Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 10 de octubre de 2010
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS MEXICANOS EN DESGRACIA
Colaborador Invitado / CFE: corrupción de clase mundial
Desde el año pasado la CFE debió tomar medidas para atajar lo casos de corrupción
Colaborador Invitado
(10 octubre 2010).- César Augusto Santiago
Diputado federal priista, presidente de la Comisión Jurisdiccional.
Hace un año en Houston el Departamento de Justicia encarceló a un señor llamado Joseph O'shea, acusado de manejar y autorizar pagos a funcionarios de la CFE a cambio de contratos lucrativos; asimismo, se implicaba al mexicano Fernando Maya que fungía como intermediario en los negocios contratados por la paraestatal.
La nota periodística de Houston, que también fue publicada en diarios nacionales, señalaba no solamente las irregularidades en los contratos, sino posibilidades muy graves de involucrar a corredurías y al mismo Bank of America por el traslado de los fondos ilícitos a través de esa firma.
En el mes de noviembre del año pasado, presenté una solicitud en la Cámara de Diputados para que se acordara la realización de una auditoría en ese caso y se pudieran aclarar los términos del involucramiento de la paraestatal en esos asuntos. Aparentemente la Auditoría Superior de la Federación inició algunas tareas de investigación que no concluyeron en nada útil.
El escándalo de la primera acusación era suficiente para que la CFE tomara precauciones y aclarara todo lo concerniente a los contratos, máxime si estaba siendo puesta como modelo "de empresa de clase mundial" por el presidente de la República en el contexto de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro.
La poca eficacia de esta gestión inicial obligó a una revisión del número tan importante de promociones que la Cámara de Diputados ha hecho con distintos temas a la CFE, prácticamente sin resultado positivo alguno. Y al revisar las revisiones encontramos que no solamente existe de manera permanente la suspicacia de que la empresa está inmersa en procesos turbios de contratación, sino también en negocios con la compra de gas natural de origen peruano que después, se dice, importa para que empresarios privados puedan generar energía eléctrica que CFE después compra para venderla en exclusiva.
También la necesidad de aclarar todo lo concerniente a los contratos de venta de los miles de kilómetros de fibra óptica, que en una operación casi clandestina fueron asignados sin transparencia pública.
Por si fuera poco, el clamor por el cobro excesivo en opinión de miles de usuarios de las tarifas de la electricidad de consumo doméstico, y la arbitrariedad y autoritarismo para aplicar las tarifas que la Secretaría de Hacienda de manera inexplicable establece para la paraestatal; es decir, las tarifas son altas y la forma de cobrar es totalmente arbitraria, en el colmo se quejan los usuarios de que ahora se están poniendo nuevos medidores y tampoco se sabe en qué condiciones fueron asignadas las empresas que los fabrican y menos se sabe por qué se exige el pago de un seguro a los tenedores de estos nuevos aparatos.
Ante este cúmulo de situaciones que exigen explicación, aparece otra vez en la prensa de Houston la denuncia de corrupción con un nuevo personaje: el ingeniero Néstor Moreno Díaz, acusado otra vez de realizar contratos sin las licitaciones ni los procedimientos jurídicos indispensables, sino mediante sobornos y maniobras.
Sólo cuando la prensa nacional recupera el tema prosperan los reclamos en la Cámara de Diputados para indagar y transparentar el desempeño de esta empresa que administra parte del patrimonio nacional.
Moreno Díaz ya había estado sujeto a una investigación en 1998 por la entonces Secretaría de la Contraloría de la Federación y esta dependencia había resuelto destituirlo e inhabilitarlo del servicio público en un periodo de 10 años.
Es evidente que hay un problema de soberbia y autoritarismo en la CFE, quizá sustentado en los altísimos gastos de publicidad que la empresa ejerce y que supuestamente le garantiza cierta impunidad para su operación. Esta soberbia se ha traducido en un autoritarismo despiadado que pagamos todos los consumidores de energía doméstica, ya que no hay explicaciones alrededor de la fijación de las tarifas y de su cobro. Múltiples casos han concluido con que la compañía retira el servicio de energía eléctrica sin mayores miramientos. La fuerte presión popular no ha encontrado cauces eficaces para hacerse presente, porque simplemente los usuarios no tienen otra opción.
Hoy la Cámara de Diputados tiene por lo menos dos acciones en marcha: la primera para constituir una comisión de investigación alrededor de los múltiples asuntos denunciados en contra de CFE y que al mismo tiempo vigile la realización de las tres auditorías que ya se han ordenado. La segunda pretende resolver el problema de fondo, al iniciar un procedimiento legislativo para reformar la Ley del Servicio Público de Energía y crear la Comisión Reguladora de las Tarifas de Energía Eléctrica que daría transparencia y equidad en la prestación de este servicio público.
La CFE es patrimonio de los mexicanos para prestar un servicio público. No es una empresa para hacer negocio, ni una madriguera de intereses, operaciones costosas y abusos burocráticos que termina pagando, con sus cuotas, el pueblo de México.
Los ciberlectores de Enfoque
(10 octubre 2010).- Sobre 'Secuestro e impunidad'
Algunos de los comentarios recibidos en torno al reportje 'Quedan impunes plagios de alto impacto', publicado la semana pasada.
Le escribo referente al gráfico animado de los 50 secuestros de alto impacto, soy la nieta de Jaime Farill Novelo, sólo una pequeña aclaración respecto a lo que aparece en resolución "desconocida"; él fue rescatado por la policía sin pago de rescate alguno.
Carolina Farill.
La disciplina y aplicación de la ley es lo que hace falta, dejar todo el partidismo atrás y aplicar la ley y mano dura. Yo sí estoy de acuerdo en la pena de muerte contra secuestradores... Lástima que nuestros seudo-gobernantes siempre han visto el popularómetro antes de ejecutar acción alguna y esto ha sido con todos los gobiernos no importando el color de éste. Nuestro México pareciera que está en etapa terminal, si no vemos las buenas prácticas de otros países como Colombia, Israel, USA para atacar este tipo de casos, seguiremos lamentándonos de nuestra suerte, pero eso sí, muy patrióticos defendiendo nuestra soberanía enrollados en la bandera nacional... y seremos bien soberanos... soberanos muertos.
Jorge Alberto
Estado de México.
Imagínense, si los personajes de la alta política y empresarios muy exitosos están a merced del crimen organizado, ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes y corrientes? Esto es lo que han logrado 70 años de corrupción del PRI y ahora 10 años de gobierno totalmente inepto e igualmente corrupto del PAN... ¿Y así quieren que paguemos impuestos?
Guillermo Álvarez
Distrito Federal.
Para opinar, busque el contenido de Enfoque en el sitiohttp://gruporeforma.reforma.com/Suplementos/enfoque/
Nota de la redacción
(10 octubre 2010).- Entre los 50 secuestros de alto impacto enlistados en el pasado número de Enfoque se omitió el plagio de los hermanos Vicente y Sebastián Gutiérrez Moreno; este caso, entre otros secuestros, fue uno de los detonantes de la primera megamarcha ciudadana en demanda de seguridad que se realizó el 27 de junio del 2004.
Vicente y Sebastián Gutiérrez Moreno.
Propietarios de agencias automotrices Volkswagen y Mercedes Benz.
Fecha: 17 de mayo del 2004.
Duración: 7 días.
Plagiarios: banda de Los Montante.
Rescate: 5 millones de pesos.
Resolución: se pagó el rescate, pero los cuerpos de los plagiados aparecieron en un basurero de los Reyes la Paz, estado de México. En 2007 se dictó sentencia de 68 años de cárcel a Omar García Montante, líder de la banda.
La resaca de la extinción
Crónica Un año sin Luz y Fuerza. El primer aniversario de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro coincide con la proliferación de quejas por cobros excesivos a los usuarios y problemas de medición y facturación por parte de la CFE
Jésica Zermeño Núñez
(10 octubre 2010).- Laura Leticia Mendoza llegó el pasado 1o. de octubre a las 11 de la mañana al módulo de atención a clientes de la Comisión Federal de Electricidad La Raza buscando solución. En julio pidió que instalaran un medidor nuevo en su casa, ubicada en la colonia Industrial, para que registrara el consumo de luz de la mitad de su hogar, donde próximamente vivirá su hijo. Lo instalaron, pero la primera medición del aparato fue exorbitante: 35 mil 897 pesos. Según el recibo, eso es lo que cuesta la electricidad que se utilizó en una casa todavía deshabitada, que sólo tiene conectados un refrigerador y un horno de microondas durante 40 días.
El recibo marcaba adeudos anteriores, cuando apenas se había instalado. "Imposible. Hay un gran error", se dijo.
Laura entró al módulo y se formó para recibir turno. No era la primera vez que lo hacía. Tres días antes había estado en el módulo de Lindavista ocho horas sin que le resolvieran nada. Al final, la mandaron a La Raza. Ahí le tocaba, le dijeron. Y no era la única que iba a reclamar por la cantidad en su recibo. La mayoría estaba ahí por la misma razón.
Una señora que se encontró en la fila dio a Laura su explicación del aumento. "A mí me subió casi 700 pesos el pago, y mi nieta me dijo que es porque nosotros estamos pagando toda la luz que se consumió en los festejos del Bicentenario. Si nos van a cobrar eso, que sea por lo menos
Tras 30 minutos de fila, Laura llegó a la máquina expendedora de turnos administrada por una señorita, quien cuida que éstos sean dados sólo a personas con aclaraciones procedentes, pues hay poco personal que atienda y mucha gente esperando. Recibió el turno 75. Hora y media después la atendió uno de los cuatro ejecutivos del módulo. Ella explicó: todo parecía normal con el medidor hasta que llegó el primer recibo, 3 mil 311 kilowatts por hora consumidos entre mediados de julio -cuando fue instalado- y el 26 de agosto. Una casa normal consume entre 100 y 500 kilowatts hora por bimestre, aproximadamente.
Exhibió pruebas de su dicho, las mismas que portan casi todos los que van a reclamar: recibos anteriores para comprobar lo inusual de la nueva medición -algunos incluso llevan "cuadritos", los recibos de Luz y Fuerza-, así como una fotografía ampliada de su medidor en la que se aprecia que el registro real es siete veces menor que lo que decía el documento: 468 kilowatts por hora. "Si ellos no van a checar los medidores, les traeremos las mediciones, aunque sea en fotos, pero no nos van a cobrar más", explicó. La empleada de CFE reconoció el error. El cobro quedó en 538 pesos.
Ahora ella y su hijo pagarán un promedio de mil 100 pesos bimestrales de luz con dos medidores, casi el triple de lo que pagaban por toda la casa con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, extinta en octubre de 2009.
Laura es uno de los 6.3 millones de clientes que atiende la CFE en el Valle de México, y uno de los cientos de usuarios que llegan todos los días a los módulos de atención que ha instalado la Comisión para aclaraciones y quejas -63 módulos, de los cuales 28 están en el Distrito Federal-. Algunos usuarios reportan cantidades con diferencias de cientos de pesos en comparación con los cobros de LyFC. En otros casos la diferencia es de miles.
Pero no todos corren con la misma suerte de Laura, quien resolvió su problema en un día. Juana Pierrete, quien vive en la delegación Coyoacán, pagaba entre 400 y 430 pesos con LyFC y recibió su última factura por 12 mil 736 pesos. Fue al módulo de atención de la delegación Benito Juárez y salió con la promesa de que una cuadrilla de trabajadores iría a checar su medidor. Lo mismo le pasó a Rafael González, vecino de la Gustavo A. Madero, quien pagaba antes alrededor de 120 pesos y ahora tiene una cuenta por pagar de mil 919 pesos por el último bimestre. Y también recibió la misma respuesta Gabriel Montes de Oca, de Iztapalapa, quien pagaba alrededor de 200 pesos con LyFC y ahora cada bimestre le llega una cuenta por 3 mil pesos.
326 mil quejas
A un año de haberse hecho cargo de la distribución de energía eléctrica en el Valle de México, la CFE enfrenta miles de quejas por inconformidades de los usuarios. Según indicadores de la paraestatal, la empresa recibe 4.72 inconformidades por cada mil usuarios al mes, entre quejas procedentes e improcedentes. Es decir, podría haber recibido alrededor de 29 mil 700 reclamaciones al mes en la región centro, donde se atiende a 6.3 millones de usuarios. Esto equivaldría a 326 mil quejas en los últimos 11 meses.
Otros inconformes han acudido a sus representantes locales para encontrar una solución. Los diputados de la ALDF Aleida Alavez, José Luis Muñoz y Valentina Batres entregaron el pasado 24 de septiembre al titular de la empresa, Alfredo Elías Ayub, alrededor de 3 mil quejas de vecinos por la misma causa. En esa reunión se acordó establecer mesas de trabajo entre los legisladores y la CFE para arreglar la problemática.
Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor tiene registro de mil 226 quejas contra CFE en el Valle de México, entre octubre de 2009 y agosto de 2010, 95 por ciento (mil 184) de las cuales son por cobros indebidos. Del total, 315 han sido conciliadas y 521 están en trámite.
La preocupación por el incremento de los cobros de energía eléctrica llegó ya a la Cámara de Diputados. El pasado 28 de septiembre el PRI propuso crear una comisión que nivele las tarifas de la CFE.
"Venga mañana"
Quince personas están sentadas bajo una carpa blanca afuera de la delegación Benito Juárez. Es jueves 30 de septiembre y los usuarios esperan que los llamen por turno para ingresar a la delegación y ser atendidos por alguno de los dos empleados de CFE que atienden inconformidades. Al mediodía, los policías de la delegación abren las ventanas del toldo para que entre aire fresco. Seis de ellos comentan en círculo las irregularidades del servicio.
Antes de acudir al módulo provisional de atención de CFE llamaron al número 071, designado por la empresa como el centro telefónico de atención a clientes, ya sea para reportar apagones o para aclarar irregularidades con los cobros reflejados en los recibos, pero a ninguno le dieron información valiosa, aseguran en coro. Sólo les dijeron que fueran al módulo de atención más cercano para ver su caso particular.
"Ni siquiera tienen las direcciones de los centros de atención, que porque son nuevos y no saben dónde quedan. Llegamos aquí y nos sientan bajo una carpa. Si ésta es la atención de una empresa de clase mundial, no quiero saber cómo es la de las empresas sin clase. Ya tuvieron un año para mejorar esto. Además no hay módulo de atención en la delegación Coyoacán. Yo me tuve que desplazar acá. Para mí esto es lejos", asegura Yasmín Higuera, quien lleva ya una hora esperando que la atiendan.
Los módulos de atención personalizada de la CFE no están en toda la ciudad. Los 28 que existen en el Distrito Federal se localizan en 10 de las 16 delegaciones.
Los denunciantes acudieron al módulo de atención para saber por qué aumentó el precio de la luz de sus hogares. Ninguno de ellos ha sufrido apagones en los últimos meses y todos secundan los dichos de la empresa, "el servicio se ha regularizado". El problema son las cantidades a pagar.
Tras dialogar con empleados de la empresa, los seis inconformes reciben la misma respuesta: un trabajador de CFE irá a sus hogares en el transcurso de los siguientes 15 días, entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde, y verificará que el medidor haya sido leído bien. En caso de que la medición esté correcta tendrán que pagar. Mientras, no es necesario hacer ningún pago. Por ahora, según les dijeron, no hay cortes de luz en la Ciudad de México para consumidores domésticos, por las aclaraciones.
Es la misma respuesta incluso para los que ya habían dado aviso antes de la irregularidad, que se quedaron esperando a los trabajadores que llegarían a sus casas, que no pagaron su mensualidad, como les pidieron los empleados, y que encontraron el siguiente recibo con los cargos anteriores y sin ninguna modificación.
"Me volvieron a decir que alguien irá a mi casa. No sé cuánto tiempo CFE va aguantar controlándonos con esto. Yo no pienso pagar si no me revisan la tarifa, eso ya lo decidí", asegura Carlos González, vecino de la colonia Coyoacán que ya adeuda el pago de tres recibos, 16 mil 313 pesos en total. No pagará hasta que le aclaren cómo su consumo diario de luz se duplicó, al pasar de de
El subgerente de atención a clientes de la empresa, Eduardo Sarabia, explicó el pasado 5 de octubre ante vecinos inconformes en la Asamblea Legislativa que la razón por la que se ha incrementado el monto de los cobros de electricidad en los últimos meses es porque, desde abril, éstos se calculan con base en mediciones reales de consumo tomadas por CFE. Recién extinta LyFC, en octubre de 2009, la empresa no tenía el personal para tomar las lecturas del consumo de luz casa por casa, por lo que se utilizaron estimaciones basadas en el consumo de los usuarios con la empresa anterior.
"Cobramos lo real. Si pagaron de menos antes ya se cobró de menos, ni modo, porque eso se estimó con base en el historial más bajo de cada uno de los usuarios con Luz y Fuerza del Centro. Eso explica que ahora suban los precios, porque es el consumo real medido por nosotros. Habrá irregularidades, pero cobramos lo real", explicó después del evento.
En la reunión, el funcionario aclaró que el precio del kilowatt por hora no es algo arbitrario, sino que se rige por los lineamientos presentados por la Secretaría de Hacienda a principios de año. También reconoció que CFE todavía no toma las lecturas del 100 por ciento de los medidores del centro del país.
La diputada local Aleida Alavez, quien encabeza las mesas de trabajo con CFE por parte de la Asamblea Legislativa, explica que la falta de claridad por parte de la empresa ha provocado confusiones y malestar entre la población.
"No hay lineamientos transparentes, puntuales. No podemos decirle a la gente que pague su recibo cuando la medición está basándose totalmente en estimados. Aparte les están diciendo esto de que les revisarán el medidor o que tienen que pagar en partes. Es un esquema totalmente discrecional que a nosotros no nos permite dar certezas a los usuarios -usuarios, no clientes- de un servicio que es de primera necesidad.
"Lo que queremos es un ajuste a lo que realmente la gente está consumiendo y que esto implique un esquema de pagos que obviamente no tengan que ser ni inmediatos ni que traigan cargos por no haberlos hecho. Ahí le fuimos muy claros al director general cuando nos reunimos", asegura.
Son las dos de la tarde y, aunque el horario de atención en el módulo de la delegación Benito Juárez es hasta las tres -según la página de internet de la empresa-, los empleados ya no reciben a usuarios. "Se acabaron las fichas, venga mañana", les dice uno de ellos a los que se acercan a preguntar. "¡Pero si falta una hora de servicio! ¡Ya me hicieron venir dos veces!", contesta airadamente una mujer que lleva su fajo de recibos en la mano. "Sí, pero ya no tenemos fichas. Venga mañana". Punto. La carpa blanca se cierra.
Medidores gratuitos ¿o en renta?
Además del incremento excesivo en los cobros y la mala atención a los usuarios, otros temas se escuchan en las salas de espera de los centros de atención de CFE. Dos de ellos tienen que ver con el futuro: la instalación de medidores electrónicos y la aparición de tarjetas monederos y de prepago de luz para que la gente consuma sólo lo que paga.
Érika López, quien vive en el Centro Histórico de la ciudad, visitó el módulo de atención ubicado en la calle Venustiano Carranza sólo para preguntar cuál era el costo de la instalación de un medidor, pues a una amiga suya ya se lo habían instalado por 600 pesos. Le dijeron que la información le llegaría por correspondencia, junto con su recibo, cuando le tocara el trámite.
En la reunión con vecinos en la ALDF, Sarabia aclaró que todos los medidores y su instalación son gratuitos.
La confusión sobre el tema es tal que hasta el director de la paraestatal, Alfredo Elías Ayub, reconoció el pasado 24 de septiembre que en la unidad habitacional en la que vive un vecino le preguntó si era cierto que cobrarían 8 mil pesos por instalarlos.
Otros de los que se encontraban en la fila para ser atendidos en el módulo de Carranza tenían otra duda. "Dicen que nos darán un monedero electrónico para que compremos la luz por anticipado, pero que tiene un seguro que tendremos que pagar a fuerza. Hay que estar buzos con eso", le comentó un hombre a su esposa mientras esperaban que llegara su turno.
Sarabia aclaró que todavía no hay planes concretos para poner en marcha los programas de tarjetas prepago y pospago en la Ciudad de México. Hoy en día ese proyecto se está evaluando en colonias piloto en Cuernavaca.
Tampoco hay planes para introducir el monedero electrónico de CFE en la ciudad, explicó. Sin embargo, en la página de internet de la empresa se asegura que la entrada del monedero electrónico a las delegaciones Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Benito Juárez fue en agosto pasado.
Para la diputada Alavez es necesario aclarar lo más pronto posible estas dudas a la población del Valle de México. "Ellos nos impusieron un decreto y un contrato en el que ni siquiera teníamos claras las condiciones. Lo que queremos es aclarar esas condiciones y ver si las aceptamos, porque como contrato tiene que haber un acuerdo de las partes, y a nosotros no nos ha quedado claro lo que nos toca como parte contratante".Mientras estas dudas son aclaradas a toda la población del Valle de México, las manecillas de los medidores siguen moviéndose. ·
A un año de la extinción
Avances en la "modernización" del servicio eléctrico, según CFE
3,000 Transformadores cambiados.
34 Subestaciones modernizadas.
64 Centros de atención habilitados en todo el Valle de México.
· Módulos de quejas y aclaraciones en el Distrito Federal: 28 (seis provisionales).
· Módulos de quejas y aclaraciones en el estado de México: 36 (siete provisionales).
· Cajeros automáticos para pagar el recibo: 196.
· Solicitudes de servicio de energía eléctrica atendidas por CFE en el centro del país hasta abril: 149,865.
Lo que costaba LyFC (Cifras en millones de pesos).
| Costos de la empresa 2003-2008 | 433,290 |
| Ingresos | 235,738 |
| Pérdidas | 197,552 |
· Costos por pérdidas totales de energía durante 2008: 25,000 (equivalentes al 52 por ciento de las ventas totales).
· Pasivo laboral registrado al momento de la extinción de la empresa: 240,000.
La fuerza del SME
· Trabajadores que laboraban en LyFC antes de la extinción: 44,514.
· Trabajadores liquidados, según la última cifra de la Secretaría del Trabajo: 28,724.
· Trabajadores que a la fecha no han aceptado su liquidación, según el SME: 16,300.
Sabotajes
549 Averiguaciones previas por sabotaje a la CFE registradas por la PGR durante el primer semestre de 2010
Fuentes: CFE, Decreto de Extinción de LyFC, Cuarto Informe de Gobierno, SME y PGR.
Encuesta / Perciben mismo servicio y tarifas más altas
Crónica Un año sin Luz y Fuerza
(10 octubre 2010).- La mayoría de los capitalinos no ve ningún cambio en el servicio eléctrico a partir de que la CFE se encarga del suministro en el Distrito Federal, pero el 47 por ciento sí nota un incremento en el costo del servicio, y 3 de cada 10 usuarios han tenido cobros indebidos en su recibo.
Desde que se cerró LFC y el servicio está a cargo de la CFE, ¿diría que el servicio de luz...?
| No ha cambiado | 55% |
| Ha empeorado | 22% |
| Ha mejorado | 20% |
| No sabe | 3% |
Comparado con LFC, ¿diría que con la CFE el costo de la luz...?
| Ha subido | 47% |
| No ha variado | 31% |
| Ha bajado | 14% |
| No sabe | 8% |
En el último año, ¿en su hogar han tenido problemas con la CFE por algún cobro indebido en el servicio?
| No | 69% |
| Sí | 29% |
| No sabe | 2% |
¿La CFE corrigió el cobro de su recibo o tuvieron que pagarlo?
(Pregunta a quienes han tenido un cobro indebido).
| Tuvieron que pagarlo | 60% |
| Está en revisión | 20% |
| Sí lo corrigió | 14% |
| No sabe | 6% |
En general, ¿qué tan satisfecho está con el servicio de la CFE?
| Algo satisfecho | 44% |
| Algo insatisfecho | 20% |
| Muy insatisfecho | 16% |
| No sabe | 6% |
| Muy satisfecho | 14% |
¿Cómo calificaría a la CFE en cada uno de los siguientes aspectos?
| | Muy bien | Muy mal/mal | Regular | No sabe |
| Suministro de luz | 70% | 22 | 6 | 2 |
| Antención del personal | 49 | 23 | 4 | 24 |
| Tarifas | 47 | 40 | 6 | 7 |
¿En su hogar con qué frecuencia tienen problemas con el servicio de luz?
| Diario/ varias veces por semana | 17% |
| Varias veces al mes | 15 |
| Ocasionalmente | 58 |
| Nunca | 10 |
Algunos miembros del SME mantienen movilizaciones para que el gobierno federal les restituya su fuente de trabajo. ¿Apoya o se opone al movimiento del SME?
| Apoya | 36% |
| Se opone | 35 |
| Sin opinión | 29 |
Metodología: encuesta telefónica en el DF realizada el 2 de octubre a 610 adultos. El margen de error es de +/-4.0% con un nivel de confianza de 95%. Patrocinio y realización: REFORMA. Comentarios: opinion.publica@reforma.com
Doce meses de resistencia
Opinión Un año sin Luz y Fuerza. Martín Esparza Flores: líder del SME. En este texto escrito para Enfoque, el dirigente sindical anuncia la continuación de su lucha en contra de la liquidación de Luz y Fuerza
(10 octubre 2010).- Desde el momento mismo en que se dio la ocupación policiaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza y se emitió el anticonstitucional decreto presidencial para extinguir dicho organismo público descentralizado, los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas iniciaron una lucha de resistencia en contra de tales violaciones al Estado de derecho.
La medianoche del 10 de octubre y la madrugada del 11 de octubre de 2009 se consumaron estos actos que constituyen una de las más grandes injusticias en la historia de México. Pero el gobierno de Felipe Calderón se equivocó rotundamente en sus planes y hoy, a casi un año de dichos sucesos, un grupo de valerosos trabajadores electricistas está por revertir el ataque más despiadado contra una empresa pública y contra una organización obrera que defiende las políticas nacionalistas, practicando la independencia, la autonomía y la democracia sindical.
Los principales "argumentos" del gobierno de Calderón para justificar su proceder se han venido abajo, uno a uno. Y el movimiento electricista va en ascenso.
Se dijo que la extinción de LyFC se debía a una situación financiera deficitaria, originada por los elevados costos de los trabajadores sindicalizados y que el organismo prestaba un servicio deficiente a causa de la baja productividad de los mismos trabajadores. Hoy se ha demostrado, con las propias cifras oficiales, que la situación financiera se fue deteriorando de manera premeditada y con datos amañados que el gobierno utilizó en forma por demás perversa. Se ha podido comprobar que la productividad de los trabajadores agremiados al SME venía mejorando, a pesar de los bajos presupuestos que el gobierno federal le asignaba.
La campaña mediática que el gobierno ha venido desplegando ocasionó que, en principio, la población apoyara la medida de extinción. Sin embargo, con el paso del tiempo la verdad ha salido a flote y ahora los usuarios han resentido el pésimo servicio de los contratistas al servicio de la CFE: los apagones y suspensiones del servicio son constantes y cada vez más prolongadas. Además, los abusos y arbitrariedades en los cobros por concepto de servicio eléctrico son escandalosos y las quejas ante la Profeco se incrementan cada día.
La labor de los trabajadores en resistencia ha sido incansable y ha permitido que la población en general esté cambiando su forma de pensar: marchas, mítines, plantones y la huelga de hambre masiva son las acciones más relevantes que se han desplegado. El sindicato no ha descuidado ningún aspecto de la lucha y ha combinado los factores jurídicos, políticos y de movilización social para crear una correlación de fuerzas que ahora le favorece.
Si el gobierno pensaba exterminar a un sindicato con más de 90 años de existencia combativa, se ha equivocado rotundamente. Nos tienen que reintegrar nuestra fuente de trabajo y respetar nuestro Contrato Colectivo de Trabajo. No daremos ni un paso atrás y la victoria está cada vez más cercana. La legalidad y la justicia van a prevalecer gracias a la lucha de los electricistas en resistencia y al apoyo del pueblo de México.
Nota: Enfoque solicitó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un texto del secretario Javier Lozano, en el que fijara la postura del gobierno federal en torno a la liquidación de LyFC y el conflicto laboral con el SME. La dependencia, a través de su oficina de comunicación social, informó que no se podía atender esta solicitud.
Entrevista / Mario Molina / 'México debe mediar'
Entrevista Cumbre de Cambio Climático COP 16. Mario Molina: Premio Nobel de química 1995. Como anfitrión, México debe propiciar el acuerdo y no poner sobre la mesa un plan para tratar de forzar a los demás a suscribirlo
José Luis Lezama
(10 octubre 2010).- En su oficina del poniente de la ciudad, amable y bondadoso como es él en su naturaleza más íntima, nos recibe dispuesto a la entrevista que nos ha concedido para hablar del clima del planeta y de la atmósfera política prevaleciente a unas semanas del inicio de la Cumbre de Cancún. Tras la ventana de su austero despacho destaca la apacible hermosura de un paisaje obstinado en resistir las arremetidas de una urbanización que parece obedecer sólo a las reglas del mercado inmobiliario y de los fraccionadores. Al fondo, la mirada se interrumpe por la belleza que el atardecer le añade a la circundante montaña. Abajo una inmensa, profunda y vigorosa cañada nos obsequia orgullosa su verde y frondosa foresta.
Mario Molina, Premio Nobel de Química, no es sólo el científico que quiere conocer las causas que provocan los males del mundo, sino también alguien que desea corregirlos desde la ciencia, creando conciencia, apoyando a quienes toman decisiones en México y en los ámbitos internacionales. Un Mario Molina que contiene a varios pero que a la vez es uno: el hombre comprometido con el saber, con el hacer, con sus ideas, con su país, su planeta y su tiempo.
Sin rehuir nada, sin detenerse en temas o preguntas incómodas, sus respuestas son precisas:
El cambio climático (CC) aparece en los medios, está en boca de todos atribuyéndosele la paternidad de casi todos los males: sequías, inundaciones, incendios. ¿Es esto realmente cierto, no es una exageración querer explicarlo todo con el cambio climático?
Si escogiéramos uno de los eventos extremos que observamos hoy día (Katrina, las inundaciones en Tabasco), no podemos decir con certeza que se deban al cambio climático. Lo que sí está claro, y las estadísticas así lo señalan, es que la frecuencia de estos eventos está aumentando muy significativamente en todos los continentes. El consenso de los expertos es que existe un 90 por ciento de probabilidad de que estos cambios que observamos estén relacionados con las actividades humanas.
Hay quienes niegan el CC e incluso algunos señalan que pudiéramos estar iniciando una mini edad del hielo. ¿Qué le dice esto a un hombre de ciencia como tú?
La literatura científica es contundente en que el cambio climático está conectado con las actividades humanas, particularmente con la quema de combustibles fósiles. Hay algunos artículos científicos que ponen en duda la veracidad del CC pero no tienen muchos méritos. Los otros que lo niegan no son dentro del campo de la ciencia sino personajes que tienen cierta influencia en los medios y en la política. Hay quienes lo niegan todo, incluso que la Tierra es esférica.
¿Qué piensas realmente que pasará en la cumbre climática de Cancún? ¿Qué se puede acordar cuando hasta el día de hoy los grandes emisores de Gases de Efecto Invernadero (GEI), China y Estados Unidos, y los otros bloques de países persisten exactamente en las mismas posiciones irreconciliables que tenían en Copenhague? ¿Abrigas alguna esperanza?
En Cancún ya no hay tiempo para llegar a acuerdos vinculantes, que obliguen a los países a adoptar compromisos para que realmente el clima del planeta no llegue a más de dos grados. No obstante, a futuro se tiene que llegar a acuerdos que sean obligatorios porque no se puede resolver el calentamiento de manera voluntaria. La meta de
Si las decisiones las tomarán los países o grupos de países con mayor capacidad de influir, los llamados big players, Estados Unidos, China, la Unión Europea, Brasil, India, entre otros, desde tu punto de vista, sobre todo de alguien que ha estado muy cerca de las negociaciones, ¿qué le corresponde hacer a México, si no quiere reducirse a ser sólo anfitrión de la cumbre?
México debe llegar a Cancún diciendo: "nosotros tenemos un plan para reducir emisiones y vamos a cumplirlo". La parte del plan que signifique mejoras en la eficiencia energética que sean redituables, ésas podemos comprometernos a llevarlas a cabo pase lo que pase en Cancún. No obstante, si se trata del uso de energía más cara, eso sí lo tenemos que condicionar a que haya un acuerdo internacional, puesto que tenemos que ser justos con muchos sectores pobres de la población mexicana que no podrían pagarla, para ello requeriríamos de la ayuda financiera internacional.
México puede ser una especie de mediador. Por ejemplo, el Protocolo de Kyoto sólo obliga a los países desarrollados a reducir emisiones lo cual es inaceptable. China, India y nosotros mismos contribuimos al calentamiento. Es absurdo decir que porque los países ricos son los culpables del calentamiento sólo corresponde a ellos resolverlo. Pero también el Senado estadounidense está equivocado al decir que Estados Unidos no firma nada a menos que China se comprometa contundentemente a ponerle límites estrictos a sus emisiones.
Con posiciones extremas no vamos a resolver nada. Tenemos que quitar de la mesa las posiciones extremas que evitan los acuerdos. México puede asumir este papel de mediador en donde pudiera decir: "miren, estas posiciones no son aceptables, pero hay otras que sí nos convienen a todos". China, por ejemplo, no quiere metas, pero sí se compromete a una mayor eficiencia energética, a un mayor uso de energías renovables; todo eso debe ser bienvenido.
En este contexto y dado que existen países y bloques de países poderosos que están decidiendo el futuro de las negociaciones y del clima del planeta, ¿qué papel debería jugar México?, ¿debe sumarse a una de las posiciones hoy día en disputa, y a cuál?
México ha demostrado liderazgo y su papel es continuar con esta tradición, como ya lo demostró al ser el primero en firmar el Protocolo de Montreal. A México lo que le conviene es que haya un acuerdo internacional, porque somos un país particularmente vulnerable al cambio climático; por ello, como economía emergente, puede funcionar para tratar de facilitar esos acuerdos entre los países desarrollados y en desarrollo.
México no puede tomar una posición diciendo "yo estoy de este lado o estoy del otro lado". Lo que tiene que hacer es una posición de coordinador, de decir: "miren, si nos ponemos de acuerdo, todos tenemos que ceder". Es evidente que los países con economías emergentes tienen que comprometerse a cambios muy importantes. A los países muy pobres, a esos les podemos dar otra década o dos, no es necesario que participen con estos acuerdos porque no están contribuyendo al problema. Pero existe un número de países que es esencial que reduzcan sus emisiones.
México, en lugar de tomar posición, lo que debe hacer es romper esa falta de comunicación; las negociaciones son toda una ciencia, es importante que los dos o tres lados cedan porque, en última instancia, van a salir ganando todos. Deberíamos de quitar palabras radicales como "medidas vinculantes o voluntarias". Además puede haber acciones bilaterales, por ejemplo, con Estados Unidos; a ellos les conviene transferir recursos a México para ciertos proyectos de energía, porque los dos países salimos ganando. Esto significa que no estamos proponiendo acciones radicales y esto puede ser un ejemplo de cómo podemos llegar a un acuerdo internacional.
¿Podría México entonces jugar un papel activo y propositivo planteando o empujando una posición conciliatoria que destrabe las negociaciones? Desde tu punto de vista, ¿tiene México realmente margen de maniobra para esto?
México no puede llegar a Cancún con un plan definido, de ser así, pasaría lo que ocurrió en Copenhague, es decir, que Dinamarca ya tenía un plan y esto ofendió a muchos países. Lo importante es llegar con un plan consensuado, que ya se haya discutido con los países desarrollados y con los no desarrollados, y que se haya discutido también con aquellos países que en Copenhague defendían posiciones opuestas. Si México juega ese papel, no tendría que verse como su iniciativa, sino como un intento para destrabar las negociaciones, pero que finalmente aparezca como un trabajo llevado a cabo por todos los países.
Finalmente, ¿piensas que hay motivos para vencer el pesimismo que priva en el ámbito internacional sobre la obtención de acuerdos en la cumbre de Cancún?
Sí veo cierta posibilidad de que en Cancún haya algún progreso, desde luego no va haber un acuerdo internacional ya con medidas definitivas y obligatorias para todos los países. Pero sí se puede definir un camino que tome varios años para llegar a la solución del problema. Por ejemplo, podría iniciarse con medidas de eficiencia energéticas. Estas medidas no requieren de recursos internacionales; sí se necesitan recursos pero éstos se pueden recuperar; en este caso los países desarrollados y en desarrollo se pueden poner de acuerdo para implementarlo y algunos ya lo han hecho; falta formalizarlo, incluirlo en las leyes de cada país. Es importante que estemos en la dirección adecuada y que demos algunos pasos aunque no sean los definitivos.
El autor es profesor-investigador de El Colegio de México. Director del Seminario Interdisciplinario sobre Estudios Ambientales y del Desarrollo Sustentable.
"En Cancún ya no hay tiempo para llegar a acuerdos vinculantes, que obliguen a los países a adoptar compromisos para que el clima del planeta no llegue a más de dos grados".
Mario Molina
Islas, riqueza desaprovechada
Análisis Soberanía y federalismo. México debe modificar su Constitución para que los 17 estados litorales recuperen la jurisdicción sobre las islas y se utilicen mejor sus recursos naturales. Hoy sería menester resolver con claridad cuestiones e interrogantes relativas al régimen de la propiedad privada en las islas y su impacto en relación con los extranjeros
Jorge A. Vargas
(10 octubre 2010).- Después de largas décadas de crudo abandono, triste aislamiento y crónica amnesia gubernamental, ha llegado el momento de que nuestros 17 estados litorales levanten su voz y demanden para sí la reivindicación de las numerosas islas de los mares adyacentes que por casi un siglo han estado bajo el supuesto control del gobierno federal. Es imperativo que México, como nación, incorpore ya a las islas que forman parte de su territorio como pieza clave de su desarrollo nacional. Sin islas, no puede haber un desarrollo que sea nacional.
A lo largo de las últimas tres décadas, especialistas y otros interesados han publicado importantes trabajos de tipo académico, legal e histórico, de los que se pueden extraer cinco premisas:
I
El hecho de que las islas de México desde el Constituyente de 1917 hayan pasado (salvo mínimas excepciones) al control directo del gobierno federal con base en el artículo 48 de la Constitución Política, de ninguna manera significa que dicho gobierno se haya dedicado, con diligencia e inteligencia, a su estudio, inventario, detección y aprovechamiento de sus recursos, así como a su debida protección y planeación presente y futura.
Al contrario, la conclusión unánime de los expertos es que el gobierno federal no ha sabido cumplir con su deber ante la nación y ante sus ciudadanos, mostrando en cambio desidia, apatía y un desinterés. Si una situación como ésta se hubiera presentado en Estados Unidos, cada uno de los estados interesados ya habría demandado al gobierno federal por su negligencia e inepto manejo de las islas.
II
Desde el punto de vista legal y administrativo, el marco aplicable al llamado "territorio insular" es inadecuado, fragmentario y con serias lagunas. Es triste apuntar que desde
Hoy sería menester resolver con claridad cuestiones e interrogantes relativas al régimen de la propiedad privada en dichas islas y el impacto de este régimen en relación con los extranjeros y el artículo 27 constitucional; la explotación de sus recursos naturales (vivos y minerales); la creación y ordenación de parques naturales, áreas protegidas, refugios y zonas ecológicas; la construcción de islas artificiales; el régimen aplicable a la investigación científica marina y la explotación de nódulos polimetálicos. Todo esto implicaría por supuesto una reforma constitucional.
III
Lo único en lo que el gobierno federal mostró un interés fugaz aunque divergente en relación con nuestras islas fue en preparar sendos "inventarios" y "catálogos de islas". Aunque todos ellos, dicho sea de paso, fueron incompletos y deficientes. Por increíble que parezca, el primer catálogo, preparado por Antonio García Cubas en 1899 y adicionado en 1905, es con mucho superior a los preparados por el Departamento de Pesca (1979) y las secretarías de Marina (1979), Programación y Presupuesto (1981), Gobernación (1981), y el de Gobernación-Marina (1987). Cada uno de ellos preparado separadamente y sin coordinación alguna a nivel federal. Después de este efímero interés federal hacia nuestras islas, la niebla del silencio y la desidia volvió a envolver y a ocultar el llamado territorio insular.
IV
Todos los interesados en las islas claman porque en lugar de las débiles y esporádicas acciones del gobierno federal, carentes de dirección y de programa, lo imperativo es que se proceda a preparar de inmediato, no sólo un catálogo oficial de las islas, que ya deberíamos tener -preciso, exacto y completo- sino un programa nacional para el estudio, el desarrollo y el aprovechamiento de las islas mexicanas.
Como parte de este importante e impostergable programa será necesario que se le complemente con una campaña permanente a nivel nacional que eduque a los mexicanos de hoy y del futuro a amar y a respetar sus mares, con su flora y fauna, y sus variados recursos.
México es un país oceánico. Basta ya de seguir tratándolo y administrándolo como si fuera un país sin litorales. Basta ya de considerarlo solamente como un país telúrico, encadenado al surco y al maíz. Debemos ser educados para reconocer que, en realidad, el futuro de México está en sus mares y en una población futura que los sepa cuidar, administrar y proteger.
V
Para cambiar la política de apatía y abandono que ha prevalecido en relación con las islas, de manera reiterada se ha propuesto a los siempre sordos oídos federales la formación de una Comisión Nacional sobre las Islas Mexicanas. Formada por distinguidos académicos, científicos, técnicos y empresarios, esta Comisión, nombrada por el presidente de la República y coordinada, por ejemplo, por el rector de la UNAM, se ocuparía de las tareas más importantes relativas al conocimiento, desarrollo y aprovechamiento de nuestras islas; a saber: la formulación del programa para el estudio, desarrollo y aprovechamiento de las islas, un inventario de las mismas completo y preciso, y tal vez un anteproyecto de la legislación requerida, a nivel federal y estatal, para someterlo a consideración del Congreso de la Unión.
Jurisdicción estatal
La autoridad federal sobre las islas emana del artículo 48, cuando el Constituyente de Querétaro prescribió que "Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional... dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha (1917) hayan ejercido jurisdicción los Estados".
Es evidente que el Constituyente determinó que, en principio, las islas dependerían del gobierno federal porque dicho gobierno contaba con el interés, la autoridad y sobre todo el presupuesto necesarios para protegerlas y desarrollarlas, sobre todo ante las amenazas de aquel entonces provenientes de países extranjeros en apropiárselas.
Pero cabría preguntarse: ¿cuáles estados en 1917 habrían tenido en aquel entonces la aptitud política y sobre todo económica para reivindicar las islas frente a sus costas? Yo creo que ninguno. Bien sabemos que el poderoso centralismo característico de nuestro país existía ya en 1917. Por otra parte, Baja California (Norte y Sur) y Quintana Roo fueron elevados a la categoría de estados después de 1917 y es justo conceder a estos jóvenes estados su derecho a incorporar las islas frente a sus litorales como parte de su respectivo territorio estatal.
Históricamente, las islas frente a los estados forman parte de la cultura, la tradición y la educación de cada uno de ellos. Han sido los estados litorales los que las han hecho suyas, al grado que varios de ellos, contra el tenor del artículo 48, las han declarado ya como parte de su propio territorio, sin importar que dichos pronunciamientos vayan claramente en contra de la Constitución. Son los estados y sus pobladores los que habrán de cosechar de manera directa los beneficios que en el futuro habrán de derivarse de las islas. Este reconocimiento y la transferencia legal y administrativa habrá de fortalecerlos, respetar su autonomía y extender el federalismo a nivel nacional.
Corresponde a cada uno de los gobernadores de los 17 estados litorales elevar su voz, unirse y convencer al gobierno federal que ha llegado el momento de transferir el control directo y la autoridad de las islas al estado que corresponda. La Conferencia Nacional de Gobernadores habrá de jugar un papel decisivo en esta tarea.
El autor es profesor de derecho internacional y comparado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Diego, Estados Unidos.
¿Cuántas son?
Los catálogos oficiales que se han hecho sobre islas en México presentan lagunas y discrepancias entre ellos.
-Guadalupe
-Cedros
-Magdalena
-Margarita
-Espíritu Santo
-Clarion
-Socorro
-María Madre
-Isabela
-Cerralvo
-San José
-Santa Catarina
-Carmen
-Coronados
-San Marcos
-San Pedro Mártir
-Tiburón
-Ángel de la Guarda
-Rasa
-Islas de México
-Isla Mujeres
-Holbox
-Cozumel
-Isla del Carmen
-Del Idolo
-Lobos
-Juana Ramírez
-Roqueta
1 Secretaría de Marina: Régimen Jurídico de las Islas mexicanas (1979): 149 islas.
2 Secretaría de Gobernación: Régimen Jurídico e Inventario de las islas, cayos y arrecifes (1981): 239 islas, 23 cayos y 20 arrecifes.
3 Segob/Marina (1987) 1,305 islas.
4 Secretaría de Programación y Presupuesto-Inegi: Catálogo Provisional de islas y arrecifes (1981): 3,067 componentes del territorio insular.
5 Secretaría de Gobernación: Catálogo del Territorio Insular (en proceso*): 1,644 elementos insulares distribuidos de la siguiente forma:
| Ubicación | C/N | S/N |
| Golfo de México | 52 | 71 |
| Mar Caribe | 74 | 593 |
| Golfo de California | 188 | 191 |
| Océano Pacífico | 145 | 289 |
| Golfo de Tehuantepec | 14 | 27 |
| Total | 473 | 1,171 |
C/N = con nombre
S/N = sin nombre
* Este catálogo está siendo actualmente preparado por varias instituciones federales y académicas coordinadas por Segob. Un adelanto fue presentado en el Encuentro Nacional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de las Islas de México, celebrado en Ensenada, Baja california, en 2009 y debe estar terminado en el 2011.
La cultura política
(10 octubre 2010).- Téngalo presente
La democracia latinoamericana. Foro organizado por el IFE en el marco de su XX aniversario. Ricardo Lagos, José Miguel Insulza, Catalina Botero, Carlos Salinas, Jesús Silva-Herzog Flores, José Woldenberg, entre otros. Del martes 12 al jueves 14, 9:30 horas. Palacio de Minería. Tacuba 5, Centro Histórico. Informes: 5449 0450 y http://bit.ly/bM86te.
Coloquios
¡Fortalecimiento del Estado de derecho! Miguel Sarre, Eduardo Gallo, Luis González Placencia, Manuel Mondragón, Darío Ramírez Salazar, entre otros. Del lunes 11 al miércoles 13, 10:00 horas. Instituto de Formación Profesional de la PGJDF y Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Programa completo: http://bit.ly/bMpaHi. Informes: 5345 5916.
Reflexión y crítica del movimiento estudiantil. Emilio Reza Araujo, Beatriz González, Mónica Morales, entre otros. Del martes 12 al jueves 14, 10:00 horas. Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ricardo Flores Magón 1. Informes: 5583 0983 y http://bit.ly/cogskZ.
Conferencias
Mitos y realidades de los derechos humanos en México. Mireille Roccatti. Lunes 11, 11:00 horas. Aula magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 1968.
Teoría del castigo y delitos contra la salud. Roberto Gargarella, Catalina Pérez Correa y Julio Ríos Figueroa. Lunes 11, 13:00 horas. Auditorio Cuajimalpa del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 57279800 ext. 2250.
Interpretación y jurisprudencia en el juicio de amparo. Walter Arellano. Jueves 14, 17:00 horas. Auditorio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Insurgentes Sur 825, Nápoles. Informes: 5002 0100 ext. 1274.
Seguridad nacional, combate al crimen organizado y derechos humanos. Raúl Benítez Manaut. Jueves 14, 18:00 horas. Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Río Magdalena 108. Tizapán San Ángel. Informes. 5616 8692.
Convocatorias
Premio a la innovación en transparencia para la mejora de la gestión institucional. Dirigido a instituciones públicas de los tres niveles de gobierno que favorezcan el acceso a de la ciudadanía a la información pública. Convocatoria completa: http://bit.ly/9PtLaR.
Premio iberoamericano en ciencias sociales. Dirigida a especialistas de instituciones iberoamericanas, cuyos productos de investigación hagan un aporte de calidad a las ciencias sociales. Convocatoria completa: http://bit.ly/aeGFTV.
Propuestas de proyectos para desarrollar en 2011. Invita la la Fundación Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica. Destinado a la realización de seminarios, congresos, conferencias, cursos, publicaciones. Hasta el 15 de octubre. Informes: http://bit.ly/9Vchbs y 5566 4511.
Exposiciones Museo Memoria y tolerancia. Apertura del centro que tiene como objetivo difundir la importancia de la tolerancia, la diversidad y el respeto a los derechos humanos, a través de la memoria histórica. Jueves 14, 18:30 horas. Plaza Juárez, frente al Hemiciclo a Juárez. Centro Histórico. Informes: 5130 5555.
Narco. Muestra de 25 esculturas en piedra de Eduardo Olbés, cuya intención es cuestionar y ridiculizar el fenómeno del narcotráfico en México. Galería Central del Museo Universitario del Chopo. Dr. Enrique González Martínez 10, Santa María La Ribera. Informes: 5546 1245.
Mesas redondas
El Estado frente al delito: castigo y cárceles. Catalina Pérez Correa, Elena Azaola, Roberto Gargarella, Sergio García Ramírez, David Razú. Lunes 11, 9:30 horas. Auditorio Dr. Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. C.U. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
Sociedades reservadas (secretas). Católicos en México en el siglo XX. Fernando M. González e Yves Solís. Jueves 14, 18:00 horas. Casa de las Humanidades de la UNAM. Presidente Carranza 162, Del Carmen. Informes: 5554 8462.
Presentaciones
Derecho a la alimentación y Derecho a la educación. Invita INCIDE Social AC. Mila Paspalanova, Magdalena Gómez Rivera, Clara Jusidman, Héctor Nájera. Martes 12, 17:00 horas. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Universidad 1449, Pueblo de Axotla. Informes: 5590 8754.
Clasemediero. Pobre no más, desarrollado aún no de Luis de la Calle y Luis Rubio. CIDAC. Sergio Sarmiento, Gabriela Warketin, Josefina Vázquez Mota, Carlos Navarrete, Ildefonso Guajardo y los autores. Martes 12, 19:30 horas. Museo Rufino Tamayo. Reforma y Ghandi. Bosque de Chapultepec. Informes: 5985 1010 ext. 116.
El Proceso Constitucional de Yucatán de Francisco José Paoli Bolio. Senado. Patricia Galeana y el autor. Miércoles 13, 10:00 horas. Patio central del Senado. Xicoténcatl 9, Centro Histórico. Informes: 5130 2200.
Ciencia, agricultura y sociedad rural, visión prospectiva a 100 años de la Revolución y 200 de la Independencia de México coordinado por Rosario García Mateos. Universidad Autónoma Chapingo. Miércoles 13, 12:00 horas. Feria del Libro Chapingo
Los menores de edad infractores de la ley penal de Elba Cruz y Cruz. Porrúa. Ruperto Patiño Manffer, Luis Raúl González Pérez y la autora. Miércoles 13, 12:00 horas. Aula magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM. Informes: 5622 1968.
Mexicanidad y esquizofrenia de Agustín Basave. Océano. Sergio Aguayo, José Antonio Crespo, Diego Valadés y el autor. Miércoles 13, 19:00 horas. Museo de la Ciudad de México. Pino Suárez 30, Centro Histórico. Informes: 5279 9000.
México 2006: la contienda ideológico-programática y los límites del poder institucional coordinado por Héctor Zamitiz Gamboa. UNAM. Martha Singer, Francisco González Ayerdi y el coordinador. Jueves 14, 18:00 horas. Sala Fernando Benítez de la FCPyS de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 9470 ext. 1064.
Revistas
Nexos. No. 394. Legalizar las drogas. Informe especial sobre los costos y beneficios de la regularización y la despenalización de las drogas en México con base en investigaciones y aportaciones de Andrés Lajous, José Antonio Aguilar, Rubén Aguilar, Jorge G. Castañeda, Gerardo Esquivel, Eduardo Guerrero, Jorge Hernández Tinajero, Alejandro Madrazo y Carlos Zamudio.
Voz y Voto. No. 212. Jorge Alcocer V. advierte sobre las fortalezas y debilidades del IFE a 20 años de su creación y Enrique Carbonell recopila opiniones y posturas sobre el próximo relevo de tres consejeros en el instituto.
Seminarios
Interpretación constitucional y sus perspectivas. Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Ana Laura Nettel Díaz, Víctor Rojas Amandi, Ulises Schmill Ordóñez, entre otros. Del martes 12 al jueves 14, 17:00 horas. Auditorio Aurora Jiménez de Palacios de la Cámara de Diputados. Congreso de la Unión 66. Informes: 5036 0000 ext. 58137.
El derecho laboral en movimiento: nuevos contratos de trabajo. Carlos de Buen, Patricia Kurczyn, Sergio Pallares, Rafael Tena y Alfredo Sánchez Castañeda. Martes 12, 17:00 horas. Aula de Seminarios Dr. Guillermo F. Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
Elecciones 2012. En busca de equidad y legalidad. José Antonio Crespo, Eduardo Huchim, Lorenzo Córdova, Gabriel Sosa Plata, Luis Astorga, entre otros. Del lunes 18 al jueves 21, 9:30 horas. Auditorio Dr Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com.
REVISTA PROCESO No. 1771
Infierno y arte
Marco Appel
Para una artista plástica mexicana radicada hace dos décadas en Europa, la sangrienta realidad que supone la violencia asociada al crimen organizado en su país entraña una emoción inefable que sólo puede expresarse con arte. Marisa Polin es su nombre, y su obra ha estremecido al público de Holanda, donde reside. En el centro cultural World Art Delft (WAD) presenta una exposición de pinturas que reflejan la violencia extrema que desató la guerra contra el narco en México. “El factor que me llevó a trabajar en este tema –confía a Proceso, en una entrevista para este reporte especial– no fue el crimen ni la crueldad, sino los límites de hasta dónde ha llegado esa falta de moral…”.
DELFT, HOLANDA.- Ejecutados, decapitados, torturados, secuestrados... las referencias al infierno que atizó la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico son una constante en las 47 obras de la muestra titulada (No) culpable, una de las exposiciones más provocativas que hayan tenido lugar en Holanda con la violencia mexicana como tema.
Las obras son de Marisa Polin, artista mexicana radicada en Holanda, y se presentan desde el 12 de septiembre en el centro cultural World Art Delft (WAD). La muestra concluirá el próximo domingo 17.
Quizá la más inquietante de sus piezas es la imagen de un narcotraficante que sujeta con un brazo el águila del escudo nacional mientras amenaza a alguien con una pistola. El título: La revolución de la narco-independencia, obra en la que la autora se imagina que, de continuar la descomposición del país, de este tipo serán los retratos de nuestros futuros héroes patrios.
Polin nació en México pero desde hace 20 años vive fuera del país. Es esposa del exministro de Finanzas y Economía de Holanda, Hans Hoogervorst. Normalmente hace retratos de la realeza europea y de políticos.
A principios de año expuso la serie Covered (cubierto) en la galería Stevens, en Maastricht, donde exhibió pinturas con el tema del anonimato. Además ha participado en exposiciones colectivas en galerías de La Haya. (No) culpable es su primera serie de creaciones sobre la violencia en México. Todas muestran escenas reales: las tomó de fotografías publicadas por diarios y revistas mexicanos.
Polin ya no pudo integrar a la exposición la pintura de Diego Fernández de Cevallos secuestrado, que tituló El Jefe y en la que el excandidato presidencial panista aparece con los ojos vendados y el torso desnudo, tal como en la fotografía que divulgaron sus captores el 26 de julio pasado. En aquella imagen Fernández de Cevallos sostiene el número 1751 de Proceso, en cuya portada se publica una fotografía de él.
Polin dice a este semanario que planea exponer por primera vez El Jefe –y otras cinco obras de (No) culpable– en noviembre próximo, cuando participe en una exhibición colectiva en la galería Ruimtevaart en La Haya.
Explica que esa fotografía de Diego Fernández le atrajo por su doble carga simbólica: por un lado, la representación de un hombre envejecido e impotente ante su trágica situación, y por otro, la del político arrogante y enérgico que se refleja en Proceso. “Es la imagen de la humillación”, resume la pintora.
Paula Kouwenhoven, fundadora de WAD, comenta a este semanario la obra de Polin:
“Me sorprendió. Es una exposición muy interesante. La gente que la visita me pregunta sobre las técnicas que utiliza, pero también acerca de las cosas que pinta. No son pinturas bonitas. Es una obra muy fuerte y por eso tenemos discusiones muy profundas con quienes la ven. Cuando nos dicen en un periódico que tal persona es delincuente, lo asumimos. Pero eso no es verdad siempre. Con la obra de Polin no podemos hablar sólo de arte”.
El sitio web oficial de la localidad de Delf dice sobre la exposición: “En su serie (No) culpable Polin se refiere a la forma en que en México el crimen es presentado en los periódicos. Hay criminales que son sentenciados antes de que sean juzgados y crímenes que son puestos en escena como si se tratara de una obra de teatro. Marisa Polin busca el corazón del crimen y cómo lo interpretan los actores, culpables o no”.
Violencia
Proceso recorrió la exposición junto con la artista.
“El tema de partida es el hecho de que en México, como sucede en pocos países, tienes que demostrar tu inocencia y no la culpabilidad”, afirma Polin.
La primera pieza data de hace dos años. Precisamente se llama (No) culpable. Es un dibujo de dos encapuchados que llevan de los brazos a una persona de mirada triste, como resignada a su destino.
Polin pasa de un lienzo a otro. Una típica pistola de sicario con la imagen de una virgen incrustada en la cacha (Bendita); un sujeto atado de manos que parece recién arrojado de un automóvil en marcha (Yo no fui); un militar que arresta a un posible narcotraficante que intenta ocultar su identidad (Los carnales).
La pintora platica que un momento clave de su inspiración se dio el año pasado cuando estuvo en México:
“Quería hacer algo sobre el momento en que Cortés ve la Ciudad de México. Pero no pude llevarlo a cabo. Entonces tuve que aceptar que había un tema mucho más importante para mí: lo que estaba viendo en los periódicos. Es una pena, pero en Holanda fue aumentando la frecuencia de las noticias relativas a la guerra del narcotráfico en México. Cuando llegué allá vi que la gente no hablaba de eso, pero los medios sí lo estaban trabajando. Me pregunté, ¿qué está pasando? No pude dejarlo de lado”.
Polin se detiene frente al dibujo titulado Cinta canela que hizo en esa época de incertidumbre en México. Se trata de un ejecutado con los ojos vendados, tendido en el suelo. Hay sangre debajo.
Se acerca a otro lienzo: un hombre visiblemente torturado, obeso, atado de manos y en calzoncillos. Hay una letra Z marcada en el pecho con un objeto punzocortante.
Explica: “Tiene una meta estética. Es una abstracción de lo que está pasando en México. Estoy describiendo un acto muy cruel. Por la forma, te acercas con curiosidad, es bello, económico en línea. Sólo en un segundo o tercer intento te das cuenta de lo que es: y ya no puedes negar lo que ves... Debe estar muerto”.
La pieza mejor lograda, considera la autora, es la de una cabeza que pende: Vay chato, en indudable alusión a los narcomensajes.
“Es gráfico, es fácil, es limpio, es atractivo, es casi un cartel de promoción”, comenta. “Los elementos visuales son muy compactos, tienen colores muy vivos, puros, casi felices y no sabes lo que es al primer acercamiento. Espero que la pintura te diga con un dedo: ‘Ven, ven, veme, veme, veme’”.
Abunda: “El factor que me llevó a trabajar en este tema no fue el crimen ni la crueldad, sino los límites de hasta dónde ha llegado esa falta de moral; no puedo aceptar que un compatriota mío la pueda tener”.
–Es doloroso –se le comenta mientras fija su mirada en el lienzo del decapitado.
–Sí, demasiado. No me explico cómo pueden hacer cosas así. Es muy duro cuando piensas que pudo haberlo hecho alguien que conoces; eso no lo puedo aceptar. La pregunta de fondo es, ¿quién cometió este crimen?: alguien que no tiene educación, que no tiene recursos, que no tiene futuro... Es una gran tristeza, pobre, pobres, ¿en qué mundo tienen que estar para llegar a hacer eso? Tienes que haber perdido toda humanidad. ¿Qué eres después de eso?
Apoyo oficial
Polin asegura que desde hace un año ella misma había negociado con el WAD la exhibición de sus pinturas. Afirma que la embajada de México en Holanda integró a (No) culpable en el folleto de la legación diplomática que difundió actividades culturales correspondientes a septiembre.
En la primera página del folleto se ve el logotipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el escudo nacional y la leyenda “Embajada de México en los Países Bajos”.
Para el folleto el consejero cultural de esa embajada, José Manuel Springer Franco, escribió la presentación de la obra. En su texto no se menciona la guerra contra el narcotráfico, en cuyas consecuencias se inspira gran parte de la colección, y reproduce la versión calderonista según la cual los periodistas, calificados de “sensacionalistas”, sobredimensionan e incitan a la violencia.
Señala el folleto: “El creciente morbo promovido por los medios de comunicación, se torna contra el espectador, que se hace incapaz de captar la dignidad humana de la víctima. En la prensa, las víctimas se convierten en un número, una estadística, un signo de la violencia. En los dibujos (de Polin), los seres humanos desconocidos se convierten en un símbolo de nuestro actual dilema: al mirar la violencia de manera indiferente, la consentimos y participamos en ella”.
El 15 de septiembre en la fiesta del Bicentenario de la Independencia –en el atrio del ayuntamiento de La Haya– cada uno de los 600 asistentes recibió uno de esos folletos; entre ellos estaban los invitados de honor a la ceremonia oficial mexicana: el alcalde de La Haya, Jozias van Aartsen, y el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ed Kronenburg.
Para conocer su opinión, Proceso habla con el embajador de México en Holanda, Jorge Lomónaco. El diplomático afirma que la embajada no le dio “ningún apoyo” a Polin, si bien después aceptó que sí se publicitó la exposición “entre la comunidad mexicana”, lo cual, aclara, se hizo a petición de la expositora y no por iniciativa oficial.
Debido a que el 8 de enero último Calderón instruyó a los embajadores a “hablar bien de México” y “difundir lo que verdaderamente pasa en materia de seguridad y derechos humanos”, se le pregunta a Lomónaco si no le preocupa que la exposición del WAD vaya contra la imagen que el gobierno mexicano busca promover. Responde que la obra de Polin sólo expone “actos de violencia en general” y no en México.
Se le comenta que este semanario visitó la exposición y se le describe la pintura titulada Zeta. Lomónaco contesta que en todo caso “ese no es el tema”, ya que, insiste, la embajada se limitó a informar del acto a la comunidad.
El embajador asegura que “no ha habido una sola nota (de la exposición)”, que según él “ha pasado desapercibida” y por lo cual “no ha tenido ningún impacto en Holanda”.
El corresponsal pregunta a Polin si conoce la instrucción presidencial de hablar bien de México en el extranjero. “Pues a mí también me gustaría hablar bien de mi país”, contesta. l
Exigen más autonomía y más poder...
Jesusa Cervantes
La Secretaría de la Defensa mantiene la ofensiva... pero esta vez contra el Poder Legislativo. La institución logró congelar cinco meses la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional que se halla en la Cámara de Diputados, tiempo que utilizó para plantear modificaciones o adiciones al ordenamiento legal. Lo que pretende es tan sencillo como delicado: que en el combate al crimen organizado ninguna autoridad civil esté por encima del poder castrense.
Tras cinco meses de trabajar en la minuta de la Ley de Seguridad Nacional enviada por el Senado a la Cámara de Diputados el 28 de abril de este año, y tras haberla congelado en esa instancia, las Fuerzas Armadas introdujeron modificaciones al proyecto aprobado por los senadores: la propuesta de los militares los libraría de estar supeditados al poder civil y le restaría al Legislativo facultades en la lucha contra el crimen organizado.
Los cambios propuestos por el Ejército implican redefinir conceptos como seguridad nacional, seguridad interior y defensa exterior, y obligan al Ejecutivo a que declare la “zona de afectación”. Esto último implicaría convertirlo en único responsable de las acciones que emprendan los militares, quienes ya no estarían bajo las órdenes de ninguna agrupación policiaca ni bajo la tutela de autoridades municipales o estatales, como lo establece la minuta original.
Además el poder militar propone crear 18 “unidades especiales para combatir el crimen organizado únicamente en zonas urbanas”, y establece que necesita incorporar 9 mil soldados más a sus filas. Solicita una partida adicional de 10 mil millones de pesos para crear las nuevas plazas y comprar equipo especializado, como los detectores moleculares GT 200, utilizados para localizar explosivos, armas, drogas, personas y dinero.
También apresurará la fabricación y puesta en órbita de un satélite de comunicaciones mediante el cual se busca evitar que sean interceptados los mensajes entre las fuerzas que participan en el combate al crimen organizado. Para este fin el gobierno federal pidió a la Cámara de Diputados una partida de 18 mil millones de pesos, de los cuales 3 mil millones ya fueron autorizados.
Contra la minuta
Un documento del que Proceso tiene copia –elaborado por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el priista Ardelio Vargas Fosado, y dos generales adscritos al área de Doctrina Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)– da cuenta de los aspectos que los militares consideran obstáculos para enfrentar los problemas de inseguridad y justificar su presencia en las calles; aspectos que se hallan plasmados en la minuta del Senado de la República (Proceso 1748).
Otro documento al que este semanario tuvo acceso enuncia los 10 puntos básicos de la propuesta castrense para la Ley de Seguridad Nacional.
Las principales inconformidades de los militares quedan establecidas en un texto de 12 puntos, entre los que destaca el siguiente:
“Se tiene que analizar el que el Senado se atribuya la facultad de revisar la legalidad de la declaratoria, lo que invade la competencia del Poder Judicial de la Federación, órgano de control constitucional”. Con ello se refieren a la facultad que se atribuyó el Senado para decidir cuál es una “zona de afectación”.
Para subsanar lo anterior las Fuerzas Armadas proponen, según el documento consultado por Proceso, “eliminar la atribución adjudicada al Senado de revisar la legalidad de la declaratoria”.
Legisladores y abogados de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados e integrantes de la Comisión de Defensa Nacional (quienes optaron por el anonimato) explicaron el significado de lo anterior: si se mantiene esa atribución del Senado se entraría en conflicto con el Poder Judicial y la medida podría echarse abajo fácilmente con un amparo.
Por lo anterior, esa facultad debe tenerla sólo el Ejecutivo Federal, según la Sedena; el PRI propondrá que además se requiera el aval de la Comisión de Seguridad Nacional.
“En el Ejército hay preocupación por la ley; sin embargo, han hecho expreso su respeto por el Poder Legislativo”, afirma un integrante de esa Comisión. Agrega: “Ven un gran avance y tienen una visión más amplia para que se involucre al gabinete de Seguridad Nacional, retoman la obligación que tiene el presidente de la República, de acuerdo con el artículo 89 de la Constitución en su párrafo VI, de preservar la seguridad nacional, la seguridad interior y la defensa exterior”.
Otro punto que los militares ven como inconsistencia es que la minuta “contiene un procedimiento inoperante en virtud de que difícilmente un gobernador o presidente municipal aceptará o reconocerá su incapacidad”, por las “consecuencias políticas, sociales, históricas y legales de haber sido omiso en garantizar la seguridad pública”.
Además, al supeditarse “a las autoridades ya rebasadas por un problema se degrada a las instancias armadas y se pervierte su misión y (…) esto podría generar acciones de inconstitucionalidad”; incluso “la minuta de ley cancela la posibilidad de que las autoridades federales puedan presentar una solicitud de afectación a la seguridad nacional y, por lo tanto, si no lo hace una autoridad local, la población seguirá sufriendo esa afectación, impidiendo que las fuerzas armadas cumplan su misión”.
Los militares proponen “modificar el señalamiento de que la Fuerza Armada permanente ‘actúe’ en auxilio de la autoridad peticionaria”.
Legisladores priistas explican que esto significa que las Fuerzas Armadas no están dispuestas a subordinarse a nadie, y mucho menos en los operativos, pues “muchas autoridades están metidas en el narco y sólo el presidente de la República” les puede dar órdenes.
De acuerdo con uno de los documentos de la Sedena, otro problema es que “los delitos contra la seguridad interior de la nación, como la rebelión, sedición, conspiración y motín, no podrían considerarse como afectación a la seguridad interior” y “el dictamen tampoco otorga facultades operativas y de inteligencia de las Fuerzas Armadas, la ley no faculta expresamente a éstas”.
El texto continúa: “La minuta de ley dice que las autoridades pueden hacer lo que expresamente se les faculta, y si el dictamen en discusión ordena que las autoridades participantes lo hagan en el marco legal de su competencia, luego entonces las Fuerzas Armadas jamás deberían combatir el crimen organizado, a grupos armados, resguardar áreas estratégicas, ya que son funciones legales de las instancias de seguridad pública”.
El Ejército propone “precisar la intervención de la Fuerza Armada permanente como coordinadora responsable en el supuesto de una amenaza a la seguridad nacional y como coadyuvante ante antagonismos clasificados como ‘presión’ o ‘presión dominante’”, y “señalar expresamente que las instancias de seguridad nacional, incluyendo a la Fuerza Armada permanente, están facultadas para recabar información con fines de inteligencia”.
Lo anterior, afirman las fuentes consultadas, significa que “ellos son el mando”, además de que estarían facultados para emprender acciones de inteligencia, lo que implicaría autorizarles intervenciones telefónicas o análisis de averiguaciones previas. Tales actividades ya no serían sólo potestad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
“Gradualidad”
En los 10 puntos de las Propuestas para incorporar a la Ley de Seguridad Nacional, de la Sedena, se establece como número uno “precisar el concepto de seguridad nacional y los objetivos nacionales que pueden ser afectados por antagonismos”.
El jueves 7 el término “antagonismos” se cambió por “riesgo, desafío o amenaza”, lo que obedece a la urgencia del Ejército por establecer “el principio de gradualidad” para el uso de la fuerza armada. Esto es que los problemas de seguridad nacional se clasifican ahora en cuatro rubros y cada uno determina en qué condiciones el Ejército, las Fuerzas Armadas o la Marina pueden participar, según el documento.
Los cuatro aspectos tienen que ver con la identificación del enemigo: si son gente de poder o que busca el poder, si su aparición en la vida nacional es “temporal”, si el ente es de carácter económico, si se trata de una sublevación o una rebelión, y establece el grado en que el “enemigo” quiere afectar al Estado.
El documento de la Sedena que objeta la minuta del Senado establece también que “otro factor de inoperancia del dictamen lo constituye el hecho de que no procede una declaratoria cuando la solicitud tenga su origen en requerimientos o cumplimientos de mandatos de una autoridad o causas de carácter político electoral o de índole social”.
El Ejército incluye en su propuesta que se prevea expresamente “la invasión o agresión externa al Estado Mexicano, como un ‘riesgo, desafío o amenaza’ a la seguridad nacional”. Por ello propone un nuevo capítulo de “Defensa Exterior”.
Por lo que hace a la seguridad interior quiere que se faculte a las Fuerzas Armadas para realizar actividades de “prevención” de “riesgo, desafío o amenaza”.
Uno de los puntos que generó controversia en el Senado y que fue eliminado es el que atañe a los retenes. El Ejército retoma el asunto y pretende que éstos sean legales, si bien partidos como el PT y el PVEM los consideran medidas propias de “estados de excepción focalizados”.
El documento de la Sedena define así el alcance de los retenes: “Adicionar la obligación de prever en los protocolos la revisión de efectos cuya circulación se encuentre prohibida o restringida en el área de aplicación de la declaratoria”.
Cabildeo militar
El secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, solicitó la autorización para contratar 9 mil plazas con las que se crearían 18 unidades especializadas para combatir el crimen organizado en zonas urbanas.
Adriana Fuentes, diputada panista integrante de la Comisión de Defensa Nacional, dice a Proceso que Galván les explicó por qué se requiere de esas unidades especializadas.
Dijo que cuando los cárteles de la droga actúan en una ciudad, el Ejército –que tiene 200 mil efectivos– se ve obligado a desplazar elementos asignados a actividades de protección civil en lugares alejados, movilización que puede restar efectividad táctica.
Adriana Fuentes detalla que el Ejército pidió 10 mil millones de pesos adicionales para comprar armamento mucho más ligero que pueda ser utilizado “en operaciones en ciudades, en zonas urbanas”.
“Estamos acostumbrados a que el Ejército actuaba en zonas no urbanas, en sierras, en zonas rurales; pero ahora la delincuencia se infiltró en las ciudades (…) y para enfrentarlos se requiere de una reacción rápida. Estas nuevas unidades van a estar precisamente para atender los casos de la zona urbana; son fuerzas especiales de reacción inmediata a las denuncias ciudadanas para el combate al crimen organizado”, explica.
La legisladora aclara que no se trataría de un nuevo batallón, sino de un cuerpo con características propias. El secretario de la Defensa “hace la propuesta de cómo podemos venir a apoyar la carga de trabajo que ya tiene cada zona, y es a través de estas unidades, que serán sólo para el Ejército y la Fuerza Aérea, no incluyen a la Marina”.
Las 18 unidades estarían formadas por 500 soldados distribuidos en retenes fijos en distintos estados donde hay fuerte presencia del crimen organizado. Integrantes de la Comisión de Defensa Nacional adelantaron que se tiene pensado que esas unidades hagan trabajo de inteligencia, de interdicción (operación directa) e intercepción.
Otro elemento que ha requerido el Ejército es la puesta en órbita de un nuevo satélite. El proyecto fue planteado por militares que en noviembre de 2009 acudieron a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y, por medio de esa instancia, obtuvieron autorización para contar con fondos por 3 mil millones de pesos para tal efecto, pero el dinero todavía no ha sido utilizado, informa el diputado del PVEM y miembro de dicha comisión, Gerardo Flores Ramírez.
El costo del satélite sería de 13 mil 470 millones de pesos; sin embargo, en el nuevo presupuesto se establece que será de 18 mil 500 millones de pesos.
Flores revela que la petición del satélite la hizo la propia Sedena “y lo presentaron como un proyecto urgente para atender cuestiones de seguridad; a la reunión de la comisión trajeron a diversos miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos un vicealmirante de la Marina”. El proyecto del satélite ya fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Nacional, pero debido a la falta de acuerdo sobre qué empresa lo construirá no se ha podido arrancar el proyecto.
Para sensibilizar a los legisladores, a finales de agosto pasado la Sedena envió a algunos de sus integrantes a las oficinas del coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, a quien le detallaron los inconvenientes de que las Fuerzas Armadas estén bajo órdenes de civiles.
“Son unos verdaderos grillos y ha sido la mejor reunión política que he tenido en los últimos tiempos”, comenta Encinas, quien asegura que la minuta del Senado sufrirá grandes modificaciones, aunque no las especifica.
Sin embargo, la principal “ofensiva” de la Sedena ha sido hacia la Comisión de Defensa Nacional, a la que convocó a una reunión el pasado 29 de septiembre en el Colegio Militar. Encabezada por Galván, el general secretario habló durante seis horas en torno al poder de las armas del crimen organizado y explicó la imposibilidad del Ejército para responder a los ataques con el mismo tipo de armamento, pues con éste, dijo, se afectaría a la población civil. l
El presidente y sus generales
El mes pasado el sello Temas de Hoy, de editorial Planeta, puso en circulación el volumen Los generales. La militarización del país en el sexenio de Felipe Calderón, que recupera más de 30 reportajes sobre ese tema publicados por Proceso en los últimos años. A continuación se incluye una reseña del libro y la Presentación, escrita por el director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, quien coordinó la edición.
El eje de la política del gobierno de Felipe Calderón se apoya desde sus inicios en la militarización del país.
En su cruzada contra el narcotráfico y la delincuencia organizada el mandatario no dudó en sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, pese a las críticas de diversos sectores, del propio Poder Legislativo y organismos regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha pronunciado en varias ocasiones contra las tropelías de los soldados cometidas en perjuicio de la población civil, amparados en el fuero militar.
La estadística roja contabiliza ya cerca de 30 mil muertes. La estrategia gubernamental no sólo ha resultado estéril, sino que ha puesto a sus gestores contra la pared. Hoy, a más de tres años y medio de que la administración calderonista declaró su guerra contra el narco, prácticamente ninguna entidad se salva de la violencia. Lejos de la derrota, los cárteles del narcotráfico y la delincuencia organizada en general permean la política, invaden la esfera del poder y aun se apropian de él en algunas entidades.
Semana a semana, Proceso ha documentado de manera prolija la guerra de Calderón, que por obvias razones implica la paulatina pero implacable militarización del país. Sólo quien no quiera ver deja de advertir cómo la sombra verde del Ejército avanza tanto en términos territoriales como en la toma de decisiones políticas y estratégicas. Esta realidad se ha reflejado en el semanario y también en las dos ediciones especiales que Proceso dedicó este año a La guerra del narco.
A través de su sello Temas de Hoy, editorial Planeta ha publicado en el libro Los generales. La militarización del país en el sexenio de Felipe Calderón, que empezó a circular la semana pasada, una parte medular de los reportajes e investigaciones dedicados en la revista a la forma como el gobierno de Calderón lanzó a la calle, sin objetivos precisos y sin estrategias claras, a decenas de miles de soldados que, bajo el mando de los generales, se han visto envueltos lo mismo en operativos exitosos que en desmanes, homicidios, abusos y violaciones a los derechos humanos con la población civil como víctima.
Agrupados en nueve capítulos –la militarización; Ejército represor; la impunidad; la corrupción; en busca de una justificación jurídica; Ejército y religión; los operativos; los acuerdos con Washington; héroes y víctimas, y los desertores–, los reportajes de Los generales –complemento ineludible del libro que lo antecedió, El México narco, igualmente publicado por Temas de Hoy– muestran con crudeza al Ejército Mexicano envuelto en una guerra sin destino ni final.
Del volumen reproducimos aquí el texto de Presentación, escrito por Rafael Rodríguez Castañeda, director de Proceso.
Si bien a lo largo de 200 años de vida independiente el Ejército ha sido uno de los principales factores de poder en México, desde el inicio del periodo posrevolucionario su predominio comenzó a menguar, al igual que su participación en política, acotada por el poder civil. Esto fue así hasta finales del siglo XX. A partir de entonces, y de manera más acusada en la primera década del XXI, la milicia ha ido recuperando posiciones políticas, alentada paradójicamente por el poder sin uniforme ni insignias.
Tanto el último presidente de la era de predominio del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Zedillo (1994-2000), como su sucesor, el panista Vicente Fox (2000-2006), recurrieron a las Fuerzas Armadas durante sus administraciones para reforzar las tareas de seguridad pública y, sobre todo, para combatir a la creciente delincuencia organizada.
Tras la elección de 2006, y con el propósito de fortalecer su imagen a como diera lugar debido a su cuestionado triunfo, Felipe Calderón Hinojosa enarboló el combate al crimen organizado como la principal bandera de su sexenio. Desde el principio dio señales –contundentes, inequívocas– de que gobernaría apoyado en las Fuerzas Armadas, en el poder silente pero efectivo de los generales…
De ese apoyo, de sus implicaciones y consecuencias, ha dado cuenta puntual el semanario mediante crónicas y reportajes en los que, asimismo, muestra a un Ejército desesperado que echa mano de todos sus recursos contra la delincuencia organizada, pero sin reparar en los daños “colaterales” que esta guerra provoca entre la población civil.
Amén de sus cuestionados operativos y, en suma, de sus pobres resultados en la lucha contra el narcotráfico, en la actual coyuntura la milicia mexicana ha sido objeto como nunca antes de centenares de denuncias por violaciones a los derechos humanos.
En la presente selección de textos, reporteros y colaboradores reproducen testimonios que revelan la manera en que los ciudadanos, amparados tan sólo en la labor de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para salvaguardar sus garantías individuales, se encuentran inermes ante los abusos y el fuego cruzado de narcos y militares.
Concebidas en el periodo correspondiente a la primera mitad de la administración calderonista, las investigaciones que aquí se ofrecen revelan que, así como los generales han aumentado su influencia en las decisiones del Poder Ejecutivo, y aun en las del Legislativo, están utilizando el omnímodo fuero militar como licencia para que, en nombre de la seguridad pública, sus soldados maten y torturen, violen y perpetren toda suerte de abusos contra los ciudadanos, sean delincuentes o personas de bien.
Con esta carga de impunidad a cuestas, y como signo ominoso de sus acciones, son cada vez más los elementos del Ejército Mexicano que se suman a las filas del enemigo, o bien le sirven desde el seno de la institución armada brindándole protección, armas e información sensible.
Con el estilo periodístico que ha caracterizado a Proceso desde su fundación, directo y sin concesiones, los textos que aquí compendiamos muestran, en suma, el estrepitoso fracaso de la “guerra” calderonista contra el narco, el cual se materializa en los casi 30 mil muertos acumulados en lo que va del sexenio.
A lo largo de las páginas de este libro aparecen nombres, lugares, fechas y pormenores de los hechos que en el gobierno de Felipe Calderón han protagonizado sus principales aliados políticos: los generales. l
Hacia un Estado autoritario
Jorge Carrasco Araizaga
Para el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, las reformas a las reformas judiciales con las que se está enredando el gobierno mexicano –incluida la del mando policiaco único– de poco van a servir si no se combate la impunidad. Por eso el Congreso tiene que legislar para que el país cumpla sus compromisos internacionales en derechos humanos, y el gobierno rectificar su estrategia contra la criminalidad. Cuando un Estado empeña todos sus recursos en una “solución” de fuerza y no obtiene resultados en un tiempo razonable, dice el jurista, “debemos preocuparnos”, sobre todo si echa mano de “instrumentos autoritarios”.
El expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actual investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Sergio García Ramírez, advierte que el Estado mexicano muestra cada vez más signos autoritarios, ya que el gobierno, presionado por la inseguridad, ha optado por la fuerza, la reducción de garantías y la centralización del poder policial sin intentar siquiera abatir la impunidad.
Ante esa tendencia, señala, el Congreso no puede legislar como si el país viviera tiempos de guerra, dándole a la policía o a las Fuerzas Armadas atribuciones que no están en la Constitución; al contrario, tiene que hacer reformas para que México cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Procurador General de la República entre 1984 y 1988, durante 12 años juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales cuatro la presidió (entre enero de 2006 y diciembre de 2009), García Ramírez señala que la crisis de inseguridad no es un argumento válido para excluir de responsabilidad a ninguna autoridad en la violación de derechos humanos: “Los excesos son los excesos y se tienen que castigar, no dentro de unos años, sino de forma inmediata”.
Asegura que las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano se tienen que cumplir porque son vinculantes, y para hacerlo es necesaria una legislación para aplicar esas resoluciones.
García Ramírez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, señala que, ante la “creciente y generalizada delincuencia”, el Estado mexicano “está bajo muchísima presión, como no lo había estado en muchos años, pero en modo alguno podemos decir que está derrotado o rebasado; aunque tampoco puede cantar victoria”.
Sobre los casi 30 mil muertos que ha dejado la violencia del narcotráfico, considera que “la situación no se puede comparar con una guerra civil, pero los saldos se asemejan en sangre derramada, números de muertos y personas heridas. Los resultados son desalentadores”.
García Ramírez evita referirse de manera directa al presidente Felipe Calderón o a sus principales colaboradores en seguridad y justicia, pero sus críticas a la estrategia contra la delincuencia son directas.
Cuestiona que no se hiciera caso de las peticiones para rectificar la estrategia contra la criminalidad con medidas sociales y que en cambio se haya privilegiado el uso de la fuerza: “Esta parte del ejercicio del poder, que tiene que ver con los instrumentos más duros y severos de los que dispone el Estado para perseguir y sancionar a los delincuentes, tampoco ha sido la más afortunada”.
Asegura que cuando un Estado empeña todos sus recursos en una falla de este tipo y no puede salir adelante en un tiempo razonablemente largo, “debemos preocuparnos”; sobre todo, cuando utiliza instrumentos de un Estado autoritario, y “hemos dado pasos en esa dirección”.
Ubica el inicio de esa tendencia en 1996, en el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando se expidió la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
“Han pasado 15 años, un tiempo razonable para ver los efectos. Es una legislación cuya aplicación, se ofreció, sería exitosa porque con ella se frenaría el crecimiento del crimen organizado. A mí me pareció que esa ley incluía componentes sumamente equivocados, autoritarios, que no tendría un buen destino porque terminaría siendo un engendro que acabaría por contaminar el sistema.”
Señala: “La ley contra la delincuencia organizada no tuvo éxito, pero en ese momento no se tocó la Constitución. Sin embargo, bajo el actual gobierno, en 2008, hubo una reforma penal que rescató el espíritu y mucho de la letra de esa ley. Y ahora tenemos en nuestra Constitución, merced a ese rescate de elementos indeseables, un doble sistema penal”.
Por una parte, explica, tenemos un sistema penal con garantías y derechos en un orden jurídico penal de condición democrática; pero por la otra tenemos ya instalado un derecho de calidad autoritaria que ha significado una reducción de garantías y un cercenamiento de derechos que le dan al Estado discrecionalidad para operar.
“Hay una doble cara constitucional en la cual prevalece lo democrático y garantista, pero el Constituyente permanente ha introducido replanteamientos perniciosos en la Constitución, como el sistema de prisiones especiales. Además, le dio marcha atrás a la ejecución de penas en lugares cercanos a los domicilios, en los casos de delincuencia organizada y de otros internos que merezcan un tratamiento especial, sin decir en qué consiste el control especial. Ya se empezó a franquear la puerta al autoritarismo”, asegura.
La reforma penal no sólo introdujo en la Constitución el arraigo –que había sido resuelto como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, sino que facultó al Ministerio Público local para adoptar esas medidas mientras entra en vigor el sistema acusatorio.
–El gobierno federal dice que esas medidas se han tenido que tomar porque en el pasado se dejó crecer el problema.
–Aceptemos que los desastres del presente son el producto de los errores del pasado. Atravesemos toda la historia y desembarquemos en 2008, cuando se hizo la reforma judicial. Concedido: todo lo que no se hizo en el siglo XIX y en el XX culmina en lo que no se está haciendo en el XXI.
“Los errores de hoy se tienen que resolver hoy, y para eso se ejerce el poder, no para decir: ‘El desastre que estoy administrando es heredado’. Además, no lo es, porque lo que antes pasaba no es comparable con lo que pasa ahora, ni remotamente. Pero si esto tranquiliza algunas conciencias, empecemos por Guadalupe Victoria o Agustín de Iturbide.”
A dos años de la reforma judicial, asegura, se ha visto que los efectos no han sido buenos. “Es obvio que los resultados no han sido los apetecidos y ahora tienen que hacer ajustes en poco tiempo, como la reforma constitucional adicional en materia de mando policiaco o la ley antisecuestros. Quiere decir que tropezamos o que por lo menos fuimos poco previsores y tenemos que hacer reformas a las reformas”.
En cuanto a la reforma policial presentada el miércoles 6 por Calderón para crear un mando único policial, García Ramírez dice que con una modificación constitucional para centralizar el poder de la policía pasaría lo mismo que con la figura del arraigo.
Es verdad, dice, que hacen falta coordinación y control policial, lo mismo que un cerebro rector en materia de policía, pero ojalá que la concentración de mando no nos lleve a un resultado igual que con la policía fragmentada, que cayó en manos incompetentes o comprometidas con la delincuencia, “de lo contrario, habríamos puesto la Iglesia en manos de Lutero”.
Es de elemental sentido común pensar que las bandas criminales querrán tomar esas estructuras policiales para conducirlas como ya lo hacen con las actuales estructuras, sean policiales, penitenciarias o persecutorias, afirma.
García Ramírez, cuyas materias de investigación en el IIJ son la justicia penal, la reforma penal y la legislación internacional en derechos humanos, dice que las nuevas reformas impulsadas por Calderón son soluciones “fragmentarias, espasmódicas, a veces anecdóticas de los problemas que surgen en el camino”.
Y pregunta: “¿Cuál es la política de Estado en la que se meten todos estos ajustes? Tendría que decir que esa política no la conocemos o, en el peor de los casos, no existe”.
En su opinión, prevalecen la urgencia, la zozobra, la exasperación social que le dice al Estado: “Toma medidas enérgicas”. El deber del político sería encauzar esa exasperación de un modo racional y eficaz, pero con frecuencia se responde de manera automática: “Está bien, me pides más rigor: que suban las penas”, olvidando que el problema fundamental es la impunidad, no la levedad de las penas, que cuando son severas son cadenas perpetuas veladas.
Si en un espacio de impunidad se modifican las penas, sólo se actúa en un pantano de ilusiones. Las cifras de impunidad que se han difundido son altísimas, entre 90 y 98 o 99%. “Cuando se tiene ese problema, todo lo demás que se haga para modificar el procedimiento, o juicios orales o sistema acusatorio, no funciona porque no se ataca el problema”.
La reforma penal de 2008 introdujo los llamados juicios orales, que a decir de García Ramírez “se han enarbolado como una bandera casi redentora”, pero en realidad sólo significan que ciertas actuaciones procesales se realizan de viva voz y no por escrito, además de la inmediación entre el juez y el inculpado, la recepción directa por parte del juez de la prueba y la publicidad. Eso ya estaba en la Constitución, pero se ha desarrollado en el artículo 20. “No lo cuestiono porque tiene grandes ventajas sobre la escritura, la ausencia del juez y el secreto”, aclara.
Además de subrayar que los propios autores de la reforma reconocieron que el término de juicios orales era mercadotécnico y atiende más a la economía procesal que a la justicia, indica que las estadísticas internacionales muestran que sólo 10% de los casos se resuelven mediante oralidad.
“Se necesita que el sistema de composiciones entre el Ministerio Público, la víctima y el victimario funcione muy bien porque entre 80 y 90% de los casos es por la vía de los arreglos. Es una justicia negociada. Los casos de juicio completo ante un jurado son muy pocos, como los que salen en la televisión y que seguramente son los que vieron los reformadores.”
Dice que cuando se hizo la reforma penal de 2008, sus autores dijeron que los problemas fundamentales que había que corregir con una gran reforma eran la impunidad, la corrupción, la ineptitud de organismos y el envejecimiento del aparato normativo. “Lo aprobado lo único que atacó fue lo más fácil: el envejecimiento del marco normativo”.
Para el exjuez internacional, se requiere de mucho más que una reforma constitucional para abatir la impunidad: “Se tiene que mejorar la investigación, la persecución y el juzgamiento, lo cual requiere de una profunda reforma en los órganos y en los métodos a cargo de la investigación, persecución y enjuiciamiento. Esos males están dispersos en distintas instituciones y organismos, y deben ser atendidos de manea simultánea”.
Observa que, como resultado de esa reforma, se ha diluido la autoridad del Ministerio Público sobre la investigación y la policía: “Todos los días vemos que las investigaciones, las capturas, las recepciones de pruebas no se realizan necesariamente en el espacio del Ministerio Público, sino en otros espacios institucionales (como el Ejército, la Marina o la Policía Federal). En el mejor de los casos, el Ministerio Público recibe el resultado de esas investigaciones, pero ya no es el único órgano que controla y responde por las investigaciones”.
“Al Ejército y a la Marina se les ha convocado, y no digo que se les excluya: sería muy peligroso prescindir de ellos en este momento, pero quisiera ver a un Ministerio Público cada vez más poderoso y a una policía investigadora, judicial o ministerial, o como se le quiera llamar, cada vez más eficiente y suficiente que reasuma sus funciones de persecución y permita que las Fuerzas Armadas reasuman las funciones que son las suyas.”
Comprende que, ante una situación de tremenda crisis, el poder civil ha convocado a las Fuerzas Armadas para que lo auxilien, “pero en un régimen como el nuestro, la situación, aun siendo de emergencia, tiene que desarrollarse en el marco de la ley fundamental porque no estamos en suspensión de garantías”.
Ante la propuesta de Calderón y las Fuerzas Armadas para reformar la Ley de Seguridad Nacional y legalizar la participación de los militares en tareas de seguridad interior, el exjuzgador de la Corte Interamericana asegura que el Congreso “no puede inventar atribuciones de la autoridad que no tengan sustento en la Constitución”, y agrega que, incluso en el artículo 21 constitucional reformado, esa atribución le corresponde al Ministerio Público, ahora junto con la policía.
“Lo que hay que ver es hasta dónde, dentro del marco constitucional, puede una autoridad militar o policial que interviene en seguridad pública, colaborar y contribuir en acciones de prevención o de persecución. Pero esto no descarta a la autoridad suprema, que es civil.
“Me resisto a pensar que los militares vayan a actuar de propia autoridad, sin ningún control, sin ninguna responsabilidad y sin la rendición de cuentas posterior. Esto constitucionalmente no es posible”, afirma.
No es extraño que se solicite la participación de los militares, pero tiene que ser en los espacios de cada autoridad y de respeto a los derechos humanos. “Estamos en tiempos de paz y sin suspensión de garantías. No es una situación de guerra. Sería peligroso que para proteger los derechos de los ciudadanos se dejen en suspenso los derechos ciudadanos”.
Para evitar que eso ocurra y para que se reduzcan las tentaciones autoritarias con el pretexto de la criminalidad, dice que se debe modificar el artículo 29 constitucional a fin de que no se puedan suspender los derechos a la vida, la integridad personal ni las garantías judiciales bajo ninguna circunstancia.
A su juicio también deben modificarse otros preceptos constitucionales en materia de derechos humanos “para que el Estado mexicano cumpla sus compromisos internacionales”, por lo menos el Pacto Internacional de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Las modificaciones, añade, deben incluir el cumplimiento de las sentencias de tribunales internacionales de derechos humanos, pues éstas son vinculantes. “Nos falta legislación de implementación de las resoluciones. Es un fenómeno nuevo relativamente para nosotros, que en muchos países de América Latina se ha resuelto sin traumas”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción fue reconocida por México en
Las condenas al Estado mexicano en la Corte Interamericana fueron por las violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército y por la aplicación del fuero de guerra en esos casos.
La primera de esas resoluciones, por aplicar el fuero militar en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla en
Si el problema radica en una ley, lo natural es modificarla para que desaparezca el problema. En este caso es el artículo 57 del Código de Justicia Militar: “Si el Estado mexicano incumple, quedamos en una situación de falta grave ante el orden jurídico internacional”.
Aclara que no se pretende desaparecer el fuero de guerra, que es para casos de faltas o delitos contra la disciplina militar. Eso no se cuestiona.
La impunidad, obra de Reyes Baeza
Patricia Dávila
A unos días de abandonar la presidencia municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz hace un balance de su trienio: este municipio se hundió en la violencia y el temor, debido sobre todo al crimen organizado, pero con el agravante –asegura– de que el gobierno y la procuraduría del estado fomentaron la impunidad por una inventada rivalidad política. El resultado: 7 mil muertos, 10 mil huérfanos, 250 mil emigrados; 10 mil negocios cerrados, 30 mil empleos perdidos; 25 mil viviendas abandonadas…
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Horas después de rendir su último mensaje de gobierno, el presidente municipal saliente José Reyes Ferriz revela en entrevista:
“La guerra emprendida en esta frontera en contra del narcotráfico es un fracaso. El gobernador José Reyes Baeza confundió mi solicitud de cooperación al gobierno federal para combatir al narcotráfico con una estrategia política para llegar a la gubernatura, cuando no lo era. En represalia, nunca apoyó el Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH). No asignó un solo peso a la estrategia y, por si fuera poco, la procuradora del estado, Patricia González Rodríguez, liberó a más de 9 mil 500 delincuentes de 10 mil que pusimos a su disposición. La impunidad lleva al fracaso”.
El relevo en la alcadía es el domingo 10. La conversación se desarrolla el miércoles 6, en la que fue su oficina durante tres años. A Reyes Ferriz le tocó gobernar la urbe precisamente cuando se convirtió en la más violenta del mundo, dice, “acosada por la actividad del narcotráfico, que en Juárez no dejó espacio sin tocar ni ámbito en el que no imprimiera su huella de destrucción, muerte y desesperanza”. De ello dan testimonio los cerca de 7 mil muertos registrados en el trienio.
Hace un balance general. “Fueron tres años difíciles, complicados en varias materias. Por un lado, la inseguridad, lo más complicado. Por el otro, teníamos una crisis económica muy grave y desempleo como nunca había tenido Juárez. Ello, sumado a la crisis fiscal del país, derivada de la disminución en la producción petrolera, trajo una crisis política importante con repercusiones graves”.
–¿A qué repercusiones se refiere? –pregunta la reportera.
–Yo veía muy claro el problema de la inseguridad que se estaba generando en la ciudad y busqué el apoyo del gobierno federal; éste decidió entrar con mucha fuerza. Esto fue visto por el gobierno del estado como un acto político. Había mucho recelo de la actuación de la federación en Juárez. Fue el comienzo de una relación muy difícil.
–¿Un relación difícil entre usted y el gobernador?
–Entre el gobierno del estado y el municipio. Hubo mucha fricción, muy poca comunicación y coordinación entre los gobiernos, en una etapa en la que necesitábamos trabajar los tres juntos (la guerra contra el narcotráfico). Fue un trabajo intenso al que no se sumó el gobierno del estado.
–¿Cómo se tradujo la inconformidad de Reyes Baeza?
–En la falta de colaboración para atender muchos temas. Un ejemplo: en seguridad. La Policía Municipal aprehendía delincuentes en flagrancia; teníamos cuidado en la forma en que se llevaba a cabo la detención, la integración de la información que requerían los tribunales y la forma en que los poníamos a disposición de la Procuraduría de Justicia del Estado, para evitar que por un mal procedimiento quedaran en libertad. La sorpresa era que al llegar a esta corporación, en 48 horas quedaban libres.
“No existía esa colaboración entre los dos niveles de gobierno. En los tres años detuvimos cerca de 10 mil delincuentes por delitos que van desde robo hasta la extorsión, secuestro, narcomenudeo y asesinato; sin embargo, terminaron en la cárcel menos de 500 de ellos porque no se les procesaba.
“La procuraduría no le daba seguimiento (a sus casos) y no nos permitía a nosotros hacerlo. Esto contribuyó fuertemente al grado de violencia que alcanzamos. Una ciudad no puede funcionar si no dejamos en la cárcel a los delincuentes, porque al dejarlos sin castigo salen y cometen los mismos delitos.”
Con el objetivo de “fracturar y desman-telar las cadenas y redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales”, el 28 de marzo de 2008 el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, puso en marcha la OCCH con 4 mil policías federales y militares que tomaron el mando de la seguridad mediante la instalación de 10 bases de operaciones mixtas y 46 puestos de control móviles. Contaban con 180 vehículos, 13 equipos de detección molecular, tres aviones C-130 Hércules y un Boeing 727/100 de la Fuerza Aérea Mexicana.
Mensajes políticos y de los otros
Seis meses después fue claro que el despliegue federal era insuficiente. Cruentos ataques a centros de rehabilitación para adictos, penales en poder de pandillas como Los Aztecas, Mexicles y Los Artistas Asesinos, así como la infiltración del narco en la Policía Municipal impulsaron al alcalde a contratar, con autorización de Mouriño, a mil soldados para conformar grupos de élite que reforzaran a la corporación y sustituyeran a 800 de los mil 800 policías preventivos, a quienes tras aplicarles un examen de confiabilidad “les descubrieron nexos con el narco”.
Convencido de que encabezó un gobierno “inédito” por las condiciones en que lo hizo, Reyes Ferriz prosigue: “Logramos hacer una limpia en la policía. No tenemos la mejor del mundo, pero detienen delincuentes, y cuando por errores jurídicos los dejamos en libertad, no sólo afectamos la moral de la corporación, sino que ponemos en peligro su vida. Fue muy claro… y optaban por no hacer su trabajo”.
Pone un ejemplo: “Tuve el caso de un policía de reciente ingreso a la corporación. Un joven valiente, activo. Va con dos policías más antiguos, cuando detienen un carro sospechoso. Sus compañeros le advierten que en el vehículo hay gente armada, muy peligrosa, que debe tener cuidado. El policía insiste en detenerlos. Con su R-15 baja de la patrulla y encabeza la detención. Uno de los delincuentes lo amenaza: ‘En 48 horas voy a estar fuera y te voy a matar’. Efectivamente, en 48 horas la procuraduría lo soltó y a los 15 días mató al oficial”. El alcalde se guarda los nombres de los involucrados.
–¿Qué tanto asumió el gobierno del estado esa actitud por su inconformidad por la entrada del gobierno federal a esta ciudad, y qué tanto por proteger al cártel de Juárez?
–No sé si sea protección o no, eso lo tendrá que decidir alguien más. Lo que sé es que gran parte del problema de Ciudad Juárez lo generó la procuraduría (estatal) por su incapacidad.
–¿Incapacidad o falta de voluntad?
–No sé si no haya querido; cuando menos no tuvo la capacidad. Y la procuración de justicia es una acción muy importante, que aquí no funcionó.
–Hubo una gran cantidad de mantas en donde el cártel de Sinaloa acusaba al gobernador y a la procuradora de proteger al cártel de Juárez –le recuerda la reportera.
–Conozco lo que decían las mantas porque todo mundo lo sabe. Hubo varios mensajes de ese tipo. No sé específicamente cuál sea la relación, o no, con esto. Si es verdad o no, no me corresponde juzgarlo; lo que digo es que en este estado la impunidad debe de ser la más alta del país.
Y trae a cuento un caso “contundente”: “El video de Creel que transmitió Denise Maerker (en su programa televisivo Punto de partida) es un ejemplo claro de la actuación de la procuraduría. El hombre que dirigió el ataque fue detenido meses antes y la procuraduría lo soltó. ¡Qué más ejemplo!”.
–¿Entonces la guerra fallida es responsabilidad del gobernador? –se le insiste.
–De la procuradora.
–Que dependía del gobernador…
–Sí… Contraté 25 abogados para integrar los expedientes y hacerle más fácil el trabajo a la procuraduría, pero nunca los recibieron. Por si fuera poco, vino la reforma penal y ocasionó más problemas: si alguien robaba un carro, la procuraduría le pedía a la víctima que concediera el perdón a cambio de la devolución de su vehículo y mil pesos de gastos. Lo convencen, el delincuente no queda fichado y vuelve a delinquir como si fuese la primera vez.
–Nada funcionó: la entrada de los militares y de la Policía Federal, la limpia en la Policía Municipal, el policía encubierto, desarme de pandillas, botones de pánico ni Crime Stoppers. ¿Por qué?
–Por la impunidad con que la procuraduría permitió que se movieran los delincuentes.
El colmo de esa impunidad, acota, fue el robo de 83 armas en el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4) de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el pasado 27 de septiembre, una semana antes de que concluyera el mandato del gobernador José Reyes Baeza.
A su sucesor, César Duarte, que tomó posesión el lunes 4, unos sicarios le asesinaron a dos familiares. La policía capturó a los atacantes de su sobrino Mario Humberto Medina, muerto el 15 de julio; sin embargo, el 10 de agosto los sicarios fueron asesinados a golpes en el penal.
La procuraduría fue muy cuidadosa en no ligar públicamente a los sicarios con algún cártel. Hasta la fecha en esa instancia se niega que los asesinatos fueran ordenados para someter, de entrada, al gobernador Duarte. También lo dice Reyes Ferriz: “Fue circunstancial”.
Otro funcionario que, igual que el gobernador y la procuradora, fue señalado como protector del cártel de Juárez, es Héctor El Teto Murguía. En su pasada gestión como presidente de este municipio, el brazo armado del cártel de Juárez, La Línea, logró controlar la policía local hasta el punto de que en 2008 Saulo Reyes, el secretario de Seguridad Pública de Murguía, fue detenido en El Paso por sus vínculos con el narco.
–¿El regreso de El Teto como alcalde fortalece al cártel comandado por Vicente Carrillo? –se le pregunta al presidente municipal saliente.
–No quiero tocar ese punto. No tengo información al respecto. Solo sé que la policía estaba infiltrada por ambos cárteles, aunque en su mayoría por gente que pertenecía a la organización local. Como muestra, tenemos el caso de Saulo Reyes.
Al término de su trienio hace el recuento: hay cerca de 7 mil muertos, entre ellos 190 policías; 10 mil huérfanos, 250 mil juarenses emigraron a causa de la violencia; cerraron 10 mil negocios; se perdieron 130 mil empleos; hay 25 mil viviendas abandonadas y 80 mil adictos
–¿Cómo se siente?
–¡Muerto! Ha sido muy pesado
–¿Existe la garantía de que la policía que deja no está infiltrada?
–Debe haber gente mala. El último examen de confiabilidad que aplicó la Secretaría de Seguridad Pública federal fue a finales del año pasado y estaban limpios. Ahora no sé.
–¿Recibió amenazas? ¿Cuál lo impactó más?
–Muchas. Todas me impactaron porque iban subiendo de tono.
Por eso Reyes Ferriz tiene casas en ambos lados de la frontera. Sus dos hijos estudian en El Paso, Texas, y con ellos vive su esposa.
Cuando asumió la presidencia municipal en octubre de 2007 su familia se quedó allá y sólo venían a acompañarlo en ocasiones “especiales”, pero a partir de que comenzó la limpieza de la policía, ni los hijos ni la esposa volvieron a Ciudad Juárez. Aunque siempre lo negó, fue público que durante su administración el alcalde cruzaba la línea fronteriza con frecuencia.
En febrero de 2009 apareció una cartulina con el siguiente mensaje, que se atribuyó al cártel de Juárez: “Tomaste una buena decisión al dejar que se fuera el mugroso de Orduña, pero si sigues solapando más culeros y ayudando a la gente que tú ya sabes, a ti no te vamos a pedir la renuncia, te vamos a cortar la cabeza junto con tu familia, aunque estén en El Paso, Texas”.
En Juárez, Reyes Ferriz contaba con seis escoltas, además de la guardia de la Policía Municipal que tenía en la casa donde vivía. En El Paso, su familia oficialmente no tiene ninguna medida especial de seguridad, aunque al parecer las autoridades paseñas mantienen un “discreto” dispositivo de vigilancia.
–¿Cuál fue el momento más difícil?
–Cuando todos los jefes de la corporación policiaca querían renunciar. Ese fue un momento muy complicado. Afortunadamente llegó el Ejército y tomó el control de la dependencia. Aunque antes fue la renuncia de Orduña.
Hasta el 20 de febrero de 2009, Roberto Orduña Cruz se desempeñó como secretario de Seguridad Pública municipal. Tres días antes, su director operativo, el militar Sacramento Pérez Serrano y tres de sus escoltas fueron acribillados. No tuvieron tiempo de reaccionar a la agresión. La mañana siguiente aparecieron tres mensajes escritos en cartulinas, atribuidos a La Línea: “…Roberto Orduña Cruz, si no renuncia a su cargo vamos a matar un agente cada 48 horas, por corrupto y por apoyar a un grupo del crimen organizado”.
En aquel entonces la respuesta de Reyes Ferriz fue inmediata: “No cederé a las presiones de los cárteles”, dijo. Pero los delincuentes cumplieron su amenaza: la mañana del viernes 20 ejecutaron a dos policías municipales al iniciar su jornada laboral. El alcalde cedió y aceptó la renuncia de Orduña.
Desde marzo de 2010, cuando 5 mil efectivos de la Policía Federal llegaron para sustituir a igual número de militares, el cártel de Juárez ha acuasdo a esa corporación de proteger al cártel de Sinaloa y a su jefe, Joaquín El Chapo Guzmán. Los narcomensajes más recientes van dirigidos al presidente municipal y al presidente de la República:
“Reyes Ferriz y Calderón: esto nunca va a tener fin y todavía puede ser peor. No le tememos ni a la cárcel, ni a la muerte. Entiendan. Esto terminará cuando dejen de apoyar a El Chapo Guzmán. Firma: Gente de Chihuahua”. En otras más acusan a los federales de extorsionar y secuestrar. “No es La Línea”, aclaran.
Al respecto, Reyes Ferriz señala: “Veo elementos deteniendo gente de ambos cárteles. Es parte de una estrategia porque los dos grupos quieren al Ejército y a los federales fuera de Juárez. Afectan el trasiego de la droga. Las operaciones por esta frontera han bajado; incluso, la droga la tienen que pasar por otros municipios, como Praxedis, Guadalupe, Ascensión o Palomas”.
–¿Cuánto costaron tres años de guerra contra el narco?
–Al municipio, 400 millones de pesos. Aunque el costo indirecto fue mayor, ya le hice un recuento de las pérdidas. Al estado no le costó un peso.
–¿Cómo deja Ciudad Juárez? ¿Cuál es el mapa actual del narcotráfico?
–La lucha entre los dos grupos (Juárez y Sinaloa) es muy fuerte. Ninguno va ganando. (El cártel de Sinaloa) logró desplazarlos (a los de Juárez) en otros municipios, pero aquí la lucha es peor.
–¿Qué faltó hacer para combatir al narco? –se cuestiona por último a Reyes Ferriz, quien se prepara para escribir un libro y dar conferencias sobre su experiencia de gobierno.
–Hicimos todo, pero nada funciona sin procuración de justicia. l
La cacería
Ricardo Ravelo
Protegido siempre por gatilleros y policías de Tamaulipas, donde tiene su feudo, Ezequiel Cárdenas Guillén, conocido como Tony Tormenta, es ahora uno de los capos más buscados por la agencia antidrogas de Estados Unidos, país donde lo consideran uno de los delincuentes más peligrosos, al igual que a Heriberto Lazcano y a Eduardo Costilla. En México, la PGR, el Ejército y la Marina lo siguen de cerca; incluso estuvieron a punto de capturarlo a mediados de septiembre, pero alguien le ayudó a escapar.
Es tan poderoso y sanguinario como su hermano Osiel –el antiguo líder del cártel del Golfo– y se da el lujo de protagonizar balaceras y matanzas dentro y fuera de Tamaulipas sin que ninguna autoridad lo haya podido detener. Se trata de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, a quien sus allegados llaman Tony Tormenta.
A menudo se le ve en lugares públicos en Reynosa, Ciudad Victoria, Matamoros y otras ciudades tamaulipecas rodeado de policías estatales y municipales, cuyos mandos se mantienen leales a su organización criminal, una de las más longevas en el país, pues se formó hace más de 50 años.
Tras la captura de Osiel, el 14 de marzo de 2003, Ezequiel se quedó a la deriva, aunque siguió operando cobijado por los uniformados y gatilleros que permanecieron en el cártel del Golfo hasta que Eduardo Costilla, El Coss, llegó a la cúspide.
Hoy, junto con El Coss –quien en sus inicios fue policía ministerial en Matamoros–, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, líder del grupo armado de Los Zetas, Ezequiel conforma la tríada de narcotraficantes que constituyen “una amenaza para la seguridad nacional” de Estados Unidos, según la ficha criminal de la Drug Enforcement Administration (DEA).
De acuerdo con ese documento, Ezequiel trafica con mariguana, cocaína y drogas sintéticas y, precisamente por ser un narcotraficante “peligroso y sanguinario”, en 2009 la DEA puso precio a su cabeza: ofreció una recompensa de 5 millones de dólares a quien aporte información que permita su captura.
En México, la PGR lo incluyó en su lista de los delincuentes más buscados. La dependencia lo compara también con El Coss, El Lazca y otros capos del cártel del Golfo como Gregorio Sauceda Gamboa, Don Goyo, y ofrece una recompensa de 30 millones de pesos por cada uno.
Agentes de la DEA que le siguen los pasos desde hace una década aseguran que Ezequiel se oculta en Tamaulipas, donde lo protegen agentes policiacos, viejos aliados del cártel. Además, según la agencia antidrogas de Estados Unidos, es posible que altos funcionarios lo cuiden por encargo de su hermano Osiel, quien en 2007 fue extraditado a ese país, donde hoy purga una condena.
Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén nació el 5 de marzo de 1962 en el rancho El Mezquital, el mismo donde nació su hermano Osiel. La propiedad se localiza cerca de Matamoros, Tamaulipas. En su ficha, la DEA lo describe como una persona de seis pies de estatura (
En una de las pocas fotografías de Ezequiel que se conocen, aparece con un bigote ralo; nariz prominente y redonda como su cara, dura su mirada. Viste una playera con rayas horizontales y de su cuello grueso pende una cadena. Su pelo es ensortijado, tan abundante como sus arqueadas cejas.
Ezequiel es uno de cinco hijos que procreó el matrimonio Cárdenas Guillén. Los demás son Osiel, Mario y Homero Cárdenas, así como dos mujeres: Lidia y otra cuyo nombre se desconoce.
En julio de 2009, Lanny A. Brauer, procurador general asistente de Estados Unidos, informó que Ezequiel Cárdenas y capos como El Coss, El Lazca y Miguel Ángel Treviño Morales, operador de Lazcano en Nuevo León, son considerados por las autoridades de ese país como “criminales peligrosos”.
Cuando su hermano Osiel dirigía el cártel del Golfo, Ezequiel ocupaba el tercer puesto en la organización. Ahora es el segundo, después de El Coss, aunque en medio de ambos hay un gatillero a quien la PGR y la DEA identifican como El Gringo; incluso lo acusan de tráfico de drogas, lavado de dinero y es sospechoso en el asesinato, a finales de junio pasado, de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas.
Expediente criminal
Luego de la caída de Osiel en 2003 y de la ruptura de Los Zetas con el cártel del Golfo, Ezequiel Cárdenas comenzó a tener relevancia, por lo que en Estados Unidos las autoridades lo consideran ya un delincuente peligroso.
Su nombre se menciona incluso en un voluminoso expediente –el 2009R01080/OCDETF/NYNYE-613–, radicado en la Corte Federal de Nueva York. En él se incluye un diagnóstico detallado sobre el poder de Los Zetas y sus cabezas principales: El Lazca y Treviño Morales.
La ficha relativa al grupo que en sus inicios fue el brazo armado de los hermanos Osiel y Ezequiel Cárdenas, dice: “Los Zetas son un grupo criminal desalmado que, además de traficar con drogas, se dedica al asesinato, secuestro y tortura de personas tanto en México como en Estados Unidos”.
Y de Treviño Morales, antiguo socio de Ezequiel Cárdenas, el documento apunta: “… es tal vez el criminal más sanguinario de México, y por eso se abrió una causa judicial especial contra él en Nueva York. En los estados de Texas y California están en marcha otros procedimientos en su contra”.
Para la DEA y la PGR, Ezequiel –quien es proclive a cambiar su nombre por el de Marcos Ledesma y le gusta que le llamen Tony Tormenta o El Licenciado– es quien facilita la planificación, supervisión y dirección del tráfico de drogas y las actividades de recolección de dinero para el cártel del Golfo en Matamoros.
En 2005, dos años después de la captura de Osiel, Ezequiel Cárdenas estaba al frente de la plaza de Matamoros, su bastión. Luego tomó camino hacia Guerrero, donde quiso tomar la plaza que estaba bajo el dominio de los hermanos Beltrán Leyva, hoy casi borrados del mapa criminal.
Tony Tormenta penetró la estructura policiaca de Acapulco con el apoyo de Los Zetas, quienes hicieron su aparición en el puerto guerrerense y dieron muerte al policía ministerial Julio Carlos López Soto el 2 de agosto de ese año. Su ejecución se debió a sus presuntos arreglos con los hermanos Beltrán Leyva, quienes en esa época eran protectores y socios de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Pedro Noel Villena Aguilar, el escolta de López Soto que fue secuestrado y torturado por los sicarios del cártel del Golfo en ese operativo y liberado poco después, declaró a la PGR que una persona que se identificó como Tony Tormenta le dijo durante el cautiverio que Los Zetas iban a cometer más asesinatos en Guerrero.
Según Villena Aguilar, quien conocía todos los movimientos del policía ejecutado, éste recibió medio millón de dólares de los Beltrán Leyva para que los dejara trabajar en Guerrero; también contó que el hermano de Osiel Cárdenas le dijo que habían llegado 120 zetas. Su misión, le comentó a Villena, era disputar la plaza, e incluso lo liberó para que difundiera en los medios de comunicación de esa entidad el siguiente mensaje:
“(Le voy) a rajar la madre a todos Los Pelones (brazo armado del cártel de Sinaloa) y a todos los que tomaron parte de la repartición del medio millón de dólares que le dieron a Julio (López Soto), el subdirector, y que reciban un saludo del señor Goyo Sauceda; que este sujeto es también conocido como El Caramuela y es jefe de la plaza de Nuevo Laredo, Tamaulipas”.
Por esas fechas, aun desde la cárcel del Altiplano, en el Estado de México, Osiel Cárdenas seguía dirigiendo el cártel del Golfo. Al capo se le relacionó incluso con el homicidio de Arturo Guzmán Loera, El Pollo, hermano de su rival, El Chapo, en diciembre de 2005 en el mismo penal mexiquense.
Osiel llevaba meses planeando una fuga, para lo cual contaba con el apoyo de su hermano Ezequiel y de Los Zetas, pero la estrategia falló, por lo que él mismo decidió acelerar su extradición a Estados Unidos, que se realizó el 19 de enero de 2007.
Cuando Osiel fue neutralizado, Ezequiel Cárdenas empezó a luchar por la jefatura del cártel del Golfo. Casi lo logra. Controlaba ya las casas de seguridad y los escondites de su hermano en Tamaulipas, entre otras Punto Roma, Bomberos, Romy, Doctor (o Punto Medicina), Punto litro 1, 2, Punto Elefante y Punto Alacrán.
Y, según datos confirmados por la PGR, en Nuevo León se veía con frecuencia a Ezequiel en otras propiedades de su hermano Osiel: Casa Country, localizada en el municipio de San Pedro Garza García y el rancho Las Amarillas, en China; también en La Trementina, en Tomatlán, Jalisco.
Los viejos amigos
En 1998, Osiel Cárdenas y Salvador Gómez Herrera, El Chava, fueron detenidos en Matamoros por un grupo de militares. Las autoridades no los consideraron peligrosos, a pesar de que en Estados Unidos había varios expedientes en su contra en los que se les acusaba de tráfico de drogas.
Fueron trasladados a las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, donde debían permanecer 90 días bajo arraigo. Pero Osiel y El Chava se las ingeniaron para cooptar a sus custodios, con quienes se emborrachaban y organizaban reuniones a las que invitaban mujeres que eran introducidas por los agentes federales, quienes también les suministraban cocaína lavada para su consumo personal.
Llevaban menos de dos semanas cuando comenzaron a preparar la huida. Uno de los asistentes de Osiel, al que la PGR identifica como Rufino, relató la forma en que se fugó el capo:
“(Osiel y El Chava) contrataron varias putas, las sacaron de un burdel allá por Tlalpan, otras las fueron a buscar a una casa de citas de Santa Fe. Eran como cinco viejas, muy buenas todas, las que llevaron a la casa de arraigo para que la pasaran bien los policías. Osiel les puso un plato hasta la madre de coca y les dio un billete para sus gastos. Los custodios comenzaron su desmadre con las mujeres y se pusieron hasta la madre de droga. Cuando Osiel se fugó de la casa junto con El Chava Gómez esos pinches policías estaban perdidos de alcohol y de coca. Osiel pasó por sus narices y les valió madre, ni se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Osiel y Chava se subieron a un carro y se perdieron.”
lll
El 21 de septiembre último, varios medios de comunicación informaron, con base en información proporcionada por la PGR, que Ezequiel Cárdenas Guillén presuntamente había sido detenido en Matamoros, Tamaulipas, durante un enfrentamiento entre sicarios y militares ocurrido días antes.
De acuerdo con esas versiones, la tarde del 18 de septiembre hubo una balacera que se prolongó durante cuatro horas en un inmueble de las calles Londres y Ciudad de México 31, en el fraccionamiento del Río en Matamoros, donde el capo se atrincheró. En la averiguación previa PGR/TAMS/MAT/-III/2466/2010 se narra que “extraoficialmente se tuvo conocimiento de lo siguiente: que en el interior de un inmueble dañado se encontraba uno de los líderes del cártel del Golfo, conocido como Tony Tormenta, a quien no capturaron”.
Además, asienta el escrito, en medio de la balacera que se desató entre narcos y las Fuerzas Armadas, la Marina solicitó el apoyo de la PGR para dar fe del lugar de los acontecimientos ocurridos en el fraccionamiento del Río, al que arribaron agentes del Ministerio Público del fuero común y peritos estatales.
En la inspección ministerial, la PGR precisó que el inmueble, donde supuestamente estuvo Tony Tormenta, es una residencia de dos pisos pintada de verde con vistas de color beige, una reja de protección negra en la parte frontal, ventanas quebradas y orificios de arma de fuego.
Durante la inspección se hallaron varios vehículos y camionetas blindadas, todas con placas de Tamaulipas. La casa era uno de los refugios de Ezequiel Cárdenas y, según la dependencia, estuvo rodeada por marinos, soldados y policías el día de la balacera durante varias horas.
Aun así, Ezequiel Cárdenas escapó sin dejar rastro. Hasta ahora nadie conoce su paradero. Algunos testigos que pidieron el anonimato aseguran que el capo salió caminando y no fue molestado por ninguno de los uniformados. l
Insisten republicanos: “En México hay narcoinsurgencia”
J. Jesús Esquivel
WASHINGTON.- “El tema de la insurgencia en México está muy claro”, dice en entrevista con Proceso uno de los principales asesores de los senadores del Partido Republicano, a los que apoya en temas de seguridad sobre México.
“No es una insurgencia ideológica como la de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero sí es una insurgencia con objetivos políticos, porque los cárteles de las droga son los que controlan ciertas áreas del territorio mexicano donde las autoridades locales trabajan para ellos”, enfatiza el asesor, quien aceptó la entrevista a condición de que no se revelara su identidad.
Funcionarios del gobierno de Felipe Calderón, como la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, se esfuerzan por rechazar con argumentos semánticos los señalamientos que llegan desde Estados Unidos en el sentido de que México se encuentra bajo la amenaza de la narcoinsurgencia y el narcoterrorismo, pero en el Capitolio le restan importancia a este afán:
“Es una pérdida de tiempo dedicarle toda la atención a la definición y no al contenido”, comenta el asesor del Senado estadunidense sobre las descalificaciones que hizo la semana pasada la canciller Espinosa hacia el término “narcoinsurgencia” que utilizó el senador republicano por Indiana, Richard Lugar, para describir el problema del narcotráfico en México.
“Si nosotros lo llamamos narcoinsurgencia y el gobierno mexicano lo llama violencia trasnacional o crimen transnacional, no hace ninguna diferencia porque el problema sigue siendo el mismo”, enfatiza el asesor estadunidense, una de las personas que ayudó al senador Lugar a formular el discurso que le causó ámpula al gobierno de Calderón.
El 26 de septiembre pasado, Lugar fue el orador principal de la Conferencia de Entrenamiento sobre Estado de Derecho para Fiscales Mexicanos en la ciudad de Indianápolis. Ahí explicó: “El riesgo más grande es que el poder de los cárteles en la vida diaria mexicana llegue a ser tan penetrante y económicamente arraigado, que las autoridades pierdan la capacidad de entregar servicios y mantener seguridad en amplias regiones del país”.
Después matizó: “Las guerras de la droga en México han adquirido algunas características de narcoinsurrección. Incluso si no tienen ninguna intención ideológica o revolucionaria, los cárteles van tras sus objetivos políticos y de sus objetivos económicos. Están intentando limitar o negar el control gubernamental en regiones de México”.
Estas observaciones de Lugar provocaron una nueva molestia en el gobierno de Calderón, que ya parecía más tranquilo después del debate por las declaraciones de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que el 8 de septiembre comparó la violencia que actualmente sufre México por el narcotráfico con la situación de Colombia hace 20 años.
–¿En qué se basó el senador Lugar para afirmar que en México hay una narcoinsurgencia? –se le pregunta al asesor.
–En las conclusiones de informes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos sobre México que recibimos en el Senado (de las agencias de espionaje), cuyos detalles no puedo revelar porque es un delito, se deja claro que muchos de estos grupos (cárteles de la droga) están tratando de negarle el control a los gobiernos en áreas territoriales muy grandes de México. Eso es muy claro.
Alergia a la crítica
Como parte de su campaña para arrancar la etiqueta de narcoinsurgencia a México, el pasado 28 de septiembre la canciller Espinosa le dio una entrevista telefónica al programa de radio de la periodista Carmen Aristegui en la cadena MVS, durante la cual se metió en problemas al descalificar lo que dijo Lugar ante los fiscales mexicanos.
“No estamos de acuerdo. Sobre todo cuando se usa un concepto como ese (narcoinsurrección) sin explicar exactamente qué es lo que entienden por este concepto”, decía Espinosa. Aristegui la interrumpió para recodarle que en el mencionado discurso Lugar sí explicó su conclusión de que en México ya existe una narcoinsurrección. Tras aclarar que para el gobierno de Calderón el narcotráfico es crimen organizado trasnacional, el cual ahora no sólo se dedica al trasiego de los narcóticos, sino también a otros delitos, la canciller pareció darle la razón a Lugar:
“Sí están pretendiendo tomar el poder, el poder… controlar a toda una comunidad. Aquellos que se dedican a actividades lícitas, lo vemos, lo vemos…”, titubeó Espinosa. Aristegui la interrumpió de nuevo:
–Perdón, Patricia, perdón un segundo: ¿usted coincide con Lugar en que los delincuentes organizados están pretendiendo tomar también el poder político?
– Bueno, yo no estaría segura ni, realmente, digo, tenemos en México una legislación, por ejemplo… –intentó contestar la funcionaria.
Un día antes de la entrevista con Aristegui, Espinosa compareció ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano y rechazó lo dicho por el senador Lugar con el mismo argumento: “Cuando alguien menciona estos términos, pues habría que profundizar con esa persona qué entiende exactamente por narcoterrorismo, qué entiende por narcoinsurgencia”.
Para el asesor republicano, el gobierno de Calderón pretende quitarle a la situación de México la etiqueta de narcoinsurgencia con el fin de evitar que la comunidad internacional, en especial los turistas, vean al país como un campo de rebeliones, con guerras entre los cárteles del narcotráfico y en donde la población perdió sus libertades civiles.
“Hay dos temas –añade el entrevistado–: uno, el mensaje público, y el otro es la respuesta sustancial. La respuesta del gobierno de Calderón ha sido clara, ahí no hay problema: el gobierno de Calderón sale y le pega a los narcos, y les pega fuerte”. Por eso supone que “la retórica del gobierno de Calderón es porque creo que no quieren alarmar a la gente, a los mexicanos, a los turistas extranjeros y a las inversiones privadas”.
Con una década de experiencia en el Senado estadunidense, particularmente en el manejo de los asuntos de seguridad en México y de la relación bilateral, el asesor republicano destaca que los funcionarios mexicanos diferencian “lo que dicen en público y lo que dicen en privado a sus interlocutores estadunidenses”.
Él afirma que “en el ámbito privado hay una aceptación más clara de que la amenaza es muy alta. Muchos lo llamarían insurgencia o narcoinsurgencia, y creo que todo mundo sabe que no es una insurgencia ideológica. No es ideológica; es una insurgencia criminal”.
El entrevistado piensa que la administración de Calderón “no quiere echarse en contra a la opinión publica. El gobierno entiende estas cosas y creo que el objetivo es que en el extranjero no cataloguen a México como un estado fallido, un país como Colombia, porque le tienen miedo a las consecuencias y creo que en esto el asunto del turismo es un factor muy grande para esta posición que asume el gobierno”.
Dice que en el Congreso de Estados Unidos son pocos los legisladores que critican la lucha frontal y militarizada de Calderón contra el narcotráfico y el crimen organizado, pero muchos están inconformes con la posición de no aceptar ninguna crítica o comentario sobre la realidad que viven los mexicanos y que sólo su gobierno insiste en negar.
“Al final del día, lo que debe hacerse es tener un entendimiento muy claro de cuál es la amenaza. En nuestro modo de ver las cosas, la amenaza es lo que está diciendo el senador Lugar: una amenaza de insurgencia criminal”, machaca.
–¿Qué debe hacer Estados Unidos para apoyar a México en esta lucha contra la narco-insurgencia criminal?, se le cuestiona al experto del Capitolio.
–Mejorar la relación y el intercambio de información de inteligencia entre las agencias, así como entre el Ejército mexicano y el estadunidense.
–¿Como hace Estados Unidos en Pakistán para desmantelar al terrorismo de Al-Qaeda refugiado en Afganistán?
–Se tiene que mejorar en la recopilación de información de inteligencia sobre lo que ocurre dentro de México, haciendo también intercambio de métodos utilizados para saber cómo conseguir la información. Los métodos que usan las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos para sacar información tienen que ver con tecnología, con tácticas especiales para operaciones, sobre cómo ubicar a los objetivos y cómo seguirlos. En eso, creo que se podría hacer mucho más”, remata. l
La narcoviolencia aterroriza a la comunidad estudiantil
Arturo Rodríguez García
En el último semestre, cuando a manos del Ejército, el narcotráfico o sus sicarios han perdido la vida cinco estudiantes de nivel superior en Monterrey, el terror se ha instalado en la comunidad universitaria de la capital de Nuevo León. Más de 60 alumnos de Sinaloa y Sonora –todos del ITESM– tuvieron que ser transferidos a otros campus...
MONTERREY, NL.- La violencia desatada en los últimos seis meses ha cobrado aquí la vida de cinco estudiantes de nivel universitario.
El caso más reciente ocurrió el miércoles 6, cuando la joven Lucila Quintanilla Ocaña, de 21 años, estudiante de la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), fue asesinada a tiros en el centro de Monterrey.
Ese día, alrededor de las 19:00 horas, una camioneta Nissan Armada arribó al cruce de la avenida Benito Juárez con el paseo peatonal Morelos, un sitio que, además de ser el corazón comercial del centro de Monterrey, se encontraba abarrotado porque es parada del transporte público.
Según la Procuraduría General de Justicia estatal, dos sicarios bajaron del vehículo e intentaron matar a tiros al celador del penal de Topochico, Onésimo González Ramírez, quien resultó herido pero logró escapar.
Los disparos de
De acuerdo con el rector de la UANL, Jesús Áncer Rodríguez, la joven era estudiante del octavo semestre de la Facultad de Artes Visuales y destacaba por su excelente promedio.
El gobernador Rodrigo Medina lamentó el incidente un día después y anunció, por primera vez luego de que otros cuatro universitarios fueron asesinados en el último semestre, una recompensa para lograr la localización de los tiradores, por un monto apenas superior a los 200 mil pesos.
Y como ha ocurrido con otros hechos de sangre, el gabinete de seguridad advirtió que se investiga a varios agentes ministeriales que podrían estar implicados en los hechos.
Duelo en el campus
Fotografías, muñecos de peluche, veladoras, cartas y toda clase de objetos aparecen ahora en fachadas y patios escolares como expresión de duelo universitario por los crímenes ocurridos en Monterrey.
Además, los universitarios han salido a marchar por las calles exigiendo justicia y han hecho propuestas de reformas legales y de políticas públicas ante el clima de inseguridad. El jueves 7 realizaron una protesta con veladoras en mano para repudiar el asesinato de Lucila Quintanilla.
Lo mismo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) que en las Facultades de Psicología y de Artes Visuales de la UANL, los alumnos han llorado al pie de las ofrendas, repletas de objetos infantiles, a sus amigos y condiscípulos caídos.
Las fotografías de Jorge Antonio Mercado Alonso y Víctor Hugo Arredondo Verdugo permanecen en un pedestal colocado en el Patio de las Carreras, del campus matriz del ITESM. Ambos estudiantes –presuntamente torturados– fueron acribillados el 19 de marzo pasado durante un enfrentamiento entre integrantes de un grupo delictivo y militares que hasta ahora no han podido disipar las dudas sobre su presunta participación en el crimen.
A unos pasos del pedestal con las fotografías de los posgraduados abatidos se yergue la estatua de Eugenio Garza Sada, el líder empresarial asesinado a balazos durante un intento de secuestro atribuido oficialmente a la Liga Comunista 23 de Septiembre en 1973.
El 12 de agosto, varios meses después de que el rector del ITESM, Rafael Rangel Sostmann, pidió el esclarecimiento de las muertes de Mercado y Arredondo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 45/2010.
En ese documento la comisión establece que, según los informes militares a los que tuvo acceso –que, por cierto, se obtuvieron con trabas–, la escena del crimen fue alterada por los soldados, quienes violaron los derechos de los estudiantes a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la información y al debido proceso.
Desde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Guillermo Moreno Serrano, comandante de la Cuarta Región Militar, expresó que en el Ejército “no somos verdugos ni ultimamos gente”. Luego, la Sedena comunicó que aceptaba la recomendación, pero precisó que aclararía lo relativo a la alteración de la escena del crimen.
Hasta ahora no se sabe si fueron militares los que dispararon a los jóvenes, ni el motivo por el cual las evidencias fueron alteradas. La madre de Jorge Antonio Mercado Alonso sigue creyendo que su hijo fue torturado.
Homicidios baratos
Otro caso, ocurrido el 20 de abril, es el de Víctor Castro Santillán, estudiante de psicología de la UNAM que cursaba un semestre de intercambio en la UANL cuando fue asesinado a golpes, presuntamente por órdenes de Marcelo Laguardia Dávila –hijo del empresario hotelero y político panista Alfonso Laguardia–, por un asunto de celos.
El homicida habría pactado con una supuesta célula de Los Zetas el pago de 6 mil pesos para que asesinaran a Castro Santillán, según dijo en su declaración preparatoria. El móvil: este joven había sido causa de que Laguardia se distanciara de la francesa Justine Pessard, de quien se había enamorado y a quien convenció de hacer un intercambio académico en la UANL.
Según el procurador de Justicia, Alejandro Garza y Garza, Marcelo Laguardia pretendía matar a otro estudiante, a quien identificó como Rogelio, también por pretender a su exnovia francesa. A cambio del asesinato de los dos estudiantes de psicología le cobrarían 8 mil pesos, pero como no completaba la cantidad decidió pagar sólo por el crimen de Víctor: los 6 mil pesos con un adelanto de 2 mil.
En entrevista con Proceso, Vicente Castro, padre del joven muerto, asegura que hay más implicados entre el alumnado de la Facultad de Psicología, donde, por cierto, el autor intelectual del crimen habría estado realizando consultas y conduciendo terapias psicológicas cuando mandó liquidar a Víctor.
“Me alarma –dice al reportero– que en la UANL no tengan un mínimo de filtros para detectar conductas anormales y que hasta les den pacientes. Pero, sobre todo, me abruma lo que vale la vida en este país: que cualquier muchacho con 2 mil pesos pueda privar de la vida a alguien es aterrador.”
Los padres de Víctor desconfían de la indagatoria oficial y temen que el caso pueda desvanecerse por errores de la fiscalía o las influencias de la familia Laguardia, además de que lamentan la indiferencia que respecto al caso ha mantenido, afirma, el rector Áncer.
El silencio institucional
No es éste el único crimen por el que Áncer ha guardado silencio. El 2 de mayo pasado, Jesús Mario Villarreal Rodríguez, de 23 años, salió de su casa en la colonia Rincón de la Primavera para dirigirse a la UANL, donde estudiaba arquitectura, y avisó que posteriormente visitaría a su novia.
Sin que se le conocieran rencillas ni enemistades, fue levantado por un comando.
Su cadáver apareció el 13 de mayo en un paraje de Santiago, Nuevo León, con huellas de tortura y 20 puñaladas.
Al rector de la UANL el caso no le mereció comentario alguno. Ni tampoco a la PGJNL, que luego de dar a conocer el crimen no ha vuelto a informar sobre indagatoria alguna al respecto.
No fue sino hasta la muerte de Lucila Quintanilla, también estudiante de excelencia –al igual que Víctor Castro, Víctor Hugo Arredondo y Jorge Antonio Mercado–, cuando Áncer Rodríguez condenó los hechos, pero siempre excluyendo a las autoridades estatales de responsabilidad por la inseguridad.
En septiembre, un número indeterminado de estudiantes del ITESM, originarios de Sinaloa y Sonora, fueron levantados y torturados por comandos. Aunque no se sabe si sus familiares tuvieron que pagar un rescate, los muchachos fueron forzados a dar información sobre determinadas familias del noroeste mexicano.
El ITESM admitió que 61 estudiantes de Sinaloa y Sonora tuvieron que ser transferidos a otros campus, luego de los informes de secuestros de estudiantes del noroeste. Aunque no abundó en la información, el rector del campus Monterrey, Alberto Bustani, anunció una serie de medidas de seguridad que fueron iniciadas el 5 de octubre, cuando un tiroteo entre grupos criminales aterrorizó, en plena hora pico, a los habitantes del sur de la ciudad.
El ITESM activó sus protocolos de seguridad, aunque la balacera se registró a dos kilómetros, en el Cerro de La Campana, una de las zonas más violentas de la región. Este tipo de mecanismos, que prevén atrincheramiento de estudiantes y bloqueo de accesos a los campus, se han activado también en la Universidad de Monterrey al menos en dos ocasiones, cuando efectivos de la Marina y del Ejército han desplegado operativos y hasta incursionado en el campus.
El estudiante del ITESM René Argüelles, uno de los universitarios que integraron un frente de activismo tras el crimen de sus dos compañeros en marzo, afirma:
“La violencia nos ha impactado. Nadie estaba preparado, y aquí veíamos la violencia como algo distante, lejano, que no nos iba a alcanzar. Hoy, los hábitos universitarios han cambiado; muchos no quieren salir en automóvil, sólo acuden a lugares cercanos al campus y, como los compañeros de Sonora y Sinaloa, muchos estudiantes foráneos están pensando en abandonar el semestre.”
Que renuncie, el clamor...
Luciano Campos Garza
MONTERREY, NL.- Al reclamo generalizado contra la inseguridad en Nuevo León el gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz responde con planes reciclados y discursos.
Un día después de la muerte del alcalde panista de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal, el mandatario se reunió con su gabinete de seguridad para dar a conocer un paquete de mejoras a la seguridad estatal. La mañana de ese 19 de agosto dijo que depuraría a las policías estatales y municipales, que reforzaría el combate al delito patrimonial y que daría a los uniformados becas, seguros de vida y programas de vivienda.
Son las mismas medidas que había anunciado a principios de año el entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Jáuregui Hintze. Ninguna fue llevada a la práctica. Jáuregui fue cesado el 5 de marzo.
Medina reciclaba así sus planteamientos el 13 de septiembre, cuando anunció la Alianza por la Seguridad, en la que ofrecía lo mismo que cuando empezó su gobierno: dignificación del policía y rescate de los espacios públicos.
Lo más significativo de su anuncio fue la idea de crear un mando único entre las policías preventivas de los 11 municipios del área conurbada. También adelantó que buscará “facultades extraordinarias” para tomar el mando de las policías municipales “en casos de fuerza mayor”, para lo que presentó al Congreso local una iniciativa de ley que reglamente el artículo 115 fracción VII de la Constitución federal.
El gobernador dijo que la propuesta era urgente y que para ello pretendía que en un lapso no mayor de 30 días quedara definido el modelo de mando único.
Pero su plan comenzó a desinflarse de inmediato.
Minutos después de lanzada la propuesta, el alcalde panista de San Pedro, Mauricio Fernández, anunció que no entraría al esquema debido a que su municipio “está blindado y es diferente al del resto del área metropolitana”. Declaró: “Una homologación ahorita, pues… me la complica. (…) Nosotros no podríamos unirnos”.
Jaime Rodríguez, alcalde priista de García, dijo que tendría que analizar la propuesta para tomar una determinación porque hasta ahora su policía “está funcionando”.
Sin embargo, el plan del mando único que Medina presume impulsar permanentemente en la Conferencia Nacional de Gobernadores no es nuevo. Felipe Calderón ya lo había propuesto el 28 de enero de 2008, un año y medio antes de que asumiera funciones el actual mandatario nuevoleonés.
Ese día Calderón firmó el decreto para crear el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 que señalaba que el nuevo modelo de actuación policial “ha empezado a operar con la creación de un mecanismo de coordinación que alinea la operación policial federal bajo un mando único y ha emprendido la homologación de procesos, procedimientos y protocolos de actuación, susceptibles de ser adoptados en estados y municipios para articular especialidades y potenciar capacidades”.
En el debate por la creación del mando único, por cierto, los alcaldes del área metropolitana piden que devuelvan a sus policías las armas largas porque, aseguran, están en desventaja ante la delincuencia organizada.
Seguridad Pública del Estado les retiró a los preventivos los fusiles el 10 de junio de 2009. Dos días antes agentes municipales de Guadalupe, San Nicolás y Escobedo habían bloqueado un convoy de policías federales y ambos bandos se encañonaron entre decenas de automovilistas.
No quiere buscar culpables
Como parte de la campaña por recolocar su imagen ante la avalancha de inseguridad, Rodrigo Medina pronunció un discurso para el que se enlazaron todas las televisoras y radiodifusoras locales. En respuesta al asesinato de Edelmiro Cavazos y otros hechos violentos, el 24 de agosto a las 8:45 de la noche insertó un spot de cinco minutos en el que compareció ante la ciudadanía como si diera un mensaje presidencial.
En la parte medular del mensaje aseveró: “El crecimiento del crimen responde a que se subestimó su gravedad o se sobreestimó la capacidad de las instituciones para enfrentarlo. Para que quede claro: no se hizo a tiempo lo que se tenía que hacer. Lo bueno es que ahora sí lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo con mayor determinación, aunque en algunos de los casos nos lleve tiempo”.
Medina fue secretario general de Gobierno de Nuevo León de
Al día siguiente se presentó ante los medios. Cuando le preguntaron por qué hablaba de inacción en el pasado si él había estado encargado de esa área apenas en el sexenio anterior, se excusó:
“No es momento de buscar culpables: fue fulanito de tal, con tal nombre y apellido en tal administración. No. Es de todos, todo el país dejó de hacer cosas, dejamos de hacer cosas y ahora necesitamos escalar, insisto, rápidamente las capacidades del Estado.”
Conducta similar observó Medina a principios de año. Convocó a una marcha por la paz el 28 de marzo, días después del asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey.
La oposición cuestionó que el mandatario convocara a la manifestación cuando él y su gobierno, por ineptitud, eran parte del problema de inseguridad.
El “granadazo” de Guadalupe
La detonación de una granada el sábado 2 en la plaza principal de Guadalupe, que provocó heridas a 14 personas, entre ellas seis niños, aterrorizó a los habitantes de la región, que ante este hecho volvieron a exigir la renuncia del gobernador Rodrigo Medina.
Este es el segundo ataque en el país dirigido a una plaza pública; el primero fue el del 15 de septiembre de 2008 en Morelia, Michoacán, que causó la muerte de siete personas y heridas a otras 128.
Al día siguiente del ataque en Guadalupe, el procurador de justicia del estado, Alejandro Garza y Garza, dijo que los ataques constituían un intento de los agresores por aumentar la percepción ciudadana de inseguridad:
“Podemos considerar como línea de investigación que las mismas fuerzas (del crimen) están tratando de contrapuntear a la autoridad con la ciudadanía haciéndola creer que existe una violencia que en realidad no existe, haciéndole aparentar hechos falsos con la finalidad de desestabilizar esos momentos que estamos viviendo de tranquilidad”.
Pero los hechos lo desmintieron.
A las siete de la tarde del miércoles 6, un hombre disparó contra un celador identificado como Onésimo González Ramírez, en el cruce de las avenidas Juárez y la peatonal Morelos. A esa hora suelen terminar las jornadas laborales en esa zona. En el ataque cayó muerta Lucila Quintanilla Ocañas, de 21 años.
Frente al discurso se imponen los números, en este caso los de la procuraduría estatal: hasta septiembre de 2010 hubo 643 homicidios dolosos en la entidad, más del doble que en 2009, cuando en todo el año se produjeron 267.
La diputada local panista Jovita Morín Flores califica las iniciativas de Medina como “terquedad y chiflazón”, porque su Alianza no ha sido detallada y no prevé protección para los policías municipales.
“Esa propuesta no tiene futuro. La delincuencia organizada está por encima de los niveles de inteligencia del estado. Tiene equipo y armamento y un número de integrantes muy superior frente a policías estatales y municipales. Fue una decisión apresurada. Parece que esto lo hizo para hacer algo desesperadamente, porque su imagen pública deja mucho que desear”, apunta. l
El IFE: celebración entre sospechas y desconfianza
Álvaro Delgado
El Instituto Federal Electoral llega a su aniversario número 20 en medio de una atmósfera de recelo ciudadano debida sobre todo al cuestionado desempeño del organismo en los últimos años y sus recientes casos de malos manejos administrativos. En entrevista con Proceso, su titular, Leonardo Valdés, afirma que el IFE “nació para el escrutinio público”, si bien en la institución siguen prevaleciendo prácticas poco transparentes. En los actos conmemorativos de la creación del instituto se tiene prevista la participación de un invitado controversial: el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
En medio de imputaciones de malos manejos administrativos, nepotismo y disminuida credibilidad ciudadana, el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, proclama que este organismo “nació para el escrutinio público”, pero en los hechos impone la opacidad desde lo más básico –por ejemplo, lo que el funcionario realmente cobra por el cargo– hasta las reuniones secretas con Felipe Calderón, el titular del Ejecutivo del que legalmente ya no es subordinado como cuando nació la institución.
Justo cuando el IFE cumple su vigésimo aniversario, cuyo invitado más prominente en los festejos es Carlos Salinas de Gortari –que por primera vez desde que dejó el poder, en 1994, participará en un foro público, el martes 12 en el Palacio de Minería–, Valdés accedió a entregar al reportero recibos de pago que acreditan sus percepciones –“todos los que quiera”–, y motu proprio ofreció datos de “todas” sus cuentas bancarias.
“Usted sospecha que soy corrupto”, interpretó Valdés a la petición de honrar la transparencia, pero, al final, echó cerrojo a la información ofrecida, medida que también ha impuesto a las varias reuniones secretas que ha tenido con Calderón desde que, en febrero de 2008, fue electo presidente del IFE, la primera de las cuales –acepta– fue el año pasado.
–¿Por qué razón se reunió con él?
–Porque teníamos temas que abordar respecto de la seguridad del proceso electoral de 2009.
–¿Lo informó al Consejo General?
–No, porque era una reunión privada.
–¿Se ha reunido en privado más de dos veces con Calderón?
–Podría decir que sí.
El más reciente encuentro subrepticio con Calderón fue previo a la reunión que, el lunes 27 de septiembre, tuvieron todos los consejeros con él, en Los Pinos, para invitarlo a inaugurar el “Foro de la democracia Latinoamericana”, la tarde de este lunes 11 en el Palacio de Minería, auspiciado también por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Valdés dice que en esa reunión planteó a Calderón repetir en 2012 la coordinación que hubo en el proceso electoral del año pasado en materia de seguridad, tal como lo dispone el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
“Debo decirle que fue sensible a este planteamiento y dijo que está en la mejor disposición de que, igual como lo hicimos en 2009, en 2012 el gobierno federal se comprometa a brindarle seguridad a los ciudadanos para participar en el evento electoral en el que van a elegir al nuevo presidente de la República.”
–Pero esa es su obligación.
–Es su obligación y el artículo 2 del Cofipe dice que las autoridades federales, locales y municipales están obligadas a apoyar al IFE en el desempeño de sus actividades.
Valdés minimiza las críticas a esa reunión en Los Pinos, la primera en dos décadas que se registra entre todos los consejeros con un jefe del Ejecutivo –cuyo único antecedente es el activismo confeso de Luis Carlos Ugalde con Vicente Fox y Calderón–, y rechaza que también con sus reuniones secretas se comprometa la independencia del IFE.
“El IFE es escrupuloso en las formas y en el fondo, y ninguna decisión que el Consejo General adopta está determinada por ningún vínculo, o plática o entrevista que puedan tener los miembros del Consejo General con los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, ni con los poderes fácticos, que a veces también intentan influir sobre sus decisiones.”
Pero además, aclara, el encuentro se produjo luego de que el Consejo General probó que Calderón violó la Constitución por difundir propaganda de gobierno en tiempos electorales, decisión que ratificó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“La reunión se da después y a pesar de las decisiones del Consejo General, lo cual muestra fehaciente y evidentemente que ni siquiera el titular del Poder Ejecutivo puede influir en las decisiones del Consejo General.”
Y reta: “¡Dígame una sola votación en la que se pueda deducir que yo he sido favorable a alguna de las personas que he dicho que me he reunido con ellas! ¡Una!”
Salinas, el invitado
Leonardo Valdés desdeña, también, los señalamientos de que el IFE ha perdido credibilidad y, al hacer una autocrítica a su gestión en el marco del vigésimo aniversario de la institución, admite que no ha logrado una transformación administrativa ni acercar más la institución a la sociedad, particularmente a los jóvenes.
“Esto, desde la perspectiva autocrítica, nos pone en ruta de una agenda de lo que tenemos que hacer. Mayor penetración en el conjunto de la sociedad, pero sobre todo debemos enfocarnos a los jóvenes, porque ellos son los que están cada vez más lejos de la vida política.”
–Quizá obedece a que la sociedad percibe o ve que el IFE es rehén o está integrado por cuotas de los partidos.
–Es una percepción… Lo real es que el IFE es una institución de los ciudadanos.
Justamente, dice Valdés, el primer eje de la conmemoración del 20 aniversario del IFE, que inaugura Calderón la tarde de este lunes 11 en el Palacio de Minería y cuyo anfitrión será el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, es la calidad de la democracia en México.
“Vamos a comparar el estado de nuestra democracia con el estado de la democracia en América Latina, sin temores, sin reservas, porque estamos seguros de que la democracia mexicana ha avanzado lo suficiente para ser comparable con la de los países latinoamericanos.”
El segundo eje en la celebración del 20 aniversario del IFE es la “recuperación del pasado” para examinar su evolución. “No hay que olvidar que cuando nació, el secretario de Gobernación era el que presidía el Consejo General y tenía la encomienda de organizar elecciones imparciales, y en ese tránsito, en esa encomienda se fue depurando la ley hasta que en 1996 obtuvo su autonomía plena”.
–¿Por eso fue invitado Salinas?
–El expresidente Carlos Salinas, invitado por la OEA y el PNUD, intervendrá en el foro de la democracia latinoamericana y hará sus planteamientos como puede hacerlos cualquier ciudadano latinoamericano de los muchos que están invitados para reflexionar acerca del estado de la democracia en México y en América Latina.
Recuerda que Salinas era titular del Ejecutivo cuando se creó el IFE, pero también fueron invitados los expresidentes Ernesto Zedilllo y Vicente Fox.
–¿Por qué no aceptaron?
–Eso habrá que preguntárselos al licenciado Fox y al doctor Zedillo.
El tercer eje, el más importante, son los ciudadanos en el futuro del IFE: “Las elecciones pueden ser legales, pero si los ciudadanos no las validan no son legítimas”.
Caos administrativo
En la entrevista, la noche del martes 4, Valdés accede a responder a cuestionamientos sobre la administración del presupuesto del IFE, cuya Contraloría General, encabezada por Gregorio Guerrero Pozas, identificó numerosas irregularidades, entre ellas 54 millones de pesos en la adquisición y remodelación de dos edificios.
La primera de las dos revisiones de inversión física correspondientes al primer semestre de este año se refiere al edificio del IFE ubicado en avenida Acoxpa 436, cuya adquisición y remodelación en 300 millones de pesos registró numerosas irregularidades que suman 34.6 millones de pesos (Proceso 1754).
En la segunda revisión, en lo que toca a la adquisición del edificio sede de la Junta Local Ejecutiva de Jalisco, las irregularidades son por 19.4 millones de pesos. En este caso la adjudicación del contrato de obra al parecer no fue transparente, ya que se localizaron documentos de la empresa cuya fecha de elaboración es posterior a la licitación, y además presuntamente no entregó la información completa requerida en las bases de concurso y presentó documentos cuya información es inconsistente entre sí.
El responsable directo de esta área era Fernando Santos Madrigal, director ejecutivo de Administración, quien renunció al cargo justo cuando estaba a punto de darse a conocer el resultado de las auditorías, según Valdés porque estaba “muy estresado” por el trabajo.
Valdés se deslinda de su excolaborador y aclara: “Es un funcionario que está sujeto al régimen de responsabilidades de los servidores públicos y la Contraloría General tiene todas las facultades para hacer las investigaciones, iniciar los procedimientos, y si ese funcionario, o cualquier otro funcionario, se equivocó o, peor aún, aprovechó los recursos públicos, debe ser sancionado en los términos de la ley”.
Santos Madrigal trabajó con Valdés en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) como director ejecutivo de Organización Electoral y fue coordinador general de la prueba piloto con urna electrónica, realizada en 2003, que el IFE aplicará también en 2012.
Ahora ya es funcionario del gobierno de Calderón, a instancias del diputado federal Roberto Gil Zuarth, hasta el martes 6 subsecretario de Gobernación y quien fue representante del PAN ante el IFE. Es director general de Coordinación Interinstitucional de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, que encabeza Felipe Borrego Estrada, de la Secretaría de Gobernación.
Otra estrecha colaboradora de Valdés puesta bajo sospecha es Marisela Montoya Jiménez, la flamante directora ejecutiva de Administración del Registro Federal de Electores (RFE), quien previamente fue coordinadora administrativa y luego coordinadora general de Logística de la presidencia del IFE.
–¿La señora Montoya Jiménez es de su absoluta confianza?
–Mmmm, ¿por qué podría no serlo? Sí lo es.
–…Porque fue sancionada cuando estuvo en el Instituto Electoral del Distrito Federal.
–Sí –acepta Valdés–, como todo administrador público estuvo sujeta al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Era la tesorera del Instituto Electoral del DF, tuvo algunas faltas administrativas, han sido evaluadas por el IEDF, recibió las sanciones correspondientes y no fue inhabilitada para ocupar ningún cargo público. Sus errores administrativos quedaron saldados.
En efecto, Montoya Jiménez fue sancionada en tres ocasiones cuando se desempeñó como tesorera del IEDF: dos amonestaciones públicas y una suspensión de 30 días por irregularidades administrativas.
La primera amonestación pública aplicada por la Contraloría Interna del IEDF se produjo en julio de 2002 debido a irregularidades en la adquisición, adjudicación del contrato, adquisición y pago a la empresa Disitem Comunicaciones, S.A. de C.V.
La segunda –una reincidencia que se calificó como grave– fue en septiembre de
La suspensión por 30 días fue por otorgar indebidamente un anticipo económico a la empresa Lisara, S.A. de C.V., pese a que no reunía las condiciones para el otorgamiento del servicio de arrendamiento de vehículos y por no haber gestionado la devolución de esa suma, que no fue garantizada.
A Montoya Jiménez se le atribuye la reestructuración administrativa de la presidencia del IFE, pero también de incurrir en nepotismo: Rodrigo Oswaldo Montoya Arroyo, su supuesto sobrino, es jefe de departamento en el área jurídica.
Falso nepotismo
A Valdés se le acusa, también, de incurrir en conductas de nepotismo, que él rechaza, como la que identifica a Armando Eguiarte Calderón, su exasesor y actual director de Recursos Humanos, como primo de su esposa y cuyo parentesco no existe.
“Ni consanguíneo ni político. Mi esposa se llama Beatriz Calderón. Revise usted en el directorio telefónico la cantidad de personas que llevan el apellido Calderón. El padre de mi esposa no tuvo sobrinos, motivo por el cual esa persona no es familiar de mi esposa. Y entiendo que han creado por ahí un muy bajo, vulgar y corriente chisme, porque no se puede calificar más que de eso, una relación de parentesco entre mi esposa y un funcionario público que efectivamente sirvió en la presidencia del Consejo General y hoy sirve en otra dependencia.”
–¿Pero Paulina Eguiarte Salgado, quien es jefa de departamento de la Dirección de Prerrogativas, sí es hija de Armando Eguiarte?
–Entiendo que ocupó una plaza de honorarios temporal, que terminó su contrato y se separó de la institución.
–¿Se tipificó como nepotismo?
–No dependía de él. Él trabajaba en la presidencia del Consejo y esta señorita, hasta donde tengo información, trabajaba en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos en una plaza temporal de honorarios, sin ninguna vinculación con la presidencia del Consejo General del IFE, otro muy bajo y sucio chisme.
En realidad, Eguiarte Salgado trabaja aún en el IFE según el directorio oficial, actualizado al 4 de febrero de este año, como subcoordinadora de Flujo de Promocionales de esa dirección ejecutiva.
Justo al día siguiente de la defensa que hizo de Montoya Jiménez en la entrevista, Valdés la designó directora ejecutiva de Administración del Registro Nacional de Electores (RNE), cuyo encargado de despecho es Eduardo Rojas Vega, exasesor del consejero Francisco Guerrero Aguirre.
Igual que Guerrero, quien fue asesor de Emilio Gamboa Patrón, presidente del Instituto de Desarrollo Político y consejero político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rojas Vega ha sido identificado como priista, y desde el 1 de octubre Valdés lo designó como encargado de despacho del RNE, tras la renuncia de Alberto Alonso y Coria, el 2 de septiembre.
–¿No es volver a poner en manos de un partido político, del PRI, el padrón electoral?
–Me parece que no –responde Valdés, a la defensiva–, y me parece muy grave que me impute lo que me está imputando.
En todo caso, aclara, no ha decidido si propondrá a Rojas Vega al Consejo General para su ratificación, como lo establece el Cofipe. “Hasta el día de hoy yo no he propuesto a nadie”.
Ofuscado, Valdés advierte: “Ese es el trato que quieren, ese tendremos”.
–¿Qué trato?
–Este tipo de entrevistas. l
La democracia estancada
Sergio Aguayo Quezada
Transparencia, rendición de cuentas e interlocución con los partidos políticos son sólo tres de los temas que Sergio Aguayo Quezada pone sobre la mesa para que las organizaciones civiles los aborden y le den otra dimensión a la palabra democracia. Con la autorización del autor y de la editorial Taurus, presentamos aquí un adelanto de Vuelta en U, libro que empieza a circular en estos días y en el que el académico y columnista plantea una estrategia para que los ciudadanos tengan, por fin, incidencia en las decisiones políticas.
Las elecciones presidenciales de julio de 2012 abren una coyuntura adecuada para la aparición de un movimiento social que redefina la relación entre élite política y sociedad, desmantele partes del andamiaje autoritario y reduzca la corrupción e ineficiencia oficiales. Ya resulta insoportable el deterioro por la falta de cambios en beneficio de las mayorías. Es una propuesta oportuna, pues la sociedad organizada debe prepararse para un posible regreso del PRI a Los Pinos. El tricolor tiene muy poca simpatía por la organización ciudadana y hará todo lo posible por escamotearle los escasos avances logrados en ese campo.
Cuando termino este libro, está en sus inicios un proceso para crear un pacto nacional en el que participan personas y organizaciones sociales, académicas, de comunicación y ciudadanas. Un pacto de este tipo conlleva, de entrada, un entendimiento con organizaciones y personajes de la derecha; un bocado duro de tragar después del juego sucio de 2006. La gravedad del momento exige y justifica un acuerdo para el establecimiento de reglas del juego aceptables para todas las corrientes. Menciono a continuación algunas de las tareas más lógicas. Es prioritario regresarle confiabilidad a las elecciones.
Desde 2006, las urnas están atrapadas en procesos inequitativos que se mueven en tres dimensiones paralelas: una parte de los electores puede ejercer con libertad su derecho al voto; en las zonas pobres lo común son las irregularidades propias del viejo régimen, y hay regiones cada vez más grandes en las cuales el crimen organizado impone su ley.
Los organismos electorales son clave
La primera batalla de 2012 se librará en los últimos meses de 2010. (…) En ese periodo la Cámara de Diputados elegirá a tres nuevos miembros del Consejo General del IFE. Si por los partidos fuera, se repartirían las posiciones (el “cuotismo”) y elegirían a personajes mansos y menores con lo cual iniciaría una vez más el ciclo de 2006. Ante tanta irresponsabilidad, una tarea para el posible pacto es lanzar una cruzada nacional contra el “cuotismo” en el IFE (y en otros organismos), y proponer candidatos que combinen experiencia, integridad individual y agenda. Para renovar las élites políticas los organismos públicos tienen que ser dirigidos por personajes con otro tipo de valores y trayectoria. Si al IFE llegan tres personalidades independientes y con prestigio que arriesgar, mejoraría la confianza de los partidos y del movimiento de Andrés Manuel López Obrador en la institución que organizará los comicios de 2012.
Sería un error quedarse en lo electoral
En los tres estados con triunfos de las alianzas contra el PRI en 2010 están dadas las condiciones para que una coalición social establezca otro tipo de interlocución con los gobernadores. Poco después de los comicios de julio, Gabino Cué (Oaxaca), Rafael Moreno Valle (Puebla) y Mario López Valdez (Sinaloa) se comprometen a cumplir con doce puntos. Entre ellos, la ciudadanización de los órganos electorales, la eliminación del “cuotismo” y la transparencia. Es decir, asuntos centrales en la agenda ciudadana. Como prometer no empobrece, el reto es lograr que cumplan y un proyecto lógico sería el monitoreo permanente de su gestión para elaborar informes periódicos sobre los avances o retrocesos en los compromisos. El ejercicio se completaría con un seguimiento similar de lo hecho o dejado de hacer por gobernadores priistas también elegidos en julio de 2010.
El diálogo entre sociedad y partidos tiene que ser selectivo
Si bien todos los partidos viven, en mayor o menor medida, una crisis sistémica, y aunque todos parezcan iguales –y en cierto sentido lo son–, hay diferencias entre ellos y en sus vidas internas. Por ejemplo, el PRI sigue sin tener un mínimo de vocación democrática, el Verde es un grupo de simuladores empeñados en hacer negocios y el Panal, una maquinaria al servicio de una lideresa obsesionada con la adquisición de poder económico y político. Por tanto, los acuerdos de un pacto tendrían que ser con Convergencia, el PAN, el PT y el PRD; no son ejemplo de pulcritud pero sí ofrecen algo más de esperanza. Un actor adicional es el movimiento encabezado por López Obrador a quien también conviene la existencia de un movimiento cívico empeñado en hacer que la democracia funcione en beneficio de las mayorías.
(…) Sería un error imperdonable encajonarse en la democracia electoral. Son urgentes los cambios en otras dimensiones de las democracias. Menciono algunas que ya implementan ciertas OSC. No es un listado exhaustivo, sino un abanico para ilustrar posibilidades.
Monitoreo de partidos
Los partidos son indispensables para la democracia, pero en México no están funcionando. Necesitan reformarse, pero no lo harán voluntariamente porque sus dirigencias y burocracias son adictas al dinero fácil, a los cargos bien pagados y a la impunidad. En consecuencia, la presión social ha de concentrarse en denunciar y combatir su corrupción e ineficacia, al mismo tiempo que exigir transparencia y rendición de cuentas.
Por supuesto, son igualmente necesarias la investigación, la denuncia y las protestas sobre lo que hacen o dejan de hacer los partidos. Será inevitable utilizar la vía legal para exponer los casos más extremos de corrupción y opacidad. Dos exigencias inmediatas son la reducción en el financiamiento público a los partidos (el ¡Ya bájenle! impulsado por la Asamblea Nacional Ciudadana entre otras organizaciones) y la sujeción a las leyes de transparencia y adquisiciones. Es inaceptable el fuero político.
Organismos públicos de derechos humanos
El “cuotismo” es una peste para los organismos públicos encargados de tutelar derechos. Cuando los partidos empiezan a distribuirse los cargos en los organismos les arrancan el alma y les impiden convertirse en las instituciones de Estado responsables de salvaguardar los derechos ciudadanos frente a la autoridad. Su grisura e irrelevancia deja a las víctimas con muy pocas defensas.
El Ejecutivo y el Legislativo se lucen al crear organismos mediante los cuales presumen su compromiso con la sociedad. México financia a 33 comisiones de derechos humanos, además de a las procuradurías de defensa de consumidores, ambiente y periodistas; están también los institutos de transparencia y acceso a la información y los organismos que protegen los derechos de la mujer, la infancia, la familia, los adultos mayores y los usuarios de servicios financieros; el listado se engalana con las dependencias que atienden a refugiados y a jornaleros agrícolas, a poblaciones indígenas y a discriminados por raza, religión o preferencia sexual.
Algunos de estos organismos hacen un trabajo excelente, pero son la excepción. Por lo general, son dependencias preocupadas en quedar bien con el poderoso y simular la defensa de las víctimas. Quienes duden de esta afirmación pueden consultar el programa “Red de Vigías del Ombudsman” en la página de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Es un desfile de los despropósitos cometidos por las comisiones de derechos humanos. (…)
La distribución del ingreso
Otra área que la sociedad organizada necesita atender es la pésima distribución del ingreso. En principio parece difícil que personas y OSC puedan incidir en las reglas de la macroeconomía, pero sí hay formas de hacerlo.
Una de ellas es investigar y difundir lo que pasa en ese terreno. Gestión Social y Comunicación (Gesoc) revisa las evaluaciones hechas por ley a 104 programas sociales federales. La esencia del estudio aparece en las siguientes líneas: “cuatro de cada diez [programas] tienen una calificación reprobatoria en la calidad de su diseño, lo que refleja –entre otras cosas– que los funcionarios públicos no poseen las competencias necesarias para diseñar correctamente una política pública”. Es evidente que esas fallas van en perjuicio de los beneficiarios”.
Otra forma de incidir en el aspecto económico es confrontar los abusos a los consumidores. En la medida en la que se frene la voracidad de los monopolios y los oligopolios, aumentarán los ingresos a disposición de los menos favorecidos. Hay avances en este terreno porque en 2010 el Congreso reforma la Constitución para aprobar las acciones colectivas (una persona u organización interpone una demanda por la violación de algún derecho colectivo). (…)
Educación y salud
El sistema educativo mexicano es un desastre que ofende el presente y lastra el futuro nacional. Es inmoral que la educación pública se entregue al grupo político que encabeza Elba Esther Gordillo, la poderosa dirigente que muestra un nulo interés por la calidad de la educación. Lo positivo es que hay conciencia del problema porque un núcleo sólido de medios, OSC y especialistas monitorean y difunden permanentemente las mil y una facetas de este drama mexicano.
(…) La inseguridad se vuelve insoportable y las respuestas individuales son insuficientes. Se requiere acciones colectivas. Ya existen organizaciones como México Unido contra la Delincuencia que presionan a las autoridades para que modifiquen prácticas y leyes. Menciono aquí otras experiencias.
(…) Otra experiencia es el Monitor civil de la policía y las fuerzas de seguridad pública en la montaña de Guerrero con sede en Tlapa. Tres OSC (el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar y el Centro de Análisis e Investigación y el Instituto para la Seguridad y la Democracia, Insyde) monitorean a las 24 corporaciones de seguridad que operan en la región (incluido el Ejército). Documentan y denuncian los abusos, pero también diagnostican las debilidades de las corporaciones con el propósito de incidir en la modificación de sus hábitos y en la recuperación de su función principal: proteger a los ciudadanos. Es una tarea riesgosa, pero exitosa, porque cuenta con una buena metodología y con respaldo nacional e internacional.
El papel de la capital
(…) El DF está a la vanguardia de la transición y reúne las condiciones necesarias para detonar experiencias útiles al esfuerzo nacional por refundar la democracia.
Hasta 1997, los capitalinos no pueden elegir a sus gobernantes. Cuando logran hacerlo se convierten en uno de los electorados más exigentes del país por sus niveles de información y porque llegan relativamente maduros y modernos a ejercer sus derechos en todas las áreas. En otras palabras, mientras en el resto del país la transición se disputa sobre todo en las urnas, el DF acumula capa tras capa el capital social. En parte esto es consecuencia natural de ser el espacio donde se genera más conocimiento, en donde los principales medios de comunicación tienen su sede y en donde hay un activismo social más intenso y consistente. Aunque su importancia política y económica disminuye durante 2010, sin duda es una caja de resonancia nacional.
(…) Otra particularidad del DF es que buena parte de la ciudadanía se inclina hacia la izquierda social y por tanto resulta de gran naturalidad que el PRD gobierne la capital desde 1997 (a excepción de algunas delegaciones). Las autoridades capitalinas se muestran dispuestas a aceptar la democracia participativa y lo ejemplifican durante el proceso de elaboración del Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos.
Lamentablemente, la izquierda partidista también se distancia de una parte de la sociedad con decisiones como la de construir la Supervía Poniente. En consecuencia, está cayendo la simpatía por ese partido. En marzo de 2007, el PRD tiene 44% de intenciones de voto en el DF, y en junio de 2010, la mitad (22% según Reforma, 26 de junio de 2010). Hay un desencanto de la izquierda partidista.
En 2012, la capital renovará jefe de gobierno y el PAN y el PRI se preparan –no es descabellado anticipar una alianza entre ellos– para disputarle su predominio al PRD. El momento es particularmente oportuno para que el pacto impulse en el DF algunas de las reformas mencionadas. Además de beneficiar a sus habitantes, la capital podría convertirse en prueba viva de que la democracia sí puede funcionar en beneficio de las mayorías.
(…) Sí hay esperanzas de que la democracia funcione. Todo depende de que la sociedad organizada y consciente tome el liderazgo y asuma el protagonismo que el momento histórico le exige. Estoy convencido de que lo hará porque, después de todo, ¿existe una opción mejor para desatascar la transición y hacer funcionar la democracia en beneficio de las mayorías? l
El huracán “Fidel”
Regina Martínez
La clase empresarial veracruzana, presidentes municipales y sindicalistas sostienen que Fidel Herrera, quien termina su gestión el próximo 30 de noviembre, dejó al estado en bancarrota. A la deuda acumulada durante su gestión, que según sus cálculos asciende a 40 mil millones de pesos, se suma el millón de damnificados en 170 de los 212 municipios. Lejos de cubrir ese descomunal déficit, el mandatario acaba de maniobrar para que el Congreso local le autorice un nuevo préstamo por 10 mil millones de pesos.
XALAPA, VER.- Los huracanes Alex, Karl y la tormenta tropical Matthew, que en los últimos meses afectaron a miles de pobladores de las cuencas y costas veracruzanas, tomaron por sorpresa al gobierno del estado, impactado por la crisis financiera derivada de las deudas contraídas en los últimos años y por el irregular ejercicio de los recursos públicos.
Desde julio pasado, los veracruzanos padecen los efectos de los fenómenos climatológicos, pero el gobernador Fidel Herrera Beltrán no ha podido aplicar un plan de emergencia eficaz para auxiliarlos, aun cuando muchos de ellos perdieron todo su patrimonio. Hoy, los estragos son patentes en 170 de los 212 municipios de la entidad, donde los damnificados suman casi 1 millón.
Frente esta situación de insolvencia, el Congreso local autorizó al mandatario contratar una línea de crédito de hasta 10 mil millones de pesos para atender las contingencias. En la sesión extraordinaria, convocada con premura el domingo 3, los diputados de la oposición insistieron en que desconfían de Herrera porque durante su gestión los recursos siempre se han manejado con opacidad.
Los panistas Alejandro Vázquez y Federico Salomón votaron en contra, lo mismo que Sergio Vaca Betancourt, quien llegó al Congreso bajo el membrete de Convergencia pero ahora se maneja como independiente. Al subir a la tribuna, Vaca denunció que, para lograr la mayoría calificada, el gobierno estatal maniobró para convencer a la oposición de que aprobara la solicitud.
“A mí intentaron sobornarme”, dijo, aunque se negó a dar nombres; sólo comentó que le ofrecieron 1 millón 500 mil pesos por su voto. Y explicó: “Dos días antes de la sesión recibí tres ofrecimientos para que no me presentara en el recinto o para que me quedara callado durante la sesión… No acepté”.
También acotó: la petición de Fidel Herrera “se utiliza para disfrazar la verdad o para evadirla en lugar de revelarla, ya que (él) se está aprovechando de que todos somos sensibles al dolor ajeno”.
El diputado Alfredo Tress Jiménez, de Convergencia, defendió el dictamen, al igual que sus colegas del PRD, PT y de nueve de los 11 panistas que, aun cuando han cuestionado a Herrera Beltrán por el manejo de los recursos públicos, esta vez le dieron su voto de confianza.
Después de la sesión, Vaca dijo a los reporteros que uno de los “negociadores” fue un colega suyo, pero se reservó el nombre. Y comentó que no es posible que en los días que le restan como mandatario, Fidel Herrera “vaya a manejar con honestidad y transparencia los miles de millones de pesos del crédito que solicitó”.
En su solicitud, Herrera expuso que desde julio pasado Veracruz ha sido afectado por vientos y lluvias severas que han provocado el desbordamiento de ríos. Todo ello, dijo, causó daños considerables a la infraestructura urbana, carretera, hospitalaria y educativa; la actividad económica y productiva también se ha visto afectada, lo mismo que el patrimonio de miles de habitantes en diversos municipios.
Refirió que la ondas tropicales de julio y agosto, así como el huracán Karl y la tormenta tropical Matthew que golpearon en la entidad en septiembre pasado, motivaron incluso que la Secretaría de Gobernación declarara a 114 municipios en situación de emergencia.
Fidel Herrera también estimó que los daños ascienden a 70 mil millones de pesos, “razón por la que es necesario recurrir a fuentes adicionales de ingreso por medio de financiamiento bancario para poder atender la contingencia, la reconstrucción y la reactivación económica, así como los pari passu al Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
El crédito por 10 mil millones de pesos será cubierto en un plazo de 20 años, dejando como garantía las participaciones federales; dichos recursos “podrían destinarse al saneamiento financiero, incluyendo ingresos propios, con excepción de aquellos que tengan un destino propio”, precisa el documento.
Sin embargo, Vaca Betancourt asegura que el propio Herrera Beltrán reconoció el pésimo manejo financiero de su administración, al confesar que “no pudo pagar oportunamente las aportaciones correspondientes al Estado para poder acceder a los programas federales”.
E insiste: en su solicitud para contratar el préstamo y en el pleno del Congreso, donde estuvo el viernes 1 por la noche acompañado del titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Humberto Félix Guerra, para “informar” sobre los daños causados por los meteoros, Fidel Herrera no aclaró nada sobre el pago que recibirá de los seguros por daños catastróficos contratados por su gobierno.
Las cuentas de gobernador
El 13 de septiembre, días después de los efectos causados por Alex y una semana antes de que Karl golpeara en el centro de la entidad, Herrera afirmó que su administración podía hacer frente a esta situación porque, declaró, “tenemos seguros contratados, primas que cubren de todos los daños, afortunadamente, a Veracruz”.
Incluso se ufanó: “Puedo decir que el Fondo Veracruz puede cubrir todos los daños para enseres, para la agricultura, para los desastres naturales”.
Herrera contrató los seguros con instituciones bancarias mexicanas, así como con la compañía Lloyd’s de Londres. En 2009, él mismo hizo público que recibió 10 millones dólares a raíz de daños causados por la sequía en el Valle de Perote y por las inundaciones en el norte de la entidad.
De la cantidad contratada para este año por dicho seguro y sobre los beneficios que supuestamente recibirá el estado, Herrera no ha dicho nada hasta hoy.
Lo que sí ha hecho es dirigir sus quejas contra el gobierno federal, al que acusa de una supuesta retención de las participaciones federales, sobre todo los recursos del Fonden. Por ello, ha dicho en varias ocasiones, tuvo que recurrir a la contratación de seguros con bancos privados.
No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo desmintió. Lo hizo en marzo, luego de que el mandatario se quejó por el supuesto retraso de las participaciones del Fonden. Y en septiembre, mediante un comunicado difundido el día 29, la dependencia informó que el pago de las participaciones federales para entidades federativas y municipios se hizo en tiempo y forma.
En esa ocasión, Hacienda afirmó haber pagado las participaciones correspondientes a ese mes; incluso mencionó que el monto fue superior en 2 mil 418 millones de pesos a lo programado y de 23 mil 790 millones por arriba de lo entregado en 2009, lo que significó un incremento de 9%.
Destacó también que se transfirieron al gobierno veracruzano 650 millones de pesos del ramo 28, cantidad considerada por “arriba de lo estimado” para el periodo de enero a febrero.
Asimismo, el gobierno federal ha enviado recursos para apoyar las contingencias. El domingo 3, por ejemplo, por medio de la Sedesol puso en marcha el Programa de Empleo Temporal en Boca del Río. Ahí, entregó 9 mil 859 apoyos por 10 mil millones de pesos, de un paquete de más de 30 mil pagos.
El jueves 7, en el puerto de Veracruz, el director general del Fonden, Rubén Hofliger Topete, aseguró que ya se habían depositado 225 millones de pesos para atender los daños causados por los fenómenos naturales, aunque aclaró que ni estados ni municipios “operarán los recursos porque las nuevas reglas de operación fijaron candados para evitar el mal uso de ese dinero”.
Aunado al préstamo de 10 mil millones de pesos, antes de que concluya su gestión el próximo 30 de noviembre, Herrera podría colocar también en el mercado bursátil 5% de las participaciones federales de los próximos 30 años (6 mil 800 millones de pesos), medida que fue autorizada hace un año por el Congreso local.
A principios de septiembre el mismo mandatario anunció que haría efectiva la autorización del Congreso para bursatilizar las participaciones federales, “medida que quedó pendiente ante la etapa electoral reciente”. Con ello, aseguró, “podremos hacer frente a las contingencias naturales”.
Las críticas
Enrique Cambranis Torres, el dirigente del PAN en el estado que reprochó a los diputados de su partido por votar a favor de un nuevo préstamo, asegura que la deuda actual de Veracruz supera los 30 mil millones de pesos, lo que representa 42% del presupuesto total del ejercicio fiscal 2010.
Miguel Ángel Yunes Linares, quien perdió en las pasadas elecciones por la gubernatura, refiere que Herrera recibió el estado con una deuda de 3 mil 500 millones de pesos y advierte que si recurre a la nueva bursatilización, esa cantidad aumentará a más de 45 mil millones. Es la más alta, dice, en relación con las demás entidades federativas.
“Como he denunciado en diversas ocasiones, este gobierno pagó comisiones por casi 190 millones de pesos, más 27 millones por asesoría jurídica y una sobretasa de interés de más de 3% anual por los costos de la bursatilización de la tenencia vehicular, en agravio del patrimonio de los veracruzanos”, acusa.
Herrera concluirá su gestión el próximo 30 de noviembre con una serie de reclamos de proveedores, empresarios, constructores, sindicatos, pensionados y hasta de presidentes municipales y empleados, quienes aseguran que las deudas de la administración de Herrera de
Dirigentes de sindicatos de trabajadores al servicio del estado y del magisterio acusaron el año pasado al gobierno de un adeudo de 2 mil millones de pesos al Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Todavía, el 2 de septiembre, Acela Servín, diputada por el PRI, declaró que si esa cantidad no se paga “se pondrán en riesgo las pensiones de casi 20 mil jubilados”.
Los sindicalistas de la Escuela Normal Veracruzana, encabezados por Víctor Manuel Domínguez, han realizado dos paros para exigir a la administración de Herrera el pago de prestaciones y de varias quincenas rezagadas.
Domínguez sostiene que Herrera está creando un “monstruo” que se alimenta de estudiantes, trabajadores, empleados y ayuntamientos. “El desastre financiero viene desde antes de los desastres naturales; sería inmoral que atribuya esos faltantes a los huracanes”, dice el dirigente de la Normal Veracruzana.
Por el lado empresarial, la Cámara Nacional de la Industria de la Trasformación (Canacintra) en Xalapa, dirigida por Miguel Aguilar Morales, asegura que el gobierno estatal mantenía un adeudo millonario con 10 empresas y el presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Córdoba, Agustín Silva, demandó el pago de 5 mil millones de pesos.
Dicen que no están de acuerdo con la contratación del nuevo crédito aprobado por los diputados el domingo 3. “No debemos permitir que Fidel Herrera deje a Veracruz con una deuda cercana a los 40 mil millones de pesos con el pretexto de subsanar las afectaciones de los huracanes y las lluvias”, dijo Luis Pablo Martín Capistrán, dirigente de la Coparmex en Veracruz.
El empresario advirtió: Quien asuma la gubernatura estatal el 1 de diciembre “tendrá un estado en quiebra técnica”, ya que hay una deuda contabilizada por el orden de 22 mil millones de pesos y otra de más de 8 mil millones. Si se concreta el nuevo empréstito, “ascenderá a 40 mil millones de pesos”.
El miedo necesario
Denise Dresser
“El rey Enrique: Es cierto que estamos en grave peligro; por ello más grande aún debe ser nuestro valor.”
Shakespeare, Enrique V
Felipe Calderón imprudente. Felipe Calderón obsesivo. Felipe Calderón tan atado psicológicamente a Andrés Manuel López Obrador que desentierra la frase con la cual polarizó al país. “Un peligro para México”, reitera con orgullo. “La política del rencor y del resentimiento que siembra”, reclama quien ahora demuestra lo que antes denunció. El presidente de México vanagloriándose de la división que le achaca a su adversario pero de la cual también es responsable. Cuatro años después de la elección, y AMLO parece preocuparle más que el inminente regreso del PRI. Cuatro años después de un proceso agitado que insiste en revivir, Felipe Calderón vuelve a centrar la mirada en el lugar equivocado. En el miedo que despierta un hombre y no en las condiciones que lo produjeron. En el miedo que México debe tenerle al Mesías tropical y no en los problemas persistentes que propician su permanencia.
Porque el miedo que Felipe Calderón le tiene a Andrés Manuel López Obrador es el mismo que comparten tantos mexicanos más; los que prefieren odiar a un personaje antes que mirar al país que lo parió. Es el miedo a ese país de pobres, de “nacos”, de indígenas, de desarrapados. Miedo a quienes viven parados en los camellones vendiendo chicles o subsisten en el campo cultivando maíz. Miedo a los mineros enojados y a los cañeros sublevados. Miedo a los resentidos y a los marginados. Miedo a mirar la realidad del subdesarrollo detrás de la retórica de la modernidad. Miedo a la verdad y a nosotros mismos. Miedo a mirar al país tal y como es. Detrás de los mitos. Detrás de las cercas electrificadas y los muros infranqueables. Detrás de la hipocresía fundacional en un país profunda y dolorosamente desigual.
A México le urge tener miedo, pero no a un político controvertido. A México le urge el miedo necesario que nace de la honestidad desplegada ante el “país de mentiras”, como lo bautizó Sara Sefchovich. El miedo que surge frente a la brecha entre lo que se dice y lo que es; entre el discurso del poder y la realidad del poder. El miedo que emerge cuando se descubre que la mentira constituye la esencia de la vida política mexicana y además es indispensable para gobernar. El miedo a reconocer los engaños para consumo interno que la clase política usa todos los días: el discurso que asegura que “el Senado de la República trabaja para ti” y que los indios son nuestros iguales y que el gobierno busca la justicia social y que la educación es una prioridad y que la economía está sana y sólida y que vamos ganando la guerra contra el crimen organizado, siendo que nada de esto es así.
Y esas grandes mentiras impiden colocar un espejo frente a los ojos del país y frente a quienes han permitido que sea como es hoy. Un lugar rico con muchos pobres. Un lugar con más multimillonarios que Suiza, según la lista más reciente de la revista Forbes. Donde gran parte de las fortunas han sido acumuladas en sectores con poca o ninguna competencia y protegidos por el gobierno. Donde Televisa regularmente obtiene todo lo que quiere y a precio de ganga. Donde, según un estudio reciente de la ONG Fundar, siete de cada 10 mexicanos padecen un abuso de autoridad cada vez que pisan un Ministerio Público. Donde el 94% de los delitos no son resueltos. Donde el 40% de las mujeres dicen haber padecido la violencia doméstica. Donde no hay siquiera “responsables” de la tragedia de la guardería ABC. Donde 17 millones de personas viven en pobreza extrema. Datos duros de un país donde la vida es difícil para la mayoría de quienes sobreviven en él.
Eso es lo que debería provocar miedo. Eso es lo que debería producir temor. Eso es lo que los mexicanos deberían combatir y cuestionar y odiar y recordarle a Felipe Calderón y a los precandidatos presidenciales, todos los días a toda hora. Hay demasiados mexicanos para los cuales el país no funciona. Hay demasiados mexicanos para quienes más de lo mismo durante el gobierno de Felipe Calderón ha significado peor de lo mismo. Hay demasiados mexicanos que desean una transformación a fondo del país que los ha excluido o maltratado o ignorado. Y también hay demasiados mexicanos que no lo entienden, para los cuales el país no va tan mal. Porque los privilegiados viven muy bien, aunque sea detrás de muros cada vez más elevados, con escoltas cada vez mas armadas, con séquitos de seguridad cada vez más grandes. Aunque sea con miedo.
Y de allí las siguientes preguntas: ¿Qué es y ha sido más peligroso para México, López Obrador o un sistema socioeconómico que concentra la riqueza y no quiere distribuirla de manera más justa? ¿López Obrador o élites políticas, sociales y empresariales satisfechas con las tajadas que se sirven? ¿López Obrador o partidos políticos que no representan a la población ni rinden cuentas ante ella? ¿López Obrador o la corrupción política que corroe la confianza en las instituciones? ¿López Obrador o políticos sentados en largas mesas con manteles de fieltro que llegan a grandes acuerdos para que poco cambie? El odio feroz a AMLO ata a su crítico principal –Felipe Calderón– a un adversario falso. El verdadero peligro para México no es un hombre, sino la resistencia de tantos a compartir el país y gobernarlo mejor. Y el miedo necesario que los mexicanos deberían compartir es la posibilidad de que México siga siendo así. l
López Obrador y el futuro del PRD
Miguel Ángel Granados Chapa
En la dislocada dinámica política de hoy, los adversarios se hacen favores y los correligionarios riñen entre sí. Eso, al menos, ocurre en el entorno de Andrés Manuel López Obrador: En su estrategia mexiquense, que beneficia al PRI y a Enrique Peña Nieto, el exjefe de Gobierno capitalino estaba a punto de fracturar al partido que dirigió hace 12 años, cuando el curso de colisión fue frenado por la iracundia del presidente Felipe Calderón, que forzó a un por lo menos momentáneo cese de las hostilidades entre el hombre que encarna, según la diatriba presidencial, “un peligro para México”, y las corrientes –Nueva Izquierda en particular– que lo consideran “un peligro para el PRD”.
En el Estado de México López Obrador ha llevado a un punto extremo su descalificación de las alianzas entre los partidos que lo apoyaron en 2006 y Acción Nacional. No evitó que se configuraran en varios estados, y en algunos las coaliciones triunfaron a contrapelo de la posición lopezobradorista. En el caso de Oaxaca la acritud antialiancista se edulcoró, gracias sobre todo a la índole del gobierno saliente y a las habilidades de Gabino Cué, quien logró la aquiescencia de Calderón y el disimulo activo de López Obrador, contrastante con su beligerancia en otras entidades.
En una singular percepción de la política mexiquense –donde son claros dos datos: que unidos PAN y PRD en torno de un candidato que no provenga de ninguno de esos partidos lograría vencer a Peña Nieto y que esa derrota podría anticipar la del gobernador saliente–, López Obrador ha radicalizado su posición. Como hizo en Iztapalapa el año pasado, ha tomado como propio el proceso preelectoral y está recorriendo la vasta entidad predicando la oposición a la alianza, sobre la base de la identidad del PAN y el PRI. No le falta razón, pero carece de ella, al mismo tiempo. Por lo tanto, ha ahondado su hostilidad a la unión de su partido con el blanquiazul. Anunció que si el PRD se coaliga con el PAN él impulsará una candidatura separada. Formalmente no podría hacerlo, porque la legalidad interna del perredismo lo impide. Y aunque López Obrador se benefició de la lenidad con que sus antagonistas están obligados a tratarlo, so pena de una ruptura definitiva, el exjefe de Gobierno ha querido aparecer respetuoso del estatuto y avisó ya de su propósito de irse temporalmente del partido, como si fuera dable pedir licencia para impulsar una candidatura ajena y aun opuesta a la que sostenga el PRD.
Nadie sabe cómo se instrumentaría tal permiso temporal. Lo que en realidad ocurriría es que las fuerzas contrarias a López Obrador, que dominan el partido, con Nueva Izquierda a la cabeza, quedarían ante la gran tentación de echar al perredista más conspicuo y, como sugiere burlón el protagonista de este episodio, quedarse con el cascarón. El PRD sin López Obrador, especialmente si su salida fuera brusca, forzada, rijosa, dejaría de ser lo que, a pesar de todo, ha sido: una opción para alcanzar el poder en pos de una política que sirva a las mayorías.
Pero la expulsión de López Obrador, que heriría de muerte a su partido, no beneficiaría mecánicamente al que lo acogiera, previsiblemente el PT, que ya lo considera su candidato presidencial, como lo evidencian los mensajes con que ese partido ocupa los tiempos a que legalmente tiene derecho y que fueron recientemente suspendidos. No habría necesariamente una migración de perredistas al PT, a menos que el ahínco y la astucia conocidos y reconocidos en López Obrador consiguieran un efecto semejante al que hizo delegada de Iztapalapa a Clara Brugada, sin necesidad de pasar esta vez por el riesgo de crear un minúsculo Frankestein que se llamara Juanito o respondiera a otro apelativo.
La rispidez entre Los Chuchos y López Obrador crecía por horas, al grado de la mofa contra el principal dirigente social del país, impensable en otras horas, cuando Felipe Calderón se retrotrajo al 2006, de manera inesperada, y dijo a Salvador Camarena, en entrevista radiofónica, que sigue creyendo que en ese año en que vivimos en peligro su principal antagonista era en efecto un peligro para México.
López Obrador percibió con claridad el desliz en que incurrió quien, para él, ha usurpado la Presidencia que cree haber ganado, y no cayó en la provocación calderoniana, que actualizó la denigración a su oponente asegurando que habría sido un gobierno catastrófico el que encabezara López Obrador. Y lejos de individualizar en él la invectiva, la extendió ofensivamente a sus seguidores, a quienes llamó fanáticos, “feligresía del odio”, distintos del mexicano común cuyo retrato convencional dibujó: es el que trabaja, lleva a sus hijos a la escuela y quiere vivir en paz y tranquilidad, como si fuera tan común la vida casi idílica que pinta, cuando la realidad muestra el esfuerzo cotidiano por sobrevivir en la inmensa mayoría de los mexicanos.
En vez de reaccionar abruptamente, con un impromptu como el que lo llevó a ordenar silencio a la chachalaca que veía en Fox, López Obrador esperó una horas, escribió su respuesta y la leyó pausadamente a modo de preámbulo a la presentación de su libro sobre la mafia que se robó a México.
“Es muy lamentable –dijo en una feria alternativa del libro, en la Alameda, el miércoles pasado– que Felipe Calderón, que fue impuesto por la funesta camarilla culpable de la tragedia nacional, en vez de pedirle perdón a los mexicanos por el desastre actual, siga optando por la mentira, la confrontación y la ofensa a millones de mexicanos que no se dejaron engañar y a los que llama ‘fanáticos’ y quienes, en uso de sus derechos y libertades consagradas en la Constitución, siguen expresando su decisión y trabajando para transformar a México por la vía pacífica, hasta derrotar en buena lid a la oligarquía y establecer una auténtica democracia que permita que las riquezas de México se distribuyan con justicia y se utilicen para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población.”
Dijo también que la descalificación en su contra es “tan burda y ofensiva (…) que ni siquiera me atrevería a usarla en contra de Calderón”. Sí lo hizo, en cambio, Hortensia Aragón, secretaria general del PRD, quien achacó a Calderón el ser “un peligro para México”. Igualmente reaccionó contra el despropósito presidencial Jesús Ortega, quizá no con la contundencia que era de esperarse en quien coordinó la campaña presidencial de 2006 y enfrentó los efectos de aquella acusación. Pero no regateó su solidaridad a López Obrador. Y quienes estaban a punto de la ruptura han tenido por lo menos que aplazar sus querellas, unidos ante el evidente acto de autoritarismo y de intolerancia que, más allá de la coyuntura electoral mexiquense, puede afectarnos a todos. l
Fin o renacimiento del IFE
Jesús Cantú
Los diputados de la actual legislatura tienen en sus manos la posibilidad de colocar el último clavo en el ataúd del Instituto Federal Electoral o contribuir a una eventual reconstrucción. La renovación de los integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto se convirtió, desde octubre de 2003, en un reparto de posiciones para los líderes de las fracciones parlamentarias, aunque a partir de diciembre de 2007 dicha acción quedó encubierta tras un procedimiento presuntamente abierto y ciudadanizado.
En octubre de 1996, los dirigentes de los cuatro partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados (PAN, PRI, PRD y PT) se reunieron en la Secretaría de Gobernación con el entonces titular del ramo, Emilio Chuayffet, y construyeron la propuesta de los ocho consejeros electorales y el consejero presidente, que obtuvo el respaldo unánime de los diputados presentes en la sesión del 30 de octubre.
En ese entonces, el procedimiento, según cuentan quienes participaron en el mismo, fue el siguiente: primero, establecieron las características que debían reunir los integrantes del órgano de dirección, entre las que destacaban que deberían ser ciudadanos no identificados abierta y claramente con un partido político, sin militancia partidista ostensible –al menos en los últimos cinco años–, que no hubieran participado en un puesto de cualquiera de las instancias de gobierno, que tuvieran cierta presencia pública previa y reconocimiento de los integrantes de las comunidades en que cada uno se desenvolvía (los términos pueden no haber sido tan precisos ni tan explícitos, pero guiaban las discusiones); segundo, que los líderes de los cuatro partidos propondrían nombres, así como el número de consejeros que debían salir de cada una de las listas (PRI, tres –entre los que se encontraba el consejero presidente–; PAN, tres; PRD, dos; y PT, uno, de alguna manera en correspondencia con su fuerza electoral y su representación en la Cámara); que los cuatro partidos, sin importar su fuerza electoral, tenían derecho de veto; y que la forma en que procederían para lograr los acuerdos era la siguiente: cada uno los líderes colocaba su lista sobre la mesa y, posteriormente, el resto de los dirigentes señalaba sus vetos –que quedaban fuera de la negociación–, las reservas –continuaban dentro del proceso, pero débiles– y las no objeciones –principales candidatos a ocupar los cargos.
Dicho procedimiento no correspondía fielmente a lo establecido en la Constitución –que básicamente prescribía lo mismo que hoy, pues lo único que se le agregó en la reforma de 2007 fue la frase “previa realización de una amplia consulta a la sociedad”–, ya que en realidad no eran los grupos parlamentarios de la Cámara los que hacían las propuestas. Los requisitos que se indicaron para los candidatos eran superiores a los señalados por la ley, y el derecho de veto se extendía inclusive a un partido que contaba con menos de una decena de diputados; sin embargo, esto fue precisamente lo que evitó, en esa primera ocasión, que se propusiera a personeros de los partidos políticos para integrar el órgano máximo de dirección del IFE.
En octubre de 2003, todo el proceso se desarrolló en la Cámara y se modificó radicalmente el procedimiento. En primera instancia, el único que tuvo derecho de veto fue el PRI, por el número de diputados de su bancada, y antes incluso de iniciar el proceso, con la venia del PAN, canceló la posibilidad de reelección de cualquiera de los integrantes del Consejo General: era la venganza por el Pemexgate; el PRD se empeñó en levantar dicho veto, y la todavía coordinadora formal del grupo parlamentario tricolor, Elba Esther Gordillo, aceptó hacerlo; sin embargo, Chuayffet –quien ya se perfilaba como el coordinador sustituto– revirtió dicha decisión, lo cual fue aceptado nuevamente por el PAN y objetado por el PRD, que mantenía su propuesta de reelegir a algunos de los consejeros. Como el PRI no cedía y el PAN se plegaba a dicha postura, el PRD optó por incluir en su propuesta a uno de los entonces consejeros, lo cual objetó el PRI; el PRD reviró diciendo que respetaría el derecho de veto del PRI siempre y cuando éste fuese extensivo a todos los partidos políticos, es decir, que todos pudieran revisar los nombres propuestos por los otros partidos y, eventualmente, objetar a algunos de los enlistados. Nuevamente el PRI lo rechazó.
Aunque en el último momento el PRD aceptó modificar su lista inicial y dejar fuera a los entonces consejeros, el PRI mantuvo el rechazo a toda la lista y prosperó una conformación en la que los blanquiazules propusieron a cuatro de los nueve consejeros y el PRI a cinco, incluyendo al consejero presidente; dentro de estos cinco el tricolor le cedió un lugar al PVEM. Los legisladores de estas tres fracciones parlamentarias, casi por unanimidad, votaron favorablemente dicha propuesta, con el rechazo del resto de los grupos parlamentarios, que en su mayoría votaron una propuesta alternativa que presentó el PRD.
Fue en esos momentos cuando en realidad inició el conflicto electoral de 2006: haber marginado de las negociaciones al grupo parlamentario del partido en el que militaba quien en ese entonces encabezaba todas las encuestas de preferencia electoral abría de par en par las puertas para la desconfianza de sus seguidores y simpatizantes y, desde luego, brindaba un excelente argumento al candidato para cuestionar la imparcialidad del órgano electoral, especialmente si el resultado no le favorecía.
Los partidos proponentes todavía contribuyeron más a dicha desconfianza, cuando varios de los nuevos consejeros militaban o trabajaban en los institutos políticos que los propusieron. Y los mismos consejeros hicieron su contribución con sus yerros en la conducción del instituto y con su pasividad para frenar la intromisión de terceros (el entonces presidente Vicente Fox y el Consejo Coordinador Empresarial) en el proceso electoral. La pérdida de confianza fue tal que se requirió, como en los tiempos del priato, una nueva reforma electoral y la renovación anticipada del Consejo para intentar restaurarla; pero siguieron la peor ruta posible, pues ante la resistencia de Felipe Calderón y los panistas para aceptar las fallas y errores de las autoridades electorales, optaron por no renovarlo en su totalidad, y eso permitió mantener la partidización en su integración.
El PRI, con apenas 106 diputados y como tercer grupo parlamentario, logró nuevamente imponer sus condiciones: aunque aceptó que las tres principales fuerzas parlamentarias hicieran propuestas, logró mantener en sus cargos a dos de sus cinco propuestas (Virgilio Andrade y Marco Antonio Gómez), mientras el PAN únicamente pudo sostener a uno (Arturo Sánchez); desechó las mejores propuestas de los otros dos partidos y colocó a dos alfiles suyos (Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero), es decir, abierta y descaradamente apostó por la lealtad de sus consejeros, como muestra plásticamente la designación de Guerrero, quien fungía en esos momentos como asesor del coordinador de la banca tricolor en dicha Cámara, Emilio Gamboa, y desconocía totalmente la materia electoral.
Los seis integrantes actuales del Consejo que permanecerán en sus puestos para organizar las elecciones presidenciales de 2012 son: el consejero presidente, Leonardo Valdés, quien aunque pretende atribuirse al PRD, en realidad fue propuesto para dicha posición por el PRI; Baños y Guerrero, propuestas tricolores; Benito Nacif y Macarita Elizondo, ambos propuestos por el blanquiazul y con cierta afinidad con dicho partido, pero sin el estrecho vínculo que sí tienen los tricolores; y Alfredo Figueroa, quien fue propuesta de la sociedad civil impulsada por el grupo parlamentario del PRD.
En este escenario, la designación de los tres consejeros electorales es crucial, pues no sólo serán indispensables para conformar la mayoría en el Consejo, sino que sus actuaciones serán decisivas para definir el comportamiento del IFE en el próximo proceso electoral: comprometido con la democracia, el apego a la ley y su aplicación indiscriminada, o titubeante y pusilánime, pero siempre acorde con sus filias y sus fobias.
En caso de mantenerse la fórmula utilizada en las dos anteriores renovaciones, cada una de las tres principales fuerzas políticas colocaría una de sus propuestas, lo cual no rompería la partidización de dicho órgano, pero al menos evitaría el inicio anticipado de un conflicto electoral, pues ni siquiera Andrés Manuel López Obrador podría descalificar abiertamente dicha designación, ya que el negociador perredista es uno de sus cercanos colaboradores: Alejandro Encinas; pero si el PRI logra mantener sus dos posiciones, como parece ser su intención, automáticamente dejarían fuera de la negociación a una de las otras dos fuerzas políticas –probablemente de nuevo el PRD–, lo cual prácticamente reeditaría lo sucedido en octubre de 2003.
Es muy tarde para buscar la solución ideal, pero al menos sí se puede intentar evitar el peor de los escenarios. l
Pacheco y Vargas Llosa: De Garibaldi a los grandes premios
Rafael Vargas
Con ocasión del Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa, dado a conocer el jueves 7, se solicitó a José Emilio Pacheco una conversación sobre su larga amistad con el galardonado, que alcanza ya casi 40 años. En 1962, el escritor mexicano estaba por publicar su primer libro, Los elementos de la noche, y el peruano intentaba su novela inaugural, La morada del héroe, que salió a la luz como La ciudad y los perros, con la que obtuvo el Premio Biblioteca Breve en España. En ese país, el año pasado Pacheco ganó
el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y este año el Cervantes. Hace dos semanas la UNAM, en su centenario, doctoró a ambos con el Honoris Causa.
Mario Vargas Llosa vino a México por primera vez en octubre de
Para cumplir ese y otros encargos de la ORTF (entre los que se encontraba el realizar un reportaje sobre el Día de Muertos en la isla de Janitzio, en Pátzcuaro, Michoacán), Vargas Llosa permaneció en nuestro país 13 días, en cuyo transcurso trabó una perdurable amistad con Cristina y José Emilio Pacheco, entonces unos muchachos de 21 y 23 años de edad,
respectivamente.
Vargas Llosa hace una somera referencia a esos días en la entrevista que sostuvo con Elena Poniatowska, en París, en 1965, cuando ésta le preguntó si no sentía deseos de ser padre. Vargas Llosa respondió:
–Yo vivo para escribir (se ríe)… ¡Pero no pongas esa cara! Fíjate qué raro. Un día fui a comer con los Pacheco, con José Emilio y con su mujer, Cristina. Qué bonita muchacha, ¿verdad? ¡Qué dulce! Y allí estaban los dos, muy jóvenes, y en medio esa cosa pequeñita que reclamaba atención y pedía esto y lo otro, y entre los tres había una complicidad, una unión que me hizo sentir viejo, viejo y solo…
Para abundar en la historia de esa amistad, próxima al medio siglo, de la que hasta ahora sólo se han sabido algunos datos sueltos, Proceso le solicitó a Pacheco que aceptara compartir con los lectores algunos apuntes de su trato con su colega peruano, con el que se reencontró hace apenas unos días, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México confirió a ambos autores sendos títulos como doctores Honoris Causa.
–¿Cuándo empezó la amistad con Vargas Llosa?
–Me disgusta el género “Picasso y yo”, “Neruda y yo” en el que alguien trata de engrandecerse a la sombra del personaje célebre. Respondo en nombre de nuestra amistad y de la relación con Proceso, pero sobre todo porque esta conversación se refiere a aspectos de Vargas Llosa que no todos conocen.
“Por mi trabajo como jefe de redacción de La Cultura en México tenía relación con el crítico y traductor Claude Couffon, del que Fernando Benítez, Vicente Rojo y yo habíamos publicado algunos de sus trabajos sobre el asesinato de García Lorca. Yo acababa de cumplir 23 años y me sentía excedido por esa responsabilidad. Cuando menos no me aproveché del cargo y nunca le pedí a Couffon ni a nadie que me tradujera y promoviese.
“En octubre de 1962, Couffon le dio una tarjeta para mí a un joven peruano, Mario Vargas (aún sin el segundo apellido) que trabajaba en Radio Francia y había venido para una exposición en el Auditorio. Logré que algunos escritores de la época se reunieran a fin de que, como pedía Couffon, Vargas los entrevistara.
“El joven Mario me cayó muy bien. Lo invité a mi casa y lo llevé a recorridos por el México solar y por la ciudad nocturna que hoy serían imposibles de hacer sin riesgo de la vida. Le encantaron los más sórdidos cabarets mexicanos. Vio en ellos una cultura popular que llegaba hasta Panamá sin mayores cambios.
“Para mi eterna confusión y vergüenza, le hablé a Mario sin vanidad ni pretensiones, pero como si yo fuera el escritor que en ese momento corregía las pruebas de su primer libro, Los elementos de la noche, y él nada más un joven inteligente y simpático. Un día me dijo: ‘A mí también me gusta escribir. He hecho una novela muy extensa, La morada del héroe, que no tengo la menor posibilidad de publicar en el Perú’.
“Nos despedimos con la certeza de que no volveríamos a vernos, pues yo no tenía recursos para salir del país.”
–¿Y qué pasó con La morada del
héroe?
–Cambió su título por La ciudad y los perros, ganó el premio Biblioteca Breve e inició lo que se iba a llamar “el boom de la novela hispanoamericana”.
“La nuestra fue la última generación que escribió cartas. De modo que iniciamos una correspondencia prolongada durante varios años. Me envió su novela, que desde luego me encantó, y yo le mandé Los elementos de la noche. Cómo olvidar que él hizo la primera reseña de mi primer libro.”
Imposible no citar aquí, aunque Pacheco quizá lo desapruebe, un fragmento de esa reseña, publicada en la página 12 del diario limeño Expreso, el 5 de septiembre de 1964:
“Lo que sorprende, justamente, en el primer libro de poemas de José Emilio Pacheco, joven mexicano destinado a ocupar un lugar sobresaliente en la literatura latinoamericana, a juzgar por los méritos excepcionales de Los elementos de la noche, es la ausencia de ese primer estadio de balbuceo y de indecisión frecuente en que el poeta comienza. Tanto la actitud frente al mundo, como la elección de los temas y el uso de la palabra del autor de esta obra, muestran a un creador perfectamente formado, con una visión lúcida y muy personal de la realidad, y dotado de facultades expresivas nada comunes. Pacheco merece figurar, desde ahora, entre ese grupo de autores –Xavier Villaurrutia, José Gorostiza, Alfonso Reyes, Octavio Paz– que han hecho de la poesía mexicana una de las más ricas y profundas de la lengua en nuestros días.”
“En Garibaldi hablamos de nuestras preferencias literarias y de escritores que en ese tiempo nadie leía: Azorín, a quien le dedicó en los noventa su discurso de ingreso a la Academia, y Samuel Beckett.”
–¿No es una gran contradicción?
–No tanta. A principios del siglo XX Azorín y Unamuno publicaron las primeras novelas experimentales o antinovelas en España, mientras que en Europa predominaba el realismo. Yo había intentado traducir Comment c´est o How it Is de Beckett y me había hundido en el fracaso.
“Mario me dijo: ‘Vamos a hacerlo juntos’. Trabajamos muchos meses por correspondencia. Al fin, él se dedicó íntegramente a La casa verde. Quedé con el compromiso de traducir a solas la segunda y la tercera parte. A pesar de mis ruegos, no quiso firmar la traducción. Ese manuscrito debe de estar en el archivo de Joaquín Mortiz. Trabajé dos o tres años. Por todo ese esfuerzo cobré mil 700 pesos, 10 por cuartilla, lo que se pagaba entonces, y no fue culpa de Joaquín Díez-Canedo. Sin embargo, aprendí mucho. Sin Cómo es no existiría Morirás lejos.”
–El reposo del fuego está dedicado a él y a Patricia, su esposa.
–Sí. Es lo menos que podía hacer. Gracias a Ramón Xirau, Gordon Brotherson me dio una beca de 190 dólares mensuales en la Universidad de Essex, que iba a ser el Berkeley de Inglaterra en 1968.
“Con ese dinero futuro y lo que ganaba con mis 200 trabajos en México, no podía pagar el viaje de mi esposa y de mi hija. Vargas Llosa se enteró y nos dio para los boletos gracias al premio Rómulo Gallegos que acababa de ganar en Caracas.
“Por cierto, releí El reposo del fuego y me impresionaron sus dos primeros versos. Parecen hablar, y no por mi voluntad, de México en 2010: ‘Nada altera el desastre./ Llena el mundo la caudal pesadumbre de la sangre’.”
–Es de suponerse que en esos años en Inglaterra se vieron mucho.
–No tanto como yo hubiera querido. Sin embargo, iba algunos fines de semana a nuestra casa en Wivenhoe y nosotros a la suya y de Patricia en Londres. También frecuentábamos a Carlos Fuentes en Hampstead.
“Un sábado me tocó asistir al momento en que Carlos le expuso a Mario su proyecto de un libro colectivo de relatos sobre los dictadores hispanoamericanos. Imagínate todas las novelas que salieron de allí.
“Cuando ellos emprendieron un largo viaje nos dejaron gratis su apartamento de Earls Court. Me dijo: ‘Puedes ver todo lo que hay aquí’. No escudriñé sus cajones ni sus cuadernos, pero no resistí leer el inmenso manuscrito que estaba en su escritorio. Era nada menos que Conversación en la catedral recién terminada. La leí absorto durante cuatro o cinco días. Me fascinó y me sigue encantando con la pregunta hoy clásica de ‘¿En qué momento se jodió el Perú?’ Ahora todos decimos: ‘¿En qué momento se jodió México?’.”
–Al comenzar la décda de los años setenta, hiciste el prólogo a su grabación de Voz viva de América Latina y un guión, que nunca se filmó, de Los cachorros.
–Sí, él tuvo la generosidad de pedir que me los encargaran. Me gustaría rehacer y actualizar ese prólogo que ha seguido apareciendo como si éste no fuera otro mundo.
“La historia del guión es muy triste y muy complicada. Era imposible adaptar a imágenes un libro extraordinario que es todo lenguaje. Trabajé mucho y muy bien con Jorge Fons a lo largo de varios tratamientos. Nos reuníamos todas las mañanas.
“Un día Fons desapareció. Pasaron 40 años antes de que lo volviera a ver un minuto. Debo decir que antes de esfumarse hizo que los productores me pagaran. Me enteré por el periódico de que Los cachorros iba a filmarse con otro guión en el que no tuve nada que ver. Arturo Ripstein me dijo que era un acto de pena y delicadeza por parte de Fons. No se atrevió a decirme que no iba a utilizarse el guión, más suyo que mío, porque no pudieron encontrar tres generaciones de actores que tuvieran parecido físico en las edades sucesivas.
“El cine es una industria que procede con criterios nada industriales. Se gastan mucho dinero y mucho tiempo en trabajos que no van a servir para nada. Perdí mis mejores años escribiendo guiones que jamás se filmaron: El obsceno pájaro de la noche, sobre la novela de José Donoso; Tomóchic, de Heriberto Frías; Antonia, de Ignacio Manuel Altamirano, no sé cuántos más. Esperemos que me hayan servido de práctica.”
–En esos tiempos apareció el libro de García Márquez: Historia de un deicidio, que está dedicado a Cristina y a ti. Pasó muchos años fuera de circulación y ahora ha reaparecido, aunque sólo en las obras completas.
–Tengo el que debe de ser el único ejemplar en el mundo dedicado por los dos. Eran los tiempos felices de la “generación de la amistad”, como se dijo en España de los poetas del 27. En una de las crónicas para La Cultura en México equiparé lo que había sido para el verso el grupo de Rubén Darío y Leopoldo Lugones con lo que era para la novela de los setenta el conjunto de amigos reunidos en torno a la generosidad de Carlos Fuentes.
–Por desgracia todo acabó mal.
–Sí, me dolió mucho y todavía no dejo de lamentarlo. No tomé ni podía tomar partido. Y tú bien sabes que la neutralidad sólo sirve para quedar mal con ambas partes. Nunca hubo ruptura, pero la amistad con Vargas Llosa y con García Márquez sufrió un quebranto del que jamás se repuso.”
–Pero tú y Vargas Llosa siguieron viéndose.
–Con dinero de otro premio nos invitó a Puerto Vallarta al único hotel de lujo en que hemos estado en nuestra vida. Nos reunimos cada vez que él y Patricia vinieron a México. En 1981, compartimos algunos días en Berkeley, donde tuve el primer y último diálogo público con él. Después ya no hubo cartas ni conversaciones telefónicas.
“Ya en el siglo XXI, me sorprendió mucho conocer, en Guadalajara, a Arturo Pérez Reverte. Me dijo: ‘Vargas Llosa lo ha propuesto para el Premio Cervantes”. Le contesté que se lo agradecía mucho, pero que, entre tantas figuras importantes de las letras hispánicas, yo no tenía ninguna posibilidad y además era incapaz de pedir cartas de apoyo, ayuda editorial e institucional y movilizar agentes literarios.
“Se hizo el milagro, para mi asombro, confusión y, desde luego, inmensa gratitud. Nos volvimos a ver en la comida con los reyes de España. El corolario de esta relación fue el doctorado de la UNAM. Mario Vargas Llosa se portó tan cordial y afectuoso como siempre. Quién iba a decirles a esos dos jóvenes de 1962 que la amistad iniciada en Garibaldi iba a culminar en
“Gracias por permitirme hablar de todo esto.”
Elena Poniatowska, “Al fin, un escritor al que le apasiona escribir, no lo que se diga de sus libros: Mario Vargas Llosa”. La Cultura en México, suplemento de Siempre!, número 117, 7 de julio de 1965.
Recogida en La hoguera y el viento: José Emilio Pacheco ante la crítica, selección y prólogo de Hugo J. Verani, coedición de ediciones Era y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1993, 348 p.
Acerca de En la tierra de Morelos
De Carlos Campos González
Señor director:
Con respecto al reportaje En la tierra de Morelos…, publicado el 12 de septiembre en el Reporte Especial 1810-2010 de Proceso 1767 bajo las firmas de Jorge Carrasco y Francisco Castellanos, quisiera comentar lo siguiente.
Como apasionado lector que soy de la revista Proceso, me entusiasmó pensar que, con motivo del Bicentenario, por fin aparecía en los medios una semblanza histórica de este pueblo histórico de Nocupétaro de Morelos, Michoacán, al cual llegó en 1798 don José María Morelos y Pavón, para partir del mismo el 31 de octubre de
A mi juicio, los reporteros abordaron superficialmente el aspecto histórico de Nocupétaro y le dieron preferencia a sucesos sangrientos ocurridos en Carácuaro que, por cierto, fueron en su momento ampliamente reseñados por la prensa estatal y federal.
De las tres fotografías que aparecen en el reportaje, ninguna corresponde a Nocupétaro, y en una de ellas se confunde a la iglesia de Carácuaro con la capilla cívica que se instaló en Nocupétaro en 1965 por disposición del entonces gobernador constitucional, Agustín Arriaga Rivera, en la cual se guardan y exhiben las reliquias de madera, metal y textiles del Generalísimo José María Morelos y Pavón.
Importante hubiera sido mostrar la iglesia construida en 1802 bajo la supervisión y con recursos propios de Morelos, como consta en una carta que éste dirigió al gobernador y vicario del Obispado en enero de 1809.
Por cierto que, debido a la actitud prepotente, perversa e hipócrita del obispo de Tacámbaro y del arzobispo Alberto Suárez Inda, de Morelia, no han permitido a los integrantes de la comunidad indígena del lugar colocar una placa en dicha iglesia a pesar de haber cumplido con todos los requisitos impuestos por el INAH.
El texto de la placa dice: “Esta iglesia fue construida en 1802 por Don José Ma. Morelos. Homenaje de la comunidad indígena al Siervo de la Nación”.
Igualmente, faltó mostrar el árbol histórico del Cuajilote, donde, en su hamaca, Morelos mitigaba por las tardes el intenso calor, y donde su compadre Rafael Guedea le dio la noticia de que ya se había levantado en armas Miguel Hidalgo.
¿Y qué decir del lugar donde existió la Casa Cural?
De hecho, los nocupetarenses estaremos festejando el Bicentenario el próximo 31 de octubre. ¿Sería mucho pedir que publicaran un reportaje histórico referido al 31 de octubre de 1810 en Nocupétaro? (Carta resumida.)
Atentamente
Carlos Campos González
Respuesta de los reporteros
Señor director:
El texto no pretendió ser un reportaje histórico de Nocupétaro, sino enterar a los lectores de la condición en que se encuentra esa comunidad, que ha sido escenario de abusos por parte del Ejército Mexicano, institución que tuvo su origen, precisamente, en ese lugar.
Asimismo, el reportaje se orientó hacia el abandono oficial de Carácuaro y Nocupétaro en la celebración del Bicentenario de la Independencia.
El error del pie de foto que presenta a la capilla de Carácuaro como si fuera de Nocupétaro fue una confusión de las áreas de Edición y de Diseño, por la cual se piden disculpas a los lectores.
Atentamente
Jorge Carrasco y Francisco Castellanos
De la secretaria de Acción Política Electoral del PRD
Señor director:
Me dirijo a usted en mi carácter de secretaria de Acción Política Electoral del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para solicitarle la aclaración de una información que afecta directamente a mi persona, misma que fue publicada en Proceso 1770, con fecha 3 de octubre, en la página 12, como parte de la nota titulada El factor Peña Nieto trastorna a la izquierda.
Allí se da por hecho que el pasado 5 de julio declaré ante los medios de comunicación que el partido político del cual formo parte irá en alianza para contender por la gubernatura del Estado de México en el 2011. “El 5 de julio último –señala el texto–, cuando la secretaria de Acción Política del PRD, Socorro Ceseñas, presentó el balance electoral del partido, aseguró que la alianza entre la derecha y la izquierda será aplicada en el Estado de México en
Ante esta información errada, solicito la aclaración de la misma, y pongo a las órdenes de usted y de su apreciable medio de comunicación la información referente a la rueda de prensa que ofrecí en la sede nacional del PRD. Esto, con la firme decisión de que se corrija dicha aseveración.
Le informo, además, que para facilitar este procedimiento aclaratorio contamos con el audio íntegro de la rueda de prensa, así como con el boletín que se socializó ante los representantes de los medios de comunicación.
En espera de tener una respuesta positiva, reciba un cordial saludo.
(Anexo disco con el audio de la rueda de prensa, el boletín de prensa y la liga donde se aloja la información en nuestra página Web: http://www.idn.org.mx/idn/index.php?option=com_content&view=article&id=370:defenderemos-cada-una-de-las-victorias-electorales-ante-posicion-del-pri-socorro-cesenas&catid=1:noticias.)
Atentamente
Socorro Ceseñas Chapa
Secretaria de Acción Política Electoral del PRD
Respuesta de la reportera
Señor director:
La secretaria de Acción Política Electoral del PRD, Socorro Ceseñas Chapa, no habló, en su rueda de prensa del 5 de julio, de la alianza de su partido para las elecciones del Estado de México, pero sí lo hizo en una sesión de preguntas y respuestas que inclusive quedó registrada en la nota que al respecto elaboré para la Agencia Proceso de Información (Apro) el mismo día.
Atentamente
Rosalía Vergara
