Carmen Lila Romero / Luis Alberto García
Sucesos y Sucedidos
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Domingo 1 de mayo de 2011
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Quienes aspiran a la Presidencia deben escuchar a la niñez en sus demandas para el presente, no hacer promesas para el futuro
Colaborador Invitado
(1 mayo 2011).- Gerardo Sauri Suárez
Coordinador de Relatoría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Infancia como valor futuro y como propiedad privada de la familia son visiones que prevalecen en las propuestas de siete supuestos personajes presidenciables y que derivan en opciones de políticas educativas fragmentadas y hasta llevadas a terrenos de vivencias personales que no corresponden a una agenda integral sobre derechos de la infancia o, al menos, en materia del derecho a la educación de calidad, que es necesaria para el país.
Hace más de una década en Colombia una campaña promovida desde instancias internacionales y organismos nacionales estimulaba al electorado a "votar por la infancia" no porque existieran candidatos infantiles para la Presidencia de la República, sino porque se buscaba que quienes se postulaban dieran mayor prioridad en sus agendas políticas a este sector de población que es sistemáticamente invisible y al que no se dirigen las ofertas electorales por el hecho de que no son votantes. Niños y niñas suelen ser más bien parte de la escenografía electoral.
Tanto en Ecuador como en Paraguay, en el pasado periodo electoral, las redes de organizaciones sociales lograron que grupos de niños y niñas procedentes de diversas realidades dialogaran con quienes se postularon para la Presidencia de cada uno de esos países desde diversos partidos políticos. En ambos casos el ejercicio derivó en mecanismos de diálogo que permanecieron luego de que los respectivos ganadores tomaron el poder y desarrollaron mecanismos de rendición de cuentas sobre la agenda política en materia de derechos de la infancia.
En términos de representaciones sociales sobre la infancia, como producto de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en 1990, países como México asumieron considerar a este tratado como parte de las leyes supremas de la nación. La CDN obliga a los Estados a considerar a niñas y niños como sujetos plenos de derecho, con capacidad de expresarse, opinar, participar y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta.
Ninguna de las propuestas de las siete personas presidenciables incluidas en Enfoque hace referencia a los derechos de la infancia, ni a la educación como un derecho de niñas y niños, por el contrario, numerosas propuestas llevan a considerar que la tarea educativa es responsabilidad de la familia, desdibujando el papel del Estado como garante de este derecho. Por lo anterior no se hacen propuestas relacionadas con el tamaño y eficiencia de la inversión pública en la educación, ni otras que democraticen el espacio educativo, que actualmente es un coto de poder de liderazgos sindicales.
En ninguna propuesta se establece la posibilidad de que niñas y niños cuenten con espacios en donde sus voces sean escuchadas en el presente, no sólo en el campo educativo, sino en la propia definición de las agendas políticas, reflejo de una cultura adultocéntrica: ser adultos nos constituye de forma inmediata en expertos en materia de infancia, sus voces no son consideradas, sus perspectivas llegan a ser vistas como innecesarias para la toma de decisiones.
El énfasis en la educación tiene además un anclaje en una de las representaciones sociales del mundo adultocrático sobre la infancia: mientras que hasta hace apenas un siglo se consideraba que el rol de niñas y niños era contribuir en el mundo de la producción agrícola, las sociedades postindustriales consideran que el rol principal de este sector de población es formarse para ser mejores ciudadanos para el futuro, importan por lo que serán, no por lo que piensan y sienten ahora.
Las propuestas educativas son de dos tipos. Un primer tipo corresponde a una propuesta técnico instrumental que hace recordar el caso de la vieja propuesta de Labastida, "Inglés y computación"; en algunos casos el énfasis será en el tipo de habilidades y herramientas que la educación desde el ámbito escolar debe proporcionar. Éste es el caso de la propuesta del senador Beltrones con la creación de un sitio de internet para la infancia mexicana; del secretario Lujambio, que ofrece el fomento a la lectura; del secretario Cordero, que propone convertir a niños en inversores con capacidad de ahorro, y del secretario Lozano, que propone la extensión de horarios escolares con mejor acceso a internet.
Un segundo tipo tiene que ver con las propuestas de quienes plantean valores específicos de la educación, lo que en algunos casos permite deslizar los contenidos ideológicos de sus agendas partidistas. La propuesta de Lujambio plantea que el espacio central de formación es la familia, el senador Creel enfatiza ese rol y hace énfasis en el programa Oportunidades como factor de combate a la pobreza, al secretario Félix Guerra le preocupa que existan espacios comunitarios que enseñen valores como factor de fortalecimiento de la familia y la diputada Vázquez Mota ubica a la educación de calidad como aquella que involucra a la familia.
Es necesario que quienes aspiran a ocupar puestos de elección política modifiquen sus visiones sobre la infancia, reconozcan plenamente sus derechos y las obligaciones asumidas por el Estado mexicano, en particular en materia educativa, de forma que se ofrezcan propuestas integrales acordes con el marco internacional.
Califican propuestas de aspirantes
Cartas. Los ciberlectores de Enfoque
(1 mayo 2011).- Lectores en internet comentaron las ofertas de política pública para la infancia que siete políticos aspirantes a la Presidencia entregaron a convocatoria de Enfoque.
A Manlio Fabio Beltrones.
"... Una pantalla (computadora) nunca será el fundamento de la persona, además no hay los recursos para ello, sólo por mencionar 'Enciclomedia', que adonde llegó no había ni luz ni otros medios base para el uso...".
Fernando López
Estado de México
A Ernesto Cordero.
"Educación financiera para saber cómo utilizar 6 mil pesos al mes para pagar casa, carro, viajes y todo lo que quieras. También para decir que la gasolina en México es barata".
Robert
Distrito Federal
A Santiago Creel.
"Muy de acuerdo... en especial su punto de vista en que dice 'estableciendo una clara jerarquía de valores', desde la familia; esto es lo que hace falta actualmente en México".
María
Distrito Federal
A Heriberto Félix Guerra.
"Pues no veo la propuesta. Demasiado vago y general".
René
Rotterdam
A Javier Lozano Alarcón.
"...suena bien...pero no se menciona nunca a los estándares de calidad de la educación, no se oye un plan para mejorar la competitividad de nuestra población...parece lo de los horarios ampliados como un objetivo a eliminar de algún político populista del partido que sea...".
Danil
Distrito Federal
A Alonso Lujambio.
"...tendríamos que hacer todavía una labor antes que la sugerencia del Sr. Secretario de Educación. Sugiero ayudar a las escuelas normales en general a fortalecer sus programas que enseñen a los estudiantes estas áreas que requiere nuestra niñez; si multiplicamos los brazos de los padres mediante los maestros y educadoras -por supuesto no disidentes ni parásitos...como algunos del sindicato-, podremos llevar a cabo la tarea que sugiere el secretario".
Fernando López
Estado de México
A Josefina Vázquez Mota.
"...La Gordillo sigue siendo la 'reina' y la cuidan y la consecuentan como tal. Nadie la pone en su lugar, pues necesitan sus votos, aunque en ello se vaya la educación de nuestros niños y jóvenes...".
Loti Ambrosi
Distrito Federal
'Me ofrecieron la candidatura de la coalición'
Testimonio Elecciones en el Estado de México. Representantes del PAN, PRD y DIA visitaron al autor de este texto para sugerirle ser candidato de una alianza opositora al PRI. La irrupción de la televisión se torna grotesca en la invasión de la buena fe ciudadana, cuando todos los días satura sus pantallas con la propaganda a favor de quien esa televisión ya eligió candidato para 2012
Humberto Lira Mora
(1 mayo 2011).- METEPEC, Estado de México.- Entre el 4 de noviembre y el 3 de marzo últimos, conspicuos dirigentes nacionales y locales del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional y del Diálogo para la Reconstrucción de México (DIA), atendiendo acuerdos al interior de sus organizaciones, conversaron conmigo en cuatro diversas ocasiones en torno a su propuesta sobre "la construcción de una candidatura" de coalición de dichos partidos en las próximas elecciones para la gubernatura del Estado de México.
Aprecié, y así lo sigo haciendo hoy, que tal iniciativa me haya considerado señaladamente, más aún al escuchar de su parte que el objeto de las conversaciones era intercambiar puntos de vista sobre los medios para recuperar en mi estado la maltrecha vida democrática, a cuyo intento me convocaban en nombre de sus partidos, asumiendo como uno de tales medios la posibilidad de una candidatura de coalición. La significación de los encuentros fue mayor porque en ese entonces el tránsito hacia la coalición parecía tener alguna viabilidad.
Pienso que las coaliciones electorales entre corrientes políticas opuestas son una manifestación de la inteligencia y habilidad de los políticos que se reúnen en un esfuerzo, no exento de dificultades, para lograr ante determinadas circunstancias adversas el fin de ganar al adversario común la mayoría de los votos. La legitimidad de ese propósito no puede ponerse en duda. En lugares donde la civilidad política existe y se practica, las coaliciones electorales son usuales y por supuesto sus políticos, sobre todo los que gobiernan, tienen la calidad y la sensibilidad suficientes para no militar contra ellas, pues al final de cuentas se trata del ejercicio de las libertades políticas de los ciudadanos, que los gobernantes deben ensanchar, respetar y proteger, y nunca menoscabar.
'Spotización' y ausencia de ideas
Las largas conversaciones efectuadas en mis oficinas de la Ciudad de México con los representantes del PAN, PRD y DIA fueron encuentros muy valiosos que hoy aquilato aún más, a la luz del destino final que en el PRD tuvo ese intento coalicionista.
En mi turno expresé a los representantes de esas organizaciones que siempre me ha enorgullecido ser miembro del PRI, a cuya militancia he estado cercano a lo largo de más de dos tercios de mi vida, que ya remonta los 60 años. En ese largo tiempo he podido ejercer, gracias a mi partido, responsabilidades muy honrosas dentro y fuera de mi estado, varias de ellas de elección popular e incluso cargos de dirigencia en el Comité Ejecutivo Nacional en dos elecciones presidenciales; en 1994 como secretario de Acción Electoral, los últimos de esos comicios que el PRI ganó. Les dije también que me hice a la vida política en tiempos distintos a los actuales y que entre las generaciones políticas de las que he sido contemporáneo obviamente no está la actual, y aunque en ocasiones una de las sabias virtudes del PRI ha sido entreverarlas, hoy en mi persona no se da ese caso y por tanto no estoy integrado a la generación que hoy tiene la conducción de mi estado.
Les dije también que el hecho de no haber activado en los años recientes mi militancia en el PRI con la intensidad que siempre lo hice en el pasado no obedecía a que hubiera abdicado de sus principios y valores democráticos, en los que sigo y seguiré creyendo, sino a que me resultaría difícil sacrificarlos ante las prácticas de los protagonistas de hoy con quienes no tengo afinidades ni coincidencias y quienes en mi opinión no se apegan a tales principios y valores ni parecen tener interés en hacerlo.
Dije lo anterior porque, en mi opinión, todos los signos que el proceder de esa generación de políticos locales nos transmite, en especial el de quienes ejercen los cargos de dirigencia principales en el gobierno y en el partido, parecen guiarse en favor de un proyecto que tiene como modelo a seguir uno conforme al cual el voto de los ciudadanos lo asemejan a un objeto en el comercio y que debe procurarse en el mercado. En ese modelo, la voluntad del elector se obtiene utilizando el dinero. Para ello se acumulan recursos, muchos recursos. En ese modelo la persuasión del elector se intenta obtener en forma política y comercialmente primitiva, creando clientelas mediante trueque en donde se intercambian bienes (cemento, varilla, despensas, vales, semillas, obras, etcétera) en espera de que el elector corresponda con su voto. Lo cierto es que esa práctica no es reciente, lo que es reciente es su escala y magnitud (un video grabado en Chalco, hace unas pocas semanas, la exhibió).
Independientemente de que esas prácticas clientelares pueden llevarse una sorpresa ante una ciudadanía libre que ya no es menor de edad, lo cierto es que hoy en día se han sofisticado con modernos elementos de mercadotecnia que privilegian la superficialidad y la inconsciencia con sacrificio de la profundidad y la reflexión, pretendiendo confinar al elector a la condición de espectador y no de protagonista de su propio destino. La política-política queda así, rezagada. Los mítines se vuelven espectáculos de masas, no concentraciones de masas.
En esa praxis lo que cuenta es la imagen, es decir la apariencia, la representación falsa de la realidad, y no las ideas. Que así se haga puede deberse a que quienes siguen esas prácticas conocen sus limitaciones discursivas, que son el atributo esencial de los verdaderos políticos. Es decir, tienen limitaciones en su capacidad para construir ideas y para transmitirlas, por eso su discurso está lleno de lugares comunes, pero carente del hilo conductor de ideas sobresalientes, transformadoras. Es un discurso históricamente intrascendente y políticamente menor; "spoteado" e influenciado por la eficacia mercadológica que se dirige a la inconsciencia, y no a la conciencia; no hace pensar, intenta hacer sentir. No busca la conquista del que piensa diferente, busca su aplauso momentáneo; no busca correligionarios, busca "fans". Es la opción de mercado, en la que se privilegia la envoltura y no el contenido. Una envoltura bonita vende más que cualquier contenido, que finalmente queda oculto tras la propaganda.
En esa cultura de mercado un buen anuncio en la televisión es más eficaz que cualquier idea. ¿Para qué las ideas?; no son necesarias. Los políticos de ideas invierten horas escribiendo sus propios discursos, buscando los mejores ángulos; los políticos sin ideas las invierten maquillándose frente al espejo buscando los mejores ángulos de su imagen.
Entiendo, pero no justifico que así sea.
Todos sabemos que cuando hay ausencia de ideas, y es poca la capacidad para expresarlas y menor aún para debatirlas, un video hecho por un buen productor de comerciales televisivos o una buena toma de un camarógrafo las pueden sustituir con notable eficacia.
En ese modelo de comunicación política, la apariencia sustituye a la realidad. El set de la televisión, al ágora del debate.
En tales escenarios de la política actual las desventajas para la oposición son enormes, se dijo en las pláticas con los representantes del PRD y el PAN, más aún cuando la probabilidad de un debate real es remota, pues aterroriza al aparato local.
Ante esa realidad nadie, yo entre ellos, puede tragarse que un PRI así pueda ser actor serio, solvente, moderno políticamente en la competencia real, para jalar al electorado mexiquense junto con los demás partidos al debate sobre su futuro.
En las conversaciones vino a mi mente cómo hace ya casi 12 años propuse debatir al interior de ese PRI el proyecto que debería presentarse al electorado, ante las elecciones por la gubernatura en ese entonces. Las respuestas que recibí fueron dos: más pintas en las bardas mexiquenses a favor del precandidato del aparato político local y las conocidas expresiones cantinflescas (con disculpas para Mario Moreno) de ese después turbio personaje a quien favorecían los intereses políticos locales, y quien finalmente sería su candidato en esas elecciones: el hoy impresentable ex gobernador, antecesor y mentor del actual, quien marcó ominosa e indeleblemente a la élite del priismo mexiquense actual que, no obstante, pragmático y sabedor del daño que su cercanía puede causarle, lo oculta.
PRI: oligarquía pueblerina
Esa oligarquía pueblerina de entonces es la misma de hoy en el Estado de México, con dos únicas diferencias: la de hoy es más ruda y tiene más dinero.
Por supuesto, el PRI de los últimos tiempos en mi tierra está muy lejos de asumirse como el PRI de las ideas, el de Jesús Reyes Heroles, que abrió las puertas a la modernidad del ejercicio de la política en la pluralidad; tampoco es el PRI de Ignacio Pichardo, que ganó la Presidencia de la República en elecciones limpias, en la que los mapaches estuvieron a raya, algunos incluso fuera del país.
En las conversaciones con el PAN, el PRD y el DIA, agregué que en las circunstancias actuales de mi estado, si fuera dable un ejercicio imaginario de una candidatura de coalición como la que esos partidos intentaban construir, el solo hecho de que en un remoto caso fuera la mía, sobre cuya aceptación no me pronuncié, ello haría inexorable, aún más, el triunfo del aparato local, dotado de todos los recursos y capaz de todos los excesos, para lograrlo.
En ese hipotético escenario, ese aparato priista local se volcaría en contra de quien quiera que llevara como divisa la idea de que la democracia y la justicia social son posibles (veneno puro para ese rancio establecimiento priista), más aún si los dos partidos realmente presentes y actuantes en la oposición en el Estado de México coincidían en que esa persona pudiera ser un miembro del PRI con tales pensamientos. Esa persona, según mis interlocutores, podría serlo probablemente quien esto escribe.
Una propuesta así era un reto mayúsculo, formidable para los arrojados representantes de los partidos que me lo proponían, y por supuesto para mí.
Les dije también que los elevados muros de la intolerancia, la exclusión y la corrupción construidos en esa entidad no cederían ante el empuje de la democracia y que ese PRI va a ganar las elecciones del 3 de julio, y no por pocos, sino por muchos votos. Va a arrasar; es decir, va a aplastar, como con plena autenticidad lo ha dicho el profesor futuro gobernador de Coahuila, en plena consonancia con el inaudito y rudimentario discurso de su hermano, el hoy presidente del CEN, en una metáfora que no lo es, pues tal expresión es cierta, ya que los priistas de ese talante así piensan y actúan.
Las largas pláticas en Campos Elíseos (ahí está mi oficina en la Ciudad de México) también tuvieron espacio para repasar las vivencias que tuvimos muchos paisanos hace algunos años con motivo del proceso interno para seleccionar candidato a gobernador. En ese entonces el establecimiento priista local optó por quien políticamente no tenía, ni tiene, la capacidad para articular coherentemente o sensatamente el futuro de una extensa población que ya entonces rondaba los 11 o 12 millones de habitantes, si bien era claro que sí la tenía para hacerlo a favor de los intereses que lo prohijaron. Fue, sin embargo, tan enorme el desparpajo, frivolidad e irresponsabilidad del elegido, que hoy el propio PRI, "su" PRI, lo oculta. La vergüenza de sus acólitos lo tiene a una distancia tan o más grande, mutatis mutandis, que aquella a la que se deben poner desechos que contaminan.
Con un candidato de ese talante, todos los excesos se pusieron al servicio de una única causa: ganar las elecciones. Así fue y el PRI ganó esas elecciones. Nada haría suponer que ahora no fuera así, aunque el candidato sea diferente al de ese entonces. El bien dotado aparato del PRI mexiquense estará al servicio de su candidato y lo hará con tal eficacia que nadie debe poner en duda su éxito el 3 de julio. Ello no gracias a, sino a pesar de que, el devenir del aparato priista mexiquense desde
Las ideas de la democracia
Por ahora, no sabremos si la coalición propuesta por el PRD y el PAN pudiera haber cambiado las cosas. Cada uno de estos partidos por su lado difícilmente lo hará.
En efecto, las cosas en mi estado desde entonces no han cambiado mucho. Los actores principales son casi todos, y por supuesto los principales, los mismos; es decir, pertenecen al mismo equipo; se hicieron en la misma "escuela", han tenido el mismo mentor. Las excepciones, las honrosas excepciones, existen.
Por eso no me convencen los argumentos de algunos de mis amigos mexiquenses de larga y respetabilísima militancia priista, que reconocen soto voce esa brutal realidad, pero que les otorgan a sus protagonistas el beneficio de la duda, incluso agregan que al ser hoy diferentes los modos de hacer la política, la valoración de sus prácticas y de sus practicantes debe hacerse a la luz de criterios distintos a los de otros tiempos. Es posible que mis amigos tengan razón. No lo sé.
A mí me cuesta trabajo entender, por ejemplo, que entre esos nuevos modos de hacer política sea la televisión la que protagonice un papel principalísimo en la "construcción" de candidaturas y no lo sean los ciudadanos que son a quienes auténticamente les corresponde. Esa irrupción de la televisión se torna grotesca en la invasión de la buena fe ciudadana, cuando todos los días satura sus pantallas con la propaganda a favor de quien esa televisión ya eligió candidato para 2012. Y ni hablar sobre el origen de los recursos con que se paga esa propagada, que son los impuestos de todos, incluidos los míos. ¿Esos son los "nuevos modos de hacer política"? Si es así, el régimen en mi estado sobresale. Ya es un clásico de esos modos.
Les dije también a mis perseverantes y amables interlocutores del PAN y del PRD, que si bien hace 12 años tomé la decisión de concluir mi participación en la vida política de mi estado, no lo hice voluntariamente, sino por haber fracasado en mis intentos de tratar de modificarla. Hoy estoy auténticamente retirado de ella. Es así porque cada día, desde entonces, me he alejado a mayor distancia del retorno a esa vida. Ese retorno, en mi caso, no existe. La dura realidad lo ha determinado y el tiempo ha hecho su parte.
Hoy, les dije, mi vida pública la colma la "otra" profesión en la que sí tengo título y licencia para ejercer: soy abogado y vivo de ello; me llena de satisfacción lo que hago y, como siempre lo he hecho, sigo viviendo de mi trabajo.
Mis interlocutores políticos escucharon con atención y amabilidad, seguramente me entendieron. Yo hice lo propio respecto de su propuesta. Les estoy muy reconocido, en verdad me distinguieron. Por eso les expresé mi agradecimiento, que ahora aquí reitero.
Me convencieron de que el esfuerzo de una coalición entre el PRD y el PAN hacía viable la creación de espacios a las posibilidades de una competencia política real, incluso quizá un remotísimo triunfo electoral, hasta en el supuesto de que fuese un priista quien la encabezara. Les expresé mi coincidencia con esa idea. Confieso que en ciertos momentos me entusiasmé. Pero la realidad y la objetividad se impusieron sobre las intenciones subyacentes.
Resulta paradójico que haya conversado de mi priismo con dirigentes tan conspicuos y respetables del PAN, del PRD y del DIA. Las coincidencias que hubo en las largas conversaciones fueron muchas. Me dio mucho gusto que así fuera, pues al final del día las ideas de la democracia no son patrimonio de un solo partido; por eso, que coincidan en ellas personas de tan diferentes signos es gratificante y esperanzador, pues comprueba que en todos los partidos, incluido el PRI, hay ideas y no pocos quienes las cultivan e intentan concretarlas; que otros no lo hagan no condena a la democracia, condena a quienes no la practican.
Cuando nos despedimos pensé interiormente: no cambio por nada mis convicciones sobre la democracia. Por ello no voté por los candidatos de mi partido en las elecciones de gobernador del Estado de México en 1999 y en 2005. No me arrepiento. Ante mis ideas sobre la democracia, estuve en lo correcto.
Conózcalo
Nombre: Humberto Lira Mora.
Trayectoria: dos veces diputado federal (1973-1976 y 1979-1982), embajador de México en República Dominicana (1987-1989, secretario de Gobierno en el Estado de México en la administracion de Ignacio Pichardo Pagaza, subsecretario de la Secretaría de Gobernación con Esteban Moctezuma y con Emilio Chuayffet, secretario de Acción Electoral del CEN del PRI y precandidato a gobernador del Estado de México.
Reforma laboral: otro intento fallido
Reportaje Día del Trabajo. Se conmemora otro Día del Trabajo con la misma ley federal promulgada por Gustavo Díaz Ordaz y que entró en vigor el 1o. de mayo de 1970. Nuevamente, las fuerzas políticas fueron incapaces de acordar una reforma laboral
Martha Martínez
(1 mayo 2011).- El 5 de abril pasado, durante una reunión convocada en la Cámara de Diputados, sindicatos del Estado de México -demarcación en la que habrá elección para gobernador el próximo 3 de julio- advirtieron que no apoyarían la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por el PRI el 10 de marzo debido a que se trataba de una iniciativa diferente a la que habían consensuado meses atrás.
Al encuentro asistieron Óscar Moreno Moreno, presidente del Congreso Laboral del Estado de México; Antonio García Mendoza, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, y Roberto Monroy Fragoso, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos.
Según asistentes, el diputado priista y líder sindical Amador Monroy anunció que como muestra del desacuerdo a las propuestas presentadas por los tres principales partidos políticos, incluida la del tricolor, había presentado un proyecto de reforma laboral consensuado entre los sindicatos mexiquenses, el cual fue publicado en la Gaceta Parlamentaria ese mismo día.
Una semana después, el PRI canceló la posibilidad de aprobar la reforma laboral en el periodo de sesiones que concluyó el 30 de abril, al anunciar que apoyaba lo que desestimó durante más de un mes: la celebración de una serie de audiencias públicas que se extenderían hasta el 18 de mayo.
La inconformidad de los organismos sindicales se debe a que la propuesta presentada el 10 de marzo no corresponde a la que acordaron a finales del año pasado.
El 15 de diciembre de 2010, se publicó en la Gaceta Parlamentaria un proyecto de reforma a la Ley Federal del Trabajo presentado por el grupo parlamentario del PRI, el cual fue excluido de la discusión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, órgano que deberá redactar el dictamen que se someta a votación del pleno.
En una carta enviada el 11 de abril al presidente de la Comisión, el priista Tereso Medina, los diputados Porfirio Muñoz Ledo (PT) y Rodolfo Lara (PRD) manifestaron su extrañeza ante la no inclusión de dicha propuesta.
"Conocimos con suma preocupación el escrito de fecha 8 de abril de
Esto, a pesar de que el Diario de Debates del 15 de diciembre del año pasado establece que el proyecto fue turnado a la Comisión de Trabajo.
El diputado por el PRD Rodolfo Lara, integrante de dicho órgano legislativo, asegura que el tricolor tampoco presentó una solicitud de desistimiento o retiro de la iniciativa.
A diferencia de la propuesta presentada en marzo, la de diciembre no contempla los contratos por unidades de tiempo, los periodos a prueba, los contratos de trabajo por capacitación inicial y los límites para el pago de salarios caídos.
Tampoco establece la posibilidad de que el patrón dé aviso de la rescisión de la relación laboral a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, mantiene la tabla de enfermedades de trabajo como parte del texto de la ley, no establece el hostigamiento sexual como causa de despido y no reconoce el outsourcing, es decir, la contratación de trabajadores mediante terceros.
Por el contrario, la iniciativa de diciembre establece la jornada de trabajo máxima de 40 horas semanales, la participación de los trabajadores eventuales en el reparto de utilidades, amplía el periodo vacacional y establece la facultad exclusiva de los sindicatos de acordar con los patrones las modalidades de horario de trabajo, el desarrollo de actividades complementarias por parte de trabajadores y hasta las modalidades de apoyo que el patrón puede dar a los empleados que deseen concluir sus estudios.
El PRI recula, AMLO presiona...
La oposición de los sindicatos mexiquenses a la nueva iniciativa tricolor provocó un giro radical en la postura institucional del PRI.
Durante todo el mes del marzo, el tricolor había mostrado su disposición a sacar adelante la reforma: luego de presentar la iniciativa del 10 de marzo, el coordinador en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, aseguró que había condiciones para aprobar las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo antes del 30 de abril; la Comisión del Trabajo, presidida por dicho partido, anunció que se instalaría en sesión permanente para agilizar el análisis de las propuestas; se creó una subcomisión dictaminadora presidida por el priista Armando Neyra para agilizar la discusión e incluso se anunció un calendario de trabajo que contemplaba reuniones durante Semana Santa, todo con el objetivo de tener listo un predictamen antes del 18 de abril.
Pero a partir del 5 de abril las cosas comenzaron a cambiar. Francisco Rojas aseguró que la reforma saldría hasta el periodo de sesiones que comienza en septiembre y la reunión celebrada ese día en la subcomisión dictaminadora fue suspendida hasta el 12 de abril con el pretexto de darles a los legisladores una semana para estudiar las propuestas.
El 7 de abril, Andrés Manuel López Obrador añadió un factor de presión, al presentarse en la Cámara de Diputados para entregar una carta al presidente de la Mesa Directiva, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, quien confirmó con apenas unas horas de anticipación que recibiría al perredista.
En la carta, López Obrador denunciaba el contubernio del PRI y el gobierno panista para dar un albazo en el tema laboral y aprobar una reforma que recogía las propuestas del PRI y las hechas por el PAN en su iniciativa presentada en 2010.
"No está de más señalar las coincidencias entre las propuestas de reformas presentadas por el PRI y por el PAN. Hay incluso párrafos idénticos, lo cual demuestra que hubo acuerdos previos y que el procedimiento parlamentario será un mero trámite. Esto aunado al interés de aprobar sin análisis, con premura, al vapor, dichas reformas aprovechando tramposamente el periodo de la Semana Santa", señaló López Obrador en su misiva, en la que también proponía convocar a una discusión nacional sobre el tema, antes de legislar.
En paralelo, sus diputados afines amagaron con tomar la tribuna cuando se pretendiera aprobar la reforma "del PRIAN".
La reunión del 12 de abril, en la que se pretendía aprobar el dictamen, fue suspendida por falta de quórum luego de que el PRI anunció junto con el PRD y PT un calendario de audiencias que se llevarían a cabo entre el 13 de abril y el 18 de mayo.
Para ese momento, las reuniones de la Comisión de Trabajo y de la subcomisión dictaminadora -ambas presididas por el PRI- ya habían sido suspendidas, el compromiso de presentar un predictamen antes del 18 de abril se encontraba cancelado y los diputados Tereso Medina y Armando Neyra habían sido relevados como voceros del tema por César Augusto Santiago, quien se encargó de difundir que la postura del tricolor era votar la reforma laboral en septiembre.
El 13 de abril, mientras se discutía en el pleno la reforma al reglamento interno de la Cámara, un grupo de diputados panistas desplegó una manta en la tribuna, en la que se leía: "Faltan 17 días. ¿Y la reforma laboral cuándo?". Estrategia con la que continuaron hasta el final del periodo.
El día 13 comenzaron las audiencias públicas. Para entonces, la manifestación del SME había enrarecido más el ambiente. En diversas ocasiones, Francisco Hernández Juárez tuvo que deslindar a la Unión Nacional de Trabajadores, de la cual es presidente colegiado, del SME, especialmente después de la protesta del 11 de abril en la que se incendiaron cinco autos y que dejó como saldo 12 detenidos.
El perredista Rodolfo Lara -integrante de la Comisión del Trabajo- señala que pese a las diferencias entre el PRI, PAN y PRD, los tres partidos tenían coincidencias en más de 100 artículos, entre los que se encuentran la incorporación del acoso sexual como causal de despido, la contratación de personas con discapacidad y la no discriminación en contra de las mujeres; sin embargo, atribuye a la "torpeza" del secretario del Trabajo, Javier Lozano, el que no se alcanzaran acuerdos incluso en esos temas.
El legislador se refiere a las declaraciones realizadas el 13 de abril en las que Lozano se autoproclamó "el gallo azul" de Acción Nacional para la Presidencia de la República.
Y Lozano la sepulta
Justo el 13 de abril -después de que el PRI dio a conocer su decisión de aplazar la reforma-, la coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Josefina Vázquez Mota, anunció que su bancada votaría a favor de la iniciativa del tricolor a cambio de que ésta fuera aprobada antes del 30 de abril. Un día después, entregó a la Mesa Directiva más de 120 firmas de diputados panistas dispuestos a aprobar el proyecto presentado por el PRI el 10 de marzo.
La oferta del PAN fue rechazada por el PRI, que argumentó su molestia por el "destape" del secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien ese día había dicho: "tengo una clara, legítima y abierta aspiración por ser candidato a la Presidencia del PAN. Sé que si trabajo duro, si doy resultados y sigo enfrentando los grandes temas nacionales con esta seriedad, lo voy a lograr y yo sí les digo, si soy candidato, voy a ser Presidente de México".
Además, Lozano acusó al PRI y al PRD de pactar el aplazamiento de la reforma laboral a cambio de echar abajo la alianza PAN-PRD en el Estado de México.
"La tomaron como ficha de cambio", dijo, "qué coincidencia que se caen dos cosas a la vez: la alianza PAN-PRD en el Estado de México, beneficiando al PRI y a Enrique Peña Nieto, y por otro lado se cae la reforma laboral, que era la petición de López Obrador, quien fue quien alineó todo para que el PRD dijera no a la alianza".
A esa declaración le siguió una serie de acusaciones entre Lozano y el presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, que a través de Twitter se culparon mutuamente de haber descarrilado la reforma. Acusaciones que, en el caso del secretario del Trabajo, continuaron publicándose en esa red social.
El 14 de abril la diputada del PRD Hortensia Aragón emitió un comunicado en el que demandó al secretario renunciar a su cargo y con ello permitir que la reforma laboral avanzara.
"Creemos que el 'gallo' panista no puede ser alguien que tuvo como máxima prioridad desde su llegada al gabinete presidencial sacar adelante una reforma laboral y fracasó en su intento", señala el documento.
Del lado del PRI las críticas vinieron del sector sindical: "Nuestros gallos sí tienen espolones, están bien preparados, están en las mejores cuadras, y él está muy alejado de todo esto. La verdad que no es gallo para competir con los nuestros, pero le hace la lucha", indicó el legislador Isaías González, dirigente nacional de la CROC.
Todavía el jueves 14, ya con la reforma sepultada, López Obrador encabezó un mitin afuera de la Cámara de Diputados en el que cantó victoria por haber detenido, "por ahora", la reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Reforma imposible
El investigador Alfonso Bouzas, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, asegura que a pesar de decenas de intentos por alcanzar una reforma laboral, ésta ha sido imposible porque alrededor del tema existen intereses que alcanzan a empresarios, sindicatos y políticos, mismos que no se han podido conciliar con los derechos de los trabajadores.
"Como cada quien quiere imponer sus intereses, las cosas se han frenado", sostiene.
Bouzas indica que un ejemplo de la imposibilidad de la clase política para conciliar los intereses particulares con los de los trabajadores son las propuestas presentadas en la presente legislatura.
Según el especialista, las propuestas del PRI y el PAN plantean un cambio radical al marco jurídico laboral al establecer nuevas modalidades de contratación que poco benefician a los trabajadores, como los contratos a prueba, de capacitación inicial o por temporada.
Las iniciativas proponen también el establecimiento de la multihabilidad obligatoria, es decir, la posibilidad de que los trabajadores realicen labores conexas o complementarias a su labor principal, reconoce el outsourcing, es decir, la contratación de trabajadores mediante terceros y establece un plazo máximo para el pago de salarios vencidos.
La diferencia más evidente entre ambas propuestas es el capítulo referente a la libertad sindical. El PAN propone suprimir el descuento de cuotas sindicales mediante nómina, propone que la elección de la directiva sindical sea por voto libre y secreto y establece la obligación de la dirigencias de difundir información sobre la administración del patrimonio del sindicato entre sus agremiados, así como la revisión del mismo por parte de un auditor externo. La propuesta del PRI mantiene inamovible dicho capítulo.
En contraste, la propuesta del PRD propone la reducción de la jornada semanal de trabajo de
Bouzas confía en que las audiencias que se celebrarán hasta el próximo 18 de mayo realmente serán aprovechadas por los legisladores para extraer ideas y opiniones tendientes a mejorar las propuestas de los tres principales partidos políticos.
Sostiene que la flexibilidad laboral es necesaria para mejorar la competitividad del país; no obstante, ésta debe ser puesta sobre la mesa con responsabilidad y tras un análisis largo y serio de las consecuencias y beneficios, no en fast track como, al parecer, pretendían hacerlo.
"El tema de la flexibilidad cuando menos tiene tres expresiones: flexibilidad en la forma de contratar, flexibilidad en la jornada y flexibilidad en el tipo de actividades que los trabajadores realizan; las propuestas de PRI y PAN abren la puerta a estas flexibilidades al establecer los contratos por unidades de tiempo, la multihabilidad de los trabajadores o las etapas de prueba", advierte.
Y agrega: "en primer lugar habría que revisar si las propuestas, tal como fueron presentadas, verdaderamente van a venir a resolver el problema que dicen que se pretende resolver, como es mejorar la competitividad y crear nuevos empleos; hasta ahora, ningún partido ha presentado un diagnóstico serio que nos diga cómo es que sus propuestas van a solucionar estos problemas".
Según datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en los últimos 12 años se han presentado 332 iniciativas para reformar la Ley Federal del Trabajo. La cifra es un indicador de lo difícil que es alcanzar una reforma laboral, pues a pesar de la cantidad de propuestas, la ley no ha registrado modificaciones sustanciales en los últimos 30 años.
Intenciones de la reforma laboral
Principales puntos incluidos en las iniciativas de reforma laboral de los tres principales partidos.
Propuestas PRI-PAN
Las iniciativas son coincidentes en varios puntos, con algunos matices.
Trabajo digno (artículo 2).
LFT. Ley Federal del Trabajo (redacción actual): señala que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones.
PRI. Establece que el principio rector de las relaciones laborales es el trabajo digno que comprende remuneración adecuada, prestaciones justas, seguridad en el empleo, formación profesional continua, fortalecimiento sindical y empleo de calidad y en cantidad suficiente. Incorpora también la prohibición de cualquier forma de discriminación por motivos de origen étnico, sexo, edad, doctrina política, condición social, religión o estado civil.
PAN. Incorpora el concepto de trabajo decente como aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador y los derechos colectivos de los trabajadores. Prohíbe la discriminación por razón de género, preferencia sexual, discapacidad, raza o religión.
Multihabilidad (artículo 25 inciso III).
LFT. Señala que el escrito en que consten las condiciones de trabajo debe establecer, con la mayor precisión posible, el servicio o servicios que deberán prestar los trabajadores.
PRI. Señala que los sindicatos o los trabajadores podrán convenir con el patrón el desarrollo de labores conexas o complementarias a su labor principal siempre que reciban el ajuste salarial correspondiente.
PAN. Agrega el artículo 56 Bis. Propone que los trabajadores puedan realizar actividades complementarias a la establecida originalmente en su contrato siempre y cuando reciban el ajuste salarial correspondiente.
Outsourcing (artículo 15).
LFT. Establece que las empresas que contraten personal mediante un tercero serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas con los trabajadores. Agrega que los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo similares a las de los trabajadores de la empresa beneficiaria.
PRI. Agrega el artículo 15 Bis. Define el trabajo en régimen de subcontratación como aquel que es realizado por un trabajador para un patrón denominado subcontratista, el cual ofrece servicios a una tercera persona denominada beneficiario. Señala que es doloso el trabajo en régimen de subcontratación cuando se utilice con el fin de simular salarios o prestaciones menores.
PAN. Agrega artículos 15A, 15B,
Nuevas modalidades de contratación (artículo 35).
LFT. Indica que las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por tiempo indeterminado.
PRI. Reforma el 35 y agrega el
PAN. Reforma el 35 y agrega el
Salarios vencidos (artículo 48).
LFT. Señala que si durante un juicio el patrón no comprueba la causa de rescisión de la relación laboral, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo.
PRI. Señala que si en el juicio correspondiente el patrón no comprueba la causa de rescisión de la relación laboral, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen salarios vencidos hasta por el término de un año, contado a partir de la fecha de despido.
PAN. Indica que si en el juicio correspondiente el patrón no comprueba la causa de rescisión de la relación laboral, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen salarios vencidos hasta por el término de seis meses; si al término de ese plazo no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, el trabajador recibirá los intereses que se generen sobre el importe de nueve meses de salario.
Sindicatos (artículos 365, 371, 391 y 393).
LFT. Se establece la obligación de los sindicatos de registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de competencia local. Señala que las directivas sindicales deberán rendir cuentas de la administración del patrimonio sindical cada seis meses por lo menos. Indica que el contrato colectivo deberá contener, entre otras cosas, las jornadas de trabajo, el monto de los salarios y las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores.
PRI. Se mantiene sin modificaciones.
PAN. Propone que el procedimiento para la elección de la directiva sindical sea mediante voto libre, directo y secreto. Establece la obligación de la directiva sindical de rendir cuentas a la asamblea cada seis meses por lo menos. Propone que las autoridades laborales hagan pública y para consulta de cualquier persona la información de los registros de los sindicatos al hacer estos documentos sujetos de la Ley Federal de Transparencia y las leyes que regulen el acceso a la información en los estados. Prohíbe el descuento de cuotas sindicales mediante nómina.
Propuesta PRD
La iniciativa perredista difiere de la del PAN y del PRI.
Contratos (artículo 21).
LFT. Señala que se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe.
PRD: Establece que la simulación de una relación jurídica o contrato de otra índole legal hace responsable al patrón del pago del 50 por ciento adicional al monto de los salarios, prestaciones e indemnizaciones derivadas de la relación o contrato de trabajo.
Convenios entre sindicatos y patrones (artículo 34).
LFT. Indica que los convenios celebrados entre sindicatos y patrones regirán únicamente para el futuro, no podrán referirse a trabajadores individualmente determinados y cuando se trate de reducción de los trabajos, éste se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 437.
PRD: Agrega que todo convenio colectivo deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores según la modalidad consignada en los estatutos sindicales.
Jornada de trabajo (artículo 61).
LFT. Establece que la jornada de trabajo máxima será de 48 horas semanales.
PRD. Establece que la jornada de trabajo máxima será de 40 horas semanales.
Días de descanso (artículo 69).
LFT. Señala que por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro.
PRD. Indica que por cada cinco días de trabajo disfrutará el trabajador de dos días de descanso continuos, por lo menos, con goce de salario íntegro.
Salario (artículo 90).
LFT. Indica que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.
PRD. Propone que el salario mínimo se incremente anualmente con base en la evolución del índice nacional de precios al consumidor. Propone la desaparición de la Comisión de Salarios Mínimos y propone al creación del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades.
Participación de trabajadores en activos de empresas
LFT. No contiene disposiciones en la materia.
PRD. Agregar el artículo 131 Bis 2. Propone que los trabajadores puedan participar en los activos de las empresas mediante la adquisición de las denominadas acciones "T".
Productividad y reforma laboral
Reportaje Día del Trabajo
Verónica Baz
(1 mayo 2011).- En México tenemos la misma productividad laboral hoy que en 1979. Y la misma ley -la Ley Federal del Trabajo- desde 1970. ¿Coincidencia?
Todo ha cambiado en los últimos 40 años, desde la tecnología e infraestructura hasta la matrícula universitaria y la mayor participación de la mujer en el mercado laboral. Todo... menos una cosa: las reglas del juego bajo las cuales operamos.
Hay que decirlo rápidamente: estamos viviendo una crisis de productividad. El Índice de Productividad México que dio a conocer el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) lo señala claramente. En los últimos 20 años, la productividad laboral del país solamente creció 2.1% (aunque de nuevo, contando desde 1979 el crecimiento en la productividad ha sido de cero) mientras que países con tasas anuales de crecimiento similares, en aquel entonces, a la nuestra, como España, Irlanda o Corea del Sur, incrementaron su productividad en 23%, 64% y 83% respectivamente en esos mismos 20 años.
Lo que sucede cuando un mexicano migra a Estados Unidos es un vivo ejemplo. La misma persona, con su mismo nivel de escolaridad, mismas habilidades y mismos contactos, es capaz de producir mucho más una vez que cruza la frontera. ¿La explicación? Certidumbre, Estado de derecho, un mejor marco legal y, en resumen, reglas del juego alineadas con la productividad y el crecimiento.
La productividad es, en el largo plazo, la variable más importante. Si no somos capaces de aumentarla, no seremos capaces de tener más ingresos, crecer, reducir la pobreza y desarrollarnos. La productividad es una labor de todos. Sin embargo, es el gobierno el que lleva el liderazgo y desde donde se puede tener el mayor impacto. Es en este ámbito donde se establecen la reglas del juego del ámbito laboral. La iniciativa de reforma laboral presentada por el PRI, que ya no saldrá en este periodo ordinario, si bien no es la panacea, sí avanza puntos importantes.
Ser más productivo no es imposible. Tampoco es algo que toma generaciones. Pero se requiere querer hacerlo y alinear todas las acciones en esta dirección. Se trata de hacer los cambios necesarios para que México pueda "hacerlo mejor" y para esto se requieren reglas que promuevan valores, como lo es, por ejemplo, el mérito.
Los debates inconclusos en México complican la labor. Por ejemplo, aún no acabamos de ponernos de acuerdo si lo que queremos privilegiar es el empleo o la productividad. Cada vez que hay una crisis, las barreras para reducir la planta laboral mantienen el empleo... pero reducen la productividad. A corto plazo suena bien, pero el precio a mediano y largo plazos es tener empresas que no son capaces de sobrevivir -o de moverse a actividades de mayor valor agregado- por falta de flexibilidad en las leyes laborales. Por proteger a unos se termina por quitarle el empleo a todos.
Otro debate pendiente es el del tipo de sociedad que queremos tener, y por lo tanto fomentar, a través de nuestras leyes. ¿Seguimos estancados en la noción de una sociedad de obreros y patrones... o le apostamos, ya, a nuestro enganche a la economía del conocimiento, que exige flexibilidad, rapidez, innovación constante y la toma de riesgos?
En su libro La clase creativa, Richard Florida señala que en los países desarrollados surge un grupo compuesto por arquitectos, diseñadores, profesores de universidad, científicos, escritores, consultores, ingenieros, etcétera, cuyo trabajo está basado en la creatividad -independientemente de la industria en que se encuentren. Esta clase creativa es el motor de la economía del conocimiento y de los proyectos, innovaciones y nuevos paradigmas que harán posible la riqueza que tanta falta le hace a México. Esta clase creativa que necesitamos no puede florecer en México sin flexibilidad laboral.
La rigidez del marco laboral actual fomenta la informalidad -la desprotección total del trabajador y la no-participación de los empresarios en el pacto social a través de sus impuestos-, que es justamente lo contrario de lo que se busca.
La cuestión no se reduce a cambiar nada más la Ley Federal del Trabajo. Pero sería un buen comienzo para alinear las reglas del juego. No inventemos más justificaciones históricas para nuestra poca productividad -haciéndolo sólo aseguraremos más décadas perdidas. Hay una enorme oportunidad delante de nosotros. Si realmente deseamos consagrar el "derecho al trabajo", del que tanto alarde hacemos, la forma de lograrlo no ha sido, ni es, ni será, entorpeciendo la operación de la empresas y su acción creativa.
La autora es directora general del Centro de Investigación para el Desarrollo (www.cidac.org).
verobaz@cidac.org; @VeronicaBaz
"Si no somos capaces de aumentar la productividad, no seremos capaces de tener más ingresos, crecer, reducir la pobreza y desarrollarnos".
'Los políticos amenazan el Estado laico'
Entrevista El Presidente en el Vaticano. Bernardo Barranco: sociólogo especialista en religiones. La asistencia de Felipe Calderón a la beatificación de Juan Pablo II no viola la Constitución, pero fue mal justificada por la Presidencia de la República
Karla Garduño Morán
(1 mayo 2011).- La visita de Felipe Calderón al Vaticano para asistir a la beatificación de Juan Pablo II este 1o. de mayo obedece a tres motivaciones: recomponer su deteriorada imagen a través del prestigio del fallecido Papa, congratularse con la jerarquía católica y "la espera de un milagro", considera el sociólogo Bernardo Barranco.
El especialista en religiones descarta que la visita viole los principios de laicidad establecidos en el artículo 130 de la Constitución, como argumentó el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, ya que "responde a una invitación oficial y diplomática".
Sin embargo, Barranco considera que los argumentos utilizados por la Presidencia de la República para justificar la presencia del Calderón en el Vaticano son torpes y contradictorios.
En un boletín fechado el 15 de abril, la Presidencia de la República informó de una visita oficial de Calderón a Perú el 27 y 28 de abril, pero a partir del segundo párrafo se dedicó a informar que también estará presente en el Vaticano el 1o. de mayo.
"El Jefe del Ejecutivo mexicano realizará una Visita Oficial a la Santa Sede para asistir el 1 de mayo próximo a la Ceremonia de Beatificación del Papa Juan Pablo II, a efectuarse en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano. Esta visita es congruente con los principios de laicidad del Estado mexicano y responde a los lazos de amistad y de cooperación existentes entre México y el Estado Vaticano", dice el boletín.
Que se hable de una visita oficial, que se da en el marco de un Estado laico, cuando en realidad se trata de un acto religioso, es el principal elemento de debate, advierte Barranco.
"Es una argumentación torpe, porque el Presidente va a un evento espiritual, a un acto litúrgico, no va a ningún acto de Estado, no va a firmar ningún convenio. Probablemente saludará al Pontífice, pero no tendrá un intercambio. Es decir, es una presencia a un acto litúrgico religioso, más que una visita.
"El Presidente, en tanto jefe de Estado, puede ir a donde quiera en términos de protocolo; el problema es que no lo ha fundamentado bien. El problema no es que no vaya, porque no rompe ninguna ley, sino que el fundamento de a qué va y por qué va, es lo que está torcido", explica.
La visita es una estrategia política ante todo, asegura Barranco, quien afirma que desde 2009 se ha vinculado a la familia presidencial con un grupo evangélico y ultraconservador llamado Casa sobre la Roca, cuyos líderes están en cargos públicos: la diputada federal Rosi Orozco -postulada por el PAN en 2009- y el director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Alejandro Orozco.
"De cara al 2012, el presidente Calderón quiere congraciarse y reconquistar a una jerarquía católica que está con sospecha, resentimiento o recelo por las excesivas concesiones que ha tenido el Presidente con este grupo de Casa sobre la Roca. Mi hipótesis es que es un acto político, sobre todo viendo que (Enrique) Peña Nieto trae un lobbying de más de tres años con los obispos no solamente del Estado de México -que se los llevó a pasear a Roma-, sino con los de Chihuahua, Monterrey, etcétera. Entonces, siente que del otro lado ha habido un avance muy importante y que él no puede rezagarse", argumenta.
Amenazas a la laicidad
El Estado laico está amenazado por los sectores conservadores de las distintas iglesias, pero también por los políticos, quienes hacen un uso pragmático de lo religioso.
Para ejemplificar su dicho, Barranco evoca tres casos que han sido polémicos.
El primero es la llamada "megalimosna" del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez. El 24 de marzo del 2009, el panista anunció la donación de 90 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires, argumentando que esta construcción atraería al turismo. Sin embargo, las críticas provocaron que el 18 de junio la Iglesia devolviera el donativo.
La visita del gobernador del Estado de México al Vaticano del 14 al 16 de diciembre del 2009 es otro ejemplo del uso de la religión para beneficio de la política. En ese viaje que costó casi 500 mil pesos al gobierno estatal, Peña Nieto anunció a Benedicto XVI su futuro enlace con la actriz Angélica Rivera.
El PRD tampoco queda ajeno a estas alianzas. La propuesta del senador Pablo Gómez -presentada el 25 de febrero del 2010- para modificar el artículo 130 Constitucional y dar a los sacerdotes el derecho de asociación política y proselitismo, obedeció a su interés por aspirar a la jefatura de gobierno del DF, asegura el especialista.
"Ante la incapacidad de tener una raíz profunda en los electores, en el pueblo o la ciudadanía, utilizan la mediación de lo religioso en términos simbólicos, y la mediación política en términos de redes sociales de los circuitos religiosos. Estamos hablando de una violación del Estado laico por parte de los propios políticos. Una de las pruebas mayores son los cambios constitucionales en los 19 estados donde se repenalizó el aborto (aprobadas en los congresos estatales donde el PRI tiene mayoría)", señala Barranco.
Según Barranco, la aprobación de las leyes antiaborto es el mejor ejemplo de la hipocresía de los partidos, pues el PRI hizo a un lado su tradición liberal para tejer una alianza con los sectores más duros de la Iglesia Católica.
"Por un lado critican, pero son capaces de vender su alma al diablo o al cielo para poder lograr sus objetivos", añade.
Conózcalo
Nombre: Bernardo Barranco.
Trayectoria: investigador y ex presidente del Centro de Estudios de las Religiones en México. Conductor del programa "Religiones del Mundo" en Radio Red AM.
Libros: Más allá del Carisma, análisis de la segunda visita del Papa a México.
La geopolítica del Vaticano en México.
El Pensamiento Político de la Acción Católica Mexicana.
Para entender la Iglesia Mexicana.
La cultura política
(1 mayo 2011).- Téngalo presente
La protección a la salud como obligación del Estado. Foro organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Diego Valadés, Ingrid Brena Sesma, Pedro Salazar Ugarte, Ciro Murayama y Joaquín Narro. Viernes 6 de mayo, 10:00 horas. Aula Guillermo Floris Margadant del IIIJ. CU. Inf. 5622 7474, ext. 1735.
Coloquio
Biocombustibles en México: un balance de su viabilidad frente al cambio climático. Jesús Axayácatl Cuevas, Arcelia González Merino, María del Rocío Sarmiento, Nora Lina Montes, José Francisco Lechuga, entre otros. Martes 3 y miércoles 4, 9:30 horas. Auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH). Torre II de Humanidades. Ciudad Universitaria. Programa completo: http://bit.ly/dZ8MeW. Informes: 5623 0027.
Conferencias
La política económica del crecimiento sostenido para México. Moritz Cruz. Martes 3, 10:00 horas. Sala José Luis Ceceña Gámez del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0093.
Libertad de expresión. Mike O'Connor. Martes 3, 10:00 horas. Biblioteca Benjamín Franklin. Liverpool 31, Juárez. Informes: martineza@state.gov y 5592 3483.
La estructura del subdesarrollo y el equilibrio general o ¿qué ocurrió con la teoría del desarrollo y con las estructuras económicas? Fidel Aroche. Martes 3, 12:00 horas. Sala José Luis Ceceña Gámez del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Informes: 5623 0093.
Economía política del "neoliberalismo" y enfoques estructurales de la corrupción. Irma Eréndira Sandoval. Dentro del curso La renovación de la sociología. Jueves 5, 11:00 horas. Sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 9414.
El sujeto transgresor (y transgredido). Modernidad, religión, utopía y terror. Josetxo Beriain y Alejandro Labrador. Viernes 6, 13:00 horas. Auditorio del Centro de Investigaciones interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH). Informes: 5623 0027.
Exposiciones
América Latina, arte y confrontación 1910-2010. Muestra que evoca el reflejo en el arte de un siglo de historia, confrontación y transgresión social en Latinoamérica. Palacio de Bellas Artes. Eje Central y Juárez, Centro Histórico. Hasta el 5 de junio. Informes: 4155 0200.
Libros
La era del envejecimiento de George Magnus. Océano. Análisis de las repercusiones financieras, sociales y políticas que traerá consigo el envejecimiento de la población en el mundo.
Presentaciones
Latinoamérica frente al espejo de su integración 1810-2010 coordinado por Arturo Oropeza. UNAM. Manuel Guedán, Alicia Bárcena. Héctor Fix Fierro y el coordinador. Martes 3, 18:00 horas. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Informes: 5622 7474.
Las cenizas del zapatismo de Édgar Rojano. INEHRM. Margarita Carbó, Salvador Rueda Smithers, Gloria Villegas, José Manuel Villalpando y el autor. Miércoles 4, 18:00 horas. Sala de Lectura del INEHRM. Plaza del Carmen 27, San Ángel. Informes: 3601 0000, ext. 68405.
Plataforma No. 2. Francisco Suárez Dávila, Mariana García y Rogelio Montemayor. Miércoles 4, 11:00 horas. Salón de usos múltiples Alfonso Reyes de la sede del PRI. Insurgentes Norte 59. Buenavista. Informes: 5280 8085.
Revistas
Dfensor No. 3. Andrea Minas Rosas reflexiona sobre el acceso a la justicia para las mujeres que viven violencia de género, en torno a la definición de violencia feminicida y el cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero, dictada por la CIDH contra el Estado mexicano. Reportaje de Humberto Padgett sobre los feminicidios en el Estado de México, cuya cantidad rebasa cualquier otra entidad del país.
Seminarios
Explorando los cambios en la política migratoria canadiense y las implicaciones por el mercado de trabajo agrícola. Dentro del seminario permanente Migración: México-Canadá. Kerry Pribich. Miércoles 4, 10:00 horas. Sala de usos múltiples del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7390.
Televisión
Julio Scherer García: el periodismo, mi segunda piel. Dirige Elvira García. Quinto capítulo de la serie. Aborda el retiro voluntario de Julio Scherer García de la dirección de la revista Proceso y la crisis que esta decisión generó en el semanario. El capítulo incluye un balance del papel de Scherer frente a la publicación y revisa su contribución en la ampliación de los márgenes de libertad de expresión del periodismo que surge a partir de finales de los años setenta en México. Lunes 2, 22:30 horas. Canal 22.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
REVISTA PROCESO No. 1801
Endina, "La Jefa"
Ricardo Ravelo
Todo indica que los golpes asestados al cártel de Tijuana –como la detención y reciente extradición de Benjamín Arellano Félix a Estados Unidos–, no debilitan a esa organización delictiva, dirigida ahora por un personaje singular… Conforme los varones de la familia han muerto o se encuentran presos, es nada menos que Enedina Arellano Félix quien se ha colocado como la mandamás del cártel. Buena administradora, discreta, La Jefa vive sin ser molestada. Lleva una vida que podría considerarse “normal”.
A menudo se le describe como una mujer discreta, de carácter hosco y decisiones firmes; habla poco y dicen los que la conocen que desde muy temprano comienza sus actividades laborales. Su nombre es Enedina Arellano Félix, y desde 2003 es considerada por la agencia antidrogas estadunidense (DEA) como la jefa del cártel de Tijuana, uno de los más poderosos y violentos del país y cuyas conexiones se extienden a varios países de Centro y Sudamérica.
La ficha de la DEA identifica a Enedina Arellano Félix como la primera y única mujer que lidera una organización criminal en el mundo. Nunca antes el sexo femenino había destacado en funciones de liderazgo en el narcotráfico, actividad históricamente operada por hombres.
Pese a que es miembro de una de las familias más conocidas en el mundo del narcotráfico en México, Enedina no apareció como cabeza visible del cártel de Tijuana en los años ochenta y noventa, periodo en el que esa organización criminal alcanzó a consolidarse como uno de los cárteles más poderosos y cuya principal rivalidad la enfrentaba con el cártel de Juárez, encabezado por Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos.
Aunque debe decirse que Enedina, quien estudió contaduría pública en Guadalajara, nunca estuvo al margen de los negocios, pues según escribió el periodista Jesús Blancornelas en su libro El cártel, publicado en 2003: “Ella siempre asesoró a sus hermanos en los negocios de lavado de dinero”.
Tras la caída de Jesús Labra Avilés, El Chuy, en 2000, quien era el cerebro financiero del cártel de Tijuana –durante su etapa de esplendor se invirtieron grandes cantidades de dinero en proyectos comerciales en la zona Río, casas de cambio y hoteles en Tijuana–, Enedina entró al relevo de Labra y apuntaló los negocios de la organización, por aquel tiempo en riesgo de irse a la quiebra ante los embates policiacos y militares.
Tiempo después comenzó la expansión del cártel de Tijuana, sobre todo de su ala financiera. Ello fue detectado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en 2005 lanzó una alerta para que el gobierno mexicano asegurara 25 empresas relacionadas con el blanqueo de capitales de la familia Arellano Félix.
Algunas de esas compañías boletinadas en Estados Unidos y cuyo crecimiento se atribuye a la capacidad administrativa de Enedina son: Forpress SC; Administradora de Inmuebles Vida; Distribuidora Imperial de BC; Controles Electrónicas de BC; Comercializadora Amia; Servicios Administrativos y de Organización; Gasolinera San Fernando; Inmobiliaria El Presón; Corrales San Ignacio LLC, y Módulos de Cambios, entre otras.
La lista de empresas ligadas al lavado de dinero del cártel de Tijuana es muy grande e incluye a Caja Amigo Express; Operadora de Caja y Servicios; Multicaja de Tijuana; Chihuahua Food; Río Grande Stockyards, Inc; Farmacias Vida; Accesos Electrónicos; Strong Link de México; Corrales San Ignacio; Indio Vitorio; Promotora Fin; Del Norte Carnes Finas San Ignacio; Inmobiliaria del Escorpión del Norte; Profinsa, y Patricia Casa de Cambios.
Tras recibir el reporte del Departamento del Tesoro, la Procuraduría General de la República (PGR) tomó nota del informe, pero no hizo nada. Hasta la fecha las empresas del cártel de Tijuana siguen operando sin ser molestadas, exhibiendo así la ineficacia gubernamental en la lucha contra el crimen organizado para combatir el lavado de dinero proveniente de la delincuencia organizada.
Reina frustrada
En una de las escasas fotografías que la prensa mexicana ha publicado de la familia Arellano Félix aparece Enedina mostrando una sonrisa fresca. Su boca es grande, sus labios delgados y por encima de ellos resalta su fina nariz.
Sus ojos no son totalmente redondos, sino semiovalados y sobre ellos se alargan sus cejas arqueadas y delineadas que chocan con los flecos que caen de su cabeza. En la foto Enedina luce aretes en forma de crucifijo y en conjunto toda su fisonomía la muestra como una mujer de tensos nervios y carácter firme.
Se sabe que en el núcleo familiar es respetada por su liderazgo. A la caída de sus hermanos ella ha tomado las riendas de la narcoempresa; sin embargo, hasta ahora no se ha visto envuelta en escándalos, pues suele ser discreta y sigilosa, tanto en sus asuntos personales como en los negocios.
En una ficha criminal elaborada por la DEA se le describe así: “No tiene los rasgos violentos de Ramón ni las posturas negociadoras de Benjamín; sobresale su capacidad administrativa, hasta cierto punto explicable por sus estudios de contaduría”.
Una fuente consultada que conoció de cerca a Enedina y a menudo la veía llegar a las farmacias de su propiedad, la recuerda así:
“Es una mujer de mirada fija, piensa mucho y habla poco. Es calculadora. Cuando se sienta a la mesa con sus hermanos los observa a todos. Escucha lo que dicen y sólo sonríe o calla. Sus hermanos la quieren mucho, y junto con Alicia son las únicas mujeres en la familia. Nadie puede meterse con ellas porque son las consentidas.
“Enedina no es la matona cruel ni la dama obsesionada por el poder y la belleza. Es más bien escurridiza, mecánica, discreta, inteligente. Es muy chingona en la administración de empresas, bienes raíces, hoteles y casas de cambio.”
Nació el 12 de abril de 1961 en Mazatlán, Sinaloa. En
Sus hermanos mayores decidieron que no se coronara reina de las fiestas carnestolendas por temor a ser detenidos. En aquellos años los Arellano operaban al amparo de Miguel Ángel Félix Gallardo, jefe del cártel del Pacífico, quien tiempo después les heredaría la plaza de Tijuana.
Enedina, quien se distinguía por su belleza porteña, renunció a su anhelo. Tiempo después se matriculó en una universidad privada de Guadalajara, donde estudió contaduría, y en cuanto se graduó comenzó a trabajar. Posteriormente se relacionó con los negocios familiares que a mediados de los ochenta, cuando el cártel de Tijuana se consolidó, comenzaron a ser muy prósperos.
Aun cuando no era una pieza operativa del cártel, a Enedina se le consideraba dentro y fuera de México como parte de la organización criminal de su familia. Desde los ochenta y hasta comienzos de 2000, los Arellano se vieron envueltos en fuertes escándalos por las matanzas y la violencia que Ramón y Benjamín desplegaban en buena parte del norte del país.
Lucha por las plazas
De
Y es que Carrillo, a través de Eduardo González Quitarte, El Flaco, le pagaba fuertes sumas de dinero al militar para que persiguiera a los Arellano. Incluso ordenó que los detuvieran o los asesinaran; quería eliminarlos, pues eran sus mayores rivales en el negocio de las drogas.
El 24 de noviembre de 1993, los Arellano estuvieron a punto de acabar con El Señor de los cielos. En aquella ocasión, Carrillo arribó al restaurante Ochoa Bali Hai, ubicado en Insurgentes Sur, de la Ciudad de México. Lo acompañaban varios de sus gatilleros, entre ellos, Alcides Ramón Magaña, El Metro.
Carrillo y su esposa Sonia Leyva entraron al restaurante y se sentaron en una mesa cerca de los baños. Ordenaron fuentes de mariscos y vino blanco.
“Rápido, capitán, rápido, que tengo prisa”, le dijo Carrillo al capitán del restaurante, Teódulo Vázquez, según relató éste ante el Ministerio Público federal.
Aún no terminaban de servir los mariscos cuando se escucharon varios disparos provenientes de la calle. Afuera del establecimiento se enfrentaron sicarios del cártel de Tijuana con los gatilleros del Señor de los cielos. Éste saltó, junto con su esposa, por el domo del baño de hombres y salió a una calle contigua, donde abordó un automóvil y huyó. Hubo varios muertos, entre ellos algunos clientes que esperaban en la calle la entrega de sus autos. El capo dejó abandonado un automóvil Cutlass Eurosport y en la mesa se quedó un bolso de piel con dólares.
Fue El Metro quien le salvó la vida a Carrillo. Como premio, el capo le asignó la plaza de Cancún.
Esa no fue la única balacera protagonizada por Ramón y Benjamín. En 1992, un año antes de que fuera detenido en Guatemala Joaquín El Chapo Guzmán, los grupos de los dos cárteles se enfrentaron en la discoteca Christine, de Puerto Vallarta. Los Arellano querían asesinar a Guzmán, pues éste les disputaba el control de la plaza de Tijuana, la cual les heredó Félix Gallardo luego de su captura en abril de 1989.
Los Arellano persiguieron al Chapo por todas partes y en una ocasión lo encontraron en la discoteca referida. Los Arellano y sus gatilleros irrumpieron a balazos y Guzmán Loera pudo escapar por el hueco del aire acondicionado, el cual ya tenía visualizado como puerta de escape ante una emergencia.
El 9 de marzo de 2002, después de una larga persecución, elementos del Ejército aprehendieron en Puebla a Benjamín Arellano Félix, jefe del cártel de Tijuana. Lo detuvieron en una residencia que había comprado Ruth Serrano, su esposa. El narcotraficante estaba en pijama y lo acompañaba su lugarteniente Manuel Martínez González La Mojarra.
Muertes y extradiciones
El pasado 29 de abril, después de nueve años de permanecer encarcelado en el penal del Altiplano, el gobierno mexicano determinó extraditar a Benjamín, el antiguo jefe del cártel de Tijuana. Esa mañana fue entregado por la Secretaría de Seguridad Pública federal y efectivos militares a un grupo de agentes del servicio Marshals de Estados Unidos, que recibió al capo en el hangar de la PGR del aeropuerto de Toluca, Estado de México.
El abogado Américo Delgado de la Peña se encargó de defenderlo y logró librarlo de varios cargos; no obstante, el veterano litigante fue asesinado en agosto de 2009, sus oficinas de Toluca, Estado de México. Se afirma que fueron dos personas las que irrumpieron en su despacho para degollarlo.
La defensa de Arellano Félix quedó trastocada y ahora enfrentará a la justicia estadunidense, particularmente a una corte federal del sur de California, donde enfrentará cargos por delitos contra la salud, asociación delictuosa, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Cuando Benjamín ingresó al penal de máxima seguridad de La Palma, en 2002, y pasaba sus peores días en la zona de castigo, su hermano Ramón quedó al frente del cártel. Sin embargo, les exigió a sus hermanos que le entregaran la parte que le correspondía del negocio, pues ya no quería saber nada del narcotráfico.
La familia se reunió y decidieron darle a Ramón el dinero que pedía. Con los millones de dólares que juntó compró una casa en Estados Unidos y le entregó a su esposa una parte de ese capital.
–Toma esto y vete. Si yo salgo vivo de la cuenta que voy a cobrar, te alcanzo –le dijo.
Ramón, el más violento de la familia, decidió ir a Sinaloa con una misión: asesinar a Ismael El Mayo Zambada, pieza importante del cártel de Sinaloa. Para ello, viajó en un Volkswagen hacia Mazatlán. El 10 de febrero, en pleno carnaval, llegó a la ciudad y se dio a la tarea de buscar a su enemigo.
Pero antes de localizarlo él fue ubicado en una céntrica calle de Mazatlán, donde se desató un tiroteo. Policías municipales y sicarios abrieron fuego contra varios sujetos armados. Una bala perforó la cabeza de Ramón y cayó muerto. La DEA confirmó que el sujeto al que le encontraron una credencial de policía con el nombre de Jorge Pérez López era en realidad Ramón Arellano.
Expansión
Tras la muerte de Ramón y el encarcelamiento de Benjamín, otros dos miembros de la familia asumieron el liderazgo del cártel: Francisco Javier y Eduardo Arellano Félix. Les duró poco el gusto, pues ambos fueron aprehendidos y ahora purgan condenas en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.
Francisco Rafael, el mayor de los hermanos, recobró la libertad en 2008 luego de purgar una condena de 10 años en el penal de máxima seguridad de La Palma (ahora del Altiplano). Tras cumplir su sentencia fue extraditado a Estados Unidos, donde tenía un expediente abierto desde 1980 por posesión de cocaína con fines de comercialización. Tan pronto pisó suelo estadunidense fue liberado, ya que el delito había prescrito. Ahora se sabe que está refugiado en Tijuana y eventualmente se le ve en San Diego California.
Así, la jefatura del cártel de Tijuana recayó en la más aventajada de la familia: Enedina, quien ahora es considerada por la DEA como la jefa de la organización. Sin embargo, también se menciona que Fernando Sánchez Arellano, El ingeniero o El Alineador –identificado como su hijo aunque en realidad es su sobrino, pues es vástago de Alicia Arellano–, realiza funciones operativas para el cártel junto con Manuel Aguirre Galindo, El Caballo, único sobreviviente de la llamada vieja guardia del cártel.
Sánchez Arellano enfrentó serios problemas para controlar la plaza de Tijuana debido a que Teodoro García Simental, El Teo, pretendía imponer su poder a sangre y fuego. Este capo trabajaba para los hermanos Beltrán Leyva, por lo que fue detenido en enero de 2010 en La Paz, Baja California.
De esa forma, Sánchez Arellano se quedó solo en Tijuana y desde la cuna del cártel opera todo el estado y buena parte del Pacífico mexicano. Su tía Enedina administra los negocios. Quienes la conocen afirman que vive sin ser molestada, que viaja con frecuencia a Estados Unidos y que se desenvuelve como una empresaria discreta y eficaz. Asiste con frecuencia a los negocios que administra, gira instrucciones, asiste a restaurantes, cafés y hace vida social como cualquier ciudadano.
Nada parece perturbar a Enedina, a quien le llaman La Jefa, La Madrina y La Narcomami. Pero según la DEA, Enedina es algo más que eso: funge como la jefa máxima del cártel de Tijuana, uno de los más poderosos de México, el cual ya extendió sus dominios hacia centro y Sudamérica a través de su amplia red de empresas, testaferros y protectores.
Ni la PGR ni el Ejército la mencionan como personaje perseguido, como a menudo se habla de Eduardo Costilla El Cos, jefe del cártel del Golfo, o del propio Joaquín El Chapo Guzmán. Enedina se mueve entre las sombras y, así, entre los claroscuros de su actividad, parece también pasar inadvertida para Felipe Calderón y su guerra contra el crimen organizado. l
El discípulo
Ricardo Ravelo
TIJUANA, BC.- Gracias a la protección de la policía y a su habilidad para tejer alianzas con el cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, Luis Fernando Sánchez Arellano, el más importante operador del clan de los Arellano Félix, intenta consolidar a la organización fundada por sus tíos en la década de los ochenta en esta ciudad.
Sánchez Arellano, de 34 años, es conocido como El Ingeniero o El Alineador. Se inició en el cártel de Tijuana desde 2002. Hoy, su poder se extiende a 10 estados; incluso tiene un corrido que lo define como habilidoso y matón. La Procuraduría General de la República (PGR), por su parte, ofrece 30 millones de pesos a quien aporte datos para su detención.
Líder de la nueva generación de una de las organizaciones más poderosas del continente, El Ingeniero viaja con frecuencia a Monterrey y Guadalajara, aunque también se le ha visto en las ciudades californianas de Los Ángeles, Beverly Hills y Poway. Hasta ahora nadie lo ha molestado, pues de acuerdo con especialistas de la región la policía de Baja California le brinda protección a él y a los sicarios que lo rodean.
Luis Fernando estuvo a punto de ser detenido el 26 de octubre de 2008, cuando fue capturado su tío Eduardo Arellano Félix, El Doctor. Ese día, ambos se encontraban en uno de los múltiples refugios de la organización en esta ciudad, acompañados de dos hombres fornidos y una menor.
Eran las seis de la tarde. De repente un grupo de agentes federales y policías del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), irrumpió en la residencia y rodearon al entonces cártel de Tijuana. Sorprendido, Eduardo Arellano Félix sacó una credencial que lo identificó como Samuel Bracamontes y pidió que le explicaran el motivo del operativo.
Sus interlocutores le respondieron que llevaban seis meses siguiéndole los pasos, con la colaboración del FBI y le ordenaron que se quitara la camisa. Al hacerlo, observaron las cicatrices que tenía en el pecho y en uno de sus brazos, producto de las quemaduras que había sufrido en el 2000 en un accidente casero, y se lo llevaron.
Eduardo Arellano había asumido el liderazgo del cártel de Tijuana en 2006, tras la detención de su hermano Francisco Javier Arellano, El Tigrillo, capturado en las costas de La Paz, Baja California, en agosto de ese año a bordo de un lujoso yate cuando cerraba un negocio con sus socios colombianos. De inmediato fue trasladado a la Ciudad de México y luego entregado a la Drug Enforcement Administration (DEA) (Proceso 1557).
Nadie sabe cómo escapó Luis Fernando en aquella ocasión. Fuentes policiacas consultadas por el reportero aseguran que El Ingeniero abandonó la casa de su tío media hora antes del arribo de los agentes.
El ascenso
Luis Fernando Sánchez Arellano es hijo de Alicia Arellano Félix, según la PGR, aunque otras versiones afirman que su madre es Enedina. Sin embargo, Proceso recabó información que indica que en realidad el capo tijuanense es sobrino de Enedina, La Jefa, la única mujer que encabeza un cártel en el mundo.
La DEA y la PGR aseguran que ella nunca ha estado desligada de las actividades del cártel familiar, incluso le atribuyen funciones específicas, como el blanqueo de divisas obtenidas por el trasiego de droga. Y aun cuando al principio estuvo bajo resguardo de sus hermanos Ramón y Benjamín –fundadores del cártel de Tijuana–, tras la muerte del primero y la captura del segundo, Enedina pasó a ser la pieza más importante de la organización.
Y fue precisamente la captura del Tigrillo en agosto de 2006 la que le allanó el camino a Luis Fernando. Su ascenso se consolidó dos años después, tras la caída de su tío Eduardo Arellano, pese a que la DEA lo consideraba una “figura menor y sin dotes de liderazgo”.
Luis Fernando formó una sociedad con Teodoro García Simental, El Teo, a quien las autoridades federales consideraban el principal sospechoso, decían, por haber informado a la policía, a través de terceros, sobre la ubicación de Eduardo Arellano Félix.
El grupo estaba conformado sobre todo por jóvenes –“la nueva sangre del narco”–, y mediante él el cártel intentó recobrar el poder que tuvo cuando los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix. Ambos llegaron a ser considerados “los dueños de Baja California”, pues controlaban a la policía, altos mandos del Ejército, e incluso infiltraron el poder político durante el sexenio de Ernesto Ruffo Appel (1989-1995).
Las pugnas internas se desataron cuando El Teo se acercó a la célula de los hermanos Beltrán Leyva, quienes después de romper relaciones con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, comenzaron a ser perseguidos por el Ejército, la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública.
Al sentirse traicionado, Luis Fernando rompió con El Teo, quien decidió trasladarse a La Paz, Baja California. Desde ahí ordenaba que sus gatilleros desataran balaceras y planeaba los secuestros de empresarios tijuanenses para calentar la plaza.
Pronto, las autoridades policiacas de Tijuana, encabezadas por el teniente coronel Julián Leyzaola –quien llegó a esa ciudad fronteriza a resolver el problema de la criminalidad–, enfocaron sus baterías hacia El Teo. Con el apoyo de altos jefes militares y de la policía local comenzaron a golpear la estructura del gatillero. La fracción que encabezaba Luis Fernando siguió gozando de protección e impunidad.
En esta ciudad se comenta que Leyzaola sólo tuvo logros “a medias”. Su trabajo de golpeteo y las detenciones tenían el propósito de limpiarle la plaza a Luis Fernando, el nuevo jefe del cártel de Tijuana, quien después se dio el lujo de pactar con los jefes de La Familia Michoacana y con el cártel de Sinaloa, el más poderoso de México (Proceso 1794).
Las pugnas
Los bandos encabezados por Teodoro García Simental y Luis Fernando Sánchez Arellano tuvieron decenas de enfrentamientos en Baja California, sobre todo en Tijuana. Uno de los más recordados ocurrió a principios de 2008. En esa ocasión hubo 15 bajas.
En su edición 1929, el semanario Zeta informó que, tras su fragmentación, las células del cártel de Tijuana comenzaron a secuestrar por su cuenta a empresarios locales, por lo que Luis Fernando convocó a un encuentro al Teo y a una decena de policías municipales, todos ellos ligados al narcotráfico, para abordar el asunto. El encuentro se realizó la madrugada del día 26 en un lugar conocido como El Guaycura. El Teo nunca llegó.
Cuando el enviado de Sánchez Arellano, un sicario conocido como El 7-7, le informó por radio que ni El Teo ni sus sicarios acudieron a la cita, el capo dio la orden de acabar con los mensajeros. Y se desató la balacera. Algunos testigos declararon ante el Ministerio Público que en el lugar se encontraba el jefe de sicarios del cártel de Tijuana, Armando Villarreal.
Los seguidores de García Simental que llegaron al Guaycura se identificaban con las “claves R” y los encabezaba un gatillero conocido como El Cabezón. Según los testigos, El 7-7 le vació la pistola a Alfredo Delgadillo Solís, La Máquina, un policía municipal al servicio del Teo.
La guerra entre El Teo y Sánchez Arellano se desató a partir de esa fecha. Sin embargo, la buena estrella del Teo se apagó. En enero de 2010, fue detenido en una lujosa zona residencial de La Paz, Baja California, por un comando militar.
“El Ingeniero”
De acuerdo con su perfil criminal, Luis Fernando Sánchez Arellano carga la impronta de sus tíos. Con frecuencia se enfrentaba con su tío Benjamín, preso en el penal de La Palma desde 2002. Según las autoridades federales, también se hace llamar Fernando Zamora Arellano, un nombre que utiliza para ocultar su identidad; su apodo de El Ingeniero se debe a que estudió ingeniería en una escuela privada.
El capo suele ir siempre acompañado por sus sicarios, uno de sus preferidos era El Pit, pero tuvo que relevarlo luego de que fue arrestado en el casino Agua Caliente, propiedad de Jorge Hank Rhon.
Pese a que la mayoría de los miembros del cártel están presos o muertos, algunos personajes de la llamada vieja guardia siguen libres. Es el caso de Manuel Aguirre Galindo, El Caballo, y Edgardo Leyva Escandón, por cuyas cabezas las autoridades estadunidenses ofrecen hasta 2 millones de dólares.
Aguirre Galindo, según la PGR, realiza tareas de lavado de dinero y es el responsable de mantener los contactos con los proveedores colombianos. La misma dependencia asegura que Sánchez Arellano es el jefe del cártel de Tijuana y que Enedina Arellano Félix es la responsable del lavado de dinero de la organización.
Y aun cuando la historia de Luis Fernando en el mundo del hampa es corta, ya fue inmortalizada en un corrido titulado El Discípulo.
Algunos fragmentos:
Sus maestros son de altura
Es de reconocer
Han sido los más buscados
En la Unión Americana
Y en México también…
El discípulo es alegre
Pero valiente también
Sabe ser amigo
Por la mala ni le busquen
Porque encontrarán la muerte… l
Durango, otro estado en sangrienta disputa
Patricia Dávila y Luis Lozano
Los 102 cadáveres hallados recientemente en dos fosas en Durango son de las víctimas de la encarnizada disputa que mantienen Los Ms y Los Cabrera –células criminales al servicio del cártel de Sinaloa– por el control de esta plaza que hace un par de meses el gobernador Jorge Herrera consideraba libre de violencia. Mientras las instancias federales conducen las investigaciones relativas a las narcofosas, la capital duranguense vive una situación inédita: intensos y prolongados tiroteos cuyo saldo fatal no deja de crecer.
DURANGO, DGO.- El hallazgo de 102 cadáveres en dos fosas clandestinas en esta ciudad evidenció lo virulento de las pugnas entre dos células del cártel de Sinaloa, el grupo criminal que encabeza Joaquín Guzmán Loera.
Esa rivalidad se manifestó con narcomantas colgadas en diversos puntos de la localidad por Los Ms, “dueños” de la plaza y todavía al servicio de los sinaloenses, y Los Cabrera, apoyados también por los dirigentes del cártel del Pacífico y que intentan controlarla para limpiar la zona de secuestros y extorsiones.
Información proporcionada por Los Ms a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) indica que ese grupo criminal es responsable de más de un centenar de secuestros o levantones en la capital estatal en años recientes.
La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública federal se han abstenido de hablar sobre la atracción de la investigación de las narcofosas, mientras el fiscal general de Durango, Ramiro Ortiz Aguirre, se lavó las manos el miércoles 27 de abril: “No se exime a la fiscalía de su responsabilidad; (pero) se carece del sustento de la investigación y quienes cuentan con todos los datos son los federales, por lo que ellos deben dar seguimiento a la misma”.
Mientras tanto, durante la semana anterior los tiroteos en diferentes puntos de esta ciudad se repitieron con frecuencia. El último fue un enfrentamiento la tarde del jueves 28 en el que murieron cuatro personas, entre ellos un policía estatal y un agente de la Dirección de Investigación del Delito (DID) de la Fiscalía General.
La situación en Durango se ha descompuesto tanto que en la última semana de abril llegaron a esta ciudad agentes de la DEA y un equipo del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (los gafes), de acuerdo con fuentes que pidieron el anonimato.
Aún más, el gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, se entrevistó con los secretarios federales de Defensa y de Seguridad Pública, general Enrique Galván Galván y Genaro García Luna, quienes se comprometieron a aumentar el número de sus efectivos para controlar la violencia.
El 18 de febrero pasado, Herrera reconoció en entrevista con este semanario que la lucha entre los grupos del crimen organizado recrudeció el clima de inseguridad en varios municipios del estado, con excepción –hasta ese momento– de la capital, que junto con otras localidades del Triángulo Dorado del Narcotráfico se mantenía en calma gracias al cerco tendido por el cártel de Sinaloa para impedir el avance de Los Zetas (Proceso 1791).
Esa tranquilidad resultó efímera.
El 1 de marzo, afuera de la taquilla de la plaza de toros Alejandra encontraron los cuerpos de Sergio Montes Olivas y Jesús Alberto García Calderón, agentes de la Fiscalía General, torturados y asfixiados. Sus rostros quedaron desfigurados. Junto a sus cuerpos, sus verdugos colgaron una lona con un mensaje:
“Capitán Ríos, miembro del grupo de Inteligencia de la X Zona Militar aproveche el dinero que le dio Felipe Cabrera para que nos chingue, a ver cuanta (sic) tarda en gastarlo?... Aquí les dejamos a sus halcones… Este es el comienzo. La traición se paga con la muerte primos. Atte: GN. Ms.”
Por la noche un enfrentamiento se extendió por varias colonias del norte de la ciudad. El saldo fue de dos sicarios muertos y uno lesionado. Cerca de ahí, en la colonia Felipe Ángeles hubo un choque más entre delincuentes. La madrugada siguiente la violencia continuó.
La del 3 de marzo fue la jornada más violenta en la ciudad de Durango. Los tiroteos comenzaron a las seis de la mañana y se prolongaron todo el día en diferentes puntos. Los padres de familia corrieron aterrados a sacar a sus hijos de las aulas; al día siguiente optaron por no llevarlos a la escuela.
Ese día el fiscal Ortiz Aguirre confirmó la desaparición de seis agentes de la DID. No dio más datos. Algunos miembros de la corporación señalaron que la última vez que los vieron fue el 28 de febrero.
La mañana del 10 de marzo había un mensaje en una lona de vinil colgada de un puente peatonal:
“A toda la ciudadanía y cuerpos policiacos del estado de Durango, por este medio se les hace saber que los últimos hechos violentos acontecidos y lo que sigue en la ciudad y parte del estado han sido resultados de la avaricia de personas como: Felipe Cabrera Márquez, El 01; Alejandro, El 02; Humberto, El 03; José Luis, El 04; conocidos como Bascogil y apoyados por Noel Salgueiro Nevarez de Parral Chihuahua. Ya que estos al ver que hemos limpiado la plaza y la hemos estado protegiendo de otros carteles se les dio cabida como amigos y estando instalados nos la quisieron quitar. A ellos se les hace responsables por los eventos que puedan pasar tales como secuestros, levantones, asesinatos de civiles en calles, antros u otros lugares públicos. Ya que si no tienen su objetivo de quedarse con la plaza (ni en sueños) Los Ms y G.N estamos para cuidar nuestra plaza de lacras y traidores esto ha sido una prueba de lo que les espera a todos los que apoyan a Los Cabrera. Atte. Ms y G.N.”
Las siglas GN corresponden al grupo de sicarios Gente Nueva, también al servicio de los capos sinaloenses.
Otra lona hizo referencia a los incidentes vividos días antes en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1, con sede en la capital, donde un interno murió tras una balacera de más de hora y media:
“Están logrando su cometido de calentar la plaza con motines en los Ceresos y ataques a instalaciones gubernamentales y transeúntes, esto no se va a quedar así, pidieron 24 hrs. para sacar a su gente, la recia que se les dio la semana pasada fue solo una prueba de quien manda. La guerra está por comenzar, tuvieron su oportunidad Felipe Cabrera y el lacra de lacras Noel Salgueiro de Chihuahua para haber retirado su personal del estado”. La firma es igual a la de la manta anterior.
Los Cabrera, dirigidos por Felipe Cabrera Márquez, El 01 y tres de sus hermanos son originarios de la comunidad Bascogil, del municipio de Canelas, Durango. Al comenzar este año se escindieron de los Ms con el apoyo de El Flaco Salgueiro, operador del cártel de Sinaloa en Chihuahua, quien trabaja para Ismael El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán.
La letra “M”
Los Ms surgieron a finales de los noventa: Amado Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez, usó la letra “M” para designar a lugartenientes y jefes de plaza de esa organización. El 11 de noviembre de 2005, tras la captura de Ricardo García Urquiza, El Doctor, esa organización empezó a fracturarse.
Ese año Durango se encontraba bajo control del cártel de Juárez, pero tras su fractura los municipios más importantes para la producción y tráfico de enervantes –Canelas, Santiago Papasquiaro, Cuencamé, El Oro, Pueblo Nuevo y Tamazula– quedaron bajo control de una célula de ese grupo delictivo dirigida por Mario Núñez Meza, El M-10, y su hermano Guillermo, El M-11.
El resto del estado quedó bajo control de José Luis Ledezma, El JL, segundo al mando después de Vicente Carrillo Leyva, quien en su afán de controlar el paso por el Triángulo Dorado, a principios de 2006 empezó a asesinar a la gente de Núñez Meza en esos municipios. El pretexto fue un supuesto ajuste de cuentas por el robo de droga procedente del Triángulo.
Derivado de ese cobro de cuentas y con el beneplácito del Viceroy, en las matanzas del JL contra Mario Núñez, éste pidió apoyo a la organización de Guzmán y Zambada y se incorporó al cártel de Sinaloa. A partir de esta unión El Mayo Zambada adoptó las claves “M” para sus lugartenientes. Le dio la M-
Este año ha sido implacable con Los Ms. El 13 de marzo tres de ellos fueron detenidos por la Policía Federal (PF):
Rafael Sánchez Reyes, dedicado a la venta de droga, al robo de vehículos y a seguir a las posibles víctimas de secuestro o extorsión.
Abel Rodríguez Guzmán, El Canelo, de 73 años, originario de Canelas, Durango, dueño del rancho Los Laureles y abuelo de Humberto Rodríguez Coronel, quien es sobrino de Ignacio Coronel Villarreal. La tarea del Canelo es financiar la compra de drogas.
Y Félix Nando Mendoza Rodríguez, yerno del Canelo. Ayuda a Humberto Rodríguez Coronel a secuestrar y extorsionar en la ciudad de Durango: se encarga de marcar los puntos o casas de las próximas víctimas.
El pasado 24 de marzo hubo más detenciones del brazo armado de Los Ms al mando de El Flaco o M-10, quienes, según su declaración ante la SIEDO, se dedican a la venta de droga, al robo, al secuestro y la extorsión:
Jesús Andrés Arreola García, El Ingeniero. Su tarea es codificar los radiotransmisores para El M-10.
Alonso Coronado Portillo, El Piraña, cuya función es levantar gente junto con una persona a la que identifica como El Changuito; también se dedica a la cobranza de la piratería y la venta clandestina de cerveza. El Piraña declaró que fue escolta del M-18 y del M-19.
Y Daniel Cárdenas Marín, El Pelón, jefe de Coronado Portillo y quien se dedica a la cobranza de la piratería y de la venta clandestina de cerveza. Aseguró que trabaja para El Flaco y El M-11.
Tras la captura de este grupo apareció un mensaje dirigido a la PF en el fraccionamiento Cima, en el norte de la ciudad. Llaman a los agentes federales hospedados en el hotel Campo México a frenar sus acciones contra el grupo delictivo que emitió el narcomensaje, pero éste no tenía firma.
El 30 de marzo hubo otra captura de Ms: se trata del operador de Los Canelos (matones al servicio de Los Ms), Bernabé Monje Silva El M-14, El Monje o Copetín, expolicía ministerial de Chihuahua y exintegrante de La Línea, los sicarios del cártel de Juárez. Es el cuarto hombre al mando dentro de Los Ms. Con él se detuvo a Ricardo Domínguez Nogal El Gordo y a Jorge Eduardo Pascual Bada El Gordo 2, escoltas y sicarios del M-14 y dedicados al robo de vehículos.
El jueves 28 de abril los medios locales difundieron que estos detenidos informaron de las narcofosas descubiertas el 11 de abril por la PF. Dijeron que había 40 cadáveres en cada una, cuando menos en las de los entierros en los que ellos participaron. Sobre esto hay otras versiones: cuando se detectó la primera fosa, Ramiro Ortiz aseguró que la PF tuvo conocimiento de ella por una llamada anónima.
Las narcofosas
Ese 11 de abril, cuando la PF descubrió la primera narcofosa, en la calle Constituyentes del fraccionamiento Las Fuentes, se sacaron cuatro osamentas. Tres días después, a pocas cuadras –en la calle Hacienda del fraccionamiento Providencial– se detectó un segundo entierro del que sacaron 13 cuerpos y cuatro cráneos. La búsqueda se suspendió seis días. El 20 de abril se reanudaron las excavaciones en la primera fosa.
El 27 de abril dieron por concluida la búsqueda, que abarcó
Ese día hubo otras detenciones: José de la Luz Medina Gallegos El Lucio, encargado de la distribución de droga al menudeo en la zona norte de Durango, José Alfredo Tinoco Flores El Tino y José López González Pepillo, sicario al servicio de Los Canelos. Fueron capturados con droga y vehículos robados.
En su declaración ante la SIEDO aceptaron estar vinculados con la ejecución de la persona que apareció decapitada y sin manos en la gasolinera Servicio Valle del Sur el 18 de abril. El ejecutado era uno de sus narcomenudistas que les debía mercancía, por eso lo decapitaron y desmembraron.
La madrugada del 21 de abril un comando incendió tres casas: una en el fraccionamiento Santa Teresa, otra en Colinas del Saltito y otra en la colonia Jalisco. La primera pertenecía a Humberto Cabrera, El 03.
Horas después el crimen organizado empezó a emitir algunos mensajes. En una pinta se deslindaron: “Los Ms no nos hacemos responsables de las quemas de gasolineras y residencias de Felipe Cabrera El 01… Pelen como los hombres, ya estilo patrón tratan de chingar a la gente por la espalda y con la ley como Los Azules, Fuerzas Federales… Atte Cartel Ms”.
El día en que ocurrieron los incendios, una barda mostraba el letrero: “Querían se calentara la plaza bola de culos, corrientes y traicioneros, pues están ardiendo sus propiedades. Att (sic). Ms”.
El 22 de abril llegó a la Dirección de Seguridad Pública Municipal un joven visiblemente golpeado. Era el velador de la casa ubicada en Santa Teresa y en su espalda tenía escrito: “Esto me pasó por ser gente de Felipe Cabrera y Beto, El
Dos días antes habían sido liberadas dos mujeres secuestradas el 17 de abril: “Nos respetaron por ser mujeres. Solo por única vez”; decía la espalda de una. “Esto nos pasa por conseguir casas de renta para que se metan sicarios enemigos de los Ms”, tenía la otra.
Las casas
La pala mecánica empleada para extraer las osamentas y los cuerpos en descomposición ayudó a desintegrar aún más los restos (Proceso 1799). Todos comparten el congelador de la caja de un camión acondicionado como morgue. Las dimensiones del hallazgo superaron en mucho las expectativas del Semefo local. Su capacidad es de cinco planchas y dos refrigeradores para 19 cuerpos.
La antigüedad de las osamentas va desde tres o cuatro años hasta la más reciente, de cinco meses. Por la descomposición, los restos no han podido ser identificados.
Según la Fiscalía General de Durango, 20 familias han preguntado por la identidad de los cadáveres, aunque la cifra está muy por debajo de las 70 quejas por desaparición que recibió la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2010 y de las 27 que van este año, de acuerdo con el ómbudsman local, Carlos García Carranza.
Según Juan Rosales Sida, vocero para temas de seguridad nombrado por el gobernador Herrera Caldera, el terreno de la calle Constituyentes pertenece a Ricardo Medina González, por quien desde el pasado marzo la fiscalía tiene una denuncia por desaparición de persona. Sus vecinos lo relacionan con las casas aledañas, incluido el terreno con la narcofosa.
Aseguran que hasta hace unos cuatro meses en esas casas había fiestas que se prolongaban hasta el amanecer. Los vecinos se quejaban ante las autoridades, pero nunca pasaba nada. En las fiestas eran comunes las bandas sinaloenses y en varias ocasiones se escucharon disparos. Por la noche se guardaban ahí muchos vehículos y nunca eran los mismos. Ahora los niños tienen prohibido salir y la gente siente que los autores de los entierros aún rondan el lugar.
La finca del fraccionamiento Providencial es de Salvador Salcido Flores, quien la adquirió recientemente. Sus vecinos, igual que los de Constituyentes, viven con temor.
Los 102 cuerpos encontrados son sólo el comienzo: la PF tiene conocimiento de que rumbo a la carretera a Mazatlán hay una tercera narcofosa, pero la falta de una ubicación precisa hace imposible su localización; mientras tanto el próximo martes 3 abrirán por completo los terrenos de la finca del fraccionamiento Providencial.
Son los cuerpos de los primeros secuestrados, levantados y ejecutados que emergen de la disputa interna que grupos locales del cártel de Sinaloa mantienen por la plaza.
Ante una sociedad poco acostumbrada a ellos, los narcomensajes se multiplican: el 28 de abril apareció una pinta: “Esto les va a pasar si siguen secuestrando y matando gente inocente. A todos los que anden con Guillermo Núñez (…) policías, háganse a lado de la razón. Terminaremos más rápido con estas ratas”. Firman Mayo y Chapo.
La ley que no fue
Jesusa Cervantes
Sólo 16 días antes de concluyera el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, a un par de meses de la elección del Estado de México y a poco más de un año de la elección presidencial, el coordinador de los diputados priistas, Francisco Rojas, en acuerdo con el PAN, empezó a presionar al resto de los partidos para aprobar las reformas a la Ley Nacional de Seguridad.
En ésta fincaba el gobierno de Felipe Calderón sus esperanzas de legalizar la actuación de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico, de abrir la puerta al estado de excepción y de autorizar el uso de la fuerza a discreción del Ejecutivo.
Primero en la Junta de Coordinación Política, que encabeza la presidenciable panista Josefina Vázquez Mota, se aceptó la discusión del predictamen de 81 cuartillas elaborado por el mexiquense Alfonso Navarrete Prida, en donde se plasmaron las demandas del Ejército que no pudieron incluirse en la minuta del Senado. Incluso se pidió que, si bien la minuta está en cinco comisiones, sólo se procesara en una de ellas a fin de ahorrar tiempo y avalarla en el pleno antes del 30 de abril.
Pero el lunes 25, cuando el resto de los partidos propusieron cambios sustanciales al documento y la Sedena recibió la nueva redacción, empezó a cerrarse la posibilidad de aprobar la reforma en ese plazo. Rojas convocó para el día siguiente al consejo consultivo de su fracción, integrado por los coordinadores estatales de sus 237 legisladores.
La primera en hablar fue la expresidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, quien molestó a Rojas al plantear sus dudas en tono provocador, según asistentes al encuentro.
“Lo primero que tenemos que preguntarnos es a quién le interesa sacar esta ley. Y no sé si se ha tenido contacto con el Senado. Recordemos que ahí el PRI es segunda fuerza. Por otra parte, nos quedan tres días de sesión. ¿Se podrá sacar? Otra: cómo dictaminarla, pues no sé si se previó que las cinco comisiones en las que se encuentra deben dictaminarla”, dijo Beatriz Paredes.
Para incomodidad de Rojas, la cenecista soltó: “¿Ya se midió el impacto político, sobre todo en procesos electorales, en el proceso que viene?”. Se refería a la elección del 4 de julio en el Estado de México.
La secundó Gerardo Sánchez, dirigente de la Confederación Nacional Campesina: “¿Se pretende aprobar en forma apresurada? Hay que tener cuidado: recordemos lo que nos sucedió con la reforma laboral (sepultada por la oposición luego de que se pretendió dar un albazo)”. El tamaulipeco Carlos Flores Rico se manifestó en el mismo sentido. Para apaciguarlos, Claudia Ruiz Massieu, quien elaboró el predictamen con Navarrete, aclaró que llevaban “mucho tiempo trabajando” en él.
Fue entonces cuando Felipe Solís Acero, cercano a Manlio Fabio Beltrones, advirtió que no se trataba “de una corrección” a la minuta enviada por el Senado, “sino de una nueva ley”. Rojas, ya desesperado, argumentó que era el momento de “demostrar que hacemos todo por México… y que deberíamos hacer uso de nuestra mayoría”, cuenta uno de los presentes.
Y cuando Rojas dijo que no es experto en seguridad “pero debemos confiar en nuestros compañeros (Navarrete Prida y Ruiz Massieu)”, Gerardo Sánchez le recriminó: “Si eso ocurre, mañana miércoles no sabremos cómo procesar el tema en la reunión previa de todo el grupo parlamentario”. Solís Acero remachó: “No podemos hablar de lo que no conocemos”, ya que en ese momento ninguno de los legisladores priistas tenía el documento.
La diputada y secretaria general de la dirigencia nacional del PRI, Cristina Díaz, les recordó: “Debe estar el PRI unido, platicar con el Senado para mantenernos unidos hasta el 2012, la elección presidencial”. Rojas replicó: “Pero si nosotros siempre sacamos lo que el Senado nos manda”.
Para zanjar el tema de momento, el predictamen llegó en la media noche del martes 26 al correo de cada legislador priista; y en el Consejo Consultivo se acordó no abordar el tema en la reunión previa del miércoles 27 de abril.
Objeciones de la Sedena
El mismo martes 26 llegaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) las seis modificaciones a la iniciativa de ley propuestas por la oposición. Tres se consideraron inaceptables.
Según apuntes en poder de Proceso, la primera es la prohibición para que las Fuerzas Armadas intervengan en actos relacionados con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o social. La posición de la Sedena es que debe hacerse la excepción cuando dichos movimientos sociales constituyan una amenaza a la seguridad.
La dependencia desaprobó igualmente la propuesta de especificar que la información para generar inteligencia se recabe con medios y procedimientos lícitos, aunque sí aceptó la acotación de que dicha labor se realizara con respeto a los derechos humanos y las garantías individuales.
El otro punto inaceptable para la Sedena es que “sólo a ellos” se les mencionara explícitamente como los que, en caso de cometer un ilícito, serán perseguidos y sancionados por los tribunales competentes, no así los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de la República o del propio Cisen. El argumento de la dependencia es que toda la autoridad jurisdiccional debe regir su actuación y sus acciones se sujetan a la revisión de una autoridad superior.
Para entonces aún se esperaba que estas inconformidades pudieran discutirse. Sin embargo, el martes 26 y el miércoles 27 se presentaron en la Comisión de Defensa Nacional el poeta Javier Sicilia; el sacerdote José Alejandro Solalinde; el padre Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; la familia Lebaron de Chihuahua y Eduardo Gallo y Tello, así como Ricardo Sepúlveda, del Observatorio Nacional Ciudadano; Karime Suri, de Incide Social; Ignacio Suárez Huape, de la Red por la Paz y la Justicia; y Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Todos les recriminaron a los diputados que se pretendiera votar una “ley criminal” para sistematizar la violencia y no la paz. Señalaron que si aprobaban los cambios serían considerados “traidores” a la ciudadanía. El padre Solalinde incluso les advirtió que la sociedad está organizada y que ellos están dispuestos a dar la vida por defender sus derechos.
Encontronazo panista
El miércoles 27, el diputado Porfirio Muñoz Ledo abandonó el salón donde se encontraban los activistas de derechos humanos y se fue al pleno para hablar con el panista Javier Corral, presidente de la comisión de Gobernación. Regresó y soltó el petardo: “Vengo de hablar con Javier Corral y me envía un mensaje: no convocará a su comisión para dictaminar la citada ley”.
Fuentes especializadas en temas de seguridad revelaron que esa noche la Presidencia de la República ya buscaba el modo de deshacerse de la reforma y evitar que el tema se discutiera. El mensaje de Corral, a quienes algunos panistas identifican con el grupo de Santiago Creel –otro aspirante a la candidatura presidencial del PAN–, fue el pretexto que buscaba Felipe Calderón.
Al día siguiente, jueves 28, la fracción del PRI realizó su plenaria para discutir el tema. Ahí, Navarrete Prida expuso su documento y César Augusto Santiago comentó que en varios aspectos requiere de una adecuación constitucional; también destacó que faltaba zanjar el hecho de que el documento fue elaborado por “un grupo de trabajo” y no por una de las comisiones a las que se turnó la iniciativa.
Luego sugirió realizar un seminario durante el receso, “revisar el tema y decidir si se convoca a periodo extraordinario”, pero Navarrete consideró que “más adelante no habrá condiciones para citar a un periodo extraordinario”.
La diputada Carolina Viggiano, cuñada del dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, criticó la ambigüedad del dictamen, su contraposición con varias leyes, y que “se pretende institucionalizar” la presencia del Ejército en las calles. La mayoría de la bancada coincidió con ella cuando alertó que “la aprobación tendrá un alto costo político para el PRI, ya que no hay tiempo para procesarla”.
Navarrete Prida informó que el día anterior les había comunicado a los organismos de derechos humanos que no convocaría a la Comisión de Gobernación, primera a la que se le dio el turno legislativo y por lo tanto la primera obligada a dictaminar la iniciativa.
Al respecto, el coordinador Francisco Rojas pidió a los priistas “esperar los efectos de las declaraciones de Corral” y les dejó entrever que se le dejaría al PAN el costo político. Por lo pronto, Rojas iba a medir “el pulso” en la Junta de Coordinación Política, que se reuniría enseguida.
A las 12 del día, al arrancar la junta, la coordinadora panista Josefina Vázquez Mota impulsaba la aprobación en su bancada mientras Javier Corral mantenía su posición de no convocar a la Comisión de Gobernación. “La decisión de Corral –comentó un diputado del PRI– sirvió para que Calderón se desistiera luego del rechazo de la sociedad civil, y para nosotros fue el pretexto perfecto para dejar el tema”.
Finalmente, la Junta de Coordinación Política determinó que la reforma se dictaminara en tres comisiones: Gobernación, Derechos Humanos y Defensa Nacional, además de convocar a la sociedad civil para que aporte sus propuestas. La junta decidió reunirse el 17 de mayo a fin de evaluar si convoca o no a un periodo extraordinario para votar la ley. l
8 de mayo: el punto de quiebre
José Gil Olmos
Cada día más organizaciones se suman a la jornada por la paz que tendrá lugar el domingo 8 con marchas y protestas en más de 40 ciudades mexicanas y una veintena en el extranjero. La principal de esas muestras de inconformidad será la que parta de Cuernavaca y llegue al Zócalo capitalino. Pero a los organizadores del acto, entre ellos Javier Sicilia, les preocupa que las manifestaciones de inconformidad por los 40 mil muertos de la guerra contra el narcotráfico se consideren una protesta más. Es un movimiento ciudadano nacional, insisten, que culminará con la firma, en Ciudad Juárez, del Pacto por la Paz y la Reconstitución del País.
Antes de iniciar la marcha silenciosa por la paz y la justicia del domingo 8, los convocantes hacen una reflexión: 40 mil muertos en los últimos cinco años –uno cada hora en promedio–, más de 10 mil desaparecidos y miles de viudas y huérfanos están haciendo del país un camposanto…
Javier Sicilia advierte: “Están convirtiendo a los mexicanos en seres mutilados del alma, que es una forma de la muerte”. Y denuncia que un mes después del asesinato de su hijo Juan Francisco y de otras seis personas en Cuernavaca, todavía no hay responsables detenidos, pese a la intervención del Ejército y de las policías estatal y federal.
Ante tal estado de cosas se reunieron Javier Sicilia; el exómbudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza; la presidenta de Causa Común, María Elena Morera; el expresidente de México Unido Contra la Delincuencia, Eduardo Gallo; el sacerdote Óscar Enríquez, del juarense Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; el también sacerdote Alejandro Solalinde, del albergue oaxaqueño Hermanos en el Camino, y Julián LeBarón, quien encabeza un movimiento social contra el secuestro en Chihuahua. El propósito: definir los alcances de la marcha. Todos coincidieron en que ésta será el inicio de un movimiento nacional por la paz, la justicia y la reconstitución del país.
“Para mí –dice Solalinde– esta marcha es la mejor oportunidad que hemos tenido frente a la situación grave que vivimos, para rehacer al país que va en picada y poner un alto a la violencia, la corrupción y la impunidad. La marcha significa que México se da una oportunidad.”
Para Gallo, el acontecimiento será una catarsis para que la gente exprese su enojo, sus frustraciones y su desesperanza, y también un punto de quiebre para el movimiento ciudadano que exige soluciones a la inseguridad, el desempleo y la impunidad, y que quiere participar en la toma de decisiones.
“La gente quiere manifestar que no está de acuerdo con lo que pasa en el país; no es el que queremos ni el que esperábamos que construyera la clase política”, afirma el empresario cuya hija de 25 años fue secuestrada y asesinada hace una década.
Cada uno de los convocantes a la protesta tiene claro que no se trata de una marcha más en demanda de seguridad. Su naturaleza es otra: forma parte de un movimiento nacional que quiere participar en la reconstitución del país.
“Será una marcha silenciosa porque es la forma de decir que ya no hay palabras para manifestar que estamos en el límite de un problema social mayúsculo... El mensaje es para la clase política y para los empresarios, los sindicatos, las autoridades y la sociedad: hay que asumir el papel que nos toca y construir un nuevo país. Es el momento de decir ¡ya basta!”, insiste Gallo.
–¿Cuál sería el mensaje para Calderón?
–Que tiene que escuchar a la ciudadanía, y si no recibe el mensaje o no lee esa necesidad, es que no tiene nada qué hacer. Se estaría excluyendo a sí mismo de la reconstrucción de la vida de este país. No podemos seguir enfocados a la violencia, a la destrucción, a la muerte, a la militarización. Esa no es opción para nadie.
Hacia un movimiento nacional
Los esfuerzos de los ciudadanos se multiplican en todo el país para realizar la marcha. Hasta el jueves 28 de abril se tenía prevista la participación de agrupaciones sociales y deudos de casi todos los estados, manifestaciones en 44 ciudades mexicanas y protestas en 18 de Estados Unidos, así como en Berlín, París, Barcelona, Sevilla, Buenos Aires y Santiago.
El 28 de abril, el subcomandante Marcos informó que las bases indígenas del EZLN marcharán el domingo 8 en San Cristóbal de las Casas y que han llamado a los integrantes de La Otra Campaña a que se manifiesten en todo el país y en el extranjero.
Durante la semana pasada los organizadores se reunieron para definir los puntos esenciales que expondrán en el mitin del Zócalo, y al mismo tiempo vieron con preocupación el incremento de la violencia en el país: más ejecutados, desparecidos y el descubrimiento de fosas clandestinas en Tamaulipas, Durango y Sinaloa, donde se han hallado 306 cadáveres.
“Esta guerra es contra todos los ciudadanos porque quienes estamos pagando con el dolor de nuestros muertos somos nosotros. Además nos están mutilando el alma, porque nos están instalando el miedo. No podemos seguir igual. Las instancias políticas de todos los niveles no pueden seguir pensando en la violencia”, dice Javier Sicilia.
Afirma que se está gestando un movimiento nacional ciudadano que quiere alzar su voz y participar en el proceso de recomposición del país.
Como ejemplo de la fuerza que puede significar una iniciativa ciudadana de tal naturaleza menciona la Marcha Nacional por la Justicia y contra la Impunidad en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados para detener la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional.
De ese intento legislativo que acabó en la congeladora, señala: “Parece que sólo tienen imaginación para la violencia. La Ley de Seguridad Nacional es para eso; los recursos también, pero nadie se preocupa por las víctimas ni por la ciudadanía que está en peligro de ser victimizada.
“Tampoco (los gobernantes) están preocupados por nuestros jóvenes, porque no hay educación ni empleos. Los empresarios siguen arrancando los tejidos sociales al acabar con los pequeños comercios, las pequeñas relaciones de soporte mutuo que hacen posible la vida de las comunidades y los pueblos. Todo está desgarrado. Nadie piensa en los ciudadanos, en la vida civil, en la vida humana”, expresa.
Por eso, afirma, la protesta es contra la clase política, contra la empresarial y contra los sindicatos, “que están podridos”.
–¿Convocan también a Calderón?
–Estamos convocando a todos. Lo cierto es que Calderón trae 40 mil muertos en sus espaldas y eso es algo criminal. Si el desastre no es culpa de él –sería culpa de la podredumbre que empezó con el callismo–, los 40 mil muertos sí lo son, porque declaró una guerra estúpida, mal diseñada, mal dirigida y mal planteada. Esto es grave y debe tener conciencia de que es responsable de esas 40 mil muertes. Esos muertos eran seres humanos que merecían una vida digna. Eso es un crimen. Y eso hay que decírselo a Calderón: ‘Traes 40 mil muertos y es grave tu responsabilidad’”.
Aclara que si la clase política quiere firmar el pacto tendrá que someterse al juicio ciudadano, porque la cooptación del crimen organizado la alcanzó. Sobre el particular, considera que en el país debe haber un “saneamiento” político-judicial como en Colombia, donde 30% del Congreso fue a parar a la cárcel porque estaba involucrado con el narcotráfico.
“Insisto en que gran parte de la violencia está en la cooptación de las instituciones. Por eso cuando el presidente Calderón dice que los malos están afuera se equivoca, porque también están adentro. Si no pensamos en rehacer el tejido del país, en hacer verdaderamente justicia y paz de cara a la ciudadanía, al servicio ciudadano, difícilmente vamos a cambiar”, dice, y advierte que al impulsar este movimiento no busca ninguna posición política.
Lo mismo aclara Alejandro Solalinde, quien puntualiza que los convocantes son personas que desde el dolor buscan el bien de México.
“Son personas de autoridad moral que no quieren que lo que ellos han sufrido les pase a otros. Es un llamado a un pacto nacional donde todos pongamos lo mejor de nosotros mismos. Quiero ser muy enfático y claro en esto: ya no desde el gobierno, no desde las instituciones, pero tampoco contra ellas, porque si bien es cierto que están cansadas, por no decir corrompidas, hay que revitalizarlas desde la sociedad civil, porque es la parte más dolida y donde está la esperanza de un cambio”, precisa el sacerdote, quien lidera una organización de defensa de los derechos de los migrantes centroamericanos.
En lo que toca al papel asumido por el poeta Javier Sicilia en el movimiento contra la violencia y contra los excesos del Estado en la lucha antinarco, el extitular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Emilio Álvarez Icaza indica: “El liderazgo de Javier Sicilia es diferente porque tiene otra historia, la del movimiento ciudadano de Morelos que desde hace muchos años trabaja por la no violencia, por la paz y la justicia. Tiene la influencia de las Comunidades Eclesiales de Base y desde una perspectiva de la fe que se incorpora a los movimientos populares”.
Por eso, agrega, esta movilización tiene un origen distinto y no sólo está concentrada en Sicilia: detrás se halla un movimiento civil con un largo camino en la lucha por los derechos humanos y por la justicia.
Álvarez Icaza considera que la movilización del domingo 8 será un paso hacia un movimiento civil nacional, y no sólo una protesta. “Eso es lo que hemos discutido: que más allá de una manifestación, tiene que volverse un cauce para la participación de la gente. De ahí la idea de que la marcha empiece en Cuernavaca y termine con el pacto en Ciudad Juárez, que es el epicentro del dolor de este país. Se trata de generar mecanismos de participación de muy distintas formas. No queremos que sea una marcha más, sino la expresión de un cauce de participación ciudadana”, precisa.
A su vez, Sicilia dice que dependerá de los participantes evitar que la marcha se convierta en una protesta social más:
“Espero que las redes sociales puedan articularse sobre la base de este suelo que estamos construyendo a base de unirnos, que sean las mismas redes sociales y la ciudadanía quienes formen esas comisiones para fiscalizar y que ese pacto que se firmará en Ciudad Juárez se cumpla y se le dé seguimiento.”
Y Solalinde previene contra el peligro que implicaría el hecho de que la propia sociedad civil se pierda la oportunidad de cambio que conlleva la marcha por la paz:
“Ya lo ponderamos. Si no se acepta esta oportunidad, si la sociedad civil no comprende el alcance o la trascendencia de esta iniciativa, de este pacto nacional, lo que quedará es un país que se irá perdiendo. Quedarán más violencia, más muertos… Los ciudadanos quedaremos cautivos de un futuro incierto en el que ya ningún partido de ningún color podrá hacer algo para resolver la crisis. Seamos sinceros: ningún partido puede salvar a México.”
El Pacto de Juárez
Una de las primeras acciones previstas por este movimiento es la firma de un Pacto por la Paz y la Reconstitución del País. El objetivo es que se suscriba en Ciudad Juárez, lo que, a decir de Óscar Enríquez, puede ser muy significativo porque esa localidad es la más agraviada, la más lastimada y herida del país en la guerra contra el narcotráfico.
Enríquez presentó a los organizadores una propuesta de pacto firmada por ocho organizaciones de Chihuahua que prevé desmilitarizar la vida social y civil, el regreso del Ejército a sus cuarteles, que no haya más mandos castrenses en las policías, exigencia de justicia, alto a la impunidad, reparación de daños a las familias afectadas, preservación de la memoria histórica y refundación del país mediante un movimiento ciudadano.
El documento destaca: “La refundación del país y de nuestras ciudades debe ser desde una perspectiva de derechos humanos donde cada vida es digna y valiosa. Nos oponemos a la retórica gubernamental que concibe a las personas como desechables y las nombra ‘daños colaterales’. Queremos participar en el restablecimiento de un legítimo Estado de derecho cuya garantía de existencia corresponda al gobierno; y, por lo tanto, al secuestro y a la desaparición forzada no las nombraremos levantón. En ello insistimos: el lenguaje discrimina”. l
Caminar en silencio para gritar ¡ya basta de la guerra!
Pietro Ameglio
Caminar como expresión de una determinación moral y material, de la firmeza de un objetivo: no dejar pasar más la raya de la “frontera moral” nacional en lo inhumano y violento; caminar como sinónimo de un hartazgo y dolor ya insoportable ante una guerra civil (Montemayor dixit) que como sociedad civil nunca aprobamos.
Desde de finales del siglo pasado hay un vuelco radical en torno de la identidad de las bajas humanas en las guerras. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, 15% de los muertos fueron civiles; en la Segunda, la cifra aumentó a 50%, y en la primera de Irak –la de 1991–, se elevó dramáticamente a 90%.
En las tres iniciativas que lanzó al país el pasado 13 de abril en el Zócalo de Cuernavaca, el poeta y activista no violento Javier Sicilia propone que nuestra sociedad civil asuma un mayor protagonismo para detener esta etapa de la guerra que nos atraviesa; su propósito es, lo antes posible, hacerla regredir al terreno de las soluciones no armadas.
Para lograrlo, es preciso seguir los consejos de Gandhi, quien dijo: “Por mucho tiempo pensamos que el poder venía sólo de las asambleas legislativas… (Pero) esta creencia es un grave error causado por la inercia o por una especie de hipnotismo. Un estudio superficial de la historia inglesa nos ha hecho pensar que todo el poder llega al pueblo por los parlamentos.
“La verdad radica en que el poder está en la gente y es confiado momentáneamente a quienes ella puede elegir como representantes propios. Los parlamentos no tienen ningún poder y ni siquiera existencia independientemente del pueblo. Convencer al pueblo de esta sencilla verdad ha sido mi tarea en los últimos 21 años. La desobediencia civil es el depósito del poder.”
Es claro que la suma mecánica de estas acciones no constituye una estrategia para detener tanta violencia en el país. Nos toca enriquecer las acciones entre sectores de la sociedad cada vez más amplios; es un punto táctico en la acumulación de fuerza moral y material para frenar la impunidad e inhumanidad que priva en el país.
La primera acción propuesta es comenzar a darle nombre e identidad a los muertos y desaparecidos durante esta guerra; ir construyendo una memoria viva y activa desde abajo para que esos muertos dejen de ser anónimos, culpabilizados, o se reduzcan a la simple estadística de los “daños colaterales”. Lo deseable es que se sepa a nivel masivo cómo murieron y se les haga justicia.
Así, la tarea de llenar las plazas y lugares públicos simbólicos con placas e historias de esos jóvenes (que son la mayoría de las víctimas), niños, ancianos, hombres y mujeres a lo largo del país, es sólo un primer paso. El segundo consiste en una marcha-caminata de cuatro días (que se realizará del jueves 5 al domingo 8) al corazón de la nación mexicana, al centro de sus poderes: al Zócalo-Tenochtitlan.
Caminatas largas y simbólicas ha habido muchas: la de la sal de Gandhi en la India; la de los comunistas en China; la del millón de Martin Luther King; la del líder chicano César Chávez a Sacramento; la de la Minga colombiana; la de la Dignidad del doctor Salvador Nava; la del Color de la Tierra de los zapatistas… No se trata sólo de una marcha de Cuernavaca al Distrito Federal, sino de movilizaciones y acciones paralelas no violentas en muchas ciudades del país y el mundo, que ayuden a crear una gran presión social.
La movilización a la que convocó Sicilia es importante para crear un estado de agitación y reflexión colectiva continua durante esos días en todos los rincones del país. El propósito es que, como bola de nieve social, contribuya a ampliar una gran columna de la protesta y propuesta nacional que avance desde Cuernavaca; que, como una marea de la dignidad y la firmeza de la sociedad civil nacional, bajo el lema “Estamos hasta la madre. ¡Alto a la guerra! Por un México justo y en paz”, en otros puntos de nuestro territorio también haya actividades.
Cada día de marcha se irá corriendo la voz en todos los rincones del país: “Ahí va la ‘bola’ hacia el DF”, similar a la expectativa que generó la marcha gandhiana de la sal; en la medida en que avanzaban los días en la India, la gente decía: “Ya están cerca, qué pasó hoy… En esta ocasión será un levantamiento nacional de la indignación moral.
A partir del asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega y sus amigos, la sociedad civil está pasando del terreno de la solidaridad al de la lucha, pues los cuerpos están en una situación distinta, ya que todos hemos podido visualizar más de cerca nuestra propia vulnerabilidad. Se “tocó” a la clase media, y entonces la gran determinación de ese cuerpo agredido hizo que ésta y los demás sectores salieran masivamente a la calle, sobre un piso de gran hartazgo social.
La muerte de estos jóvenes significó la acumulación de las 40 mil muertes que permanecían en el silencio, la amenaza, la vergüenza y el terror. Esta convocatoria significó la ruptura de ese terror y la posibilidad de que el dolor social se hiciera acción colectiva.
Javier Sicilia ha insistido también en que sea una marcha-caminata de silencio. El silencio es un arma moral y no violenta que habla; no es el “silencio de los sepulcros”, sino el grito de indignación de los vivos que luchan para que no haya más sepulcros inútiles. No se trata de un silencio pasmado, aterrado, sino activo, de lucha. Es un silencio incluyente que une, que ayuda a escuchar y organizarnos, a tomar conciencia de la catástrofe o emergencia nacional en que nos hallamos, una señal de luto por el piso de sangre de 40 mil muertos sobre el que todos caminamos en México. Un ejemplo reciente en nuestra historia de un silencio combativo y esperanzador es el de las comunidades indígenas autónomas chiapanecas desde 2003.
A este silencio va unida otra idea central: la búsqueda de la verdad. Gandhi llamaba a la no violencia justamente “la fuerza de la verdad” y eso es lo que gran parte de la sociedad mexicana está buscando: saber la verdad. ¿Por qué hay 40 mil muertos, 10 mil huérfanos y 250 mil desplazados sólo en Juárez, miles de desaparecidos, y el gobierno habla de paz? ¿Quiénes son los asesinos de los cuatro jóvenes de Cuernavaca, de los seis miembros de la familia Reyes, de Marisela Escobedo y de Susana Chávez; de los 16 jóvenes en Salvárcar, Chihuahua; de Betty Cariño y de Jiri Jaakkola; de los 48 niños de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora?
¿Por qué se destinan seis veces más fondos a la guerra que al combate a la pobreza, si hay 8 millones de jóvenes que no pueden estudiar ni trabajar? ¿Por qué no se ha enfrentado seriamente el lavado de dinero y la autonomía del Poder Judicial?
A lo largo de la historia las masas siempre han tenido la capacidad de identificar símbolos, así como objetivos claros y sencillos a corto plazo. Dos símbolos clásicos de grandes marchas han sido la de la sal en la India (marzo 1930) y la del Color de la Tierra emprendida por los zapatistas (2001). En estos momentos el símbolo es otro: los muertos y desaparecidos. Iremos a la marcha con los nombres de los muertos y desaparecidos de cada estado, con sus fotos, para “visibilizarlos”. Marcharemos juntos vivos y “muertos” para exigir paz, verdad, con justicia y dignidad.
Pero también es importante no autoengañarnos ni crear falsas ilusiones, o reforzar un mesianismo que todos sabemos que no lleva más que a caciquismos y caudillismos estériles y aun violentos. Con estas acciones no se va a detener la guerra en el corto o mediano plazo, pero sí se va a ir, como bien señala Javier Sicilia, “reconstruyendo el piso de la nación, que está totalmente desgarrado por tanta violencia, en un estado de emergencia nacional”, sobre el cual se podrán situar todas las demás demandas sociales.
Sin embargo, este nuevo ¡Ya basta! civil y pacífico tiene como desafío irse transformando en algo organizado y estratégico, que no puede depender de la iniciativa, como en parte hasta ahora, de una o varias figuras centrales con alta acumulación moral pública. Lograr esta articulación y suma organizada positivamente, con pluralismo, respeto, libertad y creatividad, será la posibilidad de pasar de una etapa de movilización a una de movimiento social.
El paso final de esta etapa de lucha civil y pacífica será construir una especie de “pacto”, como sostienen muchos, primeramente entre la sociedad civil, y luego con las otras fuerzas sociales del país, con una serie de pocas y muy concretas acciones básicas sobre la seguridad, economía, justicia…, que hay que asegurarse sean cumplidas por los responsables. El pacto nace de la crisis del modelo de representatividad política, donde la clase política no representa ni escucha a nadie.
Estamos ante un parteaguas en nuestra historia actual, la foto de la disyuntiva es: por un lado, el sistema trata de imponer la ley de seguridad nacional que atenta contra toda forma de los derechos humanos y militariza más al país; por el otro, estas movilizaciones masivas civiles y no violentas por la paz con justicia. Guerra o paz.
Por eso hay que marchar ¡ya! Es hora de levantar la voz y el cuerpo, unirnos en un ¡Alto a la guerra en México!
27 abril
La PGJDF, instrumento del chantaje de Televisa
Jenaro Villamil
Para desafiar a Televisa y llevarla ante los tribunales se requiere determinación, valor y muchos recursos económicos. Con todo ello contaba Paula Cusi, la viuda de Emilio Azcárraga Milmo, pero no le bastó para salir bien librada de su confrontación con el hijo del magnate fallecido y actual mandamás del consorcio televisivo. Como una muestra del favoritismo de las autoridades judiciales hacia el gigante mediático, señala uno de los abogados de Cusi, los trámites para llevarla a prisión se agilizaron de manera inusitada. Sometida a presión física y moral, no le quedó otra alternativa que desistirse de su demanda.
“Van a perder, no se metan con nosotros”, le advirtió Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa, a Ernesto Canales, amigo y representante legal de Paula Cusi Presa Matute, en vísperas de que la viuda de Emilio Azcárraga Milmo interpusiera una demanda civil, en enero de 2007, contra el actual presidente del consorcio, Emilio Azcárraga Jean, y una veintena de codemandados, por presunto despojo de la sexta parte que le correspondía de la herencia de El Tigre.
Seis reuniones infructuosas precedieron a la demanda presentada ante la juez 62 de lo civil en el Distrito Federal, Yolanda Morales Romero. En todas las negociaciones, Angoitia y el equipo de abogados de Televisa argumentaron que la sucesión de Azcárraga Milmo estaba “quebrada”, que no había bienes ni acciones por repartir y que a Cusi ya le habían dado “más que suficiente” con la compra del 10% de sus acciones y las obras que formaron parte del acervo del Museo de Arte Contemporáneo.
Sin embargo, Cusi alegó lo contrario. En una exposición de 45 hechos y un capítulo de daños y perjuicios, la exconductora televisiva y esposa de Azcárraga Milmo por más de dos décadas afirmó que hubo una situación de “engaño y maquinación” para despojarla de la sexta parte que le correspondía del legado de El Tigre, fallecido en abril de 1997 (Proceso1605).
Como indemnización, Cusi pidió 4% del valor de las acciones de Televisa o su equivalente; es decir, 500 millones de dólares, al valor actual, o 117 millones de acciones.
Renuentes a aceptar cualquier negociación con la heredera, la actitud de Televisa y los codemandados fue configurando una serie de irregularidades, de obstáculos permanentes al juicio que se desarrolló durante cuatro años en el juzgado 62 de lo civil del Distrito Federal, hasta desembocar en la aprehensión de Paula Cusi, la mañana del 25 de abril, y su posterior liberación del penal de Santa Martha Acatitla, tres días después.
La viuda fue puesta en libertad tras una negociación entre las partes, la firma de un convenio de confidencialidad restrictiva que impide a éstas hablar sobre los detalles del arreglo y la cancelación definitiva del juicio civil iniciado en 2007.
Cusi abandonó las instalaciones del penal femenil de Santa Martha Acatitla a las 17:45 horas del día 28 protegida por custodios y sus abogados defensores Ernesto Canales y César García Méndez. Viajó a Yucatán, donde tiene su domicilio fiscal en la hacienda San Bernardo, del municipio de Kopomá, y se marchó del país.
Su atrevimiento para demandar a la empresa mediática de la cual formó parte en los años dorados de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, la condujo a la cárcel. Ahora, tanto ella como sus abogados consideran cancelado y “sin efecto” el juicio civil 27/2007.
La historia de su aprehensión, detención y arraigo, así como la actuación de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), las presiones de los abogados de Televisa y la intervención en el último momento del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia capitalino constituyen una radiografía de lo que sucede cuando alguien se enfrenta al poder del Canal de las Estrellas.
Detención
Con una celeridad inusitada, la PGJDF tramitó en menos de un mes la demanda presentada el 17 de marzo por Alonso Aguilar Zinser, abogado de Grupo Acal S.A. de C.V., filial de Televisa, contra Paula Cusi por el delito de falsedad continuada de declaraciones.
La prueba fundamental, afirmó el litigante, es que en los dos primeros meses de 2011 Cusi fue interrogada sobre si sabía “de un dictamen fiscal que habían elaborado unos auditores de la firma Chávez, Ruiz y Zamarripa en 1998 sobre las responsabilidades de impuestos que habían acarreado las ventas de acciones propiedad de la sucesión de Azcárraga Milmo”.
En varias ocasiones, Cusi afirmó que no conoció ese documento. Para demostrar lo contrario, los abogados de Televisa presentaron una firma de recibido de Ignacio Armida Graham, abogado de la exconductora.
A partir de esta denuncia, el Ministerio Público capitalino agilizó los trámites para detenerla. El escenario fue la esquina de la calle de Niños Héroes, en la entrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ella bajaba de un BMW gris cuando ocho agentes de la procuraduría la detuvieron “en cumplimiento de una orden de aprehensión que se giró desde la semana pasada”.
La tomaron por sorpresa. Ni Cusi ni su abogado Ernesto Canales, quien viajaba con ella en el BMW, tenían conocimiento siquiera de que existiera una orden de aprehensión en su contra.
A unos metros del lugar de la detención, el equipo de abogados de Televisa, encabezados por Alonso Aguilar Zinser, Alejandro Bustos Olivares y Everardo Hegewisch, más sus asistentes, observaban la escena. Molesto, Canales les reclamó que utilizaran “métodos gangsteriles”.
Impasible, Aguilar Zinser dice a Proceso que la detención se realizó “absolutamente conforme a derecho”.
Horas después, cuando ya en las redes sociales había trascendido el caso, el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, confirmó los hechos y aclaró que la señora había sido detenida “en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez penal radicado en el reclusorio de Santa Martha Acatitla”.
De manera inusual, la PGJDF emitió un comunicado para justificar su actuación. La rapidez con que se elaboró el boletín provocó que se difundiera con erratas (por ejemplo, se confundió a la juez 69 con el juez 89 de lo penal). En el último párrafo del documento se indica:
“Cable aclarar que obran en la indagatoria de mérito dos citatorios de fechas 25 y 30 de marzo de 2011, girados para que (Paula Cusi) se presentara a comparecer en carácter de probable responsable.”
Entrevistado en el penal de Santa Martha Acatitla 26 de abril, el abogado César García Méndez describe así la serie de irregularidades cometidas por la PGJDF en la detención de Cusi:
“En primer lugar, la averiguación previa se inició el 16 de marzo y se integró en su totalidad el 13 de abril, menos de un mes después. Si usted ve, el término promedio de la integración de una averiguación previa es superior a seis meses.
“En segundo lugar, el Ministerio Público capitalino no solicitó copias certificadas del expediente; no realizó ninguna visita de inspección; no compulsó los documentos que la parte acusadora había presentado como pruebas con la parte original, y no realizó ninguna diligencia en relación con la indagatoria.”
–¿Qué hubiera representado una visita de inspección? –se le pregunta a García Méndez.
–Apersonarse en el juzgado, solicitar el expediente, verlo, examinar las constancias que obran en autos y ver si coincidían. Sólo se basaron en la denuncia y en las pruebas que presentó Grupo Acal.
–El procurador Mancera asegura que sí se entregaron dos citatorios a la señora Cusi.
–Aparecen dos citatorios, supuestamente entregados a Cusi (el 25 y el 31 de marzo). Los dos aparecen con un gancho que dice “recibí oficio”, literalmente. Los dos con la misma firma, la misma pluma, la misma letra, sin identificar quién los recibió.
“Normalmente los citatorios se mandan por correo certificado. Esa es la práctica común de la PGJDF. El hecho de que, por alguna razón que desconozco, los citatorios se hayan supuestamente entregado de forma personal en un domicilio que no es el de Paula Cusi por sí mismo es una arbitrariedad.
“Esos citatorios nunca fueron entregados. No existió tal entrega. Quiero decir que los citatorios fueron supuestamente entregados en mi oficina. Yo tengo elementos para comprobar que nunca fueron entregados ahí.”
En declaraciones a la prensa hechas el mismo 26 de abril, el procurador afirmó que uno de los obstáculos para citar a declarar a la viuda de Azcárraga Milmo fue que vivía fuera del país.
“La problemática de que viva en el extranjero será un tema complicado, pero las constancias están en la indagatoria y ahí es donde hay que remitirnos”, declaró el funcionario a los medios.
Sin embargo, desde hace varios años Cusi tiene su domicilio fiscal en la exhacienda henequenera San Bernardo, en el municipio de Kopomá, Yucatán, donde pasa largas temporadas.
El reportero llamó a ese domicilio y habló con doña Elsa, el ama de llaves de la hacienda, para saber si a ese lugar había llegado algún citatorio ministerial. “No se recibió ningún citatorio. Nunca llegó nada aquí”, afirmó.
–¿La señora Cusi ha recibido otras notificaciones en ese domicilio?
–Sí. Este es su domicilio fiscal en México.
Maniobras
Durante los cuatro años que se prolongó el juicio civil, ambas partes litigaron y lograron algunos avances. En el último año se ventilaron ante la juez 62 de lo civil documentos comprometedores sobre las finanzas de Televisa y su proceso de saneamiento financiero.
Como una muestra de “deferencia” hacia los personajes involucrados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, ofreció desde 2010 su propia oficina, ubicada en la calle de Niños Héroes, en la Colonia Doctores, para que ahí se desahogaran las diligencias.
El 21 de febrero de 2011, la audiencia tuvo que suspenderse. Todo el personal del edificio fue desalojado debido a una supuesta “amenaza de bomba”. A la sede del Tribunal Superior de Justicia llegaron incluso las cámaras de Televisa, pero no se difundió ninguna nota al respecto.
La juez Morales Romero le ofreció a las partes que podían continuar la diligencia en su juzgado, para aprovechar que estaban todos presentes. Cusi y sus abogados estuvieron de acuerdo; sin embargo, Ángel Peña, integrante del equipo de abogados de Televisa, rechazó la propuesta.
Doce días después, el 3 de marzo, el número 43 del Boletín Judicial del Consejo de la Judicatura capitalina informó que la juez Morales Romero había sido relevada del caso, al quedar adscrita al Juzgado Quinto.
En su lugar quedó la licenciada Haydeé de la Rosa García, quien pasó del juzgado 36 al 62 de lo civil. El abogado García Méndez consideró que este cambio afectaba el proceso porque eso significaba esperar a que la nueva juez se “empapara de los detalles del caso”, lo cual retrasaba el juicio y despertaba sospechas de favoritismo.
El 25 de abril, dos meses después de la sesión interrumpida por la “amenaza de bomba”, Elías Azar ofreció de nueva cuenta su oficina para que Cusi acudiera a continuar con su declaración.
A las 9:30 de la mañana, ella no pudo ingresar al edificio del Tribunal Superior de Justicia: fue detenida y trasladada de inmediato al penal femenil de Santa Martha Acatitla.
Adentro de la oficina de la presidencia del tribunal, en presencia del reportero de Proceso, los abogados Canales y García Méndez le reclamaron a Elías Azar.
–Licenciado, ¿cómo considera esta detención, a las puertas del Tribunal? –le preguntó el reportero al presidente del Poder Judicial capitalino.
–Mire: mejor no declaro nada porque estoy muy encabronado –y salió de su oficina.
Al día siguiente, el 26 de abril, Édgar Elías anunció ante los medios que había encargado al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal que realizara “una visita especial al juzgado para que haga una revisión minuciosa y me puedan dar detalle del expediente”.
La inspección dio resultados en menos de 24 horas. El 27 de abril, Elías Azar aclaró que “no se observó absolutamente nada” irregular y que “la actuación de la juez ha sido dentro de los parámetros normales”.
De acuerdo con la normatividad, el Consejo de la Judicatura no era la instancia adecuada para revisar fallas procesales, ya que sólo puede revisar faltas administrativas.
Desistimiento
Desde las primeras horas del mediodía del 25 de abril, en las instalaciones del penal femenil de Santa Martha Acatitla, el representante jurídico de Televisa, Alejandro Bustos Olivares, realizó negociaciones informales con los abogados de Cusi y dejó en claro que la viuda de Azcárraga Milmo podía quedar en libertad si se desistía del reclamo del pago de 4% del valor total de la empresa.
Para ese momento Ernesto Canales había considerado que la actuación de la procuraduría en la detención de Cusi era “una vergüenza”. Desde su reclusión, Cusi hizo una llamada a sus familiares y consideró su aprehensión como un “secuestro”.
El 27 de abril, la defensa de Cusi se desistió ante la juez Nelly Ivonne Cortés Silva de solicitar la duplicidad del término de 72 horas para presentar pruebas y testigos a favor de la detenida. Ninguno de los testigos de descargo acudió a la diligencia.
Estaban citados Ignacio Armida Graham, exapoderado legal de Cusi, quien supuestamente recibió el informe fiscal de los auditores Chávez, Ruiz y Zamarripa, así como Ricardo Aguirre Marín, apoderado de Grupo Acal, S. A. de C. V., filial de Televisa que emprendió la acusación penal.
El día 28, al cumplirse el plazo constitucional de 72 horas, la juez 69 resolvió liberar a Cusi al considerar que no había elementos suficientes para procesarla. César García Méndez y Alonso Aguilar Zinser confirmaron que la liberación de Cusi fue resultado de una negociación. Ella se desistió de la denuncia 27/2007.
Poco después, el procurador Mancera anunció que la dependencia a su cargo no apelará la decisión de la juez y expresó su acuerdo en la liberación de la viuda de Azcárraga Milmo.
Pasadas las cinco de la tarde, con el rostro cubierto por una chamarra negra, Cusi abandonó las instalaciones de Santa Martha Acatitla en un Tsuru color rojo. No hizo declaraciones a la prensa. No se dejó fotografiar.
El episodio judicial entre Azcárraga Jean y su madrastra parece concluir con un arreglo después de 72 horas de presión moral y física en contra de la demandante.
Un largo y tortuoso litigio
Jenaro Villamil
El 18 de enero de 1996, Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, firmó ante el notario Juan Manuel García de Quevedo y Cortina su testamento. Dividió en seis partes iguales su fortuna (16.66% cada una), consistente en las acciones de Grupo Televicentro, Grupo Triple C y Grupo Televisa que él poseía.
El reparto se realizó entre seis personas: Paula Cusi, su esposa desde 1970; sus tres hijas Alejandra Patricia, Ariana Cristiana y Carla Laura; su único hijo varón, Emilio Azcárraga Jean, y su última pareja sentimental, Adriana Abascal.
El 3 de marzo de 1997, un mes antes de fallecer, El Tigre operó la parte más complicada de su herencia: traspasó el mando de Televisa a su hijo, Emilio, a quien nombró director general, y a Guillermo Cañedo White como presidente del consejo de administración.
La dualidad de mandos ocasionó que los primeros meses de conducción del imperio televisivo fueran muy complicados; sin embargo, a comienzos de 1998 Azcárraga Jean ya tenía los hilos del control de Televisa: reportó ante la autoridad bursátil estadunidense que había pasado de tener 10% a 50.3% del consorcio.
Apoyado por el gobierno de Ernesto Zedillo y con créditos otorgados por Banco Inbursa y otras instituciones financieras, el heredero de El Tigre adquirió las acciones de sus primos los Diez Barroso, y se vendieron las partes correspondientes de la familia Alemán, de los Cañedo White, de Alejandro Burillo Azcárraga e, incluso, el 10% de Paula Cusi.
Sin embargo, el reparto del legado de El Tigre dejó inconformes a las dos herederas que no formaban parte de la dinastía Azcárraga: a la exreina de belleza Adriana Abascal, y a la última esposa legal, Paula Cusi.
La primera se desistió pronto de la demanda por presunto despojo que interpuso ante el Juzgado 33 de lo Civil Familiar. Abascal argumentó un presunto fraude, que consistió en la manipulación de la compra-venta de los Certificados de Participación Ordinaria (CPO), y que se modificaron en su perjuicio 108 millones 267 mil CPO, con valor de 90 millones de dólares. Televisa presionó y logró un acuerdo con Abascal, quien se desistió de su querella, se fue del país y se casó con el principal accionista de la empresa española Telefónica.
Cusi esperó 10 años para llegar a los tribunales. En términos muy similares a los de Abascal, la exconductora de televisión presentó una demanda por presunto despojo de la sexta parte que le correspondía de las acciones legadas por Azcárraga Milmo. Todavía más: incorporó otros elementos que obligaban a abrir las cuentas de los activos y pasivos de Televisa, así como el famoso crédito de 40 millones de dólares que le otorgó Banco Inbursa, de Carlos Slim, al Tigre, y que luego se convirtieron en 60 millones de dólares de pasivos.
El argumento central de la demanda civil de Cusi fue que los albaceas de la sucesión de Azcárraga Milmo –Rubén Fuentes Colín y Julio Barba Hurtado– permitieron la compra-venta de acciones del legado de El Tigre antes de que concluyera el reparto de la herencia, que se hiciera el inventario de bienes y se conocieran las dimensiones de la situación financiera y fiscal del emporio televisivo.
Alegó que de manera conjunta con los albaceas, otros accionistas, instituciones financieras y autoridades bursátiles, Azcárraga Jean incrementó de manera arbitraria los pasivos de la sucesión, al pasar de 242 millones a 519 millones de dólares, para incumplir con el reparto del legado y tener el control del conglomerado.
En la demanda acusó a su hijastro de vender “ilícitamente” los activos de Univisión y Panamsat, sin la autorización del consejo de administración o de la asamblea de accionistas, y de haber reestructurado a su favor la Deuda Alameda –como se conocía al débito con sus primos, los Diez Barroso– sin contar con la autorización de los otros legatarios.
En otras palabras, el litigio no sólo arrojaba luces sobre el proceso de sucesión testamentaria, sino de la operación política y de Estado para lograr que durante la administración de Zedillo el control de Televisa quedara en manos de Azcárraga Jean.
Cúmulo de irregularidades
Este semanario pudo conocer detalles del juicio desde su comienzo, al acceder a las 160 fojas originales de la querella. Los representantes de Televisa se negaron a dar su versión, con el argumento de que no era “un asunto institucional”, sino un litigio privado (Proceso 1605).
En enero de 2011, en los últimos avances de este juicio se advertían diversas irregularidades. Estos son algunos de los puntos espinosos ventilados durante el proceso:
–Se incorporó a la deuda de la sucesión un crédito por 20 millones de dólares que Azcárraga Jean obtuvo de Banco Inbursa, sumándose al crédito anterior por 40 millones de dólares que contrajo su padre. Los abogados de Televisa argumentaron que ese débito era válido porque se trasladó a un fondo off shore, conocido como Romeo S.A., radicado en la República de Liberia (Proceso 1785).
–La sucesión no realizó “un inventario detallado, integral y formal de los bienes” de Azcárraga Milmo, incluyendo el registro de CPO. Se elevaron los pasivos para dar la impresión de que se trataba de una sucesión “quebrada” y se omitió registrar y reconocer activos importantes.
–En sus declaraciones ante la juez encargada del caso, los albaceas mancomunados de la sucesión, Julio Barba Hurtado y Rubén Fuentes Colín, tuvieron varias contradicciones en sus respuestas. Por ejemplo, mientras el primero negó tener conocimiento de que la deuda con Inbursa era superior a 40 millones de dólares, Fuentes Colín admitió que sí lo sabía porque el crédito se dividió en dos pagarés. “Un día antes de la muerte de Azcárraga Milmo, nosotros teníamos un poder amplísimo que nos facultaba para hacer lo que hicimos”, declaró Fuentes Colín.
–El despacho de contadores Chávez Ruiz Zamarripa y Compañía S.C., entregó a los albaceas un informe sobre los pasivos y activos iniciales de la sucesión. Barba Hurtado aceptó que sí firmó el reporte, pero Fuentes Colín lo negó. Barba Hurtado aseguró que envió toda la información a Ignacio Armida pero que Cusi se negó a firmar.
Ese informe originó la demanda y posterior aprehensión contra Paula Cusi, acusada de falsedad de declaraciones. En contraste, las más de 40 contradicciones en que incurrieron los albaceas no prosperaron como demanda penal. La querella fue interpuesta seis meses antes por los abogados de la viuda de El Tigre. l
Cómo le quebraron las alas a Mexicana
Rosalía Vergara
Pese a la intervención del gobierno federal, en el conflicto de Mexicana de Aviación lo único que vuela es el tiempo sin que los sobrecargos, pilotos ni trabajadores de tierra vean recompensadas las concesiones que han hecho para salvar a la aerolínea. No obstante, en el contexto de una demanda penal contra el expropietario de Mexicana, Gastón Azcárraga, van aclarándose las maniobras desde la administración para abatir costos y llevarse de corbata a los sindicatos y a 30% de las lucrativas rutas a Estados Unidos...
El 9 de noviembre de 2010, la dirigente de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), Lizette Clavel Sánchez, interpuso una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) contra el empresario Gastón Azcárraga Andrade, quien fuera dueño de Mexicana de Aviación, por causarle un perjuicio a los trabajadores de la aerolínea al transferir sus activos de la Compañía Mexicana de Aviación al Nuevo Grupo Aeronáutico.
Se trata de la única denuncia formal que se ha interpuesto hasta ahora contra Azcárraga Andrade y el exdirector de Mexicana, Manuel Borja Chico, quien durante su gestión firmaba documentos oficiales de las dos compañías mientras las estaban desmantelando.
La denuncia de Clavel (PGR/DDF/SPE-XXXI/4909/10-11, de la que Proceso tiene copia) señala que los directivos de la compañía aérea afectaron el contrato colectivo de trabajo de los sobrecargos con el argumento de que la empresa tenía una carga financiera imposible de aliviar si no cambiaban sus condiciones laborales.
Pero fue al contrario: sus acciones dejaron a los sobrecargos sin su fuente de trabajo “de manera intempestiva” porque no los liquidaron conforme a su contrato colectivo ni de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).
“No omitimos –dice el documento–que se tiene noticia de diversos actos que han cometido funcionarios de la persona moral denominada Compañía Mexicana de Aviación con el fin de evitar contar con activos para hacer frente a los compromisos laborales y crediticios, resaltando asimismo que se ha tenido conocimiento que la compañía ha utilizado estrategias fiscales para evadir el pago de impuestos.”
Además, sin mencionar nombres, señala que socios y funcionarios de la empresa se han beneficiado con prestaciones “supuestamente laborales”, perjudicando la solvencia de la empresa y sus acreedores, incluyendo al gobierno federal, que mediante Bancomext hizo un préstamo a Mexicana por 992 millones de pesos.
ASSA pide que se realicen las diligencias necesarias para esclarecer qué sucedió con Mexicana de Aviación desde 2005, cuando era administrada por Cintra, al igual que Aeroméxico, y se puso a la venta –según se dijo entonces– para evitar prácticas monopólicas.
Tres meses después de interponer la demanda, Clavel presentó un recurso de inconformidad porque la PGR decidió no ejercer acción penal contra Azcárraga Andrade ni Borja Chico, aunque ellos tienen a Mexicana de Aviación paralizada en un concurso mercantil, sin activos ni recursos, todo ello a costa de los pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra.
En entrevista con Proceso, Clavel dice que nunca pudo hablar con Azcárraga Andrade después de la asamblea en la que dio a conocer la pésima situación financiera de la aerolínea.
En esa ocasión, recuerda la dirigente de ASSA, el empresario les dijo que la empresa sólo estaba operando para pagarles a los trabajadores y que así no podía seguir funcionando, por lo que propuso venderles las acciones a un peso y prestarles la marca Mexicana de Aviación. En pocas palabras, dice Clavel, se quiso quedar con el nombre de la empresa pese a que para entonces ya no pertenecía a Mexicana de Aviación, sino al Nuevo Grupo Aeronáutico.
Después se desató la embestida mediática contra los trabajadores, a quienes se acusó de recibir salarios de hasta 300 mil pesos mensuales. No existe un solo trabajador que perciba esa cantidad, enfatiza la dirigente.
Clavel aclara que en aquel momento no tenía ningún contacto con Azcárraga Andrade porque desde 2008, cuando ASSA enfrentó un conflicto de naturaleza económica, se perdió el trato directo entre la empresa y el sindicato, que desde entonces se enlazaban sólo a través de comunicados.
En ese contexto, Azcárraga Andrade siguió exigiendo que los trabajadores de Mexicana cedieran sus prestaciones laborales para “salvar” a la empresa, a lo que accedieron la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA) y el SNTTTAS, integrado por los trabajadores de tierra.
El fólder arrojado
Debido a estos antecedentes y a que se trata de una concesión del Estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la de Comunicaciones y Transportes (SCT) intervinieron a fin de evitar la desaparición de la aerolínea.
Para ello se realizaron diversas reuniones entre los titulares de ambas dependencias, Javier Lozano Alarcón y Juan Molinar Horcasitas, respectivamente con el entonces dueño Azcárraga Andrade. A decir de Clavel, el empresario les dijo a los funcionarios que la operación de Mexicana sólo alcanzaba para pagarles a sus trabajadores y que, para el caso, éstos “se pueden quedar con ella”.
Dice que Lozano Alarcón le reclamó al empresario su pretensión de dejarles a los trabajadores las deudas que su administración adquirió con Banorte y Bencomext, igual que con otros acreedores. Azcárraga Andrade siguió escudándose en la falta de recursos, aunque apenas en 2009, y no obstante el conflicto económico con ASSA, había adquirido la aerolínea de bajo costo Link.
De todas formas, dice Clavel, los funcionarios le pidieron cuentas claras a Azcárraga Andrade, quien pretendía recuperar la solvencia de sus líneas Click y Link deshaciéndose de Mexicana y de sus sindicatos, porque fuera de ASSA y ASPA el resto de la industria aeronáutica utiliza los contratos de protección que les facilitan sindicatos charros.
“Cuando nosotros analizamos su propuesta de modificar las condiciones laborales –continúa Clavel–, los sobrecargos nos damos cuenta de que íbamos a caer en una trampa: ¿de qué sirve cambiar el contrato colectivo cuando la marca y los activos de la empresa ya estaban en otra razón social?”
En una de las reuniones en la SCT, Azcárraga Andrade les recriminó a las autoridades que no lo hubieran ayudado a operar Mexicana pese a que él la compró en 2005 para hacerle un favor al gobierno federal. También les dijo que estaba cansado de perder dinero en una aerolínea que debía sanear el Estado.
Esa declaración molestó a Lozano Alarcón, quien le dijo que no podía dejar tirada una concesión de servicio público y que, si no obstante lo hacía, ya no le darían otras concesiones. En respuesta, Azcárraga Andrade se salió del negocio y les arrojó a los funcionarios un fólder con las acciones de la empresa.
“Esto nos deja a los trabajadores francamente lastimados, porque nosotros construimos Mexicana de Aviación desde hace 90 años y ya estábamos operando la aerolínea cuando llegó Azcárraga”, señala Clavel.
Lamentablemente, el empresario abandonó la nave cuando ya su mala gestión le había quitado competitividad al quitarle 30% del pasaje a Estados Unidos y ya no hay posibilidades de que otra aerolínea cubra esas rutas, así que ahora “es una tercera parte de la aviación mexicana la que no está funcionando con el conflicto”, lamenta.
Daño “intencional”
Otra denuncia fue interpuesta el pasado 12 de abril por “trabajadores de Compañía Mexicana de Aviación, Mexicana Inter y Aerocaribe” en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) contra representantes de la empresa PC Capital, Partners, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión.
A decir de los demandantes, los señalados engañaron a sobrecargos, pilotos y trabajadores de tierra, así como al administrador de Mexicana de Aviación, con un plan de reestructuración para echar a andar la aerolínea que después de cuatro meses abandonaron porque no tenían dinero para costearlo.
Entre los socios de PC Capital denunciados figuran Pablo Coballasi Durand, Pablo José Cervantes Belausteguigoitia, Arturo Barahona Oyervides y Bernardo Castillo; no así el exdueño de Mexicana de Aviación, el empresario Gastón Azcárraga Andrade, quien planeó llevarla a la quiebra a costa de sobrecargos, pilotos y trabajadores de tierra (Proceso 1762).
Aunque no lo acusan directamente, los denunciantes infieren que detrás de la operación engañosa para rescatar a la aerolínea está el propio Azcárraga Andrade, presidente del Grupo Posadas.
Constituido el 18 de abril de 1967, este corporativo comenzó su crecimiento empresarial dos años después, cuando formó una alianza con Americana Hotels a fin de operar el Hotel Presidente y el Hotel Condesa del Mar en Acapulco. Luego, en 1970, Americana Hotels abrió el Hotel Fiesta Palace (actualmente Fiesta Americana Reforma) y en 1981 cambió su nombre a Hoteles Fiesta Americana.
En 1982, Hoteles Fiesta Americana se fusionaron con Posadas de México para crear el Grupo Posadas, con 12 hoteles en operación. En 1992, Grupo Posadas fue listado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y un año después lanzó la marca Fiesta Inn para viajeros de negocios.
En 1998, comenzó su expansión a Sudamérica mediante la adquisición de la cadena Caesar Park y en 1998 abrió su primer hotel Caesar Business. Al año siguiente incursionó en el “turismo de aventura y club vacacional” con las marcas The Explorean y Fiesta Americana Vacation Club. En 2005 lanzó la marca One Hotels, primera cadena de categoría “economy class” en México. De acuerdo con información de la BMV, actualmente el Grupo Posadas es la cadena más grande del país, con 104 hoteles. Azcárraga Andrade es el accionista mayoritario.
De acuerdo con la denuncia de trabajadores de Mexicana, Link y Click agrupados en la Coalición de Trabajadores de Mexicana de Aviación –cuya copia tiene Proceso– PC Capital retrasó intencionalmente el rescate de la aerolínea, pues ninguno de los inversionistas denunciados entregó el dinero para echarla a volar y en cuatro meses cancelaron siete veces el reinicio de sus operaciones.
En el punto 13 de la exposición de motivos, señalan que el accionista “B” de PC Capital, Pablo José Cervantes Belausteguigoitia, “es miembro del consejo de administración del Grupo Posadas, encabezado por el exdueño de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga Andrade, quien traspasó sus activos de NGA en un intento de quebrar a la empresa.
“Cervantes Belausteguigoitia fue director de Grupo Kuo, dirigido por Juan Marcos Gutiérrez Wanless desde 2007, y cuyo presidente del consejo de administración es Fernando Senderos Mestre, mientras que Alberto Bailleres González es el presidente ejecutivo. Bailleres y Azcárraga fueron consejeros independientes del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria” (BBVA), en cuyo consejo de administración, por cierto, figura también Azcárraga Andrade.
En documentos presentados ante el juez de Distrito en Materia Civil en turno en la Ciudad de México como parte del concurso mercantil de la aerolínea en agosto de 2010, tanto en México como en Estados Unidos, el apoderado legal y secretario del consejo de administración de Mexicana de Aviación, Francisco Javier Christlieb Morales, menciona las deudas adquiridas por la aerolínea que no han sido saneadas:
La salida de Mexicana provocó a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) la pérdida de 5 mil millones de pesos; los trabajadores de la aerolínea dejaron de percibir 49 millones 687 mil 28 pesos por la suspensión de labores.
Además, la demanda de la coalición sindical indica que Mexicana recibía ingresos por ventas de mil 800 millones de pesos mensuales, “por lo que durante el tiempo en el cual PC Capital mantuvo el engaño de aportar el capital necesario para el relanzamiento de la empresa, Mexicana, reducida al nivel que proponía el plan de negocios (32% de su operación original) dejó de percibir mil 728 millones de pesos”. l
ASPA: aún hay opciones
Rosalía Vergara
El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), Fernando Perfecto, envió una carta al secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Pérez Jácome Friscione, en la cual le solicita que haya “voluntad política” para encontrarle solución a los problemas de Mexicana.
En la misiva, fechada el 28 de abril y de la que envió copias a Felipe Calderón, al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, así como al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y legisladores, Perfecto solicita un encuentro con Pérez Jácome para analizar las propuestas de inversionistas interesados en el rescate de la aerolínea, que dejó de operar el 2 de agosto del año pasado, hace ya nueve meses.
El líder sindical exige la intervención inmediata del titular de la SCT para solucionar el proceso de concurso mercantil al que sigue sometida la aerolínea, luego de que su expropietario, Gastón Azcárraga, transfiriera los activos de la Compañía Mexicana de Aviación a la razón social Nuevo Grupo Aeronáutico, según él como una forma de sanear a la empresa –para entonces endeudada y casi en quiebra–, a costa de los pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra.
Perfecto señala que ASPA ha buscado la reestructuración de la empresa incluso cediendo las prestaciones establecidas en su contrato colectivo, el dinero para las jubilaciones y la merma de sus derechos laborales, a cambio del 5% de las acciones de Mexicana de Aviación, que a la fecha sólo tienen valor simbólico.
“Los trabajadores, no hace falta reiterarlo, pero es indispensable que usted lo sepa y valore, hemos aceptado condiciones de contratación un tanto precarias pero necesarias y dentro de los márgenes de seguridad distintivos de ASPA, para que la aerolínea pueda volver a operar a la brevedad, entendiendo que es la única manera de lograr que nuestra empresa se fortalezca”, justifica el representante de ASPA.
Asimismo, le recrimina al secretario que el gobierno federal “y especialmente de la dependencia a su cargo”, la STC, no ha estado dispuesto a lograr acuerdos para que vuelva a operar la aerolínea más antigua del país, que ha desarrollado el 30% del mercado nacional e internacional de la aeronáutica mexicana.
A finales de marzo, en una comparecencia ante senadores, Pérez Jácome reconoció que Mexicana podría cerrar de manera definitiva y su concesión será revocada si no hay inversionistas que la rescaten.
“Sabemos de las muchas deudas con las que la antigua administración de Mexicana dejó la empresa, pero lejos de ser esto un impedimento, confirma que la única opción para Mexicana y para el país es su reestructura, ya que es la única manera de generar ingresos y resarcir los daños a los proveedores privados, a los trabajadores, al gobierno federal y al propio país”, apunta Perfecto en su carta.
Agrega que los pilotos más capacitados se han empleado en el extranjero y, pese a su experiencia, en aerolíneas de bajo costo. Pero el problema dista de ser interno: los usuarios resienten un incremento de un promedio de 40% en las tarifas, y las rutas hacia Estados Unidos que dejó de operar Mexicana fueron cubiertas por compañías estadunidenses.
El líder insiste en pedir que se aporte “voluntad política” porque “a últimas fechas no hemos encontrado la sensibilidad requerida para gestionar la situación más delicada por la que ha atravesado Mexicana en sus 89 años de vida. Como muestra de esta afirmación, basta señalar el estrepitoso fracaso de PC Capital en su intento por adquirir las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico”.
Recuerda que este grupo de inversionistas contó con el apoyo del gobierno federal y al final su proyecto abortó, por lo que sigue paralizada una empresa con 8 mil empleos directos y que generaba 30 mil indirectos.
A la fecha, los inversionistas Avanza Capital, Iván Barona y TG Group continúan interesados en participar en la reestructuración de la aerolínea. l
Las trampas de Coca-Cola
Carlos Acosta Córdova
Un exejecutivo de la Coca-Cola en México interpuso una demanda contra la multinacional y dio pormenores de cómo, mediante los esquemas de subcontratación (outsourcing) con empresas que ella misma fundó, evade impuestos y no paga contribuciones al IMSS ni al Infonavit. El asunto está en manos de la PGJDF y de la Secretaría de Hacienda, que podrían fincarle a la refresquera cargos por diversos tipos de fraude. Pero esa no es la única que utiliza el outsourcing para incumplir sus obligaciones... el SAT ya las investiga a todas.
Es tan grande el desfalco al fisco –más de 30 mil millones de pesos cada año– y de tal magnitud la sangría al IMSS que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda emprendió un cruzada contra las empresas que utilizan los esquemas de subcontratación (outsourcing) para evadir el pago de impuestos y achicar o no pagar las cuotas obrero-patronales al Seguro Social.
Para el fisco y el IMSS las pérdidas por esas prácticas son, en conjunto, superiores a lo que se recauda por el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), casi la décima parte de lo que se obtiene por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) o el costo de quitarle dos puntos porcentuales a la tasa actual, 16%, del IVA.
Desde 2008 –cuando entró en vigor el IETU (medida de control para las compañías que no pagaban ISR o lo hacían en montos ínfimos) y disparó el uso del outsourcing–, Hacienda emprendió una campaña de miles de actos de fiscalización contra todo tipo de empresas: equipos de futbol, hoteles, restaurantes, agencias de publicidad, distribuidoras de automóviles, servicios de limpieza y otras.
El SAT anunció que se lanzará con todo contra los llamados “grandes contribuyentes”, aquellos que tienen más de 100 empleados.
De hecho, recientemente el titular del SAT, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, dijo que la institución tiene “bajo una profunda revisión de auditoría” a 50 grandes contribuyentes que han abusado de los esquemas de outsourcing para burlar al fisco, al IMSS y hasta al Infonavit, pero también para minimizar los salarios y las prestaciones de sus trabajadores.
Sin duda uno de las casos más relevantes es el de la refresquera Coca-Cola, que ya tiene demandas laborales y penales; la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) se allega datos del SAT para formular la querella correspondiente contra la trasnacional y su sucursal en México por el probable delito de defraudación fiscal.
Al menos así consta en el oficio 529-V-DGDF-1039/2010 que el 8 de noviembre pasado la Dirección General de Delitos Fiscales de la PFF remitió a la Administración Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal del SAT, con copia a la Dirección de Defraudación Fiscal de la misma PFF.
En el texto, Víctor Manuel Martínez Contreras, director general de Delitos Fiscales, refiere a Rafael Jaime Cantú Reyes, administrador central de Planeación del SAT, que una vez que la dirección a su cargo analizó jurídicamente la demanda formulada por el ciudadano mexicano Ángel Alvarado Agüero –exejecutivo de Coca-Cola– podrían desprenderse “hechos posiblemente constitutivos de delito cometidos en agravio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por The Coca-Cola Export Corporation, por SIAAGSA y por The Coca-Cola Export Corporation Sucursal México”.
Martínez Contreras solicita a Cantú información en ese sentido para que la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones –de la cual depende la Dirección General de Delitos Fiscales– pueda formular “la querella que en derecho proceda”.
“Es necesario que la unidad administrativa competente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) realice previamente el estudio y análisis técnico contable, así como que ejerza sus facultades de comprobación, con el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relativas a las actividades realizadas” por las empresas antes mencionadas “y quien o quienes resulten responsables”.
El funcionario le pide al SAT que aplique las acciones pertinentes para revisar a fondo el cumplimiento de las obligaciones fiscales de aquéllas en los últimos años a fin de allegarse “los elementos necesarios para que la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones pueda ejercer las facultades que tiene conferidas”.
Esto significa que el SAT y los órganos competentes de la PFF, por atribuciones que les confieren el Reglamento Interior de la SHCP y el Código Fiscal de la Federación, están metidos revisando papeles, interrogando a funcionarios, verificando la operación de los sistemas y registros electrónicos… poniéndole la lupa a Coca-Cola en todo lo que tenga que ver con el pago de impuestos y cuotas al IMSS.
Coca-Cola, el paradigma
Los esquemas de subcontratación de personal –aun antes de que se conocieran con el anglicismo de outsourcing– existen en México por lo menos desde los setenta. Instituciones bancarias y de servicios fueron las primeras en usarlos: para reducir el costo de su nómina contrataban trabajadores de empresas externas para tareas específicas necesarias que no eran parte esencial de la creación del producto o la prestación del servicio básico.
Así empezaron a contratar por fuera a trabajadores de limpieza, de mantenimiento o de seguridad, entre otros. Con el paso del tiempo, y por la apertura comercial que obligaba a las empresas a ser más eficientes, reducir costos y defender su rentabilidad, los esquemas de subcontratación se ampliaron a otros rubros.
Entre ellos: soporte técnico informático a los usuarios, gestión de llamadas telefónicas (call centers), relaciones públicas con el cliente, almacenamiento y procesamiento de datos; mantenimiento de equipos de cómputo y hasta procesamiento de nóminas.
Pero en la era de la globalización, que supone una competencia feroz, el esquema empezó a pervertirse y el término outsourcing perdió su sentido original.
Una de las nuevas modalidades es que las compañías crean sus propias outsourcings y les trasladan prácticamente toda su plantilla laboral y casi toda la actividad productiva, con lo que se desentienden de salarios y prestaciones, y reducen sus obligaciones con el fisco, el IMSS y el Infonavit, pues en teoría las matrices no tienen empleados o tienen muy pocos.
El ejemplo de Coca-Cola es ilustrativo. Su modelo no es nuevo pero ha servido de ejemplo a cientos de empresas mexicanas que en los últimos años hallaron en la subcontratación la gran puerta para evadir el pago de impuestos y de contribuciones a las instituciones de seguridad social.
En 2007, Ángel Alvarado Agüero –exdirector de Desarrollo de Mercado de Coca-Cola en México y otros países y despedido presuntamente sin justificación– interpuso una denuncia por fraude ante la PGR, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el IMSS e instancias judiciales y laborales del Distrito Federal. La historia es la siguiente:
En 1986, The Coca-Cola Export Corporation –filial de The Coca-Cola Company, la mayor refresquera del mundo– y su sucursal en México, del mismo nombre, crearon aquí Servicios Integrados de Administración y Alta Gerencia (SIAAGSA) con el fin de que ésta contrate personal, cubra salarios, expida recibos de nómina y se haga cargo de las prestaciones de los empleados de aquélla.
Así The Coca-Cola Export Corporation sucursal México –fabricante de los concentrados para la elaboración de los refrescos y que luego vende a los embotelladores– técnicamente no tiene empleados y en consecuencia no reparte utilidades y no paga impuestos (o lo hace al mínimo) ni cuotas al IMSS.
El hecho es grave pues los 85 mil trabajadores que dice tener la refresquera en el país –presume de ser el quinto empleador más grande del país– están separados jurídicamente de The Coca-Cola Export Corporation sucursal México, que es la que genera la verdadera riqueza, fundamentalmente por la venta de concentrados.
Al estar legalmente fuera de esta empresa, los empleados no ven un quinto de las utilidades reales de la compañía, sino sólo de las que genera SIAAGSA, que para efectos fiscales y laborales es ajena a Coca-Cola México, su único cliente, pero que es dirigida por los mismos ejecutivos de la refresquera.
Hacienda, el IMSS y los trabajadores ven muy poco dinero del que realmente les correspondería por los alrededor de 700 millones de dólares de utilidades que obtiene cada año Coca-Cola en México.
Si bien el esquema ha funcionado bien durante 25 años con la complacencia de las autoridades, desde hace tres años el modelo es seguido por otras compañías pero en número creciente: de menos de 3 mil empresas de outsourcing en 2006 ahora hay cerca de 20 mil, según el doctor Arturo Urbina Nandayapa, abogado fiscalista especialista en el tema, exfuncionario de Hacienda y asesor del SAT.
Por el abuso del outsourcing, dice Urbina, ha habido casos trágicos, como el de los 65 mineros de Pasta de Conchos que murieron sepultados y de los que se supo que más de la mitad no estaban contratados por Grupo México –la minera de Germán Larrea Mota Velasco– propietaria de la mina que explotó, sino por una compañía externa: General de Hulla.
Otros casos, dice, son los de las tiendas departamentales y de autoservicio que “no tienen empleados” o los contratan con salario mínimo; el resto de su remuneración, si la hay, va por cuenta de la outsourcing que les provee personal, que en la mayoría de los casos no los da de alta ante el IMSS.
O casos escandalosos como el de los clubes de futbol, cuyos jugadores –dice Urbina Nandayapa– no son empleados de la razón social del club pero reciben jugosos salarios que son cargados a cuenta de conceptos diversos, especialmente de aquellos que no son gravados por ley.
Dice Urbina –autor, entre una cincuentena de libros, de Los delitos fiscales en México y El outsourcing, kamikaze fiscal– que hay casos de jugadores de futbol que reciben hasta 4 millones de pesos al mes; en su comprobante de nómina aparece una cantidad irrisoria, pero en otro recibo aparece una abultada cifra bajo el concepto de “servicio de alimentos”.
Ha habido toda una “orgía” con el outsourcing, afirma el entrevistado. En cuatro años se ha septuplicado el número de empresas dedicadas a la subcontratación y cerca de 4 millones de mexicanos se han sumado al enorme ejército de trabajadores sin derechos, con salarios y prestaciones precarios.
El INEGI le da la razón a Urbina Nandayapa: una de las novedades de los censos económicos de 2009, divulgados el año pasado, fue que el número de personas ocupadas, pero que no dependen de la razón social que las emplea, se duplicó en cinco años.
En esa circunstancia estaban, según los resultados de los censos económicos de 2009, unas 2.8 millones de personas, casi 14% de un universo de 20 millones de ocupados. Uno de cada siete trabajadores depende de una empresa ajena a aquella en la que presta sus servicios.
Según Urbina, esas compañías pueden darse de alta con una gran variedad de figuras jurídicas: una Sociedad Anónima, como la refresquera; sociedad cooperativa, bajo el supuesto de que éstas no pagan impuestos, o como “sociedad civil particular” o “asociación colectiva”.
Hay más de 40 modalidades, según el abogado, pero en todas subyace el mismo principio de la simulación con el fin expreso de no pagar o reducir al mínimo el pago de impuestos, utilidades, cuotas al IMSS, aportaciones al Infonavit y todo tipo de prestaciones.
The Coca-Cola Company
El pasado 27 de abril tuvo lugar en Atlanta, Georgia, la asamblea anual de accionistas de The Coca-Cola Company. Muhtar Kent, presidente del Consejo de Administración y director ejecutivo de la trasnacional –opera en 200 países con más de 500 marcas– volvió a mentirle a los accionistas, como el año pasado, al insistir en que Coca-Cola está libre de demandas, acusaciones y procesos legales en diversos países o que los existentes carecen de bases.
Ray Rogers, accionista minoritario de la multinacional y fundador del sitio web killercoke.org –que denuncia los atropellos y “crímenes” de la refresquera en todo el mundo– llevó a la asamblea el caso de Alvarado Agüero, quien trabajó para SIAAGSA, para The Coca-Cola Export Corporation y su sucursal en México y para la propia The Coca-Cola Company, y quien fue despedido injustificadamente en 2007.
Al micrófono, ante un auditorio repleto de accionistas, Rogers cuestionó por qué el caso de Alvarado Agüero, que ha escalado hasta las más altas instancias judiciales y tributarias –PGR, SAT, PFF– no aparece en los reportes oficiales de la empresa de 2010 ni en el del primer trimestre de 2011, dado a conocer un día antes de la asamblea.
Y preguntó por qué no se ha informado a los accionistas sobre el caso y las investigaciones del gobierno mexicano, sobre todo porque de resultar ciertas las imputaciones de fraude contra Coca-Cola, perdería una cifra “billonaria”, dijo Rogers.
Muhtar Kent, fuera de sus casillas, repitió que no hay ningún caso fundado contra Coca-Cola en el mundo. Y menos en México, dijo, con cuyo gobierno “tenemos una excelente relación”.
Alegó que la compañía es uno de los más grandes inversionistas en México, que hace un gran trabajo comunitario y que incluso ha recibido una invitación del gobierno federal para que el Consejo de The Coca-Cola Company tenga una reunión en el país. “Todas las acusaciones son falsas y sin fundamento. Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo en México”, dijo.
Pese a lo dicho por el directivo, Felipe Gómez Mont, abogado de Ángel Alvarado en México, asegura a Proceso que el caso sigue abierto en múltiples instancias judiciales en México porque el esquema de outsourcing de Coca-Cola tiene implicaciones fraudulentas de tipo laboral, fiscal, penal y administrativo, entre otras.
El expediente laboral 390/2007 está en proceso ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la averiguación previa FDF/T/T2/1078/08-12 abierta por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal está integrándose y además, asegura: “Varios implicados de alto nivel de Coca-Cola, entre ellos James Quincey (presidente de Coca-Cola México cuando Alvarado demandó a la empresa), deberán presentarse a declarar en México porque así lo han ordenado perentoriamente autoridades judiciales mexicanas”.
Además el SAT revisa las entrañas de SIAAGSA y de la Coca-Cola en México, y la PFF acumula elementos para proceder en su contra. Los delitos probables: fraude fiscal calificado, fraude fiscal en evasión de impuestos por simulación de actos y de contratos y fraude por omisión en el pago de cuotas obrero-patronales al IMSS.
El protegido del nuevo beato
Salvador Corro y Rodrigo Vera
El vergonzante caso que incendió a la Iglesia católica, el de los abusos sexuales cometidos contra niños por el sacerdote Marcial Maciel cobra fuerza de nueva cuenta… Tres mexicanos –entre ellos una víctima del pedófilo– recibieron un paquete de documentos, hasta ahora conservados en secreto en el Vaticano, que demuestran que desde hace casi medio siglo los jerarcas católicos tenían pleno conocimiento de que el fundador de la Legión de Cristo era un violador de niños, corruptor y adicto a las drogas. A esas tres personas les sorprende la rapidez con la que se beatificó a Juan Pablo II, aun cuando el pontífice estaba perfectamente enterado de las conductas delictivas de Maciel.
Documentos conservados en los archivos del Vaticano y hasta ahora mantenidos en secreto demuestran que desde 1956 la jerarquía católica encabezada por el Papa en turno protegió a Marcial Maciel, fundador de la Legión de Cristo, pese a las numerosas denuncias que lo señalaban como pederasta, adicto a las drogas y corruptor de las estructuras eclesiásticas.
Entre los jerarcas que supieron del caso Maciel están Benedicto XVI, actual pontífice, y el recién beatificado Juan Pablo II, quien acogió y protegió al fundador de la Legión en sus últimos años. Para los conocedores del caso –que bastaría para frenar el proceso de canonización– es inconcebible que se beatifique a Wojtyla con tanta rapidez sin que aparentemente se revisara a fondo su trayectoria como pontífice.
Estos documentos –212 legajos– relacionados con los Legionarios de Cristo, resguardados en el Archivo de la Congregación para Institutos y Sociedades de la Vida Consagrada y que abarcan el periodo 1944-2002, fueron entregados al investigador de la UNAM Fernando M. González, al exsacerdote y académico del ITAM Alberto Athié y a José Barba, víctima de Maciel, quienes los incluirán en un libro que se halla en fase de preparación.
Proceso reproduce una carta de Marcial Maciel, fechada el 3 de octubre de 1956 y dirigida al cardenal Valerio Valeri, prefecto de la Sagrada Congregación para los Religiosos. En ella responde a la suspensión que entonces le hizo el Vaticano por acusaciones de pederastia y drogadicción que había contra él y que incluso provenían de altos jerarcas mexicanos de aquella época, como Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, y el cardenal Miguel Darío Miranda, arzobispo primado de México.
En ese documento Maciel menciona que las versiones en su contra “no son otra cosa que una calumniosa acusación”. Y aunque acata la suspensión de dos años para internarse en una clínica, advierte que en esas circunstancias ya no podrá “controlar en adelante la adquisición de fondos y administración de los mismos”, por lo que pueden crearse “posibles desequilibrios económicos”.
A continuación se reproduce textualmente esa carta:
Eminentísimo señor:
Habiendo sido informado de la decisión adoptada por la Sagrada Congregación de Religiosos en relación con mi persona, deseo manifestar con todo respeto y humildad a Vuestra Eminencia Reverendísima, mi absoluta sumisión e incondicional acatamiento a las órdenes recibidas de ir a una clínica, suspendiendo al mismo tiempo el ejercicio del cargo de Superior General del Instituto de Misioneros del Sagrado Corazón.
Creo, sin embargo, un deber elemental de conciencia, hacer presente a esta Sagrada Congregación que mis condiciones de salud son gracias a Dios del todo satisfactorias como se puede comprobar por el certificado médico extendido, después de un minucioso y detallado examen clínico, por el Prof. Dr. Ricardo Galeazzi Lisi, Arquiatra Pontificio, que me permito adjuntar a la presente; y que, por lo mismo, las informaciones recibidas por esa Sagrada Congregación no son otra cosa que una calumniosa acusación.
Creo también mi deber exponer humildemente a esa Sagrada Congregación, que hasta el presente la situación económica del Instituto se ha ido desarrollando con plena normalidad, gracias a la generosa aportación de nuestros insignes bienhechores, para la creación de casas de formación y sostenimientos de las mismas, con cuya ayuda se han podido hacer todas las combinaciones financieras necesarias, sin exponer al Instituto a peligrosas deudas.
La situación económica del Instituto hasta este momento en que he sido suspendido en el ejercicio del cargo de Superior General del mismo, es la siguiente:
PROPIEDADES.
En México
Instituto Cumbres, para enseñanza, cuyo valor asciende a $8.000.000 de pesos mexicanos.
Escuela apostólica, por valor de terreno para la construcción de una nueva escuela apostólica $3.000.000 de pesos mexicanos. Cuyo valor es de $2.400.000 pesos mexicanos.
Propiedades donadas al Instituto en la Villa de Guadalupe, centro de la ciudad de México y en algunas otras colonias, por valor de $3.000.000 de pesos mexicanos.
b-en España
Colegio de Salamanca, todavía en construcción en el cual van invertidos $2.000.000 de pesos mexicanos. Escuela apostólica de Ontaneda: valor $1.500.000 pesos mexicanos.
En Roma
Colegio Legionarios de Cristo: valor $9.500.000 pesos mexicanos.
Terreno adquirido y pagado por la Iglesia Nacional Mexicana, valor $500.000 pesos mexicanos.
Sumando el total de todos los bienes mencionados, resulta que el Instituto posee en propiedades la cifra global aproximada de: $30.000.000 de p.m.
Equivalente a dos millones y medio de dólares.
DEUDAS
El Instituto en el desarrollo de sus casas de formación tiene adquirida una deuda que no supera de ninguna manera los dos millones de pesos mexicanos. La liberación de esta deuda la van haciendo los mismos bienhechores que han ayudado a realizar la construcción de las casas de formación y apostolado.
IGLESIA NACIONAL MEXICANA.
En cuanto a la Iglesia Nacional Mexicana, que el Santo Padre, por mediación del Eminentísimo Cardenal Vicario, nos quiso benignamente encomendar, está en marcha toda una organización de financiamiento, para cubrir los gastos cuyo coste total oscila alrededor de los $250.000 de los cuales se han hecho ya efectivos más de $31.000 para la compra del terreno, y al presente existe un depósito de unos $40.000 que vienen y continuarán aumentando en unos $10.000 mensuales, en el caso de que los nuevos Superiores continúen llevando adelante la organización establecida para obtener estos fondos.
CASAS DE FORMACION.
La economía para el sostenimiento de las casas de formación está establemente organizada, y los gastos se pueden cubrir en casi su totalidad. Cuando se origina algún déficit, intervengo personalmente con nuestros bienhechores, para no adquirir deudas en este capítulo.
Expongo todo cuanto antecede a la Sagrada Congregación con toda humildad y suplico se digne librarme de toda responsabilidad en lo que concierne a posibles desequilibrios económicos que puedan crearse u originarse, desde el momento en que, suspendido en mi cargo y retirado en una clínica, no puedo controlar en adelante la adquisición de fondos y administración de los mismos.
Después de esta exposición, no me queda más que reiterar a Vuestra Eminencia Reverendísima y a todos los Superiores de esa Sagrada Congregación mi más profunda y filial sumisión, y confirmarme de V.E. adictísimo siervo que besa devotamente su Sagrada Púrpura,
Roma, 3 de octubre de 1956.
A su Eminencia Reverendísima
VALERIO VALERI
Card. Prefecto de la S.C. de Religiosos.
CIUDAD DEL VATICANO.
Perfil psicológico
Otro documento de ese paquete de legajos es una carta del religioso belga Gregorio Lemercier –introductor del psicoanálisis en los monasterios benedictinos de México, fundador del Centro Psicoanalítico Emaús y activo participante en el Centro Intercultural de Documentación (Cidoc) creado por Iván Illich en Cuernavaca– fechada el 15 de octubre de 1959 y dirigida a Arcadio Larraona, de la Congregación de Religiosos.
En esta misiva Lemercier le detalla al Vaticano el perfil psicológico de Marcial Maciel con base en el trato directo que tuvo con él y los testimonios de otros sacerdotes cercanos al fundador de la Legión de Cristo.
Lemercier señala en el documento lo que pudo observar en el fundador de la Legión: “Es un homosexual sicológico; que no ha llegado a actos homosexuales, pero toda su sicología, todo su carácter, todo su temperamento es de un homosexual: duplicidad, megalomanía, mentiras, mitomanía, el fin justificando los medios, el usar de las personas como instrumentos y rechazarlas cuando ya no sirven, ostentación de hechos pretarnaturales (sic), poder ‘seductor’, falta absoluta de conciencia”.
Pero en la misma misiva Lemercier recoge el testimonio del padre Federico Domínguez, quien había sido secretario particular de Maciel durante varios años, el cual no deja lugar a dudas: especifica que Marcial tenía predilección por “muchachos bien parecidos”, a los cuales les daba un “trato muy cariñoso” a pesar de que “era muy estricto con los demás”.
Narra además que abusó de un menor de edad perteneciente a la familia De la Isla. El joven se quejó con su padre y “el papá se puso furioso, diciendo que no se burlara nadie de sus hijos, que si el padre Maciel no fuera sacerdote, sacaba su pistola”.
Para entonces ya se sabía con certeza que había cometido actos “sodomíticos” contra “unos 10 miembros de la Congregación”, según puntualizó Lemercier.
Su informe también habla de la drogadicción de Maciel: “tomaba inyecciones en cantidad, hasta 40 en un día; que en Roma tuvieron que quitarle la llave y hasta las llantas del coche para que el P.M. (Padre Maciel) no saliera a comprar inyecciones, que una vez quiso brincar por la ventana en pijama para ir a comprarlas.
“Usa Delantina y Demersol, pero especialmente Delantina, porque el Demersol ya no le satisface. Toma hasta 40 en un día. Una vez, yendo a tomar el avión, se puso dos inyecciones en el curso de una media hora, en el mismo aeropuerto.
“No pudiendo conseguir las inyecciones en México sin receta, encargó a Carlos de la Isla para que buscara esas inyecciones en el estado de Guanajuato. Carlos consiguió cantidades de cajas de cinco ámpulas… una vez que fue a Guadalajara, su propia familia le llevó las inyecciones, ignorando de qué se trataba.”
Entre los 212 documentos que integran el archivo –algunos de los cuales también serán difundidos por los diarios La Jornada y Reforma, así como por Carmen Aristegui en su espacio televisivo de CNN– está una carta que el obispo de Cuernavaca Sergio Méndez Arceo dirigió al Vaticano en agosto de 1956. En ella acusa a Maciel de cometer actos de sodomía con menores de edad y de abusar de las drogas. Otra misiva, ésta de Darío Miranda, enviada a Roma en agosto del mismo año, lo acusa de “drogadicto y mentiroso”.
También hay una acusación de abril de 1962, presentada por el farmacéutico Manuel de Castro Pérez, en la que se detalla el abuso que hacía Maciel de la morfina.
Seis meses después, en octubre de ese año, un padre de familia envió una carta al cardenal José Garibi Rivera, así como al colegio Pío Latinoamericano de Roma, donde externaba su sorpresa porque el Vaticano no intervenía en el caso Maciel a pesar de que varios obispos de Roma ya sabían de la trayectoria delictiva del fundador de los legionarios.
Hay también bastante documentación en la cual se reiteran las mismas acusaciones contra Maciel, pero ya en el pontificado de Juan Pablo II (1978-2005). Fue entonces cuando la prensa nacional e internacional empezó a divulgar los testimonios de varias víctimas de Marcial Maciel, como Juan Vaca, José Barba y Alejandro Espinosa, entre otros.
El Vaticano tenía documentación suficiente sobre la drogadicción y los abusos sexuales de Maciel desde mucho tiempo antes de que Karol Wojtyla llegara al papado, periodo en el cual, por cierto, la Legión de Cristo tuvo su mayor auge.
Durante el pontificado de Juan Pablo II, concretamente el 8 de diciembre de 1997, las víctimas de Maciel le dirigieron una carta en la que daban cuenta de los abusos del sacerdote. Esperaban una respuesta del pontífice, pero ésta nunca llegó.
Los escritos también refieren el apoyo que el Vaticano le dio a Maciel y a su congregación religiosa, lo que le permitió desarrollar y acumular un gran poder económico y político que abonó en favor del encubrimiento.
González, Athié y Barba dicen que la documentación que hoy dan a conocer les fue entregada por funcionarios del Vaticano cuya identidad prefirieron mantener en el anonimato, interesados en que se conozca toda la verdad, así como en que se sepa el papel que jugó Juan Pablo II en el encubrimiento de los atropellos de Marcial Maciel.
Después de muerto
La condena abierta del Vaticano a Marcial Maciel llegó finalmente el 1 de mayo de 2010, cinco años después de la muerte de Wojtyla y dos años después de fallecer el fundador de la Legión y con Benedicto XVI como Papa.
“Los gravísimos y objetivamente inmorales comportamientos del padre Maciel fueron confirmados por testimonios incontrovertibles y se configuran, a veces, como verdaderos delitos, manifiestan una vida carente de escrúpulos y de genuino sentimiento religioso”, señaló entonces el Vaticano en un comunicado.
A González, Athié y Barba les sorprende la rapidez con la que se beatificó a Juan Pablo II, ya que a sólo seis años de su muerte se le nombró beato sin que, según ellos, se llevara a cabo una revisión exhaustiva de su trayectoria como pontífice.
Señalan que sólo el caso Maciel sería suficiente para frenar el proceso de canonización. Juan Pablo II se negó, sostienen, a considerar todos los elementos contenidos en este archivo y probablemente en los otros que existen en el Vaticano que demuestran que “Maciel fue un delincuente y depredador, que pudo permanecer en la Iglesia sin ser castigado, organizando a su congregación para su placer e interés personal. Supo operar en la santa sede para impedir, mediante actos que corrompían a la jerarquía, que se le sancionara”.
El “rey” de la coca en España
Alejandro Gutiérrez
Una investigación internacional comenzada en 2009 permitió a la policía española desmantelar una célula mafiosa que transportaba cocaína desde Sudamérica y la introducía a Europa. El jefe de esa red de traficantes, ya aprehendido, era un tapatío que vivía en Madrid dándose vida de sultán y a quien sus socios temían... tanto, que incluso habían contratado a un mercenario ruso para que se encargara del “problema”.
MADRID.- Nicolás Rivera Gámez, mexicano de 50 años, tenía un tren de vida impresionante: cinco mansiones en España –por una de las cuales pagaba un alquiler de 12 mil euros mensuales–, otra en Londres y una más en Argentina, y se desplazaba en sus últimos modelos Rolls Royce Phantom, Aston Martin, Porsche Panamera, Maserati o Bentley, entre los 10 autos de lujo a su disposición.
Igual de extraordinaria era su colección de relojes dominada por el oro y los diamantes. Sus gastos mensuales no bajaban de 60 mil euros.
Solo o con su familia, este hombre originario de Guadalajara solía viajar al Reino Unido, Alemania, Suiza, Mónaco, Argentina o México. Vivía como potentado pero pocos sabían cuál era su verdadera actividad empresarial.
Al menos hasta el 3 de septiembre de 2010, cuando fue detenido por la Brigada 42 de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional como resultado de una investigación internacional por narcotráfico que se inició en julio de 2009, que aquí fue denominada Operación Guadaña, y en Argentina, Manzanas Blancas.
Ese día Rivera Gámez estaba en su mansión en La Finca, una urbanización en Pozuelo de Alarcón (en las afueras de esta capital), promovida como la más lujosa de España, y por cuya exclusividad y extremas medidas de seguridad ha sido elegida para vivir en ella por los dueños de algunas multinacionales, por futbolistas como Cristiano Ronaldo, Raúl o Zinedine Zidane, por el entrenador del Real Madrid, José Mouriño, o cantantes como Alejandro Sanz.
En ese momento, tras haber llegado de Cancún, preparaba un viaje a Mónaco para el cual dispuso que uno de sus colaboradores llevara por carretera, de Madrid al principado, su Rolls Royce Phantom para tener en qué pasear y después llevar a sus hijas a un internado en Suiza.
Su nombre surgió en la investigación de la policía muchos meses después de iniciadas las pesquisas en torno de un complejo entramado de organizaciones –una colombiana y otra española– que participaban en el “envío transoceánico de importantes cargamentos de estupefacientes desde Argentina con destino a España”, según se desprende del expediente judicial afincado en la Audiencia Nacional, al que este semanario tuvo acceso.
“Máximo representante”
A Rivera lo ubicaron por algunas comunicaciones telefónicas y en reuniones específicas con sus socios. En una de ellas, en mayo de 2010 en una cafetería de Vigo, Galicia, su interlocutor, cometió el error de tirar una servilleta en la que había escrito datos clave sobre los preparativos para el envío de un cargamento de droga desde Argentina, que sirvió luego de prueba a la policía.
Con el avance de las pesquisas y el intercambio de información con agencias antidrogas del Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Polonia y Argentina, la policía española calibró el papel jerárquico que este mexicano tenía en la operación mafiosa. “Máximo representante de la organización suministradora”, de origen colombiano y mexicano, dicen.
Por ejemplo el 15 de septiembre de 2010, al pedir autorización judicial para catear algunas de sus mansiones, la policía describe: “La importancia de este individuo dentro de la organización ha quedado evidenciada a través no sólo del control que él mismo aparentemente tendría de todas las ramas de la organización, sino de igual modo a través de la opulencia y ostentación que él mismo ha evidenciado”.
Para capturarlo la policía tuvo que desplegar una gran operación, casi simultánea, que incluyó al menos 20 cateos e intervenciones para detener a 65 miembros de la trama; de éstos, 10 habían caído previamente en Argentina, mientras que en España (Madrid, Galicia, Alicante y Barcelona) fueron capturados 20 por narcotráfico, 20 por blanqueo de capitales y 15 más en una primera fase de la operación; 202 kilos de cocaína les fueron asegurados en Barcelona.
También les decomisaron 5.5 millones de euros en efectivo, la mayoría “envasados al vacío”; un número no determinado de empresas de importación y exportación de frutas y de chatarra que servían como “pantalla” para el tráfico de cocaína; 65 autos y motocicletas de gran lujo y seis yates.
Por su papel jerárquico, Rivera era el máximo responsable de las casi 3.5 toneladas de cocaína que habían sido aseguradas el 16 y el 23 de junio de 2010 en dos operaciones policiales en puertos de Argentina y Brasil. Del voluminoso expediente se desprende que otros envíos de cocaína de esta organización sí fueron colocados en Europa.
El mismo día del aseguramiento en Argentina de más de mil 700 kilos de cocaína que venían camuflados en un cargamento de manzanas de la exportadora Frutol, la policía española interceptó una llamada de Buenos Aires a Vigo. El empresario gallego Valentín Temes Chao habló con su primo David Temes Arnosi, ambos implicados en el entramado empresarial “tapadera”, para advertirle:
“Escucha esto: se jodió todo aquí”, dice Valentín. “Se jodió, ¿cómo?”, cuestiona David. “El tarado este no sé qué hizo con unos canadienses, no sé, le pillaron; un desastre”. “¿En cuál (teléfono) estás?, te llamo yo”, dice David. “No tienes que llamar a ningún lado ni me llames a ningún lado… estoy en locutorio (cabina telefónica)”, dice Valentín. “Sí, pero ¿tan grave?”. “Sí, todo grave… por el chisme que hay en el puerto, el escáner ese, y se lo jodieron... avisa al tío José”, revira Valentín. “Vale, vale”, dice David. “Nada más… aparentemente eran unos canadienses que vinieron a comprar fruta… pero bueno, a ver te llamaré, ¿vale?”.
El 29 de junio pasado, seis días después del aseguramiento de casi 1.8 toneladas de droga en Brasil, que venía oculta en un envío legal de manzanas, la policía española registró una llamada telefónica entre Nicolás y David Temes:
“Tenemos que vernos urgente, que hubo un problemón”, le dice David. “¿Sí? Pero ¿estás bien?”, responde el mexicano. “Yo sí pero hay gente que no, tenemos que vernos”, insiste el gallego. “¿Cuándo nos vemos? Dime tú, ¿ahorita o qué?”. “Si puedes venir mañana hasta aquí, se agradece”, le dice atemorizado el empresario. “¿A qué hora quieres que esté ahí?”. “Hacia la mañana, hacia las diez”, dice. “Pero qué, ¿tranquilo?”, pregunta el capo. “No, mal, mal, mal”, insiste nervioso el empresario. “¿Sí?”. “Sí, muy mal, mañana a las diez te cuento, ¿vale?”. “Sí, sí, sí, pero ¿no hay esperancita?”, dice Rivera. “No… una…”, responde su interlocutor antes de terminar la llamada.
Una fuente judicial enterada del caso dice al reportero que el tono del mexicano advierte la “frialdad” con que se expresa, pese a la pérdida de la droga.
El recurso del miedo
Aunque tras la “caída” de las 3.5 toneladas de coca disminuyó el flujo de comunicaciones intervenidas en España, las que logró captar la policía –llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos– muestran el temor de los miembros de la organización a eventuales represalias de Nicolás Rivera, quien incluso viajó a Vigo “para deslindar responsabilidades”.
El oficio enviado por la policía al juez el 26 de julio señala que “los diferentes investigados en la actualidad están manteniendo diversas reuniones, todas ellas encaminadas a ultimar los detalles para realizar una nueva “importación” de estupefaciente, así como depurar responsabilidades y saldar las deudas que ha producido la aprehensión de las diferentes partidas de estupefaciente y que han sido intervenidas tanto en Brasil como en Argentina”.
Uno de ellos confiesa en un email que no acudió a una reunión “porque cogí miedo con este señor”, en alusión a Rivera. Un miembro de la célula gallega convoca a una reunión por medio de un mensaje de texto: “Necesito verlos urgente. Caso niko”. “Tenemos que hablar que es serio”, responde otro. “Tenemos al tipo ese aquí”, dice uno más. Otro, a su vez, advierte que “los primos”, sin aclararse a quién se refiere, “trabajaron doble con nic”, y el interlocutor responde: “Sí, pero tenemos que hablar porque trabajaron amenazados…”
Oculto durante días por temor a represalias, David Temes recibe una llamada amenazadora el 2 de julio de una persona que la policía sólo identifica como un sudamericano, en la que le advierte que tienen que hablar por el “asunto de unos patos”, en referencia a la droga (los “tabiques” de la cocaína traían un anagrama del Pato Donald).
Esta presión ejercida por el mexicano, que la policía describe como “un quebradero de cabeza” para el resto de los investigados, le permite detectar que los gallegos incluso habían contratado a un delincuente ruso, Alexander Synitsin, para que “conversara” con Nicolás Rivera con la finalidad de detener la presión sobre ellos y sobre David Temes, “dada la reputación con la que cuentan los sujetos de Europa del Este dentro de las organizaciones de narcotráfico” para efectuar “‘cobros’, presionar a rivales o en ajustes de cuentas”, aventuran los policías.
A la par, el socio más cercano del mexicano, el colombiano Héctor Manuel Torres Silva, pese a externar ante sus superiores en Argentina sus quejas contra Nicolás y su frustración por no poder presionarlo, recibe la orden de los jefes de la organización de “ni presionarle ni exigirle responsabilidades (a Nicolás), motivo por el cual la función de Alexander finalmente no se habría concretado”, dice la policía.
Al ser presentado ante el juez cuarto de Vigo, Galicia, el 6 de septiembre, Rivera Gámez mostró una cara diametralmente opuesta a la que la policía había ido construyendo de su papel en la trama mafiosa. Primero dijo ser “comerciante”, “vivir de sus rentas” y que su alto nivel de vida se debía a que había “vendido un departamento en México”.
Cuidadoso en extremo en sus respuestas, el mexicano dijo al juez que el dinero producto de esa venta lo había podido traer a España por medio de “personas que se dedican a transportar dinero”; habló de sus viajes “de placer” a Argentina, de unos al Reino Unido “para ir a ver a mis hijas” que estaban en un internado y señaló que para entonces buscaba otro “en Suiza”.
De la documentación personal que le fue incautada se desprende que además de Guadalajara, vivió en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Uno de los informes remitido por los investigadores al juzgado advierte que “Argentina no es un país productor de cocaína, sino que está siendo utilizado por los grandes clanes del narcotráfico colombiano como punto de salida de su ‘mercancía’, tratando así, por alejamiento de los puntos considerados habituales de exportación, de conseguir rutas seguras para sus ilícitos negocios”.
Por esa razón refieren que el papel desempeñado por Rivera Gámez sería “el de ‘oficina’ en España de los suministradores del estupefaciente”, que por tanto “velaría” por los intereses de los mismos.
Los investigadores añaden: “En relación a la nacionalidad mexicana de este sujeto debe señalarse cómo en la actualidad los grandes clanes mexicanos están copando el negocio del suministro de estupefacientes, abarcando gran parte del dominio o control de las exportaciones que se efectúan desde el centro y sur del Continente Americano, como consecuencia de su gran potencial económico y la violencia con la que defienden sus ‘negocios’”.
La misma fuente judicial consultada explicó al reportero que este caso sería muestra del papel “protagónico” que están teniendo las “alianzas” entre organizaciones colombianas y mexicanas en “el entramado de las operaciones hacia Europa”.
Lavado con complicidad internacional
Ed Vulliamy
Durante años el banco estadunidense Wachovia, hoy parte del gigante financiero Wells Fargo, lavó alrededor de 400 mil millones de dólares de los cárteles mexicanos de la droga. En febrero de 2005 el agente británico Martin Woods descubrió la trama e inició una investigación que llegó incluso a la Procuraduría General de Estados Unidos. Se reveló entonces que los directivos de la institución de crédito actuaron conscientes de los riesgos de hacer negocios con casas de cambio mexicanas. Con autorización del semanario inglés The Observer, Proceso reproduce las partes sustantivas de la información sobre el gigantesco ilícito internacional.
El 10 de abril de 2006, al anochecer, un jet DC-9 aterrizó en Ciudad del Carmen, una localidad portuaria del Golfo de México. Los soldados mexicanos que lo esperaban para interceptarlo encontraron 128 valijas cargadas con 5.7 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 100 millones de dólares. Pero algo más –mucho más importante y de mayor alcance– fue descubierto al rastrear el papeleo para la adquisición de la aeronave por parte del cártel de Sinaloa.
Durante una investigación de 22 meses realizada por la agencia antidrogas (DEA), el Servicio de Recaudación de Impuestos y otras dependencias gubernamentales de Estados Unidos, afloró que los traficantes de cocaína habían comprado el avión con dinero lavado a través de uno de los mayores bancos estadunidenses: Wachovia, ahora integrante del gigante Wells Fargo (WFC).
Las autoridades descubrieron miles de millones de dólares depositados en cuentas de Wachovia a través de transferencias bancarias, cheques de viajero y montos en efectivo tramitados por casas de cambio mexicanas.
De inmediato Wachovia fue puesto bajo investigación por no cumplir con un programa eficaz de control de lavado de dinero. Pero lo más significativo era que el periodo de referencia de los movimientos se había iniciado en 2004, coincidiendo con la primera escalada de violencia a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México que luego detonaría las actuales guerras del narcotráfico.
Cargos criminales fueron levantados contra Wachovia pero no contra algún individuo en particular; de cualquier modo el caso nunca llegó a la corte. En marzo de
Ahora que expiró el año de “aplazamiento” del juicio, el banco está expuesto al escrutinio público. Pagó a las autoridades federales 110 millones de dólares por permitir transacciones que posteriormente se demostraron relacionadas con el tráfico de drogas, y recibió una multa de 50 millones de dólares por no monitorear el efectivo que se usó para transportar 22 toneladas de cocaína.
Pero más escandaloso y más importante todavía es que Wachovia haya sido sancionado por no aplicar las disposiciones correctas contra el lavado de dinero a la transferencia de 378.4 mil millones de dólares –suma equivalente a un tercio del Producto Interno Bruto de México– a las cuentas de las llamadas casas de cambio (CDC) en México con las que el banco realizaba negocios.
“El flagrante desprecio de Wachovia hacia nuestras leyes bancarias le dio a los cárteles internacionales de la cocaína una virtual carta blanca para financiar sus operaciones”, dijo Jeffrey Sloman, el fiscal federal. No obstante la multa total significó menos de 2% de los 12.3 mil millones de dólares en ganancias que el banco obtuvo en 2009. El 24 de marzo de 2010 las acciones de Wells Fargo se cotizaron en 30.86 dólares, 1% más que durante la semana en que se saldó la demanda en la corte.
La conclusión del caso es sólo la punta de un iceberg que muestra el papel del sector bancario “legal” en el lavado de cientos de miles de millones de dólares –el dinero sucio del tráfico asesino de drogas en México y otras partes del mundo– a través de sus operaciones globales, y cuya fianza han tenido que pagar los contribuyentes.
Durante el pico de la crisis bancaria de 2008, Antonio María Costa, entonces jefe de la oficina para las drogas y el crimen de las Naciones Unidas, dijo que tenía evidencia para sugerir que el dinero proveniente de esas actividades ilícitas era “el único capital de inversión líquido” disponible para los bancos a punto del colapso. “Los créditos interbancarios fueron financiados con dinero derivado del tráfico de drogas”, dijo. “Hay indicios de que algunos bancos fueron rescatados de esa forma”.
Durante el crack de 2008 Wachovia fue adquirido por Wells Fargo, justamente en el momento en que este último se hizo beneficiario de unos 25 mil millones de dólares en dinero de los contribuyentes (…)
Instinto de policía
Durante la investigación del caso mexicano de Wachovia, The Observer obtuvo documentos previamente proporcionados a reguladores financieros. De éstos se desprende que la alarma (sobre posible lavado de dinero) que fue ignorada provino, entre otras partes, de Londres, como resultado de la diligencia de uno de los denunciantes internos más importantes de nuestra época. Un hombre que, en una serie de entrevistas con The Observer, agrega detalles a los documentos, desnudando la historia de cómo Wachovia estuvo en el centro de una de la operaciones de lavado de dinero más grandes del mundo.
Martin Woods, un cuarentón oriundo de Liverpool, ingresó en febrero de
Woods habla como un oficial de policía, en el mejor sentido del término: puntilloso, exacto, con un humor lleno de picardía, pero moral hasta el tuétano (…) Tenía el ojo y el instinto de un oficial de policía, no los de un banquero. Y esto influía no sólo en sus métodos, sino en su mentalidad (…)
Cuando Woods hizo una revisión de Wachovia, lo primero que notó fue una deficiente información sobre sus clientes (…) Hacia agosto de 2006 Woods había identificado una serie de transacciones sospechosas relacionadas con clientes de casas de cambio en México. Estas incluían, sobre todo, depósitos de cheques de viajero en euros. Tenían números secuenciados y los depósitos eran por montos muy superiores a los que cualquier viajero inocente podría necesitar; la información que proporcionaban sobre los clientes era inadecuada o nula y las firmas resultaban dudosas para un ojo entrenado.
“Era un trabajo elemental”, afirma. “No respondían a las preguntas obvias: ‘¿La transacción es real o parece artificial? ¿Cubre el cheque de viajero todos los protocolos? ¿Está todo lo que debe ahí y, si no, por qué?’”
Woods discutió el asunto con la jefatura global de Wachovia para lavado de dinero en sistemas bancarios correspondientes, que opinó que los cheques podían significar evasión de impuestos. Luego emprendió lo que los bancos llaman una “retrospectiva” de transacciones previas y consideró que había elementos suficientes para presentar una serie de reportes de actividades sospechosas (RAS) a las autoridades del banco en el Reino Unido y a sus superiores en Charlotte, instando al bloqueo de las firmas mencionadas y de grandes series de cheques de viajero con números secuenciados procedentes de México.
En 2006 elaboró una considerable cantidad de RAS de los cuales 50 se referían a casas de cambio mexicanas. Para su sorpresa, la oficina de Wachovia en Miami, el centro de los negocios con América Latina, fue todo menos un apoyo; más bien, sintió él, fue todo lo contrario.
Sin embargo, como salió a relucir más tarde, Woods estaba sobre la pista correcta. Los negocios de Wachovia en México eran sometidos por las agencias federales de seguridad de Estados Unidos a un escrutinio cada vez más estrecho. Wachovia recibió una serie de citatorios para que informara sobre sus operaciones en México. Posteriormente Woods fue informado de que Wachovia había recibido de 6 mil a 7 mil citatorios. “Éste es un número absurdo”, opina, “¿entonces hasta qué punto se necesita llegar para que alguien del más alto nivel se percate de que algo anda mal, pero muy mal?”.
La punta del “iceberg”
En abril y mayo de 2007, como resultado del creciente interés y la creciente presión de la procuraduría federal estadunidense, Wachovia empezó a cancelar su relación con algunas de las casas de cambio. Pero en lugar de emprender una investigación interna sobre las alertas enviadas por Woods en relación con México, éste alega que Wachovia puso a su propio experto en lavado de dinero en la congeladora. Los registros muestran que durante 2007 Woods “continuó presentando RAS relacionados con las casas de cambio”.
De pronto, en julio de 2007 las 10 restantes casas de cambio mexicanas clientes de Wachovia que operaban a través de Londres, dejaron de hacerlo. Más adelante ese mismo año, cuando la investigación sobre Wachovia trascendió a los medios financieros de Estados Unidos, el banco decidió dar por terminadas todas sus relaciones con las casas de cambio mexicanas a escala global.
En ese momento Woods sintió que su situación personal dentro del banco era insostenible; mientras, por un lado, el banco actuaba para protegerse de las investigaciones federales sobre sus deficiencias, por el otro, se volteaba contra el hombre que había estado entre los primeros en detectarlas.
El 16 de julio la jefatura de regulación interna del banco dijo a Woods que su último RAS no debía haber sido presentado, que él no tenía atribuciones legales para investigar un caso del otro lado del Atlántico y que tampoco tenía derecho a tener acceso a los documentos conservados fuera de Gran Bretaña, aun si eran detentados por Wachovia.
La vida de Woods entró en caída libre. Fue a dar al hospital con una hernia discal, se reportó enfermo y el banco le dijo que no lo había hecho de manera correcta, tal como lo estipulaba el manual de empleados. Estuvo ausente durante tres semanas y regresó al trabajo en agosto de 2007 para encontrarse con una carta del director ejecutivo de regulación interna del banco, que era implacable en su tono y expresiones amenazantes (…) Woods, al borde del colapso, fue puesto bajo licencia por enfermedad por su médico; después se le dio un tratamiento psiquiátrico, se le incorporó a un curso de manejo de stress y se le medicó.
A finales de 2007 Woods (…) buscó a un representante de la DEA y le contó sobre las casas de cambio, los reportes de actividades sospechosas y la reacción de sus empleadores. Después de eso, la Reserva Federal y funcionarios de la oficina de control de divisas en Washington “pasaron un buen rato examinando los RAS” que Woods había enviado a Charlotte desde Londres. “Un tiempo después volvieron a entrar en contacto conmigo y empezamos a juntar las piezas del rompecabezas”, rememora Woods.
Lo que encontraron –como dijo Costa– fue sólo la punta del iceberg de lo que estaba pasando con el dinero de la droga dentro de la industria bancaria; pero por lo menos era visible y tenía un nombre: Wachovia.
En junio de 2005 la DEA, la división criminal del Servicio de Recaudación de Impuestos y la oficina de la procuraduría federal en el sur de Florida empezaron a investigar las transferencias bancarias de México a Estados Unidos. Estas remitieron a cuentas de banco sostenidas por casas de cambio en Wachovia. Las cuentas de las CDC eran supervisadas y manejadas por una unidad de negocios del banco en sus oficinas de Miami.
“A través de las CDC”, señalaba el documento de la corte, “las personas en México pueden utilizar divisas duras (…) y transferir el valor de éstas a cuentas de banco estadunidenses para adquirir bienes en Estados Unidos u otros países”. La naturaleza del negocio de las CDC da a quienes lavan dinero la oportunidad de mover los dólares del comercio de drogas que están en México a las casas de cambio y, en última instancia, al sistema bancario de Estados Unidos.
“En numerosas ocasiones”, dicen los papeles de la Corte, “diversas cantidades de dinero fueron depositadas en las CDC directamente por organizaciones del narcotráfico. Luego, utilizando identidades falsas, las CDC transfirieron el dinero a través de sus correspondientes cuentas bancarias en Wachovia para adquirir aviones para los narcotraficantes”.
El acuerdo alcanzado en la Corte en 2010 detallaría que “cerca de 13 millones de dólares pasaron por las correspondientes cuentas bancarias de Wachovia para la adquisición de aeronaves que serían utilizadas en el tráfico ilegal de drogas. En estas aeronaves se confiscaron más de 20 mil kilogramos de cocaína” (…)
Perdón judicial
“Desde
Los documentos muestran a Wachovia proporcionando tres tipos de servicios a las casas de cambio en México: transferencias bancarias, un “servicio para grandes cantidades en efectivo” y un “servicio de depósito en caja” para instrumentos emitidos por bancos estadunidenses, por ejemplo cheques comunes o cheques de viajero”, tal como lo detectó Woods.
“En el periodo que comprende del 1 de mayo de 2004 al 31 de mayo de 2007, Wachovia procesó por lo menos 373.6 mil millones de dólares en CDC y 4.7 mil millones en grandes cantidades de efectivo”, un total de 378.3 mil millones de dólares, cantidad que empequeñece los presupuestos que debaten las autoridades locales de Estados Unidos y el Reino Unido para proporcionar servicios públicos a sus ciudadanos.
El documento de la corte ofrece una fascinante oportunidad de observar cómo funciona por dentro el lavado de dinero proveniente de la droga. Detalla cómo los investigadores “encontraron fácilmente evidencias identificables de focos rojos correspondientes a un lavado de dinero en gran escala”. Había “transferencias bancarias estructuradas” por lo que “era común encontrar en las cuentas de las CDC transferencias en números redondos hechas el mismo día o en una sucesión de días cercanos, por los mismos remitentes y (…) a las mismas cuentas”.
A lo largo de 10 días, 10 transferencias hechas por cuatro individuos “pasaron por Wachovia para ser depositadas en la cuenta de un agente de aeronaves. Todas estas transferencias estaban en números redondos. Ninguno de los individuos que hicieron la transferencia tenía relación alguna con la aeronave o con la entidad que presuntamente era su propietaria. La investigación reveló posteriormente que todas las identidades de los individuos que enviaron el dinero eran falsas y que la empresa era una entidad encubierta. Ese avión posteriormente fue confiscado con aproximadamente 2 mil kilos de cocaína a bordo”.
Muchos de los cheques de viajero numéricamente secuenciales, del tipo que identificó Woods, mostraban “marcas inusuales” o “carecían de una firma legible”. Por otra parte, “muchas de las CDC que utilizaron el servicio para grandes montos en efectivo de Wachovia enviaron cantidades superiores a lo que el mismo banco hubiera esperado; más específicamente, muchas de las CDC excedieron su actividad mensual en por lo menos 50%”.
Según reseña el documento, “las violaciones encontradas fueron serias y sistemáticas, y permitieron a ciertos clientes lavar millones de dólares procedentes de la venta de drogas ilegales a través de las cuentas de Wachovia, durante un periodo prolongado. La investigación identificó que por lo menos 110 millones de dólares provenientes del narcotráfico fueron canalizados a través de las cuentas que las CDC tenían en Wachovia”.
El acuerdo termina con la discusión sobre “la considerable cooperación y las acciones de remedio” de Wachovia desde que se inició el proceso, luego de que el banco fue comprado por Wells Fargo. “En consideración a las acciones de remedio emprendidas por Wachovia”, concluye el fiscal, “Estados Unidos recomienda a la corte que (...) sobre la base de la información recogida, el juicio de Wachovia (...) sea aplazado 12 meses”.
Lo que se llama “aplazamiento del juicio” en el documento de Miami es una forma de libertad condicional a través de la cual, si el banco acata la ley durante un año, los cargos son abandonados. Por lo tanto, este marzo el banco ya no estaba bajo sospecha.
Woods destaca que estas sumas millonarias “son el producto de los asesinatos y la miseria en México, y de las drogas que se venden alrededor del todo el mundo”. Según él, toda la gente encargada de aplicar la ley quería que el caso llegara a tribunales, pero nadie va a la cárcel. “¿En qué contribuye el acuerdo para combatir a los cárteles? En nada. No facilita las tareas de seguridad y alienta a los cárteles o a cualquiera que quiera hacer dinero a lavar sus dólares sucios. ¿Dónde está el riesgo? No hay ninguno”.
Y concluye: “¿Es del interés del pueblo estadunidense alentar tanto a los cárteles como a los bancos de esta forma? ¿Es del interés del pueblo mexicano? En realidad es sencillo: si no ves una correlación entre el lavado de dinero por parte de los bancos y las 30 mil personas asesinadas en México no estás entendiendo nada”. (Traducción: Lucía Luna)
Acerca de “las enfermedades” del Ejército
Un excapitán preso llama a atacar abusos y a recuperar valores
Señor director:
Hace algunos meses, encontrándome ya interno en el Campo Militar Número 1-A, escuché una entrevista donde preguntaban a un investigador por qué era tan pesimista al hablar de economía, negocios, perspectivas de crecimiento e inseguridad. Su respuesta, inteligente y clara, fue: “No soy pesimista. Al contrario, busco ser siempre optimista. Lo que ocurre es que yo sí estoy informado de lo que pasa en el país…”.
Estas palabras vinieron a mi mente cuando en la sección Palabra de Lector de Proceso 1790, correspondiente al 20 de febrero de 2011, leí la carta donde el capitán Agustín Núñez Fernández (retirado) opina acerca de la nota titulada La simulación castrense (Proceso 1789) y expresa su desacuerdo por el hecho de que reporteros de este semanario acudieron al general Gallardo, “quien se presta para reforzar los fantasiosos comentarios (…) para crear la ‘leyenda negra’ del Campo Militar Número
Por mi parte, haciendo un comparativo, pienso en un paciente al que poco a poco le van creciendo sus males, al que las múltiples enfermedades lo van acabando día con día, pero el problema es que ese paciente no cree estar enfermo, no sabe que está enfermo o, peor aún, no le conviene que sepan que está enfermo.
Desde mi ingreso al H. Colegio Militar en 1987, y hasta, digamos, el año 2000, creía (como nos hacen creer) que los abusos de autoridad, los maltratos y humillaciones, entre otras prácticas de esta naturaleza, eran parte de la formación militar, formas de hacer cumplir la disciplina, formas de aceptar y de mostrar la “lealtad a los superiores”.
Pero cuando se pierde la cuadratura de pensamiento y resaltan los verdaderos valores de honor, valor, lealtad, amor a la patria, espíritu de trabajo en equipo, es como despertar de un mal sueño y darse cuenta de los malos hábitos y defectos que destruyen a una organización.
Desde el interior de este muro de piedra se escuchan a diario historias de corrupción, de ambición, de soberbia y abusos, de injusticias y de falta de liderazgo de mandos militares. Y esos relatos, junto con los reportajes y comentarios de periodistas, investigadores y escritores que el público ha visto, escuchado o leído (de fuentes serias y confiables como las presentadas por Proceso), nos deben conducir a tomar en serio las radiografías de las enfermedades que aquejan al Ejército Mexicano y a su obsoleto y arbitrario sistema de justicia militar.
Triste y doloroso es ver la realidad, pero no debemos olvidar que al igual que el sistema político mexicano en decadencia, enfermo, corrupto e inservible, las Fuerzas Armadas están integradas por seres humanos, mujeres y hombres con cualidades y virtudes, pero también con vicios y defectos, que al ostentar puestos de poder van perdiendo la sensibilidad y los valores humanos, y se van nutriendo de (más bien destruyendo con) ego, soberbia, ambición, envidia, corrupción, falsedad e hipocresía, alejándose del verdadero amor a la patria, del valor de servir con calidad y esmero, del honor, de la dignidad humana, del verdadero cariño y amor al uniforme, a las insignias, al Ejército Mexicano.
No puedo asegurar que todos los compañeros internos sean inocentes, pero tampoco que son culpables. No obstante, hay algo que sí puedo confirmar: que el sistema de impartición de justicia castrense no cuenta con un procedimiento profesional de investigación, es arbitrario y carente de imparcialidad en los procesos. Si defiendes tu inocencia con hechos, con un abogado particular, estás en contra del sistema y se te hará la vida de cuadritos; si negocias y tienes un defensor de oficio y aceptas tu culpa aun siendo inocente (en algunos delitos), entonces sí puedes obtener alguna consideración. Así es el sistema.
La realidad del sistema de justicia militar no está muy lejos de lo que sucede en Presunto culpable, pues para la justicia militar “tú eres culpable aunque demuestres tu inocencia”, y las únicas formas de recuperar la libertad es por retiro de la acción penal (el perdón otorgado por los titulares de Defensa y Marina), por cumplir la sentencia que hayan dictado el juez militar o el Consejo de Guerra, o mediante amparo indirecto o directo, otorgado por un juez federal de Distrito o por magistrados del Tribunal Colegiado.
Para que el paciente enfermo se cure es necesario, primero: reconocer que las defensas están bajas y por eso se están presentando los virus de la enfermedad; segundo: atacar cada tipo de enfermedad con el tratamiento correcto; tercero: cumplir con la medicación checándose periódicamente para conocer la recuperación y, sobre todo, para evitar enfermarse de nuevo por descuido u omisión.
Espero y deseo que los responsables de dirigir, organizar y comandar unidades, dependencias e instalaciones del instituto armado, por honor y verdadero amor a la carrera y a la patria, comiencen las medidas del tratamiento que necesitan las Fuerzas Armadas. Nuestros niños, que están muriendo actualmente, se lo agradecerán.
“Tocando puertas, conciencias, corazones.”
Atentamente
Excapitán Miguel Ángel Portillo Morales
(Expediente causa penal 2020/2004,
Juzgado Sexto Militar)
“Presuntos culpables” de Veracruz encarcelados piden revisar su caso
Señor director:
Le agradeceré publicar en Palabra de Lector la siguiente carta, dirigida al gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Señor gobernador: Los suscritos, María Teresa Reyes Vela y Fernando Alberto Rivera Reyes, madre e hijo, recluidos en el Cereso de Coatzacoalcos y sentenciados a 57 años y seis meses de prisión por homicidio calificado en contra del que fue padre de mis dos hijos, Fernando Rivera Garduño, y su amante Marbella Gutiérrez Revilla, en marzo de 2007, le comunicamos que, a pesar de haber sido condenados, somos, como es frecuente en nuestro país, sólo “presuntos culpables”.
Víctimas de la corrupción que impera en las dependencias responsables de la administración de justicia de nuestro estado, el delito del cual se nos acusa fue fabricado en la Subprocuraduría de Justicia de la zona sur, y los involucrados en el hecho fueron el subprocurador en esa época, Jorge Yunis Manzanares; el agente segundo del Ministerio Público, Alberto V. Torres, de negro historial por corrupto, y los cavernícolas agentes de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) encabezados por el “comandante” Ángel Serrano Cabrera: Moisés Escalante, Alejandro Sánchez Hernández y Francisco Pérez Pérez.
Estos últimos “servidores públicos” fueron objeto de una investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del estado, que los encontró culpables de habernos torturado y emitió la Recomendación 104/09, del 21 de octubre de 2009, dirigida al procurador Salvador Mikel Rivera, donde se le ordena sancionar a los agentes ministeriales por conculcar nuestros derechos humanos, así como a los doctores José Luis Sánchez Román y Ángel Herrera Kim, por mentir en el certificado que expidieron sobre el estado físico en que fue presentado mi hijo de 19 años, Fernando Alberto Rivera Reyes, a quien torturaron hasta que confesó ser culpable y me señaló como autora intelectual del homicidio de su padre y su amante. A pesar de que el juez de la causa conoció que las declaraciones de culpabilidad fueron obtenidas bajo torturas físicas y psicológicas, no tomó en cuenta el hecho y nos declaró culpables.
Dolosamente, no se realizaron líneas de investigación que pueden ser claves como el hecho de que mi marido tenía enemigos porque los había defraudado al no entregarles los vehículos que le compraban y por su promiscua vida sexual. Justamente las amenazas que se recibían de matarlo a él y a su familia ocasionaron que por seguridad me fuera a vivir al Distrito Federal en compañía de mi hija menor, Valeria Jocelyn Rivera Reyes.
Al ser detenida en compañía de mi hija, de sólo 13 años, fuimos secuestradas en la Ciudad de México, y luego torturadas física y psicológicamente durante nuestro traslado a Coatzacoalcos, por el “comandante” Ángel Serrano Cabrera.
Señor gobernador: En virtud de que usted es el responsable directo de la Procuraduría General de Justicia, le ruego que ordene rectificar los errores nombrando un nuevo fiscal y reponiendo el procedimiento, de modo que se haga justicia y recuperemos nuestra libertad, ya que todas las acusaciones en nuestra contra fueron una monstruosa mentira de la Procuraduría General de Justicia.
No podemos ser un estado próspero, como usted lo proclama, cuando el gobierno que encabeza viola y pisotea los derechos humanos de sus gobernados de esta forma.
Atentamente
María Teresa Reyes Vela y
Fernando Alberto Rivera Reyes
Cereso Duport-Ostión
Coatzacoalcos, Veracruz
Reporta gran saqueo de arena de Ensenada para Estados Unidos
Señor director:
El 30 de octubre del 2004 se hizo la siguiente denuncia ante la Semarnat y la Comisión Nacional del Agua (Conagua):
“Desde hace diez años, en 2001, en la zona Real del Castillo y Sierra de Juárez (municipio de Ensenada, Baja California) se inició el saqueo irracional de arena en el arroyo conocido como El Barbón, situación que perjudica a la zona al provocar la disminución de agua en los pozos para uso agrícola, doméstico y abrevaderos. Además, ha habido accidentes por los camiones que transportan la arena en los caminos vecinales”.
El periódico El Mexicano del 15 de noviembre de 2004, de Ensenada, publicó que “enormes góndolas trabajan día y noche en el saqueo de arena dañando los caminos, sin que nadie responda por estos daños”.
Iciar Gortázar, de El Vigía, escribió el 16 de noviembre del 2004: “Hugo Adriel Zepeda, delegado en BC de la Semarnat, lo logró. De ahora en adelante, cualquier autorización para la extracción de pétreos (arena), por fuerza deberá requerir de la consulta de la delegación estatal, a fin de evitar impactos negativos”.
Los medios señalaban que varias cuencas y arroyos en el municipio se habían aparentemente entregado a empresas particulares para explotar los bancos areneros, creando incertidumbre en quienes viven de la agricultura y la ganadería. Pero aún ahora estos modernos ecocidas parecen decididos a todo, con tal de obtener grandes ganancias por la extracción de millones de toneladas de arena y otros materiales pétreos que provienen de los arroyos, con destino a California.
El delegado municipal de Meneadero (del ejido Sánchez Taboada), Raúl Solario Mora, se refirió a constantes quejas por el saqueo de arena y por las detonaciones en el Cañón de San Carlos que realiza la empresa Amaya Curiel. Y aunque esto ha sido reportado a las autoridades estatales correspondientes, su silencio cobija la impunidad con que actúan estos empresarios, causando severos daños al medio ambiente y a unas 400 familias de la zona.
En un escrito, Bruno Geffroy dice: “Para el oceanólogo Rogelio Zizumbo, dedicado en Ensenada a estudios del impacto ambiental, el problema proviene desde el momento en que la arena pasa por un proceso de concesiones en el cual dos grandes empresas, Amaya Curiel y Cía. y Transportadora Todos Santos, en forma directa o a través de prestanombres, elevan la extracción a nivel sin precedentes”.
Y agrega: “Los registros indican que para el año de 1994, en el Valle de Guadalupe estaban autorizados alrededor de 180 mil metros cúbicos de extracción, y para el año 2000 este volumen se incrementó a 8 millones 500 mil metros cúbicos”.
Quien envía esta carta, bajacaliforniano que visita con frecuencia Ensenada, ha visto personalmente algunas fuentes donde se hace la extracción de arena, y ha comprobado el paso de grandes góndolas que llevan la arena a California, Estados Unidos. Haciéndose pasar como residente de Ensenada, quien esto escribe habló con un troquero transportador de arena, quien comentó que los gobiernos bajacalifornianos no han ejercido ningún control de este saqueo ni han tomado en cuenta las demandas de los lugareños.
Los datos aportados por Bruno Geffroy son sumamente alarmantes. Algunos habitantes de la región se preguntan si en este acarreo desmedido de arena habrá también acarreo de minerales valiosos.
Atentamente
Hugo Govantes
Condena las “arcaicas” y “crueles” disecciones de animales
Señor director:
¿Es ético reducir las penurias o incrementar la comodidad de una especie causando dolor extremo e innecesario en otras?
En este tercer milenio, muchos estudiantes de biología, medicina y enfermería en México siguen siendo entrenados con métodos arcaicos, basados en la disección, mutilación, sufrimiento y muerte lenta de perros, monos, gatos y conejos, entre otros animales. A la manera atroz de los humanos, ellos son también “levantados” de la calle y torturados hasta la muerte en laboratorios de seudoinvestigación. Otras veces son tomados de refugios de animales usando la treta de la adopción. En cualquier situación enfrentan solamente sufrimiento.
Así, se les abre en canal para “observar” cómo late su corazón, se les trepana el cráneo para descargarles corrientes eléctricas o se les inyectan químicos en órganos vitales. En ocasiones se practican técnicas de entubamiento hasta romperles la tráquea. En ciertos laboratorios conectados con la industria se expone a los animalitos a la ceguera con crueles pruebas de irritación en los ojos para evaluar, valga, hasta limpiadores domésticos, champús y otra parafernalia de vanidad personal.
La enseñanza moderna de la biología y la medicina, y la prueba de nuevos productos, usan ya alternativas más pedagógicas y, sobre todo, más éticas que el antiguo métodos de destazar animales vivos. Son técnicas que también resultan menos costosas. Un ejemplo son los simuladores, ampliamente difundidos.
Urgimos respetuosamente a empresarios, directores y profesores de biología y medicina de México, a que utilicen técnicas de entrenamiento y pruebas más modernas y menos letales para los animales. Ante la existencia de alternativas viables, por favor no arrebaten a los animales lo único que tienen: su propia vida.
Atentamente
Doctor José A. Anchondo
Brincando con un pie
denise dresser
Arthur Schopenhauer escribió que “la felicidad consiste en la repetición frecuente del placer”. Y en medio de las malas noticias diseminadas diariamente sobre el país existe al menos una que debería ser motivo de júbilo. Causa de carcajadas. Atalaya de aplausos. Fuente de optimismo en torno al México más justo que merecemos y al cual tenemos derecho a aspirar. He allí un racimo de razones para brincar de alegría, envuelto en la multa por prácticas monopólicas que la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) le acaba de imponer a Telcel, y a su accionista más importante, Carlos Slim. Años de rapacidad, finalmente constatados. Años de abuso, finalmente sancionados. Años de pasividad gubernamental que –apenas ahora y con esta decisión– será posible tratar de resarcir.
Porque las 540 cuartillas elaboradas por la Cofeco describen una historia que cualquier consumidor conoce, cualquier ciudadano padece, cualquier mexicano ha sido obligado a tolerar. Telcel imponiendo precios anticompetitivos; Telcel aumentando los costos de sus competidores; Telcel entorpeciendo la competencia; Telcel incurriendo en prácticas monopólicas reiteradas; Telcel obteniendo tasas de ganancia inusitadas por ello. Y las verdaderas víctimas de todo ello: los 91 millones de usuarios de telefonía celular en el país obligados a pagar costos excesivos. Obligados a transferir a las arcas de Telcel y a los bolsillos del Sr. Slim 6 mil millones de dólares de más, si las tarifas de interconexión no fueran entre las más altas de la OCDE. Obligados a crear la fortuna más grande del mundo mientras no comparten sus beneficios.
Y ahora que después de tanto tiempo una autoridad decide actuar, lo sorprendente ha sido la descalificación. El cues-tionamiento. El sospechosismo de quienes deberían brincar de felicidad, pero optan por arrastrar pies de plomo. “Al número de la multa llegaron por aventón”, dicen los que no conocen los artículos de la ley de competencia que permiten vincular la sanción al 10% de las acciones o al 10% de las ventas de la empresa. “La multa es excesiva”, alegan los que no han visto los comparativos internacionales, ni los montos superiores que se han cobrado a otras empresas en otras latitudes, por conductas similares. “Es una decision política de congraciamiento o subordinación a Televisa”, argumentan quienes ignoran que la Comisión Federal de Competencia lleva un buen tiempo insistiendo en la licitación de una tercera cadena de television abierta, y la participación de Carlos Slim en la television de paga.
Quienes han esgrimido estos argumentos no parecen entender el buen precedente que se sienta, el principio de autoridad regulatoria que se ejerce, el efecto demostración que la multa podría tener sobre tantas empresas propensas a expoliar a los consumidores. Quienes han apilado estas críticas a la decisión de la Comisión Federal de Competencia no parecen comprender que –por fin– alguien en el gobierno se ha atrevido a actuar en nombre de los mexicanos exprimidos que día tras día, mes tras mes, año tras año han convertido a Telcel en una de las compañías más lucrativas del planeta. La empresa del Sr. Slim ha abusado de su posición en el mercado, y las autoridades regulatorias –conforme a las mejores prácticas mundiales– le han impuesto un castigo. He allí el meollo del asunto, la razón detrás de la celebración, aquello que debería generar el apoyo decidido en lugar de la crítica contraproducente.
Pero parecería que la animadversión a Televisa, legítima y ganada a pulso, impide a algunos comprender la magnitud de la multa anunciada a Telcel, la trascendencia de las implicaciones que podría tener, los cambios en favor de la competencia que podría desatar. La decisión –tardía pero bienvenida– de la autoridad regulatoria es denostada porque encara a un monopolio y no al otro. La resolución de la Cofeco es descalificada porque favorece a Televisa al impugnar el comportamiento de su rival. Pero resulta ser que ese rival –Carlos Slim– ha generado daños severos a los consumidores, a la competitividad, al crecimiento, y es hora de que las autoridades y los mexicanos lo comprendan. El odio a Televisa no debe ofuscar la imperiosa necesidad de contener a su contrincante. No se trata de creer que un monopolio es menos malo que otro, sino de confrontarlos por igual. Televisa pervierte la democracia del país; Telcel estrangula su desarrollo económico. Televisa chantajea a la clase política de México; Telcel expolia a sus consumidores.
Por ello, el rasero regulatorio debe ser parejo y la Cofeco necesita evaluar a Televisa con la misma vara de medición que ha usado contra el Sr. Slim. Por ello, el empuje pro-competencia que hemos presenciado en las últimas semanas no va a ser creíble si al titán de las telecomunicaciones se le manda un macanazo, mientras al titán televisivo se le otorga todo lo que quiere. Por ello es fundamental cuestionar si la manera de mejorar el mundo de las telecomunicaciones es otorgándole a uno de los dos monstruos lo que desea y no tiene: la pantalla de televisión desde la cual construir candidatos presidenciales, defender sus modos monopólicos, chantajear candidatos, volver a todo México territorio Slim. Por ello hay que saltar de gusto ante la multa que se le quiere cobrar, pero mirar mucho más allá de ella.
Porque el Sr. Slim hará lo que siempre ha hecho, sexenio tras sexenio. Intentará matar al mensajero. Buscará frenar el fallo. Recurrirá al amparo como forma de comprar tiempo. Esperará a que llegue el próximo presidente de la República o de la Comisión Federal de Competencia con la esperanza de presionarlo. Y Televisa –ahora en alianza con TV Azteca– también hará lo que siempre ha hecho, sexenio tras sexenio. Demandar la competencia en otros sectores pero no en aquellos que controla. Impedir la existencia de una tercera cadena de television abierta. Someter a los legisladores para que no promuevan una nueva Ley de Radio y Televisión que regule un bien público en nombre del interés público.
Ante este panorama, a los ciudadanos y a los consumidores del país les espera una ardua lucha. Una batalla incesante en favor de mejores tarifas y más competencia, mejores productos y más jugadores, mejores reguladores y más valentía de su parte. Y si esa pelea empieza con algunas victorias –como la multa histórica a Telcel–, habrá que entenderlas y celebrarlas así. Brincando de felicidad, aunque en este momento sea con un solo pie. Cuando el gobierno se aboque a confrontar a Televisa como acaba de hacerlo con Telcel, entonces podremos brincar con los dos. l
El expediente Chavarría
Miguel Ángel Granados Chapa
Es probable que carezca de toda utilidad. Que no sean más que legajos de oficios y acuses de recibo, en los que suelen agotarse las indagaciones ministeriales. Pero la desaparición del expediente BRA/SC/02/17512011, de la Procuraduría de Justicia de Guerrero es un acontecimiento grave, que excede los límites de las insuficiencias burocráticas en cuyos laberintos suelen extraviarse constancias e investigaciones penales. Significa la prolongación, y acaso la culminación del procedimiento para dotar de impunidad a quienes mataron al diputado Armando Chavarría.
Líder del Congreso guerrerense, como presidente que era de la Comisión de Gobierno (en que a su vez figuraba en tanto que cabeza de la fracción perredista), Chavarría fue asesinado a las afueras de su domicilio en Chilpancingo, la mañana del 20 de agosto de 2009. Varios agresores le dispararon siete balazos que le arrebataron la vida inmediatamente. Hacía poco le había sido retirada la escolta de que suele dotarse a un representante de su posición.
Chavarría se encaminaba, según varios indicadores, a ser el candidato del PRD a la gubernatura de su estado natal. Si bien faltaba más de un año para que ese partido tomara la decisión que llevaría a su candidato a participar en la elección de enero de 2011, no se avizoraba en el horizonte político local ninguna figura capaz de disputarle la postulación. Culminaría con ella una carrera iniciada en sus años juveniles, como dirigente estudiantil, y que lo había conducido a las dos cámaras del Congreso federal. Derrotado por Zeferino Torreblanca en el proceso interno para escoger candidato del PRD en 2005, y no obstante la rudeza de la contienda, Chavarría se avino a ser secretario de Gobierno cuando Torreblanca puso fin a la hegemonía priista en Guerrero, sostenida no sólo con los medios tradicionales de burla al sufragio, sino mediante violencia que nunca fue castigada.
La relación entre Torreblanca y Chavarría era ambigua, oscilante, según convenía a los intereses de cada quien. Pero subyacía en ella una disparidad conceptual respecto de cómo debía obrar un gobierno de izquierda en una entidad como Guerrero, tan castigada por la pobreza y la represión. El gobernador, quien había llegado a la política electoral como dirigente empresarial en Acapulco, donde fue alcalde, era en realidad un conservador al estilo priista. Chavarría, en cambio, mantenía una vocación popular, acaso atenuada por las exigencias de la institucionalidad en que se adentraba.
El asesinato de su correligionario y rival pareció no importar a Torreblanca. No acudió a la escena del crimen, ni se presentó a ofrecer condolencias a la familia. Aun si hubiera sido rechazada su presencia en el ámbito privado, pudo apersonarse en el recinto legislativo donde se honró al legislador ultimado. Tampoco acudió a encabezar las primeras diligencias ministeriales el procurador Eduardo Murueta, caracterizado por la negligencia de su desempeño, notoria por el abandono en que mantuvo las averiguaciones de líderes políticos y defensores de derechos humanos.
Con todo, la presión del comité nacional del PRD y la de las bases próximas a Chavarría obligaron al gobernador a prescindir de Murueta, al que despidió antes de un mes después del crimen, sin que avanzara en la indagación, si es que pretendió hacerlo. El 14 de septiembre presentó su renuncia, carente de la confianza pública para enfrentar el delicado caso al que él no concedió relevancia. Una semana después, como nueva muestra de su desinterés por el asunto, Torreblanca nombró subprocurador encargado del despacho a un abogado que, si bien nació en Guerrero, había hecho carrera fuera de la entidad. Con el nombramiento de Albertico Guinto Sierra (de verdad, así se llama) en la segunda línea de la Procuraduría, Torreblanca burló al Congreso local, al que no reconoció su prerrogativa de confirmar la designación. Y de paso evitó asumir un compromiso público, político además de jurídico, sobre el asesinato de Chavarría.
Ignorando la petición de que fuera nombrado un fiscal especial para el caso, Torreblanca hizo que el responsable del Ministerio Público en la zona centro, Jesús Miranda Rodríguez, se ocupara del expediente. Cuando se tuvo noticia de que la documentación no aparecía, Miranda Rodríguez, quien había dejado de trabajar en la Procuraduría, fue buscado en su domicilio, donde no hay rastro de su paradero.
La averiguación trazó cuatro líneas de investigación, según se informó de manera oficial: ámbito político, delincuencia organizada, grupos armados y entorno personal. No obstante la ubicación y la proyección de Chavarría, se puso el acento no en la primera, sino en la última línea. Por lo menos el subprocurador Guinto se esmeró en filtrar presuntas actuaciones relativas al entorno personal, con la obvia intención de demeritar la figura de la víctima. Se deslizó la insinuación de que habían sido convocadas a declarar 60 mujeres con las que Chavarría mantuvo alguna relación. Y también se sugirió que se hurgaba en las finanzas del político sacrificado. En un aspecto de la confusa participación de la Procuraduría General de la República en la investigación, esta dependencia averiguó si la señora Marta Obeso, viuda de Chavarría, poseía bienes inmuebles, y se la señaló por su propio pasado político, como militante de agrupaciones radicales.
Chismes en vez de datos integraban el expediente. Y en vez de detener a los asesinos, fueron capturados para someterlos a interrogatorios desconsiderados José Higuera, amigo cercano de Chavarría, y el director del diario El Sur, Juan Angulo, quien el 29 de diciembre de 2009 tuvo que responder 50 preguntas en presencia del subprocurador.
Sin que constara formalmente que la PGR haya atraído el caso, se dice ahora que el 4 de junio de 2010 se le turnó el expediente. Cuando el 1 de julio finalmente Torreblanca nombró a un procurador, David Sotelo, ya no halló el legajo en su oficina, sino que ahora ha dicho que estaba en la PGR. Ello significa que, sin decirlo expresamente, el Ministerio Público local se desentendió del caso entonces. Y no se sabe que la procuraduría federal lo hubiera asumido a plenitud. Lo que sí se sabe es que Albertico Guinto Sierra no entregó copia de las actuaciones a los abogados de la familia, reconocidos como coadyuvantes,
Triunfante en las elecciones de enero, después de un tortuoso proceso interno, el gobernador priista Ángel Heladio Aguirre, postulado por el PRD, designó procurador a Alberto Rosas López, quien al tomar posesión y querer ocuparse del caso descubrió la falta del expediente. Tendrá que comenzar de cero la investigación, dijo. Exalcalde de Acapulco, exdiputado federal, hijo del legendario Rey Lopitos, dirigente de colonos invasores en ese puerto, el nuevo procurador goza de la confianza de la familia, y de un sector relevante del perredismo guerrerense. Debe hacer rendir ese su capital político al conducir directamente la búsqueda del expediente Chavarría o al encabezar las diligencias que nunca se realizaron para saber quién mató a quién, a esta fecha, acaso fuera gobernador de Guerrero. l
Reforma insuficiente y vulnerable
jesús Cantú
El Senado concretó el apoyo de los tres grupos parlamentarios con mayor número de legisladores para aprobar una reforma política basada en las propuestas del presidente Felipe Calderón y la bancada priista, con algunas enmiendas del PRD. Sin embargo, se obviaron temas relevantes que tienen que ver con dos aspectos centrales: participación ciudadana y rendición de cuentas de los gobernantes.
La reforma que aprobó el Senado la noche del miércoles pasado es un fiel reflejo de lo que ha sido la producción legislativa del presente sexenio en los temas relevantes: modificaciones que no satisfacen plenamente a ninguno de los grupos parlamentarios, pero al menos abordan temas impostergables. El resultado es un avance en la dirección correcta, pero insuficiente.
En este caso se trataron 11 temas importantes, de los cuales siete provienen de la iniciativa de Calderón; tres, de la priista, y uno, el de elevar el porcentaje para aplicar la cláusula de gobernabilidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de alguna otra iniciativa.
Los asuntos incluidos en la reforma son los siguientes: posibles candidaturas no partidistas; consulta popular (propuesta por el PRI); iniciativa ciudadana; reelección de legisladores federales, con un límite de 12 años para senadores y de nueve para diputados; la posibilidad de que los Congresos estatales resuelvan sobre la reelección de los legisladores estatales y los alcaldes; la facultad del presidente de presentar hasta dos iniciativas de atención preferente al inicio de cada periodo legislativo; autorización del veto presidencial al presupuesto de egresos, y reconducción del presupuesto, en caso de que no haya acuerdo, al inicio de nuevo ejercicio presupuestal; fórmulas para llenar las ausencias presidenciales (tomadas de la iniciativa tricolor); ratificación por parte del Senado de las designaciones que haga el presidente en las comisiones de Energía, Telecomunicaciones y Competencia Económica (de la iniciativa priista), y el que la cuenta pública tenga que revisarse a más tardar el 31 de octubre del año siguiente a su ejercicio.
En cuanto a las candidaturas no partidistas, la iniciativa presidencial proponía que al menos contaran con el respaldo, a través de firmas, del 1% de los electores; ahora se deja esta definición a la ley, lo cual en la práctica puede hacer nugatoria dicha posibilidad, pues con un alto porcentaje se cierra de hecho la vía.
Calderón había propuesto que los ciudadanos pudieran presentar iniciativas de reformas legales o constitucionales con al menos el 0.1% del padrón electoral, y el Senado subió la cifra al 0.25%, lo que en la actualidad representa recolectar casi 190 mil firmas, contra las 82 mil que proponía la iniciativa presidencial. En este caso el PRD y el PT hicieron un último intento ante el pleno del Senado para establecer que fueran atendidas como iniciativas preferentes, pero no tuvieron éxito. Así, los ciudadanos ya tienen derecho a presentar iniciativas de reforma, pero no sabrán si los legisladores algún día las votarán.
En el caso de la consulta popular, las modificaciones legislativas establecen que hay que recolectar las rúbricas de al menos el 2% de los inscritos en la lista nominal, lo que se traduce en más de un millón y medio de firmas, que no será fácil reunir. El PRD, a pesar de un último intento en el pleno, no consiguió disminuir el porcentaje al 1%, que hubiera sido más accesible, pero sí que las solicitudes ciudadanas no tuviesen que obtener la aprobación de las dos cámaras, lo cual en la práctica anulaba dicha vía. Esta reforma era una propuesta tricolor y afortunadamente pudo conseguirse esa modificación, que sí cambia sustancialmente sus alcances, aunque el número de firmas requerido es muy alto.
Por lo que se refiere a las iniciativas preferentes del presidente, sí hubo cambios sustanciales a la propuesta presidencial, pues se eliminó la llamada afirmativa ficta, en el sentido de que al no ser votadas en los 30 días establecidos como plazo máximo se entendieran como aprobadas; ahora se presentarán en sus términos, sin dictamen, ante el pleno para que se discutan y voten directamente. Además, expresamente se prohibió que se coloquen como iniciativas preferentes reformas a la Constitución.
Por otra parte, la reforma que permite a los Congresos estatales determinar si procede o no la reelección de los alcaldes (en la iniciativa presidencial se proponía permitir su reelección, no dejar la facultad de aprobarla a los Congresos) se incorporó directamente en el pleno, con una redacción totalmente genérica, que reformó el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115, para decir simplemente: “Las Constituciones de los estados definirán las bases para la elección de los ayuntamientos”.
Lamentablemente no se incorporó ninguna de las propuestas originales de los legisladores del Diálogo para la Reconstrucción de México (Dia), integrado por PRD, PT y Convergencia, por lo que se dejaron fuera la revocación de mandato, la integración del Consejo Social y Económico de Estado e, incluso, la posibilidad de que el Congreso o la Cámara de Diputados aprobaran el Plan Nacional de Desarrollo, que elabora el Ejecutivo al inicio de cada sexenio; tampoco se incluyeron sus propuestas de reforma para modificar la composición de la Auditoría Superior de la Federación y ensanchar sus atribuciones, lo que se hubiese traducido en una mejor rendición de cuentas.
Puede especularse que dicha reforma fue cocinada en aquella reunión que sostuvieron el año pasado, justo después de las elecciones estatales del 4 de julio, el líder de los senadores priistas, Manlio Fabio Beltrones, y el presidente Calderón. Allí deben haber acordado los temas que se abordarían en cada una de sus iniciativas, para luego dejarle al PRD incorporar algunas modificaciones, como la de la consulta popular.
Sin embargo, esto es precisamente lo que la vuelve muy vulnerable, pues hasta hoy todo indica que la reforma no pasará intacta en la Cámara de Diputados. Así que todavía es muy pronto para celebrar inclusive estos insuficientes avances. l
La guerra que prefieren los generales
sabina berman
Por fin el presidente se ha dado por enterado. Reconoció recién esta semana que hay un consenso en el país: El Ejército no debe estar en las calles. “Hay una presión enorme, enorme para que no esté en las calles”, declaró Felipe Calderón.
Lo que preocupa de la admisión del presidente es que pudiera conducir a la conclusión directamente antípoda: Luego de que nada se ha ganado en esta guerra, el Ejército debe retirarse admitiendo la derrota del Estado mexicano ante el crimen.
Tal vez es más productivo enunciar el llamado de la sociedad civil de forma más compleja: El Ejército debiera ser retirado de las calles, pero no para declararse vencido, sino para adquirir funciones de Ejército.
Porque por lo pronto el Ejército ha sido sacado a las calles con una mano amarrada a la espalda: a cumplir funciones de policías, con restricciones de policías que se mueven entre la población civil, pero el Ejército pudiera y debiera emprender la guerra contra el crimen como lo que es, una fuerza militar entrenada y equipada para la confrontación directa y extraordinariamente violenta.
Si se cuadricula al territorio nacional. Si se delimita claramente qué zonas han dejado de estar regidas por el Estado legal y son regidas por el crimen. Si esas regiones se aíslan y se sellan. Si se evacúa a la población desarmada. Si en esas regiones selladas se declara el estado de excepción, ni más ni menos que la suspensión de garantías individuales, que permite el artículo 29 de la Constitución, para zonas donde se ha alterado gravemente el orden. “Entonces el Ejército podría entrar a ellas con todo su poder. Por aire, por tierra y por mar”. Con aviones y helicópteros, tanques y buques. “Para no dejar sin voltear una sola roca”.
Los entrecomillados son palabras del general de División Luis Garfias, las otras mi síntesis de su planteamiento.
Sigue el general Garfias: “Hablamos de un 40% del territorio nacional” donde el Estado ya no gobierna. Un 40% que se está desbordando.
Si esta es una guerra, implica el general Garfias, que lo sea. Que el presidente y el Congreso se atrevan a tomar las medidas para que lo sea. Una guerra territorialmente limitada y con condiciones para que logre su cometido con rapidez. “Según los órganos militares duraría semanas o meses”, aclara el general Garfias. No años.
Otra función crucial que el Ejército debiera tener, depende de que por fin el presidente focalice el objetivo de esta guerra. Que renuncie a la guerra amplia contra el crimen y el tráfico de drogas de todo México, y decida restringir el objetivo al de la seguridad de la población civil.
La seguridad de la población civil no se define por el exterminio de los maleantes, ni siquiera por la disminución drástica de personas que se dedican a actividades ilícitas. Se define por el abatimiento dramático de los crímenes que directamente destruyen las vidas de los civiles. El robo, la extorsión, el secuestro y el homicidio.
Me lo confía otro general de División que me pide no revelar su nombre, dado el tamaño de lo que expresa: “Por mí que construyan los narcos un ducto que lleve directo la coca de Sinaloa a California. Si Estados Unidos no hace la guerra contra los distribuidores de droga, ¿por qué nosotros la hacemos contra los que les transportan la droga a esos distribuidores felices? Lo que debe importarnos es librar del crimen y del miedo a los mexicanos”.
Este segundo planteamiento no excluye al anterior del general Garfias, adecuado únicamente para reconquistar las zonas de donde el Estado ha sido expulsado. Este segundo planteamiento sería adecuado para el resto del territorio y prevé un cuerpo armado de élite, con una movilidad y capacidad de ataque extraordinarios. Un cuerpo de élite que no puede surgir a corto plazo más que del Ejército o la Marina.
Si los miembros de un cártel roban, extorsionan, secuestran o matan a un civil, este grupo reacciona atacando al cártel en una zona focalizada y con una intensidad feroz.
Definir el objetivo de la guerra como la seguridad de los civiles tiene beneficios puntuales. Permite a los civiles aceptar esta guerra como su guerra. Alienta a los capos a replegar las actividades de sus tropas, a contenerlas, a controlarlas, como lo hacen desde hace tiempo del otro lado de nuestra frontera norte. Permite al Ejército elegir los territorios del enfrentamiento, para su ventaja y el de los civiles. Y por último, da un criterio objetivo para algún día dar por ganada la guerra.
¿Quién decidió esta guerra y cómo librarla, el presidente o los generales del Ejército Mexicano?
“El presidente”, responde lacónico el general Garfias.
Algunos militares piensan que es tiempo de que los militares decidan cómo hacer la guerra. l
