Sucesos y Sucedidos
SÍNTESIS PERIODÍSTICA ®
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Domingo 10 de abril de 2011
SUPLEMENTO “ENFOQUE” DE REFORMA
Colaborador Invitado / Perú: entre el cáncer y el sida
Casi 20 millones de peruanos están convocados hoy a la primera vuelta de las elecciones presidenciales
Colaborador Invitado
(10 abril 2011).- José Carlos Paredes
Periodista peruano, maestro de la Universidad Iberoamericana.
Lo único predecible en las elecciones presidenciales de Perú es que siempre son impredecibles. Así ha pasado en los últimos 20 años. Pareciera que a los peruanos nos gustan las finales de suspenso. Hemos hecho de nuestro sistema electoral un juego a dos tiempos cuyo máximo premio es elegir al mal menor. La primera vuelta empieza con una hemorragia de candidatos que atomizan el voto hasta lograr que ninguno de los 10 o 12 -el promedio de candidatos presidenciales- tenga mínimas posibilidades de alcanzar más del 50 por ciento de los votos para hacerse Presidente en un solo acto. Es una primera carrera donde ni el más irresponsable de los encuestadores se atreve a dar pronósticos contundentes. La segunda vuelta es un plebiscito. Sólo que al revés. Los electores vamos a las urnas para decir a quién no queremos como Presidente. Así pasó en 1990 cuando Mario Vargas Llosa -que se consideraba Presidente dos semanas antes de las elecciones- perdió ante un desconocido hijo de inmigrantes japoneses. No elegimos a Fujimori, votamos para que Vargas Llosa no fuera Presidente.
En 2001 la elección tuvo otro cariz pero fue, creo, igual de plebiscitaria. Los peruanos alzamos como Presidente al candidato que antes había sido víctima del fraude electoral de Fujimori. Optamos por Alejandro Toledo porque sentimos que sí era peruano, descendiente directo de nuestros antepasados, y no un japonés que había renunciado a la Presidencia de Perú vía fax desde su lejano país, al que se había fugado por un escándalo de corrupción sin precedentes. Esa elección fue una reivindicación nacionalista.
En la última elección presidencial, en 2006, la segunda vuelta nos puso ante un serio dilema que el imaginario popular resumió con una metáfora de sala de emergencias: escoger entre el cáncer y el sida. El cáncer era Alan García -cuyo primer gobierno fue el peor de la historia republicana del país- y el sida tenía el rostro del comandante Ollanta Humala, considerado pupilo de Hugo Chávez. La mayoría optó por el cáncer, quizá confiando en que la mancha impregnada en la biografía de García iba a tener efectos de sofisticada quimioterapia para evitar que se repitiera el desastre de su primera experiencia (1985-90).
Y, aunque salpicado con algunos escándalos de corrupción, García ha continuado con el modelo de crecimiento económico. La inflación -que en su anterior gestión fue hiperinflación- ha sido de las más bajas de la región (2 por ciento en 2010). Hoy los índices macroeconómicos muestran que Perú es la niña mimada del modelo de libre mercado en Latinoamérica: 10 años de crecimiento sostenido y ascendente, reducción de la pobreza de
Así las cosas, hoy son las elecciones en Perú, tan impredecibles como antes. Hasta hace dos meses el establishment peruano se felicitaba porque ningún candidato izquierdista o antisistema tenía posibilidades reales de llegar al poder. Hoy, como en 2006, Ollanta Humala es el que mayor intención de voto tiene en las encuestas. Pero esta vez cuenta con expertos en mercadotecnia política, enviados por el ex presidente Lula, a los que ha seguido con disciplina militar. Se presenta como moderado y hace todo lo posible para desmarcarse del chavismo. Ha cambiado el nombre a su partido, de Nacionalista a Gana Perú, ha guardado la playera roja que usaba en campaña al estilo Chávez para vestir un traje oscuro con corbata azul. Parece claro que Humala irá a la segunda vuelta, lo impredecible es saber con quién lo hará. Son tres los candidatos que se disputan voto a voto el pase. El ex presidente Toledo, Keiko -la hija de Fujimori, sentenciado por delitos de lesa humanidad y corrupción-, y el tecnócrata Pedro Pablo Kuczynksi. Que Humala gane la primera vuelta no le garantiza que llegue al Palacio de Gobierno. Todo lo contrario. El drama para una buena parte de los peruanos será que, al final, tengamos que escoger entre dos populismos: uno de izquierda con Humala y otro de derecha con Keiko Fujimori. Una nueva edición del dilema del cáncer y el sida. Probablemente otra vez optaremos por el cáncer. Aunque nadie nos garantiza que esta vez funcione la quimioterapia.
josecarlos@dosmediapro.com
Cinco riesgos en la relación con EU
Análisis Cooperación o confrontación bilateral. El trato ambivalente entre las administraciones Obama y Calderón conlleva riesgos para México de los que es necesario tomar conciencia. El primer riesgo es un incremento en los sentimientos anti-mexicanos que hoy recorren Estados Unidos
Olga Pellicer
(10 abril 2011).- Las relaciones políticas entre México y Estados Unidos atraviesan muy mal momento. El reclamo domina el discurso del gobierno mexicano frente a Estados Unidos: el envío de armas, el poco control sobre la demanda de drogas, el maltrato a los trabajadores mexicanos son sus temas sobresalientes. Desde allá se responde con declaraciones de solidaridad y signos de amistad, pero ello no disimula la desconfianza. En las agencias del Ejecutivo, en las filas del Congreso, en los medios de comunicación de aquel país, están presentes las dudas respecto al control de la violencia en México, las posibilidades de que ésta se extienda para el otro lado de la frontera y, en general, el futuro de la estabilidad.
En medio de reclamos y desconfianza, la relación camina por la única vía a la que se ha dado prioridad: los acuerdos, formales e informales, en materia de seguridad. "Trabajamos más cercanos que nunca", ha declarado a la prensa washingtoniana un funcionario estadounidense sorprendido de los niveles de cooperación que se dan en ese campo, los cuales hubiesen sido impensables hace algunos años. Como son asuntos de seguridad nacional, la información que se proporciona es muy escueta. Sólo se sabe de los llamados aviones no tripulados que sobrevuelan en el espacio aéreo mexicano, de oficinas bilaterales de inteligencia que se han abierto, de operativos enojosos para ambas partes como "Rápido y furioso", cuyos detalles ambos gobiernos han preferido dejar en la penumbra.
Esa relación ambivalente, amistosa en la seguridad y tensa en otros campos, conlleva riesgos para México de los que es necesario tomar conciencia. El primer riesgo es un incremento en los sentimientos anti-mexicanos que hoy recorren diversos sectores de la sociedad estadounidense. A menos de encontrar una manera de revertir las percepciones negativas que se tienen de la violencia en México y el "peligro" que tanto ésta como los trabajadores indocumentados representan para la seguridad y el bienestar de la sociedad americana, tales sentimientos van a escalar haciendo la vida cada vez más difícil a los millones de mexicanos que habitan allá y creando un resentimiento permanente en México.
El segundo riesgo está asociado a la influencia creciente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre las fuerzas del orden en México. El peligro no reside en aprovechar la necesaria capacitación que pueden brindar asesores estadounidenses, con tecnologías y formas de trabajo más sofisticadas y que los mexicanos necesitan. El peligro es que las nuevas formas de cooperación en materia de seguridad están ocurriendo bajo una línea estratégica poco clara por parte de México. Aprovechar la cooperación requiere de buena coordinación y claridad por la parte mexicana, lo que no es el caso en la actualidad. Es conocido el escaso consenso de que goza la "guerra" contra el narcotráfico instrumentada por el presidente Calderón y las debilidades de los diversos actores que participan en ella. Sin embargo, será difícil romper las inercias que ya se han establecido con los asesores estadounidenses.
El tercer riesgo es que se incremente la desconfianza en Estados Unidos sobre el futuro de la estabilidad en México, tanto por lo poco convincente de los logros que se han alcanzado como por la incertidumbre respecto al cambio político que vendrá con las elecciones presidenciales del 2012. Dada la polarización política que reina en aquel país, las dificultades para un efectivo control sobre las agencias del Ejecutivo y el difícil ambiente que existe en el Congreso las decisiones sobre cómo promover la estabilidad política en México pueden ser muy erráticas. Basta recordar la confusión existente respecto al carácter "insurgente" de las actividades de los narcotraficantes o las posibilidades de un "Estado fallido" en México.
El cuarto riesgo es quedar fuera de los proyectos de recuperación económica que se están poniendo en marcha para superar los estragos de la crisis económica en Estados Unidos. Sorprendente que, a pesar de la estrecha vinculación económica entre los dos países, no se haya creado el grupo de alto nivel encargado de estudiar la manera en que la crisis económica y las políticas para hacerles frente han impactado las economías de ambos países. Para México es fundamental identificar las acciones conjuntas que pueden favorecer a los dos países y hacer de tales acciones el motivo central de su diálogo con los dirigentes estadounidenses. El crecimiento económico de México es condición indispensable para la seguridad y la estabilidad a largo plazo de América del norte. Sin embargo, esa idea que debía ser una línea conductora no ocupa actualmente un lugar importante en las relaciones entre los dirigentes de ambos países; se relega a muy segundo término por la prioridad otorgada a los temas de seguridad.
Finalmente, México corre el riesgo de perder el momento para definir cuál es el papel que desea ocupar en la recomposición de las relaciones de poder internacionales que está ocurriendo. Más allá del 2015, y aún antes, el mundo verá nuevas alianzas y entendimientos entre las potencias emergentes y entre éstas y los poderes hegemónicos. Difícil para México imaginar su papel sin tener un claro entendimiento de los límites y alcances de su relación con Estados Unidos. ¿Queremos ser aliados incondicionales en la política internacional o fijar distancias? ¿Cómo establecer estas últimas evitando confrontaciones de alto costo?
Las circunstancias anteriores hablan de la urgencia de tener una aproximación nueva a la relación con Estados Unidos. Partiendo del reconocimiento de los lazos tan intensos que inevitablemente nos unen desde el punto de vista económico y político es necesario buscar formas de ordenar dichas relaciones evitando encajonarlas en el tema de la seguridad y pasando a mecanismos de diálogo y cooperación más promisorios.
Reencauzar las relaciones con Estados Unidos requiere, por una parte, identificar las acciones bilaterales que México desea promover tomando en cuenta la urgencia de moverse hacia una agenda integral; por la otra, revisar y fortalecer las instituciones e instrumentos de política exterior que permitan alcanzar esos objetivos.
Es necesario un entramado institucional sólido a partir del cual se puedan planear políticas de largo plazo y llevar a cabo innovaciones en la manera de conducir la relación con el país que hoy por hoy tiene enorme influencia en diversos aspectos de la vida nacional. Esa relación no puede quedar sujeta al estilo personal del jefe del Ejecutivo actuando sin el sustento de instituciones dedicadas a evitar los riesgos y aumentar las oportunidades. Los tiempos ya son cortos para dar ese giro; sin embargo, todavía se puede tomar conciencia de los peligros que se corren al llevar la relación con Estados Unidos a través de un discurso coloquial centrado en los reclamos.
La autora es diplomática y académica.
Militarización sin resultados
Reportaje Combate a la delincuencia. Aunque se ha cuestionado la eficacia de las Fuerzas Armadas en labores policiacas, cada vez más gobernadores recurren a militares para dirigir las instancias de seguridad pública estatales
Andro Aguilar
(10 abril 2011).- La estrategia de colocar a un militar al frente de las corporaciones policiacas se extiende por todo el país sin que ello se refleje en una disminución de los índices delictivos.
Enfoque publicó en febrero de 2009 que de las 32 entidades federativas, seis tenían al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a un militar en retiro. Hoy, ya suman 14 estados que tienen mandos militares en sus Secretarías y seis en sus policías estatales.
Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas tienen secretarios con formación castrense retirados: seis generales de brigada, cinco generales de división, un capitán, un mayor y un comandante de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
De los 12 gobernadores electos en 2010, siete optaron por un militar al frente de la SSP estatal: Carlos Lozano, de Aguascalientes; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; Mario López Valdés, de Sinaloa; Egidio Torre Cantú, de Tamaulipas; Mariano González Zarur, de Tlaxcala; Javier Duarte, de Veracruz, y Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas.
Los generales Eugenio Hidalgo Eddy, en Aguascalientes, y Sergio López Esquer, en Veracruz, fueron ratificados por los nuevos gobernadores. De los seis militares detectados por Enfoque en febrero del 2009, son los únicos que permanecen en el cargo.
Los nuevos gobiernos de Guerrero, Oaxaca y Puebla, en donde había militares en 2009, optaron por mandos civiles. Y en Tlaxcala se sustituyó al general José Leopoldo Martínez por el general Valentín Romano López.
En este año, dos generales fueron reclutados ante los altos índices de violencia y criminalidad: Heliodoro Guerrero, en San Luis Potosí, y Jaime Castañeda Bravo, en Nuevo León.
Otros cuatro militares llegaron al relevo entre 2009 y 2010 -también como consecuencia del incremento de la violencia- en Chiapas, Guanajuato, Michoacán y Morelos.
Y en Querétaro, el gobernador Francisco Calzada encargó la SSP al capitán Adolfo Vega Montoto desde el arranque de su administración, en octubre del 2009.
También han llegado militares en retiro a las direcciones de la Policía Estatal en Chihuahua, Coahuila, Colima, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas.
La corriente de militarizar los mandos policiales también se extiende a gobiernos municipales. Por lo menos el 36 por ciento de los directores de seguridad pública de los 50 municipios con más homicidios en el país, de acuerdo con información proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tiene formación militar.
Los cinco municipios que registran más homicidios en el país -Acapulco, Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana- son dirigidos por un militar en retiro, sin que esto repercuta directamente en la disminución de las ejecuciones registradas.
En Tamaulipas, el 13 de enero nueve mandos militares en retiro asumieron la dirección de corporaciones policiacas en los municipios de Madero, Altamira, Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Mante, Río Bravo y Ciudad Victoria.
A la lista de municipios con mandos militares al frente de sus corporaciones policiacas se suman Acuña, Ahome, Apatzingán, Aguascalientes, Chihuahua, Cuernavaca, Delicias, Ensenada, Guadalupe, Hermosillo, Manzanillo, Monclova, Ramos Arizpe, Saltillo, San Pedro, Santiago Papasquiaro, Zacatecas y Zapopan.
Solución fallida
Para analizar el comportamiento delictivo en las entidades que han optado por militares, Enfoque comparó el promedio de los delitos reportados mensualmente por cada estado al Sistema Nacional de Seguridad Pública durante la gestión de los nuevos secretarios con el promedio registrado en un lapso similar de tiempo antes de su llegada al cargo.
Es en las entidades donde el mando militar lleva más de seis meses al frente de las Secretarías donde es más fácil medir el impacto de los nombramientos: Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Querétaro, Veracruz y Zacatecas.
De ellas, sólo Veracruz registra una disminución en los tres principales delitos del fuero común (robo, homicidio y secuestro); sin embargo, recientemente el gobierno estatal fue acusado de maquillar las cifras por organizaciones como el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, que hizo notar que en renglones como el secuestro la entidad no ha aportado datos al SESNSP.
Desde el 1o. de julio de 2008, cuando el general de división en retiro Sergio López Esquer se hizo cargo de la dependencia, los robos y homicidios han disminuido 37 por ciento y ni un solo plagio ha sido reportado por la Procuraduría veracruzana al SESNSP.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, sin embargo, señaló que la PGR registró ocho secuestros sólo durante 2010, y la prensa local 11.
En Aguascalientes, donde el general Eugenio Hidalgo Eddy trascendió el cambio de gobierno del panista Armando Reyes al priista Carlos Lozano, se ha reducido el secuestro en un 54.5 por ciento, pero los robos registran un repunte del 13 por ciento y los homicidios crecieron en 1 por ciento. Entre octubre de 2008, cuando llegó el general, y diciembre del 2010, se habían registrado 85 ejecuciones ligadas al narcotráfico.
En Guanajuato, donde el panista Juan Manuel Oliva reclutó al general Miguel Pizarro desde hace un año, han disminuido los robos y secuestros en 7 y 55 por ciento, pero los homicidios aumentaron 9 por ciento. Las ejecuciones entre marzo y diciembre del 2010 sumaron 128.
En Zacatecas, el 11 de septiembre de 2010 el gobernador Miguel Alonso Reyes anunció la incorporación de tres militares a su gabinete. El general Jesús Álvarez Pérez, quien fue subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional, como consejero en seguridad. El general Héctor Sánchez Gutiérrez, como asesor, y el general Jesús Pinto Ortiz, como secretario de Seguridad Pública.
El crecimiento de los delitos no ha podido ser frenado por la nueva administración militar. Los secuestros denunciados han crecido 27 por ciento, los homicidios 17 y los robos 3 por ciento.
Desde comienzos del 2011, los habitantes del sur de Zacatecas padecen las batallas de dos cárteles de la delincuencia organizada que luchan por esa plaza: los Zetas y Cárteles Unidos. En municipios como Tepetongo, Tabasco, Jalpa y Huanusco los enfrentamientos armados han dejado 18 muertos, entre ellos un decapitado, además del rapto de cinco policías municipales.
Querétaro es otra entidad que no ha podido contener el aumento de la criminalidad en su territorio. El capitán Adolfo Vega Mototo, titular de SSP estatal, ha visto cómo crecen 60 por ciento los secuestros desde su llegada el 4 de octubre de 2009; los homicidios en 28 por ciento y los robos en 32 por ciento. Hasta diciembre de 2010 se habían registrado 21 asesinatos por presunta rivalidad de grupos delictivos.
Fracasos rotundos
Si la llegada de los mandos militares a las Secretarías de Seguridad de los estados tiene la intención de disminuir la delincuencia en esos territorios, las experiencias de estados como Michoacán y Morelos muestran un claro fracaso.
El 8 de agosto de 2010 el gobernador Leonel Godoy contrató al general de división Manuel García Ruiz como titular de la SSP de Michoacán; esto, tres meses después de que la ex titular de la dependencia, Minerva Bautista Gómez, sobreviviera a un atentado en el que murieron dos de sus escoltas y dos civiles que se encontraban en el lugar.
El nuevo secretario tampoco logró contener los delitos del fuero común en su territorio. En los ocho meses que han pasado desde el arribo del general los robos aumentaron en 7 por ciento, los secuestros en 18 por ciento y los homicidios en 46 por ciento. Además, se registraron 216 ejecuciones ligadas al narco entre agosto y diciembre del 2010.
García Ruiz ha tenido que lidiar con ataques directos hacia su estructura policiaca. El 24 de octubre fue asesinado el coordinador de la Policía Estatal Preventiva de Michoacán, el capitán militar retirado Alfredo Yáñez Piñón, nombrado en el cargo sólo dos meses antes.
Segundo hombre en el escalafón de la estructura de seguridad de Michoacán, Yáñez Piñón investigaba casos de corrupción policiaca, por lo que el secretario de Seguridad declaró que el ataque provenía del interior de las corporaciones e inició la investigación de 60 elementos. Tras la destitución de tres de ellos, 200 policías protestaron y pararon labores. Sus demandas incluían la renuncia de García Ruiz a la Secretaría. Finalmente se logró una negociación.
El 6 de diciembre varios mandos fueron destituidos de su cargo por parte del secretario, entre ellos otro militar, el general en retiro Manuel Farfán Carriola, conocido como su "brazo derecho" en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del estado, quien moriría el 8 de febrero en un atentado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde ya se desempeñaba como director de Seguridad Pública municipal.
En Morelos, donde la seguridad está a cargo de un militar desde mayo del 2009, aumentaron los robos en 7 por ciento, los secuestros en 160 por ciento y los homicidios en 15 por ciento. Hasta diciembre del 2010 se habían registrado 433 ejecuciones.
En ese estado gobernado por el panista Marco Adame el relevo de secretario de Seguridad ocurrió en mayo del 2009, luego de que el ex secretario Luis Ángel Cabeza de Vaca fue detenido y acusado de brindar protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
El general de división Gastón Menchaca Arias llegó a la dependencia. Con él arribaron el general de división Gilberto Toledano Sánchez, para hacerse cargo de la Dirección General de Seguridad Privada, y el general de división Rafael García Aguilar, para fungir como subsecretario operativo de la dependencia.
El 26 de marzo de 2010, el grupo identificado como La Empresa, ligado a la organización de los Beltrán Leyva, dejó una manta en la que amenazaba de muerte a Menchaca Arias por los supuestos nexos que tenía con Édgar Valdés Villarreal, La Barbie.
Un mes después, tras la captura de Gerardo Álvarez, El Indio, en el estado se desató una ola de violencia que provocó que elementos del Ejército terminaran patrullando el estado. El teniente coronel en retiro Roberto Guzmán asumió la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano en Cuernavaca.
El 22 de marzo pasado fue hallado el cadáver del líder cetemista en el estado, Tito Barrera Ocampo, en un día en el que cuatro personas más fueron asesinadas.
Cinco días después, cientos de trabajadores e integrantes de organizaciones sociales protestaron contra la inseguridad en la entidad y pusieron como plazo el 1o. de mayo para que sea resuelto el problema.
El 28 de marzo, los cuerpos de siete personas asesinadas por asfixia fueron hallados en el interior de un automóvil abandonado en el poblado de Temixco. Entre los cadáveres se hallaba el de Francisco Sicilia, hijo del poeta y periodista Javier Sicilia. Durante tres días consecutivos, artistas, activistas, amigos y conocidos de los jóvenes asesinados tomaron las calles de Cuernavaca para exigir que se detenga la ola de asesinatos en la entidad.
Morelos, a pesar de la presencia del general Menchaca Arias, es hoy en día prototipo de la inseguridad y la violencia que azota al país.
Sin estrategia y con muchos riesgos
Llevar militares a comandar las corporaciones policiacas estatales y municipales no resolverá el problema de la inseguridad en el país, coincidieron especialistas en seguridad consultados por Enfoque.
La formación de policías profesionales con vocación de servicio, una reestructuración del sistema de justicia que permita la adecuada aplicación de la ley y la intervención de otro poder además del Ejecutivo que evalúe la estrategia de seguridad implementada son las medidas que, según los investigadores, deben incorporarse para enfrentar a la delincuencia.
Javier Oliva Posada, coordinador académico del Diplomado en Seguridad Nacional de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, identifica a la falta de confianza en los cuerpos policiacos y la carencia de mandos civiles competentes y confiables como las principales causas que explican la expansión de jefes policiacos militares.
Según Oliva, los gobernadores ven en los militares valores específicos derivados de su formación castrense, pero estos no necesariamente son transmitidos a los elementos civiles con los que tienen que trabajar.
"Lo importante es la formación de valores de los servidores públicos que se desempeñan en tareas de policía. Mientras se siga improvisando policías, no se va a avanzar. Se puede traer a militares y más militares y no se resolverá el problema.
"Es necesario el adiestramiento, la preparación, el estímulo a la carrera policiaca, la vocación del policía, que está muy desprestigiada", afirma el académico.
Oliva afirma que existen riesgos derivados de que las Fuerzas Armadas lideren la lucha frente al narcotráfico.
"Lo que creo es que se está exponiendo a la institución, a las Fuerzas Armadas, que al no dar resultados se señale que ni siquiera los militares están dando buenas cuentas a la sociedad. Es un proceso de vulneración al prestigio de la formación militar. Se comienzan a tomar medidas desesperadas como preguntarse qué es más importante, la libertad o la seguridad. Y entonces se comienza a perder precisamente la libertad", señala el también doctor en sociología.
Para Erubiel Tirado Cervantes, coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, la colocación de militares al frente de la seguridad pública obedece a una visión distorsionada sobre el origen y formación de quienes deben comandar las corporaciones policiacas.
"Las funciones son diferentes. Los militares son entrenados en un esquema muy básico de diferenciar entre el amigo y el enemigo, y entre el vivir y el matar. La visión de la seguridad pública es proteger la vida de los ciudadanos y su patrimonio, no identificar enemigos y aniquilarlos", explica.
El también maestro en derecho por la London School of Economics and Political Science (LSE) señala dos inconvenientes adicionales en la colocación de mandos militares al frente de las policías: si no funcionan, la sociedad perderá confianza en las Fuerzas Armadas, y habrá un desgaste de la autoridad civil sobre la militar.
"Esto empezó como una función práctica de mejorar no sólo la imagen de la seguridad pública, municipal y estatal, sino también de pasar la responsabilidad a una instancia diferente a las locales y con las cuales nadie se va a meter. Nadie le va a pedir cuentas al comandante de zona o al secretario de la Defensa", indicó.
El efecto en el corto plazo puede ser benéfico, afirma Tirado Cervantes, pero a largo plazo el prestigio e imagen de las Fuerzas Armadas se irá minando, además de que se están generando ínsulas de poder en el estamento militar y una pérdida de la supremacía del principio civil sobre el militar.
"(Con estas medidas) vamos a viciar el instrumento de transformación para solucionar la crisis de seguridad pública, que son las corporaciones policiales. Los cambios no son automáticos. Se insiste en la idea de que como la imagen del Ejército per se es buena, al poner a un militar a frente de la seguridad pública ésta va a mejorar, y eso no es cierto.
"Es una cuestión de principio democrático y aquí no está operando, lo que estamos haciendo es simplemente minarlo con este tipo de esquemas", concluye.
Casos paradigmáticos
El teniente coronel Julián Leyzaola es la referencia dentro del modelo de militares al mando de corporaciones policiacas. A su llegada a Tijuana en 2009 al frente de la Policía Municipal, Leyzaola cesó a 400 policías municipales y arraigó a 25 de ellos. Pero la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos efectuaron recomendaciones contra Leyzaola por el delito de tortura, y fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos.
El 10 de marzo, tras la polémica salida del coronel de artillería Laurencio Rodríguez de la policía municipal de Ciudad Juárez, Julián Leyzaola se convirtió en el titular de seguridad de ese municipio, el más violento del país. Menos de un mes después, el 4 de abril, Human Rights Watch responsabilizó a la corporación a cargo de Leyzaola de la desaparición forzada de cuatro jóvenes en la ciudad fronteriza.
"El caso de Julián Leyzaola es un espejismo raro de que la mano dura va a dar respuesta a la crisis de seguridad, pero tiene otros costos: violaciones a derechos humanos. Se ha transgredido el principio fundamental de una democracia, en el que una autoridad civil debe estar sobre el estamento militar", opina Erubiel Tirado.
Carlos Bibiano Villa Castillo es otro caso paradigmático. El general brigadier retirado tomó protesta como secretario de Seguridad de Quintana Roo con el nuevo gobernador, el priista Roberto Borge.
Desde que se anunció su nombramiento, en marzo pasado, en esa entidad surgieron protestas ciudadanas, pues el general duranguense acababa de hacer polémicas declaraciones respecto a los métodos empleados cuando fue titular de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, Coahuila.
Villa Castillo declaró a la periodista Sanjuana Martínez (La Jornada, 13 de marzo del 2010) que si él llegara a agarrar a un miembro del crimen organizado, preferiría matarlo sin interrogatorio.
"Aquí hay que romperle la madre al cabrón que ande mal. Yo desconfío de la Policía Federal porque ellos no matan, nomás agarran. Y el Ejército y la Marina matan", declaró el militar, generando que la CNDH abriera una investigación extraordinaria.
Descendiente del legendario revolucionario Pancho Villa, el general otorgó esa entrevista días después de salir ileso de un atentado ocurrido el 2 de marzo de 2011, en el que seis elementos municipales de Torreón fueron heridos.
Sus palabras no fueron corregidas por el gobierno federal o el Ejército, pero en cambio levantaron ámpula entre organismos civiles y defensores de los derechos humanos. Con todo y su dicho, el pasado 5 de abril Villa asumió el cargo en Quintana Roo, entidad en la que deberá enfrentar la presencia de Los Zetas, el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa.
El pasado 22 de marzo fue hallado un cuerpo destazado en Cancún con un narcomensaje en el que ya se amenazaba de muerte al general, firmado por "Fuerzas Especiales Zetas".
Mando verde olivo
En 14 estados del país los gobernadores han nombrado a militares al frente de las Secretarías de Seguridad Pública y en seis al frente de las policías estatales.
2011
Secretario
- Aguascalientes
- Chiapas
- Colima
- Guanajuato
- Morelos
- Nuevo León
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
Director de la Policía
- Chihuahua
- Coahuila
Secretario y Director de la Policía
- Michoacán
- Sinaloa
- Zacatecas
2009
Secretario
- Aguascalientes
- Guerrero
- Oaxaca
- Puebla
- Tlaxcala
- Veracruz
Director de la Policía
- Baja California
- Chiapas
- Coahuila
| | | | Comportamiento delictivo*. | | | |
| Entidad | Nombre y rango militar | Cargo y fecha del nombramiento | Robos | Secuestros | Homicidios | Ejecuciones |
| Aguascalientes (PRI) | Rolando Eugenio Hidalgo Eddy. General de división, retirado. | Secretario de Seguridad Pública estatal desde el 6 de octubre del 2008. | +13% | -54.5% | +1% | 85 |
| Chiapas (PRD) | Rogelio Hernández de la Mata. Mayor de caballería. | Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana desde el 30 de diciembre del 2010. | +20 | +92 | -6 | ND |
| Chihuahua (PRI) | Julián David Rivera Bretón. General de división, retirado. | Director general de la Policía Estatal Única desde el 3 de octubre del 2010. | +4 | -39 | -3 | 1,008 |
| Coahuila (PRI) | Jesús Ernesto Estrada Bustamante. General de división, retirado. | Director de la Policía Ministerial desde el 1o. de enero del 2011. | ND | ND | ND | ND |
| Colima** (PRI) | Raúl Pinedo Dávila. General de brigada Diplomado del Estado Mayor, retirado. | Director de Policía Estatal Preventiva desde el 6 de diciembre de 2010. | +18 | +518 | +73 | ND |
| Guanajuato (PAN) | Miguel Pizarro Arzate. General de brigada Diplomado del Estado Mayor. | Secretario de Seguridad Pública desde el 2 de marzo del 2010. | -7 | -55 | +9 | 128 |
| Michoacán (PRD) | Manuel García Ruiz. General de división del Estado Mayor, retirado. | Secretario de Seguridad Pública desde el 8 de agosto del 2010. | +7 | +18 | +46 | 216 |
| | Mario Ortiz Romero. Capitán segundo de artillería. | Coordinador de la Policía Estatal Preventiva desde el 26 de octubre del 2010. | | | | |
| Morelos (PAN) | Gastón Menchaca Arias. General de división del Estado Mayor, retirado. | Secretario de Seguridad Pública desde el 15 de mayo del 2009. | +7 | +160 | +15 | 433 |
| Nuevo León (PRI) | Jaime Castañeda Bravo. General de división. | Secretario de Seguridad Pública desde el 3 de febrero del 2011. | +12 | ND | +27 | ND |
| Querétaro (PRI) | Adolfo Vega Montoto. Capitán. | Secretario de Seguridad Ciudadana desde el 4 de octubre del 2009. | +32 | +60 | +28 | 21 |
| Quintana Roo (PRI) | Carlos Bibiano Villa Castillo. General brigadier, retirado. | Secretario de Seguridad Pública desde el 5 de abril del 2011. | ND | ND | ND | ND |
| San Luis Potosí (PRI) | Heliodoro Guerrero Guerrero. General brigadier, retirado. | Secretario de Seguridad Pública desde el 15 de enero del 2011. | ND | ND | ND | ND |
| Sinaloa (PRI) | Francisco Manuel Córdova Celaya. Comandante en el Ejército de Estados Unidos. | Secretario de Seguridad Pública desde el 31 de diciembre del 2010. | -3 | +278 | +1 | ND |
| | Alfredo Mejía Pérez. Mayor, retirado. | Director de la Policía Estatal Preventiva desde marzo del 2011. | | | | |
| Tamaulipas (PRI) | Ubaldo Ayala Tinoco. General brigadier Diplomado del Estado Mayor. | Secretario de Seguridad Pública desde el 30 de diciembre del 2010. | -3 | +123 | -9 | ND |
| Tlaxcala (PRI) | Valentín Romano López. General de brigada, retirado. | Secretario de Seguridad Pública desde el 15 de enero del 2011. | ND | | | |
| Veracruz*** (PRI) | Sergio López Esquer. General de división, retirado. | Secretario de Seguridad Pública desde el 1o. de julio del 2008. | -37 | -100 | -37 | 357 |
| Zacatecas (PRI) | Jesús Pinto Ortiz. General de brigada del Estado Mayor. | Secretario de Seguridad Pública desde el 11 de septiembre del 2010. | +3 | +27 | +17 | 18 |
| | Víctor Manuel Bosque Rodríguez. General, retirado. | Director de la Policía Estatal Preventiva desde el 3 de noviembre del 2010. | | | | |
Notas:
* El comportamiento delictivo corresponde al promedio de los delitos reportados mensualmente por cada estado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), comparado con el promedio registrado anterior a su llegada. Debido a las fechas en que arribaron al cargo los mandos militares de Coahuila, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala, en esos estados no se cuenta con una evaluación del comportamiento delictivo. Las ejecuciones corresponden a las registradas en la base de datos del gobierno federal, que abarca de diciembre de
** En Colima el director de la policía preventiva es el máximo cargo en materia de seguridad. El general Raúl Pinedo tiene rango de secretario.
*** El gobierno de Veracruz fue acusado de maquillar las cifras que reporta al SESNSP.
Fuentes: gobiernos estatales, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Reforma.
PAN: más allá del conservadurismo
Ensayo Identidad y crisis partidista. El ex dirigente de Acción Nacional insiste en la urgencia de que su partido abrace tesis liberales, y asegura que la adhesión acrítica al humanismo tradicional tiene atrofiado el debate ideológico panista. Demonizar la libertad sólo es producto del temor, del oscurantismo, del desconocimiento o de la pereza intelectual
Germán Martínez Cázares
(10 abril 2011).- Aunque los diputados Alejandro Landero y Fernando Rodríguez, en su réplica PAN: más allá del liberalismo, sólo dieron la bienvenida al debate "interno" (Enfoque 872, 9 de enero del 2011), quiero refutar "en público" sus alegatos y sostener mi opinión: el PAN debe abrazar, sin miedo, y antes de que sea demasiado tarde, a la libertad como principio ordenador de su tarea política.
El dúo replicante cita a Carlos Castillo Peraza, ¿tendrán claro que para Castillo Peraza la política es terreno de "verdades probables", no de "certezas absolutas"? Parecen no recordar la famosa teoría castillista de que México estaba sumido en la "cultura del mural", en la que de un lado aparecen los "buenos" y la verdad, mientras en el otro asoman los "malos" y la mentira.
Quienes, como el dúo, quieren dictar en política decisiones "éticamente correctas", "límites éticos y morales", principios ciertos, verdades absolutas, ¿para qué debaten?, ¿para qué argumentan?, ¿para qué exponen?, ¿para qué votan?; en resumidas cuentas, ¿para qué quieren la libertad? Bastaría con bajar las ordenanzas del monte del Sinaí y revelar a sus súbditos las tablas de la ley y el camino correcto.
Lo debería saber el diputado Landero, autor de una tesis sobre Karl Popper -liberal ejemplar del siglo XX- quien renunció claramente a "un saber con garantía de conocer la verdad".
Por tanto, advierto a mis críticos: no me considero depositario de la verdad política, me conformo con ensayar dudas y opiniones.
El dúo doctrinario se siente cómodo en el púlpito "interno". En esa homilía de certidumbres autoproclamadas infalibles donde la feligresía sólo escucha, donde el coro no tiene derecho a la interpelación, donde la libertad es un peligro.
El dogma no reclama libertad, exige silencio clandestino y obediencia ciega. Y ésas no son herramientas de la democracia, ni deberían tomar carta de naturalización en Acción Nacional.
El desconocimiento y el miedo a la libertad del dúo están demostrados con su afirmación, gratuita, de que los liberales de Estados Unidos están a la izquierda y los europeos a la derecha.
¿El francés Raymond Aron a la derecha, junto al nazismo que lo persiguió? Cuando John Rawls afirma que los derechos y libertades pueden limitarse por causa de derechos y libertades concurrentes, pero no por razón de beneficios económicos colectivos, y sienta las bases de un igualitarismo liberal, ¿no es simplismo, por ser norteamericano, situarlo a la izquierda? Amartya Sen no es europeo, ni norteamericano, ¿dónde lo ponemos? ¿Crawford B. Macpherson, canadiense, educado en Inglaterra, de derecha? ¿Qué decir de Mario Vargas Llosa, aclamado por muchos panistas?
Tienen razón en afirmar al concepto "liberal" como "polisémico", pero con la misma vara deben reconocer al "humanismo" con más de un significado. ¿El "humanismo existencialista" de Jean-Paul Sartre es el mismo de Efraín González Luna? ¿El de Heidegger es igual al de Levinas?
La persona humana se dignifica en la libertad, y eso es lo que siempre ha sostenido Acción Nacional.
La adhesión acrítica al humanismo tradicional tiene atrofiado el debate ideológico panista. Recitar como letanías los principios humanistas panistas es un buen bla-bla-bla para aplaudirnos entre nosotros, pero no sirve para construir una dialéctica de resultados de gobierno a los ciudadanos.
La libertad es el piso común de un método democrático de asignación de responsabilidades y derechos. Sin ese piso, la asignación justiciera de bienes públicos es barato providencialismo, o peor, estatismo puro.
Afirmar que "la libertad sólo es tal cuando se busca la justicia y se garantiza la igualdad de oportunidades", es una proclama digna de Hugo Chávez; vale como encabezado del Granma de Fidel Castro, pero no como argumento de dos representantes populares de un partido que cree en la democracia deliberativa.
Exagera el dúo al afirmar que propongo "absolutizar la libertad", pero el PAN sí debería afirmar la utilidad y primacía de esa libertad.
Isaiah Berlín dice que hay una "libertad de" y una "libertad para". Una "libertad de", frente a las reglas de una sociedad y sus instituciones; una libertad del individuo de cara a cualquier fuerza moral o física, que pretenda clausurar sus posibilidades de desarrollo materiales y espirituales. Además, otra libertad, "libertad para", que cuestione, que dude, que responda ¿quién controla?, ¿quién determina mis acciones?, ¿bajo qué órdenes estoy?, ¿qué disciplina social obedezco?, ¿qué orden legal orienta nuestro destino?
El PAN debe cuestionar, siempre, su eficacia en la defensa de la libertad y rebelarse, en "brega eterna", frente a sus obstáculos.
No realizar esa tarea tiene postrado al PAN frente a las llamadas "políticas sociales" que convierten al gobernante en un gestor de recursos, dádivas, despensas, cemento, láminas de cartón y un largo etcétera de favores gubernamentales, mientras transforman al ciudadano en sumiso y hasta cautivo receptor, en "beneficiario" del favor estatal, sin liberar y, en consecuencia, sin detonar la potencia de la dignidad humana.
Justamente por no tener claro el ejercicio de defender la libertad de muchos ciudadanos frente a los "gobiernos justicieros", el PAN pierde terreno con los jóvenes o la clase media, y requiere muletas para caminar electoralmente. El temor a la agenda liberal obliga al PAN a abrazar las coaliciones electorales con sus adversarios ideológicos.
¿Están libres los profesores de México de su sindicato? ¿Creemos libres a los consumidores de gasolina mexicana? ¿Tienen libertad los padres de familia de educar a sus hijos? ¿Son libres los precios de las tarifas de telecomunicaciones? ¿Las inversiones extranjeras y las propias compiten sin trabas gubernamentales? ¿Los subsidios millonarios al campo liberan a los campesinos? ¿El mercado laboral es libre y genera empleo? ¿La ley laboral cuida empleos o privilegios sindicales? ¿No falta libertad política en entidades federativas y municipios?
Los escritos como los del dúo son mezcla de aprecio a la justicia y palmadas en la espalda a la libertad, sin dar prioridad a esta última; son síntesis de reflexión, limbo para indefinidos, pero no compromiso político cierto. Se envuelven en el credo del humanismo, cerrando los ojos a la libertad.
Es un error comprensible. Los panistas hemos abrazado el "solidarismo", que promueve la justicia como compromiso estatal, en detrimento del "subsidiarismo" que eleva a la libertad del ser humano por encima del Estado. Nada hay de ajeno al PAN en un discurso liberal.
Gritar un humanismo sin libertad es romántico pero vano. Las visiones antropocéntricas pueden llegar a justificar la primacía de un hombre sobre otro (nazismo), la falta de responsabilidad social (individualismo), el desprecio al desarrollo sustentable (populismo).
No basta la añeja receta humanista sin libertad. Quizá el objetivo panista debería ser más modesto y realista: limitar, con más libertad, a nuestros gobernantes. Hace falta llenar de libertad nuestra democracia.
Lo que en el fondo el dúo cree es que los valores del pensamiento occidental-cristiano no son compatibles con la libertad. Lo que también es falso.
Es cierto que la "cosmovisión de la Escuela de Salamanca" del siglo XVI trajo a América nutrientes filosóficos para una reflexión cristiana. ¿Está reñida esa visión con la libertad? No lo creo.
Ni siquiera con la satanización al mercado, sugerida en su escrito por el dúo.
Precisamente el pensamiento salmantino del siglo XVI (Tomás de Mercado, Suma de trato y contratos) demostró que los instrumentos mercantiles y el intercambio de mercancías generan también espacios de civilización y son vehículos de cultura, en América y en todo el mundo.
Además de la cruz y el evangelio, la España cristiana trajo el préstamo, el interés, los contratos. ¿Es pecado defenderlos? El PAN haría bien en amparar, con mayor solidez y sin rubor, a la propiedad privada y a la seguridad jurídica para hacer valer el cumplimiento de un asunto pactado legalmente entre individuos.
Regresemos al fondo para concluir. Con algunas lecturas distintas a las panistas de siempre se pueden acercar valores liberales, con valores de esa tradición cristiana-occidental, pero es necesario dejar de ver en esas lecciones humanistas, manías de penitencia.
El humanismo no es una carga de deberes, ni expiación de culpas; es conciencia práctica de lo real que es la libertad y lo útil que resulta un ser humano libre, para responsabilizarlo en la construcción del bien común.
Un parlamentario inglés, católico del siglo XIX -donde los católicos evidentemente eran minoría-, sin conservadurismos, ni anteojeras frente a su liberalismo, intentó conciliar las hondas creencias religiosas con su fe en la libertad. Se llamó John Acton.
Acton es famoso por su célebre frase "el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente".
Su liberalismo, dice uno de sus biógrafos, era una extraña y peligrosa novedad. Siempre vivió con temor a la excomunión. Rechazado al intentar estudiar en la Universidad de Cambridge por ser católico, Acton ingresa a la Universidad de Munich. Fue miembro de la Cámara de los Comunes por el Partido Liberal, allí entabló una relación con el primer ministro William Gladstone.
Acton era amante de los libros, conocía la obra de Marx, rechazaba un liberalismo estrictamente materialista. Afirmó algo que seguramente los diputados replicantes tildarían de sacrilegio: "la historia de la libertad está intrínsecamente unida a la de la religión... es de la lucha por la libertad de conciencia de donde surge el liberalismo".
"La libertad es el más elevado fin e ideal político", decía Acton, y enumeró a sus enemigos: ignorancia, superstición, codicia, amor a lo fácil o fanatismo. "La libertad siempre está en peligro y siempre debe ser defendida".
"Si existe algo de divino en lo humano eso es el anhelo de libertad", sentenciaba. Demonizar la libertad sólo es producto del temor, del oscurantismo, del desconocimiento o de la pereza intelectual.
Acton decía que el liberalismo es "una planta que crece lentamente y madura tarde". Después de leer a los diputados Landero y Rodríguez, nuestra planta panista liberal sí se ve crecer, lenta, pero madurará.
El autor es abogado. Fue presidente nacional del PAN, 2007-2009.
Nota bibliográfica: Ensayos sobre la libertad y el poder de John Emerich Edward Dalberg-Acton. Unión Editorial S.A. Madrid, España, 1999.
La cultura política
(10 abril 2011).- Téngalo presente
Comunicación y poder. Manuel Castells. Invitan la Academia Mexicana de las Ciencias y la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Viernes 15, 11:00 horas. Auditorio Ricardo Flores Magón de la FCPyS. Circuito Mario de la Cueva s/n. Ciudad Universitaria. Informes: 5522 2326 ext. 106.
Coloquios
Creatividad social y cultural emergente. Los rostros plurales del individuo frente a la incertidumbre. Gina Zabludovsky, Marc-Henry Soulet, Héctor Castillo Berthier, Roberto Briseño, Hugo José Suárez, Enrique de la Garza, Kristina Pirker, Pablo García, entre otros. Martes
Tiempo mundial y relaciones internacionales. XXXVI Coloquio internacional de primavera. Miércoles
Conferencias
La renovación de la sociología contemporánea. Guy Bajoit y Hugo José Suárez. Lunes 11, 13:00 horas. Sala Lucio Mendieta y Núñez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 9470.
Derechos humanos y feminismo. Richard Miskolci. Martes 12, 11:00 horas. Sala de seminarios del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Torre II de Humanidades. Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0010.
El derecho pluricultural (siglo XXI). Jorge Alberto González Galván. Martes 12, 12:00 horas. Aula de seminarios Guillermo Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
Tomando al municipio en serio. Laura Patricia Rojas Zamudio e Ignacio Lozano Moheno. Miércoles 13, 17:00 horas. Sala de audiencias de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2846.
Negotiating the medieval in the modern. Janet Coleman. Jueves 14, 11:00 horas. Sala 1 del Centro de Investigación y Biblioteca del CIDE. Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe. Informes: 5727 9800 ext. 2119.
Congresos
Historia y práctica de las drogas: una visión antropológica. Julio Glockner, Carlos Zamudio y Ana Paula Hernández, entre otros. Lunes
Exposiciones
Aplastar el tráfico ilícito de armas pequeñas. Muestra fotográfica conformada por imágenes tomadas en Nueva York, Cachemira, Afganistán, Irlanda del Norte, Zambia, Sierra Leona y Liberia, que exponen armas pequeñas ilícitas, sus usos y los daños que ocasionan a sociedades, especialmente a niños y jóvenes. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, edificio T, piso 5, Lomas de Santa Fe. Informes: 5950 4197.
José Guadalupe Posada en las colecciones Carlos Monsiváis. Muestra de más de 300 grabados del artista cuya obra más reconocida es La Catrina. Museo del Estanquillo. Isabel La Católica y Madero, Centro Histórico. Informes: 5521 3052.
La mirada invisible. Muestra fotográfica de 15 artistas ciegos provenientes de distintos países. Biblioteca José Vasconcelos. Eje 1 Norte, Buenavista. Informes: 9157 2800.
Foros
Cambio climático en México: hacia una agenda legislativa en el marco de los acuerdos de Cancún. Adrian Fernández Bremauntz, Héctor Magallón, Magdy Martínez-Solimán. Miércoles 13, 9:00 horas. Auditorio Aurora Jiménez del Edificio E. Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes: 5036 0000 ext. 56154.
Empleo y reforma laboral. Gonzalo Hernández Licona, Manuel Molano, Javier Lozano, Josefina Vázquez Mota y Gerardo Aranda. Miércoles 13, 9:00 horas. Salón Constitución del Hotel María Isabel Sheraton. Paseo de la Reforma 325. Informes: 5559 6300 ext. 107.
Libros
Herejía, crítica y parresía 1 y 2 de Fernando Belaunzarán. Editado por el PRD. Conjunto de ensayos y reflexiones sobre la izquierda mexicana publicados por el autor entre octubre del 2008 y febrero del 2011.
1910: la Universidad Nacional y el barrio universitario coordinado por Carlos Martínez Assad y Alicia Ziccardi. UNAM. Prólogo de José Narro Robles. Conjunto de textos que rescata los primeros años de la UNAM con motivo de su centenario. Obra enfocada en los componentes del entorno social y cultural que caracterizaban al barrio universitario y su comunidad en el Centro Histórico.
Los morros del narco de Javier Valdez Cárdenas. Aguilar. Investigación periodística que retrata la participación de los niños y jóvenes en la delincuencia organizada en México, describe las secuelas que padecen los menores y responde cuáles son las causas de que esta población protagonice la actual guerra del narcotráfico.
Mesas redondas
Justicia para menores de edad en conflicto con la ley penal. Ruth Villanueva, Sergio Correa García y Alejandro Porte Petit. Martes 12, 17:00 horas. Instituto Nacional de Ciencias Penales. Magisterio Nacional 113, Tlalpan. Informes: 5622 7474 ext. 1735.
Reconstruir a México desde la ciudadanía. Sergio Zermeño, Arturo Flores y Gustavo Galicia. Jueves 14, 18:00 horas. Casa universitaria del libro de la UNAM. Orizaba 24, Roma. Informes: 5622 7390.
Presentaciones
La libertad de expresión y campañas negativas de Benjamín Temkin Yedwab y Rodrigo Salazar Elena. TEPJF. Salvador O. Nava Gomar, Rafael Estrada Michel y los autores. Jueves 14, 19:00 horas. Museo Franz Mayer. Hidalgo 45, Centro Histórico. Informes: 5728 2300 ext. 2378.
Revistas
Zócalo. No. 134. Raúl Trejo Delarbre analiza la batalla frontal que protagonizan las televisoras y Telmex ante la impasibilidad de las autoridades. Mauricio Coronel señala mutuos encubrimientos entre el Senado y la Cofetel, evidenciados durante la comparecencia de los integrantes de la comisión en la Cámara alta.
Seminarios
Pertenecer a la familia mexicana. Los procesos de naturalización en el México decimonónico. Erika Pani y Paolo Riguzzi. Lunes 11, 17:00 horas. Salón 5524 de El Colegio de México. Informes: 5449 3000.
¿Hacia dónde va América del Norte? Clemente Ruiz, Luin Goldring, Luis Mesa del Monte, Indira Sánchez Bernal, Silvia Núñez, Doris Marie Provine, Eugene Beaulie, entre otros. Miércoles 13, 10:00 horas. Salón de seminarios del CISAN, piso 7, Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria. Informes: 5623 0010. Programa completo:http://bit.ly/f6dfKs.
Si desea difundir alguna actividad de cultura política, comuníquese al 5628 7245. Correo electrónico: enfoque@reforma.com
Los placeres y los días / Entre la cirugía y el viagra
Andrés de Luna
(10 abril 2011).- Calígula, emperador romano, hizo del capricho una forma de gobierno. Una de las modalidades que planteó fue el pago de impuestos a través de un lupanar instalado dentro de su palacio. Suetonio en Vida de los doce Césares narra ese hecho. Después, Albert Camus en su tragedia Calígula (1947) pone en boca de la emperatriz Cesonia estas palabras: "el emperador crea una nueva condecoración... esta medalla constituirá la Orden del Héroe Cívico. Recompensará a aquellos ciudadanos que más hayan frecuentado el prostíbulo de Calígula". ¿Qué pasaría si en la actualidad se pagaran los impuestos de esa manera?
Esto viene a cuento porque Silvio Berlusconi, el primer ministro italiano, es uno más de los entusiastas del burdel y sus pupilas. Ya en este siglo, algo semejante le costó el cargo al alcalde de Nueva York, Eliot Spitzer, quien pagaba las altas cuotas de las jóvenes con el presupuesto de la ciudad. Ahora, el viejo político italiano de las cirugías y del viagra ha incurrido en escándalos que hablan de corrupciones y tratos sexuales con menores de edad.
Antes, en la era fascista de Mussolini, el hombre de la mandíbula prominente gustaba de tocarse los testículos durante sus discursos en señal de hombría, gesto distintivo en un país de machismo entronizado. Berlusconi lo hace de otra manera, con cinismo goza de sus conquistas prostibularias con menores napolitanas o marroquíes, Noemí o Ruby, así como de una cauda de mujeres dedicadas al comercio sexual. Poco o nada tiene de mérito la lubricidad comprada con prebendas públicas.
El anciano de 74 años parece congraciarse con la supuesta virilidad que significa su trato con una y mil hetairas cuyos pagos han corrido por cuenta del erario público. Sesiones multitudinarias con jovencitas que bailaban el bunga-bunga, modalidad rítmica con la que contoneaban sus cuerpos desnudos en las mesas. Ir y venir mediático con fotografías de las hetairas que llegaron a obtener hasta un departamento de lujo en Milán. Berlusconi es el perfecto ridículo con su cabello entintado, múltiples operaciones para restirar las arrugas de su ya larga vida, y, de seguro, un arsenal de viagra. Entonces el abuso del poder es una realidad, una tomadura de pelo para sus ciudadanos y una burla macabra de un personaje extraído de una pésima comedia de fantoches. ¿Cómo puede gobernar la majestuosa Italia semejante necio? Exento de discurso político, Berlusconi está cerca de Calígula en su estupidez lacerante y sus antojos de viejo gagá. Es casi seguro que salve las condenas del tribunal de justicia gracias a las alquimias del poder. Entonces volverá a las andadas sin que nadie le haga sombra; ya senil es posible que se case con su caballo como ocurrió con el emperador romano. Cabalgará con él hasta perderse en el infinito que los mexicanos identifican con un sitio remoto al que nadie quiere ir aunque lo manden hasta allá con un doblez de brazo.
REVISTA PROCESO No. 1797
Sobre Calderón, las consecuencias de esta guerra...
José Gil Olmos
El asesinato de su hijo Juan Francisco puso al poeta Javier Sicilia al frente de un movimiento nacional contra la violencia que hizo fructificar su dolor de padre y multiplicó su voz al sumarse a la de miles de personas en todo el país, en las marchas del miércoles 6. Antes de gritar él mismo: “¡Basta! ¡Ni un muerto más!”, Sicilia se reunió con el presidente Felipe Calderón, le demandó que escuchara ese clamor y aceptara replantearse la estrategia contra el narco. En entrevista, el poeta narra que el mandatario admitió errores… pero finalmente anunció que continúa la guerra a cualquier costo.
Javier Sicilia es un luchador social formado desde los ochenta en las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), que pretendían influir en la transformación social y democrática de México y Latinoamérica en aquellos años. Hoy, el poeta está al frente de un movimiento nacional de protesta que el miércoles 6 se expresó con marchas simultáneas en 38 ciudades.
Su causa: acabar con la violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico y que ha cobrado ya más de 35 mil vidas, una de ellas la de Juan Francisco Sicilia, su hijo.
Horas antes de la marcha que encabezó en Cuernavaca, Sicilia fue convocado y aceptó hablar con Felipe Calderón en Los Pinos. Le dijo al presidente que el país está en una emergencia nacional y le pidió cambiar la estrategia que ha seguido hasta ahora en materia de seguridad. Calderón reconoció que cometió errores, pero advirtió que no iba a modificar su método, narra a Proceso el poeta y colaborador de esta revista.
“Tuvimos un diálogo cordial y con mucha claridad en las diferencias. Felipe Calderón reconoció que se ha equivocado. Eso ya es importante: que un presidente pueda tener una autocrítica, que reconozca que es necesario replantear otra serie de cosas. Lamentablemente dijo que no va a cambiar, porque para él es la forma de enfrentarlo (al narcotráfico)”, relata Sicilia, con muestras de cansancio y de duelo en su rostro de barba rala.
Ofrece detalles de la presunta autocrítica de Calderón: “‘He tenido errores’, dijo en algún momento, ‘he tenido equívocos’. Eso es muy importante, porque cuando alguien no hace una cura de humildad y no se hace una autocrítica, entonces hay que temer. Creo que hay en el presidente una capacidad de autocrítica. Evidentemente desató una guerra que lleva cuatro años y medio, sacó al Ejército a las calles, y es muy difícil para él recular. Por eso digo que nos sentemos, no le carguemos la responsabilidad a él. Calderón la desató, se equivocó, pero ya todos estamos aquí y los costos han sido muy altos para todos. Hay que sumarse para encontrar una solución entre todos”.
–¿Dijo en qué se equivocó?
–Nunca lo precisó, pero creo que tiene una carga muy fuerte de que quizá se precipitó, se equivocó en esta guerra y en las consecuencias. Creo que está cargando duramente esta guerra que, sigo insistiendo, está mal hecha, mal planteada y mal dirigida. Calderón trae sobre sus hombros y en su corazón las consecuencias que ha traído esta guerra y yo vuelvo a apelar: vamos a convocar a un diálogo nacional, con humildad y poniendo como prioridad a la nación. Hay que hacer un alto, una tregua.
Sicilia tenía la esperanza de que, tras escuchar el clamor de las marchas en las que miles de ciudadanos exigieron el retorno del Ejército a sus cuarteles y los gritos de “no más sangre”, Calderón cambiaría la estrategia. Pero no lo hizo.
Un día después de las manifestaciones, en la clausura de la 28 Conferencia Internacional para el Control de las Drogas, en Cancún, Calderón se justificó:
“Mi gobierno ha estado siempre abierto a la crítica, a la propuesta responsable en el tema. Ninguna política pública, por extraña que sea, nos parece desdeñable desde su principio; simplemente, mientras no se muestren alternativas de mayor beneficio o de menor costo para la sociedad y para las personas, seguiremos siendo contundentes en la aplicación de la ley, en el combate al crimen organizado y en la aplicación de una política integral de prevención, contención y combate a los grupos criminales.”
Narra que en el encuentro con Calderón estuvieron presentes, y muy nerviosos, el secretario de Gobernación, Francisco Blake, el entonces procurador interino Jorge Alberto Lara y el vocero del Consejo de Seguridad, Alejandro Poiré.
Al final, dice, Calderón “sigue insistiendo en esta forma de abordar el asunto. Nosotros no creemos que por ahí sea. No tenemos tampoco una respuesta, pero creo que ésta debe salir de un diálogo que tenga como punto clave que estamos frente a una emergencia nacional. Por eso espero que (Calderón) convoque a un diálogo, pero no para imponer una línea y que nos sumemos a su lucha, sino para replantear todo y pensar cuál es el camino adecuado”.
El silencio de los justos
Javier Sicilia es un intelectual de profunda formación católica y comprometido con las causas sociales. Óscar Sicilia, su padre, tuvo una empresa de textiles, pero en la soledad era un poeta. De ahí heredó Javier esta vocación, aunque en algún momento de su juventud quiso ser sacerdote jesuita luego de estudiar el bachillerato en el Inhumyc (Instituto de Humanidades y Ciencia), una escuela de los Misioneros del Espíritu Santo que formaba a sus alumnos con un alto nivel de valores y compromiso social.
Al final optó por la poesía porque, dice, no pudo “con el voto de obediencia papal”. Su rebeldía permanente y su alta estimación de la espiritualidad unida a la lucha social lo llevó a participar en las CEB que monseñor Sergio Méndez Arceo impulsó en todo el país hasta constituir una red que acompañó las luchas por la democracia en los ochenta.
“Estaba yo muy joven –recuerda Sicilia–; simplemente estuve muy cercano a las comunidades en el sentido de ver realmente cómo la fe bajaba y se hacía carne en el pueblo, entre los pobres.”
Hacia 1994, cuando se dio a conocer internacionalmente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Javier se unió a la propuesta de transformar al país mediante un diálogo nacional. Viajó a Chiapas en varias ocasiones para defender los Acuerdos de San Andrés sobre los derechos de los pueblos indígenas. En una de estas ocasiones lo acompañó su hijo Juan Francisco.
Ese mismo año fundó la revista Ixtus, desde la cual, hasta 2007, insistió en su crítica a la modernidad desde el Evangelio y desde la espiritualidad de personajes como Gandhi, Iván Illich y Giuseppe Lanza del Vasto, el “apóstol de la no violencia”.
En el número de invierno de 1995, Sicilia publicó una entrevista con el abad vitalicio de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulemburg, en la que el prelado dijo que no creía en las apariciones de la Virgen de Guadalupe pero respetaba la enorme devoción que le tiene el pueblo mexicano. La publicación fue usada un año después por el obispo Norberto Rivera para sacar a Schulemburg de la basílica, manipulando el recurso eclesiástico del “odio del pueblo”. Sicilia aclara que nunca tuvo la intención de perjudicar al abad.
Tras el cierre de Ixtus creó una nueva revista, Conspiratio, que en su presentación explica: “Es una publicación bimestral que intenta hacer una profunda arqueología de nuestra vida social: economía, escuela, Estado, Iglesia, energía, desarrollo, desde una perspectiva que ni la izquierda ni la derecha políticas de México han adoptado. Quiere provocar el replanteamiento de las estructuras sociales y culturales de occidente para generar un espacio de reflexión y debate que dé como fruto panoramas alternativos para una sociedad más humana”.
En 2001 se unió al movimiento de defensa cultural y ecológica del Casino de la Selva, edificio de la capital de Morelos cuyos murales y restos arqueológicos fueron afectados por la construcción de un supermercado.
“Creo en lo que decía Camus, que en la labor del escritor, y en mi caso de poeta, está el compromiso, eso es lo que hace la diferencia. Yo llevo mucho esta formación, en la poesía, en la vida política, pero en el sentido verdadero de la palabra, de la vida ciudadana, de la vida de todos, no de la partidista”, precisa.
Por más de 30 años Sicilia ha escrito poesía, ensayo, narrativa y artículos de opinión como los que publica en Proceso desde 1997, en los cuales ha analizado la situación del país, a sus gobernantes, las injusticias cometidas desde la autoridad, y en consecuencia ha defendido la lucha de las comunidades y los ciudadanos.
Siempre a contrapelo de la moda saca sus libros de poesía desde 1980, pero fue en 2009 cuando ganó el Premio Nacional Poesía Aguascalientes con su Tríptico del desierto. Director del Centro Cultural Universitario en Cuernavaca hasta hace unos días, la vida de Sicilia se trastocó el 27 de marzo, cuando el cuerpo de su hijo fue encontrado junto a otros seis, todos con huellas de tortura y asfixia.
Una semana después, luego de un tortuoso regreso de Filipinas, adonde lo sorprendió la noticia, en el sepelio de Juan Francisco el poeta anunció su silencio a manera de protesta, duelo y homenaje. Leyó entonces el que será su último poema en tanto no se resuelva el caso:
“El mundo ya no es digno de la palabra / Nos la ahogaron adentro / Como te asfixiaron, como te desgarraron a ti los pulmones / Y el dolor no se me aparta, sólo tengo al mundo / Por el silencio de los justos / Sólo por tu silencio y por mi silencio, Juanelo.”
La poesía convoca
“Hay un discurso oficial, que todo lo niega o deforma pero que sólo un poeta es capaz de transformarlo”, dice Sicilia en la entrevista, un día después de la gran marcha por la paz, por la dignidad y contra la violencia generada por la lucha contra el narcotráfico. Casi en susurro, como si fuera un poema, dice: “La lengua le da sentido a la realidad; cuando la lengua se corrompe, el pueblo se prostituye”.
Luego cala uno de sus cigarros matutinos y deja que salga: “Juanelo, tú me pusiste aquí, por algo lo hiciste”. Y asegura que en estos días su vida ha tenido un quiebre: ya no está en la soledad, ahora asume el compromiso social en momentos de emergencia nacional.
“Sí, me quebró, quebró mi palabra poética también. Yo dije que a partir de la muerte de mi hijo escribiría mi último poema. Estoy mutilado, en el silencio. No volveré a escribir poesía, pero eso no significa que no sigo sintiendo como poeta, hasta que desde mi tradición y de mi fe venga la resurrección de la carne de esta nación, que se oculta en este momento. Creo que hasta entonces volveré de este silencio a la palabra poética.”
A pesar de su silencio interior, encuentra “la encarnación de la palabra”, y eso fue lo que constató en la protesta:
“Ayer, en la marcha, lo que vimos a partir de este silencio fue una poesía en acto, no de mi parte sino de la ciudadanía en el sentido de la comunión y de la gran demanda que venía detrás de toda esta gente, en algunas partes de la República y en otras del mundo, diciendo: ‘¡Ya basta! ¡No queremos más muertos, no queremos ni un muchacho más asesinado, una muchacha más violentada, un niño o una niña muertos! ¡No queremos más violencia!’.
“En ese sentido es que hablo de una poesía, de un acto. No era sólo la palabra dicha por el poeta, sino la palabra dicha por el corazón de los hombres y mujeres de esta nación, de buena voluntad, que juntos caminaron. Fue un acto de comunión.”
Durante la manifestación Sicilia habló en tres ocasiones, ante el cuartel del Ejército, ante la procuraduría de justicia del estado y ante el palacio de gobierno. En las dos primeras concluyó así: “El dolor no sirve para odiar, sino para recuperar el amor y la justicia que ya perdimos”.
Insiste en que ese amor y la esperanza de justicia lo sostiene y que también puede impulsar un movimiento nacional:
“Lo que me sostiene es esta comunión del amor que nació de este gran sufrimiento con todos los ciudadanos, con toda la gente de este país que es creyente, porque este país sigue siendo de creyentes, ya sea de la tradición católica, que es mayoritaria, pero hay otras como las budistas, islámicas, de la India, etcétera, que me han sostenido en la oración que se expresa en el amor también. Todas ellas tienen un vínculo que no vemos pero que fortalecen y sostienen. Eso es también parte de la poesía.”
–Desde ese lado de la espiritualidad y de la poética, ¿cómo observas la situación en el país?
–En esta marcha del dolor y de la indignación, del sufrimiento que busca la recuperación del amor, estamos ante una emergencia nacional. Es un clamor de la ciudadanía para que las autoridades, todos los grupos que formamos este país, incluyendo las mafias del crimen organizado, volvamos a replantear este país, porque se nos está yendo de las manos. Si seguimos por este camino de la violencia, de la impunidad, de las omisiones y de las cegueras políticas, vamos a llegar al infierno. Eso sería tremendamente grave porque no hay retorno.
“Son palabras que ya no quieren escuchar. Hemos desalojado a Dios, por desgracia, de la conciencia de los hombres. Eso es tremendamente grave porque el siguiente paso es el infierno, es cuando el demonio comienza a funcionar. Es difícil hablar de estas cosas porque el lenguaje moderno no lo quiere oír, pero el demonio ahí está en la puerta. Baudelaire decía que el mayor triunfo (del demonio) en el siglo XIX –habría que decir que en el siglo XXI y en las condiciones que estamos viviendo– es habernos hecho creer que no existe. Eso lo estamos viendo: existe en esta violencia indiscriminada, en esta crueldad inmensa.
“Dicen algunos que son como animales, pero los animales no hacen esto (los asesinatos), que ya pertenece a una esfera más allá de la naturaleza porque no hay nada que se le compare; pertenece a mundos muy lejos de lo humano, tiene que ver con submundos profundos y oscuros.”
Sicilia rechaza que su hijo y los otros miles de muertos por la guerra contra el narcotráfico sean tratados como “daños colaterales”, porque, dice, eran personas con nombre, historia y sueños. Y ante la posibilidad de que surja un movimiento nacional contra la violencia, advierte que no es su objetivo encabezarlo:
“Yo no soy un político. No sabría ni querría tener en mis manos ningún cargo de orden de la administración política. No está por ahí ni mi vida ni mi función, ni lo que soy. Sigo siendo un poeta a pesar de que estoy en el silencio, lo que no quiere decir que uno deje de mirar y de sentir como poeta. Yo espero seguir ofreciendo mi voz de poeta, seguir diciendo algo.”
–Las circunstancias del país, la necesidad de la gente y su propia figura lo están poniendo al frente de un movimiento nacional…
–Sí, pero que me vean como una figura moral. Yo estaré sosteniendo lo que le hace falta, mi humilde figura, para que cada ciudadano se exprese. En ese sentido estaré con todo. Creo que lo único que puedo darles es la concreción de una conciencia moral. Gracias a Dios eso está en el corazón de la gente.
“Nos hemos tardado en reaccionar –reconoce–, pero por eso mismo creo que estamos ante una emergencia nacional. Estamos justamente en el momento en que nos debemos detener y humildemente repensarnos para ponernos en función de las virtudes, para hacer un México donde todos quepamos, donde se le dé más sentido a la educación, al trabajo honesto que le permite vivir a la gente dignamente. Si no recuperamos esta dignidad, en la que haya educación y cultura, vamos a potenciar la violencia, la guerra, el belicismo.”
Entonces toca de nuevo un tema que ha provocado polémica: le pide al Ejército y a los grupos del crimen organizado que adopten códigos de honor: “Si va a seguir la guerra, pues planteemos y pactemos códigos de honor. Creo que los capos aún tienen un sentido de lo humano y tienen que amarrar a sus demonios, tienen que controlarlos. Nosotros estamos pagando el costo, la mayor parte de los muertos los estamos poniendo la gente que no queríamos esta guerra.
Queremos simplemente vivir y compartir, amarnos y querernos, tener la confianza. Eso es lo que quiere la ciudadanía”.
El cansancio y el estrés marcan todos los gestos y movimientos del poeta, ya que desde su regreso de Filipinas no ha tenido descanso ni ha podido entregarse en soledad al duelo por su hijo.
–¿Hasta dónde va a llegar Javier Sicilia con este movimiento?
–Pues hasta donde quiera la sociedad. Yo les digo que no convoqué esto; son los ciudadanos y el amor que tienen por la palabra digna que es la poesía. Entonces, los ciudadanos tienen la palabra. Yo estoy en esta cosa inesperada porque ellos quisieron que estuviera aquí, con la palabra sagrada de la poesía que es la comunión.
–Es como en “Muerte sin fin”…
–Sí: “¡Oh inteligencia, soledad en llamas…!” Este maravilloso poema de José Gorostiza. Qué bueno que la poesía convoque, es tiempo de más poesía, de leerla en los medios, leer los poemas del dolor, de la muerte del general Sabines, que hablan de la lastimadura de este país. Creo que la poesía convocó a la unión de este país. La poesía tiene ahora la palabra. Puede salvar a este país… l
Cuernavaca: el tour del horror
José Gil Olmos
Un recorrido por la ciudad a la que el narco le arrebató su antigua vocación turística y residencial la revela como centro de venta de drogas y reclutamiento de jóvenes, como matadero y zona de extorsión. A punto de desbarrancarse, impotente, en el abismo del crimen, el gobierno morelense insiste en que el problema de inseguridad y violencia en el estado es solamente “de percepción”. Por eso cobra aún mayor relevancia la protesta ciudadana contra la violencia que surgió de Cuernavaca y está moviendo a México.
CUERNAVACA, MOR.- Por las noches, la ciudad se divide en territorios: al poniente está lo que queda de la banda de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y al aoriente el Cártel del Pacífico Sur (CPS); cada uno defiende su zona y en las calles serpenteantes de las colonias más peligrosas los jóvenes halcones vigilan quién entra y quién sale, mientras que las luces de neón alumbran a medias las camionetas de lujo con hombres armados que se detienen en los antros, narcotienditas y bares.
Es un Cuernavaca distinta de aquel paraíso campestre cuyos horrores sólo veía Malcom Lowry en su novela Bajo el volcán, ni el refugio de intelectuales y familias que buscan tranquilidad. Ahora es la ciudad del crack, la cocaína, el alcohol, la mariguana, la prostitución y las ejecuciones. La antigua “ciudad de la eterna primavera” se transformó en la tercera consumidora de drogas y la quinta más violenta del país.
Vamos a recorrer los rincones más peligrosos de la ciudad durante varias horas, hasta la medianoche y no más, porque en la madrugada ya nadie ajeno se atreve a circular por las calles de las colonias Barona, Carolina, Flores Magón y Jiutepec.
Los guías muestran casas con infinidad de impactos de bala, quemadas y abandonadas; esquinas y lotes baldíos donde suelen dejarse cadáveres; paredes de negocios y casas en los que el Cártel del Pacífico Sur pinta sus iniciales a modo de marca territorial; los negocios clandestinos donde toda la noche se vende droga y alcohol, cervezas al por mayor, e incluso se ofrecen prostitutas menores de edad.
“Aquí en Jiutepec –dice uno de los acompañantes– no entran los taxis después de las nueve de la noche. Los jóvenes andan con una mochilita cruzada y adentro tienen las armas. Les pagan 3 mil pesos por ser sicarios. De aquí era El Ponchis, el niño de 14 años que mató un chingo de gente para el cártel del Golfo. Dicen que como hablaba como cholo, entre inglés y español, esto le ayudó para entenderse con un extranjero que le enseñó a matar y torturar. (Los narcos) los contratan chavitos porque saben que si (los policías) los agarran no los tendrán mucho tiempo en la cárcel.”
Minutos después de que dice esto, en la colonia Barona, tres jóvenes con una bolsa cruzada en el pecho pasan a bordo de una motoneta. Señal de que hay que moverse rápido y salir de la zona, dejar atrás esta colonia así llamada en honor del zapatista Antonio Barona, que a los 14 años ya era reconocido por su crueldad para matar en la turbulencia revolucionaria.
La Barona tiene decenas de calles estrechas que pueden ser una ratonera o el mejor refugio para cualquiera que trabaje en el crimen organizado. De día la recorren miles de transeúntes, pero de noche sólo sus habitantes se animan a caminar por este territorio narco.
Las historias de muertes son cotidianas en esta colonia. La más reciente ocurrió el primer día del mes en el tianguis de los viernes, donde cientos de familias llegan a comprar víveres. Esa mañana llegó una camioneta con hombres armados, éstos se abrieron paso entre la clientela, los comerciantes y sus puestos, sacaron sus armas y ejecutaron a dos hombres. Según los testigos, aquellos ejecutores eran jovencitos, que se fueron como llegaron, sin que nadie los molestara.
Cuernavaca tiene una población mayoritaria de jóvenes, cerca de medio millón, según el último censo. Los padres de muchos de ellos vinieron de varios estados en busca de un mejor futuro. Pero ante la escasez de empleo, se alquilan por mil pesos para ser vigilante o de 3 mil a 15 mil pesos al mes para matar por encargo.
Ellos conforman el ejército de reserva del crimen organizado, que encuentra en ellos a los mejores hombres para cobrar la “renta” en los negocios, vigilar las calles, enfrentar a sus rivales o avisar de los movimientos del Ejército, la policía y de extraños que andan por el barrio.
Para “ilustrar” lo que ha sucedido en estos lugares, los guías muestran fotografías de los últimos cuerpos descubiertos: a unos les quitaron la piel de la cara y la muestran rellena de papel junto al cráneo descarnado, con los ojos salientes; a otros les desollaron parcialmente el torso, otros más aparecieron decapitados, mutilados de las manos con la cabeza envuelta en cinta adhesiva.
Son parte de los más de 300 ejecutados que sus victimarios esparcieron en un año por toda la ciudad. Si se marcara con rojo cada escenario de un asesinato en un mapa, la ciudad quedaría teñida casi totalmente.
El joven fotógrafo Margarito Pérez, que colabora para varios medios impresos del estado y de circulación nacional, señala las luces de Jiutepec, donde hace un año y medio su hermano Juan Carlos Retama Villamil, de 38 años, fue hallado muerto en un puente peatonal de Tlahuapan: le dieron cuatro tiros con un arma de alto poder.
“Ahí le encontraron –apunta con el dedo– y hasta el momento no sabemos quiénes fueron los culpables. No tengo por qué ocultarlo: mi hermano había estado en la cárcel dos años y medio por asalto a domicilio, pero ya se había reformado. Sólo duró dos meses fuera y lo mataron. Mi madre dice que por lo menos no lo decapitaron, mutilaron o le quitaron la piel de la cara. ¡Imagínate, hasta dónde hemos llegado, que siente misericordia porque ‘sólo’ lo mataron!”, exclama mientras se humedece su mirada.
El día lluvioso que mataron a su hermano, el 23 de julio, también apareció en ese puente peatonal una manta mediante la cual el CPS le advirtió a La Barbie que ya conocía sus intenciones de “tocar” a un reportero, pero que ellos no lo permitirían y para eso atacarían antes, dejando rodar sus cabezas. Como precaución, Margarito Pérez y otros periodistas que cubren informativamente la violencia en la entidad decidieron no acudir a ningún evento relacionado con el narcotráfico.
Pero mataron a su hermano mayor. “Cuando me avisaron –relata– fui a reconocer su cuerpo, lo habían baleado. Pregunté en la Secretaría de Seguridad Pública y me dijeron: ‘Tu hermano ya había estado dos veces en la cárcel’, como si por eso mereciera morir así.
“Están criminalizando a la gente, sobre todo a los jóvenes. Si van vestidos con shorts y playeras, llevan el cabello corto y tenis, ya los ven como delincuentes. No se sabe quiénes fueron los asesinos de mi hermano y creo que nunca lo sabré”, señala el fotógrafo.
Las barrancas
Una cicatriz cruza casi a la mitad el rostro de Cuernavaca. Son unas barrancas con cuevas que llevan el nombre de Amanalco. Ahí se construyeron viviendas y calles que constituyen un laberinto poco accesible.
Esta zona está bajo el control de pandillas de jóvenes alquilados por algún grupo del crimen organizado. Las raras ocasiones que entran la policía y el Ejército lo hacen con ganas de no quedarse hasta la noche, porque se convierte en un embudo oscuro.
Desde 1985, tras el terremoto que devastó a la Ciudad de México, Cuernavaca recibió a miles de familias que buscaban un lugar seguro para vivir. Con las siguientes crisis económicas recalaron en la capital de Morelos más migrantes, tanto del estado como de los aledaños. En aquel tiempo la ciudad bullía por la creación de la zona industrial CIVAC, que recibía con los brazos abiertos la nueva mano de obra.
“Desde esos años comenzó a romperse el tejido social”, sostiene José Martínez, representante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos. Explica que los campesinos fueron forzados a vender sus tierras y la vida comunitaria comenzó a perderse por el proceso de urbanización. Pero la otra causa fue el impacto económico, ya que después de un tiempo de prosperidad, las nuevas crisis en el país ocasionaron el cierre de empresas con el despido de miles de trabajadores, que pasaron a la economía informal.
Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en Morelos existen 450 comunidades con un alto índice de pobreza. En estas familias los hijos ya no tuvieron la esperanza de vivir mejor que sus padres, porque les tocó la crisis y el desempleo. Su tiempo es el de los cárteles y los capos, que los reclutan como mano de obra barata para sus actos delictivos.
“Muchos de ellos mueren en los enfrentamientos o en las venganzas de los cárteles. Hubo un tiempo que en el Semefo había como 22 cuerpos abandonados. Sus familiares ya ni siquiera los reclamaban”, comenta uno de los guías.
De noche pueden verse desde el Puente de la Libertad miles de luces que alumbran los callejones de la barranca de Amanalco. Casi en todas las esquinas hay jóvenes que vigilan, pasean en motonetas y caminan con desparpajo; entre su ropa deportiva holgada se notan los bultos de las armas, que nunca dejan porque son sus instrumentos de poder y de trabajo.
Aquí la violencia está enraizada en la vida de todos los días. En algunas colonias se roban 15 autos por día, e igual de comunes son los asaltos a comercios, casas y personas. Los grupos criminales incluso cobran miles de pesos semanales a los pequeños negocios por una “renta” o “derecho de piso”, es decir, por no acribillarlos y quemarlos.
Juan Carlos Salgado Ponce, exdirigente de la Coparmex en el estado, no descarta que sus agremiados sean objeto de extorsión, pero asegura que no lo han denunciado.
La madrugada del 14 de abril de 2010, un comando incendió un minisúper en la avenida Lomas de Cortés, colonia Bosques de Cuernavaca, y dejó un presunto mensaje del CPS dirigido a La Barbie, quien por entonces se disputaba la plaza morelense con los Beltrán Leyva: “Esto le va a pasar y así van a terminar todos los negocios de aquellos que apoyen al homosexual Édgar Valdez Villarreal La Barbie y aquellos que mataron una familia y una mujer embarazada, ustedes marcaron la pauta al meterse con la familia (…). Atte. CPS apoyo a La Resistencia”.
Para entonces se había registrado el incendio de cinco negocios y viviendas como parte de la guerra entre los cárteles del narco. Posteriormente, el 21 de mayo, la exclusiva discoteca Clásico –propiedad de David Ortiz Mena, nieto del exsecretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena– fue completamente consumida por el fuego. Oficialmente se atribuyó el siniestro a un cortocircuito, pero en las calles corrió la versión de que se había negado a pagar protección.
Un año después, algunos de esos negocios y casas permanecen en ruinas; nadie repara o limpia sus paredes. En algunas de éstas aún se ven los orificios de los proyectiles, que forman parte del paisaje urbano.
El Portón Rojo
En Lomas de Cortés, camino a Ocotepec, hay un negocio que todos conocen como El Portón Rojo. Es una casa minúscula, ubicada en una calle estrecha, a la que toda la noche llegan jóvenes en autos lujosos, camionetas y motonetas para comprar cervezas y drogas, o bien para comprar servicios de prostitutas. Es una de las 400 narcotienditas de la ciudad, que operan sin molestia alguna.
En contraste, Salgado Ponce señala que en la zona metropolitana de Cuernavaca el índice delictivo creció 63% respecto del año pasado, y que con el toque de queda “decretado” por el Cártel del Pacífico Sur en abril de 2010 la gente sale poco, afectando a los comercios, restaurantes, hoteles y centros de diversión.
Ante esta situación, dice el exdirigente de la Coparmex en la entidad, los empresarios acordaron aplicar protocolos de protección y propusieron al gobernador panista Marco Antonio Adame la creación de “puntos base” y “rutas seguras” protegidas por policías y militares. No obstante, se toparon con la indiferencia de las autoridades.
El 16 de diciembre de 2009, en un operativo de la Marina –del que no se notificó al gobernador para evitar fugas de información–, fue acribillado Arturo Beltrán Leyva, El Barbas. A partir de entonces comenzó la guerra entre las bandas del narco en la entidad, se dio a conocer el Cártel del Pacifico Sur, y La Familia Michoacana anunció su llegada el 9 de mayo del 2010 en la colonia Otilio Montaño, mediante un mensaje hallado en el cuerpo de un hombre envuelto en tela:
“Desde hoy en adelante los que rifamos aquí somos La Familia Michoacana (…) Todos los que son contras los vamos a matar como perros (…) empezó su dolor (…) este es el principio, falta el final. Atentamente La Fam.”
Entonces comenzó la guerra con su reguero de cadáveres, sobre todo en Cuernavaca, donde ni un solo barrio o fraccionamiento residencial se ha librado de asaltos a mano armada, atracos o ejecuciones. En la calle Paraíso Montessori, colonia Ahuatepec, en el oriente de la ciudad, dejaron primero tres ejecutados y días después otros tantos, calcinados. Salgado Ponce dice que la desmedida violencia ya provocó que cerca de 300 empresarios de la entidad emigraran a California y Texas, Estados Unidos, y al Distrito Federal, mientras que decenas de familias provenientes de otras entidades han regresado a éstas.
Ninguno de esos datos hace dudar al secretario general de Gobierno de Morelos, Óscar Sergio Hernández Benítez, quien repite el argumento del presidente Felipe Calderón sobre México: se trata de un problema de percepción, porque el gobierno está haciendo su trabajo.
“Hay un estado fuerte y un gobierno coordinado”, asegura en una entrevista realizada en sus oficinas el miércoles 6, horas antes de que iniciara la marcha más numerosa en la historia del estado para exigir “no más sangre” y el cese de la violencia generalizada, que durante los últimos tres meses arrojó, en promedio, una persona asesinada por día en Morelos. l
¡Yo también estoy hasta la madre...!
Alejandro Gutiérrez
Alejandro Solalinde, sacerdote y activista defensor de los derechos de los inmigrantes, comenta a Proceso los resultados de una gira que realiza por África y Europa, donde tuvo oportunidad de denunciar ante la ONU y la UE las condiciones de los centroamericanos que transitan por México rumbo a Estados Unidos. Muy indignado por el asesinato del hijo de Javier Sicilia, considera que ya es “demasiado tarde” para cambiar el estado de descomposición en México, más aún cuando todos los políticos están pensando sólo en el 2012.
MADRID.- “¡Yo también estoy hasta la madre!”, exclama indignado el sacerdote Alejandro Solalinde al enterarse del asesinato del hijo de Javier Sicilia. Transcurre el minuto 45 de una entrevista con Proceso y pierde el tono mesurado, se quita los lentes y se cubre la cara con las manos.
“¡De verdad estoy hasta la madre! Tengo ganas de que haya una gran movilización civil; México se merece un cambio”, afirma el director del albergue Hermanos en el Camino y miembro de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, quien desconocía la noticia del crimen porque lleva días recorriendo Europa y el noreste de África.
Solalinde hace un balance de su viaje:
“Me ha servido para saber que nuestros esfuerzos por proteger a los migrantes tienen apoyos y observadores entre organismos civiles de muchos países y también en instancias internacionales.
“Pero también me llenó de tristeza, frustración y desilusión el papel de los 20 cosmetólogos del gobierno de México que vinieron a Ginebra a hablar ante la ONU de un país que no es real, ese que describieron no existe porque afirman que se respetan los derechos humanos, incluidos los de los migrantes, que no hay impunidad y que los retos ya los han solventado.
“Funcionarios de la Unión Europea en Bruselas me dijeron: ‘Si México quiere que tengamos esa imagen de él, nosotros no tenemos por qué no usar esa imagen, aunque no estemos del todo convencidos’. A eso en México se le llama darle el avión”, asegura en la entrevista con Proceso en las oficinas de Amnistía Internacional, en la capital española la tarde del jueves 7.
–Tras cinco años de lucha, con los secuestros de migrantes creciendo y enfrentándose a la negligencia del gobierno, ¿qué balance hace del gobierno de Calderón?, ¿puede hacer algo en el año de gobierno que le queda o pasará como el presidente antiinmigrante?
–Ya es demasiado tarde para cambiar las cosas. Él y todos (los políticos) están enfocados a 2012, están en el canal electoral; lo único que esperaría es que no obstaculicen ni dilaten la nueva ley migratoria. Por lo demás, México y la sociedad civil sabrán en qué lugar colocan a cada quien en las elecciones. Pobre México.
–Usted es hombre de fe, pero…
–Tengo que serlo, pero francamente no hay mucha tela de dónde cortar. Felipe Calderón ha sido un presidente antiinmigrante. Tengo mucho con qué argumentar: su amiga de la infancia, María Mercedes Gómez Mont, hermana del exsecretario de Gobernación, como delegada del Instituto Nacional de Migración (INM) en Oaxaca hizo sufrir muchísimo a los migrantes y a nosotros (del albergue). Y ahora la tenemos como delegada en Chiapas, es la que está al frente de la actual ofensiva contra los migrantes en esa zona, lo cual me provoca mucha desazón.
–¿Por qué lo dice?
–Los mayores atropellos a los derechos de los inmigrantes se dieron cuando ella estuvo en el INM de Oaxaca, aunque nunca lo reconocerá. Esquemas terribles, operativos con armas, algunos con la policía de Juchitán, con la Marina y policías de Migración, siempre con muchos migrantes heridos. Tenemos los testimonios y certificados médicos de lesiones que ella nunca quiso aceptar ni ver.
“Tengo razones de sobra para que ella no me acepte, pero llegó al grado de ordenarle a un subdelegado de Migración que me arrestara. En esa ocasión, como siempre, yo había notificado a Migración que acudía con cuatro guatemaltecos golpeados y robados por la Policía Federal, para que formularan su denuncia y luego los acompañaría a regularizar su situación migratoria.
“Pero ella, al ser notificada le ordenó por teléfono a un subalterno que me arrestara. El funcionario le respondió que no existía motivo para ello, porque yo no era traficante de personas y además era mi amigo, entonces Gómez Mont le ordenó presentar su renuncia en ese mismo instante, como sucedió. Por eso no es nada alentador que esta mujer sea la delegada en Chiapas.”
No es el único caso: Solalinde desmenuza con nombres, fechas y detalles precisos el montaje del que fue víctima para implicarlo como “traficante de menores centroamericanos” ordenado “desde las cañerías de la Secretaría de Gobernación con Gómez Mont”.
“El 8 de mayo de 2010, el entonces delegado del INM, Omar Heredia Mariche, pretendió armar un montaje para implicarme en un supuesto delito de tráfico de menores, del que acusaban a una hondureña de nombre Yeimi, que estuvo en el albergue; fue tan burdo que la acusaban de traficar con sus propios hijos. Este funcionario, sin notificarme, me grabó en audio cuando acudí a su oficina a hacer otro trámite y me tomó una fotografía junto a la mujer para hacerme aparecer como cómplice de un delito que no existió.”
El viaje
Desde que salió de su albergue, situado a un lado de las vías del ferrocarril en Ixtepec, Oaxaca, Solalinde no ha parado: recorrió las Islas Canarias y de ahí pasó al noreste de África, donde pudo entrar en contacto con inmigrantes subsaharianos que quieren llegar a las costas europeas.
Luego estuvo en Italia, donde fue recibido por autoridades, activistas que trabajan con migrantes y miembros de la Iglesia católica, con quienes participó en diálogos con migrantes de Libia y Túnez, parte del éxodo provocado por la guerra en el mundo árabe.
El lunes 4 y el martes 5, en Ginebra, Suiza, se reunió con el Comité de Derechos de los Trabajadores Migrantes de la ONU, a cuyos miembros les habló de las nulas medidas del gobierno de México para atender los abusos que sufren los migrantes y la impunidad que beneficia a los agresores.
Les dio datos: en 2010 hubo 11 mil secuestros de migrantes cometidos por Los Zetas, la Mara Salvatrucha de Honduras o por policías oaxaqueños. Su albergue tiene documentados 362 secuestros, la mayoría masivos.
También –como lo publicó Proceso (número 1784)– calculó que en 2009 hubo unos 20 mil secuestros en la ruta Chiapas-Oaxaca-Veracruz-Tamaulipas. Sólo el segundo semestre de ese año, 52 albergues del migrante reportaron 9 mil 758 casos (muchos de ellos, masivos).
“Les hablé de nuestra experiencia y de la impunidad imperante, presentamos pruebas de cinco años de esa lucha, cientos de denuncias sin respuesta gubernamental.
“Les hice ver que ni siquiera se avanzó en las medidas cautelares para los inmigrantes dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por el contrario, todas (las denuncias) se mandaron a la reserva. Ninguno de los policías implicados fue llevado a la justicia”, comenta.
El sacerdote explicó a los comisionados que Calderón promovió una propuesta de Ley de Migración que el Senado pudo modificar y quitarle “los artículos más terribles” gracias a la intervención de diversas ONG.
“Les expliqué que ésta no era muy distinta de la Ley Arizona, porque un artículo propuesto por el Ejecutivo, el 26, le daba facultades a la Policía Federal como coadyuvante en cualquier lugar del país y en cualquier momento, lo cual era una amenaza si partimos de que es una corporación implicada en detenciones, extorsiones y golpes a inmigrantes; el artículo 151 penalizaba al inmigrante que pidiera trabajo y al contratante, y finalmente nos castigaba a las casas-albergues que los acompañáramos y orientáramos en sus gestiones de regularización.
“Afortunadamente, el Legislativo nos escuchó y quitó todo eso… pero de todos modos me quedó la sensación que la gente de la ONU, desde su posición, no entendió el alcance de la situación, no están sensibilizados y por sus preguntas creo que no leyeron los informes previos.”
–¿Y la visión que le dio el gobierno?
–Igual que el 22 de marzo de 2010, ante la OEA en Washington, a Ginebra llegó un séquito de 20 funcionarios, cosmetólogos en realidad, para cuidar el cutis del gobierno federal ante los ojos de la Unión Europea, empeñados en mostrarse como un país completamente democrático y respetuoso de los derechos humanos.
Solalinde repite frases textuales del comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, cabeza del contingente gubernamental:
“Son de antología”, dice. “Por ejemplo: ‘En México hay una observancia plena de los derechos humanos’, ‘en México no se violan los derechos humanos de los migrantes’, ‘en México no hay corrupción, no hay impunidad’ y, además, ‘y una prueba de que México respeta los derechos humanos y nuestra preocupación por los migrantes es la nueva ley que estamos presentando’, pero no dijo que esa nueva ley fue transformada por el Legislativo, porque el Ejecutivo quería una nueva Ley Arizona.”
De la intervención de Monte Alejandro Rubido García, subsecretario de Seguridad Pública, el sacerdote señala que “dijo verdades a medias” porque le aseguró a la ONU que la SSP aceptó en todos sus términos la recomendación 32/2010 de la CNDH contra los policías federales agresores, “pero no dijo que, en todos sus términos, no la han cumplido”.
Otra amenaza
Solalinde revela a Proceso que recibió una nueva amenaza poco antes de salir de México. “Antes del viaje estuve en unos ejercicios espirituales en Veracruz. En algún momento un amigo se me acercó y me dijo que un conocido suyo que trabaja en Gobernación le pidió que me previniera porque el secretario (de Seguridad Pública, Genaro) García Luna está muy enojado conmigo y que no me la iba a perdonar por cuestionarlo y hacer declaraciones muy directas, que tuviera cuidado porque me puede desaparecer”.
Dice que lo comunicó a su obispo, a la Dirección de Movilidad Humana y a Amnistía Internacional “y en Ginebra se lo dije también al subsecretario Monte Alejandro Rubido, para que se lo pase al costo al ingeniero (García Luna), pero él me contestó que no, que de ninguna manera el ingeniero haría una cosa así”.
–¿Qué sucedió en el encuentro que tuvo con García Luna en enero pasado?
–Él sabía que tenía una entrevista con Carmen Aristegui (en CNN en Español el 18 de enero pasado) y me había contactado con Rubido. Yo le dije que no hablaría con él, sino con el secretario. Aceptó y acudí con un nutrido grupo de compañeros. Nos tuvo esperando media hora, nos hicieron un recorrido por su Plataforma México y cuando vi que era una pérdida de tiempo les dije que me iba; entonces apareció el secretario, con mucha amabilidad y cortesía.
“Nos llevó a su búnker, una sala ultramoderna como de James Bond, con una mesa circular, pantallas de computadora y micrófonos para cada persona que estábamos ahí. Y entonces Ramón Pequeño, jefe de la división antidroga, nos dio una explicación de sus logros. Y una mujer ofreció estadísticas donde decían que solucionaron 200 secuestros.
“Entonces el representante de AI, Alberto Herrera, le dijo: ‘Señor secretario, de todas estas más de 200 personas plagiadas, ¿cuáles son migrantes?’, y García Luna no supo qué contestar.
“Luego el secretario me dijo por qué no aceptaba yo la guardia de seguridad de SSP. Y le contesté que no confiaba en ellos porque su policía estaba implicada en asaltos y extorsiones contra inmigrantes.
“Le dije que nuevamente nos querían dar atole con el dedo porque en un encuentro anterior con Rubido para el caso del ataque de su Policía Federal a un grupo de inmigrantes (el 23 de enero de 2010, en Chahuites, Oaxaca), nos escucharon, tomaron nota, nos dieron cafecito, luego nos invitaron a un restaurante muy lujoso de La Condesa, pretendiendo que con ese trato nos olvidaríamos del asunto. Y luego enviaron a dos abogados para defender a los policías implicados.
“Entonces el secretario García Luna me dijo que tenían información muy fiable en el sentido de que no eran policías federales, sino civiles que se disfrazaron para aparentar ser policías federales, y eran los que habían asaltado. Yo le contesté: ‘¿Usted espera que yo me crea eso?’.
“Le dije que teníamos testigos. Incluso el 26 de enero de 2010, cuando llevábamos a los testigos al Ministerio Público, los policías federales y el Ejército instalaron un retén para quitarle los testigos a la Subprocuraduría de Tehuantepec; los testigos reconocieron ahí mismo a dos de los policías que habían participado en la golpiza y extorsión de los inmigrantes.”
Prosigue: “Bajé del vehículo, entonces todos los policías, federales y estatales, se encañonaron y cortaron cartucho, a unos metros de donde yo estaba, pero como los policías de Oaxaca no se arredraron, los otros tuvieron que bajar sus armas. El Ejército quería desarmar a los policías locales. Fue una situación demasiado tensa sólo para tener en su poder a quienes los denunciarían. Le dije que sus policías en Veracruz formaban parte de la mafia que asaltaba y golpeaba inmigrantes.
“Por eso le comenté a García Luna: ‘Usted nos tiene que decir con claridad de qué lado está, secretario, del de la ley o del lado de los delincuentes’. No supo qué contestar, se veía molesto y nervioso.
“Luego me preguntó si me sentía seguro con la Policía Estatal. Y le respondí: ‘No tan seguro, pero le tengo más confianza que a la Federal’, y puntualicé que si alguien me quiere matar lo va a hacer, pero que el costo político sería muy alto porque la comunidad nacional y organismos internacionales responderían. Ya no supo qué decir. Me despedí y me fui con Aristegui, quien al final de la entrevista me preguntó si temía por mi vida. Le dije que sí y me preguntó si temía que me matara Genaro García Luna. Respondí un rotundo sí”, finaliza. l
Embate en Estados Unidos contra el Ejército mexicano
J. Jesús Esquivel
Con una diferencia de sólo tres días, el cabildo de El Paso, Texas, y el Departamento de Estado arremetieron contra el gobierno de Felipe Calderón al criticar los excesos cometidos por elementos del Ejército mexicano y por la impunidad con la que se conducen las tropas en su lucha contra los cárteles de la droga. Lo que llama la atención es la inusual resolución del cabildo texano, pues por primera vez solicita a la administración federal que castigue al vecino del sur retirándole el apoyo financiero de la Iniciativa Mérida prometido por el presidente Barack Obama para este año.
WASHINGTON.- Por la impunidad que prevalece en el gobierno de Felipe Calderón ante los abusos y violaciones a los derechos humanos que comete el Ejército, el cabildo de la ciudad de El Paso, Texas, exigió al Departamento de Estado “suspender” el apoyo financiero que entrega a México para que su gobierno combata al narcotráfico.
En un hecho sin precedente en la historia de la cooperación bilateral para combatir al narcotráfico, el cabildo de la ciudad fronteriza, vecina de Juárez, aprobó por unanimidad una resolución en la que pide a la administración de Barack Obama castigar al gobierno del vecino país con la suspensión de los fondos autorizados para financiar la Iniciativa Mérida.
La medida se sustenta, según las autoridades texanas, en la denuncia de los ciudadanos de El Paso Shon Huckabee, de 23 años, y Carlos Quijas, de 36, quienes aseguran que sus derechos humanos fueron vulnerados por elementos del Ejército de México. Ambos alegaron que el 18 de diciembre de 2009 fueron detenidos y torturados por soldados de ese país en uno de los puentes transfronterizos en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando regresaban a su ciudad.
“Hemos resuelto que el alcalde y el cabildo de la ciudad soliciten al Departamento de Estado una revisión vigorosa de los hechos y condiciones del encarcelamiento de Shon Huckabee y Carlos Quijas para tener garantías de que serán tratados de forma justa durante el proceso judicial (en México)”, subraya la resolución aprobada el martes 5 por la noche.
El documento, cuya copia obtuvo Proceso, asienta en otro párrafo: “El alcalde y el cabildo exigen que los fondos para el financiamiento de la Iniciativa Mérida se suspendan hasta que el gobierno de Estados Unidos tenga garantías de que se impute al Ejército de México cualquier violación a los derechos humanos cometida (contra Huckabee y Quijas)”.
Y aunque la decisión adoptada en El Paso no es la primera en la que las autoridades de Estados Unidos hacen énfasis en los excesos del Ejército de México contra conciudadanos extranjeros, amparados en la lucha militarizada contra el narcotráfico emprendida por el presidente Calderón, llama la atención que un gobierno local pida por primera ocasión a Washington tomar represalias contra las autoridades del vecino país, sobre todo por la impunidad con la que se conducen sus militares.
Según Huckabee y Quijas, elementos del Ejército Mexicano los detuvieron cuando se dirigían al Puente Libre de Ciudad Juárez para trasladarse a El Paso. Dijeron que los soldados les decomisaron dos maletas con 52.4 kilos de mariguana que, alegaron, les fueron “sembradas por los mismos soldados”, a quienes acusan de haberlos torturado cuando se encontraban en prisión y durante el proceso judicial al que los sometieron y que concluyó con una sentencia de cinco años de cárcel.
La resolución aprobada por el cabildo de El Paso apunta que los dos estadunidenses contaban con tres testigos presenciales para probar su argumento de que la droga fue colocada por sus captores en el automóvil donde viajaban:
“Uno de los tres testigos fue asesinado y los otros dos se escondieron. El sistema judicial mexicano sostiene que todos los acusados son culpables, por lo menos hasta que logren probar su inocencia; cuando la responsabilidad del Estado es precisamente demostrar que los acusados son responsables”, asienta el documento del cabildo texano, como argumento para solicitar al Departamento de Estado que suspenda el apoyo antinarcóticos al gobierno de Calderón.
Los concejales (regidores) de El Paso acotan que de
Documento revelador
El viernes 8, tres días después de que el cabildo de El Paso aprobara la resolución, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró, con base en el reporte anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2010, que el gobierno de Estados Unidos reprobó al de México por los asesinatos extrajudiciales, de menores de edad, torturas, desaparición de personas, secuestros y arrestos ilegales cometidos de manera sistemática por el Ejército y las fuerzas de seguridad de México en ese año.
“El país continúa su lucha contra el crimen organizado que involucra enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los traficantes de drogas. Las fuerzas de seguridad se reportan ante las autoridades civiles. Sin embargo, hubo instancias en las cuales los elementos de esas fuerzas actuaron al margen de las políticas del gobierno (de Calderón)”, indica el informe del Departamento de Estado en las 40 páginas dedicadas a México.
Según el gobierno de Obama, el año pasado se reportaron “asesinatos extrajudiciales, secuestros, abusos físicos (tortura), sobrepoblación y deterioro de prisiones, arrestos y detenciones arbitrarias, corrupción, ineficiencia y falta de transparencia generada por la impunidad del sistema judicial, confesiones obtenidas por medio de la tortura, y la violencia y amenazas contra periodistas” que implican a las fuerzas de seguridad y otros elementos del gobierno mexicano.
En su informe, el Departamento de Estado también destaca que como resultado de la narcoviolencia propiciada por la estrategia militarizada de Calderón, y la pelea por las plazas y rutas del trasiego de las drogas entre los cárteles, el año pasado fueron asesinadas 15 mil 273 personas.
“El gobierno o sus agentes no cometieron ningún asesinato por motivos políticos, pero (sí lo hicieron) las fuerzas de seguridad, actuando dentro y fuera de la ley. El año pasado asesinaron a varias personas, incluidos menores de edad”, añade el reporte.
El gobierno de Obama destaca específicamente en su informe cinco casos de asesinatos extrajudiciales cometidos por las fuerzas de seguridad de Calderón. En uno de ellos están implicados elementos del Ejército Mexicano por la ejecución de dos niños.
Con base en investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Departamento de Estado indica que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “alteró la escena del crimen de los niños Martín y Brayan Almanza Salazar”, de cinco y nueve años, respectivamente.
Los dos menores fueron asesinados el 3 de abril de 2010 cuando un destacamento de soldados se dirigía de Nuevo Laredo a Reynosa, Tamaulipas.
De acuerdo con el reporte del Departamento de Estado, la manipulación de la escena del crimen tenía el propósito de “crear la impresión de que los disparos que quitaron la vida a los niños fueron resultado de un enfrentamiento (de militares) con una banda de criminales”.
Además, anota que, pese al número significativo de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que ha recibido el gobierno de Calderón, la Sedena goza de una plena impunidad.
Y sigue: en 2010, “a nivel federal no se confirmaron desapariciones de personas por motivos políticos. No obstante, hubo múltiples denuncias sobre desapariciones forzadas cometidas por elementos del Ejército y la policía. La mayoría de éstas ocurrieron en el curso de las operaciones de seguridad”.
Otro dato que destaca en el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo es el incremento desproporcionado de los secuestros ocurridos en México a lo largo del año pasado: “El gobierno (de Calderón) reportó (al Departamento de Estado) un aumento de 78.8% en el caso de los secuestros, respecto de las cifras registradas en
La dependencia federal a cargo de Hillary Clinton agrega que la CNDH calculó que durante 2010 fueron secuestrados 20 mil migrantes extranjeros en territorio mexicano cuando intentaban llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
“En áreas donde se involucraron las operaciones militares contra Organizaciones Criminales Trasnacionales, personal de la Sedena arrestó a individuos sin la autorización de ministerios públicos federales o estatales, en los cuales recae la responsabilidad de recolectar evidencia para su uso subsecuente en procesos judiciales”, remata el informe del Departamento de Estado, con lo que abre una interrogante sobre el papel que están jugando las Fuerzas Armadas de México en la desaparición de personas.
Tanto la resolución aprobada por el cabildo de El Paso como las conclusiones del reporte del Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en México serán consideradas por el Congreso federal de Estados Unidos para determinar si autorizan o suspenden el financiamiento de la Iniciativa Mérida. El presidente Obama prometió aportar 900 millones de dólares para apoyar la lucha de su homólogo mexicano contra el narcotráfico.
Bajo los estatutos de la Iniciativa Mérida, 15% de los poco más de mil 300 millones de dólares aprobados por el Capitolio para el financiamiento de ese programa está condicionado a que Calderón dé garantías claras y transparentes de que las Fuerzas Armadas de su país no cometen violaciones a los derechos humanos so pretexto de combatir a los cárteles de la droga.
“Estamos haciendo una revisión de lo que aprobó el cabildo de El Paso, pero la decisión de suspender la ayuda a México es del Congreso”, responde el Departamento de Estado a la pregunta planteada por el corresponsal sobre la resolución aprobada por el cabildo de El Paso. l
Washington los condena... y Washington los entrena
Jorge Alejandro Medellín
Y si bien la reciente condena al Ejército Mexicano por parte del gobierno de Barack Obama ha sido implacable, Washington no deja de entrenar a un número cada vez mayor de militares mexicanos asignados a la guerra contra el narcotráfico. Documentos oficiales de ambos países, a los que tuvo acceso este semanario, dan cuenta de centenares de efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina que han sido enviados a capacitarse en tácticas antiterroristas.
Los últimos cuatro años –de
En el contexto de la guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón, el presidente prestó más atención a las Fuerzas Armadas, a sus condiciones y a su preparación.
Apenas el pasado 19 de febrero, Día del Ejército, Calderón anunció un paquete de ayuda económica para los integrantes de las Fuerzas Armadas: aumento salarial, pensión vitalicia a las viudas de los militares caídos, apoyo para adquirir vivienda, mejor atención médica y becas para los hijos de los uniformados.
En los festejos del Día del Ejército de 2007 y 2010 el mandatario también otorgó aumentos salariales a la milicia.
Pero los esfuerzos calderonistas se manifestaron en otra vertiente: la del entrenamiento exhaustivo de efectivos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. En lo que va del sexenio un número cada vez mayor de uniformados han sido capacitados (especialmente en Estados Unidos) en tácticas y estrategias de combate al narcotráfico... y contra el terrorismo también.
Pero no hay que olvidar que en el pasado algunos de los militares mejor preparados se fueron al bando enemigo. Los Zetas, el ejército criminal mejor preparado del país, se formó con desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Proceso 1420), caracterizado por tener la más alta especialización contrainsurgente... y antinarcóticos.
La nueva Escuela de las Américas
Sólo en 2009 más de 700 efectivos del Ejército y la Marina mexicanos se capacitaron en tácticas de lucha antinarco y antiterrorismo en instalaciones de Estados Unidos y en bases locales con instructores extranjeros.
Los datos sobre el adiestramiento de los militares mexicanos en Estados Unidos son públicos y se tomaron, vía internet, del Instituto para la Cooperación en Seguridad del Hemisferio Occidental (Whinsec, por su acrónimo en inglés), dependencia del Departamento de Defensa antes llamada Escuela de las Américas.
Ésta fue fundada en 1946 en la zona del Canal de Panamá y estuvo ahí hasta 1984 –tras entrenar a unos 60 mil soldados– cuando fue expulsada por el entonces presidente panameño Jorge Illueca, quien la declaró “bastión de Estados Unidos para invadir el continente”.
A la Escuela de las Américas diversas organizaciones de derechos humanos dieron en llamarla la “Escuela de los Asesinos” porque sus egresados destacaron por su participación en cuartelazos, dictaduras, represión, matanzas y tortura en Latinoamérica en los años sesenta y setenta.
De acuerdo con el Whinsec, en 2009 fueron 716 (444 del Ejército y el resto de la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública) los efectivos mexicanos enviados a Estados Unidos para cursar alguna de las 90 especialidades del programa Educación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET, por sus siglas en inglés) con el que el Pentágono capacita en diversas especialidades a tropas de países latinoamericanos.
La presencia de militares mexicanos en el IMET ha ido en aumento en los últimos 15 años. En ese lapso, Colombia se ha mantenido a la cabeza en la lista de participantes; México escaló peldaños y desplazó a Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Brasil, hasta llegar a ser la segunda nación que más personal envía y cada vez a más cursos.
Si bien los entrenamientos del IMET se imparten en distintos lugares, incluso fuera de Estados Unidos, muchos de ellos tienen lugar en las instalaciones del Whinsec en Fort Benning, Georgia. Ahí en 2009, 40 uniformados mexicanos tomaron siete cursos; 26 fueron enviados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 14 por la Secretaría de Marina (Semar).
Los cursos tomados por miembros del Ejército fueron: operaciones conjuntas (1 alumno), control y análisis de información (17), ingeniero en operaciones (3), información en operaciones (1) y asistencia médica (4). Por parte de la Armada los cursos fueron: derechos humanos (3 alumnos) y control y análisis de la información (11).
Los documentos desclasificados del Whinsec indican que en 2009 el entrenamiento y actualización de los 716 militares mexicanos le costó al IMET 3 millones 858 mil 211 dólares. En contraste, en el mismo periodo la erogación para el entrenamiento de tropa colombiana fue de 16 millones 329 mil 938 dólares.
Los militares y marinos mexicanos que han ido a entrenarse al amparo del esquema del IMET han asistido a unidades de adiestramiento de alto nivel, como el centro de entrenamiento de Presidio-Monterey, California, donde se imparten cursos de idiomas (más de 40). En ese lugar se prepara a los militares estadunidenses para hablar y entender, por ejemplo, toda la variedad de lenguas habladas en Irak. Dos marinos mexicanos se prepararon en esa unidad en 2009.
Otro es el Marshall Center, en Garmisch, Alemania, que se dedica al análisis de procesos de paz y capacitación de alto nivel. También hubo efectivos mexicanos ahí en 2009.
El Asia-Pacific Center for Security Studies, en Hawaii, especializado en estudios de seguridad continental, es otra de las escuelas que han dado cabida a alumnos de la Sedena y la Semar en años recientes.
La Intelligence School, la National Defense University y la Defense Intelligence Agency, en Washington, son también instancias a las que son enviados recurrentemente los militares y marinos mexicanos.
De acuerdo con los datos del Whinsec,para 2009, el primer lugar entre los países latinoamericanos con más militares capacitados en Estados Unidos lo tuvo Colombia, con 2 mil 160. El segundo sitio es de México, con 716.
Entre los 90 cursos impartidos en Estados Unidos a los efectivos de la Sedena y la Semar predominan, sin embargo, los orientados a combatir el terrorismo, no tanto al crimen organizado.
Entre esos destacan: operaciones especiales, programa de combate al lenguaje del terrorismo, programa internacional de contraterrorismo, estudios avanzados de terrorismo, respuesta al terrorismo, programa internacional de contraterrorismo, programa de estrategias e inteligencia de combate, entrenamiento internacional para fuerzas especiales y operaciones conjuntas.
También entrenamiento del cuerpo de marines, instructor en derechos humanos, básico de antiterrorismo, protección antiterrorista, previo de rangers, analista de información contra narcoterrorismo, operaciones contra narcoterrorismo, operaciones conjuntas, relaciones civil-militares, policía militar investigador, inteligencia avanzada para oficiales y cursos especiales del Comando Norte.
Asimismo, según el Whinsec, personal de la Secretaría de Seguridad Pública se capacitó en seguridad en aviación y pilotaje de helicópteros Black Hawk UH-60.
Los números de la Sedena
En respuesta a una solicitud de información enviada a través del IFAI (registrada con el folio 00007000174610), la Sedena asegura que de
De ellos, 372 fueron enviados a Estados Unidos en ese lapso, asegura la Sedena, y agrega que 2010 fue el año en el que más uniformados mexicanos se adiestraron en ese país (256) en cursos antidrogas, antiterrorismo, de combate urbano, de operaciones especiales, de comando para fuerzas especiales, de inteligencia y contrainteligencia antiterrorismo y antinarcóticos, y de derechos humanos.
Esta cifra difiere de la del Whinsec. La Sedena habla de 372 efectivos enviados al extranjero entre 2007 y 2010 y la institución estadunidense asegura que fueron 444 los que recibió Estados Unidos a través del IMET sólo en 2009 (en este número no se incluye a los miembros de la Marina ni de la Secretaría de Seguridad Pública).
En respuesta a la solicitud de información, la Defensa dio el número de militares enviados a capacitarse al extranjero entre 2007 y 2010, pero reservó algunos detalles, como las especialidades y cursos tomados, los sitios en los que se llevaron a cabo y datos de la participación de instructores estadunidenses en México.
“La información referente al tipo y nombre de los cursos realizados (...) se encuentra clasificada como reservada por el término de 12 años dentro del rubro temático ‘Planes y Programas de Adiestramiento’ debido a que su difusión pondría en riesgo la seguridad pública y la vida del personal militar.”
Lo que la Sedena sí dio a conocer fue la lista de países y el número de militares enviados al extranjero entre 2007 y 2010.
En 2007 fueron enviados a 17 naciones 106 militares mexicanos. En 2008 fueron
En total, afirma la Sedena, 613 miembros del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos fueron enviados a especializarse al extranjero, aunque no aclara si se les capacitó dentro del programa del IMET (que invita a los soldados latinoamericanos y sufraga sus gastos) o si fue por invitación de otros de los países que aparecen en la lista o a petición de la Defensa.
Las campañas electorales, un “gran estercolero”
Verónica Espinosa
Arturo González de Aragón, desde el conocimiento y la autoridad que le da su paso como titular de la Auditoría Superior de la Federación, decide exhibir lo que llama el “estercolero” de la política de partidos en México. La vocación de opacidad del IFE y las reformas aprobadas por el Congreso, asegura, son los dos candados que impiden fiscalizar los recursos públicos entregados a los partidos políticos. Y advierte que la falta de transparencia en las arcas de los partidos conlleva un gran riesgo: la entrada de dinero sucio a las campañas electorales.
ZACATECAS, ZAC.- El exauditor superior de la Federación Arturo González de Aragón lanza su propio “¡ya basta!” ante el dispendio de los partidos políticos, que es posible por la excepción legal que impide fiscalizarlos y también por las omisiones del Instituto Federal Electoral (IFE) en materia de transparencia.
Asegura que todavía hay tiempo para que el Congreso legisle y proteja las campañas electorales. De lo contrario, advierte, quedará el riesgo de que entren recursos ilícitos y en 2012 se viva una contienda presidencial marcada por la corrupción o el narco.
Dos de los puntos que debería tener esa protección, sugiere González de Aragón, serían alinear el calendario electoral y reducir a la mitad las prerrogativas que se entregan a los partidos para sus campañas.
Respecto de la eventual intromisión financiera del narco en estas últimas, dice en entrevista con Proceso:
“Es muy delicado especular sobre esto, pero la realidad es que si no hacemos totalmente transparentes los recursos de las campañas, por supuesto que se corre ese riesgo.”
González de Aragón citó las irregularidades de las campañas electorales de 2009 y 2010 en las que, dijo, abundaron aspirantes acusados de nexos con la delincuencia, grabaciones ilegales, manipulación de encuestas y padrones electorales, compra de votos, chantajes y hasta el asesinato de un candidato: el tamaulipeco Rodolfo Torre Cantú.
“Todas las autoridades, en los ámbitos federal, estatal y municipal, sólo buscaron el poder por el poder sin el menor recato o pudor y con total y absoluta desvergüenza, olvidando el interés superior de la nación. Sin importar valores ni principios, los partidos políticos se convirtieron en muchos casos en ‘travestis de la política’, actuando como verdaderos delincuentes…”, asegura.
Además, “tuvieron la desvergüenza y el descaro” de modificar el año pasado, “en un auténtico albazo”, el artículo 2, fracción IX de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (aprobada apenas en 2009), para no ser investigados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Mayor despropósito no puede existir. Esto es un monumento a la opacidad y una afrenta al manejo honesto y transparente del patrimonio público”, sentencia González de Aragón.
Considera que el IFE y el Congreso de la Unión ya tendrían que estar trabajando en las reformas complementarias para evitar la infiltración de recursos ilícitos en las campañas.
–¿Aún hay tiempo?
–Debiera haberlo. Las campañas del Estado de México ya están. Viene Michoacán. El Congreso tiene periodo ordinario hasta el 30 de abril, pero también puede ir a un extraordinario. Y supongamos que no lo vamos a sacar en tres días ni cuatro semanas, pero si hay voluntad política, hay tiempo para que en un periodo extraordinario se aprueben las legislaciones complementarias que puedan blindar las campañas de recursos de procedencia ilícita.
“Esa voluntad la han demostrado con creces las fracciones parlamentarias, como ocurrió con la modificación a la Ley de Fiscalización, para ser los únicos exentos de rendir cuentas a la ASF en un acuerdo que tomaron una noche antes, la noche de las brujas o de los duendes, como les digo yo cuando hacen esas cosas”, ironiza el exauditor, quien recuerda haberse quejado de este acuerdo ante Felipe Calderón en noviembre de 2009 en un acto público.
“Ellos (los partidos) argumentan de manera tramposa que ya son fiscalizados por el IFE. Pero no es cierto. El IFE fiscaliza campañas políticas, pero el gasto público tiene su propia normativa de fiscalización, su propio marco, y en esta norma no debe haber ninguna excepción.
“Y como ciudadanos no debemos permitir una sola excepción en materia de transparencia y rendición de cuentas.”
Encendido discurso
Arturo González de Aragón pronunció un encendido discurso ante estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), donde acudió como orador invitado en el XIII Simposio Internacional Incertidumbre Económica y Financiera Actual.
Dijo a estudiantes y académicos de la UAZ: “Todos hemos sido testigos de cómo la mayoría de los partidos políticos se han convertido en verdaderas mafias que sólo buscan aprovecharse del botín que representa el presupuesto público, situación que se agudiza cuando se dan campañas electorales que representan el campo propicio, la oportunidad dorada, de saquear el patrimonio de todos los mexicanos”.
Presentó cifras y estadísticas que retratan la década del PAN en la Presidencia de la República, comenzando por la transferencia de recursos públicos desde la Federación y los gobiernos estatales a las elecciones por un total de 158 mil millones de pesos.
“La Federación y los gobiernos estatales entregaron a los partidos políticos 50 mil 809 millones de pesos, 88 mil 261 millones a los institutos electorales, 17 mil millones a los tribunales electorales y mil 930 millones a las fiscalías especializadas, lo que representa una verdadera ofensa para la pobreza y las necesidades del país, así como un enorme despropósito y un monumento al despilfarro y al uso inadecuado de los recursos públicos”, expuso.
El extitular de la ASF también habló de comportamiento errático del gobierno durante esta década con fenómenos como un crecimiento económico insuficiente; el aumento del desempleo y la pobreza; crecientes índices de inseguridad, delincuencia y criminalidad; deficiente impartición de justicia; falta de aplicación de la ley y del estado de derecho; aumento preocupante de las estructuras de gobierno y de la burocracia, y uso inapropiado de los ingresos extraordinarios excedentes que se recibieron fundamentalmente del petróleo.
Una referencia utilizada por González de Aragón fue el Índice de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial, donde México perdió 28 posiciones entre 133 países entre 2000 y 2009, cuando pasó del lugar 32 al 60.
En entrevista con Proceso, después de la conferencia, el exauditor superior abundó en lo que llama “este gran estercolero que es el manejo de las campañas, donde se dice que entra todo. Ustedes lo han leído, lo han escuchado. El cochinero que es el intercambio de prebendas por votos, manejar apoyos presupuestales a cambio de tener el favor y la voluntad del electorado, ha sido verdaderamente desastroso para el país”.
–¿Cómo se puede detectar la presencia de recursos ilícitos? –se le pregunta.
–Tener certeza de la existencia o no de este tipo de recursos hasta este momento no ha sido viable o posible. Pero hay una realidad, ¿dónde está la legislación electoral? Debe haber una segunda y tercera generación de reformas electorales que cubran todos estos pendientes que no han sido superados.
Explica la necesidad de que el blindaje incluya la alineación del calendario de los procesos electorales, puesto que las fechas tan diversas multiplican el gasto de campañas “y tenemos campañitas aquí y campañitas acá, un campo propicio para que los corruptos hagan mal uso de los recursos. Y hay muchos”.
El otro aspecto es la transparencia.
“¿Dónde está el IFE?”, se pregunta: “Peleando por 300 y tantos millones de pesos que ya debería haber devuelto a la Tesorería de la Federación, porque eso no está sujeto a su voluntad, es una obligación que tiene que cumplir. Y si no cumple con la devolución de los recursos, que lo castiguen, que lo denuncien, pero tiene que regresarlos”.
En lo que califica de “el absurdo de los absurdos”, el exauditor se burla de los argumentos esgrimidos por el consejo del IFE para negarse a devolver 348 millones de pesos que “provienen de ahorros presupuestales planeados” y acordados por el organismo.
“No son válidos (sus argumentos). Tiene que devolver esos recursos. Es la primera vez que alguien, con excepción de la Cámara, se opone”, comentó al recordar que en su periodo en la ASF hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación devolvió 172 millones de pesos que había utilizado de remanentes de ejercicio y los había enviado a otras partidas.
“Cuando se le observó que era indebido, devolvió el recurso a la Tesorería de la Federación. ¿Con qué autoridad el IFE pretende utilizar estos recursos, violentando las normas que rigen el ejercicio del gasto público? No los puede manejar al contentillo.”
Esto tampoco puede seguir sucediendo en el caso de los partidos políticos, que deben ser obligados a la rendición de cuentas ante la ASF.
“Por ejemplo, en la Cámara de Diputados la Auditoría Superior entraba a revisar lo que les tocaba a los partidos, las famosas prerrogativas, entregaban un recibo universal y ya. Ahora no rinden cuentas, hacen con ese dinero lo que quieren. Y es dinero nuestro.
“Ese dinero se le entrega al coordinador: por tantas curules tocan tantos millones. ‘Dame un recibo’ y con eso justifican todo. ¿Esa es la rendición de cuentas? Pues no.” l
“Me están presionando desde Presidencia y desde el PRI”
Álvaro Delgado
En medio del escándalo generado por una reunión con prominentes magistrados en la que presuntamente se pretendía negociar la exoneración del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, en reunión privada les dice a sus colegas que hay presiones de la Presidencia de la República y del propio PRI para sacarla de esa jugada, y de paso quitarle los múltiples cargos que ostenta en esa institución.
María del Carmen Alanís, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reconoció ante sus compañeros magistrados que es sometida a “presiones” por el juicio al gobernador Enrique Peña Nieto desde dos flancos: La Presidencia de la República y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Esas presiones, de las que se dijo “harta”, son por la violación de Peña Nieto a la Constitución y la ley, como lo acreditó el Instituto Federal Electoral (IFE), pero también para que deje la presidencia del organismo a Constancio Carrasco Daza, impulsado por el Partido Acción Nacional (PAN) y por Felipe Calderón, o a Pedro Penagos López, promovido por el PRI.
“¡Me están diciendo que ya deje la presidencia a ti, Constancio, o a ti, Penagos!”, exclamó Alanís en la sesión privada de los magistrados, el lunes 4, en una acalorada discusión derivada del escándalo en que se ha convertido la comida que organizó en su casa con prominentes priistas, el 9 de marzo, presuntamente para pactar la exoneración de Peña Nieto.
En este contexto, y como parte de las pugnas al interior del TEPJF, Proceso obtuvo información en el sentido de que los magistrados decidieron quitarle a Alanís el control de los comités que preside, entre otros los de Transparencia, Comunicación Social, Jurisprudencia, Carrera Judicial y Relaciones Interinstitucionales, lo que implica reducirle poder en la estructura de la institución.
Esta decisión de los magistrados fue a propuesta de Carrasco Daza, primo de Diódoro Carrasco, exgobernador priista y exdiputado federal panista, y se materializará dentro de dos semanas, una vez que el pleno resuelva si Alanís se debe excusar de intervenir en el juicio a Peña Nieto, como lo solicitó formalmente la dirigencia nacional del PAN, que también promovió en el Senado un pronunciamiento en ese sentido.
En efecto, el martes 5, justo el día en que fue nombrado secretario de Elecciones del CEN del PAN, el senador Rubén Camarillo propuso un punto de acuerdo para que Alanís se excuse de participar en el juicio a Peña Nieto, porque al participar en la comida violó el Código de Ética del TEPJF y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Expuso que en las elecciones del Estado de México, como en las federales de 2012, las instituciones electorales deben garantizar, en los ámbitos de sus respectivas competencias, su plena imparcialidad.
“De esta forma, los avances que se han tenido no se echarán en saco roto y no se retrocederá en el camino para consolidar la democracia”, argumentó Camarillo en el punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria que se prevé discutir el martes 12 en el Senado, cuyo presidente, el priista Manlio Fabio Beltrones, es uno de los respaldos políticos de Alanís.
Justamente un personaje identificado con Beltrones, el consejero del IFE Marco Antonio Baños, fue uno de los asistentes a la comida en la casa de Alanís, de la que fue socio en la empresa de consultoría electoral Demos. Otro comensal fue Enrique Ochoa Reza, empleado del TEPJF y aspirante a consejero impulsado por el PRI.
A esa comida asistieron, también, los diputados federales Luis Videgaray, desde el viernes 8 presidente del PRI en el Estado de México y coordinador de campaña de Eruviel Ávila, candidato a suceder a Peña Nieto, y Sebastián Lerdo de Tejada, exrepresentante ante el IFE y hermano de Fernando, empresario que cobra 240 mil pesos mensuales por asesorar a Alanís en cabildeo político y medios de comunicación.
Un quinto comensal de esa reunión subrepticia fue Frank del Río, uno de los amigos de Alanís que supuestamente cabildea, junto con Benito Neme Sastré, la exoneración en el TEPJF del gobernador y aspirante presidencial del PRI.
Menos poder
En medio del escándalo por la comida en su casa con los emisarios de Peña Nieto, así como con Baños y Ochoa –cuya candidatura al IFE se da por muerta–, Alanís buscó el apoyo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, cuyo yerno, Diego Gutiérrez Morales, es secretario administrativo del TEPJF.
El desayuno con el ministro Silva Meza se produjo el lunes 4, cuando se celebró una acalorada sesión privada con los magistrados, en la que Alanís reconoció recibir “presiones” de Los Pinos y del PRI sobre el caso Peña Nieto, pero también ante la sucesión en la presidencia del TEPJF, que debe renovarse en agosto y a cuya reelección ella aspira.
Ante los magistrados, y entre sus allegados, Alanís comentó estar “harta” de las “presiones” de Los Pinos y del PAN para que se excuse de intervenir en el juicio para que el TEPJF revoque o ratifique que Peña Nieto violó el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe el uso de recursos públicos para promoción personalizada, y el artículo 128 del Código Electoral Federal por pagar spots de televisión de cobertura nacional con motivo de su quinto informe de gobierno, como lo resolvió el IFE, el 18 de enero.
El PAN, en efecto, le ha retirado el respaldo que le ha dado por la añeja amistad con la mujer de Felipe Calderón, Margarita Zavala, cuyo padre, el magistrado jubilado Diego Zavala Pérez, ha dicho que son “hermanas de cuna”, por conocerse desde la niñez.
Pero las “presiones” de ambas partes son también, confesó a los magistrados, para deponer su deseo de reelegirse en la presidencia y dejarla a Carrasco Daza, apoyado por Calderón y el PAN, o a Penagos López, respaldado por el PRI, cuya cabildera es la senadora María Elena Orantes López, frustrada aspirante a secretaria general del PRI (Proceso 1796).
En la discusión sobre lo publicado en el semanario Proceso, en la edición de la semana pasada, los magistrados cruzaron acusaciones sobre la falta de funcionamiento de varias áreas de la presidencia del Tribunal Electoral, las “filtraciones” y aun sobre asuntos de carácter personal.
Alanís alegó exceso de trabajo, porque los magistrados no lo hacen, como el viajero Manuel González Oropeza, o Penagos, a quien le reprochó no laborar con empeño. “Tú no eres nadie para decirme eso”, contestó él, quien hace grupo con Alejandro Luna Ramos y Salvador Nava Gomar.
Luego de una larga discusión, y propuesta de Carrasco Daza –quien solía llamar “Maca” a Alanís y ahora se refiere a ella como “Maricarmen”–, los magistrados decidieron que Alanís ya no tenga injerencia tanto en la integración como en las funciones de los 11 comités que ella, por decisión personal, preside.
Aunque estos comités se crearon, en abril de 2007, durante la presidencia de Flavio Galván, Alanís los modificó para presidirlos ella y tener siempre la última palabra, como consta en el acuerdo del 28 de febrero de 2008, cuyo punto 8 establece:
“Los comités podrán sesionar con la presencia de la mayoría de sus miembros. Si el presidente fuese el ausente, las decisiones que se tomen estarán condicionadas en cuanto a su ejecución; en caso de que esté de acuerdo, se procederá de inmediato a su ejecución, y cuando disienta de ellas se replantearán en la siguiente sesión a la que asista.”
Eso se acabó: Los magistrados decidieron arrebatarle ese poder a Alanís, cuyo acuerdo se formalizará una vez que resuelvan el caso Peña Nieto, aun si ella, que es ponente en el juicio, no se excusa como lo exige el PAN y como lo recomendó el ministro José Ramón Cossío.
“Yo creo que si ella lo considera y si efectivamente estuvo ahí, pues esas son las causales de impedimento que nosotros tendríamos que señalar”, declaró el ministro.
Pérdida de confianza
Este argumento fue utilizado por el senador panista Rubén Camarillo para presentar en el Senado, el martes 5, un punto de acuerdo “que exhorta a diversas autoridades electorales a conducirse con imparcialidad y objetividad en sus encargos para garantizar la equidad del proceso electoral en el Estado de México”.
Camarillo, quien desde ese día es el secretario de Elecciones del PAN, argumentó también que el Código de Ética de los servidores públicos del TEPJF, en el capítulo 1, obliga al juzgador a “rechazar cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la tramitación o resolución de los asuntos que se sometan a su potestad, incluso las que pudieran provenir de servidores del Poder Judicial de la Federación”.
El numeral 2.4 define, también, que los juzgadores deben abstenerse “de citar a las partes o personas vinculadas con ellas fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que ejerza su función”.
Además, ese Código de Ética define a la independencia como “la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho, provenientes del sistema social. Consiste en juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquél”.
También define a la imparcialidad como “la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables”.
El legislador del PAN citó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que define las causas por las que un magistrado electoral está impedido a conocer de un asunto:
“Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas a que se refiere la fracción anterior; asistir, durante la tramitación del asunto, a convite que le diere o costeare alguno de los interesados, tener mucha familiaridad o vivir en familia con alguno de ellos; o cualquier otra análoga a las anteriores.”
Razonó Camarillo: “Debido a la reunión y a los posibles temas que en ella se discutieron, se considera que la magistrada presidenta del Tribunal Electoral está incurriendo en violaciones a dicho código. Esta situación trae como consecuencia la pérdida de confianza en la imparcialidad de las decisiones del Tribunal, en general. De ahí que se le esté exhortando a que se excuse de conocer en el presente caso”.
El senador recordó que, durante muchos años, México ha librado batallas muy importantes para establecer un procedimiento electoral que garantice la imparcialidad, el respeto y la certeza de las decisiones de los ciudadanos.
“La elección en el Estado de México no escapa a esta situación. Esta elección debe realizarse con equidad y certeza jurídica a fin de que los ciudadanos que habitan en dicho estado estén en posibilidades de elegir a la mejor opción entre sus posibles gobernadores. Es muy importante que tanto el Instituto Electoral del Estado de México y el Tribunal Electoral de dicha entidad, como las autoridades electorales federales en los ámbitos de sus respectivas competencias garanticen su imparcialidad frente al proceso electoral que se desarrolla en este año.
“Así, también, se podrá garantizar la confianza y el respeto que privará durante las elecciones federales del próximo año. De esta forma, los avances que se han tenido no se echarán en saco roto y no se retrocederá en el camino para consolidar la democracia.”
En este asunto se rompió la unidad que el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, tiene con el PAN, porque no apoya que Alanís se excuse.
“Más allá de la excusa, lo que importa va a ser el contenido de la ponencia que represente y, por supuesto, del contenido de la sentencia”, dijo Zambrano tras reunirse con Alanís y otros magistrados, a quienes les pidió ratificar que Peña Nieto violó la Constitución y la ley… l
La sociedad perversa
Jenaro Villamil
Con la compra de Cablemás y de la mitad de Iusacell, Televisa se alza como el único emporio nacional capaz de ofrecer el cuádruple play (televisión, internet y las telefonías fija y móvil). Para lograrlo unió fuerzas con su antiguo y acérrimo rival, TV Azteca. El propósito: frenar a la competencia en los servicios de banda ancha inalámbrica y de televisión abierta y restringida, lo que dio origen a la “guerra” contra Carlos Slim. A finales de enero último, en su columna Plaza Dominical del periódico Reforma, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, colaborador de Proceso, había adelantado el plan de Televisa y TV Azteca, pero el duopolio lo “desmintió” con insultos.
Una trama de simulación empresarial, financiera y política, así como la ambición por controlar las dos terceras partes del mercado de 35 mil millones de dólares anuales que genera el sector de las telecomunicaciones en México, están detrás de la reciente operación confirmada por Televisa para adquirir 50% de las acciones de Iusacell, la tercera empresa de telefonía móvil en el país y propiedad de Ricardo Salinas Pliego.
Esta transacción –a la que aún le falta la autorización de la Comisión Federal de Competencia (CFC)– incluye un compromiso de Televisa para invertir mil 600 millones de dólares (37.5 millones en capital y mil 565 millones en deuda convertible) a cambio de compartir con Salinas Pliego “los mismos derechos de gobierno corporativo” en Iusacell, así como permitir negociaciones entre la empresa de telefonía móvil y “filiales de Televisa para expandir su oferta de servicios”.
El control de la mitad de Iusacell le permitirá a Televisa ser la única empresa que dé los servicios de cuádruple play en México (televisión, internet y telefonía fija y móvil) a través de su red de empresas de televisión por cable (Cablevisión, TVI y Cablemás), más la de televisión satelital, Sky, y la telefónica Bestel.
El anuncio de la transacción entre Televisa y Iusacell coincidió con la autorización para que la empresa de Emilio Azcárraga Jean aumente de
Esta concentración se realiza pese a que Televisa y Cablemás incumplieron las condiciones impuestas por la CFC en agosto de 2007: que Cablemás abandonara su participación directa o indirecta en la Productora y Comercializadora de Televisión (PCTV, a través de su filial Paxia), que Televisa diera acceso no discriminatorio a otras empresas a sus señales de televisión abierta y que se prohibieran “las ventas atadas”.
Para Banamex Casa de Bolsa, la concentración de Televisa y Cablemás (por 4 mil 700 millones de pesos) anticipa una compra de Televisa en Megacable, la empresa más grande del sector, con lo que Azcárraga dominaría más de 65% de la televisión por cable.
De esta manera las adquisiciones de Televisa en Iusacell y Cablemás le permitirán a Azcárraga tener 57 megahertz del espectro de telefonía móvil –sin necesidad de participar en una licitación–, competir directamente con Telcel (la empresa de Carlos Slim, que tiene 70% de los 90 millones de usuarios de telefonía móvil) y con la española Telefónica-Movistar (con 19.7 millones de suscriptores, que domina 70% de las frecuencias de televisión abierta y controla los contenidos en televisión restringida).
Frente a este nivel de concentración ninguna autoridad del sector ha podido frenar el avance de Televisa y el recrudecimiento de la guerra que esta empresa y TV Azteca han emprendido contra Telmex-Telcel, Grupo Dish y los otros medios que se atrevan a oponerse al duopolio televisivo.
El comisionado de la Cofetel Gonzalo Martínez Pous advirtió que la autorización de la compra de 50% de Iusacell “está en la cancha de la Comisión Federal de Competencia”. “Nosotros únicamente nos encargamos de la regulación”, afirmó.
Para Jorge Fernando Negrete y Jorge Bravo, analistas de Mediatelecom, “se confirma la colusión de intereses en televisión abierta para impedir la entrada de nuevos competidores en ese mercado, y serán cada vez más evidentes los beneficios y prebendas a favor de Televisa, aliada con TV Azteca para operar una plataforma inalámbrica que difundiría los contenidos de los dos principales productores, que llega a 95%”.
“Esta concentración excesiva de recursos comunicacionales, además de las alianzas y colusiones, no fomenta la competencia, sino su destrucción”, afirmaron los especialistas de Mediatelecom en su análisis sobre esta transacción.
La simulación empresarial
La farsa empezó la segunda semana de octubre de 2010. Tras sostener contra viento y marea su sociedad con Nextel para obtener –por 180.1 millones de pesos– el bloque más valioso de la Licitación 21 para telefonía móvil, Televisa anunció que rompía el compromiso de invertir mil 400 millones de dólares en esa telefónica y tener entre 37 y 40% de su capital accionario.
La Licitación 21 se volvió un escándalo político, legislativo y mediático. El Congreso aprobó una exención de dos años del pago de derechos en beneficio de las empresas que participaran en la licitación más compleja del sexenio.
El entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, y el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, negaron una y otra vez que las bases se hubieran redactado para favorecer a la sociedad Nextel-Televisa, las únicas que pudieron competir por el bloque nacional de 30 Mhz.
Iusacell interpuso 95% de los más de 60 litigios a los que dio pie la Licitación 21. Su abogado, Salvador Rocha Díaz, salía un día sí y otro también a litigar contra el “favoritismo” de las autoridades a Televisa-Nextel.
Televisa manejó que debido a la “politización” de la Licitación 21 suspendía su compromiso de sociedad con Nextel y privilegiaba su inversión en Univisión, la cadena estadunidense de televisión de habla hispana que en junio de 2006 Azcárraga Jean perdió en su intento de adquirir el control accionario.
Aún en octubre de 2010 Iusacell firmó un convenio con sus acreedores para reestructurar una deuda de 544 millones de dólares: 344 millones con vencimientos en 2011 y 2012, y los otros 200 millones con vencimientos en 2013.
De esa deuda, 200 millones fueron adquiridos por el empresario regiomontano David Martínez, director de Fintech Advisory, quien tuvo el control de 98% de la deuda que vencía en 2011, 92% de la de 2012 y 76% de la correspondiente a 2013.
David Martínez, especializado en la adquisición de deudas corporativas (con descuento), tenía la intención de comprar 51% de las acciones de Iusacell y competir con Carlos Slim y Televisa. Martínez es un viejo adversario de Alfonso de Angoitia, vicepresidente ejecutivo de Televisa y estratega de la expansión del consorcio hacia el área de las telecomunicaciones.
Entre noviembre y diciembre de 2010, De Angoitia y Bernardo Gómez, los dos principales colaboradores de Emilio Azcárraga Jean, en sigilo emprendieron negociaciones con Ricardo Salinas Pliego para adquirir una parte del paquete de deuda de Iusacell y convertirse en accionistas mayoritarios de esa empresa.
Según fuentes cercanas a la negociación, el 21 de diciembre del año pasado se firmó un primer acuerdo confidencial entre Televisa y Iusacell.
Un mes después, el 23 de enero de 2011, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa adelantó en su columna Plaza Dominical, del periódico Reforma, que la operación de Televisa para quedarse con “la totalidad” de las acciones de Iusacell le permitiría, “además de desembarazarse de su principal adversario en tribunales, contar de golpe y porrazo con 53 Mhz del espectro”, lo que posee la telefónica.
El desmentido a Granados Chapa fue inmediato y ofensivo. Televisa y Grupo Salinas acusaron al periodista de haber mentido y de no haber consultado a las empresas. Manuel Compeán, vocero de Televisa, se dio el lujo de pontificar y dijo que el texto de Granados Chapa era “un desafortunado artículo que no cuenta con el mínimo rigor periodístico”.
Para los mismos días de diciembre de 2010, Telmex y Telefónica dieron a conocer un acuerdo de tarifas de interconexión por 0.95 centavos que sorprendió a los otros competidores. Tradicionalmente duros adversarios, la empresa de Slim y la dirigida en México por Francisco Gil Díaz llegaron a un acuerdo que aceleró la negociación entre Televisa y Iusacell.
En febrero de 2011 se inició la guerra abierta de Televisa y TV Azteca contra la dupla Telmex-Telcel, y se ha extendido hacia Grupo Dish, propiedad de MVS en sociedad con EchoStar y Telmex.
El inicio de las hostilidades públicas se generó a raíz del incremento de las pautas publicitarias en los canales de Televisa. Slim decidió suspender el convenio para este año. Menos de una semana después, TV Azteca anunció que suspendía los anuncios de Grupo Carso por desacuerdos en las negociaciones de las tarifas de interconexión de Iusacell con las empresas de Slim.
En una calca de lo sucedido con la Licitación 21, comenzó la ronda de demandas y denuncias. Iusacell, a través de su director jurídico, Federico Borrego, interpuso ante la CFC una demanda contra Telcel por presuntas prácticas discriminatorias y luego la demandó por el pago correspondiente al mes de febrero por interconexión.
Telcel y Telmex no se quedaron de brazos cruzados. Inundaron las páginas de medios impresos y cibernéticos con cintillos y desplegados contra el “duopolio televisivo”. Acudieron también a la CFC para denunciar la dominancia de Televisa en el mercado de la televisión restringida y se defendieron ante la guerra de spots por las altas tarifas de interconexión.
En una de sus últimas inserciones, Telmex afirmó: “Iusacell, ex monopolio celular, pierde participación del mercado del 100% a 4.4 % y usa noticiario con mentiras para presionar a las autoridades”.
Emilio Azcárraga Jean promovió en su cuenta de Twitter un blog contra Telmex (www.todoslosmexicanos.org) y el nivel de agresión llegó casi al insulto.
Redondean el negocio
Lo que antes negaron airadamente Televisa y Grupo Iusacell se confirmó el lunes 4, cuando el periodista Alberto Aguilar publicó que existían negociaciones entre ambos para aliarse y para que Azcárraga Jean adquiriera la deuda de David Martínez.
“Hasta donde se sabe, Televisa adquiría la importante tenencia de deuda del regiomontano David Martínez, dueño de Fintech Advisory”, publicó Aguilar.
El miércoles 6, The Wall Street Journal citó una fuente de Televisa y adelantó que ese grupo comprará 50% de Iusacell por mil 600 millones de dólares. El vocero de la televisora afirmó al rotativo que esta adquisición es “una movida defensiva” en la batalla contra Slim.
“(Slim) nos está tratando de ahogar en una guerra de precios”, afirmó esta fuente. Criticó que a través de los servicios de comercialización y facturación que Telmex ofrece con Grupo Dish se ha reducido el costo de la televisión satelital, mientras que Telcel incrementó el número de teléfonos de la compañía.
Ese mismo día el Consejo de Administración de Televisa aprobó la negociación realizada por Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia con su contraparte de Grupo Salinas, Pedro Padilla. El mercado bursátil no reaccionó favorablemente al anuncio: las acciones de Televisa disminuyeron entre 2.9 y 4% entre el miércoles 6 y el jueves 7.
Grupo Iusacell, que cotizaba en la Bolsa Mexicana de Valores, fue deslistada el año pasado por el alto costo de su deuda, de 12 mil 47 millones de pesos. A finales de 2009 la Casa de Bolsa Ixe calificó de “delicada” la situación financiera de la compañía, ya que su flujo en efectivo era negativo y el pago de intereses absorbía prácticamente todo su flujo operativo.
“Teniendo como socio a Televisa se abre la posibilidad de que Iusacell se vuelva un jugador un poco más importante, dependiendo de los acuerdos a los que lleguen y de la nueva estructura deuda-capital que tenga; el principal lastre de Iusacell siempre fue la deuda”, comentó Manuel Jiménez, subdirector de análisis de Ixe Casa de Bolsa a la agencia CNN Expansión.
Para distintos observadores los ganadores de esta operación son David Martínez y Ricardo Salinas Pliego; la fortuna de este último es de 8 mil millones de dólares según la revista Fortune.
David Martínez –quien vive en el extranjero– estuvo en México para hacer las últimas negociaciones a fin de vender a un precio mayor los 200 millones de dólares de tenencia de deuda que adquirió de Iusacell.
Para el financiero regiomontano esta transacción representa también una vieja revancha financiera: en junio de 2003, Grupo Salinas lo dejó en el camino en la adquisición de las acciones de Verizon y Vodafone en Iusacell, empresa creada por Carlos Peralta, quien vendió en 2001 su última participación de 34.5% por 973.4 millones de dólares.
En 2003 Ricardo Salinas Pliego compró en 10 millones de dólares el 100% de los títulos de Iusacell, empresa que ya arrastraba una deuda de 800 millones de dólares.
Ahora Televisa pagará 37.5 millones de dólares en capital y mil 565 millones de dólares en deuda convertible. A cambio, une fuerzas con TV Azteca para frenar a cualquier otro competidor en televisión abierta y para “congelar” un tiempo el ingreso de Telmex a la televisión restringida y la autorización para que MVS ofrezca servicios de banda ancha inalámbrica móvil a un precio mucho más barato que el cuádruple play de las televisoras.
La banda ancha sigue quedando estrecha
Jenaro Villamil
Tras cinco años de negociaciones infructuosas con las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para determinar la prórroga en la mayoría de los 60 títulos de concesión de la banda 2.5Ghz y después de dos años de conversaciones con Hacienda para definir el monto de la contraprestación que deberán pagar para usar ese espectro en servicio de internet de banda ancha móvil de cuarta generación, la empresa MVS y sus socios del Consorcio Concesionario (Clearwire, Alestra e Intel) decidieron dar a conocer el proyecto que prevé inversiones por más de mil millones de dólares y que ha frenado el gobierno de Felipe Calderón.
“Necesitamos que el gobierno conteste, que explique: ¿por qué no ha renovado las concesiones? ¿Por qué han frenado un proyecto que permitirá abaratar el servicio de internet de banda ancha y tenerlo a una velocidad 20 veces mayor que la de los servicios que existen ahora?”, dice Joaquín Vargas, presidente de MVS.
En entrevista con Proceso, Vargas relata que la última negociación, en marzo de este año, fue con el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, José Antonio González Anaya, y con el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).
González Anaya –economista vinculado con el expresidente Carlos Salinas y con su actual esposa, Ana Paula Gerard– les dijo que no podían hacer nada mientras la Cofetel no estableciera los lineamientos técnicos. Y la Cofetel no ha respondido a los oficios enviados desde noviembre de 2010.
MVS propuso que para el pago de la contraprestación para permitirles usar los 190 Mhz de la banda 2.5 Ghz en servicio de cuádruple play se tomara como base el costo impuesto por Hacienda en la licitación de la banda 3.5 Ghz, más una prima adicional de 30%.
“Durante mucho tiempo Hacienda insistió en que se debía licitar una parte: 50 megahertz. Nosotros le argumentamos que se necesitaban los 190 megahertz para dar una mejor cobertura y que dependiendo del volumen de suscriptores aumentáramos la prima de la contraprestación”, relata Vargas.
“Hicimos lo que nos pidieron: democratizamos la tenencia accionaria del Consorcio Concesionario para que ninguno pudiera tener más de 20%. Incluso le ofrecimos al gobierno que participara. Seleccionamos a un operador autónomo para que diseñe, construya y opere la red y les ofrecimos que sería una red verdaderamente abierta, incluso para Televisa o Sky. Y ni así nos han resuelto”, resume el presidente de MVS.
La única autoridad regulatoria que se ha manifestado a favor de este esquema es la Comisión Federal de Competencia (CFC). En un oficio del 4 de noviembre de 2010, el secretario ejecutivo del organismo, Ali B. Haddou Ruiz, admite que el despliegue de esta nueva red de banda ancha inalámbrica con cobertura nacional “puede tener un impacto favorable en las condiciones de competencia y libre concurrencia”.
La CFC observó las siguientes bondades del proyecto: promoverá el uso eficiente del espectro radioeléctrico; introducirá mayor dinamismo al sector de telecomunicaciones; garantizará el acceso no discriminatorio, la convergencia y la neutralidad de la nueva red y evitará el acaparamiento o las reservas excesivas de capacidad.
En conferencia de prensa el pasado miércoles 6, José Antonio Abad, responsable del proyecto Banda Ancha Móvil para Todos, desmintió que detrás del proyecto estén Carlos Slim y Telmex. Al contrario, afirmó, este nuevo consorcio representaría una competencia para la red de banda ancha de Slim. También afirmó que “es mentira que este espectro se lo hayan regalado a MVS”. Aclaró que 16% de las concesiones fue ganado por asignación directa, 37% a través de licitaciones y 47% se compró a terceros.
Consecuencias jurídicas
La inacción del gobierno federal frente al proyecto de MVS y sus socios hizo que la empresa estadunidense Hicks Muse Capital Partners, socia de la familia Vargas en 23% de la explotación de la banda 2.5Ghz, ya iniciara un procedimiento por “daños y perjuicios” contra el gobierno de Felipe Calderón ante el retraso en el refrendo de las concesiones que detentan ambas empresas.
El abogado de MVS, Eduardo Sánchez, precisó que esta demanda se basa en el capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio, donde se prevé que empresas estadunidenses pueden solicitar el arbitraje. Existe un plazo hasta diciembre de 2011 para determinar si procede o no la demanda.
También MVS está evaluando opciones jurídicas, como demandar al gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no se aprueba el proyecto para la explotación de esa banda, aclaró Sánchez.
MVS también promovió más de 100 amparos para impedir que el gobierno federal expropie las frecuencias que detenta en la banda 2.5Ghz. En el documento dirigido a la CFC, MVS aclara que entre 2005 y 2009 se vencieron 20 de los 60 títulos de concesión sin que la SCT haya manifestado si otorgará o no la prórroga. Los restantes 40 títulos vencen entre 2018 y 2020.
“Concretamente, MVS solicita que se le otorguen concesiones para la explotación de entre 120 Mhz y 190 Mhz en la banda de 2.5Ghz, por un plazo de 20 años, considerando una dimensión geográfica nacional”, advierte el mismo documento.
A pregunta de Proceso, el abogado Eduardo Sánchez advirtió que en tanto MVS esté amparado “no hay riesgo de expropiación” por parte del gobierno federal.
Ernesto Vargas, presidente de MVS Telecomunicaciones, dijo que “sería muy triste que se desaprovecharan cuatro años de negociaciones y que esperáramos hasta el próximo sexenio para que otro gobierno tomara la decisión”.
El anuncio de MVS y sus socios coincidió con el nuevo flanco de la guerra de las telecomunicaciones: la demanda interpuesta a través de la Procuraduría Federal del Consumidor contra Grupo Dish, la empresa de televisión restringida que le ha quitado 40% del mercado a Sky, la filial de Televisa en televisión satelital que antes controlaba 90% del mercado y que ha tenido que abaratar sus costos ante la competencia. l
La “primera víctima” de “WikiLeaks”
Marcela Turati
En sintonía con el trabajo de los medios de comunicación masiva y las redes sociales, el fenómeno WikiLeaks ha desatado “cambios históricos que no hemos reconocido totalmente porque aún están ocurriendo”, dice a Proceso Kristinn Hrafnsson, vocero del sitio en internet fundado por Julian Assange. Se trata de cambios, afirma, cuya envergadura equivale “a la caída del Muro de Berlín”. Para este periodista islandés, Carlos Pascual, quien renunció a su cargo de embajador de Estados Unidos en México, es “la primera víctima” de la divulgación de los secretos diplomáticos de aquel país.
TÖNSBERG, NORUEGA.- Kristinn Hrafnsson, el vocero de WikiLeaks, diagnostica: Cuando la arena se asiente, la gente verá los impactos de la revelación de los cables diplomáticos estadunidenses en la composición del mundo. Mientras eso ocurre, considera que la información divulgada, y potenciada por blogs y redes sociales, logró en los países árabes cambios similares a la caída del Muro de Berlín, en poco tiempo.
El embajador estadunidense en México, Carlos Pascual, fue el primer diplomático sacrificado por las revelaciones.
“Ha habido cambios históricos que no hemos reconocido totalmente porque aún están ocurriendo. Ocurrieron en un corto periodo de tiempo y tienen una equivalencia a la caída del Muro de Berlín”, afirma en entrevista con Proceso, a un año de que el fundador del sitio WikiLeaks, Julian Assange, entró en contacto con periodistas de The Guardian para comenzar la divulgación de información secreta del gobierno de Estados Unidos.
Los cables detonaron de manera distinta en cada país. En Túnez, el descaro del régimen prendió la primera revuelta popular.
“Desde luego, (Túnez) fue la punta de un iceberg y le siguió un efecto dominó: la información sobre Egipto y Libia salió; también en Siria, Yemen, Bahréin. Y si miras hacia Túnez, la cadena de eventos comenzó y los cables fueron un catalizador”, dice.
A principios de 2011, WikiLeaks hizo públicos cables del Departamento de Estado de Estados Unidos en los que detallaba la dimensión de las corruptelas del presidente tunecino Zine el Abidine Ben Ali y su familia. Esto originó a una serie de protestas que acabaron con la dimisión del mandatario.
Al principio, el equipo de WikiLeaks se adjudicaba la victoria del impacto de los cables en el Medio Oriente y el norte de África, pero al escuchar a periodistas y activistas locales descubrió que las protestas populares fueron divulgadas por los blogueros, twiteros, facebookeros que alimentaron el enojo contra la corrupción y el nepotismo del gobierno.
“El hecho es que la divulgación en internet, las revelaciones e interacciones, son un fenómeno excitante que presenciar. Esta no fue la revolución de Facebook o de Twitter o de WikiLeaks. Es un cambio basado en información que nos debe recordar la importancia de la información libre. WikiLeaks tuvo un impacto, que fue uno de los catalizadores. No podemos adjudicarnos todo el crédito, pero jugamos un rol en el contexto de la era electrónica en la que estamos”, dice.
El activista se encuentra en este país convocado por la asociación local de periodistas SKUP. En el hotel sede del evento atiende varias citas. Horas antes participó en un ríspido debate con los periodistas David Leigh y Luke Harding, de The Guardian, autores de un crítico libro sobre Assange (WikiLeaks: dentro de la guerra de Julian Assange contra el secreto), a quienes llamó traidores ventajistas. Ellos reviraron acusándolo de hacker poco confiable.
El acuerdo de Assange con The Guardian para divulgar los materiales surgió en la conferencia de SKUP del año pasado, en la que Assange era un desconocido cuya charla tuvo poco público, si bien aprovechó la reunión para acercarse a Leigh y mostrarle un video que meses después dio vuelta al mundo porque evidenció cómo operan las tropas estadunidenses en Irak: asesinando desde un helicóptero a civiles, entre ellos dos camarógrafos.
Le siguieron las revelaciones del Ministerio de Defensa de Estados Unidos sobre las guerras en Afganistán e Irak, y el llamado cablegate, concentrado en un cúmulo de 250 mil cables diplomáticos estadunidenses.
En México, las revelaciones publicadas recientemente por el diario La Jornada derivaron el 19 de marzo en la renuncia del embajador Carlos Pascual, desde cuya embajada se calificó a los militares mexicanos como poco confiables, al Procurador General de la República como carente de peso, a políticos locales como peones de los narcos o a estados completos en poder de los cárteles.
Hrafnsson considera a Pascual “la primera víctima” de la divulgación de los secretos diplomáticos estadunidenses.
“(El embajador) fue una víctima de las revelaciones. No se puede negar. La información nunca es neutral y cuando le ponemos juicios de valor llega a ser una historia diferente, aunque ese no es en sí el objetivo de WikiLeaks. La información debe ser revelada para que la gente en México tenga acceso a ella; la manera en que se use de manera local es una cosa distinta. Es posible que esto tenga implicaciones políticas para el presidente pero eso no está entre los objetivos de WikiLeaks. No conozco los detalles de la realidad mexicana. Nuestro rol es atacar la secrecía en general y permitir a la información salir. Creemos que el ocultamiento es malo, si bien se ha incrementado en años recientes, así como se incrementa la corrupción, y que la transparencia es saludable para la democracia y el buen gobierno.”
Sobre la opinión que le merece la salida del embajador Pascual dice: “No tengo opinión al respecto. Nuestro trabajo no es andar tirando diplomáticos. Ese no es nuestro objetivo en sí mismo. Lo ocurrido puede verse como un triunfo del movimiento de la apertura de información secreta, porque la exposición del material causó vergüenza en la relación (bilateral) y fue considerado por el presidente (Calderón) como de una naturaleza bastante grave”.
Si bien los cambios se han gestado en varias partes del mundo, Hrafnsson observa que no ha habido cambios significativos en el propio Estados Unidos, para lo que él tiene una explicación: “El problema es que los medios ahí están en un estado atroz. Ellos aparentemente tienen un alto grado de libertad de prensa pero vemos que no es usada por los periodistas”.
Menciona que un profesor de Harvard elaboró un análisis en torno a la cobertura del cablegate por parte de los medios estadunidenses y encontró que 80% de las historias interpretaban mal lo que WikiLeaks estaba haciendo. Las palabras más frecuentes en las notas, dice, eran “Irak”, seguidas por “violación” y “acoso”.
De nacionalidad islandesa, Hrafnsson era periodista de investigación cuando conoció a Assange en 2008, año en que se divulgaron los papeles secretos que revelaron el mal manejo del principal banco de Islandia. Este hecho se convirtió en el tema más importante del año en su país.
Decepcionado de los alcances del oficio, se sintió atraído ante la posibilidad de lidiar con información importante que permite entender lo que está ocurriendo en un país. Desde entonces decidió unirse al equipo de Assange.
El debate
En el debate referido, los periodistas de The Guardian señalaban que la sola información –sin medios de comunicación masiva que la divulguen, sin contexto, sin investigación, sin la técnica para el armado de una nota– no hubiera detonado cambios. El mérito es del trabajo de hackers con periodistas.
Hrafnsson sostiene que el periodismo se halla en una encrucijada y se dirigía hacia una condición terrible, un declive, aunque el establecimiento de WikiLeaks ha significado una fuerza revitalizadora del rol del periodismo. “Esta es la continuación del mismo tipo de ideas en las que siempre he creído, el rol del periodismo en la sociedad”, dice.
Afirma que las repercusiones del cablegate seguirán hasta que los intereses hayan desaparecido.
“Nosotros creíamos que las más grandes historias ya habían sido detonadas por nuestros socios en los medios, pero es una cantidad enorme de información y nos dimos cuenta de que los medios no eran capaces de publicarlo todo. Cuando lleguemos a los intereses locales, encontraremos más atención e interés.”
Se le pregunta si considera que las revelaciones contribuyeron a que los gobiernos pongan más candados a la información pública y la restrinjan más, por miedo a ser hackeados. Responde: “A los gobiernos se les ha complicado bloquear todo. La información debe seguir fluyendo y al final siempre hay una grieta desde donde se filtra. Es algo contra lo que no pueden luchar. Lo que deberían buscar es ser más transparentes. No es sobre WikiLeaks o Assange; es sobre una idea donde la información puede pasar hacia plataformas seguras que cobran vida para exponer casos de corrupción. Está sucediendo en diferentes partes del mundo”.
Julian Assange, fundador de WikiLeaks, vive actualmente en libertad condicional y bajo estricta vigilancia en Norfolk, al norte de Londres, capital del Reino Unido. Su detención fue ordenada luego de que se le acusara de la supuesta violación de dos mujeres suecas. El gobierno de Suecia solicita su extradición, pero el proceso aún no concluye. Los abogados de Assange quieren que el fundador de WikiLeaks permanezca, aunque sea bajo arresto, en el Reino Unido. Aseguran que el gobierno sueco está dispuesto a extraditar a Assange a Estados Unidos, donde podría ser procesado por cargos de terrorismo, lo que supondría la posibilidad de que fuera sentenciado a la pena de muerte.
Recientemente anunció que su equipo está por liberar un nuevo paquete de cables diplomáticos que, dijo, serán de gran interés, pues contienen información muy valiosa que deberá ser del dominio público. Pero no adelantó cuáles serán los temas que abordan.
El equipo de WikiLeaks mantendrá la colaboración con las empresas mediáticas a las que se asoció desde el principio, con excepción de The Guardian, diario laborista con el que decidió romper, y optará por el Daily Telegraph, más conservador pero que en el pasado, antes de la creación de WikiLeaks, difundió facturas de todos los parlamentarios británicos en las que se ventilaron sus gastos excesivos con cargo al erario.
En el debate se criticó el hecho de que la mayoría de las publicaciones sobre el caso WikiLeaks se haya basado en el escándalo que envuelve a Assange y no en las revelaciones en sí. Hrafnsson considera que el golpe no afectará al equipo de trabajo: “Somos más resistentes y estamos más preparados para asumir tareas mayores con las redes, tal como lo hemos hecho hasta ahora”.
Contacto mexicano: Narconegocios con impacto político
Ángel Páez
Hace más de 30 años, las organizaciones mexicanas que trafican cocaína decidieron enviar representantes a los países productores de esa droga para tejer relaciones con quienes podrían garantizarles impunidad. Su primera opción fue Colombia, pero las cosas se complicaron en esta nación, por lo que decidieron mudarse a Perú, donde la producción de cocaína aumentó en los últimos años. Y en este país andino los narcos mexicanos se han asociado con criminales locales que, a su vez, parecen tener debilidad por financiar campañas electorales...
LIMA.- Los brazos de los cárteles mexicanos de la droga son tan largos que están metidos hasta en las campañas políticas de Perú: Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori y con posibilidades de ganar los comicios de este domingo 10, tuvo que retirar de la lista de candidatos de su partido al Congreso al cantante Pepe Vásquez, acusado de tener nexos con el narcotráfico.
La prensa local reveló que la policía investiga a Vásquez, uno de los militantes más populares del partido fujimorista Fuerza 2011, por su presunta relación con narcos mexicanos. En enero, al presentar a sus 36 candidatos al Congreso, Keiko Fujimori dijo que los habían seleccionado con rigor y que encarnaban la transparencia y la rectitud. Pero la Dirección Antidrogas (Dirandro) de Perú no comparte esa opinión respecto a Pepe Vásquez.
El 2 de diciembre de 2010, la fuerza antinarcóticos peruana desbarató una célula criminal que intentaba llevar a Guatemala 75 kilos de cocaína. Uno de los detenidos, el mexicano José Rosas Salazar, conducía un vehículo rentado por un socio de Pepe Vásquez. El cantante negó cualquier implicación en el negocio ilícito y Keiko Fujimori, en principio, lo respaldó; pero las autoridades peruanas mostraron evidencias tan contundentes que la candidata presidencial dio de baja al cantante afroperuano.
Desde los ochenta
No es la primera vez que el narco mexicano tiene una mano metida en la política peruana.
El 18 de mayo de 1980, tras caer la dictadura militar, hubo elecciones presidenciales; uno de los candidatos era Armando Villanueva, del Partido Aprista Peruano (PAP, socialdemócrata). Pero los electores no sabían algo: el narcotraficante peruano Carlos Langberg, amigo de varios líderes apristas, financiaba la campaña de Villanueva.
Tampoco sabían que el 29 de septiembre de 1980 la Policía Judicial de México –advertida por la policía de Perú– sorprendió a Langberg en un yate de su propiedad en Acapulco. Langberg estaba en compañía de Jorge Idiáquez, brazo derecho del fundador del PAP, Víctor Raúl Haya de la Torre.
Villanueva no ganó las elecciones pero su partido se convirtió en la principal oposición al gobierno. En 1982 la revista peruana Caretas publicó una investigación sobre el patrocinador del periódico P.M., que se dedicaba a desprestigiar con ferocidad al presidente Belaúnde Terry: se trataba de Carlos Langberg. El narcotraficante, socio entonces del cártel de Guadalajara y que había invertido en la campaña de Villanueva, fue condenado a 14 años de cárcel por tráfico de estupefacientes.
Enviados del narco
La presencia del narco mexicano en Perú se ha intensificado en la última década, lo que se refleja en el número de detenidos. El motivo: la cocaína de alta pureza que se produce en este país, cada vez en mayor cantidad.
Según el Instituto Nacional Penitenciario de Perú entre 2001 y 2005 ingresaron a cárceles peruanas 19 mexicanos acusados de narcotráfico. Entre 2006 y lo que va de 2011 el número subió a 73. Sólo en 2010 hubo un récord: 31 fueron encarcelados aquí bajo los mismos cargos.
La mayoría de los detenidos pertenecían a los cárteles de Juárez, de Tijuana, del Golfo y de Sinaloa, las organizaciones que han dejado su rastro en el país sudamericano, se encargaban de financiar la producción de cocaína y de asegurarse de que los cargamentos llegaran a México.
“A menudo los mexicanos se asocian con colombianos porque son los que tienen contacto con los productores de cocaína”, explica a Proceso el director de la Dirandro, el general Carlos Morán Soto. “Aquí no vienen los capos del narcotráfico mexicano. Ellos no arriesgan el pellejo. Envían a sus empleados y a sus sicarios”.
En el último lustro, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción de cocaína aumentó sustantivamente en Perú, algo que también representa un aliciente para el narco mexicano. En 2004 se estimó una producción de 270 toneladas, y en 2009, de alrededor de 304. Y de ese total se decomisa menos de 10%.
Para Morán no es una novedad la presencia de narcos mexicanos en Perú, si bien aclara que cada vez es más fuerte y decisivo su papel en el negocio a gran escala de exportación de cocaína.
“Entre los años setenta y los noventa los narcos mexicanos no venían a Perú a comprar droga sino que se asociaban con traficantes peruanos que les vendían la pasta básica o la cocaína y la entregaban en México. Ahora las mafias mexicanas envían a sus ‘embajadores’ para comprar directamente la droga. Les resulta más barato y les permite tener mayores ganancias”, afirma el jefe antinarcóticos peruano.
Hay otro factor que explica la preferencia del narco mexicano por Perú. “En Colombia la represión se ha sofisticado y es más difícil sacar la droga, a diferencia de Perú, donde la policía tiene dificultades para contrarrestar el flujo de cocaína hacia el exterior”, afirma a Proceso el exministro del Interior y experto en temas de seguridad Fernando Rospigliosi:
“En los últimos cinco años, Perú se ha convertido en el primer exportador de cocaína del mundo, con lo que desplazó a Colombia. Este último país produce mucho más que Perú, pero los niveles de incautación son elevadísimos allá. Por ejemplo, en 2009 en Perú se incautaron 10 toneladas de cocaína, mientras que en Colombia se decomisaron 203. Hay más represión en Colombia que en Perú. Para los narcotraficantes mexicanos es menos peligroso comprar droga en Perú que en Colombia.”
Fortunas familiares
Javier Reátegui –uno de los líderes del partido del expresidente Alejandro Toledo, quien contiende por un segundo mandato– fue acusado de tener relaciones con la familia Sánchez Paredes, investigada por presunto lavado de dinero del narcotráfico.
El 10 de diciembre de 1987, en un rancho de la ciudad mexicana de Pachuca, en el estado de Hidalgo, un sicario peruano ejecutó a tres paisanos suyos, entre ellos a Simón Sánchez Paredes. En la finca había un laboratorio de procesamiento de cocaína. Las investigaciones determinaron que Simón recibía con frecuencia las visitas de su hermano Perciles Sánchez Paredes, acusado de acopiar pasta básica en Perú y despacharla a México.
La policía de Hidalgo capturó al autor del homicidio de Simón Sánchez Paredes, Walter Saavedra, quien confesó que Simón y Perciles traficaban en sociedad con el narco mexicano desde los ochenta. Para la policía antinarcóticos peruana la fortuna de la familia Sánchez Paredes proviene del negocio de la droga con las organizaciones mexicanas.
En 2007, el presidente Alan García anunció una investigación al capital de los Sánchez Paredes, propietarios de un lucrativo negocio de explotación y exportación de oro que hasta la fecha mantienen.
En respuesta a la acusación de presuntas vinculaciones con los Sánchez Paredes, la dirigencia de Perú Posible, el partido de Alejandro Toledo, sacó a la luz los vínculos del presidente y gente de su entorno con dicho clan. Incluso un miembro de esa familia, Alfredo Sánchez Miranda, hijo de Orlando Sánchez Paredes, dijo que donó 5 mil dólares a la campaña presidencial de Alan García en 2006.
García reaccionó de inmediato y devolvió el dinero. Luego la prensa reveló que un hijo del secretario particular del mandatario, Luis Nava, tenía negocios con los Sánchez Paredes. Una vez más el narco mexicano, por intermedio de presuntos socios peruanos, se metía a las elecciones presidenciales. El caso de los Sánchez Paredes recordó lo sucedido con Carlos Langberg.
“Langberg fue el primer narcotraficante de importancia vinculado con el narco mexicano que se infiltró en las altas esferas de la política y del poder en Perú. Tuvo relación estrecha con figuras del gobierno del general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) y con buena parte de la dirigencia del PAP, favorito para ganar las elecciones de 1980.
“Langberg aportó dinero e infraestructura para la campaña presidencial de Armando Villanueva ese año”, dice a Proceso el periodista Gustavo Gorriti, quien sacó a la luz el caso Langberg en Caretas:
“No se repite en las actuales elecciones un caso como el de Langberg pero hay que investigar casos que se le aproximan. Un ejemplo es la familia Sánchez Paredes, cuya fortuna se originaría en el narcotráfico en sociedad con mafias mexicanas, según la acusación de la policía especializada. La prensa ha documentado relaciones de los Sánchez Paredes con militantes apristas, así que tenemos que seguir investigando.”
Manos en el gobierno
La última semana, la candidatura de Keiko Fujimori –hija del expresidente Alberto Fujimori, quien permanece en la cárcel por corrupción y delitos de lesa humanidad– quedó salpicada otra vez por el escándalo del narco. Keiko admitió que en 2006, en su campaña para el Congreso, una familia, los Martínez, le donó 10 mil dólares. En 1993 –cuando Alberto Fujimori era presidente–, la policía encontró 353 kilos de droga en un barco que se disponía a llevar harina de pescado a Colombia. El propietario de la embarcación, Eudocio Martínez, y sus hijas Ana y Mariana, fueron enviados a prisión.
En 2000, luego de visitar a esas dos mujeres en la cárcel, Keiko logró que su padre las indultara y liberara. Ana Martínez había sido la encargada de donar los 10 mil dólares en nombre de su familia.
Además WikiLeaks filtró un cable de la embajada de Estados Unidos en Lima, fechado el 28 de noviembre de 2006, en el que evalúa la vinculación de los candidatos de entonces con la narcopolítica.
Menciona al empresario Rofilio Neyra, actual candidato al Congreso por Fuerza 2011. El cable revelado por WikiLeaks indica que Neyra, quien aspira a representar la región Ayacucho –donde están los valles de los ríos Apurimac y Ene (VRAE), el principal centro de producción de cocaína– “recibiría financiamiento del narcotráfico para su campaña”. De hecho, los principales compradores de droga en el VRAE son los narcos mexicanos.
“Como nunca antes, los narcotraficantes buscan representación en el gobierno y en el Congreso mediante el financiamiento de candidatos. Hay por lo menos 18 aspirantes vinculados con grupos de narcotraficantes y no necesariamente tienen antecedentes penales por tráfico de drogas”, explica a Proceso el analista e investigador Jaime Antezana.
“Los financiadores de la mayor parte de esas personas son proveedores de las organizaciones de narcos mexicanos. En Perú se ha constituido una narcoburguesía exportadora y sus principales clientes son los cárteles mexicanos”, añade.
La percepción del general Morán es contundente: “Mientras más crezca el negocio de la droga, mayor será su interés en influir sobre la política. En el pasado lo hizo. No podemos descartar que no lo esté intentando ahora”. l
Acerca del asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega
De Celia Álvarez
Señor director:
El crimen que aniquiló el alma del poeta Javier Sicilia nos ha devastado a todos. Estoy segura de no equivocarme al afirmar que a nadie ha dejado indiferente este horrendo multihomicidio. El alma de México entero se halla literalmente aniquilada. Estamos consternados, furiosos, espantados, dolidos, hartos de esta guerra sin sentido. Tal parece que ya hasta el agua que bebemos sabe a sangre.
Juan Sicilia fue uno más de los miles de jóvenes, niños, mujeres y hombres inmolados sobre la piedra sacrificial del desatino genocida de Felipe Calderón. Pero Juanelo (como lo llama su padre en el último poema que le dedica, verso postrero de su canto mutilado) no parece estar dispuesto a partir del todo sin antes poner fin a esta pesadilla inenarrable que vive México: su nombre resuena en todas las bocas, la última visión de sus ojos empaña nuestras miradas, su doloroso estertor nos desgarra las entrañas, sus gritos de terror han logrado convocarnos en una sola voz. Juanelo parece haber sido el elegido para exigir justicia en nombre de miles de muertos anónimos, para sacudir la conciencia de los que aún quedamos vivos, para cimbrar la apatía social que nos corroe e invalida.
Señor director, la muerte nos duele más cuanto más cerca pasa. Una de mis grandes amigas perdió a su hija, de la misma edad que Juanelo y en parecidas circunstancias, hace pocos meses. Era una muchacha sana, buena, alegre, con una luz impresionante en su mirada. Su cuerpo tenía más balazos que años. Pero Irene y Juanelo no son casos aislados: la cifra de vidas segadas violentamente a lo largo de este tétrico sexenio ronda ya las 40 mil, sobra decirlo.
Hace mucho tiempo que debimos gritar ¡Basta! Quienes amamos a México y consideramos que cada uno de los ciudadanos de este país son nuestros hermanos, hace mucho tiempo que debimos plantarnos en las calles para exigir el fin de esta pesadilla, pero el horror mantenía ocluidas nuestras gargantas. Ahora llegó, por fin, la hora de decirlo claro y alto. Ya no podemos, ya no queremos esperar más.
Un orate autoinvestido de presidente no tiene el derecho de sumir a un país entero en la desesperación. Al pueblo de México jamás se le pidió opinión para empezar esta guerra absurda y, por si el señor presidente no lo sabe, este es un país democrático en el que debe primar la voluntad popular por sobre la soberbia de un mequetrefe con ínfulas de grandeza.
Lo decimos con todas sus letras: Felipe Calderón Hinojosa es el responsable de todas estas muertes y debería ser juzgado por ello. Felipe Calderón ha propiciado una masacre que nos viste a todos de luto. Ya no queremos que continúe esta guerra que devasta nuestras almas, que tiñe de rojo nuestro territorio de norte a sur. Ya no podemos soportar más dolor en nuestra gente.
Que el señor presidente haga el favor de retirarse de un cargo para el que no fue elegido por la mayoría y deje paso, de una vez por todas, a otras mentes menos torcidas y otras manos más hábiles para manejar un país que dejará maltrecho y temeroso. Váyase, por favor, señor presidente. No queremos que siga sembrando tumbas en nuestra tierra, que debería producir alimento asaz en lugar de cruces. Váyase ya, por favor, y no vuelva nunca, nunca... Y ojalá que la conciencia lo deje dormir tranquilo en lo sucesivo, aunque, discúlpeme que se lo diga, lo dudo mucho.
Atentamente
Celia Álvarez
Periodista cultural
Xalapa, Veracruz
De Lauro Urbina López
Señor director:
Sobre las manifestaciones pacíficas que se realizaron el miércoles 6 de abril en todo el país y en algunas ciudades del extranjero, tengo las siguientes reflexiones:
Me parece que ya estamos en condiciones de madurez ciudadana como para que, a partir de estos movimientos, surja un líder natural que pueda contender por la Presidencia en 2012 y se haga el cambio desde las raíces que necesitamos como sociedad.
A mi parecer, es iluso esperar que la clase política nos dé los resultados que como ciudadanos hemos estado demandando en todo lo que va de este siglo. El principal interés de la clase política es, con toda claridad, mantenerse en el poder a toda costa. Para hacerlo se han acostumbrado a atropellar nuestros derechos, a ser negligentes, a proteger los grandes intereses legales e ilegales, a mantener a la juventud y niñez a niveles de educación del menor nivel, a permitir que se idiotice a las masas con la radio y TV abiertas.
¡Ya basta!
Espero que de estos movimientos surja el líder que cambie al país. Si el pensador, intelectual y gran poeta Javier Sicilia se perfila como la personalidad que aglutine los intereses de la población que hace de este país la gran nación que tenemos, yo estaría dispuesto a votar por él como presidente. Pero yo esperaría que sea un ciudadano sin partido, porque los partidos ya demostraron su ineptitud y hambre voraz para continuar en esa posición cómoda de ejercer el poder para sus propios intereses.
Espero que, tomando el antecedente de Jorge Castañeda Gutman, a quien la Corte le dio la razón por haber participado en las elecciones de 2006 como ciudadano independiente, desde ahora el movimiento ciudadano se una para que la Corte pueda darle la razón a un ciudadano honesto, limpio como Javier Sicilia para que sea legal su participación como candidato ciudadano en 2012.
Es la única solución que le veo a una transición pacífica que nos lleve a un cambio real.
Atentamente
Lauro Urbina López
De Ernesto Partida Pedroza
Señor director:
Ante el asesinato del hijo de Javier Sicilia, el poeta decidió retirarse de la poesía.
Tanto daño causa el crimen organizado que hasta la poesía puede ser su víctima. Pero la poesía no debe morir, pues ella nos conecta con el corazón y puede llevar al hombre al despertar.
La tecnología ha ocasionado que nos olvidemos de la poesía, convirtiéndonos en robots sin sentimientos o en seres de corazón de piedra.
La ausencia de poesía se traduce en que haya hombres-máquinas que matan sin ningún sentido.
A mi juicio, la poesía puede devolver la sensibilidad y transformar el corazón del hombre.
Ante los crímenes de alto impacto, de nada sirven las protestas, porque es como pedir a las piedras que busquen la justicia.
Más que protestar contra las autoridades y los criminales, hay que voltear hacia nosotros mismos y preguntarnos por qué hemos permitido que los gobiernos se paralicen ante criminales que ahora nos tienen en sus manos.
Es preciso preguntarnos qué hemos dejado de hacer para tener ahora que privarnos de salir a la calle por miedo y para que nuestros jóvenes sean capaces de matar a sangre fría.
Creo que de alguna manera nosotros somos en cierto grado responsables de la conducta de nuestros victimarios, pues por comodidad hemos cedido todo el poder a nuestros gobernantes, quienes hacen todo lo que se les antoja mientras nosotros sólo protestamos.
Lo que a mi juicio procede es ceder sólo un poco del poder que tenemos como ciudadanos, y el resto ejercerlo nosotros mismos para hacer de México un mejor país. El problema se da cuando votamos por alguien y nos sentamos a esperar a que el gobierno actúe sin nosotros hacer otro tanto.
Por ejemplo, nosotros como padres de familia nos hemos desentendido de la educación de nuestros hijos y hemos delegado a los maestros la responsabilidad de educarlos, pero esa educación, junto con la adquirida en la calle y en los medios de comunicación, jamás puede sustituir a la que debemos impartir los padres.
Pienso que si en esta tarea nos valemos de la poesía podremos rescatar la bondad que hay en el ser humano. La poesía nos puede llevar al encuentro con nuestra propia esencia y, una vez que la encontremos, no habrá poder que nos doblegue.
Hagamos todo para que la poesía y la iluminación lleguen y, con ellas, la grandeza. (Carta resumida.)
Atentamente
Ernesto Partida Pedroza
elsuenomexicano@yahoo.com.mx
www.elsuenomexicano.org
De Mauro González Luna
Señor director:
Mucho le agradeceré publicar las palabras siguientes en su prestigiada revista:
Habla Kirilov, figurado por el genio de Dostoievski: “El que se atreva a matar, ése será Dios. De esta manera todos pueden hacer que no haya más Dios, y que nada sea”.
En contraste, la luz ha brillado para Aliocha después de la agonía de las tinieblas; en su alma, dice Berdiaev, la resurrección ha vencido a la muerte. “Al caer en tierra era un débil niño, y ahora –como si el curso de los astros penetrara su espíritu– se levantaba como un fuerte y eterno luchador”.
Escuché al poeta Sicilia por la radio; desde el dolor habló de la Verdad de la Resurrección, y su palabra inundó de bondad y esperanza cristianas el alma de México.
Atentamente
Licenciado Mauro González Luna M.
De los jóvenes perredistas
Señor director:
Le solicitamos publicar esta carta ante el llamado de Javier Sicilia a luchar contra la violencia en el país.
Los jóvenes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) externamos nuestras condolencias y lamentamos el asesinato de siete mexicanos el pasado lunes 28 de marzo en Cuernavaca, Morelos, entre quienes se hallaba Juan Francisco Sicilia, hijo del periodista y poeta Javier Sicilia.
Desde hace varios años, nosotros y nuestro partido hemos manifestado un permanente desacuerdo con la estrategia federal emprendida en 2006 contra el crimen organizado, el cual desató un ciclo interminable de violencia que ha cobrado la vida de más de 30 mil compatriotas, además de que ha llevado a la orfandad a 45 mil niños y ocasionado que haya 230 mil desplazados de guerra, cifras que hacen muy similar la situación a la ocasionada por los conflictos bélicos de Medio Oriente y Europa del Este. (Y esto, en tan sólo cinco años.)
Lo ocurrido en Cuernavaca nos llevó a una reflexión profunda, por la cual comprendemos que México no ha optado por un desarrollo equitativo e incluyente que proporcione a cualquier joven posibilidades de estudiar y trabajar, sin que tenga que delinquir o asesinar.
Dicha realidad se refleja en los presupuestos otorgados a las corporaciones de seguridad en comparación con los canalizados a la educación de los jóvenes.
Los gobiernos federal y estatales (en particular el de Chihuahua) no han prestado oídos al reclamo de la sociedad, e invitan irresponsablemente a los jóvenes a formar parte de las fuerzas castrenses, en lugar de apoyarlos para que se hagan artífices de su propio futuro.
La autoridad ignora los reclamos de falta de oportunidades para el desarrollo integral, así como las denuncias de violación de los derechos humanos, empezando por el fundamental derecho a la vida.
Por todo lo anterior, denunciamos que quienes nos acusan de ser jóvenes que “ni estudiamos ni trabajamos” son quienes han instrumentado políticas de gobierno que ni mejoran la calidad de vida ni tienen responsabilidad social con el grueso de la población juvenil del país.
Dicho de otra forma: ni ayudan ni escuchan. Para ellos, sólo figuramos en las estadísticas de “daños colaterales” o en el pase de lista en el Ejército. Posiciones muy lejanas de los derechos juveniles.
Ante estas y otras problemáticas, nos sumamos a la Marcha del “Ya Basta” que se realizó en ciudades de toda la República, empezando por Cuernavaca, Morelos.
Seguiremos denunciando y luchando por hacer prevalecer la justicia ante cualquier ataque a la juventud mexicana, y reiteramos nuestro llamado a las autoridades para modificar el enfoque de esta lucha contra la delincuencia organizada.
El desarrollo social es el mejor antídoto para combatir este flagelo.
¡Justicia para todas y todos los jóvenes asesinados en este país!
¡Democracia ya, patria para todos!
Atentamente
Ángel Clemente Ávila Romero, secretario nacional de Asuntos Juveniles; Alejandra Soriano Ruiz, secretaria nacional electa de Asuntos Juveniles; Beatriz Adriana Olivares Pinal, secretaria de Asuntos Juveniles del Distrito Federal; José Pablo Hernández, consejero nacional; Yndira Sandoval Sánchez, subsecretaria nacional de Asuntos Juveniles; José Octavio Rivero Villaseñor, subsecretario nacional de Asuntos Juveniles; Penélope Vargas, consejera nacional (DS); Julio César Ortiz Salado (DS); Israel Briseño, congresista nacional (UNI); Herandi Muñoz Hernández, congresista nacional (UNI); Josué Sánchez Castillo, subsecretario nacional de Asuntos Internacionales; Juventino Montiel García (IDN); David Fukuy Fernández (IDN); Diego Angulo, congresista nacional (FNS); Eder Guevara Martínez (FNS);
Omar Alonso (FNS); Víctor Mijangos Ríos, subsecretario nacional de Asuntos Juveniles; Krisna Ghandy Medina Uribe, subsecretaria nacional de Asuntos Juveniles; Bayardo Ojeda Marrufo, subsecretario nacional de Asuntos Juveniles; Nino Vittorio Ferro, secretario de Asuntos Juveniles de Yucatán; Emanuelle Sánchez Nájera, secretario de Asuntos Juveniles de Aguascalientes; Mariana Oquita Íñiguez, secretaria de Asuntos Juveniles de Baja California; Golfredo Meza Cota, secretario estatal de Asuntos Juveniles de Baja California Sur; Isaura Ivanova Pool Pech, secretaria de Asuntos Juveniles de Quintana Roo; Gloria Caballero Vidales, secretaria de Asuntos Juveniles de Nuevo León; Brenda Jazmín Caamal May, secretaria de Asuntos Juveniles de Campeche; Jorge Rosales Márquez, secretario de Asuntos Juveniles de Durango; Bárbara Gabriela Ramírez Pedraza, secretaria de Asuntos Juveniles de Michoacán; Raudel Mitre Ayala, secretario de Asuntos Juveniles de Nayarit; Ana Pérez Díaz; Carlos Ponce; Octavio Raziel Ramírez Osorio, secretario de Asuntos Juveniles de Jalisco; Roxana Luna Porquillo, secretaria nacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; Ricardo Ríos Robledo, secretario de Asuntos Juveniles de Zacatecas; Víctor Rodríguez Gaona, secretario de Asuntos Juveniles de Hidalgo; Areli Espín Ramírez, secretaria de Asuntos Juveniles de Morelos; Aldo Iván García Márquez Vargas, secretario de Asuntos Juveniles de Colima; Alejandro Robles, consejero nacional; Juan Pablo Cortés Córdova, subsecretario de Alianzas y Relaciones Políticas; Moisés Reyes Sandoval, congresista nacional (FNS); Roberto Orbe Colón (FNS) y Citlalli Valencia Cuesta, coordinadora de la Secretaría Nacional de Asuntos Juveniles (responsable de la publicación)
SME: año y medio de supervivencia
Miguel Ángel Granados Chapa
Mañana, lunes 11 de abril, se cumplirán 18 meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la empresa eléctrica que con distintas denominaciones y diversas condiciones jurídicas prestó el servicio público de electricidad a la Ciudad de México y a varios estados vecinos.
Aun si se considerara que tal fue el propósito llano, el de liquidar un organismo público que en vez de contribuir al desarrollo mexicano estaba lastándolo, el decreto correspondiente está probablemente viciado de origen, como se empeña en demostrar el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero es difícil encontrar que tras el decreto de extinción de una empresa gubernamental se escondía en realidad el propósito de exterminar a una agrupación sindical casi centenaria, que a lo largo de su prolongada existencia se apartó sistemáticamente del modelo de organización laboral por el que los gobiernos priistas sometieron a los trabajadores a sus designios.
El cálculo gubernamental resultó errado. El sindicato no sólo existe, sino que una vasta proporción de sus integrantes ha resistido durante este año y medio las varias tentaciones, amenazas y presiones para claudicar en su propósito de recuperar la fuente de trabajo de la que fueron despojados abruptamente, con nocturnidad y con apoyo de la fuerza pública.
A través del sector laboral (Secretaría del Trabajo y Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) el gobierno panista quiso eliminar al sindicato por medio de una añagaza permitida por la en ese punto opresiva legislación de las relaciones laborales. Se negó a reconocer a la dirección elegida por los trabajadores, auspició el avance de una corriente colocada ostensiblemente al servicio de las autoridades e instigó la discordia interna difundiendo la falsa especie de que el comité encabezado por Martín Esparza únicamente buscaba la liquidación del patrimonio sindical en beneficio de unos cuantos.
El sindicato ha remontado un sinnúmero de circunstancias adversas y continúa en pie de lucha. Legitimada su dirección sindical por el apoyo masivo de más de 15 mil de sus miembros, que arrancaron el reconocimiento oficial negado por meses de manera contumaz, el SME mantiene abiertos diversos frentes para impugnar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, aunque parezca un hecho consumado e irreversible.
A través de juicios de amparo, por ejemplo, insiste en que el decreto del 11 de octubre de 2009 carece de eficacia jurídica, porque se incumplieron normas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo. La consecuencia de tal incumplimiento, según el argumento del SME sobre el cual deberán manifestarse en estos días jueces de amparo, es que ese muerto que el Estado pretendió enterrar o incinerar en realidad sigue viviendo. Dicho de otra manera, con las palabras del alegato sindical, “el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro no se encuentra jurídicamente en extinción ni en estado de liquidación”, por lo cual es debido que la administración pública ordene “la apertura inmediata del centro del trabajo, reinstalando a sus órganos de dirección y a los trabajadores adscritos a sus unidades de operación, cubriéndoles su salarios y prestaciones respectivos”.
Es difícil imaginar a jueces federales (los que conocen de dos amparos con esta materia como acto de autoridad impugnado) procediendo con tal gallardía que pongan en jaque a la Presidencia de la República. Es de imaginar que interpretarán los preceptos legales aplicables de tal suerte que prevalezca la situación de hecho originada hace año y medio. Pero no hay duda de que los autores de la medida, los constructores del andamiaje jurídico, actuaron con ignorancia o con prepotencia, esto es ignorando cómo debían proceder para liquidar a LyF o haciéndolo a conciencia contra la ley, con la arrogancia de quien sabe que un acto autoritario se impone por sí mismo y se le hace valer contra todo argumento con la pura razón de Estado.
El decreto de extinción de Luz y Fuerza fue elaborado al margen de los mecanismos de “mejora regulatoria” establecidos desde 1994. La Ley de Procedimiento Administrativo de entonces estableció una comisión encargada de revisar los decretos (y otros documentos con que el Ejecutivo ejerce el poder administrativo) que, entre otros propósitos, modifican el aparato estatal.
Esa ley determina que antes de emitirse un decreto, se formule un anteproyecto y se elabore una manifestación de impacto regulatorio que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) debe conocer cuando menos con 30 días hábiles de anticipación, y darle publicidad para que opinen sobre su contenido los sectores interesados. En su premura por extinguir a Luz y Fuerza, al menos tres secretarios de estado (de Gobernación, Energía y Hacienda) omitieron esa manifestación de impacto regulatorio y no contaron con el dictamen aprobatorio de la Cofemer.
Especialmente responsable es el secretario de Gobernación (lo era Fernando Gómez Mont en aquel momento), pues la ley ordena que esa dependencia “no publicará en el Diario Oficial de la Federación los actos… que expidan las dependencias o los organismos descentralizados de la administración pública federal, sin que éstas acrediten contar con un dictamen final” de la Cofemer.
La consecuencia de que los jueces de amparo percibieran la gravedad de esa omisión, calcula el sindicato, es que “se impone restaurar de inmediato las funciones de Luz y Fuerza del Centro, retirar la fuerza pública ubicada en sus instalaciones, reinstalar a los trabajadores en sus empleos, cubrirles el importe de los salarios y prestaciones de que fueron privados y suspender las acciones de liquidación que resultan ser de facto”. l
Corrupción y reforma judicial
Ernesto Villanueva
He señalado en diversas entregas, en este espacio, la necesidad de abrir al escrutinio al Poder Judicial, sobre todo a los poderes judiciales locales. En una investigación que concluí a propósito del Poder Judicial de Puebla encontré diversas inconsistencias y casos de jueces y magistrados sin cédula profesional, aproximadamente 18% del total, lo que es una cifra muy alta tomando en cuenta que el promedio de irregularidades por este concepto en el ámbito federal corresponde aproximadamente a 0.5%., lo que pone de relieve que en Puebla el problema es de suyo grave. Este estudio, difundido por el diario local Síntesis en su nota principal durante los últimos tres días de la semana pasada, no ha tenido sólo el efecto catártico de hacer una denuncia. Apunta a tener consecuencias. Veamos.
Primero. Ante la primera publicación, en la edición del miércoles pasado en Síntesis (www.sintesis.com.mx), el titular de la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado hizo una declaración muy ilustrativa: “No es necesaria la cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública para que magistrados y jueces del Poder Judicial desempeñen sus actividades”. En el caso de los jueces y magistrados se generan dos situaciones. La primera es al momento de ser nombrados como juzgadores. Y la segunda, cuando ejercen su actividad de impartición de justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial de Puebla establece expresamente que para ser juez o magistrado se requiere “ser profesional del derecho”. ¿Qué significa ello? Que deben contar con el título y la cédula profesional respectivos. Estos documentos están ligados indisolublemente. Para obtener la cédula profesional se requiere el título. Y de nada sirve el título si no se tiene cédula profesional.
En efecto, para ejercer una profesión reglada son indispensables tres elementos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional en materia de profesiones: a) estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles; b) poseer título legalmente expedido y debidamente registrado, y c) obtener de la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio. En otras palabras, el título es uno de los elementos requeridos para ejercer el derecho, pero no es suficiente. ¿Qué significa ejercer? El artículo 24 de la ley citada establece que “se entiende por ejercicio profesional, para los efectos de esta ley, la realización habitual, a título oneroso o gratuito, de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque sólo se trate de simple consulta o la ostentación del carácter del profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo. No se reputará ejercicio profesional cualquier acto realizado en los casos graves con propósito de auxilio inmediato”. La impartición de justicia es un acto propio de la profesión del abogado en razón de que crea normas individualizadas a través de las sentencias judiciales.
Segundo. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, David López Muñoz, no hizo descalificaciones a priori frente a esta investigación. Por el contrario, salió a dar la cara por el Poder Judicial y dijo que “se revisarán los expedientes de los juzgadores, quienes deben contar con el título de licenciado en derecho y la cédula profesional respectiva”, y señaló que “la sociedad está en una etapa cambiante. La impartición de justicia no puede quedarse estancada; por eso debemos hacer un trabajo eficaz”.
Es importante reconocer las declaraciones del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia porque, en lugar de ubicarse en la zona de confort tradicional, sale a rendir cuentas. Distingue que no es lo mismo la institución judicial que la conducta inadecuada de unos operadores jurídicos específicamente determinados. Esto es muy importante. En el viejo sistema priista todavía se creía que no había que sancionar a nadie porque se “afectaba a la institución”. El mal menor –se decía– era no mover las aguas. Hoy se están moviendo para bien de todos. Y es que el problema no es menor.
Por ejemplo, el juez penal Alejandro Flores cuenta con la cédula 2061062 como profesional técnico en electricidad. La juez quinta de Familia, Alicia Hernández Rojas, tiene la cédula 5124935 como técnica en administración. Los magistrados Alfredo Mendoza García Miguel Sánchez Zavaleta y Margarita Palomino Ovando no disponen de cédula profesional alguna, conforme a los datos oficiales de la SEP. Y esto se repite con numerosos secretarios de acuerdo, proyectistas y distintos funcionarios judiciales.
Tercero. En Puebla se generan hoy las condiciones para aprobar una reforma judicial que ponga fin a estas circunstancias. Esa reforma deberá incluir disposiciones legales para que, entre otros rubros, se permita conocer la historia profesional de jueces y magistrados: cuándo fue nombrado cada uno, bajo qué criterios, número y fecha de registro de su cédula profesional, qué concursos de oposición aprobó, cuáles han sido los resultados de sus evaluaciones periódicas, para saber si los recursos de los contribuyentes están bien invertidos en juzgadores probos y capaces. Se debe conocer cuántos juicios lleva cada juzgado, cuál es el tiempo promedio que tarda en resolver los casos, cuántas órdenes de aprehensión han sido cumplidas, cuántas consignaciones se han hecho y cuántas no han sido procedentes y por qué, qué porcentajes de las sentencias son condenatorias.
Es decir, con dicha información podría evaluarse a los jueces y magistrados desde dos perspectivas: conocer su nivel de productividad y detectar probables casos de corrupción. Debe crearse un sistema de control de calidad y responsabilidades para evitar lo que sucede hoy en Puebla, donde el Poder Judicial se vigila a sí mismo. Un Consejo de la Judicatura con una dosis razonable de independencia de los juzgadores puede ser un buen principio. Es necesario promover un sistema de capacitación y actualización profesional permanente de los juzgadores y del personal judicial que permita la interpretación y la administración de justicia con mecanismos razonables, de ponderación y proporcionalidad que alejen la cultura de la aplicación mecanicista de la ley. Habrá que estar atentos a que esta buena reacción del presidente del Poder Judicial poblano se traduzca en hechos concretos a la brevedad posible para bien de la sociedad. l
Evillanueva99@yahoo.com
Twitter: @evillanuevamx
La paciencia se agota
John M. Ackerman
Las marchas multitudinarias del miércoles 6 en solidaridad con Javier Sicilia demuestran que se empieza a agotar la paciencia de los mexicanos. Una franja cada vez más amplia de ciudadanos ya no está dispuesta a esperar que la situación de inseguridad continúe empeorando. Los mexicanos queremos resultados ahora y no vemos ninguna señal de que estemos siquiera caminando en el sentido correcto.
Algo similar ocurrió ya hace 20 años y desencadenó el proceso político y social que terminó por expulsar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Los Pinos. A partir de la crisis de la deuda y el desplome económico a nivel internacional, a mediados de los años ochenta el gobierno implementó varias medidas de “ajuste estructural” que iniciaron el cambio hacia el neoliberalismo económico que todavía hoy padecemos.
En aquel entonces, el presidente Miguel de la Madrid sostenía que las medidas eran temporales, necesarias para salir de la crisis en el corto plazo y generar condiciones para la prosperidad futura. La esperanza pareció materializarse a mediados del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando algunos indicadores económicos empezaron a repuntar. Salinas incluso llegó a declarar que México estaba listo a dar el paso para formar parte del “primer mundo”.
Pero la fantasía cayó como un castillo de naipes a finales de 1994, cuando la crisis económica y financiera reveló que el éxito económico de Salinas era una gran falacia. En lugar de fortalecer los cimientos de la economía, Salinas se dedicó a repartir jugosos contratos, concesiones y privatizaciones entre sus amigos. Esto fue posible debido al sistema sumamente autoritario y opaco de la época.
El pueblo entonces se dio cuenta de que la única forma para atender los problemas económicos de fondo era a través de una clara acción política a favor de la democracia, la transparencia y la honestidad. Así llegamos a la tenue transición hacia la vulnerable democracia que vivimos actualmente.
Hoy, la raíz profunda de la crisis en materia de seguridad pública es la misma que de la crisis económica de 1994: autoritarismo, opacidad y corrupción. Solamente una acción en estos terrenos implicaría una respuesta efectiva al creciente repudio y movilización social.
Calderón inauguró la anticonstitucional estrategia suicida de enviar las fuerzas militares a la calle porque pensó que así podría reconstruir su dañada legitimidad después de las elecciones de 2006. Esta fallida estrategia ha podido ser sostenida a lo largo de su sexenio porque no existen canales para una rendición de cuentas auténtica entre el Poder Ejecutivo y la población. En lugar de ir modificando sus acciones y políticas de acuerdo con el sentir y las demandas sociales, Calderón ha preferido recibir órdenes y directrices del gobierno de los Estados Unidos. La consecuencia es la “guerra” actual, que pareciera dirigida más al exterminio de nuestra juventud que a combatir el narcotráfico (ver mi artículo sobre el tema: http://bit.ly/g8cPDB).
En su última visita a Estados Unidos, Calderón presumió que él era como un “médico joven”, inteligente y bien entrenado, y el pueblo mexicano un paciente ignorante y enfermo que se queja de los tratamientos del doctor sin percatarse de que la “radiación y quimio” necesarias para “extirpar el tumor” del narcotráfico le van a servir a largo plazo. Esta miope lógica autoritaria constituye precisamente el problema de fondo con la estrategia del presidente.
La falta de una verdadera participación democrática es lo que también explica el fracaso en los esfuerzos de combate a la corrupción, lavado de dinero y profesionalización de los cuerpos policiacos y ministerios públicos. Encerrado en su “cuartel de guerra”, Calderón pierde las grandes ventajas que una activa participación y vigilancia social podrían generarle. Su captura por los intereses de los grandes bancos y las empresas monopólicas del país no le permiten margen de maniobra alguno para ejercer un verdadero control sobre los flujos financieros del país. Su subordinación a las tradicionales redes políticas clientelares y corporativistas le atan las manos para poder exigir e implementar una verdadera reforma institucional en materia de seguridad pública.
Las respuestas mediáticas a la movilización social, como el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, de Iniciativa México, o programas como El Grecco de Televisa, que glorifican la labor policiaca, evidentemente no servirán absolutamente de nada. Tales comedias solamente buscan dar la apariencia de una mejora en la materia y continuar engañando a la población.
La ampliación de una estrategia de “mano dura” hacia la población tampoco será la solución. Cuatro años de una “guerra” fallida nos han enseñado que cuando el gobierno se rebaja al nivel de los criminales se genera un caos generalizado donde los más beneficiados son los mismos delincuentes.
Para resolver el problema de raíz hacen falta acciones concretas en materia de democracia y rendición de cuentas. Por ejemplo: el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito y el referéndum, la verdadera democratización de los medios electrónicos de comunicación, el envío de los militares a sus cuarteles y hacerles rendir cuentas ante tribunales civiles, la plena autonomía y limpieza profunda de la Procuraduría General de la República, el establecimiento de nuevos organismos o comisiones independientes para combatir la corrupción, y la más amplia apertura en la investigación de los delitos y los juicios penales.
Modificaciones como estas podrían generar las condiciones para implementar el giro radical en la estrategia de combate al crimen organizado que tanto hace falta: urge enfocar nuestros recursos escasos en materia de seguridad pública para la persecución de los delitos que más daño le causan a los mexicanos, como el homicidio, el secuestro y el tráfico de personas, en lugar de seguir subordinado al mandato de Estados Unidos, cuyo gobierno insiste en que enfoquemos todos nuestros esfuerzos a combatir el tránsito de drogas hacia los millones de personas que las consumen libremente en su país. Habría que actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. l
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