Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 14 de noviembre de 2010
AYUDEMOS A NUESTROS HERMANOS MEXICANOS EN DESGRACIA
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Gasto, evaluación y despilfarro
Los diputados perdieron otra oportunidad de hacer correcciones de fondo sugeridas por Coneval
Colaborador Invitado
(14 noviembre 2010).- Alejandro González
Director general de Gestión Social y Cooperación, A.C.
No se puede gestionar correctamente lo que no se puede medir. Este principio de la disciplina administrativa aplica tanto al contexto empresarial como al sector público. En los últimos tres años, en México se ha avanzado de forma consistente en la evaluación de los programas federales que entregan subsidios a los ciudadanos. Éstos son relevantes por, al menos, dos razones. Primero, porque es uno de los principales instrumentos de política pública con los que cuenta el gobierno para atender a los grandes segmentos de la población que viven en condiciones de vulnerabilidad, ya sea porque no tienen acceso a la salud, a la alimentación, a la seguridad social, entre otras. De hecho, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estima que el 81.7 por ciento de la población padece al menos una de las ocho carencias sociales de su metodología multidimensional de medición de la pobreza.
La otra razón de relevancia de este tipo de programas es el creciente peso presupuestal que han experimentado en los últimos 12 años. En términos reales han crecido alrededor de 105 por ciento en este periodo. Para el año 2010, éstos tuvieron 338 mil millones de pesos, representando el 13 por ciento del gasto público programable total del gobierno federal. Saber qué sucede con estos programas es clave para tomar decisiones de mejora de los mismos y para asignarles recursos públicos de forma más racional, premiando a aquellos que mejores resultados entregan. Hoy contamos con evidencia valiosa sobre estos programas derivada de las numerosas evaluaciones que entidades como Coneval, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública han coordinado para dichos fines.
Los programas anuales de evaluaciones 2007, 2008 y 2009 establecieron la realización de un total de 362 evaluaciones de distintos tipos a los programas de subsidio, las cuales permiten estimar su calidad de diseño y su desempeño mostrado en los últimos ciclos fiscales. En dichas evaluaciones se han invertido 89 millones, 842 mil 37.03 pesos. Año con año, la confiabilidad de estas evaluaciones ha ido aumentando, así como la valía de la evidencia que producen. En Gestión Social y Cooperación, A.C. hemos venido monitoreando y sistematizando esta evidencia para producir, por ejemplo, índices de calidad de diseño (ICADI) y desempeño (INDEP) que permiten estimar de forma ágil y sencilla estas dos variables por cada programa, sector de política pública, función de gasto y ramo administrativo, entre otros.
Esta información nos ha llevado a concluir, por ejemplo, que 41 de los 115 programas de subsidio propuestos por el Ejecutivo para el presupuesto federal 2011 han mostrado desempeños insatisfactorios de forma consistente en los años que han sido evaluados. El presupuesto de estos programas asciende a 106 mil millones de pesos (33 por ciento del total del presupuesto de los programas de subsidio). Si bien es cierto que estas evaluaciones presentan aún algunas limitaciones, la realidad es que en la administración pública mexicana ya tenemos evidencia del 13 por ciento del total del gasto público que nos permitiría tomar decisiones informadas. Es decir, gestionar correctamente lo que hemos medido.
Sin embargo, la experiencia muestra que esta información se está utilizando poco para tomar decisiones. La trayectoria presupuestal de este tipo de programas habla por sí sola: más dinero en función de inercias y presiones políticas desestimando la evidencia. Es muy probable que para cuando se publiquen estas líneas el Decreto de Presupuesto 2011 ya haya sido aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados y que la historia de los años previos se repita: incrementos y decrementos presupuestales en función de agendas, dinámicas e intereses políticos. Lo más probable es que las reasignaciones beneficien a programas regresivos como Ingreso Objetivo de SAGARPA, que entrega el 90 por ciento de sus subsidios al decil de productores rurales más ricos.
Todo parece indicar que el amplio y creciente grupo de organizaciones civiles, académicos, funcionarios públicos y diputados que sí estamos preocupados y ocupados por esta situación tenemos aún mucho trabajo por delante: que la medición sí sirva para algo seguirá siendo nuestra agenda. No es poca cosa: el uso correcto de 338 mil millones de pesos de nuestros impuestos depende de ello.
El costo de las evaluaciones
En lo que va del sexenio se han hecho más de 300 evaluaciones al gasto social con un costo de casi 90 millones de pesos.
| Tipo de revisión | Año | Número de evaluaciones | Costo promedio por cada una* | Costo Total* |
| Consistencia y resultados | 2007-2008 | 104 | 673,631.31 | 70,057,656.24 |
| Específica de Desempeño | 2008-2009 | 131 | 82,869.12 | 10,855,854.72 |
| Específica de Desempeño | 2009-2010 | 127 | 70,303.36 | 8,928,526.72 |
| Total | | 362 | | 89,842,037.68 |
Fuente: Gesoc. (www.gesoc.org.mx). * Cifras en pesos.
¿Revolución o involución?
Reportaje El campo mexicano 1910-2010. Cien años después del levantamiento armado que movilizó al sector rural, millones de campesinos prefieren migrar y trabajar en condiciones precarias, que permanecer en sus ejidos
Karla Garduño Morán
(14 noviembre 2010).- TLAPA, GUERRERO.- Es el primer viernes de noviembre. En los camposantos de todas las comunidades aledañas a Tlapa las flores de cempasúchil todavía no se secan, pero el tema ya no son los muertos, sino la supervivencia.
Apenas pasan las fiestas, en la Unidad de Servicios Integrales (USI) de la cabecera municipal comienza el trabajo intenso que implica organizar la entrega de apoyos económicos y en especie, otorgar algunos servicios y registrar la salida de entre 500 y mil jornaleros que cada día emprenden su viaje a los campos de Sinaloa, Sonora, Baja California y otros estados de la República que, a diferencia de Guerrero, sí cuentan con sistemas de irrigación para poder sembrar dos veces al año.
Cerca de 40 mil jornaleros salen anualmente de Guerrero, de los cuales más de 14 mil pertenecen a la región de la montaña, conformada por 19 municipios nahuas, mixtecos y tlapanecos. Debido a sus altos niveles de marginación, la entidad es una de las que expulsan un mayor número de jornaleros indígenas. Un estudio sobre la geografía de la migración de Lourdes Sánchez Muñohierro -ex coordinadora del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas-, señala que el 49 por ciento de los jornaleros en todo el país proviene de 342 municipios de alta y muy alta marginación de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo, Chihuahua y Durango.
Alrededor de las mesas, donde hacen su registro y reclaman los apoyos solicitados previamente a la Sedesol; en el comedor, donde reciben un plato de comida que Aureliana y Justina -dos jóvenes nahuas- cocinan con los víveres proporcionados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; afuera del consultorio que sólo abre en las mañanas por falta de personal médico, o haciendo fila en las regaderas, cientos de indígenas hacen la antesala para un viaje de 40 horas que los llevará al lugar que será su hogar durante seis meses.
Un gran porcentaje cuenta con alguna porción de tierra comunal que les fue devuelta a sus pueblos tras la lucha revolucionaria. Sin embargo, la tierra no ha sido suficiente y después de casi 100 años las políticas agrarias los han dejado rezagados en comparación con los productores de los estados del norte, donde el campo se ha industrializado, se cuenta con los mayores subsidios y poseen el 66 por ciento de las hectáreas con irrigación del país.
El registro puntual de los jornaleros parece una tarea imposible. La Sedesol calcula que va de
El éxodo se incrementa porque viajan con toda la familia, aunque no todos vayan a trabajar. Además de los trabajadores, mujeres que cargan bebés en su espalda, hombres mayores que buscan la sombra de algún árbol y muchos niños que corren de un lado a otro entre los costales con ropa, cobijas, utensilios y algunos víveres para el camino, aguardan la llegada del camión que la empresa donde trabajarán envía para llevarlos año con año. Jornaleros provenientes de comunidades aledañas sólo hacen escala en Tlapa.
En medio de la incertidumbre que implica partir a un trabajo sin contrato, la única certeza que tienen los jornaleros es en qué empresa van a trabajar. La gestión se realiza previamente a través de los llamados contratistas, habitantes de las comunidades que tienen el contacto directo con los grandes productores y consiguen para ellos la mano de obra necesaria con sus vecinos o en municipios aledaños. Ellos mismos coordinan la salida de los camiones y negocian las condiciones de trabajo. Algo así como un representante sindical.
La cosecha insuficiente
Los campesinos de Guerrero que salen cada año a otros estados no son gente sin tierra. Tras la Revolución y con la Reforma Agraria ordenada en la Constitución de 1917, las comunidades indígenas recuperaron sus tierras. Sin embargo, la propiedad sigue siendo comunal, se reparte cada vez entre más población y no es suficiente para sobrevivir.
Al menos 2.8 millones de productores agrícolas poseen lo que los especialistas llaman "minifundio"; es decir, un terreno de menos de
Los hermanos Agustina y Antonio Trinidad, junto con sus esposos y sus hijos de 18 meses y tres años, respectivamente, pertenecen a ese grupo de campesinos subempleados y este año irán por primera vez a los campos de Sinaloa.
Las dos jóvenes parejas llegan nerviosas a la USI desde Chiepetepec -comunidad nahua a 20 minutos de Tlapa- cuando el registro casi ha terminado y reina cierta tranquilidad. En cuestión de minutos, su grupo de casi 80 personas vuelve a saturar las mesas de registro y el comedor, donde es preciso preparar dos ollas de huevo con jitomate.
Desde hace un par de días Agustina y Antonio esperaban a que los camiones estacionados a la entrada de su pueblo finalmente salieran rumbo a Tlapa. Mientras, trabajaban con el resto de su familia (papá, mamá y cinco hermanos) en la cosecha de su propia milpa.
Dentro del predio comunal a la familia Trinidad le corresponden cuatro hectáreas, pero sólo una de ellas es cultivable y está en un terreno empinado donde la siembra y la cosecha sólo pueden realizarse a pie, es lo que se denomina un tlacolote.
Mientras corta la mazorca y el poco frijol que se siembra junto a cada planta, el padre de Agustina y Antonio, Samuel Trinidad, explica por qué la cosecha de una hectárea no alcanza para sobrevivir.
La familia complementa su ingreso en efectivo con los 700 pesos que recibe su esposa como parte del programa Oportunidades. También él es beneficiario de Procampo, que le da mil pesos por hectárea. Sin embargo, sólo por el fertilizante es preciso pagar 200 pesos por bulto y para todo el terreno serían necesarios 15.
Apoyos para la desigualdad
En todos los municipios de la región de la montaña de Guerrero es común que las madres de familia, los niños o los adultos mayores reciban algún apoyo de Oportunidades y en algunas casas un anuncio del programa Piso Firme cuelga como agradecimiento a los cuatro o cinco metros cuadrados de cemento sobre los que posan sus pies descalzos.
Durante años, la falta de desarrollo productivo en el campo de los estados del sur del país ha sido compensada con subsidios sociales.
Guerrero ocupa el lugar número 13 de los estados con más superficie sembrada en el país. Representa el 3.89 por ciento de lo sembrado a nivel nacional, pero sólo aporta el 2.8 por ciento del Producto Interno Bruto del sector primario. En cambio, estados como Sonora, cuya superficie sembrada representa el
Por ser el cultivo más resistente y tradicional, el estado se ha concentrado en la siembra del maíz, mientras que en entidades norteñas se desarrolla la siembra de hortalizas y otros productos de exportación.
Guerrero -y en especial los municipios de la montaña- también es el estado que concentra el mayor número de cultivos de amapola y mariguana, según un análisis realizado por el investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Resa, pero la siembra se realiza en pequeños terrenos que tampoco proporcionan un fuerte ingreso al productor, según explica Abel Barrera, director de Tlachinollan.
Por eso, los apoyos en efectivo que brindan Oportunidades y Procampo significan para muchas de las familias la única opción de acceder a otros alimentos además del maíz o de pagar servicios y educación. Según datos de la Sedesol, durante el segundo bimestre de este año 386 mil 987 familias de Guerrero recibieron diversos apoyos de Oportunidades, por un monto total de 627.8 millones de pesos, equivalentes al 6.8 por ciento del total nacional repartido en marzo y abril del 2010. En el caso de Procampo, para septiembre de este año en la entidad se habían entregado 413 millones 376 mil pesos, distribuidos en 137 mil 246 apoyos, lo que corresponde al 5.2 por ciento del concentrado nacional.
Tanto Oportunidades como Procampo son programas reconocidos por su alcance, pero también son señalados por la desigualdad que generan: entre menos hectáreas tiene un productor se reduce su apoyo agrícola y aumenta el social. Según datos de Jonathan Scott, investigador de El Colegio de México, quien analiza los datos de la Encuesta de Características Socioeconómicas de los Hogares realizada por el programa Oportunidades en 2004, los hogares rurales con menos de
Guerrero, un estado con un 43 por ciento de población rural y 17.2 de hablantes de lenguas indígenas, es uno de los mayores beneficiarios de Procampo. Sin embargo, los estados a donde van a trabajar sus jornaleros, donde se ubican empresas prósperas que se dedican a la exportación de vegetales, reciben más dinero per cápita por tener dos ciclos de siembra y una mayor cantidad de hectáreas.
Sinaloa -el principal destino de los jornaleros de Guerrero-, tiene 32 por ciento de población rural y sólo 1.3 de indígenas, pero entre 1994 y
En un informe sobre la política de desarrollo rural y agropecuario mexicana realizado en 2009 por el Banco Interamericano de Desarrollo (que ha prestado a Procampo más de 500 millones de dólares), se señala que el gasto en agricultura es tan regresivo que anula aproximadamente la mitad del efecto redistributivo del gasto en desarrollo rural. Es decir, mientras que el gasto en desarrollo rural reduce hasta en 14 por ciento el coeficiente de Gini -que mide el grado de desigualdad-, el gasto en agricultura lo aumenta en un 6.7 por ciento.
El más pobre
Aunque sólo el 27 por ciento de su población ha terminado la primaria, en Cochoapa el Grande se entiende esa desigualdad. Cada dos meses, 3 mil 946 familias de ese municipio de 15 mil 500 habitantes (según el censo del 2005) reciben en total 4 millones 317 mil 730 pesos. Las mujeres llenan el palacio municipal cuando acuden a cobrar los apoyos y hasta se dan el lujo de comprar una bolsa de mandarinas o plátanos; sin embargo, desde el 2003, cuando el municipio se separó de Metlatónoc, se convirtió en el más marginado del país, según el Coneval.
En promedio, cada una de las familias beneficiadas del municipio mixteco recibe poco más de mil pesos cada bimestre, un apoyo insuficiente especialmente en un año agrícola como éste, en el que se perdió más de la mitad de las cosechas.
En pleno día de cobro, el colorido que los huipiles de las mujeres mixtecas imprime al centro de Cochoapa contrasta con las caras largas de sus maridos. Mientras que en otros municipios recogen y guardan su maíz, aquí no hay mucho que hacer; las milpas están casi secas, pero las pocas mazorcas que se dieron no crecieron lo suficiente y todavía no se les puede cortar, así que los hombres bajan a la cabecera municipal a buscar alguna ocupación que les ayude a completar el gasto.
Por 80 pesos diarios y 12 horas de jornada, Isidro Flores, por ejemplo, se emplea eventualmente en la construcción de la carretera que pasa por las comunidades, y Santiago Jacinto trabaja en el centro como albañil. A pesar de haber perdido la cosecha porque la lluvia dejó de caer a finales de septiembre, ninguno de los dos irá este año a trabajar de jornalero como otros cientos de pobladores que ya comenzaron a salir a Sinaloa.
Flores prefiere quedarse a cosechar lo poco que pueda rescatar de su milpa porque además allá de todas maneras "casi no hay, no alcanza", dice.
Jacinto se queda porque sus hijos están estudiando y porque su experiencia como jornalero no ha sido nada buena.
"Antes yo me iba a Sinaloa con toda mi familia. En 2006 fui a Ciudad Altamirano, Michoacán y se murieron dos de mis hijos, los más grandes, uno casado y otro soltero de 17 y 14 años, en un accidente de camioneta", cuenta Jacinto.
El dueño del campo les dio 10 mil pesos por cada uno de los hijos y apoyo para trasladar los cuerpos a Guerrero. Eso fue todo. Desde entonces, la familia mejor se queda en el pueblo.
Otros como Roberto Luis Ortega van porque no tienen otra opción. Con escasas palabras en mixteco, Ortega muestra el desastre de su milpa. El terreno apenas alcanza media hectárea, pero las áreas donde lograron crecer algunas plantas de maíz son escasas. El resto es tierra seca, pasto y flores silvestres que crecieron en lugar del maíz que él sembró.
Más riesgos que apoyos
Desde su trinchera, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, busca llamar la atención sobre todos esos riesgos y ofrece apoyo legal y humanitario a quienes dejan la región para internarse en otros estados o en el extranjero.
Margarita Nemesio es la encargada del área en Tlachinollan y muchos de los jornaleros la tratan ya como a un miembro de su familia, luego de que el centro ha defendido causas como la del niño David Salgado, fallecido en un campo de Sinaloa en diciembre del 2006.
"Uno de los elementos que agudiza la situación de pobreza de los jornaleros es la falta de atención de las autoridades, de algunas dependencias de gobierno. Aunque hay algunas cosas que han mejorado, sigue habiendo una ausencia de quienes deberían estar vigilando por lo menos en qué condiciones se van de aquí y cómo se desplazan", dice Margarita.
Desde su salida hasta su regreso, los jornaleros carecen de cualquier tipo de protección. Aunque las condiciones de los camiones que los transportan han mejorado, los accidentes viales están a la orden del día.
De los seis camiones que salen de Ayotzinapa el viernes, rumbo a la agrícola Buen Año en Culiacán, tres de ellos sufren un accidente el sábado en la carretera a Celaya. Esta vez todos viven para contarlo y para el domingo ya están de nuevo en camino, pero unos días antes otro camión de jornaleros sufre una accidente en Baja California en el que mueren 14 personas.
En el lugar de trabajo tampoco hay garantías. Algunas empresas -especialmente en Sinaloa- brindan un lugar donde vivir, pero éste puede ir desde cuartos para una sola familia con agua corriente hasta enormes galerones sin muebles.
En otros lugares como el estado de México o Morelos, los campesinos son contratados por día y tienen que rentar un espacio donde vivir.
Los más vulnerables son los niños. Algunos productores toleran el trabajo infantil y otros no, pero eso no significa que tengan algo que ofrecer a los menores. La instalación de escuelas o guarderías es casi un regalo del productor. En Sinaloa por ejemplo, explica Nemesio, existe un convenio de la Sedesol con los empresarios para que brinden los servicios básicos, pero no se lleva un seguimiento y no todas las empresas cumplen las condiciones.
En otros estados, en cambio, los niños no tienen ni siquiera un lugar seguro donde quedarse y acuden con sus padres al trabajo, entre los surcos y las máquinas de trabajo.
Ahí ocurren los peores accidentes: el 8 de octubre, en un campo de jitomate del municipio de Ozumba en el estado de México, Pascual y Soila Toribio perdieron a su hija de cinco meses de nacida bajo las llantas de un tractor recolector.
Casi un mes después a Pascual todavía se le nubla la mirada sólo de recordarlo. Además del dolor natural por perder a su primer hijo, la pareja aguantó las acusaciones del productor y otros pobladores de Ozumba por llevar a su pequeña a trabajar y, luego de dejar el cuerpo enterrado ahí, volvieron a su casa en Santa María Tonaya, una comunidad tlapaneca donde la familia de Pascual tiene su milpa.
Ahora están dispuestos a volver a Sinaloa en enero, a buscar trabajo en cualquier campo porque en su comunidad también se perdió la mitad de la cosecha.
"Salen todos los compañeros, las casas quedan vacías, se quedan sólo las autoridades", cuenta Pascual.
Pascual y Soila tienen 20 y 19 años respectivamente y no cuentan con su propia parcela, sino que comparten con los padres y hermanos el producto de una cosecha que conforme crece la familia se reparte más.
Ellos forman parte de los 15 millones de jóvenes que, de acuerdo con datos de investigadores de la Universidad de Chapingo, no tendrán acceso a la tierra.
La Revolución que reclamaba tierra y libertad cumple 100 años y el número de jornaleros en el país va en constante aumento.
Estado expulsor
Miles de campesinos emigran de todas las regiones de Guerrero a otras entidades o a Estados Unidos cada año.
-Guerrero
-Tierra Caliente
-Taxco
-Iguala
-Zihuatanejo
-Tlapa
-La Montaña
-Costa Chica
-Costa Grande
-Chilpancingo
-Acapulco
Cien años de política agraria
De la Reforma Agraria a la apertura comercial, los gobiernos fueron cambiando sus prioridades en materia de agricultura.
1 Porfirio Díaz
1876-1911
Porfirio Díaz desincorpora tierras comunales para hacerlas más productivas a través de su venta a particulares.
2 Emiliano Zapata
1910-1914
Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala en 1911, donde reclama al presidente Francisco I. Madero el respeto a los puntos del Plan de San Luis que exigían la devolución de tierras a los campesinos.
3 Venustiano Carranza
1915-1920
En el gobierno de Venustiano Carranza se promulga la nueva Constitución que en su Artículo 27 otorga al Estado el derecho a repartir los latifundios y revierte las enajenaciones del Porfiriato. La Ley Agraria reglamenta la entrega de tierras a los pueblos para uso común, aunque se insta a expedir leyes para titular los derechos.
4 Álvaro Obregón
1921-1924
Álvaro Obregón expide la Ley de Ejidos en 1921 que regula el funcionamiento del sistema ejidal y se crea la figura de comisario ejidal. Se declaran inafectables algunas propiedades privadas.
5 Plutarco Elías Calles
1924-1928
Con Plutarco Elías Calles en 1925 se publica la Ley Reglamentaria sobre Repartición de Tierras Ejidales que otorga al gobierno la facultad de decidir cómo se reparte la tierra entre los comuneros. Se prohíbe expresamente el arrendamiento y la venta de ejidos.
6 Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez
1929-1934
Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez continúan con el reparto agrario con base en la ley de 1925.
7 Lázaro Cárdenas
1934-1940
Con Lázaro Cárdenas un nuevo Código Agrario determina que los propietarios cuyas tierras fueron motivo de restitución o dotación a los pueblos no pueden recurrir al juicio de amparo. Se crean el Departamento Agrario y la Confederación Nacional Campesina. Al final del sexenio los ejidatarios aportaban más de la mitad del producto agrícola nacional.
8 Manuel Ávila Camacho
1940-1946
Manuel Ávila Camacho realiza reformas al Código Agrario en 1942 para que los propietarios reciban mayores privilegios sobre los ejidatarios, aumentan los cultivos que se declaran como inafectables y se instaura la Secretaría de Agricultura y Ganadería.
9 Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines
1946-1958
Con Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines se incrementa en varias ocasiones el límite de la superficie máxima de varios cultivos y se reinstaura el amparo en materia agraria.
10 Adolfo López Mateos
1958-1964
Adolfo López Mateos expide el Reglamento para la Tramitación de los Expedientes y Titulación de Bienes Comunales, que establece el derecho de titulación en propiedad privada de terrenos poseídos individualmente. En 1962 se crea la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo)
que compraba a los agricultores sus granos con un "precio de garantía".
11 Gustavo Díaz Ordaz
1964-1970
Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz se fomenta la industrialización del campo y se incrementa la inversión en obras de irrigación. Se construyen 107 presas y obras para 447 mil hectáreas. Se crea El Banco Nacional Agropecuario.
12 Luis Echeverría
1970-1976
Luis Echeverría expide en 1971 la Ley Federal de Reforma Agraria que pone mayores condiciones para el acceso a la tierra a los comuneros.
En 1974 se crea la Secretaría de la Reforma Agraria y la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) para mediar en los conflictos por expropiación de tierras. Surgen varias asociaciones de campesinos independientes regionales y se realiza el primer Congreso Indígena en Chiapas en 1974.
13 José López Portillo
1976-1982
José López Portillo expide en 1980 la Ley de Fomento Agropecuario y crea el Sistema Alimentario Mexicano para reducir la importación de granos básicos. Se fusionan la Secretaría de Ganadería y Agricultura y la de Recursos Hidráulicos.
14 Miguel de la Madrid
1982-1988
Con Miguel de la Madrid desaparece la Conasupo y México se incorpora al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT)
en 1986. En 1984 se crea la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).
15 Carlos Salinas de Gortari
1988-1994
Carlos Salinas de Gortari impulsa modificaciones al Artículo 27 Constitucional y a la Ley Agraria de 1992 para permitir la venta y renta de la propiedad ejidal. Se crean la Procuraduría Agraria, la oficina de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) y el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo).
16 Ernesto Zedillo
1994-2000
Con Ernesto Zedillo entra en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que prevé la desaparición gradual de aranceles. En Chiapas surge el EZLN y en Monterrey El Barzón, con productores de clase media. En 1995 se crea la Alianza para el Campo y en 1998 se determina el fin del rezago agrario.
17 Vicente Fox
2000-2006
En el sexenio de Vicente Fox entra en vigor la apertura comercial del maíz, que en 2003 motiva una protesta nacional a gran escala contra la apertura comercial del TLCAN bajo el nombre "Movimiento el campo no aguanta más".
18 Felipe Calderón
2006-2010
Felipe Calderón anuncia en 2007 la extensión de Procampo hasta 2012; cinco años más de lo programado.
El reparto agrario, en 17 etapas
Desde que comenzó el reparto agrario con la Constitución de 1917, se han repartido 101.6 millones de hectáreas a 3.5 millones de campesinos.
| | Hectáreas | Campesinos beneficiados | Promedio de hectáreas por campesino |
| 1915-1920 Venustiano Carranza | 381,926 | 77,203 | 4.9 |
| 1921-1924 Álvaro Obregón | 1,730,686 | 164,128 | 10.5 |
| 1924-1928 Plutarco Elías Calles | 3,186,294 | 302,539 | 10.5 |
| 1929-1930 Emilio Portes Gil | 2,438,511 | 187,269 | 13 |
| 1931-1934 Pascual Ortiz y Abelardo Rodríguez | 3,285,980 | 216,387 | 15.1 |
| 1934-1940 Lázaro Cárdenas | 17,906,424 | 811,157 | 22 |
| 1940-1946 Manuel Ávila Camacho | 5,944,450 | 157,000 | 37.8 |
| 1946-1952 Miguel Alemán | 4,844,123 | 97,391 | 49.7 |
| 1952-1958 Adolfo Ruiz Cortines | 4,894,390 | 231,888 | 21.1 |
| 1958-1964 Adolfo López Mateos | 11,361,370 | 304,498 | 37.3 |
| 1964-1970 Gustavo Díaz Ordaz | 14,139,574 | 216,695 | 65.2 |
| 1970-1976 Luis Echeverría | 12,773,888 | 205,999 | 62 |
| 1976-1982 José López Portillo | 5,938,939 | 92,912 | 63.9 |
| 1982-1988 Miguel de la Madrid | 8,446,614 | 223,804 | 37.7 |
| 1988-1994 Carlos Salinas de Gortari | 3,641,500 | 159,502 | 22.8 |
| 1994-2000 Ernesto Zedillo | 552,000 | 100,000 | 5.5 |
| 2000-2006 Vicente Fox | 173,600 | 8,718 | 19.9 |
Fuentes: Censos Agropecuarios y Ejidales del INEGI; Informes de gobierno; Procuraduría Agraria. Libros: Reforma agraria: del latifundismo al neoliberalismo, de Jesús Carlos Morett Sánchez (Plaza y Valdés, 2008) y Subsidios para la desigualdad Las políticas públicas del maíz en México a partir del libre comercio, coordinado por Jonathan Fox y Libby Haight (Woodrow Wilson International Center for Scholars y CIDE, 2010).
Clasemedieros: los infieles de la política
La cultura política Novedad editorial. Entrevista: Luis Rubio. La clase media representa una amenaza para los partidos. Es volátil y difícil de convertir en voto duro o corporativo. El nacionalismo revolucionario, en la retórica, apostaba a las clases medias, pero en la práctica apostaba por el control de una sociedad pobre
Karla Garduño Morán
(14 noviembre 2010).- En su campaña a la Presidencia en 2006 Felipe Calderón apostó por la clase media, y fue el voto de la población con ingresos entre 9 y 15 salarios mínimos el que decidió su triunfo; sin embargo, durante su administración han faltado programas para apuntalar el desarrollo de ésa, la clase social más extensa del país, considera el politólogo Luis Rubio.
El presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C (CIDAC) apunta que durante su campaña Calderón tuvo el mérito de reconocer la importancia de la clase media en un país donde el discurso de los políticos se enfoca a la población en situación de pobreza -47.4 por ciento de la población según el Coneval- pero "no ha construido una plataforma que fortalezca a la clase media".
"Los gobiernos que se plantean lograr que se consolide la clase media tienen un proyecto de desarrollo que empata perfectamente, que es lógico en la descentralización política de la economía de la información, donde las cosas fluyen y cambian continuamente. Al presidente Luiz Inácio Lula da Silva (de Brasil) le escuché hace algunos años un discurso donde decía que su proyecto era desarrollar un país de clase media. Me parece que eso entraña una visión política espectacular", señala Rubio.
Pero en México, a pesar de que el gobierno de Calderón ganó con el apoyo de los clasemedieros y de que este sector de la población crece paulatinamente, las políticas públicas existentes no favorecen que se consolide su economía y atoran la movilidad social.
En el libro Clasemediero, pobre no más, desarrollado aún no (CIDAC, 2010), Rubio y el economista Luis de la Calle exponen cómo ha crecido la clase media en México, sumando a sus filas desde obreros que aumentan su calidad de vida, hasta familias que a través de la economía informal incrementan sus ingresos y su consumo.
"Una parte importante de la clase media está en la economía informal, cada vez hay más mexicanos en la economía informal, pero hay menos incentivos para que crezca la economía formal. Si una persona está en el Seguro Popular y entra a la economía formal, no puede quedarse en el Seguro Popular, y eso crea un incentivo para quedarse en la economía informal. Lo que habría que hacer es sumar Seguro Social y Seguro Popular para que todo el mundo tenga acceso a los servicios sociales, pero al mismo tiempo facilitar la transición a la economía formal, ése es el tema más importante", explica Rubio.
Sin embargo, el marco regulatorio y los incentivos de la economía mexicana tienden a crear obstáculos, sesgar oportunidades a favor de unos cuantos, reducir la competencia, impedir que se desarrollen nuevas empresas y limitar el potencial de los individuos, concluyen los investigadores.
Una amenaza para la política En un intento por delimitar a la clase media a partir de sus patrones de ingreso y gasto, Rubio y De la Calle utilizan los estudios que cada año realiza la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública A.C. y ubican en este sector de la población a quienes perciben un ingreso entre los 6 mil 800 y los 35 mil pesos mensuales, los cuales pasaron de representar el 52.6 por ciento en 2002, al 53.7 en 2008.
Sin embargo, dice Rubio, la clase política se ha enfocado en los pobres tanto en el discurso como en la práctica. La clase media, en cambio, les representa una amenaza debido a su falta de fidelidad a un partido político.
El número de votantes independientes ha pasado del 29 por ciento en
"Los políticos que vienen del nacionalismo revolucionario ven esto como una amenaza. En la retórica apostaban a una sociedad de clase media, pero en la práctica apostaban a una sociedad pobre a la que podían controlar. El desarrollo les da mucha más libertad, independencia, y por lo tanto este segmento de voto es mucho más independiente, no tiene preestablecida su dependencia partidista. Pasamos de un país en el que 90 y tantos por ciento tenía definido su partido, a una sociedad que tiene un 60 por ciento de la población que ya no tiene una preferencia política preestablecida. Eso para un candidato es una locura, es un cambio brutal, porque no puede contar con una base clave", afirma Rubio.
Pero la indefinición política de los clasemedieros reside más en un carácter apolítico que crítico, afirma Rubio. Son fieles a su propio bienestar y eso los hace conservadores en términos de comportamiento electoral y financiero, por lo que tampoco son afectos a las movilizaciones sociales.
"Se pensaba que los que se levantan son los que no tienen nada que perder, pero lo que la historia ha probado es que son ciertos segmentos mucho más activos políticamente. La Revolución la iniciaron personas bien acomodadas. La clase media se vuelve más bien un espacio de cabildeo, la gente no quiere conflicto de ningún tipo. La gente de clase media es la que está sentada todo el día en el tráfico en el coche y si hay una manifestación le molesta sobremanera", argumenta Rubio.
Un fenómeno comercial Hasta el momento y a pesar de que en la contienda del 2006 se dejó sentir el peso de la clase media, no existe ninguna estrategia específica para ese sector de la sociedad que demanda principalmente estabilidad económica, pero también un mayor acceso a los medios modernos de información.
"Nuestro objetivo es tratar de provocar una discusión sobre ese tema. Hay gente muy incómoda que cree que el problema de México es la pobreza y que es muy artificial esto de la clase media; pero por otra parte alguien está yendo al cine en Ecatepec y alguien está comprando en el Walmart de Iztapalapa y el resto del país, son cosas que están ocurriendo. Cómo las capta, las aprovecha y las convierte en estrategia un candidato, ése va a ser el gran tema el año que viene", asegura Rubio.
Los políticos son poco conscientes de un fenómeno que las grandes cadenas comerciales detectaron hace años, explican Rubio y De la Calle en su libro.
Entre 1998 y 2008, el número de tiendas departamentales, de autoservicio y conveniencia aumentó un 44 por ciento, al pasar de 17 mil
También la oferta de entretenimiento ha crecido exponencialmente. Mientras que en 1991 había 218 establecimientos de espectáculos, para 2007 ya se contaba con 735, y las funciones en salas de cine pasaron de 0.83 millones a 4.6 millones en el mismo periodo, según la información recopilada por los investigadores.
"Lo que las cadenas comerciales han identificado es lo que estamos tratando de presentar como un tema que tiene consecuencias políticas representativas; esas empresas vieron que había una realidad distinta a lo que decía el discurso político, de otra manera no se explican sus inversiones monumentales", señala Rubio.
En librerías
Título: Clasemediero. Pobre no más, desarrollado aún no.
Autores: Luis Rubio y Luis de la Calle.
Editorial: CIDAC.
Fecha: México, 2010.
El peso de la clase media
Más de la mitad de la población tiene ingresos entre 6 mil 800 y 35 mil pesos. Una tercera parte no manifiesta ninguna adhesión partidista.
Nivel Socioeconómico
(Ingreso mensual en pesos)
Porcentaje de la población
| | 2002 | 2008 |
| Menos de 6,799 | 27.7% | 25% |
| | 35.5 | 35.8 |
| | 17.1 | 17.9 |
| | 12.6 | 14 |
| Más de 85,000 | 7 | 7.2 |
Identificación partidista
Porcentaje de la población
| | 1989 | 2007 |
| PRI | 32% | 19.5% |
| PAN | 13 | 20.3 |
| PRD | 19 | 14 |
| Indecisos | 29 | 34 |
PIB per cápita
(Pesos del 2003)
| 1988 | 60,316 |
| 1999 | 73,078 |
| 2008 | 83,701 |
Fuente: Clasemediero de Luis Rubio y Luis de la Calle, Cidac, México 2010.
La cultura política
(14 noviembre 2010).- Téngalo presente
Análisis y prospectiva sobre la situación política, económica, social y cultural en América Latina. Foro del Senado de la República. Julia Carabias, Rolando Cordera, Jorge Chabat, Diego Valadés. Jueves 18 y viernes 19, 10:00 horas. Patio Central del Senado. Xicoténcatl 9, Centro Histórico. Inf: 5345 3000 ext. 5237.
Conferencias
¿Crisis del multiculturalismo? El repliegue de las políticas de inmigración en Europa. Antonio Elorza y Lorena Ruano Gómez. Miércoles 17, 13:00 horas. Sala de seminarios del CIDE, carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2119.
La centralidad de América Latina en la estrategia de Seguridad Hemisférica. María José Rodríguez. Miércoles 17, 17:00 horas. Plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. San Lorenzo 290, Del Valle. 5488 6661 ext. 15601.
La lucha revolucionaria zapatista y los ferrocarriles, documentos del Ejército Libertador del Sur, 1912-1915. Jorge Ramón Gómez Pérez. Museo de los ferrocarrileros. Sábado 20, 12:00 horas. Alberto Herrera s/n, Aragón La Villa. Informes: 5118 6407.
Congresos
Derecho internacional tributario. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Samuel González Ruiz, Guillermo O. Teijeiro, entre otros. Miércoles 17 y jueves 18, 9:00 horas. Auditorio Héctor Fix-Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Programa: http://bit.ly/chmOvu. Informes: 5665 2436.
Foros
Propuestas de reforma educativa en México. Pedro Flores Crespo, Manuel Gil, Marisol Silva, Cristian Cox, Eduardo Andere, Javier Loredo, entre otros. Lunes 15 y martes 16, 9:00 horas. Aula Magna San Ignacio de Loyola de la Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. Informes: 5950 4000.
Libros
Campeche. Historia de las instituciones jurídicas de Víctor Manuel Collí Ek. UNAM. El autor recorre el desarrollo del orden jurídico de Campeche en los 200 años de vida independiente.
¿Cuántos votos necesita la democracia? La participación electoral en México 1961-2006 de Silvia Gómez Tagle. IFE. Estudio histórico y geográfico sobre la participación ciudadana en las elecciones en México durante los últimos 40 años y un análisis comparativo con otros países.
La magistratura estatal. Análisis, evolución y defensa en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Víctor Manuel Collí Ek. Porrúa. Análisis de la autonomía del Poder Judicial en México.
La suerte de la consorte de Sara Sefchovich. Océano. Tercera edición de la obra que relata la vida de las esposas de los gobernantes de México, desde la primera virreina en el siglo XVI, hasta Margarita Zavala de Calderón.
Las mieles del poder de Alejandro Sánchez. Random House Mondadori. Investigación de las historias amorosas que han influido en el rumbo del país. Desde Porfirio Díaz, Gustavo Díaz Ordaz o José López Portillo, hasta Vicente Fox y César Nava.
La vía radical de Porfirio Muñoz Ledo. Grijalbo. Desde su experiencia como diplomático, legislador y dirigente político el autor reflexiona sobre la situación del Estado y propone como alternativa para salir del caos actual realizar la reforma de las instituciones, abortada en esta década, y que hoy resulta apremiante.
Los infiltrados de David Aponte. Grijalbo. Reconstrucción de las redes de complicidad entre funcionarios de todos los niveles y grupos delincuenciales, a partir de lo declarado por testigos protegidos de la Operación Limpieza.
Marca de sangre de Héctor de Mauleón. Planeta. A partir de la información publicada en diarios nacionales y semanarios desde 1985 y la consulta de declaraciones ministeriales, el autor traza una crónica que abarca 25 años la vida de los principales jefes, sicarios y operadores del narcotráfico.
Mesas redondas
A 25 años del sismo de la Ciudad de México. Reflexiones desde las ciencias sociales. Daniel Rodríguez, Mario Garza, Emilio Padilla, entre otros. Miércoles 17, 9:00 horas. Auditorio del Instituto Mora. Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac. Informes: 5598 37777 ext. 1133.
Cambio Climático: los desafíos de la COP 16 ¿Qué se puede esperar de la Cumbre en Cancún? José Luis Lezama, Fernando Tudela y Laurence Tubiana. Jueves 18, 17:00 horas. Sala de videoconferencias de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000.
Presentaciones
Impacto de la Revolución Mexicana de varios autores. Senado de la República. Martes 16, 9:30 horas. Patio Central del Senado de la República. Xicoténcatl 9, Centro Histórico. Informes: 5345 3000 ext. 5237.
Retrato a dos tintas. Imaginario de la Revolución Mexicana de Elisa García Barragán. Senado de la República. Miércoles 17, 9:30 horas. Patio Central del Senado. Xicoténcatl 9, Centro Histórico. Informes: 5345 3000 ext. 5237.
Diccionario del español de México. Colmex. Luis Fernando Lara y José María Espinasa. Miércoles 17, 18:00 horas. Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000.
Revistas
China Hoy. No. 11. Edición dedicada a la celebración de la COP 16 en Cancún México. El jefe de la delegación china en las negociaciones internacionales sobre cambio climático explica la postura de su país. Funcionarios y especialistas chinos exponen las acciones que esta nación ha llevado a cabo para reducir emisiones y las que están dispuestos a impulsar en el futuro. www.chinatoday.com.cn.
Voz y voto. No. 213. Se publica el ensayo La crisis de México, escrito en 1947 por Daniel Cosío Villegas. Sobre la Revolución centenaria escriben Humberto Musacchio, Diódoro Carrasco y Miguel González Compeán. Jaqueline de la O. escribe sobre el relevo de consejeros en el IFE.
Los placeres y los días / Figuras de cera
Andrés de Luna
(14 noviembre 2010).- El museo de cera formó parte de la imaginación infantil. Figuras de hombres célebres compartían con las más exitosas de asesinos y monstruos; presencias, estas últimas, posibles gracias al talento y el imaginario de sus realizadores. Madame Tussaud se encontró con una mina de oro al lograr un realismo excelso en esas esculturas revestidas con trajes ambientados según la época; incluso, es seguro que el Museo Tussaud, de Londres, sea la galería de mayor fama internacional, y que a pesar de algún incendio el espacio mantenga la curiosidad de sus visitantes. Se sabe que la señora que da nombre a varios museos en el globo, tuvo un momento de auge durante la Revolución Francesa: su habilidad para esculpir rostros de aristócratas decapitados la convirtió en celebridad instantánea, lo mismo que al pintor y dibujante Jean Louis David. La nota necrofílica era su razón de ser.
Ya en tiempos modernos, en París el Grevin es otra de las instituciones dedicadas a las figuras de cera, lo mismo que el Colón de Madrid, en el que se representa, con todo y su carga mórbida, la cornada mortal en el ojo al torero Manolo Granero. Niños y adultos gozan con el espectáculo de la fama, buena y mala, de los personajes que están a la vista de todos. En el Wax, de Hollywood, las presencias dominantes son las del star system. Uno puede tener ante sí la exuberancia del trasero de Jennifer López o la delgadez de las piernas de Jennifer Aniston, o el glamour de Leonard Bernstein. Ahora, el Museo de Cera de la calle de Londres, en el Distrito Federal, se regodea con la figura, casi napoleónica, al menos en gesto, con todo y la mano a la altura del estómago, del otrora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, político fallecido en fatal accidente aéreo, que antes de morir recibía acusaciones en torno al uso indebido de cargos públicos en beneficio familiar.
De la tumba pasa ahora a la gloria póstuma de la galería cerúlea, en la que comparte famas con el Presidente en turno, lo mismo que con Porfirio Díaz, Francisco I. Madero y otros representantes del Panteón Nacional. ¿Qué caso tenía incluir entre ellos al cuestionado ex secretario de Gobernación? La verdad, resulta excesivo desde cualquier ángulo, sólo un guiño de ojo al Presidente, su amigo entrañable. El futuro está a la vista: en poco tiempo Mouriño se convertirá en figura de olvido, una más de un sexenio lamentable.
REVISTA PROCESO No. 1776
El gran espía
Jorge Carrasco A. y J. Jesús Esquivel
Desde el sexenio foxista, México y Estados Unidos acordaron colaborar en materia de inteligencia estratégica. Tras varios años de negociaciones hoy, con la venia del presidente Calderón y pese a las reticencias del Ejército y la Marina, ya operan abierta y libremente en territorio mexicano los agentes de nueve instituciones de espionaje del vecino país. Bajo la cobertura de una denominación equívoca (Oficina Binacional de Inteligencia), el gran centro de espionaje de Washington funciona desde agosto pasado en un edificio ubicado en la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, muy cerca de la embajada estadunidense.
Con el gobierno de Felipe Calderón, Estados Unidos logró lo que siempre ambicionó: establecer en la Ciudad de México un centro de espionaje. Y fue el ascenso del narcotráfico en el país el que abrió la puerta a todas las agencias de inteligencia estadunidenses, predominantemente militares, para que operen desde el Distrito Federal sin necesidad de encubrir a sus agentes como diplomáticos.
El establecimiento de la Oficina Binacional de Inteligencia (OBI) fue autorizado por Calderón, luego de las negociaciones con Washington, que inició su predecesor, Vicente Fox Quesada. En los encuentros participó el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés Castellanos, sin tomar en cuenta las objeciones de las Fuerzas Armadas.
A través de la OBI, Calderón dio entrada ya a los agentes de inteligencia estadunidenses para que investiguen sin problemas a las organizaciones del crimen organizado y del narcotráfico. Además, pueden vigilar a las mismas dependencias gubernamentales, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, así como las representaciones diplomáticas acreditadas en México.
Las instalaciones del cuartel general de los agentes del Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), el Buró Federal de Investigación (FBI), así como de los departamentos de Justicia, de Seguridad Interior y del Tesoro se localizan en el edificio comercial ubicado en el número 265 de avenida Paseo de la Reforma, a unos
En la OBI es el Pentágono el que tiene la presencia más significativa, pues desde ahí operan la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). Le sigue el Departamento de Justicia, también con tres agencias: el FBI, la agencia federal antinarcóticos (DEA) y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).
Con dos servicios está el Departamento de Seguridad Interior: Inteligencia de Guardia Costera (CGI) y la Oficina de Cumplimiento Aduanal y Migratorio (ICE); mientras que el Departamento del Tesoro tiene agentes de la Oficina de Inteligencia sobre Terrorismo y Asuntos Financieros (TFI).
Además, la OBI abrió dos oficinas “satélites”: una en Ciudad Juárez y otra en Tijuana, donde los agentes estadunidenses comandan “fuerzas de tarea” contra el narcotráfico, con el apoyo de personal mexicano.
Se desconoce el número de elementos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que trabajan en territorio mexicano con la autorización del gobierno federal a partir de la apertura de la OBI, anunciada el 31 de agosto pasado, pues las autoridades mantienen esa información como “clasificada”.
El edificio que ocupa la OBI en el Distrito Federal está a un lado de la Bolsa Mexicana de Valores y forma parte de lo que los servicios de seguridad e inteligencia mexicanos definen como el área de “blancos suaves”, en referencia a la eventualidad de un ataque a intereses de Estados Unidos en México.
En ese punto del Distrito Federal, estratégico para Washington, además de la legación de Estados Unidos y de la OBI se ubican representaciones de empresas trasnacionales, como la Ford, American Airlines y los hoteles Marriot y Sheraton, entre otras.
El edificio donde operan los servicios de inteligencia de Estados Unidos parece un inmueble más en esa zona que alberga bancos, aseguradoras, oficinas de telecomunicaciones y comerciales y despachos privados. Lo único que llama la atención es la entrada y salida de ciudadanos estadunidenses.
En el directorio del edificio aparecen los nombres de las firmas ocupantes hasta el piso 21. Pero a partir del 22 y los tres niveles de penthouse aparece solamente la leyenda “ocupado”. Y en la azotea se observan una veintena de platos satelitales colocados justo encima del logotipo de la empresa de telecomunicaciones Axtel. “Es la mejor cobertura para la operación de las agencias”, dijo una fuente al proporcionar la ubicación de la OBI. La apariencia ordinaria del inmueble es la manera con la cual Estados Unidos suele disfrazar sus centros de inteligencia en todo el mundo.
La recepción y el estacionamiento están resguardados por servicios de seguridad privados, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal brindan apoyo en el entorno urbano. Además, en las inmediaciones de la OBI el gobierno capitalino colocó cámaras especiales de vigilancia que cuentan con sirenas de alarma para observar los movimientos de peatones y vehículos.
El edificio de Reforma 265 es el más alto del lugar, lo que impide que desde lo alto se pueda auscultar el modus operandi y el despliegue tecnológico de ese cuartel de inteligencia.
El alcance y poder de la OBI en México es similar al del Centro de Inteligencia de El Paso, Texas (EPIC), que data de 1974 y opera exclusivamente para combatir el tráfico de drogas, armas y lavado de dinero en la frontera entre México y Estados Unidos.
Desde el EPIC se han diseñado estrategias contra el narcotráfico y la delincuencia organizada de México. Entre las más exitosas están la Operación Tigre Blanco, que sirvió para investigar las actividades de la familia Hank Rhon en 1997; la captura y extradición, un año antes, de Juan García Ábrego, líder del cártel del Golfo, y el descubrimiento de las narcofosas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1998.
Subordinación
Rebasado por el narcotráfico, el gobierno de Felipe Calderón aceptó el establecimiento de la OBI en México a propuesta del entonces titular de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos (ODNI), el almirante Dennis Blair, quien en marzo pasado acompañó a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, durante su visita de trabajo a México.
Según el acuerdo formal, en la nueva oficina los agentes estadunidenses interactúan con sus contrapartes mexicanos bajo la coordinación del Departamento de Estado y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
No obstante, en el Ejército y la Marina, donde se considera que la Iniciativa Mérida ha resultado muy costosa para el país, aún se cuestiona la apertura de la OBI aquí.
Para el Pentágono, la marcada presencia de sus agentes en territorio nacional tiene como propósito fusionar los servicios de inteligencia y espionaje de los dos países para identificar y explotar las vulnerabilidades de las organizaciones del narcotráfico y de las bandas de la delincuencia organizada.
Bajo esa directiva, dada a conocer el 18 de marzo último por el general Víctor Eugene Renuart, entonces jefe del Comando Norte, en México se han efectuado varios operativos exitosos contra narcotraficantes.
Desde entonces, las principales acciones contra los capos de la droga han sido las ejecuciones de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas; Ignacio Nacho Coronel, y Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; además de las detenciones de otros capos, como Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.
Desde la ejecución del Barbas en diciembre de 2009, los servicios de inteligencia estadunidenses, principalmente la DEA, han mencionado su participación en distintos operativos: contra el propio Arturo Beltrán Leyva; La Barbie; Teodoro García Simental, El Teo –quien disputaba en Tijuana el control de lo que queda de la organización de los Arellano Félix–; José Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio o El Chayán, operador de los Beltrán Leyva, y Carlos Ramón Castro, El Cuate, un narcotraficante que trabajaba para varias organizaciones.
Como parte de la necesidad del gobierno mexicano de justificar la militarización de la lucha contra el narcotráfico, el Pentágono ha fortalecido su cooperación con las Fuerzas Armadas mexicanas, especialmente en lo que hace a la inteligencia militar. A principios de 2009, justo cuando el Departamento de Estado y la SRE afinaban los detalles sobre el establecimiento de la OBI en México, el Departamento de Defensa de Estados Unidos intensificó el adiestramiento de militares mexicanos, tanto en México como en varias bases militares estadunidenses.
El entrenamiento ha constituido un hecho sin precedente en la historia de las relaciones militares entre los dos países. Por primera vez, el Pentágono ha desplazado desde Irak y Afganistán al centro de México a sus oficiales especializados en ataques a grupos insurgentes y terroristas.
Los cursos que imparte el Departamento de Defensa se concentran en operaciones de inteligencia y ataque al narcotráfico, aplicando tácticas contrainsurgentes y antiterroristas, como lo ha hecho en los dos países asiáticos.
Además de los cursos que se imparten aquí, se ha incrementado el número de efectivos de Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Aérea y la Marina que asiste a cursos de capacitación especializada en labores de inteligencia en bases militares estadunidenses. El propósito es que a su regreso a México ese personal pueda entrenar a más elementos.
Los enlaces
La principal muestra de esa cooperación es la presencia, por primera vez en la relación bilateral, de un miembro del Ejército Mexicano como “enlace” entre las Fuerzas Armadas en la base central del Comando Norte, en el estado de Colorado, según confirmó a Proceso la oficina de prensa de ese comando.
El diario The Washington Post publicó el miércoles 10 en su primera plana una nota en la que informaba que ese enlace también opera como comandante adjunto del Instituto para la Seguridad y la Cooperación del Hemisferio Occidental en el Fuerte Benning, en el estado de Atlanta. De los sesenta a los ochenta, esas instalaciones albergaron a la llamada Escuela de las Américas, que pasó a la historia como centro surtidor de dictadores latinoamericanos, que se caracterizaron por la sistemática violación a los derechos humanos.
Un funcionario estadunidense, quien declaró al Post bajo condición de anonimato, afirma que, ante la gravedad de la narcoviolencia en México, “hemos recibido la instrucción directa del presidente (Barack Obama) y al más alto nivel, de realmente analizar qué más se puede hacer en esta cooperación antinarcóticos” con México.
El establecimiento de la OBI implica que, por primera vez en la historia de México, la vigilancia, supervisión y calificación del trabajo contra la delincuencia organizada de dependencias del gobierno federal, incluidas las Fuerzas Armadas, recae en parte en funcionarios extranjeros.
De acuerdo con el documento que dio a conocer la Casa Blanca el 25 de marzo de 2009 sobre la creación de la OBI, la oficina también se encarga de vigilar el buen uso de los recursos que Washington proporciona al gobierno de Calderón para combatir el narcotráfico a través de la Iniciativa Mérida.
“Estaremos coordinando regularmente nuestros esfuerzos con el gobierno de México por medio del Grupo de Contacto de Alto Nivel (conformado por los gabinetes de seguridad de los países), que a su vez se relacionará con los nueve servicios de inteligencia responsables de supervisar la aplicación de la Iniciativa Mérida”, se dice en el documento difundido por la Casa Blanca (Proceso 1693).
Y agrega que, por el lado mexicano, forman parte de la OBI el Cisen, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Un año más tarde, el 23 de marzo de 2010, Hillary Clinton anunció durante su visita de trabajo al Distrito Federal, en el marco de la puesta en práctica de la Iniciativa Mérida, el establecimiento de dos “programas pilotos” en los corredores Tijuana-San Diego y Ciudad Juárez-El Paso.
Los dos gobiernos informaron en un comunicado conjunto que, en el caso de Ciudad Juárez, el programa considera el desarrollo de “un modelo del gobierno mexicano de recolección y análisis táctico de inteligencia” para “tomar acciones contra el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y otras actividades delictivas”.
Sin embargo, en la práctica de la operación de la OBI, los servicios de seguridad e inteligencia mexicanos están subordinados a los de Estados Unidos. Las agencias de ese país desplegaron expertos para “guiar” los trabajos de inteligencia, además de que cuentan con “un asesor de tiempo completo” para “aumentar la capacidad de México en el uso de las fuentes de información sobre las operaciones de los cárteles y las pandillas”.
Su contraparte en El Paso, Texas –el EPIC–, cuenta con una oficina de polígrafos, donde trabajan “de
En esa ciudad texana también hay una oficina con un número similar de agentes mexicanos para “trabajar y guardar los archivos de antecedentes” de los efectivos policiales de Ciudad Juárez. En el caso de procuración de justicia, funciona entre las dos ciudades “un sistema de comunicación transfronteriza (de voz, datos y video) para intercambiar información”. De acuerdo con los gobiernos de México y Estados Unidos, todas esas actividades tienen “vínculos directos” con el EPIC.
La fuerte presencia de las agencias de espionaje estadunidense en México fue “condicionada” por Calderón en tres puntos:
–La cooperación bilateral debe realizarse con estricto respeto a la soberanía territorial y jurisdicción del Estado mexicano.
–Las actividades de los agentes estadunidenses se limitarán a servir de enlace para el intercambio de información con las autoridades mexicanas, derivada de los diferentes aspectos de cooperación internacional.
–La estancia temporal y las actividades de esos agentes se estipulan en los programas específicos de cooperación bilateral que convengan a cada país, pero sin que realicen tareas reservadas a las autoridades mexicanas. l
Tamaulipas: vientos de barbarie
Marcela Turati
La gente abandonó Ciudad Mier porque los enfrentamientos entre el cártel del Golfo y Los Zetas arrasaron escuelas, comercios, cuarteles de policía y oficinas de gobierno. Quien llega ahí ve la obra de hordas bárbaras, y sí: son los sicarios del narco. Uno de tantos damnificados de la errática estrategia federal antinarco expresa su sentimiento desde un albergue: “Si el Ejército no puede venir a defendernos, que nos manden armas para defendernos”.
CIUDAD ALEMÁN, TAMPS.- Paquetes con botellas de agua purificada yacen en un rincón del salón de baile convertido en albergue donde algunas mujeres expurgan bultos de ropa recién donada. Son las dos de la tarde y los damnificados se levantan de las colchonetas desde donde contemplaban el paso del día para sentarse en mesas de plástico a esperar el plato desechable con los alimentos.
A ellos no los sacó de su casa una inundación o un terremoto. Fue el huracán de la violencia, que se estacionó sobre Ciudad Mier, su pueblo, el que les trituró la vida. Los más de 300 inquilinos de este albergue estrenan el primer campamento abierto para refugiados de la guerra mexicana del narcotráfico.
La vida anterior de estos refugiados no fue fácil. Dormían de día, pasaban la noche tumbados sobre el piso, apretujados adentro de un baño, detrás del refrigerador, encerrados en el clóset, engañándose con que así salvarían la vida. Se trasladaban a gatas dentro de casa. Se imponían toque de queda desde las cinco de la tarde y nadie tenía permitido acercarse a las ventanas.
“Ya tiene mucho tiempo que empezó eso de los bombardeos, pero ahora es todo el día, desde la madrugada, toda la mañana, todo el día”, narra una mujer recostada en una pila de colchonetas. Una vecina tendida en las colchonetas contiguas agrega: “Antes las balaceras ocurrían nada más cada tercer o cuarto día, pero los últimos días eran insoportables. Había demasiada balacera, demasiado bombardeo, andaban adentro del solar, barrían todas las casas, ya no sólo algunas”.
El mal tiempo empezó el 23 de febrero, cuando 40 camionetas tripuladas por hombres armados del cártel del Golfo entraron al pueblo a secuestrar a todos los policías, robar las armas y radios, quemar casas y se llevaron familias enteras, para quitárselo a Los Zetas, sus aliados por 12 años, ahora enemigos a muerte. Nueve meses después, el municipio permanece como campo de batalla. Los Zetas contraatacaron la semana pasada a raíz de que la Marina mató a Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, líder del cártel del Golfo y su exaliado.
Por los nueve meses de balaceras y granadazos las construcciones coloniales de Mier –como la alcaldía y la iglesia construida en 1793, desde la fundación del pueblo– lucen cacarizas. El paisaje es el de una invasión bárbara con autos, casas, negocios, patrullas y el cuartel de policía calcinados.
Los Zetas tomaron control del pueblo desde una década antes. “Se fueron adueñando del pueblo. De por sí, tenías un changarrito y te cobraban el depósito, unos impuestos, si no, te lo quitaban”.
Pero este año, a partir del rompimiento, el control fue insoportable: los mierenses quedaron cercados por retenes de asesinos a las salidas del pueblo y en los caminos rurales que conducían a los ranchos y las parcelas; la ruta del camión de pasajeros –que conecta con Laredo, Ciudad Guerrero y Monterrey–, suspendida.
“Acabaron las salidas porque a veces cierran las entradas de la carretera, secuestran el autobús, hacen que se bajen las personas, les quitan su dinero, violan a las mujeres, matan a quien les levanta la voz”, relata una de ellas.
De las 6 mil 500 personas que habitaban Mier, la mitad huyó antes de noviembre, y la semana pasada salieron los que quedaban. Antes del éxodo contaban a 110 personas secuestradas, aunque todo el pueblo era rehén: no tenían agua, la luz llegaba por temporadas, la clínica cerraba por las tardes y las escuelas, que abrían cuando el temporal lo permitía, suspendieron definitivamente labores desde el Día de Muertos.
Para entonces ya los trabajos se habían esfumado: no hubo manera de salir a jornalear a un rancho; las compañías contratistas de Pemex cambiaron de domicilio desde que sus empleados fueron secuestrados; la única gasolinera no abrió más; los comercios cerraron en cadena.
“En obras públicas ya no había trabajo y ya no podías ir a los ranchos, que era el único trabajo, ni nada: los hombres feos te agarraban y secuestraban, salías y no sabías si ibas a volver”, dice una embarazada sin empleo.
Los “hombres feos” estaban en todas partes: se los encontraban corriendo en la calle con granadas en la mano y metralletas, cruzando patios o tumbando puertas para pescar reclutas. Invadieron hasta los sueños desde que dejaron “un regalo” frente a la presidencia municipal: un hombre vivo mutilado de brazos y piernas, clavado en un palo hasta el desangramiento, cuyo dolor impregnó las pesadillas comunitarias.
En el albergue los discursos sobre lo ocurrido son vagos, reflejo de gente que se siente vigilada. Se refieren a “los señores feos”, “los que andaban peleándose”, “los malos”, nunca a Los Zetas o los del Golfo.
“Nos venimos porque nos corrieron, que iba haber quién sabe qué borlote… como balazos y eso”, comentó escueto un ayudante de albañil de 45 años, ranchero de dientes chuecos, renuente a entrar en detalles.
“Nos dan cuello”, explicó su negativa a hablar una joven mientras hacía la señal del ziper sobre la boca. Su hija de tres años caminaba en pañales por el salón, cansada y llorosa por no poder hacer su siesta.
El reporte del médico de Mier –que esquiva las entrevistas como la mayoría– señala que la noche anterior a la visita de Proceso (la del miércoles), 380 personas habían pasado la noche en el albergue. Entre la bola están albergados dos migrantes –uno poblano, otro recién expulsado de Illinois– que fueron obligados por la policía a suspender su viaje a Estados Unidos y a refugiarse como el resto hasta que la carretera sea transitable.
Se soltó el diablo
En Ciudad Miguel Alemán, pueblo colindante con Roma, Texas, el éxodo comenzó a notarse primero en el parque que fue ocupado por personas que acampaban el día entero o se arrimaban a familiares que habitan esa frontera; después fue la llegada masiva de autos llenos de familias y los pocos triques que pudieron agarrar. “Dos o tres mudas de ropa, ¿ya que nos quedaba? Ta’ feo, horrible”.
Entonces el alcalde, Servando López, ordenó habilitar el Club de Leones como albergue y, previendo que el conflicto no pasará pronto, anunció que dará trabajo a los hombres y escuela a los niños. Y, en efecto, el jueves pasado al mediodía un camión escolar pasó por los niños.
Desde hace meses los mierenses querían huir de la violencia (“¿para dónde corríamos, con qué dinero?”), pero lo hicieron hasta que se enteraron de la habilitación del albergue. Hoy Ciudad Mier, el pueblo mágico que promocionaba el gobierno como destino turístico, se convirtió en pueblo trágico, en un pueblo fantasma.
Estas personas no son las primeras desplazadas por la narcoviolencia, el fenómeno ya se había notado en otros estados como Chihuahua; sin embargo, el de Ciudad Alemán es el primer albergue gubernamental para los refugiados por la guerra.
Este salón, a donde todo el tiempo llegan vecinos solidarios con víveres o misioneros con palabras de aliento, concentra historias que hablan de muerte, de frustración y de abandono gubernamental, algunas contra el alcalde de Mier, José Iván Macías, que no se ha aparecido por este lugar: “Se hizo pa’trás, se fue pa’l otro lado, nos dejó pa’ que nos lleve la pura fregada. Y él está bien seguro, queremos lincharlo”, dice un refugiado.
Contra el Ejército: “Los soldados empezaron a decir que valía más que desalojáramos, fueron a la secundaria a decir que iba a haber algo grande. ¿Y cómo nos vamos a quedar si los que traen armas nos están diciendo que no nos van a defender?”.
Contra Felipe Calderón: “¿Onde está la Marina, onde están los soldados? ¿Por qué no los manda el presidente? No estuvieron para defendernos cuando nos sacaron de Mier, de perdida que vengan a protegernos acá, no sé cuánto tiempo tardarán para venir a matarnos aquí, y nos dejaron sin protección”.
Una anciana intenta darle sentido al desamparo cuando comenta: “A lo mejor el gobierno quiere que se queden solos para rodearlos y matar a todos o quiere que se maten entre ellos”.
Poco a poco y bajo el más estricto anonimato desgranan las historias de horror que traen atoradas en la garganta, aunque algunas parecen leyendas a las que el pueblo les fue aderezando nuevos detalles: las violaciones de mujeres en las carreteras; los dos hombres sentados en la plaza, decapitados, cuyas cabezas fueron halladas en una cabina telefónica; el secuestro del “señor Rogelio” y de su hijo de 11 años, en castigo porque se había fugado de un secuestro previo; el destino del bebé de ocho meses al que arrancaron de los brazos de su madre, lo metieron entre las llantas de la camioneta y le pasaron por encima.
–Era un niño de ocho meses que con nadie se metía, ¿a quién le hizo daño? –dice sobre una colchoneta la abuela que lo relata; una vecina asiente con la cabeza a su lado mientras muerde una torta.
–¿Y a qué familia le pasó eso? –se les pregunta; las dos alzan los hombros.
–No sabemos. Eso dicen las malas lenguas.
“A reventar todo”
El tifón de la violencia desplantó a los mierenses de su tierra, los barrió de su casa, separó a las familias, machacó los sueños colectivos. Las historias recabadas por este semanario así lo cuentan.
Está, por ejemplo, el relato de la desempleada que reposa sobre una colchoneta su embarazo, quien recuerda: “Hubo un día que ‘tuvo feo, horrible, yo solita con mi niña, nos metimos al baño, tiradas al piso, yo la abrazaba para que no tuviera miedo, la calmaba, le rezábamos a Diosito para que por culpa de esos maleantes no fuéramos a perder la vida, le aseguraba que esos hombres no se iban a meter dentro de la casa, pero yo creía que estaban adentro. Era horrible, en el patio estuvieron corriendo, tirándose balazos. Y todavía después de ese día nos quedamos, no teníamos dinero ni a dónde ir, hasta que empezaron a decir que se iba a poner más feo, que iban a empezar a entrar a las casas a matar, ¿ya a qué te esperas?”.
Su papá se quedó en Mier, aferrado a su casa, confiado de que quien nada debe, nada teme. La familia ha ido por él varias veces, pero se rehúsa a abandonar su lugar. “Hay como 10 que se quedaron, Mier es un pueblo fantasma”.
–¿Cuántos muertos hubo este tiempo? –se le pregunta.
–Muchos. Y muchas familias se han perdido. Las desaparecieron, con niños, jóvenes, abuelos, todo, y ya no regresaron.
Sueños de muerte
Un adolescente de 12 años que observa cuando el autobús escolar se lleva a los niños de la primaria dice serio: “Ojalá que mandaran a la Marina y a los soldados, que los sacaran”.
Estos meses vivió con escalofríos metidos bajo la piel desde que los asesinos empezaron a quemar negocios. “Temía que el próximo fuera la tienda de Jesús Balleza y que le explotaran una granada, que la explosión alcanzara hasta su casa. Me daban escalofríos casi todo el tiempo”.
Su papá sólo le dejaba jugar a los tazos o ver televisión, siempre tirado al suelo. “Cuando empezaban las balaceras me daban ganas de ir al baño a cada rato, tenía miedo de que se metieran a casa”. Siempre iba a gatas, desde que soñó que a su hermanito lo mataban por ponerse de pie. Tuvo otras pesadillas: “Que salía para fuera, estaban todos los señores y venían otros, yo gateaba, pero empezaban los balazos, ¡y yo afuera!”.
Un día, una balacera lo atrapó en clases. Cuando su mamá fue a recogerlo, mientras caminaban, se toparon a los hombres corriendo con sus metralletas y sus granadas. Ambos palidecieron. Más adelante se encontraron a otros. También a un muerto.
–¿Cuántos muertos hay?
–No sé, no vi ni uno, sólo al que estaba colgado que alguien puso en la plaza y otro que estaba tirado y tenía un balazo aquí (y se toca las costillas).
Sentada en una silla de plástico está una mujer que vivía cerca del río, pasada natural de los sicarios y frecuente campo de batalla. “Fui de las primeritas que me vine, desde el sábado le pedí raid a un prima, sin ropa, sin nada, así nomás agarré a mis huercas y vámonos”, apunta. Ríe nerviosa cuando cuenta que ya aprendió a distinguir los sonidos de las armas que nunca ha visto: “Esa fue una lanza papas, esa una mata policías, ese el cuerno de chivo, esa una granada”.
Una noche, cuando dormía en su cama tres tiros entraron por la ventana de su cuarto y dejaron hoyos en las paredes del tamaño de un tostón. Por puro instinto rodó hacia el piso, gateó al baño y nunca volvió a dormir en alto, tampoco en las noches.
“Una vez me los topé cuando recién empezaba, les vi las caras pero pregúnteme si las recuerdo. Claro que no. Pero de que traen buen armamento, buenos muebles, buenos blindajes, los traen. ¿Y uno con qué se va a defender? Si cuando todo empezó los soldados nos dijeron que les diéramos las armas viejas a cambio de despensa y nos desarmaron. Fue plan con maña.”
Otro día, cuando disfrutaba aliviada la llegada del Ejército en sus camionetas, con un “aparato que gira y gira y no deja de tirar balas”, se desilusionó cuando se acercó y descubrió que “¡eran los clonados!”.
–¿Cuántos muertos hubo?
–No, pos’ sabrá Dios cuántos, pero de que son muchos, son muchos. Si aún estoy impresionada de los que dejaron en la plaza, a los que les mocharon la cabeza, que eran conocidos. También supe de uno que quedó por la casa tumbado, pero no salí a ver, y así, sin querer, me tocó ver a uno tirado dentro de una casa.
Alrededor de una mesa redonda de plástico esperan que les sirvan la comida cinco jóvenes de entre 18 y 20 años, que se sabían población en riesgo porque los asesinos entraban a las casas a matar a capricho, si es que no enrolaban a los jóvenes a su guerra.
“Está todo triste, sin gente, y puro ta-ta-ta-ta-ta y puuuum-pum-pum, plomazos y rafagazos, nomás oscureciendo y pa’ la cueva porque en la noche se desataba el demonio; a las cinco”, dice uno.
“Pensaba que en cualquier rato se calmaría, ¿y cuál? Se venían más y más, hasta dos días enteros. Al ver que no había agua ni trabajo ni tiendas abiertas, y que dejaron de darnos despensa porque ya no había ni presidencia municipal, a correr…”, comenta otro.
Tras las paredes oían insultos, “el tracaleo”, el grito del “ya valió madre… a reventar todo”, que precedía la destrucción. Conocían el procedimiento: “Nomás escuchas balas, el ta-ta-ta y de volada vas pa’l baño donde estén macizas las paredes, donde esté bien tapiñado (escondido)”.
Además de tristes se sienten enojados porque “gente de fuera” los desplazó de su tierra. Entonces, el más vivaracho, comenta: “Si el Ejército no puede, entonces que manden armas para nosotros, que sí sabemos qué hacer para defendernos de los que se quieren adueñar de lo nuestro”. l
La exprocuradora: su familia se va, ella se queda
Patricia Dávila
Patricia González Rodríguez, exprocuradora de Justicia de Chihuahua, se sincera con Proceso: reconoce que después del secuestro y asesinato de su hermano está atemorizada y dice que su familia se va de México. Las amenazas en su contra no han cesado y afirma que desconoce prácticamente todo lo relativo a la investigación del homicidio.
Mi familia corre un alto riesgo si se queda en Chihuahua; tiene que irse del país. Nunca me imaginé que los cambios que hicimos en el sistema penal acusatorio del estado fueran a repercutir en la vida de mi hermano.”
Tres días después de cremar el cuerpo de Mario González Rodríguez, la exprocuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, habla con Proceso. Acepta que tiene miedo e insiste en que la Procuraduría General de la República (PGR) debe detener a la persona que se autonombra elpumaoriginal quien, afirma, es el autor de la muerte de su hermano.
Entrevistada vía telefónica la tarde del viernes 12, la exfuncionaria se muestra cautelosa, evita ser contundente:
–¿Por qué no rescataron con vida a su hermano?
–Porque las policías no lo localizaron. Estaba en una casa de seguridad y eso hizo más compleja la búsqueda.
–El miércoles de la semana pasada, ¿cómo se realizó el operativo para detener a los primeros implicados en el secuestro y asesinato?
–Lo desconozco. No estoy enterada de eso. La PGR me comunicó que llamaron para informarles que unos detenidos habían señalado la casa de seguridad y el lugar en que lo inhumaron clandestinamente.
Mario González fue secuestrado el 21 de octubre por un grupo armado. La mañana del jueves 4 de noviembre Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la Policía Federal (PF), al presentar a un grupo de ocho sicarios ligados al cártel de Sinaloa como responsables del secuestro y homicidio de González Rodríguez, también dijo que éste había sido ahorcado y sepultado al día siguiente de su secuestro.
–¿Su hermano fue asesinado el día siguiente de su secuestro?
–Aún no lo tengo claro porque dada la reserva de la investigación yo no he tenido copia del expediente. Debe estar en el certificado de necropsia pero también en la averiguación previa que lleva la PGR.
Las confesiones
Rosas informó que Luis Miguel Ibarra Castellanos El Cora, confesó que el secuestro fue ordenado por El Buitre y la ejecución la decidió Adrián Orozco El M1, quien hasta el día del homicidio era policía municipal. El M1 tiene comunicación directa con Noel Salgueiro El Flaco, líder de la Gente Nueva, brazo armado del cártel de Sinaloa. El M1 sigue en libertad.
–¿Quiénes son El Cora, El M1 y El M2 (otro de los detenidos)?, ¿tenía antecedentes de ellos, los conocía, por qué matar a su hermano?
–No conozco a ninguna de las personas que se mencionan ahí. Sé que El M1 es un comandante de la policía municipal de Chihuahua y aún está libre.
–Usted habló de que el verdadero autor de la muerte de su hermano está libre. ¿Se refiere a El M1?
–No. Me refiero al individuo que escribía en la página web quitapuercosenchihuahua, que se autodenomina elpumaoriginal y subió a YouTube los dos videos en los que aparece mi hermano.
–En una entrevista anterior con Proceso usted dijo que estaba trabajando en colaboración con expertos franceses y de Nuevo México, especialistas en ubicar el lugar desde el que elpumaoriginal subió los videos. ¿A qué conclusión llegaron?, ¿saben quién es y desde dónde opera?
–La petición de colaboración nunca se formalizó, ya que para pedir apoyo a otros países había que agotar los conductos diplomáticos. Creo que en la averiguación previa debe existir una formalización, pero la sigue la PGR.
–El miércoles 3 los medios locales filtraron la detención de Jorge Gutiérrez Corral, El Chule, como uno de los responsables del secuestro y homicidio de su hermano; sin embargo Facundo Rosas lo omitió de la primera lista de detenidos. ¿Intentaban protegerlo?
–Desconozco por qué no aparecía en la primera lista de detenidos que dio a conocer la federal. Sé que se hablaba de dos personas más, una de ellas era este individuo (El Chule); después me informaron que iban por su arraigo. Con los agentes de la PF no tuve contacto, mi acercamiento fue con la PGR. Sé que El Chule es un exagente del Cipol (Centro de Inteligencia Policial de Chihuahua) que estuvo bajo el mando de Raúl Grajeda.
–¿En la Federal hay alguien interesado en protegerlo? –se le insiste.
–No sé. Esas son cuestiones que tiene que investigar la PGR.
–Durante el sepelio la familia leyó una carta en la que la señalan que en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, entonces a cargo de Raúl Grajeda Domínguez, su hermano tuvo problemas por la operación de sus programas, “pero como era una persona noble y de buenos sentimientos nunca quiso reclamar”. ¿Grajeda tiene algo que ver en el secuestro y homicidio?
–Lo desconozco. Eso quedó asentado en la denuncia que presenté en la PGR para que se investigue a fondo, porque en una indagatoria es importante conocer todos los problemas que pudo tener una persona en vida, en su entorno privado y en el laboral.
–En su libro (Grajeda) la acusa de proteger a un individuo cercano al cártel de Juárez (Proceso 1775).
–Y lo que haya hecho en revancha o con molestia contra el exgobernador (José Reyes Baeza) o mía es una situación ajena a lo que estamos viviendo. Tengo confianza en que la PGR investigue. Desde un principio les comenté que había policías en activo que estaban involucrados porque nosotros realizamos una depuración muy fuerte de la policía. Salieron cerca de 400 que no pasaron el examen de confianza o cuyo trabajo era cuestionado. A veces los policías se molestan mucho cuando se les da de baja.
–¿Fue el caso de El Chule?
–El estaba en el Cipol y tengo entendido que salió junto con Grajeda.
–Fernando Ornelas, el excoordinador operativo de la Cipol, quien fue asesinado el 29 de octubre, fue mencionado por su hermano en el segundo video como una persona que tenía ligas con La Línea (brazo armado del cártel de Juárez); él llega a la Cipol a invitación de Grajeda. ¿Hay alguna relación con el caso de su hermano?
–Eso lo va a investigar la PGR. Nosotros queremos que se conozca cuál fue el verdadero móvil de la muerte de Mario. Que se sancione a las personas que participaron y que se detenga a los autores intelectuales.
Presión y huida
“Me amenazaron los seis años por mi trabajo para el cambio del sistema penal acusatorio. Había resistencia a los cambios estructurales y funcionales que se realizaron y yo era parte de ese trabajo. Siempre estuve amenazada aunque nunca se estableció la identidad de quienes enviaban las advertencias”, cuenta la exprocuradora.
–¿Después de la muerte de su hermano la volvieron a amenazar y por ello determinó que su familia saliera del país?
–Yo no determiné que mi familia saliera de Chihuahua. Ellos tomaron la decisión. A través de la página de internet (quitapuercosenchihuahua) los criminales han hecho comentarios acerca de quién sigue. Hablan de mí, de una hermana o de otro de mis hermanos. Es natural que mi familia tome esa decisión.
–¿Piensa que la vida de su familia realmente corre peligro en Chihuahua?
–Si pretenden seguir haciéndome daño, mi familia corre un alto riesgo quedándose en la ciudad, sobre todo si no están detenidos todos los que participaron.
La exprocuradora, ahora protegida por los gobiernos federal y estatal, confiesa que teme por su vida: “Es natural que sienta temor, pero la vida continúa... Sí siento miedo porque nunca imaginé que mi trabajo fuera a repercutir en la vida de mi hermano. Nunca había consultado la página web de los criminales (quitapuercosenchihuahua) y es desagradable ver cómo se comunican a través de la red y lanzan amenazas.
–¿Aún firma elpumaoriginal?
–Ya no lo hemos visto a él, sólo comentarios de personas que evidentemente están relacionadas con la delincuencia organizada, porque hablan de aspectos relacionados con esa actividad. Intimidan, amenazan.
El viernes 12 Proceso localizó en aquella página de internet la última visita de elpumaoriginal. Esta es parte del texto: “hace 1 semana: kiubo kiubo aki toy no se confundan el puma es cien x ciento juarenze ay tengo la tersera parte con final feliz si m autorizan mañana se los pongo si no me blokean antes jajajaja saludos saludos saludos… ay puma para rato no se confundan saludos saludos saludos g.n”.
–Usted aseguró que el lugar donde se grabaron los videos en que aparece su hermano es un cubículo de la fiscalía estatal, pero la PF dijo que es el cuarto de una casa de seguridad que posteriormente fue pintada de azul. ¿Está de acuerdo?
–En el levantamiento de evidencias de la casa de seguridad tendrán que analizar las paredes y la pintura que dicen que se puso. Lo cierto es que los colores que aparecen en el video son los de esos cubículos. Además tendrán que analizarse bien las dimensiones del lugar.
“Utilizar de fondo una escenografía similar a la del nuevo sistema penal, con la misma forma de los cubículos, es un mensaje de rechazo hacia la persona que promovió esos cambios. Pienso que es el odio, el coraje.”
La exprocuradora, quien en entrevistas anteriores con Proceso dio pormenores de cómo los cárteles de Sinaloa y Juárez tienen infiltradas a las policías municipal, estatal y federal, ahora dice, cautelosa: “Hoy como ciudadana de a pie no te puedo hablar sobre esta infiltración. Cuando yo trabajé había mucha, por eso depuramos”.
Y promete: “En un mes, cuando concluya el arraigo de los detenidos, hablamos”.
El año más violento
Arturo Rodríguez García
Este año, de enero a agosto, el Semáforo Delictivo Nacional registró 13 mil 300 homicidios en 20 entidades federativas, lo que representa un incremento de 28% respecto del mismo periodo en 2009. Y aun cuando el análisis no incluye las cifras negras (las denuncias no presentadas) y falta por analizar los delitos del último cuatrimestre, este año puede considerarse ya como el más violento e inseguro de la historia reciente.
MONTERREY, NL.- Pese a que en su discurso el presidente Felipe Calderón suele destacar los golpes a la delincuencia organizada y pide a la ciudadanía que apoye de manera activa su guerra, como lo hizo el pasado 2 de septiembre, los datos duros revelan que durante 2009 y lo que va del presente año la inseguridad se elevó de manera notoria en por lo menos 20 estados.
La consultora RSS y Asociados, presidida por Santiago Roel y especializada en mediciones de los índices de violencia durante el último bienio, ha venido trabajando durante ese lapso con ayuntamientos y gobiernos estatales a partir de los datos que le proporcionan las propias autoridades y los que sus investigadores obtienen del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) mediante la Ley de Transparencia.
De manera periódica, la firma difunde su reporte Semáforo Delictivo Nacional (SDN), en el que registra con detalle las actividades criminales a lo largo del país. Según el más reciente de ellos, la tendencia criminal va al alza: de enero a agosto de 2010 los homicidios aumentaron 28% en relación con el mismo periodo del año anterior.
Con ese parámetro, los indicadores de delitos patrimoniales también aumentaron: el robo vehicular se incrementó 16% y el robo con violencia –que en 2008 creció 17% y en 2009 lo hizo en 21%– se elevó 26%.
De acuerdo con el SDN, este año los registros delictivos son inéditos y por primera vez en dos décadas se ubican por encima de la media histórica. De enero a agosto se contabilizaron 13 mil 300 homicidios, lo que significó un aumento de 28% respecto del mismo periodo de 2009. Tan sólo en marzo se registraron mil 837 asesinatos.
En contraste, el reporte sostiene que en algunos delitos los índices se redujeron: las lesiones lo hicieron en 10%, mientras que las violaciones bajaron 3%. Aun así, el dato resulta paradójico, si se considera que en marzo hubo mil 344 casos en México, cifra récord en los últimos años.
Los secuestros, según el SDN, aumentaron 3% durante los primeros ocho meses de este año, al llegar a 811. Sin embargo, el dato comprende sólo las denuncias presentadas; la cifra negra (los delitos no denunciados), según los investigadores del SDN, puede ser similar, por lo que estiman que el total de plagios pudo ser superior a mil 600.
Lo mismo sucede en lo relativo a las extorsiones. Aun cuando se presentaron 4 mil 447 denuncias de enero a agosto, lo que representa un incremento de 6% respecto del mismo periodo del año precedente, la consultora aclara que los casos no denunciados fueron más de 4 mil.
Para abril, según el reporte del SDN, el robo a casas habitación alcanzó un récord histórico: mil 837 casos. La cifra está por encima del doble del registro mensual más bajo de los últimos años. En promedio, el robo domiciliario aumentó 5% por mes.
Los asaltos a negocios se incrementaron 4% durante el periodo analizado respecto del mismo lapso de 2009. En este rubro, marzo registró el indicador más alto (6 mil 496); de éstos, 36% fueron con violencia.
Marzo fue el mes de mayor registro de robos a persona, al alcanzar una cifra mensual histórica de 11 mil 253 casos. Al promediar esa modalidad delictiva de enero a agosto de 2010, se observa una reducción de 2% respecto de 2009. Y aun cuando sólo 23% de los robos a persona fueron violentos –es decir, hubo una leve disminución–, en términos generales aumentó la violencia.
Por lo que atañe al delito de robo de vehículos, hubo un incremento de 10% respecto del mismo periodo de 2009. De ese universo, 26% de las incidencias fueron con violencia y el mayor índice ocurrió en marzo. Ese mes hubo 19 mil 168 robos.
Las cifras negras de 2009
En mayo último, la firma Santiago Roel y Asociados presentó los resultados del SDN correspondiente a 2009. En el documento se observaba que la tendencia al alza ya era perceptible. Ese reporte sobre la conducta delictiva es más actualizado, puesto que el que difundió el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), en noviembre de 2009, incluía los índices del año previo.
El SDN mide la cantidad de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes, lo que permite conocer cuáles son los estados más violentos, independientemente de sus características y población, pero evita dar cifras totales. Este cálculo tiene sus ventajas, pues permite comparar, por ejemplo, lo que ocurre en el Distrito Federal con lo que sucede en Sonora.
Para la medición, el SDN estableció una media nacional, al calcular los delitos de 2007 y 2008, fecha esta última en la que el índice delictivo se disparó.
Según el semáforo delincuencial, las entidades con indicadores que registraron el doble o más de la media nacional durante 2009 fueron: Baja California, Morelos y Distrito Federal. Sin duplicarla, pero por encima de la media, estuvieron Aguascalientes, Chihuahua, Quintana Roo, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas.
Entre los estados donde la violencia se exacerbó se menciona a Baja California, Morelos y Distrito Federal; en tanto que las entidades con indicadores por encima de la media fueron Chihuahua, Distrito Federal, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí y Yucatán.
En la lista de entidades con más del doble de la media en el rubro de delitos patrimoniales destacaron Baja California, Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, Morelos y Nuevo León, seguidos por Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México, Quintana Roo y San Luis Potosí.
A su vez, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero registraron más del doble de la media; y aun cuando no llegaron al doble, pero sí estuvieron muy por encima de la media nacional –14 homicidios por cada 100 mil habitantes–, el semáforo incluyó a Baja California, Oaxaca, Sonora, Morelos, Michoacán y Nayarit.
En síntesis, los homicidios aumentaron en 11 estados, mientras que en otros nueve el índice no varió en relación con 2008.
Según el reporte de 2009 de la consultora Roel y Asociados, en Tabasco el delito de lesiones se disparó al doble de la media nacional (170 por cada 100 mil habitantes), pues llegó a 340. Le siguen: Baja California, Yucatán, Quintana Roo, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Aguascalientes, Coahuila, Oaxaca, Tamaulipas, Guanajuato, Baja California Sur y Distrito Federal.
Respecto de los delitos contra la integridad sexual de las personas, el SDN sólo incluyó la violación. En Quintana Roo el índice se disparó cinco veces por encima de la media nacional (1.6 por cada 100 mil personas). Después de esa entidad se ubicaron Tabasco, Morelos, Baja California, Estado de México, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Yucatán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Distrito Federal y Chiapas.
En cuanto a los secuestros, el delito se presentó en 16 estados: Chihuahua, con una incidencia cinco veces por encima de la media (1.2 plagios por cada 100 mil habitantes); Baja California y Michoacán, con más del doble; y Durango, Zacatecas, Morelos, Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato y Aguascalientes ligeramente por encima de la media. En Campeche, Veracruz y Yucatán las cifras fueron imprecisas.
En extorsiones, delito que se incrementó en 18 entidades durante 2009, Morelos ocupó el primer lugar, con un índice cinco veces mayor que la media nacional (7.4 casos por cada 100 mil habitantes). Le siguieron: Oaxaca, Baja California Sur, Baja California, Tabasco, San Luis Potosí, Distrito Federal, Jalisco, Michoacán y Quintana Roo, todos por encima de la media. De Campeche, Colima, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Yucatán no hubo datos debido a la opacidad informativa.
Referente a la actividad criminal en las modalidades de robo a casas habitación, negocios, vehículos y personas, los resultados fueron los siguientes:
En el primer caso, los estados con indicadores con el doble o más de la media nacional (98 casos por cada 100 mil habitantes) son: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Quintana Roo y Yucatán.
Por su parte, en Aguascalientes, Tamaulipas, Morelos, Colima, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Michoacán y Querétaro la incidencia se mantuvo por encima de la media nacional. Respecto de 2008, durante 2009 fueron 20 las entidades que experimentaron un alza en este tipo de delito. En Morelos y Coahuila los asaltos a casas habitación se incrementaron 50%.
En los robos a negocios, Baja California, Coahuila, Distrito Federal, Quintana Roo, Morelos y Aguascalientes el delito fue superior al doble de la media nacional (de 63 casos por cada 100 mil habitantes). Por encima de la media se ubicaron Nuevo León, Chihuahua y San Luis Potosí. Este delito aumentó también en 20 estados, destacando Baja California con 250% de incremento respecto del índice de 2008.
En lo relativo a robo de vehículos, ilícito que se elevó en 17 entidades, Baja California y Chihuahua experimentaron cifras récord, con más del doble de la media nacional (185 casos por cada 100 mil habitantes). En esta modalidad delictiva destaca Baja California, que registró 794 casos sobre la tasa mencionada. Con indicadores rojos quedaron el Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México, Morelos, Sinaloa y Aguascalientes.
El robo a persona tuvo mayor incidencia en Tabasco, Distrito Federal y Estado de México. Los focos rojos se prendieron en Baja California y Coahuila, en tanto que Nayarit, Sinaloa y Sonora no proporcionaron cifras. Esta modalidad delictiva aumentó en 16 estados, destacando el Distrito Federal, donde el incremento fue de 50%.
Lo que no se ve…
La cifra negra, que se obtiene mediante encuestas, incluye a las víctimas que no denuncian los delitos o bien no fueron atendidas. En los países desarrollados este índice es de 50%; en México se eleva hasta 90%.
El ICESI suele incluir en sus mediciones esta cifra, pero si se compara con la que proporciona el semáforo delincuencial, algunas entidades consideradas seguras en realidad tienen un alto nivel delictivo.
Uno de esos casos es Jalisco, que aparece en el quinto lugar de los estados más seguros del país pero tiene un índice de cifra negra de 90%. En esa entidad sólo se conoce 10% de los delitos que se cometen en su territorio. El registro de cifra negra en entidades que son violentas, según datos oficiales, demuestra que el universo delictivo real está lejos de conocerse.
En el Distrito Federal, por ejemplo, según la SDN, la incidencia delictiva está por encima del doble de la media nacional; la entidad ocupa el tercer lugar en el país. Al contrastar este resultado con el de la cifra negra del ICESI, se observa que el universo delictivo real que vive la zona es de sólo 10%, mientras que la cifra negra es de 90%.
El ICESI glosa la cifra negra de la siguiente manera: 39% proviene de ciudadanos que consideran que presentar una queja es perder el tiempo; 16% dice desconfiar de las autoridades; 10% asegura que los trámites son largos y tediosos, y 3% manifiesta abiertamente su hostilidad hacia las autoridades.
En su estudio, el instituto ciudadano menciona el grado de desconfianza. En primer lugar señala a los agentes de tránsito, seguidos de los policías ministeriales, los agentes del Ministerio Público del fuero común y los policías municipales.
En el estudio del ICESI 2009, que mide el nivel de inseguridad del año precedente, las entidades cuyos ciudadanos se sintieron más inseguros fueron: Distrito Federal, Chihuahua, Baja California, Estado de México, Durango, Aguascalientes, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Sinaloa.
Y aun cuando el ICESI muestra los datos duros correspondientes a 2008, éstos coinciden con los del reporte del SDN de 2009. Sin embargo, el semáforo delincuencial menciona a Tabasco y Tamaulipas entre los estados con mayor criminalidad, mientras que el ICESI no pudo medir la percepción en ambas entidades “por falta de seguridad” para sus encuestadores.
Pese a que aún no se realiza la medición de los índices de delincuencia del último cuatrimestre de 2010, por los datos conocidos hasta ahora se puede concluir que este ha sido el año más violento y delictivo de la historia reciente.
Adiós a las inversiones
Jesús Esquivel
WASHINGTON.- Los crecientes niveles de violencia e inseguridad en México, especialmente en Monterrey, ahuyentan las posibilidades de inversión extranjera, según un análisis de expertos en temas de inteligencia, seguridad y prevención de riesgos.
“Desde el comienzo de 2010 el crimen organizado en México tiene sitiada el área metropolitana y los alrededores de Monterrey”, sostiene el más reciente reporte mensual de la empresa iJet Intelligent Risk Systems, dedicada al asesoramiento de empresas multinacionales en programas de seguridad y análisis de riesgo para las inversiones en países azotados por las bandas criminales.
“Balaceras, secuestros y narcobloqueos sacuden el centro de Monterrey en las horas de negocios”, enfatiza el documento de iJet correspondiente al pasado septiembre, que Proceso consultó.
“Por la importancia que tiene esta ciudad para las organizaciones mexicanas del tráfico de drogas y la buena posición de atrincheramiento del cártel de Los Zetas, los conflictos violentos en Monterrey podrían persistir por lo menos los próximos tres meses”, se destaca en el análisis, titulado México, el crimen organizado impacta al sector empresarial de Monterrey y que analiza las posibilidades de éxito de las carteras de inversión de empresas trasnacionales.
Samuel Logan (director de iJet para América, especialista en el estudio de la narcoviolencia desde hace 12 años y autor del libro Esto es para la Mara Salvatrucha dentro de la MS-13, la pandilla más violenta de las Américas) sostiene que una de las cosas que más preocupa a las empresas trasnacionales que desean invertir en México o pretenden retirar sus capitales del país es la percepción errónea de lo que ocurre en ciudades como Monterrey.
En entrevista, Logan comenta: “Hay una gran diferencia sobre la percepción que se tiene del problema de la violencia en México y lo que realmente ocurre en este país. La percepción (de las trasnacionales) es que México es un desastre, todo está mal e impera un narcoestado total”.
Para él, en términos generales lo que pasa en México es que, en la lucha por dominar las ciudades importantes, los miembros del crimen organizado están tratando de eliminarse. “En Monterrey tenemos la disputa abierta por la plaza entre Los Zetas, el cártel del Golfo y La Familia Michoacana, que está aliada con El Chapo y la Nueva Federación. Estos grupos envían a sus sicarios a matar o levantar a los policías municipales porque asumen que trabajan para el enemigo”, añade el especialista.
En su reporte anterior iJet enfatizaba que “la tendencia (en la capital de Nuevo León) es que la situación empeorará”, pues aunque los grupos criminales tienen presencia en la región desde principios de los noventa, “muchos de los capos del narcotráfico han establecido sus domicilios” en el exclusivo municipio de San Pedro Garza García.
De enero a septiembre de este año la disputa por Monterrey entre Los Zetas, el cártel del Golfo y La Familia Michoacana ha dejado 420 asesinatos. Entre julio y agosto pasados, los grupos criminales realizaron 56 bloqueos en la ciudad para impedir o entorpecer la intervención del Ejército y de las agencias federales, según iJet.
Esta compañía, que no revela quiénes son sus clientes, da a éstos muy malas noticias sobre la posibilidad de éxito de las autoridades locales y federales en la lucha contra el crimen organizado. Por ejemplo, el informe sobre Monterrey sostiene que “no está claro que sea exitosa” la estrategia contra los narcobloqueos que anunció el pasado 18 de agosto el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Luis Carlos Treviño.
“Preocupación extrema”
La compañía iJet afirma que organizaciones y empresas trasnacionales han expresado una “preocupación extrema” sobre el continuo deterioro de la situación de seguridad en México, por lo que las autoridades federal y estatal se hallan en “máximo estado de alerta”.
Aunque México sigue teniendo gran atractivo para las inversiones extrajeras, dice Logan, los empresarios de Estados Unidos y de algunos países europeos leen noticias alarmantes sobre los asesinatos y secuestros que se cometen todos los días en territorio mexicano.
Logan destaca que para esas empresas “es alarmante” que en lo que va del sexenio de Felipe Calderón la lucha militarizada contra el narcotráfico lleve un saldo de 30 mil muertos, pese a que la mayoría de ellos son presuntos criminales.
Además, dice Logan, “México sigue siendo un país atractivo para las empresas más grandes del mundo, no así para las pequeñas y medianas... Por ejemplo, Sony planea construir una nueva planta en Tijuana… pero las empresas medianas o pequeñas prefieren estar fuera de México porque para invertir aquí deben considerar un presupuesto adicional dedicado a la seguridad”.
–¿Qué tan grande es la preocupación de las trasnacionales por la violencia en Monterrey? –se le pregunta.
–Es una preocupación muy grande y creciente.
–¿Cuántas empresas de ese tipo los han consultado sobre el caso Monterrey o les han expresado preocupación por lo que ocurre en esa ciudad?
–No puedo revelar esa información. Lo que puedo decirle es que tenemos posiblemente una docena de clientes que constantemente nos consultan sobre lo que esta ocurriendo en Monterrey. Y son empresas grandes y medianas, ninguna pequeña –responde Logan.
El reporte de iJet correspondiente a septiembre presenta, además de su análisis sobre Monterrey, otros acerca de Costa de Marfil, Somalia, Surinam, Venezuela, India, Afganistán, Hungría, Italia, Bahréin, Libia y Egipto.
En su último capítulo –En la mira. Aumenta la cadena de robos al transporte de carga en America Latina– indica que en los primeros seis meses de 2010 las pérdidas por robos a camiones de carga en carreteras latinoamericanas fueron de 102 millones de dólares, contra sólo 38 millones en el primer semestre del año pasado.
México, Guatemala y Brasil son los tres países latinoamericanos que necesitan mayor seguridad para el transporte de carga, advierte iJet a sus clientes. En ese sentido, establece:
“La zona industrial del norte de la Ciudad de México se mantiene como un área de alto riesgo para el transporte de carga, aunque las rutas más afectadas por los robos a lo largo del país se concentran en la periferia del Estado de México”. Y señala como muy peligrosas para ese tipo de vehículos las carreteras México-Querétaro, en la zona de Cuautitlán Izcalli; la México-Pachuca, en la zona de Ecatepec; las casetas de cobro de la México-Puebla, y la carretera Benito Juárez, en Sonora. l
Feminicidios: crímenes discriminados
Gloria Leticia Díaz
Desplazados de los espacios noticiosos por la guerra contra el narcotráfico, los asesinatos de mujeres, especialmente en Ciudad Juárez, siguen aumentando. Incluso en el entorno de la violencia y las matanzas, la mujer padece discriminación, concluye una misión internacional que vino a verificar el acatamiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el año pasado condenó al Estado mexicano por no hacer justicia en varios casos de violación de garantías fundamentales.
Pese a que el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a causa de los feminicidios en Ciudad Juárez, este problema se ha eclipsado frente a la guerra contra el narcotráfico y la indolencia de las autoridades, concluyen integrantes de la Misión Internacional Por el Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana que visitaron el país del 8 al 10 de noviembre.
Antes, del lunes 1 al domingo 7, la misión recorrió Nicaragua y Honduras para pedir a organizaciones sociales información sobre la violencia contra las mujeres y entrevistarse con las autoridades de los sistemas de administración y procuración de justicia.
Su trabajo aquí fue el mismo pero con una encomienda adicional: indagar el avance en el cumplimiento de la sentencia emitida en noviembre de 2009 por dicha corte sobre el caso conocido como “campo algodonero”, por el que México fue condenado en relación con los asesinatos de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González, cometidos en Ciudad Juárez en 2001.
Por gestiones de la diputada federal Teresa Incháustegui Romero, durante tres días las especialistas de la misión se reunieron con funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Secretaría de Gobernación.
Ni el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Manuel Alcántara Soria, ni representantes del gobierno de Chihuahua acudieron a la cita con las expertas en derecho internacional y de género.
Uno de los objetivos de la misión
–que forma parte de la Campaña Regional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres– fue “hacer ver que como país estamos siendo vigilados por instancias internacionales de derechos humanos; los ojos y oídos de varias organizaciones están vigilantes del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, pero también de los convenios internacionales que ha firmado México para combatir la violencia contra la mujer”, afirma Incháustegui.
Entrevistadas por Proceso, las integrantes de la misión alertan de la gravedad de la violencia contra la mujer y manifiestan su preocupación por la lentitud para atender la sentencia de la Corte Interamericana por los feminicidios en Ciudad Juárez.
“En México este fenómeno y la violencia contra las mujeres ha quedado oculto frente a la batalla contra el narcotráfico; hay un desprecio institucional por la vida de las mujeres y, por tanto, se niega la realidad”, afirma Victoria de Pablo, integrante de la Fundación de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española, que agrupa a más de 250 mil litigantes.
Asesinatos en aumento
Julia Monárrez Fragoso, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte y perito ante la Corte Interamericana para el caso “campo algodonero”, afirma que hay evidencia de que los crímenes contra las mujeres se han incrementado, especialmente en Ciudad Juárez:
“De
Por su parte Yolanda Hernández Sanic, expresidenta del Consejo Indígena Mesoamericano y actual coordinadora del área de la mujer de la Secretaría de la Paz de Guatemala, señala: “La violencia contra la mujer es un problema planetario y en Mesoamérica prevalece una cultura de impunidad, pero en el caso de México es más grave porque es un país que ha firmado todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos y de protección a las mujeres”.
Marta Eugenia Solano Arias, representante del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (del que depende la misión que visitó México) manifiesta su preocupación porque a casi un año de emitida la sentencia de la Corte Interamericana, “no hay visos ni señales del Estado mexicano de intentar cumplirla; oímos hablar a funcionarios que nos decían: ‘eso no es mi competencia’, y al final no sabemos a quién le corresponde cumplir”.
En esta inquietud coincide María Eugenia Solís García, quien fue juez de la Corte Interamericana y es consultora de la Corte Penal Internacional:
“De acuerdo con lo dicho por la ministra Olga Sánchez Cordero, me parece una aberración que la Suprema Corte esté discutiendo si la sentencia de ‘campo algodonero’ es de cumplimiento forzoso o no. Y de los encuentros con los funcionarios parece que el sistema mexicano está formateado para zafarse: nadie admite responsabilidad en el principal problema, que es la justicia.”
Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), aporta números: de enero de
En los casos de feminicidio las víctimas fueron arrojadas en la vía pública, sus edades iban de
Además de Chihuahua, donde se registraron 245 crímenes de ese tipo, en las 13 entidades de las que el OCNF tuvo información para ese mismo periodo las de mayor incidencia son el Estado de México (309), Quintana Roo (204), Sinaloa (125), Tamaulipas (103), Jalisco (88) y Veracruz (82).
En el Estado de México, de acuerdo con el OCNF, entre 2005 y 2010 se cometieron 900 homicidios dolosos de mujeres; de éstos, en 57% se desconoce al responsable, en tanto que en 37% el autor fue un familiar, conocido o pareja de la víctima. Además, en la entidad se tienen 99 víctimas no identificadas, lo que para Estrada podría significar que eran migrantes centroamericanas.
Otra entidad con números alarmantes es Jalisco: según datos de la procuraduría estatal, en el último año y medio ha habido 187 mujeres desaparecidas con edades de entre 11 y 17 años.
Después de conocer la realidad mexicana De Pablo acota: “En España, con 46 millones de habitantes, es un escándalo social que haya 65 mujeres muertas al año. Pero la respuesta judicial allá es que 20% de las mujeres se suicidó y, en el resto de los casos, 90% de los responsables están en la cárcel.
“En México ni siquiera se sabe con certeza cuántas mujeres mueren de forma violenta al año… hay un alto nivel de impunidad. Hemos detectado que el tema de los feminicidios no está en la agenda política del gobierno como una prioridad.”
Dinero europeo
El interés internacional por que se acate la sentencia sobre los feminicidios en Ciudad Juárez es tal que la Unión Europea (UE) destinó recursos a México para el cumplimiento de uno de los puntos resolutivos, el 18, referente a la estandarización de protocolos, manuales, criterios ministeriales y servicios periciales para la investigación de delitos de violencia contra las mujeres.
En respuesta a una solicitud de información formulada por Proceso a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Dirección de Derechos Humanos y Democracia de la dependencia señaló que como parte del Convenio de Financiación CDI/ALA2007/019-116, la UE aportó 350 mil euros al Programa de Derechos Humanos Unión Europea-México (PDHUEM), que comprende ocho mesas temáticas, una de ellas relativa a los protocolos.
De ese monto, 300 mil euros se destinaron a la contratación de asistencia técnica, ya que la cancillería dispuso a través del PDHUEM que el grupo de trabajo de la PGR para el cumplimiento del numeral 18 de la sentencia contara con asistencia técnica “a través de la contratación de expertos nacionales e internacionales”. Los fondos son administrados por la UE a través de BAA Consultors, según la información proporcionada por la SRE el pasado 30 de agosto.
No obstante, hasta esta fecha la Dirección de Derechos Humanos y Democracia de la SRE confirmó que la PGR no había llamado a expertos internacionales, sino a tres nacionales, y la dependencia dijo desconocer el monto de sus contratos.
De acuerdo con información entregada a la misión por el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Jorge Alberto Lara Rivera, los especialistas contratados son Samuel González Ruiz, constitucionalista y extitular de la desaparecida Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada; Teresita Gómez de León, abogada y excolaboradora de Guadalupe Morfín en la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la PGR; y Efraín Nieves Hernández, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, exfuncionario de la Fevimtra y de la CNDH.
En entrevista, Karla Michelle Salas Ramírez, representante legal de las familias de las víctimas del caso “campo algodonero”, detalla las dificultades para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, de cuyos avances el gobierno federal tiene que rendir un informe el próximo 10 de diciembre: el gobierno de Chihuahua no ha publicado la sentencia, la Fevimtra se ha negado a atraer las investigaciones de los casos de desaparición y homicidio de las mujeres localizadas en el campo algodonero en 2001, no se ha sancionado a los funcionarios públicos que obstaculizaron el esclarecimiento de los crímenes y no se ha investigado ni castigado a quienes hostigan a los familiares de las víctimas.
Otros puntos de la sentencia se refieren a la construcción de “un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez” y el reconocimiento público de la responsabilidad internacional del Estado en las muertes de Laura Berenice Ramos Monárrez, Esmeralda Herrera Monreal y Claudia Ivette González.
“Alejandro Negrín (director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE) informó a David Peña, mi compañero en la defensa de los familiares de las víctimas, que el memorial –que pedimos estuviera en el campo algodonero al que se refiere el caso– no se iba a construir porque es propiedad privada y no se han puesto de acuerdo qué mecanismo seguir para edificarlo, sobre todo porque el gobierno no acepta nuestra exigencia de que se incluyan los nombres de más de mil mujeres que han sido asesinadas de 1993, cuando se denunció el fenómeno, a la fecha.
“El gobierno se resiste a que Ciudad Juárez quede marcada no sólo por la violencia producto del narcotráfico sino por los feminicidios. El memorial sería para el gobierno de Calderón el muro de la vergüenza”, dice Salas.
En cuanto a la disculpa pública a la que está obligado el Estado mexicano, agrega la abogada, “se prepara un evento encabezado por Calderón al que se pretende llevar a familiares de las víctimas del campo algodonero” y a deudos de Rosendo Radilla, líder campesino desaparecido por el Ejército en Guerrero durante la guerra sucia y por cuyo caso la Corte Interamericana también condenó a México (Proceso 1706 y 1729).
A menos de 30 días de que se cumpla el plazo para que el gobierno federal rinda su informe sobre el cumplimiento de la sentencia sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, el único avance concreto es la tramitación de indemnizaciones para los familiares de las tres víctimas por parte de la Comisión Nacional para Combatir la Violencia contra la Mujer (Conavim), apunta Salas Ramírez.
Por su parte, la abogada Victoria de Pablo dice que en la última reunión de la misión internacional en México, el martes 9, fue con el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe de Jesús Zamora, quien se comprometió a que se acatará la sentencia del tribunal interamericano.
De Pablo dice estar satisfecha porque al menos su grupo logró arrancar a los representantes del Estado algunos compromisos para el cumplimiento de la sentencia de “campo algodonero”, que serán verificados en marzo de 2011 en otra gira de la misión.
La PGR se comprometió a crear un registro nacional unificado de denuncias de homicidios dolosos de mujeres en la que se integre una base de datos genética; a reformar el Protocolo Alba, que se pone en marcha cuando desaparece una mujer o una niña; y poner a disposición de todos los procuradores de los estados los protocolos para investigar casos de violencia contra mujeres.
A su vez, el Consejo de la Judicatura Federal acordó dar difusión masiva a la sentencia y todos sus estándares, sobre todo en los contenidos sobre perspectiva de género, así como a reforzar sus programas de capacitación con perspectiva de género entre el cuerpo de jueces y magistrados.
De Pablo apunta que las expertas le aclararon al subsecretario Zamora que “por encima de las indemnizaciones, del memorial, de las placas o los monolitos, las familias de las víctimas lo que quieren es justicia, lo que implica la investigación de los hechos: quieren saber por qué y quién asesinó a sus hijas. Él dijo que lo entendía, pero que no era de su competencia”.
Televisa fraguó el audioescándalo
Jenaro Villamil
A partir de una intercepción telefónica, Televisa montó un escándalo de presunta corrupción en el IMSS. Al final se descubrió que en la grabación, ilegal, no participó ningún funcionario del instituto y que se trató de una conversación entre particulares. Lo que sí quedó en evidencia es la participación de la televisora en la industria farmacéutica y su intención de involucrar tanto al IMSS como a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios en la negociación de comisiones por la adquisición de fármacos.
Detrás del escándalo mediático que detonó el martes 9 en los espacios informativos de Televisa para documentar “la relación corrupta a base de comisiones y sobornos” entre el Seguro Social y laboratorios farmaceúticos, se encuentra una red de intereses de altos ejecutivos de la televisora con la industria farmacéutica.
En este entramado destaca la relación entre Bernardo Gómez, vicepresidente del consorcio, con la empresa Landsteiner, demandada penalmente desde abril último por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris). Asimismo salió a relucir la sociedad entre Grupo Televisa y la trasnacional Genomma Lab, empresa líder de medicamentos de “primer nivel” y de cuidado personal en Estados Unidos y Puerto Rico.
De acuerdo con fuentes de la industria farmacéutica consultadas por Proceso, tanto Grupo Televisa como Landsteiner –cuyo principal accionista, Miguel Granados Cervera, es primo político de Bernardo Gómez– han tenido serias diferencias con el titular de Cofepris, Miguel Ángel Toscano. Por esas discrepancias, a finales de septiembre pasado este funcionario impulsó una demanda penal contra el laboratorio por presunta falsificación del medicamento Femulán –que sería el genérico intercambiable del inmunodepresor conocido en el mercado como Renacept– descubierta durante los estudios de bioequivalencia realizados en el Hospital General de México.
Esta acción legal provocó el cierre temporal de las instalaciones de Landsteiner en Toluca, lo cual generó pérdidas por cerca de 60 millones de pesos, así como presiones “desde el más alto nivel” gubernamental en contra de Toscano.
Otro motivo de malestar contra la Cofepris fue la orden de retirar y destruir la Sibutramina, medicamento para bajar de peso.
Un comunicado de ese organismo, difundido el 14 de octubre pasado, establece que la orden de retirar y destruir la Sibutramina se debió a que “su riesgo a la salud es mayor que el beneficio para los consumidores que buscan bajar de peso”. En el documento se anexaron los nombres comerciales de los medicamentos que contiene esa sustancia, así como de los 29 laboratorios que los fabrican, entre éstos Landsteiner.
Los intereses de Televisa en el sector van más allá de la relación parental entre uno de sus vicepresidentes y Landsteiner. Desde el 30 de agosto de 2009 se informó mediante un comunicado que el consorcio mediático y Genomma Lab Internacional establecieron una “alianza estratégica” para operar Televisa Consumer Products USA (TCP). El control de esta entidad se distribuyó de la siguiente manera: 51% para la empresa presidida por Emilio Azcárraga Jean y 49% para Genomma Lab.
“Esta alianza le permitirá a Genomma Lab expandir el éxito de sus marcas más allá de México y Latinoamérica, dándole acceso a un mercado hispano de aproximadamente 50 millones de consumidores con un poder adquisitivo de más de 870 mil millones de dólares anuales, beneficiándose también del alcance de la marca y el renombre de Televisa en este mercado”, se afirmó en el comunicado conjunto.
El gran negocio que significará la introducción en México de productos farmacéuticos de libre venta y para el cuidado personal aún necesita vencer varios de los obstáculos y regulaciones establecidos por la Cofepris.
Chasco
La noche del martes 9, Joaquín López-Dóriga inició El Noticiero, de Canal 2, presentando una serie de llamadas telefónicas que “de manera anónima” llegaron a Televisa.
Según el conductor se trataba de una conversación entre “un funcionario aún no identificado de la Coordinación de Adquisición de Bienes” del IMSS y Rafael Castro, responsable de relaciones con entidades gubernamentales de Novartis.
Novartis y Landsteiner también han sido fuertes competidores en las licitaciones del ISSSTE para la adquisición de medicamentos inmunosupresores que se utilizan en trasplantes de órganos, como el riñón.
“En esta conversación se aprecia cómo el funcionario del IMSS informa al representante del laboratorio de una compra de medicinas en un estado por 80 millones de pesos en una licitación que, le informa, se va a publicar este jueves 11 de noviembre”, abundó López-Dóriga.
“Entre ellos se refieren a la comisión que le tienen que dar, hablan de 4%, pero dicen que, mejor, claro, sea de 5%. En la conversación mencionan al coordinador de Adquisición de Bienes del IMSS, César Mora Iriarte, y al director de la Cofepris, Miguel Ángel Toscano.
“En la parte final de este reportaje se registra una segunda conversación, en la que, alterados, muy alterados, dicen los mismos que hablaban antes que tienen que hablar urgentemente porque han sido descubiertos. Da la impresión de que se enteraron de la investigación periodística de Noticieros Televisa sobre este caso y por eso la alarma”, editorializó López-Dóriga.
Durante dos días las conversaciones fueron difundidas hasta el cansancio no sólo en El Noticiero, en los segmentos de Primero Noticias, conducido por Carlos Loret de Mola, y en todos los espacios informativos de Foro TV, incluida una larga parodia del payaso Brozo.
Incluso los reporteros del consorcio entrevistaron a legisladores, funcionarios y al exdirector del IMSS, Emilio Gamboa Patrón.
A la postre se descubrió que la conversación no revelaba negociaciones entre un funcionario “desconocido” del Seguro Social y un representante de Novartis, sino que se trataba de dos particulares.
“Es una calumnia”
La persona a la que Televisa presentó como “funcionario aún no identificado” que negociaba con Rafael Castro era Carlos Abelleyra Cordero, expresidente de la Cámara Nacio-nal de la Industria Farmacéutica de
El viernes 12, Abelleyra presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte responsable por el delito de interferencia ilegal de comunicación privada y por ataques a las vías generales de comunicación.
“Fue una conversación entre dos particulares, ambos profesionales de la industria farmacéutica, y no participó funcionario público alguno. La conversación versó, efectivamente, sobre un proceso de licitación pública de medicamentos por parte del IMSS y cuyas bases serían publicadas el jueves 11. En ella se discutieron los términos en los que una determinada empresa iba a participar, incluyendo algunas ideas sobre el costo de distribución, no sobre una comisión para corromper a funcionario del Seguro Social”, puntualizó Abelleyra.
Entrevistado por Proceso, el también exdirigente de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIF) advierte que espera “una disculpa pública” de López-Dóriga.
“Es lo único que he hecho en mi vida. Tengo 27 años en la industria. He sido el hombre más importante en el sector, representé a todos los laboratorios, y que ahora venga una calumnia y me destroce mi dignidad, no se vale; es mentira lo que han difundido”, sostiene.
–¿Qué le diría a López-Dóriga?
–Yo no me voy a enfrentar a López-Dóriga. Quiero que se dé cuenta de que lo que dice no es verdad y que ofrezca una disculpa pública. Él dijo que yo era un funcionario del Seguro Social y no es verdad; aseguró que estábamos negociando comisiones y no es cierto. Utilizaron información confidencial y eso está penado por la ley.
–En la última grabación se deduce que usted ya sabía que los habían grabado y le advierte a Rafael Castro. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo se enteró de que habían escuchado la conversación?
–Claro que le advertí, porque creo en la lealtad entre amigos. Rafael Castro trabajó conmigo antes de irse a Novartis. Y sí, me advirtieron que nos habían grabado las llamadas.
–¿Lo habían involucrado a usted en algún otro escándalo de este tipo?
–Jamás. Me están obligando a cerrar mi ciclo en la industria, porque bien dice un viejo dicho: “calumnia, que algo queda”. Voy a seguir diciendo mi verdad, no para afectar a nadie, sino porque están arrastrando a gente que ni la debe ni la teme.
–Si esta intercepción telefónica no documenta ningún caso de corrupción, ¿qué significa?
–No documentan la corrupción. Documentan cómo pueden destruir la vida de las personas. Seguramente hay errores que cometimos en esas llamadas, pero nunca corrupción, nunca colusión.
Tanto Abelleyra como Castro anunciaron que se separaban de sus respectivas empresas. Tanto Stendhal como Novartis advirtieron en comunicados de prensa que las actividades y negocios mencionados en las llamadas se hicieron “a título personal” y no en nombre de ninguna de las firmas.
Reacciones
Todavía no se identificaba plenamente a las dos personas cuya conversación telefónica fue interceptada, cuando el presidente Felipe Calderón envió un mensaje a través de su cuenta en Twitter desde Seúl, Corea del Sur en el que anunció:
“He dado instrucciones para que se investigue a fondo la posible corrupción en el IMSS y se castigue a quienes resulten responsables.”
Con una celeridad inusual en otros escándalos que involucran al IMSS, como el incendio de la guardería ABC, César Mora fue destituido de su cargo como coordinador de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del instituto.
El director de la dependencia, Daniel Karam, afirmó que no solapará “ningún acto de corrupción” y que presentaron una denuncia de hechos ante la PGR para que se deslindaran responsabilidades. El Senado de la República acordó llamar a comparecer a Karam la próxima semana para abundar en este audioescándalo promovido por Televisa.
Por su parte, el titular de la Cofepris, Miguel Ángel Toscano, en entrevistas con medios electrónicos, incluyendo una con Primero Noticias, rechazó estar implicado en el caso y confirmó que sí conoce a Rafael Castro.
“Me deslindo, no tengo nada qué ver ni personal ni institucionalmente con las licitaciones del Seguro Social. Como comisionado exijo que se investigue a fondo y se castigue a los responsables. Estoy a disposición de la Secretaría de la Función Pública”, afirmó.
“Si algo me ha caracterizado en mi trayectoria es justamente ser recto y tratar de poner transparencia en la Cofepris, transparencia que no había. Sigue habiendo corrupción y hemos trabajado para combatirla”, planteó Toscano, exlegislador panista.
En la emisión del jueves 11, López-Dóriga abrió su noticiario con el mismo tema y trató de vincular a Toscano con el audioescándalo. Afirmó que la Cofepris no tiene que ver con las licitaciones del Seguro Social, “pero sí con acelerar el registro de un medicamento. Sin un registro de Cofepris no pueden participar en una licitación”, apuntó el conductor. l
Presupuesto 2011: cada quien para su rancho
Carlos Acosta Córdova
Los días previos a la aprobación del Presupuesto de Egresos el Palacio Legislativo de San Lázaro se llena de folclor y colorido. Abundan las fiestas y comilonas para los legisladores, con cargo al erario. Y es que todos quieren un pedazo de los 60 mil millones de pesos que se le pueden arrancar a otras partidas. El problema es que no alcanza para todos y entonces la alegría de los festejos se convierte en ásperas discusiones entre partidos, entre sectores….
Otra vez el campo y las carreteras atoraron las negociaciones del presupuesto en la Cámara de Diputados.
El PRI no pudo contener la rebelión de su sector campesino –más de la tercera parte de su bancada, apoyado por legisladores del mismo sector de los otros partidos– que exige de “manera irreductible” una asignación adicional de 42 mil millones de pesos. Y no hay de dónde.
Además diputados del PAN y del PRD dejaron la negociación porque de los 20 mil millones adicionales previstos para el fondo carretero, el PRI –dijeron– se quiere “agandallar” 19 mil millones.
El resto de las bancadas –PT, Panal, Verde, Convergencia– reclamaron por la exclusión y torpedearon las pláticas cupulares de los partidos grandes. Total, se trabó la negociación del presupuesto cuya aprobación estaba prevista para el jueves 11.
Cientos de legisladores debieron cancelar sus boletos de avión para aprovechar el fin de semana largo, que incluía el lunes 15. Y otros, no pocos, vieron frustradas sus ganas de ir a Dallas a presenciar el sábado el encuentro de box entre el mexicano Antonio Margarito y el filipino Manny Pacquiao (era la comidilla en los pasillos de San Lázaro por la cantidad de diputados que presumían de su inminente viaje a Texas).
La razón: la noche del jueves el presidente de la cámara y los coordinadores parlamentarios acordaron “darse tiempo” para seguir negociando el presupuesto en la comisión correspondiente y convocaron a las seis de la tarde del sábado –si es que para entonces la comisión ya terminó de dictaminar– para discutir en el pleno el presupuesto para el próximo año.
Y eso quiere decir que, si van bien las cosas, será este domingo cuando haya presupuesto para 2011.
El folclor en la cámara
Es la historia de cada año. El presupuesto se traba la víspera del día límite para su aprobación. A partir del 8 de septiembre, cuando por ley el Ejecutivo debe enviar al Congreso su propuesta de programa económico para el siguiente año, la Cámara de Diputados empieza a tener una actividad más intensa.
Pero los días previos al 20 de octubre –plazo para aprobar la Ley de Ingresos– y hasta una semana antes del 15 de noviembre –fecha fatal para aprobar el Presupuesto de Egresos– esa actividad se torna febril… y folclórica.
Son días de procesión interminable. Esta vez, como siempre, todo mundo acudió religiosamente a los atrios de San Lázaro a pedirle más recursos al Santo Varón de los Dineros, que en esta legislatura personifica el diputado priista Luis Videgaray Caso, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y, por tanto, encargado del reparto.
Pero no de los casi 3.4 billones de pesos que suma el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011 –pues prácticamente todo es gasto inamovible–, sino de una pizca de unos 60 mil millones que los diputados arrancarán de reasignaciones y recortes a otras partidas.
Y cada quien a su manera: en solitario o en grupo, de manera seria o rumbosa, haciendo gala de “generosidad” con recursos de sus contribuyentes, como muchos gobernadores y presidentes municipales que acudieron con nutridos séquitos.
Por ejemplo, el 19 de octubre el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue a la cámara a pedir más recursos. Pero lo hizo de manera festiva, según las crónicas del día, con una espléndida comilona para legisladores, personal de la cámara y periodistas: carne asada, quesos de la región, “chile pasado”, whisky, cerveza y tequila, todo con un exclusivo servicio y, por supuesto, amenizado por grupos musicales que se despacharon puras canciones de “rompe y rasga”, y no pocos narcocorridos.
No se quedó atrás la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega. Envió a la Cámara de Diputados un voluminoso cargamento con mucbipollos o pibes –tamal tradicional yucateco para el Día de Muertos– como parte de su estrategia de relaciones públicas, según Excélsior en su edición del 4 de noviembre.
El autor de esa nota refiere que, según sus fuentes, el gobierno de Ivonne Ortega mandó 700 pibes con un costo aproximado de 700 pesos cada uno (casi medio millón de pesos), pues en Mérida se supo que los mucbipollos fueron elaborados por la firma Rigel, una de las empresas de servicios de banquetes más exclusivos de la capital yucateca.
No es una exageración decir que todo mundo se apersonó en San Lázaro. La propia comisión que preside el diputado Videgaray informó que a las distintas comisiones ordinarias acudieron 21 mil 825 solicitantes, entre gobernadores, presidentes municipales, órganos autónomos, asociaciones e instituciones civiles, universidades y más.
Las peticiones sumaron 731 mil millones de pesos, cifra que incluye la asignación propuesta por el gobierno federal más el adicional solicitado. Sólo los gobiernos de 30 entidades pidieron recursos para programas y proyectos de inversión por 425 mil millones.
El total de las solicitudes es ordenado por las comisiones ordinarias, que luego se transfieren a la Comisión de Presupuesto como “sugerencia” u “opinión” de adecuación o modificación presupuestal. La comisión de Videgaray recibió solicitudes de ampliación presupuestal por 264 mil 400 millones de pesos… pero sólo había, hasta el viernes 12, unos 60 mil millones de pesos.
Y pasó lo de siempre: miles y miles de solicitudes, por más fundamentadas que estén, no tuvieron más destino que el carpetazo. La rebatiña por esos 60 mil millones es lo que paraliza a la cámara los días previos a la fecha límite de aprobación del presupuesto. Y otra vez los recursos para el campo y carreteras trabaron las discusiones.
Es un problema para los priistas controlar a sus diputados campesinos, que ante un presupuesto propuesto de 259 mil millones de pesos, piden uno de 301 mil millones. Es decir 42 mil millones más. Y se les complica meterlos al orden porque saben que en buena parte tienen razón, ya que más de la mitad de las asignaciones para el campo son para gasto asistencialista y muy poco para costear sus insumos y apoyar sus actividades productivas.
Pero los líderes priistas también saben que no pueden desoírlos del todo, porque en el campo el PRI tiene una de sus principales reservas de voto.
De hecho, organizaciones campesinas afines a los distintos partidos –incluida la priista Confederación Nacional Campesina– anunciaron un gran plantón en San Lázaro este sábado
Carreteras electorales
El caso de las carreteras y el “agandalle” del PRI es el mismo de siempre. Y no porque no hagan falta caminos, vialidades y carreteras en el país, sino que como el próximo año hay elecciones para gobernador en seis estados –Guerrero, Baja California Sur, Coahuila, Estado de México, Nayarit y Michoacán– y se renuevan 84 alcaldías en Hidalgo, la rebatiña por los recursos se da a gritos y sombrerazos.
Y es que de los 20 mil millones de pesos adicionales previstos para el fondo carretero, el PRI –acusaron perredistas y panistas– asignó 19 mil sólo a proyectos que puedan presumir los candidatos tricolores.
El cálculo político y el interés partidista es lo que subyace en las negociaciones del presupuesto cada año. De parte de los legisladores nunca hay un esfuerzo intelectual y técnico para modificar la estructura del gasto o las fuentes de los ingresos.
Lo único que hacen es, sobre lo que envía el Ejecutivo, quitar aquí y poner allá, generar una bolsita por la que se pelearán y harán mucho ruido; habrá ganadores y perdedores y luego todos se declararán patriotas, comprometidos con el bienestar del pueblo.
El problema de los legisladores, los que tienen poder de decisión, es que ignoran a la sociedad, a los académicos, a los especialistas y aun a sus pares. En la semana, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentó al diputado Videgaray, e hizo públicos, varios estudios que documentan rigurosamente muchos de los abusos que hay con el gasto público y que fácilmente podrían eliminarse.
A su vez, diputados del PRD presentaron al cuerpo legislativo una propuesta para eliminar dos prebendas de los altos funcionarios públicos, con lo cual se ahorrarían casi 9 mil millones de pesos, que podrían reasignarse a programas realmente necesarios.
Elaborada por el doctor en economía Juan Moreno Pérez, asesor parlamentario durante más de 10 años, la propuesta de los legisladores perredistas propone eliminar el seguro de gastos médicos privados y el seguro de separación individualizado (fondo de ahorro), que no son prerrogativas de ley, sino privilegios para los funcionarios, que consumirán del presupuesto del año próximo 8 mil 745 millones de pesos.
Esa cantidad podría tener múltiples usos. Sólo para ejemplificar, serviría para otorgar becas de 500 pesos mensuales a casi 1 millón y medio de jóvenes, todo el próximo año, para que no abandonen la preparatoria.
El argumento es simple y convincente: todos los funcionarios públicos tienen derecho al ISSSTE y ganan un sueldo suficiente como para pagar el servicio médico que creen merecer, sin tener que cargárselo al erario.
Los mexicanos con nuestros impuestos –según las cuentas del economista Moreno Pérez– vamos a pagar el próximo año casi 2 mil 500 millones de pesos para que la alta burocracia, los legisladores, los funcionarios y los ministros de la Corte, los consejeros electorales, los directivos de las paraestatales, del Inegi y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puedan atenderse cómodamente, ellos y sus familiares, en hospitales y clínicas privadas de primer nivel.
Pero esa es la prebenda menos costosa. El otro gasto que se nos cargará y se nos ha cargado a los contribuyentes –por más de 6 mil 300 millones de pesos– es el seguro de separación individualizado, que es un sobresueldo de cerca de 10% de la percepción bruta de los funcionarios.
Opera igual que un fondo de ahorro: por economizar 10% de su sueldo bruto, al funcionario se le abona, con cargo al erario, un monto similar que se deposita en una cuenta individual, de la que podrá disponer al momento de su retiro.
En el caso de los diputados y de los funcionarios de la cámara, lo que se les abona es 12% de su percepción bruta, y a los 11 ministros de la SCJN y a los funcionarios de la misma, 20%.
Para los secretarios de Estado, aunque tienen una percepción neta de 145 mil 621 pesos mensuales (casi 1.8 millones al año), su remuneración total (percepción bruta más prestaciones) asciende a 272 mil 800 pesos mensuales (casi 3.3 millones al año), por lo que las dos prebendas les significan poquito menos de 31 mil pesos al mes.
Quitarles esa cantidad sobre un total de casi 273 mil pesos al mes y que sigan manteniendo su sueldo neto no los hará más pobres, pero sí, en términos agregados, sería un buen ahorro presupuestal.
Otro caso es el de los ministros y funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Es muy conocido y causante de una fundada ira pública el hecho de que los sueldos de aquellos son abusivos.
Pero el del ministro presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, es de escándalo en un país en el que el grueso de la población trabajadora (30 millones de personas) tiene un salario mensual de 5 mil 40 pesos (tres salarios mínimos) o menos.
El ministro presidente tiene una remuneración de 499 mil 124 pesos mensuales (unos 6 millones al año, casi el doble que el presidente de la República). El seguro de gastos médicos privados y el seguro de separación individualizado, que el PRD propone eliminar, les significa unos 88 mil pesos al mes.
Quitar eso sin alterar su percepción neta mensual de 250 mil pesos (3 millones netos al año) no le hace ningún daño al señor ministro y sí mucho bien al presupuesto y, sobre todo, a la salud pública del país.
El CIDE, el Instituto Mexicano para la Competitividad, universidades públicas y privadas, muchas otras instituciones y aun legisladores han detectado, con el mayor rigor, un sinfín de áreas de opacidad y de rubros del gasto público que pueden eliminarse, que pueden generar ahorros sustanciales (lo de las prebendas que propone eliminar el PRD es un ejemplo mínimo) y con ello mandar una mejor señal de que los recursos de los contribuyentes sirven para algo más que para mantener una abultada plantilla burocrática, de generosa nómina pero de escasos resultados.
Los narcos mexicanos “ya están aquí”
José Meléndez
“México está pagando las consecuencias de gobiernos miopes que no supieron medir el riesgo del narcotráfico”, que ya se desplazó a Centroamérica, afirma José María Tijerino, ministro de Seguridad Pública de Costa Rica. En entrevista con Proceso el funcionario reconoce que el cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana ya se asentaron en su país, cuya ubicación geográfica es clave para el trasiego de drogas de Colombia a México y Estados Unidos. Un dato ilustra el fenómeno: 43 mexicanos están en cárceles costarricenses acusados de narcotráfico.
SAN JOSÉ.- En marzo de 2008 el costarricense Sigifredo Ceciliano Gamboa formó parte de una comitiva de empresarios que acompañó al entonces presidente de Costa Rica, Óscar Arias, a una visita a México. El 27 de ese mes, Ceciliano asistió a un banquete en la embajada de su país en la capital mexicana, al que Arias, tras entrevistarse con el presidente Felipe Calderón, también acudió.
En un aparte del acto social, el entonces ministro costarricense de Comercio Exterior, Marco Ruiz, accedió al ruego de Ceciliano y lo presentó con Arias. Minutos después el empresario y el presidente centroamericanos posaron para una fotografía.
Menos de tres meses más tarde –el 19 de junio–, la policía costarricense detuvo a Ceciliano cuando intentaba huir en un vuelo a Ecuador. Su delito: exportar a México vía marítima, desde el puerto de Caldera, en el Pacífico costarricense, 97 tiburones congelados rellenos con 893 kilos de cocaína. El cargamento había sido descubierto tres días antes por la policía mexicana cuando era descargado en Progreso, Yucatán. Presuntamente su destinatario era el cártel de Sinaloa.
El caso ilustra el fenómeno de penetración de los cárteles mexicanos del narcotráfico en Costa Rica, país cuya posición geográfica lo coloca cerca de las bases de producción en Colombia y de los principales mercados de contrabando y consumo en México y Estados Unidos.
“Todos los cárteles mexicanos tienen miembros” en Costa Rica, asegura a este semanario el ministro costarricense de Seguridad Pública, José María Tijerino. “Los más fuertes son el de Sinaloa y La Familia Michoacana”, puntualiza.
Según el Ministerio de Justicia de Costa Rica, el número de mexicanos presos en ese país por delitos relacionados con el narcotráfico se disparó en el último año: el 31 diciembre de 2009 había 29; el pasado 10 de junio ya eran 43. Al menos otros seis fueron detenidos después de esta fecha.
El territorio costarricense es utilizado “para el almacenaje y transporte de la droga proveniente de Colombia y que comercializan los cárteles de México”, informa Francisco Segura, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), brazo policial de la Fiscalía General de Costa Rica.
En entrevista con Proceso, Segura dice que “se sabe que los grandes cárteles que mueven todos los estupefacientes en México tienen presencia aquí en Costa Rica, porque ellos comercializan; es el negocio de ellos”. Y señala que “como cualquier empresa privada deben tener sus casas comerciales en el extranjero para manejar sus operaciones”. Los narcotraficantes “han pasado sus oficinas a Centroamérica” para “comercializar” la droga, añade.
Segura dice que los cárteles mexicanos han corrompido a jueces e infiltrado a la policía. “Desgraciadamente, junto con la droga viene también una gran ola de corrupción, y a esos sujetos les sirve localizar y permear a algunos sectores (…) El negocio es muy rentable y requieren menos obstáculos. Por todos lados están tocando para continuar con su actividad”, advierte.
Y sostiene: “No podemos decir que estábamos o estemos preparados para atender una criminalidad organizada tan violenta como la mexicana”.
Los registros
El caso Ceciliano –las autoridades costarricenses insisten en que su nexo con Arias fue casual– mostró apenas una vía que utilizan los cárteles mexicanos para traficar estupefacientes.
Los tiburones rellenos de droga fueron transportados en un buque de las islas Marshall que zarpó del Pacífico costarricense, cruzó el Canal de Panamá e hizo escalas en Honduras y tres puertos del sur de Estados Unidos antes de llegar a Yucatán.
La mercancía iba dirigida a la firma Tenería del Caribe Internacional, de Guadalajara, que opera en Costa Rica y cuyo dueño es el mexicano Francisco Pozos Lepe, según la información oficial suministrada en la capital costarricense.
Pero antes y después de ese caso, los narcotraficantes mexicanos han utilizado a Costa Rica para sus actividades.
En marzo de 1985 el narcotraficante Rafael Caro Quintero huyó de Mazatlán; era perseguido por el asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA, en febrero de ese año. Un mes después Caro fue detenido junto con varios de sus lugartenientes en una mansión del noroeste de San José, Costa Rica. De inmediato fue deportado a México.
En marzo de 2008 San José confirmó que una reunión “cumbre” de cabecillas de cárteles del narcotráfico mexicano se realizó en 2007 en Costa Rica. El objetivo: coordinar compras de droga a las mafias colombianas, así como los operativos para llevarla a Estados Unidos. La revelación se produjo tras el desmantelamiento de una red de mexicanos y colombianos que enviaba cocaína a España haciéndola pasar por chicle.
En junio de 2008 el OIJ frustró un plan del cártel de Sinaloa para liberar al mexicano Luis Alberto Malaña Alcaraz, preso en una cárcel costarricense desde mayo de 2007 por intentar traficar más de 2 mil 200 kilos de cocaína. Malaña y otros cinco mexicanos fueron condenados, en octubre de
Ese mismo junio el OIJ incautó 144 kilos de cocaína a un grupo de mexicanos, guatemaltecos y costarricenses que traficaba de Colombia a México y encubría sus operaciones con un negocio de aguacates. La policía sólo arrestó a un mexicano, a quien las autoridades judiciales identificaron sólo por sus apellido: Avilés (la ley costarricense impide revelar los nombres de los implicados en casos penales).
El mexicano Germán Trejo Retamosa y el costarricense Édgar Arguedas Alfaro murieron en mayo de 2009 al estrellarse un helicóptero en el que transportaban 347 kilos de cocaína. Ese accidente destapó una red de almacenamiento y tráfico de droga establecida en Costa Rica por el cártel de Sinaloa.
Arguedas, que era el piloto, había laborado varios años en la sección Aérea de Seguridad Pública y participó en operativos antidrogas. Al trascender la noticia del percance, tres mexicanos que estaban hospedados en un hotel de la ciudad de Turrialba, en el suroriente de Costa Rica –y al que era llevada la cocaína–, huyeron por tierra a Panamá.
En octubre de 2009 la policía antidrogas de Seguridad Pública desarticuló una “narcoestructura” del cártel de Sinaloa comandada por cinco mexicanos identificados por los apellidos Pérez López, Patterson López, Pardo López, Anguiano Escobedo y Peña Servín. Todos lograron huir. Habían adquirido residencias y vehículos en la ciudad de Guápiles y negociaron la compra de un helicóptero para movilizar grandes cantidades de cocaína por tierra y mar.
El pasado 11 de febrero la policía detuvo en el aeropuerto Juan Santamaría, el más importante de Costa Rica, a una mexicana procedente de Guadalajara que pretendía meter al país 250 mil dólares escondidos en una valija. La mujer, de apellido Ávila Elizalde, presuntamente está ligada a La Familia Michoacana.
Al día siguiente la policía encontró 969 kilos de cocaína en una casa-bodega en Cuatro Cruces de Esparza, en la provincia de Puntarenas. La casa era resguardada por los mexicanos José García Padilla y Margarito Arroyo Lavariega, de La Familia Michoacana. Arroyo era “jefe de la estructura” y, según la Dirección de Migración y Extranjería, había entrado varias veces al país a partir de octubre de 2009.
Derivado de este caso, el pasado 16 de junio la policía desmembró otra célula de La Familia Michoacana. Sus integrantes trasladaban cocaína desde la sureña localidad de Paso Canoas, fronteriza con Panamá, hacia Cuatro Cruces de Esparza, donde la almacenaban y después la reenviaban a Guatemala y México en compartimentos secretos de vehículos. La policía detuvo a cuatro mexicanos y siete costarricenses en 12 allanamientos.
Alarma
Fuentes policiales dijeron a Proceso que los cárteles mexicanos tienen la costumbre de enviar dinero a sus emisarios para cubrir costos por alquiler de casas, bodegas, vehículos y alimentos, así como para sobornar a policías y autoridades, y financiar el acondicionamiento de las lanchas y aeronaves.
Un ejemplo: el pasado 30 de enero, un mexicano de apellidos Muñoz Briceño llegó a Costa Rica procedente de Guadalajara y planeaba retornar el 1 de febrero a México. La policía lo sorprendió al ingresar al aeropuerto Juan Santamaría con 251 mil dólares ocultos en una maleta.
El caso más reciente ocurrió el pasado 10 de octubre: una avioneta con matrícula de Guatemala y dos guatemaltecos y 177 kilos de cocaína a bordo se estrelló en la ribera del río Torres, de San José, sólo dos minutos después de despegar del aeropuerto Tobías Bolaños. Cuando socorristas y policías llegaron a auxiliar a los dos heridos –uno de ellos murió más tarde–, se toparon con gran cantidad de paquetes de cocaína que flotaban en el río. La droga se había desprendido de un compartimiento cercano a los tanques de combustible, donde los narcos la habían escondido.
Las indagatorias condujeron a los mexicanos Rubén Martínez Trujillo y Elvis Mendoza Rivera. La policía inició su persecución. Menos de 24 horas después del accidente un agente costarricense los detuvo cerca del límite con Nicaragua, a donde querían cruzar por un punto ciego.
Martínez Trujillo, nacido en Chiapas, residente en Sinaloa y con un registro migratorio de 25 entradas y salidas de Costa Rica hacia y desde México y Guatemala, compró, en junio pasado, la empresa de taxis aéreos Aerolíneas Turísticas de América, con hangar incluido en el aeropuerto Tobías Bolaños. La nave accidentada acumulaba un largo historial de vuelos entre los tres países, según informó la Dirección de Aviación Civil de Costa Rica.
El escenario, advierte el ministro Tijerino, es de alarma. “Los detalles específicos y precisos sobre el emplazamiento de los cárteles mexicanos y colombianos en Centroamérica pintan un cuadro muy amenazador, una situación de riesgo muy alto a la que debemos enfrentar con calma pero con decisión”, dice.
El ministro repasa los cambios que durante los últimos años ha registrado Centroamérica –Costa Rica en particular– en el tema del narcotráfico. “Empezamos a ser una simple ruta (de tráfico), luego pasamos a ser centro de almacenamiento y de distribución, y una tercera etapa es ya el asentamiento de miembros de los cárteles de la droga en nuestro país, y presumimos que la próxima etapa será el traslado de los capos, para ponerlos a salvo en Centroamérica”, explica.
Sentencia: “Colombia y México no podrán decir que han culminado exitosamente una lucha contra el narcotráfico si el narcotráfico lo que hizo fue desplazarse a Centroamérica. Desde allí (los cárteles) volverán a atentar contra esos dos países. Eso lo tienen muy claro las autoridades mexicanas y colombianas”.
Y señala que es peligroso “pretender que el narcotráfico se va a conformar sólo con la actividad comercial y no va a penetrar las estructuras sociales y políticas. Lo cierto es que el narcotráfico pretende un poder omnímodo sobre la sociedad. No es la venta de automóviles. El narcotráfico busca cómo corromper y apropiarse del poder político”.
–Con este panorama, ¿se puede derrotar al narcotráfico?
–Sí, cuando hay decisión política y la sociedad apoya a su gobierno. La forma más equivocada de enfrentar el problema del narcotráfico es hacerse de la vista gorda. México está pagando las consecuencias de gobiernos miopes que, para ser benévolos, no supieron medir el riesgo del narcotráfico. l
Don Raúl Vera y los derechos humanos
Miguel Ángel Granados Chapa
A su regreso de Noruega, donde hace una semana recibió el Premio Rafto, la agenda de don Raúl Vera lo esperaba muy apretada. Se contaba con su presencia en dos actos simultáneos el jueves 11, en la Ciudad de México, y uno más el viernes 12, en Saltillo, la sede de su diócesis.
El 7 de noviembre recibió el Premio Rafto, en el Teatro Nacional de la ciudad noruega de Bergen. El jueves
Y es que el senador Ricardo García Cervantes, quien encabeza ese capítulo, decidió que fuera la Familia Pasta de Conchos –una de las iniciativas más sentidas por el obispo de Saltillo– la que se presentara a hablar sobre la situación de la minería de carbón en Coahuila. Abordar en tribuna el caso de Pasta de Conchos costó a García Cervantes una burda reconvención del subsecretario del Trabajo Álvaro Castro, quien perdió –al menos formalmente– esa posición ante la severa respuesta institucional del Senado, que declaró inadmisible el reproche a uno de sus miembros sobresalientes y consiguió una rectificación de dientes para afuera del secretario Javier Lozano, cuya postura ante los deudos de la tragedia –crimen, mejor dicho– del 19 de febrero de 2006 estuvo claramente reflejada, en estilo y contenido, en la admonición del subsecretario al legislador.
El viernes 12 don Raúl Vera presidió, en la capital de Coahuila, una reunión organizada por muchos de sus feligreses para darle la bienvenida, en un acto que sería aprovechado para entablar un “diálogo sobre derechos humanos en México”. La organización corrió a cargo del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, otra de las fundaciones del dominico que se graduó como ingeniero químico antes de ingresar a la Orden de Predicadores. Ya antes, en 1988, había fundado un centro de asistencia social, “la primera de varias instituciones que ha apoyado para asistir a gente pobre y marginada”, según informó a su auditorio la presidenta del Comité Rafto, Siri Gioppen.
Ese comité discierne desde 1987 el premio que lleva el nombre de Thoroft Rafto, un activista que antes de la caída del Muro y la disolución del campo socialista dedicó su esfuerzo a apoyar a disidentes en países sometidos al autoritarismo en Europa Oriental y en la Unión Soviética misma. A su muerte, y establecido el premio que lleva su nombre, los continuadores de su obra juzgaron necesario orientar a otras regiones del mundo su atención y, con la suya, la de vastos sectores de la opinión mundial que confían en los criterios humanitarios de esa organización noruega.
También ha tenido confianza en el Comité Rafto el correspondiente del Premio Nobel de la Paz. En cuatro ocasiones ya, recipiendarios del Rafto lo fueron después del Nobel, por la coincidencia en los principios que rigen la asignación de las respectivas preseas.
La primera persona colocada en esa situación fue la activista birmana Aung San Suu Kyi, quien recibió el Nobel en 1991. Mucho antes de entonces y aun hoy mismo ha pugnado por el cese del autoritarismo militar en su patria, Myanmar (antes Birmania), para abrir paso a la democracia. Cinco años después fue galardonado con el Nobel José Manuel Ramos-Horta, quien encabezó la lucha del pueblo de Timor Oriental por sacudirse el dominio de Indonesia, que debió retirarse de aquella isla –cuya población es de ascendencia portuguesa en el océano Índico– a causa del movimiento de opinión mundial en torno a Ramos-Horta, tras recibir los premios Rafto y Nobel.
En el año 2000 el premio discernido por el comité respectivo del Parlamento Noruego, en cumplimiento de las instrucciones de Alfred Nobel, fue otorgado a Kim Dae-jung, líder de la resistencia al militarismo autoritario en Corea del Sur, que llegó a ser presidente de esa república y desde entonces aboga por la reconciliación de las dos porciones en que la Guerra Fría dividió a Corea. En 2003, el Nobel fue para Shirin Ebadi, la legendaria juez iraní destituida de su cargo por su interpretación de las leyes islámicas en beneficio de la mujer y que como abogada ha luchado por la causa de las mujeres en una sociedad opresora. Además de su activismo civil, escribió el libro La jaula de oro, un alegato por la convivencia de formas diferentes de vivir el Islam.
A perfiles como esos corresponde ahora el del obispo de Saltillo. Así lo definió Siri Gioppen al hacer la semblanza del premiado este año con el Rafto: “Hay una clase de personas, muy escasas, que son referencia moral y cuya integridad constante les prepara a defender lo que consideran correcto sin hacer caso al riesgo personal que corran”. La oradora mencionó el paso de don Raúl por Chiapas y no pudo omitir una mención a don Samuel Ruiz, el hoy obispo emérito de San Cristóbal de las Casas. El dominico Vera había sido enviado a esa diócesis como adjunto con derecho a sucesión. Ignorantes quienes lo nombraron de su reciedumbre y sensibilidad humana, esperaron de él que acotara al obispo cuya pastoral indígena, cuya opción por los desvalidos irritaba al poder vaticano, y que al reemplazarlo desmontara su obra. La conversión vivida por don Raúl lo llevó hacia rumbos opuestos a los imaginados por sus promotores, que decidieron trasladarlo al norte, con la suposición de que, no habiendo allí indígenas con los cuales identificarse, el obispo se acomodaría al tradicional molde episcopal.
Nuevo mal cálculo. Don Raúl ha ejercido sus convicciones en varios campos. Lo preocupa la suerte de los migrantes hacia Estados Unidos, una corriente de los cuales pasa por Coahuila. Ha establecido dos centros de refugio para ese efecto: el de Saltillo, llamado Belén, ha atendido a 40 mil personas. Junto con esa atención a los seres humanos concretos, el obispo Vera es un activista en pro del reconocimiento de la dignidad humana de los migrantes, en pos de que se adopten políticas gubernamentales que en vez de perseguirlos los apoyen.
En lo que hace a la drogadicción y la violencia, ya no adosada sino consustancial al tráfico de estupefacientes, según explicó la humanitarista noruega, “el obispo Vera comparte la preocupación del gobierno por el poder y la violencia de los cárteles de la droga, pero critica sus métodos. No solucionan los problemas y debilitan la ley en vez de confirmarla”.
También preocupa a don Raúl “la exclusión social de los homosexuales, incluso por la misma Iglesia”. Para oponerse a ella apoya “la comunidad de San Egidio en Saltillo, (que) ofrece guía espiritual a jóvenes de toda orientación sexual, y don Raúl trabaja para promover su dignidad y sus derechos humanos”.
Como don Raúl, sin necesariamente conocerla, practica la máxima del obispo sudafricano y premio Nobel Desmond Tutu (“si usted permanece neutral en situaciones de injusticia, usted ya tomó partido por el opresor”), no ha vacilado en apoyar a las víctimas de la codiciosa e infame minería del carbón en Coahuila, a partir de la muerte de 65 personas en la mina de Pasta de Conchos hace más de cuatro años. De ser un obispo convencional, se hubiera amistado con los dueños de las minas y las acerías de la región norte del estado, en vez de enrostrarles su insensibilidad y sus violaciones a la ley.
Sin falsa modestia, el obispo dominico reconoció la proyección que el Premio Rafto da en el mundo, sobre todo en las civilizadas sociedades del norte de Europa, a la situación mexicana. Dijo al concluir sus palabras el domingo pasado que acaso la Fundación Rafto pudo haberse equivocado al elegir a una persona no adecuada para el premio 2010, “pero no se equivocó en elegir a México para denunciar ante la comunidad internacional la terrible situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de parte del gobierno, contra hombres y mujeres, ciudadanos de nuestro país”. l
La guerra sin rostro
Javier sicilia
Toda guerra es terrible: muerte, miedo, despojo, odios que se expresan en atrocidades, familias rotas, miseria. Sin embargo, la guerra que desde hace años vive México tiene un sesgo inédito: carece de significado. Hasta hace poco –pienso en la Independencia, en la Revolución o en los movimientos armados de América Latina–, las guerras, con todo y su cauda de desgracias, se movían sobre ideas de justicia y de porvenir. Ideas abstractas, ciertamente, cuyas consecuencias resultaron contrarias, pero que al menos señalaban un horizonte sin el cual los seres humanos estamos privados de sentido. Hoy esas ideas no existen.
La mayor parte de las ideas de Felipe Calderón y su gobierno –no hablemos de las del crimen organizado–, que caminan en el sentido de la privatización, del fortalecimiento y la expansión de los grandes capitales, del dinero y de los privilegios, no son precisamente ideas que tengan que ver con la justicia y el porvenir. Por el contrario, han cobrado costos altísimos en miseria, división de familias y angustia que la guerra ha venido a potenciar.
En este sentido, no sólo vivimos una guerra inimaginable, sino también una sociedad inimaginable en el orden de la justicia y del porvenir. Una guerra cuyos rostros, como el de los torturados, sólo manifiesta las huellas del absurdo, hace que nos sintamos presos en una telaraña. No la podemos entender. No tenemos ninguna certeza de lo que saldrá de allí. Simplemente padecemos con la zozobra de los personajes de Kafka. Da la impresión de que habitamos en un mundo dirigido por fuerzas ciegas y sordas que se niegan a escuchar los gritos de advertencia, los consejos y las súplicas.
A fuerza de una violencia sin sustento, tanto Calderón como el crimen organizado han ido destruyendo algo fundamental para la vida humana: la confianza en que sobre la base de una política o de una guerra hay sentido de justicia y de porvenir. Por el contrario, a lo largo de estos años sólo hemos visto mentir, manipular, envilecer, torturar y matar. Nada ha podido impedirlo. No porque quienes perpetran esta guerra estén persuadidos –como lo estuvieron quienes las hicieron en el pasado– de la fuerza de sus ideas sobre la justicia y el porvenir, sino porque están poseídos por las fuerzas ciegas del mercado, que sólo puede mantenerse mediante un movimiento que se pretende perpetuo. Su dilema, como lo señalaba Jean Robert, es el de un Shakespeare pervertido: “crecer o dejar de ser”.
Ese crecimiento, como podemos verlo en las políticas económicas del gobierno y de la clase política, y en la guerra que en nombre de dicho crecimiento se ha desatado, sólo puede realizarse mediante la destrucción continua de dominios de existencia, de territorios y modos de vida; mediante la colonización de culturas, lenguajes y formas de pensar; mediante el despojo y el miedo. Así, en nombre del crecimiento, sea el de la legalidad (el del gobierno y los grandes capitales) o el de la ilegalidad (el del crimen organizado), vivimos una guerra sin significado que nos tiene en el terror y va ahondando la miseria.
En este caos es imposible la persuasión. Los seres humanos de este país hemos sido entregados a la violencia de fuerzas ciegas. Nos ahogamos en medio de gente que sólo cree en el poder del dinero. Y para quienes sólo podemos vivir con el diálogo, la amistad y las relaciones de confianza, la guerra que han desatado y la forma de vida que quieren imponernos son el infierno.
En este sentido, el problema político fundamental de México es saber si es posible seguir habitando un mundo en el que el crimen, en nombre del crecimiento –sea legal o ilegal–, está legitimado y la vida humana es vista como una realidad fútil –recursos humanos intercambiables, bajas colaterales, vidas prescindibles como las de los animales.
Si creemos todavía en que es posible hacer compatible la justicia, la paz social y el orden con la idea de la producción y el consumo desmedidos, habría que decir que sí, y entonces habrá que resignarse a una guerra cuyos resultados, en el orden del horror, son impredecibles. Si decimos que no, tendremos que aceptar que para detener esta realidad tóxica hay que inventar políticas que disocien la justicia y la paz de la cuestión del crecimiento, de la producción y del consumo desmedidos, y la asocien con la fuerza de las comunidades y sus relaciones de soporte mutuo.
Sólo mediante proyectos que recobren los ámbitos de comunidad, es decir, ámbitos de subsistencia, en donde la primera regla es asegurar los medios de sustento de los más débiles, podrá detenerse el absurdo. Esta lógica, ajena a las abstracciones de justicia y de porvenir de las guerras de antaño, y más ajena aún a las fuerzas ciegas de la guerra que hoy vivimos, hace posible la justicia y el porvenir en sus relaciones de solidaridad y de cooperación. Pero esto no depende ya del gobierno, que se mueve, al igual que el crimen organizado, en la racionalidad irracional de una economía del dinero, de la producción y del consumo sin límites. Depende de la gente y del sentido común, el más escaso –para nuestra desgracia– de los sentidos.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz. l
Se evade el problema de fondo del IMSS
Jesús Cantú
El problema de fondo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es muy claro: los ingresos que recibe no alcanzan para sufragar los gastos que realiza para la prestación de los servicios médicos de sus derechohabientes. En la reforma aprobada en diciembre de 1995, que entró en vigor en 1997, se redujeron las cuotas obrero-patronales por concepto de Seguro de Enfermedades y Maternidad en 33%, y se determinó que, para cubrir el déficit que esto generaría, la aportación del gobierno sería fija (sin importar la cifra de ingresos de los trabajadores), con lo cual dicho monto se incrementó de 0.2% a 0.8% del PIB.
Esto fue insuficiente, y, de acuerdo con el director del IMSS, Daniel Karam, el déficit proyectado entre “los ingresos que por ley se obtienen para solventar el gasto de los seguros médicos” y los gastos que la institución realiza para ello “alcanza ya los 45 puntos del PIB”. Hace tres años y medio, el 3 de abril de 2007, el entonces director del instituto, Juan Molinar Horcasitas, señaló: “…hace décadas que invertimos en pacientes con dinero de los pensionados (…) esto se hace desde hace 25 años”.
Es decir, las reservas que la institución debe preservar para el pago de pensiones se desvían a la atención médica de los derechohabientes desde 1982; pero en lugar de atender ese problema, se impulsaron las reformas a los sistemas de pensiones de 1995 y 2007 (la primera, con el fin de crear el sistema de las Afores para los derechohabientes del IMSS; y la segunda, en el mismo sentido, pero para los trabajadores y empleados del propio Seguro Social), cuyos beneficios para las finanzas de la institución no se percibirán sino hasta el 2022 y el 2033, que es cuando un porcentaje importante de los nuevos jubilados empezarían a recibir sus pensiones de parte de las Afores.
Para el año 2011 el IMSS solicitó un presupuesto de 255 mil millones de pesos, y se proyecta un déficit de aproximadamente 30 mil millones, de los cuales casi las dos terceras partes se solventarán con la Reserva del Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales y de Carácter Contractual, es decir, dinero que se había resguardado para cumplir las obligaciones con los empleados y trabajadores de la misma institución, y que más temprano que tarde deberá reponerse.
El déficit es de tal magnitud que no puede resolverse únicamente con medidas administrativas. Aunque seguramente allí hay áreas de oportunidad muy importantes, para solucionar el problema de fondo solamente hay dos vías, que bien pueden ser complementarias: aumentar las cuotas obrero-patronales e incrementar las aportaciones gubernamentales, que dado lo limitado de los recursos públicos casi seguramente se traducirían también en nuevas cargas para los contribuyentes.
El problema es mayor y hay que atenderlo urgentemente, pues hace tres años y medio Molinar planteó que las consecuencias de no hacerlo son el deterioro del servicio y la inviabilidad del IMSS a futuro; y hace unos días Karam señaló: “Si queremos dotar de viabilidad y larga vida al instituto, entonces necesitamos emprender reformas de mayor alcance…”.
Pero casualmente en las dos ocasiones, pocos días después de estos planteamientos, surgieron acusaciones de corrupción al interior de la institución. El 5 de abril del 2007, dos días después de las declaraciones de Molinar, el periódico regiomontano El Norte publicó que el dictamen de la cuenta pública del 2005 de la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 270 millones de pesos en el ejercicio de la partida para Adquisición y Abasto de Medicamentos y Materiales de Curación, en las delegaciones norte y sur del IMSS en el Distrito Federal.
Y en este 2010, una semana después del planteamiento de Karam, El Noticiero de Joaquín López Dóriga en Televisa difundió tres grabaciones en las que presuntamente un funcionario del IMSS proporcionaba información privilegiada a un directivo de un laboratorio farmacéutico a cambio de una comisión de 5% del monto de una licitación por 80 millones de pesos. Finalmente, se supo que en realidad era una conversación entre directivos de dos laboratorios farmacéuticos, lo que no salvó del cese al director de Adquisiciones del IMSS, César Mora Iriarte.
Hay mucho por hacer en el combate a la corrupción en México, y el IMSS no es la excepción, pero aunque la corrupción desapareciera no se sanearían las finanzas de la mayor institución de seguridad social en el país. El IMSS ha estado abandonado al menos desde 1982, cuando la adopción del modelo neoliberal en México condujo a la reducción del Estado mexicano.
Según Molinar Horcasitas, en 1982 el IMSS contaba con 1.86 camas por cada mil afiliados, y en 2007 eran únicamente 0.8; de acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), emitido en 2010 con datos de 2008, los 31 países pertenecientes a dicha organización cuentan en promedio con 12.8 equipos de resonancia magnética por cada millón de habitantes, mientras en México hay únicamente 1.5 aparatos.
Este es el tamaño del deterioro en los servicios de salud que enfrenta el país, y tiene que ver con el hecho de que el gobierno mexicano destina a gasto en salud menos de 3% del PIB, cuando el promedio de los países de la OCDE llega a poco más de 6%. Así, la reactivación del IMSS necesariamente pasa por la adopción de medidas dolorosas, como el incremento de las cuotas obrero-patronales en lo referente al Seguro de Enfermedades y Maternidad y una reestructuración profunda de las finanzas públicas federales, que incluye la redistribución del presupuesto; pero eventualmente también por una nueva reforma fiscal.
Por ello es preferible evadir la solución de fondo mediante la filtración de escándalos de corrupción o recurriendo a la aprobación de reformas cuyos efectos se resentirán varios lustros después. Pero los derechohabientes del IMSS ya resienten los efectos del deterioro de los servicios médicos a consecuencia del abandono de más de dos décadas de la institución.l
Opacidad universitaria
ernesto villanueva
La UNAM ha merecido, sin duda, muchas medallas en distintos rubros, pero tiene una gran debilidad institucional: es opaca, no se somete a una rendición de cuentas y tolera la impunidad sin que pase nada. Existen elementos que permiten sustentar lo que afirmo. Veamos.
Primero. En el informe de labores correspondiente a 2009, el rector de la UNAM sostuvo que “la universidad cumple con el objetivo de garantizar el acceso a la información de la institución, a través de los 17 rubros obligados por la ley, que se incluyen en la Página de Transparencia Universitaria”. Esta afirmación es falsa, en virtud de las razones siguientes:
a). Confunde conceptos. El acceso a la información no se satisface solamente con poner parte de la misma a disposición de las personas en la web; requiere, además, de un sistema que permita enviar solicitudes y recibir respuestas. En otras palabras, el acceso debe cumplir con la información de oficio y con la información a petición de parte. La UNAM no cubre ninguno de ambos requisitos. La información de oficio es genérica, no desglosada y llena de datos ininteligibles, en tanto que la información a petición de parte es mínima e interpretada al margen de la ley.
b). Al solicitar, por ejemplo, las cédulas profesionales del personal que por ley debe contar con una, la respuesta de la UNAM fue que “no es posible entregar esa información por ser personal y confidencial” (respuesta del 18 de octubre de 2010). Esto, pese a que dicha información es pública en la Administración Pública Federal y en varias entidades federativas, en virtud de que es fundamental para proteger a la sociedad en la medida en que sólo los profesionales deben realizar determinadas funciones regladas por ley.
c). Al solicitar la información sobre los currículum vítae profesionales del personal de la UNAM, la respuesta fue idéntica a la anterior: se trata de información personal y confidencial. Sobra decir que el conocimiento del currículum vítae es una herramienta de control social para la rendición de cuentas en tanto permite saber si hay coincidencia entre el perfil del puesto y la persona que lo ocupa. Así, es posible que un personal de ayudantía del rector que no debe satisfacer ningún requisito tenga un salario mayor al de un profesor de tiempo completo titular C, quien al menos debe contar con un grado de doctor, así como con obra publicada, y haber aprobado exámenes de oposición.
Segundo. La UNAM cuenta con una de las altas burocracias más privilegiadas, que nada tiene que envidiar al personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al de algunos organismos descentralizados. En efecto, el artículo 59 del Estatuto del Personal Académico dispone que un funcionario de la UNAM que ocupe un alto cargo y permanezca al menos seis meses en el mismo mantendrá su sueldo aun en el supuesto de que regrese a su plaza académica. La interpretación generosa para la alta burocracia ha generado una partida para que tanto funcionarios como exfuncionarios no pierdan sus altos ingresos. Al solicitar a la UNAM la lista del personal que mantiene ese sobresueldo, la respuesta fue: “Se trata de una información confidencial y reservada” (respuesta del 19 de octubre del 2010).
Esta respuesta es inconstitucional, pues todas las percepciones de las personas con cargo al erario deben ser públicas. En ampliación telefónica de dicha réplica, la Dirección de Operación de la Unidad de Enlace de la UNAM (27 de octubre de 2010) informó que ese sobresueldo se proporciona “para mantener el nivel de vida a la que están acostumbrados los altos funcionarios, cuya pérdida súbita del empleo puede generarles una afectación familiar y anímica”.
¿Por qué sólo se trata así a los altos exfuncionarios de la UNAM y no al resto del personal? ¿No creen que cualquier otra persona que pierde el empleo de manera “súbita” pueda tener afectaciones “familiares y anímicas”? ¿Por qué la Cámara de Diputados debe mantener en su Presupuesto de Egresos ese statu quo, que nada tiene que ver con la educación superior y sí con la existencia de privilegios ilegítimos que desvían recursos en perjuicio de todos?
Tercero. Al solicitar indicadores, evaluación del desempeño y programas de trabajo de los profesores de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM, la respuesta fue que para platicar sobre el tema el solicitante debía ponerse en contacto con el maestro Benito Hernández Jiménez. Por si fuera poco, el director de la Facultad, Ruperto Patiño, tiene como secretario particular ¡a su propio hijo!, quien despacha en una oficina contigua a la de su padre.
Por el contrario, a iniciativa personal de Diego Valadés como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se puede verificar en la página www.juridicas.unam.mx la producción individual de cada uno de los investigadores del IIJ UNAM, así como el histórico correspondiente, lo que permite evaluar esta información de cara a la sociedad.
Al solicitarse a la UNAM por qué no existe un sistema electrónico de información del histórico de solicitudes, respuestas, recursos interpuestos y un buscador amigable que permita conocer de mejor manera la información pública de la universidad, la respuesta fue: “porque no está prevista en la legislación universitaria”.
De nada sirve tampoco inconformarse con las respuestas indebidas a las solicitudes de información, habida cuenta que la UNAM mantiene un sistema de revisión en el que los integrantes son juez y parte. Algo podrían hacer los diputados Luis Videgaray, Jesús Alberto Cano, Felipe Enríquez, Manuel Hinojosa, Mario Moreno, Rodrigo Zapata, Julio Castellanos, Alfredo Javier Rodríguez, Sergio Ernesto Gutiérrez, Vidal Llerenas, Rosario Brindis, Pedro Jiménez, Pedro Vázquez y Jorge Kahwagi, directivos de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para acotar este estado de cosas. l
evillanueva99@yahoo.com
Sobre la genealogía del mestizaje
De Juan Pablo Badillo Soto
Señor director:
Le solicito publicar la siguiente carta para señalar algunos errores e imprecisiones contenidos en la entrevista titulada El linaje de Moctezuma vive… en España (Proceso 1767, 12 de septiembre, páginas 40-44).
Presentado como “uno de los aproximadamente 2 mil descendientes que ha dejado Isabel de Moctezuma a lo largo de casi cinco siglos”, el abogado y escritor español José Miguel Carrillo de Albornoz afirma que la princesa Tecuichpo Ixquixóchitl Moctezuma nació en julio de 1510, cuando su nombre era Tecuichpo Xochiquetzal y su fecha de nacimiento se ubica, aunque no hay registros en actas, en 1506.
En referencia a Cuitláhuac, el entrevistado dice al reportero Alejandro Gutiérrez que aquél fue el “décimo huey tlatoani de México”, aunque la expresión correcta es huehue tlatoani.
Por lo demás, es preciso subrayar que el imperio mexica fue gobernado por Moctezuma Xocoyotzin de
Tras mandarla bautizar con el nombre de Leonor, Cortés se relaciona con Tecuichpo Xochiquetzal y de esa unión nace su primogénita, a quien pusieron por nombre Isabel Cortés Moctezuma, en honor de la reina de España, para dar origen a un legítimo mestizaje de la dinastía Cortés-Moctezuma.
La relación de Cortés y Tecuichpo (doña Leonor) fue prolongada por varios años, siendo su lugar de residencia el Caserío de Cocoyoc (actual Hacienda de Cocoyoc).
Isabel Cortés Moctezuma fue reconocida por su padre Hernán Cortés, con ejecutoria de nobleza concedida en 1535 por el emperador Carlos V, y en su momento fue unida en matrimonio con Juanes de Tolossa (no Juan de Tolosa), dando origen a los apellidos Tolossa Cortés Moctezuma con su primera hija, a quien también bautizaron bajo el nombre de Isabel.
Además, Juanes de Tolossa no fue, como refiere Carrillo, el conquistador de Nueva Galicia, sino que esa conquista correspondió a Nuño Beltrán de Guzmán.
Juanes de Tolossa e Isabel Cortés Moctezuma asentaron su residencia en las Minas de los Zacatecas, probablemente, en 1550. En
En el libro original de actas de cabildo de las Minas de los Zacatecas (1557-1586) se refiere que a don Hernando de Soto, mercader vecino de estas minas, le fue otorgado el nombramiento de mayordomo de la Iglesia. Después contrajo matrimonio con Isabel de Tolossa Cortés Moctezuma.
A la muerte de Cortés, la Inquisición negaba legitimidad y nobleza a la descendencia del emperador Moctezuma, en particular de Tecuichpo Xochiquetzal, alegando que Cortés y Tecuichpo (doña Leonor) no fueron casados con la venia del Santo Oficio. Se buscaba así desconocer la estirpe nobiliaria de la descendiente de Moctezuma Xocoyotzin.
El 26 de enero de 1567, los hermanos de Ávila Alvarado y Martín Cortés (hijo de Cortés y La Malinche) fueron apresados por conspirar en contra de la Corona española; los reos fueron sentenciados a muerte, decapitados y descuartizados; sus casas, que estaban edificadas en tierras del Templo Mayor, fueron demolidas y sus terrenos se cubrieron con sal, según establecía la sentencia.
El hecho es que el señor Carrillo, pretendiendo crear una estirpe falsa, pareciera ignorar que Isabel Cortés Moctezuma, nieta del emperador Moctezuma Xocoyotzin, fue casada con Juanes de Tolossa, al punto de afirmar confusamente que el “primogénito” de Leonor (él la llama Isabel) esposó a María de Castañeda, con quien dice procreó a Pedro, Hernando, Juan, Felipe e Isabel.
Lo cierto es que Isabel de Tolossa Cortés, nieta del conquistador, establecida en las Minas de los Zacatecas, en edad adolescente casó con Hernando de Soto, dando origen a la dinastía De Soto Cortés Moctezuma, apellidos que en los siglos posteriores se diseminaron por los hoy estados de Zacatecas y Durango, en donde existen actualmente unos 500 descendientes con apellidos como: Soto, Soto Cesareti, Badillo Soto, Soto Fragoso, Soto Cortés García y Soto Cortés, familias que después de la Revolución Mexicana de 1910 fueron abandonando l a preposición“de”, para quedar únicamente como “Soto”. (Carta resumida.)
Atentamente
Profesor y licenciado Juan Pablo Badillo Soto
ticitljp@prodigy.net.mx
Contra las políticas de la SEP
Señor director:
Los abajo firmantes, docentes e instituciones del Movimiento por una Educación Popular Alternativa (MEPA), deseamos manifestar nuestra preocupación ante el progresivo abandono que la Secretaría de Educación Pública ha hecho de sus funciones. En ese sentido:
Denunciamos la política educativa del gobierno que, en su ignorancia e incapacidad, desprecia los saberes, la experiencia y la opinión de maestros e investigadores que en innumerables ocasiones han manifestado su preocupación por las constantes e inútiles reformas que muestran una pobre idea de infancia, juventud, docencia, aprendizaje y escuela.
–Reconocemos la necesidad y el valor de la evaluación educativa, pero exigimos no confundirla con la imposición de pruebas homogéneas y de pobre calidad, aplicadas a todos los estudiantes por igual en contextos distintos. Pruebas como Enlace acaban respondiendo a intereses mercantiles; se utilizan para denigrar a estudiantes, maestros y escuelas, y obligan a cambiar la perspectiva de la función del maestro, en la que éste deja de ser educador de personas para convertirse en simple entrenador.
–Rechazamos la agresión al Estado laico mediante la intromisión de las Iglesias en los asuntos educativos, así como la imposición de sus criterios morales en los programas y libros de texto de todo el país.
Finalmente, denunciamos:
–La pérdida de autonomía de docentes y escuelas, minimizando su valor ante la sociedad y haciéndolos parecer responsables del rezago educativo.
–La subordinación de la Secretaría de Educación Pública ante la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y otros poderes a los que no corresponde la función educativa.
-La disminución drástica y la mala administración del presupuesto de la educación pública en todos los niveles.
–El riesgo que corren docentes y alumnos en lugares que no tienen las condiciones mínimas de seguridad ante la situación de violencia y pobreza que prevalece en el país.
Señor Lujambio: la lectura de estas palabras no precisa de muchos minutos; la respuesta, habiéndolas entendido, tampoco. ¿Tendremos opción de diálogo?
Atentamente
Elsa Nidiyari Arroyo, Georgette Caamaño, Belkis Castillo, María E. Cóyotl, Beatriz Chávez, Lilia Duarte, María Isabel Fernández, Ireri Figueroa, María del Rayo García, Sebastián Gatti, Nohelia González, Tomás Hau, Francisca Leyte, Adriana López, Lao Tsé López, Odilia Medina, José Luis Palma, Gerardo Quiroz, Norma Lucía Saavedra, Maihualida Salazar, Griselda Sarmiento, Elisa de Tapia, Miriam Valladares, Isolda Zapiáin, Janette Onofre Lemus, Octavio García Martínez, Francisco Rueda; Centro Freinet Prometeo (Puebla), Escuela Activa Paidós, Escuela Manuel Bartolomé Cossío (Distrito Federal), Jardín de Niños Decroly (Orizaba), Escuela Primaria Concepción Meléndez ( Parral, Chihuahua), Escuela Freinet de Cuernavaca, Colectivo Freinet Tultitlán (Estado de México) y 71 firmas más. www.mepamexico.org
Manifiesta Plaza y Valdés su desacuerdo con Iniciativa México
Señor director:
Plaza y Valdés Editores es una empresa editorial independiente con 21 años de existencia. Se aboca a la academia y al conocimiento en todos los niveles. Uno de nuestros objetivos ha sido el fomento de la lectura y la divulgación del conocimiento como apoyo al desarrollo infantil y juvenil.
En ese propósito, y pensando que se daba la coincidencia con Iniciativa México en el compromiso de impulsar la transformación del país a través de apoyo y reconocimiento a proyectos de impacto social, decidimos participar en la convocatoria con “Así escriben los niños”, que quedó inscrito con el folio número 37639, en la categoría Calidad de Vida, con el objetivo de “implementarlo en las 225 mil escuelas primarias y secundarias de todo el país”.
“Así escriben los niños” consiste en hacer un llamado, cada año, a partir de este Bicentenario, a las escuelas primarias y secundarias del país –públicas y privadas– para que promuevan un concurso de escritura infantil y juvenil, integrando de esta forma a los estudiantes a la lectura y escritura. Las escuelas participantes recibirán 10 juegos de ajedrez para ejercitar la memoria de los alumnos y una colección de 20 cds de música clásica y folclórica para que la escuchen al entrar, al salir y a la hora del recreo y con esto adquieran otras habilidades que consideramos fundamentales para un desarrollo integral en la educación.
Con molestia hemos constatado que, pese a que los esfuerzos gubernamentales incluyen el fomento de la lectura como una actividad esencial para que el mexicano tenga acceso a una mejor calidad de vida, Iniciativa México no tomó en cuenta los proyectos culturales. Una pregunta, entre muchas: ¿acaso la lectura no lleva a tomar conciencia sobre la ecología, sobre la problemática humana contemporánea que padecemos?
El motivo de esta comunicación es manifestar nuestro desacuerdo ante una iniciativa que parecía tener visos de seriedad, y les pregunto por medio de esta carta: ¿cuáles fueron las razones para no recibir ni siquiera un mínimo reconocimiento?
Le envío un cordial saludo.
Atentamente
Fernando Valdés
Director general de Plaza y Valdés Editores
