Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 19 de septiembre de 2010
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS MEXICANOS EN DESGRACIA
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / El sismo que fue y el que viene...
El PRD olvidó enseñanzas de 1985; institucionalizó el clientelismo, cooptó la voluntad ciudadana
Colaborador Invitado
(19 septiembre 2010).- Marco Rascón
Activista social, fundador de la Asamblea de Barrios y creador del personaje Súper Barrio.
México cambia más por sus rupturas que por sus instituciones. Aquel sismo del 19 de septiembre de 1985 traía una misión bajo el brazo y logró, en minutos, lo que no se pudo hacer de manera pensada o acordada.
Dicen que los mexicanos nos crecemos con el castigo y el sismo en unas pocas horas, en unos cuantos días, construyó un nuevo tejido social que el gobierno en turno, como parte de un régimen con más de 60 años de existencia, vio como un enemigo... y no era para menos.
Si el primer sismo del 19 fue un gran golpe, las réplicas del 20 cayeron como cuchillo sobre los viejos criterios de la estabilidad y la seguridad. Al anochecer del día 20, la carencia de luz, la inexistencia de las poderosas señales de televisión, los mensajes gubernamentales minimizando el acontecimiento y pidiendo que todos se fueran a sus casas generaron a gran velocidad la conciencia sobre la vulnerabilidad de vivir bajo el riesgo de la mentira política, los condominios construidos con malos materiales, la corrupción de los contratistas y la complicidad de las autoridades para hacer construcciones sin cumplir ningún reglamento.
Las historias heroicas de miles de ciudadanos, la acción de los vecinos sobre los escombros, la organización de comedores, albergues y campamentos; el descubrimiento de la solidaridad y el entendimiento por encima de los conflictos y los recelos se volvieron elementos de una nueva cultura política, que sirvió para que floreciera el concepto de los derechos, de lo cívico y por tanto de formas democráticas hasta ese momento desconocidas, debido a que la única existente era la del PRI, los noticieros en radio y televisión y las verdades oficiales.
La UNAM, el Politécnico, la UAM, los Colegios de Bachilleres, los Conaleps, escuelas particulares, hospitales, oficinas, iglesias, bares, restaurantes, hoteles, todos tenían víctimas y por eso, frente a la voz oficiosa, miles salieron a la calle a desmentirlos y exhibir la magnitud de la tragedia. De los que removieron escombros con las manos y sacaron compañeros y vecinos de entre ellos se generó una poderosa capacidad de comunicación. La organización elemental se hizo escuela ciudadana y de ahí surgió con sello propio el poderoso concepto de la sociedad civil.
Aquella hazaña nos hizo valorar la idea de "reconstruir" no como un acto de fe, sino como un proceso, como la suma de acciones en un sentido; nos hizo hacer de la ciudad un espacio en poder de los habitantes y no sólo de los gobernantes que la veían como su propiedad.
De ahí surgieron movimientos como el 88, que no se podría explicar en la capital sin el sismo del 85; surgió la idea ciudadana de tener un gobierno propio y no una Regencia nombrada por el Presidente; surgieron demandas como la vivienda digna como un derecho, la visión ecológica, los derechos de las minorías y un creciente sentimiento de solidaridad con las luchas en otras partes del país y del mundo. Se reivindicó el concepto del "barrio", no como una idea peyorativa, sino como un concepto cultural de comunidad y solución de problemas sin el tradicional paternalismo.
A 25 años, muchas de estas historias fortalecieron la idea de una izquierda democrática. Sin embargo, los viejos conceptos sectarios, insensibles y que no vivieron la experiencia transformaron esa fuerza, que en 1997 logró el primer gobierno electo y luego de tres años reconstruyó y rehabilitó las viejas formas clientelares y corporativas del viejo régimen que desplazaban los movimientos y restablecían las nuevas burocracias partidarias.
El PRD, formado en el país y la capital de muchos de los movimientos surgidos en los últimos 20 años, se transformó rápidamente en la sustitución de la manipulación, vía la institucionalización del clientelismo con el presupuesto público o apoderándose de las políticas de protección civil y las leyes de participación ciudadana controladas desde los partidos o desde los gobiernos.
El sismo enseñó que un gran valor era la independencia de los movimientos para generar demandas y acciones. Se aprendió que era una forma de cogobernar haciendo valer la fuerza de la comunidad, con gran capacidad para resolver problemas.
El abandono de las enseñanzas del sismo del 85 es una causa de la descomposición social y, por ello, el sismo que viene, en lo social, lo económico y cultural, no está determinado por las instituciones, los políticos y los partidos, sino por una ciudadanía bajo el hartazgo y los incumplimientos.
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Cambio Climático: 'faltan acciones'
Entrevista Cumbre COP-16. Sin haber hecho lo suficiente en la materia, México será anfitrión de la 16 Conferencia de los Estados Parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
Martha Martínez
(19 septiembre 2010).- A pesar de conocer su vulnerabilidad, México será anfitrión de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático como un país que no ha puesto en marcha los programas, las inversiones y los diagnósticos necesarios para mitigar sus efectos.
Carlos Gay García, director del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que el país registra eventos naturales cada vez más frecuentes e intensos, incrementos en sus emisiones de gases de efecto invernadero y altos índices de deforestación.
Estos factores, asegura, incrementan la vulnerabilidad del país que, al estar rodeado por el Golfo de México y el Océano Pacífico, es endeble por sí mismo.
El académico indica que desde 1992, cuando se negoció la Cumbre Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el gobierno mexicano mostró interés en el tema; no obstante, han pasado 18 años y aún no existe una política congruente para atender el fenómeno.
"México llega a la COP-16 mostrándose como un país al que le preocupa el tema, va a llegar con una contabilidad importante de iniciativas plasmadas en papel, lo que nos falta son acciones", reitera.
Pionero en el desarrollo de estudios sobre cambio climático en México, Gay García afirma que el reducido número de especialistas, el nivel de involucramiento de las secretarías de Estado y el reducido número de legisladores interesados en el tema son botones de muestra de la ineficaz intervención del gobierno federal en la atención del cambio climático.
La Comunicación Nacional presentada por el Ejecutivo federal durante la conferencia de Copenhague, realizada en diciembre del año pasado, indica que a nivel nacional existen 858 especialistas, es decir, uno por cada 120 mil personas.
"Una de las cosas que se ha abandonado es la educación y realmente la inversión en desarrollo científico y tecnológico, porque si dijera que 15 años después somos aproximadamente los mismos científicos que estamos metidos en el asunto, quiere decir que no ha habido una multiplicación de científicos capaces, por ejemplo, de producir escenarios. ¿Cómo pretendemos entonces atacar el problema del cambio climático?", cuestiona.
El ex representante oficial del gobierno mexicano ante el Panel Intergubernamental de Cambio Climático critica la incongruencia entre el discursos del presidente Felipe Calderón y la política que aplican las secretarías de Estado.
"Se puede ver, por ejemplo, la incongruencia de las declaraciones del Presidente y cómo actúa el país. El Presidente quiere ser verde, lo ha dicho en diversos foros y sin embargo tenemos una política centrada en la combustión.
"No existe una política de cambio climático en México porque la Secretaría de Energía hace lo que le da la gana, sin tener en cuenta lo que le dice Semarnat. A Hacienda le vale gorro, habrá generado cuatro pesos para aplicar a cambio climático, pero tiene mentalidad de alcancía.
"Lo mismo puede pasar con la Secretaría de Economía, porque ellos quieren exportar a chaleco y para exportar tienen que quemar petróleo y para quemar petróleo tienen que emitir emisiones. Entonces en lugar de trabajar en conjunto, parece que compiten entre sí", argumenta.
El investigador asegura que otro gran problema es el desconocimiento y el desinterés del Congreso. "La falta de conocimiento del problema a nivel de los legisladores mexicanos es abrumadora, puedo contar con los dedos de la mano los senadores y diputados que tienen algún interés en cambio climático y de hecho tendrán muy poco interés", agrega.
El problema, reconoce, es que las autoridades no perciben como una política rentable la mitigación de los efectos del cambio climático.
Esto a pesar de que estudios nacionales e internacionales indican que la atención a este fenómeno podría ahorrarle al país hasta la sexta parte de lo que tendría que gastar para atender en el futuro sus efectos.
"Si invirtiéramos ahora, nos vamos a ahorrar la quinta o sexta parte de los que tendríamos que gastar en el futuro, esto lo dice el Informe Stern y el Informe Galindo. Cambio Climático es un asunto difícil, no es un asunto de declaraciones, estamos hablando del futuro de nuestro país, estamos hablando de que es un fenómeno que puede hacer a este país más pobre de lo que es y con más problemas sociales de los que ya existen", sostiene.
Efectos Los riesgos ya están a la vista: información oficial indica que del total de los acuíferos existentes en el país, 15.9 por ciento están sobreexplotados, en la última década se perdieron entre 3.5 y 5.5 millones de hectáreas de bosques y selvas, 2 mil 583 especies se encuentran en peligro de extinción y sólo en 2009 ocurrieron más de 9 mil 400 incendios forestales que afectaron más de 250 mil hectáreas, la mayoría ocasionados por actividades agrícolas.
Mención especial merecen las enfermedades. Un estudio realizado en dos municipios del estado de Veracruz muestra que por cada aumento de un grado centígrado en la temperatura máxima, la incidencia de enfermedades como el paludismo, el dengue y las infecciones gastrointestinales aumentan en promedio 1 por ciento.
Quien fue coordinador del capítulo sobre América Latina del Cuarto Reporte de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático adelanta que existen pocas posibilidades de que en la conferencia que se llevará a cabo entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre próximos, se logren acuerdos de amplio alcance.
Al igual que en conferencias pasadas, explica, los países llegarán con posturas divididas: las naciones en vías de desarrollo están interesadas en extender el Protocolo de Kyoto porque establece compromisos no vinculantes para ellos y obligatorios para el resto. Europa quiere compromisos vinculantes de todos los países y Estados Unidos está interesado en imponer el Acuerdo de Copenhague porque no establece metas de carácter obligatorio.
Para el especialista, la iniciativa que puede convencer a un importante número de países es la continuación del Protocolo de Kyoto que complementado con un Fondo Verde, financiaría acciones a nivel nacional.
"Los países en vías de desarrollo quieren la continuación del Protocolo de Kyoto así que ahí no hay problema. A lo mejor una cosa así le sea aceptable a los europeos que quieren más compromisos y a Estados Unidos que no quiere asumir ninguno", detalla.
"Yo lo que espero es que no reaccionemos hasta que el peso de la evidencia sea tal que no haya manera de no reaccionar", concluye el científico.
¿Buen anfitrión?
En noviembre el país será sede de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático de la ONU. Sin embargo, según grupos ambientalistas el país vive una crisis en esta materia.
2,583 especies en peligro de extinción.
5,642 incendios forestales en los primeros ocho meses del 2010.
101 de 653 acuíferos sobreexplotados en el país.
·
· 51: lugar que ocupa México a nivel mundial en cuanto a pérdida anual de cubierta forestal.
· 858: especialistas en Cambio Climático que existen actualmente en México.
· 3.56: toneladas anuales de emisiones per cápita de CO2, principal gas de efecto invernadero.
· 2.9 millones: población afectada por eventos naturales en 2008.
· 187: muertes por fenómenos naturales en 2008.
· $49 mil millones: daños materiales ocasionados por fenómenos naturales en 2008.
Conózcalo
Nombre: Carlos Gay García.
Cargo: coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM.
Estudios: doctor en Astrogeofísica por la Universidad de Colorado en Boulder.
Trayectoria: pionero en la investigación sobre vulnerabilidad, evaluación de impactos potenciales del Cambio Climático y posibles medidas de adaptación.
Cargos anteriores: director de la Unidad de Cooperación y Acuerdos Internacionales del Instituto Nacional de Ecología. Representante oficial del gobierno mexicano en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Director del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
La Supervía de la discordia
Crónica Urbanismo, ecología y derechos. Bosques, parques, áreas naturales protegidas recién declaradas, asentamientos irregulares y colonias populares se encuentran en la ruta donde se construye el controvertido proyecto. La Manifestación de Impacto Ambiental señala que la construcción de la Supervía Poniente implicará el retiro de 28 mil árboles
Martha Martínez
(19 septiembre 2010).- El 2 de agosto pasado la bióloga Ana Mendoza supo que su proyecto de restauración ecológica en la Barranca de Tarango estaba en riesgo. Ese día, autoridades capitalinas iniciaron las obras relacionadas con la Supervía Poniente en la misma periferia en la que ella y un grupo de estudiantes sembraron árboles y arbustos.
Desde 2004, cuando comenzó el proyecto de recuperación, el equipo de especialistas acudía cada semana al lugar a realizar mediciones y obtener muestras de suelo. Actualmente su acceso es restringido; los trabajadores del lugar impiden la entrada a todo aquel que no porte una autorización del gobierno capitalino.
"Tuvimos que salir de donde va a estar construida la Supervía, ya no podemos trabajar en la zona, ya no podemos seguir la supervivencia de nuestras plantas. Ahora lo que hemos hecho en otras zonas es plantar encinos, tejocotes y capulines, que son las especies dominantes", señala en tono de queja.
De las áreas ecológicas que serán afectadas por la construcción, la Barranca de Tarango es la única en la que se llevaba a cabo un proyecto de restauración.
La iniciativa, financiada por la Universidad Nacional Autónoma de México, llevaba seis años de aplicación exitosa, pues a decir de Mendoza, el promedio de sobrevivencia de los árboles y arbustos plantados por su equipo era, en el peor de los casos, de 60 por ciento. Con la construcción de la vialidad, los avances corren el riesgo de esfumarse.
La bióloga asegura que el trazo de la vialidad -a cargo de la empresa Controladora Vía Rápida Poetas- está programado para pasar por una parte importante del área que durante seis años reforestó, además de cruzar la zona mejor conservada de la barranca, aquella que en las tomas aéreas se distingue por presentar un verde más intenso que el resto de la superficie.
Tarango es la última barranca del poniente del Valle de México que se encuentra libre de urbanización en casi toda su superficie; tiene una extensión de
Aunque es de acceso público -excepto la zona cercada por las obras de la Supervía-, sus caminos de terracería casi siempre se encuentran despoblados de visitantes, por lo que la basura es prácticamente inexistente.
Actualmente los caminos son utilizados por camiones de carga, patrullas que custodian las obras y autos particulares con canastas de comida que proveen a los trabajadores. De vez en cuando es posible encontrarse con algún habitante de las colonias aledañas, sobre todo ancianos, pero su permanencia en la barranca es rápida; generalmente acuden en busca de hierbas que utilizan como remedios medicinales.
La Supervía atravesará cinco zonas de valor ecológico (La Loma, Tarango, Barranca de Guadalupe, La Angostura y el Parque Ecológico Las Águilas), y tres colonias donde se hay expropiaciones (La Malinche, Alcantarilla y Olivar de los Padres).
Túnel bajo la Loma
La Loma es una área natural que hace honor a su nombre. Debido a su difícil acceso por lo empinado de sus veredas, por la cantidad de agua que se acumula en el suelo -basta oprimir un poco con el pie para que el líquido brote- y por la abundante vegetación es una importante zona de filtración pluvial, aunque carece de un sistema eficiente de recolección, por lo que el agua de lluvia se mezcla con el drenaje.
Datos proporcionados por Ezequiel Ezcurra, director del Museo de Historia Natural de San Diego, indican que, de aprovechar su capacidad real de filtración, cada hectárea podría satisfacer la demanda anual de entre 100 y 200 familias en la ciudad.
"Cada hectárea de bosque en esas montañas que rodean la Cuenca de México capturan al año e incorporan a los acuíferos entre 10 y 15 millones de litros de agua por hectárea... esta cantidad no es nada despreciable, es la que utilizan entre 100 y 200 familias al año", señaló el especialista durante los foros organizados por el Frente Amplio en contra de la Supervía Poniente.
Esta zona es quizá en donde más interacción existe con los habitantes de las colonias cercanas. Es común la escena de hombres que bajan por veredas de lodo amarillento cargando bolsas llenas de leña, hongos o plantas comestibles.
El trazo de la nueva vialidad contempla la construcción de un túnel subterráneo que prácticamente atravesará la Loma.
La entrada del subterráneo ya se construye en La Angostura, una barranca que primero fue invadida por paracaidistas -quienes cedieron los terrenos pero se reinstalaron en predios contiguos- y que ahora es ocupada por maquinaria pesada.
Aunque no es posible acercarse debido a que un grupo de personas custodia día y noche los terrenos, desde lo lejos son visibles los efectos, primero de la invasión de paracaidistas y después de la construcción: zonas que antes eran verdes ahora son enormes extensiones de tierra.
La salida del túnel será construida en La Malinche, colonia en la que se localizan 50 de los 126 predios que fueron expropiados por el gobierno capitalino para dar paso a la Supervía; los 75 restantes se ubican en la delegación Álvaro Obregón.
La ruina en los predios expropiados estremece a los vecinos: casas destruidas, muebles y ropa abandonados a mitad de lo que eran patios familiares, perros que deambulan en medio de calles solitarias.
Habitantes del lugar aseguran que la escena de destrucción se debe a que las autoridades capitalinas se esforzaron en dejar inhabitable el lugar. La orden fue clara: tras abandonar los inmuebles, cada familia debería realizar un boquete en las paredes, a cambio recibirán un "apoyo" de mil 800 pesos adicionales a la indemnización por su predio; quienes se negaron terminaron observando cómo otros dejaban inservibles sus domicilios.
El desalojo dejó a alrededor de mil 600 personas sin hogar pues, al ser La Malinche una de las siete colonias más habitadas de la delegación Magdalena Contreras, se estima que en cada predio habitaban entre cuatro y ocho familias, con un promedio de cuatro personas cada una.
Al igual que en muchas colonias populares de la Ciudad de México, las familias de La Malinche llegaron al lugar cuando éste era aún una barranca, que al estar alejada del llamado casco urbano permitía encontrar terrenos baratos. Con 300 mil pesos de indemnización en promedio, muchas de ellas regresaron a rentar o a vivir en casas de familiares.
Otra zona afectada será La Barranca de Guadalupe, probablemente la más contaminada de todas. Los asentamientos humanos y la falta de sistemas de recolección de desechos y drenaje provocan que en esta barranca se acumule basura y aguas negras.
El deterioro es evidente: malos olores provocados por el estancamiento de agua, basura que se pierde entre la vegetación crecida en exceso y desechos de cascajo con los que los pobladores intentan establecer caminos de acceso a las puertas de las casas.
En opinión del biólogo Luis Zambrano, aun cuando algunas áreas ubicadas en el trazo de la Supervía se encuentran afectadas por la contaminación, continúan aportando servicios a la ciudad como la reducción de inundaciones, la recarga de los mantos acuíferos y el mantenimiento del ciclo hídrico.
Árboles y derechos
La Manifestación de Impacto Ambiental señala que la construcción implicará el retiro de 28 mil árboles. Aunque el documento no especifica cuántos se retirarán en cada área, sí establece que "en la zona denominada bosques" serán más de 26 mil 400; mil 200 serán retirados de jardines, camellones, glorietas y banquetas.
El programa para reducir los impactos ambientales contempla la restitución de más de 108 mil árboles; un promedio de 4 por cada uno retirado. Hasta el momento nadie ha informado en dónde serán plantados.
Según la Secretaría de Medio Ambiente capitalina, si la constructora se apega a los lineamientos de reforestación de la ciudad, más del 70 por ciento del arbolado -75 mil 600- tendrá altas probabilidades de sobrevivir.
Dependencias del gobierno capitalino señalan que, más allá del programa de mitigación, los interesados en llevar a cabo la obra no han aportado elementos suficientes que permitan concluir que los beneficios de ésta serán superiores a los que ya aportan las zonas ecológicas por las que pasa la vialidad.
La opinión de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial a la Manifestación de Impacto Ambiental señala: "la revisión de esta información nos permite concluir que la MIA-E de Controladora Vía Rápida Poetas S.A. de C.V. presenta serias deficiencias técnicas, como es la falta de elementos acerca de los impactos ocasionados y la ausencia de medidas de mitigación o resarcimiento, lo cual es suficiente para señalar que la MIA-E carece de los elementos suficientes para su evaluación y posterior dictamen".
Vecinos de la delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón promueven dos juicios de amparo para impugnar la Manifestación de Impacto Ambiental y el Título de Concesión de la obra.
Luis Miguel Cano, quien lleva la defensa, asegura que estos documentos, a partir de los cuales se justificó la necesidad y el inicio de la construcción de la Supervía, violentan derechos como el acceso a la vivienda, el agua, el medio ambiente sano y la participación ciudadana.
El abogado señala que los vecinos de la zona nunca fueron consultados a pesar de que la construcción afectaría sus viviendas. Agrega que, a nivel ciudad, las obras afectarán el abasto de agua, la calidad del oxígeno y los ciclos hídricos.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran: 1. La Manifestación de Impacto Ambiental se aprobó con el 50 por ciento de la información faltante; 2. La empresa Controladora Vía Rápida Poetas presentó el proyecto de la vialidad un día después de que se publicó la declaratoria de necesidad; y 3. En el Título de Concesión las autoridades capitalinas se comprometieron a "coadyuvar" con la concesionaria en la obtención de las autorizaciones, incluso las de índole ambiental.Mientras el proceso sigue su curso en tribu- nales -ya se les negó la suspensión provisional de las obras-, la construcción de la Supervía Poniente continúa.
Proyecto controvertido
El 2 de agosto pasado el gobierno del Distrito Federal anunció el inicio de la construcción de la Supervía Poniente, una vialidad de
La vialidad estará confinada y tendrá únicamente cuatro accesos y salidas.
1 Barranca Tarango
Área Natural Protegida
Fue declarada Área de Valor Ambiental del Distrito Federal con categoría de Barranca el 22 de julio de 2009. En este lugar se construirán las casetas de cobro de la Supervía, además de puentes elevados.
2 Barranca de Guadalupe
Asentamientos urbanos y falta de sistemas de drenaje provocan que en el lugar se acumulen basura y aguas negras. Aun así, contribuye a la reducción de inundaciones, la recarga de mantos acuíferos y el mantenimiento del ciclo hídrico.
3 Barranca La Angostura
En este lugar se construye la entrada al puente subterráneo de La Loma. La barranca se encontraba invadida por paracaidistas que se reinstalaron dentro de la misma zona.
4 La Loma
Área de Valor Ambiental
El 22 de abril de 2010 fue declarada Área de Valor Natural Protegida bajo la categoría de Zona de Conservación Ecológica. El trazo de la Supervía Poniente contempla la construcción de un túnel subterráneo que atravesará el parque.
5 Colonia La Malinche
Se expropiaron 50 predios equivalentes a una superficie de 2 mil
Infografía: Juan Cortés
Vialidad y desarrollo sustentable
Debate Urbanismo, ecología y derechos. Pros. La secretaria del Medio Ambiente del GDF explica por qué son mitigables los impactos de la Supervía y las medidas para garantizarlo. Las vialidades del surponiente no se justifican sólo por el crecimiento del tráfico vehicular, sino por la necesidad de conectar esta zona de la ciudad
Martha Delgado Peralta
(19 septiembre 2010).- Las grandes ciudades del mundo enfrentan un desafío mayor: la presión del desarrollo y el crecimiento poblacional, y la conservación de sus recursos naturales para que las futuras generaciones puedan sobrevivir. Lograr satisfacer ambas necesidades es lo que se conoce como desarrollo sustentable.
El Distrito Federal no es la excepción y en las últimas cuatro décadas ha vivido el crecimiento más acelerado de su población. Esto ha traído enormes presiones sobre el suelo de conservación de la ciudad, que representa cerca del 60 por ciento de su territorio y que es vital para garantizar el equilibrio ambiental de la Cuenca del Valle de México.
Junto con el crecimiento poblacional y de vivienda, el parque vehicular ha aumentado significativamente. Hoy se calcula que 4 millones de vehículos circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México y cada año se suman 200 mil nuevos autos. Aun con este crecimiento, en el Distrito Federal todavía se hacen 80 por ciento de los viajes en transporte público y 20 por ciento en automóvil.
La zona surponiente, que comprende una extensa y densa zona habitacional, además de una amplia zona comercial, empresarial y universitaria, es justamente donde se presenta un importante rezago en vías de comunicación eficientes, lo que genera caos vial y largos tiempos de traslado que afectan la calidad de vida de los ciudadanos.
Las vialidades del surponiente no se justifican sólo por el hecho del crecimiento del tráfico y el parque vehicular. Su razón de ser es la necesidad de conectar una parte de la ciudad en la que miles de personas invierten cientos de horas para trasladarse, tanto en transporte público como en privado, desde sus orígenes y hasta sus respectivos destinos.
Pero ¿cómo hacer para que esta decisión de conectar dos partes clave de la Ciudad de México no tenga costos ambientales que lamentar en el futuro? Ésa es una de las tareas de la Secretaría del Medio Ambiente. No determina la necesidad o no de una obra vial, mucho menos la propone ni la dirige. Identifica si los impactos ambientales son mitigables o compensables, revisa que se realice en el marco de la ley, y garantiza que las medidas impuestas para reducir dichos impactos se cumplan y respeten.
En principio, para poder lograr este objetivo de carácter ambiental en una obra de este tipo, hubieron de tomarse definiciones importantes:
1. Trazo con el menor impacto. Para determinar el diseño de la vialidad, se analizaron seis opciones de ruta posibles. La ruta elegida fue no solamente la que menos viviendas afecta (56 propiedades) sino también la que menor afectación tiene a áreas naturales.
2. Inversión privada. A diferencia de otras obras viales de este tipo hechas en los últimos años, como el Segundo Piso del Periférico, la decisión de que los recursos que pagarán esta obra no sean públicos ha sido de enorme trascendencia. El GDF ha determinado invertir su presupuesto público fiscal principalmente en transporte público, no en obras viales. Con una inversión de más de 40 mil millones de pesos, la actual administración construye la Línea 12 del Metro, corredores Cero Emisiones, corredores de Metrobús, Rutas Exprés y complementa los sistemas con bicis públicas (Ecobici) y ciclovías.
3. Peaje. La vialidad deben pagarla quienes la utilicen. El peaje no sólo es útil al propósito de financiar la obra en el largo plazo y hacer viable la inversión. También minimiza el tráfico inducido y funciona como un congestion charge al encarecer el uso del automóvil.
Mitigar el impacto ambiental Una vez presentada la Manifestación de Impacto Ambiental de dicha obra, la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) se dio a la tarea de revisar con un grupo de expertos su contenido y emitir el resolutivo correspondiente. La autorización ambiental fue otorgada de manera condicionada el pasado 9 de julio. En ese documento se establecieron más de 45 condicionantes específicas que deben cumplirse antes, durante y después de la conclusión de dicho proyecto.
Es importante resaltar que, previo a la autorización del proyecto, la Secretaría del Medio Ambiente impulsó los decretos de protección de dos espacios de relevancia ambiental para la ciudad, decretados por el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, para garantizar su conservación en el largo plazo: el Área de Valor Ambiental (AVA) Barranca de Tarango y el Área Natural Protegida (ANP) de La Loma.
Nuestro compromiso es el adecuado manejo de las áreas verdes y la protección de las barrancas de la ciudad, que sufren la presión del crecimiento demográfico y de urbanización. Las barrancas de la ciudad están siendo ocupadas con usos incompatibles, generando cambios en el clima, deforestación, erosión y la afectación de especies de flora y fauna silvestres, sin considerar la conservación y el manejo sustentable de sus recursos.
En esta administración, como nunca antes, nos hemos fijado la meta de decretar
Además de los decretos, es necesaria una inversión considerable en vigilancia, restauración ecológica, infraestructura para la recreación, el esparcimiento y la conservación, dependiendo de las modalidades de manejo de cada área.
Con el decreto de estas áreas se garantiza la permanencia de servicios ambientales y se prohíbe cualquier tipo de urbanización en ellas.
El Resolutivo de Impacto Ambiental emitido por la SMA tuvo énfasis en la obtención de recursos por un monto de 50 millones de pesos para la conservación de las barrancas urbanas del poniente de la ciudad. Estos recursos ingresarán al Fondo Ambiental Público, que es auditable y transparente.
Por otro lado, el 100 por ciento de la contraprestación que el Gobierno de la Ciudad obtendrá de la empresa por la concesión de la nueva vía (1 por ciento del costo del peaje) será destinado a la ejecución de los programas de manejo de las áreas de valor ambiental del sur poniente y del ANP de La Loma. Estos recursos quedarán garantizados por los 30 años de vigencia de la concesión. Cabe subrayar que esto es algo inédito en la ciudad e incluso en el país, ya que rara vez se establecen compensaciones de largo plazo en materia de impacto ambiental.
Un aspecto importante que evaluamos, e incluso obligamos a su modificación, fue la prohibición de instalar casetas de cobro (el proyecto original contemplaba 11 carriles en cada sentido), por lo que éstas fueron sustituidas por un sistema automático de cobro.
Reforestación
Asimismo, la SMA impuso a la empresa realizar una reforestación de más de 112 mil árboles para compensar la remoción de 10 mil árboles nativos y 17 mil no nativos de la zona. La remoción de eucaliptos nos permitirá realizar un saneamiento adecuado, con especies como cedros y madroños, propicias para la zona y una mayor recuperación ecológica del lugar.
La empresa también deberá instalar dos viveros a un lado de las zonas de obra, en La Loma y en Tarango, para la conservación de ejemplares. Allí se trasplantarán ejemplares vivos de diferentes especies de árboles, arbustos, y pastos en macollos; principalmente de árboles jóvenes que tienen un diámetro menor a
La extracción de las plantas se hará de manera manual por personas locales capacitadas para no impactar más el sitio. Además se implementará un programa de colecta de semillas y esquejes para rescatar parte de los materiales genéticos de las especies. Los viveros contarán con cisternas para almacenar aguas pluviales, riego por aspersión y cubre suelo.
Además, mantendremos un programa permanente de conservación de flora en donde vigilaremos el crecimiento de árboles nativos de suma importancia para la zona como encinos y madroños. En este programa de conservación de flora invitaremos a destacados investigadores y especialistas de la UNAM.
Otra de las disposiciones que la empresa concesionaria deberá cumplir es la realización de un programa de conservación hidrológica que garantice la captación, filtración y conducción de las aguas pluviales a sus patrones naturales de escurrimiento.
Se ha condicionado a la empresa constructora a que el proyecto integre sistemas de drenaje, descarga, tratamiento e infiltración del agua pluvial, que eviten cualquier disminución a la recarga del acuífero durante su operación. Es importante destacar que la vía pasará por zonas en las que el suelo es de toba, que es una piedra que impide la filtración de agua, por lo que la recarga del acuífero en la zona de la vialidad es muy baja.
Como se ha mencionado, la obra será totalmente confinada para evitar el desarrollo urbano a los lados de la misma y tendrá una longitud troncal de
Transporte público
Por último, el resolutivo de impacto ambiental también ha impuesto la condicionante de permitir la operación del transporte público de pasajeros (autobuses de RTP) a lo largo de toda la vía durante los 30 años de la concesión. Ésta será la primera obra vial de peaje que de manera obligatoria integrará rutas de transporte público limpio y eficiente. A diferencia de otras obras viales para uso exclusivo de autos particulares, por esta vialidad transitarán diariamente 35 mil pasajeros en transporte público que reducirán sus tiempos de traslado hasta en dos horas diarias. Esto también reducirá más de 70 mil toneladas anuales de gases de efecto invernadero generadas por autos y por el transporte público en traslados largos.
El dictamen de impacto ambiental elaborado por la SMA no tiene precedentes y debe servirnos de modelo para la elaboración de resolutivos en el futuro. Los ciudadanos están convocados a darle seguimiento al cumplimiento de todas estas medidas impuestas (www.sma.df.gob.mx).
Con su participación en esta tarea, nos convenceremos de que es posible resolver las necesidades de movilidad y desarrollo, sin comprometer los recursos de las futuras generaciones, y estaremos atendiendo a un cambio de rumbo en el destino de la ciudad.
La autora es secretaria del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.
Impactos ecológicos y urbanos
Debate Urbanismo, ecología y derechos. Contras. Los autores advierten sobre los daños que provocaría la vialidad planeada para unir Santa Fe con el Periférico Sur
Luis Zambrano, Jorge Legorreta y Marisa Mazari
(19 septiembre 2010).- Entre los múltiples problemas que enfrenta la Ciudad de México está la movilidad. La solución tradicional a este problema se basa en aumentar las vías de comunicación. Pero prácticamente todas las grandes vialidades construidas en la ciudad en los últimos años han sido generadoras de urbanización de bosques, áreas verdes y agrícolas por donde cruzaron. Sucederá lo mismo con la Supervía Poniente que propiciará la urbanización de las zonas verdes y boscosas por donde pase.
Por elevado que sea su financiamiento, ningún programa de mitigación detendrá y mucho menos erradicará la valorización inmobiliaria para usos habitacionales y comerciales de las últimas áreas verdes que le quedan a la delegación Álvaro Obregón. Así que esta obra promoverá otros polos de urbanización en áreas con difícil acceso y más problemas de movilidad. Estas áreas verdes hoy son parte de las reservas ecológicas, naturales, protegidas y de recarga acuífera de la Cuenca de México que deben permanecer intactas y sin detonadores viales que incentiven su urbanización. De construirse tal obra vial, en menos de 10 años desaparecerá uno de los pulmones ambientalmente más ricos que aún se conserva al interior de la ciudad.
El proyecto de la Supervía Poniente genera infraestructura que es visible para los votantes, pero no resuelve el problema de movilidad para todos los sectores sociales. Este proyecto se basa en una "Declaratoria de Necesidad" que responde a conclusiones erróneas de una encuesta Origen-Destino del INEGI en el 2007 que ha sido calificada como incompleta. El proyecto de esta vía carece de un componente fundamental: no es parte de un Plan Integral y Metropolitano de Vialidad y Transporte, lo que limita el alcance de la propuesta, pues sólo atiende la movilidad de una parte de la zona sur-poniente de la urbe: la de conectar Santa Fe con Luis Cabrera y Periférico, sin tomar en cuenta ni resolver otras necesidades de movilidad de Santa Fe con otras zonas de la ciudad.
La Supervía Poniente es una vialidad complicada a base de dos curvas con tramos superficiales, aéreos y subterráneos. Se integra por dos secciones. La primera de
Técnicamente, esta propuesta tendrá que resolver las conexiones conflictivas de Luis Cabrera y Periférico, pero en el proyecto no está la solución para estas conexiones, por lo que se generará el impacto vial conocido como "embudo" de estas calles receptoras. Ahí tenemos la prueba con muchas vialidades recientes, entre ellas el denominado Segundo Piso.
Abogados de la naturaleza
En un conflicto como el que ha generado la Supervía, siempre hay diferencias de opinión, diversos intereses y niveles de poder. La gente con menor capacidad económica tiene pocos elementos para defenderse legalmente. Ésta es una de las razones por las cuales el trazo de la Supervía conecta en la colonia popular de La Malinche, en lugar de conectar en San Jerónimo Lídice, zona con mayor capacidad económica y de poder. La opción de San Jerónimo reduciría en
Pero la naturaleza es la que está en mayor desventaja, lo que se demuestra al ser la Barranca de Tarango el frente por donde se comenzó la construcción. La conservación de la naturaleza asegura la sustentabilidad de la ciudad para las generaciones futuras, por ello tendría que ser defendida por instituciones gubernamentales como la Secretaría del Medio Ambiente del DF (SMA) y la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT). Sin embargo, estas instituciones no han podido estar a la altura. El título de concesión de la Supervía cedida a COPRI-OHL compromete a la SMA a dar todos los permisos ambientales. Con esto, el gobierno pasó de ser evaluador objetivo de una obra, a promovente de un proyecto privado. Así se explica cómo la SMA aceptó, en menos de un mes, la Manifestación de Impacto Ambiental más cuestionada en la historia de la Ciudad de México.
Las observaciones jurídicas de la PAOT no son vinculantes. La estructura de esta procuraduría depende directamente del jefe de Gobierno por lo que es muy difícil que esta institución tenga la independencia suficiente para cuestionar una obra que el mismo gobierno promueve. En este caso la PAOT sólo se ha dedicado a revisar los procedimientos y no ha atendido los efectos que esta obra va a generar al resto de la ciudad.
En comparación con otras entidades como el estado de México, las instituciones ambientales en el DF están más avanzadas, pero los resultados en la defensa de la naturaleza son casi nulos. Por esto los ciudadanos tenemos que hacernos cargo de defender a la naturaleza cuando se ve amenazada por este tipo de proyectos.
Consecuencias
La Supervía Poniente está concebida prioritariamente para el traslado más rápido y eficiente de vehículos privados. Su carácter de servicio concesionado le obliga a captar un mercado privado que usa automóviles. Lo cual promoverá aumentos de transporte privado hacia Santa Fe y reducirá las opciones de una movilidad por transporte público. Por tanto, esta obra diluye una política social sobre el transporte público.
Es posible medir lo que los capitalinos le debemos a la naturaleza con la urbanización. Lo llamamos el pasivo ambiental. Por ejemplo, el pasivo ambiental en Xochimilco en 20 años es de aproximadamente mil hectáreas. Este pasivo sigue aumentando, cálculos conservadores sugieren que los proyectos que iniciaron en esta administración nos han provocado una deuda con la naturaleza de más de 300 mil árboles. Este pasivo aumentará exponencialmente con los nuevos proyectos en el sur-poniente como la Biometrópolis y un acuario en Xochimilco, ambos propuestos sobre áreas naturales. Esto genera una amenaza en la diversidad de la ciudad, que cuenta con el 2 por ciento de la diversidad mundial, por lo que estamos empeñando nuestro capital natural.
En particular la Supervía generará un pasivo ambiental en la captación de agua en la cuenca. En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México dependemos en 70 por ciento del agua que se infiltra hacia los acuíferos y lo estamos explotando a una tasa mayor a la de su recarga natural. Basados en la cantidad que llueve en la región, se puede calcular que cada
La urbanización promoverá un incremento en el flujo superficial que llegará a los arroyos de Puerta Grande y Puente Colorado, lo que aumentará el potencial de inundación aguas abajo. En la parte más alta de la cañada escurre agua de buena calidad que se mezcla al recibir el aporte de aguas negras al iniciar los asentamientos humanos (regulares e irregulares), y llega contaminada por residuos domésticos a la Presa de Tarango. La urbanización incrementará esta forma de enviar agua de buena calidad al drenaje.
de desarrollo armónico
La Supervía Poniente es una opción, no la única. La solución de la movilidad de Santa Fe requiere contar con un Plan Integral de Vialidad y Transporte metropolitano con opciones más adecuadas a la actual propuesta. Las obras como los Puentes de los Poetas y la reciente vialidad continua de Constituyentes han sido poco útiles. El Colegio de Arquitectos tiene 50 propuestas diseñadas y financiadas por el Fondo Metropolitano, con alternativas concretas para movilidad regional de Santa Fe. Algunos ejemplos son las rutas de transporte público desde Metro Tacubaya y Observatorio, y los esquemas para socializar el transporte, como se está haciendo en la Universidad Iberoamericana.
Si queremos que la ciudad subsista, estamos obligados a cambiar la lógica de desarrollo en la ciudad. Tenemos que asumir que estamos inmersos en un ecosistema lacustre. Aún urbanizado, este lago responde en Chalco a las lluvias torrenciales del oeste, al escurrimiento en las cañadas y a la infiltración de las zonas al pie de las montañas. Así que la perturbación de una zona puede afectar a toda la región. Este enfoque es similar al utilizado para comprender los efectos del cambio climático; del cual, entendemos que la huella de carbono individual puede modificar la dinámica atmosférica a nivel mundial.
La naturaleza provee de beneficios que son gratuitos, como el agua y el clima, siendo los pobres los mayores beneficiarios. Cuando se generan desarrollos como la Supervía se pierden estos beneficios, la ciudad tiene que gastar en subsanar esta pérdida, aumentando el gasto público, el riesgo de catástrofes y la desigualdad social.
El Distrito Federal tiene la oportunidad de dar un giro de timón en sus políticas de desarrollo a un enfoque ecosistémico. No podemos seguir modificando los alrededores de esta ciudad de manera indiscriminada, dejando a las futuras generaciones con problemas ambientales peores a los que enfrentamos hoy en día. El cambio implica proteger y restaurar las cañadas. La generación de polos de desarrollo económico se puede hacer en las zonas urbanizadas cercanas al centro de la ciudad donde ya existe infraestructura.
La movilidad se tiene que basar en mover más personas, no más autos. Por ello, el aumentar y mejorar el transporte público es fundamental para esta megaciudad. Al mismo tiempo hay que reducir los incentivos para la utilización del automóvil. Este cambio de enfoque no es nuevo y la mayoría de las ciudades lo están haciendo, como en Bogotá, Londres, Nueva York o San Francisco. El GDF tiene ahora en sus manos decisiones que afrontarán nuestros hijos en unos 10 o 20 años.
Las opciones alternativas, sean ciudadanas o no, deben convertirse en proyectos por instancias gubernamentales para ser indiscutiblemente materia de consultas ciudadanas. Un debate público sobre la Supervía Poniente no debe detonar polarizaciones sociales ni mucho menos confrontaciones que a nadie convienen; sino fortalecer senderos más democráticos para buscar, encontrar y acordar de manera conjunta alternativas más viables para los graves problemas de movilidad de la zona poniente de la ciudad. La perspectiva de la controvertida Supervía Poniente es contar con formas de gobierno donde predomine convencer, no vencer las resistencias.
Luis Zambrano es doctor en ecología e investigador en el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología, UNAM.
Jorge Legorreta es doctor en urbanismo; profesor e investigador de la UAM, Azcapotzalco.
Marisa Mazari es doctora en ciencias ambientales e ingeniería; investigadora y profesora de licenciatura y posgrado en la UNAM.
La cultura política
(19 septiembre 2010).- Téngalo presente
Haciendo el futuro. La política exterior de Estados Unidos. Noam Chomsky. Martes 21, 11:00 horas. Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Insurgentes Sur 3000. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 9470 ext. 1050.
Conferencias
El mito de la Presidencia transformadora. Russell Riley, Carlos Antonio Heredia Zubieta y Mauricio Tenorio Trillo. Lunes 20, 11:00 horas. Sala de Seminarios del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2130.
Las nuevas luchas por el reconocimiento: los movimientos sociales de migrantes en Estados Unidos y España. Alejandra Aquino y Amarela Varela. Lunes 20, 11:00 horas. Sala de videoconferencias del CISAN, Torre II de Humanidades, piso 7, Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0010.
Creativity, dissidence and women. Nawal El Saadawi. Martes 21, 11:00 horas. Auditorio de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Zona Cultural Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7565 ext. 300.
La ética y los juicios orales. Pedro Emiliano Hernández Gaona. Martes 21, 11:00 horas. Auditorio Eduardo García Máynez de la Facultad de Derecho de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 1968.
Política fiscal en México. David Ibarra Muñoz. Martes 21, 12:00 horas. Auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía de la UNAM. Informes: 5622 2125.
Reflexiones sobre los grandes sismos americanos del 2010: Chile y Haití. Vitelmo Victorio Bertero Risso. Martes 21, 12:00 horas. Auditorio José Luis Sánchez de la Torre de Ingeniería de la UNAM. Informes: 5623 3500.
Identidad lingüística en las primeras décadas del México independiente. Concepción Company. Martes 21, 19:00 horas. Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Eje Central y Juárez. Centro Histórico. Informes: 5526 0219 ext. 107.
Juicio Político. Dentro del seminario de relaciones Internacionales y Política comparada. Miércoles 22, 17:30 horas. Sala de Audiencias del CIDE. Carretera México-Toluca 3655 Col. Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2846.
Las políticas de exilio en América Latina. Mario Sznajder, Horacio Cerutti, José María Calderón y Judit Bokser Misses. Jueves 23, 11:00 horas. Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Salón 1, Edificio F. Circuito Mario de la Cueva s/n. Informes: 5622 9407.
De las políticas de reconocimiento a los retos de la reconstrucción de los pueblos indígenas y los desafíos de la implementación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Mirna Kay Cunningham Kain. Viernes 24, 11:00 horas. Auditorio Alfonso Caso de la Coordinación de Estudios de Posgrado de la UNAM. Ciudad Universitaria. Informes: 5616-0020 ext. 218.
Libros
Dos Siglos de México de Patricia Galeana y Gloria Villegas. Senado de la República. Relación de los acontecimientos políticos, económicos y culturales que enmarcaron el proceso de construcción del Estado mexicano, acompañada de la cronología mundial.
Episodios mexicanos. Varios autores. Siglo XXI. Colección de historietas editadas originalmente en 1977, que narra con elementos de ficción la Independencia y Revolución mexicanas en tres volúmenes.
Historia comparada de las Américas. Sus procesos independentistas coordinado por Patricia Galeana. Siglo XXI. Revisión que hacen varios especialistas de los movimientos de Independencia en el continente americano.
Historia mínima de México. Colmex. Adaptación gráfica en dos volúmenes sobre textos originales de Josefina Zoraida Vázquez y Javier Garciadiego, acerca de la Independencia y Revolución, respectivamente.
Historias desconocidas de la Independencia y la Revolución de Trino. Tusquets. Tiras cómicas cuyos protagonistas son los artífices de estas dos luchas armadas, tanto héroes conocidos como adelitas y charros revolucionarios anónimos.
Ideas y afanes de una patria. México en el Bicentenario coordinado por Lillian Briseño y Susana Chacón. Porrúa/Tec de Monterrey. Ensayos y análisis de los contextos de las luchas armadas en México y esbozo de posibilidades futuras.
Lotería Nacional 240 años. Cachitos de la Historia. Siglo XXI. Episodios históricos en México desde la existencia de la Lotería Nacional, ilustrados con trazos del cartonista Magú.
Problemas, decisiones y soluciones. Enfoques de la política pública. Varios autores. CIDE/FCE. Conjunto de ensayos desde distintos enfoques disponibles para estudiar las políticas públicas y su aplicación en las decisiones del Estado.
Recintos parlamentarios de Martha Fernández. Senado de la República y Siglo XXI. Recorrido por los sitios donde han sido fraguadas las leyes por parte del Poder Legislativo.
Mesas redondas
El Medio Oriente entre la globalización y las coyunturas regionales. Carlos Martínez Assad, Mario Sznajder y Judit Bokser Misses. Jueves 23, 17:00 horas. Salón 1 del Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Informes: 5622 9407.
Reforma constitucional en materia de derechos humanos. Francisco Venegas Trejo, Hugo Arriaga, Alberto del Castillo del Valle e Ignacio Pérez Colín. Jueves 23, 17:00 horas. Auditorio Ius Semper Loquitur de la Facultad de Derecho de la UNAM. Informes: 5622 1968.
Cámara de Diputados y académicos. Luis J. Molina Piñeiro, Lorenzo Córdova Vianello, Fernando Ojesto Martínez Porcayo, entre otros. Jueves 23, 18:00 horas. Aula Magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5703 1455.
Realidades y mitos de la historia de México. Beatriz Urías, Carlos López Beltrán y Antonio Padilla. Jueves 23, 18:00 horas. Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Orizaba 24, Roma. Informes: 5207 9390.
Presentaciones
Hagamos la [R]evolución Energética de Greenpeace. Presentan documento Judith Navarro, Sven Teske y Gustavo Ampugnani. Martes 21, 18:30 horas. Planetario Luis Enrique Erro de la Unidad Adolfo López Mateos del IPN. Wilfrido Massieu y Luis Enrique Erro, Zacatenco Lindavista. Informes: 5687 9595 ext. 115.
A la sombra de mi vida de Florence Cassez. Océano. Charlotte Cassez y Agustín Acosta. Miércoles 22, 9:00 horas. Espacio visual de la Casa Lamm. Álvaro Obregón 99, Roma. Informes: 9178 5120.
Batallas por la memoria. Los usos políticos del pasado reciente en Uruguay de Eugenia Allier Montaño. Trilce/IISUNAM. Raúl Álvarez Garín, Silvia Dutrénit, Nora Rabotnikof, Rosalba Casas y la autora. Viernes 24, 19:00 horas. Miguel Ángel de Quevedo 121, Guadalupe Chimalistac. Informes: 5622 7363.
Por la izquierda. Medio siglo de historias en el periodismo mexicano contadas por Granados Chapa de Silvia Cherem. Martes 28, 19:00 horas. Carmen Aristegui, José Woldenberg, Blanca Lolbee y la autora. Foro Cultural Chapultepec, Mariano Escobedo 665, Anzures.
Seminarios
Derecho frente al cambio climático. Del lunes 20 al miércoles 22, 9:00 horas. Aula de Seminarios Guillermo F. Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
Nuevas formas de empleo y protección social, ¿qué seguro de desempleo es viable en México? Martes 21, 9:00 horas. Club de periodistas. Filomeno Mata 8. Centro Histórico. Informes: 5553 5302.
Economía Industrial. Dinámica, segmentación y reorganización industrial en México: avances, mitos y realidades. Raúl Vázquez, Ernesto Piedras, entre otros. Del martes 21 al jueves 23, 10:00 horas. Auditorio Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0093.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245 correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1768
El capo sombrío
Ricardo Ravelo
Creció al lado de Osiel Cárdenas Guillén y desde 2003 está al frente del cártel del Golfo, el segundo más poderoso del país. Sigiloso, Eduardo Costilla, El Coss, superó las divisiones internas y ahora dirige una encarnizada guerra en Tamaulipas y Nuevo León contra sus antiguos aliados, Los Zetas, quienes no le perdonan su acercamiento al cártel de Sinaloa. La PGR y la SSP aseguran que el capo tiene presencia en más de 15 estados; y en Estados Unidos, la DEA y el Departamento del Tesoro lo consideran una amenaza para la seguridad de ese país.
Desde finales de 1996, cuando Osiel Cárdenas Guillén asumió la jefatura del cártel del Golfo, Eduardo Costilla Sánchez tenía un lugar definido en la estructura de esa organización criminal. Conocido como El Coss, fungía ya como el hombre de mayor confianza del capo, llamado el Mata Amigos por su proclividad a la traición.
Aunque El Coss parecía no tener luz propia, tras la aprehensión de Osiel Cárdenas en marzo de 2003, se posicionó como el hombre fuerte del segundo cártel de la droga más poderoso en el país; el primero es el que lidera Joaquín El Chapo Guzmán. En la actualidad sus dominios se extienden a más de 15 estados de la República, según información de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
En Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration (DEA) lo cataloga como el narcotraficante que mayor inestabilidad ha provocado en territorio de ese país, a tal punto que desde hace ocho años el Departamento del Tesoro lo considera una amenaza para la seguridad.
En 2002, el Tribunal Federal del Distrito sur de Texas, división Brownsville, emitió un “mandamiento de arresto” contra Costilla Sánchez. Los cargos: tráfico de drogas, amenazas, agresiones y asesinatos contra agentes federales estadunidenses, así como lavado de dinero.
El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) lo considera “sumamente peligroso”, por lo que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares a quien proporcione datos que ayuden a su captura.
De manera similar, la PGR informó en marzo de 2009 que existe una bolsa de 30 millones de pesos para quien aporte información sobre su paradero.
De Eduardo Costilla Sánchez, a quien los integrantes de la organización que dirige identifican con la clave Sombra, casi no se conocen fotografías, pese a su creciente poder en el Golfo de México. La prensa nacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos han difundido carteles del capo en los que luce un tupido y bien delineado bigote. Duro su rostro, Costilla viste a la usanza norteña, con el típico sombrero de ala ancha que hace resaltar la redondez de su cara.
Una descripción más puntual de su fisonomía la realizó el Departamento de Justicia con base en los detalles aportados recientemente por un testigo que dice conocerlo. El retrato incluye información de los nombres falsos o apodos que utiliza el capo para ocultar su identidad y evadir a la justicia.
La ficha criminal indica que el líder del cártel del Golfo nació el 1 de agosto hace 39 años. Tiene ojos color café claro, mide
Y, a semejanza de lo que hizo su exjefe Osiel en sus años de esplendor, Costilla Sánchez usa nombres falsos. Si Osiel Cárdenas se presentaba como Eduardo Salazar González, a Costilla Sánchez le gusta cambiar su nombre pero no su apellido paterno. Así, suele usar los apelativos de Jorge Costilla o Jorge Costilla Sánchez.
De acuerdo con el FBI, tiene varios apodos, entre ellos El Coss, El Cos, Coss, Costi o Sombra; este último es en realidad la clave con que lo identifican sus subalternos.
En los expedientes 135/97 y 173/97 de la PGR se indica que Costilla Sánchez se dedica al narcotráfico desde hace dos décadas, tiempo durante el cual ha participado en el tráfico de cocaína, crack y mariguana hacia Estados Unidos. En los últimos años se le identifica como narcoempresario de las llamadas drogas de diseño.
Primeras andanzas
Eduardo Costilla Sánchez y Osiel Cárdenas Guillén están marcados por el mismo sino: ambos se iniciaron en el mundo del narco como vendedores de grapas de cocaína; los dos, también, solían delatar a los narcomenudistas rivales. Esta actividad hizo que pronto se convirtieran en madrinas (soplones) de la Policía Judicial Federal en Tamaulipas.
De
En 1996, tras la caída de Juan García Ábrego, quien fue extraditado a Estados Unidos, Osiel Cárdenas tomó el control del cártel del Golfo. Antes, ordenó el asesinato de su principal rival, Salvador Gómez Herrera, El Chava, quien se había convertido en una pesadilla para su proyecto criminal.
En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/147/2007, el testigo Rufino, antiguo asistente de Osiel, cuenta la siguiente anécdota, que ubica en una tarde de noviembre de 1997: Cárdenas Guillén se encontraba en su rancho La Trementina, en Tomatlán, Jalisco, luego de haberse sometido a una liposucción y a una cirugía estética. Su médico de confianza, Jorge Ríos Neri, le había quitado la papada y le hizo una fisura en el mentón para que luciera la barba partida. De pronto, Osiel tomó el teléfono y llamó a Gómez Herrera…
Un mes antes, ambos se habían fugado de una casa de la Ciudad de México donde estaban arraigados. Cada uno huyó por su lado para evadir al Ejército y a los agentes federales.
En la conversación, contó el testigo, Chava Gómez preguntó a Osiel si acudiría al bautizo de su hija, que se realizaría en Tuxpan, Veracruz.
Y él le contestó, según Rufino: “No, compadre. No voy a poder asistir porque me acaban de operar de la vesícula y estoy en recuperación”.
Gómez Herrera le dijo: “Nos vemos en unos días en El Mezquital (rancho ubicado cerca de Matamoros), compadre”.
Días después Gómez Herrera acudió al encuentro con Osiel en el rancho mencionado, en los alrededores de Matamoros. Se había trasladado desde Tuxpan en una lancha rápida de su propiedad.
Rufino aseguró que Osiel llegó a la propiedad en una camioneta de lujo. Lo acompañaban Eduardo Costilla y Arturo Guzmán Decenas, fundador del grupo armado Los Zetas y conocido como El Z-1. Gómez Herrera se subió a la camioneta y comenzó a bromear con ellos. Guzmán Decenas se cambió a la parte trasera y Gómez Herrera ocupó el asiento del copiloto.
Rufino declaró que otro miembro de la organización le dijo “que cuando iban risa y risa Guzmán Decenas sacó su pistola y se la vació en la cabeza a Salvador Gómez, quien murió al instante”. El cuerpo fue tirado cerca del rancho El Mezquital, donde nació Osiel Cárdenas. Cuando las autoridades lo encontraron, estaba en completo estado de putrefacción.
El ascenso
Encumbrado ya como jefe del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas nombró como segundo hombre de la organización a su amigo y confidente Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss.
El primer encargo que le hizo fue que tomara la plaza de Matamoros y que repartiera el territorio tamaulipeco, cuna del cártel del Golfo. Y así lo hizo El Coss. El territorio quedó dividido de la siguiente manera:
Zeferino Peña Cuéllar se afincó en la llamada Frontera Chica, compuesta por los municipios de Ciudad Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, Mier y Nuevo Guerrero; Progreso quedó bajo el control de Juan Carlos Villalobos, agente de la extinta Policía Judicial Federal; Reynosa, en manos de Gregorio Sauceda, La Caramuela; Samuel Flores Borrego, en Ciudad Camargo; Jesús Enrique Rejón Aguilar, Mamito, en Miguel Alemán, y Efraín Torres, desertor del Ejército, en Tampico, donde duró hasta 2008, año en que murió en un tiroteo mientras presenciaba una carrera de caballos en Villarín, Veracruz.
La hegemonía de Osiel Cárdenas sólo duró seis años. En marzo de 2003 fue detenido en Matamoros. Según el relato del testigo protegido, Osiel utilizaba 31 celulares, uno por día, para no ser intervenido. Sin embargo, fue Rufino quien aportó al Ejército la clave para ubicarlo.
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intervinieron el teléfono de la hija del capo, Celia Marlén, y escucharon una conversación en la cual ella informaba a su padre sobre los detalles de su fiesta de 15 años. Y ese día de marzo, luego del festejo, un comando militar atrapó a Osiel.
En su declaración, Rufino afirmó que después de la fiesta Osiel se durmió, extenuado por el ajetreo. Al amanecer del día siguiente los militares irrumpieron en la casa de Matamoros. Él solía dormitar siempre con los pantalones puestos, por lo que al darse cuenta del operativo salió corriendo y alcanzó a brincar la barda trasera de la residencia. Al otro lado, en una calle cerrada, lo esperaban los militares.
Eduardo Costilla asumió la jefatura del cártel del Golfo. Se había preparado durante años para ello. Al principio él y Los Zetas intentaron rescatar a Osiel del penal de máxima seguridad de La Palma, según reveló una investigación de la PGR.
Los sicarios habían sobornado a decenas de custodios y a funcionarios del penal; incluso adquirieron un helicóptero negro blindado para que Osiel lo abordara. Además, en el rancho La Tupitina, localizado en la costa michoacana, un grupo de zetas preparaba el plan de fuga.
Pero todo se frustró tras la detención de varios integrantes del cártel del Golfo en la ciudad de Toluca, Estado de México, involucrados también en el operativo de rescate (Proceso 1460).
Con todo, Costilla Sánchez siguió acumulando poder, aun cuando Los Zetas se separaron del cártel que él comandaba. La PGR y la DEA aseguran que la división se dio porque al grupo armado le molestó el hecho de que El Coss intentara negociar con el cártel de Sinaloa para terminar con la violencia.
Según las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIDSC/082/2009 y PGR/SIEDO/UEIDCS/147/2007, Costilla Sánchez fue una pieza clave para el acercamiento del cártel del Golfo con su par de Sinaloa.
Él se entrevistó en varias ocasiones con Ignacio Coronel e Ismael El Mayo Zambada. El propósito era sellar una alianza para controlar el tráfico de drogas y conformar un megaconsorcio criminal que pusiera fin a las matanzas al menos en los territorios dominados por ambos grupos.
Luego de la ruptura con Los Zetas, el cártel del Golfo, con El Coss al frente, quedó conformado por los hermanos Héctor Manuel y Gregorio Sauceda Gamboa; Zeferino Peña Cuéllar, Don Zefe; Carlos Landín Martínez, El Puma, y por Alfonso Lam Liu. El grupo es tan poderoso que hasta ahora la mayor parte de sus miembros están libres y su estructura permanece intocada.
Bajo el mando de Costilla Sánchez el cártel del Golfo, fundado por Juan Nepomuceno Guerra, traficante de alcohol, logró una alianza con La Familia michoacana y el cártel de los hermanos Valencia, cuyo ámbito de operación se circunscribe a Michoacán y a buena parte del Pacífico mexicano. Su acercamiento con el cártel de Sinaloa ha sido frágil, ya que en realidad sólo es una tregua.
Según la PGR y la SSP, el verdadero problema para El Coss son sus antiguos aliados: Los Zetas, quienes desataron la violencia en los estados de Tamaulipas y Nuevo León. Los enemigos del capo, aseguran ambas dependencias, son Heriberto Lazcano Lazcano, jefe de Los Zetas, y Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, quien controla la plaza de Nuevo León.
El año pasado, la DEA y la PGR identificaron al principal lugarteniente de Jorge Eduardo Costilla Sánchez: El Gringo, quien solamente actúa en Nuevo León y Tamaulipas, donde reside. Su misión es eliminar zetas y está bien conectado con altos mandos militares. Él y sus colaboradores se pasean por esos territorios sin que nadie los moleste. l
Ante la vulnerabilidad mexicana, Washington aprieta su intervencionismo
J. Jesús Esquivel
A principios de año, el Pentágono entregó al Congreso de su país un informe en el que expone el miedo de Estados Unidos a un “contagio del narcoterrorismo y la narcoviolencia”. Meses después, en junio, Barack Obama realizó varios movimientos para apuntalar militarmente su frontera con México, y en agosto anunció que el Departamento de Justicia destinará 196 millones de dólares para reforzar la presencia de sus agentes en el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés). Además, la presencia de militares y espías estadunidenses en territorio mexicano es un hecho, según se desprende de ese reporte.
WASHINGTON.- La Casa Blanca avaló desde junio pasado un plan para militarizar y fortalecer la vigilancia a lo largo de los 3 mil
La administración Obama parte de una premisa: la violencia del crimen organizado y la incapacidad de las autoridades mexicanas para detenerlo podría ser aprovechada por grupos como Al Qaeda para penetrar a Estados Unidos y perpetrar ahí actos de terrorismo, sobre todo en las grandes urbes.
A principios de año el Pentágono entregó al Congreso federal un informe de inteligencia en el que sostiene que el territorio mexicano “podría ser un pasaje fácil” para los grupos terroristas internacionales:
“Los cárteles del narcotráfico y los grupos del crimen organizado han demostrado que México es un territorio muy fácil de vulnerar para realizar actividades ilícitas, como traficar drogas y personas hacia los Estados Unidos… y esto puede ser aprovechado por grupos terroristas como Al Qaeda y otros más.”
El documento, cuya copia fue facilitada a Proceso por un asesor del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que preside el demócrata por Texas Silvestre Reyes, sostiene: “Por la facilidad con la que grupos terroristas podrían usar a México como pasaje para ingresar a Estados Unidos, tenemos que estar muy vigilantes y fortalecer nuestras capacidades de inteligencia a lo largo de la frontera sur”.
A partir de ese diagnóstico, el Poder Ejecutivo anunció que destinará cientos de millones de dólares y movilizará a decenas de miles personas hacia el sur de su territorio para sellar la frontera con México. Las medidas tienen el propósito de contener el tráfico de narcóticos, así como el flujo de inmigrantes indocumentados y la posibilidad de “contagio del narcoterrorismo y la narcoviolencia” que afecta cada vez más a los mexicanos.
Las maniobras de Bush
Durante su administración, George W. Bush aprovechó la “sensibilidad” de su par Vicente Fox luego de los ataques terroristas en varias ciudades estadunidenses el 11 de septiembre de 2001 para instalar “células de intercambio de información de inteligencia” con el gobierno mexicano. El propósito: “contener al crimen organizado”.
Fox abrió las puertas de México para que espías de la CIA, el Pentágono, el FBI y la DEA instalaran pequeños centros de operación en Ciudad Juárez, Tijuana, Nogales, Nuevo Laredo, Monterrey, Guadalajara y la misma capital mexicana. Las autoridades mexicanas ocultaron la injerencia del personal estadunidese y alegaron que se trataba de un simple intercambio de información con sus vecinos.
Con la llegada de Felipe Calderón, el “boquete” para los operativos de inteligencia contra el terrorismo internacional en el territorio mexicano se hizo más grande. El ejemplo principal lo constituye el posterior establecimiento de la Iniciativa Mérida, una herramienta bilateral para combatir al narcotráfico mexicano que fortaleció el trabajo de las antiguas “células de intercambio de información de inteligencia”.
Además, ante el fracaso de Calderón para doblegar al crimen organizado, la administración de Barack Obama aprovechó para crear, con la venia de su homólogo mexicano, el Centro Binacional de Inteligencia, que ya comenzó a trabajar y que tiene su sede en el Distrito Federal.
Este centro le permitirá a la CIA, al Pentágono, al FBI y a las demás agencias federales de espionaje de Estados Unidos tener el control inmediato de la vigilancia en el propio territorio mexicano. Y aun cuando se esgrima que el objetivo es coadyuvar a desmantelar a los cárteles del narcotráfico, en realidad se busca garantizar que el territorio mexicano no sea usado como trampolín por grupos terroristas internacionales para entrar a Estados Unidos.
De acuerdo con la Iniciativa Mérida, el Centro Binacional de Inteligencia, que “estará a cargo de agentes mexicanos”, se coordinará directamente con el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC, por sus siglas en inglés), ubicado a unos cuantos kilómetros de Ciudad Juárez, desde donde el Pentágono controla cualquier movimiento “sospechoso” de los grupos del crimen organizado que operan a lo largo de la frontera común con México.
La decisión de Obama
En los meses recientes, los gobernadores de California, Arizona, Nuevo México y Texas, los cuatro estados fronterizos, han manifestado su preocupación por la posibilidad de un “contagio del narcoterrorismo y narcoviolencia” que prevalece en la región norteña de México.
Y fue precisamente ese temor el que motivó a Obama a fortalecer la vigilancia en la frontera sur. El mandatario anunció además que se incrementará la presencia de servicios de inteligencia en esa zona debido a la vulnerabilidad del territorio mexicano frente al terrorismo.
La presencia del EPIC en El Paso, Texas, y de las células de intercambio de información de inteligencia en México, además de la presencia de cientos de agentes de casi todas las agencias federales de Estados Unidos, convierten a esa urbe y a Laredo –que comparten frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, las entidades más violentas de México– en la segunda y la cuarta ciudades más seguras de Estados Unidos.
“Los narcos mexicanos saben que meterse aquí o en El Paso sería como meterse al mismo infierno, porque están conscientes de la presencia de los agentes federales que hay de este lado”, comenta a Proceso Raúl Salinas, alcalde de Laredo y exjefe del FBI en México.
Por razones de seguridad nacional, el Departamento de Justicia se niega a revelar el número de agentes que operan en el EPIC y los nombres de sus instituciones; también evita informar sobre los empleados del FBI, la DEA y el Pentágono comisionados a los estados sureños de California, Arizona, Texas y Nuevo México.
Sólo se sabe que el personal de agencias federales distribuido a lo largo de la frontera con México está constituido por los 20 mil elementos de la Patrulla Fronteriza, a los que se sumarán otros mil en los próximos meses.
En lo que atañe a la militarización, Obama ordenó en junio pasado el despliegue de mil 200 elementos a lo largo de los 3 mil
De acuerdo con el Pentágono, los soldados estarán armados y tienen autorización para defenderse ante cualquier situación que ponga en riesgo su integridad personal.
Además, en sintonía con la ley de la Iniciativa de la Frontera Sur, promulgada por el presidente Obama el pasado 12 de agosto, el Departamento de Justicia destinará 196 millones de dólares, de los 600 millones de su presupuesto, al plan fronterizo para instalar siete nuevos equipos de agentes del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) para combatir el tráfico de armas hacia México, cinco Grupos de Tarea del FBI, agentes de la DEA y 20 alguaciles más que se abocarán exclusivamente a la labor de “investigaciones mexicanas” como parte del proyecto de investigaciones transfronterizas del EPIC.
En la actualidad, la frontera sur de Estados Unidos es vigilada desde el aire por 150 helicópteros y aviones, además de cinco aeronaves espías manejadas a control remoto similares a las que usó el Pentágono para destruir objetivos terroristas con misiles de corto alcance en Afganistán e Irak.
Recientemente, 25 nuevos analistas de la DEA se incorporaron al EPIC bajo la Ley de la Iniciativa Sur, y se crearon Grupos de Tarea Anticorrupción del FBI en Houston y Del Río, Texas.
En total, de acuerdo con la documentación obtenida por el corresponsal, habrá 200 nuevos alguaciles federales en la frontera sur de Estados Unidos. Su tarea: “Incrementar las detenciones de fugitivos de la ley, identificar y confiscar bienes de los grupos del crimen organizado, e investigar y mitigar amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos (actos terroristas)”, según la ley promulgada por Obama el 12 de agosto último.
Por lo demás, con el propósito de profundizar la cooperación bilateral de combate al crimen, la administración estadunidense se compromete a entrenar a 3 mil 799 ministerios públicos y agentes federales mexicanos más para finales de año. Hasta ahora ha capacitado a 5 mil 462. l
Paraíso de fugitivos
Arturo Rodríguez García
Al escapar de la violencia criminal que azota a México, las familias de prominentes empresarios, en su mayoría nuevoleoneses, encuentran en la ciudad texana de San Antonio amplias vialidades, áreas verdes y de recreo, enormes centros comerciales, servicios públicos eficientes, fraccionamientos exclusivos y seguros; en fin, todo lo que les falta en las ciudades mexicanas. Sobre todo, se sienten a salvo. Por eso consideran a San Antonio “la ciudad más bonita del norte de México”.
SAN ANTONIO, TEXAS.- Refugio privilegiado de la élite económica mexicana cuando enfrenta tiempos violentos, esta ciudad estadunidense acoge ahora a las familias que han sido víctimas de la delincuencia o temen serlo.
Esta relativamente reciente migración de gente adinerada desató la polémica en Monterrey, después de que el dueño de Cemex, Lorenzo Zambrano, expresó desde su cuenta de Twitter que “es un cobarde quien huye de Monterrey”.
El tema fue analizado en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León, donde el consultor Santiago Roel comparó los índices delictivos de la zona metropolitana de Monterrey con los de San Antonio y Houston, asegurando que las ciudades texanas son más inseguras.
Aun así, en San Antonio los delitos se concentran en el sur y el oriente, donde viven obreros hispanos y negros, por lo cual es más difícil que un bloqueo, balacera o ejecución desbaraten la vida cotidiana de un residente texano.
Sin embargo, el idioma español está en la nomenclatura: la catedral de San Fernando, la Plaza de Las Islas, las calles Guadalupe, Buena Vista, Blanco, San Pedro… Los anuncios de mexican food se multiplican en coloridas explanadas que recorren mariachis, tríos y grupos de folclor latinoamericano.
Igual que Monterrey, la Ciudad de México y Chihuahua, San Antonio tiene una escultura pública del artista Sebastián: The Torch of Friendship (La Antorcha de la Amistad), financiada por empresarios mexicanos en 2002.
Junto al River Walk, en la red de canales que parten del río San Antonio, navegan barcazas repletas de turistas estadunidenses del norte, que aquí son atendidos por empleados mexicanos, en negocios propiedad de mexicanos, bajo los puentes de piedra que simulan la arquitectura de la Nueva España. De hecho, La Villita replica una aldea novohispana y hasta tiene un campanario como el de Dolores Hidalgo, Guanajuato.
Un brazo del River Walk ubicado entre las calles Commerce y Market se desvía a la derecha para conducir al Centro de Convenciones Henry B. González, alrededor del cual están el Instituto Cultural Mexicano y un campus de la UNAM. En esos jardines se ven la estatua de Francisco I. Madero y una Cabeza Olmeca. Es la zona del Hemisfair Park, donde se yergue la construcción más imponente de la ciudad: la Torre de las Américas.
El canal que va a la izquierda lleva al River Center Mall, en cuyos establecimientos abundan las franquicias trasnacionales y los souvenirs de El Álamo. Banners y letreros cuelgan de techos y marquesinas por todo el centro comercial, se exhiben soldados en miniatura junto con maquetas y armamento, con los que se pretende recrear la batalla.
Alamo: the price of the freedom, el título de la película filmada en 1998, se lee por todas partes, mientras los guías de turistas explican que después de un cerco de 13 días, el 23 de marzo de 1836, los soldados mexicanos masacraron a la mayoría de los separatistas texanos, lo que enardeció la rebelión hasta conseguir que este territorio se separara de México en abril de 1836, tras la batalla de San Jacinto.
El 61% de la población de San Antonio es de origen hispano, y más de 80% de ésta la integran mexicanos que reproducen aquí la organización social. Además, las relación de negocios y la migración entre el norte de México y esta ciudad ha sido constante, de manera que no es tan extraño que el alcalde Julián Castro sea hijo de inmigrantes mexicanos, tome clases de español y, coincidencias de identidad, cumpla años el 16 de septiembre.
Sin ganas de regresar
Con dos bases militares en su territorio, la industria automotriz en crecimiento y el negocio de la salud en pleno desarrollo, San Antonio no resintió demasiado la crisis económica de los últimos años.
En contraste, el recrudecimiento de la violencia en México provocó el éxodo de mexicanos pudientes que, si bien todas las fuentes consultadas consideran difícil de cuantificar, se manifiesta en datos y hechos aislados.
Irene Keegan, directora de la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), creada en 1996 y que funge como red social y de negocios para que los connacionales establezcan sus capitales en San Antonio, revela que la cantidad de socios creció mil 600% en los últimos dos años: 460% en 2009 y el resto en lo que va de 2010.
Keegan se niega a dar nombres de nuevos residentes porque la mayoría fue víctimas de secuestro u otros delitos y ha pedido explícitamente que no se difunda información personal. La ejecutiva afirma que un fenómeno parecido está sucediendo en Rio Grande Valley, Houston, Austin, Dallas, San Diego y Miami.
Es cierto que muchos de los recién llegados no vienen a hacer negocios, pero las marcas instaladas aquí hace poco dan una idea de la tendencia general: Alpura, Maseca, Vigo, Sushi-Sushi, Vitromex, Jimsa...
Ubicada a dos horas de las ciudades mexicanas fronterizas de Piedras Negras y Nuevo Laredo, San Antonio es la primera gran ciudad de Estados Unidos que se encuentra al cruzar el río Bravo por el noreste. Desde Monterrey se llega en sólo cinco horas, pero debido a los cercos carreteros, retenes y eventuales tiroteos, ha crecido la demanda de transporte aéreo. Aunque la violencia en México, origen de la fiebre migratoria, también la obstaculiza: en los últimos meses, los bloqueos de vialidades del narco han obstruido las rutas que conducen al aeropuerto de Monterrey.
Peor aun, la crisis de Mexicana de Aviación obligó a cancelar el vuelo directo Monterrey-San Antonio, por lo que ahora es necesario conseguir boleto de Aeroméxico, Continental, United Airlines o America Airlines para Houston y de ahí partir a San Antonio por tierra.
Para los que encuentran refugio, “de plano, no dan ganas de regresar”, como dice María Cortez, una regiomontana avecindada hace poco.
Historia de festival
En 1810 hubo aquí un brote insurgente. La provincia Coahuila-Texas ganó para la causa de la Independencia adeptos que tomaron el poder. Juan Bautista Casas asumió una gubernatura que avaló el caudillo Ignacio Aldama. Los colonos texanos, en desacuerdo con el gobierno de Casas, alentaron el alzamiento del subdiácono Juan Manuel Zambrano, que terminó apresándolos a ambos.
Zambrano fue instigador y presidente de la junta de notables de San Antonio que propició el ardid con que Francisco Ignacio Elizondo, el capitán traidor a la insurgencia, consiguió la captura de Hidalgo, Allende, Jiménez y Abasolo en Acatita de Baján en marzo de 1811.
Pero el pasado 15 de septiembre la historia fue lo de menos en el Auditorio Municipal de San Antonio, donde unas 5 mil personas celebraron el Bicentenario de la Independencia de México con una gala artística.
Como en los juegos de la Selección Mexicana de futbol, familias enteras acuden con banderas en los hombros a manera de capas, las niñas visten de adelitas o chinas poblanas, las mujeres se pintan el rostro con franjas tricolores; los hombres usan penachos siux que por alguna razón han asumido como mexicanos, llevan máscaras de lucha libre y banderas; los niños portan globos y rehiletes.
La mayoría se baja de autobuses o de camionetas viejas y es instruida para sentarse en la parte alta de las gradas. Los que llegan en camionetas con chofer, vestidos de manera informal o de negro en punta, acompañados de mujeres de elaborados vestidos y chales o rebozos de colores discretos para resaltar sus joyas, se sientan adelante, muy cerca de donde el cónsul Armando Ortiz Rocha y el alcalde Julián Castro presencian el espectáculo.
En la recepción, el equipo de logística habla inglés. Adentro se oye el fluido español: “Como nos ha dicho el cónsul, la situación es muy difícil en México. Pero a pesar de las cosas que están pasando en México, debemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos”, repite una joven rubia, vestida de jarocha, que pone al público de pie agitando banderitas tricolores.
Enseguida le deja el escenario a una cantante que intenta combinar, con poca suerte, escalas de blues en canciones de Tata Nacho y, al fin tex-mex, de Selena.
Un ballet folclórico arranca aplausos con su Jarabe Tapatío y una niña se lanza con canciones rancheras acompañada por el mariachi Sangre Mexicana. En la gala, la cantante “Azucena de Jalisco” interpreta Las mañanitas para el alcalde, que al día siguiente cumple 36 años.
Julián Castro, del Partido Demócrata, tiene rasgos indígenas y apenas sabe unas frases en español. Es hijo de Rosie Castro, famosa activista de los derechos civiles. Egresado de la Universidad de Stanford, donde estudió ciencia política, se posgraduó en derecho en Harvard. Tiene instinto político: mueve manos y pies cuando Azucena de Jalisco entona melodías de Juan Gabriel.
Claro que mientras los alcaldes de la zona metropolitana de Monterrey utilizan vehículos blindados y hasta 12 guardaespaldas, Castro no tiene que llevar dispositivo de seguridad alguno.
En todo el centro de San Antonio no es común ver un vendedor ambulante. Pero este día sí. Pedro Ramos vende banderitas y globos tricolores, involuntariamente colocado bajo el pabellón gringo de las barras y las estrellas.
Ironías de esta historia de festival: el cónsul Castro da el grito acompañado de la banda de guerra de la preparatoria El Chamizal.
“Little Monterrey”
En un restaurante del North Star Mall, dos jóvenes ingenieros que a principios de año egresaron del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), dicen al reportero que decidieron buscar empleo en San Antonio cuando un comando les robó su camioneta en la avenida regiomontana Manuel L. Barragán.
Ambos fueron contratados en la planta de Toyota que, aun cuando se la disputaban varios estados mexicanos –donde ninguna ciudad contaba con zonas habitacionales y seguras para sus ejecutivos–, se instaló en San Antonio en 2002, detonando el desarrollo del sector automotriz que todavía se abastece de proveedores asentados en México.
San Antonio tiene 2 millones de habitantes, pero la ciudad no es compacta: tiene manchas verdes, producto de una reglamentación ideada para garantizar la recarga de sus mantos acuíferos. Los mexicanos pobres del sur viven a unos
Curiosamente, la zona norte se conoce como “Little Monterrey”. En torno del campo de golf Sonterra, por North Hood Street, una decena de fraccionamientos aloja a los mexicanos, señaladamente originarios de Nuevo León, que se refieren al lugar coloquialmente como Sonterrey.
Cada quien marca su origen. Los tapatíos tienen una zona a la que llaman “La Perlita”, y pese a los lazos sociales y de negocios tendidos por la AEM y la San Antonio Hispanic Chamber of Commerce, cada región frecuenta sus propios sitios y mantiene la vida social que tendría en su tierra.
En Sonterra es imposible conseguir una vivienda de menos de 300 mil dólares en uno de los fraccionamientos que circundan el campo de golf. Los vecinos deben someterse a un reglamento estricto: no se cruza la entrada si no se tiene mando a distancia, aunque, si es residente del lugar, un policía le cobrará 15 dólares por abrir la puerta; las fiestas deben ser tramitadas, el permiso se paga también, y se termina antes de las 11 de la noche; no se permiten perros ruidosos; no se pueden colocar vehículos en las banquetas; se multa a quien no mantenga sus casas y jardines impecables.
Al centro de cada fraccionamiento hay una casa club con piscina y canchas de tenis. La seguridad familiar está garantizada.
Hace unos ocho años todavía se veían vacas pastando por la avenida Sonterra, pero la familia Lobo de Monterrey (propietaria de Protexa) adquirió esas extensiones e impulsó ahí la construcción de complejos médicos que compiten con el San Antonio Medical Center y están convirtiendo a la ciudad en una fuerte competidora de Houston en servicios de salud.
Algunos regiomontanos del clan Garza Sada viven en Sonterra, otros en Alamo Heights, la zona residencial de tradición que también tiene campo de golf y hasta zoológico, con servicios que la convierten en una ciudad aparte. Ahí se avecindó también la familia del cantante Vicente Fernández, que migró después del secuestro de Vicente junior.
Al noreste está el complejo de esparcimiento Six Flags y enfrente Shops at La Cantera, el mall más lujoso de San Antonio. Por ese rumbo viven los más acaudalados, en el Dominion Country Club, donde las mansiones cuestan varios millones de dólares. Ahí son famosas las fiestas de los Salinas Pliego, dueños de Televisión Azteca, cuyos vecinos son los jugadores de basquetbol del equipo Spurs, campeones de la NBA, y Alonso Ancira Elizondo, quien en 2008 hasta recibió un doctorado honoris causa de la Incarnate Word University.
Por cierto que el Colegio St. Mary’s recibió este año una inusual matrícula de niños regiomontanos, mientras que la University of Texas at San Antonio (UTSA) superó su capacidad en 20% que hizo insuficiente hasta el estacionamiento y por eso tuvo que restringir su matrícula. Y la Trinity University recibe más mexicanos que la UTSA.
Irene Keegan insiste: “San Antonio es, para mí, la ciudad más bonita del norte de México”.
La investigación de los granadazos incluyó contactos con los cárteles
Jorge Carrasco Araizaga y Francisco Castellanos J.
Mario Arturo Acosta Chaparro, el militar que reprimió de manera inmisericorde a la guerrilla en los años sesenta y setenta, recibió del gobierno de Felipe Calderón una encomienda: pactar con integrantes del cártel de La Familia michoacana la entrega de los “responsables” del atentado con granadas perpetrado el 15 de septiembre de 2008 en Morelia. Una fuente cercana al militar en retiro consultada por Proceso afirma lo anterior y asegura que “el general estaba construyendo puentes entre el gobierno” y varias organizaciones delictivas, “incluidos líderes de Los Zetas y del cártel de Sinaloa”.
El gobierno de Felipe Calderón echó mano del general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, para negociar con los jefes del cártel michoacano de La Familia la detención de los tres presuntos responsables del ataque con granadas perpetrado en Morelia el 15 de septiembre de 2008.
La noche del atentado –el primero del narco contra la población civil y que dejó ocho muertos– Acosta Chaparro realizó el primero de dos viajes a Michoacán en su condición de asesor del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y con la anuencia del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Una fuente cercana al general retirado, reveló que en esa ocasión el militar tuvo contacto con miembros de la delincuencia organizada con el conocimiento del gobierno de Calderón. Ahora Acosta convalece de un atentado que sufrió el 18 de mayo pasado, cuando investigaba el secuestro de Diego Fernández de Cevallos.
“El general estaba construyendo puentes entre el gobierno y varios de esos grupos, incluidos líderes de Los Zetas y del cártel de Sinaloa”, comenta la fuente, que conoció la maniobra de La Familia para entregar a los supuestos responsables de los granadazos.
Según un informe de organismos de seguridad obtenido por Proceso en Morelia, las dos granadas de fragmentación utilizadas en 2008 son del tipo M67, que se fabricaban en Canadá y Estados Unidos. La última vez que se usaron en un conflicto bélico fue por parte de la Marina argentina en la guerra de Las Malvinas. Las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar y de la Procuraduría General de la República (PGR) citadas en el informe precisan que el Ejército no usa ese tipo de granadas.
Especialista en subversión
Compañero de generación de Guillermo Galván Galván en el Colegio Militar, Acosta Chaparro regresó a las operaciones encubiertas luego de que el secretario de la Defensa lo volviera asesor en dos asuntos de interés para el gobierno federal: narcotráfico y grupos subversivos.
La reincorporación del militar –el principal perseguidor de la guerrilla en México durante el periodo de la guerra sucia– comenzó cuando lo exculparon de los delitos de lesa humanidad que pesaban en su contra y tras ser puesto en libertad en 2007, luego de pasar siete años en la cárcel por cargos de narcotráfico. En abril de 2008 fue condecorado en una ceremonia de retiro encabezada por Galván.
Según la fuente cercana al general retirado, Acosta Chaparro fue a Morelia en compañía de un hombre apellidado Estrella, excomandante de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el organismo que entre los sesenta y principios de los ochenta persiguió a la disidencia armada y que se disolvió en 1985, infiltrado por el narcotráfico.
En Morelia, Acosta Chaparro se encontró con dos de los líderes de La Familia: Jesús Méndez Vargas, El Chango o El Chamula, y Nazario Moreno, El Chayo o El Más Loco.
Para entrar en contacto con ellos fue necesario que un soldado se dirigiera hacia un lugar estratégico llevando en la mano un ejemplar de Pensamientos, publicación de adoctrinamiento para los integrantes del cártel michoacano y cuyos textos están firmados por El Más Loco.
Acosta Chaparro se hizo cargo del operativo en Michoacán hasta poner en manos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea.
Estos tres hombres fueron secuestrados entre el 18 y el 21 de septiembre en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y sometidos a tortura para obligarlos a identificarse como zetas e inculparse de los dos granadazos de Morelia.
Acción encubierta
La noche del 15 de septiembre de 2008, mientras el gobernador Leonel Godoy encabezaba la ceremonia de El Grito, una granada estalló entre la multitud reunida en la Plaza Melchor Ocampo; otra fue detonada a dos calles de ahí, en la esquina de Madero y Quintana Roo, en el centro de la capital michoacana (Proceso 1664).
Los días 17 y 18 de septiembre La Familia envió mensajes electrónicos a funcionarios y periodistas estatales, además de desplegar mantas en Morelia para anunciar que haría su propia investigación y daría con los responsables, que desde ese momento identificó como integrantes de Los Zetas. Diez días después del ataque, en un segundo viaje a Michoacán, Acosta Chaparro llamó a Mouriño para decirle que ya tenía a los detenidos.
“Lo acompañó el fiscal (José) Ricardo Cabrera Gutiérrez (entonces encargado) de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la SIEDO”, cuenta la fuente, cuyo testimonio coincide con las declaraciones ministeriales de los pilotos de la PGR que identificaron a Cabrera Gutiérrez cuando fueron a Michoacán por los supuestos responsables.
Y agrega: “Fue una operación encubierta en la que en todo momento estuvo al frente Acosta Chaparro”; también refiere que el general en retiro se sorprendió al ver que para el operativo Cabrera Gutiérrez “vestía un elegante traje, camisa de seda, corbata, mancuernillas y un costoso juego de plumas”.
“¿A dónde cree que va?”, le espetó Acosta Chaparro, quien ya había seleccionado para la operación un avión de transporte viejo y sin asientos.
El funcionario de la PGR llegó al aeropuerto de la Ciudad de México sin saber cuál era su destino. Le preguntó al militar a dónde iban y éste le contestó que a San Luis Potosí. Sólo Acosta sabía la naturaleza y objetivo de la operación.
Los pilotos de la PGR coinciden con esa versión. En un interrogatorio ministerial al que fue sometida por Fernando Espinosa de los Monteros, abogado de Rosas Elicea, la tripulación del avión Casa 229 matrícula XB-BIC, usado para el traslado de los detenidos, explicó que además del piloto, el copiloto y el mecánico iban Cabrera Gutiérrez y otra persona a la que no conocían, pero que no identificarían por tratarse de “información reservada por ser de seguridad nacional”.
En su declaración indicaron que el 25 de septiembre de hace dos años, la tripulación salió del aeropuerto de Toluca a la Ciudad de México con la orden de volar luego a San Luis Potosí. En el aeropuerto de México se subieron Cabrera Gutiérrez y el otro pasajero, cuyo nombre no citaron, quien les ordenó volar no a San Luis Potosí sino a Morelia.
De la capital michoacana, donde estuvieron alrededor de tres horas, volaron a Apatzingán, y ahí esperaron más de cinco horas hasta que llegaron tres integrantes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) con los supuestos responsables, a quienes trasladaron al Distrito Federal.
La fuente cercana al operativo cuenta que de Apatzingán, Acosta Chaparro y Cabrera Gutiérrez se fueron en un taxi hacia Antúnez, en el municipio de Parácuaro, en la región de Tierra Caliente, una de las zonas controladas por La Familia.
En una casa abandonada de esa población, la organización criminal les entregó a los ahora procesados. Asegura que “ya en el avión, antes de despegar, Acosta Chaparro se comunicó con Mouriño: ‘Señor, objetivo cumplido’”.
Según esa versión, Cabrera, que había sido del todo ajeno al operativo, en el vuelo de regreso al DF se envalentonó y amenazó a los supuestos culpables, quienes llevaban días sin comer y estaban heridos por la tortura: “Ahora sí, hijos de la chingada. Cuando llegue a mi oficina declaran lo que dijeron o de una vez los echo para abajo”.
El abogado Espinosa de los Monteros confirma que en el vuelo de regreso Castro Galeana, Mondragón Mendoza y Rosas Elicea recibieron más amenazas de que matarían a sus familias si no declaraban lo que les habían dicho para responsabilizarse del atentado.
En la SIEDO siguieron las amenazas: “No crean que ya la libraron. También estamos acá adentro”. Los detenidos aún tenían los ojos vendados. Su abogado dice que identificaron las mismas voces tanto en Antúnez como en la Procuraduría. Aunque había un defensor de oficio con ellos, no les quitaron la venda hasta el momento de firmar su declaración.
Los “cuatro” responsables
La versión de la PGR sobre la captura es que el día 24 se recibió una llamada anónima cuyo origen no pudo rastrearse porque el identificador decía “externo”. Según la titular de la SIEDO, Marisela Morales, el denunciante les dio las referencias del lugar de Antúnez donde se encontraban amarrados cuatro zetas que habían reconocido ser los autores de los granadazos (Proceso 1670).
La averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/110/2008 que se consignó ante el juez Sexto de Distrito en Materia Penal del tercer Circuito con sede en el penal de Puente Grande, Jalisco– los agentes José Martín Zarza Escamilla, Ignacio Moreno Aguilar y Armando Javier Rojo Olivar fueron por los acusados.
En su parte informativo los agentes entonces adscritos a la SIEDO sólo mencionan tres y no cuatro detenidos. Aseguran que éstos confesaron ser zetas y que miembros del propio grupo delictivo los habían detenido y golpeado porque después del atentado pensaron que desertarían de la organización y pondrían en riesgo la identidad de varios de sus integrantes.
La defensa ha intentado echar abajo la versión de la PGR pero se ha topado con el juez sexto de Distrito, Arturo Fonseca Mendoza, quien a decir de Espinosa de los Monteros “está a favor de todo lo que le pide la PGR” y “más que un juez ha sido un fiscal”.
Proceso viciado
Con el informe de los agentes como principal elemento de la consignación de la SIEDO y a pesar de la tortura a la que fueron sometidos –denunciada casi un año después del atentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Proceso 1712 y 1715)–, el juez dictó auto de formal prisión a los tres acusados por terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, posesión de granadas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y lesiones calificadas.
El juez mantuvo las acusaciones pese a que la PGR nunca aclaró la detención de los acusados y bloqueó la comparecencia de los agentes. El juez ni siquiera tramitó las multas impuestas a los agentes por no presentarse a declarar.
“Nunca se han presentado. Y ahora resulta que dos de ellos están procesados en el penal de máxima seguridad de Tepic por su presunta relación con El Mayo Zambada (uno de los líderes del cártel de Sinaloa). Pero no sabemos si están libres o presos”, dice Espinosa de los Monteros.
Indica que la información sobre su situación jurídica la obtuvo en el Consejo de la Judicatura Federal porque la PGR ha evitado informar si están detenidos o enfrentan el proceso en libertad. Cuando fueron llamados a comparecer, el personal del juzgado dijo que no les había podido notificar que se presentaran a declarar porque no los encontraron en el domicilio que dio la PGR.
En el caso del tercer agente, en el Juzgado Sexto se ha asegurado que tampoco está en el domicilio proporcionado por la PGR. Según la SIEDO, cuya titular supo de la intervención de Acosta Chaparro, aparentemente se fue a Estados Unidos.
Cabrera Gutiérrez tampoco ha comparecido. “Cuando los pilotos lo mencionaron en su declaración ministerial y lo señalan como el comandante de los agentes, pedimos que lo citaran. El juez mandó un exhorto a un juzgado del Distrito Federal y resultó que tampoco lo encontraron en el domicilio que dio la PGR”, asegura Espinosa de los Monteros.
El juzgado dio vista a la defensa de los acusados sin que ésta hiciera ninguna actuación, porque de acuerdo con el artículo 20 de la Constitución el juzgado tiene que auxiliar para presentar a los testigos. “Pero el juez Fonseca Mendoza nos dio por desistidos de la prueba”, añade el abogado.
Peor todavía, dice el litigante, Cabrera Gutiérrez no aparece ni en las actuaciones ni en la consignación ante el juez, por lo que no firma nada, a pesar de haber sido identificado por los propios pilotos de la PGR como el comandante de los agentes que fueron por los detenidos. El abogado precisa que quienes firman los escritos de la procuraduría son los agentes ahora desaparecidos. En las actuaciones tampoco se menciona quién realmente iba al frente de la operación.
La defensa insiste en la presentación de Cabrera. Mario Patricio Solano, abogado de Castro Galeana y Mondragón Mendoza, la solicitó nuevamente al juez el pasado 30 de agosto y pidió que la diligencia se practique en el Distrito Federal.
No ha sido la única actuación que lleva a Espinosa de los Monteros a acusar al juez de estar “muy cargado a favor de la PGR o que quizá tenga línea de su jefe”, el máximo representante del Poder Judicial, el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, “para impedir que los acusados salgan de prisión mientras Felipe Calderón esté en la Presidencia”.
El acto más reciente del que se quejan los abogados es que el juez Fonseca prácticamente desconoció un amparo que había beneficiado a los acusados, por lo que la defensa promoverá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal.
El 17 de agosto pasado el juez Octavo de Distrito en Materia Penal de Jalisco, Sergio Darío Maldonado, concedió el amparo a Mondragón Mendoza, Castro Galeana y Rosas Elicea para dejar insubsistentes casi todos los cargos. Sólo dejó vigentes los de homicidio y lesiones.
Pero 10 días después, al decretar el nuevo auto de formal prisión a partir de ese amparo, Fonseca agregó el delito de portación de granada y de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud.
Sorprendido por su determinación, Espinosa de los Monteros le pidió una explicación al juez. “Si hay homicidio, por fuerza hay portación de granada y el delito de delincuencia organizada en su modalidad de narcotráfico es porque son zetas y éstos se dedican al tráfico de drogas”, dice el abogado que respondió Fonseca Mendoza.
“Hubo un exceso en el cumplimiento del amparo, como lo ha hecho durante todo el proceso y en el que ha dictado tres autos de formal prisión contra los acusados”, afirma.
Explica que en el primero, el juez acató en todos sus términos la solicitud de orden de aprehensión que le hizo el Ministerio Público federal y con base en los delitos señalados por la SIEDO dictó el primer auto de formal prisión.
“Nos fuimos al amparo para que fundamentara y motivara y valorara todas las pruebas. Dictó entonces un segundo auto, pero sin variar nada”, añade.
Solano precisa que antes de emitirlo, “el juez nos había dicho a los abogados y a los familiares que no recibía ninguna presión ni de la PGR ni de nadie; es más, que no veía suficientes elementos en las acusaciones del Ministerio Público federal”.
Pero el juzgador reiteró la formal prisión. “Ante ello, solicitamos el amparo que ganamos, pero en el tercer auto el juez sexto fue más allá de lo señalado por el juez octavo”, añade.
El pasado 31 de agosto, la defensa apeló el tercer auto de formal prisión, que será revisado por un tribunal unitario.
Además, la defensa promoverá una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el juez dio trámite a una confesión obtenida bajo tortura en un operativo que la PGR no ha aclarado durante el juicio. l
La parálisis del miedo
Carlos Acosta Córdova
Los cambios al esquema tributario que Calderón propuso en campaña no se realizarán, por lo menos en este sexenio. Para un gobierno impopular que se encuentra arrinconado por su propia incapacidad y ante el escenario de competencia electoral que se avecina, hablar de aumentos impositivos o de combatir la evasión fiscal entraña un gran riesgo político.
En un intento de evitar la combinación explosiva de hartazgo social, crisis económica y alza de impuestos, Felipe Calderón y su partido decidieron renunciar a una de sus más anheladas reformas: la fiscal.
El miedo a que el PAN pierda la Presidencia en 2012 obligó a Calderón a presentar un programa económico para 2011 sin nuevos gravámenes ni cambio en las tasas impositivas.
El argumento es que con lo hecho hasta ahora –los recién creados impuestos IETU e IDE, mayores tasas a IVA, IEPS e ISR y nuevos sectores gravados, como el de las telecomunicaciones– se resuelven las necesidades financieras del momento.
La exposición de motivos del paquete económico 2011 entregado a la Cámara de Diputados el miércoles 8 presume que “no se presenta una miscelánea fiscal por segunda ocasión en la presente administración. Esto no se observaba desde el sexenio 1964-
En el discurso oficial de cada año –salvo en 2009, cuando la crisis hizo caer el PIB nacional a un histórico -6.5%– el sentido era otro: la reforma fiscal era impostergable. Ya no se puede vivir de la deuda, como en los sexenios de Echeverría y López Portillo, ya no hay paraestatales para vender y el petróleo dejó de ser fuente segura y estable de ingresos.
La abundancia se esfumó
Desde finales de los setenta, cuando se descubrió Cantarell y López Portillo ilusionó a los mexicanos con que tendríamos que aprender a “administrar la abundancia”, los ocupantes de Los Pinos se olvidaron de la economía. Para qué esforzarse en fortalecerla internamente si ahí estaba el dinero fácil del petróleo…
Vicente Fox acabó de vaciar las reservas de crudo. Cantarell va en picada y sólo queda apostar a que el precio internacional del petróleo siga subiendo, porque la plataforma de producción ha disminuido 25% en los últimos siete años.
El miedo a sumar impuestos al hartazgo social, atizado por las secuelas de la crisis económica, obligó a Calderón a claudicar en su propósito de enmendar el sistema impositivo nacional, que tiene al país con una recaudación apenas arriba de 10% del PIB, una de las más bajas del mundo.
El promedio de recaudación impositiva en América Latina es de 15% del PIB; en la OCDE es de 25%. Según el paquete económico para 2011, Hacienda espera ese año una recaudación de 10.4% del PIB sobre las mismas bases: pocos contribuyentes, causantes cautivos y manteniendo los privilegios de las grandes empresas.
Felipe Calderón y Agustín Carstens, secretario de Hacienda en la primera mitad del sexenio, querían que los empresarios pagaran sus impuestos: que los muchos que lo hacen no defrauden más, eludan o evadan al fisco; que más mexicanos contribuyan; que se reduzca la informalidad; que los impuestos sean fáciles de pagar; que los gravámenes no tengan tantos hoyos, lagunas, excepciones y exenciones; que no haya tantas tasas diferenciadas que complican la administración de los impuestos; que los estados y municipios recauden y no sólo estiren la mano… Todo eso y más era la reforma fiscal.
En teoría era un círculo virtuoso: más impuestos generan más recaudación, es decir, más ingresos públicos; más ingresos implican mayor capacidad de gasto; más gasto bien aplicado es impulso a la economía: más inversión, más financiamiento, impulso industrial, más infraestructura, construcción, creación y ampliación de empresas, es decir, más actividad económica, más empleo y más consumo. Más empleo, más consumo y más producción son, de regreso, más recaudación, más ingresos, más gasto…
Pero se entreveró la política como factor paralizante de la economía. El próximo año se renuevan las gubernaturas en seis estados: Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Nayarit y Michoacán. Y como los impuestos son el tema que más fácilmente se politiza y resta electores, para qué moverle.
Pero si en el paquete económico para el próximo año no hay cambios en los impuestos, es previsible que mucho menos los haya en 2012. Es el año de la elección presidencial, donde el PAN y Calderón se juegan prácticamente la vida.
Desactivación del hartazgo
No más gravámenes ni cambios en las tasas impositivas en 2011 es, además, el reconocimiento de que el hartazgo social está al tope. Más impuestos serían la gota que derramaría el vaso, como en el periodo 1995-2000 que marcó la derrota del PRI. Es el fantasma que persigue a Calderón y lo inmoviliza.
Fallido el cabildeo político, incapaz de generar los consensos en el Congreso, ese fantasma obnubila al presidente. En 1995, la crisis fue descomunal: quiebra del sistema financiero nacional, hiperinflación, fuga de capitales, el Banco de México sin reservas, cierres de empresas, millones de mexicanos sin empleo; brutal crecimiento de la pobreza.
Ese año el gobierno de Ernesto Zedillo, apoyado por la fuerza numérica de sus legisladores, decidió aumentar 50% la tasa del IVA: de 10% a 15%. La población se la cobró rápido. En las intermedias de 1997 el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados.
Y aunque la economía logró recuperarse después de la crisis, al menos en sus principales agregados macroeconómicos –en 1995 el PIB cayó a -6.2%; en 2000 creció 6.6%; la tasa de desempleo de 6.4% (2 millones 244 mil personas) en 1995, bajó a 2.2% en 2000 (884 mil personas)– el golpe estaba dado. El PRI debió pagar la factura y tuvo que irse de Los Pinos
Calderón no quiere reeditar la experiencia, pero nadie apuesta a que le alcance con no mover los impuestos para que el PAN siga en la Presidencia. Lo único que queda claro es que no pudo con la reforma fiscal que se ha buscado desde finales de los noventa.
En su primer año de gobierno, con un cuestionado resultado electoral, quiso congraciarse: bajó la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 29% a 28% y emprendió una política de condonación masiva de adeudos fiscales de la que saldrían beneficiados “unos 2.2 millones de contribuyentes”.
Para el año siguiente empezaron los intentos de avanzar en la reforma fiscal. El viejo anhelo de los secretarios de Hacienda, de Pedro Aspe en adelante, de hacer que las empresas paguen al menos una parte del ISR que deberían, se tradujo en la introducción del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).
Cuando Aspe estaba al frente de Hacienda introdujo el Impuesto al Activo con una tasa de 2%, para que por lo menos eso pagaran las empresas evasoras. Decía el entonces secretario: “¿Cómo es posible que durante 10 años, año tras año, muchísimas empresas nos declaren en ceros? No hay empresa que resista 10 años sin ganancias. Declarar en ceros es, por lo menos, sospechoso”. Y para eso inventó aquel impuesto.
Calderón quiso ir más allá. El IETU se concibió como impuesto complementario y de control del ISR por las mismas razones: era difícil encontrar empresas que pagaran 30% de ISR. Acostumbradas a pagar una ínfima parte de eso, el IETU obligaba a muchas a pagar una tasa de 16.5% en 2008, de 17% en 2009 y de 17.5% a partir de 2010.
Desde su entrada en vigor, en 2008, llovieron cientos de miles de amparos. Este año la Suprema Corte determinó que el IETU es constitucional pero es un impuesto que ha enfrentado al gobierno con los empresarios, quienes claman por su desaparición, aduciendo una mayor carga tributaria, menos deducciones y freno a la inversión.
También en 2008 se puso en marcha el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), que más que recaudatorio es de control –en su inicio, de 2% a los depósitos en efectivo superiores a los 25 mil pesos; hoy es de 3%, con límite de 15 mil pesos–, para fiscalizar a quienes se mueven en la economía informal.
Para este año el gobierno propuso un nuevo impuesto, la “Contribución contra la Pobreza”, de 2% para todo el consumo, que en la práctica se sumaba al IVA de 15%. Era un paso en la vieja aspiración del IVA generalizado.
Pero a la irritación social se sumó una férrea oposición legislativa, sobre todo del PRI. No pasó el nuevo impuesto. Contrapropuso el PRI un IVA de 16%, que aceptó el gobierno, y que ahora quiere regresar a 15%, más como revancha por las alianzas electorales que por beneficiar a la gente.
También por la emergencia se le aumentaron dos puntos porcentuales a la tasa del ISR, que pasó de 28% a 30%; se incrementaron los impuestos especiales a bebidas alcohólicas, tabacos y juegos y sorteos; se subió a 3% la tasa del IDE y su límite a 15 mil pesos, y se gravaron los servicios del sector telecomunicaciones con un impuesto de 3%.
Las condonaciones
El otro cambio que iba a ser profundo era el del acotamiento del “esquema de consolidación” para el pago del ISR (si un consorcio tiene algunas empresas con ganancias y otras con pérdidas, se difiere el cumplimiento de ese compromiso), que utilizan las grandes empresas para no cubrir el pago de sus contribuciones. Argumentaba Hacienda, y repetía el presidente Calderón, que unos 400 grupos empresariales pagaban de impuestos apenas 1.7% de sus ingresos.
La propuesta era que las empresas pagaran sus impuestos diferidos, acumulados desde 2004, en cinco anualidades a partir de 2010; la primera de 60% y de 10% las cuatro restantes. El cabildeo de empresarios con legisladores fue efectivo: quedó en que pagarían 25% los dos primeros años, 20% en 2012 y 15% en 2013 y 2014.
El asunto es que la gran reforma fiscal ya no llegó en este sexenio. La evasión, la elusión y la defraudación fiscal están a la orden del día: de cada 10 pesos de la recaudación potencial, casi 2.5 no llegan al fisco por evasión.
Ha sido tan fácil evadir y eludir impuestos en el país, que hasta la secretaria general de la CEPAL, la mexicana Alicia Bárcena, dijo recientemente que por ello “México es, de facto, un paraíso fiscal”.
Además, el número de contribuyentes sigue siendo bajo, a pesar de que durante los dos gobiernos panistas se hayan sumado 8 millones más, para totalizar unos 30 millones de contribuyentes. Es decir, 30 millones de personas físicas y morales que pagan impuestos.
El asunto es que hay casi 45 millones de personas con trabajo, según la última encuesta trimestral del Inegi sobre ocupación y empleo, y poco más de 4.3 millones de empresas, de todos los tamaños. Es decir, unos 20 millones de potenciales contribuyentes no pagan impuestos.
Y no se avanzó gran cosa en los llamados regímenes especiales de tributación, sobre todo los que atañen a los grandes contribuyentes –los privilegios, intactos– y a las tasas diferenciadas en el IVA, que subsidian a los más ricos.
En materia de federalismo nada se hizo. Ni el intento de forzar a estados y municipios a aplicarse en la tarea recaudatoria. Ni en contribuciones tan básicas como el impuesto predial. Es complicado, dada la pobreza extrema en la que viven miles de municipios del país. Pero ni siquiera se llevó a debate.
Por predial México recauda apenas 0.6% del PIB, mientras que en otros países de la OCDE y aun de América Latina recaudan más de 5% del PIB, dijo hace unas semanas el exgobernador del Banco de México y exsecretario de Hacienda Guillermo Ortiz. l
El factor Peña Nieto rige la discusión presupuestal
Jesusa Cervantes
Mientras los legisladores priistas acusan al gobierno de Calderón de proponer un Presupuesto de Egresos con una “gran carga político-electoral”, los panistas califican de “populista” la intención tricolor de bajar el IVA y advierten: una modificación al proyecto sería sometida “al veto presidencial”. El PRD y el PT, aun cuando avalan la medida del PRI, aseguran que la finalidad de ese partido es atraer votos en las elecciones del Estado de México o, en todo caso, para utilizarla como moneda de cambio para imponer reglas de distribución de los recursos, también con fines electorales…
En la negociación del presupuesto para el próximo año, que se discutirá a partir del lunes 20 en la Cámara de Diputados, el factor Enrique Peña Nieto-Edomex, con sus repercusiones en la sucesión presidencial de 2012, determinará la asignación de recursos.
Mientras los priistas presionarán por una disminución del IVA y por la reasignación de recursos en varios rubros, los legisladores panistas y funcionarios del gobierno consideran la posibilidad de un “veto presidencial” a un documento que, por mayoriteo de la oposición, tenga considerables modificaciones.
Si para el priismo el gobierno de Calderón envió un proyecto de presupuesto “con una gran carga político-electoral”, eliminando programas y fondos que podrían atraer adeptos al PRI, los panistas acusan a los tricolores de querer imponer, también con fines electorales, la medida “populista” de bajar el IVA de
A su vez, el PRD y el PT coinciden con el panismo en que la idea del PRI es buscar una rebaja del IVA para ganar los comicios del Estado de México, que en 2011 elegirá nuevo gobernador, además de utilizarla como moneda de cambio para, en todo caso, imponer las reglas de distribución de los recursos para las entidades.
Estos dos últimos partidos, que el año pasado votaron en contra de aumentar el IVA, están de acuerdo en que se reduzca dicho impuesto y en que la correspondiente pérdida de recursos se compense con una modificación en los regímenes especiales de que disfrutan las grandes empresas.
En agosto pasado, al fijar su agenda para este año de sesiones de la Cámara de Diputados, el PRI anunció que buscaría regresar el IVA al nivel anterior, 15% para la mayor parte del país y 10% para las entidades fronterizas.
El priista y presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Videgaray, dice en entrevista con Proceso que ya quedó demostrado que no es necesario mantener dicho gravamen en tales niveles.
Por su parte, el vicecoordinador de la bancada del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, dice igualmente en entrevista que el anuncio del PRI “tiene un tinte electoral” con miras a tratar de posicionarse popularmente hacia el proceso electoral de 2011 en el Estado de México y, en su momento, hacia el de 2012 por la Presidencia de la República.
“Y tiene tinte electoral porque técnicamente no es viable bajar el IVA; quitarle un punto porcentual significaría dejar de percibir 33 mil millones de pesos, lo cual implicaría menos recursos para los estados. El tema es que ni un solo gobernador ha dicho cuánto estaría dispuesto a bajar su gasto.
“Ellos hablan de una disminución del IVA pero no de la posibilidad de crecimiento en la economía; lo que requerimos para tener una canasta básica accesible a los más pobres, para tener productividad y desarrollo, es una reforma hacendaria integral, y de eso no hay una sola propuesta por parte de ellos.”
Pérez Cuevas, quien es diputado por el Edomex, exige a los priistas que aclaren de dónde van a obtenerse los 33 mil millones de pesos que se dejarían de percibir, pero sobre todo que digan si los gobernadores están dispuestos a un recorte en sus finanzas.
El panista considera que todo es una estrategia del PRI para ganar adeptos y con ello la gubernatura del Edomex. “No olvidemos que, para muchos, el Edomex es la joya de la corona”, señala.
–¿Y quien gana el Edomex gana la Presidencia de la República?
–Pues por lo menos ganaría manejar un presupuesto de más de 130 mil millones de pesos…
Advierte que, de acuerdo con el último reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (Imco), emitido el miércoles 8, los estados con mayor índice de opacidad en el manejo de sus finanzas fueron, en primer lugar, el Edomex, y en segundo, Oaxaca.
“No se sabe dónde está el dinero ni cuánto se gasta. Y con los 130 mil millones de pesos a manejar para quien gane el Edomex, pues esto representa una gran caja negra de recursos que pueden destinarse a campañas, a promoción. Es muy extraño que de pronto estén el Edomex y su gobernador, Enrique Peña Nieto, presentes en prácticamente todas las campañas a nivel nacional. ¿De dónde? Se les debería exigir transparentar los recursos que usan para traslados de apoyo a la fuerza mexiquense, como ellos la llaman. No se mueven con aire, se mueven con dinero, y por las grandes cantidades de personas que dicen movilizar, pues debe ser una gran cantidad”, remata.
Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía e integrante del equipo económico de la fracción panista, es aún más contundente:
“¡Este asunto de reducir el IVA es un asunto electoral! La firma de esta propuesta la puso Enrique Peña Nieto. Y esto porque siente los fuegos en los aparejos. La lumbre le está llegando cerquita, está desesperado, y por eso, incluso, sacó la reforma para prohibir las alianzas en el Edomex ahora que se renueve la gubernatura.”
–¿Está esto relacionado con la intención de recuperar la Presidencia de la República en 2012?
–¡Sí, claro, pero si va hiladito! Todo va concatenado, pero por otro lado no hay que dejar de observar que nosotros decimos que, como PAN, no estamos peleados con la propuesta, pero pedimos que vaya acompañada de estructura. No nada más que me digas: aquí esta la bandera y no digas qué representa esa bandera.
Subejercicios y reasignaciones
Los priistas consultados rechazan que pretendan manipular el IVA para conservar el gobierno del Estado de México o cobijar la figura de Enrique Peña Nieto, y replican que el Presupuesto de Egresos enviado por Calderón a la Cámara de Diputados el miércoles 8 tiene “una enorme carga política y electoral”, ya que presenta un recorte de los recursos que tradicionalmente se asignan al Edomex mediante diversos fondos.
Sofía Castro, diputada oaxaqueña del PRI y encargada de impulsar los proyectos de desarrollo de la zona sur-sureste, detalla que la intromisión del gobierno federal en terrenos electorales se da “con programas para dotar de infraestructura a ciertos estados, para tener presencia del gobierno y poder avasallar en el Edomex, Guerrero y Michoacán –donde serán elegidos nuevos gobernadores en 2011–. Un ejemplo claro es el programa piloto para el cambio de la televisión análoga a la digital, y en donde se dotará a la población de aparatos para acceder al cambio. Curiosamente el programa piloto se hará en el Edomex y el Distrito Federal. ¡Esos aparatos no serán más que dádivas electorales!”, exclama.
El diputado priista Luis Videgaray afirma que el presupuesto contiene dos apartados: uno en la Secretaría de Economía y otro en Comunicaciones y Transportes, en donde “hay fondos sembrados para esta idea de regalar los aparatos. Eso pudiera tener un tinte electoral”.
La diputada Castro comenta que el proyecto de presupuesto implica una reducción de los programas sociales en el Edomex, “porque a ellos no les interesa la pobreza” ni de ese ni de otros estados. Señala que, para este año, Oaxaca tenía programados 18 tramos carreteros con cobertura presupuestal, pero no se ejerció un solo peso, de modo que esta entidad tiene en infraestructura un subejercicio de 60%. Como está segura de que eso “ya no les interesa” a quienes ganaron la gubernatura en las pasadas elecciones, propondrá que tales recursos se utilicen para atender la emergencia derivada de las recientes lluvias, ya que hay por lo menos 120 mil familias que están incomunicadas y sin atención médica ni alimentos.
Los priistas acusan al gobierno federal panista de haber eliminado programas o fondos que el propio panismo ha considerado de uso electoral por las administraciones del PRI. Mencionan entre ellos el proyecto de presupuesto “metropolitano” para el DF y el Edomex, que rumbo a 2011 aparece en ceros aunque en 2010 tuvo una asignación de 3 mil 195 millones de pesos. Lo mismo observan en los fondos destinados a las principales ciudades del país, que este año tuvieron 4 mil 250 millones de pesos, y que para 2011 también están en ceros.
Asimismo, el fondo regional para Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que este año sumó 2 mil 750 millones de pesos, sólo tendrá 2 mil millones en 2011, en tanto que otro correspondiente a siete estados sufrirá un recorte de mil 500 millones.
Otro rubro importante para el PRI, el fondo de pavimentación destinado a municipios, que este año tuvo 2 mil millones de pesos, no recibiría ni un quinto en 2011 si se aprueba como está el actual proyecto de presupuesto.
Igual suerte correría el fondo de inversión para entidades federativas, que pasaría de 13 mil 500 millones de pesos este año a cero en el que viene.
El caso es que, mientras el fondo y los programas regionales disminuyen considerablemente, los metropolitanos se reducen 61%; los de inversión para infraestructura, 19.6%; el de infraestructura hidráulica, 61%, y los de medio ambiente y recursos naturales, 11%.
Así, mientras Liconsa obtendría 17% menos recursos económicos, las unidades administrativas responsables de comunicación social conseguirían un aumento de 19.3%.
Por lo anterior, el priista Luis Videgaray, presidente de la Comisión de Presupuesto, advierte que reducirán el IVA a 15% y que reasignarán gran parte del presupuesto, además de crear un fondo de cohesión social en el ramo 33; en tanto que Sofía Castro, también del PRI, precisa que reasignarán 25 mil millones de pesos para carreteras, 20 mil millones para el campo, 20 mil millones para educación y entre 5 y 10 mil millones de pesos para salud.
Aclara que su partido lo que quiere es una reducción en el gasto corriente y más recursos para inversión.
El veto presidencial
Ante las objeciones priistas, el panismo se defiende señalando que el presupuesto no contiene reducciones en programas prioritarios, como salud, educación o seguridad, y que si existen subejercicios en el presente ciclo es porque los propios gobiernos estatales, muchos de ellos con administraciones priistas, no han gastado los recursos asignados.
El vicecoordinador de la bancada panista, Pérez Cuevas, adelanta que si los legisladores priistas, por ser mayoría en el Congreso, “se atrevieran a trastocar el presupuesto con fines electorales”, los legisladores blanquiazules “todavía tenemos la posibilidad de pedirle al presidente de la República –y creo que no seríamos la única fuerza política que lo haría– ejercer el veto presidencial al presupuesto”.
Aunque esta medida no se ha usado antes en el país, dice, “si nosotros advertimos que de veras hubiese un interés malsano de querer dirigir los recursos a temas electorales, la exigencia, la obligación es que se vete”.
E inclusive el gobierno ya está analizando esta posibilidad. El martes 14, durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, para explicar el paquete presupuestal, el subsecretario de Hacienda, José Meade, y el de Ingresos, José Antonio González, mantuvieron “tras bambalinas” una charla con el diputado del Partido del Trabajo Mario di Costanzo, a quien pidieron su apoyo para echar abajo la pretensión del PRI de reducir el IVA.
–Necesitamos hacer una estrategia por lo del IVA –comentó José Meade a Di Costanzo.
–Para bajarlo –respondió Di Costanzo en tono de broma.
–¡Claro que no! No podemos bajarlo. Queremos que nos ayudes en la estrategia porque, bajar el IVA, ¡para nada! Nos bajarían el grado de inversión las calificadoras.
–Entonces citemos a las calificadoras al Congreso –repuso el legislador.
–¡No, no, eso sería muy peligroso! ¡Nos bajan la calificación y se arma un desmadre!
Y luego de expresarle que el veto presidencial “es una posibilidad que se está considerando”, Meade señaló:
“Mira, Mario, el problema no es el dinero que se pierde con la baja del IVA. Eso se saca de otras partidas. Lo peligroso es que bajen la calificación de riesgo-país; ya nos lo advirtieron el año pasado.”
Y es que en 2009 las grandes calificadoras extranjeras aconsejaron a México gravar más el consumo. De ahí surgió el nuevo “impuesto para la pobreza” que, a la postre, se convirtió en un incremento al IVA, con lo cual se evitó bajar el “riesgo-país”.
Para el diputado petista, lo que está haciendo el PRI con la amenaza de reducir el IVA es utilizarla como moneda de cambio para luego imponer sus condiciones en la redistribución del presupuesto, como recuperar los recursos que se retiran a Edomex y a otros estados.
“Por eso digo que el gran botín es el presupuesto electoral. La lógica del PRI parece ser: cedo en no reducir el IVA, pero modifico las reglas de operación y redistribuyo el dinero en las entidades”, sostiene Di Costanzo.
A su vez, el vicecoordinador del PRD y vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, acepta que en “la parte fina (del proyecto de presupuesto) pudiera encontrarse un fin electorero”, pues en el gobierno panista “no hay un salto hacia adelante, sino el seguirse regodeando en la podredumbre del viejo régimen priista.
“El PRI piensa que con la baja del IVA ya arrinconó al PAN. Dudo que eso vaya a suceder, pues son 33 mil millones de pesos que se pueden obtener fácilmente de un cambio en los regímenes especiales, que es parte de nuestra propuesta.
“Yo lo único que puedo asegurar es que habrá un presupuesto negociado, acordado, en buenos términos, relativamente equilibrado, porque ningún partido va a permitir que a las entidades en que gobierna les quiten sus recursos y otro partido se le imponga. Que si el PRI busca con la reducción del IVA una ventaja electoral con miras al Edomex y Guerrero, sí. Y para ello basta recordar que el presupuesto actual y el aumento del IVA el PRI los aceptó a cambio de que no hubiera alianzas en los pasados comicios del 4 de julio. Pero ahora quieren aparecen como los salvadores de la patria.”
Advierte que “nosotros, en el PRD, vamos a defender los presupuestos de los estados que gobernamos y de los que pronto vamos a gobernar, pero no vamos a entrar en una estrategia de revanchismo político. Vamos a defender también los fondos metropolitanos, porque ahí se afecta también al DF, y por supuesto que estamos por la disminución del IVA. Por eso el año pasado votamos en contra de que se aumentara”, concluye. l
Duelo de priistas: mismos genes, mismas filias, mismos vicios...
Gloria Leticia Díaz
La primera elección de gobernador para el próximo año será en Guerrero, donde el PRD tuvo que apechugar la designación de Ángel Heladio Aguirre Rivero como candidato de su coalición. De esta manera los guerrerenses deberán votar por el candidato priista Manuel Añorve, un representante de los exgobernadores Rubén Figueroa y René Juárez que además está bajo sospecha de corrupción, o por Aguirre, el expriista resentido que contribuyó a hacer de su estado una tumba de perredistas y de luchadores sociales.
ACAPULCO, GRO.- Comparten genes e historia: han sido aliados y beneficiarios del poder. Ahora el exalcalde de Acapulco Manuel Añorve Baños aspira a gobernar el estado desde el PRI, con el aval de los exmandatarios Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros, y el exgobernador sustituto de Figueroa, Ángel Heladio Aguirre Rivero, pretende lo mismo por la coalición Guerrero Nos Une (PRD, PT y Convergencia).
Son primos y son originarios de Ometepec. El primero sigue bajo señalamientos de corrupción; el segundo, de represión, y constituyen las opciones que al parecer tendrán los guerrerenses en la elección del 30 de enero de 2011.
El 6 de agosto se anunció que los exgobernadores guerrerenses respaldaban al alcalde de Acapulco, Manuel Añorve Baños, cercano a Manlio Fabio Beltrones. En consecuencia, el 25 de ese mes el senador Aguirre Rivero renunció al PRI, donde tenía 30 años de militancia, para aceptar la candidatura de los partidos de la coalición, que a nivel nacional integran el Diálogo por la Reconstrucción de México (Dia).
Las historias de Aguirre, de 54 años, y de Añorve, de 53, están enlazadas por sus orígenes en Ometepec y por su carrera política. Vinculado al gobernador Alejandro Cervantes Delgado, de quien fue secretario general de Gobierno a los 28 años, Aguirre le abrió las puertas a Añorve, quien bajo su cobijo fue subsecretario de Trabajo, delegado de Banobras, síndico municipal de Acapulco, director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), secretario de Finanzas del gobierno de Aguirre, alcalde de Acapulco sustituto de Juan Salgado Tenorio –depuesto por la tragedia del huracán Paulina–, precandidato del PRI a la gubernatura y diputado local y federal.
Durante su campaña por la alcaldía de Acapulco en 2008, Añorve Baños contó igualmente con el apoyo de Enrique Peña Nieto, gracias a las gestiones de su primo Aguirre Rivero, quien es amigo del gobernador mexiquense. Finalmente los contrapuso su afán de gobernar Guerrero.
Desde el 6 de agosto el presidente de Convergencia, Luis Walton, empezó a operar la candidatura de Aguirre luego de que, tras tres elecciones perdidas –dos para alcalde y una para diputado federal–, el exgobernador rechazó encabezar a Guerrero Nos Une. Entre tanto, los tres aspirantes más fuertes a la candidatura del PRD (los senadores Lázaro Mazón Alonso y David Jiménez Rumbo, así como el diputado federal Armando Ríos Piter) no se ponían de acuerdo para designar un candidato de unidad.
Los primeros vetaron al mejor posicionado en las encuestas internas, Ríos Piter, porque sólo tiene dos años de militancia en el PRD y presuntamente es apadrinado por el gobernador Zeferino Torreblanca, de quien fue secretario de Desarrollo Rural.
El 28 de agosto, Manuel Camacho Solís, coordinador del Dia, reconoció en conferencia de prensa que si bien “hay cuadros de peso” en el PRD, se percibe “un deterioro de la izquierda en Guerrero”, por lo cual “fue a propuesta de los propios (pre) candidatos que se adoptó la decisión de que por una encuesta se decidiera el candidato”.
Pero la medición ya estaba hecha. El 24 de agosto el diario El Sur publicó los resultados que les presentó el presidente del PRD, Jesús Ortega, a los aspirantes: Ángel Aguirre, 20% de las preferencias; Ríos Piter, 15%; Jiménez Rumbo, 7%; y Lázaro Mazón, 1%.
El domingo 5 y el lunes 13 pasados, Ángel Aguirre fue designado candidato del PRD y de Convergencia respectivamente, mientras que el PT esperaría hasta el 20 de septiembre para firmar el acuerdo de coalición. Al acto del PRD en Acapulco asistió el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.
La postulación de Aguirre como candidato del Dia desató la furia del gobernador Torreblanca, quien en entrevistas radiofónicas y conferencias de prensa llamó “PRD, S.A. de C.V.”, al partido que lo llevó al gobierno, calificó a sus dirigentes de “come mierdas”, bandoleros, mercenarios, cínicos y “etílicos, que antes salían de Casa Guerrero con las bolsas llenas de dinero hasta que se les caían”.
Para el diputado federal Armando Ríos Piter, esa reacción de Torreblanca es la principal prueba de que él nunca tuvo su apoyo. El legislador dijo en entrevista que el gobernador “siempre se mantuvo al margen, lo que se leyó como un apoyo implícito a Manuel Añorve, y ahora, con los discursos que ha dado, con los planteamientos que ha dado, ratifica esa sensación”.
Ya integrado a la campaña de Aguirre Rivero, Ríos Piter responsabiliza a Torreblanca de la crisis del PRD estatal por no “armonizar” su administración con el proyecto social de izquierda y por mantener en la impunidad crímenes políticos, como el asesinato de Armando Chavarría Barrera, coordinador del Congreso local, “que fue un contrapeso importante para el gobierno de Zeferino”.
Otros casos pendientes son los de “una persona cercana al gobernador, Jorge Bajos, diputado local por el PAN; del presidente de la Comisión de Presupuesto, Rey Hernández, diputado por el PT… asesinatos que no han tenido una explicación clara y contundente frente a la ciudadanía”, dijo Ríos Piter.
Perfil represor
Manuel Añorve formalizó su candidatura en el PRI el domingo 12, ante la dirigencia nacional en pleno y en presencia de los exgobernadores Rubén Figueroa y René Juárez. Tres días después, el miércoles 15, la presidenta nacional, Beatriz Paredes, anunció que el 30 de enero de 2011 su partido vencerá no a la oposición sino “a la traición”, y sin mencionar su nombre dijo que “hubo un senador que dijo que estaba bien que (el candidato del PRI) fuera Manuel Añorve y que después se echó para atrás”.
Lo cierto es que el 9 de marzo de 1997, en la celebración del 68 aniversario del PRI, el entonces gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero pontificó ante sus correligionarios:
“Ante la ausencia de cuadros (los partidos de oposición) recogen la bazofia y la basura de nuestra organización política. A los oportunistas el PRI no los necesita ni los quiere; por el contrario, agravian a la verdadera militancia y nada tienen que ver con la democracia.”
Hoy, como candidato de la coalición Guerrero Nos Une, Aguirre ofrece a los dirigentes que lo postulan altos cargos en su administración: “Yo no les daré la dirección de panteones”, dijo el 5 de septiembre al asumir la candidatura del PRD, en alusión al único nombramiento que le cedió Torreblanca al partido durante su gobierno en Acapulco, de
Como prueba de su buena relación con la izquierda, Aguirre recordó que como gobernador sustituto de Rubén Figueroa, depuesto como secuela de la matanza de Aguas Blancas, él integró al perredista Aurelio Peñaloza como segundo subprocurador y a Heriberto Noriega Cantú, del extinto PPS, como secretario de Desarrollo Social.
En aquel entonces dichos nombramientos fueron criticados porque Peñaloza y Noriega fueron cercanos a José Francisco Ruiz Massieu y Rubén Figueroa Alcocer (Proceso 1011). De hecho, los tres años de gobierno de Aguirre no fueron precisamente tranquilos para el PRD y los movimientos sociales.
En los archivos de la Secretaría de Derechos Humanos del PRD nacional hay cinco cajas de expedientes de sus militantes asesinados, y 60 de ellos corresponden al periodo de Aguirre Rivero. La cifra no incluye a los 11 campesinos mixtecos a los que un grupo de militares acribilló en El Charco cuando estaban dormidos, el 7 de junio de 1998.
La lista de perredistas asesinados durante el gobierno de Aguirre se inició el 23 de marzo de 1996 con Ángel Fierro Martínez, en Atoyac, y cerró el 4 de marzo de 1999 en Zirándaro, con Aurelio Peñaloza García, precisamente el que fuera segundo subprocurador.
Uno los dirigentes del PRD que se resiste a aceptar la candidatura del exgobernador es Eloy Cisneros Guillén, quien no olvida el 6 de marzo de 1990, cuando policías del estado desalojaron violentamente a más de 100 perredistas que tomaron el palacio municipal de Ometepec: “A mí me golpearon brutalmente y me encerraron en el penal de Acapulco. Dos compañeros desaparecieron: Daniel López Álvarez y Daniel de la Cruz Zacapala, mientras que Román, hermano de Andrés, fue asesinado”.
En entrevista, el catedrático responsabiliza políticamente a Aguirre Rivero por esos hechos, ya que en 1990 era coordinador del PRI en la Costa Chica. De entonces a ahora no pudo volverse democrático, opina: “Nadie puede cambiar de la noche a la mañana. No puede haber sido lo peor mientras estaba en el PRI y ahora que se viene con nosotros ser de lo mejor”.
En tanto, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, recuerda en entrevista que, tras la aparición del EPR en junio de 1996, creció la presencia militar en Guerrero y con ella las violaciones a los derechos humanos.
“El gobierno de Aguirre declaró la guerra a las organizaciones sociales porque estaba apoyando la estrategia bélica; se atacó a comunidades y a organizaciones en Ahuactozingo, Coyuca de Benítez, Olinalá, Petatlán, Metlatónoc… Se fue configurando un escenario donde el Ejército tomó el control en contra de las organizaciones sociales y Aguirre simplemente se supeditó a la guerra contrainsurgente, donde el punto álgido fue la masacre de El Charco.”
En los informes anuales de esta organización correspondientes a 1997, 1998 y 1999 se da cuenta de decenas de abusos cometidos por militares contra indígenas, algunos de los cuales fueron retomados en recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo, los activistas de la Federación Internacional de Derechos Humanos Vilma Núñez de Escorcia y Benjamín Cuéllar Martínez fueron expulsados de México el 20 de abril de 1997, después de entrevistarse con 12 presos políticos en días anteriores. En mayo de ese año el relator especial de la ONU contra la tortura, Nigel Rodley, recibió 23 denuncias contra miembros del Ejército, y el 6 diciembre siguiente se le impidió entrar al penal de Acapulco a un grupo de activistas de la Federación Latinoamericana de Familiares de Presos y Desaparecidos Políticos (Fedefam) que pretendía entrevistarse con reclusos (El Sur, números 675, 682 y 710).
En mayo de 1998, en una entrevista con Juan Angulo Osorio, director de El Sur, Aguirre Rivero atribuyó las denuncias contra militares a “una estrategia del PRD”. Añadió: “No vamos a caer en su juego, no vamos a caer en ese señuelo que nos quieren poner para que a la gente la confundan diciendo que el Ejército está atentando”.
En el acto donde fue nombrado candidato de la coalición,el exgobernador se refirió a la masacre de El Charco: “Fue un asunto federal, nada tuvo que ver el gobierno del estado, y yo me seguiré sometiendo al escrutinio de la ciudadanía de Guerrero. Yo he ofrecido, precisamente porque no tengo nada que ocultar ni nada de qué preocuparme, que se pueda formar la comisión de la verdad”.
Derroche en autopromoción
Calles destrozadas, baches, obras inconclusas, presunta malversación de fondos y desvío de recursos públicos es el saldo de los 19 meses de la administración de Manuel Añorve Baños en Acapulco.
Antes de dejar la presidencia municipal, el 26 de abril de 2010 fue denunciado por el regidor Daniel Cahua López, de Convergencia, por desviar fondos de aportaciones federales para el combate a la pobreza a la construcción del paso elevado Bicentenario, en la zona urbana del puerto.
La denuncia ante la Secretaría de la Función Pública –folio 2937578, de la cual Proceso tiene copia– establece que el 30 de septiembre de 2009 la mayoría del cabildo aprobó la propuesta de Añorve para solicitar un crédito por 218 millones de pesos a Banobras, como un adelanto de los fondos federales que el municipio debía recibir en enero pasado.
En entrevista, Cahua señala que en diciembre Banobras entregó ese monto, pero que Añorve lo invirtió en otro rubro: en marzo se adjudicó la obra del Paso Bicentenario a la empresa Servicios y Elementos Presforzados, S.A. de C.V., contratada desde que gobernaba René Juárez para construir puentes en Chilpancingo. “Por el retraso de la obra ahora se deben, además de los 218 millones, otros 13 millones de intereses a Banobras. Lo peor es que se comprometieron recursos que estaban etiquetados para hacer obras en zonas de alta marginalidad, de las que sobran en Acapulco”.
Víctor Jorrín, diputado local de Convergencia, apunta en entrevista por separado que la explicación que recibió de Añorve sobre el desvío de los recursos federales es que “la gente pobre de Acapulco, que vive en 70% de las 400 colonias del puerto, iba a ahorrar de
A decir de Cahua, a la deuda de 218 millones más intereses se suma otra por 140 millones, solicitada por la CAPAMA también a Banobras y en la que el ayuntamiento aparece como aval, toda vez que la empresa paramunicipal no es sujeto de crédito por la crisis en que se encuentra desde 1997, cuando Añorve era su director.
Ambos militantes de Convergencia comentan que Añorve buscaba ser candidato a gobernador desde que llegó al gobierno municipal. Jorrín lo atribuye a que se dio cuenta de que “la izquierda llegó dividida”. Parte de la estrategia de Añorve fue destinar dinero a los medios de comunicación y cooptar por lo menos a seis regidores de Convergencia y del PRD, que abandonaron a sus fracciones para apoyar al alcalde.
Dentro del presupuesto de mil 600 millones de pesos para 2010, dice Cahua, “el cabildo le aprobó (a Añorve) 100 millones de pesos para la prensa, y en 2009 fueron 76 millones, mientras que en el último año de gobierno de Félix Salgado fueron 32 millones (para el mismo rubro)”.
Para el regidor, el dinero asignado a promover la imagen de Añorve contrasta con lo poco que se le dio a los programas de salud: “En un informe que nos dio el exsecretario de Salud, Rafael Aguirre Rivero –hermano de Ángel–, nos dijo que para combatir el dengue pidió un presupuesto de 15 millones de pesos, que el gobierno de Añorve sólo le aprobó 800 mil pesos y que finalmente nomás le dieron 200 mil. No se sabe qué pasó con los 600 mil pesos”.
El diputado Jarrín –a quien el ayuntamiento demandó penalmente por encabezar una manifestación el pasado 31 de julio– critica los recorridos de Añorve por todo el estado, “supuestamente para promover el turismo. Así justificó su visita a La Montaña: iba a invitar a los indígenas, los más pobres del estado y hasta del país, a venir a turistear a Acapulco”.
Ello sin contar con el regalo de contenedores de basura a varios municipios, el apadrinamiento de fiestas religiosas y el envío de personal del DIF acapulqueño a los municipios para operar el proyecto Escuela para Padres.
“Fue muy obvio el esquema de autopromoción de Añorve; a él le correspondía cumplir con su (promesa de) campaña, en la que ofreció un Acapulco de 10. Ahora la gente dice que sí dejó un Acapulco de 10: de 10 baches, de 10 asaltos, de 10 asesinatos, todo negativo”, concluye Jorrín.
En la memoria de los acapulqueños prevalece la imagen de un Manuel Añorve que, a codazos, se abre paso hasta quedar detrás de Felipe Calderón el 1 de diciembre de 2006 para respaldarlo en su toma de posesión, mientras en las tribunas lo repudiaban legisladores de la coalición Por el Bien de Todos. l
Pasión por el poder... no por la política
Álvaro Delgado
Amigo de Diego Fernández de Cevallos, el tabasqueño Juan José Rodríguez Prats asegura que en varias ocasiones intentó convencer al exsenador de que volviera a la política activa; incluso le planteó lanzarse como candidato a la Presidencia de la República para 2012. Diego –quien permanece secuestrado desde el 14 de mayo pasado– siempre evadía el tema. Irritado por las negativas, Rodríguez Prats lo increpó una vez: “A ti te gusta el poder, no la política…”
Dueño de una “fortuna inmensa”, acumulada como abogado litigante, Diego Fernández de Cevallos gusta del poder, pero no de los sacrificios de la política, afirma Juan José Rodríguez Prats, quien le propuso, sin éxito, postularse como candidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en 2012.
Desde principios de 2009, antes del secuestro que lo mantiene en cautiverio desde el 14 de mayo pasado, Rodríguez Prats hizo el planteamiento a Fernández de Cevallos para saldar sus “errores” de “esconderse” en la campaña presidencial de 1994, no postularse como jefe de Gobierno del Distrito Federal en 1997 y haber “engendrado” a Andrés Manuel López Obrador.
La primera vez fue en una comida a la que lo invitó el litigante en su casa, en la que estuvo presente su hijo Diego.
“Le dije: La vida te da una nueva oportunidad para corregir tus tres errores: Uno, sea verdad o no, tú te escondiste en el 94; dos, no te postulaste en el 97 y embarcaste a Carlos Castillo Peraza, y tres: tú engendraste a Andrés Manuel. Ahora todo eso lo puedes limpiar: Postúlate a la Presidencia de la República”, relata Rodríguez Prats
–¿Qué respondió?
–Se reía, y su hijo también. Yo le supliqué: Diego, por favor, agarra la estafeta. Tú generaste esperanza. Mucha gente cree, confía en ti. Es más, autorízame, yo soy coordinador de tu campaña. Tengo tanta elocuencia que soy capaz de hablar bien de ti.
Semanas después, ambos se encontraron casualmente en el restaurante Casa Bell, donde Rodríguez Prats comía con Demetrio Sodi, delegado en la Miguel Hidalgo.
Fernández de Cevallos los invitó a su mesa, en la que se encontraban, entre otros, su hijo Diego; Antonio Lozano Gracia; César Jáuregui, miembro del Consejo de la Judicatura, y Fauzi Hamdan, director de la Escuela Libre de Derecho, todos panistas.
“A ver, diles qué andas diciendo”, le pidió Fernández de Cevallos a Rodríguez Prats, y él respondió: “Que debes ser candidato a la Presidencia de la República”.
Cuenta el entrevistado que, de inmediato, todos asintieron y le pedían a Fernández de Cevallos postularse. “Sí, Diego, ¡lánzate!”, le decían mientras él sólo sonreía.
Pero, enseguida, Rodríguez Prats le hizo la señal de que tenía miedo. “Le dije: Nada más que a ti te gusta el poder, no la política, porque el poder te da influencia. La política, en cambio, es entrega, servicio, pasión”.
El tabasqueño fue tan implacable con sus críticas a Fernández de Cevallos por negarse a buscar la candidatura presidencial, que inclusive el hijo de Diego se enojó. “Sodi me dijo: Lo insultaste”, recuerda Rodríguez Prats.
En septiembre del año pasado, después de que Fernández de Cevallos asistió al informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, Rodríguez Prats le llamó por teléfono para reclamarle que haya “arriado sus banderas de panista”: “Qué desgracia que tu lema de un México sin mentiras sea una mentira” (Proceso 1751).
“Esa fue nuestra última conversación”, evoca Rodríguez Prats en entrevista posterior al secuestro de Fernández de Cevallos, por cuya admiración por él solicitó su ingreso al PAN después de renunciar a dos décadas de militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La relación entre ambos fue muy estrecha y por eso un grupo de amigos, como Hamdan y Jáuregui, buscaban reencontrarlos cuando se produjo el secuestro de Diego en uno de sus ranchos de Querétaro.
“Diego y yo tuvimos una relación muy estrecha. En los seis años que estuvimos juntos en el Senado nos íbamos a comer después de las sesiones”, recuerda Rodríguez Prats, quien aclara que también tenían muchas diferencias, sobre todo desde que su amigo se alejó del PAN.
“Yo le suplicaba: Regresa al Consejo Nacional, nos haces falta, tú eres un emblema, tu voz es enfática. Él se resistía”, dice.
Inclusive pretendió disuadir a Rodríguez Prats de que contendiera por la presidencia del PAN en marzo de 2005, elección que ganó Manuel Espino. “Me dijo: ‘¿A qué vas a ese infierno?’. Y me dio su firma, pero no su voto, lo que me dolió mucho y se lo reclamé de forma muy airada”.
Tan estrecha era la relación con Fernández de Cevallos que, el 2 de marzo de 2000, cuando aceptó debatir con López Obrador en el programa televisivo de Joaquín López Dóriga, llamó a Rodríguez Prats para pedirle asesoría.
“Yo estaba en mi rancho, en Chiapas, y escuché que sonó mi bíper. Me estaba buscando para preparar el debate, que no fue debate, del día siguiente, en 2000. Le dije: ‘Diego, no vayas. Andrés Manuel te va a insultar, no sabe debatir y no hay formato. Te va a decir estupidez y media y lo vas a crecer. Él no tiene nada que perder, tú sí’.”
Fernández de Cevallos insistió en ir y trazaron la estrategia hasta las dos de la mañana, unas horas antes del encuentro, en el que López Obrador llevó un video en el que el panista respaldó, como diputado federal, la propuesta de Carlos Salinas de Gortari de quemar la documentación de la cuestionada elección federal de 1988.
“La impresión fue que ganó Andrés Manuel y ahí surge Andrés Manuel”, dice Rodríguez Prats, quien le dijo a Fernández de Cevallos que era el responsable de haber impulsado a López Obrador, quien a su vez temía que se lanzara como candidato a jefe de gobierno.
“En ese entonces yo tenía relación con Andrés Manuel”, evoca el exdiputado federal, y recuerda que había un plan para lanzarlo como candidato a la gubernatura de Tabasco.
“Me preguntaba, insistente, si Diego se iba a lanzar para jefe de gobierno, estaba nervioso. Y después ya no me contestaba el teléfono y decide postularse al DF; Diego no se postula, sino Santiago Creel.”
Fernández de Cevallos, recuerda, no había querido tampoco ser candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal en 1997, cuando por primera vez se eligió, y tuvo que hacerlo Castillo Peraza, que sucumbió ante el perredista Cuauhtémoc Cárdenas.
“Por eso le dije que tiene tres pecados: En el 94 se te critica que huiste, en el 97 que no te postulaste y embarcaste a Castillo Peraza y engendraste a Andrés Manuel.”
Así, ante las evidencias de que los priistas Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones, así como el perredista Marcelo Ebrard buscaban ser candidatos a la Presidencia de la República, Rodríguez Prats trató de convencer a Fernández de Cevallos de hacerlo él también.
–¿Usted le pidió lanzarse por la aridez de prospectos en el PAN?
–El PAN sí tiene figuras, pero se han volteado los papeles. Peña Nieto puede salir a recorrer y declarar, pero los secretarios de Estado no. Eso era lo que en el PRI mantenía un cierto control.
“Alonso Lujambio y Javier Lozano son las dos figuras más relevantes que el PAN tiene. Son los dos que veo con seriedad hacia la candidatura. Tienen calidad, discurso, tamaño, carrera. Pero en ese momento, cuando se lo dije a Diego, yo veía muy perfilados a Peña Nieto, Manlio Fabio, Marcelo.”
La razón por la que Fernández de Cevallos no quería volver a la política activa, dice Rodríguez Prats, es porque sólo le gusta disfrutar del poder: “Yo quiero a Diego, es un hombre valioso, pero a final de cuentas no tiene esa pasión por la política”.
Explica: “La política demanda sacrificios y yo creo que el problema de México, de todos los partidos, es el profesionalismo en la política. Él me decía: ‘Tú vives de la política’. Y yo le decía, pues sí, y tú vives del litigio”.
De hecho, gracias a los asuntos de su despacho, Fernández de Cevallos se enriqueció. “En eso no tengo ninguna duda. Es una enorme fortuna obtenida litigando, porque en el manejo de los recursos del Estado tenía un escrúpulo excesivo”.
Ante las evasivas de Fernández de Cevallos, Rodríguez Prats le citó una frase que atribuye a uno de sus tíos: “Le dije que el problema de México es igual que el de las mujeres: es un problema de hombres. A ti te gusta el poder, no la política”.
–¿Qué le respondió?
–Puras evasivas, bromeando, irritándome. ¡Vamos al carajo!
La insistencia para convencer a Fernández de Cevallos de que regresara a la política activa en el PAN es que el partido ya no discute ideas. “Al PAN le hacen falta voces señeras. Las muertes de Castillo Peraza y Carlos Abascal dejaron un gran vacío. Caminaban con los principios por delante y no se tropezaban”.
Acusaciones desde la sombra...
Jorge Carrasco Araizaga
Florence Cassez se ha convertido en una pesada sombra para el gobierno de Felipe Calderón, en especial para el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y su brazo derecho, Luis Cárdenas Palomino.
La actuación de ambos en la detención de la ciudadana francesa, quien es acusada del secuestro de tres personas, incluido un menor, delito por el que purga una condena de 60 años, puede incluso perseguirlos más allá del sexenio calderonista.
Sobre García Luna gravita una demanda en los tribunales federales por la supuesta falsificación de unas pruebas que, según la defensa de Cassez, fueron aceptadas por la justicia mexicana para condenarla, a pesar también de la inconsistencia y contradicción en las declaraciones de las presuntas víctimas.
Cassez describe en su libro A la sombra de mi vida –que empieza a circular en México y cuya versión en francés (Proceso 1736) se publicó en febrero con el subtítulo Prisionera del Estado mexicano, omitido en la edición en español– la manera en que los dos funcionarios actuaron en su caso.
Va más allá de los alegatos judiciales e insiste en su inocencia. Esa parte la dejó ya, como última carta, en manos de la justicia federal el 30 de agosto pasado, cuando solicitó el amparo contra la condena. Su intención es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el recurso.
Lo que hace Cassez es describir la actuación de García Luna y Cárdenas Palomino el 8 de diciembre de 2005, cuando la detuvieron. Dice que estos funcionarios hicieron “un montaje” para presentarla ante la televisión al día siguiente como integrante de la banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco.
Los dos, insiste, estaban entonces al mando de la Agencia Federal de Investigación (AFI, ahora Policía Federal Ministerial). Calderón les dio más poder al entregarles la Secretaría de Seguridad Pública, afirma la autora.
La manera en que se condujeron sus dos principales acusadores durante la detención y presentación de la alegada banda, así como en las diligencias judiciales y en los careos, permitieron a Cassez elaborar su perfil.
Agrega una tercera descripción: la del empresario Eduardo Margolis, socio de su hermano Sebastien Cassez, quien, según ella, tiene sospechosas relaciones con la policía mexicana.
De García Luna, Cassez hace una breve descripción, pero señalamientos contundentes: “Su reputación es la de ser muy poderoso, y las chicas que están aquí (en el penal de Santa Martha Acatitla, en donde fue internada temporalmente) por sus nexos con los cárteles, no dudan en decir que está metido hasta el cuello; yo no sé nada, solamente que soy inocente y que a este hombre no le agrado”.
Menciona también las supuestas presiones del titular de la SSP contra la prensa mexicana, que en años recientes ha puesto en duda la actuación de García Luna y Cárdenas Palomino en el caso.
Cassez afirma que después de publicar información contra los dos en el periódico El Universal, “algunos periodistas cuentan que recibieron presiones anónimas, sobre todo por teléfono, para que dejaran de hablar de mí como lo hacen: cuestionando las pruebas que me abruman. Fueron conminados a ajustarse a la versión oficial, o a no escribir nada. García Luna no teme dirigirse así a los periodistas…”.
Destaca “la demanda contra Genaro García Luna ante la justicia francesa por falsificación de pruebas”, lo que eleva el nivel del desencuentro entre los gobiernos de México y Francia por su caso. “Esto puede ser peligroso, pero Frank Berton (su abogado en Francia) parece decidido a hacerlo y yo ya no tengo nada que perder”.
Dice que su caso ha sido utilizado políticamente por Calderón, quien en vísperas de las elecciones federales de 2009 se echó para atrás en su propuesta de repatriarla para que cumpliera en Francia su condena, lo que provocó el enojo del presidente Nicolas Sarkozy:
“Aun aquí en la prisión, esta maniobra política provoca sonrisas, pero no tengo ánimo de sonreír. En este momento lo que me invade es el significado de lo que Calderón acaba de anunciar: 60 años aquí, es mi sentencia de muerte.”
El “respetable” Margolis
En torno a la condena y a la negativa de repatriación, Cassez tuvo entrevistas con varios medios, incluido Proceso (1704). “La respuesta no se hace esperar, un jueves a las 10 de la noche más o menos, los custodios de Tepepan (donde se encuentra internada actualmente) me sacan de mi celda. En el fondo tengo miedo de lo que pueda pasar, pero soy incapaz de expresar este terror que me invade y me paraliza aún más… Sucedió lo que me temía…: me llevan a Santa Martha”. La metieron en la celda donde había otra mujer: Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico.
Cassez es más puntual en las descripciones de Cárdenas Palomino, coordinador de Seguridad Regional de la SSP; y del empresario Margolis. Dice del funcionario policiaco: “A este hombre se le presenta como el brazo derecho de García Luna. El ejecutor del trabajo sucio; ya estuvo en prisión, pero no sé exactamente por qué.
“Es joven, con mirada intensa, de ojos y cabello negros, moreno claro, de complexión regular. Por su manera de hablar, de envolver sus trivialidades en una especie de falsa delicadeza, uno lo siente capaz de una rara violencia. Él tampoco me reconoce (como los policías de la AFI que participaron en su detención), afirma que no se acuerda de mí y, sin embargo, reconoce que estaba en el rancho la mañana del montaje para la televisión.”
Describe que ese día “un sujeto de traje y abrigo negros, que luego me entero que se llama Luis Cárdenas Palomino, me muestra una tarjeta con mi nombre y el logo SSB (siglas de la empresa de material médico que tenían mi hermano Sebastien y Eduardo Margolis) que seguramente sacaron de mi departamento y me dice: “¡Con esto, Margolis te va a chingar!
“Deja la tarjeta en una mesita al lado de varias fotos mías, ‘puliendo’ su montaje… Me golpea todo el tiempo, es el único. Me da cachetadas, sapes (sic), jalones de cabello, me insulta. Cuando habla, me grita y me indica lo que debo decir a la cámara antes de ser ‘entrevistada’: que estaba allí cuidando a la gente, que les daba de comer. Después de cada toma, me pega más fuerte.”
De acuerdo con Cassez, el empresario pudo estar involucrado en su detención: “En México, Eduardo Margolis es a la vez temido y respetado, al menos por su mala reputación. Se dice que es cercano al poder y que tiene nexos con los cárteles, se le reconoce como una persona implacable en los negocios y que incluso tiene contactos con los servicios secretos israelíes.
“Entre más conocía a Margolis más le temía, la imagen que se fue delineando de este tipo de mirada sombría muy pronto se volvió atemorizante; tenía relaciones ambiguas con la policía y no lo callaba, un tufo de corrupción flotaba en todo esto y en sus actividades, de las que hablaba abiertamente cada vez más: guardaespaldas para ciertas personalidades, blindaje de autos y un despacho privado que se dedicaba, justamente, ¡a la resolución de secuestros!”
Más aún, dice que se ufanaba de sus relaciones con la policía, por lo que ni ella ni su hermano “ni siquiera nos sorprendimos cuando oímos que podían secuestrar gente para que su negocio funcionara… Margolis reía sin que Sebastien ni yo supiéramos si era por lo increíble de lo que contaba o porque se sentía intocable. Mucha gente malencarada lo rondaba y eso le daba un aire de suficiencia que él alimentaba jactándose, dado el caso, de gozar de los favores de los hombres del poder”.
Para Cassez, eso explicaría su presencia en la SIEDO el 9 de diciembre de 2005, cuando ya estaba detenida. “El registro de entradas lo prueba, se encontraba ahí mientras yo pasaba la noche detenida en (una) camioneta, frente al edificio” (de la SIEDO). “Tres periodistas mexicanos me han asegurado últimamente que Margolis estuvo presente –lo vieron– el día del montaje, el 9 de diciembre de
A Cassez le asaltó de nuevo la idea de una posible venganza del empresario “mientras él está ahí, sentado tranquilamente en una silla del tribunal y un secretario de la juez le pregunta cortésmente sin intentar ir más allá de lo que él quiera decir. Tiene el tono y el porte distante, la expresión despectiva de quien no tiene nada que temer y que aparentemente está perdiendo su tiempo”.
Describe su comparecencia judicial: “empresario, 51 años. Tiene una apariencia infinitamente respetable pero también arrastra un tufo infame de crimen y corrupción. Al igual que los afis, Margolis impone un respeto temeroso, incluso más que los policías del otro día; sé que tiene mil razones para estar resentido con mi hermano porque las cosas entre ellos terminaron muy mal”. l
El tercer “boletín”...
El lunes 13, los “misteriosos desaparecedores” que se atribuyen el secuestro de Diego Fernández de Cevallos emitieron un comunicado en el que acusan a la familia y a los amigos del político panista de haberlo abandonado.
El “boletín número
Diego Fernández de Cevallos desapareció entre el 13 y el 14 de mayo.
Este es el texto íntegro de la carta:
Dicen que “El jefe Diego” parecía virrey de la Nueva España y, en consecuencia, muchos querían verlo preso o, peor aún, muerto.
Dicen que para todo fin práctico fungió como vicepresidente de México y, tras aquella noche en que su pasado lo alcanzó, no faltó quien quiso que se pudriera en los infiernos ni quienes lo alabaron por la doble hazaña, según, de ser un viejo güevudo y un cabrón bien hecho.
Dicen que pudo haber sido objeto de venganza de algún grupo de poder o de particulares, defraudados o ardidos, y se ignora si su misteriosa “desaparición”, vuelta luego “secuestro”, aparte de fines económicos tuvo algún otro propósito o si se trató de un intento de trueque del narcotráfico.
Dicen que sus últimas fotos sólo mostraron los restos del hombre intocable y poderoso que fue, y que sembrador de vientos y cosechador de tempestades, no se supo si fue víctima de una banda del crimen organizado o de algún grupo poderoso del Gobierno o de alguna organización guerrillera.
Gracias a la trayectoria personal y pública de “el jefe Diego” se seguirán diciendo muchas cosas y quizá todas quepan como líneas de investigación, desde que su familia lo abandonó y de que a sus propios amigos no les importó su suerte.
¿Seguiremos informando?
Los misteriosos desaparecedores. l
1985 Dolor y conciencia
Carlos Monsiváis
Hace 25 años un terremoto removió las estructuras de la Ciudad de México, las urbanas y las políticas. Junto con las miles de víctimas quedó sepultado el conformismo, aunque dejó vestigios. Cuatro días después del sismo, el 23 de septiembre, Proceso publicó un reportaje de Carlos Monsiváis, ya desde entonces portavoz de la pluralidad y la diversidad capitalina. “Convocada por su propio impulso –escribió el cronista–, la ciudadanía decide existir a través de la solidaridad…”. En este texto, del cual reproducimos algunos extractos, Monsiváis alcanzó a definir la aspiración que puede articular legítimamente a la ciudadanía: “un nuevo pacto social cuya suerte dependerá en enorme medida de la lucha democrática por la racionalidad urbana”.
(Collage de voces, impresiones, sensaciones de un largo día)
Día 19. Hora: 7:19. El miedo. La realidad cotidiana en oscilaciones, ruidos categóricos o minúsculos, estallido de cristales, desplome de objetos o de revestimientos, gritos, llantos, el intenso crujido que anuncia la siguiente impredecible metamorfosis de la habitación, del departamento, de la casa, del edificio...
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El sonido de los desplomes, las imágenes de los derrumbes, las poses fantásticas de los edificios al reducirse abruptamente a escombros. Paulatinamente, en un lapso de dos o tres horas, los habitantes de la ciudad se asomaron a la dimensión de lo ocurrido, los hoteles y condominios en tierra, las escuelas y los hospitales desvencijados, la precipitación del gran edificio de Tlatelolco, las miles y miles de víctimas, la respuesta masiva ante el desastre. Se implementaron, con reiteración orgánica, los términos que en los casos extremos cubren las dos funciones: descripción y síntesis, evaluación y pena. Tragedia, bombardeo, catástrofe que, en primera instancia, son declaraciones de impotencia ante las fuerzas naturales, pesadumbre que al magnificarse se precisa, relatos que ya no necesitan extenderse.
El primer panorama lo proporcionó la radio, entre otras razones por estar sin luz gran parte de la ciudad y por hallarse Televisa cinco horas fuera del aire. La coordinación informativa de la radio hizo posible integrar una visión de conjunto, que la experiencia personal complementó: tráfico congestionado, la colonia Roma cruelmente devastada, el Primer Cuadro zona de desastre, en un radio de
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De todas partes llegan a sumarse a los bomberos, a los granaderos, a los trabajadores del Departamento Central y de las delegaciones, a los policías del DF y del Estado de México. Convocada por su propio impulso, la ciudadanía decide existir a través de la solidaridad, del ir y venir frenético, del agolpamiento presuroso y valeroso, de la preocupación de otras vidas que, en la prueba límite, es ajena al riesgo y al cansancio. Sin previo aviso, espontáneamente, sobre la marcha, se organizan brigadas de 25 o 100 personas, pequeños ejércitos de voluntarios listos al esfuerzo y al transformismo: donde había tablones y sábanas surgirán camillas; donde cunden los curiosos, se fundarán hileras disciplinadas que trasladan de mano en mano objetos, tiran de sogas, anhelan salvar siquiera una vida.
Los oficios se revalúan. Taxistas y peseros transportan gratis a damnificados y a familiares afligidos; plomeros y carpinteros aportan seguetas, picos y palas; los médicos ofrecen por doquier sus servicios; las familias entregan víveres, cobijas, ropa; los donadores de sangre se multiplican; los buscadores de sobrevivientes desafían las montañas de concreto y cascajo en espera de gritos o huecos que alimenten esperanzas. Al lado del valor y la constancia de bomberos, socorristas, soldados, choferes de la Ruta 100, médicos, enfermeras, policías, abundó un heroísmo nunca antes tan masivo, y tan genuino, el de quienes, ante la escasez y la falta de recursos, y por decisión propia, inventaron como pudieron métodos funcionales de salvamento, el primero de ellos, una indiferencia ante el peligro, si ésta se traducía en vidas hurtadas a la tragedia. Basta recordar las cadenas humanas que rescatan un niño, entregan un gato hidráulico o un tanque de oxígeno, alejan piedras, abren boquetes, sostienen escaleras, tiran de cuerdas, trepan por los desfiladeros que el temblor estrenó, instalan los “campamentos de refugiados”, cuidan de las pertenencias de los vecinos, remueven escombros, aguardan durante horas la maquinaria pesada, izan cuerpos de víctimas, se enfrentan consoladoramente a histerias y duelos.
Por más que abunden noticias de pillaje, abusos y voracidad, tal esfuerzo colectivo es un hecho de proporciones épicas. No ha sido únicamente, aunque por el momento todo se condense en esta palabra, un acto de solidaridad. La hazaña absolutamente consciente y decidida de un sector importante de la población que con su impulso desea restaurar armonías y sentidos vitales, es, moralmente, un hecho más vasto y significativo. La sociedad civil existe como gran necesidad latente en quienes desconocen incluso el término, y su primera y más insistente demanda es la redistribución de poderes. El 19 de septiembre, los voluntarios (jóvenes en su inmensa mayoría) que se distribuyeron por la ciudad organizando el tráfico, creando “cordones” populares en torno de hospitales o derrumbes, y participando activamente –y con las manos sangrando– en las tareas de salvamento, mostraron la más profunda comprensión humana y reivindicaron poderes cívicos y políticos ajenos a ellos hasta entonces. Fueron al mismo tiempo policías, agentes de tránsito, socorristas, funcionarios del ayuntamiento, médicos, enfermeros, diputados, líderes vecinales, regentes. Por eso, no se examinará seriamente el sentido de la acción épica del jueves 19 mientras se le confine exclusivamente en el concepto solidaridad. La hubo y de muy hermosa manera, pero como punto de partida de una actitud que, así sea ahora y por fuerza efímera, pretende apropiarse de la parte del gobierno que a los ciudadanos legítimamente les corresponde. El 19, y en respuesta ante las víctimas, la Ciudad de México conoció una toma de poderes, de las más nobles de su historia, que trascendió con mucho los límites de la mera solidaridad, la conversión de un pueblo en gobierno y del desorden oficial en orden civil. Democracia puede ser también la importancia súbita de cada persona.
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–Lo más insoportable durante el día fueron los gritos de auxilio. Allí estaban esas montañas de escombros, de acero y cemento, y nosotros sin el equipo necesario, sin plumas (grúas) ni escaleras telescópicas ni trascabos, sólo con palas y picos y tenazas. La impotencia ante la agonía de alguien que está nomás a unos pasos, es lo peor que me ha pasado, se lo juro. Mire, rescatamos a una señora que se la pasó gritando, incontrolable, que salváramos a su esposo y a sus hijos que se hallaban bloqueados por un techo. Ella lloraba, y los cadáveres de su familia allí muy cerca, pero no los reconocía, no veía nada ni aunque hubiera querido. Sólo lloraba y gemía, y repetía nombres. Un voluntario muy jovencito no aguantó y se puso también a chillar. No se le ocurrió otra forma de ayudarla.
Otros nomás llegaban y decían: ‘Ya encontramos dos muertitos’, como para interponer el diminutivo entre ellos y su conciencia del drama. Y luego el horror de ir descubriendo dedos o piernas o brazos, padres aferrados al cuerpecito de sus hijos, niños con su oso de peluche, señoras con el crucifijo en las manos, quién me borra esas imágenes. Y a eso agréguele el sonido de las ambulancias y de las patrullas, el ruido de los carros del ejército y de los camiones, el desmadre de las maquinarias pesadas, de las carretillas, las palas, las barretas, los marros, la gente que se hablaba casi en alaridos, y a la que de cuando en cuando se exigía silencio, “silencio, por favor, silencio absoluto”, para ver si localizaban el sitio de origen de una voz que pedía auxilio, aunque a veces había quienes imaginaban oír esas voces, y se buscaba y no había nada. Pero en todos nosotros, no necesito jurárselo, había una ansiedad de salvar vidas, de excavar y excavar para ver la alegría de un resucitado.
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Luego que se rescate a los últimos, se regularicen la luz, el agua y los teléfonos, y se minimice el peligro, vendrá otra forma de lo peor. Falta para que esto termine, y nos tocará enterarnos, de modo fragmentario de seguro, de las proporciones de la catástrofe, de la identidad de amigos fallecidos, de los detalles dramáticos que ahora se nos ocultan, de lo que sucedió con los atrapados, con los sepultados en vida. Y acto seguido, la remoción de escombros, la eliminación de los edificios que son ya amenazas graves, el número de los desempleados por el temblor, la reubicación de las dependencias de gobierno y los centros de trabajo, la reconstrucción del Centro Médico y los hospitales, las indemnizaciones que correspondan... Y los relatos maravillosos y tristes, el milagro de estar vivo, la aparición de una lámpara anunciando el auxilio, el recuerdo doloroso de los compañeros aplastados, la sensación de culpa ante los padres de los que no lograron escapar, los diálogos recuperados (Un reportero a un joven sobreviviente del edificio de Nuevo León: “Te has salvado”. Respuesta: “No sé todavía”).
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Viernes 20. 7:38 de la noche. Inevitablemente, el nuevo temblor afianza el pánico. El miedo se extiende y se prodiga en los rezos en plena calle, en los hombres y mujeres hincados sollozando, en las frases incoherentes dichas a nadie desde la angustia, en expresiones verbales contra las autoridades invisibles. Como antes, la gente confió por unas horas en la nobleza protectora de la calle y muchísimos prefirieron caminar desconcertados y ansiosos a la deriva, la zozobra es la sombra de las multitudes que acudieron al zócalo esa noche a modo de peregrinación, en grupos crecientes, demandando de seguro el ánimo protector de los poderes allí instalados. (…)
Entre hambre de noticias confiables y sonido de ambulancias, la solidaridad persiste, y en buena medida la toma de poderes cívicos; se rescata con vida a algunos desaparecidos, sigue llegando la ayuda de nacionales y de gobiernos e instituciones extranjeras, se ofrecen escuelas y frontones como albergues; el deseo compulsivo de ayudar va de los radioaficionados a los cuerpos de seguridad y rescate, pero la buena y magnífica voluntad se detiene ante la escasez de recursos. Existe, es la conclusión preliminar, un espíritu cívico y nacional más vigoroso de lo que se suponía. Hay también el agravamiento de la desmoralización fundada en la crisis, hay pesadumbre, y un dolor que es conciencia de sociedad y de país, contagiado y solidificado por los relatos de la destrucción. Gracias a la reverencia por la vida, probada ahora, en diversos y amplios sectores se profundiza un nuevo pacto social cuya suerte dependerá en enorme medida de la lucha democrática por la racionalidad urbana.
Tres viajes, un destino...
José Luis Sanz, Louisa Reinolds y Juan José Dalton
Junior y su sobrino Carlos celebraron su partida de Honduras con una fiesta y hasta posaron con la ropa nueva que compraron para estrenarla cuando llegaran a Estados Unidos. Gilmar ya estaba en California, pero decidió regresar a Guatemala para darle la sorpresa a su padre en el día de su cumpleaños. Yeimi –que acababa de cumplir 15 años– no quería emigrar, pero su madre la forzó porque temía que huyera con su novio… Las historias de estos centroamericanos convergen en la tragedia: eran parte del grupo de 72 migrantes masacrados el 21 de agosto en el rancho San Fernando, en Tamaulipas. El múltiple asesinato –que derivó en la renuncia de Cecilia Romero como directora del Instituto Nacional de Migración– sigue irresuelto.
TEGUCIGALPA/GUATEMALA/SAN SALVADOR.- Isidora Mejía Espinosa es robusta y mide alrededor de un metro ochenta. Llora sentada en una silla de plástico. A su lado su hija María está tumbada en el suelo de cemento de la sala, sobre una sábana, para vencer el calor. En la habitación sólo hay una mesa vieja, un fregadero y un pequeño televisor conectado, eso sí, a una antena que le da señal satelital. En la casa de dos cuartos viven seis adultos y cinco niños.
Enfrente de la suya, cruzando la calle de tierra, se levanta otra vivienda que se extiende
Hace dos semanas, todos los familiares de Alejandro fueron a la casa de Isidora a darle el pésame por la muerte de Carlos, su único hijo varón, y de Junior, el menor de sus 12 hermanos. Ambos fueron asesinados en Tamaulipas. Intentaban llegar a Estados Unidos. Se fueron porque según dice Floy, la viuda de Junior, “aquí el que no se va no tiene”.
Esa es la razón por la que 10 de los 12 hermanos de Isidora dejaron Triunfo de la Cruz cuando cumplieron 13 o 14 años y se instalaron en San Pedro Sula, el pulmón económico de Honduras. En los noventa, dos de ellos estuvieron ilegales en Belice tres años; luego regresaron. En 2005, tres de ellos se fueron a Estados Unidos. Primero José, que entonces tenía 25 años. Un par de meses después se fueron juntos Jorge, de 23, y Vicente, de 27. Llegaron a Miami y al poco tiempo empezaron a trabajar en talleres de hojalatería y pintura.
Junior trató de seguirlos ese mismo año. Tenía 18, se había casado, tenía un hijo de pocos meses y las cerca de mil lempiras (50 dólares) que ganaba en una semana en el taller en el que trabajaba no le alcanzaban, a pesar de que Floy compaginaba los estudios de enfermería y el cuidado del niño con un trabajo de mesera en Burger King.
Aquella vez a Junior lo detuvieron a las pocas horas de llegar a San Antonio, Texas. 18 días después lo deportaron. Regresó al taller y olvidó la idea de emigrar.
Dos años de crisis económica internacional y el conflicto político en Honduras golpearon el Valle de Sula, que genera 60% de la riqueza del país. Según el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) el año pasado hubo 150 mil 732 despidos en la maquila textil, principal motor de empleo de la zona. Luis León, analista del Fosdeh, recuerda que el promedio histórico de desempleo en Honduras es de 44% de la población económicamente activa, y habla de una reciente cadena de “incontables” cierres de pequeñas y medianas empresas. Entre ellas el taller en el que trabajaba Junior.
Sin trabajo fijo pintó tejados, repartió encomiendas y ya en marzo estuvo a punto de marcharse. Tenía 23 años. “Nos íbamos juntos. Un domingo”, cuenta su hermano Cristóbal. “Hasta la maleta tuve lista. Pero la tarde del viaje su hijo se enfermó y no pudimos irnos”.
Floy nunca supo de ese viaje fallido. Ella tampoco le dijo que en 2007, cuando el hijo de ambos tenía dos años, pensó en irse sola a Estados Unidos. “Aunque ya sabe cómo son los hombres y él se buscaría a otra”, dice. Aun así estaba dispuesta a irse “para enviarle dinero al niño”.
Ruta de familia
El sábado 7 de agosto, cansado de trabajos esporádicos y pagos atrasados, Junior retomó la decisión. Quería comprarse una casa. Desde hacía dos años él y Floy vivían “de prestado” en Lomas de San Juan, un barrio de clase media, en una casa que su hermano Jorge estaba comprando a plazos desde Estados Unidos y que quería habitar cuando regresara. La pareja sólo pagaba agua y electricidad, pero aun así se les acumulaban las deudas: mil 192 lempiras a la compañía de aguas, 2 mil 76 en una tienda de muebles…
Esta vez convenció a su sobrino Carlos, de 19 años, para que lo acompañara. Éste lo admiraba y había vivido con él un par de años en San Pedro Sula tratando, sin suerte, de compartir el oficio de hojalatero del que vive casi toda la familia. Carlos se vio obligado a regresar a Triunfo de la Cruz. Se dedicó a lo que pudo: ordeñador de vacas en una hacienda por 900 lempiras semanales; ayudante de albañil y pescador eventual. No le gustaba estudiar y no quiso ir más allá de la primaria.
“Aquí en Honduras la gente estudia, estudia, estudia… para nada porque no hay buenas fuentes de trabajo”, dice María.
Junior hizo bachillerato y le faltaba un año para graduarse en computación. Floy no ha terminado enfermería porque no le permiten hacer las prácticas si no salda una deuda de dos mil lempiras con la escuela. El hijo de ambos, que también se llama Junior y cumplió cinco años el día del entierro de su padre, no entró este año al kínder porque no había dinero para su uniforme y gastos. “La idea era inscribirlo el año entrante, con lo que mi marido enviara”, dice Floy.
La noche del domingo 8 hubo fiesta en la casa del matrimonio. Acudieron familiares y sonó música. Junior y Carlos se retrataron con la ropa que pensaban usar el día que entraran a Estados Unidos. Ropa nueva, escogida con cuidado. Carlos se puso una camiseta roja con una enorme águila. Fue la ropa con la que lo encontraron muerto el 24 de agosto. Esa ropa tenía algo de ritual y mucho de sentido práctico: no querían llamar la atención de “la migra” por la suciedad acumulada en el camino. Tras la sesión de fotos se la quitaron, la doblaron y se pusieron la que vestirían en autobuses y caminatas.
Cuando se despidieron Junior llevaba en el bolsillo 600 de las 700 lempiras que le acababan de pagar por un trabajo. Le dejó
El 10 de agosto Junior llamó a su hermano Cristóbal desde Los Naranjos, en la frontera de Guatemala con México. Le dijo que la cruzarían al día siguiente. Una semana después, pasado el mediodía del 17 de agosto, Junior le habló a Floy. Le dijo que ya estaban en la frontera con Estados Unidos con el coyote que los ayudaría a cruzar. Ella le preguntó por el lugar exacto en el que se encontraba; él dijo que no podía decírselo. “Estaba nervioso. Pensé que por la desesperación de entrar. La llamada duró apenas un minuto y medio. Me insistió: ‘Me cuidás a mi hijo. Pero me lo cuidás bien’”, recuerda ella.
Instantes después, a eso de la una de la tarde, sonó el celular de Isidora en Triunfo de la Cruz. Era Carlos. La saludó y le repitió que estaban en la frontera. Le pasó a Junior. Él le explicó que necesitaban 2 mil 500 dólares por cabeza para pagarle al coyote, así como el teléfono del familiar que los recogería del otro lado. Quedaron en llamar esa noche para anotar el número de ese familiar, al que ahora Isidora no quiere nombrar. Pero el teléfono en Triunfo de la Cruz no volvió a sonar. Con las prisas, en aquella última conversación, ni siquiera le dijeron a Junior que su madre había muerto al poco de su marcha.
Una semana después de enterrar a Junior, y aún a la espera de que el cadáver de Carlos regrese de México, María cuenta que si su hermano hubiera entrado bien a Estados Unidos su plan era seguirle al año siguiente y dejar a su hija de tres años en Honduras. Ahora ni ella ni nadie en la familia quieren hablar de marcharse.
Entre sollozos, Isidora hace memoria y habla de su prima Tomasa Guzmán, que se fue a Estados Unidos hace dos años, y de su primo Román Reyes, que se fue hace seis. La familia nunca volvió a saber de ellos. Y Justo, otro de sus hermanos, cuenta que Marlon, también vecino de Triunfo de la Cruz, de la misma edad que Junior y que partió a mediados de agosto, llamó el 30 de ese mes a sus padres para decirles que estaba secuestrado en México y que pagaran por su liberación. Ellos depositaron el dinero en una cuenta bancaria pero nadie lo retiró. Desde entonces no han tenido noticias de su hijo.
Tercer viaje
El 9 de agosto Gilmar Morales Castillo, de 22 años, inició su tercer viaje a Estados Unidos. Esta vez iba acompañado por su cuñado Lizardo Boche, de 17 años, y su concuño Hermelindo Maquín, de 24. Los tres eran de San Antonio La Paz, un poblado del municipio El Progreso, a
“Cuando Gilmar tenía 17 años se fue por primera vez. Como estaba muy tierno de edad no le permitía irse así nomás y se fue sin mi permiso, pero lo agarró migración en la frontera de Monterrey”, afirma su padre, quien pidió el anonimato por temor a represalias.
Gilmar probó suerte de nuevo en 2005. Sus padres vivieron momentos de angustia cuando no supieron nada de él durante 22 días. Cuando finalmente llamó lo hizo desde Puebla. Estaba bien. En esa ocasión llegó a California donde lo esperaba un hermano mayor, con quien trabajó seis años como mesero.
El pasado 9 de mayo Gilmar regresó a su pueblo. Lo hizo sin avisar a nadie. Fue para darle una sorpresa a su padre en el día de su cumpleaños.
“Decidió venirse a visitarnos porque decía que temía que nos fuéramos a morir. No le importaba el peligro, lo que quería era vernos vivos”, cuenta su padre.
Durante su estancia en el pueblo se casó con una muchacha de 14 años. El deseo de independizarse y construir una casa propia para su joven esposa lo motivó a partir de nuevo hacia Estados Unidos. Ya había animado a que lo acompañaran Lizardo y Hermenegildo.
No había nada extraño en ello: en el poblado de San Antonio de la Paz 40% de los jóvenes ya emigraron debido a la falta de empleo. La oferta laboral se reduce a la agricultura en fincas o al trabajo en una empacadora de pollo o una fábrica de papel cercanas al poblado.
“Los muchachos como yo trabajamos en fincas haciendo mantenimiento. Es lo que hay”, afirma Carlos Enríquez, el mejor amigo de Gilmar, quien cursa tercer grado de secundaria.
El padre de Gilmar asegura que su hijo nunca recurrió a los coyotes para cruzar la frontera, pero por alguna razón en este tercer viaje los muchachos hicieron contacto con un grupo de personas que les ofrecieron ayudarlos a llegar a su destino.
“Se fue el lunes –9 de agosto– y el siguiente viernes recibimos la primera llamada de él. Decía que estaba en México a punto de subirse a un tren carguero. Dijo que llegaría por la noche del domingo
El martes 17 de agosto la familia recibió la última llamada de Gilmar. “Dijo que la ley lo había correteado como tres veces, pero que había conocido a unas personas con las que había llegado a un acuerdo y lo iban a llevar. Dijo que las personas eran muy buenas, que le daban de comer y lo estaban tratando muy bien, que no me preocupara”.
Las palabras de Gilmar lejos de reconfortar a su padre lo dejaron con el presentimiento de que el peligro acechaba: “Me quedé preocupadísimo porque lo hablado no era eso. Las dos veces que se fue cuando era menor de edad se iba por sus propios medios y esta vez me sorprendió cuando dijo que estaba con esas personas. Me entraron muchas dudas”.
Pasaron los días y los familiares no tuvieron ninguna noticia de los tres muchachos. El 25 de agosto finalmente sonó el teléfono, pero no era Gilmar sino su hermano mayor quien llamaba desde California para decirles que había visto en las noticias que las autoridades mexicanas habían encontrado los cadáveres de 72 migrantes en Tamaulipas, a donde se dirigían los jóvenes.
Cuando trascendió el macabro hallazgo las primeras noticias indicaban que no había ningún guatemalteco entre los muertos, pero la madre de Gilmar se puso a ver el noticiario por televisión. De repente rompió en llanto: en las imágenes reconoció la playera amarilla de rayas blancas y el pantalón de mezclilla azul que llevaba su hijo el día en que partió. Gilmar yacía boca abajo, amordazado, entre los cadáveres apilados.
Daniel Boche, padre de Lizardo, dijo que, días antes de que se reportara la matanza, recibió varias llamadas telefónicas de hombres con acento mexicano que exigían el pago de dos mil dólares para liberar a los tres jóvenes, a quienes tenían secuestrados.
Pero el padre de Gilmar asegura que jamás recibió llamadas. El gobierno no le ha dicho cuándo serán repatriados los cadáveres de los cinco guatemaltecos asesinados en Tamaulipas ni si recibirá la indemnización que prometió el presidente Álvaro Colom a las familias afectadas el pasado 29 de agosto.
Tras la “fiesta rosa”
Yeimi Victoria Castro era del poblado de Pasaquina, provincia de La Unión, en el extremo oriental de El Salvador; una región pobre y olvidada de la que cada año emigran miles de personas hacia Estados Unidos.
Yeimi estaba en noveno grado de educación básica. Era delgada, tenía ojos vivaces y estaba llena de vida. Su madre, Mariluz Castro, quien vive en Nueva York, viajó en julio a Pasaquina para celebrar los 15 años de su hija: su “fiesta rosa”, como la llaman aquí.
“Gran fiesta tuvo mi nieta por sus 15 años. Se celebró en la alcaldía de Pasaquina y fueron más de 100 invitados”, recuerda entre sollozos su abuela, Victoria de Molina.
Victoria y su esposo Cayetano, ancianos dedicados a la agricultura, eran en realidad los “padres adoptivos” de la joven.
La anciana cuenta que hace 10 años Mariluz, la madre de Yeimi, se fue a Estados Unidos a buscar el trabajo que en El Salvador no encontraba. Desde Nueva York enviaba mensualmente unos 300 dólares para sostener a su hija y ayudar a sus padres.
Doña Victoria cuenta que ni ella ni su esposo deseaban separarse de su nieta. La adolescente tampoco quería emigrar. Fue la madre la que insistió en que Yeimi viajara a Nueva York para reunirse con ella. Se había establecido en esa ciudad y le prometía a su hija estudios y una vida mejor.
También hubo otro factor: Mariluz supo que Yeimi mantenía un noviazgo con un joven hondureño de 26 años que trabaja en El Salvador porque el salario en este país se paga en dólares. Se enteró además de que “la pareja pensaba huir” a Honduras, según cuenta doña Victoria.
Mariluz pagó 7 mil dólares a “una persona” –a quien los abuelos dicen no conocer– para que se encargara de llevar a Yeimi “de manera segura” desde San Salvador a Nueva York.
Un familiar de Wilber Velásquez –otro de los 13 migrantes salvadoreños asesinados en el rancho San Fernando– confirma que los coyotes cobraron 7 mil dólares por cada uno de ellos. Antes de que el grupo partiera los familiares pagaron 3 mil 500 dólares; el resto lo pagarían cuando llegaran a Estados Unidos.
El 10 de agosto Yeimi emprendió camino. En su mochila guardó dos mudas de ropa, su certificado de nacimiento y una libretita con los números telefónicos de familiares en El Salvador y Estados Unidos. Los abuelos se despidieron de ella en Pasaquina. No quisieron acompañarla a San Salvador.
“Sólo me quedé pidiéndole a Dios que mi niña llegara con bien”, dice llorando doña Victoria.
Cuando la televisión salvadoreña difundió las imágenes de la matanza doña Victoria vio entre los cuerpos amontonados el de una muchacha vestida con ropa similar a la que llevaba su nieta: blusa blanca floreada, pantalones de mezclilla y tenis. Con esa ropa la había despedido. “Me dio la corazonada de que era mi nieta”, comenta ella.
El abuelo viajó a San Salvador. Se presentó en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Le confirmaron que una persona con las características de su nieta se encontraba entre los muertos y que en sus cosas llevaba una partida de nacimiento con su nombre. Sin embargo, le dijeron que era necesario confirmar su identidad. Las autoridades salvadoreñas hicieron pruebas de ADN a los familiares más cercanos. Como la madre vive en Nueva York el proceso se ha retrasado y el cadáver de la menor, hasta la semana pasada, seguía en México.
Pero doña Victoria está segura: “Es mi nieta”, afirma entre sollozos.
El Bicentenario, la oportunidad diluida
Judith Amador Tello
Una serie de reveses acompañaron, desde su inicio, el tránsito de la comisión organizadora de las conmemoraciones de la Independencia y de la Revolución. Finalmente, el objetivo de reflexión y la advertencia de no derrochar grandes sumas, fueron desoídos en aras de un show televisivo realizado la tarde y noche del miércoles 15. En este resumen de lo publicado en Proceso a lo largo de cuatro años, se vislumbra en su conjunto el ánimo inmediatista del festejo, no el espíritu de una fiesta nacional.
Pasadas las fiestas del relumbrón, la farándula y los fuegos artificiales con las cuales el gobierno de Felipe Calderón celebró en Paseo de la Reforma y el Zócalo capitalino el Bicentenario de la Independencia, sigue en el aire la pregunta: ¿Qué queda luego de todo esto a los mexicanos?
José Manuel Villalpando César, coordinador de la Comisión Nacional Organizadora de las Conmemoraciones de 2010, dio una respuesta anticipada a finales del pasado mes de julio: “Un libro de historia y una bandera...”, que podrán conservar “para siempre en su casa”.
Un libro cuestionado por los especialistas en su contenido historiográfico y una banderita repartida por la Secretaría de la Defensa Nacional que la mayoría de los habitantes de la ciudad no colocó en algún lugar visible de sus hogares.
En agosto, el historiador Víctor Díaz Arciniega anticipó en estas páginas que la oportunidad de haber conmemorado esta emblemática fecha, se diluyó. A decir suyo, no se justificaba la fiesta, ya calificada de onerosa y absurda por otros especialistas desde que Proceso dio a conocer que se gastarían 60 millones de dólares en el show organizado por el australiano Ric Birch para la noche del 15 de septiembre.
Historiadores, filósofos, urbanistas, escritores, politólogos, arquitectos e intelectuales llamaron a una conmemoración reflexiva y no a una fiesta que no dejara sino gastos inútiles a la ciudadanía.
El largo asueto decretado por Calderón para que los ciudadanos pudieran disfrutar de los festejos pagados por el erario, perdió también sentido cuando se informó oficialmente que sólo podría asistir a presenciarlos en vivo 1 millón de ciudadanos y al resto no le quedaba sino verlos por televisión.
Ya se preveía que así sería. Uno de los creadores de parte del espectáculo, Claudio Valdés Kuri, confesó en entrevista con este semanario, hace casi un mes, que lo mejor sería presenciar el desfile y el Grito por la televisión. Otra de las directoras, Mónica Raya, describió a su vez que era para “los niños que no pueden ir a Disneylandia”.
El costoso desfile de 27 carros alegóricos fue transmitido por los canales de Televisa (en indistintos momentos), 7 y 40 de TV Azteca, Once y 22 los oficiales, además del 28 y Milenio TV. Los conductores de cada canal simplemente describieron lo que pasaba frente a sus ojos, quizá sólo con algunos datos proporcionados por los organizadores respeto de lo que el creador había querido decir, ya fuera con el Quetzlcóatl dorado y plateado, la trajinera o el tameme corriendo con un pescado en la espalda, pero con carencia de información sobre los hechos históricos que se conmemoraron.
Pocos canales contaron con la voz de un historiador, como el 22 con Lilian Briseño Senosian (profesora del Tecnológico de Monterrey) y Milenio TV con Alejandro Rosas, quienes confesaron al micrófono no sentirse deslumbrados por el desfile que, se anunció, sería único en la historia de México. “No me sorprende”, dijo la primera. El segundo, coautor con Villalpando de varios libros, aseguró que se trataba de un desfile más, según consignó en su nota el reportero Jenaro Villamil en la página de Proceso en internet.
Desde el primer momento en que el gobierno federal pensó en las efemérides del Bicentenario del inicio de la lucha de Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, que se conmemoran por igual este año –aunque el gobierno calderonista haga énfasis en la primera–, la crítica anticipó el fracaso, la falta de previsión, la mala organización y el despilfarro. Todo el programa de actividades costó entre más de 2 mil y mil 500 millones de pesos, según quién proporcione el dato en la danza de las cifras oficiales.
La comisión de los festejos –que ha cambiado de nombres como de coordinadores– nació en junio de 2006, en el gobierno de Vicente Fox, quien nombró como su titular a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, considerado líder moral del Partido de la Revolución Democrática, aunque para entonces su lejanía con el partido era cada vez mayor y su capital político decrecía.
Fue año de elecciones y la disputa por la Presidencia de la República estaba en su apogeo, los resultados quedaron bajo sospecha y la ciudadanía dividida mientras una parte se conformó con el veredicto; y la otra (que acompañó a Andrés Manuel López Obrador en su Grito en la Plaza de las Tres Culturas el miércoles 15), inició una lucha por la defensa de su voto. En ese contexto, se vio a Cárdenas como un “eventual apagafuegos” ante una posible crisis política.
Vuelta a la tortilla
Entrevistado por el reportero Rodrigo Vera sobre ese primer nombramiento, el ahora coordinador Villalpando César destacó en aquel momento que se trataba de “un cargo transexenal de puras luces y reflectores”, y hasta aventuró:
“Quedó por encima del actual momento electoral y acaparará incluso la atención de todo el mundo. ¡Es un supercargo! No puede haber fracaso ahí. El ingeniero no tiene pierde. Para el próximo sexenio, ese puesto será mejor que cualquier otro en el gabinete, incluso que hasta el de presidente de la República, pues quien encabece esos festejos no tendrá los sustos, caídas y patadas bajas que trae consigo cualquier otro cargo.”
–¿Tan importante es ser coordinador de esos festejos?
–¡Claro! Es el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. ¡Imagínese! Será una celebración importantísima que se dará no sólo en México, sino a nivel latinoamericano.
En cuatro años se perdió el peso otorgado a la coordinación del abogado egresado y exdirector de la Escuela Libre de Derecho –donde conoció a Calderón y dio clases a su esposa Margarita Zavala–, pues el Ejecutivo, a decir de distintos especialistas, no quiso o no supo cómo festejar con dignidad y unificando a la población en torno a dos fechas tan simbólicas.
Más aún, en dos años de conducir él mismo los festejos, como titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), dio la vuelta a sus palabras con los hechos y llevó al caos las celebraciones.
Ese es el resumen de lo expresado por la opinión pública, historiadores y distintos especialistas, quienes a lo largo de estos cuatro años dieron cuenta en las páginas de Proceso de su sorpresa, desencanto e indignación por no haber logrado una conmemoración, festiva, sí, pero acorde a los tiempos y –sobre todo– a la situación económica del país, enfatizada en la reflexión y el replanteamiento del rumbo de la nación.
Lorenzo Meyer, José Antonio Crespo, Guadalupe Jiménez Codinach, Cristina Gómez, Álvaro Matute, César Moheno, Guillermo Tovar de Teresa, Friedrich Katz, Alfredo Ávila, Ariel Rodríguez Kuri, Javier Garciadiego, Miguel León Portilla, Sergio Zaldívar, Fernando González Gortázar, Carlos Monsiváis, son sólo algunos de los especialistas que expresaron en este semanario su punto de vista.
Falta ver la fiesta del Centenario de la Revolución Mexicana, poco mencionada por los organizadores, pero el Bicentenario terminó en un show mediático que acabó por beneficiar a las televisoras privadas y tiró al olvido los insistentes señalamientos de que era, recuperando los ideales de las gestas heroicas (incluida la Reforma), como debía honrarse a los héroes.
Retomar, por ejemplo, el sentido literal de los Sentimientos de la nación, expresados como ideario de la Independencia por José María Morelos y Pavón, que –sólo en el discurso– Calderón recordó en varias ocasiones, entre ellas al inicio del desfile militar del jueves 16.
Para algunos la degradación en que fueron cayendo las celebraciones fue resultado del desinterés; para otros, como los historiadores Meyer o Crespo, se trató de una cuestión ideológica donde resultó irónico que el Partido Acción Nacional (PAN) celebrara dos movimientos insurgentes de carácter social, donde sus ancestros conservadores resultaron perdedores. Díaz Arciniega dijo que esa deliberación ni siquiera existe, producto simple de la ignorancia.
La crítica de arte Raquel Tibol advirtió desde 2006 que los organizadores de los festejos encontrarían “un mar de contradicciones”, especialmente en la parte de la Revolución. Puso el dedo en la llaga al recordar que la población que combatió, el campesinado, sigue en la pobreza “cuando no en la indigencia”, con el argumento de que históricamente ha sido despojado de sus tierras por las clases en el poder.
En el mismo año, cuando ya se señalaba que la comisión se estaba creando tardíamente, John Womack jr, biógrafo de Emiliano Zapata, reveló que desde la llegada de Fox a la Presidencia le peguntó quién organizaría los centenarios de 2010, “si el PAN, una comisión multipardidista, la Academia Mexicana de la Historia o quién... y me miró como si yo estuviera loco”.
Al final no hubo participación de otros partidos ni otras instancias. El Senado, por ejemplo, creó su propia comisión encabezada por Patricia Galeana, quien criticó el dispendio de la comisión federal; se crearon comisiones en los estados de la República; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instituyó la propia, encabezada por Alicia Mayer; El Colegio de México dio a conocer por su lado sus proyectos... Pero no hubo una integración. El titular de la comisión del gobierno de la Ciudad de México, Enrique Márquez, acusó al gobierno federal de no haber querido una celebración conjunta.
Desfile de funcionarios
Cárdenas se planteó un alto propósito: Crear una nueva Constitución Política. Y el escritor Carlos Fuentes hizo eco al proponer un replanteamiento del proyecto de nación. Pero Cárdenas desistió pronto no sólo del objetivo, sino de las tareas de la comisión organizadora y renunció en noviembre del mismo 2006.
La comisión quedó acéfala hasta marzo de 2007, cuando Calderón, en un acto que varios especialistas calificaron de demagógico, asumió la presidencia de la, para entonces, llamada Comisión para la Celebración del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional y del Centenario de la Revolución Mexicana, y encargó al entonces presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Sergio Vela, elaborara el programa artístico y cultural correspondiente. El director de ópera se comprometió a tenerlo en seis meses.
Algunos vieron natural que el organismo cultural se encargara de la programación y otros lo lamentaron, pues si ya se señalaba en Vela la falta de definición de una política cultural, el nuevo encargo significaría que no estaría dedicado al 100% en ninguna de las dos tareas. La socióloga Cristina Gómez anticipó entonces:
“Debe ser un conjunto de individuos que colectivamente diseñen los programas y, sobre todo, individuos vinculados con este quehacer... el problema que podemos tener es que como habrá financiamiento, tengamos una serie de actos y publicaciones que no reflejen la calidad de reflexión histórica, de seriedad académica.”
Vela no sólo no cumplió, sino que para entonces los rumores sobre su salida del Conaculta crecían. Y se barajaban nombres para sustituirlo no sólo en el Conaculta –donde finalmente fue reemplazado por Consuelo Sáizar, como se comentaba–, sino en la organización de los centenarios. Se habló de Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, y hasta se chacoteaba en los medios con que el festejo se llamaría “Bicentón”. Se mencionaron también al historiador Enrique Krauze y a José Manuel Villalpando.
Ante el desinterés e incapacidad de convocatoria del gobierno central y la falta de definición de programas oficiales, surgieron iniciativas en la sociedad civil como la del Consejo de la Crónica, encabezado por el historiador Guillermo Tovar, quien propuso que el festejo fuera dirigido por el sector educativo y se invirtiera en el fortalecimiento a la educación, la difusión del conocimiento histórico, una programación artística y la creación de una colección editorial.
Pero no fue sino hasta agosto pasado cuando la Secretaría de Educación Pública retomó el programa ya organizado, integrado y dirigido, estando el INEHRM en el seno de la Secretaria de Gobernación.
Se creó asimismo la fundación Conmemoraciones con el respaldo de un grupo de notarios encabezados por Jorge Alfredo Ruiz del Río, y de instituciones privadas como Banamex, dirigida por Ana Lilia Cepeda, quien presentó como su primer proyecto la exposición Parafernalia e Independencia, en el Museo de Arte Popular, con la colección Cortina sobre objetos del Centenario realizado por Porfirio Díaz. En el marco de ésta se realizó un encuentro académico en el mismo recinto con la participación de distintos historiadores. La fundación inició asimismo la restauración de la casa del arquitecto Antonio Rivas Mercado, en la colonia Guerrero, que no ha podido concluirse por falta de recursos.
A su vez, GM Editores-Espejo de Obsidiana, encabezada por Carlos y José Ignacio González Manterola, lanzó un proyecto para animar la reflexión sobre la historia de México mediante la publicación periódica de una revista-libro de colección, dirigida por el historiador Carlos Silva, 20/10, cuyo número bimestral número 8 acaba de aparecer.
En septiembre de 2007, se nombró a Rafael Tovar y de Teresa nuevo coordinador de los festejos. El proyecto de refundación de la nación del que hablaron Cárdenas y Fuentes quedó en el olvido, y la prioridad para el diplomático expresidente del Conaculta fue hacer un programa “festivo, celebratorio y conmemorativo”.
Estableció tres ejes: Memoria, para difundir los hechos históricos; Diversidad, como premisa fundamental de la identidad nacional; y Creaciones, para expresar la memoria y la diversidad. En noviembre de ese mismo año presentó el programa base que preveía 250 acciones de diversa índole, entre ellas educativa, económica, social, cultural.
Como parte de sus objetivos se planteó una conmemoración con los países latinoamericanos que celebran también su independencia. Se organizó para ello una reunión en la cancillería donde los representantes de las naciones participantes hablaban de la necesidad de saldar cuentas sociales y de luchar contra el poder económico que alienta las tesis privatizadoras.
Tovar no se sumó a ese discurso, propuso sencillamente crear una historia de América Latina escrita por los latinoamericanos para editar un libro, realizar un programa audiovisual semejante a El alma de México, que condujo Carlos Fuentes hace años (transmitido por Televisa), y organizar una red de cátedras del Bicentenario.
Unos meses más tarde comenzó el rumor acerca de la salida del funcionario de la comisión, que se hizo realidad en octubre de 2008 dejando de nuevo al garete el programa conmemorativo. Las razones no se esclarecieron, pero se habló de que jamás se le había dado el presupuesto requerido ni el respaldo del gobierno calderonista, y hasta de un desencuentro con Sergio Vela, entonces titular del Conaculta.
A partir de este momento la encomienda quedó en manos de José Manuel Villalpando, a quien varios historiadores no consideran un colega investigador sino un “divulgador de la historia”, cuyos libros adolecen de datos y bibliografía.
Los historiadores Alfredo Ávila, Ariel Rodriguez Kuri y Guadalupe Jiménez Codinach coincidieron en que el gobierno no tenía idea de cómo festejar. Kuri expresó que el problema no era precisamente de la comisión, “sino del gobierno de la República”, pues en la Presidencia “no saben o nadie les ha dicho qué hacer con los centenarios”.
Advirtieron que el gobierno calderonista daría más peso al Bicentenario porque los principios de la Revolución Mexicana le son ajenos al gobierno panista. Jiménez Codinach, especialista en la época de la Independencia, no coincidió y enfatizó que tampoco se celebraría apropiadamente el Bicentenario porque se estaban haciendo puras obras de relumbrón para la “foto”, pero nada para avanzar en la solución de los problemas de injusticia social, desigualdad y soberanía:
“¿Donde está nuestra Independencia? ¿Qué hemos hecho de nuestras playas, de nuestro territorio? ¿Venderlo y cambiar y arreglar la Constitución? ¿Hacer trampas para que se pueda?... ¿Eso es Independencia, es amor a la patria? Lo dudo.”
Bofetada a la pobreza
La noticia de que serían los asesores extranjeros Ric Birch, Phil Green y Adam Burke quienes realizarían el espectáculo, presentado el pasado miércoles 15 de septiembre, encendió más la crítica. Y peor cuando se supo que se destinarían 60 millones de dólares sólo esa noche en el Zócalo, en un espectáculo efímero.
Historiadores y especialistas pidieron que no se hiciera tal despilfarro y se apoyaran proyectos de trascendencia; hubo la propuesta de fundar la primera universidad de cultura alternativa, mejorar la infraestructura, o invertir en infraestructura cultural, como sugirió el historiador Enrique Florescano. Se reiteró que todo resultaba de una falta de interés y sensibilidad, era como una bofetada a la pobreza. El historiador José Antonio Crespo pidió que se sacrificara tal fiesta y se hiciera una de menor magnitud, “no se justifica un gasto así para la celebración de una noche, por muy espectacular que vaya a ser”.
En el campo de la reflexión sólo la serie de televisión y radio Discutamos México y la edición de los libros Historia de México, coordinado por Gisela von Webeser, y Viaje por la historia de México, de Luis González, destacaron frente a la magna fiesta de luces y show, lo cual fue calificado por Díaz Arciniega de vergonzoso.
La incredulidad y el enfado crecieron cuando de la Columna de la Independencia se extrajeron los restos de los héroes patrios, para llevarlos como en procesión por Paseo de la Reforma hacia el Castillo de Chapultepec, y un mes más tarde a Palacio Nacional, para su exhibición con la muestra México 200 años. Actos que los especialistas desaprobaron por ser una especie de ritual fúnebre, fetichista.
Surgió entonces la invocación a Porfirio Díaz por los 10 años de antelación con los cuales comenzó los preparativos para los festejos del primer Centenario de la Independencia en 1910, porque a diferencia de la fiesta de 2010, de la que no quedará más que “la bandera y el libro”, además el registro en fotos y videos, de la época porfiriana se conservan en la ciudad varias de las grandes obras arquitectónicas que construyó, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes.
El monumento simbólico que construiría el actual gobierno para el Bicentenario ni siquiera se terminó. El Conaculta envió el 15 de septiembre un boletín de prensa para recordar que la Columna de la Independencia, hecha en el porfiriato, cumplió 100 años. No pudo enviar la noticia de la inauguración de la Estela de luz, que hoy se levantaría como algo material, tangible y permanente del festejo, puesto que no se terminará sino hasta 2011. Un mentís al eslogan oficial de “200 años de ser orgullosamente mexicanos”.
Varias iniciativas siguen para conmemorar el Centenario de la Revolución mexicana y el mismo Bicentenario, tanto en la sociedad como en instituciones como la UNAM, donde se ha dado en las últimas semanas un amplio debate. Pero la oportunidad para el gobierno federal concluyó el 15 y el 16 de septiembre. l
Gran Diccionario del Bicentenario
Denise Dresser
Abandono. Acción y efecto que produce la clase política del país. Se refiere también al descuido: México vive en el abandono. Incumplimiento de los deberes del cargo o función: los diputados incumplen la obligación de representar a la población.
Babel. Lugar donde reina el desorden: esta República es una babel. Aplicable sobre todo a los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.
Caciquear. Mangonear, dirigir. Actividad llevada a cabo por numerosos gobernadores del país: Peña Nieto caciquea cuando saca leyes a modo para proteger sus aspiraciones presidenciales.
Damnificado. Perjudicado, dañado, siniestrado: 57 millones de mexicanos viven damnificados por la pobreza y 18 millones no tienen dinero suficiente al día para comer.
Educación. Acción y efecto de educar. En México se educa a los mexicanos para la conformidad. Dícese también del feudo personal de Elba Esther Gordillo, donde la escolaridad promedio es de sólo 8.7 años y 56% de los mexicanos evaluados por la prueba PISA –la mejor métrica internacional– se ubican entre los niveles 0 y 1, es decir, sin las habilidades mínimas para enfrentar las demandas de un mundo globalizado.
Falsificación. Imitación fraudulenta de un cuadro, acta, documento, firma, etcétera. En México vivimos un proceso de falsificación de la democracia, donde tenemos derecho a votar pero no a exigir cuentas.
Galimatías. Jerga, jerigonza, lenguaje oscuro y confuso. Forma de hablar que caracteriza a Beatriz Paredes cuando intenta explicar por qué gobiernos priistas en los estados criminalizan el derecho de una mujer a decidir sobre su propio cuerpo.
Habituar. Acostumbrar o hacer que uno se acostumbre a una cosa. Los mexicanos se han habituado al mal gobierno. Los mexicanos se han habituado a la impunidad.
Infierno. Lugar del eterno castigo. Lugar donde se sufre mucho. Lugar donde hay desorden y discordia. Ciudad Juárez y Monterrey se han convertido en infiernos para sus habitantes.
Jactancioso. Que se jacta, vanidoso. El PRI se ha vuelto jactancioso ante las encuestas que auguran su regreso a Los Pinos después de sólo dos sexenios.
Kamikaze. Tripulante suicida de un avión japonés al atacar a un enemigo. Debido a sus divisiones internas, la izquierda mexicana se apresta a convertirse en kamikaze durante la elección presidencial de 2012.
Lucrar. Aprovecharse. Enriquecerse. En México la administración pública siempre ha sido un sitio para lucrar. Arturo Montiel lucró durante su gestión en el Estado de México.
Machacar. Repetir insistentemente. Importunar, fastidiar. En México el gobierno machaca que va ganando la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico, mientras las encuestas revelan que la población no comparte esa visión.
Neolítico. Aplícase al pensamiento de prominentes priistas que rechazan las candidaturas ciudadanas, la reelección legislativa, el referéndum, el plebiscito y otros instrumentos que le darían más poder a la ciudadanía.
Ñoño. Apocado, tímido, de poco ingenio, beato. Dícese del PAN desde que ganó la Presidencia en el año 2000.
Obscenidad. Calidad de obsceno, deshonesto, contrario al pudor. Los sueldos, bonos, privilegios y pensiones de la alta burocracia del Estado mexicano rayan en la obscenidad. El regalo de iPads a los nuevos miembros del Congreso fue una obscenidad.
Padrinazgo. Acción de asistir como padrino a un bautizo. Protección que uno dispensa. Televisa tiene una relación de padrinazgo con Enrique Peña Nieto.
Quehacer. Trabajo, tarea cotidiana. El quehacer diario de los monopolios públicos y privados del país es expoliar a los consumidores cada vez que pagan la cuenta telefónica, la cuenta de luz, la comisión por la tarjeta de crédito, la cuota en la carretera, etcétera.
Rebajar. Volver algo más bajo de lo que era. Disminuir, reducir. Con la postura que ha asumido ante los derechos de los homosexuales, el cardenal Sandoval Íñiguez rebaja la estatura moral de la Iglesia católica, ya de por sí encogida debido a los malabares de Marcial Maciel.
Secuestro. Acción y efecto de secuestrar. La democracia mexicana ha sido secuestrada por partidos que buscan mantener un sistema que asegura la rotación de élites impunes.
Tachón. Tachadura muy grande. El fallo de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en el caso de la Guardería ABC es un tachón a su reputación.
Ubre. Cada una de las tetas de las hembras de los mamíferos. Pemex ha sido una gran ubre que ha servido para pagar clientelas, transferir rentas, financiar la parálisis y apuntalar la estructura corporativa del país.
Vegetativo. Disminuido, que se reduce a la satisfacción de las necesidades esenciales. México se encuentra en estado vegetativo y cayó al lugar número 66 de 139 países en el Índice Global de Competitividad.
Washington. Capital federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Lugar donde se promete la “co-responsabilidad” en la lucha contra el narcotráfico, pero después no se actúa en consecuencia.
Xilófago. Aplícase a los insectos que roen la madera y al Partido Verde Ecologista Mexicano, único sobre la faz del planeta que apoya la pena de muerte.
Yacer. Estar echada o tendida una persona. Estar enterrado en una tumba. La República yace agobiada por la violencia creciente y las 28 mil muertes en los últimos cuatro años.
Zaga. Parte trasera de una cosa. Carga dispuesta en la parte trasera de un carruaje. México va a la zaga de otros mercados emergentes que han logrado crecer y competir, modernizarse y repartir, aprovechar sus últimos 200 años y celebrar la prosperidad compartida que aquí –en el Bicentenario– seguimos anhelando. l
Carlos Salinas y otros expresidentes de México
Miguel Ángel Granados Chapa
Cualquiera que haya sido, fracasó el propósito del presidente Felipe Calderón al invitar a la cena del 15 de septiembre a los cinco expresidentes vivos (algunos de ellos vivísimos). Sólo dos acudieron: su correligionario Vicente Fox, con quien Calderón mantiene una relación ambigua y oscilante; y Carlos Salinas de Gortari, quien aprovechó el convivio para hacer política, como está en su naturaleza. Se abstuvieron Luis Echeverría, Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo.
En Palacio Nacional, Salinas explicó su presencia como una contribución a la unidad nacional. Con su reconocida sagacidad, recogió la expresión varias veces pronunciada por su anfitrión, quien todavía el lunes 13 retornó a esa idea –que en él es como una cantaleta, consciente como está de la polarización causada por su ascenso a la Presidencia. Salinas retomó ese propósito y quiso obsequiarlo. Pero su presencia se sumó a la de Fox, que en campaña lo desdeñó llamándolo Salinillas y acabó aceptándolo como cómplice en la maniobra para desprestigiar primero y desaforar después a Andrés Manuel López Obrador.
Si el objetivo de la invitación a los expresidentes era ofrecer un fresco de la unidad nacional encarnada en esos exmandatarios, el propósito no se logró. En otros tiempos, la imagen de que los expresidentes reunidos significan la unidad nacional ha sido fructífera. Manuel Ávila Camacho, como lo recordó el propio Salinas, convocó a sus antecesores en septiembre de 1942. México acababa de entrar en la Segunda Guerra Mundial y pareció conveniente al hermano de Maximino (el general Andrés Ascensio de Arráncame la vida) mostrar que las querellas internas, sobre todo las producidas por la Revolución, habían quedado atrás. Asistieron al Grito, en un acto que entonces se llamó “de acercamiento nacional”, los expresidentes De la Huerta, Calles, Portes Gil, Ortiz Rubio, Rodríguez y Cárdenas, citados en el orden cronológico de su presidencia. El acto fue significativo por la presencia de Cárdenas y Calles, quienes apenas seis años antes habían roto y ahora encarnaban interpretaciones opuestas de la Revolución en el poder.
Después del Grito, los invitados se fueron a su casa. En cambio, casi una veintena de años después el presidente Adolfo López Mateos convocó a sus predecesores no sólo a reunirse, sino a aceptar responsabilidades en su gobierno. Algunas designaciones rayaban en el ridículo, como la que recayó en Ortiz Rubio como representante del gobierno en el patronato de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos. O significaban muy poco, como en el caso del presidente convencionista Roque González Garza, quien recibió nombramiento de coordinador de las obras del gobierno federal en la Vega de Metztitlán; y, casi en el mismo nivel, el encargo hecho al otro Adolfo, Ruiz Cortines, quien aceptó con desgano ser delegado fiduciario de Nacional Financiera en el Fideicomiso de Minerales Metálicos no Ferrosos. Otras encomiendas tuvieron relevancia, ya porque la tenían de suyo o porque los expresidentes les dieron sustancia. Este último fue el caso del general Lázaro Cárdenas como director de la Comisión del Balsas (ya lo era de la correspondiente al río Tepalcatepec), de Miguel Alemán al frente del Consejo Nacional de Turismo y de Abelardo Rodríguez como presidente de la Comisión Nacional de Pesca: ambos organismos eran consultivos pero sus titulares los dotaron de funciones sustantivas. Emilio Portes Gil ya era director de la Comisión Nacional de Seguros y fue confirmado en su cargo en esta oportunidad, el 7 de diciembre de 1961.
Surcaban a la República entonces fuertes tensiones, resultado del enfrentamiento de corrientes poderosas: el Movimiento de Liberación Nacional, encabezado por Cárdenas, y el Frente Cívico de Afirmación Revolucionaria (llamado Frente Cínico en la revista de izquierda Política), que agrupaba al alemanismo y al callismo. El efecto mexicano de la Revolución Cubana, la movilización sindical que se gestó durante el sexenio anterior, y el creciente papel de algunos intelectuales (casi todos vinculados a la Universidad Nacional) como “conciencia del país”, obligaron a López Mateos a afianzar su poder mostrándose por encima de los “ismos” que ventilaban sus querellas. De allí su convocatoria a los expresidentes, que todos atendieron.
En cambio, tres de los cinco invitados de Calderón no se presentaron en Palacio Nacional. Aunque es el expresidente con quien más afinidades tiene el actual titular del Ejecutivo, Ernesto Zedillo no viajó a México, situado como se halla en ámbitos extranjeros y, por lo que se ve, resuelto a no involucrarse en asuntos mexicanos, como no sea a través de posiciones genéricas de corte académico. Miguel de la Madrid está ahora sí falto de salud, no como cuando respondió a una entrevista de Carmen Aristegui para su libro Transición y cuando autorizó que se radiodifundiera una parte de esa conversación, referida a su heredero Carlos Salinas. Por ese motivo no volvió por unas horas a Palacio Nacional.
La misma razón impidió a Luis Echeverría estar presente en la fiesta del Bicentenario. Quiero creer que también lo mantuvo en su caso un mínimo rubor, experimentado no sé si por sus hijas e hijos o por su abogado principal, Juan Velásquez. De aparecer en este momento en público, Echeverría habría sido interrogado sobre los dichos de Heraclio Bonilla, quien junto con Velásquez lo defendió de los intentos de llevarlo a prisión por las matanzas del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971. Despechado por la morosidad de la familia Echeverría, que le niega o le regatea la parte principal de sus honorarios y le canceló la entrega mensual de un anticipo pactado, Bonilla hizo un recuento sumario de los bienes del expresidente: decenas de bienes inmuebles en la Ciudad de México, el terreno en que se alza el famoso hotel Camino Real Sumiya, en Morelos y, sobre todo, un extenso predio en Playa del Carmen –no aclaró si valuado en 130 millones de dólares o de cuya venta se espera obtener esa cantidad.
Sean esas las cifras de su patrimonio, u otras, sobra evidencia de que varias generaciones de Echeverría no padecerán penurias, pues son cuantiosos los bienes acumulados por el expresidente. No se le conocieron nunca negocios que produjeran ganancias voluminosas engendradoras de otros negocios. Fue desde joven servidor público, siempre en ascenso: director de Administración en Marina, oficial mayor de la SEP, subsecretario y secretario de Gobernación y presidente de la República. Por muy bien administrados que sean, sus sueldos y prestaciones no alcanzan para formar, ni con el más estricto sistema de ahorro, un caudal como el que ostensiblemente posee el expresidente o el que se presume a partir de la demanda civil de Bonilla, antaño defensor suyo, hoy su acreedor.
Es posible que la fortuna de Echeverría, como la de otros expresidentes, se haya alimentado de la partida secreta que año con año autorizaba la Cámara de Diputados y de cuyo monto y destino el presidente no tenía que rendir cuenta alguna. Es adivinable que buena parte de esos fondos que los presidentes manejaban discrecionalmente fueran a parar a sus cuentas bancarias. De Carlos Salinas dijo el ahora presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, cuando se preparaba para ser secretario de Comunicaciones y Transportes, que se había robado la mitad de la partida secreta, que en el sexenio 1988-1994 sumó cerca de 8 mil millones de pesos.
Quién sabe si en esos montos, pero también en el caso de Salinas, como en el de Echeverría, es ostensible su enriquecimiento, que no les impide seguir cobrando su pensión vitalicia como expresidentes, a diferencia de Zedillo, quien renunció a ella porque cobra honorarios en varias fuentes, de negocios o académicas. Es presumible que Salinas utilizara la partida secreta en su provecho, como un regalo de la nación, como pago a sus servicios. No tenía derecho a disponer de ese patrimonio público para fines privados, pues se le autorizaba para el ejercicio de su cargo, no para quedarse con sus fondos.
Ya nadie pregunta a Salinas por ese dinero. Goza de la ventaja de la prescripción, es decir, del paso del tiempo que hace olvidar lances de primera importancia. Y por ello se desplaza, cada vez con mayor ostentación, en los terrenos de la política en general y de la electoral en particular, comarcas que antaño estaban vedadas para quienes, habiendo ya bailado, debían sentarse. Salinas, en cambio, está de pie, y camina y trota en pos de objetivos políticos como el que el PRI regrese a Los Pinos por medio de un político a quien él apadrine. El más notorio de quienes están en ese caso es Enrique Peña Nieto, pero maneja cartas alternativas.
En su activismo Salinas ha incluido, por lo que se vio la noche del Grito, la idea de apoyar a Calderón. Antes lo hizo con Fox. Lo hará con cualquiera que ni siquiera pida, sino insinúe que lo requiere. l
Peña Nieto: reglas a modo
Jesús Cantú
Ante la posibilidad de perder la sucesión en su entidad y, por ende, su eventual candidatura a la Presidencia de la República, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, modificó (en vísperas de que venciera el plazo constitucional para ello) las reglas para asegurarse de que las condiciones lo favorezcan.
La controvertida reforma aprobada el 14 de septiembre en el Congreso local afecta los procesos electorales en cuatro frentes: complica la creación de alianzas electorales entre diferentes fuerzas políticas al dejar únicamente vigente la vía de las coaliciones; reduce a la mitad el periodo de campañas y a una sexta parte el de las precampañas; disminuye el financiamiento público para la obtención del voto, y, finalmente, amplía en 45 días el periodo para que el gobernador mantenga en los medios de comunicación social la propaganda gubernamental.
La discusión se centra en la eliminación de la figura de las candidaturas comunes, por la expresa oposición del gobernador Peña Nieto a una posible alianza entre el PAN y el PRD para la contienda por la gubernatura, pero en realidad la estrategia para disminuir las posibilidades de éxito de una eventual alianza opositora es integral y busca debilitarla en varios flancos.
La forma más sencilla de concretar la alianza electoral era, hasta antes de la reforma, la candidatura común, que sí tenía un factor de inequidad (no todos los que señala la iniciativa de reforma) ya que mantenía el acceso del candidato común a radio y televisión de cada uno de los partidos que lo postulaban, es decir, sumaba los tiempos que le correspondían a éstos y no establecía un límite, pues a partir de la reforma del 2007 dichos tiempos ya no forman parte de los topes de gastos de campaña.
Al eliminar la figura de la candidatura común, la única vía para concretar la alianza es la coalición, que en el Código Electoral del Estado de México tiene requisitos que también pueden traducirse en inequidad en la contienda. El código señala que cuando una coalición postule candidato a gobernador del estado, “deberá acreditar ante los órganos del instituto y ante las mesas directivas de casilla tantos representantes como corresponda a uno solo de los partidos coaligados”, lo cual casi obliga a lograr la coalición total, pues los candidatos postulados únicamente por uno de los partidos coaligados no tendrán representación en ninguno de los órganos electorales, ni siquiera en las casillas, ya que la misma la ostentará el candidato de la coalición a gobernador.
Por otra parte, respecto al financiamiento público, asienta que “disfrutará del monto que corresponda a la suma de los montos asignados a cada uno de los partidos coaligados”, y más adelante indica que el convenio de coalición contendrá, “en su caso, la forma de distribución del financiamiento público que les corresponda, estableciendo cada uno de éstos el monto de las aportaciones para el desarrollo de las campañas, así como la forma de reportarlo en los informes correspondientes”.
Lo anterior puede interpretarse en el sentido de que el instituto entregará el financiamiento a la coalición, y ésta, a su vez, retendrá la aportación de cada instituto político a la coalición y luego entregará el resto, lo que nuevamente conduce casi inexorablemente a ir en coalición total, pues de lo contrario la demora en la entrega del dinero puede traducirse en retrasos para la realización de las campañas de los candidatos no coaligados.
A nivel nacional, la legislación en esta materia se estableció tras el proceso presidencial de 1988 y tenía como objetivo dificultar, hasta donde fuera posible, la construcción de alianzas entre fuerzas opositoras, para evitar que se repitiera el fenómeno que condujo a la construcción del Frente Democrático Nacional, que en esa elección postuló a Cuauhtémoc Cárdenas. En el Estado de México, afortunadamente, se habían mantenido las candidaturas comunes, pero en materia de coaliciones se establecieron limitantes incluso mayores a las federales, como la señalada en materia de financiamiento.
Este no es el único obstáculo adicional que establece la Constitución o el código estatal. Otro muy significativo es el incluido en el artículo 12 constitucional, que señala: “Quien haya participado en un proceso interno de selección de un partido político como aspirante o precandidato, no podrá ser registrado como candidato por otro partido político o coalición en el proceso electoral correspondiente”. Este párrafo podría ser utilizado para cerrarles la puerta a candidatos como Mario López Valdez, en Sinaloa, o José Rosas Aispuro, en Durango, que previamente “aspiraron” a ser postulados por el PRI.
Pero estos obstáculos no eran suficientes para enfrentar una elección competida, por lo cual la reforma estrechó aún más los márgenes para la oposición y, por ello, canceló la posibilidad de las candidaturas comunes, al menos por dos razones: una, el impacto para los votantes duros de un partido político es muy distinto si tiene que cruzar un recuadro donde además del logotipo de su partido aparece el de uno de sus principales opositores, lo que es inevitable en el caso de las coaliciones; y dos, como las reglas para las coaliciones casi obligan a postular candidatos a todos los puestos de elección popular, el costo para las dirigencias partidistas se eleva mucho, pues prácticamente obliga a dejar de competir en distritos y municipios donde la contienda se da realmente entre PAN y PRD y no con el PRI.
Así, por una parte, se reducen las posibilidades de que la coalición se concrete al aumentar las dificultades; y en caso de que se lograra, impacta directamente sobre los votantes, particularmente los más duros, que eventualmente pasan a las filas del abstencionismo.
Todavía eso no brindaba suficientes garantías y, por ello, se incorporaron otras reformas, como la reducción del periodo de las campañas electorales de
Tampoco esto era suficiente, y en el caso de que lograsen concretar la alianza y el candidato fuese popular, todavía había que estrecharle más su margen de maniobra, y esto se logra con otra iniciativa dirigida a reducir y limitar el destino del financiamiento público para la obtención del voto. La reducción en realidad es menor, pues la legislación del Estado de México es muy generosa y actualmente establece que para dichas actividades se otorgará a los partidos políticos una cantidad equivalente al doble del que reciben para actividades ordinarias, es decir, 200% más, y lo reduce a 190%.
Pero adicionalmente se establece que dicho financiamiento debe “aplicarse exclusivamente al desarrollo de las actividades directamente relacionadas con la obtención del voto dentro de la campaña electoral de que se trate”, lo cual eventualmente lo reducirá todavía más, dado que el límite de gastos de campaña puede ser inferior a la suma de los recursos que por dicha modalidad recibirán los partidos coaligados, lo cual obligaría a regresar dicho dinero.
Peña Nieto sabe de sobra el impacto que tendría sobre sus aspiraciones presidenciales una eventual derrota en la contienda electoral del 3 de julio del 2011, y, por ello, no está dispuesto a correr ningún riesgo. Así, por lo pronto, colocó en las normas constitucionales y legales las disposiciones necesarias para asegurar al candidato de su partido condiciones ventajosas o, al menos, no tan competitivas. l
La plaga de los supermercados
Javier Sicilia
Cuernavaca ha sido considerada una de las ciudades más verdes del país, como puede leerse en Bajo el volcán, de Malcom Lowry, o en Cristo en Cuernavaca, de Howard Fast. Sin embargo, la manera irracional con que sus gobiernos municipales la han urbanizado ha destruido ese verdor, que aún se preserva en los interiores de algunas casas y de algunos restaurantes.
Desde que los ciudadanos defendimos el Casino de la Selva en 2001, una de las demandas de la población ha sido crear áreas verdes públicas y centros culturales y de recreación que permitan no sólo detener esa hecatombe urbana, sino recuperar algo de la tradición y de la vida de esa ciudad. La respuesta, sin embargo –como ocurrió con el Casino de la Selva–, ha sido levantar plazas y supermercados en las zonas más impropias. De todas las ciudades del país, hoy Cuernavaca es la que mayor número de plazas comerciales, supermercados y megatiendas tiene por habitante.
En esa lucha ciudadana por recuperar el rostro de Cuernavaca, la organización ambientalista Guardianes de los Árboles propuso a la administración municipal de Jesús Giles comprar un predio abandonado sobre la avenida Emiliano Zapata, cerca de la glorieta de Tlaltenango, para que se creara un parque público y un centro cultural. La creación de ese conjunto –en un predio poco mayor a hectárea y media, con 166 árboles de 20 y 40 años de edad y dos caserones abandonados estilo Cuernavaca, uno de ellos de los años 40– es fundamental: no sólo permitiría rescatar el camino que debería seguir el urbanismo de Cuernavaca, sino que, además de aliviar la ya saturada vida de la zona –por la calle Compositores se desfoga hacia la avenida Zapata el tránsito vehicular de la colonia más poblada de Cuernavaca, el Zompantle, y cada año, sobre esa avenida, se instala durante 15 días la ancestral feria de Tlaltenango–, recuperaría algo de la porosidad entre la ciudad y su vialidad, es decir, la relación entre el contacto público y la multiplicidad de actividades que garantizan una vida económica, social y cultural rica.
Por desgracia, esa petición no sólo se desoyó, sino que ahora, con la administración priista de Martínez Garrigós, ha dado un giro hacia lo que en su momento fue la política de los panistas Estrada Cajigal y Raúl Ávila con el Casino de la Selva: entregarlo, no a Costco, sino a su rival, Wal Mart, para que allí se construya un Superama más –el más cercano se encuentra, en la avenida Ávila Camacho, a menos de un kilómetro de distancia.
A su fallida política sobre la basura (Proceso 1764), Martínez Garrigós suma ahora una fallida política urbanística, que inició con su intento de crear un segundo piso en la avenida Plan de Ayala y continúa con el auspicio de la asfixiante plaga de supermercados.
Wal Mart, como su rival Costco, no es sólo una empresa ecológicamente depredadora, sino que destruye la vida local. En 2001, cuando construyó el Superama de la avenida Ávila Camacho, taló 68 árboles, algunos de especies nativas, sin permiso de la Dirección de Ecología y sin contar con licencia de construcción; asimismo, como queda asentado en el expediente ESEEMA 419/01 del 12/07/01 de la CEAMA, no cumplió con las condicionantes de los resolutivos de la Manifestación de Impacto Ambiental: crear áreas verdes con especies nativas dentro del área del centro comercial y utilizar materiales permeables en su estacionamiento.
Este tipo de empresas –contrarias a todos los ideales de la Independencia– no sólo arruinan el comercio de sus alrededores, fomentando el desempleo, sino que, lejos de nutrirse de las mismas producciones de la región, que también arruinan, compran sus insumos en mercados lejanos, invierten sus ganancias fuera de la ciudad y del país, ocupan mano de obra especializada que circula de una filial de la empresa a otra, y los empleos que ofrecen se reducen a los de peones y cajeras. En 2004, cuando Wal Mart, bajo la administración de Arturo Montiel, se instaló en el perímetro C de Teotihuacán, Charles Fishman, en un estudio realizado para la revista Fast Company, señalaba que dicha compañía “ha determinado la vida y la muerte de las 21 mil empresas que en EU la proveen”, sustituyéndolas por maquiladoras que explotan mano de obra barata.
Lo que asombra de todo esto no es la existencia de este tipo de empresas –el capitalismo es tan inmoral como voraz–, sino que los gobiernos, particularmente en Cuernavaca, en su afán de no atender la manera en que los monopolios se crean en nuestro país, continúen privilegiándolas y, contra el repudio de los ciudadanos, ahondando el proceso de desertificación de la economía y del medio ambiente de las ciudades.
¿Será que los partidos políticos han perdido cualquier sentido de responsabilidad social y han convertido su estancia en el poder en una forma de la cleptocracia? ¿O acaso sus miembros carecen de la imaginación suficiente para rehacer en un sentido verdaderamente sustentable el tejido económico, social y ecológico de la vida de las urbes?
Cualquiera que sea la respuesta, hay que aceptar que los partidos hoy en día no representan la esperanza. Está, por el contrario, en los ciudadanos que resisten y aun saben que es necesario poner la ley por encima de los intereses y de los gobernantes.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca. l
Niegan su pensión a un policía incapacitado tras operativo
Le solicito publicar esta carta para denunciar las irregularidades e injusticias que padezco por parte de la Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes luego de que, en mi calidad de agente investigador, quedé gravemente lesionado al recibir un disparo de cuerno de chivo en el cráneo durante un operativo que –realizado por la Policía Ministerial, el Grupo Especial Antisecuestros, las policías estatal y municipal y el Ejército Mexicano– culminó con la detención de 22 personas identificadas como sicarios o secuestradores y el rescate de un empresario.
El balazo que me dieron durante el enfrentamiento me dejó lesiones de por vida, como hemiplejia del lado izquierdo, parálisis facial y convulsiones. Pese a ello, no sólo me escatiman la pensión que por ley me corresponde, sino que me presionan para que renuncie y me niegan servicios médicos, aunque mi incapacidad total permanente se produjo por riesgo de trabajo y en hora de labores, cumpliendo órdenes del director del Grupo Especial Antisecuestros, Humberto Camargo Hernández.
El pasado 23 de julio me comuniqué al área de Pensiones y me dijeron que tienen allí un cheque por una cifra mucho menor que la que me corresponde, el cual sólo me será entregado si acepto la cantidad que me ofrecen.
Asimismo, aunque la Procuraduría tiene un convenio con el IMSS, debido a lo cual me daban atención, ahora me la niegan con el argumento de que fui dado de baja, por lo que hace ya ocho meses que no recibo allí las rehabilitaciones que me practicaban con motivo de mis crisis convulsivas.
A su vez, el pasado 1 de mayo el área de Finanzas de la Procuraduría me dio de baja sin notificarme, y hasta la fecha no se me ha pagado porque según ellos yo ya estoy pensionado.
El hecho es, señor director, que yo no he firmado al respecto ningún documento para recibir el bono por riesgo de trabajo que me ofrecen, pues reclamo mi pago quincenal íntegro, sin descuento, y que no me quiten las prestaciones de que disponía, como el seguro de vida y el IMSS, pues yo soy el único sustento de mi familia y quedé incapacitado de manera permanente. (Carta resumida.)
Atentamente
Benito García Cervera
Proponen la Belisario Domínguez para Álvaro Delgado y Othón Salazar
Señor director:
Quienes suscribimos la presente consideramos que el periodista Álvaro Delgado, autor de importantes trabajos acerca de la derecha en el poder, es merecedor de la presea Belisario Domínguez, pues su actitud hace honor a la memoria de ese héroe revolucionario.
Desde 2003, con su libro El Yunque, la ultraderecha en el poder, basado en una seria investigación periodística y documental, Delgado cimbró a la sociedad mexicana con sus revelaciones acerca de dicho grupo secreto, cuya existencia hoy reconocen muchos de sus exmiembros.
A la par de esta seriedad intelectual, ha ido la valentía de Delgado al denunciar, sin cortapisas, los abusos de la derecha en el poder.
En octubre de 2009, como una honrosa excepción dentro de un mar de servilismo y de oportunismo de la inmensa mayoría de los medios y comunicadores, convertidos en deplorables aduladores de Felipe Calderón, Álvaro Delgado dio a conocer aspectos muy cuestionables de la trayectoria política y personal de ese personaje, en su artículo Calderón: un retrato, publicado en el número 1720 de la revista Proceso.
En segundo lugar proponemos que se entregue post mortem la medalla Belisario Domínguez a Othón Salazar, maestro y luchador social que se destacó toda su vida por reivindicar las demandas de los maestros mexicanos.
Ese valor para decir la verdad es necesario en la sociedad mexicana, si no queremos que un gobierno federal, de cuestionable origen, que encarna a la reacción y a la plutocracia, termine con todos los espacios de libertad y de bienestar para el pueblo de México.
Atentamente
Ingeniero Ernesto M. Pereira Cámara
y licenciado Édgar González Ruiz
Sigue el ISSSTE “escatimando” pagos a un jubilado de 85 años
Señor director:
El pasado 14 de marzo, en Palabra de Lector de Proceso 1741, me hicieron el favor de publicar una carta donde denuncio que, a la edad de 85 años y en calidad de jubilado, el ISSSTE me adeuda casi 200 mil pesos.
Esto, porque, a partir de 1987, año en que decidí jubilarme del Servicio Postal Mexicano
–donde laboré 42 años–, se me ha venido pagando una pensión menor a la que me corresponde por ley, además de que no me han cubierto varias prestaciones obligatorias.
Después de recurrir a varias instancias dentro del ISSSTE, dicha institución señaló que su adeudo conmigo era de sólo 18 mil pesos. Presenté entonces una queja ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
No obstante que el fallo fue a mi favor –lo cual significa que debieron reconocerse todos los adeudos, los incrementos salariales y las prestaciones que me han sido escatimadas, lo cual suma alrededor de 200 mil pesos–, el pasado mes de junio el ISSSTE me entregó sólo 53 mil 777 pesos.
Debido a lo anterior, presenté una nueva queja, pues no voy a renunciar a lo que legalmente me corresponde. Cuento para ello con la comprensión y el apoyo de los magistrados, quienes, confío, aplicarán estrictamente la ley para atajar las trapacerías que, una y otra vez, pretende cometer la Subdirección de Prestaciones Económicas del ISSSTE en contra de un trabajador que dedicó al servicio más de cuatro décadas de su vida. (Carta resumida.)
Atentamente
Próspero García Hernández
Celebra la aparición de Las mujeres del alba, de Carlos Montemayor
Señor director:
Apenas estuvo a mi alcance, de una sentada leí Las mujeres del alba, la última y, a su juicio manifiesto, mejor novela de Carlos Montemayor, este nuestro orgulloso escritor parralense cuya partida todavía no acabamos de asimilar. Su póstuma obra literaria constituye un justo y emocionado reconocimiento a las mujeres de los hombres –madres, viudas, hijas, hermanas, etcétera– que en aras de un genuino ideal ofrendaron sus vidas, como es el caso de quienes participaron en el ataque al cuartel de Ciudad Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965.
La aparición de Las mujeres del alba coincide con el cuadragésimo quinto aniversario de ese evento histórico que constituye y constituirá, hoy por hoy y siempre, un antecedente de las luchas libertarias por un país mejor en todos los aspectos, asignatura que aún se encuentra pendiente.
Carlos Montemayor hace desfilar en las 200 páginas de su libro a las 16 mujeres del alba que con sus angustias, apremios y solidaridad, irrestricta o no, le dan el toque humano y femenino a la tarea que se echan a cuestas esos hombres que parecen nacer predestinados y que, acatando los dictados de su conciencia social fuera de serie, se enfrentan a esas luchas que para los timoratos no tienen razón de ser, pero que a la postre se traducen en determinantes aportaciones en la construcción complicada y tortuosa de una mejor vida democrática para nuestro país.
Tuve el privilegio de conocer a Miguel Quiñones Pedroza, uno de los caídos en el asalto al cuartel de Madera, cuando en la Escuela Normal Rural de Salaices, Chihuahua, él cursaba el segundo grado de secundaria en el ciclo 1958-1959, y yo el primero. Ser humano ejemplar, ya se adivinaba en su rostro y actitudes la misión que escogió y enfrentó con decisión y valor aquel jueves 23 de septiembre de
Y me emocionan sobremanera el relato que Montemayor recogió de su hermana Estela, el sufrimiento y desvarío de su madre al conocer la noticia de la muerte de su hijo y el coraje e impotencia por no poder vivir a plenitud su duelo porque el cuerpo fue echado a la fosa común; esto, por el irracional capricho de un gobernante que se ostentaba como villista.
Son emotivos y calan duro en la conciencia los testimonios de Montserrat, madre e hija; de la propia Estela Quiñones; de Alma, madre e hija; de Carmen, de Herculana y del resto de las mujeres del alba de este gran escritor que con su obra postrera cumple la promesa que le hizo a la profesora Alma Gómez –hija del doctor Pablo Gómez–, quien en la presentación de Las armas del alba en Ciudad Juárez le cuestionó por qué en ninguna parte de este libro se miraba a las mujeres.
Enhorabuena, pues, por la aparición de este volumen. En donde se encuentre, Montemayor estará doblemente satisfecho porque, además de conceder vida literaria a las mujeres del alba, la reacción de sus lectores ante este libro será similar o mejor a la que tuvieron con sus otras magníficas obras.
Atentamente
Eusebio Vázquez Navarro
