Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 24 de octubre de 2010
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS MEXICANOS EN DESGRACIA
REVISTA PROCESO No. 1773
Los cárteles Imponen su ley
Ricardo Ravelo
Desde 2001, el gobierno de Vicente Fox, que recién iniciaba su gestión, fue advertido de que el narcotráfico estaba posicionándose en los municipios, pero sus colaboradores no hicieron nada. Esa tendencia creció y ahora las bandas del crimen organizado controlan poco más de la mitad de territorio nacional, según revela un estudio reciente divulgado por la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores.
En septiembre pasado, un grupo de legisladores del PRI visitó al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, para pedirle información sobre el estado en que se hallaban las investigaciones de su correligionario Rodolfo Torre Cantú, el candidato a la gubernatura de Tamaulipas que fue ejecutado en vísperas de los comicios de julio anterior.
El funcionario les mostró videos y les explicó que entre los posibles móviles del crimen estaba el robo. Uno de los diputados increpó a Chávez y le reclamó por qué no había avances en el caso de Torre y cuál era la razón por la cual muchas de las muertes nunca son aclaradas.
De acuerdo con un testigo de ese encuentro, Chávez escuchó con atención a su interlocutor y le respondió: En el país hay territorios “a los que no puedo entrar… sin el apoyo del Ejército”. Y uno de esos territorios es precisamente Tamaulipas; otros son Sinaloa, Guerrero, Chihuahua…
La respuesta de Chávez sólo corrobora lo que investigadores y exfuncionarios del gabinete federal vienen diciendo desde hace tiempo: que el Estado mexicano no sólo ha perdido fuerza en cientos de municipios, sino que el crimen organizado disputa el control territorial a las autoridades en más de la mitad de las entidades del país.
Y aun cuando un diagnóstico de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) elaborado en 2001 daba cuenta de los problemas que enfrentaban los funcionarios de esa dependencia para trabajar con los programas sociales en diversos estados del país, ninguna autoridad se ocupó del tema.
Las voces de alerta sobre la expansión del narcotráfico en México y el control territorial y político que ejercen los cárteles de la droga en decenas de municipios arreciaron en
“La guerra comenzó tarde, el narco ya controla territorios, promueve y financia candidatos a alcaldes y diputados y mantiene secuestrada la estructura municipal del país”, dijo entonces Edgardo Buscaglia, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Un año después, en 2008, cuando en el país se contabilizaban 6 mil bajas a causa de los enfrentamientos entre los sicarios de las organizaciones antagónicas y de éstos contra las fuerzas federales, el entonces procurador, Eduardo Medina Mora, advirtió:
“El Estado mexicano ha perdido potestad en buena parte del país, los grupos criminales se han apoderado de territorios y ejercen fuerza y violencia para imponer su voluntad, cobran impuestos a través de las extorsiones y se han convertido en una verdadera amenaza para el Estado.”
Las voces de alarma llegaron al extranjero. El director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, declaró en julio de 2008 al diario británico Financial Times que el narcotráfico estaba ya involucrado en las campañas de algunos legisladores.
Los cárteles de la droga han cooptado a muchos agentes regionales, integrantes del Poder Judicial y del gobierno federal, quienes brindan protección a los narcotraficantes, dijo Valdés. Y agregó: “El Congreso de la Unión no está exento”.
El 30 de agosto pasado, la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores presentó una radiografía sobre el narcotráfico en México. En sus conclusiones, los legisladores establecen, por ejemplo, que los capos de la droga controlan grandes extensiones territoriales en las que el Estado ya no puede gobernar a través de sus instituciones.
El estudio aporta un dato revelador: las redes del narcotráfico mantienen bajo su control 71% del territorio nacional.
Ramón Galindo, presidente de la comisión legislativa que elaboró el análisis, asegura que “el narco ejerce total hegemonía en 195 municipios y tiene fuertes influencias (políticas y económicas) en otras mil 500 demarcaciones”. Admite también que los capos han impuesto su voluntad mediante sobornos y amenazas a la clase política.
Elaborado por un grupo de expertos contratados por el Senado de la República, el documento detalla la forma en que las células de la delincuencia penetraron la estructura de los municipios: “En la mayoría de las alcaldías existe una estructura criminal capaz de controlar los negocios del crimen organizado, el narcomenudeo, el cultivo y tráfico de drogas y la extorsión”.
Feudalización galopante
De acuerdo con la radiografía del narco, los municipios son “el eslabón más débil” de la cadena del poder político. Los funcionarios de los ayuntamientos tienen contacto directo y cotidiano con la gente, aun con los presupuestos raquíticos con los que operan, las políticas económicas y sociales erráticas y el desinterés de los gobiernos estatales y federal.
“Los cárteles –indica– sí que han sabido la fórmula de la ecuación. Han entendido que el municipio, al ser el nivel de gobierno más cercano a la gente, es el que había que echarse a la bolsa particularmente para las operaciones de narcomenudeo, una de las fuentes de ingreso más importantes del crimen organizado.”
Hoy, las redes criminales cuentan con infraestructura, cooperación política y con el silencio cómplice de las autoridades municipales; además, operan “bajo el resguardo de la corrupción, con protección política y con apoyo logístico de la policía”, destaca el estudio legislativo.
La Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores expone también en el estudio que las autoridades municipales –alcaldes, síndicos y regidores– se quejan de falta de apoyo e insisten que no quieren ser meras figuras decorativas, menos aun cuando las amenazas que reciben son cada vez más frecuentes. En los últimos tres años han sido asesinados 41 funcionarios municipales.
En julio de 2006, meses antes de que Felipe Calderón llegara a Los Pinos, tenía información sobre la penetración del narco en los municipios. La PGR le entregó un amplio diagnóstico, según el cual los capos de la droga controlaban 80 presidencias municipales a lo largo del país.
A cuatro años de distancia, los territorios que el gobierno considera “perdidos” incluyen Nuevo Laredo y Reynosa, en Tamaulipas; Morelia, Uruapan, Apatzingán, en Michoacán; Culiacán y Guamuchilito, en Sinaloa; Acapulco y Zihuatanejo, en Guerrero. En esas plazas los sicarios cobran a las empresas el “derecho de piso” para que sigan funcionando, e incluso controlan la prostitución.
Para el investigador Edgardo Buscaglia, este fenómeno es una feudalización: “En todos los países (se da) la infiltración de la delincuencia organizada. Primero, mediante relaciones personales, sobornos o extorsiones a las autoridades; luego crean feudos, cuando el personaje al que financian se transforma en diputado, alcalde o gobernador”.
Buscaglia menciona que un grupo de expertos de la ONU realizó una investigación en varios estados de la República en la que se detectó que México está sufriendo una feudalización, que del ámbito municipal se está yendo a las gubernaturas. Y alude al caso de Mario Villanueva Madrid, en Quintana Roo, quien fue encarcelado al término de su gestión como gobernador de esa entidad por sus vínculos con el cártel de Juárez. “Su caso no es el único”, comenta el investigador.
Define como afganización al proceso mediante el cual el narco ha penetrado los municipios a lo largo de la administración calderonista, precisamente la que declaró la guerra a la delincuencia organizada y que, hasta ahora, ha dejado alrededor de 30 mil muertes.
Autor de innumerables libros y ensayos sobre seguridad nacional, Buscaglia señala que el crimen organizado le ha arrebatado al gobierno 982 bolsones territoriales donde no hay gobernabilidad, y este caso, dice, es muy similar al que enfrenta Afganistán, en donde no hay autoridad formal del Estado, pues la autoridad es el grupo criminal o bien el gobierno municipal que trabaja o forma parte del grupo criminal.
“El proceso de afganización, es decir, de ausencia del Estado en esas 982 zonas, se ha ido extendiendo a lo largo de los últimos tres años. En 2007 contabilizábamos solamente 353 municipios; en 2009 eran 650 y ahora son
Los feudos del narco
La administración calderonista admite que hay territorios donde el Estado ya perdió potestad. Fue la Sedesol la que detectó la penetración del narcotráfico en el ámbito municipal en 2001, una vez que llegó el PAN a Los Pinos con Vicente Fox.
Ese año, la dependencia publicó el estudio Producción, tráfico de estupefacientes y microrregiones prioritarias, en el que advertía sobre la invasión del narcotráfico en distintas zonas del país, lo que significaba un obstáculo para aterrizar los programas sociales del gobierno federal.
De acuerdo con el documento, algunos municipios de Jalisco, Durango y Nayarit con población indígena mayoritaria eran lugares con fuerte presencia del narcotráfico tanto en la zona rural como en la actividad política.
Para los analistas de la Sedesol, otros feudos del narco eran las zonas de Tierra Caliente y La Montaña, en Guerrero; La Mixteca y Los Chimalapas, en Oaxaca; Las Cañadas y la Zona Selva, en Chiapas; La Huasteca y Zongolica, en Veracruz; La Tarahumara, en Chihuahua, y Las Quebradas, ubicada entre los estados de Durango y Sinaloa, el llamado “triángulo dorado del narco”.
En esas demarcaciones la producción y trasiego de estupefacientes es elevada. La presencia del narco es tan poderosa que durante el sexenio foxista los empleados de la Sedesol tuvieron problemas para desarrollar el programa Contigo, Manos a la Obra. La razón: los capos capturaron a la población con todo y autoridades y acapararon los programas de bienestar social.
La titular de la Sedesol en el sexenio pasado, Josefina Vázquez Mota, supo desde el principio que la feudalización era un hecho, aunque lo ocultó. Sin embargo, semanas antes de abandonar el cargo, la funcionaria declaró: “Nosotros hemos detectado casi 900 municipios, de acuerdo con los índices de Conapo (Consejo Nacional de Población), de muy alta marginación, y en 80% se revela información de amplias zonas cultivadas con enervantes”.
En septiembre de 2008, ante la cúpula de su partido, el propio Calderón declaró que el crimen organizado cuenta con operadores en el ámbito político; incluso advirtió sobre el peligro de que algunas campañas sean infiltradas con dinero del narcotráfico. “Si digo que esto es un reto para Acción Nacional es porque estoy convencido de que es un reto para todo el sistema político mexicano” (Proceso 1664).
El crecimiento del poder criminal, que ahora controla más de la mitad del territorio nacional, llamó la atención de las autoridades de Estados Unidos, país que sigue con detalle el desarrollo de la guerra emprendida por la administración calderonista contra el crimen organizado.
El martes 5 de octubre, Bob Killebrew y Jennifer Bernal, del Centro para una Nueva Seguridad en Estados Unidos (CNAS, por sus siglas en inglés), divulgaron en Washington un reporte que analiza el poder del narcotráfico y del crimen organizado en general en su lucha contra el Estado, lo que ellos llaman “insurgencia criminal”.
Conocedores del fenómeno de la penetración del narcotráfico en municipios y regiones de México, los analistas sostienen que el país enfrenta una metástasis a causa de la nueva insurgencia criminal organizada.
Las redes amenazan a los gobiernos y sociedades civiles del hemisferio occidental y cada vez más a Estados Unidos, dicen Killebrew y Bernal. Ambos sostienen que el narco intenta “debilitar o impedir las funciones del gobierno”. Para ilustrar lo que dicen, mencionan a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las comparan con los cárteles mexicanos y con algunas redes trasnacionales del crimen.
Por su parte, el senador republicano Dick Lugar dijo que la violencia en México ha adquirido características de una narcoinsurreción porque los cárteles intentan limitar el control del gobierno federal en gran parte del territorio nacional.
El estudio de Killebrew y Bernal levantó polémica en Estados Unidos. En contraste, aquí el gobierno calderonista se niega a reconocer que el de México es un Estado fallido, como lo llama el investigador del ITAM Edgardo Buscaglia. l
El narco es ya un poder político y un desafío abierto
Gerardo Albarrán de Alba
Un Porfirio Muñoz Ledo cada vez menos capaz de mostrarse optimista ante la realidad nacional prevé la afganización de México, es decir, que se llegue a una comprobación de que el país es de plano ingobernable. En entrevista con Proceso, el diputado federal por el Partido del Trabajo ve venir la internacionalización del “conflicto” mexicano y hasta una posible intervención militar de Estados Unidos, o bien una sustitución de la autoridad civil por la militar. En cuanto al narcotráfico, asegura: “Ya es un poder político y un desafío abierto”.
La salvación de este país es “una movilización social fantástica” que dé origen a un gobierno incorruptible. Esa es la utopía que por un momento atisba Porfirio Muñoz Ledo. Luego lo vence su propio escepticismo: “Yo tiendo a pensar que México no tiene solución como Estado-nación”.
A punto de lanzar su nuevo libro, La vía radical para refundar la República (Grijalbo), apuesta a conjurar la inviabilidad del país mediante la reinvención de la política. Pero la realidad le plantea otros escenarios.
El optimista es la transformación de la sociedad mexicana y la emergencia de una nueva generación política, aunque es también el menos probable: las salidas civiles son lentas, llevan de menos una generación, lamenta.
El otro, amenazadoramente cerca, es la internacionalización del conflicto en México y una posible intervención militar de Estados Unidos, o que los halcones de Washington adopten “una política de sustitución de la autoridad civil por la autoridad militar” en el país.
Para el actual diputado por el Partido del Trabajo –y un ex de casi todo lo que se puede ser en política– la amenaza es real. México no sólo es un Estado fallido, secuestrado por los poderes fácticos, sino que el narco “es la prueba plena de la putrefacción del Estado” que se da en todos los órdenes, a partir de que el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) fue doblegado desde Washington para “librar en territorio mexicano una guerra estadunidense”, que costó la vida de Luis Donaldo Colosio, candidato priista a la Presidencia en 1994, y que hoy “es el reflejo de la ausencia del Estado nacional”.
La nueva batalla de Muñoz Ledo no es intemporal. Es en el marco de la sucesión presidencial de 2012. Pero sin un cambio de fondo de las condiciones políticas del país, con apoyo de la ciudadanía, “yo no apuesto mayormente por el futuro de México”.
En una serie de ensayos y artículos engarzados cronológicamente entre la ilegitimidad de los mandatos de Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa, producto de los fraudes electorales de 1988 y 2006, Muñoz Ledo documenta la inviabilidad del país.
Pese al provocador título del libro (“no quiero desilusionar a nadie”), su propuesta no considera la vía armada, que ve cancelada en México. En cambio, pasa por la exaltación de la política y su naturaleza opuesta al mercado, ligada a la Constitución y a la democracia. A fin de cuentas, insiste en la reforma del Estado evadida en las administraciones panistas, en replantear el sistema de representación y en devolver el poder a la ciudadanía. Es su vieja idea de la nueva República.
En su libro, Muñoz Ledo analiza el proceso electoral de 2006 (“que no es necesariamente dogmático”), las consecuencias de la ilegitimidad de un gobierno de minoría sostenido con pulmones artificiales (“su alianza subterránea con el PRI y su dependencia con los poderes de facto”) y su propuesta de revocación de mandato de Calderón (“que me valió tantas injurias, ataques y amenazas”).
La vía radical concatena otros temas, como el Estado fallido, el debate sobre el petróleo en México, la política exterior de la actual administración y la crisis de la izquierda. La conclusión es que “no hay otra solución que no sea radical” ante lo que él llama “el nivel de corrupción, de degradación moral de la sociedad, la pérdida de autoridad del Estado y la entrega total del país a un proceso de acumulación global, que no le dan viabilidad a México”.
Las opciones, los descartes…
La entrevista apenas comienza y el político de 77 años luce cansado. Por un instante calla, el cigarro en la mano, aún sin encender. Sus hombros caen hacia adelante, cierra los ojos y dice: “Yo tiendo a pensar que México no tiene solución como Estado-nación”.
–Así planteado, parece que no se puede hacer desde la política...
Muñoz Ledo se yergue para comentar:
–Ese es el tema. Qué es la política y si se puede hacer desde la política. Te lo voy a decir de un modo brutal: en el imaginario colectivo de este país, lo digan o lo oculten, flotaba la analogía 1810-1910-2010.
Precisamente, la propuesta de revocación de mandato de Calderón que Muñoz Ledo promovió durante 2008 y 2009 buscaba una salida a esa amenaza simbólica: un presidente interino de consenso nacional que evitara una gran confrontación nacional. No ocurrió ni lo uno ni lo otro.
“Una de las tragedias de México es que también tiene obturada la vía revolucionaria”. Apela a la historia: no hay revoluciones triunfantes en el mundo desde 1979, tras la caída del Sha de Irán y de Anastasio Somoza en Nicaragua. “A partir de ahí, todo ha sido transiciones, del monolitismo al pluralismo, de la dictadura a la democracia”. Incluso las transiciones violentas al final pasaron por las urnas, apunta.
–Nos deja sólo la guerra civil…
–La guerra civil en México no es ni deseable ni posible. No sólo por el antecedente histórico, sino porque hay tres vías de escape a la enorme caldera en que estamos viviendo. La primera es la migración, que desde la firma del Tratado de Libre Comercio en
Muñoz Ledo hace notar que cuando la secretaria de Estado Hillary Clinton se refirió a los narcotraficantes mexicanos como “insurgentes” (a principios de septiembre, lo que reiteró hace menos de dos semanas), el mensaje fue que “ya se ha creado una situación de desafío al poder que los analoga con los rebeldes”.
–Pero no los iguala…
–Ese es el punto fino. Al asemejarnos a Colombia, Clinton está justificando una posible intervención militar de Estados Unidos en México. Ella no habla de memoria, tiene toda la información disponible a su alcance. El Departamento de Estado precisó que los insurgentes no aspiran a tomar el poder en México y que, por lo tanto, no se trata de una fuerza rebelde, pero su control sobre vastos territorios del país los analoga.
El problema con el narco mexicano, advierte, es que “no se trata solamente de un poder territorial, es un poder político y un desafío abierto”.
–¿Hillary Clinton es un halcón de la Casa Blanca?
– Yo no la llamaría así, pero… tiene otra vena y otra veta.
Complicidades
En Colombia, aun en la peor época del narcoterrorismo, “la corrupción no estaba arriba”. No se puede decir lo mismo de México, ni ayer ni hoy. Por eso ocurrió el asesinato de Luis Donaldo Colosio, suelta. “No se ha querido establecer el paralelismo entre los magnicidios de Luis Carlos Galán (candidato presidencial colombiano, asesinado en 1989) y de Luis Donaldo Colosio (candidato presidencial mexicano, asesinado en 1994). No fue el discurso de Luis Donaldo (lo que llevó a su muerte), fue su negativa a negociar con ellos (los narcos), que estaba propiciando el hermano del presidente”, Raúl Salinas de Gortari. “Lo de Luis Donaldo fue una ejecución, con apoyo de fuerzas irregulares”.
Tras el asesinato de Colosio, “aquí se reanuda el sistema de complicidades”, puesto en evidencia por el expresidente Miguel de la Madrid en el noticiero de Carmen Aristegui: “Dijo que su sucesor, desgraciadamente, se alió al narcotráfico, y su familia se involucró en actos criminales. Esa es una declaración ministerial, y entonces ellos le sacan otra, inhabilitándolo, para efectos judiciales, para impedir cualquier pesquisa”.
Según Muñoz Ledo, la vinculación de las altas esferas de la política mexicana con el narco “empezó por la debilidad del gobierno de De la Madrid; se quedaron con la Presidencia los que tenían la complicidad. No sé si me explico. El problema en este país es que la complicidad viene de arriba abajo”.
–¿Esta complicidad se extiende a los gobiernos panistas?
–¡Se extiende a todos! No hay funcionario que se resista a que un verdadero narcotraficante llegue a su oficina, le ponga un maletín y le pida que se haga de la vista gorda. Si lo acepta, se hace cómplice y ya está juramentado; si no lo acepta, que se atenga. No hay nadie que pueda protegerlos porque arriba hay complicidad también. En un Estado regular debe hacerse una investigación de quiénes están coludidos, y debe hacerse pública; si no, tú tienes tu lista secreta y la sacas cuando te dé la gana. El uso faccioso de la información por parte de la Procuraduría General de la República no ha hecho sino corromper más el proceso.
Todo esto explica la barbarie en que se hunde el país. La guerra contra las drogas de Calderón “es la estrategia de seguridad de Estados Unidos”, pero tiene su origen en la debilidad del sexenio de De la Madrid. Desde entonces, sostiene, “se libra en territorio mexicano una guerra estadunidense”.
El recrudecimiento actual de la violencia y la presencia del Ejército en las calles provienen de “un aflojamiento” en el periodo de Vicente Fox. “Calderón necesitaba sentirse seguro en el poder, es un tema psicológico. Por eso se viste de militar y asume al Ejército como su defensor y declara esta guerra. Necesitaba una alianza con Estados Unidos, siguiendo al extremo su estrategia. Y necesitaba asumir el control territorial del país. Esto es una operación política, no es realmente un combate al crimen organizado”.
Intervención o golpe
Muñoz Ledo se cansa de hablar del narco. Eso “es el reflejo de males más profundos, de la ausencia del Estado nacional”. El Estado fallido en México –tema que sí le interesa– “es la realidad de un Estado secuestrado o capturado. Deja de existir Estado cuando la autoridad responsable de controlar una actividad económica, política y social está al servicio de aquellos a los que debe regular. En México, la autoridad está secuestrada por vía de la corrupción, que es el verdadero drama de la nación. Y el pluralismo político sirvió para quitar los pocos controles que había de una autoridad hegemónica y multiplicar la corrupción. La competencia electoral se volvió una competencia de corruptelas”.
Sí, el narcotráfico es un problema gravísimo y ejemplar, acepta, “pero tiene que entenderse como la prueba plena de la putrefacción del Estado, que se da en otros órdenes: en el control de la educación por un gremio magisterial manejado por mercenarios electorales, por una autoridad judicial que no se atreve a cumplir su función por temor a los factores políticos, por la negociación con los particulares, como en la Licitación 21 para Televisa…”.
Por eso plantea una “vía radical” de solución, porque “México no tiene salida revolucionaria y las salidas civiles son lentas para la gravedad de los problemas, eso toma al menos una generación”. Para colmo, dice, dos terceras partes de la juventud “son víctimas potenciales o reales de los procesos de corrupción de la delincuencia organizada”.
–Si la vía revolucionaria está cancelada, si a la vía de la política tradicional no le alcanza el tiempo, ¿qué queda? ¿La balcanización?
–No la veo, no la veo… no la veo ahorita –balbucea–. Lo que sí te creo es la conversión de un problema interno en una guerra internacional. Es Afganistán, es Irak. Pero esa es una solución que viene del exterior, que podría ser la consecuencia última del discurso de Hillary Clinton –y que puede ser su arma política para el futuro–, si el problema interno de México se vuelve extremadamente peligroso desde el punto de vista político, electoral y de seguridad para un país vecino.
–Es decir, una intervención militar de Estados Unidos en México.
–Directa, no. Hay muchas modalidades. En política no hay demasiadas hipótesis.
El viejo diplomático, que coincide con Buscaglia, levanta la nariz, otea: “Yo veo ahí… ya apuntada en el horizonte, la vía de la afganización de México; que se llegue a una comprobación tal de que este país es ingobernable, que se le descalifique. Aquí no es el Estado, o el gobernante –como fue el caso de Sadam Hussein–, el que está desafiando al imperio. Lo está desafiando el crimen. Y con ese pretexto nos pueden imponer un Plan Colombia a lo bestia.
“Estamos en un círculo vicioso en el cual, en la medida en que el gobierno de México no puede controlar al narco ni ganar la famosa guerra, nos sigue metiendo en el concepto que más daña al país: que ésta es una guerra interna. En el momento en que Calderón, por razones de propaganda política, decidió llamarle ‘guerra’, cometió un crimen político contra el país, porque de ahí se pueden valer las potencias para decir que se enfrenta un caso de beligerancia. Cuidado. En el caso de Irak fue contra el gobernante, aquí puede ser contra quien ha barrido la capacidad del Estado.”
El riesgo mayor de la internacionalización del problema de México no es tanto una expresa intervención militar, aclara, “sino la adopción de una política de sustitución de la autoridad civil por la autoridad militar en este país”.
En oposición al desastre, Muñoz Ledo abraza su propia utopía: “Un país que sea de veras. El rescate de la nación mexicana como proyecto de vida, para lo cual fui educado. Y eso es imposible sin un cambio radical de la política. La otra es la diáspora, que los mejores se vayan y se quede el territorio en manos de los maleantes y ocupado por militares”.
Precisa: “La vía radical es una movilización social y de conciencias en la coyuntura de 2012, donde la gente impida el fraude electoral, exija elecciones limpias, pueda lograr un cambio razonable en el sistema de comunicación de masas, y lleve al poder a un gobierno capaz de iniciar una reforma política a fondo, de combatir la corrupción y de replantear la posición de México en el mundo”.
–¿Y quién pude dirigir ese gran movimiento civil?
–Es obvio que la izquierda. Pero la izquierda debe evitar los conflictos internos, la partidización de los conflictos, las pequeñas batallas y reservarse para la mayor de ellas. No por ganar municipios o regidurías se gana la nación. En 88 no teníamos un solo gobierno en ningún estado y les ganamos las elecciones; no teníamos ni partido político. Y en 2006 las gubernaturas que teníamos ni siquiera jugaron mucho a nuestro favor. La batalla es en 2012, y no es de trincheras.
De cómo se perdió Chihuahua...
Patricia Dávila
Antes del secuestro que sufrió su hermano el jueves 21, la exprocuradora general de Justicia de Chihuahua, Patricia González, ofreció a este semanario su versión sobre lo que falló en el Operativo Conjunto Chihuahua. Aunque no admite que haya sido un fracaso total, dice que “está agotado” y critica el “error” de sacar al Ejército de Ciudad Juárez. Ahora, advierte, si no se sanean todas las corporaciones policiacas –sobre todo la de Ciudad Juárez y las federales–, nada reducirá la violencia homicida de los cárteles.
En Chihuahua las estructuras del crimen organizado permanecen prácticamente intocadas. En dos años y medio de guerra, aparte de la sobrevivencia del cártel de Juárez, se consolidó ahí el de Sinaloa, y ni siquiera pudo disminuirse la violencia en Ciudad Juárez… Tal es el desalentador balance de Patricia González Rodríguez, procuradora de Justicia del estado durante la administración de José Reyes Baeza, que concluyó el lunes 4 de octubre.
En entrevista, atribuye esa situación al “error” de cambiar drásticamente la estrategia del Operativo Conjunto Chihuahua (OCCH) en marzo pasado y a la “infiltración” del narco en las policías de los tres niveles de gobierno.
También responde los señalamientos contra ella, principalmente los del ahora expresidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, quien consideró “fallida” la guerra contra el narcotráfico debido a la “impunidad con que la procuraduría (estatal) permitió que se movieran los delincuentes” y al hecho de que esa institución “liberó” a 9 mil 500 detenidos que le entregó la policía municipal (Proceso 1771).
A González Rodríguez se le involucró en el asesinato del periodista Armando Rodríguez, El Choco, reportero de El Diario ejecutado por un comando el 13 de noviembre de 2008. También se le señaló como la persona que en el municipio de Namiquipa contrató a policías para realizar ejecuciones. Se le atribuyó igualmente haber protegido al cártel de Juárez.
Ella rechaza todas las acusaciones. Se dice maestra universitaria “de toda la vida” y afirma que presentará una demanda por daño moral contra Reyes Ferriz, por sus declaraciones: “No voy a permitir que esta persona dañe mi imagen como académica”.
Relata que recibió la procuraduría con niveles altísimos de corrupción y que incluso los policías usaban botas, sombrero y cadenas de oro. Ahora, asegura, universitarios de varias disciplinas trabajan en la investigación criminal. Enseguida entrega a la reportera una relación de gastos en la cual consta que el gobierno del estado le asignó 270 millones de pesos al OCCH. “Reyes Ferriz, destinó 400 millones, sí, pero es el presupuesto normal para la corporación, no puso un peso adicional”.
Aclara que no fue el expresidente municipal –a quien califica de “misógino”– el que solicitó la intervención federal: “En marzo de 2008 me encontraba en Juárez entrenando a peritos que iniciaban el Sistema Penal Acusatorio. Veíamos que se suscitaba un homicidio tras otro. Llamé al gobernador (José Reyes Baeza) y le dije: ‘Oye, ¡esto está terrible! El año pasado hubo 309 homicidios y ahorita va una cifra cercana. ¡Es inusitado! Necesitamos pedir apoyo a la federación’”.
De inmediato, dice, Reyes Baeza convocó a una reunión con oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El 3 de abril de aquel año se reunieron el Gabinete de Seguridad federal y el estatal para revisar los términos del operativo. “Reyes Ferriz no fue, hubo que mandarlo llamar”, enfatiza la exprocuradora.
“En esa reunión se molestó porque le dije que tenía que sanear la policía. Le comenté que yo incluiría a la Policía Estatal y a la Ministerial, aunque llevábamos casi cuatro años de depuración. Para entonces buscábamos mecanismos para detectar a los policías miméticos, ya que algunos eran extraordinarios para mentir y pasaban los exámenes de confiabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP)”.
Ahí estaba presente el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. “Le dije: ‘Tiene que cooptar el Centro de Respuesta Inmediata (CERI), porque desde ahí los policías dirigen las ejecuciones’. Me preguntó: ‘¿Cómo podemos ver eso?’ Le dije: ‘Vaya y aprópiese del CERI’. Cuando logramos entrar, nos pusieron en un cuarto diferente al de los radio operadores, quienes concentraban y manipulaban los sistemas de comunicación. Por lo tanto, nuestras pantallas registraban la imagen de un asesinato una hora después de que lo reportaban”, cuenta González Rodríguez.
En apoyo de su versión, la exprocuradora entrega la declaración de Hugo Valenzuela Castañeda, El Vale, integrante del cártel de Juárez que fue detenido el 18 de junio de este año. Ahí, él narra: “Mi función en la organización es la de enlace con la policía municipal. Yo les pedía que se movieran del lugar cuando perjudicaban algún punto de venta de droga o alguna ejecución… soltar a los miembros de La Línea, en caso de que fueran detenidos”.
Prosigue el detenido: “Entre los policías que apoyan las labores de La Línea están el sargento Escobar y El Pigüi, del agrupamiento pedestre, ambos del Distrito Delicias; un teniente también apellidado Escobar, de Babícora; el policía Rafael y el teniente Aguirre, de Cuauhtémoc; el teniente Salazar, de Benito Juárez; y del Distrito Chihuahua, el policía Benavides, El Traca, a quien hace dos meses cambiaron a la policía especial”. La Línea le pagaba a El Vale 3 mil pesos por semana y los policías municipales de enlace recibían mil 500.
Por eso considera a la policía de Ciudad Juárez “altamente peligrosa”. Por ejemplo, se enteró de que la Sedena revisó el banco de armas y encontró que carecía de un registro individualizado, por lo que cualquier policía usaba una un día y al siguiente otra. “Con esas armas se cometían muchos delitos”, afirma.
En cuanto a los 9 mil 500 detenidos que según Reyes Ferriz fueron liberados por la procuraduría, González Rodríguez aclara que durante el OCCH –coordinado hasta abril pasado por el general Felipe de Jesús Espitia– hubo 384 detenidos por homicidio, secuestro y robo de vehículo. De ellos, 40% recibió sentencia condenatoria. Los restantes esperan un juicio oral privados de su libertad. Añade que 178 detenidos confesaron su intervención y la de otros en mil 600 homicidios cometidos por la delincuencia organizada.
De acuerdo con los registros del Sistema Gestor de la Reforma Penal –continúa la polémica exprocuradora–, a través de la justicia penal alternativa se solucionaron 18 mil 36 casos del fuero común por lesiones, homicidio imprudencial o abuso de confianza, mientras que 56 mil se concluyeron con “un alto grado de satisfacción” de las víctimas que decidieron la terminación del procedimiento penal.
No obstante, este punto sigue dando de qué hablar en Ciudad Juárez. El domingo 17, El Diario publicó que, a decir del fiscal de zona Jorge González Nicolás, existían nueve casos cuyo plazo legal para la aportación de pruebas estaba por concluir, lo que podría provocar que el presunto responsable sea liberado. Mencionó 35 casos de personas detenidas por las policías federal y municipal y que después fueron liberadas por el Ministerio Público (dependiente de la procuraduría estatal) a pesar de que había elementos de prueba en su contra, que ahora se investigan para solicitar una orden de aprehensión.
Infiltración total
En opinión de la exprocuradora, la violencia asesina “no ha podido ser combatida”. Ofrece números: en 2008 hubo mil 849 muertes, en 2009 se reportaron 2 mil 736 y hasta el 30 de septiembre de este año iban 2 mil 414.
–¿Por qué no pudieron contener esa violencia?
–En una estrategia los cambios no deben ser radicales, de lo contrario se pierden información y liderazgo. Eso sucedió en abril de este año, cuando sacaron al Ejército de Juárez y lo sustituyeron por la Policía Federal. Lo hicieron bajo el argumento de que los soldados violaron los derechos humanos. Estoy de acuerdo, pero no tenían que dejarlos sólo como cerco de seguridad en la periferia, la central camionera, el aeropuerto, puentes internacionales y el Valle, cuando ya dominaban la región y la forma de operar de los cárteles.
“En su lugar llega la PF con un contingente muy fuerte de 5 mil agentes. Eso es bueno, pero cuando hay un gran desconocimiento de una realidad como la de Ciudad Juárez, puede pasar un año para conocer la problemática. 2008 fue un aprendizaje para el Ejército; 2009 fue un año de buenos resultados porque dominaron la operación y estructura de los cárteles; en 2010 podría dar golpes precisos contra líderes de ambos cárteles.”
Explica: “Desde su llegada, la PF asumió el mando del OCCH. Sin embargo, la investigación la realizaban 15 o 20 horas después de haber hecho la detención. Hasta que ponían al detenido a nuestra disposición. A nosotros nos acortaban el tiempo porque teníamos 48 horas para poner a los detenidos a disposición del juez de garantías”.
–¿Cómo están constituidos los grupos delictivos?
–Existe un gran disimulo y respaldo social a La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. Tenemos mapas criminológicos de cada una de las colonias y calles de Juárez en donde existe una gran impunidad en la comisión de delitos, sobre todo de homicidio.
–¿Entonces nunca hubo una limpia de la policía?
–Estuve presente en una reunión en la que Genaro García Luna (titular de la SSP federal) le dijo al exalcalde (Reyes Ferriz) que tenía que ser muy drástico en la depuración y que tenía que empezar con quitar a los mandos medios, pero nunca los quitó, y siguen respaldando y operando a los grupos criminales.
En cambio, en las corporaciones estatales, “iniciamos en 2004; ahora contamos con más de 500 policías profesionistas que nada tienen que ver con el pasado. Pero los cárteles no sólo asesinan a los malos policías, también asesinan a los buenos, y este es el caso de la subprocuradora de Control Interno, Sandra Ivonne Salas García, asesinada el 1 de julio pasado, y del director de Servicios Periciales, Pedro Aragonez, a quien el grupo armado Los Linces, del cártel de Juárez, ejecutó el 11 de agosto de 2009.
La Policía Judicial del Estado estaba infiltrada, al grado de que El Diego, uno de los líderes de La Línea, fue agente judicial. La PF, dependiente de la SSP, no se salva. La entrevistada dice que también está infiltrada, y nuevamente se apoya en el testimonio de El Vale, quien fue ahorcado en su celda al mes de ser recluido:
“El 11, también conocido como El Zucaritas, es el enlace de La Línea con la Policía Federal. Estuvo preso en el Cereso municipal de Ciudad Juárez, salió libre hace tres meses y El Diego le dio trabajo en La Línea. El Diego comentó por la frecuencia que estaba arreglada la Policía Federal. En la Ciudad de México El JL le dio a un alto funcionario de esta corporación 320 mil dólares para que dejara trabajar en Ciudad Juárez a La Línea. La cuota que se paga aquí en la ciudad (Juárez) es de 140 mil dólares semanales para que no detengan a nadie, y si los detienen, que los dejen ir.”
Entra en detalles sobre el método de pago a los federales: “El 35 (José Armando Acosta Guerrero, detenido el pasado 16 de julio) recoge el dinero al 16, al 51 y al 12 los días martes de cada semana. El 35 es quien deposita el dinero en un banco”, desconoce en cuál.
González Rodríguez asegura que policías federales intentaron forzar a El 35 para que la involucraran a ella con La Línea, pero rechaza que el gobierno federal esté protegiendo al cártel de Sinaloa: “No creo que esté protegiendo a ningún cártel. Más bien, hay policías que trabajan para las organizaciones. Hablar de manera general es un error, por eso en México los cárteles de la droga se han fortalecido”.
–¿Cuánto resistirá el cártel de Juárez, después de menguar su poder frente al de Sinaloa?
–No mucho tiempo. A lo mejor dos años.
–Si no existió un control real de la violencia, ¿qué le espera al operativo?
–El operativo ya se agotó. Cuando lo iniciamos se trataba de una contención, pero faltó incorporar apoyos de tipo social y de participación ciudadana. Ahora el desafío es para la PF. Si realmente hay un saneamiento de las corporaciones, pienso que en dos años hay posibilidades, no de eliminar a los cárteles, pero sí de bajar la violencia.
–¿Felipe Calderón no se da cuenta de ello?
–A veces los políticos están muy arriba y los engañan.
–¿Tiene miedo?
–No. Procedí igual con la gente de ambos cárteles. Nunca he recibido dinero. Vivo de mi salario como académica. No tengo carro, poseo una casa y un terreno que adquirí cuando trabajaba en la Judicatura. ¿Por qué no me investigan? Mi familia la conforman personas respetables, profesionistas.
La entrevista se realiza el lunes 18, en las oficinas de Proceso en la Ciudad de México. Al mediodía del jueves 21 la exprocuradora recibió la noticia de que Mario, su hermano, había sido secuestrado. Al cierre de la edición, aún no había sido liberado. l
“El Chapo” vs. “El Viceroy”: municipio por municipio
Patricia Dávila
Patricia González Rodríguez, exprocuradora de Justicia de Chihuahua, en entrevista con Proceso disecciona las estructuras que los cárteles de Juárez y de Sinaloa formaron para disputarse el control de los principales puntos del estado, especialmente Ciudad Juárez.
Durante los últimos tres años la violencia desatada por esas agrupaciones criminales alcanzó el máximo nivel y puso a esa ciudad como la más violenta del mundo, con 7 mil ejecuciones en poco más de dos años.
Ambos cárteles tienen fuerte presencia en el estado; en todos y cada uno de los municipios, uno u otro tiene el control. El de Sinaloa, explica la funcionaria, es el de mayor presencia.
Dirigido por Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy, hasta 2007 tenía el control total de la entidad. A partir de ese año el cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín Guzmán Loera El Chapo, entra por Guadalupe y Calvo y Guachochi, en el sur, hasta apoderarse de Ascensión, Parral, Jiménez, Camargo y Delicias.
En el centro, Guzmán Loera se queda con el control de Benito Juárez y de Villa Ahumada, que es paso estratégico para el trasiego de drogas hacia cualquier punto fronterizo de Chihuahua, pues tiene más de 300 brechas que facilitan el traslado clandestino. Tras la detención de Pedro Sánchez, tercero al mando del cártel de Juárez, la zona quedó bajo control del cártel rival por conducto de José Antonio Torres Marrufo.
En el norte, luego de la detención de José Rodolfo Escajeda El Rikín, la mafia del Pacífico se posesiona de Guadalupe Distrito Bravo, Práxedis G. Guerrero y Ascensión, municipios fronterizos con Estados Unidos.
Mientras tanto la gente de El Viceroy se repliega hacia el occidente: Cuauhtémoc, Madera, San Buenaventura, Galeana, Nuevo Casa Grandes y Casas Grandes.
El cártel de Sinaloa pudo penetrar Ciudad Juárez pero no ha desplazado al grupo local, por lo que se mantiene esa disputa a muerte por la plaza. En la ciudad de Chihuahua hay presencia de ambas mafias, aunque ahí la violencia se contuvo.
El caso Juárez
De acuerdo con un diagnóstico elaborado por la Procuraduría que González Rodríguez encabezó hasta el pasado 4 de octubre, el cártel de Juárez, a través de su brazo armado La Línea, tiene actividades de narcomenudeo, tráfico de armas, lavado de dinero, robo de vehículos, secuestro, extorsión y ejecuciones.
Su estructura es la siguiente: bajo el mando de Vicente Carrillo Fuentes está José Luis Ledesma o Pablo Ríos Rodríguez, El JL, operador en el estado, quien maneja a Luis Guillermo Carrillo Rubio El Pariente, controlador de los sicarios de La Línea en las plazas de la entidad.
Los operadores en las principales ciudades y centros de distribución de drogas son: Juan Pablo Guijarro Fragoso El Mónico, en la capital; en Puerto Palomas, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Janos y Puerto San Luis está a cargo Carlos Vázquez Barragán El 20, detenido por la Policía Federal el pasado 25 de julio.
En Zaragoza, manda Aldo Nájera, mientras que en Gómez Farías, Nicolás Bravo y Madera opera Óscar García Celis El Gallo; en Ojinaga está El Chachitas, pero se sabe que la gente de El 20 también emplea esa plaza para enviar mariguana a Estados Unidos. En Guerrero César Olivas, El 6 o El Sexto, trabaja con un individuo apodado El Papalote o El Cantinflas.
En las comunidades de Namiquipa, El Terrero, Casas Coloradas, Cologachi, Soto Máynez y El Oso está a cargo Rafael Márquez. El Valle de Juárez lo controla Alfredo Mota Sandoval La Muerta, quien quedó al mando tras la detención de El Rikín Escajeda; en esta zona, bajo las órdenes de La Muerta, está Ricardo Cristóbal Flores El Zorro. Guachochi estaba a cargo de Nibardo Villalobos El Patas Cortas, actualmente preso.
Creel, Cuauhtémoc y Batopilas son operados por Hernán o Germán García Loya El Gaviota, quien tiene como lugarteniente a Misael Loya Caraveo. Delicias, Jiménez, Camargo, Parral y Balleza las trabajaba Evaristo Rentaría, quien ahora vive en Estados Unidos en calidad de testigo protegido de la DEA y el FBI.
Ciudad Juárez está a cargo de Juan Díaz, El Leopardo, El Rojo o El Canelo, quien cuenta con Antonio Acosta El Diego, El 10 o El Blablazo como jefe de sicarios y con El Makarfi como jefe de la distribución de drogas en los seis distritos de policía de la ciudad; a él lo ayudan El Mandis, El Casco o El Gordo.
Los operadores de las células de sicarios en los distritos de la policía de Ciudad Juárez (grupos de 10 matones que se caracterizan por “sanguinarios”. Sus edades van de
El Diego también comanda las seis células de las estaciones de policía de Ciudad Juárez. El jefe de cada célula tiene de cinco a ocho sicarios: Aldama es dirigida por El Santi, Babícora por El Oso, Cuauhtémoc por El Junior, Delicias por Iván Contreras Keico y Chihuahua por El Checo.
El 90% de los integrantes del cártel de Juárez se dedica al narcomenudeo, y el resto, al tráfico de estupefacientes a Estados Unidos; la organización, además, cobra por “derecho de piso” 25% de las ganancias de la droga que otras organizaciones pasan al otro lado de la frontera.
Sinaloa
A su vez los grupos y células del cártel de Sinaloa, que avanza tomando el control del estado, funcionan de manera similar. El líder en el estado es Noel Salgueiro Nevárez El Flaco Salgueiro.
Tienen grupos de sicarios, la Gente Nueva, en su mayoría originarios de Sinaloa, Michoacán y Guerrero encargados de eliminar a los integrantes del cártel local.
El principal operador en Chihuahua, El Señor Delgado, es subordinado directo de Salgueiro, quien antes contaba con Elizabeth Rodríguez Griego, La Doña, asesinada el pasado agosto y quien tenía a su mando dos células de sicarios integradas por exmilitares y vendedores de cocaína.
Los municipios de Ascensión, Puerto Palomas y Janos están a cargo de Mario Amaya El 11, en sustitución de Fernando Arámbula, preso en Estados Unidos. Desde El Porvenir hasta Ojinaga el control lo tiene El Gavilán. Nuevo Casas Grandes y Madera están a cargo de Daniel Leo Pérez El 16; en la ciudad de Parral trabaja El R-3, quien controla varias células de pistoleros que se desplazan a Cuauhtémoc, Delicias, Camargo y Ojinaga.
En Ciudad Juárez el operador principal es José Antonio Torres Marrufo, El Jaguar o El Último Terremoto; también trabaja ahí Mario Núñez Meza El Mayito o El M-10. El Valle de Juárez es controlado por Gabino Salas Valenciano El Ingeniero, quien radica en Durango y tiene bajo su mando dos células de sicarios, así como el control del trasiego de drogas a Estados Unidos. Torres Marrufo controla las pandillas de Los Mexicles y Los Artistas Asesinos (AA).
Según el diagnóstico elaborado por la Procuraduría, Torres Marrufo y Gabino Salas son los responsables del incremento de la violencia homicida y la inseguridad en Ciudad Juárez debido a la constante confrontación que mantienen con La Línea.
El cártel de Sinaloa se dedica en 90% al tráfico de drogas al extranjero y en 10% al narcomenudeo en Ciudad Juárez, principalmente la venta de estupefacientes en los ceresos estatal y municipal. Además obtiene recursos de los secuestros, robos, extorsiones, asaltos a comercios y bancos, ejecuciones, contrabando, piratería, tráfico de personas y de armas y falsificación.
La exprocuradora González también proporciona a Proceso la radiografía de la presencia y actividad delictiva de estos dos grupos en Ciudad Juárez:
El JL, quien dirige a Los Aztecas, tiene mayor presencia en las colonias Rancho Anapra, Ladrillera, Popular, Altavista, Barrio Alto, Centro, Azteca, División del Norte, Partido Romero y Barreal.
A través de Los Mexicles Guzmán Loera controla las colonias Nuevo México, Chavena, Juárez, Obrera y Pradera.
La función de Los Aztecas y de Los Mexicles es evitar la incursión de grupos antagónicos, vigilar los puntos de paso de droga a Estados Unidos, reclutar adeptos y controlar el narcomenudeo en los más de 6 mil picaderos distribuidos en la ciudad. la
Caso Godoy: Lo juzgan diputados con estigma
Jesusa Cervantes y Francisco Castellanos
El proceso de desafuero del diputado Julio César Godoy Toscano se ha vuelto una compleja maraña política y judicial en la que hay filtraciones de documentos y grabaciones y donde se ventiló la estrategia de varios legisladores para permitirle al acusado evadir una orden de aprehensión. Pero hay un elemento que enrarece todavía más el caso: los historiales de dos integrantes de la Sección Instructora (instancia que validará o no las pruebas de la PGR) muestran probables relaciones con el crimen organizado.
Filtraciones a los medios y controvertidas revelaciones de la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados han vuelto el proceso de desafuero del diputado federal Julio César Godoy Toscano un asunto complicado para el Poder Legislativo.
Al caso se suman los de dos integrantes de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados –quienes analizan los argumentos y pruebas de la Procuraduría General de la República (PGR)– cuyos historiales indican probables nexos con el crimen organizado: los diputados Arturo Zamora Jiménez (priista por Zapopan) y César Octavio Madrigal Díaz (panista por Guadalajara).
La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) mencionó a Zamora en un documento en el que asienta sus presuntas ligas con narcotraficantes y la supuesta protección que les dio. Madrigal Díaz padece la relación de su hermano Marco Antonio con los Valencia Cornelio, líderes del desaparecido cártel del Milenio.
El perredista Julio César Godoy Toscano ganó en las urnas una diputación federal el 5 de julio de 2009, pero luego de que la Secretaría de Seguridad Pública divulgó que había una orden de aprehensión en su contra por los delitos de “delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos ilícitos”, no se volvió a saber de él, sino hasta el 23 de septiembre pasado, cuando ingresó a San Lázaro pese al cerco instalado por la Policía Federal… y tomó protesta.
Él aseguró que había entrado ese mismo día, pero el 24 de septiembre, en su noticiario de Televisa, Joaquín López Dóriga difundió un video que mostraba que Godoy había ingresado el 21 de septiembre auxiliado por los diputados Telma Guajardo y José Narro y que había dormido en la oficina del coordinador parlamentario del PRD, Alejandro Encinas.
El video fue solicitado al área de resguardo de la Cámara de Diputados por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la panista Josefina Vázquez Mota, y entregado a Televisa. Además, el miércoles 20, Vázquez Mota reveló al noticiario de W Radio que había participado en reuniones con legisladores perredistas a fin de discutir la estrategia para que Godoy entrara a San Lázaro y obtuviera el fuero constitucional que impide su detención.
“Yo estuve varias veces para disuadir, sobre todo a la luz de lo que yo advertía que podía ser un grave daño a la vida institucional”, dijo.
La declaración sorprendió al presidente de la Sección Instructora, el priista chiapaneco César Augusto Santiago Ramírez, quien junto con Arturo Zamora (PRI), César Madrigal (PAN) y Mary Telma Guajardo Villarreal (PRD) forman esa instancia. El viernes 22, César Augusto Santiago declaró a El Universal: “Pensaba que el caso Godoy no tenía una carga política, pero puede existir con las revelaciones de Vázquez Mota”.
Una semana antes de las revelaciones de la panista, en algunos medios se publicaron extractos del expediente que la PGR envió a la Cámara de Diputados; además, en W Radio se difundió la supuesta conversación entre Godoy y el líder de La Familia Michoacana, Servando Martínez, La Tuta.
El documento de la DEA
Como parte de la Sección Instructora, el diputado priista Arturo Zamora Jiménez es uno de los encargados de valorar las pruebas de la PGR contra Godoy Toscano; pero en un documento fechado el 25 de octubre de 2004, la DEA señaló a Zamora como protector de narcotraficantes, según consta en el libro Narcotráfico, el gran desafío de Calderón, de Alejandro Gutiérrez, corresponsal de este semanario en Madrid.
En entrevista con Proceso, Zamora afirma: “Estoy poniendo de mi parte la objetividad, la imparcialidad y mis conocimientos; nada tiene que ver con ningún prejuicio. Reitero: de manera indebida e injusta se publicaron cosas que no fueron ciertas y en función de eso presenté demandas en todos los tribunales (electorales), obtuve sentencias favorables y se condenó a todas las autoridades que en su momento plantearon cosas difamatorias en mi contra”.
El documento de la DEA –según el libro de Gutiérrez– establece “información sólida sobre protección de Zamora y su administración municipal (en Zapopan) a diversos narcotraficantes o sus relaciones con ellos”.
El libro da cuenta del atentado que sufrió Zamora el 8 de septiembre de 1994 cuando era subsecretario de Seguridad Pública en Jalisco, del que salió ileso. También narra un episodio de 1995 cuando Zamora era director de Prevención Social de Jalisco:
“Un año antes había sido asesinado el reo José Méndez Torres, gatillero del cártel de Tijuana implicado en el homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Ese año, meses después del atentado contra Zamora, otros gatilleros de la organización detenidos por el homicidio del exprocurador estatal (…) declararon (…) que el atentado contra Zamora se debía a que ‘ordenó’ la muerte de Méndez Torres.”
Zamora también tiene una notaría en Jalisco. Quien fue su socio en ésta, Mario Sánchez Paniagua, fue ejecutado el 13 de septiembre de 2004.
Al respecto, el documento de la DEA establece: “Hasta antes de su muerte, Sánchez Paniagua era el principal administrador de los activos de Zamora, fue su mano derecha y su confidente en el manejo de la notaría pública localizada en Zapopan, que de acuerdo con una fuente ha sido utilizada por importantes narcotraficantes para realizar transacciones comerciales y de bienes raíces residenciales”.
Todavía más: según la DEA, el asesinato del socio del diputado representaba “una advertencia a Arturo Zamora por sus presuntos vínculos narcopolíticos y el incumplimiento de favores políticos. Específicamente se mencionan licencias de construcción que beneficiaban al traficante Pedro Mireles Félix”.
Según el documento, el legislador conoció a Mireles Félix en 2003, cuando éste aportó fuertes sumas de dinero a su precampaña por la alcaldía de Zapopan; a cambio demandaba licencias de construcción.
Según la DEA, a Zamora se le “ha conocido una estrecha relación con familias del tráfico de drogas asociadas con Rafael Caro Quintero y Juan José Quintero Payán”. Según el libro de Alejandro Gutiérrez, “las operaciones inmobiliarias de los Caro Quintero, Quintero Payán y de Eduardo González Quirarte –representante de los Carillo Fuentes– se hacían en la notaría de Arturo Zamora”.
Proceso pregunta al ahora legislador si el documento de la DEA es falso. Responde: “En su momento pedimos formalmente y por escrito (que nos dijeran) si había una investigación, y se contestó que no. Y en su momento la PGR (que supuestamente había filtrado parte del expediente) publicó en un boletín que no existía ninguna investigación”.
–¿En ese momento fue un ataque político, como pudiera serlo ahora contra Godoy Toscano?
–Fue una difamación, un ataque injusto, pero no tiene nada que ver con esto. (…) Yo estoy ahora trabajando con toda imparcialidad (…) me ha correspondido (…) cuidar muy bien las formalidades del procedimiento, el levantamiento de actas para que las partes que están en el proceso –el Ministerio Público y Godoy– tengan los mismos derechos.
–¿Por lo que usted vivió por aquellos señalamientos es que lo puso el PRI en la Sección?
–¡No! Le doy la garantía de que eso no tiene ni tuvo nada que ver y doy la garantía a todos los mexicanos de que es un asunto que resolveremos con objetividad e imparcialidad.
“El Tony” Madrigal
Otro diputado que analizará las pruebas contra Godoy es César Madrigal Díaz, hermano de Marco Antonio Madrigal Díaz, El Tony o El Licenciado, ejecutado en Guadalajara junto con el expresidente municipal de Aquila, Michoacán, Manés Eusebio Velázquez Mora, el 24 de diciembre de 2002.
En el libro Los capos, las narco-rutas de México, el reportero de Proceso Ricardo Ravelo cuenta la historia del rancho La Tupitina, en la costa de Michoacán entre Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Revela que después de tener varios dueños el predio terminó en manos de Velázquez Mora.
“Un día Manés Velázquez recibió en el rancho a un personaje a quien entre sus amigos presentó como El Licenciado. Nadie conocía su nombre aunque sabían que se trataba de un próspero ganadero de Guadalajara que iba a la región a comprar ganado”, escribe Ravelo.
Al concluir su gestión, Manés Velázquez dijo en el pueblo que El Licenciado iba a construir un emporio turístico en el lugar.
Documentos con los que cuenta Proceso muestran que entre diciembre de 1999 y 2002 El Licenciado compró partes del rancho La Tupitina a diversos propietarios, entre ellos al exalcalde Manés Velázquez. Luego de que ambos fueron ejecutados el Banco Internacional se quedó con los terrenos. Más tarde los adquirió Luis Valencia Cornelio y al final los incautaron las autoridades federales. Ahora son parte de la sede de la XV Región Naval.
Según el libro de Ravelo, un día ejecutaron a nueve empleados de La Tupitina. Alguien robó una tonelada de cocaína y los propietarios de la droga interrogaron a los trabajadores del rancho; al no obtener respuesta, los asesinaron. Al parecer, El Licenciado conocía detalles de la matanza y dio muchos datos a las autoridades: por ejemplo, que los asesinos llegaron en un helicóptero Puma, referencias sobre el lugar donde había sido rentado el aparato y pormenores acerca de cómo bajaban droga a la zona.
“En realidad, El Licenciado (…) sabía que la droga extraviada era de los hermanos Valencia, puesto que él trabajaba para ellos. Este personaje lavaba dinero y operaba el trasiego de droga en la zona. Tenía buenas conexiones hacia Guadalajara y el norte del país”, se relata en el libro.
El 20 de diciembre de 2002, el presidente Vicente Fox visitó la comunidad de Colola, en Aquila. Cuando el mandatario vio a El Licenciado, lo saludó: “Quihubo Marco, ¿cómo estas?”, y El Licenciado respondió: “Bien, señor presidente”. Cuatro días después, Madrigal y Manés Velázquez fueron ejecutados presumiblemente porque el primero traicionó a los Valencia: les robó la cocaína para dársela al cártel del Golfo.
Proceso publicó parte de esa historia (número 1347). En respuesta, el diputado César Madrigal, hoy integrante de la Sección Instructora, envió una carta en la que dijo: “Afirmo que las aseveraciones que realizan respecto de mi hermano (…) son totalmente falsas e infundadas, ya que él nunca tuvo un solo problema con autoridad alguna; es decir, nunca estuvo vinculado con ningún expediente judicial en los términos que su semanario publica”.
En esta ocasión, Proceso no pudo ubicar al legislador; sin embargo, el día de la ejecución de El Licenciado la propia PGR admitió que se trató de “un ajuste de cuentas” entre bandas del crimen organizado.
Sobre la historia de ambos personajes y el hecho de que son ellos quienes valorarán las pruebas contra Godoy, Telma Guajardo aclaró: “Debemos partir del principio de presunción de inocencia, y no me atrevería a decir algo de ellos, porque podría causar un daño moral. Parto del mismo hecho con el diputado Godoy: no puedo decir a partir de una grabación que (…) es culpable, sobre todo porque él dice que ya tres juzgados lo han declarado inocente”.
Por lo pronto, Telma Guajardo adelantó que la Sección Instructora está autorizada a solicitar las pruebas de foniatría, la presencia de los testigos protegidos que inculpan a Godoy y el careo con ellos, pero aclaró que eso será determinado por todos los miembros si así lo solicitan los implicados. l
En el tráfico de cubanos, colusión “Zetas”-autoridades
Jorge Carrasco Araizaga y Peniley Ramírez Fernández *
Las mafias dedicadas al tráfico de personas están coludidas con autoridades policiacas y del Instituto Nacional de Migración para extorsionar a los migrantes que en su ruta hacia Estados Unidos deben pasar por territorio mexicano. Parte importante del “negocio” la constituyen los cubanos que desean irse al país del norte, pues cada uno de ellos puede representar ganancias de hasta 10 mil dólares.
ACAYUCAN, VER.- “Yo he tenido miedo, pero nunca a ese nivel. Cuando los hombres encapuchados me subieron esposado a la camioneta, agarramos rumbo a la playa y pensé: ‘Si doblan a la izquierda, me entregaron a Los Zetas; si doblan a la derecha, voy a Veracruz, me llevan a Migración’.”
Así describe un ciudadano cubano los momentos de terror que vivió antes de ser trasladado al Instituto Nacional de Migración (INM) por encapuchados vestidos de civil que en la camioneta se pusieron camisetas con las siglas “INM”. Habían llegado por él a las instalaciones de la policía, donde inicialmente lo despojaron de sus pertenencias.
Lo sacaron de noche y por la puerta trasera. Recuerda que en el trayecto se reportaron por radio con su jefe. “Decían: ‘Sí, ya lo tenemos’. Un comandante los apuraba para que llegaran al puerto de Veracruz”.
Ahí comenzó su prolongado encierro. Primero en la delegación regional del INM en Veracruz y después en la estación migratoria de Acayucan, a
Conocedor de la zona en su intento por ingresar a Estados Unidos, fue detenido en la ruta veracruzana de los migrantes cubanos que buscan pisar el territorio de ese país y acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Más conocida como “Pies secos, pies mojados”, esta ley establece que cualquier cubano que ingrese a jurisdicción estadunidense, por vía marítima o terrestre, puede recibir la residencia permanente.
La llave del sureste
En Veracruz, casi todos pasan por Acayucan. Por eso este municipio de 78 mil habitantes es conocido como “la llave del sureste”. Se ubica en la intersección de la carretera costera del Golfo, la carretera transístmica Acayucan-Veracruz, la autopista Cosoleacaque-La Tinaja (vía para todo el sureste de México) y la carretera Sayula-Ciudad Alemán, en el centro del estado.
En la central de autobuses de Acayucan puede olerse el miedo entre la gente. Una docena de hombres rapados, con lentes oscuros, de complexión robusta y estatura mayor que la del promedio local, vigilan después de cada corrida quién llega. Afuera los espera una camioneta Mitsubishi blanca, sin placas y con vidrios polarizados.
Caminan por el pueblo con prepotencia, y nadie los molesta. Ni la Policía Federal (PF), cuya sede está a la entrada, ni mucho menos la Estatal y Municipal.
Al sur de Acayucan se localiza la estación migratoria. No parece un sitio donde tengan “alojados” o “asegurados”, como insiste en denominar el INM a los migrantes que esperan un proceso para su deportación. Custodiada por la PF con armas largas, está resguardada también con una extensa y alta barda de concreto que recuerda a una cárcel de alta seguridad. Por dentro, dos aduanas controlan el acceso a la instalación, dispuesta como búnker para alojar a 800 migrantes.
“Los cubanos que llegan aquí es porque se quedaron sin dinero; si traen 500 dólares es mucho”, dice un exasegurado, quien permaneció más de un mes en la estación, tiempo suficiente para enterarse de los movimientos que realizan los oficiales mexicanos.
Afirma que los policías federales de caminos están en contubernio con los oficiales de los retenes de Migración. Durante todo el trayecto piden dinero a los migrantes para dejarlos pasar. “En ese tránsito, los oficiales salen cada noche de las oficinas del INM en el puerto con mochilas vacías y las regresan llenas de dinero”.
A esas oficinas, continúa, “por la noche llegan civiles. Los de Migración les dan cuentas. Ahí también se definen las claves para que los migrantes pasen sin ser detenidos”.
Cuenta que cuando salen a los retenes se asignan nombres y cargos: “Tú vas a ser el comandante, tú el licenciado, tú el malo. Se ponen de acuerdo para que la gente diga: ‘Mira, este es el mero mero; este es con el que te tienes que arreglar’. Pero todos son del mismo rango”.
La libertad tiene precio
Para acceder a la estación migratoria de Acayucan es necesaria la autorización del subdirector operativo, Tomás Morales Amador, quien se hace llamar “doctor”, porque es médico veterinario. De baja estatura y barba de candado, interroga a los visitantes de los “asegurados”. Con mirada burlona decide quién puede recibir visitas, quién puede hablar por teléfono o a quién se le entrega el oficio de salida de la estación, documento que otorga 30 días para salir del país.
A partir de dos hechos, Acayucan se convirtió en foco de atención durante el último año.
El primero de ellos fue la fuga del cubano Luis Miguel López Fibila, de 19 años, en agosto de 2009. Según el INM sólo fue un “intento de fuga”. El segundo ocurrió el pasado 19 de abril, cuando un grupo de más de 30 hombres armados “liberaron” a 13 guatemaltecos. Para llegar a la estación, el grupo, que se movía en convoy, debió pasar por la comandancia de la PF.
De acuerdo con el testimonio del exresidente de la estación, “el doctor Tomás es quien opera todo. El cubano que se escapó le dio 11 mil dólares. Le abrieron la puerta a las 6:00 de la tarde, y como a las 10:00 de la noche reportaron la fuga. Salieron a buscarlo para hacer el show, pero se había ido desde mucho tiempo antes; una camioneta vino por él”.
Otros internos y empleados del INM en Veracruz aseguran que en la actualidad el negocio más jugoso en la estación migratoria de Acayucan es el cobro de hasta 10 mil dólares por los oficios de salida a más de 50 oriundos de la India retenidos en semanas recientes. Pagan porque creen que cubren la multa por haber entrado ilegalmente a México.
A pesar de la importancia de Acayucan para el tráfico de personas y extorsión a migrantes, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo tiene en el área un comandante y dos agentes. “Cubren” 13 municipios, con más de 350 mil habitantes, en los que además hay intenso tráfico de drogas, robo a los ductos de Pemex y otras actividades que a lo largo de una década ha realizado la delincuencia organizada.
Según datos de esa dependencia, cada año se abren unas 60 averiguaciones previas por delitos federales. De ésas, unas 15 son por tráfico de personas, a pesar de que cada día pasan por el lugar unos 50 migrantes centroamericanos y 20 cubanos, en promedio. Las averiguaciones previas por ese delito son resultado de las detenciones del Ejército, no del INM, pues este organismo sólo puede detener personas en flagrancia.
De los detenidos en la estación migratoria, 90% es de origen centroamericano. Estimaciones del instituto indican que sólo 30% de los cubanos que pasan por Veracruz son detectados y asegurados. Pero las cifras pueden ser mucho menores.
Las estadísticas
De acuerdo con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), de
El mercado para la extorsión es muy grande. Testimonios de cubanos, abogados y organizaciones no gubernamentales evidencian que el pago por cada migrante es, en promedio, de 10 mil dólares.
Eduardo Matías López Ferrer, abogado de la Asociación Cívica Cubano Mexicana –quien durante más de una década se ha dedicado a regularizar la situación de los cubanos migrantes para seguir hacia Estados Unidos o quedarse en México–, sostiene que además de la delincuencia organizada, en el INM hay mecanismos de corrupción para quitar a los migrantes todo su dinero.
Asevera que la corrupción se encuentra lo mismo en las estaciones migratorias que en las oficinas centrales del INM en la Ciudad de México. Un ejemplo de ello es el caso de Yanisleidys Pineda Nápoles y de su pareja Alexander Castillo Valdés, quienes el 29 de abril pasado fueron detenidos en el puente internacional de Nuevo Laredo por un incidente de tránsito. Desde entonces están detenidos.
Entrevistados en la estación migratoria de Las Agujas, en Iztapalapa, a donde los trasladaron desde hace dos meses, cuentan que el subdelegado local del INM en Nuevo Laredo, Sergio Octavio García Barba, les pidió 8 mil dólares para darles un oficio de salida. No pagaron por falta de dinero. El funcionario entonces intentó que firmaran un oficio de “deportación voluntaria” y desapareció la ficha consular que los acreditaba como ciudadanos cubanos. Después los amenazó con entregarlos a Los Zetas.
López Ferrer les tramitó un amparo contra la deportación. Y Alexander comenta: “A partir del amparo, todos los días nos sacaban de las celdas para hablar por teléfono con ‘el licenciado Molina’. Nos comunicaban en un teléfono distinto al que usaba el resto de los migrantes”.
Agrega que esta persona se presentaba como “funcionario de Polanco” en las oficinas del INM en la Ciudad de México y les pedía dinero para dejarlos salir. Aseguraba que “tenía los expedientes y podía decidir si nos sacaban o nos deportaban”.
Los bloqueos
Organizaciones como Amnistía Internacional y Sin Fronteras coinciden en que esas formas de corrupción y de extorsión se han derivado de las medidas discriminatorias hacia los migrantes cubanos que comenzó el gobierno de Vicente Fox y que han continuado con el de Felipe Calderón.
Tales medidas se expresaron, inicialmente, en circulares exclusivas para el trato de los cubanos, y después, en el Memorándum de entendimiento, firmado por México y Cuba el 20 de octubre de 2008 para el control del flujo migratorio, el cual deja a Cuba la decisión de aceptar a sus nacionales detenidos en México.
La entonces comisionada del INM, Cecilia Romero Castillo –ahora aspirante a la presidencia del PAN–, siguió la tendencia restrictiva y discrecional hacia los migrantes cubanos iniciada por el gobierno de Fox a través del subsecretario de Población y Asuntos Migratorios, Armando Salinas Torre; esas acciones detonaron el millonario negocio de la extorsión.
Las circulares dirigidas a los cubanos establecieron multas de 10 mil pesos por cada una de las violaciones a la Ley General de Población, y en 2007 se fijaron en 5 mil pesos, a pesar de que antes iban de
La discriminación y la corrupción se ampliaron con el Memorándum de entendimiento al crear la condición de deportables, la cual incluye a aquellos que, en su calidad de disidentes políticos, al ser retornados a Cuba son encarcelados.
Por Acayucan han pasado algunos a quienes se les ha aplicado esa disposición del Código Penal cubano, luego de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se ha negado a acogerlos.
La puesta en marcha del acuerdo migratorio está bajo revisión del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), no sólo por esos efectos, sino asimismo por la decisión de las partes de “reservarse el derecho de no admitir devoluciones” de sus ciudadanos.
Diana Martínez, responsable de Coordinación de Atención y Servicios de Sin Fronteras, asegura que el INM también ha bloqueado solicitudes de asilo político ante la Comar al no informarles sobre el ejercicio de ese derecho reconocido en la legislación internacional. Asegura que México viola la Convención de la ONU sobre el Estatuto de Refugiados y la Declaración de Cartagena de la OEA que amplía el derecho a pedir asilo.
A partir de la información proporcionada por cientos de cubanos que han pasado por su oficina, el abogado López Ferrer tiene identificadas las diferentes formas de extorsión: “La primera, en el retén de la Policía Federal, del INM o lo que sea. Ahí pagan y los dejan seguir. La segunda es dentro de la estación migratoria. Una más, cuando a los migrantes se les ubica como deportables y entonces sus familiares en Estados Unidos mandan dinero para que los liberen”.
El abogado asegura que la extorsión también ocurre cuando un familiar o un amigo del migrante contacta directamente a la Coordinación de Control y Verificación, sin que el ciudadano cubano toque la estación migratoria. Esa oficina, agrega, también reporta menos nombres de lo que debe de ciudadanos cubanos para la elaboración de las fichas consulares. De esa manera se cobra a quienes no fueron reportados al consulado de Cuba en México.
“Lo que hemos detectado tanto nosotros como el Órgano Interno de Control del INM –dependiente de la Secretaría de la Función Pública– es que casi siempre la corrupción se concentra en las oficinas jurídicas, que están en contacto con Control y Verificación”, precisa.
El control por parte de esa oficina se originó cuando el INM quitó a las estaciones migratorias la potestad de resolver en torno a la nacionalidad cubana y la concentró en la Coordinación de Control y Verificación, a cargo de José Antonio Robles Urquiza.
Las quejas de los cubanos no han tenido mayor eco en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que no sólo asegura tener pocos casos de violaciones a los derechos humanos de cubanos en México en la última década, sino que ha evitado pronunciarse sobre los procedimientos de operación del INM. Incluso admite que México ha expulsado a cubanos con base en circulares internas del INM.
*Reportera del diario Imagen de Veracruz.
Ante su elección, un PAN "perverso" y "corrupto"
Álvaro Delgado
La pugna por dirigir el Partido Acción Nacional –que se decidirá mediante votación de consejeros el 4 de diciembre– se mezcló, previsiblemente, con el forcejeo de los grupos de poder por imponer al candidato presidencial para 2012. El veterano militante César Leal lamenta que su partido esté en manos de “chambistas”, y el diputado federal Manuel Clouthier Carrillo denuncia que persiste el afán de Felipe Calderón por imponer al líder, como lo hizo con Germán Martínez y César Nava. Los propios aspirantes a encabezar el partido –como Cecilia Romero– diagnostican que está “pervertido” y “corrupto”.
En pleno declive del gobierno de Felipe Calderón, cuando ya se inició el proceso sucesorio de 2012, la situación del PAN es aciaga: sin identidad, sometido a decisiones cupulares, enfermo de corrupción, abusos e impunidad, como el caso de César Nava, así como falto de líderes y con profusas divisiones e intrigas entre sus diversas facciones, aun en la dominante…
En suma, a 10 años de ejercer el gobierno federal, el PAN está pervertido. “Dicen que se pervirtió por razones de poder. No, se pervirtió por chambismo. Son dos cosas diferentes: el poder es servicio; el chambismo es egoísmo en favor de uno nada más”, sentencia el senador César Leal Angulo.
Veterano panista, amigo desde la juventud del Maquío Manuel Clouthier y a quien un sector del PAN le da condición de ideólogo, Leal admite que el PAN se ha “deformado en muchos aspectos” y “nunca como ahora había tenido esta crisis de resquebrajamiento interno ni de duda de su propia doctrina política”.
El PAN, evalúa, vive una crisis de unidad y de congruencia: “Habíamos permanecido en una ruta de pensamiento cristiano de origen humanista y nos empezamos a salir y a confundir al PAN con una especie de pandilla por los puestos”.
En este contexto se ha iniciado la contienda entre Gustavo Madero Muñoz, Cecilia Romero Castillo, Francisco Ramírez Acuña, Judith Díaz Delgado, Roberto Gil Zuarth y eventualmente Iván Manjarrez, confeso militante de El Yunque, de entre los que surgirá el cuarto presidente del PAN en cuatro años de gobierno de Calderón.
Cecilia Romero, la primera mujer que se inscribió para presidir el partido en el que milita desde 1982, no vacila en describir la condición actual del PAN: “El diagnóstico es crudo, pero real: se ha corrompido por la búsqueda de posiciones”.
Sometida a la crítica tras la matanza de 72 indocumentados –y cuya responsabilidad no admite “ni por omisión”– e identificada como la candidata de la organización ultraderechista El Yunque, que mantiene un pacto con Calderón, Romero cree urgente unir a su partido, pero de verdad.
“Creemos que la unidad se edifica a partir de concertación previa, de planchazos, de decisiones cupulares para una sola candidatura o una sola posición, y ahí está el meollo del problema: la unidad no se construye con silencios agachones ni con arriar banderas sin haberlas defendido. La unidad construida a partir de componendas y de reparto es un disfraz de unidad.”
En esta disputa por el control del PAN, que concluirá con la elección en el Consejo Nacional, el 4 de diciembre, gravita la influencia de Felipe Calderón, quien controla una mayoría relativa de los 381 miembros del máximo órgano partidista de dirección, que antes avaló la imposición de Germán Martínez y César Nava.
Sólo dos de los cinco aspirantes –que por cierto lo apoyaron desde su precampaña en 2005– han tratado de tomar distancia de Calderón, quien les garantizó, afirman, una imparcialidad en la contienda que no había desde que, en 2005, fue electo Manuel Espino, hoy sometido a un proceso de expulsión y que dice estar presente a través de unos 80 consejeros.
En su registro, el primero de los cinco, el senador Madero, parafraseó a Manuel Gómez Morín, fundador del PAN y chihuahuense como él: “Acción Nacional nunca se casará con un régimen ni aun con el que pudieran formar hombres suyos allegados al poder”. Y añadió: “La relación óptima entre nuestro partido y nuestros gobiernos se define por la máxima colaboración posible, pero ninguna subordinación admisible”.
Ramírez Acuña, cuya relación con Calderón se enfrió al removerlo como secretario de Gobernación y que ahora tiene el respaldo de los presidenciables Josefina Vázquez Mota y Santiago Creel, advirtió: “Nuestro partido no es pertenencia de un grupo político”.
Y mientras que Romero afirmó en su discurso de registro que “en el PAN no creemos en caudillos”, la senadora Díaz Delgado ni siquiera tocó el tema, aunque aclara en entrevista que “es una obligación” de su partido acompañar a Calderón.
Al respecto, el diputado federal Manuel Clouthier Carrillo, quien advierte que desde el gobierno hay una estrategia para dividir a la “oposición” panista, afirma que el partido ha retrocedido, entre otras razones, por la subordinación a Calderón.
“Las tres banderas que pregonaba el PAN históricamente fueron la generosidad en la política –la gente venía a dar, no a darse; a servir, no a servirse–, la honestidad y la democracia, y a las tres les dieron en la madre.”
–¿En este sexenio?
–¡Sí! ¡Ese es el problema! ¡Eso es lo que estamos reclamando! La trascendencia de esta elección interna es que los consejeros deben cuestionarse qué PAN quieren: uno débil o uno fuerte. Porque lo único seguro es que Calderón se va a ir y el PAN se va a quedar.
“El PAN no necesita un incondicional de Calderón. Es lo peor que le puede pasar. La muestra es Nava. El criterio es muy sencillo: cuando dos personas están de acuerdo, una sale sobrando; y si va a haber un incondicional en el PAN, el que sale sobrando es el presidente del PAN.”
Clouthier cuestiona también la probidad de Nava –a quien públicamente acusa de impedirle ser militante– porque no es creíble que compre un departamento de casi 20 millones de pesos, cuando al inicio del sexenio él tenía deudas por 4 millones de pesos: “El patrimonio de Nava no tiene más que dos lógicas: o es vivo de más, o yo soy muy bruto. ¡Las cuentas no dan!”.
–¿Lo juzga un corrupto?
–Vamos a dejarlo en vivo de más.
Romero, quien fue suegra política de Nava, reconoce que el escándalo afecta a su partido: “Esto le pega al PAN, definitivamente, pero es un asunto absolutamente personal del que él debe dar cuenta”.
Intrigas palaciegas
Después de la imposición de Martínez desde Los Pinos, en diciembre de 2008, y de Nava, tras la debacle de julio de 2009, la única ventaja que los panistas aprecian ahora es que se recuperó la competencia y hay una relativa “incertidumbre democrática”.
De hecho, el éxito de la candidatura de Ramírez Acuña, que se presenta como “oposición” interna, se funda en la división –real o supuesta– de la facción felipista: los que apoyan a Madero y a Gil Zuarth, socio del repentinamente próspero despacho de Germán Martínez.
Sin embargo, Juan José Rodríguez Prats, quien contendió por la presidencia en 2005 ante Espino, Alejandro Zapata y Carlos Medina, advierte que Gil –cuyo registro se programó para el domingo 24– no reúne los requisitos para presidir el PAN:
“Por donde le busquen, ese señor no cumple con los requisitos. El PAN tiene una cultura de la legalidad, que ha sido atropellada frecuentemente. ¡Basta ya!”, exclama y, antes de que se oficialice la candidatura de Gil, adelanta al reportero que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El exdiputado explica que el presidente del PAN encabeza también el Consejo Nacional y, por lo tanto, para ser consejero debe cumplir con los cinco años de militancia activa que exige el artículo 45 de los estatutos. Gil sólo tiene dos años y cuatro meses de militancia.
Y es que la candidatura de Gil es vista como de recambio a la de Madero, quien no concita respaldo por “gris”, y es promovida por el grupo que encabeza Martínez, aliado con Patricia Flores Elizondo, la exjefa de la Oficina de la Presidencia, y el operador electoral Jorge Manzanera, los tres consejeros nacionales.
De este grupo, que impulsa también la candidatura presidencial del secretario de Educación, Alonso Lujambio, forman parte “mafias locales”, entre otras las del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal; Alejandro Vázquez, expresidente del PAN de Veracruz; el exalcalde de Reynosa, Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca; y Ricardo Anaya, presidente de ese partido en Querétaro.
Algunos de ellos son clientes de Desarrollo de Campañas, S.A. (Docsa) y Consultoría Privada y Gubernamental, S.A. de C.V., propiedad de Manzanera, que ha hecho mancuerna con Flores, quien dio una provocadora entrevista a la revista Gente, de Televisa, para su edición de octubre.
En su reaparición pública en la revista, que desplegó fotografías que resaltan su sensualidad, Flores aseguró que no fue despedida del gobierno, sino que renunció por su voluntad; añadió que su relación con Calderón es “inmejorable” y, desafiante, aseguró que no está retirada de la política: “Sé mucho como para retirarme”.
De hecho, el primer signo de división de la facción felipista se produjo en la elección del dirigente juvenil del PAN, que ganó Jonathan García Uribe, quien se impuso a Pablo Sánchez Servitje, el candidato “oficial”, y a Juan Pablo Adame, hijo del gobernador morelense, Marco Adame.
La operación para la victoria la hicieron Flores y Quintana, ambos consejeros nacionales propuestos por el CEN después de que fueron rechazados por la militancia en Durango y Chihuahua. Ahora son los estrategas de Gil.
La fuerza de El Yunque
Madero, por su parte, es respaldado por el grupo que promueve como presidenciable al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, como se evidenció en su registro, apadrinado por Luis H. Álvarez, quien dijo haberse enterado ese día que le será otorgada la medalla Belisario Domínguez, junto con Javier Barros Sierra, quien fuera gallardo rector de la UNAM.
Junto con Álvarez, quien a menudo hace política partidista en horario laboral, dio su firma César Leal, exasesor de Espino: “Madero es la parte limpia del PAN y le tenemos confianza a su congruencia. Los líderes son para los momentos en que los necesita la institución, y es el caso”.
Otros avales de Madero son el gobernador de Baja California, Guadalupe Osuna, y el de Sonora, Guillermo Padrés; el presidente del PAN en Sinaloa, Francisco Solano; el diputado Jesús Ramírez, allegado a Nava, y la diputada Mariana Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala.
Del gobierno federal dieron su firma los subsecretarios Maki Esther Ortiz y Rogelio Carvajal, así como el procurador del Consumidor, Antonio Morales, quien suele irse a descansar a Colima en el primer vuelo de cada viernes.
En lo que ha sido el acto con más simpatizantes de un aspirante, con Madero estuvieron la mayoría de los senadores que coordinó hasta del 26 de agosto, entre ellos el creelista Felipe González, quien niega que Madero sea candidato de Calderón.
“Se inscribió sin que en Los Pinos le dieran la salida. Para muchos que creen que en Los Pinos le dijeron: salte y vete a la campaña, no es así; más bien lo contrario. Por eso dijo que el partido no se debe entregar a ninguna administración, aunque sea panista, y que ninguna subordinación es admisible.”
El coordinador de la campaña de Madero, el senador duranguense Rodolfo Dorador, rechaza también que aquél tenga el sello oficial, aunque admite que “platicó con el presidente” sobre su candidatura.
–¿Si no le dio su aval, tampoco le impuso un veto?
–Así pudiera entenderse.
Dorador niega también la medianía de Madero: “No lo concibo como gris, al contrario, es un liderazgo que permite que otros liderazgos crezcan y eso también es un liderazgo muy interesante para Acción Nacional”.
Fernando Palma es otro simpatizante de Madero, de quien afirma que no “acepta consignas ni línea”, aunque él mismo fue testigo, como colaborador de Espino, de que el senador acató la orden de Germán Martínez de quitarle a la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) el edificio sede en las Lomas de Chapultepec.
El fastuoso registro de Madero, el miércoles 20, contrastó con el muy modesto de Romero, quien reunió a escasos simpatizantes, que junto con los consejeros que la avalan con su firma, acreditan su condición de candidata de El Yunque, al que pertenecen unos 84 integrantes del Consejo Nacional, según panistas, aunque otras estimaciones cuentan a 100 de los 381 consejeros.
Junto con Blanca Magrassi, esposa de Luis H. Álvarez, y el veterano periodista Esteban Zamora firmaron como avales de Romero personajes identificados con esa organización: José Luis Luege, director general de la Comisión Nacional del Agua; Juan Carlos Mondragón, presidente del PAN en Puebla; y Gustavo Parra, diputado del Estado de México allegado a Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular de Calderón.
También Leonor Popócatl, diputada de Puebla; Alejandra Reynoso, diputada de Guanajuato; Carmen Lucía Pérez, presidenta del Instituto de Mujeres de Jalisco; Ignacio Loyola, exgobernador de Querétaro, y Rafael Morgan, subsecretario de la Función Pública allegado a Calderón.
Otros juramentados que asistieron al registro fueron José Espina, presidente de la Comisión de Elecciones; Alfredo Botello, exsecretario de Gobierno de Querétaro y miembro del CEN; Rodrigo Iván Cortés, director de Relaciones Exteriores; Carlos Pizano, exsecretario particular de Carlos Abascal; y Alfonso Bravo y Mier, expresidente de Provida.
–De entrada usted tiene el voto de El Yunque –se le comenta a Romero.
–Yo creo que sí, aunque no sé si todos, ¿eh?
En efecto, hay yunquistas que se han acercado a otros candidatos: por ejemplo, Adriana González Carrillo, allegada a Bravo Mena, apoya a Ramírez Acuña, así como Guillermo Bustamante, el jurídico del CEN, y Carbajal a Madero. “Entonces no todos. Por eso va estar muy interesante la votación. Preveo una elección de por lo menos dos rondas, y voy a ganar”, dice Romero.
Ella disputa con otra mujer, Díaz Delgado, no sólo el voto de los consejeros, sino ser la primera en presidir el PAN: “Cuando yo avisé que quería participar, hace un mes, nadie más lo había hecho como mujer, y eso sí lo quiero dejar muy claro”, dice la senadora.
Amiga de Luisa María Calderón, hija de un pastor protestante y que por eso en religión se ubica como “lo contrario” a Romero, Díaz asume difícil su triunfo, pero se propone que el PAN repudie la corrupción y la impunidad, “me sumen o no me sumen votos”.
–Por lo pronto ya ganó, por ser la primera en querer ser candidata.
–Sí, estamos abriendo un espacio que había estado cerrado para las mujeres.
Ramírez Acuña busca capitalizar la división en la facción que encabeza Calderón y ha sumado a personajes como Rodríguez Prats y Clouthier, quien cree que las candidaturas de Gil y Romero sólo buscan dividir el voto opositor a Calderón.
“Aquí hay una estrategia que busca que la elección no sea de dos. En la medida en que la elección se polarice y se haga de dos, en esa medida tiene posibilidades, voy a llamarle así, la oposición –dice Clouthier–, y entonces están metiendo a Romero y a Gil con el objeto de dividir a la fracción opositora, para que Cecilia jale a las vacas sagradas y Gil jale a los diputados que son consejeros. Esa es la estrategia.”
–¿No es auténtica la supuesta división felipista?
–Yo creo que no. l
Que ya regresa…
Verónica Espinosa
PURÍSIMA DE LA BARRANCA, GTO.- La hacienda de La Barranca, propiedad de Diego Fernández de Cevallos, volvió a llenarse de empleados… Es gente que se afana arreglando jardines y terminando los trabajos que quedaron interrumpidos en el interior de la finca tras la desaparición del excandidato presidencial, hace ya 23 semanas.
El ánimo es otro.
Circula entre ellos, al igual que en otras propiedades del abogado, el aviso de que “el patrón va a regresar en noviembre”, y esta misma versión ha llegado hasta Alonso Landeros, presidente municipal de Pedro Escobedo, Querétaro.
El jueves 14, el periódico El Universal destacó en su primera plana que, según fuentes cercanas a la familia del Jefe Diego, el rescate exigido por sus presuntos secuestradores ya fue entregado, y que éstos establecieron un plazo de 40 días para liberarlo.
Agregaron que se habrían pagado más de 20 millones de dólares por su liberación, cantidad reunida entre la familia y amigos de Fernández de Cevallos.
Sin embargo, otras fuentes consideran que no se pagó nada, y otras más, que la cobertura del rescate fue de 50 millones de dólares, la cifra que inicialmente exigieron los presuntos plagiarios en los mensajes que se hicieron llegar directamente a Diego Fernández de Cevallos Gutiérrez, hijo del excandidato presidencial, a quien se responsabilizó de la negociación y quien ha guardado silencio sobre este proceso, incluso ante las hermanas y hermanos de su padre.
Entre las filtraciones y los escasos comentarios que algunos amigos y familiares de Fernández de Cevallos deslizan a los reporteros –aún sin atreverse a ser identificados–, el miércoles 20 el alcalde de Pedro Escobedo, Querétaro, el panista Alonso Landeros Tejeira, rompió el silencio.
–¿Qué información tiene sobre el secuestro de Diego? Hay versiones de que pronto será liberado –lo abordaron periodistas.
–Sé lo que dicen en los medios y los trabajadores de su rancho: por un lado, que en los primeros días de noviembre estaremos viendo al licenciado Diego de nuevo. Eso me dicen los trabajadores; a mí me da mucho gusto por esa noticia; no sé si sea verdad… En fin, es lo que escuchamos y es lo que me comentan.
“Comentan también que no hubo necesidad de vender absolutamente ningún rancho. También esa es una ventaja. También lo dicen los trabajadores, que son los que siguen ahí laborando. Creo que hay cierta verdad en eso.”
–¿Quiere decir que no pidieron recursos en exceso, digamos comparativamente con lo que tiene la familia de Diego?
–No sabría decirte. La verdad es que desconozco qué tantos recursos tienen. En fin, no sabría decirte si los pagaron o no. Es solamente lo que he escuchado de los trabajadores.
Luego, el alcalde Landeros insistió en que, según empleados de los ranchos que Fernández de Cevallos y sus hijos poseen en ese municipio –de los cuales por lo menos se conocen cinco, incluyendo La Cabaña, de donde fue raptado–, “no se pagó nada” por el rescate y que “finalmente el licenciado Diego estará de nuevo con su familia en su casa”.
Lo cierto es que en los más de cinco meses que se han cumplido desde la desaparición del exsenador no se han efectuado movimientos de compraventa, hipoteca o algún tipo de fianza o garantía sobre los ranchos y haciendas que aparecen a nombre de Diego Fernández de Cevallos y de sus hijos.
En una consulta realizada el martes 19 en el Registro Público de la Propiedad de Querétaro, Proceso corroboró que prácticamente no hay anotaciones nuevas desde la adquisición de las propiedades por parte del exsenador, varias de las cuales de inmediato puso a nombre de sus hijos, como ocurrió con La Cabaña (antes conocida como La Bolsa), que aparece a nombre de su hija Claudia.
Como sea, en los ranchos del Jefe Diego las labores han vuelto a la normalidad, después de varias semanas de incertidumbre y abandono. En El Estanco, el rancho principal de la zona, se oferta alfalfa en todas sus modalidades, mientras que en la puerta lateral fue colocado un letrero: “Se solicita personal con solicitud elaborada”.
El optimismo
Claudia Fernández de Cevallos Gutiérrez, hija de Diego, no ha dejado de atender la administración de esta hacienda, conocida sólo como La Barranca, donde las llamas, los venados y los pavorreales que llevó al lugar su padre suelen pasear por los amplios jardines.
De acuerdo con trabajadores consultados por Proceso, a Claudia “le ha cambiado el ánimo. Ya se le ve mucho más tranquila. Desde que se llevaron al patrón siempre estaba bien triste”.
Los encargados de las labores en la hacienda también han comunicado a algunos de los empleados que pronto serán terminadas las viviendas que Fernández de Cevallos dispuso edificar para ellos, en el acuerdo por el cual aceptaron mudarse de las casitas que ocupaban justo frente a la casona de la hacienda, puesto que el patrón quería “más privacidad”.
“Nos dicen que lo vamos a tener ya para finales de noviembre o principios de diciembre; ojalá que esté para la fiesta de la Purísima ya con nosotros”, expresa doña Socorro, la encargada del templo donde ahora hasta los niños forman cadenas de oración “por la vida de don Diego, para que vuelva sano y salvo”.
La fiesta de la Virgen de la Purísima, la patrona de la comunidad, es el 8 de diciembre.
Fue precisamente un 8 de diciembre, pero de 2007, cuando Diego Fernández de Cevallos apareció por primera vez en la misa en honor de la virgen, y se presentó ante los pobladores como el nuevo dueño de la hacienda.
El año pasado, en esa fecha, Diego organizó una comida para los habitantes –muchos de ellos sus empleados– y, según cuenta doña Socorro, a los niños de la doctrina les contrató un maestro en actividades artísticas que pronto organizó una función en honor de Diego.
En la capital de Querétaro, el periódico local Plaza de Armas –el primero en difundir por internet la desaparición de Fernández de Cevallos la mañana del 15 de mayo– publica cada día en su portada una cuenta regresiva sustentada en la versión de los 40 días divulgada por El Universal.
Este plazo se cumpliría el próximo 21 de noviembre.
El viernes 15, Rodrigo Fernández de Cevallos Medina dio muestras de optimismo ante periodistas de Querétaro, a quienes declaró que la negociación para liberar a su padre “va bien”.
“Ahorita, en consenso con la familia, tratamos de no dar ningún tipo de información para que no se confundan los medios. Lo único que te puedo decir es que todo va bien”, manifestó Rodrigo al Diario de Querétaro.
Aseguró que si su padre fuera liberado por quienes lo raptaron del rancho La Cabaña la noche del 14 de mayo, “lo primero que haríamos sería informar a los medios”, y adelantó que El Jefe Diego “valorará mucho, como nosotros”, el silencio que la mayoría de los medios de comunicación han mantenido sobre el secuestro y la negociación.
Un silencio que igualmente han guardado las autoridades responsables de investigar la desaparición del panista a partir de la petición que públicamente expresaron sus hijos, como otra de las condiciones de los presuntos autores del secuestro.
Mientras tanto, amigos cercanos de Fernández de Cevallos aún se muestran desconfiados y poco optimistas ante las versiones de su regreso.
Un político allegado a Diego lo expresa así: “Dicen que todo va bien, pero si lo que tienen son las pruebas que se conocen y no hay más, sus hijos son muy optimistas…”. l
Una ley para desmantelar al Estado
Jenaro Villamil
Aunque todavía falta que se apruebe en la Cámara de Diputados, la Ley de Asociaciones Públicas Privadas pasó con facilidad por el Senado. Muy pocas voces opositoras se alzaron contra esa reglamentación que consideran anticonstitucional, “desmanteladora” y “la subasta más salvaje” del sexenio, pues dará al sector privado la posibilidad de construir y usufructuar obras de infraestructura y explotar la prestación de servicios públicos.
A fin de permitir a empresas privadas la contratación y concesión hasta por 40 años de todo tipo de obras de infraestructura (escuelas, carreteras, hospitales, hidroeléctricas, telecomunicaciones) y prestación de servicios públicos (suministro de agua, electricidad, transporte, recolección de basura, tratamiento de desechos, seguridad y hasta panteones), el Senado aprobó la Ley de Asociaciones Públicas Privadas, considerada anticonstitucional por sus críticos y “la subasta más salvaje” de este país durante el sexenio.
Las presiones de los gobernadores del PAN, PRI y algunos del PRD, y el cabildeo del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y de Alonso Pascual García Tamés, director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) –ambos amigos de Felipe Calderón– aceleraron la discusión en comisiones y la votación de este dictamen el 7 y el 12 de octubre pasados en el pleno del Senado.
Y pretenden que se apruebe vía fast track en la Cámara de Diputados antes de empezar la discusión sobre el Presupuesto de Egresos 2011. Para los senadores Pablo Gómez (PRD) y Ricardo Monreal (PT) se trata del “saqueo más grande de las finanzas nacionales” ya que compromete los recursos públicos transexenalmente.
“Esta ley, si llega a entrar en vigor, va a inaugurar una nueva generación de la corrupción pública. Esto es lo que nos va a dejar Calderón”, afirmó Pablo Gómez el 7 de octubre, cuando infructuosamente trató de frenar la aprobación de la iniciativa.
“Sustituyendo a la autoridad pública en la creación de infraestructura necesaria y dejando a los particulares la administración de la misma no se promueve la infraestructura, sino los buenos negocios y la corrupción pública que, en México, ya es decir bastante”, remató Gómez en tribuna.
Monreal afirmó que esa ley viola el artículo 28 constitucional –al incluir “la prestación de servicios” reservados al Estado y dejar al albedrío de los particulares las decisiones en materia de obras– y la facultad fiscalizadora del Congreso.
“Al no haber control por parte del Congreso se evade la fiscalización y no se fomenta la responsabilidad presupuestaria, ya que permite al gobernante en turno comprometer recursos futuros dejando a las siguientes administraciones un pasivo”, resumió.
Francisco Labastida Ochoa, senador priista y uno de los principales críticos de la medida, afirma a Proceso que su bancada logró cambiar 80% de la iniciativa original del Ejecutivo, pero que todavía se necesita cambiarle 20% para evitar que sea “uno de los proyectos más desmanteladores” que ha visto en sus 48 años en el servicio público.
Presume que el PRI logró más de 20 cambios de fondo, entre ellos la prohibición de la figura de los fideicomisos, la eliminación de candados de discrecionalidad que permitían la asignación directa o las expropiaciones sin respeto a lo estipulado en la Ley Agraria, pero admitió que no hay candados antimonopólicos que eviten, por ejemplo, que una sola empresa se lleve los contratos de construcción de carreteras.
El negocio del sexenio
El esquema de las asociaciones públicas-privadas (APP) ya existe en varias de las obras de infraestructura que financia Banobras, en los proyectos de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en algunas concesiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
El subsecretario de Infraestructura de la SCT, Óscar de Buen, informó en marzo de 2010 ante empresarios españoles que hay una bolsa de 250 mil millones de dólares prevista en el programa de infraestructura del periodo 2007-2012.
“Las empresas españolas se han convertido en líderes mundiales en asociaciones públicas-privadas”, afirmó De Buen, quien dijo esa vez en Madrid que Banobras y la SCT pueden ofrecer financiamiento, y citó como ejemplos los esquemas de trabajo con las constructoras trasnacionales FCC, Acciona e Isolux Corsán, según un despacho de la agencia Reuters.
En el portal de internet de Banobras se presumen como “casos de éxito” varios proyectos de APP hasta por 30 años, como el Viaducto Bicentenario en el Estado de México, que fue concesionado a la empresa española OHL, cuyo representante en México es José Andrés de Oteyza, secretario de Estado en el gabinete de José López Portillo.
La primera etapa del Viaducto Bicentenario abarcaría
El pasado 3 de septiembre, el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto inauguró los
El mandatario priista dijo que con la iniciativa privada se efectuó una inversión de 120 mil millones de pesos. “Si esperáramos a que los gobiernos lo lleváramos a cabo, deberíamos postergar el desarrollo de infraestructura”, aseguró.
Otra obra con el esquema APP es el Centro Integralmente Planificado Costa Pacífico, polo de desarrollo turístico en la región del Mar de Cortés, en Sinaloa, que prevé la construcción de 33 mil 100 cuartos de alojamiento y vivienda. Banobras informó que “en febrero de 2009 se concretó la formación del apoyo concedido al proyecto, con lo que se logró acelerar su desarrollo sin afectar el techo de endeudamiento del Fonatur”.
También bajo este esquema la SCT concesionó la construcción de la autopista Arriaga Ocozocuautla, en Chiapas; el libramiento norponiente de la autopista Monterrey-Saltillo, y la modernización de la carretera Irapuato-La Piedad.
Los gobiernos del Estado de México y Chiapas, entre otros, han utilizado esa figura para concesionar, por ejemplo, los rellenos sanitarios en Coacalco y Nicolás Romero, Estado de México, y en la capital chiapaneca.
Sin embargo, es la CFE la que ha atraído proyectos de mayor envergadura con la figura de APP.
Es el caso de las plantas hidroeléctricas El Gallo, Chilatán y Trojes, en Guerrero, Jalisco y Michoacán; la construcción e instalación de seis líneas subterráneas de distribución en Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y Zacatecas; la perforación y equipamiento de 20 pozos en el campo geotérmico de Cerro Prieto y el proyecto de cogeneración eléctrica en el Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex, a
El miércoles 20 el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, anunció que con este nuevo esquema en 2011 se licitará el proyecto hidroeléctrico La Parota, en Guerrero, en el que se prevé una inversión de entre 800 y 900 millones de dólares. En esa localidad los habitantes se oponen al proyecto y han realizado varias movilizaciones en protesta por las afectaciones ambientales que traerá la obra.
Mitos y realidades de las APP
La figura de las APP fue creada en 1992 en Gran Bretaña para impulsar proyectos de infraestructura y servicios públicos. Actualmente funciona en 25 países, entre ellos Canadá y Brasil.
En esas naciones el argumento a favor de las APP es que aumentan la inversión en infraestructura y que la iniciativa privada se hace cargo de los riesgos de retraso y defectos de las obras, además de que es más eficiente que el sector público.
Sin embargo, no todo ha resultado como pensaban sus promotores. En Canadá, el doctor Colin Leys, profesor en la Queen’s University, afirma en un estudio que el costo de los hospitales británicos se triplicó o cuadruplicó con el esquema de APP.
Asa Cristina Laurell, exsecretaria de Salud del Distrito Federal, cita en un estudio del 28 de abril de 2001 los ejemplos de dos hospitales de alta especialidad construidos con el esquema de APP antes de que se aprobara la ley.
“El de León lleva tres años de funcionamiento, apenas trabaja a 40% de su capacidad y dedica 65% de su presupuesto al pago de la constructora-administradora Acciona y 35% por ciento a la atención médica.
“El de Ciudad Victoria (…) sólo hospitalizó a 77 pacientes entre marzo y diciembre (de 2000) y ahora se prepara para hacer ¡liposucción! Sin embargo, el gobierno federal lo aceptó fraudulentamente como terminado y ha desembolsado del erario unos 216 millones al contratista Marhnos, socio del panismo”, refiere el estudio, cuya copia tiene Proceso.
Laurell advierte que con esta ley “el gobierno traspasa sus responsabilidades a la iniciativa privada en áreas sustantivas, pero ante todo crea nuevos negocios con ganancias extraordinarias para sus empresarios y consultoras preferidos, entre los que se encuentran, por ejemplo, Gerardo Rivero, cuñado de Carlos Salinas; los Mariscal Servitje, Olegario Vázquez Raña, Carlos Slim, las grandes compañías constructoras, entre otros”.
“Fast track” legislativo
El primer intento por aprobar esta polémica ley ocurrió el pasado 29 de abril. Con los votos de la mayoría del PAN y del PRI se aprobó en lo general, pero los senadores del PRD, PT y Convergencia plantearon más de 70 reservas a la nueva ley y tuvo que posponerse hasta el presente periodo ordinario.
“¡Es un atraco, un asalto en despoblado!”, exclamó Ricardo Monreal al presentar en aquella sesión 65 reservas.
Los senadores perredistas Rosalinda López, Rubén Garibay, Rubén Vázquez y Silvano Aureoles presentaron otras 13 reservas y consideraron que se trataba de una iniciativa anticonstitucional.
El senador priista Eloy Cantú Segovia, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, uno de los principales impulsores de la ley, se quejó en aquella ocasión por la “táctica dilatoria” de los legisladores de izquierda. Sin embargo, dentro de la bancada del PRI varios senadores expresaron su oposición a lo que consideraron “el proyecto más desmantelador” del sector público.
Entre ellos estaba Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial y responsable de asuntos económicos de su fracción parlamentaria. En la sesión plenaria de su bancada, el 23 y 24 de agosto en Acapulco, Labastida criticó la iniciativa del Ejecutivo y demandó que se le pusieran candados para evitar que por esta vía se diera entrada a la iniciativa privada en la explotación de hidrocarburos.
El 7 de octubre, con apenas la mitad del quórum, el Senado aprobó por 64 votos a favor y ninguno en contra 55 de los más de 140 artículos de la iniciativa. En esa sesión se aprovechó la ausencia de Monreal, quien había presentado varias reservas. Cantú Segovia presumió que el PRI logró excluir la figura de los fideicomisos de varios artículos.
El 12 de octubre, en menos de 20 minutos el Senado aprobó por 85 votos a favor y ocho en contra la ley en sus términos generales. No hubo discusión alguna.
En la exposición de motivos las comisiones dictaminadoras afirman que “los esquemas de asociación público-privada pretenden satisfacer necesidades colectivas con la participación conjunta del sector público y el sector privado, procurando una transferencia equitativa de riesgos entre uno y otro a través de mecanismos flexibles que se traducen en una gran variedad de modalidades, según las necesidades de cada proyecto”.
“Apagón” al presidente
Jenaro Villamil
El maridaje que le ha dado extraordinarias ventajas mediático-políticas al presidente Felipe Calderón, y tajadas multimillonarias a Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa, aparentemente sufrió un daño de consideración a raíz de las componendas de escándalo entre el gobierno federal y el consorcio, que ya tuvieron incluso efectos legales. Principal beneficiaria de la desaseada Licitación 21, la empresa televisiva se retiró de la jugada y dejó muy mal parados a Nextel, su exsocia ahora, y sobre todo al gobierno calderonista, que había echado mano de toda suerte de artimañas e ilegalidades con tal de favorecerla.
La política sobre telecomunicaciones y digitalización televisiva de Felipe Calderón entró en crisis. En menos de 15 días dos órdenes judiciales y una decisión empresarial de Televisa exhibieron a las autoridades federales y echaron abajo los dos procesos más polémicos de este año: la Licitación 21 para el negocio de la telefonía móvil de cuarta generación en los próximos 20 años y el decreto presidencial del 2 de septiembre, que adelantaba de
El miércoles 20 la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Olga Sánchez Cordero ordenó suspender las medidas anunciadas en el decreto de Calderón, en especial la formación de la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital encabezada por los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Hacienda, Gobernación, Desarrollo Social, Economía y Educación Pública, todos ellos “precandidatos” presidenciales del PAN.
Senadores priistas encabezados por Manlio Fabio Beltrones, Raúl Mejía y Fernando Castro impulsaron una controversia constitucional pues advirtieron que el presidente estaba “legislando por decreto” y violaba la sentencia 07/2009 contra la Ley Televisa, en la que se estableció que la única autoridad en materia de radiodifusión es la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
Y además la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) señaló en un comunicado que las medidas anunciadas en el decreto del 2 de septiembre “pueden convertirse en un condenable recurso de clientelismo político”, ya que las subvenciones para adquirir los decodificadores de acceso a la televisión digital se distribuirán en 2012, año de la sucesión presidencial.
La relación entre el gobierno de Calderón y Televisa se ha convertido también en un juego de intereses político-electorales.
La jugada de Televisa
En el caso de la Licitación 21 –correspondiente a la banda 1.7 Ghz para el llamado cuádruple play–, la Cofetel, la Comisión Federal de Competencia (CFC), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Felipe Calderón defendieron hasta el último minuto la decisión de otorgar a la sociedad Televisa-Nextel el bloque nacional de 30 megahertz, el más valioso, con un “enganche” de 180.3 millones de pesos, 28 veces menos que lo erogado por los competidores (Telcel y Telefónica pagaron más de 5 mil millones de pesos en la misma licitación por los bloques de 10 megahertz).
Pero de nada valieron los más de 70 pleitos judiciales interpuestos por Iusacell, compañía telefónica de Ricardo Salinas Pliego, concesionario de TV Azteca; tampoco las medidas cautelares ordenadas por tres jueces ni el punto de acuerdo del Congreso de la Unión para que se suspendiera la licitación, dadas las irregularidades documentadas desde la emisión de las bases. Mucho menos la fractura en la Cofetel: la Licitación 21 fue aprobada con los votos a favor de sólo dos de los cinco comisionados del pleno.
El verdadero “golpe” a la Licitación 21 se lo propinó uno de sus principales beneficiarios: Televisa. Con un mensaje críptico, característico de sus comunicados bursátiles, la compañía de Emilio Azcárraga Jean anticipó el inminente fracaso de su sociedad con Nextel, dejando mal parados a los directivos de esa empresa; al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; al titular de la CFC, Eduardo Pérez Motta, y al propio Felipe Calderón.
El 4 de octubre, tres días después de que Molinar había entregado los títulos de la concesión a los representantes de Nextel, Televisa anunció que “con respecto a la adjudicación de la concesión del espectro por 30 Mhz en la banda AWS el pasado viernes, Grupo Televisa y NII Holdings (controladora de Nextel) están evaluando si las condiciones precedentes para el cierre de la transacción se han alcanzado o se podrán alcanzar”.
De esta manera Televisa informó a sus accionistas de México y Estados Unidos que estaba en duda el compromiso de invertir mil 40 millones de dólares para adquirir 30% de Nextel. En febrero pasado, el vicepresidente de Finanzas del consorcio televisivo, Alfonso de Angoitia, había condicionado esta inversión a la entrega del título de concesión de la banda 1.7 Ghz.
El 5 de octubre, Emilio Azcárraga anunció que Televisa invertirá mil 200 millones de dólares para adquirir 5% de las acciones de Univisión, la televisora de habla hispana más importante de Estados Unidos. Además amplió tres años el contrato de exclusividad de contenidos con aquella empresa. El impacto bursátil fue inmediato para Televisa: en un día sus acciones ganaron 13%.
La otra jugada financiera de Televisa ocurrió el 12 de octubre, dos días antes de que un juez concediera el amparo definitivo a Iusacell para cancelar la Licitación 21. En un comunicado la televisora anunció la oferta de certificados bursátiles a través de la Bolsa Mexicana de Valores por un monto de 10 mil millones de pesos con una tasa de 7.38% y vencimiento en 2020.
El 14 de octubre, el juez segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Civiles Federales, Octavio Bolaños Valadez, concedió el amparo definitivo a Iusacell, el cual impide que, mientras dure el litigio, la sociedad Televisa-Nextel opere la concesión entregada el 1 de octubre.
El 18 de octubre, la compañía de Azcárraga formalizó el rompimiento: “Ambas partes han decidido dar por terminado el acuerdo de inversión previamente anunciado el 15 de febrero de
El ridículo y el trabajo sucio
El favoritismo de las autoridades hacia la sociedad Nextel-Televisa generó un debate entre el diputado federal panista Javier Corral y Juan Molinar Horcasitas. El día en que el juez ordenaba la suspensión definitiva, Molinar envió varias cartas a los medios para desmentir que hubiera existido una “ganga” o un descuento a favor de Televisa-Nextel.
Después el funcionario ya no mencionó a la compañía de Azcárraga Jean en sus réplicas a Reforma y La Jornada. Según Molinar, “Nextel no sólo pagará los 180 millones de pesos de enganche, sino también cerca de 18 mil millones de pesos de derechos. Eso no es una ganga. Por el contrario, esa cantidad garantiza y satisface el interés patrimonial del Estado pues es equivalente al precio actualizado de mercado que se obtuvo en la licitación de la banda 1.9 Ghz, en
Corral demandó a Molinar Horcasitas que se repusiera el proceso de Licitación 21 y recordó que tres de los cinco comisionados de la Cofetel impugnaron las bases y demandaron que se suspendiera la entrega del espectro, ya que existían órdenes judiciales que dictaron medidas cautelares por la serie de irregularidades detectadas desde enero.
Calderón también salió en defensa de la entrega del espectro a Televisa-Nextel y de la licitación de la fibra óptica, que también benefició a Televisa en sociedad con Megacable y Telefónica. En la semana de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, Calderón afirmó que gracias a estas subastas “ya no hay, como hace varios años, sólo un gran operador o dos, sino que ahora tenemos tres y hasta cuatro operadores que pueden, precisamente, en condiciones de competencia, proveer servicios con más calidad y a mejor precio a los mexicanos”.
Al comparecer ante la Cámara de Diputados, Pérez Motta también defendió los criterios establecidos por este organismo antimonopólico y negó que la autorización de la sociedad Nextel-Televisa implicara favorecer el poder de la empresa más importantes de medios electrónicos en México.
Insistió en que Nextel era un “jugador entrante” en telefonía móvil, ya que los 22 megahertz que detenta son sólo para servicios de trunking (radiocomunicación móvil basada en las redes de telefonía celular) y su ingreso a la competencia favorecerá una paulatina reducción de precios a los consumidores “por decenas de millones de pesos en los próximos años”.
No obstante, desde septiembre de 2009 en la Cofetel –según testimonios de algunos trabajadores– y por órdenes de Patrocinio Barajas, responsable de la Unidad de Prospectiva y Regulación, existía la instrucción de “revisar” y “poner en orden” los títulos de concesión de Nextel, pues se buscaba “ampliar” su cobertura.
“Prácticamente estuvimos ‘arreglando’ Nextel para que meses después se asociara con Televisa. Hicimos un trabajo sucio que en lugar de beneficiar al país (las multas hubieran entrado a las arcas de la nación) benefició a Televisa-Nextel”, escribió a Proceso Juan Carlos Flores López, uno de los trabajadores a las órdenes de Barajas, quien después fue despedido de la comisión.
El “pleito” Televisa-Calderón
El 18 de octubre, cuando se anunció la ruptura de la sociedad Televisa-Nextel, Emilio Azcárraga Jean emitió un mensaje en twitter para justificarse: “Hay que tomar decisiones todos los días y creo que tomamos la mejor para nosotros”.
Además los conductores de los dos principales noticiarios de Televisa, Carlos Loret de Mola y Joaquín López Dóriga, publicaron en sus columnas del martes 19 –en El Universal y Milenio Diario, respectivamente– que la decisión beneficia a Telcel, la compañía de Carlos Slim (que actúa a través de Iusacell) y afirmaron que Televisa fue víctima de una campaña en contra.
Más explícito, Loret de Mola escribió en su columna Tengan su “ganga” que la entrega de la concesión fue una medida de “chantaje” de Calderón para presionar a Televisa en la sucesión de 2012.
“Esta sucesión de hechos”, afirma Loret de Mola, “puede ser la habitual torpeza de la SCT o constituir una estrategia de la administración de Felipe Calderón destinada a vulnerar al grado de poder sostener con sus alfileres la licitación y con ello chantajear a Televisa, de cara a la contienda electoral de 2012. Esa sí que era una ganga. Televisa no aceptó quedar en manos del gobierno federal y ayer por la mañana dejó la polémica licitación sobre la mesa y se levantó.
“En el camino muchos se fueron con la finta: denunciaron que el gobierno federal estaba ‘amarrado’ con Televisa (al parecer, jamás encendieron los noticieros o programas de opinión). La alianza verdadera quedó exhibida cuando Televisa se hizo a un lado y en las bolsas de valores subieron sus acciones. Tengan su ganga.”
Para otros especialistas consultados por Proceso la razón principal de la salida de Televisa no fue la orden judicial ni un pleito definitivo con el gobierno o con el Grupo Salinas, sino una maniobra empresarial para cancelar el compromiso de invertir mil 40 millones de dólares en Nextel, privilegiar su inversión en Univisión, en vías de ser aprobada por las autoridades regulatorias de Estados Unidos, y quitarse “piedras en el camino”.
Para Javier Corral la ruptura Televisa-Nextel deja sin efecto los títulos de concesión, por lo que la SCT debe convocar a una nueva licitación.
La Amedi, presidida por Raúl Trejo Delarbre, advirtió en comunicado el riesgo de que Televisa pueda tener acceso a los 30 megahertz por la vía del uso de las frecuencias de televisión digital.
“Sería inadmisible que los megahertz para la telefonía móvil que hoy rechazó Televisa en la alianza con Nextel los obtenga dentro de pocos meses y de manera gratuita como resultado de los nuevos usos que podrían tener las frecuencias de televisión digital”, señaló.
La digitalización electoral
Felipe Calderón expidió el decreto mediante el cual “se establecen las acciones que deben llevarse a cabo por la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre”. Desde ese momento, legisladores del PRI y del PRD advirtieron que se trataba de un decreto “electorero” (Proceso 1766).
Los puntos fundamentales del decreto son: adelantar de
El decreto de Calderón no echó abajo lo estipulado en el acuerdo previo, establecido por el gobierno de Vicente Fox en julio de 2004, especialmente la renovación automática de las 462 concesiones de televisión hasta el 31 de diciembre de 2021 (94% de ellas en manos de Televisa y TV Azteca) ni aclaró las dudas respecto al uso, asignación y devolución del espectro sobrante como resultado de la digitalización. A la fecha operan 65 “canales espejos” o “canales adicionales” –que ocupan esos espectros “sobrantes”– en todo el país, la mayoría en manos de Televisa y TV Azteca.
Un informe de la Cofetel difundido en enero de 2009 afirmó que sólo 1.6 millones de hogares, menos de 7% del total del país, están en posibilidad de recibir transmisiones digitales.
El especialista Gabriel Sosa Plata afirmó en su análisis para la revista Zócalo que entre 2004 y 2010, los primeros seis años de la transición analógica-digital, prevaleció una política de “opacidad y falta de rendición de cuentas por parte del gobierno, así como por la indiferencia y compromiso de algunos operadores para incentivar el desarrollo de la tecnología del país”.
Ejemplificó: Televisa se comprometió a transmitir en digital en ciudades como Villahermosa, Mérida, Morelia, Uruapan, San Luis Potosí y Zacatecas a partir del 15 de diciembre de 2009, pero en 2008 cambió de opinión y la Cofetel le autorizó modificar los títulos de concesión de las repetidoras de Canal 2 y Canal 5 en esas plazas para iniciar transmisiones en 2015 y 2018.
Frente a esta falta de certeza Calderón emitió un nuevo decreto que no corrigió los errores de la digitalización emprendida por Fox para favorecer a las dos grandes compañías televisoras, pero le agregó un ingrediente electoral: el reparto de los decodificadores entre 2011 y 2012 y la formación de una comisión intersecretarial que dependerá directamente de él, marginando a la Cofetel.
Esta decisión motivó el recurso de anticonstitucionalidad interpuesto ante la SCJN y la decisión de la ministra Sánchez Cordero de suspender el decretazo de Calderón como medida cautelar. “No se afectarán la seguridad ni la economía nacionales con la suspensión”, afirmó la ministra el jueves 21.
Lo que comienza a afectarse es el plan electoral del gobierno de Felipe Calderón y su relación con los medios electrónicos dominantes.
Nuevos “empresarios”... e impuestos
Juan Balboa
Cuba optó por una apuesta inédita: alienta el surgimiento de “pequeños empresarios”, entre otras cosas para atenuar el impacto que significará despedir a más de un millón de burócratas. En un año en que la isla prevé un crecimiento cercano a 1%, las medidas adoptadas por Raúl Castro pretenden mejorar la productividad, pero también captar impuestos en un país que no está acostumbrado a ellos y donde hasta el partido en el poder calcula que los nuevos microempresarios podrían quebrar en menos de un año.
LA HABANA.- Este mes el gobierno de Raúl Castro empezó una “revolución laboral” que dejará en la calle o convertirá en “empresarios” a más de un millón de trabajadores que hasta ahora son parte de la inflada nómina de la burocracia.
Cuba se embarcó en la aventura de despedir, reubicar, jubilar o “recolocar” en la actividad privada a 25% de la fuerza de trabajo ocupada –un millón 300 mil empleados– cuando las inversiones en la isla cayeron casi 15% en el primer semestre del año por falta de financiamiento, materiales y fuerza de trabajo y por atrasos en el suministro de insumos.
Las inversiones en el primer semestre de 2010 fueron del orden de mil 606.2 millones de pesos cubanos (unos 572 millones de dólares), 14.7% menos que en el mismo periodo de 2009, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. El gobierno de la isla había estimado que este año las inversiones crecerían 11%.
Esto también afecta al Producto Interno Bruto, que tuvo un crecimiento de sólo 1.4% en 2009 y que se esperaba que fuera de 1.7% este año, aunque economistas locales –como Pavel Vidal– consideran que será menor a 1%.
En la isla es patente la inquietud de quienes temen perder sus empleos: “Desde que conocí la noticia todos los días me levanto y me pregunto: ‘¿Estaré en la lista de los nuevos desempleados, qué voy a hacer?’”, dice a Proceso Reina Montesinos, empleada del sector gastronómico, divorciada y con dos hijos adolescentes.
Reordenamiento e incertidumbre
En toda Cuba no se habla de otra cosa que no sea el reordenamiento laboral anunciado por Raúl Castro el 1 de agosto y que formalmente se inició el pasado 4 de octubre.
La oposición augura que el despido de tantas personas afectará también a sus familias. Se creará “un delicado panorama social desde la primera etapa del reordenamiento”, puesto que directa o indirectamente la medida tendrá un fuerte impacto sobre la vida de millones de cubanos, afirma el economista disidente y exprisionero político Óscar Espinoza Chepe.
“En el plano político el paso –indispensable pero arriesgado– confirma la inviabilidad de un sistema que condujo a Cuba al desastre; una realidad alertada desde hace mucho por ciudadanos pacíficos a quienes no se quiso escuchar y fueron reprimidos con saña, acusados de ser agentes extranjeros”, subraya Espinoza en entrevista con este semanario.
“Es una medida abrupta, una manera cínica de desentenderse de esta enorme masa de trabajadores que va a quedar en el desempleo. La gente está aterrada por las condiciones existentes”, dice a Proceso el doctor Darsi Ferrer, disidente y director del Centro de Salud y Derechos Humanos Juan Bruno Zayas.
A su vez la Iglesia católica analiza y monitorea cada paso que da el gobierno en la reubicación o despido de los trabajadores. El cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, no duda que la medida acarreará dificultades para miles de familias cubanas.
“Expresé complacencia por cambios buenos y hablé de las dificultades que podrían traer esos cambios en sus aspectos más difíciles, que los tiene. Será un proceso de readaptación que tendrá una dificultad especial.
“Hay preocupación. Yo diría que hay un poquito de expectativa sobre los cambios, el éxito que puedan tener. El proceso en el que estamos prácticamente está comenzando y no sabemos cómo se va a desarrollar”, señaló Ortega en conferencia con medios extranjeros.
La Cofradía de la Negritud –grupo independiente contra el racismo en la isla– también tiene dudas. En una carta advierte a la oficialista Central de Trabajadores de Cuba sobre la posibilidad de que la “discriminación existente” determine la suerte de muchos trabajadores negros en el proceso de los despidos masivos.
Tato Quiñones y Tomás Fernández Robaina, portavoces de la Cofradía, adelantaron que estarán alerta ante eventuales injusticias y llamaron a los trabajadores –“que durante este proceso de reducción de plantillas puedan ser víctimas de la acción discriminatoria de ánimo racista”– a no aceptar pasivamente un despido injustificado.
Cuba tiene una fuerza laboral de cinco millones de personas; de ellos unos 232 mil son cooperativistas agrícolas, 591 mil son empleados del sector privado y 143 mil están inscritos como trabajadores independientes. El resto está en la burocracia.
“Actualización del socialismo”
Cuba dejará surgir una especie de pequeños empresarios y se dispone a probar un nuevo modelo económico a través de lo que ha llamado “actualización del socialismo” que implica, según el vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía Marino Murillo Jorge, conceptos como los impuestos, los microcréditos y la contratación entre particulares.
Reducir puestos de trabajo en el sector estatal y aumentarlos en el privado es el objetivo del régimen. A miles de cubanos despedidos les ofrecerán una salida en sectores deficitarios como la agricultura o la construcción y, lo novedoso, la posibilidad también de convertirse en empresarios.
El gobierno pretende estimular la actividad privada con cuatro modelos: la inversión en pequeñas empresas con préstamos del Banco Central de Cuba, el trabajo por cuenta propia, la autorización de nuevas cooperativas y la entrega de tierras en usufructo, una actividad que se realiza desde hace dos años.
El pasado 24 de septiembre Admi Valhuerdi Cepero, viceministra primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, explicó que podrá realizarse el trabajo por cuenta propia en 178 actividades, de las cuales 83 podrán contratar fuerza laboral sin que tengan que ser convivientes o familiares del titular de la microempresa.
Las metas del gobierno son ambiciosas pero no claras. Es más, existen muchas dudas y preguntas de la población y de analistas de la economía cubana.
Algunas de las metas se explican con amplitud y detalle en un documento –del que Proceso tiene copia– del Partido Comunista de Cuba (PCC). Según éste, la finalidad de las reformas económicas es autorizar, entre 2010 y 2011, 250 mil licencias para ejercer el trabajo por cuenta propia y que otras 215 mil personas pasen del sector estatal al privado como cooperativistas o microempresarios.
El documento del PCC –distribuido extraoficialmente– confirma que la aventura iniciada por las autoridades cubanas no será fácil, pues basa su éxito en la eliminación, en los próximos seis meses, de 500 mil empleos públicos y la aplicación de “un nuevo sistema tributario más riguroso” que tendría tasas de entre 15 y 40% en un país donde la mayoría nunca ha pagado impuestos.
Así se espera obtener un aumento de 5% en la productividad y de 400% en los ingresos fiscales sobre las “actividades por cuenta propia”.
El documento Información sobre el reordenamiento de la fuerza de trabajo estima que con las nuevas medidas podrá aumentarse más de 400% la recaudación fiscal en un sector que en 2009 apenas aportó 1% al erario.
Se impondrán cuatro tipos de gravámenes: a los ingresos individuales, a las ventas, a la contratación de otras personas y a la seguridad social, según el documento del PCC.
Los nuevos empresarios en el sector alimentario y del transporte serán quienes pagarán más impuestos: 40% de sus ingresos. En la lista aparecen los artesanos y constructores con 30%, servicios personales y artísticos con 25% y quienes alquilen viviendas con 20%.
El análisis deja claro que todos los sectores, sin excepción pagarán 25% de sus ingresos para la seguridad social.
Sin embargo el mismo documento reconoce que habrá dificultades inicialmente “por la falta de experiencia o la insuficiente capacitación de algunos nuevos cooperativistas o trabajadores independientes”, lo que podría orillar al nuevo pequeño empresario a “quebrar antes del año”.
Los probables nuevos empresarios cubanos se hacen muchas preguntas y cada día entienden menos.
En el municipio de Arroyo Naranjo, uno de los más pobres de la capital, Silke Viera fue notificada de su baja; trabajaba en el sector municipal de la cultura. Su única opción ahora es realizar una actividad por cuenta propia.
Piensa sacar adelante una pequeña empresa de “bordadora-tejedora” pero pregunta: “¿A qué precio conseguiré materias primas? ¿Cuánto tendré que pagar en impuestos? ¿Qué demanda tendrán mis productos o servicios? ¿Podré alimentar a mis tres hijos?”
Ningún funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el municipio de Arroyo Naranjo le pudo responder.
Televisa: de la ruptura a las nuevas alianzas
Alma Rosa Alva de la Selva
“Hay que tomar decisiones todos los días, y creo que tomamos la mejor para nosotros”, dijo Emilio Azcárraga Jean a propósito del rompimiento de la alianza que se avecinaba entre la empresa que dirige, Grupo Televisa, con la telefónica Nextel, hasta hace poco su socio en la controvertida Licitación 21 (L-21), puerta para que el consorcio que domina la pantalla chica ingresara a los terrenos de la telefonía móvil vía la adjudicación de un segmento del espectro radioeléctrico a precio de ganga.
La decisión de Televisa de retirar su participación del proceso –en primer término, por cálculo de riesgos ante la resolución judicial que ordenó la nulidad de la sociedad entre los dos consorcios y la consecuente incertidumbre para las inversiones, pero también por la presión de algunos legisladores en búsqueda de revertir el proceso y una patente descalificación del mismo por la opinión pública–, no significa, sin embargo, la clausura de un proyecto del consorcio que viene de tiempo atrás, y que se hizo por demás evidente con el episodio de la llamada Ley Televisa de transformarse en un consorcio convergente y posicionar su proyecto de negocios en los emergentes escenarios digitales.
Sin contemplaciones, en lo que vino a ser una muestra fehaciente del poder que ha acumulado, Televisa rompió también con otro socio, al dejar “colgado de la brocha” al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas –quien, con miras al respaldo de la televisora de cara a su hipotética candidatura panista hacia 2012, invirtió todo su capital político, hoy en caída libre, para favorecerla a ultranza con la mencionada licitación.
No menos desacreditado resultó el propio Felipe Calderón, quien poco antes de las decisiones judiciales que perfilaron la ruptura de Televisa con Nextel para así echar abajo la L-21, defendió nuevamente ésta con enjundia, además de ofrecer un repertorio de medidas legales de apoyo a los radiodifusores en la “tradicional” comida de la Semana de la Radio y la Televisión, organizada por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), y donde, tradicionalmente también, tiene lugar un intercambio de elogios y agradecimientos mutuos gobierno-concesionarios.
Los días que vienen también habrán de ser de decisiones. Si para quienes desde el gobierno federal exhibieron sin pudor su parcialidad en el caso, al recuento de daños y la recomposición de estrategias debieran anteponer las medidas conducentes a un nuevo proceso de licitación de los segmentos del espectro involucrados; para Televisa seguramente ha llegado el momento de entablar nuevos acuerdos e iniciar alianzas con los actores políticos y empresariales útiles para la continuidad de expansión del consorcio, cuya divisa parece coincidir con la pronunciada por cierta celebridad política, en no tener aliados, sino sólo intereses. l
21 reflexiones sobre la Licitación 21
Denise Dresser
1) El gran ganador del colapso de la alianza Televisa-Nextel es Ricardo Salinas Pliego, quien logra efectuar otro Chiquihuitazo ante el pasmo del gobierno, que ve el fin de su intento por crear otro competidor con la capacidad de enfrentar a Carlos Slim.
2) Slim es otro personaje que debe estar de plácemes, ya que el fin de la asociación Televisa-Nextel significa el fin de los desatinados esfuerzos gubernamentales por inyectar competencia en el sector de la telefonía celular.
3) Salinas Pliego demuestra nuevamente que a través de la intimidación, la denostación y las tácticas agresivas puede sacar a un competidor –en esta ocasión Televisa-Nextel– de la jugada. El episodio reciente tan sólo confirma su reputación de empresario gangsteril. De nuevo obtiene lo que quiere: así como se apropió ilegalmente del Chiquihuite, ahora consigue doblegar a Televisa y a Felipe Calderón.
4) Ante la probabilidad de litigios interminables interpuestos por TV Azteca, Televisa prefiere rendirse y adoptar el papel de víctima.
5) Televisa se ve obligada a beber una sopa de su propio chocolate. En otras instancias en las que su predominio iba a verse afectado –como en el caso de una tercera cadena de televisión– hizo lo mismo que Ricardo Salinas Pliego ha hecho ahora: usar la pantalla de televisión para desacreditar a su adversario.
6) Ante su derrota, Televisa intenta presentarse como adalid de la competencia frustrada, cuando siempre ha rechazado la competencia y ha recurrido a todas las argucias legales y extralegales para frenarla.
7) Televisa denuncia que el poderío Telmex-Telcel representa un freno para el desarrollo de México cuando su propio predominio en la televisión tiene el mismo efecto. Es un caso clásico del “burro hablando de orejas”.
8) Televisa denuncia lo que llama “la falta de certidumbre jurídica” que llevó a compañías extranjeras a no participar en la Licitación 21, cuando no lo hicieron precisamente porque saben de lo que es capaz la televisora para lograr sus fines. Televisa lamenta la falta de competencia extranjera en el sector, cuando siempre ha hecho todo a su alcance para frenarla.
9) Televisa se queja de que Telcel –o sea Carlos Slim– ha usado sus influencias para aniquilar a los “nuevos jugadores”, cuando Televisa siempre ha hecho lo mismo. La hipocresía de su posición es obvia y risible.
10) Televisa dice que “le creyó” al gobierno lo de fomentar la competencia, cuando la Licitación 21 que ganó desde el principio estuvo plagada de irregularidades.
11) Televisa se queja de la “ofensiva mediática, legal y gubernamental” sin precedente en la historia, cuando la que padece es la misma que puso a andar hace unos años contra los adversarios de la Ley Televisa.
12) Televisa se sintió profundamente ofendida de que los críticos de la licitación se refirieran a ella como una “ganga”, cuando históricamente ha sido el beneficiario de múltiples “gangas” otorgadas por el gobierno, empezando por su propia concesión, por la cual no pagó un solo peso.
13) Televisa se queja de los 72 amparos interpuestos en su contra e ignora los innumerables amparos a los que ha recurrido en el pasado para mantener su posición duopólica.
14) La televisora culpa al gobierno por haber creado el “hervidero politico” en el cual se convirtió la licitación, cuando era evidente que surgiría por los términos irregulares en que se realizó.
15) La televisora sugiere que el gobierno mismo usó la licitación para “chantajear a Televisa de cara a la contienda electoral de
16) Televisa dice que no quiso “quedar en manos del gobierno federal” y por ello se levantó de la mesa. La empresa actúa como si no fuera la concesionaria de un bien público sujeta a reglas, y trata de ocultar la razón real por la que se retiró: el miedo a Ricardo Salinas Pliego y el desgaste público que le ha producido el pleito, reminiscente del escándalo que estalló alrededor de la Ley Televisa.
17) A lo largo del proceso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes exhibió una ineficacia descomunal. Quiso usar un medio malo (la Licitación 21) para alcanzar un objetivo bueno (la competencia), y ahora Juan Molinar se ha quedado con las manos vacías. De nuevo el gobierno de Felipe Calderón emerge como el jugador más débil e incompetente.
18) Como bien lo ha señalado la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), la Licitación 21 fue irregular y de legalidad controvertible. De entrada, las bases fueron inequitativas y demostraron que el gobierno de Felipe Calderón quería elegir un ganador de antemano, en detrimento de otros posibles participantes.
19) A menos que un juez determine que todo el proceso fue irregular desde el principio, es poco probable que la licitación sea revocada y se efectúe de nuevo. Al hacer las cosas de la mala manera en que las hicieron, tanto la SCT como la Cofetel están en un callejón sin salida. La tan cacareada medida en favor de la competencia se ha derrumbado, y con un costo político muy alto para Calderón y su equipo.
20) La parcialidad gubernamental evidente en favor de Televisa despertó la ira de otro monstruo – Televisión Azteca–, y Juan Molinar no pudo hacer más que presenciar la pelea entre ambos.
21) El derrumbe de la Licitación 21 nos regresa al statu quo ante, y evidencia la debilidad del gobierno ante las criaturas que ha engendrado: Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga Jean y Carlos Slim. Al final del día ganaron los que siempre se han dedicado a bloquear, obstaculizar, entorpecer, violar y monopolizar. Y perdieron los consumidores del país que se merecen procesos transparentes y equitativos, encaminados a fomentar la competencia. Ganaron los que una y otra vez logran vetar y perdieron las víctimas de esos vetos: los ciudadanos que pagan de más porque el gobierno no logra controlar a los monstruos que concibió. l
Góngora Pimentel, por el cambio y la nueva esperanza
Miguel Ángel Granados Chapa
A casi un año de concluida su gestión como ministro de la Suprema Corte de Justicia (máximo tribunal del que fue presidente), Genaro David Góngora Pimentel manifestó su adhesión al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. De tiempo atrás lo ha hecho también su antiguo compañero en la administración de justicia, Juventino Castro y Castro, quien hoy es miembro de la Cámara de Diputados, adonde lo llevó el Partido del Trabajo, el más cercano a López Obrador de cuantos lo postularon a la Presidencia en 2006.
Góngora Pimentel dejó de ser ministro el 30 de noviembre del año pasado. Reapareció el 19 de octubre en la presentación de la asociación civil Encuentro, cuyo objetivo general es “ampliar el consenso social sobre el proyecto alternativo de nación y recibir puntos de vista para su fortalecimiento, así como los canales de comunicación con los más diversos grupos y sectores de la sociedad mexicana frente al 2012 y en apoyo al movimiento ciudadano que encabeza Andrés Manuel López Obrador”.
El ministro en retiro no fue un invitado más a la presentación del consejo de esa plataforma de lanzamiento del exjefe de Gobierno capitalino, creada se diría que como reacción a Equidad y Progreso, la asociación civil formada por Marcelo Ebrard para alimentar su propia precandidatura. Se le confió el papel principal después del que correspondió a López Obrador. Éste definió a Encuentro como una “organización para atender a sectores que se agrupan, que se relacionan de otra forma”, distinta de la que ha practicado en los cuatro años recientes el “presidente legítimo de México”, como firma sus comunicados. Al movimiento social nacional, que se concreta en comités municipales y comunitarios, y realiza “labores de información, de orientación, de concientización”, le hacía falta otro mecanismo para encontrarse con los votantes que sufragaron por López Obrador en 2006 y luego se han alejado de él, y para encontrarse también con nuevos votantes, otros sectores “con los que tenemos que comunicarnos, despejar dudas, aclarar cuál es nuestro propósito, en qué consiste el proyecto alternativo de nación que postulamos”, según dijo el propio excandidato.
En otros términos, se trata de evitar que ciudadanos desinformados crean una vez más que López Obrador “es un peligro para México”, como de nuevo ha dicho Felipe Calderón, irresponsablemente, porque ahora no es candidato, sino el presidente de la República. Nadie mejor para representar al lopezobradorismo inteligible y aceptable para la clase media, entre temerosa y esperanzada, que una persona con indisputable autoridad moral y respetada presencia en los medios judiciales y académicos como el exministro Góngora Pimentel.
Nacido en Chihuahua el 8 de septiembre de 1937, se graduó en la Facultad de Derecho de la UNAM en 1963 (y se doctoró allí mismo, perteneciendo ya a la Corte, en 2006). Prácticamente toda su vida profesional la dedicó a la docencia, a la escritura de obras jurídicas y a la impartición de justicia. Tenía 15 años como magistrado (más seis como juez de Distrito) cuando fue elegido ministro, en enero de 1995. Presidió el máximo tribunal y el Consejo de la Judicatura Federal durante cuatro años, de
En las acciones de inconstitucionalidad y en las controversias constitucionales, donde había que decir el derecho, o en las investigaciones constitucionales al tenor del artículo 97, Góngora fue un juez irreprochable. Los moderados, especialmente los que llevan su moderación al timoratismo, acaso lo tuvieron como excesivo, vehemente, sensiblero. Pero nunca dudó en ir más allá del frío texto legal (nunca infringiéndolo) para insertar sus resoluciones en el ambiente social y político en que estamos inmersos. Sólo puede atribuírsele un traspié: el haber querido trocar la majestad del juez constitucional por la terrenalidad del consejero electoral, cuando buscó presidir el IFE. Salió de la Corte con su espíritu enaltecido y su honra inmaculada.
Once meses después, con mesura, casi se diría que con tiento si no se conociera la firmeza de sus posiciones, al decir el único discurso el 19 de octubre (además, claro, de las palabras de López Obrador) afirmó que “debemos ofrecer a México una nueva esperanza sobre un futuro incierto”. Es, dijo también, “momento de fortalecer el cambio en nuestro país, lo cual será favorable porque nuestro esfuerzo tiene rumbo”. Confía, añadió, “en la organización política que nos convoca, pues tiene la visión, el talento y el coraje para entender los tiempos que enfrenta el país y actuar en consecuencia”; y no tiene duda de que esa organización “logrará encabezar esta nueva cultura y este nuevo quehacer político”. Instó, en fin, a sus oyentes y a quienes llegue su mensaje, a no perder tiempo, a saber que “es ahora el momento del cambio y de una nueva esperanza”.
Respetuoso, con el impulso de un espíritu universal, sin nombrarlo invocó a Dios: “Existe un poder más alto, cualquiera que sea el nombre que le demos, que nos ordena no solamente proceder con rectitud, sino también con amor; no únicamente aplicar el derecho, sino impartir justicia con misericordia”.
Los periodistas españoles, que suelen comparar el futbol y la política, o emplear en ambos terrenos un lenguaje común, dirían que, al igual que cuando el Real Madrid o el Barcelona contratan a un gran goleador, López Obrador hizo un “fichaje monumental” cuando atrajo a Góngora. Mucho se dijo de la amistad y la cercanía entre ambos cuando el jefe del Gobierno protagonizaba sonados litigios. Ahora esa proximidad adquiere el carácter de una adhesión política, como la que expresaron otros asistentes a la presentación de Encuentro.
Fue notoria la reaparición de Alfonso Durazo, quien en los años recientes se ocupaba de asesorar a un poderoso empresario periodístico y de ir y venir de su Sonora natal. Su perfil político y humano es de estirpe semejante al del exministro, y su participación conspicua en el consejo de la nueva plataforma de López Obrador muestra que el dirigente social más importante del país está consciente de que sus vehemencias, que llegan a la estridencia de tanto en tanto, no deben ser su única presencia política, sino que por interpósitas personas ha de hacer llegar su mensaje a los sectores medios donde puede generar apoyo porque representa más que nadie sus intereses.
Durazo no se ha apartado de López Obrador desde que resolvió sumarse a su causa en el proceso electoral de 2006. El secretario particular de Luis Donaldo Colosio había salido del PRI cuando el presidente Vicente Fox, reconociendo sus propias necesidades y los méritos del sonorense, lo invitó a ser su secretario particular. Mientras más apoyo recíproco se generaba entre el Ejecutivo y su colaborador, más tensa era la relación entre Durazo y la señora Martha Sahagún. Las fricciones se multiplicaron cuando la esposa del presidente pretendió sucederlo en el cargo. Durazo advirtió a Fox sobre el despropósito y, al no ser atendido, se fue de Los Pinos.
Conserva la reputación que lo ha hecho figura indispensable en acuerdos políticos necesarios. La ha llevado de nuevo cerca de López Obrador. ¡Buenos fichajes! l
Seguridad, transparencia y derechos humanos
Ernesto Villanueva
En las próximas semanas saldrá mi libro Seguridad, transparencia y derechos humanos, resultado de más de un año de trabajo como punto de partida sobre una investigación más amplia. La idea del libro nace de un hecho evidente: cada vez hay más recursos públicos para seguridad y procuración de justicia y menos resultados, desde la percepción de la comunidad. Se solicita confianza a la sociedad, pero no se le ofrecen argumentos racionales que justifiquen esa solicitud. Se apela a que –como en la religión– se haga de un sistema de responsabilidades y resultados un acto de fe dogmático.
Primero. Los sistemas institucionales de procuración de justicia y de seguridad pública han cobrado una importancia relevante en México. Ello es entendible si se parte de que la garantía de la convivencia pacífica y armónica de los gobernados es un presupuesto del estado de derecho.
El reto fundamental reside en la corrupción y en la impunidad. De entrada, hay un caso de corrupción cuando se viola la ley. Pero es posible que actualice la hipótesis de la corrupción una conducta que no lesiona la norma jurídica pero sí lastima la percepción racional de lo que es correcto o incorrecto. Como es sabido, una conducta puede ser legal pero al mismo tiempo inmoral.
En términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad es “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de derechos humanos”. En la parte más preocupante y básica, la que corresponde a la comisión de delitos, un estudio del CIDAC estima una cifra de 98.76% en los indicadores de la impunidad en México.
Segundo. Las medidas que se han aplicado para reducir la brecha entre vigencia y eficacia de la ley se perciben inconexas, infructuosas, costosas y con grandes posibilidades de actos de corrupción e impunidad. No basta con proponer una iniciativa legal bajo los estándares habituales, habida cuenta que probablemente será letra muerta o, por lo menos, de una eficacia muy cuestionable en lo que se refiere a la seguridad.
El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE define la seguridad como “una condición universal en la cual las personas y las comunidades viven en libertad, paz y seguridad, participan plenamente en el gobierno de sus países, disfrutan de la protección de los derechos fundamentales, tienen acceso a los recursos (…) para vivir y habitan en un entorno que no sea perjudicial para su salud y bienestar”.
Tercero. Por lo que respecta a la seguridad nacional y la transparencia, en Estados Unidos el artículo 552 b 1 (A) de la FOIA dispone que en materia de información reservada por cuestiones que afecten a la seguridad nacional se debe atender a un decreto presidencial que establezca los criterios correspondientes. Así, por ejemplo, el decreto presidencial 12958 prescribe que: a) si existe duda sobre si se debe clasificar información o no, se debe optar por liberar dicha información; b) la información que a juicio del decreto puede afectar la seguridad nacional es aquella relacionada con planes militares, sistemas de armamento u operaciones, información de gobiernos extranjeros, actividades de inteligencia, fuentes o métodos de inteligencia o criptología, relaciones exteriores o actividades externas, entre otros aspectos.
Cuarto. En México, donde no se aplican esas definiciones o medidas relacionadas con la seguridad, ha habido en cambio un incremento sustancial en el Presupuesto de Egresos de la Federación para labores de seguridad pública y procuración de justicia, pero sin resultados razonablemente aceptables.
Por ejemplo, entre 1997 y 2007 se incrementaron en 700% los delitos vinculados al narcotráfico, según un estudio de Alejandro Gertz Manero (Seguridad y justicia, página 9); la sociedad sigue sin confiar en la autoridad, puesto que sólo 22% de los delitos se denuncian (Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, ICESI, 2009); las víctimas de delitos no denuncian porque ese acto lo consideran una “pérdida de tiempo” (39%) o porque desconfían de la autoridad (16%) (Índice de incidencia delictiva y violencia, CIDAC, 2009).
Quinto. En México, es necesaria la adopción de criterios de regulación de accesibilidad y clasificación informativa que permitan ingresar a los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia de manera periódica para evaluar el comportamiento de estas instituciones, generar incentivos para ajustar las conductas de los servidores públicos al mandato de la ley, exponer los casos presumibles de ilicitud, conciliar perfiles con personas en el servicio público y empezar a recobrar el camino perdido en el sexenio de Felipe Calderón, donde no ha habido resultados y, en cambio, se han producido enormes gastos y persisten las condiciones para que la corrupción y la impunidad permanezcan estables. l
evillanueva99@yahoo.com
Fuero militar e impunidad
Jesús Cantú
Pese a los tratados internacionales y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Felipe Calderón persiste en su intento de impedir que los militares sean juzgados por tribunales civiles. En este sentido, la iniciativa de ley que recién envió al Senado es incompleta e insuficiente, pues sólo excluye tres delitos de la jurisdicción de los tribunales castrenses, aunque faculta al Ministerio Público Militar para que envíe a la justicia civil los casos que considere pertinentes.
Entre los altos mandos del Ejército y los mismos soldados existe preocupación porque en la “guerra contra el narcotráfico” han aumentado los crímenes contra civiles inocentes perpetrados por militares, y éstos temen ser condenados en los tribunales civiles.
Como muestra de lo antedicho, en Nuevo León cayeron abatidos en sólo seis meses –entre el 19 de marzo y el 5 de septiembre de este año– cinco civiles, presuntamente a manos de militares, pero éstos sólo han reconocido su responsabilidad en un caso que implicó la muerte de dos personas.
La reforma al Código de Justicia Militar no incluye el homicidio entre los delitos que serían sometidos a la jurisdicción civil y, por lo tanto, ninguno de estos ilícitos –ni siquiera aquellos en los que el Ejército reconoce su responsabilidad– sería juzgado por tribunales civiles.
Durante la noche del jueves 18 y la madrugada del viernes 19 de marzo de este año ocurrió un enfrentamiento entre sicarios y el Ejército en el campus del Tecnológico de Monterrey. En la balacera quedaron muertos los estudiantes de posgrado Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, quienes inicialmente fueron identificados como sicarios.
La recomendación 45/2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documenta que los militares participantes en el enfrentamiento cometieron los siguientes delitos: “alterar la escena del crimen –todo indica que para encubrir su responsabilidad en los hechos–; sembrar evidencias para involucrar a las víctimas como miembros de las organizaciones criminales o, al menos, modificar el rumbo de las investigaciones y entorpecer las investigaciones del ómbudsman nacional”. (Proceso 1764.)
La CNDH no pudo determinar el calibre de las balas que hirieron de muerte a los estudiantes y, por lo mismo, tampoco le fue posible establecer con precisión si éstas fueron disparadas por los militares o por los sicarios; sin embargo, todas las evidencias recabadas indican que el personal castrense que intervino en la balacera no puede ser declarado inocente, tal y como en un principio pretendieron hacerlo las autoridades.
Esa misma noche y en otro rumbo de la ciudad, Colinas de San Jerónimo, efectivos militares abatieron a Sandra de la Garza en lo que el Ejército pretendió hacer pasar como otro enfrentamiento. En realidad se trató de la persecución de una camioneta en la que viajaban la ahora occisa y su esposo, quienes de manera inadvertida invadieron una zona en donde las Fuerzas Armadas realizaban un operativo para catear una casa de seguridad de presuntos secuestradores.
La pareja era ajena a los hechos, y el asesinato de Sandra no tuvo gran resonancia en los medios debido al escándalo que se produjo por la muerte de los universitarios. En este caso fue evidente que las balas disparadas por los integrantes del Ejército fueron las que privaron de la vida a De la Garza; a pesar de ello, hasta la fecha las Fuerzas Armadas no han emitido un comunicado en el que reconozcan su culpabilidad.
El pasado 5 de septiembre, Vicente León Ramírez y su hijo Alejandro Gabriel León Castellanos, de 15 años, fueron baleados por efectivos militares, quienes alegaron que no se detuvieron en un retén. Familiares de las víctimas señalaron que no había ningún retén, y que su único delito fue haber rebasado a un convoy militar.
Estos hechos ocurrieron en el municipio de Escobedo, sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Al día siguiente, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de los León, reconoció que fueron abatidos por los militares y anunció el inicio de una investigación.
Así, aunque en Nuevo León se atribuyen cinco muertes a las fuerzas castrenses en el último medio año, éstas sólo han reconocido oficialmente dos –la de los León–, no han hecho otro tanto con la de Sandra, y por el caso de los dos estudiantes del Tec de Monterrey, existen evidencias suficientes para iniciarles una averiguación previa.
Estos son precisamente los riesgos de involucrar al Ejército en el combate contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Al iniciarse esa lucha, el presidente de la República y las Fuerzas Armadas contaban con que los militares serían juzgados por tribunales castrenses. A ello se debe que ahora se resistan a las reformas legales.
Fuentes cercanas a la VII Zona Militar que opera en Nuevo León aseguran que los altos mandos están satisfechos con la administración del gobernador Rodrigo Medina, pues en cuanto asumió la gubernatura les dio luz verde para que actuaran con toda libertad en el combate al crimen organizado en esa entidad. Los militares le tomaron la palabra y 12 meses después el saldo no puede ser más negativo: se incrementó la violencia en el estado, el número de víctimas civiles crece, y los inocentes muertos por balas de militares también.
En los cinco casos referidos hay evidencia incontrovertible de abusos por parte de militares en contra de civiles; sin embargo, es muy probable que muchos otros no han salido a la luz pública.
Incluso cuando la culpabilidad de los militares ha sido incuestionable, no hay evidencia de que se hayan castigado los abusos. Esta impunidad es posible por la inexistencia de controles civiles sobre las Fuerzas Armadas, aunque tales controles son indispensables en un régimen democrático.
Cualquier delito perpetrado por elementos de las Fuerzas Armadas en contra de civiles debe ser juzgado por tribunales civiles y no resguardarse en el fuero militar. La iniciativa presidencial desatiende este principio, porque conoce la existencia de estos delitos y no quiere desproteger a los militares. l
Los generales al poder
John M. Ackerman
Desde hace casi un siglo que las Fuerzas Armadas de México se destacan por una estricta disciplina militar que siempre las ha mantenido al margen de los asuntos políticos. Mientras la mayoría de los países de América Latina constantemente sufrían golpes militares, en México se había podido evitar las nefastas consecuencias de las incursiones de las Fuerzas Armadas en la política nacional.
Pero hoy el “pacto” cívico-militar que garantizaba la estabilidad del Estado mexicano podría estar a punto de romperse. Ante la creciente ingobernabilidad del país y el fracaso de los gobiernos de todos los niveles para hacer frente a la amenaza del crimen organizado, por primera vez los militares reclaman explícitamente su autonomía frente a las autoridades civiles. En un documento recientemente dado a conocer por el periódico La Jornada, la Secretaría de la Defensa Nacional exige que las nuevas reformas a la Ley de Seguridad Nacional permitan a sus mandos no solamente “auxiliar” a las autoridades civiles, sino también convertirse en “coordinadores responsables” de los operativos conjuntos.
El documento distribuido a las bancadas del Partido Acción Nacional en el Senado y la Cámara de Diputados señala que “se pervierte” la misión de las Fuerzas Armadas cuando se les “subordina” a autoridades civiles que estén “rebasadas por una afectación a la seguridad interior”. El general Luis Crescencio Sandoval recientemente repitió públicamente el mismo argumento: “Las Fuerzas Armadas no pueden entrar en auxilio de una autoridad civil que no tuvo la capacidad suficiente para enfrentar un problema de seguridad pública y que por falta de capacidad se convirtió en un asunto de seguridad interior y nacional”.
A primera vista, este argumento parece lógico y aceptable. Si la razón para hacer partícipes a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública es que las autoridades civiles han sido rebasadas, sería contradictorio obligar a los militares a cumplir órdenes de las mismas autoridades fallidas.
El único problema es que tal situación nos colocaría en una abierta violación a la Carta Magna. El artículo 129 es contundente: “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Es cierto que el artículo 89 fracción VI indica que el Poder Ejecutivo Federal “dispone de la totalidad de la Fuerza Armada permanente (…) para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Sin embargo, la misma Suprema Corte ha sido muy explícita al señalar que de ninguna manera pueden suplantar a las autoridades civiles, sino únicamente participar en su “auxilio”. (Tesis 38/2000.)
De acuerdo con nuestro orden constitucional, los militares siempre y en todo momento deben estar bajo un mando civil. Desde luego que no tendrían que seguir órdenes de una corporación policiaca municipal que estuviera controlada por el narcotráfico, pero sí de otras instituciones civiles, como el presidente municipal, el Congreso local, la Secretaría de Seguridad Pública federal y el presidente de la República. Al no distinguir entre la amplia diversidad de autoridades civiles y reclamar directamente y a secas facultades para ser “coordinadores responsables”, da la impresión de que las Fuerzas Armadas buscan aprovechar el estado de descomposición actual para justificar un aumento paulatino de su control general sobre las autoridades civiles democráticamente elegidas. Ello llevaría a poner en riesgo la médula misma de nuestro sistema democrático. .
Pero más allá de la redacción específica de la norma, en los hechos México ya vive bajo un estado de excepción en que las Fuerzas Armadas se encargan de una amplia variedad de actividades que de ninguna manera tienen “una exacta conexión con la disciplina militar”. Hoy los militares funcionan igual como policías preventivos y agentes del Ministerio Público que como médicos a cargo de campañas de vacunación. Tal como lo ha señalado Raúl Benítez Manaut, esta situación coloca al secretario de la Defensa Nacional en una situación de abierta superioridad en relación con otros integrantes del gabinete presidencial. El exagerado culto al militarismo durante las celebraciones del Bicentenario, con generales incluso funcionando como “comentaristas” en las principales cadenas de televisión, es también un botón de muestra de la expansión de poder y influencia que han tenido las fuerzas militares bajo el gobierno actual.
En este contexto, la iniciativa presentada por Felipe Calderón la semana pasada para matizar el fuero militar en casos de desaparición forzada, violación y tortura es una abierta simulación que de ninguna manera someterá a las Fuerzas Armadas a un régimen apropiado de rendición de cuentas. Tal y como lo han señalado las organizaciones de defensa de los derechos humanos más importantes del país, no implica de ninguna manera un cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
La iniciativa deja fuera una amplia diversidad de delitos que cometen militares en agravio de la población civil, desde ejecuciones extrajudiciales hasta robo y acoso, y aún para los casos mencionados deja la investigación inicial y la integración de los expedientes ministeriales en manos del procurador militar. Serán entonces los mismos militares, como juez y parte, quienes decidan cuáles casos se remitirán a la justicia ordinaria y cuáles se quedarán en casa.
Hace falta tomar medidas realmente contundentes para limitar el creciente poder e influencia de las fuerzas militares. Habría que considerar, por ejemplo, una reforma para que el mismo secretario de la Defensa Nacional no sea un militar en activo, sino un civil, tal y como es la norma en decenas de países, incluyendo Estados Unidos. De otra forma, nos arriesgamos a que México pronto pierda su “excepcionalismo” y siga el ejemplo de las otras naciones latinoamericanas para las cuales el asalto de los militares al poder es siempre una posibilidad latente. l
www.johnackerman.blogspot.com
Pide auxilio ante abusos de las autoridades municipales
Señor director:
Le solicito publicar la presente con el fin de que, al conocer mi problema, alguna autoridad, persona u ONG pudiera ayudarme.
En la segunda quincena de agosto pasado, Teódulo García Cruz, delegado de la comunidad del Picacho, municipio de Tierra Blanca, Guanajuato, en compañía de otras personas circuló con malla ciclónica los patios de una capilla y con ello no sólo obstruyó el acceso a mi domicilio, sino también las entradas a una pequeña tiendita de la suscrita y a una estética de mi hija María Isabel Ramírez Flores.
Gracias a que en el lado sur de mi domicilio uno de mis hijos tiene un pequeño predio que yo le vendí hace varios años para que construya su casa, he obtenido de él permiso para entrar y salir de la mía.
Además de haber presentado mi queja ante la Contraloría Municipal de Tierra Blanca, el asesor del secretario de Gobierno del estado de Guanajuato, Julio Eduardo Ortiz Montes, visitó este municipio el pasado 1 de septiembre y, con la promesa de brindarme apoyo, nos reunimos con una comisión del ayuntamiento, pero en lugar de ayudarme me presionaron para que yo firmara un acta que, ahora me doy cuenta, no resuelve el problema.
Puesto que fue debido a esas presiones y a mi ignorancia que firmé dicha acta, y en virtud de que en ese documento existen múltiples irregularidades, solicito públicamente que se reconsidere mi caso y se inicie una investigación a fondo.
Aunque mi caso también ha sido turnado al Ministerio Público y a la Subprocuraduría de Derechos Humanos en San Miguel Allende, me encuentro desesperada por la situación económica familiar, ya que no podemos desempeñar las actividades que dan el sustento a los 12 integrantes de mi familia.
Debido a que en los intentos por resolver esta situación, con los diversos trámites que implican, me he quedado con muy escasos recursos económicos, pido a los lectores de esta carta tengan la amabilidad de proporcionarme alguna pista o consejo de lo que podría hacer ante esta violación de los derechos humanos cometida por la autoridad municipal.
Además de que a estas alturas nos sentimos humillados y relegados de la comunidad, vemos con preocupación que a un lado de la malla ciclónica ya hay material amontonado con la intención de construir una barda de piedra y concreto.
Esto me angustia, ya que pareciera que todo está perdido. ¡Ayúdenme!
Atentamente
Eustacia Flores Pérez
Calle Josefa Ortiz de Domínguez 42
Comunidad del Picacho
Municipio de Tierra Blanca, Guanajuato
Teléfono: 01/419/596-37-06
Acerca de El huracán “Fidel”
De Armando Quintero Mateos
Señor director:
En su prestigiada revista número 1771 del pasado 10 de octubre, en las páginas 42-44, firmado por la reportera Regina Martínez y cabeceado El huracán “Fidel”, se publicó un reportaje plagado de imprecisiones y prejuicios respecto a cómo el mandatario estatal reaccionó ante los severos desastres que ocasionaron el huracán Karl y la tormenta tropical Matthew, así como en torno al manejo que la actual administración, encabezada por el gobernador Fidel Herrera Beltrán, ha dado a las finanzas públicas del estado.
Dicho lo anterior, y sin mayor preámbulo, le pido nos otorgue nuestro derecho de réplica a fin de explicar a la opinión pública nuestra posición.
Evitando caer en las personalizaciones y en opiniones subjetivas, deseamos precisar lo siguiente:
El cambio climático es global y está dañando a todo el mundo y sus regiones, incluido Veracruz, desde hace mucho, no “desde julio pasado”.
–Este es un nuevo factor que ya está impactando a la economía mundial.
–Ante realidades adversas –como la que actualmente transita Veracruz– y una problemática compleja como las que nos está tocando vivir, los gobiernos y sus servidores públicos tenemos que recurrir a todos los instrumentos políticos, económicos, sociales y culturales con que contamos para resolver problemas y emergencias sociales y así continuar con el crecimiento económico.
–En lo económico, nos permitimos recordar que los gobiernos estatales, aparte de las participaciones federales, podemos acudir a la bursatilización y al endeudamiento público. Son instrumentos con los que contamos; tenemos derecho a ello y sería una irresponsabilidad no hacerlo ante estos eventos.
–Por ello hace unos días el gobernador Fidel Herrera Beltrán solicitó al Congreso local la autorización para pedir un empréstito de 10 mil millones de pesos para la reconstrucción de Veracruz. Cálculos preliminares estiman el daño económico en 70 mil millones de pesos.
–Estos recursos formarán parte de un programa de reactivación económica dentro de los planes estatales de desarrollo al corto, mediano y largo plazos. Se trata de que Veracruz siga creciendo y creando empleos tal y como lo ha hecho en los últimos seis años.
–Veracruz puede usar la bursatilización y el endeudamiento público por la fortaleza de sus finanzas públicas y lo pujante de su economía, por lo cual sus obligaciones financieras no comprometen su crecimiento futuro.
Atentamente
Armando Quintero Mateos
Vocero del gobierno de Veracruz
Posdata: El sistema de protección civil veracruzano es de los más eficaces del país, y el gobernador Fidel Herrera siempre se ha puesto al frente en las emergencias.
Respuesta de la corresponsal
Señor director:
Aunque el señor Quintero Mateos dice en su carta que no quiere caer en “personalizaciones” y “opiniones subjetivas”, unas líneas arriba señala que el El huracán Fidel es “un reportaje plagado de imprecisiones y prejuicios”.
Aparte de repetir información contenida en el texto original como si fueran aclaraciones, el señor Quintero Mateos pretende tratar a nuestros lectores como si fueran analfabetos.
Dice él que “el cambio climático es global y está dañando a todo el mundo y sus regiones, incluido Veracruz, desde hace mucho, no ‘desde julio pasado’”.
Al respecto, preciso que el texto del reportaje dice: “Desde julio pasado, los veracruzanos padecen los efectos de los fenómenos climatológicos”, y más adelante, en otro párrafo: “En su solicitud, Herrera expuso que desde julio pasado Veracruz ha sido afectado por vientos y lluvias severas que han provocado el desbordamiento de ríos”.
En consecuencia, con su referencia al “cambio climático global”, Quintero Mateos no está desmintiendo a la reportera, sino al propio gobernador Fidel Herrera, quien precisó que, desde julio pasado, varias ondas tropicales, así como el huracán Karl y la tormenta tropical Matthew han azotado al estado de Veracruz (Proceso 1771, página 43).
Así pues, ya que no explicita ninguna de las imputaciones que hace a la reportera, pareciera que el señor Quintero Mateos quiere acusar de “imprecisiones” y “prejuicios” al gobierno del que dice ser “vocero”, cuando sólo es, formalmente hablando, representante del gobierno de Veracruz en el Distrito Federal.
Atentamente
Regina Martínez
Sobre el “mal llamado Centenario de la Revolución”
Señor director:
La Revolución no comenzó el 20 de noviembre de 1910, sino que fue impulsada por el Partido Liberal Mexicano que encabezaron los hermanos Flores Magón, y las insurrecciones de Las Vacas y Viesca, en el estado de Coahuila, son sólo un ejemplo de esta afirmación.
Fue precisamente en Las Vacas, hoy ciudad Acuña, cuando en la mañana del 26 de junio de 1908 un grupo de revolucionarios afiliados al Partido Liberal Mexicano hicieron estallar la Revolución para derrocar al gobierno del dictador Porfirio Díaz.
Se trataba de aproximadamente 40 combatientes, divididos en tres grupos guerrilleros, al mando de Benjamín Canales, Encarnación Díaz Guerra, José M. Rangel y Basilio Ramírez. Cada hombre era un héroe, cada héroe un cuadro épico, dijo el magonista Práxedes Guerrero, organizador personal de la conspiración contra Díaz y el sistema de explotación.
En el cuartel militar quedaron muchos cadáveres, y otros tantos de ambas partes se veían regados en las calles. Después de las 10:00 de la mañana de aquel histórico 26 de junio quedó un aspecto muy desolador. Algunos pobladores gritaron: “¡Esto es un fracaso!”, pero otros muchos, la mayoría del pueblo, dijo: “¡Esto es un ejemplo, una enseñanza, un episodio inmortal de una revolución que se avecina y que triunfará!”.
-Encarnación Díaz Guerra, José M. Rangel y Basilio Ramírez sobrevivieron a la acción.
-Benjamín Canales, quien cayó muerto con el cráneo deshecho y los brazos extendidos, no pudo ver lo que tanto deseaba: la libertad de los mexicanos que trabajan y sufren hambre.
-Pedro Miranda, gran luchador en la acción antigobiernista, cayó mal herido, y sus últimas palabras fueron: “Ya no puedo, no se rajen, sigan adelante”.
-Néstor López, propagandista admirable y hábil para allegar recursos a la causa, quedó con una pierna rota a una cuadra del cuartel.
-Modesto G. Ramírez, valiente autor de una carta llena de consciente heroísmo, escrita la víspera del combate y publicada más tarde por la prensa estadunidense, cayó en una cerca de ramas al lado de dos bravos valientes. En la agonía, le dijo a un compañero: “Hermano, ¿cómo vamos? Dame agua y sigue adelante”.
-Juan Maldonado encontró la muerte cuando osadamente avanzaba a desalojar al enemigo.
-Pedro Arreola fue un revolucionario perseguido y de experiencia en la lucha antigobiernista, perseguido desde los tiempos de Garza Galán. Antes de fallecer, alcanzó a expresar: “La causa triunfará. No hagan caso de mí. No porque muera un chivo se va a acabar el ganado”.
-Manuel Velis, sereno luchador, murió a causa de una bala disparada desde el techo de una vivienda.
-Calixto Guerra, herido gravemente, se mantuvo en su puesto con bravura, con energía y admirable puntería, hasta caer acribillado.
-Antonio Martínez, obrero, cayó sin vida al exponer su cuerpo a muy corta distancia de la boca de los máuseres enemigos.
Por lo que se refiere a la acción guerrillera en Viesca, ciudad al sur del mismo estado de Coahuila, cabe decir que aquí estuvieron mejor organizados los valientes que, cansados de la represión, conspiraron contra el régimen y el gobierno de Porfirio Díaz.
Los guerrilleros tomaron el pueblo la noche del 24 de junio de 1908, extrajeron todas las armas que estaban en el cuartel policiaco, requisaron todos los caballos de los militares, declararon públicamente el programa del Partido Liberal Mexicano y difundieron sus consignas, que fueron: “¡Mueran el mal gobierno, el clero y el capital!”. Abrieron las puertas de la cárcel, donde casi todos estaban injustamente recluidos, y decretaron anular todas las instituciones que oprimían al pueblo.
Después, por órdenes del gobierno, se detuvo, entre otros insurrectos, a José Lugo, Ramírez Bonilla, Kankum y Albertos, quienes fueron enviados a la prisión de San Juan de Ulúa, junto con los 11 sobrevivientes de Las Vacas, y condenados a 15 o 20 años de prisión, aunque a los cuatro insurrectos mencionados se ordenó matarlos alevosamente el 3 de agosto de 1908.
A pesar de que estos valientes fueron, entre otros, los primeros insurrectos que hicieron estallar la Revolución Mexicana, tanto en Las Vacas –hoy ciudad Acuña– como en Viesca, estado de Coahuila, en los actos oficiales no se les menciona porque la burguesía, con los maderistas, los huertistas y los carrancistas, desvió la Revolución y le impuso otro contenido para fortalecer los intereses de su clase. Por ello no se cumplieron los verdaderos objetivos planteados por los iniciadores de la Revolución Mexicana, causa por la que hoy el pueblo mexicano sigue padeciendo hambre y explotación. (Carta resumida.)
Atentamente
José Luna Ortiz
Torreón, Coahuila
