Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 13 de marzo de 2011
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Reforma política: volvamos a lo básico
El PRI manifiesta su disposición a seguir invirtiendo tiempo en esta reforma crucial
Colaborador Invitado
(13 marzo 2011).- Manlio Fabio Beltrones
Presidente del Senado de la República y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.
Conviene recordar las circunstancias que rodearon el relevo presidencial en 2006. Había una parte significativa del electorado convencida de un fraude, otra que se negó a aclarar dudas legítimas, y la tercera parte, minoritaria en votos, aportó lo necesario para hacer valer la sentencia que dictó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al considerar válida y legítima la elección de Felipe Calderón.
Hasta hoy me preguntan si la decisión del PRI fue la correcta, al validar con su asistencia al recinto de San Lázaro la legalidad de aquel evento. Creo que el PRI hizo lo debido. Acató la decisión de las instituciones electorales que entre todos construimos.
Otra conducta, de nuestra parte, hubiese provocado una crisis de dimensiones insospechadas. Actuamos con visión de Estado, a pesar de que los agravios reclamados también eran exigibles de nuestra parte.
Una vez culminado aquel episodio, quedaron varios pendientes: ¿cómo hacer que las fuerzas políticas pudiesen sentarse en la misma mesa a discutir los temas relevantes de la vida nacional? ¿Cómo evitar que la controversia y el encono que vivimos en 2006 volvieran a repetirse? ¿Qué reforma política podemos acordar para modernizar el régimen presidencial bajo un esquema de poder compartido, acorde a la pluralidad política del México contemporáneo?
Platiqué del asunto con diversos interlocutores y de ahí surgió la iniciativa de Ley para la Reforma del Estado, y lo que de ella resultó una vez aprobada en ambas Cámaras. No obtuvimos todo lo que queríamos, pero de esa ley surgieron varias reformas de trascendencia como la electoral y la de justicia penal, y también aquella en materia de derechos humanos que ya fue aprobada en ambas Cámaras.
En lo que hace a la reforma política, las propuestas del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado y el esfuerzo público para encontrar coincidencias con los demás están a la vista. Hemos trabajado durante más de un año para tal propósito.
Ahora bien, entiendo que en este tipo de diálogos cada parte tiene el derecho a echarse para atrás y negar lo que en la mesa de negociaciones había admitido antes. Lo que me parece cuestionable es mentir y tratar de engañar a quienes no saben de qué estábamos hablando.
Estuvimos a un paso de impulsar una gran reforma política. Todo se canceló cuando, desde un ámbito ajeno al Senado, se decidió condicionar todo a una sola medida: la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.
De entrada, no rechazo tal propuesta. Pero quienes la postulan nunca lograron explicar cómo se puede hacer eso en 2012, sin el riesgo, evidente, de trastocar todo: me refiero a la renovación del Poder Ejecutivo en ese año.
Lo digo como lo pienso: han convertido la segunda vuelta en la supuesta tabla de flotación para que el gobierno y su partido conserven la mayoría de votos en 2012. Subestiman las consecuencias políticas y, además, los aspectos prácticos relativos a los tiempos, procedimientos y costos.
Tal parece que relanzaron la propuesta de segunda vuelta como un tema de distracción, para elevar los costos de la negociación y evadir el debate de los asuntos maduros, conversados con ellos desde hace meses.
Lo que corresponde ahora es proponer y aprobar soluciones que prevengan la reedición del escenario de 2006 y aseguren la gobernabilidad democrática.
El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado propone:
· Reelección inmediata de legisladores, para profesionalizar la representación parlamentaria.
· Candidaturas ciudadanas, para que la sociedad participe en los diferentes niveles de gobierno.
· Iniciativa ciudadana ante el Congreso, para ampliar los canales de atención a la demanda social.
· Consulta popular, para que los ciudadanos sancionen las decisiones de gobierno.
· Iniciativa preferente para los ciudadanos y para el Ejecutivo, para establecer prioridades de gobierno.
· Eliminación del fuero para el Presidente, legisladores y demás funcionarios de los Poderes de la Unión, para prevenir y sancionar los actos de impunidad.
· Ratificación por el Congreso de la Unión de los comisionados de los órganos reguladores del Estado, designados por el Ejecutivo, para dar certidumbre jurídica a las decisiones económicas.
· Ratificación por el Senado de todos los miembros del gabinete presidencial, así como de los titulares de Pemex y la CFE, para garantizar el perfil profesional de los nombramientos.
· Clarificación de los mecanismos extraordinarios de sustitución del titular del Poder Ejecutivo federal, para garantizar la continuidad de la vida institucional.
Los detalles de estas propuestas podemos discutirlos de inmediato.
En el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado estamos dispuestos a seguir invirtiendo tiempo en este tema crucial, bajo una premisa no negociable: no debemos torcer la mano a los electores, para otorgar una mayoría en el Congreso al partido que no la obtenga con votos legítimos.
¡Regresemos a lo básico, al sufragio efectivo y el mandato legítimo!
Divide opiniones labor de mexiquense
Ciberlectores. Los ciberlectores de Enfoque
(13 marzo 2011).- El reportaje "Peña Nieto, gobierno de claroscuros" (6 de marzo 2011) generó un intenso debate en el foro de lectores de Reforma.com. De las 25 opiniones hasta el cierre de esta edición se presenta aquí una selección.
Éste es el artículo que estaba buscando. Además de tener pegue con las mujeres, ¿qué más tiene Peña Nieto para ser un buen Presidente? En el artículo la respuesta.
Pedro, Quintana Roo
Sin ninguna estructura y programa de gobierno. Ni idea tiene para ser Ejecutivo de una Nación. Seguirá la danza del erario público sin ningún beneficio social. Pobre México, los políticos, como los cangrejos.
Ángel González, Distrito Federal
El problema es que la ignorancia de nuestro país hace que la gente se crea todo lo que ve en la TV. Televisa se encarga de dar la buena imagen a Peña a cambio de una buena suma de dinero proveniente de nuestros impuestos, y supongo que influencia en el Poder Ejecutivo cuando Peña llegue a Los Pinos (cosa que probablemente suceda)... Y mientras tanto, el Estado de México se convierte en una coladera llena de ratas y delincuentes, de injusticias y corrupción. No puedo creer que, en la encuesta junto a esta nota, muchos sigan pensando que Peña es una buena opción... Supongo que la gente no sabe leer, o no entiende lo que lee.
Anónimo, Distrito Federal
Reforma: ¡Pero qué eficientes son para realizar un análisis tan objetivo sobre el gobierno de Enrique Peña! ¿Podrían ser tan profesionales para presentarnos un gráfico animado sobre el gobierno de Marcelo Ebrard en el Distrito Federal? ¿O de Felipe Calderón con sus promesas del presidente del Empleo y con los más de 30 mil homicidios en la "guerra con el narcotráfico"? Seguro que sí, ni modo que no sean profesionales... y honestos.
Juan Pablo, México
Qué triste que nada parezca pintar bien para México en el futuro. Nada. Somos un país cangrejo: caminamos hacia atrás.
Pesimista, Distrito Federal
SONDEO DE LA SEMANA
¿Tiene Peña Nieto un modelo de gobierno ejemplar para todo el país? (224 respuestas).
| NO | 65.2% |
| SÍ | 34.8% |
Para opinar, busque el contenido de Enfoque en el sitio http://gruporeforma.reforma.com/Suplementos/enfoque/
Al borde del colapso
Reportaje La división del PRD. Durante 27 meses la dirigencia de Jesús Ortega no se pudo apartar de una ruta cercana a la ruptura
Octavio Ortega
(13 marzo 2011).- Como cada tres años, el PRD encara un nuevo cambio de dirigencia nacional bajo el riesgo de fractura. Pero este año, la tensión entre corrientes, acumulada durante la dirigencia de Jesús Ortega, se mezcla con el conflicto generado por la posible alianza con el PAN en el Estado de México y pone en entredicho la unidad partidista en el año previo a la elección presidencial.
La convocatoria a la sesión del Consejo Nacional del próximo sábado, aprobada el 17 de diciembre pasado, prevé que el PRD elegirá presidencia, secretaría general, la comisión política nacional, el secretariado nacional, la mesa directiva y los integrantes de órganos autónomos, casi 50 cargos de dirección.
A seis días de la elección, las posiciones sobre quién debe dirigir al PRD se mantienen divididas en dos grandes bloques: los que buscan la permanencia del grupo de "Los Chuchos" y los que pugnan por entregar el control del partido al grupo de Andrés Manuel López Obrador.
Aunque se pensó que una elección con el voto de los consejeros nacionales eliminaría los riesgos de una fractura, en los hechos la división sigue latente. Con un método diferente, que buscaba evitar choques como los de 1999 y 2008 (cuando la elección abierta a todos los militantes derivó en acusaciones de fraude y conflicto interno), el perredismo revive añejas tensiones.
El listado de consejeros convocados para la Comisión Nacional Electoral del próximo sábado incluye 343 participantes; la convocatoria refiere que se necesita mayoría calificada, dos terceras partes de los votos, para ganar la presidencia y la secretaría general, es decir 228 votos.
En caso de no alcanzar la mayoría calificada la fórmula que obtenga el mayor número de votos gana la presidencia y la segunda obtiene la secretaría general.
Luego de que el ex gobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel declinara participar en el proceso, las corrientes se aprestaron a construir un acuerdo para repartir los cargos del Comité Ejecutivo Nacional, pero al cierre de esta edición aún no se concretaba dicho acuerdo. De hecho, algunos consejeros perreditas mencionaban aún la posibilidad de que se posponga la celebración del Consejo.
Otro factor que agrava las disputas es la ausencia de una mayoría. Según cálculos de las corrientes, Nueva Izquierda, de Jesús Ortega, cuenta con aproximadamente 100 votos, sus posibles aliados para esta elección, Alternativa Democrática Nacional, Foro Nuevo Sol e Izquierda Renovadora en Movimiento, rondan los 30 votos cada uno, por lo que en conjunto sumarían 190 votos.
En el otro grupo la corriente con más consejeros es Izquierda Democrática Nacional, encabezada por Dolores Padierna, que, también según cálculos internos, tendría entre 85 y 90 votos, y sus aliados, las corrientes del llamado G8, sumarían entre 45 y 50 votos. En total, las corrientes antagónicas a la actual dirigencia tendrían 140 consejeros.
Hasta el momento se han manejado los nombres de Jesús Zambrano, Dolores Padierna, Martha Dalia Gastélum, Armando Ríos Piter, Hortensia Aragón, Héctor Bautista, Javier González Garza y Alfonso Sánchez Anaya como posibles candidatos a la dirigencia. Pero, según la convocatoria, será hasta el día del Consejo cuando los candidatos se registren.
Destacan en esa lista los aspirantes de las corrientes mayoritarias: Jesús Zambrano, de Nueva Izquierda, y Dolores Padierna, que este domingo (13 de marzo) realizará un congreso nacional para resolver la fórmula con la que buscará la dirigencia.
Zambrano-Padierna, ¿nueva dirigencia?
El diputado Jesús Zambrano plantea que, al establecerse en la convocatoria la meta de una mayoría calificada, están obligados a buscar acuerdos.
"Estos dos bloques que hoy parecen confrontados, sin posibilidades de acuerdo, deben lograr entender que nos necesitamos mutuamente", señala.
Sin embargo, rechaza el condicionamiento para que Nueva Izquierda entregue la dirigencia nacional.
"Nosotros no admitimos vetos contra nadie de Nueva Izquierda ni del bloque mayoritario, y tampoco vetamos a nadie. Que nos asumamos en nuestra diversidad, en nuestra pluralidad y que construyamos las reglas que nos permitan la convivencia sin que nuestro matrimonio sea un infierno.
"Reitero, primero, que no me ando autoproponiendo ni autopromoviendo; segundo, todo mi capital político está dispuesto a construir el acuerdo que le permita al partido jugar el mejor papel en el 2011 y 2012", ofrece.
Dolores Padierna coincide en la necesidad de privilegiar la unidad del partido.
"Sabemos que nadie tiene dos terceras partes, por lo tanto está en la obligación de todos llegar a un gran acuerdo, si no de unanimidad, por lo menos de un 90 por ciento", refiere.
Aun así, la ex diputada arremete contra "Los Chuchos" y celebra que concluya al fin "la crisis del partido" que significó la dirigencia de Ortega.
"Hay toda una ruta para renovar al partido en todos los estados y todos los municipios a más tardar en diciembre de ese año", adelanta.
Padierna confirma que su grupo no renunciará al PRD, incluso si López Obrador anuncia su salida del partido.
El punto clave el día de la elección, según Padierna, será Marcelo Ebrard.
"Hasta ahorita Marcelo Ebrard ha votado todo con 'Los Chuchos', él se ha inclinado a favor de Nueva Izquierda, él ha votado todo con Nueva Izquierda, lo chiquito, lo mediano, lo trascendente. Si él ratifica a 'Los Chuchos' en la presidencia, entonces se sabe para dónde va Marcelo Ebrard. Y seguramente esto tendría un costo partidario para él muy alto.
"Marcelo tendría que hacer varios compromisos de carácter de línea política: no a las alianzas con el PAN, las decisiones se toman en los órganos, la dirigencia es de unificación y habrá respeto a las candidaturas, entre ellas la presidencial", condiciona.
Hasta el cierre de esta edición Martha Dalia Gastélum confirma que va como candidata de la corriente ligada a Ebrard, Izquierda Renovadora en Movimiento, aunque se pronuncia por la búsqueda de un acuerdo.
"Nosotros estamos trabajando para llegar el día 19 en un amplio acuerdo con las demás expresiones del partido. Nosotros tenemos que apegarnos a las decisiones de nuestras instancias de dirección y vamos a respetar a la nueva dirección que salga electa", declara.
En medio del ambiente de tensiones, Javier González Garza, quien fuera coordinador de los diputados del PRD en la anterior legislatura, precisa que no es aspirante y propone que se posponga la renovación de la dirigencia hasta después de la consulta en el Estado de México.
"Que se resuelva que sí va a haber alianza con el PAN, quién va a ser el candidato de la izquierda en esa posible alianza. Mientras esas cosas no se arreglen, no se escuchan unos a otros, no creo que pueda haber una solución de unidad", conmina.
Alianzas, la discordia
En medio de este proceso, las alianzas, especialmente la del Estado de México, se han convertido en la manzana de la discordia.
Zambrano adelanta que, de llegar a la dirigencia, deberá cumplir con la consulta en el Estado de México y no dará la espalda a las alianzas iniciadas por su jefe de corriente, Jesús Ortega.
"No es verdad que las alianzas sean un asunto de principios, es un asunto táctico, que tiene que ver con el momento, que tiene que ver con la correlación de fuerzas, con la coyuntura, con las circunstancias", afirma.
Padierna se pronuncia en contra de las alianzas con el PAN, acusa una derechización del partido en manos de "Los Chuchos" y pone como ejemplo las recientes elecciones en Baja California Sur.
"Teníamos todo: la gubernatura, los municipios, el Congreso, 66 por ciento de las preferencias electorales, y el PAN no existe. Desfondan al PRD, le sacan a sus mejores candidatos, se los pasan al PAN, secan al partido, todo el dinero del PRD se le dio al PAN y el PAN estuvo arropado por el PRD, por el PAN, por el gobierno federal, por el gobierno estatal, por los gobiernos municipales. Ésa es la línea que le ha hecho mucho daño al partido y que le impide tener éxito electoral", acusa.
A pesar de estas diferencias, un acuerdo entre las corrientes mayoritarias del PRD podría arrojar como fruto un CEN perredista con Zambrano como presidente y Padierna como secretaria general.
Crisis acumuladas
Desde hace tres años, el perredismo se mueve en los linderos de un barranco, el 16 de marzo de 2008, dos planillas disputaron la dirigencia nacional del PRD, la que postulaba a Jesús Ortega y Horacio Duarte y la de Alejandro Encinas acompañado de Hortensia Aragón.
El día de la jornada electoral hubo acusaciones de quema de casillas, robo de urnas, acarreo de votantes y errores en el envío de la paquetería. Arturo Núñez Jiménez, árbitro de esa elección, quedó en medio de las dos corrientes mayoritarias sin poder conciliar las diferencias. Ortega y Encinas se declararon ganadores.
La disputa llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó que se computara el total de las casillas instaladas. López Obrador encabezó la defensa del triunfo de Encinas y acusó al Tribunal de una intromisión en la vida interna del PRD. Con el nuevo cómputo, Ortega se declaró vencedor con más de 16 mil votos. Encinas impugnó este resultado. Debido a las irregularidades, que fueron consideradas un "cochinero electoral", Cuauhtémoc Cárdenas llamó a anular el proceso, no se tomó en cuenta su recomendación.
Ante el fin del mandato de Leonel Cota y la no existencia de un ganador, en mayo se designó a Guadalupe Acosta Naranjo como presidente interino mientras la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia validaba la elección. Acosta pertenece a Nueva Izquierda, por lo que su interinato fue rechazado por los lopezobradoristas, que acusaron que pavimentaría el camino para el arribo de Ortega. Hoy, Acosta se perfila como candidato de una alianza PRD-PAN en Nayarit para las elecciones a realizarse el 3 de julio.
El 19 de julio de 2008, la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia anuló la elección y ordenó convocar a un nuevo proceso, lo cual fue impugnado por el grupo de Ortega ante el Tribunal Electoral, que el 2 de noviembre de 2008 lo dio por ganador de la contienda. López Obrador acusó al Tribunal de imponerle un dirigente al PRD.
Ortega tomó protesta el 30 de noviembre de 2008 como presidente; ofreció a Encinas la secretaría general, pero éste se negó a aceptar el cargo que, finalmente, quedó en manos de su ex compañera de fórmula, Hortensia Aragón.
El reparto permitió al PRD evitar la fractura. Pero el conflicto de fondo se mantuvo latente.
Fracaso electoral
Aunque Ortega rechaza tener responsabilidad en los resultados electorales del 2008, pues cuando asumió la dirigencia ya habían pasado todos los procesos de ese año, la caída perredista en Guerrero fue la primera repercusión clara de la pugna interna. El 5 de octubre de ese año el PRD perdió 40 por ciento de sus posiciones -entre ayuntamientos y diputaciones locales- y dejó de ser la primera fuerza del estado.
En 2009 se registró la primera prueba comicial para el nuevo dirigente, el 5 de julio se realizaron elecciones concurrentes en 12 estados, en la mitad de estas entidades se renovó el Poder Ejecutivo estatal, además del Poder Legislativo y presidencias municipales; a nivel federal se renovó la Cámara de Diputados.
El PRD no obtuvo ninguna de las seis gubernaturas en disputa, y de los 900 cargos, entre ayuntamientos y diputaciones locales, sólo obtuvo 84, el 9.33 por ciento de las posiciones.
La caída en la Cámara de Diputados también fue pronunciada, su bancada se redujo de
En los dos estados en los que la presencia del perredismo era importante, Distrito Federal y el Estado de México, se redujo su fuerza: en la capital el episodio "Juanito", capítulo adicional en la pugna con López Obrador, obligó al PRD a entregar al PT la delegación Iztapalapa, la más poblada del DF -casi 2 millones de habitantes-. También perdió Cuajimalpa frente al PAN. En el Estado de México la pérdida sumó 22 municipios que antes gobernaba, entre ellos Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco y Valle de Chalco, densamente poblados. De los 125 municipios de la entidad, el PRD sólo pudo ganar nueve, tres de ellos en alianza con el PT. Dejó de gobernar a 4 millones 247 mil mexiquenses a nivel municipal.
El saldo negativo del 2009 colocó al PRD nuevamente como tercera fuerza electoral a nivel nacional y provocará que en el 2012 el PRD tenga menos recursos y menos espacios en televisión y radio. Ya en el 2011, el PRD vio mermado su financiamiento público, al recibir 431.5 millones de pesos, menos de la mitad de los mil 27 millones asignados por el IFE al PRI.
En 2010 se disputaron 12 gubernaturas, de las cuales el PRD pudo ganar sólo tres, y esto gracias a la alianza con el PAN: Oaxaca, Puebla y Sinaloa. En Zacatecas, la división entre Amalia García y el ex perredista Ricardo Monreal provocó que el PRD perdiera la gubernatura y redujera sus municipios gobernados de
Ya en este año, el 30 de enero el PRD retuvo la gubernatura de Guerrero. Eso sí, postulando al ex priista Ángel Aguirre Rivero en una alianza de facto con el PAN, que mantuvo un bajo perfil durante la campaña e hizo declinar a su candidato en favor de Aguirre cinco días antes de la jornada electoral.
Apenas una semana duró el festejo, pues el 6 de febrero el perredismo perdió uno de sus bastiones: Baja California Sur, donde gobernó 12 años.
La derrota no fue a manos del priismo, sino con un ex perredista postulado por el PAN, Manuel Covarrubias. Además, el PRD sólo ganó dos de cinco municipios y tres de 16 distritos; anteriormente el PRD gobernaba en esa entidad los cinco municipios y había ganado 14 de 16 distritos.
Las alianzas con el PAN funcionaron, según Ortega y su corriente. Los triunfos compartidos con el PAN le permitieron generar la imagen de que la caída electoral pudo contenerse, pero revivieron la tensión entre corrientes.
Si en 27 meses la dirigencia de Ortega no se separó de la zona de riesgo, en el ocaso de su gestión los linderos del precipicio se volvieron a angostar, con motivo de las elecciones en el Estado de México.
En enero y febrero, mientras López Obrador apuntalaba la posible candidatura de Encinas con una gira por el Estado de México, "Los Chuchos" preparaban la alianza con el PAN. Y, en paralelo, las corrientes buscaban una candidatura de unidad para dirigir al partido, en la persona del ex gobernador michoacano Lázaro Cárdenas Batel.
Hoy están al borde del colapso: no hay dirigente de unidad, López Obrador pidió licencia a su militancia y Ortega preparó todo para que el 27 de marzo PAN y PRD lleven a cabo la consulta en torno a su alianza mexiquense.
El futuro, a 16 meses de las elecciones presidenciales del 2012, es incierto.
343 consejeros nacionales del PRD elegirán a su nuevo presidente.
1,327,808 militantes tiene el PRD según el padrón cotejado por el IFE.
'¿Es malo el pragmatismo?'
Entrevista La división del PRD. Jesús Ortega: presidente nacional del PRD. Al final de uno de los periodos más conflictivos en el partido del sol azteca, su aún dirigente defiende las alianzas con el PAN
Octavio Ortega
(13 marzo 2011).- Critica el modelo neoliberal y la forma de gobernar del PAN, pero fomenta alianzas electorales con el albiazul; reprueba la conducta de Andrés Manuel López Obrador, pero se niega a promover su expulsión; reconoce una serie de derrotas del perredismo, pero presume una recuperación del partido. Jesús Ortega, dirigente nacional del sol azteca, defiende su pragmatismo a unos días de que se renueve la dirigencia nacional del partido que encabezó por dos años y tres meses.
"El pragmatismo per se no es malo, quién dice eso. Yo digo que al contrario, a mucha parte de la política mexicana lo que le falta es pragmatismo, objetividad, realismo", declara.
Una táctica de guerra, así define Ortega el origen de las alianzas con el PAN. Refiere que el perredismo tuvo en 2009 muchos frentes: la división interna que dio origen al "iztapalapazo", el embate del gobierno federal que utilizó el "michoacanazo" como estrategia electoral, además de que identifica al ex procurador Eduardo Medina Mora como un priista "operador del michoacanazo".
"¿Qué hace un dirigente político?, busca reducir el número de contrincantes y de enemigos que tiene o eso hace un general que dirige tropas. Entonces yo pensé que había que ganar Guerrero, una entidad nuestra, que había que ganar Oaxaca, un territorio con una fuerte presencia del PRD, y platiqué con Nava para ver si podíamos hacer acuerdos.
"Tenemos contradicciones muy fuertes, pero en Oaxaca y en Guerrero podemos tener una coincidencia: derrotar a los caciques y alentar libertades democráticas y ampliar derechos y lograr gobiernos de transición", explica.
Ortega afirma que él ha seguido señalando que el PAN tiene una visión neoliberal de la economía y que mantiene una posición conservadora en temas como el aborto o los matrimonios entre personas del mismo sexo. Pero asegura que todo se puede dejar de lado frente a la posibilidad de un nuevo programa de gobierno.
"En Oaxaca ya se sabe cómo está gobernando (la alianza), cuando hubo el enfrentamiento con la Policía Federal y la policía estatal, Gabino, en lugar de confrontar a los maestros, dijo 'vamos a dialogar'. Ulises hubiera echado la carga de granaderos", conjetura.
Ortega recuerda que quienes hoy censuran las alianzas antes las promovieron.
"En 1999, Porfirio Muñoz Ledo les decía a los priistas: 'no sean tontos, aquí de lo que se trata es de sumar fuerzas, de hacer que el mayor número de ejércitos esté de nuestro lado'. Y decía: 'en la guerra, en lo último en que usted piensa es en los principios, de lo que se trata es de derrotar al enemigo'. Y a López Obrador, en 1999, le preguntó un periodista: 'pero cómo hacer alianza con el PAN que se formó para combatir a las políticas del general Cárdenas', y López Obrador contestó: 'es verdad, tenemos diferencias, pero la democracia es primero'", rememora.
Cabeza de "Los Chuchos", Ortega se jacta de que gracias a la alianza PAN-PRD se eliminó la idea de la victoria inevitable del PRI en 2012.
El origen de la derrota
Ortega reconoce una caída del perredismo en su primer año en la dirigencia, 2009. Divide la raíz de las derrotas en dos asuntos que tienen un común denominador: la estrategia posterior al conflicto electoral de 2006 y la división interna, ambos comparten el factor López Obrador.
"La crisis se originó desde la estrategia que adoptamos en el 2006 para enfrentar el fraude electoral. El 2009 tiene orígenes y raíces en 2008, 2007 y 2006, ¡cuánto nos afectó la toma de Reforma en el ánimo de la gente! Teníamos una inercia decresiva (sic) a partir de la estrategia que adoptamos en el movimiento postelectoral por el fraude de 2006, nos impactó negativamente.
"La imagen de un partido conflictivo, extremista, dividido y no democrático y de un partido al margen de las instituciones democráticas", refiere.
Rupturas
El dirigente saliente admite que la división interna ha afectado, afecta y afectará al sol azteca, pero advierte que no es un rasgo particular de su partido.
"Siempre hablan del PRD dividido, pero ¿por qué ganamos Sinaloa?, porque el PRI se dividió. ¿Por qué perdieron, entre otras razones, en Guerrero?, porque se dividieron. ¿Por qué perdió el PAN en Aguascalientes?, porque el gobernador confrontó a su propio partido; ¿por qué perdió en Tlaxcala?, igualmente porque el gobernador panista confrontó a su partido. Esto de las divisiones es para todos, partido que se divide partido que pierde", reconoce.
A pesar de lo anterior, identifica en otros el origen de la división. Pone como ejemplo los amagos de López Obrador de solicitar licencia o de desconocer votaciones que no le favorecen.
"Si se hace una votación y mi propuesta pierde, pues perdió y ya. No me voy del partido, no pido licencia, y menos ataco a los dirigentes, pues se pierde una votación, así es la democracia", expresa.
Haber y deber
En su balance Ortega busca minimizar la pérdida de curules en la Cámara de Diputados en 2009, la reducción del número de delegaciones en el Distrito Federal y de municipios del Estado de México, además de la pérdida de las gubernaturas de Zacatecas y Baja California Sur, y vuelve a afianzarse de las alianzas para identificar una recuperación.
"Fueron claramente exitosas, porque no solamente ganamos tres (gubernaturas), a mi juicio ganamos cinco, ganamos Durango y ganamos Hidalgo, pero no nos las dieron.
"En el conjunto, en 2009, 2010 y 2011 el número de población (gobernada a nivel estatal) es mayor y en el PRI el número de población es menor", refiere.
Ortega reitera que uno de sus principales triunfos en la dirigencia fue haber frenado el avance del tricolor, pero resalta otros temas que, reprocha, no son dados a conocer por la prensa.
"Se hizo la reforma organizativa más trascendente desde la fundación del PRD, que consiste, primero, en credencializar a todos los militantes; segundo, ubicarlos en sección electoral a cada uno de ellos. Somos el único partido que tenemos un padrón de militantes, que lo enseñen los del PRI, que lo enseñen los del PAN", presume el registro avalado por el IFE el pasado 25 de febrero.
Desde la dirigencia, Ortega administró recursos por más de mil millones de pesos en 2009 y 2010, más una parte de los 431 millones asignados para 2011. En materia financiera, asegura, ha mejorado el PRD.
"Tomé el partido con una deuda de casi 800 millones de pesos y voy a entregar el partido con una deuda de 200 millones de pesos. Había una deuda enorme con el Seguro Social y con el Infonavit, no se pagaban impuestos, estamos pagando impuestos", reconoce.
En transparencia, Ortega resalta que en este rubro el IFE avaló que de 158 puntos posibles, el PRD cumplió 150.
La salida
A unos días de dejar la dirigencia, Ortega no oculta su apoyo para que su corriente continúe al frente del PRD.
"Si en este proceso se perdiera mi propuesta y la de otros compañeros del partido, pues ya perdimos, pero no nos vamos del partido. Gana otra línea política, gana la línea ultra radical, gana la línea dogmática fundamentalista, pues gana esa línea", sentencia.
Declara que para él la política no es un asunto de rencores y que, a pesar de los insultos de López Obrador, si él ganara la candidatura presidencial del PRD en el 2012 no se inclinaría por un rompimiento.
"Si él gana, yo lo apoyaría. Si gana Marcelo, él debe actuar exactamente de la misma manera. Pero si Marcelo es el mejor posicionado y él se va de candidato del PT es su derecho, pero no es ético", reclama.
"Para parar a los nazis en la Segunda Guerra Mundial Stalin hizo alianza con Churchill y vaya que eran enemigos ideológicos. La guerra es una forma de la política y la política es una forma de la guerra".
CAÍDA Y REPOSICIONAMIENTO
En el 2006 el PRD se convirtió en la segunda fuerza, obtuvo una amplia presencia en el Congreso y arañó la Presidencia de la República. En el 2009 regresó al tercer lugar en la elección federal y en lo que va del sexenio se ha ido desdibujando. De las 4 mil 182 posiciones locales disputadas mediante voto directo (gubernaturas, ayuntamientos y distritos locales) sólo ha ganado 703.
| PRD | 703 |
| Otros | 3,479 |
| Total de posiciones 2007/2011 | 4,182 |
2006
| PRD | 133 (15.3%) |
| Otros | 736 (84.7%) |
| Total de posiciones | 869 |
| | En disputa | Ganadas |
| Gubernaturas | 6 | 2 (33.33%) |
| Distritos locales | 280 | 73 (26.07) |
| Ayuntamientos | 583 | 58 (9.94) |
2007
| PRD | 178 (11.71%) |
| Otros | 1,341 (88.29%) |
| Total de posiciones | 1,519 |
| | En disputa | Ganadas |
| Gubernaturas | 3 | 1 (33.33%) |
| Distritos locales | 297 | 24 (8.08) |
| Ayuntamientos | 1,219 | 153 (12.55) |
2008
| PRD | 80 (25.55%) |
| Otros | 233 (74.45%) |
| Total de posiciones | 313 |
| | En disputa | Ganadas |
| Distritos locales | 108 | 30 (27.77%) |
| Ayuntamientos | 205 | 50 (24.39) |
2009
| PRD | 84 (9.27%) |
| Otros | 822 (90.73%) |
| Total de posiciones | 906 |
| | En disputa | Ganadas |
| Gubernaturas | 6 | 0 |
| Distritos locales | 280 | 36 (12.85%) |
| Ayuntamientos | 620 | 48 (7.74) |
2010*
| PRD | 355 (24.98%) |
| Otros | 1,066 (75.02%) |
| Total de posiciones | 1,421 |
| | En disputa | Ganadas |
| Gubernaturas | 12 | 3 (25%) |
| Distritos locales | 294 | 57 (19.38) |
| Ayuntamientos | 1,115 | 295 (26.45) |
* Compitió en alianza con el PAN en Chihuahua, Durango, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Chiapas.
Y LO QUE VA DEL 2011
| PRD | 6 (26.08%) |
| Otros | 17 (73.92%) |
| Total de posiciones | 23 |
| | En disputa | Ganadas |
| Gubernaturas | 2 | 1 (50%) |
| Distritos locales | 16 | 3 (18.75) |
| Ayuntamientos | 5 | 2 (40) |
Fuente: Institutos electorales locales y Reforma.
PRESENCIA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Con su derrota en las elecciones intermedias del 2009, el PRD volvió a ser tercera fuerza en San Lázaro.
| | Diputados |
| 1991 | 41 |
| 1994 | 71 |
| 1997 | 125 |
| 2000 | 53 |
| 2003 | 97 |
| 2006 | 127 |
| 2009 | 68 |
FINANCIAMIENTO
El PRD maneja un presupuesto anual de más de 400 millones de pesos. Con su derrota en los comicios federales del 2009 verá mermadas sus prerrogativas del 2012. (Cifras en millones de pesos).
| 2006 | $722.691 |
| 2007 | 447.1 |
| 2008 | 437.9 |
| 2009 | 607.1 |
| 2010 | 402.6 |
| 2011 | 431.5 |
Derechos humanos: respeto ineludible
Opinión Reforma constitucional y garantías. La reforma constitucional aprobada la semana pasada por el Senado da nuevas atribuciones y herramientas a la CNDH para hacer su labor
Raúl Plascencia Villanueva
(13 marzo 2011).- Senadores y diputados federales aprobaron finalmente una de las reformas constitucionales de mayor profundidad y trascendencia en la historia moderna de nuestro país. Los cambios corresponden a lo que suele denominarse "de tercera generación" en el desarrollo institucional, que reconoce un mayor campo de protección a los derechos humanos de la sociedad en general, pero también fortalece el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los organismos estatales.
La reforma considera cambios para garantizar la protección de los derechos humanos a partir de un reconocimiento expreso de dicho término, que sorprendentemente no aparecía en el texto constitucional, salvo en lo relativo al órgano encargado de promoverlos y defenderlos, lo cual facilitará su observancia y respeto tanto por servidores públicos como por particulares.
Uno de los problemas que frecuentemente enfrentamos es el desconocimiento de los derechos humanos, así como la escasa cultura en la materia. Esto con seguridad encontrará solución a mediano plazo a partir de la reforma constitucional con el compromiso que se le impone al Estado de enseñarlos.
Reconocer la importancia de inculcar en todos los sectores de la población, especialmente niños y jóvenes, el contenido de los derechos humanos y así lograr una mejor convivencia social, permitirá formar a los futuros servidores públicos y sociedad en general conocedora de sus derechos y cómo hacerlos efectivos.
El reto de promover los derechos humanos trasciende al ámbito de las leyes y debe atenderse desde el campo de la educación para verdaderamente influir en la cultura y en la sociedad mexicana.
También se fortalece el trabajo institucional con el establecimiento de nuevos medios de control que garantizan el pleno respeto de los derechos humanos, como la facultad conferida al Senado o, en su receso, a la Comisión Permanente, de llamar a cuentas a aquellos servidores públicos que no cumplan o no acepten una recomendación de este organismo nacional, para que expliquen el motivo de su negativa, con lo que se terminará con la idea de que si no se aceptaban o cumplían las recomendaciones, nada sucedía.
Sin lugar a duda, se fortalece la labor que realizan los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, ya que dotan de una mayor eficacia jurídica a las recomendaciones, sin desnaturalizar a la institución, porque deben permanecer como parte del sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos.
Derivado de la reforma constitucional, la Comisión Nacional conocerá también de quejas relacionadas con la materia laboral, ya que se le otorga competencia para emitir recomendaciones a las autoridades.
Además, la CNDH podrá ejercer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes o de tratados internacionales que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución o en tratados de los que nuestro país ya sea parte, lo cual propiciará un panorama más coherente entre los compromisos internacionales que asumimos.
Los cambios proporcionan a la Comisión Nacional más elementos para servir de mejor manera a la sociedad y permiten fortalecer la columna vertebral del Estado mexicano, a través de la cultura de la legalidad, que parte de la base de la existencia de derechos y deberes, pero también de instituciones y servidores públicos comprometidos con su función.
Celebro estos cambios porque la protección de los derechos humanos es un principio de la democracia y es necesario contar con un marco jurídico acorde a su evolución histórica tanto en México como en el resto del mundo.
Es necesario recordar que cuando se violan los derechos humanos no solamente se lastima a quien es víctima del abuso por parte de un servidor público, sino también a las instituciones y el proyecto de nación.
Cumplir con los derechos humanos no es optativo y con esta reforma las autoridades deberán estar más conscientes de la alta responsabilidad que implica observarlos y respetarlos.
Esperamos que esta reforma arroje resultados tangibles, contribuya a robustecer una cultura de respeto, no sólo en el ámbito federal, sino también en las legislaciones locales para fortalecer a las comisiones estatales y procuradurías de los derechos humanos, como una exigencia para hacer realidad el ideal de justicia y libertad. El autor es presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
¿Por qué caerá Gaddafi?
Análisis Revoluciones en árabe. Tras más de 41 años en el poder, todo apunta a que Muammar Gaddafi caerá, repudiado por la mayoría de su pueblo
Zoé Robledo
(13 marzo 2011).- "Yo sólo fui un aspirante a dictador. La historia te enseña que los dictadores no terminan bien".
Augusto Pinochet (The Dictator de Jon Lee Anderson, The New Yorker, 19 de octubre de 1998).
"Su vida fue una serie no interrumpida de delitos, de voluptuosidades, de fraudes y de imposturas. No fue castigado, ¿pero fue feliz? Dios lo sabe; yo sólo sé que sus vasallos fueron desgraciados". Así describe Voltaire a Constantino el Grande en su Diccionario Filosófico (1764); usa su ejemplo para ilustrar el término tirano. Las mismas palabras podrían usarse como epílogo de una de las dictaduras más largas, excéntricas y brutales del siglo XX y lo que va del XXI: la del dictador libio Muammar Gaddafi.
¿Cómo caerá Gaddafi? Es una pregunta imposible de responder. Con Gaddafi lo inverosímil adquiere otro significado. Tan es posible que sea arrestado por la Corte Penal Internacional, como que huya a alguno de los pocos países donde todavía sería bienvenido (llámese Venezuela o Nicaragua); que se vaya como un mártir, como él mismo lo ha dicho y espere a que los manifestantes vayan por él a su complejo militar/palacio/búnker de Bab al-Azizia (el mismo que se negó a reconstruir luego de que Reagan ordenara bombardearlo en 1986). ¿Cuándo caerá? También es terreno de lo indescifrable. Lo que sí es posible enunciar son los elementos de una pregunta aún más importante: ¿por qué caerá?
1. Porque la institución de las tribus se está desmoronando.
Libia es un país de tribus. Su nombre proviene de una de ellas: los Libu, antiguos bereberes que ocuparon la Libia de la antigüedad. La mítica forma de vida de las tribus beduinas supera la postal de caravanas de comerciantes y ganaderos que cruzan el desierto en camellos. En realidad son el ordenamiento social y político de mayor arraigo e importancia. Gaddafi lo sabía desde que tomó el poder en 1969: para asegurar su permanencia debía manipular a las tribus. Entonces instauró la Jamahiriya, una simulación de República Popular sustentada en comités cuyos miembros eran elegidos entre las tribus más obedientes. Les dio privilegios, las cooptó, las compró y las transformó en la estructura de la administración pública. De esta forma, Gaddafi creó un régimen en el que el poder se concentraba en sus manos para luego pulverizarse desordenadamente entre los grupos tribales de la antigüedad. Sin instituciones, partidos políticos, oposición, sindicatos o cualquier otro contrapeso, ni siquiera una Constitución. Ahora ese sistema tribal será el que decida la nueva distribución del poder. Tres son las que tendrán posiciones estratégicas:
Los Warfallah, del este de Libia, son la tribu de mayor peso demográfico con más de un millón de integrantes. Son adversarios de antaño de Gaddafi a partir de un reclamo por corregir lo que consideran una exclusión injusta: han permanecido marginados del reparto de la riqueza petrolera del suelo que habitan en la región de Cirenaica. No sorprende que fueran los primeros en darle la espalda y pedir su dimisión.
En contraparte, está la tribu de los Gaddadfa, de la que proviene Gaddafi; menor en número de integrantes pero con un gran poder debido al reclutamiento de sus miembros en posiciones de mando de las fuerzas de seguridad y la fuerza aérea.
En este contexto, la tribu que aparece ahora como fiel de la balanza es la de Magarha, que durante muchos años gozó del favor de Gaddafi, quien los incorporó a las Fuerzas Armadas. Es la segunda en población y aunque hasta el momento se mantiene fiel al régimen, su posición parece incierta a partir de la violenta reacción de Gaddafi.
Gaddafi creó un complejo equilibrio entre tribus, en el que se presentaba como el gran árbitro entre ellas. Hoy esa estructura de poder se está derrumbando. Y sin ella, Gaddafi es insostenible.
2. Porque ignoró la fuerza de los jóvenes.
La edad promedio en Libia es de 24.2 años y más de un tercio de la población (6.4 millones de habitantes) está entre los 14 y los 29 años. Ellos son la base social de las revueltas libias. Sus causas no son distintas a las de los jóvenes de Túnez o Egipto: la misma mezcla explosiva de frustración, descontento político, evolución en el uso de tecnología y voces de jóvenes desempleados (con tasas del 30 por ciento). Todo un nuevo esquema de aspiraciones sin posibilidades de mejoras a la vista.
A esta circunstancia se suma otra exigencia que se ha escuchado fuerte en el Magreb: reformas y libertad. Si la actitud de las tribus representa la ruptura del sistema político de Gaddafi; la de los jóvenes es la expresión del malestar social generalizado.
3. Porque se quedó sin sucesor.
En Libia se daba por hecho que Gaddafi heredaría el poder a uno de sus ocho hijos. El problema era decidir a cuál de ellos. Entonces surgió una estrategia que parecía impecable: mostrar una cara reformista hacia el exterior aunque la línea dura se mantuviera al interior. El que mejor podía desempeñar ese papel era Saif el Islam, el segundo hijo de Gaddafi, un joven con un aspecto sobrio, un discurso occidentalizado y un doctorado de la London School of Economics (LSE): el progresista que guiaría al país hacia la modernidad. A su imagen se comenzaron a asociar posturas de moderación y acercamiento con occidente A él se atribuía la liberación de rehenes occidentales en manos de la guerrilla filipina Abu Sayyaf; la mediación en el pago de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas del atentado aéreo de Lockerbie en 1988 (que derivó en el levantamiento de las sanciones de la ONU contra Libia); fue un factor decisivo en las negociaciones de 2007 para liberar a las cinco enfermeras búlgaras condenadas a muerte por haber infectado a más de 400 niños libios con el virus VIH, y la decisión, en 2003, de abandonar los programas de armas de destrucción masiva. Saif el Islam fue considerado por los países occidentales como el hijo que podría transformar, aunque fuera gradualmente, a la autocracia libia. Hoy es el vocero de la sangre. Apareció en televisión, pero no para hablar de reformas, sino para defender el brutal ejercicio de poder de su padre. Más de uno se decepcionó y otros aprendieron que es difícil salir impune de una relación con un dictador o sus familiares. El director de LSE, Howard Davies, tuvo que dimitir, no por el hecho de que Saif el Islam estudiara ahí, sino por haber recibido su dinero en forma de donaciones y la sospecha de que plagió su tesis doctoral.
4. Porque la intervención internacional es inevitable.
En el mejor de los casos, Gaddafi había engañado a las democracias occidentales. El padre de la Tercera Vía, Anthony Giddens, lo visitó en 2007 para hablar sobre el tema de la democracia. Días después Giddens escribió en The Guardian un pronóstico optimista: Gaddafi encabezaría la marcha hacia la democracia política en África. "Si se tiene en cuenta lo que suelen ser los estados de partido único, Libia no resulta particularmente represiva. Gaddafi parece auténticamente popular". En el peor de los casos, todos se hacían los disimulados de lo que ocurría en Libia por indiferencia o complicidad. No era ningún secreto que durante los últimos 41 años, Gaddafi había violado, cuando no exterminado, todos y cada uno de los principios democráticos: justicia, derechos humanos, libertad de expresión, elecciones. Para la organización no gubernamental Freedom House, Libia tiene el status de "país no libre" y tiene la peor calificación posible en la medición de derechos políticos y libertades civiles. El silencio de occidente fue ominoso. Por ello, ante la gravedad de la situación actual algún tipo de actuación militar es inevitable ¿Qué forma podría tomar? Son muchas las opciones. Las de carácter humanitario incluyen la designación de zonas seguras en las fronteras para la atención y evacuación de refugiados o la creación de corredores humanitarios para atender a la población civil.
Pero la verdadera discusión está en la pertinencia de establecer una medida aún más severa: una zona de exclusión aérea. Esto implicaría, según explicó el secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, un ataque a Libia para destruir sus defensas aéreas para poner fin a los ataques de Gaddafi contra la población. La medida es viable técnicamente, pero no lo es diplomáticamente; sería rechazada por los dos miembros con derecho a veto del Consejo de Seguridad de la ONU que son más sensibles respecto a su propia soberanía: China y Rusia. El tema de la intervención militar ha puesto a las potencias en una disyuntiva: la salida del respeto a la soberanía de un país, o el deber de intervenir ante una masacre que es posible detener. De una forma u otra, la comunidad internacional está obligada a superar los obstáculos, por grandes que éstos sean.
5. Porque es hora de que caiga.
El miércoles 9 de marzo fue un día especial para Muammar Gaddafi. Fue el día en que subió un peldaño más en su récord de dictador. Cumplió 41 años y 189 días en el poder, con lo que supera a Omar Bongo, presidente de Gabón que se mantuvo en el poder del 2 de diciembre de 1967 al 8 de junio de 2009, es decir 41 años y 188 días. De esta forma, Gaddafi se convirtió en el cuarto mandatario que, sin ser miembro de la realeza, ha gobernado su país durante más tiempo de forma consecutiva. Lo superan únicamente Fidel Castro con 49 años y 8 días (16 de febrero de 1959 al 24 de febrero de 2008); Chiang Kai-shek que gobernó China durante 46 años y 177 días (10 de octubre de 1928 al 5 de abril de 1975) y Kim Il-sung, de Corea del Norte, que antes de heredar el cargo a su hijo, gobernó durante 45 años y 302 días (9 de septiembre de 1948 al 8 de julio de 1994). En las revueltas árabes los años en el poder presagian la caída. Zine El Abidine Ben Ali gobernó Túnez durante 23 años; Hosni Mubarak gobernó durante 29 años Egipto.
Es la hora de la caída de Gaddafi, "el perro loco de Oriente Próximo", como lo llamó Reagan; el "megalómano capaz de desencadenar la tercera guerra mundial con el único fin de aparecer en la primera página de los periódicos", que describió Bush. Hoy que dispara contra su propio pueblo todas las leyendas del delirio por el poder de Gaddafi son certezas. Si no cae, como dice el filósofo francés Bernard- Henri Levy "los libios vivirán bajo la amenaza de un loco que ya no tiene nada que perder y que, tarde o temprano, hará lo que sea para que Libia desaparezca con él".
El autor es politólogo y analista político.
Conózcalo
Nombre: Muammar Gaddafi.
Fecha de nacimiento: 7 de junio de 1942.
Formación: se graduó como abogado en 1963. Estudió en el Colegio Militar y creó la Unión de Militares Libres. En 1969 participó en la llamada revolución verde socialista que derrocó al Rey Idris. Al caer éste, se puso al mando de la Junta Militar y se autonombró líder de la revolución.
Gobierna Libia desde: 1o. de septiembre de 1969.
La cultura política
(13 marzo 2011).- Téngalo presente
México: democracia y sociedad. Más allá de la reforma electoral 2007-2008. Seminario organizado por el TEPJF. Sergio Aguayo, Raúl Trejo, Raúl Benítez, entre otros. Lunes 14 y martes 15, 10:00 hrs. Auditorio Alfonso Reyes de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20. Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5722 4000 ext. 4150.
Coloquios
Violencia juvenil y acceso a la justicia en América Latina. Nancy Cardia, Alberto Concha-Eastman, Sebastian Roché, entre otros. Lunes
Conferencias
La logística del comercio exterior en México. Joaquín Flores, Arturo Ortiz, Emilio Romero y Gerardo Minto. Miércoles 16, 11:00 horas. Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Inf.: 5623 0093.
Las reformas constitucionales en América Latina y el papel del parlamento. Detlef Nolte. Jueves 17, 17:00 horas. Aula de seminarios Guillermo Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. CU. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
Libros
De la caverna al mercado, una vuelta al mundo de las negociaciones petroleras de Miriam Grunstein. CIDAC. La autora hace una revisión de los contratos petroleros en distintos países y analiza la contratación de servicios por parte de Pemex.
Mesas redondas
La norma básica y el derecho internacional. Antonio Octavio Piccato, Adrián Rentería, Rolando Tamayo y Guillermo Enrique Estrada. Lunes 14, 11:00 horas. Auditorio Eduardo García de la Facultad de Derecho de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. CU. Informes: 5622 1968.
La situación de la mujer en la actualidad. Alma Alonso Nájera, María Martha del Pilar Rábago, Gloria Olga Bueno y Trilce Fabiola Ovilla. Lunes 14, 11:00 horas. Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la UNAM. Informes: 5622 1968.
La libertad de expresión y la independencia de la magistratura: el caso Berlusconi. Lorenzo Córdova, Adrián Rentería y Guillermo Enrique Estrada. Martes 15, 11:00 horas. Aula Magna Jacinto Pallares de la Facultad de Derecho de la UNAM. Informes: 5622 1968.
Presentaciones
¿Y tú sabes lo que comes? Guía de transgénicos y consumo responsable. Greenpeace. Aleida Lara, Mónica Patiño y Adrián Pérez. Domingo 13, 11:00 horas. Plaza Río de Janeiro. Orizaba s/n, Roma. Informes: 5687 9595.
Internet y derechos fundamentales de Clara Luz Álvarez. Porrúa. Jorge Carpizo, Julio Téllez y la autora. Martes 15, 11:00 horas. Aula de seminarios Guillermo Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. CU. Informes: 5665 2193.
Los límites de la democracia en México coordinado por Angélica Cuéllar y Fernando Castañeda. UNAM. Iván García, Claudia Bodek y Alma Iglesias. Martes 15, 18:00 horas. Sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Circuito Mario de la Cueva s/n. CU. Informes: 5622 9470.
Cruzando fronteras, mujeres indígenas y feminismos abajo y a la izquierda de Sylvia Marcos. Márgara Millán, Érika Poblano y la autora. Martes 15, 19:00 horas. Centro Cultural España. Guatemala 18, Centro Histórico. Informes: 5521 1925.
Temas de cooperación internacional para el desarrollo: criticar, proponer, sistematizar coordinado por Aaron Pollack. Instituto Mora. Neydi Cruz, Iván Sierra y el coordinador. Viernes 18, 18:00 horas. Auditorio del Instituto Mora. Plaza Valentín Gómez Farías 12, San Juan Mixcoac. Informes: 5598 3777 ext. 1130.
Seminarios
¿A qué se refiere la sustentabilidad? Gian Carlo Delgado, Lucy Reidl, Federico Dovalí, Roberto Escalante, entre otros. Martes
La crisis actual en México. Arturo Huerta, Jaime Ros y María del Carmen del Valle. Martes 15, 10:00 horas. Sala José Luis Ceceña del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Informes: 5623 0093.
Reformas constitucionales en América Latina. Detlef Nolte, Julio Ríos y Andrea Pozas-Loyo. Miércoles 16, 13:00 horas. Sala 1 del Centro de Información y Biblioteca del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2137.
El federalismo y la Corte, el municipio y sus dineros. Jimena Moreno González y Francisca María Pou Jiménez. Miércoles 16, 17:00 horas. Sala de Audiencias de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2846.
Teatro
La rebelión de las musas. Jaime López y Xana Souza. Miércoles de marzo, 20:30 horas. Álvaro Obregón 86, Roma. Cuando a un pianista le falta inspiración, lo último que puede imaginarse es que su musa se haya ido de vacaciones... ¡a hacer turismo sexual! Informes: 5574 7034.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1793
Mujeres en tiempos del narco
Marcela Turati
La bruma de muerte, dolor y abandono propia del clima de violencia que ahoga al país envuelve de manera señalada a las mujeres... a las mujeres cuyos familiares –esposos, hijos, hermanos– han desaparecido o caído muertos en la actual guerra contra el narco. Ellas cargan el peso de su propia tragedia y, al mismo tiempo, se arman de una fortaleza que impresiona:
se organizan, se movilizan, gritan ya basta, y, aun pobres y desamparadas, tienen las agallas para encarar al Estado omiso...
El peso de la narcoviolencia mexicana está recargado sobre las mujeres. Ellas son las que recogen los cadáveres del familiar asesinado en una balacera y presentado como delincuente. Son las que recorren el país –tocando puertas, pegando carteles, haciendo pesquisas– para conocer el paradero del esposo, el hijo o el hermano, desaparecido. Son las que se organizan para exigir el esclarecimiento de las masacres de sus hijos. Son las que se quedan al frente de los hogares en los que falta el varón y sobran los niños que alimentar. Son las que acompañan a otras mujeres en su búsqueda de justicia o las que curan las heridas de las y los sobrevivientes de esta guerra.
Son las Antígonas modernas, “las que cumplen la ley de la sangre”, aunque esto signifique rebelarse contra el Estado, señala la diputada y doctora en sociología Teresa Incháustegui, cuando compara el mito griego con el nuevo papel que en este sexenio han asumido miles de mujeres.
De la tragedia de Sófocles: Cuando el rey de Tebas prohíbe sepultar el cadáver de Polinices, uno de los dos hijos varones de Edipo, para que sea devorado por las aves carroñeras y su alma nunca encuentre descanso, una mujer desafía esa orden: Antígona, la hija de Edipo, abandona las murallas de Tebas para enterrar a su hermano. Eso le cuesta la muerte.
“Lo que estamos viendo en México es el grito de Antígona cuando el Estado insensible mete en la fosa común a todos los muertos tratándolos como criminales y los expulsa de la comunidad de los ciudadanos al no darles siquiera muerte digna, reintegración de la muerte a lo que fueron sus nexos en la vida. Entonces Antígona, en nombre de la ley de la madre, que es la de la carne y la sangre, sale de la ciudad a enterrar a su muerto, porque es la ley de la sangre, que está más allá de la ley del Estado”, dice la legisladora experta en género, familia y grupos vulnerables.
Las organizaciones estatales con un papel relevante en la atención de las víctimas de la violencia han notado este protagonismo femenino por los nuevos desafíos que esta realidad acarrea.
Las estadísticas señalan que más de 90% de los más de 35 mil asesinados durante el sexenio son varones. No hay una cifra oficial, sin embargo el conteo periodístico arroja un cálculo: de los 3 mil 111 homicidios registrados en 2010 en Ciudad Juárez, por ejemplo, 306 fueron cometidos contra mujeres.
“Hay muchas mujeres que se están quedando viudas, a cargo de sus hijos, sin el sustento del marido, cargando el estigma social de lo que se dedicaba el marido, de por qué lo asesinaron. Para ellas y sus familias no hay políticas específicas: viven su situación de madre sola, con necesidades económicas y con ese estigma. A lo mejor no es difícil que vuelvan a caer en una situación igual, presas en las redes de las personas que se dedican a delinquir”, advierte la socióloga Rosario Varela, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Coahuila.
A su vez, Mercedes Murillo, directora del Frente Cívico Sinaloense, señala: “Muchos de los que han sido asesinados dejan esposas con hijos, o a las esposas embarazadas y sin un centavo, porque su vida es de oropel, pero no ahorran. Cuando los matan, las muchachas andan pidiendo dinero para enterrarlos porque no tienen con qué”.
Las organizaciones han notado que muchas mujeres que no trabajaban han tenido que hacerlo debido a la pérdida del marido. O si ya lo hacían, llegan a trabajar hasta una doble jornada. Como en el caso de los ocho jornaleros que salieron hacia Estados Unidos el año pasado y desaparecieron en Coahuila. Sus esposas mantienen a las familias con la venta de enchiladas por las noches, aunque viven en comunidades donde el trabajo femenino no es bien visto.
El médico y doctor en psicología Carlos Beristain, de nacionalidad española, experto en atención a colectivos impactados por graves violaciones a los derechos humanos, señala que con la violencia y en procesos de militarización entra en crisis el papel de las mujeres, porque los hombres son los más expuestos a morir y a ser reclutados, y ellas enfrentan el impacto de la violencia en sus propias vidas, las de sus familias y las de su comunidad, con lo que cargan el peso de todos.
“Las mujeres tienen que hacer frente a los procesos de duelo e impacto por las pérdidas familiares y sociales, y la mayor parte del trabajo de reconstrucción familiar y social recae sobre sus espaldas, especialmente cuando tienen que hacerse cargo solas de la familia. Además, las mujeres tienen en general muchos menos espacios sociales para participar que los hombres, por lo que a la mayor sobrecarga afectiva y social se une un menor poder sobre su propia vida o la toma de decisiones.”
Sin embargo, el experto que ha trabajado con sobrevivientes a la violencia de Colombia, Guatemala, El Salvador, Perú y México, señala que las mujeres tienen una gran capacidad de afirmación y de resistencia en situaciones de tragedia, y que muchas veces su rol entra en crisis.
“Hacen de mamá y papá, las hostigan con frecuencia por ser viudas, están estigmatizadas, están afectadas por la pérdida, muchas veces sufren amenazas pero también se hacen líderes. En muchos países han sido las mujeres las que primero se han movilizado para buscar a sus familiares, hacer públicos los hechos o presionar a las autoridades. Muchas de esas experiencias han estado movidas por la lógica del afecto. Son las que salen a la calle a mostrar un problema cuando nadie se atreve. Rompen el estereotipo de pobrecitas, débiles, marginales, y pasan de la lógica de afecto por el ser querido a una lucha por los derechos humanos, pasan del caso individual a lo colectivo”, explica.
Nuevas luchadoras
La regiomontana Gloria Aguilera, esposa de Julián Urbina Torres, y madre de Julián Eduy y Giovanni Urbina Aguilera, los tres agentes de tránsito desaparecidos el 26 de septiembre de 2008, forma parte de ese colectivo creciente de mujeres solas que se dedican a pedir justicia. Ella nunca recibió pensión, a ellos los dieron de baja de la corporación por “abandono de trabajo”.
“Somos nosotras solas. Aunque pidamos no nos atiende nadie. De tantos plantones que hicimos, se logró una mesa de diálogo con el MP y los funcionarios. Ni este gobernador ni el otro nos recibió. Cuando hallaron aquella fosa clandestina grandísima le pedimos que investigaran esos cuerpos, que nos hicieran el ADN, pero es muy raro: fueron filas y filas de personas, y no estamos seguros si lo hicieron bien o no”, dice en entrevista.
Aunque ella sospecha que algunos tránsitos están coludidos en la desaparición de sus familiares y sabe que utilizaron el teléfono Nextel de su hijo, la procuraduría no ha investigado su caso, por lo que ahora se organiza con otras mujeres que conoció en Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) –dirigida por Consuelo Morales–, y en la red de familiares de desaparecidos del norte del país, para presionar a las autoridades a que investiguen el paradero de sus familiares.
“Tengo un hijo más, por él salgo adelante. Vivo sola momentos terribles, es muy deprimente, en mi casa no contesto ni el teléfono. Por el hijo que me queda me levanto, porque está vivo, y para seguir buscando a mi esposo y a mis hijos. No sé qué más puedo hacer por ellos. Es tan poco. Sólo puedo buscar y pedir a las organizaciones que me orienten”, señaló en noviembre pasado.
El nuevo rol de las mujeres salta a la vista. Está la señora Luz María Dávila, la madre de dos estudiantes asesinados en Villas de Salvárcar, Juárez, que reclamó al presidente Felipe Calderón que hiciera algo. Están las madres de los jóvenes asesinados en Creel, Chihuahua, que llegaron a detener el tren Chihuahua-Pacífico para exigir justicia. Está Sara Salazar, la madre de Josefina Reyes, la activista juarense asesinada el año pasado, que instaló un campamento afuera del Senado para exigir la búsqueda de dos hijos más y su nuera y que está escondida con sus hijas en el DF. Está Norma Ledezma, la exobrera que cuando localizó muerta a su hija fundó Justicia para Nuestras Hijas y que hoy enseña a otras madres a buscar a sus hijos.
Ejemplo de valentía son dos mujeres que encabezaron la policía en dos de los municipios más violentos de México cuando ningún varón quiso hacerlo. Fue el caso de Marisol Valles, la ama de casa y criminóloga de 20 años que hasta el 2 de febrero era jefa de la policía de Práxedis G. Guerrero y actualmente, debido a las amenazas que enfrentó, busca asilo en Estados Unidos, y el de Erika Gándara, de 28 años, único elemento de policía en el municipio de Guadalupe, hasta que fue desaparecida.
En esa misma zona del Valle de Juárez destacaron por su valentía las defensoras de derechos humanos Josefina Reyes, asesinada el año pasado, y su colaboradora Cipriana Jurado, que tuvo que pedir asilo.
También hay una mayoría de mujeres en redes nacientes de terapeutas, psicólogos, trabajadoras sociales, tanatólogos, defensores de derechos humanos y abogados que atienden a las víctimas y a las comunidades más impactadas. Del mismo modo, más de 90% de las personas que se acercan a expertos o a organizaciones a pedir ayuda son mujeres.
Las mujeres encabezan las organizaciones de derechos humanos más activas en la denuncia de las violaciones a los derechos humanos en las zonas más convulsionadas por la violencia, como CADHAC de Nuevo León, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem) de Chihuahua, Paso del Norte en Juárez, el Frente Cívico Sinaloense o el centro Fray Juan de Larios en Saltillo.
“En los talleres con familias que han sufrido la desaparición forzada de uno de sus miembros, nos encontramos que mayoritariamente las que van son mujeres: las esposas, las hermanas, las hijas, que se van a la morgue, a las cárceles, a los separos, las que alzan la voz, las que luchan por sus compañeros e hijos. Otra vez las mujeres le gritan al mundo lo que está pasando”, señala la abogada chihuahuense Lucha Castro, del Cedhem.
El psicólogo Alberto Rodríguez Cervantes, del mismo centro, dice que por la cultura machista que exige a los varones ser “los hombres fuertes de la casa”, a ellos les está costando más trabajo expresar cómo les afecta la pérdida de un hijo o pedir ayuda. Eso se ve en los encuentros entre organizaciones nacionales que acompañan a familias con integrantes desaparecidos.
En cada fosa clandestina descubierta es fácil ver a mujeres indagando por el hijo, el padre, el esposo ausentes. En junio de 2010, tras el hallazgo de la mina con 55 cadáveres en Taxco, Guerrero, la morgue de Chilpancingo fue visitada por muchas mujeres. Una de ellas, que encontró a su hijo muerto, explicó el peregrinaje que siguió durante un año y siete meses para encontrarlo: “Lo busqué, lo busqué, donde quiera que iba lo buscaba. Nomás le pedía a Dios que un día lo tenía que encontrar, vivo o muerto, para ponerlo en el lugar que le corresponde. Y hoy me lo entregó. Yo anduve toda la carretera federal, lo buscaba en todo callejón que veía, en los Semefo de Taxco, Zihuatanejo, Acapulco. Donde quiera que iba lo buscaba”.
“Yo amo a mi hijo y lo seguiré buscando. Más que nada, porque algo me dice muy dentro que tarde o temprano lo voy a encontrar: vivo o muerto, pero lo voy a encontrar”, explicó en otra entrevista la señora Maximina Hernández Maldonado, mamá de José Everardo Lara Hernández, desaparecido el 2 de mayo de 2007, en Santa Catarina, Nuevo León, con José René Luna Ramírez. Ambos de 23 años y escoltas del alcalde Dionisio Herrera Duque.
Las más vulnerables
No todas atinan a salir a las calles a pedir justicia. Algunas no pueden. Dora Dávila, directora del centro comunitario juarense Salud y Bienestar Comunitaria (Sabic), que se dedica a atender a las familias que sufren la violencia, señala que como la mayoría de los hombres asesinados eran el sostén de su familia, las mujeres, además de tener que proveer el dinero para los suyos, tienen que lidiar con su propia depresión.
“Vemos que requieren terapias de atención en crisis para que salgan de la etapa del pánico, para que puedan dormir, porque un síntoma que nos manifiestan es que no duermen. Toda la noche piensan que van a regresar a matarles a toda su familia y a ellas; dicen que tienen miedo, están angustiadas y nerviosas. Hay mujeres que todavía cuatro meses después no han tenido atención y siguen sin comer, con insomnio, en pánico, con sobresaltos. Vemos muchas mamás solas, sin sustento, muy asustadas, que se han ido a vivir con sus hijos a El Paso a hacerse bolita con algún pariente, sin papeles, sin trabajo, sin posibilidades de trabajo. Sin nada”, explica.
Varias mujeres que han perdido a su pareja o a algún hijo por la violencia dicen que no se permiten llorar en su casa, por miedo a transmitir su miedo a sus demás hijos, y que tienen que encerrarse en el baño o hacerlo en la calle, solas, para no afectar al resto.
“Tenía que encerrarme a llorar en el baño por el asesinato de mi hijo, porque si no mi familia se derrumbaba, ellos me pedían que yo fuera la fuerte”, relata un ama de casa en uno de los Talleres de Duelo que se imparten en templos católicos de Ciudad Juárez.
Laura Baptista, periodista experta en tema de violencia y consultora de la Secretaría de la Mujer de Guerrero y del Instituto de las Mujeres de Tlaxcala, comenta que, independientemente del sector social al que pertenezcan, las mujeres que han perdido al marido “quedan solas al frente del hogar y generalmente con pocas herramientas y apoyos sociales para criar a sus hijos e hijas”. Esto las coloca en mayor vulnerabilidad.
El Instituto Nacional de las Mujeres estima que la participación de las mujeres en el narcotráfico ha aumentado 400% este sexenio, con base en el número de capturadas, la mayoría por transporte de droga.
La diputada Incháustegui advierte por ello acerca de la importancia de que el Estado cree una política que se haga cargo de las familias desintegradas por los asesinatos o las desapariciones de sus miembros:
“Con tanta muerte de jóvenes involucrados en actividades criminales, seguramente tenemos una feminización de los hogares urbanos, ¿y qué pueden hacer esas mujeres sin alternativa de empleo porque la maquila ya tronó o porque ya hasta la economía informal está quebrada en muchas comunidades? Podrían hacer parte de las estructuras criminales en los lugares donde viven, y hasta este momento el Estado sigue sin darles mucha alternativa”. l
“Con el Ejército llegó la tortura”
Patricia Dávila
Desde el exilio, dos defensoras juarenses de los derechos humanos, ambas amenazadas de muerte, hablan para Proceso: “En Ciudad Juárez la lucha del Estado contra las activistas nunca había sido tan intensa como en los últimos tres años, cuando empezó la militarización. Con el Ejército llegó la tortura. El pretexto del narcotráfico le ha servido al gobierno para amedrentar y asesinar a activistas sociales y de derechos humanos. Más de 20 han muerto”.
Habla Cipriana Jurado, perseguida por denunciar la desaparición de personas a manos del Ejército. Dice estar segura de que el gobierno de César Duarte mantiene una campaña de desprestigio en su contra. El pasado 3 de enero asesinaron a su compañera activista Josefina Reyes. Acaba de solicitar asilo político a Estados Unidos.
“No pensaba pedir asilo político, pero estando fuera del país me entero de que matan a Rubén Reyes, hermano de Josefina, la activista asesinada en enero del año pasado.
“Después hostigaron a Lidia Sandoval, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos; luego mataron a Marisela y a Susana Chávez. Antes asesinaron a Paz Rodríguez, a su esposa y a su hijo, defensores de derechos humanos en Nuevo Casas Grandes. Siguió Flor Alicia Gómez, activista de Justicia para Nuestras Hijas, y Benjamín Le Barón.”
Se le pregunta si piensa que esos asesinatos son una cacería contra los activistas.
Responde: “¡Claro que sí! La situación contra los líderes sociales se ha agravado en esta administración. Es contra los activistas, sobre todo contra las mujeres. El gobernador César Duarte está peor que José Reyes Baeza. Está el asesinato de Marisela Escobedo afuera del Palacio de Gobierno. También iniciaron una campaña mediática en mi contra por haber pedido la renuncia del fiscal de la zona norte, Jorge González Nicolás”.
El domingo 6, Cipriana Jurado publicó una carta en el portal de internet MexicoRojo en la que dice que ni González Nicolás ni su equipo han dado buenos resultados en la Subprocuraduría. Dos días después la Fiscalía inició una campaña en su contra: en una carta publicada por otro portal, La Polaka, Lourdes Armendáriz Macías defiende al fiscal y acusa a Cipriana de explotar sexualmente a trabajadoras de las maquilas.
Afirma que cuando la detuvo el Ejército llevaba droga y obtuvo su libertad gracias al chantaje político de los perredistas. La llama “ignorante”, “vulgar” “cobarde”. También dice que los familiares de Josefina Reyes huyeron como “delincuentes que delatan a sus prójimos”.
–¿Duarte está enterado del hostigamiento de que es víctima?
–Por supuesto. Los amigos cercanos de Duarte y de González Nicolás son los que escriben esas cartas en mi contra. Esta carta es un desprestigio muy fuerte, porque todo es una mentira.
–¿Quieren acabar con el activismo o con Cipriana?
–Con el activismo social. Creen que amenazando y desprestigiando el movimiento se va a acabar en Ciudad Juárez. Pueden acabar con Cipriana, con Marisela, con Josefina o con Malú, pero hay más jóvenes que quieren justicia.
–¿Responsabiliza al gobierno del asesinato de Marisela Escobedo?
–Y del homicidio de Josefina Reyes y de sus hermanos y su cuñada… Ella fue amenazada varias veces por el Ejército y lo denunciamos en su tiempo. Pina y Marisela estaban amenazadas, el gobierno lo sabía. Son responsables por omisión o por complicidad.
–Si regresa a México, ¿qué le pasaría?
–Lo mismo que a mis compañeras.
–¿La matan?
–Sí. Durante 20 años que he sido luchadora social, he sido una piedra en el zapato, pero desde que Calderón declaró esta guerra los activistas tuvimos más problemas. Nunca había sido tan dura la lucha del Estado contra nosotras como en los últimos tres años. Calderón ha sido irresponsable en sostener una guerra en la que no detiene a los delincuentes ni a los lavadólares ni a los narcopolíticos. Y sólo matan gente en las colonias pobres.
El próximo miércoles 16 Cipriana tendrá la primera entrevista con el juez de migración, previa al juicio para que el gobierno de Estados Unidos le conceda asilo político.
Denuncias incómodas
El jueves 10, Marisela Ortiz, una de las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fue alertada de una manta con amenazas que apareció en la secundaria 60 de Ciudad Juárez, donde trabajaba:
“Si querías seguir apoyando a la pinche culera de la licenciada Malú, maestrita de mierda Marisela Ortiz, vamos a chingarnos a tu familia empezando por tu hijo El Chapulín del Rowe, que ya lo tenemos en la lista”, decía. Horas después Marisela se fue a Estados Unidos con todo y su familia.
Un mensaje igual había sido colgado frente a la secundaria 15 de la misma ciudad, donde estudian los hijos de María Luisa García Andrade, directora jurídica de aquella organización: “No entendiste, nosotros (te) vamos a enseñar a callarte el ocico Malú García Andrade, sabemos que estás fuera, querías saber de qué se trata, serás la responsable de que nos chinguemos a tu familia, pronto tendrás noticias nuestras”.
Ambos mensajes estaban firmados por “el JL”, líder de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez.
Pero María Luisa, Malú, había salido de la ciudad desde febrero, cuando un grupo armado incendió su casa.
El pasado 6 de enero García Andrade presentó una denuncia en la Subprocuraduría de Justicia de Juárez contra una red de trata de personas y tráfico de menores que desde 2008 opera en esa ciudad.
Días antes, cuando María Luisa solicitaba a Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), resultados de la investigación sobre una denuncia interpuesta hace tres años, ésta acusó a Marisela Ortiz de amenazar a otra activista. Se le exigieron pruebas que la fiscal no aportó.
“Este es un antecedente extraño: después de que hay una acusación insolente por parte de la titular de la Fevimtra aparecen las mantas. No me gustan las coincidencias de este tipo.
“Aquí en Chihuahua el gobierno se ha visto copado por organizaciones de derechos humanos desde el asesinato de Marisela Escobedo, y ahora me da la impresión de que están desatando una guerra contra los activistas”, dice a Proceso Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la Zona Norte, quien también ha sufrido amenazas.
En entrevista con Proceso, Marisela Ortiz trata de explicar el significado de las mantas: “El 6 de enero, Malú puso una denuncia en la Subprocuraduría Zona Norte, en Ciudad Juárez, sobre una red de trata de personas, de prostitución infantil asentada en esta ciudad pero que pudiera ser nacional. Por seguridad fuimos muy discretas, incluso sólo se mencionan unos tres nombres. Esto sólo lo conoce la mamá de una de las chicas desaparecidas, quien acudió con Malú a presentar la denuncia”.
Afirma que la red de trata y prostitución empezó a trabajar en Juárez al mismo tiempo que se puso en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua:
“La mayoría de las chicas que han desaparecido son, en promedio, de 17 años de edad. Este fenómeno de las desapariciones se da desde los noventa, pero de este corte tendrá unos tres años. A partir de 2008 es cuando empiezan las desapariciones en el centro de la ciudad, de chicas con rasgos similares, que fueron a pedir trabajo y después no se supo más de ellas. Esta investigación de Malú integra a más de 20 jovencitas desaparecidas, sin pretender que esa cifra sea la real.”
Aclara: “Ésta puede ser la causa que molestó a alguien, aunque por otra parte han sido asesinadas muchas defensoras de derechos humanos en los últimos años; incluso el ataque también pudo deberse a que mi compañera apoyaba a la familia Reyes Salazar, en el campamento que tenían frente a la Fiscalía Zona Norte, para exigir la localización de los hermanos Magdalena y Elías Reyes Salazar, así como de la esposa de este último, los tres levantados por un comando el pasado 7 de febrero.
“El 17 de febrero, cuando Malú García estaba en ese plantón, un grupo armado incendió su casa.”
Marisela ha sido amenazada o acosada desde 2001. Sobre todo, afirma, durante la gestión de Patricio Martínez, quien le suspendía su cheque como maestra u ordenaba descuentos salariales por cada entrevista que daba a la prensa: “Fueron muchas cosas las que vivimos mi familia y yo. En
Sin embargo lo fuerte de las amenazas, reconoce, empezó en 2008.
–¿Quieren acabar con los activistas o con usted y Malú?
–Leí un escrito de la periodista Diana Washington que señala que en México existe la intención de terminar con el activismo en el norte del país. Y dos días después me topo con esta situación... me alarmó porque se habla de que este año habrá más asesinatos de alto impacto: asesinatos masivos de jóvenes y la intención de terminar con las activistas sea cual sea la situación que defiendan. ¡Estoy estupefacta! No puedo pensar que esto venga de parte del gobierno.
Gustavo de la Rosa afirma: “Siento que hay un clima adverso contra los defensores de derechos humanos. Las amenazas hacia Marisela Ortiz son preocupantes. Estoy reuniendo información que me permita ver si la agresión viene de alguna autoridad, ya que dos días antes la titular de la Fevimtra hizo señalamientos graves en su contra. Marisela me pidió que investigara porque sintió que la fiscal la estaba agrediendo.
“También es cierto que en Chihuahua el gobierno nos está viendo muy mal a los defensores. Ahí está el desprestigio al que están sometiendo a Cipriana Jurado. Las cosas se nos van a complicar con la llegada de Julián Leyzaola Pérez como director de Seguridad Pública de Ciudad Juárez. Él fue jefe de la policía en Tijuana y cuenta con un largo historial de violaciones a los derechos humanos.” l
Ahora, las muertas de Nuevo León
Arturo Rodríguez García
A todas horas y en cualquier lugar del país, las mujeres son víctimas de delitos de género. Pero este riesgo se incrementa en estados como Nuevo León, donde la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad elevan los niveles de violencia a extremos nunca antes vistos. El año pasado se registró el récord de 74 feminicidios en la entidad, y
MONTERREY, NL.- “Esto es un mugrero”, escupió Lucila Quintanilla, refiriéndose a la inseguridad que se vive en el estado y a la ineficacia de las autoridades, horas después de reconocer a su hija Lucila Quintanilla Ocañas, universitaria de 21 años asesinada en medio de un tiroteo el 6 de octubre de 2010 en el centro de esta ciudad.
Estudiante de artes, Lucila hablaba con su novio por teléfono celular mientras caminaba por el pasaje comercial Morelos, muy cerca de la avenida Juárez, un enclave comercial de la zona metropolitana de Monterrey.
Eran como las siete de la tarde. De repente, dos pistoleros bajaron de una pick up y comenzaron a disparar. Su objetivo era asesinar al custodio penitenciario Onésimo González Ruiz. Éste corrió rumbo a la calle Garibaldi y los sicarios fueron tras él, disparando a diestra y siniestra. Lograron herirlo, pero también alcanzaron a otras cuatro personas. Lucila murió en el tiroteo, atravesada por balas calibre
Además de Lucila, en 2010 alrededor de 74 mujeres murieron en Nuevo León por la persistente violencia, ejecutadas por el narco o abatidas en el fuego cruzado. Hasta el 8 de marzo, este 2011 sumaba una veintena de asesinatos de mujeres, con lo que está a punto de igualarse apenas en dos meses el récord de 22 feminicidios registrados en 2007. La brutalidad también va en aumento, pues el año pasado tres mujeres fueron mutiladas y otras dos calcinadas.
De acuerdo con los registros de Artemisas por la Equidad –organismo civil dedicado a combatir la violencia de género–, en 2010 este tipo de crímenes aumentó 370% respecto de 2008. El año pasado duplicó los registros de 2009, cuando 39 mujeres fueron asesinadas.
La estadística de Artemisas por la Equidad, presentada por la activista Irma Alma Ochoa en Nosotras, revista de temas de género que se edita en Monterrey, muestra que el incremento de la violencia contra las mujeres en los últimos 10 años ha escalado en cantidad y en brutalidad.
En 2000 hubo 23 feminicidios; en 2001 la cifra bajó a 17, y en
Es decir, de los 322 asesinatos de mujeres registrados entre 2000 y 2010, sólo en este último año se registró 23% de los casos, con el aumento de la violencia por parte del crimen organizado y de las fuerzas gubernamentales.
El sábado 13 de noviembre de 2010, Olga Lidia Limón Hernández y María Mayela Contreras fueron ejecutadas en calles de la colonia Acero, de Monterrey. De acuerdo con informes policiacos, ambas se dedicaban al narcomenudeo cerca de la central de autobuses.
El 15 del mismo mes, Nancy Rubí Maldonado Pérez fue abatida por el Ejército en un enfrentamiento en General Terán. Oficiales indicaron que la joven formaba parte de una célula delictiva y abrió fuego contra los soldados junto con su pareja, Julio César Castañeda García, también muerto en la refriega.
De acuerdo con la información que difundieron las autoridades sobre cada uno de esos crímenes, de los 74 registrados en 2010, grupos de la delincuencia organizada participaron en alrededor de 40. Entre estos últimos figura el de María Magdalena Gallegos García, acribillada junto a su pareja, Julio César Fuentes Alemán, cuando transitaban en una camioneta Ford Lobo en la colonia Burócratas Municipales, en el sur de Monterrey.
Gallegos García era madre de Francisco Martín Zapata Gallegos, El Billy, quien fue detenido el 27 de agosto en Benito Juárez, Nuevo León, acusado de ser el jefe de Los Zetas en Monterrey.
Otro de estos casos es el de Gabriela Elizabeth Muñiz Tamez, La Pelirroja, quien el 31 de diciembre apareció colgada de un puente en Monterrey. Cuatro días antes la mujer había sido liberada por un comando en una bien coordinada operación, ya que estaba presa por secuestro y era trasladada del penal de Topo Chico a un hospital.
Hacienda Calderón
El 30 de junio de 2010, Sonia Clara Villalobos llamó por teléfono a su mamá. La joven, de 18 años de edad, se escuchaba alterada. Había tenido un percance automovilístico en el bulevar Constitución, el más transitado de Monterrey y su zona metropolitana en hora pico.
Colgó precipitadamente y no se volvió a saber de ella. El vehículo, el percance y los participantes en éste se volvieron humo. Más allá de la llamada de Sonia Clara, nadie registró el accidente, a pesar de que ocurrió en hora pico.
Durante semanas la familia de Sonia Clara buscó en todas partes. Preguntó en agencias del Ministerio Público, acudió a todos los hospitales y recorrió oficinas gubernamentales, pero nadie les dio respuestas.
El 29 de julio, un mes después de su desaparición, el Ejército localizó una fosa con 51 cuerpos en Juárez, Nuevo León. Macabra ironía, el predio se llama Hacienda Calderón. Ahí estaba el cuerpo de Sonia Clara, que, según la procuraduría estatal de justicia, no parecía tener vínculos con delincuencia organizada ni contaba con historial delictivo.
Fuentes policiacas atribuyen la muerte de la joven, vecina del municipio de Guadalupe, a un percance vial con un comando de La Familia Michoacana.
Entre los cuerpos localizados en la Hacienda Calderón estaban los de otras cinco mujeres que hasta ahora todavía no han sido identificadas.
El 20 de abril de 2010, al menos siete personas desaparecieron del hotel Holiday Inn en el centro de Monterrey. Un comando se llevó a empleados y huéspedes, entre los que se encontraba Arely Hernández, originaria de Reynosa, Tamaulipas, de quien no se volvió a saber nada.
De acuerdo al monitoreo de desapariciones y levantones que lleva a cabo la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos en Nuevo León (CADHAC), los cuales publican medios de comunicación locales, al menos seis mujeres desaparecieron en 2010, cuatro de ellas junto con sus parejas u otros familiares.
Por ejemplo, el 12 de agosto un comando a bordo de dos camionetas atacó de 18 balazos a un auto Nissan Altima que transitaba a las 6:15 de la mañana por la avenida San Nicolás, en San Nicolás de los Garza. De acuerdo con las versiones de testigos recabadas por la Policía Ministerial, sujetos armados se llevaron a una pareja con un bebé, pero no pudieron identificar a las víctimas.
Varios asesinatos de mujeres en Nuevo León fueron producto de tiroteos imprecisos, del fuego cruzado o de errores en los que se ha denunciado como responsables a las fuerzas de seguridad. Con sólo transitar por las calles, salir del trabajo o recoger a sus hijos en la escuela, estas víctimas se han convertido de pronto en “bajas civiles” de la guerra contra la delincuencia organizada.
Esto sucedió en el tiroteo del 4 de diciembre de 2009 en Juárez, Nuevo León. Los marinos atacaron una finca donde dieron muerte a Ricardo Almanza, El Gori 1, pero un convoy de sicarios logró escapar. Militares que patrullaban la zona se toparon de frente con el comando, que empezó a disparar. Estaban en pleno centro de la ciudad y era la hora de salida de las escuelas. Ahí murió la señora Sonia Hernández Ovalle, que acababa de recoger a sus hijos.
El jueves 3 de marzo de este año, en el municipio de Anáhuac, Juan Carlos Peña Chavarría y su esposa, Rocío Romely Elías Garza, murieron en un tiroteo. Las autoridades los “identificaron” como sicarios, incluso a Rocío le atribuyeron el alias de La Gata. En realidad iban saliendo de su turno en la maquiladora.
Días después, en Monterrey, Julio César Peña Rodríguez y su esposa, Sandra de la Garza Morales, se encontraron con un tiroteo y trataron de huir de ahí, convirtiéndose en blanco de los militares. Sandra recibió un balazo en la cabeza.
“Dejemos de contar”
Causa alarma la brutalidad de esos asesinatos. El 16 de febrero de 2010, Jesús Villanueva Silva llegó borracho a casa de Juany Guadalupe Silva, con quien estaba en trámites de divorcio en el municipio de Galeana. Arremetió contra su esposa a puñaladas. Su hija Alondra, de un año, no paraba de llorar, por lo que el sujeto la apuñaló también hasta matarla.
La mañana del 8 de octubre, también del año pasado, Margarita Isabel Castro López, de 24 años, salió de su casa en la colonia Jardines de La Silla en Guadalupe, Nuevo León. Desde hacía cinco años había denunciado varias veces a su pareja, Eduardo Agustince López, por violencia intrafamiliar, pero volvía con él. Como a las siete de la mañana Eduardo se dirigía a su trabajo como albañil y encontró a Margarita platicando con un vecino. De acuerdo con la confesión que rindió el 8 de diciembre, cuando fue detenido, jaló del brazo a Margarita y la golpeó dos veces en el rostro. Luego la llevó a un terreno baldío, donde la golpeó con los puños cerrados y, ya en el suelo, la pateó hasta dejarla inconsciente. Horas después la mujer murió.
Al respecto la coordinadora de la asociación civil Alternativas Pacíficas, Alicia Leal Puerta, asegura que en los casos de violencia de género hay factores que alertan sobre el riesgo de muerte inminente, y que cuando ésta se consuma es evidencia de la ausencia de políticas públicas de prevención.
E Irma Alma Ochoa, de Artemisas por la Equidad, explica que el entorno de violencia generado por la delincuencia organizada y los cuerpos de seguridad al combatirla sólo se agrega a la violencia preexistente: “No cabe duda de que en toda la geografía mexicana persiste la violencia, ni de que cada día se agrede con saña a las mujeres. (Pero) la conducta violenta se gesta lo mismo en la cocina que en las calles de cualquier poblado”.
En 2010, más de 25 mujeres han muerto baleadas; ocho fueron calcinadas; siete fueron acuchilladas; cuatro mujeres fueron golpeadas hasta la muerte y cuatro perecieron por asfixia; tres fueron lapidadas y otras dos estranguladas; una degollada, otra ahorcada y una mutilada. Una mujer murió en un choque automovilístico contra sicarios, y en tres casos no se dio a conocer la causa de muerte.
Aunque en 40 casos se asume que las muertes estuvieron relacionadas con delincuencia organizada, una cantidad semejante fue producto de violencia de género, y en muchos casos intrafamiliar.
Si se exceptúan las muertes supuestamente relacionadas con enfrentamientos o acciones violentas del narco y los cuerpos de seguridad, los 34 casos restantes de 2010 casi igualan la cifra de feminicidios registrados en 2009 (39).
No obstante el récord de asesinatos de mujeres en 2010, la estadística oficial muestra una tendencia a la baja en denuncias por violencia intrafamiliar: según la directora del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), María Elena Chapa, para octubre de 2010 se habían registrado 6 mil 856 denuncias, en comparación con 9 mil 369 registradas durante 2009 (Milenio, 25 de octubre de 2010).
Juana María Nava, editora de la revista Nosotras y también activista de género, destaca las declaraciones de la funcionaria para explicarse la indiferencia gubernamental ante la creciente violencia de género. Llama la atención que en la citada entrevista con el diario Milenio, ante el aumento exponencial de feminicidios María Elena Chapa sólo comentó: “Es necesario dejar de contar muertas para tratar de ponerle remedio a la relación abusiva que viven muchas mujeres”.
Las soldaderas del crimen
Arturo Rodríguez García
MONTERREY, NL- Los estragos de la juerga se apreciaban en los rostros de Estefanía, Mónica y Xiomara ese día del pasado diciembre. Sus miradas se perdían en el piso cubierto con mil 200 balas que no llegaron a ser disparadas, acomodadas con esmero. Las figuras esbeltas de las tres mujeres destacaban con sus reguetoneros atuendos. Se veían inofensivas al lado de los militares que las custodiaban.
Apenas movían las bien torneadas piernas para balancear su peso mientras los fotógrafos de la fuente policiaca disparaban sus cámaras. El viento frío golpeaba sus caras con el maquillaje corrido.
Casi amanecía y la francachela estaba en su apogeo cuando llegaron los soldados. Minutos antes alguien le avisó a Rogelio Chacha Quintero El Yeyo que había un operativo militar, por lo que intentó escapar junto con su grupo: Bryan Antonio Medellín Gallegos El Wisi, Héctor Roosvelt Huerta Tinoco El Chester y Agustín Bolaños Delgado El Guti.
El Yeyo, Estefanía Lizeth Díaz de León, Mónica Hernández Gutiérrez y Xiomara Mirazai Cortez Saldívar ya estaban a bordo de un Camaro amarillo cuando uno de los pistoleros abrió el portón. No tenían escapatoria. Los soldados rodeaban la zona.
La captura se realizó sin disparos. Este comando de Los Zetas tenía cuatro armas largas, un lanzagranadas y dos pistolas. También les aseguraron 23 vehículos que estaban en un terreno junto a la casa de seguridad en la calle México de la colonia Orizaba, en Guadalupe, Nuevo León.
La presencia de las tres jóvenes en el inmueble no era casual. De acuerdo con los militares, tenían la misión de reclutar a jóvenes pandilleros para que trabajaran en la organización criminal.
Provenientes de barrios populares de la zona metropolitana, Estefanía y Xiomara tienen 20 años; Mónica, apenas 17. Con su captura se suman a la larga lista de mujeres detenidas por su implicación en actividades delictivas.
Notoriedad
Desde el recrudecimiento de la violencia en el noreste mexicano la participación de mujeres en actividades relacionadas con la delincuencia organizada se refleja en el número de ejecutadas, muertas en enfrentamientos, levantadas por el hampa o detenidas.
Entre las asesinadas cuya relación con los cárteles de la droga era evidente destaca la abogada Silvia Raquenel Villanueva Fraustro, defensora de narcotraficantes. Adquirió notoriedad gracias a sus polémicas declaraciones y por sobrevivir a cuatro atentados. Finalmente fue muerta a tiros el 9 de agosto de 2009.
La penalista no ocultaba su cartera de clientes, entre los que estaba el excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, acusado de tener vínculos con el narco.
Aunque en 2006 permaneció detenida tres meses por su presunta implicación en el secuestro de un agente del Ministerio Público, las autoridades no pudieron comprobarle ningún delito. Su asesinato quedó impune.
Una de las mujeres que obtuvo notoriedad en años recientes fue Aurora Aída Villarreal Loredo, policía municipal de San Nicolás de los Garza que fungía como enlace entre Los Zetas y los uniformados en ese municipio conurbado de Monterrey. De acuerdo con las investigaciones, Villarreal se encargaba de pagar la nómina de sobornos a sus compañeros.
Su detención ocurrió el 8 de junio de 2009. Cuando los soldados la trasladaban a la VII Zona Militar, decenas de policías municipales bloquearon las vialidades. Al lugar llegaron elementos de las policías Federal y Estatal. Las discusiones subieron de tono, salieron a relucir las armas y varios agentes se encañonaron.
A pesar de todo, se realizó el traslado de la detenida, pero desde entonces a los municipales se les retiraron las armas largas.
A Villarreal se le acusó de ser el enlace entre Juan Daniel Carranco Salazar Comandante Coloso, jefe de plaza de Los Zetas en San Nicolás de los Garza, y los policías de ese municipio.
Un día después de la confrontación, el secretario estatal de Seguridad Pública, Aldo Fasci Zuazua, declaró: “Sabemos por reportes de inteligencia que era colaboradora de esa persona (Comandante Coloso) y que era muy apreciada en los grupos de delincuencia organizada”.
Infiltración
El 20 de marzo de 2009, un operativo militar en Saltillo, Coahuila, ubicó y detuvo a Sigifredo Nájera Talamantes El Canicón, quien presuntamente era uno de los mandos más importantes de la entonces sociedad cártel del Golfo-Zetas en Nuevo León y supuesto jefe de plaza en la entidad.
En otra acción, derivada de la detención de Nájera, de la que la Secretaría de la Defensa no dio detalles, fue capturada Yaneth Deyanira García Cruz, quien tenía consigo 10 millones 110 mil pesos y 930 dólares en efectivo. Se dijo que era responsable del manejo financiero de la organización criminal en Nuevo León.
El pasado 13 de noviembre, Olga Lydia Limón Rodríguez, de 49 años, y María Mayela Contreras Espinosa, de 44, fueron ejecutadas en las inmediaciones de la colonia Acero, un barrio popular de Monterrey.
Aunque el móvil de las ejecuciones no fue esclarecido oficialmente, indagaciones periodísticas apuntan a que ambas eran narcomenudistas en el área de la Central de Autobuses de la capital nuevoleonesa.
Otro caso del que no se ha dado información puntual ocurrió el 6 de diciembre último en la colonia Burócratas del Estado, donde murió María Magdalena Gallegos García. Las autoridades informaron que esa mujer era madre de Francisco Zapata Gallegos El Billy, detenido el 27 de agosto por el Ejército, que le imputa el liderazgo de Los Zetas en la región.
Sólo ornato
En noviembre de 2009, la activista Alicia Leal Puerta comentó a este semanario que la existencia de una cultura misógina en la sociedad se refleja principalmente en las actividades delictivas:
“Las mujeres son vistas como objeto, como propiedad. Deben callar y obedecer, o las matan a ellas o a sus hijos. Obrero, profesionista, empresario o narco, el punto es que se asumen como dueños de sus mujeres”, dijo (Proceso 1726).
En general, las actividades delictivas de las mujeres en los cárteles de la droga que operan en la región, no son protagónicas ni de liderazgo. En la mayoría de los casos tienen papeles secundarios, aunque se ha documentado la participación de algunas mujeres en acciones propias de sicarios.
Apenas el pasado 15 de noviembre, en un tiroteo con el Ejército en General Terán, Nuevo León, murieron Julio César Castañeda García, de 27 años, y Nancy Rubí Maldonado Pérez, de 22. Según los informes difundidos ese día, los militares se enfrentaron con un convoy criminal.
En la refriega, la mayoría de los pistoleros escapó, salvo Julio César y Nancy quienes tenían en su poder lanzagranadas, granadas y armas largas.
El tiroteo ocurrió a las 2:30 de la tarde cuando cuatro camionetas transitaban por un paraje semidesértico del rancho La Leona, en la franja limítrofe entre General Terán y Cadereyta.
Durante la refriega al menos siete pistoleros lograron escabullirse. A Nancy no le dieron tiempo para bajar de la Cheyenne azul que tripulaba. La acribillaron y su cuerpo quedó en la cabina. l
Las aduanas, coladera para las armas
Jesusa Cervantes
Una comisión de diputados federales pretendió estudiar a fondo la situación aduanera de México y proponer su mejoramiento... pero no pudo avanzar. Se pisaron “muchos callos”, dice el presidente del equipo de legisladores que acometió la tarea; “hubo coordinación para impedirnos trabajar y hubo presiones”. El problema es que por ahí entran, además de mercancías ilegales y drogas, las armas que hacen crecer la violencia en el país. Otro integrante de la comisión sentencia: “Las aduanas son un cochinero”.
Hace poco más de un año, tras escuchar a funcionarios de la Defensa hablar de la situación de violencia en el país y de oír que los que “meten las drogas son los mismos que meten las armas”, el diputado perredista Héctor Hugo Hernández Rodríguez propuso crear una comisión especial en la Cámara de Diputados que revisara la operación de las aduanas mexicanas.
La comisión se formó y empezó a trabajar. Su plan era visitar las 49 aduanas del país, ver cómo funcionan y hacer las modificaciones pertinentes. Pero “las presiones” recibidas a lo largo del año de trabajo obligaron a los legisladores a meter freno y conformarse con proponer reformas a la ley aduanera.
En entrevista con Proceso, Hernández Rodríguez, presidente de la comisión especial, acepta que al revisar sorpresivamente la operación aduanera “se pisan callos… y laceras muchos intereses”; revela que las autoridades de aduanas se manejan en “un esquema muy cerrado” y hubo “condiciones adversas en una sincronía perfecta” para impedirle a los legisladores hacer su trabajo.
Héctor Hugo Hernández evita profundizar sobre lo detectado en las aduanas, pero en documentos de la comisión –que Proceso pudo consultar– se establece que entran armas ilegalmente al país a un ritmo de una por minuto lo que, según el análisis de los legisladores, deriva en mayor “inseguridad y criminalidad”. Se dice además que “58% del mercado de prendas para vestir es abastecido por los canales ilegales”.
Las armas
La comisión propuesta en octubre de 2009 empezó a trabajar en febrero de 2010. Según el diagnóstico presentado ese mes por el presidente de la comisión:
“En el sector de aduanas existe un problema que urge evaluar y solucionar con el propósito de evitar una situación de mayor vulnerabilidad para la economía y la salud de la República. Me refiero específicamente al libre tránsito de mercancías ilícitas, armas, estupefacientes y demás sustancias prohibidas que año con año ingresan al país por las garitas, puertos y aeropuertos sin control suficiente de las autoridades aduanales.
“También es un problema de seguridad nacional y de seguridad pública, generado por el tráfico y comercialización de armas, con el consiguiente aumento en la inseguridad, la criminalidad y la drogadicción. Se estima que por minuto ingresa un arma de manera ilegal a nuestro país. Según la Procuraduría General de la República (PGR), el tráfico de armas es el segundo problema de seguridad nacional. Un problema que aviva la violencia de la delincuencia organizada.”
En el documento de la comisión Programa anual de trabajo se precisa que en “2007 el Sistema de Administración Tributaria –del que depende la Administración General de Aduanas– reconoció que la percepción sobre corrupción en las 49 aduanas de la República Mexicana aumentó 5% y reconoció sobornos y amenazas de la delincuencia organizada a los agentes aduanales”.
Además de establecer la “falta de un diseño institucional”, el documento destaca que las aduanas no han estado a la altura de las necesidades del país en tiempos de la globalización y que aunque se habían mantenido en “un nivel controlable”, en los últimos 20 años se volvieron verdaderos problemas para la economía del país y la seguridad nacional.
“El tráfico ilegal de mercancías, de armas y sustancias ilícitas (...) ha puesto de manifiesto la porosidad y permisividad con la que operan las aduanas en el país, que terminan afectando la seguridad nacional.”
El documento establece que el contrabando de mercancías lleva al trabajo informal que, a su vez, “es canal distributivo de mercancías de origen ilícito introducidas al mercado, aun por grandes empresas, inclusive trasnacionales, que de esta manera evaden impuestos.
“Estas actividades, cuando son realizadas por organizaciones criminales, devienen en tráfico de drogas, armas, residuos tóxicos y especies protegidas y en prácticas como el contrabando, el encubrimiento, el soborno, el tráfico de personas y el lavado de dinero, violentando con ello el estado de derecho.”
Destaca que las ganancias de todos estos actos son “exorbitantes” y “que sólo pueden ser entendidas por la corrupción o la incompetencia de funcionarios y por la falta de equipamiento tecnológico para su combate”.
Según el documento, en 2006 y 2007 las aduanas sólo decomisaron 2% de las armas ilegales que ingresaron al país, es decir 900, mientras que en esos años y en 2008, en allanamientos o enfrentamientos, fuerzas policiacas decomisaron 38 mil 404.
Las rutas
Con base en documentos de la PGR y del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, la comisión especial estableció que entre 40 y 60% de las armas vienen de Estados Unidos y que hay cuatro rutas de tráfico en el país.
El texto del CESOP precisa: “Junto al mercado de los estupefacientes ha proliferado la industria de las armas. En Estados Unidos existen 40 grandes empresas fabricantes e importadoras, las cuales comercializan aproximadamente 3 millones de armas. Esa actividad representa un negocio de más de 30 mil millones de dólares al año para la economía estadunidense”.
En seguida destaca que de acuerdo con la PGR, en la frontera sur de Estados Unidos hay más de 100 mil permisionarios que venden armas en negocios constituidos o a través de las ferias del ramo.
“Ello provoca que la mayoría de las armas utilizadas por los grupos delictivos en México (entre 40 y 60%) provenga de Estados Unidos. Según el Departamento de Seguridad Interna del gobierno estadunidense, 40% de las armas introducidas a México cae en manos de traficantes de drogas.”
Los documentos de la PGR en los que se basó la comisión fueron elaborados en 2008 y 2009, cuando Eduardo Medina Mora era procurador; desde la llegada de Arturo Chávez Chávez no ha habido más informes sobre la introducción ilegal de armas a México.
En esos documentos se aclara que la introducción se da en pequeñas cantidades, en lo que se llama “operación hormiga”, y que las rutas del trasiego son cuatro: Pacífico, centro, golfo y sur.
Entre los principales puntos de internación están Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado y Nogales, de donde las armas llegan a Hermosillo, Culiacán, Tepic, Guadalajara, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca.
Otro punto de internación es Ciudad Juárez, que sigue la ruta a Chihuahua, Durango, Guadalajara, Morelia, Chilpancingo y Oaxaca.
La tercera ruta, la del golfo, tiene puntos de entrada en las ciudades fronterizas de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, y sus destinos son Monterrey, Veracruz, Oaxaca y Tuxtla Gutiérrez.
Hay una cuarta ruta, la del sur, cuya entrada es Balancán, Tabasco, de donde las armas pasan a Tuxtla Gutiérrez, Ciudad Cuauhtémoc, Tapachula, Ciudad Hidalgo y Oaxaca.
El documento del CESOP cita al senador priista por Baja California Fernando Castro, quien señaló que “diariamente se introducen al país 2 mil armas de grueso calibre”, y añade que ello implica un acumulado anual de 730 mil armas, “lo cual rebasa con mucho la capacidad de registro, aseguramiento y detención de las autoridades mexicanas”.
El documento hace notar que durante su campaña electoral, el presidente estadunidense Barack Obama se comprometió a “hacer un esfuerzo serio para interrumpir el tráfico de armas y el lavado de dinero que desde Estados Unidos provee a los cárteles mexicanos con armas y fondos”.
Menciona que en enero de 2008 la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) puso en marcha el Proyecto Corredor de Armas (Gunrunner), con el que se asignaron 35 agentes nuevos y 15 investigadores de campo a lo largo de la frontera con México. Esta área es donde se llevó a cabo la operación Fast and furious, que propició la entrada ilegal de casi 2 mil armas de Estados Unidos a México.
Respecto de los informes de la PGR usados por la comisión especial, esa dependencia y la Sedena, con “la asistencia jurídica de autoridades de justicia de Estados Unidos”, revelan que la forma de operar “de los traficantes de armas es comprarlas a ciudadanos americanos o residentes legales a cambio de una cantidad de dinero”.
“Así los traficantes median entre el interesado y el vendedor autorizado de armas para introducirlas a nuestro país, tanto por los 19 cruces de pasos formales que existen (es decir las aduanas) como por los incontables cruces informales a lo largo de los 3 mil
Destaca por ejemplo que en Chihuahua hay cuatro aduanas y “300 brechas que cruzan la frontera entre Ojinaga y Ciudad Juárez”.
Y mientras la PGR sostiene que las armas pasan escondidas en autos –en las llantas de refacción, respaldos de los asientos, oquedades en las carrocerías– la comisión confirmó que las aduanas (pese a tener equipo para medir y pesar los vehículos al momento del cruce justamente para detectar si traen contrabando oculto en su estructura) nunca han detectado nada. Por lo menos no lo informó a los legisladores que hicieron los recorridos.
En los documentos de la PGR destaca la importancia del trabajo de la ATF en la detección del tráfico de armas para los cárteles mexicanos y pone como ejemplo la detención en 2008 de Víctor Varela, quien declaró que “se dedicaba a abastecer de armas a la organización criminal de los Carrillo Fuentes”.
Se aclara también que “las organizaciones que se dedican al narcotráfico no controlan el contrabando de armas de fuego; su red de distribución contacta a personas que compran armas”. En la frontera de Estados Unidos con México hay al menos 12 mil armerías.
Para todos los gustos
El costo de las armas en el mercado negro va de
De
Según el reporte de la PGR, por el aseguramiento de armas con más “versatilidad, potencialidad lesiva, alcance, penetración y volumen de fuego”, el cártel del Golfo y Los Zetas son las organizaciones más violentas.
“Destacan los cohetes antitanque de los tipos M72 y AT-4, lanzacohetes RPG-7, lanzagranadas MGL calibre
La PGR considera al cártel de los Arellano Félix como usuario de armas de fuego “convencionales”: se les han decomisado en menor proporción “algunos fusiles Barrett, lanzacohetes y subametralladoras FN Herstal
Al cártel del Pacífico la PGR le ha decomisado armas cortas y fusiles de asalto con características convencionales y excepcionalmente lanzagranadas y granadas de
Bajo presión
De acuerdo con el reporte especial de la Secretaría de la Defensa (Sedena) que Proceso dio a conocer (número 1791), entre otros elementos para acabar con el crimen organizado se necesita modernizar las 49 aduanas del país. Esa era la pretensión de la comisión especial, pero las presiones que recibió alejaron cada vez más ese objetivo.
Hernández Rodríguez recuerda que al inicio de los trabajos “descubrimos que en Puerta México (un programa para detectar contrabando) no había cámaras; o sea, no había rayos gamma en algunas aduanas”.
Se hicieron recorridos en 18 de las 49 aduanas: “Estábamos haciendo un diagnóstico en sitio, pero las aduanas son un esquema muy cerrado… y las propias autoridades generaban condiciones adversas en un asunto de sincronía perfecta”, detalla.
Revela que se detectaron irregularidades y se denunciaron “algunas cosas”, las cuales no detalló por tratarse de documentos confidenciales.
Acepta que durante este primer año se han recibido presiones –que prefiere no especificar– y sucedieron, dijo, “porque se tocan callos… hablar del tema de aduanas es más complicado de lo que creemos”.
Dijo que en los recorridos se constató que “sí pasan cosas” y recuerda por ejemplo que en la aduana de Talismán, Chiapas, hay incluso una tirolesa a un costado del puente: es un cable que viene de Guatemala a México y por ahí “avientan la mercancía, a un costado del puente de la aduana”, o se puede ver en el Suchiate cómo los lancheros pasan mercancía “todos los días y nadie pone orden”.
Sostiene que el tráfico de armas ha sumido al país en una violencia insostenible e intolerable: “Esto pasa por las aduanas y del otro lado está el asunto de las drogas, que es una red de complicidades en todos los niveles”. Comenta que los diputados han ido al campo, a las aduanas, “el asunto es que hay intereses en todos los niveles, en todos los sectores… es muy complicado”.
El asunto de las armas, añade, es grave porque pasan por Ciudad Juárez, por Talismán, “por donde quieras”, y eso arma a la delincuencia generando la violencia que hoy estamos viviendo.
El trabajo de la comisión tenía como finalidad hacer una reingeniería de las aduanas, “pero tuvimos 20 mil trabas”. Un ejemplo es lo que se relata en los documentos de la comisión, donde el diputado Héctor Pedroza Jiménez dice que al acudir a la del aeropuerto de la Ciudad de México “no se nos permitió entrar… ¿Qué esconden que no se nos permitió el ingreso? Quieren retrasar nuestro trabajo porque las aduanas son una corrupción total, un cochinero”. l
Historia de un fracaso vergonzoso
John Solomon, David Heath y Gordon Witkin
El jueves 3, mientras se reunían en Washington los presidentes Barack Obama y Felipe Calderón, The Center for Public Integrity (CPI), una organización no partidista y sin fines de lucro, publicó un reportaje que revela detalles de la operación Rápido y furioso, mediante la cual se permitió e incluso alentó la libre venta de armas de fuego, a sabiendas de que éstas caerían en manos de narcotraficantes mexicanos. La operación, sujeta a investigación en Estados Unidos, ha provocado una guerra de declaraciones entre ambos países. Con autorización del CPI, Proceso reproduce párrafos sustanciales del reportaje.
Con la esperanza de someter a juicio a un mayor número de capos mexicanos del narcotráfico, fiscales federales y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) dejaron que cientos de armas fueran adquiridas y retenidas por presuntos testaferros, con la intención de que pudieran cruzar la frontera e inclusive ser utilizadas en acciones criminales para poder construir el caso judicial, según revelan documentos y entrevistas.
De acuerdo con memorandos internos de la agencia, la decisión –parte de una operación con sede en Phoenix bajo el nombre codificado de Rápido y furioso– se enfrentó a fuertes objeciones de agentes de primera línea, quienes tenían temor de que se estuviera permitiendo que armas como AK-47 cayeran en manos de capos del narcotráfico y contrabandistas. Efectivamente, muy pronto llegaron referencias de las armas vinculadas con actividades criminales.
John Dodson, uno de los agentes objetores, de 39 años, advirtió al Centro para la Integridad Pública (CPI, por sus siglas en inglés) que esas armas “van a aparecer por decenios en crímenes cometidos en ambos lados de la frontera”. En entrevista, Dodson dijo que “con el número de armas que dejamos ir, nunca sabremos cuántas personas fueron asesinadas, violadas, asaltadas… no hay nada que podamos hacer para recuperarlas. Están perdidas”.
Después de que sus preocupaciones fueran desechadas por sus supervisores, e inicialmente ignoradas por el Departamento de Justicia, Dodson llevó sus dudas al Comité Judicial del Senado como denunciante interno.
Charles Grassley, el senador republicano de más alto nivel dentro de ese comité y quien encabeza una investigación de las acciones de la ATF, dijo que es momento de “dar un paso atrás” y examinar esta política. Dos de las armas involucradas en esta dudosa operación aparecieron en la escena donde fue asesinado un agente estadunidense.
Cambio de estrategia
Dodson dijo al CPI que él y varios de sus colegas querían interceptar algunas de estas armas, pero que sus objeciones fueron repetidamente descalificadas por los supervisores de ATF. Éstos les indicaron que simplemente registraran las adquisiciones dudosas en una base de datos, las etiquetaran como “sospechosas” y monitorearan a los presuntos contrabandistas de armas hasta que se reunieran evidencias de sus conexiones con los jefes del narcotráfico mexicano.
Las tácticas empleadas en la operación Rápido y furioso fueron parte de un proceso de cambio en la dirección estratégica de la investigación sobre armas de fuego, explicaron al CPI agentes de la ATF.
Mark Chait, director adjunto de la ATF a cargo de las operaciones sobre el terreno, dijo al CPI que él personalmente decidió cambiar la estrategia en septiembre de 2010, después de años de inútiles esfuerzos por interceptar armas de contrabandistas de poca monta, con escasa esperanza de desmantelar organizaciones importantes del narcotráfico en México. El enfoque previo de la agencia sobre los intermediarios o testaferros fue criticado el otoño pasado en un reporte del inspector general del Departamento de Justicia acerca de los operativos de la ATF en la frontera, conocido como Project Gunrunner.
Chait consideró que ésta no era una política errónea. “Creo que tenemos una buena estrategia que, pienso, necesita ser revisada. Precisamente ahora le estamos echando un ojo, para ver si requiere ser ajustada de alguna manera”, dijo.
La investigación sobre Rápido y furioso se inició en octubre de 2009, 11 meses antes del cambio oficial de política de Chait.
Con la bendición directa de las oficinas centrales de ATF en Washington y la supervisión de la oficina de la Procuraduría de Estados Unidos en Phoenix, una fuerza especial de ataque de ATF, conocida como Grupo VII, obtuvo autorización para permitir que armerías con licencia federal continuaran vendiendo armas a intermediarios ya vinculados con una presunta operación mexicana de contrabando de armamento.
Agentes de la ATF le dijeron al CPI que durante los 15 meses que duró la operación, su agencia permitió que alrededor de mil 765 armas de fuego pasaran de las armerías a los intermediarios que se consideraba que eran cómplices del circuito de contrabando de armas. Otras 233 armas fueron compradas por sospechosos antes de que se iniciara la operación de ATF, elevando su número a mil 998.
De todas éstas, 797 fueron recuperadas después de usadas en actividades criminales en ambos lados de la frontera –incluyendo 195 dentro de territorio mexicano–, informaron los agentes al CPI.
Los riesgos
El riesgo de que las armas acabaran siendo utilizadas en crímenes era ampliamente comprendido, según demuestran los memorandos.
Un sumario del caso enviado a las oficinas centrales de ATF daba cuenta de “armas recuperadas en la República Mexicana o cerca de la frontera entre Estados Unidos y México”.
“La ATF no sólo intenta asegurar el caso (judicial) contra varios individuos por adquisición y/o tráfico de armas de fuego sin licencia, sino más específicamente lograr la conexión mayor con los cárteles mexicanos que trafican drogas y que obtienen estas armas con el propósito de tener el mejor caso posible y obtener los cargos más severos cuando llegue el momento de llevarlos a juicio”, indica el memorándum.
Dodson relató que sus supervisores parecían satisfechos cuando alguna de las armas que habían dejado “perderse” reaparecía en algún crimen en México. Estaban “eufóricos cada vez que se recuperaba un arma en ese país”, porque según ellos “probaba el nexo de que estábamos tratando con un grupo de verdaderos narcotraficantes”.
Pero la investigación se alargó durante 15 meses, en parte porque – según muestran los documentos– el Departamento de Justicia se tardó en autorizar escuchas telefónicas y realizar juicios.
Memorandos internos de la agencia revelan que los supervisores de ATF estaban frustrados por la tardanza, pero permitieron que los intermediarios y presuntos traficantes de armas siguieran moviendo cargamentos, inclusive de cientos de armas al mes.
Un memorándum del jefe de la fuerza de ataque dirigido al Departamento de Justicia, fechado el 2 de abril de 2010, reveló que la ATF observó cómo sujetos identificados como sospechosos adquirieron en Estados Unidos 359 armas, tan sólo en marzo de 2010. El sumario del caso enviado a las oficinas centrales de ATF en el verano de ese año indicaba una cifra más numerosa.
Anotaciones en los archivos del caso revisados por el CPI muestran que la ATF recibió varios reportes de “indicios” de armas que habían dejado pasar a manos de intermediarios y que reaparecían asociadas a hechos criminales en México o en el lado estadunidense de la frontera.
Dodson, quien dijo al CPI que esperaba ser despedido por hacer las denuncias, aseguró que cuatro de los siete agentes de la fuerza de ataque tenían serias reservas sobre lo que se les ordenaba hacer. Los otros tres, admitió, apoyaban la estrategia. El mayor temor de Dodson era que algunas de estas armas pudieran llegar a ser utilizadas contra los encargados de aplicar la ley.
Su temor pronto se hizo realidad…
La muerte de Terry
En mayo de 2010, un agente fronterizo de Protección y Aduanas enfrentó a una banda armada del lado estadunidense de la frontera. Los sospechosos huyeron, pero algunas de las armas que abandonaron en su huída fueron identificadas como armas adquiridas por uno de los sospechosos a quien la operación Rápido y furioso daba seguimiento, dijo Dodson.
“Esta puede ser una política bien intencionada, pero cuando tienes a agentes sobre el terreno cuestionándose por meses qué está pasando, y a un agente de la Patrulla Fronteriza que ha sido asesinado, entonces es momento de detenerse y analizar si la política no ha resultado mal”, comentó Grassley al CPI.
En una declaración del jueves 3, la ATF afirmó que ninguna de las armas recuperadas en la escena del crimen parece ser la que mató a Terry, y que tal vez simplemente fueron abandonadas por los criminales. “Hasta este momento no tenemos conocimiento de ninguna evidencia forense que relacione estas armas con el homicidio”, aseguró la agencia.
El senador dijo que su comité se entrevistó con numerosos agentes de la ATF, incluido Dodson, quienes se presentaron para manifestar sus preocupaciones sobre la operación y el potencial peligro del enfoque de la agencia.
Dodson contó que después de que los supervisores rechazaron las preocupaciones de los agentes, presentó tanto por internet como por teléfono una denuncia interna al inspector general de Justicia, pero nunca fue contactado. Entonces se acercó a Grassley, manteniendo siempre al tanto de su actividad como denunciante a su actual supervisor en una fuerza de tareas antiterrorista. Al final, y después de que el senador intervino, el inspector general contactó a Dodson.
A los agentes que estaban en desacuerdo con la estrategia los supervisores de la ATF les dijeron: “si vas a hacer un omelette, antes tienes que batir algunos huevos”, recordó Dodson. “Esa era la actitud y yo entendí que, sin importar en qué tipo de crímenes pudieran involucrarse estas armas, esos eran los huevos y eran aceptables”.
Memorandos internos de la agencia muestran que los supervisores desestimaron las objeciones de los agentes del Grupo VII de la fuerza de ataque, insistiendo en que el costo para obtener la autorización de desplegar una red de escuchas telefónicas y, finalmente, llegar hasta un grupo importante de traficantes de armas o drogas en México, bien ameritaba los riesgos. Había inclusive comentarios interpretados por los agentes como amenazas veladas de que podían perder sus empleos si no se alineaban.
“Este es un momento en el que todos necesitamos jalar hacia el mismo lado, no hacia lados diferentes”, escribió en marzo de 2010 David J. Voth, supervisor del Grupo VII, a su equipo de ataque, y reconocía que “un cisma podría estarse desarrollando dentro del grupo”.
“Percepción de urgencia”
La operación, sin embargo, resultó ser todo menos rápida y furiosa.
Hacia la primavera de 2010, conforme crecía el número de armas que la AFT dejaba pasar, Voth hizo un llamado de cierta “urgencia” al Departamento de Justicia.
En un correo electrónico enviado el 2 de abril de
Nueve meses más tarde, Rápido y furioso finalmente arrojó algunos frutos.
El 25 de enero de 2011 –15 meses después de que la operación fue lanzada y uno después de la muerte del agente estadunidense en la frontera–, Jaime Ávila, el primer sospechoso mencionado por la fuerza de ataque en los archivos del caso fue acusado junto con 19 presuntos cómplices en Arizona. La acusación de 53 cargos incluía 35 por hacer declaraciones falsas en relación con la adquisición de armas de fuego. Ávila se declaró inocente.
Los registros del caso muestran que supervisores de la ATF y abogados de la oficina de la procuraduría federal se reunieron con algunos comerciantes de armas para discutir su “papel” en la operación, en una ocasión por lo menos, en una fecha tan lejana como diciembre de 2009.
Las preocupaciones sobre la estrategia de la ATF se extendieron inclusive más allá de su oficina en Phoenix.
La oficina del senador Grassley dijo que reunió evidencias y testimonios de que Darren Gil, el entonces agregado de la ATF en la Ciudad de México, también objetó la estrategia de Rápido y furioso. Le preocupaba que pudiera ser vista por el gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, como una medida equivocada que sólo armaría a los capos del narcotráfico para provocar más violencia.
El agregado, reveló Grassley, hizo llegar sus objeciones hasta las oficinas centrales de la ATF, pero se le informó que los supervisores de la agencia ya estaban al tanto de la operación. Gil fue finalmente removido de su cargo y se retiró del servicio activo. Se planea que quien lo suceda sea William Newell, el agente especial a cargo en Phoenix durante la operación, dijeron funcionarios de la ATF. l
Un enviado “rápido y furioso”
Homero Campa
William Newell será el representante de la ATF en México y ya tiene el beneplácito del gobierno federal. El problema es que este personaje está implicado en el escándalo de Rápido y furioso (el operativo de trasiego de armas a México) del que se habría negado a informar a las autoridades mexicanas. Newell sustituirá a Darren Gil, quien fue removido del puesto a finales del año pasado y quien abogaba por informar de las acciones encubiertas.
A finales de enero, el gobierno de Barack Obama comunicó al de Felipe Calderón que había designado a William Newell agregado de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en la Ciudad de México.
El anuncio fue bien recibido por el gobierno mexicano: Newell se graduó en justicia criminal y estudios latinoamericanos, habla español con fluidez y, sobre todo, conoce el tema del tráfico de armas hacia México. Hasta antes de su nombramiento era el agente especial encargado de la ATF en Phoenix, Arizona, donde abundan las tiendas que venden armas a intermediarios de los cárteles mexicanos de la droga.
Pero Newell se vio implicado en el escándalo de la operación Rápido y furioso: fue uno de los responsables de aplicarla y se opuso a informar de ella a las autoridades mexicanas, según afirma Mike Vanderboegh, un “activista de la Segunda Enmienda y crítico de la ATF” que dice haberse dedicado durante 15 años a seguir las actividades de esa agencia.
El 3 de febrero, Vanderboegh envió una carta a Salvador de Lara, cónsul de México en Atlanta, en la que resume las características de dicha operación y señala que “era inevitable que una o más armas que transitaron al sur sin notificar a las autoridades pertinentes de su gobierno terminarían en manos de criminales”.
Vanderboegh dice que Newell ocultó los detalles de la operación a Darren Gil, entonces agregado de la ATF en la Ciudad de México, quien sin embargo se enteró por medio de otros agentes “de lo que estaba ocurriendo”, por lo que “tuvo una confrontación con Newell sobre si el gobierno mexicano debía ser notificado”.
Según Vanderboegh, “Newell insistió en que no habría ninguna notificación a las autoridades mexicanas”, por lo que Gil contactó a sus superiores en Washington, quienes respaldaron la posición de Newell.
“En una reunión que incluía a Lanny Breuer, asistente del procurador general para la División Criminal del Departamento de Justicia, al subdirector Kenneth Melson de la ATF y varios subordinados, se decidió mantener al gobierno de México en la oscuridad”, escribió Vanderboegh en su carta.
Señala que Gil “fue forzado a retirarse y así lo hizo el 31 de diciembre”.
Consultadas por este semanario, fuentes del gobierno de México confirmaron que Gil se marchó abruptamente del país en el verano pasado sin que la embajada de Estados Unidos ofreciera explicación alguna. Gil “ni siquiera se despidió”, dijo una de las fuentes.
Grilla interna
El pasado 23 de febrero, la cadena CBS informó que los individuos que mataron en diciembre pasado al agente de la patrulla fronteriza Brian Terry utilizaron un rifle de asalto adquirido en Arizona. Cuando los investigadores rastrearon el arma descubrieron que fue comprada en una tienda cuyos propietarios fueron “instados” por la ATF a vender a personas “sospechosas” de ser intermediarios de cárteles mexicanos de la droga. CBS fue el primer medio estadunidense con cobertura nacional en difundir el tema.
El 3 de marzo –cuando los presidentes Calderón y Obama se reunían en Washington–, CBS y la organización The Center for Public Integrity ofrecieron detalles del operativo Rápido y furioso… y se desató el escándalo.
Sin embargo la primera denuncia apareció a mediados de diciembre pasado en CleanUpATF.org, un portal en internet que, según sus creadores, es alimentado por “miembros de la comunidad de la ATF que intentan promover la restauración de la integridad, rendición de cuentas y responsabilidad de los líderes” de la agencia.
En ese portal, un “agente disidente” indignado por la muerte de Terry destapó las características del plan Gunrunner y de una de sus operaciones: Rápido y furioso.
El tema de Rápido y furioso fue retomado por otro portal, americanthinker.org, y por dos “activistas de la Segunda Enmienda”: David Codrea y Mike Vanderboegh, quienes lo difundieron en sus blogs: Sipsey Steet Irregulars.com y examiner.com
“Esta fue la primera mención del escándalo Rápido y furioso en los medios alternativos estadunidenses”, dice Vanderboegh en un correo electrónico enviado a este semanario. Cuenta que él y Codrea ayudaron a “agentes disidentes” a hacer contacto con los senadores Jeff Sessions, de Alabama, y Charles Grassley, de Iowa. Éste último, miembro del Comité de Justicia del Senado, encabeza las críticas contra la operación Rápido y furioso.
En general quienes participan en estos sitios en internet son ultraconservadores. De entrada se definen como patriotas y defienden el derecho a adquirir armas establecido en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
¿Por qué denuncian el proyecto Rápido y furioso? Según fuentes del gobierno mexicano, detrás de estas denuncias se encuentran grupos conservadores que desean debilitar a la ATF, que aboga por imponer mayores controles a la venta de armas.
Y sí. El jueves 10, la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) envió una carta al Capitolio en la que dice que el reciente escándalo protagonizado por la ATF muestra que Estados Unidos no debe aplicar una nueva regla para obligar a las armerías de la frontera con México a reportar ventas múltiples de rifles de asalto.
Desde la lógica de la NRA, esta nueva regla “saturaría a la ATF todavía con más reportes de ventas legales al tiempo que impulsa a que los traficantes criminales se vuelvan aún más subterráneos”.
Aclaraciones
Destapado el escándalo, el presidente Felipe Calderón –quien públicamente se quejó del embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, por los informes que éste envió a Washington y que posteriormente difundió WikiLeaks– guardó silencio.
La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió el sábado 5 un comunicado en el que dice que solicitó “información detallada” del operativo a las autoridades estadunidenses.
El jueves 10, durante una audiencia en el Subcomité de Apropiaciones del Senado estadunidense, el procurador general Eric Holder dijo que “la misión de la ATF es detener el flujo de armas hacia México”.
Y agregó: “Es cierto, ha habido preocupaciones. Tomo esos alegatos muy seriamente y es por eso que he solicitado al inspector general un informe al respecto. Dejar que las armas ‘caminen’ no es aceptable (…) Y he dejado esto en claro a los fiscales y a los agentes a cargo de la ATF”.
Ese día la embajada de Estados Unidos envío la versión estenográfica de lo dicho por Holder junto con “información adicional de fondo”.
La embajada sostiene que Rápido y furioso fue una de muchas operaciones contra el tráfico de armas llevada a cabo en territorio estadunidense. Fue una operación exitosa que desmanteló una banda de traficantes y llevó, entre otras cosas, a las acusaciones formales anunciadas el 25 de enero de 2011 en Phoenix, Arizona, contra 20 individuos que presuntamente traficaban armas de fuego de Estados Unidos a México”.
Y añade: “Oficiales estadunidenses de procuración de justicia mantuvieron informados a funcionarios mexicanos a cargo de combatir el contrabando según se ponían en práctica las operaciones hasta el 25 de enero, cuando 19 de los 20 acusados fueron arrestados. Agentes mexicanos estuvieron presentes durante los arrestos del 25 de enero en Phoenix”.
Un día después –viernes 11–, la Procuraduría General de la República replicó: “El gobierno de México no ha tenido conocimiento de la existencia de un operativo que incluyera el trasiego o tráfico de armas a territorio mexicano”. Y en referencia al operativo Rápido y furioso señaló que “la coordinación fue para el desahogo de diligencias sobre detenciones de presuntos traficantes en Estados Unidos y para el acceso a interrogatorios”.
Unas horas más tarde, la embajada de Estados Unidos envió a las redacciones de los medios mexicanos una “aclaración” en la que sostuvo que “no hay contradicción entre el comunicado del gobierno mexicano y la información proporcionada por Estados Unidos” respecto a la operación Rápido y furioso.
Reconoció que las “sesiones informativas que tuvieron lugar entre oficiales de la ley de Estados Unidos y de México se concentraron en operaciones en territorio estadunidense para desbaratar operaciones de tráfico de armas”.
Y añadió: “La supuesta transferencia de armas a territorio mexicano es, en estos momentos, sólo un alegato”.
Consultado por Proceso, un importante exfuncionario del gobierno de Estados Unidos que estuvo a cargo de estrategias internacionales de combate al crimen organizado, aseguró que cuando se lleva a cabo una operación encubierta en México “siempre hay un enlace” con el gobierno de este país.
Se trata dijo, de uno o más funcionarios que actúan como “canales de información” con el propósito de “coordinar la logística”.
–¿Este enlace es siempre un funcionario o funcionarios del gobierno de México? –se le pregunta.
–El gobierno mexicano siempre se ha destacado por la defensa pública de su soberanía y territorialidad. Y aun en las operaciones encubiertas que se han realizado con éxito –que han sido muchas, aunque no se hagan públicas–, siempre se cuida el detalle de informar a las autoridades sobre la extraterritorialidad de la operación. Sí, el enlace es siempre un funcionario del gobierno. (Con información de Jesús Esquivel.)
Uso electoral de la Sedesol
Marcela Turati
El mensaje de Felipe Calderón sobre la posibilidad de que el PAN apoye a un candidato presidencial que no necesariamente milite en ese partido provocó revuelo entre los aspirantes que ya se lanzaron al ruedo. Sin embargo, uno de ellos se sintió aludido: es el titular de la Sedesol, Heriberto Félix Guerra, quien desde antes del buscapiés presidencial ya había alistado en sus dominios una plataforma electoral consistente en apartar 30% de los programas para sus proyectos y en promoverse en las redes sociales.
Antes de que Felipe Calderón abriera la puerta del PAN a un “candidato ciudadano” para la Presidencia de la República y del autodestape del secretario Heriberto Félix Guerra, éste ya había realizado cambios en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para usar a la dependencia como plataforma para su campaña.
Proceso reportó que el presidente Calderón y su esposa le rentan a este funcionario la casa 9 de la Privada de Cóndor 231, colonia Las Águilas, en la Ciudad de México, dato confirmado por la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República. La relación va más allá, pues la esposa de Félix Guerra, Lorena Clouthier Carrillo, coordina la Red del Voluntariado del DIF, en tanto que la esposa del presidente encabeza el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y el Consejo Ciudadano Consultivo del DIF (Proceso 1741).
Por ahora, las ambiciones políticas del amigo e inquilino del presidente tienen paralizada a la Sedesol. Mientras los técnicos calculan la fórmula de asignaciones de recursos para cada rubro, los programas permanecen inmóviles. Las delegaciones estatales están en pleno relevo de mandos, en el que parece que el perfil requerido de los nuevos delegados es la experiencia en operación de campañas. Félix Guerra contrató como subsecretario a un experto en uso de redes sociales para marketing político. Además, un grupo de funcionarios se dedica a twittear y difundir su trabajo en esas redes como si constituyeran el equipo de un candidato.
En un boletín interno de la Sedesol se exige a los directivos de programas que aparten 30% de los clasificados en el Ramo 20 para los “proyectos específicos” del secretario. La orden, divulgada dentro de la dependencia a través del oficio con folio SSPPE.600/025/11, fechado el 23 de febrero de 2011, dice textualmente:
“(Se) informa que la asignación, compromiso y difusión de los recursos a ejercer en las entidades federativas en el 2011 deberá hacerse previa autorización del C. Secretario o de quien para esos efectos designe. Asimismo, me refiero a las reuniones de planeación que durante el mes de enero y principios del mes de febrero cada uno de los titulares de los programas sostuvo con el C. Secretario o funcionarios designados, con el propósito de definir los términos en que debía realizarse la distribución de los recursos del programa, especialmente los techos a distribuir a las Entidades Federativas (…) En todo momento, tal como se acordó en las reuniones antes señaladas, las Unidades Responsables de Programas deberán asegurar el destino de al menos 30% de los recursos para estimular el impacto de los programas de desarrollo social a través de proyectos específicos.”
El oficio –del cual Proceso tiene copia– está firmado por el recién estrenado subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Sedesol, el sonorense experto en marketing político Marco Antonio Paz Pellat, que lo dirigió a “los directores generales de las entidades sectorizadas, jefes de unidad y directores generales de las unidades administrativas responsables de programas sociales del Ramo
Ese documento se envió con copia al secretario, a los subsecretarios, a los jefes de las unidades de Desarrollo Regional, de Coordinación de Delegaciones y del abogado general, así como al encargado de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales, con la advertencia: “Debo recordarles que cualquier omisión o incumplimiento de lo antes señalado, será responsabilidad de los titulares de los programas, en su respectivo ámbito de competencia”.
Los recursos para los “proyectos específicos” del secretario provendrán del Programa de Rescate de Espacios Públicos, el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, Hábitat, Estancias Infantiles, Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (Paimef), Programa de Apoyo para Regularizar Asentamientos Humanos (Pasprah), Opciones Productivas, Tu Casa, Vivienda Rural y Coinversión Social.
Llama la atención que cuando los diputados acordaron el Presupuesto Federal de Egresos, en la Sedesol no les mencionaron los “proyectos específicos” del secretario.
“Desconozco a qué se refiere. Pero aunque quiera meter mano a los recursos, no puede porque son padrones específicos, reglas de operación; muchos programas son convenios del estado o de los municipios, sólo se puede desviar de programas como Hábitat o Zonas Prioritarias, que no tienen padrones”, dice a Proceso el diputado priista Carlos Flores Rico, de la Comisión de Desarrollo Social.
Los directivos de áreas y operadores de programas de la Sedesol consultados señalan que las reuniones a las que alude el comunicado nunca se llevaron a cabo y que sólo recibieron la orden de que “apartaran” una tercera parte de recursos para los proyectos del secretario.
Varios se dicen asustados porque los recursos prácticamente ya están comprometidos para el funcionamiento tradicional de los programas. Algunos pidieron cambios de sus puestos o fueron removidos (uno de los sacrificados fue Germán Palafox, el jefe de la Unidad de Microrregiones). La mayoría guardó silencio: “¿Quién se va a oponer al secretario, si sabemos que vive en casa de Felipe Calderón?”, dice uno de estos funcionarios.
De hecho presiones similares y presunto uso indebido de recursos públicos por parte de la cúpula de Sedesol contra los beneficiaros de programas sociales y trabajadores de la secretaría fueron denunciados en junio de 2010 en el marco de los procesos electorales que se efectuaron ese año en diversos estados, entre ellos Oaxaca y Veracruz.
Un grupo de legisladores federales del PRI interpuso entonces una demanda ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) contra el secretario de Desarrollo Social y otros funcionarios de la dependencia. Los priistas argumentaron que estos servidores públicos intervinieron en dichos procesos para favorecer a los candidatos del PAN.
Parálisis social
Hasta el jueves 10, la Sedesol registra una parálisis. Según se puede ver en su portal electrónico, a estas fechas no hay una sola licitación en Compranet o una meta de trabajo anunciada. La única convocatoria publicada es para financiar a organizaciones a través del programa de Coinversión Social.
“Los directores generales de programas y delegados debían haber anunciado los montos que iban a manejar y las metas (cuántos beneficiarios, pisos, viviendas, estancias infantiles y viejitos iban a atender), y ya debía haber acuerdos de coordinación con los estados y convenios con los presidentes municipales, pero no hay nada. Todo está parado mientras están craneando los ‘ahorros’ para su campaña; están en la alquimia electoral”, dijo un funcionario de la dependencia que pidió el anonimato.
Otro comenta: “Con el condicionamiento de la tercera parte del presupuesto, este año se dedicará a poner puros pisos firmes, pero no quedará nada para obras de infraestructura municipal, como agua potable, drenajes o caminos, que son lo que la gente más quiere. No sé de dónde sacarán dinero programas como las Estancias Infantiles, que tienen los recursos comprometidos”.
En la dependencia se sabe que algunos recursos de los “proyectos específicos” de Félix Guerra serán manejados por organizaciones sociales que presuntamente realizarán trabajo de campo, diagnósticos y pagos que bien podrían hacer los empleados de la secretaría. Parte de ese presupuesto etiquetado se irá para un nuevo plan de “desarrollo comunitario”.
El oficio enviado por el subsecretario sonorense Paz Pellat evidencia la parálisis burocrática: “Se les solicita iniciar el proceso de asignación de los recursos a las Entidades Federativas (…) las fórmulas de distribución, memorias de cálculos, bases de datos y todos los elementos que se hayan utilizado para dichas distribuciones”.
La maquinaria electoral de la Sedesol parece aceitada. En tres semanas, Félix Guerra removió a los delegados en Hidalgo, Veracruz, Puebla y Nayarit, y dentro de la dependencia están anunciados los cambios de otros 17, entre ellos la de Tamaulipas.
Los delegados recién estrenados son expertos en operación política. En Nayarit, el nuevo rostro de la secretaría de los pobres es David Rivera Bernal, quien fue presidente estatal del PAN y diputado. En Puebla quedó el exdiputado local y exdirigente del comité municipal panista en Atlixco, Jorge Gutiérrez Ramos. En Veracruz, el aspirante a senador Abel Cuevas Melo, dos veces diputado federal, exoficial mayor de Gobernación y excoordinador de la agenda del presidente, también cercano a quien fue candidato panista a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes.
Los delegados que permanecen en sus cargos y tienen en su currículo puestos de regidores, diputados o senadores panistas son los de Baja California, Coahuila, Colima, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Querétaro.
Siempre pegado al PAN
Félix Guerra fue nombrado titular de la Sedesol el 9 de diciembre de 2009. Es licenciado en economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Está casado con Lorena Clouthier, la hija del excandidato presidencial panista Manuel Maquío Clouthier, con quien tiene seis hijos y con la que participaba en el Movimiento Familiar Cristiano, dando charlas a los nuevos matrimonios.
Nunca se afilió al PAN; siempre ha jugado sus cartas como candidato “ciudadano”. No obstante, en 2004 fue candidato panista a la gubernatura de Sinaloa, que perdió por 1 punto porcentual, y fue senador por ese partido.
Siempre se había desempeñado como empresario, aunque sus primeras empresas –especialmente una de escobas– no eran exitosas, según recuerdan sus conocidos. Durante el gobierno priista de Juan S. Millán fue secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa. Fue vicepresidente nacional de la Canacintra y luego participó en la campaña presidencial de Calderón como enlace con las organizaciones no gubernamentales. Del Senado saltó a subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, de donde lo llamaron para relevar a Ernesto Cordero.
Llevó a la Sedesol a algunos miembros de su equipo en la subsecretaría Pyme, donde se encargaba de asignar recursos –manejados a través de organizaciones intermediarias como la “Fundación E”– para incubar empresas en los estados.
Actualmente es dueño de la cadena de comida japonesa Sushi Factory, con filiales en cinco estados, y en asociación con otros empresarios de las cadenas de restaurantes Salads y resistoles Pegadura.
En el tiempo que lleva como secretario le ha tocado lidiar con la peor inundación de Veracruz, el año pasado, donde mostró ser buen operador político porque hasta regresó con una guitarra que le regaló el gobernador priista Fidel Herrera. Posteriormente fue comisionado a San Martín Texmelucan para atender a los damnificados de la explosión de Pemex en ese municipio poblano, pero la paraestatal tomó el control de la crisis y él sólo dejó el dinero para el Programa de Empleo Temporal.
Posteriormente fue enviado por el presidente a atenuar los efectos de las heladas en Sonora y Sinaloa, donde llamó la atención el hecho de que si bien le correspondía a la Sagarpa atender la pérdida de siembras, Félix Guerra anunció los apoyos para resiembras y del Procampo.
El año pasado, el mismo funcionario coordinó el programa de reconstrucción Todos somos Juárez, que no satisfizo a las organizaciones sociales de la ciudad, las cuales acusaron a la Sedesol de comportarse como contratista de obras de infraestructura en vez de impulsar estrategias de desarrollo social y fortalecimiento del tejido comunitario. El monto de los recursos manejados y los datos sobre los constructores y consultores beneficiados con los contratos se mantienen como confidenciales porque la dependencia los reservó argumentando “asuntos de seguridad”.
La primera gira que realizó este año Félix Guerra fue a Sinaloa, su estado natal. Duró tres días. Entregó viviendas, anunció becas, se reunió con empresarios, inauguró aulas, dio las primeras paladas para la puesta de piso firme en viviendas, entregó apoyos de Oportunidades, acudió a una verbena familiar en un parque en reconstrucción y colocó la primera piedra de un hotel. Lo más parecido a un arranque de su campaña.
Recursos a escrutinio
El pasado 9 de marzo, cuando Félix Guerra compareció ante la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, los legisladores le reclamaron que “guardó” 3 mil millones de pesos asignados a la Sedesol el año pasado, con los que pudo atenderse a 600 mil familias pobres. Él respondió que ese dinero correspondió a “ahorros” administrativos.
La explicación no satisfizo a los diputados, que exigieron un informe detallado del subejercicio. El priista Hugo Héctor Martínez comenta: “No nos fue satisfactoria su respuesta porque él nos habló de ahorros y nosotros hablamos de que se dejó de atender a 600 mil familias justo ahora, cuando el Coneval informó que hay 6 millones de pobres más en esta administración. No sabemos por qué hay opacidad en el uso de los recursos, vamos a juntarnos con él para que nos explique exactamente en qué consistió su ahorro”.
Al finalizar la comparecencia se le preguntó a Félix Guerra sobre sus aspiraciones políticas y respondió: “Yo no me corto las alas”. Esa frase fue considerada un autodestape.
Llama la atención que el diario Noroeste, dirigido por su cuñado Manuel Clouthier, ha publicado dos notas en las que, con base en encuestas nacionales de Consulta Mitosfsky, destaca que Félix Guerra se mantiene “en último lugar” entre siete presidenciables del PAN, y sigue a la baja.
“En noviembre de 2010 el porcentaje a favor de Félix entre panistas era de 1.9%, el cual se redujo a 1.1% para febrero de
Al salir de la cámara, al titular de la Sedesol se le preguntó por el llamado que Calderón hizo a consejeros del PAN el sábado anterior para pedirles que escogieran al mejor candidato, aunque no sea panista. Comentó:
“El presidente hizo una declaración incluyente, no excluyente. Es una declaración abierta, no cerrada, que convoca, no invoca. El PAN, desde su origen, desde sus objetivos, es un partido que está históricamente abierto a la sociedad civil, a las candidaturas ciudadanas.”
En la comparecencia enfatizó que los programas sociales están blindados para evitar su uso electoral en las campañas, y pidió vigilancia a quienes ejercen recursos estatales y federales: “El buen juez por su casa empieza y nadie puede pedir lo que no está dispuesto a dar”.
Esa misma frase fue twitteada por decenas de seguidores de “Heriberto”, que ya lo consideran su candidato “ciudadano”. Uno de sus promotores es el subsecretario Paz Pellat, autor de los libros Política 2.0: La reinvención ciudadana de la política y Redes sociales: La nueva oportunidad, que abordan el uso de redes sociales en política. El firmante del oficio del guardadito para “proyectos específicos” twittea frases como: Tenemos un solo país, el cual debe unirnos: Heriberto Félix, secretario de Sedesol; o Consolidar una política nacional de desarrollo social nos debe unir y no separar: Heriberto Félix, comparecencia con diputados, que reenvían sus simpatizantes, entre ellos funcionarios como Jorge Mitsunari Salazar, de la dirección de Vinculación Legislativa, quien escribe en su cuenta de Twitter: Hay quienes prefieren ser parte del problema, Nosotros decidimos SER PARTE DE LA SOLUCIÓN : Heriberto Félix, qué buena frase, me gustó. l
Arturo Montiel desnuda a Televisa
Norma Meraz
Cinco años después de haber declinado como precandidato del PRI para contender por la Presidencia de la República, quien fue gobernador del Estado de México revela los entretelones de ese hecho en el libro Arturo Montiel, desde Atlacomulco. Testimonio del exgobernador del Estado de México, escrito por la periodista Norma Meraz a partir de los testimonios del político priista. El exmandatario estatal sostiene que el presidente Fox y su esposa Marta Sahagún maniobraron para descarrilarlo mediante golpes mediáticos orquestados por Televisa en los espacios noticiosos de Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo Brozo. También acusa a Roberto Madrazo de espiarlo y de filtrar a los medios las informaciones acerca de su “riqueza inexplicable”. En la trama aparece un personaje inesperado: Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, que intentó reconciliar a Montiel y Madrazo. Con la autorización de la autora y de la editorial Temas de hoy, reproducimos fragmentos del libro que pronto estará en circulación.
¿Por qué abandoné la contienda? Soy político, pero sobre todo un ser humano. Lo que rige la vida no sólo es la búsqueda del poder, sino los afectos y los sentimientos. Por supuesto que deseaba ser candidato a la Presidencia, triunfar, ser presidente de la República, había trabajado toda mi vida para ello, era la culminación de mi carrera y el cumplimiento de un sueño que había nacido en Atlacomulco, como lo he relatado ampliamente en las partes anteriores. Había apostado por ser presidente de México, estaba preparado, con proyecto y visión de Estado, me sentía, además, heredero de la tradición política del Estado de México, del legado de Isidro Fabela, de Alfredo del Mazo Vélez, de Gustavo Baz y del maestro Carlos Hank; era mi momento y lo consideraba legítimo.
En octubre de 2005, regresando del estado de Michoacán y de una exitosa y tumultuosa reunión de apoyo a mi candidatura, mi secretaria, Blanca Ramírez, me informó que de nueva cuenta y durante todo el día había recibido llamadas telefónicas de personas que no se identificaban y que pedían hablar personalmente conmigo.
Eran las 11:30 de la noche cuando contesté una llamada de esas voces anónimas, una voz malsonante y bravucona que con majaderías me amenazó de muerte.
–Si no renuncias, atente a las consecuencias, no estamos jugando –me dijo.
Se me exigía renunciar, si no “se pondrían los muertos y no sólo de tu familia”. Y comenzó el acoso. Éste fue constante, media docena de llamadas diarias, a mis celulares privados, a mi oficina, a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, Pablo y Arturo, e incluso a amigos cercanos; amenazaron a Carlos Rello, Carlos Iriarte, Marco Antonio Nava y Navas y al maestro Lauro Rendón, entre otros.
Cuando tomé una de las llamadas los enfrenté, les pregunté quién los mandaba, les dije que no fueran cobardes y que sí me importaba lo que estaban haciendo. Sólo me contestaron:
–Comenzaremos con tu hijo, el más grande (Arturo)… ¡Tienes que renunciar ya!
Solicité protección para mi familia y hubo vigilancia día y noche: en casa de mis padres, de mis hijos y de mi esposa, pero en realidad estaba a merced de esos sicarios. Era imposible defender a todos o defenderme, terminarían por dañar a alguien. Le informé a Roberto Madrazo, pero él sólo se asombró y me dijo que “no lo podía creer”. No hizo ninguna declaración pública ni recibí ningún apoyo.
Estos enemigos ocultos dieron un golpe en los medios el 10 de octubre, en los programas noticiosos de Brozo (Víctor Trujillo) y Carlos Loret de Mola. Me acusaron de enriquecimiento inexplicable y de corrupción. Ahí fui juzgado y condenado sin mediar siquiera una presunción de inocencia. Vino entonces una persecución mediática en la que se exhibieron mi patrimonio “mal habido” y mostraban historias que a los medios y a ciertos periodistas les encanta distorsionar y hacer crecer. Era imposible vivir en un clima de amenazas y de cuchicheos, de voces bajas que nos colgaban, tanto a mi familia como a mí, el “San Benito” de la corrupción.
¿Qué podía hacer? Proteger a mi familia y mi honra.
En el programa televisivo del periodista Joaquín López Dóriga dije que me ponía a disposición de las autoridades estatales y federales para responder a las acusaciones de mis supuestos ilícitos. Me dediqué a defenderme durante cuatro años y medio, hasta la fecha.
Volviendo a mi renuncia, sigo pensando que las denuncias en los medios fueron orquestadas. ¿Por quién? Por Vicente Fox y su esposa, la señora Marta Sahagún. Estaban resentidos por las diferencias que se habían ido acumulando durante los años de su mandato: el malogrado Proyecto Nuevo Texcoco (Atenco), mi oposición a su reforma fiscal, el desplegado de los gobernadores contra Fox, mi liderazgo en la Conago, la denuncia judicial que el PRI estatal le hizo por hacer proselitismo en etapas electorales, etcétera.
Además, la pareja presidencial sabía que podía complicar la elección: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llevaba ventaja sobre Felipe Calderón; con mi presencia, la candidatura panista no tenía viabilidad. Yo podía derrotar a AMLO y a Felipe Calderón, Madrazo era un candidato “a modo”, con un PRI atomizado en feudos estatales y sin la confianza en las organizaciones populares.
Por estas razones, se filtró la información sobre mi supuesta corrupción y se aprovecharon de la ambición de Roberto Madrazo para canalizarlas. A través de sus empleados, Madrazo colocó en manos de los señores Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola la información de que yo había hecho depósitos irregulares por 35 millones de pesos y que contaba con una riqueza personal inexplicable.
Esas informaciones creo que provenían de dos lugares: la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda; venían de acusaciones hechas cuando fui candidato al gobierno del Estado de México; en ese entonces, afronté un juicio que gané a la Secretaría de Hacienda. Nunca pensé que “alguien” extrajera las actas de la secretaría tergiversando la realidad de los hechos. Esta circunstancia me hizo pensar que los documentos oficiales que salen de una dependencia pública como Hacienda debieron haber sido autorizados desde los más altos niveles del gobierno, como la Presidencia de la República. Por otra parte, existen grupos de monitoreo que procesan información que es usada o puede usarse como un instrumento para espiar a enemigos y adversarios políticos.
En La Jornada de Michoacán se difundió, el 13 de octubre de 2005, que Arnulfo Villegas era un hombre que había prestado sus servicios de espionaje a Roberto Madrazo en el tiempo en que fue gobernador de Tabasco, dirigente nacional del PRI y candidato presidencial. Según lo publicado, Villegas fue el que facilitó la información que después Madrazo filtró y que me orilló a retirarme de la contienda por la candidatura presidencial. También recibí fuertes presiones de personalidades de alto nivel político, de compañeros de partido que se prestaron al juego y, por supuesto, amenazas anónimas mediante las cuales me ponían un plazo de 24 horas para que renunciara a mis aspiraciones; me avisaron que si pasaban esas 24 horas y no declinaba, “me atuviera a las consecuencias”, lo cual significaba una virtual amenaza de muerte contra mi persona o mi familia.
Por una parte, el escándalo mediático me quitaba credibilidad y legitimidad ante la opinión pública; por otra, las amenazas de muerte intentaban quebrar mi voluntad política y desestabilizar mi equilibrio personal. Soltaron el golpe mediático el 10 de octubre, aunque tenía semanas recibiendo llamadas a mis diferentes teléfonos, fijos y celulares, de voces anónimas que buscaban amedrentarme, como lo he relatado. A casi cinco años de dichos acontecimientos, sigo sosteniendo que Roberto Madrazo tuvo una participación determinante en la creación de un ambiente de enrarecimiento y linchamiento en contra de mi persona, en momentos en que las principales casas encuestadoras me colocaban por encima de él, presentándome como la mejor opción para el triunfo del PRI en la elección presidencial.
Antes de declinar a mi precandidatura, Roberto Madrazo me invitó en reiteradas ocasiones a que nos reuniéramos a tratar futuros asuntos del partido; pero había que zanjar algunos desencuentros derivados de sus muchas veces postergada renuncia. El cambio de dirigencia se hizo fuera de contexto estatutario (31 de agosto de 2005), atropelladamente y con algunos desacuerdos de los integrantes de su comité ejecutivo; sin embargo, se logró conciliar.
Al respecto, propuse a Mariano Palacios Alcocer para sustituirlo en la dirigencia del partido. Finalmente se dio el relevo. Pero era necesario discutir las consecuencias de esos cambios. Después de mi renuncia, el 20 de octubre, Madrazo y yo nos reunimos; asistió acompañado por el presidente del CEN, Mariano Palacios Alcocer; el secretario general de la CNOP, Manlio Fabio Beltrones, y algunos de sus colaboradores, como Manuel Gurría Ordóñez, César Augusto Santiago y Carlos Armando Biebrich. En ese encuentro le manifesté la necesidad de incluir a todas las corrientes del partido en la campaña presidencial. Finalmente hubo compromisos firmados y no cumplidos, concretamente seis, que a continuación enumero:
• Primero, Arturo Montiel se sumaba a la candidatura de Roberto Madrazo, siempre y cuando se integrara la estructura y la fuerza político-electoral que tenía (Fuerza Mexiquense).
• Segundo, Madrazo se comprometía a impulsar el acuerdo del Consejo Político Nacional para que la presidencia interina del Comité Ejecutivo Nacional del PRI recayera en Arturo Montiel a partir de marzo de 2006.
• Tercero, Roberto Madrazo nombraría a Arturo Montiel coordinador general de su campaña presidencial.
• Cuarto, Roberto Madrazo se comprometía a impulsar el registro de Arturo Montiel en el primer lugar de las listas de candidatos a senadores por el principio de representación proporcional que registraría el PRI a efectos de integrar la LX Legislatura federal.
• Quinto, Roberto Madrazo se comprometía a impulsar la candidatura de diputados federales por el principio de mayoría relativa, propuestos por la expresión de Arturo Montiel en 33% de los 300 distritos electorales uninominales por el principio de mayoría relativa; 33% de los primeros 10 lugares en las listas de candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional de las cinco circunscripciones plurinominales; 33% de candidatos a senadores por el principio de mayoría relativa, y 33% de los 10 primeros lugares de la lista de candidatos a senadores por el principio de representación proporcional.
• Sexto, Roberto Madrazo se comprometía, si asumía la primera magistratura del país, a integrar en su gabinete legal a tres secretarios propuestos por la expresión de Arturo Montiel.
Estos acuerdos fueron firmados por Roberto Madrazo y Mariano Palacios Alcocer, presidente del CEN priista, teniendo como testigos a Manuel Gurría y Manuel Cadena. Como referí antes, ninguno de esos compromisos se cumplió. Los cinco primeros porque simplemente Madrazo incumplió, como es su costumbre; y el sexto, porque perdió catastróficamente las elecciones presidenciales, aunque estoy seguro de que tampoco lo habría cumplido. A pesar de que Mariano Palacios Alcocer no sólo atestiguó el acuerdo, sino que se comprometió a ser el garante de su “estricto” cumplimiento, no lo logró o no quiso hacerlo. En conclusión: no hubo un cumplimiento de los acuerdos y se marginó de la campaña presidencial a una gran parte de los liderazgos políticos y actores representativos del priismo nacional.
Roberto Madrazo ha sostenido que tuvo encuentros conmigo, uno de ellos en casa de Natividad González Parás, donde Rodríguez Barrera mencionó que se corrían rumores de que alguno de los precandidatos estaba involucrado en casos de corrupción. Ese encuentro nunca sucedió. Al respecto, habría que hacer algunas precisiones sobre las diversas etapas en que los gobernadores priistas dialogábamos y definíamos posiciones ante la presidencia del CEN del PRI. Esta práctica se consolidó a partir de 2000, con la pérdida de la Presidencia de la República. Entonces nos planteamos como preocupación central lograr una cohesión interna que permitiera, por una parte, definir el papel de los gobiernos estatales priistas ante el gobierno encabezado por Vicente Fox, lo cual dio origen al Foro Nacional de Gobernadores priistas; por otra parte, iniciar una reflexión
Para realizar las declaraciones que desde Coahuila hice al periodista Joaquín López Dóriga, en las que señalé la participación de Madrazo en las filtraciones al señor Víctor Trujillo, no necesité de la asesoría de nadie, ni en particular de la maestra Gordillo, quien ya con anterioridad y de manera directa había hecho diversos señalamientos sobre sus diferendos con Roberto. Lo hice consciente y vehementemente, nadie meció ninguna cuna.
Cuando Roberto Madrazo fue nombrado candidato del PRI a la Presidencia, Bernardo Gómez nos invitó a desayunar en su casa. Bernardo buscaba reconciliarnos. Asistí, pero no tenía por qué reconciliarme con una persona que me perjudicó y dañó mi carrera política. No tenía rencor, pero tampoco tenía deseos de hacerle el juego a un hombre con el cual no se podía conciliar nada.
La situación para mi familia era muy complicada y decidí marcharme a París. Ahí permanecí siete meses, hasta que decidí volver para dar seguimiento directamente a las investigaciones, a las averiguaciones judiciales, y seguir aportando pruebas de mi inocencia. l
Visita al país de los desaparecidos
Gloria Leticia Díaz
Invitado por el gobierno federal, un grupo de trabajo de la ONU estará este mes en México para investigar las desapariciones forzadas del pasado... y las del presente. Esto va de la guerra sucia a la guerra contra el narcotráfico. Activistas en defensa de los derechos humanos consideran que si bien se ha popularizado el término levantón, y aun cuando a los cárteles de las drogas se les atribuyan todos los casos, se sigue tratando de desapariciones forzadas, y la responsabilidad última recae en el Estado, que las ha ignorado o permitido.
Una violencia generalizada por la guerra contra el crimen organizado y el reclamo de familiares de más de 700 desaparecidos por razones políticas en décadas pasadas es lo que encontrará el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la ONU, que estará en México la segunda quincena de marzo.
Por invitación del presidente Felipe Calderón, el GTDFI celebrará aquí su periodo de sesiones número 93 del martes 15 al viernes 18; después se reunirá con organizaciones civiles, familiares de desaparecidos y funcionarios de los gobiernos federal y estatales.
El GTDFI está formado por expertos independientes. Su presidente-relator es el sudafricano Jeremy Sarkin y los otros integrantes son el argentino Ariel Dulitzky, la bosnia Jasminka Dzumhur, el libanés Osman El-Hajjé y el francés Olivier de Frouville.
Los miembros del grupo tendrán reuniones en el Distrito Federal, Chihuahua, Coahuila y Guerrero; en esta entidad irán a Atoyac, municipio donde hubo unas 350 desapariciones forzadas durante los setenta y ochenta.
En febrero de 2009 –durante el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU– y en marzo de 2010, integrantes del Comité de Derechos Humanos, representantes de los estados miembros de la ONU y expertos urgieron a México a saldar cuentas con familiares de unos 700 desaparecidos de la guerra sucia de los setenta y ochenta.
En el EPU México recibió más de 83 recomendaciones. Rechazó ocho, entre ellas la de reabrir la Femospp, porque “la Procuraduría General de la República, mediante acuerdo A/317/2006, remitió a la Coordinación General de Investigación (CGI) de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la propia PGR todas las indagatorias pendientes de la Femospp.
“La CGI cuenta con las mismas facultades de la Femospp en materia de investigación y persecución de delitos, aunadas a otras más, por lo que en dicho traslado se siguió el curso de las investigaciones y se dejaron a salvo los derechos de las víctimas”, fue la respuesta del gobierno de Calderón al Consejo de Derechos Humanos el 11 de junio de 2009.
La nueva guerra
Se han acumulado cientos de desapariciones en el país en la lucha contra el crimen organizado, por lo que la visita del GTDFI es “pertinente y oportuna”, dice a Proceso Javier Hernández Valencia, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Resalta que la gira de trabajo del grupo de expertos de la ONU “no es una imposición” y que fue “querida, deseada y pedida por el gobierno” de Calderón; además, puntualiza que por parte de la ONU “hay interés en México, pero por el otro lado hay un cierto grado de disposición del gobierno mexicano al escrutinio”.
El funcionario minimiza el interés de la ONU en los casos de desaparecidos actuales –los de la guerra contra el narco– y aclara que las agendas del GTDFI y de representantes del gobierno “se fijan con nueve o 10 meses de antelación”.
–La información sobre desapariciones forzadas recientes en México tiene más de nueve o 10 meses –se le aclara.
–Digamos que obviamente es una visita pertinente –responde Hernández Valencia–. No tendría mucho sentido que ese grupo de trabajo fuera a Liechtenstein donde no hay, en 50 años, ningún reporte de desaparición forzada. En ese sentido es una visita pertinente y oportuna.
Acota: “La visita no es una cosa impuesta, podría uno imaginar más la idea de una solución de decir ‘venimos a ajustar cuentas en México’, pero no. México ha pedido que venga y eso no significa que las cosas estén bien, significa que México, al pedirlo, está también dispuesto a entrar en un diálogo franco sobre qué está pasando en este tema con este grupo de expertos”.
La secretaria técnica de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Agnieszka Raczynska Tatomir, confirma en entrevista con Proceso que los ejes temáticos de las reuniones con el GTDFI son “las desapariciones durante la guerra sucia. Es una deuda no resuelta a pesar de la iniciativa de Fox de crear la Femospp, que no funcionó para nada”.
En su número 1651, este semanario publicó un recuento de desapariciones forzadas de los primeros 18 meses de la guerra de Calderón: 600 personas privadas de la libertad, algunas de ellas por fuerzas militares, sólo en Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato y Tabasco.
En 2010, los testimonios de desapariciones en Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas confirmaron la gravedad del problema (Proceso 1747, 1751, 1772, 1777).
Tatomir afirma a este semanario que de las 70 organizaciones de la Red DTD, son las del norte del país las que con mayor frecuencia reportan desapariciones de personas, “pero todavía no se identifica el motivo: no es una desaparición en un contexto político sino (...) del crimen organizado”.
La activista resalta que el factor común es la falta de investigación de las autoridades, lo que ha obligado a los familiares a organizarse para “compartir información, definir patrones y exigir al gobierno protección para sus desaparecidos y el cumplimiento de su responsabilidad. Cuando las organizaciones hablamos de los costos de la estrategia del gobierno para combatir al narcotráfico, nos referimos entre otras cosas a las desapariciones forzadas”.
Casos documentados
Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dice a Proceso que le entregará al GTDFI información de 12 de 118 casos que la organización ha documentado entre 2007 y enero de 2011.
“Sólo en esos 12 expedientes”, apunta Martínez, “tenemos elementos para presumir acción directa de agentes del Estado en el momento de la desaparición”; ese es uno de los requisitos del GTDFI para dar seguimiento a los casos.
Blanca Martínez dice que no hay semana en que el Centro no reciba por lo menos una denuncia por desaparición forzada, y apunta que los 106 casos que no cumplen las especificaciones del grupo de expertos “no pueden entenderse más que en este contexto de violencia tan grave que estamos viviendo, a partir de que Calderón declaró la guerra contra la delincuencia organizada”.
De los 118 casos documentados por el Centro, cinco fueron cometidos por las Fuerzas Armadas, 16 por policías municipales, dos por policías federales, 91 por grupos criminales y cuatro por desconocidos.
La activista destaca que el patrón común de las desapariciones en Coahuila es que ocurrieron en forma colectiva y que las víctimas son jóvenes, una de ellas menor de edad, de bajos ingresos y sin sospecha de haber participado en algún ilícito.
“A pesar de ello, las autoridades siembran la sospecha de que las víctimas estaban involucradas con el crimen organizado y con ello cierran investigaciones e intimidan a las familias para que no busquen más; es parte de la campaña mediática para justificar los daños colaterales de esta guerra”, añade.
Felipe Ruiz, director de la chihuahuense Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), afirma a este semanario que la primera vez que esta organización documentó una desaparición forzada fue hace 12 años. “Después hubo un impasse, pero en los últimos cinco años hubo un aumento intenso”.
Su organización, dice, presentará ocho casos al GTDFI, en seis de los cuales está plenamente documentada la participación de agentes del Estado –incluso uno de ellos fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos–: el de los jóvenes Nitza Paola Alvarado Espinosa, Rocío Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, detenidos por militares el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura (Proceso 1747).
Ruiz asegura que el problema de la desaparición forzada es “muy grave” en Chihuahua, pero añade que las organizaciones tienen complicaciones para documentar las denuncias.
“Son procesos como de cometa: acuden, les damos acompañamiento y seguimiento y de repente se alejan; eso es reflejo del gran temor que hay. También hemos tenido dificultades con autoridades que nos niegan el acceso a los expedientes o nos posponen entregas de documentos”, cuenta.
En Baja California los números son alarmantes. Miguel Ángel García Leyva, abogado de la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad dice a Proceso que en los últimos ocho años ha elaborado una lista con mil 800 nombres de desaparecidos en esa entidad.
Del total, apunta, en 100 casos hay responsabilidad de algún agente del Estado y que esa será la información que aportará al GTDFI.
García Leyva añade que muchos otros expedientes “se han perdido en asaltos misteriosos de nuestras oficinas; se han llevado expedientes en papel, memorias electrónicas y hasta computadoras completas”.
El abogado, uno de los promotores de la creación de la Fiscalía Especial para Desapariciones Forzadas de Baja California, alerta que una pista para dimensionar esas desapariciones “son los registros de personas extraviadas de la PGR: el último reporte era de 6 mil. Hay que tomarlo en cuenta, porque cuando las personas van a denunciar la desaparición de su ser querido, las autoridades ministeriales lo que hacen es reportarlo como persona extraviada”.
Responsabilidad del Estado
Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, de Guanajuato, considera que las desapariciones son resultado de “una disputa por el territorio y las rutas en donde antes había un control. Siempre ha habido narcotráfico, pero no había generado la violencia social que hoy está ocurriendo. (...) Las autoridades estatales, municipales y federales tienen sus propios pactos, pero al final (...) el Estado sigue siendo responsable de garantizar la seguridad”.
Hasta finales del año pasado, el Centro Victoria Diez tenía registro de 28 guanajuatenses privados ilegalmente de la libertad en otras entidades, como el caso de Zacatecas, donde “se tiene ubicada la participación de policías municipales y federales” en la desaparición de ocho personas en diciembre de 2010.
“No son actos aislados”, dice Ángeles López a Proceso. “El número creciente de desapariciones forzadas, de secuestros, de privaciones ilegales a la libertad sólo se entiende porque hay una política de Estado que así lo permite al elevar a rango constitucional el arraigo, mantener el fuero militar, la ausencia del cumplimiento de la sentencia de Rosendo Radilla, el discurso de que estamos en guerra y esta varita mágica del Estado de que fue la delincuencia organizada, como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad en la impunidad”.
Raymundo Díaz Taboada, representante del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), sostiene que en la guerra contra el narco las desapariciones en Guerrero siguen teniendo motivos políticos.
Y pone como ejemplo el caso de Víctor Ayala Tapia, presidente del Frente Libre Hermenegildo Galeana, quien fue sacado de su casa por seis hombres armados el 14 de septiembre de 2010, mientras que, según testigos, dos patrullas de la policía estatal estaban apostadas a
En entrevista con este semanario, Díaz Taboada agrega que “a los 15 días el gobierno del estado, a través del director de la Policía Investigadora Ministerial, Fernando Monreal, declaró a los medios que Víctor Ayala había regresado a su casa y que su familia había pedido a las autoridades no realizar investigaciones porque temían por su integridad, lo cual es falso. Sigue desaparecido”.
El activista de CCTI cuenta que el caso de Ayala Tapia tiene similitudes con otros casos seguidos por ellos, como el del profesor Máximo Mojica, su esposa y otro familiar, detenidos en Teloloapan el 28 de noviembre de 2008 por hombres armados, presuntamente miembros del crimen organizado, quienes después los entregaron a la policía de Acapulco, el 3 de diciembre de ese año, para que los procesaran por un secuestro que aseguran que no cometieron.
“En el caso de Víctor supimos que antes de su desaparición se regó el rumor de que lo iban a detener por secuestro; él acudió a la casa de la persona que había sido liberada ya, para aclarar las cosas. Creemos que se pretendía hacer lo mismo con el profesor Máximo: detenerlo y después fabricarle un delito, porque esa es la mecánica del gobierno para desactivar los movimientos sociales”, sostiene Díaz Taboada.
En cuanto a los casos del pasado, el secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel, resalta el nulo avance en las indagatorias de aproximadamente 400 casos en los que esa organización es coadyuvante de la PGR.
La Afadem llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, en agosto de 1974, por parte de militares, caso por el que México fue sentenciado en diciembre de 2009, sin que a la fecha haya avances.
“No hubo seguimiento a los casos, no se sabe dónde están los expedientes, no hay nuevas diligencias; el ejemplo más claro es que antes de que el gobierno de Calderón tuviera que dar un informe del avance de la sentencia se hicieron excavaciones en lo que fue el cuartel militar de Atoyac en sitios donde ya se habían realizado en 2008 y no se había encontrado nada. Está además la iniciativa de reforma al fuero militar que nuevamente deja en manos del Ejército la decisión de qué casos van a investigar y cuáles no”, señaló.
Mata Montiel asegura en entrevista que hace 15 años la Afadem había pedido la visita del GTDFI y que dejó de enviarle información “porque no había interlocución con las víctimas, nunca recibimos respuesta de ellos”. Su expectativa está en que “mínimamente se desenmascare al Estado mexicano, que presume de firmar todos los acuerdos, convenios y tratados internacionales de derechos humanos, pero aquí no se cumplen”.
Quien no confía en el GTDFI es la senadora Rosario Ibarra de Piedra, aunque se entrevistará con sus integrantes como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
Ibarra de Piedra recuerda que “durante 18 años, con grandes esfuerzos y con el fardo doloroso de los desaparecidos del tiempo de Luis Echeverría, fui a Ginebra y a Nueva York a entrevistarme con la gente de la ONU; fueron muy amables y apegados al protocolo, pero nunca nos ayudaron, nunca me respondieron si sabían siquiera quién era mi hijo (Jesús Piedra), que este año cumple 36 desaparecido”.
La senadora Ibarra, quien asegura que hará un reclamo “tranquilo, sin enojarme” a los enviados de la ONU, dice a Proceso que a diferencia de los desaparecidos del pasado, “que los tengo clasificados por nombre, apellido, lugar de desaparición y hasta quién se los llevó”, en este contexto de la “guerra contra el narcotráfico” no hay forma de identificar responsables.
La legisladora por el Partido del Trabajo también ha acompañado los casos de 38 petroleros desaparecidos en Nuevo León en 2008, y forma parte del Comité de Mediación en las desapariciones de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario.
“Es muy cómodo para Calderón. Se lava las manos y ya le quitó el nombre de desaparición forzada –que tiene una connotación legal, que no prescribe–, lo cambia, le dice levantón –una palabra vulgar– y se la achaca al crimen organizado. ¿Y quién carajos es el crimen organizado? Sólo él sabe.
“Además, ese señor que se dice presidente es responsable de varias de las desapariciones que han cometido las policías legales e ilegales de este país y el Ejército que sacó a las calles contra el mandato constitucional. Calderón es el responsable, porque envolvió todo en ese batidero que es el crimen organizado y no se puede saber quiénes son”, concluyó. l
“Ni un pinche perro los busca”
Verónica Espinosa
Hace 12 meses, 40 migrantes abordaron dos camiones que los llevarían a Estados Unidos a buscar trabajo… Nunca llegaron a la frontera. Las investigaciones indican que Los Zetas los capturaron, pero nadie está seguro ni sabe a ciencia cierta dónde están ahora. No los busca “ni un pinche perro”, afirma un diputado local. Mientras tanto, las familias de estos desaparecidos no han obtenido respuestas de las autoridades... sólo promesas de una ayuda que no llega.
QUERÉTARO, QRO.- Investigaciones infructuosas, desinterés de las autoridades y promesas de ayuda que se quedan en los escritorios es lo único que hay un año después de la desaparición de un grupo de migrantes queretanos. Hace 12 meses 40 hombres de comunidades de Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí abordaron dos autobuses rumbo a la frontera para cruzar hacia Estados Unidos.
Cada migrante pagó entre mil 800 y 3 mil dólares a alguno de los siete polleros de la región; también les pidieron otros 400 dólares por cabeza con el argumento de que es la cuota de Los Zetas y ellos controlan el paso a la frontera.
Para reunir el dinero exigido, los migrantes se endeudaron con usureros locales, quienes ahora pretenden cobrarles a las familias de los desaparecidos.
“Ha sido un camino muy doloroso. Hemos salido muchas veces a denunciar el desinterés, a pedir apoyo, pero no nos hacen caso, no hay respuesta. Las familias pasan dos penas muy importantes: la moral, por la desaparición de sus seres queridos; y la económica, porque son de comunidades que se sostienen principalmente de las remesas”, dice a Proceso el diputado local panista Fernando Rocha Mier.
El legislador es representante del distrito que comprende los municipios de Landa de Matamoros, Arroyo Seco, Pinal de Amoles y San Joaquín, donde muchas localidades sufren los estragos de la marginación, “con familias que literalmente apenas tienen para comer”.
“Parece que sigue habiendo ciudadanos de primera y de segunda. Cuando Diego Fernández de Cevallos desapareció, lo buscaron por todos lados con perros, aviones y helicópteros. Para buscar a estos otros queretanos, ni un pinche perro. No se vale”, señala.
Sin pistas
La desaparición de los migrantes presuntamente ocurrió entre San Luis Potosí y Tamaulipas, por lo que se han abierto averiguaciones previas en las procuradurías de esos dos estados y en la General de la República. Con esta dispersión se han complicado el trabajo de investigación y la posibilidad de localizar al grupo.
Además son pocas las familias que han insistido en la denuncia o en la búsqueda. La mayoría tiene miedo, se ha desanimado por el desdén oficial o ha sido amenazada por alguno de los polleros, quienes siguen enganchando gente para pasarla a Estados Unidos. Ninguno de los traficantes de personas ha sido detenido.
La PGR no avanza en las investigaciones, ni siquiera porque se violó la Ley General de Población o porque las principales sospechas recaen en Los Zetas, quienes, según versiones recabadas por Proceso, secuestraron a los migrantes porque los polleros no pagaron la cuota.
El pasado 27 de febrero, el periódico El Universal publicó declaraciones del presidente municipal de Landa de Matamoros, Gabino Landa Rubio, sobre la supuesta comunicación vía celular de uno de los migrantes para avisarle a sus familiares que estaban siendo atacados por un grupo armado que desvió su autobús. En ese momento pasaban por Ciudad Alemán, Tamaulipas.
El olvido
El 28 de abril de 2010, el Ministerio Público del fuero común en Jalpan de Serra, Querétaro, abrió la averiguación previa J/193/2010 por la desaparición de las siguientes personas:
David Martínez, Cristian Martínez, Lorenzo Martínez, José Luis Mendoza Almaraz, José Obispo Mendoza Almaraz, Fidencio Mata Montes, Ismael Mata Montes, Andrés Hernández Gómez, Andrés Martínez Gómez, Manuel Guerrero Villeda, Jacinto González Rodríguez, Ismael Reséndiz García, Alfonso Fonseca Amador, Eustaquio Hernández Gómez, Fidel Barragán Salazar, Martín Ortega Huerta y Jesús Rodríguez Martínez.
También Édgar Pantoja González, Evodio Flores Ortiz, Román Castillo Briseño, Abraham Sáenz Díaz, Jonavad Reséndiz Ávila, Rafael Rodríguez García, José Luis Mendoza Salazar, Ricardo Ramírez Zarazúa, Ángel Becerril Sánchez, Jacinto González Rodríguez, Paulino Ramos Andablo, Enedino Rojo Urías, César Salazar Landaverde, Juan Carlos González Jiménez, Enrique de la Torre y otra persona, menor de edad.
Estas 33 personas son oriundas de Querétaro. En el grupo de migrantes viajaban otros siete de otros estados.
A principios de mayo, el gobernador queretano José Calzada dijo a la prensa que se comunicaría con los mandatarios de San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León para intercambiar información sobre el caso, aunque reconoció que no había pistas del destino del grupo de migrantes. De ese anunciado intercambio de información ya no se ha sabido nada.
Tres meses después, el 27 de agosto, el Ministerio Público de Jalpan turnó la averiguación a la delegación de la PGR en Querétaro por incompetencia; esa instancia fue requerida por este semanario para conocer el avance de la investigación. No hubo respuesta.
Pero una fuente allegada a las pesquisas dijo a Proceso que son siete los polleros señalados como responsables por el transporte del grupo de migrantes y que no parece haber interés de las autoridades en indagar la vertiente que atañe a la delincuencia organizada, pese a que los mismos traficantes de personas aseguran haber sido extorsionados y obligados a entregar cuotas a Los Zetas.
Felipe y Arturo Mayorga Villeda (el hijo de este último está en la lista de desaparecidos, pues viajaba en uno de los autobuses presumiblemente como chofer o machetero), Abel Garay Martínez, Rubén Garay Camacho, Bernardo González, Arturo Benítez y Esteban García Pérez serían los siete polleros. De acuerdo con la misma fuente, siguen libres y dedicándose a la misma actividad.
Es fácil ubicar a esos polleros. Todos los conocen porque recurren cotidianamente a ellos, pues la migración a Estados Unidos ha existido durante generaciones. También destacan por su desahogada situación económica.
Los familiares, sin apoyo
“El problema de la migración no ha sido tomado en cuenta por las autoridades; si acaso hasta ahorita que están acotados también por la delincuencia organizada. Pero son pocos los esfuerzos de las autoridades, federales, estatales o municipales, por hacer algo en materia de migración”, asegura el diputado Rocha Mier a este semanario.
Menos cuando hay amenazas. “En cuanto denuncié públicamente este asunto –a finales de abril de 2010– recibí llamadas en las que me advertían: ‘Bájale porque nos estás metiendo mucha presión en el estado’. No supe de dónde provinieron”.
Familiares de algunos de los desaparecidos se habían acercado a Rocha Mier para que los ayudara, para que indagara en la PGR, en el gobierno estatal, en los municipios. “Al principio estuvimos en contacto con el Ministerio Público; luego les llevamos algunas despensas y cobijas, que no resuelven el problema de fondo, pero en algo ayudan”.
Sin embargo, lamenta, “no hay avances en las investigaciones ni en proyectos sociales o apoyos. Pasó casi un año y apenas en enero el gobierno del estado se acercó a las familias; les dicen que les van a poner proyectos productivos. Hasta la fecha no se ha concretado nada”, se queja Rocha, quien en un censo informal que levantó con las familias afectadas contó por lo menos 53 menores de edad que dependen o dependían de los desaparecidos.
El ómbudsman estatal Adolfo Ortega Osorio se ha mostrado indiferente. El diputado panista sigue esperando que atienda una solicitud para reunirse con él, para pedirle que requiera a las autoridades responsables de la investigación que informen a las familias.
“Me reuní por última vez con el procurador de Justicia –Arsenio Durán– a principios de diciembre. Quedó de entregarme un informe sobre la investigación, que aún no recibo.”
En los primeros días de enero, un grupo de familiares de los migrantes acudieron a la Secretaría de Gobierno de Querétaro acompañados por otro diputado, J. Belem Junco Márquez. La respuesta se les hizo llegar por conducto del subsecretario de Desarrollo Político y Social, Hugo Cabrera Ruiz, quien les habló del compromiso de involucrar a los solicitantes en proyectos productivos.
Al respecto, el secretario de Gobierno, Roberto Loyola Vera, dice a Proceso que se ha mantenido el contacto “de manera regular” con algunas familias afectadas, básicamente a través del gobierno de Landa de Matamoros, para “generarles proyectos productivos (...) para que con sus capacidades puedan generarse un modo honesto de sostener su hogar”.
–¿Por qué hasta ahora? –se le pregunta.
–Hemos estado cercanos a ellos desde el primer momento, primero con apoyos orientados a localizar a sus parientes. Al paso de los meses, y de dificultarse la situación de las familias, se advierte esa alternativa.
–¿Se ha procedido contra los polleros?
–Tenemos una investigación abierta en tal sentido… la preocupación que tenemos es dar los pasos necesarios para evitar que los connacionales salgan a buscar oportunidades fuera de Querétaro, generar los suficientes empleos para que los queretanos no tengan que salir a buscar oportunidades a otro sitio.
Loyola admite que aún se trabaja en un análisis de la condición de cada familia, “para ver cuál es el programa que mejor se acomoda a sus necesidades”.
Mientras los engranajes de la burocracia se empiezan a mover, otros migrantes queretanos buscan la forma de protegerse, lo mismo en su recorrido desde estas tierras hasta el cruce fronterizo que en su retorno para las fiestas decembrinas.
A finales de diciembre pasado se formó una caravana de migrantes de varias entidades que viajaban de regreso y que fue recibida en Nuevo Laredo por el diputado Rocha Mier. Más de 30 camionetas de paisanos hicieron los recorridos.
“He ido a visitar a los migrantes queretanos. En diciembre estuve en Houston y me decían que tenían miedo de regresar a México porque las autoridades los esquilman y ahora también la delincuencia organizada”, dice Rocha Mier a Proceso.
Para esta caravana se pidió y se tuvo el apoyo de la Policía Federal, así como de agrupaciones municipales de algunas localidades, como Rioverde, San Luis Potosí.
Bomba de tiempo en Ensenada
Ricardo Ravelo
Sempra es una empresa gasera que nunca ha obtenido permisos para trabajar en Estados Unidos ni en Baja California. Pero en la actualidad opera una gran planta de gas natural licuado en el municipio de Ensenada y exporta su producto al estado de California. La empresa sigue funcionando gracias a los apoyos de algunos políticos panistas –que incluso neutralizaron una clausura legal– y al tráfico de influencias iniciado por Eugenio Elorduy, exgobernador bajacaliforniano. Lo peor es, señalan especialistas, el riesgo real y latente de una catástrofe de grandes proporciones.
ENSENADA, BC.- Su operación fue rechazada en Estados Unidos y no tiene permiso para trabajar en Baja California, pero la regasificadora Sempra Energy sigue funcionando aquí gracias al tráfico de influencias, a sus vínculos con políticos panistas y al presunto pago de sobornos a las autoridades federales.
Y la empresa opera pese a que se han documentado sus deficientes medidas de seguridad, lo que conlleva el riesgo de que en sus instalaciones ocurra una explosión o una fuga que, a su vez, cause una intoxicación masiva.
En 2003, luego de que en Estados Unidos la compañía fue rechazada por ser considerada un riesgo, los principales impulsores del Consorcio Costa Azul –operador de Sempra Energy–, entre ellos Donald Sefinger, Gerardo Guanero Push y Ricardo Moreno Tapia, establecieron contacto con el entonces gobernador Eugenio Elorduy Walther, quien les consiguió los permisos para trabajar en Baja California.
Informes de la consultora estadunidense Interior INC revelan que Elorduy Walther combinaba los negocios con la política y se enriqueció en su etapa como gobernador cuando sus hijos y sus amigos cercanos se relacionaron con el negocio del gas. El arranque de las operaciones de Sempra fue la oportunidad de Elorduy para hacer negocios con otros empresarios ligados a la política y al ramo gasero.
Según el alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo, y el abogado Enrique Acosta, Elorduy pidió a los dueños de Sempra que Gastón Luken Garza, actual diputado federal panista, construyera el gasoducto que va de la zona de Bajamar (donde están las instalaciones de la gasera) a California.
Luego el estado construyó el Bulevar 2000, una autopista bajo la cual pasa toda la red de ductos que mantiene en riesgo constante a pobladores de al menos tres demarcaciones: Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana.
Los intereses de la familia Elorduy crecieron en Sempra. La hija del exgobernador, Érika Elorduy Blackaller, aparece como propietaria de las empresas CMI de México Internacional, Seguridad del Norte de Mexicali y Wyman Gordon de México, todas vinculadas con la gasera y que se encargan de la explotación y transmisión de gas a Estados Unidos, donde está la mayoría de sus clientes.
Según denuncias del ayuntamiento de Ensenada, otro personaje clave en la obtención de permisos y compras de terrenos para Sempra, y vinculado con Gastón Luken Aguilar (padre de Gastón Luken Garza), es el empresario Francisco Molina Robles, asociado a las empresas Distribuidora de Gas Natural de Coahuila, Acueducto Baja Norte y Acueducto Ensenada. Éstas participan también en la conducción de gas.
Bernardo Padilla, secretario de Gobierno en la administración de Elorduy, y Benito Reyes, quien fue secretario particular del entonces gobernador, son ahora funcionarios de la gasera.
En la ilegalidad
El 12 de agosto de 2003 Sempra obtuvo un permiso –expediente Sempra/U32/1/03, oficio 00583/Vlll/03– de uso de suelo y construcción que firmó el entonces alcalde de Ensenada, Antonio Catalán Sosa. De acuerdo con la autoridad actual del municipio, el permiso no fue avalado por el cabildo, por lo que es ilegal.
La planta –con una capacidad de almacenaje de 320 mil metros cúbicos de gas y cuya producción se envía a Estados Unidos– levantó sus instalaciones en el kilómetro 80 de la carretera Tijuana-Ensenada –donde un terreno de una hectárea puede costar hasta 200 mil dólares–, una zona de explotación turística, no industrial.
No es todo: para construir lo que se conoce como zona de amortiguamiento, Sempra se interesó en un terreno de
Pero según Acosta, la operación de compra-venta del terreno se hizo cuando la señora Gómez tenía dos años de haber fallecido. Y afirma que si bien su cliente demostró ser el dueño del terreno, éste no ha podido cerrar la operación y tuvo que irse a Estados Unidos debido a los acosos y amenazas que recibió de los dueños de Sempra.
Dentro del abanico de irregularidades detectadas a Sempra, las autoridades de Ensenada también encontraron que, a pesar de que la empresa procesa y vende gas a compañías de Estados Unidos, en México está registrada en el Servicio de Administración Tributaria como maquiladora de plásticos.
La polémica clausura
El presidente municipal de Ensenada, el priista Enrique Pelayo, dice a Proceso que luego de revisar la documentación que ampara las operaciones de Sempra en el municipio, se detectó que la autorización que se le otorgó en 2003 es ilegal.
Explica: “Fue una autorización que no está avalada por el cabildo (...); el entonces presidente municipal, Antonio Catalán (panista fallecido el 4 de enero de 2008), otorgó la autorización en forma unilateral, sin que la empresa justificara el giro de su negocio, los riesgos y las medidas de seguridad indispensables para establecerse.
“Hallamos que el proyecto gasero viola el reglamento de uso de suelo, pues la zona donde se instaló es (...) turística y no industrial. Además no tiene plan de riesgo. Su operación afectó ya a muchas empresas comercializadoras de terrenos: sus ventas han caído (...) pues nadie quiere comprar para construir una vivienda cerca de una bomba de tiempo.”
El alcalde incluso menciona un presunto soborno pagado a funcionarios federales del sector energético.
Con base en las irregularidades detectadas, las autoridades municipales encontraron fundamentos legales para cerrar Sempra Energy. El pasado 11 de febrero, Enrique Pelayo ordenó a la Policía Municipal clausurar las operaciones de la compañía gasera.
Para ello se organizó un operativo que encabezó el general Florencio Cuevas Salgado, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien con decenas de agentes fue a las instalaciones de Sempra y notificó a sus directivos que la empresa estaba clausurada. Acto seguido se colocaron sellos en todas las puertas y áreas de acceso.
Dos horas después estalló el conflicto. El secretario de Gobernación, Francisco Blake, telefoneó a Cuevas Salgado y le ordenó que retirara a los policías de la empresa.
–Yo sólo recibo órdenes del presidente municipal –respondió Cuevas.
Blake llamó entonces al general Alfonso Duarte Mújica, comandante de la Segunda Zona Militar, quien atendió la orden. Él y el secretario de Gobierno del estado, Cuauhtémoc Cardona, retiraron a los policías municipales, rompieron los sellos y reactivaron las operaciones de Sempra alegando que el ayuntamiento de Ensenada no tiene facultades para efectuar la clausura.
El pasado 24 de febrero, el caso Sempra confrontó a diputados panistas y priistas en el Congreso federal, cuando los segundos presentaron un punto de acuerdo para apoyar la clausura de Sempra, el cual fue boicoteado por los panistas –que no votaron y se retiraron de la sesión–, en particular por el diputado Luken Garza, quien defendió a la empresa.
Sin embargo, el pasado martes 1 el punto de acuerdo fue votado en San Lázaro, con la oposición panista.
En sus puntos medulares la resolución apoyó la clausura de la compañía, emitió un extrañamiento al gobernador de Baja California para que respete la autonomía del municipio, se pidió a Felipe Calderón que no use al Ejército como fuerza para este caso y se le pidió al Congreso estatal que siga investigando los riesgos ecológicos que generan las operaciones de la gasera.
Los riesgos de Sempra
A un lado de la carretera Tijuana-Ensenada hay dos enormes tanques de almacenamiento que en cualquier momento podrían explotar debido a que la zona donde fueron construidos es sísmica y la empresa Sempra carece de un plan para prevenir una catástrofe, según establece un estudio elaborado por expertos de la consultora ambiental Servicios Integrales en Capacitación Ambiental (Sicap).
El análisis –copia del cual tiene Proceso– advierte que el terreno donde se asienta la planta tiene fallas y fracturas que aumentan el riesgo para las ciudades colindantes (Ensenada, Tijuana y Rosarito), ya que “el fallamiento se presenta en la zona y confiere a ésta un carácter de riesgo inducido por la inestabilidad estructural que puede expresarse en su momento de diferentes maneras, como sismos, deslizamientos y derrumbes”.
De acuerdo con el estudio de impacto ambiental y los análisis realizados por el ayuntamiento de Ensenada, la operación de Sempra “está propiciando un desequilibrio ecológico: la destrucción de las especies de flora y fauna marinas.
“En sus procesos productivos, Energía Costa Azul está empleando diariamente millones de litros de agua de mar y regresándolos al océano contaminados con salmueras, cloro y a una mayor temperatura, lo que para nada preserva ni restaura el equilibrio ecológico…”
El riesgo de una explosión no está descartado. Dice el estudio: “En caso de incendio y posterior explosión, la conformación del triángulo de fuego se tiene que tomar en cuenta de manera muy significativa, en primer lugar por los volúmenes de GNL (gas natural licuado) almacenados, del orden de 150 mil a 200 mil metros cúbicos.
“Para la conformación del triángulo de fuego falta una chispa que desencadene el incendio, la cual se puede generar por cualquier fricción de metales, estática, generación de calor por esfuerzo de metales, corto eléctrico durante sismos (muy frecuentes en esta zona), rayos, expansión de nube de derrame de GNL a una distancia suficiente para que exista una chispa.”
El estudio advierte que este tipo de gas es más denso por su estado de temperatura ambiente, lo que quiere decir “que no se dispersará por la atmósfera; en cambio, correrá por la superficie del suelo y en cualquier momento puede tocar una superficie caliente y elevar la temperatura hasta en más de 200 grados.
“En caso de prenderse el gas, éste arderá o se propagará el fuego hasta llegar al tanque, el cual podría arder y posteriormente explotar.”
A lo largo de casi 100 páginas del estudio sobre los riesgos que representa la operación de Sempra Energy para Baja California, se hace hincapié en otros colapsos que pueden ocurrir:
“La empresa presenta riesgo de explosión en grado 8. Según la jerarquización de riesgos, esto significa que dentro de los próximos 20 años sucederá un siniestro que, por las estadísticas de derrames a nivel mundial, podría ser letal o fatal para vidas humanas y construcciones dentro de un radio de dos kilómetros.
“No se descartan quemaduras de segundo grado y daño estructural en casas en un radio de
“La explosión de un solo tanque traerá como consecuencia la explosión del tanque adjunto; el efecto no es directamente acumulativo de afectación, pero sí se crearán al menos dos efectos iguales de la onda de choque y bola de fuego uno tras otro, y por tanto los efectos ya descritos para un tanque sobre el entorno sucederán dos veces con diferencia de segundos. Las personas que habiten cerca de la planta morirían inmediatamente en caso de una explosión.”
Hasta ahora, y pese a la clausura ordenada por las autoridades de Ensenada, la empresa Sempra Energy no ha presentado la documentación que avala la seguridad de sus operaciones.
Según el alcalde Enrique Pelayo, en el expediente de la empresa “ni siquiera pudimos encontrar el mapa de la red de ductos, los cuales atraviesan tres municipios (Ensenada, Playas de Rosarito y Tijuana), cuyos habitantes pueden estar asentados sobre una bomba de tiempo”.
Aún más: el pasado martes 8, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente anunció que ya realiza una inspección en la planta de Sempra para verificar si cumple con los estándares de seguridad e impacto ambiental.
Esta revisión –la primera que se le hace– es consecuencia de las denuncias que hizo Rodolfo Michelón, excontralor de la trasnacional, quien dijo que la planta opera al margen de la ley.
Ya desde 2004 Greenpeace denunció que la planta de gas natural licuado de Costa Azul representaba un grave riesgo para la población de Ensenada y el ecosistema de la región por su alto nivel de explosividad.
La única esperanza Vuelta a la ciudad lacustre
Cinco siglos de lucha contra el agua han dado su amargo fruto. La Ciudad de México señala el triunfo de quienes el Libro de Job llama los constructores del desierto. Nadie puede creer que en el horror actual hubo lagos y ríos. Hoy los cuadros de José María Velasco y los otros pintores del paisaje se dirían productos de la imaginación.
Parece literatura fantástica leer que la capital tuvo un puerto, San Lázaro; que el presidente Juárez se halló en peligro de ahogarse al zozobrar el vapor que lo conducía a Texcoco; o que hay una carta de Pedro Henríquez Ureña en que narra a su joven amigo Alfonso Reyes su travesía en lancha del Zócalo a Xochimilco.
Un millón de árboles
La catástrofe ecológica empezó con la decisión de fundar la ciudad española sobre las ruinas de Tenochtitlán. Los inmensos bosques que la rodeaban desaparecieron por la necesidad de talar los árboles para construir con su madera los nuevos edificios y ceder espacio a la alimentación de los animales que trajeron los conquistadores.
Antes del gas y del petróleo todo se hacía con leña. Hasta bien entrado el siglo XX. La ciudad exigió un millón de árboles anuales. Federico Gamboa fue el único que advirtió la voracidad del ferrocarril para devastar los bosques en aras del combustible y los durmientes que demandaban los rieles. Hoy millones de árboles muertos yacen inútiles en las vías abandonadas. Se acabó por codicia e ineptitud con los trenes que fueron el gran símbolo y el gran motor del progreso.
El otro valle de lágrimas
Más trágica, si ello es posible, es la historia de los lagos y de los ríos. El Valle de México no es un valle, sino una cuenca carente de salida natural para sus aguas. La capital sufría de constantes inundaciones y para defenderla se emprendió un trabajo de siglos a fin de horadar las montañas y desecar los lagos.
A mediados del siglo XX la obra estaba consumada. El lecho lacustre desa-pareció bajo el reino de la tolvanera y la basura. Lugares inhumanos sin servicios ni planeación empezaban su cerco rencoroso e inexorable contra la capital. Los ríos entubados en catafalcos de cemento sucio corrían llenos de mierda y de basura. Dejaban su espacio a multitudes de vehículos siempre en aumento que se burlan de todas las obras ideadas para abrirles paso.
La victoria de la rapiña y la corrupción están aquí, en la postciudad que ya no tiene límite ni nombre, en el DF que todo lo devora: las lindes con los estados vecinos, el agua que cada día falta más, el aire emponzoñado y cancerígeno, la luz enturbiada por la contaminación, la tierra erosionada y muerta, el paisaje sepultado por anuncios y edificios espantosos, el silencio al que tritura un estruendo a cada instante más, la convivencia destruida porque no puede haber urbanidad donde no existe urbe.
Entre las causas de la violencia ciega que amenaza con destruirlo todo nadie incluye la desolación y la desesperanza que engendran vivir, sobrevivir, en un lugar donde toda fealdad tiene su asiento.
El desastre profundo
Ya en la recta final del siglo pasado Teodoro González de León conoció, gracias a Fernando Hiriart, el Proyecto Texcoco en que Nabor Carrillo, gran conocedor del subsuelo del Valle, formuló una propuesta para resolver tres problemas capitales de la capital que usurpa el nombre al país entero: evitar las inundaciones, satisfacer el abastecimiento de agua sin recurrir a otras cuencas y frenar el hundimiento de la ciudad.
Deslumbrado por esa lógica impecable, González de León empezó a imaginar la recuperación de la ciudad lacustre original. Para nuestra desgracia, el Proyecto Texcoco fue sustituido por una obra totalmente opuesta a la cual se aplicaron todos los recursos: el Drenaje Profundo que deja escapar 90 por ciento del agua penosamente subida a un valle a 2 mil metros de altura.
Hoy más que nunca es necesario revivir el gran plan de los lagos. La mancha urbana invadió el vaso de Chalco, una y otra vez anegado por las aguas negras, pero quedan huecos suficientes para la reinvención de la ciudad lacustre. Al proyecto de González de León se sumaron Alejandro Rosas Robles, Alberto Kalach y Gabriel Quadri de la Torre. En l998 publicaron en Clío La ciudad y sus lagos. Una vez más el plan quedó increíblemente sin respuesta. Ahora acaba de aparecer México: ciudad futura (Madrid, Blok/RM) en que a González de León, Kalach y Quadri de la Torre se suman Gonzalo Celorio, Gustavo Lip-kau, Humberto Ricalde, Juan Palomar y Eduardo Vázquez Martín.
La isla en medio de los lagos
En su crónica del desarrollo urbano y la desaparición de los lagos, González de León recuerda que los españoles encontraron una civilización lacustre muy desarrollada que había inventado la chinampa como sistema de agricultura intensiva. Tenochtitlán, la sede del poder político, religioso y militar, ocupaba una isla conectada a tierra firme por cinco calzadas que funcionaban como diques y una red de canales que la relacionaban con todos los pueblos ribereños. Gracias a Nezahualcóyotl y otros grandes arquitectos e ingenieros se constituyó un orden urbano y arquitectónico en armonía con el medio ambiente que manejaba las aguas para recolectar y producir alimentos y transportar personas y productos.
Los conquistadores no entendieron el urbanismo azteca. La ciudad que reemplazó a Tenochtitlán partió de la idea de rellenar los canales y secar la tierra para ocuparla y repartirla entre los vencedores. Roto el equilibrio, México empezó a sufrir inundaciones tan graves como la de l629 que duró seis años. Se emprendieron obras costosísimas que duraron 300 años para desaguar el Valle.
En la ciudad española los lagos todavía formaban el entorno ambiental del paisaje y abastecían de productos frescos a sus habitantes. La arquitectura logró un orden armonioso. La cuenca conservaba su imagen lacustre y su atmósfera transparente. México estaba sólidamente integrado a su entorno natural.
El hundimiento en el polvo
En el siglo XX volvieron las inundaciones. La mermada extensión lacustre se convirtió en un páramo polvoriento que ahogaba a México en tormentas de polvo y apareció un nuevo fenómeno: el hundimiento producto del bombeo de aguas subterráneas. Surgieron dos propuestas contrarias: la de Nabor Carrillo para crear un sistema de lagos interconectados que regularan las avenidas y reciclaran el agua; y otra para desecar en definitiva el lago. La decisión política se tomó a favor del Drenaje Profundo.
Había recursos para invertir en infraestructura y regular el acelerado crecimiento de la población. Sin embargo, se decretó que la ciudad no debería crecer y se negaron todas las licencias. A partir de entonces el crecimiento se disparó en forma anárquica sobre el Estado de México.
De l950 a 2000 la población creció de tres a l8 millones y el área urbana se multiplicó siete veces. De
Las laderas del sur y del poniente, que junto con el Pedregal son las áreas en que se infiltra el agua de lluvia al acuífero subterráneo, alojan 4 millones de habitantes y están sometidas a un feroz proceso de destrucción. Los desechos urbanos –basura y drenaje– se siguen evacuando junto a las áreas pobres del oriente. A pesar de todo, a lo largo de 30 años, carente de presupuesto y apoyo político, el Proyecto Texcoco, dirigido por Gerardo Cruickshank, ha logrado construir el Lago Nabor Carrillo, que se mantiene con sólo 0.05% de las aguas residuales, y preservar un área importante amenazada por invasiones.
Los problemas de ambulantaje se han acrecentado. Las plantas de energía y el consumo de combustible han creado un gravísimo problema de contaminación. México ha perdido su identidad geográfica y el paisaje circundante sólo puede verse tres o cuatro veces al año.
Apocalipsis o utopía
Con el proyecto México, ciudad futura, que se basa en la restauración de los lagos y la creación de un nuevo polo de desarrollo al oriente, la ciudad vuelve a encontrar su historia y su geografía. Hay un clima más temperado, la mayor evaporación produce una atmósfera más limpia, se recuperan el paisaje lacustre y las montañas circundantes. El nuevo polo del oriente hace una ciudad más justa, contrapeso al desarrollo desequilibrado del poniente. Se puede captar la mayor parte del crecimiento esperado para esta década (cinco millones) y las laderas quedan libres para que se infiltre la lluvia. Sin repetir el terror de Atenco ni lanzarse contra los campesinos, el actual aeropuerto se convierte en un espacio verde del mismo tamaño que Chapultepec. Está en una isla a l6 kilómetros del actual.
México, ciudad futura propone la creación de un sistema de lagos interconectados con una extensión tres veces mayor que la bahía de Acapulco, rodeados por un litoral de
Es lamentable no poder mencionar en este breve espacio los demás estudios y ensayos que componen un libro fundamental. Estamos ante una disyuntiva inescapable: continuar por el camino del Apocalipsis (la ausencia del agua, la sed sin medios para saciarla, el megacongestamiento que paralizará por completo calles y avenidas, la asfixia bajo el aire ponzoñoso, el terremoto seguido por el tsunami de aguas negras, la violencia que acabará con todo lo que sobrevive entre las ruinas), o bien, confiar a las corrientes originales de los que fueron nuestros lagos y nuestros ríos la única posibilidad de salvación.
Ante el horror actual se dirá que México, ciudad futura es una utopía. “No hay tal lugar”, un sitio de esta naturaleza no puede existir en nuestro áspero mundo. Pero no está de más recordar en este momento la sabiduría de Oscar Wilde: “No vale la pena ningún mapa que no incluya la isla de Utopía”. (JEP)
Regulación para los “productos milagro”
Alma Rosa Alva de la Selva
Una vertiente publicitaria que ha ido tomando creciente presencia en la TV es la relacionada con los llamados “productos milagro”. Se trata de supuestos medicamentos de maravillosas cualidades, con capacidad de combatir dolencias múltiples o bien novedosos artículos que prometen cambiar de la noche a la mañana padecimientos acumulados, todo ello convertido en una parafernalia que ocupa amplios espacios de anuncios en la pantalla chica.
Más allá de lo llamativo del repertorio que se ofrece cotidianamente como solución mágica para todo tipo de males, se trata de un asunto con grave impacto en la salud pública pues, además de que en algunos casos hay efectos adversos de muchos de esos productos, en otros ocurre que, atraídos por las fáciles promesas de éstos, muchas personas abandonan tratamientos médicos en curso y los sustituyen por los artículos promovidos por la TV.
Adicionalmente, los riesgos para los potenciales “pacientes” (entendidos como consumidores) se acrecientan por la promoción –aun indirecta– de productos que pueden resultar fraudulentos en voz de figuras televisivas que no cuentan con la acreditación profesional respectiva, pero que, dotados por la TV de un cariz médico, ofrecen información sanitaria o hasta se permiten “recomendar” alguna solución a los males de los televidentes. Ello, por supuesto, sin que las televisoras asuman ninguna responsabilidad legal o ética por el impulso que proporcionan a la compra de múltiples productos de dudosa validez sanitaria, o sin que apliquen mecanismos de autorregulación con los que supuestamente cuentan, pero que en realidad sólo parecen existir en el discurso… Y es que para las empresas de TV, los amplios espacios que ocupan los “productos milagro” resultan altamente rentables. Y ése es el criterio que impera.
Así pues, resulta por demás urgente una regulación estricta en la materia que impida no sólo en el caso de los artículos fraudulentos un daño al bolsillo de los consumidores y la trasgresión a su derecho a recibir información fidedigna sobre los productos que se anuncian, sino sobre todo que los proteja de los posibles efectos adversos de aquéllos en su salud.
Hace unos días se dio a conocer que ya se están tomando cartas en este asunto. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó haber iniciado un proceso para modificar el Reglamento de Salud en Materia de Publicidad, con el objetivo de fortalecer las atribuciones de la autoridad sanitaria. Se informó que se buscará también solventar los vacíos legales existentes en ese campo. Entre otros aspectos que se prevé abordará el nuevo reglamento, se encuentra la creación de la figura de “cómplice solidario” para los medios de comunicación que transmitan anuncios de productos que no cuenten con las autorizaciones correspondientes o resulten riesgosos para la salud.
Acerca del sistema escolar del Ejército
Denuncia favoritismos y abusos
Señor director:
En relación con varios reportajes que Proceso publicó en febrero de 2011, permítame agregar que nuestro glorioso Ejército Nacional también anda de cabeza en su sistema escolar, sobre todo por lo que respecta a la Escuela Médico Militar.
Estos son los hechos: En el concurso del año pasado para ingresar a la Escuela Médico Militar, mi hijo pasó todos los exámenes preliminares, excepto el cultural, por lo que obtuvo una calificación de 158 puntos.
Como mi hijo tiene una vocación manifiesta por la medicina, y esa escuela siempre nos había parecido la mejor opción, volvió a hacer los exámenes en 2011, y los pasó todos, incluyendo el cultural, con 167 puntos.
Pero en los exámenes de condición física notamos que un alumno llegaba tarde, que no concursaba en algunas pruebas y que, sin embargo, era admitido en los restantes porque, según presumía, su mamá “tenía influencias en el Ejército”.
Asimismo, un compañero de segundo año de mi hijo le comentó que él había ingresado en 2010 con una calificación inferior a los puntos que mi familiar había obtenido cuando lo rechazaron.
Por lo demás, nos sorprendió la excesiva “disciplina” a que someten a los alumnos de medicina, al punto de obligarlos a casi no dormir y, en consecuencia, a tener un muy bajo rendimiento escolar. Cabe agregar que la comida es mala no sólo en la Escuela Médico Militar, sino también en el Heroico Colegio Militar, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Dónde está el presupuesto destinado a una comida decente en el Ejército?
En suma, mi hijo –al igual que muchos otros alumnos– se vio obligado a abandonar la escuela por las razones arriba expuestas y otras cuya exposición consumiría demasiado tiempo y espacio. No obstante, lo antedicho me conduce a las siguientes reflexiones, que a mi juicio debería considerar el alto mando del Ejército:
–Deberían privilegiar el aspecto académico en sus escuelas. Es posible que en sus planteles permanezcan –y que más tarde probablemente se gradúen– no los más inteligentes, de más vocación y los que serán mejores profesionistas en sus áreas respectivas, sino los que más resisten los abusos de sus superiores y las condiciones, muchas veces infrahumanas, de su ámbito escolar, al menos en sus primeras etapas.
–Esto se traduce en el hecho de que en los hospitales –y no dudo que en otras áreas profesionales– el Ejército requiera ingresar médicos civiles ya que no hay suficientes para cubrir su propia demanda de salud. Entonces, ¿por qué obstaculizar, de manera tan absurda, el desarrollo de todos los alumnos que hacen tanto esfuerzo por desarrollar su carrera, si al final necesitarán más profesionales que deberán conseguir en el medio civil? De más de 15 mil personas que solicitaron el examen, sólo ingresaron 96, es decir, 0.64%. Y la tasa de egresados es mucho menor a 80%.
–Deben revisar la disciplina en sus escuelas, porque al parecer dejan el control a los propios alumnos de grado superior, no al cuerpo académico y las verdaderas autoridades escolares.
A mi juicio, el sistema educativo del Ejército no hace sino reflejar la nula planeación que existe en el resto del país. Tuve el orgullo, hace muchos años, de ganar el concurso anual de mi zona escolar en aprovechamiento escolar de primaria. El premio era visitar por una semana la Ciudad de México, y saludar al presidente, entonces Luis Echeverría Álvarez (dudoso honor, por cierto), y eso era todo: ni una beca ni un incentivo, nada más. Y las cosas siguen igual o peor.
Atentamente
Arquitecto Antonio Calderón Gallegos
(Sin ningún parentesco
con el actual señor presidente)
Zacatelco, Tlaxcala
Despidos “injustificados” y “nepotismo” en la ALDF
Acusan a Alejandra Barrales
Señor director:
El l 8 de marzo, como cada año, se celebró el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a la lucha de las mujeres por participar, en pie de igualdad con los hombres, dentro de la sociedad y en procura de su desarrollo íntegro como personas.
En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se realizaron los actos correspondientes, pues, como es del dominio público, ese órgano legisla en torno a normas tendientes a blindar la seguridad de las mujeres contra la violencia familiar.
No obstante, la realidad administrativa que se vive dentro de esa institución es muy distinta, ya que varias trabajadoras fuimos objeto de discriminación laboral, hostigamiento, maltrato, privación del derecho de capacitación y adiestramiento, desinformación y otras irregularidades hasta que finalmente fuimos despedidas de la Asamblea Legislativa, precisamente por órdenes directas y/o avaladas por la propia presidenta de la Comisión de Gobierno, la diputada Alejandra Barrales Magdaleno.
Queremos dejar sentado que las suscritas no incurrimos en ninguna causal o infracción que ameritara nuestros despidos. El único “pecado” que cometimos fue haber entregado lo mejor de nosotras mismas como trabajadoras al servicio de esa institución, ya que siempre desempeñamos nuestros trabajos con un alto sentido de responsabilidad, eficiencia y calidad profesional, ética y humana durante todo el tiempo que mantuvimos nuestros respectivos puestos o categorías. En suma, somos víctimas de despidos arbitrarios, injustificados, porque para decidirlos no existía ninguna causa legal o motivada.
En reiteradas ocasiones hemos solicitado que se reconsidere, destacando que nuestra conducta se ha ceñido en todo momento a la normatividad aplicable, que nosotras contamos con una considerable antigüedad (Yolanda Barco Ortiz, 10 años; Araceli Franco Flores, 10 años; Olivia García Wong, 16 años) y que, por ende, tenemos derechos adquiridos que deben respetarse.
Empero, a la fecha la presidenta de la Comisión de Gobierno se ha negado a resolver nuestra situación, se ha abstenido inclusive de atendernos y, peor aún, ha reiterado su decisión a las diversas instancias (Oficialía Mayor, Recursos Humanos, Tesorería, Dirección de Asuntos Jurídicos, etcétera) en el sentido de que se ejecuten materialmente, sin miramiento alguno, nuestros despidos.
Es así, señor director, como no sólo se nos niega nuestra permanencia en el empleo y se nos despoja de nuestro ingreso, sino que además se nos niega nuestra antigüedad cumplida.
A la par de estas flagrantes violaciones a la ley, vemos cómo el nepotismo ha impregnado las altas esferas de la ALDF, pues están siendo colocadas en importantes puestos personas relacionadas, mediante diversos lazos de parentesco, con Alejandra Barrales y con diputados y funcionarios que le son afines.
Como puede verse en el siguiente cuadro, algunas de las personas incorporadas a plazas de la Asamblea Legislativa, incluyendo las que se están desocupando con motivo de nuestros despidos, han sido ocupadas por familiares directos (hermanos, primos, esposos) o políticos (cuñados, sobrinos políticos) de Alejandra Barrales y personajes afines (ver tabla).
Cabe señalar que teníamos la expectativa de que, al ocupar una mujer la presidencia de la Comisión de Gobierno de la ALDF, sería relevante la identidad de género y que ello propiciaría un mejor espíritu y beneficios para el empleo y el ingreso de las mujeres en la institución.
Pero la realidad ha sido otra: paradójicamente, somos precisamente mujeres quienes estamos siendo golpeadas en nuestros derechos laborales y a quienes se nos deja en la calle.
Asimismo, somos jefas de familia. Una de nosotras fue operada del corazón y requiere tratamiento de por vida, por lo que le resulta indispensable el servicio médico del ISSSTE, en tanto que otra tiene cuatro meses de embarazo. Nada de esto impidió tampoco que nos despojaran del ingreso con el cual mantenemos a nuestras familias.
Cabe preguntarse: ¿De qué sirven las iniciativas de ley que buscan eliminar la violencia contra las mujeres, si no hay solidaridad de género en la toma de decisiones? Resulta una grave contradicción que en la institución en donde se proponen y aprueban leyes para evitar la violencia contra las mujeres se lesione el derecho de las mismas y se les despida injustificadamente.
Por tal motivo, en la importante fecha del 8 de marzo decidimos, por imperiosa necesidad, enviar esta carta de denuncia con el fin de dar a conocer públicamente la arbitrariedad de la que estamos siendo víctimas, así como para elevar nuestra más enérgica protesta y exigir una solución. Anunciamos el inicio de una lucha legal y social en defensa de nuestros derechos.
¡Exigimos la reinstalación o restitución inmediata en nuestros respectivos trabajos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal!
Atentamente
Doctora Yolanda Barco Ortiz, Araceli Franco Flores y Olivia García Wong
yobarco@yahoo.com.mx
Agradece información sobre narco
Señor director:
Me permito felicitarlo por el excelente trabajo periodístico y la información veraz y oportuna que manejan en su semanario, información de no tan fácil acceso y que es tocada con poca profundidad en otros medios.
De la misma forma, reconozco el trabajo que por más de 34 años ha realizado Proceso con entereza a pesar de los múltiples detractores que ponen en entredicho la veracidad y calidad de la información publicada.
Espero que la revista llegue cada vez a más lectores jóvenes para que conozcan, a través de sus páginas, un poco sobre la compleja realidad por la que atraviesa nuestro país. Importante es también poder encontrar en sus páginas un poco sobre la historia de los cárteles, como es el caso de su edición especial número 32, bien titulada los Rostros del narco - Primera parte.
Dicha edición permite a los jóvenes como yo conocer un poco más sobre los orígenes y personajes del narcotráfico que actualmente afectan tanto a nuestra sociedad.
En ediciones especiales, como la titulada El México narco – Primera parte, existen imágenes fuertes, por la manera tan real en que plasman nuestro contexto actual, lleno de muertos, sangre y balas por los ajustes de cuentas y la pugna entre los cárteles por el control de territorios.
Es igualmente relevante el hecho de que, a través de investigaciones periodísticas bien fundamentadas, se da cuenta de los verdaderos números de la famosa guerra contra el narco emprendida por el presidente Calderón. Asimismo, se ha mostrado la manera en que las mismas autoridades han estado y están coludidas con el crimen organizado.
Gracias a textos redactados e investigaciones del gran grupo de reporteros que laboran para Proceso he podido conocer nuevas regiones de mi país y la dura situación por la que atraviesan, pues en las fotos captadas por los reporteros gráficos veo plasmada una realidad hiriente y un aletargamiento de nuestras instituciones encargadas de la procuración de justicia, así como de las responsables de salvaguardar la seguridad de nuestro país y de nuestros compatriotas.
Sea pues este breve texto un reconocimiento y motivación para que semana a semana sigan dando a conocer más sobre nuestra triste realidad, y no sobre aquella que noche a noche nos muestra maquillada la televisión en horarios estelares.
Atentamente
Marcos Solís Carrera
Estudiante de la Preparatoria
Benito Juárez García (BUAP)
Puebla, Puebla
manuel11_21@hotmail.com
Sobre Solución viable: “unificación pactada”
Señor director:
Leo y colecciono Proceso desde sus inicios. En el número 1791 me sorprendió el diagnóstico del secretario de la Defensa Nacional, quien –de acuerdo con lo publicado en Solución viable: “unificación pactada” – demuestra sin lugar a dudas talento y conocimiento de la situación del país.
Pero me impresionaron también la personalidad, la capacidad y el currículum de los miembros del crimen organizado.
Y ante esto me pregunto: ¿Por qué el señor presidente no fue capaz de formar así el gabinete, pero con hombres y mujeres de bien para beneficio de la patria?
Tal vez porque no utilizó el sistema de un director de orquesta, que sólo admite virtuosos en cada instrumento y eso hace posible que con sólo una varita (que no es mágica) controle, coordine, sincronice y armonice lo mismo a 10 que a 100 elementos.
Lamentablemente se le está terminando el tiempo al presidente Calderón para rectificar en su política y en sus decisiones, lo cual debiera hacer empezando por corregir la aberración de haber invertido desde el año pasado –sin ninguna consulta ciudadana– los colores patrios de la Banda Presidencial.
Atentamente
Jorge Mejía Oseguera
Cuautla, Morelos
De las varias formas de censura
Miguel Ángel Granados Chapa
El documental Presunto culpable, de Layda Negrete y Roberto Hernández, ha tenido, si cabe decirlo, un doble estreno. El primero ocurrió el 18 de febrero. El segundo, el 8 de marzo. Entre uno y otro ocurrieron acontecimientos judiciales que la hicieron salir de la cartelera y reponerla.
Una juez de amparo, Blanca Lobo, otorgó la suspensión provisional contra la autorización expedida por la Secretaría de Gobernación, a la que el 2 de marzo ordenó disponer el retiro de la cinta, que se exhibía profusamente en la Ciudad de México, antes de comenzar su recorrido por los estados, que se anunciaba promisorio. Esa dependencia del Ejecutivo reaccionó con perplejidad y demoró cuatro días en mandar que la película dejara de exhibirse. Pero la virtual prohibición fue breve. El martes 8 de marzo un tribunal colegiado revocó la suspensión inicial y la cinta volvió a las salas de exhibición ese mismo martes. El viernes 11 la juez de amparo debería decidir si otorgaba o negaba la suspensión definitiva. Aunque estas líneas fueron escritas antes de que su resolución sea pública, era previsible que negaría tal suspensión definitiva y, por lo tanto, la cinta seguirá en la cartelera hasta que agote su ciclo comercial o se resuelva el fondo del amparo, lo que ocurra primero. Es también imaginable que en ese momento procesal la juzgadora negará el amparo al quejoso.
Éste es el primo de la víctima y único testigo del homicidio por el cual fue condenado a 20 años de prisión José Antonio Zúñiga. El único elemento con que el Ministerio Público y el juez contaron para condenar a Zúñiga fue el testimonio de Víctor Manuel Reyes. Pero el testigo no se mantuvo en su dicho. Reconoció no haber visto a Zúñiga asesinar a su pariente y el ya sentenciado pudo salir de la prisión. Eso no hubiera ocurrido si los abogados y cineastas Negrete y Hernández no hubieran filmado el proceso a modo de denuncia contra mecanismos de procuración y administración de justicia que fabrican culpables a falta de los verdaderos que, de ese modo, permanecen en la impunidad.
Muy probablemente inducido por alguien que esperaba obtener provecho o evitar daños, Reyes pidió amparo sosteniendo que la cinta le causaba perjuicios, porque denigraba su reputación y hasta generaba hostilidad en la gente que lo reconocía, tras haberlo visto en la pantalla, haciendo el involuntario papel de uno de los villanos, cuya palabra pudo haber hundido en la cárcel a un inocente.
Como autoridad responsable (así se llama en el juicio de amparo aquella que emite el acto reclamado, en este caso la autorización de exhibición), Bucareli no sabía qué hacer. No se le ocultaba que admitir lisa y llanamente la decisión judicial del 2 de marzo lo haría cómplice de un silenciamiento que de inmediato convocó el fantasma de la censura. Pero tampoco podía desacatar el ordenamiento judicial, pues quienes incurren en desobediencia ante una orden de la justicia federal deben ser removidos de su cargo. Alegó además una aclaración del sentido de la orden de la juez XII de distrito, porque la orden lo conminaba a realizar actos para los que la dependencia del caso, Radio, Televisión y Cinematografía, no está facultada. Y ya se sabe que las autoridades sólo pueden obrar en el sentido expresamente establecido por la ley. Pasando por alto esa circunstancia, la juzgadora insistió y Presunto culpable se ausentó por horas de las pantallas hasta que magistrados superiores modificaron la resolución de la juez.
No se trató, pues, de un acto de censura, que con ese nombre no existe en México desde hace décadas. Con rubor hipócrita, la Ley de la Industria Cinematográfica expedida en tiempos de Miguel Alemán, en 1949, llamó supervisión a los actos administrativos que podrían evitar no sólo la exhibición, sino aun la filmación de una cinta. Esa ley fue derogada por la actualmente en vigor, de 1992, que ya no habla de supervisión, sino de autorización y clasificación. Esas son las formas contemporáneas en que el gobierno federal puede decidir el destino de una película o un video, para el exclusivo efecto de su exhibición (o venta o renta) pública.
Aunque atenuada, sigue vigente y puede ser aplicada una moral conservadora dictada por el catecismo católico, ni siquiera por la moral de ese credo, sino por formas anacrónicas como la que expresaba que “los tres enemigos del alma son el mundo, el demonio y la carne”. La carne, es decir, la sexualidad, perturba a la mojigatería que se esconde tras una doctrina que, bien mirada, predica en el fondo la libertad, no las restricciones de la institucionalidad católica. En la legislación vigente hay tufos de miedo a la carnalidad como los que impregnaban la clasificación que a mediados del siglo pasado formulaba la Liga de la Decencia, una oficina paraeclesiástica, que calificaba películas para el buen gobierno de las conciencias católicas y de los párrocos que fijaban en la puerta de sus templos la clasificación de las películas, que iba de la A: “buena para todos”, hasta la D: “prohibida por la moral cristiana”, pasando por la C: “para mayores con serios inconvenientes”. Jugando con esta expresión, mi finada hermana Emelia decía de sí misma que ella era una “mayor con serios inconvenientes”.
En esa línea, el reglamento de la Ley Federal de Cinematografía dispone que se niegue la autorización a películas “con escenas explícitas, de actividad sexual o genital”, lo cual está muy bien para evitar la difusión de la pornografía, en el supuesto de que sepamos dónde se traza la línea divisoria entre el arte cinematográfico que exalta la belleza de los cuerpos y de su ayuntamiento o aproximación, y la industria de la salacidad, que se propone sólo ganar dinero explotando las pulsiones de quienes, por la razón que fuere, prefieren ver relaciones sexuales antes que practicarlas, o practicarlas sólo estimulados por haberlas visto.
No fue censurada, pues, Presunto culpable. No se intentó evitar que el público la conociera. Al contrario, en paradoja saludable la oficina encargada de autorizar pugnó por que tal autorización no fuera revocada. Pero en amplia medida actuó así por la reacción pública, que está avivándose cuando se trata de defender derechos de expresión. l
Presunto culpable
Ernesto Villanueva
En estos días ha tenido lugar un debate sobre la inusitada decisión de una juez federal que resolvió suspender provisionalmente la exhibición del documental Presunto culpable. Como es frecuente en el país, las posturas han sido maniqueas. Blanco o negro. En realidad se trata de un asunto que tiene claroscuros porque se genera un conflicto de derechos: la libertad de expresión frente al derecho a la propia imagen. La ruta que ha seguido la armonización de ambos ha sido accidentada. Ha provocado más dudas que certezas sobre la administración de justicia en el país, paradójicamente el eje del contenido del documental. Veamos.
Primero. Uno de los rasgos distintivos del sistema interamericano de derechos humanos –y que recoge el artículo 7º constitucional– es la prohibición de la censura previa, dejando a salvo responsabilidades ulteriores por la eventual afectación de otros derechos, entre ellos los correspondientes a la vida privada, al honor y a la propia imagen –este último como una vertiente del derecho a la vida privada. No obstante, el artículo 13, numeral 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece una excepción tratándose de espectáculos públicos como la cinematografía, los cuales “pueden ser sometidos por la ley a censura previa”, pero con “el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia”. (Cabe recordar que México ha reconocido la Convención desde el 3 de abril de 1982.)
En realidad, la censura previa se ha diluido con el transcurso del tiempo en el mundo, y en México, por ejemplo, se reduce sólo a una clasificación mediante la cual la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación resuelve el rango de edad en que una película puede ser vista. RTC no tiene atribuciones, por fortuna, para prejuzgar la eventual afectación de derechos de la personalidad.
Segundo. La prevalencia inicial de la libertad de expresión no significa que sea permitida la transgresión, en este caso, del derecho a la propia imagen, reconocido dentro de la figura del derecho a la vida privada en el artículo 7º de la Constitución federal y expresamente en el capítulo III de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal.
El derecho a la propia imagen es la prerrogativa de la persona a decidir sobre la comunicación de su imagen física y a evitar que, sin su consentimiento, se capte, reproduzca, difunda o explote comercialmente. Tampoco, sin embargo, este derecho es absoluto. En principio, para su ejercicio existen tres excepciones: a) la captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público; b) la utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social, y c) la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.
Tercero. En este caso concreto, ¿se ha violado el derecho a la propia imagen del primo de la víctima de Presunto culpable, quien ha presentado la polémica demanda? De primera impresión, habría quienes respondan en forma negativa, en virtud de que el documental es de interés público por su contenido revelador de la disfunción del sistema judicial. Más todavía, podrían invocar el artículo 19 de la referida ley especial, que a la letra dice: “La imagen de una persona no debe ser publicada, reproducida, expuesta o vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que dicha reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, por la función pública que desempeñe o cuando la reproducción se haga en relación con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público y sean de interés público”.
Con todo, habría que recordar lo dispuesto por el artículo 26 del citado ordenamiento, que establece: “La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos sin la autorización de la persona constituye una afectación al patrimonio moral. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona con fines peyorativos, publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga dará lugar a la reparación del daño que por la difusión de la misma se genere”.
Cuarto. Por la razón anterior, sí hay elementos de presunción de que se ha afectado el derecho a la propia imagen del demandante en el documental de referencia. Simple y sencillamente porque el elemento comercial (que se puede probar con la difusión no gratuita del documental en los cines) es claro. El problema reside en los criterios de proporcionalidad entre el derecho lesionado y las medidas de apremio dictadas por una juez federal para impedir la vulneración de tracto sucesivo o continuo del citado derecho. La juez federal pecó de formalismo en un asunto que requería de un análisis no mecanicista del derecho.
Si bien es verdad que la probable violación de un derecho fundamental por un acto de autoridad (en este caso RTC) puede ser combatida a través de una demanda de amparo indirecto ante un juez de distrito, también lo es que la autorización de RTC había sido otorgada y el documental se encontraba en plena difusión comercial. En pocas palabras, se trataba de un acto consumado. De esta suerte, la vía no era (no es) la justicia federal, sino la del fuero común, con fundamento en la ley especializada, teniendo como objeto la reparación del daño. Se hubiera evitado este vodevil que deja mal colocada a la justicia federal. Pone de relieve la urgencia de que los juzgadores se capaciten y actualicen en estos temas para que lo que acaba de ocurrir no se repita. l
evillanueva99@yahoo.com
twitter: @evillanuevamx
Calderón y un candidato ciudadano
Jesús Cantú
En diciembre del año pasado, en el marco de las entrevistas anuales que concede selectivamente a representantes de los medios de comunicación masiva con motivo de su aniversario de gobierno, el presidente Felipe Calderón expresó, en el noticiario de Óscar Mario Beteta, su deseo de que “alguna distinguida o algún distinguido integrante de la sociedad civil” fuera el abanderado del Partido Acción Nacional en la contienda presidencial de 2012.
El sábado 5 de marzo, al participar en la reunión del Consejo Nacional del PAN, Calderón reiteró: “Desde ahora sugiero respetuosamente que nos aboquemos todos a ver en cada distrito electoral, en cada estado, en cada puesto de elección popular, quién verdaderamente, militante o no, puede responder a ese atributo de ser la o el mejor, porque lo que está en juego es nada menos que el futuro del país y no sólo el futuro en el gobierno de Acción Nacional”.
Los panistas, que dejaron pasar sin mayores comentarios la expresión de diciembre, ahora sí reaccionaron y enfatizaron que ellos llevan mano. En palabras del líder nacional del PAN, Gustavo Madero: “… para la Presidencia de la República es muy difícil que un candidato ciudadano alcanzara el posicionamiento o el liderazgo que ya tienen 10 de nuestros principales contendientes”, y por eso, afirma, hay un 99.99% de probabilidades de que su abanderado sea un militante panista.
En general los blanquiazules, al menos los que opinaron al respecto, no se atreven a cerrar del todo la posibilidad enunciada por Calderón, pero le dan muy pocas probabilidades, como el líder de la bancada panista en el Senado, José González Morfín, quien recordó que el PAN siempre ha estado abierto a que un ciudadano sin partido los abandere, como ya ha sucedido inclusive para la Presidencia de la República en sus primeras dos participaciones (1940 y 1946), pero aclaró que en el PAN hay muy buenos candidatos.
Sin entrar en las especulaciones de quién o quiénes pueden ser los candidatos en los que piensa Calderón para asumir tal encomienda, es evidente –por el tono de las declaraciones y los antecedentes– que se refiere a un líder sin militancia oficial en ningún partido político, pero cuya popularidad emana del impulso recibido por los dirigentes del corporativismo de Estado, que a pesar de la alternancia partidista en el Ejecutivo federal no termina de morir en México.
El corporativismo de Estado es la integración de los ciudadanos al aparato estatal por medio de corporaciones gremiales o sociales con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los proyectos del primero, es decir, es la forma de garantizar que los ciudadanos se apropian de los programas y soluciones del Estado (o al menos los aceptan), y no al revés, como debiese ser en un régimen democrático, donde es el Estado el que se sensibiliza de las demandas ciudadanas, las hace suyas, las atiende y las resuelve. Uno de los principales soportes del corporativismo de Estado es precisamente controlar la selección de los dirigentes de los distintos gremios o corporaciones, para asegurar que éstos cumplen con su objetivo central: garantizar el cumplimiento de los proyectos del Estado.
Por ello en México los liderazgos (salvo muy contadas excepciones, que en muchas ocasiones terminan o terminaron fatalmente) se construyen de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, es decir, son las cúpulas (siempre con el visto bueno de los personeros del Estado mexicano) las que designan (o en el mejor de los casos identifican) a los denominados líderes y los legitiman a través de los más diversos mecanismos, que incluyen su reconocimiento como interlocutores confiables, su aparición en eventos públicos relevantes como representantes de un sector de la sociedad civil, su exposición mediática, su participación en acuerdos, pactos y alianzas, y, limitada y dosificadamente, la concesión de algunas de las demandas que sus grupos plantean.
Pero finalmente son líderes al servicio del Estado y no de la sociedad, pues su labor es convencer o seducir a la ciudadanía acerca de las bondades de las políticas estatales y no mover al Estado a respetar los derechos fundamentales, las libertades consagradas en la Constitución y/o la atención de las legítimas demandas ciudadanas. Su liderazgo no emergió de encabezar luchas populares, ni sus logros fueron producto de la legitimidad de sus causas y la magnitud de la demanda social. Tales liderazgos son emanados de la voluntad de los poderosos y casi siempre provienen del mismo establishment.
La crisis de representación de los políticos y los partidos alcanza niveles extremos, como se muestra en la encuesta de Latinobarómetro 2010, según la cual únicamente 19% de los mexicanos dicen confiar en los partidos, y sólo 16% piensan que el método más efectivo para influir en las decisiones del gobierno es mediante la participación en los partidos políticos.
En este contexto, resulta atractiva la opción de recurrir a uno de estos llamados candidatos ciudadanos para tratar de ganar la elección, especialmente cuando las encuestas de preferencia electoral muestran que el candidato blanquiazul mejor posicionado (Santiago Creel) está más de 31 puntos porcentuales por debajo de las intenciones de voto que obtiene el candidato priista (Enrique Peña Nieto), conforme a la última actualización del tracking poll de Consulta.
Y más todavía cuando se tiene la certeza de que finalmente el candidato ciudadano es alguien que, en caso de llegar al poder, gobernará exactamente con las mismas reglas y en las mismas condiciones que un candidato con credencial de afiliación al PAN. Para efectos prácticos, no hay mayor diferencia respecto a lo que en su momento sucedió con la candidatura de Vicente Fox, cuya afiliación al panismo era muy reciente, como ocurre con varios de los aspirantes actuales (por no decir todos), cuya fecha de afiliación al blanquiazul es muy reciente.
Éstas también pueden ser algunas de las razones reales de que no se acepten las candidaturas no partidistas, pues en esos momentos los partidos políticos sí perderían ese control, que resulta fundamental para la sobrevivencia –aunque sea en agonía– del actual sistema. l
