desprende del oficio 110/F/332/2008 fechado el 7 de noviembre de 2008.
Sin embargo, la PGR no actuó en ninguno de los dos casos.
Cuando Hacienda turnó el primer expediente a la procuraduría, Ricardo José era uno de los pocos integrantes del clan Patrón Laviada que había logrado mantenerse alejado de los escándalos públicos que desde hacía casi una década perseguían a su familia dentro y fuera de México. A sus hermanos Alejandro José y Antonio José se les ha vinculado más de una vez con la delincuencia organizada.
Firmado por el entonces director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, José Luis Martínez Colina, el documento –del cual Proceso tiene copia– dice:
“Con fundamento en los artículos 400-Bis párrafo IV del Código Penal Federal, 113, 117 y 118 del Código de Procedimientos Penales y 15-H fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vengo a denunciar hechos probablemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) presuntamente cometidos por Ricardo José Patrón Laviada y sus socios Johnny Alberto Benítez Cetina, Cecilia Margarita Laviada y Arrigunaga o Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, José Baltasar Cetina Pech y quien o quienes resulten responsables.”
En la relatoría de hechos se indicó que Ricardo José es hermano de Patricio José Patrón Laviada, a la sazón gobernador de Yucatán, y que de
Enumeró algunos:
El 5 de septiembre de 2005, depositó 100 mil pesos en la cuenta 4014055206 de Bital; de
Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP encontró operaciones sospechosas realizadas en distintas casas de bolsa por el hermano de Patricio José Patrón Laviada, actual titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Sin precisar fechas, el documento consigna que en Intercam Casa de Cambio, S.A. de C.V., Ricardo José hizo dos transacciones: en la primera compró divisas y cheques de viajero por 4 mil dólares y en la segunda adquirió 10 mil dólares. En 2003, compró 13 mil 790 dólares en Vector Divisas Casa de Cambio.
Oídos sordos
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP investigó en la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes y confirmó que el hermano del entonces gobernador de Yucatán declaró como actividad preponderante el “servicio de reparación de artículos y aparatos”; que se dio de alta el 16 de octubre de 1984 y que su número de cuenta fue reactivado el 30 de agosto de 2001.
Además, averiguó que fungía como representante legal de la agencia Yucateca de Vehículos, S.A. de C.V., y que era cotitular en cuatro cuentas bancarias adicionales registradas a nombre de Johnny Alberto Benítez Cetina, Margarita Laviada Arrigunaga, Francisco Rodríguez de la Gala Faller y José Baltasar Cetina Pech, con quienes compartía el mismo domicilio fiscal, así como el de la agencia automotriz.
La entidad fiscalizadora de Hacienda también detectó que para realizar sus operaciones bancarias Ricardo José dio tres domicilios distintos: Calle 15, número 113, por 20 y 22, Código Postal 97050, colonia Yucatán; calle Bugambilias, número M, por Cereza y Algarrobo, colonia La Ceiba, y Calle 22, número 449, Residencial Sol Campestre, Código Postal 97200.
En las declaraciones fiscales que presentó entre 2003 y 2005 los investigadores encontraron inconsistencias; la más grave fue la omisión del pago anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En 2003, declaró ingresos por 346 mil 583 pesos; en 2004, por 455 mil 233, y en 2005, por 462 mil pesos.
En el expediente que la SHCP envió al procurador Cabeza de Vaca también se incluían notas periodísticas relativas a presuntas actividades ilícitas –narcotráfico, venta de autos robados y negocios inmobiliarios fraudulentos– cometidas por al menos dos hermanos del actual titular de la Profepa: Alejandro José y Antonio José.
Otro hecho que llamó la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera fueron los inusuales movimientos bancarios realizados por Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga –prima de los Patrón Laviada– del 2 de mayo al 3 de octubre de 2005. De acuerdo con las pesquisas de Hacienda, en esos meses efectuó depósitos y retiros por 20 millones de pesos, de los cuales 14 millones fueron ingresados en efectivo.
La cuenta personal que Laviada Arrigunaga manejaba en Bital –número 4029764750– tuvo 69 movimientos en el lapso mencionado. En varias ocasiones, detalla el informe, efectuó el mismo día depósitos y retiros por más de 100 mil pesos.
Además, la investigación fiscal arrojó otro dato: que al momento de efectuar esas operaciones su cédula del Registro Federal de Causantes no estaba vigente y que en una declaración previa había manifestado que su actividad principal eran las tareas del hogar.
Concluye la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP:
“El millonario manejo en efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejen los movimientos económicos, así como la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas, son elementos que permiten establecer indicios fundados respecto de la probable procedencia ilícita de los recursos operados dentro del sistema financiero mexicano por todos y cada uno de los ahora denunciados, con la probable finalidad de dar apariencia de legalidad a los mismos y con ello tratar de impedir conocer el origen del numerario. Por ese motivo, se hace del conocimiento de esa representación Social de la Federación para los fines legales a que haya lugar.”
Solapamientos
A pesar de la abundancia de elementos incriminatorios, el procurador Cabeza de Vaca, así como los dos funcionarios que lo sucedieron en el cargo durante el gobierno calderonista, Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez, no le dieron trámite a la denuncia.
Al contrario, la hicieron perdediza. Ello se desprende del oficio número 110/F/26/2009 que el entonces director general adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto Elías Beltrán, dirigió el 1 de septiembre de
En dicho documento, “reservado” y “confidencial”, se incluye parte de un oficio enviado por la PGR para justificar su omisión:
“Se realizó una minuciosa búsqueda en el Libro de Gobierno de esta Unidad Especializada, en bases de datos existentes, y se solicitó información a los fiscales y agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos, obteniéndose como resultado que, al día de la fecha, no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentada la misma, ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas…”
Sin embargo, Elías Beltrán le recordó a Barrios Mojica que, de acuerdo con el acuse de recibo que obra en la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, el oficio fue recibido en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR el 26 de octubre de
También le hizo saber que el 7 de noviembre de 2008 envió a la PGR el oficio número 110/F/332/2008, con el resultado de la investigación fiscal que realizó a otros integrantes del clan Patrón Laviada, entre quienes figuraban Alejandro José y Patricio José, quien en ese momento ya era titular de la Profepa.
En ese mismo reporte fiscal de Hacienda aparecen los nombres de otras personas físicas y morales: Pilar Cervera Hernández, hija del exgobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, y esposa de Alejandro José Patrón Laviada; Aída Amira Hernández Guerra, viuda de Cervera y expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán; Alfonso Humberto Zabaleta Laviada, y las empresas Industrial Empacadora y Propesca.
El documento incluye diagramas, cédulas de operaciones relevantes y constancia de la consulta al Registro Federal de Contribuyentes, así como al Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía (Siger). Todo ello en relación con las personas sometidas a la pesquisa.
En el oficio de septiembre de 2009 Elías Beltrán manifestó su inconformidad por la desidia mostrada por la PGR para iniciar una investigación formal contra Ricardo José Patrón Laviada y sus hermanos.
“El argumento –alega Elías Beltrán– esgrimido por esa Representación Social de la Federación, para la devolución del reporte de análisis de operaciones UIF/PGR/144/08 a esta Dirección General Adjunta de Procesos Legales, resulta contrario a derecho, en virtud de que no basta que indique que ‘no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentado la misma ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas’.
“Ello en virtud de que tal y como esa Representación Social de la Federación podrá observar en la copia certificada del acuse de recibo del oficio 110/H/245/2006 de 25 de octubre de 2006, mismo que se remite como anexo 1, fue recibido por esa Unidad Especializada el 26 de octubre de
Con base en ese documento, el funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP sostuvo que la PGR “tenía obligación de investigar los hechos denunciados, llevando a cabo una averiguación previa, practicando y ordenando la realización de todos los actos conducentes para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados y, en su caso, determinar la reserva o el ejercicio de la acción penal”.
Además, destacó que el reporte adicional enviado a la PGR acerca de las operaciones realizadas por Patricio José y Alejandro José Patrón Laviada, entre otras personas físicas y morales, “robustece aún más la necesidad” de que esa dependencia proceda a ejercer las atribuciones que le han sido conferidas.
A casi un año de distancia de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP refrendó su petición para que se investigue a Ricardo José, Alejandro José y Patricio José Patrón Laviada y socios, ni Medina Mora ni Chávez Chávez cumplieron con su deber de investigar los presuntos delitos.
Otra medida tardía...
A tres años de iniciada su guerra contra la delincuencia organizada con las Fuerzas Armadas por delante, y luego de las innumerables críticas por no haber desmantelado la estructura financiera de los cárteles de la droga, el presidente Felipe Caderón lanzó una estrategia para detener el lavado de dinero.
El jueves 26, el mandatario convocó en Los Pinos a su secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y al procurador general de la República, Arturo Chávez, para explicar la nueva medida. Dijo que enviará iniciativas de ley al Legislativo para limitar el uso de dinero en efectivo en la compra de casas, autos, barcos, aviones y joyas; quien lo haga, expuso, será sancionado con penas de entre cinco y 15 años de prisión.
“Diversos actores han señalado la importancia de atacar todas las fuentes de financiamiento de los criminales, atacarlos donde más les duele… Y para ello es indispensable contar con una estrategia clara, con un marco jurídico adecuado, un marco jurídico cierto que nos permita golpear y golpear contundentemente esta fuente de recursos donde está, precisamente, la clave de su fuerza”, sentenció.
Semanas atrás, durante el primero de los Diálogos por la Seguridad organizados por la propia Presidencia de la República, representantes de organizaciones no gubernamentales y líderes empresariales reclamaron a Calderón por la falta de una estrategia contra el lavado de dinero y por el uso excesivo de las Fuerzas Armadas.
Ante las críticas, Calderón ordenó a su secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, elaborar un paquete de reformas legales destinado a frenar el flujo de dinero en efectivo que maneja la delincuencia organizada. Y el jueves 26 las dio a conocer.
“El dinero ilícito es vital para los criminales. Eso es lo que buscan, la ganancia, el dinero; y es vital también para financiar sus actividades. Este dinero, que se obtiene de manera ilegal, afectando los bienes, la vida, el patrimonio, la salud de los demás, se introduce de una manera relativamente accesible hasta ahora en nuestra economía formal, precisamente a través de los mecanismos de lavado de dinero”, dijo.
Entre las medidas más importantes destaca la prohibición del pago en efectivo en transacciones superiores a 100 mil pesos para la compra de vehículos aéreos, marítimos y terrestres; relojes y joyería; boletos de apuestas o sorteos, y transmisión de títulos accionarios.
De ser aprobadas en la Cámara de Diputados y en el Senado, habrá orden en las casas de cambio, en los centros de apuestas, en las empresas de blindaje, en las joyerías, según Calderón.
El gobierno también buscará ampliar el número de negocios obligados a reportar las “operaciones sensibles” de las que sean testigos. En este grupo se incorporarán los centros de juego y apuestas, los emisores de tarjetas no bancarias, las agencias inmobiliarias y los despachos de contadores.
Restructuración institucional
En la miscelánea fiscal, Calderón menciona que se acusará de lavado de dinero a los profesionistas que den información falsa a instituciones financieras, así como a quienes se presten a ser testaferros o prestanombres de negocios fachada. También destaca que el gobierno endurecerá las penas para los delitos de encubrimiento e intensificará el número de operaciones encubiertas para detectar y sancionar incluso la apertura de cuentas bancarias ilícitas.
“Se trata de evitar que (los delincuentes) cuenten con recursos para cooptar a las autoridades, para debilitar a las instituciones, para adquirir armamento o casas de seguridad y vehículos, con los cuales desarrollan su comportamiento criminal”, puntualizó.
En este marco, Calderón anunció la reorganización de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), medida con la que se busca duplicar el personal de esta instancia e incluir en los procesos de investigación plataformas tecnológicas y de sistemas de administración de la información.
En su alocución del jueves 26 en Los Pinos, Ernesto Cordero dijo que también se crearán “células especializadas” para compartir información con las instituciones crediticias para detectar casos ilícitos, respetando siempre el secreto bancario. (DL) l
Los detonadores del colapso
Jesusa Cervantes
En vísperas de su IV informe de gobierno, Felipe Calderón no puede tapar ya con su triunfalismo mediático las realidades que dependencias y documentos oficiales, así como especialistas, exfuncionarios y legisladores subrayan: México se halla ante un inminente colapso, entre otros factores, por subejercicios presupuestales, recursos ociosos, endeudamientos absurdos, fugas de divisas y tratos impositivos preferenciales a los grandes consorcios del país...
A unos días de que Felipe Calderón Hinojosa rinda su IV informe de gobierno, se evidencian en su administración subejercicios presupuestales, endeudamientos “absurdos”, manejos “mañosos” de las cuentas financieras, exceso de disponibilidades, recursos ociosos, discrecionalidad en las decisiones de servidores públicos, falta de regulación y supervisión del gasto, fuerte fuga de divisas y tratos impositivos preferenciales para 30 grandes empresas.
Con base en documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informes de Hacienda y reportes del Banco de México emitidos el miércoles 25, se confirmó que diversas empresas, cuyos nombres no fueron revelados, han sacado del país en los primeros seis meses de este año 10 mil millones de dólares que, a un valor promedio de 13 pesos por dólar, equivalen a 130 mil millones de pesos.
Esta cifra es similar a la correspondiente a los impuestos que las 30 empresas más grandes de México deben al erario (130 mil 262 millones de pesos), cuyo pago, en vez de hacerse en un solo ciclo, ha sido diferido a lo largo de varios años en porcentajes que, discrecionalmente, la Secretaría de Hacienda acaba de disminuir, de manera que, por este concepto, en el presente año sólo cubrirán 13 mil millones de pesos.
No solo eso. Las cifras del segundo Informe Trimestral de las Finanzas de 2010, elaborado por Hacienda, establecen que el gobierno de Felipe Calderón ha subejercido 88 mil millones de pesos en diversos programas sociales, de salud y de infraestructura, así como en pensiones.
Y por si fuera poco, aparte de que la deuda del país ha aumentado en 108 mil 146 millones 500 mil pesos, la administración calderonista ha seguido alimentado diversos fideicomisos, fondos o figuras jurídicas análogas que, al 30 de junio de 2010, acumulaban un total de 399 mil 378 millones 400 mil pesos que han estado sin utilizarse. Esto, de acuerdo con los dos informes trimestrales que la Secretaría de Hacienda entregó el día 25 de agosto a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Y es que, de acuerdo con el exauditor superior de la Federación Arturo González de Aragón –entrevistado por Proceso el 18 de agosto–, una de las grandes dificultades de la administración panista es que no sabe gastar o canalizar los recursos de los cuales dispone.
Aclaró que al hacer las dos primeras revisiones de las cuentas del gobierno calderonista que le correspondieron, no detectó que “se hubiera robado el dinero”, sino que “su gran problema es de capacidad de gasto, calidad de gasto, calidad de programa y cartera de proyectos suficientes”, pese a que “se vio inundado de dinero”.
Señaló que, pese a no haber confirmado que en la Secretaría de Hacienda se estuvieran haciendo desvíos, sí se percató –y eso dio origen a nuevas observaciones de opacidad y riesgo– de “subejercicios presupuestales, exceso de disponibilidades y discrecionalidad de servidores públicos. Pero también, de la falta de regulación y supervisión, aspectos en los cuales estamos en la calle”.
De la ineficiencia al absurdo
El lunes 23 de agosto, durante la reunión plenaria de los senadores del PRI –previa al inicio de sesiones del Congreso de la Unión que arranca con el IV informe de gobierno de Felipe Calderón–, Francisco Labastida Ochoa advirtió, en nombre de los legisladores, que el país se encuentra ante un “inminente colapso económico”.
Aunque admitió que ha habido “crecimiento económico y generación de empleos en estos meses”, expresó la preocupación de su bancada porque dicho crecimiento proviene “de las exportaciones que se están haciendo a Estados Unidos de bienes manufacturados, no provenientes del esfuerzo que internamente se realice en el país, para crecer con base en nuestras propias fuerzas…”.
Lo que pasa, dijo, es que si la economía estadunidense “baja su nivel de crecimiento”, eso implicaría que también “el crecimiento en México se caiga y el desempleo aumente”.
Reveló además que el gobierno federal ha “subestimado” e inclusive “omitido” tres aspectos dentro de la información que está proporcionando:
En primer lugar, manifestó que el IMSS tiene un déficit de 1 billón 700 mil millones de pesos en sus reservas, y que para el año 2012 su déficit operativo llegará a los 34 mil millones de pesos.
En segundo lugar, continuó, Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene activos por 102 mil millones de dólares y pasivos por 105 mil 500 millones de dólares. “Es decir, Pemex tiene ya capital negativo por 5 mil 500 millones de dólares (…) Hoy decimos que esta empresa va prácticamente a la muerte”.
El tercer problema que advierte el PRI y que el gobierno federal no ha dado a conocer, sostuvo Labastida Ochoa, es que de las utilidades extraordinarias que tuvo el Banco de México por el tipo de cambio peso-dólar, que representaron 140 mil millones de pesos, el gobierno federal “tomó” 90 mil millones para financiar su Presupuesto de Egresos de 2010, es decir, su programa de gasto.
Al respecto, el especialista en gasto y manejo de las finanzas federales Mario di Costanzo, diputado por el Partido del Trabajo, califica de “absurdo” y “mañoso” el manejo que ha estado haciendo el gobierno federal de las cuentas financieras.
En entrevista con esta reportera, pregunta: “¿Cómo te explicas que el gobierno federal reporte en sus informes de finanzas que tiene un monto brutalmente alto de dinero en fideicomisos, con un saldo al 30 de junio de 2010 por un total de 399 mil 378.4 millones de pesos, y aún así le quite al Banco de México 90 mil millones para pagar el gasto operativo?”.
Ese dinero que está en los fideicomisos, explica, es parte de lo que la propia Cámara de Diputados le autorizó al gobierno federal para su gasto en 2010, “pero en lugar de gastarlo para lo que fue mandatado, no lo usó para cubrir el gasto y lo transfirió a diversos fideicomisos. Es dinero que está guardado ocioso. Para cubrir el hueco que dejó ese dinero, tomó los 90 mil millones de pesos de parte de las utilidades que tenía Banxico. Es un completo absurdo y manejo ineficiente del gasto”, enfatiza.
Manejo discrecional
Durante la discusión del paquete económico para 2010, Felipe Calderón Hinojosa propuso que, en este año, las grandes empresas que fueron beneficiadas desde 2004 por el régimen de pago de impuestos diferidos liquidaran 20% de sus adeudos.
De acuerdo con la información que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) entregó al diputado Di Costanzo, el año pasado 400 “grandes grupos” empresariales (de los cuales no dio nombres) adeudaban al fisco 850 mil millones de pesos.
La propuesta calderonista era que este año liquidaran 20% de su adeudo; sin embargo, el Senado de la República modificó la propuesta y estableció que sólo deberían cubrir 15%.
Pero el pasado 30 de abril, yendo más allá, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, emitió lo que llamó “cuarta resolución miscelánea”, mediante la cual las empresas únicamente quedaron obligadas a cubrir este año 10% de su adeudo.
Ni el SAT ni Hacienda han dado a conocer en cifras el monto del pago ni mucho menos el nombre de las firmas involucradas. Sin embargo, el diputado Di Costanzo, a partir de la información que están obligadas a dar las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), elaboró un documento que da cuenta de lo siguiente:
Según la información de la BMV, solamente las 30 empresas que cotizan allí tienen hasta 2010 un adeudo de impuestos por diferimiento que alcanza la suma de 130 mil 262.5 millones de pesos. Y si tan solo pagaron 10%, gracias a la circular de Hacienda, su desembolso no rebasó los 13 mil 262 millones de pesos.
Esas empresas son: Cemex, América Móvil, Telmex, Grupo México, Kimberly Clark, Femsa, Bimbo, Grupo Carso, Grupo Posadas, Grupo Maseca, Wal-Mart, Grupo Saba, AHMSA, Grupo Alfa, Grupo Asur, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Peñoles, Autlán, Grupo Bachoco, Grupo Electra, Grupo Inbursa, Comercial Mexicana, Grupo Gigante, Grupo Herdez, Liverpool, Palacio de Hierro, Grupo Televisa, Consorcio Ara, Grupo Sare y Grupo La Moderna.
Dichos consorcios, refiere Di Costanzo, “reportaron un ingreso por 1 billón de pesos. Lo grave del asunto es que durante el primer semestre de 2010 la Secretaría de Hacienda reporta, en su segundo informe trimestral de finanzas, una recaudación por Impuesto Sobre la Renta por todas las personas morales (empresas) que hay en el país, de 125 mil 882 millones de pesos. Es decir, que tan sólo por impuestos diferidos de 30 firmas se debe más al fisco que lo que la autoridad federal recaudó de todas las empresas por otro tipo de impuestos, que es el ISR”.
Al diputado Di Costanzo le parece absurdo que el gobierno maneje así las finanzas, y explica: “Calderón le perdonó a 30 empresas por impuestos diferidos más de 100 mil millones, y si observas la información del Banco de México en el sentido de que ciertas firmas sacaron del país 130 mil millones para invertirlos en otras naciones, entonces lo único que está haciendo el actual gobierno es subvencionar inversiones de mexicanos en el extranjero en lugar de que inviertan aquí y generen más empleos”.
Por otra parte, según los datos de Hacienda, en el primer semestre de 2010 el gobierno aumentó su deuda en 100 mil millones de pesos, por lo que Di Costanzo reflexiona: “Si no hubiera ese trato preferencial a los grandes empresarios del país, permitiéndoles diferir el pago de 130 mil millones de pesos, pues el gobierno no tendría necesidad de endeudarse”.
Comenta que el hecho de que Hacienda saque de las arcas de Banxico 90 mil millones de pesos no se justifica porque el propio gobierno tiene un subejercicio, según sus propios números, de 88 mil millones de pesos. “Dinero –dice– hay; lo que no existe es capacidad para ejercer de manera correcta y eficiente el gasto”.
Justamente sobre este manejo discrecional del dinero “de todos los mexicanos” por parte de las autoridades, el exauditor de la Federación manifestó que pudo verlo en las dos primeras cuentas públicas que revisó del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Por ejemplo, en el documento de la ASF denominado Áreas de opacidad y riesgo en el Estado federal mexicano, que se elaboró en 2009, puede leerse que el 21 de diciembre de 2007 Hacienda emitió una serie de circulares en donde, de acuerdo con la ASF, “se autorizó la distribución de remanentes presupuestales por 203 mil 659 millones de pesos, de los cuales 102 mil 435 millones fueron transferidos a diversas dependencias, entidades, fondos y fideicomisos, así como para la constitución de Depósitos en Administración a favor de Terceros en la Tesorería de la Federación, que por lo avanzado del año no era posible que se devengaran antes del 31 de diciembre de 2007. Esto evidencia que se autorizó la reasignación de recursos a efecto de no reflejar un mayor subejercicio presupuestal”, concluye la ASF.
El exauditor González de Aragón comentó a Proceso que esas fueron “transferencias indebidas a fideicomisos; dinero que no fue ejercido, pero que ellos (el gobierno) lo dieron por ejercido. ¿Por qué si era tal la cantidad de recursos que tenían en la mano no la ejercieron? Pues creo que la realidad los rebasó. No estaban listos. Había carencia de proyectos”.
Los mismos problemas de subejercicios, creación de fideicomisos y transferencias indebidas fueron detectadas en la cuenta pública de 2008 que el pasado mes de marzo dio a conocer la ASF.
A petición de los actuales legisladores del PRI y PT, la ASF elaboró un “proyecto de dictamen” relativo a dicha cuenta. Proceso dispone ya de una copia de ese documento que en los próximos días será dado a conocer a los diputados para su aprobación.
Allí se establece, entre otras cosas, que tanto el Ejecutivo como Hacienda deben cumplir con las leyes y la normatividad para evitar la constitución de actos jurídicos análogos o de mandato, figura no prevista en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; abstenerse de utilizar “acuerdos de ministración” (forma mediante la cual el gobierno federal condiciona la entrega de los recursos a gobiernos estatales); evitar la discrecionalidad; el Ejecutivo federal debe girar instrucciones a las autoridades para que ejerzan el presupuesto aprobado (evitando los subejercicios); abstenerse de constituir fideicomisos, y ordenar a la propia ASF dar seguimiento puntual a todo esto “para que, en su caso, inicie los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades, de todo tipo, que en derecho procedan”.
La semana pasada, el Centro de Estudios de las Finanzas de la Cámara de Diputados elaboró un estudio sobre el manejo del gasto que realiza el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y concluyó, al igual que la ASF, que Hacienda mantiene una política de opacidad y violenta diversas disposiciones para no revelar el manejo de los millonarios recursos que tiene la Federación.
A estos reclamos, como los derivados de la constitución de fideicomisos y subejercicios, o las dispensas de pago de impuestos a grandes empresas, deberá dar respuesta Felipe Calderón en su IV informe de gobierno, concluye el legislador Mario di Costanzo. l
Malversación y opacidad
Daniel Lizárraga
Las relaciones entre la información y Felipe Calderón son pésimas desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo designó presidente electo: a la cabeza del equipo de transición, se despachó con una serie de estudios para mejorar su imagen personal y la de su familia, mandó a una empresa hechiza a sacarle información clave a los diputados federales y, cuando se detectaron esas irregularidades, hizo que la maquinaria burocrática enterrara los documentos que las comprueban.
Como presidente electo, Felipe Calderón y su equipo de colaboradores, encabezado entonces por Juan Camilo Mouriño, malversaron recursos públicos durante el periodo de transición gubernamental de 2006, por lo que fueron obligados a devolver alrededor de 1 millón de pesos para reparar el daño al erario.
La sanción contra Felipe Calderón, cumplida por Hacienda durante el actual gobierno, no se conoció públicamente durante más de dos años, pero la dio a conocer el exauditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, en entrevista con este semanario (Proceso 1764).
La auditoría al equipo de transición presidencial surgió luego de una serie de reportajes publicados por la revista durante 2007 y 2008, que documentaron irregularidades en la contratación de empresas para supuestas asesorías políticas y de imagen.
Esos reportajes se retomaron en el libro La corrupción azul, el despilfarro en las transiciones presidenciales, del autor de esta nota, publicado por la editorial Debate, en el cual se detallaron actos de corrupción incluso en el Estado Mayor Presidencial (EMP).
En la mencionada entrevista, González de Aragón reveló que 130 millones de pesos fueron puestos a disposición de Calderón, y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a su cargo observó manejos irregulares por alrededor de 23% de ese monto. Sin embargo, el fondo de transición ascendió en realidad a 150 millones de pesos, de los cuales 20 millones fueron destinados al EMP.
“Las irregularidades por 30 millones de pesos que les detectamos fueron corregidas y solventadas, en uso de sus atribuciones, por Hacienda, que es la que interpreta. Aun así, Nava (César Nava, quien fuera secretario particular de Calderón) tuvo que regresar 1 millón de pesos”, dijo González de Aragón a la reportera Jesusa Cervantes.
El extitular de la ASF no aportó mayores detalles sobre el resultado de esa investigación. No obstante, en los expedientes integrados por Proceso en más de cuatro años de investigación, consta que quienes aprobaron la contratación de servicios irregulares fueron Juan Camilo Mouriño y, sobre todo, el entonces encargado de las finanzas en el equipo de transición, Gerardo Ruiz Mateos, ahora convertido, por segunda vez, en jefe de la Oficina de la Presidencia, luego de su fugaz gestión como secretario de Economía.
De acuerdo con esas investigaciones periodísticas, el grueso de las irregularidades en el manejo del fideicomiso para la transición presidencial radicó en los festejos públicos y privados por el triunfo de Calderón una vez que lo dictaminó el Ttribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en gastos de imagen, renta de camionetas blindadas y en la contratación de una empresa fundada al vapor: Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas.
En México, el periodo de transición presidencial puede prolongarse más de cuatro meses e implica entregarle al nuevo mandatario 150 millones de pesos provenientes de fondos públicos.
Un sistema de transición similar al mexicano es el de Estados Unidos. Por ejemplo, el equipo de Barack Obama fue de 450 personas y el fondo correspondiente alcanzó 12 millones de dólares. Sin embargo, sólo 5.2 millones provinieron el erario; el resto fueron donativos privados hasta por 5 mil dólares.
Aunque finalmente Felipe Calderón regresó al erario 27 millones 393 mil pesos, tuvo a su disposición el triple de los recursos públicos de Obama, de acuerdo con el tipo de cambio en 2006.
De fiesta
La empresa Make Pro cobró 5 millones 802 mil pesos por organizar el llamado “mitin de agradecimiento” panista en la monumental Plaza México, el 10 de septiembre de 2006. Ese dinero provino del fondo de transición presidencial, depositado en un fideicomiso en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito).
A Make Pro se le entregó un cheque con el pago completo a pesar de que el contrato todavía no era aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso, cuyos integrantes –en su mayoría funcionarios del gobierno de Vicente Fox– realizaron una reunión extraordinaria en un intento por evitar irregularidades.
Gerardo Ruiz Mateos, coordinador de la Oficina del presidente electo, se encargó de validar la factura en el contrato 032/2006, adjudicado directamente. En este caso, el equipo de transición buscó a la empresa ubicada en la Ciudad de México y con más de 10 años de experiencia en montar ferias de consumo, exposiciones, seminarios, congresos y convenciones.
Aquel 10 de septiembre, en la Plaza México, unos cañones dispararon trocitos de papel con los colores patrios. Los panistas instalaron macropantallas. Tres grúas movieron cámaras. Televisa y Televisión Azteca trasmitieron la celebración en directo. Entre los invitados había artistas y deportistas famosos, como se relata en La corrupción azul... El problema es que dicho festejo no formaba parte de los trabajos de enlace con el gobierno saliente.
Otro contrato irregular, en el mismo sentido, fue el 019/2006, firmado con Beatriz Bañuelos, para montar y organizar eventos tanto públicos como privados por hasta 8 millones de pesos.
La ASF analizó, de igual forma, la adquisición de servicios de imagen con empresas, tanto mexicanas como extranjeras. Para los especialistas del órgano fiscalizador, no había forma de justificar la inclusión en los gastos para el cambio de gobierno de los proyectos de márketing político encargados a compañías como AP Comunicaciones, Pentimento, Centro de Comercio y Publicidad y Representación de Exposiciones Artísticas.
No obstante, las reglas de operación del fideicomiso no especificaban qué asesorías estaban prohibidas, como publicó este semanario el 3 de junio de 2007, en su edición 1596. En otros países no se permite el uso del erario para mejorar la imagen personal de los políticos. En Francia, por ejemplo, la candidata presidencial Ségolène Royal se hizo una cirugía dental y se inyectó botox, pero no pagó esas intervenciones con recursos públicos.
Aquí fueron ocho empresas las que, contratadas por el equipo de transición, intentaron mejorar la imagen personal de Calderón, y la presidencial (“institucional”) y la de su familia. En ello se gastaron 12 millones 228 mil 49 pesos (1 millón 164 mil 576 dólares al tipo de cambio de entonces).
Tres firmas se concentraron en idear mejoras para la imagen de Calderón, y una más –De la Riva Información Estratégica– se encargó de su mujer, Margarita Zavala, y de sus tres hijos. La primera cláusula del contrato 017/2006 –por 848 mil pesos– estableció que la empresa le practicaría una auditoría de imagen al presidente electo. Sin embargo, el llamado “proyecto de imágenes” sólo trata a la señora Zavala y sus hijos. Como no se agregó un apéndice para justificar el estudio de imagen a personas distintas de Felipe Calderón (Proceso 1596), los auditores consideraron esto como un “desvío del objetivo del contrato”.
Los especialistas de la ASF también consideraron irregular el contrato 009/ 2006, por la renta de una camioneta blindada a la consultora contable y fiscal K Beta por 1 millón 850 mil pesos.
Por ese motivo, la ASF le pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Banjercito aclarar de qué sirvieron tales auditorías de imagen y la fiesta en la monumental Plaza México en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Ingresos y el Proyecto de Egresos de la federación de 2007.
Se esconden detrás de Carstens
En esas mismas observaciones de la cuenta pública de 2006, la ASF responsabilizó al equipo de transición de no haberse ajustado a los criterios de economía, imparcialidad y honradez que debieron prevalecer en su funcionamiento y en la adquisición de productos o servicios.
A esta conclusión llegó el órgano de fiscalización después de revisar contratos como el otorgado a Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, propiedad de la panista capitalina Laura Ballesteros Mancilla.
En la asignación ilegal del contrato por 2.9 millones de pesos, resultó involucrado Gerardo Ruiz Mateos, actual jefe de la Oficina de la Presidencia y amigo de Felipe Calderón, como reveló Proceso desde el 24 de junio de 2007 (edición 1599).
Mediante la promesa de brindar servicios de información en internet que nunca se concretaron, tres jóvenes –incluida Ballesteros– recabaron entre los nuevos diptuados federales información sobre sus preferencias políticas, grupos de influencia, aspiraciones personales y agenda. La base de datos resultante, junto con las entrevistas grabadas, fue vendida al equipo de transición presidencial, que coordinaba Juan Camilo Mouriño.
Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas fue registrada el 1 de noviembre de 2006, es decir, siete días antes de firmar el contrato 020/06 y sólo 24 horas antes de entregar su propuesta de trabajo a los amigos de Felipe Calderón, como se narra en el capítulo VIII de La corrupción azul.
Pero en sus revisiones de 22 contratos la ASF no sólo confirmó el contenido de esas investigaciones periodísticas; también puntualizó que el comité técnico del Fideicomiso de Transición autorizó adjudicarle directamente el mencionado contrato a la empresa de Ballesteros en sus sesiones del 20 y 26 de septiembre, cuando la empresa ni siquiera estaba constituida legalmente.
En las observaciones a la cuenta de 2006, los auditores pidieron a la Secretaría de Hacienda y a Banjercito que procedieran legalmente contra quienes respaldaron pagos inicialmente estimados en 42 millones 281 pesos.
Además, la ASF aseguró que no halló información de que las empresas InterliCorp Consultoría, AP Comunicaciones, Representaciones de Exposiciones de México, Ideograma Consultores y la ya mencionada Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas hubieran entregado los trabajos prometidos.
Al exsecretario de Hacienda y ahora gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, le tocó responder a las observaciones de la ASF. Al mismo tiempo se convirtió en un dique para los medios de comunicación que pretendieron transparentar el contenido de los estudios que supuestamente encargó el equipo de transición de Felipe Calderón.
Cuando Proceso tramitó la primera solicitud de acceso a la información para conocer esos trabajos –no sólo los contratos– la respuesta fue que éstos no existían.
Funcionarios de Hacienda respondieron que las asesorías de imagen y estudios desaparecieron cuando se incorporaron al paquete económico de 2007 presentado ante la Cámara de Diputados. En respuesta, este semanario presentó un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Mientras el entonces comisionado Juan Pablo Guerrero desahogaba este expediente (el 982/08), la ASF hizo las primeras observaciones sobre los gastos de transición presidencial. En el informe de la revisión de la cuenta pública 2006, los auditores indican que tuvieron acceso a los contratos y estudios que Proceso había requerido, los mismos que Hacienda declaró inexistentes.
Ante esta contradicción, Juan Pablo Guerrero ordenó hacer públicos esos estudios, pero el 19 de junio de 2008 Hacienda informó a Proceso que no cumpliría la resolución del IFAI porque los archivos eran objeto de una auditoría. Carstens fue más allá: reservó los documentos por un año.
El 27 de junio de 2008 Proceso presentó una queja ante el IFAI por el desacato de Hacienda. Dos años y un mes más tarde, en agosto de 2010, el IFAI continúa esperando que el Ejecutivo cumpla la ley acatando esa resolución. l
La embestida del Grupo Atlacomulco
Rosalía Vergara
El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quiere asegurarse de que su partido, el PRI, gane la gubernatura de esa entidad el próximo año porque eso lo acercaría a Los Pinos en 2012. Para ello, el oriundo de Atlacomulco mueve sus piezas y prácticamente tiene en su puño a los tres poderes, incluso recurriendo a medidas poco limpias, como la remoción –hace dos años– de los tres únicos consejeros electorales que no se plegaban a sus intereses.
El mandatario priista del Estado de México, Enrique Peña Nieto, está reforzando el control de las instituciones y partidos políticos de esa entidad con miras a la renovación del gobierno estatal en 2011.
Desde el año pasado –cuando aseguró que los municipios gobernados por el PRD o el PAN se pintarían de rojo priista– comenzó a tejer una red de complicidades en el Congreso local para aprobar una serie de reformas para afianzar el dominio del Grupo Atlacomulco, a decir del dirigente del PRD en la entidad, Luis Sánchez. El perredista agrega que en esos municipios comenzó a operar el cártel de La Familia michoacana con tal intensidad que ahora se le podría llamar La Familia mexiquense.
A su vez Norberto López, Gabriel Corona y Ruth Carrillo cuentan a Proceso cómo el gobernador los expulsó en agosto de 2008 del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), del cual eran consejeros gracias a una reforma a la Ley Electoral que permitió designar a sus sustitutos “a modo” en agosto de 2008.
El afán de control de Peña Nieto llegó al extremo de armar una “agenda bicentenario”: varias reformas que, según Luis Sánchez, son un retroceso político. Entre otras cosas, informa el perredista, se pretende aprobar una cláusula de gobernabilidad que automáticamente daría al partido que gane 37% de los votos 51% de la representación en el Congreso local, el mínimo necesario para aprobar cualquier reforma.
La iniciativa no avanzó pues la Comisión Estatal de Convergencia (partido que en principio había apoyado la propuesta), recientemente renovada y encabezada ahora por Gonzalo Yáñez, ha vigilado a los tres diputados locales que se habían mostrado incondicionales del PRI.
En este escenario, los partidos miembros del Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia) –PRD, PT y Convergencia– tratan de abrir camino para aliarse con el PAN e impulsar un candidato común. La propuesta de Luis Sánchez es que se elija al aspirante el próximo noviembre, pues el proceso electoral mexiquense arranca formalmente el 2 de enero de 2011.
Dice que si esperan a febrero o marzo para designar al candidato, no podrán crear una estructura capaz de derrotar al PRI y frenar a Peña Nieto. “Y si no lo paramos en 2011 él ya tendrá un pie en Los Pinos en
No obstante, reconoce que no será fácil pues el gobernador controla el IEEM, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, además de los poderes Legislativo y Judicial locales.
Consejeros apartidistas
Norberto López, Gabriel Corona y Ruth Carrillo fueron elegidos consejeros electorales 40 días antes de los comicios locales de 2005. Peña Nieto –nacido en Atlacomulco– aspiraba a ser gobernador y se le acusaba de haber rebasado el tope de gastos de campaña.
Era un momento difícil para los partidos de la Coalición por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia), que postularon a Yeidckol Polevnsky.
El tema del dinero en la campaña del priista condujo al PRD a proponer a López, Corona y Carrillo como consejeros, quienes se ufanan de no tener compromisos con ningún político. “El problema es que se dieron cuenta de que éramos independientes”, recuerda Corona.
A su llegada al IEEM, el tema que se impuso fue el del derroche de recursos, dicen, pues “se veía por todo el estado”. Pero no pudieron comprobarlo y se declararon incompetentes para resolver el tema. Después de eso empezaron las presiones.
En agosto de 2008, Peña Nieto cobró venganza y “sacrificó” a estos tres consejeros para armar un modelo electoral que le permitió obtener una victoria aplastante sobre el PAN y el PRD en las elecciones municipales de 2009. Lo hizo a través del Congreso, que aprobó una reforma para crear en el IEEM las figuras de secretario ejecutivo general y contralor general, nombrados por los legisladores, y quitar a los tres consejeros que no se atenían a los designios del mandatario.
La reforma establecía que el consejero presidente –en ese entonces José Núñez Castañeda– podía reelegirse, así como otros tres consejeros: Bernardo Barranco, Jorge Muciño y Juan Flores. Los restantes: López, Corona y Carrillo, fueron relevados y se fijó como fecha de su salida el 30 de agosto de 2008. Ese mismo día el Congreso mexiquense nombó a sus suplentes.
Los tres consejeros pidieron la protección de la justicia contra la expedición del decreto número 176, del 28 de abril de 2008, para reestructurar el Consejo General del IEEM. Los expedientes asignados fueron 931/2008-VII, 944/2008-V y 946/2008-I para López, Carrillo y Corona, respectivamente.
El 26 de agosto de 2008, el Congreso local se quejó porque juzgados de Toluca y de Naucalpan dieron entrada a la demanda de amparo; sin embargo, ocho meses después desechó la queja.
El 1 de julio de 2009, cuatro días antes del proceso electoral, tuvo lugar una audiencia en la que se amparó a Gabriel Corona y se ordenó al Congreso mexiquense reponer en su cargo al consejero. Los casos de López y Carrillo aún no se deciden.
El abogado de los consejeros indica en entrevista con Proceso que el Congreso mexiquense no ha querido cumplir la sentencia de dejar sin efecto el decreto 176 (por lo menos en el caso de Corona), con el argumento de que “ahora están en ejercicio otros consejeros”. Sostiene que si esto no lo hace en septiembre, cuando termine el periodo ordinario, tendrá que ser el año entrante, después de la elección para gobernador.
“Es evidente que con el tortuguismo que se impuso buscaron empantanar el proceso para agotar tiempos, de tal modo que la reinstalación se hiciera imposible”, destaca Norberto López. Por eso, tanto Ruth Carrillo como Gabriel Corona ya habían solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer sus casos para su estudio y sentencia definitiva.
Los consejeros cesados destacan que todas las bancadas del Congreso local se alinearon para llevar adelante la reforma al IEEM pues defendían ciertas posturas e intereses: los panistas, con Juan Carlos Núñez al frente, buscaban la aprobación de la reforma petrolera. El diputado Higinio Martínez y el senador Héctor Bautista, del PRD, pretendían que se avalara el proceso electoral de su partido y el PRI, mediante Eruviel Ávila y Humberto Benítez, se apoderó del instituto para afianzar una estructura que le asegure la victoria a Peña Nieto.
Pese a que el PRD llevó a estos consejeros al IEEM, no los ha apoyado en su lucha. Ellos eran académicos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y ocuparon en el consejo general del instituto los espacios que correspondían al PRD, que intentaba así ponerle un freno a Peña Nieto.
Agregan que ahora el coordinador de los diputados locales perredistas, Ricardo Moreno, y el jefe de la bancada federal del PRD, Alejandro Encinas, ni siquiera les contestan el teléfono.
Corona señala que este caso es inédito porque esta decisión modificó la correlación de fuerzas y se permite al PRI imponer sus decisiones en materia electoral.
“El PRI tiene el control (…) local, tiene una amplia mayoría. Como tiene la presidencia de la Junta de Coordinación Política y es rotativa, tienen la posibilidad de condicionar todas sus decisiones”, menciona.
Los entrevistados coinciden en que a Peña Nieto le interesa “arrasar” en la elección del próximo año porque eso lo pondría en una posición privilegiada de cara a la elección presidencial de 2012. Por eso no quiere nada que estropee sus planes ni consejeros incómodos que denuncien, protesten y se opongan.
Afirman que los partidos políticos están “muy controlados” y como tienen “compromisos en común” intercambian el apoyo, por eso han preferido el desacato a una orden judicial que es inapelable. “Pretenden dilatar y dilatar y dilatar”, hasta que “no podamos reintegrarnos” porque la ley señala que las modificaciones deben hacerse antes de que se inicie el proceso electoral y el plazo para modificar la Ley Electoral vence en septiembre.
A dos años de comenzado el conflicto, el PAN muestra indiferencia, el PRD propone consejeros sustitutos porque ya no se puede aplicar la sentencia, el PT avala la reforma y Convergencia lo considera un asunto laboral. El PRI ha guardado silencio.
La izquierda y la
derecha unidas…
Con estos antecedentes el PRD tiene prevista una alianza entre el Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia) y el PAN, para impulsar a un candidato de unidad. “Si las alianzas con el Partido Acción Nacional funcionan, aplicaremos esta fórmula en el Estado de México”, advirtió Manuel Camacho Solís, coordinador del Dia, en mayo pasado. Y de las cinco alianzas entre la izquierda y la derecha para las elecciones del pasado 5 de julio, funcionaron tres: Oaxaca, Sinaloa y Puebla.
“En el Estado de México no existe realmente una oposición. Hay acuerdos. Aquí se nota claramente que hay acuerdos. Ni el PAN ni el PRD ni el PT ni Convergencia ven con simpatías nuestro caso. Ulises Ramírez (senador panista) está cercano al sistema. Si dejan en manos de partidos locales el proceso electoral… es que son partidos locales que históricamente han estado en comparsa con el sistema”, dicen los exconsejeros.
Recuerdan que durante su gestión como gobernador, Arturo Montiel “compró a 11 diputados panistas” porque el PRI estaba en desventaja en el Congreso estatal. Además, los tres diputados de Convergencia siempre avalan lo que dice el PRI y el PT no figura.
El dirigente del PRD estatal, Luis Sánchez, reconoce que existe una parte de Convergencia manipulada por el gobernador Peña Nieto, pero sostiene que la dirigencia estatal a cargo de Yáñez, “no está en eso”.
En los comicios de 2009, el PRD perdió lo que se conocía como “el cinturón amarillo”: los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Metepec, La Paz, Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Tultitlán, Tlalmanalco y Amecameca.
Una fuente perredista sostiene que se dio un acuerdo con Peña Nieto para que arrasara el PRI en esta elección y pudiera armar la estrategia para ganar la gubernatura en 2011 y la presidencia en 2012; no se sabe qué les dio a cambio, pero sí que les prometió regresarles el cinturón amarillo en 2015.
El PAN, por su parte, perdió “el corredor azul”: Toluca, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan.
No obstante, Sánchez destaca que pese haber perdido el cinturón amarillo no perdieron votos, pues entre el PRD, PT y Convergencia suman 27.43% del Congreso. Si se unen al PAN tendrían 49% de la votación, lo que les permitiría ganarle al 45% del PRI.
El candidato deberá ser de unidad. Se cita a Encinas o a la panista Josefina Vázquez Mota, pero Sánchez los descarta porque son diputados de la cuarta circunscripción del Distrito Federal y no viven en el Estado de México. Para él los viables son los perredistas Horacio Duarte, de la corriente Alternativa Democrática Nacional, o Héctor Bautista, de Nueva Izquierda.
“Si no vamos juntos Dia y PAN será difícil ganar, y si no paramos a Peña Nieto en 2011 tendrá un pie en Los Pinos en
Incluso prevé que en el proceso electoral habrá violencia. “Me imagino que habrá asesinatos, amedrentación a los dirigentes políticos. Campañas sucias. Ya me imagino cómo van a tratar de defender esto que es para el Grupo Atlacomulco como una mina de oro”.
El perredista opina que si Peña Nieto llega al poder habrá represión de movimientos sociales, como la de Atenco –“que él ordenó”– en 2006. Los militantes que defendieron a las mazahuas en su lucha por el agua están encarcelados, igual que quienes se opusieron a un relleno sanitario en el municipio de San Antonio la Isla. Otro defensor de locatarios de Toluca, Almagrande, también terminó en la cárcel.
“Estos son algunos ejemplos. Nadie puede ir a Toluca a manifestarse porque paran las protestas en La Marquesa. Esas son acciones de Peña Nieto. Y su agenda bicentenario corona su gestión. No se imagina que estos abusos provocaron que el PRI dejara de gobernar el país”, señala. l
Alarma mundial por la violencia en México
Marcela Turati
En este mes que termina estuvieron en el país representantes de la libertad de expresión de la OEA y de la ONU para escrutar la situación de violencia envolvente que afecta ya al gremio periodístico, las mujeres y a otros sectores sociales. En su inusual visita conjunta, los relatores de los organismos multilaterales Catalina Botero y Frank La Rue comprobaron que la cruzada contra el narco sólo ha polarizado la situación: hoy una parte del territorio nacional está militarizado, mientras otra está dominada por los cárteles de la droga.
México está bajo la mirada de la comunidad internacional, que sigue con inquietud el rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en el contexto nacional de narcoviolencia.
En la reciente visita conjunta de 17 días de los relatores de la ONU y de la OEA para la Libertad de Expresión, Frank La Rue y Catalina Botero, se reveló que los organismos internacionales discuten cómo clasificar la violencia mexicana porque la forma en que se manifiesta no entra dentro de los parámetros de la Convención de Ginebra que cataloga conflictos armados internacionales (de un país contra otro) y conflictos armados internos (grupos rebeldes que buscan el poder).
La violencia mexicana no cabe en las definiciones de una guerra y existe resistencia a llamarla “conflicto armado” porque ello implica considerar débil al Estado. Lo que hoy se discute es si México inaugurará la categoría de “país con regiones de enfrentamiento intenso”, en la cual se considerarían como zonas especiales los territorios militarizados y los dominados por los cárteles de la droga.
Al final de la visita, el relator La Rue señaló que la Cruz Roja Internacional deberá crear esa nueva clasificación para México que le permita intervenir y atender a los ciudadanos afectados en las zonas violentas.
Durante la estancia de La Rue en México también salió a relucir que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (que cuenta sólo con cuatro sedes en la región, ubicadas en Colombia, Bolivia, México y Guatemala) aumentó su personal en la delegación mexicana. Uno de los nuevos comisionados es el estadunidense Christopher Guarnotta, que inaugurará el puesto de visitador para la zona norte, y a quien el exrepresentante de la oficina, Alberto Brunori, presentó a los defensores de derechos humanos en su último viaje a Chihuahua, donde informó que más personal llegaría a reforzar la oficina.
Un día antes de que arribaran al país los relatores Botero y La Rue para realizar la inédita visita conjunta estaba en el país la alta comisionada adjunta de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, la coreana Kyung-Wha Kang, quien participó en un foro sobre derechos de las mujeres; también se reunió con funcionarios de gobierno y les expresó sus “preocupaciones muy serias por la situación”, con énfasis en los abusos de los militares en tareas de seguridad pública.
“El gobierno a lo largo de los años ha tratado de incorporar elementos que integran los elementos de derechos humanos en las operaciones militares y en la lucha por la seguridad y contra las bandas de delincuentes, pero ha habido casos de abusos –civiles que han perdido la vida, que han sido sacrificados, no solamente en fuego cruzado, violaciones de derechos humanos– que claramente se atribuyen a los elementos de las Fuerzas Armadas”, dijo a Proceso en entrevista.
La diplomática recabó información que llevará a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien realizará una visita al país en noviembre. Para octubre se espera la visita de la relatora especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul, quien revisará la situación estructural de impunidad.
“Sabemos que el relator contra la tortura (de la ONU) está preocupado, ha recibido gran cantidad de denuncias, y la Unión Europea, que se ha manifestado en casos específicos y paradigmáticos. Pero Estados Unidos no ha hecho un pronunciamiento sobre la situación de los derechos humanos ni de la tortura, a pesar de que lo hemos solicitado al embajador”, señala el director general de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez.
A su vez, un diplomático extranjero comparte con Proceso la percepción manifiesta en los organismos internacionales: “Queda la sensación de que hay una crisis de institucionalidad del Estado, mucha impunidad y, por lo mismo, un progresivo deterioro de la situación. México enfrenta un momento decisivo”.
Peligroso para todos
En su visita al Distrito Federal y los estados de Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y México, los relatores recabaron información sobre las zonas donde el crimen organizado obliga a la prensa a censurarse, la violencia tiene paralizada a la gente y las procuradurías de justicia no investigan los crímenes cometidos contra el gremio y alientan, de esa manera, a que se cometan más ataques.
El sábado 7, dos días antes del inicio de la misión, mil 200 periodistas marcharon en el Distrito Federal, y cientos más en 14 ciudades del país, congregados bajo un mismo lema “Los queremos vivos”, en reclamo por el asesinato de 64 colegas, la desaparición de 11 y la impunidad en sus casos.
En el informe preliminar La Rue y Botero señalaron la urgencia de que el Estado implemente una política de prevención, protección y procuración de justicia en los crímenes contra periodistas, y criticaron la falta de voluntad, de recursos y de resultados de la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR porque desde su creación, en 2006, no ha sancionado a ningún culpable.
“La violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensificarse… en algunos estados con una fuerte presencia del crimen organizado como Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, la autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa local se ha visto obligada a silenciarse y no registrar hechos de extrema violencia.”
Señalaron que de los 64 periodistas asesinados y 11 desaparecidos en una década, 29 asesinatos y cinco desapariciones ocurrieron a partir de
“En algunos casos particularmente extremos, la información recibida indica que grupos de narcotráfico han intentado activamente influenciar los contenidos de los medios de comunicación. Esas graves tendencias, que antes afectaban solamente a medios locales en sitios con gran presencia del crimen organizado, comienzan ahora a impactar a medios nacionales”, advierte el informe.
Frente a los brutales asesinatos atribuidos a grupos del crimen organizado, la responsabilidad del Estado es prevenir y crear un mecanismo de protección enfocado a periodistas, así como luchar contra la impunidad.
La colombiana Botero explicó en diferentes reuniones que los periodistas, al igual que los defensores de derechos humanos, requieren especial protección del Estado porque con sus investigaciones “constantemente están tentando al monstruo”; y como se encargan de denunciar lo que ocurre, su trabajo protege a muchas personas.
“Si ellos, que visibilizan los abusos, son silenciados, se genera un efecto amedrentador para toda la sociedad. Porque el derecho a la información es un bien público, todos tienen derecho a estar informados y los periodistas a informar”, dijo en uno de los encuentros.
Los relatores reprobaron que el gobierno federal utilice la publicidad oficial como “mecanismo para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas” y señalaron que el Estado debe legislar para prohibir la asignación discriminatoria de la publicidad oficial, definir procedimientos y criterios objetivos, claros, transparentes.
Botero y La Rue pusieron como ejemplo la queja presentada por Proceso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dado que el gobierno federal dejó de contratar con publicidad oficial, a pesar de que la revista tiene una amplia y reconocida circulación.
Código rojo
Además de la ONU y la OEA, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras o Human Rights Watch también han manifestado su preocupación.
La Internacional Media Support, por ejemplo, planea organizar una segunda misión conjunta a México que congregue a los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Federación Internacional de Periodistas, el Comité de Protección a los Periodistas y Artículo 19, entre otros, porque considera que la violencia contra los periodistas tiende a agravarse.
“No se ve un retén, no se ve una trinchera, no se ve dónde o cómo el gobierno pueda contener la violencia”, comentó el enviado de una organización de derechos humanos que analiza la situación del país.
La generalización de la violencia ha disparado masivamente la violación de los derechos humanos de los ciudadanos, y tiene saturado el trabajo de las organizaciones que velan por el respeto a las garantías de las personas.
Así ocurre con organizaciones como la CMDPDH, el centro Miguel Agustín Pro Juárez, el chihuahuense Centro de Derechos Humanos de las Mujeres o el centro guerrerense Tlachinollan de la Montaña, que no se dan abasto para tomar la defensa de nuevos casos, y muchas veces se limitan sólo a registrarlos.
“La situación ha disparado ciertas conductas violatorias de derechos humanos, como índices de tortura que se han manifestado de forma dramática, índices de arraigo, las denuncias de detenciones arbitrarias, los casos de personas desaparecidas, más la violación al derecho del debido proceso y las fallas del sistema de justicia penal”, dijo el director de la CMDPDH.
Situación de las mujeres
Al terminar su visita a México, la alta comisionada adjunta de derechos humanos de la ONU, Kyung-Wha Kang, se dijo profundamente preocupada porque el asesinato de mujeres se ha diseminado a varias entidades del país y por las enmiendas legislativas que permiten encarcelamiento de las mujeres por abortar, a contracorriente de las normas internacionales de salud reproductiva.
En entrevista con Proceso, ella comentó que aun cuando cada Estado es autónomo y puede implementar sus propias leyes, el gobierno federal tiene el reto de armonizar las legislaciones estatales y leyes municipales para que estén en concordancia con los derechos humanos y de salud reproductiva a los que México se ha comprometido en el ámbito internacional.
“Es muy preocupante encontrar casos donde las mujeres han sido enviadas a prisión, sentenciadas por muchos años en algunos casos. Algunas son mujeres violadas y tienen que enfrentar un embarazo no deseado y por lo tanto han tenido un aborto. Bajo los códigos penales se permite encarcelarlas… pero los estándares internacionales de derechos humanos son muy claros: la norma más común indica que hasta las 12 semanas del embarazo es legal la interrupción del mismo”, según la representante de la ONU.
La diplomática participó en el 90 aniversario de la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, realizado durante la segunda semana de agosto. También se reunió con funcionarios de gobierno y activistas que luchan contra el feminicidio en Ciudad Juárez, colectivos de mujeres asesinadas por militares y defensoras de la libertad sexual en Guanajuato.
Kyung-Wha Kang recibió información del centro Las Libres, de Guanajuato, sobre los casos de las seis mujeres encarceladas en esa entidad por abortar, así como de aproximadamente 30 más que habían sido procesadas por el mismo delito y 150 que eran buscadas para ser juzgadas.
Sobre esta situación, comentó: “Otros países tienen términos más amplios; otros, más restricciones, pero permiten el aborto legal en casos de violación, incesto o en casos en los que está en peligro la vida de la mujer… Pero hay que tener un espacio claro para que las mujeres ejerciten su derecho a la salud reproductiva libremente y en una forma responsable”.
La diplomática coreana, que tiene una conocida trayectoria feminista, señaló que las leyes estatales que protegen el derecho a la vida desde el momento de la concepción y sancionan los abortos bajo cualquier circunstancia, se oponen a décadas de normas de derechos internacionales que garantizan a las mujeres ejercitar su derecho a la salud reproductiva responsable y libremente.
Otro tema que llamó la atención de la comisionada adjunta de la ONU fueron los asesinatos de mujeres: “Un tema muy importante en mis discusiones con los participantes de la sociedad civil y las autoridades es la violencia contra de las mujeres, en particular el feminicidio. Es increíble que, a partir de que esto se registró por primera vez, hayan pasado décadas y el problema no está desapareciendo; al contrario, parece estarse diseminando a otras partes del país”.
Las organizaciones feministas informaron a Kang que este año se han registrado más de 400 asesinatos de mujeres, fenómeno que consideró “muy impactante”; pero criticó que en el país no haya todavía un centro que procese y compile los datos, esenciales para saber qué ocurre realmente y cómo atender el problema.
“La impunidad –dijo– es un elemento que alimenta el crimen. Si matar a la mujer es fácil y nadie lo impide ni va ser castigado, nada impide que los delincuentes lo repitan… (ello se debe a que) la discriminación está enraizada profundamente. Así que creo que la discriminación de las mujeres y la impunidad se han juntado aquí para crear este reto que permanece sobre los feminicidios.”
Señaló que la situación de las mujeres es un indicador muy claro de la situación de la sociedad, y los retos de derechos humanos en la llamada “guerra en contra del crimen organizado” son acabar con la discriminación y la impunidad que prevalece ante estos retos (…) el hecho de que los agresores sean llevados a la justicia es importante”. l
El espejo colombiano
Édgar Téllez
Un bombazo contra la cadena radial Caracol, ocurrido el jueves 12, revivió la pesadilla de los comunicadores de Colombia que comenzó en 1986 con el asesinato –ordenado por narcotraficantes– de Guillermo Cano Isaza, director del diario El Espectador. A partir de entonces, ser periodista en aquella nación fue un riesgo: después de los narcos, aparecieron los paramilitares y los parapolíticos, grupos al margen de la ley que amenazan y atacan impunemente a medios e informadores.
BOGOTÁ.- A las seis de la mañana del viernes 13, el periodista Darío Arizmendi Posada, director del programa 6 am Hoy por Hoy, de la cadena radial Caracol –el espacio de noticias más escuchado de Colombia–, anunció al aire que haría un editorial sobre el atentado con coche-bomba ocurrido el día anterior y que causó heridos y daños al edificio, así como a la zona aledaña a la emisora.
Un día antes, a las 5:27 horas, Arizmendi acababa de sentarse en la cabina, en el octavo piso de la estación, cuando los oyentes escucharon el estallido. Él mismo dio la noticia: “Atención, se acaba de presentar una gravísima explosión aquí en el estudio de la Cadena Caracol de Colombia, en el máster central. Ha caído buena parte del techo sobre los estudios de la primera cadena de América Latina”.
Arizmendi fue sacado de las instalaciones por sus cinco escoltas, quienes consideraban posible un segundo ataque, por lo que llevaron al periodista a un refugio.
A media mañana del jueves 12, los investigadores establecieron que el atentado fue ejecutado con un automóvil cargado con 50 kilos de anfo (explosivo a base de nitrato de amonio), robado el 31 de julio a un suboficial del Ejército. Todo ese día la zona del ataque fue cerrada mientras se sacaban los escombros de los estudios de Caracol y se hacía el recuento: nueve heridos y daños a 71 locales comerciales y 322 viviendas.
Arizmendi regresó a su lugar de trabajo al día siguiente para transmitir su editorial, en el que envió un mensaje a los autores del ataque: “Pueden temblar los cimientos de este edificio, pero no nos vamos a dejar intimidar de los terroristas”. Se quejó, además, porque dos semanas antes la policía retiró la vigilancia de la emisora, que recientemente había sido objeto de otros ataques. Arizmendi salió de Colombia en marzo de 2007 en un exilio forzado del que regresó un año después.
El 11 de octubre de 2009, las autoridades descubrieron un plan de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para atentar contra otro periodista de la misma cadena radial, Herbin Hoyos, autor del programa Las Voces del Secuestro, espacio que se convirtió en canal de comunicación entre las familias y al menos dos centenares de personas retenidas por grupos al margen de la ley.
Tres décadas bajo fuego
La explosión del vehículo frente a la sede de la cadena radial hizo recordar de inmediato la prueba que ha tenido que soportar el periodismo colombiano desde hace cerca de tres décadas, durante las que ha sido atacado sistemáticamente por los diferentes actores de la violencia. Primero fue el narcoterrorismo, luego el paramilitarismo, después la narcoguerrilla y por último la parapolítica.
Un registro actualizado de la Unidad de Respuesta Rápida, dependencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), indica que entre 1993 y lo que va de 2010 en Colombia han sido asesinados 132 periodistas, el último de ellos el pasado 19 de marzo: Clodomiro Castilla Ospino, director de la revista El Pulso del Tiempo y reportero de la emisora La Voz de Montería. Castilla era conocido por las insistentes denuncias que formulaba contra políticos de la provincia de Córdoba por corrupción y por sus vínculos con grupos al margen de la ley.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reprobó este asesinato y reconoció la rápida reacción del gobierno para iniciar una investigación, pero se quejó porque “al momento de los hechos el periodista no contaba con protección del Estado”, que según la entidad había sido requerida desde noviembre de 2009.
De acuerdo con las indagaciones de la SIP, de los 132 comunicadores asesinados, 59 lo fueron por su ejercicio profesional; sobre 22 más hay dudas en la identificación de los autores intelectuales y en otros 50 casos la SIP cree que se trata de episodios no relacionados con el quehacer periodístico.
La persecución al ejercicio del periodismo en Colombia viene de comienzos de los ochenta, cuando el Estado empezó a luchar frontalmente contra el narcotráfico, en particular contra el cártel de Medellín. Los jefes del tráfico de cocaína –encabezados por Pablo Escobar Gaviria y José Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano– desataron una guerra sangrienta contra los comunicadores o medios que informaran sobre sus actividades o se mostraran de acuerdo con la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos.
Entre 1984 (con el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara, la primera acción desafiante de los cárteles) y 1993 (con la muerte del capo Pablo Escobar) Colombia vivió la tragedia del narcoterrorismo en una guerra del narcotráfico contra el Estado, que dejó al menos dos mil muertos.
En ese capítulo el periodismo pagó una cuota muy alta que se inició con el asesinato, el 17 de diciembre de 1986, del director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza; se había convertido en una piedra en el zapato de la mafia con sus punzantes editoriales contra el tráfico de drogas y a favor de la extradición. El periodista fue baleado por órdenes de Escobar y El Mexicano.
Como repudio al asesinato, por primera y única vez en la historia colombiana los medios se unieron en una protesta: al día siguiente no circularon periódicos, no hubo noticiarios de televisión y la radio se silenció. Después, reporteros especializados en el tema elaboraron informes especiales, de 10 minutos cada uno, que se transmitieron simultáneamente durante una semana en todas las emisoras del país; en esos reportes quedaron al descubierto las identidades y los enlaces de las principales redes mafiosas que apenas eran conocidos por la opinión pública.
Al recordar aquella época, Fidel Cano, actual director de El Espectador, dice a Proceso que el sacrificio de Guillermo Cano “les abrió los ojos a los periodistas y al país sobre el tamaño de la amenaza”.
Temporada de bombas
La venganza del cártel de Medellín no se detuvo. Tres años más tarde, el 2 de septiembre de 1989, un coche-bomba destruyó parte de las instalaciones de El Espectador y dañó seriamente la rotativa y el sistema de producción del periódico. Ese mismo día, hombres armados incendiaron una casa de descanso de la familia Cano en Islas del Rosario, Cartagena. Además, el 10 de octubre siguiente sicarios asesinaron en Medellín a la gerente administrativa del diario, Marta López, y al jefe de circulación, Miguel Soler.
La ofensiva de la mafia contra los medios continuó el 16 de octubre de ese año, cuando enviados de Escobar detonaron otro coche-bomba, ahora en la redacción del periódico Vanguardia Liberal, en Bucaramanga. Ocho personas perdieron la vida y el diario quedó en ruinas.
A la larga lista de periodistas muertos en ese periodo se suman el director del noticiario de televisión MundoVisión, Jorge Enrique Pulido, el 8 de noviembre de 1989; Diana Turbay, la secuestrada editora de la revista Hoy por Hoy, el 25 de enero de 1991 en un intento fallido de rescatarla de las manos de Escobar; y Carlos Lajud Catalán, de la cadena ABC de Barranquilla, baleado el 19 de abril de 1993.
Por aquella época, aunque en menor proporción, los capos del cártel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, también se sentían incómodos con los periodistas que promovían la extradición.
Las autoridades atribuyen a los Rodríguez Orejuela el asesinato de al menos dos columnistas de periódicos regionales a finales de los ochenta, pero la amenaza directa era la manera más expedita de amedrentar a los comunicadores. Uno de ellos, un reportero que trabajó en la fuente judicial del diario El Tiempo, recordó una llamada que recibió de Gilberto Rodríguez por un artículo publicado ese día que hacía referencia a la extradición. “Me dijo que nosotros no habíamos entendido cómo era enfrentarse a ellos. Y agregó: ‘Con una sola llamada, por cinco millones de pesos (2 mil 500 dólares) usted está muerto antes del mediodía. En Bogotá mucha gente hace cola para hacer trabajos tan sencillos como ese’”.
Desaparecidos los grandes capos del narcotráfico de los cárteles de Medellín y de Cali a mediados de los noventa, y con la aparición de una nueva generación de narcos sin ambiciones políticas se redujeron notablemente los ataques contra la prensa. La tregua duró poco, porque a finales de esa década Colombia vivió otro fenómeno: el paramilitarismo, con los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil a la cabeza, que mutaron del narcotráfico y mostraron una faceta ideológica de extrema derecha que consistía en mostrarse como enemigos a muerte de las guerrillas, especialmente de las FARC.
Ese movimiento surgió en la región noroeste del país, en la frontera con Panamá, y pronto se extendió a todo el país de la mano de buena parte de la fuerza pública que encontró en los paramilitares el escudo adecuado para combatir los enlaces de los grupos rebeldes en pueblos y ciudades.
De ese periodo violento en el que murieron cerca de 8 mil personas a manos de bandas paramilitares que arrasaron sin piedad y ejecutaron matanzas a manera de escarmiento, sobresale el asesinato, el 13 de agosto de 1999, del periodista y humorista Jaime Garzón, baleado por sicarios cuando llegaba a su trabajo en la emisora Radionet. A través de sus personajes de caricatura el comunicador denunciaba la barbarie paramilitar y recreaba su relación con agentes del Estado que cerraban los ojos ante el avance de la extrema derecha.
Carlos Castaño, asesinado por sus propios compañeros el 16 de abril de 2004, fue señalado por varios testigos como autor intelectual del asesinato del periodista. Recientemente varios exjefes paramilitares, entre ellos Jorge Iván Laverde, El Iguano, acusaron como instigador del asesinato de Garzón a José Miguel Narváez, quien en 2008 fue subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia que depende de la Presidencia.
El pasado 8 de julio, el fiscal general de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, dictó medida de aseguramiento contra Narváez, quien según comprobaron los investigadores viajó en varias ocasiones a Urabá a dictarles conferencias a los jefes paramilitares en sus campamentos.
Medidas blandas y duras
Tras la muerte de Garzón, el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana
–quien años atrás había ejercido el periodismo– acató las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales y en 2000 creó un Programa de Protección a Periodistas (PPP), dependiente del Ministerio del Interior y de Justicia. En él funciona un comité que se reúne cada mes –y de manera extraordinaria cuando las condiciones lo ameritan–, el cual se encarga de realizar un estudio de riesgo y actuar de manera inmediata si cree que un comunicador está bajo amenaza.
El PPP dispone al año de cerca de 15 mil millones de pesos (unos 7.5 millones de dólares) y prevé la aplicación de dos tipos de medidas: las blandas, que incluyen el uso de chaleco antibalas, un aparato de comunicación y talleres de autoprotección; y las duras, que de acuerdo con el examen de riesgo incluyen rondas o vigilancia policial permanente, la asignación de escoltas, el traslado a otras ciudades o el exilio.
Proceso dialogó con Ignacio Gómez, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), organismo del comité que examina las alarmas que prenden los comunicadores, quien explicó que desde la creación del PPP es evidente la disminución del número de asesinatos de periodistas. “Desde 1978 –dice Gómez, un reconocido investigador del noticiario de televisión Noticias Uno– en Colombia eran asesinados siete periodistas por año. Esa cifra bajó a tres o cuatro y ya ha habido periodos en los que no es asesinado ninguno”.
Pese al buen panorama de los últimos años, en Colombia subsisten las amenazas a los periodistas, sólo que ahora los autores son identificados como parapolíticos, narcoguerrilleros o simplemente bandas criminales.
Según Gómez, la Flip recibe dos o tres quejas semanales de periodistas que se sienten amenazados en el ejercicio de su profesión, especialmente en las regiones donde la actividad del Estado es más dispersa y lejana. Pero a diferencia del pasado, la rápida acción de la entidad creada para protegerlos ha impedido que los delincuentes cumplan su cometido. l
Los Diez Mandamientos del Cardenal Sandoval Íñiguez
Denise Dresser
Primer Mandamiento: Odiarás a Marcelo Ebrard por encima de todas las cosas. Pensarás que es la encarnación del Demonio sobre la faz de la Tierra. Dirás que sus leyes destruyen a la familia y llamarás a desobedecerlas aunque ello constituya una violación a la Constitución y un ataque frontal al Estado laico en México. Repetirás que él hace más daño al país que el narcotráfico aunque eso entrañe recurrir a cifras falsas sobre el número de abortos realizados desde la aprobación del derecho a decidir en el Distrito Federal. Serás soez en todo momento con el objetivo de descalificarlo.
Segundo Mandamiento: Tomarás el nombre de la ley en vano. Aprovecharás el silencio y las omisiones tanto de la Secretaría de Gobernación como del IFE para violarla cada vez que puedas. Exigirás a los católicos del país que no voten por el PRD dada la universalización de derechos humanos que ha fomentado en la capital. Ignorarás la Constitución aunque constituya el documento fundacional que rige a todos los actores del país, incluidas las Iglesias. Te burlarás de las ideas y las conquistas que Juárez y los liberales ganaron y defendieron a lo largo del siglo XIX aunque sean reconocidas como un avance para el país. Violarás de manera flagrante la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos. Confrontarás constantemente a las instituciones y llamarás a los ministros de la Suprema Corte a repudiar las resoluciones que tomaron, aunque hayan sido con base en la Constitución.
Tercer Mandamiento: Santificarás a los regímenes homofóbicos y discriminatorios. Te referirás a los homosexuales como “maricas” y utilizarás otros adjetivos derogatorios para satanizarlos. Pensarás que debe permanecer la diferencia entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Aunque en la teoría democrática y del Estado laico no existen argumentos para justificar la discriminación y la limitación de derechos, seguirás promoviendo ambos. Aunque en el mundo actualmente existen múltiples manifestaciones de la familia, ignorarás esa realidad. Desperdiciarás esta oportunidad para tratar a las personas con respeto a pesar de sus preferencias sexuales.
Cuarto Mandamiento: No honrarás a los padres y a las madres homosexuales. Insistirás en que las uniones homosexuales inciden de mala manera en los niños aunque múltiples estudios revelan que ellos crecen de la misma forma que en familias de padres heterosexuales. Enfatizarás la importancia de “proteger los derechos de los niños” aunque la Iglesia católica no hubiera alzado la voz cuando Marcial Maciel y tantos otros los violaron.
Quinto Mandamiento: Matarás la civilidad. Atacarás la idea de la expansión de los derechos individuales y colectivos en un régimen democrático. Te burlarás del argumento sobre el reconocimiento de condiciones de igualdad ante la ley. Te volverás apóstol de las posiciones homofóbicas, discriminatorias, misóginas y polarizantes dentro de la sociedad mexicana. Aplaudirás la confrontación que comienza a darse en lugares públicos entre representantes de las posiciones en contienda. Resucitarás los argumentos de la Guerra Cristera e insistirás en la necesidad de librarla nuevamente para defender a la Iglesia de la violación de su derecho a la libre expresión aunque esa libertad sea usada para promover el odio.
Sexto Mandamiento: Cometerás actos impuros contra el Estado laico. Argumentarás que importa más la ley de Dios que la del César e ignorarás los preceptos sobre los cuales se construyó el Estado mexicano, precisamente para promover la separación Estado-Iglesia. Impulsarás a Armando Martínez, presidente de los Abogados Católicos, a decir –una y otra vez– que si la Secretaría de Gobernación promueve alguna sanción a los clérigos, estaría “actuando en el camino de la represión”, cuando en realidad tan sólo estaría aplicando la ley.
Séptimo Mandamiento: Robarás la esperanza de construir un país más justo, más tolerante, más equitativo, más democrático. Harás un llamado a burlarte de los derechos de las minorías y buscarás imponer la visión de ciertos católicos sobre el resto de la sociedad. No comprenderás que el tema del matrimonio homosexual es un asunto de derechos civiles, y que las luchas por su promoción siempre se han dado en el mundo ante contextos históricos de discriminación. Te manifestarás en contra del derecho a la diferencia entre mexicanos que no piensan como tú.
Octavo Mandamiento: Darás falso testimonio y mentirás sobre Marcelo Ebrard y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dirás que los ministros fueron “maiceados” por el jefe de Gobierno aunque no logres presentar una sola prueba para validar tu posición. Hablarás de los intereses oscuros e internacionales que hay detrás de la promoción de los matrimonios homosexuales y sugerirás la teoría del complot. Difamarás a cualquiera que cuestione tu postura, y dirás que tus críticos atacan a la dignidad humana y a la familia, aunque lo único que hacen –en realidad– es discrepar de ti. Dirás que quienes enarbolan posiciones diferentes a la tuya sirven intereses que operan en la oscuridad, y tratarás de descalificarlos moralmente, cuando se trata de una discrepancia intelectual legítima.
Noveno Mandamiento: No consentirás pensamientos tolerantes, discrepantes, democráticos, divergentes o aquellos que defienden la laicidad del Estado. Argumentarás que toda opinión contraria a la tuya emana de un maiceado o un títere o un depravado o un maricón. Desplegarás el espíritu de la intolerancia que corre en contra de las enseñanzas de la propia Iglesia católica y el precepto de “amaos los unos a los otros” que guía su labor.
Décimo Mandamiento: Codiciarás el bien ajeno de la popularidad y la credibilidad obtenidas por Marcelo Ebrard en este tema. Promoverás posiciones públicas imprudentes y contraproducentes, con tal de ocupar la palestra y obtener el respaldo que él ha logrado despertar. Envidiarás el hecho de que en este asunto incluso los peores críticos de Ebrard reconocen que tiene razón. Te molestará que, en contraste con otros prominentes políticos, él no haya guardado silencio sobre tu llamado a desobedecer la ley. Te indignará que haya evidenciado tu prepotencia y tu propensión a dar falso testimonio durante años al frente de la Iglesia. Y precisamente porque te ha exhibido, usarás todos los instrumentos a tu alcance –incluyendo las homilías dominicales– para seguir dirimiendo un pleito que se ha vuelto personal. Amén. l
Javier Corral y su batalla por la democracia
Miguel Ángel Granados Chapa
Lo sabТamos bien, pero los relatores de la OEA y la ONU lo han confirmado desde la solidez de su indagaciЧn institucional en MОxico: “el vigor, la diversidad, la pluralidad en el debate democrЗtico se encuentran seriamente limitados, entre otros motivos, por la alta concentraciЧn en la propiedad y el control de los medios de comunicaciЧn a los que se les han asignado frecuencias de radio y televisiЧn”.
Es decir, hay una relaciЧn directa entre monopolios de los medios electrЧnicos y democracia pobre. Por eso, la batalla que desde hace mЗs de una dОcada libra Javier Corral en contra de la concentraciЧn de privilegios en ese campo es claramente una batalla por la democracia. No es contra Televisa, como asume ese consorcio que todo lo domina y todo lo recibe, sino contra la precariedad del debate democrЗtico.
Como diputado federal por segunda vez, Corral ha concentrado su esfuerzo reciente en explicar y tratar de impedir la entrega de una concesiЧn de telefonТa celular a Televisa, que ya reina en la televisiЧn abierta, la satelital, la transmitida por cable, y acaba de adquirir nuevas frecuencias de televisiЧn abierta (con las que darЗ alcance nacional al capitalino Canal 4), asТ como mЗs de 20 kilЧmetros de fibra Чptica a la ComisiЧn Federal de Electricidad. Corral ha tratado de evitar que se consume la licitaciЧn 21 del espectro radioelОctrico, convocada desde el principio para favorecer al monopolio. InfluyЧ centralmente en la solicitud aprobada por todas las fracciones en la ComisiЧn Permanente para que el presidente de la RepЬblica declarara desierta aquella licitaciЧn.
No ha sido escuchado, por lo que promueve ahora que se finque juicio polТtico a Mony de Swan y Gonzalo MartТnez Pous, cuyos dos votos en la ComisiЧn Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) fueron mЗs poderosos que los de tres comisionados mЗs. El procedimiento se extenderТa al secretario de Comunicaciones Juan Molinar Horcasitas, si como es de preverse confirma el irregular fallo de la Cofetel, ya infectada de ilegalidad por el nombramiento de un comisionado, De Swan, que no satisface el requisito de contar con “desempeЦo sobresaliente” en telecomunicaciones, no obstante lo cual en la misma sesiЧn en que tomЧ posesiЧn como comisionado fue elegido presidente del organismo.
Corral imputa responsabilidades en el beneficio a Televisa no sЧlo a la Cofetel y la SCT, sino tambiОn a la ComisiЧn Federal de Competencia (Cofeco), que “estableciЧ barreras de entrada, entre ellas autorizar alianzas, pues no se favoreciЧ la competencia; por el contrario, se disminuyЧ la posibilidad de que al menos hubiera dos competidores por el bloque de 30 mhz, en el que, finalmente, las dos empresas interesadas se unieron para obtener el espectro licitado… resulta contradictorio que la autoridad antimonopolios declare que la intencionalidad de las licitaciones no es recaudatoria, sino que se trata de fomentar la competencia, cuando (se) autorizЧ la alianza Televisa-Nextel, en lugar de dejar que ambas empresas pujaran por la asignaciЧn.
“El momento de mayor cinismo fue cuando se hizo claro que en el bloque de 30 mhz dedicado a nuevos competidores, no habrТa puja alguna, pues la Ьnica propuesta era la de la alianza Televisa Nextel. Era de obligada conducta en el ejercicio pЬblico introducir una regla ‘de igualaciЧn de precios’, a efecto de que el precio final por mhz para nuevos incumbentes se sujetara al precio final resultante de las pujas en los otros bloques. De esa manera, ademЗs de asegurar las mejores condiciones para el Estado, se habrТa asegurado equidad en el proceso.
“Pero la decisiЧn de quiОn iba a ganar el segmento de 30 mhz y cuЗnto el monto a pagar de entrada estaba determinada desde antes que empezara la ahora famosa licitaciЧn que en el caso de Televisa-Nextel no tuvo subasta. Ese es el tamaЦo de la simulaciЧn que quieren envolver en el discurso de la competencia, cuando lo que hacen es reforzar el acaparamiento de espectro en manos de Televisa. Es una nueva claudicaciЧn” (El Universal, 24 de agosto).
Ese mismo dТa adquiriЧ concreciЧn la campaЦa de mofa y difamaciЧn que se esparce entre los bajos fondos de la prensa para desprestigiar a Corral y con ello fortalecer la posiciЧn de Televisa. El martes 24 la propia empresa asumiЧ el cuestionamiento a Corral, que serТa enteramente lТcito, en bien del debate democrЗtico, si no estuviera encuadrado en antecedentes y prЗcticas de intimidaciЧn. El tocayo de Corral, Javier Tejado, cerebro jurТdico de Televisa, presentado ahora como director de InformaciЧn, atribuyЧ al diputado intenciones diferentes a las explТcitas, tendientes al provecho propio del legislador.
Tejado deforma los hechos con Зnimo burlЧn. Dice que Corral trata de exhibir “el gran complot con el que supuestamente el gobierno federal (emanado de su propio partido) pretende favorecer al consorcio Nextel-Televisa al otorgarle una concesiЧn para darle telefonТa mЧvil. No he escuchado decir a Corral quО arreglo tendrЗ el gobierno federal con la empresa antes seЦalada. SЧlo alcanza a hilar que es un abuso mЗs de los poderes fЗcticos y seЦala que llevarЗ a juicio polТtico al secretario de Comunicaciones Juan Molinar y al presidente de la Cofetel, Mony de Swan, junto con no sО quО tantos funcionarios federales. Incluso, desliza todo tipo de insinuaciones contra el propio presidente de la RepЬblica…
“Uno pensarТa que el diputado Corral sabe de lo que habla. Lleva siendo 10 aЦos legislador e incluso dirigiЧ la Conferencia Parlamentaria en Telecomunicaciones. Desafortunadamente no ha producido ninguna legislaciЧn en telecomunicaciones. Pero eso es seguramente imputable tambiОn a los poderes fЗcticos… O quizЗ el diputado Corral estЗ en realidad preocupado por construir una coaliciЧn que le permita contender por la presidencia nacional del PAN, para lo que puede servir juntar al panismo tradicional (resentido histЧricamente con las televisoras) y a una parte del neopanismo que se siente desplazado por el presidente CalderЧn y los suyos. Bajo ese escenario, lo de menos serЗn los consumidores mexicanos y los ingresos que por licitaciЧn reciba la naciЧn. Siempre el beneficio personal por delante. Lo demЗs puede esperar”. (Reforma, 24 de agosto.)
Tejado concluye su mofa insidiosa dЗndose un tiro en el pie. Compara a Corral con el senador Joseph McCarthy, que no era otra cosa que un perseguidor de comunistas y no discutidor de polТticas pЬblicas. Y le recomienda ver una cinta con George Clooney, que los televidentes de los canales abiertos de Televisa no han visto ni verЗn jamЗs, porque estЗ por encima de los estЗndares del monopolio.
Por medio de campaЦas como la que estЗ en curso, y de anЗlisis tramposos como el de Tejado, Televisa busca linchar a quien juzga su adversario, para mitigar el daЦo que puede causar la exhibiciЧn de sus provechosos vТnculos con el gobierno. En esa campaЦa se ha traТdo a cuento, una vez mЗs, el garlito tendido por Televisa Chihuahua al diputado, al que judicialmente le exige el pago de un adeudo que no contrajo Corral sino el PAN y que ese partido estЗ dispuesto a cubrir. La embestida de Televisa ha puesto en riesgo el patrimonio familiar del diputado, que en efecto no ha podido llevar adelante ninguna ley de telecomunicaciones porque, sТ, se han opuesto los poderes fЗcticos, pero ha contribuido a impedir que el abuso de la Ley Televisa se consumara plenamente. l
Guerrero: voto de castigo
John M. Ackerman
Los movimientos progresistas y de izquierda le deben al estado de Guerrero una de sus vetas más consecuentes y activas. Esta entidad sureña es tierra de Vicente Guerrero, Juan N. Álvarez e Ignacio Manuel Altamirano. Ahí se firmó la Constitución de Apatzingán, y se instaló el primer cuerpo legislativo de la historia del país, el Congreso de Anáhuac, donde José María Morelos presentó sus Sentimientos de la Nación. Más recientemente, desde la época de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez hasta nuestros días, Guerrero ha albergado un activismo social absolutamente central para la democratización del país.
Con la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a nivel federal, era casi inevitable que la izquierda ganara la del gobierno de este importante estado. Así ocurrió en 2005, cuando Zeferino Torreblanca triunfó bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Sin embargo, era difícil prever que una vez en el poder Torreblanca traicionaría todos y cada uno de los principios y programas enarbolados en su campaña.
Durante los cinco años de su administración, el primer gobernador de la oposición no ha logrado solucionar ninguno de los reclamos populares. La pobreza sigue igual o peor que antes. El caciquismo político se ha consolidado. El poder del narcotráfico y el crimen organizado ha proliferado en la entidad. Los sistemas de salud y educación siguen sin llegar a las poblaciones rurales e indígenas más marginadas. La corrupción no ha disminuido y la procuración e impartición de justicia siguen siendo tan irregulares y desiguales como antaño. Torreblanca ha seguido al pie de la letra el guión establecido por el gobierno federal para militarizar las tareas de seguridad pública y dejar impunes las violaciones a los derechos humanos.
El caso de la injusta encarcelación del indígena Raúl Hernández es apenas el ejemplo más reciente y ostensible de la cortedad de miras del actual gobernador. Como en los viejos tiempos, utiliza al Ministerio Público estatal para intimidar y acosar a dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos. La total indolencia en la investigación de los asesinatos de Raúl Lucas y Manuel Ponce, así como de Armando Chavarría, revela también la tendencia del mandatario estatal a preferir el encubrimiento por encima de la justicia.
Por ello la figura de Torreblanca se encuentra muy desprestigiada entre el pueblo guerrerense. Inspirados en los acontecimientos del pasado 4 de julio en las elecciones estatales, los ciudadanos de Guerrero anticipan ya un duro castigo ciudadano a tan mal gobierno.
El problema es que los dos líderes políticos que pudieron haber encabezado una rebelión popular a favor de una alternancia efectiva y un cambio transformador, hoy yacen muertos. Antes de su asesinato, Chavarría –exsenador federal, exsecretario de Gobierno estatal y presidente del Congreso local– había logrado un consenso entre casi todas las fuerzas progresistas de la entidad para ser el candidato de unidad en 2011 e impulsar un auténtico proyecto de transición.
Por otro lado, Pablo Sandoval Ramírez, uno de los dirigentes de mayor altura que ha dado Guerrero, también falleció hace unos años. Encabezó los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 y fue figura insustituible en la lucha en contra del despótico régimen de Rubén Figueroa Figueroa en los setenta. También se desempeñó como dirigente nacional del sindicalismo universitario; fundador del PRD; coordinador de la campaña de Torreblanca para su primer cargo público como presidente municipal de Acapulco en 1999, y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante la LVII legislatura (1997-2000).
Ante la ausencia de figuras del tamaño de Sandoval o Chavarría, hoy el PRD, junto con el Partido del Trabajo, Convergencia y posiblemente el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Nueva Alianza (Panal), han decidido abanderar a Ángel Heladio Aguirre Rivero, priista de hueso colorado. Resulta paradójico y hasta contradictorio pensar que la persona que suplió a Rubén Figueroa Alcocer como gobernador después de la matanza de Aguas Blancas en 1996 y quien ha sido presidente del Comité Estatal del PRI, así como secretario de Desarrollo Económico, secretario de Gobierno, coordinador de Desarrollo Municipal y secretario particular del gobernador, todos durante gobiernos priistas, pueda llegar a representar algún cambio de rumbo para el estado.
La otra opción, sin embargo, hubiera sido peor. Lanzar como candidato al “delfín” de Torreblanca, el diputado Armando Ríos Piter, hubiera implicado un suicidio político para el PRD. Ríos era el candidato de la continuidad de un gobierno fallido y no cuenta con trayectoria alguna dentro de la izquierda. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, trabajó con el polémico José Ángel Gurría en la Secretaría de Hacienda, y después como subsecretario de Gobierno con el último gobernador priista de Guerrero, René Juárez. Tiempo después saltó a la ola de la “alternancia” y fue nombrado subsecretario en la Secretaría de la Reforma Agraria con Vicente Fox, para finalmente encontrar refugio en el gobierno de Torreblanca como secretario de Desarrollo Rural. Si el PRD hubiera abanderado a Ríos, sin duda ocurriría lo mismo que en Zacatecas este año, cuando Amalia García impuso a otro burócrata fiel y gris como candidato a la gubernatura: una derrota contundente.
Aguirre, por lo menos hasta ahora, ha tenido la valentía de romper de manera pública con el caciquismo de la familia Figueroa, que presume de mover todos los hilos de la política estatal. Esto es algo que Torreblanca nunca estuvo dispuesto a hacer y que Ríos ni siquiera se ha propuesto.
El PRD en Guerrero no había tenido la necesidad de alimentarse de cuadros o escisiones del PRI. El estado era uno de los pocos lugares en el país en que la fuerza de la izquierda por sí misma podía imponer la agenda política. Hoy, tenemos que cantar un réquiem al excepcionalismo guerrerense y esperar que a pesar de ello la izquierda aproveche la candidatura de Aguirre para implementar un verdadero proyecto progresista y no, como también podríamos prever, sea Figueroa quien utilice a Aguirre para terminar de pisotear al PRD.
Si Aguirre quiere tener alguna posibilidad de ganar, desde ahora tendría que dar muestras contundentes de su independencia respecto de Figueroa, así como firmar públicamente una serie de compromisos específicos con la izquierda y el pueblo de Guerrero. Asimismo, si el pueblo de Guerrero quiere tener alguna posibilidad de finalmente contar con un gobierno menos ineficaz, debe presionar y exigir el cumplimiento de estos compromisos en todo momento y hasta el último día del mandato del nuevo gobernador. l
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