Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 27 de marzo de 2011
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / ¿Vale la pena exigir justicia?
El caso de un niño violado en un instituto de Oaxaca puede ayudar a revalorar la participación del menor en el proceso judicial
Colaborador Invitado
(27 marzo 2011).- Raquel Pastor y Analía Castañer
El 30 de marzo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirán si quedará en libertad la única persona detenida por la acusación de violación de un pequeño de 4 años en el Instituto San Felipe de Oaxaca. Con esto, los dos prófugos faltantes podrían perder esa condición.
El 23 de mayo de 2007 la madre presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Según el dictamen psicológico del 6 de junio de 2007, de un perito de la Procuraduría General de Justicia del estado, el niño "ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás... ha respondido con temor, desesperanza o un horror intensos...". Sin embargo, durante cinco meses las autoridades no actuaron. Sólo por la presión de la ciudadanía giraron tres órdenes de aprehensión y detuvieron y consignaron a la maestra que llevaba al niño al salón donde era abusado. El 5 de febrero de 2008 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 04/2008 al entonces gobernador Ulises Ruiz, por violaciones al derecho a la pronta y debida impartición de justicia. Ante la impunidad, José Bonilla, entonces abogado de la víctima, recurrió a instancias federales. Miembros de la AFI intentaron la detención, pero agentes de las corporaciones de seguridad estatales los detuvieron y permitieron la fuga de los condenados. Si la Suprema Corte de Justicia no reconoce delito alguno, se perderá la oportunidad de inhibir estos delitos, pero habrá que considerar las ventajas que puede tener para el niño este largo camino.
Denunciar puede simbolizar ante los ojos del niño la protección de adultos significativos. Independientemente del resultado final que se obtenga, transmite el mensaje de que hay adultos que comprenden la gravedad de la situación que está sufriendo y la necesidad de hacer algo para detener el delito. El inicio de la averiguación previa constata que se ha creído al niño y no está solo. Estas acciones pueden propiciar que el niño recupere la voluntad de protegerse: hay autoridades, terapeutas, abogados y adultos acompañantes que le creen y que hacen algo al respecto. Recibir esta protección lo redignifica y constituye un elemento fundamental en su recuperación. El sentido del proceso cumple una función importante para desculpabilizarlo. Para la sociedad y las autoridades es tan clara la completa responsabilidad del adulto que comete una agresión contra una persona menor de edad, que se considera delito y es por ello que existen lugares específicos donde es necesario contarlo.
El acompañamiento adecuado hace que el niño se sitúe en un lugar de importancia dentro del proceso: es quien puede dar información sobre lo que pasó. Hacerlo es un medio que está en sus manos para ayudar a que lo que sucedió no se repita. Su participación le muestra sus propias capacidades de autocuidado y una acción concreta que contrarresta el atrapamiento en el silencio y la impotencia. Presentarse a una audiencia permite que el niño sienta que cumplió la parte que le tocaba para evitar nuevas agresiones; le sirve para "dejar" el asunto en manos de los adultos a los que les toca tomar medidas. El contacto con autoridades y otros adultos protectores habilita el trabajo de recuperación de claves de confiabilidad en otros, que le permiten discriminar entre relaciones abusivas y no abusivas. El proceso enseña al niño un camino real de qué hacer cuando alguien hace algo indebido. Cada acción en las diligencias podrá ser connotada en este sentido y, con ello, mostrar al niño recursos sobre los cuales construir la idea de ser valioso, merecedor de cuidado y digno de protección. Le muestra que es capaz de enfrentar algo que fue muy doloroso, por el solo hecho de presentarse a la audiencia, aún cuando no pueda declarar nada.
Cada diligencia presenta barreras específicas a superar, que una vez completadas pasan a formar parte del repertorio de herramientas del niño para afrontar futuras situaciones difíciles. El niño puede incorporar información nueva, que marca una diferencia respecto de la percepción anterior de sí mismo como "niño abusado" y permite construir una identidad de "niño que sabe protegerse". Toda participación aporta, si se utiliza la lente adecuada, elementos para contrarrestar sentimientos de culpa, vergüenza, percepción como persona dañada o sin recursos.
En conclusión, sí vale la pena denunciar porque ello puede tener efectos terapéuticos en la infancia víctima que participa en un proceso de justicia cuando existen preparación y acompañamiento adecuados, que complementan y potencian su recuperación. Además, ayuda a otros niños víctimas a garantizar la no repetición y a toda la sociedad si se hace realidad la justicia para niñas y niños. La Corte tiene la palabra. Participar del proceso de justicia y salir fortalecido de él es lo que deseamos para el niño de éste y todos los casos.
Raquel Pastor es profesora de la Maestría en Trabajo Social de la UNAM.
Analía Castañer es coordinadora de investigación de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia.
Títulos sin educación
Reportaje Crisis de la educación superior. La SEP sólo supervisa a las instituciones privadas de educación superior que tienen registro oficial, ignora cuántas operan sin él
Martha Martínez
(27 marzo 2011).- Ubicado en la colonia Doctores, el Instituto Universitario Interamericano Progresa se promociona como una escuela barata y con planes de estudio flexibles. "Déjese de preocupar por los altos costos de las colegiaturas y el tiempo para estudiar... hemos diseñado para usted que trabaja: Licenciaturas Ejecutivas flexibles que no interfieren con su trabajo ni con su familia y colegiaturas que sí puede pagar sin sacrificar su economía", señala la publicidad en internet del plantel.
El instituto imparte las licenciaturas de Derecho y Pedagogía, de ellas, sólo la primera cuenta con Registro de Validez Oficial de Estudios. Según la información proporcionada por la recepcionista del lugar, los planes curriculares son cuatrimestrales, el costo es de mil 200 pesos mensuales y ambas carreras cuentan con titulación directa.
A pesar de que una de sus dos licenciaturas fue validada por la autoridad educativa, las instalaciones distan mucho de las de una universidad: un edificio que originalmente fue construido como casa habitación y departamentos que se han ido acondicionando a las necesidades del plantel.
Como ésta, muchas escuelas operan en el país. Cifras oficiales señalan que por cada institución de educación superior pública creada en la última década se abrieron 2.9 particulares.
El Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública indica que entre 2000 y 2010, el número de instituciones de educación terciaria -incluido posgrado- aumentó de más de 4 mil a 5 mil 981.
Según la dependencia, de las mil 932 escuelas que se crearon, mil 285 fueron particulares. Los estados con el mayor aumento son Veracruz, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Sonora, Puebla y Chihuahua.
En estos planteles estudia el 33 por ciento de la matrícula de educación superior del país. Datos de la SEP muestran que el número de alumnos del sector particular aumentó de más de 657 mil en el ciclo escolar 2000-
Un alto porcentaje de jóvenes cursa planes de estudio que no han sido evaluados por la autoridad educativa. El estudio De la privatización a la mercantilización de la educación superior, realizado por investigadores de la Academia Mexicana de Ciencias -el más serio que existe hasta ahora sobre el tema- señala que alrededor del 90 por ciento de las instituciones particulares no cuentan con certificación de calidad, lo que significa que operan sin evaluación o supervisión de alguno de los tres niveles de gobierno.
En el documento La educación superior en México: avances, rezagos y retos, publicado en febrero pasado en la página en internet de la SEP, el subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán, reconoce que más de la mitad de los planes de estudio del sector privado se imparten sin controles de calidad.
"Dos de cada tres programas de instituciones particulares no han sido sometidos a procesos de evaluación externa ni cuentan con prácticas de aseguramiento de calidad", expresa el funcionario.
No obstante, en un documento entregado la semana pasada a solicitud de Enfoque, el subsecretario asegura que la SEP desconoce el porcentaje de instituciones que no cuentan con Registro de Validez Oficial de Estudios, el reconocimiento que otorgan las autoridades educativas federal y estatales a los planes de estudio que cumplen con las características pedagógicas y de infraestructura básicas.
El funcionario afirma que la SEP lleva un control estricto de las instituciones que cuentan con el registro oficial, pero no de aquellas que operan sin dicho reconocimiento.
"Se desconoce, por la naturaleza misma de este fenómeno, el porcentaje de instituciones que no cuentan con RVOE. La SEP lleva a cabo un control estricto de instituciones que operan programas con RVOE (federal o estatal), no de aquellas que imparten programas sin Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios", sostiene.
Tuirán informa que hasta diciembre de 2010 estaban vigentes en el país más de 25 mil programas de estudio con reconocimiento oficial; de ellos, más del 54 por ciento fueron otorgados por la autoridad federal, cerca del 44 por ciento por la estatal y menos del 2 por ciento por las universidades autónomas autorizadas.
Axel Didriksson, uno de los primeros académicos que alertó sobre el sistemático crecimiento de las escuelas de dudosa calidad, señala que el objetivo de estos planteles es atraer de manera masiva a jóvenes que no logran ingresar a las universidades públicas y no pueden pagar un lugar en las privadas de prestigio.
Para ello, agrega el investigador del Centro de Estudios sobre la Universidad de la UNAM, establecen colegiaturas económicas y prometen entregar títulos en 3 años o menos, esto a cambio de instalaciones que no cuentan con la infraestructura necesaria, docentes poco capacitados y una oferta educativa saturada en el mercado laboral.
El Anuario Estadístico 2008-2009 de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior indica que más del 62 por ciento de la matrícula del sector particular se concentra en carreras relacionadas con el área de conocimiento de sociales y administración.
La razón, explica Didriksson, es que la enseñanza de carreras como Administración, Ciencias Políticas, Comercio Internacional, Contabilidad, Derecho o Mercadotecnia les resulta "económica", pues no requieren de una infraestructura sofisticada -como laboratorios, por ejemplo- o docentes sumamente preparados para impartirlas.
El académico sostiene que la inexistencia de mecanismos eficientes de evaluación y supervisión por parte de las autoridades federales y locales se ha convertido en un caldo de cultivo para la creación desmedida de escuelas que comercializan con la educación.
"De manera contundente no existe regulación en México para las instituciones privadas, el otorgamiento del denominado RVOE es eso, un registro de validación a una empresa que debe cumplir con algunos requisitos, estándares mínimos: tantas carreras, si tiene aulas, una biblioteca, lo más elemental que puede darse hasta en una casa de 2 o 3 pisos que tiene un patio y un lugar para biblioteca, eso no es regulación", advierte.
Regulación y certificación
Además del RVOE, el subsistema de evaluación y acreditación de las instituciones públicas y privadas de educación superior está integrado por las evaluaciones que realizan los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior y las acreditaciones que otorga la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior y los organismos afiliados al Consejo para la Acreditación de la Educación Superior.
Estos mecanismos fueron creados durante los años noventa con el objetivo de mejorar la calidad de la educación terciaria en el país; no obstante, a más de una década de su puesta en marcha no han tenido repercusiones importantes en las instituciones privadas debido a que son voluntarios.
El académico de la Universidad de la Ciudad de México, Guillermo Elías Treviño, analizó el tema en su tesis El menú dependiente de la demanda de educación privada en México: los casos de Guadalajara y Hermosillo (FLACSO, 2010).
La investigación advierte que las acciones de evaluación y acreditación llevadas a cabo por las autoridades educativas se concentran en las universidades públicas y "privadas de élite".
Explica que esto se debe a que no existen incentivos para que las instituciones que no pertenecen a estos dos bloques soliciten ser evaluadas.
El documento sostiene que las universidades públicas reciben apoyos extraordinarios a cambio de que sus planes de estudio sean acreditados y las privadas de élite obtienen prestigio; no obstante, las que se encuentran al margen de las acciones de supervisión pueden seguir operando aún cuando sus planes de estudio no se encuentren avalados por la autoridad educativa debido a que jurídicamente no existe impedimento para ello.
Según la investigación, de los más de 725 programas evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, sólo 120 se imparten en instituciones particulares. De ese total, más del 50 por ciento pertenecen al Insituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad TecMilenio.
El mismo problema se presenta con las certificaciones que otorga el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior: de los 460 programas acreditados, 40 por ciento son del ITESM, 9 por ciento de la Universidad del Valle de México y 6 por ciento de la Universidad Iberoamericana.
Sobre el RVOE, la investigación indica que a pesar de ser el trámite a partir del cual la autoridad educativa determina la incorporación de un plan de estudios al Sistema de Educación Nacional, la falta de homogeneidad en los criterios para otorgarlo ha propiciado la expansión de la oferta educativa de mala calidad.
Debido a que este reconocimiento puede ser otorgado por la SEP, los institutos de educación estatales y algunas universidades autónomas, una práctica constante es que las escuelas particulares acudan a solicitarlo a la autoridad con el marco normativo más laxo.
Un ejemplo es el Estado de México. La tesis de Elías Treviño indica que esta demarcación cuenta con la normatividad más rígida del país para el otorgamiento del RVOE, razón por la cual los planteles privados evitan tramitarlo con la autoridad local; prefieren hacerlo a nivel federal en donde los requerimientos son más relajados.
La investigación sostiene que el 90 por ciento de los registros vigentes en la entidad han sido otorgados por la SEP, mientras que en el resto de los estados el promedio es de 54 por ciento.
Aumentan rechazados e institutos
El doctor en ciencias políticas, Guillermo Elías Treviño, señala que otro elemento que ha contribuido a la proliferación de escuelas de dudosa calidad es el limitado crecimiento de la matrícula pública.
"Un elemento tiene que ver con el estancamiento o el crecimiento lento del sector público, es decir, la demanda está creciendo a una velocidad determinada; sin embargo, el sector público no está creciendo a esa velocidad, esto no quiere decir que no esté creciendo, está creciendo, pero no suficientemente para absorber la creciente demanda existente, entonces lo que hay es que el sector privado se convierte en una llave de escape para aligerar la presión de la demanda", afirma.
Actualmente no existen cifras oficiales sobre el número de jóvenes rechazados por el sector público, pero los datos disponibles muestran que en cada ciclo escolar la cifra aumenta.
La tesis de Elías Treviño indica que las tasas de rechazo de por lo menos 13 de las universidades públicas más importantes del país se incrementaron sistemáticamente desde 1998 hasta 2008.
Los casos más sobresalientes son los de las universidades autónomas de Sonora y Colima. Según la investigación, cuyas cifras fueron obtenidas a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en 1998 la Universidad Autónoma de Sonora registraba una tasa de rechazo de cero por ciento, una década después ascendió a más del 13 por ciento; en el mismo lapso de tiempo la tasa de rechazo de la Universidad Autónoma de Colima aumentó de
Esto a pesar de que en la última década, el número de estudiantes que concluyeron el bachillerato aumentó de 604 mil
A decir de Elías Treviño, la falta de inversión y el mal uso que en algunos casos se da al presupuesto universitario son elementos que contribuyen a la limitada creación de espacios en el sector público.
El académico señala que los recursos destinados a la educación superior se incrementaron de manera constante en la última década; sin embargo, la cobertura no aumentó al mismo ritmo.
"No hay que ser ciegos, evidentemente se requiere más inversión, más recursos públicos y más recursos privados a la educación, pero no es un tema nada más de recursos, es un tema también de la gestión de recursos al interior de las universidades", sostiene.
En este sentido recuerda que la Universidad de Guadalajara fue objeto de duras críticas debido a que participó con recursos en la construcción de un auditorio en lugar de crear nuevos espacios. El especialista se refiere a la construcción del Auditorio Metropolitano que fue inaugurado en 2007. La obra tuvo un costo equivalente al 10 por ciento del presupuesto aprobado ese año a la universidad.
Cifras de la SEP indican que mientras el presupuesto para educación superior se duplicó al pasar de más de 31 mil millones de pesos en el año
Treviño advierte que la preocupación sobre la proliferación de las universidades "patito" ha estado en el discurso de la SEP desde los años noventa, pero no ha hecho nada al respecto porque el sector privado ha sido utilizado como una válvula de escape ante la creciente demanda de lugares en las universidades públicas.
"Esta historia de la regulación en torno a la educación superior privada es un tema que ha estado bajo un debate medio mudo o de baja intensidad desde la década de los noventa, todos sabemos pero nadie quiere hablar de eso, el Presidente ya lo dijo hace año y medio, pero desde la década de los noventa la autoridad educativa tiene conocimiento de ello y no actuó porque encuentra en el actor privado la llave de escape para el sector público", sostiene.
El riesgo de que las autoridades educativas sigan evadiendo el tema, asegura el especialista, es seguir formando estudiantes de bajo rendimiento que no contribuyan al desarrollo tecnológico, económico y social y que, por el contrario, se sumen a las filas del desempleo debido a que continúan estudiando carreras saturadas en el mercado laboral.
"Busquemos alternativas ingeniosas para salir de este problema porque si no así vamos a estar los siguientes 10 o 20 años y el objetivo principal de la educación superior que es la transmisión y generación de conocimientos relevantes que va a generar cambio tecnológico, va a promover desarrollo económico y va a producir que tengamos una sociedad más equitativa no se va a dar, vamos a tener estudiantes con bajo rendimiento, con baja capacidad de innovación tecnológica y así se va a producir un círculo vicioso", advierte.
Programas validados
25,063 programas con Registro de Validez Oficial de Estudios vigentes hasta diciembre de 2010.
54% otorgados por la autoridad educativa federal.
44% otorgados por la autoridad educativa local.
2% otorgados por instituciones públicas de educación superior.
Distribución según tamaño del plantel
49% de los programas se ubican en planteles pequeños (
29% planteles con
22% planteles con 10 o más programas.
Registros según área de estudio
59.5%
Ciencias Sociales.
18.3%
Ingeniería y Tecnología.
13.7%
Educación y Humanidades.
7.6%
Ciencias de la Salud.
0.5%
Ciencias Naturales y Exactas.
0.4%
Ciencias Agropecuarias.
Más jóvenes, menos espacios
En la última década la cobertura de población en edad de cursar estudios superiores ha crecido lentamente.
| Ciclo escolar | Población de | Matrícula estudiantil (cobertura%)* | Egresados de Bachillerato | Población sin estudiar |
| 2009-2010 | 9,901,559 | 2,847,400 (29.1%) | 908,510 | 70.9% |
| 08-09 | 9,852,739 | 2,705,200 (27.6%) | 869,488 | 72.4% |
| 07-08 | 9,800,623 | 2,623,400 (26.7%) | 841,644 | 73.3% |
| 06-07 | 9,743,372 | 2,528,700 (25.9%) | 807,288 | 74.1% |
| 05-06 | 9,692,116 | 2,446,700 (25.2%) | 779,436 | 74.8% |
| 04-05 | 9,649,781 | 2,384,900 (24.6%) | 742,717 | 75.4% |
| 03-04 | 9,607,666 | 2,322,800 (24.1%) | 720,248 | 75.9% |
| 02-03 | 9,565,891 | 2,236,800 (23.4%) | 676,725 | 76.6% |
| 01-02 | 9,530,253 | 2,147,100 (22.5%) | 635,215 | 77.5% |
| 00-01 | 9,509,227 | 2,047,900 (21.6%) | 604,841 | 78.4% |
Aumenta alumnado en educación privada
El total de estudiantes inscritos en Instituciones de Educación Superior (IES ) privadas aumenta progresivamente, mientras la matrícula en instituciones públicas crece a un ritmo más lento.
| | Matrícula IES pública | Matrícula IES privada |
| 00-01 | 1,390,100 | 657,800 |
| 02-03 | 1,494,600 | 742,200 |
| 04-05 | 1,604,200 | 780,700 |
| 06-07 | 1,694,800 | 833,900 |
| 09-10 | 1,928,900 | 918,500 |
Crecen planteles
Las instituciones privadas proliferan, mientras los planteles de universidades públicas se estancan.
| | IES pública | IES privada |
| 00-01 | 2,063 | 1,986 |
| 02-03 | 2,252 | 2,234 |
| 04-05 | 2,281 | 2,438 |
| 06-07 | 2,473 | 2,766 |
| 09-10 | 2,710 | 3,271 |
Duplican docentes
Mientras los maestros en instituciones públicas crecen poco, los de las instituciones privadas casi se han duplicado.
| 00-01 | 133,433 | 75,259 |
| 02-03 | 143,138 | 88,420 |
| 04-05 | 155,712 | 96,028 |
| 06-07 | 167,781 | 106,837 |
| 09-10 | 187,201 | 122,751 |
Notas: *Incluye posgrado. Fuente: Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública. Informe sobre la Educación Superior en México del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Primer y Cuarto Informe de Gobierno de Felipe Calderón. Diagnóstico Cobertura Educativa República Mexicana y Estado de México.
Del patíbulo al celuloide
Reportaje Justicia y derechos de los migrantes. Mario Flores fue deportista preolímpico, miembro de la pandilla Latin Kings en Chicago, alumno de Michelle Obama, condenado a muerte, pintor y abogado autodidacta. Hoy asesora a migrantes y su vida será llevada al cine. En el 2003 fue el número 45 de 54 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos por los que el gobierno mexicano interpuso una demanda ante el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya
Dalila Carreño
(27 marzo 2011).- Su vida parece de película. De hecho, ya hay un guión apoyado por el Instituto Mexicano de Cinematografía para llevar su historia a la pantalla.
Acusado de homicidio en Chicago, el mexicano Mario Flores Urbán esperó a ser ejecutado durante 18 años. En ese tiempo estudió derecho por correspondencia, ayudó a liberar a 13 de sus compañeros condenados a la pena máxima, se convirtió en pintor y logró exponer en Europa, México y Estados Unidos.
Mario era el tercero en la lista de reos que serían ejecutados, cuando el gobernador George Ryan otorgó una moratoria a las penas de muerte.
Antes de pisar la cárcel había tomado clases de álgebra e inglés con Michelle Obama y hasta fue la esperanza olímpica estadounidense en clavados para los Juegos de Seúl en 1988.
Entre la pandilla y el deporte
En 1972, cuando emigró a Chicago con sus padres, su pasatiempo favorito era jugar con la nieve. Tenía siete años y sus primeros amigos fueron dos jóvenes que vivían en la misma cuadra.
Uno de ellos era hermano del jefe de los Latin Kings, una de las bandas más peligrosas de Humboldt Park, el barrio donde vivía.
Los tres amigos empezaron a irse de pinta, robar bicis y coches. Sabían que convertirse en maleantes era el único camino para ser respetados. Así pasaron seis años.
A los 13, Mario se enfrentó por primera vez a la cárcel. Conducía un Datsun robado cuando el policía Reynaldo Guevara, de origen puertorriqueño, le marcó el alto. Sus dos acompañantes escaparon y él acabo en el Centro Tutelar.
Fue la primera ocasión en que el mexicano estuvo frente a Guevara, pero no la única.
"Nunca debí de haber ido al centro de detención, porque por coche robado no te mandan", dice.
Aun así, pasó 30 días encerrado. La policía lo golpeó para que delatara a sus amigos, pero no lo hizo.
"Al salir yo ya era más respetado", asegura.
Tras ese incidente, sus padres quisieron inscribirlo en la prestigiosa escuela Whitney Young para alejarlo de ese ambiente.
Y aunque no tenía el promedio para ser aceptado, su habilidad en futbol le dio el pase automático.
"Mis hermanas estudiaban ahí y hablaron con el director". Y como necesitaban buenos atletas, le dieron una oportunidad.
También lo invitaron al equipo de natación donde su entrenadora le sugirió que podría desarrollarse mejor como clavadista.
No se equivocó. En un par de años, Mario ya era campeón de La Liga de Escuelas Públicas de Illinois. Incluso, en 1983 quedó en cuarto lugar a nivel estatal.
"Los entrenadores comentaban: 'tiene una habilidad increíble'", recuerda.
Lo mismo decían las 10 mejores universidades de Estados Unidos, que le ofrecían becarlo.
A sus 17 años, Mario aparecía en diarios como el Chicago Sun Times y el Chicago Tribune. Hablaba de sus ganas por competir en los Juegos Olímpicos de Seúl.
"Salía en medios como la esperanza de la comunidad mexicana, como migrante, de representar a EU. Nunca me tatué ni usé drogas. Eso me ayudó para no caer en malos pasos. Siempre pensé en la medalla de oro".
Pero ése fue el inicio de una serie de sueños frustrados.
Contacto con Michelle Obama
Al final de las clases, entrevistas y clavados, cada noche Mario regresaba a su barrio.
"El autobús que me llevaba de la alberca a la casa paraba en la mera esquina donde estaban los de la pandilla".
Por las noches, Mario se iba de fiesta con ellos. Ese ritmo de vida provocó que, cuando iba en segundo de preparatoria, reprobara tres materias. Pensó incluso en salirse de la escuela.
"Había puro nerd y yo quería estar en otra prepa, con los cuates, pero el director dijo que no, que mejor me pondría una tutora".
La casualidad hizo que quien le ayudara a elevar sus calificaciones fuera una joven, Michelle Robinson, quien en noviembre de 1992 cambió su apellido por el de su esposo: Barack Obama, que 16 años después fue electo presidente de Estados Unidos.
"Ella me dio álgebra, gramática e inglés, que se me complicaba mucho. Pero era después de clases y me tenía que quedar 45 minutos más durante tres meses".
En septiembre de 1983 su carrera deportiva iba en ascenso. Tendría que haber acabado la preparatoria, pero sus calificaciones todavía no le permitían egresar y entrar a la Universidad para estudiar Ingeniería Eléctrica, uno de sus deseos más grandes.
Y no sólo eso, tampoco podía repetir el año en la misma institución.
Entró entonces a una escuela más modesta, la Steinmetz, donde se reencontró con algunos Latin Kings.
"Al regresar con esos cuates, ya estaba metido en otro ambiente: pachangas, ligábamos chavas y hasta me convertí en DJ. Empecé a ver de forma más profunda la violencia, los pleitos por controlar el territorio, por la venta de droga, de armas".
A Mario no le interesaba eso y hubiera preferido gozar de una de sus becas universitarias, pero no tenía el promedio necesario.
"La única escuela prestigiosa que me admitía era la Universidad de la Florida. En cuanto saliera de la prepa y me dieran mi diploma, me iría para allá".
Ése fue otro sueño roto.
Presunto homicida
El 1o. de enero de 1984, el cuerpo de Gilberto López, líder de Los Discípulos Latinos, pandilla rival de los Latin Kings, fue encontrado sin vida.
Ese hecho dio inicio a una serie de represalias en la zona, y también cambió la vida de Mario, quien asegura que ese día estaba en casa de sus papás celebrando el Año Nuevo.
"De enero a julio de ese año, la ciudad de Chicago fue la más violenta en Estados Unidos".
Por eso, el entonces alcalde, Harold Washington, declaró una guerra contra las pandillas. Quería encarcelar a los líderes. Se asignó un grupo especial para localizarlos y el nombre de Mario Flores Urbán fue de los primeros en salir a la luz. En ese momento se volvió a enfrentar a Guevara, ya convertido en sargento.
Las autoridades señalaban a Mario como cabeza de los Latin Kings, pero él asegura que nunca lo fue.
"Lo eran mis amigos de infancia. Los agarraron durmiendo con metralletas, cocaína, mariguana. Los tenían atorados, pero Guevara insistía en que yo era el cerebro".
Según Mario, los oficiales intercambiaron a los dos detenidos por él.
"Les dijo: 'Si nos dan a Mario los dejamos ir' Testifican en contra mía y dijeron que me vieron matar al jefe de la pandilla rival".
Eso bastó para que lo arrestaran.
"Venía de un antro, estaba metiendo el coche en el garage de la casa. Eran las dos de la mañana y la policía ya me estaba esperando. Cuando Guevara me vio me dijo: 'ahora sí no te vas a escapar'".
Mario fue detenido el 10 de noviembre de 1984, 10 meses después del homicidio y condenado a muerte el 19 de agosto de 1985.
En una carta enviada a Reforma en 1997, la mamá de Mario pidió que se revisara su caso.
"... ya han pasado 13 años, y mi angustia como madre no me deja dormir. No puedo dejar que le hagan esto a mi hijo por un crimen que no cometió. ¿Alguien podrá ayudarme?".
Abogado autodidacta
Hacer una llamada fue el privilegio que Mario tuvo cuando lo detuvieron. Habló con un miembro de la pandilla. Le dijo que lo habían culpado del homicidio de López y que necesitaba un abogado.
"Aseguró que me contactarían con un judío fregón de Chicago y mi familia lo contrató. Me dijo que no me preocupara, que no había nada de evidencia en mi contra".
Todo parecía marchar bien hasta que el litigante falleció de un infarto un mes antes del juicio. El siguiente en tomar su caso fue Michael Johnson, un abogado que, después se sabría, también había defendido a los acusadores de Mario.
"De pronto la Fiscalía dijo que tenía dos testigos nuevos: mis amigos de la infancia y ¡eso me agarró de sorpresa! No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Fuimos a juicio y mis amigos testificaron bajo juramento.
"Mi abogado no los podía atacar porque no podía usar información de sus antecedentes en contra de ellos por ser información privilegiada. Me sacrificó para no echar de cabeza a sus otros dos clientes".
Los padres de Mario quisieron contratar a otros dos abogados, pero cobraban 10 mil dólares, una cantidad muy alta para su mamá, trabajadora de limpieza en hospitales y para su papá, empleado en una fábrica de frenos de ferrocarril.
El mexicano se quedó con Johnson, quien no lo dejó presentar a sus testigos. Los años pasaban hasta que el consejo de unos presos musulmanes rompió la rutina.
"Me dijeron que si mi familia no tenía dinero, no iba a salir, que mejor estudiara derecho para defenderme".
Estudió esa carrera por correspondencia, en un programa de la Universidad de Arizona que sus padres le pagaron, y así empezó a salvar de la muerte a otros presos.
Algunos le pedían ayuda para que los orientara sobre cómo defenderse. Y en cinco años, la asesoría de Mario contribuyó a que 13 condenados a muerte salieran libres.
Habían tenido juicios que, como se demostró más tarde, presentaban inconsistencias. Eran hombres de origen mexicano, puertorriqueño y afroamericano, la mayoría acusados de violación y homicidio.
"Me pidieron ayuda. Y sabía cómo hacerlo al aprender de otros juicios, como el de O.J. Simpson".
El mexicano escuchó el caso del ex jugador acusado de asesinar a su esposa, y en cuya defensa se aportaron pruebas de ADN. Pensó que ese recurso podría salvarle la vida a Ronald Johns, uno de sus compañeros presos.
Entonces le mandó una carta al abogado neoyorquino Barry Scheck, del equipo de defensa de Simpson, contándole sobre su certeza de que Johns era inocente. Estaba acusado de haber violado a siete mujeres y en su expediente se aseguraba que era impotente.
"Barry contestó, me dijo que quería una copia del expediente, y eso fue impresionante".
Scheck viajó a Chicago, apoyó el caso y los resultados de ADN demostraron la inocencia de Johns. Lo dejaron libre y lo indemnizaron con un millón de dólares.
A partir de ese caso, las pruebas de ADN fueron decisivas para que otros reos eludieran la muerte.
Pintor y expositor
Al ver que Mario estaba involucrado en casos de reos que se salvaban de la inyección letal, le prohibieron ayudarlos.
"Se incomodaron y me quitaron el derecho de asesorar".
Para pasar el tiempo, Mario se puso a pintar. Su compañero de celda le enseñó cómo hacerlo. Pero como no podía tener contacto directo con él, le daba consejos con la ayuda de un pequeño espejo.
"De celda a celda, él me decía: 'Usa este pincel o este color'. En lo que más me ayudaba era en lograr ciertos tonos de piel".
Aislado 23 horas al día, en una celda de 1.5 por
"Eran enormes. Los expertos decían que era muy difícil que en un espacio tan pequeño agarrara la perspectiva. No sé cómo lo hice. Me acuerdo que no podíamos tener aguarrás, limpiaba los pinceles con jabón de mano".
Por su buena conducta, los guardias permitían que sus padres le llevaran lienzos, pintura y pinceles. Pintó motivos aztecas, inspirado por el calendario que tenía, animales y figuras mitológicas.
Leonardo French, entonces cónsul general de México en Chicago, participó en el equipo que le ayudó a exponer su obra.
"Desde que vi el expediente estaba absolutamente convencido de que era inocente. Echamos la carne al asador para lograr su liberación y entré en contacto con Mireille Roccatti, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México".
Según French, Roccatti apoyó para promocionar su arte y pedir que nuevamente se revisara su caso.
"Lo que vivió Mario es una feroz injusticia que se da, como lo podemos ver, en todas las latitudes de nuestro mundo.
"Por haber contribuido con mi granito de arena para liberar de la pena capital a Mario Flores, siento que cumplí con creces las funciones para las que me encargaron el consulado general de México en Chicago".
Gracias a Francisco de Paula, promotor de la asociación "Vida y Libertad" en España y quien vio sus cuadros por internet, su arte llegó a Europa.
"A mediados del 2000 ya sabía que me iban a ejecutar y le pregunté: '¿Crees que podría exponer en España?'".
Su obra se exhibió en Málaga, Granada, Madrid, Barcelona, Valencia, Salamanca, Getafe, Alcalá de Henares, Toledo, Córdoba y ciudades suizas.
Fin a las ejecuciones
A unas horas de que le aplicaran la inyección letal, en 1998, se descubrió que Anthony Porter no era el autor de los dos homicidios por los que había sido condenado a 17 años de prisión.
La esperanza de vida en los reos empezaba a crecer pues iban saliendo a la luz las inconsistencias en varios de los juicios.
El caso de Porter se volvió emblemático porque puso en evidencia las fallas del sistema judicial estadounidense, que habían estado a punto de arrancarle la vida a inocentes y que al final provocó una moratoria en las penas de muerte.
La decisión fue tomada en el año 2000 por el gobernador George Ryan, el mismo que apoyó instaurar la pena capital cuando era legislador, en 1976. Incluso pidió a expertos revisar otros casos.
Al conmutar la pena de muerte a 167 reos, Ryan hasta fue candidato al Nobel de la Paz.
"Es una historia impresionante. Ya como gobernador, la prensa se le va encima a Ryan y le dice: 'Es el sistema que iniciaste y has indultado a 13'.
"Y su repuesta era: 'No es un sistema perfecto, pero es el mejor en el mundo, y hemos indemnizado'".
Mario, quien llevaba 16 años preso, sintió que se podía salvar. Después de Porter, era el tercero en la lista de reos a ejecutar.
"El sistema jurídico de Estados Unidos está diseñado para ser equitativo, pero falla. Siempre va a haber un fiscal, un procurador que tiene prejuicios, racismo".
Finalmente, el pasado 9 de marzo se dio a conocer que Illinois canceló de forma definitiva la pena de muerte: el actual gobernador, Pat Quinn, firmó una ley en la que se cambia esa condena a cadena perpetua.
"Es extraordinario saber que formé parte de ese movimiento. Me da mucha alegría ver que Illinois tiene ese nivel de madurez", reflexiona Mario.
Libre, sin indemnización
A diferencia de otros reos, que recibieron indemnizaciones de entre uno y 16 millones de dólares, Mario no obtuvo un solo dólar pues nunca lo reconocieron como inocente. Es más, hasta lo expulsaron del país.
Pensó en demandar, pero sus abogados le dijeron que difícilmente ganaría. Para demostrar su inocencia tendría que ubicar a los dos hombres que lo acusaron y que testificaran que sus declaraciones eran falsas. Pero nunca los volvió a ver.
"El gobernador le dijo al Comité: 'Cambia la pena de muerte a 40 años y, como lleva 18 cumplidos, tendría que hacer un año más y lo pueden dejar libre bajo libertad condicional por buen comportamiento'".
Y así fue. Los 20 años en prisión los habría cumplido en noviembre de 2004, pero lo dejaron salir 90 días antes por buena conducta. Mario dejó la cárcel el 12 de agosto de ese año.
"Estaba feliz, pero nunca pensé que llegaría la migra. Imaginé que mi familia me estaría esperando".
Lo ficharon y trasladaron a un centro de detención en Wisconsin del que finalmente salió el 4 de septiembre del 2004.
"No quería que me deportaran, pero me dijeron que si quería pelear tendría que estar detenido hasta que un juez revisara el caso y, como no tenía derecho a fianza, debía seguir preso. Fue cuando dije: '¿dónde firmo?'. Me expulsaron y con eso renuncié a mi residencia permanente legal".
De Wisconsin regresó a Chicago y lo subieron a un avión que lo llevó a El Paso, Texas. Después llegó a Ciudad Juárez con unos oficiales, ahí pudo ver a su padre y a un primo.
Juntos tomaron un vuelo al Distrito Federal, donde se encontró con su mamá y otros familiares en el aeropuerto.
Defensor de migrantes
En el 2005, ofreció a la Secretaría de Relaciones Exteriores sus servicios como asesor en defensa de migrantes, pero no consiguió empleo. Entonces se fue a vivir a Málaga durante 9 meses gracias al contacto de Francisco de Paula y ahí daba pláticas sobre su historia.
En agosto de 2006, ya de regreso en México, su vida dio otro giro. Lo mandó llamar Arnulfo Valdivia, coordinador de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México.
"Supieron de mi historia y pensaron que les podría ayudar con el asunto de migrantes", dice Mario, hoy jefe del Área de Asuntos Jurídicos de esa coordinación.
Parte de su labor consiste en localizar migrantes mexiquenses detenidos en Estados Unidos.
"Es increíble. Creo que la vida me pone cositas para sacar mi talento, mi verdadera luz. Estoy aquí echándole ganas, tratando de adaptarme a la cultura, al idioma".
Al recordar los años de cárcel, Mario no deja entrever tristeza o dolor.
"Me cobija saber que hice algo útil con mi tiempo, que no me drogué, no me tatué, que hice bien. Ayudé a muchos presos, no sólo condenados a muerte. Estudié mucho, como algunas religiones, lo que me dio mucha paz.
"El rencor y rabia son para las personas que no tienen nada mejor que hacer. No pienso en venganzas; al contrario, me gusta que vean quién soy ahora. Siento orgullo de ver de dónde vengo y en quién me he convertido".
Lo que Mario sí desea es obtener una visa para poder ir a Chicago a visitar a su familia.
¿Qué se siente ser libre?
"No lo sé, porque para sentirme libre necesitaría estar en Chicago, en el lugar de donde me arrancaron, para cerrar el círculo".
El director Bernardo de la Rosa y la productora Fernanda Gabanera conocieron la historia de Mario, la consideraron fantástica y le propusieron a IMCINE llevarla a la pantalla. El instituto decidió apoyar con financiamiento y un taller de escritura de guión.
La película se filmará en inglés y aún no tiene fecha de inicio de rodaje.
"La historia es muy conmovedora", afirma el director, "tiene sorpresa tras sorpresa".
Artista
Desde 1996 sus obras comenzaron a exhibirse en museos de Chicago.
"Supieron de mi historia y pensaron que les podría ayudar con el asunto de migrantes, y estoy aquí echándole ganas".
Cédula de identidad, un 'déjà vu'
Opinión Registro y protección de datos. Impulsar un debate entre el IFE y organizaciones que con toda legitimidad buscan combatir el secuestro en México es absolutamente irresponsable
Marco Antonio Baños
(27 marzo 2011).- Como una respuesta al lamentable secuestro y asesinato del joven Fernando Martí, en agosto de 2008, en el marco del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, el Presidente se comprometió a expedir la Cédula de Identidad Ciudadana enunciada en la Ley General de Población desde hace casi 20 años.
Ello ha implicado una larga discusión en la cual el Congreso, el IFE, el IFAI y la CNDH han expresado su preocupación ante la posibilidad de que la Secretaría de Gobernación levante una base de datos biométricos de mayores de edad y expida una mica adicional a la credencial para votar con fotografía, fundamentalmente, porque ello iría en sentido contrario a los estándares internacionales en materia de protección de datos personales y, a su vez, lesionaría de forma irreversible la actualización del padrón electoral y por lo tanto el derecho a ejercer el voto.
Según un estudio elaborado por el IFE en 2009, en caso de emitirse la Cédula al mismo tiempo que la credencial para votar, el padrón de electores sufriría una desactualización adicional de hasta un 10 por ciento de aquí al 2012, debido a la falta de un incentivo fundamental para acudir por ella como identificación oficial.
Ante estos argumentos, la Segob actuó con sensibilidad y madurez institucional y se comprometió públicamente a no expedir otra mica y explorar la firma de un convenio con el IFE que permitiera reconocer a la credencial para votar como única identificación oficial para mayores de edad.
A propósito de esa alternativa, el 2 de marzo de 2010 la Cámara de Diputados emitió un exhorto invitando al IFE y a la Segob a suspender la instrumentación de cualquier convenio destinado a desarrollar el proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana. La apuesta apunta a una reforma de fondo que sincronice la realidad con el marco legal y armonice el derecho a la identidad, la protección de los datos personales y el derecho a votar en condiciones de certeza, con las políticas de combate al crimen.
La obsolescencia del marco legal es notoria. En 1992 no existía un documento de identidad confiable para los mexicanos, por ello se incorporó a la Ley de Población la obligación de expedir una Cédula.
El artículo cuarto transitorio del decreto con el que fue expedida aquella ley estableció que en tanto no existiera la Cédula, los ciudadanos debían inscribirse en los padrones electorales e identificarse con la credencial de elector.
La realidad y la evolución política e institucional de nuestro país, a lo largo 20 años, convirtió al padrón electoral y a la credencial de elector en los pilares del derecho a voto, pero también del derecho a la identidad, ya que la cédula que originalmente elaboraría la Segob nunca se expidió y, lo que sería provisional para efectos de identificación, se convirtió en la base de datos y documento de identidad más confiables de nuestro país durante casi dos décadas.
Viraje
El panorama de madurez y acuerdo se ha modificado en las últimas semanas, ya que el 19 de enero, de forma sorpresiva, la Presidencia expidió un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Población, con la finalidad -discernible a partir de la lectura del texto- de facilitar la expedición de una cédula de identidad ciudadana diferente a la credencial para votar, que incluiría obligatoriamente el levantamiento de una nueva base de datos biométricos para mayores de edad, incluyendo en ellos 10 huellas dactilares e iris.
En enero de 2010, el entonces subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Alejandro Poiré, afirmó que había un acuerdo con el IFE para que la gente tenga una sola credencial.
Pero un año después, el ahora subsecretario René Zenteno, en el marco de una presentación a la prensa de lo que será la Cédula de Identidad Personal para menores de edad, dijo que "está en la Constitución mexicana y está en la Ley General de Población el deber del Estado mexicano de poder expedir una Cédula de Identidad de mayores de edad, que esperemos sea muy pronto".
Entendiendo que los acuerdos institucionales no pueden desconocerse por un cambio de secretario o subsecretario, el viraje motivó una reacción crítica del Consejo General del IFE un día después del decreto presidencial. La Segob reaccionó de inmediato e hizo llegar al instituto -en un gesto muy reconocible de prudencia-, un oficio explicando que ante la falta de condiciones no iba a expedir una credencial adicional a la de elector y por lo tanto tampoco un proceso de registro ciudadano adicional al padrón electoral, lo que no implica cancelar el registro de menores de edad.
En esas andamos hoy, con una incertidumbre que no es buena para el país, la cual se alimenta, por decir lo menos de manera preocupante, por el tono que se ha utilizado para revivir un debate que suponía acuerdos institucionales y madurez política.
Por ejemplo, el subsecretario Zenteno afirmó el 9 de febrero sobre la base de datos de menores de edad: "esa base de datos no se encuentra en ningún otro lado que no sea el Registro Nacional de Población, nadie la va a poder adquirir ni en Tepito ni en ningún otro lado".
La seguridad de todas las bases de datos en poder del Estado Mexicano es un debate necesario, pero abaratar ese debate con sofismas para descalificar un instrumento fundamental para la democracia de nuestro país es muy riesgoso.
La base de datos del padrón electoral, en lo relativo a los registros biométricos, nunca se ha vulnerado, y una presunta venta en Tepito de listados electorales "a la que alude Zenteno- no es un asunto que hoy pueda darse por bueno hasta que lo resuelvan las autoridades de procuración de justicia.
Sugerir otra cosa o impulsar un debate entre el IFE y organizaciones que con toda honestidad y legitimidad buscan combatir el secuestro en México sería absolutamente irresponsable.
Un elemento más. La Suprema Corte de Justicia tendrá que pronunciarse sobre la controversia constitucional presentada hace unos días por la Cámara de Diputados en contra del proyecto para expedir la Cédula de Identidad. Es un nuevo actor institucional en este debate, que puede, junto con una reforma legal integral, destrabar lo que parece un déjà vu cada vez que funcionarios públicos olvidan el acuerdo y reinciden en afirmar que dos credenciales pueden "coexistir". Eso es falso, una credencial de Identidad ciudadana acabaría con la credencial de elector. O es una o es otra.
Ojalá que el Congreso dé claridad al marco legal y que las instituciones públicas refrendemos nuestra madurez institucional. El IFE estará siempre dispuesto a colaborar en esa empresa.
El autor es consejero del Instituto Federal Electoral.
La cultura política
(27 marzo 2011).- Téngalo presente
El verdadero Bulnes de Alberto y Claudio Lomnitz. Adaptación a radio de esta obra teatral. Domingo
Conferencias
El impacto de las remesas en el acceso financiero: el caso de México. Christian Ambrosius. Lunes 28, 16:30 horas. Salón 2243 de El Colegio de México. Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Teresa. Informes: 5449 3000.
Congresos
La cultura política a debate. Alcances y perspectivas de un campo transdisciplinario. María del Pilar Schiaffini, Eric Nava, Édgar Esquivel, Margarita Olvera, entre otros. Martes
Libertad de expresión en México: uso y valoración social. Organizan la Universidad Iberoamericana y la Cámara de Diputados. Robert Wyatt, Ernesto Villanueva, José Carreño Carlón. Miércoles 30, 9:00 horas. Universidad Iberoamericana y Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes: 5036 0000 ext. 55238.
Participación política y liderazgo femenino. Irma Méndez de Hoyos, Lydia Cacho, Lorenzo Córdova, José Ramón Cossío Díaz. Jueves 31 y viernes 1o., 9:00 horas. Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM. República de Brasil 33, Centro Histórico. Informes: 5728 2300 ext. 2142. Programa: http://bit.ly/ashpXe.
Exposiciones
Aplastar el tráfico ilícito de armas pequeñas. Muestra fotográfica conformada por imágenes tomadas en Nueva York, Cachemira, Afganistán, Irlanda del Norte, Zambia, Sierra Leona y Liberia, que exponen armas pequeñas ilícitas, sus usos y los daños que ocasionan a sociedades, especialmente a niños y jóvenes. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, edificio T, piso 5, Lomas de Santa Fe. Informes: 5950 4197.
José Guadalupe Posada en las colecciones Carlos Monsiváis. Muestra de más de 300 grabados del artista. A partir del miércoles 30, 20:00 horas. Museo del Estanquillo. Isabel La Católica y Madero, Centro Histórico. Informes: 5521 3052.
La mirada invisible. Muestra fotográfica de 15 artistas ciegos provenientes de distintos países. Biblioteca José Vasconcelos. Eje 1 Norte, Buenavista. Informes: 9157 2800.
Libros
De la caverna al mercado, una vuelta al mundo de las negociaciones petroleras de Miriam Grunstein. CIDAC. Una revisión de los contratos petroleros en distintos países y la contratación de servicios por parte de Pemex.
El cártel de los sapos 2 de Andrés López López. Aguilar. Segunda entrega escrita por un narcotraficante del cártel Norte del Valle, Colombia, que fue testigo protegido de la DEA.
Imperio y evolución. Estadounidenses en México desde la guerra civil hasta finales del siglo XX de John M. Hart. Océano. Análisis desde una perspectiva histórica y económica la injerencia de Estados Unidos en México y las repercusiones en la relación bilateral desde 1865 hasta 2000.
La comunidad de seguridad en América del Norte, una perspectiva comparada con la Unión Europea de Alejandro Chanona. Miguel Ángel Porrúa. Investigación sobre dos procesos regionales empeñados en posicionar a la seguridad en los primeros tópicos de sus agendas.
La CNDH: una consecuencia de la política económica y social de México (1970-1990) de José Galindo. Miguel ÁngelPorrúa. Análisis de las causas de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El autor sostiene que ésta surgió como una respuesta gubernamental a las presiones internacionales del momento, principalmente de índole económico, más que como una figura comprometida con las necesidades reales de la sociedad.
La inoportuna muerte del Presidente de Alfredo Acle Tomasini. Grijalbo. Novela política que narra las tensas horas que se viven en la residencia oficial de Los Pinos cuando el presidente de México muere de forma repentina y se debe elegir un nuevo mandatario a partir de un artículo constitucional obsoleto. Mientras tanto, el secretario particular de la Presidencia tendrá que lidiar con la ambición de varios políticos y empresarios que desean repartirse el botín.
Los morros del narco de Javier Valdez Cárdenas. Aguilar. Investigación periodística que retrata la participación de los niños y jóvenes en la delincuencia organizada en México.
Mesas redondas
Recursos públicos y publicidad oficial: ¿para informarte o manipularte? Javier Solórzano y Aleida Calleja. Miércoles 30, 11:00 horas. Universidad de la Comunicación. Zacatecas 120, Roma. Informes: 5554 3001 ext. 120.
Presentaciones
Derecho militar mexicano de Alejandro Carlos Espinoza. Porrúa. Lunes 28, 17:00 horas. Auditorio Eduardo García Máynez de la Facultad de Derecho de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 1968.
Belisario Domínguez, moral, política y ética, impronta de vida de Josefina Mac Gregor. Lectorum. Antonio Saborit, Eusebio Ruvalcaba, Bernardo Ibarrola, Javier Garciadiego, Pablo Serrano y la autora. Miércoles 30, 18:00 horas. Sala de Lectura de la Biblioteca de las Revoluciones de México del INEHRM. Francisco I. Madero 1, San Ángel. Informes: 3601 1000 ext. 68405.
Sobre mis pasos de Cuauhtémoc Cárdenas. Aguilar. Rolando Cordera, Víctor M. Rojas, Mauricio de María y Campos y el autor. Jueves 31, 10:45 horas. Aula Magna San Ignacio de Loyola de la Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, edificio T, piso 5, Lomas de Santa Fe. Informes: 5950 4197.
Seminarios
Derechos humanos. Jorge A. Bustamante, Ana Yeli Pérez, Manuel Becerra, Santiago Aguirre, Francisco López Bárcenas, Marco Shilón, entre otros. Lunes
Crisis, estabilización y desorden financiero. Louis-Philippe Rochon, Alicia Girón, Noemí Levy, Alexander Tarassiouk, entre otros. Martes
Implicaciones del derecho en la medicina. Análisis a través de casos prácticos. José Ramón Cossío Díaz, Sergio López Ayllón, Lourdes Motta, entre otros. Jueves 31 de marzo y viernes 1o., 9:00 horas. Auditorio de la Academia Nacional de Medicina de México. Centro Médico Siglo XXI. Cuauhtémoc 330, Doctores. Informes: 4113 1100 ext. 2146 y http://bit.ly/efrwTE.
El fracaso social de la Revolución mexicana: limitaciones redistributivas en un contexto de desigualdad. John Scott, Aurora Gómez y Enrique Cárdenas. Lunes 28, 17:00 horas. Salón 2247 de El Colegio de México. Informes: http://sihe.colmex.mx y 5449 3000.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
Los placeres y los días / ¿Delincuentes o héroes?
Andrés de Luna
(27 marzo 2011).- La inteligencia y el poder suelen estar reñidos. Excepcionales son los casos en los que se dé esa convergencia, uno de ellos es la presencia de Massimo Cacciari, filósofo y alcalde ejemplar de Venecia, en medio de las inmundicias de Berlusconi que confunde las atmósferas y los modos del lupanar con el ejercicio del poder. En tanto que Nicolas Sarkozy convierte la insensatez en algo cotidiano. Michel Onfray escribió durante la campaña presidencial del lamentable político galo que: "Sarkozy podrá pretender el sillón de monarca republicano. El único lugar en el que un delincuente puede vivir en total impunidad". Una línea por demás precisa para un hombre olvidado de la inteligencia que antepone sus caprichos colonialistas en defensa de causas indefendibles, como las de la secuestradora Florence Cassez, a quien pretendía dedicarle el Año de México en Francia. Disparate mayúsculo que sería semejante a que nuestro país pretendiera hacer un Año de Francia en México dedicado a Patrick Henry, el célebre asesino de un niño de siete años. Hecho que causó conmoción en el sistema judicial francés.
Sarkozy es el peor de los líderes franceses de las últimas décadas, hecho que ya había observado la inteligencia francesa a través de personalidades de la talla de Alain Badiou. Mientras que Patrick Talbot, ex consejero cultural de las embajadas de Francia en Roma y Washington, fue claro al repudiar la Legión de Honor concedida por el gobierno actual. La negativa está sustentada en un acto digno que repudia el patronazgo del jerarca francés ante una mujer acusada y sentenciada a 60 años de prisión. Sarkozy había perdido piso en su visita a México en 2010 al otorgarle un sitio de privilegio a la defensa de Cassez, una especie de cruzada que desatendió asuntos de mayor importancia para replegarse en los territorios de la plena subjetividad. Resulta obvio que ese mecenazgo de Sarkozy es la cortina de humo de un político en caída libre y exento de red. ¿Se puede convertir a una delincuente en heroína?
La afirmación de Onfray suena exacta y sin fisuras ante un personaje que ha convertido el ridículo en cotidianidad pública. ¿Alguien puede olvidar la grabación en la cual Sarkozy salió borracho durante una conferencia de prensa? ¿O los manoseos públicos a su esposa Carla Bruni durante visitas de Estado? Ésas serían cosas menores, pero en Sarkozy todo huele a podrido.
REVISTA PROCESO No. 1795
Los cárteles crecen, la frustración también
J. Jesús Esquivel
La cooperación de los gobiernos de Estados Unidos y de México en la guerra contra el narcotráfico se vuelve confrontación fácilmente. Basta que el presidente Felipe Calderón le reclame a Barack Obama –quien lo ve “frustrado”– más ayuda y trabajo antinarcóticos en su país, o que claridosos funcionarios estadounidenses señalen que, pese a la ofensiva militar, los cárteles mexicanos siguen fortaleciéndose y la guerra interna ya le costó al país más de 34 mil muertos. La renuncia de Carlos Pascual como embajador en México abre un nuevo capítulo, más que cerrarlo, en la escalada de tensiones entre ambos países… Y están en puerta más reveses para Calderón en materia de contrabando de armas y derechos humanos.
WASHINGTON.- Una vez que renunció como embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual es ahora mucho más que un fantasma para el presidente Felipe Calderón…
El personaje repudiado por él no solamente se mantendrá en activo dentro de la embajada durante varios meses, asegurando el legado de sus políticas hacia México, sino que constituye el contundente recordatorio de la fracasada lucha de Calderón contra el narcotráfico.
Las nuevas tensiones diplomáticas están precedidas por los cables diplomáticos “clasificados” que reveló el sitio en internet WikiLeaks –y que difundió en México, con amplitud, el diario La Jornada–, según los cuales Pascual informó al Departamento de Estado sobre la descoordinación entre el Ejército y la Marina en operaciones contra capos de la droga ubicados e identificados por las agencias estadounidenses que actúan a sus anchas en México. De ellas forman parte, también, los reclamos de Calderón a Obama, durante su visita a Washington.
En entrevista con el periódico El Universal el 22 de febrero, Calderón estalló contra Pascual por el contenido de los cables y lo calificó de “ignorante”. Después, en declaraciones hechas al Washington Post difundidas el 3 de marzo en el sitio electrónico de ese diario, manifestó que le había perdido la confianza. El mismo día, en la reunión que sostuvo con Obama en Washington, volvió a quejarse de Pascual.
La noche del sábado 19, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, emitió en Washington un comunicado de prensa en el que dio a conocer la dimisión del embajador en México, quien se vio obligado a renunciar debido a que Calderón le cerró el acceso a las esferas gubernamentales mexicanas. Con todo, la Casa Blanca y el Departamento de Estado le refrendaron su apoyo.
Si bien Calderón dijo que su inconformidad se debía a los reportes de la embajada, son cada vez más insistentes las versiones periodísticas y dentro del gobierno federal acerca de que el presidente tampoco toleró que Pascual tenga un romance con Gabriela Rojas Jiménez, la hija de Francisco Rojas, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados.
Gabriela, la novia de Pascual, fue esposa de Antonio Vivanco Casamadrid, amigo y exasesor de Calderón, quien el jueves 24 lo nombró director de la Comisión Federal de Electricidad, en sustitución de Alfredo Elías Ayub.
El dardo de Obama
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue muy directo en su reciente diagnóstico sobre Felipe Calderón: está “frustrado” porque su lucha militarizada contra el crimen organizado no da los resultados que prometió al pueblo de México.
El adjetivo que le clavó el presidente Obama a Calderón mientras estaba de gira en El Salvador se sustenta en conclusiones de reportes oficiales de varias agencias federales y dependencias de primer nivel de su gobierno, según las cuales el narcotráfico se ha fortalecido en México y el saldo de muertos de la guerra interna opaca el triunfalismo de Los Pinos.
Y antes de que el presidente Calderón pueda extraerse la espina, la administración de Obama afila otras…
Una fuente del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca adelanta a Proceso que el mandatario estadounidense oficializará esta semana su rechazo a la solicitud que el pasado 17 de septiembre le hizo el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) para responder a la “regla de emergencia”; es decir, que la Casa Blanca emita una orden ejecutiva para obligar a las armerías de los estados fronterizos con México a reportar al ATF todas las ventas masivas de armas que se hagan a una sola persona. De hecho, la petición ya había sido denegada por Obama el 4 de febrero último.
Y en cuanto al capítulo de los derechos humanos, una fuente del Departamento de Estado que pidió el anonimato refiere a Proceso que en el reporte anual que esta instancia dará a conocer el próximo 4 de abril, correspondiente a 2010, incluye “severas” recriminaciones a las Fuerzas Armadas mexicanas por las continuas violaciones a los derechos humanos en que incurren con el pretexto del combate al narco, cuyos resultados tienen insatisfecho al presidente Calderón.
“La relación con México es realmente muy fuerte. El reto es que los cárteles de las drogas se han fortalecido y el presidente Calderón está, justamente, frustrado”, declaró Obama a la cadena de televisión estadounidense CNN en Español, en una entrevista exclusiva que se transmitió el 22 de marzo.
Esa “frustración”, dijo Obama, se manifiesta en las demandas de Calderón a Washington: reducir el consumo de drogas y contener el flujo ilegal hacia México de armas y del dinero procedente de la venta de los narcóticos en Estados Unidos.
Para el mandatario estadounidense, el sentimiento de Calderón se debe a que, a sólo 18 meses de que termine su sexenio, la lucha militarizada contra el narcotráfico continúa ensangrentando al país y a que en el mundo se conocen, más que sus logros, su costo en muertes: 34 mil 612 hasta enero pasado, de acuerdo con el reporte oficial.
Por eso, en la entrevista con CNN en Español, Obama comentó: “Lo que le he dicho a él (Calderón) es que debemos compartir estas cargas, tenemos que asegurarnos de que estamos invirtiendo en reducir la demanda (de drogas) en Estados Unidos”.
Y puso como ejemplo de esa “responsabilidad compartida” su pedido presupuestal de 10 mil millones de dólares al Congreso de su país para combatir el consumo de drogas; sin embargo, calló ante las demandas directas de Calderón para que impulse una reforma a las leyes que regulan la venta de armas de asalto, contrarreste la normatividad local y estatal que permite la siembra y venta de mariguana para fines terapéuticos, e incremente los fondos de la Iniciativa Mérida en lugar de reducirlos, como hizo al solicitar sólo 387 millones de dólares para este instrumento bilateral en el año fiscal 2012.
Descalificaciones
La afirmación de que el narcotráfico se ha fortalecido en México desmiente la versión del gobierno calderonista y se basa en información que divulgó el Departamento de Estado el 3 de marzo, día en que el presidente mexicano se reunió con su homólogo estadounidense en la Casa Blanca.
En su capítulo sobre México, el Reporte de la estrategia internacional para el control de los narcóticos destaca: “Las organizaciones del tráfico de drogas continúan expandiendo su presencia y encontrando nuevas rutas para transportar las drogas y ampliar sus mercados. La producción doméstica de mariguana, heroína y metanfetaminas está creciendo rápidamente, y la cocaína procedente de Sudamérica continúa transitando por México para llegar a los mercados de Estados Unidos”.
Todavía más contundente fue James Clapper, director Nacional de Inteligencia, quien el pasado jueves 10 informó en una sesión del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado estadounidense:
“México enfrenta una aguda y constante escalada de violencia criminal por parte de los cárteles, que luchan entre ellos por el dominio (de plazas) y buscan intimidar al gobierno y a la población. Los cárteles han tratado de minar la confianza de la gente en el gobierno y de mostrar su desacato a la ley, al tiempo que le dan difusión a más actos de salvajismo, como decapitaciones, ejecuciones en público y, en general, cambios en sus tácticas brutales.”
Seis días después, el director del FBI, Robert Muller, dijo ante el Subcomité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes: “El presidente Calderón ha realizado acciones sin precedentes que han tenido impacto en los cárteles (del narcotráfico) y la violencia en México; desafortunadamente, (la lucha contra el narco) no ha sido tan exitosa como él o cualquier otro quisiera, tomando en cuenta el nivel de asesinatos y atrocidades que ocurren al sur de la frontera”.
La frustración que le atribuye Obama a Calderón puede explicar el hecho de que sólo un día después, por medio del embajador en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, el gobierno mexicano haya descalificado el análisis del jefe del FBI:
“Extraña que a un funcionario de procuración de justicia con la trayectoria y larga experiencia del director Muller se le olvide que este es un reto generacional de largo aliento, en donde los resultados no se obtienen de la noche a la mañana”, manifestó Sarukhán en un comunicado que difundió la oficina de prensa de la embajada entre los corresponsales mexicanos acreditados en Washington.
Recalcó: “El gobierno de México rechaza categóricamente las aseveraciones formuladas ayer por el director del FBI en una audiencia del Congreso. No sólo ignoran los avances que ambos gobiernos estamos constatando… sino que están fuera de sintonía con lo que el propio presidente (Barack Obama) y miembros relevantes de su gabinete han declarado al respecto”.
Sin embargo, los altos funcionarios estadounidenses sí están en la misma sintonía. El 7 de febrero, Joseph Westphal, subsecretario del ejército de Estados Unidos, expuso ante estudiantes y académicos de la Universidad de Utah:
“Como saben, hay una forma de insurgencia en México con los cárteles del narcotráfico justo al lado de nuestra frontera, y creo que esto es una opinión personal, aunque la he compartido con gente de la Casa Blanca. Este problema no es sólo sobre drogas y migración de indocumentados; potencialmente esto significa que tomen el control del gobierno individuos que son corruptos y tienen una agenda distinta.”
Westphal se aventuró a predecir que ante una escalada insurgente en México, Estados Unidos no tendría más opción que desplegar soldados para vigilar la frontera sur, o incluso internarse a territorio mexicano.
Dos días después, el 9 de febrero, fue la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, quien alertó en el Capitolio sobre el peligro de las organizaciones criminales. “Desde hace mucho tiempo hemos pensado qué pasaría si Al Qaeda se uniera con Los Zetas”, dijo ante el Comité de Seguridad Interior de la Cámara de Representantes.
Napolitano destacó que el presidente Obama le encargó a su dependencia que se mantuviera muy vigilante “de la guerra al otro lado de la frontera” por el nivel “sin precedentes” de la narcoviolencia. “Ni se les ocurra (a los traficantes mexicanos) arrastrar esa guerra hacia Estados Unidos, porque se enfrentarán a una reacción avasalladora… Sería preocupante que organizaciones terroristas se aprovecharan de las redes de los cárteles para tratar de exportar sus actividades”, puntualizó.
Las declaraciones del subsecretario del ejército y de Napolitano desataron la furia de Calderón, que a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación descalificó los análisis de ambos y consiguió que el Pentágono obligara a Westphal a desdecirse.
Sin embargo, el Centro de Inteligencia sobre Drogas (NDIC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia ya lo había advertido desde febrero de 2010, cuando publicó su Evaluación nacional sobre la amenaza de las drogas:
“Las organizaciones mexicanas del narcotráfico continúan representando la gran mayor amenaza de tráfico de estupefacientes a Estados Unidos. Ya cuentan con proveedores prominentes para la distribución de drogas ilícitas al mayoreo en Estados Unidos y están ganando una mayor fortaleza en los mercados del este (de Estados Unidos), donde está disminuyendo la fortaleza de las organizaciones colombianas del tráfico de drogas.”
En el reporte del Departamento de Estado que se difundió el jueves 3, el gobierno de Obama afirma que Calderón está haciendo lo mejor que puede en el combate al narcotráfico e incluso contra la corrupción, aunque sobre esto último plantea:
“Estos nuevos esfuerzos para reducir la corrupción están dirigidos a las agencias federales y se concentran en bajar el nivel de corrupción entre los funcionarios de más alto rango. Pese a estos avances, la corrupción continúa siendo un impedimento significativo para los esfuerzos antinarcóticos en México.” l
Triunfalismo que no convence
Arturo Rodríguez García
Desde hace un año el presidente Felipe Calderón ha enfatizado, con base en datos organizados por sus colaboradores, el discurso triunfalista de que su gobierno va ganando la “guerra” contra el narcotráfico.
No obstante, otras veces reparte culpas y responsabilidades a gobernadores, a Estados Unidos, a los medios de comunicación y a los ciudadanos, dando a entender que no contribuyen lo suficiente, aun cuando la facultad constitucional para combatir al narco es sólo suya. Esto causó que el presidente estadounidense, Barack Obama, señalara la “frustración” de Calderón en la entrevista con CNN en Español trasmitida el martes 22.
A mediados de 2010, el número de muertes provocadas por la violencia era de alrededor de 28 mil y se señalaba a los cuerpos armados del Estado como responsables de asesinar civiles y de violar los derechos humanos, pero desde entonces Calderón ya cantaba victoria, aunque empezó a rechazar que hubiera llamado “guerra” a su política anticrimen.
“El propio término de guerra yo generalmente no lo utilizo, pero aun siendo así, si de guerra habláramos y fuera una guerra de Estado con los criminales, la verdad es que, independientemente de que hay actos muy cobardes de ejecuciones y emboscadas a autoridades del Ejército y sobre todo Policía Federal, la verdad es que la gran mayoría de los enfrentamientos entre las fuerzas federales y los criminales han sido ganados por elementos federales”, dijo el 10 de agosto ante dirigentes de partidos.
El mismo día, cuando los portales ya reproducían sus afirmaciones, el presidente tuvo que rectificar en su cuenta de Twitter: “Nunca dije que ganamos la guerra al narco”.
Ya le había ocurrido. Al calor de la polémica por la muerte de dos estudiantes del Tec de Monterrey en el campus matriz de la institución, donde soldados manipularon la escena del crimen, el 16 de abril de ese año Calderón aseguró que 90% de los muertos eran delincuentes, 5% policías y soldados, y el resto eran civiles abatidos en el fuego cruzado. Días después, ante el alud de críticas, pidió un minuto de silencio por los estudiantes inocentes, cuyo asesinato no ha sido esclarecido.
El pasado 2 de enero, en su mensaje de Año Nuevo, Calderón volvió a celebrar: “Puedo asegurarles que estamos avanzando por la ruta correcta y que vamos a derrotar a los criminales para construir finalmente un México de paz, un México seguro, un México donde nadie esté al margen de la ley y donde nadie viva con temor”.
El día 7 encabezó la reunión anual de embajadores y cónsules mexicanos, donde les dio línea al minimizar el impacto de la violencia. Según Calderón, los índices de homicidios en Honduras, El Salvador, Guatemala, Jamaica, República Dominicana, Venezuela y Brasil superan por mucho la estadística mexicana.
Desde entonces, en todas sus actividades públicas y señaladamente con grupos empresariales, el presidente vuelve a destacar las detenciones de capos, decomisos y operaciones de las Fuerzas Armadas.
Por ejemplo, el dato de que 20 de los 37 mayores capos del narcotráfico mexicano fueron detenidos o abatidos lo utilizó el 22 de enero en la comida anual con la comunidad libanesa, el 16 de febrero en su reunión con 58 altos ejecutivos de empresas trasnacionales con inversión en México, el 22 de febrero ante el Comité Empresarial México-Japón y el 14 de marzo en el encuentro con la comunidad judía.
En este encuentro además acusó a las policías estatales de corrupción y aventuró que, cuando éstas se limpien, la situación del país cambiará. Con todo y eso, añadió, casi 5 mil secuestradores han sido detenidos durante su gobierno.
“Quiero enfatizar, además, que 83% de los delitos que se cometen en México son robos… Y vale la pena recordar que el robo, la extorsión e incluso el homicidio simple son delitos del orden común; es decir, son delitos que deben atenderse por las procuradurías de justicia estatales, por las policías estatales. Nosotros estamos actuando en esos delitos, sí.”
En la ronda de preguntas y respuestas Calderón dijo que al país “le han hecho falta políticos orientados al bien común, no al bien personal o al partido, o, peor aún, a las fortunas inmensas que se han hecho en México al abrigo del poder”.
“Polvo en la casa”…
Desde que asumió el poder, Calderón sólo ha concedido dos entrevistas a periódicos mexicanos. Una fue al inicio de su administración, con el diario La Jornada, y otra con El Universal, publicada el pasado 22 de febrero.
En ésta Calderón dijo: “He encontrado tanto con el presidente Bush como con el presidente Obama cooperación en ese tema (seguridad), pero evidentemente la cooperación institucional termina por ser notoriamente insuficiente”.
“¿En qué tienen que cooperar los estadounidenses?”, le preguntó Roberto Rock. Calderón respondió: “En reducir el consumo de drogas, no lo han reducido. Y dos, en detener el flujo de armas, y no lo han reducido, sino lo han incrementado”.
Sobre los cables publicados por WikiLeaks, comentó: “Ahí los embajadores o quienes generaron los cables le echaron mucha crema a sus tacos. Siempre querían levantar sus propias agendas ante sus propios jefes, y han hecho mucho daño por las historias que cuentan y que, la verdad, distorsionan”.
Calderón presumía con frecuencia la cooperación binacional y hasta admitió ante la cadena CBS, el 12 de noviembre de 2010, que el gobierno estadounidense equipó un búnker secreto en la Ciudad de México porque él “quería tener todos los juguetes” antiespionaje tras las filtraciones de WikiLeaks, por las cuales se supo que él autorizó a Estados Unidos el uso del espacio aéreo mexicano.
En la entrevista citada volvió a quejarse, esta vez de los gobernadores: “Me parece que si todos hubiéramos asumido con la misma entereza la tarea de enfrentar la criminalidad, desde hace rato estuviéramos viviendo un escenario mucho más alentador en México, y no me refiero al crimen organizado nada más, hay que recordar que el robo constituye 83% de los delitos que se cometen en México”.
Como parte de su campaña para socializar los costos de la “guerra”, Calderón le cambió de nombre; ahora le dice “lucha contra la delincuencia organizada trasnacional”. En actos cívicos y efemérides la compara con gestas históricas, e incluso adopta actitudes de prócer.
Un ejemplo fue la Marcha de la Lealtad, que conmemora el retorno del presidente Francisco I. Madero al Palacio Nacional, escoltado por cadetes del Colegio Militar de Chapultepec el 9 de febrero de 1913. Este año Calderón decidió participar montando una yegua, mientras el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, les exigió a civiles y militares que mantuvieran “lealtad a la patria”.
El 21 de marzo, al conmemorar el natalicio de Benito Juárez, el presidente parafraseó con insistencia al Benemérito y exhortó: “Enfrentamos desafíos y adversidades, como todo pueblo, como las tuvo entonces Juárez. Durante esos retos los mexicanos debemos unirnos para enfrentar a quienes con su actuar pretenden debilitar la democracia, las instituciones y la legalidad”.
Durante su administración se ha empeñado en defender su guerra anticrimen aun en actos ajenos al tema, como el 22 de marzo, cuando inauguró un tramo de la autopista Durango-Mazatlán y expresó que seguiría trabajando en el problema de la seguridad, porque es medular en Durango.
Sin embargo, le molesta que otros pongan el asunto sobre la mesa. El 27 de mayo de 2010, en Toronto, se reunió con el Consejo Canadiense Internacional, cuyos integrantes manifestaron sus dudas por la inseguridad en México. Calderón replicó que el país “es mucho más” que la lucha contra la delincuencia, pues se encuentra en una etapa de transformación. “Si ven polvo en el aire, es porque estamos limpiando la casa”, remató. l
“Rápido y furioso”: Todos lo sabían
J. Jesús Esquivel
John Dodson, uno de los agentes estadounidenses que participó en el operativo Rápido y furioso, asegura a Proceso que, contra lo que se ha dicho en la Casa Blanca, el Departamento de Justicia sí estaba al tanto de la operación. Y la conocían otras dependencias federales estadounidenses, como la Oficina de Inmigración y Aduanas. Y la conocía por lo menos un representante de la PGR... Y el colmo es que hasta los dueños de las armerías de Arizona sabían de ese movimiento ilegal por el que al menos 2 mil 500 armas largas llegaron a manos de narcotraficantes mexicanos.
WASHINGTON.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos sí estaba al tanto de la operación Rápido y furioso, con la que el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) permitió que desde Arizona se introdujeran ilegalmente a México unas 2 mil 500 armas que terminaron en manos de los cárteles del narcotráfico, confirma a Proceso un agente federal estadounidense.
John Dodson, miembro del ATF asignado a Phoenix –donde se gestó la operación Rápido y furioso– afirma que el Departamento de Justicia estaba informado de su realización y que también era del conocimiento del Departamento de Seguridad Interior, a cargo de Janet Napolitano.
“No sé si el procurador (Eric) Holder sabía o no de esta operación; eso es algo que está por encima de mí. Lo único que puedo decir, como uno de los agentes que trabajó en ella, es que en Phoenix había un representante del Departamento de Justicia junto con uno de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés, que depende del Departamento de Justicia)”, dice Dodson a este semanario.
La operación Rápido y furioso, que permitió que a los cárteles del narcotráfico en México les llegaran miles de armas con supervisión del ATF (Proceso 1793), ha creado uno de los momentos más difíciles de la relación de Washington con Felipe Calderón. El presidente estadounidense Barack Obama negó que él o el procurador Holder hayan dado la orden para echar a andar la operación y aseguró que ni él ni su secretario de Justicia estaban enterados.
“Ha habido problemas. Escuché en las noticias sobre esta historia de Rápido y furioso en la que se permitió que entraran armas a México. El ATF sabía de ella pero no hizo nada para aprehender a quienes las enviaron. Eric Holder, el procurador general, ha sido muy claro en que no sabía nada de esto”, declaró Obama a CNN en Español en una entrevista que se transmitió el martes 22.
Un mexicano al tanto
–¿El gobierno de México sabía de la operación? –se le pregunta a Dodson, uno de los primeros agentes en denunciar ante el Congreso de su país y ante los medios lo que estaba ocurriendo con Rápido y furioso.
–No sé si el gobierno mexicano fue informado. Lo que sé es que varios agentes del ATF conocían la operación. Creo que sólo un representante mexicano asignado a la región de Phoenix (el agregado de la Procuraduría General de la República) sabía del caso, pero qué tanto, no lo sé –responde a Proceso.
La denuncia de Dodson de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba enterado de Rápido y furioso coincidió con las declaraciones que hizo Darren Gil a la CBS. En diciembre pasado, Gil renunció a su puesto de agregado del ATF en la embajada en México, en parte como protesta por la realización de ese operativo.
De acuerdo con lo que publicó CBS en su portal de internet el viernes 25, “Gil dijo que alguien en el Departamento de Justicia sabía del caso. Gil dice que su supervisor en las oficinas centrales del ATF en Washington le dijo abiertamente que la operación había sido aprobada incluso a nivel más alto que el de Kenneth Melson, director de esa agencia”.
“Gil dice que Lanny Breuer (subsecretario del Departamento de Justicia) y varios de sus subalternos visitaron México el verano pasado (...) y habló al personal del ATF en términos generales sobre un caso grande de tráfico que, aseguró, estaba dando buenos resultados”, enfatiza la CBS.
Dodson aclara que no sabe quién autorizó la operación ni quién o quiénes son sus creadores. Se limita a señalar que desde su traslado a Phoenix, en la primera semana de diciembre de 2009 y casi un mes y medio después de que empezara Rápido y furioso, sólo recibía órdenes de su supervisor, David Voth.
Contra lo que se ha publicado en la prensa mexicana y estadounidense, de que Rápido y furioso permitió que cayeran en manos de los cárteles del narcotráfico mexicano mil 765 armas de alto poder, Dodson sostiene que fueron más. “Creo que el número de armas que se ha manejado en las notas informativas, mil 765, es muy bajo. Fueron más de 2 mil, muy cerca de 2 mil
Tras estallar el escándalo en los medios y gracias a las denuncias de Dodson, el gobierno mexicano comenzó a reclamar y a exigir a Washington respuestas sobre Rápido y furioso. Ante la presión, el pasado lunes 14, el procurador Holder anunció que la inspectora general interina del Departamento de Justicia, Cynthia A. Schneder, investigaría el caso.
Funcionarios mexicanos consultados por Proceso aseguran que después del anuncio de esta investigación, el gobierno de Obama no les responde nada sobre Rápido y furioso: se escuda en que mientras esté en curso la pesquisa, los departamentos de Justicia, de Estado y de Seguridad Interior tienen prohibido hablar de ello.
Trasiego criminal
Ni el gobierno de Obama ni el de Calderón saben cuántos asesinatos se han cometido en suelo mexicano con el arsenal bendecido por Rápido y furioso.
En Estados Unidos ya se cometió uno: el del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry en diciembre del año pasado. A Terry lo mataron con un fusil AK-47 y en el lugar del crimen se levantaron dos cuernos de chivo vendidos en Phoenix como parte de la estrategia de Rápido y furioso.
–¿Se logrará algo con la investigación de la inspectora del Departamento de Justicia? –se le pregunta a Dodson.
–La única manera de que los pueblos mexicano y estadounidense descubran a los responsables de esta operación, y para que se apliquen cambios que de verdad tengan un propósito benéfico para ambos, es con la realización de audiencias independientes y bipartidistas en la Cámara de Representantes, en el Senado o en ambos.
Además, según lo que conoce Dodson del funcionamiento del ATF, la investigación no será suficiente porque hay aspectos de la operación que podrían quedar fuera de la jurisdicción del Departamento de Justicia. “Por eso la investigación la debe hacer un comité de supervisión gubernamental, ya sea del Senado o de la Cámara de Representantes”, insiste.
Además del asesinato de Terry o de los reclamos de México, el gobierno de Obama no ha hecho nada para sancionar a los responsables de Rápido y furioso.
“Al contrario. Pareciera que se está compensando a los que tenían responsabilidad en el caso”, acota Dodson en alusión a William Newell, nombrado agregado del ATF en México en reemplazo de Gil
(Proceso 1793). Newell era jefe de la oficina en Phoenix y bajo su mando operaba, como supervisor regional y del operativo, David Voth, jefe de Dodson.
El agente dice que sus superiores le han aplicado la ley del hielo, aunque no lo han despedido. “Las represalias contra mí comenzaron antes de que hablara de la operación con los medios; se iniciaron desde que empecé a protestar por la operación ante mis jefes del ATF. Nadie en el ATF me habla y tienen prohibido comunicarse conmigo (en las oficinas de Phoenix)”, platica Dodson a Proceso.
Al cierre de esta edición se informó en Washington que Kenneth Melson, director del ATF, fue citado para testificar el próximo jueves 31 en una audiencia pública del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Senadores para hablar de Rápido y furioso.
–¿En qué consistía exactamente esa operación? –pregunta este semanario a Dodson.
–Identificamos a un grupo de compradores múltiples que tenían como tarea adquirir armas no para ellos sino para otras personas.
Dodson explica que la idea original era rastrear todas las armas que se compraran para poder detener a los traficantes y, después, a los destinatarios. Hasta a los narcotraficantes mexicanos.
“Vigilábamos a estos individuos cuando compraban las armas, adquirían 5, 10 o hasta 20 en una sola visita a la armería. Al salir se reunían con otras personas en estacionamientos públicos o cocheras particulares. Transferían las armas de un vehículo a otro y después se las llevaban a los destinatarios finales.”
–¿Qué ocurría con las armas una vez que eran transferidas a otros autos?
–Se nos había prohibido detener a los individuos, no podíamos confiscar las armas o identificar a la gente implicada. Nuestra única misión era observar. Así fue como le perdimos el rastro a las armas y llegaron a México.
Hasta los vendedores sabían
Según Dodson, Rápido y furioso tenía perfectamente identificados a todos los compradores múltiples de armas. Fueron poco más de 20 hombres, mujeres y personas mayores, residentes legales o ciudadanos de Estados Unidos.
Las armerías donde se compraron las pistolas y rifles también tenían conocimiento de la operación. El ATF les pidió que participaran en el caso.
Cuenta Dodson: “Las armerías estaban más preocupadas que el ATF por la venta múltiple porque sabían que quienes estaban comprando las armas no las querían para su uso personal. Con ese criterio, las armerías pensaban que estaban haciendo lo correcto, no tenían idea de que nosotros (los agentes) no estábamos interceptando las armas”.
Casi desde el inicio de la operación varios agentes del ATF se enteraron de que las armas estaban siendo llevadas a México y entregadas a cárteles del narcotráfico. “Creo que el ATF nunca tuvo control de la operación; intentamos pararla, pero no pudimos. Simplemente éramos observadores”, dice Dodson.
No obstante, agentes del ATF en Phoenix, confiscaron sólo un par de cargamentos de armas a México. “Las otras armas que terminaron en posesión del ATF fueron incautadas por otras agencias y a nosotros nos correspondía recogerlas”, sostiene Dodson.
Esas “otras agencias” que confiscaron armas que eran parte de Rápido y furioso fueron el ICE, la Patrulla Fronteriza o policías locales.
–¿Cuántas personas han sido asesinadas en México gracias a Rápido y furioso? –se le pregunta.
–Creo que nunca lo sabremos. Estamos hablado de armas que el ATF permitió que se compraran y que sabíamos que terminarían en manos de los cárteles de la droga.
“¿Cuántos homicidios se cometieron o se cometerán con estas armas? No lo sabremos. Aun en caso de que se llegaran a recuperar, porque antes de que sean incautadas se usan 10 o 15 veces. Por ello creo que nadie podrá saber de cuantas cosas son responsables estas armas que se vendieron bajo la autorización del ATF.”
Dodson no sabe cuántos cárteles recibieron armas gracias a Rápido y furioso pero asegura que fue más de uno. “El daño que ha causado esta operación es inconcebible, es incluso un tipo de operación que nunca debió llevarse a cabo. Desde mi punto de vista no hay forma de justificar lo que hicimos”, remata.
La “guerra interna” toma forma...
Jorge Carrasco Araizaga
Si bien el Comité Internacional de la Cruz Roja se cuida de no encuadrar el estado de violencia generalizado en México como un “conflicto interno”, las características de los bandos en pugna, el tipo de armamento que utilizan, la frecuencia de los enfrentamientos, el número de muertos, heridos, desplazados y desaparecidos, así como de ejecuciones extrajudiciales, lo ubican muy cerca de esa condición, según los parámetros del Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, el gobierno calderonista no actúa de acuerdo con los protocolos del caso para proteger a la población civil, denuncian organizaciones no gubernamentales.
La “guerra” al narcotráfico declarada por el presidente Felipe Calderón se parece cada vez más a un conflicto armado interno: miles de civiles muertos, ejecuciones extrajudiciales, desaparición de personas, desplazamientos de poblaciones, reclutamiento de menores de edad...
Inocultables para el mundo, estas expresiones de la violencia han dejado desde el inicio del actual gobierno por lo menos 35 mil muertos, 230 mil desplazados, 283 denuncias de desaparecidos, miles de mutilados y otras tantas víctimas previstas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
De acuerdo con esa norma, la violencia intensa y prolongada en el país tiende a reunir las características de un “conflicto armado no internacional”. Ante tal escenario, el DIH está concebido para prevenir y sancionar las agresiones a la población civil tanto por parte de las fuerzas del Estado como de los particulares.
Hasta ahora, el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyo trabajo es verificar los límites de las hostilidades y del comportamiento de los combatientes en un conflicto armado, no ha querido encuadrar la situación de violencia en México en el DIH, aunque asegura que está consciente de que en el país “cada vez hay más sufrimiento y son muchas las consecuencias” en la población civil a raíz del combate a la delincuencia organizada.
México se ha comprometido a reconocer casi todas las reglas internacionales sobre el trato humanitario en caso de los conflictos armados. La excepción es el Protocolo II adicional de los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional; es decir, a los conflictos internos.
Adoptado en 1977, ese instrumento no ha sido firmado por México debido a la oposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), asegura Fernando Coronado Franco, consultor general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). En ese momento, el Ejército participaba en la “guerra sucia” contra los movimientos guerrilleros, que dejó más de 500 desaparecidos, según cifras de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Según ese Protocolo, un conflicto armado interno tiene lugar entre las Fuerzas Armadas de un Estado y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejercen control sobre una parte del territorio, lo que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.
Compromisos sin cumplir
Aunque el gobierno de México no ha reconocido el citado instrumento, al ser parte de los Convenios de Ginebra y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional está obligado a respetar los principios internacionales de protección a la población civil en casos de confrontación armada.
Las propias cifras oficiales indican que al 31 de diciembre pasado se habían registrado 34 mil 612 muertos desde diciembre de 2006, cuando Calderón declaró la “guerra” al narcotráfico. Ese número incluye a miles de civiles ajenos a las fuerzas confrontadas. Entre ellos, más de mil menores de edad. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, la guerra de Calderón le ha costado la vida a mil 200 niños y adolescentes.
Al principio eran víctimas incidentales, pero ya se han convertido en blancos y, peor todavía, hay estados donde han comenzado a ser reclutados por la fuerza como informantes de la delincuencia organizada, dice en entrevista Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la red.
El caso extremo es el de un menor de 14 años que en diciembre pasado fue detenido por el Ejército en el estado de Morelos como presunto responsable de torturar y ejecutar a miembros de grupos rivales del narcotráfico.
Tales efectos ya propiciaron la intervención del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, integrado por 18 expertos internacionales, que en enero pasado le pidió al gobierno de Calderón generar información específica sobre el número de niños heridos, asesinados y detenidos, además de aquellos que participan en grupos armados no estatales.
Organizaciones no gubernamentales internacionales también han informado sobre otras consecuencias de la estrategia gubernamental contra las drogas: el desplazamiento forzado de personas.
El Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) y el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC) emitieron en diciembre pasado un informe en el que estimaron en 230 mil el número de personas que han huido de sus hogares a raíz de la violencia. De ellos, la mitad se fue a Estados Unidos y a los otros 115 mil los definen como desplazados internos.
“El desplazamiento forzado por este recrudecimiento (de la violencia) ha pasado inadvertido”, dicen los organismos, de los cuales el NRC se dedica a dar asistencia y protección a los refugiados y desplazados internos en el mundo y que surgió en
Los principales desplazamientos forzados por la delincuencia organizada han ocurrido en el norte de México, sobre todo en Chihuahua y Tamaulipas, aunque también en otras entidades –como Sinaloa, Durango y Michoacán– donde el Estado mexicano ha perdido control territorial.
De acuerdo con el NRC y el IDMC, “la violencia en Chihuahua ha provocado la huida de familias y personas ‘gota a gota’, haciendo que sea imposible dar seguimiento a su desplazamiento, mientras que en Tamaulipas, en 2010, se han producido desplazamientos masivos, en algunos casos afectando a municipios enteros”.
Uno de los casos al que las organizaciones internacionales le dan el “grado de conmoción” fue el desplazamiento de unas 400 personas del municipio de Ciudad Mier, Tamaulipas, a inicios de noviembre pasado.
Ante la gravedad de esa situación provocada por el conflicto entre los cárteles de Los Zetas y del Golfo, la Cruz Roja Mexicana tuvo que apoyar con despensas a las familias desplazadas, según informó en entrevista telefónica Daniel Goñi Díaz, presidente nacional de la institución, aunque sostiene que la violencia generalizada en México no ha afectado las actividades del organismo.
El NRC y el IDMC sostienen que en Chihuahua el desplazamiento desde Ciudad Juárez se ha registrado a raíz del enfrentamiento iniciado bajo la actual administración, cuando el cártel de Sinaloa le empezó a disputar el control al de Ciudad Juárez.
Con base en proyecciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mencionan que desde 2007 unas 230 mil personas han abandonado la ciudad; la mitad hacia Estados Unidos y los otros 115 mil “se habían refugiado en otros estados mexicanos, convirtiéndose, por tanto, en desplazados internos”.
Para las organizaciones internacionales hay otro desplazamiento: el de las víctimas que han huido de la zona rural de Valle de Juárez, situada al este de la ciudad. “Las pruebas que evidencian desplazamientos forzados en las localidades de El Porvenir y Práxedis G. Guerrero en Valle de Juárez son irrefutables: prácticamente todas las casas están vacías, quemadas y destrozadas por actos de vandalismo”.
Apoyados en el Instituto Municipal de Planeación, aseguran que en Ciudad Juárez hay unos 116 mil hogares vacíos. Pero una “indicación contundente” de la existencia del desplazamiento interno es que 5 mil viviendas del Infonavit han quedado vacías, indican las organizaciones humanitarias que le pidieron ya al gobierno de Calderón poner en práctica los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, adoptados por Naciones Unidas en 1998.
Consultado el Infonavit al respecto, indicó que tiene identificadas 12 mil 300 viviendas –entre abandonadas y deshabitadas– para recuperar en Ciudad Juárez, aunque no todas, dice, necesariamente a causa de la violencia.
Alud de denuncias contra el Ejército
La desaparición forzada de personas se ha incrementado también como consecuencia del combate del gobierno mexicano al narcotráfico. Apenas el lunes 21, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas Involuntarias de la ONU fue informado de la existencia de 283 quejas presentadas ante la CNDH por desaparición forzada entre diciembre de 2006 y febrero de 2011.
La mayoría de los casos, 124, fueron en contra de la Sedena y de ellos casi todos corresponden a 2010, el que hasta ahora ha sido el año más violento, con 15 mil 273 homicidios relacionados con la delincuencia organizada, de acuerdo con la información estadística de la Presidencia de la República.
Elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el informe indica que las víctimas de las desapariciones han sido estigmatizadas como miembros de la delincuencia organizada y han desaparecido en medio de operativos militares o policiales.
Aseguran que los desaparecidos pasan como “víctimas de levantones” atribuidos a la propia delincuencia organizada. Ejemplifica con los 80 casos documentados de desaparición forzada entre 2007 y 2010 registrados por la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila.
El Grupo de Trabajo de la ONU, que realiza una vista a México, evalúa solicitarle al Estado mexicano el reconocimiento de la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
A pesar de la violencia generalizada y sus efectos en la población civil, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), encargado de ayudar a las víctimas de conflictos armados y de la violencia interna, evita hacer una definición jurídica sobre lo que ocurre en México. Dénes Benczedi, vocero de la delegación del CICR para México, Centroamérica y Cuba, expresa la reticencia del organismo para decir si México vive un conflicto armado interno, según lo establecido en el DIH, que se fundamenta en los Convenios de Ginebra:
“No vamos a decir nada de México en particular. No necesariamente tenemos que tener una posición… Hay situaciones de violencia donde no necesariamente aplica el derecho humanitario internacional, sino el conjunto más amplio de derechos humanos.”
El portavoz del organismo matiza sobre la presencia en México del CICR desde 2002: “No quiero decir que no nos preocupa (lo que pasa en México). Sí nos preocupa mucho. Estamos muy conscientes de que cada vez hay más sufrimiento y muchas consecuencias, por lo que estamos colaborando con diferentes entidades del gobierno mexicano”.
Entre esas instancias, dice, están la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal, a las que justamente el CICR les da cursos de DIH, que además ha participado en reuniones de la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario, creada por el gobierno de Calderón en agosto de 2009 ante la creciente vigilancia internacional de los costos humanitarios de su “guerra” contra el narcotráfico.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) preside la comisión y en ella participan Gobernación, la Sedena y la Semar. Pero de su funcionamiento poco se sabe, aunque una de sus tareas es preparar los informes solicitados a México por los organismos internacionales.
Según el decreto de su creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2009, la comisión pretende dar cumplimiento a los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales de 1977 y 2005. El primero es precisamente el Protocolo II relativo a los conflictos armados internos, que aún no ha sido firmado por México.
“Hay un diálogo con las autoridades mexicanas sobre eso. Es el único de los protocolos que México no ha firmado”, dice Benczedi, quien asegura que el país “está relativamente bien” en la incorporación del DIH a su legislación.
Si bien México no ha firmado ese compromiso, hay otros instrumentos que pueden considerarse en una eventual declaración de conflicto interno en México, dice Fernando Coronado. Menciona el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, de 1949, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 1998.
El artículo 3 común se aplica en casos de “conflictos armados que no sean de índole internacional que surjan en el territorio” de uno de los países integrantes de los convenios. Esa disposición presupone una violencia armada prolongada, que se evalúa a partir de la intensidad de la violencia y de la organización de las partes involucradas en el conflicto, sin importar si los objetivos de alguna de ellas sean políticos o mafiosos.
Incluso, el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, creado para sancionar los crímenes de guerra en esa ex república socialista, fijó una jurisprudencia internacional según la cual existe conflicto armado cuando se recurre al uso de la fuerza entre Estados o cuando hay violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos organizados o entre tales grupos en el territorio de un Estado.
En un artículo de la International Review of the Red Cross, publicado en marzo de 2009, Sylvain Vité, asesor de la División Jurídica del CICR, explica que la intensidad se refiere a la naturaleza colectiva de las hostilidades y al hecho de que “el Estado tenga que recurrir a las fuerzas armadas porque la policía no está en condiciones de controlar la situación”. Ese ha sido uno de los argumentos de Calderón para mantener a los militares al frente de los operativos contra el narcotráfico.
“La duración del conflicto, la frecuencia de las acciones violentas y las operaciones militares, la naturaleza de las armas empleadas, el desplazamiento de la población civil, el control de territorio por parte de fuerzas de oposición, la cantidad de víctimas (fallecidos, heridos, personas desplazadas, etcétera), son elementos que también deben tomarse en cuenta”, explica el experto.
Sobre los grupos armados no estatales, dice que se debe considerar la existencia de una estructura de mando y reglas internas, la autoridad para lanzar operaciones que involucren a distintas unidades, y la capacidad de reclutar y entrenar combatientes.
El Estatuto de Roma, además de las violaciones graves previstas en el artículo 3 común, considera otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en situaciones de conflicto armado interno, como los actos cometidos contra personas que no participen en las hostilidades, incluidos miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate.
También considera las mutilaciones, la tortura, los tratos crueles, las ejecuciones extrajudiciales, los ataques a la población civil que no participe en las hostilidades, los ataques contra edificios que no sean objetivos militares –como los hospitales–, la violación sexual, el reclutamiento de menores de 15 años y el desplazamiento de la población civil.
Para Coronado, los familiares de las víctimas inocentes, de los torturados, ejecutados extrajudiciales, desaparecidos o los propios desplazados pueden pedirle a la Corte Penal Internacional, cuya jurisdicción es reconocida por México, una investigación de oficio y analizar si hay situación de conflicto interno.
Humberto Guerrero Rosales, asesor de la presidencia de la CDHDF, sostiene que el Estado mexicano no ha investigado los miles de homicidios y otras violaciones graves a los derechos humanos porque no puede o no ha querido. “Hay una evidente falta de voluntad para esclarecer ese tipo de casos que involucran no sólo a fuerzas del Estado, sino también a particulares”, quienes también pueden ser sancionados internacionalmente por graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. l
...Los generales tras una ley a modo...
Jesusa Cervantes
Todo indica que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional seguirán congeladas en los laberintos de San Lázaro... hasta la próxima Legislatura. La iniciativa de cambios pasó por el Senado pero se atoró en la Cámara de Diputados, donde los legisladores no se dejan convencer por los uniformados, que quieren libertad para tomar “medidas extraordinarias” en su lucha contra el narcotráfico.
“Entonces… ¿hay que definir el protocolo para que ustedes no sean juzgados por los que vengan (a gobernar) en dos o tres años?”, soltó el priista Jorge Carlos Ramírez Marín luego de escuchar a los militares que, preocupados por la inacción de los legisladores, fueron a la Cámara de Diputados a tratar de convencerlos de la urgencia de aprobar los cambios a la Ley de Seguridad Nacional.
“No. Se trata de establecer cómo deben operar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; cómo serán los protocolos para investigar, detener y combatir el crimen organizado”, aclaró uno de los cinco generales que, en un hecho inédito, fueron a San Lázaro.
A las cinco de la tarde del martes 1, sin cámaras ni medios que dieran cuenta de su llegada al Palacio Legislativo, los uniformados encabezados por el general de división Luis Arturo Oliver Cen, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –segundo en importancia después del secretario Guillermo Galván Galván–, llegaron al estacionamiento de San Lázaro en el vehículo verde olivo número 0500124.
Proceso corroboró que esperaron una hora en alguna de las oficinas del Palacio Legislativo y a las seis de la tarde Oliver Cen junto con el general brigadier Ezequiel Hernández Mendoza, subjefe de Doctrina Militar; el general José Francisco Terán Valle, encargado de las relaciones con el Poder Legislativo; y otros dos cuyos nombres se desconocen, fueron al segundo piso del edificio A, a la oficina del presidente de la Cámara, Ramírez Marín, quien ya los esperaba.
El encuentro fue solicitado por la Sedena, donde hay intranquilidad pues los diputados “congelaron” los cambios a la Ley de Seguridad Nacional aprobados por el Senado en abril del año pasado; los militares querían precisar además que al Legislativo le toca establecer las directrices con las que deben actuar las Fuerzas Armadas y definir lo que “no” deben hacer en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Los uniformados habían pedido que a la reunión acudiera Francisco Rojas, coordinador de la bancada priista, pero no asistió. Además de los cinco militares y Ramírez Marín estuvo ahí el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, el también priista Rogelio Cerda.
La conversación
Proceso recogió versiones sobre lo que ocurrió en esa oficina y reconstruye fragmentos de lo que se conversó, aunque sin precisar quiénes intervenían, por parte de la milicia, en cada ocasión.
–¿La Sedena tiene alguna duda de lo que nosotros queremos? –inició la conversación Ramírez Marín.
–Queremos saber si se va a aprobar la ley –respondió un militar.
–¿Cómo quieren la ley?
–No se trata de una ley a modo, esa es una decisión soberana de la Cámara. Esto es cuestión de cómo debemos operar en la lucha al narcotráfico y contra el crimen organizado, pues por lo que se refiere a las policías, se manejan dentro de una ley establecida con claridad.
–Entonces… ¿hay que definir el protocolo para que ustedes no sean juzgados por los que vengan en dos o tres años?
–No. Se trata de establecer cómo deben operar las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado; cómo serán los protocolos para investigar, detener y combatir el crimen organizado.
Luego uno de los generales se centró en la “gradualidad” de las leyes y cómo deben ser. Destacó la importancia “del fortalecimiento jurídico del accionar de las Fuerzas Armadas”, es decir, con qué reglas deben actuar, qué se les debe permitir y qué no.
Los generales le dieron a los dos diputados priistas una cátedra sobre las diferencias entre seguridad nacional, seguridad exterior, seguridad interior y seguridad pública. También detallaron la importancia de la “gradualidad” de lo que las fuerzas militares llaman “antagonismo u obstáculo” –es decir hechos o acciones que ponen en riesgo la seguridad nacional– y qué acciones se deben evitar en aras de “la conservación y estabilidad del Estado”.
Ramírez Marín dijo, con aparente sorpresa: “Por lo que comentan, la aprobación de la ley está mucho más compleja de lo que imaginaba”.
Uno de los asistentes soltó: “Hay muchos priistas renuentes” a aprobar tal cual la minuta enviada por el Senado. Otro agregó: “La Comisión de Seguridad no tiene para cuándo discutir la minuta”.
Los priistas comentaron que diputados de su partido (Alfonso Navarrete Prida y Claudia Ruiz Massieu) elaboran “otro” documento para contrastarlo con la iniciativa aprobada por el Senado.
Los cinco generales se retiraron de la Cámara de Diputados luego de una hora de intercambio de opiniones con los dos legisladores priistas. Y tres días después, el viernes 4, la respuesta de los legisladores fue que intentarían dejar todo preparado para la próxima Legislatura.
Otros cabildeos
Esa misma semana otro militar se reunía con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el priista Alfonso Navarrete Prida.
Navarrete se encontró con el subsecretario de la Defensa, general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, con el entonces subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación Julián Hernández Santillán (removido de ese puesto el lunes 14) y con representantes de la Secretaría de Marina (Semar).
Compararon tres documentos: la iniciativa aprobada por el Senado, el que el pasado diciembre elaboró la Comisión de Defensa Nacional y un tercer texto en cuya factura participaron diputados y senadores del PRI, el PRD y el PAN y representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Sedena y la Semar.
El consenso fue que es necesario elaborar un nuevo documento que redefina las facultades del Ejecutivo, los límites de participación de las Fuerzas Armadas, de las autoridades locales, quién debe hacer la declaración de afectación (momento en que debe participar la milicia en temas de narcotráfico y lucha contra el crimen organizado), el fuero militar, la pretensión de que el sector castrense haga labores de inteligencia y el tema de la “gradualidad”.
Ha habido otras cuatro reuniones en las que han participado asesores del presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Rogelio Cerda, de Navarrete Prida y del senador Jesús Murillo Karam. El PAN pidió al diputado Alberto Pérez Cuevas que atendiera esas reuniones, pero éste comenta a Proceso: “No he sido convocado”.
Según algunos participantes, “todavía no terminamos de analizar definiciones y la gente de Gobernación, por el cambio del subsecretario –a Julián Hernández lo sustituyó Rubén Fernández Aceves– ha cancelado dos veces”.
Una razón más por la que no se ha avanzado es que “muchos priistas están renuentes a dar manga ancha a los militares en temas de derechos humanos, garantías individuales y de la competencia de las autoridades locales”.
“Lo cierto es que la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional es compleja y traemos varias visiones: la del Senado, la de la Cámara, la del Ejército y otras”, comentan participantes de las reuniones.
Y citan un caso hipotético: “Si en la región de La Laguna las acciones del narcotráfico hacen imposible el trabajo y un presidente municipal o el gobernador de Coahuila quiere la presencia de las fuerzas castrenses y la autoridad de Durango no, ¿a quién se le hace caso? Esos temas nos tienen atorados”.
Diferencias
A pesar de los cabildeos de la Sedena, la presión que ejerció con su visita a la Cámara de Diputados y la reciente suma de Gobernación a las discusiones, la realidad es que la minuta del Senado está “atorada” en San Lázaro y lo más que han podido avanzar es en un asunto de forma: que el documento sea dictaminado por una sola comisión y no por las cinco en las que se encuentra ahora.
Las diferencias de fondo tienen que ver con dos temas: inteligencia militar y gradualidad. Hay cuatro posiciones: dos de sectores del PRI, una de la Sedena y una de Gobernación.
Un documento de la Sedena –Confidencial reporte, del que Proceso tiene copia– establece que los uniformados piden los instrumentos legales para realizar labores de inteligencia, como “intervención de comunicaciones privadas previa autorización judicial” a solicitud de los titulares de la Sedena o la Semar “o por los jefes del Estado Mayor de las mismas”.
Dentro del aspecto de inteligencia, según el Confidencial reporte, la milicia propone que se les dé fundamento legal para “recabar, compilar, procesar y diseminar información (que llaman ‘generar inteligencia’) con fines de seguridad nacional”. El PRI observa que se limita “a unas pocas instituciones y deja fuera a otras y a las entidades federativas”.
Las Fuerzas Armadas piden además que se les permita realizar ciertas acciones, como “operaciones encubiertas”, “dictar y ejecutar medidas necesarias en los casos de flagrancia”, “recabar información en lugares públicos” y “realizar cateos”; mientras que el gobierno demanda que las Fuerzas Armadas puedan “entrevistar a personas” sin presencia del Ministerio Público federal. Todos estos actos los podrían realizar los mandos de la Sedena, la Marina o “los mandos territoriales”.
Sobre los puntos del párrafo anterior, los diputados del PRI advierten que “se pierde el principio de verticalidad en la delegación de esa facultad que se pretende dar a los mandos militares en los subordinados”. Existe el “peligro de ejecutar acciones de carácter unilateral”, señalan, y advierte de la “alta politización” del tema.
En el mismo documento, el sector militar dice que el Ejecutivo podría tomar “medidas extraordinarias” para hacer frente a amenazas contra la seguridad interior. “Esta facultad del Ejecutivo le permitirá hacer frente rápida y fácilmente a un acontecimiento que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto en grado de amenaza”. En este punto, el PRI advierte que en los hechos se autoriza el estado de excepción, es decir que se suspendan las garantías constitucionales.
La posición de la bancada priista en San Lázaro, de acuerdo con algunos negociadores, es que las Fuerzas Armadas tengan las facultades que demandan “pero dentro del marco constitucional y con pleno respeto a los derechos humanos”.
En cuanto a la “gradualidad” –la clasificación de lo que atenta contra la seguridad nacional–, documentos de la Defensa definen los cuatro aspectos en los que se divide: presión, presión dominante, amenaza y factor adverso.
El primero es un “obstáculo producto del enfrentamiento de aspiraciones, intereses u objetivos nacionales generados por el poder de otro Estado contra el nuestro o proveniente de sujetos organizados transgresores de la ley”. El segundo es un “obstáculo con patrocinio definido y carácter intencional”.
La amenaza es un “acto que atenta directamente contra la existencia del Estado mismo. En el ámbito externo es la guerra y en el interno, la agresión violenta de grupos transgresores de la ley contra las instituciones nacionales”. Y el factor adverso son los desastres naturales.
En el caso de presión y presión dominante, los militares proponen ser “coadyuvantes” con otras fuerzas para hacer frente a esos “obstáculos”, pero que en el caso de la “amenaza” sean sólo las Fuerzas Armadas (la Sedena y la Marina) las que estén a la cabeza de las operaciones.
Además de estas divergencias hay un aspecto que parece de mayor peso, según algunos priistas consultados, y es que una parte del PRI “trata de negociar con la Sedena una salida casi imposible: que se admitan las jurisdicciones locales en las acciones de apoyo al Ejército”.
Este punto fue impuesto por el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en el Senado, lo que generó gran malestar entre los militares. Hoy el tema es defendido por los priistas que desean que las autoridades locales –gobernadores y alcaldes– participen.
Todo indica que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional seguirán congeladas en los laberintos de San Lázaro... hasta la próxima Legislatura. La iniciativa de cambios pasó por el Senado pero se atoró en la Cámara de Diputados, donde los legisladores no se dejan convencer por los uniformados, que quieren libertad para tomar “medidas extraordinarias” en su lucha contra el narcotráfico.
...Y los medios se amordazan
José Gil Olmos
Promovido por dueños de medios electrónicos e impresos –pero sobre todo por el duopolio televisivo–, el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, firmado el jueves 24 en el Museo de Antropología, plantea una serie de medidas para encarar la labor periodística en tiempos de guerra (al narco). Pero muchos comunicólogos y periodistas, algunos de los cuales rechazaron la invitación, consideran que la iniciativa “no es tan ciudadana”, pretende uniformar la información y alcanzan a vislumbrar detrás de todo una mano que viene de Los Pinos.
Todo empezó con una petición presidencial. La mañana del 5 de agosto de 2010, Felipe Calderón se reunió en Los Pinos con los dueños de las principales cadenas de radio y televisión y de periódicos y revistas. El presidente les pidió “ser parte de su estrategia” de guerra contra el narcotráfico, “autorregular” sus contenidos, impulsar la idea de que el gobierno iba ganando la batalla y “evitar” entrevistar “criminales” para no convertirlos en héroes.
Siete meses después llegó el resultado. El jueves 24 se dio a conocer el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia signado oficialmente por 715 medios –aunque a la firma asistió apenas media centena– en un acto encabezado por las dos principales cadenas de televisión, Televisa y Televisión Azteca
Pedro Torres Estrada, subdirector editorial de El Diario, de Ciudad Juárez –uno de los más afectados por la violencia del crimen organizado–, afirma en entrevista telefónica: “Sospechamos que detrás de todo esto están las manos del gobierno”.
Comenta a Proceso que, hace unas semanas, Claudio X. González, en nombre de la Fundación Televisa, los invitó a firmar el documento. Rechazaron la invitación. “Nos dijeron que el presidente Calderón estaba interesado en tener una reunión previa el martes en Los Pinos o en algún otro lugar, y que le daría mucho gusto que estuviéramos presentes. Dijimos que muchas gracias, pero no”.
–¿Ven una posibilidad de censura?
–Sospechamos que esto no es tan ciudadano. Si nos vamos hacia atrás y revisamos las expresiones de los gobiernos en relación con la cobertura de la violencia, muchas de esas están implícitas en el acuerdo. Nos acusan de ser apologistas de la violencia, de que estamos creando héroes de delincuentes. Creemos que, en determinado momento, detrás de esto pudiera estar la mano del gobierno.
El comunicólogo Raúl Trejo Delarbre aporta un punto de vista distinto, pero complementario: el acuerdo, dice, responde claramente a los intereses empresariales de Televisa y TV Azteca, que necesitan “legitimación” en momentos en que se enfrentan con el gigante de las telecomunicaciones: el Grupo Carso.
“Puedo decir con toda responsabilidad, pero sin citar mi fuente, que directores de varios medios me confirmaron que fue de las oficinas corporativas de Televisa de donde los llamaron para invitarlos a sumarse a este documento”, afirma Trejo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.
Agrega en entrevista con Proceso que para Televisa y TV Azteca el acuerdo es en realidad “un acto de propaganda” y que por eso fue presentado en un “escenario lamentable” y “espectacularizado”: el Museo de Antropología convertido en un set de televisión.
Regulación
Regular la cobertura informativa sobre el narco ha sido un propósito de Calderón desde hace años. En noviembre de 2009 se realizó en Boca del Río, Veracruz, el congreso Ciudadanía y Medios. Acción Conjunta, organizado por el gobierno de la entidad y la Procuraduría General de la República. Participó Margarita Zavala, esposa del presidente. Uno de sus principales resolutivos fue que los medios “no otorgarían espacios a los mensajes de los grupos delictivos ni a sus representantes”.
El 5 de agosto de 2010, en aquella reunión en Los Pinos, Calderón insistió en el tema al pedirle a los dueños de medios que se sumaran al Diálogo por la Seguridad. Hacia una Política de Estado.
La reunión fue privada. Entre los asistentes estaban directivos de Televisa, TV Azteca, Radio Mil, Organización Editorial Mexicana, El Universal, MVS, Radio Fórmula, Grupo ACIR, de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), del Grupo Milenio, Radiorama, Radio Centro y de los periódicos Unomásuno, La Crónica, La Jornada, La Razón y Rumbo de México.
El 9 de noviembre de ese año, al inaugurar la sexagésima sexta asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, Calderón nuevamente habló del tema. Tras señalar que el crimen organizado se ha convertido en “el mayor riesgo al ejercicio del periodismo y se levanta como la principal fuente de restricción, intimidación y represión a la labor informativa”, pidió la regulación de los contenidos.
“Es necesario informar sin hacer apología del crimen, evitar hacer el juego a la agenda mediática de las organizaciones criminales; no se trata de ninguna manera de ocultar los problemas, sino de reflejar la realidad y poner en perspectiva los grandes esfuerzos que hacemos para solucionar nuestros problemas; balancear la información, tomar en cuenta, sí, si es indispensable por el hecho mismo, noticioso, la voz intimidatoria de los criminales.”
El jueves 17 de marzo insistió, al borde del chiste: “Si yo no hubiera sido político, a lo mejor me hubiera dedicado al periodismo, que también me gusta; es una profesión que respeto”, afirmó al intervenir en el foro México: Puerta de América organizado por el Grupo BBVA-Bancomer y el diario español El País.
“Hubiera hecho un periódico que se llamara Balance y en la primera plana pondría de un lado todas las noticias malas, las más importantes, y del otro lado todas las más importantes buenas noticias. Y en medio las buenas o malas sin clasificarlas ahí”.
Tras asegurar que las únicas que “asientan hechos totalmente objetivos e inocultables” son las notas deportivas, Calderón afirmó que “se debe equilibrar y poner en perspectiva lo que es México, no ocultar ni ignorar los problemas que hay en el país”.
De acuerdo con el acuerdo
Con la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, Felipe Calderón parece haber logrado uno de sus objetivos: aliarse con un sector de la prensa mexicana en su lucha contra el narcotráfico.
Horas después de la transmisión nacional del acto envió un mensaje desde Apodaca, Nuevo León: “Pienso que este acuerdo es una muestra muy clara de que la responsabilidad, cuando se ejerce plenamente por todos y en particular por los medios de comunicación, permite enfrentar de mejor manera el fenómeno de la violencia delictiva, de la violencia causada por los grupos y las organizaciones criminales que afectan a los mexicanos”.
Calderón necesitaba este acuerdo sobre todo porque encuestas publicadas el mes pasado indicaban que su popularidad ha bajado a 52%, lo que no se veía desde 2008, y se incrementó la percepción ciudadana en cuanto a criminalidad y violencia.
“Calderón ha estado incómodo desde hace años con la cobertura mediática de la violencia”, dice Raúl Trejo. “Cada vez que puede reitera su anhelo para que en México haya medios que vean tanto los asuntos buenos como los malos, pero a veces no hay muchos momentos buenos que cubrir. No sé si él auspició, pero sí aplaudió este acuerdo”, señala.
Medidas huecas
Durante la elaboración del acuerdo hubo miembros de la CIRT que plantearon la necesidad de darles a los reporteros seguros de vida, cursos de capacitación, protocolos de protección y mejores salarios. La mayoría de los que trabajan para los medios que suscribieron el acuerdo carecen de esas prestaciones. Algunos no tienen ni Seguro Social.
Pero las propuestas no prosperaron; se quedaron en el enunciado de “establecer mecanismos para la protección de los periodistas en situaciones de riesgo”.
Los anteproyectos del acuerdo, que Proceso pudo consultar, son sustancialmente distintos al documento final.
Por ejemplo, en el segundo punto se proponía rechazar entrevistas “a miembros de las organizaciones del crimen organizado (sic) cuando exista sentencia condenatoria en su contra”. En la versión definitiva sólo se habla de “impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos” y “omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos”.
Los ausentes
Se dijo que el acuerdo estaba firmado por los principales medios de comunicación del país. Pero hubo ausencias. Algunos fueron invitados pero no quisieron participar, como El Diario de Ciudad Juárez, y otros de plano no fueron invitados, como La Jornada, Reforma, Proceso, Multivisión, TV Cable y muchos medios locales.
De hecho aparecen pocos medios de las entidades en las que el crimen organizado es más violento, como Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Nuevo León.
Pedro Torres precisa que aunque el medio en el que trabaja fue invitado se decidió no firmar el acuerdo porque, desde su perspectiva, no se puede normar de manera tan general los criterios editoriales: la realidad de Juárez no es la misma que la de otras ciudades.
“No podemos trabajar en las mismas condiciones que los enviados que tienen más libertad en el manejo de la información que nosotros que permanecemos aquí cuando se publica la nota. Además hay cuestiones de seguridad que tenemos que tener presentes cada vez que se publica algo, y para la gente que escribe a la distancia es muy diferente la situación. Por eso no creemos que sea viable esta generalización de los criterios y de los principios para la cobertura de la violencia.”
En su editorial del viernes 25, el diario La Jornada cuestionó las razones que, dijo, “llevan a semejante ensayo por uniformar los criterios editoriales de la mayor parte de los medios del país y a buscar una suerte de verdad única en torno a una circunstancia nacional llena de ambigüedades, zonas grises, hechos que resultan incomprensibles con base en las versiones oficiales y una legalidad vulnerada por las organizaciones delictivas pero también por las dependencias públicas”.
Además critica que algunas empresas que encabezan el acuerdo, como TV Azteca, hayan pasado por encima de las leyes, como en 2006, cuando “recuperaron” las instalaciones de Canal 40.
El editorial del diario desglosa el decálogo y señala que cae en linchamientos mediáticos, posibilidades de censura, peligro a la independencia editorial y “evoca las ideas expresadas hace unos días por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, sobre lo que a su criterio debería ser la forma adecuada de hacer un periódico”.
Y remata: “Flaco favor le harán unos medios alineados por decisión propia en torno a una verdad única y uncidos de manera voluntaria a los triunfalismos, omisiones y extravíos del discurso oficial”.
La periodista Carmen Aristegui, en su columna del viernes 25 en el diario Reforma, asegura que algunos de los firmantes, en sus respectivas colaboraciones, han acusado a los que no suscribieron el acuerdo como “los mezquinos de siempre”.
La conductora del noticiario matutino de MVS señala que es imposible sacudir la sospecha de que la pretensión final de todo esto es, parafraseando al especialista Edgardo Buscaglia, “gerenciar el flujo de la información”. Esto es, uniformar la información, y desde los medios, no desde la realidad, transformar la percepción de lo que está pasando.
“El acuerdo se firma en el momento en el que todos los indicadores apuntan al fracaso de la estrategia gubernamental”, asevera Aristegui.
El acuerdo, al gusto del presidente
Arturo Rodríguez García
Los reclamos del presidente Felipe Calderón contra quienes cuestionan su política de seguridad encontraron eco en el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, impulsado por el duopolio Televisa-TV Azteca y firmado por representantes de medios de todo el país el pasado jueves 24.
El documento, presentado dentro del programa Iniciativa México 2011, incluye un apartado de criterios editoriales de 10 puntos.
En los tres primeros se abordan aspectos sobre el tratamiento que debe darse a la información y coinciden casi por completo con los planteamientos que en torno al tema ha señalado Calderón casi desde el inicio de su mandato:
1. Tomar postura contra la violencia generada por el crimen organizado; 2. No convertirse en voceros involuntarios del crimen organizado; 3. Dimensionar adecuadamente la información.
Además, en los puntos 7 y 10 se indica que los medios deben promover la participación y la denuncia ciudadana y no interferir en el combate a la delincuencia.
En varias ocasiones el presidente se ha referido a la información difundida por los medios en relación con la violencia que azota al país.
El 25 de febrero de 2010, en una reunión con empresarios en Yucatán, el presidente pronunció un discurso que coincide plenamente con el decálogo de criterios editoriales del acuerdo:
“Claro que si uno ve la prensa nacional, desde luego que la manta que dejan, además, en un pueblo, un recado de fulano para zutano... Lo que nos cuesta a cualquiera de ustedes o al gobierno pagar una primera plana de varios millones de pesos, eso sí aparece en primera plana y a todo color”, observó.
Más adelante dijo:
“A veces es como deporte; a veces se trata de ver qué tanto podemos exacerbar nuestros problemas, qué tanto podemos amplificar los retos que tenemos. Y eso (...) sí causa mucho daño, no estoy diciendo, conste, que el problema no exista, sino que tenemos un problema real de inseguridad que tenemos que combatir, y si alguien tiene una alternativa, que me diga ‘no lo combatas’, que me lo diga”, retó el mandatario a quienes lo critican por su “guerra”.
En un almuerzo con embajadores y cónsules mexicanos, el pasado 6 de enero, los instruyó para que “hablaran bien de México” y mencionó datos de la violencia que priva en países de Centro y Sudamérica, en los que las cifras de homicidios son superiores a las de México. Insistió en que hay un “problema de percepción” cuando se difunden materiales acerca de este tema.
Los primeros en tomarle la palabra fueron los directivos de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servitur), cuyos dirigentes lanzaron la campaña “Hablemos bien de México” desde mediados de 2010.
El pasado 25 de enero Calderón inauguró la Convención Nacional de Turismo convocada por la Canaco-Servitur. Ahí se presentó la segunda etapa de la campaña, titulada “Hablemos y actuemos bien por México”.
Al término de la reunión el mandatario firmó un decreto para declarar 2011 como “Año del turismo en México”.
Intelectuales a modo
El presidente no sólo se ha valido de reuniones empresariales para enviar sus mensajes a los medios de comunicación que no comulgan con sus políticas. También se ha valido de intelectuales destacados Por ejemplo, el viernes 4 de marzo, al otorgar la Orden del Águila Azteca en grado de insignia, la más importante que concede el gobierno mexicano, al Premio Nobel Mario Vargas Llosa, éste se deshizo en elogios hacia el régimen actual.
En su mensaje Calderón se dijo lector del hispano-peruano a quien describió como un luchador por la libertad.
Atrás quedaron las expresiones críticas del escritor que acuñó la denominación de “dictadura perfecta” para referirse al régimen priista. Emocionado, exaltó “la libertad” que hay en México y se dijo emocionado por saber que Calderón es uno de sus lectores.
La firma del acuerdo tuvo como testigos a destacados personajes, como José Narro, rector de la UNAM; Yoloxóchitl Bustamante, directora general del IPN; Juan Ramón de la Fuente, presidente de la Asociación Internacional de Universidades; Federico Reyes Heroles, presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana; Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, y Homero Aridjis, escritor y poeta, entre otros.
También lo signaron dirigentes de organismos como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, A Favor de lo Mejor en los Medios, el Consejo de la Comunicación, y los ciudadanos María Elena Morera, de Causa Común, y la señora Isabel Miranda de Wallace.
Hay, asimismo, algunos gobernadores que se han unido al apoyo. Por ejemplo el de Durango, el priista Jorge Herrera Caldera, se deshizo en elogios para el mandatario.
En una reunión realizada el martes 22 en esa entidad le dijo: “Desde aquí me sumo también a los millones de mexicanos que reconocemos y apreciamos la firmeza y valentía con que el presidente Calderón enfrenta los retos del país. En Durango somos aliados del presidente de la República en la lucha a favor de la seguridad pública y en contra de la delincuencia organizada”, exclamó.
Complacido, Calderón respondió:
“Necesitamos seguir trabajando fuerte en el tema de la seguridad para los duranguenses, porque es un problema medular del estado. Sepa Durango que ha contado y seguirá contando con el apoyo del gobierno federal para enfrentar y resolver este problema.” l
La república de Televisa
Miguel Ángel Granados Chapa
Aunque faltan 15 meses para la elección constitucional, Televisa parece haber consumado su proyecto de construir la figura del presidente de la República. Ahora pretende algo más ambicioso. Quiere edificar la república misma. Quiere diseñar la clase de sociedad que Peña Nieto gobierne, el género de medios de comunicación que lo arropen, los criterios editoriales con que se transmita la información sobre la política de seguridad pública y las acciones del crimen organizado. No se propone trazar una raya, sino erigir un muro que divida a los participantes de los excluidos. Como si se tratara de un club gigantesco, Televisa se reserva el derecho de admisión a los territorios donde habitan los elegidos, el tipo de personas que protagonicen la vida pública y sean capaces de generar confianza. Nadie que no figure en el elenco preparado por Televisa tendrá existencia real. Quedará al margen, en la cuneta de la supercarretera.
Tal desmesurado propósito es el objetivo de Iniciativa México, un proyecto de propaganda que ya tuvo su primera edición el año pasado. Con enorme aparato se convocó a la presentación de ideas y tareas que dieran cuenta de las verdaderas capacidades de los mexicanos. Se presentaron miles de esos proyectos, en distintos rubros, algunos de los cuales fueron premiados para denotar que hay una porción de la sociedad que no pierde su tiempo ni espera auxilio gubernamental para su realización personal o de grupo.
Ahora se ha lanzado la segunda edición de Iniciativa México. Se alzó el telón el jueves 24, con una magna reunión ya no en un recinto privado (el exconvento de San Hipólito), sino en un auditorio público, el Museo Nacional de Antropología. El contenido de esta nueva edición es más claramente político que el primero. Televisa lo adopta más temprano que el año pasado, cuando comenzó en junio. Ahora se lanza en marzo, en plenos procesos electorales. Se refiere a la comunicación social relacionada con la violencia que genera la delincuencia organizada. Ya desde allí, desde la definición del tema, se adopta un punto de vista afín al del gobierno, que requiere alejar de sí la responsabilidad en la génesis de la violencia: ésta surge sólo por la actividad criminal, no porque la practica también el Estado.
La pieza ostensible de la Iniciativa México II es el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Televisa y sus aliados y dependientes prepararon una suerte de código de ética que parte del supuesto (que no se presenta como tal, pero es explícito) de que el manejo de la información colectiva “es esencial para la efectiva contención de la violencia que genera la delincuencia organizada”. Esto es, que una política informativa homogénea, uniforme, puede hacer que disminuya la violencia, como si difundirla fuera su causa. De ese razonamiento se desprendería fácilmente el corolario de que para suprimir la violencia no hay más que dejar de hablar de ella, de negarle a la sociedad la información que le hace falta para regular su vida.
Hay otros supuestos, algunos tácitos, en la formulación de los objetivos del Acuerdo. Se presume que la cobertura informativa de la violencia puede servir “para propagar terror entre la población”. Padecer los efectos directos de la violencia sin duda genera miedo, pero es difícil probar que la difusión de la violencia lo cause también. Un indicio de que no hay relación de causa-efecto entre difundir violencia y provocar miedo acaba de ser observado: hay gran violencia en Acapulco, de la que se sabe fuera del puerto, y sin embargo esa información no inhibió al turismo nacional para llegar en los puentes recientes. El del fin de semana pasado permitió que hubiera más del 90% de ocupación hotelera.
El Acuerdo enumera 10 criterios editoriales que deben aplicarse “sin demérito de la independencia editorial de cada medio”. En general, tales criterios son adecuados y compatibles aun para medios que no suscriben el Acuerdo. Algunos de ellos son, sin embargo, francamente ridículos. Los dos primeros están en ese caso. El inicial ordena “tomar postura en contra”. Instruye a (porque usa el verbo debemos) “condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada”, algo por completo innecesario, pues está “en la naturaleza de las cosas”, como se diría en el lenguaje de los autores del decálogo. El segundo es francamente chistoso. Cualquier medio debe evitar “convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada”: ¿Cómo evitar un acto involuntario, puesto que es eso precisamente, algo que se comete sin querer hacerlo?
En realidad, lo que ese precepto pide a los medios es un sesgo deliberado que altere el sentido de la información. Ordena “omitir y desechar la información que provenga de las organizaciones delictivas”. Se refiere sin duda a los narcomensajes, que en mantas y cartulinas anuncian acciones o sentencian a personajes. Si se procede como ese mandamiento prescribe, se corre el riesgo de hacer incomprensible la información, carente de uno de sus elementos, que puede darle sentido.
Los criterios restantes son en general admisibles, compartibles. Algunos proceden de manuales elementales de periodismo, como “dimensionar adecuadamente la información”, o de ordenamientos legales, como “no prejuzgar culpables” y “cuidar a las víctimas y a los menores de edad”. Hasta creería que resultaron de un ejercicio de autocrítica de las televisoras, que presenta como culpables a recién detenidos al hacerse mera extensión de los interesados e ilegales mensajes de las autoridades de procuración de justicia o de seguridad pública, las cuales los condenan aunque tiempo más tarde, ya sin la difusión adecuada, los jueces los exoneren porque son inocentes o porque sus responsabilidades no fueron probadas.
El código periodístico de la Iniciativa México, es decir, de Televisa, manda “proteger a los periodistas” y “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios”. Son palabras huecas en boca de periodistas que se pusieron con soberbia por encima de la solidaridad que el gremio quiso mostrarles durante y después de la crisis de julio pasado, cuando reporteros y camarógrafos de televisión fueron secuestrados. A la marcha de protesta contra esa acción no acudieron los involucrados, y hasta rechazaron el gesto de aquellos a los que no consideran dignos de ser llamados sus compañeros. En casos más recientes, en vez de solidarizarse con reporteros y medios puestos en entredicho, las televisoras fueron las autoras del entredicho, al formular arteras acusaciones que no se sustentan de ninguna manera. Ese fue el caso de Ricardo Ravelo, el reportero de Proceso, y la revista misma, así como el del diario Reforma, todos ellos señalados como perpetradores de delitos, cuando sólo habían cometido el de desnudar acciones políticas, no informativas, de Televisa.
Independientemente del decálogo, la porción objetable de este Acuerdo es el aviso de que se creará un “órgano ciudadano de observación” que examine el apego de los medios a esos criterios editoriales. Se trata de un amago de exclusión. Los medios suscriptores del Acuerdo formarán el catálogo de la “buena prensa”, como antaño lo hicieron corporaciones religiosas. Quedará fulminado todo aquel medio que falte a alguno de esos mandamientos, a juicio de los ciudadanos observadores. Y no se diga la situación marginal en que han quedado los medios no invitados o que no aceptaron participar en este Acuerdo. Se les coloca con esa omisión en calidad de sospechosos, como quiere hacer el gobierno con este semanario, al que ya dos veces ofendió colocando ejemplares de la revista con arsenales decomisados a bandas delictivas. La primera gran reacción de condena de este sistema inquisitorial ocurrirá, téngalo usted por seguro, cuando Ismael Zambada, El Mayo, o Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, respondan a los cuestionarios que les presentó Julio Scherer García, según relata en su libro Historias de muerte y corrupción, en la parte que en cierto sentido continúa la publicación de su encuentro con Zambada. En vez de considerar el valor periodístico, la utilidad social de conocer los móviles de quienes tienen en jaque al país, los falsos profesores de periodismo, inocuos e inicuos propagadores de una ética que no conocen ni por los forros, tendrían, quieren tener, piezas de ese calibre en las cuales cebarse.
Ese es el tipo de periodismo de personas que no tendrán lugar en la república de Televisa. l
Presunto culpable Debate en el Tribunal Superior
Jenaro Villamil
La mejor prueba de la trascendencia del documental Presunto culpable es la reacción que suscitó puertas adentro del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La versión estenográfica de una sesión del pleno muestra cómo resintieron los magistrados la presión mediática y del público (la comparan con un tsunami), a qué reflexiones los movió el escándalo por la exposición de las ya consabidas fallas del sistema, y sobre todo el debate que sostuvieron cara a cara el presidente del tribunal, Édgar Elías Azar, y su antecesor en el cargo, José Guadalupe Carrera.
En la sesión privada del pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), del 14 de marzo, su presidente Édgar Elías Azar tronó en contra del escándalo generado por el documental Presunto culpable ante 70 magistrados presentes:
“Lo que sí les he dicho es que ningún productor de película ni nadie va a sancionar a un juez, aquí a los jueces los sancionamos nosotros y esa cuestión ha quedado muy clara y nos hemos dejado conducir un poco por eso.
“Estoy esperando a que se enfríe el tema, yo le voy a pedir al juez que nos haga una exposición aquí en el pleno, a puerta cerrada, de qué fue lo que pasó con este asunto, si es que lo consideran ustedes útil, que la sala nos pueda exponer los razonamientos y sobre todo salir a decir que el tipo éste (el protagonista del documental) nunca fue absuelto, sino fue simplemente liberado por una duda razonable que encontró la sala del Tribunal Superior.”
Elías Azar se refería al juez Juan Héctor Palomares, exhibido en el documental de los abogados Roberto Hernández y Layda Negrete como uno de los responsables de las anomalías ocurridas durante los dos juicios en contra de José Antonio Zúñiga Rodríguez, Toño, acusado y sentenciado por homicidio calificado sin pruebas sólidas.
Alarmado, Elías Azar abundó: “Lo que sí me urge es un código, nos urge un código, necesitamos un código. Esa es la posición que vamos a asumir el gobierno frente a la Asamblea Legislativa. En las dos reuniones que hemos tenido con las fracciones parlamentarias les dije exactamente lo mismo: se nos viene un tsunami encima.
“Hace dos años les estamos avisando de la entrada en vigor de los jueces de ejecución de sanciones, hoy es la hora que todavía nadie entiende la enorme responsabilidad que tiene el tribunal frente a, no exagero, las cerca de 60 o 70 mil solicitudes que se nos van a dejar venir para efecto de poder aplicar el tema de las libertades.”
En la versión estenográfica de la sesión privada de ese 14 de marzo, cuya copia obtuvo Proceso, la discusión en el pleno de los magistrados capitalinos reflejó un profundo malestar por el escándalo generado en los medios frente a lo denunciado en el documental. Asimismo afloró la tensión entre el expresidente del tribunal, magistrado José Guadalupe Carrera Domínguez, y Elías Azar, en pleno proceso de sucesión en el Poder Judicial capitalino.
Al tomar la palabra, Carrera Domínguez reviró: “El señor presidente (Elías Azar) acaba de tratar un tema realmente de gran trascendencia para todos nosotros, que es el tema de Presunto culpable. Han salido varias notas en estos últimos 15 días, de las cuales yo me voy a permitir simplemente leer algunas”.
Carrera Domínguez leyó unas declaraciones de su sucesor, quien en una entrevista con Joaquín López Dóriga responsabilizó a Carrera Domínguez de haber autorizado en su gestión que el juicio de Zúñiga Rodríguez fuera videograbado.
“Aquí no se trata de buscar responsables, de quién autorizó y quién no autorizó este filme. Yo creo que es una película que nos refleja las fallas del sistema y así debemos tratarla. Sí refleja las fallas del sistema”, subrayó Carrera Domínguez. Y abundó:
“Aquí lo importante es qué va a hacer el tribunal sobre ese particular. Yo le dije al señor presidente (Elías Azar) que no buscara un responsable sobre esa exhibición. Yo tengo el valor suficiente como para decir en cualquier momento cuáles han sido mis fallas, pero creo que en esta ocasión la información que dio el señor presidente pues no responde simplemente a su investidura, porque hace tres años muchos de nosotros votamos por él, consideramos que era la mejor persona que debía dirigir a esta institución, sobre todo defendiendo no solamente las funciones que realizan todos los jueces, sino la institución.”
Carrera Domínguez relató cómo llegaron los abogados Roberto Hernández y Layda Negrete, ella investigadora del CIDE, para buscar una autorización y filmar un documental.
“Que este era un documental de carácter simplemente técnico, de carácter académico y que éste lo conocía un consejero del Consejo de la Judicatura, y que llegó a saberlo el licenciado Montoya, que era uno de mis colaboradores… Jamás se pensó y se dijo que se pudiera hacer una película.
“¿Cuál es la consecuencia de esa película? ¿Cuál va a ser la actitud que debemos asumir este pleno en relación con este problema?”, se preguntó Carrera Domínguez. Respondió enseguida:
“La película en gran parte no miente, porque refleja esas fallas que acabo de mencionar. Se advierte también que es muy tendenciosa porque no pasan ni el primer proceso, y pasa algo del segundo. A mí me preocupa también el destino del señor juez (Héctor Palomares), yo creo que en unos meses el órgano que se encarga de determinar a los jueces en particular es el Consejo de la Judicatura.
“Los jueces en materia penal están inquietos por la forma en que se está resolviendo (el problema) y ya han recibido presiones”, advirtió el expresidente del TSJ DF.
Elías Azar le respondió a su antecesor:
“Me preocupa mucho cuando dice que mis declaraciones no responden a mi investidura. Analizaré cuáles han sido mis conductas y mis declaraciones para ver en qué he traicionado mi investidura. Jamás ha sido atacado en mi administración un juez que no haya salido yo en su defensa, y les consta a ustedes que hemos actuado con mucho valor. En este caso, el ataque fue tan grande que el haberse opuesto en ese momento hubiera sido catastrófico para el tribunal.”
Presunto culpable se volvió un auténtico fenómeno de taquilla. Se estrenó el 18 de febrero y en tres semanas llegó a más de 1 millón de espectadores en las salas comerciales de Cinépolis, según destacó la reportera Columba Domínguez (Proceso 1793).
La juez federal del Duodécimo Distrito en Materia Administrativa, Blanca Lobo, otorgó a principios de marzo un amparo al testigo clave del filme. Un escándalo en los medios masivos entre intelectuales, legisladores y políticos se generó en contra de la juez y se puso al Poder Judicial en el banquillo de los acusados.
El 8 de marzo, por unanimidad de votos, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó la suspensión provisional de Presunto culpable, pero el debate entre los magistrados del TSJDF continuó.
El 16 de marzo Elías Azar dijo en una entrevista radiofónica: el documental “nos ensució injustamente, el daño está hecho”.
El juicio a los jueces
Durante la sesión privada del 14 de marzo, el debate entre los magistrados del pleno fue más allá de Presunto culpable.
El magistrado Maurilio Domínguez Cruz advirtió: “Creo que hay que ver lo positivo. Lo que resalta este documental es la calidad de los jueces que tenemos. No todos son malos, hay excelentes, pero si hacemos un estudio de toda la secuencia procesal que vemos en el documental sí advertimos varias deficiencias fundamentales del juez. Una de ellas, el no darse a respetar y el ponerse al tú por tú con la defensa. ¿Qué no le enseñaron eso en procesal, en los cursos que dan para formación?... ¿Cómo es posible que el juez anule la garantía de defensa y quede videograbado? Y recordemos que el juez no es Ministerio Público ni tampoco defensor: está en el justo medio para equilibrar esas garantías de defensa. Yo creo que vale la pena reflexionar si esos mecanismos son los adecuados”.
Domínguez Cruz habló sobre el debate entre Carrera Domínguez y Elías Azar: “Me sorprendieron los comentarios del compañero Carrera Domínguez al hacer una remembranza. Claro, es un criterio valorativo, pero me parece que este tipo de plenos es el que debemos fortalecer para la dignificación del propio pleno”.
En su turno, el magistrado Óscar Gregorio Cervera Rivero les recordó:
“Como Tribunal Superior de Justicia somos gobierno, somos uno de los tres poderes. Las sentencias que dictamos son actos de gobierno, por si se nos había olvidado, y los actos de gobierno pueden ser criticables, opinables y discutibles por la sociedad. Yo no sé si filmar o no sea lo adecuado, pero ante lo que está ocurriendo me parece que lo más relevante de este pleno es: ¿qué piensa la sociedad del pleno o del tribunal? ¿Y qué pensamos los integrantes del tribunal de nuestra propia actitud en relación con ser consecuentes, ser silentes, no opinar lo que es opinable?”
A su vez, el magistrado Sabino Mario Huitrón Heredia recordó el caso del documental El túnel, antecedente de Presunto culpable, y confió en que éste “no tenga más trascendencia”.
“¿Por qué razón? Porque una golondrina no hace verano y nosotros no podemos estar sometidos a ningún otro poder, pero sí a la crítica… Digan lo que quieran, nosotros vamos a resolver conforme a derecho, no tenemos por qué salir. Como usted dice, hay que esperar que este tsunami se tranquilice y entonces haremos lo que sea necesario conforme a derecho”, abundó Huitrón Heredia dirigiéndose a Elías Azar.
El magistrado Lázaro Tenorio Godínez cuestionó: “¿Realmente podemos decir que tenemos la conciencia tranquila de saber que estamos designando a los jueces en base a su trayectoria? ¿Realmente estamos designando a los magistrados en base a criterios objetivos?”.
En su turno, la magistrada Martha Lucía Elizondo Téllez afirmó: “Yo creo que la opinión pública no está concentrada en ver quién autorizó la película, sino en saber cómo es el sistema judicial, si efectivamente existen las fallas que se reflejan en la película, que la gente desconoce esto. Creo que las críticas que vienen son de fuera, no de adentro. Creo que es momento de estar unidos y no estar creando divisiones dentro del sistema judicial en el Distrito Federal”.
Elías Azar volvió a intervenir. Tras rechazar que lo más importante sea definir quién autorizó el documental, reflexionó: “Nos tenemos que montar en esta crisis para sacarle provecho. Este tribunal ha tenido otras crisis de las que hemos salido muy airosos y hemos sacado provecho, y hemos sacado beneficios. Esperamos que esta no sea la excepción”.
Exaltado, el magistrado Miguel Alberto Reyes Anzures calificó esa sesión como “la asamblea de la valentía” y la “asamblea de la sinceridad”.
Después se discutió la incorporación de los nuevos magistrados al TSJDF, de los cuales 19 tienen carrera judicial, y también sobre el “desencanto” entre algunos que no fueron incorporados. Casi al final de esa sesión catártica, del “pleno histórico”, como lo llamó Elías Azar, la magistrada Petra Quezada Guzmán remató:
“Tenemos que hacer un examen de conciencia y una evaluación de los integrantes del TSJDF. Los jueces deben darse cuenta de que tienen que actuar con vocación y servicio, y como decía el magistrado Cervera, al realizar un acto público uno tiene que justificar a través de sus sentencias ese ejercicio de ese poder público que tenemos, cómo se justifica.
“Da vergüenza que los jueces se firmen como maestros o como doctores en derecho y ni siquiera supieron realmente lo que les fue planteado. Es muy fuerte para la materia penal, mucho muy fuerte por lo que está ahí comprometido, pero también lo es para otras materias y tenemos que bajar, de alguna manera, al piso a todos esos jueces que creen que porque tienen grados pueden emitir en un momento dado las resoluciones que están emitiendo.”
Esta discusión fue una de las consecuencias que dejó en el TSJDF el “tsunami” generado por un documental y miles de espectadores que siguieron la trama de Presunto culpable.
La cooptación como estrategia
Jenaro Villamil
En el Estado de México los gobiernos del PRI han repartido cargos, favores y prebendas para desarticular y castrar a la oposición panista y perredista. Para ello el Grupo Atlacomulco cuenta con una red de complicidades que logró enquistarse en las dos últimas administraciones federales panistas. Así lo asegura Rubén Mendoza Ayala, excandidato del PAN a la gubernatura del Estado de México, quien sostiene que fue víctima de esas maquinaciones.
En marzo de 2005, al final de un debate radiofónico, Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, se le acercó en los baños de la estación a Rubén Mendoza Ayala, candidato por el PAN, su principal contendiente, y le propuso: “Vamos a reunirnos en casa de Enrique Jacob Rocha para ponernos de acuerdo, ¿no?”.
En entrevista con Proceso, Mendoza recuerda que él nunca acudió a esa reunión en el domicilio del viejo operador priista del Estado de México, cercano a Peña Nieto, pero “luego me enteré que sí asistió mi coordinador de campaña, Ulises Ramírez”.
Priista hasta 1996 y exalcalde de Tlalnepantla por el PAN entre 2000 y 2003, Mendoza aventajaba a Peña Nieto por más de nueve puntos en las encuestas de entonces. Inexplicablemente, su campaña cayó en picada, los escándalos se sucedieron y los medios lo acusaban de llegar tarde a sus eventos, y hasta le dieron el mote de El Feo, en contraste con el candidato priista. Acabó con 24.74% de los votos, frente a 40% de Peña Nieto.
“Después de esa reunión, Ulises le ordenó a la estructura del Partido Acción Nacional que se retirara de la contienda de
–¿Lo corrompieron? –se le pregunta.
–No tengo las pruebas. Lo que sí sé es que desde entonces Ramírez es cercano a Peña Nieto y ha obtenido múltiples favores y contratos a su favor. Por ejemplo, su esposa Luz María Angélica Alatorre Carbajal fue nombrada, con los votos del PRI en el Congreso local, magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Seis años después de coordinar la campaña de Mendoza, Ulises Ramírez, actual senador panista por el Estado de México, se inscribió el sábado 19 como precandidato a la gubernatura por Acción Nacional. Deberá contender contra Luis Felipe Bravo Mena, candidato a la gubernatura en 1993, y contra el exalcalde de Naucalpan José Luis Durán Reveles, precandidato a la gubernatura en 2004, quien fue derrotado por Mendoza.
Para Mendoza, Ulises Ramírez –quien fuera su protegido político y ahora es su principal adversario– es un “candidato cómodo” para Peña Nieto y buscará romper la posibilidad de una alianza entre el PAN y el PRD.
“El gobierno del PRI en el Estado de México siempre ha buscado desarticular a la oposición a través de favores, contratos y complicidades. En esta entidad la oposición, tanto del PAN como del PRD, está castrada”, señala.
El 21 de enero de 2009, el PAN expulsó a Mendoza de sus filas, acusándolo de manejo irregular de las finanzas de ese partido. Al día siguiente, el 22 de enero, Luz María Angélica Alatorre Carbajal, esposa del senador Ramírez, fue nombrada por la mayoría de los legisladores como magistrada de la Sexta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con sede en Atizapán.
En declaraciones a los medios locales, Ramírez dejó entrever que el nombramiento de su esposa fue el resultado de una amplia negociación que incluyó cargos para figuras del PAN y del PRD en el Instituto Estatal Electoral del Estado de México (IEEM) y en el Tribunal Estatal Electoral (TEEM).
Como parte de esa misma negociación, Sayonara Flores Palacios, esposa del diputado perredista Domitilo Posadas, fue elegida consejera electoral. Al mismo tiempo, el PRI y el PRD apoyaron al panista Norberto Hernández Bautista como presidente del IEEM a cambio de aprobar las propuestas priistas de Javier López Corral como secretario general del instituto y de Luz María Zarza como magistrada del Tribunal Electoral local.
Complicidades
En el recuento de su historia como candidato a gobernador de oposición, Rubén Mendoza señala que las complicidades entre el Grupo Atlacomulco, dominante en la clase política del Estado de México, se ramifican en los dos últimos gobiernos federales panistas.
En diciembre de 2004, seis meses antes de los comicios estatales del 3 de julio de 2005, Mendoza se entrevistó con el presidente Vicente Fox en Los Pinos. Para entonces, el margen de ventaja del PAN frente al PRI era de 14 puntos. Los escándalos de corrupción del gobierno de Arturo Montiel Rojas estaban generalizados en la entidad.
–No se meta en el desafuero de López Obrador porque nos va a afectar en el Estado de México. Hágalo después de las elecciones en el estado –le sugirió Mendoza a Fox.
Pero “Fox no me dijo nada. Cuarenta y ocho días después, el entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien apoyaba a Durán Reveles, su exsubsecretario, se metió al tema del desafuero y yo me voy varios puntos abajo”, lamenta el exalcalde de Tlanepantla.
“Después de hablar con Fox me entero que los hijos de Marta Sahagún recibieron contratos de Arturo Montiel para vender leche en todo el Estado de México por 300 millones de pesos”, advierte el expriista, quien fue invitado a afiliarse al PAN por Carlos Castillo Peraza durante su periodo como presidente del CEN blanquiazul.
Mendoza recuerda que cuando el PRI le interpuso una demanda por actos anticipados de campaña, a raíz de la contienda interna del PAN, le reclamó de nuevo a Luis Felipe Bravo Mena, dirigente nacional de Acción Nacional, y a Creel, secretario de Gobernación, por su falta de apoyo.
–Vámonos al Tribunal Electoral, te va a dar más fuerza –le sugirió Creel.
Molesto, Mendoza le reviró: “¿Qué no entiendes que estamos tratando con delincuentes? El Grupo Atlacomulco está constituido por delincuentes”.
Otra anécdota de aquella campaña le viene a la memoria a Mendoza. Durante varias semanas le pidió al entonces dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, que le enviara una “figura fuerte”, como Carlos Medina Plascencia o el exgobernador Ernesto Ruffo, como su jefe de campaña.
En el restaurante Alfredo Di Roma, en la Ciudad de México, Manuel Espino le propuso que su coordinador de campaña fuera Ulises Ramírez, su propio sucesor como alcalde de Tlanepantla entre 2003-2006.
La campaña de Mendoza se vino abajo, pero Ramírez ascendió como coordinador de la campaña presidencial de Felipe Calderón en el Estado de México y ganó el escaño como senador para 2006-2012.
Ramírez hizo amistad con Juan Camilo Mouriño, la figura más influyente en el equipo de Felipe Calderón. En 2008, cuando Mouriño fue designado secretario de Gobernación, nombró a Ramírez coordinador de Asesores.
Desde esa posición, Ramírez pactó una alianza entre Peña Nieto y Mouriño para frenar el proyecto de redistritación electoral en el Estado de México –al cual se opuso el PRI– a cambio del apoyo del mandatario mexiquense al proyecto de reforma energética del gobierno federal que se impulsó ese año en el Senado.
En febrero de 2008, el proyecto de redistritación en el Estado de México pasó a mejor vida. Gracias al pacto con Mouriño, el grupo de Peña Nieto ganó oxígeno y pudo recuperar una mayoría casi absoluta en las elecciones federales y estatales de 2009.
Tras el avionazo que le costó la vida a Mouriño y al exsubprocurador José Luis Santiago Vasconcelos en noviembre de 2008, Ulises Ramírez se reintegró al Senado.
Al registrarse como precandidato panista a la gubernatura, declaró que “de todas formas, si el PAN y el PRD no se unen, el PAN ha estado haciendo su trabajo, fortaleciendo estructuras, reforzando cada una de las regiones del Estado de México, y estaremos compitiendo con nuestras propia marca”.
El Tolucazgo
Buena parte de la oposición a la hegemonía del PRI en el Estado de México ha provenido de los propios exalcaldes, exlegisladores y exprecandidatos a gobernadores priistas, cuya fuerza radica en los municipios conurbados del Valle de México y que no forman parte del llamado Grupo Atlacomulco. En la entidad se les conoce como Los Tolucos.
Figuras como Rubén Mendoza o Mauricio Valdés, ambos expriistas, se pasaron a las filas de la oposición o fundaron partidos locales de oposición frente a la imposición de los cuadros políticos que forman parte de la dinastía política de Atlacomulco o que hicieron su carrera política en la capital de la entidad, Toluca.
Valdés, exsenador, exdiputado federal y exaspirante a la gubernatura, lo llama El Tolucazgo. Y argumenta, al ser consultado por Proceso, las disparidades existentes: 70% del padrón electoral del Estado de México proviene de los 24 distritos electorales que forman parte del Valle de México y que están conurbados al Distrito Federal (Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Ecatepec y Chimalhuacán, principalmente); sin embargo, ninguno de los políticos priistas formados en estas entidades está en las primeras posiciones de poder en el gobierno de Peña Nieto.
El desbalance demográfico en el Estado de México provoca que para que un candidato gane en alguno de los 18 distritos del Valle Toluca-Lerma (Grupo Atlacomulco) es necesario un promedio de 180 mil ciudadanos por demarcación, pero en los 27 distritos del Valle de México –los de mayor presencia opositora– se requiere un promedio de 364 mil ciudadanos por distrito.
Por ejemplo, en el distrito de Santo Tomás de los Plátanos, controlado históricamente por el PRI, un candidato a diputado puede ser elegido mediante 60 mil votos, pero en los distritos de Coacalco o Ecatepec requiere más de 350 mil sufragios.
Un estudio elaborado por el Instituto Electoral del Estado de México revela que sólo siete de los 45 distritos electorales de la entidad cumplen con la regla del “equilibrio demográfico”, es decir, aglutinan a poco más de 291 mil habitantes por distrito.
Los 38 distritos restantes están fuera de la normatividad. Los municipios más difíciles por su crecimiento son los de Tultitlán, Tlanepantla, Texcoco, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Cuautitlán México, Amecameca y, sobre todo, Chicoloapan, que registra una tasa de crecimiento demográfica mayor de 17%.
Con esos desequilibrios, afirma el estudio del IEEM, se favorece la creación de una “mayoría artificial” en el Congreso mexiquense a favor del PRI, ya que es el partido que triunfa en aquellos municipios “subsidiados” y con menos empadronados de los que establece la ley.
En el seno del IEEM se impulsó, entre 2007 y 2008, un proyecto de redistritación que fue frenado por el gobierno de Peña Nieto. Exconsejero electoral e impulsor de ese proyecto, Bernardo Barranco recuerda que uno de los principales opositores a la redistritación fue Bernardo García Cisneros, exsecretario general y exconsejero del IEEM, el mismo que aparece en un video grabado en un mitin en Chalco donde da órdenes, como funcionario de gobierno, para ir por aquellas secciones y distritos de voto opositor en la zona conurbada al Distrito Federal.
“García Cisneros es maestro de los actuales consejeros electorales estatales que se oponen sistemáticamente a la redistritación. Él pertenece a la línea dura de Los Tolucos.
“Lo que vamos a ver en estas elecciones es un aparato de gobierno diseñado para la cooptación clientelar y que en este momento está orientando todas sus baterías a la operación electoral. Es una operación sistemática. Y esto es la esencia del poder de Los Tolucos”, resume Barranco.
Las constataciones de “WikiLeaks”
Alma Rosa Alva de la Selva
En el contexto de la confrontación entre las principales empresas de televisión y telecomunicaciones, que sigue escalando (y que ya se ha trasladado a espacios en la pantalla chica, medios impresos y hasta redes sociales) sin árbitro de por medio, resultan significativos los despachos diplomáticos entregados por WikiLeaks al diario La Jornada, el cual los dio a conocer recientemente.
Los cables revelan una supuesta “preocupación” de la embajada de Estados Unidos de que “…las dos compañías de televisión dominantes en el país, Televisa y TV Azteca, que forman un duopolio en el sector, continúen ejerciendo influencia sobre el sistema judicial, el Poder Legislativo y los organismos reguladores para impedir la competencia”, y también debido a que, por su parte, Telmex y Telcel “siguen reinando como dominantes en telefonía fija y móvil” y ejercen gran influencia sobre las entidades de regulación y en “los encargados de tomar decisiones en el gobierno”.
Mas las inquietudes de Estados Unidos reflejadas en esos despachos de 2009 y hoy reveladas, pretendidamente dirigidas a defender un auténtico escenario de competencia en el ámbito en cuestión en México –aunque fue el vecino país el promotor hace años de la instauración en el nuestro de un modelo económico que devino en esquemas de concentración– apuntan más bien al interés de abrir el sector a las inversiones estadunidenses (recuérdese el intento durante el sexenio de Vicente Fox de la General Electric por operar una tercera cadena de TV en sociedad con Isaac Saba, intento frenado drásticamente en ese momento por Televisa y TV Azteca).
Adicionalmente, los despachos mencionados resultan útiles para documentar el peso político de esos poderes fácticos en el país. Y es que en esos despachos, referentes a una reunión entre el entonces subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Rafal Del Villar, con un “pequeño grupo” de funcionarios del Departamento de Estado y de Comercio de Estados Unidos, se da constancia de que, al lado de un discurso a favor de la competencia, el gobierno federal ha actuado de manera parcial ante los consorcios. En este sentido, uno de los cables revelado por WikiLeaks hace patente la intención gubernamental de encontrar la manera de limitar el poder de Telmex y señala, respecto de los planteamientos de ese momento de Del Villar (actual comisionado de la Cofetel, el órgano regulador hoy ausente) que “…con un argumento socialmente bueno como columna vertebral, parece que la SCT y el gobierno de Calderón pueden tratar de abordar el monopolio de las telecomunicaciones en México, la dominancia de Telmex en el sector”. El cable subraya que el funcionario fue cuidadoso en reiterar que sólo se refería a las telecomunicaciones y no a la TV…
En cuanto a la eventual licitación para una tercera cadena de televisión abierta en el país, el despacho señala: “Debido a las consecuencias políticas que tendría sacar a licitación una tercera cadena, la decisión de si se debe avanzar descansa en el presidente Calderón”.
Así pues, los despachos de WikiLeaks, además de revelar la atención de las autoridades estadunidenses por el alcance de las concentraciones en la TV y la telefonía en México –con el ingrediente injerencista que ello conlleva–, constatan la subordinación del poder público hacia esos poderes fácticos, con las televisoras como la parte más beligerante. l
Acerca de Licencia para matar
De José M. Rosas M.
Señor director:
Le agradeceré publicar la siguiente carta, dirigida a su colaboradora Denise Dresser.
Mi querida Denise: El que esto suscribe es un poblano que se considera de izquierda, a pesar de no militar en ningún grupo o partido político.
Leí con atención –como siempre lo hago– tu columna titulada Licencia para matar (Proceso 1794), y créeme que me llena de incredulidad lo que ahí planteas, pues si en diversos artículos has expresado tu animadversión hacia López Obrador, nunca creí que ésta llegara al grado de responsabilizar del destino de la izquierda a un solo hombre. Sólo faltó que, en lugar de llamarlo “un peligro para México”, lo identificaras como “un peligro para la izquierda”.
Tratando de dejar de lado la visceralidad, ¿no crees que esos mismos planteamientos que haces respecto a López Obrador pudieran muy bien aplicarse a otros actores políticos de “izquierda”, como Manuel Camacho, Amalia García, Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard y, sobre todo, Los Chuchos? Esto, debido a que ellos, dejándose llevar más por cuestiones personales, han colocado al PRD al nivel del PRI y del PAN, al punto de que no podemos ya distinguir quién es de izquierda y quién de derecha.
En ese sentido, los ciudadanos de a pie necesitamos un partido de izquierda real que enarbole las mejores causas del país, que deje de ser electorero, “cacha votos”, con candidatos resentidos, sin compromiso, a quienes no importa cómo llegar al poder para, una vez ahí, comportarse como los verdaderos priistas o panistas que son.
Al respecto, habría que preguntarse qué han dejado a la izquierda tales alianzas. A mi juicio, los resultados han sido magros, y como ejemplo pongo a Puebla, en donde la percepción generalizada no es que ganó una coalición, sino el PAN, mientras la izquierda sigue igual de atomizada y sin presencia ante la población. En este sentido, a quienes la izquierda ha suministrado oxígeno es a los panistas. ¿Es esto lo que se busca? Lo que se dice al respecto me recuerda el “voto útil” de Fox, con todas sus consecuencias.
En esta situación, muchos mexicanos sentimos que una de las pocas personas de izquierda realmente congruentes es precisamente López Obrador, cuyo mayor delito ha sido pretender organizar a la población al margen de los partidos y tratar de ser la voz de quienes no podemos hacerla oír.
De ti esperamos, como del resto de los colaboradores de Proceso, que continúes haciendo contribuciones a la democracia.
Atentamente
José M. Rosas M.
Respuesta de Denise Dresser
Señor director:
Le agradeceré publicar la siguiente respuesta.
José M. Rosas: Gracias por tu carta. Mi crítica a Andrés Manuel López Obrador no nace de la visceralidad; está enraizada en un diagnóstico distinto al suyo sobre el principal peligro que enfrenta México en los próximos años. A mi juicio, es el regreso del PRI como forma de vida, como mecanismo para la distribución del botín, como estructura corporativa, como maquinaria clientelar. Y mi preocupación es que al oponerse a la alianza PAN-PRD como lo ha hecho, AMLO está contribuyendo a esa revitalización priista.
Tienes razón: Los ciudadanos necesitamos un partido de izquierda que enarbole las mejores causas. ¿Cómo vamos a lograr ese objetivo en un escenario en el que Enrique Peña Nieto esté instalado en Los Pinos, apoyado por los intereses atrincherados del país?
En política, lamentablemente, nunca se puede escoger entre el blanco y el negro, sino entre diferentes tonos de gris oscuro. Y de allí que te pregunte: ¿Qué es peor para México y qué tono de gris oscuro prefieres: las alianzas opositoras PAN-PRD o un país nuevamente dominado por el PRI?
Para alguien que sigue intentando hacer contribuciones a la democracia, el segundo resultado es el más oscuro para México.
Atentamente
Denise Dresser
En torno a Historias de muerte y corrupción
De Javier Castillo Nava
Señor director:
Como siempre, con mi agradecimiento por anticipado si pudiera difundirse este escrito en la sección Palabra de Lector.
Extraordinaria publicación de fragmentos del libro del fundador de nuestra revista Proceso, don Julio Scherer García, denominado Historias de muerte y corrupción (Proceso 1790). Con el incansable investigador de la vida de nuestra sufrida República Mexicana estoy totalmente de acuerdo en que se llegue a procesar a Felipe Calderón Hinojosa, por crímenes que pueden calificarse como de lesa humanidad.
Este señor, desde el primer día, probablemente se enriquece a costa del pueblo mexicano, acrecentando la miseria del mismo y, por si fuera poco, sumiéndolo en una absurda guerra con “daños colaterales” en donde un alto porcentaje de los muertos –más bien asesinados– son menores de edad. Ahora hay muchas más familias desintegradas, familias sin trabajo y sin posibilidades de subsistencia elemental.
Por supuesto que a Felipe Calderón debería enjuiciársele, y creo que no sólo a él, sino también a quienes propiciaron que llegara en forma fraudulenta a la primera magistratura, y que tienen nombre y apellido: el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde Ramírez, y el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Leonel Castillo González, en el año de 2006. Gracias a ellos y a sus decisiones, el señor Calderón se apoderó del sitio que lamentablemente ocupa hasta la fecha.
Ojalá que estos deseos de enjuiciamiento pudieran hacerse realidad, aunque no hay que olvidar que en este pobre país la clase política está en connivencia con los grandes empresarios, y lo manejan con la anuencia de los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial. Éstos no intervienen aunque investigadores como José Antonio Crespo ya han demostrado el fraude electoral que se cometió.
Así, a la grave pobreza de los mexicanos se suma ahora la gran cantidad de crímenes –más de 30 mil–, de los cuales un alto porcentaje son niños (“daños colaterales”, según Felipe Calderón).
Se dice que la esperanza muere al último, y ojalá que, conforme a lo propuesto por don Julio Scherer, tanto Calderón como otros que lo antecedieron algún día pudieran pagar por sus crímenes.
Desearía que el libro de don Julio y esta carta los conociera toda la población mexicana, y no solamente los lectores asiduos de Proceso.
Por lo pronto, mis mejores deseos para don Julio, y que continúe con esta ardua labor de investigación-publicación. Larga vida para él y para nuestra revista.
Atentamente
Javier Castillo Nava
Morelia, Michoacán
Sobre La violencia llegó a las aulas
Señor director:
En Proceso 1794, del 20 de marzo de 2011, en la nota titulada La violencia llegó a las aulas, escrita por el reportero Rodrigo Vera, se informa que el alumno Marcos Piña Dávila, quien murió acribillado junto a otros jóvenes estudiantes en Villas de Salvárcar, era “estudiante de relaciones internacionales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)”.
Nuestra institución condenó y lamentó el hecho en su momento al tiempo que exigió a las autoridades su esclarecimiento, así como el de todos los asesinatos cometidos contra nuestros alumnos y maestros.
Sin embargo, en aras de la precisión, debo decirle que nuestra universidad no cuenta con la carrera de Relaciones Internacionales –como se puede ver claramente en nuestra oferta académica– y, por lo tanto, el alumno al que hace referencia la nota no era parte de la comunidad universitaria de nuestra institución. Piña Dávila era alumno de la Universidad Autónoma de Chihuahua, campus Ciudad Juárez. De ahí tal vez la confusión.
Por supuesto, independientemente de la institución a la que haya pertenecido, el asesinato de este joven estudiante debe ser condenado enérgicamente, además de exigir a las autoridades su pronto esclarecimiento.
Atentamente
Licenciado Andrés Pedroza García
Coordinador de Medios de Comunicación
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Respuesta del reportero
Señor director:
Efectivamente, el joven Marcos Piña Dávila estudiaba en la Universidad Autónoma de Chihuahua, campus Ciudad Juárez, y no en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como quedó asentado en el reportaje debido a una equivocación, por la que pido disculpas.
Atentamente
Rodrigo Vera
Las lecciones de una crisis
Olga Pellicer
La renuncia del embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, era previsible. Lo importante no es el fin de su misión en México, sino las lecciones que deja la crisis político-diplomática que lo precedió. Mucho da para reflexionar la facilidad con que prendió en la clase política mexicana la animosidad hacia el embajador, lo poco que informa el presidente sobre la dimensión de los acuerdos con Estados Unidos en materia de seguridad, la inconsistencia entre los reclamos de soberanía y la realidad de la dependencia, la ignorancia sobre las tareas propias del oficio diplomático y la dimensión que debe otorgarse a WikiLeaks.
Es posible que haya quien se sienta triunfador por haber obligado a la salida del embajador. No comparto esos sentimientos. La crisis diplomática que llevó a su renuncia es signo de la incapacidad mexicana para conducir adecuadamente la relación con el país que mayormente influye en el destino de la vida nacional. Ha sido oportunidad para tomar conciencia de hasta dónde domina la percepción puramente coyuntural, se carece de visión de largo plazo y hay una alarmante confusión sobre lo que se busca en la relación con Estados Unidos.
Esta crisis fue también ocasión para conocer mejor la visión que tienen los actuales dirigentes estadunidenses de la relación con México. La carta de Hillary Clinton aceptando “con pesar” la renuncia del embajador Pascual es un documento interesante que al evaluar su trabajo permite identificar las tareas que se le habían asignado. Eran varias: algunas relativas a la cooperación en materia de energías renovables, otras a los cruces fronterizos, y las más conocidas, las relacionadas con la Iniciativa Mérida y los compromisos consiguientes en materia de derechos humanos y mejoramiento del sistema de justicia en México. Es una lista larga, pero en realidad poco sustantiva. No aparecen allí, puesto que es un documento destinado a ser público, las tareas relativas a cuestiones de inteligencia. Tampoco se encuentra allí la preocupación por el destino del desarrollo económico de México y sus impactos sociales; esto último es, sin embargo, lo que verdaderamente debería interesar a los dirigentes estadunidenses.
Dos países cuyas economías se hallan tan fuertemente vinculadas, con una frontera larga y transitada en la que tiene lugar el mayor número de cruces en el mundo, cuyos lazos en materia de seguridad se han fortalecido tanto en los últimos tiempos, requerirían de programas de cooperación más amplios. Por sólo dar algunos ejemplos: México fue el país que mayormente sufrió los efectos de la crisis económica más seria que se ha vivido desde la época de la Gran Depresión, cuya superación, principalmente en el terreno de la creación de empleo, todavía no está asegurada. ¿No hubiese sido conveniente instalar un grupo binacional de alto nivel, dedicado a proponer acciones conjuntas para recuperar el empleo, aumentar las exportaciones y elevar la competitividad en ambos países?
Por otra parte, se sabe que está disminuyendo el número de estudiantes mexicanos que hacen posgrado en Estados Unidos, situación que contrasta vivamente con las políticas de países como Corea o China, que tienen programas cada vez más ambiciosos para la formación de sus nacionales en aquel país. ¿No sería deseable un programa de grandes dimensiones que ayude a México a formar cuadros en materia de ciencia y tecnología? ¿No serían esos cuadros bien preparados útiles para proyectos conjuntos?
La secretaria Clinton no ha pensado en esos términos. Ahora bien, lo más grave es que los dirigentes y políticos mexicanos tampoco. Una rápida mirada sobre las múltiples declaraciones que se hicieron durante esta crisis exhibe la visión tan limitada que tienen el Ejecutivo y los senadores de todos los partidos políticos de la relación con Estados Unidos. Esta se ve como la ocasión para estar alertas, resistir presiones, mostrarse firmes. Detrás, un gran desconocimiento de la forma de operación del sistema político del país del norte y, por lo tanto, de los caminos a elegir para obtener resultados benéficos, para ser eficientes cuando se hacen propuestas, o simplemente para asegurar un diálogo respetuoso.
En todo caso, el embajador Pascual ya se va. ¿Qué posibilidades hay de superar un diálogo centrado en los reclamos y la inmediatez? Muy pocas. Es muy probable que el próximo embajador tarde en llegar. Los procesos de nominación y ratificación por el Senado son largos en Estados Unidos, y es difícil creer que, en este caso, la administración de Obama tiene prisa. Durante meses la embajada estará a nivel de encargado de negocios, un interlocutor débil para los numerosos asuntos que se deben desahogar cotidianamente, entre ellos varios relativos a cuestiones de seguridad.
En segundo lugar, se acercan las campañas presidenciales. Las posiciones partidistas, destinadas a mover con eslóganes y mensajes fáciles al electorado, contaminarán irremediablemente la relación política entre los dos países. De allá puede esperarse, de los grupos más conservadores del Partido Republicano, antimexicanismo ante los trabajadores migrantes, exigencias para asegurar la frontera, acusaciones de no haber cerrado la puerta a la violencia que puede alcanzarlos. De aquí puede esperarse, de todos los partidos, acusaciones de entreguismo, exaltación de actitudes patrióticas, exigencia de medidas que los dirigentes estadunidenses no pueden cumplir. En resumen, serán momentos de resentimientos y acusaciones mutuas entre México y Estados Unidos.
Cuando el embajador Pascual tome su avión de regreso a Washington será tiempo de preguntarse: ¿Qué ganamos al haber levantado la animadversión hacia su presencia? ¿De verdad estamos mejor con su salida? l
El espejismo de Marcelo
John M. Ackerman
La estrategia política de Marcelo Ebrard rumbo a las elecciones de 2012 es transparente. El jefe de Gobierno aspira a mantener la “unidad” de la izquierda política y atraer votantes de la “clase media” con el fin de ganar, primero, la candidatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y, posteriormente, la Presidencia de la República. Asimismo, el apoyo del Partido Acción Nacional (PAN) a su eventual campaña presidencial sería más que bienvenido. En este recorrido espera contar con el respaldo de la mayor parte de los medios de comunicación, así como del gran caudal de periodistas, comentaristas y encuestadores para quienes Andrés Manuel López Obrador es el mismo anticristo.
La “cargada” a favor de Ebrard ya inició. Una serie de encuestas recientes anuncian con bombo y platillo que el jefe de Gobierno es el perredista “más popular” y que el alto porcentaje de opiniones negativas hacia López Obrador prácticamente descalifican su eventual candidatura. (Véase, por ejemplo, El Universal del 14 febrero, y Excélsior del día 28 del mismo mes.) El mismo Ebrard ha sostenido públicamente que le va “bien, bastante bien” en las encuestas y que lo colocan por encima de López Obrador.
Sin embargo, cuando analizamos los mismos sondeos a profundidad, esta supuesta burbuja de “popularidad” se esfuma por completo. Primero, en absolutamente todas las encuestas, López Obrador rebasa a Ebrard en una proporción de 2 y hasta de
Pero lo que realmente debe tener preocupado a Ebrard no es su desventaja política entre los perredistas, sino su baja popularidad entre la población en general. Todas las encuestas, e independientemente de quiénes sean los candidatos del PAN y del PRI, reportan que la izquierda recibiría un mayor porcentaje de la votación si su candidato fuera López Obrador en comparación con la candidatura de Ebrard. Asimismo, los sondeos revelan que si ambos son candidatos por partidos distintos, López Obrador solamente perdería una pequeña fracción de su apoyo mientras que la votación para Ebrard se desplomaría. (Véase, por ejemplo, Enfoque / Reforma del 5 de diciembre de 2010.)
En suma, Ebrard podrá ser muy “popular” como persona o como jefe de Gobierno, pero como candidato presidencial sería muy poco eficaz. Sus posibilidades de llegar a Los Pinos son mínimas, sobre todo tomando en cuenta el gran arrastre popular de López Obrador.
Algo similar le ocurre a Ebrard en el ámbito de la operación política. De nueva cuenta, no está en duda su “popularidad” o su habilidad para llevarse bien con una amplia variedad de expresiones políticas. Sin embargo, el jefe de Gobierno no ha sabido convertir este “don de gentes” en una verdadera fuerza política.
La contundente derrota de su candidato para presidir el PRD es particularmente elocuente al respecto. Los 43 votos que con trabajos alcanzó Armando Ríos Piter en el Consejo Nacional de poco le sirvieron a Ebrard frente a la fuerza arrolladora de las dos grandes corrientes del partido: “Los Chuchos” y “los pejistas”. Así, de un día para otro, se desvaneció por completo el espejismo de gran “operador político” que el jefe de Gobierno se había esmerado en construir a partir de la victoria de su candidato en Guerrero. Hoy para todos es claro que el poder político de Ebrard no se coloca por encima de las corrientes, sino que se encuentra claramente subordinado a los líderes y los poderes fácticos del partido.
Ahora bien, su debilidad en las encuestas y dentro del PRD no sería tan grave si contara con una verdadera visión de Estado. Lamentablemente, tanto la cerrazón que ha mostrado con respecto a la Supervía Poniente, como sus halagos a la estrategia de seguridad pública de Felipe Calderón y, sobre todo, su respaldo a ciertas figuras políticas para que obtengan cargos de importancia, revelan una preocupante tendencia a privilegiar sus ambiciones personales por encima de un proyecto de auténtica renovación política y social.
El caso de Ríos Piter es un excelente botón de muestra. Ríos no cuenta con ningún mérito especial ni dentro ni fuera del partido, más allá de ser un leal alfil de Ebrard. No es un dirigente social o juvenil, sino un experto en el sutil arte del “transfuguismo”. Fue funcionario público al servicio del zedillista José Ángel Gurría en la Secretaría de Hacienda, del priista René Juárez en el estado de Guerrero, del panista Vicente Fox en la Secretaría de la Reforma Agraria y, finalmente, del fallido gobierno de “izquierda” de Zeferino Torreblanca, otra vez en Guerrero.
Haber sostenido que Ríos “renovaría” y “acercaría a la sociedad” al PRD, por el simple hecho de ser relativamente más “joven” que otros políticos, fue un abierto engaño. Lo mismo se podría decir de Enrique Peña Nieto o de César Nava, cuya juventud relativa de ninguna manera asegura que sean portadores de “ideas frescas”. El favorito de Ebrard para relevarlo en la Jefatura de Gobierno, Mario Delgado, tiene un perfil similar.
Habla mucho de la concepción política del jefe de Gobierno el que los cuadros que impulse sean de tan bajo nivel. Ello también sugiere que Ebrard ni valora la historia de las luchas sociales de izquierda, ni busca la auténtica vinculación del PRD con la sociedad, y mucho menos aspira a construir una interlocución seria con otras expresiones políticas. Como Felipe Calderón, Ebrard prefiere rodearse de su propio grupo de jóvenes leales y novatos en lugar de articular un movimiento político de mayor envergadura.
Es hora de que Marcelo Ebrard reflexione seriamente sobre la forma en que verdaderamente quiere participar en la urgente democratización del país e impulsar el proyecto de izquierda. Todo buen político debe saber tomar distancia de la agitación cotidiana y, al menos momentáneamente, alejarse de los falsos aduladores y los cantos de sirenas para serenamente observar el bosque en su conjunto. l
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Puebla: el mundo al revés
Ernesto Villanueva
Pocas veces se ha encontrado un gobierno que, como el de Puebla, cometa tantos errores en tan poco tiempo. El primer acto del gobernador Rafael Moreno Valle fue enviar una iniciativa para restringir civilmente el ejercicio de las libertades informativas. Ahora opera como un Robin Hood, pero al revés. Quita el sustento a los más pobres para regalar dinero, que no es suyo, a los más ricos. Existen, por supuesto, elementos que permiten sustentar mis afirmaciones. Veamos.
Primero. El 1 de marzo pasado el Congreso de Puebla aprobó por unanimidad un singular proyecto de decreto enviado por el Ejecutivo, a efecto de: a) donar casi siete hectáreas de terrenos, con valor de varios millones de pesos, propiedad del estado y ubicados en una zona ecológica, a la Fundación Teletón de México, A.C.; b) “apoyar” con 25 millones de UDIS (equivalentes el 1 de marzo a 114 millones 250 mil pesos), y c) “apoyar” por ¡10 años! con 8 millones 500 mil UDIS (equivalentes el 1 de marzo a 38 mil 845 pesos, cifra que se irá a ajustando de acuerdo con la inflación).
El problema es que el Teletón es una asociación civil integrada por un grupo de los empresarios más acaudalados del país. Es plausible que estas buenas personas hagan labores de filantropía entre los niños con alguna discapacidad. Lo grave, sin embargo, es que utilicen para ello recursos públicos y no dinero de su bolsillo. Así, la sociedad poblana, sin ser consultada, dona a los más ricos para que hagan el “bien”, deduzcan impuestos y presenten como propios servicios pagados a costa de los más pobres. Por si lo anterior fuera poco, el gobernador Moreno Valle anunció la donación de 36 millones de pesos a Televisa para que en abril próximo se realice el evento Espacio 2011 de esa empresa.
De acuerdo con datos oficiales, Puebla es el tercer estado más pobre del país. El 92.2 % de la población se encuentra en pobreza extrema o moderada, y sólo 29% tiene cobertura de seguridad social, entre otros muchos aspectos. ¿Puede alguien en su sano juicio dar prioridad a la atención de Televisa y Teletón en lugar de destinar esos recursos para paliar al menos las abundantes carencias de casi todos los poblanos? ¿La donación a Televisa-Teletón puede tener mayor importancia que observar las atribuciones que la ley confiere al DIF estatal –a cargo por cierto de Martha Érika Alonso, mujer íntegra, capaz y con un claro compromiso social– y a la Secretaría de Salud precisamente para atender la causa de la niñez con problemas de salud?
Segundo. En las democracias sucede exactamente lo contrario a lo que ocurre en Puebla. Son los ricos y las fundaciones los que apoyan los esfuerzos e iniciativas de los gobiernos para proyectos concretos de beneficio social. En efecto, el gobierno de Japón recibió como donativo para la niñez (sin duda mucho menos desprotegida que la poblana) recursos anuales de un millón 50 mil dólares de la Bill & Melinda Gates Foundation, así como de The Rockefeller Foundation. El Instituto de Salud Pública de Japón captó 968 mil 829 dólares de diversas fundaciones, entre ellas The Medtronic Foundation. Inclusive en México, la Secretaría de Desarrollo Social de Coahuila obtuvo 241 mil dólares de la Alcoa Foundation, y Diconsa logró un donativo de 3 millones 584 mil 983 pesos de la Bill & Melinda Gates Foundation. En suma, por ejemplo la Alcoa Foundation ha otorgado donativos a sistemas estatales y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia por 6 millones 861 mil 655 dólares.
En 2010 las empresas y fundaciones de Estados Unidos dedicaron tanto a países del Primer Mundo como en desarrollo 5 mil 778 millones 632 dólares exclusivamente para temas relacionados con la salud, según datos de The Foundation Center. En este contexto, ¿no se ve, por decir lo menos, inapropiado que el gobernador Moreno Valle quiera competir como donante con recursos públicos para proyectos polémicos en lugar de gestionar apoyos de empresarios internacionales para Puebla? ¿Incluso no hubiera sido mucho más barato remodelar la Casa de Ángeles, que está destinada exactamente al mismo propósito del Teletón?
Tercero. Incluso si se comparan cada una de las donaciones otorgadas por la Federación (Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y órganos autónomos constitucionales) en temas relacionados con la niñez entre el 1 de enero de 2007 y el último día de diciembre de 2010, con los obsequios de Moreno Valle al Teletón, el regalo del gobierno y el Congreso de Puebla resulta excesivo. De acuerdo con una revisión minuciosa de la partida 7505 en el periodo señalado, la suma asciende a 22 millones 839 mil 664 pesos, divididos en más de 120 asociaciones civiles beneficiarias. En todo este tiempo, la Fundación Teletón de México, A.C., sólo ha recibido 151 mil 225 en pesos, no en UDIS, decisión poblana hecha acaso para ser obsecuentes con Televisa y el Teletón.
Sobra decir que el presupuesto de la Federación es infinitamente superior al del gobierno de Puebla. Y esa comparación revela la magnitud del uso de recursos públicos para fines privados en la entidad. Asimismo, a diferencia del decreto poblano que entrega simple y llanamente la “ayuda”, el artículo 80 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el
evillanueva99@yahoo.com
Las cifras de la desesperanza
Axel Didriksson
Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 en materia de educación han arrojado cifras tan pobres que ni la SEP ni el gobierno federal se han dispuesto a dar la cara para rendir cuentas al respecto.
Con un sistema educativo maniatado como el que tenemos, las cifras que se presentan son verdaderamente alarmantes y demuestran el poco avance que se ha alcanzado durante los últimos 10 años. Así, mientras que en muchos países se logró hace dos décadas una tasa bruta de escolarización universal en educación superior (82% en Estados Unidos, 72% en Canadá y 62% en España, por mencionar algunos), en México aún no se ha llegado a la universalización de la educación secundaria.
De acuerdo con el censo, el promedio de escolaridad de la población mexicana de 15 años y más pasó de 6.5 años en
Con más de 100 millones de habitantes, la población con educación primaria es de 36 millones 467 mil 510 personas, lo que significa que el rezago histórico de mexicanos sin el mínimo de escolaridad se ha mantenido y reproducido, sobre todo entre indígenas, jornaleros, mujeres, campesinos y jóvenes de más bajos recursos. Se reporta, además, que la población con una carrera profesional, concluida o no, es de poco más de 12 millones de personas, pero la población con un posgrado es de apenas 897 mil 587.
En Brasil egresan del doctorado unas 10 mil personas al año, mientras que aquí llegan a concluirlo unas 2 mil. Asimismo, mientras que en China dentro de muy poco estarán trabajando en ciencia y tecnología unos 2 millones de investigadores, en México habremos unos 30 mil, con edad promedio de
El censo establece también que cada año egresan de primaria 2 millones 221 mil alumnos, y sólo terminan el bachillerato 830 mil 331. A lo que debe agregarse la deficiente calidad de los aprendizajes que se ofrecen, pues conforme a otros datos, de cada 100 niños que ingresan a la primaria únicamente 18 logran los propósitos de los programas de estudio para español y sólo 14 para matemáticas. (Véase: “El ejercicio del derecho a la educación básica”. Observatorio Ciudadano de la Educación. Este País, número 237, enero de 2011, página 41).
Tenemos entonces que entre los alumnos que logran terminar la primaria y luego la secundaria, la mayoría no pueden razonar ni en español ni en matemáticas, no logran leer un libro completo, no pueden redactar un par de cuartillas sin faltas de ortografía, y los conocimientos que han acumulado se van perdiendo en el tiempo porque los han memorizado y repetido con el objetivo de pasar un examen, y no les encuentran alguna otra utilidad para su vida social o económica, familiar o ciudadana. Una educación, pues, que no sirve ni para ofrecer cobertura ni para lograr aprendizajes que valgan la pena.
Para lo que sí sirve el sistema educativo es para acumular poder en manos de quienes lo tienen secuestrado, aquéllos que no han logrado ningún avance significativo en el sector y no parecen dar ninguna importancia a los millones de niños y jóvenes que se han quedado sin estudios o sin futuro. l
Actúa EU con soberbia ante sometimiento de Calderón
