Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 3 de octubre de 2010
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS MEXICANOS EN DESGRACIA
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Chihuahua: violencia e impunidad
José Reyes Baeza deja tras de sí la peor racha de violencia e impunidad que haya sufrido el estado
Colaborador Invitado
(3 octubre 2010).- Sandra Rodríguez Nieto
Periodista del Diario de Juárez.
La idea detonada por El Diario de Juárez impactó en México y en varias partes del mundo, pero para los habitantes de Chihuahua es absolutamente cierta: en esta entidad, los criminales son las autoridades de facto.
En Juárez, tan sólo, son tan poderosos que disponen a balazos de la vida de una persona, en promedio, casi cada tres horas. Ejercen tan siniestro poder porque circulan libremente armados, porque no temen hacerlo. Asesinan lo mismo a hombres que mujeres, a adolescentes que adultos. Le disparan incluso directamente a los niños. Apenas el sábado 25 de septiembre asesinaron a tiros a una niña de seis años mientras dormía en su recámara.
Son, de hecho, más que autoridades: son una especie de poder supremo terrenal porque son quienes deciden quién vive y quién muere. No han hecho más daño simplemente porque no han querido, porque, de poder, pueden: en el estado de Chihuahua no hay a quién le teman porque no hay autoridad legal que los persiga ni castigue sus delitos. Los miles de efectivos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano han sido un mero marco que, por motivos desconocidos, no han podido o no han querido detener la barbarie en la que han perecido ya más de seis mil personas desde 2008.
Así, sin procuración ni impartición de justicia, Chihuahua es un paraíso para el crimen. Datos del Poder Judicial indican que, hasta inicios de este septiembre, de los más de 2 mil homicidios cometidos en Ciudad Juárez, en sólo 67 casos el ministerio público estatal había podido identificar a un probable sospechoso. Del resto, la Procuraduría del estado reportó seguir sin rastro alguno. Igual estadística, de acuerdo con El Diario, arrojaron 2009 y 2008: en sólo tres de cada 100 homicidios se encuentra a un presunto responsable. E igual ocurre con el resto de los delitos: un 97 por ciento de las miles de denuncias que se interponen en la ciudad más violenta de México jamás pasan del inicio del expediente.
¿De qué manera impacta tanta injusticia? Desde hace años, diversas voces han insistido en que la impunidad -del latín impunitas, o "sin castigo"- es uno de los motores que -además de la desigualdad social, la pobreza y la profunda corrupción- alienta el fenómeno criminal porque genera la idea de que cometer un ilícito, como robar o matar, no tiene realmente ninguna consecuencia.
Así lo dijo a El Diario desde 2004 la relatora especial de la ONU sobre Violencia Contra Mujeres, Yakin Ertürk, quien a propósito de los feminicidios advirtió que "el que un crimen quede impune lo hace más fácil para quienes están cometiéndolos".
Lo expresó también Blanca Martínez, esposa del periodista de El Diario, Armando Rodríguez, durante el funeral del foto-reportero Luis Carlos Santiago: mientras no se investiguen los casos, puede pasarle a todos.
Y lo advirtió también de manera alarmante desde 2004 Vicente León, un adolescente juarense que ese año asesinó a su padre, a su madre y a su hermanita de 12 años, y quien dijo que le había parecido fácil hacerlo porque en Juárez, cuestionó, ¿cuántas mujeres no matan, y nadie hace nada?
Chihuahua es, literalmente, un estado de barbarie, un lugar donde los responsables legalmente constituidos para, como dice el Código Procesal del estado, "resolver el conflicto surgido con el delito", simplemente han declinado, por negligencia o conveniencia, de su trabajo de procurar e impartir justicia.
Pero el principal responsable de aplicar el proceso penal estatal, el gobernador José Reyes Baeza, está listo para irse, igualmente impune, a una comisión de "federalismo fiscal" dentro de su partido, el PRI. Y se va como si nada, como si su Procuraduría no fuera la campeona de la impunidad en México, como si no dejara 6 mil homicidios sin resolver, como si Chihuahua, como dijeron los habitantes de Ascensión que lincharon a dos plagiarios, no fuera una tierra sin ley.
Y se va, incluso, como si su primer secretario de seguridad pública, Raúl Grajeda, no hubiera dicho públicamente que Reyes Baeza permitió la protección de un capo del narcotráfico en las instalaciones de la Procuraduría.
Pero Reyes Baeza se va sin castigo porque la impunidad que prevalece para los delincuentes, en México es igual para los que llevan título de gobernantes. Porque antes que él ya ha habido funcionarios negligentes que, en lugar de castigo, han recibido premios. Ahí está Arturo Chávez Chávez, famoso en Juárez por también haber dejado impune cientos de homicidios de hombres y de mujeres cuando fue procurador estatal (entre 1996 y 1998) y porque, en lugar de responder a quienes lo acusaron de negligente, ahora es titular de la Procuraduría General de la República.
Juárez es la cara más visible de lo que ocurre cuando en una ciudad, además de todas las fuerzas que causan el delito, impera la impunidad.
'Temen a acciones colectivas'
Entrevista Derechos de los consumidores. Antonio Gidi: Académico brasileño. El Congreso tiene un año para crear una ley que regule las demandas colectivas, instrumento con el que ya cuentan Canadá, Estados Unidos y casi toda América Latina
Karla Garduño Morán
(3 octubre 2010).- Las demandas colectivas colocan en igualdad de condiciones a una empresa y sus consumidores, por lo que representan una amenaza para la Iniciativa Privada, considera Antonio Gidi, principal impulsor de estos instrumentos legales en América Latina.
El brasileño, quien en 2005 creó un modelo de código para procesos civiles colectivos, advierte que la Iniciativa Privada siempre será un obstáculo para el desarrollo de una ley que permita que los consumidores puedan establecer demandas colectivas, pero lamenta que México sea uno de los últimos países en Latinoamérica en hacerlas realidad.
"De los países grandes de América, es el único que no tiene. Brasil las tiene desde 1985, Canadá desde los ochenta (en las distintas provincias), Estados Unidos desde 1976. Estamos en el 2010 y México no tiene nada", dice el académico, quien estuvo en México para analizar con asociaciones civiles la reciente reforma al artículo 17 constitucional y su futura legislación secundaria.
Hasta hoy y desde 1983, sólo la Procuraduría Federal del Consumidor tiene las facultades para presentar una demanda a nombre de un grupo de afectados, pero sólo uno de los cinco procesos iniciados en 27 años ha concluido.
La Profeco entabló en 2008 una demanda contra la constructora Corporación Técnica de Urbanismo (en Chihuahua) por los daños causados a quienes compraron inmuebles en uno de sus fraccionamientos. En 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y en mayo pasado resolvió a favor de Profeco.
La poca actividad de la Profeco en materia de juicios colectivos puso a trabajar a las asociaciones civiles defensoras de los consumidores, a varios académicos -como Eduardo Ferrer y Alberto Benítez (del ITAM)- y a los legisladores en el desarrollo de una legislación más específica para las demandas colectivas desde 2007.
Gidi fue uno de los participantes invitados a las mesas de discusión, en las cuales los representantes del sector empresarial pretendieron imponer sus condiciones para darle menos fuerza a estos procedimientos.
"Tenían miedo (las empresas) porque no sabían lo que era, y ahora tienen miedo porque saben lo que es. No las quieren porque saben que serán llevados a juicio por lo que hacen, serán responsables por lo que hacen. No quieren tener un procedimiento que los haga pagar por lo que han causado", explica Gidi.
Tras las discusiones, en febrero del 2008 el senador priista Jesús Murillo presentó una iniciativa para incluir en el artículo 17 constitucional procesos judiciales para defender derechos colectivos.
La reforma se aprobó el 10 de diciembre de 2009 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de julio. A partir de entonces, el Congreso tiene un año para hacer la ley secundaria.
Nuevamente Murillo Karam fue quien presentó el 7 de septiembre una iniciativa con reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles, al Código Civil Federal, a la Ley Federal de Competencia Económica, a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
Aunque también existe una iniciativa que el diputado panista Javier Corral presentó el 4 de agosto, Gidi considera que la propuesta del priista es lo más parecido al código modelo trabajado por él luego de años de estudiar el tema.
"No ha favorecido ni a asociaciones, ni a la iniciativa privada, ni a grupos especiales. Ha hecho una ley que es lo más adecuada posible y más justa para las demandas colectivas. El problema es si este proyecto ideal va a sobrevivir la democracia mexicana", apunta Gidi.
Lo que el proyecto pretende es dar herramientas jurídicas para que los civiles puedan proteger sus derechos e intereses a través de demandas colectivas, las cuales podrán ser impulsadas por actores distintos del gobierno, como asociaciones civiles o representantes de los usuarios afectados.
Según Gidi, una acción o demanda colectiva puede proteger derechos humanos, derechos del consumidor, de competencia económica, discriminación o acciones gubernamentales, aunque no sirven para todo tipo de situación.
"No se pueden corregir problemas sociales; tiene que haber una cuestión de derecho o de hecho que una a un grupo", señala el académico de la Universidad de Houston.
Efectos de las demandas
Gidi asegura que años después de que Brasil publicara su Código de Defensa del Consumidor (1991), las acciones colectivas fueron muy utilizadas para la protección de los derechos civiles en el país.
Tanto las empresas como el gobierno son sujetos de constantes demandas, explica Gidi en su libro Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos e individuales en Brasil, a pesar de que uno de los principales impulsores de estos procesos es el Ministerio Público, otra instancia gubernamental, pero que opera de manera independiente.
"El ciudadano, el pueblo, se ha quedado con más poder. La demanda colectiva tiene un triple efecto: primero, es más económico proponer demandas colectivas que individuales; segundo, es posible efectuar el derecho material a través de una demanda colectiva de una forma masiva, porque una violación masiva exige un procedimiento masivo; y en tercer lugar está el efecto disuasorio de las demandas colectivas, porque las empresas saben que no pueden hacer ilícitos masivos, porque pueden ser demandadas de una forma masiva. Las empresas se comportan mejor porque tienen miedo de las demandas colectivas", dice Gidi en entrevista.
El proyecto de Murillo Karam tiene algunas diferencias con el código modelo de Gidi (en el cual también se basa el de Brasil). Por ejemplo, no hace un detalle de todos los derechos que tutela: como el derecho a la salud o el acceso a las instituciones jurídicas y de educación. Tampoco prevé que en algún momento sea el demandado quien presente las pruebas y no el demandante (lo que se llama inversión de prueba), lo cual puede evitar grandes costos al consumidor. Sin embargo, para Gidi más vale tener una ley incompleta que no tener nada.
"Es mejor una ley no tan perfecta, pero que exista, que no tener nada. México no puede ser el último país en tener demanda colectiva. Argentina lo tiene, Brasil lo tiene, Perú, Ecuador, Colombia lo tienen, México no puede ser el último país de América Latina", insiste Gidi.
Los irrenunciables
La propuesta del senador Murillo Karam para legislar las acciones colectivas contiene aspectos que es preciso defender, considera Gidi.
1 Las acciones colectivas aplican tanto para la demanda de "hacer o no hacer" como para exigir el pago de daños y perjuicios.
2 Se legitima tanto a asociaciones como a miembros del grupo de afectados para iniciar la demanda, y no a instituciones de gobierno.
3 El grupo de demandantes se integra con la llamada opción de excluirse y no con la opción de incluirse, lo cual facilita que se forme aunque no todos sus miembros conozcan el daño.
4 Las demandas defienden tanto los derechos de la colectividad, como los derechos individuales de cada miembro del grupo.
5 El autor puede recuperar todos los gastos si gana la demanda, incluyendo los honorarios de abogados, y se retribuye un porcentaje a la institución impulsora.
"No las quieren porque saben que serán llevados a juicio por lo que hacen, serán responsables por lo que hacen. No quieren tener un procedimiento que los haga pagar por lo que han causado".
Secuestro: historia de impunidad
Reportaje 40 años de plagios. Los especialistas Max Morales y Jorge Carrillo Olea advierten que el Estado exhibe sus debilidades al no perseguir ni castigar a los responsables de los secuestros de alto impacto
Octavio Ortega
(3 octubre 2010).- La renuncia del Estado a investigar y perseguir el delito, para supuestamente facilitar la negociación y pago de rescates a secuestradores; el asesinato de víctimas, la falta de información oficial y la colusión de elementos policiacos con los criminales son características presentes en los plagios de mayor impacto ocurridos en las últimas cuatro décadas.
Enfoque analizó 50 secuestros de alto impacto, la mayoría cometidos contra personajes prominentes o familiares de éstos (políticos, empresarios, deportistas y artistas) y algunos casos que obtuvieron notoriedad por el desenlace de los mismos. De ellos, sólo cuatro fueron resueltos por las autoridades con la liberación de la víctima y sólo en 17 se informó sobre la captura de los delincuentes.
En 20 casos se tiene registro del pago del rescate por la liberación de la víctima; en 11, se asesinó a los retenidos; en ocho, se liberó a la víctima sin que se confirmara el pago del rescate; en dos, se realizó un intercambio de personas y en otros dos, la víctima permanece desaparecida.
Sólo en siete de los 50 plagios estudiados los secuestrados fueron liberados sin que se pagara rescate: cuatro fueron recuperados por cuerpos policiacos, dos lograron escapar y uno fue dejado en libertad por sus captores, aunque se sospechó de que se trató de un montaje.
En cuanto al castigo a los plagiarios, de los 50 casos analizados, sólo en 12 se logró la captura de al menos uno de los autores del delito; destaca que en el caso del menor Fernando Martí se han presentado a dos presuntas bandas acusadas por la comisión del mismo delito.
Fuera de la consideración de castigo se dejaron los casos en los que miembros de movimientos armados practicaron secuestros (19 de los analizados) y posteriormente quedaron involucrados en actos reactivos del gobierno, dentro de la llamada Guerra Sucia, en los que si bien se presentó una acción gubernamental, no se puede considerar como impartición de justicia.
Evolución histórica
Max Morales, abogado y especialista en negociación de secuestros, refiere que los casos de gran impacto han posicionado a México con cinco lamentables récords.
Primero, el rescate de Harp Helú sigue siendo el más caro que se ha pagado en el mundo por una sola persona, más de 30 millones de dólares.
Segundo, la retención más larga de un plagiado, hasta 1990, fue la de Juan Bosco Gutiérrez Cortina, quien duró nueve meses retenido.
Tercero, en 2004 el secuestro de Catalina Esper Sulaimán volvió a marcar al país, al sufrir un plagio de más de 20 meses, el más largo hasta la fecha.
Cuarto, para el especialista, estos antecedentes explican por qué el país ha llegado al deshonroso primer lugar mundial en secuestros.
Quinto, México se ubica como el lugar donde más personas han sido secuestradas para obtener un beneficio económico.
Morales divide en cinco etapas la historia de este delito.
La primera se caracterizó por el secuestro de políticos; la segunda, por el plagio de medianos empresarios; la tercera, empresarios de alto rango; la cuarta, por "la industrialización" del delito, y la actual, la quinta, definida por la complicidad de policías.
Hoy en día, afirma, se presentan todas las modalidades de secuestro en el país y todas las clases sociales lo padecen.
El abogado asegura que desde la primera etapa, que inició en los setenta, el gobierno comienza a fallar.
"En esa época el gobierno tuvo como máxima que no iba a transigir, no iba a pactar, y terminaban pagando", expresa.
Considera que el primer periodo culmina con la creación de la Brigada Blanca y el exterminio de la Liga 23 de Septiembre.
La segunda etapa, detalla, corresponde a los plagios cometidos por Modesto Vivas Urzúa, que concentró su actuación en Morelos, pero dejó muestra de impunidad por la continuidad de sus delitos.
"Con Modesto Vivas Urzúa, La Víbora, se dan secuestros en serie, de una semana por delito, con montos de 100, 200, 300 mil pesos y se va sobre empresarios", explica.
"Luego se da esta etapa con Harp Helú, que se da porque para ellos (los grupos subversivos) representaba una forma de financiamiento y así lo habían aprendido en Corea del Norte", considera.
La cuarta etapa fue protagonizada por la banda de Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, en los años noventa, y es el detonante de la situación actual.
"Arizmendi es el secuestrador que más dinero ha obtenido como delincuente, pues logró más de 40 millones de dólares en una época. Nos tardamos casi un año en capturar a Arizmendi, todo parecería indicar que al capturar al secuestrador más infame y monstruoso de la humanidad, al llegar a esa cúspide, se disminuiría el secuestro, pero a partir de ahí se incrementó.
"La errónea exhibición por parte de la PGR, que sin ser el secuestro un delito federal atrajo el caso nada más por un interés económico, por quererse quedar con el dinero de Arizmendi... Copiaron el modelo de la Brigada Blanca y crearon un grupo especial en el Cisen, pero nace una participación directa de policías en el secuestro en México, eso fue lo que lo detona. La mayor parte de los secuestradores terminó siendo un grupo de la PGR, el Grupo Yaqui, y eso lo dijo el general Macedo.
"El problema de México a partir de 1997 no es la delincuencia organizada, son los policías organizados en delincuencia. Es un antes y un después de Arizmendi", considera.
Otra marca que los secuestros de alto impacto han dejado a México, según Max Morales, es el freno a la economía.
"La mayor implicación para México es que los grandes empresarios, en un 85, 90 por ciento, temen ser secuestrados. Son los socios de los inversionistas extranjeros y, entonces, esa gran inversión está parada para México desde 2006. Cuando un inversionista extranjero está queriendo invertir en México lo primero que pide es una escolta con armas, coches blindados y seguro antisecuestros.
"Cuando el Presidente quería que todo mundo mintiera para que hablaran bien de México, viene el secuestro de Diego Fernández de Cevallos; es la piedrita que derrama el vaso", lamenta.
Descomposición del Estado
Jorge Carrillo Olea, primer director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), considera que la impunidad prevaleciente en los secuestros de alto impacto es un factor que promueve el florecimiento de esta "industria" en México.
"La impunidad es el primer promotor de la proliferación del delito; si queremos reducir la proliferación del delito tenemos que hacer punibles todos los actos delictuosos y recordemos que en México sólo el 2 por ciento de los delitos termina en sentencia inculpatoria", señala.
Carrillo Olea asegura que si el Estado no puede proteger a los miembros de las élites políticas o empresariales, menos al ciudadano común.
"Vemos en la televisión tres barrigones que pescaron en Tlalnepantla, que habían hecho un secuestro, ésos son gente improvisada que como cada día los valores están más bajos creen que pueden hacerse de un dinero.
"¿Qué título le ponemos a todo esto?, yo diría que se le puede poner 'falta de habilidad para ejercer la autoridad'", expresa.
La evaluación de Carrillo Olea refiere años de descomposición.
"La sociedad, de manera inercial, ha entrado en una cultura distinta a la que vivíamos hace 15 años. Hemos venido acostumbrándonos a vivir en una forma en la que nos han empujado estos tres últimos gobiernos, Zedillo, Fox y el actual. Ya nos culturizamos al desmadre, al irrespeto, a la disfunción, al no trabaja, al no hay que rendir cuentas, a la impunidad. Eso es terrible, se está creando en nosotros una cultura del desorden total", reprocha.
Para quien fuera gobernador de Morelos de
"¿Quién sabe quién es el procurador, quién sabe sus méritos? Bueno, mejor dicho, sí se saben sus fracasos en Chihuahua. Por sus deméritos es nombrado procurador. O sea que no hay gobierno. Dígase a gritos: no hay gobierno.
"Quien nunca ha mandado, quien nunca ha vivido en una estructura, quien nunca ha estado participando de una convivencia en un mundo de este orden no sabe que no basta con ordenar, hay que vigilar, hay que seguir, hay que darle seguimiento, modificar lo que se dio como orden, verificar si funciona, si no funciona, adaptarlo o no, cancelarlo, modificarlo por otro, así se maneja. No quiero decir gobierna, fíjese que eludo la palabra gobierno, no es ni siquiera gobierno. No hay habilidad, no hay conocimiento de cuál es la gestión de la autoridad, no saben gestionar la autoridad", declara el también general en retiro.
Desde su perspectiva, un factor que ha complicado la investigación de secuestros de alto impacto es el uso excesivo de la facultad de atracción por parte de la PGR.
"Esta idea de la atracción, en vez de fortalecerlas (a las procuradurías locales) las está debilitando, todo músculo que no trabaja se atrofia. Si yo no tengo ninguna averiguación porque las están atrayendo hacia la Federación, en términos de secuestros, pues mientras lo hace la Federación o no lo hace, yo ya me liberé de la responsabilidad. Y así lo va uno viendo cómo se desarticulan las redes de protección social.
"Hay muchísimos temas donde las instituciones han sido demolidas como si fuera un interés superior, y su reconstrucción va a tomar muchos años", anticipa.
El problema del secuestro, según Carrillo Olea, se ha dejado crecer tanto que ya rebasó las capacidades del Estado.
"El daño es tan profundo, que sea quien sea el futuro Presidente no estará todavía en sus manos componer este desmadre", augura.
Caso Diego: errores y daño político
Al frente del gobierno de Morelos, Carrillo Olea conoció de cerca el problema de los secuestros. Armando Martínez Salgado, quien era director de la Policía Judicial del estado, fue detenido en 1998, acusado de coludirse con las bandas locales de secuestradores. Carrillo Olea fue sometido a juicio político por el Congreso de Morelos en 1998, pero solicitó licencia al cargo antes de que éste concluyera.
Fue acusado penalmente por ejercicio indebido del servicio público, pero en 2004 el Tribunal Superior de Justicia del Estado lo exoneró de responsabilidad.
Con su experiencia, el general aventura una teoría del plagio del Jefe Diego, quien al cierre de esta edición (jueves 23 de septiembre) llevaba 132 días desaparecido.
"Debe haber participado en esto una treintena de gentes, muy posiblemente con tecnología y mano de obra extranjera. Se pasaron tiempo estudiando los movimientos de este hombre, seguramente intentaron hacerlo una o dos veces antes y algo salió fuera de lugar y lo suspendieron, hasta que se dio todo perfecto: el viaje del señor, manejando él solo, la hora de la noche en que se pudo hacer y después de dos o tres esfuerzos -son teorías mías- ahora lo llevan a cabo; lo trasladan a algún sitio de tránsito, donde cambian vehículos; lo serenan, tal vez una noche, o algo así... y lo mueven a otro lado, que pueden ser ya 200,
"A la mejor están ahí, en un estado del norte en alguna casa de ésas medias aisladas ahí donde los terrenos son amplios, extendidos", especula.
Carrillo Olea enumera los errores del gobierno en este caso: primero la sobrerreacción del Presidente, que antes de irse a España convoca al gabinete de seguridad nacional; después el arribo de tres secretarios de Estado, patrullas y helicópteros al rancho donde desapareció; la ausencia notable de labores de inteligencia y espionaje y, finalmente, la claudicación pública de la PGR a investigar el secuestro.
"Yo diría que, si no fue la intención, sí fue lo que se logró: un daño político muy serio. El panista más conspicuo es Diego Fernández de Cevallos, no tiene vuelta de hoja... así que si no era un escándalo demoledor para el Presidente, para su gobierno sí", sentencia.
50 de alto impacto
Políticos y empresarios prominentes, además de algunos artistas y deportistas han sido secuestrados en las últimas cuatro décadas y casi en todos los casos hay tres elementos en común: claudicación del Estado, ausencia de una versión oficial e impunidad. Éstos son los 50 casos con mayor notoriedad.
PERIODO PRESIDENCIAL: LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ (1970-1976).
1 Julio Hirschfeld Almada.
Director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y ex secretario de Turismo.
Fecha: 27 de septiembre de 1971.
Duración: 2 meses.
Rescate: 3 millones de pesos.
Plagiarios: Frente Urbano Zapatista, comandado por Francisco Uranga.
Resolución: se captura a algunos miembros del Frente Urbano Zapatista. En 1973, Francisco y Lourdes Uranga, José Luis Rhy Sausi y Carlos Lorence López son enviados a Cuba dentro de la negociación del secuestro del cónsul Leonhardy.
2 Jaime Castrejón.
Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Fecha: 19 de noviembre de 1971.
Duración: 12 días.
Plagiarios: guerrilla al mando de Genaro Vázquez Rojas y Partido de los Pobres de Lucio Cabañas.
Resolución: el gobierno aceptó la negociación propuesta por los captores: liberó y envió a Cuba a miembros de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y otras 14 personas. Además, entregó 2.5 millones de pesos.
3 Jaime Farril Novelo.
Director de la Prepa 2 de Acapulco.
Fecha: 6 de enero de 1972.
Plagiarios: Partido de los Pobres de Lucio Cabañas.
Resolución: desconocida.
4 Wesley Parsons.
Cónsul estadounidense en Nuevo León.
Fecha: marzo de 1972.
Plagiarios: Liga de Comunistas Armados (LCA) de Monterrey.
Resolución: los secuestradores capturaron el vuelo 705 de Mexicana en Monterrey. Exigieron la liberación de cuatro estudiantes detenidos, su traslado a Cuba y la entrega de 4 millones de pesos. Se concretó el intercambio. En el avión secuestrado viajaba el cónsul y dos hijos del gobernador de NL. Luis M. Farías.
5 Terrance G. Leonhardy.
Cónsul estadounidense en Guadalajara.
Fecha: mayo 1973.
Plagiarios: Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP).
Resolución: como intercambio se exigía la libertad de una treintena de presos por actos subversivos, se realizó el intercambio, se envió a Cuba a las personas solicitadas.
6 Eugenio Garza Sada.
Fundador del Tec de Monterrey, Cervecería Cuauhtémoc, Grupo Valores Industriales (VISA).
Fecha: 17 de septiembre de 1973.
Plagiarios: Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S).
Resolución: asesinado en el intento de secuestro.
7 Fernando Aranguren y Anthony Duncan Williams.
El primero era empresario; el segundo, cónsul honorario británico.
Fecha: 10 de octubre de 1973.
Rescate: liberación de 51 detenidos y 200 mil dólares.
Plagiarios: LC23S.
Resolución: el empresario es ejecutado en el secuestro, el cónsul liberado. En 1975 agentes de la Dirección Federal de Seguridad a cargo de Fernando Gutiérrez Barrios capturan a integrantes de la LC23S.
8 Margarita Saad.
Dueña del hotel Las Brisas de Acapulco.
Fecha: agosto de 1974.
Plagiarios: Partido de los Pobres de Lucio Cabañas.
Resolución: asesinada, no se pagó el rescate.
9 Rubén Figueroa Figueroa.
Senador y candidato del PRI al gobierno de Guerrero. Dueño de Autotransportes Figueroa y Flecha Roja.
Fecha: 30 de mayo de 1974.
Duración: 100 días, queda libre el 8 de septiembre.
Plagiarios: Partido de los Pobres de Lucio Cabañas.
Resolución: dos versiones: a) liberado por policías; b) tras la entrega de 50 millones de pesos. En diciembre de 1974 Lucio Cabañas muere en un enfrentamiento con militares.
10 José Guadalupe Zuno Hernández.
Suegro del presidente Luis Echeverría.
Fecha: 28 de agosto de 1974.
Duración: 10 días.
Plagiarios: FRAP y LC23S.
Resolución: Liberado sin obtener recompensa.
JOSÉ LÓPEZ PORTILLO (1976-1982).
11 Brianda Domecq.
Nieta del fundador de Casa Domecq.
Fecha: 30 de octubre de 1978.
Duración: 13 días.
Rescate: 1 millón de dólares.
Plagiarios: delincuentes encabezados por el comerciante Alfredo Lara Navarrete, uno de los primeros casos en el que cambia el perfil de los secuestradores.
Resolución: liberada sin pagar rescate, capturaron a cinco de seis raptores. El 12 de noviembre de 1978.
MIGUEL DE LA MADRID (1982-1988).
12 Arnoldo Martínez Verdugo.
Ex candidato a la Presidencia por el Partido Socialista Unificado de México.
Fecha: 10 de julio de 1985.
Plagiarios: David Cabañas o Alejandro Serafín Gervasio, medio hermano de Lucio Cabañas. Presuntos militantes del Partido de los Pobres.
Resolución: liberado tras el pago de 50 millones de pesos.
13 Simón Askenasi.
Empresario.
Fecha: 1987.
Rescate: 1 millón de dólares.
Plagiarios: Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP, antecedente del EPR).
Resolución: desconocida.
14 Jorge Sekiguchi.
Empresario ferretero.
Fecha: 23 de agosto de 1988.
Duración: 76 días.
Rescate: 1 millón de dólares.
Plagiarios: PROCUP.
Resolución: liberado tras el pago de 530 mil dólares.
15 Fernando Senderos.
Presidente ejecutivo de DESC, propietario de Resistol y deportista, campeón panamericano de salto.
Fecha: 3 de julio de 1988.
Duración: 20 días.
Rescate: de
Plagiarios: PROCUP.
Resolución: liberado tras el pago del rescate.
CARLOS SALINAS DE GORTARI (1988-1994).
16 Juan Bosco Gutiérrez Cortina.
Hijo del industrial Antonio Gutiérrez Prieto, directivo de GUTSA.
Fecha: 29 de agosto de 1990.
Duración: 9 meses.
Rescate: 2 millones de dólares.
Plagiarios: PROCUP o militantes del Partido de los Pobres.
Resolución: Logró escapar de los secuestradores.
17 Joaquín Vargas Guajardo.
Hijo de Joaquín Vargas Gómez, propietario de MVS y restaurantes Wings (fallecido en 2009).
Fecha: 13 de mayo de 1992.
Duración: 87 días.
Rescate: 15 millones de dólares.
Plagiarios: PROCUP.
Resolución: liberado el 3 de agosto de 1992 tras el pago del rescate.
18 Jorge Espinosa Mireles.
Propietario de Printaform.
Fecha: 20 de mayo 1992.
Rescate: 15 millones de dólares.
Plagiarios: PROCUP.
Resolución: liberado tras el pago del rescate.
19 Eduardo Creel Cobián.
Banquero y familiar del hoy senador Santiago Creel.
Fecha: 1993.
Plagiarios: PROCUP.
Resolución: desconocida.
20 Juan Antonio Torres Landa.
Empresario queretano.
Fecha: 16 de junio de 1993.
Duración: 28 días.
Rescate: 1 millón de dólares.
Plagiarios: no identificados.
Resolución: liberado tras el pago del rescate.
21 Juan Robinson Bours.
Integrante de la familia Bours fundadora de Bachoco.
Fecha: 1993.
Duración: 2 semanas.
Rescate: 750 mil dólares.
Plagiarios: banda encabezada por José Alonso Ávila Palafox El Loncho o el PROCUP.
Resolución: liberado tras el pago del rescate.
22 Absalón Castellanos Domínguez.
Ex gobernador de Chiapas.
Fecha: 1o. de enero de 1994.
Plagiarios: EZLN.
Resolución: liberado el 17 de febrero de 1994. Había sido retenido el día del levantamiento zapatista como prisionero de guerra.
23 Alfredo Harp Helú.
Presidente del Consejo de Administración de Banamex.
Fecha: 14 de marzo de 1994.
Duración: 106 días.
Rescate: 30 millones de dólares.
Plagiarios: Ejército Popular Revolucionario (EPR)*.
Resolución: liberado el 28 de junio de 1994. Durante su cautiverio envió cuatro cartas; sus familiares anunciaron que aceptaban las condiciones para su liberación en el noticiero 24 Horas.
24 Ángel Losada Moreno.
Vicepresidente de la cadena de tiendas Gigante.
Fecha: 25 de abril de 1994.
Duración: 102 días.
Rescate: 15 millones de dólares.
Plagiarios: EPR*.
Resolución: liberado el 5 de agosto tras el pago del rescate.
*Aunque la aparición del EPR se dio oficialmente hasta agosto de 1996, se atribuyen estos secuestros a grupos considerados como sus antecesores.
ERNESTO ZEDILLO (1994-2000).
25 Roberto Madrazo Pintado.
Gobernador de Tabasco.
Fecha: 18 de agosto de 1995.
Duración: 7 horas.
Plagiarios: el entonces gobernador acusó a agentes judiciales del DF.
Resolución: liberado por sus captores. Se mencionó que fue un secuestro fingido para desviar la atención de las investigaciones que en esos días se realizaban sobre sus gastos de campaña.
26 José Antonio Pérez Porrúa.
Propietario de la editorial Porrúa.
Fecha: 1o. de diciembre de 1995.
Duración: 54 días.
Plagiarios: PROCUP.
Resolución: liberado el 25 de enero de 1996, sus captores demandaron a la familia dar a conocer en el noticiero 24 Horas que aceptaban pagar las condiciones del rescate.
27 Mamorou Konno.
Directivo de la maquiladora de Sanyo en Tijuana.
Fecha: 10 de agosto 1996.
Rescate: 2 millones de dólares.
Plagiarios: J. Alonso Ávila, El Loncho.
Resolución: liberado tras pago de rescate.
28 Fernando Gutiérrez Barrios.
Ex secretario de Gobernación, ex gobernador de Veracruz, ex director de DFS.
Fecha: 9 de diciembre de 1997.
Duración: de 7 días a 2 semanas.
Plagiarios: no identificados.
Resolución: dos versiones: a) Miguel Nazar y Luis de la Barreda negociaron con presuntos guerrilleros su liberación a cambio de 6.5 millones de pesos; b) el 19 de diciembre de 1997 Gutiérrez Barrios desmintió el secuestro.
29 Carlos Pilgram Santos.
Empresario.
Fecha: 10 de diciembre de 1997.
Duración: un día.
Rescate: 500 mil pesos.
Plagiarios: banda encabezada por Ariel Maldonado, entonces coordinador interinstitucional de la PGR.
Resolución: liberado tras el pago del rescate. Maldonado huyó a España, fue extraditado y en 2008 un juez ordenó su liberación.
30 Vicente Fernández Jr.
Hijo del cantante Vicente Fernández.
Fecha: 18 de mayo de 1998.
Duración: 121 días.
Rescate: 2.5 millones de pesos.
Plagiarios: Cártel de Sinaloa.
Resolución: liberado tras el pago del rescate y después de amputarle dos dedos. En marzo de 2008 se informó la condena de 50 años de cárcel para ocho de los plagiarios.
31 Eliot Margolis Freedman.
Director de Chrysler de México.
Fecha: 19 de mayo de 1998.
Duración: 24 días.
Plagiarios: banda encabezada por Iván Antonio Cárdenas y David Tinajero.
Resolución: liberado en medio de un tiroteo por el grupo antisecuestros del estado de México.
32 Álvaro Campos.
Papá del futbolista Jorge Campos.
Fecha: 17 de febrero de 1999.
Duración: 6 días.
Rescate: 200 mil dólares.
Plagiarios: banda liderada por Pedro Barragán González.
Resolución: liberado pero no se aceptó que se pagara el rescate. La PGR presentó el 26 de febrero a sus captores. En marzo siguiente presentaron a otros cuatro implicados.
33 Paola Gallo.
Hija del empresario Eduardo Gallo.
Fecha: 8 de julio de 2000.
Rescate: 175 mil dólares.
Plagiarios: Rolando Gómez y otros.
Resolución: pese al pago del rescate, el 16 de julio encuentran en cuerpo de la joven en Emiliano Zapata, Morelos. Por la investigación que realizó Eduardo Gallo, en junio de 2001 inició la captura de algunos de los responsables.
34 Leonardo Martínez.
Hijo de la cantante Beatriz Adriana.
Fecha: 15 de julio de 2000.
Plagiarios: Manuel Álvarez y otros.
Resolución: secuestrado al salir de una discoteca en Tijuana, Baja California, en compañía de un amigo. Ambos fueron asesinados y hallados cuatro días después.
VICENTE FOX (2000-2006).
35 Ron Lavender Bachur.
Empresario inmobiliario estadounidense asentado en Acapulco, especializado en la zona de Punta Diamante.
Fecha: 22 de junio de 2001.
Rescate: 1.2 millones de dólares.
Plagiarios: EPR.
Resolución: liberado tras el pago del rescate. Lavender designó a Luis Walton Aburto como negociador, en ese momento militante priista, hoy presidente de Convergencia y senador por ese partido.
36 Laura Zapata y Ernestina Sodi.
Actrices y familiares de la cantante Thalía.
Fecha: 22 de septiembre de 2002.
Duración: 18 días Zapata y 32 días Sodi.
Plagiarios: banda Los Bayardo.
Resolución: Liberadas, aunque no precisaron si se pagó el rescate. En abril de 2003 la PGR arraiga a cinco presuntos integrantes de Los Bayardo; en enero de 2005 capturan en el estado de México a otros involucrados.
37 Javier García Navarro.
Vicepresidente nacional de Canacintra, hijo de Ricardo García Maldonado de Chicles Canel's y del Hotel Westin San Luis.
Fecha: 14 de junio de 2004 en San Luis Potosí.
Duración: 10 meses.
Plagiarios: no identificados.
Resolución: liberado el 2 de mayo de 2005 tras el pago del rescate.
38 Rubén Omar Romano.
Director Técnico del Cruz Azul.
Fecha: 19 de julio de 2005.
Duración: dos meses.
Plagiarios: Carlos García Montante y la banda Los Canchola.
Resolución: liberado por la PGR, que detuvo a los delincuentes.
39 Hugo Alberto Wallace Miranda.
Empresario.
Fecha: 11 de julio de 2005.
Plagiarios: César Freyre, Juana Hilda González Lomelí, los hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz, Jacobo Tagle Dobín y Brenda Quevedo Cruz.
Resolución: asesinado por los plagiarios. La madre del empresario, Isabel Miranda, investigó, ubicó y capturó a los implicados. Freyre, González y los hermanos Castillo recibieron sentencia; Tagle Dobín sigue prófugo y Quevedo Cruz está bajo proceso.
40 Nelly Catalina Esper Sulaimán.
Hija del entonces dirigente del PRI en SLP, Antonio Esper Bujaidar, y sobrina de José Sulaimán Chagnón, ex presidente del Consejo Mundial del Boxeo.
Fecha: 30 de mayo de 2004.
Duración: 1 año, 8 meses, 12 días.
Plagiarios: se atribuyó a grupos guerrilleros.
Resolución: liberada en febrero de 2006 tras el pago del rescate.
FELIPE CALDERÓN (
41 Eduardo García Valseca.
Hijo del coronel José García Valseca, ex propietario de Organización Editorial Mexicana.
Fecha: 7 de junio de 2007.
Duración: 7 meses.
Plagiarios: no identificados.
Resolución: liberado el 24 de enero de 2008. Aunque se habló de intercambio de rehén para su liberación, también se menciona el pago de un millón de dólares.
42 Silvia Vargas Escalera.
Hija de Nelson Vargas, ex director de la Conade.
Fecha: 10 de septiembre de 2007.
Plagiarios: banda Los Rojos.
Resolución: sus padres dan a conocer el caso en agosto de 2008. En diciembre de 2008 se localiza su cuerpo en una casa en Tlalpan.
43 Sergio Gómez.
Líder y vocalista del grupo K-Paz de la Sierra.
Fecha: 1o. de diciembre de 2007.
Plagiarios: no identificados.
Resolución: el 3 de diciembre fue encontrado muerto en Chiquimitío, Michoacán, junto con los empresarios Víctor Hugo Sánchez y Javier Rivera, también secuestrados.
44 Fernando Martí.
Hijo del empresario Alejandro Martí, propietario de Deportes Martí.
Fecha: 4 de junio de 2008.
Plagiarios: las autoridades mencionan dos bandas: La Flor y Los Petriciolet.
Resolución: el 1o. de agosto de 2008 fue encontrado sin vida dentro de la cajuela de un vehículo. El 8 de septiembre de 2008 la PGJDF presenta a integrantes de la banda La Flor; el 18 de julio de 2009, la SSP-federal presentó al asesino material y señaló a Los Petriciolet como responsables.
45 Óscar Lobo.
Cantante, autor de La mesa que más aplauda.
Fecha: 24 de septiembre de 2008.
Plagiarios: José Puch y su hijo.
Resolución: logró escapar de sus captores un día después. Detuvieron a dos de los secuestradores, los dos murieron al interior de su celda en octubre de 2008.
46 Félix Batista.
Estadounidense especialista en secuestro, consultor de la firma Asi Global Kidnap & Ramson Response.
Fecha: 10 de diciembre de 2008.
Plagiarios: no identificados.
Estatus: desaparecido hasta la fecha.
47 Yolanda Cevallos Coppel.
Directora de prevención en la clínica contra adicciones Oceánica.
Fecha: 28 de junio de 2009.
Plagiarios: Fabiola Rosas, María de la Cruz López, Pablo Salazar, Gilbero Acevedo, Miguel Zúñiga, Hugo Gómez y Guillermo Moreno.
Resolución: el 3 de julio de 2009 fue asesinada durante un fallido y confuso operativo en una "casa de seguridad" en Xochimilco. Según la versión de la PGJDF, el presunto líder de los plagiarios, identificado como El Iván, disparó a la secuestrada antes de suicidarse en medio del operativo.
48 Diego Fernández de Cevallos.
Ex candidato presidencial del PAN.
Fecha: 14 de mayo de 2010.
Plagiarios: se hacen llamar Misteriosos Desaparecedores.
Estatus: desaparecido hasta la fecha.
49 Giussepe.
Niño de 10 años.
Fecha: 24 de agosto 2010.
Plagiarios: Omar Rayas, vecino de la familia del menor.
Resolución: desaparece cuando sale a andar en bicicleta, los secuestradores sabían que su padre había cobrado su liquidación como trabajador de Luz y Fuerza. El 9 de septiembre se realiza el funeral del menor.
50 Fernando Azcárraga López.
Ex edil de Tampico por el PRI y primo hermano de Emilio Azcárraga Jean.
Fecha: 2 de septiembre de 2010.
Duración: 13 días.
Plagiarios: no identificados.
Resolución: liberado, se desconocen las condiciones.
Fuentes: El secuestro en México, José Antonio Ortega, México, Planeta, 2008. Reforma. El País. Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. http://www.seguridadjusticiaypaz.org
ASÍ LO DIJO
"Cuando el Presidente quería que todo mundo mintiera para que hablaran bien de México, viene el secuestro de Diego Fernández de Cevallos; es la piedrita que derrama el vaso".
Max Morales.
Abogado y especialista en secuestro.
"Si no fue la intención, sí fue lo que se logró: un daño político muy serio. El panista más conspicuo es Diego Fernández de Cevallos... así que si no era un escándalo demoledor para el Presidente, para su gobierno sí".
Jorge Carrillo Olea.
Ex director del Cisen y especialista en seguridad nacional.
Dilma Rousseff: el lulismo sin Lula
Análisis Comicios en Brasil. Una mujer de 63 años compite hoy en primera vuelta de las presidenciales brasileñas como favorita para dar seguimiento al proyecto de Luiz Inácio Lula da Silva. El Brasil de Dilma necesitará crecer a tasas elevadas que permitan al gobierno mantener el crecimiento con distribución del ingreso
Hernán F. Gómez Bruera
(3 octubre 2010).- João Pessoa.- Este 3 de octubre los brasileños irán a comicios para elegir conjuntamente Presidente, autoridades locales, diputados y dos terceras partes del Congreso. Si todo ocurre como prevén las encuestas, Dilma Rousseff alcanzaría poco más del 50 por ciento de los votos válidos sin que sea necesaria una segunda vuelta entre ella, la candidata oficial -abanderada por el PT y otros nueve partidos-, y su competidor más cercano, José Serra -postulado por el PSDB y cinco fuerzas más-.
El triunfo de Rousseff -sea en la primera o en segunda vuelta- no será una gran sorpresa. Comenzó a vislumbrarse entre julio y agosto, a medida que una porción mayor del electorado identificaba su imagen -hasta entonces poco conocida- con la del presidente Lula, aprobado por el 80 por ciento de los brasileños. Lo importante a estas alturas es ver cuál será el arrastre que ese triunfo tendrá en la conformación de una mayoría parlamentaria.
Lo que este domingo mediremos es la fuerza y el tamaño del lulismo, un fenómeno que los analistas en Brasil cada vez diferencian más del petismo. Está claro que Lula (que sigue y seguirá vivo políticamente) excede por mucho a su partido. Lo supera en lo electoral, en lo político y en lo social.
En lo electoral, porque el PT difícilmente alcanza solo el apoyo del 30 por ciento del electorado y en el Congreso no controla más de un 20 por ciento de las diputaciones. En lo político, porque es un fenómeno que ha conseguido aglutinar una coalición de partidos que van de la izquierda al centro-derecha (necesaria para alcanzar la gobernabilidad en uno de los sistemas de partidos más fragmentados del mundo). Y en lo social porque incluye a dos polos totalmente opuestos: los extremadamente pobres y los extremadamente ricos, ambos beneficiados por el gobierno que terminará sus funciones el 1o. de enero de 2011.
El sector de los extremadamente pobres adscribe al lulismo porque éste le ha permitido alcanzar niveles de consumo antes impensables. Ese grupo -que en mayor medida definirá esta elección- nunca se inclinó masivamente por el PT. Su apoyo es clave porque representa un 48 por ciento del electorado. Son hombres y mujeres que perciben menos de dos salarios mínimos e incluso una porción importante nunca antes había recibido ingreso monetario alguno. En su decisión no influye una ideología, sino el salto cualitativo que han visto en su nivel de vida. Se dice que 30 millones de brasileños se han integrado a una clase media baja durante estos ocho años.
Influye, en primer término, el programa Bolsa Familia, que beneficia ya a 13 millones de familias que no alcanzaban a percibir menos de un dólar de ingreso al día y que el próximo gobierno transformará en un más ambicioso Programa de Ingreso Básico; el crecimiento del salario mínimo en un 67 por ciento por encima de la inflación, la creación de 13 millones de empleos; la ampliación del crédito consignado, que ha permitido a millones acceder a empréstitos accesibles o el programa Luz para Todos, que ha llevado energía eléctrica a unos tres millones de hogares en los sitios más remotos del país.
Pero, ¿por qué también los extremadamente ricos adscriben al lulismo? ¿Por qué apoyan la elección de Rousseff? Porque algunos de éstos -como los banqueros o los representantes del agrobussines- también se vieron ampliamente favorecidos. Y es que los cambios en la era Lula se han impulsado sin afectar a los sectores económicamente más poderosos. Porque la agenda del petismo, que planteaba un cambio sustancial en la política económica y reformas estructurales como la agraria -para expropiar tierras improductivas y desconcentrar la propiedad de la tierra- o la tributaria -para tasar a las "grandes fortunas"-, quedó atrás, ya por falta de una mayoría en el parlamento, ya porque el propio Lula optó por no tocar a los poderes fácticos.
Lula y los suyos consideraron, desde 2002, que no podrían gobernar con una oposición sistemática por parte de estos grupos. Incluso consideraron que el éxito de su administración dependería en buena medida de tenerlos de su lado. Siendo aún candidato, Lula firmó un compromiso público (también un acuerdo con el FMI) en el que se comprometía a respetar contratos y mantener la inflación bajo estricto control a partir de un conjunto de medidas de tinte conservador: superávit fiscal, tasas de interés elevadas y tipo de cambio fluctuante. Con una política más ortodoxa que la de su antecesor, Lula conquistó el apoyo del sector financiero, al que prácticamente cedió el control del Banco Central.
Lula pudo hacer un gobierno progresista sin impulsar el programa petista, en parte porque su ambiciosa política social, la valorización del salario mínimo y la inversión pública en infraestructura permitieron incrementar el nivel de consumo popular y fortalecer el mercado interno. Pero en mucho ayudó también el auge de las economías asiáticas -especialmente China- que permitieron a Brasil consolidarse como uno de los principales exportadores de commodities a los mercados de mayor expansión a nivel mundial.
Retos y contradicciones
Pero no cabe duda de que Brasil enfrenta retos que requieren acciones más contundentes. Su Índice de Desarrollo Humano -una ecuación que mide la forma en que el desempeño económico de un país se traduce en beneficios y oportunidades para su población- lo coloca en el lugar
El Brasil de Dilma -o el del lulismo sin Lula presidente- necesitará crecer a tasas elevadas que permitan al gobierno mantener su tan anunciado modelo de "crecimiento con distribución del ingreso". Pero tan importante como eso será pasar, como recientemente afirmó el economista Márcio Pochmann, de las políticas distributivas -donde el factor definitorio es el gasto público- a las políticas redistributivas, donde el elemento fundamental es la recaudación.
Lo primero y más importante es una reforma tributaria que permita, entre otros objetivos, volver progresivo el cobro de impuestos. Es un tema delicado y la propia candidata -que ya se ve como la futura administradora de equilibrios contradictorios- ha sido reacia a hablar del tema durante su campaña. Mal inicio.
Otra importante asignatura que deberá discutir la próxima legislatura es la reforma política que pretende poner orden a la actual indisciplina y fragmentación partidaria, corregir la sobrerrepresentación de ciertos grupos, así como establecer el financiamiento público a los partidos.
Si las fuerzas políticas más importantes de la llamada "Coalición para seguir cambiando", que postula a Rousseff, obtienen una victoria significativa en el Congreso, tal vez sea posible impulsar las reformas estructurales que no han logrado consensos hasta ahora. No será fácil porque, aun cuando ello ocurra, los 10 partidos que conforman esa coalición tienen un perfil ideológico y programático de lo más diverso, en ocasiones contradictorio. Más que un proyecto de nación, los une hoy un proyecto de poder. De Lula y su carisma se han colgado en esta elección toda suerte de políticos oportunistas, incluidos los caciques locales que representan la más vieja política. Antiguos rivales como el ex presidente José Sarney o el efímero Fernando Collor son hoy aliados del lulismo.
Por eso el carácter progresista del próximo gobierno dependerá, en gran medida, de que el PT y los otros tres partidos de izquierda que componen esa coalición (PDT, PSB y PCdoB) logren ampliar sus bancadas en el Congreso y sepan presionar, junto a la sociedad civil y sus organizaciones, para retomar la agenda perdida.
El autor es analista político y candidato a doctor en Desarrollo por el Institute of Development Studies del Reino Unido.
La cultura política
(3 octubre 2010).- Téngalo presente
¿Cómo se harán las campañas políticas en México en 2012? Foro en el que participan Carmen Aristegui, José Woldenberg, Raúl Trejo Delarbre, entre otros. Lunes 4, 16:30 horas. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. CU. Informes: 5622 9470 ext. 1064.
Conferencias
Periodismo insurgente. Miguel Ángel Granados Chapa dentro del ciclo La Academia Mexicana de la Lengua ante los Centenarios de las Revoluciones. Martes 5, 19:00 horas. Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Eje Central y Juárez. Centro Histórico. Informes: 5526 0219 ext. 107.
Héroes e Historia: México 1880-89. David Brading. Martes 5, 13:00 horas. Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20. Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000.
Coloquios
El cambio político en México a 10 años de la alternancia en la Presidencia de la República. Luisa Béjar Algazi, Víctor Manuel Muñoz Patraca, Marcela Bravo Ahuja, entre otros. Lunes 4 y martes 5, 18:00 horas. Sala Fernando Benítez de la FCPyS de la UNAM. Informes: 5622 9470 ext. 1064.
Envejecer en América Latina. Conferencias y mesas de trabajo con especialistas nacionales y extranjeros. Miércoles
Convocatorias
Premio iberoamericano en ciencias sociales. Dirigida a especialistas de instituciones iberoamericanas, cuyos productos de investigación hagan un aporte de calidad a las ciencias sociales. Convocatoria completa: http://bit.ly/cvUEJo.
Exposiciones
Narco. Muestra de 25 esculturas en piedra de Eduardo Olbés, cuya intención es cuestionar y ridiculizar el fenómeno del narcotráfico en México. Galería Central del Museo Universitario del Chopo. Dr. Enrique González Martínez 10, Santa María La Ribera. Informes: 5546 1245.
Prensa y fotografía durante la Revolución Mexicana. Documentos y fotografías de la cobertura periodística de la lucha armada. Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. República de El Salvador 49, Centro Histórico. Informes: 3688 9837.
Foros
México: entre los horizontes de América del Norte y la Unión Europea. Leonardo Curzio, Stephan Sberro, Alejandro Chanona, entre otros. Martes 5, 10:00 horas. Auditorio Mario de la Cueva del Cisan. Torre II de Humanidades, piso 14, Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0010.
Reconocimiento de la diversidad a través de las políticas públicas y reformas legales. Eduardo Guerrero Gutiérrez, María Elisa Velázquez, Javier Hernández Valencia, entre otros. Miércoles 6, 8:30 horas. Museo Franz Mayer. Hidalgo 45. Centro Histórico. Informes: 5518 2266.
Publicidad oficial en América Latina. Adriana Blanco, Eleonora Rabinovich, Ignacio Rodríguez Reyna, Arcelia Becerra, entre otros. Miércoles 6, 16:00 horas. Hotel Imperial, Reforma 64, Juárez. Informes: 1054 6500.
Libros
A la sombra de mi vida de Florence Cassez. Océano. La autora narra el proceso judicial que enfrentó acusada de secuestro, y denuncia corrupción y fabricación de pruebas en su contra.
Basta de historias de Andrés Oppenheimer. Debate. Trabajo periodístico cuya tesis afirma que la solución para los países latinoamericanos es la educación, terreno olvidado por las naciones de esta región.
Jauría. La verdadera historia del secuestro en México de Humberto Padgett. Grijalbo. Investigación en expedientes judiciales, testimonios de víctimas, plagiarios, carceleros y ex funcionarios, que ofrece las claves para comprender este delito.
La Universidad Nacional Autónoma de México de Juan Ramón de la Fuente. Nostra ediciones. En el marco del centenario de la fundación de la UNAM, el autor hace una radiografía de la institución y analiza el papel que debe jugar en el futuro.
Lotería Nacional 240 años. Cachitos de la Historia. Siglo XXI. Episodios históricos en México desde la existencia de la Lotería Nacional, ilustrados con trazos del cartonista Magú.
México 2010. El juicio del siglo editado por María Amparo Casar y Guadalupe González. Taurus. Análisis multidisciplinario de la historia nacional en el último siglo y balance de logros y fracasos mediante seis ensayos. Prólogo de Fernando Escalante Gonzalbo.
México 2010. Hipotecando el futuro editado por Érika Ruiz Sandoval. Taurus. Ocho autores reflexionan sobre el futuro del país, con un enfoque crítico y exigente de lo que falta por hacer.
México ¿a dónde va? de Carlos G. Velasco. Edigráfica. Ensayo histórico que abarca desde el nacimiento del país hasta la actualidad y busca respuestas sobre el rumbo que lleva México.
México: ¿rumbo al Estado fallido? de José Antonio Ortega Sánchez. Planeta. Análisis del origen, mitos y temores de la actual situación de inseguridad en México y la percecpción que se tiene del país en naciones donde se ha llegado a cuestionar la viabilidad del Estado mexicano.
Palabra de Clouthier compilado por Cuauhtémoc Rivera Godínez. Andraval ediciones. Textos publicados por el ex candidato del PAN a la Presidencia, Manuel J. Clouthier, alias Maquío, entre 1982 y 1989, clasificados en tres tomos: El ciudadano, El padre y El empresario.
Rebasados. Las bases ecológicas para un cambio revolucionario de William R. Catton, Jr. Océano. Primera edición en español de la obra que por 30 años ha propuesto un cambio de paradigma para enfrentar la crisis socioecológica.
Presentaciones
Causas económicas, sociales y culturales de las violencias en entornos urbanos. Comparación de hallazgos. Rosa María Rubalcava, Javier Gutiérrez, Héctor Nájera, Clara Jusidman, Nancy Carmona y María Eugenia Suárez. Lunes 4, 17:00 horas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Universidad 1449, Pueblo Axotla. Informes: 5590 8754.
Mexicanidad y esquizofrenia de Agustín Basave. Océano. Sergio Aguayo, José Antonio Crespo, Diego Valadés y el autor. Miércoles 13, 19:00 horas. Museo de la Ciudad de México. Pino Suárez 30, Centro Histórico. Informes: 5279 9000.
Revistas
Nexos. No. 394. Análisis de costos y beneficios de la regularización y la despenalización de algunas drogas en México. Luis González de Alba, Gerardo Esquivel, Alejandro Suverza, Carlos Zamudio, Guillermo Fadanelli, Ana Clavel, entre otros.
Voz y Voto. No. 212. Jorge Alcocer V. advierte sobre las fortalezas y debilidades del IFE a 20 años de su creación y Enrique Carbonell recopila opiniones y tomas de posición respecto al próximo relevo de tres consejeros en el instituto.
Seminarios
Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral. María del Carmen Alanís, Miguel Carbonell, Eugenio Chicas, Javier García Roca, entre otros. Miércoles 6 y el jueves 7 de octubre, 9:00 horas. Auditorio José Luis de la Peza del TEPJF. Carlota Armero 5000, CTM Culhuacán. Informes: http://bit.ly/bdW9Xf y 5722 4000 ext. 4067.
Simposios
Otras voces de la Revolución Mexicana en el entramado México-Estados Unidos. Silvestre Villegas, Charles Chamberlain, Juan Manuel de la Serna, entre otros. Martes 5 y miércoles 6, 9:00 horas. Sala de seminarios del Cisan. Informes: 5623 0010.
Los límites a la observación burocrática. El papel (complejo) de expertos en la medición comparada. Andreas Schedler, Carlos Elizondo Mayer-Serra y Covadonga Meseguer Yebra. Miércoles 6, 13:00 horas. Sala 1 del tercer piso de la biblioteca, CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2137.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245 correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1770
Contubernio 2012
Jenaro Villamil
El guión telenovelero que supone el romance entre Enrique Peña Nieto y su prometida Angélica Rivera no es en absoluto casual: se halla meticulosamente sincronizado con los tiempos del país y se ajusta a un complejo engranaje de ambiciones que tienen nombre: Carlos Salinas de Gortari, Elba Esther Gordillo… Locación emblemática para este show, por el que Televisa se está embolsando cientos de millones de pesos, es el Estado de México, laboratorio-plataforma mediante el cual el gobernador mexiquense busca lanzarse por la Presidencia de la República en 2012. Las armas del priista son el dispendio, las contrarreformas electorales, la frivolidad…
En una acción perfectamente sincronizada, el territorio del Estado de México se convirtió en menos de un mes en el laboratorio del proyecto de sucesión presidencial para 2012 y en plataforma de lanzamiento de Enrique Peña Nieto.
Las redes políticas y mediáticas de los dos principales ejes del proyecto del mandatario mexiquense –el expresidente Carlos Salinas de Gortari y la empresa Televisa– se enlazaron en el tramo más reciente con un solo propósito: proyectar la imagen de Peña Nieto como un “gobernador eficaz”. Al viejo estilo priista, mediante el mayoriteo en el Congreso local y un dictamen fast track se aprobó un paquete de contrarreformas electorales.
En buena medida, las iniciativas se inspiraron en un modelo propuesto por José Córdoba Montoya, el jefe de la Oficina de la Presidencia en tiempos de Carlos Salinas; él fue autor de la tesis de crear “mayorías estables” en los congresos y de eliminar los gobiernos divididos, como destaca el artículo Contra el proporcionalismo, publicado en el diario Reforma el 11 de abril de este año.
En paralelo, a partir de este mes el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), liderado por Elba Esther Gordillo Morales, pondrá en movimiento una auténtica estructura paralela a la del PRI que comprende las 17 mil 500 casillas electorales en todo el territorio mexiquense; incluso el organismo magisterial ya comenzó a recibir apoyos financieros a través del Programa de Apoyo para el Desempeño Académico.
Gordillo Morales negoció su apoyo a Peña Nieto a cambio de que se eliminara del paquete de reformas electorales la cláusula de gobernabilidad para evitar que su partido, el Panal, se quedara sin sus diputados plurinominales. Hoy, el Panal tiene seis diputados en el Congreso mexiquense, dos menos que la bancada del PRD. Los votos de los legisladores del Panal fueron indispensables para lograr la mayoría calificada en la contrarreforma electoral de Peña Nieto.
Al igual que Salinas, Gordillo coqueteó con la posibilidad de apoyar al empresario Carlos Hank Rhon como candidato a la gubernatura del Estado de México en 2011. Su propósito: lograr mejores condiciones de negociación con Peña Nieto, según confirmaron a Proceso distintas fuentes.
A principios de septiembre, incluso un representante del Panal asistió a una reunión de apoyo a Hank Rhon. El día 8 de ese mes, Milenio diario informó que el líder estatal del PAN, Octavio Germán, apoyaría la nominación del empresario e hijo de Carlos Hank González, el otrora hombre fuerte de la política del Estado de México.
Las redes de Salinas y Televisa
En la entidad son varios los que afirman que el verdadero candidato del expresidente Salinas de Gortari para suceder a Peña Nieto es Luis Videgaray Caso, exsecretario de Finanzas y actual presidente de la Comisión de Presupuesto en la LIX Legislatura federal.
De acuerdo con ese escenario, Videgaray se confrontaría con Ernesto Nemer, líder de la mayoría de 39 legisladores priistas mexiquenses, y con Alfredo del Mazo Maza, heredero de la dinastía de exgobernadores y actual alcalde de Huixquilucan.
Apadrinado por la mayoría de los mandatarios con los que ha trabajado: Emilio Chuayfett, César Camacho y Arturo Montiel, Nemer representa a la clase política de “los tolucos”, como se conoce a los cuadros institucionales del priismo estatal. Está casado con Carolina Monroy del Mazo, actual secretaria de Desarrollo Económico y prima de Alfredo del Mazo Maza, heredero de la dinastía del Grupo Atlacomulco que ha gobernado la entidad desde los años cuarenta.
A su vez, Videgaray forma parte de la generación de los llamados Golden Boys que llegó al Estado de México durante la administración de Arturo Montiel; trabajó bajo las órdenes de Pedro Aspe, secretario de Hacienda durantre el sexenio salinista, en la consultora Protego. De ahí pasó a la dirección de Finanzas Públicas Estatales y más tarde a la Secretaría de Finanzas del gobierno local, en la administración de Peña Nieto. Él fue el responsable de la reestructuración de la deuda pública del Estado de México. (Proceso, Edición Especial 30).
Videgaray cuenta con el respaldo de Carlos Salinas y del consorcio Televisa, en el cual su exjefe Aspe es miembro del Consejo de Administración. Aspe fue el artífice de la creación de la empresa de aviación comercial de bajo costo Volaris, donde el corporativo de Emilio Azcárraga Jean participó con 25% de las acciones.
Salinas y Televisa apuntalan la Iniciativa 2012 para apoyar a Peña Nieto, siempre y cuando el mandatario les garantice el triunfo del PRI en las elecciones estatales de 2011.
“Lo que está en juego no es la gubernatura, es el proyecto presidencial de
“Resolver el problema de 2011 es el gran obstáculo para Peña Nieto. Su paquete de contrarreforma electoral fue un claro mensaje a la oligarquía de que él puede encabezar un ‘Estado eficaz’, en contra de la tesis del ‘Estado fallido’”, abunda Moreno.
Aun cuando Peña Nieto pudo conjurar la posibilidad de una candidatura común del PAN y del PRD para 2011, no midió la posibilidad de una movilización social en su estado, protagonizada por Andrés Manuel López Obrador.
En los últimos días, el tabasqueño manifestó su oposición a la alianza electoral PAN-PRD, incluso comenzó una gira que incluye una visita a los 125 municipios de la entidad. López Obrador suele presentar una fotografía en la que se observa al mandatario mexiquense abrazado del expresidente Carlos Salinas. Con ello, López Obrador adelanta la disputa por la sucesión de 2012.
Las encuestas recientes colocan a Peña Nieto y a López Obrador como las principales figuras para 2012. En su sondeo del 18 de septiembre, Consulta Mitofsky, vinculada a Televisa, otorgaba 51% de las preferencias a Peña Nieto; 16% a López Obrador, y 15% al senador panista Santiago Creel.
Conjurada la posibilidad de una alianza PAN-PRD, López Obrador ha movilizado a grupos perredistas para que apoyen a Alejandro Encinas como candidato a gobernador para 2011.
Y aun cuando el candidato del PAN todavía no se define, en Los Pinos se inclinan por Luis Felipe Bravo Mena, secretario privado del presidente Felipe Calderón; el senador Ulises Ramírez también figura como aspirante.
La contrarreforma electoral
Peña Nieto hizo su primera demostración de fuerza poco después de su quinto informe de gobierno, el 8 de septiembre. Ese día su secretario general de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, promovió un paquete de seis iniciativas para modificar la Constitución estatal y la ley electoral mexiquense.
Con una velocidad inusitada, Peña Nieto logró, a través del PRI, PVEM, Convergencia y Panal, la aprobación del paquete de “contrarreforma electoral”, bautizado en la prensa como la Ley Peña Nieto.
Dos de ellas son de índole constitucional y están encaminadas a cancelar las candidaturas comunes. Su propósito es conjurar una probable alianza PAN-PRD y disminuir de
Las otras cuatro reformas ordenan recortar 10% el financiamiento público a los partidos; aumentar al doble el porcentaje de ciudadanos insaculados por cada sección electoral y modificar el Organo Técnico de Fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México, acrecentando la opacidad en ese organismo.
Como en los viejos tiempos del PRI, las reformas fast track se dictaminaron el 12 de septiembre y se aprobaron dos días después con 52 votos (39 del PRI, seis del Panal, tres del Partido Verde, tres de Convergencia y uno del PSD) y 21 en contra del PAN, PRD y PT.
Durante la sesión, los diputados opositores llevaron féretros a la sesión del Congreso para simbolizar “la muerte de la democracia”; incluso repartieron tamales “como en todo buen funeral”.
Sin importar esa airada reacción, Peña Nieto promulgó el 24 de septiembre las reformas y adujo que las alianzas no estaban canceladas. Videgaray fue el primero en salir al quite. En su twitter advirtió que en Guanajuato, controlado por el PAN, se aprobaron reformas similares.
La discusión llegó ruidosamente al recinto de San Lázaro y al Senado. En esta instancia, a propuesta del PAN, se votó el 23 de septiembre la posibilidad de que la Junta de Coordinación Política analizara la formación de una comisión especial de seguimiento al proceso electoral del Estado de México. Hubo 59 votos a favor y 28 en contra.
Los senadores del PVEM Arturo Escobar y Manuel Velasco trataron de vetar la propuesta de punto de acuerdo. Velasco comentó que en el Estado de México panistas y perredistas “están utilizando un discurso de sucesión adelantada”; también les reprochó que hubieran aprobado el punto de acuerdo “denigrando al gobernador (Peña Nieto)”.
La Junta de Coordinación Política del Senado decidió ese 23 de septiembre aplazar una semana la decisión de si formaban dicha comisión. PAN y PRD anunciaron que interpondrán recursos de anticonstitucionalidad contra la llamada Ley Peña Nieto.
Televisa al quite
El 24 de septiembre, cuando arreciaban las críticas en el Senado y la Cámara de Diputados contra el gobernador mexiquense, la revista Caras de Televisa publicó un publirreportaje sobre la boda de Peña Nieto con la actriz Angélica Rivera. El material ocupa 24 páginas e incluye fotos de la pareja, así como la fecha del enlace religioso: 27 de noviembre.
Televisa salió una vez más al quite de su cliente consentido. Gracias a Caras, el romance de Peña Nieto y La Gaviota volvió a ser mencionado en programas de espectáculos del consorcio.
Apenas un mes antes, Peña Nieto gastó 92 millones de pesos en los canales de Televisa para difundir un spot de 43 segundos, en la víspera de su quinto informe de gobierno, así como los anuncios de “los 600 compromisos cumplidos” (Proceso 1766).
La batuta de Televisa se dejó sentir desde la ceremonia del 5 de septiembre en el teatro Morelos. El vicepresidente de Comercialización del corporativo y accionista de la empresa TV Promo, Alejandro Quintero, junto con el productor Pedro Torres, socio de la firma The Mates Group, también vinculada al “canal de las estrellas”, fueron los encargados del montaje y del guión del quinto informe de gobierno.
Los productores de Televisa desplazaron a los responsables de la Televisión Mexiquense. Dos días antes del informe, una unidad móvil con 16 cámaras, dos grúas y un teleprompter de la empresa arribaron al teatro Morelos para que Peña Nieto pudiera leer de manera fluida el discurso.
En su mensaje central, el gobernador mexiquense advirtió que una posible alianza PAN-PRD para los comicios locales de 2011 puede constituir una amenaza mayor del crimen organizado.
El equipo de Alejandro Quintero y TV Promo no sólo asesora a Peña Nieto para desviar la atención con el romance y la futura boda eclesiástica con la actriz Angélica Rivera, también puso a su disposición toda la mercadotecnia para apuntalar la figura del priista en las encuestas.
Versiones recabadas entre las propias empresas de consultoría y mercadotecnia señalan que, a través de Quintero, Televisa ha unificado a las principales encuestadoras para colocar a Peña Nieto por arriba del índice de aceptación de 50%.
Entre esas encuestadoras están GEA-ISA y el Grupo de Comunicación Estratégica, dirigida por el exsecretario particular de Ernesto Zedillo, Liébano Sáenz, y el coahuilense Federico Berrueto.
Reforma y la empresa Demotecnia, de María de las Heras, se salieron de ese “consenso”. El 24 de mayo incluso declaró al periódico español El País que Peña Nieto tuvo una fuerte caída a raíz del caso Paulette.
A la pregunta de “después de ver cómo manejó la procuraduría estatal el asunto de la niña Paulette, ¿su opinión sobre el gobernador Enrique Peña Nieto es mejor o peor?”, 45% contestó que peor y 12% “igual de mala”.
Dos meses antes, De las Heras rompió de manera abrupta con Milenio diario, cuando le ordenaron compartir el espacio con la encuestadora de Sáenz y Berrueto. En una carta difundida el 16 de marzo, De las Heras afirmó que se negaba a trabajar con Liébano Saénz, “cuyo profesionalismo y capacidad para realizar estudios demoscópicos he puesto en entredicho públicamente”.
Sáenz se reúne con frecuencia en las oficinas de Alejandro Quintero, en Televisa, y en sus colaboraciones en Milenio diario insiste en que es irrefrenable el avance de Peña Nieto rumbo a 2012.
Su sondeo difundido el 25 de agosto daba al priista mexiquense una preferencia de 50.7% frente a 14% del panista Santiago Creel y 10.3% del perredista Ebrard. Si López Obrador fuera el candidato, Peña Nieto ganaría con 53.9%, mientras que López Obrador tendría sólo 9.8%.
Días después, el 29 de agosto, el periódico Reforma publicó otra encuesta que contrastó con las cifras de Gabinete de Comunicación y Estrategia (GCE): Peña Nieto tenía 43% de preferencias (casi siete puntos por debajo de la mayoría de las encuestadoras), López Obrador 24% y Creel 15%.
Boda de pantalla
Jenaro Villamil
Con un despliegue de 25 páginas a todo color, con fotos de sus hijos y de ambos posando, Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera aparecen en la última edición de la revista Caras, propiedad de Editorial Televisa, para anunciar su próximo enlace matrimonial el 27 de noviembre y negar que su amor se trate sólo de un spot o de un reality emotional.
Con la difusión de esta entrevista, Peña Nieto vuelve a utilizar su vida privada para desviar la polémica mediática generada ante las reformas electorales en el Estado de México, que representan un retroceso democrático de dos décadas.
En el segundo párrafo del publirreportaje se pretende desmentir lo que ha ganado terreno en la percepción pública: que esta relación forma parte del montaje publicitario para “vender” una imagen adecuada para un precandidato presidencial sin luces propias ni mucha trayectoria.
“Como figuras públicas que son, mucho se ha dicho acerca de su romance de dos años. Comentarios desde que es estrategia de mercadotecnia para hacer una precampaña presidencial para 2012, que la relación es un montaje, que obligan a sus hijos a aparentar que se quieren y que todo es idea de Televisa, son algunos de los argumentos sin fundamentos que han circulado en los medios de comunicación en relación con su romance”, advierte la nota firmada por Lucía Alarcón Zamacona.
Sin embargo, las incongruencias son claras en la “versión rosa” de una relación que debería estar en el ámbito privado, pero que tanto Peña Nieto como Televisa y Angélica Rivera han insistido en ventilar como si fuera un asunto digno de los paparazzi.
En Caras, Angélica Rivera y Peña Nieto dan una versión distinta a la que promovieron en la revista Hola!, en su edición del 30 de diciembre de 2009. En ambas aparecen como pareja de portada y promoviendo el único tema que se les viene en mente: su futura boda.
El texto del publirreportaje de Hola! (donde pagaron 12 páginas para difundir la visita de Peña Nieto y Rivera al Vaticano y su “boda inminente” en diciembre de 2009) relata esta versión de su romance:
“Superados los momentos difíciles y con los papeles que la declaraban soltera de nuevo en la mano, Angélica encontró un año más tarde nuevamente el amor en el atractivo político Enrique Peña Nieto, cuando él la buscó para que fuera la imagen de la campaña del Estado de México ‘Los 300 Compromisos Cumplidos’. Así se conocieron y, poco después, se enamoraron.”
En Caras, Rivera relata que así fue su incorporación al proyecto publicitario de Peña Nieto:
“Pasaron como dos años, me puse a trabajar, terminé la telenovela Destilando amor y, de repente, me hablaron para que fuera la comunicadora del Estado de México. Todo fue muy rápido, me llamaron de Televisa porque querían que estuviera en el proyecto; ‘hola, con mucho gusto’, se va a hacer esto, y hasta ahí quedó. Hice los comerciales y la comunicación; y nos fue muy bien; él me habló por teléfono para darme las gracias y para invitarme a cenar.”
Las contradicciones se relacionan con una historia poco conocida: el artífice del “flechazo” entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto fue Manuel Cavazos Melo, experto en cabildeo y relaciones públicas, amigo del publicista Juan Carlos Limón, propietario de la empresa ByPower, quien trabaja para el mandatario mexiquense desde el inicio de su gobierno.
Por recomendación de Cavazos Melo, Angélica Rivera acudió en abril de
Meses antes, Limón trabajó de cerca con Yessica de la Madrid, la joven responsabilizada del proyecto publicitario que la empresa TV Promo, de Alejandro Quintero, pactó desde octubre de 2005 con Peña Nieto. TV Promo es una de las “empresas pantalla” que trabajan en sintonía con Televisa para los millonarios convenios de publicidad y de asesoría mediática. Tan sólo con Peña Nieto se calcula que, a través de TV Promo, Televisa ha cobrado más de 3 mil 500 millones de pesos.
Yessica de la Madrid tuvo un polémico romance con el mandatario y se retiró del Estado de México para salvar el “proyecto” publicitario con miras a la sucesión presidencial del 2012.
Al enterarse de que La Gaviota llegó por su lado a contactar a Peña Nieto, Televisa alegó que Angélica Rivera tenía un “contrato de exclusividad” con la empresa, por tanto, ellos son dueños de su imagen y, si conviene, de sus relaciones amorosas, especialmente si se trata del gobernador priista, principal cliente de la televisora.
El “cupido” de Rivera y Peña Nieto, Manuel Cavazos Melo, es hijo de Manuel Cavazos Azcárraga, emparentado en tercer grado con Emilio Azcárraga Jean. En ByPower se desempeñó como director de Relaciones Gubernamentales. El exprocurador Alberto Bazbaz, de triste memoria tras el caso de la niña Paulette, lo designó como director general de Coordinación Institucional.
Los promotores del romance entre la actriz y el gobernador aclaran que desde mayo de 2009 el presbítero Alberto Pacheco Escobedo anuló el enlace religioso entre Angélica Rivera y el productor José Alberto El Güero Castro, permitiendo así que La Gaviota y Peña Nieto puedan presumir, ante un altar católico y con el aval de los obispos del Estado de México, el “evento del año”, en Toluca. l
El factor Peña Nieto trastorna a la izquierda
Rosalía Vergara
Los resultados que obtengan los candidatos del PRD en los comicios del próximo año en el Estado de México serán determinantes para que ese partido aclare a quién lanzará para las elecciones presidenciales de 2012, señalan Horacio Duarte, uno de los aspirantes a la gubernatura mexiquense por ese partido, su colega Higinio Martínez y el petista Óscar González.
Entre las corrientes del PRD, y aun en el PT y Convergencia, con los que suele aliarse el perredismo, hay dos proyectos para el futuro mediato: el que encabezan Andrés Manuel López Obrador, PT, Convergencia, y el de la corriente Nueva Izquierda que controlan Los Chuchos a nivel nacional.
Y si bien ambos buscan frenar al PRI en sus afanes de recuperar la Presidencia de la República, según los entrevistados, sus estrategias políticas son diametralmente opuestas. López Obrador y sus seguidores, por ejemplo, aspiran a unificar a las izquierdas perredista, petista y convergente; Los Chuchos buscan aliarse con el Partido Acción Nacional (PAN) para impedir que Enrique Peña Nieto llegue a Los Pinos en 2012.
Para el petista González apoyar al PAN “tendría un enorme costo político”. Arguye: “Aun cuando resulta atractivo ganarle a Peña Nieto, es mejor hacerlo por la izquierda. Habrá quien diga que la izquierda sola no da para ganarle, pero lo que tenemos que hacer es precisamente vencer las inercias, buscar la unidad”.
Por ello, insiste, los comicios de julio de 2011 en el Estado de México serán la prueba para determinar la estrategia de la izquierda para 2012. Incluso, comenta, el PT ha hablado al respecto con el coordinador del Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia), Manuel Camacho Solís.
“Todos coincidimos que (la elección de 2011 en el Estado de México) es la gran oportunidad para detener a Peña Nieto, la pregunta es: ¿de qué manera?”, dice González. Y critica a Los Chuchos: “La alianza con el PAN tendría un alto costo para
Duarte va más allá. Asegura que la alianza con la derecha busca frenar al gobernador mexiquense y al mismo López Obrador, quien ya hizo públicas sus aspiraciones presidenciales.
“A mí me llama la atención que los aliancistas digan que (su estrategia) es contra Peña Nieto, cuando en realidad es contra él y contra López Obrador, los dos aspirantes mejor posicionados hasta ahora.”
E insiste: “Lo curioso es que los enemigos de Andrés Manuel al interior del PRD y los panistas se juntan, no para pegarle a Peña Nieto, sino a los dos. Quieren subir a los que están en tercero o cuarto lugar de las preferencias electorales, que incluso puede ser un panista. En ese sentido me parece clara su intención de debilitar a los dos punteros. Por eso se juntan, por eso se unen”.
–¿Cree usted que si se logra la alianza con el PAN se cumplirá lo dicho por Andrés Manuel de que Los Chuchos se quedarán sólo con el cascarón del partido?
–Yo espero que no se queden ni con el cascarón; espero que podamos mantener al PRD en la izquierda, que el partido siga siendo un instrumento de los ciudadanos.
Divide y vencerás
El pasado 30 de septiembre, el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso mexiquense, Óscar Sánchez Juárez, adelantó que este domingo 3 el Consejo Estatal del partido sesionará en Tlalnepantla para definir si va en alianza con el PRD.
La dirigencia estatal del partido todavía no define su postura, aunque Higinio Martínez lleva tiempo diciendo que esa alianza está más que perfilada; incluso invitó al dirigente nacional, Jesús Ortega, a seguir los pasos de la senadora por Tlaxcala, Minerva Hernández, quien el pasado 27 de septiembre abandonó las filas del PRD después de 12 años de militancia y se pasó al PAN.
El diputado federal Rosendo Marín, coordinador de Izquierda Democrática del Estado de México (IDEM), asegura que la alianza con el panismo para los comicios del próximo año podría definirse a mediados de noviembre, cuando López Obrador termine su gira por la entidad.
Mientras, comienzan a barajarse los nombres de los posibles candidatos: Marín impulsa a Alejandro Encinas, quien es el coordinador de los diputados del PRD en San Lázaro.
Higinio Martínez, diputado en la LII Legislatura mexiquense, senador y candidato a gobernador, y alcalde de Texcoco (2003–2006), apoya a Horacio Duarte, oriundo de ese municipio y defensor de López Obrador durante el proceso de desafuero de 2006, cuando se desempeñaba como representante del PRD ante esa instancia electoral.
También se menciona a la senadora perredista Yeidckol Polevnsky, quien ya compitió por la gubernatura en 2006, pero perdió ante el priista Enrique Peña Nieto; al petista Óscar González, quien adelanta a Proceso que se someterá a los designios de la izquierda y a las necesidades de los mexiquenses, y Héctor Bautista, dirigente de Nueva Izquierda en el Estado de México. Él es el único que no se ha subido al templete con López Obrador ni se ha pronunciado sobre la posible alianza PRD-PAN.
A principios de septiembre, el Congreso del Estado de México aprobó la desaparición de la ley de la figura de candidaturas comunes para las elecciones a gobernador en 2011, con lo que intenta cerrar el camino a las alianzas entre el PRD y el PAN.
Por ahora, los perredistas están dedicados a detener la llamada Ley Peña Nieto, aprobada el mes pasado por los legisladores mexiquenses del PRI, PVEM, Panal, Partido Social Demócrata y Convergencia; lo mismo intenta la dirigencia nacional de Convergencia, que incluso interpondrá una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante su gira por el Estado de México, López Obrador arremete contra la dirigencia nacional del PRD por su acercamiento al PAN, partido que, dice, le robó la Presidencia de la República en 2006. En Jiquilpan, donde inició su recorrido el 23 de septiembre, el tabasqueño fustigó a la dirigencia perredista: “Mejor que se quiten la careta y se vayan a afiliar al PAN”.
E insistió en que sólo apoyará a un candidato emanado de la izquierda. Y advirtió que si la cúpula del partido decide otra cosa, apoyará sólo al PT y dejará al perredismo “con su cascarón”: “Se necesitaría no tener vergüenza para aliarse con quien nos robó la Presidencia. ¡Al carajo con esa alianza!”, comentó.
En julio pasado, el coordinador del Dia, Manuel Camacho Solís, declaró a este semanario que si las alianzas con el PAN funcionan, como sucedió en los comicios recientes de Oaxaca, Puebla y Sinaloa, “se aplicará esta fórmula en el Estado de México”.
–¿Qué les espera a los ciudadanos ante esta nueva realidad?
–Esperar el milagro de que se gobierne bien (Proceso 1758).
El 5 de julio último, cuando la secretaria de Acción Política del PRD, Socorro Ceseñas, presentó el balance electoral del partido, aseguró que la alianza entre la derecha y la izquierda será aplicada en el Estado de México en 2011.
Señaló que en Oaxaca, Puebla y Sinaloa se reportaron 6 millones de votos que podrían repetirse en la elección presidencial de 2012. Porque aun cuando los partidos son ideológicamente distintos, signaron programas de gobierno que están registrados en los órganos electorales.
Y sentenció: “Cuando la izquierda se divide, nos va mal”, en alusión a los comicios de 2009 en el Estado de México, cuando el PRD compitió solo y perdió los municipios más grandes.
Para el dirigente del PRD en la Ciudad de México, Manuel Oropeza Morales, en este proceso electoral la izquierda quedó desfigurada porque quienes ganaron en Oaxaca, Sinaloa y Puebla ni siquiera son perredistas. Peor aún, el PRD perdió la gubernatura de Zacatecas que gobernó durante 12 años. Estas alianzas, insistió Oropeza, están orillando al perredismo a competir en un bipartidismo entre el PRI y el PAN.
Horacio Duarte insiste: en las entidades donde el PRD se alió con la derecha no tuvo crecimiento electoral: “Lo que sí es real es que fue una derrota de ciertos caciques del PRI; pero el que más se fortaleció fue el PAN”. Y el petista Óscar González dice que su partido impulsará la alianza con el Día.
Higinio Martínez, a su vez, insiste en la necesidad de definir ya al candidato de la izquierda; se puede ganar en el Estado de México con un proyecto de izquierda. Con el PAN, por el contrario, sostiene, el perredismo quedaría muy disminuido.
También recuerda a Jesús Ortega que ha Habido muchos errores de Nueva Izquierda en la conducción del PRD: “Ya deberían irse. Jesús Ortega debería tomar una decisión y propiciar el relevo institucional, debe dejar a un lado su política puesto que no está ayudando en nada al partido”. l
Tijuana: la guerra ya regresó
Ricardo Ravelo
Los signos del “calentamiento” de la plaza de Tijuana son inequívocos. Los últimos decomisos de armamento en Baja California indican que la guerra entre los cárteles de Sinaloa y de Tijuana, ambos muy recuperados, viene fuerte. Y aunque las autoridades conocen la situación, no parecen preparadas para enfrentar un eventual estallido violento con una policía infiltrada y contingentes militares señalados por su presunta colaboración con los narcos.
TIJUANA, BC.- Encabezado por Fernando Sánchez Arellano, miembro de la dinastía Arellano Félix, el cártel de Tijuana está recobrando territorios y mercados que había perdido en esta entidad.
Para ello se vale de matanzas, secuestros y una oferta masiva de drogas que ya colocan al estado entre los más descompuestos por la violencia, el alto consumo de enervantes y la corrupción de la Policía Ministerial, convertida en brazo armado de los grupos criminales.
Y si bien en los últimos tres años la violencia en esta ciudad no ha llegado al máximo nivel –las ejecuciones en sitios públicos han disminuido–, lo cierto es que los homicidios siguen a la alza y el secuestro ha repuntado porque las células del narcotráfico ahora levantan y plagian a todo tipo de comerciantes, sean abarroteros, taqueros o vendedores ambulantes.
Personas que viven en esta ciudad reconocen que la violencia ha disminuido, pero indican que sigue habiendo muertos, decapitados, secuestros y tiroteos de los que no llega a saberse nada en el centro del país. En sectores de la sociedad tijuanense impera la sospecha de que hay un tipo de pacto entre el gobierno del estado, la cúpula empresarial y los medios de comunicación para que no se conozcan esos hechos.
“Lo que viene es lo peor”, afirma Alberto Capella Ibarra, expresidente del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y advierte que debido al alto índice delictivo y al crecimiento de la plaza ya se da como un hecho que Tijuana enfrentará “un calentamiento” similar al de Ciudad Juárez, pues Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, jefe del cártel de Sinaloa, parece decidido a tomar el control del estado cuando termine su confrontación en Chihuahua.
–¿Para cuándo se prevé la irrupción de El Chapo en Baja California? –se le pregunta al exfuncionario estatal, que en 2007 sobrevivió a un tiroteo con narcos en su
residencia.
–Quizá para cuando termine el año o a principios de 2011. De lo que no hay duda es que viene la guerra por esta plaza.
Ya se perciben signos de ese previsible conflicto: en varias comunidades de Baja California el Ejército ha decomisado armas de alto poder, entre éstas fusiles Barret calibre .50 y granadas.
Aunque eventuales, esos aseguramientos no pasan inadvertidos para el general Alfonso Duarte, comandante de la II Zona Militar, quien ha dicho públicamente que la guerra se acerca a Tijuana y que ese tipo de armas es una prueba del poder de los cárteles que pretenden ocupar la plaza.
No faltan los desafíos a la autoridad. El 12 de septiembre, por ejemplo, aparecieron dos cuerpos masculinos decapitados en la calle Chiapas de la colonia Lagunitas, en la zona conocida como El Tecolote.
Las cabezas estaban aparte, cubiertas con cinta adhesiva. Un cadáver llevaba camisa café, pantalón negro y tenía las manos atadas por detrás. El otro vestía una chamarra verde, camisa azul a cuadros y pantalón de mezclilla. Hasta el 14 de septiembre las autoridades no habían identificado a ninguno.
Uno de los muertos tenía en sus manos una cartulina amarilla fosforescente en la que se leía un narcomensaje (“No hemos matado más gente porque no queremos”) dirigido al teniente coronel Julián Leyzaola, secretario de Seguridad Pública Municipal, quien varias veces ha dicho que en Tijuana han disminuido las ejecuciones gracias al trabajo de la Policía Municipal.
Tijuana, Mexicali, Tecate
Aunque en Tijuana no se recuerdan ejecuciones de alto impacto como las que dieron fama a los hermanos Benjamín y Ramón Arellano Félix –que las convirtieron en su sello–, los asesinatos siguen siendo frecuentes. Muchos de ellos fueron atribuidos a Teodoro García Simental, El Teo, operador de El Chapo Guzmán y confrontado con Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero o El Alineador, miembro del clan Arellano Félix.
La Policía Federal detuvo sin violencia a El Teo el 12 de enero pasado en el fraccionamiento Fidepaz, en La Paz, Baja California. Casi un mes después, el 8 de febrero, fueron capturados su hermano José Manuel, El Chiquilín, y su socio Raycel López Uriarte, El Muletas. Entonces se difundió que todos ellos eran operadores del cártel de Sinaloa, aunque ahora corren versiones de que se les detuvo porque en realidad trabajaban para los hermanos Beltrán Leyva.
La caída de esos sicarios no detuvo la violencia; por el contrario, ésta se afianzó en todos los territorios bajacalifornianos y se enfocó hacia las redes de narcomenudeo que se disputan calles, cuadras y manzanas. Esos mismos grupos encuentran en los secuestros, homicidios y extorsiones una fuente de financiamiento para mantenerse firmes en el negocio de las drogas.
Para la Procuraduría General de la República (PGR), el cártel de Tijuana está mermado, aunque sus raíces, extendidas durante más de 20 años, le permiten permanecer incólume en su estructura financiera, cuyo manejo se le atribuye a una mujer a menudo descrita como calculadora y de mirada fría: Enedina Arellano Félix, contadora pública de profesión, a quien aquí ya se le llama La Jefa.
Fernando Sánchez Arellano, jefe del ala operativa del cártel de Tijuana, tiene menos de 35 años y es hijo de Alicia Arellano y sobrino de Enedina. El llamado Alineador tiene varios operadores en el estado: en Ensenada, según datos de la PGR, su principal socio es Héctor Guajardo Hernández, El Güicho, quien también controla demarcaciones como Sánchez Taboada, La Gloria, La Presa y lo que se conoce como El Corredor 2000, donde se ha perpetrado la mayoría de los secuestros de comerciantes.
Según fuentes federales, El Güicho también tiene una intensa actividad en el tráfico de personas, otra de las “divisiones comerciales” del cártel de Tijuana. La de Rosarito a San Diego es su ruta más boyante. Se afirma que Guajardo Hernández cobra entre 4 mil y 7 mil dólares por cada indocumentado que otra mafia, la de los polleros, cruza a territorio estadunidense.
La captura de los hermanos Teodoro y José Manuel García Simental no exterminó al grupo delictivo. Sergio Daniel, hermano de ambos, ahora trabaja con el cártel de Tijuana y está bajo las órdenes de Guajardo Hernández, aunque abocado a otra actividad: los secuestros en Ensenada y Rosarito.
Otro de los operadores de El Ingeniero, de acuerdo con la información consultada por este semanario, es Armando Villarreal, El Gordo Villarreal, quien está afincado en Guadalajara –donde el cártel de Tijuana tiene una sucursal– y es el encargado de contactar los cargamentos de droga que arriban al Pacífico por las costas de Jalisco para luego ser embarcadas hacia Tijuana.
Expolicía avezado en el arte de matar, según se detalla en su ficha criminal, Enrique Forquera Guerrero es considerado otra pieza del cártel de Tijuana y sustituyó a otro personaje tan sanguinario como él: Jorge Briceño López, El Cholo, a quien se le achaca la ejecución del conductor de televisión Francisco Stanley, supuestamente ordenada por los Arellano Félix.
La competencia
El cártel de Tijuana ejerce el más férreo control del tráfico de drogas y de otras actividades delictivas en la ciudad de la que toma su nombre, no así en el resto del territorio que antes fue como de su propiedad, puesto que en Mexicali, por ejemplo, ya se le atribuye el predominio a El Chapo Guzmán.
La presencia de la organización de Guzmán Loera en Mexicali data de finales de los ochenta, cuando Miguel Ángel Félix Gallardo, capo de capos, repartió el territorio y le asignó esa ciudad a El Chapo. Organismos de inteligencia mexicanos, y estadunidenses como la DEA, señalan que tras su fuga del penal de Puente Grande, Jalisco, en 2001, Guzmán Loera se propuso recuperar sus territorios. Y tuvo éxito.
Su fuerte presencia se confirma porque no sólo trafica con drogas, sino que ha incursionado de lleno en los secuestros a través de la banda de Los Garibay, muy conocida en Mexicali por sus ligas con el capo sinaloense y que por años estuvo encabezada por Manuel Garibay, detenido el pasado 25 de junio.
Este cabecilla era versátil en las actividades delictivas, operaba los secuestros y al mismo tiempo era un importante enlace del Chapo Guzmán con los proveedores colombianos para traer la droga a México a través del Caribe y del Pacífico. Una vez que la cocaína llegaba a Baja California, El Chapo, conocedor de ese territorio, cruzaba los embarques a través de narcotúneles. En los últimos 10 años las autoridades han hallado una decena de éstos, algunos en construcción y otros en uso, muy bien equipados con elevadores y maquinaria para barrenar.
A diferencia de Tijuana y Mexicali, en Tecate, otra plaza importante, los Arellano Félix comparten el territorio con las células del cártel de Sinaloa. Ambos grupos tenían protección de elementos del Ejército, según datos publicados por los periódicos El Mexicano y Frontera.
La prensa local ha publicado que ambos cárteles corrompieron a los miembros de un retén conocido como Centinela, integrado en su mayor parte por militares que les permitían a los cabecillas de las dos bandas pasar droga e indocumentados. Al descubrirse el hecho, dos mujeres con rango de subtenientes fueron arraigadas.
Otras zonas donde se afirma que Guzmán Loera tiene una fuerte presencia son Rosarito, Sierra de Juárez (localizada en Mexicali y famosa por sus amplios sembradíos de mariguana) y el área metropolitana de Tijuana.
Pero los cárteles de Tijuana y de Sinaloa no son los únicos: en las ciudades mencionadas también se destaca la presencia de miembros de La Familia michoacana, la organización criminal que más ha crecido en los últimos cinco años y que ya controla por lo menos 10 estados del país, entre otros Michoacán, Guerrero, el Estado de México y Jalisco.
No obstante que el territorio parece repartido en tres cárteles, el abogado consultor Alberto Capella, experto en temas de seguridad pública, afirma que dispone de información suficiente para afirmar que El Chapo Guzmán arremeterá fuerte en Baja California, tanto que se espera que la violencia aquí alcance los niveles de Ciudad Juárez.
Algunos datos parecen apoyar la hipótesis de Capella. Hace dos meses, en el rancho Las Tinajas del poblado Lázaro Cárdenas, de Ensenada, efectivos del Ejército aseguraron un lanzagranadas y una Barret calibre .50. Luego, mediante trabajo de inteligencia, militares adscritos a la segunda región confirmaron que el sitio del decomiso es un campo de entrenamiento del cártel de Sinaloa.
Descubrieron además que personal al parecer de formación militar entrena a los sicarios de esa organización delictiva, y las fuentes consultadas por Proceso no descartan que ya esté en marcha el plan para tomar el control total de la plaza.
Esas mismas fuentes, que solicitaron el anonimato, también afirman –y en esto coinciden con Capella– que el golpe definitivo de Guzmán Loera se dará posiblemente en noviembre próximo, cuando concluya la administración del alcalde panista Jorge Ramos.
El brazo policiaco
La histórica vinculación de la Policía Ministerial de Tijuana con el narcotráfico tiene un nuevo episodio: los elementos entrenados y presentados como los nuevos rostros de la seguridad terminaron ligados al tráfico de drogas, a los secuestros y asesinatos ordenados por el cártel de Tijuana.
En noviembre de 2006, Baja California fue el segundo estado, después de Michoacán, donde el Ejército puso en marcha el Operativo Conjunto para desarticular las redes de narcotráfico. Uno de sus primeros golpes fue desarmar a la policía de Tijuana y concentrarla, hecho que indignó el entonces alcalde tijuanense Jorge Hank Rhon, señalado como una pieza clave en el organigrama de la mafia local.
El proyecto fracasó, pues cientos de policías terminaron incorporados de tiempo completo al cártel de Tijuana y, según reconocen las autoridades, en lo que va de 2010 se han cometido 550 asesinatos y unos 50 secuestros. Según las mismas fuentes, los distribuidores de drogas también utilizan sus redes para plagiar a polleros, pequeños comerciantes y sexoservidoras. “Por esa razón los secuestros no trascienden, y es que, como se puede analizar, ya no se llevan a los grandes empresarios, sino a personas de muy bajo perfil”.
Además, en las redes de vendedores se ha detectado incluso la participación de menores de edad. El 9 de septiembre, por ejemplo, las autoridades locales detuvieron a Jesús Manuel “N”, de 12 años, que en lugar de ir a la escuela vendía droga en las calles.
Cuando fue detenido en una calle del fraccionamiento El Florido, donde es común la violencia entre bandas, Jesús traía en la bolsa frontal del pantalón 11 envoltorios con droga sintética conocida como ice, elaborada con metanfetaminas, y en la bolsa izquierda 870 pesos que, confesó, eran producto de sus ventas ilícitas.
Primeros lugares en adicciones
Ricardo Ravelo
TIJUANA, BC.- Con amplias redes de narcomenudeo que operan impunemente y sin que existan programas eficaces para frenar el flujo de enervantes, Baja California ya alcanzó los primeros lugares en consumo de estupefacientes, según revela la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA 2008), elaborada por la Secretaría de Salud.
La ENA 2008, cuyos resultados se acaban de dar a conocer, contradice al secretario de Salud del estado, José Guadalupe Bustamante Moreno, quien ha dicho que en la entidad se está trabajando para abatir el problema, pues las estadísticas dan cuenta de un crecimiento exponencial entre amplios núcleos de adolescentes, y de niños inclusive. Muchos de ellos, por ejemplo, son esclavos de la adicción que provoca el ice, una de las drogas más destructivas, y otros más toman parte en la comercialización de droga en escuelas, centros nocturnos y en las calles.
Alrededor de 10 mil personas con edades que van de los
En Baja California –cuna del cártel de Tijuana y ahora territorio compartido con los cárteles de Sinaloa y de La Familia–, las autoridades anticrimen carecen, al igual que en estados como Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León, de una estrategia integral que aleje a los jóvenes de las adicciones, pues faltan programas y recursos para rehabilitar a los drogadictos, afirma el documento.
En las calles de Tijuana, Mexicali, Rosarito y Ensenada es común ver a jóvenes vendiendo crystal –en otros lugares recibe el nombre de globitos–, una droga sintética con alto poder adictivo que se está popularizando entre los consumidores.
Además de ser uno de los pasos obligados del tráfico de drogas, también abundan en esas ciudades los picaderos, lugares donde por dos dólares se inyecta heroína. El uso indiscriminado de jeringas usadas ha derivado en la multiplicación de personas contagiadas del virus del sida.
En la escuela
En su apartado Antecedentes del consumo de drogas y alcohol en Baja California, la ENA 2008 establece que en esta entidad se realizaron dos mediciones entre estudiantes de enseñanza media y media superior.
Los resultados de la primera medición indicaron que 13% del total de encuestados había consumido al menos una droga en su vida, sin incluir tabaco ni alcohol, por arriba del promedio nacional, que es de 8.2%.
“Por sexo, la población de hombres que experimentó con drogas al menos una vez fue superior al de mujeres (14 y 12% respectivamente), y por tipo de sustancia encontramos que los inhalables (5.06%), las anfetaminas (4.21%) y los tranquilizantes (3.03%) fueron las drogas más consumidas por los estudiantes.
En lo que respecta al consumo de alcohol, 66.3% del total de la población estudiantil lo había consumido alguna vez en la vida; por sexo, el registro fue de 69.4% en el caso de hombres, y de 62.9% en el de mujeres.
El documento expone que en Baja California, territorio de paso obligado de cargamentos de droga, el sector salud carece de datos e informes sobre el problema de las adicciones.
Dice la ENA: “En el caso específico de Baja California se tienen pocos antecedentes estatales en las encuestas nacionales de adicciones y en la comunidad escolar que permitan hacer comparaciones con los datos de 2008.
“En el primer caso, el estado se ha incluido en la región del norte del país, junto con otras entidades que en 1988 y 1998 también presentaron mayores índices de consumo de drogas médicas e ilegales, como Sonora y Sinaloa.
“Además se sabe que Baja California ha sido uno de los estados con mayor prevalencia de la región, sobre todo por los índices registrados en Tijuana, donde ya desde 1998, y más recientemente en 2005, se detectó un consumo mayor al del resto del país.”
Según los datos de los que dispone el sector salud nacional, en Baja California la búsqueda de tratamiento –sobre todo en centros privados, ante la ausencia de centros del gobierno estatal– aumentó de manera progresiva entre 1994 y 2007.
En 1994, por ejemplo, 669 personas pidieron ayuda al sector privado para dejar de consumir alguna droga, mientras que en 2007 la demanda de tratamiento la hicieron 9 mil 447 personas. Datos más recientes indican que ya son 88 mil las personas que han buscado ayuda en el mismo sector.
La mayoría de quienes pidieron ayuda son hombres (92.2%), y por grupos de edad destaca la población adulta, de 35 años o más, con 35.7%.
Diferentes tipos de drogas se consumen en Baja California con plena libertad oficial. Según los datos de la ENA 2008, las drogas ilegales más consumidas entre la población que acudió a los centros de ayuda son: mariguana (54.8%), crystal (58.5%) y heroína (35.1%).
Entre 2006 y 2007 se mantuvieron los mismos índices de consumo de mariguana, pero al mismo tiempo amplios segmentos de consumidores saltaron al crack, al crystal, a la cocaína y a la heroína, llamadas drogas de alto impacto. l
Protección policiaca... a quien pague más
Ricardo Ravelo
TIJUANA, BC.- Las policías Estatal y Municipal en esta ciudad son leales al cártel de Tijuana –que encabeza Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero–, pero también sirven al mejor postor, pues protegen a células del capo Joaquín Guzmán Loera o a cualquier otra banda delictiva que medre en esta zona y les pague.
Comandantes, patrulleros, agentes del Ministerio Público y policías de calle cumplen una función en la red de protección a narcotraficantes, sicarios y secuestradores.
Lo anterior se desprende de las declaraciones ministeriales –asentadas en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/135/2010– que 126 agentes municipales rindieron ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tras ser detenidos hace poco más de un mes por su presunta relación con el tráfico de drogas y la delincuencia organizada.
Una decena de agentes, que aceptaron trabajar para el narcotráfico, se acogieron al programa de testigos protegidos de la PGR.
El expediente que se integró contra los policías municipales de Tijuana –Proceso tiene una copia– narra historias y hechos que dan cuenta del modus operandi de los uniformados tijuanenses.
Los testigos que se identifican con las claves de Fernando y Guadalupe dan detalles de cómo opera una parte del engranaje de las policías de todos los niveles para proteger a los cárteles, en particular al que surgió en Tijuana hace más de dos décadas y cuyos integrantes son protegidos y reciben “trato especial”.
Según los testimonios, los mandos de la policía de Tijuana y de la Federal Preventiva responden a las órdenes del cártel. Según relata Fernando, exmiembro de esa organización criminal, si se trata de ejecutar a una persona, simplemente se le ordena a la policía colocar un retén y detener a la víctima.
“Cuando está en sus manos, los policías avisan a los operadores del cártel: ‘Ya lo tenemos’; entonces se les indica en qué calle lo deben dejar. Lo llevan al sitio indicado y lo entregan para que sea interrogado por nosotros y posteriormente ejecutado y descuartizado, o liberado, según las indicaciones que tengamos.”
Fernando cuenta sus andanzas y revela detalles de la descomposición policiaca en Tijuana. Afirma que todas las corporaciones le sirven al narco y detalla cómo se brindan esos servicios.
“Fui detenido (…) en 2008, aclarando que en esa época la organización (se refiere al cártel de Tijuana) ya se encontraba comandada por Fernando Sánchez Arellano, alias El Inge; Teodoro García Simental, alias El Teo (detenido en enero de este año), y Gustavo Rivera Martínez, El P1, por lo que deseo manifestar que durante el tiempo que pertenecí a dicha organización delictiva tuve conocimiento de las actividades que desarrollan y de la forma en que se encuentra estructurada, ya que yo ingresé a la organización de los hermanos Arellano Félix en 1998.
“Entre las cosas que conocí es que el cártel de los Arellano utiliza a elementos de diferentes corporaciones, como las policías municipales de Tijuana, Ensenada, Tecate, policías ministeriales del estado de Baja California, Agencia Federal de Investigación, Policía Federal Preventiva, División Caminos y Gopes (Grupo de Operaciones Especiales), para que brindaran protección y apoyo al momento de desarrollar sus actividades ilícitas de la organización, tales como ejecuciones, levantones secuestros, tráfico de drogas…”
Fernando habla de un episodio en particular en el que fue clave la participación de la policía de Tijuana: “El 15 de septiembre de 2006, Manuel Ivanovich Zambrano alias El Jimmy solicitó apoyo en el área del fraccionamiento Soler, ya que el grupo de inteligencia de la Policía Municipal de Tijuana (…) le iba a hacer entrega de algunas personas que traía detenidas (…).
“Por fin nos hicieron entrega de las cuatro personas (…) y nos trasladamos a una casa de seguridad de Manuel Ivanovich ubicada en Playas de Tijuana, cerca de la estación de la Policía Municipal. En esa casa la gente de Ivanovich estuvo torturando a los detenidos y luego mató a balazos a tres de las cuatro personas. Los cuerpos fueron subidos a una camioneta y luego los tiramos a las afueras del periódico El Sol de Tijuana.
“Regresamos luego a la casa de seguridad por el cuarto sujeto que habíamos dejado vivo y a esa persona la llevamos al lado del colegio Fray Junípero Sierra de Tijuana, donde bajamos a la persona que le decían El Flaco y uno de los hombres de El Jimmy lo tiró al suelo y le vació una pistola
La noche de ese asesinato múltiple la Policía Municipal de Tijuana siguió con otras andanzas delictivas, de acuerdo con el testimonio de Fernando. A través de sus radios de comunicación recibieron el “pitazo” de que en un taller mecánico había varios paquetes de droga.
Esto atrajo a los policías al mando del comandante Astiazarán y Elvira Carrillo: “Los policías entraron al taller y encontraron varios paquetes de mariguana, haciendo un total de tres toneladas, por lo que para cargarlos metieron de reversa sus camionetas pick up y los propios policías procedieron a subir los paquetes a las camionetas. Una vez que cargaron los vehículos, nos trasladamos a la colonia Juárez, donde la policía tiene casas de seguridad para torturar gente y ejecutarla por órdenes del cártel, y ahí descargaron la droga, la cual fue entregada al cártel de Tijuana”.
El testigo también contó que los agentes municipales y ministeriales hacían trabajo de inteligencia para que el cártel secuestrara o ellos mismos cometían los secuestros. Que respecto del pago, “a algunos policías se les daba entre 200 y 500 dólares y a los que secuestraban se les pagaba con un porcentaje del rescate, entre 10 y 20%”.
Apoyo al “aliado”
El auge que cobró la célula de El Teo –quien se desprendió de los Arellano, se alió con El Chapo Guzmán y en enero de este año fue detenido– dividió a la policía tijuanense en diversos grupos que le brindaban protección a cada uno de los lugartenientes de García Simental.
Guadalupe, el otro agente municipal que aceptó dedicarse al narcotráfico y al secuestro, declaró ante la SIEDO cómo operaba la estructura policiaca para servir al narcotráfico.
“Que el agente Juan Manuel Nieves Reta, subdirector operativo de la Policía Municipal, trabaja directamente para Teodoro García Simental o Diego García Simental; Gilberto Fimbres Fimbres es un enlace entre la gente de Fernando Sánchez Arellano, alias El Ingeniero o Alineador, y la gente de Teodoro García Simental. Otros agentes, como Luis Alonso Sedano Morales, Mario Alberto Apodaca, Sergio Tejada Martínez, trabajan para El Teo y su célula.”
El testigo habla de la logística de la que se valían para proteger a los miembros del cártel de Tijuana: “Por mi trabajo al servicio del cártel me pagaban 700 dólares americanos a la semana. Además de entrevistarme con los jefes policiacos y pagarles las cuotas, también tenía como función la de avisar a cualquiera de las delegaciones de la municipal que los integrantes de la organización iban a trabajar en su delegación, y luego les volvía a avisar cuando acababan de trabajar y hasta que salían de ésta. La orden que se giraba a la policía era la de no parar carros, y en caso de que saliera el reporte, esperar unos cinco o 10 minutos para llegar al lugar.
“(…) Al momento de llegar el reporte me avisaban por teléfono y yo le avisaba al grupo que anduviera trabajando, y tenían que retirarse de inmediato para que, en un lapso de cinco o 10 minutos, movieran las unidades, y se les avisaba a los policías para que cuando llegaran ya no hubiera nada, y si iban a tardar algo más, yo les avisaba a los policías para que no se acercaran (…)
“Desde el año 2004 y principios de este año (2010) mi función fue siempre la de ir a ver a los jefes de las delegaciones de la Policía Municipal para darles un teléfono celular y 2 mil dólares americanos a cambio de que bajaran a los detenidos que llevaban, que los soltaran, es decir, los policías tenían que darles atención especial a todos los miembros de la organización cuando los detenían (…) Que la operación que se hacía y se sigue haciendo es que se cambia a las personas para que cuando un testigo las señalara ya no pudiera reconocerlas.
“Que para esto agarraban a cualquier vicioso o a la gente que transitaba por la calle, le pagaban un levantón y se lo llevaban a punta de madrazos, le cambiaban la ropa y lo presentaban para que cuando llegaran los acusadores o el agente del Ministerio Público diera el aspecto de la persona o miembro de la organización, pero que al momento que lo tuvieran que reconocer ya fuera otro.” l
El “michoacanazo”: alguien debe rendir cuentas...
Jorge Carrasco Araizaga
El michoacanazo no sólo representa el rotundo fracaso del operativo emprendido por Calderón; también ilustra el “ejercicio absoluto pero equivocado del poder” y obliga a pedir cuentas a quienes protagonizaron este fiasco en la procuración y administración de justicia, que comenzó con “el uso y abuso político del Ministerio Público”. Tal es la evaluación que, en entrevista con Proceso, hace el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy legislador Juventino Castro y Castro, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
El fracaso del llamado michoacanazo es la muestra más acabada del ejercicio absoluto pero equivocado del poder, de la grave crisis del Ministerio Público en México con la tolerancia del Congreso y de la necesidad de que el Poder Judicial revise la actuación de sus jueces.
Es un fracaso por donde se le quiera ver, asegura el diputado federal y ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juventino V. Castro y Castro.
Legislador por el PRD, con una vida de servidor público de 62 años, en los que ha ocupado posiciones relevantes en los tres Poderes del Estado, Castro y Castro no duda en considerar como un fiasco el resultado del operativo policiaco-militar ordenado por el presidente Felipe Calderón en Michoacán en mayo de 2009, como parte de lo que entonces llamaba “guerra contra el narcotráfico”.
La liberación de 35 de los 36 exfuncionarios detenidos durante y después del operativo, en el que participaron el Ejército y la Policía Federal obliga no sólo a revisar la actuación del Ministerio Público Federal y del Poder Judicial, sino a pedir cuentas por esos hechos y por cuanto está pasando en el país. “Alguien debe ser responsable”, dice.
Para empezar, señala que, “por dignidad”, debería renunciar el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez. Es cierto que su antecesor Eduardo Medina Mora, ahora embajador de México en Londres, hizo las consignaciones, pero el actual “llegó sin ánimo de corregir; al contrario”.
En el caso del Poder Judicial, asegura que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) –que encabeza el presidente de la Suprema Corte y se encarga de administrar y vigilar a los jueces y magistrados de los tribunales federales del país– puede iniciar una investigación contra los jueces que concedieron las órdenes de aprehensión.
“La Suprema Corte y el CJF deberían tomar nota e investigar muy seriamente a esos jueces y decir cómo es que aplicaron la ley o qué ley aplicaron”, especifica Castro y Castro, quien en la L Legislatura federal fue director jurídico.
En medio del escándalo por el fracaso que le representó la liberación de casi todos los exfuncionarios, la PGR anunció, el pasado 30 de septiembre, que interpuso una queja ante el CJF contra el juez primero de Distrito en Michoacán, Efraín Cázares López, por considerar que se excedió en sus funciones al ponerlos en libertad, así como al conceder la suspensión provisional al ahora diputado federal por el PRD Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador del estado, Leonel Godoy Rangel.
Según el procurador Arturo Chávez, en el caso de 22 de los detenidos hay elementos incriminatorios de su relación con La Familia michoacana. Además, dijo que la PGR presentó un recurso de revisión para impugnar la suspensión provisional expedida por el mismo juez a favor de Godoy Toscano.
En entrevista, Castro y Castro, de 92 años, asegura que hubo diversas violaciones a la ley en el michoacanazo.
“Primero, quitaron a presidentes municipales que habían sido elegidos por el pueblo. Le dijeron que eran responsables de varios y graves delitos: ‘Éstos ya no te van a gobernar’, le manifestaron en pocas palabras a la gente.
“Alguien se tomó esa atribución: ‘Los quito yo’. ¿Pero con qué derecho actuó de esa manera si después resulta que no son responsables?”, cuestiona ante la liberación de prácticamente todos aquellos a quienes la PGR acusó de estar relacionados con el cártel de La Familia.
Sin dudar, Castro y Castro, quien también fue director jurídico de la Secretaría de Gobernación, afirma: “En México el poder se ejerce absoluta y equivocadamente”, y explica que se usa y abusa del Ministerio Público por razones políticas, pasando por encima de la Constitución.
Puntualiza que el artículo 19 de la Constitución establece claramente los requisitos para que una persona pierda su libertad y cómo debe actuar un juez en el proceso. En este caso, continúa, hay un doble fracaso: de quien acusa y de quien procesa.
“La Constitución es muy clara respecto a cómo se deben hacer las cosas. Lo que vimos fue un abuso político del Ministerio Público. Como institución, éste se encuentra en una etapa final. De aquí no queda más que mejorar. Está en el fondo. Ya no le queda más que rebotar”, enfatiza.
Ilustra “la gravedad” de lo que pasa con el Ministerio Público: “Es un monigote. Sólo obedece. ‘A éste me lo procesas’. Y se le procesa. ‘A éste le encontré esto y lo acusas’. Y lo acusa. Bueno, ¿qué procuración de justicia es esa?”.
Pero si el que acusa –el Ministerio Público– está mal y lo hace mal, los que deben corregir son los jueces de Distrito, que están para defender a las personas inocentes, señala Castro y Castro.
“¿Cómo es posible que hayan admitido todo lo que les dijo el Ministerio Público y que después de tanto tiempo digan: ‘Bueno,
Castro y Castro conoce en detalle las relaciones entre el Ministerio Público y el aparato judicial. Fungió como director y consultor jurídico de la PGR y como director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Además, fue ministro de la SCJN, donde inició su carrera judicial en 1948 como secretario de estudio y cuenta.
“Da la impresión de que hubo un convenio: ‘Ahora tómalos, ahora déjalos’. La malicia podría permitir pensar que existió una negociación para dejarlos en libertad. Lo más cómodo es pensar que se pusieron de acuerdo”, pero lo que sí queda claro es que el Poder Judicial, en particular los jueces de Distrito, debieron negar las órdenes de aprehensión de personas que no estaban acreditadas como delincuentes; al menos eso indica su liberación.
“No sé cómo intentaron acreditar las acusaciones. Pero sí sé lo que está pasando en México: que el Ministerio Público está persiguiendo a las personas sin necesidad de mostrar nada.”
Testigos protegidos o impunes
Juventino Castro y Castro se refiere entonces a las dos figuras de las que ha echado mano el actual gobierno para “procurar justicia”: el arraigo y los testigos protegidos.
“Los testigos protegidos han sido el fundamento de la procuración de justicia. Como no saben investigar o no quieren hacerlo, lo más cómodo es utilizar a esos testigos que para mí no son protegidos, sino impunes: ‘Te concedo impunidad si acusas a otro. Acusa a quien quieras o a quien yo te diga y yo lo agarro’. ¡Qué fácil!”, exclama.
Se ha llegado al extremo de que hay unos cuantos testigos protegidos para casi todos los casos de delincuencia organizada. Son testigos protegidos “de oficio”, ironiza. “Es una aberración que está ocurriendo ante los ojos de todos”.
El otro recurso es el arraigo. Explica: “Yo como Ministerio Público sospecho que alguien está implicado y pido un arraigo de 40 días. Si pasa ese tiempo y no he podido hacer nada con él, le digo al juez que no fue suficiente y le pido que me de otro plazo igual. A los 80 días tengo que tomar una decisión. Pero me apoyo en los testigos protegidos para mantener mis acusaciones sin probar nada. Así, si se quiere ir contra un enemigo, es muy sencillo”.
En esta práctica, indica, el Poder Legislativo también está implicado, ya que en 2008 aprobó una reforma penal por la que se introdujo la figura del arraigo en la Constitución. “Ahí hay una responsabilidad grave, ¿pues cómo es que se generó el arraigo en la Constitución después de que la SCJN resolviera que era inconstitucional y violaba las garantías de las personas?”, precisa en relación con un criterio que estableció la Corte cuando él formaba parte del pleno de ministros y de la Primera Sala del máximo tribunal.
Integrante durante ocho años de la Suprema Corte, entre 1995 y 2003, cuando ésta empezó a asumirse como tribunal constitucional, se pregunta indignado: “¿Cómo es posible que no se derogue el arraigo? ¿Cómo es posible que exista el arraigo en nuestra Constitución cuando es una figura totalmente inconstitucional? Es una divergencia que causa extrañeza. Es como si a la Constitución se le quitara la presunción de inocencia. Es un abuso con el que estamos perdiendo todos y al que urge poner remedio”.
Militares y derechos humanos
El diputado llama también la atención sobre otra de las prácticas recurrentes del Ministerio Público durante el gobierno de Calderón:
“Hay una falta absoluta del ejercicio. El Ministerio Público declina y le concede todo a la Procuraduría de Justicia Militar. Eso es absurdo, porque el artículo 21 constitucional es muy claro: Es el Ministerio Público el que debe acusar, pero ocurre que los que están acusando, aprehendiendo y a veces no sé qué haciendo con los detenidos son los militares.”
Para el jurista, quien también es maestro en filosofía y letras, en el ejercicio “absoluto y equivocado” del poder participan las Fuerzas Armadas. Bajo esa perspectiva, da su explicación de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que cabildean Calderón y los jefes militares en la Cámara de Diputados.
“Parece ser que al presidente le pareció muy cómodo decir: ‘Yo acabo con el narcotráfico; meto al Ejército y se acabó’. Pues lo metió y fracasó. Y ahora busca legitimar la actuación de los militares, evitar investigaciones en el futuro y quitarse responsabilidades” por lo que está ocurriendo en el ámbito de los derechos humanos.
“Creía que realmente se iba a tener éxito. La sorpresa fue que no, que se agravó el problema porque ahora resulta que los soldados y los marinos también cometen delitos y abusos”, agrega.
Uno de los temas más controvertidos de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional tiene que ver con el fuero de guerra. En mayo pasado, el Senado de la República aprobó una modificación que abre la posibilidad de que los militares que cometan violaciones a los derechos humanos de civiles sean juzgados por tribunales ordinarios y no castrenses, como sucede ahora.
Pero Castro y Castro recuerda: Al respecto, la Constitución es muy clara: “El fuero de guerra existe para actos que violan la disciplina militar. Si un inferior se rebela contra un superior y lo hiere o mata, eso se juzga ahí adentro; aplica el Código de Justicia Militar. Pero si hay un civil, es la justicia ordinaria la que debe conocer. Es decir, si hay militares que no faltaron a la disciplina militar, sino que cometieron delitos, es la parte no militar la que debe regir”.
Confirma que los militares están muy reacios a ese cambio porque sienten el fuero militar como una conquista. Ni siquiera la Suprema Corte se ha atrevido a hacer cambios, asegura.
A principios de septiembre, una mayoría en el Pleno de Ministros decidió posponer una resolución para definir la manera en que el Poder Judicial debe cumplir lo que le corresponde en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, en Atoyac, Guerrero, durante la guerra sucia de los años sesenta y setenta.
El ministro en retiro asegura que la SCJN “se metió en un enredo de sometimiento. No quiso obedecer a un tribunal internacional porque México no ha aceptado que son los tratados internacionales los que rigen. A los ministros les faltó examinar y definir sus criterios. Decir por qué aceptaba o rechazaba el fallo, y si lo que le pide la Corte Interamericana está en nuestra Constitución y sus leyes. Sólo resolvieron por encima. Eso no es aplicar justicia”.
Sin rodeos, asevera: “La Corte le sacó. Pareciera que no quiere chocar con los militares”.
Recuerda que como ministro participó en la primera resolución de la Corte sobre la presencia de los militares en labores de seguridad pública. “Dijimos que el Ejecutivo y las autoridades podían pedir a las Fuerzas Armadas que aceptaran ciertas misiones. Yo mismo hice una explicación. En mi paso por las procuradurías supe que no siempre era posible que los agentes judiciales fueran al campo, por lo que tenían que pedir forzosamente la ayuda de militares.
“La sentencia fue muy clara y estableció que esa participación siempre debe estar bajo las decisiones de la autoridad civil, para que los militares no actuaran de forma autónoma y con prepotencia. Pero eso no ocurre; todo lo contrario. Se les está dando todo el poder porque, como yo soy comandante supremo de las Fuerzas Armadas, puedo utilizar al Ejército y a la Marina y les digo: ‘sobre ellos’ (los narcotraficantes). El problema es que ni tengo éxito y los militares están cometiendo delitos.”
Castro y Castro es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde está pendiente de aprobarse una reforma sobre derechos humanos.
“La tenemos muy presionada por muchas partes. Alguien está saboteando esto”. Explica: “El Senado añadió una modificación que no era necesaria. La reforma ya se había aprobado en la Cámara de Diputados y se mandó al Senado. Ahí se hicieron cambios y la regresaron. Lo que está pendiente no es el contenido, que ya está aprobado en las dos cámaras, sino las modificaciones que hicieron los senadores”.
Para el diputado, los cambios son “un castigo a la Corte” por la resonancia que están teniendo en todo el país las investigaciones que ha emprendido ante graves violaciones a los derechos humanos y que han involucrado a gobiernos tanto del PRI como del PAN.
Las modificaciones del Senado pretenden quitar a la Corte la facultad de determinar cuándo hay una “grave violación” a las garantías individuales o a los derechos humanos, como se establece en el artículo 97 de la Constitución, y dársela a un individuo (el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos).
“Eso no era necesario –observa Castro y Castro–, porque la reforma confirma el carácter de investigación de la CNDH y la refuerza para que reciba información. En la Cámara de Diputados hay una mayoría que quiere quitar el añadido de los senadores”, refiere. “Yo soy partidario de que se refuerce a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero no que sustituya a la Suprema Corte”.
Indica que esa sustitución va más allá de un nuevo artículo y de la derogación correspondiente. Cuando la CNDH estudie casos de grave violación a los derechos humanos y emita un criterio, ¿éste tiene que ser aceptado por la Suprema Corte, que es el máximo tribunal del país?
“Eso es algo que no se vio o no se quiso ver en el Senado, y ahora estamos en riesgo de perder la que tal vez sea la última oportunidad de la actual legislatura para lograr esa reforma”, concluye.
Impunidad garantizada
J. Jesús Esquivel
El gobierno de Estados Unidos decidió liberar este año 36 millones de dólares como parte de la Iniciativa Mérida (condicionados al abatimiento de los actos de impunidad del Ejército Mexicano), pero mantiene congelados otros 26 millones para 2011. Entre tanto, el Departamento de Estado documenta las numerosas violaciones a los derechos humanos que cometen las Fuerzas Armadas de México en la guerra contra el narcotráfico, la mayoría de las cuales permanece sin castigo.
WASHINGTON.- En la lucha desatada por Felipe Calderón contra el narcotráfico, el Ejército Mexicano presuntamente ha cometido más de 2 mil 500 violaciones a los derechos humanos, de las cuales sólo 40 son atendidas actualmente por los tribunales militares, según un informe del gobierno de Estados Unidos.
El reporte del Departamento de Estado –que se entregó al Congreso estadunidense– indica que los casos sometidos a cortes marciales son de soldados que asesinaron, violaron o torturaron y lo hicieron cuando estaban ebrios o drogados.
“De acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), actualmente 40 soldados se encuentran bajo proceso en tribunales militares por denuncias de violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar durante el gobierno de Calderón”, destaca el documento titulado Reporte México-Iniciativa Mérida.
“Los casos bajo investigación no están disponibles para el público por determinación de las leyes mexicanas”, advierte el reporte, cuya elaboración y envío al Congreso tuvo como objeto notificarle que “se liberaban” 36 millones de dólares en el marco de la Iniciativa Mérida, como parte del apoyo de Estados Unidos a la guerra contra el narcotráfico.
Para “liberar” el dinero, el informe sostiene que, pese a las constantes denuncias de ciudadanos mexicanos, las Fuerzas Armadas están mejorando su labor para garantizar la defensa de los derechos humanos (Proceso 1767).
En el documento –del que este semanario tiene una copia–, el Departamento de Estado notifica al Congreso, por ejemplo, que 15 soldados y cuatro oficiales mexicanos están siendo procesados judicialmente ante un tribunal militar “por violencia” que resultó en “un homicidio” durante un “incidente” que tuvo lugar el 1 de junio de 2007 en Sinaloa de Leyva, en el estado de Sinaloa.
“Un destacamento de soldados que estaba apostado al lado de un camino en Sinaloa de Leyva, en el estado de Sinaloa, y que fueron reportados en estado de ebriedad y drogados, abrieron fuego contra una camioneta que transportaba a tres adultos y cinco niños, matando en el acto a una mujer y a una niña de tres años”, destaca el reporte.
El Departamento de Estado informa que el 10 de junio de 2007 un juez de la III Región Militar, en Mazatlán, ordenó el arresto de los 19 militares, que ahora están presos y en espera de juicio.
Los detenidos son el capitán Cándido Alday Arriaga; los tenientes José Alejandro Zavala García, Enrique Galindo Ávila y Saraín Díaz Vázquez; el sargento Arturo García Moreno y los soldados Juan Carlos Maldonado Ramírez, Antonio Castillo Martínez, Gustavo Castillo Ramírez, Benito Sánchez Girón, Ismael Ortega González, Eladio Pérez Arriaga, José Paulino Hernández, Francisco Vázquez Esparza, Guillermo Alejandro Velasco Mazariegos, Calixto García Hernández, Francisco Ramírez Jiménez, Argenis Camarillo de la Cruz, Héctor Jiménez Centeno y José Abad Vega Trujillo.
Muchos casos
Otros 14 soldados están detenidos en relación con otro incidente: el 26 de marzo de 2008 en Santiago de los Caballeros, también en Sinaloa, en un retén los militares presuntamente dispararon contra seis civiles, cuatro de los cuales murieron.
Los detenidos por este caso son el teniente Víctor Ruiz Martínez y los soldados Antonio Rojas Reyes, Jorge Jiménez Castañeda, Misael Solano Muñoz, José Francisco Balam May, Rubén Arellano Ramos, Juan José Camacho Vega, Nicolás Bautista Martínez, Leónides Cruz Torres, Omar Eliseo Alvarado Ruiz, José Raymundo Hernández González, Rodolfo Herrera Lara, Javier Enrique Vázquez y Patricio Uriarte López.
“Cinco soldados están siendo enjuiciados en relación con un incidente que ocurrió en Naco, Sonora, el 3 de agosto de 2007, cuando los militares detuvieron a tres individuos y sólo presentaron dos ante el Ministerio Público. El 14 de agosto siguiente el tercero fue encontrado muerto y su cuerpo tenía evidencias de haber sido golpeado de manera severa”, detalla el informe.
Los cinco procesados ante un tribunal militar son el teniente coronel Blas Rosendo Cisneros Gutiérrez, el teniente José Roberto Lagunas Huitrón y los soldados César Miguel Palomares, Luis Guadalupe García Olivo y Hernán Ochoa Pérez. Dos médicos militares están actualmente “bajo monitoreo” de un tribunal marcial por el caso de la muerte de Marcela Santiago Mauricio, el 1 de mayo de 2007, en una clínica del Ejército; la mujer pereció “debido a daños neurológicos”. El reporte del Departamento de Estado no da a conocer los nombres de los dos médicos.
Sobre otros incidentes de violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas de México, el reporte del gobierno de Barack Obama informa que sólo “dos oficiales y cinco soldados” han sido declarados culpables y sentenciados por las leyes marciales.
“El coronel de infantería del Ejército Uriel Ríos Velázquez fue sentenciado a cuatro meses de prisión por obligar a un soldado a consumir alcohol, lo que dio como resultado la muerte del soldado debido a complicaciones médicas. Este caso ocurrió en marzo de
El otro caso de acusaciones por violación de derechos humanos que concluyó en sentencias condenatorias es el de un teniente segundo y cinco soldados implicados en un incidente en Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006. “Fueron sentenciados por el papel que jugaron en la violación de nueve mujeres y la golpiza propinada a seis policías en un centro nocturno de Castaños”, subraya el documento enviado al Capitolio por la dependencia a cargo de Hillary Clinton.
Sobre este caso en particular el gobierno de Obama enfatiza que la investigación fue realizada por autoridades militares y civiles en paralelo.
“Los tribunales militares declararon culpables (a los implicados) por abandonar su puesto y recibieron una sentencia de un año y medio a dos años de prisión. En octubre de 2007, una corte civil emitió una sentencia de hasta 41 años de cárcel para tres de los cinco soldados”, agrega el informe.
Los sentenciados por la justicia militar son el teniente Norberto Carlos Francisco Vargas, el sargento Juan José Gaytán Santiago y los soldados Ángel Antonio Hernández Niño, Norberto González Estrada, Omar Alejandro Rangel Fuentes y Fernando Adrián Madrid Guardiola.
No sólo militares
Respecto de otras denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas en la lucha contra el narcotráfico en este sexenio, el Departamento de Estado hace referencia a señalamientos dirigidos al personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
“De acuerdo con los más recientes reportes de la PGR, tres funcionarios fueron sentenciados en 2008 y uno en 2009 en relación con ofensas a los derechos humanos”, indica el documento. “Al momento de la entrega de este reporte (2 de septiembre de 2010), la embajada de Estados Unidos en México no había recibido los detalles de estos casos”.
Como condición impuesta por el Congreso de Estados Unidos al gobierno de Calderón, las dependencias federales mexicanas implicadas en la lucha contra el narcotráfico deben entregar al Departamento de Estado (por conducto de la embajada) los reportes y denuncias sobre violaciones a los derechos humanos si quieren evitar que se retenga 15% de los fondos comprometidos en la Iniciativa Mérida.
“Como fue reportado por la SSP, dos policías federales fueron sentenciados en conexión con un incidente que ocurrió el 27 de junio de 2007, cuando Santos Quiroz Espinosa fue detenido por la policía en Torreón, Coahuila, y durante su arresto fue objeto de la aplicación de fuerza excesiva, incluyendo quemaduras por toques eléctricos”, describe el informe estadunidense.
El 25 de febrero de 2009, un juez sentenció a un año y tres días de cárcel, “por abuso de autoridad”, a los policías federales Mauro Elorza Ruiz y Yimi Érick López Centeno, a quienes también se les aplicó una multa equivalente a un año de su salario.
El informe puntualiza que, durante 2008 y 2009, la Sedena sólo investigó cinco casos de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra contra el narcotráfico.
El reporte añade que sobre el personal de la Sedena pesan 2 mil 498 denuncias por violaciones a los garantías individuales, 916 por detenciones arbitrarias, 40 por tortura, 806 por incumplimiento de arrestos bajo los procedimientos legales para una detención y 736 por trato inhumano.
Pese a esto y a los pocos casos de investigación, proceso y sentencia de soldados bajo la jurisdicción militar mexicana, el gobierno de Barack Obama decidió liberar los 36 millones de dólares condicionados en la Iniciativa Mérida para este año, aunque ordenó congelar 26 millones más comprometidos para el próximo año (Proceso 1767). l
La herencia de Lula
Pablo Giuliano
SAO PAULO.- –Fidel, voy a dejar la política.
–Querido compañero Lula: no existe en la historia de la humanidad una elección en la que un obrero haya recibido un millón 250 mil votos. No puedes desanimarte. Son muchos votos.
Ese diálogo entre Fidel Castro y Luiz Inácio Lula da Silva ocurrió en La Habana en 1985 y fue narrado por el brasileño el pasado 2 de septiembre al inaugurar la Universidad Latinoamericana (Unila) en la frontera que comparten Brasil, Paraguay y Argentina.
Aquel fue el primer viaje de Lula a Cuba y su primer encuentro con Fidel Castro. Dirigente sindical entonces, su discurso era abiertamente socialista. Apenas tres años antes había sido candidato a gobernador de Sao Paulo por el recién creado Partido de los Trabajadores (PT) en unos comicios permitidos y tutelados por un régimen militar ya en el ocaso. Lula quedó en tercer lugar.
“Fue la primera elección que perdí y me sentí el más derrotado de los seres humanos. En mi primera visita a Cuba Fidel me reanimó para seguir participando en elecciones”, comentó el 2 de septiembre.
Lula se mantuvo como candidato presidencial pese a las derrotas. En 1989 perdió en la segunda vuelta ante Fernando Collor de Mello, el ultraliberal que renunció en 1992 acusado de corrupción y que ahora es candidato a gobernador por el estado de Alagoas y aliado de Lula en el Congreso. En 1994 cayó ante Fernando Henrique Cardoso que como ministro de Economía había creado el Plan Real, ese que detuvo la hiperinflación. En 1998 perdió nuevamente ante Cardoso.
Pero en 2002 vino la revancha: venció a José Serra. Y en 2006 ganó ante Geraldo Alckmin.
Desde 2003 Lula gobierna a sus anchas como el presidente más popular de la historia de Brasil con entre 80% y 84% de respaldo. Apenas 4% de una población de 192 millones de habitantes considera su gobierno malo o pésimo, según la encuestadora Ibope.
Por primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) este domingo 3 Lula no estará en las opciones electorales porque la Constitución le impide un tercer mandato consecutivo. Pero ha delegado en Dilma Rousseff, candidata del PT, la misión de continuar su proyecto de nación.
Desde 2008 Lula la escogió como sucesora. Rousseff era una eficaz administradora ajena a los escándalos de corrupción que habían salpicado a otros “presidenciables” del PT. La nombró jefa de ministros y la apoyó para que el pasado 20 de febrero el PT la hiciera candidata presidencial.
Campaña “a la antigua”
Rousseff encabeza las encuestas con 50%. Con 27% le sigue el principal candidato opositor José Serra, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), exgobernador de Sao Paulo y respaldado por una coalición de centro-derecha.
Las encuestas sostienen que por lo menos 80% del apoyo que tiene Dilma Rousseff –quien nunca antes había sido candidata– se debe a la transferencia de la popularidad de Lula.
Nacida en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, hija de un búlgaro que la obligaba a leer a los clásicos de la literatura, en especial a los griegos y a los rusos, Rousseff soñaba ser bailarina pero de joven recibió la influencia del guevarismo, de los textos de Regis Debray y del movimiento de los estudiantes franceses en 1968.
En 1969 Rousseff ingresó en grupos marxistas de resistencia al régimen pero niega haber participado en acciones armadas, flanco que la extrema derecha –que respalda a Serra– intentó explotar sin suerte, vinculando a la candidata con la palabra “terrorismo”.
“Una victoria de Dilma reivindicará a todos los que resistieron a la dictadura”, afirmó Lula el 27 de septiembre en el sambódromo de Sao Paulo, en el cierre de campaña, apostando que su candidata vencerá a Serra en la primera vuelta electoral de este domingo 3.
Detenida por la policía en Sao Paulo en 1970, la actual candidata fue torturada durante 22 días. Sobrevivió. Estuvo en la cárcel hasta diciembre de 1972. Con fama de mujer dura superó en 2009 un cáncer linfático.
Hasta el pasado marzo era jefa de ministros de Lula y encargada del Programa de Aceleración del Crecimiento, el magno proyecto de obras públicas de 300 mil millones de dólares que permitió a Brasil superar sin sobresaltos la crisis financiera mundial de 2008.
El 23 de agosto fue un día simbólico para la campaña de Rousseff. En un acto que se prolongó hasta el amanecer, Lula evocó sus inicios como sindicalista cuando era tornero en el cordón industrial de Sao Paulo.
En ese acto Lula y Rousseff hicieron campaña “a la antigua”: repartieron saludos y carteles con propaganda electoral a la entrada de la Mercedes Benz de Sao Bernardo do Campo, cuna política de Lula. “El movimiento obrero siempre reclamará, pero va a ser el primero en salir a defendernos de las élites”, dijo Lula a Rousseff en medio de los abrazos que les prodigaban los trabajadores.
“Dios de los pobres”
Para los brasileños Lula es el dirigente que ha incorporado al discurso dominante el acento de las clases bajas, de los trabajadores, de los desposeídos. Lo ha hecho como ningún otro, ni siquiera como el caudillo nacionalista Getulio Vargas, quien se suicidó en el poder en 1954 en medio de una conspiración golpista.
Vargas fue llamado “padre de los pobres” pero a Lula le dicen el “dios de los pobres”. Vargas era estanciero. Lula es un sobreviviente de la miseria, con una vida de película que ya llegó a la pantalla: Lula, el hijo de Brasil, de Bruno Barreto; la cinta fue elegida el 20 de septiembre para competir por un Óscar como mejor película extranjera.
Es tal la popularidad de Lula que hasta Serra echó mano de su figura para su campaña electoral. En promocionales de Serra aparece la imagen del actual presidente y un letrero: “Lula y yo tenemos experiencia, Dilma Rousseff no”. Por esta campaña Serra fue criticado hasta por sus propios aliados.
“Lula fue el mejor presidente de la historia y Dilma va a continuar su obra”, dice Benedita Fernándes, ama de casa beneficiaria del plan social Bolsa Familia, que consiste en un subsidio de 50 dólares mensuales que reciben 40 millones de personas a las que se les aseguró el alimento, la primera promesa de Lula en su campaña de 2002.
En la campaña electoral de Rousseff Lula es la figura. Millones de personas lo miran con devoción, sobre todo los más pobres, pero también la nueva clase media. En el noreste, la región más pobre de Brasil, donde Lula nació en 1954 y de donde emigró a Sao Paulo con su madre y seis hermanos, tiene 90% de aprobación.
El presidente se despedirá el 31 de diciembre, ocho años después de asumir por primera vez el poder. Cuando tomó posesión mantuvo las directrices que el mercado financiero le pidió a este trabajador socialista: el superávit fiscal (ahorro para pagar deudas), paridad cambiaria flotante y metas de inflación del Banco Central.
“Fue beneficiado por la mayor alza mundial de las mercancías en la historia del capitalismo”, explica a Proceso Thomaz Zanotto, dirigente de la Federación de Industrias de Sao Paulo (FIESP), quien colocó en el lado negativo del gobierno no haber realizado reformas para liberalizar el sistema de pensiones y la ley laboral.
Durante ocho años el gobierno de Lula obtuvo resultados inéditos: creó 15 millones de empleos –lo que propició la menor tasa de desocupación de la historia: 6.7% el pasado agosto–, construyó un millón de viviendas populares durante el último año, descubrió petróleo submarino, impulsó la creación de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) y se colocó como actor global en el escenario mundial al lado de potencias emergentes como Rusia, India y China.
Pero sin duda su principal logro fue arrancar de la pobreza extrema a 28 millones de personas. Ese número equivale a la población de dos países como Chile, afirmó Rousseff al cerrar su campaña en Sao Paulo. Y añadió: “Mi gobierno debe erradicar la miseria en el país”.
Además la moneda de Brasil, el real, ganó 105% de valor respecto del dólar. Y el gobierno de Lula no apostó por completo a un modelo exportador sino que consolidó el mercado interno, una de las banderas históricas del PT. Ese mercado interno permitió que buena parte de la clase baja escalara a clase media. Incluso dentro de las favelas se han instalado bancos, supermercados, tiendas de electrodomésticos y hasta agencias de viajes. Son 36 millones de personas que por primera vez tienen patrones estables de consumo. Y eso se refleja en el crecimiento de 15% que espera la industria en 2010 y un aumento del PIB estimado en 7.5%.
“La población pobre de este país salvó a Brasil de la crisis financiera mundial”, comentó Lula el pasado 11 de mayo al recibir en Brasilia el premio Campeón Mundial en la Lucha Contra el Hambre que le otorgó la ONU.
“Mexicanización”
Lula participó en 20 actos de campaña de Rousseff. Aumentó su apoyo en la medida que los grandes medios acrecentaron el suyo ante los candidatos opositores.
“La oposición no tiene discurso propio por lo que se monta en las críticas que publica la prensa; es decir, la agenda la imponen los medios, no la oposición”, escribió la analista política Maria Inés Nassif en el diario Valor Económico, el más influyente en el mundo de los negocios.
De hecho, las campañas electorales han tenido a la prensa en el centro de la escena. La revista Veja y los diarios O Globo, Folha de Sao Paulo y O Estado de Sao Paulo publicaron supuestos hechos de corrupción y tráfico de influencias que implicaron indirectamente a Erenice Guerra, jefa de gabinete y mano derecha de Rousseff.
Según estas publicaciones Rubnei Quicoli, un consultor privado a quien la justicia ya había condenado por estafa, acusó a Israel Guerra –hijo de Erenice– de pedirle una comisión de 6% para que el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social le aprobara un crédito para construir un parque de energía solar.
Los medios publicaron estos hechos de manera coordinada tres semanas antes de los comicios. Guerra se vio obligada a renunciar y Rousseff se deslindó del caso. Ambas adujeron que no sabían nada.
Pero Lula no se aguantó. El 18 de septiembre declaró que los grandes medios de prensa “Destilan odio. Dicen que son neutrales pero hay cierta prensa que actúa como partido político. No tienen el coraje de decir que tienen candidato y partido político. La libertad de prensa es sagrada pero eso no significa que haya libertad para inventar o para mentir. Vamos a derrotar en las urnas también a los diarios y revistas”.
Tales palabras merecieron el repudio de las asociaciones de diarios, radio y televisión. Incluso Veja insistió el pasado 22 de septiembre: publicó que un amigo de Israel Guerra, Vinicius Castro, asesor del gobierno, habría cobrado 200 mil reales (177 mil dólares) en efectivo como parte de un supuesto soborno para la compra del Tamiflú que el gobierno adquirió en junio de 2009 para combatir la epidemia de influenza. El ministerio de Salud y la empresa Roche –fabricante del fármaco– negaron que la jefatura del gabinete tuviera vínculo alguno con el contrato de la compra del Tamiflú.
“Hace 20 años el pueblo creía en lo que dice la televisión, ahora nosotros, los pobres, somos nuestros propios líderes de opinión pública”, dijo Lula. Y afirmó que es necesario modificar la Ley de Telecomunicaciones de 1963 porque “seis o siete familias son las dueñas de los medios en Brasil”.
Por lo pronto en Sao Paulo disidentes del PT, exministros del gobierno de Cardoso y el cardenal emérito Paulo Arns firmaron un documento contra lo que llamaron el “peligro de autoritarismo” de Lula.
En el otro bando, partidos de izquierda que apoyan a Rousseff –el Movimiento de los Sin Tierra y la Central Única de Trabajadores, entre otros– celebraron un acto en Sao Paulo para denunciar a la “prensa golpista” y la falta de equidad en las investigaciones periodísticas.
En el Club Militar de Río de Janeiro –donde los mandos castrenses retirados festejan todos los años el aniversario del golpe del 31 de marzo de 1964– Merval Pereira, columnista de TV Globo, y Reinaldo Azevedo, de la revista Veja, denunciaron “la amenaza del chavismo” para referirse al PT, partido que hizo una compra de votos parlamentarios en 2005.
El que recogió el guante fue el diario O Estado de Sao Paulo, que por primera vez en la historia de la prensa brasileña decidió, el pasado domingo 26, hacer público que su candidato es Serra. Argumentó que el voto para el opositor significa “evitar el mal del aparato político en las estructuras del Estado”.
Serra aprovechó para reclamar que se necesita la alternancia en el poder “por la salud de la democracia”. Lo hizo en sintonía con la afirmación del expresidente Cardoso que alertó: si el PT continúa en el poder Brasil corre el riesgo de una “mexicanización” –en referencia a los gobiernos priistas– o de un “subperonismo” –en referencia a la hegemonía en la política argentina del partido fundado por Juan Domingo Perón–.
Pero a Lula no parecen hacerle mella estos señalamientos y celebra novedosos actos que lo colocan como un paladín de los pobres a la par que “actor global”. Por ejemplo el pasado 24 de septiembre abrió la sesión de la Bolsa de Valores de Sao Paulo (Bovespa) –la segunda del mundo después de la de Hong Kong– vestido con una chamarra anaranjada del sindicato de petroleros. Y en ese acto llevó a cabo la mayor capitalización de la historia de Brasil: abrió nuevos lotes de acciones de la estatal Petrobras por la cifra récord de 67 mil millones de dólares.
Petrobras necesita financiamiento para su plan de 224 mil millones de dólares en cuatro años. El objetivo: extraer el petróleo descubierto en
“Un metalúrgico está haciendo la mayor capitalización de la historia del capitalismo, cuando antes venían mis antecesores a vender las empresas estatales”, afirmó Lula en su discurso. “Hace diez años yo pasaba por Bovespa y cerraban las puertas pensando que era el devorador del capitalismo”, recordó con ironía.
El futuro de Lula aún es incierto: medios estadunidenses publicaron que habría para él un cargo en la ONU o en el Banco Mundial, pero el presidente sostiene que estará “en guardia” para defender a Rousseff. Lo cierto es que en Sao Paulo sus colaboradores preparan una estrategia para mantener su perfil internacional. La idea es divulgar en América Central, el Caribe y África las políticas sociales que aplicó en Brasil.
En las siguientes elecciones –en 2014, cuando Brasil celebrará el Mundial de Futbol– Lula tendrá 68 años y el derecho a contender de nuevo por la Presidencia. Pero dice que quiere ser un ciudadano común: “Tomar una cerveza en un bar sin que nadie se fije si el presidente toma o no. Quiero hacer una vida normal, ir a la cancha a ver al Corinthians en la tribuna y mezclarme con la hinchada”, comentó. l
Extravagancia en campaña
Pablo Giuliano
SAO PAULO.- Un payaso, exprostitutas, exfutbolistas de renombre y oportunistas sin propuestas pero con marketing para captar a desilusionados de la política tradicional figuran entre los candidatos que contenderán en las elecciones generales de Brasil de este domingo 3.
Además de presidente y vicepresidente, los brasileños elegirán a 27 gobernadores; a dos tercios del Senado (que consta de 82 asientos); a la totalidad de los 513 miembros de la Cámara de Diputados, y a mil 59 representantes para las asambleas estatales.
Entre los aspirantes hay de todo, incluidos los extravagantes. Entre éstos destaca el payaso Tiririca, conocido por su participación en programas de televisión humorísticos.
Favorito para ser el diputado federal más votado por el estado de Sao Paulo, principal distrito electoral del país, Francisco Everardo Oliveira Silva, Tiririca, del derechista Partido de la República (PR), pide en su propaganda televisiva: “Vote por Tiririca, peor de lo que está (el país), no va a quedar”.
También asegura: “No tengo idea de lo que hace un diputado federal, pero vote por mí y luego le cuento”.
Asimismo, el PR apoya en Sao Paulo a otro candidato: Aloizio Mercadante, del Partido de los Trabajadores (PT), cuyo máximo líder es el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En esta danza de candidatos estrambóticos y recién llegados a la política participan los exfutbolistas Romario y Bebeto, delanteros de la selección brasileña ganadora del Campeonato Mundial de Futbol de 1994 en Estados Unidos.
“Quiero hacer un gol más por mi Brasil”, afirma en su propaganda Romario, candidato a diputado federal por el estado de Río de Janeiro. Este exfutbolista lidereó las encuestas durante la campaña que realizó con las siglas del Partido Socialista Brasileño (PSB), el cual forma parte de la coalición encabezada por Dilma Rousseff, candidata de Lula.
En cambio, Bebeto aspira a un lugar en la asamblea legislativa del estado de Río de Janeiro por el Partido Democrático Laborista (PDT), también integrante de la alianza que postula a Rousseff.
Pero la imaginación de los candidatos no pudo superar a la del abogado Jefferson Camillo, del derechista Partido Progresista (PP). Este aspirante difundió en YouTube nueve videos de campaña de corte porno soft que tuvieron gran impacto.
En uno de ellos aparece una mujer rubia que sale de la ducha. La cámara enfoca una recámara y a un hombre que la espera en la cama. Están en un motel. Suena el teléfono. Ella contesta y le dice a su supuesto marido: “Hola querido, no estoy sola. Estoy con Jefferson Camillo”.
Otro de los candidatos que acapara la atención de los votantes es Ricardo Trípoli. Busca representar a un distrito del estado de Sao Paulo. No realiza actos públicos y nunca muestra su rostro. Sólo sale a la calle para pegar carteles con fotografías de perros de varias razas.
“Vote por los buenos de Brasil”, pide y se presenta como defensor de derechos de los animales. Lo postula el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al que pertenece el candidato presidencial opositor José Serra.
Un caso “internacional”: la candidata a diputada para la Asamblea Legislativa del estado de Espíritu Santo es Andreia Schwartz, una exescort protagonista de escándalos sexuales. Uno de ellos provocó, en 2008, la renuncia del gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer.
Después de que un tribunal estadunidense la encontró culpable de regentear un burdel en Nueva York, Schwartz fue deportada a Brasil, donde posó desnuda para varias revistas. Gracias a su popularidad, el minúsculo y regional Partido Republicano Progresista (PRP) la postuló como candidata a diputada.
En Río de Janeiro es aspirante a diputada regional Renata Firsson, conocida como La Mujer Melón, debido a que se inyectó 500 miligramos de siliconas en el busto. “Elija un gran pecho y una gran cola”, pide a los electores y se proclama “musa de los taxistas cariocas”.
El Partido Verde –cuya candidata presidencial es Marina Silva– apoya como candidata a diputada federal por Río de Janeiro a Gabriela Leite, de 59 años, exprostituta y fundadora de la Asociación Nacional de Meretrices. “Yo fui puta durante 22 años, no me gusta decir trabajadora sexual”, aclara.
Y en Sao Paulo, Cameron Brasil, protagonista de 11 filmes pornográficos, convoca a la población para que vote por ella. También aspira a una diputación federal. “Vote con placer”, exhorta. l
De “la vida loca” al crimen organizado
Juan José Dalton
Las maras dejaron de ser un fenómeno de pandillerismo juvenil. Son ahora organizaciones criminales bien estructuradas que no sólo se dedican al robo, la extorsión, el tráfico de drogas y los asesinatos, sino que incursionaron ya en negocios como el transporte y el comercio al menudeo. Su capacidad para incrustarse en la sociedad sorprende a autoridades y especialistas: ya hay jóvenes mareros, familias y hasta comunidades mareras, donde todos –jóvenes y viejos; padres, hermanos e hijos– pertenecen a estas pandillas.
SAN SALVADOR.- Domingo caluroso, atardecer tranquilo y sin el desorden diario del tráfico en la atribulada ciudad de Mejicanos, ubicada en la periferia norte de la capital. La gente regresa a sus casas después de acudir a misa, de pasear o de realizar visitas familiares. Un microbús de la Ruta 47 transporta a unas 25 personas, incluidos el cobrador y el chofer de la unidad.
En una parada dos o tres jóvenes abordan el microbús. Desenfundan inmediatamente sus armas. Hay disparos. El cobrador cae muerto. Los jóvenes ordenan al chofer seguir adelante y doblar a mano derecha. El vehículo avanza
Abajo, en la calle, otros jóvenes rápidamente rocían de gasolina el microbús. Uno de ellos, bidón en mano, sube a la unidad y esparce el combustible por dentro. Moja los asientos y a los pasajeros, a quienes atemoriza con su arma. Acto seguido, otro de los jóvenes enciende el fuego... Gritos de espanto desde el interior del microbús...
Las sirenas de las patrullas policiales hacen huir a los victimarios. Vecinos y policías acuden a socorrer a los que pueden: unos lanzan cubos de agua, otros sacan y accionan extinguidotes o rompen los cristales de las ventanas del microbús. Al final rescatan a 13 personas vivas de entre las llamas. Otras 11 mueren incineradas. De los 13 sobrevivientes, cuatro fallecen después en hospitales.
Ello ocurrió a las siete y media de la noche del pasado 20 de junio.
Al mismo tiempo, pero en una esquina de la vecina colonia Jardín, también en el suburbio de Mejicanos, otro microbús fue ametrallado. Un pasajero murió debido a los impactos de bala. La policía sospecha que fue una acción de distracción con el propósito de que sus agentes se concentraran momentáneamente en este evento, mientras a unos cuantos metros ocurre el atentado contra el microbús que dejó estupefacta a la sociedad salvadoreña.
Esta acción criminal protagonizada por pandilleros ha sido en El Salvador la de mayor envergadura y salvajismo que haya ocurrido desde la aparición de las llamadas maras en los ochenta. Sólo hay un antecedente tenebroso: la matanza del 11 de diciembre de 1981 en el poblado campesino de El Mozote, provincia de Morazán, ocurrida durante la guerra civil (1980-1992). Tropas especiales del ejército, comandadas por el fallecido coronel Domingo Monterrosa, encerraron en un salón de un convento a decenas de menores de edad y los quemaron con el fuego de lanzallamas.
El origen
El inspector Juan Bautista Rodríguez Godínez es uno de los fundadores de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador y quizás uno de los hombres que más conoce de las interioridades, desarrollo e historia de las dos pandillas principales: la Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18.
“Es curioso que la MS-13 no reconozca que es una pandilla y a los de la Pandilla 18 no les gusta que les digan mareros, pero tienen una historia parecida y sus formas de organización son casi las mismas”, asegura el jefe policial, quien se ha convertido en el principal conferencista internacional de El Salvador en el tema de pandillerismo.
De acuerdo con la literatura y los testimonios existentes, la Pandilla 18 fue la primera en crearse. Fueron mexicanos o chicanos residentes en Los Ángeles quienes la fundaron. Retomaron el nombre de una famosa calle de esa ciudad, la 18, que dominaban. En un principio se dedicaban a organizar bailes y a la venta al menudeo y consumo de drogas. No eran marcadamente violentas, pero se enfrentaban con otros pandilleros latinos y negros.
“Fue entre 1992 y 1994 que comenzó a escucharse el término maras en referencia a la Mara Salvatrucha (MS-13), llamada así porque fue fundada por salvadoreños en la calle 13 de Los Ángeles, donde tenían su dominio. La Salvatrucha nació violenta y también se dedicaba a cometer delitos: robos, asaltos, tráfico de drogas y riñas callejeras”, explica Rodríguez Godínez.
El flujo migratorio de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños hizo que estas dos pandillas crecieran y que el fenómeno se trasnacionalizara. Actualmente la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18 están presentes en casi todas las ciudades de Estados Unidos, así como en algunas de Canadá, de México y de Europa, especialmente en España e Italia. También sus dominios se han extendido en forma de “corredores” por la región centroamericana: desde Guatemala hasta Panamá.
La palabra mara es un apócope del vocablo marabunta, nombre que se le da a unas hormigas de la selva sudamericana que arrasan todo a su paso. Marabunta fue también una famosa película filmada en 1953 e interpretada por Charlton Heston y Eleanor Parker.
Tras la proyección de aquella película, entre la juventud salvadoreña se comenzó a usar el término “mara” para identificar a un grupo de amigos, ya sea del barrio, de la escuela, de la Universidad e, incluso, del movimiento organizado que luchó contra las dictaduras en este país.
Durante la guerra civil salvadoreña casi un millón de salvadoreños emigraron a Estados Unidos, la mayoría a Los Ángeles, Washington, Chicago o Nueva York. Se asentaron en las zonas pobres de esas ciudades. Entre Estados Unidos y El Salvador se creó un puente de doble sentido: los indocumentados que llegan a diario después de atravesar México, y los deportados que son regresados de Estados Unidos, con un puñado de frustraciones.
“Los deportados que eran pandilleros en Estados Unidos regresaron al país con una subcultura, con códigos particulares de lenguajes y señas, así como con tatuajes con letras góticas. Cada vez más indocumentados, cada vez más deportados, cada vez más fueron creciendo las pandillas hasta llegar a lo que ahora son”, dice Rodríguez Godínez.
Algo definía a las maras en sus inicios: “la vida loca”. Una manera de asumir la vida sin rumbo ni límites. En las calles de las barriadas populares las riñas entre mareros de la Salvatrucha y la 18 eran comunes. Pronto se propagó el miedo que provocaban con sus cuerpos y rostros tatuados, así como sus gestos con las manos para identificarse como miembros de una misma clica o tribu.
Pertenecer a una pandilla representaba para los jóvenes tener una identidad que no tenían en sus hogares desintegrados. Ser marero era tener sentido de pertenencia. Habría que jurar lealtad al grupo que al mismo tiempo brindaba protección y poder.
“Antes, en la Mara Salvatrucha el rito de la iniciación era violento: 13 segundos de golpiza en el suelo. La Pandilla 18 tenía algo parecido... En la actualidad es diferente: el que ingresa a la pandilla es enviado a asaltar, a robar o a matar. Asesinar a un policía es como un ‘gran trofeo’. Las jóvenes mujeres que ingresas o ‘brincan’ a las maras son violadas por el grupo”, cuenta Rodríguez Godínez.
La violencia que rodea al tema del pandillerismo no tiene precedente en El Salvador, pese a que esta nación siempre ha tenido altos niveles de delincuencia y de confrontaciones sociales y políticas.
Pero a causa de la violencia El Salvador es actualmente el país más peligroso de Latinoamérica, con una tasa de homicidios en 2009 de más de 75 por cada 100 mil habitantes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que una tasa de más de 10 por cada 100 mil habitantes representa una epidemia.
Metamorfosis
El pandillerismo tiene un origen social: el abandono, la exclusión, la pobreza y la falta de esperanzas en la juventud, señala Rodríguez Godínez. Con él coincide la experta en violencia Jeannette Aguilar.
Ambos advierten que el fenómeno ha sufrido una metamorfosis radical: las pandillas juveniles se convirtieron en bandas del crimen organizado.
“El problema es muy complejo. Y se lo grafico de la siguiente manera para que haya comprensión de la magnitud del caso: hace pocos años había jóvenes mareros. Eran rebeldes y estaban en contradicción con sus familiares y la comunidad. Pero en la actualidad hay familias mareras, en las que abuelos, padres e hijos pertenecen a las pandillas. ¡Existen comunidades mareras, donde la mayoría de las familias pertenecen a las pandillas y se ha creado una red social peligrosa!”, dice Rodríguez Godínez.
Agrega: “Antes, por ejemplo, había clicas o tribus en comunidades y barrios, pero en la actualidad existe la unificación y coordinación de las clicas en lo que ellos llaman ‘programas’. Se forman así especies de pelotones en los que cada cual juega un papel: vigilancia, venta de drogas, robos y sicariato”.
Precisa: “El Programa de Tecla, en el centro del país, es de la Mara Salvatrucha y abarca desde la norteña provincia de Chalatenango hasta Cuscatlán, así como San Salvador y La Libertad. Ahí hemos contabilizado cerca de 60 clicas”.
Las investigaciones realizadas en El Salvador revelan que la Mara Salvatrucha 13 y la Pandilla 18 absorbieron al resto de las pandillas históricas: Mau-Mau, Chancleta y Latin King. Además, este ya no es sólo un fenómeno urbano sino también rural.
“Es una gran cadena social: existen los ‘palabreros’, que son los reales jefes de las maras. Éstos son los que controlan a los jefes de los ‘programas’ y éstos a los jefes de clicas. En las clicas hay hombres y mujeres, viejos, jóvenes y hasta menores de edad. Es como un enjambre, como una metástasis expandida… algo complejo”, expresa el jefe policial.
Jeannette Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), reitera que es un fenómeno social extendido pero también abandonado largo tiempo y al que sólo se ha querido frenar por medio de la represión a través de las políticas de “mano dura” y “leyes antimaras” que lejos de resolver el problema lo hicieron más complejo.
Esas políticas represivas –iniciadas con el gobierno de Francisco Flores (1999-2004) pero que continúan hasta la fecha– mantienen a cerca de 7 mil líderes de maras en las cárceles. Sin embargo, el fenómeno no ha disminuido.
“En la actualidad, uno de los delitos más extendido de las maras es la extorsión. Ellos antes extorsionaban o pedían la cora (25 centavos de dólar); ahora no, ahora cobran entre 20 y 25 dólares por los pequeños negocios (tiendas y restaurantes) y la misma cantidad por autobús y microbús”, asegura el jefe policial.
Empresarios del transporte colectivo indican que por este fenómeno anualmente tienen una pérdida de unos 9 millones de dólares, lo que ha sido corroborado por el director general de la PNC de El Salvador, Carlos Ascencio. También lo confirma un estudio elaborado por el general retirado de Estados Unidos, Richard B. Goetze Jr., y el médico, también estadunidense, Thomas Bruneau. Tal documento fue publicado en el diario de mayor circulación de Honduras, La Prensa.
El estudio dice que “estos grupos delictivos (maras) tienen a su merced al transporte en Honduras, Guatemala y El Salvador”. Incluso, “compiten con empresarios del transporte colectivo”, por medio de pequeños negocios y a través de las extorsiones.
Agregan los estadunidenses que información de inteligencia de la policía de Honduras indica que la Mara Salvatrucha ha amasado tanta fortuna, producto de las extorsiones y tráfico de drogas en Centroamérica, que está invirtiendo en el transporte ejecutivo, ordinario y de carga.
“Los mareros, después de ser utilizados como mulas del narcotráfico o como sicarios, se cansaron de servir a los cárteles de la droga y ahora, en forma exclusiva, distribuyen y transportan drogas y armas en Centroamérica. Y actualmente tienen capacidad empresarial”, asientan los especialistas estadunidenses.
Agregan: “Está de más decir que (los maras) compiten injustamente. Emplean la violencia contra los competidores y se alquilan a otros negocios, como las compañías de autobuses, para intimidar a la competencia”.
En El Salvador la policía confirma que los mareros tienen negocios en el transporte, pequeños comercios como panaderías, locales que venden CD y DVD, talleres de reparación de vehículos o servicios de lavado de autos. La mayoría de éstos son lícitos, aunque “hay otros que no lo son”.
“También tienen negocios con los abogados que los defienden en los tribunales. Tienen tanto poder que cuando cae preso un marero, los líderes le pagan a un abogado para que lo defienda y mantienen a la familia. Además de que se le envía dinero al presidio”, detalla Rodríguez Godínez.
Las autoridades salvadoreñas, encabezadas por Mauricio Funes –el primer presidente de izquierda que gobierna El Salvador en toda su historia–, han desencadenado una lucha más profunda contra el pandillerismo.
El pasado domingo 18 de septiembre entró en vigencia la llamada Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, con la que el gobierno cree que pondrá un freno al poder de las bandas delincuenciales.
En adelante todo aquel a quien se le compruebe que es miembro de una pandilla o mara podría ser sometido a juicio y ser condenado a entre tres y seis años de prisión; igual pena podrían cumplir aquellos que respalden, apoyen o financien a estos grupos delictivos.
La nueva ley incluirá la extinción de dominio de capitales y bienes surgidos o fundados con dinero procedente de extorsiones o secuestros realizados por los pandilleros, según explica el viceministro de Justicia y Seguridad, Henry Campos.
Campos también explica que estas medidas para extinguir el dominio de los mareros, así como controles más rigurosos en las cárceles, desde donde salen muchas órdenes para cometer delitos, pueden ayudar a combatir de manera eficaz el crimen y menguar la violencia.
Además informó que el gobierno elabora una Ley de Prevención y Rehabilitación de los pandilleros con el propósito de apuntalar las medidas sociales para el mejoramiento de la vida en las zonas marginales que históricamente han estado excluidas de todos los planes de desarrollo nacional. “Hoy la visión es de integración social”, ha recalcado el presidente Funes.
“Es un gran problema al que nos enfrentamos. Es difícil la rehabilitación porque aquel que se mete a una pandilla sabe que no hay vuelta atrás... No se puede renunciar. El marero no tiene amor a la vida; sabe que la suya será muy corta. Imagínense que el microbús que fue incendiado con la gente adentro fue por un acto de venganza contra la pandilla que reside en la zona. Fue un hecho inaudito, que no tiene lógica”, finaliza el experto Rodríguez Godínez. l
Las FARC, en jaque
Édgar Téllez
Uno de los guerrilleros más buscados de Colombia, El Mono Jojoy (jefe militar de las FARC), fue abatido el pasado 22 de septiembre en un bombardeo de la fuerza aérea a su campamento. La acción no fue obra del azar sino resultado de meses de trabajo de inteligencia de militares y policías colombianos. Algunos testigos narran a Proceso los pormenores de la cacería desatada por el presidente Santos.
BOGOTÁ.- La segunda semana de septiembre de 2007 Víctor Julio Suárez, El Mono Jojoy, jefe militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), escribió un correo electrónico que resultó premonitorio.
En el mensaje enviado a los siete integrantes del secretariado de la guerrilla, El Mono Jojoy se refería a la muerte de Tomás Medina Caracas, Negro Acacio, comandante del Frente 16, en un bombardeo de la Fuerza Aérea colombiana.
Luego de lamentar la desaparición del Negro Acacio, El Mono Jojoy sentenció: “Voy a utilizar el radio solamente para recibir y transmitir mensajes cortos de ahora en adelante, para evitar una matada”.
Se refería a su temor a los ataques de los aviones Super Tucano de fabricación brasileña, adquiridos por Colombia para localizar desde el aire los campamentos guerrilleros en la selva.
El Mono Jojoy no se equivocó: la muerte del Negro Acacio marcó el inicio de una racha de golpes contra varios jefes de las FARC como Édgar Devia, alias Raúl Reyes, y Sixto Cabaña, alias Domingo Biojó, quienes murieron el 1 de marzo de 2008 y el pasado 19 de septiembre en bombardeos aéreos. Por aquellos días también murieron en combates en la selva Milton Sierra, alias JJ y Gustavo Rueda, alias Martín Sombra, jefes de la guerrilla en el norte del país.
Al Mono Jojoy no le faltaban razones para estar preocupado y esperar ataques de las fuerzas armadas colombianas que lo tenían en la mira por su extenso prontuario y por la sangre fría con la que ordenaba ataques contra policías y soldados. Al líder rebelde se le atribuía el invento de las “pescas milagrosas”, es decir, el secuestro como forma de financiamiento.
El jefe militar de las FARC era uno de los colombianos con más procesos judiciales en su contra (105) y tres solicitudes de extradición a Estados Unidos, donde lo acusan de narcotráfico.
Además entre el 7 de agosto –cuando Juan Manuel Santos asumió la Presidencia de Colombia– y el 13 de septiembre de este año, hombres bajo su mando mataron en emboscadas a 30 uniformados y comprometieron la política de seguridad del nuevo gobierno.
Santos parecía estar en jaque por los golpes recibidos y por la oleada de críticas de columnistas y expertos, quienes lo acusaban de bajar la guardia frente a los guerrilleros.
No obstante, a muchos les pareció inapropiado el mensaje que Santos envió a las FARC el 10 de septiembre luego del ataque guerrillero a un puesto de carabineros en San Miguel, en Putumayo, donde murieron ocho uniformados. Ante los ataúdes el jefe de Estado dijo: “Si esa es la bienvenida, van a ver cuál es la respuesta”.
El 23 de septiembre Colombia anunció la muerte de El Mono Jojoy en un bombardeo el día previo. Desde Nueva York –donde asistía a la Asamblea de las Naciones Unidas– Santos declaró: “Esta es la operación de bienvenida a las FARC”.
La cacería
Con base en testimonios de personas que pidieron el anonimato y que participaron en la misión de localizar al Mono Jojoy, Proceso reconstruyó la búsqueda de un hombre que a los 14 años se enlistó en las FARC y dirigió un aparato de guerra que durante décadas intentó tomar el poder.
Aun cuando las fuerzas armadas arreciaron la búsqueda de Jojoy desde febrero de 2002 –cuando el presidente Andrés Pastrana rompió el proceso de paz iniciado en noviembre de 1999– su localización se hizo difícil por la sagacidad con la que el jefe guerrillero se movía y ocultaba.
Desde entonces los militares realizaron decenas de operaciones en las que apenas lograban golpear el último de los cuatro anillos de seguridad del Mono Jojoy. Así ocurrió en mayo pasado cuando militares abatieron a 16 integrantes del frente 43 de las FARC, encargado de garantizar los desplazamientos de Jojoy.
Tras dar a conocer los resultados de la operación, el comandante de las fuerzas militares, Freddy Padilla de León, le envió un mensaje al jefe militar de las FARC: “Quiero hacerle una invitación al Mono Jojoy y a todos sus hombres para que aprovechen la oportunidad que brinda el gobierno de Colombia, en el Plan de Desmovilización, para que salve su vida e, incluso, salve la vida de los hombres que tiene realizando estas actividades criminales”.
El 16 de julio otros 13 farquistas encargados de la protección de Jojoy cayeron en combate en una zona rural del municipio de Mesetas.
Lo que Jojoy nunca supo es que mientras él se escondía en medio de la selva y cerca de 600 hombres lo protegían, la policía había infiltrado a seis suboficiales en el cerrado círculo que lo rodeaba, estimado por los investigadores en 150 efectivos armados.
Inteligencia e infiltración
Este intento de las autoridades por acercarse a Jojoy empezó a dar frutos en marzo de este año, cuando el servicio de inteligencia de la policía confirmó que sus infiltrados ya se habían ganado la confianza de los guerrilleros y encontraron la manera de enviar información sobre los desplazamientos y rutinas del jefe rebelde.
“La estrategia fue la misma que utilizamos en la operación contra Raúl Reyes”, dice a Proceso un coronel de la policía. “Montamos fachadas, identidades nuevas y sobre todo tuvimos mucha paciencia para esperar los datos que nos enviaban”.
Con el paso de las semanas la policía empezó a contrastar la información con los testimonios de al menos 10 guerrilleros que desertaron este año de las filas de Jojoy. A mediados de año los investigadores ya sabían que el guerrillero pasaba varias semanas en el mismo campamento, el número de hombres que lo rodeaban y sus rutinas diarias como, por ejemplo, levantarse todos los días a la una de la mañana a recibir a otros comandantes o a visitantes del exterior, y acostarse a las cuatro para dormir otras tres horas.
La información de los infiltrados incluyó datos sobre el campamento, de
Supieron también que Jojoy tenía una casa de unos
El primer anillo de seguridad de Jojoy –compuesto por 15 hombres– se alojaba en dos cabañas frente a la vivienda del jefe militar. Otros grupos de reacción se apostaban a 150 y
Tras elaborar un mapa con base en la información de los infiltrados, los oficiales de la policía concluyeron que Jojoy debía ser atacado en la madrugada, cuando era seguro que estaba atendiendo visitas.
Los golpes recibidos luego de su llegada al poder forzaron a Santos a pedirle a los altos mandos que agilizaran la operación final contra Jojoy. Los infiltrados recibieron el mensaje y precisaron el dato más importante: hasta cuándo estaría en ese campamento el guerrillero.
La respuesta fue que el jefe militar de las FARC se sentía cómodo en ese lugar rodeado de árboles de más de
La certeza de que se encontraba en un lugar inexpugnable fue la perdición del jefe militar de las FARC. A mediados de septiembre el alto mando de las fuerzas armadas ya tenía la certeza de que su objetivo era alcanzable.
El 17 de septiembre, durante un consejo de seguridad en la base militar de Larandia, en Caquetá, para examinar los recientes ataques rebeldes, Santos recibió la noticia de que Jojoy estaba en el campamento; le presentaron un mapa de la zona donde sólo se veía un espeso tapete verde. “Cuando el director de la policía mostró el mapa no se veía nada”, dice a Proceso uno de los comandantes que asistió a la cumbre en Larandia. “Todo era selva y más selva. Pensé que sería otra operación más, pero los oficiales que elaboraron el mapa nos aseguraron que las coordenadas eran esas y que con seguridad Jojoy estaba allí”.
Tras conocer todos los detalles de la localización de Jojoy Santos dio vía libre a la operación, aunque insistió en que los infiltrados confirmaran que el guerrillero seguía en ese lugar.
El ataque
Al anochecer del 20 de septiembre, antes de partir a Estados Unidos Santos, se reunió en la residencia presidencial con la cúpula castrense encabezada por el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera; tras evaluar los últimos datos dio el visto bueno a la operación, bautizada en ese instante como Sodoma.
Una vez que el jefe de Estado partió a Nueva York los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía se concentraron en el Comando de Operaciones Especiales en el Ministerio de Defensa y planearon la movilización de las aeronaves y los hombres que serían enterados del desarrollo de una operación “en algún lugar del suroriente del país”. El objetivo final sólo sería conocido por un puñado de altos oficiales, el ministro de Defensa y el Presidente. El secreto era clave para el operativo.
A la 1:45 de la mañana del 22 de septiembre 30 aviones Super Tucano despegaron de diferentes pistas rumbo al sitio de encuentro: el Parque Natural Tinigua. A las 2:04 las aeronaves comenzaron el lanzamiento de 40 bombas de entre 150 y
Un video grabado desde una de las aeronaves muestra la dimensión del ataque aéreo, que duró dos horas. El objetivo fue totalmente destruido.
A las cinco de la mañana, una vez terminado el bombardeo vino el desembarco de tropas cerca del campamento para verificar los resultados del ataque. De 27 helicópteros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía descendieron a rapel 100 efectivos de las Fuerzas Especiales del Ejército, 40 de la Infantería de Marina y 80 de los Comandos Jungla, los Comandos de Operaciones Especiales y el Grupo Táctico Antiterrorista de la Policía, que de inmediato se enfrascaron en combates con los hombres de Jojoy que no fueron alcanzados por el ataque aéreo.
Los combates duraron todo el miércoles 22 hasta que las tropas aseguraron el área e hicieron huir a los guerrilleros, quienes intentaron sin éxito recuperar el cuerpo de Jojoy, atrapado bajo un pequeño derrumbe provocado por las explosiones y que le produjo la muerte por asfixia.
A las 7:35 de la mañana del 23 de septiembre el comandante de las fuerzas militares, Édgar Cely, recibió la llamada del general Javier Flórez, comandante de la Fuerza de Tarea Omega –cuerpo de élite creado para perseguir a los jefes de las FARC– quien le dijo desde el campamento de Jojoy que acababan de confirmar que uno de los cuerpos hallados era el del hombre que habían buscado tanto tiempo.
Las FARC recibieron uno de los más duros golpes de su existencia. Ahora las fuerzas armadas vuelven los ojos nuevamente hacia Alfonso Cano, comandante del grupo rebelde desde marzo de 2008.
Éste, como Jojoy, escribió un correo electrónico en el que manifestó su temor por las bombas. Por lo menos así lo deja entrever un comunicado que leyó el pasado 30 de julio –una semana antes de la sucesión presidencial– y en el que invitó al gobierno a abrir espacios de diálogo con la insurgencia.
En la parte final de su intervención dijo: “Hoy estamos, mañana no estamos, pero otros muchachos, otras generaciones, otros integrantes del ejército del pueblo tomarán nuestras posiciones (...)”.
Marisela Morales y el nuevo “michoacanazo”
Miguel Ángel Granados Chapa
Cuando el martes 28 de septiembre salieron a la calle cinco agentes policiacos que habían sido detenidos junto con 30 personas más en el célebre michoacanazo, y sólo siguió preso uno de dos docenas y media de alcaldes y funcionarios municipales y estatales de Michoacán privados de su libertad en mayo de 2009, quedando de manifiesto la injusticia, el ridículo y el talante político de la operación, su autora, Marisela Morales Ibáñez, tuvo que dar la cara.
Aunque no necesariamente tenga autoridad para hacerlo, la avaló su jefe, el procurador Arturo Chávez Chávez, quien no había sido designado en ese cargo cuando se inició la vasta maniobra que ahora reventaba. Como se recuerda, en aquel entonces era abogado postulante o consultor en el despacho de Diego Fernández de Cevallos, quien lo había ya colocado en la lista de espera para cuando se marchara (a Londres) Eduardo Medina Mora. Aunque Chávez Chávez participó también en la conferencia de prensa del jueves 30, en torno a casos que no conoce desde su origen, cedió la palabra a la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), a quien reconoció “públicamente capacidad, entrega, profesionalismo y valentía”, atributos de los que dudaría quien estuviera al tanto del tema por abordar.
La subprocuradora dijo en síntesis, aunque con otras palabras, que no fueron apreciados por los jueces los muy completos expedientes de acusación contra quienes pasaron hasta 17 meses sin que se les hallara responsabilidad penal. Descargó sobre ellos la responsabilidad de que la peligrosa movilización en que se detuvo a funcionarios que disponían de fuerza pública (y por lo tanto hubieran podido utilizarla para su protección, pues los policías que los capturaron parecían y actuaban como si fueran secuestradores o asaltantes) terminara en fracaso, como la opinión pública interpretó el que de treinta y tantos procesados sólo quedara uno, el alcalde priista de Múgica, en la penitenciaría michoacana. Centró su defensa de las actuaciones ministeriales en la participación de los testigos colaboradores, cuyos dichos, alegó, fueron avalados por tribunales de apelación, que otorgaron “pleno valor probatorio a la declaración de esos testigos”.
La tomó especialmente en contra del juez primero de Distrito en Morelia, autor de varios de los fallos por los cuales están en libertad los injustamente presos, y el que permitió a Julio César Godoy Toscano protestar su cargo de diputado federal. Dijo la subprocuradora que en nueve casos ese juzgador, Efraín Cázares, “no sólo decretó en forma cuestionable la libertad de los inculpados, sino que actuando en total contradicción a la ley, resolvió, al momento mismo de decretar la procedencia de la libertad por falta de elementos y la libertad por desvanecimiento de datos, el sobreseimiento del proceso, sin contar para ello con fundamento legal alguno, lo que implica que con esa determinación impide al agente del Ministerio Público de la Federación presentar pruebas y reactivar el procedimiento”.
Esas resoluciones y otras a las que la funcionaria se refirió, así de pecaminosas, no fueron objeto de queja alguna, en su momento, ante el Consejo de la Judicatura. Sólo ahora, cuando quedó claro que las acusaciones no fueron probadas y casi todos los detenidos se han marchado a sus casas, la PGR presentó ese recurso ante el órgano que supervisa la actuación de los juzgadores.
Con insistencia que parecía insidiosa, la subprocuradora añadió cargos contra Cázares, a quien no mencionó por su nombre, sino sólo aludió refiriéndose al juzgado del que es titular: “Las decisiones del juez primero de Distrito en Michoacán son contradictorias, toda vez que en una misma resolución señala que las declaraciones de los testigos colaboradores tienen pleno valor probatorio y son útiles para comprobar que se cometió el delito de delincuencia organizada, y en otra parte menciona que esas declaraciones no son válidas, porque los testigos no declararon en presencia de un abogado”.
Fue más allá la titular de la SIEDO: dijo del multicitado juez primero de Distrito que “resolvió extrañamente acumular” el proceso de Luis Servando Gómez Patiño –hijo de La Tuta, como se apoda al jefe de La Familia michoacana– al de los detenidos en mayo de 2009. La extrañeza le viene de que el juicio contra Gómez Patiño “es más antiguo que el de los servidores públicos del estado de Michoacán y en todo caso lo procedente debió haber sido acumular a la inversa, por lo que se prevé utilice los mismos argumentos anteriormente señalados para dejarlo en libertad”.
Esos y otros señalamientos contra el juez primero de Distrito de Morelia hacen suponer que pronto se intentará procesarlo. Pero si se llega a ese extremo, o al esbozado por el procurador y la subprocuradora de reiterar las acusaciones contra los detenidos y liberados, aun los que fueron absueltos en sentencias (que no están firmes, según insistieron), se enfrentarán a la incredulidad ciudadana, pues la gente supondrá que para lavarse la cara puede llegar a cualquier extremo –incluido un nuevo michoacanazo corregido y aumentado– el Ministerio Público, a cuya cabeza actúa en este caso la licenciada Morales Ibáñez.
Ella ascendió a su actual cargo al comenzar agosto de 2008, cuando se iniciaba la operación limpieza en la PGR. El entonces procurador Medina Mora despidió en un reajuste de su gabinete a los subprocuradores Noé Ramírez Mandujano y José Luis Santiago Vasconcelos, quienes en ese momento iniciarían un trayecto trágico. Ramírez Mandujano –en cuyo lugar fue nombrada Morales Ibáñez, quien hasta entonces estaba bajo sus órdenes, como jefa de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores– recibió un aparente premio de consolación: se le envió a Viena, como representante de México ante el organismo de la ONU contra las drogas. Pero sólo permaneció allí unos meses. En noviembre se percató de que se realizaban averiguaciones en su contra, volvió a México a responder en ellas y se le detuvo. Actualmente está sujeto a proceso, preso en una cárcel de alta seguridad.
Fue peor el destino de Santiago Vasconcelos, quien durante unos meses, después de un breve periodo de desasosiego (pues lo dejaron en la calle), fue llamado a encabezar el organismo que implementa la reforma judicial en materia penal. Volvía de San Luis Potosí tras un acto relacionado con esa función cuando, pasajero casual en el avión en que viajaba el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, murió al precipitarse a tierra el aparato.
En poco más de dos años al frente de la SIEDO, además del resultado del michoacanazo, Morales Ibáñez ha tenido otros momentos difíciles. En un juicio contra un presunto miembro de Los Zetas, se le perdió la testigo colaboradora en que se sustentaba su acusación. No le quedó más remedio que comunicar ese hecho al juez del caso: se excusó de presentar a ese testigo “toda vez que por el momento no es posible localizarlo, ya que abandonó el servicio de escolta y se procede a girar la localización y presentación en contra de dicho testigo”. Era probablemente una delincuente arrepentida, que se habría fugado, por lo cual la triste comunicación concluye diciendo que “se está en el proceso de estudio de su situación jurídica”.
Agente del Ministerio Público Federal desde tiempo atrás, el procurador Rafael Macedo de la Concha la nombró coordinadora general de Investigaciones de la PGR. Entre los casos que le correspondió encarar ante la opinión pública se contó el de la reanudación de las averiguaciones sobre el asesinato del cardenal José de Jesús Posadas Ocampo, donde su actuación no arrojó ninguna novedad. Fue diferente el resultado en la indagación que condujo al desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en que aportó las constancias ministeriales utilizadas para el juicio legislativo contra el jefe de gobierno del Distrito Federal. l
Corporativismo michoacano
Ernesto Villanueva
En el último bastión del PRD, en Michoacán, prevalecen ejercicios indebidos que no sólo gozan de impunidad, sino que se practican con un cinismo que debiera preocupar a todos. Puesto que el que afirma tiene la carga de probar sus dichos, vayamos a los hechos.
Primero. El régimen de partidos políticos en México se basa en dos principios básicos: a) el financiamiento oficial de los mismos, bajo el argumento de que así se acotan las posibilidades de infiltración de intereses ajenos al interés público; y b) la libre participación de los ciudadanos mexicanos en ellos, incluyendo aportaciones complementarias para su desempeño.
De acuerdo con los datos oficiales del PRD estatal sobre sus ingresos, parte de los mismos provienen de descuentos salariales que se hacen a un alto número de empleados, desde miembros de la escolta del gobernador y servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado hasta directivos, reporteros y gerentes de noticias del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. ¿Alguien en su sano juicio podría creer que esas aportaciones nacen de la convicción de contribuir a la realización de los ideales revolucionarios de dicho partido? ¿No será más bien que el incentivo de aportar al PRD surge del temor a perder el empleo?
Esta práctica corporativa con la que el gobierno del estado tiene agarrados del ombligo a los burócratas michoacanos se aplicaba tal cual en los sindicatos del viejo régimen priista de partido casi único. Se trata de una violación clara de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 5º dispone: “El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa”. ¿No se enajena la libre voluntad de la persona al condicionar su empleo a su lealtad económica ante el PRD?
Segundo. Paradójicamente, la política clientelar del gobierno del estado-PRD puede tener un efecto bumerán. En efecto, el PRD michoacano afirma que durante 2009 tuvo ingresos por 24 millones 107 mil pesos, de los cuales sus militantes y simpatizantes aportaron 14 millones 526 mil pesos, cifra muy superior a la recibida por concepto de financiamiento público, correspondiente a 6 millones 441 mil pesos.
Esto significa que el PRD de la entidad obtiene mayores recursos privados que públicos. Y así se configura una falta grave a la Constitución, cuyo artículo 41, fracción II, advierte: “La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado”.
De manera correlativa, el artículo 116 constitucional prescribe en su apartado IV: “Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que (…) h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el 10% del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas materias”.
El tope de gastos de campaña en la más reciente elección de gobernador fue de 32 millones 600 mil pesos, conforme al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán del 18 de mayo de 2007, y el PRD se excedió en casi 400% del total autorizado por la Constitución federal.
Tercero. En un caso similar, en el juicio de revisión constitucional electoral bajo el expediente SUP-JRC-10/2009, siendo magistrado ponente el maestro Flavio Galván Rivera, se ha sentado el precedente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en esta materia, que confirma lo que aquí se expone. Más todavía, el artículo 48, segundo párrafo del Código Electoral del Estado de Michoacán, dispone claramente que “las aportaciones que en lo individual realicen los simpatizantes tendrán un límite anual equivalente al 5% del monto total que para actividades ordinarias se otorgue a todos los partidos en el año que corresponda”.
Los miembros del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán tienen frente a sí la responsabilidad de actuar conforme a estricto derecho y sancionar al PRD en el estado. De la misma suerte, es necesario que el gobierno estatal establezca mecanismos transparentes para garantizar que no se impongan más formas de coacción de la libre voluntad de los servidores públicos, dándoles plenas garantías para que aquellos que quieran aportar al PRD parte de su sueldo lo hagan libremente, y que quienes prefieran no hacerlo procedan de ese modo sin ningún riesgo de sufrir represalias.
El Congreso de Michoacán tiene ahora una espléndida oportunidad para legislar en tal sentido, de manera que nunca vuelva a ocurrir lo que hoy pasa en perjuicio de los mejores intereses del país. l
evillanueva99@yahoo.com
Por qué no es nuestra guerra
sabina berman
1.
“Para que la droga no llegue a tus hijos”, el presidente lanzó una guerra frontal contra el narcotráfico hace tres años y medio. Desde entonces, los mexicanos nos hemos ido convenciendo de que la guerra que nosotros necesitamos es otra: una guerra contra el crimen que nos roba, nos secuestra, nos extorsiona y nos mata.
Algo habrá alcanzado a oír o a leer de nuestro consenso el presidente, porque ha variado su discurso y, a partir de septiembre de este año, ya no se refiere a “la guerra contra el narco”, sino a “la guerra contra el crimen”, y ha solicitado que “esta sea una lucha de la sociedad entera”.
Da igual. Semántica aparte, las acciones de su guerra siguen siendo idénticas a las de antaño: acciones contra los cabecillas del narco, no contra el crimen que nos priva de nuestros patrimonios, de nuestra libertad o de nuestra vida.
Por eso la guerra del presidente sigue siendo su guerra.
2.
¿Cuál es el desacuerdo entre el presidente y la sociedad? ¿Qué se interpone entre él y nosotros y convierte la conversación pública en un diálogo entre sordos?
Bien sencillo: se interpone la realidad.
Una realidad que mejor se entiende al cifrarse. Estos son los números de la guerra que el presidente presume estar ganando, en palabras de él mismo: “En tres años y medio hemos decomisado drogas por un valor equivalente a 10 mil millones de dólares… Y en tres años y medio han caído 125 líderes y lugartenientes… y 5 mil 108 sicarios”.
Por otra parte, estos son los números de la guerra a la que los ciudadanos nos vemos sometidos. En tres años y medio de gobierno calderonista los índices de la criminalidad dirigida directamente contra los ciudadanos han permanecido casi estables, ubicándose entre 1.4 y 1.6 millones de delitos. Casi estables: luego de tres años y medio de guerra, de 28 mil muertos y de 10 billones de dólares gastados en la misma, los crímenes contra los ciudadanos han disminuido 1.5%.
Por eso, es un hecho que la guerra del presidente sigue siendo su guerra y no la nuestra.
3.
¿No son los mismos criminales los que transportan y venden la droga que aquellos que nos roban, nos extorsionan y nos secuestran a los ciudadanos? La realidad ha mostrado que no lo son.
Por usar una metáfora que suelen emplear los expertos: los cárteles son las ballenas del mar de la ilegalidad que circunda a nuestra sociedad; los pequeños peces que rodean a cada ballena son los grupos que cometen los crímenes contra los ciudadanos. Mientras las ballenas se ocupan del mucho más lucrativo transporte de las drogas hasta Estados Unidos, a veces emplean a los pequeños peces y a menudo no, y los dejan hacer sus pequeños delitos. Pero en más de una ocasión los capos han ofrecido al gobierno federal acabar con ellos a cambio de una tregua.
Recuérdense las ofertas que hicieron al gobierno en el año 2009 La Tuta, entonces líder de La Familia, en Michoacán, o Arturo Beltrán Leyva, en Morelos, o los mensajes que aparecieron en algunos ajusticiados “por rateros y secuestradores” en la Ciudad de México. Lo que este gobierno federal respondió a las ofertas de los capos fue un “no negociamos” bravío y un “no tenemos miedo” airado.
Porque nosotros sí tenemos miedo, la guerra del presidente sigue siendo su guerra.
4.
La razón por la que la guerra contra el narco la libra el Ejército es consabida. Nuestras policías están infiltradas por el crimen. No se ha dado el caso de un secuestro donde “por lo menos un policía no sea cómplice” (Isabel Wallace), y se estima que “de cada dos policías uno se encuentra coludido con el crimen” (Alejandro Gertz Manero).
Entonces, pues, el presidente lanza al recto Ejército contra el narco, que a él le obsesiona, y nos deja a los ciudadanos en manos de esos policías en los cuales ni él mismo puede confiar.
Lo cierto es que luego de ser robados, extorsionados o secuestrados, los ciudadanos no tenemos a quién acudir. Ir a denunciar los hechos a la policía es una suerte de broma macabra. Sabemos que la denuncia tiene poca oportunidad de prosperar hasta volverse una detención (se estima que sólo el 7%) y menos hasta llegar a una sentencia (se estima que sólo el 2%).
En cambio sabemos que la denuncia tiene oportunidad de convertirse en un nuevo atraco, gracias a la información que entreguemos “a la policía”, y las encuestas estiman que el 80% de los delitos no son denunciados.
Allá el presidente con su guerra épica de grandes confrontaciones entre generales y capos; acá nosotros desamparados en una tierra baldía de ley y con un doble enemigo, el “pequeño” crimen y los temibles policías.
5.
Si el presidente Calderón quiere que su guerra sea nuestra guerra, tendría que hacer algo más que cambiar las palabras de su discurso.
Tendría que, de verdad, cambiar el objetivo de la guerra: enfocar la seguridad de los ciudadanos como el nuevo objetivo.
Un objetivo cuyo criterio de éxito sería la disminución real de los crímenes contra los individuos y no la cantidad de droga asegurada o el número de capos y sicarios caídos. Y al cambiar el objetivo tendría que cambiar, en consecuencia, sus acciones.
Por ejemplo, y para empezar, limpiar las fuerzas policiacas radicalmente, lo que acaso sólo pueda lograrse supliendo a los policías con soldados, hasta que una nueva generación de policías sea entrenada y entre en funciones. Por ejemplo, multiplicar por 20 la eficacia con que la denuncia de un crimen se convierte en la captura del criminal y su sentencia justa.
Esa, una guerra contra la impunidad y por la seguridad de cada ciudadano, sería otra guerra. Y, sí, sería nuestra guerra. l
Vulnerables
jesús cantú
En la guerra contra el crimen organizado los alcaldes mexicanos quedaron en medio del fuego cruzado; o caen por los disparos de los criminales o son detenidos por las autoridades federales. Desde el inicio del sexenio 18 de ellos han sido asesinados presuntamente por miembros de las bandas delictivas. Además, para dar una idea de su vulnerabilidad ante las averiguaciones previas que les inicia la PGR, sólo en el fallido michoacanzo fueron detenidos 12 alcaldes, acusados de tener vínculos con la delincuencia organizada.
El lunes 27 sacudió a la opinión pública el hallazgo del cuerpo lapidado del alcalde interino de Tancítaro, Michoacán, junto a uno de los concejales, Rafael Equihua. Ellos habían sido designados por el Congreso para ese cargo luego de que en diciembre del año pasado el presidente municipal y su cabildo renunciaron por presiones del crimen organizado y por considerar que no había condiciones para hacer su trabajo.
Los alcaldes no son los únicos funcionarios vulnerables en los ayuntamientos; los ataques también alcanzan a los policías: de acuerdo con las cifras que ofrece el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, en lo que va del presente sexenio han sido ejecutados 915 policías municipales, de los 2 mil 76 efectivos policiacos abatidos por las bandas criminales.
El riesgo se extiende a los mandos medios de la administración municipal, como el secretario de Tránsito y Vialidad de Monterrey, Enrique Barrios, secuestrado en mayo pasado al parecer por grupos vinculados con el crimen organizado. Barrios fue dejado en libertad por sus captores unos días después, tras ser torturado, y renunció a su cargo. Son numerosos también los casos de secretarios o directores de Seguridad Pública municipal que han caído por el fuego de la delincuencia organizada.
Pero los funcionarios municipales no sólo están expuestos al acoso de la delincuencia organizada: también padecen los embates de las autoridades. En mayo de 2009 las fuerzas federales detuvieron a 38 funcionarios y jefes policiacos de Michoacán acusados de servir a la delincuencia organizada, particularmente al cártel de La Familia. Entre los funcionarios había 12 alcaldes, tres directores municipales, un síndico del ayuntamiento y dos policías. Así, casi la tercera parte de los detenidos eran alcaldes, la sexta parte eran funcionarios o policías municipales y en total representaban 47% de los 38 detenidos.
Aunque no hay estadísticas que permitan ubicar el total de integrantes de la fuerza pública municipal que han sido consignados ante la justicia, también son blanco preferido de los ministerios públicos. Un recuento publicado por el diario regiomontano El Norte en su edición del 26 de septiembre de 2009 señala que en los primeros siete meses de ese año habían detenido a 357 policías, de los cuales 319 pertenecían a las corporaciones municipales.
Y en marzo de este año elementos de la Marina detuvieron al director de alcoholes del mismo municipio, Rogelio González, también por presuntos nexos con el crimen organizado. Hasta el momento no ha sido liberado.
Así los funcionarios municipales son el blanco ideal del crimen organizado, pues realizan tareas cruciales para la buena marcha de “su negocio”. Normalmente están mal pagados y no tienen los instrumentos adecuados para cumplir con sus responsabilidades. Aquí los policías muestran esta realidad: de acuerdo con García Luna 61% de ellos ganan menos de 4 mil pesos mensuales, y al menos en el caso de Nuevo León, por disposición legal no pueden portar armas largas.
En cuanto a los mandos medios y los alcaldes quizá la única diferencia es el salario – y no en todos los casos pues seguramente muchos de ellos (en los más de 2 mil 500 municipios) reciben remuneraciones miserables– pero son igualmente vulnerables a los embates del crimen organizado, como mostró claramente el secuestro y asesinato del presidente municipal de Santiago, Nuevo León, Edelmiro Cavazos.
De acuerdo con datos publicados en medios informativos, en sus diez meses de gestión éste había reducido el número de sus policías de
Los municipios son el núcleo básico de la organización política y administrativa de México. Las funciones que realizan sus autoridades son cruciales para que los mexicanos gocen de una mejor calidad de vida; pero desgraciadamente esta operación estratégica no se corresponde con el diseño institucional, y eso es lo que los vuelve muy vulnerables, como indican las estadísticas y los casos señalados en los párrafos anteriores.
Las explicaciones de los asesinatos y detenciones de los funcionarios municipales son múltiples: algunos cayeron por las balas del crimen organizado porque osaron combatirlo, pero seguramente también hay quien fue victimado por haberse aliado a uno de los grupos en pugna, por haber incumplido sus promesas o haber intentado abusar de su autoridad, entre otras posibles razones. Lo mismo sucede en el caso de las detenciones, en las que existen culpables e inocentes.
Lo cierto es que los funcionarios públicos municipales no gozan de las condiciones adecuadas para cumplir con sus responsabilidades y eso lo aprovecha el crimen organizado para comprarlos, maniatarlos o eliminarlos. No son los únicos servidores públicos vulnerables pero sí son el eslabón más débil y eso los vuelve también blanco de las mismas autoridades.
Para combatir dicha debilidad lo primero que hay que reconocer es la gran heterogeneidad y diversidad de los municipios mexicanos, lo que necesariamente cancela las respuestas únicas; los remedios no pueden aplicarse indiscriminadamente a todo lo largo y ancho del país. La generalización ni siquiera es concebible a nivel de las entidades federativas, pues incluso dentro de ellas las diferencias son abismales. Las alarmas están encendidas, hay que atenderlas so pena de seguir sufriendo las consecuencias. l
